marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario federal, Superior Tribunal de la Causa, hábeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lara, María Verónica s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

En los procesos de hubiste corpus, regulados por la ley 23.098, no corresponde dar intervención a la Cámara Nacional de Casación Penal, por las vías recursivas previstas en el Código Procesal Penal de la Nación, razón por la cual las cámaras de apelaciones mantienen el carácter de superior tribunal de la causa, a los fines de la admisión de los recursos extraordinarios federales que en tales procesos se interpongan (art. 14 de la ley 48, 6 de la ley 4055 y 7 de la ley 23.098) (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Bienes inmuebles, prescripción adquisitiva, animus domini, prueba, apreciación de la prueba, comodato
Materia: CIVIL
Carátula: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO NEUQUEN Y LA PAMPA. c/ FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIBLES. s/ POSESION VEINTEAÑAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

En tal sentido, he sostenido en reiterados precedentes que "el pago de los impuestos no constituye una prueba decisiva, por eso es que se la valora junto con los demás elementos de juicio" (Conf. "Ortiz", Expte. Nº 426312/2010, Sala II 18/11/2014, entre otros), y trayendo esto al caso de autos, se advierte que los pagos por servicios e impuestos de ambos inmuebles que señala la jueza como acreditado, datan de 1993; lo cual resulta insuficiente si la demanda fue interpuesta el 01/10/2008, ya que la efectiva posesión animus domini por 20 años, debe remontarse al año 1988.
Cómputo de servicios, empleador, contribuciones patronales, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ, Alejandrina c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Frente al reconocimiento de los empleadores de los servicios prestados y el pago de la totalidad de los aportes, no corresponde desconocer los servicios denunciados por el justiciable, si durante el período en disputa nada obligaba al dependiente a denunciar los incumplimientos previsionales de su empleador (cfr. C.S.J.N., sent.

del 31.08.89 "Villalba, Laureana").
Proceso penal, doble instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Homicidio (Expte.: C.S.J. Nro. 476  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

Resulta necesario efectuar una breve reseña acerca de los pronunciamientos del máximo Tribunal de la Nación sobre el instituto de la doble instancia en materia penal, con especial vinculación a los regímenes procesales imperantes en cada uno de los casos. Así, en "Jáuregui", donde estaba en juego la garantía de la doble instancia en razón de la posibilidad de avocamiento de la justicia civil suprimiendo de esa manera la instancia militar, expuso -en lo que es de interés- que, si bien el requisito previsto en el art. 8, ap. 2, inc. h) de la Convención Americana sobre Derecho Humanos no reviste naturaleza constitucional, dicha exigencia "...se halla satisfecha por la existencia del recurso extraordinario ante esta Corte", con lo que cual la garantía allí fijada quedaba garantizada con esa posibilidad recursiva. En el caso "Giroldi", donde la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó la presentación del recurso de casación en razón del monto de la pena, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 459 inc. 2 del Código Procesal Penal de la Nación, la Corte, en primer lugar puso de resalto que la reforma constitucional de 1994 había conferido jerarquía constitucional a varios acuerdos internacionales, entre ellos el que regula el instituto de la doble instancia. Precisó también que con posterioridad al dictado del decisorio en la causa "Jáuregui", la organización de la justicia penal a nivel nacional había experimentado una serie de modificaciones que incluyeron la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo que dicho órgano pasó a constituir los "tribunales intermedios" a los fines de garantizar lo estatuido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Declaró, en consecuencia, la invalidez constitucional de la limitación establecida en el aludido inciso del artículo 459 del digesto procesal penal de la Nación. Dicho criterio fue reafirmado en "Gorriarán Merlo", pero con relación al artículo 87 de la ley 23077. Lo expuesto permite observar que la realidad jurisdiccional que se presenta en los distintos supuestos que caen bajo la órbita nacional -ya sea la regulada por el C.P.P.N., como por la ley 23077- dista de ser similar, y por ende, equiparable a la existente en el ámbito de nuestra Provincia, razón por la cual no pueden trasladarse sin más aquellos parámetros fijados por el máximo Tribunal de la Nación al caso sub examine. (De los Fundamentos del Dr. Falisctocco)
Servicio público, concesión de servicio público, servicio telefónico, prestación del servicio público, reglamento telefónico, locación de servicios, contratos administrativos, objeto del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIESTRO DE BOVER AMELIA T. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-16

La doctrina no es pacífica al calificar la relación entre el abonado (usuario) y el concesionario; hay quienes sostienen que la prestación de servicios telefónicos es un contrato particular y autónomo que participa, en cuanto no esté específicamente regulado por el R.G.T.S.B. de la figura de la locación de servicios mientras que otro sector afirma estar en presencia de un contrato administrativo, teniendo en cuenta los fines perseguidos y la naturaleza de la prestación objeto del contrato). En este sentido, disintiendo parcialmente, entendemos que los contratos de la Administración pública participan de los caracteres de la categoría contractual general, sean o no contratos, en tanto y en cuanto exista una voluntad más o menos libre (pero autónoma al fin), que permita adherir o rechazar la oferta, la nota básica es la coincidencia de voluntades y ello es aplicable a cualquier tipo o especie de contrato, sean del derecho privado o público (en sentido parecido ver Messineo, Francesco, "Doctrina general del contrato", Bs. As., 1952, pág. 434).
Recurso de inaplicabilidad de ley, defectos del procedimiento, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Serrano, Juan y Juan Blas Acosta s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Muller Schulz, Teresa s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-09-22|1988-06-03

Los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia deben ser reparados en la instancia de origen por los remedios respectivos y no cabe argumentar respecto de ellos en el recurso de inaplicabilidad de ley.
Trabajo de menores, trabajo prohibido, responsabilidad del empleador, presunción de culpa
Materia: LABORAL
Carátula: ALEGRE, DELINO EDUARDO Y OTROS c/ PAGAN MANUEL Y OTRO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

El empleo de un menor de 18 años en tareas prohibidas, constituye el presupuesto condicionante del artículo 195 de la ley de contrato de trabajo, que tipifica la presunción de culpa "iure et de iure" del empleador, lo que enerva la posibilidad de analizar si el menor ignoraba o no el riesgo, si cometió una grave imprudencia (artículo 1113 apartado 2 in fine), y en consecuencia, la posibilidad de ponderar la concurrencia de la culpa.
Recurso extraordinario, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Elverdin, Jorge Julio c/ UNLP. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Es formalmente procedente el recurso extraordinario si lo declarado respecto de la falta de agotamiento de la vía administrativa conlleva una resolución implícitamente contraria al derecho del actor, basado en normas de carácter federal.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, interpretación de la ley, suspensión de la sentencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: D.G.R. c/ E., R. s/ EJECUCION APREMIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-14

De todos modos, es innegable que aún coparticipando en cualquiera de tales pareceres - interpretación restringida o amplia del art. 1101 del C. Civil - , la multiforme realidad nos muestra la necesidad de recurrir a veces a la paralización de la acción civil, laboral o comercial subsiguiente a la penal cuando, surgiendo ambas del mismo hecho, resultaría disvalioso a la seguridad jurídica correr el riesgo de apreciaciones disímiles de una misma situación.

Ello sucedería, v.gr., en el juicio de exclusión de herencia por indignidad derivada del homicidio del causante; en la excepción de falsedad de título en un proceso ejecutivo cuando media un proceso penal por falsificación de instrumento privado; en el juicio de indemnización por despido mientras se ventila el proceso penal por defraudación en perjuicio del empleador por parte de aquél; etc.

En tal sentido, no obstante que en el caso de los procesos ejecutivos, atendiendo a que el decisorio a expedir en los mismos no hace cosa juzgada material, por lo cual se ha resuelto reiteradamente que el juicio criminal pendiente no resulta obstáculo para que se dicte sentencia de trance y remate, la que no tiene como tal, carácter de definitiva, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha excepcionado tal principio cuando med iaren posibilidades ciertas de la comisión de fraude, criterio reiterado por otros Tribunales inferiores.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa, investigación del accidente
Materia: CIVIL
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Mustafá, Raúl y/o quien resulte propietario. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

El hecho de que el vehículo presente las huellas del impacto en su frente no basta para atribuir la culpa a su conductor si tales daños fueron consecuencia de la maniobra de giro a la izquierda que, de improviso, efectuó el otro vehículo y que implicó doblar en forma antirreglamentaria pese a la existencia de carteles que lo prohibían.
Deuda pública, cómputo de intereses, bonos de consolidación, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIDERAR S.A.I.C. c/ SOMISA S.A. s/ COBRO DE FLETES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-12

Para casos en los que el curso de los intereses se inicia en una fecha posterior a la de "corte" prevista por la ley 23.982, el art.

7° del dec. 1639/93 expresamente señala como debe formalizarse el
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, despido indirecto, intimación al empleador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, VERONICA SILVIA ANALIA c/ PERANZONI, MARCELA DEL CARMEN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-01

La Sala evidenció en torno a la ruptura del contrato de trabajo que había sido la propia dependiente quien decidiera poner fin al vínculo en forma precipitada ya que, previo a darse por despedida, no había efectuado intimación previa ninguna al respecto ni tampoco dado oportunidad a la empleadora para corregir los invocados incumplimientos, actuando en contra de los principios basales del Derecho Laboral, entre ellos, los de continuidad y buena fe, todo lo cual conspiraba contra su propio reclamo, a consecuencia de lo cual desestimó los rubros relativos a un despido incausado así como las indemnizaciones reclamadas; consideraciones frente a las cuales la compareciente plantea sus cuestionamientos, mas se conforma con expresar su mero disenso, sin intentar refutar debidamente las consideraciones expuestas por la Sala en temas que resultan propios del ámbito reservado a los Jueces ordinarios de la causa y ajenos a la órbita del remedio extraordinario interpuesto.
Representación procesal, gestor judicial, medidas urgentes
Materia: PROCESAL
Carátula: ALMERARES,  Héctor  Juan y otros c/ MALLO HUERGO, Martín s/ DAÑOSY PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-06

Uno de los fundamentos de la gestión procesal regulada en el art. 48 del Código Procesal es la urgencia de la actuación y la necesidad de expresar concretamente razones atendibles en el orden a las dificultades que hubieren para presentar el pertinente poder. En consecuencia, no es una razón atendible en los términos de la citada norma la renuncia del letrado patrocinante durante el curso del proceso y que el representante legal de la firma extranjera resida en otra nación porque estos supuestos son avatares propios de un litigio que las partes no pueden desconocer y deben estar atentos a los plazos perentorios que las rigen. Por lo demás, la carga de comparecer al proceso no le incumbe a los ex letrados sino al cliente, máxime si ya realizó presentaciones anteriores a través de su representante.

(Sumario N°19134 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Competencia, competencia federal, domicilio del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: BOSCAROL IRINEO c/ ALBERTO D. ALTIERI s/ COBRO DE PESOS - DEMANDA - COMPARENDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-27

Al no haber lugar convenido para el cumplimiento del contrato opera el fuero subsidiario del domicilio del demandado (art. 6 inc.

3 C.P.C.) en concordancia con el art. 5 inc. 3ro C.P. Nación que es, el que corresponde aplicar cuando se trata de contiendas de competencia entre personas de distinta provincia según la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos 239 - 80; 256 - 401; 273 - 323). A su vez, el otro fuero subsidiario, alternativo del anterior, lugar del contrato, se exige que el demandado se halle en él, al menos al momento de efectivizarse el emplazamiento.-
Accidente de tránsito, rubros indemnizatorios, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Iglesias, Graciela Marcelina; Telleria Victor Alejandro Y Telleria Barbara Deborah c/ Marquez, Alfredo Alberto s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-07

En la cuantificación de los rubros resarcitorios por un accidente de tránsito deben tomarse los valores más actualizados posibles al momento de la sentencia, como modo de lograr una reparación integral, valorando la documentación adjuntada con los alcances concretos que correspondan para cada rubro -ya que mediante dicha prueba se pretende demostrar la entidad del daño a valores actuales -art. 255 inc. 3ro. y 5to. ap. "a" del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires-.
Delegación de la investigación, facultades del fiscal, detención, flagrancia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Jorge M. GARAYOA s/ Inc. de nulidad. Causa 15.587
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

El art. 210 del código de forma establece que, actuando en virtud de la delegación que prevé el art. 196 de ese cuerpo legal, ...el representante del ministerio fiscal, practicará los actos procesales que considere indispensables, salvo aquellos que la ley atribuye a otro órgano judicial, imponiendo respecto de éstos la obligación de solicitarlos al órgano que corresponda.

En este último sentido debe entrar en consideración lo normado por el art. 213 del C.P.M.P., en cuanto prevé los actos que bajo pena de nulidad deben ser requeridos por el Fiscal al Juez instructor a fin de su realización. Entre ellos, en su inciso B, contempla a toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria, estableciendo dos excepciones a tal regla, consistentes en los supuestos de suma urgencia y los delitos cometidos en flagrancia.

Por ello, si bien es cierto que la facultad de ordenar la detención de una persona es una atribución jurisdiccional (art. 283 del Código de forma), y como tal el fiscal se encuentra imposibilitado en disponer una orden de tal naturaleza (detención), no lo está cuando en el transcurso de sus tareas investigativas se topa con casos de suma urgencia o de flagrancia que impongan el arresto o detención de una persona, solución que, al igual que el art. 284 prevé respecto de los funcionarios y auxiliares policiales, se impone en virtud de la naturaleza de sus funciones.

Por ello, no puede entenderse como una extralimitación de sus facultades, la orden impartida por un fiscal en cuanto dispone, de manera innominada, la captura del autor de un delito, sorprendido in fraganti, consistente en ordenar a los preventores, en el transcurso de una investigación a su cargo, la constitución de una consigna policial en una entidad bancaria, a los efectos de individualizar y detener a quien se presente a cobrar ilegalmente un beneficio previsional.
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Will de Magnit, Hedwig Juli s/ sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

Si el auto que tiene por presentado en la representación invocada al apoderado ( art. 47 C.P.C.C. ) ha sido consentido largamente por el ahora impugnante, mal puede atacarlo, por lo cual corresponde desestimar in límine su petición. ( arts. 133, 150, 155, 170, 173, 344, 345 inc. 2°, 352 inc. 4° y cdts. Cód. Proc. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEQUEIRA MEDARDO BENJAMIN c/ DARDO LEDESMA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-02

El reivindicante está autorizado para reclamar la entrega de la cosa, sin la prueba directa de la posesión propia, atento a que lo dispuesto por el art. 2789 del Código Civil, referido a la falta de legitimación activa del reivindicante cuyo título es posterior a la posesión del demandado, no lo es solamente respecto al título inmediato, sino que incluye al de los antecesores.
Contrato de obra, resoluciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: López Oleaga, Juan Orlando c/ Pourtau, Sebastián Oscar s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Si el locatario de la obra procedió voluntariamente a retirar la obra de carpintería que hizo el locador, ejecutó una conducta contraria a la resolución del contrato (arts. 1204, C. Civil).
Prestación de servicios, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Leyes de Sosa, María Ofelia c/ Romatex S.R.L. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-24

En el fuero, el hecho de la prestación de servicios, debe ser debidamente acreditado, siendo a cargo del actor la prueba de la prestación de los mismos, más allá que puedan jugar presunciones hominis que lleven a aliviar la requerida carga, pero no a suprimirla. De modo tal que quien demanda, debe asumir la carga aludida para aportar al Juez Laboral la prueba de los hechos que le brindará a éste la convicción necesaria, que le permita valorar la situación fáctica en orden a la actividad llevada a cabo, así como también el comportamiento asumido por las partes vinculado a las facultades de organización, de dirección y fiscalización del empleador.
Cuestiones de competencia, habeas corpus, acción de amparo
Materia: CIVIL
Carátula: BURSZTYN, GUSTAVO ARIEL c/ HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSME ARGERICH s/ AMPARO - SALUD - MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde descartar la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local para entender en la causa si del relato de los hechos de la demanda -los cuales deben ser considerados a fin de resolver las cuestiones de competencia (Fallos: 330:628 y sus citas, entre muchos otros)- surge que la parte actora inició lo que identificó como "acción de hábeas corpus y acción de amparo", contra un hospital que no depende del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - sino que pertenece a la esfera del Estado Nacional- solicitando que se lo asistiese o se lo derivase a otro nosocomio, y fundamentó su pretensión en tratados internacionales y en la ley n° 23098 que regula el hábeas corpus. Ello así, toda vez que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (ley n° 7) como el Código Contencioso Administrativo y Tributario local (ley n° 189) concuerdan al establecer que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad entiende en todas aquellas cuestiones en las que una autoridad administrativa local sea parte adoptando un criterio subjetivo y no material. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano. Voto coincidente de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Teoría del delito, hurto, hurto calificado, bicicleta
Materia: PENAL
Carátula: A., H. M. s/ Hurto calificado (Expte. Nro.  281-00, Resolución Nro.  114, Tomo 51, Folio  14)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-06-07

El emplazamiento de una bicicleta en un establecimiento con control de un dependiente, releva al lugar donde el vehiculo fue dejado del requisito típico ya que la teleología de la agravante acuñada por el art.163 del C.P. apunta a dotar de una más enérgica tutela a aquellos supuestos de mayor desprotección de las cosas.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, declaración de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ M.C.R. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-16

....cuando este cuerpo actúa su jurisdicción originaria por la competencia que le acuerda el art. 32 inc. 2 de la Ley 37, para entrar a decidir sobre la constitucionalidad de una norma, su pronunciamiento debe constituir una mera declaración de certeza, y esta acción nace cuando se suscita una amenaza potencial de la conculcación de derechos de raigambre constitucional, con una finalidad preventiva, para evitar la materialización de un perjuicio actual. De este modo cuando el daño está consumado, el efecto meramente declarativo es ineficiente para remediarlo, y los actores cuentan con otra vía procesal idónea que les permite a la par, el control judicial de constitucionalidad y la condena reparadora."
Empleados públicos, adicionales de remuneración, carácter remunerativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cello, María Mónica c/ EN - Min. Seguridad - disp. 268/09 212/10 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

Resulta pertinente resaltar la significación económica que los suplementos en cuestión tienen sobre la totalidad de la remuneración percibida por la actora, habida cuenta que de los recibos de haberes acompañados a la causa surge que los montos de los incentivos superaron los de los haberes sujetos a descuentos de ley y, por ello, no pueden ser calificadas como sumas meramente accesorias o adicionales sino que representan una parte sustancial de los ingresos, circunstancia que ha sido considerada relevante por esta Corte para determinar si un suplemento constituye parte del sueldo.