marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Querellante, asunción de la función
Materia: PENAL
Carátula: MURIAS, Antonio I. s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-02

Puede asumirse la función de parte querellante en cualquier etapa del juicio hasta antes de la resolución definitiva, asegurándose así el derecho de contralor de los actos procesales sobrevinientes.
Hurto, consumación del delito
Materia: PROCESAL
Carátula: C., L.M. s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-20

La idea rectora para decidir cuando ha tenido lugar la consumación, está dada toda vez que la cosa substraída ha sido quitada del poder del tenedor y puesta bajo el poder de hecho del autor; esto último se manifiesta en la posibilidad de realizar sobre ella actos de disposición, aunque sólo sea por un breve espacio de tiempo; es decir, sin tener el potencial ejercicio de facultades dominiales...

Este es el punto de vista de la doctrina denominada de la "disponibilidad", que no se atiene únicamente a la situación en que la cosa queda con relación al que era su poseedor o tenedor, sino, también, a la que el hecho crea entre el autor y la cosa. ...La posibilidad de disposición es necesaria para que se consume el delito, pero no es necesario que los actos de disposición se realicen efectivamente.
Contrato de trabajo, adicional por refrigerio, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ CASTRO JUAN ORLANDO c/ BANCO QUILMES S.A. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-05

Es claro el dispositivo procesal aplicable (artículo 308, CPCC), en cuanto dispone que "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez no tenga el deber de conocer.

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción". En la especie, está claro que el accionante pretende el pago del adicional por refrigerio por el período de marras y las diferencias indemnizatorias correspondientes, por lo que resultaba insoslayable para su parte acreditar los extremos de tal pretensión.
Incongruencia, sentencia, parte dispositiva, principio de congruencia, liquidación, impugnación de la liquidación, intereses, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PAVIA, LUIS c/ PEREZ, VICTOR HUGO Y OTROS s/ ORDINARIO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 33-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-09

Plantea cuestión constitucional el recurrente que imputa a la resolución impugnada, ser arbitraria por incurrir en el vicio de autocontradicción y excesivo rigor formal, porque a pesar de reconocer que los considerandos de una sentencia constituyen sustancial y formalmente una parte de la decisión, que debe ser congruente con la pretensión; afirma que no es tan importante como la parte dispositiva de la resolución, en la que el Juez concreta su decisión.

En el caso, la sentencia de la Cámara dispuso la exclusión del rubro "Intereses" de la liquidación practicada, porque en primera instancia se hacía referencia a ellos en los Considerandos del decisorio, pero en la parte dispositiva se silenció toda mención a los mismos.
Honorarios, juicio ordinario, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Spadavecchia, María Cristina c/ Agroindustrias Cartellone SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-30

1. La retribución que integra la condena en costas debe justipreciarse contemplando el límite del 25% establecido por el CCCN 730, ya que dicho precepto prevé la fijación de la retribución con aplicación del límite del porcentaje previsto por la ley de fondo, ya que la concreta cuantía de las remuneraciones debe realizarse considerando el ordenamiento jurídico en su conjunto. 2. Destácase en tal sentido que la limitación de las costas judiciales no interfiere en la determinación de los honorarios ni provoca reducción alguna en las regulaciones que se practiquen sino que, como se dijo, limita la responsabilidad del deudor frente a su obligación. En otras palabras, la norma no importa una limitación a la fijación de los estipendios, sino a su cobro contra el condenado en costas (conf. López Mesa, M, "Sistema de Jurisprudencia Civil", T° I, pág. 673; Di Chiazza, "La regulación de honorarios. El artículo 505 del Código Civil y el rol de las normas locales"; LLitoral, 2011(abril), 247).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Defraudación en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

No constituye absurdo valorativo el mero error puramente formal que no modifica el fondo del asunto, resultando improcedente el reclamo fundado en que las manifestaciones del testigo no resultan de la foliatura citada por el fallo si las mismas obran en una ampliación posterior.
Empleo público, ley de contrato de trabajo, protección de la madre trabajadora, despido por maternidad, presunción juris tantum
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Estevez Gloria Susana c/ I.A.F. para personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

En la ley de contrato de trabajo -aplicable en este punto al supuesto de empleo público en los términos del decreto 3213/79- se impone, como garantía de la protección integral de la familia reconocida en el art. 14 bis de la C.N., la conservación del empleo de la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo durante los períodos establecidos en su art. 177, estableciendo la presunción iuris tantum de que su despido dentro de los siete meses y medio anteriores y posteriores al parto se presume fue adoptado por razón de esa situación, previéndose, en tal caso, una indemnización especial en favor de la afectada.
Enfermedad accidente, stress, hipertensión arterial, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Robledo Guglielmmo de Pignattari, Elsa Yolanda y por sus hijos menores c/ Provincia de Misiones s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-03

Tanto el stress como la hipertensión arterial son afecciones que reconocen diversas etiologías y no se hallan circunscriptas a factores laborales, en consecuencia, toda vez que se demande invocando causal o concausalmente un factor laboral, éste deberá ser perfectamente identificado y probado, así como su idoneidad para generar, incidir o acelerar la afección previa de otro origen.
Código de justicia militar, procedimiento militar, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, querellante, simple damnificado
Materia: PROCESAL
Carátula: PABLO FERNANDEZ MEIJIDE c/  s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  CORTE  SUPREMA- CODIGO DE JUSTICIA MILITAR- QUERELLANTE- AVOCACION- EXTRAORDINARIO-  CORTE  SUPREMA- CODIGO DE  JUSTICIA MILITAR- QUERELLANTE- AVOCACION-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-22

La institución del querellante es ajena al Código de Justicia Militar que, aún después de la reforma establecida por la ley 23.049 -que amplió las facultades del particular ofendido- confiere a éste las atribuciones que regulan los artículos 100 bis y 146, excluyendo su facultad de acusar y limitando su actuación a la denuncia y a prestar auxilio a la justicia con los límites y formas que el Código prescribe.
Procedimiento monitorio, apreciación de la prueba, jueces
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DEL CANTO, OSCAR MARCELO c/ PET'S GROUP S.A. Y OTRO s/ PREPARACIÓN DE LA VÍA MONITORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-17

En el proceso monitorio, la revisión oficiosa de la sentencia tiene un límite y es justamente la actuación que adoptó previamente el tribunal, y no puede esa revisión llevarse a cabo de modo retroactivo si no es a pedido de parte, ya que la inseguridad jurídica que esa actitud provoca, de consentirse, será origen de situaciones impredecibles. En otros términos, implica avanzar sobre la cosa juzgada.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: BACA,RODOLFO c/ ZIDANELIA CORTEZ DE GUERRERO s/ REGULACION DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-07-06

A fin de saber si la regulación es excesiva, no cabe meritar el incremento que a ella le puede corresponder por aplicación de los intereses, ya que este accesorio no es imputable al beneficiario, ni puede por tanto servir de fundamento para reducir sus honorarios.
Pacto de San José de Costa Rica, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL - PROCESAL
Carátula: Alonso, Jorge F. y otros s/ contrabando de estupefacientes y otros delitos - causa n° 3161.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

El art. 7, inc. 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige que toda persona sea juzgada o puesta en libertad dentro de un "plazo razonable", pero no impide que cada Estado Parte adecue esos plazos según criterios de política criminal relacionados fundamentalmente con razones de interés público.
Seguros, seguro por accidentes personales, daño punitivo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gil Quinterno, Adrian Arturo y otro  c/ Chubb Seguros Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Corresponde imponer una multa de daño punitivo a una compañía aseguradora, por el incumplimiento de un contrato de seguro por accidentes personales, dado que no brindó la información necesaria al contratar ni especificó que, si el actor pretendía amparar a su familia bajo la póliza contratada, esos datos debían constar específicamente en el certificado de cobertura. En cambio, envió comunicaciones en donde expuso que la póliza cubría al cónyuge e hijos, lo que claramente pudo generar en el actor la convicción de que la misma se extendía a toda su familia.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, acusación, Ministerio Público Fiscal, sentencia absolutoria, querellante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-13

El requerimiento de absolución por parte del fiscal no desapodera al tribunal del ejercicio de la jurisdicción (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Roberto Vázquez).
Despido por matrimonio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Norma Beatriz. c/ Supermercado Liskovsky S.A.C.I. y otro. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Anoticiado el principal del futuro matrimonio de la trabajadora durante el plazo de preaviso y antes que se consumara su cesantía, se cumplimenta el presupuesto legal exigido por el art. 182 de la L.C.T. si la comunicación del matrimonio, su celebración y el despido se produjeron durante los plazos contemplados por el art.

181 del mismo cuerpo legal.
Tasa de justicia, falta de pago, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Poder Judicial c/ Curruman, Rosa y Otro s/ Ejecución Fiscal -Incidente de Recusación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-09

El cobro por vía judicial de la tasa de justicia perseguido así como de cualquier otro tributo autorizado de conformidad con el art. 92 de la Constitución Provincial, debe canalizarse a través de los procedimientos estatuidos por las leyes adjetivas respectivas las que a su vez remiten en lo tocante a la forma del título y su fuerza ejecutiva a lo determinado por la legislación fiscal que en cada caso competa.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: REDES MIGUEL ANGEL s/ HOMICIDIO CULPOSO e.p. DE SUSANA JORGE DE ALLALLA - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-10-12

Cuando la sentencia recurrida hace prevalecer normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal local, tal el art. 59 del mismo, en cuanto dispone "tal citación podrá ser hecha en cualquier estado de la causa con anterioridad al decreto de citación a juicio con notificación a las partes". Dejando de aplicar de esta manera preceptos que según la jerarquía de normas que consagra nuestra constitucion en su art. 31 debieron haber sido observadas y aplicadas, concretamente el art. 3, párrafo 3 de la Ley Nacional de Seguros Nº 17418, en cuanto "faculta a citar en garantía al asegurador, hasta que se reciba a prueba", de esta manera la disposición del art. 59 del Código Procesal Penal debe ceder ante la ley especial de orden nacional, correspondiendo por lo tanto hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Responsabilidad contractual, culpa civil, derechos extrapatrimoniales, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOMBARDELLI, RAUL ANTONIO. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-22

En la órbita de la responsabilidad contractual culposa, la indemnización pecuniaria de un agravio a bienes extrapatrimonial es constituye, un remedio excepcional y no un modo genérico para engrosar el resarcimiento del daño económico.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, recurso directo, impugnación del acto administrativo, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba Encina, Remigio c/ En- M° Del Interior- Dnm s/ recurso directo dnm
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-01

La sala sostuvo que los actos impugnados aplicaron de manera errónea el derecho que regía el caso y, consecuentemente, no fueron dictados dentro del plazo exigido por la ley, ni se expidieron de manera adecuada acerca del pedido de dispensa formulado por el actor, analizando la situación de autos a la luz de los estándares jurídicos internacionales e internos aplicables. En consecuencia, hizo lugar al recurso de apelación, revocó la sentencia apelada y declaró la nulidad de las disposiciones dictadas por la Dirección Nacional de Migraciones, que habían cancelado la residencia permanente otorgada al actor, declarado irregular su permanencia en el país, ordenado su expulsión y prohibido su reingreso con carácter permanente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, síndico del concurso, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

En la etapa de verificación eventual (revisión) el legitimado pasivo por el incidente abierto a instancias del acreedor, era (y es) el deudor concursado (u otros acreedores que voluntariamente se hubieren presentado para oponerse a esa revisión contra un auto que inadmitiera el crédito). Pero el síndico sigue cumpliendo el rol de órgano del concurso con obligación funcional de emitir dictamen fundado en forma imparcial (sin adherir, necesariamente, a la postura del insinuante, ni a la del concursado como legitimado pasivo a quien no sustituye, ni reemplaza en la etapa verificatoria), o sea, que sigue cumpliendo la función de auxiliar técnico de la magistratura que rinde dictamen imparcial sobre la pretensión deducida. Tal tesis se ve reforzada con la actual redacción del artículo 56, párrafo 7 de la Ley de Concursos y Quiebras para las verificaciones tardías, cuya solución legal puede trasladarse por vía analógica al incidente de revisión. (De los Fundamentos del Dr. Silvestri).
Honorarios del perito, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bianchi de Conde, Haydeé c/ Transporte Lope de Vega s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

El acto de apelar no es de los comprendidos estrictamente en la previsión del art. 56 del Código Procesal, dado lo expresamente dispuesto en el art. 245 del mismo, toda vez que permite la apelación verbal por simple nota del Secretario u Oficial Primero.La actuación de los peritos en tanto integran el proceso como auxiliares del Juez o Tribunal no es asimilable a la parte y siendo la regulación de honorarios una consecuencia directa de su actuación como auxiliar, la sola disconformidad con el monto autoriza la apertura de la instancia recursiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pallas, Marcelino s/ Abuso de armas y lesiones Piñero, Ernesto Eduardo s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22|1995-07-11

Es insuficiente el agravio fundado en que un testigo habría incurrido en contradicciones, si se omite indicar cuáles serían éstas.
Derechos y garantías constitucionales, prescripción, facultades tributarias, ejecución fiscal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-DERECHOS HUMANOS-TRIBUTARIO
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO (FISCALIA DE ESTADO) c/ MORCOL S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-20

Parte de la doctrina sostiene que del texto del art. 75, inc. 12º de la Constitución Nacional surge que la potestad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo comprende la facultad de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Para esta opinión, la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho. Por su parte, otra posición, a la que adherimos, sostiene: que la autonomía dogmática del derecho tributario, tanto en el orden federal como local, justifica la existencia de normas locales en materia de prescripción; que las normas de derecho privado son inaplicables a las relaciones de derecho público; que en el ejercicio de facultades tributarias propias que integran el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de Coparticipación previsto en el art. 75, inc. 2º de la Constitución Nacional, es lógico que los poderes locales puedan regular tanto lo relativo al nacimiento de la obligación tributaria como a su régimen de cumplimiento y a su exigibilidad y; que en materia tributaria, la regulación de la prescripción no puede escindirse del sistema de recaudación, dado el tipo de obligaciones de que se trata, directamente implicadas en el sostenimiento básico del Estado, sus funciones y el cumplimiento de sus deberes. (Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Querellante, acreedor, representación procesal, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: URBANCIC, Francisco y otro. s/ TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-06

Cuando el derecho invocado por el pretenso querellante está incluido en la masa de acreedores, no corresponde que se lo tenga por parte querellante pues no se trata de un particular ofendido ya que es el síndico quien debe representarlo.
Prueba pericial, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: BERGUÑAN, JUAN IGNACIO c/ OLIVIERI, ROBERTO HORACIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-12-07

Tratándose de una prueba técnica de muy difícil controversia, y por no existir razones de orden científico y/o jurídico para apartarse de la misma y/o descalificar sus resultados, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 462 del Cód. Procesal Civil y Comercial, al que remite expresamente el artículo 92 de la ley de rito laboral, debemos aceptar las conclusiones señaladas por el experto, esto es, que las impresiones digitales obrantes en los recibos de pago de haberes pertenecen al actor.
Extradición, equidad, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Duque  Salazar,  Francisco  Javier s/ su  presentación en causaD.1924.XXXVIII  "Duque  Salazar,  Francisco Javier - Dercan, DinaGloria s/ sus extradiciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si no se hiciera extensivo al recurrente el rechazo del pedido de extradición resuelto en otro expediente, se llegaría a la consecuencia inadmisible de que pese a existir respecto de ambos requeridos idéntica imputación en sede extranjera y en sede nacional, sólo fuese reparada la violación al principio que veda el doble juzgamiento respecto de uno de ellos.
Actos y diligencias procesales, acción, personería, poder especial, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AUTOMOVIL CLUB ARGENTINA c/ EMPRESA FERNANDEZ Y OTIM S.R.L. s/ fin Concesión Restitución (LIBRO: A071 - 287)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-05

La habilitación de los mandatarios para iniciar "acciones de desalojo" es suficiente para lograr la desocupación de las instalaciones donde presta servicios la demandada, sin que importe el origen de la relación vinculante (por ej. concesión), ya que el desalojo persigue dejar libre el uso de los bienes materia del litigio cuando son detentados sin título alguno, contra la voluntad de quienes tienen derecho a ella.
Medida cautelar autónoma, Poder Judicial, licencia por enfermedad, jubilación por invalidez, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUIROGA, ARIANA FLAVIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

Atento que la actora solicita se mande cautelarmente continuar el pago de la licencia por enfermedad hasta que se disponga la cesantía para jubilación por invalidez o su reubicación en tareas acordes; que -tal como la misma compareciente lo menciona- ha iniciado ya un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo tendente a que se declare la nulidad del decreto por el cual se denegara el beneficio; y que la reglamentación aplicable establece que el pago de la licencia por enfermedad deberá continuarse si mediara dictamen de Junta Especial hasta que se disponga la cesantía para jubilación por invalidez o su reubicación en tareas acordes, no se advierte que la peticionante estuviera -al momento- incluida en dicha disposición, prevista -tal como señala la Provincia- para el tiempo que lleve concluir con dichos procedimientos administrativos, lo que -por otra parte- se ventila en el proceso contencioso administrativo ya abierto ante la referida Cámara respecto de los derechos previsionales que no están en juego en esta oportunidad. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 1919/89, artículo 17; Decreto 2179/19; Resolución 51/17 SPPDP.