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Contratos, compraventa, modalidades de la compraventa, contrato de comisión, exportaciones, frutas, rendición de cuentas, incumplimiento del contrato, cobro de sumas de dinero, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Lyla Productores SA c/ Expofresh SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

2 - En ese marco, cabe recordar que el comerciante está obligado a rendir cuentas de los actos relativos a su comercio, cuando actúa por cuenta ajena cuando el interés de una parte depende del resultado de la gestión de la otra (conf. Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial, Fernández, Raimundo, Gómez Leo, Osvaldo, Abeledo Perrot, T. I-b, Pg. 236, Bs. As., 2009; CNCom, Sala B, in re "Santarone, Carlos c/ Banco Columbia SA s/ ordinario", del 04/11/08, entre otros). A su vez, de modo más amplio, el CCOM 68 dispone que la obligación profesional de rendir cuentas del comerciante existe con relación a todas las negociaciones, mencionando como hipótesis especial a las realizadas por cuenta ajena, en el art. 70 de ese cuerpo legal (CNCom, Sala F, in re "Finanservice SRL c/ Barra Eduardo Marcelo s/ ordinario", del 22/11/12).
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maragua S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Es un recaudo básico de procedencia del gasto improductivo que la incidencia de la paralización supere el veinte por ciento del monto del contrato vigente a la fecha del evento.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, límite a la extracción de fondos, leyes, interpretación sistemática, acción de amparo, competencia federal, competencia ordinaria, jueces, aplicación de la ley, contratos bancarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

Las normas legales de la Emergencia, incluidas las reglamentaciones dictadas por el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Banco Central, en lo que se relaciona con el denominado "corralito", puede n considerarse que integran el derecho federal, pero además al modificar normas de derecho sustancial, introduciéndose en cuestiones regladas por los Códigos Civil y de Comercio, constituyen derecho común cuya aplicación se encuentra reservada a los jueces ordinarios o provinciales según la normativa constitucional aplicable (arts. 5 , 75 inc.12, 121 C.N.).

Es por esa circunstancia que la Sala I declaró la incompetencia en los recursos de amparo, evaluando que si bien se aludía al contrato celebrado con el banco (derecho común), la acción tendía a impugnar el acto lesivo, definiendo que ".. La cuestión debatida es la política nacional monetaria y cambiaria establecida en leyes especiales y no el contrato que une a las partes." (Del Voto del Dr. Cordini).
Acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monroy de Schiano, Angélica c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

Si bien la omisión de impugnar judicialmente una resolución definitiva en el plazo previsto en el art. 13 del Código de lo Contencioso Administrativo impide al particular volver a impugnar dicho acto, pues el plazo breve y fatal fijado por esa norma está justificado por la esencia ejecutoria de los actos administrativos, el interés público que ampara y el carácter de la actividad administrativa, circunstancias todas ellas que prevalecen sobre los derechos subjetivos administrativos, cuya posibilidad de subsistencia depende de la declaración de ilegitimidad del acto que cercena, las razones que justifican el modo especial de extinción de la acción contencioso administrativa deben evaluarse con prudencia en materia previsional, donde los derechos subjetivos de naturaleza administrativa no nacen de la relación jurídica previamente entablada por la Administración sino de la ley -lo que acuerda a la resolución que los concede un efecto meramente declarativo y no constitutivo de los beneficios- y además, ésta los consagra expresamente como imprescriptibles (art. 56 dec. ley 9650).
Sobreseimiento, nulidad del acto jurídico, prueba pendiente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GARCIA VIÑAS, MARCELO Y OTRO s/ INFRACCION LEY 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Habiendo el a quo admitido la procedencia de una diligencia probatoria solicitada por el Sr. Procurador Fiscal, no debe decretar el sobreseimiento en la causa sin volver a oirlo, ya que así se lo impone expresamente el art. 441 del rito. En esas condiciones, el citado pronunciamiento carece de validez procesal, al haberse violado una norma esencial de procedimiento.
Indignidad, exclusión hereditaria, investidura de la calidad de heredero
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández Arreche, Hugo Enrique/ Barreda Ricardo Alberto s/ Exclusión de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-27

Si bien la indignidad debe ser invocada por las partes y probada en juicio, quien ha incurrido en una causal de exclusión de herencia carece de título válido para adquirir los bienes de la herencia; por eso en caso de ejercer la posesión ordinaria sobre los mismos, se lo considera poseedor de mala fe, y cuando se produzca la declaración judicial, pierde su condición de sucesor aparente y tendrá que devolver lo recibido.
Mobbing, prueba, declaración testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS ESTEFANIA NOEMI c/ INC. S.A. s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

Si bien pareciera que no es lo mismo mobbing -en cuanto conducta violenta en el ámbito laboral-, que trato discriminatorio en los términos del art. 1 de la ley 23.592, a poco que se ahonde en el análisis de las situaciones de mobbing, como la que se ha tenido por acreditada en autos, en el fondo importan un trato discriminatorio, ya que el mal trato laboral tiene como objetivo una víctima a quién se le dispensa un tratamiento diferente por razón de su condición social, en tanto trabajador o trabajadora en relación de dependencia. Y más allá de esta discriminación fundante del mal trato laboral, existe otra causa de discriminación y es el no estar de acuerdo con el delegado gremial, conforme surge de la declaración testimonial referida en la sentencia de grado, por lo cual aquél trato discriminatorio también se da por la opinión gremial. (del voto de la Dra. Clerici, en adhesión).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Caja de Ahorro c/ Ricardo Aucar s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-03-25

Para que un título traiga aparejada ejecución debe ser suficiente y bastarse a sí mismo, reuniendo obviamente todos los requisitos que posibiliten el ejercicio de la acción de estudio: la indicación de los sujetos activos y pasivos de la obligación; una deuda líquida o fácilmente liquidable y la obligación, o sea que se trate de una deuda de plazo vencido y no sujeto a condición, que se denominan elementos o requisitos extrínsecos del título, el que en todo momento debe bastarse a sí mismo, es decir que permita comprobar la exactitud del crédito. No bastando que en el contrato se haya pactado la vía ejecutiva para determinar por sí solo la existencia de un título ejecutivo válido, sino que debe emerger del título mismo.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Barrientos, Andrés Elpidio y Otros c/ Correo Argentino S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-09-26

La parte actora interpone recurso de casación por arbitrariedad en contra de la sentencia dictada por la cámara de apelaciones que desestimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la misma parte, confirmando el decisorio del juez de grado en cuanto rechaza la acción por beneficios laborales y revoca el mismo respecto a las costas estableciéndolas en el orden causado tanto en primera como en segunda instancia.

Corresponde señalar la ausencia de cumplimiento con la Acordada 4070/08 dictada por este tribunal en la que expresamente dispone los recaudos formales que debe tener la presentación del recurso para su viabilidad.

En ese orden se observa que el quejoso no dio cumplimiento con el art. 3 inc. c) por cuanto el capítulo referido al relato de las circunstancias relevantes de la causa excede las 5 páginas establecidas como límite; inc. e) no ha refutado los fundamentos que dieron sustento a la decisión recurrida; inc. f) no ha demostrado que el pronunciamiento le ocasione un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación.

Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso deducido.
Recurso de apelación (procesal), imputado, fundamentación del recurso, situación del imputado, derechos y garantías constitucionales, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: BARRAGAN, Verónica Belén c/ DR. CARMELO PAZ EN CAUSA Nº 72607/12 s.c. CABRAL, Rodrigo Hernán, ORMACHEA, Miguel Ángel y CABRAL, Damián Darío s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-06-12

Al decidir un pedido de eximición de detención se lo debe hacer bajo los parámetros establecidos en el art. 305 del Código de forma, de modo tal que calificando provisoriamente los hechos, se evalúe la improcedencia de una eventual condena de ejecución condicional, es decir, cuando de acuerdo al art. 26 del C.P., si la escala resulta superior a tres años, por lógica la solución del caso será denegatoria, mientras que a contrario sensu, si sus antecedentes les son favorables y se le imputa un delito cuya escala es inferior a tal tiempo, debe conceder el beneficio salvo que con explicaciones claras y fundadas, estime que con su soltura producirá daño jurídico.
Falsificación de instrumento público, supresión del estado civil, sustracción de menores, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

Existe concurso ideal por unidad de hecho entre un delito instantáneo y otro de carácter permanente entre los delitos de de falsificación de documento público y alteración del estado civil de un menor de diez años y los delitos de retención y ocultamiento, pues el decurso de la conducta del apropiador del menor involucró la alteración del estado civil de la víctima como medio idóneo para perpetuar y mantener la situación antijurídica del delito permanente de retención y ocultamiento.
Recusación, interpretación restrictiva, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: S.G.J. c/ A.L.A. s/ Medida cautelar proteccion de persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-16

En razón del respeto que se debe a la investidura de los magistrados, las causales de recusación están sujetas a una interpretación de carácter restrictiva, debiendo ponderarse con mayor cautela para que los juicios concluyan ante sus jueces naturales, haciendo efectiva la garantía constitucional y para que no se recargue injustamente la tarea de sus colegas, sino solamente en casos de absoluta justificación legal. Mayor prudencia exige aun cuando el apartamiento que se pretende es referido al único juez en la jurisdicción con la especialidad en los conflictos de familia, que hoy reviste calidad de principio y garantía que resguarda el art. 706 del CCyC para todas las partes y en especial para el niño aquí involucrado.
Vicios redhibitorios, vicio oculto
Materia: CIVIL
Carátula: RICARDO MARIO BOBBA c/ OSCAR BARBIERI SOCIEDAD ANONIMA s/ NULIDAD DE CONTRATO POR VICIO REDHIBITORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-09-10

La exigencia de que el defecto sea oculto se expresa reiteradamente en nuestro código civil (artículos 2164, 2173, 2176).

Y es dable afirmar que no es oculto un defecto que se constacta con sólo oprimir una tecla para verificar si la cassetera funcionaba. La experiencia normal del hombre común que adquiere este tipo de aparatos, indica que al examinarlo constataría con el simple hecho de realizar la mencionada operación.
Demanda, contestación de la demanda, notificación, incidente de nulidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Banade c/ Moreira, Mario José y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-14

Como consecuencia de la irregularidad invocada se habría privado a la demandada, en forma absoluta, de su derecho de contestar la demanda. Y en ello, nada menos, consiste precisamente el perjuicio sufrido y que otorga fundamento a la nulidad solicitada, sin que quepa exigir la alegación de las defensas que no habría podido oponer pues queda en evidencia que si en los casos como el presente se extrema la exigencia relativa a la demostración del interés jurídico (y no se admite que éste resulta manifiesto), se podría llegar a privar a la parte afectada de su elemental derecho de intervenir en el proceso, prescindiendo del principio de contradicción (confr. esta Sala, causas 5180 del 15/4/88 y 1270 del 25/10/91, entre otras).
Admisibilidad formal, concesión errónea del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Blanco, Nira Niva c/ Catan, José Luis; Clínica Psiquiatrica Del Litoral y Sanatorio Palacio S.R.L. s/ Daños y Perjuicios y Agravio Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-15

Toda vez que no se satisface los recaudos prescriptos por el anexo de la Resolución Nº 1197/07del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y los extremos que hacen a la admisibilidad formal de los recursos extraordinarios que se interponen, y de conformidad a los arts. 10 y 11 de la ley 6.997 de la Provincia del Chaco, deviene declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte co demandada.
Trabajadores portuarios, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, FORTUNATO c/ ELMA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-14

Lo que determina la estabilidad es la espectativa de permanencia, aunque las tareas realizadas, por la naturaleza de la actividad, sean discontínuas.
Medidas cautelares, interrupción de la caducidad, acción de amparo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: G.R.E. c/ Obra Social de la Union Personal Civil de la Nación s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

Los trámites de las medidas cautelares no interrumpen el plazo de caducidad, habida cuenta de que no tienden a hacer progresar el proceso hacia la sentencia (conf. esta sala, causas 268/99 del 3.8.00, 8.002/2003 del 28.12.04 y 6.483/07 del 19.6.08, en el mismo sentido, ver Falcón, E. "Los actos interruptivos de la caducidad de la instancia y el comienzo del plazo" LL 1990-B-199; Fassi Yáñez, Código Procesal comentado, T.

2, pág. 667, Fenocchietto-Arazi, "Código Procesal comentado" T. 2, pág. 30;

Maurino, L., "Perención de la instancia en el proceso civil", ed. Astrea 1991, págs. 156/158; Palacio, L. "Derecho Procesal Civil, T. IV, pág. 244; Loutayf Ranea-Ovejero López, "Caducidad de la instancia", Ed. Astrea, 1991, ágs.

208/211). Esta solución se ha propiciado aún en los casos en que las medidas precautorias se encuentren estrechamente vinculadas con el juicio principal (CNCiv., Sala C, del 18.3.69, Ed. 32-42; CNCom., Sala C, del 24.5.67, ED 19-611), desde que por tal circunstancia no dejan de ser una cuestión incidental que sólo tiende a otorgar seguridad a las pretensiones de una de las partes sin afectar el trámite específico de la causa (CNCiv., Sala F del 18.7.78, LL 1978-D-513; CNCom., Sala B, del 15.4.82, LL 1982-C-458).
Cosa juzgada, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Budnik Julio Alberto y otros c/ Iggam S.A. s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-31

De los considerandos de la resolución homologatoria del organismo administrativo se desprende que los actores afirman que la fuerza mayor o la falta o disminución de trabajo que determinó los despidos, no es imputable a la empresa. Igualmente se establece la suma que se conviene y que, abonada la misma, nada más se tendrá que reclamar con motivo de la extinta relación laboral.

Es de toda evidencia que quedó cerrada por esta vía el reclamo que se formula; en todo caso la parte afectada debió atacar aquel acto administrativo por la vía de redargusión de falsedad.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Kastrup  Phillips,  Marta Nélida c/ Buenos Aires,  Provincia de yotros s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.
Caducidad, interrupción de la caducidad, actos y diligencias procesales, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MUSSIN HNOS. S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. 252 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

Debe rechazarse el planteo de caducidad formulado desde que, como lo sostiene afincada doctrina y jurisprudencia, "son actosinterruptivos tanto los que innovan haciendo progresar como los que tienden a regularizar el procedimiento", y, con tal inteligencia, no puede sino concluirse en que el lapso de inactividad alegada no resulta tal toda vez que tanto el decreto que tuvo por devueltos los autos como el que hizo saber ese evento a la actora y su notificación, produjeron como efecto primordial la mencionada normalización de la causa, gozando esos actos, en definitiva, con suficiente idoneidad interruptiva de la perención.
Honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.T.A. LIBERTAD S.A c/ BANCO RIO DE LA PLATA s/ ACCION DE AMPARO. APELACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-31

Al encontrarse firme y consentido el fallo resolutorio del amparo y haber quedado la pretensión de la parte definitivamente juzgada y agotado el pronunciamiento en la sede provincial, corresponde mantener la jurisdicción local a los efectos de resolver el presente planteo de apelación de honorarios, el que por su carácter accesorio debe correr la misma suerte que la causa principal.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Policía Provincial, fuerzas de seguridad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Risso, Claudio Jesús y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Quien contrae la obligación de prestar el servicio de policía de seguridad, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, nulidad de sentencia, rechazo de la demanda, sentencia de trance y remate, causa del título, causa de las obligaciones, pago sin causa, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO c/ AZAR, JUAN s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

Mas allá del nombre que le haya dado el primer endosante ejecutado a su reclamo, lo que pretende es que se declare la nulidad del pago coercitivo efectuado en el juicio ejecutivo. Sin dudar del carácter autónomo de los derechos cartulares, no resulta admisible que todas las obligaciones cartulares sean válidas, y considerando que en nuestro derecho positivo no existen obligaciones sin causa lo que aquí se pretende demostrar es que no existía causa de la obligación ejecutada en aquéllas actuaciones y como la falta de causa de la obligación no puede deducirse en el juicio ejecutivo, ello podría encuadrarse dentro de las previsiones del CPr: 553.

Incoado el juicio de conocimiento, no habiendo el ejecutante alegado la autoría de la firma del primer endosante ni la existencia de causa lícita que lo obligara al cumplimiento de las obligaciones cartulares y surgiendo de la causa penal que había recibido los cheques de manos del segundo endosante habría actuado dentro de lo establecido por el DL 4776/63: 32, vigente a la época de la transmisión, lo que aleja la posibilidad de que haya actuado de mala fe, reforzado por su sobreseimiento en sede penal, no puede prosperar la nulidad de la sentencia ejecutiva, ni la restitución del inmueble ya subastado en el juicio ejecutivo y no se alegó mala fe en el adquirente en la subasta pública cuya aprobación se encuentra firme, correspondiendo la repetición de las sumas pagadas con los fondos provenientes de la subasta del bien con más los intereses que cobre el Banco de la Nación Argentina desde la percepción de las sumas por el ejecutante. (Disidencia del Dr.

Guerrero).
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, Municipalidad, intendente, facultades del intendente, concejo deliberante, intervención del municipio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

No puede prosperar la postulación de la empresa actora, que solicita se declare la nulidad de los actos impugnados por que -entiende- el Intendente municipal carece de competencia para rescindir por sí solo los contratos celebrados, por lo que, el dictado de tal medida, en las circunstancias del caso, exigía la intervención del Concejo Municipal. Ello así, por cuanto la empresa actora celebró los contratos sobre los que versa la litis con la Municipalidad, representada en los respectivos actos por el Intendente Municipal; y si bien es cierto que ello estuvo precedido por una autorización del Concejo municipal dirigida al Departamento Ejecutivo para que éste "ejecute" las obras, también lo es que ello no basta para extraer las consecuencias que postula la actora en su demanda. En efecto, de conformidad con el análisis de los considerandos de las ordenanzas respectivas, la autorización que el Concejo otorgó al Departamento Ejecutivo -orientada, evidentemente, a satisfacer exigencias propias de la legalidad tributaria, ya que las obras se financiarían mediante el sistema de contribución de mejoras- no autoriza a sostener, que al Concejo le correspondiera intervención alguna ni en la celebración ni en la ejecución de los contratos respectivos.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL
Carátula: V., G. A. c/ P. C. S.R.L. y Otras s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-14

la falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo.