Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-28


Salta, 28 de Marzo de 2011.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "FARFAN, Manuel Jesús; VARGAS, Omar Antonio; JÁUREGUI, Alberto Isidoro; RODRÍGUEZ, Agustín; MOREIRA, Hugo Santiago por VIOLACION DE DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO en perjuicio de ISA, Marcos Esteban", Expte. Nº 55.017/08 del Juzgado Correccional y de Garantías de 3ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 26167/9 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que en estos obrados que tramitan conforme las disposiciones del procedimiento sumario, en su oportunidad la Dra. María Lujan Sodero, Fiscal Correccional Nº 3, requirió juicio contra Omar Antonio Vargas, Alberto Isidoro Jáuregui, Manuel Jesús Farfán, Agustín Rodríguez y Hugo Santiago Moreira por el delito de Omisión de los Deberes de Funcionario Público, conforme así consta a fs. 36/38.

Avocado el Juzgado Correccional y de Garantías de 3º Nominación, mediante proveído de fs. 39 y por ende conteste con el requerimiento aludido, el Dr. Nicolás Vedia mediante escrito de fs. 59/62 apela el avocamiento del Sr. Juez Correccional, agraviándose en síntesis al considerar que el requerimiento de juicio es nulo por falta de motivación, ya que es parcializado y no desarrolla todos los elementos necesarios para configurar el tipo penal, forzando así los hechos en cuestión. Señala que si bien realiza una descripción de los hechos, en ningún momento hace referencia que su defendido - quien conforme Libro de Guardia cumplía función de chofer del móvil policial - actuó con dolo aunque sea eventual, acudiendo el recurrente a doctrina y jurisprudencia que exigen ese presupuesto subjetivo para la configuración del delito previsto en el art. 249 del C.P.. Cabe puntualizar, previo expedirme sobre el fondo del asunto, que la acción recursiva por haber sido interpuesta en legal tiempo y forma, amerita sea declarada admisible.

Volcado al análisis del hecho descripto en la Requisitoria de Juicio formulada a fs. 36/38 por el Ministerio Fiscal, y los agravios del recurrente, puede anticiparse que no le asiste razón a este último.

Surgiendo del escrito de agravios que el apelante incurre en una serie de notorios equívocos en cuanto a los actos, sujetos, alcances y demás conceptualizaciones de esta etapa del proceso, a fin de comprender puntualmente los alcances de las normativas del procedimiento sumario, debe tenerse presente que su verdadero carácter no es el de investigar un hecho, tal como en forma similar acontece con la etapa instructoria del proceso penal. En el primero está a cargo de la policía el recolectar todos los elementos que hubieren y fueren atinentes a un hecho que puede o no ser materia de un proceso penal; ello dependerá del análisis en abstracto que el Fiscal Correccional formule sobre todo aquello que muestra el Acta Única policial, de modo tal que si concluye que se describe una conducta penal y se atribuye a una determinada persona, debe requerir juicio, momento a partir del cual existe un proceso en su fiel concepto terminológico, vale decir, obra una acusación, posibilidad de defensa, de producción de pruebas y finalmente una sentencia.

En el caso analizado, no se advierte que el requerimiento de juicio no estuviese motivado o que se encuentre viciado por alguna causal de nulidad de las expresamente contempladas por la ley, como tampoco las enunciadas genéricamente por el art. 162 del C.P.P.. Por el contrario, tal requerimiento contiene una motivación suficiente y cumple con los demás requisitos de formas que establecen los art. 184 y 341 del C.P.P..

A todo evento útil resulta recordar que no se exige por norma jurídica alguna como un requisito de validez de la requisitoria de elevación a juicio en el procedimiento sumario, una fundamentación sobre la probabilidad de la autoría material del hecho similar a la del auto de procesamiento dictado por un Juez de Instrucción Formal, ya que jamás podría darse tal pretendida equiparación atento las distintas funciones y naturaleza de los organismos que estos integran, siendo el Juez el único sujeto investido de jurisdicción, prerrogativa de la que como es sabido carece el integrante del Ministerio Público Fiscal.

Así, deben entonces ser perfectamente diferenciados los "elementos de convicción suficientes" que exige para requerir juicio el art. 357 del C.P.P. al Fiscal Correccional, de los "elementos de convicción suficientes para juzgar que existe un hecho delictuoso y que aquél, es culpable como participe del mismo", que el art. 295 del C.P.P. exige al juez de instrucción para el dictado del auto de procesamiento.

Como consecuencia del principio de oficialidad y de legalidad, (éste ultimo opuesto al de oportunidad), que impera respecto al requerimiento fiscal, el representante del Ministerio Fiscal tiene el deber de ejercer la acción pública siempre que aparezca descripto como cometido un hecho delictuoso. Por ende, su sometimiento a la ley lo pone en la imperativa necesidad de actuar, no dejándole facultad alguna de discrecionalidad.

En consecuencia, ante la denuncia de hechos penalmente típicos perseguibles de oficio, y al contar con suficientes elementos de cargo, debe instar el proceso, tal como lo hizo la Sra. Fiscal Correccional Nº 3, mediante el ejercicio de la acción penal a través del acto de requerimiento de juicio.

Téngase en cuenta que no es facultad del Ministerio Fiscal hacer juicio de mérito sobre la veracidad de los hechos sobre los que requiere juicio, ya que si así lo hiciera vulneraría el principio de legalidad, no exigiéndose que tenga que arribar a una convicción en grado de "probabilidad positiva" que supere la mera sospecha sobre la conducta típica denunciada para recién dar inicio a un proceso penal. Por el contrario, el hecho histórico que resulte penalmente típico por el que requiere juicio será precisamente objeto de un profundo tratamiento durante la sustanciación del debate, para lo cual el órgano requirente tiene el deber de ofrecer previamente las pruebas de cargo, tal como lo hizo a fs. 36/38, con la posibilidad de ampliarlas en la etapa pertinente. A su turno el imputado tiene la facultad de ofrecer también las pruebas que estime hacen a su defensa, como lo prevén los arts. 357 y 359 del C.P.P..

Cabe concluir entonces que el requerimiento fiscal que nos ocupa no contiene defecto alguno en su motivación, y menos aún puede afirmarse que del mismo no surja en forma clara el acontecer ilícito por el que requiere juicio, toda vez que conforme se valora en el requerimiento acusador, surge de lo expuesto que los efectivos policiales acusados, habrían omitido los deberes propios de sus funciones, ya que lejos de aprehender a quien se encontraba rebelde y buscado por la justicia, fueron permisivos y flexibles a los requerimientos de este, favoreciendo que finalmente se evadiera, de lo cual no puede descartarse prima facie que en tal indebido proceder se hubiese encontrado ausente la intencionalidad dolosa necesaria, atento la alegada vecindad y/o familiaridad que existiría entre los policías y el prófugo.

No quedan dudas que el requerimiento fiscal describe en forma circunstanciada el hecho denunciado con indicación del lugar, tiempo y modo en que aconteció, calificando la conducta reprochable e individualizando a las personas imputadas, hace una exposición sucinta de los motivos en que se funda, como así también menciona las diligencias útiles para la averiguación de la verdad, tal como lo prescribe el último párrafo del art. 341 en función del art. 184 último párrafo del C.P.P., no adoleciendo de vicio alguno que pudiese provocar su nulidad, máxime teniendo en cuenta que nuestro sistema procesal establece que el régimen de nulidades es de interpretación restrictiva.

De allí entonces que todas las cuestiones probatorias - entre las que se incluye determinar si hubo o no dolo, si obró o no justificadamente - necesariamente corresponde sean dilucidas en el debate.

Queda claro de este modo, que el análisis que lleva cabo la Sra. Fiscal Correccional y a su vez el Sr. Juez conforme a las normativas citadas, no lo es sobre el mérito de la prueba y menos aún sobre la responsabilidad penal que le pueda caber a alguien, aspecto este último que como se dijo, claramente se diferencia el procedimiento sumario del instructorio, ya que en este último se cuenta con un auto de procesamiento basado en un juicio de probabilidad y en el que el Juez se expide sobre la existencia de un delito y su autoría, mientras que en procedimiento sumario, hasta tanto no se lleve a cabo el Debate, lo único que evalúan en abstracto tanto el Fiscal como el Juez Correccional, es si todo lo consignado en el Acta Única es acorde a alguna conducta prevista en un tipo penal y en su caso, a quién se le imputa la misma. Será recién en oportunidad del Plenario cuando se discuta y se ejerciten todos los derechos sobre los que prematuramente el recurrente por vía de apelación, pretende que este Tribunal se expida al respecto. Resuelta entonces más que evidente que el hecho descripto en la Requisitoria Fiscal tiene prima facie las características propias de la tipicidad de un hecho catalogado como delito, como es el previsto por el art. 249 del C.P., siendo improcedente el planteo formulado por la defensa ya que impugna el requerimiento de juicio refiriéndose a aspectos de la conducta del acusado que reflejan la necesidad de contar con pruebas que avalen o descalifiquen la hipótesis acusatoria que emerge del requerimiento acusatorio en el que se reprocha a la acusado haber omitido realizar actos propios de sus funciones.

Desde otra óptica, tampoco se avizora la existencia de perjuicio alguno que pudiese respaldar la procedencia de cualquier eventual nulidad, ya que las consecuencias derivadas del sometimiento a juicio, son las propias de cualquier ciudadano que debe transitar por la sustanciación de un proceso judicial, lo que en rigor a la verdad de manera alguna puede implicar en si un perjuicio en sentido estricto. En definitiva el requerimiento fiscal que se cuestiona se encuentra realizado dentro de las previsiones legales no existiendo causal de nulidad alguna que lo invalide, limitándose la defensa a alegar su nulidad sin citar el perjuicio ocasionado, denotándose de los argumentos de la defensa que ellos más bien tienen que ver con la prueba de cargo o descargo, lo cual no puede dilucidarse en esta etapa ya que es materia propia del plenario donde emergen en plenitud los principios de la oralidad, publicidad y contradictorio.

Por las razones expuestas, no corresponde hacer lugar a la apelación incoada. Así voto.El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

______ En mérito a ello y al acuerdo que antecede, _________LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACION ________________________RESUELVE ______I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 59/62 por el Dr. Nicolás Vedia y en su mérito CONFIRMAR el avocamiento del Sr. Juez Correccional Nº 3 rolante a fs. 39.

II)REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.