Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-14


Causa Nº 096-02-CC/ 2006 Incidente de levantamiento de clausura y de devolución de efectos en autos Esquilache, Patricia s/Infr. arts. 116 y 117 ley 1472- Apelación //n la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. José A. Lagorio, defensor particular de la encartada, a fs. 21/23 del presente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 1/4 obra copia de la resolución del Sr. Juez de Grado, Dr. Germán C. Garavano, quien, a solicitud del Fiscal General Adjunto, dispone entre otros puntos librar orden de allanamiento respecto de los inmuebles que especifica en el acápite I de su decisorio.

II.- Que a fs. 9/vta. del presente se agrega copia del acta de allanamiento efectuado el día 19/5/2006 en el local sito en Juramento 2889 de esta ciudad, ocasión en la que en presencia de quien dijo ser la encargada -Solange Mariel Ariztegui- se secuestran diversos bienes y se dispone la clausura preventiva del mismo.

III.- Que a fs. 12/15 vta. consta escrito de la Defensa solicitando el levantamiento de la clausura dispuesta sobre el inmueble y la restitución de los bienes que fueran objeto de secuestro.

IV.- Que a fs. 17 el Sr. Fiscal de Grado, Dr. Mario Gustavo Galante, solicita se deje sin efecto la clausura impuesta sobre el local sito en Juramento 2889 de esta ciudad, atento que han cesado las causas que le dieron origen, y que no se haga lugar a la solicitud de restitución de los objetos secuestrados en razón que los mismos se encuentran vinculados con el objeto de la presente causa y resultan susceptibles de comiso.

V.- Que el 26 de mayo de 2006, según consta a fs. 18/19 vta., el Sr. Juez de Primera Instancia resuelve no hacer lugar a la solicitud de restitución de efectos planteada por Solange Mariel Ariztegui.

VI.- Que a fs. 21/23 obra el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular de la encartada, Dr. José Antonio Lagorio, contra la resolución supra mencionada por considerar que la misma irroga a su parte gravamen de imposible reparación ulterior. Ello, en razón de que tanto el teléfono celular que es propiedad de Ariztegui como el dinero que fue secuestrado del interior de su cartera, no tienen relación o vinculación alguna con el presunto juego clandestino, y efectuar una interpretación contraria a ello implicaría incurrir en prejuzgamiento vulnerando el principio de inocencia. Asimismo, refiere que no surge de la sentencia cuál es la vinculación de los elementos en cuestión con la presunta violación a las disposiciones de juego establecidas en la Ley Nº 1472; dicha situación vulnera no sólo el derecho de propiedad sino la garantía de defensa en juicio al invertir la carga de la prueba. A su turno, y respecto de la computadora del local y el aparato de fax, realiza los mismos cuestionamientos.

VII.- Que a fs. 24 el Sr. Juez a quo resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

VIII.- Que la Sra. Fiscal de Cámara en su Dictamen Nº 112-FC2/06, obrante a fs. 29/31, solicita se declare mal concedido el remedio procesal intentado, y en forma subsidiaria se confirme la resolución del Judicante. Ello, por entender que no surge del recurso interpuesto en qué forma la resolución en cuestión causa a la impugnante gravamen irreparable, puesto que la cuestión debatida resulta netamente probatoria, por lo que el momento procesal propicio para su tratamiento es la audiencia de juicio. Tampoco, según expresa, es posible afirmar que el hecho de valorar si los objetos secuestrados resultarían susceptibles de comiso el Judicante haya incurrido en prejuzgamiento. Asimismo, refiere que no es posible establecer una relación de causa efecto entre los elementos secuestrados y la presunta contravención, como pretende el impugnante, puesto que para la comisión de la misma el autor puede haberse servido de los mismos, lo que deberá establecerse a través de los peritajes correspondientes lo que no afecta en forma alguna el derecho de propiedad de la encartada, puesto que este no resulta un derecho absoluto sino que se encuentra sujeto a restricciones.

IX.- Que a fs. 35 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de interpuesto por la Defensa en su caso ¿resulta ajustada a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTION En cuanto a la admisibilidad del recurso impetrado, cabe mencionar que el mismo ha sido interpuesto en las condiciones y plazo establecidos por el artículo 50 de la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable al imputado. El que ...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, ... cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva... (conf. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación- Tomo II, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As. 1997 pág. 186).

A partir de lo expresado, cabe mencionar que es criterio de este Tribunal que las decisiones que rechazan un pedido de restitución de efectos secuestrados cuando se alega la vulneración de derechos y principios constitucionales habilitaría, en principio, la revisión de dicha medida por esta Alzada (causas nº. 70-01-CC/2005, Recurso de Queja en autos Gimenez, Julio Orlando s/ inf. art. 83 CC, rta. el 18/04/2005, nº. 307-01-CC/2005, Incidente de devolución de efectos en autos Spangenberg, Hugo Hernán s/infr. arts. 116, 117 y 118 CC, rta. el 29/09/2005; entre otras). Por lo que, cabe afirmar que el recurso de apelación fue correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN En cuanto a la cuestión de fondo traída a estudio, la Defensa manifiesta en su escrito que tanto el teléfono celular como el dinero secuestrados son propiedad de Ariztegui y por tanto no poseen relación o vinculación alguna con la presunta contravención investigada, motivo por el cual la interpretación de las constancias de la causa efectuada por el Judicante vulnera el principio de inocencia puesto que incurre en prejuzgamiento. Asimismo, refiere que no surge de la resolución impugnada cuál es la vinculación de los elementos secuestrados en el allanamiento con el objeto de estudio de la presente causa, en la que se investiga la violación a las disposiciones de juego establecidas en la Ley Nº 1472, dicha situación vulnera no sólo el derecho de propiedad sino la garantía de defensa en juicio al invertir la carga de la prueba.

En principio, es dable recordar que en la presente se investiga la presunta violación a los arts. 116 y 117 de la Ley Nº 1472, y a partir de ello se efectuó un allanamiento en el local sito en Juramento 2889 de esta ciudad donde se secuestraron diversos elementos entre los que se encuentran los cuestionados por la Defensa.

En primer término, y respecto de la presunta afectación de derechos constitucionales, que implicaría el secuestro de marras es propicio recordar lo expresado por nuestro máximo tribunal nacional que afirmó ...Nuestra Constitución no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts. 14, 28 y 67 de la Constitución) lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general; cumpliendo así, por medio de la legislación, los elevados propósitos expresados en el Preámbulo... (CSJN, causa Vega, Andrés Roberto y otro c/ Inst. Nac. de Vitivinicultura s/ ac. de inconst. medida de no innovar, rta. el 23/08/1988), y que: ...Los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan, siempre que ellas sean razonables, se adecuen al fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad... (CSJN causa Ferreri, Irma Nieves c/ Altamirano, Restituta, rta. el 28/06/1988).

Teniendo en cuenta ello, esta Sala ha expresado en numerosos precedentes (Causa Nº 019-01-CC/2005 Enriquez Benites, Wilson Manuel s/ Inf. arts. 83 y 84 CC - Apelación rta. el 04/05/05, entre otras) que dado que el secuestro implica un desapoderamiento de los bienes respecto a quien es propietario, dicho acto debe perseguir un fin definido; y que la medida precautoria, prevista en el art. 18 c) de la Ley Nº 12, puede ...perseguir el aseguramiento de una prueba para el día en que se produzca el debate y, eventualmente, en el caso de dictarse sentencia condenatoria, el comiso de los bienes como indica el art. 35 del C.C. (causas n° 163-02-CC/2005, Incidente de Apelación en autos Molina, Juan José s/art. 84 Ley 1472, rta. el 13/09/2005, nº 307-01-CC/2005, Incidente de devolución de efectos en autos Spangenberg, Hugo Hernán s/infr. arts. 116, 117 y 118 CC, rta. el 29/09/2005; entre otras), por tanto corresponderá al Juez de Grado evaluar en cada caso si los bienes que han sido secuestrados responden a la condición prevista en la norma mencionada.

Es decir, deberá valorar si son pasibles de comiso pues de ser así, la negativa a su restitución podrá fundarse en la necesidad de garantizar el cumplimiento de una eventual condena. Ello, en razón de que en nuestro ordenamiento el comiso está establecido como una pena accesoria (art. 23 Ley Nº 1472), por tanto para merituar la posibilidad de despojar al presunto contraventor eventualmente- de los elementos secuestrados cabe remitirse a lo dispuesto por el artículo 35 de la norma mencionada que regula ese instituto estableciendo que La condena por contravención comprende el comiso de las cosas que han servido para cometer el hecho ...

Por tanto, corresponde merituar en cada caso, de acuerdo a la presunta contravención endilgada, si los bienes secuestrados habrían servido para cometerla o no art. 35 Ley Nº 1472-, y a partir de ello decidir la restitución o no de los mismos. En la presente, el a quo ha resuelto no hacer lugar a la restitución de los bienes solicitados por el impugnante teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encuentra la causa, que el teléfono celular secuestrado podría ser objeto de pericias, así como el hecho de que los bienes secuestrados servirían para comprobar la contravención y resultan pasibles de comiso.

Teniendo en cuenta ello, cabe mencionar que siendo que el Juez de Grado ha fundado debidamente la restricción al derecho de propiedad en las normas legales citadas precedentemente, no se advierte violación del mencionado derecho constitucional. Ello máxime, considerando que tal como ha referido el Judicante la evaluación efectuada en la presente resulta de carácter provisorio y pasible de ser revocada, pudiendo por tanto -en caso de corresponder- ser restituidos los bienes en la etapa procesal oportuna; resultando prematura la devolución en relación al teléfono celular cuando se podrían disponer medidas probatorias al respecto.

Todo lo hasta aquí expuesto no obsta a que, tal como refiere la Defensa, las medidas coercitivas que pueden recaer sobre las personas o los bienes sólo puedan disponerse con carácter excepcional, sean de interpretación restrictiva, carácter provisional y sujetas a controles jurídicos, y que deban -como se ha expresado anteriormente- perseguir un fin definido -asegurar una prueba para que se produzca en el debate o el cumplimiento de la pena accesoria de comiso-, ello en razón de que si bien implican una restricción de derechos del imputado ello resulta válido a los fines de garantizar la consecución del proceso; teniendo en cuenta que al tratarse de medidas de carácter provisional la imputada, luego de sustanciadas las medidas probatorias necesarias y en caso de acreditarse que los bienes no poseen relación alguna con la contravención investigada -de acuerdo a lo afirmado por el impugnante- podrá obtener posteriormente su restitución.

A mayor abundamiento, y en relación al prejuzgamiento que a entender del recurrente habría incurrido el Magistrado al decidir no restituir los efectos secuestrados por considerar que los mismos habrían servido para cometer la presunta contravención, cabe mencionar que esta Sala ha expresado que el juez al valorar la adopción o el mantenimiento de una medida cautelar debe merituar la verosimilitud del hecho, es decir el fumus boni juris de la denuncia, que se halla estrechamente ligado con la causalidad y la razonabilidad de la medida cautelar, debiendo efectuarse un análisis de la conducta desde un punto de vista estrictamente jurídico y no probatorio. Por tanto, y siendo que en la presente, y al menos en esta etapa del proceso tal como ha expresado el Magistrado no es posible afirmar -como refiere la Defensa- que los elementos secuestrados no tengan relación alguna con la presunta contravención investigada, corresponde afirmar que la resolución impugnada resulta acertada.

Asimismo, y en relación al dinero que de acuerdo a los dichos del impugnante fuera secuestrado del interior de la cartera de Ariztegui, es dable afirmar que de la presente no surge en forma alguna que quienes llevaran a cabo el allanamiento en el local de marras, hubieran requisado su bolso y secuestrado objetos que se encontraban en su interior, en este caso el dinero, puesto que si así lo hubieran hecho ello claramente excedería el marco de la autorización conferida por el a quo. No obstante ello, y teniendo en cuenta que de las constancias de la causa no surgen los extremos alegados por el recurrente, cabe recordar que de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal en anteriores precedentes, resulta adecuado que los cuestionamientos o nulidades que se relacionen con la actuación prevencional y los posibles excesos, y que requieran la valoración de prueba, puedan ser objeto de discusión y prueba en el momento procesal oportuno -a saber durante el debate- a fin de no afectar el principio de igualdad de las partes (causas nº 086-00-CC/2004 Solís, Virginio s/infracción art. 189 bis CP s/apelación (planteo de nulidad), nº 187-00-CC/2004 Posta, Felipe y Berbegal, Rodolfo s/ Infracción Ley 255-Apelación, entre otras).

Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde confirmar el decisorio recurrido en cuanto resuelve no hacer lugar a la solicitud de restitución de los efectos secuestrados el día 19/5/2006.

En razón de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

Confirmar la resolución de fecha 26/5/2005, que obra a fs. 18/19 vta. de la presente, en cuanto no hace lugar al pedido de restitución de los bienes secuestrados efectuada por la Sra. Solange Mariel Ariztegui.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí.

RI