marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia comercial, mutuo comercial, mutuo hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: PREVIMAR  S.A. c/ BENAVIDEZ RAUL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-19

Con anterioridad a la sanción de la ley 23.637, que unificó los fueros Civil y Especial Civil y Comercial de esta Capital, regía para los juicios por cobro de créditos garantizados con hipoteca el art. 46, inc. h, del decreto-ley 1285/58, que los atribuía al segundo, "aunque tales créditos sean de naturaleza comercial". El art. 14 de la ley 23.637 derogó el citado art. 46 del decreto-ley 1285/58 y reformó el art. 43 bis, que en su primera parte asigna competencia al fuero Comercial "en todas las cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuído a los jueces de otro fuero". Si el crédito es comercial y en la actualidad no existe disposición legal alguna que, a pesar de su naturaleza, lo derive a la competencia civil, debe estarse a la prescripción del actual art. 43 bis, en cuanto asigna al juez comercial las cuestiones regidas por las leyes mercantiles cuyo conocimiento no está atribuído expresamente a los jueces de otro fuero. No desvirtúa lo expuesto el hecho de que se haya acudido a una garantía real como es la hipoteca, desde que se trata de un mero accesorio que, como tal, no puede modificar la índole del acto al que accede.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, empleo público, sueldo anual complementario, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Palomero, Emilse Noemi Y Otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar la queja que viene a sostener el recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la decisión de la Cámara que confirmó el pronunciamiento de primera instancia que le había ordenado al GCBA incluir el SAC en las cuotas del incentivo no remunerativo correspondientes al retiro voluntario al que se acogió la parte actora. Ello así, debido a que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquella viene a defender: a) ausencia de relación directa inmediata entre las normas constitucionales y el pronunciamiento resistido; b) que los agravios del GCBA remiten exclusivamente a analizar cuestiones de hecho y prueba, y a la interpretación asignada a la normativa infraconstitucional, sin plantear un caso constitucional y; c) que la sentencia contaba con fundamentos normativos desarrollados. La quejosa se limita a reiterar agravios que expuso en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente y, aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación. La queja incumple así, el requisito de contener una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad ("Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expediente n° 865/01; resolución del 09-04-2001, entre otros). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a sus fundamentos in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Sventizitzky, Ileana Elba contra CBA sobre amparo - otros", expte. n° 9306/19-1; sentencia del 15-12-2021).
Contrato de trabajo, prueba del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MAQUIAVELO, CARLOS RODOLFO c/ FONCEA, HUGO EDUARDO s/ COBRO    DE   PESOS-(DIF.DE  SUELDOS,  SUELDOS  IMPAGOS,  VACACIONES,  AGUINALDO E INDEM.P/ANTIG.Y ACC.DE TRABAJO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-07

De la prueba arrimada en autos no resulta creíble que la modalidad de trabajo del dependiente encuadre en el supuesto de excepción comprendido en el artículo 99 Ley de Contrato de Trabajo, pues se desprende de los elementos probatorios reseñados que existía una real voluntad de parte del empleador de darle ocupación y de aquél de prestarla con vocación de continuidad y permanencia en el vínculo que contribuye a configurar la relación común de empleo subordinado. (Voto de la mayoría).
Carga probatoria dinámica, empleador, prueba documental
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: F., P. D. c/ E. G. P. S.A. y otro s/ proceso laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-03-14

Está debidamente acreditado que la empleadora debió presentar planillas donde constaran los productos vendidos y que no lo hizo, argumentando que no las llevaba.
Abogados, honorarios, monto del juicio, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: QUIROGA, MARCELO NELSON Y OTRO c/ LAVADERO DE AUTOMOTORES STATUS Y OTRO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-12

Rechazada la demanda en un juicio laboral, para la regulación de honorarios por la labor profesional desempeñada por el abogado de la parte demandada vencedora se debe tomar como monto del proceso la suma reclamada en la demanda y el tope máximo legal establecido por el art. 22 de la Ley nº 1.444.
Seguros, defensa de fondo, legitimación pasiva, prueba, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CASTILLO, ROQUE JUAN c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (CNAS) s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

La Caja de Seguros de Vida S. A., co-demandada como continuadora de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, planteó como defensa de fondo -para ser considerada al tiempo de ser dictada la sentencia definitiva-su extraneidad al contrato de seguros y a la obligación de indemnizar reclamada en autos. Y puesto que se está en presencia de una defensa expresamente calificada como de fondo por la interesada y no de una excepción previa, su examen debió ser reservado para el momento del fallo final, conclusión que respeta la concreta posición asumida por la co-demandada, resultando particularmente apropiada en la especie, toda vez que la cuestión en debate no se agota en el mero análisis exegético de las leyes, decretos y resoluciones que vinculan a la C.N.A.S. con el organismo sucesor, sino que puede ser necesario ponderar aspectos de hecho cuya incidencia en la solución del conflicto sólo puede ser meritada al término de éste (v. gr.

Individualización específica de los contratos transferidos, régimen de percepción de las primas, eventual cesión de primas percibidas con anterioridad, etc.). En tales condiciones, atendiendo a que el aporte de elementos probatorios por las partes en litigio puede ser de trascendencia en orden al acierto de la solución de fondo, es preferible permitir un amplio debate y un no menos amplio marco de posibilidades de prueba, por ser este el criterio que mejor se adecua a un escrupuloso respeto del derecho de defensa en juicio.
Ejecución hipotecaria, aplicación de la ley, proceso en trámite
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RICCARDELLI, Alfonso Cayetano c/ LONTYSOL S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Si la sentencia definitiva de trance y remate fue dictada con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.441, el trámite procesal posterior debe regirse de acuerdo a la nueva redacción del art. 598 del Código Procesal pues dicha ley tiene efecto inmediato respecto de las causas en trámite siempre que se tratare de actos no consumados.-
Acción penal, proceso penal, pretensión procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: HILO MUSICAL S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Causa 613
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Se distingue entre acción penal entendida como proceso y acción penal como pretensión. La primera estriba en el poder jurídico de acudir al juez para demandar que acoja una pretensión punitiva, sus normas son de naturaleza procesal. La acción como pretensión punitiva, en cambio, es lo que pedimos se acoja en una sentencia favorable resultando sus normas de contenido sustancial (voto del Dr. David).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción meramente declarativa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pelegrín, Filomena T. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La decisión de la Cámara que no hace lugar al pedido de rechazo "in limine" de la acción declarativa interpuesta, aunque pudiera ocasionar un gravamen irreparable, no es susceptible de ser recurrida por la vía de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil, pues no produce el efecto de finalizar la litis, sino todo lo contrario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal Fiscal de la Nación, remuneración del juez, impuesto a las ganancias, ganancias de personas físicas o jurídicas, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Basaldúa Ricardo Xavier y otros c/ E.N. - Mº EOSP - Ley 24.631 s/ Empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar impetrada, ordenándose a la demandada que se abstenga de efectuar todo tipo de actos y/o retenciones que conlleven la aplicación del impuesto a las ganancias a las remuneraciones de los miembros del Tribunal Fiscal de la Nación.
Movilidad del haber jubilatorio, seguridad jurídica, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Betancur, José c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19

La "tasa de sustitutividad", estrechamente vinculada con "la movilidad del haber", es uno de los aspectos centrales que habrá de ser objeto de especial tratamiento cuando el Poder Legislativo encare el co-metido pendiente de establecer un nuevo régimen previsional general debidamente ordenado, surgido del consenso interdisciplinario mayoritario y sustentable en el tiempo, que venga a reemplazar al SIPA establecido por la ley 26.425, en base al remanente del S.I.J.P. normado hasta el 09.12.08 por la ley 24.241 y sus modificatorias. Lo expresado se encuentra en sintonía con lo señalado por la C.S.J.N. en el caso "Sánchez, María del Carmen" (sent. del 17.05.05) y en el considerando 24 de la sentencia recaída el 26.11.07 en autos "Badaro, Adolfo Valentín", en reiteración de lo anteriormente decidido el 09.08.05 en "Andino Basilio Modesto" y el 08.08.06 en la misma causa "Badaro". En ese orden de cosas, el Tribunal Cimero consideró que "contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanente que asegure el objetivo constitucional. Una reglamentación prudente de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate anual sobre la distribución de recursos y evitar el uso de facultades discrecionales, permitiría reducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo de los derechos de los justiciables y del adecuado funcionamiento del Poder Judicial (Fallos: 328:566, "Itzcovich"), por lo que se formula una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen ésta problemática". Si bien referida a la movilidad -tema debatido en esos autos-, la reflexión transcripta es igualmente válida al presente, en que amén de ese mecanismo, se cuestiona la "tasa de sustitución" representada por el haber inicial. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Daños y perjuicios, indemnización, rubros indemnizatorios, legitimación activa, obras sociales, gastos médicos, reintegro de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Morata, Franco s/ Lesiones culposas agravadas - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-13

La víctima de un accidente carece de legitimación sustancial para reclamar los gastos médicos pasados, si éstos ya fueron cubiertos por la obra social, pues una solución contraria importaría propiciar un enriquecimiento sin causa.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, cuestiones de hecho y prueba, empleo público, escalafón
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Schroder Alberto Santiago c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia de la Cámara que decretó la deserción del recurso de apelación. Ello así, toda vez que en su queja la recurrente no logra conmover la sentencia que denegó su recurso de inconstitucionalidad sobre la base de la carencia de carácter definitivo de la sentencia atacada -dictada en la etapa de ejecución de sentencia- y porque su crítica remite al análisis de cuestiones de hecho y derecho procesal infraconstitucional. El GCBA recurrente insiste en señalar que las normas que estructuran el régimen escalafonario impedían asignar una determinada categoría profesional al actor por cuanto este carecía de un título universitario. Sin embargo, no acreditó que en su apelación controvirtiera las razones que, según los jueces, obligaban a hacer excepción a dicha regla, por aplicación de la ordenanza n° 47412, por tratarse de un veterano de guerra. En consecuencia, los principios constitucionales que la recurrente afirma vulnerados (la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa en juicio, entre otros) se aprecian desvinculados de las circunstancias de la causa y constituyen así meras afirmaciones genéricas. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Suspensión del juicio a prueba, comisión de nuevo delito, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: CORONEL, Paulo Ceferino c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

La disidencia consideró que la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba no resulta ajustada a derecho, pues el encartado habría cometido el hecho imputado en este proceso mientras se encontraba cumpliendo las reglas de conducta impuestas en la suspensión del proceso a prueba anterior y que la expresión "nuevo delito" contenida en el art. 76 ter, séptimo párrafo, CP, debe ser interpretada como nuevo hecho presuntamente delictivo, so riesgo de volver inoperante la norma. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -disidencia-).
Expropiación, valuación del bien, Tribunal de Tasaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D.N.V. c/ Asociación Obrera Textil de la Rep. Arg. s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

La pérdida del valor preponderante del dictamen del tribunal de Tasaciones en el régimen diseñado por la ley 21499 no es exacta.

Tanto la doctrina predominante como la jurisprudencia lo siguen considerando como la prueba fundamental cuando la expropiación recaiga sobre bienes inmuebles.
Unificación de penas, jurisprudencia, pautas orientadoras, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: P., J. M. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. HOMICIDIO  AGRAVADO, ETC (EXPTE.: C.S.J. NRO. 250 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-03

En el pleno "Hidalgo" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se concluyó que "la unificación de penas prevista por el art. 58 del Cód. Penal se realiza unificando la totalidad de la pena anterior con la pena impuesta en la sentencia unificadora".

Ahora bien, resulta de interés observar que en el voto del doctor Ouviña en dicho fallo, se aclaró -siempre respecto de la hipótesis de la comisión de un delito con posterioridad a la condena que se está cumpliendo- que cualquiera sea el sistema de composición de la pena única elegido, "se llegará al mismo resultado, en tanto se respete la naturaleza especial de esta ... hipótesis, y se haga un correcto uso del cómputo penal".

En dicho voto también se puso de relieve que ello era verificable a poco de que "se repara que, en el fondo, la cuestión en debate supone la relación de dos operaciones distintas (restar, en el cómputo; adicionar, en la unificación), no ha de extrañar que restando a uno de los sumandos una determinada cantidad, o haciéndolo después sobre la suma total, se llegue al mismo resultado".

Y se advirtió que "tampoco se altera esta similitud de resultados en los supuestos en que la suma de las penas deba recibir la limitación del máximo legal de la especie (art. 55, Cód. Penal), pues a la suma de las condenas debe seguir el cómputo y luego la aplicación de tal limitación.

Si se respeta este orden en la aplicación del cómputo, se podrá observar que tanto un procedimiento como el otro, llegan al mismo resultado de pena única". Más adelante, sin embargo, el magistrado suministrará las razones funcionales por las cuales entendía que convenía optar por un sistema y no el otro para la unificación de la pena.
Donación de órganos, trasplante de órganos, actos entre vivos
Materia: CIVIL
Carátula: O., C. N. s/ Leyes Especiales 21-01526044-8
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-31

Debe autorizarse la donación de órganos entre vivos no relacionados, toda vez que la decisión del donante además de mostrar una firme determinación, ha sido adoptada con discernimiento, intención y libertad (art.

260 CCyC), no se evidencia en este procedimiento ningún indicio posible de inducción o coacción a los cuales alude el art. 27 inc. g) ley 24.193. Dejando sentado que el objeto del acto cumple perfectamente con lo previsto por el art. 279 del Código Civil y Comercial, en tanto no se encuentra prohibido, ni resulta lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Gualberto c/ Acuña, Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Si la propia demandada pone de relieve que hay elementos del juicio confusos, o ya que suscita la duda de si el motociclista circulaba en forma paralela al otro conductor, o bien si se presentó en forma perpendicular, a su izquierda por la avenida transversal, ello descarta que sea audible la protesta en cuanto pretende ser exonerado de la responsabilidad, pues la prueba de dicha exención debe ser terminante (arts. 1113, 2º apartado "in fine" C. Civil;

375, 2º apart., 384, del Código Procesal).
Expropiación, sentencia, inhabilidad de título, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Quiroga, María Esther Susana y/o Quién resulte propietario s/ Expropiación-  Incidente de apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 416 Año  2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-06

Debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título con fundamento en la ley 12.036 opuesta por la Provincia demandada desde que la uniforme interpretación formulada por el Máximo Tribunal nacional en orden a la inaplicabilidad en el ámbito de la expropiación del carácter declarativo de las sentencias dictadas contra el Estado imponen así decidirlo. Y es que admitir la excepción interpuesta importaría priorizar una norma condicionada por sobre su condicionante (Art. 17, Constitución nacional; arts. 6 y 15, Constitución provincial)
Inhabilitación especial, pena
Materia: PENAL
Carátula: M., C.A., Q., D.R. s/ Lesiones graves en riña en concurso real con Lesiones leves en riña.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-14

La pena de inhabilitación, cuando concurre con una pena de privación de libertad, comienza a correr desde la fecha en que la sentencia que la impone queda firme.
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, entidades deportivas, bebida gaseosa
Materia: LABORAL
Carátula: Gallardo, Juan c/ Plataforma Cero SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-20

Resulta plenamente aplicable la responsabilidad solidaria establecida en el art. 30 LCT cuando, como en el caso, se verifica una cesión parcial del establecimiento en tanto el Club Atlético River Plate suscribió un convenio con Plataforma Cero SA para que ésta vendiera gaseosas y demás productos en los eventos deportivos, artísticos y culturales realizados en la institución, para lo cual le cedió el uso de los quioscos y depósitos necesarios para ser usados en dicha explotación.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Balso, Miguel c/ Amisano, Claudio Antonio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

En el sistema de la causalidad adecuada, que es el seguido por nuestro Código Civil, la relación causal se establece por la normalidad del efecto con relación al acto, esto es, por la previsibilidad de las consecuencias; éstas se consideran causadas por el agente cuando, en tanto que normales "según el curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901, C. Civil), eran previsibles.

Esta previsibilidad no se juzga en concreto, atendiendo al agente mismo -punto de vista que es propio de la culpabilidad-, sino en abstracto, es decir, con respecto a la generalidad de los sujetos.
Impuesto a los activos financieros, control de constitucionalidad, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Navarro Viola de Herrera Vegas, Marta c/ Estado Nacional  DGI s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Corresponde admitir la constitucionalidad de la ley 22.604 ya que las mutaciones patrimoniales no son por sí motivo suficiente para excluir los tributos que han correspondido a los titulares de los patrimonios en las ocasiones que la ley señale, sin que por ello se vea afectado el derecho de propiedad que la Constitución Nacional ampara.
Proceso penal, fundamentación de sentencias, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: QUIRINO, Carmen y D ELIO Daniela Paula Rita s/ inf. arts. 116 y 117  Ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12

La motivación de la sentencia es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión; debe ser derivada, lo que implica el respeto del principio de razón suficiente y su conformación por elementos aptos para llevar a un razonable convencimiento sobre el hecho y el derecho aplicados.

Es así que la sentencia deberá proponer una comunicación persuasiva, por vía de los argumentos que lleven al convencimiento de que se ha cumplido un examen razonado y fiable. La regla consiste en narrar el desarrollo de la investigación y sus conclusiones de tal modo que el relato demuestre que se obtuvo la certeza, en virtud de un procedimiento racional y controlable.

El artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad, y el artículo 404 inciso 2 del mismo texto legal dispone que la sentencia será nula si faltare o fuese contradictoria la fundamentación.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOAJE, PEDRO Y OTROS. c/ PROV. DE TUCUMAN Y OTRO. s/ INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

No se advierte la existencia de gravedad institucional que se configuraría -en el caso en que se condenó al Instituto de Previsión y Seguridad Social a abonar una diferencia de haberes jubilatorios a la luz de las conclusiones del informe contable realizado, si tal objeción fue analizada y desechada por el fallo, de modo que la impugnación de la apelante, hecha en términos genéricos y sin aportar nuevos elementos que desvirtúen las razones expuestas, sólo traduce una mera conjetura.