Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-01


Nro. de Sentencia: 012 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 1 días del mes de marzo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"P., C. c/ A., M. s/ DESALOJO", Expte. nro. 15.295/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución nro. 1 (Expte. nro. 558/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 65), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 43/45 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Al a primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada por la parte demandada a fs. 48 la sentencia definitiva de fs. 43/45, habiéndose concedido el recurso de apelación interpuesto libremente y en efecto suspensivo a fs. 49.

El fallo cuestionado dispuso: "1) Haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. C P y condenar a M A y/o quien resulte subinquilino y/u ocupante a desalojar el inmueble sito en calle ** nro. ** del Barrio *** de esta ciudad de Comodoro Rivadavia en el término de diez (10) días a partir de la notificación de la presente bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza; 2) Imponer las costas al demandado perdidoso....".- I.A) A fs. 58/61 obran glosados los agravios expuestos por la apelante demandada.

Entendiendo que en la estructura de la sentencia, los resultandos (aplicable aquí a los agravios) tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener "la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (o de los agravios), siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (conf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám. Nac. Com. Sala C, 03/11/80, entre otros) y advirtiendo que de las conclusiones en que la apelante sintetiza los argumentos de sus agravios son claros y concisos y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios ha realizado la apelante.

Después de referirse a los antecedentes de la causa, la demanda y la sentencia apelada centra sus agravios en cuanto a que:

a) la sentencia no le otorgó el plazo de noventa (90) días para desalojar el inmueble que habita tal como lo prescribe el art. 686, 1ero in fine (fs. 59vta./60);

b) se le haya condenado en costas sin tener resuelto el beneficio de litigar sin gastos (fs. 60/vta.) y c) no se hayan tenido en cuenta sus circunstancias	para equilibrar la situación de las partes y en cambio se haya considerando que no hay motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota (60vta./61). I.A-a) En cuanto a la temática debatida en autos, es válido recordar que el propósito del juicio sobre desalojo, consiste en dejar libre el uso de los bienes materia de litigio, sustrayéndolos, con el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario, a la acción de sus detentadores (Joaquín A. Salgado, "Locación, Comodato y Desalojo", pág. 254) En esta inteligencia se ha señalado con total acierto que "la acción de desalojo tiene por objeto la restitución de la cosa y que el uso de este proceso le ha proyectado fundamentos propios, que lo consagran como un remedio que tutela el derecho de propiedad.

Visto de este modo resulta atribuible al desalojo un campo de acción limitado y circunscripto a la protección del derecho de propiedad existente" (Nota al fallo, "Desalojo-Plenario Monti", por Federico J. Causse y Christian R. Pettis, revista La Ley del 25.4.2000, págs. 4/6)".

En cuanto al comodato, en virtud de su carácter gratuito, éste exige un grado de confianza entre los contratantes, por lo que resulta excepcional que se realice por escrito, perfeccionándose con la entrega de la cosa.

Por ende, si se demanda el desalojo por cesación de comodato, es el demandado quien debe probar la titularidad de un derecho a la tenencia suficiente para repeler dicha acción (conf. crit. "L, R c/ V, A y otros s/ Desalojo"; CNCIV - Sala K - Nro. de Recurso: K110684 - Fecha: 04-07-00; elDial - AE170A)...". El propietario tiene el derecho de usar y gozar de la cosa libremente, de forma tal que dentro de ello le asiste el de solicitar judicialmente la restitución de la tenencia de quien por otro lado, tiene la nítida obligación de restituir por ser simple comodatario (arts. 2506, 2513, 2514, 2515, 2516 y conc. del C. Civil). Teniendo en cuenta que se encuentra acreditado fehacientemente (fs. 5/13) que el inmueble de marras es de propiedad del actor atento la agregación de la no controvertida escritura, devendría inexorable la aplicación del plazo prescripto por el art. 686 inc. 2do. del CPCCCh (cinco -05-), toda vez que la demandada no acreditó en autos la verificación de los requisitos que tornaran admisible establecer el mayor previsto en el inc. 1ero de la misma formativa o inc. 2do del art. 1610 del Código Civil (título legítimo e inexistencia de deuda) (en sentido análogo, Cám. Civ. Com. Fed. 22/10/98, en autos caratulados: "F A c/ C, E A s/ Desalojo", causa nro. 1966/98; elDial - AF163C ).

Sin perjuicio de lo determinado en el párrafo anterior y teniendo presente que la competencia de la alzada alcanza al conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio.

En este sentido, la Corte ha señalado que la jurisdicción de las Cámaras se encuentra acotada por el alcance de los recursos concedidos, lo cual determina el ámbito de su facultad decisoria, siendo que la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 18 y 17 CN (CSJN. Fallos 301:925 y 304:355, entre otros) y que el carácter constitucional de este principio, como expresión de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos, habiendo declarado el máximo tribunal que la alzada no puede exceder la jurisdicción que le acuerdan los recursos concedidos, pues si se prescinde de esa limitación resolviendo cuestiones ajenas al recurso, se afectan garantías constitucionales como la de la defensa en juicio. (CSJN. Fallos 300:890; 301:104 y 925).

En sentido similar se ha expedido la jurisprudencia cuando determina que: "En atención que el límite cognoscitivo que impone el principio de congruencia establecido por los arts. 34 y 163 inc. 6 del C.P.C.Ch., para el Juez de primera instancia rige también para el tribunal de Alzada, ninguna duda cabe que la competencia jurisdiccional de la alzada se reduce, por un lado a las cuestiones referidas en la constitución del proceso, y por otro al alcance del recurso concedido.

Demás está decir que si se prescindiere de ésta limitación, sin duda se causaría agravio constitucional al apelado (Pcia. Chaco, "M R c/ C S J y/o K C y/o K M J s/ Despido indirecto, etc." - Sala nro. 2 Cám. Apel. Trab.- RS - L000 95 - Resolución Definitiva - 11-12-2002: elDial - ARE45) y que "Los agravios determinan el límite de actuación del tribunal de alzada, queriendo significar con ello que sólo pueden ser tenidos en cuenta aquellos puntuales cuestionamientos vertidos en el memorial o expresión de agravios.

De modo que aún cuando el tribunal pueda intuir que existen otros, no puede valerse de ellos para hacer lugar a la apelación, pues dicha actitud más que una aplicación del principio "iura novit curia", sería una franca violación al principio de congruencia, que nos impone el deber de fallar sólo en la medida de lo expuesto por el recurrente" (Pcia Buenos Aires, Cám. Apel. Mar del Plata, "V M G c/ G A A s/ Ejecución de honorarios" - CC0101 - MP 114589 RSI-1406-00 I - 12-10-2000: elDial - WE86B), son todas ellas razones por las cuales corresponde rechazar los agravios de la apelante demandada y confirmar el fallo en este sentido. I.A-b) En lo atinente al agravio de la apelante demandada respecto que se le haya condenado en costas sin tener resuelto el beneficio de litigar sin gastos (fs. 60/vta.) se advierte que dicho beneficio fue otorgado conforme fotocopia agregada a fs. 56/57 mediante sentencia nro. 1419 del 28/09/05.

Es entendimiento de la suscripta que dicho instituto se encuentra regulado a favor de quienes no se encuentran en condiciones de solventar los costos del juicio, lo que constituye un principio constitucional de igualdad ante la ley acordando equivalencia de posibilidades con atribución a uno de los litigantes que se hallen en esa situación para acceder a las formas del proceso y defensa de sus derechos conculcados.

Se ha de tener presente que la finalidad del tal beneficio no controvierte el derecho a obtener la realización de las tasas y/o tributos que son de innegable cumplimiento sino que las posterga hasta que se modifique su situación patrimonial del peticionante.

Concedido el beneficio de litigar sin gastos, su titular estará exento de la obligación de pagar, además de las tasas de justicia y otros gastos judiciales, las costas y honorarios correspondientes a la contraparte, hasta que mejore su fortuna. Ello debe entenderse en el sentido que los honorarios de los abogados no podrán ser cobrados mientras subsistan las condiciones que llevaron a conceder el beneficio de litigar sin gastos, aunque prevé su subsistencia mientras permanezca la condición suspensiva, o sea hasta que el actor mejore su fortuna.

Conforme lo dispuesto por el art. 84 del CPCCh está exento del pago de las costas la demandada hasta que mejore de fortuna. La condena en costas de quien litiga con beneficio de pobreza, genera una obligación que participa de los caracteres de las que contiene la cláusula "a mejor fortuna", legislada en los artículos 620 y 752 del Código Civil; es decir, su exigibilidad se halla sujeta a un hecho futuro eventual, como es el mejoramiento de fortuna del deudor.

Por las consideraciones precedentes corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios y, en consecuencia, revocar el pto. 2do. del fallo de fs. 43/45 vta. eximiendo de costas a la demandada vencida., (art. 68, 2da. parte).

I.A-c) En cuanto a los agravios expuestos por la apelante demandada a fs. 60vta./61, siendo que es criterio de la suscripta que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.

Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T.III, pág.351; Cám.Nac.Civ. Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem. Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros);

Que como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresadas por la recurrente se advierte que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara lo pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, son razones todas ellas por las cuales arribo a la conclusión que deben rechazarse dichos agravios. I.B) Teniendo presente el beneficio de litigar sin gastos otorgado a la demandada, se la exime de la carga de las costas de esta instancia (art. 68, 2do. párr.). Diferir la regulación de los honorarios profesionales intervinientes para el momento del acuerdo, donde se los regulará teniendo en cuenta la materia traída a debate, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo a lo prescripto por el Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335, arts. 6, 7, 14, 47 y cctes.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios expuestos por la apelante demandada, revocando el pto. 2do. del fallo de fs. 43/45 vta., eximiendo de costas de primera instancia a la demandada vencida (art. 68, 2da. parte del CPCCh).

2) Eximir de costas a la apelante demandada vencida (art. 68, 2do. párr). Diferir la regulación de honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la demandada contra la sentencia definitiva nro. 1131/05 del juzgado de ejecución de la jurisdicción que hizo lugar a la demanda y condenó a M A y/o quien resulte inquilino y/u ocupante a desalojar el inmueble sito en calle ** nor. ** del barrio*** de la ciudad en el término de 10 días a partir de la notificación bajo apercibimiento de lanzamiento e impuso las costas del proceso (fs. 43/5vta., fs. 48).

En el memorial de agravios sostiene la apelante que no fue suficientemente oída en el proceso y específicamente no se le otorgó el plazo de 90 días para el desalojo toda vez que se juzgó existente el comodato precario y no existe un plazo especial diverso de lo previsto en el Art.686 del CPCCCh, que no fue acordado el beneficio de litigar sin gastos en forma previa al desalojo condenando en esta sentencia al pago de costas.

Efectúa una reseña de la demanda y su situación, la introducción de la cuestión federal. Analiza la sentencia sosteniendo que el Aquo se apartó de lo dispuesto en el Art. 686 de ritual que los diez días es para los casos que el locador se encuentra en falta, que no fue su situación. El juez al imponer las costas no se apartó del criterio objetivo de la derrota, por lo tanto no tuvo en cuenta su situación personal ni la notoria desigualdad de los litigantes. Acompaña la copia de la sentencia en el beneficio de litigar sin gastos.

Análisis de las cuestiones.

Cuestiones preliminares:

Advirtiendo esta magistrada suscribiente que se sustanciaron en el curso del pleito situaciones y gestiones que indujeron a actuaciones procesales notoriamente no contempladas por las normas jurídicas formales y ajenas a las mismas, más allá de su análisis pormenorizado en el presente voto y la convalidación mutua por las partes en el proceso, resulta inadmisible omitir señalarlas en forma previa.

1.- Corresponde dejar establecido que la apelación no abre nuevamente la instancia, por lo tanto no puede admitirse el acompañamiento de documentación con el memorial de agravios sino en su caso y de considerarlo el recurrente peticionar la apertura a prueba. El desconocimiento del procedimiento que se aplica si bien pesa sobre la profesional actuante, no puede esta Alzada omitir señalar los puntos incorrectos, hacer saber que a la parte y letrada patrocinante de la demandada que debió haber ajustado su accionar a lo dispuesto en el Art. 260 del ritual.

2.- Dijo el Superior Tribunal de la Provincia en Sent. nro. 16 del 13 de julio del 2001, refiriéndose a la carencia de fundamentación que exponía el fallo que: "Ha de quedar claro que este Tribunal no pone en tela de juicio la selección de la responsabilidad aplicable al "sub examine", sino que la crítica se hace efectiva respecto de la ausencia de razonamiento llevado a cabo por el órgano jurisdiccional para sostener su postura.

"Es menester suministrar cuál ha sido el desarrollo del razonamiento del juez que analiza los supuestos de hecho admitidos y en su caso, las pruebas que los verifican, para subsumirlos en los preceptos jurídicos. Sobrevienen así juicios históricos respecto de los hechos y de las pruebas, y desde luego juicios críticos en torno a la valoración de las pruebas y de las normas jurídicas que aplica, todo lo cual debe quedar debidamente expuesto en los considerandos de la resolución judicial ("Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación", Gualberto Lucas Sosa, J.A. 1981-III, pág.781).

En igual sentido Mario I. Chichizola señala que "la fundamentación del fallo implica el análisis y la valoración de la prueba incorporada al proceso, para determinar cuáles son los hechos en que se basa la pretensión y la oposición que pueden considerarse probados y cuáles no. En esta etapa el juez ha de actuar como un historiador que trata de reconstruir una imagen del pasado que ha de incidir en la decisión que debe adoptar.

Al realizar esta operación no puedo dejar de tener en cuenta las pruebas aportadas por las partes.. La etapa siguiente que debe realizar el juzgador en la fundamentación de la sentencia, después de haber establecido cuáles son los hechos que considera probado y cuáles no, es la de determinar la significación jurídica que tienen esos hechos, de acuerdo a las normas jurídicas del derecho vigente, para lo cual deberá escoger las normas que considere aplicables al caso, en las que dará sustento legal a su fallo" ("Requisitos constitucionales para una sentencia válida", ED 1981-D, pág. 1138/1145)", Extracto del voto del Dr. Torrejón.

Es en consecuencia donde se encuentra el déficit de la sentencia venida en crisis, la omisión de exponer los hechos verificados en forma completa e integral acotados por los planteos de las partes, dando a estos un adecuado tratamiento. Efectuadas estas consideraciones y haciendo aplicación de la "doctrina amplia", en cuanto a la valoración del recurso deducido, pasaré a continuación a tratar las quejas planteadas por el recurrente.

No obstante marcar la insuficiencia del memorial de agravios y que la quejosa en su recurso mezcla críticas a lo resuelto en el fallo que impugna, trayendo argumentos simplistas y subjetivos, insistiendo con la posición adoptada previamente y en instancias precluidas por la misma en el expediente. En el escrito de expresión de agravios, se confunde el concepto de "agravio" y "argumento" que obliga al planteamiento de esta cuestión previa.

La Excma. Suprema Corte, con el carácter de doctrina legal, ha sostenido que debe diferenciarse el concepto de "agravio" del de "argumento".

Siguiendo estos lineamientos puedo decir que, debe ser considerada "agravio" toda crítica dirigida a las denominadas "cuestiones esenciales", que son las que hacen a la estructura de la litis y su esquema jurídico. Que sin su consideración no sería posible resolver el caso planteado. Va de suyo que su tratamiento es obligatorio para la Alzada.

En cambio, debe entenderse como "argumento" toda mención efectuada por la parte apelante destinada a sostener su posición, pero que no se refiere a las ya citadas "cuestiones esenciales". Los argumentos no son de tratamiento obligatorio en segunda instancia (SCBA Ac 32953 del 12-VI-84, Ac. 42311 del 31-X-89, Ac. 43836 del 20-XI-91, Ac. 43658 del 17-III-92, Ac. 50762 del 7-III.-95, Ac. 54992 del 19-X-96, Ac. 67337 del 1-VII-97; CALZ, Sala I, Reg. Sent. Def. 92-93, 116-94, 272-93, 48-96, 126-93, 32-90, 35-96, 159-96, 45-00 y otros).

Sin perjuicio de merecer la declaración prevista en el Art.266 del CPCCCh por el criterio amplio que sustenta esta Alzada ya dicho precedentemente, se trataran los agravios.

3.- Como última cuestión preliminar, y la que a mi modo de ver constituye la más importante, y que se encuentra íntimamente vinculada con la cuestión de fondo es el procedimiento seguido, conforme criterio uniforme en la jurisprudencia nacional y en esta Cámara, que transcribo: "El proceso de desalojo procede solamente cuando el demandado está obligado a restituir el inmueble en virtud de una obligación nacida de un contrato como la locación de cosa, de comodato, del otorgamiento de tenencia precaria, o cuando quien lo detenta resulta un intruso.

El desalojo tiene por objeto la recuperación del uso y tenencia de un inmueble, no siendo factor de debate el dominio ni la posesión. Este tipo de proceso no es, pues, sucedáneo de acciones petitorias o posesorias si el demandado alega y justifica "prima facie" la posesión ("A, E J c/ C de M, G s/ desalojo" - JZ0000 - VG 1793 RSD-254-96 S - 9-10-1996, Citar: elDial - WD6F8). En idéntico sentido esta Sala en autos "E S B SA y otro en autos "Bs.As. B S SA en autos "E SA c/T P SA s/ quiebra Expte. 719/80 s/ Verificación Tardía" Expte. 550/85 s/ incidente" Expte. nro.14321 Sentencia Interlocutoria nro.211/2004.

A mayor abundamiento cito, "Si el actor funda la acción de desalojo en dos circunstancias: a) calidad de propietario del inmueble y b) calidad de tenedora precaria de la demandada, en razón de ligarla con el accionante un contrato de comodato, ambas circunstancias son hechos constitutivos cuya prueba está a cargo del accionante frente al desconocimiento de la accionada y al hecho de la ocupación del inmueble por parte de ésta que invoca ser poseedora "animus domini" y en tal sentido no le es exigible la obligación de producir su título a la posesión, desde que tal obligación no es inherente a la materia y naturaleza del proceso de desalojo" ("G A M Y OTRO EN J: G A DE J c/ A M G Y OTROS s/ DESALOJO - CASACION" - Fallo: 59199230 - Suprema Corte de Justicia - Circunscripción: 1 - Sala: 1 - Mendoza - 1959/11/04 Citar: elDial - MZ89E). Dejo sentado este criterio en merito a la paupérrima gestión de las partes, ya que fue controvertido el fundamento o razón de la posesión o tenencia.

Tema de fondo:

El plazo del lanzamiento que viene cuestionado. El código claramente establece denominadores comunes para los supuestos de lanzamiento. El primero es la legitimidad de la detectación del inmueble. El segundo una culpabilidad imputable al inquilino, este último requisito aparece reunido sin duda, en las causales de vencimiento, falta de pago de los arriendos y resolución del contrato por uso abusivo y otras causas imputables al locatario (ver Fenochietto, Carlos "Cod. Procesal Comentado...", t.3 pág. 575, Ed.Astrea-99).

Analizaré la cuestión sobre estas pautas brindadas por el profesor elegido y ateniéndome a la circunstancia que el procedimiento elegido por el actor no es el idóneo para el caso para poder decidir si fue correcto el plazo acordado por el Aquo para la desocupación del inmueble, tema cuestionado en esta instancia.

El primero la detentación del inmueble, al incoar demanda el actor dice que la accionada está en la vivienda por un contrato de comodato (fs. 14) al contestar la acción esta dice en su propio perjuicio y saneando o convalidando el procedimiento escogido que la unía al actor un contrato verbal de locación (fs. 24vta./25).- Según la jurisprudencia que transcribo y que ejemplifica claramente lo que se desea exponer, respecto a que las partes poco hicieron en pos de sus posturas.

En materia de comodato, toda clase de prueba es admisible, incluso la de indicios y presunciones, pero tal amplitud probatoria en beneficio de quien alega la existencia de este contrato, no significa que esté exento de traer a juicio una prueba fehaciente de la misma, aún a través de indicios y presunciones, ya que al ser un contrato gratuito no es dable presumirlo. ("N S F c/ G V y/o H W T s/ Desalojo" - SALA Nº 3 CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL RESISTENCIA - RS - l000 22376 RSD-28-96 -) "La inexistencia de contrato escrito o recibos de pago no es óbice para que pueda acreditarse la locación de otra manera, pero los demás medios de prueba deben admitirse y apreciarse con criterio muy estricto por la dificultad de distinguir entre locación y otras convenciones similares, como el comodato o préstamo de uso y los contratos innominados" (H de M, R c/ F, J L y otros s/ Desalojo" - CC0000 - TL 11580 RSD-72-24 S - 2-5-1995Citar: elDial - WDE0A).

Este tema, fue puntualmente resuelto por el Aquo al indicar que debió acreditar tal circunstancia, la demandada, lo que no hizo, y menos aun en el escrito de agravios, que no alcanzó a demostrar ni lo invocado ni la supuesta omisión de valoración por parte del sentenciante, apartándose las constancias del expediente judicial con meras afirmaciones que en nada favorecen su posición y deben desestimarse.

No existe prueba alguna en autos que indique que unió a las partes un contrato locativo, pero sí un préstamo de uso, reconocido por el silencio guardado por la demandada a la intimación cursada por el actor por carta documento no desconocida al contestar la demanda.

Consideró el juez Aquo la existencia del contrato de comodato, y más allá de la posición de este cuerpo respecto de la viabilidad de la vía intentada, lo que importa es la existencia de la figura jurídica que vinculó a las partes y que no fue cuestionada contundentemente en el memorial de agravios, solo admitió la existencia de una locación posición que mantuvo en esta instancia incurriendo en la ausencia de pruebas que hagan a su postura.

La acción de desalojo intentada prosperó y fue cuestionada la decisión que el desalojo se produzca en diez días, y en ello considero que no asiste razón a la recurrente habida cuenta que cuadra en las hipótesis contempladas en el Art.686 primera parte del ritual.

Se tuvo por cierto el contrato de comodato, el término de finalización toda vez que la carta documento remitida a la demandada acompañada a fs.4 que no fuera negada ni desconocida al contestar la acción (fs. 24vta) poniendo fin al contrato consensual que los unía, por lo tanto y en virtud de lo establecido en dicha norma, "la condena de desalojo se fundare en el vencimiento del plazo" (Art. 686 primera parte) por lo que corresponde el plazo acordado por el Aquo.

Para mayores precisiones debe dejarse aclarado que el comodato se supone efectuado a favor del comodatario, este tiene que restituir la cosa al vencimiento del plazo y en la hipótesis que no fuere expreso o no estuviere establecido el comodante puede pedir la cosa cuando quiere (Art.2285 del Código Civil), tal y como ocurrió en el caso. Estos motivos me inducen a confirmar la sentencia venida en apelación.

El último agravio está dirigido a la imposición de las costas a esa parte. Si bien el memorial carece de fundamento jurídico, exteriorizando en su queja un desconocimiento del código de procedimientos en punto a las normas que rigen el incidente de beneficio de litigar sin gastos, y su insuficiencia acarrearía un rechazo, abordare el tema precisamente por estas razones, adoptando una posición docente al respecto.

Simplificando la cuestión siguiendo a la doctrina en la materia, digo que el trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que se pidiere expresamente en el escrito de demanda (Art.83) lo que no ocurrió en autos.- "El beneficio tiene vigencia hasta que se cumpla la condición resolutoria de que el beneficiario "mejore la fortuna". Ocurrida esta condición y ante el mejoramiento de fortuna del beneficiario pierde sentido el beneficio de litigar sin gastos, razón por la cual renace su obligación por "el pago de las costas o gastos judiciales".

Pero el hecho de que el interesado actúe con beneficio de litigar sin gastos no significa que no puedan serle impuestas las costas, sino que solo tendrá que pagarlas cuando mejore su fortuna" (Roberto Loutay Ranea: "Condena en costas en el proceso civil", pág.273/4 ED.Astrea-98). Por estos motivos desestimo el agravio de la demandada y confirmo la sentencia venida en apelación haciendo hincapié en lo dicho al inicio del presente voto en lo discriminado como cuestiones preliminares.

Las costas de esta instancia corresponden a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota (Art.68 del CPCCCh) difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalia, propone:

1.- Desestimar los agravios según los considerandos respectivos, confirmando la sentencia venida en crisis.

2.- Las costas de esta instancia se imponen a la demandada según considerando respectivo, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 43/45 vta, en cuanto dispone condenar a M A y/o quien resulte subinquilino y/u ocupante a desalojar el inmueble sito en calle ** Nº ** del Barrio ***, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el término de diez días, e impone las costas al demandado vencido.

A fs 58/61 se agrega la expresión de agravios, y más allá de las apreciaciones y manifestaciones que esboza, la quejosa dirige su embate al plazo otorgado por el sentenciante para el desalojo y la imposición de las costas.

Que en principio cabe mencionar que este Cuerpo reiteradamente ha sostenido que "La expresión de agravios debe ser una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria y fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea" (Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce: "Código Procesal Civil y Comercial" T. III, art. 260 pág. 445).

Aún así, esta alzada también considera de manera excepcional que corresponde aplicar un criterio menos restrictivo para valorar la suficiencia de la expresión de agravios por ser lo que mejor se aviene con un escrupuloso respeto por el derecho de defensa en juicio y con el mantenimiento de la doble instancia adoptada por el legislador, debiendo actuarse con amplitud (criterio del Superior Tribunal de Justicia en autos: P, R J c/ B P S.A. M.C.I. y/u otro s/ Demanda Laboral, S.I. Nro. 3/2001).

Bajo tales parámetros se analizará el recurso deducido, no sin dejar de mencionar que sólo mínimamente satisface los recaudos mínimos de suficiencia.

Sabido es que el principio "iura novit curia" no permite a los jueces la introducción de oficio de acciones que no fueron planteadas en la demanda, ni en cuestiones que resueltas por el juez de grado no han sido materia de agravio (Art. 278 CPCCCh, de allí que al haber llegado firme a esta instancia, que la relación entre las partes encuadra en la figura del comodato, es sobre este instituto que determinaré si asiste razón a la apelante sobre el plazo para el desalojo.

Conocido es que hay plazos que surgen del Código Civil y plazos regulados en el Código Procesal, atinentes al instituto en estudio, pero también es cierto que no puede haber superposición, oposición o incompatibilidad, entre ambos sistemas legales, respecto de las causales de desalojo. El Código Civil en los arts 1507 y 1509 contemplan primordialmente locaciones que tienen vencimiento legal, mientras que el Código de Procedimiento prevé en general situaciones no contemplados en la legislación de fondo.

Dicho ello, surge en la causa que el comodante remitió carta documento al comodatario, notificando la rescisión del contrato, intimando a la entrega del inmueble, la que fue recepcionada el 8-02-05, documental no desconocida por la demandada.

En consecuencia la restitución del inmueble se fundó en el vencimiento del contrato, quedando allí determinada la fecha, al solicitar la entrega del inmueble.

De lo consignado se desprende que se dan los requisitos del Art. 686, inc 1º del CPCCCh, prescribiendo que tratándose de "quienes entraron en la tenencia o ocupación del inmueble con título legítimo" el lanzamiento deberá efectuarse a los diez días de la notificación de la sentencia. Este plazo se contrapone con el de cinco días establecido para el caso en que los ocupantes que "no tuvieren título legítimo" (inciso 2° del artículo 686).

Y si bien es cierto que la segunda parte del mismo inciso 1° hace referencia, sin especificarlos, "a los demás supuestos", señalando para ellos un plazo de noventa días para el lanzamiento, computados a partir de la notificación de la sentencia, es dable señalar que la situación de la demandada encuadra en la primer hipótesis, como asimismo, concurrentemente, en la segunda del mismo inciso al establecer igual plazo de diez días en los casos en que la causa del desalojo fuere "imputable al locatario", hipótesis que alcanza, por analogía, al caso de autos del inmueble con título legítimo; comodato; y que el desalojo se fundó, reitero, en vencimiento del plazo; que hacen procedente el plazo de diez días otorgado por el a-quo.

"Cuando el comodante pide la restitución de la cosa en los términos del Art. 2285 del Código Civil, la condena de desalojo se equipara al supuesto de vencimiento de plazo, según lo prescribe el Art. 686, inc. 1º del CPCCCh, no siendo procedente extender el plazo de desocupación pues sería tanto como desnaturalizar la norma de fondo ("puede el comandante pedir la restitución de la cosa cuando quisiere" L de P, S L B s/ desalojo" CNCiv,Sala "B".

Con relación a las costas que es motivo de agravio, he de coincidir también con la Dra García Blanco, y atento lo que disponen los arts 84 y 68 primera parte, y no encontrando motivo para que sea de aplicación el segundo párrafo, del mismo artículo, los argumentos invocados no tendrán recepción.

Es preciso recordar que el beneficio de litigar sin gastos, tiene como finalidad mantener la igualdad de las partes litigantes y asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio, lo que no obsta que se apliquen las costas en el caso que el acreedor de tal beneficio sea vencido, ya que las mismas están sujetas a "que mejore de fortuna", pues a decir de Arazi-Rojas en Código Procesal Civil y Comercial, en glosa al Art. 84, pág. 332, "La condena en costas de quien litiga con beneficio de pobreza genera una obligación que participa de los caracteres de las que contiene la cláusula "a mejor fortuna", legislada en los Arts 620 y 752 del Código Civil. Su exigibilidad se halla sujeta a un hecho futuro eventual, como es el mejoramiento de fortuna del deudor, se trata de una obligación condicional".

En consecuencia corresponde, por las razones dadas, confirmar la resolución apelada en cuanto ha sido motivo de apelación.

Las costas de esta instancia a la apelante vencida.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el acuerdo, se valorará el trabajo profesional, la posibilidad que las pretensiones prosperaran, el resultado obtenido y demás pautas de los artículos 6, 14 y 47 de la ley 4335.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara dijo que:

1) Confirma la sentencia de fs 43/45 vta y rechaza los agravios de la demandada.

2) Impone las costas de esta instancia a la vencida y difiere la regulación de los honorarios.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Melero, la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia de fs 43/45 vta. venida en apelación.

2) Costas de esta instancia a la vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. M L W en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO ($75).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 12 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS