marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, colegio profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Covacevich, Fabiana s/ Recurso ley 9671 (T.V.) Colegio de Arquitectos de la Provincia de  Buenos Aires. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

En principio, las decisiones dictadas por la Sala Especial prevista por el art. 4 del dec. ley 9398/79 y modificado por el dec. ley 9671 /81, no son susceptibles de recursos extraordinarios en razón de resolver temas ajenos al derecho común, no observándose en el caso, en que la Cámara confirma la sanción disciplinaria impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, motivos que justifiquen apartarse de dicha regla. (Minoría u opinión personal)
Desalojo anticipado, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Darmun, Julia c/ Avila, Clara y Otros s/ Desalojo sin existencia de contrato de locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-22

[...] resulta acreditada en autos la fuerte probabilidad de que el derecho de los actores se concrete y que proceda su satisfacción directa y total, y procedente entonces garantizar su tutela efectiva a través de una sentencia anticipatoria de desocupación para que aquellos, en su calidad titulares del dominio perfecto del inmueble, recuperen su uso y goce, máxime luego de que los accionados dejaran incontestada la demanda que era la oportunidad de exteriorizar un mejor derecho, omisión con la que también evidenciaron su insolvencia para atender eventuales consecuencias de sus actos, incluso los vinculados a la seguridad por el uso y las reformas que se están realizando en el bien, y que pueden afectar a terceros no anoticiados de estas acciones que ingresen en el futuro. (Del voto del Dr. MEDORI, en minoría).
Instrumentos privados, firma en blanco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertolotti, Manuel Domingo c/ Ingenco Ingeniería en Construcciones S.A. y otros s/ Declaración de inexistencia de acto nulidad de instrumento público  por falsedad. Canc. inscripción hipotecara
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Sostenida la firma en blanco, el signatario puede oponerse al contenido del acto, siendo a su cargo la demostración de ello (art.

1016, 1017 del C.C.).
Hábeas corpus, recurso militar ante la justicia federal, tribunales militares
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Carmona, Justo Pastor s/ INTERPONE  RECURSO  DE  HABEAS CORPUS EN FAVOR DE RAUL HUMBERTO GOMEZ  FUENTEALBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la detención de quien se halla a disposición de un tribunal militar y sometido a proceso conforme al Código de Justicia Militar, o a las falencias en el procedimiento, no pueden resolverse por la vía del hábeas corpus e incumben a los jueces propios de la causa, respecto de cuyas resoluciones -en caso de existir agravios- deberán hacerse valer los medios legales correspondientes: la vía del art. 445 bis del Código de Justicia Militar.
Derechos y garantías constitucionales, recursos, depósito previo, falta de depósito, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Miranda Gutiérrez, Jesús Juan c/ Alderete, Rosa Sara.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-20

En tanto la garantía constitucional de acceso a la justicia es una de aquellas que resulta operativa con su sola invocación y es, en consecuencia de ejercicio irrestricto, cualquier condicionamiento previo a la incitación de la jurisdicción, tal el caso del depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta violatorio de dicha garantía (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Régimen de faltas, establecimiento comercial, restaurantes, CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES, aplicación temporal de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ARCOS DORADOS S.A s/ falta de habilitación para juegos infantiles  - Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

En el caso, resulta exigible a la empresa infractora, titular de un local de comidas rápidas, poseer la habilitación del sector pelotero para su funcionamiento.

Si bien el "pelotero" se encontraba funcionando a partir del año 1999 (respecto del cual se había iniciado el trámite de "ampliación de rubro"), en ese momento no se requería la habilitación previa para su funcionamiento (bastando con la iniciación del trámite para poder funcionar), exigencia jurídica que recién surgió, en términos generales (es decir para todos quienes quieran iniciar la actividad), con la entrada en vigencia de la Ley Nro. 455 que introdujo la actividad dentro de la Sección 10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones -CHyV- ("Espectáculos y diversiones públicas"), ello en virtud del juego armónico del artículo 1 de la mencionada ley y el artículo 2.1.8 CHyV.

Ahora bien, a la fecha de constatación de la falta de habilitación (6/6/2006), la misma resultaba exigible y en infracción en los términos del artículo 4.1.1 de la Ley Nro. 451 (ejercer actividad lucrativa sin autorización).

Ello así toda vez que el artículo 3 de la Ley Nro. 455 establece que los equipamientos de las áreas de juegos infantiles manuales destinados a su uso público en espacios cerrados, instalados a la fecha de publicación de esa ley (12/09/2000) deberán adecuarse a lo normado en la misma, en un plazo máximo de un (1) año.

"Adecuarse a lo normado en la misma" debe entenderse como: "cumplir íntegramente con las exigencias del cuerpo normativo en juego", lo que indudablemente incluye la obtención de habilitación previa para funcionar (exigencia que surge a partir del plazo de un año).

Por otro lado también se encontraría vencido el plazo del año aludido en el mentado artículo 3, sí se tuviera en cuenta que el mismo empezó a correr recién luego de la entrada en vigencia de la Disposición Nro. 1.169/DGHP/2004 reglamentaria de la Ley Nro. 455 (publicada en el BOCABA 2070 del 18/11/2004).

Es decir, que al momento de verificarse la infracción se había cumplido el plazo legalmente establecido para que la infractora adecue íntegramente la actividad a los dictados de la Ley Nro. 455, adecuación legal que incluía la premisa de que sólo se podía funcionar con la pertinente habilitación concedida.
Daños y perjuicios, víctima del accidente, vía pública, responsabilidad del Estado, acumulación de procesos, competencia por la persona, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Waldman, Beatriz Raquel c/ Rouge, José Adolfo y otro c/ s/ Daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 170 y 172 CCAyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que contienen una redacción similar a los arts. 188 y 190 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), la acumulación se puede ordenar en cualquier etapa del proceso, anterior a la sentencia, excepto que la sustanciación conjunta de los juicios produzca una demora perjudicial e injustificada en el trámite del que estuviere más avanzado (conf. doctrina de Fallos: 328:858). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Negligencia probatoria, inactividad procesal, morosidad del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: N., P. y otros c/ Construcciones Zubdesa SA  s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

La negligencia en la producción de las pruebas ofrecidas es el resultado de la inactividad, demostrativa del desinterés del litigante que ocasiona una alteración en el regular desarrollo del trámite procesal. Por ello, incurre en negligencia en la producción de la prueba la parte a quien incumba urgirla, cuando por su inacción injustificada ocasione una demora perjudicial en el trámite del proceso.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIULIANO ORLANDO FÉLIX c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-20

No puede el actor alegar derechos adquiridos a ser titularizado en una categoría determinada del escalafón, si el ascenso al cargo que pretende se efectuó mientras él revestía el carácter de contratado, por cuanto ha adquirido el derecho a la carrera administrativa recién a partir de su incorporación a planta permanente.
Prescripción adquisitiva, dominio público, desafectación de bienes
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Vila, Alfredo Luis c/ Gobierno Nacional - Poder Ejecutivo Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-18

Si no se ha acreditado de manera suficiente que mediaron por parte del Estado Nacional actos o hechos que importarían la desafectación de los predios que ocupa, resulta improcedente el instituto de la usucapión, por lo que corresponde rechazar la demanda instaurada contra aquél con el objeto de obtener el dominio de una fracción de terreno.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FERRUA, DOMINGO LINO c/ DALMINE SIDERCA  S.A.I.C. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-22

Para accederse a la indemnización prevista en la ley 9688 debe concretarse una relación de causa a efecto entre la afección y la incapacidad del trabajador, o bien de conformidad con la teoría de la indiferencia de la concausa, el trabajo debe actuar como factor concurrente, desencadenante o acelerante del proceso, sin que importe el mayor o menor grado en que hayan influido para la agravación de la enfermedad las condiciones personales en que se encontrara el trabajador.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, imprudencia, negligencia, fuga del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: JURGENS, FRANCO CARLOS c/ QUEVEDO, MARIO ALBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

La conclusión de que la causa determinante de un accidente de tránsito entre dos rodados ha sido el obrar imprudente o negligente de uno de los conductores en forma exclusiva y excluyente, puede asimismo presumirse con fundamento de la conducta que dicho conductor adoptara con posterioridad a la producción del ilícito, ya que de otro modo no se justifica su alejamiento del lugar sin ofrecer su ayuda y datos al otro conductor.
Corredor, matrícula profesional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ballent, Horacio Francisco c/ Maligrau, Susana s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-16

Se ha aceptado el carácter imprescindible de la inscripción en la matrícula específica (exigida tácitamente por el art.89 del Cód.

comercio) , y la imposibilidad de suplirla con cualquier otra inscripción, incluso la de martilleros.
Autonomía provincial, sistema republicano, sistema federal, jerarquía constitucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

La Constitución Nacional garantiza a las provincias el establecimiento y el ejercicio de sus instituciones, la elección de sus funcionarios, sin intervención del Gobierno Federal (arts. 5 y 122), más las sujeta al sistema representativo y republicano de gobierno y les impone el deber de asegurar la administración de justicia (arts. 1º, 5º y 123), proclama su supremacía (art. 31) y confía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el asegurarla (art. 116). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: Cigorraga, Rosa Emilia s/ Abuso de armas y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

Constituye un medio racionalmente necesario para impedir o repeler la agresión ilegítima realizada mediante fuerza por "un número indeterminado de personas" -en el caso eventualmente más de setenta- el ocasionar una lesión leve y el grado de peligro implícito en el disparo efectuado, en tanto el concepto de medio no se refiere al solo instrumento usado sino que incluye la conducta defensiva y el daño o peligro ocasionados por ella.
Constitución Nacional, establecimientos penitenciarios, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Badín, Rubén y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

El art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto prescribe toda medida "que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija" tiene contenido operativo; impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva, la adecuada custodia que se manifieste también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral.

***CON C 000000 0000 00 00 0018 000 0000 000
Infracciones laborales, multa administrativa, inconstitucionalidad, revisión judicial de actos administrativos, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: ECMA S.R.L. c/ SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-30

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del requisito previsto en el art. 11 ley 18.695 en cuanto establece la necesidad de depósito previo de la multa impuesta para poder deducir cuestionamiento judicial a los alcances de la sanción, ya que si bien resulta incuestionable la legitimación de las facultades jurisdiccionales de los organismos administrativos, ello es siempre y cuando sus pronunciamientos queden sujetos a la revisión de los Tribunales ordinarios, y en su trámite se respeten las garantías y los derechos amparados constitucionalmente, especialmente aquellos que tienden a la preservación del derecho de defensa en juicio.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moretti, Juan A. y otra c/ Brusco, Alberto D. y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

No está dentro de lo normal y comúnmente previsible la posibilidad de la presencia de un camión atravesado en la ruta con escasa señalización (balizas de combustión a gas oil que no abastecían la necesaria iluminación en la emergencia), como para que los conductores que surcan una ruta deban ir a una velocidad distinta a la autorizada y que les permita eludir la fatal emboscada que representa tal obstáculo dejado a su paso.
Competencia, factura, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DOTAL  SAICFIA c/ CONSTRUCCIONES METALURGICAS ZANELLO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

Si bien, las cláusulas insertas en las facturas, carecen de relevancia en principio, a los efectos de determinar la competencia.

Ya que no pueden considerarse aceptadas por el comprador al no haber sido conformadas por éste y tal manifestación unilateral no obliga a la contraparte ni implica por tanto lugar convenido, es de señalar que en situaciones en que el demandado no desconoce la relación o la documentación acompañada, se produce la prórroga de jurisdicción que fija la competencia de los tribunales del lugar estipulado en las mencionadas cláusulas.
Facultades del fiscal, producción de la prueba, facultades del defensor, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAPRISTO, Jonathan Víctor Abel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

La ley otorga al representante del Ministerio Público Fiscal la posibilidad de sugerir la producción de medidas de prueba en caso de considerar que la instrucción no se encuentra completa y no a la defensa en cuanto el Ministerio Público es el titular de la acción penal, y sobre él descansa el "onus probandi". En consecuencia es a él a quien corresponde determinar si la instrucción se encuentra agotada, a fin de dar comienzo a la siguiente etapa, la del juicio, fase en la que la defensa tendrá la posibilidad de plantear la producción de la prueba que considere pertinente, las que incluso podrán ser recepcionadas con la inmediatez correspondiente con las partes y los juzgadores.

Extender las facultades del fiscal a la defensa implicaría trastocar los alcances de la etapa preparatoria del juicio, que tiene, como única finalidad, establecer si existe mérito para que el caso sea considerado en la etapa del juicio y no fijar criterios definitorios.

Por ello, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 349 del C.P.P.N.
Ministerio Público Fiscal, legitimación procesal, facultades del fiscal, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

El Ministerio Público no tiene aptitud para, con total prescindencia de la actitud procesal de las partes en conflicto, controvertir lo decidido por el juez en la sentencia que puso fin a la controversia, pues la controversia ventilada difiere de aquellas en que el Ministerio Público Fiscal hubiere sido formalmente parte demandada, tampoco se trata de un supuesto en el que exista expresa autorización legal para que ese organismo asuma tal condición y, por lo demás, aun con prescindencia de si existe o no norma expresa que lo habilite, no se ventiló en la causa un proceso que por su naturaleza, cuanto menos en los hechos, deba reconocerse que tuvo el carácter de "colectivo", en el que se dirimiera el alcance de derechos de incidencia colectiva por tratarse de bienes colectivos o intereses individuales homogéneos (Voto del juez Maqueda y del juez Lorenzetti).
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: CUNEO CLAUDIA GRACIELA c/ UNION PERSONAL ACCORD SALUD s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-18

Es improcedente la aplicación automática del principio establecido en la segunda parte del art. 14 de la Ley de Amparo, cuando se presentan circunstancias concretas y específicas que tornan inicua la aludida previsión legal (cfr. esta Cámara, Sala 1, doctr. causas 5565/98 del 29/12/98, 3395/99 del 19-8-99, 3223/00 del 7/9/00, 6049/00 del 8-3-2001 y 7982/99 del 19-4-2001; Sala 2, causa 7332/01 del 9-5-2002 y esta Sala, doctr. causa 10.586/00 del 7-2-2002 y causa 298/02 del 5-11-2002). Y en este caso se verifican esas particulares circunstancias, habida cuenta de que, como lo señaló el a quo, la accionante, ante la negativa en la provisión del medicamento reclamado, se vio obligada a promover la presente acción de amparo y a obtener el dictado de una medida cautelar ante la inoperancia de su reclamo (cfr. Sala 1, causas 3223/00 y 7982/99, citadas, y 9654/00 del 29-5-2001; Sala 2, causas 9144 del 3-2-95 y 7332/01, cit.; esta Sala, causas 3440/00 del 24-10-2000, 7813/99 del 7-11-2000 y 10.586/00 cit.), lo cual justifica aplicar el principio general en materia de costas -art. 68 del Código Procesal, al que reenvía el art. 17 de la Ley de Amparo- (cfr. esta Sala, causa 10.586/00, cit.). Es que se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño para quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (cfr. Chiovenda, "Ensayos de Derecho Procesal Civil", trad, de Sentís Melendo, t. II, pág. 5, citado por esta Sala en la causa 8578 del 17/11/92; esta Sala, causas 3223/00, 6049/00 y 9654/00, citadas; Sala 2, causa 7332/01 cit.).
Competencia, competencia por conexidad, daños y perjuicios, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: RUIZ  MARTÍNEZ,  Federico c/ PAVÓN,  Claudio Marcelo s/ MEDIDASPRECAUTORIAS s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Si el reclamo del letrado se dirige a obtener la retribución por los daños y perjuicios que le ocasionó el incumplimiento del pacto de cuota litis por parte de su cliente, la cuestión queda excluida del ámbito regido por el art. 6, inc. 1 del Código Procesal, dado que en este caso no se pretende el cobro de un eventual crédito de honorarios por los trabajos realizados en un proceso determinado, sino que se ventilan cuestiones relativas a las relaciones contractuales entre el profesional y su cliente, por lo que la causa deberá quedar radicada en el juzgado sorteado y no en los que tramitan los expedientes que motivaron la actuación letrada. (Sumario N°20815 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de casación penal, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: O., M. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-15

La vía casatoria, como en general todos los medios o revisiones que provocan la actuación del Cuerpo, no permite más conocimiento que el que la misma ley otorga y tal ejercicio viene restringido al "-...- conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio", salvo, claro está, que la controversia o la petición tienda, en alzada, a reparar el derecho constitucional inobservado por las instancias de grado en asuntos previamente allí asumidos, o que pudieron serlo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, juicio oral, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONSALVO, FABRICIO MARTIN c/  s/ ROBO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

Corresponde rechazar la queja interpuesta en razón de la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada, toda vez que los pronunciamientos que admiten pruebas a producirse en el juicio oral no configuran un gravamen irreparable que justifique la intervención de esta Corte pues, aún cuando aquéllas se produzcan en el debate, existe la posibilidad de que el tribunal de juicio eventualmente decida al momento de fallar excluir su valoración -si estima se encuentra vulnerada alguna garantía constitucional- o bien no ponderarla con carácter cargoso e incluso, podría arribar a una sentencia absolutoria, situaciones en las que se disiparía el agravio que aquí se invoca, tornándose en consecuencia inadmisible -por prematuro- el tratamiento del planteo. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 273, p 428; T 274, p 162 y T 275, p 386. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Daños y perjuicios, legitimación activa, herederos forzosos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torlaschi de Ianattone, Elsa c/ Torres, Enrique A. y ot. s/ Daños y Perjuicios Richiert, Adriana c/ Kihn, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05|1995-08-22

En caso del deceso del aquí esposo y padre, los substancialmente legítimos pueden reclamar según la norma aplicable (art. 1084 del C.

Civil) lo necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto quedando a la prudencia de los jueces, fijar el monto de indemnización y el modo de satisfacerla.