marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, doctrina de la arbitrariedad, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vallejos Figueroa, Juan Alberto c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Si bien las cuestiones relativas a la prescripción de la acción penal resultan ajenas a la jurisdicción extraordinaria por versar esencialmente sobre temas de hecho y derecho procesal, propios de los jueces de la causa, cabe hacer excepción a ese principio cuando el pronunciamiento recurrido carece de fundamentación suficiente y no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en el caso, todo ello incompatible con un acto jurisdiccional válido de acuerdo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, toda vez que los Sentenciantes -por mayoría- desestimaron la solicitud de prescripción del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil por la que, en su oportunidad, fuera condenado el imputado, con base en considerar que la sentencia condenatoria había adquirido parcialmente firmeza, toda vez que la recurrente no había formulado agravios concretos en instancia ordinaria y extraordinaria en relación al mismo, y por tanto, no resultaba procedente tal pedido extintivo de la acción penal. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri y Dra. Gastaldi) CSJN: Fallos 298:21; 300:712; 305:373; 325:1731 y 327:2273.
Contienda negativa de competencia, divorcio, hogar conyugal, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: O., C. c/ R., N. D. s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-04

En razón de que la demanda que aquí nos ocupa (desalojo del inmueble que fue sede del hogar conyugal hasta la disolución del vínculo matrimonial) reconoce su causa en el divorcio vincular que tramitó ante el Tribunal de Familia referido, en cuyo marco se celebró el convenio cuyo alegado incumplimiento motivó el inicio de estas actuaciones, resulta clara la aplicación de lo dispuesto en el artículo artículo 5, inciso i), del Código Procesal Civil y Comercial provincial, que le asigna al juez del principal la competencia para conocer de todos sus incidentes, del cobro de las costas, del cumplimiento de la transacción, de la ejecución de la sentencia, del recurso de rescisión, de las demandas por repetición y del cumplimiento de las obligaciones otorgadas en garantía o emergentes de la evicción o nacidas con motivo del proceso; correspondiendo por tanto disponer que siga entendiendo en la causa el Tribunal Colegiado de Familia.
Quiebra, gastos del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Schreder, Paula Elena  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Es que la norma citada contempla dos supuestos: el primero de ello, cuando luego de la liquidación concursal, los fondos distribuidos alcanzan a cubrir los gastos del concurso y los créditos del fallido; y el segundo, cuando todos los acreedores dan carta de pago y se satisfacen los gastos íntegros del concurso (Escuti, Ignacio A. y Junyent Bas, Francisco, "Derecho Concursal", Buenos Aires, 2006, p. 488).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, derivación razonada del derecho vigente, proceso penal, encuadre legal, facultades del juez, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Villegas, Sergio Omar c/  s/ homicidio calificado criminis causa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La compareciente se limita a reiterar su planteo de que en el caso no se probó el dolo homicida ni la conexión ideológica requerida, y a imponer su propia postura -esto es, el encuadre legal del hecho en la figura legal prevista en el artículo 165 del Código Penal-, mas no logra con ello delinear un supuesto de arbitrariedad que imponga la apertura de esta instancia extraordinaria, en tanto, como se señaló, del análisis de la resolución recurrida surge que los Judicantes ensayaron una argumentación suficiente en respaldo de su conclusión; advirtiéndose, de tal modo, que los reproches defensivos se relacionan, en definitiva, con la ponderación de los elementos probatorios que efectuaran los Magistrados a los fines de determinar la subsunción típica de la conducta atribuida al encartado; y sabido es que las cuestiones vinculadas a la calificación legal de los hechos materia del proceso no constituyen cuestión constitucional alguna, salvo supuestos de arbitrariedad, los que no se demuestran en la especie, en tanto la calificación escogida por los Magistrados se encuentra fundada en las constancias de la causa y en las normas aplicables, con argumentos que se compartan o no, en modo alguno alcanzan a ser rebatidos por la quejosa desde la óptica constitucional, al no acreditar que la fundamentación esbozada no resulte derivación razonada del derecho vigente.
Quiebra, gravamen irreparable, secreto fiscal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Imperio Alonso SA  c/  s/ quiebra s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

Ello por cuanto, con prescindencia de lo que se decida respecto del fondo de la cuestión, la resolución recurrida podría causar un agravio de insusceptible reparación ulterior, pues involucra cuestiones inherentes al secreto fiscal impuesto por la ley 11683 (CNCom, Sala B, "Editorial y Distribuidora Lumen SRL s/ quiebra s/ recurso de queja" del 10/11/23).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, incongruencia, inundación, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En relación al primero de los agravios constitucionales esbozados, en el que los impugnantes atribuyen al pronunciamiento arbitrariedad por autocontradicción -sosteniendo que la Provincia resultó condenada por actos ilícitos en los que el A quo consideró que los dependientes de la misma acusados y condenados no poseían responsabilidad-, es dable advertir que el Tribunal de alzada, en primer término, destacó que la responsabilidad atribuida en el decisorio se asentó en no haber realizado un manejo adecuado de la información de la que disponían en torno al hecho dañoso, concluyendo que el procesamiento correcto de los datos con los que contaban hubiera permitido adoptar las medidas que las circunstancias aconsejaban en orden a la evacuación de la población, como así también hubiese posibilitado que el cerramiento provisorio de la brecha existente en la zona oeste de la ciudad hubiera sido exitoso. Así, destacaron que el Magistrado inferior explicó claramente las omisiones en las que incurrieron los funcionarios imputados, diferenciando las obligaciones que estaban a cargo de los encartados, de aquellas que eran ajenas a su competencia (finalización de las obras de defensa), por las que se encontraron exentos; y además resaltaron que la sentencia revisada consideró que ante la certeza del fracaso de las medidas de cerramiento emprendidas por vialidad provincial, teniendo fehaciente conocimiento de las características del terreno sobre el que se derramaría la masa hídrica y habiendo previsto la magnitud de la inundación, la conducta debida en el caso por el tercero civilmente demandado era evacuar a la población y proponer medidas para mitigar los daños, concretamente, abrir brechas en las obras originariamente destinadas a contener el ingreso de agua, para permitir el escurrimiento de la misma, acciones éstas que fueron emprendidas en forma tardía y en modo defectuoso, y otras no fueron realizadas (evacuación), conclusiones avaladas por la pericia hídrica y testimoniales. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Acosta)
Aplicación analógica de la ley, vacío legal, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: P. P., A. y otro c/ W. (C- D. I. B. A. S.A.) s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

Para aplicar la analogía el doble análisis referido debe dar un resultado favorable o positivo, y sólo cuando las dos situaciones son materialmente asimilables sin forzamientos o torsiones indebidas y, a la vez, no existen normas específicas que traten la cuestión, es legítimo recurrir a la analogía. La aplicación de una disposición legal por analogía requiere de la existencia de un silencio, vacío o laguna legislativa, pero el uso de este mecanismo no puede transformarse en la elección de una normativa a piacere o ad gustum por parte del juez.
Diferencias salariales, remuneraciones accesorias, viáticos
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Romero, Claudio Daniel y otro  c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

El art. 51 bis del CCT 201/92 prevé el rubro "compensación mensual por viáticos", esto es el pago de una suma mensual con apoyo en lo dispuesto por el art. 106 LCT de carácter no remuneratorio, sin establecer la necesidad de acreditación mediante comprobante. El hecho de que un convenio colectivo de trabajo denomine "viático" a una suma fija no sujeta a comprobante de gastos y determine que esas sumas "tendrán carácter no remuneratorio" no es suficiente para excluirla del concepto genérico de remuneración (art. 103 LCT), ya que de acuerdo con el Fallo Plenario "Aiello c/ Transportes Automotores Chevallier" la autorización contenida en la última parte del art. 106 LCT no está referida a cualquier "ítem" sino que debe tratarse efectivamente de pagos referidos a gastos que se encuentren a cargo del empleador, es decir no se habilita al convenio a llamar a cualquier suma viáticos sino que permite al empleador eximirse de exigir rendición de cuentas al trabajador por los gastos realizados, pero de todas maneras los gastos deben existir. Por lo tanto cabe concluir que los importes acordados convencionalmente en concepto de "compensación mensual por viáticos" constituyen una ganancia que perciben los trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y por lo tanto corresponde incluirlas en la base salarial de los trabajadores.
Prescripción de la acción penal, delito culposo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Resulta sustentable la hipótesis de producción del acabamiento de la acción penal pública y puede reconducirse -entre otras posibilidades- por vía del instituto de la prescripción, pese a entender el suscripto que no implica una analogía in malam parte la extensión de los efectos a todos los imputados por el hecho culposo, desde que el efecto se concreta a partir del concepto de partícipes empleados en la norma penal, e independientemente de no resultar prácticamente concebible la idea de participación en los delitos culposos, su tenor literal se orienta más hacia el ex post del pragma conflictivo, que hacia el ex ante. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Acosta) Código Penal, artículo 67, segundo párrafo
Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ley federal de educación, educación presencial, educación a distancia, fuerza mayor, control de razonabilidad, constitucionalidad, facultades del Poder Legislativo, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: F., M. T.; C., G. H. c/  s/ MPF impugna absolución
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2024-08-22

El mandato legal de asistencia presencial que impone la ley nacional de educación No 26.206 a quienes residen en territorio argentino y que sólo excepcionalmente admite la modalidad a distancia para menores de edad sobre la base de razones de fuerza mayor, fue ratificado por la ley Bases No 27.742 que no habilitó la virtualidad educativa manteniendo la plena vigencia de aquélla a través de su artículo 109, reglamentación que debió haber sido declarada irrazonable e inconstitucional -artículo 28 de la Constitución Nacional-, por el juez que se negó a aplicarla y absolvió a los padres que habían sido sancionados por incumplimiento de sus obligaciones y descuido en la educación de su hijo a quien durante tres años consecutivos no llevaron a la escuela primaria pretendiendo suplantarla por un homeschooling.
Despido, denuncia del embarazo, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Díaz Benítez, Edid Noelia  c/ First Clean S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La protección de la trabajadora embarazada cobra operatividad a partir de que ésta, comunica fehacientemente a su empleador su estado de gestación o su maternidad a fin de que éste adquiera conocimiento efectivo de ese estado. La garantía no deriva de la comunicación misma ni del conocimiento que se hubiera generado en el empleador sino que se origina únicamente, cuando existe un estado de embarazo, o una situación de maternidad en la que dicha comunicación puede haberse sustentado. De no ser así, bastaría que la trabajadora efectuara una comunicación basada en una simple presunción personal de embarazo para que se generara una protección que la norma internacional y el derecho interno sólo aseguran a la mujer que efectivamente se encuentre en ese estado. Y dado que la trabajadora se limitó a comunicar un supuesto estado de embarazo, pero no acompañó certificación médica alguna del estado de embarazo, ni una historia clínica que permitiera tomar conocimiento de la real existencia de ese estado conocimiento de la real existencia de ese estado o su eventual cesación por parto o aborto, ni acompañó una partida de nacimiento, ello obsta a posibilidad de que se considere la garantía que la norma internacional y la LCT consagran en favor de la mujer embarazada o que ha sido madre, por lo cual debe desestimarse las pretensiones resarcitorias basadas en el art. 182 LCT y en la ley 23.592 (discriminación). (Del voto del Dr. Sudera, en minoría).
Despido, remuneraciones accesorias, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Terrado, Julio Fernando  c/ Securitas Buenos Aires, S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Toda vez que el actor era un empleado ejecutivo a quien la adjudicación del vehículo le evitó la realización del gasto respectivo, importó para él una ventaja patrimonial que debe considerarse contraprestación salarial. En esta línea, y si bien la ex empleadora demandada no suministró el detalle de los gastos realizados en concepto de uso de automóvil, y no ha sido demostrado que el uso se circunscribiera exclusivamente al ámbito laboral, y en tanto en función de la jerarquía del accionante tales prestaciones se encuentran incorporadas al estilo de vida de las personas bajo empleo -en este rango de autoridad- tal modalidad importó efectivamente un beneficio patrimonial para el actor.
Confirmación de sentencia, despido, igual remuneración por igual tarea
Materia: LABORAL
Carátula: González Martín, c/ Exxonmobil Business Support Center Argentina SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-18

La empleadora no acreditó que la diferencia comprobada que surge del informe contable, entre la remuneración que percibía el actor y la que le era abonada a otros compañeros de trabajo que realizaban la misma tarea obedezca a factores objetivos -tal como dispone el art. 81 LCT- y que eventualmente hubieran permitido admitir ese trato diferencial. La existencia de un trato diferencial se ha dado con el actor, sin que la demandada hubiera logrado demostrar razones valederas que justifiquen la divergencia entre lo dependientes. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto hizo lugar al reclamo del actor. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría).
Confirmación de sentencia, participación en las ganancias, prescripción, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Albariño, Jorge Alberto y otro  c/ Terminal 4 S.A. y otro s/ otros reclamos Part. Accionariado Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Los actores eran trabajadores subordinados de la Administración General de Puertos que fueron transferidos a la Terminal 4. S.A. Procuran el reconocimiento expreso de su derecho a participar del Programa de Propiedad Participante "PPP" de las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires, entrega de acciones correspondientes a dicho plan, capital accionario y bonos de participación en las ganancias. Viabilizado que fue el reconocimiento del derecho a acceder a los bonos de participación en las ganancias, se agravian las demandadas. Cabe destacar que la Resolución N° 566/01 establece el plazo prescriptivo, y por su intermedio se dispuso la aprobación provisional del listado de distribución de acciones correspondientes. La inactividad incurrida en el desarrollo del programa que motoriza el reclamo de los actores impide, ante la claridad de la norma, achacarles a los mismos el paso del tiempo, toda vez que el aletargamiento en la observancia de efectivizar el PPP no constituyó sino el fruto de la esquiva tesitura de las demandadas. Cabe destacar que el instituto de la prescripción liberatoria debe ser examinado con prudencia y de modo restrictivo, y favorecer la conservación de los derechos, aún más rigurosamente en la órbita del derecho del trabajo atento las directrices tutelares que lo caracterizan. Así entonces la acción deducida gozaba de absoluto vigor a la época en que fue entablada la demanda inaugural del pleito respecto de las acreencias perseguidas. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Daños y perjuicios, taxistas, infracciones de tránsito, responsabilidad directa
Materia: CIVIL
Carátula: C. G. E. c/ P. P., D. M. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-13

En el caso, la puerta no se presenta como una cosa riesgosa o viciosa, sino como un mero instrumento al servicio del accionar de quien la abrió, por lo que cabe descartar la aplicación de la teoría del riesgo y, en consecuencia, subsumir la causa en el art. 1749 del Código Civil y Comercial, el cual determina que determina que es responsable directo quien ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, vicio de irrazonabilidad, prescripción de la acción penal, cargo público
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La recurrente cuestiona sustancialmente la extensión de la causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, afirmando que habiendo su defendido cesado en el ejercicio del cargo público en el año 2003, con arbitrariedad se le extendió in malam partem la causal de suspensión de la prescripción de la acción penal por razón de quienes -consideró la Alzada- sí habrían ostentado un cargo público por la circunstancia de haber participado en el suceso de la inundación del 2003, reprochado penalmente como estrago culposo, asimilando cargo público a todo empleo estatal, con descontextualización de las constancias de la causa y sin meritar la concreta posibilidad de influencia en la persecución penal; y al respecto, es doctrina de esta Corte que a los fines de la aplicabilidad de la causal suspensiva, no basta la mera afirmación de un cargo o de tareas desarrolladas por los encartados en un organismo del estado provincial para subsumir ese presupuesto de hecho en la exigencia mencionada, pues cuando el dispositivo legal alude a cargo público no se refiere a cualquier empleo estatal sino al funcionario con jerarquía (o proximidad al ejercicio de la acción) suficiente como para sospechar que pueda emplear su autoridad o influencia para perjudicar la persecución penal; y echa de verse que el decisorio impugnado pretende sustentar una comunicabilidad de la suspensión para el justiciable respecto de una participación en un delito culposo extendiéndole la causal de una persona fallecida y de otra, que entendiera la Alzada desempeñara cargo público, cuando de las constancias surge que ésta última persona -antes de fallecer- se encontraba a cargo de una gerencia en un organismo descentralizado de la esfera estatal (ENRRES), sin meritarse en concreto en la resolución impugnada la posibilidad de incidir desde dicho cargo en la obstaculización de la persecución penal; cuestiones éstas de significativa trascendencia en orden a la doctrina y precedentes de esta Corte. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Spuler, Gutiérrez y Acosta) - CSJStaFe: AyS T 225, p 197; T 244, p 23; T 295, p 15; T 270, p 39.
Quiebra, crédito verificado, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Makianich, Lidia Noemi  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Ello así, pues el supuesto de autos no enmarca, estrictamente, en el caso de la LCQ 228, pues aquí no se pretende la conclusión por pago total en virtud de fondos derivados de la realización de bienes del fallido, sino del depósito que un tercero efectuó de ciertas sumas, imputándolas al pago de créditos verificados y costas del concurso, en moneda de quiebra.
Diferencias salariales, presunción de legitimidad, acto administrativo, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Romero, Claudio Daniel y otro  c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

La presunción de legalidad que emana de una norma convalidada por una acto administrativo, como es la homologación de un CCT o de un Acta acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva, debe ceder si se advierte en el caso particular la contradicción de aquél con la norma de máxima jerarquía como es la CN al oponerse a sus disposiciones, como así también, a lo normado por los Tratados Internacionales que revisten dicho rango.
Concesión errónea del recurso, pedido de quiebra, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Testa, María Laura le pide la quiebra Aval Madero S.A. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Cabe declarar mal concedido el recurso contra el decreto por el cual se rechazaron las explicaciones del accionado y se la intimó a depositar cierta suma de dinero bajo apercibimiento de decretarse la quiebra. La resolución atacada resulta inapelable, no sólo en virtud de la regla general de inapelabilidad vigente en materia concursal a partir de las directivas de la LCQ 273-3°, sino, debido a la existencia de recursos específicos para conjurar la eventual efectivización del apercibimiento (LCQ 94) o el posible rechazo del pedido de quiebra, en su caso, con lo que no se advierte que la decisión sea susceptible de causar gravamen irreparable.