Incidentes, honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, costas, recursos, empleo público, salarios caídos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Luzzardi Juan Carlos c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ Plena Jurisdiccion - Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-04-11

En el contexto del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia establecido por la Ley 8226, contra las resoluciones definitivas dictadas en los procesos o incidentes regulatorios (art. 108 y sgtes. ib.), proceden los recursos ordinarios y extraordinarios, establecidos en los Códigos de Procedimientos del fuero que corresponda" (art. 115 ib.).

Tratándose de la impugnación a una resolución dictada con motivo del incidente regulatorio promovido por los peticionarios en una causa en que la Provincia es parte, el medio recursivo que procede en el marco de una interpretación sistemática de los artículos 41 y 43 de la Ley 7182 es el de apelación.

Para que proceda la casación es menester que el resolutorio impugnado haya sido dictado en un proceso de única instancia, ya sea dentro del juicio principal, o con motivo de alguna incidencia susceptible de ser traída a revisión del Tribunal de casación.

De lo contrario, se vulneraría el principio de igualdad de las partes en el proceso, si se admitiera la posibilidad que en una misma causa de doble instancia en los términos del artículo 10 de la Ley 7182, se propicie una dualidad de recursos ordinarios o extraordinarios en contra de las resoluciones definitivas dictadas en los incidentes regulatorios, atendiendo a la calidad que invisten los peticionarios, independientemente de su situación procesal en la "causa", alterando de ese modo el principio de unidad del proceso.

2- La propuesta inicial formulada en demanda, aparece correcta, ya que muestra claramente cómo en el primer momento, cuando el actor debía esbozar en un modo completo y autosuficiente los alcances de su pretensión procesal, no acotó el concepto de haberes caídos al límite que con posterioridad postula a los fines regulatorios, sino que presentó en toda su magnitud el rubro reclamado, entendiendo que los mencionados haberes se devengan desde la cesantía hasta la reincorporación.

El cálculo de los haberes caídos hasta el momento de la traba de la litis, como postula el apelante, no guardaría congruencia con el objeto de la pretensión procesal actuada, por lo que la objeción así esgrimida corresponde sea desestimada por falta de sustento jurídico y real.

Siendo así aparece ajustada a derecho la demarcación conceptual dada por la Cámara a-quo del término haberes caídos, y en consecuencia emerge correcta la integración de los mismos en la correspondiente base regulatoria.

3- El carácter objetivo de la falta por la que se sancionó al actor, sumado a que el hecho configurativo de la misma no era de dificultosa acreditación, lo que se corrobora con el ofrecimiento de prueba de la demandada circunscripto a las constancias de autos y de las actuaciones administrativas (cfr. fs. 212), condiciona el análisis sobre el valor, la eficacia, el éxito obtenido y la gravedad de la falta cometida como pautas de inexcusable observancia al momento de practicar la regulación peticionada.

En las condiciones así descriptas, aparece revestida de sustento suficiente la queja esgrimida por la parte condenada en costas que pretende una disminución del porcentaje fijado para la regulación de los honorarios pretendidos, ya que los abogados peticionarios, pese a declarar que cumplieron acabadamente su actividad profesional (cfr. fs. 267), no logran desvirtuar la afirmación medular según la cual su tarea se limitó a reeditar los argumentos vertidos en sede administrativa, razón por la que, consecuentemente con lo normado por el artículo 36 incisos 1, 5 y 11 de la Ley 8226, corresponde acceder a lo solicitado por el apelante, modificando en este punto lo resuelto por la Cámara a-quo.

4- Respecto a la falta de equidd en el proceso de regulación resulta oportuno formular algunas precisiones acerca del alcance que corresponde asignar al artículo 105 de la Ley 8226.

El mencionado artículo, si bien puede entenderse como una pauta de carácter general, tiene una finalidad legal específica cual es la de establecer los criterios rectores en la interpretación arancelaria en los casos de oscuridad, insuficiencia o silencio del Código Arancelario (cfr. art. 105 primera parte, Ley 8226), donde la determinación del alcance normativo puede resultar una cuestión compleja.

Otra es la situación cuando desde la ley se ha definido un método claro para el cálculo de honorarios.

Existiendo un bloque normativo de aplicación, conformado por los artículos 29 inciso 2, 30 y concordantes del Código Arancelario, a los que se ha interpretado de acuerdo a las líneas hermenéuticas aceptadas desde la jurisprudencia y la doctrina, la regulación de honorarios practicada guarda congruencia con los valores de referencia que traduce la pretensión procesal actuada.

5- El artículo 107 de la Ley 8226 es contundente y no deja lugar a dudas respecto a que las labores profesionales que se realicen en tales actuaciones no "devengan" honorarios. Es decir que, conforme el significado que la Real Academia Española le asigna a este vocablo -"Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título", la aludida tarea profesional no genera derecho a su cobro a la parte contratante ni a la contraria. Los supuestos excepcionales que la norma bajo análisis prevé como enervantes de la aplicación de dicho principio son la existencia de "plus petitio" inexcusable o exceso en la defensa, debiendo advertirse que en estas últimas dos hipótesis las costas -y consiguientemente el pago de los honorarios- son a cargo del abogado que incurre en tales conductas y no de las partes. (Voto del Dr. Sesín, en minoría).