Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-19


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 19 días del mes de agosto del año dos mil once, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, con la Presidencia del Dr. José Luis PASUTTI y asistencia de los Dres. Alejandro J. PANIZZI, Raúl Adrián VERGARA y Carlos Alberto VELÁZQUEZ para dictar sentencia en los autos caratulados "ELECCIONES COMPLEMENTARIAS GUALJAINA - categoría concejales" (Expte. Nº 22.330-E-2.011), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 23, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 3.613/07 y en las Acordadas Nº 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. VERGARA, PANIZZI, VELÁZQUEZ y PASUTTI.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Raúl Adrián VERGARA dijo: -- - ANTECEDENTES: - I.- Arribaron las presentes actuaciones a conocimiento del Pleno de este Superior Tribunal de Justicia, mediante el Recurso de Apelación que, en forma subsidiaria al Recurso de Revocatoria, articulara el apoderado del Partido Justicialista, Sr. L. M., contra la Resolución N° 84/T.E.P./11, aclaratoria de la Resolución N° 83/T.E.P./11. Por esta vía pretende que se revoque la primera de las resoluciones indicadas y, que se ordene convocar a una nueva elección de concejales en la cual participen todas las fuerzas políticas que lo hicieron el 20/03/11.- Señala que en dichos comicios se eligieron los Ediles Municipales en la localidad de Gualjaina, los cuales culminaron con un empate entre el Partido Justicialista (Lista 2) y la Alianza Transitoria Frente para la Victoria (Lista 1.103), donde cada agrupación obtuvo un total de 412 votos.- Dicha igualdad motivó el dictado de la Resolución N° 83, donde el Tribunal Electoral Provincial (en adelante T.E.P.) requirió al Honorable Concejo Deliberante de Gualjaina que procediera a efectuar una nueva convocatoria para la categoría de Concejales Municipales (fs. 01 y vta).

Esta resolución fue objeto del recurso de aclaratoria articulado por el Partido Unión Cívica Radical a los efectos de precisar el alcance del nuevo llamado a elecciones, en donde solicitó que la decisión final, no afectara el lugar obtenido por su representante y que, por ende, se estableciera que el nuevo escrutinio quedara circunscripto, exclusivamente, a los partidos de la mayoría que habían igualado la cantidad de votos obtenidos.- El T.E.P. hizo lugar a dicha aclaratoria y así lo plasmó en la Resolución N° 84/11 que ahora es cuestionada mediante la apelación en subsidio impetrada por el Partido Justicialista de Chubut (fs. 9/12). Se pretende, en definitiva, que se deje sin efecto esta última resolución.- En el punto "Circunstancias fácticas y jurídicas", resume los antecedentes de la elección desarrollada en Gualjaina. Señala el recurrente que es de aplicación el art. 11 de la Ley XVI N° 46 que establece el sistema D´HONT como fórmula electoral, por lo que deriva como imposible, la elección de los concejales con la intervención, exclusiva, de los dos partidos que empataron.-- Considera que debe estarse, asimismo, a lo dispuesto por el art. 161 del Código Nacional Electoral -el que transcribe-, en la medida que dicha norma especifica la forma de contar las bancas de cada partido por el sistema D'HONT, y cuál es la solución correspondiente ante un eventual empate de candidatos.

De ello deduce que los comicios para la categoría de concejal, deberán contar con la participación de todos las fuerzas políticas que lo hicieron el 20/03/11 y no solamente las dos listas que se trabaron en empate. Sostiene que lo contrario generaría una especie de "ballotage entre dos fuerzas políticas, pudiéndose generar acuerdos espurios en contra de un partido y/o a favor de otro por las distintas fuerzas políticas que participaron de la elección".- ANÁLISIS: - 1. A fs. 9/12 el apoderado del Partido Justicialista, Distrito Chubut, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio contra la Resolución Nº 84/11 dictada por el Tribunal Electoral Provincial con fecha 09 de mayo de 2.011 por la cual aclaró que la elección complementaria para dirimir las cuatro bancas correspondientes a la mayoría (categoría de Concejales Municipales de la localidad de Gualjaina) debía realizarse entre los dos partidos que empataron los guarismos, sin mella en la proporción de votos escrutados que lo hicieron a favor de la Unión Cívica Radical y del escaño obtenido por esa agrupación política.

A fs. 14 y vta. el T.E.P. por Resolución Nº 90/11 rechazó el Recurso de Revocatoria y concedió el Recurso de Apelación subsidiariamente interpuesto. A fs. 15 las presentes actuaciones fueron recibidas en este Superior Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2.011, y previa integración del mismo, por Presidencia a fs. 20 se ordenó correr traslado por el plazo de cinco días a los partidos políticos Unión Cívica Radical y Alianza Transitoria Frente para la Victoria los que no fueron evacuados.- 2. Si bien el Tribunal Electoral Provincial concedió a fs. 14 y vta. el recurso de apelación deducido en subsidio cabe señalar que el recurso de apelación está sujeto a un doble examen: el de admisibilidad y el de fundabilidad. Queda claro, entonces, que el juicio de admisibilidad es previo al de fundabilidad y que la ausencia de cualesquiera de los recaudos de aquella naturaleza, exime al órgano de apelación de emitir opinión sobre el mérito del asunto. En otras palabras, la admisibilidad se antepone al fundamento; de ahí que si el tribunal declara la inadmisibilidad del recurso no debe considerar el fundamento. Desde luego, para ser estimada, la apelación debe ser admisible y fundada (AZPELICUETA-TESSONE, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 9/10).-- El examen de fundabilidad, por su parte, habrá de efectuarse después que se haya verificado la concurrencia del de admisibilidad. En ese sentido, cabe recordar, que como todo lo vinculado a la competencia de grado es de orden público, no puede desde ningún aspecto obligarse al Tribunal de Alzada a intervenir en un asunto que no le corresponde; y es él, quien en definitiva debe resolver sobre tal cuestión. La Alzada -se dice- "es juez del recurso" y sólo ella regula la competencia funcional que le concierne, la que surge únicamente de la ley (S.T.J., S.C.A. N° 04/05).

Por eso, corresponde a este Tribunal examinar la admisibilidad del recurso de apelación, sin estar obligado ni por la voluntad de las partes ni por la concesión hecha por el juez de grado, por más que se halle consentida.- Tocante a la potestad del órgano de apelación, la actuación descripta no vulnera el principio de congruencia, por cuanto se está en presencia de un juicio de admisibilidad de la pretensión, el ad quem no emite pronunciamiento sobre el fondo del asunto propuesto a su conocimiento, sino que examina recaudos previos y condicionantes de esa sentencia. Y si el recurso de apelación es inadmisible por falta de alguno de sus recaudos específicos, la Alzada lo desechará y como consecuencia de ello advendrá firme la sentencia de primera instancia que estima o desestima la pretensión, adquiriendo los atributos de la cosa juzgada (AZPELICUETA-TESSONE, ob. cit., págs. 40, y 41/42, respectivamente).-- A ese respecto, el recurrente sostiene que "... la elección en cuestión debe efectuarse para esa única categoría de concejales, y deberán participar TODOS los que lo hicieron el 20 de marzo, y no sólo las dos listas -PJ Modelo Chubut y la Alianza Transitoria- que se trabaron en el empate" (ver fs. 10, quinto párrafo).-- Tal manifestación evidencia claramente que el peticionante pretende tutelar un interés ajeno cual es el de los restantes partidos políticos por lo que el recurso de apelación interpuesto es inadmisible.-- Constituye otro de los presupuestos subjetivos de admisibilidad de la apelación, la existencia de un gravamen o perjuicio concreto y actual, resultante de la decisión que se recurre y el interés válido para quien lo interpone (MORELLO, SOSA Y BERIZONCE, "Códigos Procesales.", Librería Editora Platense - ABELEDO-PERROT, 1.988, T. III, pág. 148, cita de pronunciamientos). Como acto procesal de parte, constituye requisito subjetivo de admisibilidad de todo recurso el interés de quien lo interpone (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", ABELEDO-PERROT, 1.975, T. V, pág. 47). Para llevar un embate contra una resolución judicial es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: ... 4), y por último, que el interesado tenga interés (agravio) (HITTERS, Juan Carlos, "Técnica de los recursos ordinarios", Librería Editora Platense, 2da. ed., 2.004, pág. 59). Son requisitos comunes a todos los recursos: ... 2) existencia de gravamen... Como acto procesal, constituye requisito subjetivo de admisibilidad de todo recurso el interés de quien lo plantea. Determina este interés la existencia de un gravamen, o sea de un perjuicio concreto resultante del pronunciamiento, que afecta al recurrente... (De SANTO, Víctor, "Tratado de los recursos", Editorial Universidad, 1999, T. I, par. 16, págs. 120 y 122) (la cursiva me pertenece). DEBE SER "PERSONAL" DEL RECURRENTE. - Todo agravio para que justifique el recurso de apelación debe ser personal del recurrente. No cabe invocar agravios de terceros, cuya representación no inviste el apelante (LOUTAYF RANEA, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", ASTREA, 1989, T. 1, págs. 201/202).- Por tales fundamentos, el recurso de apelación deducido en subsidio en el escrito de fs. 9/12 no debe prosperar ya que resulta inadmisible ante la ausencia del requisito subjetivo referido al interés personal del recurrente.- 3. A todo evento, aun cuando se ingresara al fondo de la cuestión adelanto que no le asiste razón al quejoso cuando, luego de citar el artículo 11 de la Ley XVI Nº 46, afirma a fs. 10, segundo párrafo, que "... el método adoptado coherentemente para este tipo de candidaturas es el sistema de D'Hont ... Es decir, se asignan los cargos mediante un sistema de repartición proporcional ...".-- Por el contrario, aun cuando la ley lo denomina "sistema de lista incompleta" se trata de un sistema mixto pues: "Corresponderán la mitad más uno de los miembros para el partido que obtenga la mayoría de votos y los restantes se repartirán entre los partidos de la minoría por el sistema proporcional D'Hont" (art. 11) (el subrayado y la cursiva me pertenece).-- O sea. La claridad de la norma hace innecesaria cualquier salvedad. A la mayoría de votos le corresponde la mitad más uno de los concejales, y una vez adjudicadas esas bancas las restantes por el sistema de representación proporcional D'HONT.-- Es decir, hay una combinación del sistema de mayoría relativa con el de representación proporcional, variante D'HONT, por lo que es un sistema mixto.

Para ello debe expresarse que los distintos métodos utilizados para el cómputo de los votos y la elección de los candidatos se conocen con el nombre de sistemas electorales. El fundamento del principio mayoritario no es otro que el de la aproximación a la idea originaria del consentimiento unánime para la formación de la organización estatal. Pero ese principio mayoritario que se muestra como inherente al poder de decisión, ¿rige también el poder de representación? En otras palabras: ¿La elección de los gobernantes debe hacerse según el principio mayoritario, o por el contrario, reconociendo a cada elector igual derecho a ser representado? Quienes sostienen que el principio de mayorías deber ser la base de la representación, lo consideran el único compatible con los principios democráticos y con la idea de la libertad política. Por su parte, quienes propugnan el principio de la proporcionalidad, distinguen entre poder de decisión y poder de representación. Al primero corresponde el principio de la mayoría, al segundo, el de proporcionalidad. Sistemas mayoritarios: Por aplicación del principio mayoritario, estos sistemas parten de la base de que la representación corresponde al candidato, grupo o partido que obtienen mayor cantidad de votos. La mayoría puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando requiere para su formación la mitad más uno de los sufragios válidos emitidos. Es relativa o simple, cuando se forma con la cifra mayor de sufragios obtenidos por un candidato, grupo o partido. Sistemas minoritarios racionales: Son llamados también métodos proporcionales, orgánicos o matemáticos. Entre ellos se encuentran el del voto proporcional de HARE, el sistema de los coeficientes de preferencia y el sistema D'HONT. Sistema complementario del divisor común: Ideado por Víctor D'HONT, en 1.878... Sistemas mixtos: Son aquellos métodos o procedimientos electorales que tratan de armonizar la representación proporcional con el principio mayoritario (FAYT, Carlos S., "Derecho Político", La Ley, 12a. ed., 2.009, págs. 163/164, 167, 171, 173, y 176, respectivamente).-- En el sistema de mayoría absoluta, los cargos electorales son asignados a los candidatos, o listas de candidatos, que obtienen la mitad más uno de los votos positivos emitidos. Con la aplicación del sistema de representación proporcional se procura reflejar en los organismos electivos una composición similar a la que se expresa dentro del cuerpo electoral. Los cargos electorales que se asignan a cada agrupación política deben guardar relación con su caudal electoral, sin que resulte procedente la exclusión de alguna de ellas, salvo si su número de votos es calificado por la ley como insuficiente o carente de representatividad en el conjunto electoral. De las diversas variantes que ofrece el sistema de representación proporcional, el mecanismo creado por D'HONT es el más complejo y el que mejor refleja la representación de las fuerzas electorales en proporción a su importancia. Sistemas mixtos. Reciben esta denominación aquellos sistemas que se traducen en la aplicación simultánea de los elementos correspondientes a diversos sistemas electorales puros, aunque en la práctica importan la combinación de elementos propios de los sistemas mayoritarios con los que caracterizan al sistema de la representación proporcional (BADENI, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", 2da. ed., La Ley, 2006, T. I, págs. 1010, 1016, 1020, y 1015, respectivamente).

Tampoco le asiste razón al recurrente cuando a fs. 10 señala que un empate se "destraba" ubicando en orden decreciente a los partidos de acuerdo con la cantidad de votos totales, y que puede suceder también que se produzca una igualdad, por lo que en tal caso no hay otra posibilidad que acceder a un sorteo.- En tal sentido, la ley no ha previsto la posibilidad de un sorteo para el caso de empate entre dos partidos a los fines de elegir la mayoría absoluta de los concejales pues el art. 11 de la Ley XVI Nº 46 se limita a señalar que corresponderá la mitad más uno de los miembros para el partido que obtenga la mayoría de votos, por lo que bien precisó el Tribunal Electoral Provincial en el considerando de su Resolución Nº 83/11 que existe un vacío normativo (ver fs. 1).-- Tampoco el Código Electoral Nacional brinda la solución pues sólo contempla el sorteo en el supuesto de empate si hubiere dos o más cocientes iguales (art. 161 inciso c) para el sistema de representación proporcional ideado por D'HONT establecido para la elección de diputados nacionales (arts. 158/163).

Por lo demás, las normas electorales tienden a dar rápida respuesta a las situaciones jurídicas que puedan suscitarse pues su finalidad es alcanzar la elección de los candidatos y no la realización de múltiples actos eleccionarios como podría acontecer en caso de participar todos los partidos políticos en la elección complementaria a realizarse para dirimir las cuatro bancas correspondientes a la mayoría como pretende el quejoso ante la posibilidad de un nuevo empate.-- En tal sentido, si bien la primera fuente de interpretación de la ley es su letra no puede prescindirse de la intención del legislador y del espíritu de la norma para así alcanzar una interpretación racional de la normativa.- La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, en atención a que los jueces, en tanto, servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma (C.S.J.N., 4/12/90, "ETCHEVERRY, Luisa M. y otros c/ Provincia de Buenos Aires y otro"). Por encima de lo que las palabras literalmente dicen, es preciso averiguar lo que en verdad dicen jurídicamente, ya que es el espíritu que informa la ley lo que debe demostrarse, en procura de una aplicación racional que avente el riesgo de un formalismo paralizante (C.S.J.N., 18/12/90, "ARAUJO, Francisco M.") (citados por CAUBET-FERNÁNDEZ Madrid, "La Constitución, su jurisprudencia y los tratados concordados", ERREPAR, 1.995, nos. 2.535 y 2540, págs. 367 y 368).- En lo que hace al "interrogante lógico" que plantea el recurrente a fs. 11 debe precisarse que se trata de una mera conjetura, en todo caso una consideración subjetiva o apreciación personal, y como tal no hay agravio que atender.-- En efecto, no puede considerarse agravios las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas, las apreciaciones personales (MORELLO, SOSA Y BERIZONCE, obra y tomo citado, págs. 354/355, cita de pronunciamientos).

4. Por tales fundamentos, cierro mi intervención y a la primera cuestión voto por la negativa, y propicio al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido en subsidio a fs. 9/12 por el Partido Justicialista, Distrito Chubut. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Juez Alejandro J. PANIZZI dijo: I) Se alzó el recurrente contra la resolución del Tribunal Electoral Provincial que dispuso que el Honorable Concejo Deliberante de Gualjaina efectuara nuevos comicios para la categoría "Concejales Municipales", con el propósito de dirimir las cuatro bancas de la mayoría, entre los dos partidos que obtuvieron el empate (N° 84/2.011).- El perjuicio que invocó es que si se procediera como lo dispuso la autoridad eleccionaria constitucional se omitiría el sistema D´Hont de reparto proporcional y se transgrediría la Ley XIX - 46 (debe tratarse de un error de ortotipografía, ya que lo que seguramente ha querido anotar es la la Ley XVI - 46).

II) Concuerdo con la solución que propició el doctor Vergara.

En primer lugar porque no hay un agravio que perjudique al recurrente. Porque dirimir la mayoría de los concejales entre dos partidos políticos que se enfrentaron en la última votación y obtuvieron un mismo número de votos no lo deja en mejor ni peor condición que su adversario en las urnas.- En segundo, por que ante el vacío normativo el Tribunal Electoral Provincial decidió componer la contienda de un modo racional, desempatar en comicios entre los dos partidos más votados que obtuvieron la misma cantidad de sufragios. ASÍ VOTO.- A esa misma cuestión primera el Dr. Carlos Alberto VELÁZQUEZ expresó:

Por respeto a la siempre deseable brevedad y acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la sinopsis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos por el recurrente realizara el Señor Magistrado que en primer término se expidiera.-- Para fundar mi voto individual, cual lo exigen la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastará con formular las consideraciones siguientes.-- I.- Corresponde en primer término hacer notar que el recurso deducido carece de uno de los esenciales requisitos de admisibilidad: el interés jurídico nacido de un auténtico gravamen, el perjuicio personal provocado por el decisorio atacado (art. 244 C.P.C.C., su doc.). Harto sabido es que la existencia de ese interés legítimo es ineludible presupuesto subjetivo de la apelación, a la vez que requisito de toda especie de acto procesal; sin él no hay acción, pues el derecho mismo no es, según la feliz expresión de IHERING, sino el interés protegido por la ley y nada lleva a concluir que en la especie de las apelaciones se configure una excepción a tal primordial regla. Conviene en ello la doctrina toda, de antaño y de hogaño (confr.: IBÁÑEZ FROCHAM, "Tratado de los recursos en el proceso civil", 4ta. ed., pág. 167; PODETTI, "Tratado de los recursos", EDIAR 1.958, pág. 123; ALSINA, "Tratado...", 2da. ed., IV-191, n°3, "b"; PALACIO, "Derecho procesal civil", ABELEDO-PERROT 1.970, IV-31 n° 335 y V-47, n° 527 y págs. 85/86 n° 546; MORELLO y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., III-24, n° IV; HITTERS, "Técnica de los recursos ordinarios", L.E.P. 1.985, págs. 42/47 nros. 14 y 15, pág. 336 n° 191 y pág. 347 n° 199; De SANTO, "Tratado de los recursos", 2da. ed., I-284 n° 43; ARAZI-ROJAS, "Código Procesal...", RUBINZAL-CULZONI 2001, I-777, n° 2).-- Y el tal interés ha de presentarse personal del recurrente, cierto, concreto y actual, caracteres que en el caso brillan por su ausencia. En efecto, al partido político recurrente -y a los ciudadanos adherentes a su propuesta electoral-, cuya participación en la nueva elección junto a la Alianza Transitoria que con él empatara el primer puesto en la anterior ha sido asegurada por la resolución atacada, ningún gravamen le causa que de ese novel acto comicial quedaran excluidos terceras agrupaciones; la decisión cuestionada no perjudica personalmente así al impugnante, sino en todo caso a los excluidos. Ausente está entonces el carácter personal del interés, indispensable para sustentar el recurso (confr.: COUTURE, "Fundamentos...", 3era. ed., pág. 360 n° 221; COSTA, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", ed. A.A.B.A. 1950, pág. 49, n° 27; IBÁÑEZ FROCHAM, ob. ind., pág. 63, n°4, "e"; PODETTI, opus y loc. cit.).-- Y tampoco dotan de interés personal al recurso los posibles "acuerdos espurios" a que podrían arribar otras fuerzas políticas para perjudicar al apelante, cual fuera alegado a fs. 10 vta., pues esa remota posibilidad constituye una pura hipótesis surgida de un ejercicio imaginativo, cuando el agravio, lo reitero, ha de presentarse cierto, actual y no meramente conjetural; de no ser así, el tribunal emitiría un pronunciamiento basándose en acontecimientos inciertos, que pueden o no ocurrir (confr.: C.N. Esp. C. y C., Sala III, B.C.N.E.C. y C. n° 660, sum. 9.496). La indefectible actualidad, concreción y certeza del agravio excluye los gravámenes meramente teóricos, especulativos o eventuales (confr.: C.N. Civ., Sala "D", L.L. 1982-A-443 y 1.982-C-58).-- Lo que hasta aquí he expuesto bastaría para declarar la inadmisibilidad del recurso deducido. No obstante, y sólo "obiter dicta", daré motivos que sellarían la adversa suerte del mismo en cuanto a su procedencia.-- II.- Carece de asidero la propuesta del apelante en el sentido que, ante el empate registrado en la elección del 20 de marzo próximo pasado, sean celebrados nuevos comicios con la participación de todas las agrupaciones políticas intervinientes en los anteriores.-- A diferencia de casos anteriores que este tribunal ha fallado, no estamos aquí en presencia de una elección complementaria destinada a reemplazar otra precedente declarada nula, supuesto en el que el efecto de la nulidad pronunciada consiste en volver las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto anulado (art. 1.050 Cód. Civ.) y, por lo tanto, resultaría menester celebrarlo nuevamente y bajo sus mismas condiciones. De lo que en esta especie se trata en cambio es de un acto comicial perfectamente válido que arrojó como resultado un empate en el primer puesto.

Esa es la situación que debe destrabarse, sin que el Código Electoral Nacional, que rigió la elección anterior, consagre una solución legal para tal supuesto. En efecto, contra lo sugerido por el apelante, inaplicable resulta el sorteo previsto en el art. 161 inc."c" de dicho cuerpo normativo, pues ese procedimiento ha sido establecido para solventar los casos en que distintas listas presenten cocientes repartidores iguales e idéntico número de votos obtenidos, esto es dentro del marco trazado para el sistema D'HONT de repartición proporcional. Mas hete aquí que para la categoría concejales el art. 11 de la Ley XVI n° 46 no adopta dicho sistema puro, sino que consagra uno mixto, simbiosis del de lista incompleta y del citado D'HONT, de acuerdo al cual la mitad más uno de los cargos en juego corresponderán al partido que obtenga la mayoría de votos y sólo las restantes plazas serán repartidas entre las agrupaciones de la minoría conforme el método proporcional. Desde que en el sub examen la paridad de las fuerzas políticas tuvo lugar en el primer puesto, aquel que reporta al triunfador la mitad más uno de los cargos, inaplicable es una solución legal establecida para disciplinar empates habidos en los cocientes de acuerdo a los cuales son repartidas las vacantes reservadas a las minorías.

Ausente una expresa previsión legal que rija este supuesto, hemos de acudir para resolver al espíritu de la ley, de acuerdo a la regla de interpretación del derecho consagrada en el art. 16 Cód. Civ., la que, excediendo el ámbito del derecho privado, trasciende y se proyecta como un principio general vigente en todo el orden jurídico interno (confr.: C.S.J.N., Fallos, 312:956). Ese espíritu del Código Electoral consiste en asegurar que de entre los candidatos electorales resulten efectivamente seleccionados aquellos que actuarán como representantes del pueblo, mientras que el espíritu del art. 11 de la Ley XVI n° 46 al otorgar un número fijo de cargos al partido que logre la mayoría de votos es asegurar la gobernabilidad privilegiándola por sobre la representatividad. La hermenéutica propuesta por el apelante no respondería a ninguna de esas almas esenciales que alientan ambas legislaciones, ni ellas serían bien servidas por las consecuentes soluciones que aquél propicia. De repetirse la elección con la participación de todas las agrupaciones que intervinieron en la precedente, es bien posible que se reprodujera el empate precedente, con lo cual por segunda vez quedarían sin ungir los candidatos destinados a representar a los electores, con lo cual el espíritu del Código Electoral de obtener la real y efectiva elección de aspirantes a los cargos representativos quedaría nuevamente frustrado. De practicarse un sorteo entre las dos fuerzas que obtuvieron paridad de votos, lograría la mitad más uno de los escaños un partido que, sin conseguir en rigor la mayoría de los sufragios, fuera finalmente beneficiado por el puro azar, quedando aquí burlado el espíritu de la Ley de Municipalidades de asegurar aquella cantidad de cargos a la agrupación que reúna la más elevada cantidad de votos.-- Esas pretendidas soluciones significarían quebrantar el principio de racionalidad, axial en el método interpretativo finalista o consecuencialista, esto es el que atiende al valor del resultado de la interpretación (confr.: LLAMBÍAS, "Parte general", 2da. ed., I-115/117, n° 128, y sus citas). Para interpretar las normas jurídicas, no cabe renunciar a la búsqueda de su sentido lógico y finalista, desentendiéndose del objetivo cuya consecución ellas procuran (confr.: C.S.J.N., Fallos, 260:171). La verificación de los resultados a que conduce la exégesis de una norma y las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley, son presupuestos para llegar a un correcto entendimiento del precepto (confr.: C.S.J.N., Fallos, 305:1.254).

No queda entonces, y así lo decidió con acierto el Tribunal Electoral Provincial, sino celebrar nuevos comicios limitando la participación en ellos a las dos agrupaciones políticas que empataron el primer lugar en los anteriores, de modo que del acto a realizarse surja cuál es la fuerza auténticamente mayoritaria, que recibirá en consecuencia la mitad más una de las bancas en juego. Los restantes escaños, que corresponderán a las minorías, habrán de ser distribuidos de acuerdo el sistema D'HONT de representación proporcional entre las otras fuerzas políticas que participaran en el acto electoral del 20 de marzo próximo pasado y según el número de sufragios que ellas reunieran en dicha oportunidad.

III.- Por las razones expuestas considero que el recurso de apelación deducido debe ser desestimado, sea por su inadmisibilidad, sea por su improcedencia de fondo.-- Me expido en esta cuestión entonces por la NEGATIVA. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: - I.- En forma preliminar, y dada la naturaleza del recurso articulado, habré de analizar si el mismo resulta admisible en los términos regulados por la legislación adjetiva, paso insoslayable para decidir la suerte de la vía intentada.

El artículo 244 del C.P.C.C., establece que el recurso de apelación procede respecto de las sentencias definitivas, interlocutorias y providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva. Los artículos 246 y 247 del mismo cuerpo legal, establecen la forma y los plazos para su presentación. El requisito de toda apelación, es que se haya configurado un agravio que deba ser reparado en la sentencia que emane del tribunal de Alzada. Ello constituye una carga ineludible para el recurrente, quien debe efectuar una crítica razonada, precisa y objetiva de los errores del fallo, indicar cuál es la lesión que le causa o precisar la falta de satisfacción de sus pretensiones.-- Dicho esto, si el justiciable no recibe ningún perjuicio del dispositivo sentencial, es obvio de que no puede combatirlo, pues como no hay acción sin interés tampoco hay recurso sin agravio. Y existe éste si aparece una diferencia perjudicial entre lo pedido y lo otorgado por el juez. Se conforma esta pauta recursiva si el litigante recibe un daño de la resolución judicial -cuantitativo o cualitativo- es decir, cuando éste, luego del pronunciamiento ha quedado en una posición más perjudicial de la que tenía con anterioridad al mismo, y ello ocurre si se le ha repelido alguna pretensión o se le ha hecho lugar a la impetrada por el adversario (Conf.: Juan Carlos HITTERS, "Técnica de los recursos ordinarios", Ed. Librería Editora Platense, Año: 2.004; pág. 371).-- La necesidad del agravio deriva del principio general según el cual si no hay interés no hay acción. "Todo recurso supone como fundamento jurídico la existencia de un gravamen -perjuicio- de la parte, o sea, una diferencia injustificada, desfavorable para ella entre su pretensión y lo que haya concedido la resolución que impugna" (Conf.: GOLDSCHMIDT, "Derecho Procesal", Ed. Labor, Madrid 1.936, p. 399, citado por MORELLO - SOSA - BERIZONCE en "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación"; Tº III, Ed. ABELEDO - PERROT, año: 1.988, pág. 121/122).

En el recurso sub exámine no observo ningún elemento de convicción suficiente que me permita inferir, con un verdadero grado de certeza, la existencia de un perjuicio concreto, efectivo y actual. Es más, ni siquiera se plantea como tal. Simplemente se disgrega en una eventual posibilidad que, entre las distintas fuerzas políticas, se generen "acuerdos espurios en contra de un partido y/o a favor de otro". No sólo estamos frente a una contingencia futura y por lo tanto, incierta, sino que además, no se deriva de lo dicho, cuál es el partido perjudicado hoy. Es decir, ni el propio recurrente sabe si el partido que representa, será beneficiado, cosa que también podría suceder.- Advierto entonces, que el gravamen necesario para tratar este recurso, no existe más allá del plano hipotético del quejoso. Sin demostrar cuál es el daño sufrido, hay ausencia de interés.-- No alcanza su manifestación respecto que sigue "la lógica de la U.C.R" y "también el partido que represento puede requerir que se garanticen las dos bancas obtenidas el día 20 de marzo", pues esta premisa no solo no constituye un agravio, sino que se trata de un simple interrogante que formula el quejoso quien podrá tener dos o cuatro escaños según el resultado final del nuevo escrutinio.- Por último, sus dichos sobre la imposibilidad de elegir un candidato de la U.C.R., para quienes no comulguen con ninguno de los partidos que deben participar de la nueva convocatoria, tampoco resultan atendibles. Nuevamente, estamos frente a expresiones que se limitan a discrepar con la solución adoptada por el T.E.P. pero que de ninguna manera representan un agravio que deba ser reparado. Ello así, porque además de carecer de legitimación para representar a otras fuerzas políticas, la decisión del T.E.P. no fue cuestionada por ningún otro de los partidos que participaron el elección del 20/03 y por ende, ha quedado firme para ellos, la decisión adoptada mediante Resolución N° 84/11.-- De lo hasta aquí expuesto se colige que no se ha demostrado la existencia de daño cierto y actual, sino simples conjeturas y discrepancias del recurrente que no alcanzan para apuntalar la impugnación de la decisión opugnada, por tratarse de agravios conjeturales o hipotéticos para tal fin (Conf.: Fallos, 323:1.788). ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión el Dr. Raúl Adrián VERGARA dijo:

Conforme se ha resuelto la primera cuestión propongo al Acuerdo: 1) Desestimar el recurso de apelación articulado a fs. 09/12; 2) Sin costas en razón de la materia, y sin regular honorarios toda vez que la labor profesional del letrado patrocinante ha resultado inoficiosa (Conf.: juego armónico de los arts. 3 y 5 de la Ley XIII N° 4). ASÍ LO VOTO.- A idéntica cuestión el Juez Alejandro J. PANIZZI dijo:

Si bien entiendo que la labor profesional se presume onerosa, coincido con la propuesta efectuada por el Dr. VERGARA. ASÍ VOTO.

- A la misma cuestión el Dr. Carlos Alberto VELÁZQUEZ dijo:

A tenor del Acuerdo antes alcanzado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. VERGARA. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: -- Tal como se resuelve el presente, adhiero a la propuesta efectuada por el primer votante. ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado por mayoría, dictar la siguiente:-- - S E N T E N C I A 1°) DESESTIMAR el recurso de apelación articulado a fs. 09/12.- 2°) SIN COSTAS en razón de la materia, y sin regular honorarios al letrado patrocinante puesto que su labor profesional ha resultado inoficiosa (Conf.: juego armónico de los arts. 3 y 5 de la Ley XIII N° 4). 3°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Alejandro Javier PANIZZI - Dr. Carlos Alberto VELAZQUEZ - Dr. Raúl Adrián VERGARA.

RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 22 S.R.O.E. CONSTE.