marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación del recurso, recurso extraordinario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-03

Procede rechazar el recurso extraordinario interpuesto por cuanto, en el caso, no se observa contradicción alguna entre los distintos pronunciamientos dictados por esta Sala en relación a los planteos de prescripción opuestos por las aseguradoras de riesgos del trabajo, pues se ha tenido oportunidad de resolver supuestos distintos en los que se ha hecho aplicación del Código Penal: 62-5°. En efecto, se han presentado casos en los que se planteó la ocurrencia de la prescripción entre la falta cometida por la ART y el Dictamen Acusatorio (DAC) y la aseguradora opuso dicha defensa al formular su descargo ante la SRT. Otros supuestos diferentes son aquellos en donde se invocó el transcurso del plazo de prescripción entre el DAC y la resolución sancionatoria dictada por la SRT, como ocurrió en el sub lite, casos en los que sólo se ha acogido el planteo de prescripción cuando la Superintendencia no invocó la existencia de nuevas faltas al contestar el traslado de dicha defensa contrariamente a lo acontecido en este proceso. A ello debe agregarse que el procedimiento observado en el trámite del planteo de prescripción fue procesalmente adecuado (arg. CPR 350 y 351), y que, actualmente no se exige que el delito cometido sea de la misma especie o merezca igual o mayor pena que el anterior del cual emerge la acción a prescribir, produciéndose la interrupción con la comisión de la falta y no con la sentencia que condena al autor de ese delito.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL
Carátula: Arias, Luis Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Carece de objeto llevar a la justicia nacional el cuestionamiento de un acto local que, en sus efectos, puede ser rectificado por la magistratura provincial. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, obras sociales, Obra Social para la Actividad Docente, despido, empleados públicos, contrato de trabajo, interpretación del contrato, entes autárquicos, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ELENA ANA SZILAGUYI DE MAQUELO Y OTROS c/ SANATORIO E INSTITUTO BUENOS AIRES S.A Y OTROS s/ CONTRATO DE TRABAJO - DESPIDO    EMPLEADOS  PUBLICOS  -  OBRA  SOCIAL  PARA  LA ACTIVIDAD DOCENTE   ENTIDADES AUTARQUICAS - PACTO COMISORIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Así ocurre en el caso en que -a través del traspaso de un sanatorio a OSPLAD, los actores pasaron a desempeñarse bajo la dependencia de ésta- no resulta posible negar que se han incorporado normas de derecho privado a la relación de derecho público.
Mandato, poder general
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jourda, N. Eduardo Abel c/ Banco de Entre Ríos y otros s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-04

Sobre las diferencias entre mandato y poder, se ha sostenido doctrinariamente que, mientras el mandato -especie de negocio de gestión- crea una relación bilateral, interna y causada, el poder constituye un negocio unilateral -perfecto con la voluntad del poderdante- externa -dirigida hacia afuera, a los terceros- y abstracta -que vive y produce efectos prescindiendo de cual sea su causa fuente.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conducta procesal, principios laborales
Materia: LABORAL
Carátula: Fleitas, María Teresita c/ Gastaldi, Gregorio Francisco s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-11-02

El principio de buena fe previsto en el art. 63 de la LCT exige que las partes obren ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y un buen trabajador, y no solo al celebrar y ejecutar el contrato de trabajo, sino también a la hora de su extinción (Voto Ronconi en minoría)
Contrato de obra pública, actualización monetaria, moneda, contratos administrativos, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VICENTE ROBLES  S.A.M.C.I.C.I.F. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-07

Dado que una interpretación armónica e integrativa de los decretos 2875/75 y 2348/76 y de las resoluciones 2017/76 y 359/76 de la Dirección Nacional de Vialidad conduce inevitablemente la conclusión de que su objetivo fue determinar un método de reajuste tendiente a restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato original, la validez del procedimiento instrumentado a ese efecto dependió de que su aplicación en la práctica alcanzara el resultado previsto, lo cual en definitiva no ocurrió por aplicación de coeficientes correctores negativos.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DAVILA PEDRO M. c/ SEIJO MARIA SUSANA s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

En principio, los honorarios y gastos de los peritos serán a cargo de quién solicitó la prueba pericial, excepto cuando ella hubiese sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia a señalarse en sentencia (art. 476 CPC). Ello, con prescindencia de que alguna de las partes manifestare no tener interés en la pericia, pues en tal caso cargará con el pago la parte que la solicitó, excepto que concurriere aquel mencionado supuesto, señalado oportunamente en sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
AFJP, diligencias preliminares, opción jubilatoria, notificación por carta documento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.A. Organización Coordinadora Arg. c/ Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Debe confirmarse la medida cautelar solicitada por S.A. Organización Coordinadora Arg. y, en consecuencia, declarar la suspensión de los efectos de la Resol. SAFJF nº 768/95 de la Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones, hasta tanto recaiga resolución en sede administrativa. En orden a la verificación del requisito del fumus bonis iuris, la resolución de marras restringe el concepto de "notificación fehaciente" a que alude el art. 44 de la ley 24.241, reduciéndolo sólo a la carta documento que emite Encotesa (ley 20.216 y Decreto 214/92), como único medio idóneo para resguardar la efectiva comunicación del traspaso de AFJP.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Orlando, Juan Carlos s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

No existe confesión si en su indagatoria el procesado no se atribuye conducta típica alguna.
Recurso de queja (procesal), juicio ejecutivo, procedimiento monitorio, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MUT RUSSO Cecilia c/ Castro David Alfredo s/ Ejecutivo - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-20

De la reseña de las contingencias procesales producidas en la causa surge que dictada la sentencia monitoria, se notifica la misma al demandado mediante el mandamiento de Requerimiento de pago y embargo cuya copia obra, a través del cual se procede además de notificar la demanda y sentencia dictada en autos, a secuestrar bienes del deudor conforme surge de la certificación del oficial de justicia.

Producido dicho acto procesal el demandado por intermedio de gestores, solicitan al juzgado suspensión de términos procesales, por no acompañarse copias de la demanda al momento de notificarse el mandamiento, ni encontrarse los autos en el juzgado al momento de solicitarse su compulsa.

Asimismo, plantean los peticionantes Nulidad de mandamiento de embargo e intimación de pago, petición que es rechazada por el Juzgado a fs. sub 21, lo que provoca el planteo de reposición con apelación en subsidio, dando lograr a la resolución denegatoria de ambos recursos y que hoy viene en tratamiento a este Tribunal en virtud del presente recurso de queja.

Le asiste razón al quejoso por cuanto nos encontramos en un supuesto de notificación de demanda, más allá del tipo de proceso del que se trate, esto es proceso ejecutivo de estructura monitoria, en donde si bien, el primer acto de notificación es la sentencia, a través del mandamiento de intimación de pago y embargo, dicha notificación constituye un verdadero traslado de la demanda, el cual debe reunir todos los requisitos de la misma, cual es ir acompañados de las copias pertinentes a los fines de que la parte contra quien va dirigida, pueda en caso de considerarse con derecho oponerse en la forma establecida por el código de rito, conocer con plenitud el alcance de su derecho.

Por ello, más allá de los fundamentos dados para la denegación del recurso de reposición, el a-quo debió conceder la apelación interpuesta en subsidio, a los fines de que este pudiera hacer valer su derecho a la doble instancia procesal porque la hipótesis se encuadra perfectamente en la previsión del art. 249 del CPCSJ apartado 1) pues la resolución de fecha 23 de mayo de 2014 (fs. sub 25) "impide la continuidad del proceso en todo o en parte", en la especie es para la parte accionada quien en le marco de este estadío procesal ( se ve impedido de continuar con la oposición a la sentencia monitoria) .Tales fundamentos conducen a la conclusión que debe concederse la apelación en los términos del art. 250 ibid del C.P.C. con efecto suspensivo.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, Superior Tribunal de Justicia, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESMORIZ, TERESITA AGAR c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ COBRO RUBROS LABORALES. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   N° 392-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-06

A partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Strada", la Corte local es el superior tribunal de la causa a los efectos del recurso extraordinario federal. Con respecto al recaudo de la definitividad del decisorio atacado, la Corte Provincial efectúa una distinción según fuera el alcance del reenvío al tribunal de grado que corresponda.
Contrato de trabajo eventual, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, ALCIDES c/ INSTITUTO    DE  SERVICIOS  SOCIALES PARA  EL  PERSONAL  FERROVIARIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-31

Para que la indemnización por antigüuedad resulte compatible con el contrato de trabajo eventual, es exigible un desempeño habitual, que lleva al trabajador eventual a abrigar legítimas expectativas de permanencia laboral, aún cuando se hubiere anudado el vínculo a sabiendas de su transitoriedad.
Recusación, recusación por juicio pendiente, defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: TALLO, M.A. s/ RECUSACION. EXCUSACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

La circunstancia de que el letrado defensor en esta causa se encuentre procesado en otra que tramita ante el mismo Tribunal no configura ninguno de los supuestos previstos en el art. 75 del Código de Procedimientos en Materia Penal ni compromete el debido proceso, por lo que no procede la inhibitoria dispuesta.
Derecho procesal, partes del proceso, costas, costas en el orden causado, demanda, reconvención, orden de allanamiento, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Asesoramiento y Desarrollos Industriales Adi SA c/ Pecom Servicios de Energía (antes Sade Skanska) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

1 - Corresponde modificar la resolución de grado que, admitiendo la demanda por resolución injustificada del contrato de obra que uniera a las partes, y admitiendo a su vez la reconvención de la misma por rubros adeudados, impuso las costas de la reconvención a la actora. Ello así, pues en el caso, la actora al ser requerida respecto de los pagos realizados por la demandada en su nombre, se apresuró a reconocer su procedencia y a reclamar, bien que sin éxito, que la pretensión fuera excluida de la reconvención y pase a formar la rendición de cuentas que solicitó.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, dación en pago, bienes inmuebles, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASETRU SOCIEDAD ANONIMA. s/ CONCURSO - INCIDENTE DE PAGO DE HONORARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-15

Quien propone un concordato tiene que haber previsto -o debió prever- los gastos que debe atender de modo inmediato si el mismo es homologado. No es adecuado prima facie, que los gastos deban ser atendidos liquidando bienes de capital pues así no se estará manteniendo una empresa en marcha sino acogiendo la realización de una liquidación judicial. Este concepto no debe entenderse como absoluto, pero la propuesta debe contener elementos que permitan admitir la autorización a aquella regla, o compatibilizar la misma dentro de un plan de reactivación empresaria.

Es inadmisible como dación en pago la directa entrega de cosas inmuebles a profesionales letrados para atender sus honorarios graduados como gastos del concurso.
Jubilaciones, pensiones, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce de Simonetti, Angélica Miguelina c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

La razonabilidad del acto administrativo no solo debe estar ligada íntimamente al denominado aspecto adjetivo del debido proceso, -referente a que la libertad individual sea formalmente válida-, sino también para que se consagre una solución, en cuanto no lesione indebidamente, cierta dosis de libertad jurídica propuesta como intangible para el individuo en el estado de que se trate. Ello importa el aspecto sustantivo del debido proceso.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfredo Alejandro Scola y Cía. S.C.A. Concurso preventivo s/ Inc. de revisión I.B.M. Argentina S.A. c/ A.S.T.A.R.S.A. S.A. s/ Incidente de revisión Fisco Pcia. Bs.As. s/ Incidente verificación de créditos en autos:Golberg,  Mauricio.Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22|1988-11-15|1988-11-15

El procedimiento abierto con la revisión contemplada por el art. 38 de la ley 19.551 rebasa el contenido que el código de forma otorga a los incidentes (arts. 175 y siguientes del C.P.C.C.), conformando un verdadero proceso de conocimiento en el que la decisión final resulta definitiva porque la cuestión resuelta no podrá ser renovada en otra oportunidad o en otro juicio. Ello es suficiente para concederle la "nota de definitividad" exigida por el citado art. 278 para considerar a la decisión susceptible de ser objetada a través de los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Escribanos públicos, sanciones del Colegio Profesional, denunciante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castelli de Binotti, María c/ Marquez, Alicia N. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

El denunciante no es parte en el proceso incriminatorio, debiendo limitarse su actuación a la interposición de la denuncia y a cumplimentar el aporte de datos y elementos que puedan servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, de conformidad con lo que le sea requerido por el funcionario receptor de aquella (arts. 76 y 78 del C.P.P.). Por su parte el art. 83 del citado código establece que "el denunciante no contrae obligación que lo ligue al proceso, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia". Lo expuesto conduce a desconocer legitimación al denunciante para apelar de la sentencia.
Prueba pericial, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: ARGENOVA S.A. c/ PREFECTURA NAVAL ARG. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

El apartamiento de las conclusiones de organismos administrativos técnicos con facultades jurisdiccionales, sólo puede justificarse con la demostración de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente (esta sala in re Alleno , del 4-8-92) por lo que la mera divergencia del recurrente en la valoración de los hechos no alcanza a comprometer la razonabilidad de la ponderación efectuada por el a quo.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ GABRIEL OSCAR c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

La identidad entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción no es, en sí misma, un obstáculo a su procedencia en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad (confr. esta Sala, causa 7802/07 del 20.11.07, entre otras). No pueden ser objeto de consideración las manifestaciones de la recurrente acerca de la imposibilidad de ejercer su defensa con anterioridad al dictado de la resolución que impugna, ya que es propio de las decisiones cautelares ser adoptadas sin audiencia de la parte a la que van destinadas (art. 198 del Código Procesal).
Impuesto sobre los ingresos brutos, base imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

El impuesto sobre los ingresos brutos grava sólo los ingresos que son fruto del ejercicio habitual de una actividad a título oneroso. El art. 150 del CF to 2002 y 158 del CF to 2003 lo único que agregaba era la presunción de habitualidad cuando se está frente a una operación en la que es parte una entidad financiera. Todas las operaciones las presumía habituales, cualquiera sea el alcance o validez de esa presunción, por lo que para arribar a la base de cálculo que preveía la ley, el contribuyente debía detraer del resultado que arrojaba sumar los importes registrados en la columna del haber de las cuentas de resultado correspondiente a "operaciones", los egresos financieros en concepto de intereses y actualizaciones, no todo egreso. La ley apuntaba, concretamente, al spread. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, motocicleta, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Righetti, Victorio Carlos c/ Rizzardi, Oscar Darío s/ daños y perjuicios - accidente de tránsito - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-07-01

El motociclista y el automovilista que participaron en la colisión deben responder en partes iguales por los daños causados al otro el vehículo, pues el rodado del accionado resultó sorprendido en la interposición de la línea de circulación del primero al pretender trasponer la encrucijada sin extremar cuidados y en forma antirreglamentaria, en tanto que el motociclista no observó la regla de circulación con velocidad precautoria, lo que incidió negativamente en el resultado de su capacidad de maniobra de evasión de la colisión y de consecuente frenado.
Inmunidad de jurisdicción, revocación de sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Alimento de los Andes S.A. c/ Banco de la Provincia del Neuquén y otros s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Corresponde revocar la sentencia y admitir el privilegio invocado si el a quo, al denegar la inmunidad de jurisdicción -que reconocía fundamento en diferentes fuentes normativas-, efectuó un tratamiento generalizado de la cuestión, omitiendo así una consideración particularizada en función de cada organismo internacional, a la luz de los convenios internacionales y bilaterales que específicamente regían su situación.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios, inembargabilidad del salario, crédito laboral
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: APRINTA  SA s/ INCIDENTE  DE  REVISION  -PROMOVIDO  POR SENDRA,CRISTINA-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

La restricción impuesta a la embargabilidad de los salarios establecida por el decreto 484/87, en principio, no debe extenderse a supuestos, como en el caso, donde esta en juego la naturaleza alimentaria del honorario del letrado ejecutante que constituye la base del sosten económico del profesional independiente y no difiere, en lo sustancial, de los sueldos o salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia, pues es la contraprestación por la labor desarrollada. De tal modo, por un lado, el crédito originado en la retribución determinada respecto del letrado en cuestión se halla tutelada, con el privilegio que el cciv: 3879 y 3900 acuerdan a los gastos de justicia y honorarios y por otro, el decreto 484/87: 4 dispone que los limites de embargabilidad no seran de aplicación por litisexpensas, las que deberan ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del alimentante.

Asi las cosas no son de aplicación al caso los mentados limites establecidos en el decreto antedicho. La caracteristica de estas medidas cautelares obliga a no prescindir de la realidad económica comprometida, para evitar incurrir en excesos que puedan afectar la subsistencia del afectado, sin que ello determine un desmedro de los derechos del acreedor (vease en esta linea, Podetti, "tratado de las medidas cautelares", p. 179 y sig.). En este marco, es prudente fijar la retención sobre los fondos dados en pago por haberes adeudados al incidentista, solo sobre el 50% de la suma dineraria depositada.
Acción contencioso administrativa, rechazo de la demanda, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Baigorria, Mario Basilio c/ Municipalidad de Villa Del Carmen y/u Otros s/ Cobro de pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-28

La demanda contencioso administrativa debe ser rechazada por sus formas extrínsecas, en virtud de que el plazo previsto por el art. 854 del C.P.C. y C. de San Luis para la interposición de la misma se debe computar desde que la vía administrativa se encuentra agotada, y de conformidad con el precedente "Moran de Valcheff" -anterior a la demanda- que estableció la competencia del Superior Tribunal de Justicia y le impuso al actor el agotamiento de la vía administrativa para la procedencia de la acción contencioso administrativa -lo que no se cumplió en el caso-, máxime que transcurrió un lapso más que suficiente durante el cual los profesionales firmantes, han tenido tiempo para anoticiarse y conocer la doctrina sentada.
Juicio ejecutivo, notificación en el domicilio, nulidad de la notificación, muerte de las partes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL BUEN AYRE S.A. c/ MILINSKY SVATOPLUK y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

No obstante haberse practicado en el domicilio constituido a tal efecto, cabe decretar la nulidad de la diligencia de notificación de la demanda ejecutiva, si el ejecutado a quien iba dirigida ya había fallecido.-