Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-18


SENT Nro. 675 San Miguel de Tucumán, 18 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de inconstitucionalidad deducido por la apoderada del Gobierno de la Provincia de Tucumán en autos: "Tarrab S.A. vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la apoderada del Gobierno de la Provincia de Tucumán contra la sentencia de fecha 30/05/2003 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (fs. 127/133), que fue concedido por resolución de ese Tribunal de fecha 29/06/2003 (fs. 237).

El recurso cumple los recaudos de admisibilidad exigidos por el Código Procesal Constitucional (art. 91 a 94 C.P.C.), por lo que a continuación se analiza su procedencia.

2.- La sentencia recurrida declaró la ilegitimidad de los arts. 2 y 4 del decreto 2131/3 del 8/10/2002 (fs. 132), así como que era abstracto el pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad del decreto 2131/03, e hizo lugar a la acción de amparo promovida por Tarrab S.A. contra el Gobierno de la Provincia de Tucumán, condenándolo a entregar al actor la suma de $286.210 en bonos de cancelación de deudas (BOCADE), con costas a la demandada (cfr. fs. 127/133).

Después de dictada la sentencia, y luego de sucesivas medidas cautelares, (cfr. resoluciones del 5/6/2003 a fs. 154, y 9/6/2003 a fs. 192) la Cámara por resolución del 20/6/2003 hizo lugar al pedido del actor, y ordenó a título precautorio al Banco del Tucumán S.A. que canjee la cantidad de $286.210 de BOCADE ya retenidos a la orden del juicio, con arreglo a alguna de las alternativas de conversión previstas por las normas originarias y complementarias del programa de unificación monetaria (cfr. fs. 232/233).

3.- En su recurso de inconstitucionalidad, la apoderada del Gobierno expuso los antecedentes del caso, relatando que la cuestión debe analizarse en el marco de la mecánica de rescate de los bonos provinciales implementada por el Gobierno de la Provincia conforme convenio celebrado en fecha 2/7/2002 entre el Gobierno de la Provincia y el Estado Nacional, que fue ratificado por ley 7218. Manifestó que en la medida en que se cumplan las proyecciones financieras que se plasmaron en el convenio y que se remitan en tiempo y forma las remesas de asistencia financiera previstas, se asegurará el cumplimiento en término de los compromisos asumidos por el Tesoro provincial. Explicó que tales medidas se ocasionaron por la difícil situación por la que atraviesa el país, lo que provocó la disminución de las transferencias de recursos de origen nacional a las Provincias, con el incumplimiento de los compromisos de financiamiento asumidos por la Nación con la Provincia. Expuso que ello ocasionó serias dificultades en las finanzas provinciales, que le impidió al Gobierno efectuar los pagos al vencimiento de los depósitos de BOCADE efectuados para ser canjeados por pesos por los depositantes de la Operatoria FET. Expresó que por ese motivo las modificaciones introducidas por las leyes 7223 y 7227 a la ley 5728 no fueron operables en virtud del condicionante expresamente previsto para su aplicación.

Expuso que la ley 7252 estableció en su artículo primero un sistema de cancelación para las deudas generadas por los vencimientos de los plazos de pago de las operaciones de depósitos de BOCADE en la Operatoria FET para los depósitos anteriores al 10/10/2002. En el art. 2 se establecieron los casos en que los DOCOF pueden utilizarse para pago de obligaciones tributarias, y en el art. 3 se prevé que el Poder Ejecutivo pueda emitir cheques de pago diferido para cancelar total o parcialmente el saldo remanente en forma proporcional a todos los tenedores de los documentos conforme las disponibilidades del Tesoro Provincial; esos cheques incluirán un interés equivalente a la tasa que abone el Banco de la Nación Argentina para los depósitos en Caja de Ahorro.

El recurrente argumentó que es improcedente la vía del amparo, y que la acción debió rechazarse, porque existen procedimientos establecidos por la ley a tales fines (nulidad de acto administrativo con medida cautelar). Sostuvo que el amparo no es medio eficaz para dejar sin efecto un acto de autoridad competente, lo que implicaría atribuir al Poder Judicial facultades que no posee.

Expuso que la situación planteada por el actor está contenida en las previsiones de la ley 7252 y decreto 294-3 ME, y que el reclamo de esta demanda debió transitar el trámite administrativo previsto en el art. 12 de la citada ley. Por ese motivo, consideró que la declaración de ilegitimidad de los arts. 2 y 4 del decreto 2131/3 carece de sustento legal.

Planteó que la cuestión reviste gravedad institucional, porque desborda y compromete la división de poderes por la no aplicación de la ley, formuló reserva del caso federal, y por último, se agravió de la imposición de las costas.

La parte actora contestó el traslado del recurso en los términos del escrito agregado a fs. 203/208.

4.- Esta Corte citó a una audiencia de conciliación a fin de poder arribar a una solución satisfactoria para las partes. Da cuenta de su realización el acta obrante a fs. 259, oportunidad en la que los representantes de la Provincia efectuaron una propuesta consistente en el pago inmediato en efectivo de la suma de $92.670, entrega de DOCOF por la suma de $90.000, y el saldo en 18 cuotas sucesivas a instrumentar en cheques diferidos. La propuesta no fue aceptada por el actor.

5.- Podemos establecer como punto de partida normativo del caso traído a resolver, la ley 5728 (B.O. 20/08/1985), mediante la cual se autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a emitir bonos de cancelación de deudas para ser aplicados al pago de deudas del Estado Provincial. Tales bonos serían al portador, y canjeables por moneda de curso legal y/o letras de cancelación de obligaciones provinciales, al 100% de su valor nominal. Esa ley fue modificada en numerosas oportunidades (ley 5866 B.O. 30/07/1987; ley 6229 B.O. 8/11/1991; ley 6232 B.O. 6/09/1991; ley 6678 B.O. 13/10/1995; ley 6877, B.O. 13/05/1998; ley 6896 B.O. 14/09/1998; ley 6921 B.O. 13/01/99; ley 6921 B.O. 13/01/99; ley 6947 B.O. 08/04/99; ley 6957 B.O. 12/07/1999; ley 6921 B.O. 13/01/99; ley 6957 B.O. 12/07/1999; ley 6969 B.O. 29/09/99; ley 6988 B.O. 17/11/99; ley 7091; ley 7134 B.O. 23/05/2001; ley 7168 B.O. 26/11/ 2001; ley 7171 B.O. 13/12/2001; ley 7223 B.O. 7/08/2002; ley 7228 del 27/08/2002; ley 7235 del 3/10/2002 B.O. 25/10/2002; ley 7252 B.O. 23/12/2002; ley 7271 del 2/05/2003 B.O. 7/05/2003), y reglamentada por muchísimos decretos, medidas que en su mayoría autorizaron nuevas emisiones, prorrogaron su vigencia y fueron modificando los plazos y modalidades del canje.

6.- A causa del abultado déficit de las finanzas locales, la Provincia suscribió el día 2/7/2002 con el Estado Nacional un Convenio de Financiamiento, que fue ratificado por la ley 7218 (B.O. 24/07/2002). Ese acuerdo se suscribió en el marco de las leyes Nro. 25.235 (B.O. 7/01/2002), en la que se aprobó en lo que era competencia nacional, el acuerdo suscrito entre las Provincias el 6/12/99 con el nombre de Compromiso Federal; Nro. 25.400 (B.O. 10/01/2001), por la que se ratificó el acuerdo entre la Nación y las Provincias denominado "Compromiso federal por el crecimiento y la disciplina fiscal", y la ley 25.570, (B.O. 6/05/2002), en la que se ratificó el acuerdo celebrado el 27/2/2002 entre la Nación y las Provincias sobre relación financiera y bases para un régimen de coparticipación federal de impuestos.

En el convenio aprobado por ley 7218 la Nación comprometió asistencia financiera y asumió pasivo provincial en las condiciones que se especificaron, con la asunción por parte de la Provincia de la obligación de ordenar sus finanzas. En el artículo 5.1 del convenio, se estableció que "la Provincia no podrá emitir títulos públicos de circulación como "cuasi moneda", ni contraer ningún otro tipo de nuevo endeudamiento (incluyendo préstamos u otras operaciones con entidades financieras)", con las excepciones que se enumeró a continuación.

Por ley 7271 se facultó al Poder Ejecutivo a adherir al decreto nacional Nro. 743/2003, por el que se creó el Programa de Unificación Monetaria, por el que el Estado Nacional financiaría y organizaría el rescate de títulos de deuda provinciales para su reemplazo por moneda nacional de curso legal. Tal programa se implementó en el marco de la ley 25.561, en la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. El Programa de Unificación Monetaria fue instrumentado por la Resolución 266/2003 del Ministerio de Economía de la Nación, en la que se implementaron y reglamentaron las modalidades de rescate de los títulos provinciales.

Por ley 7272 promulgada el 2/5/2003 se ratificó el Convenio de Financiamiento entre la Provincia de Tucumán y el Estado Nacional suscrito el día 5/3/2003, en el cual la Provincia acordó continuar la implementación de un plan de ordenamiento de sus finanzas públicas, y la Nación asumió el compromiso de contribuir al ordenamiento de las finanzas de la Provincia, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial establecido mediante decretos 2263/2002 y 297/2003. En Convenio Complementario el Estado Nacional se comprometió a financiar a la Provincia el rescate anticipado parcial de los Bonos de Cancelación de deuda en la medida de sus posibilidades financieras. Para dicho rescate se previó que se aplicarían mecanismos de mercado, y que para el caso de que algunos tenedores de los BOCADE no se presentaran al rescate anticipado, la Provincia emitiría otro título público en sustitución de los BOCADE al vencimiento de éstos y hasta el monto de los BOCADE no rescatados.

7.- En agosto de 2002 se estableció por ley 7223 (B.O. 7/08/2002) una operatoria de canje de los bonos, con un plazo no mayor a 35 días corridos contados desde su depósito en las cuentas que a tal efecto abran sus poseedores. Esa ley fue modificada por el decreto de necesidad y urgencia Nro. 1457/3 (B.O. 30/08/2002), ratificado por la ley 7227 del 27/8/2002 (B.O. 10/09/2002), en el cual se dispuso que la aplicación de la ley 7223 y sus modificaciones quedaba sujeta al cumplimiento integral del Convenio suscrito entre la Provincia y el Estado Nacional con fecha 2/7/2002 aprobado por ley 7218, en especial en cuanto a los niveles de recursos genuinos contemplados en la elaboración de dicho convenio y al calendario de los desembolsos contemplados en el Anexo I Planilla 4 de dicho convenio en lo referente a montos y meses, y que los mismos tengan lugar dentro de los primeros diez días corridos del mes calendario correspondiente conforme la cláusula 6.1 del convenio (art. 4 del decreto 1457/3 del 2002).

Por decreto Nro. 2131/3 del 8/10/2002 se dispuso que la Secretaría de Hacienda debería en un plazo no mayor a 15 días proponer la instrumentación de una forma de pago conforme a las posibilidades del Tesoro Provincial, de la deuda correspondiente a las acreditaciones de los depositantes de la Operatoria FET con saldos pendientes por depósitos efectuados conforme a las modalidades establecidas en el decreto 2959/3 de fecha 19/11/2001 y sus modificatorios, y en el decreto Nro. 1110 del 12/6/2002, cuyos plazos de acreditación se encuentren vencidos al 9/10/2002 inclusive. Se exceptuaban de tales disposiciones los depósitos cuyos montos vencidos a la fecha del decreto no superaran los $5.000 por beneficiario.

Mediante ley 7252 (B.O. 23/12/2002) se aprobó un sistema para la cancelación de deudas generadas por la falta de pago en los vencimientos de los plazos de las operaciones de depósitos de BOCADE en la denominada Operatoria FET, en los distintos plazos de canje establecidos con anterioridad al 10 de octubre de 2002. Según esa ley las deudas se pagarían en moneda y/o LECOP, en cheques de pago diferido, y la mayor parte en Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (DOCOF). Los pagos requerían de la aceptación expresa sin reserva alguna por parte de los acreedores. Esa ley fue modificada por decretos de necesidad y urgencia Nros. 2678/3 (B.O. 23/12/2002), 294/3 del 21/02/2003; 766/3 del 16/04/2003; Nro. 1208/3 (B.O. 06/06/2003) ratificado por ley 7276, y Nro. 377/3 (B.O. 06/06/2003), y reglamentada por los decretos Nros. 2729/3 y 566/3 (B.O. 17/04/2003). Entre las reformas más significativas en lo que concierne al caso en estudio, está la introducida por el decreto 1208 ratificado por ley 7276, que en su art. segundo estableció que es "obligatoria la aceptación del sistema previsto en la ley Nro. 7252 por parte de los acreedores, como asimismo es obligatoria la suscripción de los formularios de aceptación previstos en la Resolución 1006/3 SH, Anexos I y II".

Tal sería, a grandes rasgos, la mención de algunas de las principales disposiciones vinculadas con la cuestión traída a estudio desde la sanción de la ley 5728, sobre la que corresponde detenerse a fin de analizar el marco jurídico del tema.

8.- La ley 5728 (B.O. 20/08/1985) implementó en la Provincia de Tucumán un empréstito con la finalidad de obtener financiamiento para el Tesoro de la Provincia, mediante la emisión de bonos de cancelación de deudas en títulos al portador con las formalidades de los arts. 744 y 745 del Código de Comercio. Tales bonos caducarían el 30/11/1987, pero sucesivas prórrogas y posteriores emisiones prolongaron la vigencia del sistema hasta el año 2003. Los bonos serían rescatados en plazos que fueron variando a través del tiempo, al 100% de su valor nominal.

Acerca de la naturaleza del empréstito público, Giuliani Fonrouge expresó que "divergentes son las posiciones de los economistas en el estudio comparativo del crédito público y del crédito privado. La escuela clásica sostuvo la identidad de ambos; la doctrina moderna, en cambio, considera que no hay asimilación posible entre el crédito público y el crédito privado, ya que el primero es un fenómeno de orden político, que sólo por abuso de lenguaje puede ser comparado al crédito de un individuo o de una empresa (Coulbois, "Crédit public et crédit privé. Une terminologie équivoque" en ".S.L.F.", 1995 ps. 699 y ss., esp. ps. 701 y 702; puede verse igualmente: Laufenburger, "Théorie économique et psychologique des finances publiques", Sirey, Paris, 1956, ps. 297 y ss.). Otros autores hablan de semejanzas y diferencias entre ellos, cuando no preconizan un retorno a la "vieja ortodoxia" de su igualdad. Pero dejemos a un lado el aspecto económico del asunto, tan controvertido, y examinémoslo desde el punto de vista jurídico. En nuestra opinión, no puede decirse que las diferencias entre el crédito público y el crédito privado radiquen en la naturaleza del sujeto, porque son de orden sustancial, al derivar de la distinta esencia jurídica de las transacciones"... "El empréstito público, en cualquiera de sus formas y modalidades, es un acto de soberanía y origina una relación unilateral de derecho público; en tanto que el empréstito privado -de carácter interno o de tipo internacional- es un contrato bilateral de derecho privado. Tal es la razón esencial de la distinción. Las otras razones que se dan al respecto, tales como: distinto tipo de patrimonio, magnitud de la operación, características de los documentos, ejecutabilidad de éstos, etc., son meras cuestiones que, aparte de la discutibilidad, aparecen como circunstanciales y accesorias, incapaces de fundamentar por sí solas una separación entre ambas modalidades de crédito". (Giuliani Fonrouge, Carlos en "Derecho Financiero" vol. II 4ª. Depalma edición 1987, páginas 1175 y 1176).

Analizando la naturaleza jurídica del empréstito, expresa el autor citado que ello "ha dado lugar a diversas interpretaciones y hasta el presente no existe unanimidad en la doctrina. Si bien nadie pone en duda que el Estado prestatario asume la obligación de restituir el capital recibido y de pagar un interés, en cambio no hay uniformidad en cuanto a la esencia de tal obligación, que para unos autores es de carácter unilateral y deriva de la soberanía, en tanto que para otros es de tipo bilateral y contractual, aunque estos últimos tampoco coinciden acerca de si el contrato es de derecho público o de derecho privado; y ello, sin hablar de algunas posiciones intermedias. De manera, entonces, que carece de sustento la afirmación de que la "doctrina se halla conforme" en el carácter contractual del empréstito, pues no se adecua a la realidad. Las distintas opiniones pueden clasificarse en tres grupos: uno que considera el empréstito como un acto de soberanía, que origina una obligación unilateral de derecho público; otra, que en cierto modo deriva de la anterior, y que hace depender la calificación del acto de la soberanía legislativa del Estado, estableciendo un distingo entre empréstitos internos y empréstitos internacionales; el tercero grupo asigna al empréstito naturaleza contractual y admite cuatro subdivisiones: contrato de derecho privado; contrato de derecho público; contrato reglamentario o de colaboración, de naturaleza mixta, "contrato sui generis" (Giuliani Fonrouge C. ob. cit. p. 1199).

Luis María Drago fue un brillante expositor de la doctrina del empréstito como acto de soberanía, que expresó que "la deuda proveniente de empréstitos internos o externos, con emisión de bonos o títulos de determinado interés, constituye lo que técnicamente se llama deuda pública propiamente dicha, o deuda nacional. Ella no da ni puede dar lugar a acciones judiciales, ...porque los bonos o fondos públicos que la constituyen salen a la circulación como papel moneda, y su servicio se atiende o es suspendido en virtud de actos de soberanía, perfectamente caracterizados como tales" (Luis M. Drago en "Discursos y escritos", compilación de Mariano V. Drago, "El Ateneo", 1938, t. II ps. 49 y ss. esp. pg. 50 y 51, citado por Giuliani Fonrouge, ob. cit. p. 1201). Comparten tal línea de pensamiento autores como Lapradelle y Politis, Zorn, Von Bar, Zachariae, Strupp y Donker-Curtius, Ingrosso, Sagués Laso, Giuliani Fonrouge y Fiorini, quien señaló la desaparición del empréstito como figura contractual, pues "se realiza por acto de autoridad del Estado en forma unilateral, con intervención del órgano representativo del poder popular" (cfr. Fiorini, Manuel en "Manual de derecho administrativo", La Ley, Buenos Aires 1968 t. I p. 528).

9.- La Corte Suprema de la Nación se pronunció sobre tal cuestión en el caso de una demanda contra el Estado Nacional (B.C.R.A.) por cobro de pesos en concepto de pago de cupones vencidos e intereses compensatorios correspondientes a los bonos nominativos en dólares estadounidenses -"bonods"- creados por el dec. 1334/82 PEN conforme con lo preceptuado por el art. 33 ley 11.672, según el texto sustituido por la ley 16.911. El Alto Tribunal declaró en esa oportunidad que "la modalidad de empréstito constituye una emanación del estado soberano que se encuentra comprendido en el concepto genérico de fondos del Tesoro Nacional, a saber: "los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional" (art. 4, Constitución Nacional)"... "Son atribuciones del Congreso la de decretar y contraer empréstitos que integran la deuda pública y la de decidir la financiación, refinanciación y rescate de ella"... "Existe un principio de derecho de gentes en virtud del cual permitiría excepcionar al Estado de responsabilidad internacional por suspensión o modificación en todo o en parte del servicio de la deuda externa, en caso de que sea forzado a ello por razones de necesidad financiera impostergable."... "La naturaleza jurídica del empréstito público no significa la exclusión de toda responsabilidad de orden patrimonial por la modificación unilateral de las obligaciones, en caso de conducta arbitraria o de lesión a derechos individuales dignos de protección."... "El Estado nacional al efectuar el "arreglo de la deuda" (art. 75 inc. 7º, Constitución Nacional, en el contexto de la emergencia financ iera que atravesó el país en los años que siguieron al restablecimiento del orden constitucional, no impuso condiciones que comportasen actos confiscatorios o que condujesen a una privación de la propiedad o degradación sustancial del crédito"... "Se justifica la suspensión de los derechos personales como recurso del poder de policía". (Corte Suprema de la Nación en sentencia del 10/12/1996 en "Brunicardi, Adriano C. c. Banco Central" publicado en LA LEY 1997-F, pág. 620 y DJ 1998-1, pág. 621).

10.- La Constitución Nacional alude a los empréstitos en los arts. 4 y 75 inc. 4°, como uno de los recursos para afrontar los gastos del Estado Nacional, y confía la delicada misión de autorizarlos al Congreso de la Nación. La Constitución de la Provincia de Tucumán se refiere a los empréstitos en sus arts. 15 y 16, que establecen los requisitos para su aprobación y destino. Con tales disposiciones, tanto la Constitución Nacional como la Provincial establecen claramente que son atribuciones del Poder Legislativo el decretar y contraer empréstitos que integrarán la deuda pública, y decidir la financiación, refinanciación y el rescate de tal deuda. Ello significa que quien tiene facultades para endeudar al Estado, dispone de facultades para financiar esa deuda o refinanciarla.

En el orden nacional, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, enuncia el concepto de crédito público en los siguientes términos: "Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos".

11.- De tales conceptos, puede afirmarse que el sistema implementado por la ley 5728 fue una operación de crédito público, surgida de un acto político en ejercicio de soberanía, aprobado por el Poder Legislativo Provincial, que originó relaciones jurídicas de derecho público respecto de los tenedores de los títulos.

De acuerdo a la pretensión objeto de la acción promovida, lo antes expresado conduce a dilucidar la cuestión consistente en si en el marco jurídico descrito resulta factible el cobro compulsivo de los bonos, frente a actos del poder público que suspendieron y difirieron el pago del empréstito, implementando para su cancelación un sistema como el previsto por la ley 7252 y sus modificatorias.

12.- La misión de esta Corte de mantener a los poderes del Estado Provincial en la esfera de las facultades trazadas por la Constitución, la obliga a ella misma a actuar con absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como la mayor garantía que puede ofrecer a los derechos individuales (Fallos: 32:120). Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución y el deber que tienen los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (cfr. Fallos: 33:162).

La doctrina expuesta no se debilita ni desvirtúa por la necesidad de que tal función jurisdiccional se lleve a cabo en la vía procesal adecuada de conformidad con los hechos e intereses en juego en el caso concreto. Es por ello, que en el caso corresponde examinar en primer término la aptitud de la vía del amparo para plantear y decidir la cuestión sometida a la decisión de esta Corte.

13.- Desde el fallo de la Corte Suprema de la Nación que admitió la acción de amparo (Fallos: 239:459), y en ocasión de resolver la amplitud de la acción por actos de particulares, el Supremo Tribunal Nacional precisó que siempre que aparezcan de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como daño grave e irreparable, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo. Agregó, sin embargo, que "...en tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y prudencia -lo mismo que en muchas otras cuestiones propias de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios" (Fallos: 241:291).

En el desarrollo posterior de la doctrina, y al pronunciarse sobre el alcance del art. 2, inc. d, de la ley 16.986, la Corte Suprema de la Nación enunció en términos precisos la limitación referida, al sostener que la admisión de este remedio excepcional puede engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestión litigiosa tiene solución por esta vía; o, peor aún, que mediante ella es dable obtener precipitadas declaraciones de inconstitucionalidad, agregando que si bien tal principio no debía reputarse absoluto regirá sin duda en la mayoría de los casos (Fallos: 267:215).

El carácter excepcional de la vía de amparo ha llevado a la Corte Suprema de la Nación a señalar en forma reiterada que la existencia de vía legal para la protección de los derechos que se dicen lesionados, excluye, en principio, la admisibilidad de la acción, pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes (Fallos: 269:187; 270:176; 303:419 y 422). Tal regla ha sustentado la decisión en casos en los cuales las circunstancias comprobadas en la causa evidencien que no aparece nítida en la especie una lesión cierta o ineludible causada por la autoridad con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que el asunto verse sobre una materia opinable que exige una mayor amplitud de debate o de prueba para la determinación de la eventual invalidez del acto (Fallos: 303:422).

También ha expresado la doctrina y conocida jurisprudencia de la Corte Nacional, que resulta indispensable para la admisión del remedio excepcional y sumarísimo del amparo que quien solicita protección judicial acredite, en debida forma, la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado (Fallos: 274:13, considerando 3°; 283:335; 300:1231, entre otros). En ese sentido, la Corte precisó -al admitir el amparo judicial desde el pronunciamiento de Fallos: 239:459- ese carácter excepcional de la acción y exigió, como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio insusceptible de reparación ulterior (doctrina de Fallos: 263:371, considerando 6°; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; 295:132; 301:801; 303:419 y 2056, entre otros).

14.- Si bien el proceso del amparo no excluye cuestiones que requieren trámites probatorios, sí descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en el régimen procesal (Fallos: 307:178).

El artículo 43 incluido en la Constitución Nacional en la reforma del año 1994, que establece que "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo" mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba, y por tanto no se da el requisito de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 275: 320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955 y 323:1825 entre otros). La acción de amparo solamente procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, y resulta inadmisible, en cambio, cuando el vicio que comprometería garantías constitucionales no resulta con evidencia de manera que la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de debate y prueba (Fallos: 321:1252, considerando 30). Ello es así pues los jueces deben extremar la prudencia para no resolver materias de complejidad fáctica y técnica por la vía expedita del amparo a fin de no privar a los justiciables del debido proceso mediante pronunciamientos dogmáticos.

Las circunstancias apuntadas no aparecen probadas en el sub examine toda vez que el actor omitió demostrar que su pretensión -de carácter patrimonial- no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se encuentre impedido de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente podrían causarle las disposiciones impugnadas (Fallos: 280:238). En el caso, en el que en defensa del alegado perjuicio patrimonial del actor se pretende impedir la aplicación de las normas de derecho público que implementaron un sistema de pago del empréstito público con diversas modalidades y diferimientos, el amparista debió acreditar en debida forma la inexistencia de otras vías procesales idóneas para reparar el perjuicio invocado, quedando a su cargo tal prueba.

No se advierten en el caso los extremos exigidos para la admisibilidad de la vía del amparo. En atención a las particularidades del empréstito público, se descarta el tratamiento del Estado deudor según el régimen de las obligaciones ordinarias, ni el acreedor es pasible de un enfoque iusprivatista. Por ello, si el Estado alega que por razones de necesidad dispuso mediante una ley la alteración unilateral de las condiciones de conversión del empréstito público y el diferimiento de los pagos de la deuda a períodos futuros, no se puede, en un proceso como el amparo, declarar la ilegitimidad de disposiciones y decidir la inaplicabilidad de leyes cuyo alcance y constitucionalidad no son susceptibles de examinarse en esta vía por su naturaleza, complejidad y trascendencia.

Debe descalificarse el pronunciamiento que declaró ilegítimos preceptos legales y resolvió no aplicar la ley que rige el caso, omitiendo la consideración integral de las normas de derecho público vinculada con el empréstito provincial, así como de sus circunstancias, implicancias e impacto. Tales decisiones no pudieron tomarse sin un acabado examen de la cuestión, lo que no resulta posible en tanto la vía excepcional de la acción de amparo no lo permite, siendo que tales temas requieren mayor debate y prueba. La confrontación del interés del particular con los intereses del Estado Provincial implica en el caso producir y merituar pruebas y analizar determinadas cuestiones con directas e inmediatas implicancias en el funcionamiento de la administración y en la política económica del Estado Provincial, examinando el modo en que los mecanismos escogidos hasta ahora por el poder político afectan los derechos invocados por el amparista. La colisión de intereses que se plantea no es posible de ser discernida y resue lta sin un previo análisis profundo e integral de las circunstancias jurídicas y fácticas que conforman el caso, ya que la consideración parcializada desde la perspectiva de tan sólo una de las partes no puede ser efectuada sin grave desmedro del adecuado servicio de justicia, lo cual exige examinar también las alegaciones del Estado demandado.

En esas condiciones, y frente al carácter excepcional de la vía de amparo -que obliga a admitirla únicamente en aquellas situaciones que revelen la imprescindible necesidad de ejercerla para la salvaguarda de derechos fundamentales (Fallos: 280:238; 303:422 y 306:1253) en tanto ella no altera las instituciones vigentes (Fallos: 295:35; 303:409 y 422) ni faculta a los jueces para sustituir los trámites pertinentes por otros que consideren más convenientes y expeditivos, (Fallos: 300:688) el pronunciamiento debe ser revocado, sin que ello implique emitir juicio alguno respecto de la legitimidad o ilegitimidad de las normas impugnadas.

15.- Las disposiciones del Estado Provincial que se omite aplicar, -la ley 7252 y sus modificatorias-, en principio, y sin que signifique abrir juicio sobre ellas, no aparecen prima facie como conculcatoria de derechos en tanto se corresponden con el estandar fijado por la Corte de la Nación sobre las restricciones a los derechos individuales, cuando se trata de medidas adoptadas por el Poder Legislativo en situaciones de crisis o necesidad pública tendientes a salvaguardar los intereses generales. La Corte Suprema de la Nación ha declarado que se puede "sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos". "En esencia, se trata de hacer posible el ejercicio de las facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, "de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso d e desarticulación de la economía estatal", puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional" (Fallos: 172:31). "Su restricción debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales" (Fallos: 243:467). "Cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis". "El fundamento de las leyes de emergen cia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto". "La distinción entre la sustancia de un acto jurídico y sus efectos contribuye a la transparencia de la doctrina de la legislación de emergencia, admitiendo la constitucionalidad de la que restringe temporalmente el momento de ejecución del contrato o la sentencia, manteniendo incólume y en su integridad la sustancia de los mismos, así como la de los derechos y obligaciones que crean o declaran". (Cfr. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sent. de fecha 27/12/1990 en "Peralta, Luis A. y otro c. Estado Nacional -Ministerio de Economía- -Banco Central-, publicada en LA LEY 1991-C, pág. 158, con nota de Alberto B. Bianchi - LLC 1991, pág. 666 - DJ 1991-2, pág. 219).

En el fallo referido, se recordó los cuatro requisitos que debe llenar una ley de emergencia para que su sanción esté justificada, que ya habían sido mencionados por el Chief Justice Hughes, en el caso "Home Building v. Blaisdell": "1) que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; 2) que la ley tenga como finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 3) que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4) que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria. De ahí que la validez constitucional de ese tipo de leyes se sustenta en que no deben afectar el contenido mismo de la relación jurídica, ni ninguna de las partes constitutivas de la obligación.

16.- El sistema de pago implementado para los tenedores de bonos cuyo canje no fue atendido y que se venció hasta el 9/10/2002 implica una fuerte reprogramación de vencimientos, mas no necesariamente una "quita" como podría suponerse en un primer y superficial análisis de la cuestión.

El sistema de rescate organizado por la ley 7252 y sus modificatorias respeta lo dispuesto por la ley 5728 con su reforma 7223, la cual estableció que los bonos podrían ser canjeados no sólo por moneda de curso legal, sino también por letras de cancelación de obligaciones provinciales, al 100% de su valor nominal, según ya se expuso en el considerando 5 de la presente. Esa disposición de la ley que organizó este empréstito no fue considerada en la sentencia recurrida, ni en la cautelar que ordenó el canje por pesos.

La relevancia del asunto, así como la complejidad técnica de la materia litigiosa, la índole y la magnitud de los intereses públicos comprometidos y el régimen de la organización administrativa de que se trata, hace que el debate deba tener dimensiones que superen ampliamente a las que son propias de un trámite brevísimo (Fallos: 25:347).

17.- En cuanto al criterio de la ley 7252 de implementar para los tenedores de los bonos cuyos plazos para el canje estaban vencidos al 9 de octubre del 2002 inclusive, cabe recordar que la garantía de la igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por lo que tal garantía no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución. (Fallos: 138:313; 143:379; 149:417; 151:359; 182:355; 199:268; 270:374; 300:1084; 306:1560; 182:399; 236:168; 238:60; 251:21, 53; 86:400; 90:120; 108:724; 263:545; 264:185; 282:230; 286:187; 288:275; 289:197; 290:245, 356; 149, 544; 152:207; 155:169). En tal sentido, y por no haberse examinado la cuestión en un proceso cognoscitivo con amplitud de debate y prueba, se puede decir que prima facie, y sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión, el régimen de canje diferenciado para los acreedores referidos sobre la base de la fecha en que el Estado Provincial suspendió los pagos, no puede tacharse en sí misma de arbitraria y conculcatoria de la garantía de igualdad, en tanto la distinción se fundó en el momento en que la Provincia no pudo atender los pagos de los bonos depositados en la fecha de corte que se determinó en la ley 7252.

18.- La complejidad jurídica del tema en debate, que involucra el examen de intrincadas cuestiones financieras, presupuestarias y de compromisos asumidos por la Nación y la Provincia en el marco de los acuerdos suscritos conforme a leyes nacionales, impone que los jueces extremen la prudencia para no resolverlas por la vía expedida del amparo. En este orden de ideas, la indagación de las materias planteadas en el sub lite llevaría necesariamente a ponderar la política económica del gobierno para distribuir los déficit ocasionados por una situación económica crítica.

Los controles de legalidad administrativa y de constitucionalidad que competen a los jueces, no los facultan para sustituir a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad (doctrina de Fallos: 308:2246, considerando 4°; 311:2128, entre muchos otros) y, menos aún, cuando la estrechez de las finanzas provinciales y abultado déficit fiscal que imposibilitó al Estado Provincial poder atender a sus obligaciones exigibles adquirió dimensiones que colapsó el sistema hasta suspender el pago de las mismas, por lo que la asunción de compromisos con el Estado Nacional para que éste auxiliara las finanzas locales se presentó como la única manera de posibilitar la supervivencia y recuperación de la administración local. Este Tribunal no puede desentenderse del análisis de las repercusiones que puede generar la decisión reclamada y de su impacto sobre el desenvolvimiento de las instituciones del Estado Provincial, lo que coadyuva la conclusión de que la presente acción debió haberse enmarcado en los carriles del juicio ordinario para posibilitar la exposición íntegra y no restringida de los planteos de las partes, para asegurar la defensa de todos los intereses involucrados en la cuestión referente a la presente causa.

19.- No se concluye de las consideraciones que anteceden de que se obstruya el ejercicio del control de legalidad respecto del procedimiento y de las normas dictadas en relación al tema en debate; pero esto no puede tener lugar en el marco limitado de un amparo por las razones que se expuso en los considerandos anteriores. El necesario e imprescindible examen de la afectación de los derechos del actor no puede realizarse en abstracto bajo la mera invocación de la acción de amparo por el procedimiento previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional. Sin embargo, tales consideraciones no implican abrir juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión sustancial del amparista en orden a los derechos que entiende le asisten, la que podrá ser debatida y dilucidada por la vía pertinente.

Por lo expresado, dado el carácter excepcional de la acción de amparo que exige la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio insusceptible de reparación ulterior (doctrina de Fallos: 263:371, consid. 6°; 270: 176; 274:13; 293:580; 294:452 -La Ley, 131:528; 137:385; 1976-D, 650, fallo 33:836-S; 1976-C, 292-; 295:132; 301:801; 303:419 y 2056, entre otros), por las circunstancias señaladas anteriormente, ello no aparece probado en el "sub examine" toda vez que el actor ha omitido demostrar que su pretensión -de carácter patrimonial- no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se encuentre impedido de obtener, mediante ellos, la reparación de los perjuicios que eventualmente podrían causarles las disposiciones impugnadas (Fallos: 280:238 - La Ley, 145-90).

En tales condiciones, y frente al carácter excepcional de la vía de amparo -que obliga a admitirla únicamente en aquellas situaciones que revelen la imprescindible necesidad de ejercerla para la salvaguarda de derechos fundamentales (Fallos: 280:238 - La Ley, 145:90; 303:422 y 306:1253 - La Ley, 1985-B, 210 ) en tanto ella no altera las instituciones vigentes (Fallos: 295:35; 303:419 y 422) ni faculta a los jueces para sustituir los trámites pertinentes por otros que consideren más convenientes y expeditivos (Fallos: 300:688) el pronunciamiento recurrido debe ser revocado, sin que ello implique emitir juicio alguno respecto a la legitimidad o ilegitimidad de las normas impugnadas en el "sub examine".

20.- En cuanto a las costas, corresponde imponerlas por su orden respecto del presente recurso y en la instancia anterior, en atención a que por la naturaleza de las cuestiones debatidas, el actor pudo creerse con razón suficiente para litigar (art. 106 CPCC).

Por ello, oído el Sr. Ministro Fiscal y encontrándose en uso de licencia el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, se R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 30/5/2003 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (fs. 127/133), se revoca la misma y se rechaza la acción de amparo intentada.

II.- COSTAS por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO (en disidencia) HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del señor vocal doctor René Mario Goane:

I.- Comparto lo expresado en los puntos 1 al 4 del voto de la mayoría. Sin embargo, discrepo con la solución a la que arriba, esto es, la de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad incoado, sobre la base que el amparo no sería, en el caso, la vía procesal idónea para dirimir la presente controversia.

En esta perspectiva, a mi modo de ver y en concordancia con lo expuesto por la Sala a quo, el dato -del que se prescinde y nada se dice expresamente- que resulta relevante y decisorio para apreciar que la no idoneidad de la vía del amparo no es tal, lo constituye el Plan de Unificación Monetaria instrumentado en la Provincia, que concluyó con el retiro de circulación de los bonos de cancelación de deudas en el mes de julio del año en curso.

Así, conviene recordar que al momento de la presentación de la demanda -10-4-2003 (cfr. fs. 59)-, ya se encontraba en vigencia el Decreto Nacional Nº 743/2003, por el que se instituyó el mencionado programa con el objeto de retirar los títulos provinciales que reúnan las características enunciadas en el artículo 12 de la Ley Nº 25.561 y reemplazarlos por moneda nacional de curso legal, que alcanzó a la provincia (cfr. fs. 47/52), a lo que se añade que el 5 de marzo de este mismo año se había suscrito el Convenio Complementario entre la Provincia de Tucumán y el Estado Nacional conforme al cual, este último, se comprometía a financiar a aquélla el rescate anticipado parcial de los bonos de cancelación de deuda en la medida de sus posibilidades financieras, efectuándose una serie de precisiones sobre el particular.

De allí que, ante la realidad incontrastable que a la fecha se ha concluido regularmente el proceso de rescate de los bonos, mal puede desconocerse que el amparo fue el único medio idóneo para la reparación de la lesión a derechos constitucionales que se alegaba producto de la desaparición de los mismos, toda vez que el actor -a diferencia de otros tenedores y acreedores de estos mismos títulos-, a raíz del impugnado Decreto Nº 2131/3 (ME) del 8-10-2002 (cfr. fs. 28/29), vio manifiestamente perjudicada su posibilidad de ingresar al referido canje y optar por la alternativa de conversión que más conviniera a sus intereses. Ello, en mi criterio, evidencia con toda claridad la situación de urgencia en que se encontró, la que ameritaba la adopción de un camino rápido y expeditivo en procura de obtener tempestivamente la restitución y aplicación de aquellos títulos a la aludida operatoria, a fin de evitar un grave perjuicio a sus intereses derivado de la desaparición en curso de los Bocade que se materializó, definitivamente, a fines de julio del presente año.

En este orden de ideas, es doctrina reiterada del máximo Tribunal de la República que la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio, y que los jueces no pueden desentenderse de la verdad jurídica objetiva (Fallos: 301:922; 303:2048; 304:1537; 308:533).

Es cierto que casi siempre existen otros recursos o remedios, pero lo importante aquí no es esto puesto que, como dice Néstor Pedro Sagüés "No basta pues, que haya una vía procesal (de cualquier índole), para desestimar un pedido de amparo: hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría desechable. Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr 'la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate'" (cfr. "Derecho Procesal Constitucional-Acción de Amparo", pág. 179). Es decir, que lo que en puridad se exige es que los cauces procesales a emplear sean suficientes y efectivos. Es que la idoneidad significa que no exista un camino más apto para restablecer la lesión, restricción o amenaza de la que ha sido objeto un derecho consagrado constitucionalmente (cfr. Díaz, Adriana Silvia: "Acción de Amparo", pág. 109).

Tal es la doctrina expresamente consagrada por el artículo 43 de la Constitución Nacional al disponer que "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo...".

Concordantemente, esta misma doctrina emerge claramente de la sentencia de esta Corte (voto mayoritario), del 13-3-1987, recaída en los autos: "Diavil S.R.L. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Amparo", es decir, que la vía del amparo resulta idónea para obtener la invalidación de la actuación administrativa cuando no exista otro medio apto o eficaz que permita solucionar la cuestión.

En la especie, la acción ordinaria, en razón de su lentitud, naturaleza y extensión de los procedimientos que involucra, y ante la realidad comprobada de la desaparición de los bonos a escasamente tres meses de instaurado el amparo, no era el carril adecuado para remediar la situación descripta pues, conforme a lo considerado, cualquier decisión que eventualmente se pudiera haber conseguido por este camino hubiera resultado tardía.

Teniendo presente que lo concerniente a la existencia o inexistencia de otra vía más idónea para reparar el grave perjuicio que se invoca debe ser apreciado con criterio objetivo, debe insistirse en el contexto que regía la situación del demandante antes de la deducción del amparo, en abril del año 2003, el cual se caracterizaba, además de lo relativo a la operatoria en cuestión y de la privación de una importante suma en Bocade cuyos plazos de acreditación se encontraban vencidos al 9-10-2002, por la omisión estatal en el dictado de una legislación que diera solución a dicha situación -las prescripciones de la Ley Nº 7252 y su Decreto reglamentario Nº 2793/3 (S.H.) no le alcanzaban-, más allá de que con anterioridad a la deducción de la demanda, había transitado las instancias administrativas previas de reparación sin resultado satisfactorio, conforme se sigue de la documentación glosada a fs. 6/9 vta. de autos.

De lo expuesto, y en especial, de la indefectible necesidad del demandante de hacer ingresar los Bocade en el Plan de Unificación Monetaria y del resultado efectivamente concretado de la desaparición de los mismos, surge demostrada la inexistencia de otras vías adecuadas en razón de la inconveniencia o no idoneidad, en el caso, del carril ordinario para proteger los derechos que se dicen vulnerados.

De otra parte, la cuestión sobre la que se controvierte en autos, no requiere mayor debate o prueba. En mi opinión, no se está en presencia de un conflicto que exhiba una complejidad tal que no pueda ser resuelto por la vía del amparo, o que obligue a un análisis largo y prolongado del material fáctico, o a un aporte o trámites probatorios que no sean factibles de producirse en dicho proceso. Aquí no hay hechos de difícil dilucidación, ni tampoco la cuestión jurídica -que es la dominante-, se presenta de dificultosa intelección, ya que para resolver el litigio y pronunciarse acerca de la violación a las garantías de la propiedad e igualdad que se invoca, no es necesario examinar intrincadas cuestiones financieras, presupuestarias, o en profundidad los convenios de la Provincia con la Nación, o incursionar en la política del gobierno.

En este sentido, el escrito de la demandada de fs. 84/97 patentiza la inexistencia de un material probatorio extenso, más allá de que, aun cuando así lo hubiera propuesto, tal circunstancia no sería por sí misma obstativa para la viabilidad de la vía elegida porque, de lo contrario, como bien lo puntualiza Sagüés "...bastaría que el demandado en un amparo formulase un interminable y grueso informe circunstanciado, y acompañase un material probatorio elefantiásico, para que inexorablemente la acción dejase de ser exitosa, al transformarse en pleito complicado. La adecuada intelección del art. 2º, inc. d de la ley 16.986 obliga, caso por caso, a detectar en qué real medida es necesario o no mayor debate o prueba, para resolver el amparo interpuesto, desbrozando del análisis de los autos aquellos temas que no son de consulta conducentes para adoptar una sentencia" (ob. cit. pag. 247).

Desde mi óptica, la cuestión es más sencilla de lo que se sugiere, ya que de lo que se trata es de resolver si los dispositivos dictados por el estado provincial vinculados al crédito del actor y que le resulten aplicables, son o no lesivos al derecho y garantías alegadas por su parte, para lo cual no advierto porqué ello conduzca inexorablemente a ahondar en convenios, asuntos financieros o presupuestarios o en la política económica del estado, reduciéndose el problema, a confrontar, a la luz de las circunstancias del caso, la compatibilidad legal o constitucional de dicha preceptiva. Es que, como se dejó dicho, al analizar el expediente deben decantarse las cuestiones que no sean imprescindibles para dictar sentencia.

En suma, considero que en un proceso como el presente es posible acreditar los extremos básicos de procedencia del amparo sin requerirse en absoluto, para formar convicción sobre el tópico, una investigación más profunda ni otros elementos de relevancia, que no sean los que ya existen en autos.

II.- Es doctrina permanente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquella que postula que sus pronunciamientos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso (Fallos: 269:31; 292:140; 300:844, 307:2483; 308:1087; 310:670; 311:787; 313:584; 316:1824; 317:704; 318:2611).

Por consiguiente, sentado que en el sub examine, en mi criterio, el amparo constituía la vía eficaz para tutelar los derechos que el accionante reputa conculcados, no obstante ello, considero que no se puede seguir avanzando en el tratamiento de la presente causa -en lo que ha sido motivo de agravio en el recurso de inconstitucionalidad de marras-, en razón de la variación que ha tenido el derecho positivo vigente luego de pronunciado el fallo en recurso, de tal suerte que previamente deberán adoptarse las medidas del caso para recién, entonces, poder resolver definitivamente la pretensión impugnativa articulada.

En efecto, de la lectura de los considerandos de la sentencia atacada se desprende -en lo que aquí interesa- que la Sala a quo, luego de declarar admisible la vía intentada, ingresó en el fondo del asunto. Así, procedió a describir, en primer término, el marco normativo vigente al momento de efectuarse los depósitos por parte del actor, para a continuación detenerse en la motivación y contenido del acto administrativo cuestionado, vale decir, el Decreto Nº 2131/3 (ME), del 8-10-2002.

A renglón seguido, se hizo cargo de la Ley Nº 7252 y su Decreto Reglamentario, expresando que preveían una alternativa cuya adhesión era voluntaria y requería de acto expreso, y que la misma había sido rechazada por carta documento remitida por el actor el 10-02-2003. Consecuentemente, sostuvo que el estado había omitido el tratamiento de la situación de los acreedores comprendidos en el artículo 2º del aludido decreto que no aceptaron la propuesta contenida en la precitada ley; que los Bocade que habían sido recibidos en "libre disponibilidad" por la Provincia fueron tomados por ella y reinsertados en el circuito monetario sin hacerse cargo de la contraprestación a su cargo y que, en suma, como corolario de lo anterior, el amparista permaneció "acorralado" en el marco del Decreto Nº 2131/3 (ME), cuya declaración de invalidez pretendía.

Finalmente, dijo que esa era la situación del actor, que hasta la fecha del pronunciamiento no había sido resuelta por el estado local, y que como no había aceptado adherirse al régimen de la Ley Nº 7252, la cuestión se ubicaba en el terreno de la validez de aquel decreto, de lo que se hizo cargo sin solución de continuidad, llegando a la conclusión que los artículos 2º y 4º del mismo eran ilegítimos, en mérito a las razones desarrolladas a fs. 131 vta./132 vta. de autos, e hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.

Ahora bien, la sentencia en crisis es del 30-5-2001 (cfr. fs. 127). Por lo tanto, al ser de fecha posterior el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1208/3 (ME), del 5-6-2003 (B.O. del 6-6-2003), ratificado in totum por Ley Nº 7276 (B.O. del 24-6-2003) -cuyo artículo 1º preceptúa que el único medio de pago de las operaciones de depósito de Bocade en la operatoria FET, en los distintos plazos de canje establecidos con anterioridad al 10-10-2002 será el sistema mixto previsto en el artículo 2º de la Ley Nº 7252, dejándose sin efecto en el artículo siguiente el artículo 1º del Decreto Reglamentario Nº 2729/3 (SH) del 26-12-2002, disponiéndose, en consecuencia, la obligatoriedad de la aceptación del sistema normado en aquella ley por parte de los acreedores, como también la suscripción de los formularios de aceptación (las restantes normas inciden fundamentalmente sobre el régimen de los Docof, declaran que los fondos públicos del estado provincial, como parte del Programa de Unificación Monetaria y en el marco de la emergencia económica provincial y nacional, son inembargables y no pueden ser afectados por ninguna medida cautelar -artículo 8-, y que el presente decreto es de orden público -artículo 9-), fuerza es concluir que se operó una alteraci ón en el derecho objetivo que aparece como necesario de consideración para la correcta decisión del recurso de inconstitucionalidad planteado.

Tal cuadro de situación, que no pudo ser contemplado por el fallo en recurso por ser posterior a su dictado ni tampoco fue aludido por la agraviada en el escrito recursivo de fs. 184/189 y 196/200, no obstante que al instante de su presentación ya se había dictado y publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1208/3 (ME), del 5-6-2003, encontrándose a consideración de la H. Legislatura para su ratificación.

Por lo tanto, teniendo en cuenta, como se dijo, que es obligación de los jueces fallar conforme a las circunstancias existentes a dicho momento, lo que incluye tomar en consideración el nuevo ordenamiento, y atendiendo al contenido de la norma de referencia, no cabe duda, desde mi punto de vista, que a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88 del CPC, previo a resolver en definitiva el presente recurso, y como medida para mejor proveer, corresponde correr traslado a las partes por el plazo de diez días hábiles a fin de que expresen lo que estimen corresponde con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 1208/3 (ME), del 5-6-2003 (B.O. del 6-6-2003), ratificado por Ley Nro. 7276 (B.O. del 24/6/2003), en lo que fuera pertinente.

HAGASE SABER.- RENE MARIO GOANE