Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-30


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil siete, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia -Presidido por Juan Pedro Cortelezzi; integrado con los señores Ministros Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, para dictar sentencia en "M. , D. A. s/ Lesiones Culposas" (expediente 20.818-M-2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 147: Cortelezzi, Pfleger y Panizzi.

El Juez Cortelezzi dijo:

Contra la sentencia que condena a D. A. M. la defensa interpone en tiempo recurso de casación para ante este Superior Tribunal de Justicia.

La Jueza en lo Correccional de Puerto Madryn mediante sentencia del día diecinueve de diciembre de dos mil seis, condenó a D. A. M. a las penas de seis meses de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para conducir automotores, mas las costas del proceso, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas, por el hecho ocurrido en esa ciudad el día 24 de agosto de 2005, a las 21.30 horas, en perjuicio de J. L. L. .

Que el hecho ventilado en el juicio oral y público se detalló en la sentencia de la siguiente manera: ´... el día 24 de agosto de 2005, siendo aproximadamente las 21.00 horas, circunstancia en que D. A. M. , conduciendo un Renault 12, dominio ***-*** por calle Chile en dirección oeste-norte, aproximadamente a 60 ó 70 km. por hora, al llegar a la intersección de las calles Cholila y Esquel, embiste a J. L. L. , conductor de una motocicleta Honda CG Titán 125 c.c., quien se encontraba detenido a la espera del paso del vehículo conducido por M. . El impacto del automóvil en la moto, provocó que L. saliera despedido por el aire, provocándole fractura en tercio medio de húmero del brazo izquierdo, politraumatismo facial con excoriaciones múltiples y lesión contusa en órbita ocular izquierda y hematoma.

Sentado ello, cabe analizar si los vicios alegados por el Defensor Público, doctor Carlos Eduardo Bellorini, resultan procedentes.

El primer motivo que denuncia es la falta de motivación suficiente, argumentando que la sentencia se construyó bajo la apariencia de una decisión fundada, y que la misma evidencia una pieza procesal transformada en un puro voluntarismo judicial, afectándose normas constitucionales.

Que en el desarrollo de este punto se limita a citar doctrina de prestigiosos juristas y concluye la exposición sosteniendo que en definitiva se ha afectado el principio de congruencia, por cuanto las afirmaciones, deducciones y conclusiones no guardan adecuada correlación y concordancia, no hay una adecuación precisa entre lo acusado y lo condenado.

En segundo lugar alegó que se afectó el principio lógico de razón suficiente y se lesionó el principio "in dubio pro reo".

Sostiene que la sentencia recaída en autos no cumplió con las reglas de la lógica, y que resulta de la íntima convicción .

Por último denuncia como arbitrario el monto de la inhabilitación especial impuesta a su pupilo, ya que no se explica el razonamiento utilizado para tal imposición.

Planteados los motivos, corresponde ingresar al tratamiento de los mismos y adelanto mi opinión negativa respecto a la procedencia del recurso.

Para decidir como lo hizo la jueza en lo correccional tuvo en cuenta:

- el informe técnico vehicular obrante a fs. 7, que determina que el vehículo en el que circulaba el imputado frena con dificultad, que el estado de las cuatro cubiertas es malo y que la condición en general del rodado es regular;

- la declaración del damnificado J. L. L. de fs. 21/2, quien describió la mecánica del accidente, sosteniendo que el vehículo venía a gran velocidad y que cuando se provocó el impacto la motocicleta en la que circulaba estaba detenida;

- el croquis de fs. 9 y las fotografías 19/20, que también describen el accidente.

Teniendo en cuenta todos estos elementos la jueza correccional concluyó que sin perjuicio de la velocidad, M. no pudo dominar el vehículo en el que circulaba, violando de esta forma el deber objetivo de cuidado prescripto en la Ley Nacional de Tránsito que impone a los conductores circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (Ley 24.449, art. 39, ap.b.).

Que el estado del automóvil no era bueno, lo cual aumentaba el riesgo permitido y, no obstante tal conciencia, el imputado circuló a una velocidad que, en relación a las circunstancias descriptas, provocó la pérdida de control del rodado, y el consecuente accidente con el resultado descrito.

Siendo ello así, y habiendo comprendido la situación y actuado en consecuencia, su conducta queda subsumida en la figura descripta en el artículo 94.

A raíz de lo expuesto entiendo que la sentencia analizada es una decisión jurisdiccional fundada.

Respecto a la pena de inhabilitación, si bien es cierto que nada dice en la oportunidad de imponerla, previo a ello, cuando da los fundamentos de la decisión, menciona las circunstancias que la amerita (no contaba con registro de conducir, no tenía seguro contra terceros, la condición del vehículo, etc.). Ello es suficiente para validar este tipo de pena, sin perjuicio que la motivación y explicación se haya dado en otra parte de la sentencia.

Siendo ello así, corresponde declarar improcedente el recurso de casación de fs. 115/22 vta., confirmar la sentencia de fs. 107/13 vta., y regular los honorarios profesionales de la Defensa Pú-blica en la suma de ciento veinticinco pesos. Así voto.

El juez Jorge Pfleger dijo:

I. Ya el Magistrado que me precedió en el voto realizó una adecuada semblanza de la causa lo cual me exime de ese trabajo, de modo que no incurriré en el defecto de la redundancia.

En todo caso iré derechamente al asunto bajo el prisma de la casación amplia que alumbró el precedente "Casal", citado por la recurrente, al considerar aplicable la tesis del máximo esfuerzo o de la máxima capacidad de revisión en el recurso contra la condena, exceptuando lo que es propio de la inmediación y, para mí, lo que constituye el límite del agravio.

II. Así planteado coincidiré con el Ministro Cortelezzi en el sentido de que el intento no debe prosperar.

Trataré los aspectos propuestos en el orden en que el Defensor Público lo ha hecho en el enjundioso escrito añadido entre las hojas 115/ 122 del expediente y comenzaré con la denuncia de nulidad de la sentencia por falta de motivación suficiente.

No puedo menos que coincidir con la relación dogmática que el señor Defensor ha efectuado haciendo gala de erudición.

En numerosos precedentes he dejado sentada mi opinión respecto del concepto de sentencia arbitraria que coincide con la del distinguido colega del Ministerio Público de la Defensa.

Así, he señalado que arbitraria es la sentencia que no da razones o cuyas razones trasiegan de modo intolerable las reglas de la lógica, la experiencia o la psicología y que un adjetivo tal implica reconocer (o denunciar para el caso de la que viene en casación) que el acto jurisdiccional de que se trata es el producto del antojo o capricho de los jueces antes que una derivación razonada del derecho vigente atenida a las constancias de la causa, constituyendo un verdadero abuso del poder estatal del que, aquellos los jueces, están investidos. Apunté, sin temor a cometer un exceso verbal, que una frase casi diría pueril se me ocurre sintética para conceptuar un postulado arbitrario en su expresión máxima: "Es así porque es así", justificándose cualquier conclusión en esa manera autoritaria, por que más allá de cualquier cosa el arbitrio es una desmesura de poder.

Y por último tildé de arbitraria a aquella decisión que encuentra su base en prueba inexistente o falseada en su realidad o significado, especie del mismo género que se estudia.

Pero también señalé con idéntica convicción que el mote de arbitrario no lo merece una manifestación jurisdiccional por el sólo hecho de que la conclusión a que se arriba no se fundara en todos los elementos de convicción que se han considerado y que tampoco aquella padece del defecto porque esté en contra de alguno o algunos de los elementos probatorios de la causa.

El sentido y grado de convicción que refleja la motivación de la sentencia debe ser cotejado con la racionalidad y aptitud que tiene la prueba enunciada para generar tal convencimiento, más allá de que sus conclusiones puedan escapan al control porque dependen de la inmediatez propia del debate y se encuentran expresamente vedadas a esta instancia por la limitación que, por esencia, reconoce la teoría que guía la casación, según se ha visto.

Interesado por el tema he tratado de validar mis reflexiones con argumentos de autoridad y en ese sentido me ha sido dada la fortuna de encontrar en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elementos que corroboran la idea elaborada y el sentido y fin de la doctrina que se ha sentado al respecto.

Se ha dicho -en ese sendero- que por vía de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN en "S. del C., Mario Alberto s/ homicidio culposo - Causa N° 25.774" del 07/07/1993 T. 316, P. 1704) lo que da base a verificar ese extremo en toda revisión.

También en Fallos 216:1717 y 311:948 (casos "Baño" y "Saturnina Montero"), la Corte fue clara en confirmar que si bien la tacha de arbitrariedad no era aplicable a la discrepancia de los apelantes con la apreciación típica de los hechos y la interpretación de las pruebas y de las normas de derecho común formuladas por un Tribunal " aquo", cualquiera fuese su acierto o error, ello no era óbice para que la Corte conociera en los casos cuyas particularidades hicieran excepción con base en la doctrina de la arbitrariedad.

Así, sostuvo, se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso exigiendo que las sentencias sean fundadas y una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

E hizo hincapié en que se incurría en el defecto cuando las pruebas habían sido consideradas en forma fragmentaria y aislada, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de los hechos conducentes para la solución del litigio.

Es por ello que la plataforma de ideas que el Defensor Bellorini yergue en sostén de su opinión marcha por el correcto camino.

Sin embargo su proposición de que la sentencia carece de fundamentación suficiente es equivocada, a mi parecer.

Por que si bien es cierto que el estilo sentencial puede o no agradar a un fino lector, no menos cierto es que cumple -la recurrida- con el nivel aceptable para que el pronunciamiento resulte válido.

Es más, digo respetuosamente: el propio recurrente incurre en el vicio que denuncia, la exposición de conceptos dogmáticos sin que se los vincule al objeto concreto que se estudia y critica.

Pero vuelvo. Toda sentencia posee básicamente tres aspectos que la estructuran y le dan validez: uno fáctico ( la declaración de los hechos) uno valorativo ( evaluativo ) y un tercero normológico o normativo ( la aplicación del derecho).

Estas cualidades se hallan, aún cuando podría reconocerse que no desarrolladas en su plena potencia, en la que se escruta, pues, como bien se dijo en el sufragio precedente. La Juez fijó los hechos en su objetiva materialidad, los adjudicó al imputado, estableció la prueba en que fundó sus asertos y luego derivó hacia la aplicación del derecho, razonando acerca del modo en que, a su juicio, se plasmaban los requisitos para la construcción del tipo penal seleccionado.

Por estas causas creo que, sobre este punto, no le alumbra razón al recurrente, sin perjuicio de que se tratará, en los párrafos que siguen, los agravios que están sintetizados en el rótulo: "Motivación aparente. Arbitrariedad de la sentencia. Vicios lógicos en la valoración de la prueba y presunción de inocencia. Afectación del principio lógico de razón suficiente. Lesión al principio "in dubio pro reo".

III. He de comenzar el tratamiento de este punto disintiendo, de nuevo, con el abogado Bellorini, en punto al valor asignado al testigo- víctima.

Desde la abrogación del sistema tarifado que echó por tierra aquello de que "testigo único es ningún" o " testigo único testigo nulo" ( la fórmula latina "Testis unus, testis nullus" está en el "Repertorio Jurídico" de Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, página 112)una defensa fundada en esa situación es una defensa endeble, insostenible.

No creo que la Magistrado, por otro lado, cimentara la condena exclusivamente en ese elemento; en todo caso- según puedo leer- ha compuesto esa manifestación con otras evidencias de las que fluye el material que abona los dichos de la víctima, y permite la recreación intelectual de episodio.

Desde ya que el acta inicial de fs. 1 / 2 y particularmente el croquis de fs. 3, incorporados por su lectura al debate, el informe técnico de fs. 7 y la percepción de las cosas después de ocurrido el infortunio, posible a partir de la fotografía de fs. 19/ 20, dan pábulo a configurar intelectualmente la dinámica del suceso.

La manera en que se encontró la motocicleta y los daños que padeció, las roturas señaladas en el automóvil y su estado concomitante, son todos elementos que, como lo anticipé, apuntalan la versión de la víctima, especialmente cuando ésta depuso en el debate, versión que con prolijidad recogió el acta a fs. 103 vta.

La lesión sufrida por L. emerge, sin contradicción, de la historia clínica de fs. 22/ 30 y 37/50, todas incorporadas por su lectura.

La relación entre la conducta del sujeto y la producción del daño tampoco puede ponerse en vilo. Creo que, como bien lo ha dicho la Juez, el causante atropelló al motociclista en el lugar consignado en la acusación fiscal, en el momento en que quedó establecido en la sentencia.

Pero mas allá coincidiré en que la lesión es atribuible a la violación de un deber de cuidado por parte del conductor imputado y relevante penalmente en los términos del art. 94 del C.P.

Como he sostenido en otras oportunidades, estimo que es de la naturaleza del delito imprudente el desprecio que el autor demuestra respecto de los bienes jurídicos ajenos, sea por que no ha pensado en la lesión que causa o porque supone falsamente que su acción no causará lesión alguna ( al respecto ver Enrique Bacigalupo en su "Derecho Penal- Parte General" Ed. Hammurabi, página 338) En términos generales importa la generación de un peligro jurídicamente desaprobado y el resultado como la realización de ese peligro, cuando el riesgo está fuera del límite de lo permitido y es objetivamente imputable. La creación de un peligro elevado que el agente desoye o acepta correr y que produce una consecuencia disvaliosa.

O quizás con mayor autoridad desde la dogmática: "...La imprudencia se caracteriza como una forma de evitabilidad, en la que el autor carece de un conocimiento actual de lo que se debe evitar, es decir, que se debe apreciar imprudencia cuando un resultado típico es objetivamente imputable y el autor ha tenido un error sobre el riesgo de su producción a pesar de la posibilidad de conocer tal riesgo..." (ver Bacigalupo, op.cit. página 343/ 344).

Claro está que es necesario que exista una relación de causalidad entre la acción ejecutada y el resultado típico o que el peligro creado se realice en el resultado que se produzca. Retornando al caso, creo que la conducta que consistió en manejar el rodado en regular estado, con un sistema de frenos defectuoso y dotado de cuatro cubiertas en mal estado llevaba insita la noción del peligro; de peligro ostensible, que el sujeto conocía y aceptó.

El tráfico rodado es un factor de peligro y implica de por sí un riesgo que exige precauciones. Conducir aquel automóvil, a una velocidad que impedía detenerse ante un obstáculo y arrollarlo cuando estaba parado, aumentó el peligro en sí y el riesgo que corrían todos.

Si violando así un deber de cuidado, que para más se encuentra normatizado (art. 30 inc. b) de la Ley 4165, que adhiere a la Ley 24.449) el imputado causó una lesión, elemento del tipo penal en juego, se ha perfeccionado el delito previsto por el art. 94 del C.P., como correctamente lo consignó la Magistrado de la sentencia, que, a mi parecer, carece de defectos que la tornen impugna-ble.

No puede, por último, ponerse en vilo la prueba cuya incorporación al debate fue consentida por la parte que reclama, que, en todo caso, debió administrar correctamente sus derechos en el momento procesal oportuno y no discutir el asunto frente a una sentencia adversa.

IV. La pena de inhabilitación ha sido correctamente fundada y surge clara la justificación empleada por la Magistrado. Sólo una lectura parcial y capciosa del fallo puede desmerecerla.

V. En relación con los honorarios acepto la solución dada por el Ministro que me ha antecedido. Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Panizzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Juan Pedro Cortelezzi y Jorge Pfleger, existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el art. 357 del CPP (texto según ley 4550, art. 7). Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar improcedente el recurso de fs. 115/22 vta. y confirmar la sentencia de fs. 107/13 vta..

2°) Regular los honorarios de la Defensa Pública en la suma de ciento veinticinco pesos ($125), no incluye I.V.A. (Ley 2200, art. 14 y Ley 4920, art. 59).

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Cortelezzi, Panizzi, Pfleger.