Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16


SENTENCIA Nº 38788 JUZGADO Nº 2 AUTOS: "DIMOTTA, Héctor Ricardo c. CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. s/ Despido".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de ABRIL de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- Contra el pronunciamiento de grado anterior, que hizo lugar en lo sustancial a la demanda, viene apelada por la parte demandada sosteniendo su recurso a través del memorial de agravios que luce a fs. 305/311, que mereció réplica de la contraria a fs. 313/314.- II.- Adelanto mi parecer contrario a la viabilidad de la queja articulada. Me explicaré.

III.- Sin perjuicio de la confusa redacción que advierto en el primer párrafo del 1° Agravio en examen, en cuanto expresa ".falta de consideración de los rubros aludidos viáticos aludidos en los rubros arriba puntados.", se colige que el primer reproche versa específicamente en torno a la inclusión del rubro viáticos en la base a computar para el cálculo de los rubros indemnizatorios correspondientes.

Al respecto, diré que más allá de la doctrina plenaria sentada por esta Cámara con fecha 28.08.1985, en autos "Aiello, Aurelio c. Transportes Automotores Chevallier S.A.", he tenido oportunidad de pronunciarme sobre el tema traído a conocimiento en diversos casos sustancialmente análogos al presente, y lo he hecho en el sentido de asignar o no carácter remuneratorio al o a los conceptos de que se trate, en función del análisis y acreditación de su carácter extraordinario o contrario sensu de la regularidad y/o habitualidad en el pago de los mismos.

En el caso, comparto la conclusión a que arribara el a quo así como la valoración de los elementos probatorios que realizara en sustento de aquélla. En efecto; tal como lo consignó el señor Juez que me precede, debe estarse a las constancias de las copias de los recibos de fs. 45/71 acompañadas por la demandada -v. fs. 166vta., pto. c)- de los cuales surge la habitualidad y la normalidad con que le fue abonado al actor el rubro en cuestión. Y no obsta a dicha conclusión la negativa que formuló la parte actora a fs. 176, genérica respecto de la documental acompañada por la contraria, y específica únicamente respecto de los recibos de mayo, agosto y setiembre de 2008, días de octubre trabajados e integración (v. fs. 176). Por lo demás, el perito contador da cuenta, en aspecto no observado de su informe (v. fs. 194 vta., respuesta al punto d) propuesto por la parte demandada), que ".los recibos de sueldo se encuentran firmados por el actor y que consta el pago de los mismos.".

En base a lo expresado, tengo para mí que efectivamente se ha demostrado en la causa la existencia de pagos realizados al actor con habitualidad y normalidad que permiten atribuir carácter salarial al concepto examinado y, por ende, a admitir su inclusión en la base de cálculo de los rubros indemnizatorios correspondientes.

A mayor abundamiento, es del caso señalar que no puede válidamente sostenerse, como lo hace la apelante, que un incremento sobre los salarios no tiene carácter remuneratorio, y ello por contrariar lo previsto en el artículo 103 de la L.C.T., que determina que es remuneración lo que percibe el trabajador por el hecho de la prestación de servicios a favor del empleador.

Fernández Madrid ("Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, T° II, pág. 1331) sostiene, con criterio que comparto, que cualquiera sea la causa del pago del empleador, "la prestación tendrá carácter salarial si -como enseña Justo López- se dan las dos notas relevantes del concepto jurídico del salario consistentes en que, en primer lugar, constituya una ganancia (ventaja patrimonial) para el trabajador y, en segundo término, que se trate de la retribución de los servicios de este.es decir.como contrapartida de la labor cumplida", condiciones que se cumplen con las sumas que surgen de los pertinentes acuerdos.

Dice el autor citado (o. cit., pág. 1354) que "El convenio colectivo no puede contrariar la norma del artículo 103, L.C.T., sin colocar a la propia convención fuera del marco legal (art. 7°, ley 14.250)" (CNAT, Sala III, 17/12/93, "Taborda, Javier H. c. Florentia S.A.", D.T. 1996-A-264) y, desde esa óptica, sólo cable concluir que el acuerdo es nulo en tanto determina que las sumas percibidas en función del mismo no son remuneratorias ya que "El convenio colectivo, fuera de las hipótesis expresamente previstas por la ley (vgr. art. 106, L.C.T.), no puede válidamente cambiar la naturaleza remuneratoria de un rubro establecida por el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo" (obra cit., T° III, pág. 370).

No obsta al carácter nulo de las cláusulas analizadas que el acuerdo haya sido homologado por el Ministerio de Trabajo ya que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 9° de la L.C.T., el orden de prelación normativo (art. 31, C.N.), en caso de duda en la aplicación de normas legales o convencionales preponderará la más favorable al trabajador. En el derecho del trabajo, la norma de rango inferior prevalece sobre la superior solo si establece mayores beneficios, que no es justamente el caso que nos ocupa. No puede soslayarse tampoco en este análisis que el principio protectorio es el abrigo del derecho del trabajo y ha sido consagrado constitucionalmente en el artículo 14 bis, que determina que las leyes deben asegurar al trabajador una retribución justa.

En materia de derecho del trabajo la naturaleza salarial de las prestaciones está expresamente legislada. Como señalara, el artículo 103 de la L.C.T. establece que, a los fines de la ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato. Por lo tanto, una resolución ministerial homologatoria no puede calificar un "incremento de salarios" como no remuneratorio porque ello contraría una norma de rango superior y, además, va en contra de principios elementales del derecho del trabajo.

Como dice también Fernández Madrid, el acto homologatorio no tiene la virtualidad de purgar el vicio de origen, ya que la autoridad de aplicación debe, en todos los casos hacer un control de legalidad de los convenios y acuerdos, en los términos del artículo 7° de la Ley 14.250 y 8° de la L.C.T. Y si lo hace mal, la sanción es la nulidad de la cláusula que contraría la ley. El convenio colectivo no puede exceder los límites de la disponibilidad colectiva, particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales. Y la calificación ilegítima de una determinada prestación como no salarial puede originar un grave conflicto para la empresa, pues esta materia está siempre sujeta a la decisión judicial, que tiene la obligación de adecuar lo actuado en la sede administrativa al tipo legal".

Finalmente, no puede soslayarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la L.C.T. cabe a los jueces la interpretación de las normas y, dentro de esa tarea, la determinación del verdadero alcance de un acuerdo de salarios, por lo que resulta inoperante que exista homologación ministerial.

IV.- En otro orden, a mi ver, tanto el 2° como el 3° Agravio resultan insuficientes a los fines revocatorios que se persiguen.. Repárese que en el 2° agravio, la demandada se limita a enunciar el reproche que, a su entender, merece el segmento del decisorio de grado que pretender revertir, afirma que ha demostrado sobradamente la naturaleza no remuneratoria de dichos conceptos, a continuación refiere las partes pertinentes de diversas actas que considera relevantes y, por último, alude a prueba instrumental e informativa (v. fs. 203/209) aportada a la causa, pero nada dice acerca de los concretos argumentos brindados por el a quo para fundar su parecer favorable a este aspecto de la pretensión actora. Tampoco se exhibe relevante para resolver la respuesta al punto e) de la parte demandada que brinda el experto contable a fs. 195, cuando afirma que ".las actas acuerdos mencionadas en el presente punto de pericia existen, están en vigencia y se ratificaron u homologaron...", toda vez que, conforme el ordenamiento procesal que nos rige, no es función de los peritos, como auxiliares de la justicia, efectuar valoraciones de resorte propio y exclusivo de los jueces.

V.- En el restante (3° Agravio), la apelante cuestiona la decisión del a quo de incluir el concepto "Extensión de Jornada" en la base de cálculo del art. 245 L.C.T., limitándose a alegar falta de fundamento de aquélla y, a su decir, la debida acreditación por parte de ella del carácter no remuneratorio del mismo. Sin embargo, a continuación pasa a mencionar y transcribir parte de los términos del Acta Acuerdo del 25.09.2000 (v. fs. 308/vta.), para luego repasar párrafos de doctrina y sumarios de jurisprudencia, sin, en definitiva, precisar -concretamente-, en qué pruebas o constancias de la causa basa su postura.

VI.- En materia de costas, no advierto la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio general consagrado en el art. 68 C.P.C.C.N., por lo que auspicio la ratificación del temperamento adoptado por el a quo al respecto.

VII.- La regulación practicada a favor del perito contador se exhibe reducida teniendo en consideración el mérito y extensión de los trabajos realizados y demás pautas arancelarias aplicables, por lo que sugiero la elevación del porcentaje que se le fijó al de 8%, a calcularse sobre la base establecida en origen (arts. Art. 3° del Dec. Ley 16.638/57 y art. 19 de la Ley 21.839).

VIII.- Por lo expuesto, voto porque se confirme la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y agravio; se impongan las costas de alzada a la demandada; se eleven los honorarios del perito contador al 8% a calcularse sobre la base establecida en grado anterior, y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les corresponda por la actuación cumplida en primera instancia.

EL DR. VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y agravio;

2)	Imponer las costas de alzada a la demandada;

3)	Fijar los honorarios correspondientes al perito contador en el 8%, a calcularse sobre la base establecida en origen.

4)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les corresponda por la actuación cumplida en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- LUIS A. CATARDO VICTOR A. PESINO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA