Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-11


Salta, 11 de febrero de 2016. Y VISTOS: Estos autos caratulados "DIRECCION GENERAL DE RENTAS vs. HIGA, María Eugenia - EJECUTIVO", Expte. Nº 462.444/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ª Nominación; Expte. Nº 495.253/14 de Sala y, C O N S I D E R A N D O I) Vienen los autos a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 46, en contra de la sentencia de fs. 40/42, que hizo lugar a la excepción de prescripción, con costas, y ordenó llevar adelante la ejecución en contra de la ejecutada, hasta que el acreedor se haga íntegro pago del capital reclamado ($950), con más sus intereses, IVA y costas del juicio.

Al fundar el recurso (fs. 48/49), la recurrente se agravia que en el fallo se haya considerado aplicable el caso "Filcrosa".

Le agravia también que la demandada haya planteado genéricamente la prescripción de los períodos 11/2008 y 12/2008 del impuesto a las actividades económicas, y que no obstante haber depositado la casi totalidad del capital se haya declarado procedente la excepción de prescripción.

Considera que la doctrina del citado caso no resulta de aplicación desde que el presente se trata de impuestos provinciales; también porque la contraparte debió plantear la inconstitucionalidad de los arts. 92 y 93 del Código Fiscal para lograr su inaplicabilidad en estos autos. M anifiesta que resulta insuficiente el mero planteo que hizo, donde solamente dijo que se encuentran prescriptos los referidos períodos. Que el fallo "Filcrosa" no tiene en cuenta que el impuesto a las actividades económicas es anual y que lo que se abona mensualmente son solo anticipos, razón por la cual el plazo de prescripción corre desde el 1º de enero siguiente al año al que se refieren las obligaciones.

Por último, señala que le agravia que el juez a quo haya indicado que la interrupción planteada por la DGR carece de relevancia, al haberse producido la prescripción del período 2008 antes de interponer la demanda.

Solicita se haga lugar al recurso y se ordene llevar adelante la ejecución también por los períodos 11/08 y 12/08, con costas.

A fs. 51/52 contesta el traslado del memorial la ejecutada; solicita el rechazo del recurso por los argumentos allí vertidos, a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.

II) El tribunal de apelación está facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primer grado, aun cuando se encuentre consentida.

Como órgano natural del recurso, tiene legitimación, entonces, para rever el trámite de primera instancia aun de oficio, revistiendo este examen el carácter de previo al tratamiento de la cuestión de fondo, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv., sala C, 13/02/96, LL 1996-C, pág. 162; Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", ed. Astrea, t. 2, pág. 28 y sgtes.; CApelCCSalta, Sala IV, t. XXIII, fº 920; íd. fº XXXVI-I, fº 322, entre muchos otros).

Si -como ocurre en el caso-, se deduce un recurso sin que concurran todos los recaudos de admisibilidad, entre ellos, el referido a la cuantía mínima (art. 253 del CPCC y acordada 7741/96, modificada por acordada 11036/11), acarrea, no obstante su concesión, que la resolución que recayó en aquél cause ejecutoria, ya que resulta inapelable, debiendo, en consecuencia, declararse mal concedido (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXXVI-S, fº 71; íd. fº XXXVI-I, fº 322). En tal sentido, se dijo que el límite de apelación fijado por el art. 253 del CPCC, reglamentado mediante acordada Nº 7741 de la Corte de Justicia de Salta ($500), y modificado por acordada Nº 11036/11 ($4000, monto vigente al momento de interposición del recurso), conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso, y como tal debe ser considerado por la alzada, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones dictadas en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv, sala C, La Ley 1996-C, p. 162; CApelCCSalta, sala IV, t. XXIII, fº 665).

En consecuencia, si el monto inherente a la cuestión traída a revisión a la alzada resulta inferior a lo establecido, la resolución es inapelable (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, fº 336/337; íd. t. XXXII, fº 412; íd. t. XXXV-I, fº 244; íd. fº 394, íd. XXXVI-S, fº 77, íd. fº XXXVI-I, fº 322, entre otros).

Se ha señalado que el fin de la limitación recursiva en razón del monto es agilizar los trámites de ciertos pleitos de menor cuantía, manteniendo la doble instancia para la generalidad (cf. CNCom., Sala B, 21/12/79, Rep. ED, 14-822, nº 64; ED, 87 - 193; CApelCCSalta, sala III, año 2005, fº 73; íd. Sala IV, t. XXXVI-S, fº 77, íd. fº XXXVI-I, fº 322, entre otros). En el caso, la sentencia cuya revisión se pretende, hizo lugar a la excepción de prescripción respecto de los períodos 11/2008 y 12/2008, y ordenó llevar adelante la ejecución por el capital reclamado, el cual asciende a la suma de $950, con más intereses, IVA y costas (cfr. fs. 40/42), monto éste que de ningún modo podría superar el mínimo legalmente exigible para la admisibilidad del recurso, de lo que deriva la inapelabilidad del fallo impugnado.

En virtud de lo expuesto, no cabe sino declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 46. IV) Las costas en la alzada se imponen por su orden, al no haber advertido la apelada la ausencia del recaudo de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto (art. 67, segundo párrafo, CPCC). Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) DECLARA MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 46. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.