In dubio pro reo, sentencia condenatoria, apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias, proporcionalidad de la pena, responsabilidad internacional del Estado, derechos y garantías constitucionales, violencia de género, estupefacientes, trata de personas, explotación sexual
Materia: PENAL
Carátula: ORMEÑO HUERTA, Jackson c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Uno de los votos concurrentes agregó que en punto a la pretendida aplicación del principio in dubio pro reo en favor del encausado es importante recordar que se ha dicho que "(E)ste principio, directamente ligado con el estado de inocencia del que goza toda persona a la que se le dirige una imputación penal (art. 18 de la C.N, 8.2 de la C.A.D.H y 14.2 del P.I.D.C.P.) exige que la sentencia condenatoria sólo puede ser el resultado de la convicción a la que llegue el tribunal fuera de toda duda sobre los hechos, las circunstancias que los vincula y la intervención del imputado. Cualquier incertidumbre en la convicción del juez sobre la cuestión a la que es llamado a fallar, debe ser ineludiblemente resuelta a favor del imputado". En el caso, la valoración de la prueba producida durante el juicio fue adecuada y aquella resulta suficiente para arribar a un veredicto condenatorio sin margen para la duda. A fin de delimitar el marco dogmático y jurisprudencial sobre el que nos expediremos, corresponde aclarar que resulta compatible con un derecho penal de acto, el único constitucionalmente posible, el cuantificar una pena determinada, de manera proporcional a la gravedad del ilícito culpable, dentro de la escala legal aplicable para luego, desde allí, desplazarse hacia un incremento punitivo de conformidad con las circunstancias enumeradas en los arts. 40 y 41 del CP, con potencialidad para agravar la reacción penal ante el delito, fundando ello en la peligrosidad demostrada por el agente en el hecho juzgado. Así, a mayor gravedad del injusto típico, mayor culpabilidad por el hecho; y a mayor culpabilidad, mayor pena. La anchura de la culpabilidad ha de verse reflejada dentro del marco legal aplicable, con una anchura determinada de pena. Podrá ser el mínimo de la figura en trato como no serlo, y ello dependerá de la gravedad del ilícito culpable. Ésta es la función que cumple el principio de proporcionalidad en la medición judicial de la pena. Ahora bien, en el caso bajo estudio se advierte que la valoración de agravantes y atenuantes expuestas por el tribunal de mérito, y lo expuesto para sustentar la cuantificación de la condena impuesta satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada (arts. 123 y 404 inc. 2° del CPPN). El otro voto concurrente expresó que nuestro país fue adaptando el derecho interno al internacional convencional conforme los compromisos asumidos al sancionar normas comprensivas de los derechos de género, respondiendo a exigencias ciudadanas y de los movimientos de mujeres, tales como las leyes 24471, 25632, 26171, 26364, 26485, 26791, 27452, 27499, 27610, entre otras. La ley 26485 -BO 14/04/09-, de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". Establece obligaciones del Estado Argentino frente a casos como el que nos ocupa, donde se ha ejercido violencia física, sexual y psicológica sobre una mujer, en los términos elaborados en su art. 5°, acorde a lo dispuesto en el art. 2 punto b) de la Convención de Belém do Pará antes citada. En su artículo 16 exige a los organismos estatales que garanticen a las mujeres, no sólo "todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten", sino también acciones, y particularmente aplicable al caso, las siguientes: "A obtener una respuesta oportuna y efectiva" (inciso B); "A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente" (inciso C); "A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte" (inciso D); "A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3° de la presente ley" (inciso E), y "A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos" (inc. I) En el marco constitucional y convencional antes referido, determina la obligación del Estado, en el ámbito del ejercicio de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de evitar el sometimiento y exposición innecesaria de las víctimas, de modo que en casos como el presente, se encuentra ajustado a derecho la toma de las medidas pertinentes por parte de la judicatura para garantizar los derechos de la víctima, respetando el derecho de defensa. En lo que hace a la queja basada en la valoración del testimonio de la víctima, la pretensión que ahora expresa la defensa se contrapone con el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedente "Gallo López" (Fallos 334:725), en el cual el Máximo Tribunal concluyó que efectivamente existieron elementos probatorios independientes a la declaración de los testigos, que sirvieron de base a la condena dictada respecto del encausado. Frente a lo sostenido en lo referente a la "amplitud probatoria" prevista en el artículo 16 inc. I) de la ley 26485, deben ser aplicados en la actividad jurisdiccional en sucesos que involucran violencia contra la mujer, frente al riesgo de que queden impunes conductas como las aquí examinadas, atento que dichos ilícitos se perpetúan en la intimidad y sobre el cuerpo, integridad y vida de la víctima, fundamentos por los cuales coincido en el rechazo del planteo efectuado por la defensa. En el presente caso corresponde efectuar un análisis constitucional y convencional, teniendo presente el derecho de género y el sexo de la víctima. Los hechos por los que fue condenado el encausado se vinculan con el principio de igualdad, la dignidad humana y la violencia de género, correspondiendo tomar las medidas judiciales adecuadas para evitar la comisión de estos delitos, arribar a su juzgamiento, sancionar a los responsables, evitando que el paso del tiempo conduzca a su impunidad. Nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones. La violencia contra las mujeres son todos los actos basados en el género que tienen como resultado producirles un daño físico, psicológico o sexual, que van desde una amplia gama de padecimientos que vulneran el derecho a la vida, a la libertad e integridad, a la consecución económica, social y cultural, a la autodeterminación, hasta la participación en condiciones de paridad con los hombres en todos los espacios públicos de la política de la que son ciudadanas. Frente a la incidencia de la violencia contra las mujeres, con las graves consecuencias para éste colectivo, el Estado sancionó la ley 26485 de "Protección Integral a las mujeres, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contras las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales", la que releva diferentes tipos de violencia, visibilizando que éstas conductas son el producto de un esquema patriarcal de dominación, entendida como el resultado de una situación estructural de desigualdad de género. De conformidad con la ley 26364 capta quien logra la disposición de una persona que por su especial vulnerabilidad, tiene una posición propicia para ser sometida a su explotación. Así ha ocurrido en estos hechos en que el imputado mediante una falsa amistad y conocimiento de la víctima porque consumía estupefacientes en esa transacción ilegal el encausado la cita en su domicilio, lugar que conocía la víctima, al que había estado con anterioridad y verificado que el proveyente vivía con su familia, encontrándose en otro escenario, la priva ilegítimamente de su libertad, le suministra forzadamente cocaína y alcohol para vencer toda resistencia y obtener la captación para su tráfico internacional con destino a Uruguay. En cuanto al estado de vulnerabilidad de la víctima (como consecuencia de la adicción a estupefacientes, ser madre de un niño pequeño, haber soportado la agresión física y sexual con reiteradas violaciones a la que fue sometida y habiendo sido alterada su capacidad volitiva por el suministro forzado de cocaína y alcohol), configuraron un cuadro de situación de sometimiento y vulnerabilidad que fueron analizados por el Tribunal a quo, aplicando las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad". Lo que debe comprenderse es la cosificación a la que son transformadas las víctimas, la ausencia de la condición de sujeto de derecho en que se encuentran las mujeres sometidas a la "trata de personas", conforme lo prescribe el art. 3 del "Protocolo de Palermo" de la "Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional". La "trata de personas" es un delito de complejidad transnacional, constituye un accionar ilícito de extrema gravedad, que requiere para su abordaje el máximo de los recursos y esfuerzos de todas las agencias del Estado, incluyendo al Poder Judicial al decidir casos en los que se investiguen hechos de discriminación, violencia o explotación, teniendo a las mujeres y niñas vulnerables como objeto del delito y siendo un claro ejemplo de discriminación intolerable. Hoy la violencia contra las mujeres es considerada violación de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y/o superior a las leyes internas, y como preceptúa el artículo 3 de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", "toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Dres. Petrone, Barroetaveña -voto concurrente- y Figueroa -voto concurrente-