Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-28


2º Instancia.- Buenos Aires, agosto 28 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 629/643? El doctor Monti dijo:

I- Viene apelada la sentencia de fs. 629/643 por la cual el primer sentenciante admitió la demanda deducida por Manuel Ignacio Barro contra Drago Beretta y CIA , a la que condenó a entregar al actor un automotor que aquel había adquirido, a la vez que rechazó la pretensión dirigida contra Peugeot Citroen.

II- Expresó el actor en su escrito de demanda que el día 4 de febrero de 2002, con el fin de adquirir un automóvil Peugeot 206, modelo XL 5 0km, había concurrido al local de la codemandada Drago Beretta y Cía. Sostuvo que en esa oportunidad había abonado una seña de $ 1.000 para la compra del rodado, acordando que esa misma tarde cancelaría la suma restante y retiraría de la agencia el vehículo, con su correspondiente documentación. Dijo que, una vez abonada la totalidad del precio, la demandada adujo que el vehículo recién podría ser retirado en los días venideros. Sin embargo, tampoco pudo retirar el automóvil en las semanas siguientes, por lo que el 12.4.02 y el 18.4.02 intimó a la concesionaria a la entrega del rodado.

Agregó que, si bien la concesionaria le había ofrecido la devolución de lo abonado, esa restitución nunca llegó a materializarse. Como consecuencia de esos hechos, el actor reclamó en autos a las demandadas la entrega del automotor o, en su defecto, la suma de dinero necesaria para adquirirlo, más la reparación del daño moral y la privación de uso.

III- Peugeot Citroen solicitó el rechazo de la demanda argumentando ser un tercero en la relación habida entre el concesionario y el aquí actor.

La codemandada Drago Beretta y Cía. solicitó también el rechazo de la acción. Expresó que el actor había firmado una "solicitud de pedido" que se encontraba condicionada a que el vehículo se hallare disponible en el momento del recibirse el pedido. Explicó los motivos por los cuales no se habría podido perfeccionar la entrega del automotor y concluyó que ninguna responsabilidad le cabía en la situación de autos.

IV- El magistrado de la anterior instancia admitió la demanda contra la concesionaria. Consideró acreditado el pago de la totalidad del precio y los gastos, y juzgó que al haber la concesionaria publicado un aviso en el se anunciaba la "entrega inmediata" del automóvil, no podía luego invocar la falta de disponibilidad del rodado. Por eso, ordenó la entrega del automotor convenido o, en su defecto, el pago de la suma de dinero necesaria para adquirir uno de idénticas características, aunque rechazó las indemnizaciones solicitadas en concepto de daño moral y privación de uso.

También rechazó la demanda contra la fábrica por considerarla un tercero respecto de la compraventa de autos, aunque impuso las costas en el orden causado en lo concerniente a esta pretensión.

V- La sentencia fue apelada por todas las partes. Peugeot Citroen se agravia por la imposición de las costas en el orden causado (ver fs. 651/661).

La concesionaria se agravia por el progreso de la acción, sostiene que el a quo no habría comprendido el significado del término "patentado sin rodar" y que no se encontraría acreditado que hubiera ordenado la publicación del aviso de venta en el diario Clarín. Por último, afirma que no se habría completado el pago del precio y el único pago que se encontraría acreditado en el expediente sería el de la seña de $ 1.000.

Por último, el actor se agravia por el rechazo de la demanda deducida contra Peugeot Citroen y por la desestimación de las indemnizaciones reclamadas en concepto de daño moral y privación de uso.

VI- Trataré en primer término el recurso de la concesionaria Drago Beretta y Cía.

Insiste en que estaría claro que ella no tenía el vehículo en su poder y que sólo se habría obligado a buscar un vehículo con las características del solicitado por el actor, sin asegurar ningún resultado.

El apelante no rebate adecuadamente lo expresado por el a quo en su sentencia. En efecto, más allá del alcance que se pretenda asignar a la expresión "patentado sin rodar" incluida en el anuncio, lo cierto es que al publicar el aviso de venta en el diario Clarín (ver fs. 3), en el final se consignó la expresión "entrega inmediata". De modo que, ante esa declaración, es claro que la codemandada debía tener en su poder el vehículo cuya venta anunciaba.

No es admisible la queja que ensaya la recurrente en el sentido de que el mencionado aviso sólo acreditaría que "alguien" publicó el anuncio de venta, pero que no habría sido ella. No existe en la causa ningún elemento que corrobore semejante aserto, máxime si se tiene en cuenta que la situación alegada por la recurrente vendría a suponer la existencia de una actividad cuasi-defraudatoria en su perjuicio, que debiera haber sido acreditada fehacientemente. Pero no hay rastros de una denuncia en tal sentido ni de alguna declaración pública desautorizando la publicación del aviso que se intenta ignorar.

Como se sabe, el principio dispositivo impone que los litigantes prueben los presupuestos que invocan como fundamento de sus pretensiones (art. 377 del CPCC). A ellos corresponde el impulso de la actividad probatoria y el aporte de los elementos para que el juez pueda adquirir convicción acerca de los hechos sometidos a decisión. La demandada tenía la carga de acreditar que un tercero fuera de su ámbito de incumbencia, había publicado sin su permiso el aviso que anunciaba la entrega inmediata del rodado. Esa carga no fue cumplida.

En suma, no parecen cuestionables las apreciaciones del a quo y no hay motivos que aconsejen un parecer contrario al sostenido por él, lo que conduce a desestimar este agravio.

VII- También se agravia la demandada por el monto de la sentencia. Entiende que no se encontraría acreditada la entrega de $ 30.600. Sin embargo, su tesitura no encuentra sustento en los antecedentes de la causa. De la "solicitud de pedido" de fs. 6 surge con claridad que el actor abonó la suma de $ 29.900 como saldo de precio del vehículo y la suma de $ 700 en concepto de "gastos". El pago del saldo se encuentra igualmente confirmado mediante el recibo de fs. 9. Asimismo, el pago de $ 1.000 como seña, además de admitido consta en el recibo cuya copia obra en fs. 8. En todos esos documentos se describe la misma operación: la venta de un Peugeot 206 XT 5p HDI 0km. Todos ellos cuentan con el membrete identificatorio de la concesionaria demandada. Pero, además, el pago también se encuentra confirmado por la carta documento que la propia concesionaria envió al actor, donde le comunicaba el rechazo de su "solicitud de pedido" y que ponía "a su disposición la suma de 30.600 abonados por Ud." (ver copia en fs. 13).

Ante este panorama fáctico, el hecho de que la prueba sobre los libros de la demandada no hubiere arrojado un resultado coincidente con la documental mencionada, en nada cambia la solución propiciada en la instancia de grado. En un pleito contra un no comerciante los libros de comercio de su contrario, aunque estuviesen en legal forma no tienen la eficacia probatoria en favor de su dueño que prevé el art. 63, tercer párrafo del Código de Comercio. Tampoco podrían ser considerados en tal caso como principio de prueba por escrito, porque no emanan de la persona contra la cual se intenta hacerlos valer. (conf. art. 1192, segundo párrafo del Código Civil).

Si bien se ha admitido que podrían configurar una prueba indiciaria que sirva de base a presunciones, es claro que en cuanto a tales su eficacia probatoria dependerá de las circunstancias del caso y de los demás medios probatorios arrimados al proceso (ver esta Sala in re " Diners Club Arg. c/Blasco, Reinaldo", del, 16.11.98). Como hemos visto, en el caso, las demás pruebas producidas abonan en autos la pretensión del actor.

En consecuencia, corresponderá desechar el agravio y confirmar la sentencia apelada también en este aspecto.

VIII- En cuanto al recurso del actor, su primer agravio se dirige contra el rechazo de su demanda respecto de Peugeot. Sostiene que tanto la concesionaria como la fábrica deberían responder por el incumplimiento de aquélla.

El agravio no es atendible. A partir de las constancias de autos, el negocio que ha dado motivo a la controversia fue concluido por Manuel Barro -como comprador- y Drago Beretta y Cía. -como vendedor-, sin que conste en ningún antecedente computable la intervención de Peugeot Argentina S.A. en dicha operación. De modo que el alcance subjetivo de la compraventa invocada al demandar se agotó en las personas del actor y de la concesionaria (conf. art. 1323 del Código Civil), siendo ese contrato res inter alios acta respecto de Peugeot Citroen Argentina S.A. (conf. art. 1195 y1199 del citado código; ver esta Sala in re "Posternak, Pablo c/Sevel Argentina S.A. s/ordinario", del 18/8/94, entre muchos otros).

En los documentos copiados en fs. 6/9 nada hay que involucre a la fabricante. Y es preciso destacar que en ningún momento se expresó que la ejecución del contrato hubiese quedado sujeta a determinada conducta de Peugeot, ni se condicionó la compraventa a que la fabricante aceptara el contrato o entregara el vehículo comprado.

Lo que surge de esos documentos es, sencillamente, que el actor el día 4.4.02 entregó $ 1000 en concepto de reserva por un Peugeot 206 XT 5p HDI 0km y que, ese mismo día, completo también el pago de $ 30.600, precio de contado acordado con la concesionaria. En todos esos documentos Drago Beretta y Cía. se comprometió a la entrega del automóvil por sí, es decir, sin invocar la representación de nadie. A esos términos se ciñeron los aspectos subjetivo y objetivo del contrato.

En cuanto a las quejas que el actor introduce en esta instancia, orientadas a la aplicación en el sub lite del art. 40 de la ley de defensa del consumidor, que a su entender habilitaría la acción contra la fabricante, es preciso señalar que no concurren en el caso los presupuestos fácticos para la aplicación de dicha regla. En efecto, no se hubo invocado ni surge de los hechos acreditados en la causa y que fueran materia del thema decidendum, la ocurrencia de algún perjuicio resultante del vicio o riesgo del automotor, único extremo que podría abrir el camino para la incidencia de la mencionada norma.

En síntesis, no es posible afirmar que Peugeot Argentina S.A. hubiera contraído obligación alguna hacia el actor derivada del contrato de autos, de modo que éste sólo pudo tener legitimación para demandar a quien sí era su deudor, es decir, Drago Beretta y Cía. (conf. arts. 503 y 505, incisos 1ro. y 3ro., del Código Civil), sin que medie causa alguna para que se impute responsabilidad a Peugeot, total o parcialmente, por el incumplimiento de la concesionaria (conf. art. 499 del citado código). Por lo tanto, corresponderá rechazar el agravio y confirmar la sentencia apelada.

IX- También se agravia el actor por el rechazo de las indemnizaciones que demandara por daño moral y privación de uso.

En lo atinente al resarcimiento del daño moral, considero que cabe admitir el agravio con los alcances que he de expresar. Esta Sala tiene dicho que tratándose de un incumplimiento contractual, cuyas consecuencias repercuten principalmente en la esfera patrimonial, las molestias o perturbaciones que pueda haber causado se hallan dentro de las previsibles vicisitudes o alternativas propias de la vida negocial (10.11.98, in re "Vaz Bicho, José Manuel c/La Franco Argentina S.A. s/ord.", jurisprudencia allí citada y muchos otros). Sin embargo, ese criterio requiere un margen de razonabilidad y no es dable hacerlo extensivo dogmáticamente a casos como el presente, donde la perturbación provocada por culpa de la demandada parece haber excedido aquel grado de meras molestias y proyectado sus efectos en el plano de las afecciones legítimas del actor, como rezaba el el viejo art. 1078 del Cód. Civil, según la redacción de Vélez Sarsfield.

En ese orden de ideas, las constancias del litigio son demostrativas del menoscabo que en el plano anímico padeció el actor tras el injustificado incumplimiento de la demandada, que entretanto conservaba en su poder el total del precio, con el consiguiente estado de impotencia y angustia que ello produce. El episodio debió seguramente haber generado en el actor una alteración emocional en virtud de las expectativas que había depositado en la adquisición. Prueba de ello son los numerosos reclamos telefónicos que hubo de efectuar como consecuencia del incumplimiento (ver fs. listado de fs. 10/11), las cartas documento que tuvo que confeccionar (ver fs. 12 y 14), las denuncias efectuadas en ADELCO (ver fs. 17/18) y en la Dirección Provincial de Comercio (ver fs. 20). Estos elementos configuran una situación encuadrable en el agravio moral que prevé el art. 522 Cód Civil, que debe resarcirse.

Asimismo, no debe dejar de tenerse en cuenta que el agravio moral debe ser entendido aquí en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder (ver Sala C in re "López, Carlos c/Banco Roca Coop. Ltda. s/ordinario", del 12.10.94.;"Rodrigo, Juan Carlos y otros c/Esso S.A.P.S.A. s/ordinario", del 23.3.99; in re "Porcel, Roberto José c/Viajes Futuro S.R.L. s/sumario, del 28.3.03.).

En consecuencia, teniendo en cuenta las características de los hechos sub lite y la incidencia que cabe asignarle en la vida de relación del actor corresponde admitir su agravio y, sobre la base del monto reclamado y lo dispuesto por el art. 165, Cód. Proc., estimo razonable fijar la indemnización por el daño moral en la suma de $ 3.000. Dicho importe devengará intereses desde el 4.4.02 hasta el efectivo pago a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento, conforme la doctrina plenaria del Fuero (in re "S. A. La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales (art. 288)", del 27-X-94).

X- Resta tratar el agravio del actor por el rechazo de la indemnización por privación de uso. Tiene dicho esta Sala que la indisponibilidad material y jurídica de un bien, configura por sí un daño indemnizable ("Grosso c/Hsbc la Buenos Aires Cía. de Seg."; del 19.4.05; "Rodriguez c/Guini"; del 5.4.05, "Zamoratte c/Círculo de Inversores S.A", del 18.3.03). Ese menoscabo produce una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria que no requiere otras pruebas (Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065; esta Sala in re "Trusso Ricardo c/Compañía Royal Sun Alliance Seguros" del 7.3.08). Por ello, corresponderá admitir el agravio y fijar por este concepto la suma de $ 2.000, monto que aparece adecuado a los antecedentes del caso, apreciados según un criterio de razonabilidad (art. 165, Cód. Procesal). Dicha suma devengará intereses desde el mismo momento ya indicado, y a la tasa establecida en el considerando anterior.

En esa medida, corresponderá admitir también este agravio y modificar la sentencia apelada.

XI- Por último, corresponde tratar el recurso de la codemandada Peugeot, quien se agravia por la distribución de las costas en el orden causado. Señala que en el caso no habría ningún elemento objetivo que le diera al actor una razón probable para litigar.

Considero que su recurso debe ser admitido. En casos análogos al sub lite, en donde se ha demandado conjuntamente a un concesionario y a la fábrica automotriz, y se ha rechazado la demanda contra está última (ver esta Sala in re, "Esposito Gustavo c/Peugueot Sevel Argentina S.A. y otro" del 9.6.08; "Barlassina, Roberto c/Drago Beretta y otro", del 24.8.07; "Trumpler S.A. c/Volkswagen S.A. y otro" del 18.3.05) se hubo resuelto que, por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas de la acción dirigida contra la fabricante debían ser soportadas por la parte actora. En ese contexto, considero que no cabe liberar al actor del pago íntegro de las costas, por lo que corresponderá admitir el agravio y modificar la sentencia de grado en este punto.

XII- Por los argumentos expuestos, si mi criterio fuera compartido corresponderá confirmar la sentencia apelada con las modificaciones que surgen de los considerandos IX, X y XI. Con costas de Alzada a cargo de Drago Beretta en lo tocante a la demanda dirigida contra ésta y a cargo del actor en lo atinente a la acción iniciada contra Peugeot Citroen Argentina S.A. Así voto.

Por análogas razones, los doctores Ojea Quintana y Caviglione Fraga adhieren al voto anterior.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada con las modificaciones que surgen de los considerandos IX, X y XI. Con costas de Alzada a cargo de Drago Beretta en lo tocante a la demanda dirigida contra ésta y a cargo del actor en lo atinente a la acción iniciada contra Peugeot Citroen Argentina S.A. El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15.11.06 de esta Cámara de Apelaciones.- José L. Monti.- Bindo B. Caviglione Fraga.- Juan M. Ojea Quintana.