marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, inimputabilidad, estado de inconsciencia, medidas de seguridad curativas
Materia: PENAL
Carátula: COURETT, HECTOR s/ ESTUPEFACIENTES - EXIMENTE - RESPONSABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-07-27

1) Si bien es cierto que un toxicómano puede llegar a cometer cualquier delito frente a su necesidad de obtener la droga, no se puede concluir que por su condición de dependiente de aquélla pueda ser absuelto por la tenencia de la misma, y por el delito que haya cometido para obtenerla.

No habiéndose comprobado que la condición de drogadicto le haya provocado, en el momento de cometer los hechos, una pérdida de conciencia que aleje toda posibilidad de caracterizar como voluntario su obrar, hay que rechazar que se haya encontrado en condiciones mentales que le impidieran comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.

2) Capítulo aparte merece el fin querido por la ley. No se pena al toxicómano por ser tal; se pena la transgresión de la ley que sanciona su simple tenencia, con miras a impedir la comercialización, introducción,m etc. de la droga. Son los consumidores los que impulsan tal explotación, y por eso se los pena y se los trata mediante la medida de seguridad prevista en el art. 9 ley 20.771. La penalidad deriva de la infracción a una norma de derecho positivo, que es la que comete para obtener la droga. La medida de seguridad no se impondrá por el art. 34 inc. 1 C.P., sino por el artículo citado de la ley 20. 771, aunque con aquél guarde congruencia.
Jurisdicción, ejecución de sentencia, Derecho internacional
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Pacesetter Systems Inc. S.A. s/ pedido de quiebra por Pacesetter S.A. Pacesetter S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

El principio de efectividad de las decisiones limita la jurisdicción de los estados nacionales.
Juicio abreviado, acuerdo de juicio abreviado, pena más grave, unificación de penas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-14

Carece de sustento la afirmación de que el a quo agravó la pena solicitada por el fiscal al imponer las accesorias previstas en el art. 27 bis C.P., pues su carácter imperativo debió ser conocido al momento de concluir el acuerdo de juicio abreviado. Los agravios atinentes a la unificación de las penas y al monto de la sanción única deben rechazarse, al haber sido materia de acuerdo del juicio abreviado. La fijación de la sanción se encuentra dentro de los poderes del tribunal de juicio. El voto concurrente agregó que no se observa una errónea aplicación del art. 58 C.P. pues corresponde a pedido de parte dictar sentencia única cuando se hubiesen pronunciado dos o más sentencias firmes, sin observar lo dispuesto en los arts. 55, 56, 57 y 58, parr. 1º, 1º regla o 27, parr. 1º y 2º del C.P., aunque una, varias y excepcionalmente todas las penas de que se trata se encuentren agotadas o extinguidas, siempre que exista interés legítimo en la unificación. La disidencia parcial sostuvo que es arbitraria la decisión en cuanto, al momento de proceder a la unificación de penas, omitió brindar las razones por las que aplico el sistema aritmético y solo se limitó a mencionar el antecedente condenatorio que habilitaba la imposición de la regla del art. 58 C.P. (Dres. Riggi, Catucci -voto concurrente- y Ledesma -en disidencia parcial-).
Nulidad de sentencia, sentencia absolutoria, juicio oral, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, Ricardo Héctor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Corresponde anular la sentencia recurrida que decidió absolver al imputado y apartar al juez del Tribunal Oral del conocimiento de la causa, remitiéndola a quien corresponda para que se desinsacule el/los magistrados que deberán realizar un nuevo juicio oral y público, toda vez que el a quo incurrió en una arbitrariedad manifiesta, pues se apartó de manera notoria y evidente de las pruebas objetivas rendidas en el expediente y de la ley penal aplicable al caso.
Ejecución fiscal, pago parcial, facultades ordenatorias, economía procesal, celeridad procesal, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: INPS c/ VIETES JOSE ERNESTO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-18

La propia ejecutante reconoció los pagos invocados por la demandada en su defensa, aunque le asignó alcances sólo parciales.

Razones de economía y celeridad procesal imponen la necesidad de reformular adecuadamente el fallo apelado en cuanto hace lugar a la excepción del pago total opuesta, y mandar practicar la pertinente liquidación de capital, recargos, actualización monetaria e intereses correspondientes al crédito reclamado en el acta, calculados a partir de la fecha de los abonos efectuados por la ejecutada. Si existiera remanente insoluto, se adicionarán los intereses correspondientes y, en consecuencia, las costas de la ejecución que prospera por el saldo impago serán soportadas por la ejecutada y los de la excepción acogida, por su orden. En cambio, en el supuesto de que en virtud de la liquidación, resultare que los abonos fueron totalmente cancelatorios de los rubros adeudados para entonces, la totalidad de las costas deberán ser soportadas en el orden causado, atento la falta de comunicación de los pagos referida por el juzgador, arts. 11 y 12 ley 18820, solución que viene impuesta en la especie por la propia conducta procesal asumida por las partes y la falta de adecuada precisión en torno de las cuestiones que hacen a la cuantía de las pretensiones esgrimidas.
Delitos aduaneros, transgresión al régimen de equipaje o pacotilla, presunciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Aichele Kretschmar, Rudy Carlos c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

La presunción de fines de comercialización (art. 490 del Código Aduanero) no constituyue un "hecho", sino una calificación de los hechos ya descriptos, que permite encuadrarlos en el tipo de la infracción aduanera por la que se dicta la condena.
Integración del tribunal, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AROSTEGUI, JAVIER ROLANDO - CABRERA, HECTOR C. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

La postulada afectación a la imparcialidad por ser la misma Cámara que dictó el fallo recurrido la que decide acerca de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, no puede ser acogida en esta instancia, pues, como reiteradamente se ha sostenido, la actividad de los Magistrados en el auto denegatorio consiste tan sólo en un examen de admisibilidad, limitándose los jueces a aplicar las disposiciones de la ley 7055, que ordena la interposición del remedio extraordinario ante el tribunal que dictó el pronunciamiento atacado y establece un primer juicio de admisibilidad de aquél, sin perjuicio del criterio que pueda seguir la Corte sobre el particular posteriormente; y la impugnante no ha invocado la inconstitucionalidad de la normativa aplicada, ni tampoco ha logrado demostrar que los precedentes del máximo Tribunal de la Nación que cita en su sustento -"Zenzerovich", "Dieser" y "Llerena"- resulten aplicables al caso, toda vez que aquí no estamos en presencia de una intervención sucesiva de los mismos jueces en diferentes etapas e instancias del procedimiento penal que comprometa la garantía de imparcialidad en su faz objetiva.
Requerimiento de pena, proceso penal, facultades del juez, penas conjuntas, control de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: "Aldao, Mauricio Angel s/ infr. art. 189 bis CP- Apelación" Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-02

El caso, al realizar la acusación por la conducta contemplada en el 189 bis del Código Penal, el Fiscal ha solicitado sólo pena de prisión pese a que la de multa está prevista para dicho hecho en forma conjunta.

Ello así, no puede pretenderse que el sistema acusatorio implique sin mas que la pena solicitada por el Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio o en el alegato, aún cuando no fuera la establecida en la ley -en el caso omitió solicitar una de las sanciones-, conlleve necesariamente a que el Juez se vea obligado a dejar de imponer una pena legal prevista, pues ello implicaría no sólo obligarlo a dictar un acto contrario a derecho y por tanto a una de sus funciones que es aplicar la ley, sino también invadir una esfera que no le es propia, pues se convertiría en legislador al imponer una pena para un delito que no es la prevista normativamente o -como en el presente- dejar de sancionar con la contenida imperativamente por la ley aplicada.
Sociedad anónima, acta de asamblea, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SZWARC, RUBEN c/ RENAULT ARGENTINA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

Como instrumento privado sometido a las formas de la ley 19550: 73 y 249, la prueba sobre la falta de concordancia de los hechos que resume el acta de asamblea, recae sobre quien lo sostiene.
Excepciones procesales, queja por apelación denegada, resolución denegatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROSELLO, ELISEO ALDO s/ RECURSO DE QUEJA. Causa: 1157
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

La resolución que no hace lugar al recurso de queja por apelación denegada deviene nula, toda vez que es inadmisible ignorar el expreso mandato del artículo que reenvía íntegramente a las previsiones contenidas en el Título VI libro I -arts. 339 Al 345 de la ley formal- estatuídas para el trámite de las excepciones en la etapa instructoria y donde se establece concretamente la facultad de apelar.
Nulidad absoluta, sentencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MARQUES BERNABE A s/ CASACION  PENAL  -  CAUSA  DE  JUSTIFICACION  -  LEGITIMA  DEFENSA  -  SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-08

Cuando se advierte la existencia de una nulidad absoluta declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso, la misma debe ser así declarada (CPP, 172, 2da. Parte). Ello ocurre cuando, como en el caso, la sentencia carece de la debida motivación que la ley (CPP, 171, 3; 412, 2 y 417, 4) y las constituciones local y nacional mandan tener, arts. 155 Y 18 respectivamente.
Comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mercado, Héctor Gabriel c/ Galeno A.R.T. S.A. s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-02

El art. 1° de la ley 27.348 es inconstitucional pues el diseño instaurado a partir de las modificaciones impuestas a la Ley de Riesgos del Trabajo, consistente en un procedimiento administrativo con facultades jurisdiccionales, de carácter previo, obligatorio y excluyente, no brinda las garantías del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), tanto más que no le permite al trabajador enfermo o accidentado replantear los hechos ni ofrecer pruebas, sino únicamente discutir lo actuado en aquella sede, excluyendo la demanda directa.
Explotación laboral, trabajo infantil, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: F. C., R. c/  s/ infracción art. 145 bis conf. Ley 26.842
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-03-09

No ha sido probada la concurrencia de aquellos indicadores del delito de trata con fines de explotación laboral, tales como: haber sido la víctima obligada a realizar trabajos o servicios forzados, de los que la víctima no puede rehusar (la víctima fue en realidad "echada" por la imputada, según surge de los testimonios de la causa y de la versión de la inculpada); confinamiento físico o restricción de salidas en el lugar de trabajo (la víctima salía del domicilio, tenía amistades, utilizaba Facebook, etc.); jornadas de trabajo extenuantes (quedó probado, en estricto sentido, la prolongación de las horas de empleo y la falta de descanso de la menor); paga nula o irrisoria (se acreditó el pago de un salario bajo); endeudamiento inducido (los descuentos efectuados por la imputada en concepto de gastos personales o manutención no eran abusivos, tampoco los correspondientes a la ropa que la menor sacaba de la tienda); retención de documentos de identidad o efectos personales de valor (contaba con su documento personal, aunque luego le sería robado); falta de posibilidades de higiene y alimentación adecuada y/o hacinamiento (en el caso, las condiciones de vida y habitabilidad eran equivalentes a las de la imputada y su familia, con quienes convivía); y coacción psicológica o violencia física (más allá de referencias a situaciones de ingesta de alcohol por parte de la imputada y de enojos o malos tratos de su parte, no hay evidencia de ese tipo de violencia).
Acción de amparo, procedencia del recurso, desaparecidos, ESMA, exceptio veritatis
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: Palacio de Lois, Graciela -ex feria N° 10/98- y otro c/ P.E.N. s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Procede la acción de amparo en protección del derecho, que asiste a familiares de personas presuntamente desaparecidas en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, y de la comunidad toda, de conocer la verdad histórica y el destino de aquellas personas.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Agnone, Luis c/ Agnone de Rinaudo, Stella s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

El cónyuge que firmó un boleto de compraventa sin el asentimiento del otro, puede ser demandado por escrituración y condenado a cumplir las obligaciones asumidas en el boleto, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 1.187 C.C. Recién en el momento de la ejecución de la sentencia se podrá plantear la aplicación del art.

1.277 C.C. con las consiguientes responsabilidades del compromiso contraído frente a terceros.
Comisión de delitos, estafa, competencia criminal y correccional, competencia penal, perturbación del ejercicio de la función pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos NN, NN c/  s/ 241 1 - perturbación al ejercicio de funciones públicas s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional continúe interviniendo en las presentes actuaciones, debido a que no ha sido controvertido que la figura legal en la que fueron subsumidos los hechos investigados, excede la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en tanto el juzgamiento del delito de estafa no ha sido transferido aún. Ello, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación surjan elementos que demuestren la existencia de un interés federal y, en ese caso, la magistrada a cargo de dicho órgano podrá proceder conforme estime que corresponda. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto coincidente de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Inconstitucionalidad, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUNA,RUBEN OMAR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE FEDERAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-31

La adecuada aplicación de las normas enunciadas -artículo 187 Código Penal .Ley 3001 en su artículo 11 inciso 7- exige invocar y demostrar la inconstitucionalidad que se les atribuye. No basta a esos efectos, las manifestaciones de la doble imposición, violación de preceptos legales etcetera, pues el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de que manera ésta contraría la constitución ,causándole de ese modo un gravámen y debe probar además que ello ocurre en el caso concreto.-
Nulidad procesal, inconstitucionalidad, jueces naturales, intervención de línea telefónica, preclusión, declaración de reincidencia, defensa en juicio, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Guillermo Armando Capo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Cabe no hacer lugar a las nulidades planteadas por las defensas, rechazando el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14, 50, 51 y 52 del CP y 398 del CPPN. En primer lugar, en cuanto a la violación de la garantía del juez natural, este planteo ya fue resuelto por lo que se encuentra precluido al no haberse incorporado nuevas pruebas. Asimismo en lo que hace a la nulidad de las escuchas telefónicas, esta cuestión también se encuentra precluida al confirmar la validez del auto de procesamiento. Tampoco es de recibo el planteo de inconstitucionalidad del art. 10 de la Ley 24.390 ante la falta de fundamentación en violación a norma constitucional alguna, por lo que cabe su rechazo sin más, en aras de garantizar el derecho de defensa. Por otra parte, resultan insuficientes los agravios esgrimidos en relación a que la declaración de reincidencia importaría la violación de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, pues la circunstancia de que la reincidencia se encuentre prevista como un obstáculo para la obtención de la libertad condicional, no puede ser entendida como violatoria de la garantía contra el doble juzgamiento, aún cuando la condena anterior sea tenida en consideración no importa someter al reo a otro proceso sobre la misma materia sino por el contrario, aquélla es tomada como valor de cosa juzgada y no es susceptible de modificación alguna. Por último, no advirtiendo que el sistema probatorio vigente sea contrario a norma superior alguna -lo que la defensa debió concretamente explicitar- procede no hacer lugar a tal cuestionamiento y valorar la prueba conforme al sistema de la sana crítica racional que estando alejado de la arbitrariedad y de la íntima convicción no ofrece reparos en orden a su legitimidad.
Recursos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: S., F.P. c/ B.C. SA s/ Despido incausado, diferencias salariales, multas e indemnización de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-29

Las Cámaras están habilitadas para pronunciarse sobre todas las cuestiones sometidas al juez de la instancia de origen, aunque éste no las haya resuelto por inadvertencia, por estimar que la solución dada a una de ellas hacía innecesario tratar las demás o por cualquier otro motivo. Quedan así implícitamente sometidas al Tribunal de Alzada las cuestiones materia de la litis, en que ya sea por una omisión o por haber hecho lugar a un argumento o defensa excluyente, el juez originario no las hubiere examinado.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, trastorno psicopático, pericia psicológica, indemnización, aplicación de la ley, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guzmán, Eliacer Remigio c/ Galeno Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-10

1.- Resulta infundado el resolutorio de grado que se aparta totalmente del informe pericial, por lo cual debe modificarse la sentencia y estarse al porcentaje dictaminado en aquel, toda vez que la profesional ajustó su proceder a lo dispuesto por el artículo 474 del C.P.C. y C., de aplicación supletoria en la especie en tanto justifica la correlación entre el accidente laboral y los trastornos psicológicos que se encuentra apoyada en los exámenes tests realizados. (del voto del Dr. Noacco, en mayoría).
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Bouyssede, Jorge Carlos s/ Desobediencia - Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

No existe vulneración del art. 156 de la Constitución de la Provincia, con independencia de si es esencial o no la cuestión respecto de no haberse hallado firmes las intimaciones judiciales de las que habría derivado el delito de desobediencia, si los efectos de dichas intimaciones fueron expresamente considerados y resueltos por la Cámara, pues lo referente a la firmeza de las mismas constituye un mero aspecto de dicha cuestión.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Puerto Madryn c/ S.T.D. SA s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-06

El agravio debe proveer a la instancia revisora las razones que se esgrimen para sostener que el juzgador del anterior grado ha incurrido en error, equívoco, omisión, o bien que puntualice las deficiencias que se le endilgan al razonamiento sentencial para decir que este es injusto o contrario de derecho.
Competencia, competencia por conexidad, perpetuatio jurisdictionis
Materia: PROCESAL
Carátula: FIORITO CARLOS ALBERTO c/ EDESUR SA s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

El Tribunal considera que en el caso se presenta un supuesto de desplazamiento de la competencia por conexidad por aplicación del principio de "perpetuatio iurisdictionis" en tanto dicho principio determina que sea el Juez que intervino en un primer proceso el que debe entender en las pretensiones estrechamente relacionadas con la primera, en virtud de la conexidad o vinculación de sus pretensiones, de modo que ello impide que un nuevo juez conozca en lo que fue materia de un juicio ya resuelto, si la nueva cuestión planteada reconoce su origen en los mismos hechos que la anterior sometida a su conocimiento (conf. Sala I, causa n° 15.479/03 del 7.03.06 y sus citas; íd., causa n° 15.593/04 del 9.06.05 y sus citas; Sala II, causa n° 7.524/05 del 12.04.07; esta Sala, causa n° 4.959/07 del 16.12.08).
Contrato de trabajo, adicional por antigüedad, trabajador, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: LABORAL
Carátula: DOLDAN LORENA CECILIA Y OTROS c/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Los adicionales por antigüedad devengados con posterioridad a la firma del C.C.T. 305/98 E, que no nacieron de un convenio colectivo anterior sino de la Resolución 118/88 de la entonces Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, reconocido por el PAMI en la Resolución 212/92, fueron incorporados al plexo normativo que regula el contrato con carácter obligatorio y no puede ser dejado sin efecto por un convenio colectivo de trabajo pues conforme el art. 8 de la L.C.T. las convenciones colectivas son válidas en cuanto acuerdan mejores derechos a los trabajadores pero no cuando cercenan o privan derechos individuales a los mismos.
Honorarios del abogado, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: Canesin de Verdun Zalazar, Elena Florentina y otros c/ Maroño, Andrés s/ Resolución de Contrato Maroño, Andrés s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-03-21

En los juicios por resolución de contrato, el monto del juicio es el valor del mismo.
Compensación económica, uniones convivenciales, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: P. M. A. D. c/ C. S. A.  s/ compensación económica
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-28

Resulta evidente que por una cuestión de modelo familiar estereotipado, quién asumió el cuidado del hogar y la crianza de los hijos en común, fue la progenitora, motivo por el cual no realizó actividades productivas durante la convivencia (empleo formal o emprendimiento económico) para avocarse a tales tareas. Advierto que, la ruptura convivencial ha generado un desequilibrio económico en perjuicio de la actora, que merece y debe ser compensado por el demandado. Ello así, pues resulta patente -en función de los hechos reseñados anteriormente- que la causa del desequilibrio económico que sufre la actora guarda adecuado nexo de causalidad con el cese de la conviviencia.