marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Auto de procesamiento, facultades de la alzada, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COPPOLA, María Amelia y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-21

El procesamiento dictado por la Cámara, no debe necesariamente ser delegado en la instancia precedente, toda vez que, al existir recurso acusatorio habilitante, y en tanto y en cuanto en el mismo se solicite expresamente el dictado de la mentada medida cautelar, la alzada se encuentra facultada para emitir tal decisión, tal como lo dispone el art. 445 del C.P.P.N. Ello no vulnera la garantía de doble instancia, ya que, por un lado, todo auto de procesamiento es de caracter provisorio, por lo que técnicamente no adquiere la condición de cosa juzgada material y, por el otro, aun tras su dictado, el ordenamiento procesal prevé, dependiendo del agravio que pueda alegar el recurrente, que tal decisión sea pasible de recurso ante un órgano superior.

La competencia de los tribunales de alzada sólo se halla limitada por la cuestiones sometidas a examen en primera instancia e incluida en la impugnación, y no en los temas específicamente resueltos por el juez inferior (*).

Por ello, corresponde rechazar la nulidad interpuesta contra el procesamiento dictado.
Trabajador, deber de fidelidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rocha, Roberto L. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Rubros adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-30

El deber de fidelidad establecido en el art. 85 de la Ley de Contrato de Trabajo importa una de las manifestaciones del principio de la buena fe, y aunque los principios no deben confundirse, resulta evidente que ésta última impone la lealtad recíproca de conducta, que constituye -en su plena bilateralización- la más alta expresión de los factores jurídicos personales que matizan el contrato de trabajo.
Acción de amparo, derecho a la salud, medidas urgentes
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA SILVIA c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL (I.O.S.E.P.) s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNILLO DE APELACIÓN PROVINCIAL (I.O.S.E.P.) s/ ACCIÓN DE AMPARO - CUADERNILLO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-04

La proclamación del Derecho a la Salud parte de concebir al hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social, y esto implica proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico y emocional de las personas según la Organización Mundial de la Salud -O.M.S.- por lo que hallándose comprometido el derecho a la salud y a la vida, no parece razonable ni fundado, extremar la aplicación del principio según el cual el amparo no procede, cuando el afectado tiene a su alcance una vía administrativa a la cual acudir, pues los propios valores en juego, presentan urgencia contrapuesta al ejercicio de soluciones de ésa índole.
Prueba del contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, concubinato
Materia: LABORAL
Carátula: Cabada, María Eugenia c/ Lazarte, Carlos Ernesto s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-30

"Así como la relación concubinaria no crea la presunción de una sociedad de hecho entre los concubinos, los trabajos realizados, no deben presumirse derivados del vínculo afectivo salvo una prueba concluyente al respecto".
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, honorarios, ley arancelaria
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, CARMEN E. c/ MARTIN HNOS. S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-01

El monto del proceso no es materia de consideración por vía del recurso de casación y que solo ha entrado al análisis del art. 19 de la ley de aranceles, cuando lo que ha estado en entredicho ha sido, exclusivamente la condición de vencido.
Litispendencia, allanamiento, exención de costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Martin, Norma Elizabeth y otros c/ SIPROSALUD s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-22

Teniendo presente el allanamiento de la excepcionada procede admitir la excepción de litispendencia, con imposición de costas a la actora, acogiendo la jurisprudencia que indica: "El allanamiento a la demanda y a la defensa opuestas como causal de exoneración de las costas, está condicionado por la conducta del vencido, sea que haya incurrido en mora, o que haya originado la necesidad de articular la defensa opuesta...". "De acuerdo al criterio objetivo en materia de costas, el allanamiento por sí solo no es suficiente para eximir de la carga de las costas, pues además de ser real, incondicionado y oportuno, es necesario que sea efectivo y que no haya existido necesidad de litigar".
Daños y perjuicios, falsa denuncia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARIA MENA DE MAURO c/ RUBEN FONTANA s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-15

El ilícito de denuncia calumniosa del artículo 1090 del Código Civil se configura, sin duda, cuando el agente ha actuado con dolo, o sea a sabiendas que está realizando una falsa imputación y con ánimo de perjudicar al denunciado.
Homicidio culposo, responsabilidad médica, mala praxis, médico obstetra, culpa penal
Materia: PENAL
Carátula: Gigoux, Ernesto A. s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

a) No existe un concepto de culpa profesional en la actuación que le cabe a los médicos, distinta de la que describe el art. 902 del Cód. Civil, pues la actuación de los profesionales de la ciencia médica y el desempeño que estos tengan deben estar sujetos a criterios de apreciación muy particulares en razón de los inmanentes riesgos que tienen cabida en cualquier intervención por más leve que sea y que escapan a errores de diagnóstico ante el estallido de cuadros de sintomatología polifacética que tienen claro origen en las limitaciones que la medicina hasta la fecha posee.

b) No cabe considerar que el médico actuó en forma negligente por haber dejado a su paciente luego del parto y alumbramiento, sin su atención durante una media hora, no considerando la situación de alto riesgo que detentaba el cuadro de hipertensión que presentaba, el que ocasionó una metrorragia profusa que desembocó a su vez en un shock hipovolémico y dos paros cardíacos que produjeron el deceso, si las complicaciones que sobrevinieron aparecieron inesperadamente luego de un parto normal y fueron tratadas de inmediato adecuadamente, del mismo modo que hubiera ocurrido si el procesado hubiese permanecido en la sala de partos.
Concursos, apertura del concurso, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, compraventa de automotores, deudas impositivas, moratoria impositiva, integración de la tasa de justicia
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: CONDE, GABRIEL s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE APELACION CPR. 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-12

Resulta improcedente desestimar la solicitud de venta de cierto automotor formulada por el concursado, con fundamento en la omisión del deudor en presentarse ante la dirección general impositiva para acogerse a la moratoria por la deuda comprendida en el propio concurso, y la falta de integración de la tasa judicial. Ello así, pues el art. 16 de la Ley 24522 establece que para el otorgamiento de la autorización de actos relacionados con bienes registrables, el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores y, dentro de ese marco conceptual, no cabe duda que la conservación de un bien suntuario -como en el caso lo constituyo el vehículo de referencia-, que necesariamente apareja gastos significativos para su conservación, y que no resulta funcional para el desarrollo de la actividad comercial del concursado, no se percibe como conveniente en la economía de los intereses comprometidos en el concurso. A mas, bien puede servir el dinero obtenido con su venta, para continuar las actividades del concursado en la medida que no se vean vulnerados los intereses de los acreedores. Por tanto, procede otorgar la autorización procurada siempre que el solicitante comprometa los fondos obtenidos a satisfacer la tasa de justicia, los honorarios de la sindicatura, un 20% para la formación de un fondo de cuotas concursales y el resto a la recomposición del capital de trabajo.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., C. s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-02

Para considerar que el presupuesto de "manifiesto" de la ilegalidad o arbitrariedad concurre, las conductas deben aparecer como claras, incontestablemente contrarias a derecho, según el análisis que corresponde que realice el juez dentro del ámbito cognoscitivo utilizable en el amparo. Debe advertirse que se presenta una situación palmariamente ilegal, que no genere dudas sobre dicha ilegalidad.
Medidas cautelares, medida de no innovar, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M.D. SRL c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-21

La urgencia con que un litigante viene a plantear la petición cautelar, no impide que el juzgador reflexione sobre su procedencia analizando si se cumplen estos requisitos de procedibilidad.

Máxime, si la tutela que se requiere es de naturaleza "innovativa", y por ende, excepcional, "porque alterar ese estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión".- Esto es, el control de admisibilidad debe efectuarse con un criterio restrictivo.
Derechos del consumidor, daño punitivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Umanzor Gonzalez, Maritza Jesús y otro c/ Peugeot Citroën Argentina S.A. y otro s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-08-21

La cuantificación del daño punitivo ha sido impuesta al juez por el art. 52 bis de la ley 24.240, quien la graduará teniendo en cuenta "la gravedad del hecho y demás circunstancias". De allí que la decisión que fija su monto sólo puede ser atacada en la instancia extraordinaria por medio de la denuncia de absurdo.(doctor Genoud, sin disidencia)
Solicitud de marca, marcas de servicio, agencia de publicidad, registro de marca, frases publicitarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEIJO FRANCISCO c/ BANCO DE LA ACCION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY s/ CESE DE USO DE MARCAS-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

La marca de la clase 35, en tanto vinculada a los servicios de las agencias de publicidad, tiene por fin distinguir los servicios que estas prestan a sus clientes (v. Gr. Proyectos de campañas propagandísticas; concepción y realización de planes publicitarios;

encuestas y estudios de mercado; contrataciones de espacios radiales y cinematográficos; diseño y distribución de folletos, etc.), Mas no cubre las frases de propaganda mediante las cuales se difunde y promociona el conocimiento de un producto o servicio y se procura mantener la clientela ganada e incrementar la adhesión de nuevos consumidores. Esas marcas que consisten en "frases publicitarias" -salvo que se refieran a la propaganda que hace una agencia de publicidad respecto de sus servicios- no corresponden a la clase 35 y deben ser inscriptas en las categorías del nomenclador que abarcan los productos y servicios a los que se aplican.
Medidas cautelares, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cablevisión  SA. c/ EN  -  M° Economía - SCI resol 50/10 y 36/11 s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

En materia de medidas cautelares, la Corte Suprema enseña, por un lado, que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (Fallos: 323:3075 y sus citas; 329:28 y 4161); y resalta que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 329:3890; 4161 y 5160, entre otros).
Contratos bancarios, aplicación de la ley, clasificación de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Talleres Navales Argentinos SRL c/ BCO Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-16

Procede confirmar la resolución desestimó la demanda incoada sobre la base de considerar que el banco demandado no incurrió en incumplimiento alguno al rechazar los cartulares objeto de la presente acción por la causal "sin fondos suficientes disponibles en cuenta", sin consignar al mismo tiempo si, además, coexistía como causal de rechazo la de "firma falsificada". Ello por cuanto, en el caso, si bien la Ley de Cheques no enumera expresamente las causales de rechazo de un cheque, es posible inferirlas fácilmente de su articulado (art. 35 y 36). En definitiva, del juego armónico de las normas referidas precedentemente se desprende -en lo que aquí interesa que, ante la presentación de un cheque con firma del librador apócrifa, el banco girado solo está obligado a consignar dicha circunstancia como causal de rechazo cuando se trata de una firma "visiblemente falsificada" y siempre que ese motivo no concurra con el de "insuficiencia de fondos", en cuyo caso corresponde la devolución del cartular únicamente por esta última circunstancia, consignándose la leyenda "Sin fondos suficientes disponibles en cuenta".
Accidente in itinere, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa, Jorge Aníbal c/ E.N. s/ Empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-10

"Cuando se persigue la demostración de un accidente "in itinere" el escrito de demanda debe consignar el horario de trabajo del dependiente, así como el trayecto que debía recorrer para llegar a su domicilio o al lugar de trabajo".
Colegio Público de Abogados, integración de los fondos del colegio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PADILLA, MIGUEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

La cuota de inscripción y la anual aparecen como una "patente" para el ejercicio de la profesión, con la cual se sostiene al ente encargado de la matrícula. Parece válida esta solución, desde el momento en que los que se ven favorecidos con el control de la matrícula abonen el sostenimiento de esa función. Todo ello, claro está, en la medida que el ejercicio de esta facultad de fijación no se ejerza irrazonablemente.-
Viajantes de comercio, comisiones, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PLAZA, Victor Hugo c/ ROSARIO NEUMATICOS - Sociedad de Hecho s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-02-16

Cuando lo controvertido, en el caso del viajante, es el monto o porcentaje de la comisión y su pago, se torna aplicable el segundo párrafo del art. 11 de la Ley 14546 que pone a cargo del empleador la prueba contraria a lo afirmado por el subordinado. Corresponde a la patronal la demostración de cual es lo convenido, porque dispone de todos los elementos necesarios al respecto, liquidación de las comisiones, recibos, etc., mientras que el viajante de comercio, si la patronal no le ha dado elementos, nada posee.-
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, remuneración, liquidación de haberes
Materia: Procesal. Laboral
Carátula: Hughes, Elisindo c/ Ventura S.A.M.C.I. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-11-26

Con referencia a lo expresado por el recurrente y referido a la no valoración del pago del rubro "equipo"; liquidado correctamente por la empresa, y no reclamado por el accionante, se determina que no ha sido tema de discusión, por lo tanto su tratamiento no corresponde.

En virtud de que, los conceptos anteriormente vertidos coinciden con los de la sentencia recurrida, y cuyo fallo confirma la de Primera Instancia; coincidiendo con la conclusión final a la que se arriva, luego del análisis efectuado; estimo por lo tanto en no descalificar de arbitrario el fallo de la a-quo.
Cámaras de casación, improcedencia del recurso, interpretación del contrato, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (O.S.P.S.A.) s/queja en: Chanquia Carrizo Nicolasa Beatriz c/ Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (O.S.P.S.A.) s/ ordinario (L) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-04-28

Dado que los convenios colectivos de trabajo tienen prima facie naturaleza contractual y no de ley en sentido formal, la tarea de interpretar el alcance de sus cláusulas es una cuestión reservada, en principio, a la instancia de grado y por lo tanto ajena a la casación (cf. STJRNS3 Se. 105/08 "TOBIO"). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Medidas cautelares, juicio oral, apartamiento del querellante, audiencia de debate, asistencia del querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "VARIZAT, DANIEL ALBERTO S/ DOBLE LESIONES GRAVÍSIMAS EN C/I CON DOBLE LESIONES GRAVES EN C/I CON MÚLTIPLES LESIONES LEVES -11H- EN C/I CON LESIONES GRAVES -1H- EN C/I CON SÉPTUPLES LESIONES LEVES. EXPTE. Nº 3187/08 S/ RECURSO DE QUEJA", Expte. Nº V-600/08/T.S.J. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-12-11

Corresponde, ante el inminente inicio del juicio oral y público, y con la finalidad de no tornar ilusorio o abstracto el fondo del planteo formulado en la presente queja, atendiendo a los derechos de los damnificados que se verían conculcados con el total apartamiento o cese de intervención como parte querellante de las víctimas, corresponde disponer como medida cautelar que se permita participar como parte querellante en el debate a los damnificados.-
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal contratado, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DURAN, NELDO EDUARDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 686 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

En cuanto a uno de los actores -que fue designado "en carácter interino" Director de la Banda de Música- resulta improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto invocando una relación de empleo público permanente que a su juicio lo vincula con la Municipalidad a raíz de su desempeño en la Banda de Música, desde que surge de las constancias de la causa que fue designados "en carácter interino" Director de la Banda con anterioridad al cambio de régimen dispuesto por ordenanza nro. 1747/90.Sin embargo, aun de entender que por tal acto correspondía considerarlo alcanzado por los términos del artículo 1 de la ley 9144/83, invocada, no podría soslayarse que dicha norma exige, además, la observancia de otros recaudos, sobre los que nada alega -ni, desde luego, demuestra- el actor: concretamente, que se "cumplimente con las normas vigentes en la materia", en lo referente al ingreso del personal. Análogas razones, resultan predicables en relación al artículo 133 de la ley 9286, ley que se invoca genéricamente en este aspecto en la demanda.
Procesamiento, menores, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. E. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-07

Pablo Guillermo Lucero precisó, entre otros aspectos, que la ". 'intervención' del menor a que alude el precepto es aquella con significado jurídico, penalmente relevante, lo cual se da cuando éste interviene en el hecho en el cual participa el mayor a través de algunas de las formas de autoría o participación previstas en el sistema penal (arts. 45 y 46 del C.P.)", extremo que se verifica en el caso de la imputación formulada, en la que se describe el rol que le cupo a cada uno de los intervinientes. (...)" y agregó que "(...) Por lo demás, el lazo familiar de la imputada (...) con el menor de edad -hermanos- permite tener por acreditado, con el alcance provisorio de esta etapa, el conocimiento de esta especial circunstancia, lo que permite la aplicación de la agravante contenida en el art. 41 quater, CP. (...)".
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: G., E.C. c/ A.R. a C. SA y Otros s/ Cumplimiento de Contrato - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-01-12

Esta Sala tiene dicho que la inhibición general de bienes es, en lo fundamental, una medida precautoria sustitutiva que cabe decretar cuando el derecho que se pretende asegurar no puede salvaguardarse de otro modo, por lo que su viabilidad debe ser apreciada con criterio restrictivo.

Esto así en tanto que la imposibilidad de disponer (vender o gravar) la totalidad de los bienes es la proyección de una incapacidad que afecta a la persona, y como tal constituye una situación de excepción frente a la regla de la capacidad genérica, razón por la que participa de la misma naturaleza excepcional de la incapacidad que provoca, rasgo que también compromete el ámbito de los procedimientos judiciales donde se desarrolla.
Derechos de autor, registro de la propiedad intelectual
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Blaustein, David s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-23

A diferencia de lo que ocurre con el derecho pecuniario, el ejercicio y la defensa del derecho moral no están sujetos al cumplimiento de formalidades en el Registro. Aunque la ley argentina 11.723 no establece expresamente este distingo el texto del art. 63 permite llegar a esta conclusión; cuando dicha norma prevé que: "...la falta de inscripción (de las obras) trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento que la efectúe..." tal sanción no puede lógicamente alcanzar más que al derecho pecuniario pues sería absurdo que la falta de inscripción hiciera perder la paternidad de la obra o cualquiera de las otras facultades contenidas en el derecho moral. El mismo art. 63 corrobora esta solución al establecer la "validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta". Ello implica que sólo queda suspendido para el autor el goce del derecho exclusivo de reproducción, pero no las facultades relacionadas con la paternidad de la obra. De lo contrario resultaría absurdo el contenido de esa parte de la disposición, toda vez que no puede referirse a la validez posterior de obras publicadas en las condiciones del art. 72 inciso "c", vale decir de obras sin título o nombre de autor o con los mismos cambiados, ni tampoco a la validez de obras cuyo texto haya sido dolosamente alterado. El concepto de propiedad intelectual abarca algo más que el valor pecuniario y ello es precisamente el derecho a la paternidad o incolumnidad de las obras del espíritu, tanto o más digno de protección que el primero. (Voto del Dr. Fégoli).
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tabernero Vargas, Martha y otros s/ tráfico de estupefacientes -causa Nx 3.043-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Es improcedente el recurso extraordinario deducido en forma condicionada o subsidiaria al resultado de otros.