Querellante, requerimiento de instrucción, denuncia, desestimación de la denuncia, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, obligatoriedad del precedente, voto en disidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "THOMAS HATTI, s/ abuso de autoridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-01

Un proceso sin acusador público ejerciendo la acción penal en ningún momento del proceso- no sólo resulta incompatible con el esquema normativo de la ley procesal federal, sino que además aparece abiertamente incongruente con el rol que la Sala II de Casación le reconoce al acusador privado. En efecto, allí se dijo que "...esta Sala lleva dicho que si bien la intervención del acusador privado en el proceso criminal es conjunta o adhesiva pues carece de autonomía en el ejercicio de la pretensión penal -esto, es carece de facultad para iniciar el proceso y elevar la causa a juicio por iniciativa propia-...".

Por otra parte, si bien la Corte Suprema dejó a salvo, en este último precedente, (Fallo "Quiroga" del 17.2.2005) la regularidad del mecanismo dispuesto por el artículo 348 del C.P.P.N. para supuestos en los que el querellante pretende la elevación a juicio de las actuaciones -circunstancia que le otorga una autonomía a su actuación en el proceso que le permite mantener viva la acción promovida por un representante del Ministerio Público-, ningún elemento de ese pronunciamiento indica que, a su vez, se le reconozca al acusador privado facultades de promoción o iniciación de la acción penal pública -tal como ocurre con el Ministerio Público según el artículo 1° de la ley 24.946-. Ello parecería desprenderse de lo expuesto por el Alto Tribunal en la última parte del considerando 34 del fallo citado. Por los fundamentos expuestos y teniendo en cuenta que, "... no obstante que la Corte sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces tienen el deber de conformar sus decisiones a la del Alto Tribunal. Es por ello que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos, ya que aquélla reviste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos 311:1644)." (confr. C.N.C.P., Sala II, C. N° 4117 op.

cit.). Por ello es inapelable por la parte querellante el auto de desestimación de la denuncia sin que medie requerimiento fiscal de instrucción. (Ver además la misma Sala I en autos "BONADIO" del 4.3.2004). (Del voto en mayoría de los Dres.

Vigliani y Cavallo). La intervención de la Cámara de Apelaciones está expresamente prevista en la segunda parte del artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando faculta al agente fiscal y al querellante a apelar la resolución del juez que decreta el archivo de la causa por inexistencia de delito. El derecho de la víctima a la jurisdicción es un nuevo derecho fundamental del ciudadano (v. Solimine, M. "El derecho fundamental del ciudadano a querellar y su facultad recursiva", L.L., 8/2/05). Y para que ese nuevo derecho no sea sólo una declamación, debe asegurarse en pleno la realización de sus efectos prácticos traducidos en un proceso penal que responda a la manda constitucional. El proceso penal será, entonces, la manera concreta de instrumentar el derecho de acceder a la jurisdicción. La desestimación declarada por el Juez resulta apelable por el acusador particular (pretenso querellante) y como tal tiene la entidad suficiente para excitar la acción, pues su interés debe estar alcanzado por la garantía del debido proceso. Es ésta la interpretación que debe realizarse, a partir del fallo "Quiroga". Así, el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva al que aluden los tratados internacionales citados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requiere para su efectiva materialización el reconocimiento de la posibilidad de dar curso a una investigación judicial, aún en forma autónoma, sin perjuicio del control de razonabilidad y pertinencia a que pueda estar sujeta dicha petición.(Del voto en disidencia del Dr. Freiler).