marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones sindicales, conflicto gremial, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Asociación de Trabajadores del Estado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

La pluralidad sindical en el ámbito de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal concretada en el principio de no exclusión de la personería gremial, con el consiguiente derecho de todas las asociaciones sindicales coexistentes a elegir los representantes del personal en directa proporción con los afiliados cotizantes que cuente cada una de ellas, en tanto cuenten con un porcentaje mínimo de afiliados, resulta compatible con la libertad sindical consagrada en normas de jerarquía constitucional. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. La Asociación de Trabajadores del Estado conserva personería gremial respecto de los trabajadores de la Municipalidad de Godoy Cruz y consecuentemente está habilitada a convocar a elección de delegados de personal en ese ámbito. (Del voto del Dr. Zas).
Homicidio calificado, homicidio con ensañamiento
Materia: PENAL
Carátula: G.A.A- V.R.A.- C.R.A. s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-28

Se debe rechazar la solicitud realizada por el querellante particular cuando peticiona la aplicación del art. 80 del C.P.

argumentando la existencia de ensañamiento ya que, si bien el ataque perpetrado por los encartados tenía como consecuencia lógica la muerte, no se exterioriza en V. y G. una tendencia de aumentar el sufrimiento de su víctima en forma deliberada para satisfacer una conducta sádica. Independientemente de que a lo largo del proceso esta conducta no les fue atribuida al momento de la imputación por el querellante.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Días de Paleo, Olga c/ Suart, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

En el esquema de todo conductor de automotores, debe priorizarse la prudencia, más allá de la indiscutible facultad de ejercer los derechos que la ley de la materia contienen a su favor.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esteban, José c/ Appia Argentina S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

No transgrede la regla de congruencia el fallo que valora y decide sobre hechos conducentes y controvertidos en la causa, resolviendo en función propia de la judicatura el encuadre jurídico del caso;

cumpliendo así con la exigencia de los arts. 163 inc. 6º y 34 inc.

4º del Código Procesal Civil y Comercial, que requieren que la sentencia se encuentre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resolviendo sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas.
Competencia por el territorio, domicilio especial, competencia federal, jurisdicción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RACOR  S.R.L. c/ COMUNA DE ZENON PEREYRA s/ EJECUTIVO - COMPETENCIA TERRITORIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-29

En orden al fuero federal renunciable, está el caso que se establece en el art. 100 Constitución Nacional (litigio entre vecinos de distinta provincia) y la doctrina y jurisprudencia han sostenido que la constitución del domicilio especial, importa la renuncia expresa al Fuero Federal.

Si existe un lugar de cumplimiento de la obligación (pagaré art. 101 inc. 4 Decreto 5965), ese lugar de cumplimiento de la obligación, no convenido, tiene influencia en la determinación de la competencia (art. 6 inc. 3 C.P.C), pero no ocurre lo mismo en cuanto al fuero Federal, pues no hay norma que así lo indique, siendo que un tema es la competencia territorial y otro el Fuero federal.-
Aborto, homicidio calificado por el vínculo, ley penal, derechos y garantías constitucionales, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Se advierte la errónea subsunción del hecho reprochado en el art. 85, inciso 1°, CP, pues cabe sostener la no prohibición, bajo alguna de las figuras del delito de aborto contenidas en el Código Penal, de la interrupción de un embarazo de aproximadamente nueve semanas de evolución, en razón de la vigencia del estándar científico no jurídico que determina la ausencia absoluta de posibilidades de viabilidad extrauterina del embrión en ese período, y la consecuente consustancialidad e inescindibilidad que presenta como parte del cuerpo de la mujer gestante, y, a su vez, el hecho de que aquella consecuencia normativa se encuentre determinada tanto por una interpretación intrasistemática de la propia ley penal, como, en especial, de los límites impuestos al legislador, y también a los jueces, por el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Nacional, no supone inconsistencia alguna en relación con otras normas vinculadas a la cuestión y consagradas en el ordenamiento jurídico argentino: esto es, de la propia Constitución Nacional y, además, por otras de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también del Código Civil y Comercial. En tanto no se trate de un supuesto caracterizable normativamente como autolesivo, por definición constitucional, irrelevante para el ordenamiento penal positivo vigente en nuestro país, las consecuencias dañosas que esa clase de hechos produzcan en el cuerpo de la mujer gestante podrán resultar subsumibles en alguna de las figuras contenidas en el capítulo II, título I, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, en el correspondiente al delito de "lesiones" (sin perjuicio, claro está, de que, según cuál sea la estructura del suceso del cual se trate en cada caso, puedan resultar aplicables otras normas penales). Ahora bien, en la medida en que aquellas lesiones causadas en el cuerpo de la damnificada fueron ejecutadas en dirección a consumar la muerte de la víctima, y en tanto entre el tipo penal de homicidio (artículo 79 CP) y el de lesiones (art. 89 y sig, CP) media una relación concursal de carácter aparente, corresponde, en definitiva, calificar la conducta por la cual fue condenado el acusado como homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja (art. 80, inc. 1°, CP) (voto del juez Magariños, con remisión a su voto en "C.P.C. s/ violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc", CCC 15995/2015/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 726/2019, resuelta el 7 de junio de 2019).
Tutela sindical, delegado gremial, acción de reinstalación, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: B., C. D. c/ SUPERMERCADO NORTE S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-04

Lo que se dijo en el precedente "SARDI" - y se reafirma ahora - es que la pretensión de percibir salarios caídos no constituye una alternativa en sí misma, sino que es un complemento que está asociado al ejercicio de la opción que supone la reinstalación en el puesto de trabajo.

Por ende, no puede haber derecho a percibir salarios si no media un pronunciamiento judicial favorable recaído en la acción sumarísima de reinstalación.

Esto a tal punto es así, que la ley limita el derecho a percibir salarios al periodo correspondiente a la tramitación de dicha acción (art. 52, 2do. párr. ley 23551).
Instrumentos privados, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Riu, Francisco Italo Argentino c/ Cooperativa de Previsión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-19

Por el principio de que la verdad real incorporada al expediente no puede soslayarse en resguardo de formalismo vacíos de todo contenido y carentes de una seria justificación en el caso concreto, no puedo obviar el hecho de que la autenticidad de los remitos ha quedado convalidada personalmente por quienes los suscribieron los remitos han confirmado su autenticidad en forma inequívoca. Aún si aceptaramos que los reconocimientos de firmas son nulos, el resultado de esta prueba, de todos modos, ya ha adquirido irrevocablemente peso en el convencimiento de que las sucesivas entregas de materiales se han concretado, porque no existe ninguna razón para presumir que los reconocientes participaron de algún supuesto fraude en perjuicio de la demandada.
Cajas de previsión, empleados públicos, resoluciones, recurso de apelación (procesal), beneficios previsionales, plazo, pago, depreciación monetaria, índices de actualización
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BARCELO, HUGO ANDRES c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 1058 Año 1996) CAÑETE, MARIA ELENA Y OTRO c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ Recurso de inconstitucionalidad-Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 1055 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21|2003-05-21

Como principio, los seguros establecidos por la Ley 9816 se hacen efectivos con los montos que se obtienen de los descuentos de los haberes de los afiliados, por lo que el lapso que normalmente demanda la obtención y pago de los aportes no puede dar lugar a reclamos de actualización; más cabe hacer excepción a dicha regla, en aquellos supuestos en que contingencias anormales indiquen que perjuicios de magnitud podrían llevar a una distorsión económica del beneficio. Por lo tanto, no puede prosperar el reproche de la Caja demandada relativo a que se habría determinado el seguro en base a índices de actualización por depreciación monetaria, contrariamente a lo normado por el sistema legal (art. 3, ley 9816), desde que una liminar lectura del fallo atacado permite inferir que tal planteo se vincula derechamente con lo resuelto por los sentenciantes en orden a la procedencia de la actualización mediante la aplicación de los índices de precios al consumidor -nivel general-. Es que, en rigor de verdad, no es admisible hacer soportar exclusivamente al beneficiario toda la incidencia del fenómeno inflacionario durante esos trámites cuando los índices revelan la excepcionalidad de la situación y llevarían a disminuir notoriamente el seguro a percibir.

Pero por el andarivel de la indexación tampoco se puede arribar a un resultado disvalioso que también desnaturalice la institución en estudio; de modo que, al margen de la existencia de mora, corresponde reconocer la desvalorización monetaria que haya excedido un límite prudencialmente ponderado.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Hereñú, Ramiro Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

Los coincidentes relatos del personal policial a cargo del procedimiento, adunados a la cantidad de estupefacientes secuestrados -y especialmente la forma en que se encontraban acondicionados y fraccionados- conforman un plexo cuya contundencia cargosa no logra ser conmovida por el casacionista, y que permite aseverar -con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio-, que el imputado tenía -con el evidente designio de comercializarlo- el material estupefaciente hallado en su mochila y en la habitación donde residía. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Homicidio calificado por el vínculo, circunstancias extraordinarias de atenuación, homicidio atenuado por emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, A. J. s/ EMOCION  VIOLENTA  -  HOMICIDIO  -  CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE  ATENUACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-26

1) Si bien puede admitirse que las afrentas aludidas por el encartado (proferidas por su cónyuge: la occisa) tienen importancia para ocasionar un estado de conmoción, pues ellas suponen vilipendio para la persona a la que se dirigieron, y que a causa de las mismas la emoción subiera hasta la altura determinada por nuestra legislación; en cambio otra cosa muy distinta es que el derecho excuse esa violenta conmoción anímica; porque la atenuante del art.

81 inc. I C.P. importa además un juicio de justificación de la emoción del matador, y este juicio debe fundarse en un criterio totalmente circunstancial, como lo indica la ley.

La atenuante supone alguna "relación de proporción" entre la causa desencadenante y la reacción emocional, y tampoco pueden aceptarse como hechos que expliquen la reacción, en los casos de provocación, aquellas actitudes que no encierran cierta forma de injusticia por parte del provocador (Soler, III, pág. 76 y 81. ed. 1951).

2) Excluida la emoción violenta por no haberse establecido su excusabilidad; en cambio puede considerarse que mediaron las circunstancias extraordinarias de atenuación legisladas en el art.

80 "in-fine" C.P., teniendo en cuenta para ello los hábitos y condiciones personales de la víctima y del victimario, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del suceso, en especial el regreso del procesado al hogar tras la separación conyugal, su condición de hombre entregado de lleno al trabajo, su abstención delictiva durante 34 años de vida, la inconducta de la occisa (que estaba alcoholizada incluso el día de la muerte), la singular dureza de trato que dispensó con reiteración a su marido.
Reforma de la constitución, tratados internacionales, derecho a la vida
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Antes de la reforma de 1994, el derecho a la vida contaba con un reconocimiento de la Carta Magna a través de lo dispuesto en su artículo 33, lo cual permitía colegir que, aunque se trataba de un derecho que no estaba consagrado expresamente en dicho texto, debía ser considerado como una garantía implícita y merecedora del resguardo y protección que la Constitución nacional deparaba a las explícitamente consignadas. A ello, debe sumarse lo dispuesto por el artículo 31 del texto constitucional respecto a los diferentes tratados internacionales, ratificados por nuestro país, y en especial en los referidos a Derechos Humanos, en los que se hace una alusión expresa a la protección del derecho a la vida. Pero fue a partir de la reforma constitucional del año 1994 en que el rango de estos institutos de derecho internacional varió sustancialmente. En efecto, el artículo 75 inciso 22, estipula que los Tratados, Declaraciones, Convenciones y Pactos que allí se enumeran en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Proceso contravencional, medidas cautelares, aprehensión, teoría del fruto del árbol venenoso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D. F. y Otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 38 s/ Artículo 38
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-17

Si la autoridad preventora consideró que en el caso, era procedente la vía de la aprehensión, debió actuar de conformidad con las disposiciones de los artículos 18 y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional. Se debió además dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley Nro.12, que estatuye que toda persona aprehendida debe ser informada de las causas de su aprehensión y de quienes son el Juez y el Fiscal intervinientes. Asimismo, la autoridad preventora debe efectuar sin demora la consulta al Fiscal que corresponda, a quien le cabe ratificar o no la medida precautoria impuesta (artículo 24 de la Ley de Procedimiento Contravencional).

En consecuencia, la actuación de la autoridad preventora ha violado claros preceptos constitucionales (artículo 13 incisos 4 y 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Y de allí, que, en concordancia con la doctrina del fruto del árbol envenenado recogida por el artículo 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe decretarse la nulidad de todo lo actuado en la causa bajo examen. Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira.
Reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, sentencia firme, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FONZALIDA, DIEGO ROBERTO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-02

Toda vez que la movilidad del haber del reclamante y las pautas para su reajuste ya fueron debatidas y resueltas por sentencia que quedó firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, corresponde ordenar a la A.N.Se.S. proceda a abonar al actor el nuevo haber recalculado conforme las pautas establecidas en dicho pronunciamiento. La resolución contraria implicaría una lisa vulneración de tal principio, poniendo en juego a su vez garantías y principios constitucionales (cfr. C.S.J.N., sent. del 18.09.90, "Caballero, Ismael y otros" y sent. del 29.10.91, "Ferrer Martínez, J. L. c/ Minetti, J. y Cía. Ltda. S.A.").
Medidas autosatisfactivas, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Martínez, Andrés Sebastián s/ Medida Autosatisfactiva - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-11-26

El Tribunal de alzada decide confirmar el decisorio de primera instancia que hizo lugar a la medida autosatisfactiva reclamada por el actor, en virtud de lo dispuesto por el art. 68 de la ley 24.449.

Conforme surge de la redacción de la norma citada, a la compañía aseguradora, que por tales motivos tuviera que abonar dichos gastos, le otorga la posibilidad de lograr el resarcimiento de lo que hubiese pagado por ese concepto, a través de un proceso contradictorio posterior, dado que las erogaciones efectuadas se realizan sin perjuicio de los derechos que puedan hacerse valer luego.

Así entonces, la sentencia impugnada no se pronuncia sobre la responsabilidad que pudiera caber a los participantes en el accidente de tránsito, avocándose y resolviendo, exclusivamente, lo reclamado en la medida solicitada. En consecuencia, la invocada indefensión no se toma definitiva e irreparable, al no concurrir el requisito de definitividad que exige el art. 4º de la ley 2275.
Daños y perjuicios, responsabilidad del vendedor, responsabilidad del fabricante, bloqueo de teléfono celular, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Núñez, Ramona del Valle c/ Frávega SACIEI y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-21

Corresponde condenar al vendedor y al fabricante por los daños y perjuicios ocasionados a una consumidora como consecuencia del bloqueo, por la denuncia de un tercero, de su teléfono celular que había adquirido en el local de una de las demandadas, dado que quien adquiere un teléfono celular lo hace para utilizarlo con todas sus funciones disponibles, y si un teléfono celular no puede utilizarse en una función tan esencial como es la de realizar llamadas, resulta evidente que existe una falta de correspondencia entre lo vendido y lo entregado, en los términos del art. 11 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Competencia, servicio telefónico, guías telefónicas, competencia contencioso administrativa, competencia federal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARRIDO G. c/ E.N.TEL. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-26

El tratamiento de las causas en las que se reclama la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la falta de debida figuración en la guía telefónica confeccionada por e.N.Tel., Corresponde a la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal, pues la relación que se constituye entre el usuario y aquélla, es de carácter predominantemente administrativo.-
Locación, locación de inmuebles, fianza, responsabilidad del fiador, responsabilidad del locatario
Materia: CIVIL
Carátula: Vizcarra, Cristina Maria c/ Nicita, Carlos Antonio s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Cuando el locador no ha colocado a su inquilino en situación de retención indebida, de conformidad a lo establecido por el art. 1622 del Código Civil, interpretado a la luz de las previsiones del art. 1582 bis del citado cuerpo normativo, la locación concluida continuará en los mismos términos hasta que aquél requiera la devolución de la cosa, pero sin la garantía del fiador que se habrá extinguido a la finalización del contrato original por el que el mismo se obligara.
Estatuto del Docente, remuneración, adicionales de remuneración, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Rafael Antonio y otros c/ Consejo Nacional de Educación Técnica s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

El Estatuto del Docente aprobado por la ley 14.473 determina una base de cálculo específica y descarta la inclusión de cualquier otra adicional, suplemento o beneficio, más allá del carácter remuneratorio que éstos importen, y no asegura que, inexorablemente, la bonificación por antigüedad debe resultar del total de la remuneración que percibe el docente.
Tribunal colegiado, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: D. R. R. Y. O. s/ HOMICIDIO Y OTROS DELITOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-22

Al respecto se debe tener en cuenta que, a tenor de la normativa vigente, los nuevos jueces podrán ser recusados dentro de los tres días del acto de su juramento (arts. 14 CPCC-TC y art. 4 CPP-TC). De ello se sigue que, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, la integración de la Sala con el nuevo magistrado designado no debía ser objeto de una comunicación particular a las partes, cuya omisión justifique el alegado vicio en el procedimiento previo al dictado de la resolución que se impugna (cfr. CSJTuc., sentencia N° 1064 del 03/11/2008).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Jubilaciones, cargo, recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PUJATO, MARIA ELENA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 389-86 MUSURUANA, ELEODORO ANIBAL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 582-86 BRONZINI, DOMINGO OSVALDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 209-87 ROIG CIVALLERO, RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION GIANOTTI, HORTENCIA MARIA COPES DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 555-86 LOPEZ GONZALEZ, LUIS ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 100-86 FERNANDEZ, NARCISO FLORENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 224-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-07-05|1989-12-28|1990-06-05|1990-09-05|1990-03-14|1990-03-14|1990-04-26

Corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado, si la Caja prescindió en un momento dado, del cargo reconocido a la recurrente, partiendo de una correlativa categoría y siguiendo luego la determinación del haber en base a ésta, desvinculando el monto del beneficio previsional de las actividades, de las funciones propias del cargo por aquélla desempeñado, con desconocimiento de la real trascendencia de su tarea como activo.