Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún del mes de octubre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luís Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 112/12, caratulados: "RE-CURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl en contra de Sentencia Nº 41/2012 (.)", en causa seguida contra Sergio Gabriel Olivera por el delito de extorsión, se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible el recurso? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luís Raúl Cippitelli; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº 41/13, de fecha 17 de septiembre de 2012, el Dr. Fernando Damián Esteban, Presidente de la Cámara en lo Criminal de 1º Nominación, en ejercicio de la Jurisdicción Unipersonal, condenó al imputado Sergio Gabriel Olivera, de condiciones personales relacionadas en el principal, como autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa (arts. 168 y 45, en función del 42, todos del Código Penal), a sufrir la pena de 3 años de prisión en suspenso (art. 26 del Código Penal).

II. Contra dicha resolución, el querellante particular interpone este recurso. Dice que, si bien es cierto que por imperio del art. 457 del rito esa parte no cuenta con legitimidad para recurrir en casación la sentencia condenatoria, menos aún en lo que se refiere a la prerrogativa discrecional de los jueces de mensurar la pena, ello no autoriza al tribunal a fallar según su íntima convicción y por fuera de la ley. Sostiene que la palmaria arbitrariedad normativa denunciada autoriza al querellante a impugnar la sentencia condenatoria, no obstante lo dispuesto en el referido art. 457, en tanto el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos legitima a la víctima a recurrir la sentencia condenatoria por la arbitrariedad de la pena si la cantidad de pena impuesta no se encuentra comprendida en la escala punitiva aplicable.

Manifiesta el recurrente que, en el debate, esa parte había solicitado la imposición de una pena de ocho años de prisión, por considerar que había quedado probada la intervención en el hecho de una persona menor de edad, por la falta de arrepentimiento del condenado, por la inexistencia de la situación económica y familiar desesperante del imputado y por estimar que no cabía admitir la defensa según la cual éste no pensaba concretar sus amenazas. Aclara que, aunque estima arbitraria valoración de la prueba con relación al agravante por la participación en el hecho de una persona menor de edad, el agravio que invoca no es ése sino la arbitrariedad legal manifiesta que implica haber aplicado una sanción por debajo del límite legal previsto para el delito de extorsión (art. 168 del Código Penal) tentado (art. 42 del Código Penal), beneficiando de tal manera al imputado con la ejecución condicional de la pena, la que era improcedente.

Menciona distintas posiciones jurisprudenciales y doctrinarias con relación al modo de calcular la pena para la tentativa: la mayoritaria, sostenida por Núñez; la de la Corte Suprema, en la causa "Veira, Héctor Rodolfo s/ Violación" -entre otras-; y señala que, en tanto nada dice con relación a la interpretación y aplicación efectuada del art. 44 primer párrafo del Código Penal, para adecuar al delito tentado la pena prevista para el delito consumado, la sentencia dejó indefensas a las partes por la imposibilidad de refutar argumentos inexistentes.

Dice que la situación económica del imputado no era apremiante y que su arrepentimiento no fue sincero; por lo que, en la cuantificación de la pena, contrariamente a lo resuelto en la sentencia, no correspondía computar esas circunstancias como atenuantes.

Por todo ello, pide al tribunal que case la sentencia e imponga al condenado la pena de 4 años y 6 meses de prisión, revocando la sus-pensión de la ejecución. Subsidiariamente, que anule la sentencia y reenvíe la causa al inferior para que, con nueva integración, dicte un nuevo fallo. Hace reserva del caso federal.

III. La resolución impugnada, en tanto condenatoria, es indudablemente definitiva y susceptible, por ende, al control de esta Corte por vía del recurso de casación. El recurso es presentado en forma y tiempo oportuno.

En cuanto a la legitimación del querellante para cuestionar la sentencia condenatoria, rige el art. 457 del rito local, cuya aplicación al caso no es discutida sino consentida por el recurrente, expresa y categóricamente, especialmente en lo que se refiere a la mensuración de la pena; y ello torna in-necesaria mayor consideración sobre el tema. Por ello, con fundamento en la citada norma procesal, no encontrándose legitimado el querellante para cuestionar la respuesta punitiva dada en la sentencia condenatoria, no pueden ser atendidas las críticas del recurrente con relación a su monto ni al modo en que fue determinada la pena impuesta. Sin embargo, el reconocimiento legal a la víctima de personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos comprende el de obtener una sentencia fundada en ley (CSJN Fallos: 321:2021) y exige, por ende, considerar el agravio vinculado con la supuesta ilegalidad de la pena impuesta por la violación a los límites previstos por el legislador en la escala penal de aplicación. Con ese alcance, estimo al recurso como interpuesto por parte legitimada. En esos términos, mi respuesta a la primera cuestión planteada es afirmativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto en un todo, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que brinda el señor Ministro Dr. Cáceres, por los fundamentos que él desarrolla; por ello, con arreglo a esos fundamentos, mi respuesta a la cuestión planteada también es afirmativa.

A la Segunda cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

1) Dice el recurrente que la pena de tres años de prisión en suspenso impuesta en la sentencia recurrida carece de fundamento debido a que fue fijada por debajo del límite legal de tres años y cuatro meses de prisión prevista, como mínimo, para el delito por el que fue dictada la condena: extorsión en grado de tentativa (arts. 168 y 42 del Código Penal); y que la prerrogativa discrecional de mensurar la pena que tienen de los jueces no los autoriza a fallar según su íntima convicción y por fuera de la ley.

2) Después de controlar la sentencia impugnada constato los siguientes extremos denunciados en el recurso: el hecho de la condena fue calificado legalmente como delito de extorsión, en grado de tentativa; fue en-marcado en los términos de los artículos 168 (que para el delito consumado tiene prevista pena de prisión de 5 a 10 años) y 42 del Código Penal; fueron computadas circunstancias agravantes y atenuantes de la pena; no consta el criterio adoptado por el tribunal para la adecuación al hecho de la causa de la pena prevista para el delito consumado (interpretación y aplicación del art. 44 del Código Penal); y fue impuesta la pena de 3 años de prisión. En las circunstancias reseñadas, la respuesta punitiva dada en la sentencia carece de la debida fundamentación puesto que impide conocer con certeza el modo en que fue compuesta la pena impuesta, lo que obliga a especular sobre el método seguido para su discernimiento.

De tal manera, no queda excluida, como debería, la posibilidad de su determinación desapegada a los límites de la escala de aplicación: de 3 años y 4 meses, como mínimo, y de 5 años como máximo, conformada con la disminución de un tercio del mínimo y de la mitad del máximo de la escala prevista en la ley para el delito consumado (de 5 a 10 años de prisión, art. 168 del Código Penal). Por ende, tampoco resulta excluido el apartamiento por el tribunal a quo, infundado y por ello indebido, de la conocida doctrina de este tribunal sobre la adecuada hermenéutica del art. 44 del Código Penal (Sentencia Nº 25/11, entre otras), coincidente con la doctrina nacional mayoritaria sobre el tema. En esas condiciones, la sentencia no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido y debe ser descalificada por no dar cuenta, clara e inequívocamente, de las razones legales que sustentan la decisión sobre la medida del reproche penal formulado. A ese fin, la causa debe ser devuelta al tribunal a quo, puesto que, así como la sentencia penal que pone fin al proceso con la absolución o con la condena al imputado, también la resolución que impone e individualiza la pena y su extensión debe ser dictada, en principio, por el mismo tribunal que tuvo a su cargo la celebración el juicio, sin que quepa en el caso hacer excepción a esa regla habida cuenta que el recurrente no da motivo de su pretensión para que, a despecho de los principios aplicables en la materia, de identidad del juzgador y de inmediación, la causa sea remitida a otro tribunal.

Por las razones expuestas, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es afirmativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por las razones de hecho y de derecho que sustentan el voto del señor juez preopinante, a las que me remito en honor a la brevedad, considero que la sentencia apelada debe ser revocada debido a que presenta un vicio susceptible de ser corregido por esta vía: la inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva. Por ello, a la segunda cuestión planteada, mi respuesta es afirmativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Por los fundamentos expresados en los votos precedentes, los que comparto y a los que me remito para evitar repeticiones innecesarias, atento a que los términos de la sentencia en los que fue expresada la medida de la pena impuesta no permiten descartar el avasallamiento de una facultad propia del Poder Legislativo y ajena a la del Poder judicial como lo es la de establecer los límites temporales de las penas con que serán reprochadas las violaciones a los bienes jurídicos protegidos penalmente, estimo que la sentencia impugnada presenta el defecto previsto en el Artículo 454 inc. 1º del Código de Procedimientos en materia Penal y que debe ser corregido del modo propuesto por el magistrado que preside este Acuerdo. Por ello, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es afirmativa. Así voto.

A la Tercera cuestión planteada el Dr. Cáceres dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones previamente tratadas, opino que debe ser dictada la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso, con el alcance indicado en los considerandos. II) Hacer lugar al recurso, en los términos indicados en los consideran-dos. Como consecuencia, casar la sentencia apelada en lo que se refiere a la pena impuesta y devolver las actuaciones al tribunal a quo para que se pronuncie fundadamente sobre las razones legales que sustentan la decisión sobre la medida del reproche penal. III) Sin costas (art. 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal. Así voto.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto y, por los mismos fundamentos, me expido en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero a los fundamentos que brinda el señor Ministro Dr. Cáceres en sostén de su voto y, con arreglo a ellos, me pronuncio de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl, con el alcance indicado en los considerandos.

2º) Hacer lugar al recurso, en los términos indicados en los considerandos. Como consecuencia, casar la sentencia apelada en lo que se refiere a la pena impuesta y devolver las actuaciones al tribunal a quo para que se pronuncie fundadamente sobre las razones legales que sustentan la decisión sobre la medida del reproche penal.

3º) Sin costas (art. 537 del CPP).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.