Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01


CONSIDERANDO:	I. Que a fs. 369 se presenta el apoderado de la Municipalidad de Tartagal -codemandada en autos- solicitando se declare la caducidad de la segunda instancia abierta con el recurso interpuesto por los actores a fs. 289 -en fecha 3 de septiembre de 2013- en contra de la sentencia de fs. 280 y vta.	Manifiesta que el último proveído del Tribunal data del 25 de febrero de 2014 sin que los actores hayan activado el procedimiento tendiente a que se eleven los autos para su resolución por el Tribunal de Alzada. Sostiene que los siguientes decretos de fecha 11 de marzo y 9 de abril no tuvieron por fin el impulso del proceso (se agregaron cédulas diligenciadas) y recién el 18 de junio la parte agraviada realizó una presentación solicitando se remita el expediente a la Cámara, habiendo ya transcurrido el plazo establecido en artículo 310 inciso 2º del Código Procesal Civil y Comercial.	Expresa que plantea la caducidad de la segunda instancia en forma oportuna, de acuerdo a lo determinado en el artículo 315 inciso 2º del Código Procesal, dado que se ha notificado de la petición de la contraria y del consecuente decreto en fecha 24 de junio de 2014.	A fs. 371 y vta. contesta el incidente de caducidad la apelante. Solicita se rechace el pedido de la codemandada en primer lugar por cuanto -dice- no se han cumplido los plazos exigidos por el Código Procesal y en segundo lugar por la existencia de actos interruptivos de la perención de la instancia.	Sostiene que constituyen actos de interrupción de los plazos de caducidad cualquiera de los cumplidos por las partes, por el órgano judicial o por sus auxiliares y que resulten idóneos para promover la marcha del proceso, es decir para hacerlo avanzar de una a otra de las distintas etapas que lo integran.	Dice que de las presentaciones de fs. 351, 357, 359/364 surge la intención de impulsar el proceso notificando a las partes la reanudación de los plazos procesales suspendidos a pedido de quien pretende obtener la declaración de perención de instancia.	Considera que no puede solicitar la caducidad de instancia quien pidió a fs. 303 la suspensión de las presentes actuaciones. Dice que también a fs. 305 el codemandado Hospital Zonal Juan Domingo Perón solicita la suspensión de los plazos y la Sra. Juez hace lugar a esos pedidos con lo decretado a fs. 306. Destaca que a fs. 318 se ordena la reanudación de los plazos suspendidos y a fs. 358, 357 la Sra. Juez emite distintos decretos que constituyen actos de impulso procesal.	Manifiesta que de todas las actuaciones surge que de forma continua e ininterrumpida se realizaron presentaciones judiciales tendientes a impulsar el proceso, sin abandonarlo en ningún momento. Menciona que a fs. 368 se solicitó la remisión del expediente a la Cámara de Apelaciones para la resolución del recurso.	Finalmente destaca la existencia de situaciones que hacen imposible la declaración de caducidad de la instancia, considerando que se encuentran pendientes de cumplimiento los decretos dictados por la Sra. Juez para que las actuaciones sean remitidas a la Cámara.	A fs. 392/393 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámara Civil, quien considera procedente el planteo de caducidad de instancia.	A fs. 406 pasan los Autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.	II. Que el fundamento de la caducidad de la instancia radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. Como lo señala Guasp, "el fundamento de la caducidad de instancia puede apoyarse principalmente en dos motivos: uno, de orden subjetivo, que ve en la presunta intención de las partes de abandonar el proceso la razón íntima de la extinción y otro de orden objetivo que se fija, por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto lleva consigo para la seguridad jurídica" (Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", T. 1, p. 539/540).	Ahora bien: para que proceda la declaración de caducidad deben reunirse ciertos requisitos fundamentales: a) Una instancia, que es la que va a perimir; b) Inactividad procesal en la misma; c) Cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad. El plazo que nuestro código de forma establece a tales fines es de tres meses en segunda instancia (art. 310 inc. 2º).	Al respecto se debe recordar que, a los efectos de la perención, se entiende que la segunda instancia comienza con la interposición del recurso, criterio éste que fuera expresamente incorporado en el penúltimo párrafo del artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial, mediante modificaciones introducidas por Ley 7566. Es decir, interpuesto un recurso, es desde ese instante que existe la posibilidad de que la instancia con él abierta perima (conf. Loutayf Ranea, Roberto - Ovejero López, Julio: "Caducidad de la Instancia", Bs. As., Astrea, 1986, pág. 46/48; art. 310 C.P.C. y C.).	Por lo tanto, en el caso de autos, la instancia cuya declaración de caducidad se pretende fue abierta con la presentación obrante a fs. 169 de estas actuaciones -de fecha 4 de septiembre de 2014-, mediante la cual la parte demandada interpusiera recurso de apelación en contra de la sentencia de fs. 165/168.	Corresponde analizar ahora cuál acto debe considerarse como última actuación procesal impulsoria de la segunda instancia y, por lo tanto, interruptiva de la perención, para así determinar si existió inactividad procesal por parte de la apelante.	De las constancias de autos surge que en fecha 12 de marzo de 2014 (fs. 359/364) fueron diligenciadas las cédulas de notificación a los codemandados mediante las cuales se le reanudaran los plazos para contestar agravios.	Debe destacarse que el proveído de fs. 365 de fecha 9 de abril de 2014 no tuvo capacidad impulsoria del proceso, pues sabido es que "No son actos interruptivos de la perención las diligencias o actuaciones que no la sacan del estancamiento en que está sumida, que no sirven para que el proceso se dinamice" (CNCiv, Sala D, 24/5/68, L.L., 134-1038, 20.034-S; conf. Loutayf Ranea, Roberto - Ovejero López, Julio C., "Caducidad de la instancia", Astrea, 1986, pág. 97). Al respecto cabe recordar que para considerárselo interruptivo de la perención el acto deber producir ". un movimiento de avance del proceso en su desarrollo gradual y progresivo de acuerdo a las normas que lo instrumenta" (conf. Podetti, J. Ramiro: "Actos interruptivos de la perención", J.A., 1946, IV). Forzoso resulta entonces concluir que el proveído de fs. 365 que tuvo por agregadas cédulas de notificación ya diligenciadas careció de dicha virtualidad.	Por lo tanto, el diligenciamiento de las cédulas de fs. 359/364 de fecha 12 de marzo de 2014 es el último acto de impulso procesal del recurso, habiendo procedido la recurrente a solicitar la elevación de los autos el 18 de junio de 2014 (fs. 366), cuando ya se había cumplido el plazo de perención de tres meses (art. 310 inc. 2º del C.P.C.C).	Además, en el caso de autos, el incidentista planteó la caducidad de la segunda instancia a fs. 369, el 30 de Junio de 2014, sin consentir las actuaciones precedentes (v. fs. 367), por lo que es de aplicación el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial y, en consecuencia, la caducidad debe acogerse por no haberse operado la purga o subsanación (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1972, T. IV, pág. 233; CApelCC Salta, Sala III, fallo 1984, f° 33, CApelCC Salta, Sala I, Tomo 2014, AI fs. 44/45).	La jurisprudencia es conteste en que al fundamento de orden público de que la perención tiene por fin liberar a los órganos jurisdiccionales de la carga que implica mantener los procesos inertes se agrega el principio dispositivo del proceso, según el cual corresponde a las partes iniciar, estimular, activar, urgir, en una palabra "instar" y mantener con vida el proceso, o sea la instancia, para que la misma no se extinga por inactividad de las partes. En autos, el apelante no arbitró los medios conducentes a tal fin, ya que dejó transcurrir el tiempo de la perención sin cumplir actos procesales conducentes a la resolución de su apelación antes de que opere el plazo de perención. A ello cabe agregar que el expediente no se encontraba en situación de ser resuelto por esta Cámara, circunstancia advertida por el Tribunal a fs. 379, en tanto Sergio Napoleón Leavy no había sido notificado de la expresión de agravios.	Respecto a ello, jurisprudencialmente se ha dicho: "Pese a la disposición establecida en el art. 251 C.P.C.C. Salta, la obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada, también se encuentra a cargo del apelante. Conforme reiterada jurisprudencia es obligación de las partes urgir la elevación de los autos a la Alzada y la puesta de ellos en estado de dictar resolución. Por lo tanto, el apelante, si quiere evitar la perención de la instancia recursiva que ha abierto con su apelación, debe cumplir con todas las diligencias necesarias a tal fin" (CApelCC Salta, Sala I, Tomo 2014, I, fs. 138/140, entre otros).	En virtud de lo precedentemente considerado, se evidencia la presencia de todos los requerimientos para la declaración de caducidad de la instancia; es decir, el transcurso de los plazos legales con inactividad por parte del recurrente interesado y la falta de consentimiento del incidentista de actuaciones posteriores al cumplimiento de los plazos	En consecuencia, corresponde declarar la caducidad de la segunda instancia toda vez que, desde los últimos actos impulsorios (fs. 359/364) hasta la presentación de fs. 366, ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 310 inciso 2º del Código Procesal Civil y Comercial y, además, el incidentista no consintió los actos posteriores al vencimiento del plazo.	III. Que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, tanto del incidente de caducidad como de la instancia perimida conforme las previsiones de los arts. 67, 68 y 73 del C.P.C. y C.	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	_________________ RESUELVE:	I. HACER LUGAR al incidente de caducidad interpuesto a fs. 369 y en su mérito, DECLARAR la perención de la segunda instancia. Con Costas a la parte vencida, tanto del incidente de caducidad como de la instancia perimida (arts. 67, 68 y 73 del C.P.C. y C).	II. MANDAR se registre, notifique y bajen los autos.