Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-10


En la ciudad de Trelew, a los 10 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rúben Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "V. G., O. y otra c/ T., H. y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 20.837 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 248.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 228, concedido a fs. 229, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 219/226, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios incoada por los Sres. O. V. G. y S. H. U., condenando a los Sres. H. T., R. N. M., A. M. P. y S. S. para que abonen a los actores el ochenta por ciento de los montos reclamados, con imposición de costas a los accionados. - El escrito de expresión de agravios luce a fs. 240/245, mientras que a fs. 246 obra la resolución de Alzada que ordena correr traslado en los términos del artículo 259 del CPCC, sin que el mismo haya sido evacuado por la contraparte - II.- Son cinco los agravios expresados por el apelante, en los que funda su petición para que la sentencia recurrida sea revocada en todas sus partes, y que sucintamente paso a relatar.

II.a) El primero de ellos se halla enderezado a cuestionar la imputación de responsabilidad por el accidente que costara la vida al menor de dos años, hijo de los actores, y que fuera atribuida a H. T., conductor del camión.- Manifiesta que el decisorio en crisis analiza de manera incorrecta el plexo probatorio, parcializando los testimonios para arribar al resultado en la forma en que lo hizo. - Señala que, según el acta policial, el camión circulaba en perfecta concordancia con las normas de tránsito, consignando el documento que lo hacía a escasa velocidad y en forma normal, y que de la inspección del rodado resultaba que el niño había sido embestido por la rueda derecha del dual trasero izquierdo.

Sigue diciendo que esta afirmación se ve corroborada por las declaraciones del testigo A. C., tanto en su testimonio en sede penal, como en la causa civil. Asevera que este hecho, es decir que el niño fue atropellado con la rueda de atrás, es reconocido por la propia madre en su confesional de fs. 161.- Expresa que el juez no tomó en consideración todo lo demostrado y mencionado, teniendo en cuenta sobre esta cuestión el testimonio de un testigo que apareció con posterioridad incluso al llamado de autos para sentencia. Se trata de R. V., quien afirmó que el niño fue atropellado primero por la rueda delantera y luego por las traseras. - Asegura que esto es falso, ya que se trata de un testigo que no pudo ser ofrecido por su parte en la causa civil, ni tampoco ser controlado en su declaración en la causa penal, obedeciendo sus dichos a una visión tergiversada por el hecho traumático de contemplar un suceso de esta naturaleza, sin poder evitarlo.

Transcribe parte del acta policial en apoyo de su postura, e insiste que el menor, carente del control momentáneo de sus padres, cruzó la tranquila arteria en la que hallaba jugando, para inocentemente "meterse" debajo de las ruedas traseras izquierdas del camión.

Cita jurisprudencia, y sostiene que el juzgador arma las declaraciones de los dos testigos, para arribar a la conclusión de una mayor atribución de responsabilidad sobre el conductor del camión, prescindiendo de la confesional de la madre, de las constancias policiales y de la testimonial de A.. Formula una serie de consideraciones con relación a la apreciación de la prueba por parte de los jueces, y concluye aseverando que ha sido el hecho de la víctima, la única causa productora de su propio daño, y que por tanto no resulta imputable a T., razón por la cual la sentencia debe revocarse en todas sus partes. - II.b) El segundo agravio está planteado subsidiariamente para el supuesto que el fallo no fuera revocado en su totalidad, y cuestiona el porcentaje de responsabilidad que el decisorio en crisis atribuye al conductor del camión, fijándolo en un ochenta por ciento. - Con citas jurisprudenciales, advierte que resulta erróneo atribuir culpa a la ausencia de vigilancia de los padres, en los casos de un menor atropellado por un vehículo y fundándose en el artículo 1.114 del Código Civil, ya que dicha norma se refiere a los daños causados por los hijos, para luego mencionar criterios opuestos, y concluir que cualquiera sea la posición que se adopte, no pueden caber dudas que la distribución de las consecuencias por la cocausalidad entre riesgo de la cosa y el hecho de la víctima o culpa de los progenitores, debe arrojar un resultado distinto más equitativo. Apoya sus razonamientos, según expresa, en la falta de parámetros que tuvo el juez para efectuar la distribución de responsabilidad en la forma en que lo hiciera.

Por tal motivo, solicita que para el supuesto de no revocar totalmente la sentencia, la aludida distribución se realice en forma inversamente proporcional: es decir, un 80% a la parte actora, por culpa de la víctima, y un 20% a la parte demandada, por riesgo de la cosa. - II.c) En tercer lugar se agravia en cuanto el fallo en cuestión hace lugar a lo que denomina "daño psíquico". Manifiesta que en realidad se está refiriendo a los gastos de consulta que demandará la atención futura por un profesional de la psicología.

Sostiene que lo que se está demandando es un daño futuro de carácter material, mas no resarcimiento por daño psíquico. Con alusiones doctrinarias, que doy reproducidas, hace referencia al daño futuro y su efectiva acreditación de la necesidad de su procedencia, afirmando que la sentencia acoge un rubro que no ha sido demostrado por la demandante. Dice que de las pericias psicológicas realizadas a ambos padres, no resulta que los actores requieran con absoluta certeza atención psicológica futura, ni el costo posible de dicha atención, o se aclare de alguna forma que permita concluir en el acogimiento que recepciona el Sr. Juez a- quo.- Señala que de las pericias referidas se desprende claramente que la razón de ser del estado psíquico de ambos padres, se debe a un sentimiento de culpa derivado del hecho de no haber brindado la debida atención al menor al momento en que sucedió el hecho.

- Por tales motivos, peticiona que el reclamo por daño psíquico sea desechado en su totalidad. II.d) El cuarto agravio se halla orientado a modificar el monto determinado por el juzgador en materia de daño moral, y ello para el supuesto que no se revocara el fallo por culpa o hecho exclusivo de la víctima.

Expresa que el monto determinado en el fallo es de cien mil pesos ($ 100.000), supuestamente distribuído por partes iguales entre ambos padres, lo que no impide su disminución por la atribución de responsabilidad compartida. Con abundancia de acreditada doctrina y que tengo por transcripta "brevitatis causae", sostiene que la determinación de este rubro siempre ha constituido un problema de ardua solución, regido y sujeto a la discrecionalidad judicial. - No obstante ello, asevera que la parte actora siempre deberá probar que verdaderamente hubo daño moral. - En respaldo de su queja, recuerda que esta Cámara en un fallo reciente por daños y perjuicios, en que la actora había padecido graves daños en su rostro, padeciendo cirugías y hospitalizaciones, se fijó la suma de $ 35.000,00 por daño moral, por lo que resulta evidente que el monto establecido resulta elevado. - II.e) Finalmente el último agravio está vinculado con la distribución de las costas que formula la sentencia atacada, que estima injusta e inadecuada a la resolución de la causa. - Como sustento de su petición hace mención de recientes pronunciamientos dictados por esta Cámara, como así también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que se postula que la distribución de las costas debe ser proporcional al éxito obtenido por cada una de las partes.

Expresa que deberá ponderarse que el juzgador ha rechazado en su totalidad el rubro "pérdida de la chance", y habiéndose demandado por la suma de $ 210.400, la demanda prosperó por menos de la mitad del monto reclamado, razón por la cual solicita que las costas se distribuyan de manera más equitativa. - Remata su expresión de agravios pidiendo la revocación de la sentencia en todas sus partes.- III.- Formulada la relación de causa precedente, corresponde pues, que me avoque al tratamiento de los agravios vertido en el mismo orden en que han sido desarrollados. III.a) Así, tomando la primera de las quejas formuladas por el apelante, entiendo que el desarrollo del mismo, constituirá un factor determinante que ineludiblemente afectará de alguna manera a los restantes agravios.

Como ya lo dejara expresado, la crítica está dirigida a lo que el recurrente considera equivocada imputación de la distribución de responsabilidad por el suceso dañoso, que realiza el sentenciante de grado anterior.

Cuestiona esencialmente, la valoración que efectúa el Sr. Juez precedente de los elementos probatorios producidos a lo largo del proceso.- III.a.1) Principiaré por decir que profusa jurisprudencia ha manifestado que cuando el apelante ataca al expresar agravios, la totalidad de lo resuelto en la instancia anterior, pidiendo se lo revoque en forma completa, como en el "subexámine", ello revierte al tribunal de alzada la totalidad de la jurisdicción, de modo que al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, aquél ejerce en forma normal la competencia apelada (conf. CSJN, in re "Aníbal Publicidad S.R.L. c/ Juliano, Ernesto", CSN, 297- 130. - Y también integrando estas connotaciones se ha puesto de relieve coincidentemente, que en virtud de la plenitud de su competencia y del alcance amplio del recurso interpuesto, incumbe al tribunal de segunda instancia conocer la totalidad de las argumentaciones deducidas por las partes en sus defensas, sin quedar obligado a lo que fuera seleccionado por el juez "a quo" para sustentar su fallo y que por consiguiente aquella hace materia de sus quejas en la Alzada (conf. CNac.Esp. Civ. y Com., sala III, BCNEC y C 629, núm. 8752; Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense- Abeledo Perrot, año 1988, t. III, p. 417). - En igual sentido se ha sostenido que el tribunal "ad quem" en el momento de dictar la sentencia definitiva, asume la plenitud de su jurisdicción dentro de los límites de los recursos interpuestos, de manera que sus facultades decisorias no pueden verse limitadas por el criterio expuesto con anterioridad. Incluso, el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, op. cit. ps. 420 y sgts.; y jurisprudencia aplicable). - Así, pues, deviene de obligado tratamiento el análisis y reconsideración de las pruebas arrimadas a la causa y tenidas en cuenta por el juzgador para adoptar el fallo impugnado, como así también estructurar el armazón jurídico necesario que apuntale la decisión a adoptar, y que puede resultar coincidente o no con el de la de la sentencia apelada. - III.a.2) Sobre este particular, cabe apuntar que a los efectos de determinar la forma de ocurrencia del suceso dañoso, la sentencia realiza una ponderación de las declaraciones testimoniales de A., quien depone en sede penal y en la causa civil, y de V., quien lo hace únicamente en el proceso penal. - Y sobre esta circunstancia deseo detenerme. En efecto, tal como lo afirma el apelante en su expresión de agravios, el último de los nombrados comparece a declarar en sede penal, luego de varias intimaciones. - Así, brinda su testimonio el veinte de diciembre de 2004. En él asevera que el niño fue atropellado, primero con la rueda delantera del camión, y luego con las duales traseras.

Y dentro de este panorama procesal, con fecha 26 de Noviembre de 2004, el juez civil suspendió el llamado de autos para el dictado de la sentencia, hasta tanto recayera pronunciamiento en el fuero penal (fs. 206). Pero resulta primordial dejar sentado, que para ese entonces hacía más de tres meses y medio que ambas partes había presentado ya los alegatos de bien probado, más precisamente el 4 de Agosto de 2004; la parte demandada mediante el escrito de fs. 192/194, y la actora con el libelo de fs. 195/199. Es decir que asiste razón al quejoso cuando expresa que el testigo V. aparece con posterioridad al llamado de autos para sentencia, luego suspendido, por lo que su testimonio no pudo ser ofrecido en sede civil, ni tampoco controlada su declaración en sede penal, atento la etapas ya cumplidas en el proceso que contiene la pretensión resarcitoria.

Considerando las deficiencias procesales apuntadas, que sin duda tienen incidencia en el correcto ejercicio del derecho de defensa y de la igualdad de las partes en el desarrollo de la litis (art. 18 de la C.N., art. 34, inc. 5 c, del CPCC y concdts.), resulta procedente entonces, formular una revaloración de las pruebas tomadas en cuenta por el Sr. Juez de grado anterior.

Y esto así, por cuanto las declaraciones de V. aparecen descolocadas en un momento procesal tardío, y no resultan concordantes con las restantes probanzas correctamente producidas, como testimoniales, confesionales y documentales, y que en ningún momento aluden al supuesto que el menor hubiera sido atropellado primero con la rueda delantera del camión. - Si así hubiera sido, se justifica entonces que el mayor porcentual de responsabilidad recaiga sobre el conductor del rodado, y además dicha circunstancia se hubiera visto reflejada de alguna manera, en la sentencia dictada en sede penal y los antecedentes que la sustentan (ver fs. 63, 64 del expte. penal que corre por cuerda), y esto no fue así.

III.a.3) No obstante, cabe recordar que la sentencia recurrida no funda principalmente su atribución de responsabilidad en los dichos del testigo V., ya que se advierte que el juzgador señala que el cruce de un menor en forma intempestiva no resulta un hecho imprevisible (fs. 223). Por ello, el resolutorio encuadra el caso dentro de los supuestos de la responsabilidad objetiva contemplados por el artículo 1.113, párr. 2, 2da. parte, del Código Civil. Y conforme esta tesitura, en la misma se habrá de responder, no por que haya mérito para sancionar una conducta reprochable, sino por que se ha originado el factor material del cual, provino el daño, bastando con la transgresión objetiva que importa la lesión del derecho ajeno, es decir el resultado dañoso. - Dicho esto, corresponde abordar entonces las causales de exención de responsabilidad, que el mismo artículo 1.113 de la ley sustancial citada contempla, y entre ellos indica como tales la culpa de la víctima. - Para que este eximente pueda aplicarse en su plenitud, el dueño o guardián de la cosa riesgosa (en este caso el camión), debe demostrar que la conducta de la víctima o de un tercero extraño por quien no debe responder, , interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño producido (conf., SCBA, 19/5/92, in re "N. c. M. y Cía S.A.",DJBA, 143- 4841; CNCiv., Sala A, in re "P. c/ Municipio Bs.As., LL, 1985-D-278; Trigo Represas- López Mesa, op. cit.). - Llegados a este punto, es dable recordar el comentario formulado por el renombrado jurista Jorge Mosset Iturraspe, en la obra "Responsabilidad Civil en Materia de Accidentes de Automotores", en colaboración con otros reconocidos autores, en el artículo que titula "Los Eximentes en los Accidentes de Automotores", que con magistrales pinceladas, ha tratado el tema.

Al referirse a la culpa de la víctima como uno de los factores eximentes de responsabilidad, indica que deben considerarse dos temas de importancia mayúscula: 1) que la intervención de la víctima puede conducir a la liberación total o parcial del agente, y; 2) que para que la eximente actúe debe existir cierto grado de certeza sobre la actuación de la víctima en la producción del daño y no una mera duda o estado de incertidumbre.

Expresa que tiene que ver, asimismo, con el denominado "principio de confianza", siguiendo en este sentido la exposición de Laves, Bitzel y Berger, "Los accidentes de la circulación", Paz Montalvo, Madrid, 1959, p. 382 y sgts. Y para ilustrarlo, casualmente pone de ejemplo un caso prácticamente idéntico al que aquí se debate. Y sin ningún ánimo de pecar por extensión, creo conveniente transcribir algún párrafo.- Así, dice: ""Supongamos que el conductor del automotor, que avanza a velocidad reglamentaria, - dentro de lo permitido - y con pleno dominio del vehículo, observa que delante suyo, por donde debe transitar, se encuentra un grupo de niños jugando a correrse y tocarse, sea en la vereda o en la calzada. Su experiencia debe indicarle la posibilidad que estos niños o algunos de ellos continúen su actividad al paso del automotor e incluso que lo hagan delante del mismo vehículo con riesgo cierto de ser embestidos. Si no disminuyera la velocidad de su marcha y tomara otras precauciones, como circular por el extremo opuesto al grupo o colocar su pie sobre el freno, su conducta frente a la colisión, configura una causa concurrente o coadyuvante; una causa que sumada al hecho de los niños lleva a producir el resultado perjudicial".-- Y continúa su análisis, opinando: "Nada hay en el ejemplo de extraordinario e irresistible. Es una hipótesis típica de falla del principio de confianza, que señala que nada autoriza a confiar en la "conducta normal", en el "obrar lícito" de los demás participantes. Y el exceso de confianza configura autoría y responsabilidad" ( Mosset Iturraspe, J., op. cit. Rubinzal- Culzoni, año 1985, p. 153 y sgts). - III.a.4) Así, entran en juego las previsiones contenidas en el artículo 39º, inc. b) de la Ley 24.449, que exige a los conductores conservar en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

En este sentido se ha expresado que, el conductor debe estar presto respecto de las contingencias que, en forma compleja, presenta el tránsito, debiendo guiar el vehículo en forma de conservar el pleno dominio sobre él (conf. CNEsp.Civ.Com., sala I, "G., P. c/ C., J. M. S/ Daños y Perjuicios", cit. Daray, Hernán, "Accidentes de Tránsito", Ed. Astrea, año 1994, t. 1, p. 184 y sgts.).

Pero también es preciso poner de resalto que, a mi entender, no resulta procedente en el presente caso concreto la aplicación del concepto de culpa "in vigilando" recaído sobre los padres del menor, y que puede tomarse como el eje del segundo agravio. - Ello así, por cuanto debe considerarse la incidencia causal del hecho de la víctima inimputable para establecer la proporción en que el presunto autor del daño quedará exonerado de responsabilidad. - Participamos del punto de vista que sostiene que si es el hecho del menor el que incide concausalmente en la producción del daño por él experimentado, no es posible "desplazarlo" atribuyendo la concausa del daño al hecho de los padres (en el mismo sentido, Tobías, José W., "Accidentes de Tránsito y Peatones Inimputables", LL, 1994-C- 470). - En conclusión, pues, tomando en cuenta todas las razones expuestas en este acápite III.a), teniendo en consideración que de las pruebas arrimadas no surge con absoluta certeza y verosimilitud que el acaecimiento dañoso que costara la vida al menor, haya sucedido por el hecho de la víctima; y atendiendo a las discrepancias habidas, y también ante la carencia de otras constancias más contundentes - por ejemplo, la prueba pericial accidentológica -, como colofón de este agravio corresponde desestimar esta porción de la queja, en cuanto hace a la pretensión de eximición total de responsabilidad y los porcentuales atribuidos, formuladas por parte del apelante. - III.b) El tercer agravio, apunta a cuestionar el reclamo por daño psíquico formulado por los actores en su escrito promocional. Asegura que lo que se reclama es un daño futuro de carácter material, pero no un resarcimiento por daño psíquico. Sostiene que los demandantes deben acreditar con toda certeza su procedencia, y que la sentencia acoge un rubro que no ha sido demostrado. - He de manifestar que no coincido con la postura asumida por el recurrente sobre esta cuestión. Así, se ha dicho que todo daño inferido a la persona corresponde apreciarlo en lo que representa como alteración y afectación no sólo del cuerpo físico sino también del ámbito psíquico del individuo, con el consiguiente quebranto de la personalidad, de manera que importe también éste un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral, computándose también la incidencia o repercusión que todo ello en alguna medida puede aparejar sobre la vida de relación del damnificado (conf. CNCiv., sala V, in re, "M., D. P. c/ D. P., H. y Otro", LL, 1989-C-523). - Del análisis de las periciales obrantes a fs. 164/170, y de sus conclusiones, se extrae la enorme incidencia negativa que la muerte del menor ha provocado en la vida de sus progenitores, y se infiere la necesidad de un tratamiento adecuado.

Por tal razón, considero que resulta procedente confirmar el monto peticionado por este concepto, de pesos cinco mil doscientos ($ 5.200,00) para cada uno de los actores, desestimando el presente agravio.

III.c) El agravio siguiente intenta la modificación en menos del monto determinado por el juzgador en materia de daño moral, que considera elevado. - En principio, resulta fuera de toda discusión que en el caso concreto que ha dado origen a la causa judicial que aquí se debate, la procedencia del daño moral como rubro indemnizable aparece con toda nitidez y certeza.

Y ello así, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del desgraciado accidente: la trágica muerte de un niño de dos años a la vista de sus padres, bajo las ruedas de un camión. Dejando de lado la posibilidad de que éstos hubieran o no podido evitarlo.

Sin perjuicio de que no puede soslayarse en la especie el contenido de las pericias psicológicas de fs. 164/170, y aunque ellas no se hubieran producido, el fallecimiento de un hijo de corta edad en las condiciones descriptas, conlleva a los progenitores a sobrellevar angustias y padecimientos morales de innegable entidad.

Como bien lo ha señalado la doctrina, la vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparable. El padre o la madre ven en los hijos el fruto de su amor, la continuación de sus vidas más allá de las propias, y esperan recibir de ellos buena parte al menos del cariño que han depositado, como consuelo y ayuda espiritual en los altos años de la vida (conf. Zavala de González, M., "Resarcimiento de Daños", Ed. Hammurabi, año 1996, t. 2 b, p. 275 y sgts., citando a Mosset Iturraspe).

En otros términos la mutilación de las expectativas existenciales que el hijo tenía se convierte reflejamente en sufrimiento de los padres, fuera de los beneficios que implicaba el goce de la vida del hijo que ya no estará (Zavala de González, M. op. cit. p. 276).

En este aspecto, la jurisprudencia ha dicho que la vida de un niño de corta edad carece de un valor económico productivo, aún cuando tiene un valor ético que está infinitamente por encima y más allá de aquél. Es el valor ético que tiene, en suma, toda vida humana, cuya pérdida infiere a sus progenitores, o, en general, a su familia, un menoscabo espiritual, un dolor moral (conf. CNCiv., Sala A, LL, 1986-E-571).

Y también, cuando se trata de la muerte de un hijo, no es necesario traer la prueba de que los padres han sufrido un agravio moral, porque en el orden natural de las cosas está que la muerte de un ser querido de tan estrecha vinculación biológica y espiritual, ha de herir en lo más íntimo el sentimiento y las afecciones de quienes se dicen damnificados por encontrarse en esa situación (Cám.2ª Civ. y Com. La Plata, LL, 152- 510). - Dicho lo anterior, cabe apuntar que, tal como se ha sostenido, el dolo, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son sólo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. - Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto, que tienen gran significación para la determinación objetiva del daño moral experimentado por el damnificado y, al mismo tiempo, para facilitar la concreción de una solución de equidad.

Así deberán computarse, entre otros aspectos: la personalidad de la víctima; si el damnificado es directo o indirecto; la posible influencia del tiempo, como factor coadyuvante para agravar o mitigar el daño (conf. Cám. CC San Isidro, Sala 1ª, in re "M., M. A. c/ Empresa de Transportes L. R. S.A.", en Juba7 sum. B1700435; Trigo Represas- López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", LL, año 2005, t. IV, p. 718). - También deberán ponderarse la imputabilidad del hecho causante del daño, es decir de los factores que fundan esa atribución; la concurrencia o no de factores objetivos y subjetivos, etc..

En consecuencia, atendiendo a la características del caso, de acuerdo con los fundamentos expuestos y conforme otros pronunciamientos de esta Alzada, que deben adecuarse al momento económico del dictado de la sentencia, estimo prudente establecer el monto de cien mil pesos ($ 100.00,00) por el resarcimiento de daño moral, y correspondiendo, por tanto, desestimar esta porción de la queja.- III. d) El último agravio está referido a la distribución de las costas que hace la sentencia apelada, que estima injusta e inadecuada a la resolución de la causa. - Atendiendo a la forma en que se resuelven los agravios precedentes, propiciando una modificación a los términos del fallo recurrido, que en cierta medida coloca en una mejor posición a la parte demandada, ello configura motivo suficiente para hacer lugar a la queja vertida sobre este punto, debiendo en consecuencia producirse una mutación en la distribución de costas de primera instancia. - Para ello tendré en cuenta la segunda parte del artículo 68 del CPCC, que autoriza al juez a apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado en el primer párrafo, cuando encuentre mérito para ello. - Así, se ha dicho que la eximición que autoriza el artículo 68 del código adjetivo, procede en general cuando existe "razón fundada para litigar". Fórmula ésta dotada de suficiente elasticidad como resultar aplicable cuando por las particularidades del caso cabe considerar que la parte perdidosa actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido. Supuesto que resulta de toda aplicación cuando se han suscitado cuestiones de hecho, que no pudieron verificarse con toda precisión y certidumbre (en el sentido anteriormente expresado, Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense Abeledo- Perrot, año 1985, t. II- B, p. 50 y sgts; DJLL, año 1996, t. IX, p. 1050 y sgts.; CNCiv., sala G, in re "A. C., S. y Otros c/ F., I.", ED, 97- 624).

Del tratamiento de las cuestiones analizadas, se perfila una situación de vencimientos parciales y mutuos ( arts. 68 y 71 del CPCC). En consecuencia, y en virtud de los fundamentos postulados, propiciaré al Acuerdo que en la primera instancia las costas se distribuyan en un 20% a cargo de la parte actora, y en un 80% a cargo de la parte demandada. Por tal motivo deberá practicarse una readecuación de la distribución de costas en la instancia anterior. - En razón que los honorarios fijados en primera instancia lo fueron en porcentuales, y las modificaciones propuestas no significan variables en su cuantía, considero que deben mantenerse los honorarios de los Dres. I. C. P. y J. L. F., por la parte actora, al igual que los de la Lic. E. I.; al igual que los de los Dres. R. L. y A. F., por la parte demandada.

En cuanto a las costas de Alzada, tomando en cuenta los agravios que prosperan y los que son rechazados, también se advierte un vencimiento parcial y mutuo que amerita su prudencial distribución por el tribunal, por lo que entiendo deben imponerse en 10% a cargo de la actora y un 90% a cargo de la demandada. - En este contexto, por sus trabajos en esta segunda instancia, y en virtud de la calidad, extensión y eficacia de las tareas desarrolladas, se regularán los honorarios de los Dres. A. A. F. y R. L., apoderados de la demandada, en el 3,40% del monto del pleito que se establezca en la etapa oportuna de ejecución de sentencia, a los se aditará el IVA correspondiente, y conforme las pautas dadas por los artículos 6,9,14,19,47 de la ley arancelaria. - Termino mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 228), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 219/226) que hace lugar parcialmente a la demanda instaurada por los Sres. O. V. G. y S. H. U., condenando a los demandados Sres. H. T., R. M. y A. M. P., en conjunto con "S. Seguros" a que en el plazo que fija, el 80% de los montos reclamados en demanda, con costas. - A fs. 240/245, luce agregado el escrito de expresión de agravios de la parte demandada recurrente, cuyo traslado ordenado a fs. 246, no fue evacuado por la contraria.

I.- La reseña de los agravios formulados fue realizada suficientemente por el vocal de cámara que me precede en la votación por lo que a ella me atendré remitiéndome a puntualizar aquellos aspectos que fueron motivo de queja, a saber: 1) atribución de responsabilidad al conductor del camión, Sr. H. T.; 2) porcentual de concurrencia de responsabilidad atribuido a las partes; 3) daño psíquico; 4) daño moral; y, 5) imposición de costas.

II.- En los limites demarcados por los agravios planteados ingresaré a su tratamiento siguiendo el mismo orden de exposición de los mismos individualizándolos con la numeración y nominación indicada precedentemente a efectos de facilitar la ubicación y lectura de cada uno de los puntos bajo cuestión en esta segunda instancia.

1).- En primer lugar, coincidiré con la postura de la recurrente en cuanto que no procede la valoración del testimonio prestado por el Sr. R. V.. Ello más allá que el mismo se trató de un testigo presencial del accidente que derivara en tal desgraciada consecuencia, cual es el fallecimiento del niño F. V. M., hijo menor de edad de los actores en autos. - Es que resulta evidente que tal declaración fue prestada durante la etapa instructoria seguida en sede penal y en la cual ni siquiera se llegó a indagar al sindicado como posible autor del ilícito investigado. De allí que ni siquiera pueda atribuírsele la calidad de prueba practicada en el proceso siendo, por el contrario, equivalente a prueba lograda extraproceso similar a la sumaria información que en algunos supuestos autoriza el Código del rito imponiendo que sea ratificada o repetirse en el proceso en el que se presenta (Conf. Devis Echandía, Hernando, en "Compendio de la prueba judicial", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2000, T. I, págs.180/181, n° 95). - Allende de lo dicho, en general, es indiscutible que las pruebas del proceso penal pueden ser válidas o, mejor dicho, eficaces en el proceso civil siempre y cuando las partes partícipes en éste hubieran tenido oportunidad de fiscalizarlas (Conf. Arazi, Ronald, en "La prueba en el proceso civil", Ed. La Rocca, ed. año 1986, pág. 94; id. Couture, Eduardo J., en "Fundamentos del derecho procesal civil", Ed. Depalma, 3ra. ed. -póstuma-, año 1997, pág. 253, n° 162).- Y digo así, puesto que resulta fácil verificar que además de no haber sido posible su control al producirse por los aquí actores, dado que no se constituyeron como querellantes adhesivos ni tampoco se presentaron en ningún momento como actores civiles en sede penal, la declaración testimonial de V. fue producida ya habiéndose concluido con la etapa de prueba en este proceso civil.- Nótese al respecto que el testigo bajo cuestión declaró en el proceso penal luego de ser requeridas las actuaciones "ad effectun videndi". las que ya habían sido reservadas en agosto de 2002, e "instada" su conclusión por resolutorio del 26-11-04 obrante a fs. 206, que fue la que motivó que fiscalía requiriera nuevamente la citación del mencionado testigo, quien finalmente declaró el 20-12-04 (ver fs. 53; 58; 61 y 62 del expte. penal).- Dicho ello, ingreso al núcleo del agravio bajo estudio, consistente en postular los demandados apelantes que con la testimonial del Sr. A. (testigo declarante en sede penal -fs. 22 del Expte. 268/02- y a fs. 179 de autos), la confesional de la co-demandada Sra. M. U. (fs. 161) y las constancias del acta policial labrada en la causa penal (fs. 2/3 del expte. 268/02), se habría acreditado que el hecho de la víctima es la única causa productora de su propio daño.

Ciertamente tal pretensión impugnaticia pone en evidencia inmediatamente que en el escenario argumental expuesto por el juzgador del anterior grado para atribuir concurrencia de responsabilidad, en ningún momento se evaluó la posible incidencia causal del hecho del menor víctima en el acaecimiento del accidente sino que se expuso como fundamento de la atribución de consecuencias la supuesta falta de ejercicio, en debida forma, de los deberes de cuidado y vigilancia de los progenitores, porción del fallo que habiendo sido consentida por éstos me veo impedido de revisar, más allá del desacuerdo que tenga con tal tesitura, por haber devenido en firme. Pero, obligado me encuentro en resaltar tal circunstancia, por cuanto traduce con claridad que no fue ni siquiera mínimamente evaluada la conducta -hecho- del menor para ponderar si ésta fue causa idónea o adecuada -en alguna proporción- para provocar la ocurrencia del evento dañoso que tronchó su propia vida. En tal situación, encuentro que tal circunstancia proyecta como consecuencia que el numerado como primer agravio carecería de sustento técnico suficiente, habida cuenta que se cuestiona un aspecto que no integró el eje argumental desarrollado por el Sr. Juez a quo para sustentar su veredicto y que, por ende, no es susceptible de crítica alguna.-- No obstante, no corresponde soslayar que desde la propia óptica argüida por los recurrente, en mi opinión, tampoco le asiste la razón. Y digo así, por cuanto afirmar como lo hacen los recurrentes que por la sola circunstancia que -dicen- acreditada, de haber sido el menor atropellado con la rueda de atrás del camión daría pié a que se tuviera por operada la ruptura total del nexo de causalidad presumido por la ley, no resulta de modo alguno compartible (art. 1113, 2do. apart., 2do. párr. "in fine" del Código Civil). - En primer lugar, añado, no creo que pueda predicarse válidamente que se ha acreditado tal circunstancia fáctica de la cual se infiere semejante consecuencia jurídica. - Ello por cuanto, aún cuando sea enteramente cierto que el testigo A. refirió a ello, lo hizo respondiendo a la siguiente pregunta "...donde estaba tirado el nene cuando UD. lo vio", a lo cual respondió textualmente lo siguiente: "Yo lo vi cuando estaba tirado debajo del camión. Lo atropelló con la rueda de atrás No obstante, reitero, no puede sostenerse con certeza que tales manchas se encontraban en la rueda derecha del dual izquierdo trasero del camión y de allí inferir que por ello se tenga por cierto que el embestimiento se produjo con ellas, concordándolo con la respuesta dada por la co-actora a la posición 2da. (fs. 161), ni tampoco dicha hipótesis daría lugar a que se tenga por acreditado que se constituyera de tal modo el "hecho" del menor víctima en la causa adecuada exclusiva del daño.

Es que tengo para mi que desde el prisma de la teoría del riesgo creado la interrupción total del n Desde otra perspectiva, no hallo cómo puede predicarse que la conducta del niño, que por su corta edad es aceptable que pueda presumirse inexperta, quizás por ser su vida tan nueva y por ello aún ajeno a las nociones de peligro, pueda tildarse de imprevista, máxime cuando es un hecho no solo probado sino alegado por los apelantes que el camión circulaba a escasa velocidad y añadido que el propio testigo en el que se apoyan manifestó que con el menor atropellado había otros niños jugando en la vereda (ver resps. 6ta. y 12ava. -fs. 179- y en el mismo sentido la testimonial de M. M., resp. a la preg. 12 -fs. 178-). - Es que la conducción dentro de los límites normales de velocidad, no exime al conductor de incurrir en culpa por imprudencia al no disminuir, y hasta detener en su caso su marcha de ser necesario, para evitar un posible accidente cuando ha visto en cercanías varios niños jugando.

Esto es, no admito que sea posible, en la prognosis póstuma del suceso, que pueda sostenerse válidamente que el cruce de un niño de tan corta edad dadas las circunstancias de tiempo, personas y lugar del momento, sea considerada imprevisible o más aún cuando previsible, como lo sostengo, que no fuera evitable. Con más razón cuando, insisto, se sostiene que la velocidad que desarrollaba en la ocasión el camión era de aproximadamente 20 kmts., lo que acentúa la detectabilidad y las posibilidades de evitar para un conductor medio, con tiempo de reacción suficiente, el riesgo provocado con el automotor en movimiento.- En suma, entonces, por todo lo expuesto, concluiré propiciando la lisa y llana desestimación del presente agravio. Así lo dejo propuesto al acuerdo. 3) Daño psíquico: Bien se advierte que en el modo en que fuera reclamado el presente rubro en puridad constituyó un daño patrimonial emergente por los futuros gastos que insumiría el tratamiento psicológico al que se -asegura- deberían someterse los progenitores con motivo del fallecimiento de su hijo menor victima del accidente (ver: escrito de demanda, punto A) "daño económico" -fs. 45/46-). Y en ello lleva razón la postulación impugnaticia deducida en cuanto efectivamente el juzgador, alterando la causa petendi, termina admitiendo el resarcimiento de un daño distinto al pretendido (fs. 224 y vta.). - Por lo pronto, en lo que no concordaré con los impugnantes es en que de la pericial psiquiátrica producida en autos (fs. 164/167), no surja acreditada la necesidad de asumir el costo de un tratamiento afín a dolencias de tal naturaleza por cuanto fue explícitamente prescripto como necesario un tratamiento a partir de los indicadores que se especifican en el caso de la co-actora, Sr. M. U. (ver fs. 166). Y si bien, la pericia no fue tan concluyente en relación al co-actor Sr. Vía G., lo cierto es que en su conclusión conjunta no excluye de padecimientos psíquicos a éste que manifiesta incide en conflictos de pareja repercutiendo eventualmente en la crianza de sus hijos (vide: fs. 170).- No omito considerar que se informa en dicha experticia un condicionamiento previo en la personalidad de los actores que lo predisponían -quizá- o potenciaban las consecuencias psicológica derivadas de la pérdida de un hijo, sin embargo no puede inadvertirse que el disparador que importó tal circunstancia es una ineludible realidad que habilita a que proceda el resarcimiento en el modo en que fuera pedido, esto es, como gastos psicoterapéutico futuro.

Y si bien no se cuenta con dato alguno referido al tiempo aproximado que insumiría el tratamiento a realizar por los actores, estimo prudente la suma reclamada por dicho item, es decir, la de $ 5.200 para cada uno de los demandantes (Art. 165 del C.P.C.C.).- En consecuencia, propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio. Así lo voto.

4) Daño Moral: Nuestro Código Civil declara resarcible el daño moral (art. 1078), y cabe entender que tal resarcimiento, aunque sea de modo pecuniario -a falta de otro mejor- no es materializar los intereses o sufrimientos morales, sino espiritualizar el derecho en cuanto éste no se limita a la protección de los bienes económicos y rodea también de seguridad aquellos otros bienes no económicos, que son inseparables de la persona humana (Conf. Orgaz, Alfredo, en "El daño resarcible", Ed. Omeba, ed. año 1960, págs. 224/225). - Y resulta indiscutible que en la correcta conceptualización del daño moral efectuada por el juzgador del anterior grado, la pérdida de un hijo conlleva una profunda herida a los sentimientos que se proyecta ineludiblemente al modo de estar, en la vida de relación social y con el resto de los integrantes de la familia (ver el análisis de dicha definición en Pizarro, Ramón Daniel en "Daño Moral...", Ed. Hammurabi, ed. año 1996, págs. 47 y s.s., & 3).

Y la existencia de daño moral producto de la pérdida de un hijo de corta edad es un hecho que puede calificarse sin dudar como una hecho "normal", y como tal, no existe necesidad de probar aquello que se conforma como un estado normal y habitual de las cosas (Conf. Gorphe, Francisco, "De la apreciación judicial de las pruebas" Ed. Ejea, ed. año 1950, trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo, pág. 158).

Los hechos normales invierten la carga de la prueba en tanto que configuran una vertiente de aquellos que son conocidos por la experiencia general y forman parte del caudal cultural común de nuestra sociedad actual (Conf. Eisner, Isidoro "La prueba en el proceso civil", Ed. Abeledo Perrot, 2da. ed., año 1992, pág. 57).

Esto es, quien alega en el pleito la inexistencia de un hecho tenido por normal, debe probarlo. Es que, tengo para mi, que según el nivel medio de conducta, de comportamientos, de reacciones que la ley permite a los jueces tener por ciertos, como lo es, reitero, que la muerte de un hijo produce un daño moral a los padres, el cual se manifiesta de común en una modificación disvaliosa del espíritu que manifiesta en un cambio en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y que ineludiblemente se traduce en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaban antes del hecho, lo cual impone que se atribuya a quien sostiene lo contrario que tenga la carga de probarlo.

En tal aspecto, insistiré, no creo que pueda compararse el dolor que provoca la pérdida de un hijo con cualquier otro nocimiento. Es que la vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparable y, agrego de mi cuño, inmensurable (Conf. Mosset Iturraspe, "El valor de la vida humana", Ed. , Cap. VI, pág. 137).- Es que al pretender establecer el monto de esta indemnización no procuramos los jueces sustituir el dolor del alma por su precio en dinero, pues la distinta naturaleza de ellos los hace inequivalentes, pero sí procuramos conceder a los damnificados medios para paliar los efectos del dolor (Conf. Aguiar, en "Hechos y actos jurídicos...", Ed. T.E.A., ed. año 1951, T. IV, pág. 232; id. Iribarne, Héctor Pedro, "De la conceptuación del daño moral como lesión a derechos extrapatrimoniales de la víctima a la mitigación del sus penurias concretas en el ámbito de la responsabilidad civil", en "La Responsabilidad, Homenaje al Profesor Doctor Isidoro H. Goldemberg", Ed. Abeledo Perrot, año 1995, págs. 377/388).

Esto es, se trata de dotar a las víctimas de capacidad económica que les permita acceder a algún tipo de distracción o alivio a través del disfrute que les pueda provocar la superación de su nivel de vida en alguna medida. Básicamente, es apaciguar las penas de una manera que, aunque imperfecta, es la única que humanamente es posible de propiciar por esta vía jurisdiccional. Y no se sostenga que la mentada suma fijada por daño moral en el anterior grado no armoniza con las reparaciones determinadas en casos semejantes, al menos con las que esta Cámara ha fijado en precedentes similares, los que por cierto se alejan de cualquier posible analogía respecto del citado por la parte demandada apelante, en el cual se trató de un reclamo indemnizatorio vinculado a los daños resarcibles padecidos por lesiones que afectaron la integridad psicofísica de la actora. Esto es, no se trató de la pérdida de un hijo fallecido en el accidente, distingo éste a partir del cual varía en esencia respecto al caso bajo examen.- Si en cambio, resultan precedentes susceptibles de ser traídos a colación a tal efecto, en cuanto se trató de la cuantificación del daño moral por pérdida de un hijo los siguientes: S.D.C. Nro. 06/04, Sala B, in re: "G. R., A. T. c/Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios", c. 15.436 ; id., Sala A, S.D.C. Nro. 29/00, c. 16.166; id. sala única, S.D.C., Nro. 06/95, c. 11.377, entre otras, CANE.

En los mencionados antecedentes se confirmó el monto admitido por el rubro daño moral en el anterior grado, montos éstos que se establecieran en las sumas que van entre la suma de $ 55.000 a la de $ 80.000 (a distribuir en partes iguales entre los progenitores demandantes). Ahora bien, corresponde atender a que en el registro de los mismos, el más cercano precedente respecto al presente fallo data del año 2004, por lo cual corresponde computar que a valores históricos la suma nominal de $ 80.000, equivale aproximadamente a la nominal de hoy de $ 100.000.

Por tales razones, en mi opinión, procede desestimar el presente agravio por lo que así lo dejo propuesto al acuerdo. 5) Imposición de costas: Al demandar los actores reclamaron se los indemnice por los siguientes rubros, a saber: a) pérdida de chances; b) daño psíquico (en realidad se trató de gastos terapéuticos futuros) y c) daño moral. De ellos, fue desestimado únicamente el correspondiente a pérdida de chances. Desde este panorama general le asiste razón a la parte recurrente en cuanto efectivamente ocurrió de tal modo un vencimiento parcial y mutuo que debe reflejarse en la distribución de las costas devengadas en la anterior instancia (Art. 71 del C.P.C.C.).

Lo dicho, sin que quepa computarse, a mi ver, las distintas cuantías que comprendía cada uno de los rubros indemnizatorios pretendidos en conjunto en el reclamo resarcitorio, en tanto que no corresponde atenerse a una visión crematística sino que deber observarse el posicionamiento asumido por cada una de las partes respecto a los planteos sobre los cuales se trabó la litis para atribuir las medidas de los éxitos y derrotas atribuibles a cada una de ellas según sea el veredicto que respecto de ellos hubieran obtenido con el fallo. En tal entendimiento, pues, estimo adecuado redistribuir las costas devengadas en el anterior instancia en el modo propuesto por el Dr. De la Fuente, esto es en un 20% a la parte actora y en el 80% restante a la parte demandada, por ajustarse a la medida de los vencimientos mutuos logrados en dicha instancia (Arts. 68 y 71 del C.P.C.C.).

En consecuencia, coincidiendo con el Sr. magistrado que me precede en la votación, procederá admitir parcialmente el presente agravio para reajustar en la medida preindicada la imposición de las costas de Primera Instancia. III.- Conclusión: - Por las razones expuestas propondré la modificación parcial del fallo en crisis para modificar el modo de imposición de las costas devengadas en Primera Instancia, del siguiente modo, a saber: el 20% serán a cargo de la parte actora y el 80% restante a cargo de la parte demandada; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.

Desde que el punto motivo de modificación no trasciende a los honorarios allí regulados, toda vez que lo fueron en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente en la porción en la que se distribuye la carga de soportarlos, no será menester practicar las adecuación prevista en el art. 279 del C.P.C.C.. - Desestimados cuatro de los cinco agravios formulados por la parte demandada, siendo el admitido relativo al modo de imposición de las costas, se delinea también en esta Segunda Instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las costas. En tal dirección estimo adecuado fijarlas en un 10% a cargo de la parte actora y en el 90% restante a cargo de la parte demandada recurrente, por entender que tales guarismos se corresponden con las porciones de éxito y derrota obtenidos por los litigantes en esta Alzada (Art. 71 del C.P.C.C.).- Los honorarios de los Dres. A. A. F. y R. L., letrados apoderados de la parte demandada, por sus labores de Segunda Instancia, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos, en conjunto, en la sumas equivalente al 3,40% del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 9, 14, 19, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, modificando la distribución de costas efectuadas, e imponiéndolas en un 20% a cargo de la actora y un 80% a cargo de la parte demandada, confirmándola en las restantes cuestiones que fueran materia de agravios. 2) IMPONER las costas de Alzada en un 10% a cargo de la actora y en un 90% a cargo de la demandada. 3) REGULAR los honorarios de los Dres. R. L. y A. F. por sus trabajos en segunda instancia, en el 3,40% del monto del proceso, al que se aditará el IVA pertinente. - ASÍ LO VOTO.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De la Fuente, por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.

ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: - S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, modificando la distribución de costas efectuadas, e imponiéndolas en un 20% a cargo de la actora y un 80% a cargo de la parte demandada, confirmandola en las restantes cuestiones que fueran materia de agravios;

IMPONER las costas de Alzada en un 10% a cargo de la actora y en un 90% a cargo de la demandada;- REGULAR los honorarios de los Dres. R. L. y A. F. por sus trabajos en segunda instancia, en el 3,40% del monto del proceso, al que se aditará el IVA pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 08 DE 2006 - SDC.- Conste.-