marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, aplicación de la ley, crédito prendario
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Maria Enrique Marcelo s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-04

Conforme a lo prescripto por el art. 2.651 del Código Civil y Comercial de la Nación (ex. Art. 1.197 del CC), los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes, en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, derechos y obligaciones. Así, resulta procedente, en el marco de esta ejecución prendaria, disponer que el capital reclamado se actualice conforme lo pactado contractualmente, por lo que el razonamiento del A quo en esta cuestión resulta errada y debe ser revocada. Ello es así, pues la resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía N° 366/02 y N° 85/02, fija un sistema de reajuste en los contratos prendarios la cual en su art. 1 dispone que "en los contratos de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de "grupos cerrados" el importe de las cuotas partes, podrá quedar sujeto al valor móvil que corresponda en la oportunidad u oportunidades previstas en los contratos". Adicionalmente el art. 3 de ese cuerpo legal prevé que: "en los contratos de prenda que garanticen el pago de las cuotapartes de amortización correspondientes a los contratos contemplados en el art. 1 de esa resolución conjunta, podrá establecerse, a los fines del cobro del saldo adeudado, que el monto del mismo sea determinado conforme el valor móvil que corresponda al momento del efectivo pago, siempre que éste se realice durante la vigencia del grupo respectivo", lo que deberá ser observado al momento de la liquidación final. En el mismo sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, in re "Volkswagen S.A De Ahorro P/f Determinados c. Hanna, Esteban Ceferino - 22/05/2009; Cita online: AR/JUR/18653/2009. Asiste derecho al reclamo de la parte actora, puesto que se ha decidido que si el ajuste previsto en un contrato de prenda con registro se remite al precio a fijar por un tercero (por ejemplo el fabricante de la cosa prendada) no le son aplicables las previsiones de los arts. 7, 9 y 10 de la ley 23.928, por lo que deberá mantenerse dicha cláusula de reajuste y todo el principio contractual de pagos. (Cám. Com., D, "ED" 153,648 - Gómez Leo - Coleman, Nueva Ley de Prenda con Registro - pág.13). DRES.: AGUILAR DE LARRY - SANTANA ALVARADO.
Concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Hugo Alberto (su quiebra) c/ Poncetta, Oscar Olivo y otros s/ Ineficacia y desapoderamiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Si el adquirente recibió el bien conforme lo dispone el art. 1185 del Código Civil, de buena fe y a título oneroso, de un tercero el que -a su vez- lo había adquirido de quien fue declarado en quiebra, no puede verse afectado por la inoponibilidad reglada por el art.

113 de la ley 19.551, ni compelido a verificar su crédito ya que no es acreedor del fallido.
Acciones de filiación, impugnación de la paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALBA, CESAR RAUL ANTONIO s/ Filiacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-04-16

En el sistema que imponía el régimen de la ley 23264 la acción de impugnación de paternidad del marido solo podía ser ejercida por él en vida, con lo cual se descartaba que otros intereses, por fundados que pareciesen, pudieran legitimar activamente a otras personas. La reforma amplió los sujetos activos o sea titulares de la acción, alcanzando también a los herederos del marido y al hijo. Jurisprudencia: Dra. Liliana Zelaya
Excarcelación, robo simple, revocación de sentencia, código penal, Código Procesal Penal Federal, antecedentes penales, intención de eludir la acción de la justicia, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: J. L. Ríos Castillo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Cabe revocar la decisión del a quo que negó la excarcelación de quien fuera imputado por la comisión del delito de robo simple sobre la base de registrar antecedentes condenatorios, pues conforme la interpretación que impone la reforma al Código Procesal Penal -artículos 7 de la ley 27.063 y 2 de la ley 27.150, respectivamente-, deben considerarse las conductas tendientes a la no obstaculización del proceso tales como haber permitido su correcta identificación, no encontrarse anotado bajo identidades diferentes y no haber incurrido en violencia sobre las personas al momento de la comisión de aquél delito.
Policía, indemnización, error judicial, condena por error, derechos humanos en la administración de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pippo, Esteban Ramón c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Si bien es cierto que una situación como la planteada en el caso dista de configurar la hipótesis de la ley 8.132 (ésta se refiere a la condena judicial por error a una pena privativa de libertad contra la que prospera la acción de revisión interpuesta, en tanto aquélla trata de una sanción disciplinaria expulsiva dejada sin efecto por la propia Administración a la vez que ordena el levantamiento de la disponibilidad preventiva y el reintegro del agente), no lo es menos que ambas exhiben como notas comunes una privación ilegítima de derechos humanos esenciales y la obligación de indemnizar el salario o los haberes no percibidos por el interesado durante todo el tiempo de la medida anulada, ésto es una reparación por actos que, finalmente, resultan injustos a pesar de su apariencia de legitimidad.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Botterón Jorge Omar c/ Asociación de Industriales y Metalúrgicos s/ Ordinario (LIBRO: S093 - 060)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-30

La existencia de relación laboral es un hecho que se prueba como cualquier otro, sin que la circunstancia de que el actor posea un título que lo habilite para el ejercicio de una profesión de las llamadas "liberales", haga presumir la ausencia de aquella relación.-
Jubilaciones, haber jubilatorio, remuneración, Poder Judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SCALI, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 240-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-03

La "bonificación adicional en concepto de complemento por ubicación no escalafonada" que establece el artículo 3 de la ley 9239, para el personal obrero, de maestranza y servicios del Poder Judicial, constituye un ingreso percibido por el personal en actividad con carácter "habitual y regular". Según lo exige el artículo 70 de la ley 6915, dicha bonificación debe ser percibida además, en "retribución de servicios". Si bien la ley lo denomina "bonificación adicional en concepto de complemento", del mensaje con que se eleva el proyecto al Poder Ejecutivo surge que fue acordado "en el marco de la equiparación de remuneraciones de dicho personal con las vigentes en el ámbito de la Justicia Nacional dispuesta por la ley 9133, habiéndose previsto su otorgamiento con idénticas características a los instituidos en el orden nacional por la ley 22738 (que dispusiera un aumento por permanencia en la categoría para magistrados, funcionarios y empleados) y resolución de la Corte Suprema de Justicia 187-74", lo que desnuda el objetivo que se persiguió con su otorgamiento: elevar la remuneración, el salario del personal judicial de la Provincia.
Interés superior del niño, derecho a ser oído, guarda preadoptiva
Materia: CIVIL
Carátula: F.,E. s/ Prevención (Expte. N° 426526)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-03-03

Si la familia a la que todo niño y niña tiene derecho es, principalmente, a su familia biológica, la cual incluye a los familiares más cercanos, la que debe brindar la protección al niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado, por lo tanto, la duda de alguno de los padres sobre el otorgamiento de su hijo en guarda y posterior adopción obliga a la autoridad judiciales a adoptar las medidas conducentes para despejarla efectivamente -verdad real- incluso insistir con permanencia del niño en el seno de su familia biológica, porque la separación debe ser considerada excepcional y, preferentemente, temporal.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reboredo, Rubén Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-11

El art. 1112 del Código Civil no se refiere a ningún caso de responsabilidad refleja sino que trata de la responsabilidad personal por el hecho propio del agente de la Administración que, como tal, causa un daño a un tercero. Así, resulta relevante para atribuir responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos, la acreditación de hechos u omisiones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.
Proceso penal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carma, José Antonio s/ Dr. José Antonio Carma, Juez de Control de Garantías de 2ª Nominación  s/ Prórroga en causa Letra "R" Nº 10/07 "1) Robles, Fabián G.; 2) Suárez, Pedro D. y 3) Pérez Casasnovas, Jorge Marcelo p.s.a. 1) y 2) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de coautor; 3) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de partícipe necesario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-04

Sin desconocer que mientras subsiste el estado de inocencia constitucionalmente reconocido a los imputados, éstos tienen derecho a la libertad, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la legitimidad constitucional de la privación de la libertad durante el trámite del juicio penal y con anterioridad a la sentencia condenatoria firme (Fallos 310:1835; 314:791 y 321:1712) y la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito y no facilitar la impunidad (Fallos 280:297), en atención a que "los derechos civiles, políticos y sociales que la Constitución Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí, y con lo que corresponde reconocer a la comunidad." (Fallos 191:139; 253:133 y 315:380, entre otros).
Depósito previo, recurso de queja (procesal), acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el demandado en la causa Banco Santander Río c/ Bassano, Mario Marcelo s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-24

La exigencia del depósito previo establecido en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, caracterizado por la Corte como requisito esencial para la procedencia del recurso de hecho, no contraría garantía constitucional alguna y solo cede respecto de quienes se encuentran exentos de pagar el sellado o tasa de justicia, según las disposiciones de las leyes nacionales respectivas, o hayan obtenido el beneficio de litigar sin gastos en forma definitiva.
Enfermedad profesional, empleador, indemnización, incapacidad, intereses, mora
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Carballo, Daniel A. c/ SCIMACA S.R.L. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 97-00, Resol. Nro. 213, Tomo 24, Folio  457)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-15

En relación a los daños provocados por la culpa aquiliana la obligación de indemnizar nace desde el momento en que se produjo el accidente y en cuanto a las enfermedades accidentes desde la fecha de su exteriorización. La morosidad en el cumplimiento del deber de indemnizar provenientes de actos ilegítimos, en relación a los intereses moratorios, se constituye en el momento en que el daño se produce, y éste coincide, en la mayoría de los casos, con la consumación del acto ilegítimo. La fecha de toma de conocimiento de la incapacidad marca la exigibilidad del crédito y el curso de los intereses cuando se trata de enfermedad accidente.
Daños y perjuicios, valor vida, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: YOLANDA LILIA ZERRISUELA DE FIGUEROA c/ SILVERIO ROMUALDO LESCANO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-02-19

Para la determinación del valor de la vida humana la sentencia debe fijar las pautas y métodos que surjan de las probanzas rendidas en autos y que permita a las partes una apreciación certera del proceso racional seguido por el sentenciante, resultando a estos efectos notoriamente insuficiente la alegación de generalidades como el prudente arbitrio judicial, de generalidades como el prudente arbitrio judicial, la equidad o semejantes, que convierten al acto sentencial en carente de fundamentos y por ello descalificable como tal.
Juicio ejecutivo, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sala Victorica, Oscar s/ Inc. de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Conforme lo determina el art. 58 del decreto ley 8904/77, la regulación de honorarios firmes constituirá título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario del trabajo profesional.
Acción penal, interrupción de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., M. c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-04-06

La resolución del A quo en cuanto sobreseyó a la imputada por el delito de impedimento de contacto de la menor con su padre no conviviente, por extinción de la acción penal sin evaluar la incidencia de la acusación formulada por la parte querellante resulta arbitraria, debiendo ser anulada por cuanto tal decisión desconoció la existencia de un acto procesal que según la ley tenía entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal.
Nulidad de la resolución, remuneración del procesado, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: Canabiri, Julio César c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-18

La disidencia postuló anular lo resuelto pues, a la luz de la normativa internacional y de derecho interno que regula la materia de trabajo intramuros consideró que tal actividad laboral tienda a equipararse -con el alcance posible por las limitaciones propias de la privación de la libertad- al trabajo en el medio libre, en cuanto a derechos y obligaciones, y que ello no puede excluir el reconocimiento del derecho a la remuneración por ausencias justificadas, ya que limitar la remuneración a los internos exclusivamente a "las horas efectivamente trabajadas" y sin atender diversas circunstancias que pueden plantearse ajenas a la voluntad del interno, que le impidan dicha efectiva prestación, podría importar un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. (Dres. Figueroa -disidencia-, Riggi, Catucci).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PEREZ, Pedro Pablo c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-08-25

La ley procesal establece que el recurso de inaplicabilidad de ley que se interesa procede contra las sentencias definitivas o aquellas que se asimilan,porque hacen imposible la continuación de la litis teniendo en cuenta los efectos que el rechazo de la prescripción opuesta provocan respecto a la supervivencia del derecho y la imposibilidad de replantear la cuestión definida en otra etapa del juicio.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Centurión, Adalberto y ot. c/ Banco Bragado Coop. Ltdo. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Tanto la declaración de cesantía dispuesta por el empleador como la del trabajador que se considera despedido, revisten el carácter de recepticias, de modo tal que una vez que la comunicación llega a la esfera jurídica del destinatario la extinción contractual queda consumada. De manera que en el preciso momento en que se notifica la voluntad de rescindir la relación habida entre las partes, el contrato de trabajo cesa en su vigencia.
Competencia, competencia contravencional y de faltas, delitos contra la propiedad, daño
Materia: PROCESAL
Carátula: Novoa, Inés María s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-02

Corresponde que la justicia en lo contravencional y de faltas continúe conociendo en las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia referida a que personas desconocidas provocaron diversos focos ígneos en los cuartos de incineradores de diferentes pisos y en el hueco del ascensor de un edificio si el objeto del conflicto sólo se circunscribe al presunto delito de daño, que se encuentra incluido entre aquellos mencionados en el Convenio 14/2004 de Transferencia de Competencias Penales del Poder Judicial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ BERGAGNA, EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-01

El sistema de la ley 12851 -que establece una unidad de medida estipendial denominada jus arancelario, que representa el 2% de la remuneración total (deducidos los adicionales particulares) asignada al cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito de la Provincia de Santa Fe- luce positivo al relacionar el sistema de módulos regulatorios con los constantes incrementos salariales que se acuerdan a los integrantes del Poder Judicial y, en particular a la categoría de Juez de Primera Instancia de Distrito, quedando en cabeza de esta Corte Suprema de Justicia -en ejercicio de su competencia de gobierno- establecer, cuando se configura el supuesto de hecho de la norma, el valor de la unidad económica; sistema que luce protectorio de las tareas abogadiles al crearse un valor referencial dotado de movilidad a los fines de mitigar realidades económicas financieras inestables, procurando asegurar a los auxiliares de la justicia condiciones dignas y justas en el ejercicio de sus funciones. (Del voto del Dr. Spuler. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 37, ref. Ley 12851; Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Acta Acuerdo 16, Punto 2, del 1/3 2017.
Certificado de trabajo, multa laboral, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Torres Estefanía c/ Hotel Plaza Colonia SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

El plazo que prevé el art. 3 del decreto 146/01, no importa el ejercicio de una facultad reglamentaria excedida al fijar un plazo tampoco irracional si éste tiende, entre otros objetivos, a que el empleador pueda regularizar relaciones con eventuales puntos controvertidos por las proyecciones a la certificación a emitir por el principal. (Del voto del Dr. Pérez, en mayoría).
Recurso extraordinario, incidente de nulidad, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Luque, José María Eduardo s/ recurso extraordinario s/incidente de nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

Este tribunal no puede modificar la resolución que rechaza el recurso extraordinario, tal como lo pretende el imputado, toda vez que su competencia caducó con el dictado de esa resolución. A ello cabe agregar, que aún cuando en principio la declaración de las nulidades procesales tramitan por incidente, cuando se trata de resoluciones conclusivas -como la de autos-, los eventuales defectos que contengan se deben encarrilar a través de los recursos que en el caso procedan.
REPÚBLICA ARGENTINA, desaparecidos, dictadura militar, beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daño resarcible, indemnización, reconocimiento de la responsabilidad, sentencia arbitraria, igualdad ante la ley, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado Parte
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Almeida Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-11-17

El reconocimiento de responsabilidad del Estado Argentino, en el caso del detenido desaparecido posteriormente sometido al régimen de libertad vigilada de facto, a quien no se le reconoció los beneficios derivados de la Ley 24.043, constituye un allanamiento a las pretensiones efectuadas en relación a la vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a una adecuada motivación de las decisiones judiciales y el derecho a la protección judicial, reconocidos en los artículos 24, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, produciendo el efecto de eliminar toda posibilidad de controversia con respecto al fondo.

N. de la R.: Las medidas de reparación ordenadas en la presente sentencia se encuentran íntegramente cumplidas, decretándose el archivo del caso en los términos de la Resolución dictada por el Tribunal el 14 de marzo de 2024 www.saij.gob.ar/FA24572001.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guzman Arias, Margarita c/ Gross, Enrique C. A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

El "consorcio de propietarios", por intermedio de las asambleas de dueños (órgano deliberativo) y del administrador (elemento ejecutivo y representativo), tiene a su cargo el cuidado y defensa de los intereses de la comunidad.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Salvatierra, Claudio Alfredo s/ Apropiación de cosa perdida Ferreyra, Guillermo Raúl s/ Apropiación de cosa perdida
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15|1994-02-28

Si bien la descripción del hecho en la sentencia no es exactamente igual a la efectuada en la requisitoria fiscal, con ella, el Sr.

Juez de Grado inferior, no ha violado el principio de congruencia.

Ello así, por cuanto el "hecho punible" presentado en la acusación, si bien no contenía de manera expresa la referencia a la ajenidad de la cosa objeto de la apropiación, del contexto de la descripción se extrae sin dificultad tal dato, desde que -la mención de la "apropiación sin dar cumplimiento a las obligaciones del Código Civil" aventa la hipótesis del apoderamiento de algo propio- dado que si ello hubiera sucedido, ninguna obligación del Código Civil hubiera correspondido reclamar en cumplimiento al propietario.
Concursos, honorarios, regulación de honorarios, administrador judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERLACTEA  S.A.I.C.F.A.  S/QUIEBRA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-25

Para la regulación de los honorarios del administrador judicial debe estarse a las utilidades realizadas durante su desempeño, y sobre tal base aplicar las alícuotas correspondientes, y considerar la índole, calidad y extensión de los trabajos realizados y las caracterísicas e importancia del pleito de que se trata.
Cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: T., J.P. c/ M., E.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-11

En los supuestos de daño causado "por la cosa", el dueño o guardián es tenido por responsable a título de riesgo creado y su culpa -o la de su dependiente- no es extremo exigido a ese efecto por la disposición legal, al punto que aun cuando él lograra demostrar la total inculpabilidad, la más irreprochable y exquisita conducta suya o de su agente, ello sería ineficaz para liberarlo, en tanto responde de los daños por virtud de un factor legal de atribución estrictamente objetivo.