Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-07-01


C A S A C I Ó N San Miguel de Tucumán, 01 de Julio de 2005 Y VISTO: Llegan a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Alfredo Carlos Dato, los recursos de casación deducidos (fs. 3010/3012) por la defensa de los imputados Sergio Gustavo Roldán y por la defensa de Juan Carlos Fenoglio (fs.3016/3024); por los demandados civiles Cervecería y Malterias Quilmes S.A. (fs. 3027/3056); Club Atlético San Martín S.C. (fs. 3058/3066); Club Atlético Tucumán S.C. (fs. 3069/3077) y ACE Seguros S.A. (fs. 3079/3090), en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IVª , del 28/7/2004 obrante a fs. 2996/3008. Previo trámite de ley, el Tribunal antes mencionado se pronunció por la concesión de la vía extraordinaria local mediante resoluciones dictadas en fecha 20/8/2004 (fs. 3014 y 3026); con fecha 19/8/2004 (fs. 3047), en fecha 24/8/2004 (fs. 3068 y 3078) y el 26/8/2004 (fs. 3091). En esta sede, las partes presentaron memoria sobre el recurso casatorio. A fs. 3148/3157, corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal con lo que la causa queda en estado de dictar sentencia. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso?, en su caso, ¿ es procedente? A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 3010/3013 por la defensa del imputado Sergio Gustavo Roldán, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IVª del 28/7/2004, que condenó a su asistido a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas procesales, como autor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Carlos Eduardo Argañaraz. El pronunciamiento es también recurrido por la defensa de Juan Carlos Fenoglio, condenado a nueve años de prisión, accesorias y costas como autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de Luis Gerardo Caro.

El pronunciamiento ha sido también impugnado por los codemandados civiles; quienes con posterioridad celebraron un convenio transaccional con la parte actora, que ha sido homologado por el Tribunal a quo (cfr. fs. 3163 y fs. 3170/3171).

1.- Recurso interpuesto por la defensa del imputado Sergio Gustavo Roldán (fs. 3010/3012), concedido por resolución obrante a fs. 3014 de autos.

1.1.- La defensa alega violación del debido proceso formal, operativo de la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, por déficit de motivación del pronunciamiento e indebida aplicación de las disposiciones contenidas en la ley de espectáculos deportivos, que no le habría sido intimada en oportunidad de declarar como imputado.

Le agravia que se haya valorado la indicación efectuada por el hermano de la víctima Argañaraz en la audiencia de debate, obviando las previsiones contenidas en los arts. 250 y 251 del CPP, y pese a que su parte solicitó reconocimiento en rueda de personas; con lo cual se habría transgredido lo dispuesto por los arts. 192, 193 y 194 del mismo cuerpo legal. Sostiene que el reconocimiento efectuado durante el juicio oral debe observar las mismas reglas previstas para la etapa de instrucción, resultantes de la normativa cuya violación invoca. Como doctrina legal, propone que "Debe resguardarse el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, admitiéndose, si no se hizo antes del juicio oral, un reconocimiento en rueda de personas, que se aleje al imputado de los lugares donde se encuentra el reconociente, cuando existen circunstancias irregulares denunciadas previamente por la defensa (desde dos años antes de autos)".

Plantea además infracción a las reglas de la sana crítica racional, al valorar en contra del imputado una circunstancia por él admitida -concurrir al estadio con armas -que no tuvo lugar el día del hecho sino en otra oportunidad. Sostiene que se ha violado la ley sustantiva por arbitrariedad en la interpretación del presupuesto fáctico, con infracción a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología en el juzgamiento y valoración de la prueba.

A criterio de la defensa, el Tribunal a quo habría prescindido de pruebas incorporadas en la audiencia de debate, que estima decisivas para el correcto encuadre legal; cuando violando la presunción de inocencia hace decir a su cliente lo que nunca expresó ante el Tribunal. Puntualmente, sostiene que se ha conculcado el principio lógico de no contradicción, al juzgar y condenar a su cliente como autor de un delito, cuando las múltiples pruebas obrantes en autos demostrarían que ello no fue así (art. 413, inc. 4º del CPP y art. 18 de la Constitución Nacional). Concluye reclamando la absolución de su asistido, con reserva del caso federal.

1.2.- Esta Sala Civil y Penal se ha pronunciado en el sentido de que no puede cuestionarse la validez de la individualización de quien aparece como imputado, efectuada por un testigo en la audiencia de debate. "Por más rigor que emplee el juzgador para decidir la estructuración legal como categoría probatoria, específicamente nominado, del conocimiento, los supuestos que la hacen procedente, con las normas que disciplinan su recepción y su incorporación al debate, no pueden prohibirse, mutilándose el contenido de la declaración testimonial, sin apoyo en norma impeditiva y con menosprecio de una exigencia de la realidad; cual es la de que todo testigo manifieste si conoce al imputado presente en la Sala, e indique si el imputado presente ante él, es o no la persona a quien se atribuye el ilícito. Por ello, se ha expresado que esa situación no constituye un reconocimiento, aunque así se lo denomine impropiamente, sino un elemento de juicio que, sin la razonable valoración del reconocimiento verdadero, quedará librado a la estimación conviccional confiada a los jueces que tienen la responsabilidad de decidir, bajo el amplio ámbito de la libre convicción consagrado como sistema de evaluación de la prueba para dar fundamento a la resolución (STJCórdoba, sentencia N° 6, 19.03.71). Más aún, el reconocimiento impropio o señalamiento del imputado en la audiencia de debate por parte de un testigo, es un medio de prueba que encuentra adecuado fundamento legal en el art. 218 CPP, ya que el testigo, al deponer sobre los hechos, debe hacerlo sobre todas las circunstancias que los configuran, en cuanto a las personas, al lugar, al tiempo, al modo, etc., para que así su testimonio, integralmente valorado sirva al descubrimiento de la verdad (cfr. STJCórdoba, sentencia N° 10, 21.06.76; cc. CSJTuc., sentencia Nº 940 del 20/12/96, autos "Chávez, Juan Ramón y otros s/homicidio simple, etc."; Nº 336 del 11/5/98, autos "Vallejos, Carlos Luis s/violación y privación ilegítima de la libertad").

Cabe destacar que en el sublite, la Cámara se hizo cargo de los argumentos expuestos por la defensa, dirigidos a descalificar el testimonio de David Carlos Javier Argañaraz; quien reconoció a Roldán como el autor de los disparos contra su hermano. En tal sentido, expresó que el dosaje alcohólico de fs. 2711 indica que Argañaraz presentaba 0,69 grs./lts. de alcohol en sangre; lo cual según el U.S. National Safety Comitee, indica que el sujeto se encuentra en una zona denominada "posiblemente bajo influencia"; es decir, se necesita revisación médica para completar la sintomatología neurosíquica. Que la doctrina que cita, se trata de una ebriedad premonitoria o preebriedad, en la que resulta importante fijar la habitualidad o no del sujeto a la ingesta de alcohol para una correcta descripción de la sintomatología general del individuo. El razonamiento sentencial no ha sido objetado por el impugnante en este punto; por lo que se concluye en la desestimación del planteo en análisis, al no advertirse error de derecho en la valoración del reconocimiento impropio efectuado por Carlos Javier Argañaraz en la audiencia de debate.

1.3.- En lo restante, el recurso es inadmisible, por sustentarse en una diferente versión de los hechos de la causa, sin que se advierta arbitrariedad o violación a las reglas de la sana crítica racional.

De una parte, se advierte que los dichos atribuidos al acusado no han sido dirimentes para establecer la autoría imputada. La convicción judicial que sustenta el pronunciamiento de condena se ha basado en múltiples elementos que la defensa no controvierte, lo cual resta entidad a la cuestión planteada, de naturaleza eminentemente fáctica y por ende ajena, como principio, a la instancia extraordinaria de la casación. Del discurso sentencial emerge que las manifestaciones de Sergio Gustavo Roldán, relativas al hecho de concurrir al estadio portando armas, han sido un elemento corroborante de los hechos establecidos; cuya fijación se sustenta en otras pruebas de cargo decisivas que la defensa no ha impugnado.

El Tribunal a quo tuvo por acreditada la existencia material del resultado típico, esto es, las lesiones físicas sufridas por Carlos Eduardo Argañaraz; atribuyendo a Sergio Gustavo Roldán (a) Flay el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio del menor Argañaraz. La Sra. Vocal preopinante sostuvo este imputado "no sólo estuvo en el encuentro deportivo del día 15/9/2001 que se llevó a cabo en el Club San Martín, sino que además, fue identificado por David Carlos Javier Argañaraz, quien durante el debate dijo reconocerlo como el sujeto que disparó contra su hermano Carlos, repitiendo en forma sostenida "... vos fuiste quien disparó en contra de mi hermano..."; asumiendo idéntica actitud durante el careo que mantuviera con el prevenido Roldán". Mencionó también el acta de procedimiento policial de fs. 299, que documenta el secuestro de un revólver calibre 32 largo Nº 8831, de propiedad del nombrado y reconocido por éste como suyo durante el debate; con aptitud operativa y con residuos de pólvora en ánima de cañón según los informes técnicos-bálisticos. Señaló que el arma fue encontrada en un sitio baldío inmediato a una estación de servicios ubicada sobre Avda. Juan B. Justo Nº 2521, frente al Complejo Deportivo Muñoz, "lugar éste donde habían estado reunidos Sergio Gustavo Roldán y sus hermanos una vez que se enteraron de lo sucedido y antes de partir rumbo al Taficillo; circunstancia ésta que fuera corroborada no sólo por los dichos de los acusados sino por las testimoniales obrantes en autos" (cfr. fs. 2999). A su criterio, no resulta casual la relación de amistad entre los acusados, quienes concurrieron juntos al estadio, como en ocasiones anteriores; estuvieron juntos y abandonaron el estadio cundo comenzaron los disturbios... (cfr. fs. 2999 y vta.).

Al cuadro probatorio mencionado, la Cámara sumó que durante el debate, Roldán habría admitido que concurrió armado ese día a la cancha, lo que provocó que el Tribunal preguntara para qué llevaba un arma, respondiendo que no sabía. Como indicios coincidentes hacia una única conclusión, destacó que la parcialidad de San Martín bajó de las tribunas y salió del estadio cuando advierte que el resultado del encuentro era definitivamente adverso e irreversible. Que el grupo decidió desobedecer las órdenes del personal policial, de dirigirse hasta Avda. Roca y doblar en la primera intersección hacia el Este para retornar por la arteria paralela a calle Pellegrini, y así lograr emboscar a los simpatizantes de Atlético Tucumán, volviendo a la mencionada calle por donde éstos corrían hacia Avda. Mate de Luna, presionados por la sección de caballería de la policía. "La circunstancia de concurrir no sólo armado a un encuentro deportivo, sino además, destacando su fanatismo con vestimentas, sombreros, galeras, capas, máscaras, redobles, etc. me indican que lejos de protegerse de ser reconocidos para evitar enfrentamientos y ser agredidos por los oponentes, ostentaban su ropaje que le otorgaba ferocidad, logrando con ello la impunidad buscada por el temor que infundían, pero ese temor y ese tratar de esquivarlo es lo que permitió que los agredidos pudieran referirse a ellos con exactitud y, en el acto de debate, hasta señalarlos con seguridad..." (cfr. fs. 2.999 vta./3.000). Calificó de marcadamente provocativa y desafiante la actitud del grupo, dado el modo en que se conducía habitualmente cuando concurrían al estadio del Club San Martín.

De lo expuesto resulta que la Sala a quo ha fundado su certeza en la apreciación de elementos probatorios obrantes en la causa, de los cuales resulta que la conclusión de condena cuenta con motivación suficiente para sustentarla. Los poderes discrecionales de los Jueces y Tribunales de mérito para seleccionar y valorar el material probatorio que forma su convicción han sido reiteradamente subrayados por esta Sala Civil y Penal, al sostener que los argumentos desarrollados por ellos para afirmar su certeza no pueden en principio ser censurados en casación, aunque pueda discreparse con los mismos.

En el caso, la defensa no se hace cargo de las razones expuestas por el Tribunal, que exceden el señalamiento efectuado por el hermano de la víctima durante el debate, y las manifestaciones de este imputado cuyo alcance cuestiona. Sobre esta última cuestión, la defensa niega que Roldán haya admitido que concurrió armado al estadio el día del hecho; mas tal negativa es ineficaz para destruir el plexo probatorio previamente expuesto. En efecto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, el distinto alcance de los dichos de este imputado no se presenta eficaz para destruir la aptitud conviccional de otros elementos idóneos para fundar el fallo de condena. Por lo demás, el hecho de concurrir armado al estadio -aún en referencia a ocasiones anteriores, como sostiene la defensa- posee idoneidad para constituir indicio corroborante de la imputación, cuando ésta se ha sustentado en otros elementos de prueba que la Cámara ha valorado sin objeción puntual de la defensa.

Desde esta perspectiva, el recurso es insuficiente por no bastarse a sí mismo. La alegada infracción a las reglas de la sana crítica racional, o a las reglas de la lógica y la experiencia común en la valoración de la prueba, exigen una crítica integral de los fundamentos del fallo, tendiente a demostrar los vicios invocados. En estas condiciones, la referencia a múltiples pruebas que excluirían la autoría del imputado, sin otra precisión, es ineficaz para revertir la decisión de condena.

A mérito de las razones expresadas, corresponde desestimar el recurso en examen.

2.- Recurso interpuesto por la defensa de Juan Carlos Fenoglio (fs. 3016/3024), concedido por auto del 20/8/2004 (fs. 3026).

Los defensores de este imputado piden se case el pronunciamiento por arbitrariedad, en cuanto condena a su asistido a nueve años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable del delito de homicidio en perjuicio de Luis Gerardo Caro (art. 70 del Cód. Penal en concordancia con la ley 24.192).

2.1.- Como primer agravio impugnan la denegación de prueba que estiman esencial, en alegada violación a garantías constitucionales, y a la normativa contenida en los arts. 413, incs. 3 y 4 del CPP. Asignan valor dirimente a la prueba pericial balística ofrecida por su parte sobre el revólver marca "Tala" de propiedad de su defendido, y un proyectil extraído del cuerpo de la víctima Caro; que hubiera permitido demostrar los errores y falsedades atribuidos a los informes técnicos policiales, a los que el Tribunal de mérito asignó valor probatorio absoluto e inobjetable, sin fundamento científico.

Sostienen que la prueba ofrecida en el cuad. Nº 1 era el único medio idóneo para ejercer la defensa en la etapa plenaria. Denuncian que en este proceso se habría ocultado el disparo accidental del arma referida, ocurrido en el interior de la Fiscalía de Instrucción de la VIIIa. Nominación; y que en tales condiciones de irregularidad el arma fue remitida a la División Criminalística para que se practique pericia balística de residuos de pólvora, que dio resultado positivo. Ponen de relieve que se trata de un hecho irrepetible, toda vez que no podrá saberse si el arma fue o no disparada con anterioridad al suceso denunciado. Que en base a estos hechos la defensa planteó exclusiones probatorias, ante la violación al derecho de defensa en juicio, lo cual fue reiterado en los actos preliminares del debate y rechazado por el Tribunal de juicio. Señalan que en este contexto, su parte ha requerido la producción de la prueba aludida, tendiente a acreditar que el proyectil extraído a la víctima Gerardo Caro nunca pudo haber sido disparado por el revólver secuestrado, de propiedad de Fenoglio.

Reiteran el valor decisivo de la prueba omitida, con aptitud para variar el resultado de la causa; por lo que oportunamente plantearon recurso de reposición y reserva de casación. Dicen haber acompañado carpeta técnica confeccionada por su asesor técnico de parte, Ing. Mecánico especializado en armamento; a cuyo criterio la bala incriminada o dubitada no pudo ser disparada por el revólver calibre 22, dando razones de su conclusión. Estiman arbitrarias las razones del Tribunal para rechazar la prueba ofrecida, por cuanto es en el plenario donde se desarrolla la verdadera actividad probatoria; señalando que la defensa no es perito en la materia, y carece de conocimientos técnicos suficientes para impugnar las conclusiones de los funcionarios policiales expuestas en la audiencia de debate. Puntualizan que el Tribunal no ha fundado su certeza sobre la identificación del arma homicida, por lo que tal afirmación resultaría igualmente arbitraria.

El segundo agravio se sustenta en la alegada inobservancia de las reglas de la sana crítica racional con respecto a elementos probatorios de valor decisivo (arts. 468, inc. 2º, 186, segunda parte y 413, inc. 4º del CPP). Ello en tanto se habría impedido a la defensa el control de la legitimidad en la captación de determinadas pruebas, valorando como exactas y decisivas a simples informes técnicos realizados por personal policial, lo cual ha sido planteado en varias oportunidades. Aluden nuevamente al disparo accidental sucedido en sede la Fiscalía; poniendo además de relieve que el rechazo de estos planteos se sustentó en que debían ser efectuados en el plenario; y ante ello la defensa optó por plantear la exclusión probatoria, dado que tal cuestión no admite preclusión procesal. Manifiestan que en todas estas articulaciones han precisado los errores y fallas de los informes técnicos policiales, que desvirtuarían la conclusión de que el disparo mortal partió del revólver perteneciente a Fenoglio. En suma, consideran violatoria de las reglas de la sana crítica racional la conclusión de los jueces de mérito, en cuanto asignaron valor de prueba pericial irrefutable a simples informes técnicos; sin que existan otros elementos demostrativos de la participación de su asistido en el hecho que se le atribuye. Proponen doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

De otra parte, alegan violación de la ley adjetiva, al no precisar la sentencia la determinación circunstanciada del hecho que el Tribunal estimó acreditado (arts. 413, inc. 2º y 408, incs. 1º y 3º del CPP). A criterio de los impugnantes, el fallo en recurso omite una descripción detallada de los hechos en los cuales supuestamente habría participado Fenoglio, y de la exteriorización de conducta en el pretenso acto homicida. Sostienen que en autos no existe prueba alguna demostrativa, con la certidumbre necesaria, de que su asistido realmente estuvo presente en el momento en que la víctima fue herida de bala. Que la conclusión positiva en este punto no se compadece con las constancias de la causa, dado que todos los testigos habrían coincidido en que Fenoglio permaneció en el interior del estadio hasta aproximadamente veinte minutos después de finalizado el partido de fútbol. Según afirman, ni la acusación fiscal ni la sentencia expresan cómo, cuándo ni dónde su defendido efectuaba disparos contra el joven Caro; añadiendo que ni el test de guante de parafina, ni los informes técnicos policiales, ni la autopsia de fs. 152/154, como tampoco el testimonio cuestionado de Carlos Javier Argañaraz, bastarían en conjunto para acreditar la autoría material del disparo.

Como cuarto y último agravio plantean errónea aplicación de la ley sustantiva, al calificar la conducta de este imputado como delito de homicidio simple previsto y penado por el art. 79 del Cód. Penal. A su entender, el caso debía ser encuadrado en los arts. 79 y 42 del mismo cuerpo legal, al haberse probado de manera fehaciente que el joven Caro tenía una sobrevida de aproximadamente cincuenta minutos, y que el deceso se produjo por falta e impedimento de asistencia médica en ese intervalo de tiempo. Que según es admitido en la misma sentencia, varios testigos declararon que el personal policial impidió los intentos de asistir al menor, y la ambulancia demoró aproximadamente treinta minutos en arribar al lugar. Ello demostraría que existió una concausa en el desenlace fatal, y que en las circunstancias del caso sin mediar la misma el hecho no hubiera acontecido. Igualmente, consideran errónea la aplicación de la ley 24.192; para concluir que el caso debía ser calificado como homicidio en grado de tentativa, pues que el resultado muerte no es atribuible a su defendido.

2.2.- Según emerge del acta que documenta la audiencia de debate, el agravio fundado en la denegatoria de prueba pericial resulta extemporáneo, por cuanto luego de rechazarse el planteo de nulidad deducido en el plenario, la defensa de este imputado omitió formular protesta de recurrir en casación, (arg. art. 468 inc. 2° CPPT, (cc. CSJTuc., sentencia Nº 449 del 28/7/99, autos "Romero, Víctor Manuel y otros s/homicidio con exceso en la legítima defensa y otros; N ° 229 del 12/4/2002, autos "Bidal Héctor Anibal s/Homicidio Culposo y Lesiones Culposas").

Consta en autos que iniciado el debate en fecha 16/6/2004, la defensa de Juan Carlos Fenoglio planteó como cuestión preliminar la invalidez de los informes balísticos de fs. 295/298 y de fs. 446/449. A solicitud del Tribunal, el letrado especificó que la declaración de nulidad impetrada refería a la resolución denegatoria de la pericia balística solicitada en el cuaderno de prueba Nº 1, del 31/5/2004 (fs. 2757). Requirió además se disponga sorteo de perito balístico, y propuso como perito de parte al Ing. Mecánico Vaccaro; quien había suscripto el informe privado acompañado en oportunidad de pedir revocatoria de aquella decisión denegatoria de la prueba ofrecida. Finalmente, pidió se cite a este profesional para que ratifique su dictamen, y a los funcionarios policiales que elaboraron los informes objetados.

Luego de un cuarto intermedio, la Sala a quo rechazó los planteos de la defensa; y sin perjuicio de ello, dispuso el comparendo de los peritos de la Div. Criminalística para que expliquen la realización de sus informes (cfr. fs. 2927 vta.). Del acta que documenta esta etapa del debate no surge que ante la denegatoria de los planteos formulados, la defensa de Fenoglio hiciera reserva de recurrir en casación (arg. art. 468, inc. 2º del CPP). Al respecto, se ha dicho que "La inexistencia de oportuna protesta -entiéndase reserva- frente a la eventual denegación de diligencias de prueba durante el debate impone rechazar la casación pretendida (CNCP, Sala III, LL del 5/X/1993, f. 91.655, citado por D'Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. .Concordado. Bs. As., Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, 2002, pg. 994).

Denegada en la oportunidad prevista legalmente la producción de una prueba, la defensa no puede impugnar lo resuelto por la Cámara por vía del recurso de casación si, en lugar de formular la reserva que exige la ley adjetiva, se limita a pedir revocatoria del auto dictado por el Tribunal a quo, y luego plantea la nulidad de la decisión como cuestión preliminar, sin formular en ningún caso reserva oportuna de impugnar la decisión por vía del remedio casatorio. Por lo demás, es principio en la materia que la pertinencia de una medida de prueba es materia propia de los jueces de mérito y ajena a la instancia extraordinaria local. La posibilidad del control de la decisión está sujeta a que el interesado reserve en forma expresa el recurso para ante esta Corte Suprema de Justicia; reiterándose que se trata de una condición formal de admisibilidad que debe ser oportuna; esto es, posterior a la decisión denegatoria definitiva del Tribunal de Juicio.

Conforme dispone el art. 468, inc. 2º del CPP, el recurso fundado en inobservancia de las normas que el Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad es admisible siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta (186 segunda parte), el recurrente hubiera reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hubiera hecho protesta de recurrir en casación.

Esta normativa, en consonancia con lo previsto por el art. 188 del mismo cuerpo legal, determina la inadmisibilidad del agravio en examen. En las condiciones descriptas, el déficit que se denuncia quedó subsanado, sin que se advierta liminarmente un procedimiento viciado, que conduzca a un supuesto de nulidad absoluta e insubsanable. En consecuencia, corresponde declarar inadmisible el planteo en razón de su extemporaneidad (arg. arts. 185 y 186, segundo párrafo a contrario; art. 188, inc. 3, 468, inc. 2 y cc. del CPP).

Se concluye que la Sala a quo ha tratado todas las cuestiones procesales reproducidas en el recurso casatorio; y el rechazo de tales planteos no dio lugar a reserva oportuna de impugnación por vía del recurso extraordinario local. En suma, la falta de protesta oportuna torna improcedente la ulterior deducción del recurso de casación, pues se produce la subsanación de la invalidez denunciada, sin que se verifique violación de normas esenciales según la naturaleza y fines del proceso, o vinculadas a la inviolabilidad de la defensa en juicio del acusado en el caso particular.

2.3.- El planteo de exclusión probatoria de los informes técnico policiales tampoco puede prosperar.

La defensa no rebate los fundamentos de la Cámara en este punto, en cuanto sostuvo que tales cuestionamientos ya fueron tratados y resueltos en la etapa procesal oportuna. En principio, habiendo sido ejercitada válidamente una vez la facultad procesal de impugnar los supuestos déficit alegados, mediante instancias de nulidad y exclusión probatoria, es improcedente atacar posteriormente por vía del recurso extraordinario local los mismos vicios, pues esas cuestiones se encuentran precluidas.

De otra parte, cabe recordar que no obstante su alegación inicial, la defensa -en respuesta a las precisiones requeridas por el Tribunal- circunscribió la nulidad articulada como cuestión preliminar, a la denegatoria de la pericia balística ofrecida.

Es oportuno recordar que según expresa la defensa, y ha sido señalado por esta Corte Suprema de Justicia, los exámenes técnicos y demás operaciones de la policía científica difieren de la prueba pericial en sentido estricto. Si bien no están sujetos a las formalidades específicas propias de la pericia, ello no autoriza a negarles aptitud conviccional, o a restringir su valoración por el Tribunal de mérito según las reglas de la sana crítica racional. La ley procesal vigente ha desechado el sistema de pruebas legales, en cuanto con ese criterio se intente una predeterminación de los elementos idóneos para acreditar una determinada circunstancia o hecho del proceso; en el caso, la funcionalidad del arma secuestrada y su correspondencia con el proyectil incriminado. Desde esta perspectiva, cabe advertir que el incidente señalado por la defensa no es eficaz para desvirtuar una de las conclusiones de los expertos, relativa a que el proyectil incriminado fue lanzado a través del ánima rayada del cañón del revólver calibre 22 largo marca Tala, Nº F 77513, secuestrado en el domicilio de este imputado.

La regla de exclusión invocada por la defensa tiene sustento en la invalidez de la prueba obtenida en violación de garantías constitucionales, lo que implica el apartamiento de un proceso regular en desmedro de tales garantías. Para su aplicación resulta menester en consecuencia, apreciar con suficiente evidencia las anomalías denunciadas, y su vinculación con el entorpecimiento de los derechos que se pretenden conculcados (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 111 del 30/3/95, autos "Ferreyra, Mario O. y otros s/triple homicidio agravado"). En este punto, considero oportuno subrayar que los informes objetados fueron producidos por personal policial calificado por sus conocimientos científicos en la materia específica; y que a pedido de la defensa de Fenoglio, sus autores comparecieron al debate para brindar las explicaciones y/o aclaraciones que las partes o el Tribunal estimaran pertinentes.

En esta instancia casatoria, la defensa no aporta razones conducentes para arribar a una solución contraria en torno a la legalidad y regularidad de las pruebas colectadas en la Instrucción. Los argumentos esgrimidos por la defensa son insuficientes para advertir los déficit que intenta reeditar en esta instancia casatoria, por lo que el planteo en examen no puede prosperar.

2.4.- En lo restante, el recurso es inadmisible pues remite a consideraciones de hecho y prueba, como principio ajenas a la instancia extraordinaria local; sin que se advierta absurdo o arbitrariedad en la valoración del Tribunal, que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

No cabe perder de vista lo señalado por el Sr. Juez de Instrucción en el auto de elevación a juicio (fs. 1800/1819), en cuanto destacó la complejidad de la causa, con numerosísimos imputados con distinta situación procesal y responsabilidad penal, unido a las confusas circunstancias en las que fue asesinado el joven Caro y herido Argañaraz.

La lectura de la sentencia revela que al tratar la primera cuestión, el Tribunal relató el suceso histórico fijado en base a los testimonios producidos durante el debate. Tuvo por acreditado que "Ambos clubes habían empatado y estaban definiendo el partido por tiro de penales, cuando era evidente la victoria del Club Atlético Tucumán, un grueso de la tribuna, que la componían los hinchas del Club San Martín, bajó de la misma, saliendo del estadio. Una vez en la calle, personal policial les indicó que siguieran por calle Pellegrini hacia el Sur, persiguiéndolos por una cuadra, allí este grupo tomó una arteria lateral, pues no estaba controlado ya por la policía y volvieron por la primera paralela hacia el este de calle Pellegrini hasta calle General Paz, retomando a Pellegrini por esta arteria para interceptar a los hinchas del Club Atlético Tucumán que habían sido dirigidos hacia Avda. Mate de Luna. La hinchada del club Atlético Tucumán al salir del estadio, fue dirigida y perseguida por un grupo de infantería y caballería de la policía provincial que prácticamente los empujaba hacia Avda. mate de Luna, mientras hacían tiros de bala de goma al aire, pues varios testigos dijeron que sobre ellos caían ramas de los árboles, entre ellos Ricardo Bulacio y Javier Argañaraz.Así es que, encontrándose en esta situación, estos dos menores reciben impactos de bala casi idénticos. Las investigaciones realizadas establecieron, a pocas horas del hecho, que en la emboscada había participado un grupo de barrabrava denominado "la banda del camión", banda ésta que a ese clásico como a otros partidos del Club San Martín concurrían ostensiblemente testigos con los colores de su club, con tambores, con redobles y cornetas, en un camión de propiedad de Juan Carlos Fenoglio, vehículo que estacionaban frente (por calle Amador Lucero) a una remisería donde quien los dirigía, Sergio Gustavo Roldán (a) Flay, recibía las entradas de favor para asistir al encuentro.

En ocasión de analizar la conducta de Juan Carlos Fenoglio, la Sra. Vocal preopinante valoró que este imputado no sólo obró a sabiendas del ilícito que cometía, sino que pudo representarse las consecuencias de ese obrar. Puso de relieve que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima fatal fue remitido para informe balístico, obrante a fs. 448 de autos; cuya conclusión es que pertenece al revólver calibre 22 largo marca Tala Nº F 77513. Añadió que de acuerdo a lo informado por la División Criminalística de la Policía de Tucumán, el arma posee aptitud operativa y presenta residuos de pólvora en ánima de cañón. Valoró trascendental el allanamiento realizado en el domicilio de Fenoglio, documentado en el acta policial de fs. 41/42, donde entre numerosas armas de fuego secuestradas se encuentra el revólver antes referido. En base a estas consideraciones, a las que sumó el resultado positivo del test de guante de parafina para el nombrado, concluyó sin duda alguna que Fenoglio es el autor material del delito de homicidio en perjuicio de Luis Gerardo Caro.

Como pruebas complementarias del plexo previamente analizado, señaló las declaraciones testimoniales de David Carlos Javier Argañaraz, quien durante el debate se refirió al "viejo canoso" -Fenoglio-, como la persona que efectuaba disparos con un arma de fuego (cfr. fs. 2998 vta.). Concluyó la sentenciante que Fenoglio "sabía y quería el acto ejecutado, lo había pensado y finalmente lo llevó a cabo"; imputándole no sólo el hecho de saber y querer el resultado, sino que a ello fue dirigida su voluntad. Que la agravante en el accionar del acusado está dada "por la circunstancia fáctica de haberse llevado a cabo en el marco de un espectáculo deportivo, en las inmediaciones de un estadio donde momentos antes se había disputado un encuentro futbolístico" (cfr. fs. 1298 vta./1299).

El Tribunal a quo determinó que los hechos históricos existieron, y el acusado es autor responsable del delito de homicidio en perjuicio del menor Caro. La lectura integral del decisorio muestra -contrariamente a lo alegado por la defensa- que el pronunciamiento contiene la descripción de los hechos que la sentenciante tuvo por acreditados, y de la conducta atribuida a Fenoglio. En rigor, este agravio se presenta dirigido a cuestionar la base fáctica del proceso, a partir de una diferente valoración de los hechos de la causa y de la aptitud conviccional de las pruebas existentes; invocando además la exclusión de algunos de estos elementos, sin rebatir lo expresado por la Cámara en este punto.

En el presente análisis de admisibilidad, y en orden a la alegada violación de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional, tampoco se verifica el déficit de motivación y la consecuente arbitrariedad atribuida al pronunciamiento. Los fundamentos recursivos son insuficientes para la revisión del fallo en la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad, que excepcionalmente permite el reexamen los hechos de la causa; pues pese a su esfuerzo argumental, las razones expresadas en el memorial casatorio no bastan para advertir violación a tales reglas, con el alcance de descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional. Los recurrentes soslayan los fundamentos integrales del fallo que impugnan, pues se desentienden de ellos y no los rebaten.

Desde este enfoque, la sola afirmación de que no existirían pruebas o indicios demostrativos de la participación de su defendido en estos sucesos, es insuficiente para evidenciar violación a las reglas de la lógica o de la sana crítica racional. Según se expresara, la Cámara valoró distintos elementos de convicción que en conjunto conforman un plexo probatorio bastante para sustentar la decisión de condena, expresada con inequívoca certeza. La defensa no logra poner en evidencia el déficit de arbitrariedad por falta de motivación; pues el memorial casatorio exterioriza su propia y parcializada versión de los hechos, sin atender aspectos esenciales del fallo bastantes para motivarlo; y tampoco demuestra que el análisis del plexo probatorio en su conjunto presente los déficit invocados.

Finalmente, el reclamo por falta de descripción detallada de los hechos carece de todo sustento, pues conforme a lo expresado, claramente la Cámara tuvo por acreditado el acontecimiento histórico que dio lugar a la sentencia de condena.

2.5.- Los agravios referidos a la existencia de concausas que habrían determinado el fallecimiento de la víctima, con proyección en la calificación legal adoptada, remiten igualmente a aspectos de hecho y prueba ajenos a la instancia extraordinaria local, salvo arbitrariedad o absurdo que tampoco se advierten en la especie.

La defensa considera que la demora en la atención médica al menor incidió en el resultado fatal; remitiéndose a lo manifestado por el médico forense en tal sentido.

En autos, la Cámara tuvo por acreditado el resultado típico remitiéndose a los informes técnicos obrantes en la causa (autopsia de fs. 152/154). Puso de relieve que según surge del informe autópsico referido, Luis Gerardo Caro falleció por shock hipovolémico por herida de proyectil de arma de fuego en la cavidad torácica (cfr. fs. 2998).Al tratar la segunda cuestión, expuso que el homicidio simple previsto por el art. 79 del Cód. Penal reprime la acción típica de matar a otra persona, delito de resultado cuya acción antinormativa se configura con la muerte injusta, al decir de Carrara, de un ser humano, y requiere de un obrar doloso, es decir, conciencia y voluntad de ocasionar el resultado previsto por la norma legal. Puso de relieve que en todos los casos, la acción desarrollada debió haber sido objetivamente apta para generar un daño, una lesión al bien jurídico que se intenta proteger y, en el caso, que el bien jurídico afectado sea la integridad física de la persona. En cuanto al elemento subjetivo, la Sra. Vocal preopinante valoró que puede inferirse de los actos manifestados exteriormente por el agente; aludiendo al empleo de un arma de fuego con aptitud operativa para ocasionar un daño cierto, la concurrencia a un espectáculo deportivo portando un arma de fuego, las lesiones ocasionadas como consecuencia directa de su uso etc., como criterios indiciarios para inferir el dolo de homicidio (cfr. fs. 2998 y vta.).

Admitida la dificultad para establecer criterios generales en materia de causalidad, que ha sido señalada por la doctrina (cfr. Creus, Carlos, Derecho Penal. Parte General. Bs. As., Astrea, 1996, pg. 169), considero que en el sublite la conclusión del Tribunal a quo se corresponde con la base fáctica establecida, sin que se advierta arbitrariedad en este punto.

El nexo causal entre la acción atribuida y el resultado se presenta debidamente comprobado según la ponderación de la sentencia, y resulta razonable en orden a la apreciación de las circunstancias del caso. Cabe poner de relieve que el hecho invocado por la defensa -omisión de asistencia médica inmediata- implica ingresar en hipótesis sobre la causalidad, soslayando la gravedad de las lesiones infligidas y la aptitud letal del medio empleado; y tampoco puede ignorarse que de acuerdo a los hechos fijados en el pronunciamiento, los imputados huyeron del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. En estas condiciones, la demora alegada no indica necesariamente un curso causal distinto e independiente del originario, o una interrupción del mismo con relevancia para atenuar la imputación. Por lo contrario, el hecho atribuido a Fenoglio se presenta como el antecedente jurídicamente relevante del resultado mortal, con eficacia causal que impide limitar su responsabilidad con mérito en la circunstancia alegada.

Para que el resultado muerte no sea imputable al autor del disparo con arma de bala, es necesario que la misma reconozca por causa un acontecimiento autónomo que genere su propia relación causal, distinta de la acción desplegada por aquél; lo que no se advierte según los acontecimientos posteriores alegados por la defensa. En suma, la falta de asistencia inmediata a la víctima no se transforma por sí misma en una causa autónoma que excluya la responsabilidad del imputado por la muerte del menor. Dada la gravedad de las lesiones, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar establecidas en la instancia de mérito, no es arbitrario concluir que el resultado mortal reconoce causalidad adecuada en el disparo atribuido a Fenoglio, sin que se advierta interrupción relevante de ese curso causal.

3.- Se concluye que los elementos de juicio analizados por la Sala a quo integran en conjunto un plexo probatorio serio y eficaz. La certidumbre judicial no resulta de cada una de las pruebas consideradas individualmente, sino de su valoración en conjunto. No cabe sino reiterar que el cuadro fáctico fijado por el Tribunal de juicio es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para fijarlos. La pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos de la casación, pues la instancia extraordinaria local en relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo; pues pertenece a los poderes discrecionales del tribunal de mérito, la selección y valoración de la prueba que concurre a formar su convicción.

El cuadro probatorio descripto por los jueces de mérito no ha sido suficientemente rebatido por las respectivas defensas, con el alcance de evidenciar la alegada ausencia de elementos que incriminen a sus asistidos. La ley procesal penal sienta como principio básico que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden a los jueces de mérito. La descalificación del fallo por arbitrariedad implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en este caso, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes para sustentarlo, sin que se verifique el quebrantamiento de las reglas de la lógica invocado por el recurrente. Según pacífica y constante doctrina de esta Sala Civil y Penal, el reexamen de los hechos y de las pruebas excede el ámbito propio del recurso de casación; pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (cfr. CSJTuc., "Pedernera, E..E s/robo, del 30/10/96; "Solórzano, P.R. s/lesiones culposas"; "Gómez, L.H. y/o. s/lesiones gravísimas" Recurso de queja, del 09/12/94, entre muchos otros). Las meras discrepancias del impugnante no alcanzan para acreditar el error de derecho denunciado, o la violación de principios lógicos o de sentido común en el razonamiento sentencial.

En el caso, la consideración de los agravios expuestos exigiría una diferente calificación de los hechos, para emitir un juicio de valor sobre la aptitud conviccional de las pruebas colectadas; tarea que resulta extraña a la labor casatoria. La defensa no logra descalificar el discurso lógico que sustenta el pronunciamiento impugnado; pues en definitiva postula una diferente interpretación de los elementos probatorios apreciados por los jueces de grado, lo cual es insuficiente para la descalificación del fallo. Si el decisorio cuenta con elementos suficientes para motivarlo, el recurso sustentado en una distinta interpretación de los hechos de la causa y de las pruebas colectadas es inadmisible.

4.- La sentencia de la Cámara ha sido también impugnada por los demandados civiles Cervecería y Malterías Quilmes S.A (fs. 3027/3056); Club Atlético San Martín S.C. (fs. 3058/3066); Club Atlético Tucumán S.C. (fs. 3069/3077) y ACE SEGUROS S.A. (fs. 3079/3090).

Encontrándose la causa a estudio del Tribunal, a fs. 3165 se presenta el letrado apoderado de ACE SEGUROS S.A., manifestando que las partes civiles han arribado a un acuerdo transaccional. Por Presidencia se ordenó formar actuaciones incidentales para su remisión a la Sala IVª de la Excma. Cámara Penal, y que oportunamente las partes acompañen copia certificada del convenio homologado judicialmente (cfr. fs. 3166).

Con posterioridad, los apoderados de la codemandada Cervecería y Malterías Quilmes S.A. expresaron su desistimiento del recurso de casación deducido en autos, y solicitaron la imposición de las costas por el orden causado, con la conformidad de los actores civiles. A fs. 3170/3171 corre agregada copia certificada de la resolución dictada por la Sala IVª de la Cámara Penal, de fecha 26/4/2005, homologatoria del referido convenio; que ha sido suscripto por los actores civiles y sus letrados, además de los apoderados de ACE SEGUROS S.A.; los Presidentes de los Clubes demandados, Atlético Tucumán y Atlético San Martín, y sus respectivos letrados apoderados. En consecuencia, corresponde tener a la las partes civiles por desistidas de sus respectivos recursos, y en mérito a lo acordado por ellas, hacer excepción al principio de que las costas son a cargo de la parte que desiste (arg. art. 115 in fine del CPCC, art. 4 del CPP), e imponerlas en el orden causado.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR, con costas, los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de Sergio Gustavo Roldán (fs. 3010/3013) y Juan Carlos Fenoglio (fs. 3016/3025), contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IVª del 28/7/2004.

II.- TENER por desistidos los recursos de casación interpuestos por los demandados civiles Cervecería y Malterías Quilmes S.A., ACE SEGUROS S.A., Club Atlético Tucumán y Club Atlético San Martín, a mérito del acuerdo transaccional celebrado con los actores civiles, homologado por resolución de la Excma. Cámara Penal, Sala IVª del 26/4/2005 (fs. 3170/3171). Las costas se imponen por el orden causado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA