marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Calificación legal, juicio previo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: NEYRA VÁSQUEZ, Fernando Alfredo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

El deber de fundamentar las sentencias penales, tanto en lo concerniente a la existencia de los hechos, su calificación legal y la sanción a imponer, constituye una derivación razonada de la manda de juicio previo establecido en el artículo 18 de la C.N. De ahí a que el derecho a obtener un pronunciamiento motivado que ponga fin al proceso, en tanto aseguro de los justiciables, no se resiente por la forma concreta que adopten las leyes rituales, en particular el acuerdo de abreviación del procedimiento establecido en el art. 431 bis, CPPN. Por ende, el derecho al recurso de aquel que haya visto lesionada su expectativa, constitucionalmente garantizada, a obtener un fallo fundado se encuentra asegurado y no puede ponerse en duda, no ya por la consecuencia jurídica de la decisión, sino antes bien por la decepción que genera tal omisión, y que afecta la validez del acto jurisdiccional (voto del juez Días)
Excusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Credil SRL c-Cárdenas, Diana s-Ejecutivo s/ Incidente de Oposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-15

La excusación, como la recusación con causa, son de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos para casos extraordinarios, pues su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los magistrados, con afectación del principio constitucional de juez natural.
Jubilación por invalidez, incapacidad total, presunción legal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ojeda Adrian Marcelo c/ A.N.Se.S. s/ Retiro por invalidez (Art. 49 p. 4, Ley 24.241)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

Corresponde hacer lugar al reclamo y otorgar la prestación pues, si bien el actor no acredita el 66% o más de incapacidad, lo que permitiría calificarla sin más como "total" en los términos del art. 48 inc. a) de la ley 24.241, nada impide atribuirle ese carácter cuando igualmente inhabilita al trabajador, -en el caso a los 50 años de edad-, para el desempeño de la tarea que normal y habitualmente venía cumpliendo como técnico en carpintería.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Español del Río de La Plata Limitado c/ Defferrari, Carlos M. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja Iturbe, Oscar Isaac c/ Andrade, Juan Jorge s/ Consignación de alquileres Brun, Ana M. c/ Expreso City Bell S.R.L. s/ Ds. y ps. Rec. de queja Banco Local Coop. Ltdo. c/ Jaime, O. s/ Ejecutivo. Recurso de queja Gutiérrez, Hugo R. c/ Camacho, Raúl C. s/ Cobro de pesos. Recurso de queja Herrero, Adrián c/ Gallardo, Mirta y ot. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29|1992-10-13|1994-04-26|1995-04-11|1993-05-13|1997-02-25

Las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulnera derechos y garantías constitucionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revisión judicial de actos administrativos, acto administrativo de alcance particular, plazos procesales, notificación, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rizzo, Gabriel Leonardo c/ Estado Nacional - Universidad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Tratándose de un acto de alcance particular el plazo previsto en el artículo 25 de la ley 19.549 sólo correría desde su notificación al interesado, lo que implica la existencia de una denegatoria, de modo que ante el silencio de la administración tal plazo no ha empezado a correr.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, proceso penal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CARLOS SAUL MENEM s/ JUICIO  CRIMINAL  -  FALTA  DE  ACCION  - PODER EJECUTIVO - ESTADO DE  SITIO - PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD -  ABUSO DE AUTORIDAD - ACTOS  ADMINISTRATIVOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

No obsta a la procedencia del recurso extraordinario la circunstancia relativa a la defectuosa fundamentación, que coinciden en señalar el excepcionante y el Fiscal ante la alzada, si el recurrente ha expresado agravios bastantes para alcanzar la finalidad perseguida, toda vez que el escrito respectivo plantea de modo suficiente el problema y el agravio constitucional que la decisión le causa.
Vendedor ambulante, juicio de desalojo, vía pública, acción de amparo, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Oscar Martín y otros c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-08-22

Constituyen presupuestos sustanciales para la admisibilidad de esta vía excepcional la presencia inequívoca de un acto u omisión de autoridad publica o de particulares que lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos constitucionales reconocidos o implícitos, o provenientes de leyes y tratados u que ese acto pueda ser impugnado por ilegalidad o arbitrariedad por resultar manifiesta u ostensible. Ello se configura cuando los preceptos legales se omiten aplicar o se aplican mal, a lo que debe adicionarse la inexistencia i ineficacia de otros remedios judiciales o administrativos.

En el caso, el procedimiento de desalojo de vendedores ambulantes de la vía pública llevado a cabo por la autoridad municipal con apoyo de la policía provincial es un acto que encuentra sustento jurídico en los arts. 1 y 2 de la ordenanza municipal 2903/95; se trata, por tanto de un acto de gobierno, emanado del órgano comunal, decidido dentro de las facultades privativas y excluyentes del Municipio y ajustado a criterios de razonabilidad y de interés público. Toda consideración sobre la apreciación del mayor o menor perjuicio que la misma implique, como la oportunidad o conveniencia de su dictado, ingresa en el campo axiológico privativo del poder político municipal, que los jueces no pueden revisar, en principio, sin vulnerar el equilibrio de los poderes del estado. En ese orden resulta inadmisible la acción de amparo articulada al solicitarse la no ejecutoriedad coercitiva de una decisión emanada de una ordenanza sin cuestionar o impugnar la legalidad o arbitrariedad manifiesta de ésta o su inconstitucionalidad.
Proceso penal, acción civil, actor civil, legitimación activa, prueba
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: BELLA OMAR ANTONIO s/ PROCESO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-23

Se inobserva lo dispuesto por el art. 917 del C.Civil si el demandado civil en el proceso penal acepta expresamente la condición invocada por el actor civil y el sentenciante prescindiendo de esa expresión positiva de voluntad, exige la prueba del vínculo según los medios previstos por el C. Civil (T.S.J. Sentencia Nro. 5 del 15/3/85, causa: Montenegro, Guillermo p.s.a. homicidio culposo).

Ello así porque si el art. 918 del C. Civil establece que "la expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos, por los cuales se puede conocer con certidumbre de la existencia de la voluntad, en los casos que no se exija una expresión positiva o cuando no haya una propuesta o declaración expresa contraria".

Si al emitir conclusiones ni el defensor del demandado ni el apoderado del civilmente responsable controvirtieron el carácter alegado por los actores civiles -hijos y esposa del occiso- lo admitieron tácitamente.-
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández Bustamante, Eduardo Manuel c/ Huesca Pérez, Gustavo D. y O. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

El plazo para cumplir la carga que edicta el art. 120 del Código Procesal debe computarse a partir del "día siguiente" en que se notifica por nota la providencia dictada a raíz de la presentación incompleta.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE SAPEM c/ RICHIGER S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - EJECUCION  PRENDARIA -INCIDENTE DE APREMIO POR COBRO DE APORTES PROMOVIDO POR  CAJA FORENSE (EXPTE.: C.S.J. NRO. 72 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Es admisible la queja interpuesta por la entidad bancaria contra la resolución del a quo que rechazó las defensas de nulidad de la ejecución e inhabilidad de título opuestas en el juicio de apremio iniciado por la Caja Forense en representación del profesional dependiente del Banco, y que éste sustentó en el apartamiento del caso "Tecsa" dictado por la Corte provincial, en el que al analizar la expresión "obligado al pago" se señaló que "...la norma coloca en su contenido un mandato abstracto, partiendo de una hipótesis genérica de que hay un obligado al pago de honorarios, y cuando se trata de honorarios judiciales, este obligado es, conforme al sistema procesal, el condenado en costas...", situación, expresó el quejoso, que no es la correspondiente al caso de autos, en tanto el Banco no fue condenado en costas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, actuación por derecho propio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IBAÑEZ, ANDRES FABIO Y OTROS c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

Debe declararse procedente el recurso intentado y anular la sentencia impugnada pues, si bien la exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, y que no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial, en el caso, el Tribunal A quo se limitó a afirmar que el cónyuge a todas luces carecía de legitimatio ad causam para reclamar por derecho propio, sin dar razón ni fundamento normativo alguno para sustentar su postura. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pavón, Horacio Roberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la defensa no ha evidenciado que el fallo incurriera en absurdo art. 286, "a contrario", C.P.P.).
Acusación fiscal, sentencia condenatoria, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Eduardo Javier Casco; Ángel Aníbal Bogado y Gustavo Javier Portillo en la causa Casco, Eduardo Javier y otros c/  s/ vejaciones, allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegal de la libertad y vejaciones en concurso real
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-08

La decisión del Tribunal Superior de rechazar el recurso de casación entrañó un excesivo rigor formal pues, no obstante admitir que la juez de grado se había apartado del criterio remisorio de la fiscalía, se limitó a descartar dicho agravio con la argumentación de que el instituto se encuentra reservado para el ámbito de los recursos y no se había afectado el principio de congruencia; lo cual permite advertir que existió una respuesta insuficiente al cercenamiento que de esas garantías alegan las recurrentes, lo cual no configuraba entonces una mera disconformidad con la decisión del tribunal de mérito. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional, principio de progresividad, intereses compensatorios, enriquecimiento sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez Mario Sebastian c/ La Segunda ART S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-26

La Resolución 1039/2019, que reglamenta el Dec. 669/19, afecta el principio de progresividad y produce un efecto pernicioso sobre el accidentado, al afectar el derecho de propiedad, que impone su inconstitucionalidad. Respecto a la aplicación de intereses compensatorios (12% anual), por el tiempo transcurrido desde el evento dañoso hasta la finalización del proceso, el STJER indicó en el fallo citado, que correspondía porque el actor se vio privado de su crédito, lo contrario permitiría un enriquecimiento sin causa de la aseguradora; y agregó que sigue vigente la regla del art. 2 de la Ley 26.773, en cuanto dispone que la reparación se computa desde que acaeció el evento dañosos o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional, y que resulta aplicable el criterio respecto del cómputo de intereses, sentado en los autos "Ballay c/ IAPSER" (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ DE COSTAS, MARIA JOSEFINA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O CASINOS PROVINCIALES s/ ACCIDENTE DE TRABAJO, INDEMNIZACION POR MUERTE, LEY 24.028
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-04

No debe confundirse el problema de la vigencia o no de la presunción "iuris tantum" de responsabilidad que atañe a la órbita probatoria con el deslinde conceptual de la responsabilidad resarcible y que se inscribe dentro del ámbito decisional propiamente dicho del juez, ya que puede ocurrir que, en el supuesto de un accidente de trabajo se presuma la obligación de indemnizar, pero en base a la prueba rendida el Tribunal disponga disminuir el grado de responsabilidad imputable al empleador.
Simulación, causa simulandi
Materia: CIVIL
Carátula: Antico, Luis c/ Tejero, Juan Carlos y otros s/ Simulación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Aunque la causa simulandi no fuera un requisito indispensable para la viabilidad de la simulación, cuando ella se encuentra probada, arroja luz esclarecedora sobre todo el negocio y facilita de modo notable la interpretación de la conducta de las partes.
Extinción del contrato de trabajo, asociaciones sindicales, conciliación en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Rubén Darío c/ Conarpesa S.A. s/ Indemnización Especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-12

Si un representante gremial, que se supone conoce o puede conocer rápidamente las proyecciones de un acuerdo transaccional celebrado ante la autoridad administrativa, más aún que debe conocer tales consecuencias, no objeta ni impugna lo acordado, sólo puede presumirse con neta certidumbre que lo convenido fue libremente aceptado por su parte, desechando de esta forma voluntariamente el incursionar en la normativa de la LAS.
Acción meramente declarativa, solve et repete
Materia: CIVIL
Carátula: KING  S.R.L. c/ M.C.B.A. s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Si la accionante mediante una acción meramente declarativa pretende otorgarle una interpretación distinta a la brindada por la Municipalidad demandada a una norma legal impositiva dictada por esta última, no existe estado de incertidumbre sino precisamente lo contrario: certeza absoluta en cuanto a su encuadre de la posición fiscal, no obstante considerarla equivocada. Por consiguiente, el camino que debió haber seguido es el pago de la cuota correspondiente, para después reclamar la repetición de lo abonado y que consideraba incorrecto y no la acción meramente declarativa legislada en el art. 322 del Código Procesal. En el régimen tributario, rige principalmente el principio del "solve et repete", que encuadra su fundamento ya en la necesidad de que el Estado perciba las sumas que sea necesario para la prestación de los servicios públicos, ya en la presunción de legitimidad de los actos administrativos.

Así como no existe estado de incertidumbre en caso de disolverse la determinación del monto de la contribución del actor en las expensas comunes de un edificio, toda vez que ella se encuadra regulada expresamente en el Reglamento de Copropiedad, si el importe debido por el contribuyente surge claramente de los decretos municipales cuestionados, no existe incertidumbre alguna que subsanar, en tanto que si aquél lo conceptúa equivocado -y no aparece "prima facie" patente la ilegitimidad del crédito fiscal-, tenía otros medios legales para impugnarlos.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Barbera, Carmelo c/ Dirección de Hidráulicas s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Es causa "civil" aquella cuya decisión hace sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendida como el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional.
Derecho civil, prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO DE PEREZ JULIETA Y OTRA c/ SAN FRANCISCO ALDO ENRIQUE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

El art. 3983 del C. Civil, determina que el efecto de la suspensión es inutilizar para la prescripción, el tiempo por el cual ella ha durado. Pero dicha suspensión no compromete la actitud del tiempo transcurrido hasta que ella se produce. Esta suspensión puede provenir de acuerdo, o a petición de parte, configurarse de hecho, o por resolución judicial. La suspensión puede operar de hecho cuando resulte imposible de continuar el procedimiento en el plazo estipulado, o bien a través de resolución judicial impuesta como producto del requerimiento de parte, o del desarrollo del proceso.
Jubilaciones, pensiones, divorcio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almeida, Zelmira c/ Provincia de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

No habiendo acreditado la actora ser titular de reserva alimentaria, el divorcio tramitado conforme el procedimiento establecido por el art. 67 bis citado tiene -en plenitud- los efectos del declarado por culpa de ambos. Entre tales efectos se encuentra la imposibilidad de obtener el beneficio pretendido (sea en los términos de la ley 8587 o del decreto ley 9650). Ello es así atento que, aun cuando se trata de la pensión reclamada en el carácter de hija, la legislación sólo ampara a las hijas divorciadas por culpa exclusiva del marido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de accidentes de trabajo, demanda laboral, conciliación laboral, conciliación en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Cerda, Manuel Oscar c/ Frutícola Rubio S.A. s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-31

Al analizarse la incidencia de la Disposición Final tercera, en su canon 1 de la ley 24557 "...queda claro que existen dos vías por las cuales el régimen derogado (ley 24028) puede subsistir como aplicable a la especie: el ejercicio de la acción mediante la interposición de la demanda (como hipótesis autónoma que no requiere la notificación al empleador) o bien la toma de conocimiento por éste de la contingencia por cualquier medio". Esa conclusión se afirma si se atiende -en lo tocante al ejercicio de la acción a través de una demanda- a la incidencia que proyecta para casos como el sub examine la Disposición Adicional Tercera del art. 49, que entró en vigencia a partir de la promulgación de la ley. Dicha norma -al modificar parcialmente el art. 15 de la ley 24028- convirtió en obligatorio, y previo al inicio de cualquier acción judicial, el pasaje por ante la autoridad administrativa, que antes era facultativo para el trabajador. A su turno, el decreto 84/96 (del 26-01-96) estableció que el cumplimiento de esa obligación debía acreditarse ante la jurisdicción mediante un certificado donde constara la finalización del procedimiento de conciliación. (Del voto del Dr. Balladini).
Ejecución previsional, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: POSADAS, AMERICO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-03

Como consecuencia de lo dispuesto por los arts. 15 de la ley 24.463 y 1, 3 y 7 de la ley 24.655, los trámites de ejecución previsional quedan comprendidos dentro de la competencia de la justicia federal de primera instancia de la seguridad social. En concordancia con ello, la C.S.J.N.

estableció en el pto. 1, apart. a) de su Acordada nº 75/96, que las causas actualmente en trámite ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal que hayan sido promovidas en virtud del art. 15 de la ley 24.463, donde no se hubiere dictado sentencia o que no se encontraren finalizadas por alguno de los otros modos de terminación de los proceso, deberán pasar de inmediato y en el estado que se encuentren a los juzgados creados por la ley 24.655, previo sorteo a practicar por la C.F.S.S. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Trata de personas, declaración de inconstitucionalidad, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Figueira Machado, Alexsandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-26

El voto concurrente agregó que el aspecto sustancial subyacente e inherente del delito de trata de personas abarca conductas que interfieren en el libre y voluntario ámbito de determinación individual de las personas; es decir, aquella capacidad para decidir libremente, con plena intención y voluntad sobre un plan de vida o desarrollo personal, y que esta interferencia en la libertad del sujeto pasivo puede configurarse, aún sin una restricción a la libertad física o, incluso, sin una afectación al contexto económico de la víctima, pues basta con que el sujeto activo de alguna forma (que puede ser engaño, amenaza, coacción, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, o cualquier otra) restringa este ámbito de autodeterminación del sujeto pasivo, para configurar el delito estudiado, asimismo, postuló la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 CP. (Dres. Gemignani, Hornos -voto concurrente- y Borinsky).
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. c/ Re, Juan José s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

El art. 182 de la ley 10620 limita al Magistrado la facultad de valorar en forma adecuada la labor del auxiliar de la Justicia.

Afecta la facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional (art. 33 Const. de la Pcia. de Bs.As.) de establecer una retribución justa que contemple igual retribución por igual tarea, ya que establece como pauta única la importancia económica del asunto con aplicación estricta de cálculos aritméticos sobre ella, vulnerando el art. 14 bis de la Constitución Nacional, alterándose principios, garantías y derechos constitucionales (arts. 28 y 31 Constitución Nacional). Ello, más el disponer una causal de nulidad que denota un amparo especial en favor del perito contable con el que no cuentan ni las partes, ni los otros profesionales intervinientes, induce a concluir en la inconstitucionalidad del artículo mencionado (art. 16 Const. Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)