marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, perito único, pericia caligráfica, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CARABELLI, MARIA s/ PRUEBA - PERICIA CALIGRAFICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-11

La pericia caligráfica realizada por un solo experto posee un valor meramente indiciario, cuando se elabora en contravención con las reglas procesales del art. 323 del C.P.M.P., y reviste fundamental importancia para coadyuvar al juzgador a calificar el hecho, aun cuando la comprobación fuera sencilla. En tales condiciones no es posible invocar la situación prevista en el inc. 3 de la norma citada.
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bertona, Hebe Raquel y Clavijo, Mabel s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-05-08

Para que procedan las medidas cautelares en el amparo (art. 585 del CPC), ante un acto administrativo emanado de un órgano del Estado que ejerce legítimamente la autoridad administrativa, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora han de ser de tal envergadura, que pueda acercar el juicio del juez casi a la certeza para ordenar la suspensión de sus efectos.
Seguros, autonomía de la voluntad, jueces, iura novit curia
Materia: CIVIL
Carátula: Lepera, Salvador. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguros. s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Al margen de la circunstancia de que e monto asegurado fue establecido después del siniestro -circunstancia que el señor juez tiene en cuenta y que el actor no objeta específicamente-, lo cierto es que por la vía de ese singular modo de renovación del seguro, las partes vinieron a establecer un tope a los valores asegurados (arg.

arts. 19 y 1197, Cód. Civil), y, por lo tanto, no hay razón válida que justifique apartarse de lo convenido (art. 61, párrafo segundo, Ley 17.5418). A los efectos de determinar cual era el límite de la jurisdicción, lo que importaba era tener en cuenta que la CNAS, no estaba dispuesta a pagar una suma superior a A 78.870 y que el actor pretendía el pago de A 135.000, de tal modo que, dentro de ese marco, el magistrado podía fijar la indemnización con apoyo de la normativa vigente. Siendo así, cabe concluir que la decisión de ajustarse al valor asegurado pasa por 'un problema de derecho y, por lo tanto, el ejercicio de la facultad que incumbe a los jueces de la causa de encuadrar el caso dentro de la normativa que lo rige, como aplicación del principio procesal iura curia novit, sólo puede ser cuestionado sobre la base de demostrar que al hacerlo se han alterado los presupuestos fácticos".
Retiro militar, personal militar
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Marcelino Hilario c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ cobro de pesos. Susperreguy, Walter Jorge c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06|1989-06-06

Corresponde rechazar la demanda interpuesta por un militar retirado dirigida a que se le reconozca el derecho al otorgamiento de un préstamo en las condiciones establecidas en el decreto 1897/85 y resolución 500/85 del Ministerio de Defensa Nacional para el personal militar en actividad, sosteniendo que por tratarse de un suplemento de alcance general era aplicable el art. 76, apartado 1., inc. a) de la ley 19.101 .
Transmisión del dominio, traditio brevi manu, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orozco Beatriz Rosario c/ Aníbal Roberto Castro s/ Desalojo (LIBRO: S135 - 153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-10-11

Cuando la cosa es tenida a nombre del tradente por un tercero, como es el caso del comodatario o del locatario, éste se transforma en representante de la posesión del adquirente, sin necesidad de otra formalidad que la notificación de la transferencia operada entre aquellos. El nuevo dueño de la cosa poseerá por intermedio precisamente de quien ya era tenedor de la misma y a través de él entablará su contacto con la cosa
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: P., M. del C. y Otro c/ E. SA y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-16

Los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso...
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., M. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL AGRAVADA POR REGISTRAR EL  PORTADOR ANTECEDENTES PENALES Y SUPRESION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 523
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Tachar de inconstitucional una norma impone una carga de fundamentar detallada y exhaustivamente la impugnación, por cuanto el resultado pretendido es nada menos que la declaración de inoperatividad de una ley dentro del ordenamiento esencial que rige en nuestra Provincia (Del Voto de la Mayoría).
Acción de amparo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: NASSIF ANGEL c/ HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-11-14

La legitimación es la envoltura jurídica procesal que determina la posibilidad de analizar la alegación de la titularidad de una situación juridica subjetiva respecto de una concreta y determinada pretensión, como presupuesto procesal de su admisión o rechazo; es la idoneidad que tiene la parte para plantear o contradecir en un proceso concreto.-
Tratados internacionales, Derechos humanos, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La República Argentina, al conferir jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) presenta un fenómeno jurídico que puede considerarse como referencia al derecho internacional de los derechos humanos, la cual implica que el tratado se aplica tal como rige en el derecho internacional y no porque se haya incorporado haciéndolo interno (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Tercería de dominio, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Muro, Juan Hipólito c/ Gutiérrez, Daniel s/ Daños y Perjuicios - Sumario - Incidente de Tercería de Dominio  Deducida por la Sra. Ledesma de Gutiérrez, Norma.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-10-31

No obstante la vinculación de la tercería de dominio con el expediente principal, no constituye un incidente en los términos del art. 107 del C.P.C., toda vez que su substanciación está sometida a los trámites propios del juicio ordinario o sumario, según lo determine el juez, atendiendo a las circunstancias del caso.
Jubilaciones, aplicación de la ley, opción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CARBALLO, ALBERTO GUILLERMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    CSJ EXPTE NRO 2-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-10

La Corte ha sostenido que si bien es principio aceptado que la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha del cese, a consecuencia del derecho de opción de la ley 7230, se tiene derecho a los beneficios que acordó la ley 4800, que en su texto original dispuso que el monto de los beneficios "se determinará de acuerdo a lo establecido por la ley 4800", sin las escalas de reducciones y rigiendo el máximo establecido por el artículo 11 inciso i) de la referida ley.
Síndico del concurso, renuncia del síndico del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Empresa Costera s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La "causa grave" justificadora de la renuncia del síndico oportunamente designado (art. 255 ley 24522) conforme el criterio restrictivo con que debe juzgarse la misma, no aparece configurada por la manifestación del interesado acerca de que sus actuales socios en el estudio contable han mantenido un estrecho vínculo con los directivos de la concursada- desde que fueron sus asesores- manteniendo a la fecha amistad y frecuencia de trato, máxime cuando aquella pretendida excusación acaece recién a los dos meses de haber aceptado el cargo (art. 256 ley cit. y art. 17 del CPCB).- (Minoría u opinión personal)
Subasta judicial, integración de la litis
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ BAZÁN JOS? BENITO s/ EJECUCIÓN FISCAL - CASACIÓN CIVIL FISCAL - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-20

El pronunciamiento dictado sin pedido alguno de parte, que declara nula la subasta que se realizó conforme a las pautas procedimentales establecidas por la ley de forma y con un acto de remate respecto del cual no se ha acreditado vicio alguno que permita declararlo nulo, produce efectos respecto de terceros interesados que intervinieron en el acto de subasta, como ser el martillero, sujeto del proceso -y dentro de este, auxiliar judicial- que percibe una comisión cuando la subasta se lleva a cabo. Surge a todas luces que en dicho incidente no ha sido debidamente integrada la litis, habida cuenta que se ha omitido notificar y por lo tanto poder atender, los planteos potenciales del comprador y martillero, restantes personas directamente interesadas en el acto mencionado. Dadas las derivaciones y responsabilidades que pudieron originarse con una anulación, tal declaración sin intervención de dichas partes importaría transgredir su derecho de defensa.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 1406 c/ SIDI, Susana Graciela s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

El consorcio tiene legitimación para accionar contra el copropietario que, al demorar el permiso de acceso a su unidad, agravó con su actitud los daños originados en desperfectos existentes en caños de naturaleza común. No obsta a ello que los perjuicios se hubieran verificado en partes exclusivas de cada copropietario, pues al provenir de partes comunes, afectaron el presupuesto de mantenimiento del edificio.
Embargo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganaderos de Toay S.A. s/ Incidente embargo ejecutivo en autos:Ganaderos de Toay S.A. c  /Frigorífico Pehuajo S.A. s/cobro hipotecario Ganaderos de Toay S.A. s/ Incidente embargo ejecutivo en autos:Ganaderos de Toay S.A. c  /Frigorífico Pehuajo S.A. s/cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-25|1990-10-25

Si la ley 17801 ha impuesto la registración de los derechos sobre inmuebles como condición indefectible de su oponibilidad a terceros -tal como lo dispone para el embargo el art. 536 del cód.proc., y el art. 2505 del cód.civil para los derechos reales si ello tiene algún sentido, para juzgar frente a ellos la plenitud, limitación o restricción de los derechos y la libertad de disposición deberá estarse a lo que surja de las certificaciones emitidas conforme la circunstancias del registro respectivo (arts. 21, 22 y stes. de la ley 17801).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, monto del juicio, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social del Personal de La Sanidad Argentina c/ Olivella, Haydee Noemí s/ Ejecución ley 23.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

Corresponde considerar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que reguló los honorarios (en el caso, del interventor recaudador), si el mismo se realiza en una causa donde el monto del proceso no excede el previsto por el art. 242 del C.P.C.C., modificado por la ley 26.536.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, accidentes de trabajo, pericia médica, examen preocupacional
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Morales, Daniel Alberto  c/ Pecom Servicios Energía S.A. s/ accidentes de trabajo con acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-29

Resulta improcedente el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley deducido por la codemandada contra sentencia de la la Cámara de Apelaciones, por la causal de absurdo probatorio (art. 15, inc. c) de la Ley 1.406), alegando que desoye las conclusiones de la experta designada en el caso, brindándose mayor trascendencia a los dichos de los testigos, y se cuestiona la argumentación vertida en la decisión en tanto de lo apuntado por la pericia médica deriva -la recurrente- que el trabajo no ha incidido en la patología del actor. En ese orden de ideas, el examen de la cuestión no puede soslayar que, tal como sostuvo la Alzada, se encuentra fuera de discusión que el examen preocupacional detectó diversas patologías por las que el actor fue declarado "no apto para la tarea propuesta"-aspecto conocido por la empresa- y que el infarto agudo de miocardio le ocasionó una incapacidad total por la que obtuvo el retiro por invalidez. Luego, la prueba pericial médica del caso señala que lo consignado en punto a la falta de aptitud para la tarea "significa que podrían existir riesgos de salud" y también brinda elementos para el análisis de previsibilidad de la ocurrencia del infarto como manifestación de la patología que presentaba el actor al inicio. Puntualmente, emerge de lo consignado por la perita que del análisis en abstracto que formuló, las condiciones de trabajo detalladas no tendrían "por si solas" aptitud para producir un infarto, en tanto refirió que un evento de tal tipo tiene múltiples causas y antecedentes de morbi-mortalidad en cada individuo. Ahora bien, tal examen no puede escindirse de la evaluación -también en abstracto- en el supuesto -como sucede en autos- de personas que cuentan con factores predisponentes o de riesgo, más aun cuando refirió que el descanso señalado podría tener relevancia para la salud de cualquier persona, dependiendo de múltiples factores predisponentes en cada individuo o no tenerlas. Y, en el caso, basta recordar las patologías informadas en el examen preocupacional, como también los propósitos establecidos en la Resolución N° 37/10 de la SRT y el enfoque brindado por la Alzada -que quedaron fuera discusión al no ser objeto de embate en autos-. En ese contexto, la impugnante no logra acreditar el vicio denunciado en tanto no se advierte que el fallo incurra en desvinculación arbitraria de la opinión vertida por la perita del caso. (del voto del Dr. Gustavo A. Mazieres, en mayoría).
Derecho laboral, despido con causa, prueba del despido, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Guajardo Fabián Héctor c/ González Tarabelli SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El actor, quien se desempeñaba en tareas de carga, descarga y traslado de encomiendas, prestaba y cobraba el servicio de termosellado de las encomiendas a los clientes. Dicha cobranza estaba prohibida por la empleadora. La empleadora procedió a despedirlo y alegó pérdida de confianza. La desobediencia a una instrucción expresa impartida por la empleadora resulta probada, en el caso, por la prueba testimonial sustanciada, por lo que se encuentra configurada la causal en la que la empleadora fundara el despido.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, honorarios, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaga S.R.L. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales y/o Petromen. s/ cobro de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó la acción de cobro de honorarios pues si bien los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal que -en principio- resultan ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no constituye óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo de las garantías constitucionales, el tribunal ha prescindido, sin fundamento, de la consideración de argumentos conducentes para la solución del caso (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Competencia federal, competencia por la materia
Materia: CIVIL
Carátula: LOMBARDI HECTOR VICENTE Y OTRA c/ BANCO HIPOTECARIO S.A s/ ACCION DE AMAPRO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-05

La competencia federal en razón de la materia persigue afirmar atribuciones del gobierno central en las causas relacionadas con la Constitución Nacional, tratados y leyes nacionales, y es improrrogable hacia los tribunales de provincias, toda vez que no se concibe institucionalmente que los pleitos suscitados con base en el derecho federal, queden a merced de la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales provinciales ajenos al gobierno federal del cual aquél emanó. No pudiendo ser modificada por voluntad de los litigantes, debiendo ser sostenida aún de oficio cuando sea alterada voluntariamente o inconscientemente, y declarada en cualquier estado del proceso.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fachin, Irma c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio Acción Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

La ley 10.833 condicionó el reconocimiento de categorías a los efectos salariales a los agentes que hubieran desempeñado determinados cargos jerárquicos a que los mismos acreditasen el carácter de titular en tal desempeño, autorizando por el término de un año al Poder Ejecutivo -a solicitud de parte- a resolver aquéllos casos particulares que implícitamente estuvieran contemplados en el espíritu de la ley (arts. 1° a 3° y 6°, ley cit.)
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zingano, Claudia Cecilia c/ Linazza, Bruno Carlos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

La obligación -"rectius": carga- que impone el art. 56 de la ley 17.418 rige aún en los casos de exclusión de cobertura.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, derechos de incidencia colectiva, jueces, interpretación de la ley, Municipalidad, poder de policía, deber de vigilancia, control ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D´PAUL, JORGE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO LEY 10.000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 328 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

No puede ser atendido en esta instancia extraordinaria el denunciado "conflicto de atribuciones" entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que autorizaría la intervención de esta Corte (art. 93 inc. 6to., C.P.), ante la imposición de una conducta que implica una injerencia en la órbita propia del poder administrador, pues no se advierte que el Tribunal haya excedido el límite de su función jurisdiccional al establecer la condena contra la recurrente, habida cuenta de la precisa disposición contenida en la última parte del artículo 11 de la ley 10.000.

Cabe aludir en este punto, a la sólida fundamentación expuesta por el A quo en el auto denegatorio -y que la compareciente no logra desmerecer en su escrito de queja-, acerca de que en varios tramos de la demanda se había introducido como thema decidendum la cuestión relativa a que el mero uso y/o emplazamiento de los martinetes constituía per se una violación del ordenamiento administrativo municipal, más allá deque el empleo de dicha maquinaria produzca vibraciones o un impacto sonoro inadecuado y excesivo; a lo que se sumaba la conveniencia de reconocer una "flexibilización o ductilización" del principio de congruencia, lo cual había sido receptado de alguna manera por el legislador al asignarle un amplio margen al accionar del tribunal a la hora de emitir una decisión favorable al progreso de una petición fundada en la ley 10.000 -artículos 11 "in fine" y 16- .
Liquidación de entidades financieras, certificado de depósito a plazo fijo, simulación, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: MALEH, VICTOR Y OTROS c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

La operación por la cual se concierta un deposito a plazo fijo en cuyo certificado se hace constar una suma depositada mayor de la efectivamente realizada con el fin de esconder el pago de intereses mayores a los regulados por el Banco Central configura una simulación fraudulenta, cuyo eventual perjudicado es este último en el supuesto de liquidación de la entidad financiera.
Sentencia absolutoria, instrumentos destinados a la falsificación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, segunda instancia, Cámara de Apelaciones, excesos u omisiones en el pronunciamiento, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Albornoz, Juan Carlos s/ Infracción artículo 6x, ley 20.771 -Causa nx 2901-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

La absolución del procesado en orden al delito de tenencia de material destinado a la falsificación (art. 299 del Código Penal), sin que mediara recurso del procesado o su defensa constituye un manifiesto exceso en la jurisdicción apelada de la Cámara que justifica la intervención de la Corte.
Propiedad participada, fideicomiso, Estado Nacional, acreedor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cutri, Eliseo y otros c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires. s/ fideicomiso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Si bien, con arreglo a la normativa del art. 23 del decreto 584/93, el banco fideicomisario actuará como custodia en interés del Estado acreedor, en el caso del fideicomiso de garantía constituido por el depósito de las acciones dadas en prenda a favor del Estado vendedor (arts. 34, 35 y 36 de la ley 23.696), a quien atañe, en estricto, su designación (art. 22, dec. 584/93), ello no importa que la entidad financiera se encuentre totalmente desobligada respecto de los adquirentes de las acciones clase C o sea una mera mandataria del Estado, en el marco de un negocio jurídico complejo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, crédito hipotecario, vivienda, bienes inembargables, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Abdala, Manuel s/ Recurso de inconstitucionalidad-Demanda ejecutiva (Expte. C.S.J.   Nro. 258 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

No puede estimarse que la Alzada omitió las líneas trazadas por la Corte nacional en torno a la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia, construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, habida cuenta que, al no persuadir la impugnante que el Sentenciante haya incurrido en arbitrariedad al juzgar inaplicable el artículo 1 de la ley 15283, queda sin aval alguno el agravio de que se omitió considerar la doctrina constitucional sentada por la Corte nacional, pues la aplicación -al caso- de esa norma condicionaba el ingreso al régimen contemplado por la ley 22232 y, de consiguiente, a la hermenéutica jurídica propiciada por ese Alto Tribunal. (Del Voto del Dr. Netri)