marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal municipal, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, determinación del haber jubilatorio, cambio de categoría, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BONSEMBIANTE, AUGUSTO LUIS c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Conforme la doctrina sentada por la C.S.J.N. en los fallos "Baglieto, Francisco Esteban", del 11.6.85 y "López Della Piaggia" del 18.9.90 (entre otros), y cuando el encasillamiento decidido a partir del Dec. 1624/77 y la Ord. 33.651 no resulta adecuado, corresponde ordenar al Instituto Municipal de Previsión Social se otorgue al peticionante una categoría equivalente a la revistada al tiempo del cese (en el caso "J-2" conforme Ord. 31.420). Para materializar dicha equivalencia: 1) se deberá tener en cuenta la relación porcentual que el contenido económico de la categoría según la cual se le liquidó el beneficio guardaba con respecto al de la más alta categoría de las llamadas "Categorías Máximas Ord. 31.420); 2) encuadrar el beneficio dentro de aquella categoría que mantenga con la superior de las denominadas "Categorías de Conducción Ord. 33.651 y 40.402) la misma relación porcentual obtenida de la operación realizada en el punto anterior. Si resultase más conveniente la asignación perteneciente a la categoría actualmente gozada, se conservará esta situación; y 3) en el futuro, deberá continuarse observando la pauta precedentemente indicada, cada vez que se produzca algún cambio de estructuras escalafonarias.
Facultades discrecionales, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Neustadt, Enrique Germán c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

La potestad del Poder Judicial de revisar los actos administrativos sólo comprende, como principio, el control de su legitimidad, que no excluye la ponderación del prudente y razonable ejercicio de las facultades de las que se hallan investidos los funcionarios competentes, pero no el de la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas por éstos adoptadas.
Improcedencia del recurso, queja por denegación del recurso extraordinario, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Colman Jara, Delia Leticia c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-25

Resulta improcedente el recurso de queja incoado contra la sentencia que declaró inadmisible el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, pues asiste razón al a quo ya que ha expuesto debidamente cuáles son las razones por las que se consideró no probada la relación laboral entre la actora y los demandados. La recurrente podrá estar en desacuerdo o no con el criterio sostenido por las juezas intervinientes para valorar el material probatorio incorporado al proceso, pero esa ausencia de conformidad no implica arbitrariedad.
Sentencia, nulidad de sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Florio, Enzo Adalberto c/ Moisés Kleinman S.A.C.I.A.G.F. s/ Despido indirecto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-29

No procede el agravio de la demandada, en cuanto la Juez estima que existió despido directo, cuando el actor alegó despido indirecto. Aún cuando aparentemente exista contradicción en la sentencia al estimar que el despido se presume ante la negativa de la relación laboral que efectuó la demandada, entiendo que todo argumento que pueda ser corregido por vía de apelación no causa por sí nulidad de la sentencia. Que el despido haya sido indirecto, no causa efecto distinto en cuanto a la condena de las indemnizaciones que establece la ley, lo que hace a la procedencia de las mismas es en realidad que haya sido justo o injusto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, empleados públicos, gobierno provincial, cesantía, Estado Provincial, nulidad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GUSTAVO MARTIN c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la inadmisible la demanda contenciosoadministrativa que pretendía la anulación de los decretos que declararon cesante al actor en el cargo que desempeñaba en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, por estimar que lo decidido se hallaba dentro de las facultades propias de la Presidencia del Senado provincial, y era insusceptible de revisión judicial. Ello es así, pues -de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución provincial- cabe la revisión de los actos del senado vinculados a la remoción de su personal.
Elevación a juicio, defensa en juicio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

La circunstancia de que la causa se haya elevado por tramos, por los hechos cuya investigación en la etapa de instrucción ya se encontraba completa, no configura una afectación a la garantía de defensa en juicio del imputado, si éste pudo ejercer plenamente ese derecho, habiendo contado con la posibilidad de refutar la acusación que se erigió en su contra, máxime cuando no se advierte ni la parte indica de qué defensas se vio privada de oponer por haberse encontrado a la sazón el segundo tramo de la causa en la etapa instructoria y la decisión de elevación tuvo como objetivo evitar un grave retardo atendiendo a la existencia de personas detenidas que requerían la resolución de su situación sin más demora.
Procedimiento judicial de la seguridad social, conversión del proceso previsional, ley de orden público, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: STORTINI DE PACCAMICI, LAURA ALICIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

No constituye óbice el control de constitucionalidad que la ley de que se trate se autodefina-amén de "federal"-como de "orden público" (art. 10, pto. 1, ley 24.463). Ello así, toda vez que las normas sobre procedimiento, jurisdicción y competencia revisten siempre ese carácter, cuya consecuencia sustancial consiste en limitar la posibilidad de su modificación por la sola voluntad de las parte (Fallos 300:1213), más no al sustraerlas del control aludido (Fallos 270:201, entre otros).
Daño moral, muerte del damnificado, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Tapia, Carlos Alberto, Ochoa Rosana y Otros c/ Centro Comunitario Adherido al Programa 136 y Otro s/ Ordinario, Daños y Perj. Mala Praxis
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-12-04

La restricción del art. 1078 del Código Civil en cuanto sólo concede derecho a reclamar el daño moral derivado del fallecimiento de la víctima a los herederos forzosos, implica una discriminación que no resulta razonable, toda vez que el daño existe o no independientemente de que una persona esté o no legitimada para accionar, máxime cuando la reparación integral y plena de dicho "daño" resulta amparada por nuestro sistema constitucional en su art. 19 CN
Acción, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bussetto, Jorge c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Del Gener, Pablo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16|1995-06-13

Si el decreto atacado de nulidad fue dejado sin efecto corresponde declarar que se ha tornado abstracta la cuestión litigiosa del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regulación de honorarios, responsabilidad del deudor, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N., N. M. c/ / C., S. D. L. C. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

El art. 505 CC -actual art. 730 CCC, última parte- no significa que en la sentencia de mérito no deban regularse los honorarios correspondientes a cada letrado interviniente, conforme sea su actuación en la causa y de acuerdo a lo que tenga derecho a percibir, por haberlo devengado con su trabajo; el art. 505 CC o el actual art. 730 CCC no levantan una barrera entre el letrado y los honorarios a que tiene derecho, si así fuera sería inconstitucional, porque implicaría un factor de cercenamiento de derechos ya devengados. Por ende, es del todo desatinada la pretensión postrera de la aseguradora recurrente.Lo que el art. 505 CC y su correlativa norma del nuevo código -730 CCC- hacen es declarar que la responsabilidad por el pago de las costas tiene el límite del 25% que allí se establece. Es decir, los honorarios se regulan en la sentencia, como deban ser regulados en función de los trabajos hechos y de las pautas arancelarias en juego y se imponen las costas, de acuerdo al éxito o derrota de una o varias partes. Luego, al momento en que esos honorarios queden firmes y pretendan ser ejecutados, podrá plantear el legitimado pasivo al pago el exceso del tope y allí, en su caso, se prorratearán los honorarios que habrá de afrontar su parte, lo que no implica que el eventual remanente no pueda serle cobrado por el profesional a otro obligado.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, antigüedad, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALTO, ANDREA YAMILA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, es menester destacar que la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria; y en el sub lite, las alegaciones de la amparista al sostener arbitrariedad por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, toda vez que la disposición cuestionada se inscribe en el marco de legalidad y del derecho positivo vigente, de donde surgen asimismo, los requisitos que deberán reunir los aspirantes al ingreso a la docencia en el sector público además de las exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a concurso, destacando particularmente que la labor docente no es igual según se desempeñen en el sector público o en el privado, en especial, difieren los sistemas de ingreso. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044287 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044225.
Daños y perjuicios, efectos de la sentencia penal en sede civil, cosa juzgada, tipo penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HALLIBURTON S.A. c/ GOMEZ Y OTS. s/ Ordinario (LIBRO: S071 - 111)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-20

La falta de tipicidad penal del acto no incide en la responsabilidad civil, pues el CCI se contenta con una antijuridicidad genérica.

Por eso puede ocurrir que el juez penal absuelva por no existir delito penal, y el civil acoja la demanda porque el hecho es un cuasi delito civil o, aunque no lo sea, ha dado origen a una obligación de restituir o indemnizar. Empero en ese supuesto es necesario que se aporten nuevos elementos de convicción o se valoren circunstancias no relevantes para el juez penal y sí para el magistrado en lo civil, ya que las conclusiones alcanzadas en la jurisdicción criminal no son discutibles en la causa civil sobre la base de los mismos elementos de juicio contemplados en el proceso penal. El camino transitado por el Juez Civil será diferente, cuando se aporte nuevos elementos de juicio, medios probatorios no arrimados a la sede penal, o causa de justificación que no consideró el juez penal.
Representación procesal, ratificación del mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abadía Roberto Domingo c/ Pérez Alberto y otros s/ Daños y perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-29

La ley procesal entiende que la nulidad opera de derecho, por el sólo transcurso del plazo previsto en el artículo 48 del CPC, sin previa intimación. Ello implica que la ratificación posterior resulta irrelevante. Asimismo, puede ser declarada de oficio o a pedido de parte, pero en ambos supuestos, el transcurso del plazo es fatal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de menores, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., C. A. y otros s/ Pedido de designación de guardadores e internación en Chascomús F., M. M.. S., M. S. s/ Internación O., N. L. c/ P., D. E. s/ Tenecia de hijo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10|1995-10-17|2001-10-24

Corresponde anular de oficio el fallo de alzada que incumplió la exigencia contenida en el art.50 del dec. ley 10067 de tomar conocimiento personal y directo con el menor.
Embargo, bienes embargables, bibliotecas
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIERA RUBEN OSVALDO s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

No revistiendo carácter de uso indispensable, la biblioteca resulta embargable.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, leyes, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ, JUAN CARLOS c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO CALIFICADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-17

En el sub judice, la magistrada no sólo requirió el acompañamiento del legajo fiscal como exigencia a la continuación del trámite, sino que además fundó su decisión de lo que surgía de las fotocopias que le facilitó la defensa, no encontrándose dicha práctica amparada en ninguna norma procesal, por lo que no puede ser convalidada, como erróneamente sostiene la Cámara, con el argumento de que para ejercer el control jurisdiccional el Juez, indefectiblemente debe verificar la evidencia que sustenta el acuerdo, al menos no en la forma en que lo hiciera la jueza de primera instancia. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhieren los Dres. Netri y Spuler)
Reajuste jubilatorio, empleados públicos, personal no docente, ley vigente, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: POLIZZI, Beatriz Susana c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-28

Corresponde hacer lugar al reajuste previsto en el art. 11 de la ley 22955 cuando el peticionante cumplió servicios (en el caso en la Universidad Nacional de Rosario), comprendidos en el escalafón para la Administración Pública Nacional, sin que pueda operar en detrimento de ello el hecho que a la fecha del cese en la actividad se hallare vigente el escalafón para el Personal no Docente de la Universidad Nacional, toda vez que ni la ley previsional ni su decreto reglamentario han establecido una expresa exclusión por esa causa de los beneficios que regulan.
Ejecución hipotecaria, sistema de refinanciación hipotecaria, subasta, suspensión de la subasta, fideicomiso para la refinanciación hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: CONEJO, Pilar c/ EFRON, Ana Lía s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Si bien lo resuelto por el juez de primera instancia -rechazo del pedido de suspensión de la subasta solicitado por el ejecutado con fundamento en la ley 25.798- resultaba ajustado a derecho al momento de dictarse el decisiorio recurrido, lo cierto es que con posterioridad al mismo se dictó la ley 25.908 que expresamente en su artículo 16 inciso d)prevé la suspensión de la subasta. En razón de lo expuesto, corresponde suspender el remate sin perjuicio de los planteos que pudiere efectuar el ejecutante respecto a las leyes de referencia.
Accidentes de trabajo, prueba, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SCHNEIDER JOSE LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE FEDERAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-19

Debe quedar debidamente acreditado, no sólo la existencia del accidente de trabajo sino también la relación causal entre el accidente y el actual estado de salud del actor.
Excarcelación, intención de entorpecer la investigación judicial
Materia: PENAL
Carátula: González, Luis Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-02

Se encuentra probado el peligro de entorpecimiento de la investigación -que el encausado coarte la declaración de testigos y víctimas- en atención a las características de los hechos investigados -asociación ilícita y cohecho reiterados- y la circunstancia de que se habrían cometido mientras el imputado cumplía funciones en una comisaría, valiéndose de su condición de policía para obtener beneficios económicos y utilizando para perpetrar delitos la infraestructura y los recursos que le fueran asignados para prevenirlos. (Dres. Mitchell, Catucci y Riggi).
Jubilaciones, pensiones, jueces, adicional por dedicación exclusiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Expte. S. 3561. 91. s/ Jubilaciones y Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

Corresponde reservar las actuaciones iniciadas por ex magistrados y funcionarios, que solicitan el reconocimiento del porcentaje del suplemento otorgado por las acordadas 56/91 y 75/91 a los magistrados y funcionarios en actividad, hasta tanto se resuelvan los amparos planteados ante la Cámara Federal Contencioso Administrativa.
Regímenes jubilatorios especiales, médicos, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz Velázquez c/ Caja Prev. y Seg. Médico de Bs.As. y su acumulada 50.461 s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Para gozar del derecho a pensión la ley 6742 exige, entre otros requisitos, que el causante tuviere al momento de fallecer un ejercicio profesional mínimo computable de diez años, sin que sea menester que el afiliado se encuentre en actividad ni que se halle en condiciones de obtener la jubilación extraordinaria.
Prueba, carga de la prueba, principio de adquisición
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS c/ ATLANTIC S.R.L. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-03-17

De acuerdo al principio de adquisición procesal, al juez le es indiferente establecer a cual de los litigantes correspondía probar, siempre que los hechos esenciales de la causa queden probados. No interesa quien probó, desde que el instrumento de convicción está en el proceso y el único destinatario de él es el juzgador.
Locación, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia Salgado, E. c/ Fischer Senco, Oscar s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-17

Tratándose de una locación no instrumentada por escrito, resulta aplicable la solución prevista por el artículo 1507 del Código Civil, debiendo interpretarse que el contrato fue acordado por el término de ley - en la especie tres años, ya que la locación no fue pactada para vivienda ( conf. art. 1º de la ley 23091).-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sanciones procesales, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Valaire  SACI. c/ Pedrana  SA. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

Si bien lo relativo a la aplicación de medidas disciplinarias, en tanto no excedan de las usuales o de las admitidas en virtud de las disposiciones legales que autorizan su imposición, constituyen materia privativa de los jueces de la causa, dada su naturaleza procesal y fáctica, y, por lo tanto, ajenas a la instancia extraordinaria, tal criterio no resulta aplicable cuando hubiese exceso en la interpretación de la ley, tornando arbitraria dicha sanción.
Nulidad de sentencia, rechazo de la homologación del acuerdo, sentencia arbitraria, rechazo in límine
Materia: PENAL
Carátula: ARUQUIPA MAMANI, José Luis s/ hurto c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Corresponde anular la resolución que denegó la homologación del acuerdo conciliatorio presentado, pues si bien las decisiones de tal naturaleza no se encuentran alcanzadas por el art. 457 CPPN, cabe hacer excepción a esta regla en los supuestos en que ha habido acuerdo de todas las partes, el hecho se encuentra dentro de los contemplados en el art. 34 CPPF y la resolución que ha denegado la petición de todas las partes resulta arbitraria, en la medida en que el a quo rechazó in limine el acuerdo sin escuchar a los intervinientes en el conflicto (voto del juez Jantus)
Recurso de casación penal, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Parra, Richard Ariel s/ Queja en: Parra, Richard A. s/Homicidio culposo doble y lesiones en  concurso ideal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-08-04

Deviene improcedente el recurso de casación cuando se discute la eficiencia probatoria de los elementos de convicción utilizados por el Tribunal de grado y se intenta una diferente valoración de la prueba pericial sobre la que difiere el fallo. Tal discrepancia en la calificación de dicha prueba, sin una demostración acabada y rotunda de la absurdidad o arbitrariedad manifiesta que se alega, no pasa de poner en relieve un desacuerdo subjetivo que no alcanza para fundamentar el extraordinario recurso.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bustos, Alberto Enrique y otra c/ Santiago, Juan Martín y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

El transporte benévolo no exime de responsabilidad, sino que enmarca el caso en el artº 1109 del Código Civil, en cuyo caso la prueba de la culpa del conductor ha de quedar a cargo de la víctima.
Transporte de carga, responsabilidad contractual, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: THE  TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD c/ AVERSA LAURA PALMIRA s/ faltante y/o avería de carga transporte terrestre.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-01

A la época de los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones, la frecuencia de los robos de mercaderías transportadas por vía terrestre, perpetrados por bandas delictivas organizadas, impide considerar a tales hechos como imprevisibles, constituyendo un riesgo propio de la actividad profesional de la empresa transportadora. Ello obliga a arbitrar todos los medios necesarios para impedir tales acontecimientos, por lo que las deficiencias de seguridad que facilitan la consumación de un robo no pueden liberar de responsabilidad a la empresa acarreadora, bajo el amparo del "carácter irresistible" de la agresión (conf. Sala I, causa 9226/92 del 29/02/96; Sala II, causas 3921/97 del 16/09/99, 5391/98 del 20/11/01, 853/01 del 2/12/04; Sala III, causas 2552/97 del 31/03/98, 21.290/96 del 8/04/99, 6804/99 del 31/10/03).