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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, imputado, comprensión de la criminalidad del acto, inimputabilidad, salud mental
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Montenegro, Matías Ezequiel c/  s/ robo calificado por empleo de arma blanca-recurso de inconstitucionalidad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Los Judicantes brindaron las razones por las que entendían que debía darse preeminencia a la opinión de la Junta de Salud Mental por sobre la de los integrantes del Consultorio Médico Forense -al realizar la primera un análisis interdisciplinario y relativo al caso, ponderando no sólo las opiniones de los médicos intervinientes en la causa, sino también los informes del Hospital donde era atendido el encartado y mantener una entrevista con el profesional que lo asistió durante su internación en una institución psiquiátrica así como con los familiares del acusado y su círculo cercano, mientras que los integrantes del segundo hacían prevalecer un criterio médico y de tipo absoluto-; y a continuación, explicó el A quo que si bien la defensa basaba su postura en lo sostenido por aquéllos y en el certificado de discapacidad del encartado cuyo diagnóstico era esquizofrenia paranoide, dicha enfermedad no resultaba una causal directa de inimputabilidad, debiendo verificarse en cada caso concreto una alteración morbosa que le impidiera al enfermo comprender la criminalidad o dirigir sus acciones, lo que en el presente -por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que rodearon al hecho- no había acontecido, argumentos éstos que la compareciente -más allá de invocar la existencia de arbitrariedad y afectación de principios y garantías constitucionales-, debía hacerse cargo de demostrar con base en las constancias de la causa, que importaban un apartamiento por parte del Tribunal de las reglas de la sana crítica racional o la insuficiencia o irrazonabilidad de tratamiento que la Cámara hiciera de la materia en debate, lo que de la confrontación de lo argumentado en el escrito introductor de la vía con los fundamentos ensayados en la resolución recurrida, no logra entreverse como configurado.
Recurso de inconstitucionalidad, costas en el orden causado, interés concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Teniendo en cuenta que las particularidades que presenta el caso pudieron generar en la demandada la convicción de que tenía razón bastante para oponerse a la impugnación, corresponde imponer las costas por su orden. (Del voto de los Dres. Spuler y Gutiérrez, al que adhiere la Dra. Gastaldi)
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, violación, proceso penal, Superior Tribunal de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia internacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-25

Asiste razón a la interesada en sus cuestionamientos relacionados con la respuesta brindada por la Cámara a su postulación vinculada con la afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, desde que esta Corte provincial siguiendo los lineamientos tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el plazo razonable no determina un tiempo específico para la tramitación de la causa, sino que éste depende en gran medida de diversas características particulares de cada juicio: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, debiéndose apreciar la razonabilidad del plazo en relación con la duración total del procedimiento -incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse- hasta que se dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción; y trasladando estas premisas al caso concreto, el estandar del análisis global del procedimiento se torna altamente relevante para determinar sobre la razonabilidad o no del plazo que insumió un proceso en el cual ya han transcurrido más de dos décadas desde los hechos sin que al imputado se le haya resuelto su situación procesal, porque si bien las demoras observadas en sus distintas etapas podrían parecer normales, el excesivo transcurso de tiempo repercute indefectiblemente en el examen de las características particulares del caso y, por ende, en la dificultad para poder justificar su razonabilidad a la hora de analizar la no vulneración de la garantía. (De los fundamentos del Dr. Falistocco) - C.I.D.H.: Genie Lacayo vs. Nicaragua, 29.1.1997; Comerciante vs. Colombia, 5.7.2004; Tibi vs. Ecuador, 7.9.2004, pág. 175; Suárez Rosero vs. Ecuador", 12.11.1997, pág. 71; Informe 12/96 del 1.03.1996 en caso Giménez de la Comisión I.D.H.; CSJN: Fallos 344:1930; CSJStaFe: AyS T 293, p 3 y T 296, p 270.
Deberes del juez, falsa denuncia, juicio de alimentos, alimentos provisionales, derechos humanos en la administración de justicia, acceso a la justicia, incumplimiento de la obligación alimentaria, defensa en juicio, revocación de sentencia, control de razonabilidad, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Kowaleski, Katya Marina - Falsa denuncia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2024-08-23

Toda vez que existieron graves irregularidades en el juzgado civil donde la madre de una menor inició reclamo de alimentos al progenitor, como la falta de diligenciamiento de la información, ausencia de fijación de una cuota provisoria y de un mecanismo para su actualización en favor de la niña generando en consecuencia un severo destrato procesal en perjuicio de la actora, agravado ante la falta de constancia que indique que ella conocía la existencia de los depósitos y que podía material y efectivamente acceder a ellos, debe resaltarse su total desconocimiento para valorar adecuadamente la imputación sobre ella recaída por la comisión del delito de falsa denuncia en contra de aquél cuando debido a la información con la que contaba, lo denunció por incumplimientos de los deberes de asistencia familiar.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En relación a los agravios dirigidos contra la reparación civil, basta señalar que la descalificación constitucional de la sentencia penal por violación al plazo razonable impone también la anulación de la sentencia estimatoria de la responsabilidad civil del imputado, en tanto su fundamento radicó -únicamente- en la condena penal del encartado; por ende, en autos, esta consecuencia directa y necesaria trazada por la Cámara -esto es que determinada la responsabilidad penal le sigue de manera inexorable la responsabilidad civil- carece de la motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, debiendo el subrogante legal analizar de manera suficiente nuevamente los presupuestos de la faz civil conforme los hechos y el derecho aplicable al caso. (De los fundamentos del Dr. Falistocco).
Abuso sexual, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Orellana, José Fernando c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-22

En líneas generales, los casos de abuso sexual ocurren en el marco del ámbito privado de los protagonistas, ajeno a la presencia de terceros; y en términos de valoración probatoria, la concordancia entre sí de los relatos recibidos por personas ajenas a las partes involucradas e instantes después de ocurrido el hecho bajo estudio constituyen una relevante prueba de cargo que incide en la demostración de la tesis acusatoria.
Derecho laboral, violencia laboral, condiciones de trabajo, capacitación del personal, capacitación de dirigentes, acoso sexual, orden público, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Denza, Adriano Ernesto c/ Círculo Argentino de Odontología Asoc. Civil s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El actor fue despedido por maltrato y situaciones de acoso sexual respecto de empleadas subordinadas quienes efectuaron las correspondientes denuncias penales. El deber de respetar los derechos y libertades de los demás no se agota en la mera abstención de ejecutar una voluntad dañosa, sino que se extiende al de guardar cierto cuidado o prudencia en los comportamientos, para evitar la expansión innecesaria del riesgo al que los actos de algunas personas, exponen a las demás. Así entonces, es evidente que la demandada no guardó el debido cuidado, ni tendió a evitar la expansión innecesaria del riesgo. El maltrato y la violencia, principalmente por razones de género, están impregnados en el actuar cotidiano de la sociedad, por lo cual no se encuentra sentido a que la parte empleadora por sí y/o potencialmente a través de su aseguradora, según cada caso, no capacite ni realice campañas de sensibilización para proteger a los empleados que se encuentran bajo su órbita. Por ello, con amparo en la C.N (art. 14 bis, art. 75. Inc. 23) en la "Convención de Belem Do Para" (art. 23 y art. 28 de la Recomendación N° 28) , en el Convenio 190 de la OIT (arts. 8, 9,10 y conc. y art 23 de la Recomendación N° 206) en las leyes 23.594 y 26.485 (arts. 2, 16 y 18, con más el Decreto Reglamentario 1011/10), y especialmente el art. 30 de esta última, que establece que: "El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los procesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material", cabe concluir en la necesidad de que ambos litigantes, realicen una capacitación en materia de género. Ello en miras de prevenir nuevos acontecimientos como los aquí planteados. Tanto en lo que respecta a la actitud personal del actor, cuanto a la estructura organizativa de la demandada; en razón del carácter de orden público de la cuestión, superador al marco del "in pejus".
Daños y perjuicios, influencer, responsabilidad por publicaciones en Internet, YouTube, redes sociales, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: A., S. c/ F., G. M. M. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-28

Cabe rechazar la demanda por daños y perjuicios iniciada por quien alegó haber recibido insultos y amenazas en sus redes sociales y en su teléfono por parte de los seguidores de su ex pareja influencer, luego de la publicación de videos por parte del demandado después de concluida su relación sentimental, dado que, independientemente de la opinión que pueda merecer la circunstancia de ventilar aspectos personales en las redes, no se advierte que en los videos se haya identificado al actor o se brindara alguna referencia que permitiera hacerlo para constituirlo en el centro de ataques o comentarios. En consecuencia, envío de mensajes agraviantes por parte de terceros no identificados no resulta una consecuencia previsible de la publicación de los videos, por lo que no se encuentra probado el nexo causal entre estos y los mensajes ofensivos recibidos por el actor.
Quiebra, compensación
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Agrocereales del Plata SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por bic argentina sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-05

La normativa concursal dispone que, para que resulten aplicables las reglas de la compensación, resulta imperativo que la coexistencia de las acreencias haya operado "antes" de la declaración de quiebra (LCQ 130). Es claro que el ordenamiento concursal mantiene en el punto la solución del CCIV 828 (actualmente reproducida en el CCCN 930) al disponer que operada la compensación antes de la falencia, ésta produce todos sus efectos de pleno derecho y es invocable aun después de aquella declaración. A contrario sensu, si no se da alguno de los recaudos legalmente exigidos, la compensación no se opera y el contratante in bonis debe cumplir su obligación y, en su caso, verificar su crédito (esta CNCom, esta Sala A, 30/10/08, "City Hall s/ quiebra").
Denegatoria del recurso, concurso preventivo, categorización de acreedores
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Edisud SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Corresponde rechazar la queja interpuesta contra la denegación de la apelación dirigida contra la resolución de categorización que prevé la LCQ 42. Ello así, pues a los efectos de no alterar el calendario concursal, la ley 24522 no contiene previsión alguna en cuanto a la posibilidad de apelar la resolución que establece la categorización de créditos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, ley procesal, interpretación de la ley, facultades del juez, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar c/ Richardson, Alfredo Julián s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Para concluir que en el caso transcurrió con holgura el plazo establecido por el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia sin que la compareciente haya instado el curso del proceso, la Alzada tuvo en cuenta que, haciéndose ordenado la reanudación de los términos, el representante legal de la actora contestó las excepciones y ofreció prueba un año después, lo que fue proveído de conformidad, requiriéndosele la notificación a la contraria tanto del decreto de la suspensión como del que dispuso que sean reanudados y también observó que, a los cinco días de ser notificada de esa providencia la demandada, solicitó se declare la caducidad de la instancia, sin consentir ningún acto procesal susceptible de purgar la perención, aclarando asimismo la Sala que si bien a la presentante le bastaba notificar el decreto que ordenaba la reanudación, lo concretó tardíamente, una vez transcurrido el espacio temporal dispuesto en el referido artículo, por lo que la cédula remitida por la accionante carecía de efecto interruptivo al no resultar apta para adelantar el proceso hacia su culminación. Y frente a lo expuesto, la recurrente no logra demostrar que se hayan configurado los vicios que invoca, máxime cuando la temática analizada remite a cuestiones de hecho e interpretación de normas procesales, materias privativas de los jueces de la causa y que no incumbe a este Cuerpo revisar por la vía del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Genovese, Ricardo Aldo c/ Cinco Vial S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En cuanto a los testimonios ofrecidos por el actor, no luce irrazonable la premisa de la cual partió el A quo para su valoración, en el sentido de que si bien la amistad o allegamiento de los mismos con respecto a aquél no era motivo suficiente para invalidar sus declaraciones, de todos modos cabía una rigurosa apreciación de sus dichos en confrontación con los demás elementos obrantes en la causa; y desde esa óptica, la conclusión a la que arribaron los Sentenciantes al juzgar que tales testimoniales, sin el aporte adicional de otros elementos corroborantes de accesible producción -como los que a modo ejemplificativo mencionaron-, resultaban insuficientes para dar por confirmada la versión de los hechos expuesta por el demandante, no excede el marco de su función jurisdiccional; ello porque la mayor o menor fuerza de convicción asignada a los distintos elementos de prueba en orden a la acreditación de los hechos controvertidos resulta inherente a las tareas de selección y estimación probatoria propias de los jueces de la causa, de suerte que los cuestionamientos del impugnante constituyen un nuevo intento de sustituir el criterio de los Juzgadores por el propio, lo cual no puede ser materia del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Falistocco, Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi)
Concurso preventivo, categorización de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: Edisud SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

Y si no se advierte una clasificación de acreedores irrazonable, debe respetarse la voluntad del concursado, puesto que no existen razones que justifiquen excepcionar la irrecurribilidad prevista por la ley (LCQ 273-3°).
Prescripción de la acción penal, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En el supuesto de suspensión en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, debe entenderse la participación en sentido amplio, es decir comprensivo de autores, coautores, cómplices necesarios y no necesarios e instigadores, operando la suspensión no sólo para los que ostenta el cargo público, sino que también se extiende para todos aquellos a quienes se les impute participación en el mismo hecho; así, en tanto la designación de algunos de los imputados en la función pública interrumpe el curso de la prescripción para el resto de los partícipes, corresponde casar el pronunciamiento que declaró extinguida la acción penal y remitir la causa para que previo agotamiento de la averiguación de los cargos públicos y los períodos ocupados por cada uno de los coimputados en la causa y de todas las causales de interrupción de la prescripción penal, se dicte un nuevo pronunciamiento. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Acosta) - CFCP, Sala IV: voto del Dr. Gemignani en Alsogaray, del 24/4/2014; Sala I: Contartese, del 23/6/2014. - Maximiliano Hairabedián, Federico Zurueta, "La prescripción en el proceso penal...", 3° Edición ampliada, Córdoba: Jurídica Mediterránea, 2017, páginas 95/96.
Confirmación de sentencia, quiebra, incidente de verificación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Elaskar, Federico  c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de afip
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

Corresponde confirmar la resolución que admitió parcialmente la verificación del crédito, tras haber decidido la reducción de la multa reclamada por el Fisco.
Confirmación de sentencia, indemnización por despido, vicios de la voluntad
Materia: LABORAL
Carátula: Rossi, Roberto Carlos c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-02

De cumplirse las exigencias del art. 241 de la LCT sin la existencia de un vicio de la voluntad debidamente acreditado, las manifestaciones efectuadas por las partes en el instrumento de desvinculación bastarían para disolver el contrato sin responsabilidad indemnizatoria alguna. No obstante, en el caso de autos, más allá de la validez -o no- que corresponda otorgar al convenio de desvinculación efectuado ante instrumento público, lo cierto es que la accionada ha reconocido en el mismo, que el actor tiene derecho al cobro de una suma de dinero en concepto de rubros indemnizatorios fundados en la relación laboral. El juez de grado dejó sin efecto el acuerdo extintivo celebrado con el actor y por ello se agravia la accionada. Cierto es que en el mencionado acuerdo la demandada ha expresado que al actor le será entregada una suma de dinero en tanto se acepte que dicha suma será imputada a valores constantes al momento del eventual pago por cualquier reclamo indemnizatorio, fundado en la base de la relación laboral. Así entonces, ha mediado imputación de pago efectuado por el deudor según lo prevé el art. 900 del Código Civil vigente a la fecha de la desvinculación, por lo cual resulta que la accionante tenía derecho a la percepción de las sumas que responderían a la normativa allí especificada. En virtud de ello deben abonarse al trabajador todos los créditos indemnizatorios derivados del cese, toda vez que se trató de un acto simulado -a poco que se repare en sus aspectos materiales- que tornan evidente el despido encubierto. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción de la acción penal, delito culposo, responsabilidad civil, sentencia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Atendiendo a lo concretamente preceptuado en el artículo 67, párrafo 2, del Código Penal, y tratándose como en el caso de una tipificación culposa y omisiva de los deberes de cuidado reprochada al imputado, no podría haberse eludido una mayor fundamentación respecto de esa categoría dogmática del delito enrostrado, toda vez que se le extendía una suspensión por otros inculpados y aludiendo a una participación para este tipo de delitos culposos que desde la dogmática resultaría inadmisible, abonando todo ello -como mínimo- la exigencia de una adecuada fundamentación de la extensión de la causal de suspensión, aunque se hubiera entendido como un supuesto de co-causación material; por lo que se encuentran acreditados los reproches recursivos de falta de fundamentación y motivación al confirmar el pronunciamiento de grado que rechazara la excepción de prescripción de la acción penal; y en tal sentido, descalificada constitucionalmente la sentencia penal se impone también la consecuente descalificación de la responsabilidad civil del imputado, por cuanto el fundamento de la reparación civil radicó únicamente en la condena penal del encartado. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Spuler, Gutiérrez y Acosta) - Zafaroni, Alagia, Slokar "Derecho Parte General", p.794, punto II.1, Ed. Ediar, 2011.