marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesiones, legítimo abono
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SALDAÑA, ANA MARIA s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Cabe consignar que la jurisprudencia reiteradamente a dicho que sin perjuicio de los eventuales derechos que le pudieren corresponder al presunto acreedor por vía de los artículos 2306 y 2307 del Código Civil, por aplicación del principio Iuria Curia Novit, la normativa vigente dispone que no puede el acreedor del causante abrir el juicio sucesorio de éste, sin la previa intimación de sus herederos para que éstos acepten o repudien la herencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: R., A.S. c/ V.Z., R.O. s/ Querella Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-09-18

El delito de cheque sin fondos requiere dolo específico, cual es que el libramiento se hiciera con el certero conocimiento de que a su presentación el mismo no puede ser pagado por el Banco librador.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández c/ Bosso s/ Acción revocatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-14

El principio de congruencia se vincula a la forma como ha quedado constituida la situación procesal, y se correlaciona con las pretensiones concretas en la debida oportunidad mediante las peticiones correspondientes. Se ha expresado en tal sentido que se entiende por congruencia el requisito de la conformación de la sentencia con el pedimento (objeto y cantidad de objeto).
Contrato de suministros, reajuste de precios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Novoternic Azul S.C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Si bien el art.22 del dec.3300/72, al referirse a 'bienes cuyos precios estén regulados o fijados oficialmente', comprende tanto a aquellos objetos que en si mismos estan sujetos a tal intervención estatal, como a aquellos otros que, sin tener precio propiamente fijo o regulado, se fabrican con materiales cuyos precios estan regulados por la autoridad publica, para fundar el reclamo de actualización en este supuesto debe demostrarse esta ultima circunstancia.
Cuestiones de competencia, delito penal, título universitario, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SHUBEROFF, Oscar Julio s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-11

La expedición de títulos, destinados a acreditar el cumplimiento de un plan de estudios determinado, tanto en la esfera interna de la Universidad de Buenos Aires como ante otras casas de estudios, instituciones y autoridades del país y del exterior, son de competencia federal, en cuanto se trata de actos que afectan al buen servicio de una institución nacional.
Indemnización por accidente de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Traba, Hernán Gabriel c/ Club Social Deportivo y Cultural Español de la República Argentina - Asociación Civil y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-20

Si bien el terreno o el campo de juego donde se practica un deporte como el fútbol, no es de por sí una cosa naturalmente riesgosa por tratarse de un objeto inerte, en el caso, dado el deficiente estado en que encontraba, con desniveles y pozos, cabe considerar que revestía tal carácter como generador de un riesgo específico sobre el actor al realizar un entrenamiento propio a su función de profesional del fútbol, favoreciendo la causación del daño, esto es la lesión en la rodilla que lo incapacitó para la práctica profesional del fútbol.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Moltedo, Eduardo Guillermo c/ Municipalidad de Pinamar s/ competencia - demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Si bajo una apariencia formal, se clausura definitivamente la vía procesal intentada por el interesado y se llega a frustrar de modo definitivo el derecho que la actora pretendía defender en sede judicial, se desconoce la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva.
Medidas cautelares, embargo preventivo, lucro cesante, clientela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peralta, Fernando Sergio c/ Smieth, Héctor Osvaldo y otros s/ Medida cautelares de la  DNPI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

El perjuicio que se puede derivar para el sujeto pasivo de la cautela, no está configurado por la pérdida de las mercaderías embargadas sino, en rigor, por el margen de beneficio que hubiera obtenido en el proceso de comercialización del que, obviamente, se verá privado como consecuencia directa de la indisponibilidad derivada del embargo; a lo que eventualmente habría que agregar el perjuicio que las medidas son susceptibles de provocar en su credibilidad comercial, pertenecientes a terceras personas, presumiblemente de su clientela.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Massone, Héctor Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

La ley 10.599, dado su carácter de ley posterior, ha modificado parcialmente la exigencia de "efectiva prestación" de servicios judiciales contenida en el dec. ley 7918 al permitir tener en cuenta los períodos de inactividad como antiguedad en el servicio.
Caducidad de instancia, continuación del proceso judicial, audiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Tortosa Leonardo y Otra s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-12-28

Si la prosecución del proceso dependía de la realización de una audiencia, aun cuando no exista constancia de que se la hubiera llevado a cabo, sólo desde ese momento puede considerarse que la parte incurrió en la inactividad que apareja como consecuencia la declaración de caducidad de instancia.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, clausura de la instrucción, diligencias de la instrucción, prueba
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: OLIVERA, Leonardo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

Son susceptibles de causar agravio, y por ende resultan materia de apelación, las medidas de prueba solicitadas por el fiscal en los términos del art. 347, inc. 1º del C.P.P., ya que más allá de las pruebas que puedan ser producidas en la etapa del juicio, el fiscal debe contar con todos los elementos de evaluación suficientes para elaborar el dictamen, máxime ante la existencia de una posible relación entre lo peticionado y el encuadre legal que a su criterio sea atribuible al acontecimiento.
Requisitoria fiscal, elevación a juicio, principio de congruencia, defensa en juicio, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Reche Oscar Horacio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-05-28

La hipótesis fáctica contenida en la requisitoria fiscal de elevación a juicio que, determina y circunscribe la actividad de los sujetos del proceso, es decir la defensa del imputado, la prueba y la discusión, no concuerda con la decisión definitiva, en lo que hace a una circunstancia fáctica de carácter esencial para el caso, como lo es el lugar del suceso. Tal variación se presenta como bastamente idónea para viciar el procedimiento por haberse quebrantado el principio de correlación entre acusación y sentencia - o de congruencia-, toda vez que fue alterada una trascendental circunstancia de lugar directamente vinculada con la consumación del hecho, suficientemente apta para sorprender tanto a la defensa como al imputado, quienes pudieron haber presentado válidamente otros elementos probatorios, además de que el segundo pudo haber adecuado su defensa material, ejercitando su derecho a ser oído y a contestar la acusación eficazmente, en relación a la circunstancia no contenida en aquella requisitoria fiscal ni tampoco en la acusación oral. De tal modo se ha lesionado el derecho de defensa en juicio de tal acusado, y por tal razón corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento impugnado.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. c/ Coiz, Héctor R. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-19

El adelantarse a otro vehículo es un intento que exige una muy adecuada ponderación de la circunstancias y un criterio alerta y prudente; el automovilista debe cerciorarse que su paso está expedito, anunciar su presencia y estar seguro, fundamentalmente, que ha sido advertido por el conductor del rodado que pretende pasar. Al mismo tiempo, no debe olvidar que los desvíos o desplazamientos laterales son -en muchos supuestos- imprevisibles y que la ley impone que quien se adelanta a otro vehículo no deberá retomar su línea de marcha sino después de haber dejado suficiente distancia entre el suyo y el otro.
Extinción de la acción penal, muerte del imputado, sobreseimiento, deserción del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros c/  s/ recurso de casación Registro N° 266/17
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-30

Toda vez que el tribunal de juicio declaró extinguida la acción penal por fallecimiento respecto del imputado y, en consecuencia, dictó su sobreseimiento, las cuestiones traídas a estudio por los recurrentes, en lo que a ese imputado atañen, se han tornado abstractas. Toda vez que las partes querellantes no han mantenido los recursos de casación deducidos, como así tampoco han asistido a la audiencia de informes, corresponde declarar desiertos los remedios procesales interpuestos. (Dres. Ledesma, Slokar y David).
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), impugnación de la liquidación, expropiación, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Dzierza, Juan y otros c/ GCBA s/ expropiación inversa retrocesión s/ recurso de apelación ordinario concedido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-23

El Tribunal conoce en instancia ordinaria de apelación en todas las causas en que (i) la Ciudad sea parte (art. 113 inc. 5 de la CCABA), (ii) se encuentre en juego el valor establecido en la normativa aplicable al momento de la interposición del recurso, y (iii) se haya dictado una sentencia definitiva. Y, al momento en que el GCBA interpuso el recurso ordinario de apelación contra los honorarios fijados a los auxiliares (perito y al consultor técnico de la causa), la suma mínima para habilitar la instancia ordinaria ante el Tribunal era de $32.100.000 (conf. art. 27, inc. 6 de la ley n° 7, según ley n° 5931 y art. 1 de la resolución n° 32/SSJUS/19). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz. Voto coincidente del juez Santiago Otamendi).
Derechos y garantías constitucionales, relaciones de familia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: G., N. V. c/ V. F. A s/ EJECUCION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24

En el marco del proceso civil moderno y particularmente en el proceso de familia, las formas procesales no constituyen un "fin" en sí mismas, sino -diversamente- un "medio" para procurar la seguridad jurídica y resguardar el normal y pleno ejercicio de los derechos y garantías procesales de raigambre constitucional, entre los que se destacan el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, CN).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romero Grille, Juan c/ Sanchez, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios RIVEROS DE PALERMO, Angela Dolores c/ TRASCIERRE, Luis Manuel y otros s/ Daños y perjuicios Alfonso, Cornelio c/ Llanderrozos, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios Concistre, Leonardo Fabián Francisco y otro c/ Kraemer, Héctor Hugo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11|1984-12-21|1991-08-13|1998-11-03

La resolución que declara la caducidad de la instancia reviste el carácter de definitiva a los fines del art.278 del C.P.C. y C., siempre que proyecte sus efectos respecto de la prescripción de la acción y en tal caso, debe ser dictada observando las formalidades constitucionales del acuerdo previo y voto individual de los jueces como lo exige el art.156 de la Constitución de la Provincia.
Ejecución de sentencia, subasta de inmuebles, subasta judicial, deuda exigible, expensas devengadas antes de la venta, expensas comunes, publicación de edictos, oferta, consentimiento, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL
Carátula: ESCANDARANI, ELIAS c/ FAGRE, JUAN s/ EJEC
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

Si se subastó una unidad de propiedad horizontal que pertenecía al ejecutado, resulta improcedente estimar la pretensión del consorcio de propietarios en cuanto a que del producto obtenido en la subasta judicial se paguen las expensas comunes adeudadas por el anterior titular dominial, cuando -como en el caso- surge del edicto y de un volante de publicidad adjunto a la causa, que a los fines de la realización del bien se hizo una convocación de postores, informándose que la finca por subastar registraba deuda con el consorcio de propietarios. Ello, pues en la circunstancia determinada por el edicto y la publicidad, parece adecuado que el pasivo "anunciado" se traslade a quien pujo bajo el régimen determinado por esa oferta, toda vez que, el efecto económico perseguido por la norma del CPR 566 -al imponer la publicidad-, reside en que el precio por solventar, este compuesto 'tanto por el monto de la puja, cuanto por la asunción del débito anunciado';

porque de otro modo, ese anuncio sobre la deuda carecería de sentido. No empece lo expuesto, que el juzgado haya emitido el edicto y tolerado la publicidad, incursos en el defecto -por omisión- de no expresar inequívocamente que los débitos allí mencionados afectasen al adquirente, o no lo afectasen, pues esa omisión habilito al adquirente para reclamar explicación previa a su postura en la subasta, o lo autorizaría para reclamar resarcimiento si la imprecisión le hubiera inducido a error que fuere dañoso. Por tanto, las expensas devengadas hasta la tradición del bien, constituyen, en principio, carga del producto obtenido por la realización de esa cosa, pero en el caso, el adjudicatario ha de contribuir a solventarlas con el monto de esa deuda indicada en el edicto.
Depósito, contrato de hospedaje, indemnización, hurto
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRASTEX SA Y OTRO c/ SUDAMLUX SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

En una acción por la que se persigue el resarcimiento de los daños derivados de la sustracción de ciertos bienes de la habitación de un hotel, parte de los cuales habían sido dejados dentro de una "cajuela" que se encontraba sujeta por medio de tornillos, procede aplicar la norma del CCIV art. 2235 cuando, -como en el caso-, surge que el pretensor no dio ningún aviso al hotelero respecto de la posesión o tenencia en la habitación de los efectos de gran valor. En tal sentido cabe precisar que con basamento en el Derecho Romano Ley I, titulo XIX, libro IV, digesto), en las siete partidas (Ley XXVI, titulo VIII, partida V) y en el Código de Chile, y sin receptar la tendencia contraria consagrada en Francia (art. 1954, Código Napoleón; con nota reprobatoria de Troplong), Vélez Sarfield adopto la tradicional postura evidenciada en la norma, por medio de la cual se impone la obligación de dar conocimiento al posadero de los efectos de gran valor que se introduzcan en el hotel, de modo que este pueda cuidarlos de una manera más segura (ver nota al art. 2235). El fundamento del preceptivo referido tiende a evitar sorpresas y abusos que favorecería la facilitación de la prueba, en cuya virtud el dueño del establecimiento aparecería como deudor de gruesas cantidades por alhajas o artículos preciosos que pretendería el pasajero haber tenido dentro de su equipaje. su efecto es la exclusión de la responsabilidad (ver Lafaille, Héctor, "Curso de Contratos", T. III, Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1928, pag. 244).
Régimen penal de la minoridad, menores, medidas tutelares
Materia: PENAL
Carátula: O., R. M. s/ Homicidio agravado por el ensañamiento en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-12-14

Si en autos se reconoce que resulta imprescindible un tratamiento psicoterapéutico prolongado, sistemático y regular, va de suyo que el ámbito tutelar es el más adecuado para que éste se realice atento a las características del menor y las consideraciones de los expertos. Caso contrario, su tratamiento se asimilaría al correspondiente a un adulto.
Acción, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DI PIETRO, PABLO NICOLAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (CSJ EXPTE N.  630-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Las acciones participan de la naturaleza del derecho que protegen en cada caso particular, pues siendo la acción un poder dirigido a la tutela de un interés, toma su naturaleza de éste; por que , salvo los casos en que la ley conceda "otra acción o recurso ante distinta jurisdicción" (artículo 12, inciso 2) ley 4106), si lo lesionado es un derecho subjetivo de carácter administrativo, (artículo 10 inc b), es de la Corte Suprema de Justicia la competencia.
Cómputo del plazo, intereses, club de campo, socios, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: Club de Campo San Diego S.A. c/ Valtorta Jorge Eduardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-17

Para determinar el dies a quo de los intereses adeudados por el socio de un club de campo debido a la falta de pagos de las cuotas, expensas y servicios, cabe considerar que si bien la mora se produce de pleno derecho por el sólo transcurso del plazo fijado en el art. 509 párr. 1° del Código Civil, como los accesorios pactados fueron liquidados en las certificaciones contables anexadas al escrito de inicio desde el vencimiento de cada mensualidad hasta la fecha de emisión de estos documentos, si se anexaran nuevos réditos desde la mora automática se estarían acumulando indebidamente nuevos intereses, siendo esto vedado por el art. 623 del Cód. Civ.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OLIVERA, ANITA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-27

La gravedad institucional sólo es procedente cuando se discuten intereses que exceden los de las partes intervinientes, proyectándose sobre las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno (cfr. C.S.J.N., sent. 09.11.89, "Pensavalle S.A. c/Estado Nacional" sent. 03.02.87, "Del Cerro, Juan Antonio").

Por ello, no es admisible que, por vía de hipótesis y ante la eventualidad de supuestas repercusiones en la sociedad, se intente utilizar la vía extraordinaria que ha sido prevista para resolver casos concretos y no meras abstracciones.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, etapas del proceso, sentencia no firme, leyes, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   Como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   Interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

Es inconveniente que la interrupción de la prescripción dependa de lo que en cada caso dispongan las leyes de rito locales. En ese sentido Carlos J. Lascano estima correcta la postura que, uniformemente, estima que para toda la Nación, la secuela de juicio se puede traducir como la consecuencia del proceso, vale decir a la sentencia penal condenatoria no firme. Señala que con ello: a) se evita el problema referente a los distintos tipos de procesos que puedan existir en las provincias y resulta aplicable tanto a los delitos de acción pública como de acción privada; b) pone coto a la desidia de los órganos del poder del Estado encargado de la persecución penal y del querellante exclusivo, obligándolos a exigir de los órganos jurisdiccionales un pronunciamiento rápido; c) elude toda vinculación con un lenguaje jerguistico y se mantiene dentro de los parámetros literales de la regla legal; d) reduciéndose a una la secuela del juicio -sentencia condenatoria no firme- no puede prosperar la discusión acerca de cuales actos pueden y cuales no, pueden asumir el mote de secuela; e) es aceptable dentro de una posición minimalista del Derecho penal y permite la aplicación del in dubio pro reo en la interpretación de la ley; f) el ius puniendi tiene en la prescripción una frontera irrefragable, pero a través de la secuela del juicio se intentó eludir desmedidamente ese coto; precisamente con esta interpretación se restringe la arbitrariedad represiva del Estado; g) y, final y fundamentalmente, de acuerdo con una interpretación progresiva, se torna coherente con las garantías individuales reconocidas en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, especialmente con la relativa a la duración razonable del proceso (conforme, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7, inciso 5; Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, artículo XXV, párrafo 2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, inciso 3). (De la Disidencia del Dr. Ríos)
Cuestiones de competencia, competencia civil, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kaswalder, Antonio c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-04

Muchas veces se ha dicho, que la línea que separa lo contencioso civil de lo contencioso administrativo es imposible trazarla con carácter de fijeza tales que impida que lleguen a confundirse las dos jurisdicciones. Desde luego, el tribunal en lo contencioso administrativo tendrá que aplicar leyes de fondo en los casos que resuelva, porque aun cuando solo actos administrativos sean los que dan origen a la cuestión, los derechos vulnerados por ese acto pueden estar, muchas veces, amparados por la ley civil provocando confusiones respecto del tribunal competente.

La cuestión planteada como no pocas veces ocurre se encuentra en la llamada zona gris o zona límite donde no siempre emerge nítida la competencia. Y si bien la jurisprudencia predominante tiende a que si existen dudas de una cuestión litigiosa, debe resolverse a favor de la jurisdicción ordinaria, en el caso no está presente esa incertidumbre y cabe aseverar que la competencia es contencioso administrativa por las siguientes razones: el cobro de pesos que se reclama proviene de un contrato típicamente administrativo, realizado por el municipio a los fines de un servicio público, es decir tanto por su origen y su objeto, cuanto por su cumplimiento o incumplimiento debe regirse por las normas administrativas.