Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-28


Fojas: 66 En Mendoza, a veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil cuatro reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n 75.071 caratulada "Musicana S.R.L. en j 116.667/35.273 AADICAPIF A.C.R. en j AADICAPIF c/ Propiedad Farmacia Mitre p/ Cob. de pesos p/ Med. Prec. s/ Inc. Cas.".

Conforme lo decretado a fs. 65 deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci; segundo: Dr. Fernando Romano, tercero: Dr. Alejandro Pérez Hualde.

ANTECEDENTES.

A fs. 9/17 vta, los Sres. Carlos Rama, Alberto Rama y Vidal Rosales, invocando representación de Musicana S.R.L., deducen recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra de la resolución dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones a fs. 105/106 vta. de los autos n116.667/35.273 caratulados "AADICAPIF Asoc. Civil Recaudadora en j n 116.662 AADICAPIF c/Prop. Farmacia Mitre p/ Cob. de Pesos p/ Med. Prec..

A fs. 44/vta. se desestiman formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos contra el dispositivo I y se admiten formalmente contra el dispositivo A fs. 60/61 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo de los recursos deducidos.

A fs. 64 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 65 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?.

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?.

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI dijo:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. Los Sres. Carlos Rama, Alberto M. Rama y Vidal Rosales comparecieron a los autos n 116.667 caratulados "AADICAPIF en j 116.666 AADICAPIF c/ Prop. Farmacia Mitre p/ Cob. de Pesos s/ Med. Prec." con el patrocinio de la abogada Noemí Corte. Dijeron ser socios de Musicana S.R.L., y en tal carácter, se presentaron a juicio, recusaron sin causa a la jueza interviniente, y solicitaron que las actuaciones pasaran al subrogante. En el mismo carácter, y como tercerista coadyuvante, apelaron la medida precautoria ordenada por el juez.

2. La jueza rechazó ambas presentaciones. Argumentó que conforme el art. 157 de la ley 19550 la administración y representación de la sociedad de responsabilidad limitada corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados en el contrato constitutivo o posteriormente. La sociedad de responsabilidad limitada puede actuar en juicio, pero debe hacerlo facultando al gerente para actuar en representación de ella y quien invoca el carácter de gerente debe acreditarlo. En el caso, la copia del contrato social que se acompaña indica que la administración de la sociedad está a cargo del Sr. Luis Delfín Daffunchio. Así las cosas, la simple invocación de los socios presentantes acerca de la destitución y remoción del socio gerente son insuficientes para acreditar la representación invocada.

3. A fs. 38/41, los Sres. Carlos Rama, Alberto Rama y Vidal Rosales volvieron a comparecer en el mismo carácter invocado y recusaron con causa a la magistrada en razón del contenido del auto interlocutorio antes reseñado. Se trata de un extenso escrito en el que se imputa a la magistrada "hacer oídos sordos a las constancias del proceso", incumplir sus deberes de magistrado, mal desempeño en sus funciones "por conducta sospechosa que quiebra la igualdad de todos los litigantes", etc. Se invoca falta de idoneidad subjetiva y, eventualmente, ser "cómplice" en la estafa de AADICAPIF.

4. A fs. 52/53 la jueza rechazó la recusación con causa y remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones en turno a mérito de lo dispuesto en el art. 16 inc. 5 del C.P.C. Apelaron los presentantes, quienes siguieron invocando representar a Musicana S.R.L. Después de una serie de incidencias procesales, a fs. 93/94, la Primera Cámara de Apelaciones confirmó la decisión que no hizo lugar a la recusación con causa, y en el dispositivo II aplicó a los firmantes de fs. 38, Sres. Carlos Rama, Alberto Rama, Vidal Rosales y la patrocinante abogada Noemí Corte, "la sanción prevista en el apart. 3 del art. 46 del C.P.C. consistente en el pago de la multa de $ 500 por su inconducta procesal". Fundó esta sanción en estos argumentos:

a) El deber de lealtad y probidad impuesto por el art. 22 del C.P.C. a los litigantes y sus profesionales implica evitar el empleo de expresiones y términos que atenten contra el respeto y decoro que debe imperar en la actividad judicial.

b) Las apreciaciones injuriosas vertidas en el escrito de fs. 38/41 por Musicana S.R.L. y la profesional que los patrocina constituyen una falta de respeto hacia la titular del Quinto Juzgado en lo Civil y además, un agravio a la investidura de todos los magistrados.

c) Las facultades que el art. 47 del C.P.C. otorga al sentenciante a fin de hacer efectivas las disposiciones de este Código, y especialmente los deberes que el mismo impone a los litigantes y a los auxiliares, y el hecho que la profesional actuante ya ha sido sancionada por su conducta profesional en otras oportunidades con sanciones más leves consistentes en prevenciones y apercibimientos justifica que se imponga a los presentantes de fs. 38 y a la abogada Noemí Corte en forma solidaria, la multa de $ 500 establecida en el inc. 3) del C.P.C., de conformidad con las atribuciones conferidas por le ley 5215, debiéndose oficiar en la forma de estilo a la Suprema Corte de Justicia para su toma de razón.

II. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO.

1. Los agravios de los recurrentes.

En confuso escrito, los recurrentes se agravian, indiscriminadamente, contra los dos dispositivos de la decisión de la cámara. El auto de fs. 44 limitó la apertura formal de la vía extraordinaria a la sanción impuesta, por lo que resumiré los agravios sólo en cuanto se refieren a este aspecto.

Los recurrentes sostienen que la sanción es arbitraria y, consecuentemente, inconstitucional, por las siguientes razones:

a) La Cámara Civil carece de competencia para imponer sanciones procesales desde que el único órgano que puede hacerlo es el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores.

b) La Cámara Civil aplicó sanciones siendo que la conducta presuntamente injuriosa fue realizada ante la titular del Quinto Juzgado Civil, quien, sin embargo, nada dijo; tampoco requirió sanción alguna la contraparte. En consecuencia, la decisión es incongruente a los términos del art. 144 inc. 9 de la Constitución de la Provincia desde que resolvió cuestiones no pedidas por las partes litigantes.

c) El tribunal aplicó sanciones a personas que no están actuando per se sino por su representada, Musicana S.R.L. Los sancionados Carlos Rama, Alberto Rama y Vidal Rosales no son parte en el juicio; mucho menos aún lo es la letrada firmante, por lo que la sanción viola claros principios constitucionales.

d) La Cámara Primera se da por injuriada de expresiones que no han sido vertidas por los firmantes ni contra el tribunal de alzada ni contra la juez titular del Quinto Juzgado, y a través de esa sanción coarta el legítimo derecho de defensa en juicio.

2. Algunas reglas liminares que dominan el recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Mendoza.

Esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del recurso de inconstitucionalidad, pero con el mismo criterio rector de la Corte Federal, en función de la excepcionalidad del remedio extraordinario y lo dispuesto por el art. 145 del CPC de la Provincia, interpreta restrictivamente las causales. Lo contrario significaría hacer de ésta una tercera instancia ordinaria contraviniendo todo el sistema constitucional recursivo. Por eso, el rechazo del recurso por este tribunal no significa necesariamente que comparta la solución del fallo, sino tan sólo que está impedido de conocerlo, por resultar irrevisable si no se acredita el vicio de manifiesta arbitrariedad. En esta línea de pensamiento, ha dicho que "la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación" (L.S. 188-446; 188-311; 192-206; 209-348, 238-106; 271-201; 271-328; 272-35; 272-469, etc.). Con idéntico criterio se ha resuelto que "la presencia de cierta ambigüedad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional" (Cám. Nac. Casación Penal, sala III 24/3/1994, LL 1995-B-62).

Consecuentemente, el recurso no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables que no han sido suficientemente impugnados por el recurrente. En otros términos, la procedencia formal del recurso de inconstitucionalidad exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recurrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser anulada, si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver LA 90-472; LA 120-363; L.S. 240-215; L.S. 276-86; L.S. 276-96; L.S. 271-239; L.S. 270-277).

3. Una aclaración preliminar. Los sujetos sancionados y los sujetos recurrentes.

a) La sanción procesal ha sido impuesta a los Sres. Carlos Rama, Alberto Rama, Vidal Rosales y a la patrocinante abogada Noemí Corte.

b) Según el escrito de fs. 9, el único sujeto recurrente es "Musicana SRL, representada por los firmantes Carlos Rama, Alberto Rama y Vidal Rosales".

c) No hay duda alguna que, aunque patrocina el escrito, la abogada Noemí Corte no ha recurrido, y contra ella, indudablemente, la sanción ha quedado firme.

d) Otro tanto podría decirse de los Sres. Carlos Rama, Alberto Rama y Vidal Rosales, quienes no comparecen por sí (los sancionados), sino que insisten en que lo hacen en representación de Musicana SRL. Siendo así, es claro que la sociedad no está legitimada para recurrir sanciones impuestas a sus socios en forma personal. Desde la ortodoxia procesal, pues, este recurso podría ser rechazado por falta de legitimación de la recurrente . No obstante, dado que una parte de las cuestiones procesales planteadas deviene del hecho de que los jueces de grado han negado representación a los socios de la sociedad para representarla, entraré al análisis de los agravios antes reseñados, con el fin de no incurrir en lo que, quizás, podría entenderse como un exceso de rigor ritual del tribunal.

4. La presunta falta de competencia del tribunal y la denunciada incongruencia.

La parte recurrente sostiene que la Cámara de Apelaciones no tiene abierta la jurisdicción para sancionarla porque: (a) el tribunal competente es el Colegio de Abogados; (b) la conducta presuntamente injuriosa se desarrolló frente al juez de primera instancia, y (c) la sanción no fue solicitada ni por el juez de primera instancia ni por la otra parte.

Ninguna de las razones son audibles:

a) El Colegio de Abogados sólo controla la conducta ética de los abogados y procuradores. Nunca podría ejercer control sobre los Sres. Carlos Rama, Alberto Rama y Vidal Rosales, que no han invocado carácter de letrados.

A mayor abundamiento, señalo que la Cámara de Apelaciones tampoco pierde jurisdicción para juzgar las conductas éticas de la letrada Noemí Corte, ya que se ha sancionado el comportamiento de la abogada ante los estrados tribunalicios, en escritos judiciales, por lo que no hay ninguna duda de la plena aplicación del art. 47 inc. 3 del CPC. En efecto, la Corte Federal tiene dicho que las facultades disciplinarias reconocidas a los jueces por el código procesal no se superponen ni se confunden con las atribuciones de idéntica naturaleza conferidas al colegio de abogados, pues las primeras tienen por objeto mantener el buen orden y el decoro en los juicios sometidos a la dirección del juez interviniente mientras que las segundas persiguen un objetivo más amplio que es el de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (CSN 4/5/1995, Del Sel, Percy, Sucesión, JA 1996-II-5 y ED 168-220; advierto que, justamente, en el precedente reseñado al igual que en el caso que debo decidir, las sanciones se habían impuesto a los letrados por recusaciones manifiestamente improcedentes).

b) La circunstancia de que la conducta incorrecta se haya realizado ante el juez de primera instancia no impide que sea la cámara quien la sancione, no sólo porque el art. 47 inc. 3 no hace ninguna distinción, sino porque en supuestos como éste, es el tribunal de alzada quien puede juzgar con mayor objetividad hasta dónde se ataca a un juez cuando se le dirige un escrito plagado de expresiones altamente irrespetuosas.

c) La incongruencia denunciada es también inexistente. El art. 47 dispone que "los jueces, sin necesidad de petición, y a los fines de hacer efectiva las disposiciones de este código y especialmente los deberes que el mismo impone a los litigantes y a sus auxiliares, podrán......." Está claro que este tipo de sanciones pueden ser impuestas sin petición de parte; la solución no viola el derecho de defensa en juicio, desde que la sanción se impone "con el fin de hacer efectivo los deberes que este código impone", y entre éstos, como lo señala la decisión recurrida, está el deber de probidad y lealtad, que impone un lenguaje respetuoso entre las partes y el tribunal.

5. Sanciones a quienes no son "parte en el juicio".

Los recurrentes sostienen que ellos no pueden ser sancionados a título personal porque actúan en nombre de Musicana; por lo tanto, no son los litigantes mencionados en el art. 47.

El argumento tampoco es audible. Como he reseñado a lo largo de mi voto, los jueces de grado no han admitido que estos socios sean los representantes de la sociedad conforme las normas legales. Consecuentemente, son ellos, personalmente, los que han incurrido en la conducta indebida.

6. Inexistencia de arbitrariedad en la sanción.

Obviamente, comparto el criterio de la Corte Federal según el cual "los jueces deben hacer uso mesurado de las sanciones disciplinarias a fin de no entorpecer la labor profesional ni poner en peligro el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio" (Fallos 312-1076 y sus citas).

Pero compartir el criterio restrictivo no significa negar la facultad judicial de sancionar expresiones verdaderamente injuriantes para el sistema de justicia, especialmente, como sucede en el caso, cuando los recurrentes ni siquiera han intentado justificar por qué afirman que la jueza puede llegar a ser "cómplice" de estafa procesal; a través de una "conducta sospechosa de violar el principio de igualdad" etc., y todo ello porque ha suscripto un auto en el que niega representatividad a tres socios de una SRL con claro fundamento en la ley de sociedades.

Nada hay, pues, de arbitrario en la sanción impuesta, a la luz de las reglas antes referidas.

4. Conclusiones del recurso de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de sala, corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad.

III. RECURSO DE CASACIÓN.

1. Los motivos de la casación deducida.

La recurrente denuncia errónea interpretación y aplicación del art. 46 inc. III del C.P.C. Argumenta del siguiente modo:

La cita del art. 46 inc. III no coincide con las sanciones impuestas; por el contrario, la norma dispone que el juez debe procurar el avenimiento de los litigantes. El art. 46 inc. III no da al tribunal de alzada facultades para aplicar sanciones procesales; las sanciones han sido impuestas a cuatro personas físicas, incluida la letrada firmante que no son litigantes, pues quien litiga es Musicana S.R.L.

2. Algunas reglas liminares que dominan el recurso de casación en la provincia de Mendoza.

Esta Sala resuelve constantemente que conforme lo disponen los incs. 3 y 4 del art. 161 del CPC y su nota, es imprescindible que el recurrente señale en qué consiste la errónea interpretación legal y de qué forma ese vicio ha determinado que la resolución recurrida sea total o parcialmente contraria a las pretensiones del recurrente; consecuentemente, no basta invocar una norma, ni enunciar su contenido sino que el quejoso debe explicitar cuál es la interpretación que corresponde o el principio que debe aplicarse y a qué resultados lleva (L.S. 67-227; L.A. 86-153; 98-197). En otros términos, la sola afirmación de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio reparable por casación, desde que es absolutamente necesaria la demostración del error de interpretación atribuido, a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requerida por el Cód. Proc. Civil (L.S. 127-1; 105-432; 147-442; 156-214).

Por aplicación del mismo texto legal, la procedencia formal del recurso de casación exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recurrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equivocado no lleva inexorablemente a que la sentencia deba ser casada, si ésta se funda en otros razonables que se mantienen en pie por no existir agravios o queja contra ellos (Ver L.S. 261-383).

3. La aplicación de estos principios al sublite.

Como lo señala el Sr. Procurador en su dictamen de fs. 60/61, está claro que la parte dispositiva de la sentencia contiene un mero error tipográfico (art. 46 inc. 3), cuando correspondió decir art. 47 inc. 3). Ese mero error tipográfico no permite casar la sentencia, que se sigue manteniendo como acto jurisdiccional válido en todos sus fundamentos, como se lo ha señalado al tratar el recurso de inconstitucionalidad.

4. Conclusiones del recurso de casación.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PÉREZ HUALDE, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PÉREZ HUALDE adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. PÉREZ HUALDE adhiere al voto que antecede.

Con lo que termina el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 28 de diciembre de 2004.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

1°) Rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos contra el dispositivo II de la resolución de fs. 105/106 de los autos principales.

2°) Imponer las costas a la parte recurrente vencida.

3°)Regular los honorarios de la Dra. Noemí Corte por la labor profesional cumplida en el trámite de los recursos de Inconstitucionalidad y Casación, en la suma de pesos CUARENTA Y OCHO ($48) (Art. 15 Ley 3641); de conformidad al valor discutido en esta instancia.

4°)Dar a la suma de pesos TREINTA Y SEIS ($36), de la que dan cuenta las boletas de depósitos obrantes a fs. 1 y 2, el destino previsto por el Art. 47-IV-C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

mac Se deja constancia que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Fernando ROMANO, por encontrarse en uso de licencia (Art. 88 ap. III, C.P.C.). Secretaría, 28 de diciembre de 2004.