marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal municipal, sumario administrativo, prueba pericial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bongiovanni, Edgardo José c/ Municipalidad de San Jorge s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 149 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

No puede prosperar la "recusación" del perito contador interpuesta por el recurrente, desde que aún en la hipótesis de considerar admisible tal planteo -ya que la única recusación prevista expresamente por la ley 9286, es la del instructor- bastaría para rechazarlo con tener en cuenta que la diligencia en cuestión consistió en una operación netamente objetiva, concretamente, en la simple comparación de la suma pagada por la Municipalidad por la compra de determinados agroquímicos -cuyos comprobantes se encontraban glosados en las actuaciones administrativas- con la emergente de los precios de mercado -valores que también constaban en las actuaciones, expresados en los informes agregados de diversos comercios del ramo-. Por lo demás, el actor no rebate ante sede judicial las razones expresadas en la resolución respectiva, ni ha señalado en qué consistiría la presunta parcialidad o defecto del informe pericial que lo ha -a su juicio- perjudicado.
Daños y perjuicios, daño moral, privilegio del damnificado, procedencia del recurso, compensación económica
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRANA, ALEJANDRA MARIA C/ PLAN OVALO SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-29

A fin de evaluar la procedencia de la indemnización pretendida en concepto de daño moral, aún si la demandante fuese criminal (hipotéticamente) nada justificaría negarle el resarcimiento de un daño moral padecido, pues la ley protege la integridad moral de las personas, suponiendo a todas un mínimo de respetabilidad y decoro, cualesquiera que sean sus cualidades personales; nadie está a priori excluido de esta tutela, ni siquiera las personas deshonestas o de mala reputación; también éstas pueden ser sujetos pasivos de un agravio contra el honor siempre que, de acuerdo con las circunstancias, el ataque deba ser considerado como ilegítimo, esto es, como no justificado por un interés superior (conf. Orgaz, A., "El daño resarcible", Buenos Aires, 1967, p. 217, n° 66, texto y nota n° 1; en el mismo sentido, CNCom, Sala D in re "Nicotra, Alberto Claudio c/ Citibank NA s/ ordinario", del 06/03/07; ídem "Pirroncello, Fernando y otro c/ Banco Supervielle SA s/ ordinario", del 03/04/18).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Carriquiri, Beatriz Haydeé; Ochoa de Rocca, Graciela Gladys s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si en lo relacionado con la prueba de descargo que alegan las recurrentes los planteos no han sido acompañados de fundamento legal alguno (art. 355, C.P.P.).
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ Igón, Juan Bautista y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

El valor del "negocio en marcha" incluye lo aportado por el hecho de la conexión de los elementos en forma de planta completa y en funcionamiento. Corresponde a las empresas como conjuntos organizados de bienes y de personas, porque ninguna empresa se desarrolla en forma instantánea. Antes se incurre en una serie de gastos necesarios para poner la instalación en condiciones de prestar servicio. Dicho rubro está representado por esas obras que, al quedar para el nuevo propietario, lo liberan de la necesidad de realizarlas, facilitando de ese modo la futura explotación por si o por terceros. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., A. R. c/ F., A. V. s/ Medida cautelar (Tenencia provisoria). Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

En el caso, el pronunciamiento del Tribunal de Familia que resolvió como medida cautelar otorgar la tenencia provisoria de un menor a su padre, no reviste carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, pena alternativa, pena única
Materia: PENAL
Carátula: Cejas, Rolando Alberto (Fiscal de Cámara Nro. 1) s/ Recurso de queja en autos: "Sosa, Napoleón s/Severidades Recurso de queja en autos: "Sosa, Napoleón s/Severidades
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-06-16

Es la ley de fondo la que determina los supuestos de penas únicas, conjuntas y accesorias. De allí surge cuando es posible acudir en casación. En consecuencia, no se autoriza a recurrir no obstante la alternativa otorgada por el art. 424 inc. 1º del C.P.P. porque la inhabilitación no se halla prevista ni como pena única o alternativa en el art. 144 bis del Código de fondo, sino como complementaria.

(Fundamento del Dr. Carlos G. González)
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: FERREIRA NIDIA R. c/ CASTIÑEIRAS ALFREDO s/ SUCESION - DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La nueva redacción del art. 48 del Código Procesal introducida por la ley 22.434, ha condicionado la admisibilidad de la comparecencia de quien carece de representación a la existencia de hechos o circunstancias que impiden la actuación de la parte que ha de cumplir los actos procesales de que se trate, e impone al gestor la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. Las circunstancias optativas de la actuación de la parte en cuyo beneficio interviene el gestor, pueden surgir de las constancias del expediente, pero, en caso contrario, aquél debe aportar elementos de juicio que acrediten "prima facie" la verosimilitud de dichas circunstancias, siendo innecesaria la producción de prueba concluyente.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, leyes, competencia previsional, haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López Marull, Eduardo Joaquín c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de casación (concedido por la cámara) y recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Teniendo en cuenta los principios rectores del derecho de la seguridad social y las normas de igual jerarquía que sobre la materia contiene la legislación previsional, se observa que la solución normativa propuesta por el fallo impugnado -aplicación del tope remuneratorio del artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades conforme a la resolución del Directorio del Instituto Municipal de Previsión Social (resolución 320/12)- conduce a la privación de un beneficio que se encuentra amparado por los artículos 14 bis y 21 de las Constituciones nacional y provincial, respectivamente, mediante la imposición de condiciones que limitan sustancialmente el derecho al mismo, y que conforme a las consideraciones antes expuestas, resulta reprochable desde el plano constitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 14 bis; Constitución provincial, artículo 21; Ley 2756, artículo 29; Resolución 320/12 del IMPS.
Sociedad de hecho, falta de citación, nulidad del acto jurídico, declaración de oficio
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUERRERO ANTONIO c/ FELIX CARMATA s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-14

Cuando no se ha citado a uno de los socios para que asuma su propia defensa,ello es causa de nulidad de lo actuado, y si hubiere decretado la apertura a prueba, ello deberá ser dejado sin efecto No interesa, las cuestiones suscitadas respecto de la calidad de socio/a o no, ni por supuesto la relativa a la cantidad y extensión de los bienes que integran la sociedad de hecho (lo que sería motivo de la liquidación de ellos en su momento), sino que lo que interesa es que se complete la relación que se encuentra aparentemente trunca De allí que la nulidad debe ser declarada de oficio, frente a la posible indefensión a que se ha visto sujeta la presunta socia/o;

pues una sentencia de divorcio no puede constituir en sí misma,por la incompetencia del Juez civil, un instrumento válido para dar por concluida la relación comercial que pueda haber existido entre socios, a pesar de que se haya inscripto el acuerdo formulado en el Registro Público de Comercio. Se debe agregar que no existe imposibilidad de constituir sociedades entre cónyuges, y aún sociedades que puedan no ser por acciones o de responsabilidad limitada, con las salvedades que marca el art. 27 de la ley 19550.
Responsabilidad objetiva, daño causado por animales
Materia: CIVIL
Carátula: Concha Mera, Héctor Orlando c/ Lafeuillade, Juan y Lafeuillade, Miguel Angel s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-03

Doctrina y jurisprudencia no son unánimes en su criterio, a la hora de definir el fundamento de la responsabilidad del dueño del animal, en caso de caída del caballo, participando quien aquí vota de aquélla que sostiene que es en el riesgo creado.
Recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: AQUINO TREVISAN, ARIEL GERARDO Y OTROS c/ RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE y OTROS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION INTERPUESTO POR LA CITADA EN GARANTIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 520 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23

Cabe denegar la concesión del recurso extraordinario planteado por la citada en garantía contra la desestimación de su recurso de inconstitucionalidad atento estar vencido en exceso el plazo previsto legalmente (los artículos 356 del Código Procesal Civil y Comercial y el 8 de la ley 7055 - según ley 10241- ) desde que la exigencia de la temporaneidad es inherente a la existencia o no de jurisdicción hábil al efecto de la potestad de dictar sentencia por esta Corte, sin que siquiera la recurrente haya alegado razones de fuerza mayor para cumplir con la carga procesal de interponer tempestivamente su recurso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TACCARI, VICTOR JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS Y/O HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LAS TOSAS s/ AMPARO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 527-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-09

El escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad no es susceptible de ser mejorado en la queja.
Indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, indemnización agravada
Materia: PROCESAL
Carátula: Bordón,  María  Virginia c/ El Palacio de Jamón S.A. y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

La amplitud de los términos del art. 4 del decreto 264/02 según el cual la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, permite interpretar que la intención del legislador fue la de abarcar todas las especies, tipos o rubros de carácter indemnizatorio que nazcan con motivo del despido sin justa causa.

Desde esta perspectiva corresponde incluir la indemnización del art. 182 de la LCT (conf. art. 178 ídem) en tanto el mismo opera justamente como consecuencia del despido. También corresponde incluir el incremento de 50 % sobre las reparaciones por antiguedad y preaviso art. 2 ley 25323 y el incremento de 100% de aquellas en virtud del art. 15 LNE. No así en cuanto a la indemnización del art. 80 LCT, pues ésta no tiene relación directa con un despido sin justa causa, sino con la ausencia de entrega de certificados.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, sociedad cooperativa, entidades financieras
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Bastos, Jorge Domingo c/ E.N. (Ministerio de Economía - Sec. Acc. Cooperativa) s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

Corresponde a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal conocer por vía del recurso previsto en el segundo párrafo del art. 103 de la ley 20.337 (t.o. ley 22.816) en la impugnación a la resolución de la Secretaría de Acción Cooperativa que declaró irregular e ineficaz a los efectos administrativos la convocatoria a asamblea extraordinaria efectuada por el síndico suplente de un banco cooperativo en los términos del art. 100, inc. 9, de la ley citada.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, asegurador, citación en garantía, sentencia condenatoria, demandado, daño
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: HEREDIA HECTOR HUGO c/ INCOR S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD ACCIDENTE - SEGURO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-08-29

La intervención de la aseguradora citada en garantía (art. 118 Ley de Seguros, encuadra en el supuesto de "litis consorcio pasivo necesario", porque tal participación está impuesta coactivamente "ministerio legis" por la norma antes señalada.

La unión del asegurado con el asegurador en dicha calidad de litis consorcio pasivo obedece a una exigencia del art. 118 citado, en procura de que la sentencia sea eficaz y puedan ser resueltos en plenitud los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones jurídicas habidas entre las partes interesadas: el damnificado, el asegurado y el asegurador.

La sentencia emitida producirá, pues, para el litis consorte, los efectos de la cosa juzgada, por expresa disposición de la última parte del mencionado art. 118. Frente a la citación en garantía, el asegurador tiene la oportunidad de intervenir en el pleito coadyuvando en la defensa del demandado (asegurado), puede asumir directamente esa defensa o por último, puede desempeñar un papel de mero espectador. Pero en todos los supuestos, la sentencia que se dicte podrá ser ejecutada en su contra, pese a que el actor no haya dirigido una pretensión de condena a su respecto, porque así lo dispone la ley de fondo. Se trata por esa vía de que los lineamientos fundamentales dados por la ley sustancial no se contradigan con motivo de su aplicación formal, quedando enervados y sin eficacia ulterior.

Provocada la intervención del tercero en el proceso (asegurador), se generan dos pretensiones: la del damnificado en contra del civilmente responsable y la de éste (a instancia del primero) contra el asegurador. Ambas pretensiones tienen distinta causa fin: la primera es la de responsabilidad, mientras que la segunda es de garantía. La condena que se dicta abarcará a los litis consortes pasivos, pero no a título de "solidaridad", sino en forma conjunta, por la naturaleza de estas obligaciones llamadas "indistintas", "in solidum", "paralelas" o "convergentes".# La aseguradora puede y debe ser condenada conjuntamente con la demandada si así correspondiere, sea porque no opuso excepciones nacidas del contrato de seguro o porque habiéndolas opuesto fueron desestimadas luego de su valoración por el Tribunal.

Frente a esa condena el titular del crédito elegirá para ejecutar a uno cualquiera o a todos los condenados de manera conjunta o indistinta y ambos deudores quedarán obligados a responder frente al actor por el total del capital, actualización monetaria, intereses, y costas, (aunque la compañía citada en la medida del seguro), sin perjuicio de los derechos y acciones nacidas del contrato de seguro que podrán hacerse valer en pleito autónomo.
Factores atributivos de responsabilidad, responsabilidad extracontractual del Estado, prestación de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Susana Raquel y otro c/ Estado Provincial y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

La responsabilidad del Estado le es atribuible conforme a un factor de atribución extracontractual, de tipo objetivo, ya que como lo postula la Corte Suprema, quien contrae la obligación de prestar servicio -en el caso, de asistencia a la salud a la población- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare por incumplimiento o su ejecución irregular.
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES MARIELA SELVA c/ RODASUR S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-09

En el caso de despido por disminución de trabajo no imputable al empleador, la carga de la prueba fehaciente pesa sobre la patronal que invoca tal causal de justificación, la que debe ser grave de manera tal que no consienta la prosecución del vínculo, no imputable por culpa o negligencia de la empleadora, que se haya respetado el orden de antigüedad para el despido, que se trate de una crisis perdurable, para lo cual no es suficiente probar una crisis general de mercado. Quien alega un hecho corre con la carga de probarlo, cobra particular relevancia por tratarse de una excepción a la obligación de dar tarea, y es el empleador que quiere acogerse a la misma quien debe acreditarla.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, Derecho constitucional, derecho de trabajar, colegio profesional, asociaciones profesionales, CIRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAN, EDUARDO LUIS c/ CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-AMPARO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 173 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Debe desestimarse la queja interpuesta por el actor fundada en la sola discrepancia con la solución a la que llegó la Alzada -en el sentido de que correspondía el rechazo liso y llano del amparo promovido-, en un marco de razonabilidad que el impugnante no logra desvirtuar. Así, el recurrente no demuestra la irrazonabilidad de lo afirmado por el A quo, quien sostuviera, liminarmente, que la cuestión a resolver consistía en establecer si la denegatoria recibida de reingresar como afiliado a la entidad (Círculo Odontológico Santafesino) lesionaba o restringía con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, habiendo dejado sentado el Tribunal que "el Círculo no es un colegio profesional encargado de la matrícula, de afiliación obligatoria como requisito para el ejercicio de la odontología". En esa tesitura -y en tren de dar respuesta al planteo del amparista acerca de la eventual violación del derecho a trabajar y de asociarse con fines lícitos con otros odontólogos socios de la accionada concluyó-, tras el examen de lo establecido en el artículo 5 bis del "Reglamento del Departamento Contractual", que el derecho esgrimido por el accionante -alegando que se encontraba impedido de integrar la clínica familiar junto a sus hijas y sus cónyuges, todos odontólogos e integrantes del Círculo-, no le era propio sino que residía, en su caso, en sus familiares afectados, quienes sí podrían acudir, si correspondiera, a los órganos pertinentes de la institución que pertenecen, a similares fines. De todo ello, coligió la Alzada que "no resulta legitimado el actor para reclamar jurisdiccionalmente que el Círculo desatienda la exigencia reglamentaria que pesa sobre sus afiliados".
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, sanciones procesales, multa procesal, temeridad o malicia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Vitale, Amalia Claudia c/ Ferro, Isabel Brígida y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Carece de fundamentación suficiente la sentencia que impuso una multa a los demandados y a su letrado si, descartada la malicia y la intención manifiesta de dilatar el proceso, lo resuelto implica, prácticamente, un reproche por haber apelado la sentencia.
Tasa de justicia, intereses, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO CREDICOOP LTDO. c/ GOREN JOSÉ A. Y OTS. s/ EJEC. CAMB.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-03-23

Procede el desglose del escrito de apelación, atento a que el pago del tributo no ha sido completo, ya que no se pagaron las multas previstas por los arts. 303 y 31 del CF asi como los intereses respectivos.
Despido sin causa, indemnización, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa de Electricidad de Misiones S.A. (E.M.S.A.) s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e  inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-05

Habiendo percibido el actor la indemnización del derecho común por el despido incausado, para tener derecho al régimen especial establecido en el Convenio N° 36/75, (reinstalación o indemnización especial subsidiaria) debe ajustarse a los recaudos allí establecidos, instando su cumplimiento a los órganos pertinentes; no agotado el procedimiento previo previsto en el régimen convencional al que las partes se encontraban sometidas, convierte en inviable la acción intentada por el demandante. Tornando inoficioso el tratamiento del pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 7° del C.C.T. N° 36/75 promovido por la accionada. (Dr.

Dionisi: en disidencia parcial).
Trabajador, trabajadores de la construcción, trabajador con cargas de familia
Materia: LABORAL
Carátula: BANEGAS, MARCELO c/ SEBASTIAN MARONESE E HIJOS  S.A. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

El artículo 21 de la ley 22250 no contempla el caso del trabajador con cargas de familia, por lo que en dicho supuesto es de aplicación el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de la remisión establecida en el artículo 35, segunda parte del régimen de la Industria de la Construcción.
Fallo plenario, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Danziger, Danilo Alfredo s/ recurso de casación y de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-30

En virtud de lo establecido en los arts. 10, incisos b) y c), y 11 de la ley 24.050, esta Cámara Nacional de Casación Penal se encuentra facultada para dictar fallos plenarios; otorgando además la posibilidad de autoconvocarse para unificar la jurisprudencia de sus Salas o evitar sentencias contradictorias, o para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara entendiera que es conveniente. El ejercicio legítimo por parte de este Tribunal de las atribuciones que le confiere la norma mentada no suplanta la labor legisferante reservada a otro órgano del poder del Estado, ni pretende su resultado convertirse en un precepto general con el alcance de la ley formal, por lo que no se aplican a aquél, por ejemplo, los recaudos de publicidad que rigen respecto de ésta, ni la manera de obtener su reforma. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).