Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 1ra NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-23


2º instancia. - Santiago del Estero, octubre 23 de 2009.

1) Es justa la sentencia apelada? 2) Que decidir sobre las costas? A la primera cuestión la Dra. Azucena Brunello de Zurita dijo:

Plataforma fáctica: Los actores promueven demanda de daños y perjuicios, contra I.O.S.E.P. y Empresa de Refrigeración Díaz reclamando la suma de $ 381.900 con más intereses, gastos y costas. Basan su demanda en el deceso de su hijo Miguel Gutierrez acaecido el día 16/11/2000 a las 19:55 hs aproximadamente, en el local del I.O.S.E.P., con motivo de encontrarse trabajando con un grupo de operarios en el mantenimiento de un equipo de refrigeración en las instalaciones de la Obra social. Agregan que para realizar dichas tareas debían acceder a un primer piso donde se encontraba el equipo, a través de una escalera de aluminio colocada en el frente del local de admisión, por donde los operarios se desplazaban para llevar las herramientas pertinentes. Que en momento en que Gutiérrez se encontraba trepado en la escalera, ésta se arqueó por el peso de su cuerpo y tomó contacto con una caja de alto voltaje ubicada en las proximidades. Resaltan que dicha caja se encontraba desprovista de toda medida de seguridad y que las consecuencias del hecho fueron fatales pues el hijo de los actores falleció casi instantáneamente a raíz de la fuerte descarga eléctrica que recibió su cuerpo. Aducen que no se tomaron las mínimas precauciones como el corte de suministro eléctrico en la zona de trabajo. Alegan que tanto el techo, como una chapa y la escalera se encontraban con una elevada carga de energía eléctrica y que la empresa demandada nunca le suministró elementos protectores contra la corriente eléctrica. Funda la responsabilidad del dueño de la cosa riesgosa en la ausencia de precauciones elementales como el corte de suministro durante las tareas de reparación (art. 1113 del C.C.) y la de Refrigeración Díaz por no haber provisto de accesorios indispensables (guantes) para manipular elementos peligrosos, dado que la corriente eléctrica pasó por la mano derecha de la víctima. Que a fs. 121/126 se presenta la co demandada Refrigeración Díaz representada por la Dra. María Cristina Camus y contesta la demanda. Niega en su responde los hechos, derecho y pretensiones formuladas, y brinda su propia versión de los hechos. Aduce que el día 16/11/2000, Gustavo Miranda, Eduardo Ramón Suárez y Miguel Gutierrez se dirigieron al I.O.S.E.P. a terminar las reparaciones y mantenimiento de un split, que utilizaron una escalera de aluminio que reunía todas las medidas de seguridad constantes en tacos de goma en la parte inferior y rueditas de goma en la parte superior para su fijación y aislamiento del objeto en el cual se apoya. Pretende eximir de responsabilidad a su representada alegando que Gutiérrez no fue empleado por la misma sino por Gustavo Miranda a quien debieron demandar los actores. Recalca además la responsabilidad del I.O.S.E.P. dado que la cosa dañosa, ubicada en la parte exterior del edificio de la demandada, estaba desprovista de las medidas de seguridad necesarias. Agrega que su conferente no estaba obligado a proveer elementos de protección mecánica y abrasión (guantes de cuero) conforme a las normas de seguridad e higiene y convenio aplicable, puesto que no se trabaja con electricidad sino que se reparan partes internas electromecánicas que no tienen contacto con energía eléctrica por encontrarse desenchufados los aparatos sometidos a reparación o mantenimiento mientras se trabaja en ellos. Agrega que los operarios o técnicos tampoco corren riesgos de electrocución en el momento de probar dichos artefactos, puesto que por normas IRAM vigentes éstos deben contar con una instalación de puesta a tierra que reduce considerablemente la posibilidad de muerte por paso de corriente. Atribuye también responsabilidad a la víctima, por no haber tomado la precaución de observar que la escalera no calzaba con sus ruedas aislantes en la pared, sino que estaba extendida a mayor altura que el techo ocasionando que la misma se arqueara y produjera masa con el techo y/o cartel que se encontraba bajo tensión. Niega a los padres el derecho a resarcimiento por no haber sido el occiso sostén del hogar, porque no convivía con sus padres que estaban separados, e impugna el monto reclamado en concepto de daño moral por no existir antecedentes que avalen semejante indemnización. Que a fs. 136 comparece el Dr. M. en representación de la Fiscalía de Estado de la Provincia quien solicita la nulidad de todo lo actuado en virtud de que su representada no fue notificada, privándola del ejercicio del derecho de defensa. A fs. 156/160 el citado letrado contesta la demanda. Alega la incompetencia del Juez Civil por cuanto se debió dilucidar la cuestión en la justicia laboral, que se trataba de un trabajador en negro de la empresa que contrató el I.O.S.E.P. a quien se le abonaba a través de un Fondo permanente. Que el hecho luctuoso se debe a la propia impericia y negligencia del fallecido y sus compañeros de trabajo y que la demandada jamás se negó a facilitar la realización de pericias, las que intentaron realizarse en un horario inapropiado (23:30 hs), en el que el personal de seguridad no pudo constatar autorización de las autoridades de la entidad y que la caja en cuestión contaba con las medidas pertinentes de seguridad. Opone como defensa la culpa concurrente de la víctima y endilga responsabilidad al operario fallecido y sus compañeros que no tuvieron la precaución de solicitar a los empleados del I.O.S.E.P. el corte del suministro de energía. Colectadas las pruebas producidas por ambas partes el Juez dicta sentencia a fs. 478/483, la que fue apelada a fs. 484 por el Dr. M. U. por la parte actora, a fs. 485 por el Dr. J. A. M. por la codemandada I.O.S.E.P., a fs. 490 por la Dra. M. C. C. por Díaz Refrigeración y a fs. 497 por el perito Ing. G. S. J. que impugna la fijación de sus honorarios. Expresan agravios: a fs. 513/516 el perito Ing. J., a fs. 530/533 los actores, a fs. 535/536 el Dr. M. por el I.O.S.E.P. y a fs. 538/543 la Dra. Camus por la empresa codemandada. Los agravios de la parte actora: centra su queja en el monto reconocido para resarcir la pérdida de la vida del hijo, quien si bien vivía con su abuela, afirma también lo hacía con su madre, con su hermana menor de edad y con su padre esporádicamente. Considera ínfima la suma otorgada al fijar la indemnización pues afirma que según inveterada jurisprudencia de Tribunales de nuestro país y de la C.S.J.N., la vida del más pobre de los ciudadanos debe ser valorada en una suma superior a la de un automóvil 0 Km. de primera línea; cita varios fallos en los que pretende sustentar su postura. Se agravia luego del monto fijado para indemnizar el daño moral que no llega a resarcir el quebranto espiritual por la pérdida del hijo. Concluye insistiendo en su petición de la suma de $ 300.000 para resarcir a los padres por los padecimientos sufridos. Solicita a demás que se fije la suma de $ 81.900 por pérdida de la chance. Los agravios de la demandada I.O.S.E.P.: refuta las conclusiones del Juez afirmando que no se ajustan a las probanzas de autos, pues el hecho dañoso no se produjo por el encendido del cartel luminoso por fotocélula, sino por el hecho de los operarios que apoyaron mal la escalera en un lugar indebido, ya que si la escalera hubiese sido apoyada en la pared con sus ruedas aislantes, el desgraciado suceso no hubiese ocurrido. Subraya además que de las constancias de autos no surge que el cartel luminoso haya presentado deficiencias técnicas. Afirma que el I.O.S.E.P., como propietario de la cosa riesgosa, puede eximir su responsabilidad probando y acreditando el hecho de la víctima, que incurrió en opinión del recurrente en grave negligencia. Denota que eran los operarios de Refrigeración Díaz quienes debían solicitar la desconexión, no sólo del aparato que se encontraban reparando, sino también la del cartel y de la declaración confesional de Díaz se desprende que sólo solicitó la desconexión del aparato de aire acondicionado y no del cartel luminoso donde se apoyó la escalera. Culmina sosteniendo el hecho del occiso como eximente de responsabilidad de su representada. Los agravios de la co demandada Refrigeración Díaz: el primer agravio se dirige a refutar la legitimación pasiva del demandado Diego Alvaro Díaz. Afirma que la relación laboral existía entre Gutiérrez y Gustavo Néstor Miranda (así lo afirma el Juez en la sentencia al decir: "toda vez que Gutierrez era ayudante de Miranda" considerando 1º fs. 481) quien no fue demandado. Agrega que no se ha demostrado su calidad de legitimado pasivo, ni su condición de principal con respecto a la víctima. Cita las declaraciones de los padres de la víctima que reconocieron la relación existente con Miranda y de la declaración del propio Miranda. La relación de Gutierrez con Díaz, asegura, se limitaba a su tarea de chofer, ampliamente reconocida por otros testigos, que nada tienen que ver con tareas de mantenimiento de equipos de refrigeración. El segundo agravio está relacionado a la conclusión del Juez referida a la omisión de cuidados o medidas de seguridad en la realización de los trabajos. Alega que en este caso la falta de seguridad se conecta con el obrar desaprensivo de la víctima y no con la omisión del principal. En el tercer agravio refiere a la responsabilidad del propietario o guardián de la cosa, y extrae esta conclusión de las declaraciones de Eduardo Suárez que rolan a fs. 223 y de la pericia técnica obrante a fs. 375 a 383 y da cuenta que el transformador que produjo la corriente carecía de las normas mínimas de seguridad, tales como cable a tierra o disyuntor. Cita también la declaración de Diego A. Moreno con relación a la falta de seguridad de la cosa. El cuarto agravio refuta los montos resarcitorios condenados: respecto del daño material, lucro cesante o valor vida, afirma que no se ha probado que el occiso fuera sostén económico de sus padres, quienes cuentan con su propia jubilación y pensión, por lo que proveen a su propia subsistencia. Respecto del daño moral estima excesiva la suma de $ 45.000 fijada por el Sentenciante y solicita su reducción por cuanto no puede ser fuente de lucro este reclamo. Los agravios del perito Guillermo Salustiano Juárez: Su primer agravio se dirige a objetar el monto adoptado como base económica de la regulación, por cuanto consideró el capital condenado sin computar intereses y costas del juicio. Estima exiguo también el porcentaje fijado del 10 % del monto de honorarios fijados para los letrados de la parte actora, que no se ajusta a la extensión e importancia de la tarea por él realizada. El segundo agravio afirma que el decisorio impugnado carece de la fundamentación que exige el art.13 de la ley 24.432 agregando que su labor no se limitó a la presentación de la pericia, sino que tuvo que contestar las impugnaciones formuladas por el I.O.S.E.P.; para culminar destaca la importancia de la pericia practicada para atribuir responsabilidad a la Obra Social demandada.

Consideraciones legales: antes de avocarme al análisis de los agravios expresados por todos los recurrentes es menester destacar los fundamentos expresados por la Juez de la instancia de grado para arribar a la condena de ambos codemandados con relación al hecho lamentable en que perdiera la vida Miguel Gutierrez.

Afirma en su fallo con relación a la legitimación pasiva de la empresa Refrigeración Díaz en cabeza de su propietario Diego Díaz, que la relación de hecho surgida de la voluntad de las partes o al decir de Larenz "una conducta social atípica",...la litis está correctamente integrada, toda vez que Gutiérrez era ayudante de Miranda y los demás operarios con autorización de Diego Díaz" (sic fs. 481). Con este fundamento rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva y la de incompetencia toda vez que se planteó una acción autónoma de carácter civil por la cual los progenitores pretenden una indemnización de daños y perjuicios, sin ocupar para ello el lugar del trabajador que lamentablemente falleció. La responsabilidad atribuida a la Obra Social co- demandada, deriva de las disposiciones de los arts. 2311 del C.C. que despeja toda duda sobre el carácter de cosa que detenta la energía eléctrica, y el art. 1113 inc. 2 del mismo Cuerpo normativo, del cual deriva la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa peligrosa como es la energía eléctrica. Con relación al propietario de la empresa Díaz Refrigeración, su responsabilidad deriva, según el fallo, de la falta de control debido de las condiciones de seguridad del lugar donde debían efectuarse las reparaciones (fs. 482) y de la inexistencia de culpa de la víctima con suficiente entidad para cortar el nexo causal entre la actividad y el perjuicio. La exclusión del caso fortuito y la culpa de la víctima deriva de las actividades propias a que estaba destinado Miguel Gutierrez que se limitaban a alcanzar herramientas y no debía manipular electricidad. La indemnización fijada a título de chance en la suma de $ 15.000 para ambos padres, fue establecida en ese monto en atención a la falta de acreditación del aporte económico que habría cesado con motivo de su muerte. El daño moral fijado en la suma de $ 45.000 para ambos padres, también fue fijado discrecionalmente por la Magistrada, atendiendo a la difícil cuantificación de este rubro. Reseñados los fundamentos de la sentencia impugnada, me toca avocarme al análisis de los diversos recursos planteados. Razones de orden práctico me llevan a analizar en primer término los agravios de las partes demandadas que pretenden eximirse de responsabilidad endilgando responsabilidad a la víctima del lamentable suceso o, al menos, que se declare la culpa concurrente del mismo. Con relación a la responsabilidad atribuida al I.O.S.E.P., el fallo impugnado resulta inobjetable. El accidente del que resultara víctima el hijo de los actores se produjo evidentemente por la electrificación de la escalera al tomar contacto con instalaciones que no se encontraban con un aislamiento adecuado para evitar eventos de esta naturaleza. La causa generadora (falta de aislamiento adecuado) pudo ser neutralizado por quien se sirve de la cosa y era su deber prever una contingencia dañosa como la producida y, en consecuencia evitarla. Según lo tiene dicho pacífica doctrina y jurisprudencia, la electricidad a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas - artículo 2311 segundo párrafo del Código Civil - importa una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan, como dueños o guardianes, a las consecuencias legales previstas en dichas normas. Ahora bien, para subsumir en el párrafo segundo del artículo 1113 a la energía eléctrica, ésta debe haber desempeñado una función activa, un rol creador que, contemplado a la luz de la razón, pueda visualizarse como la causa motivante del evento dañoso. Hoy hay consenso generalizado de que el daño causado por la electricidad, debe atribuirse al riesgo de la cosa. Pocas dudas puede haber de que la electricidad (sobremanera la de alto voltaje) o los elementos que la producen, o transportan o contienen, son cosas de riesgo calificado intrínsecamente. El artículo 1113 del Código Civil comprende los detrimentos generado por cosas que son peligrosas o riesgosas por su propia naturaleza o en razón de su utilización o empleo. Allí donde encontremos daños causados por la energía eléctrica, debe estimarse que lo ha causado "el riesgo de la cosa". La circunstancial transmisión de aquélla, por una cosa extraña a su producción o conducción permanente, no la desplaza como efectiva, directa y real causante del daño y resulta intrascendente la autonomía o dependencia de la cosa con relación a una conducta humana, pues lo decisivo es el riesgo. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: "...La electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en la última parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil". (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut sala casación (Fernando Royer-Agustín Torrejón-VA) Alvarado Soto, Manuel y Otra c/ Rodríguez, Guillermo Manuel y-u Otros s/ Recurso de Casación sentencia del 23 de Septiembre de 1999). La relación causal entre el daño y la actuación de esa cosa no ofrece dilemas en el subjudice, por ello estimo incuestionable la atribución de responsabilidad al I.O.S.E.P. desde la pericia técnica obrante a fs. 375/383. Esta prueba ilustra cabalmente sobre el estado del transformador colocado en el techo recubierto con la membrana de foil aluminio sin un adecuado aislamiento (estaba apoyado sobre ladrillos- ver fs. 377), sin una buena puesta a tierra ni interruptor diferencial, (protecciones elementales exigidas por las normas reglamentarias). Con relación a la responsabilidad de Diego Díaz, propietario del taller a quien el I.O.S.E.P. encomendó la reparación del split, los medios de prueba aportados en la causa, especialmente las constancias del sumario criminal cuyas copias rolan a fs. 44/118 adjuntadas por su letrada, no permiten eximirlo de ella en el desafortunado hecho. La declaración del Sr. Gustavo Miranda que rola a fs. 58, relata: "en el día de ayer, siendo aproximadamente las 18:00 hs., el propietario c/ Díaz, los envió al declarante, y al c/ Gutiérrez Eduardo Miguel Adalberto y Eduardo Suárez, ...Gutiérrez se encontraba trabajando de chofer en primera instancia, y hacía un mes y medio que comenzó a trabajar de colaborador en la parte de mantenimiento de aire con el Sr. Miranda, estos fueron enviados al local del I.O.S.E.P..." (ver también declaración de fs. 197 vta. al responder a la pregunta nº 26). Agrega a fs. 59 que "el propietario de la empresa solía pagarles por trabajos que realizaban y que todos los días tenían trabajos de distintos tipos, siempre relacionados a refrigeración y que del momento que cobraba el dueño de la empresa al dicente le daba un porcentaje al igual que a los otros empleados que eran tres con Gutierrez y que no tenían ningún tipo de seguro ni obra social". Del informe obrante a fs. 46/47 realizado por el oficial instructor Cristian Rodríguez, surge por declaración de Eduardo Suárez que ambos trabajaban con el Sr. Miranda para la empresa Diaz Refrigeración. Pero lo más relevante para sostener la responsabilidad del Sr. Díaz, es su declaración en la instrucción del sumario criminal, donde declara textualmente con relación al occiso: "lo conoce hace aproximadamente cinco meses, el cual comenzó a trabajar con el declarante de chofer de una camioneta que se encuentra alquilada en el I.O.S.E.P., del cual ganaba un porcentaje de los km. que hacía la camioneta, los cuales todos los fines de mes le abonaba al c. Gutierrez, lo que le correspondía". También manifiesta que el día anterior al del accidente, fue solicitado por el I.O.S.E.P. para la reparación de un split y se trasladó "el declarante en compañía de Gustavo Miranda y los ciudadanos Suárez y Gutierrez, al I.O.S.E.P., por lo que una vez en el lugar éstos últimos comenzaron a trabajar en los aparatos mencionado y el día jueves nuevamente se dirigieron al lugar Miranda y los demás a concluir el trabajo que estaban realizando el día anterior". Estas aserciones me dan la pauta, que el dueño de la empresa sabía de la presencia de la víctima en el lugar de la obra a él encomendada y consintió su participación en la reparación del artefacto que obviamente a él le permitiría cumplir con su compromiso con la Obra social (con quien tenía una relación contractual desde hacía 3 años), recibiendo a cambio una contraprestación. Concretamente se sirvió de la actividad de Gutiérrez para la ejecución de la reparación del equipo y por tanto debe asumir el riesgo que ello implicaba, máxime si se advierte que el codemandado Díaz sabía que Gutierrez no tenía conocimientos técnicos que le permitieran adoptar las precauciones del caso al trabajar en un área donde había artefactos eléctricos comprometidos. La tarea que realizaba Gutiérrez, alcanzar una herramienta al técnico Miranda, cuando fue alcanzado letalmente por la corriente eléctrica con una descarga aproximada de 600 voltios (ver fs. 196 vta.) era inherente a la reparación del equipo de aire acondicionado que se había encargado a Díaz. La especie de trabajos que normalmente realiza el taller del Sr. Díaz, tampoco sirve como eximente de responsabilidad, pues si la reparación de artefactos en la sede de su taller se hace sin necesidad de usar guantes y elementos de protección, este no es el caso. No puede juzgarse este caso como hipótesis, muy distinta a lo que la realidad fáctica presenta y aquí las personas que estuvieron trabajando con el occiso también sufrieron riesgo de electrocución; de hecho, Suárez salvó su vida por no aferrase a la escalera (ver fs. 62 vta.). No debo soslayar que si el codemandado Díaz alega responsabilidad de Miranda, debió citarlo al juicio por la vía procesal prevista en el art. 94 del C.P.C.C. a fin de que en el marco de esta litis se dilucidara si la controversia le era común y no lo hizo (Ver contestación de demanda a fs. 121/126). La situación de inferioridad de la víctima, por ausencia de conocimientos técnicos que no le permitieron adoptar precauciones, la falta de definición sobre quien colocó en forma incorrecta la escalera donde recibió la descarga, (extremo que surge de las testimoniales de Suárez y Miranda) de modo que tampoco puede endilgársele ese hecho puntual, y los argumentos antes señalados me impiden asignar un porcentaje de culpa al operario fallecido. Estimo haber dado integral respuesta a los agravios esbozados por ambas partes demandadas en lo que concierne a la responsabilidad que debe asumir cada uno a raíz de la condena, por lo que propongo el rechazo de los agravios. Me toca analizar ahora los montos sentenciados que fueron también materia de réplica de todas las partes apelantes. La indemnización fijada en concepto de pérdida de chance resulta prudente y adecuada a los escasos medios probatorios aportados sobre ingresos regulares del hijo fallecido que no fueron justificados. Se adecua también a la situación del joven y de sus padres que cuentan con ingresos propios que les permiten atender sus necesidades. La probabilidad de asistencia futura a los progenitores se debilita en la medida que razonablemente tiene el límite temporal de las propias necesidades del hijo, que presumiblemente habría de formar su propia familia o cuando existen hermanos que también deberían contribuir al sostenimiento de los padres. (Conf. C. N. Civ. Sala G, 28/06/2000 "Díaz Gloria Josefina c/ Duarte Dionisio s/ Daños y perjuicios"). La fijación del monto indemnizatorio respecto de la reparación de la "chance" esta ligada necesariamente a la prudencia del juez, cuando como en este supuesto carece de elementos probatorios de rigor para cuantificar este rubro." En el caso de hijos menores el perjuicio material de su muerte debe verse bajo la forma de la pérdida de una "chance", es decir, una probabilidad que los padres tenían de encontrar en la vejez un apoyo material. Pero evidentemente se trata de un daño meramente eventual hipotético y para configurar esa probabilidad como cierta y fundada, deben existir elementos suficientes para juzgar con certidumbre lo que hubiera ocurrido en el futuro." (Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Trelew, Chubut sala civil (Hipólito Giménez Milton Murga UL) O., R.S. y Otra c/ S., J.M. y Otro s/Daños y Perjuicios sentencia del 12 de Noviembre de 2003). Es que la indemnización reclamada por el valor "chance" no puede basarse en suposiciones; cuando prospera es porque el responsable del daño ha operado como causante o frustración en un proceso de realizaciones ya comenzadas, o que estén muy próximas a generarse. Las potencialidades productivas de la víctima, que en el curso natural y ordinario de las cosas implican una probabilidad cierta de auxilio económico, exigen una certeza razonable de que las ganancias obtenidas no tendrán otro destino, al menos en la proporción y alcances expresadas en la demanda. "La juventud de la infortunada víctima, como digo, podría haber creado legítimas expectativas de sostén a sus padres en la vejez, nada más; pero lo cierto es que la pretensión de resarcimiento del daño por pérdida de chance, basado en la simple afirmación de que éste solo hijo entregaba el 70 % del salario percibido a favor de sus padres, es inaceptable si no se nutre en la prueba que debió aportar quien hacía el reclamo (art. 361 del C.P.C.). Ni siquiera serviría de presunción que se hubiera demostrado la situación de convivencia del hijo soltero, de 26 años compartiendo la vida familiar con sus padres y hermanos en forma normal, es necesario contar con otros elementos de juicio para hacer la valuación de este daño patrimonial.

Cabe entonces preguntarse si la simple expectativa constituye verdaderamente pérdida de la chance, traducida ésta en ventajas materiales de apoyo y colaboración que dejarían de gozar los accionantes" (voto del Dr. Ferreyra Bustos- adhesión de los Dres. Riveros y Alferillo-C.C.C.M. de San Juan, Sala I, Agosto de 1999-autos 15308, "Rodríguez Narváez Alfredo y Oviedo De R. Berta C/ Provincia de San Juan s/ daños y perjuicios" Revista de Derecho de Daños-Rubinzal Culzoni- 2008- Tomo I- pág. 518/519).

Por lo expuesto estimo que los agravios que refutan el monto en que fuera calculado este rubro deben ser rechazados. Distinto tratamiento merece la cuantificación del daño moral para cada uno de los progenitores, pues siguiendo los parámetros y pautas ya adoptados por este Tribunal, el monto otorgado en la sentencia resulta exiguo. La reparación del daño moral originado en la muerte de un hijo no requiere la producción de prueba directa del perjuicio, ya que difícilmente se pueda concebir un hecho de mayor proyección espiritual, pues se aparta del orden natural de las cosas; máxime si la muerte se produjo en circunstancias trágicas. "A los fines de la cuantificación del daño moral por la muerte de un hijo menor, diversos factores deben ser objeto de ponderación; los sufrimientos por la desaparición irremediable, la desdicha por la muerte prematura, el dolor por la impotencia frente a la realidad del hecho producido, la ausencia de la persona, la compañía insustituible que para los padres representan sus propios hijos." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mar del Plata, Buenos Aires Cámara 01, Sala 02 (Zampini-Dalmasso-Oteriño) Córdoba Carlos y otros c/ Schneider Diana y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos-Daños sentencia del 12 de Febrero de 1998).

Estimo que el desgarramiento moral, que quienes atraviesan ese trance y sufren una profunda herida en el sentimiento y las afecciones, impone una equitativa cuantificación que queda sometida más que a cualquier otro supuesto al prudente arbitrio judicial, dependiendo del hecho generador, así como de las particulares situaciones que en cada caso se verifican, no debiendo guardar una necesaria proporcionalidad con el daño material. Por ello considero que el agravio de los actores debe ser acogido y propongo la elevación de la indemnización a la suma de $ 40.000 para cada progenitor.

Resta la consideración del agravio expresado por el perito Ingeniero electricista Guillermo S. Juárez. Que teniendo en consideración la importancia que reviste la pericia practicada para determinar la responsabilidad de la Obra social codemandada resulta equitativo atender la queja del experto y modificar el porcentaje que le fuera otorgado en relación a los honorarios de abogados de la parte actora.

Estimo que otorgar el 15 % calculado sobre aquéllos estipendios, previa adecuación de los montos regulados en primera instancia, por imperio de lo dispuesto por el art. 274 del C.P.C.C. que impone al tribunal modificar los pronunciamientos sobre costas y honorarios aún cuando no hayan sido materia de recurso adecuándolos al resultado de la sentencia dictada en la Alzada, implicaría reconocer al perito una justa retribución por su labor.

En mérito a lo expuesto propongo a los Sres. Vocales que siguen en orden de votación la modificación de honorarios del perito elevándolos a la suma de $ 2.593,50. El mencionado incremento respeta el principio según el cual los honorarios de los peritos deben guardar proporción o relación con los de los profesionales del derecho y a su vez involucra el reconocimiento a la tarea del mismo caracterizada por el rigor científico que debe presentar el informe de un auxiliar del Juez.

A la primera cuestión la Dra. Azucena Brunello de Zurita dijo: Lo explicitado orienta mi decisión por la revocación parcial de la sentencia apelada, votando en consecuencia por la Negativa.

A la primera cuestión los Dres. Pablo Santiago Sirena y Raúl Lima dijeron: que comparten los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante.

a la segunda cuestión la Dra. Azucena Brunello de Zurita dijo: Que las costas serán impuestas en la Alzada del siguiente modo: en el recurso de apelación impetrado por la actora en un 50 % a la misma y en un 50 % al codemandado Diego Díaz, quien refutó el memorial de agravios, en atención al porcentaje que prosperaron sus agravios al admitirse la revocación sólo del daño moral. En el recurso de apelación de ambos demandados: imponer las costas en el orden causado por no haber mediado réplica de la actora. En el recurso de apelación del perito, imponer las costas al codemandado Díaz por haber refutado el memorial del recurrente.

A la segunda cuestión los Dres. Pablo Santiago Sirena y Raúl Lima dijeron:

Que votan en el mismo sentido.

Sentencia:

A mérito del Acuerdo que antecede el Tribunal Resuelve: I) Admitir parcialmente el Recurso de Apelación impetrado por la parte actora en lo que respecta al rubro daño moral, el que se revoca y se fija en la suma de $40.000 (Pesos: Cuarenta mil) para cada progenitor. II) Admitir el Recurso de Apelación interpuesto por el perito Ing. J., los que también son revocados y fijar los estipendios del experto en la suma de $2.593,50 (Pesos: dos mil quinientos noventa y tres con cincuenta ctvs.). III) Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por ambos demandados. IV) Imponer las costas en la Alzada conforme lo explicitado en los considerandos de la presente.

Notifíquese y agréguese copia de la presente, la que se reservará por Secretaría. -Azucena Brunello de Zurita. -Pablo Santiago Sirena. -Raúl Lima.