marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Requisa personal, personal policial, estado de sospecha, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vega Figueroa, Carlos E. y otra s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-30

Si a los jueces para autorizar la requisa de una persona se les requiere que fundamenten los "motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito", al personal policial no puede exigírsele menos. La norma (art. 230 bis del C.P.P.N.) es muy clara al precisar los dos supuestos que en forma concurrente deben darse: la presencia de "circunstancias previas o concomitantes" y que se practique "en la vía pública o en lugares de acceso público". Por lo tanto, habrá que verificar en cada caso si los estándares referidos por el ordenamiento legal se han cumplido. Estos estándares constituyen verdaderas garantías secundarias, frente a las garantías primarias (arts. 14, 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.) y permiten reaccionar frente al ejercicio arbitrario del poder estatal. Cuando el agente de prevención se encuentre ante el supuesto de procedencia previsto por la ley (art. 230 bis del C.P.P.N.), es necesario que pueda describir y fundamentar cuáles fueron las conductas o actos que le generaron sospechas de encontrarse ante un cuadro predelictual. Toda vez que, la autoridad habilitada para disponer la requisa o detención, es el juez y sólo en casos de urgencia y excepcionales se permite delegar la decisión. De tal modo, la prevención tiene que encontrarse en condiciones de justificar la legitimidad de lo actuado ante el órgano jurisdiccional. (Dra. Ledesma, según su voto).
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Sookoian, Simón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30|1993-03-30

Cuando se trata de la incorporación de personas a la Administración Pública mediante contrataciones ad hoc, debe reducirse a lo indispensable tales designaciones, limitando las mismas a los casos de técnicos o especialistas cuya colaboración sea efectivamente necesaria para el cumplimiento de las funciones.
Daño moral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ponce, Juan Carlos c/ Municipalidad de La Matanza s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

En el marco de la responsabilidad extracontractual, el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando debe tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.
Estado Provincial, Poder Judicial Provincial, Constitución Nacional, jurisdicción y competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HUGO ERNESTO BURRY c/ BANCO COMERCIAL DEL NORTE  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16

La introducción de una cuestión federal (art. 67, inc. 27 de la Constitución Nacional) no basta para privar a los tribunales provinciales de la jurisdicción que le compete para conocer y decidir las causas.
Recurso extraordinario federal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Soto, Elsa. c/ Atlas S.A. s/ Ordinario s/Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-21

"Lo resuelto al declararse de oficio -previa realización de una medida para mejor proveer- la inexistencia de un acto procesal, por carecer de firma auténtica, como también lo atinente al principio procesal de preclusión, son cuestiones de hecho y derecho procesal, propias de los jueces de la causa, y ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria, máxime si la sentencia que las resuelve cuenta con fundamentos de aquél carácter, que bastan para sustentarla como acto jurisdiccional, y obstan al progreso de la tacha de arbitrariedad".

(En disidencia: Dr. Leiva).
Recurso de inconstitucionalidad, acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B, J. G. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Usurpación  (Expte. CSJ Nº 502-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-25

Al resolver el recurso de inconstitucionalidad el Tribunal debe atenerse a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a su interposición. De allí que la decisión sobre la prescripción no sólo es previa al juzgamiento sobre el fondo del asunto, sino también a la resolución de la impugnación extraordinaria.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Allevatto Norma Noemí c/ Vázquez Hnor. y Bartolini S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-04

Sobre el dueño del buque, pesa la presunción legal derivada de riesgo de la cosa, de modo que a él le incumbe la prueba de la inevitabilidad del accidente, es decir, que el obrar de la víctima actuó como causa eficiente del siniestro.
Cheque, endoso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Singer, Jaime Jorge c/ Cupri, Jorge s/ Ejecución Rodriguez Mendez, Vicente c/ Szruga de O., S. s/ Ejecución Lamas, Miriam C. c/ Cattaneo, María s/ Ejecución Romani, Horacio c/ Calderón, Carlos y otra s/ Ejecución Guscelmer S.A. c/ Fernández, Eduardo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26|1991-07-18|1995-06-13|1993-12-14|1994-06-28

El hecho de que el artº 13 del decreto ley 4776/63 reformado por la ley 23549 establezca que el cheque librado a favor de una persona determinada no es susceptible de ser transmitido mediante endoso, no implica que sea intransferible, ya que su negociación puede válidamente realizarse mediante la forma y con los efectos de una cesión ordinaria. El endoso inserto en el cheque debe considerarse como el instrumento de la cesión, produciéndose en favor del portador la transmisión de todos sus derechos y acciones, entre ellas la fuerza ejecutiva del título que comprueba el crédito (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ PROPIETARIOS SUAREZ 479 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Por vía de la defensa de inhabilidad de título sólo es dable la discusión sobre las formas extrínsecas de aquel que sirve de base a la ejecución y si el mismo reúne los requisitos indispensables que permitan la utilización de la vía ejecutiva. El art. 44 de la ley 20 324 dispone que las cuentas que emita la empresa O.S.N. por tasas, contribuciones, recargos, intereses, multas y todo otro concepto vinculado con los servicios que preste, tendrán fuerza ejecutiva y su cobro judicial se efectuará mediante el procedimiento de ejecución fiscal legislado por los arts. 604 y 605 del Código Procesal. Expresa además, que servirá de título suficiente el certificado que expida, suscripto por los funcionarios que determine la reglamentación interna, que deberá contener la designación del inmueble a que se refiere la deuda o el responsable del mismo, el importe y el concepto que se reclama. Si se cumple con los requisitos antes apuntados y conforme lo establece el art. 604 del código ritual, la excepción de inhabilidad de título, debe desestimarse.
Jubilación ordinaria, aportes previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEBAN, AGUSTIN c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-17

La ley de jubilaciones 2092 no ha constituido una ley de excepción -salvo el caso del art. 92- donde claramente se liberara al eventual beneficiario de la acreditación de servicios. No es que existan normas que privilegian determinadas funciones en algunos casos o situaciones en otras. A ellas las encontramos tanto en el orden Nacional como en provincial y sus razones tendrán los poderes que coincidieron en la formación de tal ley, siendo ajeno al Poder Judicial juzgar su equidad, justicia o acierto. Pero cuando el propósito es el de establecer un régimen que escape a los principios básicos del derecho previsional, ha de exigirse que ello sea dicho con claridad, sin que pueda desprenderse del texto una interpretación ajena a la intención. Esta particularidad no se desprende ni del contenido del titulo ni de la nominación de este, ya que la calificación de especial que en ella se inserta se relaciona con la función desempeñada y no con una pretendida excepción a los principios del régimen previsional. Es cierto que el art. 90 solo menciona aportes, pero justamente dentro del sistema dicho termino va naturalmente unido al concepto de necesidad del servicio y a su remuneración, ya que "aporte" es el pago que el afiliado efectúa en forma contemporánea con la percepción del beneficio sobre el cual se liquida.
Derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución, reglamentación de la ley, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento del Chaco c/ Estado Nacional (ANSSAL) s/ Acción de amparo y medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-01

La Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional) y la constitucionalidad de dicha reglamentación está condicionada, por una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados sean respetados en su sustancia y, por la otra, a la adecuación de las restricciones a las necesidades y fines públicos que las justifican, de manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los que fines que se procuran alcanzar con ellas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Crédito laboral, depreciación monetaria, actualización monetaria, cosa juzgada, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Resulta procedente el recurso interpuesto, al no mediar efectivamente, cosa juzgada en la resolución del juez a quo desestimatoria de la solicitud de actualización de los créditos laborales hasta el momento del efectivo pago, por considerar que la misma procedía hasta la fecha de la sentencia declarativa de la falencia del deudor, sin que ello importe adherir a la conceptuación que sobre su naturaleza jurídica se efectúa en el voto del Ministro preopinante; y por entender asimismo, que el auto en cuestión es violatorio del derecho de propiedad.

De la ampliación de fundamentos de los Dres. Iribarren y Alvarez.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Bermúdez, Héctor Luis s/ Robo - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna las declaraciones testimoniales contestes de las víctimas pero no demuestra el interés, afecto u odio que afectaría la habilidad de las mismas.
Imputado, audiencia de conocimiento personal, oportunidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: FLAMINI, CESAR ADRIAN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-28

Respecto de la postulación vinculada a la oportunidad en que se realizó la audiencia de visu en primera instancia, cabe señalar que el artículo 41 del Código Penal no especifica un momento puntual en que se deba realizar la misma, además de no advertirse gravamen, ni cuestión constitucional en ello como para operar la apertura de esta instancia recursiva; y en referencia a la falta de realización de dicha audiencia en la Alzada, la materia recursiva es sustancialmente idéntica a la que fuera objeto de decisión por esta Corte in re "Sayorato".
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, actuaciones administrativas, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Echeverri, Rómulo Abel c/ Gobierno de la Provincia de Formosa s/ Accidente de Trabajo Formosa s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-24

La determinación de la incapacidad en sede administrativa, no hace cosa juzgada irreversible para la demandada, por ende dicho dictamen no obliga al juzgador cuando existen periciales médicas en sede judicial que lo invalidan o no concuerdan con su contenido. Al hablar de la prueba de la incapacidad, el trámite administrativo no es vinculante para el Juez que no ha tomado intervención en dichas actuaciones, como ocurre en sede jurisdiccional.
Impuesto a la carne para faenar, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: LA CATEDRAL  S.A. c/ JUNTA NACIONAL DE CARNES s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

La descripción del hecho imponible del gravamen creado en el art.

16, inc. a, de la ley 21.740, según reforma de la ley 23.065, no se agota en el texto de la norma pues en ella sólo se menciona el acto gravado y la naturaleza del bien negociado: primera venta para el consumo interno y carne, respectivamente. Es en el art. 17, modificado por la ley 22.845 en el que se regula el hecho imponible.
Procedimiento administrativo, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ MARIO E. Y JORGE FARES RUIZ Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-31

El proceso contencioso administrativo tiene carácter dispositivo lo cual implica que el estímulo de la función judicial, así como la delimitación del ámbito de debate queda confiado a la actividad de las partes; es en virtud de dicho principio que la caducidad implica una sanción a la inoperancia del actor por la necesidad de evitar la incertidumbre acerca de la validez jurídica de una decisión administrativa.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

De la atribución del Congreso y del carácter relativo de los derechos que la Constitución Nacional reconoce, no puede derivarse una ilimitada e incontrolable potestad reglamentaria del órgano legislativo (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt).
Concursos, HONORARIOS, síndico del concurso, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: CURIA OMAR S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Corresponde desestimar el pedido del síndico tendiente a que le sean regulados honorarios por las tareas efectuadas en el incidente de venta de cierto inmueble de la fallida. Ello así, pues al procederse a regular honorarios por el primer proyecto de distribución el Tribunal de Alzada consideró desacertado computar en la base regulatoria el inmueble no realizado hasta esa fecha, por aplicación de la LCQ 267, ya que tomó como base regulatoria el activo realizado y utilizó los parámetros fijados en el artículo mencionado.
Competencia, incidentes, competencia criminal, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: ASTUDILLO, CARLOS H. s/ Contrabando Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Toda vez que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, si la causa principal del incidente, por el cual se ha concedido la excarcelación y que resultara apelado en cuanto al tipo de caución, ha quedado radicada ante la justicia en lo criminal y correccional, deben remitirse los actuados a dicho fuero dado que la incompetencia decretada no ha sido controvertida.
Transacción, homologación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: CENTENO MARTA ISABEL c/ AGUILERA OSCAR JORGE Y/U OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-02

Sin perjuicio de que la transacción, como negocio jurídico material surta sus efectos propios desde el momento de la presentación del escrito o de la suscripción del acta ante el Juez (art.838 C.C.), ella se integra, en el orden procesal de la Provincia (art.301 C.P.C.C.), mediante la homologación judicial, cuya finalidad es la de permitir el examen de la capacidad y personería de las partes, como así también la transigibilidad de los derechos en litigio. Máxime si, en ausencia de tal resolución el proceso no se extingue, y tampoco cabe la posibilidad de obtener el cumplimiento de la transacción por vía de ejecución de sentencia (art.492 C.P.C.C.).
Accidente de tránsito, homicidio culposo, lesiones culposas, responsabilidad penal, culpa penal, imprudencia, negligencia
Materia: PENAL
Carátula: LUQUE, Leonilde J. s/ HOMICIDIO CULPOSO LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-07

1) No obstante que los frenos se hallaban en deficientes condiciones, ello no fue la razón determinante del siniestro, ya que aún contando con frenos en óptimas condiciones y con una maniobra de frenado oportuna, el impacto hubiera sido igualmente inevitable, debido a la súbita aparición del menor en la calzada.

2) Es que la tipicidad culposa no se satisface sólo con la comprobación de una conducta descuidada y de un resultado unido a ella causalmente, sino que es preciso acreditar también una particular relación adicional entre ambos extremos.

La imprudencia o negligencia supuestas deben cumplir un rol determinante de las consecuencias concretas, de tal modo que si "la conducta, emprendida correctamente, igualmente hubiese ocasionado el resultado, este efecto no revestirá las características propias de lo injusto, siendo esto lo denominado "conexión de antijuridicidad".

3) La carencia de registro profesional (tenía uno particular) tampoco puede demostrar la responsabilidad del procesado, pues en primer lugar la categoría de la habilitación para conducir no tuvo influencia alguna en el siniestro y especialmente porque no se trata de establecer si el prevenido ha cometido un injusto administrativo.

El ámbito propio de la culpa penal es independiente del de la simple infracción reglamentaria.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales, derecho de réplica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Existe cuestión federal que habilita la instancia extraordinario si el recurrente promovió demanda para que se condenara al demandado a leer en el programa televisivo que conduce un carta documento que le remitiera, contestando a quien, en el mismo, expresó frases agraviantes en relación a Jesucristo y a la Virgen María. Esto debido a que el actor fundó su demanda en el derecho de réplica, rectificación o respuesta que, según su criterio, le conceden los arts. 31 y 33 de la Constitución Nacional y el art. 14.1 del Pacto de San José de Costa Rica aprobado por Ley 23.054 y la decisión impugnada resulta contraria al derecho que el recurrente pretende sustentar en dichas normas.
Recurso de casación penal, libertad condicional, pena agotada, cuestión abstracta, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Saban, Victoria Liliana s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Corresponde declarar abstracto el agravio traido a estudio por el Sr. Fiscal General en el recurso de casación que interpuso contra la sentencia que concedió la libertad condicional de la imputada, pues -tal como se desprende del cómputo efectuado en el expediente del Juzgado de Ejecución- la pena impuesta se encontraba vencida al momento de resolver el dictado del presente fallo. Las sentencias deben señirse a las circunstancias existentes cuando ellas se dictaron, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso deducido. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Relación de consumo, siniestro, daños y perjuicios, seguros
Materia: CIVIL
Carátula: Mateo Patricia Elisabet  c/ Hirache Ninacondor Abaad Y Otros s/ Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Si bien el art. 1° de la ley 24.240 incluye dentro de la definición de consumidor "a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo" por lo que cabe incluir a la víctima de un siniestro vial en ese supuesto, el reclamo contra la aseguradora debe estar ligado a la medida del contrato de seguro, de conformidad con lo previsto por el art. 118 de la ley 17.418. Ello toda vez que este convenio no constituye una estipulación en favor de terceros (art. 504 C.C.) porque es celebrado en interés del asegurado (SCBA L 70.757 S 25-10-00). El tercero debe aceptar todos los términos del contrato de seguro. Aún aquellos que eliminan o restrinjan la garantía de indemnidad (SCBA Ac. 33.329 sent. del 5/11/85).
Relaciones de familia, ley de orden público
Materia: CIVIL
Carátula: P., M.G. c/ G., V.M. s/ Ordinario (Divorcio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-29

"Dentro del derecho de familia, una norma es de orden público cuando su fundamento trasciende el mero interés individual, de tal modo que su vigencia y aplicabilidad no caen bajo las facultades dispositivas de los particulares".
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Inmobiliaria Integral S.A. c/ Palomo, Roberto y otro s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

El interés punitorio y la cláusula penal moratoria son asimilables por su naturaleza y efectos (arg.arts. 652, 1197 C.C.), siendo expresamente consagrada en el Código Civil (art. 652, 2da. parte T.O. Ley 17711) la facultad de reducción de la cláusula penal excesiva por parte de los jueces en función de la buena fe contractual y en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (arts. 1071, 1198 y concs. Cód. Civil).