Regímenes jubilatorios especiales, empleados públicos, ley general, ley especial, aplicación supletoria de la ley, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ludueña de Miniki, Esther Elba c/ Provincia de Córdoba s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-10-23

La aplicación supletoria de un régimen estatutario de carácter general a los agentes amparados por un régimen legal especial, suscita distintas situaciones: a) que la ley especial excluya de modo expreso la aplicación o vigencia de normas que integran el régimen general; b) que la ley especial, aún cuando no excluya de manera expresa la aplicación de determinada norma que integra el régimen general, regle de modo particular sobre idéntica o similar materia a la contemplada en la normativa general: en ambos casos la controversia que se plantee debe resolverse igualmente por aplicación de la normativa especial que excluye de manera implícita la aplicación supletoria de la ley general; c) que la ley especial no excluya ni expresa ni implícitamente la aplicación de la ley general que no prevé de manera expresa la exclusión de todas o algunas de las normas del régimen general, tampoco regula de manera particular sobre una materia normada por el régimen general, no obstante lo cual existe una incompatibilidad intrínseca que surge de confrontar el régimen especial con el general.

En esta última hipótesis, la solución del caso deberá hallarse en observancia del régimen jurídico especial, salvo que la interpretación sistemática y armoniosa de ambos regímenes, no arroje un resultado que repugne a la naturaleza, contenido y finalidad que inspiró al legislador para sancionar un ordenamiento jurídico especial. El método de integración supletoria tiende a evitar por una parte que ante la sanción de una ley especial se torne necesario dictar un sistema completo de normas, reproduciendo sobreabundantemente el contenido de la legislación general, y por la otra, procura subsanar que las omisiones involuntarias contenidas en la legislación especial frustren el objetivo que la inspira. El mismo requiere de una correcta delimitación cuando se trata de normas estatutarias, por cuanto no es dable al intérprete incorporar por vía de aplicación supletoria aspectos no reglados en la legislación especial. Los regímenes estatutarios se estructuran sobre la base de un equilibrio ya que, a la vez que otorgan determinados beneficios acordes al sector de la actividad que se regula, simultáneamente imponen particulares restricciones. Al incorporar a los regímenes estatutarios especiales beneficios no otorgados por el legislador, incompatibles con la materia reglada y por vía de la interpretación supletoria, se estaría quebrando dicho equilibrio; además de crear una situación de desigualdad de los agentes sometidos a las normas generales con relación a aquellos sujetos a regímenes especiales, pues a los beneficios que en virtud de tal pertenencia les han sido acordados, se añadirían los reconocidos por la legislación común. Este resultado repugna a nuestro ordenamiento jurídico donde el principio de igualdad ante la ley (art. 16 Const. Nacional) veda la discriminación injustificada o irrazonable de trato, condicionando sustantivamente la actuación de la administración. efectiva en ocasión de la modificación de la situación de revista del trabajador -de la actividad a la pasividad-, opera como incentivo para aquellos agentes de la administra ción central que se encuentren en situación de gozar del beneficio jubilatorio, con el objeto de reducir el número de sus integrantes. No es posible sustituir la voluntad del legislador, fraccionando los regímenes generales y extendiendo sus beneficios a un sector de la administración -regímenes especiales- para el cual no fue instituido. La práctica legislativa ha demostrado que en otros regímenes especiales de la administración pública provincial, el legislador previó expresamente el otorgamiento de tal beneficio, incorporándolo en forma pormenorizada dentro de los derechos reconocidos a los agentes de cada sector, situación ésta que no se verifica en todos los casos y que configura un argumento coadyuvante para el rechazo de la pretensión esgrimida. El principio de igualdad no implica que en todos los casos se otorgue un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. Toda desigualdad no constituye necesar iamente una discriminación, siempre que la diferencia de tratamiento esté justificada legal y constitucionalmente y no sea desproporcionada con el fin que se persiga. En definitiva, la protección del derecho de igualdad, del derecho constitucional a la no discriminación se apoya en dos elementos que han de ser objeto de análisis: si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable, es decir si posee una justificación legal y constitucional suficiente; y si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persiguen.