Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Hitters, Laborde, Pettigiani, Pisano, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 56.205, "García, María Mercedes contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E D E C E N T E S I. La señora María Mercedes García, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social), solicitando la anulación de la resolución del Directorio de dicho ente 353.615 de fecha 9-IX-93 respecto de lo que dispone en sus arts. 5º y 6º, y de la resolución 364.333 del 7 de julio de 1994.

Ello en tanto declara extinguido el derecho pensionario derivado del fallecimiento de su cónyuge don Santiago Juan García Zeni, y se le formula cargo deudor por haberes percibidos ilegítimamente.

Pide, por consecuencia, se declare la nulidad de las referidas resoluciones. Con costas.

II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado que, a través de su representante legal, solicita el rechazo de la pretensión actora.

III. Agregadas las actuaciones administrativas -que consisten en las únicas pruebas ofrecidas por las partes- y los alegatos, hallándose la causa en estado de ser resuelta, corresponde plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundada la demanda? V O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. Señala la actora que con motivo del fallecimiento de su cónyuge don Santiago Juan García Zeni obtuvo el beneficio de pensión, a partir del año 1978.

Agrega que, a partir de 1984, inicio vida marital de hecho con don Eduardo Valimbri hasta la fecha de deceso de éste ocurrida el 29 de abril de 1992.

En tales circunstancias peticionó ante el Instituto de Previsión Social el beneficio de pensión a mérito de lo dispuesto por el art. 34 del dec. ley 9650, el cual, en virtud de igual petición formulada por la cónyuge supérstite, fue acordado en concurrencia.

Aclara que al otorgarse el beneficio antes referido, el organismo previsional declaró extinguido el derecho a pensión que venía percibiendo en su carácter de cónyuge supérstite del señor García Zeni por considerarla incursa en la causal de extinción prevista por el art. 59 inc. "b" del dec. ley 9650 y le formuló cargo deudor a partir del 15 de junio de 1984, a compensar con la retroactividad a percibir en la pensión de don Eduardo Valimbri y, además, afectando preventivamente el 20% del mismo beneficio pensionario.

Manifiesta que a partir del dictado de la ley 11.104 se suprimió la causal extintiva antes mencionada agregándose el derecho a rehabilitar la prestación previsional.

Destaca en tal sentido, tal como luce a fs. 8 de su escrito de demanda, que resulta "manifiesta la arbitrariedad de la decisión que se impugna, pues la rehabilitación de la prestación, sin duda se refiere a la preexistencia de un derecho gozado y luego extinguido por imperio de la ley, independientemente de la comunicación al Organismo Previsional que se hubiere realizado.

En punto al cargo deudor destaca que sólo resulta posible efectuarlo de la prestación que lo origina por lo que resulta ilegítima la posición del organismo previsional de realizarlo sobre la nueva prestación.

II. La Fiscalía de Estado, por su parte, sostiene la legitimidad de la caducidad del beneficio pensionario derivado del fallecimiento del señor García Zeni, atento que al realizar nueva vida marital de hecho regía el art. 59 del dec. ley 9650 que establecía tal solución para casos como el de autos.

En punto a la rehabilitación de pensión afirma que la misma tiene carácter excepcional otorgándose cuando se ha denunciado ante el Instituto de Previsión Social el nuevo estado, lo que no se configura en la especie dado que la ausencia de denuncia de ello resulta relevante para la concesión de la rehabilitación.

A todo evento, puntualiza que la rehabilitación de pensión sólo correspondería otorgarla desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 11.104 (es decir, desde el 7-VIII-91).

III. De las constancias agregadas a la causa surgen los siguientes datos relevantes para su solución:

a) La señora María Mercedes García obtuvo, a partir del 29 de mayo de 1978, el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su cónyuge don Santiago Juan García Zeni, conforme resolución 225.856 del 21 de agosto de 1978.

b) En fecha 30 de junio de 1992 peticionó ante el Instituto de Previsión Social el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su conviviente don Eduardo Jorge Valimbri.

Habiéndose acreditado la relación concubinaria el beneficio fue otorgado en concurrencia con la cónyuge supérstite de este último a partir del 30 de abril de 1992 mediante resolución 353.615.

c) Sin embargo, en atención a la circunstancia de haber iniciado vida marital de hecho (lo que le permitió acceder a la pensión derivada de la muerte del señor Valimbri), la autoridad administrativa entendió que se había extinguido por imperio de lo normado por el art. 59 inc. b) del dec. ley 9650, no procediendo la rehabilitación de pensión ante la denuncia de la situación de hecho ante el ente previsional.

Así lo decidió mediante la resolución antes citada que, como quedó visto, le acordó el beneficio en partes iguales con la cónyuge del señor Valimbri y declaró extinguido el beneficio que antes gozaba formulándole cargo deudor por las sumas ilegítimamente percibidas.

IV. 1. A fin de resolver la cuestión planteada corresponde recordar que la ley 8587 -vigente a la fecha de discernirse el derecho pensionario de la actora- sancionaba con la pérdida a la viuda que realizare nueva vida marital de hecho (inc. b del art. 86).

Posteriormente, al dictarse el dec. ley 9650, que sustituyó para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social el régimen aplicable, se incorporó además de la causal de extinción antes expuesta del derecho pensionario para el cónyuge supérstite, el hecho de que éste contrajera nuevas nupcias (conf. art. 59 inc. b), dec. ley cit.).

2. Constituye un principio invariablemente sostenido por este Tribunal, que el otorgamiento del beneficio pensionario se rige por la ley vigente a la fecha de fallecimiento del causante ("Acuerdos y Sentencias", 1982-III- 591; 1977-I-1236; causas B. 47.775, en D.J.B.A., t. 110, p. 469; B. 50.496, sent. del 12-XII-89, -entre muchas-), el cual se encuentra también consagrado por las propias leyes previsionales.

Más dicho principio sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho a pensión.

Cuando, por el contrario, se trata de establecer cuál es el régimen jurídico que rige la subsistencia de dicho beneficio cabe atenerse, en principio, al sistema establecido en el art. 3º del Código Civil según el cual las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, en tanto no afecten derechos amparados por garantías constitucionales (conc. doct. causa B. 52.061, "Marchesi", sent. 4-VIII-92).

Ello así, desde que las situaciones jurídicas ocurridas con posterioridad a la vigencia de la nueva ley deben ser reguladas por ella en todos sus aspectos. Los hechos in fieri, o en curso de desarrollo son alcanzados por el nuevo régimen, por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior y por tanto, cuando se aplica la nueva ley no se incurre en retroactividad (conc. Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Parte General", p. 141).

De lo contrario, es decir, si se pretendiera aplicar la ley derogada para regir la subsistencia del beneficio pensionario ya concedido, se estaría consagrando la ultraactividad de la ley previsional, principio éste que no tiene sustento en disposición alguna de nuestro régimen positivo.

Conforme con ello, y recordando que la actora inició vida marital de hecho bajo la vigencia del dec. ley 9650, que preveía como causal de extinción del beneficio pensionario aquella circunstancia para la cónyuge supérstite, desde que el mismo tuvo lugar en el año 1984, no cabe duda que el Instituto de Previsión Social pudo disponer la baja del beneficio acordado.

V. 1. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, en el año 1991 se sancionó la ley 11.104. Dicha norma mantuvo la extinción del derecho pensionario para la madre o padre viudos, las hijas viudas y para los beneficiarios cuyo derecho a pensión dependiere de que fueren solteros, desde que contrajeren matrimonio o hiciere vida marital de hecho, es decir, para los beneficiarios que detallaba el dec. ley 9650, con exclusión del cónyuge supérstite.

A partir de la sanción de la ley 11.104 aquél mantiene el beneficio adquirido con prescindencia de que se mantenga en estado o no de viudez o que haya efectuado o no la denuncia de su matrimonio ante la Caja.

Sin duda, en el régimen del dec. ley 9650 la nueva vida marital de hecho ocasionaba la extinción del beneficio pero, no obstante ello y de acuerdo a lo antes señalado acerca de la subsistencia de aquél, no se advierte la razonabilidad de la denegatoria del Instituto de Previsión Social de rehabilitar el beneficio de pensión de la actora.

La ausencia de denuncia de la relación concubinaria (o matrimonial) no se hallaba establecida como requisito para obtener la eventual rehabilitación si cesaban las circunstancias que originaron su extinción, pues, precisamente, la rehabilitación de los beneficios de pasividad extinguidos no se hallaba regulada en el citado texto legal.

2. Sentado ello, si la autoridad administrativa dejó sin efecto el beneficio pensionario sobre la base de lo normado por el art. 59 inc. b) del dec. ley 9650, no puede negarse sin más a rehabilitarlo apoyándose en la ausencia de denuncia de la situación de hecho (conf. art. 1, ley 11.104) cuando la modificación legislativa suprimió como causal de extinción para la viuda el nuevo matrimonio o la relación marital de hecho.

Y, si bien la norma no se refiere especificamente a la viuda, resultaría contrario al espíritu de la norma impedir la rehabilitación del beneficio cuando el régimen legal no sanciona con extinción la situación de hecho de la actora.

VI. Conforme a las consideraciones antes expuestas considero que debe acogerse la pretensión actora en punto a obtener la rehabilitación del beneficio pensionario, la que, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 11.104, corresponde desde la fecha de su solicitud ante el Instituto de Previsión Social.

Sin embargo, atento que la accionante peticionó en la instancia previa la rehabilitación de referencia y mantuvo en esta sede igual pretensión, las especiales circunstancias de la causa y razones de economía procesal aconsejan tener por idóneo dicho reclamo y disponer que la accionada efectivice la rehabilitación de la pensión otorgada oportunamente a la señora García, desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 11.104.

VII. Ahora bien, en lo referente al cargo deudor que se dispuso respecto de los haberes de la actora, el mismo debe ser confirmado conforme a las siguientes pautas: a) Si como quedó visto la extinción del beneficio pensionario se fundó en lo previsto por el art. 59 inc. b) del dec. ley 9650, los haberes percibidos desde el 15 de junio de 1984 -fecha en la cual la actora inició la relación concubinaria con el señor Valimbri- y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 11.104 (agosto de 1991) deben ser necesariamente descontados.

b) El cargo deudor deberá deducirse exclusivamente del beneficio cuya rehabilitación se ordena, en el porcentaje legal, para el supuesto que el mismo no haya quedado saldado con las retroactividades derivadas del otorgamiento de la pensión coparticipada, tal como surge de la resolución 353.615 (art. 6).

VIII. Por todo lo expuesto se hace lugar parcialmente a la demanda, anulando las resoluciones administrativas impugnadas y condenando al Instituto de Previsión Social a otorgar a la actora la rehabilitación del beneficio de pensión móvil derivado del fallecimiento de su cónyuge que le fuera concedido por resolución 225.856, a partir de la entrada en vigencia de la ley 11.104.

Ello implica, asimismo, condenar a la accionada a abonar a la actora los importes adeudados por tal concepto desde que cada mensualidad se devengó, con intereses, los que deberán ser liquidados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (arts. 8, ley 23.928; 622, 623, C.C.; causas Ac. 43.448, "Cuadern" y Ac. 43.858, "Zgonc", ambas sents. 21-V-91; B. 52.676, "Merión" y B. 49.245, "Edificadora Maral", ambas res. del 5-V-92).

Del importe que resulte de la liquidación que con tales pautas se practique deberá descontarse la suma indebidamente percibida durante el lapso antes mencionado, (si la misma no hubiese quedado saldada con las retroactividades derivadas del beneficio otorgado por el fallecimiento del señor Valimbri) y, en caso de quedar suma líquida a percibir por la actora en concepto de retroactividad, la misma deberá abonarse dentro de los sesenta días (arts. 163, Const. prov.).

Si aún existiese alguna suma de dinero reintegrable al Instituto de Previsión Social, ésta deberá ser deducida en el porcentaje legal con los haberes a percibir mensualmente.

Así lo voto. Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.).

Los señores jueces doctores Hitters, Laborde, Pettigiani y Pisano, por los fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente a la demanda, condenándose al Instituto de Previsión Social a otorgar a la actora la rehabilitación del beneficio pensionario derivado del fallecimiento de su cónyuge a partir de la entrada en vigencia de la ley 11.104, y a abonarle los importes adeudados por tal concepto, con las deducciones señaladas en punto a la efectivización del cargo deudor.

Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.).

Difiérese la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51, ley 8904).

Regístrese y notifíquese.