marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuestos, cooperativa de trabajo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Cooperativa de Trabajo Seg y Vigilancia (TF 15090-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

No corresponde acudir al llamado criterio de la realidad económica para dejar de lado previsiones expresas de la ley, que por un lado grava claramente los servicios prestados a terceros por entidades cooperativas, incluso las de trabajo (art. 3, pto. 20, inc. e de la ley 23.349) y por otro sólo exceptúa a los que sus asociados le prestan a ella (art. 6 20 letra J) que no son otros que los servicios personales que los asociados ponen a su disposición para que sean ordenados económicamente por la entidad cooperativa (Cons. VI).
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carranza, Raúl Alberto; Farisano, Nicolás Alberto c/ Jensen, Claudio Oscar "La Perseverancia del Sur S.A. Argentina de Seguros" s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-29

En el supuesto de culpa grave se está en presencia de un contrato vigente y no suspendido por lo que la obligación del art. 56 de la ley 17.418 rige con toda su amplitud. El silencio juega su rol porque hay obligación legal de expedirse (art. 919, Cód. Civ.) y se traduce en la aceptación del derecho del asegurado.
Seguros, póliza, prescripción, doctrina
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ  ALBERTO  FLORENTINO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO YOTRO s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

La invocada falta de póliza tampoco hace variar la solución porque es sabido que en este tipo de contratos a favor de un grupo trabajadores, es el empleador quien toma el seguro y guarda los ejemplares de dicho instrumento, modalidad esta que surge de la prueba producida. Tampoco puede prosperar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en lo concerniente al plazo de prescripción, porque la ley especial en la materia es el artículo 58 de la ley 17.418. Esta disposición -que fija un año para que el beneficiario demande el cobro de la indemnización- superó en claridad al art.853 del Código de Comercio considerado como "confuso" (Halperín I. "Seguros. Exposición crítica de la ley 17.418; Buenos Aires, Depalma, 1976, pág. 653).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tenencia simple, almacenamiento de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sabattini, Pedro Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-13

Esta Sala ha señalado que para la caracterización del almacenamiento, habrá de tenerse en cuenta, no sólo la cantidad de material acopiado, que sin duda debe ser sensiblemente superior al destinado al consumo propio, sino también otras circunstancias que conforman la acción. El concepto de almacenamiento volcado a las coordenadas de tiempo y espacio lleva ínsita una relativa prolongación de aquél y cierto arraigo o afincamiento en lo que respecta al segundo, que colisiona con lo breve, transitorio o errático. Y es que según el Diccionario de la Real Academia Española, en su XXI Edición (1992), "almacenar" significa "poner o guardar en almacén / reunir o guardar muchas cosas", lo que conduce a sostener que el alcance del tipo penal de almacenamiento de estupefacientes necesariamente se refiere a dicha condición de prolongación de la tenencia en el tiempo. Todo ello, en definitiva, nos conduce a concluir que se consideró adecuadamente la totalidad de los requisitos típicos exigidos en la figura en la cual encuadran los hechos atribuidos al imputado; siendo por lo demás, no debemos prescindir en este análisis, que la comprobación de la concurrencia en el caso de la base fáctica sobre la que afirmaron tal consideración obedece a cuestiones de valoración probatoria que -como es sabido- escapan, salvo arbitrariedad, que en el caso no se evidencia, al examen de esta Cámara. (Voto del Dr. Riggi - en minoría-).
Indemnización por despido, trabajadores marítimos
Materia: LABORAL
Carátula: Arce Adrián Alejandro c/ Arbumasa SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

El personal marítimo si bien cuenta con un régimen laboral especial, no tiene diferencia alguna con el personal terrestre en materia de indemnización por despido, y se le aplica el art. 245 de la L.C.T. que como colofón debe conducir a su vez al reconocimiento de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25323, lo que otorga viabilidad al reclamo de la parte actora en su agravio referido al rechazo de este rubro.
Preclusión, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: El Triángulo S.A. c/ Provincia de Formosa. s/ Régimen de Consolidación de Deudas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El principio de preclusión no produce el efecto de legitimar situaciones inconciliables con el orden público; lo contrario importaría desnaturalizar el proceso judicial hasta el punto de convertirlo en un medio apto para convalidar las transgresiones a las normas imperativas; entonces, el silencio guardado por uno de los litigantes en determinado tramo del juicio frente a la afectación de un derecho indisponible tendría más virtualidad que un contrato para privar de efecto a las leyes en que se encuentra comprometido el interés general (arts. 19 y 21 del Código Civil).
Indulto, Ministerio Público Fiscal, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Amaya, Mario Abel s/ presunto  secuestro,  apremios  ilegales,  malos tratos, vejaciones y  tormentos seguidos de muerte - Causa N. 260/87 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La falta de intervención fiscal como argumento para no considerar el indulto constituye un exceso ritual que impide el conocimiento de la verdad jurídica objetiva en virtud de una objeción formal carente de relevancia para la solución del caso.
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giordano, María Antonia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Conforme el art. 31 del dec. ley 9650/80 (art. 34 en el t.o. por dec. 600/94) la pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación del causante, que en ningún caso genera a su vez derecho a pensión (art. 34 último párrafo). Por lo que resulta irrelevante la situación en que se ha encontrado la actora a raíz del fallecimiento de quien fuera titular de la pensión, en tanto las contingencias sobrevinientes a la fecha de fallecimiento del afiliado no encuentran cobertura en el decreto ley 9650/80.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, documentos de identidad, secuestro de bienes
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, MARIO s/ COMPETENCIA FEDERAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-26

Dado que el documento nacional de identidad cuestionado, fue secuestrado en Capital Federal sin que haya podido establecerse, hasta el momento, el lugar donde se produjo su adulteración, corresponde intervenir en la causa al Sr. Juez Federal de esta ciudad.
Despido, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martino, Raúl Antonio y otros c/ Provincia de Córdoba s/ Personal de salas de entretenimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-11

La indemnización sustitutiva de la relación de empleo, máxime en un régimen de estabilidad impropia, debe tener en cuenta la remuneración correspondiente a la jerarquía lograda por el agente en el momento en que se lo privó de estabilidad, so pena de incurrir en la "iniquidad" que estigmatiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso, corresponde se abone a los actores una indemnización que guarde adecuada proporción con su remuneración habitual. A tal efecto, resulta equitativo que se establezca a razón de "un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de seis meses", en relación al "sueldo" que abona la administración a sus empleados por el cargo de que se trata, con la antigüedad reconocida al momento de liquidarse la indemnización.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios, sentencia, fundamentos suficientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ZARATE, ENRIQUE AUGUSTO Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ACCION LEY  10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 318 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-24

Corresponde rechazar la queja interpuesta por los actores, desde que los impugnantes no demuestran que se de en el caso un supuesto que constituya una excepción a la regla general según la cual las cuestiones relativas a la regulación de honorarios e interpretación de las normas arancelarias son materias que escapan a la esfera de aplicación del remedio extraordinario. Nótese que, aunque los quejosos vinculan dichas tachas a la trascendencia económica y social de la cuestión debatida -dotar de nuevo equipamiento al cuerpo de Bomberos Zapadores-, no logran conmover los fundamentos brindados por el A quo para sustentar la respuesta jurisdiccional brindada, debiéndose recordar que, más allá de su grado de acierto o error, los jueces no se hallan obligados a seguir a los recurrentes en todas sus alegaciones , ni tienen el deber de ponderar todas y cada una, exhaustivamente, las pruebas arrimadas a la causa, sino que basta que analicen aquéllas que entienden conducentes para fundar sus conclusiones.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, Derecho laboral, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: PRIETO, CRISTIAN c/ GIMENEZ, OMAR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 580 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-12

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la resolución impugnada -que condenó solidariamente a la demandada y codemandada al pago de diversos rubros laborales derivados del distracto en virtud del artículo 30 de la Ley de contrato de trabajo-, atento la total ausencia de sustento fáctico y probatorio del fallo en cuanto asevera que la empresa "... no se desliga del producto hasta su colocación en el mercado...", afirmación de la cual deriva la responsabilidad solidaria, falencia que marca la diferencia entre el "sub examine" y lo decidido por esta Corte "in re" "Lemos" (A. y S. T. 225, pág. 263), donde se consideró razonable la interpretación conferida al artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y la consecuente condenación solidaria en base a una urdimbre fáctica y probatoria distinta. (Del voto del Dr.Falistocco)
Demanda, presupuesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montiel, Benito c/ Provincia del Chaco s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-07-12

Es procedente la demanda Contencioso Administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el actor contra el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, que deniega la reincorporación del mismo a la Administración Pública, expresamente previsto en la ley 3014. Ello así, ya que, dicha ley prevé la reincorporación a la Administración de todos los ex agentes de planta permanente que hayan sido declarados prescindidos sin previo sumario administrativo con sentencia firme y consentida, y en su art. 5 establece como único requisito, la gestión de reincorporación en un plazo máximo y perentorio de 30 días, extremo cumplido por el actor. Por ello, el Decreto adolece de una fundamentación falsa o errónea y es procedente el agravio relativo a la falta de fundamentación legal, por errónea interpretación de la ley 3014, habida cuenta que las razones esgrimidas por la autoridad administrativa para denegar el pedido de reincorporación, constituyen un fundamento sólo aparente que afecta la garantía de defensa del recurrente, expresamente protegida por la Constitución y que conlleva efectivamente, a la configuración del tercer aspecto contemplado en el art.19 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.)Ley 1140 violación de la ley- todo lo cual torna a dicho acto nulo, de nulidad absoluta.
Abandono de personas, dolo, muerte de un menor, culpa, homicidio culposo
Materia: PENAL
Carátula: K., S. N. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-21

Si bien corresponde absolver a una mujer cuyo hijo falleció a causa de una peritonitis originada en un golpe cuando se encontraba al cuidado del concubino de ésta, en orden al delito de abandono de persona seguido de muerte, dado que no se comprobó el tipo omisivo, cabe condenarla por homicidio culposo, pues violó el deber de cuidado que tenía en su condición de madre por cuanto, ante un deteriorado cuadro de salud de su hijo, se limitó a pretender asistirlo llevándolo a una curandera (del voto en disidencia parcial de la Dra. Figueroa).
Recurso de casación, apreciación de la prueba, falta de prueba, in dubio pro reo, coautoría, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., N. A.; E., C. s/ Homicidio agravado por alevosía s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-06-12

Coincido-en la máxima posibilidad de revisión de la legalidad del fallo por parte de este Superior Tribunal- con el mérito probatorio realizado por la vocal ponente y con su conclusión final acerca de la inexistencia de prueba suficiente, apta para establecer la coautoría [?] en los hechos reprochados.

En relación con el motivo de casación que implica el cuestionamiento anterior, remito a lo que sostuve en el fallo STJRNS2 Se. 73/14 ?AVIN?, por lo que considero que se trata del segundo supuesto del art. 429 del Código Procesal Penal.

Por razones similares a las que expuse en dicho precedente, entiendo que no corresponde anular lo actuado y remitir el proceso al origen para la continuidad de su sustanciación, sino que, por el contrario, debe dictarse sentencia absolutoria para ambos imputados. (Voto del Dr. Apcarian, Dr. Bernardi y Dr. Roumec)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pecchenino, Hector y otro c/ Zecler, Norberto y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Demanda ordinaria - Desafectación  Bien de familia (Expte.: C.S.J. Nro. 413 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-28

El fallo impugnado merece reproche constitucional en cuanto incurre en falta de fundamentación en relación al juicio dogmático que la Sala formula respecto de la insuficiencia de la expresión de agravios; así, con la excusa que las expresiones vertidas en el escrito recursivo no constituyen "agravios" -en el sentido que cabe otorgarles conforme a las citas jurisprudenciales y doctrinarias que efectúa-, y que -a su criterio- las argumentaciones medulares del a quo no recibieron una crítica ni demostración contraria por parte de la recurrente, por lo que corresponde tenerlas por firmes a su respecto (art. 365 Código Procesal Civil y Comercial), la Alzada se desentiende de la litis llevada a sus estrados, en grave distorsión de lo que ha de ser una instancia revisora ordinaria.
Competencia contravencional, lesividad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, B. C. L. s/ Articulo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

La coexistencia en la Ciudad de un régimen jurídico relativo a las contravenciones, y de otro referente a las faltas, así como la sutil diferencia que, en algunos casos, se puede y debe establecer entre ambas, hace necesario efectuar el correcto diagnóstico respecto del órgano que en definitiva deber juzgar y pronunciarse en relación con la conducta imputada y debe atenderse, sin duda alguna, al par metro que establece claramente el artículo 1 del Código Contravencional, en tanto alude al daño o peligro cierto que tal conducta debe implicar para los bienes jurídicos individuales o colectivos de los habitantes de esta Ciudad Autónoma; así, si se verifica en principio la existencia de daño o peligro cierto, entonces es esta Justicia Contravencional la habilitada para conocer en el juzgamiento del hecho; si por el contrario, solamente se advierte una infracción a las disposiciones dictadas y aplicadas por los órganos locales en ejercicio del poder de policía que le es inherente (artículos 80, 81, 104 inciso 11) y 105 inciso 6) de la Constitución de la Ciudad), es la autoridad administrativa la que debe pronunciarse. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Alimentos, costas, recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Q., M. c/ M., H. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

En mérito a la prohibición de la reformatio in pejus, a falta de recurso del contrario, no se puede empeorar la situación del recurrente debiendo mantenerse la imposición de costas por su orden resuelta por el aquo en el incidente de aumento de cuota alimentaria, aunque dada la naturaleza del juicio de que se trata era el alimentante quien debía cargar con ellas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta, procedimiento laboral, prueba, producción de la prueba, segunda instancia, hechos nuevos, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: RAMOS, JOSE LUIS c/ CASTELLO, ADELMO RAMON LORENZO Y-O ACOPARQUE -CAL- s/ QUEJA  POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 590-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

No habilita la instancia recursoria el planteo del recurrente que se queja por la falta de producción de la prueba en baja instancia y el rechazo de la apertura a prueba en la Alzada, si encuentra respuesta en el pronunciamiento de la Cámara que sostuvo que respecto de la pretendida apertura a prueba es improcedente desde que la normativa ritual laboral, prevé específicamente cuales son las estaciones oportunas para que las partes introduzcan en el proceso los distintos medios probatorios con que harán valer la defensa de sus derechos, explicitando claramente que corresponde a las mismas urgir la producción de las ofrecidas, deduciéndose igualmente que el impulso de oficio por parte del Juzgado es sólo coadyuvante, como asimismo que las medidas para mejor proveer en materia probatoria no han sido previstas por el legislador para suplir la negligencia de las partes, sino que constituyen una facultad privativa del sentenciante; no configurándose el supuesto "hecho nuevo vinculado con la cuestión litigiosa", quedando así sin sustento esta pretensión del apelante.
Responsabilidad de la aduana, daños y perjuicios, mercadería aduanera, privación ilegítima de mercadería, bienes importados
Materia: ADUANERO
Carátula: Sudinter  SA.  (en  liquidación) c/ Administración  Nacional  deAduanas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

No cabe atribuir responsabilidad al organismo aduanero respecto de los daños que le hubiera ocasionado la detención de la mercadería importada si no han sido controvertidas las afirmaciones de la cámara en cuanto a la posibilidad de la demandante de pedir el retiro de la mercadería bajo el régimen de garantía o mediante la constitución de fianza, según lo previsto en los arts. 107, 109, 133 y 133 bis de la Ley de Aduana, por lo que cabe concluir que la conducta seguida por la empresa actora no satisfizo el mínimo de diligencia que le era exigible.
Acción civil, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZUNIGA, MARIA DE LOS ANGELES c/ LUGREN, DANIEL ROBERTO Y OTRA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-19

Si bien el actor civil tiene derecho a desistir de su demanda que ejerce en el proceso penal -conforme al artículo 93 primera parte del Código Procesal Penal- ,pero, por el contrario, no tiene derecho a limitar su desistimiento a su constitución en parte civil; es decir, no puede renunciar a su instancia, sino a su derecho al resarcimiento que pretende lograr, por lo cual su desistimiento limitado a su condición de actor civil es inadmisible y vale como renuncia a la demanda, importando tal desistimiento renuncia del pretendido derecho resarcitorio.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, poderes implícitos, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Témpera, Elba Leonor s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Los poderes implícitos de que goza la Corte Suprema en su calidad de órgano capital del Poder Judicial de la Nación, hacen a la salvaguarda de la eficacia de la función judicial, principalmente en cuanto se refiere a la protección de los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Suma líquida, suma ilíquida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferraro Vicente c/ Daniel Florio Pardo s/ Cobro Alquileres (LIBRO: S004 - 269)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-03

Hay suma líquida cuando lo que debe darse o pagarse está determinado en el título, o cuando para determinarla sólo debe efectuarse una simple operación numérica. Por el contrario la suma es ilíquida cuando no surge del título mismo y cuando para determinarla se necesita efectuar una liquidación.
Querellante, legitimación activa, cónyuge supérstite, muerte de las partes
Materia: PENAL
Carátula: VUCINOVICH, Codino. s/ PARTE QUERELLANTE-ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

El interés económico que puede surgir para la pretensa querellante por un presunto fraude que damnificara a su esposo en vida no resulta suficiente para reconocerle legitimación activa en la acción penal iniciada por este último antes de su fallecimiento, pues la supuesta defraudación y falsedad documental en el negocio de relación directa entre el autor de los hechos y la víctima indica que sólo sobre éste ha recaído la maniobra que se investiga, más allá de las consecuencias patrimoniales derivadas de la sociedad conyugal en que pretende ampararse la recurrente, quien queda así al margen de las exigencias del art. 82, C.P.P.N.
Seguro marítimo, indemnización, cláusula de actualización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DA PORTA, JOSE Y OTRO c/ EL CABILDO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-20

A la fecha de la sentencia impugnada los Bónex serie 1982 todavía cotizaban en la bolsa. En consecuencia, el magistrado debió ajustarse a lo peticionado en la demanda y a las pautas correspondientes convenidas en la póliza. Por tanto, la indemnización se determinará en la etapa de ejecución de sentencia atendiendo a lo dispuesto en los artículos pertinentes de la cláusula respectiva. Sin embargo, no sólo deben computarse el importe correspondiente a las amortizaciones pagadas por el Estado desde la fecha del siniestro sino también los intereses de dichos títulos, porque el asegurado hubiera percibido ambos rubros de habérsele abonado la indemnización mediante Bónex 1982 en tiempo oportuno.