Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-30


----- En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los ....30.... días del mes de noviembre del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia a cargo del Dr. José Luis Pasutti y asistencia de los Dres. Fernando S. L. Royer y Daniel Luis Caneo, para dictar sentencia en los autos caratulados: "S., B. C. c/ Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew- Dr. Eduardo Javier Maza s/ Acción de Amparo" (Expte. N º 22.440-L-2011), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. .......de conformidad con las Acordadas N ° 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos Dres. Caneo, Royer y Pasutti.--------------------------------------------------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación intentado? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.------------------------------------------------------------------------ ------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. Caneo dijo:-------------------------------------- ------ I.- ANTECEDENTES.-------------------------------------------------------------<#LINE > ------ 1.- La Sra. B. C. S. promovió acción de amparo en los términos del Art. 7 de la Ley I N ° 156 contra el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Dr. Eduardo Javier Maza, autoridad de aplicación, según Ord. Munc. N ° 6507/97 por incumplimiento a su obligación de dar acceso a información pública requerida.---------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ Sostuvo en el relato de los hechos, que la información fue solicitada el día 19 de julio del corriente año (cargo ingreso N ° 6709) sin haber merecido respuesta alguna hasta el día de interposición de esta acción.--- ------ Los datos requeridos fueron: 1)- Contratos entre el Municipio de la Trelew y particulares y/o empresas donde tenga intervención el Sr. M. J., D. N. I. xx.xxx.xxx 2)- Exptes. donde tenga participación el Sr. M. J., D. N. I. xx.xxx.xxx 3)- Contratos y Exptes. Adms. del Municipio de Trelew donde particulares tengan que efectuar trabajos con camiones cisterna. 4)- Exptes. en donde se contratara trabajos con camiones cisternas que se debían efectuar en el mes de mayo de 2011. 5)- Exptes. u otros registros donde constaran las prestaciones efectuadas a la Municipalidad de Trelew por camiones cisternas el día 20 de mayo de 2011. 6)- Todo registro o antecedente que tenga la Municipalidad de Trelew, respecto al siniestro ocurrido el día 20 de mayo de 2011 en las intersecciones de las calles xxxx y xxxxxx de Trelew por parte de un camión que prestaba servicios para la Municipalidad de Trelew (fs. 4 vta. Punto III en conc. Nota de fs. 1).---- ------ Afirmó, ser legitimada activa conforme Art. 2 de la Ley N ° 156; e identificó en el Secretario de Gobierno del Municipio, la legitimación pasiva según lo establecido en el Art. 1 de la Ordenanza Municipal N ° 6507/97.------------------------------------------------------------------------ ---------------- ------ Por último, circunscribió el acto arbitrario e inconstitucional en el que deniega de manera tácita el acceso a contratos, expedientes administrativos y otra información pública en poder del Municipio de Trelew. -------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Al final, fundó en derecho la acción, hizo reserva de caso federal y formuló petitorio de estilo.--------------------------------------------------------------- ------ 2.- Por resolución interlocutoria N ° 133 del 11 de agosto del corriente año, se declaró formalmente procedente la acción de amparo y se ordenó correr traslado al Secretario de Gobierno del Municipio de Trelew por el término de cinco días (fs. 8/9).--------------------------------------- ------ 3.- A fs. 22/24 vta. se presentó el Dr. Eduardo Javier Maza en el carácter de Secretario de Gobierno del Municipio de Trelew, contestó demanda y solicitó el rechazo de la acción, con costas. Fundó el derecho, acompañó prueba documental, ofreció informativa, y formuló petitorio de rigor.-------------------------------------------------------------------------- --------------- ------ Reconoció, que la amparista formuló el requerimiento de acceso a fuentes de información pública pero desconoció que desde el área de la que es titular se haya desarrollado una conducta o accionar que persiguiera como cometido denegar o retardar, ni expresa ni tácitamente, el libre acceso a las fuentes de referencia. ------------------------- ------ Enfatizó, que la actora ha tenido y tiene la respuesta a su disposición en la Secretaría a su cargo, pero que a la fecha de esta contestación procesal, "ha brillado por su ausencia el interés en conocer el responde" (fs. 22 punto III- primer párrafo).------------------------------------ ------ Sostuvo, que la accionante nada probó ni ofreció probar para acreditar el obrar arbitrario o infundado destinado a no facilitar el acceso a la información solicitada.----------------------------------------------------- ------ Expresó, que con la documental que ofreció se tomaron las medidas necesarias e ineludibles destinadas a satisfacer el requerimiento formulado.---------------------------------------------------------------------- ---------------- ------ Aclaró, que la conducta desplegada estuvo orientada a brindar la información requerida en forma completa, y para eso fue necesario solicitar información a diversas áreas que potencialmente podían contar con actuaciones vinculadas a los múltiples puntos del requerimiento. ---- ------ Insistió, en que la respuesta a la Sra. S. siempre estuvo a su disposición por ante la Secretaría de Gobierno, pero ésta en ningún momento se mostró interesada en conocerla.-------------------------------------- ------ Por otra parte, el accionado arguye que no obstante la actitud asumida ante el requerimiento, se encontraría exceptuado de tal obligación legal por expresa disposición del Art. 2 inciso b) de la Ordenanza N ° 6507/97 que hace referencia a los actos y documentos preparatorios de informes o dictámenes que deben ser elevados a consideración de funcionarios con competencia en la materia.--------------- ------ Aludió en este contexto que la documentación demandada es coincidente con la que solicitara el Ministerio Público Fiscal en el Oficio N ° 1403/2011 en autos "D. A. R. s/Muerte-Trelew" (Legajo Fiscal N ° 31.525), según documentación que adjuntó en cinco fojas. -------------------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Destacó, en el apartado que le dedicó a la conducta asumida por la actora, que la denegación expresa o tácita a la que alude la norma no fue acreditada en autos; siendo que es un presupuesto necesario y condicionante a los fines de recurrir a un amparo. ------------------------------ ------ Al final, como corolario dijo que conforme a la documental que acompañó, no existe en dependencias municipales información relacionada al Sr. J. que permita evacuar el requerimiento titulado "Solicita acceso a contratos, expedientes administrativos y otra información pública" en sus puntos "1" y "2" y que lo solicitado en los puntos "3", "4" , "5" y "6" se encuentran a disposición de la actora en la Secretaría a su cargo.--------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ 4.- Corrido traslado de la documentación que se adjuntó, la actora contestó a fs. 26/28.-------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Sostuvo, que no se puede justificar la falta de respuesta del Secretario de Gobierno, y pretender decir, que siempre tuvo a disposición la documental. Recordó que hasta brindó un número de teléfono en la nota presentada para poder comunicarse a fin de coordinar el tema u explicar la situación que acaecería en este caso. Se optó, por el silencio en lugar de facilitar la información.----------------------- ------ Recalcó, que no puede pasar desapercibida la continuidad de la ahora nueva acción dilatoria que implica el tener supuestamente a disposición la documental a la que pretende acceder, y en lugar de acompañarla con la contestación al traslado conferido por ser el momento procesal oportuno, insiste que se deja a disposición en la Secretaría de Gobierno.--------------------------------------------------------------------<#L INE> ------ Manifestó, como poco entendible proponer prueba documental sin acompañarla, y que de darse curso a la informativa ofrecida equivaldría a reformar el código de forma, porque en lugar de acompañarla con la demanda o su contestación, las partes manifestarían que se encuentran a disposición y si fuere necesario se libraría oficio a ellas mismas para que las acompañen. ------------------------------------------------------------------------- ------ Al final, solicitó al Tribunal fijar fecha de audiencia de conciliación para que concurra el Sr. Secretario de Gobierno Municipal con la documentación que, al parecer, dijo tener a su disposición, dado que si ello fuera posible se tornaría abstracta la cuestión y culminaría el proceso; y una actitud contraria, implicaría continuar con el amparo hasta su sentencia.---------------------------------------------------------------------- ----- ------ 5. A fs. 34/39 vta., el Tribunal de Origen falló declarando improcedente el mandamiento de ejecución peticionado en contra del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Dr. Eduardo Javier Maza, impuso las costas a la actora vencida y reguló honorarios (S. D. N ° 64/2011) .------------------------------------------------------------------------- ------ 6.- Contra dicho resolutorio se alzó la actora; concediéndose el recurso, a fs. 42/47. El accionado presentó memorial a fs. 49/51.----------- ------ 7.- Mediante sentencia definitiva N ° 16/11 (fs. 55/62 vta.), la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, revocó el decisorio apelado, y en consecuencia, hizo lugar a la acción de amparo -mandamiento de ejecución- condenando al Sr. Secretario de Gobierno del Municipio de Trelew, Dr. Eduardo Javier Maza, a que en el plazo de cinco (5) días suministre la información o permita el acceso a los documentos relativos a los puntos requeridos en la nota de fs. 01/vta., todo ello en los términos normados en los arts. 3 y 6 de la Ley I N ° 156; impuso costas de ambas instancias a la demandada vencida, adecuó los honorarios regulados en la instancia anterior y fijó los estipendios ante la Alzada.------------------------------------------------------------------------- -------------- ------ II.- EL RECURSO DE CASACIÓN.------------------------------------------ ------ 1.- Interpone el accionado a fs. 70/82 contra el fallo de la Cámara, recurso extraordinario de casación fundado en la causal del inciso "e" del Art. 288 del C. P. C. C.; el que fue declarado admisible por la Alzada (fs. 84 y vta.) y ratificada tal declaración por S. I. N ° 57/11 de esta Sala (fs. 90 y vta.).-------------------------------------------------------------------------- ------- ------ El recurrente delimita el objeto del recurso que impetra solicitando se revoque la sentencia de la Alzada por ser arbitraria; y se otorgue plena validez a la Sentencia de Origen.------------------------------------------------------ ------ Hace alusión al cumplimiento de requisitos formales de admisibilidad, tales como constitución de domicilio y carga fiscal o económica.---------------------------------------------------------------------- --------------- ------ En orden a la definitividad de la sentencia, sostiene -citando precedentes de la Corte Nacional y de este Cuerpo- que tal carácter se configura por involucrar una cuestión que no puede ser revisada en un juicio posterior (fs. 72 vta./73 vta.).--------------------------------------------------- ------ En el apartado III) se hace un relato de lo que denomina "Reseña de la causa"; en el que involucra a la demanda, al decisorio de admisibilidad formal del amparo y a la contestación de demanda. Hizo además, alusión a la sentencia de Primera Instancia, relató la expresión de agravios de la accionada y su responde; y finalmente, refirió a la sentencia de Segunda Instancia señalando algunos aspectos tratados.----- ------- En lo que respecta a la motivación de la causal de arbitrariedad alegada, se efectúa en el apartado IV) que titula "Fundamentación de la casación.----------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ Afirma que las normas mal interpretadas son el Art. 3 de la ley I N ° 156 y el Art. 2° de la Ordenanza 6507/97 del Municipio de Trelew. ------ ------ Cita precedentes de la Corte Nacional y de la Sala "A" de la Cámara de Trelew; para poner de relieve que la interpretación efectuada por la Sala "B" en el decisorio en crisis constituye la recepción de una interpretación que no resulta de la norma y constituye, además, una clara demasía que dificulta la tarea oficial del Estado en el cumplimiento de sus fines. Centraliza la errada interpretación que invoca cuando la Alzada se pronunció con respecto al significado que le asignó al término "expedirse": "poner en conocimiento de la peticionante y mediante notificación en su domicilio la respuesta a su pedido de acceso a la información." (fs. 79 vta./80).-------------------------------------------------------- ------ Se explaya sosteniendo que la irrazonable interpretación requeriría en el mejor de los casos, contar con empleados dedicados específicamente a tal tarea; y ni que decir si la información fuera solicitada a altas autoridades provinciales que, al contar con semejante interpretación, verían la interposición de amparos judiciales cotidianos en procura de importantes honorarios por sólo uno o dos escritos.-------- ------ Un segundo aspecto que se destaca en la tarea crítica, es considerar arbitrario el decisorio por ser una emanación de la voluntad de los juzgadores, que se traduce en afirmaciones dogmáticas de derecho. Tal, cuando se afirma que: ". al accionado le corresponde demostrar que se ha expedido, o que la manifestación del funcionario debe materializarse mediante nota dirigida al domicilio constituido en el escrito o nota por el cual se formalizara el requerimiento de la información". ------------------- ------ Insiste que la norma mencionada en el artículo 3, Ley I N ° 156 y en el Art. 2° de la Ordenanza N ° 6507/97 nada dicen sobre esto ni contienen una exigencia como la expresada sino que por el contrario es claro, que para la procura del acceso a la información el peticionante debe efectuar una actividad positiva en tal sentido por así resultar de la simple aplicación criteriosa, lo que resulta fácilmente demostrable mediante cualquier medio de prueba. Hace citas de precedentes de la C. S. J. N..----------------------------------------------------------------------------- ------------ ----- Al final, alude al significado que le atribuye el diccionario de la lengua española al término "expedirse", destacando entre otras acepciones, "dar curso a las causas, despachar" para hacer saber que la conducta que desplegara ante el requerimiento de la actora se condice con el alcance de la normativa en cuestión. Afirma haberle dado curso a la presentación de la actora, al disponer la remisión del requerimiento en forma inmediata al responsable de cada área municipal a los fines de facilitar el acceso personal y directo a la fuente de información, por ser éste actuar el que impone la norma y no una notificación fehaciente y su demostración (fs. 81, segundo párrafo).---------------------------------------------- ------ 2.- A los fines previstos en el Art. 13 inciso "d" de la Ley V N ° 84 (antes Ley 4572) se pone el expediente a disposición de las partes, haciendo uso de tal derecho, sólo la parte actora a fs. 93/101.---------------- ------ 3.- Corrida vista al Sr. Procurador General, la misma es contestada a fs. ...; dictaminando que el remedio casatorio no puede prosperar sobre la base de la causal de arbitrariedad. ( FALTA COMPLETAR).------ ------ III.- ANÁLISIS.----------------------------------------------------------------------- ------ A título preliminar, y toda vez que en esta oportunidad el Cuerpo está facultado para realizar el juicio final y abarcativo de la totalidad de los recaudos de admisibilidad, enmarcaré el análisis a la luz de las exigencias de la Ac. N ° 3821/09, y en especial, desde la óptica de los antecedentes del caso y del modo en que se ha introducido y fundado la causal casatoria alegada, en cuanto son pilares estructurales que hacen a la autosuficiencia del recurso de casación.------------------------------------------- ------ 1.- El recurso se interpone contra una sentencia que reviste el carácter de definitiva; y se cumple con la carga económica exigida en el Art. 292, inciso "d" del C. P. C. C., y con la cantidad de hojas y renglones de cada foja. Se satisfacen las Reglas 1° y 3°, incisos "a" y "b" (fs. 69 y 72/73 vta.).-------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ 2.- El contenido de la carátula adjunta; en líneas generales, ha cubierto las exigencias legales.----------------------------------------------------------- ------ Pero, no puedo soslayar, que el recurrente si bien indicó que actúa, por derecho propio, no indicó en qué carácter lo hace; a pesar de su sencilla deducción -en este caso- de la carátula del expediente en el que aparece como "demandado" (inciso "e" de la Regla 2°).------------------------ ------ Por otra parte, no se individualizó la causal casatoria por la que pretende ingresar a sede extraordinaria. En el apartado dedicado al "objeto de la presentación", consignó como norma que confiere jurisdicción a este Cuerpo, el Art. 32 Ley V N ° 3; Capítulo V Sección 1ª, arts. 289 y ss. de la Ley XIII N ° 5 (fs. 71). Esta exigencia, tampoco aparece en la sección "objeto" del escrito postulatorio del recuso (fs. 72 y vta., punto I). Recién, en ocasión de fundar la casación, en el punto IV.1) alude a la arbitrariedad normativa por violación de la ley de acuerdo con lo que dispone el Art. 291 inc. e) de la ley XIII N ° 5 (fs. 78 y vta.). Debo recordar, que esta errada técnica la desechamos en S. I. N ° 100/S. R. E./08 y 41/S. R. E./11.------------------------------------------------------------ ------ En este caso, -como se ha señalado en otras oportunidades (v. gr. S. I. N ° 41/S. R. E./11)-, es pertinente recordar que la Ac. N ° 3821/09 S. T. J. CH. (Conf.: Considerandos); redactada bajo los lineamientos de la Ac. N ° 04/2007 C. S. J. N.; establece técnicas claras de elaboración que deben ser cumplidas por los litigantes, es decir, no quedan en el ámbito de libertad o discrecionalidad del recurrente. Por lo tanto, acompañar la carátula en forma tempestiva con el escrito recursivo, como cumplir con las exigencias legales para su llenado, no pueden ser suplidas con presentaciones posteriores, ni con el contenido del recurso interpuesto. La carátula cumple una función de importancia para el Tribunal del recurso. Pone en conocimiento, el contenido preliminar del recurso.-------------------------- ------ La Corte Nacional ha dicho que la exigencia de acompañar una carátula en hoja aparte, con los datos que deben consignarse, requerida por el Art. 2° del reglamento aprobado por la Ac. N º 04/2007, se trata de una modalidad que no puede quedar a criterio discrecional del recurrente, y procura inducir a una exposición precisa de la pretensión recursiva y que al mismo tiempo facilite al juez o al Tribunal el examen de la presentación (Conf.: v. gr. C. S. J. N. L. 881. XLIII, Rec. de Hecho: "Leal Ricardo Jorge c/ SBA Empresa Subterráneos de Buenos Aires SE"- 07/10/2008; "Blank, Sara y otros c/Aristiche, Ana s/ ejecución hipotecaria", 29/09/2009; T. 332, pág. 2141; S.321.XLV, Recurso de Hecho "Sosa, Daniel y otros c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- Dirección Nacional de Migraciones s/ diferencias de salarios", 23/02/2010).---------- ------ 3.- La Regla 3°, inciso "c" estatuye cuatro exigencias más.-------------- ------ 3.1.- En primer término, se impone un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes de la causa. Aquí se incumplió. Hay actos procésales que se han relatado en forma insuficiente, y otros se encuentran ausentes de descripción; aún cuando se presentan como relevantes para un análisis integral del caso.--------------------------------------- ------ En efecto, los escritos postulatorios de la acción impetrada se desarrollaron de modo insuficiente, porque -por ejemplo- no hay descripción o enunciación de las pruebas que las partes pudieran haber acompañado u ofrecido, y en su caso, la actitud procesal asumida por el Tribunal de Origen a su respecto. Menos aún, surge información vinculada a alguna sustanciación que pudiera haberse dispuesto con respecto a la prueba documental que dice el accionado haber acompañado, ni el responde a ello, por la actora.--------------------------------- ------ Todas estas cuestiones se tornan relevantes en esta instancia, en atención a la naturaleza propia de la acción de amparo impetrada, y a la normativa de aplicación. ------------------------------------------------------------------ ------ La sentencia de origen, cuya confirmación pretende el recurrente (fs. 72 punto I, tercer párrafo y fs. 82, punto 3) tampoco se presenta relatada en su integridad para poder evaluar el iter lógico-jurídico que empleó el Juzgador para rechazar la acción (fs. 75 vta./76 vta.).------------- ------ En orden a los trabajos recursivos se muestra una escueta descripción de los agravios invocados por la actora y del memorial de responde.----------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ Y finalmente, la sentencia en crisis se describe de modo sintético. No permite una lectura comprensiva desde los argumentos dirimentes de cada juzgador, a punto tal, que sólo en algún pasaje, se consigna el nombre de uno de ellos (fs. 77 vta./78). -------------------------------------------- ------ Así expuestos los antecedentes de la causa, no permiten la comprensión cabal del caso, tornando "insuficiente" el recurso impetrado; aún ante la circunstancia, de tratarse este caso, de un amparo específico. La Corte Nacional en este sentido ha sido muy clara, al sostener que en un proceso de amparo, la fundamentación recursiva no queda eximida del cumplimiento de las formas mínimas (Conf.: Sagüés, Néstor Pedro, "Ley de Amparo", pág. 391, edit. Astrea, año 1979).-------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------ El propio linaje de la casación, -que no es excesivo rigor formal- es el que impone su autosufiencia. La lectura del recurso debe tornar innecesaria la del expediente a los efectos del pronunciamiento sobre la procedencia del recurso (Conf.: C. S. J. N., Fallos, 290:133; 307:885; 308:2263; Sagüés, Néstor Pedro, "Recurso extraordinario", tomo 2, pág. 352, Ed. Astrea, 4ª edición actualizada y ampliada, Año 2002; y S. T. J. CH., v. gr. S. I. N ° 49/85; 46/86; 91/S. R. E./97; 4/S. R. E./98; 69 y 78/S. R. E./02; 01/S. R. E./06; y S. D. N ° 18/S. R. E./06). -------------------------- ------ La inadmisibilidad recursiva se impone como resultado.----------------- ------ 3.2.- No obstante, debo agregar que el recurrente no demostró que el pronunciamiento atacado ocasione un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, conforme la Regla N ° 3, inciso "c-II)". Es más, ni siquiera hay mención alguna a lo largo de todo el recurso que pueda cubrir en lo mínimo la carga impuesta por la norma.-------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ Los argumentos en torno a las dificultades que podría enfrentar la Administración -en caso de quedar firme el decisorio en crisis- cuando deba dar respuesta ante una solicitud de información pública; como tener empleados dedicados a esta tarea; o más grave; que los amparos serían frecuentes en procura de importantes honorarios si la información pública se solicitara a las altas autoridades provinciales (fs. 80 último párrafo y fs. 80 vta. primer párrafo); a mi criterio, quedan en el plano de lo meramente conjetural; hipotético y general.-------------------------------- ------ La Corte Nacional ha sostenido, en forma reiterada y monocorde, que la existencia de efectivo gravamen que afecte a quien deduce la apelación extraordinaria constituye uno de los recaudos jurisdiccionales cuya previa comprobación condiciona la admisibilidad del recurso y que a ella compete verificar aun de oficio (Conf.: C. S. J. N., Fallos, 256:327; 267:499; 303:1852; 315:2125 citados por Morello, Augusto, "El Recurso Extraordinario", Ed. Platense, segunda edición reelaborada, Año 1999; Págs. 227/229).--------------------------------------------------------------- ------ Por ello, no me cabe duda que en este aspecto le asiste la razón a la actora al sostener en su memorial que no vislumbra el verdadero agravio del recurrente (Conf.: fs. 96).------------------------------------------------ ------ A lo que por otra parte, sostengo que si algún perjuicio pudo haber padecido el recurrente, no es más que el producto de su propia actuación; en cuanto ha quedado en evidencia la conducta contradictoria desplegada por el accionado desde que se inició la acción y durante toda su tramitación. Contar con la información requerida y no acompañarla al proceso en su primera presentación; o en un momento posterior; son muestras claras de tal comportamiento, que lindan -en mi opinión- con la falta de buena fe procesal, conculcando los principios procésales de colaboración, economía y celeridad. El accionado antes de ser Secretario de Gobierno Municipal es abogado, y como tal, no puede desconocer los deberes a su cargo; máxime si considera el rol preponderante en el que lo ha colocado la Ordenanza N ° 6507/97, precisamente, para garantizar a la ciudadanía, un derecho de raíz constitucional; como lo es el acceso a la información pública. --------------- ------ 3.3.- Por último, se ha incumplido, la exigencia legal de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones legales planteadas.--- ------ Antes, señalé que la sentencia en crisis se presenta, en el relato de los antecedentes del caso, como una síntesis, lo que impide evaluar el razonamiento seguido por los Juzgadores; e interpretar en consonancia con ello, la postura que propugna el recurrente en la motivación casatoria. -------------------------------------------------------------------------------- ------- ------- A pesar de ello, y aún cuando se hubieran cumplido los presupuestos de admisibilidad recursiva hasta ahora analizados; el resultado adverso del recurso se hubiera impuesto de igual modo, por no ser la motivación casatoria expuesta eficaz. --------------------------------------- ------ En este caso, entiendo que el quejoso malogra la debida fundamentación del recurso porque se ha circunscripto a la aserción de una determinada solución jurídica, sin estar razonada ni constituir agravios, concretamente, referidos a las circunstancias del caso (Conf.: Morello Augusto, "El Recurso Extraordinario", Ed. Platense, Segunda edición reelaborada, Año 1999, pág. 260; en igual sentido, Conf.: S. C. B. A, Ac. 52.233-S, 7/3/95 y Ac. 57.426-S, 5/3/96 entre otros.).------ ------ No hay por ello, réplica adecuada -crítica concreta y razonada- a las motivaciones esenciales del fallo en crisis. Refleja de modo incomprensible un criterio, estrictamente, personal y disímil frente al decisorio apelado (Conf.: Art. 268 del C. P. C. C. y Ac. N ° 3821/09, Regla 3°, inciso "c-III)"; y S. T. J. CH., S. D. N ° 03/S. R. E./06, 07/S. R. E./06, entre otras).------------------------------------------------------------------------- ------------------- ----- Observo una argumentación reiteratoria que gira, exclusivamente, en torno a la interpretación errónea de la norma de aplicación que dice haber realizado la Alzada, lo que dificultaría la tarea oficial del Estado; transcribiendo en este contexto fallos de aplicación al caso (fs. 79 vta.); sin demostrar cómo resultarían de aplicación en la especie los precedentes que cita. ----------------------------------------------------------------------- ------ Lo mismo ocurre, cuando remarca que para procurar el acceso a la información "el peticionante debe efectuar una actividad positiva en tal sentido por así resultar de la simple aplicación criteriosa lo que resulta fácilmente demostrable mediante cualquier medio de prueba" (sic) (fs. 80 vta. segundo párrafo "in fine") citando fallos de la Corte Nacional en su respaldo.----- ------ Este aspecto de su razonamiento no se explicita, no lo vincula con el decisorio que ataca, y ni siquiera acredita de qué modo los precedentes de la Corte Suprema sustentarían su posición.-------------------- ----- Es más, debo decir, que compulsados los Fallos 310:821; 304:583; 310:302 y 306:626 que cita a fs. 80 vta., llego a la conclusión que no se relacionan en absoluto con la temática de análisis ni con su posición frente al caso. -------------------------------------------------------------------------------- - ------ Así, siguiendo el orden de los fallos citados resulta que: en el primero, la Corte resuelve un recurso extraordinario contra una sentencia de la Cámara Nacional Electoral (se analizan temas sobre el sufragio como derecho público de naturaleza política, del pueblo como titular de la soberanía, etc.); en el segundo, la Corte entiende en un recurso extraordinario que al final rechaza por ser la atribución de culpa concurrente en la sustracción de un automotor un tema que remite al análisis de cuestiones de índole procesal; en el tercer caso, trata la arbitrariedad contra una sentencia de la S. C. B. A. y el tema en cuestión es el sistema adoptado para calcular la depreciación monetaria admitida en el proceso; y finalmente, el cuarto caso citado es contra la Provincia de Río Negro, y sobre la falta de fundamentación en materia de honorarios fijados.------------------------------------------------------------------------ --- ------ Asimismo, el recurrente pretende calificar de arbitrario y disvalioso, el pasaje del fallo que alude a la exigencia de notificación fehaciente al peticionante o cuando se analiza el significado del término "expedir". La falencia técnica se mantiene. No hay demostración alguna de tal arbitrariedad. El argumento es escueto y lo introduce, descontextualizado, del análisis lógico y jurídico que desarrolla el Juzgador, no siendo en definitiva, el verdadero resultado al que arriba el decisorio.---------------------------------------------------------------------- ------------------ ----- El resultado adverso del recurso de casación, se impone una vez más; y ASI LO VOTO.-------------------------------------------------------------------- ------ 4.- Por último, y en un sentido diametralmente distinto al que propugna el recurrente, no evidencio en el fallo en crisis una grosera falta de fundamentación lógica-jurídica; o que sea un producto de la sola voluntad de los Juzgadores. Muy por el contrario, emerge del mismo un análisis circunstanciado, coherente, y conforme a derecho. Hay suficiencia técnica y jurídica en la solución dada a la apelación deducida.----------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ En efecto, en el resolutorio hay una reseña precisa del contenido de los agravios sobre los que debe ejercer el Cuerpo su facultad revisora; y la fundamentación jurídica, en ambos votos se hace sobre la base de un estudio profundo sobre el tema.--------------------------------------------------------- ------ Precisamente, el tramo de los votos que el recurrente califica como dogmáticos (fs. 77 vta.), y que no describe al relatar el decisorio, es el que da basamento y coherencia jurídica al decisorio final. ------------------- ------ En el primer voto, se abordó el derecho a informarse desde una conceptualización del mismo como presupuesto de un derecho individual, en cuanto maximiza el campo de autonomía personal y posibilita el ejercicio de la libertad de expresión; y desde su carácter público y social, como mecanismo de control institucional. Desde otras variantes, se aludió a éste como un bien directo (derecho a la verdad como derecho a la información); como instrumento de otros derechos; como presupuesto de mecanismos de participación; como presupuesto de exigibilidad de un derecho (en especial, los derechos sociales). A cada una de las ópticas presentadas se la sustentó sobre normativa supraconstitucional, constitucional y en precedentes jurisprudenciales. Luego se acotó, "el derecho de la persona a la información pública" que se encuentra en poder del Estado y de la obligación del funcionario a brindarla. -------------------------------------------------------------------------------- ------- ------ El segundo votante, añadió a lo expresado por su preopinante, citas de normas constitucionales provinciales y nacionales en el que se encuentra contemplado el derecho de acceso a la información pública y remitió sobre el tema a distinguida doctrina (Art. 58 de la C. Prov., Ley I N ° 156 -antes 3764-; arts. 14, 33 y 75 inc. 22; aquí individualizó a la Convención Americana de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).------------------------------------ ------ Sobre todo este bagaje de sólido peso jurídico -normativo con rango constitucional- y de ineludible aplicación ante su quebrantamiento o vulneración, los Sentenciantes ingresaron en el análisis concreto del caso. ---------------------------------------------------------------- ------ Los argumentos dirimentes centrales de ambos votos sobre la base normativa expuesta son contundentes a la hora de considerar que el derecho a peticionar a las autoridades obliga siempre al órgano requerido a responder, sin que ello signifique que deba necesariamente hacer lugar a lo pedido (fs. 58 y vta. -voto Dr. De Cunto- y fs. 60 y vta. -voto Dr. Lucero-).----------------------------------------------------------------------- ---- ------ Destacaron con suma claridad, las distintas variables que pudo haber adoptado el funcionario -hoy demandado- para cumplir con la manda normativa. Es decir, cómo dar una respuesta, más allá que sea o no favorable para el peticionante.------------------------------------------------------ ------ Explicitaron y fundaron porque la accionada nunca contestó la nota de la actora, se hizo mérito de la documental acompañada, que no se compadece exactamente con la solicitada por la actora, que estaba destinada a otro requerimiento que provenía del Ministerio Público Fiscal; se motivó con suficiencia porque algunos de los datos solicitados no ingresan en el marco de excepcionalidad que regula la norma.----------- ------ Repito, los argumentos dirimentes y el plafón fáctico de su estudio, conforme fueron presentados en el decisorio no se critican eficientemente ante esta sede; por lo que a mi criterio han llegado incólumes. Exponer un criterio disímil no se compadece con la acreditación del absurdo; y este Cuerpo, por su limitada competencia, por vía extraordinaria, no puede suplir las omisiones del recurrente.------- ------ En este contexto, el decisorio se muestra con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional (Conf.: S. I. N ° 200/91, 137/93; 45/S. R. E./06; S. D. N ° 17/94 y 9/S. R. E/06, entre otras). ------------------------------------------------------------------ ------ 5.- Es más, comparto en este caso, la respuesta jurisdiccional de la Alzada. El acceso a la información encuentra su sustento en el concepto mismo de democracia y el acceso a ella de modo rápido, libre y efectivo se torna en una obligación democrática. El poder público en cualquiera de sus áreas debe tener una actitud proactiva, dar publicidad a sus actos y facilitar su acceso, en cuanto hace a la transparencia del mismo funcionamiento estatal. No se accede a la información por favor del funcionario de turno. ----------------------------------------------------------------- ------ 6.- Por todo lo expuesto, el recurso de casación resulta improcedente por no haberse cumplido "strictu sensu" con los requisitos formales emanados de nuestro código de rito y sistematizados, a través, de la Ac. N ° 3821/09 (Conf.: S. T. J. CH., S. D. N ° 31, 33/86; 16/90; 16/94; 3, 32/95; y 15/S. R. E./02; y S. I. N ° 41/S. R. E./11). ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --------------- ------ A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:----------------------------------------- ------ I.- Concuerdo con el detalle de los antecedentes, el recurso y su trámite que efectúa el vocal preopinante. Fundado en razones de claridad, celeridad y economía remito a su lectura.------------------------------- ------ II.- Coincido también con el Dr. Caneo en que tal como fue introducida la denuncia de arbitrariedad (Art. 291, inc. "e", Ley XIII N ° 5) no satisface los recaudos exigidos por la ley ritual, tanto de índole formal como de fundamentación técnica.-------------------------------------------- ------ Ciertamente, el recurso no debió sortear el previo análisis de admisibilidad, sin embargo no es tarde para reeditarlo, por cuanto no vincula a esta Sala la habilitación de la competencia casatoria resuelta por la Cámara ni la resolución de fs. 90/vta., la que constituye una providencia de trámite. Es recién ahora donde el Tribunal debe ejercer en forma plena y definitiva la facultad de pronunciarse acerca de la viabilidad formal y procedencia sustancial de las impugnaciones sometidas a su conocimiento (Conf.: S. T. J. CH., S. D. 04/SRE/11, con cita de S. D. N ° 03/95, 16/S. R. E./98; 06/S. R. E./99 y 26/S. R. E./04; 17/S. R. E./05; 03/S. R. E./06; 08/S. R. E./10 entre otras).--------------------------- ------ II. a.- El recurso extraordinario local no es autónomo, no se basta a sí mismo, su sola lectura no permite conocer acabadamente el caso, incumple de este modo con la exigencia del Art. 3° inc. "c-I" del Acuerdo N ° 3821/09.------------------------------------------------------------------------ ------------ ------ Puesta la atención en los elementos relevantes respecto de la discusión traída a este Tribunal, no individualiza la fecha de promoción de la acción, ni que se fundó en el supuesto de denegatoria tácita.---------- ------ Del escrito de responde no reseña que argumentó que la información requerida estaba en trámite de investigación por un pedido del Ministerio Público Fiscal que coincidía con el de la actora, ni el curso dado a éste. No detalla que invocó haber efectuado tareas para satisfacer el pedido, la conclusión del Ap. VI "Corolario", la documental acompañada, ni la restante prueba ofrecida.---------------------------------------- ------ Nada dice de la respuesta dada por la actora al traslado de la documental acompañada por el demandado (fs. 26/28).------------------------ ------ Individualiza erróneamente la fecha de la sentencia de Primera Instancia y omite mencionar parte de sus argumentos. Entre ellos, que descarta que la administración deba llamar por teléfono para informar que cumplió, afirma que la actora contó con diversos medios para probar que fue a buscar la respuesta sin obtener resultado, concluye que se cumple con el requerimiento colocando a disposición la información (fs. 36 vta. último Párr./37) y valora que aquella no probó la inactividad de la administración, que no es exigible al demandado que traiga la documentación al juzgado (fs. 37 in fine /vta.) y que no puede asimilarse la negativa tácita a la exigencia de conductas positivas o negativas no requeridas por la norma (fs. 38 vta. 2do. Párr.).----------------------------------- ------ Lo mismo ocurre con los fundamentos del recurso de apelación, los que no especifica siquiera mínimamente. Sólo a modo de ejemplo, no reseña la crítica relativa al principio de cooperación, los indicios sobre los que se fundó que la actitud del demandado tendía a no permitir el acceso a la información, los argumentos referidos a que se exige a la actora más de lo que la ley pide, a la prueba no aportada por el funcionario, la carga y la prueba exigida. Por otra parte dicha presentación obra a fs. 42/47 vta. y no a fs. 253/267 vta. como se indica.------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------ Finalmente, el resumen del análisis de la sentencia de Cámara también resulta insuficiente. Del voto del Dr. De Cunto no reseña el desarrollo que hiciera del concepto del derecho a la información pública, su fundamento, función y delimitación, tampoco la señalada obligación de los funcionarios de rendir cuentas de sus actos o la valoración de la documental acompañada y su conclusión al respecto.--------------------------- ------ Lo mismo ocurre con el voto del Dr. Lucero del que refiere una mínima porción. No individualiza el precedente que cita, el encuadramiento de la acción, su fundamento normativo y sentido. Omite puntualizar conclusiones centrales como la existencia de un derecho amplísimo de acceder a los datos que dan origen o fundan actos de gobierno, o que éste derecho exige una respuesta, un actuar positivo, explícito y demostrable del funcionario competente requerido, exigencia que no es desmedida ni de imposible cumplimiento. Tampoco puntualiza la variedad de respuestas que valora, el significado atribuido a la palabra expedirse, su conclusión desde el propio posicionamiento defensivo, ni la valoración de la documental glosada.---------------------------- ------ II. b.- Si bien, la falencia previamente apuntada impide controlar si se satisface la Regla 3° inc. "c-III" del Acuerdo N º 3821/09 -refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones legales planteadas-, incluso suplantando la actividad del recurrente y procediendo a la lectura de la sentencia de Cámara, se observa que no todos sus argumentos fueron criticados, motivo por el cual la presentación también resulta inadmisible.------------------------------------------- ------ Este Tribunal reiteradamente ha sostenido que el impugnante debe rebatir en su totalidad las conclusiones del fallo y no limitarse a objetar parte de los elementos de juicio (Conf.: S. T. J. Ch ., S. I. N ° 20; 28/S. R. E./01; 05; 99/S. R. E./04; 45/S. R. E./08, 57/S. R. E./09, entre otras).- ------ No critica el recurrente fundamentos esenciales, tales como el anclaje y la contextualización de la interpretación en normas de rango constitucional (Art. 13, inc. 1° y 29° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 19, inc. 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los arts. 13 y 18, inc. 10 de la Constitución Provincial, arts. 1, 14 y 33 de la Constitución Nacional), su fundamento en el sistema republicano y su consideración como garantía esencial del sistema democrático.-------------------------------------------------------------------- ---- ------ Dicha crítica era particularmente relevante cuando precisamente lo que se cuestiona es la interpretación realizada de la Ley I N ° 156 y su reglamentación, la que en el caso no fue caprichosa sino que se asentó en normas precisas de rango constitucional, características vitales del sistema republicano y precondiciones del gobierno democrático.------------ ------ En realidad, al no atacar tales conceptos que estructuran la construcción jurídica, ni atribuirles un alcance distinto, el recurrente sólo manifiesta un criterio disímil al de la Cámara y ello no es suficiente para demostrar que sus fundamentos son errados. Su crítica no es eficaz (Conf.: C. S., Fallos, 307:723; 308:200 y 726).------------------------------------ ------ II. c.- Un supuesto de arbitrariedad, lo constituye el apartamiento inequívoco, palmario, irracional de la solución normativa prevista para el caso (Conf.: Vanossi, "La sentencia arbitraria - Un acto de lesión constitucional", "Temas de Casación y Recursos Extraordinarios", Ed. Platense, 1982, pág. 187).---------------------------------------------------------------- ------ Y, tras haber tenido que recurrir a la lectura directa del decisorio de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, no es dable emitir ese juicio de valor. Los magistrados votantes propician una solución en derecho absolutamente aceptable, es más, a mi criterio valiosa y plausible, y por ende inatacable a la luz de los principios que informan la causal de arbitrariedad.----------------------------------------------------------------- ------ Los razonamientos que expone el libelo recursivo, constituyen simplemente la aserción de una solución jurídica distinta, y el desacuerdo con la solución dada por los jueces al pleito.----------------------- ------ Valora al pasar un fallo de la Sala "A" (Expte. 63/09) de la misma Cámara, deslizando que el significado allí atribuido sería contrapuesto al presente, mas no acude a este Tribunal con fundamento en el Art. 291, inc. "a" del rito, ni patentiza la contradicción que insinúa.-------------------- ------ Denuncia que la interpretación es irrazonable por onerosa, pero limita su crítica a una afirmación dogmática pues no precisa cuántos pedidos de informes tiene en trámite, cuántos empleados le demandaría la tarea o su costo. Lo mismo ocurre con el argumento referido a que lo resuelto "dificulta la tarea oficial del estado".-------------------------------------- ------ Para cuestionar la interpretación parcializa la solución dada por la Cámara. Es que se limita a señalar que para el Dr. Lucero "expedirse significa la remisión al domicilio del peticionante de respuesta sobre el particular", "poner en conocimiento de la peticionante y mediante notificación en su domicilio la respuesta a su pedido de acceso a la información" (ver fs. 78 vta. in fine/79 y 80 1er. Párr.), cuando su análisis fue mucho más amplio (ver fs. 60 último Párr. / vta.).---------------- ------ Es por ello que su crítica se limita a manifestar una mera discrepancia y no pone en evidencia que la Cámara haya incurrido en un desacierto de gravedad extrema o una desinterpretación grosera, palmaria y patente. Es que, en el marco de denuncia de sentencia arbitraria, lo que debe demostrar el impugnante es que la decisión no alcanza a ser sentencia.---------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ "La doctrina de la arbitrariedad, no cubre la disconformidad del apelante con las conclusiones del a quo ... sino que sólo atiende a la exigencia constitucional, de que aquéllas sean fundadas y constituyan derivación del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa" (Conf.: Fallos, 302:836; 1030; 303:772; 310:676, entre muchos otros, S. T. J. CH. S. I. N ° 25/S. R. E./09).------------------------------------------------ ------ La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado reiteradamente, en relación a la doctrina de la arbitrariedad, que ella es de aplicación excepcional y cabe descartar dicha tacha cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto (in re: "Finco...", febrero 16-978 y otros), limitándose a aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces de modo que ello impida considerarlas como actos jurisdiccionales (in re: "Mafroba S.A. ...", marzo 2-982; "López ...", abril 9-977; "Bonorino ...", abril 13-982; "Gardellas de D´atri...", febrero 9-982 y otros).---------------- ------ II. d.- Sumado a ello, en consonancia con el colega pre-votante añado que, una porción de las falencias técnicas previamente señaladas, se vinculan también con la falta de demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (Art. 3° inc. "c-II", Acuerdo N ° 3821/09).------------------------------------------------------- ------ El recurso no contiene siquiera la simple mención de tal exigencia, mucho menos argumenta sobre su concreta existencia. Ya dije que la onerosidad y dificultad alegadas se limitaron a una denuncia abstracta, no reflejada en datos precisos de la realidad.--------------------------------------- ------ II. e.- Además de los déficits ya señalados, los que son de entidad suficiente para declarar la inadmisibilidad recursiva, la carátula presentada omite indicar el carácter en que interviene en el pleito e individualizar con precisión la causal casatoria (Art. 2° incs. "e" y "j" del Acuerdo N ° 3821/09).----------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ Señala el presentante que interviene por derecho propio mas no indica que lo hace en el carácter de demandado.---------------------------------- ------ Además, el modelo de carátula que se incluyó en el Acuerdo en el campo correspondiente al "Objeto de la presentación", A.- Recurso de Casación, 1.- Norma que confiere jurisdicción al Superior Tribunal de Justicia, aclara expresamente que se deberá indicar la "causal casatoria invocada con cita precisa de las normas procésales".------------------------------ ------ La cita concretada del "art. 289 y ss. de la ley XIII N ° 5", remite a todo el capítulo correspondiente a los Recursos Extraordinarios, el que incluye supuestos muy diversos, por su parte el "art. 32 de la Ley V N ° 3", individualiza todos los casos en que el Superior Tribunal es competente para entender. Esto evidencia que no se precisó la norma concreta que confiere jurisdicción a esta Sala. Es más, en ninguna porción de la carátula se señala que la sentencia se ataca por arbitraria.-- ------ Y, tal como lo puntualiza el Dr. Caneo, esta errada técnica la desechamos en S. I. N ° 41/SRE/2011 y N ° 100/SRE/08.------------------------ ------ III.- Por todo ello, si bien en el primer análisis de admisibilidad se consideró que el recurso había sido correctamente concedido, en esta oportunidad, tras un nuevo y detenido estudio de las actuaciones, en un todo de acuerdo con el colega preopinante, considero que el remedio que me ocupa, por la causal fundada en el art. 291, inc. "e" de la Ley XIII, N ° 5, resulta inadmisible. ASÍ LO VOTO.---------------------------------- ------ A igual cuestión, el Dr. Pasutti dijo:-------------------------------------------- ------ De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Caneo y Royer, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario N º 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial N º 5.475 y el Acuerdo N º 3.202.-------------------------- ------A la segunda cuestión el Dr. Caneo dijo:-------------------------------------- ------ Tal como he votado a la primera cuestión, propongo al acuerdo: 1°) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el accionado, y en consecuencia, confirmar, en todos su términos, la sentencia de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, registrada bajo el N ° 16/2011 (fs. 55/62 vta.); 2°) Imponer las costas al recurrente vencido, por aplicación del art. 17 de la Ley V- N ° 84; 3°) Regular los honorarios de los letrados de la actora, teniendo en cuenta la calidad, extensión del memorial presentado ante este Superior Tribunal, naturaleza de la acción y el resultado obtenido, en la suma de Pesos Mil Ochocientos ($ 1.800), en conjunto; con más el I. V. A. si correspondiere. No fijar estipendios al demandado por lo dispuesto en el art. 11 de la ley arancelaria vigente.---------------------------------------------------------------------<#L INE> ------ A igual cuestión el Dr. Royer dijo:----------------------------------------------- ------ De acuerdo a como me he pronunciado al votar a la primera cuestión, concuerdo con la propuesta hecha a ésta, por el Dr. Caneo.----- ------ A la misma cuestión, el Dr. Pasutti dijo:-------------------------------------- ----- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.----------------------------------------------------------------------- ----------------- ------ Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:---------------------------------------------------------------------- -------------- --------------------------------- S E N T E N C I A --------------------------------------- ------ 1º) RECHAZAR el Recurso de Casación interpuesto por la accionada, y en consecuencia, CONFIRMAR en cuanto fuera materia de recurso, la Sentencia Definitiva de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, registrada bajo el N ° 16/2011 (fs. 55/62 vta.).-------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ 2º) IMPONER las costas al recurrente vencido (art. 17 de la Ley V- N ° 84).---------------------------------------------------------------------------- -------------------- ------ 3°) REGULAR honorarios a los Dres. F. R. y C. J. A., letrados de la actora, en conjunto en la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800), con más el con más el I. V. A. si correspondiere; sin regulación al demandado conforme a lo dispuesto en el art. 11 de la ley arancelaria vigente.------------------------------------------------ ------ 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.------------------------------- Fdo. Dres. José L. PASUTTI; Fernando S. L. ROYER; Daniel L. CANEO Recibida en Secretaría el 01/12/2011.-------------------------------------------------Registrada bajo el N ° 10/S. R. E/2011. Conste.-------------------------------------- Fdo. Dra. Carmen VELEZ. Scria.