marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción adquisitiva, prueba testimonial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANDRADA, DONATO EUSTAQUIO c/ DE PABLO FELIPE Y/U OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-20

Más que en cualquier otro tipo de litigio la jurisprudencia ha extremado el rigor en la valoración de la prueba testifical propuestas en el proceso de usucapión. En general se ha establecido que ésta, no debe dejar dudas sobre la efectiva producción de los hechos relatados y que autorizan a tener por cumplida los presupuestos necesarios para el andamiento de éste, debiendo ser concluyente, fidedigna, categórica, inequívoca, clara y precisa, demostrando indudable veracidad y cabal conocimiento que los testigos tienen de la posesión que se procura demostrar.
Empleo público, recursos, recurso de queja (administrativo), sentencia, aplicación de la ley, paritarias, fondo de estímulo, prueba, conflicto de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en DANERI, ANA BEATRIZ Y OTROS  c/ GCBA s/ EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O EXONERACIONES) - EMPLEO PÚBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Constituye una atribución de la Ciudad, al igual que lo fue de su predecesora, la Municipalidad, fijar las remuneraciones de sus agentes públicos (conf. los arts. 121 y siguientes de la Constitución Nacional). Por otro lado, la ley n° 471 -Relaciones Laborales en la Administración Pública- establece que la Ciudad puede negociar con las asociaciones gremiales cómo va a ejercer la facultad de establecer las remuneraciones (conf. el art. 1° de la ley n° 471 y su Título II). La mencionada ley puso límites a la facultad de fijar las remuneraciones de sus agentes públicos. También la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución Nacional, por imperio de lo que dispone su art. 5°, fijan límites a su ejercicio. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Yelmini, Claudia Viviana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)", expte. SACAyT n° 14634/17, sentencia del 25-04- 2018).
Medidas cautelares, embargo, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: DEL CAMPO, Federico. s/ FALTA DE MERITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-09

El embargo es una medida cautelar de tipo económico, que tiene como destino asegurar la ejecución de la pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y costas del proceso. Requiere para su procedencia que previamente se haya dictado el auto de procesamiento que prevé el art. 306, C.P.P.N. Excepcionalmente y aun de oficio dicho embargo puede disponerse y concretarse en tiempo anterior, según lo autoriza el párrafo tercero del precepto. Siempre, en tales casos, deberá mediar peligro en la demora y elementos de convicción suficientes agregados al proceso que permitan objetivamente justificar la adopción urgente de la medida cautelar (*). Al no acreditarse los extremos requeridos por el art. 518, párrafo tercero, C.P.P.N. no es posible hacer lugar a la excepción allí prevista, máxime cuando existe la opción de peticionarlo en el proceso que tramita en sede comercial y el que sería Tribunal natural.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Oricchio, María c/ Centro Universitario Azuleño s/ Ejec.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-03

En la excepción de pago, éste no solamente debe haber sido hecho con anterioridad a la interpelación judicial, sino, además, reunir las condiciones exigidas para su validez por la ley de fondo, es decir, que tenga efectos extintivos de la obligación por haber sido aceptado por el acreedor o judicialmente declarado válido (arts. 724, 725, 740, 742, 744, 756, 758, 759, del C. Civil).
Concursos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernando Zapata s/ Concurso Preventivo-Hoy Quiebra-Inc. Verificación tardía de crédito  prom. por López R.A. y Otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-10

Sin perjuicio de la aplicación inmediata de la Ley 24.522, al quedar observado por el Poder Ejecutivo su artículo 290, los actos procesales cumplidos y firmes bajo el imperio de la anterior ley, son plenamente válidos al estar amparados por el principio de preclusión procesal. El artículo 3 del Código Civil, dispone que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no teniendo efectos retroactivos sean o no de orden público -salvo disposición en contrario- en cuyo caso no pueden afectar derechos amparados constitucionalmente. Por lo que, eventualmente a petición de parte interesada -como en nuestro caso- se pueden introducir razonables adecuaciones si no se afectan las garantías antes señaladas.Al respecto y en lo referido a la escrituración de inmuebles, no hay inconveniente en aplicar el nuevo artículo 150 a los juicios en trámite si lo solicita el beneficiario En función a una razonable compatibilización entre el antiguo régimen y la actual regulación, no habiéndose consumado el proceso en trámite, toda vez que a la fecha de aplicación de la normativa en cuestión aún no se había dictado sentencia, esque para resolver la cuestión corresponderá aplicar el actual artículo 146 de la Ley Civil.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olguín de Medina, Ida Rosa c/ Perez Sanchez, José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Toda lesión física de carácter permanente, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizado como valor del que la víctima se vio privada, aún cuando no ejerciera ninguna actividad lucrativa, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad integralmente considerada. En consecuencia, la circunstancia que la actora no haya demostrado poseer un ingreso por una actividad laboral o de otro tipo, no debe llevar a reducir el monto en cuestión, pues frente al importe establecido si así se actuara la reparación dejaría de responder a la "ratio legis" que la inspira, y dejaría de ser integral (arts. 1078, 1083, Código Civil).
Secreto profesional, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

El secreto profesional no es "absoluto" en cuanto a las obligaciones que impone al facultativo de guardar el mismo, y no conducen sino a admitir que, cuando existe justa causa, la revelación llevada a cabo por el profesional no encuadra dentro del tipo previsto en el artículo 156 del Código Penal. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Malversación de bienes privados equiparables a públicos, malversación culposa, violación al deber de cuidado, depositario infiel, depósito de bienes embargados
Materia: PENAL
Carátula: MOTTA, E.- s/ MALVERSACION  CULPOSA  DE  CAUDALES PRIVADOS EQUIPARADOS A PUBLICOS.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-04

La inobservancia del objetivo deber de cuidado por parte del procesado -depositario-, permitió que desaparecieran los bienes embargados, encuadrándose su proceder, al no haberse probado la mala fe, en el delito de malversación culposa de caudales equiparados a públicos excluyéndose la figura de malversación dolosa.
Aplicación de la ley tributaria, realidad económica, sociedades comerciales, grupo económico
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: KELLOG CO. ARG. S.A.C.I. Y F. s/ IMPUESTO A LOS REDITOS.    REALIDAD ECONOMICA- TEORIA DE LA PENETRACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

La cuestión de la existencia de dos sociedades diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado, pero unificadas económicamente conduce al examen del problema referido al alcance del concepto de la "realidad económica" específicamente aceptado en las leyes impositivas nacionales (arts. 11 y 12 de la ley 11.683 t o. en 1962). Tal regulación normativa de preeminencia, para configurar la cabal intención del contribuyente, a la situación económica real, con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas que pueden ser inadecuadas o no responder a esa realidad económica.
Despido, indemnización tarifada, daño moral, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: Toranzo, Fernando Daniel c/ Obra Social Ferroviaria s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-28

La indemnización tarifada prevista en el art. 245 L.C.T. está destinada a reparar todo tipo de daño patrimonial y extrapatrimonial originado en la pérdida del empleo, pero poniendo un tope máximo, dejando de lado la reparación integral. Como principio general, el resarcimiento tarifado excluye la posibilidad de acumular una indemnización destinada a reparar el daño moral - tal como lo pretende la accionante -, salvo que del despido resulte un acto ilícito distinto de la simple ruptura del contrato, es decir cuando el empleador, en forma concominante con el despido, incurre en conductas que causen perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual. Por ello y, dado que en las presentes actuaciones la decisión extintiva fue sancionada a través de la indemnización tarifada, sin que se hayan acompañado en la causa elementos que demuestren la existencia de un daño a la actora de índole extracontractual que justifique la procedencia del rubro "daño moral", corresponde el rechazo del mismo.
Acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, fundamentación de la demanda, caso concreto, piloto de aviación
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo - DNU 70/23 s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Corresponde desestimar la acción de amparo interpuesta con el fin de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto (DNU) 70/2023, en cuanto deroga la Ley 19.030, sobre Política Nacional de Transporte Aéreo de carácter comercial y el art. 9 de la Ley 26.412, y modifica el Código Aeronáutico (Ley 17.285), dado que la actora no logró demostrar la existencia de un caso, mediante una argumentación investida del rigor que exige una acción de esta naturaleza, sino que ni siquiera hizo mérito concreto de la normativa aludida, explayándose de manera concreta y fundada acerca de la afectación suficientemente directa o substancial y su concreción e inmediatez bastante para poder procurar dicho proceso. Además, las escasas consideraciones introducidas por la amparista revisten un tenor genérico y un grado de abstracción tal que no es posible vislumbrar mínimamente en ellas ni el interés específico, directo, o inmediato atribuible al litigante, que constituiría el objeto concreto de la pretensión.
Trabajadores marítimos, trabajadores de pesca costera, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: LECHNER, CARLOS A. Y OTRO c/ FRUMAR FRUTOS MARITIMOS SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Ante la falta de regulación expresa, conforme al uso y costumbre, en los buques dedicados a la pesca, cualquiera fuera la extensión de la jornada de trabajo, no se abonan horas extras; se reputa que el porcentaje devengado conforme al sistema de participación en el producido compensa adecuadamente el numero de horas trabajadas mas allá de la jornada legal.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delfino R/V/S/ s/ Acción de Amparo-Cuestión de competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

No es de la competencia de la Suprema Corte el conocimiento y decisión de la causa en virtud de la cual el actor persigue, mediante la vía del amparo, la revisión judicial de los actos por medio de los cuales la Municipalidad demandada le denegó su pedido de habilitación de una planta industrial. Ello así, toda vez que quienes se agravian de la negativa de la Administración a concederles una habilitación comercial o industrial carecen de legitimación para iniciar una acción contencioso administrativa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Querellante, rol de querellante, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Pacheco, Carlos E. y otro s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-27

El particular damnificado está legitimado para llevar adelante los procedimientos no obstante la solicitud desestimatoria formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal. La disidencia sostuvo que el querellante en un delito de acción pública no se encuentra habilitado para impulsar la acción penal en forma exclusiva durante la etapa instructoria. (Dres. Madueño -en disidencia-, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Interdicto de recobrar, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paroli Silvia Isabel c/ Paroli Fernando Marcelo y Otra s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-12

La actora, ni en su escrito postulatorio, ni en la etapa probatoria, ni en su expresión de agravios, refiere ni acredita cuando fue desposeída del resto de la edificación que pretende recuperar, elemento o requisito de procedibilidad que, por expresa disposición del Código Civil , corría por su cuenta probar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Infracciones aduaneras, decomiso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALLO, J. MANUEL c/ FISCO NACIONAL (ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS) s/ ORDINARIO - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-22

La eximición de la multa aplicada por la Aduana no excede los límites ínsitos en el significado de aquella potestad, ya que la circunstancia de haberse confirmado el comiso de las mercaderías obsta a que pueda considerarse que el infractor ha sido liberado totalmente del castigo que la ley prevé como consecuencia de la conducta considerada ilegítima.
Relación de dependencia, prueba, concubinato
Materia: LABORAL
Carátula: González, Amanda Elba c/ Carlos Froilan Gialdroni y/u otro y/o quien resulte responsable. s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-17

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que dando por probada la relación concubinaria con la demandada, afirma la inexistencia de la relación laboral. Ello así, ya que debemos aceptar que la actora además de su condición de concubina realizaba tareas en la empresa del demandado que excedían las de su relación concubinaria por lo que cabe aplicar como sostiene el apelante la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y no el 1628 del Código Civil.
Tenencia de armas, aplicación temporal de la ley, ley vigente, reglamentación de la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CARRASCO, Matías Leonel y OSRE, Carlos Gabriel s/ Inf. Art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

Cabe determinar si la vigencia de la Ley Nro. 25.886 quedó supeditada a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

La facultad genérica de reglamentar las leyes acordada por la Constitución Nacional, exige algo más que una simple autorización legislativa para que su ejercicio resulte válido; es necesaria la existencia de leyes dictadas por el Congreso lo suficientemente definidas y precisas, como para que ese ejercicio no se traduzca en un "vagar a voluntad entre todas las materias posibles" (expresión del "justice" Cardozo en "Schetchter Poultry Corp. vs. United States") de lo que constituye el objeto de la autorización.

Si la ley no establece las condiciones o circunstancias, en definitiva, el criterio que gobierne el rumbo del poder ejecutivo, confiriéndole así una autoridad ilimitada en el tiempo para determinar la política y para hacer efectiva o no la prohibición como lo crea conveniente, tal amplitud autorizada de acción equivaldría a conferir al Presidente las funciones de la Legislatura.

Como señala el Dr. Alberto B. Bianchi: "La única fuerza ejecutiva que requieren indispensablemente las leyes, por mandato constitucional, es la promulgación; pero fuera de ella cualquier ley que el Congreso dicte puede estar habilitada perfectamente para entrar directamente en vigor, es decir, para ser inmediatamente operativa, de modo que si alguna intervención le cabe al Poder Ejecutivo, bajo el artículo 86, inciso 2, se debe producir, necesariamente, por decisión y a iniciativa del Congreso, pero no por una incapacidad de este último.

De lo contrario, caeríamos en el absurdo de que la tarea del Congreso quedaría supeditada a la voluntad del Presidente quien podría no dictar el reglamento ejecutivo respectivo y así obstaculizar la puesta en marcha de la ley.

Lo expuesto indica que, tanto cuando el Congreso pide al Presidente el dictado de un reglamento ejecutivo, como cuando le delega una materia para su regulación, le está entregando una actividad propia, personal, considerando así más conveniente por razones eminentemente prácticas, que sean reglamentadas por el Presidente, pero en modo alguno -respecto de los reglamentos ejecutivos- esto constituye un paso jurídicamente indispensable exigido por la Constitución, o por ley alguna, sin el cual la ley carezca de validez" ("La delegación legislativa. Teoría de los reglamentos delegados en la Administración Pública". pág. 121, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1990, el subrayado me pertenece).

No es posible adoptar una interpretación en el sentido que la vigencia de la Ley Nro. 25.886 quedó supeditada al dictado de la reglamentación por el Poder Ejecutivo, pues ello equivaldría a adoptar una postura en favor de la inconstitucionalidad de la ley.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Proveedora Industrial S.A. s/ Inconstitucionalidad arts. 16, 38, 39 y concs. de la ley 10.149;  arts. 59, 80, 81 y concs. del dec.regl. 6409/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

La pretensión de hacer valer en sede judicial una decisión del organismo administrativo atinente a una indemnización por accidente de trabajo no resulta oponible a la demandada si ésta ha declinado oportunamente la intervención de la autoridad administrativa.
Sentencia, fundamentación de sentencias, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: VIRGILI, ROBERTO Y OTROS c/ CAFFARO ROSSI ASOCIADOS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 188-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-18

En materia de honorarios, la fundamentación habitual de la resolución, es de una "natural concisión".
Recurso de casación, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: BARRON, CARLOS ALBERTO c/ FAULE, JOSE LUIS s/ COBRO DE ALQUILER. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-19

Cae en insuficiencia postulatoria, quien se limita a denunciar el quebrantamiento de principios procesales, sin constituir sus quejas una crítica concreta y razonada a la conclusión a que arriban los juzgadores.
Inversiones mineras, tributos aduaneros, derechos de exportación, acción de amparo
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Minera del Altiplano SA c/ Estado Nacional - PEN y otra s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

La pretensión de cobro del nuevo gravamen -los derechos de exportación- y el hipotético aumento de la carga tributaria total -en caso de producirse- no resultan, por sí solas, conductas estatales manifiestamente arbitrarias e ilegítimas a la luz del régimen de la ley 24.196 y de sus normas reglamentarias, exigencia que no ha variado para los procesos de amparo por la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues reproduce el art. 1° de la ley 16.986, imponiéndose idénticos requisitos para su procedencia.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: PATZI AYLLON, Gregorio c/ Ingenio y Refinería SAN MARTIN DEL TABACAL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-03

Cuando el reclamo indemnizatorio se funda en la Ley nº 9.688, no se exige que el factor concausal sea el desencadenante de la dolencia, bastando que haya despertado, agravado o facilitado el desarrollo de una preexistente.Por aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa la tarea desempeñada por el trabajador puede ser una de las causas concurrentes para originar o agravar la dolencia, sin que deba ser necesariamente la principal.Si en el informe médico constan altos grados de probabilidad en la relación causa-efecto debe tenerse por acreditado el derecho a la indemnización.
Alimentos, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORZO DE MUNOZ c/ MUNOZ s/ Divorcio (LIBRO: A108 - 375)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-10-21

La resolucion que homologa la cuota alimenaria pactada por los conyuges en la presentacion conjunta de divorcio consensual, tiene eficacia de cosa juzgada formal pero no sustancial, que puede ser modificada o dejada sin efecto. En consecuencia, el pedido de modificacion de dicha cuota limentaria debe tramitarse por via incidental, incidente que no tiene por objeto la dilucidacion judicial del derecho a los alimentos.-
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lyford, Pyke Frederic Emilio c/ Dandlen, Elisa A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

En orden a la legitimación activa, ciertamente no es lógico para la admisión de la acción que quien reclama por los daños producidos al automóvil no sea su propietario, pues también están legitimados el poseedor, el usufructuario y el simple usuario (arts. 1095 y 1110 del cód. civil).-
Divorcio, matrimonio, casamiento religioso, Derecho canónico
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

El divorcio vincular quedó definitivamente incorporado en nuestra legislación civil a partir de la sanción de la ley 23.515, lo cual tiene una particularidad divergente o contraria al carácter indisoluble que, según el cánon 1013 del Codex, tiene el matrimonio cristiano a partir de los textos bíblicos (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: DANCHOW, Rubén Esteban s/ Quebrantamiento de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-10-24

Los fundamentos del recurso de casación deben dirigirse contra las argumentaciones que sostienen la decisión impugnada, de forma tal de permitir la actividad revisora de esta instancia pues esa es, precisamente, la naturaleza de esta vía en donde, en principio, sólo cabe discutir aquellos aspectos sobre los cuales los jueces de grado han tenido oportunidad de pronunciarse en función de los agravios de las partes.
Incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cicchese, Jacinto c/ Compañía Química s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-15

El juzgador tiene facultades privativas para establecer la oportunidad en que el trabajador adquirió conocimiento de su incapacidad evaluando al efecto las pruebas aportadas por las partes.