marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Rozas, Edilio Melchor c/ Iberia Construcciones S. A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-06-29

El tema de la competencia se determina en atención a la naturaleza de la acción deducida, el caso no se trata de un recurso en contra de una resolución de la comisión médica, artículo 46 de la ley 24557, el accionante no recurrió tal dictamen, sino que inició acción común por el artículo 1113 del Código Civil y siendo que a fin de determinar la competencia debe estarse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en tanto se adecue a ello el derecho invocado como fundamento de su pretensión, ello conduce a concluir que el enmarque del caso es en el artículo 1 del Código Procesal Laboral, es decir sobre la competencia de la justicia provincial del trabajo.
Contratos, consentimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Modestino Jaime c/ Rojas Rodriguez, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

No hay contrato médico, ni contrato alguno -salvo ciertos supuestos de pequeños contratos- si el consentimiento de uno de los contratantes esta viciado o, mejor dicho, no existe, por la total falta de aptitud para negociar por sí de este sujeto, carente de capacidad por su estado de debilidad mental (arts. 31, 52, 1041, 1042, 1160 y concs. del CC). Empero, sabido es que si el contrato es celebrado por el representante del incapaz, el mismo es válido.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boehringer, Ingelheim S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 10.581 y dec. reg. 367/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Se admite la procedencia del remedio precautorio de suspensión de los efectos de una ley, ordenanza, decreto o reglamento impugnados mediante la demanda de inconstitucionalidad teniendo en consideración la previsibilidad de que diversos actos se tornasen inválidos, por encontrarse apoyados en una norma carente de sustento constitucional, si se juzgase procedente la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defensa en juicio, gravamen irreparable, nulidad procesal, pago, embargo, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanque,  Emilio c/ Alicia RutPenayo  s/  juicio  ejecutivo' s/ incidente de nulidad" expte. nº5527/2000  -Sala tercera Cámara de Apelaciones Civil y Comercial s/ recurso  de queja por recursos denegados en autos:  "Penayo  Alicia Rut  e/a: 'Blanque, Emilio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la diligencia de intimación de pago y embargo, pues al declarar el derecho que rige el caso, con sustento en constancias fácticas ajenas a la causa -ya que se hizo erróneamente alusión al incidente de nulidad interpuesto en otros autos- el a quo violentó la garantía de la defensa en juicio y provocó un agravio de insusceptible reparación ulterior.
Derecho laboral, competencia laboral, enfermedad profesional, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Patronal Seguros S.A. c/ Krespien María Anatilde s/ Consignación, Expte. Nº 1427/SL; y Krespien, María Anatilde (por sí y en representación de su hijo) c/ Jorge Barel S.A. y otra s/ Enfermedad profesional, Expte. Nº 1427/SL Bis c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

El Juez que mejor está en condiciones para juzgar en una causa es el del lugar donde ocurrieron los hechos, es el que mejor cumple con los principios de inmediación y de concentración. En concreto: la pauta para determinar la competencia territorial debe ser el lugar del hecho, y el lugar del hecho es donde se trabajó y no otro, de lo contrario se viola la garantía del Juez Natural (Voto Welp. Adhesión Romero)
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gleizer, Carlos Enrique c/ Mussa, Marcela Laura y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

De la definición abstracta del cheque de pago diferido, no contempla, como no lo hace ninguna otra disposición normativa, el supuesto que el librador, al confeccionar el cheque, ordene al banco su pago inmediato. No le está vedado al titular de la cuenta, restringir su derecho al pago diferido, ya que los fondos de su propiedad se encuentran en una única cuenta bancaria; y es así entendido por el banco, que procedería a pagar la libranza sin más escrúpulos, de no mediar la contraorden del emisor, como se hace constar en el dorso del documento Entonces, la excepción de inhabilidad que trae el ejecutado es expresión de su propia torpeza, sin que la contraorden de pago, se justifique por alguna razón válida, y no satisface sino una teórica legalidad, en pugna con la buena fe que debe presidir toda transacción comercial y la emisión de las ordenes de pago (arts. 791; 793 Cód. Com.; 54; 65 ley 24.452).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crespo, Eduardo Horacio c/ Di Cianni, Claudio Mario s/ Suc. Daños y perjuicios Marín, Carlos Enrique c/ Aranda, Rubén C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20|1992-04-07

Para descalificar un fallo por absurdo es necesario realizar un juicio crítico de las motivaciones desarrolladas por el sentenciante, y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, palmario y fundamental.
Excarcelación, monto de la pena, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, derechos y garantías constitucionales, juicio previo, reincidencia, antecedentes penales, condena anterior
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MERRES, LAURA AIDA-MALAMUT, E. S. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de excarcelación de Laura Aída Merres.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-02

1 - La excarcelación de la imputada no resulta procedente en virtud de las penas conminadas para el delito que se le atribuye y que ante la eventualidad de recaer una sentencia condenatoria esta no sería susceptible de ejecución condicional (Art. 26 del CP, a contrario sensu, y Art. 863, 866 y 871 CA) (Del voto del Dr. Bonzón).- 2 - (Además de que en virtud de las penas conminadas para el delito que se le atribuye y que ante la eventualidad de recaer una sentencia condenatoria esta no sería susceptible de ejecución condicional), la excarcelación de la imputada no resulta procedente en tanto existen en el caso razones que autorizan a presumir que, de ser excarcelada, intentaría eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación (Del voto del Dr. Repetto, adhiriendo al voto del Dr. Bonzón).- 3 - La Constitución Nacional establece que nadie puede ser penado sin juicio previo (Art. 18) y resulta evidente que el único encarcelamiento que cabe disponer antes de que tenga lugar un juicio es el que obedece a razones de cautela; el Art. 319 del CPP conduce a excluir la privación de libertad si no concurren esa clase de razones y el Art. 18 CN constituye una valla infranqueable para que la prisión preventiva se imponga como regla general, lo que esta establecido también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9, p. 3), ratificado por Ley 23313, y por la Convención Constituyente en 1994 (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 4 - Si bien es cierto que el Art. 319 del CPP menciona la posibilidad de la declaración de reincidencia como uno de los factores que autorizan a denegar la excarcelación, resulta del contexto de la misma norma que se trata de una pauta más a ponderar en función de las razones cautelares que la inspiran, y en tanto la solicitante, quien registra en sus antecedentes una condena anterior, no registra ninguna declaración de rebeldía, lo cual unido a la existencia de un proceso anterior, es indicativo de que se sometió a la acción de la justicia, y considerando que la ley procesal contempla otras medidas para asegurar la comparencia del imputado (Art. 310 del CPP) y las cauciones previstas para asegurar que cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Tribunal (Art. 320 del CPP), corresponde revocar la denegación a su pedido de excarcelación (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, fundamentos insuficientes, sentencia, remisión a otro fallo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CARBAJAL, DAMIAN ADOLFO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

Si bien esta Corte ha admitido la suficiencia de motivación -en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial- de los fundamentos vertidos en otro fallo análogo al que se resuelve, afirmando que integra la argumentación de la sentencia el antecedente del mismo Tribunal al cual éste se refiere, la remisión que aquí formula la Cámara a las consideraciones vertidas en otra causa no está seguida de las contingencias de hecho y procesales de la controversia ni da respuesta alguna a los agravios del apelante, de manera tal de poder trazar la analogía pretendida, incurriendo en un exceso en los alcances de la litis contestatio y ello per se le resta validez constitucional a la argumentación per relationem propuesta por la Sala. - CITAS: CSJStaFe: Cáceres, AyS T 280, p 334. - Jurisprudencia concordante con Ojeda, AyS T 280, p 313/322.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Poletti Silvia c/ Distéfano Victorio s/ Incidente art.250
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

La prueba producida resulta insuficiente, tratándose de dos profesionales del derecho, en tanto se ha omitido la prueba esencial para tal supuesto, como la constituye el informe del Colegio de Abogados sobre antigüedad en el ejercicio de su actividad y promediación de liquidaciones que en concepto de honorarios constaren en la respectiva caja previsional, debido a que ante casos en los cuales la carencia de recursos resulta de tan fácil comprobación- si ésta existiese - la exigencia de dicha prueba reviste el carácter de ineludible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, tribunal de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nanclares Enrique A. Y sus acumulados Ministerio de Hacienda; Dirección de Rentas; Rinden cuentas gastos varios 1953 s/ Recurso directo (Libro: S066-137) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-11-18

Cuadra excluir del recurso de inconstitucionalidad el punto relativo a las facultades del Tribunal de Cuentas, para discutir la naturaleza del gasto, en el aspecto vinculado a las disposiciones comunes de la ley 1003. Las cuestiones de derecho común, no están sujetas al recurso de inconstitucionalidad.
Mandato, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: ARAOZ, RICARDO c/ MARTIN, NANCY s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

La representación voluntaria se halla jurídicamente regulada por las disposiciones atinentes al contrato de mandato, en tanto ellas no se opongan a las contenidas en las leyes procesales. En el orden nacional, la ley 10.996 determina quienes se hallan habilitados para ejercerla, limitando la facultad de delegar el ejercicio del derecho de postulación procesal. Su art. 1 establece, como principio general, que la representación voluntaria sólo podrá ser ejercitada por los abogados, procuradores y escribanos inscriptos en la matrícula correspondiente y por los que ejerzan una representación legal. En su art. 15 se hallan las excepciones a dicho principio:

las personas de familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad y los mandatarios generales con facultad de administrar, respecto de los actos de administración.

Toda vez que la defensa planteada al cobro de un crédito hipotecario no puede considerarse como un acto de administración, la aludida excepción contenida en el mentado art. 15, segunda parte no rige en esta clase de juicios, cabiendo concluir en que la representación invocada por el apoderado de la demandada no es suficiente para estar en juicio, por lo que cabe hacer lugar a la excepción de falta de personería opuesta por la actora.
Juicio de apremio, impuestos, exenciones impositivas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Guerrero, María Josefina s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Si la Dirección Provincial de Rentas, a través de instrumentos emanados del funcionario competente en la órbita propia de sus atribuciones, determinó la exención del gravamen en cuestión, teniendo a su alcance los datos y elementos para la determinación del tributo, y no advirtiéndose que haya mediado dolo o culpa del contribuyente en la exactitud de los datos suministrados en el trámite de liberación, no cabe sino concluir en que se ajusta a derecho el acogimiento de la defensa y el consecuente rechazo de la acción intentada, desde que las consecuencias por eventuales errores ocurridos en sede administrativa en la determinación y/o percepción del impuesto, sólo a ella son imputables y no pueden recaer sobre el contribuyente de buena fe no responsable, quien de lo contrario resultaría permanentemente amenazado por sus obligaciones tributarias.
Insuficiencia del agravio, inadmisibilidad formal, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Expte. Nº 72-STJ-2.012 - Fernández, Maximiliano Daniel S/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en Autos: "Expte. Nº 11.431/ 2.010 Bis 1/2.011 - Fernández, Maximiliano Daniel C/ Negrete, Fabián Alberto S/ Incidente de Nulidad de Notificación" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-14

Resulta insuficiente el escrito recursivo -arts. 296 y 297 del C. P. C. y C.- por lo que debe declararse formalmente inadmisible el recurso extraordinario, dado que ante la alusión de quebrantamiento de garantías constitucionales y arbitrariedad, el quejoso sólo expresa mera discrepancia con la opinión de los juzgadores de la instancia inferior, pretendiendo un reexamen sobre la interpretación de cuestiones fáctico probatoria, que han sido tenidas en cuenta por los jueces conforme a su sana crítica y normas legales que consideraron adecuadas al caso al momento de fallar, encontrándose suficientemente fundamentada, y no se advierte la transgresión de principios constitucionales, como tampoco la calificación de arbitrariedad de sentencia que el impugnante le enrostra. (del voto por su fundamento de la Dra. Niveyro)
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, potestad tarifaria, obligación tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

Del régimen autónomo consagrado en el art. 129 CN, y de las potestades legislativas en materia fiscal y tributaria reconocidas a la Legislatura porteña en los arts. 80 inc. 2 y 81 inc. 9 CCABA, se desprende que la Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación previsto en el artículo 75, inc. 2, de la Constitución Nacional, pudiendo regular tanto lo relativo al nacimiento de la obligación tributaria, como a su régimen de cumplimiento y a su exigibilidad, entre otros factores. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Cesantía, jueces, funcionarios judiciales, decretos provinciales, fallos de la Corte Suprema, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lindow de Anguio, Isabel c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-03

Cabe dejar sin efecto la sentencia del superior tribunal local que rechazó la acción dirigida a impugnar el decreto mediante el cual se dispuso el cese en funciones de magistrados y funcionarios judiciales, dada la errónea invocación de precedentes de la Corte realizada en el voto que hizo mayoría para fundamentar, pues la disparidad fáctica puesta de manifiesto no es una circunstancia que pueda soslayarse y que, en cambio, debe ser subrayada, cuando como en el caso la sentencia recurrida hace pie en la autoridad de precedentes de la Corte Suprema expresamente invocados para fundar su decisión, y que son claramente inaplicables.
Policía judicial, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUAREZ, JESUS ALBERTO Y OTROS s/ RECONOCIMIENTO DE PERSONAS - POLICIA JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-03

La policía judicial se halla facultada para practicar reconocimiento fotográficos (C.P.P., art. 190) como actividad propia de la policía científica y medida inicial de investigación, exhibiendo a las víctimas y a testigos de los hechos, fotografías de sus archivos con el propósito de individualizar a los posibles culpables, que no estén presentes y no puedan ser habidos. Privar a la policía de dicha atribución, sería limitar a la policía más allá de lo tolerable exponiéndola al riesgo de su fracaso institucional.
Rechazo de la demanda, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Yañez Riveros, Graciela del Carmen c/ Empresa   de  Transp.  Microómnibus  Sáenz  Peña    S.R.L.    y  otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Cuando se rechaza la demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de lo reclamado, sin distinguir entre los ítems que podrían o no haber prosperado.
Suspensión por falta o disminución de trabajo, teoría de la imprevisión
Materia: LABORAL
Carátula: DOMENICALE, LILIANA BEATRIZ c/ ESTABLECIMIENTOS TEXTILES SAN ANDRES SACI. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29

La falta de trabajo prevista en el artículo 219 del RCT. (to.) como justa causa de suspensión consiste en una situación de excesiva onerosidad sobreviniente que determina que pierda utilidad para el empleador la prestación que recibe de los trabajadores, pero no que sea imposible su cumplimiento; lo que constituye una traducción al ámbito laboral de la situación contemplada por el artículo 1198, segundo apartado del Código Civil.
Recurso de apelación (procesal), inapelabilidad en razón del monto, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, M. c/ LA SUDAMERICANA CONST. INMOBILIARIA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

La "ratio legis" del artículo 242 del Código Procesal consiste en limitar la intervenciones del Tribunal de Alzada, en consideración a la importancia económica de las causas, a partir del valor cuestionado en ellas, el cual constituye un límite para la apelación atendiendo no sólo al monto debatido en el proceso, sino, en su caso, al controvertido en el recurso intentado. Por lo tanto, al tratarse de una incidencia, no adquiere relevancia el monto del proceso principal, sino la cifra comprometida en el planteo.-
Contrato de trabajo a plazo fijo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GONZÁLEZ, DIEGO HERNÁN c/ SEAC S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-08

Cabe entender que el contrato de trabajo a plazo fijo fue por tiempo indeterminado, toda vez que el período de prueba no rige en aquél tipo contractual, y el mismo debe ser interpretado a favor del trabajador, conforme lo dispuesto en el art. 9º de la LCT
Estafa, secreto bancario, tecnología financiera
Materia: FINANZAS-PROCESAL
Carátula: Gatica, S. c/  s/ nulidad y competencia - estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-28

Corresponde declarar la nulidad de los requerimientos de información formulados a distintas empresas de tecnología financiera en el marco de una causa por estafa, por no estar precedidos de una orden expresa del magistrado, habida cuenta que las entidades comprendidas la Ley 21.526 no pueden informar las operaciones pasivas que realicen y solo una orden judicial puede ordenar que se revele el secreto financiero. Cabe destacar que las plataformas de tecnología financiera almacenan información sensible de los usuarios, quienes esperan un manejo seguro y confidencial de su información financiera en idénticos términos que lo hacen respecto de una entidad bancaria y, en consecuencia, el acceso a esos datos debe estar sujeto a las mismas restricciones y condiciones de relevamiento que las aplicables a las entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.
Estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, calificación legal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Schmidt, Ariel G. s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

El tipo penal que prohibe al acopio de estupefacientes es aplicable cuando permite valorar que obedece al designio de perpetrar alguna de las conductas que prevé la ley en los restantes tipos penales, y, en particular, la de tráfico.

La tenencia de un total de 271,40 grs. de marihuana, escondida en distintas partes de un inmueble, donde también se hallaron dos balanzas, hacen presumir actividades de tráfico, aún no realizadas o no suficientemente acreditadas, y crean un peligro concreto de trascendencia a terceros, correspondiendo adecuar tal conducta en el artículo 2, inciso c) de la Ley 20.771 por ser más benigna, en el delito de almacenamiento, que la establecida en la Ley 23.737 (artículo 2 del C.P. ).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, inconstitucionalidad, leyes, decretos, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez,   Manuel   Alberto  y  otra c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

La inconstitucionalidad de las leyes y decretos constituye una típica cuestión federal.
Interdictos posesorios, interdicto de recobrar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Merk Química Argentina S.A. c/ Gobierno de la Nación s/ Interdicto #TIPO_TRIBUNAL: CS c/ Gobierno de la Nación s/ Interdicto #TIPO_TRIBUNAL: CS c/ Gobierno de la Nación s/ Interdicto s/ Interdicto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1948-06-09

Puesto que únicamente el P.E. en actos propios del ejercicio de sus privativos poderes de guerra es el que tuvo atribuciones para decidir sobre la calificación de la propiedad de la recurrente como enemiga, el grado de vinculación o dependencia que podía mantener con los países en guerra, la efectividad o gravedad que pudiera importar la penetración económica del enemigo, la eventualidad de proyectar la guerra sobre ese campo y la conveniencia o necesidad de la vigilancia, control, incautación y disposición definitiva de los bienes, como también en la necesidad y urgencia de proceder en tal forma en la oportunidad que respectivamente adoptó cada una de esas medidas, todo ello, sin obligación de recurrir previamente a los estrados judiciales o sin tener que afrontar ante estos últimos juicios de responsabilidad civil propia o de la Nación por la comisión de aquellos actos, procede rechazar el interdicto de recobrar la posesión promovido por una sociedad calificada por el P E. como enemiga para obtener que se deje sin efecto la ocupación de sus bienes efectuada de acuerdo con lo resuelto por aquél. Ello, sin perjuicio de que firmada la paz definitiva, pueda la recurrente intentar las acciones judiciales que crea convenientes para reducir a sus justos límites los efectos producidos.