marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tercerías, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, María T. s/ Tercería de dominio (en autos "Magnano, María I. c/ Albarracín,  Tomás s/ Escrituración")
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

Si bien es cierto que el art. 97 párrafo tercero del CPCC obliga al tercerista a abonar las costas que origine su presentación si ésta ha sido extemporánea -situación que se configura cuando ha deducido su demanda después de diez días que tuvo o debió tener conocimiento del embargo, o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería- no lo es menos que aquélla norma se refiere exclusivamente a los gastos causídicos producidos en los autos principales a posteriori que el tercerista se hallaba en condiciones de reclamar. Ello ocurre con relación a las costas del principal, no sucede lo mismo con las relativas a la tercería propiamente dicha, que se rige por los postulados generales establecidos por el ordenamiento procesal en materia de gastos causídicos.
Daño moral, fijación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Buschiazzo, Rubén Daniel s/ Demanda por Acción de Nulidad de Acto Administrativo    DañoMoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-12

Si bien la carga de la prueba del daño moral cae sobre la víctima, en el caso particular de las relaciones de empleo público induce a su presunción, cuando es causado por el ejercicio de la potestad administrativa disciplinaria, o se trata de agravios derivados de medidas ilegítimas adoptadas.
Leyes, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS c/ Perez Hugo Roberto y Otra s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-03

El Código Civil, en su art.1 sienta el principio fundamental de la autoridad de la Ley, ésta es obligatoria, debe cumplirse. Una vez publicada la norma entra en vigencia (art. 2), dejando sin efecto a toda ley anterior sobre la misma materia, en lo que se contradice.

Conforme lo preceptuado por el Código citado, las leyes a partir de su entrada en vigencia deben aplicarse con la máxima extensión. No sólo a los hechos y relaciones futuras sino también, a los nacidos al amparo de la ley anterior y que se encuentren en plena vigencia al dictarse la nueva ley (art. 3).

"En el sistema actual del Código Civil el efecto inmediato de la nuevas leyes surge del art. 3, aclarándose en el siguiente que se aplicarán "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".

"El sistema de efecto inmediato consiste en que la ley nueva toma la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron.

Principios que se han de considerar para la interpretación de las normas procesales en cuestión.

El art. 793 (ley 8037), que trata de la vigencia temporal del nuevo Código procesal en su párrafo 2, clara y expresamente establece que éste se aplicará a los juicios pendientes, salvo a los trámites, diligencias o plazos que hubieran tenido principio de ejecución o comenzado su trámite. A estos últimos, se les aplicarán las normas del Código procesal anterior (ley 3738).

Lo contrario implicaría retroactividad. Esto es si se aplicara a los efectos de situaciones o actuaciones en curso de desarrollo, prohibida por la legislación de fondo indicada precedentemente.

"El límite a la aplicación inmediata esta dado por los actor procesales ya cumplidos y que han quedado firmes al amparo de la legislación anterior, pues allí entra a juzgar principios tales como el derecho de preclusión o bien el de cosa juzgada".
Retiro militar, haber jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios, dispensa de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ, FELIX RAUL c/ LA NACION ( I.A.F. ) s/ COBRO DE HABER
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

El invocado desconocimiento por el actor de la irregular liquidación de sus haberes no basta, en orden a la índole subjetiva de la alegación, para tener por configurado el supuesto de impedimento temporal para el ejercicio de la acción que regula el art. 3980 del Código Civil.
Honorarios del arquitecto, renuncia anticipada, ley arancelaria
Materia: CIVIL
Carátula: FREYSSELINARD, FEDERICO JULIAN Y OTRO c/ CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO Y OTRO s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Se da en autos, una situación similar a la que contempló la Corte Suprema en la Causa "Ogallar Pablo Anibal c/Confederación General del Trabajo de la República Argentina", sentencia del 2.10.86, Fallos: 308:1884, en la que se puso de relieve como prueba "importante" y "esencial" la resolución del Consejo Directivo de la CGT, de fecha 4.2.75, que imponía a los profesionales el compromiso de que nada tendrían que reclamar por tareas realizadas (honorarios, lucro cesante, indemnización, etc.) si la operación, por la Causa que fuere, no llegara a concretarse. Corresponde puntualizar, como lo hizo la Sala I en la misma Causa "Ogallar c/CGT", del 19.12.86, que si bien los ordenamientos arancelarios cohíben la renuncia anticipada al cobro de los honorarios (art. 20, Decreto 6964/65 de la Provincia de Buenos Aires), la Corte ha interpretado que el condicionamiento del derecho del actor no importa una violación de las disposiciones de orden público contenidas en los respectivos aranceles, pues las normas locales que disciplinan la materia -sancionadas en la defensa de los intereses profesionales-no impide la celebración de convenios que permitan crear una suerte de comunidad de intereses entre el profesional y la asociación gremial, en tanto no produzca lesión a los fines tutelados por aquéllas disposiciones. Y en este sentido se agregó, como lo recordó el Doctor Pérez Delgado en la causa citada, que "la circunstancia de que el crédito del actor pudiera resultar aleatorio si no se concretaba el otorgamiento de los préstamos correspondientes, no pasa de ser una contigencia que, por haber sido libremente asumida, no pone de manifiesto menoscabo alguno a los derechos protegidos por el arancel, máxime cuando los servicios fueron prestados en favor de una asociación gremial que, ajena a todo fin lucrativo, obró en la inteligencia -compartida por el demandante-de que no se comprometía su responsabilidad si fracasaba la obra proyectada" (cfr. Corte Suprema, Causa B.485, XX, 20.2.86, Considerandos 5. y 6.).
Seguro colectivo, indemnización, pago, derechos del asegurador, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: KRUM, DANIEL ROBERTO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO  C.N.A.S. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Si bien la aseguradora tiene el derecho de comprobar el cumplimiento de los recaudos exigidos para el pago de la indemnización, es obvio que esa facultad se debe reconocer en términos compatibles con el derecho del asegurado, pues no se puede presumir en un ente estatal, cuya finalidad es satisfacer inmediatamente un interés público, sin propósito alguno de lucro, el ánimo de prevalerse de su situación para negar o retacear la indemnización que estime corresponder, ya que ésto importaría tanto como aceptar no sólo la negación de esos principios, que constituyen la base del sistema, sino también el incumplimiento del deber ético que deben satisfacer organismos de la naturaleza de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en la ejecución de las obligaciones que les son propias y le han sido adjudicadas.
Prueba, monto de la indemnización, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ MARIA ANGELICA c/ EDGARDO JAVIER SAVOY Y/U OTRA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-09-30

En autos se contaba con datos ciertos acerca de los ingresos mensuales de la víctima fallecida, de 56 años, como maestranza dependiente debidamente registrado, en la suma de $ 583,88, a abril de 2007, fecha de su deceso. También respecto de la actora, clase 1945, conviviente de Encina, ama de casa. Arribó firme, además, porque nadie lo cuestionó, el rango asignado por el juez de grado, a la expectativa de vida en 80 años.
Contratos de juegos de azar, quiniela, agente oficial, incumplimiento del contrato, responsabilidad de la agencia de juegos
Materia: CIVIL
Carátula: TIRONE, Ottorino Antonio c/ BARDO, Alfredo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-27

Si bien el reglamento de juego de La Quiniela pone a cargo del apostador la correcta verificación de su apuesta en toda su extensión y no sólo en cuanto a los números jugados, ese deber pesa también sobre el Agente Oficial o Permisionario, por sí o por efecto del obrar de sus empleados; y toda vez que la habitualidad en su trabajo lo coloca en mejor situación cualitativa para verificar la exacta registración de sus apuestas, la responsabilidad de éste último es altamente superior a la del ocasional apostador, quien debe cargar en menor proporción los efectos derivados del error determinante de la frustración del premio.-
Acuerdo Tripartito sobre Corpus e Itaipú, inmunidad de jurisdicción, tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Constitución Nacional
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c/ Itaipú s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Si se admitiera que el compromiso asumido en el Acuerdo Tripartito sobre Corpus e Itaipú, pudiera ser entendido como un convenio implícito sobre inmunidad jurisdiccional, se habría concretado un acuerdo no solamente violatorio de las garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional, sino nulo ab initio conforme al art. 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
Derecho ambiental, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Antonio María Delfino S.A. c/ P.N.A. Disp. DPSJ JS1 381/01". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

La preocupación relativa al ambiente y su regulación en el plano internacional, no constituye un hecho reciente; si bien en un principio surgió como una fotografía o estado de situación, fue evolucionando llegando al presente en el que los estados han dejado de realizar declaraciones principistas típicas de un derecho llamado blando (soft law), no vinculante, cuyo sustento era m s político que jurídico, pues estaba destinado a orientar la conducta de los estados, para dar paso a un derecho vinculante en el que se establecen concretamente obligaciones.
Hostigamiento o maltrato, sentencia, procedencia del recurso, proceso contravencional, cuestiones procesales, incidentes, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Di Nieri, Leonardo Salvado s/52 - hostigar, maltratar, intimidar (art.52 según TC Ley 5666 y modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Resulta arbitrario el pronunciamiento que prescinde del tipo contravencional y anticipa una conclusión de hecho impidiendo realizar prueba a quien tiene a su disposición instar la acción. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Alimentos, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: L. DE S.M.C. c/ S.C. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-29

Debe admitirse la traba de medidas cautelares, como el embargo, para garantizar la percepción de alimentos futuros, en aquellos casos en que existan reiterados incumplimientos anteriores del alimentante que evidencian una clara voluntad de no cumplir con la prestación (conf.C.N.Civ. Sala A, E.D. 23-434; id, id. c. 255.099 del 10/5/79;

Sala C, E.D. 21-23; Sala F, E.D. 81-733; id. c. 10.120 del 2/11/84.-
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, prueba crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARDILES, ESTHER c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-29

Debe declararse admisible el recurso extraordinario federal interpuesto, en tanto la compareciente logra con idoneidad suficiente plantear un supuesto de preterición de prueba decisiva, con vinculación en las circunstancias que se derivarían de las constancias obrantes en el expediente, con afectación de los principios y derechos constitucionales involucrados en la causa (De la disidencia de la Dra. Gastaldi)
Recurso de casación, cuestiones procesales, medidas cautelares, resoluciones irrecurribles, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY MARTA S. c/ JUAREZ VILLEGAS LUIS A. s/ DIVORCIO VINCULAR, ETC.- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE REGIMEN DE  VISITA- RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA (EXPTE: "C" 51  /2.002).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-14

Si bien, las cuestiones de índole procesal que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida no son, en principio, impugnables por la vía del recurso extraordinario de Casación, cabe no obstante, equipararlas a un pronunciamiento definitivo cuando los efectos que produce la resolución cuestionada sobre una medida cautelar previamente dispuesta por el Juez inferior, así como los derechos que afecta, determinan que el agravio que causa sea de aquellos que, de no ser atendidos en la oportunidad en que se los invoca, pueden generar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Lesiones culposas, violación al deber de cuidado, responsabilidad médica, mala praxis, intervención quirúrgica, participación criminal, médico cirujano, camillero
Materia: PENAL
Carátula: BASES, Liberto s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-17

Configuró el delito de lesiones culposas la intervención quirúrgica practicada por error a la damnificada, cuando debía realizarse a otra paciente internada en el mismo nosocomio, pues con la participación del médico cirujano, el anestesista y el camillero, cada uno de ellos no advirtió, por negligencia injustificable en el tramo de la función que le correspondió desempeñar, el error, pudiendo haberlo hecho; la entonces paciente no era la persona para la cual se había programado la intervención siendo que la falta de la debida comprobación de la identidad de aquélla configuró el grave error imputable a cada uno de ellos, que los hace cocausantes del delito por omisión del deber de cuidado.

"Como no hubo una conducta dirigida a ese resultado, no pudo haber ni autor, ni partícipe, sino sólo causantes; lo que al tipo culposo le interesa es que, por violar un deber de cuidado, se haya causado un resultado".
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saavedra, César Ulises c/ Duranti, Nello J. A. y otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La usucapión como modo excepcional de adquirir el dominio requiere de una prueba plena e indubitable, que demuestre que se ha detentado el bien en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de someterlo al ejercicio de un derecho de propiedad (art. 2351 del Código Civil). Es el actor quien debe probar el inicio de la posesión y el transcurso del tiempo legalmente exigido, siendo insuficiente a tal fin la sola prueba testimonial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, indemnización por incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: JOBSON, Beatriz Niz de y otros c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-13

Cabe rechazar la queja interpuesta, por cuanto se advierte que pese a invocar causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada remite a cuestiones fácticas, ponderación de pruebas e interpretación de normas, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción. En efecto, la Sala refirió que el crédito reclamado -indemnización por cesantía por incapacidad- se encontraba reconocido y liquidado desde hacía diez años y que aún encontrándose convenido que el pago se efectuaría en cuarenta y ocho cuotas mensuales, la Municipalidad pretendía por su voluntad, modificar lo acordado e imponer unilateralmente una nueva modalidad de pago por la cual el acreedor debería aguardar dieciséis años para ver saldado su crédito, brindando además al actor un trato desigualitario respecto de otros convenios celebrados con otros acreedores por idéntico motivo. Así, entendió que la deudora se pretendía beneficiar con una excesiva onerosidad, pretendiendo cancelar sus obligaciones cuando y cómo le plazca y con base en la partida que decida asignar al efecto, por lo que confirmó lo resuelto por el Juez de grado, quien a su turno había condenado al pago en ocho cuotas mensuales. Frente a ello, la compareciente debía hacerse cargo de demostrar por qué resultaba insuficiente esa motivación en relación a las circunstancias del caso, lo que no logra entreverse como configurado.
Principio de congruencia, falta de pronunciamiento expreso, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: PROCESAL
Carátula: V.E.C. c/ B.A.M. s/ Divorcio vincular - Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-30

Sólo se planteó por parte del actor, la pretensión de que se decretara el divorcio vincular por la causal de injurias graves por parte de la esposa en los términos de los arts. 204 y 214 inc. 1 del Código Civil; por lo que resolver, decretando "la separación personal de los litigantes ... con las consecuencias legales que los arts. 206 y 207 del Código Civil imponen", viola el principio de congruencia, por cuanto el art. 164 del C.P.C.

y C. establece: "La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener: "....6) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio...".
Expropiación, indemnización, depreciación monetaria, intereses, contrato de comisión, depósito
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RADICE,  ADELINA  LEONOR  NADALINI  DE; ESILDA LUISA; NELIDA ADELINA; ELSA  MARIA;  LIDIA  ANGELA; ESTHER VILMA  Y  MARIA  JUANA  RADICE  Y NADALINI s/ EXPROPIACION      CSJ EXPTE NRO 212-77 PROVINCIA DE SANTA FE c/ COSTAGNINO, EMILIA, LUISA, BENITO Y JOSE s/ EXPROPIACION      EXPTE NRO 160-73 PROVINCIA DE SANTA FE c/ BARBERIS, ELSO INOCENCIO s/ EXPROPIACION      EXPTE NRO 102-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28|1990-05-30|1990-08-16

Conforme al criterio sentado por esta Corte, para situaciones similares, y que se sustentan en el principio de justa y previa indemnización, la suma a abonar debe ser actualizada, y también sobre ella liquidarse intereses. Tal cantidad debe ser íntegramente pagada al propietario, puesto que la circunstancia de que el propietario no haya retirado la cantidad depositada por la actora al demandar no lo perjudica.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: DROGHETTI, ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PRESCRIPCION ADQUISITIVA (CSJ  EXPTE N 264-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-11

Si bien la circunstancia de dilucidar la intencionalidad del actor de poseer "animus domini", remite al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común que en principio son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde apartarse de tal regla, cuando lo resuelto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco del Chaco c/ Suc. de Segundo N. Quiña s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

La ley 2868 del Chaco, que reduce al 25% de la escala legal los honorarios de los abogados del Estado, no conculca el derecho de igualdad.
Abogados, remuneración, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Miguel Sarquiz s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-31

Los sueldos que reciben los profesionales abogados del Estado no son incompatibles con el derecho de cobrar honorarios en juicio.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zingoni, Adolfo c/ Randoni de Leanes, D. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

No se puede traer al proceso a un tercero, mediante citación coactiva sino se demuestra o menciona siquiera su vinculación con alguna de las partes litigantes que permita considerar que la controversia es común.
Regulación de honorarios, ley arancelaria, acciones de filiación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., E. D. c/ A., V. P. en su carácter de heredera del Sr. R. O. P. y otro - Acciones de filiación - Contencioso c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-14

En el caso de intervención sucesiva de letrados, los honorarios deben ser regulados proporcionalmente de acuerdo a la actividad realizada por cada uno (art. 23), para lo cual el código arancelario ha previsto la fragmentación del pleito por cada tramo (art. 45 CA). Ahora bien, si el cambio de patrocinio se produce durante alguna de esas etapas, esto es, habiendo comenzado pero no concluido una de ellas, resulta razonable considerar, la actividad desplegada por cada letrado.
Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, financiamiento de campaña electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento de Integración y Desarrollo s/ Incidente control patrimonial campaña electoral 28 de junio 2009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Corresponde aprobar el informe final de campaña de un partido político, ya que si bien presenta ciertas deficiencias en su presentación -uno de los aportes de poco monto no fue confirmado en las declaraciones testimoniales-, las mismas no revisten una entidad suficiente que impida la consecución de los objetivos tenidos en miras por el legislador en el artículo 58 de la ley 26.215, en tanto permite conocer el origen y destino de los fondos de campaña.
Recurso de revisión (procesal), pena única
Materia: PENAL
Carátula: Quintana César A. s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-24

La disposición del art.311 inc.6to. del C.P.P., hace referencia a los arts. 85, 86 y 87 del C.Penal de 1886, que era el que estaba en vigencia al dictarse el primero, y éstos trataban de la fijación de la pena en casos de pluralidad de delitos, dando reglas que el Juez debía aplicar al juzgar hechos delictuosos reiterados y, por tanto, aún no penados, imponiéndole la obligación de comprenderlos a todos en una sola sanción, supuestos éstos distintos a los previstos en el art.58 del Cód. Penal vigente donde se fijan procedimientos que solo serán aplicables cuando, por lo menos, exista un fallo firme anterior a la sentencia única que deba dictarse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)