marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, ley derogada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Peralta, Esteban c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

La legislación previsional de la Pcia. de Salta fue varias veces sustituida por nuevos regímenes que dis-ponían la derogación de sus antecesores. En ese sentido vale citar en el último tramo de esa evolución que el art. 132 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones (ley 6.719), promulgada y observada parcialmente por el Dec. 2320/93, derogó el régimen de la ley 6.653 y "toda otra disposición legal que se le opusiere", de modo que no cabe hesitación alguna en sostener que la ley provincial nº 5.447 carecía de vigencia aún antes de producirse el traspaso aprobado por ley 6.818, cuyo art. 3 abrogó toda disposición que pu-diera oponérsele. Verificada la circunstancia apuntada, resulta de aplicación la doctrina establecida por la C.S.J.N. en la causa "Brochetta, Rafael Anselmo" (sent. del 08.11.05 y sus citas, Fallos 326:1431 y 4035 -casos "Casella" y "Pildain"-), concordante con la del precedente "Arrúes, Abraham David Segismundo" (sent. del 30.05.06), según la cual la derogación del régimen legal especial en virtud del cual se acordó la prestación, alcanzó también a sus propias pautas de movilidad y su automática sustitución por las que, con carácter general, rigen en la materia, que en el caso, como resultado de los términos del convenio, no son otras que las de la ley 24.241 y art. 7 de la ley 24.463. En consecuencia, y dejando a salvo la opi-nión personal del suscripto a favor del mantenimiento del régimen de movilidad con que fue acordado el beneficio (cuyo respeto podría reclamarse, en todo caso, a la Provincia, pero no a la Nación), resulta de aplicación el criterio definido por el Superior Tribunal respecto a que, una vez operada la transferencia, rigen para el caso las pautas de movilidad de la leyes 24.241 y 24.463, art. 7, ap. I y II. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Impuestos, pago, títulos de deuda pública
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Sodigas Sur S.A. (T.F. 18.361-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Al quedar descartado el valor en plaza de los títulos a los fines de determinar los resultados alcanzados por el impuesto asiste razón al Fisco Nacional al impugnar en la resolución determinativa del pasivo registrado por la actora, utilizando según lo reconoce dicha parte la cotización en la bolsa de los bonos que debía adquirir para cancelar la deuda referida. Por tal razón se torna innecesario pronunciarse acerca de las cuestiones vinculadas a los valores de mercado. Habiendo saldado dicho pasivo mediante bonos que adquirió a un valor inferior al que reconociera el Estado, ese beneficio real y efectivo obtenido, constituye un acrecentamiento patrimonial alcanzado por el art. 2, inc 2) de la ley del impuesto a las ganancias (Sala IV "Cia Inversora de Trasmisión Elec Citelec S.A.", 6/2/2007 y Sala II "Hidroinvest S.A.", 7/6/2007) (Cons. V, VI y VII).
Sentencia, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL COMERCIAL-PROCESAL CIVIL
Carátula: INCIDENTE  DE VERIFICACION TARDIA EN " ELIO AGUSTIN GROSSO - CONCURSO PREVENTIVO (INSELMEC) s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-27

Ya no cabe sostener que la aclaratoria, con su presentación, suspende el término para deducir los demás recursos. Con la interrupción dispuesta en la norma positiva,el plazo neutraliza en forma total el tiempo para deducir el recurso " al que corresponde tener por no sucedido ( Vénica, ob. cit. loc. cit).

En lo referente a sí la norma alcanza a todas las partes o sólo a quien interpuso la aclaratoria, la misma alcanza a todas las partes puesto que el art. en cuestión ( 363 C.P.C.), no hace distinción alguna y aún cuando pudiere entenderse que exista alguna duda, siempre ha de estarse por la concesión de la aplicación, por ser más favorable a la amplitud de la defensa.

Además, el auto que decide la aclaratoria en el supuesto que la conceda, no puede producir efectos procesales aisladamente.

Integra la resolución recurrida, no es autónomo, no puede ejecutarse aisladamente y es incomprensible si no se considera el pronunciamiento aclarado ( Podetti; J. Ramiro, Der. Proc. Civ. T.V Ed. 1958, pág. 108). Por ello, estimado el recurso, la parte que no pidió aclaratoria,sólo podrá ser oída en el caso que la perjudique mediante la apelación, toda vez que el trámite de la incidencia es sin ninguna sustanciación.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ RICARDO ANDRES s/ ESTAFA REITERADA EN CONCURSO REAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

Las cuestiones de competencia deben trabarse con anterioridad al dictado de la sentencia en la causa que las motiva.
Sanciones conminatorias, ejecución de sentencia, alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: Carpinetti, Eva Flora c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

La demora que supone el trámite burocrático en el seno de la organización administrativa de la A.N.Se.S. no es imputable ni debe pesar sobre el vencedor del pleito, quien posee una acreencia judicialmente reconocida que debe ser satisfecha sin dilaciones, máxime en atención a su carácter alimentario.
Ejecución fiscal, queja por recurso denegado, recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: IOMA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Medico Asistencial IOMA s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-07

El recurso extraordinario federal debe ser denegado porque la sentencia cuya revisión se pretende, dictada por el Tribunal en el marco de un juicio de ejecución fiscal, no reúne la calidad de definitiva en los términos del artículo 14 de la ley n° 48 y el recurrente no logra acreditar el perjuicio que dicha decisión le ocasionaría, que -por irreparable- permitiera equipararla a una de carácter definitivo. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, uso de documento adulterado, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sánchez Rodríguez, José Luis s/ estafas  reiteradas, tentativa de estafa en concurso ideal con falsif  de doc. privado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La estafa mediante el uso de tarjeta de crédito adulterada se consuma en el lugar de la disposición patrimonial constitutiva del perjuicio.
Policía, personal policial, ascenso laboral, orden de mérito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PANCALDO, RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 347-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-17

Aunque se admitiera que la Junta de Calificaciones no ha cumplido estrictamente con el artículo 28 de las 'Pautas' en lo que se vincula al rubro 'antigüedad', ello podría haber significado una calificación final superior a la obtenida pero igualmente insuficiente en relación a la de los que ascendieron y no sería determinante a efectos de reconocer el derecho del actor (agente policial) a ser promovido.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, apertura a prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Adriel, Rodrigo Fernando  c/ La Segunda ART S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-31

No pedir explicaciones o cuestionar la experticia cuando se corre vista de la misma quita la posibilidad de que el desatento justiciable obtenga, por ejemplo, la rectificación de errores que pudo haber cometido el experto, la aclaración de conceptos oscuros o ambiguos, la respuesta a puntos de pericia incontestados y, acaso, la apertura de la prueba en segunda instancia para que se escuche a otro perito. En esa línea, es dable apreciar que en el sub examine la ART desperdició la ocasión. Y, esa desidia de la Aseguradora es una torpeza que no puede esgrimir válidamente, ni para cuestionar lo actuado sin su presencia ni atención, ni para objetar lo dictaminado por escases de fundamentos (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Competencia penal, recurso de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: García, Ernesto Ignacio. s/ Recurso de Casación Penal. Admisibilidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-02-11

Corresponde declarar mal concedido el recurso de casación en materia penal cuando -como en el caso de autos- no se halla comprendido dentro de los casos previstos especialmente por la ley 1930 así como tampoco encuentra fundamentación suficiente a la luz de los recaudos exigidos por el artículo 279, inciso 3ro. del CPC.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, siniestro, dolo, culpa grave, destrucción total del automotor, accidente de tránsito, ebriedad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Rangeloff, Norberto Mario c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Por último, cabe señalar que resulta evidente la mala fe con la que se condujo el asegurado, al ocultar que el test de control de alcoholemia había arrojado resultado positivo (1,45 gr./l), dato que también omitió mencionar cuando demandó. De esta manera se configuró en el caso la exclusión de cobertura por dolo o culpa grave (LS 70), liberando al asegurador cuando el asegurado provocó, por acción u omisión, el siniestro dolosamente o con culpa grave.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, iura novit curia, Derecho laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MOSCHIAR, MIGUEL ANGEL c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE   PESOS LABORAL (EXPTE: C.S.J. NRO. 232 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-22

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que todos los planteos de la recurrente -apartamiento del derecho aplicable; expedirse sobre cuestiones no planteadas variando indebidamente los términos de la litis; arbitraria aplicación del iura novit curia; interpretación reformadora del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo; falta de fundamentación y arbitrariedad fáctica- pueden circunscribirse a dos ejes axiales de discrepancia: la posibilidad de ser demandada y condenada en base a la solidaridad prevista en el artículo 30 y la comprobación de la concurrencia de los recaudos legalmente previstos para que dicha solidaridad opere; y éstos, tal como fueron formulados y pese al matiz constitucional que aspira a otorgarle la demandada, no resultan suficientes para franquear la instancia extraordinaria.

Es que, al condenar a la demandada en virtud de la solidaridad legalmente impuesta, el Tribunal se limitó a resolver una cuestión de derecho, en el ejercicio de las facultades resumidas en el adagio latino "iura novit curia" (Del voto de la mayoría).
Robo calificado, robo con fuerza en las cosas
Materia: PENAL
Carátula: O. S. y R. J.M. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-11-16

...la violencia usada por el incusado para penetrar al lugar estratégicamente elegido para la perpetración del ilícito es suficiente para considerar cumplida la exigencia de la ley. Cierto, la fuerza -no interesa su intensidad- recayó sobre una defensa predispuesta cuya inviolabilidad nace de la propia Constitución Nacional, y el destrozo de la ventana y las maderas exteriores que la protegían, es fuerza más fractura.
Sociedades comerciales, contratos
Materia: LABORAL
Carátula: CAPOTOSTI ORLANDO c/ AGUILAR HNOS. s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-11

De las disposiciones transcriptas no resulta que las mencionadas sociedades no puedan celebrar contratos o presentarse en juicio, sino que la responsabilidad de tales actos se regirá por las pautas que ella establece. De aquí entonces que considero que es perfectamente legal lo resuelto por S.S. respecto a la inclusión en los edictos de la constancia de la existencia de un contrato de locación del inmueble a subastarse.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ECHAVARRI HORACIO Y OTRO c/ TALICE CARLOS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La comparación entre lo reclamado y lo decidido, debe guardar una estricta correspondencia. Cuando la resolución se aparta de la materia que fijaron las partes, se menoscaba el requisito de congruencia. Es que sobre el particular gravita el señorío de los justiciables, quienes en virtud del principio dispositivo, que impera en este sector del proceso, vinculan al órgano jurisdiccional.-
Concesión parcial del recurso, recurso extraordinario federal, LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ BT Latam Argentina SA s/ ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

Corresponde conceder parcialmente el recurso extraordinario federal si la decisión que se impugna le produce a la recurrente un perjuicio de tardía reparación posterior, se plantea una cuestión federal relacionada con la interpretación del artículo 39 de la ley n° 19798 - Telecomunicaciones- y la legitimidad de la pretensión tributaria local a la luz de aquél (artículo 14, incisos 2° y 3° de la ley n°48); y la decisión de este Estrado fue a favor de esta última y en contra de la exención que la recurrente funda en el primero. Voto del juez José Osvaldo Casás.
Transporte terrestre, responsabilidad del transportador, carga de la prueba, robo con armas, caso fortuito
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS  BAGO  SA c/ NATUFARMA  SA s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

La empresa transportista -aquí demandada- es responsable por las pérdidas o daños que resultaren por malversación u omisión suya o de sus factores, dependientes u otros agentes cualesquiera (art. 162  del Código de Comercio). Sin perjuicio de que esta Cámara haya juzgado en forma reiterada que el robo a mano armada perpetrado por terceros, puede tener el alcance del caso fortuito o la fuerza mayor (confr. esta Sala, causa 4255 del 20.7.76 y sus citas), para constituir una eximente de la responsabilidad del porteador, es indispensable que el suceso revista las condiciones de imprevisible, o insuperable, o inevitable (confr. esta Sala, causa 3921/97 del 16.9.99, entre otras). La carga de la prueba de su configuración con esas cualidades, reposa en quien la alega (art. 172 del Código de Comercio), y si bien el uso de armas puede convertir a la sustracción en irresistible, no basta para configurar el caso fortuito si las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, demuestran que la demandada no puso en práctica las medidas que hubiera debido emplear una persona diligente para prevenir el siniestro.
Constitución Provincial, reforma de la constitución, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Dado que las decisiones del superior tribunal de no dar a esta acción de inconstitucionalidad los efectos de una acción declarativa de certeza, así como de considerar que la composición del órgano acusador del enjuiciamiento de los jueces en el ámbito del poder legislativo no afecta la independencia judicial, están sostenidas en argumentaciones que hacen pie en una interpretación posible del ordenamiento procesal provincial y de otras normas -constitucionales e infraconstitucionales- de derecho público local, no configuran expresiones meramente volitivas de los magistrados que afecten las garantías constitucionales de la actora, por lo que la tacha de arbitrariedad dista de satisfacer el estándar definido para esta clase de asuntos.
Confirmación de sentencia, inhibición general de bienes, extensión de la quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Dental Excellent Sa c/  s/ quiebra c/ artes dentales srl y otros s/ ordinario s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

Corresponde confirmar la resolución que decretó oficiosamente la inhibición general de bienes de los codemandados en el marco de un juicio de extensión de quiebra promovido por la sindicatura (cfr. LCQ 164 y 85), en el cual les imputa que habrían dispuesto de los bienes de la fallida como si fuesen propios, y provocado el vaciamiento del patrimonio de la sociedad en favor de otras empresas. Ello así, con fundamento en las facultades de dirección que posee el juez concursal (LCQ 274), las conocidas atribuciones instructorias con las que también cuenta (conf. CPR 36 y LCQ 278), la específica norma aplicable al caso (LCQ 164) y el extenso ámbito de desarrollo que a las medidas cautelares otorga el art. 232 del ordenamiento adjetivo.
Subasta, honorarios del martillero
Materia: CIVIL
Carátula: FUSELLA, ROGELIO ERNESTO c/ ARISMENDI, ALVARO CARLOS ALBERTO s/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-05

Si la mercadería que se encuentra depositada en autos fue secuestrada en virtud de la deuda que la demandada mantenía con la actora a los efectos de ejecutarla, pero las partes llegaron a un acuerdo, los bienes depositados siguen perteneciendo a la demandada; mal puede entonces la actora pretender la subasta de dichos bienes para hacer frente a la deuda que se reclama al martillero por gastos del mismo depósito, si no se ha dictado condena respecto de esos gastos. No empece a ello el hecho de haber la demandada tomado a su cargo el pago del depósito, ya que tal acuerdo no puede obligar al martillero, quien se encuentra facultado a cobrar a cualquiera de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, accidente in itinere
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Priori, Vanesa Soledad c/ La Segunda ART S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

Los reparos de la quejosa no lucen idóneos para desvirtuar el criterio vertido por el Tribunal al reconocer el carácter in itinere del infortunio sufrido por el trabajador, en tanto la Sala partió por resaltar el yerro en que incurrió el juez de baja instancia al omitir analizar el ámbito temporal y espacial del siniestro, y tras definir al instituto jurídico en cuestión según los términos del artículo 6, inciso 1, de la ley 24557, recalcó que le correspondía a la accionante acreditar los requisitos que la norma exige para tener por configurado un accidente in itinere, reseñando posteriormente los datos relativos al episodio que se desprendían de la demanda; y frente a ello, los cuestionamientos de la presentante solo intentan oponer una singular interpretación de las circunstancias de la causa revelando su distinto parecer con la hermeneusis que de las mismas y de las normas en juego efectuó la Alzada, no logrando comprobar en dónde estribaría la argüida preterición de cuestiones planteadas y de constancias decisivas para la solución del litigio, habida cuenta que se repara que las mismas fueron meritadas por los sentenciantes, pero asignándole un alcance diverso al que propugna. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 6, inciso 1
Títulos ejecutivos, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SORIA SABINO c/ ANTONIO DARIO PEPINO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-13

La expresión de la fecha de libramiento de un pagaré reviste carácter dispositivo. Es uno de los requisitos extrínsecos dispositivos; uno de los cuales taxativamente se enumeran en los arts. 1 y 101 del Decreto Ley 5965/63. Por lo tanto debe figurar ineludiblemente en el documento y su ausencia determina que el título no sea válido como pagaré (art.102). Si lo planteado no se vincula con la omisión de la fecha en que...el pagaré ha sido firmado (art.101 inc.6to dec. Ley 5965/63) sino con la alteración del número correspondiente a las unidades del guarismo que indica el año en que fue creado el título. Esto se encuentra contemplado en el art. 88 Dec. Ley 5965/63, aplicable en el sublite en función de la norma remisiva contenida en el art. 103 del plexo legal citado.

La Ley no habla de falsificación, sino de alteración por su mayor amplitud, comprendiendo cualquier cambio lícito - corrección de algún error - como ilícito - falsificación - .

La alteración del título (pagaré) asimismo, presupone un pagaré con todos sus requisitos, porque de lo contrario no podría hablarse de alteración.

Advertida una alteración "ictu oculi" que podría tener derivaciones penales (arts.292, 294, 297 C.P.), sin que haya merecido observación alguna por parte del ejecutado el documento no pierde sin más su validez. Ello se desprende del texto legal, que existente la alteración, los firmantes reciben distinto tratamiento conforme hayan firmado antes o después de la alteración; dado que el pagaré no pierde su calidad de tal por el hecho eventual de la prueba de una alteración que pueda sufrir su texto durante la circulación, la prueba pesa sobre el deudor porque la solución contraria representaría un grave obstáculo para la circulación de la letra. El escollo probatorio, por otro lado, ha sido salvado por la propia ley al establecer juris tantum que no resultando del título, o no demostrándose que la firma que puesta antes o después de la alteración, se presume que ha sido puesta antes (art. 88 in fine, ley 5965/63), respondiendo el ejecutado el los términos del texto originario. La alteración del dígito que corresponde a las unidades del año de la emisión, no lesiona a nadie ni posee trascendencia alguna por lo que resulta de aplicación el adagio "minimun non cura pretor"
Recurso contencioso administrativo, actos impugnables, tribunal de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRENDES, LUIS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ADMISIBILIDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-28

Corresponde declarar inadmisible el recurso contencioso administrativo deducido, porque el acto traído a revisión jurisdiccional de esta Corte no resulta susceptible de ser controlado directamente por este Tribunal, atento no haber sido dictado por el Tribunal en pleno, sino sólo por una de sus Salas; y conforme lo dispuesto en los artículos 81 y 93, inciso 8), de la Constitución provincial, y en el artículo 239 de la ley 12510, la vía judicial sólo queda expedita con los fallos o resoluciones definitivas que dicte el Tribunal de Cuentas en plenario. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículos 81 y 93, inciso 8); Ley 12510, artículo 239