Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13


2º Instancia. - Junín, mayo 13 de 2008.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Castro Durán dijo:

A fojas 122/129 la Señora Juez de primera instancia dicta sentencia, rechazando la demanda incoada por Raúl Héctor Ortiz contra "Vial Tres S.A.", imponiendo las costas al accionante y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

De tal modo, desestima la pretensión encaminada al cobro de los daños que el demandante aduce haber sufrido como consecuencia de la colisión del vehículo que conducía con un perro que se interpuso en su línea de marcha, al introducirse en la Ruta Nacional Nº 188 en un sector que está concesionado a la persona jurídica accionada.

Para adoptar esa decisión, la sentenciante comienza citando un precedente de este Tribunal, del que resulta que la relación entre concesionario y usuario es de carácter contractual, quedando implícitamente contenida en la misma, la obligación de seguridad a cargo del primero, tendiente a proteger los intereses del segundo.

Seguidamente, considera que no queda comprendida en dicha obligación de seguridad la evitación de la presencia de animales que obstaculicen la circulación de la vía concesionada, porque lo contrario implicaría extenderla hasta extremos rayanos con lo absurdo.

Hace hincapié en que se trata de una ruta abierta, lindante con fundos privados con libre acceso, atravesada por caminos y ejidos urbanos, lo que imposibilita su contralor por el concesionario. Agrega que se trata de un corredor de 200 Kms, en el que resultaría de imposible cumplimiento la prevención que exige la parte actora.

Finalmente destaca que, a pesar de que la velocidad desarrollada por el conductor reclamante no era superior a la permitida, no le permitió sortear la previsible presencia del perro; por lo que concluye en que el hecho debe achacarse a su conducta desaprensiva de damnificado.

Contra este pronunciamiento, deduce apelación Raúl H. Ortiz a fojas 134 e idéntica impugnación interpone a fojas 133 el Doctor J. A. A., por reputar bajos los honorarios que le fueron asignados.

Concedido libremente el primero de tales recursos y en relación al segundo, los autos arriban a esta Alzada, donde a fojas 139/145 el Doctor M. A. Ch., asumiendo el rol de gestor procesal del actor, expresa agravios. En dicha presentación -que fue ratificada a fs. 153-, argumenta que su representado ha celebrado un contrato de peaje, en virtud del cual el concesionario está obligado a brindar el servicio de utilización de la ruta en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen inconvenientes, molestias o peligrosidad para los usuarios. Además, señala que frente a estos últimos, el concesionario asume una obligación tácita de seguridad, de resultado. Por ello, continúa diciendo, si el usuario demuestra que sufrió un perjuicio durante el tránsito por la vía concesionada, emerge una presunción de causalidad que deberá ser desvirtuada por la demandada, mediante la demostración de la fractura del nexo de causalidad; lo que no ha acontecido en autos, ya que la misma no demostró haber adoptado las medidas necesarias para evitar el hecho dañoso. Explica que, dado que el accidente se produjo llegando a una zona urbano-rural, el concesionario vial debió extremar las condiciones de seguridad, efectuando un control constante para evitar hechos como el de autos.

Asimismo, manifiesta que la empresa demandada no cuenta en la estación de peaje de Agustín Roca con personal de seguridad, como así tampoco desde Villa Espil hasta Rafael Obligado, lo que le impide dar cumplimiento a su obligación de seguridad.

Corrido traslado de la reseñada expresión de agravios, a fojas 148/151 vta. lo contesta el Dr. A. en su carácter de apoderado de "Vial Tres S.A.", solicitando la confirmación de la sentencia recurrida; luego de lo cual se dispuso el llamamiento de autos para sentencia, quedando las actuaciones en condiciones de resolver.

En tarea decisoria, comienzo señalando que, en mi opinión, la relación que liga a los concesionarios viales con los usuarios de los corredores concesionados es de naturaleza contractual.

Este enfoque es el que mejor se adecua a la realidad negocial que se verifica cuando el conductor de un vehículo abona a una empresa particular una suma de dinero para poder transitar por un camino.

En el contrato celebrado entre ambos, que es atípico y de adhesión, el peaje reviste el carácter de precio por la utilización del camino.

Resulta decisiva para esta conceptualización, que dentro del monto total del peaje está incluido el pago del I. V. A., lo que excluye su calidad de tributo, naturaleza que la asignan quienes sostienen que la relación en examen es extracontractual (conf. Jorge A. Meza y Juan Carlos Boragina, "Responsabilidad Civil en las empresas concesionarias de peaje con relación a los daños padecidos por el usuario"; J. A. 1997-IV-862).

Ahora bien, el vínculo contractual anudado entre usuarios y concesionario se distingue claramente de la relación de Derecho Público establecida entre éste último y el Estado en virtud del contrato de concesión de obra.

Vale aclarar que la adopción de este criterio no es incompatible con la postura que califica a la vinculación entre usuarios y concesionario como una relación de consumo, marco en el que también quedan comprendidas las relaciones no contractuales generadas entre damnificados y la empresa vial (como, por ejemplo, cuando reclaman indemnizaciones los herederos del usuario fallecido a raíz de un accidente acaecido durante el recorrido por el corredor concesionado), las que así categorizadas quedan incluidas en el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor.

Entonces, partiendo del carácter contractual de la relación existente entre la empresa concesionaria y los usuarios de la ruta concesionada, se deriva que el contrato de peaje -al igual que los demás- tiene una estructura compleja de la que emergen para la primera dos tipos de obligaciones: por un lado, la típica, que está encaminada al cumplimiento de la prestación expresamente convenida (habilitar la circulación del corredor vial), y por otro, las obligaciones colaterales con fundamento en la buena fe, entre las que se cuenta la obligación tácita de seguridad, cuya finalidad es garantizar al usuario que no sufrir daños con motivo del cumplimiento de la obligación típica.

De acuerdo con los términos de los artículos 1º y 2º de la Ley 24.240, esta relación contractual queda indudablemente alcanzada por el régimen tuitivo establecido por dicho plexo normativo, por lo que la obligación de seguridad a cargo del concesionario, además del sustento legal genérico brindado por el principio de la buena fe receptado en el art. 1198 del Código Civil, reconoce una base normativa específica en el art. 5º de la Ley 24.240, que dispone que los servicios deben ser prestados de tal forma que, utilizados normalmente, no presenten peligro para el usuario.

Esta obligación de seguridad, que está basada en el factor de atribución garantía, es de resultado y, por lo tanto, apareja la responsabilidad objetiva de la concesionaria.

En consecuencia, demostrado por el usuario que el perjuicio tuvo lugar durante el tránsito vehicular por el corredor vial, emerger una presunción de adecuación causal que deber ser desvirtuada por la empresa demandada mediante la alegación y prueba de la fractura de la relación de causalidad producida por la interferencia con eficacia genética de un hecho de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder, o por caso fortuito.

Claro está que la prueba de esa causa extraña deber ser valorada considerándose las circunstancias propias de cada caso que se presente. Es decir, debe analizarse en cada supuesto concreto si se configura o no el casus invocado, determinándose según las particularidades del hecho acaecido, la imprevisibilidad o inevitabilidad del perjuicio verificado. Con toda elocuencia, explica Jorge M. Galdós -citando a Gustavo Vallespinos- que "no es igual la Autopista del Sol, donde no será posible admitir la presencia de animales, que las rutas en las sierras cordobesas en las que es imposible el control de la entrada de animales" (ver "Peaje y Ley de Defensa al Consumidor" cit., p. 202).

A la luz de estas pautas, adelanto que encuentro configurado el caso fortuito interruptivo de la relación de causalidad, lo que excluye la responsabilidad atribuida a la accionada y conduce inexorablemente al rechazo de la pretensión incoada.

Así lo entiendo, ya que, aunque previsible, la irrupción de un perro en la cinta asfáltica es un hecho inevitable para el concesionario de una ruta con las características de la Nº 188 en el tramo donde se produjo el accidente motivo de litis (art. 514 del C. Civil).

Para arribar a tal conclusión, tengo en cuenta que a ese sector de la ruta se tiene acceso por dos caminos públicos de tierra, además del camino de ingreso a la localidad de Rafael Obligado, circunstancia que lógicamente dificulta el control de la misma. A ello se suma que en dicha zona, lindan con la ruta campos de laboreo agropecuario, con sus correspondientes alambrados y tranqueras (ver croquis de fojas 90 y respuestas a los puntos de pericia b y c del dictamen presentado por el ingeniero Hugo P. Peroni a fojas 93 vta.).

En este contexto, es inalcanzable el objetivo de impedir todas las posibles invasiones de animales de las características de los perros, cuya velocidad de desplazamiento y tamaño, tornan dificultosa no sólo su detención, sino también su visualización.

Y esta dificultad queda reflejada con la declaración del testigo Roberto O. Cacchione, ofrecido por la parte actora, que expone que "vio una sombra" detrás suyo y luego, refiriéndose al automóvil conducido por el actor, dice que "chocó contra un perro oscuro que debe haber sido lo que vio" (ver fojas 195, respuesta a la 2º pregunta).

Es decir, que si este testigo que -según se afirma en la demanda- pasó por el lugar del accidente en el mismo momento que el accionante, aunque por el carril contrario de circulación, apenas pudo ver "una sombra", eso da la idea de la inevitabilidad de la sorpresiva aparición del perro en la ruta, característica que convierte a este hecho en un caso fortuito excluyente de la responsabilidad de la demandada (art. 514 C. Civil).

Por ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación en tratamiento.

En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el Dr. A. por reputar bajos los honorarios regulados en su favor, el mismo debe desestimarse por resultar la regulación impugnada ajustada a lo prescripto por los arts. 16, 21 y 23 de la Ley 8904.

ASI LO VOTO.

El doctor Rosas dijo:

Que se adhiere y hace suyos todos los conceptos doctrinales y legales dados por el Señor Juez preopinante en primer término, Dr. Castro Durán, votando en consecuencia, en el mismo sentido.

ASI LO VOTO.

El doctor Guardiola dijo:

También adhiero al voto del Dr. Castro Durán. Quiero sin embargo agregar a su bien fundada propuesta las reflexiones de la Dra. Beatriz Areán ("Juicio por accidentes de tránsito 2" p. 1033) que comparto plenamente: "... resulta absolutamente imposible equiparar la situación que se presenta cuando el animal que aparece en la ruta es un vacuno o un equino, de gran porte y generador de una peligrosidad mayor, sobre todo este último, que aquella que se suscita cuando, imprevistamente, se cruza al automovilista un perro, quizás un gato o una liebre. Es evidente y ni siquiera requiere comprobación, el comportamiento habitual de estos pequeños mamíferos, al desplazarse velozmente, aparecer en forma imprevista y desaparecer -en tanto no hayan sido impactados- del mismo modo... Adviértase que, aun cuando la autopista se encuentre perfectamente vallada, nada obsta para que un felino salte al pavimento y se cruce ante un automóvil (hago aquí una interrupción en la transcripción para señalar que la jurisprudencia da cuenta del ingreso de un perro suelto a la zona de la calzada a pesar de los cercos olímpicos C. N. Civ. Sala 25/2/04 'Lordi c. COVIARES' el Dial AA1F72). ¿Cómo puede hacer la concesionaria para evitarlo, inclusive, ocurriendo el hecho frente a la cabina de peaje?... Entendemos que, aún ubicándose en el campo de las teorías contractualista o de la relación de consumo a las que, acoto, adscribo, la concesionaria no debe responder por configurarse una hipótesis de caso fortuito, frente a la inevitabilidad del hecho (art. 514 Cód. Civil), lo que supone la presencia de la causa ajena que quiebra el nexo causal".

Una presencia efímera, móvil y no prolongada, a diferencia de un obstáculo a modo de cosa inerte, no compromete a la concesionaria en su deber de vigilancia, ante la imposibilidad fáctica de adoptar medidas preventivas.

Doy así mi coincidente voto por el rechazo de la demanda decidido en la instancia de grado anterior.

2º cuestión. - El doctor Castro Durán dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor a fojas 134, y en consecuencia, confirmar la sentencia de fojas 122/129 (art. 514 C. Civil).

II) Rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 133 por el Doctor J. A. A. (arts. 16, 21 y 23 Dec. Ley 8904).

III) Las costas de Alzada se imponen al actor (art. 68 C. P. C.), regulándose los honorarios de los letrados intervinientes del siguiente modo: al Doctor J. A. A. en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850) y al Doctor M. A. Ch. en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600), ambas con más el 10% que establece el art. 12 inc. a) de la ley 6716 (art. 31 Dec. Ley 8904).

ASI LO VOTO.

Las doctoras Rosas y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación deducido por el actor a fojas 134, y en consecuencia, confirmar la sentencia de fojas 122/129 (art. 514 C. Civil). II) Rechazar el recurso de apelación deducido a fojas 133 por el Doctor J. A. A. (arts. 16, 21 y 23 Dec. Ley 8904). III) Las costas de Alzada se imponen al actor (art. 68 C. P. C.), regulándose los honorarios de los letrados intervinientes del siguiente modo: al Doctor J. A. A. en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850) y al Doctor M. A. Ch. en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600), ambas con más el 10% que establece el art. 12 inc. a) de la ley 6716 (art. 31 Dec. Ley 8904). - Ricardo Manuel Castro Duran. - Patricio G. Rosas. - Juan José Guardiola.