Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-08


Buenos Aires, 8	de octubre de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El juez de primera instancia -según relato de fs. 20/23 vuelta- dispuso, con fecha 16/7/07, y "... a raíz de la intervención del Defensor Oficial Nº 2 ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Guillermo A. Gracia en las actuaciones principales (...) la formación de incidente por separado, a fin de resolver lo atinente a la legitimidad de la Resolución nº 51/2006 de este Consejo de la Magistratura". En el marco de ese incidente, ordenó el 19/7/07 correr traslado, a fin de que se expidiesen respecto de la legitimidad de la Resolución CM nº 51/2006 por el término de cinco días, el Dr. Guillermo Gracia y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires -como órgano emisor del acto cuestionado- (fs. 3).

2. Frente a la providencia del 19/7/07, apeló el Consejo de la Magistratura (en adelante CM, fs. 5/6 vuelta).

El juez de grado, tras considerar que el recurso de apelación comprensivo del de nulidad se dirigía contra una providencia simple que no causaba gravamen irreparable, lo denegó (fs. 7).

3. El CM interpuso recurso de queja por apelación denegada (fs. 8/10).

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de queja interpuesto el CM por tratarse de una providencia simple "que no causa un gravamen que pueda considerarse no susceptible de una ulterior reparación" (fs. 14).

4. El CM dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 20/23 vuelta).

La Sala II declaró parcialmente admisible el recurso, lo denegó respecto de los planteos de arbitrariedad articulados por el CM (fs. 27/28 vuelta).

5. Contra la denegatoria parcial, el CM planteó la queja que tramita en estas actuaciones (fs. 52/56 vuelta).

6. En su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto sostuvo que "la cuestión debatida en las presentes actuaciones resulta ser sustancialmente análoga a la suscitada en el expediente TSJ nº 5427/07, 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'..." , y que si bien "...la resolución recurrida no resulta definitiva, encuentro aplicable la doctrina previa de V.E. que la considera equiparable a ella cuando ocasiona un perjuicio grave de insuficiente o muy difícil reparación ulterior (doctr. de 'Covimet S.A. c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido'; expte. Nº 2570/03, entre otros)". Propició, en definitiva, que el Tribunal "admita la queja, haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, revoque la resolución apelada y, sin más, deje sin efecto todo lo actuado en estos obrados" (fs. 62/81).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás y la jueza Ana María Conde dijeron:

1. La relación de antecedentes efectuada en las "resultas" de esta sentencia pone de manifiesto que la cuestión ventilada en las instancias anteriores y en el recurso traído a decisión del Tribunal es sustancialmente similar a la que se resolviera en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 5381/07, sentencia del 12 de marzo de 2008; que es mencionada por el Sr. Fiscal General Adjunto en su dictamen a fs. 80 y vuelta.

En aquella oportunidad el Tribunal, a partir de los argumentos coincidentes de cuatro de sus integrantes, constató la existencia de un caso constitucional susceptible de habilitar la vía recursiva prevista en el art. 113, inc. 3º, CCABA y dejó sin efecto el procedimiento incidental iniciado de manera oficiosa por el juez de la causa para evaluar la validez del acto de designación del Asesor Tutelar que se había presentado en el expediente.

2. En consecuencia, por los fundamentos coincidentes que fueran expresados en el precedente citado -a los que cabe remitirse como parte integrante de este pronunciamiento-, entendemos que corresponde hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Consejo de la Magistratura local, revocar la sentencia recurrida, dejar sin efecto todo lo actuado para resolver lo atinente a la legitimidad de la Resolución nº 51/2006 del Consejo de la Magistratura y ordenar su archivo sin más trámite.

3. Por último, una aclaración adicional. A diferencia de lo ocurrido en "Skiba", donde se objetaba la decisión judicial que había declarado la nulidad del acto de designación del Sr. Asesor Tutelar que se había presentado en el expediente, en esta causa el Consejo de la Magistratura de la Ciudad ha dirigido sus cuestionamientos contra una providencia dictada por el Sr. juez de grado -la que ordenó el traslado al CM a fin de que se expidiese respecto de la legitimidad de la Resolución nº 51/2006-.

A pesar de lo señalado, entendemos que en esta ocasión la decisión a dictarse no debe variar respecto de la adoptada en el precedente antes referido, pues cabe prescindir en el caso de la exigencia propia del recurso de inconstitucionalidad consistente en tener como objeto de agravio una sentencia definitiva. Ello se explica por la trascendencia institucional involucrada a partir del exceso jurisdiccional palmario que ya se desprende de las decisiones adoptadas en el expediente, por sí solas susceptibles de afectar en forma inmediata e irremediable el normal desenvolvimiento del servicio de justicia en la Ciudad, asunto que, naturalmente, excede el interés individual de las partes -aunque hablar de partes en este peculiar proceso incidental, en rigor, resulte un contrasentido, como se explicó in extenso al decidir "Skiba"-. Además, al resolver de este modo también se conjura el evidente dispendio jurisdiccional que conllevaría para todos los sujetos involucrados tener que tramitar y verse sometidos a un proceso que, en circunstancias análogas, el Tribunal ya ha descalificado por tratarse de una actuación viciada de ilegitimidad desde su génesis.

Por Secretaría deberá agregarse a este expediente copia de la sentencia dictada en la aludida causa "Skiba".

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La decisión que viene recurriendo el CM (esto es, la formación de incidente) si bien no constituye la definitiva a que se refiere el art. 27 de ley 402, resulta equiparable a tal porque le irroga un perjuicio de imposible reparación ulterior. Al ordenar la formación de un incidente con el objeto de tratar los planteos de la Sra. Fiscal dirigidos a controvertir la legalidad de la Resolución CM nº 51/2006, el juez actuó ultra vires. Ello así, en tanto puso en vilo, sin que existiese una pretensión de parte legitimada, la validez del acto emitido por la recurrente, esto es, un órgano del Estado. Los jueces no cuentan, dentro del ámbito de las atribuciones que les confiere la CCBA, con el poder de restablecer la legalidad en todos los casos en que ella es violentada. Sólo les compete restablecerla en "casos o causas" instados por sujetos legitimados, y cuando lo hacen a pedido de funcionarios públicos, la legitimación del Estado debe ir unida a la competencia de quien obra como órgano por dicho Estado -cf. mi voto in re "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 5381/07, sentencia del 12 de marzo de 2008-. A su vez, tampoco, el Ministerio Público Fiscal cuenta con la competencia, tanto para controlar por sí al Defensor Oficial como para requerir tal control del juez (conf. los fundamentos dados en el punto 6 de mi voto in re Skiba, ya citado, a los que cabe remitirse).

Por ello, corresponde concluir, tal como lo adelanté al comienzo del párrafo que antecede, que la decisión recurrida configura un palmario detrimento de las facultades del CM no susceptible de ser reparado ulteriormente.

2. Con relación al tema de fondo, la cuestión controvertida en el sub lite resulta análoga a la analizada por este Tribunal en la causa Skiba, ya citada, por lo que a ella corresponde remitirse. A tales fines, a esta sentencia se agregará copia de dicho precedente.

Por lo expuesto, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal General adjunto, voto por: i) hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, ii) revocar la decisión impugnada, iii) dejar sin efecto todo lo actuado en las piezas procesales en cuestión, y iv) ordenar su archivo.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

I. Recurso de inconstitucionalidad concedido.

1. El CM afirma que "el recurso se interpone contra la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2007, dictada por la Sala ll (...) que resulta ser el superior tribunal de la causa, y que respecto al Consejo de la Magistratura resulta definitiva dado que al denegar la revocatoria de la providencia que ordena el traslado para que esta parte se expida respecto de la Res. CM Nº 51/2006, cuestión introducida de oficio por el Magistrado de Primera Instancia, vulnera gravemente sus facultades constitucionalmente otorgadas, y su derecho de defensa en juicio (...) el pronunciamiento cuestionado (...) reviste el carácter de sentencia asimilable a definitiva ya que ordena correr traslado a esta parte para que se expida sobre un acto administrativo por ella dictado, vislumbrando en forma evidente el cuestionamiento de tal acto, de oficio, por el Sr. Magistrado de grado, el que en sí mismo resulta un agravio, tanto por la formación del incidente que también se encuentra cuestionado, como por la ilegítima sustanciación pretendida por el Dr. Treacy, fuera de todo caso o controversia, en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (fs. 21 vuelta/ 22).

La relación de antecedentes efectuada en las "resultas" y la resolución de la Cámara de Apelaciones que concedió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad (fs. 27/28 vuelta) ponen de manifiesto que más allá de la similitud -que señala el Fiscal General Adjunto en su dictamen y el CM en su recurso- que la cuestión ventilada en las instancias anteriores pudiera presentar con la decidida por el Tribunal en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'", expte. nº 5381/07, sentencia del 12 de marzo de 2008, existe una diferencia sustancial que no puede ser obviada: en "Skiba" el incidente referido a la personería del Sr. Asesor Tutelar n° 2 llegó a conocimiento del Tribunal luego de haber sido fallado en las dos instancias de mérito.

Por el contrario, el recurso de inconstitucionalidad -y la queja a éste acumulada- que el CM trae ahora a consideración del Tribunal se dirigen a cuestionar, finalmente, la decisión del juez de primera instancia de correr traslado a fin de que el Dr. Guillermo Gracia y el Consejo de la Magistratura "se expidan respecto de la legitimidad de la Resolución CM Nº 51/06" (fs. 4).

2. Por ello, la decisión de la Sala II de equiparar la resolución cuestionada a una sentencia definitiva no ha sido correcta.

Los agravios que el CM plantea atacan la disposición que ordena en el marco de un incidente que se expresen "respecto de la legitimidad de la Resolución CM Nº 51/06" quienes, a criterio del magistrado, deberían hacerlo: el Dr. Guillermo Gracia y el Consejo de la Magistratura. Por su naturaleza, la decisión no es una sentencia definitiva, y los agravios que se invocan no presentan la característica de "irreparables" que permitan autorizar su equiparación con ese tipo de sentencias.

Como ha sido reiteradamente señalado por el Tribunal en relación al recurso de inconstitucionalidad local -en consonancia con el criterio sentado por la CSJN para el recurso extraordinario federal- la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida mediante la invocación de arbitrariedad o de la violación de garantías constitucionales (Fallos 308:62; entre otros).

Cabe concluir, entonces, que la sentencia que rechaza la queja interpuesta por el CM (fs. 14) y el auto de primera instancia que dispuso dar traslado (fs. 4), no constituyen sentencia definitiva en los términos del artículo 27 de la ley nº 402.

Consecuentemente, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el CM fue mal concedido por la Cámara de Apelaciones.

II. Recurso de queja.

Lo expresado al considerar el recurso de inconstitucionalidad erróneamente concedido por la Cámara, resulta igualmente aplicable para rechazar la queja acumulada.

Por las razones expuestas en los puntos I y II, voto por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad y por rechazar la queja planteados por el CM.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Coincido con los votos precedentes en señalar que este caso, en sus elementos materiales básicos, es sustancialmente análogo al que el TSJ decidió in re "Skiba, Juan Andrés c/GCBA s/ otros procesos incidentales s/recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5427/07 y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/GCBAA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto resp. médica]'", expte. nº 5381/97, sentencia del 12/03/08. Se trata aquí, otra vez, de la decisión inconsulta, de oficio, de un problema institucional mediante el aprovechamiento de un litigio judicial que se suscita entre partes extrañas al llamado "incidente".

2. En este mismo caso citado señalé que, aunque la resolución impugnada no aparecía procesalmente como una sentencia definitiva, que daba base al recurso interpuesto según lo exige la ley local (nº 402, art. 27), ello se debía a la confusión que, para la fundamentación de un agravio real, incorporaba la formación del -mal llamado- "incidente" (sobre un problema institucional) en un litigio entre partes distintas de aquellas verdaderamente en conflicto y por un objeto también distinto del caso judicial planteado por las partes. Resulta así descabellado ocultar bajo el rótulo de "incidente" una decisión supuestamente "interlocutoria", con protagonistas oficiales ajenos a las partes de un proceso judicial concreto, sobre una disputa de otro nivel acerca de las facultades y limitaciones de un órgano estatal, también ajeno por completo al litigio real trabado y sin reparar en la voluntad del presunto afectado.

3. El caso que aquí se nos presenta, con poseer esos mismos elementos, representa, sin embargo, una verdadera anticipación de la intervención recursiva que eventualmente le corresponde como competencia al TSJ. Aquí se ha recurrido, en verdad, la decisión de la formación del incidente y la concesión del traslado al Sr. Defensor Oficial N° 2 ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Guillermo A. Gracia, y al Consejo de la Magistratura, con el objeto de que se expidan sobre la legitimidad de la resolución CM n° 51/06 (fs. 4), resoluciones de mero trámite que, más allá de la molestia meramente física que puedan ocasionar, no implican decisión material alguna sobre el objeto del llamado "incidente", por tanto, tampoco agravio alguno y, mucho menos, representan a la exigencia de sentencia definitiva impuesta por el art. 27 de la ley local nº 402.

4. Por lo tanto, me inclino por rechazar la queja interpuesta y por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad en su parte pertinente.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Consejo de la Magistratura local, revocar la decisión impugnada, dejar sin efecto todo lo actuado en las piezas procesales en cuestión y ordenar su archivo.

2. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictadas por el Tribunal en los autos "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5427/07), de fecha 12 de marzo de 2008.

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva.