marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Demanda, demanda defectuosa, prescripción
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: MAZZONI, Osvaldo c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ Accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El criterio de la CSJN sostenido en la causa "García de Morales, Ofelia C/ Cavasso, Carlos y otros" (C.358 XXIII del 10/3/92) es que el art 67 de la ley 18.345 contempla el ejercicio de una facultad saneatoria para el caso de demandas que tuvieren "defectos de forma omisiones o imprecisiones", de modo que, de no subsanarse tales anomalías la situación derivada del grave apercibimiento legal caería inequívocamente bajo las previsiones del art. 3986 del C. Civil, que en forma expresa atribuye virtualidad interruptiva de la prescripción a la demanda aun cuando fuera "defectuosa",solución que se compadece con la interpretación restrictiva que merece el instituto examinado.
Empleador, propietario no constructor, leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Mario c/ Audet, Pedro y/o s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 363-00, Resol. Nro. 145, Tomo 26, Folio  347)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-20

Respecto a la responsabilidad del propietario de la obra, cabe decir que el art. 32 de la ley 22.250 ha sido objeto de diversas interpretaciones en la que se destacan dos corrientes. Una de ellas sostiene un criterio restrictivo según el cual es necesario poner límites a la regla de la solidaridad del empresario principal para evitar se debilite la contratación del pequeño empresario dentro del gremio de la construcción. Dicho límite se hallaría en el requisito de la inscripción en el Registro, que implica un modo organizativo que posibilita un adecuado control de la actividad. La opinión contraria, reconoce a su favor mayor número de decisiones judiciales, entendiendo que la sola inscripción en el Registro no purga los vicios que pudieren tipificar una pantalla del auténtico empleador ( La C.N.A.Tr., Sala 3, decidió incluso pertinente, la aplicación de la norma correlativa de la L.C.T.) .Una posición intermedia considera que si bien como principio, el empresario principal no responde cuando el contratista o subcontratista se encuentra inscripto, es menester penetrar en la realidad de los hechos y comprobar si no existen también otras causales que provoquen como consecuencia la solidaridad que impone la norma o bien que la actuación del contratista no presenta las condiciones mínimas exigibles para considerarlo en ejercicio de la función de verdadero empleador".
Seguro de vida, actualización monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARASSI DE PACHECO LAURA c/ CAJA MUTUAL DE SEGUROS DE SUPERVIVENCIA, VIDA E INVALIDEZ s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-09

Cancelar el importe del seguro no en su valor nominal, sino respetando el principio de justicia conmutativa, no implica modificar el monto de la obligación determinado originariamente, sino mantener en el procedimiento de equivalencia, iguales los valores.
Condena penal, recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanchez, Ricardo Ariel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de la Sentencia Nº 08/2010 de Expte. Letra 'S' Nº 113/09
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-07

Esta Corte, en numerosos precedentes, (S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), ha sostenido que "...por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa puesto que, el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación, es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes, tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y, demás circunstancias, que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. Así, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).
Recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION CLEARING ARGENTINA SA c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ JUICIO ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 290-83 MENSI Y CIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COBRO DE PESOS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N.  602-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-07|1991-10-23

La falta de utilización de los recursos administrativos no desplaza la competencia de la Corte Suprema de Justicia Provincial que es "ratione materia", hacia los tribunales comunes.
Accidentes de trabajo, prescripción, pago en cuotas
Materia: LABORAL
Carátula: Souto Bonilla, María Cristina c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-19

El punto de partida de la prescripción corresponde ubicarlo en el momento en que el derecho respectivo puede hacerse valer, idea ésta que puede sintetizarse en el adagio romanista "actio non data non praescribitur". En el caso, éste debe contabilizarse desde el vencimiento de cada una de las cuotas de la renta que se encuentran pendientes de pago, a cuyo efecto corresponde remarcar que es respecto de estas últimas sobre las que recae la acción, y ello en la medida que, de acuerdo a la tesis ensayada en la demanda, en el contexto sobreviniente que tales pagos, por su cuantía, resultarían insuficientes a los fines de una reparación digna. Teniendo en cuenta que el reclamo involucra los pagos que aún no se encontraban vencidos al momento de promoción de la demanda, debe rechazarse la excepción de prescripción opuesta por la accionada.
Derecho a la integridad física, derecho a la salud, Derechos humanos, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: RECABARREN OLIVARES Jorgelina c/ Obra Social Provincia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-03-07

El derecho humano a la salud en la actualidad expresa un concepto más extenso: el derecho a una mejor calidad de vida. Siempre, el ser humano tiene derecho a la salud y a su integridad física, psíquica y espiritual, desde que no constituye solamente un bien jurídicamente tutelado sino también un fin valioso en cuya protección está interesado el orden público.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SCHRAMM, ARTURO G c/ RUGLIO, LORENZO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 223-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-19

No habiendo el recurrente formulado alegación de orden constitucional con anterioridad al dictado de la resolución atacada, desaprovechó la oportunidad de someter a consideración del órgano jurisdiccional de la causa, el caso constitucional que ya se perilaba, frustrándose así la finalidad que tuvo en miras el legislador, al establecer la exigencia de su introducción, de ser posible, dentro de las instancias ordinarias.
Recurso de casación, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BONARDI WERFIL ADALBERTO c/ EMPRESA E.T.A. MANUEL BELGRANO Y7O PROP. Y/O RESP. s/ SULEDOS CAIDOS, VACACIONES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-01

La injuria laboral como cuestión de hecho está exenta de casación.
Cuestiones de hecho y prueba, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: PACIN, JUAN MARTÍN s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PACIN, JUAN MARTIN c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO - EMPLEO PÚBLICO-OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Las manifestaciones realizadas por el quejoso relativas a la supuesta reconducción del proceso, según las cuales no se habrían cumplido ni los plazos ni los principios vinculados al trámite rápido y expedito que rigen en la acción de amparo, con las que se pretende eximir del plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad, remiten al análisis de circunstancias de hecho y prueba, y de normativa infraconstitucional ajenas, por regla, a esta instancia extraordinaria. Asimismo, no se aprecia de las constancias aportadas por el recurrente que se hubiese ordenado excluir al proceso principal de los términos de la ley n° 2145. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Estabilidad del delegado gremial, despido indirecto, falta de pago, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ANTIVERO IRINEO c/ GLUSMAN MARIO s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-25

La acción de reinstalación puede ser entablada no sólo en los casos para los que se exige exclusión de tutela, sino en todo caso de renuencia del empleador en permitir una reanudación de las tareas en iguales condiciones que antes cumplía el trabajador tutelado.

Considerándose justificado el despido indirecto del actor por la causal de falta de pago de sus remuneraciones que sólo lo afectaba a él y no a toda la planta de personal, el mismo genera su derecho a percibir la indemnización por estabilidad gremial que consagra el artículo 52, segundo parrafo de la Ley 23.551, siendo innecesario el ejercicio previo de aquella acción.
Accidente de tránsito, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO ANTONIA DE JESUS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

El lucro cesante o privación de la ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho ilícito, para poder ser indemnizado, requiere una prueba concreta de su existencia; no basta una mera posibilidad de frustración como para poder hacer aplicación de lo dispuesto por el art. 165 del Cód. Procesal.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Miño, J.B. - Castaño, Rubén D. - Amarillo, A. H. - Rodríguez, P. O. s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-25

Milita como pesado elemento de cargo que la ropa usada por el encartado en la ocasión del robo calificado por homicidio -secuestrada en inobjetable procedimiento- ostentara manchas cuya naturaleza de sangre humana se dictaminó pericialmente. La circunstancia de no haberse determinado el tipo o grupo al que pertenecía la sangre no torna a esta prueba desprovista de valor puesto que al examen físico del procesado y de sus consortes de causa realizado por el médico de policía, se advirtió que no presentaban herida sangrante alguna, exhibiendo sólo escoriaciones y cicatriz de vieja data.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: GUANCA MUTUAR, CARLOS MARCELO c/ AGENCIA de REMIS UNION 22 y/o CRISCI, ALEXANDRA DANIELLA y/o QUIEN RESULTE JURÍDICAMENTE RESPONSABLE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-03

Verificados los recaudos de admisibilidad del mismo, se observa que fue interpuesto en término y contra sentencia definitiva. No existe, sin embargo, oportuna reserva de recurso extraordinario, ni introducción de cuestión constitucional, en ocasión de interponer el recurso de apelación (fs. 169/170 vta.).

Tampoco se alega, existencia de arbitrariedad sorpresiva a fin de demostrar que el Tribunal introdujo inesperadamente una "cuestión federal", de modo que aquel requisito se mantiene exigible en el presente y generaba la obligación de especificar la afectación constitucional que le causaría una decisión adversa a sus pretensiones.

Al respecto, ha sostenido la Corte de Justicia provincial, que la introducción adecuada y temporánea del caso constitucional, resulta un recaudo imprescindible en el análisis de la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, lo que implica explicitar las garantías que se dicen conculcadas y mantener tal alegación en las instancias posteriores, a fin de que los jueces de la causa tengan la posibilidad de examinar la cuestión, resolviendo concretamente sobre ella.

Tanto el progreso como el rechazo de las pretensiones y defensas de las partes, son circunstancias previsibles para éstas de modo que, por esos solos motivos, no se presenta un supuesto de arbitrariedad sorpresiva.(T.90:1099/1104, 24-4-04; T.131:235/246, 23-03-09).

Por otra parte, el escrito recursivo no plantea un "caso constitucional" y si bien enuncia causales de arbitrariedad y señala las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, en realidad reitera materias ya expuestas al apelar y que refieren a la interpretación de los hechos y a la valoración de prueba rendida; cuestiones ajenas al recurso extraordinario, salvo arbitrariedad que invoca pero no logra demostrar, olvidando el carácter particularísimo del remedio que impetra y evidenciando sólo su disconformidad con el resultado adverso obtenido en ambas instancias, por lo que el recurso no puede prosperar.

Ha decidido también el Máximo Tribunal, que "corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad cuyos agravios remiten al exámen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido resueltas con argumentos suficientes los que, más allá de su acierto o error, confieren al pronunciamiento validez como acto jurisdiccional y excluyen el supuesto de arbitrariedad que se invoca". (T.90:1105/1112, 24-3-04; T.103:285/294, 27-03-06; T.116: 817/824, 21-06-07; T.128:379/384, 03-11-08; T.131:57/66, 18-03-09), entre otros. Asimismo ha expresado que "en materia de arbitrariedad, la vía propuesta no debe constituir la apertura de una tercera instancia donde se intente reproducir el debate ordinario acerca de los hechos considerados anteriormente." (T. 131:57/66, 18-03-09).
Responsabilidad profesional, ingenieros, arquitectos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BENCHOA, HUGO SAMUEL c/ RICHVAN S.A. Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

Es insostenible la tesis de que el profesional sólo incurre en responsabilidad en caso de culpa grave, pues ello contrasta con la presunción de aptitud profesional. La presunción no debe extenderse hasta el punto de admitir que pueda haber en la actuación del profesional errores excusables; pero debe procederse con mas rigor en el juicio de los profesionales que cuando se trata se situaciones comunes, porque cuando mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento, mayor es la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos (C.C.C. 1º Cap. nota de SPOTA, Alberto G. "La responsabilidad del empresario de obra y del director técnico - J.A.-1943-II-807).
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Howson Albiol Leslie s/ Concurso preventivo s/ incidente de revisión Nogueira Gerardo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

Los privilegios constituyen ventajas especialmente concedidas por la ley a determinados acreedores según la causa u origen del crédito.

La diferencia de régimen de privilegios en materia civil y comercial sobre quiebra, atento la índole especial de las disposiciones que rigen la quiebra y por la forma en que recaen sobre los bienes, ha llevado a destacar que ambas relevantes circunstancias determinan que la ley de quiebra legisle en materia propia, derogándose por una ley general principios o normas de otra ley general.
Enfermedad profesional, asegurador por riesgos del trabajo, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Contreras Eva Norma c/ Galeno ART S.A. s/ enfermedad profesional con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-20

Propongo interpretar los incisos del artículo 12 de la LRT (t.o. Ley N° 27348) de la siguiente manera: i. Aplicar el multiplicador que resulte de dividir el índice RIPTE a la fecha de la sentencia -o último publicado- por el índice RIPTE correspondiente a cada uno de los meses que integran el lapso a promediar (12 meses anteriores a la contingencia o fracción menor). Luego, el IB se ajustará por el resultado de esa división de índices aplicado sobre cada uno de esos meses (inciso 1°). ii. Disponer que el IB resultante a partir de la fecha de la PMI y hasta el momento de la liquidación de la prestación por ILP devengará intereses moratorios a razón de la tasa promedio activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (incisos 2° y 3°). iii. Determinar que los intereses moratorios se capitalizan en forma automática el día de notificación de la demanda judicial (art. 770, inciso "b", CCyC). iv. Establecer que en caso de incumplimiento por parte del deudor en el pago del capital e intereses fijados en la sentencia judicial, se procederá a una nueva capitalización de los intereses moratorios - devengados desde la fecha de notificación del traslado de la demanda- en la etapa de ejecución forzada por el acreedor (art. 770, inciso "c", CCyC). Como consecuencia de lo expuesto y contrariamente a lo resuelto en el Acuerdo plenario N° 30/21 "Retamales", se mantendrá el criterio sostenido en el Acuerdo N° 20/13 in re "Mansur" en orden a la fecha de inicio del cómputo de los intereses moratorios. (voto del Dr. Gustavo A. Mazieres, en mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, sociedades comerciales, responsabilidad del administrador de la sociedad, administración fraudulenta, calificación legal, tipo penal, elemento objetivo, elemento subjetivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-COMERCIAL
Carátula: R., O. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ADMINISTRACION FRAUDULENTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 438 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-11

Es inadmisible la queja del recurrente fundada en que el consentimiento ( atento que las decisiones fueron tomadas por la totalidad del Consejo de administración, avaladas por Asambleas ordinarias y extraordinarias y aprobadas por el ente controlador de la actividad -el INAC-) excluye la tipicidad de la "Administración Fraudulenta".Al respecto, sostuvo la Cámara que, tratándose de sociedades, la mera aprobación de los estados contables no implica la aprobación de la gestión de quien está a cargo; y en segundo lugar, tampoco es válido el consentimiento, si la conducta del administrador viola el deber para perjudicar. De modo que aún la decisión de la asamblea carecerá de eficacia, aunque sea unánime (Ley Sociedades Comerciales, artículo 275) Por lo demás y en torno a la calificación legal de la conducta, con apoyo en doctrina y jurisprudencia, la Cámara analizó los requisitos del tipo penal - tanto los elementos objetivos (las acciones abusivas e infieles) como los subjetivos (tanto cognitivos: conocimiento de la violación de los deberes o quebrantamiento del compromiso de fidelidad, como volitivos: propósito lucrativo indebido y el fin de daño)- y citó actos que han venido siendo considerados como de administración fraudulenta y superadores del riesgo propio de la actividad financiera -como las operaciones preferenciales con directivos o personas vinculadas, los manejos respecto de las tasas de interés para beneficiarse lucrando con las diferencias en la operatoria financiera, la transgresión a los límites de endeudamiento, la no diversificación de deudores o el otorgamiento de crédito a deudores insolventes-.
Embargo, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Madoz Héctor Hugo y Otra c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Ejecución Hipotecaria de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-25

Ni lo dispuesta en la resolución apelada -libramiento de oficio al deudor disponiniendo depósito de suma requerida-, ni lo interesada por los recurrentes -secuestro por oficial de justicia-, resultan procedimientos hábiles a los fines de proveer al embargo de dinero cuando este se encuentre en poder del deudor, lo que en su caso requeriría del nombramiento de un interventor recaudador (artículos 220 inciso 4 del Código ritual local y 223 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación), resultando ilustrativo lo dispuesto en el artículo 517 del Cód. Procesal Civil y Comercial.
Concurso preventivo, dación en pago, bienes inmuebles, acreedor prendario
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEBAMER SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Resulta improcedente que el concursado pretenda dar en pago a un acreedor prendario -privilegio que recae sobre ciertas maquinas de producción del pretensor- ciertos inmuebles de su propiedad quedando de tal manera cancelado el crédito prendario. Ello pues, si bien la referida propuesta podría asegurar la continuidad de la producción del deudor, sin embargo, lo cierto es que el resto de la masa de acreedores vería diluirse la única garantía con la que cuenta.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Marcote, Patricia c/ Clínica Privada de Psicopatología Comunidad S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

Reconocida por la accionada la causal de despido y el inicio de la actuación penal, la solución del pleito laboral quedaba supeditada, por imperio de las normas de fondo, a lo que se decidiera en el juicio criminal (arts. 1101, 1102 y 1103 del Código Civil).
Sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.V. y otra c/ N. T. y/o sucesores s/ Exclusión hereditaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

La sola declaración de la causante de encontrarse "separada de hecho", sin voluntad de unirse "desde hace siete años", consignada en la escritura traslativa de dominio, no puede obrar como prueba suficiente de tal situación. Equivaldría a una unilateral preconstitución de prueba, sin respaldo legal alguno. Al no realizarse ninguna manifestación sobre el empleo de fondos propios en la compra, de manera que ni siquiera se intentó el cumplimiento del art. 1246 del Cód. Civil, es que el bien cae bajo la presunción legal genérica de ganancialidad estatuida por el art. 1271 del Cód.

citado.