marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de reposición (procesal), omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 208- 89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-02

La omisión de considerar una indiscutible o indiscutida expresión de voluntad directamente vinculada a las pretensiones que se debatían en la incidencia cautelar, generó el error que justificaría, aunque la decisión hubiese estado precedida de sustanciación, admitir la revocatoria, porque era susceptible de variar la resolución adoptada en torno a lo resuelto. (Caducidad de la percepción de las diferencias salariales atrasadas).
Responsabilidad internacional del Estado Parte, REPÚBLICA ARGENTINA, condiciones de detención, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, afrodescendientes, acceso a la justicia, Pacto de San José de Costa Rica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, discriminación racial, derecho a las garantías judiciales, principio de no discriminación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-08-31

Corresponde valorar el reconocimiento total de responsabilidad internacional efectuado por el Estado Argentino en el caso de la persona de nacionalidad uruguaya afrodescendiente quien murió luego de ser detenida en forma ilegal y arbitraria por agentes policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en violación de sus derechos a la vida, integridad y libertad personal, de igualdad y no discriminación y a las garantías y protección judiciales debidas en perjuicio de sus familiares, pues representa una importante contribución a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana, produciendo efectos jurídicos plenos y el cese de la controversia acerca de los hechos, el derecho y la necesidad de dictar medidas de reparación.
Notificación, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: PENAL
Carátula: PECKAITIS, AURELIO MANUEL c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SOCIAL s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-16

El artículo 3 de la ley 11.683 atribuye al domicilio fiscal los efectos del domicilio constituido siendo de aplicación los arts. 41, 42 y 43 del CPCCN. Por lo tanto, el domicilio fiscal es el lugar de la dirección principal y efectiva de las actividades (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos - Navarrine, Susana; "Procedimiento tributario y de la seguridad social", Depalma, pág. 93).
Excepciones procesales, excepción de prescripción, oportunidad procesal, doctrina
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUNI  NORBERTO  CESAR  Y OTROS c/ NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINASA s/ recurso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

De la lectura de la causa se observa que el análisis que corresponde efectuar -respecto de las excepciones opuestas por las citadas- no excede el mero cómputo de plazos, por lo que no habría mérito para diferir el tratamiento de la excepción opuesta para el momento del dictado de la sentencia definitiva (conf. esta Sala, causa 6957 del 23-11-1988). En este aspecto, se ha señalado que ninguna razón válida puede esgrimirse para impedir que el juez resuelva la excepción de prescripción interpuesta sin esperar hasta el dictado de la sentencia cuanto, por el estado de la causa y el modo en que quedó trabada la controversia, la cuestión puede ser resuelta como de puro derecho (arg. art. 346 del Código Procesal; conf. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 3, pág. 29; esta Cámara, Sala II, causas 1248/00 del 27-6-2002 y 4709/00 del 30-12-2003; Sala III, causa 20.143/96 del 27-8-1998; 15.899/96 del 18-5-1999 y 6527/05 del 13-9-2007, entre muchas otras), criterio éste que se sustenta en obvias razones de economía procesal (art. 34 inc. 5º, e) del Código Procesal; esta Cámara, Sala II, causa 10.461/2002 del 15-7-2004).
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aldecoa, Héctor E. y ots. c/ Municipalidad de Tandil s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Si los interesados accionan en forma originaria ante esta Suprema Corte pero sin haber realizado la gestión previa de los derecho que invocan en sede administrativa y, por tanto, sin haber provocado el dictado de la resolución definitiva o la configuración de una denegatoria tácita, que permitan habilitar esta instancia judicial;

no hallándose acreditada la "previa denegación o retardación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos..." (art. 149 inc.3º Const. Prov.), requisito sin el cual no puede juzgarse el fondo de la cuestión, corresponde desestimar la demanda por su improcedencia formal (art. cit. 1, 7, 28 y concs.

C.P.C.A.). En el caso, en oportunidad de que el Presidente del Tribunal requiriera de la autoridad demandada las actuaciones administrativas (conf. art. 33 del C.P.C.A.), el apoderado de los actores manifestó que el expediente aludido en la demanda no era administrativo sino judicial, solicitándose -entonces- al peticionario que individualice las actuaciones administrativas en las que tramitó por ante la Municipalidad demandada el reclamo administrativo previo a la demanda judicial (arts. 31 inc. 5º del C.P.C.A.; 34 inc. 5º ap. b) del C.P.C.C.) y ante tal requerimiento aquél manifestó que desconocía "la existencia de expedientes administrativos... previos a la acción judicial promovida". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, cesantía, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PALACIOS, SARA NORA c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-08-24

Solo en casos excepcionales pueden discutirse las controversias que se suscitan en una relación de empleo público a través de la acción de amparo, como por ejemplo impugnar una cesantía , aún existiendo otra vía administrativa y además intentada por el recurrente, en la medida que exista un acto de ilegitimidad manifiesta que lo torne viable. Tal el caso de acto u omisión de la autoridad administrativa tomados sin competencia, o con competencia pero sin facultad, o si contando con ambos requisitos son inobservadas las normas o trámites constitucionales o legales en relación al derecho invocado.
Gestor judicial, plazo perentorio, acreditación de la personería, caducidad de instancia, vencimiento del plazo, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: POLONI, HUMBERTO ADOLFO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-22

El plazo de cuarenta días para acompañar el poder, o para que la parte ratifique lo actuado, es perentorio. Transcurrido éste, se produce, como principio, la caducidad automática del derecho a convalidar las actuaciones del gestor. Asimismo, la justificación de la personería con posterioridad al vencimiento del término, no purga la nulidad de la actuado (cfr. Roland Arazi y Carlos Eduardo Fenochietto en "Régimen del Código Civil y Comercial de la Nación Revisado y comentado-, pag. 100).
Derecho procesal, terminación del proceso, desistimiento, terceros
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Palacios, Gabriela María Isabel c/ Harold Hyland SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

Cabe confirmar la resolución que tuvo por desistida a la actora de la acción y del derecho respecto de los demandados. En ese marco, cabe que la coactora continúe el proceso hasta el dictado de la sentencia, habiendo el magistrado admitido tal alternativa en razón de que la habilitó a que prosiga con las actuaciones en lugar de la parte que las promovió originalmente. Ello es así, en tanto su intervención se autorizó en el marco de lo dispuesto por el CPR 90-2°; según lo previsto en el CPR 91, que implica que actúe como "litisconsorte de la parte principal" con las "mismas facultades procesales". En rigor, se verificó una hipótesis de desistimiento parcial que acontece cuando no todos los coactores desisten del derecho, por lo que el proceso continúa (v. Highton - Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 2006, T. 5, p. 600).
Asociación ilícita, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Bearth Carrasco, Juan S. y otro s/ recurso de casación. Causa: 177
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-12

El acuerdo de voluntades siquiera para cometer un hecho delictivo, con su división de tareas y su codominio del hecho final, es lo que le da mayor peligrosidad con respecto al bien jurídico.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, derecho a la presencia del defensor, designación de defensor
Materia: PENAL
Carátula: GUGLIELMINETTI, RAUL A. s/ DEFENSOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-01-21

Es improcedente que el procesado pueda elegir el defensor oficial que le inspire más confianza, toda vez que la Defensa Oficial es un servicio prestado por la sociedad a quienes se encuentran sometidos a proceso, y carecen de medios para procurarse un abogado particular, por lo que la persona que desempeñe esa función resultará de acuerdo al ordenamiento reglamentario vigente, y no de la elección que formule aquél que requiere asistencia legal.
Abogados, honorarios, procedimiento laboral, pautas
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: DIAZ DARDO MOISES c/ ASOCIACION CLUB DEPORTIVO HISPANO AMERICANO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-06

Merituando la labor desarrollada por el profesional, el éxito obtenido, la importancia, calidad y eficacia, así como el doble carácter en que actuó; corresponde reducir la suma regulada en la anterior instancia, atento encontrarse por encima de los parámetros porcentuales establecidos por el art. 7 para la parte vencedora con más lo que surja en razón de la aplicación del art. 9 de la Ley de Arancel, teniendo en cuenta la limitación prevista por el art. 22 de la Ley N. 1444, en función de la naturaleza laboral de la causa (arts. 1, 6, 7, 37 y 39 de la Ley N. 1.519).
Fundamentación del recurso, falta de fundamentación, habeas corpus, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gruver, Blanca Juana c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en sobre habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no rebate los argumentos dados por los jueces de mérito para desestimar la acción de habeas corpus, en tanto sostuvieron que la accionante no ha identificado una amenaza actual de la libertad ambulatoria de su hijo (por quien ha instado la acción) sin orden escrita de autoridad competente y que la justicia nacional en lo civil -que es en esa justicia donde se deben canalizar las preocupaciones en derredor de la calidad de la atención que está recibiendo esa persona- ha dispuesto la atención médica en el Hospital Álvarez. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia contencioso administrativa, contenido de la demanda, depósito de la carga, seguros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORTES FILUS ARG.  S.A. c/ ADM. GRAL. DE PUERTOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Que atento los términos de la demanda (art. 4 del C.P.C. y C.), no parece dudoso que las relaciones básicas del diferendo (almacenaje de mercaderías, contrato de seguros), no guarden una relación directa e inmediata con el derecho administrativo con lo cual la cuestión traída ante estos estrados se sitúa fuera de la órbita de la competencia que es propia de este fuero.
Aplicación del convenio colectivo, lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: UNION OBREROS PLASTICOS c/ ROBBINS ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-17

El lugar de desempeño de tareas por el trabajador, es el determinante de la aplicación de un laudo o convenio determinado, no siendo relevante en tal caso la determinación del domicilio de la demandada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Código Civil.
Apreciación de la prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucía  Martínez,  Alejandro  Galíndez  y  Oscar del V. Carrizo s/ Impugnación  a la candidatura a gobernador del Senador Nacional José Luis Barrionuevo s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-03-21

Resulta, en principio, ajena al ámbito extraordinario del recurso de casación la selección de las pruebas cumputables, tarea que queda en manos de los jueces de grado siempre que en la misma no incurran en absurdo o arbitrariedad.

El absurdo que habilita el recurso de casación es la desviación que se configura cuando lo resuelto espaca a las leyes lógicas o resulta imposible o inconcebible, implicando, en consecuencia, un desvío notorio de la aplicación del raciocinio o una grosera degeneración interpetativa. El absurdo es el error grave y manifiesto que condena a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa extremo necesario para demostrar la falta de prudencia jurídica del juzgador.

Así lo han entendido la doctrina y la jurisprudencia, de modo que puede decirse que existe arbitrariedad cuando la laborjurisdiccional empañada por el absurdo ha quebrado los límites del prudente arbitrio que la ley les acuerda y autoriza a los jueces de grado.

Asimismo, la doctrina legal de esta Corte ha establecido que la decisión debe atenerse a los términos de la litis, a la prueba de los hechos producidos, a las correspondientes disposiciones de la ley considerados en su letra y en su espíritu y comporta, en cambio, arbitrariedad cuando se funda en el mero arbitrio del juez, es decir en un juicio del mismo, desentendido de las normas objetivas a las cuales debe ajustarse el ejercicio de su potestad, lo que resulta distinto del error en que pueda incurrirse en la interpretación de ella.

Según lo expuesto, ninguno de los supuestos de arbitrariedad -de interpretación estricta dada la naturaleza excepcional del recurso de casación- se configura en la sentencia recurrida; por el contrario, la labor valorativa del tribunal de grado aparece como una actuación regular, integral y coordinada de los distintos elementos incorporados en autos dentro del límite del prudente arbitrio otorgado a los jueces de grado por la ley, en el ejercicio de la jurisdictio y así también una adecuada subsunción de tales elementos al derecho aplicable, mostrando entonces los agravios de parte que se analizan, una mera discrepancia subjetiva en relación a la valoración y conclusiones a las que arriba el tribunal de grado, por lo que las alegaciones en este sentido deben rechazarse.(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva)
Falta de acción, rol de querellante, convenio de honorarios
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: KAUFER BARBE, Pablo H. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-04

El convenio sobre la reparación del daño al que alude el art. 1097 del Código Civil requiere para ser considerado tal, que sea el imputado el que repare el daño causado, por el delito que se le atribuye, al particular damnificado.

Si dicho extremo no se verifica, en cuanto resulta inexistente un convenio sobre el pago del daño -sino que se trata de un convenio de honorarios-, procede revocar el auto por el cual se hizo lugar a la excepción de falta de acción y se apartó del rol de querellante al recurrente.
Pago, imputación de pago, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz y O'donohoe, Sylvia Norah c/ Barbot, Fernando Juan s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

La imputación legal que emana del artículo 778 del Código Civil tiene carácter supletorio ya que sólo se aplica cuando en el recibo otorgado por el acreedor no se exprese a qué deuda se hubiese hecho la imputación del pago.
Sociedades comerciales, representante legal, acción de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garcia, Maria Laura c/ Garcia, Maria Laura s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-07

Como regla general que no halla excepción en el caso, las sociedades por acciones no rinden cuenta a sus socios, sino que -a través de sus órganos competentes- formulan balances y estados contables anuales conforme a la normativa específica, pues ello constituye -en ese ámbito- una periódica rendición de cuentas (CNCom, Sala C, 26.11.99, "Podestá, Luis Antonio y otros c/ Ferrario, Andrés Bautista y otros s/ ordinario"; 30.11.94, "Pérez, José María c/ López, Juan Carlos y otros s/ ordinario", Verón, Alberto, Sociedades Comerciales, T 1, pág. 468 y jurisprudencia allí cit.). En efecto: la ley 19550 ha previsto mecanismos específicos para que los accionistas puedan ejercer sus derechos (vgr. convocatoria judicial a asamblea, acción de remoción de administradores, acción social o individual de responsabilidad contra aquéllos, intervención judicial, exhibición de libros o impugnación de asambleas, etc.) y, por ello, solicitar una rendición de cuentas a los administradores de una sociedad anónima resulta -en el caso- claramente improponible.
Derechos personalísimos, derecho a la identidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

El derecho a preservar la propia identidad y a que ella no sea cuestionada en contra de la propia decisión carece de alcance absoluto y no puede ser invocado para neutralizar el interés de la sociedad en el esclarecimiento y persecución de los delitos (Disidencia parcial del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, ley de emergencia, igualdad ante la ley, crédito laboral, juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, intereses, Poder Judicial, control de razonabilidad, control de legitimidad, control de legalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Defilippi de Sirolesi, Elba Concepción c/ Superior Gobierno de la Provincia s/ Ordinario - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-24

En su proyección actual, la razonabilidad, proporcionalidad o congruencia es una técnica que indaga la relación entre los medios utilizados y los resultados conseguidos, con el siguiente criterio: mitad racional y mitad justo, pudiendo relacionarse con las más diversas modalidades del ejercicio de la función administrativa.

La consolidación de pasivos comporta una medida que guarda razonabilidad con la gravísima situación económica financiera que vive el país, incluyendo a la Provincia de Córdoba, como es de público conocimiento.

Ante la grave situación en que se encuentra la Provincia, cuyo saneamiento precisamente se procura, el Estado no se encuentra en condiciones de afrontar por medios genuinos el pago de las distintas obligaciones que con el correr del tiempo fueron acumulando sus reparticiones y entidades. Ante ello la sociedad debe realizar los esfuerzos necesarios para superar la crisis, y por tanto, el interés individual invocado por el recurrente debe ceder ante el conjunto de la sociedad y posponer el ejercicio inmediato de su derecho, el que no le ha sido desconocido sino tan sólo postergado, ya que para su satisfacción actual el Estado Nacional debería recurrir a la emisión monetaria o al crédito externo que traería como resultado inevitable un nuevo desborde en el cuadro de la economía, con el consecuente perjuicio para la comunidad toda, entre ellos el propio agraviado. (VOTO DR. SESIN)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, jubilaciones, confiscatoriedad, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Arnaldo Víctor s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Es descalificable como acto jurisdiccional válido el fallo cuando el a quo no sólo quebrantó el criterio del pronunciamiento de la Corte al establecer un sistema que sigue viciado de confiscatorio, sino que también omitió expedirse sobre la solicitud de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 18.037, expresamente reconocida y que era conducente según lo sostenido en conocida jurisprudencia del Tribunal.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Sella, Patricia Graciana y otro c/ Dellepiane Angel Hernán s/ Daños y perjuicios Orellano de Miranda, Nélida c/ Empresa de Transportes Línea 216 s/ Daños y perjuicios Gómez, Aurelio y otros c/ Agri, Antonio s/ Daños y perjuicios Gioffre, Carmelo c/ Sosa, Segundo y otra s/ Daños y perjuicios Torres, Irma E. c/ Fernandez, Juan C. y otro s/ Daños y perjuicios Domínguez, Francisco y otro c/ Junarsa S.A., Illescas, Néstor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11|1989-05-09|1994-08-02|2001-10-17|2002-12-18|2003-10-29

La indemnización por daño moral comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, en el supuesto de lesiones, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.
Proceso penal, medidas cautelares, prisión preventiva, nulidad procesal, grabaciones, videofilmación, fundamentación de la resolución, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de apelación en autos Leiva, Verónica Vanina s/ infr. art. 189 bis, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

En el caso, al resolver sobre la solicitud de cese de prisión preventiva (art. 186 CPPCABA) se ha dejado constancia en el acta de audiencia sólo su parte dispositiva (quedando registrada en soporte digital la celebración de la misma y los fundamentos de dicha decisión).

En una resolución que debe pronunciarse nada menos que sobre la libertad o no de una persona durante la tramitación del juicio penal en el que se encuentra imputada, los fundamentos de la decisión adoptada por el magistrado de la causa deben constar en autos por escrito, al igual que en las sentencias definitivas, pues por la gravedad y la importancia de la cuestión así lo indican, y solo de esta forma se cumple la adecuada fundamentación que el artículo 42 de la Ley Nro. 2.303 prescribe.

De dicha norma surge que el fundamento de la resolución debe constar en dicha acta, por lo que la decisión impugnada se ha apartado de las disposiciones legales vigentes. Ello así, por cuanto la norma establece dos requisitos: que se deje constancia por escrito de lo sucedido en la audiencia, con sus partes sustanciales -de las que la fundamentación de las resoluciones no sólo es una de ellas, sino la más importante-, y, por otro, que también quede registrada en algún otro soporte, ya sea grabación o filmación u otro medio idóneo.

Atento a que el mismo código procesal penal establece la consecuencia de nulidad para los casos de incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 42 -auto motivado y firmado-, la decisión que se pretende impugnar no resulta válida.