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Seguridad social, prescripción bienal, prescripción decenal, acción de reintegro, retención indebida
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zurita, Agustín y otro c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-26

Reconocido el derecho del accionante a obtener el reintegro de las sumas indebidamente retenidas en virtud de la normativa del Dec. 582/93, corresponde la aplicación de la prescripción bienal que establece el art. 2 de la ley 23.672 (art. 16 C.C.); resultando inaplicable la prescripción decenal pretendida, toda vez que nos encontramos ante un tema de seguridad social y no de derecho civil.
Regulación de honorarios, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio c/ Graiver, Juan y otros. s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Si bien el valor del juicio no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse asimismo al mérito, naturaleza e importancia de esa labor y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores, ese examen no puede derivar en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los extremos dados por la ley.
Recurso de queja (procesal), patrocinio letrado, mandato, preclusión, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MEANA, Raúl Emilio. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-15

Al patrocinio letrado no se aplican las normas del mandato.

Resulta improcedente la pretensión de subsanar por vía del recurso de queja una etapa procesal precluida mediante la alegación de que la no invocación del art. 48 del C.P.C. y C. se debió a un error material.

Por ello, debe rechazarse el recurso de queja interpuesto por la querella.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, defensa en juicio, Cámara de Senadores, juicio político, enjuiciamiento de magistrados, cuestión federal, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Procede el recurso extraordinario deducido - con fundamento en violación a la defensa en juicio - contra la decisión del Senado de la Nación que destituyó al recurrente del cargo de juez nacional, pues se trata de una neta cuestión federal, al estar en juego la inteligencia de los arts. 18, 45 y 51 de la Constitución Nacional.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia c/ Boltri, Juan y Gomez de Boltri s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Es procedente la excepción de inhabilidad de título, cuando de los resúmenes de la cuenta corriente bancaria se extrae que los movimientos de la misma fueron efectuados con posterioridad a la emisión de la certificación de saldo de la cuenta corriente, resultando inhábil para fundar la acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, interés superior del niño, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, deber de información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., N. Y OTROS c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-28

Es por todos conocida la especial trascendencia que posee el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que lo afecten directamente; y al respecto cabe mencionar que para tomar una decisión libre que favorezca su interés superior, el niño debe recibir toda la información y el asesoramiento necesario, sin influencias o presiones indebidas, en un entorno adecuado en el que el niño se sienta seguro y respetado, creando las condiciones para permitirle ejercer su derecho a ser escuchado, lo que exigía que se informe no solo sobre las opciones, posibles decisiones y sus consecuencias, sino también de las realidades fácticas que acontecían respecto de sus progenitores; y tal información no aparece debidamente brindada a las niñas.
Tratados internacionales, derecho de los tratados, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados -aprobada por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980- confiere primacía al derecho convencional internacional sobre el derecho interno.
Recurso extraordinario federal, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: F., J. E. c/ CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC SACIFI y Otros s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-15

El recurso extraordinario no es procedente en los casos en que el apelante se limita a plantear su discrepancia con los criterios de selección y valoración de las pruebas que han utilizado los jueces de la causa.
Juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villarino, Roberto c/ Maldonado, Néstor s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-26

Es procedente el desalojo del demandado por la causal de pago, siempre que se haya tenido por existente el contrato de locación entre ambos, y efectuada por el actor la prestación que en consecuencia le correspondía : entregar el uso de su inmueble; el demandado debió excepcionarse exhibiendo recibos que negaran la falta de pago de dos períodos consecutivos de alquiler
Acción meramente declarativa, costas, juicios en que es parte una provincia, ejercicio profesional, matrícula profesional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Antonini Modet, Martiniano E. c/ Buenos Aires, Provincia de (Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, Ministerio de Economía de la Provincia) s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Debe rechazarse con costas la acción meramente declarativa iniciada contra la Provincia de Buenos Aires, pues si bien el actor pretende que se le autorice a ejercer su profesión dentro del territorio de la provincia demandada de manera genérica y en hipotéticos casos futuros, pues la única referencia concreta que hace es el diligenciamiento de un exhorto en el cual acató las disposiciones provinciales que le impusieron valerse de la actuación de un letrado matriculado en el estado demandado, el supuesto perjuicio ya estaría consumado sin que la elegida sea la vía adecuada para obtener su reparación ni para prevenir daños eventuales (Disidencia parcial de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Ejecución de honorarios, honorarios del perito, medidas cautelares, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: SICHEL,  GERARDO  F. c/ LABORATORIOS  ALEX  SA s/ SUMARIO  S/EJECUCION DE HONORARIOS (POR FLAH, VICTOR H.).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-05

En la ejecución de honorarios promovida por un perito, procede disponer el levantamiento de ciertos embargos trabados cuando, -como en el caso-, surge que ha sido depositado en pago determinada suma de dinero, es decir, la cifra por la cual fueron ordenadas las medidas.
Personal municipal, sumario administrativo, instrucción, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

No puede tener acogida el agravio consistente en que los testigos de cargo propuestos por la Municipalidad estaban ligados al Intendente por algún vínculo que los descalificaba como tales (político partidario, amistad, etc.), desde que no corresponde que sea admitida esta forma de requerir la ilegitimidad del acto toda vez que no hizo uso oportuno de la posibilidad que la ley procesal le otorga de tachar a los testigos -en su persona, idoneidad o condiciones personales-. Amén de ello, no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales del artículo 221 del C.P.C. y C. (aplicable, por remisión efectuada en el art. 298 del C.P.P., a su vez aplicable por la remisión que efectúa el art. 111, Anexo I, ley 9286) ello "sin perjuicio de la apreciación que al momento de dictar resolución el Tribunal realice" (art. 222 C.P.C. y C., aplicable por remisión efectuada en el art. 298 del C.P.P., a su vez aplicable por remisión del art. 111, anexo I, ley 9286). (De La Disidencia Del Dr. Falistocco A La Que Adhieren Los Dres. Spuler Y Vigo)
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PENAL
Carátula: C. de B., E. s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-07

No debe escapar al mérito el hecho de que el objeto motivo de la prenda carece hoy de valor, como ya al tiempo de la ejecución; con lo que, en orden a la figura imputada -desbaratamiento de derechos acordados-, se pondría en duda la existencia de perjuicio para el acreedor prendario. A más de ello, ha de verse en la actitud de la deudora prendaria respecto de querer reemplazar esa cosa por una de mayor valor, su absoluta falta de intención dolosa; por lo que no se acreditó su deliberada intención de defraudar al banco acreedor y/o si acaso de perjudicarlo haciendo desaparecer una cosa que ya de por sí carecía de valor.
Cheque, pago indebido, firma falsa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEDA S.R.L. c/ BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. s/ IMPUGNACION Y NULIDAD DE SALDO DE CUENTA CORRIENTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-17

La sola circunstancia de que el cheque pertenecía al cuaderno recibido por la cuentacorrentista, es insuficiente para asignarle responsabilidad parcial por el pago indebido del cheque, fundada en la negligente custodia atribuida al cuentacorrentista.

En este contexto que analizamos, las apreciaciones del pronunciamiento en crisis resultan inadecuadas para recurrir a la distribución de responsabilidades que autoriza el artículo 37 del mismo texto legal.

El artículo 35, inciso 1°, no ha previsto excepciones vinculadas a la custodia del cheque con firma visiblemente falsificada. Se vea en esta norma una presunción de culpa o un supuesto de responsabilidad de carácter objetivo, lo incuestionable es que la constatación de tal circunstancia de hecho -irrevisable en la instancia extraordinaria local- determina la responsabilidad del banco girado.Villegas ("El cheque", Rubinzal-Culzoni, 1993, pág. 427 y sgtes.) cita a Zavala Rodríguez quien refiere que "la jurisprudencia ha resuelto que es mayor la responsabilidad del Banco al pagar el cheque visiblemente falsificado, que la del librador al dejarse sustraer su libreta de cheques", y agrega "en un voto conjunto como juez de la Cámara Nacional Comercial, al que adhirieron los doctores Vázquez y Halperín, dije que "el oficio del banquero exige celo y preocupaciones especiales que amparan también la despreocupación de sus clientes".

La sentencia impugnada indica que a más de la visible falsificación de la firma, concurrieron otras circunstancias que exigían mayor prudencia al banco girado: el monto del cheque y la ausencia de fondos.

Tampoco puede soslayarse que en el caso, la demandada trasladó unilateralmente a su cliente, las consecuencias del pago realizado, debitando su monto en la cuenta corriente que carecía de fondos suficientes.

De todas formas, la ley declara bien o mal verificado el pago, según el grado de evidencia de la falsedad de la firma, analizada a simple vista atento a la rapidez propia del acto.

La regla de distribución legal del peso económico de la falsificación del cheque está dispuesta por el legislador, y para la eximición parcial de responsabilidad, no basta imputar alguna negligencia al titular de la cuenta, sino que además es necesario demostrar su incidencia causal en el resultado dañoso, probada de modo inequívoco, lo que en el caso no aconteció.

DRES.:SBDAR-ESTOFAN-AGLIANO.
Prescripción adquisitiva, prueba, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: B. de T., D. R. c/ F. de T., A. s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-25

"El usucapiente no solo debe acreditar que ha poseído en forma pública, pacífica, continua, ininterrumpida y con ánimo de dueño, sino además, que su posesión ha durado los veinte años que actualmente requiere el art. 4015 del Cod. Civil" y agrega "El juez debe ser muy estricto en la apreciación de esta circunstancia. Y ello es así porque la omisión de probar ciertos lapsos de posesión puede encerrar la ocultación de la existencia de causales interruptivas".
Jueces, gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-POLITICO
Carátula: Dufourq, Félix E.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-27

El acuerdo del Senado, indispensable para el ejercicio permanente de la función judicial durante un gobierno ¨de jure¨, no puede ser dispensado a mérito de doctrinas o interpretaciones de carácter general sobre la vigencia de los actos y decretos de un gobierno de facto, que si bien puede sancionar normas válidas para el futuro, no puede integrar los poderes ¨de jure¨.
Acción de amparo, interrupción del embarazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiore Viñuales, María Cristina y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2021-01-20

Corresponde rechazar por improcedente las medidas cautelares solicitadas en el marco de un amparo colectivo tendiente a suspender la vigencia de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, toda vez que no es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal con efectos "erga omnes", lo que sin duda no se ajusta al art. 116 de la Constitución Nacional, pues de admitirse se arribaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo la no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, cierre de cuenta bancaria, acción por omisión, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Mateo, María Gabriela c/ Banco Santander Rio SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede hacer lugar a la indemnización por daño moral, padecido por la accionante a causa del incorrecto cierre de la cuenta corriente y la caja de seguridad de la sucursal de la que era titular en la entidad bancaria demandada. Ello por cuanto, en el caso, fue notificada de que se procedería a dichos cierres a un domicilio en el que no habita, y el cambio de domicilio que figura en los registros del banco fue realizado unilateralmente por la propia demandada y sin justificativo. Siendo que la indebida situación padecida bien pudo provocar zozobras, angustias de espíritu y temores en la persona de la actora, ésta resulta merecedora de un resarcimiento adecuado al caso. En punto al curso de los intereses derivados de la reparación de un hecho ilícito, éstos son fruto civil del capital y que son debidos, cuando se trata de una indemnización dineraria, como compensación de la demora en la percepción del crédito o de la falta de utilización del capital que ella importa (esta CNCom, esta Sala A, in re: "Abiusso, Rodolfo Oscar c/ Compañía Financiera Argentina SA", del 28/12/10). Cabe señalar que, en materia de hechos y actos ilícitos el dies a quo de los intereses ha sido materia de arduas divergencias doctrinarias. En esa línea, y en punto a la responsabilidad extracontractual, comprensiva en este caso del daño moral que nos ocupa, ya se ha dicho, que hay que establecer el principio de la fijación de los intereses a partir de cada perjuicio, pues si el deber de resarcir nace con el ilícito, él se proyecta a los perjuicios que pueden aparecer después. El principio de la reparación plena o integral aparece así recogido por nuestra ley y nuestra jurisprudencia en punto a indemnización de daños y perjuicios que aquí nos ocupa (véase esta CNCom, esta Sala A, 28/12/10, in re: "Abiusso, Rodolfo Oscar c/ Compañía Financiera Argentina SA"). En este orden de ideas, los intereses se deben desde el día en que se produce el perjuicio, que en el sub lite, tratándose lo reclamado de un daño moral y no existiendo constancias que diesen cuenta de un anterior padecimiento por la actora, habrá de ser computado a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días desde el día en que fue decidido el cierre de la cuenta corriente de la actora y hasta el efectivo pago (cfr. CNCom, en pleno, 27/10/94, in re: "SA, La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales").
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: CEBER, Juana c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 151/96 s/ RECURSO PROPIEDAD INMUEBLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Si no concurre la mayoría de los beneficiarios de la anotación como bien de familia, la letra de la ley indica que no es posible proceder a la desafectación, ya que sólo ella debe modificar la situación existente, y si esta mayoría no se logra, dicha situación continúa, y, en tal tesitura, sólo quedaría la posibilidad de disponer lo contrario por vía judicial.-
Honorarios, ejecución de sentencia, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: FERREYRA DE ACOSTA GLORIA Y OTROS c/ MANSILLA HORACIO s/ HONORARIOS - EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-13

Una ejecución de sentencia,en la que todo se ha reducido a un embargo de fondos que fue suficiente para cubrir el valor de la obligación, y en la que, por ende, no se tornó necesario llevar adelante una serie de actos procesales propios de los supuestos en que ha mediado embargo de muebles o inmuebles. Una ejecución, en definitiva, no susceptible de haberle demandado al apoderado de los actores ningún esfuerzo intelectual o jurídico, y si, sólo, alguna tarea mecánica, física y material enderezada a la concreción del embargo de dinero en otra jurisdicción,el diligenciamiento de las cédulas, y la solicitud de emisión de las libranzas judiciales;

sentado lo expuesto, meritando la cuantía de la cuestión, y las demás pautas del art. 36 Ley 8226, globalmente sopesadas, parece equitativo establecer los estipendios del letrado de la actora tomando el treinta y siete por ciento del art. 79 y el 16,5% de la escala del art. 34 Ley 8226.-
Daños y perjuicios, accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Clodoaldo c/ Club Atlético Nueva Chicago y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-21

Tratándose de daños y perjuicios sufridos por un espectador a raíz de los desórdenes acaecidos durante el desarrollo de un partido de fútbol, no cabe responsabilizar a una entidad deportiva por el simple hecho de haber jugado su equipo contra el de aquélla en cuyas instalaciones se produjeron los desmanes. Si el partido fue jugado en el estadio y bajo el control y responsabilidad de una institución, no puede asignarse al otro competidor responsabilidad contractual alguna puesto que carecía de atribuciones para decidir respecto de un partido a celebrarse en el estadio de la otra, si tampoco es reprochable la conducta de sus propios adictos concurrentes. Si bien el art. 33 de la ley 23.184 establece la responsabilidad solidaria de "las entidades o asociaciones participantes" esto debe entenderse en el sentido de que participan en el negocio del espectáculo deportivo, asumiendo su control y no a la entidad con cuyo equipo se realiza el partido.
Alimentos, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.A.M.y ot. c/ T.J.F. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-03

Si bien el uso de tarjeta de crédito está vastamente difundido, sin que sea necesariamente revelador de una posición económica en extremo desahogada, resulta extraño a lo que ocurre en el curso normal y ordinario de las cosas que quien no goza de semejante posición multiplique los costos de tales servicios, con el empleo de tres (3) tarjetas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Firma, bancos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Jofré, Roberto Rubén s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-03-11

Corresponde admitir la demanda interpuesta contra los codemandados por una entidad financiera a fin de cobrar una suma de dinero derivada del incumplimiento de un convenio de refinanciación de deuda de una tarjeta de crédito, pues debe tenerse como verdadera la firma registrada en la entidad como lo establece el art. 393 del Código Procesal Civil y Comercial ya que, si se tuvo por auténtica la firma del codemandado y las obligaciones por él asumidas, es razonable colegir que igual suerte debe correr la rúbrica de la codemandada que también integra el mismo documento. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Lozano)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, sanciones procesales, temeridad o malicia, defensa en juicio, buena fe, prueba documental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ Sganga s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

En el caso, el ejecutado en ambas instancias afirmó, a los efectos de sustentar su defensa, que acompañaba prueba documental, lo que no se ajustaba al contenido de sus presentaciones, reiterando esa conducta pese a que ese error ya había sido advertido.

Esa conducta, sin duda, configura el proceder que reprime el artículo 39 del Código Contencioso Administrativo y Tributario e implica un exceso en el ejercicio del derecho de defensa, cuya vigencia impone que los litigantes actúen de buena fe.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Avilés, Luis César s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

En el marco de los delitos de acción privada, los actos interruptivos de la prescripción, por definición y por el carácter dispositivo de los juicios mediante los cuales se tramitan, deben provenir del ejercicio de la acción por parte de la querella, es a ella a quien en definitiva le corresponde mantener la vigencia del reclamo formulado. (Voto del Dr. Fégoli).
Medidas cautelares, universidades, docentes
Materia: PROCESAL
Carátula: "Gil  Domínguez,  Andrés  -Inc. Med_ c/ UBA -Facultad de DerechoResol. 5226/08 (CD) s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05

Los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad, salvo en aquellos casos en que los actos administrativos impugnados sean manifiestamente arbitrarios (Fallos: 326:2374). Por tal razón, la concurrencia de los requisitos normalmente exigibles para la procedencia de la cautela pretendida debe ser analizada con mayor rigor y especial prudencia (Sala IV, "Bosisio, Carlos Roberto c/ UBA -Resoluciones 134/135/136/02", 15/2/2005).