Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-30


RAWSON, 30 de junio de 2.010.- -- VISTOS: --- -- Estos autos caratulados: "H., M. A. s/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Lago Puelo" (Expte. Nº 21.858-H-2.009).

- -- DE LOS QUE RESULTA:

-- El inicio de las presentes actuaciones reconoce como origen la pretensión de la Concejal M. A. H. que, con el patrocinio letrado de los Dres. H. R. C. y M. C., solicitó se declare en esta instancia la existencia de un conflicto de poderes en el interior del Concejo Deliberante de la ciudad de Lago Puelo, en los términos del artículo 179, inciso 1.1.4 de la Constitución de la Provincia del Chubut y 124 de la Ley XVI - N° 46. Planteó, al mismo tiempo, la nulidad e ilegalidad de la Resolución Municipal que dictó el cuerpo, el día 5 de noviembre del año 2.009, mediante la cual se dispuso el cese de la representante comunal en sus funciones.- -- Relató que, como integrante del partido Unión Cívica Radical, fue electa el 16 de septiembre del año 2.007, mandato cuyo ejercicio finaliza el día 10 de diciembre del año 2.011. En la sesión celebrada el día 5 de noviembre del año 2.009, por una mayoría de cuatro (4) votos, el Cuerpo (compuesto por siete representantes) decidió cesarla en sus funciones en razón de "la incompatibilidad prevista en el artículo 67 de la Constitución Provincial y jurisprudencia judicial y administrativa concordante".-- -- Señaló que el procedimiento por el que se la cesanteó en el cargo no es el prescripto en los artículos 116, 12 bis, 12 ter., 113 bis y 13 ter. incorporados por la ley 4483 al texto de la ley 3.098 (actual Ley XVI nro. 46); que esa decisión se adoptó sin que se le diera la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y que la imputación realizada se fundó en el artículo 67 de la carta magna provincial, norma que regula una relación de empleo público diferente a la situación en la que ella se encuentra, como representante del Poder Legislativo Municipal.

-- Ofreció prueba y formuló petitorio de estilo.

-- Hecha la denuncia por la Sra. H., se le requirió al Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo documentación relacionada con el cese de funciones que motivó el inicio de la causa, obligación con la que cumplieron a fs. 42/71 vta. acompañándola con un escrito en el que solicitaban constituirse como parte en el proceso y contestaban los planteos esgrimidos por la Concejal.- -- El Dr. E. A. K., en nombre y representación de la Municipalidad de Lago Puelo, señaló que la Sra. H. se desempeñó como Concejal durante sucesivos períodos electorales, antes de que se produjera su cesantía en el cargo, por lo que conocía los requisitos fundamentales para su desempeño. Además, participó en la aplicación de la causal objetiva establecida por el artículo 67 de la Constitución Nacional al ex Concejal C. R. S., de modo que no podía alegar su desconocimiento.

-- En su opinión, para que un conflicto sea capaz de promover la intervención originaria de este Superior Tribunal debe ser el antagonismo explícito entre dos poderes del Estado, y no entre miembros de un Municipio con los órganos institucionales que lo integran, por una disconformidad o discrepancia con el criterio adoptado en una resolución u ordenanza. Para que se de el supuesto del artículo 179, inciso 1.1.4 de la Constitución Provincial debe producirse un conflicto institucional, cuya existencia ponga en peligro el funcionamiento de la Municipalidad como órgano de gobierno de los intereses de la ciudad.

-- Finalizó su presentación con un ofrecimiento de prueba y requirió el rechazo de la denuncia efectuada por la Sra. M. A. H., con costas.

-- Que en autos, se dictó la Sentencia Interlocutoria N° 05/S.R.O.E./10 mediante la cual se corrió vista al Concejo Deliberante de la localidad de Lago Puelo, por cinco días, de los planteos hechos por la Sra. H. para que contestaran y produjeran u ofrecieran todas las pruebas instrumentales de las que la Comuna intentara valerse. Sin embargo, cumplido el plazo legal otorgado sin presentación de la parte denunciada se le dio el correspondiente traslado al Procurador General de la Provincia.-- -- A fs. 92/94 vta. obra el dictamen del Dr. Jorge Luis MIQUELARENA quien, destacó el carácter excepcional y extraordinario de la vía seleccionada por la Concejal y observó que el cese en funciones dispuesto por el artículo 1° de la resolución atacada, se enmarcó en un caso de incompatibilidad por acumulación de cargos previsto en el artículo 67 de la Constitución Provincial.-- -- La norma establece una causal objetiva -opinó- que al acreditarse, su aplicación se impone sin más; de manera que no opera el procedimiento previsto para los casos de destitución del Cap. VIII de la Ley XVI N°46 (antes Ley 3.098). De ello, derivó que el proceder del Concejo Deliberante de Lago Puelo ha sido legítimo y no violentó garantías constitucionales de la Concejal desplazada. Agregó que la nulidad impetrada por la actora, sin siquiera negar su situación de incompatibilidad por acumulación de cargos, importa perseguir la nulidad por la nulidad misma, lo cual -además- resulta desproporcionado ante la naturaleza de la acción.-- -- En base a lo expuesto, concluyó que no se encuentran reunidos en la causa los presupuestos para la declaración de un conflicto de poderes, y consideró que debía rechazarse el planteo de nulidad impetrado contra la Resolución N° 10/09 MLP.-- -- CONSIDERANDO:

-- Este Superior Tribunal de Justicia ha sido convocado para resolver, en sesión plenaria, un conflicto de poderes denunciado en el interior del Concejo Deliberante de la ciudad de Lago Puelo, por imperio del artículo 179, inciso 1.1.4 de la Constitución Provincial para que -extraordinariamente- se asegure la vigencia del orden jurídico alterado por actos lesivos y preservar, con ello, la continuidad o el desenvolvimiento legítimo de los órganos de su gobierno (conf. S.I. Nº 42/S.C.A./96; 22/S.C.A./98; 40/S.C.A./00 y 03/S.R.O.E./07).- -- Como se trata de una vía especial y de excepción, esta clase de conflictos sólo se configura cuando existe invasión de un poder sobre otro, o uno de los órganos representativos de un poder ejerce atribuciones que corresponden al que se siente lesionado -lo que importa una invasión a extraña jurisdicción- o cuando uno de los poderes impide a otro el ejercicio de sus facultades (Conf. S.I. N° 207/92, 1 y 53/93, 44 y 215/94, 104/95, entre otras). Y, con mayor precisión, cuando el Intendente o algún/os Concejal/es, hubieran sido expulsado/s, suspendido/s o impedido/s de entrar en el ejercicio de su/s cargo/s, únicos supuestos en que aparece afectado institucionalmente el orden municipal (S.I. N° 22/S.C.A./98, 97/S.C.A./00, 24/S.C.A./03) como ocurrió en autos.

-- Es jurisprudencia constante de este Cuerpo -desde anteriores composiciones- en orden a los límites y alcances de su intervención en estos supuestos (S.I. Nº 44/94; 59/01; 63/93; 58/S.C.A./96; 37/S.C.A./05; 03/S.R.O.E./07) que el pronunciamiento a emitir no debe exceder el ejercicio de una competencia revisora y excepcional, tendiente a verificar la legalidad y constitucionalidad de lo actuado en el procedimiento realizado -en el caso- dentro del Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo y que culminó con la cesantía en su cargo de la Concejal M. A. H..

-- Esto por cuanto ".el ejercicio de las facultades privativas de los Concejos Deliberantes o de Representantes para organizarse, elegir sus autoridades y removerlas, otorgar licencias a sus reemplazantes, no genera en principio un conflicto de atribuciones cuya resolución competa por esta vía, en tanto la intervención del Superior Tribunal debe encararse con estrictez, y no debe invadir tales atribuciones privativas, ni dirimir otra clase de controversias que no afecten el libre funcionamiento del Cuerpo ni trasciendan al orden republicano, que debe preservar (Conf. SCBA AyS 1973-II-909 citado en S.I. N° 12/S.C.A./2.002) puesto que "el Juez natural de las incompatibilidades e inhabilidades de sus miembros es el Concejo Deliberante del Municipio" (S.I. N° 22/S.C.A./98, 97/S.C.A./00).

- -- La Concejal M. A. H. denunció ante este Superior Tribunal de Justicia la arbitrariedad con que el Poder Legislativo Municipal de Lago Puelo habría dictado la Resolución N° 010/09 MLP (aunque en su relación de los hechos señaló que el acto administrativo careció de numeración) mediante la cual cesó en sus funciones por hallarse comprendida, a criterio de ese cuerpo, en la incompatibilidad prevista por el artículo 67 de la Constitución de la Provincia del Chubut.

-- Describió como antecedente del acto cuestionado, la nota presentada por el Sr. Intendente Municipal al Presidente del Concejo Deliberante, por la que le endilgó ser solidariamente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la Comuna -de conformidad con el artículo 69 de la Carta Magna Provincial- por acciones judiciales emprendidas contra la firma V. B. S.A, que no resultaron eficaces y por su intervención contraria a derecho en cuestiones de tierras fiscales, que dieron lugar al inicio de la causa judicial caratulada como "P., J. c/ MU0NICIPALIDAD DE LAGO PUELO s/ Escrituración" (Expte. N°285-2008). También se le atribuyó una presunta complicidad en maniobras defraudatorias de pensiones y jubilaciones -en violación a los artículos 244, inciso 3° y 245 de la Constitución Provincial-, evasión de los tributos municipales en contravención del artículo 242 de la máxima ley provincial y los artículos 33, 146 y concordantes de la Ordenanza General Impositiva N° 002/08 MPL. Además se la consideró incursa en la incompatibilidad establecida por el art. 67 de la Constitución Provincial. El último de los sucesos asignados es aquél que culminó con su cesantía.-- -- En palabras de Miguel S. MARIENHOFF, por incompatibilidad debe entenderse, por un lado, el deber de no acumular un mismo agente dos o más empleos considerados inconciliables por la norma respectiva; por otro lado, el deber de no ejercer coetáneamente con el empleo, alguna actividad o profesión consideradas inconciliables con éste. (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, pág. 248).

-- El artículo 67 de nuestra máxima ley provincial, aplicado por el Concejo Deliberante de Lago Puelo para cesantear a la Concejal M. A. H., establece la caducidad automática en el empleo o función provincial de menor remuneración, una vez demostrada la acumulación de dos o más cargos públicos en una misma persona. Ha quedado probado en autos que la Sra. M. A. H. desarrollaba tareas como auxiliar de enfermería en el Hospital Rural de Lago Puelo, al mismo tiempo en que ocupaba una banca dentro del Concejo Deliberante local, como representante de la Unión Cívica Radical.-- -- También es cierto que la remuneración fijada para el cargo de Concejal era menor a la que percibía en aquel empleo público, pero el carácter representativo de su función como integrante del cuerpo legislativo local imponía, al menos, una valoración previa a la cesantía que merituara la condición de haber sido elegida por una porción del electorado local para el desempeño de esa función.

- Aún cuando no sopesaron tal circunstancia, la norma constitucional es clara e impone el amparo del derecho de opción del interesado, mediante cualquier procedimiento que observe las garantías del debido proceso. Puestas en conocimiento del Presidente del Concejo Deliberante la retahíla de irregularidades que pesaban sobre la Sra. M. A. H., el cuerpo tenía la obligación de producir actuaciones para probarlas -sin formas específicas, ya que no hay regulación legal concreta del tema- y, acreditada la acumulación de cargos, debió notificarse a la Concejal para que ejerciera el derecho a optar por el empleo a renunciar, prerrogativa constitucional de la que fue arbitrariamente impedida.--- -- La ausencia de un procedimiento en el que se preservaran los derechos constitucionales de la Sra. H., torna nula la actuación del Concejo Deliberante de Lago Puelo. Como señaló este Superior Tribunal, en reciente S.I. N° 03/S.R.O.E./10 "El debido proceso es el derecho a obtener un fallo, sentencia o resolución que surja de un procedimiento en el que se haya cumplido formalmente con los trámites previstos en las leyes adjetivas, en el que se haya permitido participar desde el inicio de la causa y de manera activa a los involucrados, y en el que la sanción aplicada sea consecuencia de una decisión fundada en un correcto análisis de las prueba producidas por todas las partes, no sólo por el acusador".

-- No asiste razón a la denunciante en su planteo de nulidad sobre la Resolución N° 10/09 MLP, por haberse omitido el procedimiento reglado por el Capítulo VIII de la Ley XVI - N° 46 (antes Ley N° 3.098), pues ese trámite tiene como finalidad específica la destitución de un funcionario municipal por causas distintas a aquella contemplada en el artículo 67 de la Carta Magna Provincial, de manera que su omisión no afecta la legalidad de la decisión adoptada por el Concejo, como si lo hace la inobservancia al derecho de defensa de la Sra. H.-- -- Por ello, ha de concluirse que la actuación del Concejo Deliberante se apartó del precepto constitucional que aplicó, por lo que deviene nula la resolución adoptada respecto de la Concejal H.. -- -- Tiene dicho el Pleno que este tipo de procesos no generan costas, dado que los órganos o sus miembros no comparecen ante la justicia en defensa de derechos particulares, sino en ejercicio y defensa de competencias públicas atribuidas, de modo que no resultan equiparables a las partes en las contiendas judiciales comunes, ni se someten a las cargas procesales, entre las cuales están las costas, ello no empece al derecho de los profesionales patrocinantes o apoderados -cuando hubieren intervenido- de percibir sus honorarios de conformidad con las normas arancelarias vigentes (Ley XIII N° 4 - antes Dto. Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4335). - -- En este orden, tratándose de conflictos institucionales, no susceptibles de apreciación pecuniaria, cabe aplicar los arts. 5, incs. b), c) y d) y 7 de la Ley XIII - N° 4 (antes arts. 6 inc. b), c) y d) y 8 Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4335), analógicamente el último ya que no existe previsión para este tipo de procedimientos (S.I. Nº 135/93; 40/S.C.A./00; 13/S.C.A./01; 33/S.C.A./06 y 04/S.R.O.E./08).

- -- Que por ello, este Superior Tribunal de Justicia, en pleno: -- R E S U E L V E --- -- 1º) DECLARAR la existencia de un Conflicto de Poderes en el seno del Concejo Deliberante Municipal de la ciudad de Lago Puelo (art. 179, inc. 1.1.4 de la Constitución Provincial) y, consecuentemente ANULAR, lo actuado en la sesión del Concejo Deliberante del día 5 de noviembre del 2.009 en lo que se refiere al procedimiento instaurado contra la Señora M. A. H., y los actos posteriores que fueron su consecuencia.

-- 2º) REGULAR los honorarios de los Dres. H. R. C. y M. C., en forma conjunta, en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000) fijar los emolumentos del Dr. E. A. K. en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500), por la labor profesional desarrollada en estos actuados (arts.5, incs. b), c) y d); 7; 9; y 46 de la Ley XIII N° 4, antes arts. 6 inc. b), c) y d); 8; 10 y 47 Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4.335). Todos con más IVA si correspondiere.

-- 3º) REGÍSTRESE y notifíquese.

- -- La presente se dicta con cinco Miembros por encontrarse ausente, en comisión de servicios, el Señor Ministro Dr. Fernando S. L. ROYER.

Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Jorge PFLEGER - Dr. Alejandro Javier PANIZZI.-- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 1° DE JULIO DEL AÑO 2.010 - REGISTRADA BAJO EL N° 11 S.R.O.E. CONSTE