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Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, locación, código de minería, cancelación de deudas, daño ambiental, sentencia
Materia: COMERCIAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: PERALES AGUIAR SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE REVISION POR SANTA TERESA SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Cabe modificar la sentencia que declaró verificado el crédito del incidentista y en ese marco reducir a la mitad el importe que en ella fue reconocido. Es que en el caso se trata de un contrato de arrendamiento de una cantera regido por el Código de Minería de la Nación, a los fines de extraer tosca para la ejecución de cierta obra pública que había sido adjudicada a la concursada cuya explotación sólo se llevó a cabo durante un mes, de lo que deriva el reclamo por los demás meses que se adeudan, establecidos en el contrato. En ese contexto cabe señalar que ninguna de las partes enfrentadas se encuentra habilitada para sacar provecho de esa relación, pues ambas se encontraban obligadas a cumplir con el procedimiento señalado por la ley 25675: 11 y 12 y el art. 248 del Cód. de Minería y omitieron cumplir con tal obligación. Vale, en tal sentido, destacar que, además de haberse previsto en él una locación del inmueble, se convino que la actora permitiría a la demandada la explotación de la cantera de marras. No es hecho controvertido que el convenio se celebró y se ejecutó -al menos de modo parcial- sin que ninguna de las interesadas hubiera cumplido con las normas ya referidas, que les requerían obtener la previa aprobación administrativa del estudio del impacto ambiental que hubieran debido realizar en forma previa a iniciar esa explotación.
Juicio de apremio, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco Pcia.Bs.As. c/ Empresa La Gioconda s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-07

La excepción de falta de personería no puede fundarse alegando la caducidad del mandato invocado en razón de un cambio institucional de autoridades, puesto que en la materia de que se trata debe privar la doctrina de la continuidad de los mandatos en el área de la función pública, salvo el supuesto de revocación explícita. Así el art. 11 del dec. ley 7543/69 (T.O. por decreto 969/87), dispone que la sustitución en la representación se mantendrá no obstante la cesación del Fiscal de Estado que la efectuase.
Interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tandecarz Juana Sara y Otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) Res. 3397/3398/96 2662/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-02

Para hacer efectiva la voluntad del legislador y la finalidad de las normas, los jueces están autorizados a superar las imperfecciones técnicas del ordenamiento y acudir, en la medida de lo prudente a una interpretación armónica, funcional y sistemática (C.S.J.N. Fallos: 280:307). (Consid. VIII).
Homologación del acuerdo, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación Civil Cruzada Cívica p/la Def. de CY USP c/ Gpat Compañia Financiera SA y otros s/ sumarísimo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-22

En ese marco, las medidas de integración del acuerdo propiciadas no resultan violatorias de lo dispuesto por el CCCN 1776 y 1777, ni tampoco el principio de cosa juzgada, ya que las mismas tienden a que los derechos acordados para los consumidores afectados y reconocidos en el convenio, adquieran la eficacia que pretendieron al celebrar el mismo, y permitir que, de ser ello posible, los beneficiaros puedan cobrar sus acreencias, sin desconocer la validez que el propio convenio tuvo al momento de ser celebrado (en igual sentido: CNCom, Sala B in re "ADECUA c/ Galicia Seguros SA y otro s/ ordinario" del 24/04/14).
Injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa, acoso sexual, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Rial, Liliana S. s/ Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

La denuncia por medios radiales y televisivos de haber sufrido "acoso sexual" por parte del querellante, reúne los requisitos típicos objetivo y subjetivo de la injuria, tanto por significar un incuestionable menoscabo del honor del acusador la atribución, mediante medios de difusión masivos de un comportamiento altamente desacreditante, como por haberse efectuado con la evidente finalidad de ofender con maledicencia, lo cual surge no sólo por realizarse las manifestaciones cuatro días después de recibido por la imputada el telegrama de notificación de no haber sido confirmada en el cargo, sino también del haber silenciado en todo momento ante el periodismo la circunstancia -que como abogada no podía ignorar- de que accedió al cargo con carácter provisional los primeros seis meses del nombramiento, lo que autorizaba, al cabo de ese lapso, a prescindir de sus servicios si no demostraba idoneidad y condiciones para la función.

Corresponde responsabilizar a la encausada que dejó de lado un sistema pacífico e inocuo estructurado por los órganos que conforman el Poder Judicial, y ha preferido a ellos, en vez de demandar justicia, injuriar ante la prensa televisiva y radial, ignorando que el derecho no admite su defensa mediante el empleo de medios formalmente ilegales, salvo contadísimas excepciones que no se dan en el caso. De este modo, la procesada se apartó deliberadamente del orden emergente de la ley -por ella conocido en su condición de abogada- para penetrar al ámbito de la ilicitud penal.

El acusar a otra persona, en forma pública, de haber querido usar su cargo jerárquico para tener relaciones sexuales, es sin duda alguna tipificante del art. 110 del C.P. . Desde el punto de vista del tipo subjetivo existió dolo, ya que la querellada tuvo la inteligencia y voluntad de decir lo que dijo, tratándose de un hecho antijurídico porque no hay causa que elimine el injusto, al no existir legítima defensa pues el supuesto ataque sexual -agresión- ya no existía, ce con un mal grave e inminente que solucionar, ya que en todo caso había ocurrido.
Protección de la vivienda, deudas de los cónyuges, inoponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychú c/ Giménez, Angel José s/ incidente desafectación bien de familia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-18

La diferencias entre la inoponibilidad y desafectación es de consecuencias, porque en un caso la cancelación de la tutela beneficia a la totalidad de los acreedores al introducir nuevamente al inmueble dentro de la garantía común de los acreedores, y en la inoponibilidad sólo beneficia al acreedor anterior.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, impulso procesal, mandamientos
Materia: PROCESAL
Carátula: BANDA, JUAN c/ SARMIENTO, MARCELA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

La presentación del mandamiento ante el tribunal debe ser considerado como acto impulsorio. Más allá de las falencias que en el mismo se advierten a partir de su presentación, ha quedado vedada al juez la posibilidad oficiosa que le acuerda el CPC, 316 para decretar la caducidad de instancia.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Ayuso, Gustavo L. c/ Agro Ezport Servicios y/o Fulminal S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 50-99, Resolución Nro. 215, Tomo 24, Folio  468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-22

En el caso de la reparación por daño moral no se cuenta con parámetros ciertos, debiéndose atender a los padecimientos sufridos por la víctima de un evento dañoso, etapa de convalecencia, molestias o desequilibrio espiritual que pueda acarrear la incapacidad conforme la entidad de la misma y la situación personal, familiar y social de la misma. Pero el monto a otorgar en compensación por el dolor resultaría de un acto subjetivo del juzgador, en el que deberá actuar con razonabilidad y prudencia. Y, si bien el daño moral puede existir en forma independiente del daño material, una de las pautas más objetivas para mensurar el primero es relacionándolo con el porcentaje de incapacidad -obviamente cuando ésta exista- (ya que lógico es presumir que a mayor incapacidad mayor será la mortificación espiritual del sujeto) e indirectamente entonces con la suma concedida en concepto de daño material, siempre que ésta no sea la única pauta y se sepa distinguir las circunstancias especiales que pudieron haber influido en la cuantificación.
Cosa juzgada, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Vaccaro, Francisco Roberto c/ Paramio, Pascual Enrique e Inmobiliaria del Salado  SRL. s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

El exceso en los límites de razonabilidad de la cosa juzgada podría considerarse configurado cuando se pretende extender el resultado de una sentencia obtenido sobre la base de operaciones matemáticamente equivocadas, a pesar de encontrarse dicha situación evidenciada en el juicio.
Cuestiones de competencia, quiebra, fuero de atracción, sentencia definitiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AFIP - DGI c/ Ecoave S.A. s/ ejecución fiscal - A.F.I.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

De conformidad con lo dispuesto por el art. 21, inc. 1°, de la ley 24.522- sustituido por el art. 4º de la ley 26.086 -, todos los juicios de contenido patrimonial deben quedar radicados ante el juez que entiende en el proceso universal, lo cual resulta procedente aún en el supuesto de que en aquéllos hubiere recaído sentencia definitiva, pues el juicio atraído ha de ser la razón y fundamento de la pretensión de verificación que pueda llegar a ejercer el acreedor (Disidencias de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti que remiten a sus disidencias en el precedente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Fallos:331:756))
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, contrato de obra pública, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: América Construcciones  S.C.A. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Desestimar la demanda de modificación o recomposición del contrato de obra pública por considerar que no existe legitimación activa en los términos del art. 3x del Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Bión de esa natgar la posibilidad de promover la pretensión ante otros tribunales por vincularse a una materia cuyo conocimiento fue atribuido en forma exclusiva y excluyente a la Corte Provincial equivale a sostener que en el ámbito de la provincia no existe procedimiento idóneo para obtener una decisión judicial que eventualmente restablezca o resguarde un derecho de contenido patrimonial como el alegado.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacho, Rosalía y otro c/ Ruíz, Aníbal Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Todo conductor debe estar atento respecto de las contingencias que en forma compleja presenta el tránsito, debiendo guiar el vehículo en forma de conservar el pleno dominio sobre él.-
Incapacidad laboral, indemnización por incapacidad, indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: VANNI DE GIANERA, ROSA JUANA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

La indemnización del artículo 212 Ley de Contrato de Trabajo prevé que existe expectativa de vida, pues lo que se separa es la imposibilidad para obtener ingresos derivados del trabajo. En cambio, la indemnización del artículo 248 Ley de Contrato de Trabajo tiene por objeto resarcir al núcleo familiar por la falta de ingresos derivada de la muerte del trabajador. Ambas indemnizaciones son incompatibles y no pueden acumularse. (Conforme Moreno, J R. 'La extinción del contrato de trabajo por incapacidad absoluta del trabajador'; L.T. tomo XXX, página 1057).
Accidentes de trabajo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Ávalos Andrés Ezequiel c/ Galeno ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-04

Los intereses que acceden a la indemnización por incapacidad derivada de un accidente de trabajo, se devengan desde que dicha minusvalía puede ser considerada "permanente". Asimismo, el artículo 7º de la ley 24.557 establece que la incapacidad temporaria cesa -entre otras razones- por alta médica, por la declaración de incapacidad laboral permanente o bien por haber transcurrido un año desde la primer manifestación invalidante. En otras palabras, en el sistema actual la consolidación jurídica del daño que deriva de un accidente de trabajo (o de una enfermedad- accidente) también se produce al otorgarse el alta médica, o al efectuarse la declaración de incapacidad laboral permanente (si esto ocurre antes del año subsiguiente al infortunio) o, acaso, a más tardar, al cumplirse el año de acaecido el infortunio -plazo máximo establecido por la norma de consolidación del daño-.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, presunciones, culpa penal, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Sandys Confezioni SPA. s/ querella por infracción al art. 31 de la ley 22362.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La existencia de presunciones legales de culpabilidad que no admiten prueba en contrario implica desconocer la preciosa garantía fundamental según la cual la culpabilidad del agente es presupuesto de su responsabilidad penal.
Servidumbres, servidumbres administrativas
Materia: CIVIL
Carátula: ARISTIZABAL DE DOLDAN MARIA CRISTINA c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La mera restricción administrativa vincúlase a lo absoluto del dominio; la servidumbre administrativa vincúlase a lo exclusivo del dominio. Las primeras trasuntan condiciones normales del ejercicio del derecho de propiedad; las segundas implican desmembraciones del dominio que afectan su integridad, pues terceros -el público- utilizará en una u otra forma la propiedad del administrado. Tal es la diferencia esencial entre la mera "restricción" administrativa a la propiedad y "servidumbre" administrativa impuesta a la misma. (conf. Marienhoff "Tratado de Derecho Administrativo" t.IV 1264).

Con arreglo al art. 2992 del Código Civil la constitución de la servidumbre a título gratuito se rige en cuanto a su forma por las disposiciones relativas a las donaciones y testamentos, requiriendo, por ende, conforme a los arts. 1184 inc. 1ro. y 1810 inc. 1ro. de dicho ordenamiento ser formalizada por escritura pública, y ello "ad solemnitaten" en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo de este último artículo.

Aún cuando se considere a las servidumbres reguladas por los arts. 3068, 3076 y 3085 del Cód. Civil como de derecho privado, la aplicación de estos dispositivos es admisible aún cuando se trate de servidumbre administrativa desde que las normas del Código Civil son de aplicación subsidiaria en el Derecho Administrativo.

Si bien los arts. 3068, 3076 y 3085 del Cód. Civil contemplan supuestos de servidumbres coactivas, y en razón de ello y del consiguiente perjuicio patrimonial que imponen al titular del fundo sirviente fijan criterios para determinar la indemnización correspondiente, no se advierte óbice para su aplicación analógica a servidumbres administrativas cuyo origen es un contrato en las que no se ha convenido tal compensación, a fin de establecer los valores económicos comprometidos en ella.

El hecho de que la servidumbre grave todo el inmueble, afectándolo jurídicamente en su integridad, no significa que valga lo que vale todo el inmueble. Y prueba de ello es que, al fijar los criterios para determinar el precio o indemnización en las servidumbres coactivas de tránsito y acueducto, los arts. 3068, 3076 y 3085 lo hacen con prescindencia de ese último valor no obstante la indivisibilidad de tales servidumbres.
Infracciones administrativas, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Único Regulador de Ser-vicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denega-do en 'Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Ser-vicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est. y su acumulado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

La afirmación de la Cámara de que no se le informó a Metrovías cuál era el hecho imputado fue formulada con total prescindencia de las constancias de la causa, toda vez que se le informó en todo momento cuál era el incumplimiento atribuido, el de la obligación relativa a tener un nivel de iluminación determinado en andenes, molinetes y subtes, hecho por el que había sido intimada en varias oportunidades con anterioridad a que tuviera lugar la citación. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Remuneración, recibo, pago, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas Rodríguez, Lilian Marisol c/ Fioriti, Carlos s/ Antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

El efecto cancelatorio del recibo suscripto por el dependiente -ausente en el caso- no puede suplirse por su rúbrica en el Libro Especial del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque el art. 144 de dicho cuerpo legal no excluye el otorgamiento del recibo con el contenido y formalidades exigidas por la ley.
Tenencia simple, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: Z.R.L. c/ S.S.G. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-12-15

El propósito de asegurar el mayor bienestar de los menores, indica que las culpas de uno y otro cónyuge que condujeron al divorcio no pueden resultar decisivas para resolver sobre la tenencia, pues es independiente el interés de los hijos de los agravios sucedidos en la relación de pareja. (Fundamento de la Dra. Stella M. Zabala de Copes)
Recursos, principios procesales, reformatio in pejus
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: N, G R s/ LESIONES GRAVES CALIFICADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-12

Con relación a los recursos en el proceso penal, se excepciona expresamente la personalidad del recurso -autorizándose la incongruencia y la reformatio in pejus in bonam parte para el imputado, en el caso del efecto extensivo o comunicante a favor de los encausados que no hubieren recurrido y en la hipótesis de impugnación por el Fiscal, en contra del imputado (artículos 410 y 414, 2do párrafo del Código Procesal Penal). A la inversa, en cambio se veda genéricamente a la reformatio in pejus que causa gravamen al sujeto pasivo de la relación jurídica del proceso penal (artículo 414, 3er párrafo del Código Procesal Penal).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., M. A. c/ S. de M., I. s/ Filiación Díaz Pino, Norma Alicia c/ Christensen, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios Galluzzi, Miguel c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Daños y perjuicios Díaz, Norberto Ezequiel c/ Piralli, Gustavo s/ Daños y perjuicios Aroca, Daniel Wilson c/ Pérez, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01|1999-08-31|2001-03-28|2001-10-03|2000-03-22

No existe ninguna soberanía de las instancias ordinarias respecto de ciertas cuestiones probatorias salvo absurdo.

Si se quiere llamar "absurdo" a violaciones de textos legales como los arts. 163 inc. 5, 164, 384, 456, 474, etc. del Código Procesal Civil y Comercial se podrá realizar tal convención terminológica.

Pero en realidad se trata -como respecto del resto del derecho- de la simple posibilidad de cumplir o de violar la ley y del consecuente recurso de inaplicabilidad cuando se la viola. No hay violaciones legales chicas y grandes sino violación o cumplimiento de la ley; así resulta del principio de identidad. (Minoría u opinión personal)
Revisión judicial, actos impugnables, juicio
Materia: PENAL
Carátula: Generación 2010 SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Para que prospere la demanda a través de la cual se impugna la determinación de oficio presunta del ISIB, la parte actora debe demostrar vicios en algunos de los elementos que componen ese acto; no que el acto pudo haber encontrado una mejor fundamentación, o quizás otra. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas
Materia: ECONOMIA
Carátula: Narvaez,  Claudio  Jesús c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. yotros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

La incorporación del art. 18 al régimen de consolidación de deudas responde a la necesidad de atender en efectivo las obligaciones de aquellos acreedores que se encuentran en las especiales condiciones descriptas por la norma, sin tener que recurrir a declarar inconstitucional el régimen, única solución posible antes de sancionarse la ley 25.344, pues la 23.982 no contenía tales previsiones (Voto de la mayoría, al que no adhirieron los Dres. Carlos S. Fayt, Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen M. Argibay). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, integración del tribunal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nicolás Rostas SA s/ Incidente por Venta Judicial por Licitación Pública -art. 199inc. 3º  y ss LC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-26

Admitir con amplitud de criterio esta causal -violación de la doctrina legal- casatoria aún cuando los fallos antecedentes que se traigan, provengan de la misma Sala del Tribunal de Alzada que dictó la sentencia integrada en la oportunidad con subrogantes legales. La seguridad jurídica así lo exige pues ésta podría verse menoscabada, si una misma cuestión pudiere tener soluciones distintas según el azar de la integración.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., S.G. c/ F., G.F. s/ Alimentos S. de M., O.E. c/ M., F.P. s/ Divorcio vincular, presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21|1996-03-29

Atento el carácter asistencial de la obligación y, no obstante el acuerdo al que hayan arribado en el proceso, las costas deben ser soportadas por el alimentante. De lo contrario, se vería desvirtuada la finalidad de la citada obligación (art. 641 del CPCC.)
Resoluciones, inconstitucionalidad, comercio exterior, Santa Fe, aplicación territorial de la ley, Inspección General de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara Argentina de Sociedades  de  Ahorro  Previo c/ Santa  Fe, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

No es inconstitucional la resolución 202 de la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe, que reglamenta en su territorio el funcionamiento de las sociedades de ahorro previo, si no surge de su texto que produzca interferencia en la esfera de control propia de la Inspección General de Justicia.