marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, SANTIAGO WALDEMAR c/ GAUNA, MARCELO EUGENIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-15

La sanción establecida por el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo sólo procede en casos extremos, es decir, cuando la actuación en juicio resulta un comportamiento malicioso y temerario en orden a la realización de maniobras dilatorias o interposición de remedios notoriamente improcedentes que deben quedar claramente configurados, ya que lo contrario importaría afectar el principio de defensa en juicio.

La temeridad o malicia debe entenderse como toda actividad encaminada a obstruir o retardar el desarrollo del juicio, lo que no se verificó en autos.
Recurso de casación penal, cuestiones de competencia, sentencia definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PALAZZO GUIDI, Mariana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-18

Los autos en los que se resuelven cuestiones de competencia no constituyen, "prima facie", sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48 (*) y la ausencia de definitividad del pronunciamiento no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales (**).

Por ello, al no comprobarse la existencia de agravio de imposible reparación ulterior (***), debe rechazarse, con costas, el recurso de casación interpuesto por la querella.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, injurias vertidas en juicio de divorcio, defensa en juicio, comportamientos deshonrosos
Materia: CIVIL
Carátula: P. DE S.P.L. c/ S.J.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-07

La acusación del cónyuge de que su esposa tuviera comportamientos equívocos que podrían deshonrarlo no pueden interpretarse como injurias vertidas en juicio, si esa acusación carece de connotaciones punzantes y excesivas en sus términos, ni fue absolutamente gratuita, y si se pretendió probar. El juzgamiento de esta causal debe ser estricto para evitar la supresión o la disminución del pleno derecho de defensa en juicio (conf. C.N.Civ.

Sala C, L.L.1978-B, p. 29; L.L. 1979-B, p. 363; E.D. 93-758).
Accidentes de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: MILESSI, CARLOS ROQUE c/ MAINO HNOS Y/U OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-15

En el daño moral lo que se indemniza es de suma complejidad porque no existe cotización en el mercado pero tiene un costo de oportunidad, en esa faceta entran los proyectos compensatorios que el dinero puede suplantar para poner a la víctima en la posición relativa que gozaba antes del evento dañoso, los que lo afectarán a nivel personal, familiar, su vida de relación, pérdida o sustitución del oficio, traslados, proyecciones futuras, estado emocional, no tratándose en este caso de privación de la vida sino de daño parcial cabe morigerar el monto del mismo a $1.500, para impedir el enriquecimiento indebido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez, Marcelo F. c/ Faccini, Pedro A. y ot. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Los convenios colectivos de trabajo no revisten categoría jurídica de leyes; por lo que su interpretación y aplicación a una específica relación laboral constituye una típica cuestión de hecho y ajena como tal a la sede extraordinaria, salvo absurdo.
Seguros, honorarios, obligaciones del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIDART Maria Teresa y Otros c/ Ríos Oscar Antonio y Otros s/ Ordinario - Actuaciones para Elevar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-11

Si no se encuentra controvertido en este caso que en la Cláusula cuarta de las condiciones generales de la Póliza se impuso la obligación del asegurado de encomendar su representación y defensa a los abogados de la aseguradora, los honorarios de los profesionales contratados por voluntad del "conductor autorizado" no están a cargo de la aseguradora, tal como lo ha establecido la Sra. Juez de primera instancia.

Es que el artículo 118 de la Ley de Seguros limita la indemnización a cargo del asegurador en la medida del seguro y, como beneficio para el asegurado y/o conductor autorizado, no son ejecutables contra ellos los honorarios de los abogados impuestos por la aseguradora, en razón de que a éstos le es oponible el contrato de seguro que conoce y que da origen, además, a su actuación profesional.

En consecuencia, señalado como está en el contrato de seguro que se impone la obligación del asegurado de encomendar su representación y defensa a los abogados de la aseguradora, los honorarios de los profesionales de la aseguradora que deben defender al asegurado son a cargo del asegurador, y luego no se los pueden hacer cargar al asegurado, pero lo que contrate en forma voluntaria resultan -tal como se indicó en la resolución impugnada- a cargo del conductor del vehículo asegurado en su carácter de "conductor autorizado".

A ello debe agregarse que no consta de las constancias adjuntas, que la aseguradora haya sido renuente en su obligación de asumir la cobertura conjuntamente con la dirección del proceso, ni que se de un supuesto de salvamento y verificación de daños (arts. 72 a 78 de la ley 17.418), por lo que nada de lo alegado por los recurrentes puede justificar que los honorarios de los profesionales contratados por el "conductor autorizado" deban ser impuestos a cargo de la aseguradora. Y como la dirección del proceso constituye un derecho del asegurador (arg arts. 110, inc. a), 116, 118 y cc de la Ley 17.418; sólo en caso de renunciar a ese derecho corresponde el depósito de la suma asegurada con más sus accesorios.

Por ende, sólo si el asegurador declina la dirección del proceso debe cargar con los honorarios del abogado que designe el asegurado y/o conductor autorizado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero de Moreyra, Clementina y ot. c/ Alves Da Rocha, José Alberto y ot. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Resulta absurda la decisión de la alzada que al determinar la mecánica del accidente descarta el análisis de una circunstancia decisiva en ella.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: I.O.S.E.P. c/ FERREYRA M.,CAPORALETTI L., CURI V. Y OTROS s/ DEFRAUDACION CALIFICADA, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO  PUBLICO ETC.-RECURSO DE QUEJA POR INCONSTITUCIONALIDDAD DENEGADA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-04

El recurso de queja por inconstitucionalidad denegada tiene carácter de extraordinario por lo que su viabilidad exige e impone condiciones, siendo requisito básico y de cumplimiento ineludible para su aceptación, que la sentencia atacada sea definitiva, por cuanto es el único acto jurisdiccional susceptible de revisión por esta vía excepcional. La nota de definitividad para los fines de nuestro ordenamiento legal adjetivo se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o muerte del derecho en cuestión.
Nulidad procesal, actos y diligencias procesales, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL
Carátula: S. Q. S. c/ F. A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-14

Claramente se advierte cómo el Juzgado, al decretar del modo en que lo hizo (distinguiendo la nulidad del proceso de la nulidad de subasta y ordenando notificar a distintas partes según de cuál de ellas se trate) ha dividido indebidamente la continencia de la causa; ha alterado su unidad y, de esta forma, alteró también la estructura esencial del proceso (art. 166 procesal). Nótese la curiosa situación que se produce en autos pues una eventual declaración de nulidad del proceso -no estando caduco el incidente a su respecto- englobaría la del remate (cuyo incidente de nulidad estaría caduco). Hasta cabría la pregunta de si no estando caduco el incidente respecto del primero (nulidad del proceso), podría estarlo respecto del segundo (nulidad de subasta) en relación a las partes litigantes. Lo expuesto lleva a la prístina conclusión de que no puede separarse en dos cuestiones distintas el incidente de nulidad incoado por la Sra. Calvo porque la sentencia debe ser única. El pronunciamiento no puede ser segmentado pues lo que se resuelva sobre la nulidad del proceso incidirá eventualmente sobre el acto mismo de la subasta -pues tiene potencialidad para ello, al comprenderla-. Se ha violado así el principio de unidad y de continencia sentencial pues a todas luces es indudable la incidencia que, sobre la nulidad de subasta, pue de tener la resolución que se dicte sobre la nulidad del proceso (respecto a la cual, según consta en autos, las notificaciones previas a las partes que se han ordenado aparecen cumplidas y ningún otro acto quedaría por efectuar, no habiendo caducado por ello mismo este incidente). En definitiva, el decreto de fecha 30/9/2005 ha afectado la unidad y continencia de la causa. La jueza de primera instancia procedió a dividir lo que debía ser materia de un único pronunciamiento -violación del principio de unidad de continencia sentencial-, configurando un acto jurisdiccional no instituido como estructura del proceso. Tal violación esencial en la estructura del procedimiento, a tenor del art. 166 procesal, es causa de descalificación del acto al contener un vicio de nulidad absoluta e insanable (cfr.: sobre el principio de continencia de la causa y su violación: CSJT, sentencias N° 644/1995; N° 566/1997; N° 201/1998; N° 475/1998; N° 69/2000; N° 120/2000).
Estado Nacional, aportes a obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social Unión Personal De La Unión Personal Civil De La Nación c/ Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios s/ Ejecución ley 23.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-23

El procedimiento aplicable a una causa en la que se persigue el cobro de aportes y contribuciones a una obra social se concibe como un trámite de verificación restringido, en el cual dado su limitado ámbito de conocimiento, se debe excluir todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco, admitiéndose como defensas al progreso del juicio, la deficiencias formales del título. El fundamento de la prohibición antedicha se centra en la necesidad de no ordinarizar el juicio ejecutivo, convirtiendo en tal forma el juicio ordinario posterior (art. 553 del C.P.C.C.) en una institución procesal sin objeto, anulándose así la fuerza ejecutiva de los títulos (cfr. "Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo", dirigida por A. Allocatti, Tº II, págs. 482 y sgts.). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Calificación legal, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: R., M. del V. s/ Lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con aborto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06

"Para que la conducta causante de un resultado típico pueda considerarse realizadora de la parte objetiva del tipo es necesario que ex ante apareciese como creadora de un riesgo típicamente relevante".
Pena, menores, Tribunal de Menores, régimen penal de la minoridad, agravantes de la pena, armas
Materia: PENAL
Carátula: L. o C. y otros s/ robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

A efectos de establecer la edad a partir de la cual resulta aplicable el agravante del art. 41 quater, el precepto debe ser analizado en armonía con las leyes que regulan el régimen penal (26.061 y 22.278), las cuales establecen la edad de dieciocho años como la plena capacidad de la imputabilidad. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador, cónyuge supérstite, separación de hecho
Materia: LABORAL
Carátula: GELVEZ, HORACIO Y OTROS c/ PUTELLI Y COCCO S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-04-12

El derecho de indemnización por muerte del trabajador, es un derecho que tiene su origen en el momento mismo de ocurrir el siniestro y nace en cabeza de las personas habilitadas para percibir el beneficio; los favorecidos solo tendrán que acreditar el vínculo o parentesco que autoriza a percibir la indemnización, tal derecho deviene como propio y no como heredero.

Además si bien existe la separación de hecho, tal separación no es de carácter absoluto, ya que la víctima era sostén de su familia al momento de su fallecimiento.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: Colombero, Susana María G. de c/ Ricca, Gerardo Florencio y otros s/ Demanda ordinaria (Expte Nro.  85-02, Resolución Nro.  132, Tomo 21, Folio  131/135)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-16

Cabe concluir que la actora goza de prioridad de paso en la bocacalle, no obstante que la motocicleta guiada por el demandado se haya desplazado por una vía pública ubicada a la derecha de aquélla; dado que si bien es cierto que en principio le corresponde prioridad de paso a todo vehículo que en una encrucijada aparezca a la derecha de otro rodado, también es cierto que dicha prioridad sólo juega cuando hubiera arribado a la esquina simultáneamente o con anterioridad al segundo.
Notificación por cédula, ausencia del demandado, identidad del receptor
Materia: PROCESAL
Carátula: U.P.C.N. c/ Municipalidad de Rawson s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-05-16

La validez de la diligencia notificatoria realizada con la intervención de las personas mencionadas en el art. 146 del Código procesal se halla supeditada al requerimiento, con resultado negativo, de la presencia del destinatario de la notificación y se debe dejar constancia de ello en el acta.- Así, se ha dicho que la mecánica de la notificación por cédula exige que el empleado encargado de practicarla requiera en primer término de la presencia del interesado y solo, en defecto de éste, podrá practicar válidamente la comunicación en persona distinta que puede ser mayor o menor de edad.
Infracciones aduaneras, tenencia injustificada de mercadería extranjera
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GOLDFARB, SIMON s/ RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

Nada impide en el plano lógico ni lo prohíbe la legislación, analizar en forma independiente del conjunto la situación de los efectos cuya legítima introducción a plaza se controvierte (art. 189 de la ley de aduana) y llegan a diferente conclusión en cuanto a la entrada legítima de alguno de los bienes secuestrados en un mismo procedimiento, por así imponerlo la circunstancias o por llegar a determinar que sólo respecto de alguno, su tenencia permite inferir finalidad comercial.
Recurso de inconstitucionalidad, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LABASTO, DARIO RUBEN CEFERINO c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

El decisorio atacado, en relación a la imposición de costas, no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias particulares del caso, desde que en materia de costas los artículos 101 y 102 del Código Procesal Laboral adoptan la teoría del vencimiento, disponiendo que en caso de ser recíproco se compensarán o distribuirán prudencialmente en proporción al éxito obtenido, previendo que si la reducción de las pretensiones de una de ellas no superase el 20% o dependiere del arbitrio judicial o dictamen de perito, procederá la condenación total al vencido, pudiendo los magistrados eximir total o parcialmente del pago de costas a la parte vencida, siempre que encuentren mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento; y en lo particular, si bien el Tribunal citó correctamente la normativa que rige la cuestión causídica en todo proceso laboral y entendió que atento al vencimiento recíproco arribado -dado que se hizo lugar sólo parcialmente a la demanda- debía distribuir las costas en proporción al éxito obtenido, contrariamente resolvió prescindiendo de dichas pautas legales al imponer la totalidad de dichas costas a la demandada. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 282, p 124/129. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículos 101 y 102
Daños y perjuicios, daño resarcible, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Wilde, Walter Gustavo; Del Olmo Ruiz, María Cecilia c/ Velez, Sergio Juan; Dirección General de Inmuebles y/o; Provincia de Salta; Aranda, Dolly Stella; La Meridional Compañía de Seguros S.A. s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-08-11

Pese a no ser anulable la escritura por la falta del estudio de titulo, sí puede serlo en cambio el negocio jurídico instrumentado, de estar viciado el título del enajenante; y de ser ello así, como el notario asume la obligación de instrumentar un negocio válido, adoptando y realizando todas las diligencias necesarias para evitar que se frustre ese resultado, la declaración de nulidad puede comprometer su responsabilidad civil. El "estudio de títulos" constituye -para el notario autorizante- un deber jurídico funcional (o "legal implícito") inexcusable, por lo que la falta de diligencia del escribano actuante al momento de efectuar la escritura pública, toda vez que se limitó a verificar únicamente los datos consignados en la Escritura Pública inmediata anterior, sin corroborar todos los antecedentes, determina su responsabilidad. Así y ante la imposibilidad de que tal adquisición se concrete in re ipsa, la reparación correspondiente -por ser la que mejor se asemeja al objeto de la prestación nacida de la obligación frustrada, a consecuencia de la referida conducta disfuncional- consiste en dar al damnificado un bien equivalente a aquel del que fuera privado, o por una cantidad de dinero suficiente para adquirirlo.
Divorcio contradictorio, prueba, interceptación de correspondencia
Materia: CIVIL
Carátula: G. de R.A.C. c/ R.F. s/ DIVORCIO Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Las misivas reconocidas por el esposo al contestar la demanda, aventan toda duda acerca de su autenticidad y valen como prueba.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, medidas para mejor proveer
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zubiri, Manuel c/ Sequeira, Carlos E. y otra s/ Escrituración Lamura Pablo Oscar c/ Minaldo Víctor Hugo s/ Ejecución Santana, Rubén Edgardo c/ Ferreyra, Ramón Isaac s/ Daños y perjuicios Muñoz, Raúl D. y otro c/ Luro, Néstor E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1987-06-16|1992-10-06|1991-06-18

Constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias ordinarias disponer de medidas para mejor proveer, por lo que el ejercicio de tal prerrogativa no resulta una cuestión que pueda ser propuesta a decisión de esta Corte.
Juicio ejecutivo, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Domínguez Héctor Raúl y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Despachada ya la ejecución y solicitado embargo preventivo, a recaer sobre un inmueble registrable, tal aspecto permite ordenarlo como ejecutivo con anticipación a la intimación de pago y embargo dispuesta por el magistrado, pues la ley no veda tal secuencia, debiendo privilegiarse la tutela del crédito que ha pasado por el examen previo al despacho de la ejecución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, subsidiaridad
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAIT, HERMINIO c/ GRASSO MOLINA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

La existencia de una vía legal para la protección de los derechos que se encuentran lesionados, excluye, como regla, la admisibilidad del amparo, pues este medio no resulta apto para alterar el juego de las instituciones vigentes, ni justifica la extensión de la jurisdicción legal y constitucional de los jueces (conf. CSJN, "Brieba, Rodolfo c/Estado Nacional", 19.3.87, T. 310, Pág. 622).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, presunción de culpa, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carcano, Jorge Luis c/ Cardozo,  Miguel  A. y/o Guillo, Roque y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de daños y perjuicios Roque y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-08

Las circunstancias de eximición de responsabilidad autorizadas en el art. 1113, 2º parr., 2ª parte, deben ser examinadas con gran severidad, ya que se intenta enervar los efectos de una presunción legal.
Aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: VIANO, Alejandro René s/ imputado de inf. art. 1o de la ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, por entender que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley 26.735, dado que el principio de benignidad tiene jerarquía constitucional - Const. Nac: 75 inc. 22-.
Cultivo de estupefacientes, cannabis medicinal
Materia: PENAL
Carátula: Gago, Esteban Daniel y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-09

Si bien las acciones de sembrar y/o cultivar cannabis continúan tipificadas por el inciso "a" del artículo 5 de la Ley 23.737, el Poder Ejecutivo nacional, mediante la sanción del Decreto 883/20, ha emitido una autorización para que dichas conductas puedan ser realizadas por ciertas personas, en determinadas circunstancias, a los fines de obtener aceite de cannabis para uso medicinal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, cosa juzgada, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Olga Cristina D'ANOREA DE SASSONE y otra c/ SHELL  C.A.P.S.A. s/ COSA  JUZGADA  -  INTERPRETACION  POR  LA  CORTE SUPREMA - DEFENSA EN  JUICIO - LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE - DAÑO  MORAL  - JUICIO CIVIL  - IGUALDAD - LITISPENDENCIA - ACUMULACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

Si bien lo atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho procesal, extraño a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no impide a la Corte conocer en un planteo de esa naturaleza cuando su examen por los tribunales de la causa extiende su valor formal más allá de límites razonables, utiliza pautas de excesiva latitud y prescinde de una adecuada ponderación de las constancias relevantes del expediente, todo lo cual redunda en evidente menoscabo de la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Pagaré, inhabilidad de título, representación de la sociedad, principio de apariencia
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: REAL  S.R.L. c/ RENOME  S.A.C.I. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-30

No resulta admisible la excepción de inhabilidad de título fundada en que el firmante de los pagarés dejó de integrar el directorio de la ejecutada varios meses antes de la fecha de libramiento de los títulos, dado que la renuncia invocada no es oponible a terceros, toda vez que no ha sido inscripta en la inspección general de justicia (LS: 12 y 60). Consecuentemente, es válido el acto celebrado por el representante social cuya cesación ha sido dispuesta pero no inscripta, siempre que medie buena fe por parte del tercero y en virtud de la teoría de la apariencia jurídica, y que la sociedad debe responder por la actuación de su administrador aparente.