Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, concursos, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SALTA c/ LOPEZ SÁNCHEZ, Roque s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-20

El pedido de verificación constituye un verdadero proceso de conocimiento legalmente impuesto para quien intente insinuarse en el concurso o quiebra de su deudor (arts. 32, 126 y 200 de la Ley 24.522.

Quien solicita la verificación de un crédito no acciona contra el deudor sino ante el concurso; no pide al juez que condene al concursado (como para deferir a este último la carga de defenderse), sino que persigue su inclusión en la masa pasiva, y sobre ese pedido la ley otorga oportunidad de pronunciarse al síndico y a los demás acreedores, por lo menos en la medida del control de legalidad.

En otras palabras, el acreedor concurre a un trámite con pluralidad de interesados, confrontando con todos ellos. Según Fassi-Gebhardt (Concursos y Quiebras, Astrea, 1996, pág. 108) partimos de la idea de que los concursos y las quiebras son los medios de regular en un solo proceso el cobro de sus créditos, o de una parte de ellos, por todos los acreedores del concursado.

Por el acto de apertura del concurso o declaración de la quiebra, se determina al deudor. Falta luego establecer quiénes son los acreedores: para ello se exige que el deudor los denuncie, pero tal remedio es insuficiente, pues éste puede omitir acreedores reales o incluir acreedores ficticios.

Se requiere entonces la citación de todos aquellos que invistan o pretendan la calidad de acreedores e intenten cobrar sus créditos. Además, se deben considerar los títulos invocados y acordarles la calidad pretendida. Esto es lo que persigue la normativa concursal con el trámite de verificación de créditos, en tanto con ello consigue en la ejecución colectiva cada acreedor su título, con el respectivo privilegio, adquiriendo, por esta vía, la calidad de acreedor "concurrente", habilitado por tal razón para participar en el concurso preventivo o en la quiebra de su deudor, ejercitando los derechos que la normativa concursal le acuerda en tal carácter (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2002, f°. 935).

La ley entonces establece un verdadero proceso para la comprobación de los créditos y su inclusión en el pasivo, el que ha sido delineado como necesario y típico. Necesario, por cuanto todos los acreedores deben concurrir sin diferenciación alguna; y típico, porque desplaza a otros que pudieren corresponder según la naturaleza del derecho invocado por el tercero (C.N. Com. Sala C, L.L. 1975-A-421).

Se trata de una demanda judicial que requiere la legitimación procesal activa de quien se insinúa. Ahora bien, es preciso aclarar que no se está en presencia de una "obligación" sino de una "carga", puesto que deben solicitar la verificación en la medida en que quieran participar del proceso colectivo (conf. Tonón - Derecho Concursal" Tomo I "Instituciones Generales-Depalma - Bs. As. 1988, pág. 252).

Más, si la verificación ha sido formulada en el concurso después del plazo señalado para presentarse al síndico, la misma es tardía (art. 56 de la Ley 24.522). Dice al respecto el art. 56 que el pedido deberá deducirse por incidente mientras tramita el concurso y serán parte el acreedor y el deudor, debiendo el Síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.

Ello sentado, cabe reparar que la objeción que formula el deudor en autos -y que reitera en su memoria- apunta a señalar lo que entiende se trata de un supuesto déficit de legitimación en tanto quien acciona carece de título para hacerlo (ver párrafo cuarto de fs. 121 vta.).

Está demostrado entonces que el concursado asumió la calidad de codeudor solidario, debiendo en tal caso repararse que la naturaleza solidaria de una obligación traduce para el acreedor la facultad de demandar la totalidad del objeto de ella a cualquiera de los deudores. De allí que destaque Llambías (Obligaciones, Tomo II -A, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. pág. 454) que la estructura de la misma hace surgir un frente común de acreedores o deudores, por lo que cada individuo de ese frente puede comportarse, en principio, como un acreedor o deudor singular con respecto a la totalidad del objeto, pues ello está impuesto por la virtualidad del título de la obligación, que imprime a ésta la estructura unitaria que la caracteriza.

Por tal motivo, entonces, y tal como lo señala la sentencia en crisis, si la Provincia de Salta actuó en la especie a través de su Unidad Ejecutora Provincial, siendo representada por el Banco Macro S.A. en su calidad de agente financiero, teniendo presente que dicha Unidad fue creada para instrumentar un sistema de ayuda para emprendimientos mercantiles como el que concreta el deudor, es innegable que la legitimación para el reclamo se encuentra cumplida. Máxime cuando en el caso, el apelante no ha negado la deuda y hasta dijo que es la Provincia su acreedora, si bien quirografaria.

No se puede desconocer -obvio- que el Banco Macro S.A. y la Provincia no son la misma persona jurídica pero en la especie lo que debe tenerse prioritariamente en cuenta es que en la singular negociación concluida, tiene ésta la calidad de acreedora de la concursada pues fue quien suministró los fondos, habiendo liquidado el Banco su importe, tal como consta en la causa.

Y los contratos hipotecarios y prendarios fueron instrumentados dentro del marco aludido, a punto tal que tanto la Dirección General de Inmuebles cuanto el Registro de Créditos Prendarios proceden a inscribirlos consignando a la Provincia de Salta como el acreedor con garantía hipotecario y prendario.