Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26


Reg.: A y S t 283 p 256/267.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FEDERACION DE SINDIC. MUNIC. PROV. DE SANTA FE contra PROVINCIA DE SANTA FE -AMPARO- (EXPTE. 120/13) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05083090-7). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Erbetta, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 273, págs. 366/369 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia de Santa Fe contra la sentencia de fecha 25 de febrero de 2016, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que exigían examinar si la sentencia reunía las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, en coincidencia con lo dictaminado por el Señor Procurador General (fs. 318/326).

Por ello, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Erbetta, Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. Sucintamente, la litis:

Según surge de las constancias de la causa, y en lo que aquí resulta de estricto interés, la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (FESIM) interpuso acción de amparo sindical con fundamento en el artículo 47 de la ley 23551 (fs. 74/86) contra la Provincia de Santa Fe a fin de que, previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 132 bis de la ley provincial 9286 (texto según ley 9996), se dispusiera su integración a las negociaciones paritarias del sector municipal y comunal de Santa Fe (fs. 75/84).

En su demanda, afirmó que lo dispuesto en la referida norma afecta el derecho a la libertad sindical (art. 14 bis, C.N. y ley 23551) y el derecho a la igualdad.

Explicó que es una entidad gremial de segundo grado que agrupa sindicatos de primer grado que representan a trabajadores municipales y comunales comprendidos en el ámbito de la ley 9286 y que -en el territorio de la Provincia de Santa Fe- existen dos asociaciones gremiales de segundo grado: FESIM y FESTRAM, cuyos ámbitos de actuación territorial no son los mismos.

Afirmó que los trabajadores agrupados en la Federación que representa no cuentan con representación gremial en dicha comisión paritaria, lesionándose con ello sus derechos sindicales constitucionalmente reconocidos, puesto que -enfatiza- FESIM es discriminada por la norma provincial a la hora de negociar paritarias.

Peticionó que, a fin de no tornar ilusorios sus derechos, se ordenara por vía cautelar al Gobierno Provincial y/o a la Comisión Paritaria que se integrase a FESIM a la negociación colectiva en curso -iniciada en febrero de 2012-, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

En fecha 26.03.2012 (f. 145v.), la actora denunció un hecho nuevo: la suscripción con fecha 20.03.2012 de un acuerdo paritario del sector. Y entendió que, ante ello, la medida cautelar solicitada se había tornado de imposible concreción. Por lo que reformuló su pedido de cautelar y solicitó se ordene la suscripción con la accionada de un acuerdo que incorporase a FESIM como representante personal y territorial. Impugnó también lo convenido en cuanto a "aportes solidarios".

Por resolución 838 del 12.09.2012 (fs. 158/v.) el Sentenciante rechazó con costas la cautelar reformulada.

En fecha 20.09.2012 (fs. 174/176), la actora denunció otro hecho nuevo: la convocatoria a nuevas paritarias. Insistió peticionando nuevamente que por vía de cautelar se ordene integrar a FESIM a la negociación paritaria del sector agrupado por la ley 9286, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

Por resolución 951 de fecha 09.10.2012 (fs. 190/191v.), el Sentenciante hizo lugar a esta nueva cautelar y dispuso la integración de la actora a la negociación paritaria venidera hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y fijó astreintes de un mil pesos ($1.000) por cada día hábil de incumplimiento, con costas a la demandada.

Contra esa decisión interpuso la Provincia de Santa Fe (fs. 196/197) recursos de nulidad y apelación -remedios que fueran concedidos con efecto devolutivo a f. 215-, achacando que la recepción de la cautelar importó un indebido anticipo de sentencia de fondo en vulneración a la norma vigente -ley 9286- que adhiere al criterio de unidad de representación gremial. Se agravió también por cuanto resultaba incongruente el rechazo de la primera cautelar y el despacho de la segunda pues -sostuvo- en ambas se pretendió lo mismo.

Puntualizó que no se demostró la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora y que no se estableció un mecanismo de integración de la actora a las paritarias, lo que hacía imposible su cumplimiento. Cuestionó asimismo la imposición de astreintes y costas.

La Sala Primera de la Cámara de Apelación Laboral de Rosario -con disidencia del vocal Girardini- rechazó los recursos intentados. Para así decidir, el voto que hizo mayoría consideró que el reclamo principal consistía en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 132 bis de la ley 9286 (texto según ley 9996), por lo cual, la inclusión de la amparista en las negociaciones paritarias del Sector Municipal y Comunal de Santa Fe no podía considerarse una tutela jurisdiccional anticipada sino una pretensión incidental previa a los fines de no desnaturalizar los derechos invocados (f. 257v.).

También sostuvo el A quo que de comenzarse las negociaciones paritarias del sector, la exclusión de la entidad amparista podría representar un potencial riesgo a sus derechos e intereses de difícil reparación ulterior, derivado de la no intervención en las negociaciones que llegasen a concertarse respecto de los derechos e intereses de los agentes que la entidad amparista representa.

2. Contra tal pronunciamiento la Provincia deduce recurso de inconstitucionalidad, invocando la configuración de un supuesto contemplado en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055 para achacar arbitrariedad normativa (vulneración del artículo 132 bis de la ley 9286) y apartamiento de los precedentes de esta Corte, sin dar razones para ello.

Imputa al A quo arbitrariedad en la decisión de adelantar con la concesión de la cautelar el decisorio de fondo, en apartamiento de lo dispuesto por el artículo 132 bis de la ley 9286. En efecto, asevera que tanto por la cautelar como por la acción principal se pretendió -y se consiguió por vía de cautelar- la inclusión de FESIM en las negociaciones colectivas de los trabajadores municipales y comunales de la Provincia, cuya representación -conforme artículo 132 bis de la ley 9286- corresponde a FESTRAM.

Y refiere que si bien -en principio- las resoluciones cautelares no habilitan el remedio extraordinario intentado por carecer del carácter de sentencias definitivas, cabe hacer excepción a dicha regla cuando median agravios que -por su magnitud y las circunstancias de hecho- puedan ser irreparables y, asimismo, cuando lo decidido exceda el interés individual de las partes y afecte a la comunidad.

Asimismo, le imputa apartamiento de la interpretación que hizo esta Corte de la referida norma (art. 132 bis, ley 9286) in re "Asociación del Personal Municipal del Departamento Las Colonias c/ FESTRAM y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad" del 03.06.14 (A. y S. T. 257, págs. 188/196), precedente que -señala- fuera citado por su parte y omitido de consideración por el A quo.

En ese sentido, entiende que se configura una situación de "gravedad institucional" pues se ha puesto en jaque el éxito de las negociaciones paritarias de los empleados municipales y comunales de toda la Provincia de Santa Fe, al entorpecer las que se sucedieron desde el dictado de la cautelar (octubre de 2012) y de las que se sucedan hasta el dictado de la resolución de fondo.

Postula, asimismo, que la cuestión excede el interés individual de las partes y afecta a la tercera citada en autos, FESTRAM y a la comunidad de miles de trabajadores del sector que ésta última representa.

Señala que en la Provincia de Santa Fe son más de cuarenta mil los trabajadores municipales y comunales. Que según los datos brindados por las propias Federaciones, FESTRAM cuenta con mas de 38.082 afiliados y FESIM con tan sólo 3.102 afiliados, representando un 92,46% y 7,53% de los afiliados respectivamente.

Afirma que, precisamente, la ley 9286 en su artículo 132 bis ordena la integración a paritarias con ocho representantes de la FESTRAM -por ser el gremio más representativo-. Y que, incorporar a representantes de la actora implicó romper la paridad con el Estado (pues sólo pueden intervenir ocho intendentes o presidentes comunales) o perjudicar a FESTRAM reduciendo el número de sus representantes (ocho) en pos de la participación de FESIM.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado por auto 223 del 25 de agosto de 2016 (fs. 302/304), accediendo el impugnante por vía de queja a esta instancia excepcional, tal como se explicitara al tratar la primera cuestión.

3. El detenido estudio de la causa permite arribar al convencimiento de que el recurso interpuesto merece favorable acogida en esta instancia por cuanto la línea argumentativa esbozada por la Sala en orden a fundar su decisión incurre en el vicio de arbitrariedad de sentencia en tanto se aparta ostensiblemente de la norma aplicable al caso (art. 132 bis, ley 9286) y de la recta interpretación que de la misma ha formulado esta Corte in re "Asociación del Personal Municipal del Departamento Las Colonias c/ FESTRAM y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad" del 03.06.14 (A. y S. T. 257, págs. 188/196), sin aportar razones que lo justifiquen.

3.1. Si bien resulta jurisprudencia consolidada tanto de esta Corte como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva a los fines de habilitar el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055 y la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48", sin embargo, en determinados supuestos de excepción, este tipo de resoluciones se han equiparado a sentencia definitiva cuando produzcan un gravamen irreparable o un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior (CSJSFe, A. y S. T. 108, pág. 278; T. 159, pág. 40; T. 196, pág. 206. CSJN, Fallos:265:265; 267:432; 326:1471, entre otros).

En efecto, como se adelantó al admitir el recurso de queja, en la presente litis, lo concedido por vía de cautelar, por sus efectos -de una sentencia anticipada- resulta equiparable a una sentencia definitiva, y le ocasionan a la recurrente un gravamen de insuficiente o insusceptible reparación ulterior, por lo que cabe tener por superado el recaudo de definitividad previsto en el artículo 3 de la ley 7055.

3.2. Ello así, por cuanto al admitir lo concedido por vía de cautelar omitió el A quo justificar la configuración en el sub-judice de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, limitándose a afirmar dogmáticamente que, conforme las constancias de autos, los referidos requisitos se encontraban acreditados.

Respecto a las medidas cautelares innovativas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que resultan decisiones excepcionales en tanto alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configuran un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que exige una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (CSJN, Fallos:316:1833; 319:1069; 320: 1633, entre otros).

3.3. Por otra parte, la decisión judicial de invalidar o desplazar la aplicación de una norma ha de ser prudentemente sopesada en sus consecuencias, expresamente justificada con fuertes razones y dispuesta sólo como "última ratio". Así, la inaplicación de la norma al caso, requería por parte de los sentenciantes de una declaración de su inconstitucionalidad, dando razones acerca de su irrazonabilidad y manifiesta, clara y contundente repugnancia con el texto Constitucional. Pero nada de ello ocurrió en la especie.

Por el contrario, en el marco de una medida cautelar -de carácter innovativo-, se desplazó la norma aplicable (art. 132 bis, ley 9286) con los mismos efectos que el planteo de fondo pretendía obtener, de prosperar su cuestionamiento a la constitucionalidad de la referida norma, para así sentar en la mesa paritaria de los agentes municipales de la Provincia de Santa Fe a un sindicato que carece de ese reconocimiento, bajo el argumento de que existe un "...potencial riesgo a sus derechos e intereses de difícil reparación ulterior derivado de la no intervención en las negociaciones..." (f. 257).

Este enfoque decisional resulta irrazonable, por cuanto no asume el deber jurisdiccional de motivación de las sentencias. En efecto, la decisión judicial de desplazar o invalidar normas sancionadas por quienes tienen legitimidad constitucional para ello requiere de un esfuerzo adicional de razonamiento y fundamentación fuerte y contundente, exteriorizando las razones para así actuar a la luz del texto constitucional.

3.4. Aparece asimismo omitida de considerar por el A quo -en consonancia con lo señalado por el señor Procurador General a f. 324v.-, la particular condición de la amparista: una asociación sindical de segundo grado que agrupa sindicatos que representan a trabajadores que prestan servicios en municipalidades y comunas de los departamentos Constitución, Las Colonias, San Lorenzo y en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria de esta Provincia, es decir que, su ámbito de actuación se circunscribe a aquellas localidades donde operan los sindicatos que ésta nuclea (arg. arts. 34, ley 23551 y 8, ley 14250).

Nótese que, desde esa perspectiva, no se valoraron tampoco las implicancias de lo decidido, en virtud de lo cual, un sindicato de baja representatividad y con presencia en sólo 4 departamentos de la Provincia, en ejercicio -por vía de cautelar- de una pretensión que resultaba exhorbitante, obtuvo sin embargo su reconocimiento en ambas instancias ordinarias y, desde entonces, se encuentra discutiendo los salarios de todos los agentes de todas las municipalidades y comunas santafesinas.

3.5. Acerca de la validez del artículo 132 bis de la ley 9286 (texto según ley 9996), esta Corte se ha pronunciado extensamente in re "Asociación del Personal Municipal del Departamento Las Colonias c/ FESTRAM y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad" del 03.06.2014 (A. y S. T. 257, págs. 188/196).

En el citado fallo, se refirió que: "Se observa que se ha utilizado el criterio de la unificación de los sujetos, conforme a la tendencia a la unidad y concentración que caracteriza al modelo sindical argentino, que teniendo en cuenta la pluralidad se unifica al negociar colectivamente sin vulnerar representatividades, para lograr convenios de eficacia general".

Y se continuó puntualizando que: "En el ámbito específico del personal municipal y comunal, y en función de su autonomía legislativa, la Provincia de Santa Fe (a través de los artículos 132 bis y 133 bis de la ley 9286, t.o. ley 9996/86), ha determinado el modo de conformación de la representación de ambos sectores que integran la 'Comisión Paritaria', a saber, ocho representantes de los Intendentes y Presidentes Comunales por una parte, y ocho representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe -entidad sindical de segundo grado, con personería gremial, que mayoritariamente representa a este sector de trabajadores-, por la otra. Es decir, el legislador provincial ha dejado establecido quienes son los sujetos legitimados para sentarse a la mesa negociadora en la que se gestarán acuerdos con alcance en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe, con clara intención de otorgarle permanencia a esa comisión a los fines de analizar y responder a la problemática laboral del personal de municipios y comunas de esta Provincia".

En alusión a la intención del legislador de la referida norma, se sostuvo que "Se ha querido depositar en manos de una única entidad, la Comisión Paritaria -a la cual se convocó a integrar por el sector asalariado a la entidad sindical más representativa del mismo, la FESTRAM- una capacidad negociadora amplia, que resulte por un lado, comprensiva o abarcativa de todos los trabajadores municipales y comunales y de todos los entes territoriales en los que éstos desempeñan su labor (Municipios y Comunas), y por otro, que comprenda la posibilidad de un basto complejo de derechos, obligaciones y beneficios. Y que de ese modo, los acuerdos así alcanzados, sean de aplicación para todos los trabajadores municipales y comunales de esta Provincia, estén o no estén afiliados a sindicato alguno. Y que las condiciones así alcanzadas sean consideradas de mínima, es decir, un piso de garantía mínima por debajo del cual no sea posible pactar contratos individuales".

También en ese fallo se dejó establecido que por encima de los contratos individuales "...siempre será posible -ya sea por vía del contrato individual que negocie cada trabajador o por medio de Convenios Colectivos negociados por entidades sindicales de primero o de segundo grado, con ámbito de representación regional dentro de la Provincia, como es el caso de la Asociación del Personal Municipal del Departamento Las Colonias y de la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (FESIM), entidad sindical de segundo grado, simplemente inscripta-, mejorar esos mínimos (salarios, jornada, descansos, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, etc.), mas nunca -reitero- desconocerlos".

Asimismo, se puso de manifiesto la peculiaridad del ámbito de la negociación colectiva del sector público, donde es posible que -ante un determinado conflicto- estén en juego o incluso colisionen, el interés general o el bien común de toda la comunidad con el de un sector de la misma, como sería el caso de todos los trabajadores municipales y comunales de esta Provincia. Y que, en tales supuestos, el Estado debe contemplar la satisfacción de esas necesidades o intereses diversos, consensuando las necesidades generales que la sociedad demanda del Estado con los legítimos intereses de un sector de ella, como es el caso de los empleados municipales y comunales, y todo ello con el manejo de un presupuesto único. Y asimismo, el Estado debe escuchar y atender la problemática de los trabajadores de ese sector, abarcativo de toda la Provincia. Y que así, para alcanzar y permitir la coexistencia de estos intereses, el legislador provincial ha optado por individualizar a la entidad que debe representarlos para negociar en las Paritarias con alcance general provincial. Y de ese modo, en esa comisión paritaria creada por ley, explicitarse y negociarse las problemáticas laborales -en todas sus facetas- de todos los trabajadores del referido sector. Y que, al momento histórico de sanción de la ley provincial 9996/86, el legislador tuvo en cuenta que FESTRAM era quien mayoritariamente representaba a ese sector de trabajadores.

Pues bien, a la luz de la referida interpretación y de las constancias que surgen de la causa, esa circunstancia no habría variado en la actualidad.

Autorizada doctrina ha puntualizado que "La noción de sindicato mas representativo deviene de una necesidad práctica imperiosa: la de conciliar el principio de libertad sindical -y su consecuencia, el pluralismo- con la necesidad de unificar la representación profesional, con miras a una mayor eficacia de la misma o por otras necesidades que no admiten la existencia de representaciones superpuestas o bifurcadas, y que ello permite la unidad de acción como una mejor protección del interés colectivo de la profesión sobre la base de un principio democrático cuál es la prevalencia de la mayoría" (véase Corte, Néstor T. "El Modelo Sindical Argentino. Régimen Legal de las Asociaciones Sindicales", Rubinzal-Culzoni Editores, segunda edición actualizada, págs. 318 y ss.).

Con anterioridad, esta Corte ya había discernido in re "Salvia" que la ley 9996 sancionó un nuevo régimen de fijación salarial "estableciendo un mecanismo de formación del salario para los trabajadores municipales en base a la negociación colectiva, que constituye una de las grandes conquistas de la evolución jurídica en los países civilizados, y órgano de inestimable valor para la paz social" (A. y S. T. 77, pág. 224).

Y también en ese mismo sentido, refirió que los mecanismos de negociación colectiva encuentran fundamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el Convenio N° 154 sobre fomento de tal negociación, adoptado por la Conferencia General de la O.I.T. el 19.06.1981, y ratificado por nuestro país por ley 23544, que reafirma la obligación de fomentar el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, y, en lo que refiere a la Administración Pública, prevé la posibilidad de que la legislación o la práctica nacional fijen modalidades particulares de aplicación del convenio; dictándose en 1987, en el orden nacional, la ley 23545 y en la Provincia de Santa Fe las leyes 9996 y 10052, en 1986 y 1987, respectivamente.

Ese criterio, a su vez, fue reiterado en los precedentes "Rivero" y "Benegas" -a cuyas consideraciones, en cuanto fuera pertinente, corresponde remitir-, poniendo en evidencia, con sustento en la discusión parlamentaria, cual fue la intención del legislador, al sancionar la ley 9996 (A. y S. T. 135, pág. 211; T. 202, pág. 19).

Es que a los fines de determinar cual es la entidad gremial más representativa -se recurra al criterio cualitativo o al cuantitativo- se verifica que la entidad admitida por el artículo 132 bis de la ley 9286 conforma y responde a elementos objetivos de alcance personal y territorial que la habilitan al efecto, al contar con una trayectoria eficaz en el logro de las negociaciones colectivas, encontrarse en mejores condiciones de poder para remover los obstáculos que dificulten la realización de los intereses de los trabajadores que representa (art. 3, ley 23551), favorecer a la unidad de acción, y contar con mayor número de afiliados (cfr. art. 33, ley 23551), en atención a que -en virtud de los sindicatos que la integran- adquiere un mayor alcance territorial que le permite acceder a un conocimiento más global de las distintas realidades de los entes municipales y comunales de esta Provincia, en lo que refiere a las relaciones laborales que cada una mantiene con su personal.

Las referidas consideraciones, en recta interpretación de la norma en cuestión, fueron invocadas oportunamente por la recurrente mas, sin embargo, desconocidas por los Sentenciantes.

3.6. Por otra parte, cabe también tener en consideración que en la causa "Nueva Organización de Trabajadores Estatales c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo", en fallo de fecha 24.11.2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó establecido que al margen de una prioridad para negociar convenios colectivos de trabajo, para la consulta ante las autoridades y para la designación de delegados ante organismos internacionales, ninguna otra facultad concedida a los sindicatos con personería gremial puede serles negada a los sindicatos que no la tienen, es decir, a los que están simplemente inscriptos.

De ello se sigue que, entonces, el texto legal provincial en cuestión guarda consonancia con el referido criterio del Supremo Tribunal de la Nación, conforme al cual, los sindicatos con personería gremial gozan de prioridad para negociar convenios colectivos de trabajo, ámbito dentro del cual se comprenden las negociaciones paritarias de salarios de los trabajadores del sector.

3.7. Por último, cabe considerar el agravio del recurrente en cuanto a que la resolución que dispuso la integración de FESIM a las negociaciones paritarias no precisó la forma o modo para su incorporación al proceso de negociación colectiva.

En efecto, la norma del artículo 132 bis de la ley 9286 establece su conformación con 8 representantes de los intendentes y presidentes comunales por una parte y 8 representantes de la FESTRAM. Y de la forma en que los Sentenciantes dispusieron la integración de FESIM, sin aclarar nada más al respecto, queda sin respuesta cuántos representantes de FESIM deberían integrar la comisión.

Y al respecto, cabe puntualizar que una sentencia, como norma individual para el caso concreto, que decidió por vía cautelar afectar el esquema de funcionamiento que establece una norma de organización, debió -a fin de responder al parámetro de adecuada fundamentación de sentencias- establecer claramente la pauta de conducta a seguir por los obligados. Debió el Tribunal a quo ponderar que su decisión afectaba considerablemente la pauta de proporcionalidad y representatividad que el legislador propició, al conferirle una sobre-representatividad a FESIM.

Como bien precisa el señor Procurador en su dictamen, esta decisión implicó como mínimo incluir 1 representante sobre 8, lo que significa asumir el 12,5% de los votos en la mesa paritaria cuando la FESIM apenas alcanza a superar el 7,5% de los afiliados municipales en todo el territorio provincial. Y esta decisión careció de toda fundamentación más allá de la mención de un "potencial riesgo" -en grado de probabilidad, conforme aclara el propio Tribunal- "...a sus derechos e intereses de difícil reparación ulterior derivado de la no intervención en las negociaciones que llegasen a concertarse respecto de los derechos e intereses de los agentes que la entidad amparista representa" (f. 257v.).

4. Por las razones hasta aquí expuestas, la respuesta jurisdiccional no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente para el caso y, por tanto, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción de la impugnante.

Conforme lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y descalificar la sentencia recurrida al carecer de apoyatura legal y de fundamentación suficiente, insertándose en un supuesto de prescindencia de las normas aplicables al caso y que ostentan el carácter de conducentes para una solución ajustada a derecho.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado debe ser anulado como acto jurisdiccional válido a tenor de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Erbetta y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A al misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco.

Ello, en virtud que -como se expresa en el voto al que adhiero- el A quo al decidir confirmar -por mayoría- la sentencia de primera instancia que despachó favorablemente la medida cautelar solicitada, lo hizo omitiendo justificar la configuración, en el caso, de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, limitándose a afirmar que, conforme a las constancias de la causa, los requisitos referidos se encontraban acreditados.

Esa prescindencia de fundamentación se torna decisiva a la hora del control de constitucionalidad que el ordenamiento jurídico le atribuye a esta Corte, si se considera que todo sujeto que pretende la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos:329:4164 y 5160; entre otros). Por otra parte, los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de hecho y de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (Fallos:329:3464;330:2186; entre otros).

Y en la especie, los magistrados no extremaron los recaudos para verificar si el actor había acreditado la probabilidad del derecho que invocó, defecto que se torna más evidente cuando se repara en que la medida cautelar concedida tiene, como se dijo, los mismos efectos que la admisión de la pretensión de fondo planteada y desplazó el texto expreso de la ley; soslayando, de esa manera, que cuando la medida cautelar coincide sustancialmente con la pretensión principal, ésta sólo puede satisfacerse con el previo cumplimiento del debido proceso legal, que es uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico y del estado de derecho.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez expresó idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia, con costas (artículo 12, ley 7055).

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Erbetta, Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia, con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación Laboral de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Villa Constitución.