marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa en juicio, revocación del sobreseimiento, incapacidad sobreviniente, suspensión del proceso judicial
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Bessone, Ramón Genaro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Si el imputado habría realizado el hecho siendo imputable, pero durante la sustanciación del proceso ya no cuenta con capacidad mental suficiente para oponer los descargos que estime pertinentes para controvertir su sujeción a proceso, es decir, para ejercer su derecho a la defensa, corresponde revocar la resolución que dispuso el sobreseimiento y mantener la suspensión dispuesta en los términos del art. 77 CPPN, norma que se inspira en la posibilidad de que el imputado que obró siendo imputable, supere aquella "incapacidad sobreviniente" y recupere su "capacidad original", pudiéndose reanudar el proceso y llevarlo a juicio; circunstancia que sugiere que en principio el legislador contempló como posibilidad cierta que la mejora del imputado no se produjera.
Sentencia, sana crítica racional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALVAREZ, JUAN BAUTISTA s/ IMPUTADO - PRUEBA - SENTENCIA - SECRETO PROFESIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-11-14

La ley procesal, actualizando expresas normas constitucionales y como garantía, exige la motivación adecuada de las sentencias, conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común.

La demostración racional de los hechos por medio de sus pruebas, obviamente impone, precisamente, el trasvasamiento concreto y específico del contenido de esas pruebas, de manera que pueda inmediatamente conocer el medio y el órgano que la produjo y su real contenido. Si, al contrario, el juzgador se limitara a mencionar medios y órganos de prueba y las conclusiones, pero sin mostrar qué dicen esas pruebas y cómo llegó a las conclusiones, habrá incurrido en un vicio in procedendo que traerá aparejada, por expresas previsiones legislativas, la nulidad de la sentencia (C.P.P., art.

417 inc. 4to.).-
Defraudación, administración fraudulenta, autoría
Materia: PENAL
Carátula: "RODRIGUEZ, Jorge y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

El tipo penal del delito de defraudación por administración fraudulenta requiere que sus autores o partícipes "....tuvieran a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios....". Estas son actividades que debe llevar adelante el administrador para preservar los bienes de su mandante, por lo cual, la diferenciación técnica entre cada una de ellas no hace en definitiva a la acción disvaliosa que se le achacara, ya que estas acciones se relacionan con el carácter de autor de esta figura. No obstante esa innecesaria diferenciación, podría decirse que el cuidado implica el mínimo control que pueda tenerse sobre la propiedad ajena ya que carece de potestad dispositiva. Por su parte el manejo implica gobierno y dirección de intereses patrimoniales, pero con alcance determinado a solo un segmento de los bienes. Finalmente encontramos la administración que es la mas amplia de las tres relaciones creadas; abarca la totalidad del patrimonio y se la puede definir como facultad de gobernar y regir los bienes ajenos, ordenando los medios para su mejor conservación.
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, consignación judicial, depósito judicial, principio de integridad, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Y.P.F. c/ Racca, Agustín y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Consignación (Expte.: C.S.J. Nro.  104 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

Si bien no es aislada la jurisprudencia que, haciendo aplicación del artículo 743 del Código civil, ha entendido que procede la consignación depositando el importe líquido de la deuda y ofreciendo pagar la parte ilíquida cuando sea determinada, ese no es el caso de autos donde no medió ofrecimiento alguno previo a la impugnación.

Entonces, encontrándose ésta justificada, lo decidido al amparo del principio de economía procesal jamás podía derivar en la condena en costas a la demandada. En el sub examine, con el fin de estipular la condena accesoria de intereses, el a quo formula una afirmación fáctica (premisa menor: falta del requisito de integridad del pago) y en la conclusión no refleja el resultado que el pensar correcto impondría a la luz de la premisa mayor (ineficacia de la consignación) sino exactamente lo contrario. En conclusión, el a quo ha quebrantado (en principio) las normas del pensar correcto haciendo efectiva una consignación tras destacar la carencia de uno de sus requisitos esenciales (integridad del objeto), pero ninguno de tales eventos darían sustento al reproche constitucional de su fallo ("acogimiento virtual", en los términos del recurrente) si no mediare una opción grave y notoriamente injusta (arbitrariedad axiológica) en la imposición de costas.
Verificación de créditos, crédito laboral, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARRETO RAMONA EN AUTOS: HIPOLITO APEELBAUM s/ QUIEBRA  PEDIDA  -  INCIDENTE  DE  VERIFICACION  TARDIA - PRONTO PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-26

La actualización monetaria de los créditos laborales en los concursos y en las quiebras -previstas por el art. 276 de la ley 20744 (antes 301) T.O. Decreto 390/76 -no puede ser opuesta a uno de los principios básicos del sistema concursal en su conocida formulación "pars conditio creditorum", por el sometimiento que tiene como antecedente; el criterio fundamental de que todos los acreedores del concurso, sin distinción de naturaleza, deben pasar por el reconocimiento de sus créditos ( arts. 33 y 129 de la ley 19551).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba pericial, teléfono celular
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sicolo Acosta, Milena Soledad c/ Novogar S.A. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

La recurrente, con las tachas de arbitrariedad fáctica articuladas, insiste en oponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada, con base en su particular enfoque del caso -y particularmente del informe pericial, en la inteligencia de que a tenor del mismo podría atribuirse a las proveedoras la causa del desperfecto del aparato-, procurando en verdad la revisión de lo decidido en una suerte de tercera instancia ordinaria extraña a la vía establecida en la ley 7055, en tanto la referida experticia -que la presentante afirma preterida o tergiversada- fue expresamente tenida en consideración por el A quo, aunque desde luego con un alcance distinto al postulado por la interesada y sin transgredir los márgenes de razonabilidad tolerables desde la perspectiva constitucional; lo cual podrá no conformar a la impugnante pero ello de por sí no es suficiente para descalificar el pronunciamiento atacado, pues es sabido que la doctrina de la arbitrariedad no cubre el mero desacuerdo de la partes con las tareas de apreciación reservadas a los magistrados de las instancias ordinarias, advirtiéndose especialmente que con los argumentos traídos ante estos estrados, la presentante no consigue poner de relieve una insuficiente motivación del fallo en punto a la evaluación del dictamen pericial de marras, o bien que las subsiguientes conclusiones de hecho acerca de la posible causa del desperfecto y su correspondiente encuadre jurídico -la cual, según los Magistrados, no radicaría en un vicio de fabricación sino en una incorrecta manipulación del aparato no abarcada por la garantía a cargo de las proveedoras- resulten reñidas con las reglas de la sana crítica o desmarcadas de la normativa aplicable. (De la disidencia del Dr. Netri, a la que adhiere el Dr. Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 99, p 102; T 99, pág. 179; T. 100, p 251; T 101, p 408. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240, artículo 11 y concordantes.
Locación de servicios, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Bellone, Bartolomé Salvador c/ S.A.D.A.I.C. s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

La especial naturaleza del vínculo tan personal y de confianza que se establece por la locación de servicios entre locador y locatario justifica que, cuando ha desaparecido la buena inteligencia entre ellos, por alguna causal imputable al otro, el contratante inocente y afectado puede disolver el vínculo.
Sustracción de menores, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: C.M.G. y otros s/ supresión del est. civ. de un menor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Corresponde desestimar el planteo extintivo relativo a la retención u ocultamiento de un menor contemplado en el art. 146 CP, toda vez que el objeto de tutela previsto en la norma no pende justamente de la superación de los diez (10) años de edad, sino por el contrario, ese estado antijurídico existe, aun superada la cuestión etaria apuntada, en la medida que las acciones típicas previstas continúen ejerciéndose.
Jornada de trabajo, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: V., H.R. c/ V..... SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-07

"El trabajo extraordinario debe ser probado por quien lo alega, dado que lo que se presume es que la jornada no excede el máximo legal".
Ley penal más benigna, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: B., E. R. s/ Infracción artículo  68 INC. A) Ley 3473 (Expte Nº  168-92, Resolucion  N  7, Tomo 1, Folio 233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-26

Para definir si una ley es o no más benigna que otra, no ha de estarse solamente a la tipificación o pena concreta, sino a la integridad de la ley dentro de la que el tipo penal o contravención se ubica, comparando penas alternativas y formas de cumplimiento, de modo de aplicar en toda su extensión aquella de la que resulte un régimen mas beneficioso para el imputado.
LEY DE CONCURSOS, fuero de atracción, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Chubut S.A. c/ Establecimientos Oeste S.A. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-05

"Al redactar el artículo 21 de la Ley 24.552, el legislador mencionó los juicios de ejecución de garantías reales en el inciso que se refiere a los casos excluidos de radicación, a los cuales agrega la condición para continuar su trámite, de presentar pedido de verificación (inc. 2), sosteniendo la nueva normativa la misma previsión del anterior régimen legal, admitida sin discusión tanto en la doctrina como en reiterada jurisprudencia".
Recurso extraordinario federal, prescripción de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: Surita, Luis Alberto c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Legajo de juicio en autos Surita, Luis Alejandro s/ inf. art. 149 bis, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-27

La interposición del recurso extraordinario federal, declarado inadmisible, no puede postergar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la condena ejecutoriada. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano)
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: D.C.E. s/ Participación necesaria en robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-18

Cuestionada la idoneidad del arma utilizada en el asalto constituyente del hecho de autos, malgrado la comprobación de su existencia material, y ausente el secuestro que pudiere haber posibilitado la paricial acreditatoria de dicho extremo, es indudable que la conducta de quienes participaron en distintos grados en el mismo, deberá encolumnarse en la figura rectora del art. 164 del C.P
Declaración indagatoria, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

Las declaraciones indagatorias prestadas en sede militar resultan válidas, pues la declaración de los imputados durante el juicio en la etapa de debate -art. 378 del Código Procesal Penal de la Nación- implicó un saneamiento de posibles defectos en que se hubiera incurrido en declaraciones anteriores, dado que tuvieron ocasión de ser escuchados en un marco de máxima garantía en el juicio oral y público. (del voto de la Dra. Ángela Ester Ledesma en disidencia parcial)
Defensor particular, nombramiento
Materia: PENAL
Carátula: GUILLERMO OMAR PALLARES c/ ARAUJO, RAMON ALBERTO; BUENA, BERNABE OMAR s/ LESIONES CULPOSAS BUENA, BERNABE OMAR s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-28

Si los imputados designan en el acto de indagatoria a sus pertinentes abogados defensores de confianza, tal elección es un acto voluntario y libre, quedando supeditada la aceptación del cargo por parte de los letrados. La aceptación del cargo es la expresa manifestación escrita del elegido por la que da su conformidad y se compromete al legal y fiel desempeño. El defensor asume la defensa cuando acepta el cargo y constituye domicilio. En ese orden de ideas al defensor oficial se lo nombra en el mismo momento en que el imputado no elige defensor o si el elegido demorare en aceptar el cargo.
Recurso de apelación (procesal), desistimiento, caducidad de medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., S. A. c/ M., J. P.-Incidente Liquidación Régimen de Comunidad s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-02

Al no existir una regulación autónoma del recurso de apelación en supuestos de desestimación de la caducidad de una medida cautelar (ya que no lo comprende el art. 45 LPF ni el 195 CPCC), es aplicable el principio sentado en el art. 305 CPCC, conforme a la finalidad que el mismo persigue.
Cuestión abstracta, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Diamante, Gustavo G. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

En materia de nulidades no puede soslayarse el principio del interés de quien la aduce; y si se omite puntualizar las oposiciones de que se le privó al ejercer la pretensión nulificante, la cuestión deviene abstracta. No es conveniente que el ordenamiento jurídico conceda recursos contra la sentencia, si únicamente persiguen la solución de una cuestión jurídica abstracta (recursos in favorem legis), resultando inadmisible aspirar a una resolución del tribunal ad quem que, por sus efectos jurídicos, no pueda resultar apta para socorrer al recurrente. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Seguros, seguro de responsabilidad civil, daño resarcible
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por La Meridional Cía. Arg. de Seg. S.A. en la causa Gómez Rocca, Javier Hernán y otros c/ Creatore, Víctor Juan y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

La relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418 (art. 118); ambas obligaciones poseen distintos sujetos, tienen distinta causa -en una la ley, en la otra el contrato- y distinto objeto -en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado-. -Del precedente "Flores" (Fallos: 340:765) al que la Corte remite-. -Los jueces Maqueda y Rosatti, en disidencia, consideraron inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Convenios colectivos de trabajo, personal excluido del convenio colectivo, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACIÓN ARGENTINA DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS c/ PIONEER NATURAL RESOURCES ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE APORTES O CONTRIBUCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-13

Para excluir a ciertos trabajadores de una determinada CCT, cuando sus tareas son especiales y no concuerdan con las previstas por la norma convencional , la empleadora debe comunicarlo expresamente, mediante los mecanismos de jerarquización que prevén las normas legales al efecto. Pero la sola declaración testimonial de los propios trabajadores no alcanza para excluir respecto de ellos la aplicación de lo normado por la convención colectiva aplicable a la totalidad del personal de la empleadora.
Escrituración, demanda, falta de acción, dación en pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAMPERI JORGE E. c/ SERGIO CAMARA Y OTROS s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-10

La obligación de escriturar proveniente de la dación en pago de dos lotes de terreno, por la transferencia de un fondo de comercio, ha desaparecido por constar acreditado el pago de la suma pactada como precio de dicha transferencia, pues considerarlo de otro modo se estaría ante un enriquecimiento sin causa por parte del actor. En este punto aparece la falta de acción del actor.- (Minoría del Dr.

Rampini).-
Contrato de trabajo de temporada, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: BONANATA GORIZIA, EMMA c/ NESTLE SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-05-13

En el trabajo de temporada, a los efectos de establecer el monto de las indemnizaciones derivadas del despido, se computa como antiguedad el tiempo trabajado durante los períodos de actividad de la explotación.
Concursos, acción revocatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paolilli, Felipe Julio s/ Tercería de mejor derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Aunque el síndico no se encuentra constreñido a hacerlo, resulta valiosa la inscripción de la acción revocatoria concursal en el Registro de la Propiedad.
Declaración indagatoria, menores, Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, Convención sobre los derechos del niño, impulso procesal, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: H., A. O. c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Es arbitraria la decisión que dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria a un menor de 15 años de edad con sustento en el derecho a ser oído (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño) pues la propia naturaleza de la medida procesal que los jueces pretendían llevar adelante, choca contra el carácter de prerrogativa de la garantía que expresamente invocaron para justificarla, en tanto la finalidad esencial de la convocatoria judicial a prestar declaración indagatoria no es otra que la de imponer, al acusado de un delito, los hechos y las pruebas que sostienen la imputación que se dirige en su contra, de manera de brindarle, a partir de ese momento, la posibilidad de contrarrestarla y la del impulso del proceso, a los fines de la interrupción de la prescripción de la acción penal.
Matrimonio, Estado Nacional, casamiento religioso
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Las distintas posiciones que el Estado puede asumir de hecho frente a la confesión practicada por sus habitantes en orden a la regulación del matrimonio, es la que origina los diversos sistemas matrimoniales o modelos de matrimonio, que no son otra cosa que el reflejo de la posición de armonía o desarmonía existentes entre el Estado y lo religioso (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Acumulación de procesos, competencia por conexidad
Materia: CIVIL
Carátula: TAUIL JUAN CARLOS Y FRANCESCHINI MARCOS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD LA PROVINCIA s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-17

La posibilidad que autoriza el art.188 del C.P.C. y C. de acumular dos ó más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución, sujetos a diferentes trámites, cuando existiere conexidad, no permite, sin embargo, la acumulación de un proceso sujeto a un trámite especial y autónomo, como lo es el de constitucionalidad, a otro de ejecución.
Juicio de desalojo, administrador de la herencia, legitimación procesal, subrogación legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Prats, Lisandro Héctor c/ Paola, Andrea Hebe  s/ Desalojo por falta de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

El administrador de la sucesión del copropietario de un bien se encuentra legitimado para promover el desalojo contra la inquilina que suscribió un contrato de locación con una de las herederas, actuando esta última en forma personal y sin invocar su carácter de heredera o de mandataria de sus hermanos. Esa legitimación emerge del hecho de que la heredera actuó como mandataria tácita (art. 2325 del CCyC) y sin representación del resto de los herederos y, una vez que estos últimos ratificaron lo actuado, se produjo la subrogación legal que regula el art. 1321 del Código Civil y Comercial (es decir, el conjunto de herederos se subroga en las acciones que la mandataria -locadora- tiene contra el tercero -inquilina-). Más aún si se probó la falta de pago de los cánones y el plazo locativo se encuentra holgadamente vencido. También tendría legitimación si se considera a la heredera que suscribió el negocio como una gestora de un negocio ajeno (de la comunidad de herederos a la cual ella misma pertenecía). Siendo ello así, la ratificación posterior del dueño del negocio (los herederos) implica que éstos asuman sus obligaciones (arts. 1781 y 1784 del CCyC).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mangieri, Miguel c/ Dcción. Vialidad Prov. Buenos Aires s/ Expropiación directa. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

El valor del litigio está representado para el recurrente, por el monto de los honorarios incluidos en el régimen de consolidación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ GIMENA s/ CALUMNIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-29

Si bien el pliego de interrogatorio fue presentado dos días después del término establecido por el art. 483 del C.P.M.P. (diez días), no es óbice para hacer lugar a la medida probatoria pedida, por tratarse de la integración de un acto procesal que debió ser acogido por el Juez, atento que la prueba testimonial fue ofrecida en tiempo y forma, no pudiendo cercenarse el derecho de defensa en juicio sobre la base de un riguroso formalismo, máxime si se tiene en cuenta el interés demostrado por la parte en la producción de la medida de prueba y además que es la única prueba ofrecida en autos.
Facultades del juez, contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, defensa en juicio, revocación de sentencia, jubilaciones, otorgamiento del beneficio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Montero, Susana Dolly c/ ANSeS s/ dependientes: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

En tanto el art. 356, inc. 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación confiere al juez una facultad que puede ser ejercida o no, según las especiales circunstancias del caso, no es violatorio de la defensa en juicio el pronunciamiento que revocó la sentencia que había concedido la jubilación pues -frente a la actitud de la administración de no contestar la demanda y consentir la declaración de puro derecho- entendió que no estaban acreditados los trabajos denunciados y restó eficacia probatoria a las certificaciones de servicios.