marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bazquir Construcciones c/ Municipalidad del Partido de Cármen de Patagones. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

La Suprema Corte no es órgano judicial competente para conocer de la ejecución de actos administrativos que, sin haberse debatido en la instancia contencioso administrativa, sean incumplidos por la propia autoridad de quien emanaron, correspondiendo que dicha cuestión sea ventilada ante la justicia ordinaria.
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, BENIGNO A. c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-21

En relación a los argumentos expuestos por la recurrente sobre la falta de motivación en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo en tanto no existe discriminación en contra del trabajador como para que opere aquella decisión, no logra convencer de que se configure en el fallo el vicio invocado, dado que surge de la lectura del mismo que la Alzada se sustentó en doctrina ya sentada por la Corte nacional a partir del precedente "Aquino" en el cual se remarcó el agravio que tal disposición causa a las garantías constitucionales que se derivan, argumentación que supera el desarrollo histórico de la cuestión, tal como pretende hacer ver. (Del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Concursos, honorarios, síndico del concurso, principios generales del Derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE DISTRIBUCION DE FONDOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-26

La cuestión vinculada a la distribución de los honorarios de las sindicaturas, exige para su correcta solución interrelacionar armónicamente tres principios. El principio de onerosidad mediante el cual se garantiza una retribución justa por el trabajo personal (CN 14). Vinculado al mencionado, el "principio de igualdad ante la ley" (CN 16), en función del cual se debe otorgar igual remuneración por igual trabajo. Y, por último, el "principio de proporcionalidad". Justamente la premisa "igual remuneración por igual trabajo" puede ser soslayada ante la verificación de distintos trabajos, ya sea en su calidad, eficacia o extensión. Esa situación es la que se presenta en este proceso, ello pues la cantidad de bienes de la fallida, y su ubicación en distintas jurisdicciones del país hizo que la tarea de conservación y liquidación llevada a cabo por los síndicos liquidadores, se tornara compleja y se extendiera en el tiempo. Lo expuesto, dentro de un marco de apreciación equitativo, torna razonable decidir la fijación de distintos salarios entre los funcionarios sindicales. Sentado ello, cabe referir que los porcentajes previstos por la LCQ 267 han sido señalados para atender a la totalidad de los honorarios de los profesionales intervinientes.
Derecho a la vida, embarazo, concepción de la persona, Constitución Nacional, Pacto de San José de Costa Rica, jurisprudencia comparada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., D. J. s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 3999/05)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-01-28

María Angélica Gelli, en "El derecho a la vida en el constitucionalismo argentino: problemas y cuestiones" advierte que en Roe vs. Wade se expresó que cuando los especialistas no pueden llegar al consenso sobre cuándo comienza la vida, el juez no puede articular una respuesta.

Gelli critica tal postura destacando que no decidir cuándo empieza la vida también implica tomar partido.

Por otra parte, la precisión terminológica en torno a las palabras "embarazo" y "concepción", utilizada en el art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos lleva a plantear si la intención ha sido tutelar genéricamente al embarazo, pero que ello no excluiría en forma alguna el aborto. María Angélica Gelli ha puesto de resalto la inequívoca sinonimia establecida entre "concepción" y "embarazo" en del despacho de mayoría de la Convención. Una interpretación armonizante obliga a concluir que el "embarazo" tutelado por el art. 75, inc. 23 de la CN coincide con la tutela de la vida desde la concepción.

Además, expresa que la vida no está en la cúspide de una jerarquía de "valores". La vida es presupuesto de la jerarquía de valores. Por ello es intangible y acreedora de la máxima protección.

Agrega esa protección debe verse intensificada a mayor vulnerabilidad del sujeto: así los ancianos, los niños, los enfermos, merecen una mayor protección - sin discriminación de su condición social- y que los hijos de madres pobres, merecen la misma tutela que los hijos de madres ricas). El ser humano más indefenso es el embrión, por lo que merece la máxima protección estadual.
Resoluciones judiciales, sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, sobreseimiento, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Visca, H. s/ Sob. parcial y provisional. causa 10108.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

La resoluciones judiciales deben ser fundadas. Por ello, una ausencia total de fundamentos para llegar a un sobreseimiento enerva el derecho de defensa en tanto le impide conocer los motivos y la priva de expresar con precisión sus agravios.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, concursos, personas jurídicas, sociedades comerciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: LUIS ALBERTO ODDONE Y CIA. ASESORES FINANCIEROS  S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

Los agravios relativos a la hermenéutica de la ley de concursos y las condiciones de aplicación de la redhibición de personalidad societaria, así como su concreta incidencia respecto del apelante, remiten al análisis de cuestiones de hecho y de derecho común, ajenas a la instancia extraordinaria.
Convenios colectivos de trabajo, encuadramiento sindical, subcontratista
Materia: LABORAL
Carátula: SEPULVEDA ALDO BRUNO c/ EMPRESA INGENIERIA TAURO S.A.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-02-09

El encuadramiento convencional no depende de la actividad de la empresa que contrato los servicios de la empleadora, sino de la propia demandada, debiendo discernirse si la labor del obrero en el marco de la contratación a que estaba afectado, se adecua a la comprensión de un convenio colectivo determinado. Ello por cuanto seria obviamente absurdo que el personal afectado a obras de ingeniería o arquitectura para una escuela o casino pretendiese encuadrarse en el regimen docente o de lotería y casinos.
Integración de la litis, obras nuevas y modificaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Mancini Héctor c/ Villareal Carlos Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios derivados de la Propiedad Horizontal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-31

Corresponde integrar la litis con el nuevo adquirente de la unidad funcional en la que existiría un cerramiento construido en infracción a la ley 13.512 pues, si bien ello podría constituir una modificación de la demanda al incorporar a otro sujeto pasivo fuera de la oportunidad en que la ley permite hacerlo, tal solución es la que brinda un tratamiento igualitario entre el actor y el nuevo sujeto pasivo de la acción, considerando que la demanda fue dirigida contra los propietarios identificados y/o contra quien resulte propietario y fue en el curso de la acción que uno de los demandados informó el cambio de titularidad de la unidad.
AFIP, orden público, defensa en juicio
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LDC Argentina SA c/ AFIP - DGI s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-20

Sin perjuicio de las facultades de la A.F.I.P., la reiteración de actas testimoniales sin intervención de la impugnante resta legitimidad al accionar administrativo, máxime teniendo en cuenta que las mismas declaraciones habían sido anuladas por haberse producido como medida para mejor proveer. Ello así, porque no se trata de cumplir con un ritualismo procedimental en el que tenga cabida la medida adoptada, sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el aseguramiento del derecho de defensa del interesado; y el saneamiento que se pretende efectuar mediante la reiteración de actos en una etapa administrativa diferente, no satisface más que formalmente aquella finalidad.
Derecho a la vida, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Institutos Médicos Antártida s/ quiebras/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

La vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Ley Fundamental y, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental (Votos del juez Maqueda, del juez Rosatti y de la jueza Medina).
Juicio ejecutivo, rechazo in límine, bonos externos, títulos ejecutivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUPO, GRACIELA c/ TUTELAR CIA. FINANC. SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Cabe rechazar "in limine" la ejecución, con base en que los Títulos Bonex 89, que se reclaman, en el caso, no encuadran en la previsión del CPR 520, toda vez que si bien este tribunal considera que se trata de un documento que encuadra en la categoría de los títulos de crédito, y por lo tanto goza de los caracteres de necesidad, literalidad y autonomía, sin embargo, el mismo no corresponde a la especie de los papeles de comercio, únicos que poseen los caracteres contingentes de formalidad, abstracción, y completividad, ya que tal distinción resulta de suma importancia porque al ser titulo causal esta vinculado al contrato de deposito que le dio origen, no siendo dable en consecuencia, asimilarlo a la categoría referenciada. A más, tales valores no constituyen moneda alguna de curso legal, nacional ni extranjera, aunque sean representativos de un contenido económico susceptible de traducirse en dinero conforme a su cotización (conf. Sala B, 13.3.86, "Arroyo, Mercedes c/ Esquí Color"; idem Sala E, 15.2.88, "Arce Barreiro c/ Valloscuro, Rosa"; Sala A, 23.4.96, "Agentra Cía. Fin. C/ Vila, José s/ ejec."); y tampoco, resultan susceptibles de ser fácilmente liquidables (CPR 520), debido a que la previsión legal se refiere a la inexistencia de suma líquida pero fácil de liquidar en cuanto a los cálculos, pero siempre, claro está, en dinero.
Medidas cautelares, interdicción de navegar, locación de buque, prueba
Materia: CIVIL - NAVEGACION
Carátula: López, Juan Carlos y otro c/ Subsecretaría de Transporte Aéreo Fluvial y Marítimo s/ Varios Transporte de Cosas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Cabe puntualizar que a los fines de la presente resolución el Tribunal tiene también en cuenta, de manera especial, que como la efectiva explotación del buque se debe traducir ineludiblemente en una serie de actos materiales de naturaleza singular, eventualmente resultará mucho más sencillo tanto para la locadora como para la locataria acreditar este extremo, que para la actoras el hecho negativo de que la locataria SIMULTANEA S.A. no es quien cumple actualmente con esta actividad, lo cual únicamente podría lograr de manera indirecta, acreditando, como hizo, preliminarmente, que la disponibilidad del buque correspondería a TAMUL S.A. , quien, con esta concreta finalidad, habría dispuesto de la misma infraestructura que utilizaba antes de la locación.
Locación, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: WALKER DAVID c/ SAIGRO S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-26

La culpa de la demandada en el evento dañoso no ha sido demostrada por la actora, requisito imprescindible para la procedencia de la acción en virtud de la presunción "juris tantum" contenida en el art. 1572 que establece que el incendio de la finca arrendada "será reputado caso fortuito, hasta que el locador..., pruebe haber habido culpa por parte de las personas designadas en el art. 1571 citado.

No probada pues la conducta culposa del locatario o sus dependientes en el evento dañoso, la demanda instaurada en su contra fue bien rechazada.
Embargo, bienes embargables
Materia: PROCESAL
Carátula: ALONSO, ITALO JUAN c/ ARNES DE OSELLA, MARIA AURELIA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-02-14

La norma establecida en el art. 219 inc. 2. del C. Pr. impone que el embargante es quien debe demostrar que los muebles del hogar que quiere someter a su acción como acreedor son suntuarios, es decir lujosos.-
Pena, cómputo de la pena, método de unificación, método de la suma aritmética
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Leonardo Rubén s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

El método composicional de unificación de penas es el criterio rector y el aritmético es de aplicación excepcional y la circunstancia de optar por ese método, que es más favorable al condenado, no significa una gracia que debe ser concedida automáticamente, sino cuando de las constancias y circunstancias lo aconsejen, pues en el caso, el a quo, escogió el método aritmético sin brindar razones fundadas que justifiquen su elección.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, Superior Tribunal de Justicia, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Llanos, Ermindo Edgardo Marcelo c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-11-23

Aun cuando la apreciación de la tacha de arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de superiores tribunales provinciales, cabe hacer excepción a dicho principio cuando median graves defectos de fundamentación que descalifican el fallo como acto jurisdiccional válido en la inteligencia de que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las constancias efectivamente comprobadas en la causa, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: DEUTSCHE BANK A.G. c/ ZAPATER DIAZ INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-17

La defensa consistente en la alegación de ausencia de mora en el pago del crédito en trance de ejecución debe ser encuadrada en la defensa de inhabilidad de título, cuyo ámbito de aplicación ha sido extendido por la jurisprudencia a los supuestos en que se cuestione la legitimación sustancial de las partes o la exigibilidad de la deuda, recaudo éste sin cuya concurrencia no existiría título o éste no será tal en relación con determinada persona.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, trabajador autónomo, prestación básica universal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRUZZO ROMILIO AMARIO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

Para el recálculo del haber inicial del trabajador autónomo "el mejor método aplicable consiste en determinar, como primer paso, el haber mensual compatible con el precepto constitucional del art. 14 nuevo, de modo que aquel represente -confrontado con el haber mínimo de bolsillo vigente en igual período- la misma proporción que existía entre las categorías por las que se hicieron los aportes computados para el otorgamiento del beneficio -no sólo los de los últimos 15 años-, y el haber mínimo de bolsillo vigente al momento de la exigibilidad de cada uno de ellos. del que sólo cabe excluir la suma imputable al Dec. 2627." (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 14.07.08, "Morales, César Alfredo"). Con ese alcance corresponde hacer lugar a la revisión del haber inicial de la P.C. y de la PAP otorgadas al titular, con apartamiento de lo dispuesto por el Dec. 1361/80 y Res. reglamentaria S.S.S. 270/80 y Dec. 2627/92, por el efecto distorsivo que producen en el procedimiento propuesto para arribar a un justo resultado. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Contrato de trabajo, autonomía de la voluntad
Materia: LABORAL
Carátula: Solís, María Inés c/ González, Juan Carlos y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-04

Si bien el principio de autonomía de la voluntad se encuentra limitado en materia de Derecho laboral por otro tipo también de principios que le son propios a este rama, ello no significa que ante un convenio, acuerdo, pacto o como se lo denomine, no alegándose vicios de la voluntad ni otras razones que lo invaliden puedan cualquiera de las partes con su sola declaración de voluntad dejarlo sin efecto y retrotraer la situación de conflicto al estado anterior.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, apreciación de la prueba, víctima del delito
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ PALACIOS, CLAUDIO MARCELO c/  s/ TENTATIVA DE EXTORSION MEDIANTE AMENAZAS DE IMPUTACIONES AL HONOR (CHANTAJE)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-04-30

Del examen de las críticas vinculadas con la valoración que los Judicantes hicieran del testimonio de la víctima y con la conclusión a la que arribaran acerca de la tipicidad de la conducta atribuida, surge que la compareciente reitera los reparos formulados en las instancias ordinarias, los que fueron abordados y rechazados por la Cámara, sin alcanzar la defensa a descalificar desde la óptica constitucional el razonamiento esgrimido en el fallo impugnado, que a partir de una evaluación pormenorizada de la declaración de la víctima, concluyó que la conducta desplegada por el imputado cumplía acabadamente con los elementos del tipo penal en cuestión, en especial, ponderando la existencia de amenaza e intimidación, en el entendimiento de que la actitud asumida por el denunciante era demostrativa de la capacidad de la amenaza ensayada por el imputado para conducir al sujeto pasivo hacia la operación pretendida. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 169
Contrato de obra pública, depósito en garantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Enrique J. Bonneu S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

En el sistema de sustitución de garantías previsto por la ley 6021 art. 42), la referencia a la fianza bancaria permite acudir a instituciones de tal naturaleza para cumplir la exigencia.
Ausencia de motivación, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE RICARDO SCHENFELD c/ SOCIEDAD PATAGONICA S.R.L. Y AMAD, MARCELO OMAR s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-10-15

Aunque la ausencia de motivación autosuficiente hace tabla rasa con los arts. 34 inc. 4 y 164 incs. 5 y 8 del C.P.C.C. y menoscaba la garantía constitucional del debido proceso y autorizaría la nulidad del fallo recurrido, no procede declararlo en caso como el de autos cuando por vía de apelación resulta subsanable la irregularidad y así lo solicita, aunque indirectamente, el apelante al reclamar que esta Cámara se pronuncie sobre lo que el a - quo omitió.
Compraventa mercantil, obligaciones de las partes, derechos de las partes, factura, estados contables, falta de registro de las operaciones, cancelación de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISTRIBUIDORA  DI TOMASO DE JOSE LUIS DI TOMASO c/ COOPERATIVA DE TAMBEROS NUEVA VICTORIA LTDA. S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Si el pretensor aseguró que ciertas facturas se encontraban canceladas, fue él quien al invocar el hecho extintivo debió acreditar el pago. Por tanto, si -como en el caso- no cumplió tal extremo, la condena impuesta resultó inevitable no obstante las falencias o defectos de las registraciones contables. Por el contrario, negada que fue la recepción de la mercadería indicada en una factura y remito desconocidos, fue carga del accionante acreditar la entrega de mercaderías. No cumplida tal carga, las consecuencias desfavorables revierten en contra de dicha parte, sin que sea suficiente la presencia que deriva del registro contable aportado por el reclamante. Es que, negada la entrega de la mercadería; la sola circunstancia de encontrarse asentada la operación en libros no llevados en legal forma no constituye fundamento suficiente para justificar la condena.
Derecho a contraer matrimonio, Constitución Nacional, ley reglamentaria
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Las reglamentaciones legales de las disposiciones constitucionales en el caso el derecho a casarse conforme a las leyes (art. 20 de la Ley Fundamental) deben ser razonables y proporcionadas a los fines que se procura alcanzar, de modo de coordinar el interés privado con el público y los derechos individuales con los de la sociedad (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Honorarios del martillero, suspensión de la subasta, costas
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Marcone, José Emedardo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-04

En el pronunciamiento combatido y que contiene la regulación de honorarios del Martillero, se desprende que de las cinco fechas fijadas de subasta, solo dos suspensiones son las solicitadas por las partes, por lo que la comisión se determina en base a estas suspensiones, siendo una de ellas, la consecuencia del incidente de suspensión de la subasta.

De dicho análisis surge que las costas no pueden ser soportadas indistintamente y sin establecer proporción para ambas partes (ejecutado e incidentista), sino que debe tenerse en cuenta la responsabilidad que a cada uno le cupo en las suspensiones de subasta, y en caso de que tal responsabilidad no pueda atribuirse a ninguno de los dos debe tenerse en cuenta cuál es la parte que en el juicio principal ha sido condenado en costas.

Partiendo de esa base, las costas de la suspensión de la subasta fijada en los autos principales deben ser soportadas por el ejecutado y las costas de la suspensión como consecuencia del incidente, por el incidentista. Las razones apuntadas hacen viable el motivo casatorio en análisis. La argumentación del Tribunal a quo es insuficiente para fundar la resolución puesto que era necesario determinar la proporcionalidad de la carga de las costas que le cabe a cada una de las partes.
Competencia federal, rebelión
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VIDELA, JORGE RAFAEL s/ EXCEPCION DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-19

Dado que entre el delito de rebelión y la disciplina militar hay un concurso aparente y quedando desplazada por el delito de mayor pena, que es común y por lo tanto de jurisdicción de la Justicia Federal.

Descartado el principio de la especialidad por el del delito de mayor pena, que es el de rebelión, que es común y correspondiendo la jurisdicción de la Justicia Federal, y que deviene de disposiciones de la máxima jerarquía y hace necesario al respaldo de los bienes jurídicos lesionados: el sistema de gobierno consagrado por la Constitución Nacional y las instituciones de que de él deriven.