marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, trabajador autónomo, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PIMENTEL, SOCORRO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

Recalculado el haber inicial -que en ningún caso podrá resultar una suma inferior a la efectivamente percibida y la mayor de ambas será la base sobre la que se determinará la posterior movilidad-, se deberá confeccionar una planilla con tres columnas. En la primera de ellas se indicarán, por el período anterior a los dos años del reclamo administrativo, los haberes mensuales resultantes de actualizar mensualmente el nuevo haber inicial calculado según la variación del índice del nivel general de las remuneraciones conforme encuesta permanente de la Secretaría de Seguridad Social operada entre el primer mes del beneficio y cada uno de los meses comprendidos en el período. En la segunda columna se indicarán los haberes efectivamente liquidados, mes a mes. En la tercera se consignarán si existen diferencias entre las dos primeras columnas en perjuicio del interesado y, en caso afirmativo, se anotarán dichas diferencias; y se ordenará pagar en favor del reclamante los importes de las diferencias resultantes en lo que excedan del 10%.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  REQUISITOS  FORMALES  -  CORTE  SUPREMA -  ARBITRARIEDAD  - QUIEBRA - CONCURSOS - CREDITO LABORAL - DEPRECIACION  MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

No obsta a la procedencia del recurso extraordinario el hecho de que no medie una crítica precisa de todos los fundamentos del fallo si, aunque en grado mínimo, el recurrente ha expresado agravios bastantes para alcanzar la finalidad perseguida, toda vez que el escrito plantea de modo suficiente el problema y el agravio constitucional que la decisión le causa.
Impuesto a los activos financieros, obligación tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cic Trading S.A. c/ Estado Nacional (DGI) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La mera tenencia de un activo financiero al 9 de julio de 1989 no es generadora de la obligación tributaria establecida en la ley 23.757 ya que ésta se origina cuando tiene lugar la cancelación total o parcial de capital, ajuste o interés a que se refiere el art. 2° de dicha ley.
Proceso judicial, recusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: "Chedrese  María c/ PEN  -Dtos. 1570/01 y 214/02 y Otros s/ AmparoLey 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-07

Las causales de recusación con causa son de interpretación restrictiva y deben ser concretamente acreditados los motivos que se invocan; lo que no ocurre si lo que se alega es la mera suposición de una solución desfavorable basada en los supuestos dichos del juez sobre estar fallando a favor de una de las partes. (Consid. 16).
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espósito, Nelisa Elsa y otros c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Teniendo en cuenta el régimen procedimental aplicable, la demanda debe desestimarse por no ser formalmente procedente si no aparece formalmente cumplida en el caso la exigencia precisada por la ya antigua doctrina del Tribunal en punto a la obligatoriedad de la articulación de por lo menos un recurso administrativo contra el acto cuya validez se pretende enjuiciar. (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), Derecho laboral, forma del contrato de trabajo, remuneración, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERA, CHRISTIAN EDUARDO c/ COOP. FARMACEUTICA DE PROVISION ALBERDI LTDA.- "COFARAL s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-10

En el Contrato de Trabajo, se ligan naturalmente los conceptos de jornada y de salario, pues en la misma idea el art. 103 de la LCT, prescribe que el salario es debido aunque el trabajador no preste servicios por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador.- "Expte Nº 7718/00- Ord. Moya María Esther c/ Premolí Federico, Sala II, T. I, cp a fs. 179/183, sent. 13/04/00".- Si el empleador, no presento la prueba respectiva, esa falta de exhibición constituye una presunción en su contra por aplicación del art. 55 de la ley de contrato de trabajo (en igual sentido, ver la doctrina de, por ejemplo, la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo en sentencia del 21 de diciembre de 2.012 en "Gutiérrez, Emilio Gabriel c. Lamartine S.A. y otro - despido").
Despido sin causa, cuestiones de competencia, procedimiento laboral, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Julian, Daniel Rafael c/ Hidrotec S.R.L. s/ ordinario - despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-06

Frente a una demanda por despido injustificado y toda vez que no se controvierte que el contrato de trabajo se celebró y ejecutó en la Provincia de Salta, ni que la empleadora tiene su domicilio allí, corresponde, a los efectos de dirimir la contienda, aplicar la regla de competencia territorial establecida en el artículo 24 de la Ley n° 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo y en consecuencia, resultará competente el tribunal del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato o el del domicilio del demandado. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corre remite.
Notificación, notificación por cédula, notificación por nota
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank c/ Córdoba Jorge s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Si la resolución dictada por el tribunal de Alzada es un auto "interlocutorio", y -por lo tanto- carente de fuerza "definitiva", quedará notificado de acuerdo al principio general del art. 133 del CPC, es decir, por ministerio de la ley (art. 135 inc. 12 CPC "a contrario").- (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, telecomunicaciones, telefonía celular, facturación de servicios públicos, facturación excesiva, Constitución Provincial, Constitución Nacional, contratos de adhesión, contratos de consumo, cláusulas leoninas, in dubio pro consumidor, interpretación del contrato, juicio ordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Los supuestos denunciados en la demanda, el cobro de la llamada a partir de presionar la tecla SEND puede importar una práctica comercial abusiva dada la ausencia de comunicación efectiva entre quien llama y quien debería ser el receptor de tal llamado.

La facturación basada en el uso realizado de la línea, cargada a quién en definitiva es la parte más débil de la relación de consumo, no tiene apariencia de justa - o "razonable" en la expresión del art. 35 del reglamento (Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por Resolución de la Sec. de Comunicaciones Nro. 490/97 (modificado por Res. Nro. 1714/97)) - de ninguna manera y amerita su revisión judicial aunque en un ámbito de mayor debate y prueba, máxime cuando en caso de duda las normas en esta materia deben ser interpretadas a favor del consumidor y usuario, tal como se señalara previamente.

En este sentido, la cláusula 12.1 del Pliego (ratificado por Dec. Nro. 1461/93), la que indica: "Los precios correspondientes a los servicios de telefonía móvil serán libres y de exclusiva responsabilidad del licenciatario" es de fecha anterior a la reforma de la Constitución Nacional de 1994; de la ley 24240 las resoluciones derivadas de ellas; de todas maneras ya regía el art. 30 de la Const. Prov. y las Leyes Nro. 2817 y Nro. 2779 de Río Negro y por otra parte nunca puede entenderse como ilimitadas y sin control jurisdiccional.
Derecho público, Derecho constitucional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERO Ángel c/ Gallardo Jorge Washington y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-12-23

El control constitucional se puede lograr por la vía directa, modo activo que se ejerce a través de la pretensión de inconstitucionalidad. El objeto procesal institucional de la acción de inconstitucionalidad, es dar la oportunidad al titular de la acción para que configure su pretensión de Derecho público: la petición de anulación de la norma anti-constitucional, que a la vez que desconoce el orden institucional, puede lesionar un derecho subjetivo material.

La pretensión constitucional, que es pertinente a esta acción, consiste en esa impugnación de la norma proveniente de autoridad pública, señalándose los vicios de inconstitucionalidad formal o substancial y solicitando al órgano judicial, la verificación y declaración de tales vicios. Todo ello, instrumentado en el acto procesal de la demanda.

Otra vía es la indirecta o incidental, de defensa o excepción, en la que la idea central es que en esta vía el objeto principal es otro, de carácter concreto, pero puede ser planteada por todo interesado, cualquiera sea su situación procesal: actor, demandado, tercerista, acusador o querellante, acusado, etc.

Dentro de esta vía, se distingue la demanda incidental de inconstitucionalidad, donde el actor para lograr su derecho- plantea la inconstitucionalidad de una norma; y como "excepción", en los casos contenciosos donde el demandado pretenda la inaplicación de una norma constitucional invocada por el demandante.

Si bien la doctrina no cita a la vía recursiva o instancia de revisión como vía procesal idónea para provocar el control constitucional de tipo jurisdiccional, nos referimos a esta vía como medio para obtener un pronunciamiento de un Tribunal de Alzada, por parte de los particulares, con el fin de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional y/o Provincial.

Pero para que ello sea posible, deben mantenerse las circunstancias que motivaron el planteo de inconstitucionalidad al momento de emitir el fallo, ya que si se modifican -sea por actitudes asumidas por la parte o hechos ajenos que repercuten en el caso (v.gr. una nueva ley)- en el sentido de que se carezca de interés, provocarán que la cuestión devenga abstracta, que el tema se ha sustraído del proceso y resulta, por ende, inoficioso que el tribunal se pronuncie.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Anampa Vasquez, Carl Hans s/ 189 bis 2 / - 4° párr. portación de arma de guerra sin autorización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Corresponde rechazar la queja en tanto el recurrente no muestra que el a quo haya soslayado la revisión amplia, conforme la "teoría del máximo rendimiento" que implica "agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable" (Consid. 23 in re "Casal") y que encuentra un límite constitucional; en palabras de la CSJN, en las cuestiones: "...sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas". (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia de la Corte Suprema, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Aldo Enerio Pereyra Empresa Constructora c/ Santiago del Estero, provincia de y otros s/ contrato de obras públicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Si ninguna de las partes que pretende litigar ante la Corte, o son llamadas a intervenir en ella, es aforada de modo autónomo, la acumulación subjetiva de pretensiones no es un instrumento apto para sostener una competencia restringida y de excepción, que no hubiera correspondido de haberse introducido individualmente cada una de las pretensiones.
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Platamar S.R.L. s/ Ejecución de saldo en cuenta corriente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

Atento que el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria es un título ejecutivo autónomo, no se puede introducir en esta clase de proceso ninguna cuestión que se vincule con la causa de la obligación instrumentada en el documento, como sería la que se refiere a la composición del saldo y a la liquidación de este ultimo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio, deber de fidelidad, separación de hecho, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: H.P., R. D L. c/ G., I. A. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-10

El deber de fidelidad que impone el matrimonio termina con el divorcio y cualquiera fuera el tiempo que transcurre desde la separación de hecho, la comprobada relación extramatrimonial provoca la configuración de la causal de adulterio.
Caución juratoria, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: B., G. C. c/ Clínica de Especialidades Médicas Privadas S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2014-10-21

Es improcedente el pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia realizado por la aseguradora recurrente -recurso extraordinario- respecto de la condena impuesta por mala praxis a su asegurado, pues se advierte que éste último no recurrió la sentencia, sumado a lo cual la peticionante aduce que ante una eventual sentencia de condena de dar suma de dinero, solamente responderá hasta el monto asegurado, el cual es inferior al importe por el cual prospera la demanda. Máxime cuando no prestó garantía suficiente, pues se limitó a ofrecer caución juratoria.
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: LEIBOVICI VIGANO, Daniel c/ BAEZ, Isidoro s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-08

La indemnización por incapacidad sobreviniente debe ser fijada no sólo en función del aspecto laborativo, sino de todas las actividades del sujeto y de la proyección que la secuela tiene sobre la personalidad integral de la víctima, debiendo también tener presente la edad del accidentado y el estado de salud general que presentaba antes del siniestro.
Accidente de tránsito, lucro cesante, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Caraballo, Juan c/ Vilariño, José Daniel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-13

La prueba que demuestra la existencia del lucro cesante se encuentra a cargo de quien reclama la indemnización. No se advierte la razón por la cual el damnificado no haya podido reemplazar su automóvil para trasladarse a otros lugares a través del empleo de taxímetros u otros medios de transporte para luego reclamar las erogaciones realizadas todo lo cual conduce a propiciar el rechazo de la pretensión, máxime cuando se trata, precisamente, del lucro cesante, en que el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían ser logradas por el perjudicado con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el hecho, no de la mera posibilidad ni, tampoco, de la certeza absoluta, sino apreciada aquella probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Young, Pablo Noel c/ Municip. de Cañuelas s/ Acción de Amparo -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La cuestión de competencia a la que se refiere el art. 6 del Código de la materia es un incidente institucional que no genera costas, sin perjuicio de las que puedan imponerse por los trabajos útiles realizados hasta la radicación de la causa ante la Corte, decisión que compete al magistrado interviniente en el marco del ordenamiento procesal aplicable al caso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Relaciones de familia, divorcio contradictorio, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CACERES JOSE c/ SARA VARGAS s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S071 - 294)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-16

Es tempestiva la introducción de la cuestión de la atribución del hogar conyugal por vía de reconvención, y el juez está obligado a decidir el planteo en su sentencia definitiva.
Recurso contencioso administrativo, costas, recurso extraordinario, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CRICCO, JOSE LUIS ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 192-76
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

El pronunciamiento de la Corte Nacional dictado por vía del recurso extraordinario hace perder vigencia al régimen de costas fijado en la sentencia de esta Corte parcialmente descalificada, debiendo imponerse nuevamente en el fallo a dictarse según el resultado final de las cuestiones en litigio.

En el caso de autos, el actor obtuvo la declaración de cesantía injustificada, anulación del encuadre legal efectuado por la Administración en el artículo 6 inciso 6) de la ley 7859, rechazándose su pretensión de reintegro al cargo, por lo que deberá cargar con el 20% de las costas, recayendo el 80% restante sobre la demandada, quien debe además pagar la indemnización prevista en el artículo 116 inciso 4) de la Constitución Provincial (debidamente actualizada) e intereses.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro Posadas S.A. y Otro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1990-10-19

El Superior Tribunal de Justicia ha resuelto que no procede el recurso extraordinario que no acredita suficientemente el monto del litigio a los fines del art. 295 del C.P.C. pues no es función del Tribunal investigar y desentrañar si en definitiva se observa o no el monto mínimo exigido por la ley, a menos que ello resulte absolutamente evidente. La demostración del cumplimiento de tal recaudo procesal es tarea propia e inexcusable del apelante, y debe surgir del propio recurso, sin lugar a interpretaciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Carlos Rodolfo s/ Robo automotor, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la validez de la declaración indagatoria del procesado, cuya anulación eliminaría la prueba confesoria invocada para acreditar el cuerpo del delito y la autoría responsable, omitiendo impugnar las otras pruebas también utilizadas por la Cámara que, por su naturaleza, son aptas para acreditar dichos extremos.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA VDA. DE HOYOS ANALIA c/ GIMENEZ FRANCISCO ROSARIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  JOSE A.BILLAUD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-30

Corresponde el rechazo del recurso extraordinario cuando no queda demostrada la arbitrariedad del fallo y éste resulta suficientemente fundado más allá del acierto o desacierto de su interpretación, por lo que no se justifica la intervención de la Corte en materias que, según el art.14 de la Ley 48, son ajenas a su competencia.
Fiscalización privada, sindicatura, sindicatura colegiada
Materia: COMERCIAL
Carátula: FICSA S.A. CIA FINANCIERA c/ B.C.R.A. s/ APEL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

Las funciones que se establecen en la ley respecto de la sindicatura tienden -además de salvaguardar el patrimonio de la sociedad- a garantizar una correcta gestión y a tutelar el interés público (Sala III, 2-10-88, Devorreal S.A. y sus citas). Es así, entonces, que los integrantes de la Comisión Fiscalizadora cumplen con sus deberes si pusieron en conocimiento del organismo de control las irregularidades observadas y luego comprobadas por éste y la imposibilidad de ponerles remedio por los cauces institucionales internos (esta Sala, 31-5-82, Pam S.A. Cía. Financiera ).
Sociedades comerciales, quiebra, transacción, lesión subjetiva, síndico del concurso
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Kestner  S.A.C.I. c/ Y.P.F.  Sociedad del Estado s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Resulta inatendible la invocada diferencia entre la situación de una empresa como sociedad comercial y la de la quiebra que le sucede en la acción de modificación equitativa de la transacción por el vicio de lesión, ya que el síndico podría haberse mantenido fuera del proceso y deducir, por separado, las acciones que corresponden al concurso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Franchino, Marcelo Darío c/ Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Salarios e indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-27

Corresponde a los jueces la calificación jurídica de la relación habida entre las partes, conforme al material probatorio acumulado, que debe evaluarse en su integridad y no de manera aislada, toda vez que más allá de la denominación que ellas mismas le adjudiquen, ésta no puede alterar o modificar la verdadera naturaleza que se desprende de las condiciones y modalidad con que efectivamente se desenvolvió la vinculación contractual.
Querella, incumplimiento de los deberes del funcionario público, injurias, dolo, prueba, falta de acción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BELIZ, Gustavo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Si del discurso del querellado se desprende el + favorecimiento por parte del presunto injuriado a determinadas empresas privadas en desmedro de la administración pública, conducta que podrìa encuadrar en una defraudación agravada o en la violación de deberes de funcionario público (arts. 174, inc. 5+ o arts. 248 y 249 del C.P.), se desprende que, cuanto menos en forma objetiva, se le imputa la concreta comisión de una conducta disvaliosa. Si medió o no intencionalidad difamante por parte del querellado, si son exactas o no las afirmaciones que efectuó, o aún, la prueba del dolo, constituyen cuestiones pasibles de ser debatidas en otro estadio procesal (*). Aún cuando el querellante, dada su condición de funcionario público se encuentre en una posición de mayor exposición ante eventuales vulneraciones al honor con relación a los particulares, ello no implica justificar cualquier expresión respecto de aquéllos, sin que pueda efectuársele a quien las profiere reproche alguno, máxime si no media ningún fin informativo o periodístico. La crítica al desempeño de un funcionario público no debe ser sancionado penalmente como injurias, aunque las expresiones se encuentren formuladas en tono agresivo o apelando a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, salvo que se pruebe la existencia del propósito primario de injuriar al funcionario (**), extremo a ser desentrañado en la etapa procesal oportuna. Por tanto, corresponde revocar el auto que hizo lugar a la excepción de falta de acción solicitada por la defensa.