Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-06-22


Fojas: 46 En Mendoza, a veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N 80.185, caratulada: "ASOCIART ART EN J°: 30.484 "PINNA M. TERESA Y OTS. C/CERÁMICA INDUSTRIAL MENDOZA S.A. P/INM. POR MUERTE" S/INC. CAS.".

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. Pedro J. LLORENTE, segundo Dr. Herman A. SALVINI y tercero Dr. Carlos BÖHM A N T E C E D E N T E S:

A fs. 14/25, ASOCIART A.R.T., por medio de representante, interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 293/299 de los autos N 30.484, caratulados: "Pinna María Teresa y ots. c/Cerámica Industrial Mendoza S.A. p/Acc"., originarios de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 30 se admiten formalmente los recursos interpuestos y se ordena correr traslado de la demanda a la contraria, quien a fs. 33/40 , contesta solicitando su rechazo con costas.

A fs. 42/43 corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por los fundamentos dados considera que deben rechazarse los recursos interpuestos.

A fs. 44 se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 45 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A:¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos? S E G U N D A: En su caso, qué solución corresponde? T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

1. A fs 14/25 Juan Raúl Montoya por Asociart ART interpone recursos de casación e inconstitucionalidad contra la sentencia dictada a fs 293/299 por la Cámara Segunda del Trabajo.

1.1. El recurso de casación lo funda en el inciso 1° del artículo 159 del CPC, por entender que el a-quo ha omitido aplicar el artículo 18 de la LRT y el artículo 53 de la ley nro. 24.241, vigentes al momento del infortunio, y porque el artículo 54 de la ley últimamente citada no integra la LRT.

Expone que el artículo 18 citado pretende tutelar, por medio del beneficio de pensión, al grupo familiar a través de su preservación económica. Que este beneficio consistente en una prestación dineraria, pertenece al ámbito de la seguridad social y no se relaciona con el patrimonio del fallecido, sino con el objeto de la seguridad social cual es el de otorgar amparo frente a las necesidades que generan las contingencias sociales en el caso, el fallecimiento de quien con su ingreso provee a la subsistencia del grupo familiar, (fs 14 vta del recurso).

Que la ley que regula el sistema integrado de jubilaciones y pensiones ya a la que remite el artículo 18 de la LRT, ampara con el beneficio de pensión a los familiares que ella misma establece y no a otros.

Relata que por ello, en su opinión, la omisión de los progenitores como derechohabientes beneficiarios de la pensión por fallecimiento, y por reenvío legislativo de las prestaciones que otorga el sistema previsto en la ley 24.557, no configura lesión constitucional que amerite la declaración de inconstitucionalidad del artículo 53 de la ley nro. 24.241 -vía artículo 18 de la ley 24.257- toda vez que los derechos consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos, sino que están sometidos a limitaciones indispensables para el orden social, y esa relatividad alcanza al derecho a la protección y a la familiar consagrado en el tercer párrafo del artículo 14 nuevo, susceptibles de ser acortado por razones determinadas por el interés público, (fs 15 del recurso).

Alega que en el caso debe hacerse lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Asociart ART S.A. contra la actora de autos, por no encontrarse legitimada para entablar la demanda incoada conforme lo establecido por el artículo 18 citado y el artículo 7 del decreto nro. 334/96, (fs 15 vta del recurso).

Agrega que, al contestar el traslado de la demanda, Asociart ART SA reconoce la existencia y vigencia del contrato de afiliación que celebrara con la codemandada, y opone defensa de falta de legitimación activa de la actora, con fundamento en los artículos 18 de la LRT y 53 de la ley 24.241, afirmando que carece de todo derecho para la percepción de las prestaciones que, por causa de la muerte del trabajador, otorga la LRT, ya que la que reclama es la madre por un accidente ocurrido en el mes de mayo del año 1999.

A fs 16 vta del recurso, afirma que dejar de lado las expresas limitaciones que establece la norma legal citada, implicaría equiparar a las ART a entes de beneficencia, en tanto aquéllas no han cobrado prima alguna por la cobertura que arbitrariamente los ahora co-actores quieren que se les preste.

Señala a fs 17 del recurso, que son objetivos de la LRT reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, rehabilitar al trabajador damnificado, rectificar y recolocar a los trabajadores damnificados y mejorar las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Que por tanto, solicita se acoja el recurso planteado, se case la sentencia cuestionada y se aplique el artículo 18 y el artículo 53 de la ley 24.241 vigente al momento del accidente, y no el derecho proyectado a partir del mes de marzo del año 2001 (decreto nro. 1278), por lo que deberá rechazarse la demanda con costas, (fs 17 vta del recurso).

1.2. El recurso de inconstitucionalidad lo funda en los incisos 1° y 2° del artículo 150 del CPC.

Expresa que la sentencia atacada es arbitraria porque soslaya la visión y aplicación integral del sistema especial de protección del trabajador que crea la ley nro. 24.557 y solo hace incapié en el aspecto de la indemnización económica, lesionando el carácter protectorio de las leyes laborales y el derecho de igualdad, el derecho de propiedad.

Relacionado con ello, afirma que ello deriva de no aplicar el régimen legal vigente que excluye a los progenitores de los trabajadores para percibir las prestaciones dinerarias o en especie que establece la LRT. (fs 18 del recurso).

Esgrime que la aplicación de tasas activas para determinar los intereses moratorios, implica en el momento actual una abierta lesión al sistema de convertibilidad. Que las tasas pasivas expresan lo que pongan los bancos por la imposición y superan el parámetro de la inflación cuando son positivas, (fs 22 del recurso).

Sostiene que la justicia no puede tolerar el enriquecimiento sin causa que se derivaría por aplicación de tasas activas, indemnizar en mayor medida que el daño. Que en virtud de estos fundamentos, el artículo 10 del decreto nro. 941/41, aclaratoria de la ley nro. 23.928 autoriza a los jueces a fijar la tasa de interés por aplicación del artículo 622 del Código Civil y ordena al BCRA a estos fines, la tasa de interés pasiva promedio, (fs 22 vta del recurso).

Que en el caso de autos debe ser declarada inconstitucional la ley nro. 3939 y estar a lo resuelto por la CSJN en el precedente donde ha receptado la tasa de interés pasiva y no la activa como se ha resuelto en el fallo recurrido, (fs 22 vta del recurso).

2. La sentencia impugnada declara la inconstitucionalidad de los artículos 21, I inciso a), 46 y 18 de la ley nro. 24.557. Con respecto a éste último artículo, solamente en cuanto excluye de los causahabientes a la madre del actor.

Asimismo, hace lugar parcialmente a la demanda y condena a Cerámica Industrial Mendoza S.A. a pagar a la actora Sra María Teresa Pinna, la suma de $ 113.937,95 con más los intereses legales previstos en la ley nro. 7198.

En el dispositivo 3°), hace lugar a la demanda y condena a Asociart ART SA a ingresar el capital más los intereses establecidos en la suma de $ 104.355,77, a la compañía de seguros de retiro que determina la actora Sra María Teresa Pinna. También se la condena al cumplimiento de sus obligaciones de asistencia dineraria a favor de la actora, por el fallecimiento de su hijo Jorge Gabriel Pinna, acaecido el día 24 de mayo del año 1999, como consecuencia del accidente de trabajo investigado en autos, (fs 298 vta del fallo).

3. El Sr Procurador General aconseja a fs 42/43 el rechazo de las quejas conjuntamente interpuestas.

Con respecto al recurso de casación, opina que la sentencia se conforma con la jurisprudencia de esta Sala recaída en los autos nro. 73.967, caratulados "Expreso Luján de Cuyo S.A. en J° 30.724, 'Fluixa de Rodríguez Y.B. c/Expreso Luján de Cuyo p/Accd. S/Inc.-Casación".

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, también sostiene que el fallo cuestionado ha fijado los intereses legales de acuerdo con la jurisprudencia unánime de esta Corte sobre la materia, (ver fs 43 del dictamen).

4. Atento a la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala II, que permite el tratamiento conjunto de los recursos de inconstitucionalidad y casación por aplicación de los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, procederé a examinar ambas quejas en esta etapa extraordinaria del proceso laboral , (LS 320 fs 217).

4.1. En primer lugar, cabe aclarar que el tema fundamental que motiva la presente casación, se dirige a cuestionar la aplicación del artículo 18 de la ley nro. 24.557 y del artículo 53 de la ley nro. 24.241, respectivamente, porque de ello resulta la condena a la aseguradora recurrente quien solicita se la deje sin efecto, con costas a la accionante.

El recurrente se agravia por la falta de aplicación de los artículos citados (ver fs 14/17 del recurso), y expresa que en su opinión deben aplicarse al caso concreto, porque se adecuan con el objeto de la seguridad social, de otorgar amparo "frente a las necesidades que generan las contingencias sociales en el caso, el fallecimiento de quien con su ingreso provee a la subsistencia del grupo familiar", (fs 14 vta del recurso).

De consiguiente, en el sub lite, corresponde examinar si la Cámara ha interpretado correctamente o no las normas denunciadas, a fin de determinar si la declaración de inconstitucionalidad es la consecuencia correcta.

En el punto II) de la segunda cuestión del fallo impugnado, el Tribunal a-quo aborda el tratamiento de la excepción de falta de legitimación, deducida por la aseguradora contra la acción incoada por la actora en su contra, para demandar el resarcimiento de los graves daños sufridos por Jorge Gabriel Pinna mientras se encontraba trabajando en Cerámica Industrial Mendoza S.A., afiliada a Asociart ART SA.

Luego de transcribir textualmente las normas mencionadas, el Tribunal de juicio expone que si bien "entre los derechohabientes enumerados no se encuentran los padres del trabajador fallecido, cabe reparar en que ni la empleadora ni la Art opusieron puntual objeción al planteo de inconstitucionalidad del art. 18 de la LRT formulado al demandar", (ver fs 296, 2° párrafo del fallo recurrido).

A continuación, la Cámara explicita que la actora, madre del trabajador fallecido, al demandar ha solicitado la invalidez del artículo 18 de la LRT que le niega el derecho a reclamar por el daño que sufre como consecuencia de la desaparición de quien proveía a su sustento impedimento que consideró arbitrario y discriminatorio, (ver fs 23 y vta de los autos principales).

Consigna el Tribunal cognitivo que, la aseguradora se ha limitado a negar la legitimación de la actora invocando el artículo 18 citado, que es el que se cuestiona en la demanda pero no ha contestado los argumentos de la demanda en este punto, (ver fs 44/45 vta de los principales).

Aclara la Cámara en la foja citada de la sentencia casada que, en los respondes no se ha negado que Jorge Gabriel Pinna tenía a su cargo a su madre y era quien aportaba y mantenía el hogar que éstos conformaban junto a la media hermana del infortunado joven, (ver fs 10 vta y certificados de fs 3, 6 y 269 de los principales).

Más adelante se explica en la sentencia que, se ha probado en el proceso que la madre del joven fallecido se encontraba a cargo de éste al momento de su deceso, "quedando en un verdadero estado de necesidad, de escasez o ausencia de recursos personales suficientes, importando la muerte de su hijo un verdadero desequilibrio esencial en la economía familiar", (fs 296, 5° párrafo del fallo casado).

Ello así, el Tribunal de grado considera los hechos probados en la causa, la ausencia de respuesta de la aseguradora al planteo de inconstitucionalidad de los artículos denunciados y, resuelve declarar la inconstitucionalidad de los artículos 18 de la ley nro. 24.557 y 53 de la ley nro. 24.241, respectivamente, porque del contexto procesal y fáctico del caso, devienen violatorios del imperativo de protección integral de la familia (artículo 14 bis de la Constitución Nacional) y de los pactos internacionales de jerarquía constitucional según artículo 75 inciso 22 de la C. Nacional.

Agrega en el párrafo siguiente el Tribunal a-quo que, la invalidez constitucional de las normas citadas es de tal magnitud que el legislador ha debido modificarlas a través del decreto nro. 1278/00, admitiendo también como causahabientes a los progenitores, legitimación que esta Corte también ha reconocido en los autos nro. 75.339, "Morales, Jesús Hilario en j° 11.414, Morales, Jesús H. c/Liberty ART SA p/Indem. Muerte s/Inc.-Casación".

Con respecto al thema decidendum me he pronunciado en los autos nro. 73.967, caratulados "Expreso Luján de Cuyo S.A. en j° 30.724, 'Fluixa de Rodríguez Y.B. c/Expreso Luján de Cuyo p/Accd. s/Inc.-Casación", de fecha 1 de marzo de 2004, registrado en LS 334 fs 54, al resolver el recurso de casación interpuesto por la demandada Expreso Luján de Cuyo S.A. quien denunciaba la errónea aplicación de los artículos 15 y 18 de la ley 24.557, 53 de la ley 24.241 y 3.567, 1.071 y 1.074 del C.Civil.

En el precedente jurisprudencial citado, he sostenido que "De la lectura del fallo impugnado, se advierte que existen suficientes fundamentos en la sentencia para justificar la inaplicación de la normativa denunciada. En efecto, la actora al demandar planteó expresamente la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, sin embargo, el juzgador ha sostenido que no es necesario recurrir a la medida extrema de declarar la inconstitucionalidad, apoyándose en los precedentes jurisprudenciales que cita, sosteniendo que se ha arribado a una equitativa solución a través de la remisión prevista en el art. 54 de la ley previsional, que legitima a los herederos del causante. Vale decir que haciendo aplicación extensiva de dicho art. 54, y de los arts. 3.419, 3.567 y cc. del C.Civil, toda la jurisprudencia laboral de la Provincia ha aceptado que se encuentran legitimados para reclamar las indemnizaciones de la ley 24.557, los progenitores del causante, en los casos en que no existen otros derecho habientes. A todo evento menciona, que con posterioridad al caso de autos, se regulariza la situación en el mencionado dec. 1.278/00, que incluye a los padres como legitimados para el reclamo. Pero queda claro, y así surge de la lectura de la sentencia, que en el caso no se ha aplicado retroactivamente un dispositivo legal (dec.1.278/00), sino que se ha recurrido a la letra del art. 54 de la ley previsional vigente al momento del s uceso".

El criterio transcripto en su parte pertinente, ha sido el fundamento principal para rechazar la casación en los autos nro. 73.967, y es aplicable al caso concreto plenamente, porque en la especie, la Cámara ha procedido a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 18 de la LRT y 53 de la ley nro. 24.241.

En efecto, en la sentencia casada se consigna que de las pruebas rendidas en el proceso y del contexto procesal emerge claro que negarle legitimación procesal a la madre del trabajador fallecido es violar normas constitucionales (v.gr. artículo 14 bis de la CN), por lo que se ha declarado la inconstitucionalidad de las normas mencionadas, y ni la empleadora ni la aseguradora han opuesto puntual objeción al planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora en la demanda.

Tampoco la aseguradora recurrente ha cuestionado la constitucionalidad de los artículos 18 de la ley nro. 24.557 y 53 de la ley nro. 24.241 en esta instancia extraordinaria.

En efecto, a través del recurso de casación en examen, denuncia la errónea interpretación y aplicación de las normas mencionadas, y como he expuesto en el punto 1.2 al indicar los agravios formulados en el recurso de inconstitucionalidad, denuncia arbitrariedad por incongruencia de los fundamentos del fallo y solicita se aplique la tasa pasiva para la determinación de los intereses moratorios, pero no cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de las normas en las que se basa la sentencia para condenar a la quejosa.

Por lo tanto, coincido con el Sr Procurador General en que corresponde desestimar la casación intentada, porque el fallo censurado no contiene vicios in iudicando, sino que ha sido dictado de conformidad con las normas legales y constitucionales aplicables al caso concreto y la jurisprudencia de este Tribunal concordante.

4.2. Con respecto al recurso de inconstitucionalidad conjuntamente interpuesto, en mi opinión tampoco puede prosperar.

Por una parte, el fallo censurado no incurre en arbitrariedad por violar el principio de congruencia como se agravia el impugnante, habida cuenta que la Cámara hace lugar al planteo de inconstitucionalidad de los artículos citados formulado en la demanda por la parte actora, solo con relación a la progenitora del trabajador fallecido, y en consecuencia con ello acoge parcialmente a la demanda y en base a ello condena a la aseguradora. Por tanto, no se ha incurrido en vicio de arbitrariedad alguno, sino que la condena se conforma plenamente con los fundamentos que sustentan el fallo.

Recuérdese la jurisprudencia constante de nuestro Tribunal que dice que, "la tacha de incongruencia configura un caso de arbitrariedad cuando se demuestra la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial, consistente en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las pruebas decisivas, o carencia absoluta de fundamentación. El sentido de la exigencia deviene de la naturaleza excepcional del remedio extraordinario que delimita respectivamente la competencia del Tribunal, de modo que la vía que autoriza el art. 150 C.P.C. no constituya una segunda instancia ordinaria de revisión", (LS 194-80; conf. LS 279-428).

Por otro lado, también deviene improcedente el agravio vinculado con la determinación de los intereses moratorios.

Sobre el tema, he adherido al criterio unánime de esta Sala II vertido in re Amorín Argentina S. A. (LS 309 fs 172) en numerosos casos donde me he pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley 3939, y respecto de la aplicación de la tasa activa a los intereses moratorios de las obligaciones que derivan de créditos laborales.

Así por ejemplo, en el caso Consolidar A.R.T. S.A., registrado en LS 339 fs 10, de fecha 26 de julio del año 2004, he sostenido que con relación a la aplicación de la Ley 3939, este Tribunal en el fallo registrado en LS 321 fs 160, caratulado: "Montivero, Yolanda B. en j 29.491: "Montivero, Yolanda G. c/Transporte Iniesta SA p/Despido s/Casacíón ", de fecha 8 de mayo de 2003, afirma que en el plenario de esta Corte "TRIUNFO COOP. DE SEG. LTDA" (LS 241 fs 126), estableció el criterio que la ley 3939 en abstracto y con carácter de generalidad, no es inconstitucional, con la aclaración que puede adquirir tal calidad por exceso o por defecto en la fijación de la tasa de interés. Ello -se sostiene- significa que el juez en cada caso concreto verifica si las tasas de la ley local se adecuan a la finalidad prevista en la ley de convertibilidad.

In re Montivero se consigna también que, con posterioridad a la desaparición del Banco de Mendoza (noviembre de 1996), esta Corte ha dictado pronunciamientos que tienden a armonizar posiciones encontradas con relación a la aplicación de la ley 3939 en materia de intereses, y afirma que la tasa activa es la que ha prevalecido en la mayoría de los tribunales del país, incluida nuestra provincia, y establece el criterio que la aplicación de la tasa activa del Banco Nación da respuesta más criteriosa a la situación de mora, que la brindada por la tasa pasiva.

Asimismo, se expone en este fallo que debido a los vaivenes pendulares de la economía nacional, esta Corte adoptó soluciones y procedimientos respecto a la aplicación de la tasa activa luego de la ruptura de la convertibilidad e instaurada la pesificación, por lo que se ha diferenciado a modo de corte, la aplicación de la tasa activa en 1) directa, desde el 26/11/96 hasta el 31/12/2001; y 2) mensual, a partir del día 1 de enero de 2002, conforme se ha establecido en el caso Amorín Argentina S.A., registrado en LS 309 fs 172.

Además, en el último precedente mencionado, también se ha dicho que, en este caso se ratifican los lineamentos trazados en el plenario Triunfo citado, y que sólo por excepción se ha admitido la inaplicación del art. 2 de la ley 3939, en tanto y en cuanto pueda hacer excesivamente oneroso algún caso especifico, pero ello exige el análisis del caso individual sometido a consideración. Que, esta Sala también tiene dicho que, en principio la sobretasa del art. 2 de la ley 3939 no aparece como irrazonable, salvo que en el caso concreto transforme a la deuda en excesivamente onerosa.

Además, en el caso registrado en LS 227 fs 25, se ha afirmado que en los créditos de naturaleza alimentaria, es de esencia de la legislación del trabajo proteger a la parte más débil de la relación, por lo que se estima razonable mantener la tasa diferencial que emerge de aplicar el artículo 2° de la Ley 3939 para las obligaciones provenientes de relaciones laborales y en su consecuencia, incrementar en cinco (5) puntos más la tasa activa.

Consecuentemente con la jurisprudencia reseñada, considero que la sentencia cuestionada no ha incurrido en arbitrariedad al aplicar la tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina con más los cinco puntos anuales, los que han sido calculados conforme los artículos 1 y 2 de la ley 3939, habida cuenta que la sobretasa de cinco puntos es constitucional en su establecimiento cuando se trata de deudas laborales porque tiende a proteger el crédito del trabajador y, porque en las obligaciones de dar sumas de dinero, al estar prohibidas las cláusulas de estabilización la única forma de restablecer el equilibrio es el reconocimiento del pago de los intereses frente al saldo deudor, (cfr LS 327 fs 246).

Finalmente, con respecto a la petición del quejoso acerca de la aplicación de la ley 7198, (ver fs 24 vta del recurso), es agravio deviene improcedente, habida cuenta que la interpretación y aplicación de la citada norma debe canalizarse por la vía casatoria, atento lo dispuesto por el artículo 159 del CPC y nota respectiva.

Conforme las consideraciones vertidas y jurisprudencia citada, en el sub lite, la Cámara no ha incurrido en los vicios de arbitrariedad que se esfuerza por demostrar el quejoso, sino que ha resuelto la causa atento a los hechos acreditados en el proceso y conforme a las garantías constitucionales.

ASÍ VOTO Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente vencida. (arts. 148 y 36 del C.P.C.).- ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 22 de junio de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

1) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos a fs. 14/25 de autos.

2) Imponer las costas a la parte recurrente vencida. (arts. 148 y 36 del C.P.C.).- 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

4) Dar a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA ($ 340) depositada a fs. 1, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.- Notifíquese. Ofíciese.

f.e.v.