marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, contratista, remuneración, convertibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Papini Mario Néstor c/ Adm.Gral. de Puertos s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-14

La remuneración del contratista está integrada no sólo del precio estipulado al inicio de la relación sino también de los mayores costos de la ley 12.910 (Fallos 311:1181 y 1576), previsión contractual que "permite asegurar que los pagos se hagan de acuerdo con el valor real que les correspondería originariamente y entregar al prestador de la actividad el valor cuya expresión actual representa, con integral fidelidad, la misma sustancia económica a la que estaba obligado el promotor del certamen licitatorio cuando eligió la oferta ("Las cláusulas de reajuste de precios en los contratos administrativos" de Celso Antonio Bandeira de Melo, en "Derecho Administrativo: Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff", págs. 903/914). Tal disposición no vulnera el régimen de la convertibilidad de la ley 23.928, norma que estableció como medio coadyuvante a la estabilidad buscada por el legislador, la derogación en general, de los procedimientos de ajuste automático por depreciación monetaria o de actualización de deudas sustentados en la utilización de indicadores existentes y la prohibición de su establecimiento en las relaciones posteriores al 1/4/91 (Fallos:

315:1209 y 316:2604). (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, Consid. V).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, régimen de consolidación de deudas, indemnización, reparación integral
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Escobar, Héctor Oscar c/ Fabrizio,  Daniel  -  Municipalidad  de  Tigre  y  Ejército Argentino s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Es incompatible con la garantía de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, la aplicación de la ley de consolidación 23 982 a la indemnización, si la reparación integral exige la atención inmediata de la ceguera y del sistema auditivo del actor y de sus afecciones de orden psíquico y estético.
Publicidad de los actos de gobierno, Constitución Nacional, financiamiento de los partidos políticos, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Movimiento de Integración y Desarrollo Nro. 1 - distrito La Pampa c/  s/ control de estado contable - Ejercicio 2017
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Resulta imprescindible señalar que la causa se vincula con la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio contable 2017, por lo que la legislación sustancial aplicable al caso es la contenida en las previsiones de la Ley 26215, sin las modificaciones incorporadas por la Ley 27504. Señalando también, que el art. 38 de la CN impone expresamente a los partidos políticos la obligación de rendir cuentas a la Nación, siendo que esa exigencia deriva del principio republicano de dar publicidad de los actos de gobierno.
Transporte aéreo de carga, despachante de aduana, protesta, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Davidson, Mario S./Aries Cía. Seg.  S.A. c/ Iberia Líneas Aéreas de España s/ Ordinario - cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-28

Al día siguiente del arribo de la aeronave el despachante de aduana del consignatario remitió a la transportista aérea la nota con constancia de recepción por IBERIA en cuyo texto se hizo constar que se le otorgaba el alcance de "formal protesta por los faltantes y/o averías con que fuera recibida la mercadería por la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza".

Y como de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad aeronáutica debe considerarse al despachante de aduana implícitamente autorizado por el consignatario para formular la protesta frente al transportista aéreo y habida cuenta de que la demandada no negó la recepción de aquella nota, es claro que aparece cumplido el requisito de la protesta que exige el artículo 26 de la Convención de Varsovia de 1929 (texto según Protocolo de La Haya de 1955).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Conforte de Drago, Matilde A. c/ Newton, Cora M. s/ Daños y perjuicios Vázquez, Aníbal c/ Romero, Sergio Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08|2002-12-23

Ni la observancia de las leyes de tránsito basta en todos los casos para eximir de responsabilidad al conductor, ni la infracción de las mismas implica necesariamente esa responsabilidad. Por ende las reglamentaciones de tránsito no pueden ser soslayadas y deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero, conforme los términos antes expresados, para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en qué extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado del art. 1113 del Código Civil.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión
Materia: PROCESAL
Carátula: "Bertotto,   Oscar   Armando   Mario c/ PEN  -Ley  25.561-Dtos.1.570/01-214/02 (Francés) s/ Amparo s/ ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22

Los fondos comunes de inversión son patrimonios carentes de personería jurídica que pueden estar integrados por distintos tipos de valores constituyéndose con dinero perteneciente a diversas personas a las que se les reconocen derechos de copropiedad representados por cuota parte (esta Sala "Pardo Helena c/ PEN s/ Amparo", 9/4/2003) (Cons. II).
Doctrina, acción de amparo, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carriquiriborde, Diego Antonio c/ Instituto de revisión Social de la Provincia de Buenos aires (IPS) s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Esta Corte, por vía de superintendencia, ha establecido que es la Receptoría General de Expedientes de cada departamento judicial la encargada de dar ingreso y asignar, por sorteo, entre todos los organismos de primera o única instancia de todos los fueros, las acciones de amparo que se deduzcan a partir de la entrada en vigencia de esta normativa (art. 1, resol. 1358/2006 -texto según resol. 1794/2006-).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gambero, Abel y otra c/ Crocce, Héctor y otra s/ Cobro de medianería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-02

Los propietarios de un edificio en construcción responden por los perjuicios originados en la finca lindera si no se demuestra que en la emergencia medió alguna razón como para que pudiera ser admisible la eximente prevista en el art. 1113 del Código Civil.-
Daños y perjuicios, contrato de transporte, prescripción, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: OCAMPO,  Marisa  Elena c/ DÍAZ, Hugo Alberto y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24

La relación jurídica entre el sujeto transportado y la empresa prestataria del servicio de transporte debe encuadrarse en el marco de las relaciones de consumo, en función de lo cual el proveedor del servicio asume una obligación accesoria de seguridad frente a los usuarios. En consecuencia a los efectos de establecer el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los daños sufridos en ocasión del transporte debe aplicarse el art. 40 de la ley de defensa del consumidor que fija en su art. 50 dicho plazo en tres años, aun cuando el accidente ocurra con anterioridad a la reforma de la ley 24.240, en tanto la ley 26.361 aclara que en caso de plazos diferentes se debe aplicar el que resulte mas favorable al usuario víctima del daño. (Sumario N°20261 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Acción de amparo, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La CSJN el 09-04-02 en "Mignone, Emilio F." dijo que a la luz de lo decidido por la Corte en Fallos 320: 690 `Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina' y en Fallos 323: 1339, `Asociación Benghalensis y otros' corresponde concluir que la actora se encuentra legitimada a demandar como lo ha hecho...La Procuración General sostuvo que "la reforma constitucional de 1994 amplió el espectro de sujetos legitimados para accionar, que tradicionalmente se limitaba a aquellos que fueran titulares de un derecho subjetivo individual (...).

Con respecto al art. 43 CN., es del caso señalar que reconoce expresamente, como legitimado para interponer la acción expedita y rápida de amparo, a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa -entre los que se encuentran las asociaciones- por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley, entre otros, los derechos de incidencia colectiva"
Verificación de créditos, crédito fiscal, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Astilleros Príncipe y Menghi s/ Pedido de quiebra, inc. verificación tardía promovida por Obras  Sanitarias de la Nación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Los créditos nacidos con posterioridad al auto de quiebra son extraños al marco incidental del art. 33 Ley Concursal y no dan lugar a una verificación tardía. Los créditos en cuestión (devengados en concepto de tasas por servicios sanitarios que afectan los inmuebles de la quiebra) habrán de verificarse al momento de la realización de los bienes (arts. 197 y ss. 301 ley 19.551, conf. arts.203 y ss., 278 ley 24.522; arts. 568 y cc, CPCC).
Tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, inhabilitación especial
Materia: PENAL
Carátula: CASTRO, Emilio Jesús s/ TENENCIA ILEGAL Y SUSTRACCION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-04

No corresponde aplicar inhabilitación especial cuando no se dan los supuestos del art. 20 bis del C.P. . por otro lado el art. 33 inc.

"c" de la ley 17671, modificada por la ley 20974, no contiene expresamente ese tipo de sanción, como lo hace el art. 31 para los funcionarios que llevaron a cabo las conductas que prevé.
Recurso de inaplicabilidad de ley, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sindicatura del Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado hoy su Quiebra. c/ Fundación del Paraná-Ejecución Hipotecaria s/ Recurso de Queja Interpuesto por el Dr. Carlos María Ascua.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-10

Las sentencias dictadas en juicio ejecutivo no son definitivas y por tanto devienen inabordables en casación, no obstante ello, cabe otorgar dicho carácter al veredicto impugnado, pues al decidir sobre la interpretación de la normativa de la legislación de emergencia, ha concluido el debate sobre esta cuestión, la que no podrá ser replanteada en este u otro juicio y atento a la irreparabilidad del perjuicio que la decisión provoca para quien recurre teniendo en cuenta que como consecuencia de dicha interpretación se deja firme la declaración de deserción del recurso de apelación contra la sentencia que manda llevar adelante la ejecución, y que la actora es una quiebra.
Arresto domiciliario, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-21

Si bien el interno reúne el requisito etario establecido por la ley, su estado de salud no es de los previstos para hacer viable el instituto del arresto domiciliario pues, pese a sus dolencias físicas, no se encuentra en situación de desamparo, ni de riesgo de vida, estas condiciones, aunadas a su evolución favorable, asistencia profesional, alta médica y tratamiento de rehabilitación que se le proporciona en el lugar de alojamiento, lo alejan de las posibilidades previstas para la concesión del beneficio, máxime si -ante el alta médica- el interesado manifestó expresamente su voluntad de ser trasladado nuevamente a la unidad penitenciaria. La disidencia sostuvo que, en tanto resulta evidente que la situación del encartado encuadra en uno de los supuestos previstos por el art. 32 ley 24.660 pues supera con holgura los 70 años de edad, ello torna irrelevante la determinación de la existencia o no de otras hipótesis que la ley prevé.
Contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: González, Romualdo Néstor c/ Ferro, Alberto José s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Tratándose de un contrato de trabajo permanente y de prestación discontinua en que la dación de trabajo se efectúa sin ciclos periódicos ni jornadas predeterminadas -lo que supone que la fuerza de trabajo y su respectiva prestación puesta a disposición del empleador existe siempre de manera latente y potencial- el cómputo del tiempo de servicio en función de la antigüedad (art. 18 L.C.T.) debe efectuarse desde el comienzo hasta la extinción de la relación laboral, con independencia que se tenga o no derecho a remuneración durante los períodos de inactividad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, Héctor Marcelino c/ Barnetche y Cía. SAIC s/ Indemnización enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

No pueden considerarse por la Corte las alegaciones que no fueron sometidas y puestas a conocimiento ante la instancia ordinaria en la oportunidad procesal debida conformando la cuestión litigiosa a resolverse.
Recurso extraordinario de nulidad, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Dávila, Raúl s/ Violación de domicilio - Lesiones leves Huarte, Hugo César s/ Daño Luna, Isabel Carmen; Duthey, Enrique; Arreghini, Guillermo Martín s/ Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18|1992-07-10|1997-04-22

Es infundado el recurso que denuncia transgresión de la segunda parte del art. 156 de la Constitución Pcial. por entender que, en tanto correspondía que la Cámara estuviera integrada por tres miembros, la sentencia ha sido dictada -sin disidencia- por dos jueces, pues del propio planteo resulta sin demostrar que los integrantes del tribunal no hayan votado del modo establecido en el texto constitucional y que no existiera mayoría de opiniones.
Estabilidad del empleado público, nombramiento irregular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sahagun, José Mariano c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Mal puede invocarse un pretendido derecho a la estabilidad y respeto a la carrera administrativa cuando resulta evidente la irregularidad de la designación y la inexistencia de un ejercicio efectivo del cargo inferior. (El accionante se encontraba ubicado estatutariamente en la Municipalidad como personal administrativo, según los términos de su designación y las constancias relativas al curso de su carrera administrativa, pero nunca cumplió las funciones inherentes al cargo presupuestario). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso judicial, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

De acuerdo a lo consagrado por el art. 2° de la ley 23.898 el valor cuestionado al momento de iniciarse la acción constituye la base sobre la cual se debe calcular el monto a ingresar en concepto de tasa de justicia, con prescindencia del resultado final del pleito.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez, Liliana Herminia c/ Municipalidad de Benito Juarez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

El principio que sostiene que en las acciones resarcitorias las costas deben ser soportadas totalmente por el vencido aún que la acción hubiera prosperado parcialmente o hubiera mediado responsabilidad concurrente, no debe ser aplicado rígidamente en la Alzada. En segunda instancia debe atenderse al éxito parcial de los agravios a fines de no estimular la apelación apresurada de la víctima que conocería anticipadamente que cualquiera sea el resultado de su pretensión recursiva las costas siempre recaerán en la parte contraria.
Despido, tutela sindical, reincorporación, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Fribe La Rioja S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-12-16

Una vez producido el despido, si bien la ley establece la posibilidad de que el trabajador comprendido en su ámbito de tutela, reclama la reinstalación en su puesto (art. 52, Ley 23551) esta solución no debe excluir la posibilidad de que el trabajador opte libremente por percibir una indemnización especial en el supuesto de disolución del contrato, si considera que la relación no puede continuar. (Del voto del Dr. Vicente Miguel Deleonardi, por sus fundamentos.)
Concesión comercial, forma del contrato, concesionario (comercial), concedente
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOMOTORES SAN PEDRO  S.A. c/ FORD MOTORS ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

El concesionario actual opera en una función de intermediación incorporado a una estructura funcional, y se integra a la red de distribución del concedente viabilizando la concentración vertical de los medios de producción, promoción, distribución y servicios de post venta. Obtiene a través de esta técnica de concentración, un negocio lucrativo por el monopolio de reventa en una zona determinada y acepta la integración, en miras a beneficiarse con la fama, la experiencia, publicidad y poderío de la concedente. Sabe que su empresa está condenada a vivir en simbiosis con la terminal, y en una integración parcial pero cierta, deviene en una boca de venta y servicios de la concedente. Como comerciante autónomo e independiente, puede apreciar el álea del compromiso que asume, riesgo específico en toda actividad empresaria; sin perjuicio del desplazamiento del poder de decisión que entraña este tipo de contratos. Concedente y concesionario enajenan -de alguna manera y en diferente medida- algún sector de su libertad; y es sabido que en una economía competitiva, el productor puede exigir del revendedor algo más que garantías profesionales, cuando tiene una estrategia a nivel de mercado, a condición de no incurrir en violaciones al principio de razonabilidad, buena fe y abuso del derecho.
Alimentos atrasados, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: N., V. E. c/ L., J.V. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-01

Los alimentos atrasados sólo se pierden por prescripción.
Amparo por mora, honorarios del abogado, ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: SQUERA, FRANCISCO S.A. c/ E.N. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Las ejecuciones por cobro de honorarios que se suspenden por el plazo de dos años de acuerdo el art. 50 in fine de la Ley 23.696 son sólo las que se promueven en las causas cuya ejecución de sentencia resulta alcanzada por la primera parte del citado artículo, es decir aquellas cuyos fallos condenan al pago de una suma de dinero. La mentada suspensión no alcanza por ende al cumplimiento del fallo de esta causa en que se hizo lugar a un pedido de amparo por mora si emitió una orden judicial de pronto despacho de situaciones administrativas.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Helfenstein, Edelmira c/ Lemke, Raúl Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

La privación de uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño in re ipsa, por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio. En tal sentido, el hecho del reconocimiento efectuado por quien dice haber realizado diversos transportes en automóvil a los actores, no llega a cumplir debidamente la necesidad de probar el extremo apuntado (perjuicio), pues no se advierte una razón suficiente como para recurrir a un medio de movilidad más oneroso, debiendo estar la solución en un punto de equilibrio que contemple la razonable reparación del perjuicio del interesado y que a la vez no agrave injustamente la obligación del deudor (arts. 505, 1067, 1068, 1083, 1094 Cód. Civil; 375 y 384 Cód. Proc.).
Recurso de inconstitucionalidad, presunción de inocencia, víctima del delito, tutela, juicio, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A., L. L. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal -apelación defensa sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

Con la interpretación adoptada, además del adecuado respecto al principio de inocencia, también se encuentra cubierta la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer aludida por los Magistrados porque, precisamente el Actor penal podrá solicitar aquello que estime pertinente en el marco de las medidas cautelares -como la prisión preventiva- para poder asegurar los fines del proceso y garantizar la tutela judicial efectiva de la víctima; en tal sentido, no puede obviarse que ante una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia y por los graves hechos contra la integridad sexual de la víctima como los aquí juzgados no puede dejar de valorarse como elemento de riesgo procesal para justificar, en su caso, el eventual mantenimiento de la prisión preventiva del imputado. (Del voto del Dr. Falistocco)
Seguros, determinación del monto, indemnización, prueba pericial, reconocimiento del derecho del asegurado, plazo, silencio, documentación administrativa, pronunciamiento inoficioso, actos ineficaces
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hormigon Rapido SA c/ Boston Cía. de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Y si bien la aceptación tácita del siniestro hace inaudible considerar sobrevinientemente cualquier causal exoneratoria del asegurador, cabe observar a todo evento, que si bien al momento de producirse el siniestro el camión hormigonero asegurado no tenía instalado el rastreador satelital exigido por la póliza, lo cierto es que hasta entonces la aseguradora había cobrado las primas pertinentes. Así corresponde entenderlo, ciertamente, pues la demandada no rechazó la cobertura por mora en el pago de la prima de acuerdo a lo autorizado por la LS 31, primer párrafo, ni invocó con anterioridad al siniestro la suspensión del aseguramiento por ese motivo (conf. Halperín, I. y Morandi, J., "Seguros", Buenos Aires, 1986, t. I, p. 412), habiendo incluso rehusado exhibir la documentación contable pertinente, lo que constituye una evasiva que perjudica su posición (Fassi, S., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado", Buenos Aires, 1978, t. II, p. 233, n° 2349).