Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-30


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Diecinueve.- San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Septiembre de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 236/04: "NIEVA, Néstor Ramón - c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad", en los que a fs. 110 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo y a fs. 111/118vta. obra Dictamen N° 150/08 del Sr. Procurador General, llamándose autos para Sentencia a fs. 123. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta?. En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 124 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUIS RAÚL CIPPITELLI y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 34/45 el actor interpone demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimación contra del Estado Provincial con el objeto que se revoque la Resolución AGG Nº 39/04, de fecha 06 de octubre de 2004, dictada por la Secretaria General de la Gobernación, y en consecuencia se ordene su promoción escalafonaria a la categoría del escalafón de la Administración Pública Provincial equivalente a clase y tarea asignada por la Resolución DIPPAPS Nº 107/03, de conformidad a los Decretos N° 1286/97 y PE N° 241/99, como asimismo se le abone la diferencia de remuneración correspondiente y se efectúe la liquidación retroactiva desde el día 19 de diciembre de 2000 hasta la actualidad, con intereses. Justifica la procedencia formal de la acción y comienza el relato de los hechos señalando que en el año 1998 inició reclamo administrativo, en calidad de jefe del Dpto. Organización y Sistemas de la ex Osca, en el que solicitaba al Sr. Administrador de tal Organismo se le asignara el derecho a percibir diferencia escalafonaria por tareas mas valorizadas, entre la clase XXIII tarea p7 y la clase XXIV, por encontrarse comprendido por el Art. 7 del CCT 57/75. Que dicha solicitud tuvo acogimiento favorable por el administrador -como asimismo de la Junta Permanente de Escalafón- la que sugirió hacer lugar a lo peticionado. Que giradas las actuaciones, el Centro de Control de Gasto Público opinó que las jefaturas eran compatibles con la clase XXIII como con la XXIV. Que en tres oportunidades el Sr. Administrador instó lo solicitado indicando que conforme al Art. 8 incs. i) y k) de la Ley de creación de OSCa, era él quien tenía competencia para decidir los niveles escalafónarios de sus empleados. Posteriormente se le da intervención al PROSEYEV, a la Asesoría de Gobierno y a la Asesoría de la Subsecretaria de Servicios Públicos, aconsejando todos ellos hacer lugar a lo peticionado. Por lo que, y considerando lo dictaminado, el Subsecretario de Servicios Públicos con competencia para entender en los asuntos pendientes de la ex OSCa -el actor ya pertenecía en ese momento a la Administración Pública- dicta la Resolución DIPPAPS Nº 107/03, mediante la cual se le reconoce el derecho a percibir diferencias escalafonarias por tareas mas valorizadas entre clase XXIII y XXIV tarea p7, por el período comprendido entre 28/10/1998 y el 01/01/01 -fecha en que el actor es transferido a la Administración Pública por Decreto Nº 1593/00- Aduce que con este acto -eniendo en cuenta que ya no pertenecía a la OSCa- no se había querido imponer una vigencia temporal de validez, sino que su fin era no extralimitarse en su competencia. Por lo que reconocido su derecho al reclamo, y previo pago se ordena el archivo de las actuaciones. Luego, bajo la dependencia directa de la Administración Central, solicita vuelvan las actuaciones a los fines del reconocimiento de la situación nacida al amparo de la Resolución DIPPAPS N° 107/03, lo que genera la conformación de un nuevo expediente, en el cual solicita a la Subsecretaria de Recursos Humanos el reconocimiento del nuevo nivel escalafanario, conforme el Art. 3 del Decreto 1286/97 -Ley de privatización de OSCa-. Que con el dictamen favorable de la Sra. Asesora Legal de la Subsecretaria, que aconseja rectificar el decreto mediante el cual fue transferido, se giran las actuaciones al centro de control de gasto en personal que emite dictamen en contra de lo peticionado- dado que nunca fue otorgada la categoría pretendida-, remitiéndose luego las actuaciones a la Asesoría de Gobierno, Órgano que se vuelve a pronunciar en el mismo sentido. Giradas nuevamente las actuaciones al centro de control de gasto, reitera la improcedencia de lo solicitado, sin tener en cuenta que la Resolución DIPPAPS Nº 107/03 importó un acto administrativo de aplicación retroactiva, de allí que sus efectos se remonten al día 28/10/98 y no al 29/08/03 en que se lo dicta. Luego el día 29 de julio de 2004 la Subsecretaria de Recursos Humanos y Gestión Pública a través de la Disposición SSRH Y GP Nº 206/04 dispone no hacer lugar a la solicitado, dando lugar ello a la interposición del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, recurso en el cual se agrega como fundamento el Decreto 241/99 mediante el cual el Sr. Gobernador dispone "promover escalafonariamente a la clase y tipo de tarea asignada por acto administrativo expreso a los agentes pertenecientes a la planta permanente de OSCa que desempeñen tareas mas valorizadas según el Art. 7 del CCT 57/75.". Que a través de su dictamen la Asesora de Gabinete cambia su postura propiciando el rechazo de la petición -refiriéndose únicamente al Decreto 241/99-, en igual sentido que la Asesora de Gabinete de la Secretaria General de la Gobernación, y finalmente se dicta la Resolución 039/04 que dispone no hacer lugar al recurso jerárquico. Señala así, que la Resolución 039/04 padece vicios por lo que corresponde su revocación, con fundamento en que fue dictada en violación a principios y garantías constitucionales como ser el derecho de propiedad ya que con el dictado de la Resolución Nº 107/03 se había incorporado a su patrimonio una situación de revista distinta de la que ostentaba al momento de la transferencia. De igual modo aduce que la resolución impugnada crea una situación de desigualdad entre sus compañeros a quienes si les fue reconocida la categoría 24, que la misma emana de un Organismo sin competencia, se aparta del máximo Órgano de opinión, con un dictamen contradictorio de la asesora de gabinete de la Subsecretaria de Recursos Humanos, falta de motivación suficiente, además de confundir conceptos entre otros argumentos, a los que me remito en honor a la brevedad. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita en definitiva se haga lugar a la demanda con costas. A fs.53 la Corte de Justicia declara "prima facie" su jurisdicción y competencia para entender en la presente causas. A fs.59/62 vta. el Estado Provincial a través de apoderados contesta demanda, en la que destaca en primer término el error del actor de no impugnar la Resolución Nº 206/04 que fija la posición de la Administración, limitándose tan solo a cuestionar la Resolución Nº 39/04. Aducen con respecto a la Disposición 206/04, que es un acto valido que reúne todos los requisitos esenciales, que se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa y en el derecho aplicable. Señalan asimismo que la Resolución Nº 39/04 fue emitida por el Órgano competente para resolver el recurso interpuesto, que el derecho a percibir la diferencia escalafonaria por la realización de tareas mas valorizadas no significa un cambio de categoría . Que de la Ley 3702 -de creación de OSCa- Art. 8, surge que únicamente podría modificarse la situación del agente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, acto que no existe en el caso concreto. Afirman que la Disposición DIPPAPS 107/03 se limita a reconocer tareas mas valorizadas por un periodo de tiempo determinado y que dicha resolución no puede enervar las atribuciones propias y discrecionales del Poder Ejecutivo. Que la inclusión como fundamento del decreto 241/99, no es de recibo pues no corresponde la aplicación extemporánea del mismo y por último que el actor expresó su voluntad para ser reubicado en la administración central conforme al Decreto 1593/00. Por estas y otras consideraciones a las que me remito en honor a la brevedad, solicita el rechazo de la demanda. A fs.63 vta. se abre la causa a prueba, producida la misma, a fs. 82 se dispone la clausura y a fs. 92/109 se agregan los alegatos de ambas partes. Luego a fs.111/118 vta. se agrega dictamen del Sr. Procurador General de la Corte, con lo que la causa previo llamamiento de autos se encuentra en condiciones de ser resuelta. Siendo ello así, he de recordar que el actor promueve la presente demanda en procura de lograr de este Alto Cuerpo la revocación de la Resolución Nº 39/04 que rechazó su pedido de reencasillamiento. En consecuencia solicita su promoción a la categoría del escalafón de la Administración Pública Provincial conforme a la clase y tipo de tarea asignada por Res. DIPPAPS Nº 107/03, esto es clase XXIV Tarea P7. La cuestión traída a resolver, impone una breve referencia de los hechos sucedidos, los que en resumidas cuentas son los siguientes: en el año 1998 el actor inicia reclamo administrativo solicitando al Administrador de la ex OSCa se le asignara el derecho a percibir la diferencia escalafonaria por tareas más valorizadas, atento a que se desempeñaba como jefe del Dpto. de Organización y Sistemas. Su pedido obtiene respuesta favorable a través de la Res. DIPPAPS Nº 107/03 mediante la cual el Subsecretario de Servicios Públicos reconoce el derecho a percibir la diferencia escalafonaria entre la clase XXIII que revestía y la clase XXIV tarea p7, por el periodo comprendido entre el 28/10/98 al 01/01/01. Luego de ello y habiendo optado el actor por ser transferido a la Administración Pública Provincial -dada la privatización del servicio- comienza nuevamente su peregrinar en procura de lograr el reconocimiento -según lo afirmado por él- de la categoría otorgada mediante la Res. DIPPAPS Nº 107/03 equivalente a la categoría XXIV del escalafón para el personal de la Administración Pública Provincial.

Posteriormente y con la opinión recabada a diversos órganos de asesoramiento, la Administración resuelve mediante la Resolución Nº 206/04 rechazar el planteo efectuado por el actor, considerando para así resolver -entre otras cuestiones-, que nunca se le otorgó la categoría pretendida ya que el reconocimiento del derecho a percibir la diferencia escalafonaria por la realización de tareas más valorizadas, no significó un cambio de categoría en la situación de revista del actor.

Que el adicional reconocido era de naturaleza transitoria, no definitivo, que se percibe mientras se desempeñen las tareas que se consideran más valorizadas.

Que la ley de creación del ente autárquico, establece que las facultades del Administrador solo se limitan a proponer al Poder Ejecutivo la promoción del personal permanente, por lo que no existiendo el Decreto de éste, debe considerarse que la categoría pretendida nunca se concedió. Dicha resolución fue confirmada mediante la Resolución Nº 39/04 luego de que fuera impugnada mediante la interposición del recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio. Expuestas las cuestiones de esta manera, entiendo que lo se discute en esencia es la naturaleza y alcance del derecho otorgado mediante la Resolución 107/03, derecho que no se limita a juicio del actor, al simple reconocimiento de la diferencia de haberes entre la categoría XXIII y la categoría XXIV por las tareas más valorizadas que desempeñó durante cierto tiempo como jefe del Dpto. de Organización y Sistemas de la ex OSCa, sino que dicho reconocimiento importa su reubicación escalafonaria en la categoría XXIV del escalafón para el personal de la Administración Publica Provincial, teniendo en cuenta su posterior transferencia a la Administración Central.

En sentido contrario, la Administración aduce que la Resolución Nº 107/03 no hizo más que reconocer el derecho a percibir la diferencia escalafonaria entre la categoría de revista del actor y la categoría correspondiente a las tareas más valorizadas desempeñadas por aquél durante cierto tiempo, sin que dicho reconocimiento importe en modo alguno modificar la situación de revista en el escalafón.

El estudio de los antecedentes que obran en la causa y del derecho aplicable, me inducen a pensar que la solución del caso será en sentido adverso a la pretensión del actor. De modo preliminar debo señalar, que el análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos del acto administrativo que se trae a revisión -Resolución Nº 39/04 y su antecedente Resolución 206/04 -remite obligadamente a la Resolución DIPPAPS Nº 107/03, pues de lo allí establecido y del plexo normativo aplicable se deducirá en definitiva, si la decisión denegatoria ha sido debidamente fundada o no.

Como antícipe, el recurrente manifiesta que aquella Resolución aparte del derecho a percibir la diferencia escalafonaria también otorgó una nueva categoría, categoría que la Administración solo debió reconocer cuando el recurrente fue transferido a la Administración Central luego de ser privatizado el servicio.

Con especial énfasis, se remarca en el escrito de demanda y en todas las presentaciones efectuadas en sede administrativa, que distintos Órganos de opinión se expiden en sentido favorable a su pretensión, que la Resolución Nº 107/03 es el reflejo de aquellos y que luego la Administración Central cuando ya el Expte. estaba tramitándose bajo su dependencia cambia injustificadamente y sin explicar los motivos de dirección, emitiendo la Resolución Nº 206/04 que luego termina siendo confirmada por la Resolución 39/04, mediante la cual se rechaza el reencasillamiento pretendido. Antes de adentrarme a tratar el fondo de la cuestión, estimo necesario precisar que la opinión expuesta en un dictamen, que la autoridad competente para resolver puede o no compartir, es un simple acto preparatorio de la decisión final, y ningún derecho acuerda al particular. Que en derecho administrativo solo pueden predicarse los caracteres de "firme y consentido" de aquellas decisiones que produzcan un efecto jurídico directo, más no de los pareceres, dictámenes o informes que sólo se limitan a aconsejar una determinada conducta que puede o no ser seguida poer los superiores. Al contrario de la opinión que tiene el recurrente y que comparte el Sr. Procurador, infiero liminarmente del resumen de los hechos que se puede extraer del Expte. que corre agregado por cuerda, que el Órgano encargado de resolver se apartó de la opinión expuesta en los Dictamen Nº 136/03 de Asesoría de Gobierno y del emitido por la Asesoría Legal de DIPPAPS, que aconsejaban el dictado del acto determinando el reajuste escalafonario del recurrente.

Pues adelantando opinión sobre dicha cuestión, señalaré que a través de la Resolución Nº 107/03 solo se dispuso el reconocimiento del derecho a percibir una diferencia salarial por las tareas más valorizadas desempeñadas durante cierto tiempo, llegando como no podía ser de otro modo, hasta allí nomás su alcance. El derecho allí reconocido, como se verá, no puede ser extendido más allá, por el solo hecho de que así lo hallan determinado distintos Órganos de consulta, pues es por todos conocidos que en el derecho administrativo la Administración sólo puede hacer lo que la ley le habilita y como la ley lo dispone, pues vincularse con la ley es aplicarla como ella lo prevé. (Luqui, Roberto Enrique, "Revisión Judicial de la Actividad Administrativa" Pág. 184). Concretamente y ya entrando al análisis de la cuestión de fondo, he de recordar que este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado, siguiendo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el ejercicio de la facultad de ascender es privativo del Poder Administrador, por lo que, en principio es irrevisable judicialmente, salvo que ello implique una cesantía encubierta o importe una arbitrariedad manifiesta. El principio esbozado, impone analizar si en el caso de autos, se presentan las excepciones que habiliten la revisión judicial de la decisión que denegó el reclamo formulado por el actor, y que consiste lisa y llanamente en su promoción escalafonaría, fundando su pretensión en un supuesto reconocimiento efectuado por el Sub- Secretario de Servicios Públicos A/C de la Dirección Provincial de Políticas de Agua Potable y Saneamiento, organismo a cargo de los procedimientos iniciados por la ex OSCa.

En tal cometido, y entendiendo que la cuestión importa el ejercicio de una facultad discrecional he de examinar si las razones que expone la Administración encuentran verdadero sustento fáctico y normativo que respalde la posición asumida por aquélla mediante la Resolución 206/04 y su confirmación -Resolución 39/04-. En mi opinión, asiste razón a la Administración cuando subsume el caso en la Ley Nº 3702 que crea el ente autárquico Obras Sanitarias Catamarca, y que estable que será dirigido por un Administrador General designado por el Poder Ejecutivo, quien podrá proponer al Poder Ejecutivo los nombramientos, la promoción y remoción del personal permanente..." (Art. 8, inc.i ). Dicha norma viene así a respaldar el principio esbozado al comienzo de este voto, de que el reencasillamiento pretendido queda en manos de la discrecionalidad de la autoridad administrativa que la norma referida indica expresamente, razón por la cual no puede atribuírsele competencias al Sr. Administrador General, quien por ley no está facultado para promover de categoría. Tan es así, que de la propia Resolución Nº 107/03 solo surge -como lo anticipé- el reconocimiento a percibir una diferencia escalafonaria por la realización de tareas más valorizadas, sin nada decir respecto a la modificación de la situación de revista del actor y ello-a pesar de la opinión de los diversos órganos de asesoramiento quienes propiciaban el reajuste escalafonario. A mayor abundamiento, se impone destacar, que dicho criterio interpretativo se ve reflejado también, cuando la propia Administración de Obras Sanitarias Catamarca eleva en su momento al Poder Ejecutivo Provincial un pedido de reubicación escalafonaria de un grupo de trabajadores que desempeñaban tareas más valorizadas; pedido que se resuelve el día 4 de Marzo de 1999 a través del Dcto. Acto. Nº 241/99 mediante el cual el Sr. Gobernador de la Provincia en Acuerdo de Ministros promueve a la clase y tipo de tarea asignada por acto administrativo expreso, a los agentes que al 31/12/99 se encontraban cumpliendo tareas mas valorizadas. Con relación a este Decreto, el recurrente manifiesta que sus efectos se extienden a su situación, reconociendo que si bien el acto administrativo expreso por la cual la Administración General de OSCa le reconoce el desempeño de tareas más valorizadas es de fecha 29/8/03, el mismo tiene efecto retroactivo al 28/10/98, fecha en que el Sr. Administrador eleva el pedido de reconocimiento de las tareas más valorizadas. En mi opinión, invocar este acto administrativo mediante el cual se promueve a la clase y tipo de tarea asignada a un grupo de trabajadores, resulta un tanto contradictoria con la postura asumida por el recurrente a lo largo de todo el trámite iniciado - en el que se remarcó que la Resolución DIPPAPS había otorgado una nueva categoría y que la Administración se negaba a reconocer-, y digo contradictoria, no por que se introduzca al debate el análisis de un acto que antes no había sido invocado, sino por que con su referencia concreta se está reconociendo en cierta forma el alcance limitado del derecho otorgado mediante la Resolución Nº 107/03, el que solo pudo limitarse a reconocer el derecho a percibir una diferencia escalafonaria por el desempeño de tareas más valorizadas y por el tiempo en que se desempeñaron, situación que nada tiene que ver con la asignación de una nueva categoría. Aclara lo expuesto la siguiente cita, " el hecho de que corresponda abonarle las diferencias de retribuciones correspondientes al cargo de mayor jerarquía desempeñado de hecho, no importa de manera alguna reconocerle el derecho a revistar efectivamente en tal cargo, ya que tal derecho sólo se adquiere con la designación realizada por autoridad competente conforme los procedimientos establecidos por la ley". (Cámara Contenciosoadministrativa de 2da. Nominación de Córdoba- 05/04/2005 en autos "Funes Vera, Ada G. c Provincia de Córdoba"). Así las cosas, y más allá de los cuestionamientos formulados al procedimiento desarrollado en sede administrativa, lo cierto es que ese acto de determinación que importa en el caso la modificación de la situación de revista del actor de la categoría XXIII a la categoría XXIV no existe, no pudiendo ser sustituido aquél, por la actividad judicial en su contenido material, pues la Administración debe ejercer las potestades propias de sus funciones, para lo que requiere en muchas ocasiones una buena dosis de discrecionalidad.

Pues la función de administrar - y gobernar- no puede confundirse con la de juzgar que nos compete, y que comporta el control de los aspectos estrictamente jurídicos del ejercicio de los poderes discrecionales, pero no la sustitución de las decisiones administrativas discrecionales por las de los jueces y tribunales.

Dicha afirmación no es una cuestión de dogmas, sino que se trata de principios y consecuencias elementales de la organización del Estado en una sociedad democrática. Entendiendo así, que la ley ha fijado en el caso los objetivos generales, la discrecionalidad es la que le va a permitir a la Administración -Poder Ejecutivo- llevar a cabo la materialización de la líneas directrices marcadas por la ley, que fijan lo esencial, pues el principio de legalidad vigente en un Estado de derecho, determina que todos los actos administrativos deben ajustarse al orden jurídico. En consecuencia, la resolución de esta controversia no puede desvincularse de la solución contenida en la norma aplicable (Art. 8 inc. i) de la Ley 3702). Deviene por ello equivocado el camino recorrido tratando de obtener de la Justicia el tan mentado acto de reencasillamiento, tampoco resulta acertado pretender la aplicación de una norma destinada a reglar determinadas situaciones respecto de las cuales se han dado ciertos presupuestos de hecho, valorados y calificados con el margen de apreciación que le corresponde por la Administración, cuando emite el Decreto Nº 241/99. Que razonar de otro modo, tratando de encontrar argumentos que avalen las supuestas facultades del ex Administrador para disponer la promoción o el ascenso de empleados a cargo, no resulta sano ante el claro mandato de la ley que atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de evaluar, en definitiva, la decisión final. Por lo tanto, no comparto la afirmación del dictamen de la Procuración General en el sentido de que la Resolución DIPPAPS había reconocido el derecho aquí discutido, como ya lo he dicho, la promoción escalafonaria está sujeta para su realización a una decisión de carácter discrecional de la autoridad competente, de allí que los actos impugnados no presenten los vicios endilgados, antes bien, entiendo que aquéllos se encuentran debidamente fundados en los presupuestos de hecho relatados y en la correcta interpretación del derecho aplicable. Por lo que, propongo si mis colegas comparten el Acuerdo, rechazar la demanda interpuesta. Así emito mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero al fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que me antecede, por lo que voto en el mismo sentido. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Imponer las costas, conforme al principio objetivo de la derrota, al actor que resulta vencido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Con costas a la vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que una vez mas adhiero a la conclusión expuesta por los Sres. Ministros, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido. Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia). San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Septiembre de 2009.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta. 2) Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida. 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).