Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-06


Fojas: 57 En Mendoza, a seis días del mes de abril del año dos mil seis reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sen-tencia definitiva la causa n° 84.567, caratulada: "GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y OTS. EN J° 37.389 PASCUAL LORENZO C/ MOYANO, CLAUDIO Y OTS. P/ D. Y P. S/ INC. CAS.".

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 140 y 141 del C.P.C. y te-niendo en cuenta las facultades conferidas por Acordada n° 5845, en el acto del acuerdo, quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI; segundo: DR. FERNANDO ROMANO; tercero: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE..

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 16/34 el abogado Mario Dante Araniti, por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, y Pedro García Espetxe por Fiscalía de Estado, deducen recursos extraordina-rios de inconstitucionalidad y casación contra de la sentencia dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones a fs. 331/334 de los autos n° 78.171/37.389, caratulados: "Pascual Lorenzo c/ Moyano, Claudio y Ots. p/ D. y P.".

A fs. 40 se admiten formalmente los recursos deducidos y se manda correr tras-lado a la contraria, quien a fs. 43/49 contesta y solicita su rechazo con costas.

A fs. 52/54 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo de los recursos deducidos.

A fs. 55 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 56 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos interpuestos? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUC-CI, DIJO:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de estos recursos son, sintéticamente, los siguientes:

1. El 20/2/2000, en autos n° 78.171, el Sr. Lorenzo Pascual interpuso demanda por daños y perjuicios contra los Sres. Claudio Marcelo Moyano y Nancy Miriam Poin-telin por la suma de $ 58.500. Relató que el 21/10/1998, siendo aproximadamente las 16 hs., circulaba en una motocicleta por calle Las Heras del distrito San José, Guaymallén, con dirección al Sur. Antes del cruce con Patricias Mendocinas disminuyó preventiva-mente su marcha y cuando ya había alcanzado el eje medio de la intersección observó que un transporte escolar circulaba por esta última calle con dirección al Oeste, a gran velocidad, y en forma desatenta, siendo inmediatamente embestido y arrastrado varios metros por ese automotor marca Renault Trafic patente RAH-840, al mando de Claudio Marcelo Moyano.

2. A fs. 17/20 comparecieron los demandados, negaron los hechos y los daños reclamados.

3. Se rindió diversa prueba; entre otras, un oficio del Gobierno de Mendoza, Dirección de Vías y Medios de Transporte que informa que a la fecha del accidente, 21/10/1998, el dominio RAH-840 marca Renault Trafic, estaba afectado al servicio transporte escolar bajo el aditamento n° 021. Además, expresamente dice: "En los regis-tros obrantes no consta presentación del seguro de la unidad RAH-840 a la fecha 21/10/1998" (fs. 87). A fs. 88, frente a la petición de informar al tribunal sobre la "iden-tificación de la unidad y compañía de seguro que cubría dicho automotor, todo para fe-cha 21/10/1998", la autoridad de aplicación responde: "Respecto a la compañía de segu-ros que cubría la unidad dominio RAH-840 para fecha 21/10/1998, no obra en este de-partamento presentación de seguro".

4. A fs. 127 la parte actora solicitó se acumulara el expediente n° 78.986, caratu-lado: "Pascual Lorenzo c/ Pcia. de Mendoza p/ D. y P." originarios del mismo tribunal. A fs. 139 se dispuso la acumulación de ambos expedientes. En esos autos n° 78.986, iniciados el 20/10/2000, el Sr. Lorenzo Fabián Pascual inició demanda por daños y per-juicios contra la Provincia de Mendoza. Invocó la imposibilidad de hacer efectiva la indemnización resarcitoria por el incumplimiento de los deberes derivados del poder de policía según lo preceptuado por los arts. 3, 197, 198, 160 y concs. de la ley 6082/93 y de su decreto reglamentario 867/94. Relató la imposibilidad de ser debidamente resarci-do de los daños y perjuicios reclamados en los autos n° 78.171 desde que el transporte escolar prestaba servicios sin la cobertura de un seguro de responsabilidad civil contra terceros y los Sres. Moyano y Pointelin carecen de bienes para responder por el daño causado. Reclamó la suma de $ 50.000.

5. A fs. 150/154 compareció la Fiscalía de Estado y opuso la excepción de falta de legitimación pasiva; negó los hechos y las omisiones que se le imputaban. A fs. 159/163 compareció la Asesoría de Gobierno y asumió análoga posición procesal.

6. A fs. 201 la Dirección de Vías y Transporte de Mendoza informa que el vehí-culo marca Renault Trafic estaba autorizado por resolución de habilitación 0532/17/04/1995 por el plazo de cinco años con inicio en fecha 17/4/1995. El propieta-rio y titular del permiso es la Sra. Nancy Miriam Pointelin. En el momento del accidente del 21/1/1998 se encontraba autorizado de acuerdo a la fecha en que se le fue entregada la resolución correspondiente. A fs. 202 la misma autoridad de aplicación, con firma de Ernesto Correa del Departamento Registros Seguros Generales informa que "Según los registros obrantes en la oficina Seguros, no se encuentran datos que permitan corroborar si la unidad RAH-840 tenía cobertura de seguros para fecha 21/10/1998". A fs. 203, fechado 8/5/2002, el asesor de la Dirección de Vías y Medios de Transporte informa al Director: "En la fecha se adjunta fotocopia de un recibo n° 00082032 de la Cia. Merco-sur con póliza en trámite, que figura el dominio RAH-840. A fs. 204 obra fotocopia de un recibo oficial de Mercosur Cia. Arg. de Seguros fechado 20/11/1998, según el cual existe cancelación total recibido a la Sra. Nancy Pointelin".

7. A fs. 284/287 vta. la jueza de primera instancia acogió la demanda contra el Sr. Claudio Moyano y la Sra. Nancy Pointelin por la suma de $ 20.000, pero la rechazó respecto del Estado por falta de prueba en torno a la conducta omisiva. Apeló la actora el rechazo de la acción contra el Estado.

8. A fs. 331/334 la Primera Cámara de Apelaciones revocó la decisión, hizo lu-gar a la demanda y condenó a la Provincia de Mendoza a pagar la indemnización fijada en el dispositivo 1°), "en el supuesto que en la etapa de ejecución de sentencia la actora no pueda hacer efectiva la indemnización contra el conductor y la propietaria del vehícu-lo causante del daño". Razonó del siguiente modo:

a) La responsabilidad del Estado por omisión del control en la circulación de automotores sin seguro obligatorio constituye un tema que preocupa a la doctrina y ju-risprudencia nacional y provincial. El VII Congreso Internacional de Derecho de Daños, Bs.As., 2 al 4 de octubre de 2002 trató el tema en la Comisión N° 6, que por unanimidad concluyó: "1. Las leyes de tránsito le imponen al Estado, por intermedio de su autoridad de aplicación, la obligación de controlar que los automotores que circulan por la vía pública cuenten con el seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros. 2. Frente a la víctima que sufre un daño en un accidente de tránsito, ante la carencia de seguro obligatorio por el responsable del accidente, el Estado es responsable por omi-sión simple, toda vez que infringió aquel deber de control (art. 1074 del C.C.)".

b) La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, resolvió el 30/9/2004 que "El Estado Nacional debe responder en los términos del art. 1112 por los daños que sufrió una persona al ser arrollada por un colectivo que circulaba sin seguro de responsabilidad, si los controles ejercidos sobre el transportista fueron notoriamente deficientes - en el caso se lo multó reiteradas veces por dicha infracción- permitiéndose la circulación del automotor en cuestión, debiendo circunscribirse dicha responsabilidad hasta el límite de la cobertura que le habría correspondido asumir a la compañía de segu-ros que debía contratar la empresa de transporte".

c) El Estado incurre en responsabilidad por omisión en el ejercicio del poder de policía. Se trata de una responsabilidad directa regida por los arts. 1112 y concs. del C.C.

En el moderno derecho de daños la responsabilidad extracontractual del Estado puede existir por actividad lícita o ilícita, sea que concurra o no culpa que haya de serle imputable. Tratándose de responsabilidad derivada del poder de policía, es necesario que se configure un ejercicio irregular o defectuoso. Específicamente, en el ámbito del poder de policía sobre las empresas de transporte público, pesan sobre la autoridad que regula el transporte ciertos deberes-derechos cuya omisión sería irregular sobre el control de contratación de seguros y aplicación de la pena adecuada, consistente en la desafecta-ción del servicio de las unidades carentes de seguros. La falta de cumplimiento de tales deberes puede ser causa adecuada de la privación del resarcimiento o prestación debida a los terceros. Se trata de supuestos que constituyen omisiones del Estado que tornan irregular el ejercicio del poder de policía, incurriendo en una falta de servicio.

d) El caso está regido por el art. 1074. La falta de servicio configura un factor objetivo de atribución de responsabilidad del Estado. En el marco del poder de policía sobre el transporte público de pasajeros los controles debidos por la autoridad deben garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema, a fin de no frustrar la efectiva reparación a los terceros ante un eventual estado de insolvencia de la empresa transpor-tista. La autoridad de aplicación se encuentra dotada de todas las herramientas necesa-rias para realizar una efectiva fiscalización, de modo que un ejercicio correcto y adecua-do le permita controlar a tiempo la efectiva celebración de contratos de seguros, así co-mo aplicar la sanción más adecuada que consiste, precisamente, en la desafectación del servicio de aquellas unidades que hayan omitido cumplir con su obligación legal de ase-gurar.

e) En el caso concreto, el art. 198 de la ley de tránsito establece que el servicio escolar será prestado previa habilitación anual otorgada por la Dirección de Transporte y tanto para obtenerla como para prestar el servicio deben contratar seguro, siguiendo las pautas generales del art. 160 inc. d). El art. 199 dispone que la reglamentación organiza-rá las formas y modo de prestación del servicio y establecerá las condiciones y recaudos que deberán cumplirse para obtener autorización y las causales de revocación, como así también los requisitos que deben reunir los vehículos afectados. El art. 198 de la ley de tránsito dispone que el servicio escolar será prestado previa habilitación anual, otorgada por la Dirección de Transporte, y tanto para obtenerla como para prestar el servicio de-berán respetarse las siguientes normas básicas: inc. b) contratar seguros que amparen a los usuarios, personal de conducción y guarda, cosas transportadas y de responsabilidad civil frente a terceros, en las condiciones que determinen la reglamentación o los pliegos de licitación o que surjan de normas de la Superintendencia General de Seguros.

A su vez, la reglamentación de la ley de tránsito en el art. 257 inc. e) dispone que con la solicitud de autorización se debe acompañar póliza de contratación de seguro en la forma establecida para el servicio regular. El art. 259 establece que recibida la docu-mentación y cumplidos los requisitos, la Dirección de Transporte otorga la autorización, inscribiendo al interesado como permisionario del servicio por el término de cinco años.

El art. 261 establece que serán obligaciones de los permisionarios: "inc. c) Re-novar diez días antes de su vencimiento, la póliza de seguro". Por su parte, el art. 266 prevé la revocación de la autorización para la prestación del servicio, por parte de la Dirección de Transporte, y el art. 267 fija como causa de revocación el incumplimiento reiterado a las obligaciones exigidas a los permisionarios y los requisitos para los vehí-culos o la comisión de faltas consideradas graves para la normal prestación o seguridad del servicio por la Dirección de Transporte.

Ello significa que si bien la autorización se otorga por cinco años, la habilitación es anual, y para obtenerla, se debe acompañar la póliza del seguro vigente, solicitando su renovación diez días antes de su vencimiento. Por lo tanto, no existe posibilidad que a un permisionario se lo habilite cada año si no tiene contratado el seguro exigido.

f) La función del Estado para controlar la existencia del seguro de responsabili-dad civil no consiste como piensa la juez a-quo en constatar diariamente en la calle por los agentes de tránsito que los vehículos que circulan tengan la constancia del seguro contratado. Lo que se requiere es que la Dirección de Transporte no otorgue la habilita-ción anual si no se presenta la constancia de la existencia de un seguro de responsabili-dad civil vigente para lo cual se debe acompañar un recibo del pago anual de la póliza.

g) En el informe de la Dirección de Vías y Medios de Transporte de fs. 199/205 consta que el demandado estaba habilitado como transporte escolar por el período 17/4/1995 al 14/6/2000, pero se manifiesta que no se encuentran datos que permitan corroborar que la unidad RAH-840 tenía cobertura de seguro para fecha 21/10/1998. Por lo tanto, cabe concluir que el Estado provincial incurrió en una omisión del servicio, al no controlar la vigencia de un contrato de seguro de responsabilidad civil para habilitar anualmente al permisionario a cumplir el servicio de transporte escolar, siendo respon-sable por los daños sufridos por el actor en el accidente de tránsito protagonizado.

h) Por lo tanto, se debe admitir la condena en su contra para el supuesto que el actor no pueda en la etapa de ejecución de sentencia cobrar la indemnización que se le otorgó en la sentencia de primera instancia.

II. LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.

1.Recurso de inconstitucionalidad.

El recurrente sostiene que la decisión recurrida es arbitraria por violar el derecho de defensa, realizar una valoración absurda de la prueba, tener fundamentos aparentes y/o autocontradictorios y apartarse de prueba decisiva. Sostiene que la sentencia combi-na una serie de fallas, absurdidades, desconexiones e ilogicidades; cita jurisprudencia no aplicable al caso, y confunde celebración del contrato de seguro con póliza vigente al día del hecho.

Argumenta del siguiente modo:

a) El precedente citado contempla la situación del peatón y se refiere a una reite-rada omisión de controles; es decir, a varios controles omitidos y a un ejercicio notoria-mente deficiente, situación completamente ajena a la causa en la que no hubo ni siquiera una sola norma incumplida. En el caso, el Estado provincial no ha violado ninguna nor-ma y su actividad de control fue correcta, con ajuste a la normativa vigente y a sus posi-bilidades materiales.

b) Resulta gravísimo que la Provincia sea condenada por un accidente de tránsito protagonizado por terceros. Es gravísimo conceptualmente por la manifiesta ajenidad de la Provincia respecto de las circunstancias de causalidad en cuanto a la producción del hecho. El Estado no puede responder en aquellos casos en los que ningún bien de su propiedad o de su guarda, o un dependiente intervino en la materialidad del hecho en forma directa. La causalidad no puede ser deducida, bajo el título de omisión de contro-lar o supuestos subsumible en el servicio a cargo del Estado. El precedente es grave ya que al no precisar con claros límites su fundamento, cualquier persona que tenga un ac-cidente de tránsito en la Provincia podrá demandar al Estado si el otro participante del accidente no tenía seguro para circular o bienes para responder.

c) Se trata de hechos de terceros por lo que la Provincia no tiene cómo reunir elementos para defenderse, dándose pie a una catarata industrial de acciones, mayor a la actualmente existente, en la llamada industria del juicio de los accidentes de tránsito. El Estado será garante, pero no por una supuesta obligación de control incumplida, sino por la decisión, a veces compartida entre actores y demandados, de que el demandado es un insolvente. Todo esto es una barbaridad.

d) La sentencia se aparta del precedente de esta Corte en el llamado caso "To-rres". Allí se dijo que el Estado responde si existe una omisión antijurídica; el ilícito omisivo no puede responder a un principio amplísimo, cual es el de no dañar; esto no significa que se requiera una omisión típica, a la manera del delito penal; lo que se exige es que el Estado se enfrente a una situación en la cual está obligado a actuar, requirién-dose tres requisitos: la existencia de un interés normativamente relevante; la necesidad material de actuar para tutelar ese interés; la proporción entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigue en el accionar.

En el caso, no hubo violación de normas de la ley de tránsito ni omisión ilícita por parte del Estado. La norma establece una habilitación por un plazo y un control anual, que se había cumplido. El fallo es dogmático en su referencia a un precedente de la justicia federal y arbitrario cuando considera incumplidos los requisitos legales. Para llegar a esa conclusión (incumplimiento de la ley 6082 y normas concordantes) se reali-za una arbitraria valoración de la prueba de informes proporcionada por la Dirección de Tránsito y Transporte.

e) La sentencia también viola el art. 179 del C.P.C. desde que de haber existido una supuesta omisión del Estado en materia de exigir seguros, debió probarse que dicha omisión era abusiva. El tribunal cita un precedente inaplicable como es aquel en que se condenó por carencia de seguros (que no es el caso) y se condenó por controles omitidos (no uno, sino montones de controles) al punto que se citaron faltas de la empresa titular del vehículo que participó en el accidente. No es el caso en el que la autoridad no regis-tra antecedentes del vehículo que intervino en el accidente.

f) Conforme la doctrina del caso "Torres", frente a la inexistencia de una norma expresa y conflicto de intereses de igual naturaleza, en la órbita extracontractual de la responsabilidad del Estado el actor debe probar que la omisión es abusiva. En el caso, se violó esa regla de la carga probatoria; era el actor, y no la Provincia, quien debía acredi-tar una omisión de control. Nada de eso quedó probado en el caso.

g) La sentencia incurre en fundamentación aparente; cree encontrar una viola-ción a las normas de control, pero tal violación no surge del informe de fs. 199/205, por lo que el tribunal supone, sin prueba, una violación.

h) La decisión recurrida tampoco discrimina con claridad si condena a la Provin-cia por su actividad lícita o por un accionar ilícito. Si se la condena por la actividad líci-ta, no hay igualdad a reparar; si se la condena por accionar ilícito, no hay normas viola-das y, para estimar que las hubo, se aplica absurdamente la norma y se valora absurda-mente la prueba.

i) La Cámara entiende que la falta de reparación de los daños sufridos por el actor tiene su causa inmediata en la falta de servicio de la Provincia, al no exigir el cum-plimiento de la normativa vigente respecto del seguro, efectuando un efectivo control de la documentación e impidiendo el tránsito del vehículo en caso de omisión y revocando la autorización para prestar el servicio del transporte escolar. La decisión es absurda en sus fundamentos y conclusiones. Si el Estado controla que exista póliza, y anualmente habilita porque la hay, cumple con su obligación legal. Fuera de esta obligación, no se le puede exigir que controle todos los días que las pólizas estén vigentes o con cobertura, y dentro de una aseguradora con solvencia para responder, que es el último sustento del reclamo subsidiario, si proyectamos la falta de aclaraciones de la sentencia recurrida.

La sentencia coloca a la Provincia en la obligación de demostrar que no es posi-ble realizar el control que la ley exige, entendiendo a este control según una personal interpretación. La arbitrariedad reside en que, en todo caso, quien debe demostrar el incumplimiento es el actor.

j) El fallo incurre en fundamentación aparente cuando dice que la Provincia no ha demostrado que sea imposible el control que la ley exige. Cita las conclusiones del Séptimo Congreso Internacional del Derecho de Daños. Esas conclusiones no son apli-cables al caso. El despacho de comisión se refiere a la carencia de seguro, que no es el caso a resolver, pues a fs. 203/204 glosa un recibo de pago de seguro por lo que la auto-ridad había cumplido su obligación de control y, por eso, tenía un comprobante de segu-ros. El fundamento aparente cae porque no se da el supuesto previsto en aquella reco-mendación.

k) La Cámara también cita un precedente judicial que utiliza dogmáticamente, desde que omite cuestiones centrales que lo relativizan. Según ese precedente el Estado Nacional debe responder a los términos del art. 1112 del C.C. por los daños que sufrió una persona al ser arrollada por un colectivo que circulaba sin seguro de responsabilidad "si los controles ejercidos sobre el transportista fueron notoriamente deficientes -en el caso se lo multó reiteradamente por dicha infracción, permitiéndose la circulación del automotor en cuestión- debiendo circunscribirse dicha responsabilidad hasta el límite de la cobertura que le había correspondido asumir a la compañía de seguros que debía con-tratar la empresa de transporte" (LL 2005-A-720). En este precedente se agrega que el Estado conocía la situación de insolvencia de la transportista demandada, no obstante lo cual aceptó que continuara circulando sin tener seguro obligatorio. También se dice que en oportunidad de contestar la demanda el Estado Nacional explicó que "ante faltas de tal entidad (carencia de seguro obligatorio) la sanción propia y primera es la desafecta-ción de las unidades de la circulación hasta tanto se subsanen las falencias (art. 74 y 75 del decreto reglamentario 253/95), sin embargo, la actuación del Estado se limitó a im-poner multas al transportista". En el precedente se habla de notorios y reiterados incum-plimientos como son las visitas a la empresa entre tres y cuatro veces anuales, una ins-pección administrativa que verifica que la totalidad del parque cuente con revisión téc-nica, etc.. Por eso, el precedente citado es incomparable con el caso a resolver. En aquél el Estado dejaba andar al micro no obstante incumplimientos verificados por la propia autoridad que, además, conocía el estado de insolvencia; el Estado sabía de los incum-plimientos y los tenía registrados, e igual los dejaba circular. En el caso a resolver el Estado provincial verificó anualmente, y no encontró nada mal; es más, verificó el pago del seguro. Una lectura cuidadosa de ese precedente muestra la particularidad de las circunstancias señaladas. En el caso, por el contrario, el fallo incurre en argumentación aparente desde que no señala ninguna de esas circunstancias. El Estado provincial no cumplió en forma deficiente su poder de policía. No hubo omisión, ejercicio irregular o insuficiente, excesivo, desviado o abusivo. El informe de fs. 199/205 lo acredita clara-mente, con la existencia de un recibo de pago de seguro. El Estado verificó el cumpli-miento de la ley, tanto para la habilitación como para la autorización anual. No tiene obligación de ver día por día si la compañía de seguros, al día del accidente había entra-do en liquidación. Se trata de una actividad imposible. Aunque se nos tilde de economi-cistas, parafraseando al fallo "Torres", el Estado no puede gastar más en controlar y ge-nerar más controles de los que gasta porque sus recursos son limitados.

El fallo es absurdo; sus supuestos sustentos son dogmáticos.

l) El informe de fs. 199/205 dice que el demandado estaba habilitado como transporte escolar por el período 17/4/1995 al 14/6/2000; se manifiesta que no se en-cuentran datos que permitan corroborar que la unidad RAH-840 tenía cobertura de segu-ros para fecha 21/10/1998. De este informe el tribunal concluye que el Estado provincial incurrió en omisión de servicios. De la fundamentación de la sentencia surge que se es-taría cuestionando el incumplimiento a la obligación de exigir seguros, por lo que cabe reducir este recurso extraordinario al análisis de tales supuestos fundamentos.

De acuerdo con la ley el Estado no debe corroborar si una unidad vehicular tiene seguro para un día determinado, como lo pretende la sentencia (en este caso, para el 21/10/1998); lo que el Estado debe hacer según la norma es que "la Dirección de Tránsi-to no otorgue la habilitación anual si no se presenta la constancia de la existencia de un seguro de responsabilidad civil vigente, para lo cual se debe acompañar un recibo del pago anual de la póliza. La obligación del Estado consiste en revisar una vez al año el cumplimiento de este requisito (tener seguro) lo que en el caso se hizo. Al momento del accidente el vehículo se encontraba autorizado (informe de fs. 201 suscripto por la auto-ridad de la Dirección de Vías y Medios de Transporte); a partir de allí, cualquier circuns-tancia extraordinaria, que en el caso no hubo, debía aportarla el actor y no la Provincia. La Provincia cumple al cumplir con la ley en cuanto a exigir un seguro previo a habili-tar, tal como ocurrió aquí.

ll) La sentencia cita el informe de fs. 199/205 fuera de contexto; para entender un supuesto incumplimiento a normas que en el caso no se acredita. Dice que según ese informe el demandado estaba habilitado como transporte escolar, pero no se encuentran datos que permitan corroborar que la unidad tenía cobertura de seguro por lo que cabe concluir que el Estado provincial incurrió en omisión. Se trata de una absurda valoración de prueba decisiva. El fallo se refiere a que no había datos para corroborar la cobertura al 21/10/1998; la ley manda exigir el seguro, y no la cobertura, que son cosas diferentes. Pero, a más de ello, en el mismo informe, a fs. 202 se dice que el vehículo estaba habili-tado y que se había acompañado constancia del pago del seguro, lo que demuestra que el Estado cumplió con su obligación. La sentencia ignoró el contenido de este informe y tomó aisladamente una información que sería aplicable sólo si se acreditan dos requisi-tos: que el Estado tuviera una obligación establecida por ley de vigilar la cobertura día a día y que el informe hubiera contenido solamente el párrafo que el tribunal cita aislada-mente, y no la referencia a una correcta habilitación y al pago del seguro del año.

m) La solución a la que se llega es gravísima. Ni siquiera a la propia Superinten-dencia de Seguros de la Nación se le exige garantizar la existencia de un caudal patri-monial en la aseguradora con autorización para funcionar o en liquidación.

2. Recurso de casación.

La parte recurrente denuncia errónea interpretación y aplicación de la ley 6082 desde que no ha existido violación de los arts. 198 inc. d), 160, 199, 198 de la reglamen-tación de la ley de tránsito.

Reitera los argumentos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad y afirma que el tribunal se arroga facultades legislativas al desaplicar las normas que rigen la habilitación e invertir la carga probatoria del art. 179 del C.P.C.

III. ALGUNAS REGLAS LIMINARES QUE DOMINAN LOS RECUR-SOS EXTRAORDINARIOS EN LA PROVINCIA.

1. Recurso de inconstitucionalidad.

Esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del re-curso de inconstitucionalidad, pero en función de la excepcionalidad del remedio extra-ordinario y lo dispuesto por el art. 145 del CPC de la Provincia, interpreta restrictiva-mente las causales. Lo contrario significaría, como tiene dicho la Corte Federal desde antiguo (2/12/1909, "Rey Celestino c/Rocha"), que la Corte se encuentre en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales, en toda clase de juicios, asumiendo una juris-dicción más amplia que la conferida por la Constitución.

En esta línea de pensamiento, ha dicho que "la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas de-cisivas o carencia absoluta de fundamentación" y que "la presencia de cierta ambigüe-dad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional". Consecuentemente, el recurso no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables (Ver LA 90-472; LA 120-363; LS 240-215; LS 276-86; LS 276-96; LS 271-239; LS 270-277; 333-200).

2. Recurso de casación.

Esta Sala resuelve constantemente que en el procedimiento mendocino la pro-cedencia formal del recurso de casación implica dejar incólumes los hechos definitiva-mente resueltos por los tribunales de grado. En efecto, esta vía permite canalizar dos tipos de errores: los de interpretación de las normas, y los de subsunción de los hechos en las normas; en cualquiera de las dos situaciones, la interpretación y valoración final de los hechos y de la prueba es privativa de los jueces de grado (Ver, entre muchos, LS 324-63).

También sostiene que la procedencia formal del recurso de casación exige ata-car todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recu-rrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser casada, si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver LS 261-383).

IV. LA CUESTIÓN A RESOLVER.

Esta Sala debe pronunciarse sobre si es arbitraria, con el alcance antes indicado, o normativamente incorrecta, una sentencia que en subsidio, y para el supuesto que el demandado no tenga bienes ejecutables, condena al Estado por omisión en el ejercicio del poder de policía, dados los siguientes hechos no discutidos:

1. Con ocasión de un accidente de tránsito, un automotor privado impactó a un ciclista causándole daños personales (incapacidad sobreviniente y daño moral).

2. Al momento del accidente, el automotor estaba registrado en la Dirección de transporte como afectado al servicio "transporte escolar"; esa autorización databa de tres años atrás y tenía vigencia por otros dos años.

3. En tres oportunidades la autoridad administrativa informó al tribunal que "Se-gún los registros obrantes en la oficina Seguros, no se encuentran datos que permitan corroborar si la unidad RAH-840 tenía cobertura de seguros para fecha 21/10/1998" (fecha del accidente) y que "Respecto a la compañía de seguros que cubría la unidad dominio RAH-840 para fecha 21/10/1998, no obra en este departamento presentación de seguro".

4. El último informe agregó copia de un recibo de una compañía aseguradora emitido el 20/11/1998.

V. LOS PRECEDENTES DE ESTA SALA EN EL ÁMBITO DE LA RES-PONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN EN EL EJERCICIO DE SU PODER DE POLICÍA.

En anteriores pronunciamientos, esta Sala ha dado algunos lineamientos básicos que presiden la responsabilidad del Estado por omisión (ver, entre otros, 18/10/1996 recaída in re Norton c/ Municipalidad de Godoy Cruz p/ Ordinario, s/ Inconstitucionali-dad, LS 267-496 publicada en LL 1997-B-92 y Voces Jurídicas 1997-1-136, decisión que contiene una detallada relación de los antecedentes de esta Sala -especialmente el caso Torres, citado por el recurrente- y de la jurisprudencia nacional y extranjera, a cu-yos antecedentes cabe remitirse; ver también sentencias del 2/3/2001, LS 299-475, pu-blicada en Foro de Cuyo 48-267, y del 28/12/2005 LS 361-131).

Estas líneas generales son:

1) Hay un derecho de daños con principios comunes, sin perjuicio de que la res-ponsabilidad del Estado por actos lícitos tiene especiales particularidades.

2) En consecuencia, en principio, es aplicable a la responsabilidad del Estado el art. 1074 del Cód. Civil. O sea, para que el Estado responda por sus actos omisivos, es menester que exista deber de actuar; existe omisión antijurídica cuando es razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares; se requiere, entonces, que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal, expresa o implícita.

3) Dado que la obligación puede ser implícita, basta la existencia de tres requisi-tos:

a) Un interés normativamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantita-tiva.

b) Necesidad material de actuar para tutelar ese interés.

c) Proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigne en el accionar.

4) El deber omitido debe ser una verdadera obligación, un deber concreto y no un deber que opere en dirección genérica y difusa; en definitiva, es menester que se trate de una obligación a cuyo cumplimiento la administración pueda ser compelida.

5) La responsabilidad del Estado por omisión en el ejercicio de su poder de poli-cía no debe ser analizada con criterios rígidos o inflexibles; dependen del lugar, objeto o índole de la actividad o de las personas, pues el ejercicio del poder de policía es contin-gente, circunstancial, no uniforme, fijo o igual en todos los casos o situaciones. Conse-cuentemente, no siempre es una obligación de resultado.

V. DELIMITACIÓN DE DIVERSOS SUPUESTOS CONECTADOS AL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA LA RESPON-SABILIDAD CIVIL.

1. La responsabilidad por no contratar seguros que cubran a un vehículo por quien está obligado a hacerlo no ha dado lugar a muchas decisiones judiciales.

Un fallo reciente admitió la acción interpuesta contra el síndico de una empresa fallida haciéndolo responsable por los daños que sufrió un automóvil de propiedad del actor, al ser embestido por una camioneta perteneciente al activo falimentario; se argu-mentó que si el demandado hubiera contratado tempestivamente el seguro del rodado embistente, como ordenó el juez de la quiebra, el actor no hubiese tenido necesidad de litigar (en el caso, debió esperar más de tres años y medio para cobrar su crédito poscon-cursal) ni soportar los inconvenientes del siniestro en cuestión (Cám. Nac. Com. sala B, 13/9/2004, Resp. Civil y Seguros, 2004-n° VI, pág. 69).

2. El caso a resolver es distinto, pues el Estado, a diferencia del síndico del con-curso, no está obligado a contratar ese seguro sino a controlar que quien presta un servi-cio de transporte público (transporte escolar) lo contrate con un tercero.

3. El supuesto del control del Estado permite distinguir dos supuestos: el control genérico, y el control específico. Me explico:

a) Todos los vehículos particulares deben circular con un seguro contra la res-ponsabilidad civil; es un seguro convencional, contratado por el titular del automotor con terceros; se trata de una especie de requisito para poder circular cuyo cumplimiento el Estado verifica a través de la policía de tránsito mediante controles genéricos, masi-vos, sin fecha determinada.

No es esta falta de control la que la sentencia atribuye al Estado; la decisión ata-cada lo deja perfectamente aclarado al criticar el razonamiento de la decisión de primera instancia.

En consecuencia, el debate relativo a la responsabilidad del Estado por dejar circular vehículos particulares y no realizar controles genéricos es ajeno al conflicto planteado en este expediente. Como es sabido, con mayor o menor amplitud en las exi-mentes, algunos admiten la responsabilidad del Estado (Ver, Azura, Emilio Casín, "Res-ponsabilidad del Estado ante la falta de seguro de responsabilidad civil ante terceros.", J. de Mza, 2° serie n° 57 pág. 222; Scalvini, Elda, "Responsabilidad del Estado por omi-sión, circulación de automotores sin seguro obligatorio", Rev. Foro de Cuyo n° 52, 2002, pág. 111; Arbitelli, Guillermo, "Obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil hacia terceros en los automotores y eventual responsabilidad del estado por la carencia de seguros", Rev. Foro de Cuyo n° 20, 1996, pág. 29; Prevot, J.M. y Sal, G.O., "Res-ponsabilidad del Estado por daños ocasionados por vehículos no asegurados". Perspec-tiva iusprivatista, en Doc. Jud. 2004-3-847); por el contrario, otros niegan esa responsa-bilidad (Correa, José L., "Responsabilidad del Estado por la omisión en el control de actividades fiscalizadas", en Estudios de Derecho Administrativo, La responsabilidad del Estado, ed. Diké, Foro de Cuyo, 2004, pág. 355).

b) Por el contrario, en el caso a resolver, el tribunal imputa responsabilidad al Estado por no haber realizado controles específicos, legalmente impuestos.

Como lo señala la sentencia de grado, el leading case que analizó la omisión al control específico emana de la Cámara Nacional de Comercio sala D, 30/9/2004 (LL 2005-A-720; Rev. Resp. civil y seguros, 2005, n° XII, pág. 54, con nota aprobatoria de Morello, Augusto M., y Stiglitz, Rubén, "Transporte público de pasajeros, seguro obli-gatorio y responsabilidad del estado por falta de servicio", y de Erbin, Juan, "¿Respon-sabilidad del Estado por omisión de control o por imposibilidad de ejecución de la sen-tencia?"; y JA 2005-II-213, con nota de Arrizabalaga, Miguel A., "El preocupante deber de policía").

VI. LA REACCIÓN DE LA DOCTRINA FRENTE AL LEADING CASE.

Los comentadores de esa sentencia apoyaron la solución judicial.

Arrizabalaga recuerda que el transporte de pasajeros es un servicio público. La circunstancia de que la prestación sea cumplida por particulares no lo priva de tal carác-ter ni del control del ente estatal que lo realiza. Por eso, las empresas de autotransporte se ven sometidas al poder de policía del Estado. Recuerda lo afirmado por Lorge Hale hace cuatro siglos, muchas veces citado por la Corte norteamericana, en el sentido que "cuando una propiedad privada está afectada con un interés público, cesa de ser iuris privati solamente". Señala que de acuerdo con la legislación, uno de los requisitos nece-sarios para que los vehículos de transporte de pasajeros puedan circular es estar cubierto con seguros, por lo que, verificada la infracción imputable al transportista, es deber de las autoridades disponer con carácter preventivo la paralización del servicio. Su funda-mento reside no sólo en el resguardo de los intereses colectivos sino también en el indi-vidual del transportista, ante la eventualidad en la producción de accidentes.

Stiglitz y Morello recuerdan la evolución de las sanciones por circular sin seguro y expresan: "Las funciones de policía se deben cumplir obligatoriamente, ya que no se trata de una facultad otorgada por la ley, de modo que cuando los deberes consecuentes aparecen omitidos, o el poder de policía es ejercido en forma insuficiente, excesiva, des-viada o abusiva, esa falta genera responsabilidad estatal. Tratándose de responsabilidad estatal derivada del poder de policía es menester que se configure un ejercicio irregular, o defectuoso". "En el marco del poder de policía sobre el transporte público de pasaje-ros, los controles deberían garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema, a fin de no frustrar la efectiva reparación a los terceros (pasajeros transportados o peatones) ante un eventual estado de insolvencia de la empresa transportadora. Y precisamente, la autoridad administrativa se encuentra dotada de todas las herramientas necesarias para realizar una efectiva fiscalización, de modo que un ejercicio correcto y adecuado le permitiría controlar a tiempo la efectiva celebración de contratos de seguros, así como la aplicación de la sanción".

Juan Erbin, sostiene que en este caso no se trata de los daños causados por la omisión de control sino por la imposibilidad de ejecutar una sentencia. Se trata, dice, de una solución justa y razonable para un caso particular, que trajo aparejada una solución original. Se pregunta si es justo que la reparación la soporten los ciudadanos cuando, pese a la existencia de una actividad irregular del Estado, el daño es generado y produc-to de la acción directa de otras personas. Responde afirmativamente para el caso, dadas las especiales particularidades que presentaba (incumplimientos reiterados, falta de con-trol no obstante el conocimiento, etc).

VII. LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS JURISPRUDENCIA-LES AL CASO A RESOLVER.

1. Posición de la demandada.

El gobierno provincial sostiene que la sentencia de Cámara no se adecua ni a lo resuelto por esta Corte en el caso "Torres" y los que lo siguieron (desde que no hay con-ducta antijurídica específica del Estado), ni al precedente nacional reseñado (pues las circunstancias fácticas no guardan ninguna identidad). No le asiste razón y explicaré por qué.

2. La adecuación de la sentencia de Cámara a las pautas fijadas por la jurispru-dencia de esta Sala en materia de responsabilidad del Estado por omisión.

Tengo la profunda convicción de que en este caso se conforman todos los recau-dos fijados en la jurisprudencia de esta Sala para hacer responsable al Estado por sus omisiones.

a) En primer lugar, existe una verdadera obligación específica de actuar.

El art. 198 inc b) de la ley 6082 impone para otorgar la habilitación anual, con-tratar seguros siguiendo las pautas generales establecidas en el inc d) del art. 160. Por su parte, el art. 257 inc d de la reglamentación prevé que con la solicitud se deberá presen-tar la póliza de contratación de seguro en la forma establecida para el servicio regular. A su vez, el art. 261 inc c) impone a los permisionarios la obligación de renovar diez días antes de su vencimiento la póliza de seguro.

Por eso, como dice la sentencia recurrida, jurídicamente, si la Administración cumple con la obligación de control al momento de cada habilitación anual, no cabe la posibilidad de que un vehículo que realiza transporte escolar circule sin tener seguro vigente.

O sea, la jurisdicción no exige a la Administración que tenga controles perma-nentes en las calles y caminos de toda la provincia para controlar cada vehículo que rea-liza transporte escolar; sólo le exige que, anualmente, cuando da la habilitación, controle que el autorizado para ejercer el transporte escolar tenga seguro vigente, pagado por un año, hasta el momento en que será nuevamente controlado.

En autos se ha acreditado que el Estado incumplió ese deber de contralor especí-fico. En efecto:

- La autoridad de aplicación informó al tribunal tres veces que no podía indi-car en qué compañía estaba asegurado el vehículo del demandado; lo dijo con toda claridad: "para fecha 21/10/1998, no obra en este departamento pre-sentación de seguro" -En la última oportunidad, acompañó un recibo expedido por una aseguradora mas, como lo señala con acierto el Sr. Procurador General, se trata de un recibo expedi-do un mes después de producido el accidente.

-Precisamente, la aportación de este recibo significa que el Estado provincial no sólo tiene el deber de exigir la presentación de esa prueba en cada habilitación anual sino que guarda o archiva la documentación pertinente.

Los argumentos del gobierno provincial relativos al cumplimiento de los deberes a su cargo son francamente inaudibles e incompatibles con la defensa de buena fe de los intereses del Estado y de los habitantes de la provincia.

Afirma que se limitó a informar qué sucedía al momento del accidente, y que la fecha en la que el Estado debe controlar la existencia del seguro no se identifica con la del accidente sino con la del momento de otorgar la habilitación, por lo que el actor no ha probado que al momento de la habilitación anual el vehículo interviniente en el acci-dente no estuviese asegurado.

El error del razonamiento de la Administración es manifiesto; al actor le incum-bía la carga de solicitar información sobre cuál era la aseguradora existente al momento del accidente, es esa compañía y no otra la que debe responder. Si el Estado no puede informar cuál es la aseguradora con la que el prestador del servicio ha contratado y pa-gado el seguro por el período por el cual se le otorga la habilitación es porque al mo-mento de habilitar, o no controló que existiera el seguro pagado, o si lo hizo, no guardó la documentación pertinente; en uno y en otro caso, la omisión es suya y ningún incum-plimiento procesal puede ser atribuido a la víctima.

Consecuentemente, no existe ninguna inversión de la carga probatoria. La falta de control ha quedado acreditada con la propia aseveración del Estado que reconoce carecer de documentación que acredite la contratación del seguro y su pago.

b) Aunque se estimase que no existe deber específico expreso sino sólo un deber implícito, la solución no variaría pues no hay dudas que:

- existe un interés normativamente relevante, tanto cualitativa como cuantitati-vamente, no sólo porque se demanda la reparación de daños personales (no meramente patrimoniales, como en los precedentes), sino porque el servicio de transporte escolar, actividad empresaria y lucrativa, tiene en sus manos uno de los bienes más preciados de cualquier sociedad, cual es, la salud y la integridad física de sus niños; precisamente por eso, impone exigencias muy específicas, diferentes incluso a otros servicios de transpor-te público (Ver sentencia de esta sala del 30/8/2002, LS 311-162); bien se ha dicho que el transporte de menores no es un transporte común de pasajeros sino una hipótesis es-pecial por la particularidad de las personas conducidas (Sagarna, Fernando A., "Respon-sabilidad civil por el transporte escolar", LL 1996-D-825; (Ver Alferillo, Pascual E., "Responsabilidad de los transportistas de niños", LL 1988-A-852).

- Esas características exigen actuar para tutelar ese interés, especialmente si el privado que ejerce este servicio público se ha puesto bajo la égida del Estado peticio-nando la autorización (es decir, no se trata de un transporte clandestino).

- Hay total proporcionalidad entre el sacrificio que comporta el actuar y la utili-dad que se consigne en el accionar; a diferencia de lo sucedido en el caso Norton, antes citado, no resulta manifiesto que el ejercicio de la policía requiriese del Estado verifica-ciones especialísimas en zonas abiertas extensísimas o indeterminadas. Por el contrario, al Estado le basta no habilitar cuando el autorizado se presenta cada año y no acredita tener pagado el seguro por un año más, y si no se ha presentado, debe revocar inmedia-tamente la autorización y aplicar sanciones que correspondan.

- El cumplimiento de este deber no supone un costo para el Estado; no necesita controles en las calles; basta que la burocracia existente en las oficinas pertinentes con-trole que los vehículos autorizados pidan habilitación anual y presenten el recibo de pa-go del seguro para cubrir el nuevo año de habilitación.

3. La adecuación de la sentencia recurrida a la jurisprudencia nacional.

Coincido con la recurrente en que las circunstancias fácticas de ambos expedien-tes difieren. Sin embargo, esta coincidencia inicial no significa acoger la queja. Por el contrario, estas diferencias muestran que, en el caso a resolver, la cuestión es aún más clara que en el precedente.

En aquél caso se habían detectado numerosas infracciones de la compañía trans-portadora; el tribunal necesitó analizarlas para detectar el vínculo de causalidad existente porque existía seguro, pero finalmente no resultó eficaz.

En el conflicto a resolver el caso es más sencillo: el Estado reconoce que no tie-ne constancias de que el seguro se hubiese contratado; o sea, que o autorizó y habilitó anualmente sin que el privado acreditara que había contratado y pagado el seguro o, al menos, no conservó los datos para que la víctima cítase en garantía con la posibilidad cierta de encontrar un seguro vigente.

4. La irrelevancia del resto de los argumentos de la recurrente.

Todo lo expuesto me convence de que la sentencia recurrida no es arbitraria y resulta normativamente correcta. El resto de los argumentos del recurrente no logran conmover esta conclusión. En efecto:

a) La solución jurisdiccional no implica para el Estado una carga imposible de sobrellevar. Basta que el personal de las oficinas de tránsito y transporte cumpla con la preceptiva legal.

b) La responsabilidad impuesta no deriva de la conducta lícita del Estado sino del mal funcionamiento del servicio.

c) No se trata de hechos de terceros por lo que la Provincia no tiene cómo reunir elementos para defenderse; basta que una vez al año, al vencerse la habilitación, controle (incluso con programas informáticos) que el autorizado se ha presentado y ha acreditado contar con un seguro vigente porque lo ha pagado.

IX. CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de sala, corresponde el rechazo de los recursos deducidos Así voto.- Sobre la misma primera cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere por sus fun-damentos al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antece-de.- A LA TERCERA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión el Dr. PEREZ HUALDE, adhiere al voto que antece-de.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 06 de abril de 2.006.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación de-ducidos por el Gobierno de la Provincia a fs. 16/34.- II. Imponer las costas a cargo de la recurrente vencida (art. 36 y 148 del C.P.C.).- III. Regular los honorarios por el recurso de Inconstitucionalidad del siguiente modo: Dres. Carlos H. Javier CRUZAT, en la suma de pesos NOVECIENTOS SE-SENTA ($ 960); Oscar A. LUI, en la suma de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 288) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641-Dec. Ley 1304/75).- IV. Regular los honorarios por el recurso de Inconstitucionalidad del siguiente modo: Dres. Carlos H. Javier CRUZAT, en la suma de pesos NOVECIENTOS SE-SENTA ($ 960); Oscar A. LUI, en la suma de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 288) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641-Dec. Ley 1304/75).- V. Levantar la suspensión del procedimiento resuelta en el auto de fs. 40 resolu-tivo II.- Notifíquese.- Ka CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Fernando RO-MANO, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 06 de abril de 2.006.-