Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-27


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.667 SALA II Expediente Nro.: 1.055/2010 (Juzgado Nº 3) AUTOS: "ALBORNOZ, JUAN CARLOS C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LARREA 721/25 S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 27/06/2012, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Angel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó, las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs.214/217). A su vez, apela los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales por considerarlos elevados.

Al fundamentar el recurso la parte actora se agravia porque el Sr. Juez a quo consideró que no se encontraba acreditada la realización de la cantidad de horas extra que invocó en la demanda. Además cuestiona el rechazo del reclamo de la diferencia salarial que surge de la privación y abolición de las horas extra a partir del mes de junio/09. Objeta la valoración de la prueba producida en autos. Finalmente, se agravia por la imposición de las costas.

Se agravia la parte actora por cuanto el sentenciante de anterior instancia, rechazó el reclamo por diferencias de horas extra.

Los términos del agravio imponen memorar que el actor denunció en la demanda que trabajaba de lunes a viernes de 7hs a 12hs y de 16hs a 19hs, los días sábados de 7hs a 12hs y los domingos para la recolección de residuos de 20hs a 21hs. Sostuvo que estaba a disposición del demandado para el encendido de la calefacción en el horario de lunes a sábado de 7hs a 11hs y 16hs a 21hs, feriados y domingos de 8hs a 13hs y 17hs a 21hs. La demandada, en el responde, negó que el actor se hubiera desempeñado en los horarios que invocó en la demanda y sostuvo que el horario del actor era de lunes a viernes de 7hs a 12hs y de 16hs a 20hs, y los sábados de 7hs a 12hs. Reconoció que el actor desarrolló horas extra y sostuvo que siempre le fueron abonadas.

Aún cuando el horario invocado en la demanda fue efectivamente desconocido por el demandado, observo que reconoció que el actor desarrollaba horas extra (ver fs.69vta). Por otra parte, de la prueba pericial contable se desprende que hasta el mes de mayo/09 se le abonaba al actor una menor cantidad de horas extra (Ver Anexo III y fs.166/168); lo cual también surge de los recibos obrantes a fs.26/65. Ahora bien, la perito contadora informó, además, que no existía registro del horario de trabajo (ver fs.169 y fs.172) por lo que es evidente que no le fue exhibido el registro que exige el art.6, inc. c) de la ley 11.544 y 21 del Dec. 16.115/33. Indudablemente, está reconocido y acreditado que el actor desarrolló trabajos en tiempo suplementario; y, sin embargo, como se ha visto, el accionado no probó contar con el registro previsto en el art. 6 inc. c) de la ley 11.544 y en el art. 21 del decreto reglamentario 16.115/33, que debe ser llevado cuando se trabaja tiempo extraordinario (ver fs. 169 y 172).

Si bien el texto del art. 54 de la LCT hace referencia a registros, planillas y elementos de contralor exigidos por los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, es evidente que debe considerarse involucrado en la directiva legal, todo registro o elemento de control previsto en cualquier norma integrativa del orden público laboral y que no puede considerarse excluido de la télesis de esa norma un registro destinado a controlar las horas que exceden de los límites fijados a la jornada de trabajo. Tanto la limitación de la jornada como la exigencia del registro del tiempo suplementario se encuentran contemplados en la emblemática ley 11.544 cuya finalidad higiénica -como es sabido- está orientada a proteger, ni más ni menos, que la salud e integridad psicofísica de los trabajadores; por lo que es indudable que no cabe considerar excluido de la télesis del art. 54 LCT al registro que requiere el art.6 de la ley y 21 del decreto reglamentario. Sin perjuicio de ello y, desde otro ángulo de análisis, puede afirmarse también que la referencia efectuada en el art. 54 LCT a los registros y elementos de control previstos en los estatutos y convenios colectivos, resulta analógicamente aplicable al registro del tiempo suplementario que exige la ley 11.544 y su decreto reglamentario (arg. art. 11 LCT y 16 del Código Civil).

Desde esa perspectiva, la ausencia del registro exigido por el art. 6 de la ley 11.544 y 21 del dec. 16.115/33, genera la operatividad de la presunción prevista en el art. 55 de la LCT en favor de la afirmación vertida en la demanda acerca de la cantidad de horas extras realmente cumplidas. Si bien dicha presunción no puede considerarse operativa cuando no está efectivamente acreditado que la labor haya excedido los límites fijados por la ley 11.544 -porque es obvio que, si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que llevarse el registro del art. 6 de esa ley-, comprobado como está que hasta mayo/09 el actor trabajó en tiempo extra, el empleador tenía obligación de asentar dicho exceso en el registro que indica el art. 6 de la ley 11.544 y 21 del decreto y, por lo explicado, la falta de exhibición de dicho registro genera una presunción acerca de la extensión del ya comprobado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 L.C.T.) que, no fue desvirtuada por prueba en contrario.

En tales condiciones, de acuerdo a lo expuesto, considero que debe estarse a la cantidad de horas extra invocada en la demanda en base a las cuales la perito contadora estableció que se adeuda al actor la suma de $9.650,65 por horas extra impagas (ver Anexo III a fs.171).

Se agravia la parte actora pues sostiene que el demandado, a partir de junio/09, lo privó de seguir realizando las horas extra. Señala que su salario se vio afectado al eliminarse las horas extra y entiende que se violó la intangibilidad de remuneración. A mi entender, dicho cuestionamiento, no debe tener favorable acogida.

Como sostuve con anterioridad en un trabajo doctrinario ("Tratado Jurisprudencial y Doctrinario -Derecho del Trabajo" Relaciones Individuales, Tomo I, pág.114, Ed. La Ley, 2010), a pesar de la habitualidad con la que puedan haberse realizado horas extra, el trabajador no puede exigir al empleador que mantenga un horario que exceda del fijado por las disposiciones que hacen al régimen de jornada, en contraposición a un orden normativo dirigido a proteger la salud del trabajador a través de la limitación imperativa del tiempo de trabajo diario y semanal; ni éste puede requerir a aquél que preste o continúe prestando servicios en esas condiciones, salvo razones de fuerza mayor especialmente previstas como excepción (art. 3º, inc. "c" de la Ley 11.544 y art. 203 de la LCT). En tales condiciones, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto y desestimar el agravio sub examine (conf. art. 499 Código Civil).	De acuerdo a todo lo que llevo dicho, entiendo que se adeuda al accionante la suma de $9.650,65 en concepto de horas extra impagas trabajadas hasta mayo/09 y que, por lo tanto, se debe diferir a condena ese importe con más los intereses que -en la oportunidad prevista en el art. 132 LO- se calculen desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se debe aplicar la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero (cfr. ley 23.928 modif. por la ley 25.561, art. 622 del Código civil y CNA Acta nro. 2357, modificada por Res- CNAT nro. 8/02).

En consecuencia y por las razones antes expuestas, corresponde revocar la sentencia de grado, hacer lugar en parte a la demanda y condenar a Consorcio de Propietarios del Edificio Larrea 721/25, a abonar a Juan Carlos Albornoz, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación que prevé el art. 132 de la LO, la suma de $9.650,65.-, con más los intereses antes mencionados.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación.

Al respecto, reiteradamente he sostenido que, en los supuestos en los que la demanda prospera parcialmente -como en el caso- aquéllas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN pues, aún cuando puede considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de su reclamo; por lo que no habría fundamento objetivo para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. esta Sala, sent. 72.160, del 26/10/93 in re Soria, Carlos D. C/ Butomi SRL). En orden a ello, y habida cuenta que la imposición de costas no responde necesariamente a una cuestión aritmética sino que debe contemplar también la importancia de los rubros que progresan, considero que las costas de ambas instancias deben imponerse en un 10% a cargo de la parte actora y en un 90% a cargo del consorcio demandado (confr. art. 71 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6° y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la LO y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%, los de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el 11% y los de perito contador en el 7%, porcentajes, éstos, que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -con más intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25% de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a la propuesta de mi distinguido colega Miguel Ángel Pirolo por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Revocar la sentencia de grado, hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a Consorcio de Propietarios del Edificio Larrea 721/25 a abonar Juan Carlos Albornoz, dentro del plazo de cinco días de notificados de la liquidación que prevé el art. 132 de la L.O., la suma de PESOS NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y CINCO ($9.650,65).-, con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo; 2°) Imponer las costas de ambas instancias en un 10% a cargo de la parte actora y en un 90% a cargo de la parte demandada; 3°) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada por los trabajos realizados en la instancia anterior, y fijar los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y de la perito contadora, por dichas tareas en el 15%, 11% y 7%, respectivamente; porcentajes, éstos, que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -con más intereses-; 4°) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el treinta por ciento (30%) y en el veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza	Miguel Ángel Pirolo cas	Juez de Cámara	Juez de Cámara