marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA MERCEDES JOSEFINA c/ FIAD FELIPE Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO (VEINTEAÑAL) - CASACION CIVIL GONZALEZ, LUIS CESAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-22|2007-08-29

Cuando el Código de rito establece: "_antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal...", la misma debe interpretarse referida no solo a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, sino también a las actuaciones y peticiones de la parte contraria,pues no es lógico reservar la disposición a los supuestos -verdaderamente escasos en la práctica- de ejercicio judicial de la facultad conferida por el inc. 1 del art. 36 del Código.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Colombo, Juan Carlos c/ Canizzaro, José s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Discutido el monto de las remuneraciones que debió percibir el trabajador y, demostrados los extremos que dan sustento a la presunción legal, se produce a su favor la inversión de la carga de la prueba (art. 375, C.P.C.C.).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso de reposición (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Cisneros, Pación y ots. c/ Dema SA s/ Indemn. daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

La resolución que declara improcedente la revocatoria interpuesta, no puede ser objeto de recursos extraordinarios, dado que esta última constituiría la decisión eventualmente impugnable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, contratos administrativos, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadesa  S.A. c/ Estado Nacional (ANA.) s/ daños y perjuicios. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

La actora no tenía un derecho subjetivo al contrato administrativo ni un interés legítimamente protegido, pues como regla en el proceso licitatorio los oferentes tienen expectativas fácticas que consisten en la posibilidad abstracta de adquirir algún derecho si concurren, simultánea o sucesivamente, varios acontecimientos, siendo totalmente inseguro que el proceso de formación del derecho se realice, máxime si ello depende de la voluntad del licitante.
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, buena fe, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

En materia de interpretación de los tratados es preciso acudir al principio de buena fe, según el sentido corriente que ha de atribuirse a los términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin (Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, art. 31), y a las pautas hermenéuticas específicas que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto dispone que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ningún derecho reconocido en el pacto o limitarlos en mayor medida que la prevista en él.
Sentencia arbitraria, costas, depósito en garantía
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Aurelio s/ concurso civil s/ incidente de ejecución de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que determinó el importe a depositar como garantía de los gastos y costas del juicio (art. 226 de la Ley de Concursos) si el monto establecido no resulta razonablemente derivado de la base patrimonial ni de las pautas en que dice haberse apoyado para calcularlo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, derecho al nombre, filiación
Materia: CIVIL
Carátula: N. o R. ,E. A. s/ Inscripción de nacimiento fuera de término
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-10

Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que ordenó la inscripción tardía de la menor solo con el apellido materno rechazando la misma con el apellido paterno en razón del resultado negativo de la prueba biológica, y por lo tanto, debe inscribírsela con este último, por ser con el que la menor es públicamente conocida, sin que ello -por si solo- implique un desplazamiento de estado, puesto que debe conservarse su filiación materna y registrarse sin filiación paterna conocida.(doctora Kogan, sin disidencia)
Auto de procesamiento, plazos procesales, vencimiento del plazo, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "DUCLER, Aldo Luis y otros s/ procesamiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-29

El plazo de diez días a contar desde la indagatoria para ordenar el procesamiento que establece el artículo 306 del código de forma, es meramente ordenatorio y su incumplimiento no acarrea nulidad.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

En el caso, la resolución de la Cámara que deniega la libertad condicional del procesado por considerarlo reincidente, reviste carácter de sentencia definitiva en el concepto de los art.340 inc.1 y 348 del C.P.P.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento contencioso administrativo, intimación de pago, notificación por cédula, falta de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ TORRES, GERONIMO; IMPERIALE, ANTONIO; IMPERIALE DOMINGO s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

En el caso, la intimación de pago cursada cumplió su finalidad -toda vez que el interesado tomó conocimiento de la existencia del proceso- y, a su vez, se encuentra plenamente preservado su derecho de defensa (arts. 18 C.N. y 13 -inc. 3- CCABA), ya que el ejecutado se presentó y hasta pudo oponer las defensas que consideró pertinentes.

Por otra parte, al deducir la nulidad no alegó, de forma concreta, cuáles son las defensas de las que se habría visto privado, lo cual comporta un requisito específico de admisibilidad del planteo (art. 155, 2do. párr, CCAyT), en tanto que su inobservancia apareja el rechazo liminar en los términos del art. 156 del mismo cuerpo legal.

Esta deficiencia no ha sido subsanada en el memorial propuesto a consideración de este Tribunal.

En cuanto a la nulidad de la notificación, cabe recordar que uno de los principios que rigen la cuestión es que cuando -no obstante el vicio- aquélla ha logrado su finalidad, no hay motivo para declarar la invalidez (Maurino, Alberto Luis, Notificaciones Procesales, Ed. Astrea, 1990. Pág. 289).

En consecuencia, la nulidad planteada por la demandada en cuanto a la falta de copias en la cédula de notificación, no puede prosperar.
Estados neutrales, actos de comercio
Materia: COMERCIAL-MILITAR
Carátula: Fisco Nacional c/ Stewart, Roberto s/ captura bélica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-03-02

El estado de guerra no altera las relaciones comerciales de los neutrales entre sí, ni con cualquiera de los beligerantes.
Accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: MATUS Carina Lorena c/ Mondaca Juan Antonio y Gil Sergio Raúl s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12

El daño moral es la lesión a los derechos extrapatrimoniales del sujeto que afectan a su honor, paz, dignidad, pudor, seguridad personal, afecciones legítimas o el goce de sus bienes, en suma todos los padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho ilícito.

Su determinación está librado al prudente arbitrio judicial, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso (dolor, tristeza y soledad provocada por la muerte de la víctima esposo y padre de los actores). No existe ninguna relación forzosa entre el perjuicio moral y material y para su determinación se debe tener en cuenta la gravedad objetiva del daño.
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Graoner, Pedro Enrique c/ A.N.Se.S. s/ reajuste varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-26

En virtud de la doctrina sostenida por el Tribunal en casos análogos, no ha de prosperar el embate contra la veda a la indexación impuesta por la ley 25.561. En ese orden han sido rechazados los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.982 modificados por el art. 4 de la ley 25.561 porque, conforme el criterio del Alto Tribunal, las restricciones impuestas por las leyes de emergencia tratan de encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que la determinaron, pues las obligaciones de afrontar sus consecuencias justifican ampliar, dentro del marco constitucional, las facultades atribuidas al legislador (Fallos 316:197; 322:2821).
Personal policial, adicionales de remuneración, haber de retiro, determinación del haber de retiro, personal policial en actividad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Meza, Jorge Alejandro y otros c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la P.F.A. s/ Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Para que un suplemento deba ser tomado en cuenta para calcular el haber de retiro, se requiere, por un lado, que la norma de creación lo haya otorgado a todo el personal en actividad, sin que sea necesario cumplir con ninguna circunstancia específica para su otorgamiento, y por otro, en el caso que de la norma no surja su tenor general, en la medida que se demuestre de modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado -o de todos los grados- lo percibe y que importe una ruptura de la razonable proporcionalidad que debe existir entre el sueldo en actividad y el haber de retiro.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, falta de servicio público, relación de causalidad, policía federal
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Lacave, Flora B. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

Es improcedente responsabilizar al Estado Nacional por las consecuencias dañosas derivadas de la falta de una regular prestación del servicio de seguridad que ocasionó la muerte del esposo y padre de los actores, toda vez que no fue acreditado de manera concreta la relación de la causalidad entre el accionar de la Policía Federal Argentina y los perjuicios sufridos.
Colegio Público de Abogados, subdelegación de facultades, matrícula profesional, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALES ABALOS, CARLOS LEON c/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-03

Si una parcela del Poder de Policía del Estado -el vinculado a la matrícula de los profesionales del derecho- es delegado a un colegio profesional, se sigue que las decisiones de sus órganos en el ámbito de dicha delegación serán asimilables a las determinaciones que en su orden adoptan en general los tribunales administrativos.
Recurso extraordinario, facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sapia, José L. c/ Asociación de Viajantes de Mar del Plata s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

El a-quo sólo está facultado para decidir si las condiciones de admisibilidad se hallaban cumplidas a la fecha de interposición del recurso extraordinario, conforme surge del art.281 del mismo Código al disponer que examinará "sin más trámite" la concurrencia de los requisitos formales, dictando "en seguida" la resolución admitiendo o denegando el recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Noguera Adriana s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-24

Cabe hacer lugar al recurso de queja si la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad solo reproduce consideraciones genéricas, las cuales no están acompañadas de ninguna consideración adicional que los aclare, explique o vincule, de manera particularizada, con el recurso denegado. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Compraventa inmobiliaria, daño moral, mora del vendedor, entrega de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: ZIRULNIR MARIO A. Y OTRO c/ LUCASA CONSTRUCCIONES  S.A. s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  COMPRAVENTA  -  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-11

Las molestias que se derivan del incumplimiento de un contrato de compraventa inmobiliaria, no constituyen de por sí agravio moral, en la medida en que no se afecten los sentimientos legítimos del acreedor, provocándole angustia, sufrimiento, etc. De allí que no pueda confundirse con la inquietud o intranquilidad propia derivada de la frustración o tardanza en los negocios, si no existe prueba alguna relativa a tales sufrimientos, pues la sola declaración de dos testigos en el sentido de que el inmueble era para vivienda propia, lo que saben porque se lo dijeron los actores, resulta insuficiente a ese fin, frente al largo tiempo que dejaron transcurrir entre la fecha pactada de entrega y la primera intimación, lo que de por sí revela al menos indiferencia en el cuidado de sus negocios, máxime si el alquiler de otra vivienda de similares comodidades fue motivo de resarcimiento.
Calumnias, injurias, prisión preventiva, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: JUAN ALEMANN s/ "TESTIMONIOS DE PRISION PREVENTIVA"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-18

No procede en juicio por calumnias e injurias la declaración de los extremos del art. 366 del C.P.M.P. ni la prisión preventiva, salvo que hubiere motivos fundados para presumirse que el procesado tratará de eludir la acción de la justicia.
Transporte de pasajeros, responsabilidad de la empresa ferroviaria, actos ilícitos, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: RAMIREZ, Antonio c/ E.F.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-18

Dado que la presencia de un "guarda" en el convoy donde se trasladaba la víctima y otros pasajeros podría haber inducido a los delincuentes a desistir de su accionar peligroso, o podría haber activado el sistema de frenos que posee la máquina, o dado la voz de alerta ante cualquier exteriorización de voluntad que implicara un acto vandálico, cabe concluir que si la empresa de ferrocarriles hubiese garantizado con la simple presencia de personal capaz e idóneo el transporte de los pasajeros, hubiese cumplido con la prestación que el sistema normativo pone a su cargo, en la relación contractual que lo vincula con los pasajeros.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, beneficio de litigar sin gastos, concesión parcial del beneficio, alimentado con recursos económicos, realidad económica, carga de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F .J. y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 552 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor civil en un juicio por calumnias e injurias contra la resolución de alzada- confirmatoria de la del inferior que hizo lugar parcialmente a la declaratoria de pobreza para litigar, desde que el impugnante no logra hacerse cargo del fundamento central sobre el cual reposa la respuesta de los jueces ordinarios, vinculado con la ausencia de demostración por su parte del hecho de que, siendo un profesional del derecho habilitado para el ejercicio de la abogacía, el mismo estuviera "imposibilitado de sufragar, aunque sea parcialmente, los gastos causídicos", tesis que -mas allá de su acierto o error- responde a una valoración posible de las constancias de la causa y que, aunque pueda no ser compartida por el recurrente resulta suficiente para que el decisorio pueda sortear el test de fundamentación impuesto por el art. 95 de la Constitución de la Provincia, atendiendo en particular a que se trata de una materia particularmente sometida al juicio prudencial de los magistrados intervinientes, que esta Corte no podría corregir sin incurrir en un exceso de sus atribuciones constitucionales y legales, tanto más cuando tampoco puede olvidarse -en cuanto a los elementos que el actor civil señala como demostrativos de su situación económica y que según su parte debieron admitirse a tenor del artículo 430 del C.P.P. -que con relación a los testimonios pendientes, él guardó silencio sobre su producción en la audiencia y que si se trataba de hechos nuevos o motivos posteriores, la decisión de la Alzada no reviste el carácter de definitiva, atento a la posibilidad que brinda el artículo 338 del Código Procesal Civil y Comercial.
Derecho laboral, despido, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: PUCCIO, LUIS ANGEL c/ SIMBA S.A s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -C.P.L.- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 287 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-20

La apreciación de la suficiencia -o no- de la expresión de los motivos que originaron el distracto es propia de la etapa en que se dicta la sentencia de fondo, cuando el juzgador puede evaluar con todos los elementos reunidos en la causa, si la situación que originó la ruptura contractual pudo ser cabalmente conocida; labor esta que requiere la máxima prudencia funcional, procurando mantener el equilibrio que permita al mismo tiempo, proteger los derechos de los litigantes y evitar la entronización del formalismo en la evaluación de la idoneidad de los términos utilizados para comunicar las causas rupturistas.

Ahora bien, no puede pasar desapercibido en este aspecto que en la mayor parte de las ocasiones en que los jueces debieron pronunciarse sobre si se había vulnerado o no lo dispuesto en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, fueron despidos directos, en los que se juzgaron los términos utilizados por el empleador que ponía fin a la relación; y en esas ocasiones, s e descartaron interpretaciones rigurosamente literales en tanto se preservara el derecho de defensa del trabajador.

Por tal motivo, habrá de concluirse que las interpretaciones rituales de las comunicaciones tampoco podrían convalidarse en desmedro del alcance tuitivo de la garantía constitucional que protege a los trabajadores del despido arbitrario.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Zaballa, Hugo c/ Sagemuller S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-19

Es improcedente la apertura de la prueba en Segunda Instancia en razón de la inactividad de la parte oferente de la prueba pericial interesada que, tras la aceptación del cargo, no instó su producción, ocurriendo ésta recién en la audiencia de vista de causa, cuando el informe debía obrar agregado en autos con antelación. La probanza no se produjo por la conducta omisiva del apelante.
Concurso preventivo, junta de acreedores, plazo, presentación extemporánea
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOLATTI TERCILIO Y OTROS s/ SOCIEDAD  DE  HECHO  -  CONCURSO  PREVENTIVO  -  RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-15

El propio esquema normativo estructura al concurso preventivo como una institución particular que le ofrece el deudor la posibilidad de menguar los efectos del estado de impotencia patrimonial que lo afecta, natural es que el éxito de esa solución preventiva esté condicionado al cumplimiento de determinadas obligaciones de exclusiva incumbencia del concursado.

Precisamente, una de esas cargas está constituida por la presentación, por parte del concursado, de la propuesta de acuerdo preventivo que intenta someter a consideración de los acreedores. Y esa obligación, imperativamente impuesta, sólo puede reputarse cumplida en forma cabal si se materializa dentro del término legal establecido, es decir, treinta días antes de la reunión de la Junta de Acreedores.

La inobservancia de ese plazo perentorio inhabilita la presentación posterior y origina el natural y obligado corolario de la declaración de quiebra, pronunciamiento éste que, por otra parte, constituye obligación para el juez a mérito de la terminante expresión de la ley (art. 43 in fine Ley 19551).

Esta interpretación del supuesto contemplado por la Ley Concursal Nro. 19551 en sus artículos 43 y 84, inc. 1ro., en modo alguno puede resultar conmovida por la consideración de las circunstancias coyunturales o excepción a través de los cuales se pretenda justificar la falta de presentación tempestiva de la propuesta de acuerdo, ya que asumir ese temperamento desnaturalizaría el expreso texto legal. (Voto de la Dra. Kaller de Orchansky).
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, diagnóstico médico, error de diagnóstico
Materia: CIVIL
Carátula: Ahumada,  Lía  Isabel c/ Buenos  Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Las eventuales dificultades de diagnóstico imponen un mayor deber de prudencia que es aún más exigible a profesionales que invocan en su defensa su experiencia y su prestigio científico (arts. 512 y 902 Código Civil).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iocco Hugo Daniel y otros c/ Roldan Julio Cesar y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

Con ser cierto y absolutamente comprensible el dolor y las angustias que el fallecimiento de su compañera debió haberle causado, como derivación del accidente de marras, no es menos cierto que su posterior muerte no puede calificarse como un hecho previsible, dentro de lo que es propio de un hombre normal. El fallecimiento de la cónyuge (u otro ser querido), aún en el supuesto de un accidente, no autoriza -en el estrecho margen de "lo que acostumbra suceder según el curso ordinario y natural de las cosas" que impone el código de fondo- a incluir como previsible la muerte subsiguiente del supérstite por los padecimientos morales que aquello le produjo, ya que no es, precisamente, un acontecimiento que normalmente acaezca como consecuencia del primero.
Universidades, universidades nacionales, autarquía universitaria, arancel universitario
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

En el marco de la autarquía universitaria, las instituciones universitarias nacionales podrán percibir contribuciones, que desarrollen el espíritu de solidaridad entre los educandos, o tasas o aranceles por servicios prestados - no necesariamente servicios de enseñanza-, los que no podrán afectar sustancialmente el derecho a la enseñanza universitaria oficial gratuita (Disidencia parcial del Dr. Augusto César Belluscio).