Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-02


En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo Pablo Vázquez y José Sáez Capel, a efectos de resolver los recursos de apelación obrantes a fs. 41/48 vta. y 53/63, respectivamente, del presente incidente del que:

RESULTA I.- Que a fs. 1/8 el abogado defensor de la firma Gammalink SA, Ricardo A. Basualdo, solicita que se declare la nulidad de la prueba obtenida ilegalmente, vinculada con la cuenta corriente que su defendida opera en la Sucursal Formosa del Banco Francés y por haberse violado el secreto bancario previsto en el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras.

II.- Que a fs. 10/11 el cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 3, Adrián Norberto Martín solicita que se rechacen las nulidades planteadas.

III.- Que a fs. 12/vta. el Sr. Juez de Grado, Gabriel Eduardo Vega resuelve no hacer lugar al pedido de nulidad efectuado por el Basualdo, en representación de la firma Gammalink SA.

IV.- Que a fs. 14/16 el abogado defensor de Fabián Luis Grous, Hernán Jáuregui Lorda, plantea la nulidad de la resolución ut supra mencionada, por no haberse dado intervención a su parte previo a resolver el planteo de nulidad.

V.- Que a fs. 17 la Sra. Juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 14, María Gabriela López Iñiguez, revoca por contrario imperio lo resuelto a fs. 12/vta., y dispone correr vista a la asistencia letrada de los coimputados Glazman, Bet your Game S.A. y Fabián Grous.

VI.- Que a fs. 26, al contestar la vista que le fuera concedida, respecto de la nulidad planteada por el Basualdo, el Sr. Defensor Particular de Ricardo Daniel Glazman y "Bet your game S.A.", -Andrés Pérsico- solicita que se haga lugar a la petición de nulidad deducida por el citado profesional.

VII.- Que a fs. 27/30 se agrega la contestación de la vista conferida al Germán Camps, defensor de Fabián Luis Grous, mediante la cual solicita que se haga lugar a lo invocado por la defensa de Gammalink S.A. y se decrete la nulidad del oficio librado al Banco Francés y de todos los actos que fueran consecuencia de éste.

VIII.- Que a fs. 39/40 vta. obra copia del decisorio de la Sra. Juez de grado, en el que resuelve no hacer lugar a la nulidad promovida por la defensa técnica de Gammalink S.A., y acompañada por los letrados de sus consortes de causa, Ricardo D. Glazman, Bet your Game S.A. y Fabián L. Grous, y tener presente lo manifestado por la representación letrada de Gammalink S.A., en cuanto a la confidencialidad de la información bancaria y de tarjetas de crédito.

IX.- Que a fs. 41/48 vta. obra el recurso de apelación interpuesto por el defensor de Fabián Luis Grous, Germán F. Camps, contra el rechazo del planteo de nulidad. Al respecto, se agravia por entender que: 1) La resolución impugnada resulta arbitraria puesto que los argumentos expresados por el a quo para adoptar el pronunciamiento cuestionado, son únicamente dogmáticos o aparentes, ello por cuanto se ha tergiversado el verdadero alcance de la resolución que denegó la solicitud de levantamiento del secreto bancario, lo que torna al decisorio nulo, atento lo dispuesto por el art. 123 CPPN.

Así, expresa que en principio tanto en el rechazo anterior de la solicitud fiscal como el actual, el magistrado, requirió para la procedencia de la medida una mayor cantidad de elementos probatorios. 2) El titular de la acción al remitir el oficio a la entidad bancaria omitió una parte fundamental de lo ordenado por el Judicante, a saber que "corresponde no hacer lugar a la solicitud de levantamiento de secreto bancario".

En razón de ello, en su opinión, el representante legal del banco actuó de buena fe respondiendo y remitiendo información que se encontraba protegida por el secreto bancario, la que en forma alguna debió ser incorporada al expediente. 3) La resolución cuestionada contiene fundamentos aparentes puesto que cambió el enfoque de la cuestión medular planteada, esto es que se incorporo prueba ilegítima. Así, el decisorio cuya nulidad se pretende resolvió el planteo prescindiendo de esta circunstancia y por tanto omitiendo expedirse acerca de un punto esencial planteado por la Defensa.

Así, refiere que la información bancaria con la que se cuenta en la presente solo podría ser utilizada válidamente si el juez hubiera autorizado el levantamiento del secreto bancario, como no lo hizo, y aún cuando el banco no haya invocado el obstáculo legal para dar la información el titular de la acción no contaba con la venia judicial para ingresar en el ámbito de privacidad del imputado. 4) Se convalidó una actuación de la fiscalía que no respetó los parámetros de legalidad y objetividad con que deben cumplir su labor, quebrantando así las formas procesales que están destinadas a hacer efectivas las garantías del imputado afectando sus derechos, puesto que el titular de la acción prescindió de una orden judicial para obtener la información protegida por el secreto bancario. 5) En la presente, el Fiscal de Grado, ha vulnerado las reglas procesales que regulan la forma en que puede colectarse la prueba durante el proceso, por lo que su actividad en lo que a la información recabada del Banco Francés se refiere se encuentra viciada de nulidad y resulta violatoria de diversos derechos constitucionales. 6) Finalmente, en cuanto a la falta de agravio concreto refiere que la afectación a los derechos de su prohijado es palmaria, puesto que el rechazo del planteo llevaría a un juicio sustanciado sobre informes obtenidos sin autorización judicial -cuando era necesaria-, lo que conlleva a una nulidad absoluta e insaneable de lo actuado (arts. 167 y 168 CPPN). 7) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

X.- Que a fs. 53/63 obra el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la firma Gammalink S.A., Ricardo A. Basualdo, contra el rechazo del planteo de nulidad. Al respecto, refiere que: 1) El secreto bancario está consagrado como garantía y por tanto la ley requiere que la información que se encuentra protegida deba ser solicitada por el juez, no facultando en forma alguna delegar esa potestad en el fiscal. 2) Es cierto que el banco no puede negarse en dar la información solicitada por un tribunal invocando un interés propio puesto que el secreto bancario está instituido en beneficio de los clientes de dicha institución.

Sin embargo, en el caso, el banco fue mal motivado por el oficio en cuestión puesto que contenía una referencia a una inexistente orden judicial, por tanto presentó información confidencial en clara violación a la norma federal que protege el secreto bancario.

Es decir, de las presentes actuaciones se desprende que la entidad bancaria erróneamente asumió que el levantamiento del secreto bancario lo había ordenado el Juez de la causa, lo que no sucedió, sino que contrariamente a ello dicha medida fue negada en forma sistemática al titular de la acción.

Por tanto, y sin perjuicio que el banco haya dado la información nada cambia el caso, puesto que igualmente se ha violado el secreto bancario. 3) El requerimiento del fiscal, aunque fuera autorizado por el juez, seguiría siendo un requerimiento ilegal porque la norma no faculta al magistrado -como custodio de las garantías- a delegar dicha facultad. 4) Por otra parte, en su opinión la afirmación de la Magistrada referida a que si el fiscal no hubiera obtenido éxito con el requerimiento de información al banco ella hubiera dado la orden, solo significa que respaldaría al titular de la acción ante la eventualidad de que pudiera revocarse su decisión.

Sin embargo, expresa que no se comprende entonces por qué no solicitó la Jueza a quo dicha información cuando el Fiscal se la requirió reiteradas veces. 5) El quebrantamiento del secreto bancario sin orden judicial, cualquiera sea el responsable de ello, hace caer el valor de la prueba. Toda la prueba así obtenida y los actos que sean consecuencia de ella deben ser declarados nulos, separados de la causa y devueltos a su emisor.

Por tanto, y siendo que en la presente no ha sido el juez quien ordenó el levantamiento del secreto bancario es claro que se ha vulnerado la norma federal que así lo dispone. 6) Es indiferente quien haya quebrantado la norma, y si fue con o sin intención, puesto que en cualquiera de los casos la prueba obtenida en incumplimiento al procedimiento establecido por el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras resulta nula, así como todos los actos que son consecuencia de ella. 7) Por otra parte, se agravia de que la información obtenida ilegalmente haya sido introducida a la causa, quedando expuesta a la vista de terceros en folios del proceso, hasta que su parte solicitó que se reservara en forma protegida, lo que recién sucedió seis meses después. 8) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

XI.- Que a fs. 68/70 la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, en su Dictamen Nº 354/FC2/07 solicita se confirme la resolución recurrida. Así señala: 1) El recurso interpuesto por el Camps lo ha sido en tiempo y forma, sin embargo el impetrado por el defensor de Gammalik S.A. es extemporáneo según los fundamentos que expresa en su escrito, sin perjuicio de no desconocer la jurisprudencia del fuero y lo decidido en el Plenario Nº 6 de la Cámara.

2) Resultan erróneas las afirmaciones de los impugnantes en cuanto a que fue el Fiscal -vulnerando un expresa prohibición del juez- quien solicitó la información a la entidad bancaria, puesto que tal como surge del decisorio de fecha 26/5/2006 el Magistrado autorizó al titular de la acción a efectuar el requerimiento, sin que interese en forma alguna quien suscribió el oficio.

Ello es coincidente con lo afirmado por la Magistrada en relación a que no existió una redacción ardidosa del oficio, destinada a inducir a error a la entidad bancaria sino una requisitoria judicial que fue debidamente satisfecha. 3) No se observa, y los recurrentes no pueden demostrar un agravio de tal magnitud que autorice a declarar la nulidad de la prueba, que si bien ha sido ofrecida en el requerimiento de elevación a juicio, aún no se ha utilizado contra los encartados, momento procesal oportuno para -en todo caso- plantear la nulidad de la misma.

XII.- Que a fs. 76 pasan los autos a resolución de este Tribunal, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resultan admisible los recursos de apelación interpuestos en su caso ¿resulta ajustada a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTION:

En primer término, la Sra. Fiscal de Cámara plantea la extemporaniedad del recurso de apelación impetrado por el defensor de Gammalik, puesto que -en su opinión-, al tratarse de un auto interlocutorio o que causa gravamen irreparable, correspondería que se aplique el plazo de tres días para impugnarlo conforme lo establece el art. 450 CPPN.

En este punto, es dable aclarar que este Tribunal ya ha plasmado su criterio en el Plenario Nº 6 de esta Cámara, que establece como doctrina que el plazo que rige para apelar las resoluciones no definitivas en materia contravencional es el de cinco días previsto por el art. 50 LPC, razón por la cual careciendo de sentido la reiteración de un planteo que ya fue resuelto, sólo cabe remitirse a lo allí expresado.

Por tanto, y siendo que ambos recursos de apelación han sido interpuestos en el plazo establecido por la Ley Nº 12, y por quienes se encuentran legalmente facultados para hacerlo, se debe propiciar su admisibilidad en este punto.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado.

En cuanto a él se ha afirmado que "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución ..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

Ello así, y siendo que en la presente causa en el decisorio impugnado la Judicante resolvió el planteo de nulidad impetrado por las partes, disponiendo no hacer lugar a la invalidez pretendida, corresponde propiciar la admisibilidad de los recursos interpuestos.

En tal sentido, este Tribunal resulta procedente su tratamiento en esta Alzada cuando en primera instancia se ha adoptado una decisión respecto de un planteo de nulidad (Causas Nº 37-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos "Soto, Pablo s/Infracc Art. 41 CC- Apelación" del 21/4/2005, Nº 099-01-CC/2005 Incidente de nulidad en autos: "Cueva, Ana María s/inf. Art. 83 CC (ley 1472)- Apelación" del 6/5/2005, Nº 165-01-CC/2005 "Recurso de Queja en Incidente de Medidas Cautelares en autos: Castro Fernández, Margarita s/inf. Art. 84 CC Ley 1472" del 25/7/2005; Nº 4838-01-CC/2006 (60/06) Incidente de apelación en autos "Olesa, Néstor s/inf. art. 83 Ley 1472", rta. 30/8/2006; Nº 5511-07-CC/06 (28/07) "Incidente de nulidad en autos Lavin, Gabriel; Reitovich, Saúl P.; Lavin, María Noe y otros. s/ inf. arts. 116 y 117 ley 1472, García del Río 4119 - Apelación", rta. el 16/4/2007; entre otras).

SEGUNDA CUESTIÓN:

I.- Admitido el recurso en cuestión, y previo al análisis de los planteos que lo informan, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de nulidad posee carácter excepcional, y priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es claro que la declaración de nulidad sólo resultará procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.

En idéntico sentido, la Cámara de Casación Penal ha expresado que "en virtud del principio de trascendencia una de las exigencias fundamentales para que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal es la existencia de un perjuicio concreto, o sea la limitación de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa; por consiguiente tanto en el caso de una nulidad relativa como de una nulidad absoluta es menester la demostración de un perjuicio real y concreto.

Sobre el particular cabe memorar que las nulidades procesales son de interpretación restrictiva, siendo condición esencial para que puedan declararse que la ley prevea expresamente esa sanción, que quien la pida tenga interés jurídico en la nulidad y además que no la haya consentido expresa o tácitamente.

De esta forma resulta indiferente para una eventual declaración de nulidad la naturaleza de ésta, expresa, genérica, virtual o desde otro análisis absoluta o relativa, ya que los principios de conservación y trascendencia, plasmado éste último en la antigua máxima "pas de nullité sans grief", impiden la aplicación de dicha sanción si el acto atacado logró su finalidad, y si no se verifica un perjuicio que deba ser reparado ..." (CNCasación Penal, Sala III, Causa nº 4859, "Alais, Julio Alberto y otros s/recurso de casación", rta. 23/4/2004).

En síntesis, nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, tan sólo cuando efectivamente se lesiona el interés de las partes. Tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquéllas que por su posible efecto corrector tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés. Así, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 295:961, 298:1413, 311:2337, entre otros).

II.- Aclarado ello cabe analizar los agravios impetrados por los recurrentes, es decir por un lado la alegada arbitrariedad de la resolución por carencia de debida fundamentación; y, por otra parte, la invalidez de la prueba incorporada ilegítimamente.

Arbitrariedad de la resolución por carencia de debida fundamentación:

En este punto, el Camps solicita se declare la nulidad del resolutorio obrante a fs. 39/40 vta. del presente, al considerarlo arbitrario puesto que según refiere se funda en afirmaciones dogmáticas y aparentes, al prescindir de responder al argumento central de su planteo de nulidad, a saber la ilegitimidad de la prueba, por no haber autorizado el Juez el levantamiento del secreto bancario.

Al respecto, y en cuanto a la arbitariedad de la resolución en cuestión, cabe recordar que la corte Suprema de la Nación ha establecido que "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (Fallos 312:346; 389:608, entre otros).

Así, y de la lectura del decisorio no se desprende la carencia de fundamentación que pretende el Defensor, ni se advierte que se hubiera omitido responder al cuestionamiento efectuado por la defensa.

Por el contrario ella resulta suficiente para poner en conocimiento de las partes el porqué de lo decidido, pues contiene las razones que permiten inferir de un modo lógico la conclusión a la que arriba.

En este sentido, se ha expresado que la exigencia de motivación no implica necesariamente que el juez deba volcar en la providencia una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lo llevó a resolver en determinado sentido, sino que el mismo se encuentra cumplido siempre que guarde relación con los antecedentes que le sirven de causa y sean congruentes con el punto que decide, y suficientes para el conocimiento de las partes y las eventuales impugnaciones que se pudieran plantear (Causa 052-00-CC/2004 "Waigandt, María Elena s/ Infracción art. 41 CC - Medida Cautelar - Apelación", 20/4/2004).

Así, nuestro Máximo Tribunal ha expresado que una decisión debe ser considerada arbitraria cuando "... reconoce una fundamentación sólo aparente, apoyada en conclusiones dogmáticas o inferencias sin sostén jurídico o fáctico, que no parece responder más que a la exclusiva voluntad de los jueces (CSJN, Fallos: 303:386; 306:1395; 307:1875; 311:512; 326:3734; entre muchos otros)" (CSJN, "T., R.A.", rta. el 7/11/2006).

Dichos extremos no se advierten en el caso, puesto que del decisorio en cuestión se desprende que la Magistrada ha explicado debidamente las razones por las cuales la incorporación de la prueba cuestionada en la presente no reviste el carácter de ilegítima, al poner de manifiesto la debida intervención que ha tenido en la producción de la prueba cuestionada (fs. 40 del presente).

En consecuencia, las objeciones efectuadas en el escrito de apelación solo se traducen en meras discrepancias con los argumentos de la decisión cuestionada respecto de la validez de la prueba solicitada por el fiscal, lo que no alcanza para demostrar los extremos exigidos para considerar la resolución arbitraria.

En definitiva, la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (CSJN fallos 302:284; 304:415, entre otros); decisión que cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden la descalificación del resolutorio como acto jurisdiccional válido (Fallos 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre otros), como así también la tacha de arbitrariedad.

En razón de los argumentos expuestos, corresponde rechazar este agravio impetrado por la Defensa.

Ilegitimidad de la prueba incorporada por constituir información protegida por el secreto bancario.

En este punto, ambos recurrentes coinciden en que los informes remitidos por el Banco Francés constituyen una prueba ilegítima, por haber sido solicitada por el titular de la acción en violación a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley Nº 21526 que establece que únicamente puede ser requerida por el juez, peticionando por tanto que se declare la nulidad de dicha prueba y de los actos que fueran consecuencia de ella.

En primer término, cabe aclarar que dado que la Ley Nº 12 no regula un sistema de nulidades a aplicar en el ámbito contravencional, sino que prevé algunas de carácter específico, resultan de aplicación las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación.

A partir de ello, cabe tener en cuenta que el art. 166 del CPPN define un sistema de nulidades taxativo que impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales -excepción hecha a violación de garantías constitucionales-, si su descalificación no ha sido expresamente prevista, o si no median los supuestos del art. 167 del cod. cit. (CNCP, Sala I, c. 27 "Freire, Roberto A. s/ley 23.737", del 11/8/93).

La invalidez propiciada no se encuentra específicamente contenida en la normativa procesal (art. 166 CPPN), tal como se ha afirmado anteriormente, por tanto la cuestión debe ser abordada a la luz del art. 167 inc. 2 del cód. cit. que prevé como nulidad de orden general la inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención del Juez en los actos en que ella sea obligatoria.

A partir de ello, cabe analizar si la información cuya invalidez propicia la defensa, fue solicitada por disposición judicial o contrariando las disposiciones aplicables, caso este último que conllevaría a su nulificación.

En principio, la información cuestionada, según se desprende del oficio librado a la entidad bancaria, se encuentra comprendida en el denominado "secreto bancario", garantizado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley Nº 21526, dado que incluye datos sobre operaciones pasivas, es decir, aquellas en las cuales el banco aparece como tomador de los fondos suministrados por el cliente (depósitos, transferencias de fondos, débitos, etc.).

Así la disposición legal mencionada establece que "las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen. Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran: a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas ...".

De ello cabe concluir que el ordenamiento vigente, regula el secreto bancario como regla de alcance general e instrumental de tutela de los derechos constitucionales de inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de los papeles privados, en el marco del principio de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y la protección de la libertad individual (conf. Fallos: 301:1275; 302:116), así como el derecho a la privacidad.

Es decir, que además de ser uno de los medios que el legislador consideró adecuado para lograr el desenvolvimiento de un sistema financiero apto, solvente y competitivo (CSJN 303:1705), tiende a garantizar los mencionados derechos constitucionales.

A partir de lo expresado, y siendo que es el juez quien debe velar por el cumplimiento de tales derechos, se encuentra dentro de sus facultades ordenar y efectuar el debido control de las medidas que puedan afectarlos.

Ahora bien, de los presentes actuados, así como del expediente principal al que, el Tribunal tuvo acceso, surge que el titular de la acción solicitó -al menos en dos oportunidades- al magistrado de grado el levantamiento del secreto bancario.

En la primera de ellas (fs. 245/vta.), la Judicante refirió que siendo que aún no se encontraba vinculado el número de cuenta con los señalados como imputados no resultaba viable el pedido de informe sobre operaciones pasivas que están amparadas en el secreto bancario (fs. 250).

Como consecuencia de ello, y según surge de la solicitud obrante a fs. 302/304, el Sr. Fiscal de Grado requirió nuevamente la medida en cuestión, detallando la información previamente requerida por la a quo. Así explicó que la entidad a cuyo nombre se encuentran registradas las páginas donde deben efectuarse los depósitos pertenecen a la firma Gammalink SA y la persona responsable es Hernán Duer.

Asimismo, expresó que las apuestas pueden efectuarse mediante depósito en efectivo en la cuenta Nº 262-6623/9 del Banco Fránces o por transferencia bancaria a dicha cuenta que es la que aparece publicitada en la dirección de internet: www.formoapuestas.com.ar.

A dicha petición el Juez subrogante dio respuesta en una confusa y oscura resolución, manifestando que "la medida impetrada resulta, a criterio del suscripto, y en el estado actual de las actuaciones improcedente ...

De tal modo, si bien es cierto que los informes requeridos por el Acusador Público ... podrían hallarse amparados por el secreto bancario (art. 39 de la Ley 21526), no menos cierto es que la requisitoria no se instrumentó en legal forma ... corresponde al Sr. Agente Fiscal ... rubricar y librar un oficio a la entidad bancaria requerida, en los términos descriptos en el párrafo precedente.

Así, hasta tanto haya operado el vencimiento del plazo que el Acusador Público fije para la contestación del mismo, corresponde no hacer lugar a la solicitud de levantamiento de secreto bancario ..." (fs. 37/vta. del presente).

Ahora bien, aún cuando como afirma la defensa, el decisorio en cuestión no hace lugar al levantamiento del secreto bancario, lo cierto es que la Ley 21526 no requiere que dicha medida sea expresamente dispuesta a modo de fórmula sacramental; por el contrario, alcanza con que el informe acerca de las cuestiones bancarias allí establecidas (operaciones pasivas) sean dispuestas por el juez. En la especie, es el propio magistrado quien ordena al titular de la acción que requiera la información en cuestión, mediante un oficio a la entidad bancaria.

A partir de ello, es dable mencionar que no se advierte en el presente que el Fiscal hubiera actuado sin la indispensable participación del juez, ni que los datos requeridos fueran ignorados por el a quo, o que el Judicante -en su oscura resolución- no hubiera verificado la legalidad de los informes que solicitó al fiscal a partir de la valoración de los intereses jurídicamente protegidos; sino que por el contrario, el oficio librado por el Fiscal al Banco Francés (cuya copia obra a fs. 38/vta, del presente), lo fue por orden judicial y bajo su control.

Por tanto, es dable afirmar que el informe cuya legalidad se cuestiona en la presente, fue obtenido con la intervención necesaria del órgano judicial; por tanto, la finalidad que busca resguardar el art. 39 de la Ley Nº 21526 se ha visto satisfecha, pues si bien el oficio fue confeccionado y firmado por el Fiscal, lo fue por disposición del propio Juez, deviniendo así improcedente la tacha de nulidad, pues no resulta -como plantean los impugnantes- una prueba ilegítima.

En cuanto al agravio esgrimido por el Defensor de la firma Gammalink S.A, relativo a la vulneración de la confidencialidad de los datos bancarios en cuestión, dado que la información requerida fue introducida a la causa quedando expuesta a la vista de terceros hasta que se dispuso su adecuada reserva, debe redordarse que para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo.

Por tanto las nulidades de los actos procesales, además de constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando de la violación de las formalidades que la ley establece, derive un perjuicio real y concreto para la parte que lo invoca, pero no cuando se postula en el solo interés de la ley o por meras cuestiones formales.

Así, cabe destacar que "... la nulidad nunca se declara a favor de la ley sino siempre para proteger un interés concreto que ha sido dañado. Este principio no tiene relación con el carácter absoluto o relativo de las nulidades sino con el sentido de las formas, que siempre tutelan algún interés particular" (BINDER, CARLOS "Incumplimiento de las formas procesales", Ed. Ad-Hoc, Bs. As., pág. 29).

En virtud de lo expuesto, y siendo que a pesar de que el Judicante no dispuso en forma inmediata la reserva de los informes fuera de la causa judicial, de las actuaciones no se desprende que efectivamente terceros extraños hayan tenido acceso a dicha información o que hubieran utilizado dichos datos en forma alguna.

Por lo que cabe afirmar que no se advierte cuál ha sido el agravio o la afectación concreta a un derecho constitucional que ha causado la falta de reserva inmediata de los informes, por lo que convalidar la postura del Basualdo implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.

Ello conllevaría a desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica de los preceptos legales sobre nulidad, los que deben ser interpretados restrictivamente (CNCP, Sala III, "Alvarez, Domingo Vicente, s/rec. de casación", rta. el 30/3/94; "Mendoza, K. y Amaya, J.R. s/rec. de casación", rta. el 19/4/94, entre otras).

A mayor abundamiento, es dable recordar que, tal como se ha expresado anteriormente, declarar la nulidad únicamente por cuestiones formales importaría un exceso ritual manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia, pues la nulidad se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

En definitiva, el recurrente no ha demostrado cómo habría influido en el caso concreto la inexistencia del defecto alegado, pues se han limitado a denunciar la irregularidad procesal que implicó el hecho de agregar al expediente los informes remitidos por el Banco Francés, sin indicar cómo ha incidido el hecho de no reservarlos fuera de él -es decir, si efectivamente hubo terceros ajenos que tuvieron acceso a los mismos-; ni tampoco cuáles han sido los derechos constitucionalmente protegidos que habrían sido vulnerados y, en tal caso, cómo se habría llevado a cabo la lesión de los mismos.

En ese orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal de la Nación resolvió que si no se han indicado concretamente las alegaciones que el procesado se hubiese privado de ejercer si los actos no exhibiesen el presunto defecto que motiva el cuestionamiento, no se ha asumido la demostración de cuál sería la afectación a la garantía invocada, ni se advierte la utilidad de la invalidación pretendida (Fallos 287:230; 297:291; 300:353; 301:969; 302:179; 303:359; 305:1140; 306:149; 307:1141, entre otros).

Por lo hasta aquí expuesto, corresponde confirmar el decisorio cuestionado en cuanto resuelve no hacer lugar a la nulidad promovida en la presente.

Por lo expresado, el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el decisorio recurrido, de fecha 4/5/2007, en cuanto resuelve no hacer lugar a la nulidad promovida por la defensa técnica de Gammalink S.A. y acompañada por los letrados de sus consortes de causa (art. 166 y sgtes. CPPN a contrario sensu, art. 6 LPC) II.- Tener presente la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí RI