marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, accidente ferroviario, responsabilidad del peatón, víctima menor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, Carlos Alberto c/ FEMESA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-11

Si el menor cruzó imprudentemente las vías en donde no había ningún paso peatonal y sufrió el lamentable accidente que le causó su fallecimiento, resulta aplicable, además del segundo párrafo del art.

1113 del Código Civil, también su art. 1111, en virtud de encontrarse reunidos los requisitos que se exigen para poner a cargo de la víctima las consecuencias dañosas que se derivan de dicho proceder, ya que existe un vínculo de causalidad entre su conducta y el perjuicio experimentado por él. Es que el menor determinó con su accionar la causa eficiente del daño, razón por la cual resulta como único responsable del accidente y ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad de sus padres.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giusso, María c/ Fernandez, Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-15

Producida la actuación impulsoria con motivo del escrito en que el perito solicita ampliación del plazo para expedirse, y el a-quo dictó la resolución que entendió pertinente, queda abierta la carga de impulso para las partes.
Daño moral, actos ilícitos, damnificado directo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: JAUREGUI DE ECHEVERRY, MARIA c/ EXPRESO SAN ISIDRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

A efectos de determinar la procedencia del resarcimiento por daño moral, hay que formular en ciertos casos una asimilación entre "damnificado directo" y "protagonista paciente" (aunque fuere moralmente) de un evento dañoso. El menor que estuvo en la unidad del acto del accidente en un protagonismo junto a su madre y a su hermana, fue un "protagonista paciente"aunque no sufriera lesiones físicas.
Sentencia condenatoria, violencia de género, estatuto de la corte penal internacional
Materia: PENAL
Carátula: ANTILEO ESTEBAN c/  s/ FEMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-17

Se discutió si el plazo de 35 años que actualmente establece el art. 13 del Código Penal (según reforma del año 2004 ley 25.892) debe operar en éste caso, frente al plazo de 30 años que prevé el Estatuto de Roma (tratado internacional incorporado a nuestra legislación mediante ley 26.200) para casos de genocidios, crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. [ . ] Esta discordancia debe resolverse de manera que el sistema tenga cierta armonía y logicidad. Si para casos tan graves como genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad se prevé un máximo de 30 años, en casos como el que nos ocupa, que se trata de un evento de una importante gravedad, la muerte de una mujer por parte de su pareja y en el contexto de violencia de género, no puede superar aquel marco de referencia de 30 años.
Domicilio, domicilio electoral, cambio de domicilio, delitos electorales
Materia: ELECTORAL-PENAL
Carátula: Guzman Vanesa Lorena s/ procesamiento art. 132 C.N.E
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-13

Si bien es cierto que el art. 47 de la ley 17.671 establece que el último domicilio anotado en el D.N.I. es el único válido a los efectos electorales y todas las personas tienen la obligación de comunicar en las oficinas respectivas el cambio de su domicilio dentro de los 30 días de haberse producido, el incumplimiento a dicha obligación ha sido contemplado por el art. 38 de esa misma ley (texto según ley 22.435) que reprime con pena de multa a quien no denunciare su cambio de domicilio
Sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colincoop Ltda. c/ Duran, Horacio s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-08

La condición de ganancial no implica -desde el mismo momento de la adquisición- que el bien pertenezca en un 50 por ciento a cada cónyuge, pues tal división sólo aparece al momento de disolverse la sociedad conyugal, no durante el tiempo que la misma se encuentre en vigencia (art. 1271 del Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, daño directo, prueba, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: ASTILLEROS HERNAN CORTES  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

El daño constituye un elemento de la responsabilidad por donde resulta indispensable que exista y que sea acreditado por quien lo invoca. Es preciso, además, que haya relación causal entre el perjuicio y la conducta estatal, y que aquél -aunque sea a través de un accionar lícito- pueda ser jurídicamente imputado al Estado, correspondiendo tener presente que sólo tienen el carácter de daños indemnizables los que sean consecuencia directa e inmediata de la conducta estatal, criterio que sienta al artículo 10 de la ley 21 499.
Simulación, prueba, presunciones, compraventa inmobiliaria, conservación de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: DECKER, Rodolfo Antonio c/ PREVIDE PRATO, María Adela y otro s/ SIMULACION   -  CAUSA  SIMULANDI  -  PRUEBA  -  DEBER  MORAL  DE  LOS  ACCIONADOS - PRESUNCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

La "retentio possesionis", el parentesco entre transmitente y transmitido, la falta de demostración de la causa que motivara la venta, máxime si se trató de la vivienda propia, la ausencia de boleto de compraventa y la falta de pago del precio en el acto de la venta como es usual, inducen a desconfiar de la seriedad del acto.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A. R. s/ Vejaciones y Daño en Concurso Real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-13

Los testimonios no se suman, sino se pesan, metáfora que hace referencia a la consistencia de los mismos, jerarquizada en los procesos orales por la inmediatez en la percepción del juzgador, que considerándolos individualmente y en su conjunto y cotejándolos con los restantes elementos de convicción sustentan en el caso la conclusión a la que arribo.
Mala praxis, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: B.D.F.	 c/ F.M.G. y Otros s/ Ordinario - Expte. N° 505946
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-06-14

No cabe endilgarle responsabilidad por mala praxis a la médica demandada en razón de un supuesto diagnóstico equivocado de la enfermedad que padecía la actora, por cuanto no se trató de un error inexcusable de diagnóstico producto de la impericia o negligencia, pues si bien fue equivocado, tuvo carácter presuntivo, habiéndose comprobado que la dolencia era excepcional y su diagnóstico revestía cierta dificultad, lo que hacía necesaria su corroboración por un centro médico de mayor complejidad.
Medicina prepaga, daños y perjuicios, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: B.S.A. c/ Administrar Salud SA s/ Sumarísimo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17

La parte actora promovió demanda contra Administrar Salud SA-UAI Salud Medicina Prepaga, con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que aduce haber sufrido en virtud de la rescisión de su contrato de afiliación por parte de la demandada. La cuestión debatida en autos se vincula con el análisis de la relación contractual existente entre las partes, lo que remite a la aplicación y normas de derecho común que rigen los contratos (cfr. esta Cámara, esta Sala causa n° 12.307/06 del 13-2-07, 9488706 del 29-3-07, Sala I, causas n° 4431/10 del 28-9-10, 6900/10 del 22-9-11, y Fallos: 332:1288).
Obligaciones del empleador, incumplimiento del contrato, medidas de fuerza
Materia: LABORAL
Carátula: Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Un.T.E.R) s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-02-06

El incumplimiento -de cierta entidad- de las obligaciones contractuales a cargo del empleador, autoriza en principio al trabajador a abstenerse de prestar servicio, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de su remuneración. Esta solución ha sido acogida doctrinaria y jurisprudencialmente en el supuesto de mora en el pago de las remuneraciones.
Sanciones partidarias, recurso de apelación (procesal)
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente control patrimonial ejercicio anual año 2009 - Partido Socialista
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-04

Cabe desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que decretó la pérdida del aporte para el desenvolvimiento institucional de un partido político, pues no habiéndose recurrido lo allí dispuesto en el plazo previsto para ello, quedó firme lo resuelto, circunstancia que impide su revisión.
Empleados públicos, cargo de mayor jerarquía, adicional por subrogancia, reconocimiento en sede judicial, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 88.421 OVIEDO, ELVECIA LADIS C/ HOSPITAL PERRUPATO-GOBIERNO DE MENDOZA S/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-04-06

El solo ejercicio de funciones inherentes a un cargo es insuficiente, máxime si sólo existe una asignación de funciones sin que se haya acreditado la existencia de vacante para cubrir el cargo pretendido y la partida presupuestaria pertinente. Ello así, el nombramiento de un funcionario es producto de la existencia de una vacante (antecedente de hecho-causa) y se realiza para cubrirla (finalidad); de descubrirse posteriormente que la vacante no existía al momento de dictarse el acto, éste se encontraría viciado por falta de causa, siendo irrelevante para determinar la legalidad de la designación el hecho de que viniere ejerciendo la función antes de la designación.

Es de destacarse, que a la antecesora de la actora en las funciones cuyo cargo se reclama, se le reconoció expresamente en sede administrativa su derecho al cobro del suplemento en cuestión, con fundamento en las funciones que ejercía y no en la existencia del cargo que ocupaba, pero ello no puede generar legítimas expectativas a la actora, ya que el error si ha existido, en algún caso particular, no puede obligar a aplicar el mismo criterio en todos los casos, bajo pretexto de igualdad ante la ley.
Quiebra, conservación y administración de los bienes, fondos del concurso, títulos públicos, convertibilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: KESTNER  SACIFIA s/ CONC.  MERCANTIL  LIQ.  ACTUACIONES PARA ELEVACION A LA EXCMA. CAMARA   PROM. POR BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

Es improcedente la aplicación de la ley de emergencia económica 23928 (convertibilidad el austral), correspondiendo la restitución de fondos y no de títulos de la deuda publica a una quiebra, con motivo del deposito de ciertos fondos en una entidad bancaria oficial, que en ella se ordenara, como sostiene la Corte Suprema, al tratar el tema en análisis de esta misma causa, pues con ello no se violaría la referida ley que prohíbe la emisión monetaria, "ya que no fue probado que tal emisión sea la exclusiva modalidad arbitrable que evite distorsionar la relación establecida por la ley 23928: 4.

En modo tal que suponga alterar el equilibrio que este sistema intenta preservar, en tanto que el impugnante (Banco Central) no acreditó la imposibilidad de acatar la orden judicial entregando moneda de curso legal".
Recurso contencioso administrativo, direcciones provinciales de obras sanitarias, régimen disciplinario administrativo, empleados públicos, ausencias injustificadas, licencia por enfermedad, prueba, certificado médico, junta médica, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Michelino, Tarcisio Juan c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 486 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Es improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que la cesantía del actor, dispuesta con base en las inasistencias injustificadas, es legítima, puesto que el acto administrativo se dictó en base a los antecedentes de hecho y de derecho, que tornaron operativa la sanción aplicada (art. 6, inc. a, resolución 757/85, y su modificatoria, 906/87).Conforme el régimen de licencias del personal de la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75, al que adhirió nuestra Provincia mediante ley 9376, la justificación de las inasistencias debe provenir de un examen realizado por el organismo oficial. En el caso, tal examen, se materializó en el dictamen de la Junta Médica en la que intervinieron representantes del Departamento Exámenes de Salud (reconocimientos médicos), de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado y de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, la cual determinó que el actor era capaz para desarrollar tareas acordes a su capacidad residual.

En función de lo expuesto, los certificados médicos particulares que presentó el actor ninguna entidad podían tener frente al dictamen d e la Junta Médica oficial que se constituyó al efecto, máxime si se advierte que la patología indicada en aquellos no difería de la diagnosticada en dicha Junta.
Juicio ejecutivo, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ TUPELI S.R.L. Y OTRO s/ PREPARACION DE LA VIA EJECUTIVA-HOY EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-02

Aun de considerarse el acto viciado de nulidad absoluta la demandada no puede pedirla, en razón de que intervino el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que la invalidaba. (En disidencia el Dr.

Petrignani, Mario).
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cardo, Concetto c/ Giuliano, Francisco Franco s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

Para que el pago constituya fundamento de la excepción correspondiente debe haber sido realizado antes de la constitución en mora del deudor o bien en fecha posterior, pero acompañado de los intereses que su morosidad hizo exigibles.
Instrumentos privados, firma en blanco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castillo o Castillo Pan, Clara María c/ Argentini, Héctor Marcelino s/ Nulidad actos jurídicos Héctor Marcelino s/ Nulidad actos jurídicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-13

Para verificar si se trata de un supuesto de documentos firmados en blanco y, en su caso, de qué manera fueron utilizados, es indispensable establecer previamente si rigen en el caso los arts. 1016 y 1017 del Código Civil, (documento firmado en blanco por una persona a otra, para que sea llenado en los términos en que ha sido confiado), o por el contrario la hipótesis se aloja en el marco del art. 1019 de igual digesto, (documento firmado en blanco que ha sido fraudulentamente sustraído a la persona a quien se hubiese confiado o bien sustraído al propio firmante, y posteriormente llenado contra la voluntad de quien lo suscribiera). En el primer supuesto la persona que impugna el contenido del instrumento por haber sido llenado en forma contraria a sus instrucciones debe acreditar: a) el hecho material de haber sido firmado el papel en blanco, b) la entrega de dicho papel firmado a un tercero, y c) que el tercero, habiendo aceptado el cometido, no ha cumplido las instrucciones recibidas, para lo cual conforme al art. 1017, no puede utilizarse la prueba testimonial. En el segundo -cuando ha ocurrido una sustracción fraudulenta de papeles firmados en blanco- ha de justificarse la sustracción y el abuso de la firma que se produce en su consecuencia, no rigiendo aquí la limitación probatoria del art. 1017, o sea que son válidas las pruebas de testigos y de presunciones.
Indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORVALAN , TOMAS c/ IGLESIA ESPIRITU SANTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-01

Un menor de siete años que estudiaba y resulta víctima de un ilícito, no representaba para sus padres una posibilidad cierta de ingresos económicos. La conjetura de que alguna vez hubiese podido llegar a ser una ayuda económica para ellos, no llega a configurar un daño cierto, ni siquiera una chance.
Recurso de inconstitucionalidad provincial, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO  DEMOCRATA  CRISTIANO  PRESENTA IMPUGNACION DE CANDIDATURA AL GOBERNADOR DR. EDUARDO CESAR ANGELOZ s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-05

Es correcto sostener, en principio, que la Honorable Junta Electoral conoce en instancia única sobre la materia de su competencia, siendo la autoridad superior en la misma y, como tal, sus decisiones son irrecurribles (art. 9 Ley 5423). Sin embargo, en el caso de autos, el planteo sometido a consideración, le exigió incursionar en la inteligencia de normas constitucionales de la Provincia. Siendo así, corresponde a este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, como último y supremo intérprete de la Ley Fundamental local, el conocimiento de la cuestión sub-discussio.

La competencia de este Cuerpo se circunscribe al análisis y decisión de la posibilidad de reelección del actual gobernador, en función del alcance que cabe acordar al art. 136 Const. Pcial. en el caso concreto. Dicha materia se ubica dentro de los problemas que estudia y soluciona el Derecho Intertemporal o Transitorio. Existen hipótesis en que la sucesión de leyes en el tiempo genera lo que se denomina un conflicto de leyes. Una ley nueva reemplaza a otra anterior y hay hechos que se encuentran colocados en las fronteras o límites que separan la persistencia de una y el comienzo de la vigencia de otra.

Es principio general del derecho la no retroactividad de las leyes, que se erige en una prescripción de consagración universal. Esta máxima se presenta a primera vista como una regla de sentido común y de evidencia intuitiva, a tal punto que incluso los profanos la repiten. La ley siempre se refiere a hechos para asignarles consecuencias jurídicas; para determinar cuáles son los límites de su imperio temporal deben pues determinarse cuáles hechos se han realizado durante su vigencia.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, jubilaciones, prescindibilidad, decretos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALLAC DE COLOMBO, MARTA E. c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROV DETUCUMAN. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

Si bien es cierto que los agravios de la apelante se refieren a cuestiones de hecho, prueba y de derecho común y público local, ello no configura óbice decisivo para habilitar la vía del art. 14 de la ley 48 cuando, como en el caso -en que se hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro de pesos derivada de la baja ilegítima dispuesta por el Instituto de Previsión y Seguridad Social-, el tribunal prescinde de circunstancias acreditadas en la causa y tergiversa el alcance que surge de constancias fehacientes. Ello así, pues los trámites cumplidos en los expedientes previsionales no permiten hablar de culpa o inactividad de la peticionaria por incluir en el reconocimiento de servicios sólo tareas cumplidas en forma efectiva, sin que se le pueda reprochar tampoco que consintiera la expedición de un certificado que no abarcó los mayores servicios admitidos por el decreto que revocó por ilegítima la resolución que la declaró prescindible, ya que su falta de notificación le impedía alegar su mejor derecho y excluía todo juicio negativo sobre su conducta.
Prescripción, multa
Materia: PENAL
Carátula: Bucca de Padovani, Dominga c/ Poder Ejecutivo s/ Contencioso Administrativo (Libro: S061-194) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-06-08

No es suficiente la distinción entre multas compensatorias y no compensatorias; resarcitorias o punitorias, para establecer cuándo están sometidas o no a la prescripción estatuida en el Código Penal. Tal distinción no puede hacerse en base al estudio de la sanción en sí, sino de los motivos que inducen a implantarla, o sea de la naturaleza de la norma cuya infracción motiva la imposición de la multa.
Obras sociales, autonomía de la voluntad, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTOUP  OSCAR c/ OBRA  SOCIAL UNION PERS. DE LA UNION DEL PERS.CIVIL S/ s/ NCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

A partir de la causa n° 39.356/95 del 13.2.96, se dejó sentado que cuando una persona se jubila no pasa automáticamente a pertenecer al PAMI, sino que subsiste en la esfera de la autonomía de la voluntad del ex trabajador el derecho a permanecer en la obra social a la que podía acudir hasta entonces. Esta conclusión se ve corroborada por el art. 20 de la ley 23.660 y su reglamentación, en cuanto dispone que los aportes a cargo de los beneficiarios comprendidos en el inciso "b" del art. 8 (jubilados y pensionados) serán deducidos de sus haberes por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, debiendo ser transferidos a la orden de la respectiva obra social dentro de los quince días corridos posteriores a cada mes vencido. Del mismo modo, se encuentra previsto que cuando el afiliado escogiese un agente de seguro distinto del INSSJP, éste deberá transferir, en igual plazo, el monto equivalente al costo de módulo de Régimen de Atención Médica Especial para pasivos, que se garantiza a todos los beneficiarios pasivos (confr. esta Sala, causas n°s. 39356/95 cit., 1879/98 del 31.08.2000, y numerosos precedentes posteriores).
Marcas, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Nike  International  Ltd.  y  otro s/ medidas preliminares y deprueba anticipada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Las medidas precautorias previstas en el art. 38 de la ley 22.362 deben realizarse en el lugar donde se encuentran los objetos con marca en infracción. En el caso, el inventario realizado da cuenta de la cantidad de mercadería existente en el lugar y la recurrente no lo ha cuestionado. Consecuentemente la mención de la palabra "establecimiento" en el mandamiento -adviértase de todas maneras el uso del vocablo "domicilio" en la resolución que lo dispuso- es irrelevante para objetar la diligencia. Tampoco guarda relación con el acto impugnado el papel de "agente provocador", propio del ámbito penal, que la recurrente asigna a la persona que adquirió el producto, con cuya factura se solicitó la ampliación de la medida al domicilio del Sr. Llanos.
Empleador, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Galluzzo, Marcelo Jorge y otros c/ López Gómez, José Manuel y otros s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

Quien pretende la condena solidaria de empresas eventualmente contratistas de los servicios del patrono debe invocar y demostrar en forma fehaciente la configuración de los presupuestos a que se subordina la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.