marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley, actos consentidos
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gómez, Horacio Rubén c/GCBA s/amparo por mora administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

El Sr. Juez de primera instancia en su primer auto dispuso correr traslado al GCBA por el término de diez (10) días, en atención a que, si bien en la ley 2.145 no se encuentra expresamente previsto el trámite de la acción de amparo por mora administrativa, ésta es una especie de la acción allí establecida, temperamento que también adoptó al conceder el recurso de apelación de la demandada en los términos del art. 20 de la ley Nº 2.145, de modo que resulta evidente cuál era la norma que rigió todo el proceso, cuyos plazos habían sido consentidos por la demandada, motivo por el cual no resulta sorpresivo -y mucho menos arbitrario- que la Cámara aplique la misma ley para contar los plazos de interposición del recurso de inconstitucionalidad.(Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Amparo por mora, razonabilidad del acto administrativo
Materia: PENAL
Carátula: Marvel Characters INC c/ Gándara  Celestino s/ Cese de oposición al Registro de Marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-12

La recurrente trata de fundar la razonabilidad del tiempo del trámite del expediente iniciado a solicitud de la actora, en la complejidad del procedimiento de patentes de invención. Si bien no puede desconocerse dicha circunstancia, también es cierto que el procedimiento ya lleva un trámite de varios años sin que haya mediado resolución, admitiéndolo o denegándolo, lo que excede toda pauta temporal razonable. En ese sentido, el solicitante peticionó, con fecha 1 de agosto de 2011 (conf. fotocopia de las actuaciones administrativas e informe del INPI), que se realice el examen de fondo previsto por el art. 27 de la ley 24.481 (v. decreto reglamentario 260/96, art. 27), sin que hasta el momento la Administración se haya expedido (esta acción fue iniciada el 10 de agosto de 2015). Cabe destacar que la recurrente prescinde en su argumentación del plazo establecido por la normativa y de la cantidad de años que insumió el trámite hasta ahora (más de cuatro), sin que se haya dictado el pertinente acto administrativo, extremos de los cuales no se hace cargo en sus agravios.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Principe, Humberto c/ Gahn, Daniel Alfredo y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

La praxis judicial ha sostenido que aunque haya sido adulterada la cifra numérica del documento, cabe estarse a lo que surge de la parte manuscrita que no sufrió alteración alguna, y por ende, debe admitirse lo allí consignado, lo cual prevalece sobre la parte numérica, aunque exista diferencia con ésta última (arts. 6 y 103 decreto ley 5965/63).
Acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Videlpo Soc. Encomandita por Acciones y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

El acto jurídico administrativo, presenta dos caracteres específicos propios que no se encuentran en los actos jurídicos privados: la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad, rasgos singulares del acto que provienen del ámbito inherente a todas las normas de derecho público, cuya titularidad y realización son privativos de los órganos públicos estatales, sin necesidad de la previa autorización o verificación de la autoridad judicial.
Tarjeta de crédito, cancelación de tarjeta de crédito, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAUCCI, EMILIO CARLOS c/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-07

Si se reclama judicialmente la reparación de los daños sufridos como consecuencia de los defectos del servicio prestado mediante diversos ejemplares de cierta tarjeta de crédito, resulta improcedente otorgar resarcimiento en concepto de daño moral, si como en el caso - surge que si bien el pretensor sufrió "un" episodio concreto de falta de servicio, sin embargo, no cupo atribuir a ese defecto una consecuencia magnificada y grandilocuente, pues no han estado afectadas la personalidad ni su dignidad, es decir, que no experimentó un gravamen espiritual. Máxime, si se verifica que con posterioridad a la mentada falta de servicio, el reclamante continuó empleando la tarjeta emitida por el accionado por el lapso de un año, hasta que éste ejerció su facultad de resolver la vinculación contractual. Es de ponderar, que un espíritu agraviado tiende naturalmente a distanciarse de su agresor, antes que a proseguir el vínculo con éste. El resarcimiento del daño moral necesita de una infracción lesiva "de los sentimientos o de la dignidad del afectado", y esta consecuencia no se deriva de la omisión, en este caso "única" de alguna prestación "patrimonial". Muy poca dignidad tendría una persona a la cual ofendiera "subjetivamente" la privación ocasional de un servicio "patrimonial". (En el caso, el reclamo del letrado accionante, se fundó en la pérdida de un posible cliente a consecuencia del bochorno padecido al ser rechazada su tarjeta como medio para solventar la cuenta de cierto establecimiento gastronómico en el que se habían reunido, soportando la mortificación de requerir de su invitado que atendiera la cuenta).
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ CARLOS ALBERTO c/ RAUL ENRIQUEZ Y/O QUIEN RESULTE RESP.NAUTICA RIO PARANA.... s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-10-18

La instancia extraordinaria debe constreñirse a revisar la aplicación de la ley a la plataforma fáctica establecida como tal por los Tribunales de grado, no siendo viable el reexamen de los hechos que aquellos han tenido por probados.
Marcas, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: IVECO SPA c/ IVENOR S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22

Las marcas en pugna ("IVECO" vs. "IVENOR"), en el concreto mundo en que se ambienta esta contienda, no pueden coexistir pacíficamente, sin menguar los fines esenciales de la Ley de Marcas (Fallos: 272:290; 279:150, entre otros). Existen suficientes probanzas arrimadas a la causa que permiten arribar a la conclusión de que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente. La posibilidad de confusiones es cierta, desde que es evidente que las designaciones IVENOR e IVECO presentan notorias semejanzas. Tienen ellas seis y cinco letras; identidad de la sílaba inicial -IVE-; ambas designaciones están destinadas al mismo rubro; similitud en la tipografía y color. El fruto lógico de esa comunidad de ingredientes tan acentuada es la sensación de semejanza que se advierte de inmediato frente a ambas designaciones, lo que confiere justificativo a la demanda.
Tercería de dominio, actos jurídicos, fraude
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tallarico, Francisco A. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Si del conocer y del campo de representación de los adquirentes -hoy terceristas-, no solo estaba ausente el crédito del actual embargante , sino que, por su inexistencia al tiempo de celebración del boleto era imposible que entrara en dicho campo (va a nacer 16 meses después); la prueba de autos no nos revela una connivencia dolosa entre las partes de dicho boleto, en quienes, por lo demás, no podía alojarse un ánimo fraudatorio de un acreedor inexistente a ese momento . (Arts. 1185 bis., 961 y cons. CC).
Ebriedad, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Américo Romualdo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-05

Sabido es que los valores del sufrido hombre de campo, tales como la vida, la honestidad sexual, tienen otra dimensión en sus razonamientos que aquellas que podemos tener quienes pudimos acceder a otro estadio cultural. No parece muy prudente realizar campañas y poner el acento en las llamadas drogas pesadas (cocaína, ácido, etc.) cuando el alcohol ingerido en demasía provoca iguales alteraciones y con muchísimo mayor riesgo para la comunidad, pues su venta es libre y barata; por lo que no se debe ser excesivamente severo en la fría aplicación de la letra de la ley, sino merituar las condiciones culturales del acusado, su grado de instrucción, su dificultad para ganarse el sustento y sus relaciones de índole afectiva y familiar no perdiendo de vista nunca que la pena sirve para resocializar al individuo y reencausarlo para su posterior inserción a la sociedad. Fundamento del Dr. H. Almenara.
Juicio sumario en tiempo de paz, competencia federal, Cámara de Apelaciones, avocación jurisdiccional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA  ORIGINARIAMENTE  INSTRUIDA  POR EL CONSEJO SUPREMO DE LAS  F.A.  EN CUMPLIMIENTO DEL DEC. NRO. 158/83 DEL P.E.N
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

La cuestión referida a la validéz constitucional de la avocación dispuesta de conformidad con el art. 10 de la ley 23.049 no es un conflicto de competencia, ni siquiera una cuestión de competencia en los términos del art. 24 del decreto-ley 1285/58, ratificado por ley 14.467, por lo que se agota en la consideración de la validéz constitucional de la simple avocación. (Voto del Dr. José Severo Caballero).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

La validez de la ley no debe ponerse en duda a menos que repugne tan claramente la Constitución que cuando los jueces señalen su inconstitucionalidad, todos los hombres sensatos de la comunidad se den cuenta del conflicto entre la ley y la Constitución.
Alteración de la tranquilidad pública, explotación sexual, derecho a la privacidad, moral y buenas costumbres
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A.V. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

El artículo 71 del Código Contravencional no lesiona el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto afecte el significado clásico que se le atribuye a la mencionada norma constitucional. Las llamadas acciones privadas dejan de ser tales cuando las mismas se exteriorizan en lugares de uso público a través de conductas que por sus características puedan afectar la moral colectiva media de terceros, en este caso los vecinos que habitan en el lugar donde se desarrollan estas actividades que se representan en ofrecimiento y/o demanda de servicios sexuales. Del voto del Dr. Ventureira.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LINDOW RODOLFO c/ SILVETTI, JORGE LUIS Y/U OTRO s/ REIVINDICACION SABAN LUCIA ARGENTINA c/ NAVARRETE ALBERTO Y/U OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-09|2003-04-29

El tema de la prueba es, sin duda uno de los de mayor importancia en el proceso de usucapión (sea que se oponga como defensa o acción) tanto como lo es en toda la vida del derecho.
Recurso extraordinario de nulidad, deberes del juez, reglas para dictar sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pecotche Hnos S.C.A. y otros c/ Jogojovsky, Adolfo s/ Resolución boleto de compraventa Brunatti, Rubén Oscar c/ Zamora, Héctor Aníbal y otros s/ Indemnización daños y perjuicios Buceta, Manuel c/ Vedovaldi, Ricardo Antonio s/ Consignación de documentación Calderón, Pedro Pascual c/ Leyes, Ramón A. y otro s/ Daños y perjuicios Liserma S.A. s/ Incidente de restitución de bienes G., M. O. c/ D. V., R. s/ Divorcio Lobaro, Claudio Andrés c/ Tiberio, Juan Carlos y otros s/ Resolución de contrato Trainmet Ciccone Sistemas S.A. c/ Cía. de Omnibus Maipú S.R.L. s/ Cobro de pesos Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en autos: Grasseti, Alfredo. Concurso Durán, Osmenia c/ Tulián, Héctor s/ Daños y perjuicios Kluin, Elena Hilda c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Daños y perjuicios Bressan de Cerana, Honorina c/ Estrada, Angel Miguel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-27|1995-10-17|1996-05-28|1997-03-04|2000-03-15|2001-03-21|2002-02-19|2003-04-23|2004-04-28|2005-03-30|2006-11-29|2007-03-07

La omisión de cuestiones a la que se refiere el art. 156 de la Constitución de la Provincia ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el razonamiento expuesto en la sentencia siendo ajeno al ámbito del recurso tanto el acierto con que se haya analizado el asunto como la forma o brevedad con que fuera encarado.
Transporte de pasajeros, póliza, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, resoluciones, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-06

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el artículo 68 de la ley 24449 es "funcional" para crear un nuevo seguro obligatorio para el transporte público de pasajeros con las condiciones del contrato que fije la autoridad en materia aseguradora.

La posición de la Corte es que la resolución de la franquicia no ha hecho más que "regular" el seguro obligatorio del artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, y que la autoridad en materia aseguradora reglamentó la franquicia, también obligatoria. No comparto dicho criterio, en tanto entiendo que hay un solo seguro obligatorio para todo el país, y es el creado por el artículo 68.

El Congreso no acordó facultad para crear un nuevo seguro automotor obligatorio para el transporte público. Y, si bien se ha sostenido que como el artículo 68 de la ley 24449 refiere a las "...condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora..." no puede soslayarse la circunstancia de que en la "reglamentación" de esta norma la Superintendencia de Seguros de la Nación estableció una limitación técnica de la cobertura que atiende a otros elementos del negocio asegurador que contravienen los fines establecidos en la ley.

Y mal puede una resolución de autoridad administrativa -por más loables que sean sus fines- establecer diferenciaciones que la ley no contempla.

Ni aún con base en que el fin del seguro de responsabilidad civil es mantener indemne el patrimonio del asegurado, pues ese no fue el fin tenido en cuenta por el legislador al crear la ley 24449, ya que -precisamente- alude a la necesidad de "proteger a los damnificados". La resolución de la Superintendencia no debe -ni puede- modificar la Ley de Seguros ni las leyes de tránsito. Y la aprobación administrativa del contenido normativo de un determinado contrato de seguro no legitima que las disposiciones del mismo afecten el ordenamiento jurídico.(De la disidencia del Dr. Erbetta).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Décima, Ricardo Gabriel s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación de los arts. 150 y 251 a 253 del Código de Procedimiento Penal alegándose que uno de los testigos es inhábil ya que la supuesta enemistad con el procesado y aún su pretendido interés en el resultado de la causa -únicos fundamentos esgrimidos- no implican por sí mismos la inhabilidad, sino que ella debe ser valorada conforme las reglas de la sana crítica y el recurrente no demuestra que tales reglas se hayan transgredido.
Alimentos, obligación alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: V. DE U.D. c/ V.G. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Si bien el art. 51 de la ley 2393 no determina los alcances de la pensión alimentaria que prescribe para la cónyuge, la naturaleza de la prestación impone que deba analizárselos en concordancia con el contenido que se les reconoce a los parientes comprendidos en el art 372 del Código Civil (conf. C.N.Civ. Sala G, R.25.949 del 3/11/86;

íd. R.28.500 del 2/4/87). Pero además, el "quantum" de la misma debe establecerse en concordancia con las posibilidades económicas del obligado que resulten de la prueba directa o indiciaria arrimada al proceso (conf. C.N.Civ. Sala G, R.23.534 del 8/9/86 y sus citas, entre otros).
Seguros, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INGINO, RAQUEL ELOISA Y OTROS c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACTUALIZACION SEGURO (CSJ EXPTE N.  557-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-01

La ley 9816 establece que la categoría del beneficio a acordarse estará determinada por el sueldo sujeto a aportes jubilatorios o haberes jubilatorios correspondientes al mes del fallecimiento del causante, siendo dicho sueldo o haber el que determina la categoría del seguro. En el caso de autos, ante el dictado del nuevo decreto 2757-89 mediante el cual se actualizaron las escalas de sueldo y, por ende, los montos del seguro, se trasladó la primera categoría del decreto 773-89 a la séptima, debiéndose efectuar la adaptación de la categoría del seguro al nuevo decreto de escalas, a fin de que los beneficiarios perciban un importe similar al que hubieran cobrado.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frechero, Nélida N. y otro c/ Sánchez, Fernando y ot. s/ Ejecución. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Las decisiones recaídas en un juicio ejecutivo no revisten, en principio, carácter de definitivas en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso, en que se desestima la excepción de falsedad como consecuencia de la propia conducta del demandado respecto de la prueba pericial caligráfica, motivos que permitan apartarse de dicho criterio, desde que la Cámara se ha limitado a pronunciarse sobre cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso ejecutivo, sin abrir juicio sobre cuestiones que hacen a la obligación sustancial. (Minoría u opinión personal)
Cheque sin autorización para girar en descubierto, prueba
Materia: PENAL
Carátula: DENTI DE MICHELI, SUSANA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-11

No existen formas sacramentales para establecer la existencia de autorización para girar en descubierto, pudiendo incluso los gerentes autorizar que se abonen cheques en descubierto, lo que puede probarse- como en el caso de autos- del análisis de los resúmenes diarios de cuenta corriente y de las declaraciones de los funcionarios del banco girado.
Accidentes de trabajo, contrato de trabajo, remuneración, depreciación monetaria, salario diario
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: JOSEFINA GARCIA c/ C.A.P. s/ ACCIDENTE  DE TRABAJO- INDEMNIZACION- DEPRECIACION MONETARIA- CALCULO  DEL  SALARIO    DIARIO-  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  INTERPOSICION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Al aludir el art. 11 de la ley 9688 el cálculo del salario diario, como punto de referencia para la determinación de la indemnización por accidente de trabajo, corresponde inferir que el fin propuesto por la norma es el de otorgar al trabajador una base para el cálculo suficientemente representativa de su nivel real de ingresos y que la sentencia que establece el resarcimiento sobre la base de montos nominales contradice el referido propósito legislativo si no contempla el envilecimiento del signo monetario en el período en cuestión.
Reenvío, sentencia, relación de dependencia, certificado de trabajo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ZANELLO DE BAZAN CECILIA c/ FATALA JUAN PEDRO s/ ACUERDO  CONCILIATORIO  -  CERTIFICADO  DE TRABAJO - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-26

Carece de motivación (art. 94 LPT) el pronunciamiento por el que se concluyo que de los acuerdos celebrados en sendos pleitos laboral y civil, no se desprende reconocimiento de que entre las partes mediara relación laboral, sino un verdadero 'comodato', si no se alude en forma concreta y específica a elemento alguno que avale tal conclusión. No basta a ese efecto la sola mención del análisis de los convenios; tanto mas cuando del acuerdo verificado en sede laboral, fluyen elementos que no corroboran tal acierto. La conciliación celebrada en sede laboral, homologada por el juez de conciliación por entender que implica 'una justa composición de derechos e intereses de las partes' en los términos del art. 15 L.C T., frente a una demanda en la que se pretendía distintos rubros derivados de una relación de trabajo, negada por la accionada, requiere de un presupuesto esencial cual es precisamente, la existencia de esa relación. De otro modo no es dable pensar que se este frente a 'justa composición de derechos', como lo afirmara el tribunal actuante, y menos aun justificar su intervención, según lo regulado en el art. 15 citado. Por haber mediado entre los contendientes una relación contractual enmarcada en la normativa de la L.C.T., Debe admitirse la pretensión relativa a la emisión del certificado de trabajo 'art. 80 L.C.T.'. Corresponde remitir las actuaciones a otro tribunal de mérito a fin de que decida sobre la extensión de dicho vínculo, desde que siendo punto controvertido, existe prueba que confrontar al respecto.
Compraventa inmobiliaria, mora del comprador, entrega de la posesión, expensas comunes, impuestos municipales, tasas
Materia: CIVIL
Carátula: KOCIAK, NATAN c/ SOC. CONST. SUD  S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Si la mora de la obligada a escriturar cesó ante el ofrecimiento que hiciera la vendedora de otorgar la posesión de las unidades, acto que se frustrara por la negativa de la contraria a prestar la debida colaboración, este extremo es suficiente para considerar a la adquirente incursa en mora. La mora de la compradora, acreedora de la obligación a recibir la posesión, la coloca en la situación de pagar los gastos que, de lo contrario, hubiera debido abonar el deudor, esto es, los derivados de la posesión. A partir de esa fecha, las sumas aún pendientes de pago en concepto de expensas comunes, impuestos municipales, tasas, etc., deberán ser abonadas por la adquirente, en el caso de existir.
Competencia federal, falsificación de cheque
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RESERO  S.A.I.C.  SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL s/ FALSIFICACION DE CHEQUE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

La falsificación y cobro de cheques sustraídos de piezas postales, constituye una maniobra independiente cuyo conocimiento corresponde a la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción y su desplazamiento hacia el fuero federal sólo puede obedecer al juego de los artículos 37 y 39 de la ley de forma. No obstante ello, por el art. 40 de dicho ordenamiento, debe dividirse la continencia de la causa si no aparece demostrada la identidad de personas entre los autores de una y otra clase de delitos y el éxito de la investigación no depende de su realización en forma conjunta.