Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA Nº 93.114 CAUSA Nº 32.646/2010 "PASQUALINI, FIORELLA C/ BEAUTYMAX S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 66. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 31/05/2.012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Cañal dijo:

I. Llegan los autos a esta Alzada, con motivo del recurso deducido por la codemandada Sra. Berta Lidia Peralta a fs. 184/85vta., con réplica de la parte actora a fs. 188/190vt.

El juez de anterior grado, resolvió condenar a la Sra. Peralta, por haber quedado incursa en la situación procesal del art. 86 de la LO. Así, consideró que la coaccionada no logró desvirtuar - por ausencia de pruebas-, la presunción iuris tantum que pesa sobre quien ha incurrido en la confesión ficta. Por lo cual, consideró ajustadas a derecho las indemnizaciones provenientes de los arts 232, 233, 245, y 156 de la LCT, y art. 2 de la Ley 25.323.

Por su parte, la apelante se queja porque se la condenó en su carácter de presidente de la sociedad Beautimax S.A., aún cuando la actora desitió de la demanda contra dicha firma. Así, reposó en que no hubo una condena contra el principal empleador, Beuytimax SA, y en que por ende no puede extendérsele algo que no existe. A su vez, la parte cuestionó la interpretación que el a quo hizo del art 86 de la LO.

II. Por razones de mejor orden, en forma preliminar me expediré sobre la figura procesal regulada en el artículo 86 de la LO.

Cabe aclarar, que el valor de la confesión ficta no es absoluto, sino que el efecto radica en la inversión de la carga de la prueba, imponiendo a quien quedó incurso en esta figura, producir la prueba que le permita revertir su situación procesal.

Pues, ello se orienta en la lógica de asegurar la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva, y en garantizar el derecho de defensa en juicio.

También entiendo que el alcance de la ficción procesal, es atinente a los hechos y no sobre el derecho, pues la misma no supone necesariamente la viabilidad, fáctica o jurídica, de la totalidad de los rubros reclamados. Basta observar que en las presentes actuaciones, el Magistrado no concedió las multas de los arts. 10 de la Ley 24.013, y art. 80 de la L.C.T., por considerar que los requisitos formales no fueron debidamente cumplimentados. .

En el caso de marras, observo en resguardo de la garantía mencionada, que la parte fue debidamente notificada de la audiencia prevista a los fines de producir la prueba confesional, y del apercibimiento que implicaría no comparecer a la misma - fs. 134/134vta. y fs. 139/141vta-.

Dicha notificación, fue remitida tanto al domicilio denunciado a fs. 79, como en el constituido a fs. 139/141vta., en el escrito de contestación de demanda de la Sra. Peralta -fs.105/111vta.-. En ambos casos, se trató de la misma dirección.

Además, verifico que la parte no invocó, con posterioridad a la audiencia -fs. 155-, causa alguna que justificara su ausencia, como lo prescribe el artículo.

Asimismo, en coincidencia con el a quo, observo, que la demandada omitió presentar pruebas, aún cuando la carga pesaba sobre ella, con lo cual no logró desvirtuar la presunción sobre la veracidad de los hechos controvertidos. Sumado a ello, en el momento de apelar, la quejosa sugiere que se la condenó por el haber quedado confesa en el "simple hecho" de ser la presidente de la sociedad, Beautymax S.A., que era la principal empleadora de la actora. Idea que completó con la afirmación de que, nunca existió un vínculo laboral directo entre la trabajadora y la codemandada -persona física-. Es aquí donde confluyen ambos agravios, y la necesidad de despejar ciertos conceptos vertidos por la quejosa, que no tuvieron puntual tratamiento en el fallo de primera instancia. Digo sí, pues si bien se resuelve en aplicación del art. 68 de la LO, nada se menciona sobre la responsabilidad que surge para quien detenta el rol de presidente del directorio de una sociedad anónima, con independencia de la aplicación de la confesión ficta.

Entonces, en la tarea de despejar confusiones habituales en la especie, anticipo que no comparto la categoría a la que alude la agraviada, al referirse a Beautymax SA como el "principal empleador", pues con ello se incurre, implícitamente, en la desinteligencia de pensar que un directivo, en el caso de marras la Sra. Peralta, sólo responde de manera "accesoria" por las transgresiones normativas de aquella.

Asimismo, en esa lógica de pensamiento, la recurrente presupone la necesaria condena de Beautymax SA, para que luego dicha responsabilidad, pueda serle "extendida" a la misma.

Ni lo uno, ni lo otro. Pues como desarrollaré detenidamente en párrafos posteriores, se trata de responsabilidades directas, que atañen a cada persona, jurídica o física, según la propia racionalidad del sistema supone.

Previamente, considero oportuno realizar algunas observaciones con relación a la utilización de la palabra "extensión", en materia de responsabilidad solidaria. Así, "una de las confusiones típicas nace con la intención de extender la solidaridad al tiempo de dictarse la sentencia (A), o una vez pronunciada la misma, en etapa de ejecución (B)." "Pues aquí, como tantas otras veces, las palabras nos juegan una mala pasada, porque en ambas oportunidades media una extensión, si bien análoga, procesalmente diferente. En la primera, se trata de un liso y llano decreto de responsabilidad solidaria y, en la segunda de la extensión de los alcances del fallo a quien, en apariencias, es "otro" sujeto, por imperio del decreto de esta misma especie de responsabilidad." "Veamos las diferencias. En es supuesto A, la condena solidaria se pide desde la propia demanda (o a través de la introducción de un hecho nuevo, pero siempre antes de que finalice la etapa de conocimiento), está fundada en la forma en que el vínculo se desarrolló, y no es inexorable la existencia de insolvencia, ni tampoco el fraude, aunque sea típico." "Sin embargo en el supuesto B, la responsabilidad solidaria es solicitada, una vez dictada la sentencia, para sujetos no demandados ni condenados, en plena etapa de ejecución. No está fundada en la forma en que se desarrolló el vínculo, sino el proceso: la existencia de la sentencia condenatoria que provoca el vaciamiento de capitales, es decir la "fuga" hacia terceros que no son ni más ni menos, que los condenados originarios. Por lo tanto, aquí sí que resultan inexorables el fraude y la insolvencia. Esta última presupone al primero." (Las citas corresponden a la Ponencia "Extensión de Responsabilidad: solidaridad. Teoría del Disregard." desarrollada por la suscripta en el marco del Congreso Regional Derecho Laboral: NOA 2004. Tucumán, publicado en la Revista de Derecho del Trabajo, LL /2004). Por ende, en las presentes actuaciones estamos, claramente, en el supuesto A, donde la parte fue demandada inicialmente, en su carácter de presidente de la empleadora Beautymax S.A., por lo que técnicamente correcto sea que no se hable de "extensión" sino, como mencioné, simplemente de responsabilidad solidaria.

Esclarecido el punto, considero que, la responsabilidad de la codemandada Peralta, se evalúa en el marco de la racionalidad del art 54 y de los arts. 59 y 247 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Me explico. En la causa, la actora desiste de la acción contra Beautymax SA -fs. 79- con motivo del estado falencial de la misma, a fin de promover el proceso de verificación en atención a lo dispuesto por el art. 133 de la LCQ. No obstante, continúan las actuaciones con relación a la codemandada Peralta, como presidenta de la empresa empleadora, quien en virtud de la confesión ficta resulta condenada, dándose por cierto el despido indirecto a consecuencia de una irregular registración.

Cabría aquí preguntarse si, como lo hace la recurrente, ¿fue el "simple hecho" de ser presidente de la sociedad empleadora la que habilita a que se la condene?, o más bien, y reformulando la pregunta, ¿ fue el incumplimiento de su deber de funcionaria de la sociedad anónima la que posibilitó la condena? El hecho concreto es que, estamos frente a una empleadora -persona jurídica- que mantuvo a una trabajadora en condiciones de registración irregular (fecha de ingreso inferior a la real y remuneración menor a la pactada).

A esta situación le resulta aplicable el art. 54 de la Ley 19550, pues entiendo que si una sociedad se sirve del incumplimiento de una norma para beneficiarse, perjudicando a su vez a los terceros, en la especie un trabajador, ello habilita a descorrer el velo societario, y en ese caso puntual responsabilizar a las personas físicas que tienen responsabilidad en mal uso de la ficción societaria.

Así, no constituye un "simple hecho" ser presidente de una sociedad anónima, pues es la Ley de Sociedades Comerciales, la que determina que ante un uso abusivo de las formas societaria, los socios, controlantes o funcionarios -que es el caso de autos-, deben ser responsabilizados.

En este sentido, el argumento ensayado por la demandada Peralta es curioso, al sostener que no se la puede condenar porque ella no fue quien mantuvo el vínculo laboral con la actora, sino que simplemente era la presidente de la sociedad que era la "principal" empleadora.

Dicho funcionario, precisamente por serlo, debe asegurar, a través de controles oportunos, que aquella se maneje por los andariveles de la legalidad, pues caso contrario, deberá dar explicaciones por ello.

Este es el caso. Tener a un trabajador mal registrado supone una actuación ilícita, por la cual la misma sociedad, y las personas físicas, sean socio/os, controlante/es , o funcionario/os, deberán rendir cuentas en su consecuencia, y en su caso, demostrar que no les resulta atribuible responsabilidad, por haber cumplido con las funciones a su cargo.

Sin embargo, la codemandada -Presidente de Beautymax S.A., no ofreció pruebas a tales efectos, sino que se limitó a negar sistemáticamente el vínculo laboral con la parte actora.

En consecuencia, entiendo que la misma contrataba a sabiendas de la modalidad irregular en que se lo hacía, consintiendo plena y activamente este modo de llevar los objetivos sociales, excediendo el marco de la buena fe para la cual la limitación de la responsabilidad ha sido consagrada, favoreciéndose de las facilidades que da la figura con sus fines ajenos a los queridos por la ley.

"Esto, reitero, es contrario al obrar de buena fe. Sabemos todos que una forma de que el empresario arriesgue su capital, es si tiene al menos una mínima seguridad de poder obtener una ganancia y que, de no ser así, la certeza de que solo perderá lo acompañado a la empresa, mas no todo su patrimonio. Y es correcto que así sea, interesada como está toda la comunidad en que las empresas florezcan, produzcan y generen puestos de trabajo, pero no a cualquier precio."	"Como juez de primera instancia he dicho reiteradamente que, si la forma societaria deviene en un recurso detrás del cual los particulares se esconden para medrar con sus beneficios, sin dar nada a cambio, burlando a la comunidad que ha creído en ellos, lo técnicamente correcto es el descorrimiento del velo y que la responsabilidad sea completa, como lo fue en sus orígenes." "Sigo en esto la reforma de la ley de sociedades comerciales, aunque sin dejar de observar que el entramado normativo aceptaba la teoría del disregard merced a la labor pretoriana de los jueces, aún antes."	"Así, los dos primeros párrafos del artículo 54 que fueron mantenidos por la 22.903 refieren, que el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de los socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios."	"El socio o controlante que aplicare a los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva."	"El siguiente y último párrafo, fue agregado por la reforma y dice: Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley; el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados."	"Resulta interesante la distinción entre los dos primeros párrafos y el último, que es el vinculado con el tema del disregard. En ellos el sujeto activo es la sociedad que, en el primer caso, se ha visto perjudicada por el accionar intencional de sus socios o controlantes. En cambio en el segundo ha perdido una oportunidad de ganancia, a pesar de correr con las pérdidas."	"En el tercer párrafo, los perjudicados son los terceros. Pero, salvo por esta diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había tenido cabida con el anterior legislador, porque en el párrafo segundo lo que se tiene en cuenta es que el "acto del particular" debe ser considerado en relación con las ganancias como un "acto societario", puesto que lo realiza con fondos o efectos de la misma."	"Precisamente, así como se busca el "poder que existe detrás de la persona colectiva", aquí estaríamos ante la hipótesis contraria. Como nos enseña el profesor Masnatta, esta interpretación la encontramos en el derecho alemán cuando hace posible la responsabilidad civil de los socios (como consagra el artículo en análisis), a pesar de que en principio "los asociados no podrían ser perseguidos por el pago de deudas de la sociedad y además que la sociedad no respondería por las deudas de los asociados", si el patrimonio de una y otros se encuentra confundido." "Hace su aparición así la inoponibilidad jurídica, fórmula bajo la cual el tercer párrafo del artículo 54 recepta la teoría de la penetración o disregard. Las personas de "existencia ideal" no solo no siempre fueron sujetos de derecho, sino que cuando alcanzaron la categoría ello no implicó necesariamente la separación patrimonial."	"Sin embargo, ha sido sin duda la oponibilidad de la persona jurídica como limitación de la responsabilidad el rasgo que convirtió en más interesantes económicamente a las sociedades, pudiendo desde un pequeño aporte intentar una gran ganancia sin exponer el patrimonio personal."	"Esto nos lleva a analizar el problema de los fines. La redacción del párrafo tercero del artículo 54 presenta un interesante desafío hermenéutico, de diferentes niveles: ¿Qué se entiende por fin extrasocietario?. El mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de terceros, ¿constituye variantes del fin extrasocietario, o son hipótesis diferentes?."	"Esta discusión nace en el fuero del trabajo como consecuencia de los pronunciamientos de esta Sala, en los casos "Delgadillo", "Cingiale" y "Duquelsy", sentencias dictadas con anterioridad a mi integración."	"Por la primera sentencia mencionada, este Tribunal entendió que el pago en negro constituía una hipótesis de fin extrasocietario, habilitando en consecuencia la responsabilidad de los socios. Ello en razón de que si bien el principal fin de las sociedades es el lucro, esta forma de pago se había convertido en un recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe."	"Luego, en el tercer pronunciamiento, se modificó el mencionado criterio y se entendió que el pago en negro no encubría la consecución de un fin extrasocietario, pero que sí era un recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe, frustrando derechos de terceros, a saber: los trabajadores, el sistema previsional y la comunidad empresaria." En mi opinión, no albergo duda alguna de que, el pago en negro, o la registración irregular, como en el caso, son supuestos de ilicitud, que habilita el pleno empleo de la teoría.

"Por mi parte, entiendo que de haber querido el legislador que la violación del orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de los terceros fuesen variantes de la consecución de fines extrasocietarios, hubiese utilizado una puntuación muy diferente."	Releamos detenidamente el párrafo: "La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, (coma, en vez de dos puntos) constituya un mero recurso para violar la ley; (punto y aparte, lo que indica separación temática) el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros...".

"Esta exégesis literal nos permite concluir que la ley marca cinco supuestos bajo los cuales resulta aplicable la inoponibilidad, que pueden darse enteramente separados o subsumidos entre sí: puede por ejemplo mediar un obrar que frustre derechos de terceros y sin embargo no sea extrasocietario."	A mi juicio, tanto en "Duquelsy" como en el caso de autos, no solo se frustran los derechos de los terceros, sino que también se incurre en un fin extrasocietario.

"Ahora bien, ninguna de estas reflexiones puede realizarse si no se parte de la base de las previsiones del artículo 1071 del Código Civil, puesto que al consultar los "verdaderos" fines tenidos en miras al tiempo de celebrar la sociedad, así como los que la Ley de Sociedades Comerciales busca organizar a través de su particular régimen de limitación de responsabilidad, si los primeros no coinciden con los segundos, resulta por entero lógico que este último beneficio no les sea aplicable."	"En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios más allá de los socios, entramos en un capítulo en el cual la intencionalidad es un elemento de análisis inexorable, puesto que guarda estrecha relación con ella. Por eso es importante distinguir, al tiempo de aplicar la teoría de la penetración hacia el interior de la sociedad, la condición de aquél al que se pretende solidarizar en conjunto con la misma. Puede ser un mero socio, un socio que a su vez es un funcionario o solo ser esto último."	"Esta norma debe verse complementada con el siguiente artículo, el 274, "mal desempeño del cargo: los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave."	"Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo."	Lo que permitiría la exención de responsabilidad. Pues, "queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial".

"Este artículo en su primer párrafo prevé la hipótesis de la responsabilidad solidaria hacia la sociedad, los accionistas "y los terceros", que es el lugar reservado a los trabajadores."	"Su segundo párrafo reclama un ejercicio de responsabilidad directa: es decir que al funcionario se le haya asignado una función determinada (como bien puede ser la contratación de personal) de lo que debe quedar el registro pertinente, y en cumplimiento de la misma incurra en un accionar desviado."	"En particular, la discusión se ha actualizado con el referido caso "Duquelsy, Silvia c/ Fuar S.A." (dictado por esta Sala el 19/2/98), donde luego de considerar que la falta de registración de una relación de trabajo constituye un típico fraude laboral, se dispuso que el presidente del directorio aún sin ser socio y por no hallarse incluido en consecuencia en la previsión del art. 54 de la L.S., debía ser responsabilizado solidaria e ilimitadamente en mérito a lo prescripto por el art. 274 de dicho cuerpo legal por violación de la ley." Tales argumentos citados, han sido manifestados por el Tribunal que presido, en Autos "Segovia Riveros, Andres C/ Ctt Sa Y Otros S/ Despido", Causa Nº 50.695/10, SD Nº 93.063, del 19/04/2012, también en Autos "Antounian Mario Antonio C/Ciran S.A. Y Otros S/ Despido" Causa No. 34.324/08, SD N° 92544, del 29/4/11, entre otros.	Corolario de todo lo expuesto, es que entiendo que la persona jurídica -Beautymax S.A.- (desistida a fs. 79), y la persona física -Sra. Peralta, Presidente de Beautymax SA- y demandadas en autos, utilizaron en forma desviada las formas jurídicas, por lo que corresponde el levantamiento del velo a su respecto, hacia el interior, por la variada fuente que brinda la normativa: del art. 54 de la LSC, y arts. 59, 274 y ccs. de la misma ley.	En atención a lo que precede, auspicio confirmar lo decidido en la anterior instancia.

III. Propongo imponer las costas de la alzada a cargo de la demandada vencida en aplicación del principio regulado en el art. 68 del CPCCN.

Asimismo, propicio regular los honorarios de los presentantes de fs. 184/185, y fs. 188/190vta., en 25 % (veinticinco porciento), y 35 % (treinta y cinco porciento), respectivamente, a calcular sobre lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6,7,8, 9 y cc de la LA).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

En consecuencia, voto por: I. Confirmar lo decidido en la anterior instancia en todo lo que fue materia de agravios. II. Imponer las costas de la alzada a cargo de la demandada vencida en aplicación del principio regulado en el art. 68 del CPCCN. III. Regular los honorarios de los presentantes de fs. 184/185, y fs. 188/190vta., en 25 % (veinticinco porciento), y 35 % (treinta y cinco porciento), respectivamente, a calcular sobre lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6,7,8, 9 y cc de la LA). En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El Doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar lo decidido en la anterior instancia en todo lo que fue materia de agravios. II.- Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida. III.- Regular los honorarios de los presentantes de fs. 184/185, y fs. 188/190vta., en 25 % (veinticinco por ciento), y 35 % (treinta y cinco por ciento), respectivamente, a calcular sobre lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Néstor M. Rodríguez Brunengo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo G. Bloise Secretario