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Quiebra, acción de responsabilidad, acuerdo de partes, autorización judicial, patrimonio, deudor, acreedor, actos de disposición
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fushimi, Jorge Fernando y otros  c/ Del Pópolo, Juan Ernesto y otros - Acción Ordinaria - Acción de Responsabilidad s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-11

Conforme lo dispuesto en el art. 182, 2° párrafo, LCQ, el síndico debe contar con autorización del tribunal para transigir en una acción de responsabilidad (art. 173 del mismo cuerpo legal). En dicho cometido, debe brindar al juez las pautas del acuerdo al que pretende arribar con los demandados, para que puedan ser cuidadosamente evaluadas y ponderadas oportunamente. En efecto, al tratarse de cuestiones atinentes al patrimonio del deudor y constituir la prenda común de los acreedores, importan actos de disposición que deben ser prudentemente examinados a fin de preservar los intereses involucrados.
Procedencia del recurso, despido sin causa, cuestión federal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Distribuidora Pompeya SRL  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Goncalo, Stella Maris c/ Distribuidora Pompeya S.R.L. y otros s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-05

Corresponde hacer lugar a la queja si ha sido deducida en tiempo y forma, por parte legitimada (art. 33 de la ley n° 402), y da cuenta de la concurrencia de los requisitos sustanciales de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad (art. 27 de la ley n° 402). En efecto, el recurso se dirige contra la sentencia definitiva que consideró configurado un despido sin causa y condenó a la demandada a abonar la indemnización resultante. Y el recurrente expone una cuestión constitucional, vinculada con la violación del derecho de defensa, que a este Tribunal corresponde tratar, puesto que la Cámara omite considerar constancias dirimentes para la solución de esta contienda. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Asegurador por riesgos del trabajo, obligaciones de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Quipildor Juan Esteban c/ Provincia Art S.A. c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-08

La ART tiene obligaciones concretas de prevención determinadas en el art. 4 apartado 2 de la Ley 24.557 y en el Decreto 170/96, incluyendo evaluaciones, visitas periódicas de riesgos, medidas correctivas, capacitación para el personal, y plan de acción. Se le exige una mayor "previsibilidad" que la ordinaria, lo que autoriza a graduar la relación de causalidad como una "supra-causalidad" (art. 1749 del CCC). No obstante, en el caso, no se mencionaron ni acreditaron incumplimientos específicos en los deberes de prevención de la ART que hubieran podido evitar o disminuir el daño (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Derecho laboral, demanda, presunciones, carga de la prueba, falta de examen preocupacional, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pavoni Sergio Ezequiel c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.  c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-30

En el marco de una acción sistémica (LRT), rige la presunción de autoría y causalidad. En el caso de autos, las ventajas del régimen especial deben hacerse efectivas, y la carga de desvirtuar plenamente las presunciones recae en la ART, la cual cuenta con toda una estructura de medios a disposición. Sin embargo, en el caso, la ART no logró desbaratar las presunciones del sistema con contundencia. Sin perjuicio de ello, el accionante no está desobligado de acreditar el "daño" como presupuesto de procedencia del infortunio laboral (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Usurpación de inmueble, robo en poblado y en banda, juicio de desalojo, locatario, antijuridicidad
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Arrua, R. M. y otro c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-03-04

Cabe disponer el procesamiento, en orden a los delitos de usurpación y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, de los titulares de una propiedad, quienes ingresaron a la vivienda con las llaves del inmueble y, junto con otras personas, retiraron todos los muebles de la inquilina hacia la vía pública y se llevaron una suma de dinero, habida cuenta que, aun admitiendo que los imputados pretendían desalojar a la damnificada por una supuesta falta de pago del alquiler, el accionar resulta antijurídico y se encuentra en la esfera de la ilegalidad, ya que la ley civil lo prohíbe expresamente, requiriendo que el sujeto demande por las vías legales.
Recurso de queja (procesal), efecto suspensivo, monto del juicio, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Instituto de Salta Compañía de Seguros de Vida S.A y otro  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Pérez Del Cerro, María Luján c/ Instituto de Salta Cía. de Seguros de Vida S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-19

En el caso, el recurso de inconstitucionalidad que la queja intenta sostener se dirige contra la decisión de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que elevó el monto de condena de la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, y dispuso su actualización conforme al IPC INDEC -desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago-, más la aplicación de intereses, correspondiente a una tasa pura del 3 % anual, que devenguen durante igual período. Corresponde así conceder el efecto suspensivo solicitado por el recurrente, debido a que las razones que invocó la quejosa resultan suficientes, en este estado de análisis, para hacer una excepción a la regla general según la cual la queja no suspende la ejecución de la decisión contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Ello así, dado que la ejecución de la sentencia que se resiste podría acarrear consecuencias de muy difícil o imposible reparación ulterior. Ante esta circunstancia, debe prevalecer el criterio excepcional mencionado, indispensable para preservar los efectos de la sentencia que pudiera emitir el Tribunal en caso de que prospere su planteo, sin que ello implique adelantar una posición respecto de la resolución de fondo. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Sociedades comerciales, reunión de socios, convocatoria judicial, usufructo, derechos del socio, facultades del juez, intervención judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: D., G. A. y otro - Otras acciones societarias - Convocatoria de asamblea c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-13

Si ante la negativa del socio gerente, no se accediera a la convocatoria judicial de reunión de socios, se advierte el perjuicio que puede irrogarse para la sociedad al ponerse en tela de juicio la supervivencia de los negocios sociales. Ahora bien, la intervención del magistrado es sólo para permitir la convocación de reunión de socios, fijar la fecha, hora y lugar en que se desarrollará y la designación de la persona que va a presidir el acto. En ello se agotan las posibilidades de intervención del tribunal por esta vía, la que naturalmente no puede exorbitarse.
Recurso de queja (procesal), efecto suspensivo, monto de la indemnización, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en Drebnieks Stefania y otro c/ Jorge Newbery 1519 SA y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-26

Corresponde conceder efectos suspensivos por el tramo no consentido de la sentencia - intereses superiores al 6 %, aplicados entre la fecha de mora y la fecha en la que se determinó el monto del capital de condena a valores actuales-. En el caso, la recurrente pretende que se suspenda la decisión de la Cámara que modificó parcialmente la sentencia de grado, al reducir los montos indemnizatorios y disponer que los intereses debían calcularse, desde la fecha del hecho y hasta la sentencia de primera instancia, a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina; y desde allí hasta su efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. En su planteo, sostiene que tal solución fue descalificada por la CSJN en "Barrientos" (Fallos: 347:1446) y que produce un enriquecimiento sin causa en cabeza del acreedor, toda vez que, por el lapso que va desde el hecho hasta la fijación en dinero de la obligación de valor, compensa doblemente la depreciación monetaria. En este estado de análisis, el recurrente muestra que su recurso de inconstitucionalidad ha sido, prima facie, mal denegado, pues arrima una cuestión federal consistente en la vulneración de su derecho de propiedad, según ha sido reconocido por la jurisprudencia de la CSJN. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Quiebra, acción de responsabilidad, acuerdo de partes, autorización judicial, patrimonio, deudor, acreedor, actos de disposición
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fushimi, Jorge Fernando y otros  c/ Del Pópolo, Juan Ernesto y otros - Acción Ordinaria - Acción de Responsabilidad s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-11

Si la luz de la realidad económica vigente, en virtud de la inflación, se avizora que la propuesta de acuerdo -por la cual el síndico solicita autorización- resulta desactualizada y el monto del ofrecimiento luce disonante; deviene esencial contar con una propuesta cercana en el tiempo para preservar el derecho de propiedad de los acreedores al decidir. Para evaluar el mérito y conveniencia que el acuerdo propuesto pueda reportar a los intereses de la quiebra, resulta necesario ratificar o rectificar el ofrecimiento, en función del tiempo transcurrido.
Derecho laboral, aplicación de la ley, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Bianchi Franco Mauricio c/ Federación Patronal Seguros SAU  c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-10

Los trabajadores deberán cumplir el siguiente trámite: 1) Recurrir a la CM para que ésta se expida sobre la existencia de la contingencia, y/o naturaleza laboral o no de la contingencia denunciada, y a efectos de que se pronuncie sobre el porcentaje de incapacidad y prestaciones en especie. 2) Si el trabajador no acepta el dictamen de la CM, ya sea porque no reconoció la contingencia o en su caso porque se disconforma con el porcentaje de incapacidad, puede incoar directamente ante la justicia del trabajo, la acción laboral ordinaria (art. 5 de la ley 10.532), también puede optar por recurrir en apelación ante la CM Central -art. 2 ley 27348-, y el pleito judicial quedará en tales casos limitado a dilucidarse el carácter laboral o no de la contingencia con su incapacidad y prestaciones, o en su caso solo al porcentaje de incapacidad y demás, sin que para todo ello se tenga que agotar el trámite ante el servicio de homologaciones de la CM, siendo inconstitucional obligarlo a agotar el mismo en tales circunstancias. 3) Si el trabajador consiente el porcentaje de incapacidad establecido por la CM, debe pasar obligatoriamente a la siguiente etapa -Servicio de Homologación-, y si no acepta el ofrecimiento por el motivo que sea -IBM, montos, intereses, etc-, puede iniciar la acción judicial ordinaria -art. 5 ley 10532-, cuestionando esta última etapa, pero en el ámbito judicial tanto el accidente como la incapacidad ya se tendrán por reconocidos. 4) Si el trabajador acepta el porcentaje de incapacidad de la CM y consiente también el ofrecimiento en el ámbito del servicio de homologaciones, la cuestión adquirirá los efectos de la cosa juzgada (cfr. art. 15 de la LCT) si cumple con los requisitos del mismo (Voto Romero, en minoría)
Derecho laboral, aplicación de la ley, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Bianchi Franco Mauricio c/ Federación Patronal Seguros SAU  c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-10

En el marco de la distribución de competencias entre la Nación y las provincias, estas últimas conservan todo el poder no delegado (art. 121, Const. nac.), en cuyo contexto se encuentra la facultad de organización y aseguramiento de su administración de justicia (arts. 5 y 123). La Provincia de Entre Ríos ha ejercido dicha potestad mediante el dictado de su nueva Constitución (B.O. 15/10/2008). En concreto, establece en su art. 206, que la administración de justicia se regirá por "leyes especiales" que deslinden las atribuciones respectivas de todos los tribunales y determinen el orden de sus procedimientos, y a su vez el art. 186 señala que el Poder Judicial será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y demás tribunales o jurados que las leyes establezcan. En dicha inteligencia, con la expresión "administración de justicia" se designan diferentes realidades, que van desde el resultado del ejercicio de la función jurisdiccional, hasta la consideración del complejo orgánico al que se atribuye en forma exclusiva el ejercicio de esa función, o bien a todo aquello que coadyuva al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados, pasando por los procedimientos (Voto Romero, en minoría)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: López Berisso, Sabrina Eugenia y otras  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en López Berisso, Sabrina Eugenia y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-26

Corresponde rechazar la queja de la actora, por cuanto no se acredita la directa e inmediata relación entre las garantías constitucionales que genéricamente se invocan y el pronunciamiento que en último término se discute. Este último encontró apoyo en fundamentos de naturaleza no federal ni constitucional, independientes, suficientemente amplios, y que no se muestran insostenibles o arbitrarios: la ordenanza n° 41455 y sus modificatorias, los decretos n° 986/2004 y n° 583/2005, y las constancias de hecho arrimadas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Derecho laboral, aplicación de la ley, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Bianchi Franco Mauricio c/ Federación Patronal Seguros SAU  c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-10

Considero que corresponde que el juez laboral de grado se avoque al tratamiento aun en los casos en los que la instancia administrativa no haya sido transitada, por mantener la convicción de que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Ley 10.532, artículos 1, 2, 3, y 4 de la Ley 27.348, y 21, 22 y 46.1 de la Ley 24.557, son inconstitucionales, reafirmando en consecuencia la competencia de este organismo jurisdiccional ordinario para entender en la causa, en los términos de los artículos 1 y 60 CPL (Ley 5315), incluso en aquellos asuntos en los cuáles aún no se ha agotado o iniciado la instancia administrativa (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Honorarios, acción de responsabilidad, costas, procedimiento laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: García Angel Ignacio c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos A.R.T.  c/  s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-09-25

Resultan inaplicables el art. 277 LCT y el art. 730 CCC en la provincia de Entre Ríos. Puesto que la Ley 24.432, que modificó dichas normas, incursiona abiertamente en cuestiones de orden procesal (costas y reglamentación del ejercicio profesional), las cuales están expresamente reservadas a las jurisdicciones provinciales en el esquema del régimen republicano y federal argentino (art. 121 CN) Si bien la Ley 24.432 invitó a las provincias a adherir al régimen, Entre Ríos nunca dictó norma alguna de adhesión. Además, el artículo 730 CCC constituye una directiva de carácter procesal y de policía del ejercicio profesional en materia de retribuciones, ajena al orden normativo nacional. Aun si fuera aplicable, la limitación del 25% lesiona el principio protectorio (art. 14 bis CN) y el derecho de propiedad (art. 17 CN) del trabajador vencedor, puesto que la reparación no puede considerarse "justa e integral" si el actor debe destinar parte de su indemnización, de carácter alimentario, al pago de los honorarios de sus letrados o peritos. Al limitar la responsabilidad del condenado, se traslada esa responsabilidad al vencedor, lo que perturba el sentido común (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Sociedades comerciales, Direcciones, personas jurídicas, registros públicos, aplicación de la ley, fiscalización estatal, denominación social, nombre comercial, grupo económico
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lucom Virtual S.A. - Recurso de apelación  c/ decisiones de Persona Jur. Púb. no estatal s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-13

La denominación social no debe asemejarse, ya sea por elementos fonéticos o gramaticales, a otras ya existentes. Tal proscripción persigue el objetivo de evitar que los terceros y el público en general puedan incurrir en confusión respecto de otras personas jurídicas, bastando a estos fines que contenga términos similares desde la óptica textual o fonética, aunque la denominación no sea exactamente igual.
Asegurador por riesgos del trabajo, principio de congruencia, objeto del proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Agustín Alexis c/ Provincia ART S.A.  c/  s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-30

Cuando la acción se promueve específicamente por un "accidente de trabajo" (hecho súbito y violento), no es posible mutar la pretensión al calor de que un dictamen médico resulte perjudicial para los intereses del recurrente y pretender se considere una "enfermedad profesional". Intentar tal modificación implica la alteración sustancial del objeto del juicio y la afectación del derecho de defensa, lo cual se encuentra vedado por el principio de congruencia y la garantía constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, sobreseimiento, desobediencia a un funcionario público
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Huergo, Martín sobre 150 - violación de domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-12

Corresponde revocar la sentencia de la Cámara que dispuso el sobreseimiento del imputado respecto del delito de desobediencia, al considerar que si bien el incumplimiento de las medidas restrictivas que las partes habían acordado en la audiencia de intimación de los hechos reúne los elementos que constituyen el tipo penal (art. 239 del CP), se trata de una desobediencia atípica, pues una sanción distinta de la prevista por el CP para esa conducta desplazaría su aplicación. Para fundar dicha sentencia, la Cámara acude a una cita doctrinaria de Donna, quien en este asunto invoca fallos de la Cámara Nacional Criminal. No obstante, ninguno de ellos permite fundar el desplazamiento de normas del CP que se pretende en el caso, pues se refieren -genéricamente- a la omisión de cumplir una sentencia y al establecimiento de sanciones pecuniarias compulsivas, conminatorias, tendientes a que las partes cumplan sus mandatos. Ahora bien, en el caso, el a quo no explica la relación que existiría entre la acción típica "desobedecer una orden" y la "omisión de cumplir una sentencia". Tampoco aclara por qué esas conductas constituirían clases mutuamente exclusivas, ni muestra en qué tramos serían incompatibles, en caso de superponerse. Asimismo, omite explicar por qué la acción típica "desobedecer una orden" no constituiría un supuesto especial de "omitir cumplir una sentencia"; es decir, el supuesto inverso al que la Cámara parece entender configurado en el caso. En tal escenario, no es posible conocer qué desobediencias quedarían o no alcanzadas por el CP, por lo que es desacertado hablar de desplazamiento normativo. Por todo ello, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad articulados y rechazar la excepción de atipicidad interpuesta. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Desobediencia a un funcionario público, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Huergo, Martín sobre 150 - violación de domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-12

La discrepancia interpretativa que exhibe el recurrente con relación a la configuración del delito del art. 239 del CP resulta insuficiente para impugnar la decisión de la Cámara que, en principio, es ajena a la vía recursiva de este Tribunal. Al respecto, resulta aplicable el criterio según el cual esta clase de controversias remite a cuestiones de hecho, prueba e interpretación infraconstitucional que, salvo casos excepcionales, no suscita la competencia extraordinaria de este Tribunal y quedan reservadas a la decisión de los jueces de mérito. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz. Voto al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, expropiación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Kinglys SA contra GCBA sobre expropiación inversa. retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-26

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocar la sentencia impugnada, y declarar que la afectación del inmueble de la actora a la apertura de una vía pública ha caducado. En el caso, dicha afectación data de los años 1956 y 1968. Desde la última de esas fechas han transcurrido 57 años, sin que el Estado haya adoptado ninguna medida tendiente a llevar adelante la obra en cuestión. En ese contexto, cabe concluir que tal afectación ha caducado, por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 19 de la ley n° 238, pues tal solución resulta más proporcionada que la expropiación inversa, a la hora de conciliar el derecho de propiedad del particular y el interés público de la comunidad. En efecto, la expropiación parcial repara el perjuicio en el derecho de propiedad, pero se desentiende de si la incorporación del inmueble al patrimonio público cumple algún fin útil en las condiciones actuales. En cambio, el instituto del abandono tutela tanto al derecho del dueño del predio -al liberarlo de la expectativa permanente de una expropiación en caso de inactividad estatal- como al Estado y, por su intermedio, a la comunidad toda -al asegurar que toda expropiación responda, indefectiblemente, a un interés público actual-. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Depósito previo, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia ART S.A.  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Ledesma Facundo Gonzalo c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27348
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-19

Toda vez que el plazo para integrar el depósito que exige la queja es perentorio, corresponde rechazar el pedido de prórroga para integrar el depósito fuera del plazo conferido sobre la base del art. 34 de la ley n° 402. Ello, sin perjuicio de señalar que la solicitante tampoco ha dado razones atendibles que justifiquen conceder, de forma excepcional, una extensión del término otorgado (cf. "GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ADMINISTRACIÓN HOTELERA ARGENTINA SA y otros CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS", expte. SACAyT n° 46659/2014, sentencia del 31-07- 2024). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).