marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales, Juan Crisóstomo y otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-18

Solo se puede remover a través de la casación una decisión donde se ha infringido la ley o doctrina legal, pero si el trámite aplicado limita el derecho de defensa -de debido proceso en nuestro caso- entonces el sendero que corresponde es el de la inconstitucionalidad.

Según la comisión redactora de la ley adjetiva, expuesto en la Exposición de Motivos, la vía adecuada sería el recurso de inconstitucionalidad "otorgado" exactamente contra sentencias que se opongan a alguna cláusula de nuestra Carta Magna entre otros móviles o contra sentencias judiciales que vulneran la Constitución.

(Del voto del Dr. Luna Corzo, disidencia)
Intervención de línea telefónica, fundamentación de la resolución, denuncia anónima, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ALBANI, Fernando D. s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

La exigencia de motivación que prevé el art. 123 del C.P.M.P. bajo pena de nulidad, implica el conocimiento por parte del juez de elementos objetivos de la causa que, incorporados con anterioridad a la emisión de la medidas y valorados según las reglas de la sana crítica racional, permitan sospechar seria, fundada y relevantemente que se está ante la comisión de un delito. Por tal motivo, es nulo todo lo actuado como consecuencia de las pruebas obtenidas merced a una intervención telefónica con el solo antecedente de una denuncia anónima con la solicitud formulada por los preventores ante la imposibilidad de obtener otros datos independientes, un listado de llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica y la similitud del nombre de pila entre su usuario y el denunciado.
Asociación ilícita, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Samid, José Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

La naturaleza económica de los delitos perpetrados por la organización ilícita, no obsta a que se afecte el orden público protegido por el art. 210 CP. Debe rechazarse el agravio si el recurrente se ciñó a cuestionar genéricamente el mecanismo de incorporación por lectura, sin individualizar los testimonios que a su respecto le causan agravio ni explicitar de qué manera le habrían generado un perjuicio a sus defendidos.
Acto administrativo, decretos, modificación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIPRIANI, ROBERTO MARIANO A. Y OTROS c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA Y OTROS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Independientemente que el Poder Ejecutivo se haya extralimitado en la delegación, el decreto 3.516/84 cuestionado, en forma alguna fundamenta el motivo de la desigualdad que provoca, lo inserta sin más en sus anexos fijando distintos índices para cada una de las categorías de docentes en tratamiento. La igualdad en sus remuneraciones la consagró la ley 16.445 por los fundamentos que se dieron en la oportunidad de su sanción, fundamentación pasada en cuestiones fácticas y de interés nacional, que no han variado.

Además de falta de motivación que nulifica el acto administrativo cuestionado, no resulta posible en nuestro sistema jurídico que un decreto modifique el espíritu de la ley.
Daños y perjuicios, cobertura, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERRARO VICENTE c/ JULIA BENAVENTE VILCHEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S152 - 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-07-01

La delimitación del riesgo se determina de dos maneras:a)positiva y b) negativa, enumerando las situaciones, en forma expresa, que son excluídas de la cobertura. En el caso de autos se está ante un supuesto de exclusión de cobertura. No se está en presencia de una cláusula de caducidad, sino estrictamente por la exclusión, no hay lisa y llanamente cobertura, por responsabilidad propia de la parte demandada citante, al estar vencido el mismo en la fecha del accidente.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, defectos de fabricación, víctima del accidente, aplicación de la ley, consumidores, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Clavijo del Puerto, Lila Esther y otros c/ Tito Gonzalez Sa y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Procede hacer lugar al reclamo indemnizatorio incoado por los accionantes contra una concesionaria, el fabricante y una compañía de seguros, por el siniestro ocurrido como consecuencia de los desperfectos habidos en el vehículo y en el que perdiera la vida el concubino de la coactora. Ello por cuanto, en el caso, del informe pericial accidentológico del fuero criminal fluye que el accidente tuvo su origen causal en el desprendimiento de la rueda delantera derecha provocado por un desacople de su tren delantero. Dicho informe fue efectuado en forma contemporánea al accidente, por un perito de una entidad oficial, objetiva e imparcial -Delegación Departamental de Policía Científica- y en presencia del consultor técnico de la aquí actora. En ese marco, cuando se ofrece trasladar a un juicio civil o comercial prueba producida en una instrucción penal, el juez que entiende en aquel conserva la facultad de apreciar su valor libremente y las partes el derecho a contraprobar; y no importa si el proceso penal ha o no concluido pues sólo se tiene en cuenta que la prueba haya sido pública, contradicha y formalmente practicada (v. 6/12/12, "Frigorífico Moreno SA s/ quiebra c/ Rawsing Company SA"; ídem, 27/11/18, "González, Nélida Ester c/ Guastello, Gustavo Daniel y otro s/ ordinario" y doctrina allí citada: Devis Echandía, Hernando, "Teoría general de la Prueba Judicial", 1976, T° I, pág. 374).
Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, Corte Suprema de Justicia de la Nación, secretario judicial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ojea Quintana, Julio María y otro c/ Estado Nacional - Secretaría de Educación y Justicia s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

Aún cuando la equiparación de los secretarios de la Corte Suprema a jueces de cámara se haya dispuesto en ejercicio de facultades constitucionales del Tribunal y lleve aparejado el goce de los derechos propios de esas funciones - trato, sueldo, igual régimen jubilatorio - no les comprende la de irreductibilidad de las remuneraciones prevista en la Constitución Nacional, atento al carácter restrictivo de esta garantía.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutkoski Vda. de Schok, Eugenia s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-15

Doctrina Legal, a los efectos del recurso extraordinario es la emergente de los fallos del Superior Tribunal, -y no cuando este actuaba como Cámara de Apelaciones atento a la modalidad que representa este recurso instrumentado por Ley 2.335-, y no la que deriva de la jurisprudencia de otros Tribunales.-
Juicio de desalojo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fidel, Miguel Angel c/ Arballo de Bersito, Haydée Aracelli s/ Desalojo por res. de comodato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Si el demandado niega el contrato de comodato invocado por el actor para pretender el desalojo, éste debe probar el mismo.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Barreiro, Cristian Ariel y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2021-09-15

Respecto del delito de lavado de activos endilgado al imputado y la conformación típica del art. 303 del Código Penal cabe recordar que dicho tipo penal solamente requiere que los imputados pongan en circulación bienes provenientes de un "ilícito penal", y este elemento normativo del tipo se satisface cuando se puede acreditar que los bienes objeto del lavado proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo. A sus fines solo se debe comprobar la relación de las personas juzgadas con actividades ilegales y la inexistencia de otro posible origen del dinero. No se exige acreditación o corroboración judicial del hecho delictivo previo mediante una sentencia anterior pasada en autoridad de cosa juzgada, sino que satisface la exigencia típica la comprobación judicial de la relación de los imputados con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del dinero, en función de los datos disponibles.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, Francisco Pascual s/ Usurpación de propiedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Si el HECHO materia de tratamiento en la sentencia es el contenido en la acusación fiscal, su encuadre en un TIPO LEGAL distinto del que fuera requerido en el escrito de acusación no viola lo dispuesto por el art. 263 regla 5ta. del C.P.P., toda vez que ello resulta propio de la facultad atribuida al sentenciante por el mismo art.

263 citado.-
Despido, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: VEIZAGA, GLADYS ROSARIO c/ MODAS TORTOLANO  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-19

Aunque el artículo 244 Ley de Contrato de Trabajo a diferencia del 57 de dicho cuerpo legal, no determina un plazo mínimo sino que se remite al que impongan las modalidades que resulten en cada caso, el término debe ser razonable y adecuado de modo de obtener certeza sobre la conducta del trabajador, en virtud de ello resulta exiguo un plazo de escasas 24 horas entre la emisión de la intimación y el despido.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, falta de mérito
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro c/  s/ inf. art. 144 bis en circ. art. 142 inc. 1, 2, 3, 5
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

Es improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la cámara de casación que dispuso la falta de mérito de los imputados, pues el apelante sostiene que la decisión apelada constituye una especie de sobreseimiento encubierto y que el rechazo de la apelación introducida conduce a la paralización del proceso, pero no acerca fundamento válido alguno para mostrar que ese es el caso, pues no hay elementos suficientes que permitan suponer que la decisión que lo agravia haya perdido carácter provisorio o que los acusadores públicos o la querella hayan perdido la posibilidad de mantener viva su pretensión de que los imputados sean condenados (Disidencia del juez Rosenktantz).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banzer, Gisela c/ Berrios, Marta s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

La contracautela -sea juratoria, personal o real- es condición de ejecutabilidad de la medida cautelar de que se trate, y la calidad y graduación de la misma es facultad discrecional del juzgador, dependiendo a su vez de la mayor o menor verosimilitud del derecho y de la inminencia o probabilidad de acaecimiento de los posibles perjuicios a resguardar (art. 199 del Código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LOPEZ CASANEGRA, SARA CAROLINA c/ RAMOS, OSCAR DANIEL s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-08

Si no se ha logrado probar que el demandado cuente con ingresos regulares que permitan establecer un porcentaje de ellos en carácter de cuota alimentaria, se torna dificultoso acreditar el real nivel de sus ingresos a través de una prueba directa. Corolario de ello resulta que a los efectos de fijar el monto de la cuota alimentaria, se tendrán en cuenta los indicios que permitan presumir una determinada situación económica e ingresos del demandado y la demostración del caudal económico a través de la prueba directa que obra en el expediente. Tales indicios pueden vincularse al modo de vivir del demandado, bienes fructíferos o no que posee, y cualquier otro aspecto que pueda fundar una seria presunción sobre su situación económica. Los indicios se aprecian con criterio amplio, a favor de la prestación que se reclama, en razón de las necesidades a satisfacer, aunque por la igualdad de trato que en el proceso merecen las partes, este principio debe ser aplicado con suma prudencia.
Estupefacientes, secreto profesional, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Bertoni, Paolo s/ Infr. art. 5, inc. "c", ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

De la simple lectura de los artículos 156 del Código Penal y del 177 del Código Procesal (ley 23.984) se desprende claramente que en nuestro sistema legal la regla es el secreto profesional y la excepción el deber de reverlarlo por justa causa. Ello así, por la primacía del derecho material sobre el derecho formal, la que se ve reflejada en que la propia norma procesal excluye el deber de denunciar cuando el conocimiento del hecho se encuentra amparado en el secreto cuya divulgación prohíbe la ley de fondo.
Actos ilícitos, muerte del damnificado, daño moral, legitimación activa, herederos
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Ruiz, Nicanor y otro c/ Russo, Pascual P. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos forzosos legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, no son sólo los de grado preferente de acuerdo al orden sucesorio.
Ejecución fiscal, procedimiento monitorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS c/ VEIRAVÉ JULIO CÉSAR s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-17

En las ejecuciones fiscales, tramitadas como proceso monitorio y fundadas en el art. 472 inc. 8º, la oposición del demandado, así como el planteo de las excepciones y ofrecimiento de prueba, debe ser efectuada dentro de los cinco días de notificado de la sentencia monitoria, y no como pretende el apelante al considerar que por tratarse de una "deuda de valor" el trámite debe ser enmarcado en el inc. 1 del art. 472 del CPCyC y, en consecuencia, que el plazo para articular la oposición sea de quince días.
Incongruencia, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BEVILACQUA, JUAN CARLOS c/ CANOR, ROBERTO Y-O SEIA, NORBERTO s/ INDEMNIZACION DE DA#OS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 201-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

No es autocontradictorio el fallo que apoyándose en un dictamen pericial en ningún momento impugnado, determinó que debía resarcirse la muerte del 50% de la población del apiario y al establecer la indemnización por la pérdida de miel y cera, tomó como base la totalidad de los núcleos o colmenas, dado que la toxicidad abarcó la totalidad del apiario.
Delegado gremial, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar Leopoldo Lorenzo c/ Indunor S.A.C.I.F.I.F. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-04-15

El sistema notificatorio de la designación de delegado gremial ha ido variando en los distintos ordenamientos y así la ley 23551 vuelve al régimen de la ley 20615, resultando menos estricta en su antecedente inmediato ley 22105 que exigía una forma fehaciente tanto en el medio elegido para comunicar, como en el texto casi sacramental. Sin embargo es criterio reiterado de la Sala que el medio elegido que informe la designación debe ser estricto y así la prueba exigida es la que brinde adecuado respaldo.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, estación de servicio, combustibles, confusión, gas oil, nafta, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baigorrotegui, María Soledad y otro  c/ Operadora de Estaciones de Servicio SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por el propietario de un automotor contra una empresa administradora de estaciones de servicio, con motivo del error incurrido por un operario al cargar combustible en el vehículo, suministrando gasoil en vez de nafta. Ello así, toda vez que fue impugnada la prueba fílmica ofrecida por la demandada a efectos de acreditar que el playero utilizó la manguera de combustible correcta, por lo tanto no resultó eficaz para sustentar su defensa, ya que no fue cotejada profesionalmente mediante la pericia correspondiente.

Sin embargo, corresponderá rechazar la acción en cuanto fue dirigida contra la compañía petrolera proveedora del combustible, pues sin perjuicio que la relación se encuentra alcanzada por el principio tutelar del derecho consumeril, y en consecuencia de las responsabilidades que le caben a los integrantes de la cadena de distribución enumerada en la LDC 40; no cabe atribuirle responsabilidad solidaria a la petrolera codemandada puesto que no forma parte del contrato de venta, y tampoco se configuró un daño por el vicio o riesgo de la cosa.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GUERRA, Claudio Miguel c/ PAWLIZKI, Omar Antonio s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-26

Los pronunciamientos en materia de honorarios no son impugnables por medio del recurso de inaplicabilidad de la ley, tanto en lo referente a su monto, como a las pautas seguidas para su regulación, toda vez que el art. 289 del Código Procesal no formula distinciones al respecto. La exclusión sobre el punto no responde al carácter definitivo o no de esas resoluciones, sino a las materias sobre las que versan, las cuales se hallan generalmente influidas por consideraciones de hecho que escapan al conocimiento del tribunal plenario.
Absolución de posiciones, representación del empleador, poder general, vicepresidente de la sociedad
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: SOTO, GUSTAVO c/ CIA. ARENERA RIO LUJAN S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

Si de la lectura del poder general conferido al vicepresidente de una entidad , éste contaba con amplias facultades de representación para actuar en juicio, a punto tal que se lo había facultado para promover acciones, contestar demandas, oponer excepciones, transar, renunciar, otorgar quitas, cobrar, dar recibos, etc., como así también para realizar cuantos más actos y gestiones y diligencias sean conducentes para el mejor desempeño del mandato, no puede válidamente cuestionarse la posibilidad de absolver posiciones en representación de la accionada. Por la amplitud del mandato otorgado, resulta indiscutible la facultad que se le otorgara para asumir obligaciones en nombre de su representada, aún cuando en forma expresa no se le indicara precisamente la absolución de posiciones.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente, salud del imputado, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Heisinger, Guillermo Adolfo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-28

El voto concurrente destacó que si bien lo resuelto es equiparable a una sentencia definitiva en los términos previstos en el art. 457 CPPN, dicho extremo no alcanza para habilitar la instancia casatoria pues es necesario que se halle además involucrada en el caso alguna cuestión federal, la que no se verifica en el sub lite, desde que el recurrente no consigue demostrar el vicio jurídico que alega, al no rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la resolución cuestionada, ya que no ha logrado demostrar de qué modo el hecho de que su ahijado procesal se encuentre privado de libertad en una institución penitenciaria implique un agravamiento en su salud, como así tampoco la imposibilidad de que sus afecciones sean tratadas adecuadamente en el Complejo Penitenciario, según las constancias agregadas a la causa o bien que su detención domiciliaria podría resultar conveniente para su salud.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Veira, Héctor R. s/ Violación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El art. 280 del C.P.C.C. impone a la Corte el deber de seleccionar "según su sana discreción", las causas en que conocerá por recurso extraordinario. La resolución de temas de notable repercusión institucional no puede quedar vedada al Tribunal por el incumplimiento de requisitos formales por parte de los interesados en casos cuya gravedad precisamente excede los hechos y las personas directamente involucradas. Este aserto se entronca por la tradición jurisprudencial tendiente a no impedir el esclarecimiento de relevantes temas constitucionales por mediar "apices procesales".
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, delitos contra el orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: División  Judicial s/ inv.  robos calif. en poblado y en banda,atentado y resistencia a la autoridad, homicidio y lesiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

Si el hecho -en el que numerosos manifestantes saquearon y causaron importantes daños a comercios- tuvo motivación estrictamente particular y careció de entidad suficiente para afectar la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones y no existe posibilidad alguna de que resulte afectada directa o indirectamente dicha seguridad, resulta competente la justicia ordinaria para intervenir en el caso.
Concursos, caducidad de instancia, incidentes, acuerdo preventivo, cómputo del plazo, interrupción de la caducidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: COFARQUIL LTDA. c/ TAVOR SA. s/ CONCURSO PREV. INC. DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Resulta improcedente que un incidentista resista la declaración de caducidad de instancia, con base -como en el caso- en pretender atribuir efectos interruptivos del curso del plazo legal previsto por la ley de concursos, art. 277 a un "acuerdo de pago" presentado con posterioridad al acuse de caducidad, sin mediar intervención de la sindicatura. Ello pues, debió exteriorizar en su momento su voluntad de no proseguir con el juicio a fin de evitar la cuestionada declaración.
Administración fraudulenta, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: GARAY, JULIO. s/ DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. SUAREZ del CERRO, M. s/ ACCION    DEPENDIENTE    DE  INSTANCIA  PRIVADA.  LESIONES  CULPOSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-07|1984-05-15

Encuadra en la figura de administración fraudulenta, la acción del administrador de un consorcio que, con fines de lucro, desvió abusivamente de su recto destino fondos a él asignados en atención a la índole de las tareas confiadas, con la cual dañó el patrimonio de sus representados.