marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, acción subrogatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urdinguio, Osvaldo c/ Transporte Gral.Roca S.A. s/ Daños y perjuicios Espínola, Rosa c/ Transporte Gral.Roca S.A. s/ Daños y perjuicios Zunino S.R.L. y otros c/ Transporte Gral.Roca S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09|1994-08-09|1994-08-09

La aseguradora que efectuó los pagos que reclama para reembolsarse en ejercicio de la subrogación que prevé el art.80 de la ley de seguros 17.418, así como los artículos 767, 771 y concs. del Cód.Civil, pasa a ocupar el lugar de su asegurado y puede reclamar todo aquello que hubiese podido pretender el subrogado, es decir, el capital de su crédito debidamente actualizado, debiendo el cálculo tener como punto de partida la fecha de dicho desembolso y no la del hecho dañoso, pues el pago actualizó, al momento de hacerse efectivo, los daños sufridos por el asegurado o el "quantum" de responsabilidad que debía afrontar.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vivas c/ Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-01

Dispone el art.71 del CPCC que si el resultado del incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes las costas se compensarán distribuyéndose prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. La utilización del término "prudencialmente" por el legislador descarta un criterio matemático en la distribución de las costas y señala que ha de atenderse de un modo global al éxito que obtiene cada parte de su postura. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ratificación del mandato, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TESSONI, JOSE c/ EXPRESO B.A.P. s/ Ejecutivo (LIBRO: S131 - 456)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-22

Si las actuaciones efectuadas por el profesional son tenidas por válidas por el Juzgado por la ratificación del poderdante, es indudable que la gestión de aquél resultó provechosa para la parte y por ende su servicio debe ser retribuido. Si actúan dos profesionales, uno por el representado, debe regularse a éste como mandatario y al otro como patrocinante.
Recurso de casación, trámites judiciales, sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Velardez, Eduardo Víctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

La apertura del recurso ante esta instancia autoriza al Tribunal a realizar el control de todo lo actuado a fin de verificar si el proceso se hubo cumplido con arreglo a derecho, o si, por el contrario, se violó en su tramitación alguna norma cuya observancia, por su esencialidad, torna írritos los actos verificados sin acatamiento a normas procesales sustanciales. Control que se impone por cuanto es función de esta Alzada preservar el respeto a las garantías constitucionales atinentes a la defensa en juicio y al debido proceso en un todo de acuerdo a su misión de Tribunal Superior en los términos del art. 8, inc. 2°, ap, h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, inc. 5°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de rango constitucional. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-).
Acción de amparo, costas, exención de costas, costas al vencido, LEY DE AMPARO, silencio de la administración, actos u omisiones de autoridades públicas, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valenzuela Salvador Valerio c/ G.C.B.A. Secretaría de Salud s/ Amparo Salud s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-30

La excepción al principio objetivo de la derrota, consagrado por el artículo 14, segundo párrafo de la Ley Nro. 16.986, tiene por finalidad la restitución inmediata de los derechos lesionados. Es decir, en el marco de la acción de amparo, teniendo en miras el restablecimiento de los derechos constitucionales, se ha promovido que la administración instrumente una respuesta rápida, y deje sin efecto el acto o la omisión impugnado antes de que expire el término fijado por el juez para la presentación del informe que exige el artículo 8 de la Ley Nro. 16.986. Precisamente, ante la hipótesis de que se restablezca con prontitud el derecho conculcado y la efectiva vigencia de la Constitución, se exime a la demadada de cargar con las erogaciones derivadas del proceso.

Para determinar el alcance de la excepción legal prevista por el artículo 14, segundo párrafo de la Ley Nro. 16.986, corresponde efectuar una interpretación en concordancia con los otros artículos de le ley. En tal sentido, cabe señalar, sin abrir juicio sobre su razonabilidad, que el artículo 2 inciso e) prevé un plazo de 15 días para iniciar la acción desde que se ejecutó el acto, y luego, el artículo 8 otorga al juez la potestad de fijar el plazo para contestar el informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada. De ello se sigue, que la ley establece la eximición de costas para el supuesto en que la administración, en un término que podría extenderse a lo sumo a veinte o treinta días, hubiese hecho cesar el acto u omisión que motivó la acción (considerando que hubiesen transcurrido quince días desde la lesión del derecho al momento en que se inició la acción, e incluyendo un período posterior para las cuestiones procesales del primer despacho, la vista al fiscal pertinente y el término fijado por el juez para la contestación del informe).
Competencia, jueces naturales, facultades de las partes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: H, S D Y OTRO s/ LESIONES MULTIPLES CULPOSAS      EXPTE NRO 152-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-22

El principio de Juez Natural, considerado como garantía constitucional de los habitantes de la República, impide la aplicación retroactiva de una ley que varía la competencia del Tribunal ante el que se encuentra pendiente el proceso, sin perjuicio de la facultad de las partes a renunciar a aquella garantía demandando el cambio del Tribunal.
Seguros, seguro de incendio, siniestro, bien asegurado, derecho de propiedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SWISSER HOUSE  SA c/ LA EQUITATIVA DEL PLATA  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

Si al instrumentarse un contrato de seguro de incendio -en el caso, sobre una cabaña transportable-, el asegurador entendió que la asegurada reunía las condiciones exigidas por la ley para concluir en su nombre y por su cuenta ese contrato, en particular el requisito de la ley 17418: 2, luego, acaecido el siniestro no puede excepcionarse de pagar por el hecho de que la pretensora no probó ser propietaria del bien asegurado, el cual no aparece registrado en los libros de la sociedad. Ello, pues la compañía aseguradora no puede volver sobre sus propios actos precedentes y prescindir de la declaración de voluntad expresada al concluir el negocio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Vicla S.A. c/ DGR (Res. Nro. 4412/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR" Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Vicla S.A. c/ DGR (Res. Nro. 4412/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

La circunstancia que la ley que regula los procedimientos ante el tribunal no contemple a la arbitrariedad de sentencia como fundamento autónomo expreso para la articulación de un recurso de inconstitucionalidad no constituye, en principio, óbice para la procedencia de éste; pues -tal como ocurriera en el ámbito federal en el que tampoco esta causal se encontraba enunciada entre los distintos supuestos del artículo 14 de la ley 48; pero fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso registrado en Fallos 112:38, "Rey v. Rocha", del 2 de diciembre de 1909- la existencia de una sentencia válida es requisito inexcusable para la adecuada vigencia de la garantía del debido proceso, cuya afectación efectiva y trascendente habilita la evaluación del caso en instancia de control constitucional. (Del voto de la Dra. Conde).
Tercerías, fondo de comercio
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDRAZA, MARIA DEL VALLE c/ LIPARTITI PASCUAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-28

Las tercerías deberán fundarse, en el dominio de los bienes embargados, y tratándose de un fondo de comercio, el requisito de publicidad dispuesto por el artículo 7 de la ley 11867 en cuanto prescribe la extensión por escrito e inscripción en el Registro Público de Comercio o en un registro especial creado al efecto, no puede suplirse con la presentación de facturas, publicaciones, recibos de alquiler, alegaciones personales, etc., para producir efectos con relación a terceros.
Despido, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Olga c/ Ronconi de Aschkar y/o Lavadero Marva s/ Laboral por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-07

Si bien el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo otorga a las partes la posibilidad de extinción del contrato de trabajo y deposita en ellas el poder de ejercerlo o no cuando se produce el hecho injurioso, se deduce que ese derecho debe ser ejercido en el momento oportuno, contemporáneamente con la falta o incumplimiento.

Si ha pasado un tiempo razonable desde la fecha del incumplimiento sin que la parte afectada haya decidido la extinción, se considera que la parte ha abdicado de ejercer su derecho y que todo despido posterior, carente de contemporaneidad, no es lícito y hace perder a la parte que lo produce los beneficios que la justa causa determina.

Este principio de contemporaneidad es fundamental para la validez del despido justificado y rige tanto en caso de despido directo como indirecto. Su inexistencia permite presumir una renuncia al derecho no ejercido y la prueba de su existencia pesa sobre el empleador. De tal manera y salvo circunstancias especiales, el despido justificado no será procedente si no se dispone inmediatamente después de producida la causal invocada. Pero el requisito de contemporaneidad no obsta a la existencia de un plazo prudencial entre el hecho injurioso y el despido, que puede variar según las circunstancias.

Al despido indirecto alegado le faltó una de las exigencias para que tenga validez: la falta de contemporaneidad entre el momento que sucedieron los hechos que alega que la injuriaron y su reacción -decisión del despido-, lo que impide a la demandante a reclamar indemnización alguna.
Leyes, interpretación de la ley, remuneración, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gulías Walter Rubén c/ Medina Ana María y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Toda interpretación de la ley debe comenzar por su propio texto y en tal sentido el Decreto Ley 6754/43 (art. 11) posibilita el embargo y ejecución si el crédito está reconocido en sentencia recaída en un proceso de conocimiento, ámbito de un debate sin restricciones. Tal exigencia no varía su sentido por la circunstancia alegada de que al no oponerse excepciones en la ejecución está vedado el juicio ordinario posterior, ya que en todo caso, también ser soslayada aquélla en las demás situaciones contempladas por el último párrafo del art. 551 del CPCB y en desmedro, es reiterable de lo prescripto por el mencionado art. 11, inc. b) del citado decreto.- (Minoría u opinión personal)
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, obligaciones, asegurador, viajes de egresados, seguro por accidentes personales
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ruggiero, Gabriel Alberto y otros c/ Turismo Lealtad SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Ello así, pues si bien los padres actores sostuvieron que la empresa de turismo no cumplió debidamente con el deber de información contenido en la LDC 4 ya que, según alegan, se omitió comunicar al momento de la contratación del viaje los montos cubiertos por el contrato de seguro; sin embargo, en el contrato firmado, surgen detalladas en su primer página las sumas aseguradas en los diversos conceptos: accidentes personales, asistencia médica y al viajero, etc.
Pena, agravantes de la pena, violación
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, José Anibal s/ Amenazas y Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-13

Actúan como agravantes: a) el daño causado en la persona de la víctima, en el trauma ocasionado a sus hermanos, daño que llega a tal punto que como secuela psicológica transuntan miedo y pavor a tal punto que ya no concurren a la escuela por los motivos indicados, a lo que debe sumarse la pérdida del honor de toda la familia que se torna más evidente en localidades pequeñas, como las que habitan los damnificados; b) la forma de cometer el hecho; el ataque injustificado y violento por parte del victimario que, al no mediar un desarreglo psíquico, revela un acentuado índice de peligrosidad;

c) circunstancia de tiempo, lugar, modo y ocasión en que se desenvolvieron los hechos y d) el estado de embriaguez, aunque no total constituye en el presente caso un estado de predisposición al exceso, al desvío y al delito que la ley no puede favorecer, y menor aún auspiciarlo.
Locación de obra, trabajos adicionales, pago
Materia: CIVIL
Carátula: NELECO  S.A. c/ HOTELES SHERATON DE ARG.  S.A.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-05

El art. 1633 bis del C.Civil ha querido impedir la mala fe del constructor, adoptando modificaciones cuando no son necesarias o que exceden lo usual en el tipo de obra de que se trata. Cuando la propietaria no ha objetado que los adicionales oportunamente presupuestados obedecieron a modificaciones contractuales abusivas o contingentes, y estando demostrada su realización y definitiva aceptación su pago es procedente pues de lo contrario se consagraría un enriquecimiento indebido a costa de quien puso su esfuerzo cuya gratuidad no se presume, art. 1627 del C.Civil.
Recurso de apelación (procesal), escritos judiciales, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLA, Raúl Paulino c/ DOMINGUEZ, José O. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-26

Conforme la ley de rito los representantes, sean legales o convencionales, deben acreditar formalmente la personería que invocan. De los antecedentes de autos no existe constancia alguna de la calidad que enviste el letrado presentante, ya que no fué firmado el escrito recursivo por la parte para que éste actúe como letrado patrocinante, razón por la cual corresponde declarar mal cancedido el recurso.-
Denuncia, prevaricato del juez, recusación con causa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CHAPARRO IPARRAGUIRRE, Ernesto T. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

La denuncia por prevaricato, no permite la aplicación del inc.

8°, art. 55, C.P.P. pues no antecede a la causa, es posterior a su iniciación.
Robo con violencia en las personas, delito penal, lesiones leves, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: A., O. R. s/ Robo calificado por uso de armas y lesiones leves en concurso real  (Expte Nº  195-92, Resolucion Nº  4, Tomo 1, Folio 220)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-19

La figura básica del robo se diferencia de la del hurto por la implementación de violencias sobre las personas para vencer su posible resistencia al hecho, de lo que resulta que es un dato contenido dentro de la propia descripción típica del robo las violencias físicas y sus consecuencias. No obstante, es concebible la hipótesis de un reproche intensificado del hecho en razón de las propias lesiones causadas por la aludida violencia solo si las mismas se ubican como graves o gravísimas trasladando al hecho del robo simple al calificado por lesiones (art.166 inc.1º C.P.), lo que no es del caso, ya que las lesiones no alcanzaron tal entidad.
Caducidad de instancia, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA Albina Hilda c/ Punto Cruz s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-04-09

Los actos impulsorios de la etapa probatoria, individualmente tienen ese carácter, sin necesidad de la producción de todos dentro del año a contar de la conclusión de la primera etapa.

La presentación de la pericia descarta la caducidad de la instancia, pues tiene por efecto impulsar el procedimiento.

"Si bien la paralización del expediente a la espera de la realización de la prueba pericial no impide la perención, si el informe se presento antes de que venciera el termino de caducidad, ha quedado interrumpida la perención.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, daños y perjuicios, responsabilidad médica, negligencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Moya de Murúa, Julia Victoria c/ Goldstein, Carlos Alberto y otros s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que condenó a un médico a reparar los daños y perjuicios derivados de su conducta negligente, si prescindió de considerar extremos conducentes para la correcta solución del pleito, e incurrió en una inapropiada aplicación de los principios que rigen en la materia en cuanto a la distribución del onus probandi.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Botta de Valente, Rosa c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Si la legislación ha establecido plazos de prescripción es porque la misma halla su fundamento en razones de interés general. La prescripción extintiva es un instituto objetivo fundado en motivos económicos jurídicos y destinado a satisfacer necesidades sociales.
Jueces, deberes del juez, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Flores Núñez, María Aurelia s/ art.  5  -  inc.  c - ley 23.737 causa n 1036.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Los jueces no pueden sustraerse a lo que es propio de su ministerio sin menoscabo evidente de la garantía constitucional del debido proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, intereses moratorios, tasas de interés, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIMENEZ, FRANCISCO c/ METALURGICA SANTA CRUZ s/ COBRO DE PESOS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   116-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-02

La cuestión relativa a los intereses moratorios dispuestos en las sentencias judiciales no genera "per se" cuestión constitucional, en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Banco Sudameris c- Belcam SA y Otra", donde se considera que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del artículo 622 del Código Civil -como consecuencia del régimen establecido por la ley 23928- queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Delitos contra la humanidad, dictadura militar, Derechos humanos, deberes del juez
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alespeiti, Felipe Jorge c/  s/ Incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-18

En aquellos procesos en los que se dilucidan hechos vinculados al inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar -que comprendió, entre otras atrocidades, campos clandestinos de detención y sistemáticas privaciones de libertad, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos calificados y apropiaciones de niños- el respeto al enorme sufrimiento que este provocó y que se encuentra todavía vigente, debe llevar al Poder Judicial a actuar con la más alta responsabilidad institucional en el ejercicio de su jurisdicción. Dicho deber se traduce en la obligación de llevar adelante los juicios en los que se investigan estos hechos no solo con la máxima celeridad posible sino también con plena sujeción a la Constitución y a las leyes para asegurar, tanto en la actualidad corno en la posteridad, la legitimidad y validez de estos procesos de enorme trascendencia no solo jurídica e histórica sino también personal para sus víctimas y sus familiares quienes ejemplarmente durante décadas efectuaron siempre sus demandas de justicia dentro de los mecanismos del Estado de Derecho y de las vías previstas en los sistemas convencionales de protección de los derechos humanos.
Recurso de casación, denegatoria del recurso, falta de fundamentación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: RIPPA, HÉCTOR S/ABUSO DE AUTORIDAD. Expte N°:R-491/05 (TSJ).- s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-10-30

Vedar sin fundamento el acceso a la instancia extraordinaria cuando se descalifica una sentencia por arbitraria, podría comprometer principios institucionales básicos, porque el consenso colectivo en la vigencia y eficacia de la Ley penal es recaudo de la paz y orden públicos, que en definitiva reposan en el imperio de la Justicia.
Acción de amparo, clausura preventiva, ley de abastecimiento, autoridad de aplicación, AFIP DGI, defensa en juicio, sanciones disciplinarias, llamado de atención
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ DE RUSSO, GRACIELA LUCIA s/ Impuestos, Acción de amparo Causa 31520
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

1- Corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida contra la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que dispone la clausura preventiva por setenta y dos horas del comercio del presentante, en ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 12 inc. e) de la Ley de Abastecimiento, si la infracción que se imputa se encuentra prevista en la Ley 11683 (t.o.1978) y sus modif., debiendo haberse instruido el correspondiente sumario en base a esta norma legal y por la Dirección General Impositiva (D.G.I.), organismo de aplicación de la misma.- 2- La utilización de una norma legal ajena ha determinado en el caso y con el perjuicio que de ello se desprende, el dictado arbitrario de un decreto de clausura cuando, de haberse aplicado las disposiciones de la Ley 11683 como hubiera correspondido debiera haberse iniciado un sumario con todas las garantías legales de la defensa en juicio.- 3- Corresponde formular un severo llamado de atención, si los términos vertidos por los abogados ejerciendo la representación de la Secretaría de Industria y Comercio, traslucen un menoscabo a la investidura judicial, un notorio desconocimiento de la división de poderes, del derecho de defensa en juicio y de la función jurisdiccional (Art. 18, Constitución Nacional), pero su mayor gravedad reside en que provengan de personas con título de abogado, que a su vez representan a un organismo oficial.- 4- La vía del amparo resulta en el caso la adecuada para resguardar los derechos invocados por la sancionada, por lo que debe hacerse lugar a la acción intentada, declarando la nulidad de la clausura impuesta.