Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, privación ilegal de la libertad, código penal, participación criminal, apreciación de la prueba, calificación jurídica, principio de congruencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, defensa en juicio, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Saldanio, Marcelo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-09

Corresponde, por unanimidad, rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor Público Oficial de Marcelo Claudio Saldanio, Armando Miguel Montoya y Antonio Juan Terlikar, con costas; por mayoría, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor particular de Claudio González Galzerano; anular la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Córdoba, en lo que respecta únicamente a la participación de Walter Claudio González Galzerano, y reenviar el legajo al a quo a efectos de que adecúe el punto 3 de la misma sobre la base de los lineamientos aquí señalados. -arts. 471, 530 y ccdtes. del CPPN-.Con relación al agravio del Defensor Oficial de los encausados Saldanio, Montoya y Terlikar relativo a los comportamientos son atípicos (o, a todo evento, justificados), cabe señalar que esta idea resulta, sin embargo, equivocada. En efecto -y tal como acertadamente lo postula el Sr. Fiscal ante esta instancia- la hipótesis del recurrente restringe indebidamente el ámbito de protección de la norma aplicable al caso y el bien jurídico por ella tutelado, pues se sustenta en una valoración parcial y sesgada de la libertad ambulatoria. La privación abusiva de la libertad (artículo 144 bis, inciso 1°, primer supuesto del Código Penal) tiene como finalidad "la protección de garantías constitucionales (...) frente a los abusos de poder de los funcionarios públicos", es decir que "preserva la legalidad de detención", y la determinación de su acción típica (más allá de los recaudos específicos del sujeto activo) se rige por los principios generales del tipo básico de privación ilegítima de la libertad, es decir, el artículo 141 del Código Penal. Con respecto a esto último, debe destacarse que la norma protege "la libertad de la persona para actuar físicamente, contra esa libertad se puede atentar impidiendo el libre movimiento corporal o la libre locomoción. La anulación de cualquier manifestación de la libertad personal queda, pues, comprendida en el tipo (...) no es preciso que la víctima esté atada, amarrada o encerrada (...) el delito subsiste aun cuando el hecho importe una restricción de la libertad ambulatoria en el sentido de que el sujeto conserve esa libertad dentro de ciertos límites" (cfr. D'Alessio -director-; Divito -coordinador-: "Código Penal. Comentado y Anotado", Parte Especial, La Ley, Buenos Aires, 2007, págs. 246/254 y 296/298, y sus citas). Más allá de la propia idea del impugnante no existe ningún elemento en la causa que permita contradecir lo que objetivamente significan las actas de detención y la actuación estatal de la que éstas fueron reflejo. La efectiva detención -y la privación de la libertad que es su necesaria consecuencia- de los choferes afectados quedó corroborada documentalmente no sólo en las respectivas actas de detención y notificación de derechos, sino también en el procedimiento que siguió en sede policial, en el que se ratificó esa situación. A diferencia de lo que pretende el defensor, las circunstancias comprobadas de la causa no parecen dar cuenta de la concurrencia de meras formalidades burocráticas desligadas de cualquier situación vinculada con la privación de libertad de los choferes, sino justamente todo lo contrario. En cuanto al agravio concerniente a que aun si se aceptara que los choferes fueron efectivamente privados de su libertad, ello no alcanzaría para configurar el ilícito penal en cuestión pues faltaría de todos modos el elemento subjetivo, ya que -en su idea- "no hubo un uso abusivo de las facultades conferidas por ley", pues en todos los casos habría concurrido "una causa legal que motivó la intervención" de los imputados, deben distinguirse las circunstancias que pueden eventualmente motivar prima facie la actuación policial en el marco de un operativo de control vehicular como los llevados a cabo en los casos de autos -vgr. por posibles infracciones aduaneras-, de la concreta acción llevada a cabo por los encausados de privar de su libertad a los choferes de los camiones, sin que exista motivo legal para ello. Es decir que en los casos en estudio, aun cuando hubiese concurrido un motivo legal de "intervención", ello en modo alguno justificaba la detención de los choferes, acción que - como ya se vio- el impugnante pretende justificar a partir del endeble argumento del labrado de actas de detención por "ignorancia", "defectuosa formación de los agentes" o "excesiva formalidad". Esta importante distinción -que el impugnante no toma debidamente en cuenta- ha sido correctamente graficada por el criterio de actuación informado por el juzgado que estuvo de turno en cada uno de los procedimientos, conforme el cual, ante una posible infracción aduanera, correspondía el secuestro de la mercadería y la identificación del supuesto infractor, quien debía seguir en libertad. En el mismo sentido, acierta el tribunal de previa intervención al afirmar que "el hecho de que privaran de libertad a los transportistas de una carga que, aún en eventual infracción no les era propia, descarta la posible sospecha de la comisión de un delito flagrante que pudiera autorizar a detenerlos". Por otro lado, el agravio relativo a que resulta arbitrario que el tribunal de previa instancia tome en cuenta y valore los hechos que fueran motivo de juzgamiento y condena en la ya citada causa "Bonggi" también debe ser rechazado. En tal sentido, las "claras diferencias" que el recurrente invoca no constituyen un motivo idóneo para impugnar la valoración de los hechos ya juzgados como un indicio más de la ilicitud de los comportamientos de los aquí encartados. Por otra parte, el defensor no toma en cuenta -y mucho menos refuta- las explicaciones del tribunal a quo en cuanto a que si bien en esta causa no se comprobó la finalidad económica de las conductas ello no podía ser óbice para tomar en cuenta los hechos de la causa "Bonggi" como una prueba más de los ilícitos bajo análisis. Los hechos juzgados en la causa de cita constituyen un parámetro valorativo que no puede soslayarse, dado que los aquí imputados participaron en ellos también en condición de policías, ocurrieron en época coetánea a los aquí juzgados, y consistieron asimismo en operativos abusivos llevados a cabo por los imputados dentro del contexto de un modo de actuar ilegal extendido en el tiempo y de ciertos rasgos comunes, tales como - haciendo propias las palabras de los judicantes de previa instancia- "mostrar la capacidad de la fuerza para generar inconvenientes a los comerciantes de la ciudad de Córdoba, como paso previo al pedido de coimas". En lo atinente al recurso de la defensa particular de Walter Claudio González Galzerano por entender que ha existido violación al principio de congruencia por falta de correlación entre acusación y sentencia; y encontrar vulneradas las garantías de defensa en juicio, debido proceso legal, principios acusatorio y contradictorio, cabe señalar que la modificación de la participación del delito por la que fuera acusado por el representante del Ministerio Público Fiscal por una más gravosa (esto es de secundaria a coautoría), por haber sido adoptada de manera novedosa e intempestiva para la parte, ha importado la violación del derecho de defensa en juicio. Cabe tener presente el criterio expuesto en el precedente "Sircovich, Jorge Oscar", oportunidad en que el más Alto Tribunal haciendo suyos los fundamentos brindados por el Procurador General, recordó que "el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme el art. 18 de la Constitución Nacional a condición de que no haya desbaratado la estrategia defensiva del imputado, impidiéndole formular sus descargos" (Fallos 329:4634) y que para que el principio de congruencia no se encuentre afectado, resulta decisivo que la sentencia recaiga sobre los mismos hechos que fueron base de la acusación, y que se hubiese asegurado a la defensa la posibilidad de rebatirlos en el debate. En este caso particular, si bien no se refiere expresamente a un cambio de subsunción jurídica del hecho atribuido, entiendo que la doctrina allí sentada deviene aplicable al caso. Ello así ya que el cambio de participación cuestionado -de secundario a coautoría- importó una modificación esencial en la escala penal aplicable de manera más gravosa para el imputado. Así entiendo que asiste razón al recurrente en cuanto invoca una violación al derecho de defensa, pues el cambio de participación analizado pudo haber privado a la parte de discutir en el momento procesal oportuno la entidad que correspondía asignar al aporte imputado. En ese sentido, la sorpresa no radica en la imposibilidad de la parte de poder adelantar una discusión jurídica, sino en la pertinencia de ello, dado que desde su lugar en el proceso, solo necesitó dar respuesta a la forma de participación seleccionada por el acusador, sin que se le pueda exigir, en este caso concreto, que exponga argumentos adicionales sobre una eventual consideración distinta y más gravosa que pueda adoptar el juzgador por sí. La disidencia señaló que con relación al agravio de la defensa de González Galzerano relativo a la afectación al principio de congruencia , cabe señalar que en su planteo, el defensor señala que el tribunal a quo "modificó circunstancias de hecho de la plataforma fáctica" e incorporó "circunstancias de hecho que no le fueran oportunamente reprochadas al acusado"; sin embargo, más allá de tales asertos el impugnante no explica concretamente en qué consistirían las modificaciones y circunstancias fácticas novedosas -y supuestamente sorpresivas para su parte- que denuncia. A partir de tal defecto de fundamentación, la posterior alegación del recurrente, relativa a que el tribunal a quo "alteró arbitrariamente los límites de la acusación" carece de todo sustento. A partir del examen de las constancias de autos debe afirmarse que la descripción fáctica de los hechos atribuidos al encartado González Galzerano se mantuvo inalterada a través de los distintos actos esenciales del proceso. Más importante aún es señalar que en esos mismos términos fueron descriptos los hechos objeto de condena, sin modificaciones ni variaciones, más allá de la distinta valoración jurídica que, en lo atinente a la participación criminal, le asignara a tales comportamientos el tribunal de instancia anterior. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa- disidencia parcial-.