marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, perito de parte, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: Alva Osiris Amilcar Norberto c/ Fiorio Nicolás s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-05-12

El rol del perito es diverso del consultor técnico, uno es un auxiliar del juez y el otro oficia de patrocinante técnico de la parte proponente. El segundo tiene derecho a presenciar parte de la actividad del primero y puede realizarle observaciones, participar de la audiencia fijada para dar explicaciones, pero no delibera, no realiza una junta o ateneo con el perito y su opinión -de ser dada en el proceso- se debe introducir diferenciadamente a las conclusiones periciales lo que no significa que no pueda realizarse en el mismo escrito, conforme surge de los arts. 458 y 460 CPCCER.
Nulidad del acto administrativo, empleados públicos, reescalafonamiento, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ PEDRO F. J c/ M.C.B.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

Declarada la nulidad del decreto que priva de la función de conducción a un agente administrativo corresponde acoger favorablemente su reclamo de percibir las diferencias que resulten por las menores retribuciones correspondientes al cargo del que fuera separado y los desempeñados como consecuencia del acto cuya nulidad se pronuncia, a cuyo efecto habrá de actualizarse el crédito resultante de conformidad con las disposiciones de la ley 22.328.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cattaneo, Esteban Carlos c/ Poisson, Juan Raul s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

Resulta por demás desmedida la cláusula penal establecida en el contrato consistente en el importe de un mes de alquiler por cada día de retraso en la entrega del bien, ya que implica una pena de 30 veces el importe del arriendo, o sea del tres mil por ciento mensual. Los jueces podrán reducir las penas cuando su monto resulte desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, que configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Si lo convenido por las partes, recibió homologación judicial, los efectos de la cosa juzgada no pueden vedar una revisión numérica cuyas consecuencias no fueron previstas al homologarse el acto, pues se sumaría a la sanción la indexación de las cifras cuyos índices se elevarían notablemente luego del decisorio que fuera tomado como óbice para la revisión.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-17


2º Instancia.- Buenos Aires, junio 17 de 2010.

Considerando: 1. Fueron elevadas las presentes actuaciones para resolver la contienda negativa de competencia que dejó planteada a fs. 90 el Juez subrogante en el Juzgado Nº 24 del Fuero, frente a lo decidido a fs. 89 por el Titular del Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil Nº 40.

La Sra. Fiscal General fue oída a fs. 93.

2. Cabe señalar que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (conf. Fallos: 313:1467).

Tal extremo, permite -prima facie- delinear la relación invocada como configurativa de una locación de servicios (Cód. Civil 1623 y ccds.).

En tales términos, conforme destaca la Sra. Fiscal General en el dictamen precedente, y el cual esta Sala comparte, en dicha relación jurídica, el locador no reviste la condición de comerciante matriculado, ni de sociedad mercantil; determinando la pretensión como claramente comprendida en el ámbito del art. 43 bis, inc. c) del dec. ley 1285/58 y por ende, atribuida a la Justicia Nacional Civil.

La distinción basada en el carácter de comerciante matriculado o sociedad comercial del locador a los fines de determinar la competencia del fuero comercial, aventa la posibilidad de que se generen repetidos conflictos de interpretación, contrariamente a lo que sucedería si aquella encontrara fundamento en la naturaleza de la contratación, debido a las dificultades que para su determinación podrían presentarse en cada caso concreto.

Por lo cual, si el locador de obra que demanda reconoce no estar matriculado como comerciante -v. punto II.2 fs. 71-, su calidad profesional -Lic. en Administración de Empresas con especialización en comercialización- y titular del emprendimiento comercial que gira bajo el nombre de fantasía "MCBC", no es suficiente para que la causa quede sometida a la competencia comercial, dado que no suple los requisitos taxativamente exigidos por la norma precitada para hacer excepción al principio sentado en el art. 43 del mismo ordenamiento legal.

3. Corolario de lo expuesto, y de conformidad con el criterio propiciado por la Sra. Fiscal General, se resuelve:

a. Dirimir la contienda negativa de competencia en favor del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, librándose oficio para poner en conocimiento del juez subrogante lo resuelto precedentemente.

b. Disponer que continúe el trámite de las presentes actuaciones por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 40.

Notifíquese al accionante, a la Sra. Fiscal General en su despacho y oportunamente remítanse las actuaciones a la sede correspondiente para su ulterior tramitación.

El doctor Rafael F. Barreiro no interviene en la presente decisión por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- Juan M. Ojea Quintana.- Alejandra N. Tevez.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: PELLENE DE TREJO, LIDIA c/ INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN MARTIN DE PORRES s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-10-16

Cuando no surge, en forma clara y manifiesta, la ilegitimidad de la supuesta restricción, así como tampoco, el daño grave e irreparable que se ocasionaría al afectado remitiendo la cuestión a los procedimientos ordinarios, no procede el recurso interpuesto.-
Acción de amparo, transporte de pasajeros, licencia de conducir, transporte de niños
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gagnotti, Santiago Juan c/ G.C.B.A. Dirección General de Educación Vial y Licencias s/ Amparo de Educación Vial y Licencias s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-22

En el caso toda vez que el actor, quien tiene antecedentes penales, solicitó una licencia profesional clase "D", subclase "2", que habilita a su titular a la conducción de vehículos de transporte de pasajeros de más de ocho plazas, sin distinción alguna en función de la edad o condición de los pasajeros, resulta evidente que su otorgamiento permite guiar vehículos genéricamente destinados al transporte público, en los cuales, lógicamente pueden viajar menores.

En consecuencia, la licencia solicitada por el actor no excluye el transporte de escolares o de menores de catorce años, sino que lo comprende en sus alcances y, por ello, el inciso 5 del Decreto Nro. 779/95 resulta aplicable al supuesto bajo estudio.
Médicos, honorarios del médico, obras sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, relación de dependencia, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CRIPPA, HECTOR c/ PAMI INST. NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

La falta de infungibilidad y de sometimiento a reglas del ordenamiento laboral, aunado a la ausencia del carácter remuneratorio que adquirían los honorarios que le eran pagados al actor mediante el sistema de capitación, ya que en función de los pacientes afiliados podía variar en más o en menos según la época, tornan evidente que entre las partes no medió una relación de trabajo subordinado en los términos que regula la LCT.
Convertibilidad, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Koch Tschirsch S.A. C.I.F.E.I. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-07-13

Tratándose de relaciones jurídicas en que se vinculan ahorristas, la tasa de interés a aplicar con ulterioridad al 31-03-91 es la tasa pasiva que pagaba el Banco de la Provincia de Misiones; y, que la potestad de establecer los intereses no es una facultad discrecional de los Jueces habida cuenta que está comprometido el orden público y consecuentemente dejan de ser legítimas al menoscabar derechos constitucionales, debiéndose a todo evento mantener incólume el contenido económico de la sentencia.
Derecho a la vida, Salud pública, Administración Pública, control sanitario, medicamentos, control de medicamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cisilotto, María del Carmen Baricalla de c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social). s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-27

La actividad de la administración en materia de drogas y productos medicinales así como su experimentación y suministro a los pacientes, lejos de menoscabar los derechos a la vida y a la salud, garantiza las condiciones más adecuadas y seguras para que tales derechos cundan. Dicha actividad no sólo tiende a la preservación de esos valores, ante los eventuales efectos nocivos de alguno de los aludidos productos, sino que también se halla enderezada a evitar que el hombre pueda tornarse en el sufriente receptor de múltiples manipuleos sólo basados en la conjetura, la doxa o la improvisación;

esto es, impedir que el sujeto se "cosifique" como objeto de una mera investigación.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: B., F. D. c/ V., S. M. s/ alimentos voluntarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-02-23

Existe una directa proporcionalidad entre el incremento de la cuota alimentaria fijada para los hijos cuando aumentan su edad, en virtud de la presunción natural de que ello conlleva un incremento en los gastos de alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación, no requiriendo de mayores probanzas que su sólo acaecimiento. Esta directriz es la que permite al Tribunal meritar el planteo de modificación de la cuota realizado por la representante legal de la niña (progenitora), pues, a pesar de la escasa actividad probatoria desplegada por su parte en autos, tal incuria no puede llevar al extremo de afectar la defensa del derecho alimentario de aquélla, debiendo procurarse la integral cobertura de sus necesidades.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aparicio, Fabián Alejandro s/ Recurso de Queja por Casación denegada deducido en Expte. "R" Nº 90/08 "Recurso de Casación interpuesto por las Dras. María Virginia Jalil Colomé y María de los Angeles Jalil Colomé c/ Sentencia Interlocutoria Nº 93/08, en autos letra "I" Nº 71/08 ("Aparicio, Fabián Alejandro s/ Abuso Sexual Simple")"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-20

Con fundamento en que la resolución impugnada no es sentencia definitiva o equiparable a tal (arts. 455 y 458 del C.P.P.), la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, por Auto Interlocutorio Nº 104/08, declaró formalmente inadmisible el recurso de casación deducido en contra del Auto Interlocutorio Nº 093/08 por el que resolviera no hacer lugar al recurso de apelación incoado.

Contra ese pronunciamiento la defensa técnica interpone Recurso de Queja. Lla cuestión radica, entonces, en decidir si es materia de casación la resolución que decide sobre una nulidad procesal como lo es la referida al planteo de nulidad de la notificación. Al respecto la corte federal ha dicho que si bien las cuestiones procesales que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida no son impugnables por la vía del recurso extraordinario, cabe equipararlas a un pronunciamiento definitivo cuando concurre un supuesto de privación de justicia que afecte en forma directa el derecho de defensa en juicio (El Tambolar c. fisco Nacional, Fallos 316:1930 (1993). En el caso, la decisión impugnada ha recaído sobre una cuestión incidental que no resuelve el fondo del asunto y la recurrente no se hace cargo de demostrar el perjuicio que se sigue de la misma, resultando insuficiente a tal fin la mera invocación de la supuesta afectación al derecho de defensa que dice derivado de dicha resolución por la confirmación que acarrea del Auto del Juzgado de Garantías que dio por decaído el derecho a recurrir la resolución del mismo Juzgado que no hizo lugar a su oposición a la constitución de actor civil y querellante particular. Así las cosas, advierte el tribunal que la resolución puesta en crisis no priva a la interesada de otros medios legales para asegurar la tutela de los derechos que dice vulnerados por lo que, también en ese sentido, la materia es extraña a la casación. En consecuencia, por las razones dadas, corresponde no hacer lugar al Recurso de Queja deducido.
Jornada de trabajo, trabajo por equipos, franco compensatorio
Materia: LABORAL
Carátula: GIL, Daniel A. y OTROS c/ O.S.P.L.A.D. s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

En lo atinente a la jornada y al descanso el patrón de medida de nuestro sistema es la semana, pero para el trabajo en equipos in genere, que incluye el supuesto especial del trabajo continuo o ininterrumpible, nuestro sistema se limita a tomar un patrón de medida más extenso, el de tres semanas, para facilitar una redistribución de las labores y del descanso, pero que deja siempre resguardados, en promedio, los topes de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho semanales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), impuestos, multa, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-09

Corresponde admitir parcialmente la queja en lo relativo a la multa impuesta por la Administración en los términos del artículo 41 del Código Tributario Municipal, desde que el planteo de la impugnante -sustentado en que la confirmación de sanción impuesta por el Municipio importa violación a la presunción legal de inocencia, en tanto en materia de infracciones hace recaer en cabeza del presunto infractor el "onus probandi" sobre la falta de culpabilidad-, desde la apreciación mínima y provisoria que corresponde a este estadio, cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y supone articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si la sentencia (en dicho punto) reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial. (de la disidencia parcial del Dr. Erbetta).
Reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Accorinti, Karina Andrea c/ BBVA Banco Frances SA y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-26

La falta de reserva al momento de la pesificación de los depósitos impide su impugnación ulterior, resultando aplicable -en virtud del deber moral que tienen los tribunales inferiores de seguir el criterio establecido por la CSJN respecto de los habitantes que, en principio, se encuentran en la misma situación- la doctrina elaborada el máximo tribunal en el caso "Cabrera", considerando que la actora tampoco demostró encontrarse en la situación de excepción prevista por el art. 1º de la ley 25.587
Entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Berisso Coop. Ltdo. s/ Incidente de verificación prom. por Barbagallo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

En las quiebras de entidades comprendidas en el sistema establecido por la ley 22529 -similar en sus lineamientos generales al de la ley 21526- el régimen de la ley 19551 sufre las alteraciones provenientes de normas federales que -como los arts. 50, 54 y 56 de la ley 22529- no sólo son posteriores, sino además, específicas. Es por ello que la regulación de preferencias y privilegios no podrá juzgarse con prescindencia de aquellos preceptos que -como el art.

54 de la ley 22529- introduce esenciales modificaciones al sistema de la ley de Concursos.
Procesamiento, Agencia Federal de Inteligencia, espionaje, incumplimiento de los deberes del funcionario público, falsedad ideológica, sentencia no firme, cuestión no federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Majdalani, Silvia Cristina c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Cabe confirmar el procesamiento de la ex Subdirectora de la Agencia Federal de Investigación en orden a los delitos tipificados en el art. 43 ter de la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520 y su modificatoria Ley 27.126), y en los arts. 248 y 293 del Código Penal, todos en concurso real, puesto que la decisión recurrida no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Asimismo, no se advierte la causación de un daño de imposible o tardía reparación ulterior, originado a partir de su dictado o la existencia de alguna cuestión de índole federal, a los efectos de habilitar la intervención de la instancia.
Conflicto de poderes, comisiones investigadoras, intendente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., R.J. y Otro c/ Concejales del H.C.D. de Epuyén s/ Plantea Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-16

La tercera etapa es la de la audiencia de debate, descripta su forma en el art. 113º bis.- Prima la oralidad y la publicidad -excepcionalmente puede disponerse, por razones fundadas de orden público, que la sesión sea total o parcialmente secreta.- El debate no se suspende, continuando en audiencias sucesivas hasta terminarlo.- Se lee el dictamen acusatorio de la Comisión Investigadora, tiene derecho a declarar el acusado, pudiendo el Presidente del Concejo, el representante de dicha Comisión y el resto de los Concejales formularles preguntas.- Se produce la prueba testimonial, se incorpora por lectura la producida ante la Comisión y se leen las pericias, pudiendo declarar los peritos; se admite la posibilidad de ordenar nuevas pruebas, de ser necesarias.- Concluido el debate, el Concejo debe proceder de inmediato al estudio de la acusación, defensa y prueba para pronunciarse en definitiva por la absolución o destitución del acusado.- El pronunciamiento deberá dictarse "en el término perentorio e improrrogable de treinta (30) días corridos contados desde la vista del dictamen conferida al acusado".- En el caso de vencimiento del plazo sin que se haya dado un fallo condenatorio, el acusado vuelve al ejercicio de sus funciones, sin que la acusación pueda reiterarse por los mismos hechos.- Finalmente se señala que la destitución deberá decidirse con dos tercios de votos del total de los miembros del Concejo.- El el art. 113º ter solamente determina la aplicación supletoria al trámite de destitución del Intendente, de la Ley Nro. 4.457. En el art. 114º se prevé que la suspensión preventiva se mantenga hasta el dictado del pronunciamiento definitivo.- Si la Comisión Investigadora no emitiere dictamen acusatorio, o si el Concejo no emitiere fallo condenatorio, en ambos casos en los plazos establecidos por la Ley, o tanto el dictamen como el fallo fueren absolutorios, el acusado es reintegrado a sus funciones con percepción de los haberes retenidos durante el tiempo de la suspensión.
Indemnización, daño moral, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: B., N.R. y Otra c/ T.T. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-26

Para determinar el daño moral debe partirse de lo reclamado por el propio afligido, ya que de lo que se trata es de paliar, por un medio considerado subjetivamente eficaz por quien lo pide, un estado espiritual irreparable subjetivamente , pero con la morigeración que indica acertadamente nuestra máxima instancia nacional, en el sentido que: "la motivación no tiene pautas asepticamente jurídicas, sino que debe juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento, no deben desatenderse las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad" Se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas prudentemente, y verificar si se han producido los perjuicios que se reclama, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que pueden derivar en soluciones manifiestamente irrazonables".
Astreintes, incumplimiento del deudor, facultades discrecionales del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FANTINI, BEATRIZ RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15

La imposición de astreintes es discrecional del magistrado. Al utilizarse dicho meca-nismo debe tenerse extrema prudencia, pues su finalidad consiste -exclusivamente- en lograr que el deudor remiso cumpla con la obligación que le compete, pero sin confun-dirlo con otras figuras tales como la petición de daños y perjuicios o intereses por mora, donde lo pretendido es obtener un resarcimiento económico por un incumplimiento, extremo que, por supuesto, requiere se acredite el perjuicio sufrido.
Contrato de distribución, indemnización, valor llave, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ, HUGO c/ COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

1- Cabe rechazar el reclamo de indemnización en concepto de valor llave, toda vez que las partes se hallaban vinculadas por un contrato de plazo indeterminado -distribución- y en consecuencia pasible de finalizar por decisión de cualquiera de las partes; y toda vez que la virtual inexistencia del valor llave, muchas veces se confunde con el derecho a no padecer una ruptura brusca e intempestiva, una vez indemnizado este último concepto con el reconocimiento de la ganancia mediante una proyección del resultado de la actividad durante un determinado período de tiempo, no cabe resarcir el valor llave (cncom, sala d, in re "larramendy c/ resero").

2- Si el valor llave lo constituye el valor de una empresa en función de su capacidad de ganancia futura, no corresponde su inclusión porque el concepto se asimila al lucro cesante, que es la reparación de la ganancia futura probable, de donde al liquidar valor llave y lucro cesante se estaría "duplicando" la reparación por un mismo concepto, ya que el nombre, la antigüedad en el ramo, la experiencia o la ubicación, carecen generalmente de valor de mercado cuando el negocio no tiene resultado positivo y por ende el "valor llave" lo determina la capacidad de ganancia futura, y ésta se establece cuando existen ganancias reales sobre cuya base se proyectan las ganancias futuras probables, lo que justamente constituye el cálculo del lucro cesante (marzorati, Osvaldo j., "el contrato de concesión comercial", diario ED 24.2.88; cncom, sala a, 31.10.89, in re "Barragán, Juan h. c/ grimaldi la marca del medio punto", en diario ll 16.8.90; sala b, 31.5.00, in re "austral srl c/ nestle Argentina SA").