Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-12


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88257 CAUSA NRO. 43.919/2009 AUTOS: "GUERRERO NELLY NURIMAR C/IBM ARGENTINA S.A. S/DESPIDO". JUZGADO NRO.80 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de noviembre de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.	La sentencia de fs. 388/396 ha sido recurrida por la actora a fs. 418/419, por IBM Argentina S.R.L. a fs. 423/427 y por Adecco Specialties S.A. a fs. 433/439. También apela la perito contadora a fs. 428 los honorarios que se le regularan.

II. Se alzan ambas demandadas, en primer lugar, por la decisión de la sentenciante de grado que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la L.C.T., consideró a IBM Argentina S.R.L. como empleadora directa de la accionante.

Al respecto, cabe tener en cuenta que en los agravios no se ha cuestionado lo expresado en el fallo acerca de que la actora, desde su ingreso hasta la fecha de extinción del contrato de trabajo, prestó tareas a favor de IBM, recibiendo órdenes de dicha empresa, siendo ésta quien fijaba los objetivos a cumplir. Considero que corresponde la aplicación de lo normado por el art. 29 de la L.C.T. por cuanto Adecco lo que suministró a la otra codemandada es la prestación por parte del trabajador de servicios que en sí mismos no son eventuales sino permanentes. Así, la relación cae bajo el principio general que rige a la sub-empresa de mano de obra: se establece una relación directa y permanente con el empresario que utilizó los servicios del trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario.

En el caso no se encuentra controvertido en debida forma lo que han señalado los testigos y que recoge el fallo de primera instancia en el sentido que la accionante trabajó en la sucursal Catalinas y luego en la sucursal Martínez de IBM, que en un primer momento realizó tareas administrativas en el sector seguridad y luego lo hizo en otros sectores, en donde las tareas consistían en la atención telefónica, fax, correo electrónico y consulta. Asimismo, dichos deponentes ubican la prestación de tareas mencionada con anterioridad a la fecha registrada (diciembre de 2006) y a la fecha reconocida por Adecco Specialties (1/10/1998).

En tales condiciones, las circunstancias que se mencionan en la queja, tales como el registro de la relación por Adecco o el pago de remuneraciones a través de esta empresa no desplaza lo antes expuesto acerca de la consideración de IBM Argentina S.R.L. como empleadora directa de la reclamante, por lo que este aspecto del decisorio debe ser mantenido.

III.	El despido decidido por la actora tuvo justa causa por cuanto intimó a IBM a que registre correctamente la relación y su empleadora rechazó su reclamo, lo que configuró suficiente injuria de acuerdo a lo normado por el art. 242 de la L.C.T.

IV.	Otro aspecto del decisorio que motiva los agravios de las demandadas es la recepción de las multas consagradas por la Ley 24.013.

En este sentido cabe tener en cuenta la doctrina sentada por esta Cámara al dictar el Plenario Nº 323 de fecha 30/6/10, in re "Vázquez, María Laura c/Telefónica de Argentina SA y otro s/Diferencias de salarios", que establece que: "Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 LCT se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria".

Vale decir que el hecho de que Adecco haya registrado en sus libros el vínculo y que haya realizado los aportes previsionales no basta para que se exima a la empleadora del pago de las multas previstas en los arts. 8º y 15º de la Ley Nacional de Empleo, por lo que también corresponde confirmar la condena en este aspecto.

V.	También considero inatendible la queja contra la procedencia de la multa del art. 45 de la ley 25.345.

Frente al desconocimiento del vínculo efectuado por IBM Argentina SA, quien de hecho recibía la labor de la actora, el plazo temporal dispuesto por la norma resulta un exceso normativo para una situación fáctica que no ha de cambiar con el paso del tiempo. Es decir, desconocida la relación de trabajo, el requerido no cumplió con la entrega del certificado solicitado, sea éste peticionado a los treinta, sesenta, noventa o más días de ocurrido el distracto.

Por otra parte, lo expresado en el segundo agravio de Adecco no basta para controvertir el fallo en lo que respecta a la fecha de ingreso ya que se hace una crítica genérica e infundada a la prueba testimonial. Consecuentemente, surge que aun valorando la fecha registrada por Adecco, no se habría asentado debidamente este dato de la relación laboral. A ello cabe agregar que las constancias que pretende poner a disposición Adecco no responden a la realidad de la relación laboral habida, por lo que carecen de eficacia.

En tales condiciones, considero que existen suficientes razones para hacer viable la indemnización cuestionada en tanto no se ha dado acabado cumplimiento a la obligación impuesta al empleador por el art. 80 de la L.C.T. por lo que también corresponde confirmar la aplicación de la multa aludida.

VI.	En cambio, disiento con el fallo apelado en cuanto aplica la multa del art. 275 de la L.C.T.

El art. 9 de la Ley 25.013, se refiere a la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado y dice que : "En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo revisorio, homologado, se presumirá la existencia de conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".

La norma crea una presunción de conducta temeraria y maliciosa, en contra del empleador, cuando éste resiste el pago injustificadamente y en tiempo oportuno, de la indemnización por despido incausado o el incumplimiento de un acuerdo revisorio que haya sido homologado judicial o administrativamente.

Por su parte, el art. 275 de la ley sustantiva reza: "Cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida.

Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a la exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de las víctimas, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos o cuando sin fundamentos y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestionare la existencia de la relación laboral, se hicieren valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o experiencia, o se opusieren defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho".

Ahora bien, la temeridad se configura cuando el litigante sabe a ciencia cierta que no tiene razón valedera, y no obstante abusando de su jurisdicción, impone un proceso del que se ha de generar un daño a la otra parte. A su vez la malicia implica un ocultamiento doloso y la articulación de defensas que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso (Confr. esta Sala, in re "Tabuas, José c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/despido" SD 42.681 del 25/04/96).

Esta Sala tienen dicho que, para que se configure la "conducta maliciosa y temeraria" a que alude el art. 275 de la LCT, es necesario que exista una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. No basta que una petición no sea resuelta favorablemente o que una pretensión o defensa no sean acogidas (Confr. autos "Vallejos, Claudio C/Bressuanello, Juan" 20/11/87). Es imprescindible proceder con suma prudencia para su determinación y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio. (Cfr. esta Sala, "Córdoba Angélica c/Memi Pedro s/accidente", SD 68.661 del 3/06/96).

El juez, en definitiva, como ordenador del proceso deberá graduar la sanción prevista, cuando se configuren las conductas descritas en el precepto, que son sólo referencias ejemplificativas. El nuevo régimen legal (art. 9 ley 25.013) no altera el margen de discrecionalidad que tiene el juez para merituar la conducta del empleador, pues la presunción legal que crea no es "iuris et de iure", sino que se requiere que estén presentes todas y cada una de las exigencias fijadas en la norma.

En el caso en tratamiento, la accionada más allá de no haber abonado las indemnizaciones emergentes del despido, no ha interpuesto excepciones, defensas o recursos sin fundamentos serios, con la única finalidad de dilatar o entorpecer el proceso por lo que no ha evidenciado una conducta obstruccionista o dilatoria que configure una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. Al respecto cabe tener en cuenta que quien contesta defendiéndose, aunque sea conocedor de su responsabilidad, no puede ser calificado de temerario, ya que es lícita la búsqueda de un resultado atenuado o -por lo menos- el cuidado de no ser víctima de un abuso de derecho., por lo que no encuadraría .

Por ello, a la luz de los principios establecidos por la jurisprudencia, considero que no se han dado las notas distintivas de malicia y temeridad enmarcadas en el art. 275 de la L.C.T. correspondiendo el rechazo de esta parte del planteo del accionante.

VII. La actora, por su parte, se agravia porque se rechazó la multa establecida por el art. 2º de la ley 25.323 al considerarse que la intimación cursada a los efectos de que la demandada abone "liquidación final" no resulta suficiente ya que la norma requiere una concreta intimación de pago por los rubros que se derivan del despido.

Considero que en este aspecto, el fallo incurre en excesivo rigorismo formal y a mi entender, en virtud de las particularidades del caso, el emplazamiento formulado basta para constituir en mora a la empleadora en relación al pago de las indemnizaciones por despido. Debe tenerse especialmente en cuenta que dicha intimación está contenida dentro del despacho a través del cual se rompe el vínculo laboral por injuria, por lo que aparece razonable entender que dentro de esa liquidación final se encuentran comprendidas las indemnizaciones por despido.

En tal inteligencia, debe modificarse el fallo, añadiéndose la multa del art. 2º de la ley 25.323, cuyo importe debe fijarse en $ 31.558,44.

En síntesis, el monto de condena debe elevarse a $ 231.553,24.

VIII.	Por último, la demandada Adecco se agravia porque la Sra. Jueza de grado aplicó la tasa activa. Considera que es errónea porque dicha tasa constituye un beneficio de excepción a la vez que resulta lesiva del principio de igualdad. Agrega que constituye una actualización que se encuentra vedada. En orden a la tasa de interés, a fin de adecuar el crédito de la actora, de carácter alimentario, a la suma de condena es adecuado adicionar desde que cada parcial fue debido y hasta su efectivo pago, el interés de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, de estilo en nuestro fuero (conf. arts. 8 Ley 23928, 7° 25561, Acta n° 2357 y Resol.8/2002 de la C.N.A.T. del 7/5/2002 y 30/5/2002, respectivamente). En los sistemas nominalistas la tasa debe tener una magnitud suficiente para comprender, a más del interés puro, un porcentaje que absorba el envilecimiento del signo monetario. Por ello debería confirmarse también este segmento de la sentencia.

IX. Los porcentajes de honorarios los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38 de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g del D.16638/57), por lo que también deberán ser mantenidos, dejándose aclarado que se calcularán sobre el nuevo monto de condena que propicio (incluyendo intereses).

X.	Por lo expresado, propicio que se confirme la sentencia apelada en lo principal y que se modifique el monto de acuerdo a lo expresado en el considerando VII, dejándose sin efecto la aplicación de los intereses fijados conforme art. 275 de la L.C.T. Con costas de alzada a las demandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N), regulando los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 27% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa. El Dr. Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en lo principal y modificar el monto de acuerdo a lo expresado en el considerando VII, dejándose sin efecto la aplicación de los intereses fijados conforme art. 275 de la L.C.T. Costas de alzada a las demandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N). Regular los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 27% y 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela Alejandra Vázquez Julio Vilela Jueza de Cámara Juez de Cámara Mab Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara