marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, obligaciones del vendedor, diferencias en la cosa entregada
Materia: CIVIL
Carátula: CAMERIERE MARIA LUISA c/ GONZALEZ SANCHEZ RICARDO Y OTRO s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-14

Debe reconocerse el derecho del adquirente de un inmueble a ser resarcido por tener que reemplazar los muebles que le fueron cambiados en la cocina al momento de la entrega del departamento, distintos de los que tenía a la vista al contratar, y en mal estado, en razón de la necesidad del comprador de adquirir muebles nuevos para colocar en la cocina, ya que no se le puede imponer la necesidad de buscar y hallar muebles usados, que resulten adecuados por sus características y medidas a la cocina del bien. Aunque los muebles que se adquieren, por ser nuevos, están en un mejor estado que los que había originariamente en el departamento, ésta es una consecuencia inevitable de la reparación que se admite, y es un enriquecimiento que debe considerarse lícito porque representa una consecuencia del incumplimiento contractual del vendedor (conf. C.N Civ., Sala F, L. 8164 del 18-2-85; íd. íd. Sala B, E.D. 45-545).
Acción de amparo, cuestiones de competencia, medidas cautelares, celeridad procesal, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos Alexander Fleming S.A. c/ GCBA s/ amparo c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-12

En el caso, si bien es el fuero contencioso - administrativo y tributario al que le corresponde entender en las presentes actuaciones y no el contravencional y de faltas, toda vez que el objeto del amparo versa sobre la ejecutividad o ejecutoriedad de actos administrativos dictados por el Gobierno de la Ciudad en ejercicio del poder de policía, no obstante, la celeridad del trámite impuesto por la naturaleza propia de la acción de amparo impide que cuestiones de competencia dilaten las medidas urgentes.

En este mismo sentido, con criterio exegético, un plenario de la Cámara Nacional Federal ha aseverado que el espíritu de la Ley Nro. 16.986 "busca eliminar del procedimiento pertinente toda cuestión obviable que tienda a dilatar el proceso de amparo" (CNFed., "Editorial Setiembre SRL en pleno, rto el 05-03-1976, LL 1976-D-302).

Ante la dilación del proceso que necesariamente conlleva la traba de una contienda de competencia, los magistrados deben atender y resolver la pretensión cautelar planteada con la demanda, cuando previenen (TSJ expte. Nº 2886/04 "Digur SA c/GCBA s/amparo (art.14 CCBA) s/conflicto de competencia", rto.2 de abril de 2004; y expte. Nro. 3365/04 "Yalonetzky, Bernardo y otros c/GCBA y otros s/conflicto de competencia" rto. 24 de noviembre de 2004).

Sentado lo expuesto, corresponde en primer lugar tratar la viabilidad de la pretensión cautelar del amparista, y luego proceder a declarar la incompetencia de este fuero para continuar interviniendo en el juicio de amparo, debiendo remitir las presentes actuaciones a conocimiento de la justicia contencioso-administrativa y tributaria.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, Derecho ambiental, Estado Provincial, jerarquía constitucional
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Asociación  Trabajadores  del  Estado c/ Mendoza, Provincia de s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si se demandó la restauración de los predios de disposición de residuos ubicados en el ejido urbano de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, o el pago de una indemnización y la clausura del predio, invocando la violación del "Régimen de control del medio ambiente" creado por la ley local 5057, el planteo -sin perjuicio de que pueda llegar a determinarse con suficiente verosimilitud su carácter interjurisdiccional- debe ser ventilado ante los jueces provinciales, que también deben aplicar el derecho federal implicado en la materia, con riguroso acatamiento de la supremacía establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional.
Ejecución de sentencia, actualización monetaria, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Protetto, José Rodolfo c/ Etchepare, Alejandro O. y otra s/ Revisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Es procedente el reajuste de la indemnización por daños -o de cualquier otro crédito- que resulte de la sentencia, no obstante que el mismo se haya solicitado en el trámite de ejecución del fallo, sin que ello implique desconocer los efectos de la cosa juzgada, desde que tiende a amparar más que el texto formal del fallo, la solución prevista por el juez.
Acción contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, actos de los poderes públicos, razones de servicio
Materia: CIVIL
Carátula: IRUSTA ROSA CLARA c/ ESTADO  PROVINCIAL  (PODER  JUDICIAL  DE  LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ) s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-13

De conformidad con las facultades de Superintendencia conferidas al cuerpo por el art. 131 inc. 1 de la Constitución Provincial, y en la medida que funda su autoridad discrecional en calidad de 'Poder del Estado', constituye la decisión impugnada típico acto de gobierno del Poder Judicial emanado del Tribunal Superior de Justicia, y por ello "...dictadas en uso de facultades de Superintendencia, discrecionales, no regladas y atribuídas a dicho Cuerpo -como se ha citado- por el art. 131 inc. 1ro. de la Constitución de la Provincia, e indelegables (art. 31 Constitución Provincial).
Acción cambiaria, acción cambiaria directa, acción de regreso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Chubut S.A. c/ Mayer, Guillermo s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-02

La acción directa no requiere protesto por cuanto el presupuesto es el no pago. El protesto es recaudo necesario sólo de la acción cambiaria de regreso, ya que es el modo de convocación de los obligados de regreso ante el defecto de pago del obligado principal.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MINERA AGUILAR  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS -  EXCESOS  EN  EL  PRONUNCIAMIENTO  -  CONTRATO  DE  TRABAJO - MINAS  -  SALARIO - VIVIENDA - APORTES JUBILATORIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Debe descartarse la existencia de gravedad institucional, si el recurrente no ha efectuado un serio y concreto razonamiento que la demuestre, y no se advierte que la intervención de la Corte tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrer, Luis Alberto c/ Honorable  Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson s/ Ordinario - I - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-30

No es posible juzgar "prima facie" que el derecho cuya tutela se pretende resguardar, aparezca verosímil, toda vez que la resolución cuyo efecto se pretenda suspender mediante la cautelar, resulte un acto administrativo (emanado de uno de los poderes del Estado) y como tal investido de las presunciones de legitimidad y ejecutabilidad que la ley 3.784 art. 12) le acuerda, siendo dable destacar que la presunción de legitimidad consiste en la suposición de que el acto fue emitido "conforme a derecho", es decir, que su emisión responde a todas las prescripciones legales.
Contratos aleatorios, juegos de azar, PRODE, obligaciones condicionales
Materia: CIVIL
Carátula: Guzmán, Oscar  Sebastián c/ Lotería  Nacional  y Casinos y otros(Neuquén, Provincia del) s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

La participación en el concurso de Pronósticos Deportivos -Prode- queda subordinada a la condición (art. 528 del Código Civil) de que en el proceso ulterior de registro y control y consiguiente computación las tarjetas no resulten impugnadas.
Juicio de apremio, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CAJA FORENSE c/ BANCO DE SANTA FE SAPEM s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 239 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-09

Sabido es que, en principio, los procesos de apremio se cierran con una sentencia que, conforme lo prevé el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial abre las puertas de un juicio declarativo posterior, por lo que aquélla no revestiría la calidad de definitiva.

Mas, cabe precisar que este enunciado no es absoluto desde que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 509 del mismo Código, el demandado perdidoso no puede acudir a los remedios ordinarios de impugnación, a lo que se suma que tampoco le será posible renovar la discusión en ese nuevo juicio respecto de las excepciones y defensas procesales en todo lo que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de prueba, por lo que el obstáculo formal señalado queda así superado.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AHUMADA VDA. DE FERNANDEZ JUANA c/ COSTA  CARLOS Y/O CARLOS COSTA  S.R.L.  Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO DEL INMUEBLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-20

El daño y la necesidad de su reparación se sitúan hoy en el centro de la teoría de la responsabilidad, abandonándose paulatinamente dos ejes tradicionales de la responsabilidad: la culpa y la antijuricidad. La teoría de la responsabilidad centrada en la idea de culpa y en la exigencia de antijuricidad es tributaria de concepciones filosóficas y políticas que privilegiaban la defensa de la libertad del causante del daño, en desmedro de los derechos de quien lo sufría; producidos múltiples cambios en la realidad social y en los valores acepatados por la comunidad, se tiende a privilegiar a la víctima y a su derecho a la reparación del daño. La responsabilidad deja de ser un reproche jurídico de indudable carga moral y se transforma en un mecanismo para reparar los daños, atribuyendo la obligación de indemnizar en función de factores objetivos, requiriéndose sólo la demostración de la relación de causalidad adecuada entre el riesgo de la cosa y el daño causado.
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Kruzmats, Roberto - Mouta Héctor s/ Robo calificado automotor -hurto automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

El art.167 del C.P.P. establece bajo pena de nulidad la notificación con la suficiente antelación a la pericia, de la persona detenida.

La circunstancia de que los imputados tuvieran intención de que, a la realización de las pericias concurriere el Defensor Oficial, no determina la necesidad procesal de notificar a éste ni tampoco, por consiguiente, viabiliza la declaración de nulidad de las pericias cuando, en definitiva, el Sr. Defensor Oficial no recibió comunicación anticipada de las fechas en que se llevarían a cabo. A mayor abundamiento, la norma procesal prevé la designación de perito a su costa por parte del detenido, de manera tal que si de lo que se trata es de la voluntad de que el acto concurra el Sr. Defensor la pretensión no exige la "observancia con prescripción de nulidad" conforme el último párrafo del art.167 del Cód. de Proced. Penal.-
Elevación a juicio, mediación
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  autos incidente de apelación en Valdez, Ismael Gastón s/infr. art(s) 149 bis, amenazas -CP- (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

Ante la decisión del fiscal de requerir la elevación de la causa a juicio la defensa no está en condiciones de exigir que los jueces impongan una mediación, en desmedro de la potestad que asiste al fiscal de requerir la emisión de una sentencia definitiva. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Obligación de escriturar, obligación principal, obligaciones recíprocas
Materia: CIVIL
Carátula: Ivanovich, Jorge Nicolás c/ Adzija, Ivana Dubravka s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-28

"Vendedor y comprador de un inmueble asumen el carácter de deudores y acreedores teniendo una obligación principal cada uno -ambas de dar, el vendedor la posesión y el comprador el precio-; pero en lo que hace a la obligación de escriturar, uno y otro revisten la condición de deudores recíprocos de una misma obligación de hacer, para la cual ambos deben colaborar en miras a su mejor ejecución, haciendo lo posible para que se cumpla tal como de buena fe debieron entenderlo al contratar".
Recusación sin causa, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: S., H. y otros  c/ L., E. M. y otros  s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-18

El art. 14 del Cód. Proc. establece que los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa y que el demandado podrá ejercer esta facultad al contestar la demanda o en su primera presentación; pasada dicha oportunidad, el litigante sólo puede hacer uso del derecho que le acuerda el artículo 17 del ordenamiento legal, atento al carácter excepcional y restrictivo que impera en la materia.
Prueba pericial, enfermedad profesional, dictamen pericial, sentencia, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SESSA MIGUEL ÁNGEL c/ A.PE.SA s/ INCAPACIDAD- RECURSO DIRECTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-05-30

En el proceso laboral es necesario que se busque la verdad real, utilizando todos los medios que la ley otorga para ello (art.30, 40 y 60 CPT).

Es conveniente exigirle a los peritos que aclaren o complementen sus dictámenes, antes que lo rechacen por deficiencias en sus motivaciones.

El dictamen pericial de personas idóneas a ese fin, con conocimiento en la materia, y habilitadas para ejercer la tarea encomendada.

Por ello la conclusión no puede ser desconocida por la Juzgadora sin acudir a otra probanza de igual entidad. Por lo tanto si la aquo necesitaba ser ilustrada con razones científicas médicas y que le explicasen de que manera las labores desarrolladas por el trabajador incidieron en las enfermedades destacadas, entonces debe requerirlo del profesional o acudir a los medios previstos por la ley. Así tratándose de un reclamo por incapacidad surge evidente el carácter dirimente de la pericia.
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Helguero, Gabino c/ Edecat S.A. y SOINCO S.A.C.I. s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-19

La servidumbre administrativa de electroducto presenta los siguientes caracteres: a) es continua, pues su uso es de tal carácter sin requerir el hecho actual del hombre (cfr. Código Civil, art. 2975); b) es aparente, ya que se revela por signos exteriores -en este caso las torres de transmisión-. (cfr. Código Civil, art. 2976); y c) es al mismo tiempo positiva y negativa, por cuanto el titular del predio afectado asume las obligaciones de "dejar hacer" -las pertinentes instalaciones- y de "no hacer", ya que se le conmina a no superar con construcciones alturas prefijadas o no plantar ciertas especies vegetales de gran desarrollo (cfr. Código Civil, art. 2970). Del voto del Dr. Cáceres
Derecho constitucional, derechos y garantías constitucionales, garantías procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Numerosos constitucionalistas consideran que la verdadera garantía de los derechos de la persona humana consiste precisamente en su "protección procesal", de modo tal que la efectividad y goce de los derechos se logra mediante "instrumentos procesales" con la consecuencia lógica que "garantía constitucional" es hoy protección procesal de los derechos de la persona humana debiéndose desechar la denominación de "garantías individuales o constitucionales" como equivalente a "derechos", pues, no puede haber garantías de garantías. (Del voto del Dr. Ulla).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RECAMAN, BENJAMIN WASHIGNTON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE  OPOSICION  A  LA  AMPLIACION  ORIGINAL PLANTEADA EN LA  DEMANDA     CSJ EXPTE NRO 255-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-09

Para que proceda el recurso contencioso administrativo es necesario una resolución denegatoria de la Administración Pública, y que esa resolución cause estado, lo cual significa que se agotó la vía administrativa por el recurso jerárquico, o que se llegó a un estado en que la decisión no puede reverse en dicha esfera.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catani, Eduardo c/ Curotto, Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

Hasta tanto se inscriba la transferencia dominial del automotor, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el mismo, en su carácter de dueño de la cosa (art. 27 1er. ap. dec. ley 6582/58, t.o. ley 22977).
Derechos subjetivos, interés legítimo, policía, empleo público, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreyra, Jorge Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 454-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-08

No puede prosperar el argumento defensivo del recurrente de que "existió un motivo válido para ejercer el reclamo", que "el origen del autoacuartelamiento fue el incumplimiento por parte de las autoridades policiales y administrativas provinciales de lo dispuesto expresamente en el artículo 34 de la ley 6769...", puesto que para la tutela de los derechos subjetivos e intereses legítimos de carácter administrativo, el ordenamiento jurídico predispone mecanismos de reacción que nada tienen que ver con los hechos que la Administración consideró probados de un modo que no puede considerarse irrazonable. Además, si se atiende a la indiscutible naturaleza pública de la relación jurídica que vincula a las partes en el régimen policial, a su carácter estatutario, y a otras particularidades que se derivan de dicho régimen, mal podría aceptarse un agravio en cuya formulación en definitiva subyacería un a suerte de "exceptio non adimpleti contractus", de restringida aceptación incluso en el ámbito estrictamente contractual público. Y , desde luego, menos aún podría aceptarse el agravio en cuanto se lo sustenta en la doctrina conocida como "hecho del príncipe".
Concurso preventivo, verificación de créditos, revocación de sentencia, dolo, suspensión de la subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEL AZAR, JUAN S/ QUIEBRA S/ ACCION POR DOLO c/ FOREXCAMBIO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-09

Si luego de confirmada por la sala la resolución que verificó un crédito quirografario, el fallido promovió acción de dolo (Ley 19551, art. 39), contra el titular de aquel, y pidió la suspensión cautelar de la subasta de los bienes incautados, resulta improcedente rechazar "in limite" la acción, con fundamento en que "solo las sentencias de primera instancia de la L.C. art. 36 pueden atacarse por dolo...", y, por ende, desestimar la medida cautelar peticionada. Ello, pues no cupo basar en la percusión procesal, ni en la cosa juzgada, la desestimación liminar de la impugnación mediante acción de dolo de la precedente verificación, toda vez que el procedimiento de la Ley 19551, art. 39, constituye el único medio concursal para impugnar una sentencia de otro modo destinada a adquirir autoridad de cosa juzgada, cuando se atribuya haber llegado a ella por medios ilícitos o irregulares (Avila Paz y Ramos, "La Cosa Juzgada y sus Modos de Impugnación", rdco, 1976-583 y ss.).
Concursos, licitación pública, adquirente en subasta, prórroga del plazo, inscripción de dominio
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES  AUTOMOTORES  CHEVALLIER  SA s/ QUIEBRA  S/ INC. DE CONTINUACION DE TRAMITE POR NUEVA CHEVALLIER SA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

Procede prorrogar por 180 días la autorización de excepción previamente otorgada para utilizar ciertos vehículos que adquirió en un proceso licitatorio llevado a cabo en el trámite de falencia de una empresa de transporte de pasajeros cuando, como en el caso, se verifican dilaciones obstruyentes de la inscripción del traspaso de la titularidad del dominio de la fallida a la adquirente de esos bienes. Ello pues, en la descripta hipótesis la necesidad de conceder la mentada prórroga se impone frente a los perjuicios que acarrearía a la adjudicataria inmovilizar a los microómnibus que adquirió, máxime que no se encuentra óbice legal sustantivo para admitir el pedido en examen.
Amicus curiae, partes del proceso, falta de legitimación para obrar
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Presentación realizada por el Dr. Antonio Eugenio Márquez en representación del Estado Nacional -Agencia de Seguridad Vial - Recurso de Queja por apelación mal denegada - Incidente c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-08

La figura amigo del tribunal o amicus curiae, carece de la calidad de parte en el proceso penal. Dicha carencia conlleva, como lógica consecuencia, la imposibilidad de gozar del conjunto de prerrogativas y derechos que como tales posee quienes son partes en el proceso. Y dentro de aquel continente se encuentra la facultad de recurrir. El poder de impugnar se encuentra circunscripto a las partes, tal como surge claramente del artículo 443 del CPP. Así, el pretenso ingresante como "amigo del tribunal" carece de legitimación activa para ser impugnante en el proceso penal. Es la ausencia de impugnabilidad subjetiva. Por dicha razón no tiene la facultad para impugnar la decisión negativa de la Fiscalía que no hace lugar a su petición de serle otorgado el carácter de amiga del tribunal y el ingreso consiguiente al proceso penal.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Delía, Roque Daniel c/ González, Abel Luján s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

La legitimación en causa -subsumible en la excepción de inhabilidad de título prevista en el art. 542 inc. 4 CPCC.- "es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso".
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, persona a cargo
Materia: LABORAL
Carátula: GRIGLIONE DE IGLESIAS, ELSA HILDA c/ GAS DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-31

Si el empleador no objetó la titularidad del derecho creditorio de la madre del trabajador oponiéndose tan sólo a que pudiese imputársele dolo o culpa en el accidente, no puede el magistrado laboral desestimar la pretensión fundada en el Derecho Civil sobre la base que la demandante no acreditó que estuviera a cargo del occiso.