Excarcelación, contrabando calificado, estupefacientes, criterio de razonabilidad, tratados internacionales, aplicación de la ley, Constitución Nacional, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO; ARROYAVE ARIAS, JOHN ALBERTO s/ Contrabando de estupefacientes, Incidente de excarcelación Causa  Nro.  33245.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

1-El límite temporal establecido por los artículos 379, inc. 6) y 701 C.P.M.P. no debe aplicarse de un modo automático, sino atendiendo a un criterio de razonabilidad, y valorando las características del caso concreto.

2-La razonabilidad a la que se hace referencia en el art. 7, 5 del Pacto de San José de Costa Rica no puede limitarse a un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que está relacionada con las circunstancias concretas del caso sujeto a decisión de modo que tal concepto es netamente específico y particular para cada caso, y en buena medida sujeto a la valoración del Juez siendo inadmisible, en consecuencia una "razonabilidad genérica", absolutamente "objetiva" e "igual para todos los casos", sin importar las peculiaridades de cada uno de estos.

3-En caso del art. 379, inc. 6) C.P.M.P. debe considerarse muy especialmente, por una parte, la gravedad de los hechos que se atribuyeron (en el sub litem por una sentencia que, si bien no se encuentra firme, goza de presunción de acierto), y por la otra-como en autos-no sólo la pena que se impuso en primera instancia (menor que las solicitadas por la acusación fiscal y por la querella), sino también las que están previstas legalmente para los delitos que se imputan a aquel acusado.

4-No es irrazonable el lapso pasado de detención (más de cinco años en el caso) por el condenado en primera instancia a once (11) años de prisión por los delitos de los artículos 866, 2do. párrafo (primera y segunda parte), en función del art. 865, inc. a) y e)-última hipótesis-y art. 864, inc. a)-primera y segunda hipótesis-todos del Código Aduanero; en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con el delito previsto en el art. 2do., inc. c)-dos últimas hipótesis-, de la ley 20771 y pedido fiscal de trece (13) años de la misma pena.

5-La disposición del art. 32, 2 del Pacto de Costa Rica reviste, por lo menos, igual entidad y jerarquía que el art. 7 inc. 5 de la misma convención.- 6-El menoscabo del derecho de la comunidad a que un hecho ilícito grave de naturaleza penal no se quede sin castigo transgrede seriamente la garantía consagrada por el citado art. 32, inc. 2 del Pacto de Costa Rica.- 7-Si bien el art. 9, inc. 3) última parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es, en su inicio, de similar redacción a la del art. 7, inc. 5) del Pacto de San José de Costa Rica, concluye con un ámbito más amplio en lo atinente a los momentos del proceso en los que la comparecencia puede ser exigida en cuanto se refiere a cualquier otro momento de las diligencias procesales y a la ejecución del fallo como oportunidades que deben cubrir las garantías para asegurar la comparecencia del acusado, de modo que la valoración sobre si existen en cada caso, o no, garantías suficientes para asegurar la comparecencia, debe formularse por el Juez de conformidad con la recordada doctrina de Fallos:310:1476 (JPBA-66, p.218).

8-El juzgamiento vinculado con la posibilidad de conceder la excarcelación a la parte peticionaria-mediando sentencia no firme de primera instancia-no debe formularse-de manera ineludible-desde la óptica de la normativa constituida por los art. 5, 5 y 32, 2 del Pacto de Costa Rica, el art. 9 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos (ley 24072) inescindiblemente ligada a la también doctrina judicial interpretativa de aquélla (CSJN; FALLOS 310:1476-JPBA-66, p.218) (Firmenich):CSJN, Arana, en JPBA-91, p.310; CSJN (Alonso-Arroyave) origen de este fallo JPBA-92; C.I.D.H. Inf. c. 10037 (ED-134, p.171) en cuanto es mediante aquellos ordenamientos y su hermenéutica que los poderes públicos de la República Argentina-por sucesivos gobiernos e integraciones-, al interpretar y aplicar los criterios y standards predominantes en la sociedad- mandante de aquéllos-vienen estableciendo la política criminal referente al tema.- 9-El art. 10 de la ley 24390 puede y debe aplicarse a casos como el presente, armonizándola con la normativa reseñada "supra" Pto. 8, obstando en consecuencia al cómputo de la prisión preventiva establecido por dicha ley.- 10-En la inteligencia del alcance del art. 10 de la ley 24390 resulta insostenible cualquier interpretación o aplicación rigurosamente formalista, y solo literal y gramatical con arreglo a la cual en esta norma no está comprendida la actividad "supra" Pto. 4. De modo que debe considerarse abarcado también al narcotráfico desarrollado desde el territorio nacional hacia el exterior, o viceversa y no solamente el realizado dentro del país.

11-El art. 10 de la ley 24390 no es contrario a la garantía de igualdad contenida en el art. 16 C.N. porque se apoya en motivos suficientes que estan vinculados a hechos y no a personas y que derivan del ejercicio de las facultades que competen al Congreso.- 12-No media preterición del art. 31 C.N. con la sanción del art. 10 de la ley 24390 (en cuanto se aparta de lo previsto en la Conv.

Internacional sobre Derechos Humanos L.23054 de rango constitucional, C.N. 75.22) pues debe ser considerado del art. 32.2 de la misma Convención.