Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-15


Autos N° 22.052 "CANTOS José Ernesto C/ Rodríguez Eduardo Miguel S/ Daños y Perjuicios." En la Ciudad de San Juan, a 15 días de octubre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, los señores Vocales Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 266 de los autos N° 22.052 (N° 107104 - Primer Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "CANTOS JOSE ERNESTO C/ RODRIGUEZ EDUARDO MIGUEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", contra la resolución dictada en fecha 7 de abril de 2014 obrante a fs. 257/ 265 de estos autos originarios del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1°Cuestión: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

1) ANTECEDENTES DEL CASO:

Vienen los autos a estudio por el recurso que interpone la parte actora, contra la decisión del a-quo, de fecha 7 de abril de 2014, que desestima la demanda de daños y perjuicios y declara que el accidente de tránsito ocurrido el día 21-9-2006 a las 16,30 hs, aproximadamente en ruta 40 y calle Oro se produjo por culpa exclusiva del Sr. José Ernesto Cantos. Impuso las costas al actor vencido y regula honorarios a los profesionales intervinientes.

El actor inició demanda de daños y perjuicios contra el señor Eduardo Miguel Rodríguez. Reclamó la suma de $ 76.298 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse con más los intereses de ley hasta su efectivo pago. Reclamó daño material, moral, estético y psicológico.

Señaló que el día 21 de septiembre de 2006, siendo aproximadamente las 16,30 hs, se movilizaba en una moto marca JMSTAR dominio 037 CYT por calle Oro y ruta 40, Dpto. Chimbas, y que fue embestido desde atrás, por el automotor Marca Renault 12 de color blanco, dominio SJH 105, conducido por el demandado.

Agregó que al momento del accidente se dirigía a su trabajo, en el local de Atomo Supermercado. Que circulaba por ruta 40 y calle Oro, en el departamento de Chimbas de sur a norte, que colocó guiño para doblar a la izquierda, que dejó pasar un patrullero de la Policía que circulaba de norte a sur por el carril contrario y antes de poder doblar escuchó una frenada detrás suyo e inmediatamente sintió el golpe desde atrás.

Expresó que la moto se arrastró aproximadamente 5 metros hacia la mano contraria, que tenía el pedalín clavado en el tobillo izquierdo, que no perdió el conocimiento y que intentó levantarse pero fue imposible.

Dijo que el patrullero de la Policía se paró inmediatamente para auxiliarlo y fue quien llamó a la ambulancia, que lo trasladó al hospital Rawson, donde le hicieron las placas y lo enyesaron. También agregó que al día siguiente la movilidad de la ART lo trasladó al Hospital Privado para ser intervenido quirúrgicamente, realizándose la operación el día 6 de octubre de 2006, con rehabilitación de 3 meses aproximadamente, 4 meses de parte médico y realización de junta médica.

En particular, remarcó que el Renault 12 de Rodríguez golpeó con el frente del auto en el amortiguador trasero izquierdo de la moto, provocando con el fuerte impacto, el desplazamiento y corrimiento de la moto hacia adelante y a la izquierda, invadiendo el carril contrario.

Doy por reproducidos los hechos conforme lo expuesto en el fallo recurrido.

El juez aquo fundamentó la sentencia en varios elementos objetivos agregados al sumario penal: croquis ilustrativo policial, informe pericial realizado en sede penal a fs. 14 vta y a fs. 20 vta y la fotografía aportada por el actor al interponer la demanda. Como elementos subjetivos, motivó la sentencia en el reconocimiento del actor de fs 15 vta. esto es, que el demandado golpeó con el frente del auto que conducía en el amortiguador trasero izquierdo de la moto. Reconoció el actor a fs. 15 vta. que, al llegar o estar llegando a la intersección en cuestión, dejó pasar un patrullero de la Policía que circulaba en sentido contrario, admitiendo además que había visto al Renault 12 cien metros antes (fs. 37 del sumario penal).

Contra el resolutorio dictado, la actora interpuso recurso de apelación (fs. 266), expresando los agravios que considera fundamenta el derecho que le asiste (fs. 268/ 271).

Como primer agravio, cuestiona la atribución de responsabilidad del siniestro a la parte actora.

Destaca que el juez aquo no se permite ni siquiera dudar acerca de sus afirmaciones absolutas. Entiende que así como Cantos reconoce haber pasado el auto conducido por Rodríguez, el demandado reconoce que desde la altura de calle Benavidez lo pasa una motocicleta y le toma una gran distancia.

En particular, remarca que el sentenciante imagina dos posibilidades señaladas, y que yerra cuando dice en la sentencia "no debiendo haber efectuado una maniobra imprudente de disminución de velocidad en el medio del único carril de circulación..." porque corresponde disminuir la velocidad cuando se llega a una encrucijada, especialmente cuando se está llegando a un cruce peligroso; máxime si el actor accionó la señal luminosa de giro a la izquierda.

Como segundo agravio, critica la sentencia porque no indica cuál es la norma que infringió el actor, Sr. Cantos.

Añade que la moto cumplía con las condiciones de seguridad que exigen los arts. 29, 31, y cc. de la Ley Nacional de Tránsito. Dice que según peritaje de la Policía, contaba con frenos, luces, luces de giro, etc, que llevaba casco colocado, que no llevaba carnet, pero que luego se comprobó que estaba en regla.

Señala que no vulneró ninguna de las prohibiciones del art. 48 de la Ley 24.449, y que además cumplió con lo establecido en el art. 43 de la citada ley.

Afirma que según el dictamen pericial, en el cruce de calle Oro y ruta 40 no hay carteles que impidan doblar a la izquierda y que el actor disminuyó la velocidad porque hay un cartel de cruce peligroso.

En tercer lugar le agravia la imposición de costas formulada por el juez quo, sin mencionar la existencia del beneficio de litigar sin gastos. Reprocha también la regulación de honorarios y solicita se disminuyan los porcentajes.

Los agravios no fueron contestados, conforme surge del decreto de fs. 279 de autos.

A fs. 319 son adjudicados los autos a estudio.

2) TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

2-A) Cuestión Previa. Ley aplicable.

Teniendo en cuenta los antecedentes que informan el caso traído a decisión, resulta ineludible precisar y aclarar que al momento de revisar las críticas propuestas, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, Ley 26.994, razón por la cual se debe tener presente el contenido del art. 7 que indica con relación a la eficacia temporal de las normas reguladoras en general, y en especial la de la responsabilidad civil que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

En ese sentido, en distintos fallos se ha diferenciado que en la construcción de la sentencia de daño existen dos segmentos perfectamente diferenciados. El primero relacionado con la determinación de quienes serán los sujetos responsables del deber de resarcir. Y la segunda etapa, se vincula con el análisis de las consecuencias derivadas del accidente, que es la valoración y cuantificación de los daños padecidos y reclamados.

Claro está que, no era el régimen normado en ley 26.994 (a partir del mes de Agosto de 2015), el imperante al momento de producido el hecho (21/9/2006) considerado dañoso.

En otras palabras, la determinación de los sujetos responsables del deber de reparar o no, se debe formular en base al régimen jurídico imperante en el momento en que acaeció el hecho dañador, que será la causa fuente de la obligación cuyo resarcimiento se reclama. Es decir, se deben examinar los presupuestos de la responsabilidad conforme a la normativa y doctrina que informa a la misma, existente a la fecha de ocurrido el hecho considerado dañoso. Ello es así, porque ha quedado absolutamente agotado en su estructura normativa el hecho jurídico generador de la obligación, se ha consolidado y con ello tiene génesis la obligación de resarcir que tiene naturaleza de obligación de valor.

Con ello, se puede expresar que quedó abierta para su meritación la etapa de las consecuencias jurídicas derivadas del hecho dañador (Valoración y cuantificación del daño como deuda de valor), respecto de las cuales hasta que no queden consolidadas en su determinación, sea en sede judicial o extrajudicial, son alcanzadas por las nuevas leyes sancionadas. En el caso, por el contenido del Código Civil y Comercial, Ley 26.994. Téngase presente.

2-B) Razones:

Atento que el segundo agravio esta referido a que el juez no indica las normas que infringió el actor, lo que llevaría a la nulidad del fallo, se tratará en primer lugar el mismo.

Debemos recordar que la sentencia definitiva de primera instancia debe contener; la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda o reconvención en su caso.

Las sentencias deben ser motivadas, bajo pena de nulidad, a fin de evitar que se emitan decisiones que no resulten una derivación razonada del derecho vigente, lo que por otra parte permite el control del iter lógico seguido por el sentenciante, a fin de determinar si el mismo se pronunció sin arbitrariedad y con sujeción a la lógica y a las reglas de la sana crítica racional.

La exteriorización de la motivación, implica una doble operación que consiste tanto en la determinación del hecho, estableciendo el tribunal la plataforma fáctica, así como también la aplicación del derecho a esa misma plataforma.

Por lo tanto el control revisor de esta instancia, implica la apreciación de la observancia de las reglas de la sana crítica racional, en la valoración de las pruebas que llevan a la determinación del hecho y, por otra parte, la apreciación de la observancia de las reglas de la razón en la interpretación de la ley sustantiva, y en la subsunción del hecho ya determinado, en dicha norma.

Es criterio del Tribunal fijado en anteriores oportunidades que, constituye una de las funciones del Juez de Primera Instancia fundamentar en derecho, aún cuando sea escuetamente, su decisión; pues no sólo priva a la parte perjudicada de esgrimir argumentaciones relativas a la posición del magistrado delimitando temáticamente los recursos; sino que a consecuencia de ello, en la instancia de revisión, los recursos se transforman en un amplio campo de argumentación desnaturalizando la función de los tribunales de Alzada (Autos Nº 14.752-8.311 caratulados: "CARDOZO, JUAN CARLOS C/ LUNA, ALFREDO HERIBERTO Y OTRO- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARIO" L. de A. Tº 96, Fº 44 y ss.) En este orden de ideas, la subsunción implica el análisis por separado de las cuestiones que conforman el material de conocimiento en la situación particular planteada y, a la cual, debe aplicarse la norma jurídica. Este razonamiento sobre cada una de las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, no puede faltar, para ello es necesario valorar la prueba producida con relación a los hechos controvertidos, plasmando en el decisorio toda consideración que crea conveniente y prudente de manifestar a efectos de mostrar dónde y en qué está fundada su convicción.

El cumplimiento de esta obligación, permite a las partes elaborar la impugnación conformando sus agravios de manera adecuada y pertinente a la posición asumida por el sentenciante, respecto de sus posibles errores in iudicando que, por otra parte, constituye uno de los requisitos de admisibilidad formal de cualquier recurso.

Del análisis del contenido del fallo, se advierte que la sentencia cuestionada, si bien omite en forma clara la cita legal en que basa la decisión, no es huérfana de sustento legal, ya que ha motivado sus conclusiones citando fallos semejantes.

De ello, resulta que el resolutorio dictado, no resulta nulo, por lo que este agravio no debe prosperar.

En el Primer agravio plantea la responsabilidad atribuida al actor en el hecho dañoso. En este sentido, adquieren especial significación, las expresiones vertidas por las partes.

Ab initio se verifica que la actora, en el libelo de demanda, describe el accidente señalando como sucedieron los hechos concretos.

Por otro lado el demandado, al replicar la demanda, reconoce que circulaba detrás de la moto conducida por el actor, pero a diferencia de éste, señala que Cantos imprudentemente se cruzó hacia la izquierda. También reconoce que unos 150 metros antes de llegar a calle Oro, el actor comienza a dirigir su marcha hacia la banquina derecha, y luego frena en ese lugar, para luego arrancar cruzando hacia el oeste, previo dar paso al patrullero que circulaba en sentido contrario (de norte a sur - fs. 27). Dice que circulaba en su automóvil a velocidad moderada y que le fue imposible frenar.

El accidente descripto por las partes generó la formación de las actuaciones N° 40.529/06 C/Rodríguez Eduardo Miguel. Lesiones art. 94 C.P. en perjuicio de Ernesto Cantos" las cuales, tenidas a la vista, se comprueba que finiquitaron con el sobreseimiento total y definitivo por haberse producido la prescripción de la acción penal.

En este caso, al tratarse en la sentencia el sobreseimiento por prescripción penal, no analizándose ni fijándose los hechos acaecidos, no influye en la sentencia en sede civil (Cfr. Alterini- Código Civil y Comercial, Comentado- Alferillo-Gómez Leo-Santarelli, Tomo VIII, pag 432, Editorial La Ley).

En este sentido: "El sobreseimiento por prescripción de la acción decretado en la causa tramitada por ante la justicia penal, no produce efectos de cosa juzgada a los fines de decidir sobre la responsabilidad civil. (Cfr. Lex Doctor "Canale de Manes, Celia María c/ Provincia de Corrientes- 01/01/78) Al analizar la calidad de embistente, el juez ha fundado su sentencia en las conclusiones del perito Rives. En el dictamen pericial (fs. 206/211) describe el lugar del impacto, indicando que fue en el centro de la calzada, que la Ruta 40 se encuentra señalada por doble línea amarilla, y que la velocidad del automóvil era de 43 km/h. También concluye que el automóvil impactó, con su frente derecho, a la motocicleta sobre la parte trasera izquierda de ésta. El impacto fue en el amortiguador trasero izquierdo.

De las constancias arrimadas al proceso, se evidencia la insuficiencia probatoria. Es que el demandado omite incorporar - verbigracia- fotos del vehículo donde puedan ilustrarse los daños producidos, lo que impone el deber de analizar los medios probatorios incorporados, con suma prudencia.

Del sumario penal, fotografía acompañada por la actora y dictamen pericial agregado a las actuaciones, surge -con meridiana claridad- el lugar en que presenta los daños la motocicleta, esto es, costado trasero lateral "izquierdo". El Renault 12, presenta los daños en la parte delantera derecha (ver informe pericial de fs. 206 y ss).

A esta altura necesario deviene recordar las normas que deben considerarse a los fines de realizar la maniobra de giro, conforme a la Ley de Tránsito vigente en la Provincia N° 6684 (BOP 1/2/1996-Ley 528-R). En ese sentido, el art. 43 expresamente regula que "para realizar un giro debe respetarse la señalización y observar las siguientes reglas: a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada; b) Circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar; c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada.". Como se colige, no basta para hacer un giro en forma reglamentaria con la colocación de la baliza dando señal de la intención, sino que es menester colocar al automotor, al menos con 30 metros de anticipación a la esquina, en posición apta para no entorpecer el normal desenvolvimiento del tránsito y finalmente, hacerlo reduciendo paulatinamente la velocidad hasta girar a una marcha moderada.

En este punto, el dictamen pericial tiene una importancia especial desde que consigna, que el impacto se produce en el centro de vía sur -norte de la ruta, ". . .exactamente en el comienzo del cruce de calle Oro" (fs. 207), lo que implica que el actor no se encontraba, con la anticipación necesaria (30 m antes de girar) del lado izquierdo del carril, con la luz de giro encendida y advirtiendo la peligrosa maniobra.

De las expresiones de las partes en su demanda y contestación, y de la prueba incorporada a la causa, fácil es colegir que el conductor de la moto -el actor - circulaba por el costado derecho del carril con dirección sur-norte, habiendo intentado la maniobra de giro a la izquierda para incorporase a calle Oro; no sin antes invadir ese mismo carril de circulación. Concretamente, la peligrosa maniobra la efectiviza en clara violación a las normas de tránsito. Si a ello sumamos que el Renault 12 circulaba regularmente por ese mismo carril y a una velocidad reglamentaria ( 43 km/h - pericia de fs. 206 vta), se advierte que aquella maniobra fue imprevista y sorpresiva, dejando sin chance de sortear la situación al conductor demandado.

La conducta del actor, en una ruta de gran circulación vehicular, (de un solo carril, por mano, según dictamen pericial de fs. 207) constituye una maniobra de sumo riesgo e implica interferir en la circulación de los vehículos que se dirigen en el mismo sentido y también en el contrario. Ello impone, sin duda, extremar los más celosos cuidados antes de concretar la acción de giro, que implica la invasión de carriles interfiriendo la normal circulación. No surge de los antecedentes incorporados, prueba alguna que acredite que el conductor de la moto, anticipara la maniobra tal como lo exige la norma de aplicación ya citada.

Es que las maniobras como las emprendidas por el actor -que implican invadir ambas manos de la ruta e interferir en la línea de marcha de quienes avanzan por la misma- deben ser realizadas con suma atención y cuidado, conservando en todo momento el pleno dominio de la unidad, debiendo extremar las precauciones cuando su vehículo, en razón de las circunstancias o de la disposición del lugar, pueda ser causa de accidente, de desorden o molestias para el tránsito, estando prohibido todo cambio de dirección antes de asegurarse de que es posible hacerlo sin peligro para terceros, ni crear riesgos al tránsito, ni afectar la fluidez del mismo (conf. art. 43 Ley de Tránsito). Sin dudas, el actor no advirtió, siendo su deber hacerlo, la presencia y circulación del rodado guiado por el demandado, radicando allí la causa fundamental y adecuada de la producción del hecho.

En suma, ha sido la conducta negligente e imperita del actor, quien acometió un giro a la izquierda, por una ruta de doble mano, sin haber tomado las precauciones del caso -en especial, percatarse de que podía intentar dicha maniobra sin entorpecer la conducción de otras unidades-, interponiéndose imprevistamente en la línea de marcha del demandado, condición ésta con exclusiva relevancia causal en la producción del siniestro, dado que se acreditó la reglamentaria velocidad que desplegaba el demandado.

Desde este miraje, no puedo sino concluir en que la imprevista e imprudente maniobra de José Cantos constituye la exclusiva y excluyente causa del siniestro por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el art 1.113 del Cód. Civil, propongo el rechazo del recurso de apelación traído a decisión.

En punto C (fs. 270), se agravia la recurrente del modo - dice - ha formulado el A-quo la imposición en costas.

Sostiene que el agravio se centra en considerar excesivos los porcentuales fijados por el Juzgador, solicitando se los fije en función de la labor efectivamente realizada.

De la resolución recurrida se infiere, concretamente, la motivación que el Juez concede a cada regulación, describiendo la labor desarrollada por cada profesional para terminar adecuándola al porcentual normado por la Ley 2150 (Ley 56-O).

Por ello, las críticas traídas por la apelante, no llegan a desvirtuar esas puntuales motivaciones que, reitero, reflejan las regulaciones con apego a la norma concreta.

Propongo en consecuencia, desestimar el agravio tratado, confirmando la sentencia venida en recurso.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 266 de autos.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S; T° II-2015; F°62/68; FECHA:15 de octubre de 2015 DRES.VICTORIA-RIVEROS