marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, habilitación municipal, permiso municipal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

La regla constitucional que deriva del artículo 19 de la Constitución Nacional tiene un peso específico y más estricto cuando lo que se interpreta es una ley penal. En esta materia el artículo 18 de la Constitución Nacional determina que nadie puede ser "penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Esta ley previa debe interpretarse en el sentido material y formal, es decir, sólo una ley emanada del poder deliberativo -la legislatura- puede limitar el ejercicio de los derechos con un nivel de injerencia tal que imponga un castigo penal sobre el ciudadano. De esta legalidad estricta se desprende la proscripción de analogía que rige en materia penal. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto coincidente de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Resoluciones, Secretaría de Salud, recursos, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CLINICA SAINT EMILIEN S.A. y OTRO c/ E.N. (Min. de Salud) s/ ORD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

El recurso de nulidad y apelación previsto en el art. 132 de la ley 17.132 contra las sanciones allí determinadas, impuestas por los organismos competentes de la Secr. de Estado de Salud Pública es un procedimiento autónomo que no prevé la aplicación supletoria de otras normas procesales, estableciendo solamente la intervención de la Justicia Nac. de Primera Inst. en lo Fed. y Cot. Adm., sin disponer la viabilidad de una segunda instancia judicial. (Se declaró improcedente el recurso interpuesto ante esta Cámara).
Cuestiones de competencia, sucesiones, domicilio del causante, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Lohrmann, Enrique. s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Siendo poco clara o simplemente contradictoria la prueba producida con respecto al último domicilio del de cujus, debe tenerse por cierto que dicho domicilio lo tenía en el lugar de su fallecimiento, en donde corresponde se abra la sucesión.
Absurdo, pena de inhabilitación, prescripción de la acción penal, prisión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: BARRETO PABLO DANIEL c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION IMPRUDENTE DE AUTOMOTOR - P. LIBRES POR LA CONDUCCION IMPRUDENTE DE AUTOMOTOR - P. LIBRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-07-27

De otra manera se caería en el absurdo, de considerar prescriptas las penas de inhabilitación perpetua a los 5 años (inc. 3 del art. 62 C.P.) y en cambio, de sostener la postura del representante del Ministerio Público Fiscal, circunscribiéndonos al caso del art. 84 del C.P. la acción penal prescribiría, en razón de la sanción de inhabilitación recién a los 10 años, razonamiento que por sí solo patentiza la incoherencia que conlleva a interpretar de esa manera el texto de la ley. Surge del propio art. 62 del C.P. que el legislador estimo el plazo máximo de prescripción de 15 años cuando se tratare de delitos cuya pena fuera de reclusión o prisión perpetua (inc. 1) y a continuación en el inciso siguiente cuando trata los hechos reprimidos con reclusión o prisión señala como límite mayor que el plazo de prescripción no podrá exceder de 12 años, por debajo del plazo de 15 años de prescripción para las penas de reclusión o prisión perpetua, hipótesis que evidencia como se mantiene la coherencia del texto de la ley en lo atinente al instituto de prescripción en ese aspecto.
Actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Intile, Francisco Antonio y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

La desindexación perseguida por la ley de convertibilidad mediante la supresión, en general de los procedimientos de actualización sustentados en la utilización de indicadores quedaría desvirtuado por la aplicación de la tasa de interés activa, ya que ésta, especialmente a partir de la vigencia de la nueva ley, ha superado sustancialmente los índices de precios que venía aplicando..., por lo que no mantiene incólume el contenido económico sino que genera en el patrimonio del acreedor un enriquecimiento incausado.-
Abuso sexual, interés superior del niño, delito dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: M., F.E. s/ Abuso Sexual con Acceso Carnal en Concurso Ideal con Corrupción de Menor (dos hechos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-26

Las características personales de la menor víctima, quien se presenta como una niña sin contención afectiva, sin límites precisos en su quehacer cotidiano, que por su condición y las características personales de sus padres, deambulaba por las calles cuidando de sus hermanitos sin la protección y el resguardo que sus progenitores le deberían dispensar, merece una particular atención por el Estado traducida en la habilitación de la instancia por el Ministerio Público en aras de preservar su indemnidad física y espiritual.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Montenegro de Corvalán,María Rosa y ot. c/ Municipalidad de Escobar. Asesoría General de Gobierno s/ Inconstitucionalidad Ordenanza General 207/77.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Si bien el plazo de veinticuatro horas previsto en el art 89 de la Ord.Gral. 207 para la interposición del recurso de revocatoria que regla es muy breve, ello por sí solo no importa un menoscabo al derecho de defensa, ya que su interposición no exige el empleo de fórmulas sacramentales ni patrocinio letrado y la Administración está obligada a tratarlo cualquiera sea la denominación que se le haya dado y, además, los inconvenientes que pudiesen ocasionar quedan subsanados mediante el posterior control judicial que se ejerce por vía de la acción contencioso administrativa.
Facultades del juez, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de La Esperanza c/ Gas-Nor s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3674/96.  (L.A. 40, Fº 47/48, Nº 18).- Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3674/96.  (L.A. 40, Fº 47/48, Nº 18).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-02-28

La facultad de corregir disciplinariamente otorgada a los jueces y tribunales está consignada expresamente en nuestras leyes y como un deber insoslayable, la doctrina la doctrina por el órgano de sus mas acreditadas intérpretes ha podido agregar que esa facultad es inherente a los tribunales de justicia porque sin ella quedarían privados de autoridad.

De este modo, la paliación de medidas disciplinarias por la parte de los órganos inferiores, siempre que éstas se encuentren autorizadas por la ley, no puede reverse en esta instancia, toda vez que lo atinente a la valoración de la conducta de las partes y sus letrados, constituye materia reservada a los jueces de la causa.

Ello obviamente, en tanto no hubiere existido un exceso en la interpretación de la ley, que torne arbitraria dicha sanción, y que en consecuencia corresponda apartarse de dicha regla.-
Regulación de honorarios, responsabilidad del deudor, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. N. N. M.  c/ V., I. L.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

"La modificación introducida por la ley 24.432 al Art. 505, Código Civil no implica ninguna limitación al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas. La condena en costas comprende, además de los honorarios regulados, todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito - art. 77, Código Procesal-".
Juicio político, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa s/ recurso en SCD-187/09 s/ denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

La finalidad de que el jurado de enjuiciamiento tenga una representación múltiple (política, académica y estamental) hace justamente a la búsqueda de una decisión que no pueda estar teñida de parcialidades políticas e implique un proceso injusto. (Voto del Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Adopción, citación de los padres de sangre
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., M. M. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Aunque la ley no haya previsto expresamente el arrepentimiento, un acto que no estuvo revestido con todos los recaudos de prudencia y deliberación que pueden dar un procedimiento judicial y la presencia del juez, no puede ser nunca inamovible. De otro modo resultaría inexplicable -y hasta gravemente incongruente- la ulterior citación como parte en el juicio, de la madre biológica, llamada a comparecer precisamente para ser oída en orden a ese acto. (Minoría u opinión personal)
Honorarios, regulación de honorarios, martillero, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Dozoretz, Pablo c/ Montesano, Jorge Luis s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Procede rechazar la pretensión del martillero de cobro de honorarios. Ello por cuanto, en el caso, el demandado no dio cumplimiento desde un principio a su obligación de informar debidamente al actor - comprador- sobre las circunstancias reales del inmueble objeto de operación, y que, como consecuencia de ello, éste último debía afrontar los costos de regularizar la situación anormal. Así, se estima claro que tuvo una actuación negligente. Y si bien, en la reserva de autos se convinieron condiciones que preservaban el derecho del martillero a percibir un honorario aún en caso de frustración de la operación ya concertada, tal lo ocurrido en la especie, sin embargo, para tener derecho a la comisión referida no basta únicamente con la materialización de los hechos previstos, sino que es de menester que éstos se correspondan efectivamente a su correcta actuación y que ésta haya sido realizada conforme a los extremos de cuidado, diligencia y profesionalidad al servicio de ambos contratantes, dado que ello es de la esencia de la actividad intermediadora, de manera tal que se pueda concluir en que el contrato fue resultado de su trabajo y eficaz gestión (conf. CNCom, esta Sala A, in re: "Núnez Méndez, Estrella c/ De Basile, Amelia", 28/02/95, LL, 1996-B-251). En dicho sentido, y conforme lo detallado supra, la labor del corredor era la obtención de un resultado concreto en la operación del sub examine, esto es, la firma de la escritura por la compraventa del inmueble en cuestión o su frustración por causas totalmente ajenas a su desempeño, para lo cual era indispensable una correcta locatio operis para percibir, finalmente, la comisión correspondiente por las tareas realizadas en beneficio de las partes. En dicho contexto, y habiéndose reconocido en autos que la compraventa bajo análisis no se concretó, por negligencia concurrente del martillero demandado, no corresponde hacer lugar a la pretensión de este último de cobrar honorarios por un negocio frustrado, también por su falta de colaboración y diligencia.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.C.G. c/ C. de G.V.N. s/ Incidente de cesación o reducción de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-26

El pronunciamiento que dispone la cesación de la cuota alimentaria, si bien no tiene efecto retroactivo sobre las que fueran percibidas durante el trámite del incidente, sí se extiende a las cuotas que no se percibieron durante el citado período, cuando, examinando los motivos de tal carencia de percepción, no se advierte la denominada "voluntad activa" en la alimentada, que debe ser oportuna y anterior a que quede firme aquella resolución que decreta la cesación. Y ello con mayor razón cuando la causa de cesación está dada por la carencia de necesidad de la alimentada.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apertura del concurso, actos sujetos a autorización judicial, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía Industrial del Cuero SA. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La sentencia que, al declarar bien denegado el recurso local de inaplicabilidad de ley, dejó firme que la restricción de salida del país dispuesta contra el recurrente (art. 26 de la ley 19.551) se mantuviera hasta tanto se cumpliera el acuerdo homologado en el concurso preventivo, debe dejarse sin efecto, pues en desmedro de una adecuada hermenéutica de las normas en juego y de las circunstancias acreditadas en la causa, el sentenciante sustentó su decisión en argumentos solo aparentes, con serio menoscabo de las garantías invocadas.
Escribanos públicos, haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRIONI FRANCISCO AMBROSIO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-06-30

No es inconstitucional el artículo 16 de la Ley 5574 que fija el haber jubilatorio de los Escribanos sin tener en cuenta el monto de los aportes efectuados durante su actividad profesional
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, relación de dependencia
Materia: CIVIL
Carátula: PASSARELLA, BEATRIZ c/ MAMAN, ALBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Para que exista la responsabilidad refleja de alguien por el hecho de otra persona es menester la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que haya relación de dependencia; b) que medie un acto ilícito obrado por el dependiente; c) que el acto haya provocado un daño a un tercero; e) que haya relación de causalidad eficiente entre el acto del dependiente y el daño del tercero.

Del fundamento de la norma -CCIV:1113, presunción legal de culpa por la elección de un agente dañoso o por falta de control- se desprende la extensión de la responsabilidad por los ilícitos que no hubieran podido realizarse de no mediar la relación de dependencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Garnica, José H. c/ De Nicola Ricardo H. y otra s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Es absurda la decisión del a quo que al interpretar las cláusulas de la póliza de seguro se aparta de las constancias obrantes en la causa con infracción del art. 44 inc. "d" de la ley 11.653.
Interpretación de la ley, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, competencia, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-27

Resulta forzado interpretar que los delitos creados con posterioridad a la "ley de garantías" son ajenos al ámbito de juzgamiento local por el solo hecho de reputarlos alcanzados por el status quo que preserva el art. 8 de la ley 24.588, en resguardo del interés invocado por el legislador nacional, porque ello sería suponer que ese legislador pudo anticipar el interés federal de delitos que no tenía previsto establecer al momento del dictado de esta ley o que pudo dejar abierto indefinidamente el ámbito que buscó preservar - el "nacional"- para abarcar cuanto delito se estimara adecuado crear, interpretación que al otorgar semejante alcance al precepto en cuestión, vendría, así, a derogar el art. 129 de la CN, porque significaría avalar que aquel interés federal no estaría en preservar que ciertos delitos continúen bajo la órbita de juzgamiento del Poder Judicial de la Nación, sino que ese interés radicaría lisa y llanamente en no permitir y limitar sine die a la jurisdicción local. (Voto de los Dres. Ana María Conde, Luis F. Lozano y José O. Casás).
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, responsabilidad internacional del Estado, GUATEMALA, secuestro de personas, centro clandestino de detención, Pacto de San José de Costa Rica, revisión judicial, deber de información, deber de juzgar, deber de esclarecimiento, plazo perentorio, torturas
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Maritza Urrutia c/ Guatemala s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-09-21

Corresponde que la Corte Interamericana mantenga abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia por la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Guatemalteco -en el caso en que agentes estatales secuestraron a una activista política, la llevaron a un centro clandestino de detención, la torturaron y no fue puesta a disposición de autoridad competente-, pues no ha cumplido con el deber de investigar efectivamente los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana y de su par Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, por ende, no están identificados ni sancionados los responsables, debiendo informar al Tribunal, en el plazo perentorio de tres meses, las medidas adoptadas para cumplir con lo debido.
Delitos contra el honor, sentencia absolutoria, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, Ramón Héctor c/ Hugo Sanso s/ Recurso de Casación interpuesto por Ramón Héctor Leiva en Causa Nº 98/11 - Querella por Injurias y Calumnias interpuesta por Ramón Héctor Leiva c/ Hugo Sanso
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12

La Cámara en lo Criminal absolvió por el beneficio de la duda al imputado S. por el delito de Injurias por el que venía incriminado (art. 110 y 45 del CP; 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Asimismo, lo absolvió del delito de Calumnias por el que venía incriminado (art. 109 y 45 del CP y 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Contra el decisorio aludido, comparece el querellante, con patrocinio letrado, e interpone recurso de casación.

El recurrente denuncia la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

Con relación al testimonio de C. - Secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad-, opino que la crítica recursiva no logra demostrar lo que pretende: que S. había dicho que L. vendía estupefacientes.

En el debate, el Secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de esta ciudad no dijo eso. El acta de debate da cuenta de ello y la transcripción que realiza el recurrente de la parte pertinente de la sentencia no permite deducir lo contrario.

Por otra parte, en la denuncia del nombrado funcionario, por la supuesta venta de estupefacientes en el local bailable del querellante, tampoco encuentra quicio la pretensión del recurrente.

Así lo considero puesto que en ella son anoticiadas al Fiscalía las incriminaciones de un grupo de vecinos en contra de personal municipal, algunas relacionadas con algunas supuestas actividades ilegales -venta de estupefacientes- en el local del querellado, sin que éste haya sido señalado directa ni indirectamente como el vendedor por vecino alguno.

Por las razones dadas, en tanto de las expresiones de C. no surge directa ni indirectamente que S. haya dicho lo que el querellante le atribuye, y dado que ningún motivo concurre para sospechar que en el acta de debate haya sido omitida la debida constancia en sentido contrario, considero que el testimonio prestado por el nombrado fue adecuadamente valorado en la sentencia.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artuso, Luis c/ Sainz, Florencio s/ Posesión Veinteañal Artuso, Luis c/ Berrotaran de Reyes s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1996-02-29

La prueba de haber mediado una posesión quieta, pacífica e ininterrumpida sobre todo el inmueble que se pretende usucapir, durante el lapso legal, queda exclusivamente a cargo del pretendido usucapiente -art. 375 del C.P.C.C.- quien debe traer al litigio, elementos de juicio suficientes para desplazar la titularidad del derecho de propiedad.-
Escritos judiciales, firma de las partes, actuación por derecho propio, falta de firma, invalidez del acto jurídico, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: F., N. K. y otros c/ P., H. C. y otros s/ alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-15

La falta de suscripción por el interesado, priva de validez al acto procesal cumplido y, en consecuencia, la presentación constituye un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior.
Recurso extraordinario, costas, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CLARO  HORACIO  LAURO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMIA YOTRO s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

El remedio federal se dirige a cuestionar una resolución de neto contenido procesal -la imposición de costas- que no suscita la vía extraordinaria (Fallos: 320:1525)-, en efecto, los temas decididos son de hecho, y derecho común y procesal, propios de los jueces de la causa y ajenos a la institución excepcional del art. 14 de la ley 48; y esta Sala, en dicho pronunciamiento ha dado argumentos no federales suficientes para sustentar jurídicamente lo decidido, extremo que descarta la pertinencia de la tacha de arbitrariedad (cfr. esta Sala, causas 13.100/02 del 23-03-05).
Instrumentos privados, boleto de compraventa, firma, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PLENA  S.A.C.I.F.I. y A. c/ DIAZ Miguel Antonio s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-29

Si quien demanda por cumplimiento de un contrato de compraventa, no pudo determinar el último domicilio del comprador demandado, por lo que se designó al Defensor Oficial para que lo represente, ante la dificultad para el reconocimiento de la firma mediante pericia caligráfica, porque resulta imposible tanto obtener documentos indubitados, pues ellos no figuran denunciados en el contrato, como su comparencia para formar un cuerpo de escritura, no resulta razonable exigir que el vendedor produzca tal prueba para tener por auténtico el boleto de compraventa (conf. C.N.Civ. Sala F, E.D. 9 152; íd. Sala E, L.L.119-708 y E.D. 9-770; íd. Sala D, E.D. 10-149).

La solución, debe encontrarse en lo dispuesto en la última parte del art. 1033 del Código Civil. Es decir, si hubiere imposibilidad de efectuar el cotejo "pueden también admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma que lleva el acto". No es de aplicación, la limitación que establece el art. 1193 del Código Civil respecto de la prueba, porque no se trata de la prueba del contrato, sino de acreditar que el documento emana de la persona a quien se le opone (conf. Salvat, "Derecho Civil Argentino. Parte General", ed. 1931, párr. 2216; Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil", t. 2-pág.321; C.N.Civ. Sala D. L.L. 101-439; íd. Sala F, fallo citado).

Pero de todos modos, ya que se desconoce el paradero del demandado, cabe admitir toda clase de pruebas para acreditar ese extremo: la testimonial, la informativa e incluso las presunciones.