Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-19


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 19 de 2010.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Corti dijo:

I. A fs. 1/19 se presenta Hernán Liberman e interpone demanda contra la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de impugnar la resolución 204/MHGC/2004 del 10/05/06, recaída en el expediente Nº 79384-205, mediante la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra el rechazo del recurso de reconsideración articulado respecto del acto que le denegó el pedido de liberación de la carga de depositar el impuesto de sellos debido por el acto escriturario Nº 17 de su registro.

Relató que el 19/01/2005, en su carácter de escribano, otorgó la escritura de compraventa Nº 17 por el importe de U$S 450.000, reteniendo la suma de U$S 11.250 en concepto de impuestos de sellos. Luego, al encontrarse en un local de comidas en Avda. Del Libertador y Bulnes fue objeto de un robo a mano armada en el que le sacaron su maletín con el testimonio de escritura y el importe retenido.

Por entender que tal circunstancia constituía un caso fortuito o fuerza mayor, que lo relevaba de su obligación de ingresar la suma correspondiente el impuesto retenido, solicitó ante la DGR una constancia que lo liberara de dicha carga. Su petición fue rechazada por la Dirección General de Rentas y por el Ministerio de Hacienda de la Ciudad, siendo esas decisiones las que impugna en la presente demanda.

II. A fs. 172/174 se rechazó la medida cautelar peticionada.

III. A fs. 196/212 se presentó el GCBA y contestó la demanda.

Manifestó que los agentes de retención son sujetos de recaudación creados por la ley, que en atención a la particular actividad o profesión que desarrollan están obligados a asistir al Fisco en la recepción de los tributos. Que en ese carácter tienen la carga pública de retener el tributo que no le es propio sino que corresponde a las áreas del Fisco, a la vez que deben depositarlas dentro de los 15 días siguientes a la retención (conf. art. 86 del Código fiscal). Que en consecuencia, la actuación del agente no culmina con la retención sino que tiene la obligación y el mandato legal de ingresar la totalidad de las sumas retenidas a la orbita del Fisco dentro de un plazo determinado. Que en ese sentido, el art. 17 del Código Fiscal, establece la obligación de responder con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo cuando omiten ingresar al Fisco, las sumas retenidas.

Por otra parte, aclaró que el supuesto de liberación de responsabilidad propuesto por el actor no está previsto en el código fiscal.

IV. El juez de primera instancia resolvió rechazar la demanda interpuesta (ver fs. 296/299). Para así decidir consideró, que de conformidad con lo previsto en los arts. 344 y 14 incs. 3 y 6 del código fiscal 2005, el escribano debía retener y luego pagar el impuesto, y sólo se liberaba una vez ingresada la suma correspondiente al fisco.

Con respecto al eximente de responsabilidad invocado (caso fortuito o fuerza mayor), estimó que el robo a mano armada no resultaba imprevisible y que no se había arrimado prueba concluyente referida a que el dinero retenido se encontrara en el maletín que le fue robado, por lo que no se había demostrado la ilegitimidad de la resolución Nº 204/MHGC/2006.

V. A fs. 300 interpone recurso de apelación el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada son bajos.

A fs. 302 interpone recurso de apelación la parte actora, expresando agravios a fs. 316/328. Al respecto, cabe señalar que esta parte funda su apelación reiterando los argumentos desarrollados en su escrito de inicio referidos a que en el caso se presentaba un caso fortuito que lo eximía de responsabilidad y que es inexacto que su obrar haya sido negligente.

A fs. 344/345 la Sra. Fiscal ante la Cámara de Apelaciones emite su opinión aconsejando el rechazo del recurso interpuesto por entender que en su expresión de agravios el recurrente no logra desarrollar argumentos que critiquen los fundamentos expuestos por el magistrado del grado, limitándose a efectuar una transcripción casi total de su escrito de inicio (conf. 5/13 y 317/327), sin demostrar el error del sentenciante.

A fs. 361/372 el Gobierno contesta agravios, solicitando que se declare desierto el recurso por no cumplir con lo previsto por el art. 236 del CCAyT.

Por último, a fs. 374 se elevan estos autos al acuerdo de Sala dispuesto a fs. 360.

VI. Ante todo debo señalar, como lo hizo esta Sala en reiteradas oportunidades, que para que exista "crítica" en el sentido exigido por el artículo 236 CCAyT, se requiere inevitablemente que exista una observación clara y explícita de los fundamentos contenidos en la decisión apelada.

En efecto, deben señalarse en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivocadas, y demostrarse su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante (esta Sala, in re "Schnidrig, Aldo Raúl c/GCBA s/Amparo"; "Sturba, Griselda c/GCBA s/Amparo", entre otros antecedentes).

En relación con su naturaleza jurídica, señalan Fenochietto-Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1993, tº 1, p. 939, º 1; con cita de Carnelutti, Sistema, III, p. 639) que la expresión de agravios "tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado [..] sin ella en nuestra legislación no hay juicio de apelación".

Los autores citados agregan que "el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja.", añadiendo luego que "[e]l contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de lo hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas" (ob. cit., p. 940/1, º 2, "b"; esta Sala, in re "Mossuto, María Cecilia c/G.C.B.A. y otros s/otros procesos incidentales", EXP nº 11319/1).

Se comprende, de tal modo, el criterio jurisprudencial conforme al cual "Si en el memorial de agravios sólo se hace una afirmación genérica que no importa una crítica razonada y concreta de las conclusiones de la sentencia ni se puntualizan los errores en que hubiere podido incurrir, debe tenerse por firme el fallo apelado." (C.S.J.N., 7/4/67, LA LEY, 127-581).

Aplicado a la especie el marco conceptual reseñado, se advierte que el actor apelante se ha limitado a transcribir casi de forma total su escrito de inicio, efectuando meras manifestaciones que no revisten otra entidad más que la expresión subjetiva de disconformidad con lo decidido en la instancia de grado, sin señalar en qué radica la falencia, error u omisión del decisorio, y en su caso, que sustento halla su postura.

Por lo dicho hasta aquí y a la luz de los criterios expuestos al inicio de este considerando, estimo que corresponda declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor.

VII. Con respecto al recurso interpuesto por el Gobierno en cuanto a los honorarios regulados en la instancia anterior, cabe decir que ponderando el interés económico comprometido en la demanda, la naturaleza y complejidad de la causa, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional desarrollada -apreciada por su calidad, eficacia y extensión-, por resultar ajustado a derecho, corresponde confirmar el monto de los honorarios regulados en la instancia de grado a la Dra. K. V. S., por la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada (conf. arts. 6, 7, 9, 37, 38 y cctes., ley 21.839, modificada por ley 24.432).

VIII. Por las consideraciones que anteceden propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, se confirme la sentencia de primera instancia. Las costas de esta instancia, habrán de imponerse a la vencida, en razón de la forma en que se resuelve la presente controversia.

Los doctores Weinberg y Balbín por los fundamentos expuestos, adhieren al voto del Dr. Horacio G. Corti.

En mérito a las consideraciones expuestas, derecho aplicable al caso, doctrina y jurisprudencia citadas, y oída la Fiscalía de Cámara, el Tribunal resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia; II) En cuanto a las costas de esta instancia, habrán de imponerse a la vencida, en razón de la forma en que se resuelve la presente controversia.

Regístrese. Notifíquese a las partes y al Ministerio Público y oportunamente devuélvase.- Horacio G. Corti.- Inés M. Weinberg.- Carlos F. Balbín.