Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-10


Autos N° 22.004 (97.026 - 3° CIVIL), caratulados: "NAVEA Álvarez, Elsa Marta C/ Empresa Albardón - Daños y Perjuicios" En la ciudad de San Juan, a 10 días del mes de julio del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 261, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 22.004 (97.026 - 3° CIVIL), caratulados: "NAVEA ALVAREZ, ELSA MARTA C/ EMPRESA ALBARDÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha treinta del mes de junio del año dos mil catorce, obrante a fs. 256/260, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Vienen estos autos a estudio por recurso que interpuso la actora a fs. 261 contra la sentencia del 30-06-14 que dispone rechazar la demanda de daños y perjuicios que incoara contra la empresa de Transporte Albardón, con costas a su cargo. También el juez a-quo reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

Los antecedentes del caso:

La Sra. Elsa Marta Navea Álvarez demanda a la empresa de transportes invocando que al momento en que es transportada, el colectivo es embestido, circunstancia que le provoca una serie de lesiones por las que pide la indemnización correspondiente.

Los fundamentos del fallo:

Al tiempo de meritar los hechos en que la actora basa su reclamo el juez a-quo entiende acreditado que ésta era transportada, como así el accidente ocurrido, pero considera no probada las lesiones que dijo ha sufrido; y en cuanto a las pericias de profesionales de la salud, entendió que no logran demostrar la vinculación entre los padecimientos que describen con el origen de ellos.

Los agravios: están contenidos en escrito de fs. 273 y siguientes, y en ellos la actora dice que le afecta la decisión por cuanto el juez afirma que está ante un caso de responsabilidad emergente del contrato de transporte y en consecuencia de la garantía de indemnidad del pasajero hasta su lugar de destino, resultando de aplicación la normativa del art. 184 del Código de Comercio; pero luego se contradice al no aplicar el cuerpo legal que debe regir el caso.

De acuerdo a la norma legal la víctima no tiene que probar la culpa del demandado que se presume, ya que el pasajero debe llegar sano y salvo. Es el transportista quien debe probar la causa de su eximición, bastando al reclamante probar la existencia del contrato y la producción del accidente, lo que el juez expresa está suficientemente probado. La presunción del art. 184 solo es destruible mediante la prueba de la ruptura del nexo causal; y le corresponde a la demandada producir la necesaria para destruir la fuerza convictiva emergente de la presunción legal, que exime al actor de probar la relación causal entre el transporte y el daño.

Cita jurisprudencia referida a que queda a cargo del transportador probar alguna causa de liberación de responsabilidad; como que si hay prueba o indicios sobre la existencia del hecho, es el que ha intervenido una cosa riesgosa del que se ha derivado los daños surge para aquella la obligación de responder.

El segundo agravio es porque el a-quo pone en cabeza de la actora la responsabilidad probatoria.

Afirma que según el art. 184 del C. de C. en caso de lesión acaecida durante el transporte, la empresa está obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios. Por tanto la actora no se halla en la obligación de probar la culpa del transportista, pues su responsabilidad no reposa en un factor subjetivo.

También dice que le agravia la falta de estudio y valoración de la prueba rendida, por lo que la decisión está fundada sólo en la voluntad del a-quo, circunstancia que desacredita el pronunciamiento alterando el debido proceso y defensa en juicio. Que surge de los informes periciales la directa relación de causalidad entre el siniestro y las lesiones, lo que no ha sido objetado por la contraparte.

Se refiere luego al párrafo del juez que dice que "no existe prueba contundente de la cual surge un nexo causal que me permita determinar con certeza que existe una relación de causalidad adecuada y suficiente ....". El funcionamiento de la regla de juicio de la carga probatoria, supone el agotamiento de la valoración de las pruebas incorporadas con resultado negativo. El Juez no debe omitir, al dictar la sentencia, la consideración y decisión acerca de los hechos que motivaron la demanda. Ha dejado de lado la debida congruencia al expedirse parcialmente con referencia a la cuestión debatida, violentando el deber de pronunciarse sobre las pruebas. Cita jurisprudencia. Debió extremar la evaluación de la prueba según las reglas de la sana crítica racional para así reconstruir los hechos en forma aproximada.

Otro motivo de agravio es que el juez no haya utilizado las amplias facultades para descubrir la verdad, en virtud del principio inquisitivo. El a-quo tiene la obligación de hacer uso de los poderes, aun ante la inactividad o negligencia de las partes.

También se agravia cuando la sentencia afirma que " ... no existiendo constancia alguna de que la actora haya sido atendida ..." cuando a fs. 194 se certifica que la señora Navea resultó damnificada, fs. 11, 12 207 consta que la actora sufre lesiones y su atención. Prueba aportada por la demandada a fs. 36 y 41, punto VIII A 3°,. A fs. 248 y 249 la demandada admite que la actora ha sufrido lesiones, y únicamente objeta el porcentaje de incapacidad.

Finalmente le afecta la incorrecta atribución de responsabilidad plasmada en la sentencia.

Los agravios son contestados a fs. 284 y 291 por demandada y aseguradora respectivamente.

Tratamiento de los agravios:

La primera de las quejas de la actora, es porque el juez a-quo dice aplicable una normativa de la cual se va a apartar al tiempo de resolver el caso.

Al respecto entiendo que no le asiste razón a la recurrente ya que es acertada la norma a la cual recurre el magistrado; como así en cuanto a que para responsabilizar al transportista resulta suficiente la sola existencia del hecho dañoso; de ahí que la responsabilidad que se persigue es objetiva. Por lo que, habiéndose acreditado el siniestro, se aboca a determinar si la actora ha sufrido el daño por el cual pretende ser indemnizada.

Siendo así, aparece inapropiado el agravio en cuanto se refiere a la innecesariedad de acreditar culpa, o negligencia en el demandado, puesto que no es ese el motivo del rechazo de la demanda. El Juez con coherencia ha despejado tal duda con el postulado inicial y la aplicación del art. 184 del Cód. de Comercio.

No obstante ser así, tampoco puedo dejar de remarcar que es la misma actora quien, a fs. 1 vta. atribuye a la demandada falta de atención, negligencia y torpeza; con lo cual no podría acusar al juez de falta de congruencia si es ella quien ha fundado su reclamo en tales presupuestos.

Pero dejando de lado tal precisión, advierto que el a-quo ha rechazado la demanda al entender que no ha logrado la accionante acreditar los daños que dice haber padecido.

Sobre la exigencia de pruebas que demuestren las lesiones, no es errado el magistrado, puesto que es requisito de aplicación del art. 184 del Código de Comercio, que el pasajero las haya sufrido; y que esos daños hayan sucedido durante el transporte.

Advierto que el a-quo no procura demostración de culpa o negligencia; tampoco la prueba de eximentes de responsabilidad del transportista sino que, luego de meritar las actuaciones cumplidas concluye en que no hay prueba de lesiones; ni tampoco, que éstas tengan su origen en el siniestro; razonamiento acertado desde que, conforme lo exige el art. 1.067 del Código Civil, la prueba del daño es requisito ineludible para admitir la obligación de indemnizar. Si no existe daño, nada tendrá que repararse, y por tanto no será procedente ninguna demanda que persiga tal objetivo.

En este sentido tampoco encuentro que el juez haya errado al valorar las pruebas obrantes en la causa.

Esto, porque se ha referido a las actuaciones policiales, en donde se describe quienes fueron los pasajeros que son trasladados del lugar del accidente hacia centros asistenciales, entre los que no se incluye a la actora.

Si, tal como lo dice ésta al demandar, sufre de politraumatismo varios de carácter grave, en especial traumatismo de cráneo, y de columna cervical y lumbar, es razonable que fuera trasladada al hospital, del modo que lo fue el Sr. Horacio Lucero quien presentaba sólo " ... traumatismo de tobillo ..." (según fs. 200); u otros pasajeros. Sin embargo ninguna constancia hay de ello.

No obstante afirmar que fue trasladada al Hospital Rawson y luego al Servicio Médico San Juan, no aportó historia clínica, indicaciones médicas, recetas, o facturas, recibos, etc. que indiquen que en fecha próxima - posterior a ocurrir el hecho siniestral - fuera asistida.

En este aspecto el a-quo ha analizado la prueba, y si bien alude a la acreditación del nexo causal, antes que ello debe tenerse en cuenta que debe existir daño para poder vincularlo con un hecho determinado. Si no existe daño, mal podría buscarse nexo con alguna causa.

Mal puede quejarse de falta de meritación de pruebas si en el fallo fue considerada la que propone el recurrente que tenga en cuenta este tribunal, al decir el juez que " De las Actuaciones Preliminares Nº 41/07 que en copia certificada tengo a la vista, surge que entre los damnificados (fs. 194) -pasajeros- se encontraba la Sra. Elsa Marta Navea de González (fs. 194 y 207). Por lo cual, el vínculo contractual existente entre las partes de éste proceso ha quedado acreditado. " En cuanto a la constancia de fs. 194, en donde dice la actora está acreditada que fue atendida, resulta que solo es la carátula de una actuación en donde se la menciona como "damnificada" pero que no trae ninguna especificación al respecto.

En la actuación de fs. 207 es solo una manifestación que la actora hace ante la policía, sin que ello constituya prueba de lesión alguna.

Respecto a la actuación de fs. 10, consiste en un informe de la Dra. Paulina Nasetta, fue negado por la demandada a fs. 38, sin que haya sido reconocido en juicio; y el de fs. 11 es un pedido por parte de la autoridad policial para que el médico perito informe sobre las lesiones que presenta la actora, del cual no hay constancia que se haya producido, como ocurre con otros pasajeros transportados según copias de actuaciones policiales de fs. 201-228.

En cuanto a las pericias, han sido bien analizadas, en vista a las impugnaciones a las que son sometidas a fs. 151 y 176.

Esto conlleva a rechazar la crítica de la apelante cuando dijo que no ha sido objetado por la contraparte, pues claramente se advierte las objeciones de que fueron motivo.

Por otra parte, que dichas periciales fueron valoradas por el juez a-quo quien le resta valor como medios probatorios suficiente en tanto la de médico traumatólogo está basada en la anamnesis (es decir en el relato de la misma actora), y placas radiográficas de fecha 25-04-12 cuando el accidente ocurrió en el mes de abril del año 2.007. En cuanto a las otras contravienen los recaudos previstos en el art. 437 del C.P.C. que impone al técnico que la practicaba decir y explicar detalladamente " ... las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que el perito funde su opinión". No hacerlo, como resulta de la de fs. 116 y 132, descalifica el medio probatorio en tanto el juez no puede estimarla sin considerar los principios científicos en que se funda,...", según las pautas de valoración contenidas en el art. 439 del C.P.C. No basta para satisfacer tales recaudos decir - como lo hace la perito psicóloga, que la técnica fue " Entrevista semi dirigida ..." dando a entender que fue una la realizada; de donde no es presumible que a través de ella pudiera llegar a un diagnóstico de " trastorno Distímico".

Tampoco es rebatida la consideración del juez respecto de que " ninguno de éstos profesionales elabora su trabajo partiendo de datos ciertos e indubitados a la fecha de acaecimiento del evento,...", con lo cual las patologías que advierten pueden reconocer otras causas, o haberse instalado en otros tiempos.

No puede quejarse la actora acusando que el juez no ha utilizado las amplias facultades de investigación en tanto la ley procesal se ocupa de la actividad probatoria asignando a cada sujeto del proceso la carga respectiva, fijando como regla general que " cada una de las parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión ..". No se advierte en el caso más que un interés particular, que no requiere tutela especial o prioritaria ( conf. art. 340 del C.P.C.) No se advierte que a fs. 36 o 41 (pertenece a la contestación de demanda de la aseguradora) haya un reconocimiento de que la actora fuera atendida por lesiones recibidas en el accidente. Por el contrario, a fs. 38 hay una negativa, en principio general, y luego puntual respecto a que sufriera lesiones; que no es desvirtuada por la mención que hace a fs. 24 vta. citando los dichos de la actora.

En mérito a lo analizado voto por el rechazo del recurso de apelación, con costas.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, DIJO:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde rechazar el recurso de apelación, con costas.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, DIJO:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación, con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2015; F° 129/133; FECHA:10 de julio de 2015 DRES. ALFERILLO-RIVEROS