Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-30


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 30 de 2006.

El doctor Giardulli dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 610/633 que hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Rosa María Field de Geldart y Juan Archivaldo Ronald Geldart en la que el a quo estableció la culpa concurrente de las partes, atribuyendo un porcentaje del 35% para la accionante y el restante 65% para la demandada, apelan a fs. 640 y 643/4, solicitando la modificación de lo resuelto. Luego del adecuado traslado de las quejas quedan las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

Son agravios de la parte actora la atribución de responsabilidad concurrente, el análisis de la responsabilidad del demandado, los montos determinados como resarcimiento, el tratamiento dado a la prueba testimonial, la valoración de la prueba documental aportada, la consideración de la pruebas periciales.

Por su parte, la demandada y la citada en garantía se agravian de la atribución de responsabilidad que estableció el anterior sentenciante, la cuantía del monto correspondiente al rubro daño moral, el modo en que se impusieran las costas.

En vista de que en su escrito de responde, la demandada y la citada plantean que los agravios de la actora son "simples discrepancias", para lo cual propone que su recurso se declare desierto, analizaré en primer término este pedido, para luego hacer lo propio con los restantes.

II. La simple disconformidad o disenso con lo resuelto por el a quo, sin fundamentar la oposición o sin dar la base jurídica, no importa la "crítica concreta y razonada" exigida por el art. 265 del Cód. Procesal (CNCiv. Sala H, "Mazzoriello, Filomena c. Consorcio Bernaldes 1922 y otro", del 6/7/92, en JA, del 3/1/96, p. 62, Nº 32). Sin embargo, se ha declarado de modo concordante, que en la sustanciación del recurso de apelación, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva que tiende a la armonía entre el cumplimiento de los requisitos legales y la garantía de la defensa en juicio, y delimita restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan pérdida o caducidad de los derechos del apelante (conf. CNCiv., Sala E, setiembre 24-1974, LA LEY, 1975-A, 573; ídem, Sala G, abril 10-1985, LA LEY, 1985-C, 267; conf. CNECiv. y Com., Sala I, abril 30-1984, ED, III-513).

Lo dicho implica que, si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del art. 265 del ordenamiento procesal, según el referido criterio de amplia flexibilidad, que resulta ser la interpretación que se juzga más acorde con la apuntada garantía constitucional, cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva (conf. CNCiv., Sala G, 15/5/81, LA LEY, 1983-B, 764; CNCom., Sala C, 22/9/78; LA LEY, 1978-D, 674).

En el caso de autos, considero que la presentación realizada por la accionante cumple mínimamente con los requisitos exigidos y por esa razón, no corresponde hacer lugar al pedido formulado.

No obstante ello, más allá de que la actora expone su pretensión en forma confusa (requiere la reconsideración de la responsabilidad establecida, impugnan los montos resarcitorios estipulados y se agravian de las valoraciones efectuadas tanto de la prueba testimonial como de la documental y pericial mecánica), en virtud del tenor de los fundamentos vertidos ante esta alzada, por razones de orden metodológico me expediré en primer término respecto a aquellos que se refiere a la responsabilidad, incluyendo allí a la valoración de la prueba testimonial y pericial mecánica efectuada por ambas partes.

III. Responsabilidad.

a) La actora se agravia de la determinación de culpa concurrente de las partes y por el porcentaje de responsabilidad atribuido a cada una de ellas. Entre otras consideraciones, estima que le cabe al demandado la responsabilidad total por el siniestro. Realiza una nueva valoración de ciertas pruebas. Insiste con su versión de los hechos, los que, según infiere, se ven corroborados por la declaración de Geldart en sede penal. Se remite a las constancias obrantes en la causa criminal.

Seguidamente pasa a exponer que la responsabilidad no ha sido sometida a un análisis contundente, por lo que propone su entera imputación al demandado Valdivieso. Expone su postura, para lo cual procede a efectuar similares consideraciones que las reseñadas en su escrito en que alegare de bien probado Por otra parte, se agravia de la valoración efectuada a la prueba testimonial toda vez que estima que con las declaraciones de los testigos Gedro, Ramírez y Urrutia se verifica el accionar negligente del demandado. Tal extremo, infiere, no se vé controvertido seriamente con lo aportado por los testigos Saracco y Senra, declarantes en sede penal, los que no pudieron ser interrogados por su parte en legal forma, en virtud del desistimiento efectuado por la contraria en sede civil. Sin perjuicio de ello, propende a la impugnación de falsedad de sus declaraciones.

Respecto al informe pericial obrante en sede penal, pone de resalto que de allí se desprende que el rodado del demandado no venía efectuando una marcha en línea recta, lo que, entre otras consideraciones, crea una serie de indicios que pasa a describir.Por su parte, se agravia la demandada y la citada en garantía toda vez que -a su entender- el juez de primera instancia ha valorado en forma deficiente la prueba testimonial, por haber prescindido de los testigos Saracco y Senra, al haber reputado de contradictorias sus declaraciones. Argumenta que ambos testimonios son relevantes en la medida en que corroboran la versión de que fue el actor quien violó la señal lumínica y que el demandado circulaba a una velocidad correcta. A su vez, manifiesta que la declaración de Ramírez, a la que se hace mención en la sentencia controvierte lo manifestado por los actores, puesto que el primero menciona que el vehículo de aquellos se encontraba detenido a la espera de la luz habilitante, mientras que en el texto de demanda se consignó que a los fines de efectuar tal giro a la izquierda se disminuyó la velocidad, sin mencionar la detención del rodado, versión que sí se ve corroborada con las testimoniales de Senra y Saracco.

Expresa también que el sentenciante ha efectuado una incorrecta evaluación de la prueba pericial mecánica obrante en el expediente penal. Estima que dicho informe proporciona un dato contradictorio y al haberse basado en aquél ha inducido a error al Juez. Pone de resalto que la conclusión arribada en este sentido, amén de no poseer otro aval probatorio, se contrapone también con las versiones de los testigos Saracco y Senra, resultando ser la solución adoptada, la más disvaliosa para el demandado.

Insiste con su versión de la manera en la que se produjeran los hechos. Manifiesta que fue el actor quien, por su culpa, dio lugar a la embestida del demandado. Argumenta que en el caso se encuentra verificada la causal de exoneración que libera de responsabilidad a su parte.

b) En primer lugar he de señalar que es correcto el encuadre jurídico realizado por el a quo. En efecto, se dijo en fallo plenario de esta Cámara ("Valdez c. El Puente" -La Ley, 1995-A, 136-) que en el supuesto de accidentes producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, la responsabilidad debía encuadrarse en el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, y no bajo la óptica del art. 1109 de dicho cuerpo. Así lo ha resuelto esta Sala en anteriores ocasiones.

La tesis del riesgo recíproco significa que cada uno de los dueños o guardianes debe reparar los daños causados al otro y les incumbe la carga de invocación y prueba de alguna de las eximentes: culpa de la víctima, culpa de un tercero por el que no debe responder, o caso fortuito externo a la cosa que fracture la relación causal.

De acuerdo con ello a la parte actora y a la demandada les basta probar el contacto con el automotor del demandado, pues dado el factor objetivo de atribución no necesitan probar la culpa del otro partícipe en la colisión, y al demandado o actor en su caso, no le alcanza, para eximirse, probar su falta de culpa, ya que no se aplican ni el art. 1109 ni el art. 1113, segundo párrafo, primera parte.

En tal sentido se han expresado, también la CSJN, in re "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c. Prov. de Buenos Aires y otro", del 20/12/87 (v. ED, 128-281, LA LEY, 1988-D, 2226, con nota de Alterini, A. "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores"); "Sarro A. c. OCA S.R.L." del 27/12/90 (v. ED, 143-786); "Radziwill, Carlos c. Gobierno de la Pcia. de Santa Fe" del 14/10/93 y "Prov. de Buenos Aires c. Massano" del 26/10/93 (v. LA LEY, 1994-B, 149); las conclusiones del Tercer Congreso Internacional de Derecho de Daños (v. JA, 1993-III-942); y numerosos fallos del tribunal (v. entre muchos otros, el explicativo voto del doctor Roberto E. Grecco en el fallo de la CNCiv., Sala G, del 04/09/91, LA LEY, 1992-C, 129).

A partir de tales premisas corresponde valorar las pruebas rendidas en autos de conformidad con las quejas planteadas teniéndose en consideración que cuando ambas partes se imputan recíprocamente haber violado las indicaciones del semáforo, lo decisivo es determinar cuál de ellas ha intentado efectuar el cruce en violación de la indicación resultando así la causante del siniestro, puesto que la desobediencia de las órdenes emanadas de los mecanismos lumínicos que dirigen el tránsito, constituye una grave contravención por las serias consecuencias que ello puede producir (CNCiv., Sala L, "Klajn Lionel Gastón c. Argañaraz Julio Gustavo s/sumario" 28/11/02).

El Juez de la instancia de grado ha estimado que en el caso de autos no puede concluirse mediante el aporte de la prueba testimonial cuál de los vehículos intervinientes ha sido el que violó la señal lumínica del semáforo situado en la intersección de la Av. Santa Fe y la calle Juan José Paso de la localidad de Martínez, donde ocurriera el siniestro de autos. Por ello, prescindió de este medio probatorio.

En este sentido cabe apuntar que en el proceso formativo de su convicción el Juzgador solo excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que sucedieron los hechos, pero ha de bastar para fundar su decisión haber alcanzado una certeza o convicción moral, entendiendo por ésta el grado sumo de probabilidad acerca de la verdad, tras el examen de la prueba aportada por los litigantes. Cabe destacar que dicho estudio no puede efectuarse fuera del marco que emana de la sana crítica (art. 386 C.P.C.C.N.) que no se encuentra encerrada con límites de carácter abstracto sino que, por el contrario, es la consecuencia ineludible de un razonamiento integrado por reglas lógicas y máximas de experiencia (principios extraídos de la observación del comportamiento humano común y científicamente verificables), en el cual se relacionan los hechos alegados con la totalidad de las pruebas rendidas en el transcurso del litigio y que justifiquen verosímilmente el derecho invocado.

Las presunciones, como prescribe el inc. 5 del art. 163 del Código Procesal, cuando no están establecidas por la ley, sólo constituirán prueba en tanto se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia lleven al ánimo del juez la razonable convicción de la verdad del hecho o hechos controvertidos conforme a las reglas de la sana crítica aunque no llegue a producir prueba absoluta (confr. Morello, Sosa, Berizonce "Códigos Procesales... comentado y anotado", t. II-C, 69/70 y sus citas).

Se ha señalado que "las presunciones son las consecuencias que en el proceso de formación de la sentencia se obtienen por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos. Supone una doble operación mental inductiva y deductiva, ya que mediante la primera el sentenciante se eleva de los hechos a un principio general y mediante la segunda aplica este principio a los hechos en particular, afirmando que en iguales circunstancias éstos se comportarán de la misma manera (CNEC. y C., Sala IV, 3/3/83 Der. 103-631). En este quehacer jurisdiccional es indispensable que entre el hecho demostrado -indicio- y aquel que se trata de deducir, haya enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

En consecuencia, para que surja la presunción, es necesario que los indicios se hallen constatados por prueba directa. De lo expuesto, los jueces conciertan que un hecho constituye un indicio capaz de generar una presunción, cuando sea demostrativo de una realidad determinada (CNEC. y C., Sala II, 7/6/77), llamándose indicio a todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido, o mejor, debidamente comprobado susceptible de conducir por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido (CNCiv., Sala B, 1/4/75, ED, 63-491) (confr. Morello, Sosa, Berizonce "Códigos Procesales... comentado y anotado", t. II-C, 69/70).

En esta inteligencia, el juzgador puede reconstruir el modo lógico en que pueda haberse producido el accidente y deben las partes suministrar los elementos probatorios para tener por demostrado cual de ellos gozaba de derecho de paso. Lo que no ocurrió en el caso de autos.

A mérito de que en su expresión de agravios la demandada y la citada hacen referencia a la declaración proporcionada por el testigo Ramírez, por cuanto la estima contradictoria con la versión dada por la parte actora, cabe afirmar que en la apreciación de la prueba de testigos el magistrado goza de amplia facultad: admite o rechaza lo que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal (...)", Astrea, ed. 1993, t. 2, p. 438 y su cita). El peso del testimonio es valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica tomando en cuenta factores individuales y conjuntos, subjetivos y objetivos. Entre los primeros los testimonios respecto de los demás testigos. En conjunto con relación a las demás pruebas que la causa ofrezca. Factores subjetivos de idoneidad del testigo y objetivos por el testimonio mismo, en su relación interna y externa de los hechos, por su verosimilitud, coherencia, etc. (Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial...", t. III, p. 363).

A su vez, más precisamente, "En el supuesto de mediar contradicción entre las respuestas dadas por un mismo testigo corresponde distinguir según que aquella recaiga sobre hechos principales o accesorios, en cuyos supuestos cabe o no, respectivamente, excluir la eficacia probatoria de la declaración, y que en el primer caso resulta descartable la buena fe o la capacidad perceptiva del declarante" (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. IV, "Actos Procesales", Ed. Abeledo Perrot, p. 622, Buenos Aires, 2005).

Específicamente en el caso, la demanda y la citada alegan que la contradicción radica en que el testigo Ramírez argumenta que el vehículo de los actores se encontraba detenido a esperas de la luz habilitante antes de iniciar el cruce a la izquierda en cuestión, mientras que en lo consignado en el escrito inicial y puntualmente lo declarado por Geldart en la causa penal se manifestara que a los fines del giro se disminuyó la velocidad. Sostiene que ante tal falencia, no puede otorgarse a dicha declaración la misma valoración probatoria que la brindada por los restantes testigos presenciales. No obstante ello, lo cierto es que la contradicción aludida no posee la magnitud suficiente para desechar dicho testimonio, como para luego, tomar por cierto lo expuesto por los testigos Saracco y Senra. Ello, sin perjuicio de destacar que el magistrado de grado prescindió de la prueba testimonial para esclarecer la cuestión acerca de cuál de las partes se encontraba habilitada por el semáforo para circular. La contradicción aludida acerca de si el rodado de los actores llegó a detenerse o no, no es óbice como para apartarse a la postura adoptada por el juzgador. De ahí que el magistrado de la instancia de grado determinare la concurrencia de culpas, cuyo porcentaje incrementó a favor del demandado por considerar, como se analizará seguidamente y tal como se desprende de los informes periciales mecánicos, que conducía a una velocidad superior a la permitida.

Por lo que en este aspecto el agravio esbozado por la parte demandada y citada en garantía no tendrá favorable acogida.

La misma suerte, adelantaré, correrá el planteo efectuado por la parte actora, en virtud de que radica entre otras consideraciones, en que la prueba testimonial que por su parte impugna, ha sido prestada en sede penal. Al respecto, cabe resaltar que todos los interesados han propuesto, para sustentar las respectivas situaciones, las constancias de la causa correccional que corre agregada por cuerda, de modo que han quedado incorporadas al pleito en forma definitiva, beneficiando o perjudicando por igual a todos, por estricta aplicación del principio de adquisición procesal (conf. Daray, Hernán, "Derecho de daños en accidentes de tránsito" t. 2, p. 405, Editorial Astrea, Buenos Aires, año 2005). Por lo que tal argumento carece de sustento.

Respecto de las declaraciones de Gedro y Urrutia, también mencionadas en los agravios de la parte actora, es menester poner de resalto que, al no ser testigos presenciales del siniestro, no logran esclarecer cuál de los rodados intervinientes ha infringido la señal lumínica.

Por lo demás la actora también manifiesta que es probable que los dichos del testigo ofrecido por su parte, Ramírez, sean certeros -sin especificar concretamente a qué aspecto de la declaración hace alusión- debido a la ubicación que revestía el rodado del demandado luego de la colisión. Pero para que tal determinación sea verificada es necesario la intervención de un experto en la materia, y en el caso la actora ha desistido de la prueba ofrecida en estos autos, sin perjuicio de destacar que tal hipótesis no se vio corroborada por la pericial mecánica elaborada en sede penal.

Por lo demás, resulta desacertado lo sostenido por la agraviada en el sentido de que "el demandado nunca fue escuchado ni en esta sede y menos aún en sede penal", toda vez que a fs. 194/198 de la causa penal el demandado ha prestado declaración.

Por lo hasta aquí expuesto, cabe concluir, como lo hace el juez de grado, que ninguna de las partes ha logrado acreditar que su contraria violó la señal lumínica, ya que no encuentro mérito para otorgar mayor valor a alguno de los testimonios reseñados y por cuanto las referencias que cada uno efectúa en forma contraria sobre el punto, no se hallan corroboradas por ningún otro elemento probatorio.

Entonces es evidente que las proposiciones arribadas llevan a determinar que en la producción del siniestro no puede atribuirse exclusivamente culpa, imprudencia o negligencia de uno de los partícipes y excluir por ende al otro, ya que la existencia del siniestro está determinada por la imprudencia o imprevisión de ambos agentes.

Este obrar conjunto y necesariamente vinculado al resultado dañoso, no obsta sin embargo a que en el caso, no pueda graduarse la culpa que a cada uno de ellos les corresponde desde la óptica que impone "la gravedad de cada culpa en si misma, y por el reproche que cada uno merece" (conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil, obligaciones", t. III, Nº 2293, ED, 1993).

En esta inteligencia se ha establecido que "No cabe duda de que para decidir sobre la responsabilidad de un accidente de tránsito ocurrido en una encrucijada en la que existen semáforos, es importante la prueba que determine cuál de los dos rodados tenía prioridad de paso, pero ello no significa que de no lograrse esta acreditación no existan otros elementos de convicción que permitan apreciar la conducta de los protagonistas para determinar la culpabilidad, sea exclusiva o concurrente, de uno o de ambos participantes" (CNCiv, Sala C, 23/12/96, "Navarro, Ramón A. c. Gil, Roberto E. s/daños y perjuicios").

Así, al determinar la responsabilidad que le cabe a quien ha tenido intervención en un hecho como el de autos, un elemento a tener en cuenta es la velocidad de circulación de los rodados. En esta inteligencia, se ha establecido que: "No debe computarse únicamente la prioridad de paso dado para los semáforos en la decisión sobre la culpabilidad, con indiferencia de la velocidad de desplazamiento de los vehículos" (CNCiv, Sala B, 17/7/97, "Godoy de Vivas, Marta A. y otro c. Aguilar, Eduardo A. y otro s/daños y perjuicios").

Por ello, comparto el criterio adoptado por el anterior sentenciante en el sentido de atender a las velocidades de circulación de los vehículos intervinientes al momento del hecho, dado que no obran en autos extremos que acrediten la adopción de una postura diversa.

c) La demandada y la citada en su escrito de agravios, manifiestan que las conclusiones arribadas en el informe pericial mecánico resultan ser contradictorias. Puntualmente señalan que habiéndose determinado una velocidad de impacto de unos 55 km/h, es equivocado determinar una velocidad de circulación del orden de los 86/96 km/h.

De lo expuesto en el informe pericial efectuado a fs. 314/318 de la causa penal que obra en copias certificadas, se desprende que el experto, a fin de determinar la velocidad total del vehículo BMW ha fraccionado la misma teniendo en consideración: la necesaria para desplazar al rodado del actor, la que se verifica del impacto en virtud de las deformaciones de ambos rodados, la pérdida por el choque contra el cordón y posterior ascenso a la vereda, y la del impacto final contra la columna. En consecuencia, ha valorado la trayectoria del rodado del demandado posterior al impacto para así concluir que circulaba a una velocidad superior a la permitida. Este extremo ha llevado al sentenciante de grado a la atribución de responsabilidades en la proporción de 65% a cargo de la demandada y el restante 35% a cargo del actor.

En este sentido, el extremo en análisis es relevante en el sentido de que "La velocidad inapropiada no sólo se determina por el número de km/h de marcha, sino cuando importa la pérdida culposa del dominio de la máquina que conduce, que le impide sortear los obstáculos o peligros potenciales o previsibles que durante su marcha puedan producirse" (conf. Daray, Hernán, "Derecho de Daños en accidentes de tránsito", t. I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 107).

En otro orden de ideas, tampoco es un dato trascendente para la atribución de responsabilidad en el caso, el hecho de poseer el vehículo del demandado la calidad de embestidor, como bien lo ha expuesto el magistrado de la instancia anterior a fs. 62, vuelta y fs. 624 vuelta de su sentencia.

Ello, toda vez que "La presunción de culpabilidad que en muchos accidentes se presume por la ubicación del lugar donde se han producido los daños en los automotores, pierde toda su validez, cuando en la intersección de las calles en que se produjo la colisión haya semáforos en funcionamiento, en razón de que la aludida presunción desaparece por la existencia de tales artefactos (esta Sala, 15/5/95, "Frene Alberto J. c. Mendive, Jorge s/sumario"). En este mismo sentido también se ha establecido que "la presunción de culpabilidad que genera el embestimiento debe ser aplicada con mucha prudencia, pues bastará que uno de los vehículos se cruce imprudentemente en la línea de circulación del otro para que éste sin culpa lo embista" (esta Sala, 17/12/99, "Argulleiro Moreira Norberto c. Viel Témperley Cristian E. s/daños y perjuicios") c) Por las consideraciones que anteceden y no encontrando motivos para apartarme de lo decidido por el juez de la anterior instancia en materia de responsabilidad y haciendo mérito de la prueba producida en autos conforme a los principios de la sana crítica (art. 386 Código Procesal), propongo al acuerdo confirmar la sentencia en cuanto atribuyera la concurrencia de culpas y en cuanto a la proporción en que fueren impuestas.

IV. Montos Indemnizatorios.

La actora se agravia por los montos estipulados en la sentencia, los que en el caso se fijaron en $18.500 y $16.800 para ambos actores. De esta manera, se refiere a la prueba pericial médica practicada manifestando que sus conclusiones no alcanzan a ser resarcidas mediante las sumas estipuladas, las que considera exiguas. Asimismo infiere que la contestación a la impugnación efectuada al peritaje, refuerza su postura. A renglón seguido, manifiesta que "todos los otros montos acordados por daño moral, etc. también resultan inadecuados".

Inicialmente ha de tenerse presente que este tribunal ha declarado con anterioridad que el juez no debe apartarse porque sí de las conclusiones del perito en tanto y en cuanto éstas demuestren cumplir con ciertas condiciones. Si el objeto de la prueba pericial es ilustrar el criterio del magistrado, deben los peritos fundar sus conclusiones, exponiendo los antecedentes de orden técnico que hubieren tenido en cuenta, lo que deriva de su misión, que es asesorar y nada más, ya que quien resuelve la cuestión es el magistrado, que en su debido momento examinará los hechos alegados, estudiando la prueba producida conforme a las reglas de la sana crítica y estableciendo la mayor fuerza de convicción, es decir, que la libertad de apreciación de la prueba que tiene el juez, no desaparece o se limita por tratarse de un peritaje y puede apartarse de sus conclusiones, pero no se trata de algo antojadizo o arbitrario.

Las normas procesales en vigencia exigen que el dictamen contenga la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y principios científicos invocados y demás elementos de convicción que la causa contenga (art. 472 CPN). Señala el código de forma, por lo demás, que la fuerza probatoria del informe pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los arts. 473 y 477 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 477).

Ha de tenerse en cuenta que para la valoración de la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente no existen pautas fijas, pues se trata de circunstancias de hecho variables por diversos factores. Para ello, debe considerarse también, la proyección que la secuela del infortunio acarrea al damnificado en su actividad, sin que el juzgador deba ceñirse a pautas estrictamente matemáticas o a tablas de valores fijos, considerando la persona en su integralidad, con su multiforme actividad, debiendo computarse y repararse económicamente todas las facultades propias en la amplia gama de su personalidad en su vida de relación. Cuando la invalidez es parcial es importante definir el déficit de capacidad sufrido para compararlo con la amplitud completa para el trabajo y demás actitudes relevantes.

He sostenido en reiteradas ocasiones que los porcentuales de incapacidad que determinan los informes periciales no implican una pauta estricta a la cual deben atenerse las indemnizaciones. En primer lugar, porque esos porcentuales deben ser traducidos a dinero y dicha operación la puede hace nada más que el sentenciante y, por otra parte, porque para ser evaluados conforme a las reglas de la sana crítica, es imprescindible que el perito, al determinarlos, establezca pautas técnicas o científicas en virtud de las cuales lo hayan establecido (esta Sala exptes. 80.024, 79.332, 111.054).

Sentado lo dicho, cabe recordar que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado cuyo quebrantamiento debe ser reparado, sino que además constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público. Coincidiendo con tal línea de pensamiento, señala Zannoni ("El daño en la responsabilidad civil", Ed. Astrea, p. 157 y siguientes) que el ataque a la integridad física o corporal debe ser considerado autónomamente, teniendo en cuenta su gravedad y en todo caso, según la directiva del art. 1078 del C.C.

Dicho esto, concretamente, la actora impugna los montos indemnizatorios establecidos en la sentencia de grado, haciendo hincapié en que los daños y perjuicios acaecidos son de carácter parcial y permanente. Manifiesta la recurrente que mientras que a la coactora se le asignó una incapacidad del 35%, al establecer la del coactor Geldart se mencionaron dos porcentajes establecidos por el perito médico: uno del 32% y otro del 20%. Este último respecto a la presencia de un hematoma encapsulado, que si bien fue merituado como incapacidad al momento del examen médico, lo cierto es que no se ha podido establecer con exactitud la relación de causalidad del mismo con el accidente.

La actora también alude al escrito que responde a la impugnación del peritaje médico, el que no ha merecido impugnación por su parte, pero en modo alguno logra rebatir con argumentos sólidos la decisión adoptada por el Juez de la instancia de grado, dejando entrever una mera discrepancia con lo decidido, lo que no constituye agravio en sentido técnico.

Respecto a la secuela aludida, el perito manifestó que dado el tipo de patología, su forma y ocasión, puede atribuirse al accidente, pero tal razonamiento ha sido supuesto por su parte, careciendo de certeza. Sin perjuicio de destacar que resulta improcedente la adhesión matemática del porcentaje en cuestión y que el nexo causal debe ser demostrado fehaciente e indubitadamente, propongo al acuerdo rechazar la queja en este sentido.

Considero también menester tratar en este apartado el agravio individualizado a fs. 691 como "cuarto agravio". En este punto, se queja la accionante acerca de la consideración efectuada a la prueba documental, argumentando que la contraria se ha visto beneficiada con la falta de agregación de los informes que por su parte solicitara al Hospital de San Isidro, los que no han podido ser agregados a autos. Tal conducta, presume, indica la presencia de una irregularidad que favorecería a la figura notoria del demandado. A su vez manifiesta que no se ha valorado el certificado de discapacidad obrante a fs. 356/359 de los presentes, el que da cuenta de la medida en que se vio deteriorada la calidad de vida de Geldart.

De las contestaciones de oficios obrantes a fs. 337/340 y fs. 376/378 se desprende que el requerimiento pendiente es la historia clínica del demandado Valdivieso, la que según fuere informado por el nosocomio, no ha podido ser localizada. Por lo expuesto, no se advierte en qué medida tal extremo le ocasionó un perjuicio a su parte, toda vez que lo manifestado al expresar agravios intenta poner de resalto una serie de irregularidades cuya existencia no logra advertirse de esta manera, y que, sin perjuicio de ello, difícilmente pudiera lograrse con la obtención de la prueba en cuestión.

Por lo demás, la afirmación por la cual la actora manifiesta que el certificado de discapacidad ha sido ignorado por el juez de la instancia de origen, no resulta acertado, en virtud de que a fs. 360 dicho magistrado ha tenido presente el extremo arrimado a la causa en los términos del art. 260, inc. 5 apartado a) del Código Procesal. La parte no ha hecho uso de la facultad dispuesta en la citada normativa, por lo que no corresponde en este estado, hacer mérito de ello.

A su vez, se agravian la demandada y la citada en garantía ante la cuantía por la que prosperó este rubro, el que en el caso se fijó en $16.000 y $14.500 para ambos actores. Sostienen que la suma fijada resulta ser sumamente elevada, amén de poner de resalto que en la sentencia se ha nombrado a una persona llamada Claudia López, quien resulta ser ajena a la litis.

Esta breve mención me permite adelantar que el planteo formulado constituye una mera disconformidad con lo decidido en la anterior instancia que no cumple con la carga impuesta por el art. 265 del Código Procesal.

El Código Procesal consigna en el artículo citado que el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

También se ha juzgado que la simple disconformidad o discrepancia con lo resuelto por el a quo sin fundamentar la oposición o sin dar las bases jurídicas, no importa "crítica concreta y razonada" (LA LEY, 134-1086; 131-1023).

A partir de lo expuesto, propongo en este punto entonces, hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 266 del Código Procesal y declarar la deserción del recurso interpuesto por la demandada y la citada en garantía.

V. Costas.

La demandada y la citada controvierten la imposición de costas dispuesta en la sentencia luego de señalar que resulta dudosa la calidad de vencidos de sus mandantes, en atención al monto reclamado y a los rubros por los que ha prosperado la demanda. En su defecto "en la lejana hipótesis de confirmar el decisorio apelado", proponen la imposición en proporción a la atribución de responsabilidades.

Con respecto a esta queja cabe señalar que en principio al ser las costas parte de la reparación integral, cabe imponerlas a los demandados, aun cuando la demanda no prospera en su totalidad (conf. CNCiv. Sala F, L. 84.298 del 2/7/91 y fallos allí citados). No obsta a esa conclusión el hecho de que se haya establecido la culpa concurrente desde que en definitiva, al disminuirse el monto de la condena que deben satisfacer los obligados, se reduce correlativamente el parámetro sobre el cual habrán de fijarse los honorarios con lo que no sufren mayor perjuicio que el que se les ha imputado (conf. CNCiv., Sala F del 18/8/92, sumario 3993).

A mérito de lo expuesto corresponde desechar la pretensión de la queja expuesta.

A la luz de las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo: Confirmar la sentencia en recurso en lo que ha sido objeto de apelación y de agravio. Las costas de esta instancia serán impuestas por su orden en atención a la extensión y suerte de los agravios planteados y resueltos (arts. 68 y 71 C.P.C.C.).

Así voto.

Los doctores de Gauna y Kiper, por las consideraciones expuestas por el doctor Giardulli, adhieren al voto que antecede.

Visto, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: confirmar la sentencia en recurso en lo que ha sido objeto de apelación y de agravio. Las costas de esta instancia serán impuestas por su orden en atención a la extensión y suerte de los agravios planteados y resueltos (arts. 68 y 71 C.P.C.C.).

Teniendo en cuenta la base regulatoria considerada en la instancia de grado, en atención a la naturaleza del proceso y su resultado, las etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, considerando además lo dispuesto por los arts. 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 37, 39 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-, por resultar elevados se reducen los honorarios de los doctores J. M. H. y E. O. L., letrados apoderados de la parte actora, a la suma de $ 13.000 y los del doctor C. J. D., en su calidad de apoderado de la parte demandada y de la citada en garantía, a la suma de $ 10.200.

En cuanto a los honorarios establecidos a favor de los peritos oficiales, teniendo en consideración el monto del proceso conforme lo decidido en la anterior instancia, la entidad de las cuestiones sometidas a su dictamen, mérito, calidad y extensión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que deben guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 CPCC), por resultar elevados, se reducen los del perito médico doctor P. T. a la suma de $ 2.800. Por resultar ajustados a derecho se confirman los del perito ingeniero mecánico, G. C. T.

De conformidad con lo previsto por el art. 14 de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-, valorando el mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, por las tareas realizadas en esta instancia, regúlanse los honorarios del doctor E. O. L., letrado apoderado de la parte actora, en la suma de $ 3.380 y los del doctor G. D. R., letrado apoderado de la parte demandada y de la citada en garantía, en la de $ 2.650. -Jorge A. Giardulli. - Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna. - Claudio M. Koper.