marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Rapp, Roberto J. s/ Hurto y hurto en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-19

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia, alegando el recurrente que la Cámara habría omitido responder puntuales argumentaciones sometidas a su conocimiento respecto de la autoría responsable de su defendido, si dicho extremo fue resuelto por el tribunal mediante plena prueba con la cita legal correspondiente, siendo los planteos en cuestión -el modo en que el a quo conformó la prueba- propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
División de condominio, costas
Materia: CIVIL
Carátula: QUINTEROS MIGUEL c/ ARISMENDI CARLOS s/ CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

En un juicio por división de condominio, la circunstancia de existir un ocupante en el inmueble en cuestión, autorizado por el condominio demandado y en contra de la voluntad del condómino accionante, no es argumento suficiente para considerar al primero culpable de la reclamación a efectos de imponerle las costas, si dicho condómino se allanó en el juicio y ha probado su voluntad de proceder a la división extrajudicial.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, multa penal
Materia: PENAL
Carátula: SULAS, José B. s/ MULTA - INCUMPLIMIENTO DEBERES ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-03-10

1) Si la disminución física permite al acusado realizar tareas livianas, con las que obtiene un beneficio pecuniario, que permitiría un mínimo aporte alimentario, el omitirlo importa incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

2) La ley 20.509 sólo modificó -elevándola- las multas establecidas por el Cód. Penal, pero no las correspondientes a las leyes complementarias, como lo es la 13.944 y ninguna disposición al efecto surge tampoco de la ley 21.338. En consecuencia la escala de multa establecida por el art. 1 de la ley 13.944 ha quedado tal cual fue originariamente sancionada, o sea en pesos m/n de 50.000 a 300 000, equivalentes en moneda actual a 500 a 3.000 $, suma que aunque en verdad parece exigua, resulta jurídicamente imposible otra interpretación y menos aún analógica, que sería contraria a la garantía consagrada por el art. 12 del C.P.P.-
Reconocimiento en rueda de personas, debate
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ANDRES, PEDRO Y OTROS s/ RECONOCIMIENTO DE PERSONAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1974-08-27

No se realiza con observancia de las exigencias legales, el reconocimiento que, conforme a las actas donde consta, no se sabe, concretamente, a quién se iba a reconocer, ni se los interroga si la vieron antes del acto que se va a practicar, o si la vieron antes en imagen (fotografía).

El debate es el momento solemne del proceso donde deben debatirse, sin más limitaciones que las legales, las pruebas producidas para dar base a los alegatos y a la sentencia. Si ello es así, lógico que se ha de efectuar con las más extremas exigencias legales, pues rigen al máximo los principios constitucionales: para construir la responsabilidad del acusado no debe haber apartamiento de la ley que lo afecte.-
Proceso contravencional, medidas cautelares, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GOb. Cdad. Bs. As. c/ S. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-20

El principio general que ha tenido en mente el Legislador al sancionar los Capítulos VI y VIII de la Ley de Procedimiento Contravencional, ha sido el de hacer prevalecer las garantías de los artículos 17 de la Constitución Nacional en lo relativo a la protección del derecho de propiedad y 18 del mismo cuerpo legal al proteger su libertad. No es posible ignorar que lo que la Ley de Procedimiento Contravencional pretende, al conferir carácter restrictivo al instituto de las medidas precautorias, es precisamente no agravar la situación del imputado, amparado por la presunción de inocencia, privándolo de sus derechos constitucionales de propiedad, trabajo y ejercicio de industria lícita.

(Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Dessanti)
Delitos contra la humanidad, componente subjetivo distinto del dolo, estaqueamiento, guerra de Malvinas
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: POLANO, Alejandro Héctor Delfor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13

Al analizar los elementos típicos objetivos del delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, aprobado por ley 25.390, la llamada ultraintención (una clase de elemento subjetivo del tipo distinto del dolo) refiere a un elemento de intencionalidad que, en el tipo en cuestión, debe verificarse en la circunstancia de que las conductas señaladas se perpetren de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política (art.7.2.a. del Estatuto de Roma), pues dicho elemento dispone la existencia de una finalidad que tenga una particular dirección que exceda el tipo objetivo.

Este elemento exigido por el tipo también fue señalado por la Corte al indicar que los hechos que conformen un delito de lesa humanidad tienen que estar conectados con alguna forma de política, en el sentido del término que significa las orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.

Ello sirve para excluir del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad a determinados hechos aislados, no coordinados y aleatorios.

Así, no puede concluirse que las acciones atribuidas al imputado (estaqueamiento de un soldado en el marco del conficto bélico en el Atlántico Sur) hayan sido llevadas a cabo de conformidad con una política de Estado o para promover una política de Estado, pues ello no puede inferirse de modo alguno de los hechos ni circunstancias del caso. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Echeverría, Héctor E. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Es inatendible el agravio en el que se argumenta la falta de otro elemento directo que apunte a la autoría responsable si el a quo resolvió que concurre plena prueba testimonial para acreditar tal extremo.
Hurto con llave o ganzúa, robo con llave o ganzúa, yuga
Materia: PENAL
Carátula: GRAMAJO, Francisco H. s/ Causa 26.601
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Disidencia del Dr. Elbert:La "yuga" es un elemento rústico destinado a romper la cerradura, y que, por ende, integra la violencia contra las cosas requerida por el tipo penal del robo simple, ello es así puesto que en el plano óntico, la operatoria de la "yuga" es de pura violencia, mientras que el de la "ganzúa, llave falsa, u otro instrumento semejante", del art. 163, inc. 3°, C.P., alude necesariamente a un instrumento apto para accionar el mecanismo normal de la defensa predispuesta. Por otra parte interpreto que considerar a la "yuga" equiparable a una ganzúa, llave, etc., conduce a la calificante propuesta sólo sí, como en el caso, se extrae algo de dentro del vehículo mediante violencia, de lo contrario estaríamos ante un hurto calificado, por cuanto la figura del art. 167, inc. 4°, C.P., implica la ejecución de un acceso "fraudulento" al sitio donde se ejerce luego otra violencia para sacar el bien.
Admisibilidad del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Demonte Fermín Oscar Y Otros c/ GCBA y Otros s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde admitir la queja del GCBA pues muestra que en su recurso de inconstitucionalidad -a diferencia de lo sostenido por el a quo- había realizado planteos cuyo tratamiento corresponde al Tribunal atender por la vía de dicho recurso. En este sentido, el quejoso logra demostrar que puso en discusión la aplicación de las normas constitucionales que fijan el orden de prelación de las fuentes del derecho y de las que distribuyen competencia legislativa en materia tributaria, la interpretación de la ley federal n° 15336 y la afectación del principio de legalidad (artículo 9 de la CCABA). (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Prescripción bienal, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos, damnificado indirecto
Materia: CIVIL
Carátula: ESTADO NACIONAL FUERZA AEREA ARGENTINA c/ VERON, CARLOS s/ SUMARIO - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

La acción es de naturaleza extracontractual y la prescripción es la bienal del art. 4037 del Código Civil, cuando el accionante reclama en virtud de un acto ilícito que le ha causado un perjuicio, del cual fuera víctima un dependiente suyo, convirtiéndolo en damnificado indirecto por aplicación de lo dispuesto en el art. 1079 del Código Civil.

Es que el pago de lo reclamado era para el empleador una obligación legal a la que no hubiera tenido que atender si no hubiese ocurrido el acto ilícito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fentanes, José R. y otro c/ Caja Compensadora de la Asociación Médica Pergamino s/ Amparo Asociación Médica Pergamino s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

En atención a la naturaleza del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la potestad revisora de la Suprema Corte se circunscribe siempre al contenido del fallo y a su concreta impugnación ya que no puede suplir las omisiones del recurrente y tampoco tiene atribuciones para pronunciarse sobre temas no traídos a su conocimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso preventivo, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, locación de inmuebles, continuación de la locación, medidas cautelares, embargo preventivo, acreedor postconcursal, crédito privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: SHOWCENTER   SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INC.  DE  MEDIDA PRECAUTORIA (S/ INC. ART.  250 DEL CPCC).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-05

Si se autorizó la continuación de un contrato de locación de un inmueble con el concursado en los términos de la LC: 20, procede que quien invoca el caracter de locador del mismo solicite cautelarmente que se disponga un embargo preventivo y, que se ordene a cierta entidad que deposite los fondos que tuviera que abonar al deudor cuando, -como en el caso-, surge que el concursado adeuda al solicitante de la medida prestaciones derivadas del mentado contrato de locación, originadas "luego" de la presentación concursal del locatario. En tal sentido cabe precisar, que conforme con lo normado por la citada norma legal, tales créditos "postconcursales" generados a favor del locador gozan de la prelación en el cobro prevista por la LC: 240, siendo exigibles al vencimiento del plazo para su pago. Por tanto, ante la falta de pago de dichas acreencias, corresponde decretar la cautelar solicitada. No empece lo expuesto, la crisis economica y financiera que afecta a nuestro pais y sus efectos sobre todos los segmentos del mercado, incluyendo el que concierne al deudor, toda vez que tal crítica no justifica, por principio, la adopción de medidas judiciales que obliguen a sujetos "in bonis" a financiar a sus co-contratantes concursados, so pena de afectar los derechos de propiedad y de libertad de contratación amparados por la CN: 14, 17 y ccdtes. A mas, el concursado ya ha obtenido beneficios financieros y económicos por la apertura de su concurso preventivo, derivados de la aplicación de la LC: 19, 20, 21 y ss., por lo que tales beneficios legales no pueden ser extendidos judicialmente con fundamento en la crisis del locatario: este debe pagar lo que le es exigible en el marco de nuestro ordenamiento concursal.
Pena, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal y actor civil c/ Tripi, Carmelo s/ Lesiones culposas - Casación (Libro: A024-302)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-04-13

Es ajena al contralor de la casación la disensión sobre el monto de la pena, si ella ha sido fijada dentro de los límites establecidos en la norma penal aplicable.
Denuncia, violación de secreto profesional
Materia: PENAL
Carátula: Iñíguez, Dominga Isabel s/ Aborto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El art. 75 -n.a.- del Código Procesal en su primera parte impone la obligación de denunciar y en la segunda solamente deja sin efecto tal obligación ("se exceptúan de la obligación") pero no prevé prohibición alguna.
Medidas cautelares, contracautela, mejora de la contracautela, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: LOVCOVS PARAMONS c/ SIERRA JULIO A. s/ NULIDAD DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-03

Para que la contracautela cumpla adecuadamente la función de garantía a que está destinada debe admitirse la procedencia del aumento sobre la base de la depreciación monetaria operada desde que fue decretada, pues dicha apreciación constituye un hecho de pública notoriedad que exime de prueba al solicitante (conf. C.N.Civ. Sala C, R.288.205 del 29-11-83).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Chaparro, Adolfo José; Goycochea, Guillermo Marcelo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Es inaudible el planteo que en relación al cuerpo del delito formula la defensa alegando que "las presunciones mencionadas no surgen...de hechos probados" puesto que pese a ser reproducción de manifestaciones contenidas en la expresión de agravios la a quo no las entendió vinculadas con la materialidad ilícita sin que medie al respecto cuestionamiento fundado en ley del peticionante.
Corrupción de menores, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Materia: PENAL
Carátula: RODRÍGUEZ, LUIS MARIA P.S.A. s/ CORRUPCION DE MENORES REITERADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-10

Con relación al art. 125 del C.P. (una de las figuras bajo las cuales el a quo subsumió el hecho atribuido al encartado), existió una sucesión de leyes penales durante el lapso comprendido entre el comienzo de la maniobra delictiva (esto es, durante el año 1998), y su finalización (el 2 de agosto de 2001).

En efecto, durante el año 1998, el art. 125 del C.P., según la ley 11.179, en lo que aquí importa establecía lo siguiente: "El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado...(inc. 2do.) con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años".

En cambio, el día 2/8/2001 regía el art. 125 del C.P., según ley 25.087 (B.O. 14/5/1999), que reza lo siguiente: "El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de...(párr. 2do.) seis a quince años...cuando la víctima fuera menor de trece años".

Esta disposición legal fue la aplicada por el a quo en la presente causa. A partir de lo recién consignado, se advierte que resulta más benigna la ley vigente en el año 1998 que la que regía el día dos de agosto de 2001.

Ello así, porque la primera contenía un elemento subjetivo, ausente en la actualmente vigente, a saber: el ánimo de lucro o de satisfacer deseos propios o ajenos; además, establecía una escala penal más leve en cuanto a su mínimo (cuatro años de prisión o reclusión, en lugar de los actuales seis años de prisión o reclusión).
Recurso de inaplicabilidad de ley, gratuidad del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-22

El tema traído a estudio y resolución del Cuerpo versa sobre retribución profesional y no sobre materia laboral, y habiendo terminado en el caso de autos el proceso laboral en sentido estricto, no corresponde aplicar el mencionado art. 18 del C.P.L. , toda vez que dicha norma establece claramente que "los empleadores gozarán del beneficio de gratuidad durante la tramitación del juicio".
Honorarios, medidas cautelares, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VERNET CAMILA c/ ANTONIO CACCIOPPOLIS s/ DESALOJO  -  EJECUCION DE SENTENCIA - HONORARIOS - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-12

Aún antes de entrar en vigencia el art. 81 de la ley 7269, la regulación por el pedido de medidas cautelares solo podía hacerse en forma independiente cuando estas no hubiesen sido ordenadas dentro de un proceso principal del cual forman parte. Cuando la medida cautelar es pedida y ordenada dentro del proceso principal o del trámite de ejecución, no genera una actividad distinta de la que ya es remunerada a traves de los honorarios del juicio, de modo que una nueva regulación carecería de causa. Esto es particularmente grave en la acción ejecutiva o en la ejecución de sentencia, pues el embargo no es más que una fase o paso normalmente necesaria en esos procesos, de manera que su realización no puede considerarse como una actividad independiente o separada de los trabajos del principal ni dar lugar a una regulación distinta de la que corresponde a éstos.
Daños y perjuicios, indemnización, cuenta corriente bancaria, rechazo del cheque, cheque sin fondos, error de tipo, riesgo crediticio, banco central, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Distrisam SA c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-29

Corresponde admitir el reclamo de indemnización en concepto de lucro cesante pretendido por la sociedad actora, en el marco de un juicio de daños y perjuicios promovido contra un banco, con motivo de la errónea imputación de rechazo de cheque sin fondos pese a que había cerrado su cuenta bancaria con anticipación; así como su inclusión en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina. En ese marco, resulta procedente el resarcimiento de los daños causados al ejercicio de su actividad comercial que se vio reflejado en la disminución de su facturación.
Reproducción de fonogramas, lugar público
Materia: COMERCIAL
Carátula: Milco, Jorge Alberto c/ SADAIC s/ Acción Declarativa (Sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-27

Cabe admitir el derecho de S.A.D.A.I.C. para percibir los aranceles por la difusión de contenidos musicales en los televisores que el propietario de un complejo hotelero tiene instalados en las habitaciones mediante el servicio de televisión satelital, pues tanto la doctrina legal de la Suprema Corte bonaerense, como la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, consideran que la propalación de música en un hotel constituye difusión por un medio público, a los fines de los arts. 33 y 35 del decreto 41233/1934, texto decreto 6723/1945, reglamentario de la ley 11.723, en tanto no reviste el carácter de domicilio exclusivamente familiar.
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, interpretación de la ley, ley federal, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ríos Maria Alejandra de Luján y otros c/ Banco Ciudad de Buenos Aires  s/ Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la sentencia que rechazó la demanda promovida por un grupo de trabajadores dependientes del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de que dejara de descontarles el tres por ciento (3%) de sus remuneraciones mensuales -destinado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por ley N° 19.302- y solicitaron la devolución de los descuentos realizados ilegítimamente con carácter retroactivo, más sus intereses y la reparación del daño ocasionado, incluido el daño moral. Ello así, toda vez que la demanda persigue instaurar un régimen de privilegio a favor de los actores al hacer cargo al fisco local -y por ende a la comunidad local toda- de los aportes personales que las leyes nacionales y locales imponen con carácter general y solidario a todos los trabajadores en actividad -incluidos los del GCBA por art. 17, inciso d de la ley N° 472- y de los cuales los actores se beneficiarán, llegado el caso, como trabajadores jubilados. Esta carencia permite descartar de plano las alegadas y generales invocaciones del recurrente respecto a la vulneración de las cláusulas constitucionales y locales que consagran la protección del salario (art. 43 de la CCABA y 14 bis de la CN). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Daño moral, daño ambiental, actividad agropecuaria
Materia: CIVIL
Carátula: Cartuciello, Rosa Teresa c/ Cooperativa Agrícola de Ramallo LTDA. s/ Daños y perjuicios prov. Explotación agrícola
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-06

La cooperativa que explota una planta de silos debe indemnizar por daño moral a una vecina afectada por la emanación de polvillo, pues la víctima vio afectado su vida, su vivienda y su medio ambiente sin posibilidades de modificar esa cuestión, la cual depende de aspectos organizacionales, gubernamentales y de control, y no de su propia voluntad, máxime cuando la mortificación ha de ser mayor en cuanto no se encuentra respuesta fácil en la sociedad en punto al equilibrio ambiental que no ha sido reconocido fácilmente como un derecho.
Jubilaciones, pensiones, beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BROGGINI, EMILIO JORGE c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

Encontrándose el demandante jubilado conforme a normas anteriores a la ley 24.241 (en el caso, ley 22.955) resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre la validez constitucional o no del Dec. 78/94, circunstancia que exime a los sentenciantes de excusarse en razón de los juicios que por tal cuestión mantienen con el Estado Nacional. Ello así, toda vez que en materia previsional el derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición en contrario, por la ley vigente al momento del cese o del fallecimiento del afiliado (cfr. Fallos 266:19; 274:30; 275:262;

275:21; 287:412; 288:254; 290:349; 291:350).
Sucesiones, inventario y avalúo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Midulla, Laura Paola s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

La realización del evalúo no puede quedar en manos del escribano inventariador desde que no solo no fue esa la tarea para la que fuera designado, sino que tampoco es de las que por su naturaleza, puede considerarse comprendida en la órbita de su incumbencia específica (arts. 35, 127, 128, 129, 130 y conc. dec. ley 9020/78).

(Minoría u opinión personal)