Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-10


Salta, 10 de febrero de 2010.- Y VISTO: el expediente caratulado "ARMELLA Rolando y DATOLO Blanca Angélica c/Pereyra Rozas César sus sucesores s/Adquisición del dominio por prescripción", expte. nº 74.037/03 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación; Expte. nº 167.537/06 de Sala; y C O N S I D E R A N D O El Dr. Guillermo F. Díaz, dijo:_ I. La sentencia de fs. 197/200 que rechazó la demanda de usucapión, ha sido apelada por los actores a fs. 202.- En sus agravios de fs. 211/213 señalan que han demostrado en autos todos los extremos exigidos por la ley para adquirir el dominio consolidado por el transcurso del tiempo. Que ello surge de las declaraciones testimoniales rendidas por los Sres. Mamaní, Pastrana, Flores y Miranda en las que se puede establecer el inicio de la posesión a título de dueños y la anexión con la que venían ejerciendo también a título de dueños los padres de la Sra. Dátolo. Que no ha sido la prueba de testigos la única que se ofreció. Que desconocen las razones por las cuales no se proveyó a la prueba de Inspección Ocular que resultaba decisiva en autos; pero que, de todos modos, también surge de las mencionadas declaraciones testimoniales que se hicieron construcciones y otros actos posesorios ostensibles cuya verificación solicitan a título de medida para mejor proveer. Que el sentenciante omitió considerar el certificado de residencia como una prueba más que sumada a las anteriores resultaba precisa y concordante y formaba convicción respecto al derecho invocado. Agrega que es incorrecto basarse en una prueba pericial contable para desvirtuar la legitimidad de la posesión, pues la existencia efectiva de otras transmisiones, que desde luego no desconocen, pero que han sido hechas en forma privada y sin publicidad, no quitan calidad de pública y pacífica a la posesión que ellos han venido ejerciendo. Por último, sostienen que también es incorrecta la apreciación de la prueba referida al pago de los impuestos pues el plan de pagos celebrado con la Municipalidad, no ha hecho más que perfeccionar una situación de hecho que se registraba desde hacía más de veinte años. Cita jurisprudencia referida a la valoración de la prueba del pago de impuestos en la usucapión. Finalmente, señalan que de las pruebas producidas no surge que los supuestos adquirentes del inmueble lo hayan poseído alguna vez.- A fs. 216/218 contesta los agravios el apoderado del albacea testamentario de la sucesión de César Pereyra Rozas. En primer lugar señala que el recurso debe ser declarado desierto pues el memorial del apelante no es una critica concreta y razonada de los aspectos erróneos del fallo, limitándose a la exposición de una mera discrepancia con la sentencia. En respuesta a los supuestos agravios, dice que los testigos no han sido coincidentes ni precisos en cuanto a la fecha de la iniciación de la posesión. Dice además, que a todo evento no es dable acoger una demanda por usucapión en base únicamente a la prueba testimonial. Agrega con relación a la prueba de inspección ocular que su producción resultaría inútil en la segunda instancia pues la prueba de la existencia de supuestas construcciones no acredita la fecha en que las mismas se habrían realizado, resultando un desgaste jurisdiccional inútil. En sentido similar con relación al certificado de residencia y convivencia que no prueba el inicio de la posesión. La prueba pericial contable ha demostrado que no existía la supuesta transmisión de parte de parte del señor Pereyra Rozas ni de sus sucesores a los progenitores de la señora Dátolo. Finalmente con relación al pago de impuestos sostiene que la valoración hecha en la sentencia es la adecuada en tanto los planes de pagos celebrados con Aguas de Salta y con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, prueban actos posesorios a partir del año 2001 y 2003 respectivamente. Recuerda que el pago de impuestos no constituye un acto posesorio sino un acto jurídico demostrativo del animus domine, siempre que haya sido efectuado periódicamente o al inicio y a la conclusión del término para usucapir, pues de lo contrario sería muy fácil invocar una posesión veinteañal de un inmueble pagando en un solo acto la deuda impositiva aunque daten de varios años atrás. Pide el rechazo del recurso con costas.- II. Con relación al planteo de deserción formulado por la parte demandada, cabe señalar que de manera reiterada se ha venido sosteniendo que al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de Justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos 306-474; CJSalta, 22-12-92, "Rondoni vs. Eckard", Libro 44, pág. 1109/1113). Tal criterio también lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, entendiendo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CApel.CC.Salta, Sala III, protocolo año 1993, pág. 901; año 2001, pág. 415; año 2003, págs. 49 y 232/234). Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el contenido del memorial presentado por el apelante, no puede decirse que en el mismo no exista una crítica de la sentencia en grado, lo que lleva a considerar que resulta suficiente para fundar el recurso de apelación interpuesto.- III. Ahora bien, la critica concreta que contienen los agravios del apelante apunta a la valoración que hace la Juez en la sentencia de las pruebas ofrecidas y producidas por su parte que, como señalan en su presentación, no se agotan en la de testigos; así como de la prueba pericial contable ofrecida por la contraria. Sostienen así que no obstante la falta de producción de la prueba de inspección ocular, las construcciones realizadas en el inmueble quedan de todos modos acreditadas por los dichos de los testigos; pretendiendo que el certificado de residencia y convivencia, también avala los dichos de los testigos acerca del tiempo desde el cual conocen que los actores poseen a título de dueños. Pretenden también que las conclusiones de la prueba pericial contable no altera el carácter público, pacífico, continuo e ininterrumpido de la posesión que invocan; y que se han valorado inadecuadamente las constancias del pago de impuestos y tasas, pues los planes de pago concretados a partir del año 2001 exteriorizan el hecho de la falta de recursos durante el tiempo anterior para sufragar dichas deudas.- Ahora bien, cabe recordar que en los juicios de usucapión la prueba debe estar dirigida a demostrar tanto el hecho de la posesión como el ánimo de dueño en su ejercicio, así como sus calidades de pública, pacífica, continua e ininterrumpida, y el tiempo exigido por la ley para considerar adquirido el dominio. Ello implica la necesaria demostración del inicio de la posesión (en particular en este caso el inicio de la posesión de los antecesores a la cual se pretende anexar la propia de los actores) y la ausencia de interrupciones durante el tiempo de veinte años. Y ello así, pues no sería posible determinar el transcurso de veinte años si no se prueba el momento desde el cual ese tiempo debe ser contado. En este sentido, es ajustada la sentencia en cuanto ha entendido que los actores no han demostrado el inicio de la posesión de sus antecesores si, habiendo invocado como punto de partida la adquisición del inmueble a través de un instrumento privado que se aduce extraviado, dicha transferencia no se demuestra por otros medios. En ese sentido es que cobra virtualidad la prueba pericial contable practicada a instancia de los demandados, desde que acredita la existencia de otras transacciones referidas al inmueble que aquí se pretende usucapir, y no la de ésta; por lo que debe entenderse que no está acreditado el inicio de la posesión invocada. Además, y como lo señala la sentencia atacada, los testigos tampoco coincidieron en la indicación de la fecha de inicio de la posesión de los antecesores de los actores. No se trataba entonces de establecer si las transacciones demostradas por la pericia contable resultaban oponibles o no a los actores o afectaban el carácter pacífico de su posesión o la de sus antecesores, sino de que no se acreditó la transacción invocada por éstos como hecho que dio origen a la posesión de los padres de la Sra. Dátolo.- Sin perjuicio de la suficiencia de la consideración que antecede para sostener el rechazo del recurso intentado, cabe agregar que acierta la sentencia en la valoración del certificado de residencia y convivencia, desde que la mencionada constancia no solamente se refiere a un hecho actual al tiempo de su emisión, sino que además no resulta de una comprobación de la autoridad policial, la que se limita a hacer constar la declaración de dos testigos, tal como reza su texto. Es decir, en última instancia, lejos de ser prueba documental, esta pretendida prueba de la posesión es también en esencia testimonial.- En cuanto a las constancias referidas a los convenios de pago de tasas e impuestos, su valor cobra trascendencia cuando, como se sostiene en los propios precedentes jurisprudenciales citados por los apelantes, las obligaciones tributarias se cumplen regularmente en los términos de sus periódicos vencimientos o, no siendo así, cuando su pago, aunque tardío, es el resultado de una conducta espontánea e independiente de la eventual acción judicial. Ello así porque, tal como fuera señalado por la Sra. Juez de Primera Instancia, el pago no es un acto posesorio sino un acto jurídico cuya repetición periódica, continua o discontinua, pero pendiente un prolongado período de tiempo, exterioriza de manera indirecta un interés o animo con relación al inmueble gravado. Pero además, en este supuesto, la oportunidad de la celebración de los mencionados planes de pago hace presumir menos un acto espontáneo que una intención ligada a la eventualidad del presente proceso.- Por las razones expuestos, voto por el rechazo del recurso, con costas a los apelantes por el principio objetivo de la derrota (art. 67 del Código Procesal en lo Civil y Comercial).- El Dr. Marcelo R. Domínguez, dijo:Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Díaz.- Por el acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 202 y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia de fs. 197/200 en todas sus partes, CON COSTAS.- COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.