marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Vista de las actuaciones, Código Procesal Penal de la Nación, proceso penal, defensor particular, aceptación del cargo, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Speroni, Alejandro s/ Vistas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-11

La facultad otorgada por el art. 106, última parte del C.P.P. al defensor particular, debe entenderse limitada a la instancia previa a aceptar el cargo formalmente ante el Actuario, previa propuesta en espontánea presentación que receptan los arts. 73 y 279 ibídem de inequívoco carácter voluntario y ajena a la discrecional valoración del Juez para aceptar o no dicha pretensión.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: COTTON, ROBERTO s/ Contrabando Causa 30706
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

1- La arbitrariedad atribuida al fallo recurrido no autoriza el recurso de excepción federal no bastando las discrepancias que los recurrentes puntualicen respecto del criterio seguido por la mayoría del Tribunal, para habilitar dicha instancia excepcional.- 2- El criterio de selección y apreciación de las pruebas no es cuestión que quepa revisar en instancia federal, lo que supondría sustituir a los Jueces de la causa en la decisión de cuestiones que, por su naturaleza, les son privativas.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, subrogancia del juez, reenvío, demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO S.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-17

Tal como sostuve en la causa "Construcciones Ingeniero Eduardo Oliva S.A.I.C.I.", si bien los jueces pueden analizar la causa de la obligación y algunos aspectos conexos a ella, en las condiciones del presente caso, estando involucrada materia contencioso administrativa su dilucidación correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa, atribuida por el ordenamiento local a esta Corte y a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo (art. 93, inc. 2, C.P. y art. 59, ley 10.160), razón por la cual lo decidido por la Sala debe ser anulado.

La solución a la que se arriba determinaría, de conformidad al artículo 12 de la ley 7055, la devolución de los autos al tribunal subrogante para que se pronuncie nuevamente de conformidad a lo resuelto por esta Corte.

Sin embargo, no es lo que corresponde en el "sub judice" por idénticas razones a las expuestas en el precedente antes mencionado, por lo que se estima prudente otorgar a la empresa actora un plazo de treinta días a fin de que plantee, en su caso, todas las pretensiones que estime pertinentes ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo de acuerdo a los términos de la ley 11330. (Del voto del Dr. Gutiérrez).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, avocación jurisdiccional, funcionarios judiciales, suspensión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Unsworth, Tomás (abogado) s/ sumario 359/03 Cámara de La Plata.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Si el pronunciamiento de la cámara expuso claramente cuáles son las conductas reprochadas al funcionario y los motivos que ameritan la suspensión preventiva que prevé el art. 21 del Reglamento para la Justicia Nacional, no media un caso de extralimitación ni razones de superintendencia general que tornen pertinente una decisión de la Corte ya que los planteos sólo evidencian la desconformidad con la medida dispuesta.
Prueba, carga de la prueba, prescindibilidad, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miró, Fernando José c/ Municipalidad de Chacabuco s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

En el proceso administrativo es el accionante a quien incumbe acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión porque no actúa en simple instancia recursiva sino en un proceso de conocimiento y, de tal modo, debe cumplir con la carga probatoria que impone el onus probandi.
Intangibilidad de la remuneración, Tribunal de Cuentas Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tribunal de Cuentas de la Provincia c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ acción declarativa de certeza -medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-12-09

La intangibilidad de los emolumentos de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, se encuentra erigida en salvaguarda de la independencia institucional del organismo de control, por lo que de ello puede colegirse que la garantía de inamovilidad de la que gozan los actores requiere de un presupuesto indispensable para no verse socavada, y convertirse en una declamación hueca, acudiendo en su auxilio la irreductibilidad de sus remuneraciones para conjugarse armónicamente con los postulados republicanos de un estado de derecho constitucional, respetuoso de la voluntad popular erigida en convención constituyente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Arredondo, Flavio y otros c/ ESEBA SA s/ Diferencias en liquidación final
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se efectúa una cita genérica de la Ley de Contrato de Trabajo, sin precisarse cuál de las disposiciones de ese ordenamiento normativo habría sido infringida que tenga vinculación con la suerte del recurso porque de este modo no se observa debidamente con la carga de fundamentación adecuada.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maroscia, Carlos Alberto s/ Incidente de revisión en autos: "Carducci, Julio César - Concurso  preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Para acreditar la causa del crédito que se pretende verificar, resultan inútiles los testimonios sospechados de parcialidad, imprecisos y que no revelen detalles que permitan establecer -con la necesaria claridad-, la causa del eventual contrato (art. 1193, Código Civil; art. 207 del Código de Comercio).
Culpa, daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, María  Cecilia c/ López, Orlando Eliseo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

La culpa o el dolo deben ser probados por quien los alega, en el caso quien demanda el resarcimiento, art. 375 CPC. Podemos pasar de la certidumbre en la existencia de culpa a la determinación de su inexistencia por el simple hecho de la apreciación de las circunstancias de cada caso particular. Así deberá entenderse que hay culpa cuando no se advierte ninguna razón ni legal ni de hecho que justifique la denuncia, y por el contrario cuando del contexto de los hechos producidos con anterioridad pueda entenderse que existieron motivos para su deducción, la culpa no puede entenderse presente.
Ruidos molestos, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Carlos Adolfo y Otro s/ Queja en: Muñecas, Julio c/Fernández, Carlos Adolfo y Otro s/Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-05-06

La indemnización del daño de que habla el art. 2618 del CCI, es una compensación por las molestias que debería continuar soportando el afectado por haberse entendido que la actividad productora de ruidos molestos debe continuar. Por ello el pedido de cesación de ruidos molestos no obsta a la indemnización de los perjuicios causados por los ruidos que se han venido soportando hasta el momento de su cesación.
Excarcelación, privación ilegal de la libertad con abuso de funciones, vejaciones, apremios ilegales, abuso de autoridad, exacciones ilegales calificadas, secuestro extorsivo
Materia: PENAL
Carátula: BULZOMI, R. s/ EXCARCELACION - EXACCION ILEGAL - SECUESTRO EXTORSIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Procede al excarcelación si la conducta "prima facie" examinada sería la prevista por los arts. 144 bis. inc. 1 y 3, 248 y 268 en función del art. 266 C.P.; teniéndose en cuenta que la exigencia de un precio por la cesación de una privación ilegítima de la libertad personal puede constituir una exacción ilegal si el que lo solicita es un funcionario público, pero no un secuestro extorsivo, pues mientras esta ilicitud supone el deber de liberar sin precio, la detención legal supone el deber de no liberar por precio.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia civil, competencia comercial, contratos, juicio de desalojo, locación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Village Cinemas SA c/ 8 Dragons Neuquén SA s/ ordinario s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Civil porque, aunque la relación jurídica que vincula a los litigantes exceda ampliamente el marco de un contrato de locación urbana, el debate propuesto no lleva a analizar una operatoria comercial, como sería el caso de un contrato de colaboración empresaria, sino que el objeto de este proceso no excede de establecer si la parte actora cumplió, o no, con la carga asumida de pagar un alquiler por el inmueble locado. Así, el peritaje contable requerido para que se detalle el modo de cálculo del valor mínimo mensual, no versa sobre cuestiones que corresponda, por estar referidas al giro comercial de la parte demandada o de la actora, sujetar a la consideración de un fuero especializado, como lo es el comercial. Esa circunstancia priva a la situación que nos ocupa de vinculación con lo resuelto por la CSJN en los conflicto en autos "Unity Oil S.A. c/ Golo Kids S.A. y otros s/ desalojo: otras causales" (Fallos 333:765). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: C. R., D. c/ O. S. A. s/cobro de pesos e indem. de ley c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-15

". En los juicios suceptibles de apreciación pecuniaria, el tribunal deberá efectuar la regulación en términos porcentuales, con sujeción a los artículos 6º y 18º de la presente ley" y los establece en JUS. La aplicación de la normativa mencionada implica una remisión a la escala prevista por el artículo 6º de la misma ley, consagrando la reducción, porcentual de la misma en la proporción señalada. Esta disminución se justifica por la diferente regulación a la que se encuentran sometidos ambos procesos -principal e incidentes. Atento lo señalado y conforme el correcto encuadre legal que corresponde aplicar a la regulación de honorarios impugnada -art. 32 Ley XIII Nº 4- se colige que el monto determinado en la instancia de grado resulta elevado.- Esto es por encima de la escala prevista en el art. 32 de la ley arancelaria.-
Indemnización agravada, multa, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Reyes, Carlos Javier c/ Video Drome S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-26

Debe acogerse el agravio referido al rechazo de la multa art. 2º Ley 25.323 si la sentencia de grado se fundamenta en la circunstancia de que fue necesaria la tramitación de estos autos para determinar la procedencia de las indemnizaciones previstas para el despido incausado. Si bien la norma citada, en su última parte, agrega que si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el mismo, hasta la eximición de su pago, se considera que, en el concreto, no se dan aquellas circunstancias eximentes.
Asociaciones sindicales, personería gremial, falta de personería gremial, falta de legitimación para obrar
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de Funcionarios y Empleados Deliberativos (A.F.E.D.) y otra s/ Acción de inscontitucionalidad y de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-03-14

A partir de que la asociación se inscribe obtiene personería jurídica y, cumplidos los recaudos que también la ley 23551 establece, su personería gremial y consecuentemente con ello, una serie de derechos, dentro de los cuales está el de defender y representar ante el Estado los intereses individuales y colectivos de los trabajadores que representa. Hasta tanto ello no ocurra, no puede la Asociación arrogarse facultades que no le competen, y menos aún, comprometer legalmente a sus asociados.
Empleados públicos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruoti Miguel Bautista c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S266 - 224)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-02

La participación a título personal de un empleado público en una licitación oficial compitiendo con empresas de la actividad privada, resulta repugnante a elementales normas de moral administrativa, pudiendo tal conducta ser sancionada hasta con la cesantía.
Daño emergente, privación del uso del automotor, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Iglesias, Graciela Marcelina; Telleria Victor Alejandro Y Telleria Barbara Deborah c/ Marquez, Alfredo Alberto s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-07

En la determinación del daño emergente por la privación de uso del automotor, en virtud del accidente de tránsito donde el vehículo sufrió destrucción total, se debe considerar que un tiempo después del accidente también cesaron otros gastos fijos y forzosos, como el impuesto a los automotores y la prima del seguro.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vacinaletti Rosa Lucía y Otro c/ Buttice Carlos Lorenzo s/ Daños y Perjuicios Casalmorto, Diego c/ Renna, Ana Victoria s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24|2001-05-21

En los casos de colisión entre dos cosas generadoras de riesgos, como son dos automotores en movimiento, no se produce una neutralización o compensación entre las presunciones de atribución de responsabilidad recíprocas que surgirían del artículo 1113 2do.párrafo del Código Civil, respecto a los dueños o guardianes de cada una de las cosas riesgosas intervinientes, que obligue a dirimir la cuestión por la vía del artículo 1109 del mismo ordenamiento a través de la prueba de la culpa de cada uno, subsistiendo plenamente el factor de imputación objetivo contemplado por la primera norma, de resultas de lo cual cada dueño o guardián debe afrontar los daños causados al otro, salvo que demuestre que el obrar de la víctima o de una tercero excluyó o limitó su responsabilidad.
REPÚBLICA ARGENTINA, MENDOZA, medidas de seguridad y protección, establecimientos penitenciarios, derechos de las personas privadas de libertad, obligaciones internacionales, derecho a la dignidad, reclusión, pobreza, violencia como vicio de la voluntad, situación de vulnerabilidad
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza Resolución de la Corte Interamericana c/  s/ Medidas Provisionales así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares c/ Rep. Argentina s/ La vida e integridad personal de las personas recluidas en las penitenciarias de Mendoza, así como sus empleados y funcionarios púbicos que presten servicio en dichos lugares
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-18

La adopción de medidas preventivas en situaciones como las de la Penitenciaría de Mendoza, revisten carácter esencialmente humanitario y deben centrarse en las personas de los beneficiarios de la asistencia humanitaria -auténticos titulares de ese derecho-, y no en el potencial de acción de los agentes materialmente capacitados a prestarla, puesto que el fundamento último reside en la dignidad inherente de la persona humana, en tanto que las situaciones de vulnerabilidad y padecimiento en que se encuentran los reclusos -situaciones de pobreza, violencia extrema, insalubridad, marginación social y hasta brutalización-, realzan la necesidad de las obligaciones erga omnes de protección de los derechos que les son inherentes (Del voto concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade).
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, reapertura del procedimiento administrativo, falta de prueba, incapacidad, cesación de servicios, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CABRAL, Agustín c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

Cuando se debate el otorgamiento o no del beneficio de jubilación por invalidez no tiene razón de ser la reapertura del procedimiento si de las constancias del expediente surge que no se acreditó la incapacidad al momento del cese ni en el período posterior determinado por el art. 43 de la ley 18037. En ese sentido la interpretación, que en general está signada por el criterio de flexibilidad de la cosa juzgada administrativa o judicial, exige un mayor rigorismo, no antojadizo sino inspirado en los principios finalistas de la seguridad social.
Prueba, apreciación del juez, libre convicción
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

En el sistema de la libre convicción, equivalente al de la sana crítica racional, el juzgador no está sometido a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que es libre para apreciarlas en su eficacia, con el único límite de que su juicio sea razonable. Es decir, que al apreciar los elementos de prueba incorporados al proceso, observe las reglas fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia común que deben siempre informar el desenvolvimiento de la sentencia. Su razonar no debe ser arbitrario ni violar las máximas de la experiencia, y debe tener una congrua relación entre las premisas que establece y la conclusión a la que arriba. Y debe expresar su pensamiento, consignando por escrito las razones que lo condujeron a la decisión.
Cuestiones de competencia, lesiones, atentado contra la autoridad, fuerzas de seguridad, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ competencia".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

Cuando las víctimas de lesiones perteneces a una fuerza de seguridad - Policía Federal- actuando en la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de funciones inherentes a la órbita local y no como auxiliares de un juez federal y cuando no se advierte en los hechos investigados cometidos por un grupo de personas, que se encontraban en una protesta pública, el propósito de atentar contra la seguridad del estado, los delitos de lesiones y la sustracción de sus armas son de competencia de la Justicia Nacional de Instrucción de la Ciudad.
Normas operativas, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S. G. J c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-17

Al día de la fecha no existe una ley que, cumpliendo con la manda del art. 31 de la CCBA, hubiera reglamentado el derecho a la vivienda en términos tales que se pueda conocer, con toda precisión, cuáles son las políticas públicas en materia habitacional destinadas a lograr, en lo que aquí importa, una solución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos" (cf. el art. 31 de la CCBA); no obstante ello, varias son las leyes que se han dictado al respecto desde el pronunciamiento de este Tribunal in re "Alba Quintana" (voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Obligaciones de dar sumas de dinero, mora del deudor, desagio
Materia: CIVIL
Carátula: LA PEREGRINA DE MANSO  S.R.L. c/ SOCIEDAD RURAL ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-20

Si en una deuda no existe "inflación incorporada", no corresponde aplicar la operación denominada "desagio", pues de otro modo el deudor se vería enriquecido injustamente, en detrimento del patrimonio del acreedor. La tabla del decreto 1096 rige para las obligaciones contraídas antes del 15 de junio y cuyo vencimiento se produzca con posterioridad a esa fecha, no así respecto de las que ya hubieran vencido anteriormente. Las deudas que ya estuvieran vencidas y en mora antes a la entrada en vigencia del decreto deben convertirse con arreglo a la paridad prevista por el art. 1, sin desagio alguno, cualquiera sea la oportunidad en que se realice el pago. De no ser así, se favorecería injustamente al deudor moroso quien, por el simple arbitrio de dilatar el cumplimiento de la obligación a su voluntad, vería reducido el monto de su deuda (conf.

C.N.Civ. Sala G, R.18.396 del 30/10/85; íd. Sala F, R.17.618 del 24/9/85; Fleitas Ortiz de Rozas, "Algunas consideraciones acerca del decreto 1096/85", L.L. del 28/6/85; Alterini, A. "El austral (decreto 1096/85); unidad de cuenta y medio de pago: cuestiones resueltas y cuestiones pendientes" en L.L. 4/7/85).-
Lanzamiento preventivo, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Salvo el caso de flagrancia o de aquellos casos que justificada y fundadamente disponga el juez por circunstancias singulares del caso, de seguirse la hermenéutica consistente en calificar a la desocupación del inmueble como una medida cautelar, debe requerirse la citación a audiencia de los afectados como requisito previo para el dictado de la resolución cautelar, toda vez que ello surge de la interpretación integral de las normas procesales positivas locales, no frustra la finalidad de la medida y resguarda los derechos de las involucrados. (Voto en disidencia del Sr. Juez Horacio G. Corti).
Revocación de sentencia, sentencia arbitraria, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (DGI.) c/ Establecimientos Recife SACIIF. Y A. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que traduce una postura subjetiva del juez, con prescindencia del indudable acatamiento que la interpretación judicial debe a la letra y espíritu de la ley
Despido sin causa, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, Diego Sebastian c/ Ecopackaging S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-07

Corresponde hacer lugar a una demanda por despido incoada por un trabajador cuyo contrato laboral fue rescindido con causa por haberse ausentado de sus tareas durante un día sin justificación alguna, toda vez que la demandada no ha logrado demostrar cuál es en concreto el daño que le causa a la empresa la ausencia injustificada de un día del trabajador.