Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-03


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Sebastian Scandura y Gregorio Giménez en autos "Zurita José M. vs. Transporte Gral. Balcarce SRL y otros s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado::

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 31/3/2004 (fs. 469 y vta.), Sebastián Scandura y Gregorio Giménez dedujeron recurso de casación, que fue concedido mediante resolución del 11/6/2004 (fs. 520). Consta en informe actuarial de fs. 533 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El pronunciamiento dictado por el Juzgado de Conciliación y Trámite de la V Nominación hizo lugar al incidente de extensión de responsabilidad promovido en contra de los socios de la razón social Transporte General Balcarce SRL que se precisan en la resolutiva de fs. 391 vta., sociedad que se encuentra condenada en los autos "Juárez Juan José y otros vs. Transporte General Balcarce SRL s/cobros" (Expte. 239/96) y "Zurita José Manuel y otros vs. Transporte General Balcarce SRL s/cobros" (Expte. 66/96), hasta cubrir el capital condenado a favor de los actores que se detallan en la mencionada resolutiva.

Contra dicho fallo, los actores Sebastián Scandura, Gregorio Giménez y Elena Luisa Spotti de Lanieri, en su carácter de apoderada común, dedujeron recurso de nulidad y de apelación, que fueron rechazados por sentencia de fecha 31 de marzo de 2004 (fs. 469 y vta.).

La Cámara rechazó los agravios referidos a la prescripción, por cuanto consideró que el momento en que se produjo la exigibilidad del crédito a la sociedad lo constituye la fecha de la sentencia en que se reconoce el mismo, y tratándose de la responsabilidad de los socios de aquélla, no le resultan de aplicación los plazos establecidos en los arts. 256 LCT y 844 Código de Comercio como lo pretenden los recurrentes, razón por la cual dicho plazo queda comprendido en la norma del art. 4023 del Código Civil a falta de una norma específica.

Al tratar la inhabilidad de título, sostuvo que más allá del fundamento de la sentencia recurrida por el que se rechazó esta defensa, en el caso de una Sociedad que se convierte en irregular, le resultan de aplicación los principios de responsabilidad establecidos en la respectiva ley. Indica que de acuerdo a lo informado a fs. 460 vta. por el Registro Público de Comercio, hasta esa fecha no se encuentra inscripta la reconducción de la sociedad, ni se acreditó el correspondiente proceso de liquidación, razón por la cual los socios resultan ilimitadamente responsables por las obligaciones contraídas por la misma, quedando comprendidos por los alcances de la sentencia.

Finalmente abordó el tema referente a la extensión de responsabilidad, donde consideró que no resulta procedente la incompetencia que se plantea, ni el pretendido proceso autónomo e irrectroactividad, pues se trata de una responsabilidad subsidiaria establecida en la propia ley, que comprende todas las obligaciones contraídas y exigibles contra la sociedad, en el caso derivada de una sentencia firme, correspondiendo desestimar también este agravio.

3.- Los recurrentes sostienen que el incidente de extensión de responsabilidad se inició el 3/11/99 y se amplió el 23/11/99, y lo insólito es que al promoverse dicha incidencia la misma resulta improcedente toda vez que el vencimiento del término de la sociedad ocurría recién el 30/12/99 (fs. 113 vta. y fs. 377/381), y de ello interpretan que el fallo debió concluir en que al momento de la interposición de la demanda, los actores no se encontraban legitimados para demandar a los socios por no haber vencido el término contractual de la sociedad.

Afirma que no es legítimo extender a los socios o terceros en el juicio principal las consecuencias de la sentencia de fondo el 23/12/98 por medio de la vía incidental, y sólo podría extenderse a terceros o a los accionistas una vez convertida en irregular la sociedad a través de un juicio ordinario autónomo, máxime cuando la sentencia reconoce que se trataría de una responsabilidad subsidiaria, requiriéndose que los actores en primer lugar agotasen la ejecución de bienes de la SRL para recién ir en contra del patrimonio de los accionistas.

Denuncia que la sentencia viola los arts. 18 CN y 3 Cód. Civ. cuando sostiene que en caso de conversión de la sociedad en irregular, los socios quedan obligados retroactivamente por todas las obligaciones sociales. Expresa que la causa de la obligación data de Diciembre de 1995, que la sentencia condenatoria es del 23/12/98 y que la supuesta conversión de la sociedad en irregular recién ocurre el 31/12/99, de suerte tal que de aceptarse la responsabilidad subsidiaria de los socios, accionistas o administradores de la sociedad, ellos sólo se obligarían por las obligaciones contraídas con posterioridad a la conversión (art. 56 LCT).

Expresa que el caso se trataría de una supuesta conversión de una sociedad regular en irregular, pretendiéndose aplicar la responsabilidad solidaria de los socios a tenor del art. 23 LS sin estar probada la prosecución del giro comercial de Transporte General Balcarce SRL, señalando que dicha empresa a partir del 01/01/2000 no realiza explotación o actividad comercial alguna. Distingue la figura de la sociedad irregular propiamente dicha y las sociedades regulares en estado de disolución sin explotación de giro comercial alguna, indicando que la responsabilidad de los socios o de los liquidadores, se refiere a deberes cuya causa sea posterior a la entrada en liquidación de la sociedad.

Sostiene que si hipotéticamente nos encontramos frente a una solidaridad, los socios quedan obligados en la misma forma y alcance que la sociedad; e igualmente si la extinción del vínculo laboral operó en 1995, no cabe sino aplicar la prescripción de dos años, sea de la Ley de Sociedades o la LCT, pero jamás la residual del Código Civil, plazo que se comienza a transcurrir desde que se extinguió la relación laboral.

Finalmente se agravia de la imposición de costas, en el entendimiento de que existen motivos suficientes para eximir a cualquier de las partes dada la particular naturaleza de este litigio.

4.- El recurso ha sido deducido tempestivamente, se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva en cuanto pone fin al incidente de extensión de responsabilidad promovido con posterioridad al dictado de la sentencia de fondo, se invocaron suficientemente los motivos contemplados en el art. 131 inc. a) CPTT, y los recurrentes están exentos de cumplir con lo dispuesto en el art. 133 CPTT en razón de que concurre la situación que prevé el art. 134 primer párrafo del CPTT. Habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 130 a 135 del CPTT, corresponde abordar el análisis de procedencia de la casación intentada.

5.- Los actores representados por el letrado Pablo Daniel Damato dedujeron a fs. 19/20 un incidente de extensión de responsabilidad contra los socios de la firma Transporte General Balcarce SRL de la condena impuesta en los autos principales mediante sentencia del 23/12/99 (copia a fs. 96/108).

No se encuentra controvertido en el recurso que el término de duración de la firma Transporte General Balcarce SRL expiró el 30 de Diciembre de 1999, sin que existan constancias en el expediente de que con posterioridad fuera inscripta su reconducción ante el Registro Público de Comercio.

De los términos de la sentencia cabe interpretar que para la Cámara, Transporte General Balcarce SRL fue una sociedad originariamente regular que luego se convirtió en irregular, razón por la que determinó que los socios resultan ilimitadamente responsables por las obligaciones contraídas por la sociedad, comprendiendo en el presente caso la responsabilidad derivada de una obligación de causa anterior a la fecha en que se produjo la disolución del ente societario.

En dirección contraria, considero que luego de producida la disolución de la sociedad por expiración del término para el cual se constituyó, el ente societario no se convierte en irregular, debiéndose señalar que no existe en la ley una disposición expresa en tal sentido, sino una concreta previsión de un régimen de responsabilidad específico contemplado en el art. 99, párrafo 2º LS.

Esta hermenéutica condice con el principio de identidad que informa el art. 101 LS, cuando dispone la conservación de la personalidad jurídica por parte de la sociedad en liquidación, rigiéndose por las normas correspondientes a su tipo en cuanto sean compatibles. Ello permite sostener que con la disolución no se produce el nacimiento de una sociedad nueva, sino que es la misma sociedad la que subsiste, pero con una transformación en sus fines.

Por otro lado, se ha dicho que la sociedad irregular es una sociedad típica aquejada de vicios formales en su acto constitutivo, y que las futuras alteraciones formales encuentran otras soluciones, pero no la irregularidad, por lo que la caracterización de la figura que nos ocupa escapa a la definición misma de sociedad irregular. Si por el contrario, se pretendiera que se trata de una irregularidad con carácter sancionatorio, dicha sanción debería estar prevista expresamente en la ley mediante la remisión a este régimen, lo cual como ya señalamos, no ocurre (cfrme. Jorge O. Zunino, Sociedades Comerciales - Disolución y Liquidación, pág. 283).

Desde esta perspectiva, no puede sostenerse como lo hace la Cámara que la sociedad originariamente regular luego se convirtió en irregular, y a partir de ello concluir que resultan ilimitadamente responsables sus socios. Tampoco resultarían atendibles las razones invocadas por la sentencia dictada por el Juzgado de Conciliación y Trámite (fs. 390/391 vta.), en cuanto expresó que el ente devino en una sociedad irregular, y que al ser esta sociedad irregular continuadora de la SRL y por lo tanto de las obligaciones existentes al momento de su transformación, los socios demandados en este incidente quedaron obligados por las deudas sociales entre las cuales se encuentran los créditos reconocidos por la sentencia de fondo.

Tanto en el fallo del Juzgado de Conciliación y Trámite como en el de la Cámara que lo confirma, los argumentos esgrimidos para condenar a los socios de la Sociedad se asientan sobre la base de que con motivo de la situación suscitada en autos, Transporte General Balcarce SRL se convirtió en una sociedad irregular, mutación que -como ya se dijo- no se encuentra contemplada en nuestro régimen legal.

En este sentido, se ha sostenido que "No puede reputarse que por la mera expiración del plazo de vida de una sociedad, la persona jurídica deba catalogarse como irregular. Es decir que debe prevalecer la subsistencia de la sociedad y no su mutación sancionatoria, pues el vencimiento del plazo de duración no debe importar la aplicación de las normas procedimentales de administración o liquidación propias de las sociedades no constituidas regularmente, sino las que rigen el tipo social respectivo (Verón, "Sociedades Comerciales", 1987, Ed. Astrea, p. 208). Es que la violación a los cánones de la ley societaria no es determinante de la irregularidad del ente, encontrando su sanción por vía directa en la responsabilidad solidaria e ilimitada que dispone el mismo art. 99 (...)" (C. Nac. Com., Sala A, 17/5/2002 - Rodríguez Adriana M. Y otro vs. Bóveda, Carlos H. y otro s/Sum.").

El art. 99 LS establece que luego de producido el vencimiento del plazo de duración de la sociedad, los administradores sólo pueden atender los asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación, y cualquier operación ajena a esos fines, los hace responsables ilimitada y solidariamente respecto a los terceros y los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de éstos.

Es decir que la responsabilidad de los socios a la que refiere la segunda parte del art. 99 LS, abarca únicamente las obligaciones resultantes de operaciones ajenas a los fines liquidatorios y conservatorios contemplados en el primer párrafo del art. 99 LS, y por lo tanto comprende necesariamente obligaciones contraídas con posterioridad a la fecha en que se produjo la disolución del ente societario por vencimiento del plazo.

En relación al tema que nos ocupa, esta Corte tiene dicho que "La disolución de la sociedad no opera retroactivamente, por lo cual la responsabilidad de los socios respecto de las obligaciones contraídas por la sociedad durante la vigencia del contrato hay que determinarla en función del tipo social" (CSJTuc., in re "Zavaleta Alejandro José vs. Zavaleta Asesores de Seguro SRL s/Cobro - incidente de extensión de responsabilidad promovido por la parte actora", sent. del 03/12/2002; CNCom., Sala D, 25/2/77, ED, 74-718, sum. 18).

Tales consideraciones evidencian la inviabilidad del incidente de extensión de responsabilidad intentado en contra de los recurrentes, pues lo que los actores pretenden por la vía incidental es responsabilizarlos en forma solidaria e ilimitada por rubros originados con anterioridad a la disolución del ente societario.

En cuanto a las costas de ambas instancias generadas en relación a los Sres. Sebastián Scandura y Gregorio Giménez, las mismas deberán ser soportadas por los actores al haber resultado vencidos (arts. 49 CPTT y 106 CPCC).

Consecuentemente, corresponde casar parcialmente la sentencia impugnada conforme a la siguiente doctrina legal: "Operada la causal de disolución del art. 94 inc. 2º LS, la sociedad no se transforma en irregular, y la responsabilidad de los socios respecto de las obligaciones contraídas con anterioridad a la expiración del término por el cual se constituyó el ente societario, debe ser determinada en función del tipo social", disponiéndose sustitutivamente a los puntos I y II resolutivos lo siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de Nulidad y de Apelación interpuesto por Elena Luisa Spotti de Lanieri, en su carácter de apoderada común de Luis Oscar Lanieri y Enriqueta del Valle Lanieri, contra la sentencia nº 115 de fecha 28 de abril de 2003; y hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los demandados Sebastián Scandura y Gregorio Giménez contra dicho fallo, rechazándose en consecuencia el incidente de extensión de responsabilidad promovido en contra de dichos socios; y II.- Las costas deberán ser soportadas por los actores incidentistas, conforme lo considerado".

Atento al resultado arribado, los restantes agravios formulados en el recurso de casación resultan de inoficioso tratamiento.

6.- Las costas del recurso deberán ser soportadas por los actores incidentistas, al haber resultado vencidos en el recurso (arts. 49 CPTT y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal prfeopinante doctor Alfredo Carlos Dato, votan en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 535/537, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por los Sres. Sebastián Scandura y Gregorio Jiménez en contra de la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo el 31/3/2004 (fs. 469 y vta.), ordenándose casar parcialmente la misma conforme a la doctrina legal sentada en los considerandos, y disponiéndose sustitutivamente a los puntos I y II resolutivos lo siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de Nulidad y de Apelación interpuesto por Elena Luisa Spotti de Lanieri, en su carácter de apoderada común de Luis Oscar Lanieri y Enriqueta del Valle Lanieri, contra la sentencia nº 115 de fecha 28 de abril de 2003; y hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los demandados Sebastián Scandura y Gregorio Giménez contra dicho fallo, rechazándose en consecuencia el incidente de extensión de responsabilidad promovido en contra de dichos socios; y II.- Las costas deberán ser soportadas por los actores incidentistas, conforme lo considerado".

II.- COSTAS conforme lo considerado.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA