Recurso de casación, ejecución de honorarios, tributos
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ SEBERO, ADOLFO. s/ SUCESION S/ INCIDENTE DE HOMOLOGACION DE CONVENIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

En el caso, el meollo de la cuestión radica en establecer si el art. 28 de la ley 5.480, (actual 27 cfrme. ley 8240) que determina que la ejecución de honorarios profesionales estarán exentas del pago de todo gravamen fiscal, es oponible a las normativas contempladas en el art. 817, (actual 752 ley 8240) depósito en el recurso de casación y art. 820, (actual 755 ley 8240) requisito de la queja, de la ley adjetiva. Desde ya anticipamos la solución negativa al conflicto, por las siguientes razones:

a) Es reiterada la jurisprudencia de esta Corte en sostener que el depósito del art. 817, (752 ley 8240) no tiene carácter fiscal o tributario (cfr.

"Municipalidad de Tafí Viejo vs. Roque Colosi y otros s/Cobro ejecutivo", 18/4/94). b) El art. 28 de la citada ley arancelaria (27 ley 8240) determina que la ejecución de los honorarios estará exenta de pago de todo gravamen.

c) De los textos de los arts. 820 y de su remisión al art. 817 del C.P.C.C., (755 y 752 ley 8240) se desprende que la regla consiste en que el depósito debe ineludiblemente acompañar al escrito de la casación, debiéndose tener presente que esta exigencia se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas condiciones, de manera que no se vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio, ni la de igualdad ante la ley.

A ello cabe agregar que la ley arancelaria 5.480, anterior al Código Procesal Civil, que es la ley 6.176, del 22/07/91, esta ultima en su art. 817 (752 ley 8240) tampoco excepciona de esta obligación, al abogado que ejecuta sus honorarios.

d) Tampoco es de aplicación el 818 Procesal Civil, (753 ley 8240) depósito innecesario, porque el peticionante no defiende intereses que afectan al orden público y social, ni es un representante del Ministerio Público o de aquellos que intervengan por nombramiento de oficio.

De último, es necesario poner de resalto, que el depósito que efectúa el quejoso en esta instancia, no subsana ni suple su deficiencia en este aspecto, en oportunidad de interponer el recurso de casación ante la instancia de grado.

(C.S.J.T., Sent. N° 458, fecha: 19/06/1998).

En cuanto al depósito judicial del recurso directo, que el recurrente no ha formalizado, corresponde analizar la viabilidad de la causal de exención invocada, aclarándose que tales consideraciones serán igualmente válidas en relación a idéntica exigencia del recurso de casación (Cfrme. tercer y cuarto párrafo del artículo 820 del C.P.C.C.T., actual 755 por texto consolidado ley 8240) y cuya inobservancia motivó la presente queja.

La exención, establecida por la norma del art. 28 de la ley arancelaria local 5480 (27 por texto consolidado ley 8240), lo es, al pago de todo gravamen fiscal, resultando, en consecuencia aprehendidos en la franquicia, el llamado impuesto de justicia, como las tasas que gravan los pedidos de informes en reparticiones públicas y anotaciones de medidas cautelares (V. "Honorarios de Abogados y Procuradores", Brito-Cardoso de Jantzon, págs. 134/135). El depósito judicial establecido por el C.P.C.C.T., como recaudo de admisibilidad del recurso de casación y de la queja (arts. 817 y 820), (arts.752 y 755 ley 8240) no constituye un gravamen fiscal, y en consecuencia, independientemente que el recurrente se encuentre comprendido o no en alguno de los dos supuestos establecidos en la norma del art. 28 de la ley 5.480, (actual 27 ley 8240) la exención allí prevista, es inaplicable al caso.

Es doctrina de esta Corte, al respecto (Cfrme. entre otras, sentencia N° 159 del 11/03/92) que dicho depósito no tiene naturaleza fiscal o tributaria, sino que se trata de un recaudo de índole netamente procesal, en orden a garantizar la seriedad del planteo recursivo, con consecuencia sancionatoria en el supuesto de inadmisibilidad o improcedencia de este último (Cfrme. art. 817, segunda parte), (actual 752 ley 8240) (in re: "Lemme, Teodoro Ramón vs. Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán s/Est. de jubilación máxima", sentencia 375, 05/7/95). También este tribunal a dicho que ajustándose a la definición tradicional del impuesto como "el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al contribuyente", y a la correspondiente a tasa: un tributo cuyo hecho generador es una actividad del estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente (Villegas, "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", de 1.974, págs. 58 y 74), se evidencia que el depósito judicial contemplado en el art. 817 C.P.C.C. (752 ley 8240) no posee la naturaleza jurídica de ninguno de estos tributos. Tan es así que el mismo Estado no está exento de efectuarlo, conforme lo dispone expresamente el art. 818, primer párrafo, C.P.C.C. (actual 752 ley 8240), (in re: "Cohen Imach y otros vs. Municipalidad de S. M. de Tucumán s/Expropiación inversa", sentencia 126, 30/03/95).

De modo que, atendiendo a la naturaleza del depósito judicial, previsto en los arts. 817 y 820 del C.P.C.C.T., (752 y 755 ley 8240) el mismo no se encuentra comprendido en la exención al pago de gravamen fiscal, establecida por el art.

28 de la ley arancelaria local (actual 27 ley 8240).

Consecuentemente, la inobservancia del recaudo establecido en el tercer párrafo del artículo 820 del C.P.C.C.T., (755 ley 8240) determina la inadmisibilidad de la queja intentada. (C.S.J.T., Sent. N° 785, fecha: 10/10/1997).

Compartimos la reiterada doctrina del Superior Tribunal Provincial al respecto, quién sostuvo que esta exigencia además de ser de ley expresa en modo alguno supone incurrir en un excesivo rigor formal, en orden a la forma en que han de ser interpretados los requisitos procesales, no como obstáculos impeditivos para obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, sino como instrumento para la adecuada ordenación del proceso a cuya finalidad ha de atenerse principalmente para la efectividad de la tutela judicial.

Se trata simplemente de verificar la concurrencia de pautas adjetivas que conducen a la admisibilidad como paso previo a considerar la fundabilidad en el terreno de la procedencia, lo que resulta ajustado a derecho.

DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY.