Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-25


Esquel, 25 de agosto de 2006.- VISTO: - El recurso de apelación interpuesto por el abogado de la defensa Dr. Javier Allende contra el auto de fs. 96/100 , y el recurso de apelación interpuesto por el titular del Ministerio Fiscal Dr. Fernando Rivarola a fs.66/69 y vta. - CONSIDERANDO 1.- La Defensa ( fs.102/112) se agravia de la resolución en crisis por cuanto entiende que conforme a la regulación legal de la prisión preventiva de nuestro país y de la provincial del Chubut, el imputado deberá ser puesto en libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa.

Que la Convención Americana de Derechos Humanos contiene en su articulado la naturaleza jurídica, extensión y télesis de las normas sobre el instituto de la prisión preventiva ; y que son ellas las que establecen los criterios de aplicación, sin perjuicio de otras normas en particular, todas las cuales deben subordinarse a la finalidad de las mencionadas para su interpretación armónica con el resto del ordenamiento jurídico ; so pena de error en su aplicación -vía violación o inobservancia - lo cual al criterio de la Defensa, ha ocurrido en la resolución atacada . - -Asimismo señala que nuestra Constitución Provincial estableció un sistema de amplia tutela de la libertad personal expresada fundamentalmente a través de sus artículos 22, 24 y 49, entre otros. De tal forma que la ratio legis de su sanción es que nadie pueda estar sometido a una pena privativa de la libertad sin haber sido previamente condenado por una sentencia firme. -Para apoyar la restricción a libertad se exige un fundamento razonado y objetivo que demuestre la necesidad y provecho para la actividad persecutoria estatal de esta ingerencia en la libertad personal de los ciudadanos, los que mientras no sean condenados gozan del estado de inocencia.

-Admite la Defensa que, en rigor, la privación de libertad de un encausado, vía prisión preventiva, es uno de los supuestos contemplados de antemano por la ley procesal penal. Sin embargo, la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y cautelar.

En relación a ésta última circunstancia, es la posibilidad concreta de peligro de entorpecimiento o frustración de la investigación o de fuga o incomparencia del imputado, con fundamento colectado en la causa .Que esta medida restrictiva es de una temporalidad acotada, pues una vez desaparecida, cualquier forma en que se la prolongue es arbitraria. -Que del análisis de estos actuados, señala el apelante, que surge claramente que no existió ni existe peligro de fuga o entorpecimiento por parte del encartado, dando fundamento de tales circunstancias.

Resumidas así en sus aspectos fundamentales las críticas vertidas por el recurrente cabe entrar al análisis de las mismas a los efectos de determinar si le asiste o no razón en su planteo.

Que del examen de las constancias de la causa, se advierte la inexistencia de prohibición de ingreso a esta ciudad para el ciudadano S D H. Ello así, por cuanto de la cautelar decretada (v. fs. 14 y vta.) solo surge la "...PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO E IMPEDIMENTO DE CONTACTO..." del nombrado a la vivienda y domicilios laborales de su hija C N H y su grupo conviviente, extensiva a todo otro lugar que ellos concurran y/o desarrollen actividades y en un radio de 100 metros de los mismos en la vía pública, ni llamadas telefónicas a teléfonos fijos y/o celulares que pudieran tener, todo ello a efectos de preservarlos de nuevos hechos que vulneren la seguridad familiar. - Que continuando con la lectura del punto 1º de la parte dispositiva de la resolución limitativa de fs. 14 y vta., se ordena poner en conocimiento de personal policial de la Portada de acceso a la ciudad de Esquel, puesto de ruta 259 y a personal de Gendarmería del puesto cinco esquinas de la ruta Trevelin-Corcovado a fin de comunicar el acceso de esta persona (H) a la ciudad con su vehículo, extremando las medidas protectivas a la víctima. De allí, puede colegirse que el imputado no habría violentado la medida en ocasión de su segunda detención, violación que si se concretó en su primera aprehensión y que sirve de base al procesamiento puesto en crisis. - Por otra parte, este Cuerpo no advierte en el sub exámine peligro de fuga o entorpecimiento que habilitan el mantenimiento del encarcelamiento cautelar, conforme la cláusula alojada en el art. 286 del ritual provincial ni constata la existencia de otras restricciones que impidan al imputado aguardar el debate en situación de libertad procesal. Por ello, anticipamos nuestra opinión en el sentido de revocar la prisión preventiva que se ataca. - --Así también, y atento la apelación en examen, corresponde referirse al auto de procesamiento por el que se agravia la defensa. --Al respecto, e impuesto por lógicas razones metodológicas, resulta necesario formular una toma de posición sobre una cuestión harto polémica, se torna imprescindible que previamente nos pronunciemos con relación a una problemática mayoritariamente sostenida entre los distinguidos miembros de esta Excma. Cámara, en su composición anterior.

Así, como da cuenta el sinnúmero de resoluciones concordantes dictadas por esta Alzada a partir del año 2001 -SIP N° 68/01; 69/01; 70/01 CANO, entre otras- hasta la fecha, invariablemente se ha resuelto que: "no procede el dictado del auto de procesamiento sino cuando deba decretarse la prisión preventiva del imputado".

Los fundamentos del criterio adoptado por la mayoría son básicamente: las reformas introducidas por la Ley N° 4.743 al CPP, la no estigmatización del imputado, la celeridad procesal y, en definitiva, la innecesariedad del auto de procesamiento, instituto procesal que, según opinión de la mayoría, "no otorga per se mayores garantías al imputado". -Sin perjuicio de lo atendibles que pueden resultar en otro sistema procesal las razones invocadas, no compartimos ese criterio, el que, por lo demás, omite considerar el vigente art. 277 del CPP, titulado "Procesamiento sin prisión preventiva", precepto que, de manera expresa, prevé la posibilidad del dictado del auto de procesamiento aun sin que se disponga el encarcelamiento cautelar: así, el procesamiento es presupuesto lógico de la prisión preventiva, y no ocurre lo mismo a la inversa, pues, esta última de ningún modo puede ser factor determinante de aquél.

Podrá decirse que los arts. 183 sexto, inc. 3°) y 183 séptimo del CPP, incorporados por la Ley N° 4.743, autorizarían a prescindir del auto de procesamiento cuando no se requiera la prisión preventiva, pero, una interpretación tal dejaría de lado lo dispuesto por el art. 277, el que no ha sido derogado, contrariando la conocida y tradicional doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual:

"La ley ha de interpretarse de manera que evalúe la totalidad de sus preceptos y de los propósitos finales que la informan, de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Corte Sup., 1976, Donati, Leonor Carolina, Fallos T. 296, P. 22., entre otros, LexisNexis, Informática Jurídica, Documento Nº 5.2238, Corte Nac. 1973-1986). - En consecuencia, armonizando las normas en juego, aparentemente contradictorias, esta Cámara es de opinión que es facultativo para el Ministerio Público Fiscal pedir el procesamiento del imputado, en los supuestos previstos por los arts. 183 sexto, inc. 3°) y 183 séptimo; pero, es siempre obligatorio para los jueces ordenar el procesamiento del imputado, cuando los elementos cargosos autoricen su dictado, con o sin prisión preventiva según los casos (arts. 273 y 277, CPP), por tratarse de un paso procesal indispensable para la adecuada garantía de sus derechos constitucionales, como bien lo señala la Exposición de Motivos del Código Procesal Penal, con cita del eminente procesalista italiano Francesco Carnelutti.

Tales conceptos resultan congruentes con el contenido del art. 304 del C.P.P., que impone el auto de procesamiento como presupuesto de la vista prevista en dicha norma. Conteste con la posición que sustentamos sobre la necesidad de dictar el auto de procesamiento, autorizada doctrina con razón enseña: "Si el avocamiento consiste en admitir como posible la presunta infracción penal para dar comienzo al proceso jurisdiccional, es de todo sentido común pensar que el imputado no puede permanecer con una situación incierta en forma indefinida, o por el tiempo que el Juez estime necesario para declarar una resolución que confirme la hipótesis inicial, la descarte o manifieste su duda respecto de la autoría y la culpabilidad. - Por lo tanto, se hace necesario que apenas se inicien las investigaciones [...] el Juez efectúe un análisis pormenorizado de las constancias del proceso y resuelva sobre la situación del imputado, respecto de su autoría y culpabilidad.Desde este punto de vista resulta necesario el procesamiento por diversas razones:

1) Concreta la infracción penal calificando correctamente el hecho que se le atribuye al imputado.

2) Individualiza al presunto autor en el grado de participación que le corresponda y el grado de culpabilidad atribuida. 3) Crea un estado jurídico, el de procesado, y perfecciona la relación procesal con los tres sujetos esenciales de la misma. -4) Circunscribe el límite fáctico de la investigación instructoria, reconociendo total o parcialmente el contenido de la requisitoria de instrucción formal o de la prevención policial.5) Derivado de esto, limita también la actividad del Ministerio Público y de la defensa respecto de la pertinencia de la prueba con relación al objeto procesal determinado. -6) Respecto de la libertad personal del imputado, como [el procesamiento] es el fundamento de la prisión preventiva, permite su excarcelación si antes fue negada [art. 284, CPPCh]. - 7) Respecto de la excarcelación que puede o no otorgarse después de la calificación provisoria de los hechos en el avocamiento, puede ser revocada, confirmada o admitida según la calificación contenida en el procesamiento. 8) Constituye un presupuesto de la acusación contemplado expresamente [art. 304, CPPCh]. 9) De esto, se deriva que el Juez de Instrucción controla la requisitoria de elevación a juicio en cuanto al fundamento de la pretensión penal. -10) El requerimiento de elevación a juicio debe circunscribirse al núcleo fáctico contenido en el procesamiento, pues así como debe haber correlación entre acusación y la sentencia, pues el objeto debe ser el mismo, debe existir la misma correlación entre el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio, sin perder el Ministerio Público la facultad que tiene de atribuir al hecho una distinta calificación jurídica" (ÁBALOS, Raúl Washington, Derecho Procesal Penal, t. III, p. 30 y s., Ed. Cuyo, Mendoza, 1993).

Frente a semejantes razones, sin hesitación alguna, nos parece ineludible el dictado del auto de procesamiento en garantía de la defensa en juicio del imputado y del debido proceso (art. 18, CN; arts. 44 y 45, CProv.), quedando relativizados los argumentos de la "estigmatización" y de la "celeridad" frente a las debidas garantías que el proceso debe contener a fin de limitar el ejercicio de la pretensión punitiva, pues: la primera, inevitablemente ya existe desde el momento mismo de la imputación y de su trascendencia pública, no agregando ni quitando nada el auto de procesamiento que resulta apenas en cuestión de orden interno en el ámbito de la administración de justicia; y la segunda, no tiene por qué verse entorpecida por una resolución que no hace más que precisar la situación procesal del imputado, eliminando la incertidumbre que generaría la inexistencia de aquél pues careceríamos de una delimitación adecuada del objeto procesal. - En suma, después de su declaración, al imputado le asiste el derecho a que se defina su situación procesal mediante los correspondientes autos de: a) procesamiento (art. 273); b) falta de mérito (art. 276); y c) sobreseimiento (arts. 292/294), no existiendo fuera de éstos casos otro estado posible más que el de la incertidumbre procesal, violatorio de elementales garantías constitucionales.

Concordantemente, poniendo en evidencia la importancia del auto de procesamiento y su imprescindibilidad d Corresponde, estimamos, a esta altura formularnos una reflexión: existen tres modelos o modos distintos de reglamentar e instrumentar el proceso penal: el modelo inquisitivo, el acusatorio y el mixto o inquisitivo reformado. Que este último se encuentre más cerca de uno u otro de los dos primeros, depende en gran medida de la lectura que los operadores del sistema, encargados de aplicarlo, hagamos de él. En esta inteligencia, un Código mixto, tal el caso del ritual provincial aún vigente, puede en su operatividad acercarse considerablemente al paradigma acusatorio, tal la tendencia mayoritaria que este Cuerpo comparte, o transformarse en netamente inquisitivo, según la interpretación que en uno u otro sentido efectúen jueces, fiscales, doctrinarios y demás operadores jurídicos involucrados en su estudio y aplicación. - En tal sentido, entendemos que la interpretación desarrollada resulta ajustada a la normativa en vigencia.

Tampoco se trata de imponer un esquema de razonamiento, lo que está en juego es el derecho de las partes y en esencial de la defensa a que los tribunales dicten resoluciones previsibles, y una vez afirmada una cuestión, no se pueda cambiar de opinión sin prueba que valide tal afirmación. - En definitiva, resulta necesario también asumir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no será lo que cada uno desea, permitirá lo que todos desean, es decir una sociedad ordenada en base a un criterio más realista de justicia, con base en instituciones cuyas resoluciones y actividad resulten previsibles.-- Así, y en función de los elementos de cargo que surgen de la causa, corresponde confirmar el procesamiento de S D H, en los términos que fuera dictado.

Atento a que a fs. 121 el Ministerio Público Fiscal no mantiene el recurso intentado, corresponde declarar la deserción del mismo.

Por todo ello la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E 1) DECLARAR DESIERTO el recurso interpuesto a fs. 66/69 y vta. por el Ministerio Público Fiscal.

2) CONFIRMAR el auto de PROCESAMIENTO de S D H , revocando la PRISION PREVENTIVA decretada a fs. 96/100 por las consideraciones vertidas.

3) Atento lo dispuesto en el punto 2) , líbrese oficio al Sr. Juez de Instrucción para que disponga la inmediata libertad del detenido S D H (art. 284 inc. 2° del C.P.P.). - 3) Protocolícese, notifíquese, ofíciese y devuélvase. - BENJAMÍN MOISÁ JORGE LUIS FRÜCHTENICHT	GÜNTHER ENRIQUE FLASS Ante mí.- Norma Marrero Secretaria AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL NRO. 65 /06. CANO.- Norma Marrero Secretaria