Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-17


"DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 17342 / 0 Buenos Aires, 17 de julio de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora -fs. 128/132 y que fue contestado por la contraparte a fs. 135/137-, contra la resolución obrante a fs. 118/121 vta., mediante la cual la señora jueza de primera instancia rechazó la acción de amparo interpuesta. A fs. 142/143 vta. dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara, propiciando que se rechace el recurso de apelación interpuesto. VOTO DEL DR. CARLOS F. BALBÍN: I. A fs. 1/16 vta. el Sr. Emiliano G. Gorno -por derecho propio- y la Sra. Alicia Beatriz Pierini -en su carácter de Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e invocando la legitimación que le confiere el art. 137 de la CCABA y la Ley Nº 3-, iniciaron acción de amparo a fin de que se ordene al GCBA que se abstenga de dictar cualquier acto administrativo, en el marco del Expediente Nº 24.354/2004 (Sumario 215/20 04), que disponga la cesantía del Sr. Gorno por haber sido condenado por un delito doloso. Por su parte, solicitaron además que se declare la inconstitucionalidad del artículo 48, inciso f), de la Ley Nº 471, en cuanto dispone que es causal de cesantía la condena firme por delito doloso. A fs. 118/121 vta. la magistrada de grado rechazó la acción incoada. Para así decidir, la jueza consideró que, en el sub lite, no se había demostrado la existencia de un acto o una omisión imputable a la accionada que justificase recurrir a la tutela del amparo. Así, la sentenciante expresó que en el expediente administrativo donde tramita el sumario incoado contra el actor no se ha dictado aún el acto administrativo resolviendo las actuaciones sumariales y que, si bien existe un dictamen aconsejando que el accionante sea declarado cesante, éstos no resultan vinculantes para la autoridad con competencia para aplicar la sanción o dejarla sin efecto. Contra dicha decisión se agravian los co-actores, señalando que existe en el c aso certeza de que la lesión o restricción de los derechos invocadas habrá de producirse, toda vez que la Administración se encuentra imposibilitada de no aplicar la norma mencionada Ello demuestra, a criterio de los demandantes, que existe un daño cierto e inminente que debe ser conjurado a través de la vía del amparo. II.- En primer lugar y por razones de mejor exposición, resulta necesario destacar que no se encuentra controvertido en el sub exámine que el Sr. Gorno ingresó a la planta transitoria del GCBA para desempeñarse como Auxiliar de Portería en el mes de marzo de 2000, para luego ser designado en la planta permanente a través del Decreto Nº 491/03. Tampoco ha sido objeto de debate que, con motivo de la comisión del delito de robo -hecho ocurrido el 16/06/2003-, la accionada procedió a bloquear el pago de sus haberes y, una vez dictada la condena a la pena de 3 años de prisión con ejecución en suspenso por parte del Tribunal Oral Criminal Nº 9 de la Capital Federal, la Administración le inició un su mario administrativo -Nº 215/2004-, en el cual consta un dictamen de la Procuración General que aconseja su cesantía, en los términos del artículo 48, inciso f) de la Ley Nº 471, en cuanto dicha norma dispone que es causal de cesantía "la condena firme por delito doloso". Por su parte, los co-accionantes sostienen que, de aplicarse dicha sanción, ello importaría obstaculizar la resocialización del Sr. Gorno -objetivo primordial de toda punición- e implicaría someterlo a un nuevo castigo, máxime si, tal como ha ocurrido, el juez decidió no aplicarle como pena accesoria ninguna inhabilitación. Así, los co-actores sostienen que resultaría arbitrario imponer a los trabajadores dependientes del GCBA la sanción de cesantía ante cualquier tipo de condena penal por un delito doloso, por cuanto cuando el ilícito cometido por el agente no tiene ninguna conexión con la función pública, o bien no fue cometido en el ejercicio de sus funciones, la aplicación de dicha sanción resultaría desproporcionada con el fin buscado p or el legislador al instituirla. III.- Así planteada la controversia, corresponde a continuación, y por razones de mejor exposición, tratar los agravios vertidos por los co-actores contra las afirmaciones de la Sra. Jueza a quo consistentes en que "la existencia de un acto u omisión resulta un requisito insoslayable para la procedencia de la acción de amparo intentada, sin cuya concurrencia en el caso no puede darse sin más por válida su interposición". Así, señaló la jueza que "nótese la trascendencia de la cuestión: en el suspuesto bajo estudio no existe acto u omisión alguna contra los cuales brindar amparo (...) de la compulsa del expediente administrativo remitido a este juzgado como parte del acervo probatorio, se observa que no se ha dictado hasta el momento acto administrativo alguno de cesantía". En este aspecto no es posible ignorar que, tal como este Tribunal ha señalado en otras oportunidades, la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Por ello, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la c uestión a los procedimientos...judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo" (C.S.J.N.; Fallos, 241:291;280:228). IV.- Asimismo, en otros precedentes esta Sala ha puesto especialmente de resalto que no constituyen exigencias constitucionales para la procedencia de la garantía en examen la existencia de un obrar positivo de la administración -y mucho menos un acto administrativo-, la verificación de una omisión antijurídica o la configuración de una efectiva lesión al derecho cuyo amparo se pretende, bastando a tal efecto la amenaza (en tal sentido v. Sagüés, Néstor Pedro, Acción de Amparo, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 71, § 38; Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, p. 18, 1-a; Bidart Campos, Germán, Régimen legal y jurisprudencial del amparo, Ediar, Buenos Aires, 1969, p. 229). En sentido concordante, en dichos casos este Tribunal tuvo oportunidad de hacer re ferencia a los supuestos en que se encuentra configurado un "caso" o "controversia" en los términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, conforme a reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Rubiolo, Adriana Delia y otros c/ G.C.B.A. y otros s/ Amparo" (expte. nº 7, del 16/11/00). En tales oportunidades se señaló que la controversia no debe ser abstracta, por carecer quien la promueve de un interés económico o jurídico que pueda ser eficazmente tutelado por el pronunciamiento a dictarse, no siendo suficiente a esos efectos invocar un perjuicio eventual o hipotético. Al ser ello así, toda vez que en la especie se trata de un debate jurídico concreto, suscitado entre partes adversas, promovido por quien posee un definido interés individual en la tutela de los derechos que invoca, y cuya protección solicita ante la alegación de un perjuicio cierto e inminente, es necesario concluir que se configuran los extremos que tornan procedente el cauce procesal intentado. En efecto, no es posible concluir -como lo hace la Sra. magistrada de grado- que la inexistencia de un acto administrativo que disponga la cesantía del Sr. Gorno demuestra, por sí sola, que no se configura en el caso una lesión a derechos constitucionales que pueda ser válidamente invocada por ante la jurisdicción. V.- Ahora bien, aunque lo dicho hasta aquí permite despejar toda duda en cuanto a la procedencia formal de la acción de amparo intentada, ingresando al análisis de fondo de la cuestión debatida cabe adelantar, sin embargo, que ello no permite concluir, sin más, en que corresponde acoger la pretensión de los co-actores en cuanto requieren que se ordene a la accionada que "se abstenga de dictar cualquier acto administrativo en el marco del expediente 24.354/2004 (sumario 215/2004) que disponga la cesantía del agente Emiliano Gastón Gorno por haber sido condenado por un delito doloso en la causa Nº 1787". En efecto, tal conclusión no resulta viable por un doble orden de fundamentos, de acuerdo con el de sarrollo que habrá de efectuarse infra. V.1.- En primer lugar, no es posible soslayar que, tal como señalan el Sr. Fiscal por ante la Primera Instancia y la Sra. Magistrada de grado, es evidente que la sanción prevista en el artículo 48 inc. f) de la Ley Nº 471 -en cuanto prevé la declaración de cesantía para aquellos agentes que hubieran sido condenados por delitos dolosos- no resulta de aplicación automática frente a la comisión de todo ilícito penal por parte de un empleado público que hubiese merecido condena firme. Es decir, a criterio de este Tribunal no es posible sostener que la interpretación más adecuada para la norma citada consiste en que, ante cualquier delito doloso que haya merecido condena penal firme, la Administración se encuentra obligada a aplicar, en todos los casos, la sanción allí prevista. Así, y tal como se desarrolla a continuación, postular como criterio interpretativo que la norma en cuestión significa establecer una suerte de sanción objetiva, aplicable a todo agente que hubiese c ometido un delito doloso -sin ninguna consideración en cuanto a la posible vinculación entre tal ilíticito y el cargo ejercido o las tareas desarrolladas- resultaría, sin lugar a dudas, inconstitucional. V.1.1.- En este aspecto corresponde destacar que, concebida la Administración pública como una organización compleja a través de la cual el Estado procura safisfacer -de modo práctico, concreto, directo y permanente- objetivos de interés general, el ejercicio del poder disciplinario frente a sus agentes tiene por finalidad resguardar la unidad de acción, en tanto la finalidad última de la organización administrativa es la consecución del bien común. En tal sentido, este Tribunal ya ha destacado en otras oportunidades que el derecho disciplinario constituye una de las manifestaciones del derecho sancionador, entendido, de forma amplia, como la regulación general de la potestad punitiva del Estado (esta Sala, in re "Placido, Rita Celia c/GCBA s/Impugnacion Actos Administrativos", Expte. EXP. n.º 3981). De esta forma, en general se reconoce la posibilidad de que el poder punitivo del Estado sea ejercido directamente por la Administración, a través de un procedimiento administrativo sancionador (o "sumarial"), que concluye en un acto administrativo ("de contenido sancionador") y que, como todo acto, debe ser susceptible de un control judicial posterior ("revisión judicial de la actuación administrativa sancionadora"). Ahora bien, también se ha dicho que la facultad que tiene la organización estatal para disciplinar a los agentes que la integran -ello, como se dijo, a fin de garantizar su orden y eficiencia frente a conductas que comprometen dicha unidad de acción- debe necesariamente adecuarse a los principios constitucionales que, en el marco de un Estado de Derecho, condicionan y rigen todo el obrar estatal, máxime si, como en el caso, se trata del ejercicio de potestades que suponen la restricción o incluso la extinción de derechos consagrados constitucionalmente -por caso, el derecho a la estabilidad del empleado público reconocido en el artículo 14 bis CN y en el artículo 43 CCABA-. En efecto, la facultad disciplinaria del Estado frente a sus agentes se encuentra regulada -en cuanto a sus principios, normas rectoras y límites substanciales- por lo que este Tribunal ha identificado como un incipiente "derecho constitucional de la potestad punitiva estatal", que abarca sus aspectos sustanciales y procesales que, en esta materia, más enfáticamente que en otras, son inescindibles. Todo ello sin afectar la distribución constitucional de competencias entre los gobiernos federal y local, en cuanto corresponde a estos últimos legislar en toda la materia sancionatoria no penal, en materia administrativa y, por último, en materia procesal. Por ello, y si bien como ya se dijo en otra oportunidad el derecho disciplinario y el derecho penal constituyen categorías que no se confunden (esta Sala, in re "Anapios Ernesto c/Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/Recurso de Apelación c/Resoluciones del C.P.C.E.", Expte. RDC - 62 ) en cuanto ambas constituyen manifestaciones diferenciadas de la potestad punitiva estatal, a consecuencia de las características históricas de desarrollo del ordenamiento jurídico, el eje del derecho sancionatorio ha sido el derecho penal. Esto ha conducido a tomar a esta rama como "modelo" o "punto de referencia" de la totalidad del derecho sancionatorio, de forma que, por ejemplo, se considera que los principios constitucionales penales (y procesales-penales) son aplicables al resto del derecho sancionador, aunque con algunos matices (ver sobre el punto el ineludible texto de Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, segunda edición ampliada, Tecnos, Madrid, 1994). Es ésta una forma tal vez inevitable de proceder hasta tanto se desarrolle plenamente el referido derecho constitucional sancionador, que contenga los principios comunes a la totalidad, para luego aprehender los matices de cada manifestación o subsector en particular. Asimismo, la aplicación con matices de los principios y reglas del derecho constitucional penal y procesal penal al ámbito derecho disciplinario requiere, previamente, un análisis en cuanto a su compatibilidad con: a) las características y fines de la potestad administrativa involucrada, y b) las características del procedimiento administrativo que debe utilizarse para ejercer este aspecto del poder punitivo-constitucional del Estado de Derecho. Así, este tribunal ya ha señalado en otros precedentes que en materia disciplinaria resultan de aplicación, entre otros y si bien con algunas particularidades, los principios correlativos de legalidad y de tipicidad. Corresponde señalar, en esta oportunidad y tal como se desarrollará a continuación, que el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de sus empleados también se encuentra regido por el "principio de razonabilidad", entendido éste como la debida proporción que debe existir entre, por un lado, los fines perseguidos por el legislador al autorizar a la Administración para aplicar una sanción disciplinaria frente a un determinado hecho o circunstancia y, por el otro, los medios cuyo empleo se ha autorizado para alcanzar dicho fin. V.1.2.- Si, como se dijo antes, el reconocimiento del ejercicio de la facultad disciplinaria por parte de la Administración tiene por objeto permitir a ésta tutelar su eficiencia y buen funcionamiento en el cumplimiento de cometidos de interés general, es evidente entonces que las sanciones que a tal efecto se le autoriza por vía legislativa a aplicar -en cumplimiento del principio de legalidad- deben necesariamente ser idóneas para alcanzar tal fin. En el supuesto de autos, es claro para este Tribunal que la facultad para declarar cesante a un empleado público por haber éste cometido un delito doloso sobre el que ha recaído sentencia judicial firme sólo se adecuaría al standard de razonabilidad antes explicado si la conducta que ha sido merecedora de reproche penal tiene suficiente y adecuada vinculación con el cargo público o las tareas que el agente desarrolla. Así, tal circunstancia se daría si, por ejemplo, la sanción punitiva se origina en la inobservancia de los deberes inherentes a su calidad de empleado público, o bien se trata de un delito cometido en ejercicio o en ocasión de las funciones que le han sido encomendadas o valiéndose de las cosas o bienes a los que tiene acceso en tal carácter o, asimismo, cuando el ilícito ha sido perpetrado en perjuicio de la Administración. En todos los casos señalados -enumeración ejemplificativa y obviamente no taxativa- el criterio de proporcionalidad entre el medio empleado -la posibilidad de declarar cesante al agente- y la finalidad perseguida -tutelar el buen funcionamiento de la organización estatal- resulta adecuadamente satisfecho. En este aspecto no es posible soslayar, asimismo, que éste es el criterio que ha expresamente adoptado el legislador constituyente local en el artículo 57 de la CCABA, al señalar que "nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración púb lica. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin mas trámite". No resultaría razonable, en cambio, interpretar que el artículo 48 inc. f) de la Ley Nº 471 -en cuanto reglamentación de la norma constitucional antes transcripta- obliga a la Administración a aplicar dicha sanción frente a todo delito doloso penado, con prescindencia de su vinculación al cargo o funciones que el agente titulariza (vgr. estafa no perpetrada contra la administración, lesiones leves no causadas a otro empleado público, etc.). V.1.3.- Por otra parte, y como bien señala la Sra. Defensora del Pueblo en su escrito de demanda, ésta ha sido, con particularidades, la solución adoptada en diversas normas nacionales y locales que establecen diferentes regímenes de empleo público a nivel federal y local. Así, la Ley Nº 25.165 -Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional- establece en su artículo 32 que "son causales para imponer cesantía: (...) f) delito doloso no refer ido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente", mientras que el artículo 33 dispone: "Son causales para imponer la exoneración: a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal". En el ámbito local, el Reglamento Disciplinario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 2º que "son faltas graves: a) La comisión de delito doloso en perjuicio de la administración pública, por violación de derechos fundamentales y garantías, y por cualquier otro delito de acción pública cometido en ejercicio de la función o en ocasión de la misma; b) La comisión de delito culposo contra la administración pública en el ejercicio de la función o en ocasión de la misma". Asimismo, el referido reglamento establece que estas faltas habilitan la aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 4º -esto es, apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneració n- y, asimismo, que "el funcionario o empleado que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración será separado sin más trámite" -artículo 5º". A su vez, el Estatuto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Nº 131/00) dispone que es causal de exoneración "ser condenado/a por delito contra la Administración Pública, o que para su comisión se requiriese la calidad de funcionario/a público/a" -artículo 19-. V.1.4.- Desde otra perspectiva, también es necesario tener en cuenta que, en un sistema republicano de gobierno, ya no se cuestiona que la imposición de sanciones penales no tiene por objeto la retribución del mal causado. Por el contrario, existe consenso en las sociedades democráticas modernas respecto de que el objeto de la sanción penal ha de ser, necesariamente, la reeducación y la readaptación del ofensor a través de la adecuada comprensión del disvalor social que evidencia la conducta que se le reprocha. En tal sentido, la Convención America na sobre Derechos Humanos -que en nuestro ordenamiento posee jerarquía constitucional a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 CN- establece en su artículo 5.6 que "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados". V.1.5.- En el caso de autos, y de acuerdo con los lineamientos antes señalados, los jueces que intervinieron en el proceso penal seguido contra el Sr. Gorno consideraron, en atención a diversas circunstancias personales del imputado -expresamente detalladas en la sentencia- que, a efectos de que éste comprenda la reprochabilidad de su conducta, resultaba suficiente con imponerle una pena privativa de la libertad en suspenso, es decir, no resultaba necesario en el caso aplicar una sanción de prisión o reclusión de cumplimiento efectivo. Al respecto, el tribunal penal señaló que "con relación a Emiliano Gastón Gorno ha tenido en cuenta que tiene incorporada la cultura del trabajo para ganarse su sustento, sus esfuerzos de mejoramiento y dedicación al estudio, las consideraciones expuestas por Gabriel Oscar Yabo y Mariana Aurora González que han dado cuenta del aprecio que cuenta entre sus vecinos y amistades, su solidaridad ante las necesidades de otros y la atención que presta a su hijo". Asimismo expresó que "la inserción laboral y contención familiar de ambos imputados, hacen conveniente por razones preventivo especiales que aseguren la continuidad de esos lazos la imposición de una pena de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso bajo condición del cumplimiento de algunas reglas de conducta que ejerzan una admonición coercitiva por un tiempo mayor que el que admitiría una pena de efectivo cumplimiento, especialmente por cuanto la ingestión alcohólica fue determinante de la conducta emprendida por Attara y Gorno". En virtud de estas consideraciones, los magistrados consideraron adecuado imponerle a Emiliano Gorno "la pena de 3 años de prisión, cuya ejecución se dejará en suspenso bajo condición de que por el término de 4 años fije domicilio, se someta al control del Patronato de Liberados, se abstenga de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, y al pago de las costas del proceso". V.1.6.- A ello se suma que, en el marco del expediente administrativo donde tramita el sumario instruido en contra del co-actor, diversas constancias dan cuenta del buen concepto con que éste cuenta entre las autoridades de la escuela donde prestaba servicios. Así, a fs. 81 del referido expediente la Directora de la Escuela Nº 20 DE Nº 19 expresó, ante requerimiento del instructor sumariante, que "el concepto laboral que merece el agente mencionado en el epígrafe es muy bueno". En idéntico sentido se pronunció la Vicedirectora del mencionado establecimiento educativo a fs- 93. En sentido concordante, diversos testigos se pronunciaron -en el marco del referido sumario- en términos muy favorables al Sr. Gorno. Así, la Sra. Karina Sosa -auxiliar de portería en el mismo establecimiento que el co-actor- expresó respecto de éste que "es un excelente compañero, solidario en las tareas, que tenía muy buen trato con los alumnos (...) y era la única persona que iba a buscar a los padres de las villas de la zona cuando se necesita la presencia de ellos en la escuela (...) Cuando algún chico se lastimaba era Gorno quien se encargaba de limpiarlos (...) Todavía en la actualidad hay chicos que preguntan por él, ya que lo extrañan (...) No tuvo ningún tipo de inconvenientes con la Directora ni la Vicedirectora ni con la Secretaria. Lo estimaban mucho" (fs. 116 y 116 vta.). A su vez, la Sra. Mabel Mansilla -maestra de la escuela donde Gorno trabajaba- señaló que "como compañero de trabajo fue muy bueno, siempre que se lo necesitó estuvo presente, era una persona colaboradora, que tenía buen trato con los chicos y que en algunos casos los chicos acudían a él antes que a la maestra (...) Era una persona querida dentro del establecimiento" (fs. 117). Finalmente, la Sra. Marta Martínez -Directora Suplente de la escuela- declaró que Gorno "le merece u n muy buen concepto (...) el desempeño laboral de Gorno lo calificaría como muy bueno" (fs. 118). V.1.7.- De esta forma, de los párrafos transcriptos surge claramente que los jueces que han sentenciado en la causa penal han especialmente considerado la innecesariedad de imponerle al Sr. Gorno una sanción privativa de la libertad de cumplimiento efectivo, por cuanto una condena en suspenso era suficiente -en principio y en caso de observancia de las reglas de comportamiento impuestas al condenado- para que éste comprenda la disvaliosidad de su conducta y, entonces, se abstenga de nuevas infracciones en el futuro. Entonces es evidente que, en el contexto antes señalado, postular como criterio interpretativo que la sanción de cesantía prevista en el artículo 48 inc. f) de la Ley Nº 471 resulta de aplicación automática respecto de cualquier agente público que ha sido condenado con una pena de cumplimiento en suspenso significaría, en cierta forma, frustrar los fines cuya tutela se ha pretendido al imponer una con dena en suspenso. En efecto, la aplicación indiscriminada y no casuística de la medida expulsiva no solamente no contribuiría al proceso de reinserción social de quienes han sido sujetos pasivos de una sanción penal en suspenso, sino que, en definitiva, sometería dicho proceso a un serio riesgo, al precarizar aún más la situación personal del condenado con el consecuente riesgo de marginalización -ello, ante la imposibilidad cierta que sufren quienes han sido sometidos a un proceso penal para reinsertarse en el mercado laboral y obtener así los recursos necesarios para su sustento y el de su familia-. Tenemos entonces que, interpretada de esta forma (esto es, como una sanción objetiva de aplicación automática frente a todo delito doloso), la facultad conferida por el artículo 48 inc f) de la Ley Nº 471 significaría, en definitiva, contrariar los objetivos generales establecidos en el ordenamiento jurídico. Es evidente que tal interpretación no puede prosperar. V.1.8.- Así las cosas y toda vez que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en innumerables oportunidades la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y, por tanto, una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia; razón por la cual debe considerársela la ultima ratio del ordenamiento jurídico (CSJN, Fallos, 322:850, 288:325, 290:83, 292:190, 294:383, 298:511, 300:1087, entre otros), es evidente que, a fin de evitar las tachas de inconstitucionalidad antes analizadas, corresponde interpretar que la competencia que el artículo 48 inc. f) de la Ley Nº 471 atribuye a la Administración para aplicar cesantías sólo resultaría de aplicación cuando la autoridad administrativa entienda -y, a su vez, explique- que existe una relación razonable entre las tareas que el agente desarrolla o su cargo y función y el delito cometido. Por su parte, aún en este caso, la Administración deberá considerar y, por supuesto, explicitar si las circunstancias particulare s del caso justifican la aplicación de una sanción más leve, en la medida en que ésta resulte más idónea en el caso concreto para tutelar el buen funcionamiento de la organización administrativa de la cual el agente forma parte y, asimismo, para favorecer la reinserción social del condenado. V.2.- En segundo término, tampoco corresponde hacer lugar a la pretensión de que se ordene a la demandada abstenerse de aplicar una sanción de cesantía porque, si tal como se ha afirmado en los considerandos precedentes, la norma cuestionada por los amparistas no es de aplicación automática frente a todo agente que ha cometido un delito, sino que requiere un análisis en cuanto a su procedencia que atienda a las particularidades de cada caso concreto -de conformidad con el test de razonable vinculación entre el delito y el cargo o las tareas desempeñadas detallado supra-, no es posible para este tribunal conocer en las actuales circunstancias si alguna sanción expulsiva le será finalmente aplicada al Sr. Gorno. En efecto, sólo ante un acto administrativo concreto que disponga la cesantía del co-accionante Gorno y explicite los fundamentos considerados para así proceder, podría este tribunal determinar si dicha medida resulta ajustada a derecho o no, de acuerdo con las pautas antes explicadas. VI.- Ahora bien, todo lo hasta aquí dicho no significa, sin embargo, que la pretensión esgrimida por los co-demandantes deba ser rechazada. Por el contrario, de las constancias obrantes en autos surge que, en la actualidad, el Sr. Gorno no se encuentra prestando tareas para el GCBA, pese a que a partir del 14 abril de 2004 -fecha en que fuera puesto en libertad por orden del tribunal penal interviniente- estaba en condiciones de ser reincorporado a su puesto. Asimismo, consta en el sumario administrativo instruido en su contra que, una vez recuperada la libertad, el Sr. Gorno solicitó el 4 de mayo de 2004 ser reincorporado a su puesto de auxiliar de portería y, asimismo, requirió que se le vuelvan a abonar sus haberes, los cuales se encon traban bloqueados a consecuencia de encontrarse éste detenido (ver nota Nº 463.331-DGCFyC-03 obrante a fs. 18 e informe Nº 174-Esc. Nº 20 DE Nº 19-2004 obrante a fs. 57, ambos del expediente sumarial Nº 24.354/2004). No existen constancias de que, hasta la actualidad, dicho pedido haya sido resuelto. VI.1.- Así las cosas, de las actuaciones sumariales adjuntadas a la presente causa surge que, pese a encontrarse en condiciones de reintegrarse a su puesto desde hace más de 2 años -esto es, una vez recuperada la libertad-, el agente Gorno ha sido de hecho suspendido por la Administración, en tanto no se le ha permitido reasumir sus tareas como auxiliar de portería, no se ha resuelto su pedido de ser reincorporado y, asimismo, no se le abonan actualmente sus haberes. En virtud de expresas disposiciones normativas, toda suspensión preventiva debe cumplir con los siguientes presupuestos: 1) debe ser decidida a través del dictado de un acto administrativo que exprese los fundamentos que sustentan la suspensión -esto es, porqué dicha medida resulta necesaria para esclarecer los hechos investigados, o bien cuál es la razón por la cual la permanencia en funciones del agente resulta inconveniente en el caso-; 2) dicho acto debe ser dictado por el Secretario del área donde revista el agente, por el Jefe de Gabinete o por el Subsecretario del Área Jefe de Gobierno correspondiente -previo dictamen de la Procuración General- y; 3) éste debe ser debidamente notificado al agente sumariado. Es evidente que, al tratarse de presupuestos esenciales para la validez de la suspensión preventiva, que han sido expresamente previstos en el ordenamiento de aplicación y que determinan la existencia y validez de elementos esenciales del acto administrativo que decide la medida separativa -en especial, la "competencia", "causa", "motivación" y "forma" del acto suspensivo, cfr. artículo 7º de la LPA-, el incumplimiento de tales recaudos acarrearía su ilegitimidad. Ello así, en cuanto la ausencia de alguno de ellos le impediría al sumariado, ent re otras cuestiones, conocer fehacientemente las razones por las cuales la autoridad administrativa con competencia para decidir sobre la materia ha considerado necesario suspenderlo y, eventualmente, ejercer su derecho de defensa contra tal decisión. VI.2.- De conformidad con lo que ya se ha señalado supra, en el caso de autos la medida suspensiva que, en los hechos, se aplica respecto del amparista no ha cumplido con tales recaudos. En efecto, en el sub lite la suspensión del Sr. Gorno -una vez en condiciones de reintegrarse a su puesto- no ha sido precedida del dictado de acto administrativo alguno por parte de la autoridad competente y, mucho menos, se han expresado las razones que justifican dicha decisión. En consecuencia, semejante conducta evidencia un obrar antijurídico de la demandada que lesiona en forma manifiestamente ilegítima el derecho constitucional del amparista a trabajar -artículo 14 bis CN y 43 CCABA- y, entonces, justifica hacer lugar a la acción intentada, aunque si bien con un contenid o diferente al requerido por los amparistas. En este aspecto cabe señalar que, si bien los co-actores han solicitado que se ordene a la accionada que se abstenga de dictar cualquier acto administrativo que ordene la cesantía del Sr. Emiliano G. Gorno, dicha pretensión tiene por objeto "mantener la vacante que [éste] posee en la planta permanente del GCBA y que corre cierto e inminente peligro de perder". Así las cosas, toda vez que a través de la presente acción los co-actores pretenden que se ordene a la demandada que mantenga la vacante que el Sr. Gorno posee en la planta permanente del GCBA, es evidente que la correspondiente reincorporación a su puesto claramente integra, de manera implícita, la pretensión esgrimida en autos. VII.- En virtud de todo lo expresado, este Tribunal habrá de hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los co-actores y, en consecuencia, revoca la decisión apelada y acoge parcialmente la acción de amparo intentada ordenando a la demandada que reincorpore inme diatamente al Sr. Emiliano Gastón Gorno a su puesto de auxiliar de portería en la Escuela Nº 20 D.E. 19º -partida 5501.0000G.03.000-, con costas a la Ciudad (art. 62, CCAyT). VOTO DEL DR. HORACIO G. A. CORTI: I. A fs. 1/16 vta. el Sr. Emiliano G. Gorno -por derecho propio- y la Sra. Alicia Beatriz Pierini -en su carácter de Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e invocando la legitimación que le confiere el art. 137 de la CCABA y la Ley Nº 3-, iniciaron acción de amparo a fin de que se ordene al GCBA que se abstenga de dictar cualquier acto administrativo, en el marco del Expediente Nº 24.354/2004 (Sumario 215/2004), que disponga la cesantía del Sr. Gorno por haber sido condenado por un delito doloso. Por su parte, solicitaron además que se declare la inconstitucionalidad del artículo 48, inciso f), de la Ley Nº 471, en cuanto dispone que es causal de cesantía la condena firme por delito doloso. A fs. 118/121 vta. la magistrada de grado rechazó la acción incoada. Para así decidir, la juez a consideró que, en el sub lite, no se había demostrado la existencia de un acto o una omisión imputable a la accionada que justificase recurrir a la tutela del amparo. Así, la sentenciante expresó que en el expediente administrativo donde tramita el sumario incoado contra el actor no se ha dictado aún el acto administrativo resolviendo las actuaciones sumariales y que, si bien existe un dictamen aconsejando que el accionante sea declarado cesante, éstos no resultan vinculantes para la autoridad con competencia para aplicar la sanción o dejarla sin efecto. Contra dicha decisión se agravian los co-actores, señalando que existe en el caso certeza de que la lesión o restricción de los derechos invocadas habrá de producirse, toda vez que la Administración se encuentra imposibilitada de no aplicar la norma mencionada Ello demuestra, a criterio de los demandantes, que existe un daño cierto e inminente que debe ser conjurado a través de la vía del amparo. II.- En primer lugar y por razones de mejor exposición, resul ta necesario destacar que no se encuentra controvertido en el sub exámine que el Sr. Gorno ingresó a la planta transitoria del GCBA para desempeñarse como Auxiliar de Portería en el mes de marzo de 2000, para luego ser designado en la planta permanente a través del Decreto Nº 491/03. Tampoco ha sido objeto de controversia que, con motivo de la comisión del delito de robo -hecho ocurrido el 16/06/2003-, la accionada procedió a bloquear el pago de sus haberes y, una vez dictada la condena a la pena de 3 años de prisión con ejecución en suspenso por parte del Tribunal Oral Criminal Nº 9 de la Capital Federal, la Administración le inició un sumario administrativo -Nº 215/2004-, en el cual consta un dictamen de la Procuración General que aconseja su cesantía, en los términos del artículo 48, inciso f) de la Ley Nº 471, en cuanto dicha norma dispone que es causal de cesantía "la condena firme por delito doloso". Por su parte, los co-accionantes sostienen que, de aplicarse dicha sanción, ello importaría obstaculizar la resocialización del Sr. Gorno -objetivo primordial de toda punición- e implicaría someterlo a un nuevo castigo, máxime si, tal como ha ocurrido, el juez decidió no aplicarle como pena accesoria ninguna inhabilitación. Así, los co-actores sostienen que resultaría arbitrario imponer a los trabajadores dependientes del GCBA la sanción de cesantía ante cualquier tipo de condena penal por un delito doloso, por cuanto cuando el ilícito cometido por el agente no tiene ninguna conexión con la función pública, o bien no fue cometido en el ejercicio de sus funciones, la aplicación de dicha sanción resultaría desproporcionada con el fin buscado por el legislador al instituirla. III.- Así planteada la controversia, corresponde a continuación, y por razones de mejor exposición, tratar los agravios vertidos por los co-actores contra las afirmaciones de la Sra. Jueza a quo consistentes en que "la existencia de un acto u omisión resulta un requisito insoslayable para la procedencia de la acción de amparo intentada, sin c uya concurrencia en el caso no puede darse sin más por válida su interposición". Así, señaló la jueza que "nótese la trascendencia de la cuestión: en el suspuesto bajo estudio no existe acto u omisión alguna contra los cuales brindar amparo (...) de la compulsa del expediente administrativo remitido a este juzgado como parte del acervo probatorio, se observa que no se ha dictado hasta el momento acto administrativo alguno de cesantía". En este aspecto no es posible ignorar que, tal como este Tribunal ha señalado en otras oportunidades, la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Por ello, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos...judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo" (C.S.J.N.; Fallos, 241:291;280:228). IV.- Asimismo, en otros precedentes esta Sala ha puesto especialmente de resalto que la existencia de un obrar positivo de la administración -y mucho menos la calificación de ese obrar como acto administrativo-, la existencia de una omisión antijurídica o la configuración de una efectiva lesión al derecho cuyo amparo se pretende, no constituyen exigencias constitucionales para la procedencia de la garantía en examen., bastando a tal efecto la amenaza (en tal sentido v. Sagüés, Néstor Pedro, Acción de Amparo, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 71, § 38; Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, p. 18, 1-a; Bidart Campos, Germán, Régimen legal y jurisprudencial del amparo, Ediar, Buenos Aires, 1969, p. 229). Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado, respecto de la procedencia de la vía del amparo, que "la interposición de una acción de este tipo, no requiere, en el marco definido por la CCBA (art. 14) que se encuentren vulnerados derechos y garantías constitucionales sino que bastaría un alto grado de posibilidad en cuanto a la afectación de aquellos" (TSJ, Expte. Nº 482/00: "Sandez Carlos Armando c/GCBA s/ampa ro s/recurso de queja por apelación de recurso de inconstitucionalidad", sentencia del 29 de noviembre de 2000, voto de la Dra. Alicia Ruiz). Así las cosas, toda vez que en la especie se trata de un debate jurídico concreto, suscitado entre partes adversas, promovido por quien posee un definido interés individual en la tutela de los derechos que invoca, y cuya protección solicita ante la alegación de un perjuicio cierto e inminente, es necesario concluir que se configuran los extremos que tornan procedente el cauce procesal intentado. En efecto, no es posible concluir -como lo hace la Sra. magistrada de grado- que la sola inexistencia de un acto administrativo que disponga la cesantía del Sr. Gorno demuestra, por sí sola, que no se configura en el caso una lesión a derechos constitucionales que pueda ser válidamente invocada por ante la jurisdicción. V.- Ahora bien, aunque lo dicho hasta aquí permite despejar toda duda en cuanto a la procedencia formal de la acción de amparo intentada, ingresando al análisis de fondo de la cuestión debatida cabe adelantar, sin embargo, que ello no permite concluir, sin más, en que corresponde acoger la pretensión de los co-actores en cuanto requieren que se ordene a la accionada que "se abstenga de dictar cualquier acto administrativo en el marco del expediente 24.354/2004 (sumario 215/2004) que disponga la cesantía del agente Emiliano Gastón Gorno por haber sido condenado por un delito doloso en la causa Nº 1787". En efecto, tal conclusión no resulta viable por un doble orden de fundamentos, de acuerdo con el desarrollo que habrá de efectuarse infra. V.1.- En primer lugar, no es posible soslayar que, tal como señalan el Sr. Fiscal por ante la Primera Instancia y la Sra. Magistrada de grado, es evidente que la sanción prevista en el artículo 48 inc. f) de la Ley Nº 471 -en cuanto prevé la declaración de cesantía para aquellos agentes que hubieran sido condenados por delitos dolosos- no resulta de aplicación automática frente a la comisión de todo ilícito penal por parte de un emp leado público que hubiese merecido condena firme. Es decir, a criterio de este Tribunal no es posible sostener que la interpretación más adecuada para la norma citada consiste en que, ante cualquier delito doloso que haya merecido condena penal firme, la Administración se encuentra obligada a aplicar, en todos los casos, la sanción allí prevista. En efecto, y tal como se desarrolla a continuación, postular como criterio interpretativo que la norma en cuestión significa establecer una suerte de sanción objetiva, aplicable a todo agente que hubiese cometido un delito doloso -sin ninguna consideración en cuanto a la posible vinculación entre tal ilíticito y el cargo ejercido o las tareas desarrolladas- resultaría, sin lugar a dudas, en su declaración de inconstitucionalidad. V.1.1.- En este aspecto corresponde destacar que, concebida la Administración pública como una organización compleja a través de la cual el Estado procura safisfacer -de modo práctico, concreto, directo y permanente- objetivos de carácter co nstitucional, es evidente que, para cumplir con tal cometido requiere de potestades sancionatorias. En tal sentido, este Tribunal ya ha destacado en otras oportunidades que el derecho disciplinario constituye una de las manifestaciones del derecho sancionador, entendido, de forma amplia, como la regulación general de la potestad punitiva del Estado (esta Sala, in re "Placido, Rita Celia c/GCBA s/Impugnacion Actos Administrativos", Expte. EXP. n.º 3981). Así, en general se reconoce la posibilidad de que el poder punitivo del Estado sea ejercido directamente por la Administración, a través de un procedimiento administrativo sancionador (o "sumarial"), que concluye en un acto administrativo ("de contenido sancionador") y que, como todo acto, debe ser susceptible de un control judicial posterior ("revisión judicial de la actuación administrativa sancionadora"). Ahora bien, también se ha dicho que la facultad sancionatoria que tiene la organización estatal con respecto a los agentes que la integran debe necesariam ente adecuarse a los principios constitucionales que, en el marco de un Estado de Derecho, condicionan y rigen todo el obrar estatal, máxime si, como en el caso, se trata del ejercicio de potestades que suponen la restricción o incluso la extinción de derechos consagrados constitucionalmente -por caso, el derecho a la estabilidad del empleado público reconocido en el artículo 14 bis CN y en el artículo 43 CCABA-. En efecto, la facultad disciplinaria del Estado frente a sus agentes se encuentra regulada -en cuanto a sus principios, normas rectoras y límites substanciales- por lo que este Tribunal ha identificado como un incipiente "derecho constitucional de la potestad punitiva estatal", que abarca sus aspectos sustanciales y procesales que, en esta materia, más enfáticamente que en otras, son inescindibles. Todo ello sin afectar la distribución constitucional de competencias entre los gobiernos federal y local, en cuanto corresponde a estos últimos legislar en toda la materia sancionatoria no penal, en materi a administrativa y, por último, en materia procesal. De esta forma, y si bien como ya se dijo en otra oportunidad el derecho disciplinario y el derecho penal constituyen categorías que no se confunden (esta Sala, in re "Anapios Ernesto c/Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/Recurso de Apelación c/Resoluciones del C.P.C.E.", Expte. RDC - 62) en cuanto ambas constituyen manifestaciones diferenciadas de la potestad punitiva estatal, a consecuencia de las características históricas de desarrollo del ordenamiento jurídico, el eje del derecho sancionatorio ha sido el derecho penal. Esto ha conducido a tomar a esta rama como "modelo" o "punto de referencia" de la totalidad del derecho sancionatorio, de forma que, por ejemplo, se considera que los principios constitucionales penales (y procesales-penales) son aplicables al resto del derecho sancionador, aunque con algunos matices (ver sobre el punto el ineludible texto de Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, segunda edición ampliada, Tecnos, M adrid, 1994). Es ésta una forma tal vez inevitable de proceder hasta tanto se desarrolle plenamente el referido derecho constitucional sancionador, que contenga los principios comunes a la totalidad, para luego aprehender los matices de cada manifestación o subsector en particular. Asimismo, la aplicación con matices de los principios y reglas del derecho constitucional penal y procesal penal al ámbito derecho disciplinario requiere, previamente, un análisis en cuanto a su compatibilidad con: a) las características y fines de la potestad administrativa involucrada, y b) las características del procedimiento administrativo que debe utilizarse para ejercer este aspecto del poder punitivo-constitucional del Estado de Derecho. Así, este tribunal ya ha señalado en otros precedentes que en materia disciplinaria resultan de aplicación, entre otros y si bien con algunas particularidades, los principios correlativos de legalidad y de tipicidad y, asimismo, la garantía de defensa -y, en particular, el derecho a un debi do proceso adjetivo-. Corresponde señalar, en esta oportunidad y tal como se desarrollará a continuación, que el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de sus empleados también se encuentra regido por el "principio de razonabilidad", entendido éste como la debida proporción que debe existir entre, por un lado, los fines perseguidos por el legislador al autorizar a la Administración para aplicar una sanción disciplinaria frente a un determinado hecho o circunstancia y, por el otro, los medios cuyo empleo se ha autorizado para alcanzar dicho fin. V.1.2.- Si, como se dijo antes, el reconocimiento del ejercicio de la facultad disciplinaria por parte de la Administración tiene por objeto permitir a ésta tutelar su eficiencia y buen funcionamiento en el cumplimiento de cometidos de carácter constitucional, es evidente entonces que las sanciones que a tal efecto se le autoriza por vía legislativa a aplicar -en cumplimiento del principio de legalidad- deben necesariamente ser idóneas para alcanzar tal fin. E n el supuesto de autos, es claro para este Tribunal que la facultad para declarar cesante a un empleado público por haber éste cometido un delito doloso sobre el que ha recaído sentencia judicial firme sólo se adecuaría al standard de razonabilidad antes explicado si la conducta que ha sido merecedora de reproche penal tiene suficiente y adecuada vinculación con el cargo público o las tareas que el agente desarrolla. Así, tal circunstancia se daría si, por ejemplo, la sanción punitiva se origina en la inobservancia de los deberes inherentes a su calidad de empleado público, o bien se trata de un delito cometido en ejercicio o en ocasión de las funciones que le han sido encomendadas o valiéndose de las cosas o bienes a los que tiene acceso en tal carácter o, asimismo, cuando el ilícito ha sido perpetrado en perjuicio de la Administración. En todos los casos señalados -enumeración ejemplificativa y obviamente no taxativa- el criterio de proporcionalidad entre el medio empleado -la posibilidad de declarar cesant e al agente- y la finalidad perseguida -tutelar el buen funcionamiento de la organización estatal- resulta adecuadamente satisfecho. En este aspecto no es posible soslayar, asimismo, que éste es el criterio que ha expresamente adoptado el legislador constituyente local en el artículo 57 de la CCABA, al señalar que "nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin mas trámite" (énfasis agregado), norma que, inexplicablemente, ninguna de las partes ha mencionado en sus respectivas presentaciones. No resultaría razonable, en cambio, interpretar que el artículo 48 inc. f) de la Ley Nº 471 -en cuanto reglamentación de la norma constitucional antes transcripta- obliga a la Administración a aplicar dicha sanción frente a todo delito doloso penado, con prescindencia de su vinculación al cargo o funciones que el agente titulariza (vgr. estafa no perpetrada contra la administración, lesiones leves no causadas a otro empleado público, etc.). V.1.3.- Por otra parte, y como bien señala la Sra. Defensora del Pueblo en su escrito de demanda, ésta ha sido, con particularidades, la solución adoptada en diversas normas nacionales y locales que establecen diferentes regímenes de empleo público a nivel federal y local. Así, la Ley Nº 25.165 -Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional- establece en su artículo 32 que "son causales para imponer cesantía: (...) f) delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente", mientras que el artículo 33 dispone: "Son causales para imponer la exoneración: a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal". En el ámbito local, el Reglamento Disciplinario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 2º que "son fal tas graves: a) La comisión de delito doloso en perjuicio de la administración pública, por violación de derechos fundamentales y garantías, y por cualquier otro delito de acción pública cometido en ejercicio de la función o en ocasión de la misma; b) La comisión de delito culposo contra la administración pública en el ejercicio de la función o en ocasión de la misma". Asimismo, el referido reglamento establece que estas faltas habilitan la aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 4º -esto es, apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración- y, asimismo, que "el funcionario o empleado que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración será separado sin más trámite" -artículo 5º". A su vez, el Estatuto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Nº 131/00) dispone que es causal de exoneración "ser condenado/a por delito contra la Administración Pública, o que para su comisión se requiriese la calidad de funcionario/a público /a" -artículo 19-. V.1.4.- A todo ello se suma que el artículo 51 de la Ley Nº 471 dispone expresamente que, al momento de aplicar una sanción disciplinaria, el órgano de aplicación debe graduarla teniendo en cuenta, para ello, "la gravedad de la falta, los antecedentes del trabajador y los perjuicios causados". En consecuencia, es claro que, atendiendo a tales parámetros, la Administración puede y debe considerar cualquier circunstancia particular que, en un caso concreto, justifique la aplicación de una sanción de menor rigor. V.1.5.- Desde otra perspectiva, también es necesario tener en cuenta que, en un sistema republicano de gobierno, ya no se cuestiona que la imposición de sanciones penales no tiene por objeto la retribución del mal causado al delincuente. Por el contrario, existe consenso en las sociedades democráticas modernas en cuanto a que el objeto de la sanción penal ha de ser, necesariamente, la reeducación y la readaptación del ofensor a través de la adecuada comprensión del disvalor social que evidencia la conducta que se le reprocha. De conformidad con tales objetivos, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice". En sentido concordante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que en nuestro ordenamiento posee jerarquía constitucional a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 CN- establece en su artículo 5.6 que "las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados", mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -también de jerarquía constitucional- establece en su artículo 10.3 que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados". Por su p arte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en un reciente precedente que "el art. 18 de la Constitución Nacional (...) reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento (...) Ha quedado superada la discusión después de la reforma constitucional de 1994, en cuanto a que los fines reintegradores sociales de la pena de prisión están consagrados en virtud del inc. 22 del art. 75 constitucional (...) La privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. ´Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal' (Nuñez, Ricardo; Dcho . Penal Argentino. Parte Gral. Tomo II; Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960)" (CSJN, "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus", sentencia del 3 de mayo de 2005). Asimismo, en el citado precedente el Máximo Tribunal también expresó que "un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los de rechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo" (considerando 36). V.1.6.- En consecuencia, si la finalidad de la pena es permitir al infractor comprender la perjudicialidad social de su comportamiento y, así, permitir su readaptación, frente a una conducta dañosa que, a su vez, constituya un delito, no siempre la mejor respuesta habrá de ser el castigo. En efecto, desde esta perspectiva republicana es claro que la incapacitación del delincuente a través de la aplicación de una medida privativa de la libertad no constituye una respuesta automática -o, al menos no la única respuesta posible- frente a la comisión de un delito. Ello así por cuanto, en algunos casos existen medidas menos dañosas que, a su vez, resultarán igualmente efectivas para que éste comprenda que su conducta es reprobable y, en consecuencia, pueda luego de cumplida la sanción aplicada reinsertarse en la sociedad. V.1.7.- Asimismo, tampoco es posible soslayar que, en muchos casos, la efectiva aplicación de una pena privativa de la libertad tiene efectos deteriorantes sobre el sujeto penado, especialmente cuando se trata de sanciones de corta duración aplicadas respecto de personas sin antecedentes penales. En efecto, son evidentes en la actualidad las características estigmatizantes de la sanción privativa de la libertad, así como las consecuencias nocivas que ésta produce respecto de los vínculos sociales del delincuente una vez que éste recupera su libertad (vgr. pérdida del empleo, ruptura de los vínculos familiares, modificación de las conductas, etc.). Por todo ello, cuando el infractor pueda ser reeducado a través de medios menos lesivos, éstos deben ser preferidos, de manera que las sanciones que significan privar al ofensor de su libertad deben ser consideradas el último recurso disponible y, entonces, deben ser reservadas para sancionar los delitos más graves, esto es, para aquellos casos donde la disvaliosidad de la conducta sólo pueda ser comprendida a través de este tipo medidas extremas. V.1.8.- En el caso de autos, y de acuerdo con los lineamientos antes señalados, los jueces que intervinieron en el proceso penal seguido contra el Sr. Gorno consideraron, en atención a diversas circunstancias personales del imputado -expresamente detalladas en la sentencia- que, a efectos de que éste comprenda la reprochabilidad de su conducta, resultaba suficiente con imponerle una pena privativa de la libertad en suspenso, es decir, no resultaba necesario en el caso aplicar una sanción de prisión o reclusión de cumplimiento efectivo. Al respecto, el tribunal penal señaló que "con relación a Emiliano Gastón Gorno ha tenido en cuenta que tiene incorporada la cultura del trabajo para ganarse su sustento, sus esfuerzos de mejoramiento y dedicación al estudio, las consideraciones expuestas por Gabriel Oscar Yabo y Mariana Aurora González que han dado cuenta del aprecio que cuenta entre sus vecinos y amistades, su solidaridad ante las necesidades de otros y la atención que pr esta a su hijo". Asimismo expresó que "la inserción laboral y contención familiar de ambos imputados, hacen conveniente por razones preventivo especiales que aseguren la continuidad de esos lazos la imposición de una pena de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso bajo condición del cumplimiento de algunas reglas de conducta que ejerzan una admonición coercitiva por un tiempo mayor que el que admitiría una pena de efectivo cumplimiento, especialmente por cuanto la ingestión alcohólica fue determinante de la conducta emprendida por Attara y Gorno". En virtud de estas consideraciones, los magistrados consideraron adecuado imponerle a Emiliano Gorno "la pena de 3 años de prisión, cuya ejecución se dejará en suspenso bajo condición de que por el término de 4 años fije domicilio, se someta al control del Patronato de Liberados, se abstenga de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, y al pago de las costas del proceso". V.1.9.- A ello se suma que, en el marco del expediente administrativo dond e tramita el sumario instruido en contra del co-actor, diversas constancias dan cuenta del buen concepto con que éste cuenta entre las autoridades de la escuela donde prestaba servicios. Así, a fs. 81 del referido expediente la Directora de la Escuela Nº 20 DE Nº 19 expresó, ante requerimiento del instructor sumariante, que "el concepto laboral que merece el agente mencionado en el epígrafe es muy bueno". En idéntico sentido se pronunció la Vicedirectora del mencionado establecimiento educativo a fs. 93. En sentido concordante, diversos testigos se pronunciaron -en el marco del referido sumario- en términos muy favorables al Sr. Gorno. Así, la Sra. Karina Sosa -auxiliar de portería en el mismo establecimiento que el co-actor- expresó respecto de éste que "es un excelente compañero, solidario en las tareas, que tenía muy buen trato con los alumno