Juicio ejecutivo, cesión de acciones, nulidad absoluta, fallos de la Corte Suprema, incapaces de derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Mentz, Luis Fernando c/ Castaño, Esteban Alejandro s/ X* cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-24

El actor ejecutante ...y su letrado patrocinante en esta causa, adjuntaron escritura pública nº ... manifestando que el ha cedido la totalidad de los derechos y acciones litigiosos de la presente Litis a su abogado patrocinante y que ello fue notificado a la contraria por Carta Documento. Corrido traslado al accionado de la cesión de acciones y derechos litigiosos de autos, C. la contestó oponiéndose a la misma a tenor de lo dispuesto en el art. 59 del C.P.C.y C.. solicitando además la nulidad absoluta de la cesión por encontrarse prohibida según el art. 1361 inc. 6) del C.C. Pues bien, tal como señalara la sra. Jueza el art. 1361 del antiguo C. C. establecía que "...Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona .1), 2), 3), 4), 5), 6) a los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores, escribanos y tasadores, de los bienes que estuvieren en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen o hubiesen ejercido su respectivo ministerio...". Y el art. 1442 del mismo cuerpo legal establecía que "...Tampoco puede haber cesión a los administradores de establecimientos públicos, de corporaciones civiles y religiosas, de créditos contra estos establecimientos ni a los administradores particulares o comisionados de créditos de sus mandantes o comitentes; ni se puede hacer cesión a los abogados o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza deducidas en los procesos en que ejercieren o hubiesen ejercido sus oficios, ni a los demás funcionarios de la administración de justicia de acciones judiciales de cualquier naturaleza que fuesen de la competencia del juzgado o tribunal en que sirviesen...". -...- En lo que refiere a las consecuencias de un acto celebrado en contra de tales prohibiciones, - y pese a las opiniones doctrinarias enunciadas por el recurrente -, debemos recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia en Sentencia Nº 747 del 01 / 10 / 10, dictada en la causa "Ingenio Aguilares SA S/ Quiebra" dijo que : "...Las prohibiciones sobre compra y cesión establecidas en el art. 1361 y 1442 del Cód. Civil determinan una nulidad absoluta, la que puede ser declarada de oficio. Que para que un derecho sea litigioso basta que sea de naturaleza tal que pueda ser contestado con algún fundamento, no siendo necesario que se haya deducido ya una contestación sobre el fondo del derecho. Que son bienes litigiosos, tanto los pertenecientes a una testamentaría como los de un juicio contradictorio, con tal que existan bienes o derechos en litigio, desde que en uno y otro caso militan los mismos principios de orden público que fundamentan la prohibición legal (LL, T. 14, 691, ver también Jur. de Tucumán, t. 9, p. 197, núm. 2866). En igual sentido se pronunció el Dr. Spota según lo visto en el punto anterior...". -Este fallo de nuestro más Alto Tribunal provincial reiteró la doctrina establecida en el precedente "Zelarayán de Serrano, Josefa contra Gutiérrez Armando" del 21 / 6 / 1938, expresado que no obstante las décadas transcurridas debía mantenerse y reiterarse la solución allí propuesta pues "... La sentencia de esta CSJTuc ut supra citada (LL T. 14, 691) expresó además que la nulidad es absoluta sin distinguir entre jueces y auxiliares de la justicia. Que los que sustentan la nulidad relativa (Segovia, Machado) olvidan ese fundamento de la norma legal -razones de moral judicial y por ende de orden público- : Los magistrados judiciales y demás funcionarios judiciales "deben -decía Goyena- tranquilizar a las familias por sus luces y virtudes, no alarmarlas con negociaciones hostiles e interesadas", no deben aprovechar del "estado miserable del vendedor", estado que, por razón de sus funciones "pueden conocer más a fondo". Y lo que se dice de esos magistrados y funcionarios también corresponde aseverarlo con respecto a abogados, procuradores, peritos, inventariadores, poniéndose así como a abusos repudiables. Que la tesis intermedia que distingue entre jueces, fiscales, etc. y los abogados, procuradores, etc. por la otra parte, no tiene en cuenta que la justicia para que resulte rectamente administrada no sólo requiere que la magistratura judicial esté libre de toda sospecha sobre la corrección de los actos sino que también ello ocurre con los auxiliares de la justicia. Que no sólo está comprendido en interés privado sino el general. Con igual criterio, se dijo que: "Las prohibiciones establecidas en los arts. 1442 y 1361 inc. 6° del Cód. Civil, y las restantes de ambos preceptos, apuntan a preservar la rectitud en el desempeño de las actividades vinculadas con el manejo de los intereses ajenos, evitando la tentación del aprovechamiento ilegítimo que la confianza y los conocimientos sobre determinados asuntos confieren a quienes representan o patrocinan intereses de otros. La prohibición alcanza a toda clase de asuntos judiciales en tanto se trate de acciones ya iniciadas, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y la virtualidad del proceso en que se intentan, sea voluntario o contencioso, ordinario, sumario, sucesorio o ejecutivo y sean o no litigiosos los derechos involucrados" (cfr. Borda, "Tratado de Derecho Civil-Contratos", t. I, pág. 385, Ed. Perrot, 1974; ídem, Salvat, "Tratado...Contratos", t. I, núms. 644 y sigts.; ídem, Rezzónico, "Contratos", t. l, pág. 539, Ed. Depalma, 1967, etc.) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, en sentencia de fecha 22/4/1991; Loioco, Eduardo A. c. Kozameh, José O., LL 1991-D, 481 - DJ 1991-2, pág. 830)...". Tal como resaltara nuestro máximo Tribunal, "...Se trata de una incapacidad de derecho que trae aparejada una hipótesis de nulidad absoluta, que puede y debe ser declarada de oficio aún cuando no medie petición del supuesto afectado dados los fundamentos que determinan la consagración de la invalidez -arts. 1043 y 1047 del Cód. Civil- (cfr. Llambías, "Código Civil anotado", t. III-B, pág. 34, Ed. Perrot, 1985; ídem LA LEY, 34-728; etc.)...". DRES.: COURTADE - FAJRE.