Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-15


SENT.DEF.Nº 18812 EXPTE.Nº 28.862/2007 (27.673) JUZGADO Nº 45 SALA X AUTOS: "RUIZ LILIANA MARIA C/ RUIZ GLORIA NOEMI S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 15/08/2011 El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El sentenciante de grado, luego de analizar las pruebas producidas en autos, rechazó la demanda interpuesta en todas sus partes por considerar que la accionante no logró acreditar la existencia de las diferencias salariales reclamadas como fundamento de aquélla (ver pronunciamiento de fs. 282/285). Dicha resolución motivó los agravios de la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 289/292, que mereciera réplica de su contraria a fs. 294.

Se agravia la recurrente por la valoración que hiciera el "a quo" de las pruebas rendidas en autos, en especial, por la interpretación efectuada en la sede de grado de la norma estatuida en el art. 356 del Código Procesal Civil y Comercial toda vez que, según sostiene, la excepción prevista en la normativa aludida, en tanto dispensa de la carga de negar categóricamente los hechos narrados en el escrito liminar, no debe entenderse -a su criterio- aplicable al supuesto de marras. En tal contexto, solicita se revoque lo decidido al respecto y se tengan por ciertos la totalidad de los extremos invocados al demandar. Por último, apela todas las regulaciones de honorarios efectuadas en origen, por entenderlas elevadas.

Adelanto que, por mi intermedio, la queja esgrimida no tendrá favorable recepción.

Digo ello pues, en primer lugar, tal como se desprende de las presentes actuaciones los Sres. Ana María Díaz y Alfredo Jacinto Díaz han intervenido en autos y contestado demanda en virtud de su carácter de herederos universales de la causante Gloria Noemí Ruiz -demandada originariamente en este juicio-, mediando declaratoria al respecto con fecha 12 de agosto de 2008, tal como lo informara oportunamente el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 ante el cual tramita dicho sucesorio (ver fs. 88), circunstancia que encuadra perfectamente en la excepción normativa del art. 356, inc.1°, 2do. Párrafo del CPCCN, en tanto esta última, en su parte pertinente, claramente dispone que ".no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba." -el resaltado me pertenece-.

Ahora bien, contrariamente a lo señalado por la quejosa en sus agravios, los codemandados al contestar demanda (ver fs. 103 y fs. 105) efectivamente hicieron reserva de su definitiva para después de producida la prueba, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 356, inc.1°, 2do. Párrafo "in fine" del CPCCN, si bien desconoció la autenticidad de toda la documental acompañada por la actora.

Sumado a ello, no hay prueba alguna en autos que respalde el reclamo efectuado por la accionante en el inicio. Ello por cuanto, los testigos Ayllón, Luján Recalde y Luján Diana que declararon a instancias de la accionante, señalan no saber cómo ni cuánto cobraba la actora, toda vez que nunca la vieron cobrar y, por otro lado, lo poco que refieren respecto de los incumplimientos denunciados por la actora, dicen conocerlo por los propios comentarios de ésta última (ver declaraciones de fs. 245/247), circunstancias que restan de valor probatorio al respecto, toda vez que se trata de hechos de los cuales no tuvieron un conocimiento directo.

Más aún, de lo informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a fs. 164/173 surge que la Sra. Liliana María Ruiz figura en el sistema informático como empleada de la demandada y con una remuneración de $ 750 -ver en particular, fs. 170 y fs. 172-, salario éste superior a los totales supuestamente percibidos que surgen de la planilla inserta en la demanda como Anexo "A" (fs.11 vta.) y sobre las cuales fundamenta su reclamo por diferencias salariales.

Por último, y respecto de la circunstancia a la que hace alusión la recurrente en cuanto a que los demandados fueron declarados renuentes en la prueba contable (ver fs. 270), cabe señalar que, aún de considerar -como pretende- operativa la presunción que emana del art. 55 de la LCT, lo cierto es que los extremos que debería acreditar la accionante para que resulte admisible su pretensión (esto es: la existencia de diferencias salariales a su favor), de modo alguno surgirían de los registros contables de la empleadora, por lo que al no existir prueba alguna que apoye la pretensión inicial resulta insuficiente -en este caso concreto- la presunción mencionada a los fines pretendidos por la quejosa. Es que los hechos relatados en el inicio resultan ser meras afirmaciones de la accionante que no encuentran sustento ni respaldo en ninguna de las pruebas producidas en autos, toda vez que aquélla (a ésta incumbía, art. 377 CPCCN) ni siquiera acompañó en el expediente las escalas salariales correspondientes a los períodos por los que reclama las diferencias aludidas, como tampoco ofreció -y menos, aún, produjo- prueba al respecto a fin de obtener los datos que pretende hacer valer en su reclamo, circunstancias que obstan a la procedencia del mismo.

Por ello y dado que, además, los argumentos vertidos en el recurso bajo estudio no logran enervar las sólidas conclusiones que, al respecto, formuló la judicante de grado en relación al tópico, no encuentro motivos para apartarme de lo decidido en la sede de origen y, consecuentemente, sugiero confirmar el pronunciamiento recurrido en cuanto ha sido materia de agravios de la actora.

En lo que hace a los honorarios regulados en la instancia anterior a todos los profesionales intervinientes y perito contador, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas realizadas y las pautas arancelarias vigentes, estimo que los mismos no lucen elevados por lo que propicio su confirmación en esta instancia (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

Propongo imponer las costas de alzada a la parte actora vencida (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

En virtud de lo expuesto y de compartir mi criterio, sugiero: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la parte actora vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. GREGORIO CORACH, no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada a la parte actora vencida (art. 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, a cada una respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI: m.c.