Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-09-11


2º Instancia. - Córdoba, septiembre 11 de 2008.

1º ¿Son procedentes los recursos de apelación deducidos por las partes? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada, el señor vocal doctor Mario Sársfield Novillo, dijo:- I. En contra de la Sentencia del Señor Juez de primer grado, articularon sus respectivas apelaciones ambas partes.

Concedidos que fueron los remedios interpuestos, la causa se radicó ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava Nominación ante la que los contendientes expresaron sus agravios y refutaron los ajenos.- La decisión cuestionada, disponía del modo en que ha quedado transcripto en el exordio de la presente admitiendo la pretensión sólo en forma parcial.- I. 1. El Tribunal de Alzada, dictó su resolución nº 97 de fecha 2 de septiembre del 2.003 y la misma mereció la interposición del recurso extraordinario de casación de parte de ambos contendientes.

La causa fue elevada al Excmo. Tribunal Superior de Justicia y, en definitiva, aquel fallo quedó sin efecto ordenándose el reenvío para el juzgamiento por este Tribunal.- A tal, se dictó por vía de Aclaratoria, el Auto Interlocutorio nº 264, el veintidós de diciembre del año próximo pasado, disponiéndose el reenvío de la causa a la Cámara que sigue en Nominación a la de origen para un nuevo juzgamiento de la cuestión que ha sido materia de revocación, (ver fs. 1.247 vta.).

II. Con el objeto de cumplimentar la exigencia que impone el art. 329 del C. P. C. C., me remito a la relación de causa que contiene el primer decisorio opugnado dándola por reproducida y a la síntesis que realiza la Casación para, de ese modo, dejar delineado lo que será motivo de este pronunciamiento:

"... Luego de relacionar los antecedentes de la causa, y citar la jurisprudencia y doctrina casatoria que entiende pertinente a los efectos de dar un encuadre teórico a su impugnación, la quejosa adelanta que la crítica recursiva se orienta objetar los dos puntos basales en los que -a su juicio- se fundamenta el decisorio opugnado.

A. Así, centrada primeramente en la cuestión relativa a la RESPONSABILIDAD POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA "UNIPURE" EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA DE EDTA EN EL EFLUENTE DE CATAFORESIS, la recurrente se agravia que el Tribunal haya decidido que su parte era la responsable, enrostrando diversos déficits formales a este capítulo del acto sentencial.

A.1. En esta línea, y como primera censura, denuncia falta de fundamentación cuando el Judex decide que DEGREMONT incurrió en gastos no previstos en la cotización. Asevera que tal aserto carece de toda razón que lo explicite y no encuentra sustento en ninguna prueba objetiva, toda vez que no existiría en autos constancia alguna que de un modo detallado y preciso indique cuáles fueron los rubros que se tuvieron en cuenta para formular la cotización. Por lo tanto, concluye, no se puede afirmar -como lo hizo el Mérito- que tales gastos no fueron cotizados.

A.2. En segundo lugar enrostra inmotivación a la resolución al haberse omitido injustificadamente la ponderación de la pericia oficial de Ingeniería Química. Señala que tal probanza resultaba dirimente por su naturaleza técnica y necesaria para fijar el sentido y alcance técnico de un contrato de las características y complejidad como el de marras. Manifiesta que la sola lectura del contrato evidenciaría que sólo un especialista se encontraba en condiciones de determinar con exactitud el significado del término "corroborar" inserto en el contrato, no encontrándose tal interpretación al alcance del hombre común o el juzgador (a quien entiende lego en la materia). Postula que -por tales razones- el Tribunal no podía apartarse de las conclusiones del experto, y mucho menos hacerlo sin dar los motivos que de un modo acabado y suficiente así lo justificaran. A los efectos de demostrar la dirimencia asignada a la pericial omitida, transcribe párrafos del dictamen, de los cuáles resultaría que -diversamente a lo decidido- una interpretación técnica del contrato ponía en cabeza de DEGREMONT el estudio del efluente de cataforesis, y no -como lo resolvió la Cámara- a su cargo.

A.3. Igualmente, ataca de ilógico el razonamiento sentencial desplegado para justificar que la presencia de EDTA en el efluente era algo "imprevisible". Sobre el tópico, expresa que el aludido EDTA no es un componente extraño o raro, sino sólo un agente quelante o complejante de usos simples y variados, habiendo sido tal extremo no sólo consentido por la parte contraria sino también sindicado por el perito ingeniero químico oficial en su dictamen. Adita que en la propia propuesta técnica de DEGREMONT, la actora reconoció que conocía y preveía que el efluente de cataforesis podía generar complicaciones mayores a las normales por la existencia de agentes quelantes o complejantes. Asimismo sostiene que de la prueba rendida en la causa surgiría claro que DEGREMONT era la encargada de pretratar el efluente donde se instalaría el sistema UNIPURE. Luego de enunciar tales elementos convictivos (los cuales por cierto denuncia omitidos), afirma que siendo indubitable que el EDTA fue y es una especie de agente quelante o complejante, que DEGREMONT previó la presencia de esa clase de agentes y que DEGREMONT era la parte obligada a pretratar el efluente, no se explica cómo se pudo sostener en el fallo atacado que la accionante no tenía la obligación de conocer la presencia del EDTA en el efluente de cataforesis no con nombre que se le asignó sino simplemente como un agente quelante más que podía estar presente en el efluente.

A.4. Le agravia también que el Tribunal de Mérito haya prescindido injustificadamente de la valoración de pruebas testimoniales y documentales de decisivo valor convictivo a la hora de decidir a quien correspondía atribuir responsabilidad por la presencia de EDTA en el efluente de cataforesis.

En esta línea, alega que el órgano jurisdiccional de Alzada ha efectuado una hermenéutica contractual inaceptable toda vez que lo ha interpretado a partir de uno solo de sus párrafos, aisladamente y sin contextuarlo con el resto de cláusulas pactadas. Sostiene que escapa a toda lógica y sentido común asignar a un punto aclaratorio contenido con motivo de una reunión de presentación el carácter de dirimente, cuando ello choca con una necesaria interpretación completa y sistemática del contrato y de la conducta seguida por las partes durante el proceso de ejecución del mismo. De otro costado, señala que la Cámara habría analizado parcialmente las declaraciones testimoniales rendidas en la causa (principalmente las de Valle, Giollo, Pavón, Lutteral y D'Angelica) mutilando arbitrariamente sus dichos.

A.5. Denuncia también el no tratamiento de argumentos y defensas dirimentes esgrimidas por su parte, lo cual privaría al fallo de eficacia y validez por adolecer de una motivación suficiente. Así, postula que no se analizó la alegación relativa a que la obra contratada lo era con la característica de "llave en mano", siendo -en consecuencia- la obligación de DEGREMONT una "obligación de resultado". Afirma que tampoco nada se consideró en orden a argumentos de su parte tales como que la tarea de detección del EDTA fue una gestión propia de la puesta en funcionamiento del sistema UNIPURE y -por lo tanto- prevista como parte integrante del precio y a cargo de DEGREMONT. Añade que -incluso- la defensa omitida encontraba suficiente acreditación con la nota de Arrondo y las conclusiones expuestas en el punto 5 de la pericia oficial. Postula que también tal discurrir defensivo encontraba apoyatura en autorizada doctrina, la cual -pese a ser citada- fue absolutamente ignorada por el Tribunal. Manifiesta que, nada consideró la Cámara en orden al argumento esencial de la especialidad y profesionalidad del contratista elegido para lograr la obra, cuestión que -a su entender- resultaría decisiva a la hora de ponderar los alcances de las obligaciones del contrato.

B. Acto seguido, y con relación a los EXTRAS O ADICIONALES AL CONTRATO por los cuales fue condenada su parte, la recurrente denuncia quebrantamiento de las reglas de la sana crítica racional y violación al principio de razón suficiente.

Sobre el particular asevera que el haber descartado toda fuerza convictiva a las conclusiones del perito dándose preeminencia a los dichos de un testigo aparece como una valoración absurda y violatoria de las reglas de la experiencia. Asegura que el déficit se agrava si se advierte que el testigo ponderado (Arrondo) era empleado de la parte actora y uno de los funcionarios que estuvo a cargo de la ejecución de la obra de CIADEA, lo que evidenciaría aún más la primacía del dictamen del perito por sobre su declaración. A ello agrega que la pericia de control a la que remite el Judex lejos de contradecir la oficial descartada resulta coincidente a ella en lo sustancial y científico.

De otro costado, se enrostra inmotivación y violación al principio de razón suficiente por haberse omitido el tratamiento de una defensa dirimente esgrimida por su parte, cual es la relativa a la necesaria autorización que debe otorgar el comitente autorizando a realizar adicionales de la obra, para que el empresario tenga derecho a reclamar su pago.

C. Finalmente objeta lo decidido en orden a LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA Y SALDO DE PRECIO.

Señala la quejosa que de prosperar el presente recurso de casación deberá dejarse sin efecto lo decidido sobre estos aspectos. Ello así, asevera, toda vez que si -como su parte pretende- se le atribuyera a DEGREMONT la responsabilidad por lo ocurrido con el EDTA jamás podrá sostenerse que la retención del saldo y del fondo de garantía constituyeron un abuso de parte de CIADEA.".

III. Así las cosas, conforme a la decisión del Alto cuerpo, esta determinación ha de circunscribirse a la definición de la responsabilidad de los contratantes en orden a detectar los componentes del efluente para el normal funcionamiento del sistema UNIPURE.

De acuerdo a como quedara trabada la litis y las distintas resoluciones jurisdiccionales dictadas que han quedado firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada, la única cuestión a dirimir es la que se relaciona con la pretensión de la demandante de obtener el reconocimiento de erogaciones realizadas y no previstas en el pliego, las que resultaron de advertir que no se cumplía con la expectativa de eliminación de los metales pesados por oclusión en barros, desde que las concentraciones de metales en líquidos excedían los valores límites previstos en la legislación vigente.

III. 1. Asevera la actora que debió realizar costosos estudios y análisis de las condiciones de funcionamiento y de los productos utilizados en la planta de cataforesis, y según ellos se estableció la presencia de un producto, denominado EDTA, que tiende a formar quelatos con los metales pesados y siendo éstos sustancias muy estables, es prácticamente imposible su eliminación con los procesos físico-químicos como el que lleva a cabo el sistema UNIPURE.

Destaca que CIADEA S. A. nunca informó sobre la utilización de ese producto.

III. 2. Por su lado, la accionada rechaza puntualmente este aspecto de la pretensión y manifiesta, a fs. 635/637 vta., lo siguiente:

3. ANTECEDENTES.

Debido a la parcial y en algunos casos falaz relación de los hechos acontecidos que realiza la contraparte, procederemos a detallar los hechos antecedentes a la presente demanda.

3.1. Es cierto que CIADEA realizó una licitación privada a fin de realizar la obra denominada "CONSTRUCCION, INSTALACIÓN, y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO y TECNOLOGIA PARA LA OPTIMINZACION INTEGRAL, AUTOMATIZACIÓN y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LAS PLANTAS SIGUIENTES:

A) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE CATAFORESIS y PINTURA.

B) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES.

C) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES".

También al describir los trabajos, se determinó el alcance del tratamiento de efluentes de cataforesis y pintura, determinando que el objeto de la licitación era cumplir con todos los parámetros exigidos en la legislación vigente, tanto para los líquidos, como para los sólidos, que debían cumplir con el ensayo de lixiviado, según Ley 24.051, para lo que se deberá adoptar el proceso y tecnología de oclusión química de los metales pesados de los barros, en el tratamiento (proceso UNIPURE o similar), debiendo 105 barros finales ser aptos para ser enterrados en relleno sanitario común.

3.2. En la planta de tratamiento de efluentes industriales, también se solicitó reemplazar la actual Planta de Tratamiento por otra de tecnología avanzada con mayor capacidad, con similar exigencia para los sólidos.

3.3. En la planta de tratamiento de afluentes cloacales, se requiere realizar los trabajos para mejorar el sistema y cumplir con los valores de la legislación vigente.

3.4. Además, como cuarto punto (D) se exige la realización de un estudio de redes que confluyen a las tres plantas, a los efectos de corroborar los volcamientos de cada red específica, para su posterior ordenamiento.

3.5. CIADEA adjudica la obra a la ahora demandante DEGREMONT SA (en adelante DEGREMONT). No es cierto que al formular el pedido de cotización, no se requirió cotización del punto indicado como 3.3. anterior (D en el pliego), como lo afirma la accionante. En efecto, como surge de la relación de antecedentes formulada, la denominación de la obra era la que indica también la accionante, esto es "CONSTRUCCION, INSTALACIÓN y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGIA PARA LA OPTIMINZACION INTEGRAL, AUTOMATIZACIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LAS PLANTAS A) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE CATAFORESIS Y PINTURA. B) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES. C) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.

Como se manifestó supra, y bien se señaló en el punto 2) del pliego (...) los alcances de la obra comprendían los trabajos relacionados anteriormente, entre los que se encontraba el referido punto D) de Estudio de redes que confluyen a las tres plantas, a los efectos de corroborar los volcamientos de cada red especifica para su posterior ordenamiento.

Por lo tanto, es falso que se requirió cotización de tres ítems del pliego, sin incluir al cuarto (D). CIADEA requirió cotización a través del pedido para toda la obra, la que se denominaba como se indicó. Y tal cotización, debía hacerse según los trabajos o alcance de la obra contenida en el pliego. Si así no fuere, no se entiende para qué se elabora el mismo y se requiere cotización según el mismo.

Por lo tanto, se requirió cotización por el referido punto D. Obsérvese que a tenor del pliego, punto 1.5.3. del mismo, la omisión de no cotizar por la contratista alguna tarea especificada en las Especificaciones Técnicas del Pliego, o planos, será motivo para desestimar la oferta.

CIADEA interpretó, y así lo confirmaron los acontecimientos, que se había cotizado según el pliego, y todos los ítems allí requeridos. De lo contrario, no hubiera adjudicado la obra a DEGREMONT, desestimando in limine la oferta.

Por el contrario, adjudicó la obra y la comunicó en forma fehaciente a DEGREMONT, también, haciendo remisión en la nota de pedido nº 1.404.937, a la adjudicación de la obra por su denominación, tal como se debe hacer, lo que debe ser interpretado de la única forma posible: que tal obra debía comprender las tareas especificadas en el punto 2) del pliego, incluyendo el punto D).

La interpretación formulada ahora por la contratista, pretende desvirtuar confundiendo la denominación de la obra, con los alcances de los trabajos aludidos, lo que surge perfectamente de la lectura del pliego, puntos 1) y 2) (fs.39/40).

Esta parte afirma que DEGREMONT cotizó todas las obras requeridas en el pliego, puesto que para eso sujetó su oferta al mismo. Y por otro lado, así lo reconoce esta expresamente en sendos faxes de fecha 22.12.95, donde específicamente manifiesta y reconoce que tales tareas estaban contenidas en su cotización original, suscripto por el Ingeniero Manchinelli.

Se adjunta la nota aludida. Llamamos la atención de V.S., en la falacia afirmada, demostrativa -y como primer indicio-, de la mala fe de la contratista.

3.6. EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Tal como afirma la accionante, la obra no se trataba de una nueva en su totalidad, sino que se debía refuncionalizar las ya existentes. Consideramos que para arribar a la comprensión acabada de la situación planteada, y previa a cualquier análisis, hay que estar a lo que es ley entre las partes: esto es, el pliego de condiciones y la oferta formulada por la contratista, elementos que conforman la base del contrato, y de los que curiosamente nada dice en la demanda la accionante.

Por ello, ponemos de resalto alguno de los puntos y exigencias del pliego al respecto, que pondrán claridad en la interpretación de los trabajos realizados, y demostrarán la aventura judicial que es la demanda que se contesta:

3.6.a. El objeto de la obra, era la CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGIA PARA LA OPTIMIZACION INTEGRAL, AUTOMATIZACIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LAS PLANTAS.

3.6.b. Cobran aquí importancia las exigencias contenidas en el pliego (fs. 39), donde específicamente se dice que se deberá cumplir con todos los parámetros de la ley vigente. A fs. 40, en las condiciones particulares y ampliando la exigencia, se aclara que cuando se establezcan en la legislación vigente dos valores, habrá de cumplirse con el mínimo.

3.6.c. También se establece de la contratista u oferente, el deber de corroborar los parámetros de diseño y presentar sus antecedentes/garantías en relación a los procesos y operaciones que propongan. (fs. 40, condiciones particulares).

3.6.d. Se requiere de palie de la oferente, la utilización máxima de las instalaciones existentes (fs. 40, condiciones particulares).

3.6.e. Se solicita se considere el pretratamiento de los líquidos que provienen de la Planta de Limpieza de dispositivos, en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Efluentes de Cataforesis y Pintura.

3.6.f. A fs. 43, se especifica que la obra se contrata LLAVE EN MANO.

Se aclara textualmente que "esta implantación se entregará llave en mano, el funcionamiento y los resultados de las variables no deberán superar los límites máximos permisibles solicitados en las legislaciones vigentes. No se darán por aprobadas las obras si se determina en los análisis de 1 o más parámetros valores superiores a los establecidos en las legislaciones vigentes".

Es decir, que se afirma el objetivo de la obra, y su exigencia: cumplir con los parámetros de la legislación vigente.

Tan ello es así, que se integra el pliego con tal legislación, tal como surge del pliego adjuntado por la accionante a fs. 52/75 de autos, donde se agrega tal legislación con la que se debe cumplir como objetivo único y primordial de la obra, para honrar el compromiso contraído por CIADEA con las autoridades locales y la ciudad de Córdoba.

3.7. Lo anterior, es suficiente para precisar el alcance del OBJETO de la obra, lo que no surge de la demanda.

Más adelante, detallaremos algunos puntos de relevancia en el pliego, los que sugestivamente también son ignorados por la accionante, si bien adjunta el pliego y, en su oportunidad, cotizó en base al mismo.

3.7. DEGREMONT pretende fundar su demanda, en tres afirmaciones, que como demostraremos, son totalmente falsas y alejadas de la realidad:

-Que CIADEA impuso la utilización de un sistema para los trabajos en la planta de cataforesis, denominado UNIPURE, por lo que rechazó indebidamente una alternativa o sistema alternativo ofrecido por DEGREMONT, insinuando en todo momento un abuso -inexistente-, en la posición de la contratante en su posición según el contrato, queriendo insinuar imposiciones a DEGREMONT, como y en teoría, parte más débil en el contrato.

-Que ocultó debiendo informar, la existencia de un componente (EDTA) en los efluentes de cataforesis a tratar, que alteraba el proceso de funcionamiento del sistema de depuración UNIPURE.

-Que la exigencia de ese sistema, y otras de parte de CIADEA, perjudicaron a DEGREMONT, obligándola a realizar tareas extras a las contratadas, obras adicionales, y hasta contratar en condiciones perjudiciales con un tercero. Todo, repetimos, por el supuesto "abuso de poder" de CIADEA.

RECHAZO enfáticamente tales afirmaciones, que no merecen de calificarse de otra cosa que de absurdas e infundadas.

Y para afirmar esta posición, -y aunque parezca una contradicción-, basta con analizar las condiciones de la oferta formulada por DEGREMONT, y que esta misma adjunta a su demanda.

Si se dice que se exigió más allá del pliego, y se rechazó una oferta alternativa formulada por la contratada, merece la pena abocarnos al análisis de tal oferta, y por supuesto y como venimos haciendo, del pliego.

IV. EDTA (o AEDT) es el acrónimo del ácido etilendiaminotetraacético. Se ubica en la categoría de los ácidos carboxílicos y se trata de un efluente, es decir, un líquido que procede de una planta industrial.- Este elemento aparece en el procedimiento de la cataforesis que es un método de aplicar pintura, utilizando corriente eléctrica para depositarla. El proceso sigue el principio en el cual, "los opuestos se atraen".

El principio fundamental de la física de la cataforesis es que los materiales con cargas eléctricas opuestas se atraigan. Este sistema aplica una carga de CC a una pieza metálica sumergida en un baño de pintura con partículas opuestamente cargadas. Las partículas de pintura son atraídas hacia la pieza metálica y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.- También se explica que se trata de un proceso electroquímico que preserva a las carrocerías de la corrosión y el óxido.

Consiste en sumergir las planchas de la carrocería en un compuesto químico especial que contiene, fundamentalmente, ácido fosfórico. Este baño proporciona al metal una fuerte carga eléctrica positiva. Posteriormente, es sometido a una carga eléctrica negativa equivalente. De este modo, se consigue que el compuesto de fósforo sedimente en una capa muy gruesa y profunda, mayor que si se hubiese aplicado manual o mecánicamente. A este proceso se le conoce también como fosfatación.

La presencia de EDTA, como se dijo, generó el mal funcionamiento del sistema instalado en la fábrica de automotores.

V. El Tribunal de Alzada que interviniera anteriormente, concluyó -en orden a la atribución de responsabilidad discutida-, de la siguiente manera:

"... 5) Y bien, en primer término trataré el agravio de la parte actora referido a que la sentencia no admite que CIADEA deba responder por todos los gastos causados por el mal funcionamiento del sistema de UNIPURE por la presencia del EDTA en el efluente derivado del proceso de cataforesis.

No está cuestionado que el contrato de locación de obra celebrado entre partes fue con la modalidad de llave en mano o ajuste alzado. Entonces, conforme al art. 1633 del Código Civil, aunque encarezca el valor de los materiales y de la obra de mano, el locador bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el precio, salvo lo dispuesto en el art. 1198.

En ninguna de estas situaciones se sustenta la pretensión en análisis, que está constituida por adicionales o extras que se tuvieron que afrontar como consecuencia de la presencia del EDTA en el efluente de la planta de catacresis que impidió el correcto funcionamiento del sistema UNIPURE.

Si se llega a la conclusión de que no era obligación de Degremont S.A. la determinación del universo del mencionado efluente, no hay obstáculo alguno para la procedencia de la pretensión motivo de agravio. Ello así por cuando la locadora de la obra, para el correcto funcionamiento del proceso de depuración instalado, debió incurrir en gastos no previstos al confeccionar la cotización que determinó la contratación. Con ello quiero significar que no se da la invariabilidad de la obra contratada y que responde a la invariabilidad del precio cotizado. O lo que es lo mismo, si hay variación imprevista de la obra, indudablemente que habrá variación del precio, que estar limitado por los mayores costos.

5.1) Dentro de las Condiciones Generales de la obra, se dejó establecido que "Las mediciones de caudales y concentraciones cloacales, son únicamente a título orientativo. Cada empresa deber realizar sus diseños en base a determinaciones propias, deslindando a CIADEA S.A. cualquier responsabilidad al respecto" (Ver fs. 34, punto 5).

Esta normativa, realizada de acuerdo a lo especificado verbalmente en la Reunión de presentación, obviamente, está sólo referida a los caudales y concentraciones de la "planta cloacal" y no puede hacerse extensiva a la de cataforesis y pintura como pretende el apoderado de la demandada. Semejante interpretación escapa a lo escueto de la directiva. Para entenderse que la determinación de todo el universo del efluente de la planta de cataforesis estaba a cargo de las Empresas oferentes es indudable que debió así expresamente ser previsto.

Entonces, cabe tener que solamente respecto de la planta cloacal las mediciones eran meramente orientativas y los diseños debían ser realizados por cada empresa de acuerdo a sus propias determinaciones o caracterizaciones.- 5.2) En las condiciones técnicas particulares, la demandada dispuso "Las empresas postulantes deberán corroborar los parámetros de diseño y presentar sus antecedentes/garantías, en relación a los procesos y operaciones que propongan" (fs. 40).

Es decir, que la dueña de la Obra, CIADEA, daba los parámetros de diseño para el tratamiento, los que debían ser corroborados por las empresas, lo que implica que no debían realizar el diseño con sus propias determinaciones, a excepción, según se vio, del tratamiento de los caudales y concentraciones cloacales.

Determinar la composición de un efluente implica especificarla cualitativa y cuantitativamente. En cambio, corroborar los parámetros de diseño, no es más que confirmar lo que ya fue definido o determinado.

Y, en este orden, en el "Anexo 1" previsto por CIADEA se hace constar el resultado de los análisis químicos a valores picos obtenidos en máxima producción de 630 vehículos diarios de las tres plantas (fs. 46). Es decir que CIADEA hizo los estudios previos del contenido de los efluentes de las plantas de cataforesis y pintura, industrial y cloacal, exigiéndole solamente a la empresa su propia determinación de ésta última (pues era meramente orientativo el dado), sin establecer, prever o precisar responsabilidad alguna de las empresas en el estudio de los otros efluentes para obtener un resultado y en base a ello cotizar, sino sólo corroborar el parámetro del diseño por ella dado, es decir el análisis del examen químico previsto.

Dicho análisis fue elaborado por Roberto Angel Giollo, licenciado en química orgánica en razón de que, según lo declaró, le pidieron del laboratorio de RASA una lista de valores de parámetros de los efluentes de líquidos acuosos cloacales, industriales y de cataforesis y pintura (fs. 34 del cuadernillo de prueba de la parte demandada). No puede tenerse como asertivo que tales parámetros eran meramente orientativos, pues según ya lo dejé sentado sólo el de líquidos cloacales así lo era.

Por más que se haya tomado como referencia lo que fija la ley, lo cierto es que se trató de los resultados de los análisis químicos de los efluentes. Y si en su estudio no consideró el EDTA porque la ley no lo pide y porque no sabía de su existencia, quiere decir que obró en forma negligente en su elaboración y posterior presentación a las empresas para cotizar. Nadie mejor que CIADEA es la que conoce la característica de los productos, como sus componentes, que utiliza en los tratamientos que realiza en la planta de cataforesis. El ingeniero Alejandro Valle declaró (fs. 101v. de la prueba del actor) que los nombres se toman de la ley y los valores de la experiencia, refiriéndose a los análisis realizados en forma previa a la confección del pliego; que el licenciado Giollo sacó las muestras, son muchas muestras periódicamente realizadas, y las hizo analizar.

Téngase en cuenta que antes de la licitación de la Obra se hizo por parte de CIADEA un ensayo en una planta piloto de la firma Ecopreneur (rival en la licitación de la actora) para obtener la calidad de no lixiviales de los materiales pesados de los barros y posibilitar su enterramiento en la basura común y que respecto a los líquidos no se los analizó porque se suponía que iban a andar bien (declaración del ingeniero Daniel Alfredo Pavón, fs. 104/105 de la prueba del actor y del licenciado Giollo).Juan Martín Lutteral, representante de la firma Ecopreneur, declaró (fs. 66/67 prueba del demandado) que se hicieron los ensayos para probar el buen funcionamiento del sistema Unipure en cuanto a su capacidad para atrapar los metales pesados en los barros y que no se verificó el buen funcionamiento del sistema en cuanto a su capacidad para remover los metales en el líquido.

También dijo que el inconveniente en el funcionamiento del sistema Unipure instalado por la actora consistió en que el efluente llegando al reactor no tenía un buen pretratamiento o venía con algún tipo de agente inhibidor que perjudicaba el funcionamiento; que a partir de que el sistema no estaba funcionando correctamente por causas ajenas al mismo, Degremont los convocó para tratar de encontrar la solución, convocatoria que incluía a Ciadea S.A. para discutir los términos; se comenzaron a realizar una serie de ensayos para descubrir el origen, y una de las posibilidades era que existiera en la corriente que llegaba al sistema la presencia del Edta, para lo cual Degremont S.A. iba a hacer las investigaciones del caso. Por último, en lo que interesa, narró que su representada se presentó a la licitación convocada por Ciadea y que antes de presentar la oferta no se realizaron estudios tendientes a caracterizar o determinar los efluentes vertidos por Ciadea.

Diodoro Mario D'Angélica (fs. 67/68 prueba del demandado), ingeniero químico, gerente de procesos y tecnología en la firma Ecopreneur S.A., también declaró que antes de presentar su oferta a Ciadea no hicieron estudios para caracterizar el efluente a tratar; que realizaron ensayos del efluente en la planta piloto con el objetivo de encontrar metales pesados en el barro, no sobre los líquidos que tiene entendido que ello lo realizó Ciadea.

Entonces, como lo vengo diciendo, está claro que la determinación del efluente era de cargo de Ciadea y no de las empresas que iban a cotizar. En cuanto a los barros, ya se había ensayado en la planta piloto provista por Ecopreneur S.A. Referente a los líquidos, ya dejé sentado que, según lo declaró el testigo Giollo, no era necesario porque Ciadea entendía que iba a andar bien, lo que implica, como lo dijo D'Angélica, por más que el testigo haya dicho que no se los analizó, que se hicieron los ensayos para determinar los parámetros del contenido de los efluentes (así lo declaró el ingeniero Nota a fs. 100/101 de la prueba del actor).

5.3) No comparto la conclusión de que la determinación del efluente a tratar estaba a cargo de la actora en razón de que dicha parte en la memoria, fs. 109, expresó que para la elaboración de las características límites del efluente se ha tomado como base la "Caracterización realizada por Degremont S.A. durante los días 22/1/96 al 28/1/96".- Ello así por cuanto la caracterización del efluente se ha hecho en base a "1) Datos del Pliego de cotización, aportados por CIADEA", reproduciéndose los datos contenidos en el Anexo 1, y lo informado por personal de Ciadea a lo largo de las reuniones previas y posteriores a la adjudicación de la orden de compra. La caracterización que se hizo, a lo que estaba obligada la empresa actora, fue sobre esos datos. Entonces, mal puede tenerse que la determinación del efluente debía ser realizada por la actora. Tan es así que se hace expresa referencia a que la contaminación de orden orgánica es más alta que la informada por Ciadea, adoptándose un diseño tomando el valor más alto. Respecto de los metales pesados, se informó que están presentes en concentraciones superiores a las admitidas para su vuelco, por lo que hay que realizar un tratamiento específico previo antes de someter al efluente al proceso de depuración biológica. Así se dio cumplimiento a lo requerido en "Condiciones Particulares", asterisco cuarto, fs. 40). En cuanto a los aceites y grasas se informa que estén presentes en concentraciones tales que no significan ningún riesgo para los tratamientos de eliminación de metales pesados o para el proceso biológico posterior.

Las "Garantías del proceso" (fs. 115) se hizo para los efluentes cuya composición se estableció en conformidad al Pliego suministrado por Ciadea, en el que, como se sabe, nada se informó sobre la presencia del EDTA. Concretamente se expresó que las garantías están vinculadas a las características de diseño de cada una de las corrientes de efluentes a tratar, tal cual se especifica en el presente documento. Se dejó aclarado que "Todos aquellos efluentes que contengan agentes inhibidores del tratamiento biológico deberán ser tratados en forma individual para remover estos componentes nocivos antes de enviarlos a la red general de efluentes que los conduce a la planta de tratamiento de efluentes. La presencia de este tipo de inhibidores en la entrada a la planta de tratamiento no permitir el correcto funcionamiento de las instalaciones que no están preparadas para ello, lo cual conducir a la suspensión automática de las garantías".

Recuérdese que los inconvenientes en el correcto funcionamiento del sistema UNIPURE se debió a la presencia en el efluente de la planta de cataforesis y pintura del EDTA, que es un inhibidor del sistema y que, una vez eliminado, aquel funcionó correctamente (es ilustrativo lo declarado por el ingeniero Valle al responder la pregunta 12º, fs. 102v./103 de la prueba del actor).

En la descripción del proceso, en el punto referido al "Efluente de cataforesis-Eliminación de materiales pesados" (fs. 116), se ilustró: "Con el propósito de evitar interferencias en el funcionamiento del proceso UNIPURE, por recomendación de la firma licenciatario del proceso, se implementaron los siguientes sistemas: Dosificación de Cloruro de Calcio para neutralizar la acción de los fosfatos. Dosificación de antiespumante para evitar la formación de espumas por detergentes." "Adicionalmente, se ha impuesto también la dosificación de un reactivo complejante para prevenir la acción de los agentes quelantes eventualmente presentes en el efluente de cataforesis".

5.4) En cuanto al punto 1.4 de las Condiciones Generales, fs. 4, referido al "Contenido de los precios", su aplicación debe circunscribirse a lo contratado, a la orden de compra, y no a lo que excede sus términos, como fue lo que ocurrió por la presencia del EDTA.

Ningún error u omisión debía señalar por escrito la empresa durante el plazo de estudio y antes del pedido de cotización, pues no era su obligación la determinación del efluente. El error u omisión en que pudiera haber incurrido Ciadea y que debía ser informado por la empresa debía darse dentro de los parámetros informados por la dueña de la obra en el Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 5, punto 2 de "Notas particulares de la oferta económica).

5.5) En cuanto al dictamen del perito oficial, ingeniero químico Juan Carlos Paesani, obrante a fs. 159 y siguientes del primer cuerpo de la prueba del actor, que como se sabe concluyó a igual que la "a quo" en que la determinación del efluente de marras debía ser elaborada por la empresa actora, en conformidad a lo dispuesto en el art. 283 del C.P.C. -a contrario sensu-, al no haberle dado las partes el carácter de árbitro o arbitradores, sus conclusiones no son obligatorias para resolver la causa. Como es sabido, los dictámenes periciales no son más que elementos probatorios incorporados al proceso, siendo la cuestión jurisdiccional de exclusiva incumbencia del juzgador ...".

VI. La conclusión a la que arribara por unanimidad la Excma. Cámara de Apelaciones de Octava Nominación, fue descalificada por la Casación con los siguientes argumentos:

"... IV. CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA (CIADEA S.A.; HOY RENAULT ARG. S.A.):

IV.1. El orden de exposición del remedio recursivo deducido por la firma accionada reconoce diversos ángulos mediante los cuales se alerta sobre la falta de fundamentación lógica y legal del pronunciamiento recaído en la Alzada. No obstante ello, en lo medular, los diversos agravios que informan la impugnación se orientan a objetar la infundada prescindencia de la prueba pericial química rendida en la causa ...

... IV.3. Trazada esta línea directriz, es indispensable escrutar si el razonamiento del órgano jurisdiccional se relaciona armónicamente, a partir de la percepción y selección de los hechos formulados, las pruebas rendidas y las normas jurídicas, con la solución propiciada.

En esta línea, veamos cuáles han sido los conceptos utilizados por el Tribunal de Mérito interviniente cuando -acogiendo el recurso de apelación deducido por la parte actora- revocó la decisión de primer grado y decidió que la responsabilidad del mal funcionamiento del sistema UNIPURE por la presencia de EDTA en el efluente de cataforesis debía atribuirse a la parte demandada.

El órgano jurisdiccional de grado encara el tratamiento de la cuestión preguntándose si era o no obligación de DEGREMONT "determinar" el efluente de la planta de cataforesis. En esa actitud adelanta su respuesta negativa con fundamento en dos argumentos, a saber: a) Que el punto 5 de las Condiciones Generales (fs. 34 de los autos principales) sólo alude a la "determinación" de los caudales de la planta cloacal y b) Que, conforme los términos de las condiciones técnicas particulares (fs. 40 autos principales y Anexo 1, fs. 46 de los mismos autos), era CIADEA quien daba los parámetros de diseño para el tratamiento de la planta de cataforesis, correspondiendo a DEGREMONT sólo "corroborar" tal composición.

A partir de tales elementos, y sindicando que en el estudio previo a la contratación efectuado por CIADEA, así como en el ensayo piloto que la empresa había llevado a cabo con ECOPRENEUR, no se había indicado la presencia de EDTA, concluye que la determinación del efluente era a cargo de CIADEA y no de DEGREMONT siendo reprochables a la primera -por negligencia en la información otorgada- las consecuencias que generó el mal funcionamiento del sistema UNIPURE.

IV.4. La confrontación de tal desarrollo argumental con el contenido de la impugnación y con las constancias que informan la presente causa, me permite aseverar que las anomalías que han dado lugar a la articulación impugnativa, aparecen justificadas.

En efecto: en el temperamento final de la Cámara a quo que llevó a sostener que no correspondía a DEGREMONT determinar el efluente de la planta de cataforesis, no existe el necesario respaldo lógico y normativo para motivar la ineficacia convictiva de otras probanzas rendidas en la causa, principalmente las periciales de ingeniería química practicadas en estos obrados.

Dicho de otro modo, este capítulo del acto decisorio en crisis no cuenta con el suficiente discurso explicativo que -según los cánones racionales- movió a los juzgadores a descartar ciertos elementos probatorios de valor dirimente para la solución del conflicto, quedando así comprometida su validez formal y sustancial.

IV.5. Para motivar tal aserto, es dable destacar que la traba de la litis sobre este punto particular se centró en decidir -conforme los términos del contrato celebrado- a cuál de las dos partes del contrato correspondía "determinar" la composición del efluente de la planta de cataforesis; específicamente fincó en establecer a quién correspondía cargar con las consecuencias perjudiciales de la presencia de EDTA en el efluente de cataforesis, presencia advertida luego de la instalación del sistema UNIPURE, e incompatible con aquél producto, lo que produjo el mal funcionamiento de éste.

Así, la firma actora, con fundamento en que su parte sólo debía "corroborar" los parámetros de diseño dados por CIADEA, y toda vez que en el pliego de especificaciones técnicas la automotriz no había incluido información alguna sobre la utilización de EDTA, sostuvo que el mal funcionamiento del sistema UNIPURE era sólo imputable a la demandada. En esta línea, aseveró que "no correspondía a DEGREMONT constatar la existencia de sustancias no establecidas en los análisis incluidos por la comitente en los pliegos de condiciones; solamente le correspondía la carga de corroborar los valores de diseño establecidos por CIADEA. Es claro que de haber querido CIADEA que los oferentes establecieran toda la gama de sustancias que componían el efluente a tratar; debió establecerse en el pliego que era obligación de los oferentes determinar la composición del efluente y no corroborar el análisis realizado por CIADEA" (fs. 974vta., autos principales).

Diversamente, la demandada alegó -insistentemente- que "ninguna responsabilidad compete a RENAULT en relación al producto EDTA (...) DEGREMONT debió realizar estudios previos y prioritarios para asegurar el funcionamiento de la planta de efluente de cataforesis en tiempo y forma. No obstante ninguna actividad concreta y específica en ese sentido realizó previamente DEGREMONT, sino que se arriesgó y apostó a instalar directamente el sistema UNIPURE tan solo contando con la información que su comitente le proporcionó desde su precario y lego conocimiento, para luego encontrarse con un grave problema..." (fs. 985/985 vta., de los autos principales).

En estos términos, está claro que la controversia se centró en determinar el sentido y alcance de la condición particular Nº 2 de las Especificaciones Técnicas Particulares del contrato en la que se dispuso que "Las empresas postulantes deberán corroborar los parámetros de diseño..." (fs. 40 de los autos principales, énfasis agregado). Más precisamente, el debate fincó en la hermenéutica que cabía asignar a la expresión "corroborar" utilizada en la normativa negocial transcripta.

Ello así por cuanto mientras para la actora "corroborar" implicaba sólo una comprobación o ratificación de los datos aportados por CIADEA y no una "caracterización" del efluente, para la demandada la tarea de "corroborar" significaba la obligación de "determinar" el efluente en cabeza de DEGREMONT.

IV.6. En pos de despejar tal incertidumbre interpretativa, y atento a la índole eminentemente técnica de la obligación pactada, las partes ofrecieron y diligenciaron prueba pericial química (oficial y de control), con el objeto de que fueran los expertos e idóneos en la materia quienes precisaran el sentido y alcance de la tarea de "corroborar" antes apuntada.

Obsérvese -en esta línea- que el cuestionario dado a los expertos versó principal y esencialmente sobre tal cuestión hermenéutica, habiéndose interrogado a los peritos expresa y directamente sobre la materia a los fines de que éstos se expidieran dando una interpretación de la disposición contractual con la rigurosidad técnica y científica que la cuestión ameritaba.

Así en el punto nº 2 del cuestionario se solicitó que se "explique la forma, técnicas, y procedimientos que deben realizarse para poder DETERMINAR la composición de los Efluentes de una planta como la que fue objeto de la relación contractual entre las partes..." (fs. 40 del Cpo. I del cuadernillo de prueba de la actora); y en el punto nº 3 del mismo escrito se peticionó que "Teniendo en cuenta el pliego confeccionado por CIADEA y las reglas de la experiencia en la materia, dictamine si la DETERMINACIÓN DEL EFLUENTE correspondía a DEGREMONT, o si -por el contrario- esta última solamente debía CORROBORAR los valores determinados por la oferente" (fs. 40/41 del mismo expediente). Igual tenor tuvo la pregunta formulada en noveno lugar, la cual se orientó a dictaminar si "de las Especificaciones Técnicas y del Pliego se deduce que DEGREMONT debió conocer la existencia de EDTA en el efluente a tratar" (fs. 41 del Cpo. I del cuadernillo de la prueba del actor).

Los ingenieros químicos designados en la litis -tal como había sido peticionado- se ocuparon de dictaminar sobre el punto.

Así lo hizo el Ing. Juan Carlos A. Paesini (perito oficial), encontrándose glosado su dictamen a fs. 158/202 del Cpo. I del cuadernillo de prueba del actor, dictamen al cual adhirió el perito de control de la demandada, Ing. César A. Bertucci (fs. 291 del Cpo. II del mismo expediente). Igualmente, el Ing. Ricardo Paver -perito de control de la parte actora- acompañó su dictamen, el que se encuentra agregado a fs. 262/283 del Cpo. II del cuadernillo de prueba de la actora.

Los expertos dieron su versión hermenéutica sobre el punto, fundamentando acabadamente, y desde la ciencia en que son competentes, las diversas posiciones interpretativas adoptadas al respecto.

Incluso, es dable destacar que las partes fueron contestes en asignar a tales dictámenes naturaleza dirimente para la solución del conflicto interpretativo. Prueba de ello son, no sólo las expresiones utilizadas por las partes en oportunidades de alegar de bien probado (consideraciones que de un modo permanente remiten insistentemente a lo dictaminado por los peritos en apoyatura de sendas posiciones procesales), sino también las diversas presentaciones efectuadas por la actora a los fines de lograr el nombramiento de un nuevo perito que zanjare las discrepancias habidas entre el experto de oficio y el de parte (vide, vgr. fs. 288/290, 294, 296, 364/365, 369/373 del Cpo. II del cuadernillo de prueba de la actora).

IV.7. En ese estado de cosas, el Tribunal a quo estaba obligado a ponderar las periciales rendidas en la causa a la hora de asignar la interpretación contractual que estimara auténtica, debiendo explayarse acerca de su eficacia convictiva y -forzosamente- desarrollando las razones que justificaban la desatención de lo dictaminado por alguno de los expertos, así como el acogimiento de las conclusiones del otro.

IV.8. Sobre el particular, adquiere relevancia señalar que el art. 283 del CPCC dispone que el mérito del dictamen pericial se apreciará según "las reglas de la sana crítica racional".

Tal como lo ha sostenido este Alto Cuerpo en anteriores pronunciamientos, la télesis del dispositivo citado se dirige a brindar al juzgador una herramienta útil para desconocer la eficacia convictiva de aquellos dictámenes que se presenten claramente inidóneos, conforme a lo que indican las reglas de la lógica o del pensamiento y de la experiencia (Conf. Sent. 188/01).

Sin embargo, tratándose -como en la especie- de la valoración de cuestiones de orden técnico brindadas por un especialista, son obvias en principio, las limitaciones del juez en orden a la refutación de las conclusiones a las que haya arribado el perito.

Esto así, pues la determinación de los fundamentos apropiados para arribar a una conclusión respecto a una materia ajena al normal saber y entender del judicante, insoslayablemente requiere del pertinente asesoramiento especializado, indicativo de los aspectos técnicos de los que depende la conclusión que se cuestiona ...

... IV.9. En conclusión, el Tribunal de Mérito no se encontraba irremediablemente constreñido frente a las conclusiones de alguno de los expertos, no obstante lo cual, la toma de distancia respecto de sus informes requería de una minuciosa fundamentación que justificara y explicitara tal alejamiento. Una actitud taciturna o silenciosa, en cambio, hace incurrir en una ponderación antojadiza o arbitraria de la prueba.

En ese sendero, obsérvese que el sistema de sana crítica racional establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces pero exige, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de libre convicción, que las conclusiones a la que se llega sean fruto racional del análisis de la prueba.

Se caracteriza así en que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando toda la prueba con total libertad, pero respetando los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y de la experiencia común.

IV.10. En el caso de marras ninguna duda cabe en orden a que la decisión sobre el sentido y alcance de las nociones de "determinación", "caracterización" y "corroboración" del efluente de la planta de cataforesis era un tópico de naturaleza sustancialmente técnica, y no jurídica.

Dicho de otro modo, la sola consulta del objeto del contrato, así como la lectura de las numerosas cláusulas que informaron el contrato base de la acción evidencia que la materia involucrada ostentaba rasgos de complejidad técnica debiendo su análisis e interpretación ser efectuado conforme las reglas y principios de la ciencia de la ingeniería química. Acaso se puede recordar, que una regla de la hermenéutica jurídica primaria, presupone que ella deba ser honesta y por lo tanto, cualquier desmarque o descontexto del tópico a ser considerado implica una severa violación a la nombrada regla.

Muestra acabada de ello son las diversas y abundantes consideraciones que -aunque en sentido disidente- desarrollan sobre el particular los ingenieros químicos designados como peritos en los presentes obrados, en las cuales se sindica bibliografía especializada y se desentraña explicativamente el significado de conceptos técnicos utilizados en el contrato. Resulta una actuación digna de todo imperialismo jurídico, pretender abrazar por el sólo hecho de ser juez, la suma del conocimiento de las ciencias jurídicas y no jurídicas. Ello se evidencia, cuando se desprecian en manera infecunda los aportes técnicos de una ciencia particular como puede ser la ingeniería química, y que es en la especie, la materia sobre la cual se ha diseñado el caso sometido a debate.

Nada obsta a que el juez pueda ser conocedor de la mencionada ciencia particular y pueda entonces, incluso argumentar con total solvencia acerca de ella, más cuando no lo sabe y que es lo que resulta de estos obrados, la pura argumentación jurídica deviene no solo inerme, sino antes de ello, susceptible de ser calificada como hostil.

Iguales notas de tecnicidad y cientificidad tipificaban la determinación del significado de expresiones tales como "parámetros de diseño" y "mediciones...a título orientativo".

IV.11. No obstante los extremos y pautas apuntadas, el órgano jurisdiccional de Alzada decidió restar toda eficacia convictiva a las conclusiones del perito oficial en función de un único argumento, a saber que "al no haberle dado las partes el carácter de árbitro o arbitradores, sus conclusiones no son obligatorias para resolver la causa. Como es sabido, los dictámenes no son más que elementos probatorios incorporados al proceso, siendo la cuestión jurisdiccional de exclusiva incumbencia del juzgador" (fs. 1144, Cpo. V de los autos principales).

La única razón vertida por el Tribunal de Mérito para apartarse del dictamen del perito oficial aparece así insuficiente y errada.

"Insuficiente", toda vez que el lacónico argumento dado de ninguna manera aparece como una explicación racional que vierta las razones por las cuales se desoyó al técnico del legajo.

En esta línea, adviértase que no se sindicaron los motivos que habilitaban la inatendibilidad de la prueba pericial, nada se dijo sobre su seriedad técnica, su fundamentación, la ausencia de claridad de su exposición o la orfandad la razonabilidad de sus conclusiones.

Tampoco se virtieron fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto oficial se encontraba reñida con principios lógicos o máximas de experiencia.

Mucho menos se argumentó una preferencia por las conclusiones dictaminadas por el perito de control de la parte actora (por entender este dictamen -por ejemplo- de mayor rigor o seriedad científica); ni siquiera se puntualizó que primaba la impugnación técnica efectuada por éste en su dictamen disidente.

"Errada" es también la motivación dada, porque si bien es cierto que las partes no acordaron dar carácter arbitral a la pericia, ello no habilitaba que el juzgador se apartara de la prueba pericial sin verter razón alguna que justificara tal descarte.

Al contrario, tal como ya se ha explicitado abundantemente en los considerandos precedentes, ante la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del experto designado (técnicamente ajeno al hombre de derecho), para desvirtuarlo, era imprescindible que se ponderaran otros elementos de juicio con entidad suficiente como para permitir al juzgador concluir -de un modo fehaciente- en el error o en el inadecuado o insuficiente uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado.

Tal tarea intelectiva no fue cumplimentada por la Cámara a quo, o al menos no se dejó constancia de ella en la resolución opugnada, lo cual tiene el mismo resultado práctico en concreto.

Nótese que incluso el Tribunal de Mérito, ni siquiera puntualizó la existencia de otros medios de prueba de relevancia comparable o superior a la que en el caso reviste la prueba pericial oficial (vgr. la mayor persuasión del dictamen del perito de parte), argumentando que los mismos lo persuadían de que las conclusiones periciales debían ser dejadas de lado.

El a quo simplemente resolvió interpretar el contrato conforme una hermenéutica propia y subjetiva, pese a que las partes encomendaron tal interpretación a sujetos idóneos en la materia.

Y para efectuar tal hermenéutica personal, el órgano jurisdiccional de Alzada se fundó sólo en el contrato base de la acción sin siquiera aludir a otras probanzas o a reglas de la experiencia que justificaran el apartamiento de las conclusiones técnicas dadas por los expertos.

Siendo así, no cabe sino afirmar que la solución a la que ha arribado el órgano de juzgamiento -desde el punto de vista formal- presenta las deficiencias que se le enrostran, lo que impide mantenerlo como pronunciamiento válido.

Consecuentemente, la complexión de la motivación sentencial se malogra por la falta de exposición de los motivos que justifiquen el descarte de las periciales rendidas en la causa. Al razonar como lo ha hecho, la Cámara actuante no ha logrado definir los motivos puntuales, y sobre todo, íntegros que inspiraron la definición consagrada, más aún cuando se está en presencia de una resolución que modificó la de anterior instancia que disponía con criterio disímil.

Por lo tanto, y siendo que el mandato (arts. 155, Constitución Provincial y 326, C.P.C.) de fundamentación lógica y legal de las resoluciones judiciales no sólo se ve infringido cuando la referida exposición de motivos no exista, sino también cuando -como en el caso- sea ilegítima o aparente, corresponde acoger la impugnación impetrada por la parte demandada ...".

VII. Como se ha visto, se trata de una divergencia de los contratantes en lo que atañe a la interpretación de la convención que los vinculara.

Obviamente, no será necesario hacer interpretación alguna, en el caso que la voluntad expresada por las partes resulte suficientemente clara.

Sobre el punto, dice López de Zavalía, que "desde que el contrato existe, se independiza de las partes, a las que gobierna como una ley (...) cuando no discuten el sentido, es porque están de acuerdo en darle una determinada interpretación, pero cuando no es así se abre el acto de interpretar (que puede traducirse en un convenio de determinación) que es distinto del contrato mismo", (cf.: López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los Contratos, Parte General, T. I, pág. 268, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1.991).

Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene, (cf.: Josserand, Louis, Derecho Civil, T. II, Vol. II, Teoría general de las obligaciones, trad. Santiago Cunchillos y Manterola, pág. 173, Ed. E.J.E.A.-Bosch y Cía. Editores, Buenos Aires, 1.951).- Dice Messineo que para interpretar el contrato hay que tomarlo, tal como lo es, como un todo coherente y sus cláusulas han de interpretarse las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte del conjunto; no se trata de una simple suma de cláusulas, sino de un conjunto orgánico y que, además, la interpretación de la intención común de las partes deberá ser efectuada en el sentido más conforme con los principios del orden corporativo, (cf.: Messineo, Francesco, Doctrina General del Contrato, trad. Fontanarrosa, Sentís Melendo y Volterra, Ed. E.J.E.A., T. II, pág. 107, Buenos Aires, 1.987; Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. Sentís Melendo, T. I, pág. 279, T. III, pág. 490, Ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1.954 y 1.995, respectivamente).- Comentando el art. 1.198 del Código Civil, como norma de interpretación de los contratos, Salas y Trigo Represas han dicho que "debe investigarse la voluntad de las partes sin atenerse al sentido literal de las expresiones empleadas, ya que aquella no consiste solamente en términos en que se exterioriza sino en todas las circunstancias externas con las cuales ha podido contar el autor de la declaración para determinar su exacto alcance, pero siempre debe partirse del sentido y alcance de las palabras usadas", (cf.: su Código Civil Anotado, t. II, pág. 42).- Belluscio señala que la interpretación de los contratos se basa en tres principios fundamentales, cuales son: su fuerza obligatoria; el deber de celebrarlos, ejecutarlos e interpretarlos de buena fe; y la regla de que se hacen para ser cumplidos, (cf.: su "Código Civil ...", t. V, pág. 899).

"...Reglas de interpretación. La buena fe. Las directivas y principios legales para interpretar los actos jurídicos son de carácter obligatorio, pues son normas que el juez está precisado a respetar. El art. 1198 en su primer párrafo estatuye la regla de la buena fe, la cual se extiende: a) al período precontractual o de las tratativas de las partes; b) al momento de la formación del consentimiento (claridad, concisión, integralidad, coherencia); c) al tiempo de la ejecución de las prestaciones; d) en caso de resolución del acuerdo. Se trata de la buena fe objetiva (conductas leales de las partes) y manda ajustarse a la apariencia o buena fe subjetiva, (lo que la otra parte pudo creer o entender obrando con cuidado y previsión). Otras reglas. En el Código de Comercio se han establecido otras reglas que se aplican a todos los negocios, incluidos los contratos civiles, la mayoría de las cuales son aplicaciones del principio de la buena fe. Los arts. 217 y 218 de ese cuerpo legal se refieren a las palabras de las convenciones que deben entenderse en su sentido de uso general; a la intención común o lo realmente querido por las partes, que prevalece sobre el sentido puramente literal de los términos; a que las cláusulas confusas o equívocas, deben interpretarse atendiendo a otras claras y precisas que figuren en el negocio, según un contexto general o "interpretación contextual"; ante cláusulas de dos sentidos, uno que lleva a la invalidación y otro a la validez, deben prevalecer las que dan valor y vigencia al contrato y, si las dos le dan validez, a las que se ajusten con más claridad a su naturaleza ("principio de conservación del contrato"); los hechos de los contratantes subsiguientes a la celebración, importa una explicación que debe atenderse para comprender la intención de las partes, pero también son atendibles, sin prevalecer sobre los posteriores, los hechos o conductas anteriores que se han desarrollado durante la preparación y tratativas del contrato; finalmente, el favor debitoris, pues ante la duda debe prevalecer el sentido de liberación, regla que sin embargo tiene carácter secundario y supeditada a la buena fe. Modernamente se agregan como pauta la finalidad o economía del contrato, la prioridad de las normas especiales sobre las generales, las manuscritas sobre las impresas, las incorporadas a las preexistentes, y el criterio de que las ambiguas se interpretan en contra del predisponente, en los contratos predispuestos o por adhesión (ver art. 1137), (cf.: "Código Civil, Comentado y Anotado", Santos Cifuentes, Director, Fernando Alfredo Sagarna, Coordinador, t. II, pág. 65, La Ley, Avellaneda, Prov. de Bs. As., 2.005).

Desde la jurisprudencia, se ha indicado que:

"Corresponde aplicar lisa y llanamente las previsiones contractuales cuando estas son claras y precisas -es decir, no existiendo ambigüedad en los términos empleados-, sin efectuar una labor hermenéutica adicional ni recurrir a otras pautas interpretativas, por aplicación del principio de buena fe contractual", (CS, 2001/03/06, "PRA c. Provincia del Neuquén", LA LEY, 2001-D, 301; DJ, 2001-2-742). Agregando el mismo fallo que: "Los contratos deben interpretarse atendiendo al propósito o intención de los contratantes más que al sentido literal de los vocablos empleados, valorando las particulares circunstancias que rodearon a la estipulación -antecedentes y conductas sobrevinientes-, por aplicación del principio de buena fe contractual", (del voto en disidencia parcial del doctor Moliné O¿Connor), (CS, 2001/03/06, "PRA c. Provincia del Neuquén", LA LEY, 2001-D, 301, DJ, 2001-2-742, en Repertorio La Ley, LXI-2001, A-I), citados en Cámara 4º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 14/03/2006, "Córdoba de Abraham, María I. y otro c. Selvaggi, Néstor y otro", LLC, 2006-824).- En suma, para resolver la cuestión habrá de estarse a la intención común de las partes, la buena fe, la acepción común y general de los términos empleados y a la consideración del contrato como un todo integral; habrá que tener en cuenta, también, las circunstancias relacionadas con la obligación en discusión, de los hechos probados, la conducta observada antes o después del acto, del fin económico perseguido al contratar, la propia experiencia, las normas aplicables y el resultado valioso, o no, de su interpretación en aras a obtener un fallo que resguarde plenamente principios supremos como lo son la justicia y equidad.- Por supuesto, la opinión de los expertos ha de ser tenida en cuenta en la medida en que colabore a dirimir la cuestión.

Desde la óptica indicada, procederemos a desentrañar el contrato para desbrozar cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

Antes de continuar, he de señalar que como es sabido, los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes, ni analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo de aquellos elementos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa, (art. 327 del C. P. C. C.).

Por tal motivo, trataré sólo aquéllas quejas susceptibles de incidir en la decisión final del pleito (cf.: CSJN, 13/11/86 in re "Altamirano, Ramón c/comisión Nacional de Energía Atómica"; ídem, 12/2/87, in re "Soñes, Raúl c/administración Nacional de Aduanas; bis ídem; 6/10/87, in re "Pons, María y otro", entre otras).- A ello hay que agregar qué resulta indispensable para cumplimentar la previsión del art. 372 de la ley ritual, toda vez que el recurso sólo atribuye al tribunal que lo debe decidir, el conocimiento de los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, (art. 356, ibídem), sin perder de vista que la decisión a tomar deberá hacerse en virtud del reenvío y con la natural limitación que ella apareja.

VIII. La convención bajo examen, consta de una parte denominada "Condiciones Generales de Contratación de Obras"; la siguiente: "Especificaciones técnicas particulares" sobre la obra, consistente en la construcción, instalación y puesta en marcha del equipamiento y tecnología para la optimización integral, automatización y aumento de capacidad de las plantas siguientes: a) planta de tratamiento de efluentes de cataforesis y pintura, b) planta de tratamiento de efluentes industriales, y c) planta de tratamiento de efluentes cloacales; otro acápite se denomina "Especificaciones generales para trabajos de termohidráulica"; el que sigue "... para trabajos de automatismo". Por último y con relación a lo que aquí interesa, el anexo 1 contiene los "Resultados de los análisis químicos" y da cuenta de los valores máximos obtenidos en máxima producción (630 vehículos por día).

IX. Del texto acompañado por la actora en su demanda, pueden rescatarse estos pasajes:- Las mediciones de caudales y concentraciones cloacales, son únicamente a título orientativo. Cada empresa deberá realizar sus diseños en base a determinaciones propias, deslindando a CIADEA S. A. cualquier responsabilidad al respecto, (ver fs. 34).

Los trabajos comprenderán:

A) PLANTA DE TRATAM. DE EFLUENTES DE CATAFORESIS Y PINTURA LÍQUIDOS. Cumplir con todos los parámetros exigidos en la legislación vigente. Estos líquidos serán vertidos al curso del Río Suquía, previo paso por desagüe plucial (canal abierto y cerrado).

SÓLIDOS. Los barros obtenidos deberán cumplir con el ensayo de lixiviado, según Ley 24051. Se deberá adoptar el proceso y tecnología de oclusión química de los metales pesados de los barros, en el tratamiento (proceso Unipure o similar). Los barros finales, deberán ser aptos para enterrarlos en relleno sanitario común.

B) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES.

LÍQUIDOS. Se solicita reemplazar la actual Plante de Tratamiento por otra de tecnología avanzada (Ej. unidad coalescedora de placas inclinadas C. P. I. o similar) con mayor capacidad que el actual.

SÓLIDOS. Los sólidos resultantes deberán ser aptos para enterrarlos en relleno sanitario.

Se adjuntan valores de ingreso y exigencias de salida.

C) PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.

Se mantendrán las instalaciones existentes debiéndose realizar los trabajos necesarios para mejorar el sistema y cumplir con los valores de la legislación vigente. Se adjuntan valores de ingreso y exigencias de salida, (ver fs. 39 y 40).

Las empresas postulantes deberán corroborar los parámetros de diseño y presentar antecedentes/garantías, en relación a los procesos y operaciones que propongan.

Solicitamos considerar el pretratamiento de los líquidos que provienen de la Planta de Limpieza de Dispositivos, en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Efluentes de Cataforesis y Pintura, (ver fs. 40).

Bombas para fluidos. En todos los casos las bombas deberán estar condicionadas a los valores de caudal y presión necesarios, como así también a las características físicas y químicas del fluido, (ver fs. 41).

A fs. 46, luce el Anexo 1 que da cuenta de los resultados de los análisis químicos que proporciona CIADEA S. A. a los proponentes.

En el, se lee:

ANEXO 1 RESULTADO DE LOS ANALISIS QUIMICOS Valores picos obtenidos en máxima producción (630 Veh/d) INSERTAR CUADRO En la prueba documental acompañada al libelo introductivo de la instancia anterior, se encuentra la propuesta -técnica y comercial- que la accionante hiciera a la accionada.- Esta prueba, fue expresamente reconocida por CIADEA S. A. en oportunidad de contestar la demanda, (ver fs. 633 vta., penúltimo párrafo).

De sus términos, destaco:

2.EFLUENTES INDUSTRIALES Con referencia a esta corriente compuesta por los líquidos que arriban por cañerías subterráneas y canal norte, hemos proyectado un tratamiento basado fundamentalmente en los datos que nos transmitieran sobre los mismos, según los cuales, la presencia de metales pesados no tiene niveles incompatibles con los deseables para el vuelco según la reglamentación vigente.

Se desea por lo tanto optimizar la separación de sólidos precipitables y sustancias inmiscibles sobrenadantes.

Para ello se colocará un sistema de barrido de sobrenadantes sobre las actuales piletas tipo API, enviándose los barros a las playas de secado existentes y las grasas y aceites recuperados al pozo de grasas.

El líquido pretratado será elevado a un separador de placas tipo CPI donde se completará el desbaste anterior.

El líquido intermedio se incorpora al reactor biológico de cataforesis para completar su ciclo de tratamiento, (ver fs. 81).

RESULTADOS ESPERADOS 1. Para los valores de líquido crudo, que figuran en vuestro (*) pliego de especificaciones técnicas, él resultado del tratamiento dará un efluente apto para su vuelco de acuerdo a la legislación vigente.

(*) Con respecto al efluente de origen industrial, se tiene en cuenta lo descripto en nuestra propuesta en el sentido que los análisis efectuados en dicha corriente no tienen una concentración de metales pesados que requiere un tratamiento similar al de la cataforesis, (ver fs. 90).

A fs. 103/104, obra copia de la Nota de Pedido nº 1.404.937 y a fs. 105 luce un anexo a aquella en la que se manifiesta que los términos y condiciones de las cláusulas de pliegos, especificaciones técnicas generales, condiciones generales de contratación y seguro de accidentes de trabajo, forman parte de los términos y condiciones de ese pedido, indicándose modificaciones al original en lo que respecta al tratamiento de efluentes industriales y cloacales. Nada se dice en lo que atañe al tratamiento de efluentes de cataforesis y pintura.

En la Memoria de Proceso, agregada a partir de fs. 109, se describe:

CIADEA - PLANTA SANTA ISABEL MEMORIA DE PROCESO l. Introducción Se desarrollan en el presente documento los cálculos de proceso correspondientes a la remodelación de las instalaciones de tratamiento de efluentes líquidos de la planta industrial Santa Isabel que CIADEA posee en las cercanías de la ciudad de Córdoba.

Las Instalaciones actuales comprenden el tratamiento de tres corrientes de vertidos líquidos:

* Efluentes de pintura y cataforesis * Efluentes industriales * Efluentes cloacales En el presente estudio se detallan las modificaciones que sufrirán las líneas de tratamiento para cumplimentar las normas de vertido que fija la reglamentación vigente en el lugar de las instalaciones, tanto en lo que se refiere a los efluentes líquidos como a los sólidos generados a lo largo del proceso.

Los cálculos se desarrollan en base a la información aportada por CIADEA para una producción nominal de 630 vehículos por día, y a nuestras propias verificaciones y análisis realizados en el lugar.

2. Características del efluente a tratar Para la elaboración de las características limites se ha tomado como base la siguiente información:

1) Datos del Pliego de cotización, aportados por CIADEA Se reproducen en la hoja adjunta los datos contenidos en el Anexo 1 2) Caracterización realizada por Degrémont S.A. durante los días 22/1/96 al 28/1/96 Durante ese periodo se tomaron muestras compensadas de las tres corrientes de efluentes ingresantes a la planta de depuración.

Es preciso tener presente que la planta de tratamiento de efluentes se remodelará para tratar los efluentes cuyas características límites se fijan en este documento. La planta no trata cualquier cosa. La disciplina de planta en cuanto a la generación de efluentes es imprescindible para que el tratamiento realice con éxito su misión Se adjunta una hoja resumen del resultado de los análisis que caracterizan cada corriente y expresados como valores medios diarios y como valores máximos diarios.

3) Información suministrada por personal de CIADEA a lo largo de las reuniones previas y posteriores a la adjudicación de la orden de compra.

Como dato más importante, se destaca que los efluentes industriales no contendrán normalmente metales pesados que requieran una eliminación especifica. No obstante, podría esperarse algún vuelco controlado de efluentes con ese tipo de contaminación, por lo tanto deberán preverse los medios para poder introducirlo en forma controlada en la línea de eliminación de metales pesados.

Del análisis de la información detallada más arriba, se extraen las siguientes conclusiones:

ò Efluentes de cataforesis:

La contaminación de orden orgánica es más alta que la informada por CIADEA. En efecto, de acuerdo con los resultados de nuestros análisis, el pico diario de contaminación es de 630 mg/l y no de 500 mg/l. Se adopta por lo tanto para diseño este valor máximo de 630 mg/l.

Los metales pesados están presentes en concentraciones superiores a las admitidas para su vuelco, por lo tanto es preciso realizar un tratamiento específico previo antes de someter al efluente al proceso de depuración biológica.

Los aceites y grasas están presentes en concentraciones tales que no significan ningún riesgo para los tratamientos de eliminación de metales pesados o para el proceso biológico posterior. Por lo tanto será suficiente, con prever los medios para atrapar eventuales contaminaciones puntuales.

ò Efluentes industriales De acuerdo con lo señalado por el personal de CIADEA, esta corriente, resultado del vuelco voluntario de diversos efluentes, no contendrá normalmente metales pesados.

No obstante, tanto el informe de licitación de CIADEA como nuestros propios análisis indican que puede haber un cierto contenido de éstos.

Por esta razón, se define que normalmente el efluente industrial no será sometido a un tratamiento de eliminación de metales pesados. Si de planta se informa que harán una descarga conteniéndolos, en esa oportunidad se elevará el efluente desde el punto de salida del tratamiento de efluentes Industriales hacia la cuba de recepción del efluente de cataforesis, para ser tratados en forma conjunta con éstos.

Respecto a la contaminación orgánica, la DBO seria de 250 mg/l según la información suministrada por CIADEA, en tanto que nuestros propios análisis indican que dicho contenido no supera los 45 mg/l de DBO. En consecuencia, se establece que normalmente el efluente industrial no será sometido a un tratamiento de depuración biológica. No obstante se tendrá previsto que si el contenido de DBO del efluente es superior al admitido para su descarga, podrá derivarse al tratamiento biológico de la línea de tratamiento de efluentes de cataforesis.

Resumiendo, después de su pretratamiento, los efluentes industriales tendrán los siguientes destinos alternativos:

Si se informa de la existencia de metales pesados, se derivará a la cisterna de homogeneización de cataforesis.

Si se informa de la existencia de DBO más allá de lo tolerable, se derivará al tratamiento biológico de cataforesis. En este caso, se adopta para diseño un valor medio diario intermedio entre el pico de 250 mg/l informado por CIADEA y el máximo diario medido por nosotros, de 45 mg/l. Se adopta 100 mg/l de DBO para diseño.

Si no hay metales pesados y el contenido de DBO es bajo, el efluente industrial será descargado al río directamente.

ò Efluentes cloacales No contándose con información especifica por parte de CIADEA, tomamos como base de diseño las mediciones efectuadas por nosotros en el campo Teniendo en cuenta la información y el análisis que antecede, se definen a continuación las características de diseño de cada corriente a tratar.

Efluentes de cataforesis:

INSERTAR CUADRO Efluentes Industriales INSERTAR CUADRO Efluentes cloacales En el caso de los efluentes cloacales tomamos los datos relevados por nosotros en el lugar, estableciéndose entonces el siguiente análisis de diseño INSERTAR CUADRO 3. Condiciones de vertido 3.1. Vertidos líquidos Se han tomado como base para diseño de los sistemas las condiciones de vertido establecidas en las siguientes reglamentaciones, adjuntas al pliego de licitación:

Decreto 178 E 89 Reglamentario de la Ordenanza Nº7104 (Municipal) Boletín de la Empresa Obras Sanitarias de la Nación, Nº 4427 del 21 de marzo de 1980 Dirección de Hidráulica de la Pcia. 46093/90 y Nº0046-34600/86 Tomando los límites admitidos más exigentes de cada reglamentación para cada parámetro, se confecciona la condición general del efluente, que deberá obtenerse:

INSERTAR CUADRO 3.2. Vertidos sólidos (fangos) Los sólidos generados por el tratamiento UNIPURE de eliminación de metales pesados resistirán el ensayo de lixiviación reglamentación vigente a la fecha.

3.3. Garantías del proceso Degrémont garantiza las condiciones del vertido (tanto liquido como sólidos) para los efluentes cuya composición se establece en el capítulo anterior y considerando una explotación de acuerdo a las instrucciones de Degrémont.

En efecto, las garantías del proceso están vinculadas a las características de diseño de cada una de las corrientes de efluentes a tratar, tal cual se especifican en el presente documento.

Todos aquellos efluentes que contengan agentes inhibidores del tratamiento biológico deberán ser tratados en forma individual para remover estos componentes nocivos antes de enviarlos a la red general de efluentes que los conduce a la planta de tratamiento de efluentes. La presencia de este tipo de inhibidores en la entrada a la planta de tratamiento no permitirá el correcto funcionamiento de las instalaciones que no están preparadas para ello, lo cual conducirá a la suspensión automática de las garantías.

En particular, la presencia de agentes quelantes o complejantes, y dispersantes que pudieran interferir con el proceso UNIPURE deberán ser neutralizados antes de ingresar al proceso, de acuerdo a las indicaciones del licenciatario del proceso, como se describe en esta memoria.

4. Descripción del Proceso Como puede apreciarse en el Diagrama de bloques adjunto, el tratamiento con los efluentes especificados en los capítulos anteriores comprenderán las siguientes etapas:

4.1. Efluentes de cataforesis - Eliminación de metales pesados Los efluentes de cataforesis serán recibidos primeramente en el separador de aceites existentes, que será equipado con módulos laminares para facilitar la remoción de los aceites libres desemulsionados que pudieran llegar al tratamiento.

El efluente desaceitado será almacenado en la actual cisterna de homogeneización desde donde será elevado con un nuevo grupo de bombeo al tratamiento de eliminación de metales pesados a un caudal sensiblemente constante.

Para almacenar los volúmenes de efluente que superan la capacidad de tratamiento de la planta, estos volúmenes se desviaran a la actual fosa de almacenamiento de 600 m3, donde esperaran su turno para ser tratados.

Se ha adoptado el proceso patentado UNIPURE para realizar la eliminación de metales pesados. El proceso consiste en la coprecipitación de metales pesados conjuntamente con hidróxido férrico obtenido por oxidación de una sal ferrosa, preferiblemente en medio alcalino.

El sistema UNIPURE tendrá sus correspondientes equipos do la sal ferrosa y de hidróxido de sodio, y un control de pH dedicado.

El efluente con los sólidos coagulados será a adicionado con una solución de polielectrolito obtenido de la instalación existente y FLOCREACTOR existente, donde se producirá la f1oculación de los sólidos precipitados.

Con el propósito de evitar interferencias en el funcionamiento del proceso y UNIPURE, por recomendación de la firma licenciataria del proceso, se implementarán los siguientes sistemas:

Dosificación de Cloruro de Calcio para neutralizar la acción de los fosfatos.

Dosificación de antiespumante para evitar la formación de espumas por los detergentes.

Estos reactivos serán dosificados en la fosa de homogeneización y bombeo.

Adicionalmente, se ha impuesto también la dosificación de un reactivo complejante para prevenir la acción de los agentes quelantes eventualmente presentes en el efluente de cataforesis.

El líquido despojado de los metales pesados será alimentado al tratamiento biológico industrial.

Los fangos precipitados en el FLOCREACTOR serán extra idos con las bombas específicas y enviados al espesador de fangos existente. Desde allí serán alimentados, como hasta ahora, al filtro a bandas existente para su deshidratación. Las bombas de extracción de barros también serán utilizados para la recirculación eventual de fangos al UNIPURE.

El fango deshidratado, con una sequedad del orden del 20% corno mínimo, será depositado en contenedores y por medio de camiones transportado a vertederos municipales habilitados.

4.2. Efluentes Industriales - Pretratamiento Los efluentes industriales serán recibidos como hasta ahora en el canal Norte, y pasarán por las instalaciones existentes de remoción de sólidos gruesos (con envío a la playa de secado específica) y bombeo de sedimentador y separador de grasas.

El sedimentador y separador de grasas existente será remodelado de tal manera de contar con dos cámaras en serie, una para desbaste y la segunda para terminación. La primera cámara será equipada con un skimmer para remoción rápida de aceites. Se aplicará además en esta zona el tratamiento fisicoquímico actual, consistente en la inyección de Cloruro Férrico, Cal, y Polielectrolito (este tratamiento fisicoquímico no se aplicará cuando el efluente contenga metales pesados, para evitar su precipitación con los fangos). Los sólidos sedimentados serán evacuados por el sistema de bombeo existente.

La cámara para terminación será equipada con módulos laminares para favorecer la remoción de las grasas y aceites remanentes. La eventual presencia de grasa y aceites aguas abajo de los módulos laminares serán evacuados al pozo de grasas a través del sistema existente.

Al abandonar el sedimentador/separador de grasas, el efluente accederá a una cámara de bombeo y podrá tener tres destinos diferentes, según la contaminación acarreada. Si hay metales pesados, será bombeado a la cisterna de homogeneización Si hay contaminación orgánica. será bombeado al tratamiento biológico industrial. Si no hay metales pesados ni contaminación orgánica, continuará por gravedad como actualmente a la cámara de cloración del efluente cloacal.

4.3. Tratamiento biológico industrial Los efluentes de cataforesis (y eventualmente los efluentes industriales) despojados de los metales pesados accederán al tratamiento biológico industrial, donde serán sometidos a un tratamiento aerobio por fangos activados para reducir su contenido orgánico a niveles compatibles con su vertido al río. Para ampliar la capacidad del tratamiento, requerida por los niveles de contaminación a tratar, se complementará la cuba de aeración con una cuba de 300 m3, funcionando todo el sistema como una unidad.

Los aereadores de superficie actuales serán reemplazados por un nuevo sistema de insuflación de aire, compuesto por sopladores tipo Roots y un sistema de distribución con inyectores de burbuja gruesa, marca VIBRAIR.

A la salida de la cuba de aeración, previo a acceder a los decantadores secundarios existentes, se mantendrá la dosificación de cloruro férrico que favorecerá la sedimentación y compactación de los fangos biológicos que van a recirculación.

La recirculación de fangos se mantendrá con las instalarán bombas nuevas para complementarias y para enviar los fangos en exceso a la entrada de los decantadores primarios/digestores del tratamiento cloacal, donde serán sedimentados y digeridos.

El efluente saliente del tratamiento biológico industrial será sometido a una cloración previo a su descarga al río.

Para compensar el desbalance de nutrientes de los efluente de cataforesis e industriales (eventuales), se aplicará a la cuba de aireación una inyección de urea como medio para suplir el déficit de nitrógeno. Adicionalmente se preverá una llegada de efluentes cloacal al biológico que podría también actuar como fuente de nitrógeno.

Además, se preverá un sistema de dosificación de ácido clorhídrico para llevar el pH a valores normales del tratamíento biológico dado que el tratamiento UNIPURE podría realizarse a pH elevado.

El capítulo concluye con la exposición referida al tratamiento de efluentes cloacales y con los cálculos de proceso.

A fs. 134 se incorpora una planilla que refleja los valores de entrada y de salida recogidos por la accionante durante los días veintitrés al veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, los proporcionados por la accionada y los máximos considerados en la ley, en lo que hace a Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Aceites y grasas, S. S. E. E., D. B. O., Detergentes, Fosfatos, D. Q. O. y R. T. E.- El Ensayo de Funcionamiento es hecho conocer a CIADEA a través de la nota que luce a fs. 136, con estos términos:

Adjunto a la presente les hacemos llegar los resultados obtenidos en los ensayos efectuados en la semana del 6 al 18/2/97 sobre la Planta de Tratamientos de Efluentes.

De acuerdo con el resultado, el sistema ha funcionado correctamente con todos los parámetros dentro de las condiciones estipuladas por el contrato. Por lo que les solicitamos se efectúe la Recepción Provisoria correspondiente.

Deseamos dejar en claro que el sistema Unipure por ustedes exigido para el presente contrato solamente ha funcionado en forma correcta una vez que se ha eliminado el EDTA de los baños de limpieza de cataforesis, hecho que se condice con el informe oportunamente enviado a ustedes de los estudios realizados entre Septiembre y Noviembre de 1996 sobre los efluentes vertidos a la Planta de Tratamiento.

Deseamos dejar establecido también que este producto (EDTA) nunca fue informado por ustedes como parte del efluente a tratar, que sólo pudo ser detectado después de investigar las características de los productos químicos utilizados por ustedes a través de la firma HENKEL quien informó después de reiterados pedidos y con reservas (argumentando razones de confidencialidad de los productos provistos) las características de los productos que la misma utilizaba.

Tomando en consideración esta situación, y a los efectos de evitar un mayor daño al ya ocasionado a nuestra firma solicitamos realicen la Recepción Provisoria en forma inmediata y la liberación de los pagos recibidos indebidamente al día de la fecha que ascienden a la suma de $ 335.798.80.

Informaremos a ustedes por separado la situación planteada con referencia al funcionamiento de la planta, las modificaciones que fueron realizadas y que no formaron parte del contrato, los ajustes que fueron realizados para que la planta pueda obtener un efluente de calidad acorde a las exigencias de las autoridades municipales y provinciales, los mayores costos incurridos por nuestra sociedad por esta situación así como los daños ocasionados por las retenciones indebidas realizadas por Ciadea en forma unilateral.

Se incorporó a fs. 134, una planilla de valores comparativos de los obtenidos por los contendientes, donde -con estas referencias, E1: cataforesis, I1: industrial y C1: cloaclal-, se lee:

VALORES DE ENTRADA INSERTAR CUADRO La misma planilla, con los mismos rubros indicados, continúa de esta manera:

VALORES DE ENTRADA INSERTAR CUADRO ---- VALORES DE SALIDA INSERTAR CUADRO Los informes correspondientes a los días recién indicados y elaborados por CEPROCOR, Centro de Excelencia de Productos y Servicios dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de esta Provincia, lucen agregados a fs. 137/143.- Ese fax, es contestado por la misma vía -ver fs. 144/145- y se realizan distintos reclamos y se consigna en forma puntual:

Por otra parte, el producto EDTA existió siempre desde el inicio del proyecto s/lo dice claramente el Pliego de Especificaciones Técnicas "Las empresas postulantes deberán corroborar los parámetros de diseño".

Se agrega a fs. 146/150, nota fechada el uno de julio de mil novecientos noventa y siete por la que Degremont S. A. fija su posición frente a CIADEA, señalando que no fue informada y desconoció en todo momento y hasta que se realizó el estudio de los productos químicos empleados en el Área de Cataforesis (tarea no contractual), que CIADEA utilizaba en sus baños un agente quelante (EDTA) cuyas consecuencias sobre el proceso UNIPURE son altamente nocivas, (ver fs. 148, primer párrafo).- El reconocimiento de mayores costos se reitera en nota del doce de agosto de ese mismo años (ver fs. 153/154), aludiendo a la aparición de productos no previstos por el contrato en el efluente a tratar que impedían la posibilidad de funcionamiento del sistema fisicoquímico.

A fs. 155/156 lucen otros informes de análisis químicos.- La correspondencia intercambiada por las partes, hace hincapié en la presencia de EDTA y ambos pleiteantes imputan responsabilidad al otro por su falta de advertencia. De la accionante, se dice que estaba a su cargo "la corroboración de los parámetros de diseño".

X. Es imprescindible precisar algunos términos que contiene la documentación arriba referenciada.

Por eso, cabe aclarar -en una sentencia judicial y según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición- que el lixiviado (del lat. ...), es el líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier material permeable. Puede contener tanto material suspendido o disuelto, generalmente ambos.- En otra acepción: 1. tr. Quím. Tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar sus partes solubles de las insolubles.- Percolar, (del lat. percolare, filtrar, colar). 1. intr. Dicho de un líquido: Moverse a través de un medio poroso.- Parámetro. 1. m. Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. 2. m. Mat. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.

Y, por último, que corroborar (del lat. corroborare), es: 1. tr. Dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos, con nuevos raciocinios o datos. U. t. c. prnl., y en una segunda acepción, 2. tr. desus. Vivificar y dar mayores fuerzas al débil, desmayado o enflaquecido. Era u. t. c. prnl.

Esta expresión, corroborar, admite como sinónimos aprobar, (calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien), asentir (admitir como cierto o conveniente lo que otra persona ha afirmado o propuesto antes), confirmar (corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo, revalidar lo ya aprobado, asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad), reconocer (entre muchos sentidos, examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias).

XI. Tal como se adelantara, el conflicto suscitado entre las partes nos pone en situación de interpretar e integrar el contrato que los vincula no siendo necesaria su calificación desde que ambas partes están contestes en ello.- En esa tarea, son diversos los métodos que pueden utilizarse y, entre ellos, el literal puede llevarnos a desentrañar la univocidad o equivocidad de los términos empleados en la convención.

Si como se dijera, la cuestión a dirimir gira alrededor del contenido y dirección de la expresión "la corroboración de los parámetros de diseño" por la cual CIADEA S. A. argumenta que pesaba sobre Degremont S. A. la obligación de advertir la presencia de EDTA en los efluentes, no cabe duda alguna que de inmediato hay que encontrar y definir el alcance de los vocablos usados, apelando al significado que nuestra lengua les asigna sin perder de vista cuál es el objeto del contrato y que conforme a la modalidad de contratación, había cláusulas predispuestas.- La actividad que debía llevar adelante la demandante en cumplimiento de la obligación asumida, pendía de la información que brindara la demandada en lo que hace a los elementos que iban a ser objeto de tratamiento.

Pues bien, CIADEA pone en conocimiento de Degremont cuáles son esos elementos y cuáles son sus valores de acuerdo a la medición practicada tomando como hipótesis la máxima producción.- Así es que proporciona el dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación, es decir, el parámetro de los distintos elementos a tratar Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, aceites y grasas, S. S. E. E., D. B. O., detergentes, fosfatos, D. Q. O. y R. T. E.

No hay, no existe, no se supo o no se dio a conocer, elemento de juicio alguno que permita inferir que al tiempo de celebrarse el contrato estuviera presente el ácido etilendiaminotetraacético en el proceso de cataforesis, por lo que mal puede ser verificado -corroborado- el nivel de los valores que marcaba su manifestación.- Resumiendo, a mi modo de ver las cosas, el EDTA no fue tenido en cuenta al contratar y su aparición provoca una modificación de la situación de hecho al interferir en el funcionamiento del sistema UNIPURE, que es salvada por la actora a partir de sus estudios y análisis. En este punto, ver el informe que luce a fs. 734/735 por el que el quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, se hace conocer a la Compañía Interamericana de Automóviles la presencia de EDTA, detectado por los trabajos de investigación y ensayo realizados por Degremont.- En otras palabras, no se pactó que Degremont tuviera que tratar el EDTA. Aquí, vale reiterar la advertencia que formulara a su contratante en lo que hace a las garantías del proceso, tal como se lo hizo saber al remitir la memoria descriptiva del mismo:

Todos aquellos efluentes que contengan agentes inhibidores del tratamiento biológico deberán ser tratados en forma individual para remover estos componentes nocivos antes de enviarlos a la red general de efluentes que los conduce a la planta de tratamiento de efluentes. La presencia de este tipo de inhibidores en la entrada a la planta de tratamiento no permitirá el correcto funcionamiento de las instalaciones que no están preparadas para ello, lo cual conducirá a la suspensión automática de las garantías.

En particular, la presencia de agentes quelantes o complejantes, y dispersantes que pudieran interferir con el proceso UNIPURE deberán ser neutralizados antes de ingresar al proceso, de acuerdo a las indicaciones del licenciatario del proceso, como se describe en esta memoria, (el destacado es de mi autoría).

XII. La interpretación literal del contrato, puede no ser suficiente y por lo que parece, así lo ha juzgado el Superior al entender que debe ser analizada la prueba pericial colectada.- En punto a la prueba pericial, debe tenerse presente que es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos científicos, artísticos o prácticos -más amplios que por lo común pueden tener los jueces- perciben, verifican hechos y hacen saber a los magistrados su opinión fundada en la interpretación de los mismos, apreciándolos de acuerdo a esos conocimientos especiales que tienen y que sirven para formar la convicción del sentenciante.- Obviamente, debe también quedar en claro que el juicio de valor que emite el técnico en determinada materia, no puede sustituir la opinión del Juez que es soberano para juzgar los hechos litigiosos, la conducta de las partes y la norma jurídica aplicable a la resolución del caso.- Para apartarse del juicio de un entendido el magistrado tiene que dar a saber cuales son las razones de entidad suficiente que justifiquen esa decisión.

A tal fin, debe demostrar que el dictamen se halla en contra de principios lógicos o máximas de experiencia, o bien que en el pleito encuentra otros medios de pruebas de mayor valor para acreditar la existencia de la veracidad de lo controvertido, (cf.: mis votos en autos "Merlino, Enio c. Miguel Alercia - Ordinario", Sentencia nº 65 del 17 de mayo de 1.990, "Sattler, Gustavo y otros c. D.I.P.A.S. - Ordinario", Sentencia nº 153 del 1 de diciembre de 1.997, LLC, 1998-486, "Zabala, Orlando c. Néstor Ernesto Grifa y/u otros - Ordinario", Sentencia nº 137 del 7 de noviembre del año 2.002, LLC, 2003-316), "Barale, Germán Alberto c. Municipalidad de Córdoba - Ordinario", Sentencia nº 212 dictada el 22 de diciembre del año 2.003, Actualidad Jurídica nº 52, pág. 3.188, y "Bermúdez, Daniel Rodolfo c. Cinetur S. A. y otros - Ordinario", exp. 570986/36, Sentencia nº 48 del 06 de septiembre del 2.004, "Darsie y Cía. S. A. C. e I. c. Wap S. R. L. y otro - Ordinario - Cobro de pesos", exp. nº 523138/36, Sentencia nº 32 del 23 de marzo del 2.006, entre muchos otros).- Este medio de prueba, debe ser valorado conforme a los principios de la sana crítica racional, tal como lo prevé el art. 283 de la ley ritual.

"Se llama sana crítica racional al sistema de valoración de las pruebas que excluye toda limitación o anticipación valorativa de la ley en la obtención del convencimiento, el que debe ser orientado por las reglas de la lógica, de la sicología y de la experiencia. Se quiere que el juez proceda conforme al recto entendimiento humano, para determinarse libremente en su convicción sobre el descubrimiento de la verdad. De aquí que no haya diferencia sustancial entre la "sana crítica" y "libre convicción". Ambas son expresiones utilizadas por nuestros códigos procesales (civil y penal) con idéntica significación, pero haciendo una referencia al método (sana crítica) y la otra al resultado (libre convicción). Ambas a la vez excluyen por un lado lo que se conoce por íntima convicción propia de los tribunales legos y el sistema legal de prevaloración. Proceder conforme a las reglas de la sana crítica en la obtención de la fuerza probatoria de los testimonios, es proceder sin sujeción a normas legales que nos obliguen a darnos por convencidos o que nos impidan darnos por convencidos en contra de lo que realmente nos ocurra. Por otra parte, esas reglas implican también excluir todo sentimentalismo, emotividad o impulso que sea exclusivo producto de conclusiones íntimas carentes de contralor racional ... El testigo transmite lo que sabe para proporcionar prueba de hechos que interesan al proceso donde depone. Luego, él debe haber adquirido y retenido la factibilidad que expone. Más que el tubo por cuyo interior el juez llega a la realidad, el testigo se muestra como el guinche de la grúa que obtiene la carga del barco, la conserva en su movimiento traslativo y la deposita en el muelle conforme fue extraída. Tres son, pues, los enfoques circunstanciales para la crítica del testimonio: 1. el acto de percepción u obtención del conocimiento; 2. el lapso de retención o conservación de lo percibido, y 3. el acto de transmisión o exposición de lo percibido y conservado. En cada una de estas oportunidades deberá ponerse en juego todo el conjunto de reglas en que se resuelve el sistema.", (cf.: Jorge A. Clariá Olmedo, "La prueba testimonial en el procedimiento civil de la Provincia de Córdoba", pág. 32, Marcos Lerner Editora Córdoba S. R. L., 1.975).

"Partiendo del significado literal, sana crítica es el arte de juzgar de la bondad y verdad de las cosas sin vicio ni error; constituye un modo correcto de razonar, de reflexionar y pensar acerca de una cosa; en el caso, acerca de prueba producida en el proceso. Como la ciencia que expone las leyes, modos y formas del razonamiento, es la lógica, sana crítica es el sistema que concede al juez la facultad de apreciar libremente la prueba pero respetando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. La lógica proposicional tiene sus propias leyes que no pueden ser ignoradas por el juez, tales como el principio de identidad, del tercero excluido, de la doble negación y de contradicción, entre otros. En el sentido indicado, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha dicho que las reglas de la sana crítica son normas de lógica que operan en el criterio personal de los jueces, o bien que son "reglas del entendimiento humano", "criterios de lógica no precisados en la ley, meras directivas señaladas al juez cuya necesaria observación queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría. Los principios de la lógica tienen que ser complementados con las llamadas "máximas de experiencia", es decir con "el conocimiento de la vida y de las cosas que posee el juez", (cf.: Roland Arazi, "La prueba en el proceso civil", pág. 102, Ediciones La Rocca, Bs. As., 1.986).

Más arriba, aludí a las "máximas de la experiencia".

Estas, son el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir. Esos conocimientos son utilizados para apreciar la prueba.- Las máximas de experiencia forman parte del caudal cultural del juez y no es necesario alegarlas ni probarlas, ya que el juez las aplicará en su sentencia.

No se trata de introducir elementos probatorios emanados del mismo juez (conocimiento particular del hecho), sino de datos experimentales que si no estuvieran introducidos en el proceso, imposibilitarían prácticamente la sentencia.- Agrega Arazi: "No obstante la diferencia con los hechos notorios, señala Calamandrei que las máximas de experiencia, tan claramente separadas de aquellos por Stein, presentan, bajo un determinado ángulo visual, cierta afinidad de carácter que permiten considerarlos como un fenómeno sustancialmente único. En ambos casos el juez puede servirse de su ciencia privada y ello porque unos y otros tienen cabida en el patrimonio de nociones común y pacíficamente acogidas en un determinado círculo social, que genéricamente podemos denominar cultura", (ob. cit., pág. 56), (cf.: mis votos en "Bernabei, Roberto Oscar c. Policía de la Pcia. de Córdoba y Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Daños y Perjuicios", Sentencia nº 46 del siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, "Salas, Mirta Juana c. Municipalidad de Córdoba y otros - Ordinario - Rehace expediente", exp. nº 589582/36, Sentencia nº 40 del doce de abril del dos mil cinco, "Pavón, José Alberto c. Aguas Cordobesas S. A. - Ordinario ... ", exp. nº 512241/36, Sentencia nº 61 del veintidós de mayo del corriente año).

XIII. Sólo la parte demandante propuso el dictamen pericial de ingeniería química.- La actora, a fs. 40 vta. de su cuaderno de prueba, requiere opinión sobre la forma de determinación de la composición de los efluentes de la planta de la accionada y sí, según el pliego que ésta confeccionara y las reglas de la experiencia en la materia, esa determinación correspondía a Degremont, además de solicitar otras informaciones de carácter técnico.

CIADEA, a fs. 26 del cuerpo que se formó con su prueba, se limitó a proponer perito de control quien acepta el cargo.

El informe del perito oficial, Ingeniero Químico Juan Carlos A. Paesani, se agrega a fs. 158/202, mientras que la valoración de los Ingenieros Químicos Ricardo Pauer -por la demandante- y César Bertucci -por la demandada- a fs. 238/283 y 291, respectivamente. La de éste último, es coincidente con la del perito oficial.

Las ponencias de los expertos, son muy versadas e ilustrativas en lo que hace a la cuestión técnica respecto de la cual se ha solicitado su participación.

Mas, debe decirse que no logran la aclaración requerida en lo que atañe a la interpretación del contrato aunque si, debe admitirse, en su integración.- Ocurre que ambos idóneos desarrollan, en la primera parte de su discurso y contestando a lo que fuera pedido, su explicación de lo que se denominó "determinación del efluente" y "caracterización del efluente" y, en ese orden de ideas, debe recordarse que la cuestión no forma parte del contrato bajo análisis.- Desde luego, todo lo que se instruye sobre el punto resulta de mucha utilidad para la integración pero, se reitera, no para la interpretación.

En la elucidación del término "corroborar", el perito oficial indica que se interpreta que CORROBORAR los parámetros del diseño, por parte de DEGREMONT no significa relevarla del estudio preliminar mencionado en la respuesta de la pregunta Nº 2; es decir de la caracterización del efluente, necesaria para el proyecto de ingeniería. Solamente es una información más, que no implicaba que debía ser aceptada como tal, sino corroborada por los oferentes dentro de la caracterización del efluente que debe realizarse para el éxito del proyecto de ingeniería. Debió tomárselos como datos, importantes en sí mismo, sin dejar de VERIFICAR, COMPROBAR, ANALIZAR, los mismos y considerar otros, necesarios, que hacen al desarrollo y funcionamiento eficiente y seguro del proyecto de ingeniería, que en definitiva era el fin buscado, (he destacado el texto, ver el original a fs. 166 del primer cuaderno de pruebas de la parte actora).

Por su lado, el de parte, hace saber que no es de uso habitual en el tratamiento de efluentes pero su acepción es clara en el sentido que hace referencia a establecer la condición de verdadero o falso de algo ya preestablecido (como por ejemplo el análisis establecido como dato de base por CIADEA en el pliego de especificaciones (el resaltado es de mi pertenencia), como consigna a fs. 265, segundo párrafo, del cuaderno de pruebas de la accionante.- La labor del perito oficial ha incurrido en una demasía, puesto que lejos de contestar lo que era materia del requerimiento, ha expuesto su parecer respecto de las cargas contractuales que es, precisamente, lo que los jueces debemos determinar.- Tengo para mí, entonces, que la labor desarrollada por Degremont fue, en efecto, la de determinar y caracterizar el efluente cuando, en realidad, debía limitarse a corroborar los datos proporcionados por CIADEA.- No puede ser de otra manera, toda vez que los proponentes no podían quedar sujetos a lo que resultara del empleo de cualquier producto por parte de la fábrica, para llenar su cometido.

En extracto, no cabe dudar de la legitimidad del reclamo de la parte actora.- Apoyando esta conclusión, cuadra indicar que las reglas del Código de Comercio sobre interpretación de los contratos resultan sin duda aplicables en los contratos paritarios o discrecionales, regidos por la autonomía privada.- Cabe plantearse, en cambio, su operatividad en el ámbito de los contratos celebrados por adhesión, predispuestos o sometidos a condiciones generales.- Esta modalidad en la formación del consentimiento presenta como notas distintivas su origen unilateral, su prerredacción, la exclusión de la discusión preliminar y su uniformidad y generalidad.

No es requisito, en cambio, la desigualdad de las partes en tanto el adherente bien puede ser un profesional empresario.

En nuestro ordenamiento, no se encuentran pautas que específicamente regulen lo atinente a la interpretación de los contratos predispuestos como el que nos ocupa y, en ese sentido se ha sostenido que las reglas de interpretación de los contratos en general constituyen el marco jurídico a partir del cual deben pensarse y reconstruirse las reglas especiales para este tipo de contratos.

Ante la falta de previsión legal, se han propuesto, por la doctrina y la jurisprudencia, las reglas de interpretación que a continuación se enuncian.

LA REGLA DE LA INTERPRETACIÓN "CONTRA PROFERENTEM". La regla según la cual las dudas en la interpretación de las estipulaciones de un contrato deben resolverse en contra de quien las haya redactado se erige en el principal canon hermenéutico de los contratos predispuestos. Quien redacta las cláusulas generales está en condiciones de hacerlo con tiempo y asesoramiento legal y, por tanto, tiene el deber de escribirlas claramente. Existe, para ello, un fundamento económico, pues hay bajos costos de transacción y un aspecto jurídico, derivado de la regla de la buena fe, que manda obrar lealmente ... LA REGLA DE LA PREVALENCIA. Esta regla determina que en caso de que exista discrepancia entre el contenido de una condición general y el de una cláusula particular -normalmente manuscrita o mecanografiada- habrá de estarse a lo que disponga esta última. Debe presumirse, en tal sentido, que las condiciones particulares expresan de mejor manera la real voluntad de los contratantes y han sido objeto de discusión entre las partes, (cf.: Rouillon, Adolfo, Código de Comercio, comentado y anotado, T. I, págs. 454/456, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2.005).

XIV. No puede soslayarse una explicación acerca de los llamados contratos de "llave en mano", aquellos a los que Spota caracteriza por como de "ajuste alzado", es decir, por un precio predeterminado e invariable lo que significa la realización de una obra cuyo precio se fija a un tanto global y requiere, por tanto, una invariabilidad de la obra que corresponda a esa invariabilidad en el precio, según la previsión de los arts. 1.633 y 1.633 bis del Código Civil, entregada lista para su uso, (cf.: Spota, Alberto G., Tratado de Locación de Obra, Vol. II, pág. 516 y siguientes, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1.976).

Enseña Borda:

1162. - Como principio, la solución del Código era sin duda alguna razonable. Pero ocurre a veces que durante el curso del contrato se producen alteraciones verdaderamente imprevisibles del costo de la obra. ¿También en estos casos debía aplicarse rígidamente el art. 1633? Así parecía indicarlo la forma enérgica en que la disposición había sido redactada: el empresario bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el precio. Sin embargo, en los años que precedieron a la sanción de la ley 17.711, la jurisprudencia y doctrina se inclinaron definidamente en el sentido de que si se trataba de aumentos determinados por circunstancias extraordinarias, imposibles de prever, el empresario tenía derecho a una revisión del precio fijado en el contrato; así ocurriría si hubo necesidad de realizar trabajos importantes por el vicio del suelo que se desconocía, si se ha producido un aumento sustancial de los precios en razón de medidas de gobierno, relativo al valor de la moneda (devaluación) o por la declaración de una guerra civil o internacional, o por la sanción de leyes que importan nuevas y pesadas cargas para el empleador empresario. Esta solución ha tenido expresa recepción legal; el nuevo art. 1633, luego de reproducir la regla del texto originario agrega: "salvo lo dispuesto en el arto 1198". Este último es la norma que consagra la teoría de la imprevisión. En otras palabras, cuando la variación del valor de la obra ha sobrevenido como consecuencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, hay derecho a reajuste.

Bien entendido que debe tratarse de acontecimientos imprevisibles como los que se ha aludido en el párrafo anterior; no tiene ese carácter, en una época de inflación, el aumento de la mano de obra originado en un nuevo contrato colectivo de trabajo ni el de los materiales, producido como consecuencia del aumento general de los valores, pues todo ello es perfectamente previsible, (cf.: Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Contratos, T. II, 2º ed. act., pág. 128, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1.969).

La apostilla viene a cuenta pues, a mi juicio, la aparición de EDTA configura para la actora un hecho imprevisible, razón por la cual carece de relevancia la discusión acerca del carácter asignado al contrato.

XV. La nota al artículo bajo estudio es por demás explicativa. Dice allí el Codificador que conforme a los antecedentes de los códigos francés, art. 1.793, italiano, art. 1.640 y napolitano, art. 1.639 y la doctrina de los autores Aubry y Rau, º 374, y Zachariae, º 710, nota 21, su sentido se justifica así: "El empresario que toma una obra por un tanto, carga con todos los trabajos que haya que hacer, y con todos los gastos previstos o imprevistos, aun los que resulten por acontecimientos de fuerza mayor, antes de la entrega de la obra, o antes que el locatario se hubiese constituido en mora de recibirla, son también a su cargo los gastos causados por cambios hechos al plan primitivo de la obra, aunque el empresario alegue que han sido indispensables, siempre que ellos no hubiesen sido autorizados por el dueño de la obra".- Cifuentes, en el Código Civil de la Editorial La Ley citado más arriba, páginas 477 y siguientes, analiza los preceptos en juego -con su redacción actual- y dice:

Principio de invariabilidad del precio. Se consagra expresamente el principio de la "invariabilidad del precio convenido" en la locación de obra, es decir, que una vez convenido debe mantenerse inalterado, como un elemento natural del contrato, que sólo podría modificarse mediante un nuevo acuerdo de las partes.

Precio determinado. El mentado principio constituye un efecto natural del contrato celebrado por precio determinado o global, puesto que en tanto las partes estipulen el precio de esa forma asumen voluntariamente el alea normal de que los precios de los materiales y de la mano de obra sufran una disminución o un aumento. Inversamente, el dueño de la obra no podrá solicitar una reducción del precio acordado si los materiales o la mano de obra empleados sufren una disminución.

Ajuste alzado. En esta modalidad contractual, el precio es único o global, y debe mantenerse invariado en tanto la obra no sufra alteraciones. Cuando es "ajuste alzado absoluto", el locador asume el riesgo de que el precio cotizado cubra los costos y el beneficio que pretende obtener. En cambio, en el sistema de "ajuste alzado relativo", el locatario puede introducir modificaciones en el proyecto original.

Trabajos comprendidos. La disposición comentada hace una referencia genérica a la "obra", con lo cual dicha norma es aplicable a todo tipo de trabajos, sin distinciones.

Sujetos comprendidos. La redacción del precepto también en este punto es genérica puesto que alude al "locador". Por ello, el principio de inalterabilidad del precio convenido es aplicable aun cuando el empresario aporte la materia principal; y rige también respecto de los subcontratistas.

Excepción. La ley remite al art. 1198, por lo que es aplicable la teoría de la imprevisibilidad. Cuando el locador pretenda la revisión del contrato con motivo del encarecimiento de los materiales o de la mano de obra, deberá probar qué acontecimientos extraordinarios e imprevisibles determinaron tal encarecimiento y volvieron excesivamente onerosa la prestación a su cargo (ejecución de la obra encomendada), produciéndose la inequivalencia en las prestaciones a cargo de las partes. (MOLINA QUIROGA, E. - VIGGIOLA, L., en BELLUSCIO-ZANNONI, Código Civil y Leyes Complementarias, t. 8, ps. 103-105 y 109-111; REZZONICO, L. M., Estudio de los contratos en nuestro Derecho Civil, t. II, ps. 770-772).

En el comentario al artículo siguiente, dice el autor:

Alteraciones necesarias. Si las modificaciones fueran imprescindibles para ejecutar correctamente la obra, por exigirlo las reglas del arte y de la técnica, las que no pudieron preverse cuando se celebró el contrato, aun cuando el empresario se haya comportado con diligencia y cuidado (variaciones imprevisibles), deben ser comunicadas al propietario, así como el aumento o disminución de costos y precio. El carácter imprevisible debe ser ponderado teniendo en consideración las circunstancias concretas respecto de las personas, el tiempo y el lugar.

Dicha comunicación debe ser cierta y eficaz.

Desacuerdo. Si las partes no arriban a un acuerdo, se da intervención al juez. La resolución sumaria, se interpreta como la más rápida posible, sin demoras que produzcan perjuicios. (MOLINA QUIROGA, E. - VIGGIOLA, L., en BELLUSCIO-ZANNONI, Código Civil y Leyes Complementarias, t. 8, ps. 119, y 121-127; BORDA, G. A., Tratado de derecho Civil. Contratos, t. II, Nº 1164).

XVI. Del modo expuesto, dejo contestado el imperativo impuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia que dispusiera que mediante el reenvío, quedara a resolución la atribución de responsabilidad a CIADEA por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE atento la presencia de EDTA en el efluente.- Considero que, en efecto, esa responsabilidad recae sobre la accionada CIADEA S. A., al haber omitido informar sobre la presencia del ácido etilendiaminotetraacético en el proceso de cataforesis.- Dicha omisión configura una situación imprevisible para Degremont S. A. que se atuvo -conforme acuerdo convencional-, a corroborar la presencia y la cantidad de cada uno de los elementos componentes del efluente, según comunicara la comitente a los postulantes a la realización de la obra.

XVII. Admitida la pretensión de la demandante en orden a la declaración de responsabilidad de CIADEA por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE instalado en su planta de Santa Isabel el seis de mayo de mil novecientos noventa y seis, los distintos rubros que no fueron admitidos en la Sentencia cuestionada y los montos de cada uno de ellos, se desgranan a partir del punto III.1.8. del escrito de expresión de agravios, (ver fs. 1.059 y siguientes).- Se sostiene que CIADEA debe ser condenada al pago de:

a) Improductivos personal:$ 88.000.00 b) Permanencia de personal en obra:$ 20.540.00 c) Estudios de análisis de efluentes:$ 41.976.35, y d) Gastos generales y beneficios proporcionales:$ 37.629.08, lo que hace un total de $ 188.145.43 (ciento ochenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos).

Se pide, también, la agregación del I.V.A. e intereses.

En los apartados siguientes, III.2.1. a III.2.4., el agravio se concreta por la falta de condena al pago de mayores costos por la suma de $ 117.63447 (ciento diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos), más I.V.A. e intereses.

La apelada, refuta los argumentos de la contraria a partir de fs. 1.091 vta.

El rubro denominado "Permanencia de personal en obra", fue desestimado en las resoluciones recaídas en primera y segunda instancia sin ser motivo de embate casatorio por lo que, la determinación en tal sentido, ha quedado firme.

Sobre los otros puntos relacionados, se han expedidos los expertos en el dictamen pericial contable que luce a fs. 359/362, en el segundo cuerpo del cuaderno de pruebas de la parte demandante.

Los peritos, en plena coincidencia, dictaminan que los cálculos por improductivos personal y gastos generales y beneficios proporcionales, han sido correctamente realizados por el método utilizado por la actora y cuentan con el respaldo documental correspondiente, (ver anexos 2 y 3 a fs. 357 vta. y 358, en cada caso).- En lo que hace a los mayores costos, se cuenta con la declaración del Ingeniero Mecánico Pedro Martín Arrondo que obra a partir de la foja 224 del segundo cuaderno de prueba de la accionante, quien al contestar a la quinta pregunta del pliego al que fuera sometido acerca de la ejecución de trabajos, provisiones y gastos no previstos en el contrato original, relató:

"Si existieron, uno fue el análisis del efluente para determinar que producto estaba afectando el proceso descubriendo un producto no especificado en el pliego licitatorio y que sin información interna de CIADEA no lo hubiéramos podido determinar, vale decir que tuvimos que buscar y encontrar el producto y una vez identificado analizar como tratarlo. Como el producto resultó intratable hubo que realizar algunos trabajos adicionales para modificar el proceso en que se utilizaba este producto, estos trabajos se realizaron en la planta de cataforesis de CIADEA y aunque para fin de año nosotros ya sabíamos cual era el problema tuvimos que espera a fin de enero del 97 a que eliminen el producto EDTA del proceso de cataforesis. Una vez eliminado este producto la planta no tuvo problemas de funcionamiento. Los análisis de las muestras tomadas después de la eliminación del EDTA entraron consistentemente dentro de los parámetros permitidos de vertido con, consistentemente quiero decir que no hubo análisis que dieran mal en cuanto a su resultado. Otro problema se refirió a la ubicación de los compresores ROOTS que inyectaban aire a la pileta de tratamiento biológico, primero hubo que desplazarlos de la posición original con una mayor cantidad de cañería, mayor tiempo de montaje y mayor cantidad de materiales, no obstante la emisión de ruidos en el perímetro de la planta cumplía con la norma IRAM sobre ruidos molestos, tuvimos que construir una protección aislante a los compresores por pedido de CIADEA para atenuar el nivel de ruido. Otro trabajo que tuvimos que hacer fue el desplazamiento de un tanque que contenía ácido clorhídrico y que afectaba las instalaciones realizadas por DEGREMONT, en cuanto a que era un tanque de color negro que estaba al rayo del sol y en verano su temperatura subía y provocaba la evaporación del ácido, generando esta daños en las partes metálicas de las instalaciones adyacentes, hubo que hacer una base, una batea para contener el tanque, la reinstalación de cañerías y sistema eléctrico de la válvula que comandaba el tanque. Hubo que modificar recorridos de bandejas a pedido de la inspección eléctrica de CIADEA, no por un problema técnico sino por una apreciación estética de ellos. Se agregaron elementos de automatización que no estaban contemplados en la oferta, lo cual provocó un mayor costo de materiales y mano de obra y llevó a un mayor tiempo de ejecución, y hubo que hacer unos trabajos en tableros existentes para obtener señales de comando del sistema de automatización de la planta, a su vez como estos tableros no tenían planos del estado en el que estaban hubo que relevarlos y generar planos unifilares y funcionales del tablero. El pliego pedía la mayor utilización de las instalaciones existentes, y hubo que modificar parte de estas por su mal estado, específicamente se cambiaron los cambios de acceso a los sedimentadores secundarios y hubo que cambiar sistema de extracción de barros por las malas condiciones del existente, reelevado al momento de la oferta ...".

Amplia ese listado al contestar la octava pregunta en estos términos: "... Sí hubo más. Colocación de monorrieles, para izar unas bombas de quince kilos de peso. Proveer una bomba de carga de reactivos, y reparar una que se dio en préstamos para ese trabajo por el mal trato que se le dio en la planta. Todos los trabajos implicaron un mayor tiempo de nuestra presencia en la planta con el consiguiente mayor costo y los improductivos que le genera a la empresa esa ampliación de trabajo. En este momento no recuerdo otro, fueron tantos, después de un año y medio puede ser que alguno haya olvidado ...".

El interrogatorio fue formulado en presencia de ambas partes y los dichos del testigo no han sido impugnados por lo que la fuerza convictiva de los mismos, es plena, (arg. art. 314 del C. P. C. C.).

La documentación acompañada en ese cuaderno de pruebas, reconocida por sus emitentes, respalda plenamente la pretensión pues los gastos generados en la ejecución de los trabajos adicionales, han sido comprobados y ratificados en las dos pericias técnicas antes relacionadas, la de ingeniería química y la contable.- A mérito de lo dicho, la apelación debe ser admitida asimismo, en este tramo ampliando el monto de la condena en la suma de $ 117.63447 (pesos ciento diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro con cuarenta y siete centavos).

La condena comprende los montos arriba descriptos, el I. V. A. e intereses.

Éstos, han de calcularse desde que el capital es debido hasta el día treinta de junio del dos mil cinco conforme a la tasa pasiva mensual que da a conocer el Banco Central de la República Argentina más un uno por ciento (1%) por idéntico periodo y, desde la fecha indicada, hasta el día del efectivo pago, sólo con este último guarismo.

XVIII. Las costas deben ser soportadas por la parte demandada, en ambas instancias de conformidad al éxito obtenido por cada una de las partes. Así es que la demandada cargará con el 85 % (ochenta y cinco por ciento).

XIX. Los honorarios de los letrados intervinientes Dres. M. A. G. y M. A. (por la parte actora) y de los Dres. J. M. G., M. V. e I. F. (por la demandada) se establecen en el punto medio de la escala legal por su actuación en primera instancia; por la actividad en Segunda Instancia en el 40% del punto medio de la escala legal para los Dres. M. A. G. y M. A. e idéntica pauta para los Dres. J. M. G. e I. F., teniéndose en cuenta para cada instancia las bases regulatorias pertinentes, la modalidad en el patrocinio o representación ejercida y agregarse el porcentaje correspondiente al I.V.A. sólo para los Dres. M. A. y J. M. G., arts. 130 C.P.C.C., 25, 29, 22, 23, 36, 37, 46 de la ley 8226 y art. 125 Ley 9459).

XX. Así me expido.- A la primera cuestión planteada, la señora vocal doctora Cristina Estela González de la Vega, dijo:

I) Acogida la casación de la demandada, el superior revoca la sentencia de alzada en cuanto se resolvía atribuir responsabilidad a CIADEA por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE atento la presencia de EDTA en el fluente, y -en consecuencia- en todo lo que condena a indemnizar en función de tal responsabilidad.

En este enfoque sólo corresponde asumir los agravios oportunamente vertidos por la actora que se vinculan exclusivamente, al no acogimiento de la acción en lo que hace a la declaración de responsabilidad de CIADEA por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE debido a la presencia de EDTA en el efluente, que formulara la Sra. Juez de primera instancia.

De allí entonces, que el reenvió se limita al aspecto reseñado, quedando subsistente el pronunciamiento de alzada en lo demás.

II) Entrando al tema a conocer, el agravio susceptible de tratar, reside en que la sentencia no admite que CIADEA deba responder por todos los gastos causados por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE (fs. 1044 y sgtes.) a causa de la presencia de EDTA en el efluente.- Se queja el recurrente por estimar que pese a que esta fuera de discusión que el contrato que unió a las partes fue firmado bajo la modalidad "llave en mano", ello no impide reclamar los daños ocasionados por la inconducta contractual de la demandada, quien al preparar las bases del contrato omitió denunciar que el efluente que ella misma generaba incluía en su composición una sustancia química que impidió totalmente el funcionamiento adecuado del sistema de depuración que Degremont había instalado en su fabrica (presencia del EDTA).

Considera equivocado el fundamento de la sentencia en cuanto pretende que todos los costos generados por semejante error de CIADEA, sean soportados por su mandante por tratarse de un contrato de llave en mano. No se trató de ajustes y tareas propias de la puesta en funcionamiento del sistema UNIPURE, que obviamente fueron previstos en el precio por el contratista, sino que se trataron de consecuencias imprevisibles del contrato, que además no fueron fortuitas, sino que tuvieron su nacimiento en la conducta culpable de la propietaria, desde una doble óptica: primero, no estableció en el pliego de condiciones particulares la existencia de un complejante que impedía en absoluto la función del sistema UNIPURE, con lo que frustró el proyecto de ingeniería tendiente a la correcta eliminación de los metales pesados que tuvieren concentraciones prohibidas por la legislación, y al mismo tiempo alteró la ecuación económica del constructor y, 2) no tuvo suficiente control sobre los productos utilizados en sus plantas industrial y de cataforesis, al menos para informar inmediatamente a DEGREMONT de su existencia, para la inmediata eliminación, como ocurrió varios meses después, una vez producidos los hallazgos y planteadas las exigencias de su parte.

Sostiene que se equivoca la sentenciante cuando sostiene que el objetivo de CIADEA era que los efluentes de su fábrica cumplieran las exigencias legales, y para ello DEGREMONT era la especialista y la demandada solo fabricaba autos.

Aduce que sostener ello importa una renuncia al estudio de los términos del contrato, formalizado en base a pliegos preparados por los dependientes de la demandada, supuestamente especializados para esa tarea y de su seguimiento. En especial, señala que puede verse que Ricardo Marcelo Nota es ingeniero civil (fs. 100, I cuerpo), Daniel Alfredo Pavón es ingeniero químico e ingeniero sanitario en salud pública (fs. 104 de igual cuerpo) y Roberto Andrés Giollo es licenciado en química orgánica trabajando este último en el Laboratorio Central (Laboratorio SVL) y Pavón declaró que el pliego fue confeccionado por un grupo de trabajo compuesto por "ingeniería, mantenimiento, gestión ambiental, laboratorio, pintura, métodos, la gente de centros de costos generadores de residuos líquidos...también legales y compra..." . Adita que como base del contrato se incorporó el ANEXO I (fs. 46) donde se consignó el resultado de los análisis químicos: valores picos obtenidos en máxima producción (630 veh/d) que debían ser corroborados por el contratista, es decir que CIADEA realizó los estudios previos sobre el contenido del efluente que desechaban en la fábrica.- Sostiene su postura en base a que los pliegos fueron redactados por CIADEA y que había realizado un estudio del efluente en una planta piloto provista por la firma ECOPRENEUR, licenciataria en la Argentina del sistema UNIPURE (testimonial de Pavón, Giollo y de los directivos de esa firma Licenciado Juan Martín Lutteral, e Ing. Diodoro Mario D'Angelica, a fs. 66/68 de la prueba del demandado; y nota de ECOPRENEUR a CIADEA del 10-01-95. Que no ser trataba de una planta nueva, sino de la remodelación de la existente, lo que implicaba de experiencia en la materia para la redacción del pliego. Que el pliego estuvo acompañado por el ANEXO I (fs. 46) con el resultado de los análisis químicos, y en las condiciones particulares (segundo punto, fs. 40), Se estableció que las empresas deben corroborar, voz que significa confirmar o ratificar o como lo señala el perito de control, Ing. Pauer -el término hace referencia a establecer la condición de verdadero o falso de algo ya preestablecido (pag. 4 del dictamen).- Añade que en la reunión de presentación organizada por CIADEA, se dejó establecido, con carácter vinculante para todos los oferentes (fs. 34) que "las mediciones de caudales y concentraciones colócales, son únicamente a título orientativo. Cada Empresa deberá realizar sus diseños en base a determinaciones propias, deslindando a CIADEA S.A. cualquier responsabilidad al respecto,...". Si la medición era a título orientativa en la planta cloacal, no lo eran las referidas a las plantas industrial y de cataforesis.

Puntualiza que en la propuesta técnica de la actora, se estableció sobre los datos suministrados por CIADEA y no sobre un estudio independiente. Que la actora comunicó su propuesta técnica a CIADEA, con los datos que el pliego contenía, a lo que la firma no llamó a concurso aceptó la propuesta con la nota de pedido nº 1.404.937 (fs. 103 y ss.). Adita que en la misma propuesta técnica (fs. 81) al referirse a los efluentes industriales DEGREMONT, sostuvo "...hemos proyectado un tratamiento basado fundamentalmente en los datos que nos transmitieran sobre los mismos,..".

Agrega que en la "Memoria del Proceso", presentada el 29-03-96 (fs. 108 y ss.) DEGREMONT de modo coherente (fs. 109) dice que "Los cálculos se desarrollan en base a la información aportada por CIADEA para una producción nominal de 630 vehículos por día y a nuestras propias verificaciones y análisis realizados en el lugar" y se agrega a continuación: "se ha tomado como base la siguiente información: 1) Datos del pliego de cotización, aportados por CIADEA..." y mas adelante a fs. 110, se expresa que también tuvo como base a la "información suministrada por personal de CIADEA a lo largo de reuniones previas y posteriores a la adjudicación de la orden de compra..."- Dentro de la misma memoria se dice a fs. 109, que también se tomó como base la "Caracterización realizada por DEGREMONT S.A. durante los días 22/1/96 y 28/1/96. Durante ese período se tomaron muestras compensadas de las tres corrientes de efluentes ingresantes a la planta de depuración...". Se queja por cuanto de tal frase se vale la juzgadora y el perito para entender que todo el desastre ocasionado por la presencia de EDTA fue culpa de la actora. Señala que el perito oficial eludió una respuesta concreta al término determinar, que se le propuso en la segunda pregunta, prefiriendo hablar de caracterización, en tanto que el perito de control fue mas claro, pues identificó la expresión determinar, reservando el termino caracterización para "la tarea de evaluación que debe realizarse a partir del conocimiento de la composición cualitativa y cuantitativa del mismo, así como toda otra información singular que pueda incidir sobre el universo de componentes y cantidades (concentraciones) de los mismos, para definir las condiciones de base que deberá considerarse para la definición del proceso de tratamiento que permita lograr los objetivos de tratamiento buscados... ..." . La mayor demostración del tiempo y del costo de la determinación del efluente, llevó cinco meses y costó $ 188.145, 43, para descubrir que estaba incorporado EDTA. Trae a colación la memoria del proceso en este punto (fs. 110, 112) y las Garantías del proceso, dentro de la memoria (fs. 115).- Asimismo aduce que la pericia química oficial resulta inconducente para sentar el rechazo de la demanda. Fundamenta el aserto en que: resulta insuficiente la respuesta jurisdiccional al planteo impugnativo formulado por su parte al informe del perito oficial y en que nada se dijo sobre la pericia del perito de control. En este punto formula la crítica a la pericia oficial en base al informe del perito de control sobre los siguientes ítems. Sostiene que existe animadversión por parte del perito oficial, que puntualiza al realizar la critica de cada punto de pericia.

Así comienza por sostener que el perito oficial no da una respuesta al planteo sobre si esta bien dicho "determinar la composición de los efluentes de una planta" o si se trataba de una expresión inventada, en tanto que el perito Ing. Pauer fue preciso al distinguir claramente entre determinar y caracterizar.

Tampoco respondió a la segunda parte de la pregunta, destinada a demostrar el elevadísimo costo y tiempo que habría demandado a todos los oferentes que presentaron sus propuestas a CIADEA una determinación pormenorizada del efluente generado por las tres plantas que debían remodelarse, el Ing. Pauer explica la complejidad que puede traer la determinación del efluente en una planta industrial y estima que la determinación del efluente insumiría un período mínimo de un año y un costo entre $ 50.000 a $ 100.000.- Aduce con relación a la pregunta tercera, que es falso lo sostenido por el perito de que no se especifica la naturaleza u origen de los datos, porque se referían a los datos suministrados por CIADEA.

Vinculado a la cuarta pregunta aduce con apoyo en lo opinado por su perito de control que era posible responder el punto sin necesidad de ser perito.

En la quinta pregunta se le pidió al oficial que confirme si los adicionales facturados y reclamados se encontraban incluidos en la oferta, que se responde sin análisis por tratarse de una obra llave en mano.

Con relación a la sexta pregunta, contesta que no se puede asegurar que fuera la única causa del mal funcionamiento de UNIPURE la presencia del EDTA, pero no explicita cuales podrían haber sido las otras causas con criterio científico.

Señala contradicción entre la respuesta a la pregunta octava y la sexta y en definitiva cuestiona el aspecto científico de la pericia.- II) Entrando al análisis de la cuestión, y en lo atinente a la responsabilidad que se puso en tela de juicio, discrepo respetuosamente con el voto que antecede, en el sentido que CIADEA resulte exclusivamente responsable por el mal funcionamiento del UNIPURE, debido a la presencia de EDTA en el efluente, circunstancia no informada a la actora y que generó gastos adicionales, no previstos en la propuesta efectuada.

A mi juicio se trata de una responsabilidad compartida por ambas partes y en idéntica proporción.

Ello porque, si bien mi distinguido colega, considera que la presencia de EDTA en el efluente, configura un hecho "imprevisible" para la actora, quien conforme las obligaciones asumidas le correspondía tan solo corroborar la presencia y la cantidad de cada uno de los elementos componentes del efluente a tratar, de acuerdo a lo comunicado por la comitente a los interesados en realizar la obra, a mi juicio la cuestión no resulta imprevisible, ni para el actor ni para la demandada, debido a la responsabilidad que le cabe a cada una de ellas en la confección del pliego y por otra parte para quien formula la propuesta, según se verá mas adelante.- Corresponde dar respuesta a la cuestión establecida por el superior, análisis de la prueba pericial quimica y que motivara el acogimiento de la casación.- Las conclusiones del perito se visualiza en "operaciones valorativas que trascienden el mero relato perceptivo, incorporando juicios -ya sea deductivos o inductivos- Viene a cuento advertir, dos tipos de pericia que se identifican en orden a la finalidad de cada una de ellas: "pericia recipiente, se da en casos de ser necesario o conveniente el conocimiento de máximas de experiencia específicas de una rama del saber humano para la cabal percepción del hecho a probar, siendo la función del perito el sustituir o complementar al tribunal en el acto perceptivo. En tal hipótesis, el experto aparece como intermediario entre el objeto percibido y la percepción que de este tendrá el propio tribunal, haciendo cognoscible aquel objeto para este, sin agregar elementos valorativos ni conclusiones; el saber del perito funciona entonces como asistencia al juez - perceptor originario- a los únicos efectos de la cabal percepción del hecho, dando lugar a lo que la doctrina hadado en llamar perito percipiente. Pericia deduciente Una segunda función que puede asumir la pericia es cuando aporta al proceso un especial conocimiento de reglas técnicas, tanto para percibir los hechos en cuestión, como para extraer conclusiones de tales percepciones, para lo cual resulta imprescindible el conocimiento específico. En tales situaciones, los hechos aportados por el medio de prueba en estudio consisten en reglas de experiencia especiales de la rama artística, técnica o científica propia del objeto, que permiten al que decide interpretar el hecho" (Véscovi, Enrique. "Código General del Proceso", coment. Al art. 176 y 177. Ed. Abaco. Bs.As. 1998. Tomo V, pág. 273, 281 y 282).- Ahora bien, en lo que atañe a la pericial química llevada a cabo, considero que constituye el tipo de una pericial deduciente (interpretativa) puesto que la deducción del experto lo es sobre relaciones causales donde las máximas utilizadas pertenecen al campo de su conocimiento técnico, distinto del jurídico, que es propio y privativo del juez.- En este enfoque, se advierte que la labor del perito oficial, no queda invalidada ni resulta inicua, por haber desbordado su función (incongruencia), sino por el contrario, alude a la interpretación que cabe realizar de las cláusulas del pliego de condiciones técnicas especiales, conforme las reglas del buen arte y oficio.- La crítica formulada por la parte actora, al dictamen pericial oficial y la pretensión que sea receptado de modo concluyente la opinión vertida por el perito de control (fs.262/283), merece las siguientes disquisiciones.

El perito del control es un asesor técnico de la parte, y la naturaleza de su intervención no es la de un perito, quien reviste la nota de "imparcialidad". Éste ha sido precisamente el argumento en base al cual la Sra. Juez de la Instancia anterior, no se aparta del dictamen del perito oficial.- Todo, sin perjuicio de la efectividad de la función del perito de control para la parte que asiste, y que puede verse concretamente en los actos de argumentación de ésta frente al órgano jurisdiccional, quien a su vez podrá utilizarlos al momento de criticar el dictamen propiamente dicho; cuestión que resulta relevante a la hora de ponderar el trabajo pericial. En lo que hace a la valoración de la prueba pericial rigen los principios de la sana crítica racional, aunque para apartarse del dictamen del perito, debe dar los fundamentos tenidos en cuenta y que por regla general, son suministrados por el perito de parte.

Como principio general, se ha señalado que corresponde reconocer validez a las conclusiones de los peritos para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (CSJN, 25-3-97. DT, 1997-A- 1004, y DJ, 1997-2-585).

Sin embargo, el análisis de la pieza pericial, presenta déficit en algunas de las repuestas dadas por el experto (vgr. contradicción entre la respuesta a la pregunta sexta y octava, respuesta incompleta e imprecisa a la segunda pregunta... ). Ello así conforme las reglas de la sana crítica y habiendo existido impugnación por parte del actor, el tema se dilucida en base a los restantes elementos probatorios específicamente en lo que hace a la conducta seguida por cada contratante, puesta de manifiesto por vía testimonial, informativa y documental.

Para dilucidar la cuestión, cuando se trata de una contratación llave en mano o ajuste alzado corresponde evaluar si resultaba necesario a los fines del contrato - considerando como obligación de resultado- realizar por parte del oferente la caracterización del efluente, para proponer y desarrollar el Proyecto de Ingeniería en lo que hace al saneamiento esperado.- En este mettier, considero que la cuestión se dirime a partir de la conducta precontractual de las partes, bajo la orientación del art. 1198 del C.C., que se proyecta en toda la vida y ejecución del contrato a la luz de la letra del mismo (art. 1197 del C.C.).- Bajo tal directriz, cabe plantearse el interrogante si la presencia del EDTA era un "hecho imprevisible" para las partes, al tiempo de confeccionar el pliego de condiciones y de efectuar la propuesta para depurar el efluente. Y si se trata de un hecho de tales características, si lo es para ambas partes o solo para una sola de ellas, en un proceso de licitación privada.

Al efecto, debe establecerse cual es el standard de comportamiento exigible a las partes contratantes, que debe ser realizado de acuerdo al tipo contractual debatido.- En este enfoque se trata de una locación de obra, formalizada por vía de licitación con un objeto y contenido determinado. El oferente o proponente, de acuerdo a las especificaciones generales debía contar con "idoneidad técnica" (véase, condiciones generales, pto. 1.1. y 1.2., fs. 3) atento los fines del contrato.

En este cuadrante jurídico, cobra relevancia el deber de información, con mayor razón cuando la oferta contractual atiende a un determinado resultado. Se ha dicho al respecto que "el obrar leal y probo impone como primera derivación el deber que tienen ambas partes de informarse de todas aquellas circunstancias ignoradas o que resulte de gran dificultad conocerlas. Y ello por la trascendente razón que de esa manera les permite tomar decisiones o tener un panorama amplio para seguir o no adelante con la negociación"..."Y en el tema en análisis es imprescindible que en las materias que no pueden ser conocidas mediante el ejercicio de una diligencia corriente se comuniquen tanto las causas posibles de invalidez del contrato como aquellas, que en la concreción del acuerdo, puedan perjudicar los intereses de algunas de las partes" (Compagnucci de Caso, Rubén H. "Responsabilidad precontractual". LA LEY, del 6 de octubre de 2006, pag. 2).

En lo que hace al contenido del deber de información se hace preciso exponer que "En el tramo anterior al perfeccionamiento del contrato, las partes recíprocamente se deben consideración y lealtad, en punto a sus mutuas esferas de interés, evitándose errores, a cuyo efecto tal vez la regla sustancial en esa etapa sea la de hablar claro y no incurrir en reticencias sobre cuestiones tales que, de haber sido manifestadas, habrían obstado a la conclusión del contrato o, de haberse perfeccionado, lo habría sido bajo otras condiciones" (Stiglitz, Rubén S. "El deber de información y los vicios del consentimiento". LA LEY 2005-C, 1444 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales).

Ahora bien, la adjudicación de la obra a la actora lo ha sido en el marco de una licitación, por lo que es ley para las partes, tanto las cláusulas establecidas en el pliego de bases y condiciones generales y especificas, realizado por la demandada, como las contenidas en la propuesta de la actora. Vale decir, el contrato se conforma por ambos instrumentos, que delimitan el objeto, fin y actividad comprometida, que encierra en lo esencial una obligación de resultado, en lo que aquí interesa: depuración de efluentes.

La obra en cuestión, como locación de obra que es, consiste en un "opus" resultado, al que la contratista -actora- se compromete obtener.

Por ello, teniendo en cuenta que se trata de una obligación de resultado, y que ha existido por parte de la actora, actividad previa a la formulación de la propuesta, con otro interesado ECONOPRENEUR, en las que se puso de manifiesto las condiciones que debían existir para la vigencia de la garantía, en lo que hace al correcto funcionamiento del sistema o reactor UNIPURE, fue informada que no debía estar presente ciertos elementos en el efluente, no constituía para la oferente un hecho imprevisible, el de la presencia del EDTA en el efluente.- En efecto, de la informativa remitida por ECONOPRENEUR S.A. (fs. 48, del cuaderno de pruebas de la demandada) surge que dicha empresa se presentó como oferente y que comenzó a trabajar en forma conjunta con DEGREMONT. Así se explicita que "siempre se advierte sobre la presencia de quelantes que interfieran con el proceso y la necesidad de su pretratamiento. Sin embargo cuando se decidió la NO PRESENTACION en forma conjunta con DEGREMONT no había un acuerdo entre ambas empresas sobre cual era el mejor tratamiento" y "que siempre informan en sus propuestas de la presencia de quelantes y de otras sustancias que puedan interferir en el proceso.

La oferta del 26-1-96 refleja esta información al igual que la misma orden de compra puesta por DEGREMONT a ECOPRENEUR". Ello también se corrobora vía testimonial del representante legal de ECONOPRENEUR, Sr. Juan Martín Lutteral, (véase respuesta a la pregunta segunda). Enfatiza el testigo "que el modulo es garantizado, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones" (cuarta pregunta) y en la quinta, relata "que existen esas causales, pueden haber agentes inhibidores o características en la calidad del efluente que llega al reactor UNIPURE, que pueden afectar el funcionamiento. Por ello es indispensable un pre-tratamiento". Adviértase, que la nota de pedido de CIADEA individualizada como nº 1.404.937 data del 16 de enero de 1996 (fs. 103).

De lo expuesto cabe extraer, entonces, que era previsible la posibilidad de quelantes, luego, la actualización de la planta de depuración de los efluentes, para utilizar el método UNIPURE, no podía llevarse a cabo con éxito, si existían aquellos. De modo que tanto la actora cuanto la demandada, debieron tener en cuenta esta situación, tanto para la formulación del pliego como para la elaboración de la propuesta.

A su vez, la demandada tampoco desconocía la situación, como se pone de manifiesto en la nota de fs. 4/5, (cuaderno de pruebas de la demandada) del 10-01-95, remitida por ECOPRENEUOR A CIADEA, a saber pto. 4, que reza: "deben tratarse los fosfatos por agregado de cloruro de calcio antes de entrar al Reactor el efluente" y pto 5 "debe preverse el agregado de un complejante para evitar interferencias en la Reacción. Este complejante requiere un tiempo de mezclado mínimo para asegurar su acción" y que fuera enviada a DEGREMONT por FAX del 1-2-96 (constancia de fs. 6).

De allí entonces, que mas allá de la interpretación literal que corresponda realizar del pliego de condiciones técnicas particulares, en la que el recurrente alega y funda su agravio (si es lo mismo "corroborar" que "caracterizar") y de la opinión del perito oficial, que entiende comprensivo de ambas actividades, como obligación exclusiva de la contratista, lo cierto es que de la prueba analizada supra que refiere a la actividad desplegada por las partes antes de la concertación del contrato, surge que las partes se desentendieron de la cuestión.

Por lo que la presencia del EDTA en el efluente no constituye un "hecho imprevisible" para ambas partes, y por tanto conforme las reglas de la culpa aquiliana, de aplicación al caso (art. 512 del C.C.), puede sostenerse, que la responsabilidad se define a partir de un obrar culposo de ambas partes: de la actora al formular una propuesta sin conocimiento de los componentes del efluente, con mayor razón, cuando la garantía del sistema UNIPURE determinaba las condiciones necesarias para que funcione bien y que precisamente era que el efluente tuviera la no presencia de quelantes; y de la demandada, quien debió establecer claramente en el pliego el deber de "caracterizar" el efluente, en sus distintos componentes, para obtener el resultado querido - funcionamiento del sistema depurador- y no atenerse exclusivamente a los parámetros fijados en la ley nacional 24. 051 (adhesión de Córdoba, por LP 8973), que refiere a los límites permitidos para el deshecho.- En este punto cabe señalar que la ley de residuos peligrosos, de manipulación, transporte y tratamiento de los mismos, y sus decretos reglamentarios, brinda el concepto de residuo peligroso: "La ley 24.051, en su art. 2º y el decreto 831/93, anexo 1, definen al residuo peligroso, disponiendo que será todo material que resulte objeto de desecho o abandono y que puede causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.- La ley también se aplica a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales.

En el Anexo I de esta ley, se indican en particular qué residuos son considerados peligrosos y alcanzados por el marco legal. En 45 incisos se identifican las categorías sometidas a control, entre las que se mencionan a: desechos clínicos resultantes de atención médica prestada en hospitales, clínicas para salud humana y animal; los resultantes de la producción de productos farmacéuticos; los desechos de medicamentos y productos farmacéuticos; los resultados de la producción, preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios, de productos químicos para preservar la madera, de disolventes orgánicos; los que contengan cianuro; las mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; las sustancias que contengan o estén contaminadas por PCB, PCT y PBB; los desechos resultantes de la producción y utilización de tintas, colorantes, pinturas, lacas, barnices, resinas, látex, plastificantes, colas o adhesivos, productos químicos y materiales para fines fotográficos, etcétera.- Se incluye, asimismo, como categoría general, a aquellas sustancias químicas de desecho no identificadas o nuevas, que resulten de la investigación y el desarrollo o de actividades de enseñanza, cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

Los residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales, también están incluidos en el Anexo I.

Por último, se identifican determinados constituyentes de desechos que determinan que estos últimos queden incluidos dentro de la categoría de residuos peligrosos. Entre otros, la ley se refiere como "constituyentes" o componentes, a metales carbonilos, compuestos de cobre, zinc, arsénico, selenio, cadmio, antimonio, mercurio, talio, plomo, cianuros, orgánicos, asbestos, éteres, etcétera.

En el Anexo II de la ley 24.051, se mencionan características peligrosas, que de poseerlas, conducen a que el residuo en cuestión quede sometido al control de esta ley, mencionándose, entre otras, a explosivos, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea, o que en contacto con el agua emitan gases inflamables; oxidantes, peróxidos orgánicos, tóxicos agudos; sustancias infecciosas, corrosivos, sustancias o desechos que en contacto con el aire o con el agua liberan gases tóxicos; ecotóxicos, etcétera." (Alianak, Raquel C. "Ley nacional sobre residuos peligrosos 24.051. Decreto reglamentario 831/93". LA LEY 1994-A, 811).- Todo sin perjuicio de las inclusiones que de acuerdo al art. 64, la autoridad de aplicación realizare: "podrá introducir modificaciones a los Anexos I, II y III de la ley, en atención a los avances científicos o tecnológicos".

De allí entonces, que la ley brinda un parámetro referencial, esto es ejemplificativo, sin perjuicio que puedan existir otros de los allí contemplados. La omisión no es de la ley, sino de las partes. A fortiori, cuando la contratista asume una obligación de resultado, en donde su calidad técnica y profesional, le imponía un deber de conocimiento sobre el tema, o al menos en grado de previsión.

Establecido lo anterior, me pronuncio por atribuir a cada parte la responsabilidad en un 50 % en contribuir a los mayores costos generados conforme análisis que efectúa el Sr. Vocal del primer voto.

En lo que hace a la tasa de intereses que se fija en el voto precedente, considero que debe mantenerse la tasa establecida en la sentencia de la Excma. Cámara 8va. C. y C., para los otros capítulos acogidos en atención al límite del reenvío del superior e IVA.

ASI VOTO.

A la primera cuestión planteada, la señora vocal doctora Silvana María Chiapero, dijo:

La disidencia suscitada entre los Sres. Vocales que me preceden en el voto impiden mi adhesión a la opinión de alguno de ellos, obligándome en los términos de los arts. 332 C.P.C. y 155 C.P. a verter las razones en virtud de las cuales prefiero una solución en lugar de la otra, a los fines de dar cumplimiento a la exigencia constitucional y legal.- En primer término coincido con la Dra González de la Vega en lo que constituye materia a resolver por esta Cámara de reenvío.- En efecto, de conformidad al fallo rescindente, el Tribunal Casatorio ha anulado el pronunciamiento de la Cámara de origen por inobservancia de las formas (motivación defectuosa), provocando lo que se ha dado en llamar en la doctrina "reenvío impropio", donde la devolución se limita a anular la sentencia de apelación y devolver la causa para que sea nuevamente juzgada, sin efectuar ninguna declaración de derecho ni doctrina a la que el Tribunal de reenvío deba ajustarse ni adoptar como premisas de su resolución.- Prueba indicativa de ello lo constituye la consideración final vertida en el considerando IV12 cuando reza: "... Lo expuesto no implica en modo alguno expedirse sobre el mérito que a la prueba pericial química oficial corresponda asignar, labor que es ajena a esta Sede, sino rescatar la virtualidad teórica que la misma podría -en su caso- tener en la definición del litigio en atención al razonamiento expuesto por el tribunal a quo " (sic fs.1237).- De tal manera ningún vínculo impone al órgano de reenvío el fallo rescindente que no sea el de motivar correctamente, vínculo que nace de la ley y no de la sentencia de casación.

Empero, la sentencia que debe recaer en esta ocasión no es igual a la que tuvo la Cámara de origen, pues entre una y otra fase del proceso se halla el recurso y la sentencia de casación, de los que derivan ciertas preclusiones que resultan del principio "tantum devolutum quantum appelatum" (art 356 C.P.C.) en un doble sentido. por un lado el que deriva de la extensión del recurso de apelación y como segunda restricción la que resulta de la extensión del recurso de casación.- Así de los puntos de apelación solo podrán ser considerados devueltos a este Tribunal de reenvío aquellos que fueron cuestionados en casación y en cuanto hayan sido modificados por el Tribunal casatorio.

Las conclusiones de la anterior sentencia de apelación no objetadas en casación u objetadas y no corregidas por el Tribunal casatorio, quedaron, en tanto constituyen cuestiones independientes, alcanzadas por la cosa juzgada y por tanto ajenas al poder de este Tribunal de reenvío.- Analizado el caso bajo examen a la luz de tales lineamientos coincido en que la única cuestión que ha sido reenviada a esta Cámara que ocasionalmente integro, es la relativa a la responsabilidad que le cupo a la demandada Ciadea S.A. por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE atento la presencia de EDTA en el efluente y - en consecuencia- en todo lo que se condena a indemnizar en función de tal responsabilidad.

En este aspecto puntual reside la otra discrepancia que se ha planteado entre mis colegas.

El Sr. Vocal del primer Voto Dr. Mario Sársfield Novillo opina que la cuestión no puede ser resuelta a la luz del dictamen emitido por el Sr. perito oficial puesto que el experto habría incurrido en "....una demasía, puesto que lejos de contestar lo que era materia de requerimiento, ha expuesto su parecer respecto de las cargas contractuales que es, precisamente, lo que los jueces debemos determinar". Ergo, su análisis interpretativo del contrato que uniera a las partes lo lleva a la conclusión de que la responsabilidad por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE atento la presencia de EDTA en el efluente, le corresponde a la demandada CIADEA S.A. por haber omitido informar sobre la presencia en el proceso de cataforesis, situación que resultara imprevisible para la actora DEGREMONT S.A. quien se atuvo- conforme el contrato- a corroborar la presencia y la cantidad de cada uno de los elementos componentes del efluente, según comunicara la comitente a los postulantes.

En cambio la Sra. Vocal del segundo Voto Dra. Cristina Estela González de la Vega opina que la labor del perito técnico oficial no queda invalidada por haber desbordado su función (incongruencia), sino porque dicha pieza pericial presenta déficit motivacional en algunas respuestas dadas por el experto (vbg contradicción entre la respuesta a la pregunta sexta y octava, respuesta incompleta e imprecisa a la segunda pregunta...). Ergo concluye que habiendo existido impugnación y conforme las reglas de la sana crítica racional el tema debe ser dilucidado a la luz de los restantes elementos probatorios específicamente en lo que hace a la conducta seguida por cada contratante, puesta de manifiesto por vía de testimonial, informativa y documental.- Tras analizar el plexo probatorio en su conjunto, concluye que la responsabilidad por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE debido a la presencia de EDTA en el efluente. debe ser compartida por ambas partes y en idéntica proporción, habida cuenta que no constituyó un hecho imprevisible para ninguna de las partes sino atribuible a la culpa compartida de ambas: la actora, por formular una propuesta sin conocimiento de los componentes del efluente pese a que la garantía del sistema determinaba que era condición de funcionamiento la inexistencia de quelantes, y la demandada por no establecer claramente en el pliego el deber de caracterizar el efluente en sus distintos componentes para obtener el resultado querido y no atenerse exclusivamente a los parámetros fijados en la ley nacional 24051 (adhesión Ley provincial 8973).

En suma, los dos aspectos que corresponden definir para formar mayoría pueden compendiarse así: a.- Si es dable prescindir de la pericia técnica por haber el perito desbordado su incumbencia técnica ingresando a una cuestión privativa de los órganos jurisdiccionales (interpretación de los contratos) o por haber incurrido en déficit motivacional, b.- Si de la interpretación del contrato, conducta de las partes y restantes elementos del plexo probatorio, la presencia de EDTA en el efluente fue un hecho imprevisible solo para Degremont S.A. o para ambos contratantes. Consecuentemente si la responsabilidad por el mal funcionamiento del sistema UNIPURE por presencia de EDTA es responsabilidad exclusiva de CIADEA S.A. o compartida con DEGREMONT S.A.

En lo concerniente al primer interrogante mis colegas coinciden con Tribunal Casatorio en que la toma de distancia por los jueces respecto de los informes periciales de los expertos en una cuestión dirimente para la solución de un conflicto (en el caso relativo a la interpretación auténtica que corresponde atribuir al contrato celebrado entre las partes) requiere de una minuciosa fundamentación que justifique y explicite la razonabilidad de tal alejamiento, temperamento que comparto.

Discrepan en cambio en que para el Vocal del primer voto el perito oficial se había excedido o desbordado de su función propia invadiendo impropiamente la jurisdiccional, en tanto que para la Vocal del segundo voto el experto se habría pronunciado insuficientemente.- El análisis puntual del dictamen pericial oficial en su integralidad me inclina a sostener que el perito Ingeniero Químico oficial, ha incurrido en ambos deméritos marcados por mis colegas, ya que ha exorbitado la tarea que correspondía avanzando sobre tarea que es privativa de los órganos jurisdiccionales y a su vez no ha respondido acabadamente a los interrogantes y cuando lo hizo sus respuestas no lucen debidamente fundadas.- Sabido es que así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen de expertos deben aparecer los fundamentos técnicos o científicos de las conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o parecen contradictorias y deficientes.- Tal lo que acontece que varias respuestas del experto. Veamos.

En la segunda pregunta, pese a que se lo interroga acerca del "..tiempo que demandaría arribar a la determinación completa de todos los componentes ..." que integran los efluentes de una planta como la que fue objeto de la relación contractual, el perito responde vagamente con un ejemplo impreciso y absolutamente desvinculado del caso concreto indicando "...Por ejemplo se puede establecer un plan de toma de muestras en cada línea durante períodos de 24 horas en cada día de la semana. Para más seguridad se pueden recoger muestras de cada sistema de aforos, cada media hora, durante el período de 24 horas. Esto último se plantea como ejemplo y depende del grado de seguridad de diseño con que quiere operar el desarrollo de ingeniería" (sic fs. 162 del cuadernillo de prueba del actor).

Tal respuesta no solo no echa luz en torno al tiempo que insumiría la tarea específica y concreta respecto de la cual es interrogado sino que tampoco acerca indicios ciertos de los que se pueda inferir la razonabilidad de una interpretación del contrato que pusiera sobre la contratista dicha faena, desde que no indica ni siquiera tiempo aproximado.- Tocante a la pregunta tercera, requerido de dictaminar acerca de si de conformidad al pliego confeccionado por CIADEA y las reglas de la experiencia, la determinación del efluente correspondía a DEGREMONT S.A. o -por el contrario- esta última solamente debía corroborar los valores determinados por la oferente, el experto se limita a aseverar apodícticamente que la caracterización del efluente correspondía a DEGREMONT S.A., argumentando en sustento de tal afirmación, que ello es así por haber sido quien desarrolló el proyecto de Ingeniería que apuntaba a dar solución al problema existente en la Planta de la Empresa CIADEA S.A. y remitiéndose a la respuesta dada en la pregunta anterior.- Tal responde resulta impreciso y vago ya que no enuncia siquiera cuales son las razones de técnica o de ciencia que lo llevan a afirmarlo con tanta contundencia.- Por el contrario circunscribe su respuesta a verter opinión carente de sustento técnico en torno al "cuidado y previsión" que debió tenerse en cuenta en la fase de caracterización de efluentes a fin de evitar acontecimientos extraordinarios e imprevisibles ulteriores, y a interpretar el sentido y alcance que - en su opinión- cabría atribuir a las palabras utilizadas en el punto dos de las Condiciones Particulares y en la propuesta de la actora, lo que no solo no le fuera encomendado sino que significa invadir esfera de valoración de la culpa "in concreto" que es privativo de los jueces (art. 512 y ccdtes. C.C.) Otro tanto ocurre con las afirmaciones contenidas en las respuestas a las preguntas numeradas bajo los acápites séptimo y octavo. Interrogado acerca de las características del EDTA y consecuencias que traería aparejada su utilización en el tratamiento de un efluente que lo contenga y acerca de si el sistema UNIPURE era ineficaz atento la presencia de EDTA., el perito reincide en afirmar sin fundamento que lo avale, y lo que es peor sin que se le hubiera preguntado al respecto, que la presencia de EDTA "...debió ser previsto especialmente por quien tiene la responsabilidad del desarrollo y funcionamiento del proceso"(sic fs 173) y que "...advertir la presencia de EDTA o cualquier otro agente quelante era tarea previa y prioritaria de la contratista para su tratamiento especial" (sic fs. 177) Finalmente en la respuesta a la pregunta novena, tras invocar su real saber y entender científico e información autoral que no cita, sostiene que Degremont debió conocer la existencia de EDTA en el efluente, intentando fundar tal aserto en una interpretación de la relación que vinculara a aquélla con el licenciatario ECOPRENEUR S.A. y explayándose en consideraciones que importan una suerte de análisis de la prueba rendida en el proceso que es tarea en del juez de la causa.

En suma, si como aquí ha acontecido, el perito incluye en su dictamen suposiciones, inferencias o deducciones personales fundando sus respuestas en aquéllas en lugar de dar las razones de ciencias y técnica de sus conclusiones, y se extralimita en las funciones que le son encomendadas sería absurdo entender que el juez deba seguir sus conclusiones, porque ello importaría desvirtuar las funciones de aquél y lo que es peor significaría convertirlos a éstos en jueces de la causa.- Si la función del perito se limita a ilustrar al juez y a llevarle el conocimiento sobre hechos que desconoce, como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones, naturalmente haciendo un análisis crítico que lleve al convencimiento de que carece de los requisitos que debe reunir para su validez.

Nada obsta a que el magistrado deseche la prueba pericial con fundamentos específicos, siempre, claro está, como se destaca enfáticamente desde la buena doctrina local, que no se lo haga infundada o arbitrariamente, pues "...No queremos "jueces peritos", pero tampoco indiferentes, cándidos o negligentes. No podemos someternos sin protesta a la dictadura de los técnicos, sin generalizar, obviamente. Los jueces son soberanos para escoger aquellos elementos probatorios suficientes para fundar su decisión y esa soberanía se manifiesta, precisamente, a través del análisis crítico del material de conocimiento, siendo por tanto incompatible con una aceptación lisa y llana de las conclusiones, a despecho de los fundamentos que, por lo general, ostentan un lenguaje gongorino que nos disuade ab initio de su lectura..." (cfr. Arbonés Mariano en Semanario Jurídico Especial 30º Aniversario Doctrina escogida 1977-2007 pág. 8 y sgtes.).

Por consiguiente, coincido en que la pericia oficial debe ser desechada como elemento convictivo dirimente para dar solución al agravio de la demandada.- Despejada esta primera cuestión, cabe analizar si la restante prueba producida genera convicción respecto de la responsabilidad total o parcial de la demandada en la falta de funcionamiento del sistema UNIPURE por la presencia de EDTA.

En este aspecto adelanto opinión en el sentido que coincido con la Sra. .Vocal González de la Vega en que. más allá de la interpretación literal que corresponda atribuir a ciertas palabras tales como "corroborar" "caracterizar" o " determinar", el análisis de la actividad desplegada por las partes antes de la concertación de contrato (período precontractual o de tratativas de las partes) llevan a la conclusión que el mal funcionamiento del sistema UNIPURE no puede ser calificado de imprevisible para ninguno de los contratantes y por tanto la responsabilidad por tal disfunción no puede cargarse exclusivamente sobre ninguna de ellas.- En lo concerniente a Ciadea S.A. porque no solo debió ser diligente en caracterizar el efluente en sus distintos componentes para obtener el funcionamiento del sistema depurador y no dejar librada la cuestión a la interpretación que se haga de los vagos y equívocos términos contenidos en el pliego y a los términos de la ley especifica, sino porque, es evidente que debió prever que en el exiguo período de preparación de las propuestas ningún oferente pudo estar en condiciones de efectuar seriamente otra cosa que corroborar los valores informados en el Pliego y no caracterizar o determinar la composición del efluente, máxime si se repara en que dicha tarea - según informe fundado del perito de control de la actora cuya valoración es procedente- es de suma complejidad y llevaría un año de trabajos.- Si a ello le sumamos que CIADEA S.A. no era un contratante inexperto sino que disponía de un grupo técnico capacitado (vbg. Ing Pavón y Lic. En Química Giollo) y que operaba con una planta de tratamiento de efluentes de similares características desde hacía más de diez años, ya que la tarea encomendada consistió en una ampliación, se puede concluir que CIADEA S.A. no puede ser considerada totalmente ajena al mal funcionamiento del sistema por la presencia del EDTA que no informó contenían sus efluentes.

Aún en el supuesto que, como afirma el perito de control de la actora, CIADEA S.A. tampoco supiera que el EDTA estaba siendo utilizado en su planta, ya que ese producto había sido incluido en la formulación de un aditivo suministrado por Henkel, la demandada no restaría tampoco ajena al mal funcionamiento del sistema por presencia de EDTA, desde que no conociera no significa que no debiera conocer para informar debidamente y de buena fe a sus eventuales contratistas, o en su caso no significa que pueda trasladar todo el peso de ese desconocimiento al contratista.

La circunstancia de que el contrato que uniera a las partes revistiera la modalidad de ajuste alzado o llave en mano (art. 1633 C.C.) no cambia la conclusión porque es sabido que en ese tipo de convenciones se consagra el principio de invariabilidad del precio convenido en la locación de obra, es decir, que una vez convenido debe mantenerse inalterado, como un elemento natural del contrato. Sin embargo, si las modificaciones al proyecto fueran imprescindibles para ejecutar correctamente la obra, es posible la revisión del precio si su encarecimiento no se produjo por exclusiva negligencia del empresario sino por retaceo de la información precontractual por parte del comitente, cuya conducta tuvo aptitud para provocar una notoria inequivalencia en las prestaciones. Mantener en este caso la invariabilidad del precio provocaría un intolerable enriquecimiento sin causa a favor de este último, que un Tribunal de Justicia no puede cohonestar.

En lo tocante a la actora Degremont S.A. tampoco se puede afirmar su absoluta imprevisibilidad. Tratándose la asumida de una obligación de resultado, y habiendo mediado actividades previas a la asunción de la obligación con el licenciatario Ecopreneur, quien puso de manifiesto que la inexistencia de quelantes era condición del funcionamiento del sistema UNIPURE, la contratista actora debió reclamar información detallada a CIADEA S.A. respecto de la composición de los efluentes para prevenir la eventualidad de la existencia de agentes inhibidores que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema y no conformarse con la información brindada por el cliente.

Dicho en otros términos, si DEGREMONT S.A. sabía que era condición de garantía de funcionamiento del sistema UNIPURE la inexistencia de quelantes como es el EDTA y pese a ello formuló una propuesta que significaba asumir una obligación de resultado (locación de obra con modalidad llave en mano o ajuste alzado art. 1633 C.C.) sin conocimiento acabado de los componentes del efluente, tampoco puede afirmarse que el hecho de la presencia de EDTA pueda ser considerado absolutamente ajeno a su culpa, conducta esperada y obrar de buena fe (art 512 C.C.) máxime si se pondera su mayor obligación de obrar con cuidado y previsión en razón de su condición de especialista en tratamiento de efluentes (arg art. 902 C.C.) Podía esperarse de quien formula una propuesta comprometiéndose a tratar un efluente, que no se conformara con los datos básicos dados por su cliente y enumerados en la ley específica y en cambio intentara agotar la información suficiente para emprender y cimentar la obligación de resultado que estaba asumiendo, máxime cuando en el Pliego de fs 5 surge que tuvo la oportunidad de señalar por escrito durante el plazo de estudio y antes del vencimiento del pedido de cotización "...cualquier omisión, falta de concordancia o error en que se pudiera haber incurrido en la elaboración de los Pliegos de Especificaciones técnicas y de planos...".

A modo de colofón concluyo que el postulado de la buena fe como principio iluminador de la vida del contrato, desde su celebración hasta su extinción, comprendiendo los momentos previos y las tratativas, constituye una herramienta idónea para desentrañar el sentido y alcance del contrato pero a la vez un principio de integración y creador de los denominados "deberes secundarios de conducta" que vienen a completar el contenido negocial.

Conforme el standard de comportamiento exigible a ambas partes en virtud de tal postulado, tanto la actora como la demandada pudieron obrar con mayor diligencia y previsión a los fines de que ambas conocieran con exactitud no solo lo que estaba expresado en el contrato sino la totalidad de las consecuencias virtualmente comprendidas en él.

El contrato obliga con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor, incluyendo a las consecuencias virtualmente comprendidas en él, conforme a su naturaleza, a las negociaciones previas, a la conducta ulterior de las partes, a las prácticas establecidas en ellas, a los usos si no han sido excluidos en ellas y a la equidad, teniendo en cuenta la finalidad del acto y las expectativas fundadas de la otra.- Si contratar es prever lo anticipable o previsible. Si, como afirmara el maestro Orgaz por debajo de lo que las partes dicen o declaran en el contrato se encuentran "lo que ellas no piensan pero que, sin embargo, o por eso mismo, se halla más profundamente en su voluntad". Si todo contrato presupone un estado normal de cosas que ha sido computado por los celebrantes, conciente o inconcientemente al hacer su cálculos, las consecuencias perjudiciales o mayores costos derivados de los hechos que resultaron igualmente previsibles para ambos contratantes, deben ser equitativamente repartidas entre ambos, por haber cumplido deficientemente sus deberes recíprocos en la etapa de las tratativas previas a la contratación.- En cuanto a los intereses, comparto con la Dra. Cristina González de la Vega que los mismos deben computarse de conformidad a lo dispuesto por la Excma. Cámara Octava para los demás rubros, atento los límites del reenvío (arts. 389y 390 C.P.C.C.).

A la segunda cuestión planteada, el señor vocal doctor Mario Sársfield Novillo, dijo:

Propongo que se recepte el recurso de apelación deducido por Degremont S. A. y, en consecuencia se revoque parcialmente el decisorio cuestionado ampliándose la condena a CIADEA S. A. en la suma de pesos ciento diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($ 117.63447) y sus intereses e I.V.A., las costas se impongan en un 16,57% a la parte actora y en un 83,43% a la parte demandada, en ambas instancias, y que los honorarios de letrados intervinientes Dres. M. A. G. y M. A. (por la parte actora) y de los Dres. J. M. G., M. V. e I. F. (por la demandada), se establezcan en el punto medio de la escala legal por su actuación en primera instancia y por la actividad en esta Sede en el 40% del punto medio de la escala legal para los Dres. M. A. G. y M. A., teniéndose en cuenta para cada instancia las bases regulatorias pertinentes, la modalidad en el patrocinio o representación ejercida y agregarse el porcentaje correspondiente al I.V.A. sólo para los Dres. Mariano Aliaga y Julio Manuel González, (arts. 130 del C. P. C. C. y 25, 29, 22, 23, 36, 37, 46 de la ley 8.226 y art. 125 de la ley 9.459).

A la segunda cuestión planteada, la señora vocal doctora Cristina Estela González de la Vega, dijo:

Atento las consideraciones efectuadas propongo: 1) Acoger parcialmente el recurso de apelación de la actora, y en consecuencia revocar el decisorio cuestionado, declarando la responsabilidad de CIADEA por la presencia de EDTA, en el efluente en el 50 % de los gastos efectuados en su consecuencia y por la suma que se relaciona en la primera cuestión, más intereses según mi voto e IVA. 2) Las costas de la alzada por el capítulo que se acoge, se establecen de modo proporcional a cada parte en el 50 %. En tanto que las costas de la sede anterior se readecuan de acuerdo al resultado de la demanda, que se estiman proporcionalmente en un 43% a cargo de la demandada y en el 57% a la actora (arg. del art. 132 del C.P.C. y C.). 3) Los honorarios del Dr. M. A. G. y del Dr. J. G. devengados en esta sede, se establecen en el punto medio del medio de la escala de ley (art. 29 inc. 1, 34, 36 y 37 de la ley 8226 y art. 125 de la ley 9459) para cada uno de ellos. 4) Los honorarios de la Dres. M. A. G. y M. A., se establecen en el punto medio de la escala de ley por sus trabajos en la instancia anterior (arts. 29 inc. 1, 34, 36 de la ley 8226 y 125 de la ley 9459).- A la segunda cuestión planteada, la señora vocal doctora Silvana María Chiapero, dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la Dra. Cristina González de la Vega, expidiéndome en igual sentido.

Por lo expuesto el Tribunal y por mayoría, SE RESUELVE:

I) Acoger parcialmente el recurso de apelación de la actora, y en consecuencia revocar el decisorio cuestionado, declarando la responsabilidad de CIADEA por la presencia de EDTA, en el efluente en el 50 % de los gastos efectuados en su consecuencia y por la suma que se relaciona en la primera cuestión, más intereses de acuerdo a lo establecido por la Excma. Cámara Octava Civil y Comercial e IVA. II) Las costas de la alzada por el capítulo que se acoge, se establecen de modo proporcional a cada parte en el 50 %. En tanto que las costas de la sede anterior se readecuan de acuerdo al resultado de la demanda, que se estiman proporcionalmente en un 43% a cargo de la demandada y en el 57% a la actora (arg. del art. 132 del C.P.C. y C.). III) Los honorarios del Dr. M. A. G. y del Dr. J. G. devengados en esta sede, se establecen en el punto medio del medio de la escala de ley (art. 29 inc. 1, 34, 36 y 37 de la ley 8226 y art. 125 de la ley 9459) para cada uno de ellos. IV) Los honorarios de la Dres. M. A. G. y M. A., se establecen en el punto medio de la escala de ley por sus trabajos en la instancia anterior (arts. 29 inc. 1, 34, 36 de la ley 8226 y 125 de la ley 9459).

V) Protocolícese y bajen. -Mario Sársfield Novillo. -Cristina González de la Vega. -Silvana María Chiapero.