Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 748 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Olivera, Enrique Dalmacio vs. Sollazzo Hnos S.A. (Empresa Constructora Industrial y Comercial) s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala Va. de la Excma. Cámara del Trabajo el 25/3/2002 (fs. 365/367 vta.) la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido mediante pronunciamiento del 09/5/2003 (fs. 436/437) emitido por la Sala III del referido Tribunal. Ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT, según consta en informe actuarial de fs. 444.

2.- En lo que constituye materia de este recurso, la Cámara impuso costas íntegramente a la parte demandada, por considerar que resultó vencida en todos los créditos demandados, aun cuando se modificaron los montos por indemnización por antigüedad, agregando que no se configuró el supuesto del art. 106 inc. 3 CPCC en relación a créditos adeudados.

3.- El recurrente denuncia que la sentencia omitió aplicar el art. 109 del CPCC, por cuanto impuso la totalidad de las costas a la demandada, sin valorar la circunstancia de que su defensa tuvo éxito al limitar la indemnización por año de antigüedad en la suma de $1.237,68, habiéndose rechazado la pretensión del actor de fijar la misma en $2.480 por cada año de servicio.

Sostiene que se hizo caso omiso del valor persuasivo y ejemplar que tienen las decisiones de la Corte, siendo que mediante sentencia Nº 438 de fecha 06 de junio de 2001, este Tribunal ha fijado como doctrina legal que es arbitraria la sentencia que impone las costas sin tener en cuenta la proporción en que cada litigante resulta parte ha resultado exitosa, si el resultado del pleito es favorable a ambos litigantes.

4.- El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 130 y ss. del CPTT, por lo que corresponde abordar el análisis de la procedencia del recurso.

5.- La cuestión jurídica traída a consideración de esta Corte encierra la pretensión de que en la imposición de costas se aplique el artículo 109 del Código Procesal Civil, al haber resultado ambas partes victoriosas en el pleito.

Surge de lo actuado que entre las pretensiones dinerarias articuladas por la actora, se encuentra la que tiene por objeto que para la determinación de la remuneración base del art. 245 LCT se fije el tope que surge de aplicar el convenio nº 018/75 de la Asociación Bancaria con Bancos de Provincias de la República Argentina o de la misma Asociación con Bancos de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando en tal caso los montos máximos a tomar como base para calcular la indemnización por antigüedad la suma de $2.077,86 y $2.932,50 respectivamente.

En efecto; en el escrito de demanda (fs. 6/15 vta.) se vislumbra la posición adoptada por el actor respecto a dicha pretensión, pues al efectuar planilla a fs. 13 vta. su parte calcula la indemnización por antigüedad del art. 245 LCT tomando como base la suma de $2.000.

Esta pretensión motivó una enérgica oposición de la accionada en su responde, en donde se rechazó la planilla confeccionada por la actora por considerar que no se respetó la resolución 1050/96 (MT y SS) y ley 23.697 que modificó el art. 245 LCT, e impugnó el rubro indemnización por despido al no haberse tenido en cuenta para su determinación el tope indemnizatorio vigente, solicitando se ajuste a la base promedio mensual que de acuerdo al convenio colectivo 130/75 es de $1.237,68.

Las distintas posturas existentes entre las partes en torno a la base aplicable para el cálculo de las indemnizaciones por antigüedad quedó evidenciada también al producirse el cuaderno de pruebas del actor nº 8, en donde la demandada impugnó el informe pericial contable (fs. 314) por considerar que el perito no contestó a su pregunta ni tuvo en cuenta el tope indemnizatorio que establece el convenio nº 130/75, y al contestar la vista que le fuera corrida de la impugnación efectuada (fs. 329/330) la parte actora explicitó su posición de que debía aplicarse al caso el convenio colectivo nº 018/75.

De ello, se colige que la petición de una mayor base para el cálculo de la indemnización del art. 245 LCT constituyó objeto de una pretensión articulada por el actor contra la cual existió una expresa oposición efectuada por la demandada, que existió controversia entre las partes al respecto en la etapa de producción de la prueba, y que además fue objeto de un tratamiento particularizado en el pronunciamiento impugnado.

Ahora bien; habiéndose aclarado esta cuestión preliminar, examinado el sub lite, se advierte que la demanda ha progresado en todas sus partes, con excepción de la pretensión vinculada a la determinación de la base a los fines del cálculo de la indemnización del artículo 245 LCT, la que encierra una importancia económica de indudable trascendencia -cercana al 40%- en relación al total de lo condenado por la sentencia en recurso. Vale decir que la demanda, en realidad, prosperó cuantitativamente por una suma significativamente menor a la reclamada, al no resultar procedente la pretensión de que se determine la base que prevé el artículo 245 LCT aplicando el convenio nº 018/75.

Desde esta perspectiva, la sentencia incurre en una infracción de derecho en cuanto carga al demandado con la totalidad de las costas, cuando en realidad, existió vencimiento recíproco de los litigantes. Ello así, resulta de aplicación en la especie, por expresa remisión del artículo 49 del CPTT, el art. 109 del CPCC, que dispone que cuando el resultado del pleito fuera parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se prorratearán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos, debiéndose señalar que no procede el supuesto excepcional previsto en el art. 109 in fine del CPCC que habilitaría a imponer las costas en su totalidad al demandado, atento a la implicancia económica de la pretensión que es rechazada por el fallo.

En mérito a lo expuesto, corresponde casar parcialmente la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Infringe el art. 109 CPCC, la sentencia que impone las costas íntegramente a la demandada, cuando el resultado del juicio es parcialmente favorable para ambos litigantes y el éxito obtenido por la accionada no es insignificante con relación al del actor", y sustituir en lo pertinente el punto I de la sentencia recurrida por el siguiente "I.- COSTAS: a la demandada el total de las propias y el 60% de las del actor y a éste, el 40% restante de estas últimas".

6.- Las costas del recurso deberán ser soportadas por la actora al haber resultado vencida (arts. 49 CPTT y 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala Va. de la Excma. Cámara del Trabajo el 25/3/2002, y en consecuencia, CASAR parcialmente la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos; y sustituir en lo pertinente el punto I de la sentencia recurrida por el siguiente "I.- COSTAS: a la demandada el total de las propias y el 60% de las del actor y a éste, el 40% restante de estas últimas".

II.- COSTAS del recurso conforme se considera.

III.-DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO