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Publicación de la sentencia, interpretación de la constitución, deberes del juez, deber de prevención del daño, daños y perjuicios, interés superior del niño, daño irreparable, derecho a la protección integral de la familia, libertad de prensa, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La prohibición de difundir cualquier noticia vinculada a la filiación de una menor excede la tutela que requiere la Convención sobre los Derechos del Niño, a la par que restringe la posibilidad de debate público, ambos valores quedan asegurados -en cambio- con la sola abstención de publicar todo dato que pudiera conducir a la identificación de la niña (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Obras sociales, aportes a obras sociales, contribuciones a obras sociales, juicio ejecutivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: I.S.S.P.I.C. c/ OICON S.A. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-20

El sólo hecho de no haberse cuestionado que el título con el que se inició la ejecución no haya sido el producto final del trámite previsto por el art. 24 de la ley 23.660 y las reglamentaciones pertinentes (Res. 475/90 I.N.O.S. y art. 21 del Dec. 576/93), torna hábil al mismo a los efectos de perseguir la ejecución intentada.
Subasta judicial, saldo de precio, depósito del precio, plazo perentorio, mora
Materia: CIVIL
Carátula: Moreno, Antonio s/ Sucesion ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-14

La circunstancia de que el comprador haya sido dispensado de depositar el monto de la seña no exime al ejecutado de la carga de pagar la indemnización prevista en el art. 583 del C.Proc. (el equivalente a una vez y media su importe), pues la situación del acreedor que compra el bien, como se verificó en la especie no difiere de la de cualquier otro adquirente (cf. CNCivil Sala F 3.2.83, LL 1983-c-114; Palacio, "Derecho Procesal Civil" tomo 7, pág. 671, nro. 1160).

El plazo para integrar el saldo de precio previsto en el artículo 580 C. Procesal, es perentorio pero no fatal, pues el comprador en remate judicial que ha sido remiso en depositar dicho saldo, puede hacerlo hasta tanto no se haya decretado una nueva subasta (conf. CNCiv., en pleno, 7.10.69, autos "Zamora Gandolfo" J.A. 4-1969-328), lo que ciertamente adecua al objetivo de evitar gastos innecesarios (cf. Falcón, "Código...," tomo III, com. art. 580, pto.580.9, pág.790). Hasta el límite temporal indicado la causa del pago subsistiría y el adquirente gozaría de "ius solvendi", independientemente de la responsabilidad por el daño moratorio que debería enjugarse como un aspecto de ese pago tardío para que este pueda tener virtualidad cancelatoria.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: LABORAL
Carátula: Ureña Ríos, Juan c/ Estudio Integral S.R.L. s/ Indemnización art. 212
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

La ratificación personal del dependiente del pacto de cuota litis que exige el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo debe entenderse como una forma de protección del trabajador para que, citado por el juzgador reciba el asesoramiento correspondiente y exteriorice -recién entonces- su voluntad de ceder -y en su caso en qué medida- parte de su acreencia en favor de su apoderado.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ARGENTINA DE CULTURA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

La medida de no innovar no configura la vía adecuada para impedir la prosecución de procesos distintos de aquel en que se requirió, ni la paralización "a priori" de una eventual demanda a dirigirse contra el solicitante de la medida precautoria, ya que este objeto sobrepasa los límites y modalidades propias de la cautela en cuestión.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-10


Salta, de mayo de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "BANCO MACRO S.A. vs. ZOTTOS, Miguel Jorge y CORDOVA, Alicia del Carmen - EJECUTIVO"; Expte. Nº 155755/06 del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3º Nominación; Expte. Nº 297124/10 de Sala, y __________________C O N S I D E R A N D O ______I) Vienen estos autos a la alzada a los fines del planteo de caducidad de la segunda instancia interpuesto por la parte actora a fs. 156.

______Manifiesta que sin consentir trámite alguno, pide se declare la caducidad de la segunda instancia, en razón de encontrarse paralizado el trámite de la instancia abierta con el recurso de apelación concedido a fs. 149, desde el decreto de fs. 153, último párrafo, de fecha 18/08/09, habiendo transcurrido en exceso el plazo del art. 310, inc. 2º del CPCC.

El traslado ordenado a fs. 157 permaneció incontestado por la demandada, por lo que a pedido de parte de fs. 160, se elevan los autos a la alzada (cfr. fs. 161).

II) Conforme lo dispuesto por el art. 310, inc. 2º del Código Procesal Civil y Comercial, el plazo para que se produzca la caducidad de segunda instancia es de tres meses, el cual se computa desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del tribunal que tuviere por efecto impulsar el proceso (art. 311 del CPCC).

En autos se observa, como lo señala la apelada, un período de inactividad por parte de la apelante -quien es la interesada en la resolución del recurso de apelación por ella interpuesto- alcanzando esta inacción el plazo establecido por la norma legal citada, toda vez que desde la providencia de fecha 18/08/09 (fs. 153, último párrafo) que ordenó correr traslado del memorial presentado por su parte respecto del recurso interpuesto y concedido a fs. 148 y 149 respectivamente -último acto con virtualidad para impulsar el proceso-, hasta la presentación del planteo de caducidad, ocurrido en fecha 04/12/09 (fs. 156), ha transcurrido el plazo de tres meses previsto por la normativa procesal.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al planteo de caducidad de segunda instancia interpuesto por la parte actora, con costas (art. 73 del Código Procesal Civil y Comercial).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) HACE LUGAR al incidente deducido por la parte actora a fs. 156, en consecuencia DECLARA perimida la instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 148. Con costas.

II. REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.
Accidentes de trabajo, decreto de necesidad y urgencia, declaración de inconstitucionalidad, derecho de propiedad, depreciación monetaria, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroz Carlos Martin c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-24

entre las disposiciones del art. 12 de la Ley 24.557 (luego de la reforma del art. 11 de la Ley 27.348), y las contenidas en el referido Decreto de Necesidad y Urgencia. A la luz de tal situación, también se declaro la inconstitucionalidad de la Resolución 1039/2019 de la SSN, en cuanto a la forma prevista para calcular el ripte, toda vez que afecta el derecho de propiedad del trabajador, el cual no puede ser vulnerado por la aplicación de tal resolución administrativa. En definitiva la doctrina que emerge del fallo no tiene otro fin que mantener inalterable la indemnización del trabajador, lo que se advierte necesario en estos momentos en función del grave proceso inflacionario que atraviesa el país, con la consecuente depreciación monetaria que se produce mes a mes, y que no alcanza hoy a ser protegida por la tasa activa del Banco Nación, aunque sabido es que esto es mutante, y de allí que habrá que efectuar la comparación en cada situación en particular (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Corretaje, corredor no matriculado, comisión del corredor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIO CAGETTI c/ JORGE BUONO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-10

Es improcedente la percepción de la comisión del corredor que no se encuentra debidamente matriculado, pese a su actividad específica de intermediación entre las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, liquidación, actuación de oficio, jueces, realismo económico, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JAIME, EDUARDO MARCELO c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

El discurso de la quejosa no logra demostrar la irrazonabilidad de lo afirmado por la Sala en cuanto a que sus planteos carecían de sustancia constitucional e implicaban su disenso con la respuesta adoptada en el ejercicio de funciones privativas -que en principio exceden el ámbito del recurso extraordinario- sobre que la revisión de los términos de la liquidación requiere inevitablemente que se interprete lo ordenado según las particularidades del caso -a fin de que no sean tergiversadas- y que en esta tarea se estableció una solución guiada por un sentido de realismo en sus consideraciones, conforme criterios sentados por el Máximo Tribunal; y teniendo presente que en el caso, la Alzada confirmó lo decidido por el Juez de baja instancia atento entender que el mismo contaba con facultades para revisar oficiosamente los montos de la liquidación, brindando razones de por qué optó por ellos, y a los fines de avalarlos entendió necesario efectuar determinadas comparaciones económicas, las cuales trasladadas a las circunstancias concretas del caso llevaban a interpretar que la cuantificación realizada por el inferior lucía razonable.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Mastrocola, Raúl A. y otros s/ Robo de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad solamente procede si se ha discutido por parte interesada la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución provincial y la sentencia ha sido contraria a la pretensión del recurrente, no correspondiendo alegar por esta vía que el texto de una ley nacional sea contrario a dicha Constitución.
Expensas comunes, pacto de ejecutividad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARACOLES S.A. c/ Ortiz, Leandro Martín s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-03

Tratándose de un contrato que genera obligaciones recíprocas para cada parte, la vía ejecutiva resulta improcedente para ejecutar una deuda pactada en dicho acuerdo, si no surge del propio instrumento que el pretenso ejecutor haya cumplido las prestaciones que se encontraban a su cargo, dado que ello es lo que determina la exigibilidad del crédito.
Abuso del derecho, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dignani Nazareno Luis c/ Consorcio Torre Moreno y otros s/ Cobro de australes y revisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-06

Si bien procede afirmar con fuerza los derechos subjetivos, base de toda libertad humana y que en tal perspectiva resulta un bien empinado el respeto de la palabra empeñada, de la buena fe prometida, del contrato celebrado -celebrado para ser cumplido- también es cierto que aquellos derechos tienen un espíritu que es la razón por la cual la ley los ha reconocido y concebido. No es posible admitir que los derechos subjetivos se desentiendan de la justicia, permitiendo que la "hibris" la desmesura, desviando el fin para el cual han sido reconocidos, arme el brazo asegurando el desborde y la explotación.
Reajuste jubilatorio, competencia federal
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Eberle, Ofelia Del Carmen c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-17

Tratándose de una acción iniciada con el objeto de obtener el reajuste de un beneficio previsional provincial (en el caso, Tucumán) transferido a la Nación a raíz del Convenio de Transferencia, y de conformidad con lo establecido por la Cláusula vigésimo primera del referido convenio -que establece que deberá intervenir la justicia federal con competencia en el territorio de la provincia-, corresponde confirmar la decisión del a quo que desestimó la excepción de incompetencia planteada.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, ampliación de la demanda, ofrecimiento de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MAIDANA, Ismael Enrique c/ GIARDINO, Angel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

Si se ha rectificado o ampliado la demanda, tanto respecto de su contenido como en cuanto a los sujetos que comprendía, e incluso se ofreció nueva prueba, resulta evidente que se trata de actos idóneos para interrumpir la perención, que hicieron progresar el curso de la instancia al innovar con referencia a lo ya actuado, en el sentido de que a partir de ellos, el proceso queda en situación distinta.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, deserción del recurso, juicios en que la Nación es parte, interpretación del contrato, astilleros
Materia: PROCESAL-NAVEGACION
Carátula: La  Naviera  Línea  Argentina  de  Navegación  Marítima y FluvialS.C.A. s/ incidente de revisión por Estado Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

Corresponde declarar desierto el recurso respecto del agravio referido a la exclusión del importe que debió abonar el Estado Nacional con motivo de un juicio, si se limita a calificar de erróneo el razonamiento seguido por el a quo y a afirmar que de la interpretación de las normas del contrato -que no citó resulta que los importes pagados por la administración al astillero integraban la operación, pues tal manifestación, por su abstracción y latitud, no constituye una crítica concreta y razonada en los términos del art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Contrato de trabajo, homologación judicial, diagnóstico médico
Materia: LABORAL
Carátula: FRELLATT, MIRIAM ISABEL c/ LIBERTY ART S.A. s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Un dictamen pericial debe suministrar los antecedentes y explicaciones que posibiliten esa convicción para que, de ese modo, se brinde un real asesoramiento al juez, a quien le cabe en definitiva valorar el acierto de las conclusiones explicitadas. El informe médico aportado al tiempo del convenio conciliatorio carece de eficacia convictiva como para que, de conformidad con las reglas de la sana crítica, pueda emitirse válidamente una resolución judicial fundada con los alcances que requiere el art. 15 de la L.C.T.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Oviedo, Ignacio F. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

No constituye sentencia definitiva a los efectos del recurso de casación el decisorio que resuelve no hacer lugar a la solicitud de suspensión del proceso a prueba.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, jurisprudencia, aduanas, despachante de aduana
Materia: PROCESAL
Carátula: Mecozzi, Juan Angel c/ Administración Nacional de Aduanas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia si el actor fue convocado a prestar declaración indagatoria, de donde deriva que la Administración Nacional de Aduanas lo suspendió del Registro de Despachantes de Aduanas en virtud de expresas disposiciones legales que así lo prevén, lo que impedía resolver con una simple remisión a un precedente en donde la situación era claramente diferente y cuando con ello tampoco se logró demostrar la ilegitimidad de los actos que dispusieron la suspensión y que generaron los daños cuyo resarcimiento se reclama. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, acción civil, incapacidad sobreviniente, indemnización, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Quintana, José Patricio c/ Lozano S.R.L. y Otro s/ Accidente acción civil Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-08-11

En la determinación de la cuantía de la incapacidad sobreviniente, considero que debe tomarse el salario acreditado al momento del evento dañoso, $500, según el informe bancario (...), dado que los propios testigos dan cuenta que los sueldos se percibían a través de ese medio, siendo una prueba de mayor certeza, debiendo limitarse el SMVM para casos en que no se producen evidencias respecto el ingreso percibido por el damnificado.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ ROBLES, JORGE LUIS c/ IBARRA, JUAN CARLOS Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS-BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-02-06

Cuando el accidente de tránsito se produce porque uno de los vehículos gira a la izquierda en una calle de doble mano, la causa adecuada del mismo no la constituye la velocidad del otro automotor, ni el carácter de embistente de su conductor, sino la maniobra imperita de quien pretendiendo girar a la izquierda, no cumple correctamente con el art. 43, inc. a), Decreto Reglamentario N° 200 de la Ley de Tránsito N° 4305.
Defraudación, Administración Pública, energía eléctrica
Materia: PENAL
Carátula: PRIOTTI CARLOS ALBERTO s/ DEFRAUDACION - ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-07

Si el acusado descolgó de su tornillo de sujeción el medidor monofásico, que registra el consumo de energía eléctrica de la vivienda que ocupa, colocando el aparato dentro de su caja metálica en posición invertida, para posibilitar, con este accionar, la ausencia del registro del consumo, debe responder por el delito de defraudación calificada (C.P., art. 174 inc. 5to.).-
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Venturino Eshiur S.A. c/ Mario O. Faidutti s/ Incidente verificación de crédito en autos: " Faidutti s/ concurso  preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Ya sea en el período informativo, o frente a la promoción de un incidente de verificación tardía, al acreedor le incumbe acreditar la causa de la obligación que es soporte del crédito que pretende se le reconozca. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilados, obras sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, asistencia médica
Materia: LABORAL
Carátula: PAC, OLGA c/ IOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Los actores (jubilados y pensionados) tienen un derecho derivado de la ley 19032 a que se los atienda en su Obra Social (en este caso concreto el IOS), más allá de las controversias que pudieran existir entre dicho organismo y el PAMI. En ese contexto, el Instituto de Obra Social estaría facultado para reclamar las sumas que considere adecuadas por parte del PAMI, pero no lo está para cortar el servicio asistencial que tiene la obligación legal de prestar.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA ESTELA GLADYS c/ VERON WILLIAM ORLANDO s/ DESALOJO-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-09

El plazo de caducidad aplicable en el trámite de un recurso de revocatoria in extremis por ante el Superior Tribunal, es el de seis meses tal como lo prevee el inc.2º del art. 314 del C.P.C.y C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, contribuciones patronales, evasión previsional, apreciación de la prueba, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DUARTE, Paulino c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-16

Existen en nuestro país un sinnúmero de zonas en las cuales las incomunicaciones, aislamientos, falta de información y analfabetismo, enormes distancias de los centro urbanos más próximos, etc, hacen que las personas que se encuentran en esta situación se vean indefensas ante incumplimientos del empleador a lo normado por el art. 56 de la ley 18037. Esta realidad social es imposible no tenerla en cuenta a la hora de meritar los elementos de prueba, y dan valor preponderante a la testimonial, de fundamental importancia ante la carencia de prueba documental.
Protección del medio ambiente, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión federal
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Equística Defensa del Medio Ambiente Aso. Civ. c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

En los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad que requiere el art. 7, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675. - Del dictamen de la procuración General al que la Corte remite -
Inspección General de Justicia, sociedad de ahorro para fines determinados, poder de policía, responsabilidad de la administradora del plan
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTIMULO  S.A. s/ DENUNCIA NELIDA DEL VALLE TEVES  I.G.J.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

La administración del sistema de ahorro para fines determinados requiere, para garantizar la eficacia del instituto, un alto grado de especialización y responsabilidad por parte de las entidades que la ejercen, en virtud de lo cual la actividad de estas últimas es objeto de una cuidadosa reglamentación y control estatales.

La superintendencia que ejerce la autoridad de aplicación tiende a resguardar el ahorro público en virtud del imperativo constitucional de promover el bienestar general.

El deber de suministrar información a la autoridad de contralor se asienta en la necesidad de posibilitar el eficaz funcionamiento del poder de policía que el estado tiene sobre las sociedades de ahorro y crédito para fines determinados. Tales facultades de fiscalización se verían gravemente perturbadas si quedase al arbitrio de los entes objeto de control el modo y tiempo de suministrar a la autoridad los antecedentes necesarios a fin de que esas atribuciones sean puestas en ejercicio.

El recto acatamiento a la precitada obligación no puede quedar, por ello, dispensado por no ser reprochable la conducta que se investiga, de tal modo que la infracción es formal y sanciona todo acto y omisión que perturbe el ejercicio de dicha vigilancia.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lana de Banno, María en j: Fiscal c/ María Lanna de Banno y otro s/ Homicidio calificado - Queja por apelación denegada (Libro:  A027A-014) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-08-22

Conforme al sistema del actual Código Procesal Penal, por el recurso de inconstitucionalidad, no se cuestiona la errónea aplicación de la ley, sino que se impugna la ley misma, por entender que ésta es contraria a otra ley de jerarquía superior, la Constitución.