Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-08


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 8 de 2010.

Y Vistos:

I. Apeló el ejecutante la resolución de fs. 339/344 que admitió la ejecución en forma parcial.

Sus agravios de fs. 349/352, en los que plantea la arbitrariedad del decisorio, fueron respondidos por el coejecutado Claudio Alejandro Lella a fs. 354/356.

II. a) La alegada arbitrariedad de la sentencia será desestimada.

Considera esta Sala que la decisión del juez a quo se encuentra -más allá de cual sea el criterio sustentado- concretamente fundamentada; con una exposición suficiente de las razones que con arreglo a las circunstancias del pleito dan sustento al fallo; no exhibe dogmatismos. Tampoco se aprecian contradicciones, en tanto el criterio de análisis empleado se ajusta a las premisas que sirven de antecedente a sus conclusiones. (cfr. CNCom Sala D, 24-6-1988, in re "Talleres Gráficos Epandi SRL c/Warat SA"; esta Sala 31-8-1999, in re Czapski Severino c/La Cité de Buenos Aires SA"; idem 28-12-99 in re "Saia SA c/CS Bonorino SA.").

De tal modo, y con prescidencia de la solución a la que se arribará, no se advierte que la sentencia recurrida sea arbitraria.

b) Sentadas tales consideraciones, se admitirá el recurso en examen.

La existencia de un crédito verificado en los autos caratulados "Cyl SA s/ concurso s/incidente de revisión promovido por Banca Nazionale del Lavoro" no produce los efectos pretendidos por el ejecutado, desde que no fue acreditado en autos que la cuenta cuyo saldo aquí se reclama haya sido cerrada a la fecha de presentación en concurso preventivo de Cyl SA.

Contrario a ello, se desprende de las mencionadas actuaciones (ver fs. 176 y dictamen pericial de fs. 231/233) que la cuenta continuó abierta luego de la apertura del concurso (véase que de la demanda de revisión no surge fecha de cierre de la cuenta, sino una fecha de corte de deudas anteriores al concurso), por lo que si la entidad bancaria reclamó en aquellas actuaciones sólo la porción de deuda devengada con anterioridad al concurso, ello no puede extinguir la obligación de los fiadores respecto de la totalidad del saldo reclamado.

En efecto, el concurso preventivo funciona como una excepción puramente personal dada en beneficio del deudor, y de la cual, naturalmente, no pueden prevalecerse sus codeudores no concursados.

Lo contrario importaría tanto como que la codeudora se beneficiara con los efectos que derivan del acuerdo preventivo -en el caso de la limitación para reclamar sólo deudas preconcursales-, sin encontrarse sometida al proceso concursal ( "La Novación Concursal y el tratamiento de los Fiadores, Codeudores y Garantes" por Pablo D. Heredia en J.A. 2002 II-1246), lo que resulta improcedente.

De tal modo, no se comparte la admisión del planteo de "cosa juzgada" efectuada por el ejecutado.

No obsta a esta solución que el coejecutado Lella haya cuestionado la conformación del saldo, pues la discusión de alternativas causales resultan inaudibles en procesos ejecutivos, cuando existe un certificado emitido con las formalidades previstas por el art. 793 C.Com. (CNCom, esta Sala, in re "Banco Argenfe SA. c/ Tarruela, Carlos s / ejec." del 1-2-93" idem, "Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Sarasquera, Juan" del 11-7-94; ídem "Banco de Entre Ríos SA c/ Berini, Carlos Osvaldo s/ ejecutivo", del 29-5-98, entre muchos otros).

Ello pues, no habiéndose cuestionado la existencia de la cuenta corriente bancaria, resulta impropio en el juicio ejecutivo, cuando el certificado correspondiente reúne los requisitos de ley (CNCom. esta Sala, in re, "Banco del Buen Ayre S.A. c/Cordero Enrique Vicente y otro s/ejecutivo", del 5-11-93; idem, in re "Banco San Miguel Coop. Ltdo. c/Bulaievsky, David s/ejecutivo", del 12-5-87, entre otros), claro está sin perjuicio de la vía a tales efectos prevé el art. 553 Cpcc., en la que también podrán eventualmente discutirse los cargos reclamados con posterioridad a la presentación en concurso de la deudora principal.

Desde tal perspectiva, y considerando que el Magistrado a quo deberá en su oportunidad (arg. art. 561 Cpcc.), evaluar los pagos efectuados al ejecutante en el proceso concursal de la deudora (evaluando también aquéllos denunciados a fs. 404), se hará lugar a la apelación.

III. Por lo expuesto y con los alcances que fluyen de los considerandos que anteceden, se admite el recurso de fs. 347, con costas. Devuélvase encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones. -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero - Matild e E. Ballerini - Ana I. Piaggi.