Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.402 CAUSA N° 42.627 /2010 SALA IV "BARRAZA VICTOR HUGO C/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ JUICIO SUMARISIMO" JUZGADO N° 37.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 DE JUNIO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 281 la demandada apela la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda y, consecuentemente, declaró la nulidad de la intimación cursada por aquélla para iniciar el trámite jubilatorio en los términos del art. 252 de la LCT.

La recurrente cuestiona tanto la decisión de fondo como la imposición de costas, a mérito de los argumentos que expone en su memorial de fs. 288/304, y anticipo que, a mi juicio, no le asiste razón, por los motivos que paso a explicar.

II) Para mayor claridad en la exposición, resulta conveniente reseñar brevemente, en orden cronológico, los hechos relevantes de la causa.

a)	El 29 de agosto de 2007, la demandada dispuso intimar a 69 agentes -entre los que se encontraba el actor- en los términos del citado art. 252 de la LCT (cfr. Res. 668/97-GRH, fs. 118/122).

b)	El 13 de setiembre de 2007, la empleadora comunicó esa decisión al actor (fs. 6/7 y 127), quien rechazó la intimación "atento no reunir los requisitos exigidos por la ley 24.241 de años con aportes dentro del sistema previsional" (fs. 8 y 128).

c)	Tras el intercambio telegráfico y el trámite administrativo reseñado a fs. 297/298, la demandada constató la ausencia del recaudo señalado por el trabajador y, mediante una nota emitida en febrero de 2008 consideró que éste reuniría la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 252 de la LCT "durante el mes de abril del año 2009" (cfr. nota 917/08 -GRH, fs. 184/186).

d)	El 11 de abril de 2008 se notificó esta nota al actor (fs. 187), quien la rechazó "por improcedente, inexacta y contraria a derecho". Asimismo, el trabajador negó categóricamente que fuera a reunir los requisitos en cuestión en la época (abril de 2009) mencionada por la demandada (fs. 189).

e)	El 3 de diciembre de 2008, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) comunicó al Instituto que, como resultado del acto eleccionario llevado a cabo el 28 de noviembre de 2008, el actor había sido electo delegado titular del Distrito Rosario, "con mandato por 2 (dos) años, hasta el 19 de diciembre de 2010" (cfr. fs. 32/33 y reconocimiento de fs. 259 vta. de que el actor revestía "el carácter de delegado del personal al inicio de las presentes actuaciones").

f)	No obstante lo expuesto en los dos puntos anteriores, la demandada le cursó al actor una nueva intimación para jubilarse de acuerdo a los términos de la Disposición 780/09, a lo que el actor respondió que no reunía los requisitos de años con aportes (cfr. telegrama del 7 de agosto de 2009, fs. 13).

g)	20 de agosto de 2009 la demandada le envió al actor otro telegrama (TCL 57.192) con el siguiente texto: "En razón de encuadrar su situación actual en las previsiones del artículo 252 - primer párrafo - ley contrato de trabajo, modificado por artículo sexto de la ley 24.347, en cuanto reúne usted los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241.intímasele a iniciar los trámites jubilatorios pertinentes a los fines indicados en el mencionado texto legal, queda usted notificado a partir de la recepción del presente, con los efectos del preaviso que el último párrafo del artículo 252 de la LCT le asigna." (fs. 14).

h)	Al día siguiente (21 de agosto de 2009) el actor rechazó esa intimación insistiendo en que no reunía los requisitos para acceder a la jubilación. Paralelamente, le envió a la demandada una carta certificada en la que acompañaba una nota extendida por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en la que constaba que no tenía la cantidad de años con aportes necesarios para obtener el beneficio previsional (fs. 16 y 200/202).

i)	Transcurrido un tiempo más que prudencial, el 6 de setiembre de 2010 el actor le remitió a su empleadora un nuevo telegrama, en el que insistía en su rechazo a la intimación a jubilarse, ratificaba su condición de delegado del personal (con mandato hasta el 19 de diciembre de 2010), e invocaba "la garantía y estabilidad establecida en el Título XII de la ley 23.551, lo que les inhabilita para efectuar la intimación que contesto y adoptar con relación al suscripto conducta alguna que restrinja mis derechos sindicales." (cfr. telegrama de fs. 17, transcripto a fs. 56/57 y reconocido a fs. 259).

j)	Ante la falta de respuesta de la empleadora, el 18 de octubre de 2010 el actor inició este juicio sumarísimo, en el que solicitó que se declarase la nulidad de la intimación a iniciar los trámites jubilatorios.

k)	La Sra. Jueza a quo dictó una medida de no innovar (fs. 66), que fue notificada a la demandada el 1° de noviembre de 2010. Dos días después (es decir, el 3 de noviembre), la empleadora emitió una resolución mediante la cual reconoció que el actor "reuniría los requisitos fijados por el artículo 252 de la ley de contrato de trabajo y ley 24.241, en el mes de junio de 2015" (sic) y consecuentemente decidió "suspender los alcances de la Disposición n° 780/09-DE, en lo que respecta al agente Víctor Hugo BARRAZA, cuyos términos comenzarán a regir al cumplirse los requisitos que fija el mencionado plexo normativo" (cfr. Disposición 1586/10 -GRH, fs. 88/89).

l)	También con posterioridad al inicio de las actuaciones, el actor notificó a la demandada que había sido reelecto delegado por un nuevo período de dos años (cfr. fs. 300).

III) A esta altura conviene recordar que, según lo dispone el art. 252 de la LCT, "cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes [para obtener la jubilación-.".

Del citado texto se deriva sin esfuerzo que, para que el empleador pueda valerse de ese mecanismo, el trabajador debe reunir los requisitos (de edad y de años de servicios con aportes) necesarios para obtener la jubilación ya al momento de la intimación. De ahí que el empleador tiene la carga inicial de averiguar el cumplimiento de los presupuestos de hecho que habilitan la intimación (Ojeda, Raúl H., en "Ley de contrato de trabajo comentada y concordada dirigida por Antonio Vázquez Vialard, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2005, t. II, p. 535).

Sin embargo, la demandada no satisfizo esa elemental carga de diligencia, dado que intimó al actor, juntamente con los otros 68 agentes que figuran en el anexo de la citada Disposición 668/07, sin tomarse la molestia de averiguar si éstos reunían o no el requisito de años de servicios. Así se desprende de la contestación de demanda, donde el Instituto explicó que "el criterio por el cual el agente demandado [rectius: el actor] fuera incorporado a este Anexo, obedece exclusivamente a la edad que tuviera a la fecha del dictado de la Disposición 668/07-GRH" (sic, fs. 221 vta. y 296).

Sin perjuicio de esa falta de cuidado inicial, la empleadora tampoco fue diligente en subsanar su yerro, dado que recién lo hizo (y en forma defectuosa, como se verá) mediante la Disposición 1586/10 dictada el 3 de noviembre de 2010, es decir, con posterioridad a la notificación de la medida de no innovar dispuesta por la Sra. Jueza a quo. Nótese, además, que en esa resolución hizo mérito de una documentación (la nota proveniente de la Caja de Previsión de la Provincia de Santa Fe) que le había sido suministrada por el actor el 20 de agosto de 2009 (cfr. fs. 200/201), es decir más de catorce meses antes.

De lo que hasta aquí llevo dicho se desprende que el actor no actuó de forma apresurada (como peregrinamente aduce la demandada en su memorial recursivo) al deducir su demanda el 18 de octubre de 2010, dado que a esa altura el trabajador ya hacía casi catorce meses que había aportado a su empleadora la documentación que demostraba de manera fehaciente que todavía le faltaban nada menos que seis años para reunir uno de los requisitos necesarios para obtener la jubilación.

Pero además, como anticipé, la Disposición 1586/10 fue, además de tardía, defectuosa, pues ante la evidencia de que al actor todavía le faltaban seis años de servicios, la empleadora no dejó sin efecto la intimación a iniciar el trámite jubilatorio (como hubiera correspondido), sino que se limitó a suspender esa intimación hasta el año 2015. Tal proceder colisiona abiertamente con el citado art. 252 de la LCT, que -como también dije más arriba- sólo habilita al empleador a intimar al trabajador una vez que éste reúne los requisitos necesarios para jubilarse (y no cinco o seis años antes).

IV) Al margen de todo lo expresado precedentemente, que de por sí bastaría para desestimar los agravios, no puede pasarse por alto que a la fecha en que la demandada le cursó la última intimación para iniciar el trámite jubilatorio (en agosto de 2009, cfr. puntos "f" y "g" de la reseña efectuada supra) el actor ya revestía la calidad de delegado gremial (con mandato vigente desde el mes de diciembre de 2008), y así se lo recordó a su empleadora mediante el mencionado telegrama del 6 de setiembre de 2010 (que recibió el silencio por respuesta).

Consecuentemente, la demandada no se encontraba habilitada para iniciar (o, en su caso, proseguir) el procedimiento del art. 252 de la LCT, pues, como lo ha sostenido esta Sala a través de distintas integraciones, la condición de delegado impone a la empleadora la carga de requerir la exclusión de tutela, con carácter previo a la intimación del art. 252 de la LCT (esta Sala, 29/9/03, "García Terán, Juan G. c/ Argentina Televisora Color SA y otro", JA 2004-I, 323; íd., 5/7/07, S.D. 92.409, "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Casanova Juan Carlos s/ juicio sumarísimo" ; íd., 24/10/07, S.D. 92.670, "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Chervenir, Humberto s/ juicio sumarísimo"; íd., 27/03/08, S.D. 93.134, "Nyari de Sanoner, Hortensia Raquel c/ Aerolíneas Argentinas s/ despido"; íd., 23/3/12, S.D. 96.163, "PAMI Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Salvia, Elsa s/ juicio sumarísimo". En similar sentido: CNAT, Sala II, 85.478, 19/3/99, SD 85.478, "Laser Kalman c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de amparo"; íd., Sala II, 3/8/04, "Doherty, Diego c/ American Inc. Sucursal Argentina"; íd., Sala II, 26/4/00, SD 87.804, "Tejo, Roberto C. c/ Red Celeste y Blanca SA"; íd., Sala II, 24/11/04, "Oviedo Aguade, Carmen Leonor c/ Estado Nacional Ministerio de Salud de la Nación; íd., Sala III, 30/4/01, "Canal, Pedro c/ Finadiet SA").

V) Por todo lo dicho, corresponde confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y también respecto de las costas.

En efecto, la exención de costas que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando "media razón fundada para litigar", expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (C.N.A. Civ., Sala E, 26/12/97, "Becerra de Delgado, Ana Cecilia c/ Delgado, José Hugo s/ medidas precautorias"; esta Sala, 20/2/08, S.D. 93.001, "Sotelo, Eva Nelly c/ Medical Park S.A. y otros s/ despido"; íd., 14/5/10, S.D. 94.677, "Rodríguez, María Eugenia c/ FV S.A. s/ certificado de trabajo"; íd., 14/5/10, S.D. 94.661, Prieto, Cecilia Ramona c/ Coto CICSA y otro s/ accidente - acción civil"; íd., 14/5/10, S.D. 94.673, "Costa, María de los Ángeles c/ Mapfre ART S.A. s/ accidente - ley especial"; íd., 31/5/10, S.D. 94.717, Giuliano, Fernando Martín c/ Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación Civil s/ despido").

En el caso no se advierto motivos objetivos que justifiquen la exención solicitada. Por el contrario, las razones que expuse en los considerandos anteriores denotan que la demandada procedió con ostensible torpeza.

VI) La demandada apela por altos los honorarios del letrado del actor. A su vez, este último cuestiona sus emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios en cuestión lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos a la suma de $ 10.000 (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839).

VII) En síntesis, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, a excepción de los honorarios de la representación letrada del actor, que se elevarán a la suma de $ 10.000. 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada y regular los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior instancia (art. 14, ley 21.839). 3) Aclarar que tales estipendios comprenden la totalidad de los trabajos realizados en autos y no incluyen el impuesto al valor agregado.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto de mi distinguido colega el doctor Guisado, toda vez que comparto en su totalidad los fundamentos dados en los puntos I, II, III, V y VI los que resultan suficientes para desestimar la apelación interpuesta por la accionada y dejo a salvo mi opinión en lo que respecta al análisis que efectúa en el punto IV de su voto, toda vez que según sostuve en otras oportunidades, en el caso del delegado gremial la empleadora debe esperar el vencimiento del mandato para intimar al trabajador en los términos del art. 252 LCT (ver del registro de esta Sala SD N°96163 del 23/03/2012 en autos "PAMI -INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS C/SALVIA ELSA S/ JUICIO SUMARÍSIMO").

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, a excepción de los honorarios de la representación letrada del actor, que se elevarán a la suma de $ 10.000. 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada y regular los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior instancia (art. 14, ley 21.839). 3) Aclarar que tales estipendios comprenden la totalidad de los trabajos realizados en autos y no incluyen el impuesto al valor agregado.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria