Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-28


2º Instancia.- Buenos Aires, marzo 28 de 2007.

El doctor Chirinos dijo:

I. Surge de autos que con fundamento en la sentencia laboral recaída en autos "Bruun María Laura c. Sociedad Italiana de Tiro al Blanco s/ Despido" (expte. Nº 8364/00) que tramitó por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 40, el fisco reclama a la citada sociedad el pago de aportes y contribuciones correspondiente a María Laura Bruun por períodos comprendidos entre el 01/03/92 al 14/10/99. Con motivo de lo expuesto, el órgano administrativo labró actas de inspección e infracción notificadas el 27/02/04 (ver fs. 17 de la act. 10714-11-2006), las cuales fueron impugnadas por la recurrente (ver fs. 26/ 34 de la act. 10714-10-2006). La mencionada impugnación fue desestimada por AFIP mediante la resolución 3444/05 (DV OJUR), la cual originó que la actora interpusiera recurso de apelación ante esta Cámara Federal (ver fs. 3/13 de la act. 10714-9-2006).

Ante todo, es dable indicar que al ser elevado el citado recurso por AFIP - DGI, el organismo informó que la deuda reclamada se encuentra parcialmente incluida en el Régimen de Asistencia Financiera Ampliada, quedando pendiente de cancelación el débito por el período que se extiende de marzo de 1992 a junio de 1994 (ver fs. 39).

Así las cosas, queda patentizado que el remedio procesal intentado fue interpuesto sin dar total cumplimiento a la carga de orden formal de efectuar el depósito previo del importe de la deuda, actualización e intereses de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis inc.b) del D.L. Nº1285/58 con las modificaciones introducidas por la ley 24.463, cuya omisión trae aparejada la deserción del recurso.

Al respecto, en su recurso de apelación, la Sociedad manifiesta que la deuda correspondiente a los importes de las cargas sociales ha sido incluida en el Plan de Asistencia Ampliada. Por otro lado expresa que la suma correspondiente a las multas no se encuentra firme y que la misma resulta exorbitante y desproporcionada motivo por el cual no fue abonada. Finalmente plantea la inconstitucionalidad del principio "solve et repete".

Así delimitada la incidencia, corresponde destacar que el art. 15 de la ley 18.820 expresamente dispone que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso".

Con relación a si son inconstitucionales las disposiciones de diferentes leyes que supeditan la concesión del recurso a que previamente se pague su importe, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene declarado que no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que aquélla reviste desproporcionada magnitud en relación con la concreta capacidad económica del recurrente y ha desestimado como insuficientes las manifestaciones en abstracto acerca de la imposibilidad de pago.

Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, (ver fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753).

Por otro lado, este tribunal ha sostenido sistemáticamente que la falta de depósito previo produce la deserción del recurso por imperio de lo dispuesto por el art. 15 de la ley 18.820 y que dicha disposición legal no se ha visto afectada por la reforma constitucional de 1994 y la incorporación efectuada en la misma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por ello que correspondería sin más, así resolverlo.

Sin embargo, en el caso particular de autos, considero procedente la apertura de la instancia pues lo contrario implicaría consentir que circunstancias formales conduzcan a la frustración del valor justicia.

La cuestión debatida ha sido motivo de pronunciamiento por esta Sala en autos "Johnson Acero S.A. c. Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda", Sent. def. nº 90.594 del 7/2/01" y "Dr. S. A. s/ impugnación de deuda", sentencia interlocutoria Nº 57654 del 24/02/04.

Por lo expuesto, atendiendo a las constancias de autos, y al solo efecto de garantizar el valor justicia, corresponde en este caso concreto, eximir a la actora del depósito previo exigido por el art. 15 de la ley 18.820 y declarar abierta la instancia judicial.

III. El apelante se agravia por que la Administración no considera el plazo de prescripción de las obligaciones previsionales. A su vez expresa que un crédito laboral no puede ser elemento de un crédito previsional cuando el contribuyente declaraba y pagaba sus aportes previsionales como autónomo. Manifiesta su disconformidad en cuanto para calcular la multa impuesta, el organismo, toma como base a los intereses; al respecto cita a el precedente de esta Sala "Servin S.A. c. AFIP-DGI" (Sent. 105.171 de 2003). Finalmente, expone que la multa impuesta resulta desproporcionada e irrazonable, y que la misma fue dispuesta conforme a un criterio de responsabilidad objetiva.

IV. Sobre la primera cuestión se hace necesario indicar que la prescripción liberatoria es, concreta y sintéticamente, la extinción de las acciones derivadas de un derecho por su abandono por el titular durante el término fijado por la ley. En este sentido el art. 3949 del Código Civil, dispone que "La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere". Ahora bien, específicamente en la materia rige lo dispuesto en el art. 16 de la ley 14.236 el cual establece en su primer párrafo que "Las acciones por el cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los 10 años".

La aplicación del citado artículo al caso de autos no es cuestionada por ninguna de las partes; no así el momento a partir del cual comienza a correr el plazo legal indicado por el mismo.

Sobre el tema, esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse en autos in re "Clorox Argentina S.A. c. AFIP-DGI s/ Impugnación de Deuda", Expte. 14956/06, Sent. Def. 120.013 del 24/11/06 y en "Oficina Comercial de la Embajada de la Rep. de Corea c. AFIP-DGI s/ Impugnación de Deuda", Expte. 1650/06, Sent. Def. 120.021 del 27/ 11106, en los que se resolvió que AFIP-DGI es un organismo del estado, al que debido a su función, la legislación -por ejemplo el art. 35 de la ley 11.683- lo ha dotado de recursos y herramientas a los efectos de indagar sobre presuntos responsable. Debido a esto, no resultan atendibles las alegaciones del Ente en torno a que recién a partir de la notificación del juzgado laboral tuvo conocimiento de la exigibilidad de la deuda; máxime si tenemos en cuenta que no se observa, ni se invoca una situación de dificultad o imposibilidad de hecho que hubiere impedido temporalmente el ejercicio de la acción.

Sobre el punto resulta clarificador lo expresado por el Dr. Jorge Joaquín Llambías en su Tratado de Derecho Civil - Obligaciones (Tomo III, 3era edición actualizada, Ed. A. Perrot, p. 357) al manifestar "... El comienzo de la prescripción es independiente del conocimiento que tenga el titular de la existencia de su derecho...".

En sentido análogo se ha expedido la sala III de esta Exma. Cámara en autos" Maitor S.R.L. c. Dirección Gral. Impositiva" (Sentencia 111.693 del 20/02/06, por el voto de la mayoría).

Por otra parte, se hace necesario señalar que el instituto de la prescripción liberatoria presenta como finalidad última tutelar ciertos elementos que se presentan como indispensables para el sostenimiento de una sociedad, tales como la seguridad jurídica y por ende la paz social. Ahora bien, existen casos que el legislador ha querido preservar de los efectos de la prescripción, los cuales, por ser excepciones a la regla, se encuentran taxativamente establecidos por la ley -por ejemplo en el art. 4019 del C.C.-, entre los que no se halla la cuestión que nos ocupa.

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto propongo hacer lugar a la excepción de prescripción liberatoria interpuesta por la actora en los términos del art. 16 de la ley, 14.236, respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo formulado por AFIP-DGI de fecha 27/02/04.

V. En relación al agravio vertido por la actora en torno a que un crédito laboral no puede ser elemento de un crédito previsional, corresponde desestimarlo o toda vez que en el escrito recursivo no se observa una crítica concreta y razonada sobre la cuestión.

Sobre el tema, esta Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades que expresar agravios significa ejercitar un control de juridicidad, mediante la crítica concreta y razonada de los eventuales errores del juzgador, para lograr de ese modo, la modificación total o parcial de la sentencia o resolución atacada. Esta exigencia no aparece en modo alguno cumplida con suficiencia en la especie, ya que la quejosa se limitó a disentir con lo resuelto, sin fundamentar el recurso intentado.

VI. Respecto al argumento referido "al elemento subjetivo" por parte de la actora, esta Sala ha sostenido reiteradamente que en el caso de multas previsionales la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatoria válida (cfr. "Pilot Pen S.A. c. DGI s/impug. De deuda", CFSS., sala II, sentencia del 19/10/98) A mayor abundamiento cabe señalar que la RG 1566 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la ley 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma.

La resolución General 1566/04, en su art. 5º especifica el régimen sancionatorio a aplicarse en virtud de lo dispuesto en el art. 15 punto 1 inc. c) de la ley 17.250. Dicha norma establece que una vez constatada la infracción por parte del organismo, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa en relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado sin atribuir relevancia a toda circunstancia de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente. Por lo expuesto, correspondería también rechazar lo manifestado por la actora en este aspecto.

VII. En lo que respecta a la inclusión de intereses en la base de cálculo de la multa, esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse en autos in re "Servin S.A. c. AFIP-DGI s/ Impugnación de Deuda", Expte. 36.379/00, Sent. Def. 105.171 del 23/06/03, en donde dispuso que no correspondería incluir los intereses en la base de cálculo de la multa, conforme a los argumentos allí vertidos y que se da por reproducidos en honor a la brevedad.

Por otra parte, la Administración Federal de ingresos Públicos mediante la Instrucción General 4/2006 (08/03/06) resolvió que no deben computarse o incluirse en la base de cálculo de las multas en materia previsional, los intereses.

Por lo expuesto, sin perjuicio de la procedencia de la sanción de multa impuesta al contribuyente, correspondería dejar sin efecto la resolución recurrida y ordenar al organismo interviniente a que practique una nueva liquidación de la multa, sin incluir intereses en la base de cálculo.

VIII. Con relación a las costas, es criterio del Tribunal la aplicación de la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Gomerías Alberdi" (Fallos 300:895 y sus citas), para los casos de impugnación de deuda, y no existiendo mérito actual para apartarse de ello, así debe ser resuelto (conf. "Juan Bracho García e Hijos S.A.C.I.A c. Impugnaciones de Deuda (DNRP)", Exp. Nº 16.612/95, Sent. Def Nº 80943 del 12/03/1999, entre otros). De tal modo, y al no darse los presupuestos fácticos del caso "C 777 XXXIX Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. C. Administración Federal de Ingresos Públicos DGI", Sent. del 5/10/04, las costas serán soportadas en el orden causado.

La doctora Maffei de Borghi y el doctor Díaz dijeron:

Por compartir la solución propuesta, adhieren al voto que antecede.

Por ello, el tribunal resuelve: 1) Declarar formalmente admisible el recurso. 2) Hacer lugar a la excepción de prescripción liberatoria interpuesta por la actora en los términos del art. 16 de la ley 14.236, respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo formulado por AFIP-DGI de fecha 27/02/04. 3) Dejar sin efecto la resolución recurrida. 4) Ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que practique una nueva liquidación de la multa sin incluir intereses en la base de cálculo. 5) Costas por su orden. -Bernabé L. Chirinos. - Lilia M. Maffei De Borghi. -Roberto Díaz.