Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-11-26


Salta, 26 de Noviembre de 2010.- AUTOS Y VISTA: Esta Causa Nº 28600/10 de la Cámara de Acusación -Sala I s.c. "GOMEZ, Darío Alberto por el delito de Tentativa de Robo en perjuicio de Gabriela Ramona Ibañez", originaria del Juzgado de Instrucción Formal de Cuarta Nominación, Expte. Nº 078036/10; y CONSIDERANDO El Dr. RAUL ROMAN dijo:

I) Que corresponde conocer a este Tribunal, en el recurso de apelación con expresión de agravios interpuesto a fs. 29/32 en contra del punto 2º) de la Resolución de fs. 26/27, dada la admisibilidad de la impetración concedida a fs. 54.

a) Por Auto de fs. 26/27 del 25/10/10, el Sr. Juez de Instrucción de 4 Nominación Dr. Antonio Germán Pastrana resolvió dictar Auto de Procesamiento en contra de Darío Alberto Gómez por considerarlo presunto autor responsable del delito de Robo en Grado de Tentativa previsto y reprimido por el art. 164 en función del art. 42 del CP. Igualmente convirtió en Prisión Preventiva la detención del nombrado de conformidad a lo dispuesto por los arts. 300 del CPP y 26 del CP.- Considera el Juzgador en relación a la materia apelada, esto es la medida cautelar dictada, que la calificación recaída, los antecedentes prontuariales con condena, hacen estimar que en caso de recaer en esta causa condena en contra del acusado, esta sería de ejecución efectiva, por lo que se ordena la Prisión Preventiva del imputado.- b) La Dra. Marcela Robles Defensora Oficial Penal Nº 4 expresa agravios a fs. 29/32, solicitando en definitiva se disponga la Libertad de Darío Alberto Gómez, con las restricciones en su caso que correspondan.

Se agravia la Defensa porque entiende que la restricción de la Libertad del encartado está en contraposición con reciente formulación doctrinaria y jurisprudencial, a partir de la Constitución Nacional de 1994 y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados. El postulado central que ordena la procedencia del juicio previo a la imposición de toda pena, halla su correlato en la C.A.D.H.; no siendo legitimo aplicar cautelares procesales para neutralizar la posibilidad de reiteración delictiva. Por otra parte la presunción de que se valió el legislador para permitir o no la concesión del Beneficio de la Libertad Provisional, no goza de rango absoluto, siendo una pauta orientativa de carácter relativo.

Continúa la Defensa señalando que nuestro sistema procesal está adherido al llamado "proceso sin preso", por lo que la Libertad durante el proceso debe ser la regla y el encierro preventivo la excepción .

El criterio para resolver la detención, dice la Dra., Robles, es el de la "peligrosidad procesal", y solo cabe restringir la libertad cuando ello es indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley sustantiva . Las circunstancias para la restricción no se verifican en autos, ya que no hay razón alguna para suponer que el incoado eludirá el accionar de la justicia u obstaculizará el desarrollo del proceso.

Indica la recurrente que Gómez tiene domicilio y arraigo en la provincia, padeciendo la enfermedad de HIV lo que lo imposibilita para salir de la provincia por el tratamiento. Entiende la Defensa que el imputado debe continuar en Libertad Provisoria imponiéndosele en el caso de así estimarse, una medida de restricción que se considere pertinente y útil como sería que fije domicilio en esta ciudad y se presente por ante el Juzgado cada quince días .

Por último la Sra. Defensora oficial en el Memorial que doy por reproducido, repite que las nuevas corrientes defienden el principio de inocencia, en especial en el Procedimiento Sumario, partiendo de que nos encontramos adheridos al sistema procesal llamado "proceso sin preso" y de que las privaciones son de interpretación restrictiva y pide entonces la Libertad de Darío Alberto Gómez.

II) Que la impugnación de la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 4 en Expresión de Agravios (fs. 29/32), se circunscribe a cuestionar la Medida Cautelar que el Juzgador le dictara a Darío Alberto Gómez, por lo que cabe referirme a ello conforme a la competencia de este Tribunal establecida en el art. 455 del C.P.P..

El Juzgador dicta la Prisión Preventiva de Gómez en virtud de lo que establece el art. 300 del CPP y 26 del CP. La primer norma determina que el Sr. Juez ordenará la Prisión Preventiva cuando el delito que se atribuye al imputado corresponda pena privativa de la libertad y además estime que no procederá condena de ejecución condicional. En este orden la disposición legal indicada remite al art. 26 del C.P. que faculta en caso de primera condena que no exceda de tres años, se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Pero estando a la planilla prontuarial del encartado, la condición de primera condena no se verifica atento a las sanciones que recayeran sobre Gómez, aunque sí en lo que se refiere a la entidad de la pena, toda vez que en el caso se trata de un Robo Simple Tentado.

De todos modos debe decirse que no se trata de la aplicación automática de la remisión del art. 300 del C.P.P. al art. 26 del C.P.; y que esa presunción legal dista de ser "jure et de jure". En este orden la doctrina y jurisprudencia al respecto consideran en el tema que es de aplicación del art. 270 del CPP cuando autoriza la restricción de la libertad personal para asegurar el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la ley sustantiva. Se trata entonces de verificar la existencia de la peligrosidad procesal, para luego decidir sobre la restricción o libertad del imputado, análisis que no efectuara el magistrado.

En relación al primer requisito del art. 270 del C.P.P., esto es la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad, los antecedentes obrantes en las actuaciones permiten suponer que el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni frustrará ni dificultará su obtención, dado el estado procesal de autos. En lo que hace al aseguramiento de la aplicación de la ley sustantiva, además de aquella remisión al art. 26 del C.P., que no permite la concesión, cabe señalar que El Pacto de San José de Costa Rica, al decir del Dr. Daniel Emilio Morin, da pautas a fin de determinar cuando existe peligro de fuga, indicando que deberá analizarse la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena. Se trata en el caso del ilícito de Robo Simple en grado de Tentativa, cuya levedad esta fuera de duda.

Pero además de que el ilícito de que se trata puede calificarse de poco importante, la pena prevista para el mismo está acorde con su entidad toda vez que se prevé para el delito consumado un mínimo de un mes de prisión. Y si tenemos en cuenta que la tentativa reduce en un tercio ese mínimo, la escala correspondiente comienza con una pena de 20 días. Por otra parte y de clara significación, se verifica que el imputado lleva privado de la libertad un tiempo equivalente al doble del mínimo del delito de que se trata. De modo que frente a una eventual condena podría darse la situación de tenerse por cumplida la pena impuesta.

Razones estas por las que entiendo no existe un peligro grave de fuga ni que el encartado se coloque en situación de prófugo ante la posibilidad de que se deba tener por cumplida la condena o someterse a ella por un período breve de tiempo, en desmedro del arraigo y contención que implica la proximidad del núcleo familiar, la conservación de sus bienes y sobre todo, en un grado significativo, el tratamiento de su afección.

Si bien cabe disponer la libertad de Gómez, sus antecedentes imponen el aplicarle una Medida Cautelar consistente en la presentación en forma mensual del encartado al juzgado de la Causa, a los fines de garantizar su comparencia cuando sea requerida, bajo apercibimiento de revocación del beneficio.

III) Que por lo expuesto voto por acoger favorablemente al recurso de apelación incoado a fs. 29/32 y consecuentemente por revocar la Medida Cautelar dispuesta en el punto 2º) de la Resolución de fs 26/27, dictándose la Libertad Provisoria del encartado.

El Dr. JULIO VICTOR PANCIO dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

Por ello la Sala I de la Cámara de Acusación, RESUELVE I.- HACER LUGAR al Recurso de Apelación deducido a fs. 29/32, en su mérito REVOCAR la Prisión Preventiva de Darío Alberto Gómez dictada en el punto 2º) de la Resolución de fs. 26/27 y OTORGAR la LIBERTAD PROVISORIA del nombrado, a efectivizarse previos recaudos de ley en el Juzgado de origen -arts. 270 y 300 del CPP-.

II.- IMPONER como Medida Cautelar, la obligación del encartado de presentarse mensualmente al Juzgado de radicación de la causa, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de revocarse el beneficio otorgado.

III.- REGISTRESE, PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE y Bajen los autos al Juzgado de Instrucción Formal Cuarta Nominación.