marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte benévolo, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: ARANDA, Teodoro y otros c/ RODRIGUEZ, Andrés A. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-13

Cuando se trata de transporte benévolo, la aceptación de los riesgos constituye uno de los elementos de la culpa concurrente del viajero, que se encontraría configurada por no haber previsto tales riesgos o, habiéndolo hecho, por no haber adoptado las diligencias o cuidados que las circunstancias exigían, tales como, por ejemplo, abstenerse de realizar o proseguir el viaje en condiciones anormales o peligrosas.-
Pensiones, concubinato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaibul de Pérez, Lidia Celia y Otro c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

El art. 6 de la ley 23.570 sólo regula el alcance del derecho que por esa ley se instituye en beneficio del viudo y de los convivientes de hecho -tal como expresamente aparece aclarado en la primer parte del referido art. 6º-, reconociéndoselo aún cuando el causante hubiere fallecido antes de la entrada en vigencia de la ley, con la aclaración de que no podrá afectarse derechos adquiridos.
Empleados públicos, Administración Pública, contrato de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Héctor Omar RECLOUX c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ EMPLEADOS  PUBLICOS  -  CONTRATO  DE TRABAJO - ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

Las especiales circunstancias que inspiraron al legislador para regular las relaciones entre la Administración y sus agentes de manera distinta al régimen de trabajadores privados, no deben ser desconocidas aún cuando se adviertan semejanzas en las modalidades de ambas clases de prestaciones, máxime si no se ha demostrado que se trate de un caso en el que el Estado contrata los servicios de personas para funciones no previstas en el cuadro de la administración ni en el presupuesto, sin horario, oficina, jerarquía ni sueldo, supuestos estos que se rigen por el derecho común.
Contienda negativa de competencia, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR s/ ELEVA ACTUACIONES en autos: "EXPTE. Nº 11.856/10 ... s/ ELEVA EXPTE. Nº 3358-793/07 - D.C.I. c/ MARNANI S.A. s/ PRESUNTA INFRACCIÓN A LA LEY 22.802 Y DECRETO Nº 1153/87.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien debe expedirse respecto al conflicto negativo de competencia suscitado entre la Cámara Federal de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 1ra. Circunscripción Judicial de Misiones, por ser éste el órgano jerárquico común de ambas Cámaras, razón por la cual se ratifica la incompetencia del Superior Tribunal de Justicia.
Exclusión de la tutela sindical, nueva candidatura, despido del delegado gremial, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: TREJO, JOSE c/ CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-18

Corresponde indemnizar al trabajador, delegado gremial, si la empresa dispuso su despido sin que finalizara el trámite de exclusíon de tutela oportunamente iniciado, a pesar de haber respetado el vencimiento del plazo de estabilidad, si antes de efectivizarse el distracto fue notificada por el Sindicato de la nueva candidatura del actor. Paa actuar conforme a derecho y eximirse de responsabilidad, la empleadora debió proseguir con el juicio sumarísimo, esta vez en base a una nueva protección y retractarse del despido dispuesto.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Pueyrredón c/ Valmar S.A. s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

La multa impuesta al concursado tuvo lugar por evasión de impuestos que una vez determinados, fueron verificados en el concurso. En consecuencia, también la sanción reviste carácter concursal porque, así fuera la pena posterior a la presentación, su causa es anterior, y por ende, cae dentro de la previsión del art. 3 de la ley de concursos.
Recurso de casación, interpretación de la ley, interpretación sistemática, robo con armas, arma de juguete
Materia: PENAL
Carátula: MIRANDA SERGIO RICARDO s/ PSA ROBO CALIFICADO CON ARMAS - RECURSO DE CASACION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-05-16

El impugnante procura modificar la calificación legal de robo con arma no operativa CP 166, inc. 2, último párrafo- dispuesta por el Tribunal al hecho atribuido a su asistido Miranda, solicitando que en su lugar se aplique la figura de robo simple -CP, art. 164-. Ello por cuanto considera que el a quo se ha excedido en su interpretación del límite impuesto por el tenor literal posible del texto de la primera norma mencionada.

En ese marco, cabe recordar que este Tribunal Superior, en varios precedentes, sostuvo que la interpretación de las leyes a los efectos de establecer su sentido y alcance, no debe acotarse a su tenor literal, sino que se debe recurrir a la complementación a través de la interpretación teleológica y sistemática. Y en esta última debe darse preeminencia a las disposiciones de rango constitucional.
Querellante, patrocinio letrado, causa propia
Materia: PENAL
Carátula: MASSANET. O. G. s/ QUERELLA - PATROCINIO LETRADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-01

La exigencia que proclama la norma del art. 170, últ. parte C.P.C.

cuya base legislativa fuera expresamente establecida en el art. 57 ssgtes Cód. Proc Civil y Com, no se extiende a los supuestos del abogado que actúa en causa propia, porque de lo contrario se desvirtuaría notoriamente al espíritu en el que se inspiró tal requisito, que tiende a evitar presentaciones ante la Justicia de legos, que por su falta de conocimientos específicos podrían entorpecer la labor de los órganos jurisdiccionales con peticiones o cuestiones manifiestamente improcedentes o carentes de base jurídica.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: LABORAL
Carátula: López, Dora Yolanda c/ Caja de Previsión Social para Abogados Provincia de Buenos Aires s/ Despido, indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Constituyendo la condena a pagar una indemnización por daños y perjuicios una obligación distinta con relación a los restantes reclamos indemnizatorios, infringe el art. 171 de la Carta local el fallo que, existiendo normas precisas que legislan sobre el tema y que debieron ser indicadas para que tuviera sustento jurídico la condena, omite su cita.
Responsabilidad solidaria, medicamentos, farmacias
Materia: LABORAL
Carátula: Bocci, Grises c/ TMT Trade Marketing Technologies SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-20

La promoción de determinados productos medicinales de consumo libre y masivo en grandes cadenas de farmacias, no puede ser escindida de la propia de la codemandada Novartis SA que se dedica a la elaboración de dichos productos. Por lo que corresponde se aplique la responsabilidad solidaria expresada en el art. 30 LCT.
Recurso contencioso administrativo, demanda, traslado, notificación, recurso de reposición (procesal), caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CASA PATERNO SACIIFA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD     CSJ EXPTE NRO 116-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

Si notificada la demandada del decreto que ordenaba correr traslado de la demanda, entendía que se había operado la caducidad, debió manifestar su oposición en la primer oportunidad procesal, pudiendo atacarla a través de la interposición de la revocatoria dentro de los seis días (en virtud de la duplicación de términos) de la citada notificación. Su inactividad operó la purga de la caducidad.
Recurso de casación, principio de contradicción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

Las manifestaciones del principio de contradicción existen a lo largo de todo el proceso. Así, en la etapa preparatoria del juicio "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, pueden ser útiles "(C.P.P.N., art. 73). Aún antes, durante la prevención policial, "en caso de que el imputado manifieste rezones de urgencia para declarar, el funcionario policial, o de las demás fuerzas de seguridad que intervengan, deberá instruirlo acerca de su declaración inmediata ante el juez competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro juez de instrucción que al efecto podrá ser requerido" (C.P.P.N., art. 184). También en la etapa preparatoria del debate plenario "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto" (C.P.P.N., art. 279). En la misma fase del proceso, cabe computar a la indagatoria (C.P.P.N., art. 294/305), declaración en la que "el juez informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las pruebas existentes en su contra y que puede abstenerse a declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad" (C.P.P.N., art. 298) y "si el imputado no se opusiese a declarar, el juez lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas" (C.P.P.N. art. 299); el cuestionamiento de los autos de procesamiento y falta de mérito (C.P.P.N., art. 311), de las medidas cautelares personales mediante la exención de prisión y excarcelación (C.P.P.N., art. 316 y 317) y de lo resuelto en los respectivos incidentes (C.P.P.N., art. 332); del auto de sobreseimiento y del que resuelve una excepción de previo y especial pronunciamiento (C.P.P.N., arts. 337 y 345), entre otras expresiones del principio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, interdicto de obra nueva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caimi, Norma Beatriz c/ Berardo, Mario y otro s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Más allá de que en un eventual juicio posterior se pueda examinar, en el ámbito de una acción real, la existencia del derecho y la procedencia o no de una indemnización, la discusión sobre la obra que se manda demoler y sobre su actual demolición no podrán ser ya replanteadas en forma originaria: lo que concede a lo decidido carácter definitivo a la decisión final recaída en un interdicto de obra nueva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejercicio ilegal de la medicina, facultades jurisdiccionales, acceso a la justicia, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Moyano Barro, Martín y otro c/  s/ Usurpación de autoridad (Art. 246 inc. 1) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde asignar competencia al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas si de todas las conductas que se investigan, la que viene descripta con mayor grado de concreción por parte de los órganos intervinientes es el presunto ejercicio ilegal de la medicina (art. 208 del CP), cuyo juzgamiento, por lo demás, ha sido transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia que no viene debatida. La justicia local, en la medida en que el MPF inste la correspondiente acción, tiene jurisdicción para pronunciarse de modo definitivo, aun cuando la causa evolucionara hasta revelar una figura cuyo juzgamiento incumbiere a la otra jurisdicción de esta contienda (cf. mi voto in re "Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I", expte. n° 16368/19, sentencia del 25/10/2019). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Sentencia arbitraria, archivo del expediente, peculado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Municipalidad de Puan en la causa Astorga, Carlos Eugenio c/  s/ recurso extraordinario de nulidad inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Es arbitraria la decisión que sostuvo que el archivo de las actuaciones que investigan el delito de peculado no ponía fin al proceso en razón de que la municipalidad todavía podría ver satisfecha su pretensión punitiva en el caso de que prosperara una eventual acción de nulidad dirigida contra el fallo del Tribunal de Cuentas que aprobó la gestión del municipio, que la parte debería ejercer en un procedimiento contencioso administrativo, toda vez que al pronunciarse de esa manera, el a quo no dio ninguna consideración al hecho de que, en el momento en el que dictó su sentencia la acción indicada sería fatalmente tardía en atención a la fecha del acto administrativo en cuestión y los plazos relativamente exiguos para su ejercicio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ejecución de sentencia penal, juez de ejecución
Materia: PENAL
Carátula: Cáceres, Raul. s/ Apelación de sanción disciplinaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-10-29

La intervención del Juez de Ejecución ante la sanción disciplinaria dictada por la autoridad administrativa satisface el control judicial sobre los actos administrativos garantizando el derecho de defensa del interno, por lo que -reitero- deviene improcedente la interpretación de la recurrente en la materia.
Prueba testimonial, declaración testimonial, valor probatorio, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: MAZANTI, ALBERTO c/ ANGRISANI s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Los magistrados deben apreciar la idoneidad de las declaraciones testimoniales de acuerdo con las reglas de la sana crítica siendo ello una facultad privativa del juzgador el cual debe admitir o descartar la prueba que a su entender no sea expresión fiel de la verdad.
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, derechos y garantías constitucionales, derecho a la libertad, voluntad del legislador, explotación sexual
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M.J. G. s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-23

No ha sido intención de los legisladores a través de la última redacción al artículo 71 Código Contravencional, ni tampoco en las anteriores, avasallar la libertad de las personas ni sus preferencias sexuales y menos han pretendido querer convertirse en Jueces de la moral ajena, considerarlo así implica un demérito absurdo e inmerecido. Ellos han entendido que esa oferta o demanda de servicios sexuales en la vía pública, al trascender a terceras personas, afecta el normal uso de un ámbito público y nada tiene que ver con la libertad sexual.(Del voto del Dr. Ventureira con adhesión del Dr. Dessanti)
Sanciones disciplinarias, debido proceso, nulidad de sentencia, establecimientos penitenciarios
Materia: PENAL
Carátula: Garcete Morel, Alfredo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Corresponde declarar la nulidad de las sanciones disciplinarias impuestas al encausado pues no se verifica en el presente caso que se haya respetado lo dispuesto en los arts. 81 de la ley 24.660, que establece que "El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las circunstancias del caso", y 5 del decreto 18/97, del que se desprende que el poder disciplinario sólo podrá ser ejercido por el director del establecimiento o el funcionario que legalmente lo reemplace. En la especie, las sanciones recurridas fueron adoptadas por el Alcaide Mayor, Subdirector de la Unidad Residencial N° I del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y no por el Director del establecimiento a quien le caben normativamente tales funciones de naturaleza jurisdiccional, lo que constituye una violación a la garantía constitucional del debido proceso.
Costas en el orden causado, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: COLQUE VDA. DE GERON, Catalina c/ MARCILESE, Roberto s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-06-23

No corresponde imponer a la demandada, vencedora en el juicio, las costas por la citación de tercero solicitada, ni tampoco a la actora que se opuso a la citación, toda vez que el juzgado entendió que existía un interés legítimo para traerlo a juicio y el tercero no se opuso. Las costas deben imponerse por su orden.-
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Orlando, Alberto Héctor s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Los motivos para delinquir son una pauta explícitamente normada por el art. 41 inc. 2º del Código Penal entre aquéllas que ha de tener en cuenta el juzgador para graduar la pena.
Derecho laboral, licencias administrativas, despido, obras sociales, deber de asistencia familiar
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Volpe, María Ana Luisa  c/ Bersa S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-27

La actora se consideró despedida invocando, entre las causales del distracto, la "interrupción dolosa de la licencia remunerada por enfermedades inculpables denunciadas (psiquiátrica y oncológica) y el "adelantamiento de reserva puesto de trabajo", pues la accionada le dio 6 meses de periodo de reserva del puesto. La actora sostiene que su esposo constituía una carga de familia que justificaba la extensión de la licencia de los seis meses otorgados por la empresa, a doce meses, a cuyo fin cabe destacar que contaba con una antigüedad mayor a cinco años. En cuanto a la interpretación que debe darse a la expresión "carga de familia" contenida en el art. 208 de la LCT., no puede dársele una interpretación restrictiva donde el espíritu de la ley no lo inspira. La norma mencionada describe a un trabajador que reviste la calidad de sujeto activo de los deberes de naturaleza familiar y que es este carácter el presupuesto necesario para que se produzca la duplicación del tiempo de duración de la licencia paga por enfermedad inculpable conforme la norma. El conviviente de la actora integra el concepto amplio de carga de familia pues tal concepto comprende también a quienes de algún modo dependan para su subsistencia de los ingresos de aquellas personas que trabajan y con las que comparte su remuneración. Conforme el grupo familiar primario (cónyuge, conviviente e hijos) constituyen una "carga de familia". Cabe concluir que el esposo de la actora constituía una carga de familia a los fines de lo dispuesto por el art. 208 de la LCT. Cumplía las exigencias legales para gozar de una licencia por enfermedad inculpable por 12 meses, razón por la cual la decisión de la demandada de dejar de abonar los salarios por enfermedad e insistir en la finalización de la licencia remunerada y vigencia del período de reserva de puesto (art. 211 de la LCT.), justificó la ruptura del vínculo laboral (conf. arts. 242 y 246 LCT).
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, aceptación del cargo
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Florencio Vedeno s/ Incidente de nulidad nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-10-28

El Defensor Oficial no necesita aceptar el cargo discernido, solo basta con notificarle la designación. Ello, fundado en la obligatoriedad de las funciones propias del cargo que detenta, y que resulta coherente a la luz de lo dispuesto en el art. 90 del C.P.P. cuando establece que el cargo de defensor será obligatorio una vez que se acepta el cargo (para el defensor de confianza). La aceptación será obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del defensor oficial. De ésto se deduce claramente, que si la designación es obligatoria para el sustituto, con mayor razón lo será para el particular y, si es obligatorio debe obviarse la aceptación. Distinto es el caso de que el Defensor Oficial sea alcanzado por una causal de excusación, en cuyo caso debe hacerla saber al Juez para que lo sustituya. Es decir que si el imputado tuvo defensor designado, antes de la audiencia de declaración indagatoria, no se ha violado el derecho de defensa. Si el funcionario no ha prestado real asistencia técnica al imputado, sería materia de violación de sus deberes que debe ser planteada y probada en la sede administrativa correspondiente y si ello se demuestra que fue así, recién entonces ameritaría la nulidad del acto por violación al derecho de defensa.