marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, Poder Judicial, independencia del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grieben, Héctor y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

La garantía del art. 96 de la Constitución Nacional) no crea ningún privilegio a favor de los magistrados, puesto que se trata de una cláusula que en verdad está dada para garantía de los administrados, puesto que de esa forma se podrá obtener un Poder Judicial totalmente independiente y libre de presiones, para que cumpla así debida y correctamente con su función de dar a cada uno lo suyo.
Sentencia, homicidio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ACUÑA, GERARDO Y OTRO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-06

La fundamentación de las resoluciones (art. 155 Const. Pcial., arts. 130 y 417, inc. 4to. C.P.P.) requiere la concurrencia de dos condiciones. Por un lado, debe consignarse, expresamente, el material probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba. Por el otro, es preciso que éstas sean meritadas tratando de demostrar su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se admiten en el fallo.

Ambos aspectos deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse que la sentencia se encuentra motivada. Cualquiera de ellos que falte (tanto el descriptivo como el intelectivo) lo privará de la debida fundamentación.

Además, el segundo requisito requiere, para que la fundamentación de la sentencia sea válida, no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en prueba de valor decisivo sino también que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica (principio de identidad, de no contradicción, tercero excluido y razón suficiente) la psicología y la experiencia común.

Si, en el caso, el tribunal de juicio para tener por acreditada la intención homicida del acusado enuncia y merita, testimonios de los cuales surgiría una amenaza, consistente en daño inmediato y cierto, no,el dolo homicida y menos a qué título de dolo se lo condena.

La expresión "lo vamos a hacer ca..." que se atribuye al encartado es en la jerga popular, onmicomprensiva de varios resultados en sí mismo indeterminados e indefinidos, posibilidad que no debe, por ello mismo, ser cubierta exclusivamente con la intención homicida porque también cabe en ella sólo la intención de lesionar.

De esta forma, las razones que habrían abonado la conclusión a la que arriba el Tribunal de sentencia, circunscriptas a la finalidad con la que el imputado hiere a la víctima, quedaron reservadas a la intimidad de la conciencia de los juzgadores. Por lo que la sentencia carece de fundamentación. (Voto en disidencia del Dr.

Petitto).-
Daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERA Luisa Victoria c/ Polizotto Andrea del Valle s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-16

Se puede afirmar que la indemnización debe establecerse no sólo en función de la capacidad futura de la víctima, sino de todas las actividades del sujeto y de la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad, debiéndose resarcir tanto la aptitud laborativa, como la genérica comprensiva de toda la vida en relación del damnificado, razón por la cual para su determinación no existen pautas fijas, ya que se trata de circunstancias de hecho libradas al prudente análisis judicial.

Se debe, en primer término, tomar como parámetro no la vida útil sino la edad jubilatoria y, en segundo lugar, ponderarse la concreta incidencia que las secuelas puedan tener sobre la víctima, según la entidad de las mismas y las circunstancias personales y sociales en que se desenvuelve su vida, como los valores fijados para casos similares.

En consecuencia, la indemnización otorgada en concepto de incapacidad sobreviniente a favor de la actora que resultó lesionada como consecuencia del siniestro (fractura de tobillo izquierdo), debe ser disminuida -en el caso, se otorgó la suma de $35.000-, teniendo en cuenta que los porcentajes de incapacidad establecidos por el perito médico (30% parcial y permanente) sólo son pautas orientadoras, y que la damnificada tenía 63 años al momento del accidente, casada, y que continuó trabajando en el mismo lugar (maxi kiosco), no obstante que las molestias que le pudo causar la fractura, al haberse consentido el rechazo del rubro "lucro cesante", por lo que propongo que se fije en la suma de $6.000.
Policía, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Velazco, Omar Ramón c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

A los fines de obtener el pago de una bonificación especial cualquiera que ella sea, es menester que el empleado policial se encuentre en las condiciones que fija la norma, no pudiendo pretender se le abone un título que no sea de aquellos que la reglamentación establece, ni que le sea otorgado un adicional por una tarea que no cumple.
Extradición, menores
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Quiñones de La Cruz, Néstor Pedro  c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

Es improcedente rechazar la extradición solicitada por la República de Perú con sustento en que ello implicaría un perjuicio para los hijos menores del requerido, pues ni el tratado internacional aplicable al caso, ni la ley nacional, prevén como impedimento para concederla que aquél tenga una familia con hijos menores de edad, máxime si se tiene en consideración que -en el caso- quedarían al cuidado de su pareja. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Regulación de honorarios, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C. c/  s/ honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "A., C. s/ honorarios" (Causa n° 75.581/2016) resuelta el 22/3/19 donde Mariano Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Mauro Divito confirmaron el auto del juez de la instancia de origen que rechazó el pedido de regulación de honorarios.
Relación de dependencia, prueba, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Feresín, Eduardo Antonio c/ Transporte Alasia y/o quien resulte responsable s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-31

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien se agravia con el fundamento de no haberse acreditado que hubiera existido una relación o contrato de trabajo entre las partes. Ello así, ya que conforme doctrina judicial sentada por el Superior Tribunal de Justicia y recientemente reiterado en autos:

"Mato, Jesús Luis C/Fernández, Miguel Angel y otros s/Cobro de Haberes", Expte. N. 42.881/97, no basta que el actor pruebe el hecho de la prestación de servicios, para hacer jugar la presunción emanada del art.23 de la L.C.T. (20744), sino que también es preciso demostrar el carácter de dependencia esto es, que fue dirigido.

Repárese que este reciente pronunciamiento, pone en evidencia que a despecho de lo afirmado por el recurrente, esta interpretación jurisprudencial, no sólo no se encuentra superada por otra mas reciente, por lo menos en nuestro ámbito local, sino que inclusive remite a la Sentencia N. 146 del 31/05/95, que dictado en el marco de un recurso de inaplicabilidad de ley, impone su inexcusable acatamiento. Estimo entonces que el hecho de la prestación de servicios por parte del actor, no autoriza, sin mas, la aplicación de la presunción establecida en el art.23 de la Ley 20744, conforme lo pretende la apelante.
Derecho procesal, facultades del juez, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: PELUC DE LARGACHA MIRNA H. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA-SUMARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

"es facultad del tribunal examinar y aun desechar los dictámenes periciales, aunque las partes no los hubiesen impugnado. El hecho de que las partes no hayan impugnado un informe pericial, no es razón para que sus conclusiones sean aceptadas por la justicia, puesto que ello importaría erigir al perito en juez. El dictamen pericial constituye un elemento de juicio que el magistrado debe apreciar con prescindencia de toda sugerencia de partes y con sujeción total a su propio valor convictivo y su cotejo con las restantes probanzas.
Inadmisibilidad del recurso, confirmación de sentencia, asociación ilícita, compraventa inmobiliaria, defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, estelionato, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Bellatore, M. R. y otros c/  s/ Nulidad, procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-30

No cabe hacer lugar a las apelaciones deducidas, confirmando en consecuencia lo dispuesto por el a quo, respecto de las siete personas procesadas por integrar una asociación criminal con el objeto de cometer maniobras defraudatorias vinculadas a la compraventa de inmuebles, pues la asociación delictiva fue conformada como una organización estructural con estabilidad en el tiempo y en la que cada uno de sus miembros actuó mancomunadamente, con relación de reciprocidad y uniformidad para lograr el éxito de esas maniobras.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestiones procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Kosinski, Silvia C. c/ Instituto Privado Parish Robertson y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

El recurso extraordinario de nulidad resulta inadmisible desde que los agravios expuestos no se sustentan en el contenido normativo de los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia, sino que a través del mismo el recurrente persigue la nulidad de la sentencia por supuestos vicios de procedimiento anteriores a su dictado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio oral, principio de adquisición, robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Meonis, Eduardo Javier s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-08

Es procedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 277 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) y 166 inc. 2 del Código Penal alegando la defensa que no se acreditó que en el hecho se utilizaran armas, sino que fue cometido mediante intimación con un objeto que presentaba apariencias de arma de fuego y que al resolver lo contrario, se ha invertido la carga de la prueba, pues la Cámara dio por probado que el procesado portaba "en apariencia" un arma de fuego, y al momento de calificar el hecho lo encuadró en el art. 166 inc. 2 del Código penal fundándolo en que no existían constancias de que dicha arma no fuera propia y apta para el disparo, pues de tal modo transgredió las normas cuya transgresión se denuncia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Cuenca, Pedro Marcelo; Ondicola, Pedro Oscar; Brunetti, Oscar Alberto s/ Abuso de autoridad. Privación ilegal. Violación sexual calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Es insuficiente el reclamo en el que se alega la existencia de "contraindicios" si no se intenta demostrar -con el debido fundamento legal- que ellos quiten a las presunciones invocadas por la Cámara su carácter de tales y que se desvirtúe por ello la prueba compuesta en cuestión.
Concurso preventivo, verificación de créditos, crédito inadmisible, crédito laboral, viajantes de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOVIPOL SA c/ BRANDAN, DARIO. s/ CONCURSO PREVENTIVO. INC. DE VERIFIC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

No corresponde acordar operatividad al juramento previsto por la ley 14546: 11, si de la prueba producida por el incidentista no surge mínimamente acreditada la alegada condición de viajante para la concursada, argumentada por el incidentista, por lo que procede desestimar la verificación del crédito invocado.
Dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orellano, Luis Alberto c/ U.A.M. S.a.c.i.f. s/ Transferencia de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

Para que el comprador de un automotor pueda usarlo, de acuerdo a su naturaleza y destino, es indispensable que se cumplan determinadas formalidades administrativas, por lo que resulta necesaria la documentación reclamada que constituye un accesorio de la cosa vendida, que el vendedor debe entregar como una de las obligaciones principales a su cargo.
Despido, proporcionalidad de la pena, injuria laboral, antecedentes personales
Materia: LABORAL
Carátula: Villera, Rubén Alberto c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Carece de proporcionalidad la cesantía del trabajador que durante los veintidós (22) años de su desempeño para la demandada no fue objeto de sanción disciplinaria alguna si en la falta cometida que determinó su despido -y que no causó menoscabo patrimonial al empleador- no hubo mala fe por parte de aquél (art. 242, L.C.T.).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duque Juan Domingo c/ Libutti Antonio Miguel y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Carece de prioridad de paso, por más que arribe por la derecha, quién no va a cruzar la transversal sino que girará por ésta para incorporarse a su tránsito. En tal situación, el que ingresa puede hacerlo tras asegurarse que no origina riesgo para terceros (art.

57, inc. 2do., h) Ley 11430).-
Recurso de casación laboral, expresión de agravios
Materia: CIVIL
Carátula: PONCE JAVIER EDGARDO c/ LEDESMA CARLOS ALBERTO Y/U OTRO S DIFERENCIA DE HABERES s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-10

Con respecto a la suficiencia del escrito postulatorio del recurso de Casación intentado, debe bastarse a sí mismo, determinar concreta y detalladamente en qué consiste la violación de la ley, norma o dispositivo legal, con una seria y fundada crítica de los considerandos y conclusiones del fallo en crisis.
Juicio de desalojo, prescripción adquisitiva, monto del juicio, constitucionalidad, recursos, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aveldaño, Mercedes Isabel c/ Samudio de Millan, Elsa Juana s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

El principal objetivo que persigue la reforma a los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial a través de la ley 14.141 es restablecer el rol que le compete a esta Corte manteniendo el carácter extraordinario de su intervención. Tal modificación pretende no solo actualizar el monto, sino también incorporar un instrumento que permita su fijación automática en términos de valor, a fin de evitar que la ley deba ser modificada en cada oportunidad en que el mismo resulte desvirtuado por vicisitudes económicas. A esos efectos fijó el valor del litigio y el depósito previstos en los artículos citados, en relación al valor del jus arancelario. Ello no implica la actualización, reajuste o indexación que prohibe la ley 23.928 -texto según ley 25.561-, toda vez que tanto la summa gravaminis como el depósito previo, en tanto presupuestos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, no pueden considerarse comprendidos en la previsión de su art. 10, aplicable a las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Accidentes de trabajo, cómputo de intereses, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Jaque, Daniel Victoriano  c/ Experta ART S.A.  s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-16

El demandado sustenta su agravio en que la magistrada no debió estimar los intereses desde la fecha del siniestro, sin embargo, ello no es lo que surge de la sentencia. Ello así, la sentencia judicial, tiene efecto declarativo y no constitutivo de los derechos que se reconocen y, por ello, juzgo que el cómputo de los intereses no puede comenzar con la determinación por parte del órgano jurisdiccional de la incapacidad padecida por el/la damnificado/a y su consecuente derecho indemnizatorio, cuando, la definitividad de la incapacidad ha quedado determinada a partir de la intervención requerida a la comisión médica. De allí que, como regla, cuando aquélla haya intervenido, la capitalización e inicio del cálculo de los intereses de tipo moratorio deberá establecerse a dicha fecha, en rigor, a los quince días de la emisión del dictamen.
Nulidad procesal, actos y diligencias procesales, vicios del acto jurídico, impugnación de la providencia, terceros interesados, legitimación procesal, situación del imputado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Robles, Graciela del Valle s/ Causa 25.765
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Una restringida hermenéutica sobre las facultades de atacar los actos que se consideren viciados y que puedan tener influencia sobre la situación procesal de un imputado, no pueden perjudicar el derecho de un tercero que cuenta con interés legítimo en la impugnación.
Juicio ejecutivo, facultades del juez, apertura a prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ c/ BARREDO ANGEL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ EJECUTIVO POR VIA DE APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-09

En el juicio ejecutivo es facultad privativa del Juez acceder a la apertura a prueba, pudiendo prescindir validamente de la misma cuando estime que los elementos obrantes en su poder son suficientes para resolver la excepción planteada.
Corte Europea de Derechos Humanos, jurisprudencia aplicable, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, proceso penal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador c/  s/ Sentencia de Fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1997-11-12

Siguiendo los criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano ha sostenido reiteradamente a través de su jurisprudencia, que para determinar la razonabilidad del plazo dentro del cual se desarrolla el proceso deben considerarse necesariamente tres elementos, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales; requisitos que se intensifican en materia penal, donde los plazos deben comprender el procedimiento íntegro que recién finaliza con la sentencia definitiva y firme, como requisito de agotamiento de la jurisdicción.
Prestaciones de la obra social, prestadores médicos, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ SAUBIDET MARINA c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-06

Este Tribunal ha admitido excepciones al principio general en el que se asienta el régimen -el cual establece que las prestaciones deben ser brindadas por los entes obligados mediante servicios propios o contratados,  art. 6 de la ley 24.901)- disponiendo la cobertura con prestadores ajenos a la obra social, ello ha sido cuando se acreditaron en forma suficiente las especiales circunstancias que así lo justificaban (confr. esta Sala, causas 5.450/06 del 20-7-2006 y 2.179/07 del 17-5-2007) o cuando el agente de salud no tenía entre sus prestadores profesionales idóneos o instituciones adecuadas para la atención del beneficiario; de otro modo, si se admitiese la posibilidad de que éste eligiese el prestador que le resulte más conveniente sin acreditar los referidos extremos y reclamar luego los gastos que ello irroga sin limitaciones, se desnaturalizaría el sistema sobre el cual se articula el funcionamiento de las obras sociales (confr. esta Sala, causas 7.886/06 del 5-9-2006 y 11.668/09 del 10-2-2010 y sus citas, entre otras).
Policía Provincial, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J. B. P. M. S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa. c/  s/ Beneficio de litigar sin gastos V.M.E c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-16|2018-06-05

De un análisis armónico del artículo 151 de la Ley XIX N° 8 (conforme la modificación introducida por la Ley I N° 512) y la categorización realizada en la Resolución N° 1/14, queda expuesto que se pretendía abonar el adicional "dedicación especial", en un porcentaje diferente a las distintas secciones policiales que figuran en el Anexo I de esta resolución. Pues su clasificación se realizó teniendo en cuenta la población y la estadística criminal de donde se encontraban las respectivas unidades operativas. Por lo que entiendo que durante la vigencia de estas dos normas, los agentes debían reunir tres recaudos para la percepción del suplemento "dedicación especial": pertenecer a la Agrupación Comando, cumplir con las obligaciones del cargo, y encontrarse trabajando en alguna de las unidades operativas categorizadas expresamente por la Resolución N° 01/14 del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Retención indebida, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Justo Ramón s/ Robo calif. por uso armas en conc. ideal con Les.Leves-Recurso de  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-11

El bien jurídico protegido en el delito sub-examine debe ser analizado conforme al concepto penal de propiedad. En tal sentido, debe tenerse presente que la protección de la ley penal no se reduce a la propiedad en el sentido civilista de dominio, sino que aquella se extiende a la tenencia, posesión y demás derechos reales, siendo abarcativa de supuestos que otorgan poder respecto de determinados bienes, incluido el derecho de permanecer en la situación consolidada sobre los mismos, lo cual confiere atribuciones, entre ellas la de que sólo puede ser despojado legítimamente el detentador a través del ejercicio de los medios legales que el ordenamiento positivo pone a disposición de quien tuviese o invocase un mejor derecho. Esto no justifica en ningún caso la utilización de vías de hecho que, como en el presente, signifiquen conductas ilícitas penalmente tipificadas, en las cuales el aspecto subjetivo o dolo específico estuvo constituido no sólo por el desapoderamiento del bien, sino también porque este último fue sacado ilegítimamente de la esfera de disposición.
Aportes a obras sociales, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARCE, PASCUAL c/ I.N.O.S. s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

La intervención del Instituto Nac. de Obras Soc. en un procedimiento administrativo para resolver los conflictos sobre encuadramiento de los beneficiarios de las obras sociales determinando el destino de los aportes y contribuciones, no basta para atribuir su conocimiento a la justicia federal, especialmente cuando no se configuran prima facie situaciones que puedan perjudicar directamente al patrimonio estatal o traten sobre la violación a las disposiciones legales o reglamentarias por parte de las obras sociales, y el tema planteado se centra en la consideración de la prestación de los servicios médico asistenciales al personal de una empresa privada, por parte de dos sociales diferentes, una de las cuales ha demostrado - a criterio del interventor - la capacidad para cumplir con ese compromiso por lo que el tema debe ser resuelto por la Justicia Nac. del Trabajo.