Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-20


--- En la ciudad de Trelew, a los 20 días de abril del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "E., M. V. c/ A. DEL S. S.A. s/ Ordinario" (Expte. N° 22.892 - año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?,y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 190. ---- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: -------------------------------------- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 160, que fuera concedido libremente a fs. 163, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 151/158 que hizo lugar a la demanda de pesificación del contrato de leasing que en copia luce a fs. 37/39 y rechazó la de cancelación del mismo promovida por M. V. E. contra A. DEL S. S.A., y asimismo hizo lugar a la reconvención por reajuste equitativo del contrato promovida por la sociedad antes citada y condenó a la accionante reconvenida al pago de la suma de $3.199,28.- dentro del plazo de diez días, con imposición de las costas de la demanda a la actora vencida y las de la reconvención en un 50% a cada parte.------------------------------------- Los agravios de la apelante lucen a fs. 173/178, el traslado conferido a fs. 182 fue evacuado por su contraria a fs. 183/184 y vta, y la recurrente sostiene que el sentenciante calculó el reajuste de la deuda por CVS conforme a la directiva del Ministerio de Economía de la Nación y lo resuelto por la Sala "A" de la CANE en S.D.C. 44/06, aclarando que lo que se reajusta mes a mes según el CVS es el saldo de la deuda resultante de deducir cada amortización parcial pues el reajuste es del capital adeudado y no de la cuota. Utilizando el procedimiento del a quo efectúa un nuevo cálculo partiendo del monto pesificado de $11.430.-, para lo cual desarrolla los cuadros A, B, y C que contienen los cánones mensuales, el reajuste por el CVS de los mismos, y los cánones adicionales, respectivamente. Del cálculo detallado estima que la deuda final por reajuste de CVS e intereses arroja un monto de $1.700,03. Seguidamente compara los resultados obtenidos con los valores calculados por el sentenciante, haciendo notar respecto del recibo de fs. 25 el error incurrido ya que el saldo ascendería a $332,37.- y no a $654,37.- como se consignó. Considerando esta circunstancia y la diferencia existente es evidente que el error de cálculo generó la disparidad señalada, que a medida que ha sido reajustado, ha incrementado su valor conforme la variación del índice aplicado. También señala que el monto del canon mensual y del canon adicional incluye los intereses pactados por la financiación acordada, por ello y considerando que al reajustar el valor del canon con el CVS, se está reajustando también la cuota parte de los intereses incluidos ya en ese concepto. Y si se agregan los intereses que la demandada cobró a la actora por los pagos fuera de término, la decisión de aplicar nuevos intereses para determinar el valor de la deuda resultante de cuota reajustada, ello resulta arbitrario e ilegítimo. A su vez, el procedimiento publicado por el Ministerio de Economía ha sido diseñado para reajustar deudas por CVS y determinar el nuevo valor de las cuotas en los casos en que existan deudas pendientes de cancelación, o sea las pagaderas en el futuro, y en particular para los créditos hipotecarios, y es ligeramente distinto al utilizado por la CANE en SDC 44/06, en donde no se determina el reajuste de la cuota en cada oportunidad de pago, sino que actualiza por CVS el total de la deuda a esa fecha, ya que el monto resultante de esa actualización incluye en su monto el valor correspondiente al CVS, volviendo a reajustar sucesivamente el saldo deudor hasta la fecha de finalización de ese índice. Como en este caso, los intereses por la financiación ya estaban incluidos en el importe de cada cuota, la aplicación del CVS al saldo deudor, implica la actualización de esos intereses. Con las pautas establecidas en la SDC 44/06 confecciona un cuadro aplicando el coeficiente CVS al saldo deudor pesificado, obteniendo el saldo resultante de $1.646,12.- Así, conforme los criterios aplicados se obtienen tres valores, el seguido en la sentencia, la deuda recalculada en los cuadros A, B, y C, según el procedimiento seguido por el a quo, y la deuda calculada en el cuadro D, en base al procedimiento utilizado en SDC 44/06. En mérito a las consideraciones realizadas solicita se revoque la sentencia en este aspecto y disponga que el saldo para cancelar la obligación pesificada asciende a $1.646,12.- sin intereses ya que los mismos están incluidos en ese monto. Como segundo agravio expresa que las nuevas medidas económicas se tradujeron en el pronunciamiento de numerosas leyes (25.561 y 25.713) y decretos (214/02, 320/02, 410/02, 762/02 y 1242/02), la ley 25.713 y finalmente la ley 25.820. El nuevo instrumento que el legislador de la emergencia puso a disposición de los contratantes para revisar el negocio es el principio del esfuerzo compartido, instituto distinto que no debe confundirse con la doctrina de la imprevisión (art. 1198 Cód. Civil). El decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", mediante el cual la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía ser reajustada por los jueces a instancia de parte, si el valor de la cosa, bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago. Las disposiciones que establecieron los coeficientes de CER y el CVS son normas de emergencia económica que implican una intervención del Estado en los contratos celebrados por los particulares. Este es el régimen también adoptado por el art. 3 de la ley 25.820. Cita doctrina sobre la pesificación y transcribe parcialmente un voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci. En este caso el a quo comparó el precio en pesos del rodado ($7.500.-) al momento de la compraventa (diciembre de 2001) actualizado con el índice del CVS vigente al 31/03/2004 (1,2301), determinando un valor de $8.952,52.- el cual es incorrecto ya que el resultado arroja la suma de $9.225,75.- El cumplimiento de la normativa dispone que ese valor debió compararse, como máximo, con el precio del rodado vigente al mes de noviembre de 2004, fecha esta del último pago realizado por la actora y no con el precio que el automotor tenía a la fecha de los informes de fs. 122, 124 y 130. Es evidente que el precio de mercado del automotor se fue incrementando durante el período comprendido entre la fecha en que se actualizó el precio de compra (31/03/04) y la fecha en que se contestaron esos informes. Por otra parte, la medición del daño con relación al valor dólar constituye un grave error, pues el valor de los bienes no siempre acompaña a las variaciones de la moneda extranjera. Si bien el art. 8 del decreto 214/02 permite reajustar equitativamente el monto que resulte de aplicar los mecanismos allí previstos, sólo el análisis del caso particular permite verificar si la conversión dispuesta en las normas de emergencia realmente desvirtúa la sustancia económica del crédito en la magnitud suficiente como para generar una violación del derecho de propiedad, o si por el contrario, distribuye equitativamente la carga que resulta del mayor valor actual de la divisa. La legislación de emergencia modificó el marco regulatorio de la moneda que las partes tomaron como referencia al contratar, alterando todo el régimen patrimonial. Si el orden público económico ha sido modificado en un aspecto básico, como es la cotización de la moneda, que de una paridad uno a uno impuesta por ley pasa a tener actualmente un costo de tres a uno surgido del mercado único y libre de cambio, tal mutación repercute en la generalidad de las obligaciones, pudiendo conducir a asignaciones patrimoniales divorciadas de los valores generales de mercado en el presente que no guarden vinculación con la relación de intercambio; en suma, a enriquecimiento sin causa, pues el acreedor gozaría de una capacidad adquisitiva mayor que la que habría tenido si hubiera cobrado durante la vigencia de la paridad uno a uno, y al deudor le costaría el triple esfuerzo obtener los recursos para cumplir. Vale decir que el supuesto fáctico que establece el art. 11 de la ley 25.561 (art. 3 de la ley 25.820) para la procedencia de la revisión del precio contractual, es que su monto reajustado por la aplicación del coeficiente resulte superior o inferior al valor de plaza de la cosa o bien o prestación al momento del pago, no siendo procedente la comparación con el valor que el bien o cosa pudieran alcanzar tras la evolución posterior de los precios en el mercado, conforme pronunciamiento de la sala "A" de esta Cámara. En igual sentido, la sala "B" en autos "P., M. A. c. /A. S.A.", y otros pronunciamientos de ambas salas que referencia. Por lo expuesto, entiende que no corresponde reconocer importe alguno en concepto de reajuste del valor de reposición de la unidad ya que la demandada no acreditó que al momento del pago de la obligación (31/03/04) existiera el desequilibrio invocado. Peticiona se revoque la sentencia en tal sentido, rechazándose la reconvención deducida. Finalmente se agravia de la imposición de costas a cargo de la actora correspondientes a la demanda, en tanto que las impuestas por la reconvención deberán aplicarse conforme al planteo formulado en el segundo agravio. Destaca cuales fueron las pretensiones contenidas en demanda y la actitud de la demandada en su escrito de contestación, por lo que la actora resultó triunfante en su pretensión de pesificación, la de mayor contenido económico, aunque fuera derrotada en el pedido de cancelación del contrato, por lo que resulta injusto que la actora cargue con la totalidad de las costas. Solicita se revoque este aspecto y se impongan las costas por la demanda a la accionada.----------- ---A su turno, la demandada reconviniente manifiesta que si existe un saldo a su favor no se puede cancelar el mutuo. Es más, en su agravio el actor reconoce que la obligación pesificada tiene un saldo sin cancelar. En consecuencia, no hay crítica en cuanto al rechazo de la cancelación del contrato promovida por el actor. Respecto del segundo agravio, señala que el actor argumenta no estar de acuerdo con el método utilizado por el Juez de primera instancia pero no se encarga de atacar el procedimiento. Considera equivocada la premisa de la que parte el agravio ya que el cálculo se hizo y se aportaron pruebas, por lo que tienen derecho a exigir un reajuste equitativo del precio con el procedimiento impuesto por la ley. Cita jurisprudencia y doctrina sobre el alcance del art. 11 de la ley 25.561, en su actual redacción de acuerdo a la ley 25.820. Sostiene que se demostró que el monto al que se arriba aplicando el CVS es menor al de la unidad, aún en la inteligencia aplicada por el juzgador ya que a ese valor además lo disminuye a la mitad. Solicita el rechazo de la queja. Destaca que no ofrece el actor crítica fundada en contra de la imposición de costas. Resulta desafortunada su pretensión de solicitar la pesificación de este tipo de deudas ya que las leyes de emergencia son de orden público y por tanto de aplicación imperativa. Peticiona el rechazo del agravio y la confirmación de la sentencia recurrida, con costas.

---2. El fallo en crisis adquirió firmeza en cuanto al rechazo de la pretensión de cancelación del contrato de leasing por existir pendiente de pago un saldo deudor.

---En este sentido, la parte actora ya en su escrito de demanda admitió tal circunstancia y luego de efectuar cálculos sobre el monto adeudado manifestó con relación al mismo "importe este que la actora depositará judicialmente, una vez que sea caratulada la presente litis ..." (acápite IV. 3., fs. 46 vta.).----------------------------- ---A su vez, cabe precisar que no sólo no depositó el importe que a su criterio manifestó adeudar sino que ante esta Alzada la parte realizó nuevos cálculos para arribar a un monto superior al postulado en demanda (ver fs. 175, valor c.).--------- ---Ello importa contradecir su anterior conducta y adoptar una dualidad de criterios que en derecho merece su repulsa y lleva a que la queja no merezca tratamiento.--- ---Es que, la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un "venire contra factum proprium nemo potest" que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

---Se trata de la doctrina de los actos propios que, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).------------------- ---Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).----- ---La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-866; Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense, 1985, págs. 59/60).

---El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (Morello-Stiglitz, ob. cit., pag. 866).---------------- ---Desde otra perspectiva, toda vez que no se demandó el pago por consignación no se advierte cual es el alcance que puede tener la pretensión formulada en el escrito de inicio a fin que se determine el saldo (p. II, fs. 43), pues el mismo era obviamente deudor ya que así lo reconoció expresamente la parte en su demanda (p. IV.3, fs. 46 vta.).----------------- ---Por lo demás, aún cuando por hipótesis hubiera materializado el depósito cuyo compromiso asumiera en demanda, corresponde señalar que el simple depósito no constituye una consignación judicial (art. 759 del Código Civil).----------------------- ---Es criterio sentado por esta Cámara, sala "A", c. 21.236, S.D.C. 38/2006; y c. 21.415, S.D.C. 44/2006; sala "B", c. 21.736, S.D.C. 61/2006, c. 22.340, S.D.C. 44/2007.------------- ---Y el pago por consignación se lleva a cabo iniciando un procedimiento judicial. La doctrina y la jurisprudencia entienden que un simple depósito judicial no es suficiente para constituirse el pago por consignación, para lo que es necesario inexorablemente iniciar la pertinente demanda judicial (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil .", Astrea, 1981, T. 3, pág. 532). Para consignar en pago, el deudor debe iniciar un proceso especial, proceso que concluye -si existe justa causa- con la sentencia judicial que declara válida la consignación (Santos Cifuentes, Director, "Código Civil .", La Ley, 2003, T. I, pág. 549). El pago por consignación es un pago efectuado con intervención judicial. En general, este dispositivo funciona mediante una demanda que pone el objeto debido bajo la mano de la justicia para que el magistrado, a su vez, lo atribuya al acreedor dando fuerza de pago al desprendimiento del deudor, que queda liberado (conf. Llambías, "Código Civil .", Abeledo-Perrot, 1979, T. II-A, pág. 661) (la cursiva me pertenece).--------------------------------------- ---En tales condiciones, cabe concluir que no se dedujo expresa y formalmente una pretensión de pago por consignación por lo que el rechazo de la cancelación del contrato de leasing ante la existencia de un saldo insoluto dejó sin sustento la petición en demanda enderezada a la determinación judicial del saldo adeudado.--- ---Nótese en tal sentido que el saldo al que arriba la sentencia de la anterior instancia se cuantificó al sólo efecto de rechazar la demanda de cancelación(fs. 156, primer párrafo) y por esa razón la parte dispositiva o fallo propiamente dicho se pronunció en ese aspecto rechazando la cancelación de dicho contrato (ver fs. 157 vta., punto I), por lo que el saldo a favor de la demandada no hace cosa juzgada respecto a la posible promoción de otro juicio por falta de identidad de objeto.---------------------- ---Tal determinación del saldo en esta instancia ante el rechazo de la cancelación peticionada importaría pronunciarse innecesariamente sobre una pretensión determinativa, o a todo evento sobre una situación de incertidumbre que ni siquiera resulta de los términos de la demanda.------------- ---En este último aspecto, cabe recordar que el actor que pide una sentencia de declaración de certeza quiere solamente saber que su derecho existe, o quiere excluir que exista el derecho del adversario; pide al proceso la certeza jurídica y no otra cosa (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea, 1983, T. 2, págs. 122/123).------ ---Y esta acción o pretensión tiende a remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. IV-A, pág. 404).------------ ---Por tales fundamentos, desde que la actora mantienen un saldo impago originado en las obligaciones asumidas en el contrato de leasing que luce en copia a fs. 37/39, y en razón de que no promovió demanda a fin de materializar el pago por consignación y tampoco acción meramente declarativa, no corresponde a esta Alzada atender a la determinación del saldo pretendido por la recurrente.------------------------------------- ---Por tales razones se rechaza el agravio.---------- ---3. Respecto del progreso de la reconvención deducida se agravia la recurrente al considerar que la comparación debió realizarse, como máximo, con el precio del rodado al mes de noviembre de 2004, fecha del último pago realizado por su parte.

---En tal sentido, el Sr. Juez de la anterior instancia estimó el valor automotor en $19.633.- en base a informes producidos entre mayo y junio de 2006 (ver fs. 122, 124 y 130), a pesar de que la opción de compra vencía el 25/02/2004 (ver último vencimiento y cláusula 23, fs. 37 y 38 vta., respectivamente), la aplicación del CVS rigió hasta el 31/03/2004 (art. 4 de la ley 25.713, sustituido por el art. 1 de la ley 25.796), y el último pago se efectuó el 01/11/2004 (recibo de fs. 33).------------------- ---De ese modo, tomando cualquiera de las tres épocas consignadas en segundo término (febrero 2004, marzo 2004, o noviembre de 2004) es evidente la falta de coincidencia de cualquiera de ellas con la fecha de los mencionados informes.------- ---Y si bien el reajuste equitativo del precio se efectúa tomando el valor resultante del bien "al del momento de pago" (art. 11, 2do. párrafo, ley 25.561, sustituido por el art. 3 de la ley 25.820), lo cierto es que el equilibrio o desequilibrio de las prestaciones recíprocas cumplidas por las partes debe ponderarse al momento en que tales prestaciones fueron ejecutadas y no posteriormente.--------------------------------------- ---La confrontación entre el precio pactado y el valor de la cosa debe realizarse a una misma época ya que es el único modo que brinda homogeneidad a la comparación.

---De utilizarse módulos diversos, no coincidentes en el tiempo, la confrontación sería engañosa y no revelaría desproporciones, sino diferencias derivadas del uso de distintas unidades de medida (del voto del Dr. Velázquez, c. 21.446, S.D.C. 47/2006).------------ ---Y la locación se pactó por un plazo de 26 meses con un canon mensual cuyo primer vencimiento operó el 25/01/2002 y el último el 25/01/2004, el plazo de la opción venció el 25/02/2004, y el último pago acaeció el 01/11/2004 (fs. 37/39 vta. y 33, respectivamente).----- ---Y tomando como máximo la fecha del último pago existe una diferencia entre 17 y 18 meses con relación a los informes obrantes en esta causa.-------------------------- ---Incluso desde otra perspectiva también podría considerarse en el presente caso una época anterior al del último pago pues es válido también sostener que el valor de plaza no podría superar la fecha hasta la cual rigió el coeficiente por el cual se reajustó el precio del contrato y que en el caso corresponde al 31 de marzo de 2004 pues hasta ese momento rigió el Coeficiente de Variación de Salarios (art. 4 de la ley 25.713, sustituido por el art 1 de la ley 25.796).--- ---Dicho de otro modo, el valor de plaza a utilizar como medida de comparación debe corresponder a la fecha hasta la cual se aplicó el coeficiente con el cual se reajustó el monto establecido en el contrato, conforme a las pautas previstas por el Anexo I de la ley 25.713 en su último párrafo, y Anexo II del decreto 1242/2002.-------------------- ---Es también criterio sustentado por esta Cámara, sala "A", c. 21.236, S.D.C. 38/2006, c. 21.446, S.D.C. 47/2006, c. 21.777, S.D.C. 13/2007; y sala B", c. 22.219, S.D.C. 39/2007, c. 22.376, S.D.C. 01/2008.-------- ---En tales condiciones, siguiendo esta última postura el valor de mercado de la unidad a comparar era el que tenía en plaza al 31 de marzo de 2004 (fecha hasta la cual rigió el coeficiente de variación salarial), o en la posición más favorable para la sociedad reconviniente el correspondiente al 01 de noviembre de 2004 (fecha del último pago), y no los valores indicados posteriormente a los meses de mayo y junio de 2006 según los informes que lucen agregados a fs. 122, 124 y 130.----------------- ---Y era carga de la sociedad vendedora en su calidad de reconviniente acreditar el mayor valor del automotor en plaza, presupuesto de hecho de la norma que invocare (art. 3 ley 25.820) como fundamento de su pretensión (art. 377, 2do. párrafo, del C.P.C.C.).----------- ---Cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos, aun los negativos, de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión procesal; en una palabra, sobre los presupuestos (de hecho) de las normas que le son favorables. Texto prácticamente calcado por el art. 377 del C.P.C.C. Concretamente y realmente soportará la carga de la prueba una u otra parte, según sea su posición respecto del efecto jurídico perseguido. La responsabilidad probatoria en suma, no depende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. (Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, págs. 324 y 325, con cita de Rosenberg, Micheli y Sentis Melendo, respectivamente).---------------------- ---Así, el déficit probatorio existente en la presente causa recae sobre la parte reconviniente que pretendía el reajuste equitativo del precio.-------------------------- ---Es criterio sentado por esta sala "B", c. 22.376, S.D.C. 01/2008.------------------- ---Tales fundamentos llevan a acoger favorablemente la queja vertida lo que conduce al rechazo de la reconvención y a la adecuación prevista por el art. 279 del C.P.C.C. ante la revocatoria que se propicia.------------------ ---4. Resta por considerar el cuestionamiento efectuado en cuanto al régimen de imposición de costas por la demanda interpuesta.-- ---Al respecto, corresponde considerar que no progresó la pretensión deducida a fin de la determinación del saldo adeudado por las razones ya expuestas al punto 2 que antecede.------------- ---Tampoco prosperó la pretensión referida a la cancelación del contrato de leasing.-- ---Y en cuanto a la pretensión de la demanda por pesificación debe señalarse que todas las obligaciones en moneda extranjera quedaron pesificadas a partir de la entrada en vigencia del régimen previsto por los arts. 1 y 8 del decreto 214/02, y aclaratorias establecidas en los arts. 1 y 2 del dec. 320/02, por lo que la cuestión referida al tipo de cambio vino imperativamente impuesto por la citada normativa.

---A partir de la fecha del presente Decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero . expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras . Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$1) = UN PESO ($1) . (arts. 1 y 8 del dec. 214/02).

De tal modo, ese régimen de orden público impuso la transformación a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera y su conversión a razón de u$s 1 = $1.-, con la aclaración que tales disposiciones eran aplicables a todas las obligaciones reestructuradas por la ley 25.561, y que el art. 8 era de aplicación exclusiva a los contratos y relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 (arts. 1 y 2 del dec. 320/02).

---El decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", con el añadido a la manda genérica legal de una suerte de "seguro contra la injusticia": la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía "reajustarse", por los jueces a instancia de parte interesada, si el valor de la cosa bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago. Conforme al régimen del dec. 214/2002 ya no hay más pesificación negociada (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004-E, 292 y 297).--------------- ---Este es el régimen también adoptado por el art. 3 de la ley 25.820 que diera al art. 11 de la ley 25.561 su nueva redacción y que resulta aplicable al caso (ver Casiello, "La reforma del artículo 11 de la ley 25.561: La "pesificación" reafirmada", La Ley 2004-C, 1468).----- Dicha norma en su actual redacción (art. 3 de la ley 25.820 que sustituye al citado artículo 11) entró en vigencia el 5 de diciembre de 2003 (art. 5 de la ley 25.820, publicación en el Boletín Oficial del 04/12/2003) y rige el caso de autos por ser de orden público (art. 4 de la ley).----------------------- ---En tales condiciones, la pesificación devino impuesta por la legislación de orden público -tal como lo admite la apelante en la argumentación volcada a fs. 175 vta./176- por lo que debe ponderarse tal circunstancia que permite concluir que en realidad resultó innecesaria la declaración de la pesificación peticionada por la accionante por resultar cuestión abstracta.--------- ---Es criterio de esta sala "B", c. 21.920, S.D.C. 12/2007.------------------------------- ---Y es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).-------------- ---Por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369).----- ---Con tales alcances, y desde que la noción de vencido se establece a partir de una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y su resultado (Arazi-Rojas, "Código Procesal ...", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 261), estimo que la actora resultó sustancialmente vencida por lo que resultó prudente y adecuada a las circunstancias de este proceso la imposición de costas a la parte actora por la demanda promovida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), lo que conduce a desestimar el agravio.-------------------------- ---5. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para rechazar la reconvención por reajuste equitativo del precio del contrato de leasing deducida por la sociedad demandada, confirmando la misma en lo demás que fuera materia de agravios.-------------- ---Tocante al régimen de imposición de costas respecto de la reconvención que se rechaza (art. 279 del C.P.C.C.), las mismas se imponen a la sociedad reconviniente vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).-------------- ---En lo que hace a los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos por la reconvención, entiendo que resulta prudente fijar los mismos, por adecuación, a favor de los Dres. R. J. C. y D. H. G., letrados apoderados de las partes actora reconvenida y demandada reconviniente, en las sumas porcentuales equivalentes al 19,60% y 14%, respectivamente, del monto que resulte de la liquidación a practicarse, a cuyo fin se tomará como base el importe pretendido, con más sus intereses, por haberse así peticionados a fs. 76 vta., conforme al criterio de esta sala "B" para el caso de rechazo, c. 16.600, S.D.C. 01/2002, y que siguiera posteriormente el suscripto entre otros pronunciamientos, c. 19.511, S.I.L. 18/2004, c. 19.486, S.D.L. 29/2004, c. 19.508, S.D.L. 36/2004, c. 19.981, S.D.C. 37/2006, c. 20.977, S.I.C. 194/2006, y c. 22.323, S.D.L. 60/2007, accesorios a computarse hasta la fecha del presente decisorio y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.----------- ---El fracaso de dos de los agravios traídos a esta Alzada y el éxito del restante permiten delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de alzada en un 66,66% a cargo de la actora y en un 33,33% a la demandada, por responder así en forma prudencial a las porciones de fracaso y éxito obtenido por la apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C).--- ---Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo prudente regular los honorarios de los Dres. E. M. C., letrado patrocinante de la accionante, y D. H. G., por sus tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 27,5% y 25%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. pertinente.------------------------- ---Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.------- ---A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Ha interpuesto la parte actora en autos recurso de apelación (fs. 160), en contra del pronunciamiento definitivo (fs. 151/158) por el cual se hace lugar a la demanda de pesificación del contrato de leasing y se rechaza la cancelación de dicho contrato, con costas a la actora. Asimismo, hace lugar, en cambio, al reajuste equitativo del contrato que por vía reconvencional pretendiera la demandada "A. del S. S.A." en contra de la actora, Sra. M. V. E., condenando a esta última a que, en el plazo que fija, abone a la reconviniente la suma de $ 3.199,28. Todo ello, con costas a la actora reconvenida.-El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 173/178.--------------------------Ordenado su traslado a la parte demandada a fs. 182, el mismo fue evacuado por escrito agregado a fs. 183/184 vta..-----------------------I.- La reseña de los agravios ha sido ya efectuada por el Sr. magistrado integrante de esta sala que me precede en la votación, Dr. Vergara, por lo que a ella me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles.-----------------No obstante resultará clarificador del desarrollo a emprender individualizar los puntos sobre los cuales se asienta la impugnación, que son, a saber: 1) Ajuste del C.V.S.-Método y bases a utilizar para su cómputo; 2) reajuste equitativo del contrato; y, 3) imposición de costas por la demanda.--------------II.- En tal marco ingresaré al tratamiento particularizado de los puntos individualizados que conforman los agravios dirigidos en contra del fallo apelado a fin de propiciar un mejor orden en el desarrollo de mi voto.----------------------------------1) Ajuste del C.V.S.-Método y bases a utilizar para su cómputo: Principiaré por advertir que a título eventual se incluyó como parte del objeto de la demanda la pretensión de que "...se pesifique la obligación en moneda extranjera determinándose el saldo resultante y de corresponder disponga la cancelación del mutuo..."(sic)(vide: punto II "Objeto" del escrito de demanda -fs. 43-)(el énfasis me pertenece).----------------Traigo a colación tal modo de formular la pretensión toda vez que, como bien lo puntualiza el Dr. Vergara en su voto, la determinación del saldo a los efectos de que "eventualmente" se declare cancelado el crédito de la sociedad dadora del leasing contradice de modo palmario la admisión que luego la propia actora efectúa en su líbelo de inicio de adeudar un saldo deudor que previa liquidación que efectúa cuantifica en la suma de $ 893,44.------------------------Tal circunstancia, sin ser acompañada de una concreta y puntual pretensión consignataria acompañada del depósito judicial respectivo vedó genéticamente la suerte que pudiera obtenerse respecto al pedido de que se tenga por cancelado el precio acordado a su cargo en el contrato de leasing.---Reitero, no fue planteada en el supuesto ninguna situación de incertidumbre que pudiera justificar que no se postulara, congruentemente con lo que arguyera, el derecho de solventar en la cuantía que se invoca a tenor de la liquidación practicada, por intermedio del ejercicio de la pretensión de consignar judicialmente si se dieren los presupuestos sustanciales de tal acción.--------------Lo determinante para desestimar la pretensión de que se tenga por cancelado el precio del leasing acordado fue que existía un saldo pendiente de pago, allende de su cuantía. Es por ello, que sostengo que desde la misma apertura de la instancia tal pretensión se encontraba signada en su suerte desde que simultáneamente se reconoce la existencia de un saldo deudor.---------------De allí, es que todos los cálculos que efectuara el juzgador del anterior grado, tendentes a verificar la existencia de saldo deudor, sea cual fuere el método o bases de cálculos que utilizara, tornan indiferentes a los efectos de propiciar la desestimación de la cancelación pretendida. Y, lógicamente, del mismo modo, cierra toda posibilidad de que el presente agravio pudiera tener andamiento desde que ninguna incidencia podría contar con su resultado ingresar siquiera a revisar las cuentas que efectuara, bien o mal, el sentenciante.-----Por tales razones de mero orden lógico, basta para mi para concluir en que corresponde desestimar sin mayores comentarios el presente agravio. Así lo voto.--------2) Reajuste equitativo del contrato: Sobre el punto la actora recurrente cuestiona que el Sr. Juez a quo hubiera comparado valores en base a informes producidos entre mayo y junio de 2006, postulando que, en todo caso, debió hacerlo computando los valores del rodado al mes de noviembre de 2004, data ésta que corresponde al mes del último pago que efectuara.-Al respecto tengo dicha antes de ahora, que la norma de emergencia de aplicación en la especie (art. 11, 2do. párrafo de la ley 25.561, según texto del art. 3° de la ley 25.820) refiere a pautas de comparación de valores homogéneas a efectos de posibilitar, en su caso, un reajuste equitativo del precio con el fin de restituir el equilibrio de las obligaciones contractuales que se vieran afectadas por la pesificación. Para ello remite al valor del bien resultante "al momento del pago" hito temporal que considero que por su vaguedad o indeterminación no podría ser otro que aquél que fue el fijado convencionalmente por las partes como la fecha del último pago en el régimen de financiación en cuotas que hubieren pactado, incluido en el supuesto bajo análisis, la fecha en la cual se pactara el posible ejercicio de la opción de compra, esto es, el 25 de febrero de 2004.---Solo a título informativo, destaco que, a todo evento, también he señalado que en la hipótesis más extrema que pudiera suceder con motivo de que el dies ad quem no pudiera verificarse, merced a la falta de convención expresa, sería la fecha de culminación de aplicación del c.v.s. (31/03/2004 según art. 4° de la ley 25.713, sustituido por art. 1° de la ley 25.796), tornándose de tal modo la fecha del pago, módulo temporal en que que ha de realizarse la comparación de valores a la que remite la norma emergencial.-- En esta tesitura me pronuncié ya en un supuesto análogo al presente, el que traigo a colación por su estricta asimilación a la especie bajo análisis, señalando que: "...es indispensable fijar un pauta de comparación de valores homogénea. Para ello es pertinente tomar en consideración un iter temporal unificador, que estimo habría sido la fecha en que debió efectivizarse el último pago de la financiación pactada de común acuerdo por las partes o, en su caso, la de realización efectiva del último pago. No hecho de tal manera por el Sr. Juez a quo, en tanto tomó el valor del automotor objeto del contrato promediado, a la fecha de cada uno los respectivo informes ...y no proveyendo ningún dato verificable, ni tampoco indicando la fuente posible de constatación de que a la fecha en que debió realizarse el último pago, de acuerdo al plan de financiación convenido..., impedido me encuentro de evaluar siquiera si dicho parámetro del valor de mercado tomado por el juzgador es efectivamente menor al existente en la correspondiente época de comparación indicada a los efectos de homogeneizar valores a una fecha determinada..."(sic)(ver: mi voto en S.D.C., Nro. 39/07, c. 22.219, CANE).-----En ambas hipótesis se requiere indispensablemente para la comparación de los valores resultantes de las prestaciones a cargo de las partes contratantes en vías de elucidar un posible reajuste equitativo, que se provea de la información del "valor actual" de la cosa a dicha fecha de comparación (sea ésta a la fecha pactada como de pago de la última cuota o bien, la fecha de vigencia del cómputo del coeficiente de aplicación al caso -c.v.s.-), lo cual no fue aportado por la parte demandada reconviniente en tal sentido, quien indicó al plantear su reconvención el valor de reposición que tenía el vehículo adquirido por el actor con tres años de uso a la fecha de su presentación al proceso y que estima en la suma de $ 20.000, aludiendo a tal fin a datos publicados en revistas especializadas (INFO AUTO) de agosto de 2005 que se encuentran glosados a fs. 58.Tampoco responden a la necesidad de contar con datos de valores de comparación homogéneos a la fecha establecida "supra" (25/02/2004) los informes aportados a través de las informativas obrantes a fs. 122, 124 y 130 (correspondientes a valores de septiembre de 2005) y de fs. 126 y 133 (que informan valores del rodado a mayo de 2006 -los dos primeros-; y, a junio de 2006 -el último-).----------------------------------Ante tal circunstancia, siendo que la aportación de tal dato dirimente de cotejo era a cargo de quien invocó el presupuesto de la norma de aplicación en la especie, ante su omisión ha de soportar las consecuencias negativas de su carencia la parte reconviniente que omitió traerlo al proceso (Conf. art. 377, 2do. párrafo del C.P.C.C.).-----------------En tal contexto, entonces, coincidiré con el sufragante en primer término, concluyendo que corresponderá admitir el presente agravio; y, en consecuencia, revocar parcialmente el fallo venido en apelación en cuanto hace lugar a la reconvención deducida por "A. del S. S.A." la que deberá rechazarse, con costas a cargo de la demandada reconviniente. Así lo voto.---3) Imposición de costas de la demanda: Descartada la queja en cuanto refiere a las costas de la reconvención merced que supeditada por el recurrente al resultado que hubiera merecido el tratamiento del agravio precedente, debe estarse a lo ya expuesto a su respecto.--Centrado el agravio en sostener que de las pretensiones deducidas en demanda y que fueran contradichas por la contraria, habría prosperado la relativa a que se declare que la deuda se hallaba pesificada y desestimada la pretensión de que se declare cancelado el contrato de leasing, adelanto opinión en cuanto que el presente agravio no puede prosperar.----Ello así, habida cuenta que tengo dicho en antecedentes referidos a pedidos de pesificación como el que se efectuara en la presente litis que la misma fue impuesta por el legislador no estando diferida a la jurisdicción declararla sino solo expedirse respecto a los cuestionamiento de orden constitucional que pudieran efectuarse a su respecto si éstos son formulados en concreto y en cada caso que se presente.--------------Por lo demás, basta con advertir que la demandada al tiempo de responder a la demanda se posicionó, tanto en su faz pasiva al responder la acción como en la activa al reconvenir, arguyendo a favor de su derecho con apoyo exclusivamente en las marco de las normas emergenciales presidido por la Ley 25561 y coronado con la ley 25820, que ratificó la pesificación dispuesta por dicha ley madre, basamento legal que daba apoyatura a su posición esgrimida en esta litis. Inclusive, se detuvo en su argumentación al análisis de la ratificación a la que vengo aludiendo revisando todos los decretos reglamentarios que fueran desarrollando los lineamientos generales y particulares de todos los supuestos que involucraba la emergencia pública, y que acompasadamente venía adecuando la reglamentación de la ley de emergencia madre a la nueva realidad económica que se revelaba, esto es: en el ámbito social, económico, administrativo, financiero y cambiario, hasta la ley 25.820 que vino a poner un "quietus" sobre la cuestión vinculada a la mora y su incidencia en la pesificación, al disponer que todas las obligaciones existentes al 06 de enero de 2002 expresadas en dólares estadounidenses, no vinculadas al sistema financiero, haya o no mora, se pesificaban a la paridad uno a uno con más el coeficiente respectivo establecido por la normativa específica de los mismos o aquella que los reemplace (Conf art. 3° de la citada ley).--Sólo a mayor abundamiento cabe remitirse a lo expuesto por el fallo en relación a la pesificación para advertir sin hesitación que la razón insita y aunque no expresada tuvo que ver con que, la pesificación fue una decisión legislativa de aplicación imperativa toda vez que se declaró su carácter de orden público. Esto es, no obstante que claramente se dice que la aplicación de las normas sobre la pesificación fue expresamente consentida por la demandada, corresponde tener presente, a la par, que ella había sido dispuesta por la ley de emergencia y luego fue explicitada y reafirmada por los decretos 214/02 y 320/02 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional por vía de una expresa delegación de la ley de emergencia pública social, económica y financiera 25.561, en el marco de lo dispuesto por el art. 99, inc. 3ro. de la Constitución Nacional.-------Magüer de ello reitero que, ciertamente, puede ser corroborado de la lectura del modo en que se trabara la litis en lo sustancial del conflicto, cuya materia fue -recuérdese- la cancelación del contrato de leasing pretendida por la parte actora y la reajuste equitativo del contrato pretendido por la demandada reconviniente, que en el caso no hubo tal controversia de la demandada sobre la cuestión vinculada a la pesificación y cuya supuesta "obtención" de su declaración jurisdiccional sustenta el presente agravio, sino que por el contrario, se trajo a colación el marco normativo emergencial de manera explicita y con abundante argumentación, para sustentar primero su oposición a la cancelación cuya declaración se pedía y, luego, para fundar su pretensión de reajuste del precio del contrato (ver escrito de contestación: fs. 71/77). Esto último, tengo para mi, que lejos de consistir en una contradicción sobre la aplicación e interpretación de las normas de pesificación, implicó un sometimiento concreto a las mismas, solo que poniendo en la discusión la medida o cuantía de la prestación a cargo del tomadora del leasing para lo que consideraba era su correcta aplicación al supuesto de autos.Es que básicamente implica decir con lo anterior que con el veredicto por el cual se considera y concluyera sobre tal aspecto del litigio, fue innecesario. Esto es, que no era menester declarar jurisdiccionalmente pesificada una obligación dineraria expresada en moneda que no tenga curso legal en el país cuando la pesificación había sido dispuesta imperativamente ya por la normativa de emergencia vigente excepto que ésta hubiera merecido un cuestionamiento puntual lo que, insisto, no aconteció en la especie.-------------De allí que concluyo, coincidiendo con el magistrado de esta sala que me precede en la votación, Dr. Vergara, en que corresponde desestimar sin más el presente agravio. Así lo voto.-----III.- Conclusión:--- ---Por todo lo expuesto, corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para rechazar la reconvención por reajuste equitativo del precio del contrato, confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios.--------Triunfante finalmente la actora en lo relativo a la pretensión de reajuste del precio del contrato de leasing por la que fuera reconvenida, impone adecuar las costas atribuidas en el fallo del anterior grado a este nuevo resolutorio, imponiéndose en su totalidad a la parte demandada reconviniente que, de tal manera, resultó totalmente vencida en ella (Conf. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).----En atención a la última norma de cita, también corresponderá adecuar a esta nueva decisión los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el anterior grado en lo que respecta a la reconvención, del siguiente modo, a saber: al Dr. R. J. C., letrado apoderado de la actora, en la suma equivalente al 19,6%; y al Dr. D. H. G., letrado apoderado de la parte demandada, en la suma equivalente al 14%. En ambos casos, tales alícuotas a calcular sobre el monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más los intereses a calcular del modo indicado por el sufragante en primer término, Dr. Vergara; y, más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 9, 37, 39, 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).-------------------Habiéndose planteado tres agravios, de los que prospera solo uno de ellos -el referido a la reconvención por reajuste del precio del contrato-, se delinea en esta segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas en un 66,66% a cargo de la actora y en el 33,33% restante a cargo de la demandada, por resultar tales guarismos adecuados, estimo, a los respectivo éxitos y fracasos obtenidos en esta segunda instancia (Conf. arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).--------------------Los honorarios del Dr. E. M. C., letrado patrocinante de la actora; y, los del Dr. D. H. G., por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo prudente fijarlos en las sumas respectivas equivalentes 27,50% y al 25%, de los honorarios que se les fijara por su actuación en la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).-Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------- ---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:---------------------------------- ---Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para rechazar la reconvención por reajuste equitativo del precio del contrato de leasing deducida por la sociedad demandada, confirmando la misma en lo demás que fuera materia de agravios; b) imponer las costas de primera instancia generadas por la reconvención deducida a la demandada reconviniente; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. R. J. C. y D. H. G., por la reconvención, en las sumas equivalentes al 19,6% y 14%, respectivamente, del monto que resulte de la liquidación a practicarse, a cuyo fin se tomará como base el importe pretendido, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales; d) imponer las costas de segunda instancia en un 66,66% a la parte actora apelante y en un 33,33% a la parte demandada; e) regular los emolumentos de los Dres. E. M. C. y D. H. G., por las tareas cumplidas ante la Alzada, en las sumas equivalentes al 27,5% y 25%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia; y f) declarar que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A.------------ ---Así lo voto.-------- --- A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. Lucero dijo: ---------------------------------- ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.-------------------------------- ---ASI LO VOTO.- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por excusación del Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: --------- ------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: -------------------- --- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para rechazar la reconvención por reajuste equitativo del precio del contrato de leasing deducida por la sociedad demandada, confirmando la misma en lo demás que fuera materia de agravios;-------------- --- IMPONER las costas de primera instancia generadas por la reconvención deducida a la demandada reconviniente; ------------ --- FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. R. J. C. y D. H. G., por la reconvención, en las sumas equivalentes al 19,6% y 14%, respectivamente, del monto que resulte de la liquidación a practicarse, a cuyo fin se tomará como base el importe pretendido, con más sus intereses a computarse hasta la fecha del presente pronunciamiento y de acuerdo a la tasa que utiliza el B. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos comerciales; ------IMPONER las costas de segunda instancia en un 66,66% a la parte actora apelante y en un 33,33% a la parte demandada;--------------------REGULAR los emolumentos de los Dres. E. M. C. y D. H. G. por las tareas cumplidas ante la Alzada, en las sumas equivalentes al 27,5% y 25%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia;------------------DECLARAR que los honorarios antedichos deberán ser incrementados con el I.V.A.---------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------- Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 14 DE 2009 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA