Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-04-24


Autos Nº 4.389 (J.P.L. de 9 de Julio Nº 1.605/11), caratulados: "Naranjo, Hugo José c/ 'Cerdos San Juan S.A.' y otros - Desalojo".

San Juan, veinticuatro de abril de dos mil doce.

Y Vistos:

Para resolver en estas actuaciones el recurso de apelación deducido subsidiariamente al de reposición a fs. 21/23 vta. por el actor, quien actúa mediante apoderada, contra la providencia de fs. 17. Tal apelación fue concedida con efecto suspensivo por resolución del 23 de febrero de 2012, dictada por este Tribunal en los Autos N° 4.387, caratulados: "Naranjo, Hugo José c/ 'Cerdos San Juan S.A.' y otros - Desalojo - Queja", que corren agregados por cuerda floja.

Y Considerando:

I. Que mediante el decreto impugnado el a quo imprimió al proceso el trámite abreviado previsto por los arts. 451, ssgts. y ccds. del C.P.C., con fundamento en lo dispuesto por el art. 664, ibíd.; ello, atento a la naturaleza de la petición formulada por el actor.

Dispuso correr traslado de la demanda a la sociedad accionada por el término de cinco (5) días de ser notificada, para que la conteste, oponga excepciones y ofrezca la prueba de la que intente valerse, bajo los apercibimientos de los arts. 40, 58 y 318 del ordenamiento procesal, que se le transcribirían. - Contra dicha resolución se alzó el recurrente con la presentación obrante a fs. 21/23 vta., donde fundamentó la reposición, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, pues dicho escrito funciona como memorial para el supuesto de que ese remedio no prospere.

Es que, no cabe la fundamentación independiente de la apelación, pues la misma se cumplimenta al incoar la revocatoria (cfr. De Santo, Víctor, "Tratado de los recursos", Editorial Universidad, Buenos Aires, 1987, Tº I, pág. 228, cita n° 97).

En el citado escrito el recurrente, en síntesis, manifestó:

Que la providencia impugnada le causa gravamen irreparable a sus intereses, porque coloca en peligro efectivo los bienes de su propiedad, los que conforme surge del contrato de comodato acompañado, son de alto valor económico. Señala que el a quo debió darle al proceso el trámite de estructura monitoria y dictar de inmediato sentencia monitoria de desalojo sin más dilaciones.

Que funda tal postura en razón de que a la cuestión planteada en la demanda (restitución de la cosa dada en comodato) se le debe imprimir el trámite del proceso monitorio sobre la base de lo dispuesto por los arts. 285 y 453 del C.P.C.

Que el comodatario no cumplió con lo pactado en el contrato, en sus cláusulas 3ª, in fine; 4ª, primera parte; 6ª, 10ª, 11ª y 12ª, punto 2. Agrega que con ello dio lugar a la resolución del comodato y al pedido de restitución del inmueble objeto del mismo, lo que no se efectivizó, razón por la cual se vio obligado a interponer demanda de desalojo.

Que la demandada recepcionó la carta documento [CD124074615] el 20 de octubre de 2011 (copia de fs. 11), y a pesar de la intimación no restituyó el inmueble y le prohibió el ingreso al mismo.

Que ello motivó la denuncia penal que se instruye por ante el Quinto Juzgado Correccional de San Juan, por usurpación, amenazas y fraude.

Que fundamenta su derecho invocando los arts. 664, 453 incs. 4° y 5°, y 33 del C.P.C., en cuanto a los deberes inherentes a los jueces y los criterios de interpretación que según el art. 791 del mismo ordenamiento legal, debe tener el Tribunal.

A fs. 28 se dictó el llamamiento de autos, decreto que se encuentra firme y consentido tal como surge de las constancias de fs. 28 vta. (notificación en diligencia sin resultado ulterior). Posteriormente, se procedió al sorteo y la adjudicación a estudio del expediente en el orden pertinente.

II. Comenzando con el análisis del recurso traído a consideración de la Cámara y luego del examen de sus fundamentos, adelantamos nuestro criterio respecto de la improcedencia del mismo, de conformidad con las siguientes razones:

1) Dentro del nuevo Código Procesal Civil (T.O. por Ley Prov. N° 8.037) se han incluido los procesos de estructura monitoria, con la finalidad de brindar respuestas oportunas a las necesidades del justiciable y simplificar las tareas de los órganos jurisdiccionales. Ello siempre dentro de los límites impuestos por el respeto y observancia del derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal, amparados constitucionalmente.

Este nuevo instituto -como se ha enseñado- permite reducir la cognición a raíz de una razonable alteración de las fases y el orden (adversarial) de la secuela ejecución-conocimiento. Ello ocurre en razón de que lo más frecuente es que el deudor de buena fe carece de excepciones a oponer en la mayoría de los supuestos.

Si, contrariamente, se opone, el deudor es el que asume el rol de legitimado activo y sobre su gestión y diligencia se desplaza el acreditar la atendibilidad de su postura.

Bien explícita es, por consiguiente, la justificación de las características peculiares de la estructura monitoria y de su propia dinámica (cfr. Morello, Augusto M. y Kaminker, Mario E., Hacia los procesos de estructura monitoria, El Derecho, T° 158-1002). -- Se advierte que el objetivo del proceso monitorio es acelerar los trámites para dar una más rápida respuesta jurisdiccional; pero dado el carácter excepcional del referido instituto el derecho debe surgir con claridad del instrumento que fundamente -en el caso- el desalojo y encuadrarse exactamente en la normativa.

Entre las distintas controversias que podrían ventilarse por la vía del proceso monitorio, el art. 453, inc. 5°, del C.P.C., menciona el desalojo de inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual o falta de plazo de restitución, siempre que en este último caso se acredite la intimación fehaciente a restituirlo. - El comodato puede ser precario, esto es, sin tiempo convenido; en cuyo caso el comodante puede pedir la cosa en cualquier momento, siempre que se justifique la intimación fehaciente a restituirlo. Si por el contrario, se pacta un plazo, la cosa debe ser devuelta al vencimiento del mismo.

2) Del simple cotejo del citado art. 453, inc. 5°, del C.P.C., con el contenido de la demanda (ver escrito de fs. 14/16 vta.) se advierte que la pretensión no se ajusta a la disposición legal citada. Es que lo establecido en el referido artículo debe complementarse con la regulación legal del juicio de desalojo.

En efecto, en la cláusula 8ª del contrato obrante en copia a fs. 7/8 vta. se determina que el préstamo de uso gratuito tiene un plazo de duración de nueve (9) años, con vencimiento el 31 de octubre de 2019, incluso con opción de prorrogarlo por un (1) año más. De ello surge que el aludido acuerdo tiene un término perfectamente estipulado y que lejos está de haberse vencido; por lo que resulta improcedente la pretensión de encuadrar el desalojo dentro del proceso monitorio.

Incluso, el fundamento de la acción instaurada se centra en el presunto incumplimiento de distintas cláusulas del contrato; por ejemplo, en referencia a la realización de mejoras o refacciones en el inmueble sin autorización del comodante (4ª, primera parte); que el comodatario no podrá apropiarse de obras o mejoras sobrevenidas a la cosa prestada (6ª); impedir el derecho de inspección y revisión del propietario a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del comodatario (10ª); entre otras que alega.- 3) En el caso examinado, se invocan situaciones o circunstancias que ameritan la producción de prueba frente a la posibilidad de existir hechos controvertidos por parte de la demandada, incluso así lo entiende el accionante, quien en el escrito de demanda ofrece prueba documental, confesional, testimonial de las personas que señala en su presentación e informativa. - Las únicas causales que habilitan el desalojo por proceso monitorio en el caso del contrato real de comodato o préstamo de uso -que se celebre por instrumento con las características requeridas para el monitorio-, es el vencimiento del plazo estipulado (art. 2271 del Código Civil -C.C.-). Si se trata de un comodato precario, es decir, cuando no se pacta su duración, el dueño puede pedir la restitución de la cosa cuando quiera (art. 2285 del C.C.), previa notificación fehaciente para restituir el bien.

Resulta oportuno señalar que no se advierte prima facie que la misiva enviada a la comodataria cumpla con los requisitos exigidos a tal efecto. Vemos que fue remitida por las Sras. Valeria y Corina Naranjo, que no han acreditado legitimación en el presente proceso para actuar en nombre del propietario ni tienen intervención en el litigio (ver fs. 11/12).

En este tipo de proceso el Juez tiene el deber de examinar cuidadosamente si el título cumple con los recaudos legales y los valora en cada caso, con carácter previo a la emisión de la sentencia monitoria. - Los arts. 453 y ssgts. del C.P.C., que contemplan los procesos de estructura monitoria son de aplicación restrictiva y específica a los casos allí enumerados (art. 453), por ello no cabe efectuar una interpretación extensiva de la cobertura legal.

Es decir, que de la correlación del art. 453, inc. 3°, del C.P.C., con lo preceptuado por el art. 664, párrs. 2° y 3°, ibíd., se observa que -como vimos- las únicas causales que habilitan el desalojo por proceso monitorio en el caso del comodato son el vencimiento del plazo estipulado o, si se trata del comodato precario, cuando no se pactó su duración. De ahí que no cabe forzar la interpretación de la norma pretendiendo extenderla a una situación no contemplada en este procedimiento de excepción. - Entendemos que la disposición legal indicada (art. 453, y su vinculación con el art. 664) es clara en cuando circunscribe los supuestos de aplicación a los específicamente señalados, siempre que cumplan con las condiciones enumeradas, por lo que el impugnante no puede válidamente sustentarse en una interpretación antojadiza de la providencia, cuando no tuvo en cuenta la normativa expresamente citada por el a quo. - Tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en afirmar que cuando la ley es clara toda interpretación debe comenzar por la ley misma.

En tal sentido, mutatis mutandi, se ha sostenido que "las disposiciones del rito -derecho instrumental o adjetivo- constituyen un conjunto de normas relativas al desenvolvimiento de la relación procesal que deben ser evaluadas y aplicadas con el razonable rigor que impone la ley, y no cabe apartarse de estas disposiciones -so color de interpretarlas- cuando los términos empleados en el texto legal son claros e inequívocos" (Jurisprudencia de la Prov. de Río Negro, STJRNCO SE., 25/96, Autos "RAYFRIC S.A. s/ Acción de Amparo s/ Apelación", 18-09-96, Mag. votantes: Echarren - Leiva - Balladini, Sumario N° 20.017, Fuente: Lex Doctor, versión 9.0).

Es que las disposiciones legales deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras sin violentar su significado específico, máxime si -como en el sub exámine- aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y en el técnico legal del ordenamiento vigente.

El orden impuesto por el codificador en el art. 16 del Código Civil, del cual resulta que primero debe recurrirse a las palabras de la ley, se funda en la presunción de que ellas han sido elegidas por el legislador, reflexiva y deliberadamente y, por lo tanto, son fiel expresión de su voluntad (Lavalle Cobo, Jorge E., en Belluscio, Augusto C. [Director] y Zannoni, Eduardo A. [Coordinador], "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", Astrea, Buenos Aires, 1993, Tº 1, com. art. 16, pág. 83, ap. 7 y cita a pie de página n° 55). 4) Por consiguiente, la pretensión del accionante de modificar la decisión del a quo, que imprimió el trámite del juicio abreviado al proceso de desalojo iniciado, no puede admitirse.

5) En consecuencia, consideramos que las costas de la segunda instancia deben imponerse a cargo del recurrente vencido (arts. 66 y ccds. del C.P.C.).

Por todo lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve:

I. Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor a fs. 21/23 vta. contra el decreto de fs. 17.

II. Imponer las costas de la Alzada al apelante vencido.

III. Regístrese, agréguese copia a los autos, notifíquese y oportunamente bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere.