Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-19


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 73955	SALA V. AUTOS: "RUBIO HECTOR C/ VIEIRA ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 47).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I)- Contra la sentencia de primera instancia corriente a fs. 112/117 se alza la parte demandada conforme los términos vertidos en su presentación recursiva de fs. 120/125, la cual fue contestada por la contraparte de acuerdo a lo expresado a fs. 129/130 vta.

II)- Agravia a la demandada que el "a quo" haya concluido que el plazo de un año previsto por el artículo 252 RCT (t.o.) recién comienza a correr a partir del momento en que al trabajador se le hace entrega de las certificaciones y documentación necesaria para tramitar su retiro.

En la presente causa se encuentra fuera de controversia que a fin de enero de 2007 la demandada le practicó al actor la intimación prevista por el art. 252 RCT, que el 7 de febrero de 2008 le comunicó la extinción por vencimiento del plazo establecido en el mencionado artículo y que el 12 de marzo de 2008 se le hizo entrega al actor de los certificados y documentación necesaria para iniciar su trámite jubilatorio -pese a lo dicho en el recurso, la demandada no negó expresamente esa circunstancia y la negativa genérica ensayada a fs. 44, no resulta suficiente a esos fines-.

El 6 de mayo de 2008 el actor rechazó la comunicación que ponía en su conocimiento la extinción del contrato de ajuste que mantenía con la demandada y solicitó que le otorguen tareas embarcándolo hasta que venza el 12 de marzo de 2009, el plazo normado por el art. 252 RCT.

Considero que no le asiste razón a la demandada en su planteo, pues la intimación a que se refiere la norma se debe formular -si es que el empleador pretende hacer uso de esa facultad- cuando el trabajador está en condiciones de acceder a una de las prestaciones de la ley 24.241 y la carga de constatar que los requisitos necesarios para ello se encuentran reunidos, se encuentra en cabeza del empleador, dado que es él quien va a estar interesado oportunamente, para no tener luego que responder por las conse-cuencias de un despido injustificado.

En el caso de autos, la demandada debió haber constituido en mora al trabajador para que retirase las certificaciones correspondientes y necesarias para iniciar el trámite jubilatorio. Recién ahí, a mi juicio, puede considerarse que la demandada ha actuado con la debida diligencia para asegurarse de que el trabajador se encuentra en condiciones de acceder a alguno de los beneficios previstos por la ley 24.241.

La simple puesta a disposición, a mi juicio no es suficiente, dado que es la demandada a quien le interesa que el trabajador inicie los trámites, ya sea para que obtenga el beneficio lo antes posible o para que vencido el plazo establecido por el 252 RCT (t.o.), pueda extinguir el vínculo sin consecuencia indemnizatoria alguna.

Por las razones expuestas, estimo que corresponde confirmar este aspecto del fallo.

Igual suerte habrá de seguir el agravio relativo a la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 pues el distracto se produjo el 7 de febrero de 2008 y actor intimó a la demandada el 4 de junio del mismo año para que le abone las indemnizaciones emergen-tes de una extinción contractual que él consideraba injustificada, y la demandada no lo hizo.

El argumento esgrimido referido a la valoración de la conducta de la demandada y a que pudo creer razonablemente que su decisión de prescindir de los servicios del actor, no es suficiente.

Digo esto, porque si bien es cierto que -a la luz de lo dispuesto en el art. 242, L.C.T. (t.o.)- incumbe a los jueces la valoración del carácter injurioso de los incumplimientos contractuales imputados, la determinación judicial de la existencia o no de justa causa de despido es declarativa, esto es, retroactiva al momento de la ruptura del vínculo.

Desde esta perspectiva, el empleador que decide poner fin a una relación contractual, aún enmarcándola en el cuadro normativo que estime corresponde -en el presente, el art. 252 RCT- está sujeto al riesgo de ser condenado a abonar las indemniza-ciones pertinentes en caso de que no acredite el cumplimiento de las exigencias contenidas en la norma, con lo cual la decisión de rescindir se torna injustificada, debiéndose en consecuencia abonar las indemnizaciones pertinentes.

Asimismo, también está sujeto al riesgo de verse obligado a pagar los in-tereses moratorios desde la fecha de la exigibilidad de las indemnizaciones.

Sin embargo, no parece pertinente fundar la eximición o la reducción de la condena al pago de alguno de esos rubros en el solo hecho de que el empleador someta la decisión rupturista a la valoración judicial posterior.

Si se admitiera esta postura bastaría que el empleador creara e invocara cualquier motivo de despido para tornar inoperante el precepto legal.

Por las razones expuestas, propicio confirmar también este aspecto de la sentencia.

III)- En definitiva de suscitar adhesión mi voto, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de recurso y agravios, imponiéndose en consecuencia las costas de alzada a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 68 CPCCN).

A ese fin propongo regular los honorarios correspondientes a las labores cumplidas por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada y de la actora en el 25% de lo que les corresponda por las tareas desarrolladas en la instancia originaria (cfr. art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios conforme se propone en el primer voto del presente acuerdo. 4) Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que el Dr. Enrique Nestor Arias Gibert no vota en virtud del art. 125 de la ley 18345.

MLF Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara