Coronavirus, emergencia sanitaria, prisión preventiva, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Sofía c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-27

Corresponde revocar el rechazo de la excarcelación y conceder la prisión domiciliaria a la encausada toda vez que no debe escaparse del análisis que requiere el caso la circunstancia relativa a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del virus COVID19 - acordada N° 3/20 de esta Cámara- y las consecuencias que podría traer aparejada a la actual detención que viene cumpliendo la nombrada ya que se trata de una persona que se encontraría dentro de la población que posee un alto riesgo de contagio pues fue incorporada por el Área Médica de dicho establecimiento a la nómina de internos que presentan patologías crónicas por ser 3 insulinodependiente, por lo que sin dudas las condiciones objetivamente comprobadas en autos permiten catalogar a la encausada dentro de la mencionada población de riesgo. Por lo demás, y teniendo en consideración que la nombrada tiene una hija menor de edad (de diez años de edad), cabe señalar que la crisis sanitaria generada como consecuencia del Coronavirus (Covid-19), lógicamente ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, particularmente, de quienes están en condiciones de pobreza, pobreza extrema y marginalidad. Resulta entonces imperioso resaltar que la problemática del presente requiere también de una mirada y una visión con perspectiva de género que permita analizar el impacto diferencial de las acciones del Estado sobre varones y mujeres, en el caso privadas de su libertad y que contemple el Interés Superior del Niño, Con este norte, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles emitió la Recomendación VI/2016 referida especialmente a cuestiones Género en contextos de encierro y a los Derechos de las mujeres privadas de la libertad. Allí -entre otras cuestiones de similar relevancia, se hace especial referencia al arresto domiciliario de las mujeres como una opción que morigera el encierro carcelario, y que permite compatibilizar el interés social en la persecución y sanción de los delitos y la vigencia de los Derechos Humanos de las Mujeres en conflicto con la ley penal. La difícil situación que se encuentra atravesando nuestra sociedad actualmente, requiere, para poder sortearla, de los esfuerzos y sacrificios de todos los integrantes de nuestra comunidad; las autoridades judiciales no pueden ser ajenos a ello, debiéndoseles exigir la demostración de suficiente capacidad de maniobra y adaptación para evitar cualquier posible escalamiento de la crisis sanitaria. En tal sentido, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del Covid-19 y para evitar que la epidemia "arrase" con las personas detenidas, resulta un deber esencial de la justicia el tomar las medidas urgentes necesarias para proteger la salud y la seguridad de los sujetos privados de su libertad, por lo que del análisis de las particulares circunstancias del caso presente, analizadas a la luz del contexto de este universo normativo, luce prudente y necesario aplicar una medida alternativa al encierro, que garantice neutralizar del mejor modo los riesgos procesal evidenciados en autos permitiendo a su vez garantizar el Interés Superior del Niño y el debido resguardo de la salud de la encausada (art. 210 C.P.P.N.). El voto concurrente agregó que el encierro preventivo de la encausada Ramírez no solo repercute en su situación individual, sino que se proyecta sobre su núcleo familiar, concretamente su hija de 10 años de edad. Por tanto, en la especie debe gobernar el principio constitucional de trascendencia mínima de la pena. Las especiales circunstancias que atraviesa la República reclaman ingentes esfuerzos por parte de toda la ciudadanía, pero en particular de los poderes del Estado, en pos de la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Bajo estas previsiones, la detención domiciliaria constituye la solución aceptable para los casos en que el encierro carcelario implica una afectación que trasciende a la persona privada de libertad, si desde siempre se reclama que las penas no se proyecten a la familia del justiciable. Es que el principio de intrascendencia mínima los hijos no deben bajo ninguna circunstancia purgar la responsabilidad de los padres. Por lo demás, resulta imperioso resaltar cuantas veces se advirtió sobre la crisis del hacinamiento y las deficientes condiciones prisionales, en el anticipo de una letalidad propia de una auténtica necropolítica carcelaria. En los días que corren el alto riesgo de contagio por la pandemia impone un urgente giro y cambio de óptica, con la implementación de medidas de alcance masivo. Mientras tanto, la determinación judicial no puede ignorar estos condicionantes y, en obediencia a superiores exigencias jushumanistas, está llamada a detener el "encruelecimiento" del encierro en la concreta situación de los casos puntuales sometidos a decisión. Dres. Hornos, Slokar-voto concurrente- y Barroetaveña.