Jubilaciones, jubilación por invalidez, determinación de la incapacidad, prueba pericial, medidas para mejor proveer, ampliación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Farías Oscar Cipriano c/ Caja de jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-10

1- Si bien es cierto que el ejercicio de la facultad conferida por el art. 279 del C.P.C., se vincula a una atribución potestativa del Tribunal de juicio no controlable en casación salvo arbitrariedad, ésta se configura cuando la descalificación por insuficiente de la pericia judicial, se asienta en una valoración fragmentada de los elementos de juicio incorporados al proceso. Si de los antecedentes obrantes en la causa, permiten razonablemente establecer un parámetro común a todos los exámenes médicos realizados al actor, no obstante no mediar absoluta coincidencia entre las patologías diagnosticadas por los distintos profesionales actuantes, el denominador común revela con grado de certeza que el actor padecía, al momento de celebrarse las juntas médicas de la Caja, patologías atinentes tanto al aparato gástrico cuando a la estructura raquídea, discrepando los profesionales intervinientes en el porcentaje o grado de incapacidad invalidante a los efectos previsionales.

2- La existencia de una duda razonable en torno al grado de incapacidad que portaba el actor al momento de realizarse las Juntas Médicas, sumado a la falta de discriminación del grado de incapacidad respecto a cada una de las patologías diagnosticadas, no permitieron al Juzgador asirse de elementos neutralizantes de la opinión técnica vertida por los facultativos de la Caja de Jubilaciones.

Por ello, el imperativo constitucional prescripto por el artículo 155 de la Constitución Provincial de resolver las causas "con fundamentación lógica y legal", aconsejaba por atendibles razones de justicia, equidad y economía procesal, que el Tribunal pusiera en acto la potestad conferida por el artículo 279 del C.P.C., aplicable por remisión del artículo 13 de la Ley 7182, y así solicitar la ampliación del informe pericial a fin de determinar con el mayor grado de certeza asequible, la verdad objetiva susceptible de ser judicialmente declarada en orden a los puntos controvertidos de la litis que no pudieron ser dilucidados con la primera presentación efectuada por los expertos intervinientes en sede judicial.

3- Es recién a partir de la sentencia del Tribunal que hace mérito de la incapacidad laborativa determinada en las actuaciones judiciales, que adquiere certeza jurídica necesaria la fecha y el grado de incapacidad laborativa al que se encuentra condicionado el otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez que reglan el artículo 24 y siguientes de la Ley 8024 y su Decreto Reglamentario.

Por ello, la pretensión esgrimida tendiente al pago de los haberes jubilatorios, deberá ser admitida sólo a partir de la fecha del decisorio judicial.

Ello obedece a los principios plasmados en el sistema contencioso administrativo establecido en el C.P.C.A. -Ley 7182-, que a diferencia de su antecesor C.P.C.A. -Ley 3897- ha roto con los rígidos moldes del contencioso administrativo referido exclusivamente al acto administrativo, estableciendo un verdadero proceso, en el que la materia de la acción ante la justicia es la pretensión que se deduzca en relación con los actos de la Administración Pública y no solamente respecto de éstos últimos.

Esto significa entonces que de un proceso contencioso-administrativo "objetivo" entendido como un proceso "al acto", se pasa a un proceso "subjetivo" donde se atiende a las "pretensiones" deducidas "contra el acto", lo que significa que el control judicial de la Administración está dirigido a la protección de los derechos e intereses de los particulares enfrentados a las potestades de la Administración.