Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-06-02


.MDEL.1505489.

EXP. n° 29.555/12 Salta, 2 de junio de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "VILLA PAES, JULIO DANIEL C/ DGM (DANGEROUS GOODS MANAGEMENT) ARG. S.R.L.. S/ ORDINARIO" , EXP - 29555 / 12; originario del Juzgado de 1ra. Instancia del trabajo nº 6, para resolver la apelación interpuesta a fs.236/253, y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de primera instancia, por la que se rechaza en todas sus partes la demanda, es objeto de la mentada vía recursiva por parte del actor.

Luego de citar lo resuelto por la Juzgadora en torno al reclamo de la multa del art. 80 de la ley de contrato de trabajo, el apelante sostiene que tanto en las intimaciones como en la planilla de liquidación requirió al empleador la entrega de la certificación de servicios y del certificado de trabajo conforme el dec. 146/01, ante lo cual el demandado omitió contestar las misivas, venciéndose el plazo previsto en esa norma: es este el motivo por el cual su parte debió iniciar el presente proceso.

La Sentenciante confunde -según el memorial- la certificación de trabajo a la que alude el art. 80 con el formulario PS.6.2 de la A.N.Se.S., pues este no es lo mismo que el primero ni lo suple, toda vez que no consigna los aportes y contribuciones, la calificación profesional, los servicios prestados ni la mención de los cursos de capacitación que realizase el empleado.

Sostiene que el supuesto previsto en el art. 80 es uno de los que más precedentes jurisprudenciales ha generado, citando un fallo "Ledesma", transcribiendo un autor que se refiere al plazo del art. 3 del decr. 146/01 y advirtiendo que es irrelevante que el actor no haya esperado el vencimiento previsto en esa norma si la demandada nunca entregó los documentos requeridos.

Es usual que al finalizar la relación laboral se haga entrega, se ponga a disposición del trabajador o se consigne judicialmente la certificación de remuneraciones y servicios (que antes se extendía en el formulario PS.6.2 y hoy se obtiene de los sitios web de la A.F.I.P. o A.N.Se.S., de acuerdo a la resolución 601/02), la que no solo no solo no está contemplada en el art. 80, sino que tampoco cumple con los requisitos de la norma y no exime al empleador de ser sancionado.

Transcribe el contenido del art. 80 y cita extensa jurisprudencia (entre ella, antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y de Mendoza) vinculada con los datos que debe contener el certificado de trabajo allí previsto, con que el mismo no debe confundirse con la obligación formal de certificar el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad social y con que, además de los certificados mencionados, el art. 80 incluye los previsionales, con lo que la carga del empleador es aún mayor.

El recurrente destaca que en autos se adjuntaron dos formularios del A.N.Se.S., pero no el certificado de trabajo al que alude el art. 80, motivo por el cual no resulta válido considerar extinguida la obligación ni eximirse al empleador de pagar la indemnización; en relación a ello cita más de veinte antecedentes jurisprudenciales.

Por otra parte, cuestiona el rechazo de los montos indemnizatorios, la observación formulada por la Sentenciante acerca de que la planilla de liquidación es defectuosa y el fundamento de que su parte no hizo las deducciones del monto de la liquidación final pagada por la contraria y acompañada por su parte: ante ello señala que jamás el actor agregó constancia de pago alguna, que la adjuntada por la contraria fue desconocida por él y que el supuesto pago fue prestando con posterioridad a la interposición de la acción, resultando materialmente imposible deducir suma alguna.

Que la Juzgadora obliga a un exceso de ritualismo, toda vez que los ítems de la planilla están claramente especificados en la demanda, al igual que las fórmulas que utiliza; que la base del reclamo está probada con los recibos de haberes adjuntados y que sobre dicha suma existe pericial contable que coincide con su parte en cuanto a la mejor remuneración percibida como habitual, la que proviene de su categoría profesional y el convenio colectivo consentido por el empleador.

Ante ello -asevera- resulta arbitrario el argumento de la Juez; que su parte nunca reclamó diferencia salarial porque el demandado hizo el pago luego del traslado de la demanda y que la exageración formalista es conculcatoria del principio protectorio del art. 14 bis de la C.N. porque intenta obligar a su parte a exceder la explicación clara y precisa que se plasmó en la demanda.

En relación al rechazo del reclamo de la multa del art. 2 de la ley 25.323, hace notar que su parte no percibió suma alguna, que se desconoció la documental arrimada por la contraria, que con posterioridad al inicio de la acción se incorporó esa documentación al proceso, que su parte intimó legalmente, que el art. 2 no vincula el plus indemnizatorio a apercibimiento alguno, sino que lo condiciona a la intimación y acción posterior, y que se aplica al empleador que no paga la indemnización por despido estando fehacientemente intimado a ello. Cita jurisprudencia. Cuestiona el rechazo del daño invocado a causa del mobbing aludido en la demanda, sosteniendo que el accionante era sometido de manera constante por su jefe, empleado de la demandada, a gritos, agravios, insultos delante de sus compañeros, y que se le negaba constantemente la posibilidad de salir de la planta a recolectar residuos, cuando era una actividad que correspondía a todos los empleados capacitados como él, habiendo sido sujeto, sin fundamento, a otro tipo de trabajos ajenos a su función, en desmedro de su categoría profesional: todo esto, según el apelante, hacía mella no solo en lo anímico, sino también en lo económico.

Lo anteriormente descripto era conocido -de acuerdo al memorial- por la socia gerente Boffelli, quien maltrataba psicológicamente al actor, habiendo llegado a inventar una causa para despedirlo.

Que las testimoniales aportadas en autos confirmaron la existencia del mobbing, como ejemplo de lo cual el recurrente alude a los dichos de la mencionada Boffelli, quien demuestra cómo, al finalizar el proceso de mobbing al que era sometido el accionante, un día decidió sin más despedirlo; que esta declarante sabía del maltrato de su empleado Sanabria, del mal ambiente de trabajo que había hacia Páez, como acontecía con aquel que diagramaba las salidas de la planta y de cómo se le negaba al actor ese derecho.

El testigo Jerez manifiesta, por su parte que Sanabria propinaba malos tratos al actor, con el ánimo de enviar un mensaje aleccionador al resto del personal, y Guantay afirma que, sin razón, era el señor Villa Paes quien siempre se bajaba del camión y se lo dejaba en la planta. El traslado que se ordenó a fs. 254 se contestó mediante la presentación de. 256, donde el demandado sostiene que el actor no requirió en sus misivas la entrega del certificación de servicios y certificado de trabajo, sino solo la primera; que el pago de la liquidación final no fue cuestionado por el actor; que resulta falso que la mejor remuneración surja de la pericial; que la liquidación parece haber sido confeccionada para otro juicio; que no se cumplió con la carga impuesta en el art. 32 del C.P.L.; que quedó demostrado que la indemnización del art. 245 de la L.C.T. fue pagada; que las referencias del actor a los testimonios resultan insuficientes para acreditar los extremos requeridos para tener por configurado el mobbing. Formula reserva de caso federal.

II. En autos tenemos que Julio Daniel Villa Paes, luego de haber sido notificado del despido por medio de la carta documento del 29 de mayo de 2.012 (nº 243539671, un ejemplar de la misma se encuentra agregado a fs. 9), intimó a DGM Dangerous Goods Management Argentina S.A. con la remisión -en fecha 31 de mayo de 2.012- del telegrama nº 243552491 la ". entrega de certificación de servicios bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 80 LCT." (fs. 11).

Ante ello, la demandada respondió el 4 de junio de 2.012 con la carta documento nº 243556357 que ".. Respecto a la documentación prevista en el art. 80 LCT hago saber que la misma será puesta a su disposición una vez vencido el plazo previsto en el decr. Nº 146/01 (30 días)." (fs. 12) y el 6 de julio del mismo año con la nº 225653573 que ". se encuentra a disposición en sede de la empresa la documentación solicitada (artículo 80 LCT), así como la liquidación final que por derecho le corresponde." (fs. 14).

Al iniciar el proceso el actor presentó el formulario PS.6.2 que se glosó a fs. 15/16 (en todos los casos, de la documentación reservada a fs. 12 de autos), habiendo en esa oportunidad, al fundamentar este aspecto de su pretensión, sostenido que "La suma reclamada surge de multiplicar el mejor sueldo percibido como habitual. por 3. Así también se acompaña Telegrama sin respuesta de la deudora laboral dando cumplimiento a la intimación y plazo de 30 días otorgado por la normativa vigente."(fs. 9).

Por su parte, la Juzgadora sustentó el rechazo de la multa -luego de analizar las piezas postales remitidas entre las partes- en el hecho de que la demandada entregó al trabajador la certificación de y en que el requerimiento comprendió la entrega de tan solo a esta (fs. 231 vta.).

El agravio de la sociedad demandada se sustenta principalmente en la invocada falta de identidad entre el certificado de trabajo y la certificación de servicios y remuneraciones, dato este que el apelante introduce recién al instar esta vía recursiva.

Dada la equivocidad que podría atribuirse a los conceptos "certificado de trabajo" y "certificación de servicios y remuneraciones", encuentro oportuno formular las siguientes consideraciones.

De la lectura del mentado art. 80 de la ley de contrato de trabajo surge que el empleador debe entregar al trabajador a la época de la extinción de la relación, si este lo requiriere, constancia documentada del cumplimiento de su obligación de ingresar los fondos de la seguridad social y sindicales (primer párrafo) y que -también en esa ocasión- deberá entregarle un certificado de trabajo conteniendo las ". indicaciones sobre el tiempo de la prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social" (segundo párrafo).

La documentación mencionada en este segundo párrafo alude al certificado de trabajo extendido y suscripto informalmente por la patronal: se trata de una constancia privada que da cuenta de las características esenciales de cada relación individual de trabajo y tiene por objetivo que el dependiente pueda presentarla ante eventuales nuevos empleadores y acreditar la experiencia e idoneidad que desarrolló durante su anterior vinculación, como así también la contraprestación que por sus servicios percibía.

El señalado segundo párrafo corresponde a la redacción acordada por el decreto 390/76, es decir, con mucha antelación a la sanción de la ley 24.241.

Menciono esa ley porque su art. 12, inc. g dispone que, entre las obligaciones previsionales del empleador se encuentra la de "Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación".

Y por eficacia de lo dispuesto en esa norma y en la resoluciones de la 601/2008 de la A.N.Se.S. y 2.316 de la A.F.I.P., "las certificaciones de los servicios prestados" se instrumentan en el formulario PS 6.2 -llamado "certificación de servicios y remuneraciones"- el que resulta indispensable presentar para iniciar los trámites jubilatorios.

Entonces: por encontrarse previsto uno en la ley de contrato de trabajo y otro en una ley de la seguridad social y por responder cada uno a finalidades distintas, tratándose de obligaciones complementarias, los empleadores deberían si quieren cumplir con la normativa tanto de derecho individual del trabajo, como de la seguridad social, otorgar -en ocasión de extinguirse el vínculo- tanto la constancia informal referida, como la certificación de servicios y remuneraciones, que cuenta con la suscripción autenticada por autoridad pública del empleador o su representante.No obstante ello, en general, entregan solo esta y por mi parte considero que, como del análisis del contenido del formulario referido se desprenden la mayoría de los datos previstos en el segundo párrafo del art. 80, a excepción de las constancias del aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, con su entrega se satisfacen ambas finalidades: la de acreditar la anterior experiencia laboral y la de contar con la documentación que será necesaria para la oportunidad de acceder al beneficio previsional de la jubilación.

Esta Sala sostiene esa doctrina (ver, por ejemplo, lo resuelto en autos "Toledo, Néstor Gabriel c. Aserradero Nicoletti S.R.L. - ordinario laboral", nº 5.594/13, sentencia del 30 de diciembre de 2.016, donde la demandada acompañó el formulario en oportunidad de cumplir con la carga procesal del art. 39 del C.P.L.).

En similar sentido: ". a partir del primer día hábil de agosto de 2.008, la obligación prevista en el art. 80 de la LCT sólo se considerará efectivamente cumplida cuando se entreguen los certificados confeccionados de acuerdo a los formularios previstos en las resoluciones Anses 601/2008 y AFIPO 2316" - doctrina de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Agrocomodities S.A. c. Barroti", del 22 de octubre de 2.010).

No resulta superfluo hacer notar que en ninguna oportunidad el apelante cuestionó en sí la materialidad de la entrega del formulario (tan claro es esto que lo presentó en oportunidad de formular la demanda, lo que supone reconocer que lo retiró oportunamente), sino que el contenido del mismo se correspondiera con lo previsto en la ley: no encuentro, por lo tanto, que en autos se defina de manera estricta una omisión de entregar la documentación.

Tampoco puedo dejar de destacar que no es real que su parte hubiera intimado en las piezas postales la entrega del certificado de trabajo y de la certificación de servicios y remuneraciones, sino que, como lo hizo notar la Señora Jueza de grado, al librar tanto el telegrama agregado a fs.11 como el de fs. 13 (nº 7772580405) de la documental del actor, aludió exclusivamente a la segunda.

Entiendo -por otra parte- que toda referencia a que su parte debía aguardar el transcurso del plazo previsto en el art. 3 del decr. 146/01 resulta innecesaria, toda vez que no fue ese el motivo por el que se rechazó la multa.

El apelante refiere a la falta de constancia del pago de los distintos subsistemas de la seguridad social, lo que me remite a algunas consideraciones de sentido común, como que la finalidad de incluirlas -en lo atinente al interés del trabajador- entre la documentación cuya entrega es obligatoria para el empleador ha sido el permitir que el trabajador controle el efectivo ingreso de los fondos de la seguridad social retenidos por aquel. (Es posible predicar lo referido cuando menos hasta antes de la promulgación de la ley 25.345 -publicada el 17 de noviembre de 2.000-, cuyo art. 45 incorporó el tercer párrafo del art. 80: menciono esto porque considero que su dictado obedeció no tanto a actualizar lo tuitivo de la legislación laboral como a compelir a los empleadores al cumplimiento oportuno de las obligaciones formales y materiales derivadas de la seguridad social como otra manera de incrementar la recaudación fiscal nacional.) Precisada mi interpretación teleológica de ese aspecto de la norma, entiendo que el señor Villa Paes estuvo en condiciones de controlar si los aportes y contribuciones fueron efectivamente ingresados con solo confrontar en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante el ingreso con clave fiscal a la sección "Mis aportes".

En orden a concretar ese control, no puedo dejar de hacer notar la escasa eficacia que hubiera implicado la entrega de las señaladas constancias, toda vez que los empleadores practican y depositan las retenciones a los trabajadores y pagan las contribuciones mes a mes en forma conjunta, haciendo el depósito bancario a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En otros términos: con la compulsa de las constancias de los depósitos no hubiera podido determinarse si respecto al demandante específicamente esa obligación encontrábase cumplida, puesto que lo que de aquellas hubiera surgido habría sido el cumplimiento respecto de la globalidad de trabajadores dependientes de la demandada, pero no respecto específicamente al accionante.

Lo desarrollado respecto a este agravio me permite advertir que la demandada no ha sido remisa en grado que, desde mi análisis, habilite la procedencia de la sanción dispuesta en dicha norma: no hubo un incumplimiento, sino un cumplimiento imperfecto, en relación a lo cual destaco que de la certificación de servicios surge que se certificó la firma de una persona que suscribió por el empleador el 4 de julio de 2.012, lo que implica que fue extendido inmediatamente después de cumplido el plazo previsto en el art. 3 del decr. 143/01.

En fin: modificar la sentencia implicaría asimilar la situación del empleador que omite entregar toda la documentación a aquella en la que se encuentra la demandada en autos, que entregó aquella aunque de forma parcial, lo que resulta contrario a la equidad como principio general del derecho laboral receptado en el art. 11 de la ley de contrato de trabajo.

"....Creemos en la posibilidad del juzgador de apartarse de la letra de la ley cuando la norma escrita para lo general cae en un exceso ritual reñido con el concepto mismo de la justicia, al aplicarse al caso particular.... Por eso es que entendemos que aquel principio (que como dice el Dr. Grisolía "tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana") debe encontrar formas de expresión más justas que salvaguarden los derechos del trabajador, pero que respeten también los derechos de los empleadores. Porque en el fondo del análisis de estas cuestiones está el dilema del juzgador: exigir el cumplimiento estricto de la ley aún cuando el mismo se transforma en un mero formalismo o se dé a luz un resultado injusto, contra el apartamiento de la norma fundado en las mismas situaciones....." (transcripción del artículo de Alberto Mansilla "La certificación de servicios y remuneraciones: entre el formalismo y la realidad", en La Ley 2.009-C-501).

Tal ha sido el criterio de esta Sala, entre otros, en "Aquino Cavalli, Raúl E. c. Agenor S.A. - ordinario", expte. nº 31.199/13.

III. La desestimación de los rubros indemnizatorios derivados del despido se vinculó con que tanto la demanda como la planilla son defectuosas (ante lo cual el actor afirma que ello representa un ritualismo excesivo) y con que se omitió deducir montos ya percibidos de acuerdo al recibo de liquidación final (a lo que responde que su parte no pudo hacer imputación alguna porque el pago de la liquidación final se hizo luego de promovida la demanda).

Paréceme oportuno hacer notar que la escala salarial vigente al tiempo de la extinción del vínculo, es decir, 1 de junio de 2.012 -según resulta de la fecha consignada en la constancia de recepción de fs. 4 de la documental detallada a fs. 36 de autos- era la homologada por resolución 420/11 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, donde se determina que el salario mínimo para un trabajador con categoría de peón -tal detentada por el actor- era de $3.021,94 por mes (su copia obra a fs. 65/66).

Ahora bien: de la compulsa de recibos de haberes que fueron glosados de fs. 1 a 7 de la reserva de fs. 12, surge que, en los meses de diciembre de 2.011 y enero y marzo de 2.012, el accionante cobró conceptos variables, como lo son las horas extras.

Si bien estas no actualizan la condición de mensual, sí lo hacen respecto de las de normal y habitual; por ello, para determinar el monto que debe ser tenido como base para el cálculo de la indemnización del art. 245 de la ley de contrato de trabajo, corresponde hacer un promedio de ellas considerando que los meses trabajados fueron 6,5: ello arroja el resultado de $290,58.

Similar procedimiento formularé respecto de adicional por kilómetro recorrido que le fue pagado en diciembre de 2.011, enero, marzo y abril de 2.012, resultando el monto de $271,36.

Si a ello se le suma el adicional plus mencionado en todos los recibos ($457,66), tenemos que la base que debió haber sido considerada para calcular los montos indemnizatorios era de $4.041,54.

Determinado esto y de acuerdo a los datos que arroja el recibo glosado a fs. 7 de la documental del actor, se consideró como mejor remuneración mensual, normal y habitual la de $4.607,19, no encuentro agravio alguno para él, toda vez que quedó demostrado no sólo que percibió las indemnizaciones por antigüedad, por omisión de preaviso con sueldo anual complementario proporcional y vacaciones no gozadas también con sueldo anual complementario, sino también que la primera fue liquidada en un monto levemente superior al que correspondía aplicar conforme a la señalada escala salarial y los rubros abonados habitualmente. (No quiero dejar de hacer notar que la peritación contable de fs. 70/72 nada aporta en relación a cuál debió haber sido la base considerada para liquidar las indemnizaciones, toda vez que el punto de pericia que se refería a esta cuestión -g de fs. 11- fue considerado improcedente en la providenciad e prueba - ver en especial punto 8. de fs. 50.) A propósito de esto, hago notar al recurrente que, entre la documental que presentó junto a la demanda, se encuentra el recibo correspondiente a la liquidación final conteniendo los rubros mentados en párrafos anteriores (fs. 7) y que el ejemplar que él suscribió en disconformidad fue presentado, por su parte, por la demandada (fs. 12 de la reserva de fs. 36): todo ello solo permite concluir que el pago referido se concretó antes de la promoción de estas actuaciones.

Ante ello, coincido con el criterio de la Juzgadora de que debió haber descontado de la planilla formulada en la demanda los montos ya percibidos, pero entiendo también que no lo hizo porque, en ese caso, no hubiera tenido suma alguna que reclamar por indemnizaciones derivadas del despido incausado.

Corresponde rechazar, por lo tanto, el segundo agravio.

IV. Similar criterio propicio con el tercero, que cuestiona el rechazo de la multa civil del art. 2 de la ley 25.323, para cuya procedencia resulta condición la estimación de la indemnización por despido sin causa.

Por lo demás, el antecedente fáctico para el progreso de esa sanción es que se verifique el incumplimiento del pago de ese crédito luego de haber sido intimado a su pago en forma fehaciente el empleador, pero, como en autos se advierte que el mentado pago de todos los créditos indemnizatorios fue anterior al inicio del reclamo civil, corresponde sin duda, rechazar este aspecto del memorial.

V. En relación al último agravio, hago notar que disiento con la apreciación de las testimoniales que propone el apelante, toda vez que de su análisis no surge dato alguno que demuestre la existencia del invocado mobbing laboral.

Silvia Raquel Boffelli, por el contrario, refiere sobre un episodio relativo a un acto contrario al deber de buena fe que habría llevado adelante el actor (respuesta 13 de fs. 132 vta. in fine/133) y que, al parecer, fue la causa del despido; refiere igualmente haber decidido de manera inmediata el mismo (respuesta 12 de fs. 132 vta. in fine y última de fs. 133) y describe la tarea llevada adelante por el señor José Luis Sanabria, consistente en organizar la salida de los choferes y ayudantes a fin de la recolección de residuos de los hospitales y en decidir quién entraba y quien no a la planta (fs. 134).

Por su parte, Diego Javier Jerez alude a las tareas que junto al actor tuvo a su cargo antes de comenzar a hacer la recolección de residuos, la ropa de trabajo y accesorios que le entregaban (fs. 134 vta. y dos primeras de fs. 135), la forma en que se organizaba la rotación de los horarios y que algunos empleados no se llevaban bien con el referido señor Sanabria, brindando ejemplos al respecto: ". decía ´se hace así´ y se tenía que hacer así, por más que. tenemos choferes. y le decìan ´el camión tiene tantos kilómetros, necesita el service´ y José decía no." y, en especial referencia al actor, que ". Con Páez era distinto. Paéz le decía ´hagamos de tal forma las cosas´. por ejemplo el recorrido.. cuando salimos a la mañana hacemos todos los hospitales en primera vuelta de Salta y volvemos a planta. Y por ahí sobraba espacio y podíamos ir a los Centros de Salud que nos quedaban de paso y volver a planta. Y José decía "no, vuelven a la planta, descargan y recién salen de nuevo. con todos era distinto el trato. No con todos era igual. Conmigo fue siempre justo." (fs. 135 in fine/vta.).

Finalmente, José Enrique Guantay destaca que "el ambiente de trabajo era un poco malo en el trato. de José Luis Sanabria hacia Villa Paes. como una separación de los demás empleados el trato capaz que a él no le caía bien no lo trataba bien. No viajaba él o lo bajaba del camión o lo dejaba siempre en planta..".

Al ser preguntado sobre si con otro empleado el referido Sanabria hacía lo mismo, el declarante respondió afirmativamente, agregando que ".. Se agarraba con uno, depende, generalmente no se podía hablar con él porque como tenía una respuesta favorable o trataba mal, entonces yo prefería no acercarme a él. El respeto, la forma de saludarte a la mañana, por ahí no te saludaba o estaba de mal humor. Por ahí yo iba a pedir algo y no tenía respuesta. Una vez yo fui a pedir una faja y te dice: ´ya voy a ver´." y, también en relación al actor, que "Por ahí los gritos. que venga ya para acá o que vaya ya para allá de una forma no buena, no pidiendo bien las cosas.".

Cuando se le preguntó si esa forma de conducirse era solo con el actor, el señor Guantay respondió afirmativamente (fs. 138 vta.).

El sustantivo "mobbing" es empleado para identificar, en el análisis de las relaciones laborales, ".las situaciones en que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática, durante un tiempo prolongado sobre otro sujeto." ("Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral", obra de Francisco Javier Abajo Olivares, Lexis Nexis Depalma) remarcando, en el mismo análisis conceptual, que la violencia ". tiene una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico; su destrucción psicológica y consecuente sometimiento; y/o su egreso de la organización empresarial o del grupo." ("El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana", Paidós, obra de Marie-France Irigoyen)".

Precisado ello, entiendo que no se ha acreditado que el actor fuese víctima de mobbing, o maltrato y acoso moral hacia su persona, pues las declaraciones testimoniales rendidas han dado cuenta de circunstancias particulares que, si bien no es lo esperable de un empleador que debe adecuar su conducta con el trabajador a las condiciones dignas de labor que propicia el art. 14 bis de la Constitución Nacional, pueden darse en un ambiente laboral.

En tal sentido, no se me escapa que las formas y modos en que el señor Sanabria impartía las órdenes no eran posiblemente los mejores, pero, si bien ello puede ser objeto de un reproche ético, resulta insuficiente para considerar configurado un ilícito de carácter extracontractual como es el mobbing invocado en el inicio, el que no puede ser confundido con toda situación de tensión entre los trabajadores y sus responsables jerárquicos.

En similar sentido: "Corresponde rechazar el reclamo incoado por la actora a fin de obtener un resarcimiento en virtud del supuesto mobbing y el stress laboral de los que habría sido víctima ya que, no resultaron debidamente acreditadas la ocurrencia de las actitudes persecutorias ni los maltratos invocados y cómo ellos podrían ser calificados como causa adecuada de los desarreglos psicológicos que padeció. Ello por cuanto las exigencias efectuadas a fin de que se vendieran los planes de salud de la demandada no demuestra una actitud persecutoria direccionada exclusivamente hacia la actora, sino que era una práctica habitual de la empresa dirigida a todos los vendedores" (doctrina de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "R., E. I. vs. Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica y otro s. Accidente - Acción civil", del 23 de abril de 2.012).

En fin, de prosperar mi voto, se rechazará la apelación del actor y, en su mérito, se confirmará el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas por su orden en relación al primer agravio -toda vez que el debate sobre si resulta o no procedente el reclamo de la multa del art. 80 de la ley de contrato de trabajo en casos en que el empleador judicial o extrajudicialmente cumple parcialmente con la obligación de hacer prevista en su segundo párrafo, lleva a posiciones disidentes en la jurisprudencia- y con costas al actor en los demás agravios (art. 67 del C.P.C.C.).

VI. De acuerdo a lo dispuesto en la acordada nº 12.062, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 45% del monto que se regulase en primera instancia y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

La Dra. Mirta Inés Regina dijo: Adhiero al resultado del voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. RECHAZAR la apelación del actor y, en su mérito, confirmar el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas por su orden en relación al primer agravio, y con costas al actor en relación a los demás.

II. DETERMINAR los honorarios por la labor en esta instancia en el 45% del monto que se regulase en primera y de lo que fue materia de agravio.

III. ORDENAR se copie, registre, notifique y se remitan los autos al Juzgado de origen.

SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA