Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-26


Buenos Aires, diciembre 26 de 2006.

El doctor Sarli dijo:

I. A fs. 9/13 la firma Macamter S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Res. 2173/05 del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, de la DGA, dictada en el Expte. Nº 12091-27-2004 (Ex expte. Nº 448.463/99), por la cual se denegó el reclamo de repetición interpuesto por dicha firma (en concepto de diferencia de tasa de estadística abonada en demasía), denegatoria con fundamento en la invalidez del certificado de origen presentado, respecto del Despacho de Importación Nº 309990/94 de la Aduana de Buenos Aires. Expresa la actora que por dicho despacho de importación documentó la importación para consumo de polietileno expansible granulado, originario y procedente de Brasil, que a la fecha de importación la mercadería estaba comprendida en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, y que, no obstante ello, al momento de librarse a plaza la mercadería se liquidó y pagó la tasa de estadística al 10% (establecida por el dec. 1998/92), siendo que dicha alícuota no correspondía, y sí la establecida en el ACE 14 (tasa del 3%). Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Señala que al momento de la operación presentó el correspondiente certificado Nº 004/94 que acredita el origen de la mercadería. Explica que la Aduana rechazó el pedido de devolución argumentando que el Certificado de Origen acompañado no resulta de aplicación, atento a que el mismo carece de fecha en el campo 14 (fecha de certificación de origen). Sostiene que la resolución apelada priva al certificado Nº0004/94 de sus efectos propios, de acreditar el origen brasileño de la mercadería importada, por haberse insertado la fecha en el campo 13 en lugar del 14. Manifiesta que la controversia se centra sobre "si el certificado resulta válido para amparar el origen de la mercadería, no obstante carecer de fecha en el campo 14". Al respecto, destaca que tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que los certificados así emitidos acreditan debidamente el origen zonal de la mercadería. Entiende que resulta relevante la fecha que se encuentra en el campo 13 del certificado de origen, agregando que al no haberse cuestionado que el certificado de origen amparaba a la mercadería importada, la falta de fecha en el campo 14, pero inserta en el campo 13, no es un motivo válido para negar que la mercadería se importó bajo el régimen del ACE14. Señala que si bien la inserción de la fecha en el campo 13 es la que basta para darle fecha al instrumento, libró el oficio requerido por la Aduana a la entidad certificante a fin de que se expidiera respecto a este punto (fecha de certificación). Agrega que dicha entidad, con fecha 27/08/2003 (Expte. 12091-27/04, ex expte. Nº 448463/99), informó que el certificado de origen Nº 0004/94 fue expedido el 03/01/94. Señala que posteriormente, la División Ordenamientos y Convenios manifestó que el certificado no era válido por carecer de fecha en el campo 14. Explica que las únicas funciones que cumple la fecha en el campo 14 son determinar el cumplimiento del art. 12 del Capítulo II, Anexo V del ACE 14, del art. 2 del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI y del art. 10 del 17º Protocolo Adicional del ACE 14. Manifiesta que el certificado de origen fue presentado conjuntamente con el despacho, señalando que de no ser así se tendría que haber garantizado la falta del mismo, explicando, además, que en dicho certificado se halla impreso el número de la factura comercial (respecto de este punto sostiene que no podría haberse emitido un documento -certificado de origen- que lleve datos de un segundo documento -factura comercial-, antes de emitido este último). Respecto a la fecha de embarque (18/01/94), entiende que el único punto que podría dar lugar a dudas es la determinación del cumplimiento del art. 10 del 17º Protocolo Adicional del ACE 14 (..."los certificados deben ser emitidos a más tardar a la fecha de embarque, de la mercadería"... ), pero explica que con la declaración efectuada por la entidad certificante y la fecha inserta en el campo 13 (ambas fechas anteriores a la fecha de embarque de la mercadería), se disiparía cualquier duda, remarcando que por el 26º Protocolo Adicional (que rige desde el 26/07/94) se modificó el numeral 10 del 17º Protocolo del ACE 14, ampliando el plazo de emisión hasta después de los diez días hábiles a la fecha de embarque. Cita jurisprudencia para fundar su tesis. Ofrece prueba y solicita se revoque la disposición recurrida y se haga lugar a la repetición iniciada.

II. A fs. 22/34 el representante fiscal acompaña las act. adm. antecedentes de esta causa (Expte. Nº 12091-27/04, ex expte. Nº 448463/99) y contesta el traslado del recurso. Se refiere a los antecedentes de la cuestión. Señala que la repetición solicitada carece de sustento legal, toda vez que no existe en autos certificado de origen con requisitos de validez, por lo que considera infundada la pretensión de obtener un beneficio derivado de la aplicación de Tratados Internacionales. Cita los dictámenes técnico y jurídico agregados en las act. adm, los cuales resultan ser el fundamento del fallo cuestionado. Entiende que la exigencia del certificado de origen no constituye un exceso de rigorismo formal, expresando, al respecto, que los tratados han sido firmados para ser cumplidos y que en ellos se establecen regímenes de excepción. Señala que la regla general en materia de importaciones es que los importadores deben pagar los gravámenes correspondientes, aunque a los fines de facilitar el comercio y la integración económica los países han firmado los tratados que establecen ventajas arancelarias, y para ser acreedor de dichas ventajas se debe probar el origen zonal de la mercadería con documentación válida. Cita la doctrina de los fallos Mercedes Benz y Autolatina Arg. S.A., entre otros. Entiende que admitir lo contrario (actuar conforme lo sostiene la actora) implicaría crear un estado de inseguridad jurídica absoluta, agregando que reputar como válido un certificado que adolece de ciertos requisitos sustanciales implicaría desnaturalizar la esencia misma de ese régimen que lo regula y por ende la esencia misma del propio certificado. Concluye diciendo que no puede prosperar el recurso interpuesto en virtud de que se pretende obtener un beneficio basado en la aplicación de un Tratado Internacional respecto del cual la operación de importación no se encuentra comprendida, por no haberse emitido un certificado de origen válido. Ofrece prueba, deja planteado el caso federal y solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas.

III. A fs. 36 se elevan los autos a sala G y se ponen a sentencia.

IV. Conforme surge de los antecedentes administrativos de esta causa (Expte. Nº 12091-27/04, ex Expte. Nº 448463/99), por despacho de importación Nº 30.999-0/94, registrado ante la Aduana de Buenos Aires el 02/02/94, la firma actora importó para consumo de una partida de "poliestireno expansible granulado", declarando origen y procedencia de Brasil, invocando el régimen preferencial del ACE Nº 14, y - en lo que aquí interesa- liquidando tasa de estadística con el nivel arancelario del 10% conforme el dec. 1998/92 (ver la documentación del despacho a fs. 11 de dichas actuaciones administrativas).

Mediante el citado expediente 12.091-27/04 (ex Expte. Nº 448.463/99), la actora presentó ante la Aduana el reclamo de devolución de lo que entendía -y entiende- haber abonado de más en concepto de tasa de estadística por el referido despacho, esto es la diferencia entre el 10% y el 3% "ad valorem" (ver fs. 1/5). En el sobre de fs. 11 obra la correspondiente certificación de pago y el certificado de origen en cuestión; y a fs. 3 la boleta de depósito del arancel exigido para iniciar el trámite de repetición. A fs. 13 la División Verificación se expidió en sentido denegatorio de la repetición (por carecer el certificado de origen, de fecha de emisión). A fs. 15 obra Nota Nº 27/02 por la que la Div. Fiscalización de Importación dispuso que se debía proceder a intimar a la actora para que requiriese de la entidad emisora del certificado de origen (Nº 0004/94) que subsanara el defecto de dicho instrumento (falta de fecha de certificación). Consecuentemente, a fs. 16, el instructor del procedimiento de repetición (la Div. Sumarial/Repeticiones) intimó a la actora a que librara y diligenciara el oficio a dicha entidad emisora, A fs. 17 la actora contestó la intimación, adjuntando copia del FAX Nº 4548 que remitiera la Secretaria Técnica de la Aduana a la Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales, por la que se solicitó opinión en relación a la aplicación del art. 10º del Protocolo 17º y del art. 2º del ACE 14 y 18, respectivamente (poniendo de manifiesto que resultaba relevante la fecha que figura en el campo 13). A fs. 21 obra Nota Nº 2976/03 por la que se comunicó que la Sección Importación de la Div. Fiscalización Documental entendió que..."no corresponde acceder al requerimiento incoado, teniendo en cuenta que el certificado de origen involucrado en autos en su campo 14, carece de fecha..." y además que "... corresponde solicitar a la División Arancel Informático que informe el porcentaje de tributos que debía abonar la misma por el régimen general a la fecha de oficialización del despacho de importación de marras". A fs. 24 la División, Ordenamientos y Convenios mediante Nota Nº 2654/03 se expidió en el sentido de que el certificado de origen Nº 0004 obrante en la carpeta del DI Nº 30.999-0/94, no resulta de aplicación por no ajustarse al art. 22 del Cap. II, Anexo V del ACE 14, art. 10 del 17º Protocolo Adicional del ACE 14 y art. 2º del Acuerdo 91 de la ALADI. A fs. 27/33 la actora acompañó la respuesta dada por la entidad certificante, FIESC, donde se indicó que el certificado de origen involucrado fue emitido el 3/01/94. A fs. 25/ vta. obra Dictamen Nº 943/04 en sentido denegatorio de la repetición intentada. A fs. 31 la División Fiscalización se expidió en el mismo sentido que el dictamen señalado. A fs. 35/37 se dictó la resolución apelada en autos, denegatoria de la repetición.

V. Debe resolverse en autos si por la importación para consumo realizada, al amparo del ACE 14, por el despacho del que se trata, correspondía abonar el 10% en concepto de tasa de estadística, tal como lo efectuó la actora en el trámite del despacho y así lo sostiene el fisco o, en su caso, el 3% por el mismo concepto tal como lo sostiene la actora al reclamar la devolución de la diferencia.

Cabe señalar que tanto este Tribunal Fiscal como la Alzada han resuelto en forma pacífica y reiterada que si una operación de importación se encuentra alcanzada y/o amparada por un Acuerdo Internacional -en este caso el ACE 14- y si en el seno y/o en el marco del Acuerdo se negoció un nivel de tasa de estadística (en el particular, del 3%) menor que el fijado por normas de derecho interno (en este caso el dec. 1998/92 que estableció un nivel del 10%), por el principio de supremacía de los tratados internacionales, recogido por la CN en su art. 75 inc. 22, debe estarse a la tasa de estadística fijada en el aludido Acuerdo Internacional (ver sentencias de este Tribunal y de la C.N.A.C.A.F. recaídas en las causas nros. 8662-A y 8781-A, ambas caratuladas "Trumar S.A.", entre muchas otras).

VI. Ahora bien, como a tal conclusión se arriba a partir de que la respectiva importación esté amparada por el ACE 14, el que requiere la presentación de un certificado de origen "que efectivamente ampare a la mercadería", corresponde analizar si en el caso de autos se ha presentado un certificado de origen que resulte válido a los fines para los cuales fue emitido.

Es claro que el certificado de origen (reglado en los respectivos Acuerdos Internacionales) es el documento necesario e imprescindible para acreditar el origen zonal de la mercadería, origen del que deriva el tratamiento preferencial, y por ende dicho certificado debe reunir todos los requisitos sustanciales exigidos por el respectivo Acuerdo y su reglamentación, fundamentalmente en cuanto tales disposiciones y/o requisitos se refieren, además, directa o indirectamente, a la propia "validez" del certificado.

VII. Ante todo cabe señalar que en el caso de autos, si bien, como puede observarse en el respectivo certificado, el mismo efectivamente "carece de fecha de certificación", esa fecha de certificación es sin embargo "determinable", al menos -con certeza- determinando el período de tiempo en que la certificación se efectuó y/o debió efectuarse.

De la compulsa de la documentación obrante en el sobre de fs. 11 de las act. edm. surge que el certificado de origen Nº 0004/94 se presentó"junto con el despacho de autos" (registrado en fecha 02/02/94), lo cual resulta de la circunstancia observable de que -como consta en el propio despacho, ver su campo BDO2 subcampo 41-no se presentó la (sustitutiva) garantía por diferencia de tributos con el arancel general, lo cual -sin observación alguna- es indicativo de la aludida presentación, a la vez que ello coincide con la fecha "grabada" por perforación en el certificado (con el mismo número así grabado del despacho), que es la misma fecha así grabada en el formulario de despacho y en la restante documentación complementaria.

En consecuencia, dada la fecha del "registro" del despacho de autos (02/02/94), registro que -como en el caso, antes de la generalización del Sistema Informático María- implicaba necesariamente la previa "presentación" del despacho (junto con la documentación complementaria, entre ella el certificado de origen, salvo la sustitutiva garantía que en el particular no se presentó), cabe concluir en que -ciertamente-el certificado se emitió(la certificación se efectuó), entre la fecha de la declaración del exportador (28/12/93) y la aludida fecha de presentación y registro del despacho (02/02/94).

Luego (teniéndose en cuenta uno de los aspectos -de invalidez del certificado- sostenidos en el caso por la aduana), en cualquier hipótesis de fecha de emisión "entre el 28/12/93 y el 02/02/94" (período cierto de emisión), y dada la aludida presentación "conjunta" (DI y certificado de origen), de fecha 02/02/94, cabe a su vez concluir en que el certificado se presentó "en término", esto es dentro del plazo de 180 días a contar desde su emisión (plazo el indicado, de "validez" del certificado), y por ello -contra el criterio aduanero- en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12 del Capítulo II, Anexo V, del ACE 14.

Por otra parte cabe señalar que la factura comercial de la operación (Factura Comercial Nº 058/93) está individualizada en el certificado, y que dicha factura (que con la misma identificación obra en el sobre de fs. 11 de las act. adm.) tiene fecha 28/12/93. De modo que, o bien el certificado se emitió "en la misma fecha" de la factura o después, pero -en tal supuesto- nunca más tarde del 02/02/94 (esta última fecha, según se vió, fecha, tope de la emisión); por lo cual, otra vez en cualquier hipótesis de emisión "entre el 28/12/93 y el 02/02/94" (período cierto de emisión), el certificado debió de emitirse -indudablemente-en la misma fecha de la factura o dentro de los 60 días siguientes, y por ello -también contra el criterio aduanero- en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2º del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de ALADI. En tales condiciones el certificado de origen, también desde este punto de vista, es válido al fin para el cual fue emitido.

Más aún, también tengo presente que el certificado presentado por la actora se refiere efectivamente a la mercadería documentada por el despacho de importación de autos, y así cabe admitirlo en cuanto ese certificado menciona por su descripción genérica a la mercadería, e indica exactamente su peso y su PA (en coincidencia con los mismos datos del despacho), a la vez que consigna e individualiza (por su Número y fecha) a la respectiva factura comercial presentada, la que a su vez -ver la documentación del despacho en las act. adm.- individualiza perfectamente a la mercadería, con sus denominación, su peso y su valor, todo ello en coincidencia con los datos del despacho. Por ello, también desde este punto de vista, el certificado en cuestión ampara a la mercadería del despacho de autos, y por ende es aplicable.

VIII. Si se considera la fecha de embarque (18/01/94 la que resulta de lo consignado en el despacho de importación Nº 30999-0/94 y en el conocimiento de embarque, sin observación ni controversia al respecto), se tiene que el certificado "pudo" (es decir "de hecho") haberse emitido, tanto hasta trece días hábiles "antes" del embarque (si se hubiera emitido el mismo día de la declaración del exportador, lo cual es perfectamente posible tal como el suscripto lo ha observado en numerosos casos de esta naturaleza), como "hasta" el mismo día del embarque (con lo que en estas "dos" hipótesis se habría perfectamente cumplido lo establecido en el art. 10 del 17º Protocolo Adicional del ACE 14, del 4/05/93 y vigente al tiempo del despacho de autos, disposición que establecía que "...en todos los casos el certificado de origen deberá haber sido emitido a más tardar a la fecha de embarque de la mercadería..."); aunque también con posterioridad al embarque (en esta tercera y última hipótesis sí se habría incumplido con lo establecido en la referida norma del Acuerdo).

Por ende, en relación a la causal de la resolución apelada (falta de fecha de certificación), lo cual (según el criterio aduanero) impide per se "verificar" el cumplimiento de la aludida norma (relativa a la exigida fecha de emisión), se tiene, no obstante, que -conforme lo expuesto más arriba- podría" darse, para el control aduanero, para su consideración, y en el mismo momento de la presentación del certificado, tanto el aludido cumplimiento (las dos primeras apuntadas hipótesis), como también el incumplimiento (la tercera señalada hipótesis).

En tales circunstancias debo ahora referirme al precedente jurisprudencial de la C.S.J.N., constituido por la sentencia del 10/04/03 en el caso "Autolatina Arg. S.A." TFN 7879-A. En esa sentencia quedó develado que en vigencia del 17º Protocolo Adicional del ACE 14 (por ende de su art. 12) ya no era necesaria -en lugar de considerarse la invalidez del certificado- la previa consulta, al país emisor del certificado, ante cualquier incumplimiento, sino sólo cuando se tuviera dudas al respecto, y por ende "no" cuando la inhabilidad fuera "manifiesta" como en el caso que se juzgaba en esa causa 7879-A. Allí, concretamente, se consideró "inhabilidad manifiesta" (por ende invalidante del certificado) a la presentación fuera del plazo de 180 días de la emisión y a la emisión extemporánea (en aquel caso era extemporánea la emisión meramente posterior al embarque, como en el caso de autos).

Yo entiendo que (sin perjuicio de que en muchos otros votos relativos a la validez del certificado de origen he intentado demostrar, ora que -con carácter excepcional- podía legítimamente apartarme, en determinadísimas circunstancias, del aludido precedente en cuanto al concreto supuesto de la emisión posterior al embarque antes del 26º Protocolo Adicional del ACE 14 -apartarme cuando esa posterioridad fuera dentro de los diez días posteriores-, ora que en rigor -en esas determinadísimas circunstancias- no me apartaba sino que entendía que el respectivo caso difería del caso del aludido precedente), en el caso de estos autos incluso no sería preciso aplicar el criterio de dichos votos, ya que con aplicación estricta del aludido precedente, la conclusión debe ser -a mi juicio- que no procedía (entonces) ni procede, invalidar el certificado.

Tengo la plena convicción de que en este caso, y por la especial circunstancia descripta en el presente capítulo, cuando en dos hipótesis se daba la perfecta posibilidad de cumplimiento frente a sólo una hipótesis en la que se daba la posibilidad contraria del incumplimiento, se está(y debía de estarse entonces) ante una situación de objetiva y razonable duda, ello claramente en el marco del precedente de "Autolatina Arg. S.A." del 10/04/03, ya que tal situación (y sólo ante ella y no cuando no existiera duda alguna del incumplimiento) era la que compelía -al servicio aduanero- a ocurrir en consulta al país emisor en vez de invalidar el certificado. Dicho de otro modo, en tales circunstancias no podía, ni puede, razonablemente, considerarse que se esté ante un supuesto de "inhabilidad manifiesta" (que según dicho precedente es lo que habilita a declarar lisa y llanamente la invalidez en vez de ocurrir al mecanismo de consulta.

Pero en este caso de autos destaco (y a mi juicio es decisivo, aun en aplicación del criterio "restrictivo" -contrario a mi criterio precedentemente expuesto- en orden a que la falta de fecha de 'certificación' invalida el certificado sin ninguna excepción) que en la propia instrucción del procedimiento aduanero de repetición y a instancias de la División "Fiscalización" de Importación, el instructor aduanero dispuso (ver fs. 15/16 de las act. adm.) requerir a la entidad certificante que "subsanara el defecto" del certificado (su carencia de fecha). Ello no podía sino significar que, independientemente de las razones de la aduana que a tal requerimiento impulsaron, el servicio aduanero efectivamente dispuso, en vez de considerar inválido el certificado, efectuar la consulta al país emisor (en el caso a la entidad emisora), que era, precisamente, lo que, según mi criterio, debía la aduana hacer en el caso ante la objetiva situación de que "en este caso" no se estaba ante un supuesto en el cual "no existiera duda alguna" acerca de la invalidez, esto es ante un supuesto de "inhabilidad manifiesta" (sino, por el contrario, que se estaba ante la aludida objetiva "duda" razonable en orden a la fecha de emisión, en las precedentemente explicitadas circunstancias dadas). De modo que, en este caso de autos, además de estarse (según mi criterio) ante un supuesto de "duda" (y no de certeza) acerca de la validez o invalidez del certificado (por ende no ante un supuesto de 'inhabilidad manifiesta'), la aduana actuó concretamente de conformidad a esa situación (ello según el propio criterio de la C.S.J.N. in re "Autolatina" del 10/04/03), y así dispuso efectuar la referida consulta. Por lo tanto, no es razonable, en este caso, desconocer el resultado de dicha consulta (la entidad emisora -FIESC- informó, según consta a fs. 28 de las act. adm., que el C.O. del caso -Nº 0004/94-fue emitido el 3/1/94), y por ende no es aplicable, en este caso, el criterio de dicho más Alto Tribunal (en el citado caso "Autolatina") en el sentido de que "... resultaría ineficaz el informe 'ratificatorio' de la autoridad del país exportador..."; en suma, no ante la indicada situación de "duda" razonable y objetiva y -sobre todo-no en un caso donde el informe (ratificatorio de la validez) en el que se indica la fecha inicial y formalmente omitida, es precisamente la respuesta a un requerimiento ordenado por la propia aduana en el reclamo de repetición (y ello de oficio, lo que es indicativo de que la aduana hizo lo que tenía que hacer ante la concreta situación indicada). Por lo demás, queda claro que la fecha precisada en el informe (3/1/94) hace que el certificado del caso se hubo emitido con anterioridad a la fecha de embarque (a la vez que -correctamente según el Acuerdo- después de la emisión de la factura, del 28/12/93), y por ello válidamente.

Con la precedente conclusión cae el fundamento (invalidez y/o inaplicabilidad del certificado) que expone el decisorio aduanero para denegar el reclamo de la actora, y por ello procede revocar la resolución apelada; con costas (art. 1163 del C.A.).

IX. Por todo lo expuesto, a mi juicio corresponde:

1) Revocar la Res. 2173/05 dictada en el Expte. Nº 12091-27/04 (ex Expte Nº 448463/99) y apelada en autos, y por ende hacer lugar al reclamo de repetición efectuado por la actora, por la suma nominal de dos mil ciento tres pesos con cincuenta centavos ($2.103,50.-), abonada en concepto de tasa de estadística por el despacho de importación Nº 30.999-0/94 (suma "consolidada" en los términos de la ley 25.344), con más los intereses pertinentes (calculados desde el 21/12/99 hasta el 31/12/99), y sin perjuicio de los accesorios que con posterioridad correspondan por el tratamiento de las deudas consolidadas; con costas.

2) Con carácter previo a la regulación de sus honorarios el letrado de la actora deberá denuncias su CUIT y su situación ante el IVA (acompañando copia de la constancia de su inscripción ante la AFIP, Res. general 689/99 (AFIP), y asimismo denunciar su situación ante C.A.S.S.A.B.A..

Así lo voto.

El doctor Krause Murguiondo dijo:

I. Que me remito a la relación de los hechos contenida en el voto del Dr. Sarli.

II. Que corresponde emitir pronunciamiento respecto de la procedencia de la solicitud de repetición formulada por la firma Macamter S.A.

Que el certificado de origen que amparan la operación involucrada ha sido objetado por el servicio aduanero por carecer de fecha en el campo 14 en violación de lo dispuesto por el art. 9 de la normativa aprobada por el 17º Protocolo Adicional del ACE 14, entendiendo que carece de fecha de certificación y por lo tanto no puede establecerse su fecha de emisión válida conforme a lo dispuesto por el Protocolo Adicional XVII, ni determinar el plazo de su validez o vigencia. Asimismo el Dictamen Nº 943/04, a fs. 25 del expte. adm., y la Res. apelada 2173/05, a fs. 55/37 del expte. adm., adoptan esa opinión.

III. Que es criterio del suscripto que la fecha del certificado de origen a tener en cuenta a los efectos de la aplicación del art. 10 de los protocolos 17º y 2º de los Acuerdos de Complementación Económica Nros. 14 y 18, es la fecha que figura en el campo 14, desde que es en ese campo donde se produce la verdadera certificación de origen al ser aceptada luego de las verificaciones pertinentes la declaración del exportador, por la entidad habilitada al efecto. Así lo he sostenido con anterioridad al presente caso.

Que no es óbice para la aplicación del criterio que mantengo, la circunstancia, de que durante algún período limitado, el Departamento de Técnica de Importación y la Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales, interpretaran que la fecha a tener en cuenta era la contenida en el campo 13 del certificado de origen (Posteriormente ese criterio se rectificó). Que ello es así por cuanto el criterio de dichos funcionarios, además de ser posterior a los hechos de la presente causa, no constituye una norma dictada en ejercicio de las facultades previstas en el art. 23, inc. i del Código Aduanero, o del art. 9, ap. 2, a) del dec. 618/97. En efecto, los criterios u opiniones de los funcionarios de las dependencias indicadas no implican obligación alguna de acatamiento para el firmante de la Res. 2173/05, por cuanto no constituyen resoluciones generales interpretativas obligatorias en los términos de las normas citadas, y por tanto no impiden que se adoptara en la resolución apelada el criterio normativo correcto. Que como se ha expresado tampoco el criterio de esos funcionarios se sostuvo en el tiempo de los hechos analizados en la presente causa.

Es que como lo expresara el Sr. Coordinador del Área Origen de Mercaderías de la Secretaría de Comercio, en otra causa en que fue requerido su informe (causa "Electrometalúrgica Andina S.A. c. DGA s/apelación, expte. 13271, a fs. 61/63 de la misma) "el certificado de origen se convierte en tal, es decir en Certificado, una vez que la entidad autorizada precisamente "certifica" la veracidad de la declaración que en el mismo formulario ha efectuado el productor final o el exportador, según corresponda. Este procedimiento de certificación se perfecciona mediante la firma del funcionario habilitado y su aclaración, la inserción del sello que identifica la entidad certificante y la fecha en que tal certificación tiene lugar. La firma, sello y fecha que el exportador o productor hayan incluido en el formulario del certificado, corresponden a una declaración, previa a la emisión del certificado." IV. Que, como ha quedado expresado directa o indirectamente en el fallo de la Corte Suprema de fecha 10/04/03, in re "Autolatina Arg. S.A." TFN 7879-A, la carencia de fecha de emisión en el certificado de origen, o la emisión del mismo en una fecha no aceptada por las normas acordadas en los convenios o determinadas por los órganos competentes fijados en ellos, afecta la validez del certificado, generando un estado de incertidumbre que no puede ser desvirtuado mediante argumentos que desconocen la vigencia de las exigencias formulada en el Protocolo Adicional nº 17.

Es decir que la existencia del certificado de origen, a una "momento determinado", requerida por las normas aplicables, constituye un requisito sustancial, que de no cumplirse afecta su validez y su posibilidad de aplicación a las operaciones de importación.

Que consecuentemente puede inferirse, que el fallo mencionado de la Corte Suprema Nacional, ha considerado también, que tanto la falta de fecha, como la inclusión de una fecha diferente a la exigida por las normas aplicables, implica la carencia de un requisito de carácter sustancial, que invalida el certificación de origen.

Que no obstante lo expuesto, cabe aclarar que a juicio del suscripto, de una adecuada interpretación del precedente de la Corte Suprema citado, puede concluirse que la falta de fecha en el certificado de origen, no necesariamente lleva a su invalidez, si de la restante documentación complementaria de la importación se puede inferir de manera fehaciente o indudable cual fue la fecha de su emisión, y si esa fecha cumplió con el requisito previsto en el art. 10 del Protocolo Adicional XVII del ACE 14 (emisión del certificado hasta la fecha de embarque).

Que, en el caso de autos corresponde aclarar que la cuestión de la invalidez de los certificados de origen se refieren a si la fecha de emisión cumple con la norma citada en el párrafo anterior, porque no están en juego como se aclara en el voto precedente lo relativo a la presentación del certificado en el plazo de su validez, o una eventual incorrecta relación de la fecha del certificado en relación a la fecha de la factura (Acuerdo 91 CR ALADI), porque sería determinable en cualquier caso el cumplimiento de esos requisitos (en la causa la fecha de la factura obrante en la carpeta del despacho, sería en cualquier evento anterior o concomitante a la eventual fecha posible de emisión del certificado).

V. Que ocurre que en la causa no puede demostrarse por la documentación complementaria del despacho, de una manera fehaciente, que el certificado de origen hubiera sido emitido con anterioridad o hasta la fecha de embarque, puesto que también pudo haber sido emitido, según el certificado, hasta aproximadamente un mes y medio posteriormente al embarque (desde el 19/01/94 hasta el 02/02/94).

Que no constituye argumento favorable al recurrente, la circunstancia de que los certificados dé origen, teniendo en cuenta la fecha de la declaración del exportador ante la entidad emisora también pudieron emitirse con anterioridad al embarque, por cuanto esta mera posibilidad no significa una prueba fehaciente de que ello halla ocurrido así.

VI. Que, en materia de franquicias tributarias, entre las que se encuentra el arancel preferencial derivado del origen en los ACE 14 y 18, sólo pueden considerarse acreditado el derecho al reconocimiento de esas franquicias, si se encuentran debida y fehacientemente probados los requisitos para ese reconocimiento, y en el caso, por las razones expresadas, ello no ocurre.

Que, contrariamente a lo sostenido en el voto precedente, opino que la falta de fecha del certificado de origen, constituye una clara situación de "inhabilidad manifiesta" del certificado, que solamente en algunos casos podría obviarse cuando se demuestre de manera fehaciente cual es la fecha, a través de la documentación complementaria, y/o que la fecha posible del certificado se encontraba en todas las posibilidades de esa fecha en cumplimiento de los requisitos fijados en el Acuerdo 91 CR ALADI, en el art. 12 del Anexo V del ACE 14, y en el art. 10 del 17 Protocolo Adicional del ACE 14.

Que la importancia del requisito de la inclusión de la fecha en el certificado de origen tiene es tal que la mera posibilidad de que por la falta de fecha del certificado, pueda derivarse la posibilidad del incumplimiento de los requisitos indicados en las normas citadas, por haberse podido emitir el certificado en una fecha que esas normas no autorizan, descalifican el certificado y lo tornan inaplicable. Es por esta razón que las "dudas" sobre la fecha de emisión del certificado, en las circunstancias señaladas en este párrafo, bajo ningún punto de vista podían obligar a la Aduana a efectuar consultas a la entidad emisora, por cuanto el certificado resultaba de por sí manifiestamente inhábil.

Que el requerimiento efectuado a fs. 15/16 del expediente administrativo por el servicio aduanero para que se acreditara por el organismo de emisión del certificado, la fecha omitida, solo se explica porque ese requerimiento fue anterior al dictado del fallo de la Corte Suprema de fecha 10/04/03, in re "Autolatina Arg. S.A." TFN 7879-A, que interpretó la normativa aplicable al caso que es el Protocolo Adicional XVII del ACE 14, pero en manera alguna puede afectar a los criterios sostenidos por este precedente del Alto Tribunal.

Que, la Corte Suprema Nacional al resolver en la causa ya citada, respecto a la obligación de los países signatarios de acudir al mecanismo de consultas, en relación a los casos en que resultan aplicables las normas del Protocolo 17, expresó:

"... a diferencia de lo resuelto en la causa "Mercedez Benz S.A.C.I.F.I.M-T.F.N. nº 8010-A Fallos 322:3193 ... la autoridad aduanera argentina no se encontraba obligada a adoptar el procedimiento establecido por el art. 16 del Anexo V del ACE nº 14...El art. 12 del citado protocolo (se refiere al Protocolo Adicional nº 17) establece un procedimiento similar al previsto por el art. 16 del Anexo V, pero, a diferencia de éste -que imponía su aplicación "siempre" que un país signatario considerara que los certificados emitidos por autoridades del otro no se ajustasen a las disposiciones del régimen de origen-, prescribe que la administración del país importador deberá acudir a ese procedimiento cuando "tuviera dudas en cuanto a la autenticidad o veracidad de la certificación, o en cuanto al cumplimiento de los requisitos de origen...". La indicada circunstancia permite afirmar que han quedado limitados los supuestos en los que la Aduana debe proceder de ese modo, de manera que si la inhabilidad del certificado resulta manifiesta... el importador no puede exigir que se cumpla con ese procedimiento, dada la completa ausencia de duda al respecto".

VII. Que, en el caso de autos, el certificado de origen fue emitido durante la vigencia del Protocolo Adicional XVII del ACE 14.

Que el art. 10, Cap. III, del Protocolo Adicional XVII, expresa: "En todos los casos, el certificado de origen deberá haber sido emitido a más tardar a la fecha del embarque de la mercadería amparada por el mismo." Que, en las circunstancias indicadas, a los efectos de resolver sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de devolución de los gravámenes (tasa de estadística) abonados en relación al despacho de importación Nro. 61638-2/94, corresponde analizar la causa teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los ya mencionados autos "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 7879-A), c. DGA", de fecha 10/04/03.

Que al mencionar el art. 10 del Protocolo Adicional nº 17, referido a la fecha de emisión del certificado de origen, expresó:

"... se trata, pues, de una precisión que apunta a dotar de mayor certeza al proceso de importación de bienes entre los países suscriptores del acuerdo, ya que constituye una de las maneras de asegurar que las mercaderías embarcadas sean efectivamente las indicadas en el certificado como de origen del país exportador...".

Que, como ha quedado dicho supra, la emisión del certificado de origen, hasta la fecha de embarque, es una manera de asegurar el control del cumplimiento del requisito fijado -correspondencia de las mercaderías embarcadas con las indicadas en el certificado-, generando el incumplimiento un estado de incertidumbre que no puede ser desvirtuado mediante argumentos que no tienen en cuenta los fundamentos de la exigencia contenida en el art. 10, Cap. III, del Protocolo Adicional XVII. Que, en consecuencia, la posición sostenida por la recurrente, resultaría violatoria de las específicas normas que el Acuerdo contiene en relación a ese tema. Que la falta de fecha en el certificado de origen, impide comprobar, en las circunstancias de la causa el cumplimiento de ese requisito.

Que, como se expresara con anterioridad, la real "existencia" de los certificados a un momento "determinado" constituye en la interpretación de la Corte Suprema en el precedente "Autolatina" analizado, una clara -y reglada en el Acuerdo- limitación temporal a la propia "emisión" de los certificados de origen, según surge del 17º Protocolo Adicional, del ACE 14, que en su art. 10º estableció la norma que ha sido transcripta más arriba.

Y como ha quedado expresado, este requisito (el de expedición del certificado antes del embarque) también debe de considerarse condición de validez de validez del certificado. Que el cumplimiento de esa condición no ha sido posible establecerlo en la causa.

Que, atento los extremos supra señalados, pudo la Aduana considerar al certificado como manifiestamente inhábil.

IX. Que, la Corte Suprema descalifica en el fallo citado a los informes adicionales de la entidad emisora para los casos en que resulte una inhabilidad manifiesta del certificado de origen, al decir que "... -a partir del citado protocolo adicional Nº 17- resultaría ineficaz el informe ratificatorio de la autoridad del país exportador, así como la aclaración de las fechas en que los certificados habrían sido emitidos que al respecto contiene, para tener por acreditado el origen brasileño de los bienes, pues a tal efecto el acuerdo -con sus normas complementarias- establece el cumplimiento de un conjunto de recaudos, que no pueden ser suplidos por otros elementos probatorios cuando el incumplimiento de aquellos es palmario y evidente, ya que lo contrario supondría desconocer la concreta regulación establecida por las partes signatarias sin ninguna justificación válida".

Que como consecuencia de lo expuesto, cabría concluir que las preferencias arancelarias del ACE 14 no resultan de aplicación a la importación realizada.

Que, por lo expresado, la prueba producida a fs. 27/28 del expediente administrativo, no cabe tenerla en cuenta para modificar las conclusiones expresadas.

Que por lo expuesto, voto por:

1º) Confirmar las Res. 2173/05 del Jefe del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, y denegar la repetición intentada, Con costas.

2º) Regular los honorarios de la representación fiscal (Dra. Silvia Noemí Costas) en la suma de pesos seiscientos cincuenta ($650.-). La suma regulada no incluye IVA. (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Dichos honorarios se encuentran a cargo de la recurrente que deberá asimismo abonar la suma de pesos seis con cincuenta centavos ($6,50) en concepto de contribución a su cargo en los términos del art. 62 inc. 2 de la ley 1181 de la C.A. B.A.

La doctora Winkler dijo:

I. Que de la compulsa del co 0004-94 surge que no está consignada la fecha en el campo 14.

Que el documento tiene impresa la fecha, en forma perforada, coincidente con la de oficialización del di -es decir, el 2/2/94-, y se encuentra tildado el casillero correspondiente al OM-1000 (v. carpeta contenedora del di 030999-0, de fs. 11 ant. adm.).

Que, a mi juicio, esa es la fecha cierta (v. mis votos en "Frávega S.A.", expdte. TFN Nº 20.083-A, Sent. del 30/9/05 y "Benvénuto S.A.", expdte. TFN Nº 18.637-A, Sent. del 4/3/05, ambos de la sala E, entre otros), a tener en cuenta.

Que al ser ésta posterior a la de la fecha de embarque (art. 10 del P. XVII, del ACE 14), adhiero al voto del Dr. Krause, excepto en lo que hace a exigirle a la representación fiscal la contribución del inc. 2 art. 62 de la ley de la ciudad de Bs. Aires 1181, en virtud de que los honorarios tales lo son sólo en apariencia (doct. de: CSJN in re: "Fisco Nac., DGI c. Paulísta S.A." del 11/9/84; v. ED: 6/11/84, fallo nº 38.325).

II. Que, ello así, estimo del caso vuelan los autos a la Vocalía 21 a fin de que su Vocal titular dirima la forma de votación a fin de que haya sentencia respecto de este último punto. Así lo voto.

El doctor Sarli dijo:

En este estado de la votación, y en razón de lo que se ha dispuesto en cuanto al fondo de la cuestión en los dos votos precedentes, voto en el mismo sentido que lo ha hecho el doctor Krause Murguiondo en cuanto a la contribución a C.A.S.S.A.B.A..

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, se resuelve: 1º) Confirmar las Res. 2173/05 del Jefe del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires, y denegar la repetición intentada, Con costas. 2º) Regular los honorarios de la representación fiscal (Dra. Silvia Noemí Costas) en la suma de pesos seiscientos cincuenta ($650.-). La suma regulada no incluye IVA. (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Dichos honorarios se encuentran a cargo de la recurrente que deberá asimismo abonar la suma de pesos seis con cincuenta centavos ($6,50) en concepto de contribución a su cargo en los términos del art. 62 inc. 2 de la ley 1181 de la C.A.B.A. - Jorge C. Sarli. - Gustavo A. Krause Murguiondo. - D. Paula Winkler.