Cosa juzgada írrita, debido proceso, sobreseimiento, fundamentación de sentencias, plazos procesales, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Torino, Eduardo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Como principio general debe reconocerse que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada significa que las decisiones judiciales firmes resultan intangibles, no pudiendo ser modificadas por otras, ni desconocidas por leyes, actos estatales o privados. Ciertamente la inmutabilidad de la cosa juzgada no puede estar sometida a ciertas contingencias del obrar humano, aunque a primera vista parezcan razonables. Sin embargo, no menos cierto es que una prohibición estricta de modificar las sentencias que rigiera sin excepciones le serviría tan poco al aseguramiento de la paz jurídica como la realización sin barreras del Derecho penal. Por ello, el orden jurídico debe admitir el quebrantamiento de la cosa juzgada. El examen de la cosa juzgada írrita si bien carece de un anclaje normativo formal procede en casos excepcionales a fin de restablecer la garantía del debido proceso que ha sido vulnerada, teniendo como horizonte el valor jurídico de afianzar la justicia, asumido constitucionalmente. Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como aquella de la Corte IDH - paradigmáticamente en Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Sentencia del 26 de septiembre de 2006, parr. 154) han delineado un estándar de "fraudulencia" que se encuentra específicamente vinculado con situaciones dirigidas a propiciar la impunidad de los sujetos sometidos a proceso. Por eso, la doctrina señala que se presenta el concepto de cosa juzgada fraudulenta bajo tres supuestos: violación a las reglas del proceso equitativo, falta de intención de someter al responsable a la acción de la justicia, y sobreseimiento preordenado para evitar la responsabilidad penal del acusado (no hubo riesgo efectivo de resultar condenado) -Morgenstern, en ob. cit., p. 170-. Se trata pues de casos en los que no ha existido un auténtico proceso judicial sino antes bien uno aparente, reputado fraudulento Establecido ello, considero, tal como lo adelantara, a la luz de los estándares que dimanan de la doctrina y jurisprudencia antes citada, que la sentencia se encuentra fundada de conformidad con el art. 123 del CPPN habida cuenta de que los jueces de grado revocaron la decisión adoptada por el magistrado de primera instancia al entender que no hay certeza suficiente sobre la necesaria comprobación de un remedio tan excepcional como la cosa juzgada fraudulenta. La cosa juzgada en sentido material se alcanza en este caso, dentro de un proceso donde el fiscal pudo hacer un control legal sobre la decisión jurisdiccional cuestionada y no se advierte, de su parte, una actuación amañada, ilícita o de prevaricación. Esto es, la parte consintió la sentencia y no dedujo el respectivo recurso, u omitió impugnarla en el plazo procesal fijado a tal efecto. En esa línea, no es posible considerar que expresa un devenir irregular que, además de inobservar las garantías establecidas por la Constitución Nacional, trasunte la falta de certeza sobre el libre y decoroso ejercicio de la función jurisdiccional (conf. CSJN-Fallos: 298:736).