Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-21


Comodoro Rivadavia, 21 de septiembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M., S. y A. H. B. c/ L. R. P. A. s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS", Expte. N° 15.841/2006, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, (Expte. N° 1082/2005), por haber interpuesto fs. 38 la demandada recurso de apelación, contra la sentencia interlocutoria no. 48/06 fs. 37/37vta. que rechazó el pedido de levantamiento de embargo e impone las costas a su parte.

Se agravia el recurrente a fs. 40/49 vta., por entender que el aquo yerra al determinar la naturaleza jurídica de la emisora radial y en la interpretación de la normativa aplicable al caso. Sostiene que la emisora es un ente descentralizado de la administración central. Rechaza el concepto que la actividad y fines perseguidos por la entidad sean meramente comerciales. Destaca que la radio L P A, integra el S S de R que es de interés público.

Agrega que la emisora de radio es sostenida económicamente por el Estado Nacional. Indicando los decretos y resoluciones que así lo establecen. Realiza un relato de la evolución de la gestión y administración estatal con relación a los medios de radiodifusión.

Declara que la administración general de las emisoras está a cargo como órgano administrador del Secretario de Medios de Comunicación de la Nación. Sostiene que por el decreto 7191/63, las radioemisoras son propiedad del Estado Nacional, que en cuanto a su patrimonio le son aplicables los principios generales del patrimonio público y que conforme la ley 11672 el mismo es inembargable y que a la emisora le es aplicable la Ley de Contabilidad.

Afirma que recibe fondos del Tesoro Nacional para su gestión y funcionamiento; fondos que fueron embargados en el presente proceso. Alega que los actores en el principal, reconocen a la demandada como perteneciente al estado nacional.

Sostiene que el fallo deviene incongruente, pues establece que la radio L P A depende del Estado Nacional para el supuesto del cobro del crédito homologado en el expediente principal, y se desconoce dicha circunstancia en el presente. Invoca la teoría de los actos propios con relación a la conducta demostrada por los actores en el presente y en el principal.

Afirma que con el embargo de autos se ha afectado bienes públicos indispensables para su funcionamiento. Agrega que las sumas depositadas y embargadas en la cuenta del Banco Nación, provienen de fondos del Estado Nacional y están afectadas al pago de los sueldos del personal de la emisora. Reitera la inembargabilidad de dichos fondos, invocando la normativa específica aplicable al caso.

Manifiesta que le es aplicable a los honorarios regulados en autos la ley de Consolidación 25344, como consecuencia que la causa que le dio origen es anterior a la fecha de corte que establece la normativa.

Sostiene que esto implica que se carezca en el caso de verosimilitud del derecho que autorice el mantenimiento de la medida cautelar, así como, que exista peligro en la demora. Invoca la nulidad de la ejecución. Sostiene que en la resolución impugnada se ha violado el art. 34 inc. d) y art. 161 del CPr. Hace reserva del caso federal.

Contesta la actora los agravios a fs. 53/ 59 vta., manifestando que la emisora radial es una persona privada, sometida al derecho privado y que la acreencia reclamada en autos es posterior a cualquier ley de consolidación de deudas del estado. Solicita el rechazo del recurso y confirmación de la sentencia de grado, por los fundamentos expuestos en su memoria. Hacer reserva del caso federal.

La cuestión a resolver, más allá del orden cronológico en que se han expuesto los agravios, hemos de determinar en primer lugar si son aplicables las leyes de consolidación de deuda del Estado Nacional al caso. Ello, atento la incidencia directa que tales leyes tienen sobre las medidas cautelares trabadas.

El principio general es que toda acreencia a cargo del Estado nacional, que tenga por objeto la obligación de entregar una suma de dinero o que se resuelva en la entrega de una suma de dinero y que su causa o título sea posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 31 de diciembre de de 2001, se encuentra sujeta al régimen de consolidación de deuda y deberá ser abonada, a opción del acreedor, en títulos públicos o en una suma de dinero en forma inmediata a su vencimiento, conforme el plazo de espera de la ley dieciséis años .

Ello como resulta de la previsión de la ley 23982 y el artículo 51 de la ley 25967.

En tal orden de ideas, se destaca que conforme las constancias del presente, los honorarios que se pretenden ejecutar los honorarios regulados a fs. 95 de los autos principales (Expte N° 1474/02). Estos han sido regulados como consecuencia del reclamo de pago de la deuda documentada en el convenio de honorarios de fecha 22 de agosto de 1995 (fs.1), celebrándose un acuerdo transaccional a su respecto fs. 74/75, homologado el 3 de diciembre de 2003 fs.92 En el mismo, se hace expresa referencia al origen de la deuda, desde que se reconoce expresamente la vigencia del convenio del 22 de agosto de 1995, incumplido a la fecha, estableciendo además su pago en bonos de consolidación de la deuda pública.

En función de lo expuesto se advierte que tanto desde el punto de vista temporal la deuda cuyo cobro se persigue en autos es abarcada por el régimen de consolidación de deudas. Lo mismo sucede en relación a su causa u objeto y según el sujeto deudor.

Tal aspecto es relevante en orden a la inclusión de la actual deuda por los honorarios en dicho régimen. Es que en relación a la causa u objeto, la Corte Suprema de Justicia, en autos "Parrilla" ha definido el alcance de la expresión causa de la obligación, afirmando que la constituyen los "hechos o actos que de modo directo le hubieren dado origen" (Fallos 316: 1775).

La doctrina que dimana de este precedente tuvo recepción positiva en el decreto 116/2000 define las obligaciones de causa o título anterior como aquellas que tuvieran su origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad, aun cuando se reconocieran administrativa o judicialmente con posterioridad.

Partiendo de tales premisas y conforme la reseña temporal ya efectuada en orden al origen de la deuda no caben dudas de la inclusión del actual crédito por honorarios, atendiendo a su causa en el régimen de consolidación de deudas del Estado.

Tal como ya ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia ha considerado a los honorarios incluidos dentro de los regímenes de emergencia con distintos fundamentos y todos ellos determinan la inclusión del supuesto de autos en el régimen de consolidación de deudas.

Así, cuando se dictó la ley de suspensión de juicios contra el Estado art. 50 Ley 23696 los incluyó sosteniendo como elemento dominante el principio de la accesoriedad (Cfr. "V C, M (suc.) v. Provincia de La Rioja" J.A. 1991I530/547).

Al dictarse la Ley 23.982, al amparo de este precedente y en función de lo dispuesto por el artículo 1º inciso d) del decreto reglamentario en numerosos pronunciamientos se decidió que cuando los honorarios accedían a una obligación no consolidada quedaban excluídos del régimen de consolidación.

Posteriormente, el tribunal cimero, el 28 de julio de 1994, in re "Moschini, José María c. Fisco Nacional (ANA) s/cobro de honorarios" consideró al crédito por honorarios incluido en la consolidación, a pesar de que la obligación principal estaba fuera de dicho régimen por haberse dispuesto su pago por otros medios.

En el caso, sostuvo que más allá del alcance que se le hay asignado a las situaciones contempladas por la Ley 23.696 y su decreto reglamentario, tal exégesis no es inmediatamente aplicable a los supuestos en que se debate la inclusión de los créditos en el régimen de consolidación de deudas porque el sistema de la Ley 23982 afecta a un número mayor de situaciones que las contempladas en aquellos textos.

Ese mismo año la Corte, en otros tres pronunciamientos, abandonó el principio de la accesoriedad. Uno de ellos fue "L B E c. Comisión Municipal de la Vivienda s/escrituración", del 4 de octubre de 1994, en el que los honorarios accedían a una obligación de hacer y por lo tanto no encuadrable dentro de las previsiones de la ley de consolidación, bajo el argumento de la accesoriedad (ver E.D. t 161, con nota de A.R. Wletzler Malbrán "Todo se consolida, nada se paga (Nuevamente sobre la consolidación de honorarios como accesorias de obligaciones no consolidadas)", p.641/646.

En otro pronunciamiento "Provincia del Neuquén c. Estado Nacional", del 27 de octubre de 1994 (L.L. 1995 C, p. 503/508) estableció que el crédito por honorarios constituye por sí mismo una condena dineraria alcanzada por la consolidación.

Luego, en "C. M A. c. B C" fallada el 28 de mayo de 1996 sostuvo que en el sistema de la Ley 23982 se abandonó la regla de la accesoriedad establecida por la Ley 23996 (L.L. 1997 A 85/89) Nuestro Superior Tribunal de Justicia, ha adherido al criterio sentado por la Corte Suprema. Ha sostenido: "la obligación de pagar los emolumentos profesionales estará o no sometida al régimen de consolidación según ella misma constituya o no una obligación consolidable de acuerdo a la ley, lo cual se determinará sin consideración alguna acerca del carácter consolidable o no del capital de condena; y aunque tal capital de condena no exista, porque los honorarios se devengaron en un proceso que carece de un pronunciamiento condenatorio" (Cfr. Sentencia del 28 de junio de 2001 dictada en autos "A S.A. c/Provincia del Chubut s/demanda contencioso administrativa", Expte. Nº 13829A1992).

En conclusión, atendiendo a su causa, y teniendo presente que el sujeto deudor; la acreencia que se reclama en autos, queda incluido en el régimen de consolidación de deudas del estado nacional Los propios términos del convenio homologado judicialmente en el expediente principal, en el que se especifica el origen de la deuda, corroboran esta conclusión.

A su vez, lo decidido es dirimente respecto a la restante cuestión sometida a debate; esto es el levantamiento de la medida cautelar decretada.

Es que, la inclusión en el régimen de consolidación de deudas determina la improcedencia de la ejecución forzosa debiendo levantarse el embargo trabado en autos sobre la cuenta de la demandada ante el Banco Nación, por aplicación expresa de la previsión del artículo 3 de la ley 23982 y concordantes con los normados por las leyes 25344, 25565, 25725 y 25967 que le sucedieron.

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Atento el modo que se resuelve la cuestión y, en virtud de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCH, corresponde adecuar las costas y honorarios del proceso. Las costas de ambas instancias, se imponen al actor vencido (art. 68 CPCCCH). Se regularán los honorarios profesionales de acuerdo a la naturaleza del proceso, etapas cumplidas, labor desarrollada y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts. 14, 33, 6, 7, y ss ley 4335).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1º). Hacer lugar recurso de apelación interpuesto por la demandada.

2º). Ordenar el levantamiento de la medida trabada en autos, librándose el respectivo oficio en la forma de estilo.

3º). Costas de ambas instancias al actor vencido. Regular los honorarios profesionales por su participación en la incidencia de primera instancia, de los Dres. A. H B. y S. M., en forma conjunta en el diez por ciento (10%) de los que resulten en el principal y, los de la Dra. C O en el quince por ciento (15%) de los que se determinen en el principal.

4º). Regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, de los Dres. C O y J M en forma conjunta, en el treinta por ciento (30%) de los que resulten en la incidencia de primera instancia y, de los Dres. A. B. y S. M., en forma conjunta, en el veinticinco por ciento (25%).

5º). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara, Dr. Fernando Nahuelanca y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet Presidente; Julio Antonio Alexandre Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 185 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS