marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Albornoz, Juan Alberto y otros s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

Es insuficiente el agravio en el que la defensa cuestiona que la Cámara decidiera que los ilícitos constituyen cuatro hechos de violación calificada por el número de intervinientes en concurso real, si el reclamo no ha sido acompañado de la denuncia de transgresión del art. 55 del Código Penal (art. 355, C.P.P. y sus modif.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo calificado, tenencia ilegítima de armas de guerra, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Brizuela, Leonel Máximo y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Las acciones típicas de tenencia ilegal de arma de guerra y robo calificado mediante su empleo, sólo se superponen temporalmente en forma parcial de modo que la exclusión de una de ellas no supone la de la restante; y que se trata, pues, de acciones física y jurídicamente separables e independientes que concurren en la forma prevista por el art. 55 del C.P. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhiere el Dr. Madueño, Dra. Catucci adhiere por su voto).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, procedencia del recurso, actos y diligencias procesales, avocación jurisdiccional
Materia: PENAL
Carátula: HERRERA DE GARRIDO, MARIANELA YUDITH c/ HERRERA, ROLANDO FELIPE s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-21

En nuestro ordenamiento son actos jurídicos, los actos procesales y los actos preprocesales, en tanto están regulados por la ley procesal para producir efectos jurídicos en las diferentes fases del proceso.

Se denominan actos pre-procesales, o actos de procedimiento, a aquellos actos practicados por la Policía Judicial para dar base al inicio del Proceso Penal, estando comprendidos también los actos que practica el Fiscal Correccional en el trámite del Procedimiento Sumario.

La clasificación obedece particularmente a que los actos pre-procesales no son actos jurisdiccionales, mientras que los procesales propiamente dichos son llevados a cabo ante el órgano de la jurisdicción.

La importancia que reviste la distinción radica en que, de los actos preprocesales no puede pregonarse su nulidad, sino en todo caso su inadmisibilidad para ingresar al proceso, si se advierte en tal acto alguna irregularidad formal.

En tanto la nulidad es una sanción procesal que se cierne sobre los actos procesales o judiciales, es decir de los que emanan de la autoridad judicial.

Además de ello, los actos pre-procesales no pueden ingresar al debate, por carecer de la nota de jurisdiccionalidad, en tanto que los jurisdiccionales o procesales, pueden ingresar al debate tal como se practicaron ante el Juez si se cumplen determinados requisitos.

El Acta Única Policial , es acto pre-procesal realizado por la policía administrativa bajo las directivas del Fiscal Correccional, por lo que no cabe pregonar la nulidad, por no ser fundamentalmente actuaciones jurisdiccionales.

Tampoco procede la nulidad del requerimiento de juicio, acto propio y discrecional del Ministerio Público como titular de la acción penal, toda vez que también es un acto pre-procesal.
Procedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba, comisión de nuevo delito, inadmisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: ARANCIBIA, Yoel Isalías s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-10

Corresponde casar la decisión que revocó la suspensión de juicio a prueba efectuada con sustento en el art. 76 ter, quinto párrafo, CP, pues la noción de "nuevo delito" a la que se refiere la disposición requiere de la existencia de una sentencia judicial que así lo declare, durante el plazo de supervisión, circunstancia que no se verificó en las actuaciones pues a sentencia firme respecto de un nuevo delito fue dictada fuera del citado plazo (voto del juez Bruzzone) Cita de "Gramajo", Reg. 61/2015
Sucesiones, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bachayani, María Beatriz s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

La circunstancia de ejecutarse los honorarios regulados en el sucesorio permite excepcionalmente apartarse del principio que establece que el dominio del inmueble a subastar deba figurar inscripto en el Registro de la Propiedad a nombre del ejecutado.

Ello así, por cuanto los sucesores universales son, el mismo tiempo, sucesores particulares relativamente a los objetos particulares que dependen de la universalidad en la cual ellos suceden (art. 3264 Cód. Civil); los bienes del sucesorio pueden ser objeto de venta forzosa en supuestos en que no existen fondos en efectivo para el pago de las deudas, cargas o legados (arts. 3474, 3475 Cód. Civil); y entre los recaudos exigidos para ordenar la venta, no es indispensable la inscripción previa de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad (art. 16 ley 17801). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, valor vida, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: TORRICO GUARDIA, LUCIO c/ CULAK, CARLOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-13

En caso de un accidente de tránsito, a los efectos de la cuantificaron del valor vida, lo que se mide en signos económicos no es la vida que ha cesado, que no tiene valor económico en sí misma, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora o productora de bienes, y su valoración consiste en la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde él instante en que esa fuente de ingresos se extingue. Por ello, para su estimación no se aplican formulas matemáticas, sino que se deberá considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima -edad, condición social y económica, profesión, expectativa de vida, etc.- Como con los damnificados -grado de parentesco, edad, educación, etc
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, delito más grave
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galarza, Marcelo M. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al inculpado y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle. Tal posición, a contrario sensu, no podrá ser tenida en cuenta a los fines de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos: a) cuando recién fuese esgrimida en el incidente de prescripción al sólo fin de evitarla; b) cuando la pretendida calificación careciera en absoluto de base fáctica que la sustente. Si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro debe estarse, para resolver en el incidente de prescripción, al de mayor gravedad, sin perjuicio que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces, y recién allí, la prescripción de la acción, luego del debate en donde las partes hayan tenido la oportunidad de probar y alegar sobre las características del suceso para darle uno u otro encasillamiento legal. (Voto del Dr. Mitchell).
Prescripción de la acción penal, calificación legal, prisión preventiva, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: STINFALE, Víctor. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-09

La calificación del delito contenida en el auto de prisión preventiva no causa estado y es susceptible de ser modificada en ocasión del pronunciamiento sobre prescripción, que por tratarse de una resolución que decide la suerte de la causa, requiere como previa, una calificación definitiva del delito.

No obstante la calificación legal elegida por el juez de grado resulte menos gravosa que la impulsada por el Ministerio Público Fiscal, su aplicación no puede ser descartada con certeza para el caso.

Por ello, debe confirmarse el auto por el que no se hizo lugar a la prescripción de la acción.
Recurso de inconstitucionalidad, verificación de créditos, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: FATA SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-07

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por cuanto el A quo -al rechazar el crédito verificado por entender que no había sido claramente expresado al momento de iniciar la verificación tardía- ha preterido el análisis y pronunciamiento de una cuestión sometida a juzgamiento. En efecto, omitió expedirse sobre el tópico de los intereses que se generaron con la mora en el pago en término del importe asegurado, brindando un argumento al resolver el recurso de aclaratoria que no puede considerarse suficiente a efectos de satisfacer el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable. Por lo tanto la omisión de todo pronunciamiento sobre esta cuestión hace pasible al pronunciamiento de descalificación constitucional.
Expropiación irregular, precio, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial - Casación en autos: "Ros, Guillermo Horacio y otros c/ Estado Provincial - expropiación inversa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-24

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda por expropiación inversa y declaró que debía tenerse como precio justo de indemnización la suma que el Tribunal de Tasaciones había fijado, pues al disponer la actualizacion de dicho monto desde la fecha de desposesión - diciembre de 1986- hasta su efectivo pago, se apartó de lo dispuesto por la ley 23.928, que prohíbe cualquier forma de repotenciación de deudas después del 1º de abril de 1991.
Accidentes de trabajo, obligación de seguridad, prueba, relación de causalidad, presupuestos de responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Sayago, Zacarías c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-31

Estéril es la faena de argumentar sobre la inversión del "onus probandi" y la falta de demostración por la empleadora de su cumplimiento de deberes de seguridad, dándole al obrero cursos de capacitación, instrucción acerca de normas del trabajo y sometiéndolo a exámenes médicos. Todo ello se vincularía con la culpa, su presunción "iuris tantum" y la destrucción de ésta por probanzas en contrario. Empero, esa trama argumental no es idónea para disimular la ausencia de aquel otro requisito "sine qua non" de la responsabilidad: la causalidad.
Regulación de honorarios, restricciones a la capacidad, canon locativo
Materia: PROCESAL
Carátula: E. N. C. c/  s/ restricción de la capacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-11-08

En la regulación de los honorarios profesionales a favor del patrocinante del apoyo de la inhábil luce arbitraria la exclusión del monto adelantado del canon locativo aludido por la razón de "no habitualidad" ya que de haberse abonado el alquiler del inmueble en forma mensual se hubiesen convertido en extracciones habituales -como tantas otras de autos y que sí aparecen formando parte de la base regulatoria-.
Competencia penal, ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, medidas de seguridad, facultades de control, derecho a la salud, trata de personas, explotación sexual, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: DI PASCUA, Araceli Sandra c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-21

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra el rechazo de la prisión domiciliaria de la encausada toda vez que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general, pues se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para rechazar el pedido. Así es que el tribunal valoró la necesidad del cumplimiento de la medida cautelar impuesta en una unidad de detención, tras afirmar que se presenta en este expediente la posibilidad de que la encausada -quien se encuentra imputada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado engaño, violencia, amenazas, abuso de autoridad y de situación de vulnerabilidad, por haber más de tres víctimas, por lograr consumar la explotación y por haber sido éstas menores de 18 años- eluda la justicia o entorpezca la investigación. Se destacó que aún restan medidas en curso tendientes a la localización de otras potenciales víctimas de los hechos investigados, siendo que la organización criminal a la que pertenecería la encausada se valía de métodos altamente ofensivos para someter a sus víctimas, los que incluían utilización de armas y la realización de actos vejatorios de naturaleza sexual. En el plano sanitario, el tribunal ponderó el informe médico confeccionado por el Complejo Penitenciario en el cual se puso en conocimiento que la encausada no presentaba antecedentes de patologías preexistentes.
Acción reivindicatoria, tierras, pueblos originarios, obligaciones del Estado miembro, derecho interno, reforma legislativa, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Comunidad Sawhoyamaxa c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Paraguay s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas Convención Americana
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-29

Los Estados están en la obligación de instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados -Conforme lo normado por la Convención de Derechos Humanos-, asegurando que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de los procedimientos debidos.
Depósito previo, quiebra, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Central de Granos SRL s/ quiebra - incidente de revisión de crédito c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

La reconsideración respecto de la carga de afrontar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación basada en lo decidido por la jueza de grado con respecto a la aplicación del art. 273, inc. 8 de la ley 24.522 resulta inatendible ya que esta norma se refiere a supuestos claramente distintos del que da lugar a la obligación del pago del depósito previo correspondiente al recurso de queja.
Concurso real, unificación de penas, extinción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: T., C. s/ Hurto Calificado por Escalamiento en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-13

"Cuando el nuevo proceso se realiza respecto de un hecho anterior a aquél por el cual existe condena firme, entre ambos hechos se da un verdadero concurso real al que necesariamente debe atender la pena unificada, esté o no extinguida la impuesta por condena firme".
Caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: VILLAR DE GALINDEZ, Graciela Lucrecia c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROV. DE SALTA y PROVINCIA DE SALTA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-19

El plazo legal de caducidad establecido por el Código Contencioso Administrativo rige el ámbito del proceso administrativo sustanciado en primera instancia. A los fines de la caducidad de la instancia recursiva corresponde aplicar supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial.-
Procedencia del recurso, prueba crítica, recurso de casación, cuestión no planteada
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Gingins, Estela s/ QUEJA    EN:'GINGINS,   ESTELA  C/ONA,  LILIANA  Y  OTROS  S/DESPIDO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-11-17

La falta de merituación de una determinada prueba, no constituye por sí fundamento suficiente que justifique la tacha de arbitrariedad, máxime cuando -como en el caso- de la pretensión del actor no se advierte el interés en la valoración de la probanza aludida, dado que aquella circunstancia no fue objeto de oportuno agravio por lo que no puede constituir alegación válida a los efectos del recurso de inaplicabilidad de ley.
Acción de amparo, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, declaración de inconstitucionalidad, fundamentación de la demanda, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros c/ E.N.-DNU 70/23  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-23

Debe ser rechazada la acción de amparo promovida con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dado que las manifestaciones efectuadas por la actora en su presentación de manera genérica para obtener la inconstitucionalidad del DNU en abstracto, no alcanzan por sí solas para demostrar el perjuicio concreto que se habría configurado por tal proceder, con relación a quien lo invoca en la causa, por lo que no resulta posible encontrar cuál es el agravio específico o concreto que se derive de la aplicación de la norma cuestionada, teniendo en cuenta que ello resulta imprescindible para la configuración de una causa o controversia en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional
Honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: TRENQUE LAUQUEN S.R.L. c/ RODRIGUEZ ARIAS, MIGUEL s/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS Y CADUCIDAD (Reg. 13.103)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

La ley arancelaria debe aplicarse con criterio realista, retribuyendo suficientemente, pero sin exceso, la labor profesional de los letrados, procurando evitar la aplicación de fórmulas rígidas que conduzcan a un resultado injusto.

La desproporcionalidad desnaturaliza el principio rector sentado en la Carta Magna para la tutela de las garantías constitucionales (art. 28).

La tarea judicial debe buscar en el la ley una solución valiosa, alejada de todo formalismo paralizante, cuando así debe ser, según lo indica la certeza moral y que privilegie la equidad, a la cual, los magistrados no podemos ser indiferentes.

Cuando existe un proceso con un contenido económico de magnitud, debe ponderarse no sólo su monto, sino la índole y extensión, mérito y la calidad de la labor profesional cumplida en autos, la naturaleza y complejidad del asunto.
Diligencias preliminares, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: COLUMBA BARRIENTOS, JOSE c/ CIRCULOS INTEGRADOS  S.A. s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

Pueden ser ordenadas aun aquellas diligencias preliminares no previstas expresamente en el código de rito, si de las circunstancias expuestas por el peticionante se evidencia la posible frustración de sus derechos, en caso de no accederse a las mismas.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: KOHEN, ROBERTO LEON s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

En las hipótesis previstas por el art. 380 del C.P.M.P., los parámetros para tomar en cuenta son dos: - las características del hecho - las condiciones personales del imputado.
Homicidio culposo, lesiones culposas
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA, JUAN s/ HOMICIDIO    CULPOSO.  (ART.  84  C.P.).  CONDUCTOR  DE  UN  VEHÍCULO  POLICIALQUE  LLEVABA  EN  SU INTERIOR UN SOLDADO HERIDO. VIOLACIÓN DE  LAS LUCES DEL SEMÁFORO, VELOCIDAD  EXCESIVA Y ANDAR OSCILANTE. LEY 13 893: REGLA DEL ART. 75 Y SU INTERPRETACIÓN  A  LA  LUZ  DEL  ART. 33.  LESIONES CULPOSAS. (ART. 94 C.P.) (ÍD.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

si bien el procesado conducía el vehículo policial llevando en su iinterior un soldado herido, haciendo sonar su sirena y con balizas encendidas, debe ser responsabilizado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, dado que embistió al automóvil que guiaba la víctima, habilitada por la luz verde del semáforo, destacándose que el servicio que estaba cumpliendo no le indicaba como indispensable contravenir tan gruesamente los reglamentos de tránsito, pues la herida del soldado no era de tal importancia que justificara sus contravenciones a las reglas de tránsito (velocidad excesiva, andar oscilante y caso omiso de las luces del semáforo).

La regla del art. 75 De la ley 13.893- Que pareciera otorgar una indemnidad irrestricta a los que conducen vehículos en servicio oficial-debe interpretarse a la luz del art. 33 De la misma ley, que determina que las contravenciones deben ser indispensables, estableciendo que los conductores mencionados deben extremar su cuidado en la conducción, advirtiéndose que la excepcionalidad de las franquicias que se les confiere, solo operan ante una situación de verdadera y grave emergencia, con gravedad tal que supere el riesgo propio de una circulacíon tan peligrosa, que impida dominar el vehículo ante eventualidades que no pued en dejar de preverse.
Derechos del consumidor, plan de ahorro previo, concesión para la venta de automotores, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Schiebert, Yamina Soledad c/ Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados y Otro s/ Sumarísimo (cumplimiento de contrato)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-22

La codemandada [concesionaria] se ubica indudablemente como integrante de la cadena de consumo a la que refiere el art. 40, LDC.; a la vez que resulta innegable su carácter de proveedora en los términos del art. 2 de la mencionada normativa, por lo que corresponde confirmar el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta, y su responsabilidad solidaria en los términos del art. 40 LDC
Obligación tributaria, principio de legalidad, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pampa Grande S.A. c/ E.N. -D.G.I.- s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Tratándose de obligaciones fiscales rige el principio de reserva o legalidad (arts. 4 y 75, inc. 2º de la C.N.; C.S.J.N. Fallos:

312:912, sus citas y otros), conforme al cual "ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones -arts. 4, 17, 44 y 67 de la C.N.-)" (C.S.J.N., "Eves Argentina S.A.", 14/10/93; y "Video Club Dreams c/ Instituto Nac. de Cinematografía", 6/6/95; esta Sala, "La Bellaca S.A.A.C.I.F. y M. c/ E.N. -D.G.I.- s/ repetición", 8/7/94).

Esa conclusión, por otra parte, resulta corroborada por la C.N.

reformada, toda vez que si bien en su art. 99 expresamente se contempla, en circunstancias excepcionales, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo la de dictar decretos de necesidad y urgencia, se prohibe el ejercicio de tal facultad extraordinaria -entre otras -en materia tributaria (inc. 3).