Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-02-29


Expte. N° 5713 caratulado: "BENEGAS, María Alejandra c/ Unión de Docentes Agremiados Provinciales (U.D.A.P.) - Apelación de Sentencia - INCONSTITUCIONALIDAD y CASACION" En la Ciudad de San Juan, a veintinueve días del mes de febrero del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha once de noviembre de dos mil once en autos Nº 8738 caratulados: "Benegas María Alejandra c/ Unión de Docentes Agremiados Provinciales (U.D.A.P.) s/ Apelación de Sentencia".

EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

En lo que ahora resulta de interés, el a quo, por mayoría, rechazó el agravio de la actora vinculado con la indemnización prevista en el artículo 16 de la ley 25.561.

En línea con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, el voto mayoritario consideró que la indemnización allí prevista rigió hasta el 27 de febrero de 2007, fecha en que el INDEC publicó un índice de desocupación inferior al diez por ciento. Y que, por esa razón, aquella reparación no debía ser aplicada al caso, en que el distracto laboral se produjo en fecha posterior, mayo del mismo año.

Añadió que la ley 25.972, artículo 4, dispuso la prórroga de la suspensión de despidos hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resultase inferior al diez por ciento, que dicha norma era operativa y no requería de ninguna otra disposición legal. Y que, en consecuencia, no obsta a su aplicación el ulterior decreto 1224/07, norma dictada en septiembre de 2007 que dispuso "declarar cumplida la condición de la ley 25.972".

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Nacional, el decreto no podía modificar la ley.

La actora encuadra su recurso de inconstitucionalidad en las causales de los incisos 1º y 2º del artículo 11 de la ley 2275, en cuanto se ha cuestionado la validez del decreto 1224/07, argumentándose su contradicción con la Constitución Nacional.

Al fundar el recurso, imputa arbitrariedad al fallo. Dice que, para cumplir con la condición extintiva dispuesta en la ley 25.972, hacía falta un acto estatal expreso, para otorgar seguridad a los operadores jurídicos. Agrega que, en todo caso, debió preferirse la interpretación que favoreciera al trabajador, en los términos del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La actora encuadra el recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Comienza diciendo que el fallo no ha aplicado el decreto 1224/07 e interpreta erróneamente el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Al fundar el recurso, dice que el pronunciamiento impugnado se aparta de las reglas básicas de la lógica, como el principio de razón suficiente y las reglas de la experiencia.

Expuestos sucintamente los antecedentes del planteo, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimar formalmente los recursos, por las siguientes razones:

Advierto, en primer lugar, que la presentación recursiva no cumple con lo que dispone el artículo 4 último apartado de la ley 2275, pues la recurrente omite acompañar copia de su expresión de agravios.

Tal omisión impide verificar si los agravios traídos fueron correctamente propuestos ante el a quo, y también constatar si la cuestión constitucional fue oportuna y correctamente propuesta.

Al respecto, invariablemente ha sostenido el Tribunal que: "El recurso debe bastarse a sí mismo, y ello no ocurre cuando no se acompaña copia de la demanda, contestación, expresión de agravios o piezas del proceso atinentes al vicio que se imputa, para verificar, prima facie, la existencia del mismo, sin que el Tribunal tenga que acudir a otros elementos de juicio" (P.R.E. S.1ª 2006-I-150; S.1ª 2005-I-01; S.1ª 2004-III-481; S.2ª I-108; S.1ª I-66; S.1ª 2003-III-479; S.1ª 2000-I-37; 1991-I-86; S.2ª 1988-I-43, etc.).

Por lo demás, el recurso de inconstitucionalidad resulta evidentemente inadmisible, por defecto de fundamentación y encuadre. Memoro que la recurrente enmarca su planteo en las causales de los incisos 1º y 2º del artículo 11 de la ley 2275, en tanto, señala, se habría cuestionado la validez del decreto 1224/07, argumentándose su contradicción con la Constitución Nacional.

Sin embargo, a la hora de fundar el recurso no hace ninguna referencia a la supuesta declaración de inconstitucionalidad, sino que imputa arbitrariedad a lo resuelto, lo que encuadraría en la otra causal del artículo 11, la del inciso 3º.

Se trata de hipótesis absolutamente distintas. Las causales de los incisos 1º y 2º del artículo 11 de la ley 2275, calificadas reiteradamente por esta Corte como de "casación constitucional", están previstas para los casos en que ".se haya cuestionado la validez de una ley (.) arguyendo su contradicción con la Constitución." o ".se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula constitucional.".

Por su parte, la causal del inciso 3º concierne a violaciones al derecho de defensa, la facultad de producir prueba o las formas de la sentencia.- La inconsistencia referida torna inadmisible el recurso. El Tribunal no puede examinar las causales de los incisos 1º y 2º, pues carecen de fundamentación. Y tampoco puede considerar la alegación de arbitrariedad, por incumplimiento del requisito del inciso 1º del artículo 13 de la misma ley 2275.

Cabe agregar que, en todo caso, la arbitrariedad no se advierte configurada. La fundamentación remite a cuestiones estrictamente normativas, relativas a la aplicación e interpretación de la ley 25.972 y el decreto 1224/07. Y por esa razón resulta también ajena a la hipótesis del inciso 3º.

También el recurso de casación presenta evidentes defectos de fundamentación. En lo que hace a este recurso, la presentación se divide en dos capítulos, denominados "A) Requisitos art. 16 ley 2275" y "B) Apartamiento de las reglas básicas de la experiencia".

El primero contiene un enunciado de los requisitos del artículo 16 en el que se expresa que el fallo no ha tenido en cuenta el decreto 1224/07 y ha interpretado erróneamente el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Mientras que en el segundo capítulo la recurrente comienza por aducir que: ".la sentencia debe ser casada dado que atenta contra las reglas de la lógica respecto del denominado "principio de razón suficiente" y "las reglas de la experiencia"", tras lo cual se explaya sobre ambas cuestiones.-- Pues bien, vuelve a advertirse en la presentación un divorcio entre el enunciado y la posterior fundamentación.

En el primer capítulo, y más allá de, como digo, enunciar los supuestos defectos de aplicación e interpretación, la recurrente no alcanza a cumplir con la exigencia del artículo 16 inciso 3º de la ley 2275, pues no especifica en qué consiste la errónea interpretación o aplicación legal.

Al respecto, ha dicho esta Corte que no basta con decir que tal o cual disposición ha sido mal interpretada o erróneamente aplicada; es necesario demostrar en qué consiste esa errónea interpretación y en qué forma incide en lo dispositivo de la sentencia (P.R.E. 1979-212; 1982-I-192; P.R.E. S.1ª 1990-I-168; etc.).- Por su parte, el segundo capítulo remite a aspectos vinculados con la construcción del fallo y no con el sentido de la decisión. Es decir, a cuestiones referentes a la validez del pronunciamiento, que, por tanto, conciernen al recurso de inconstitucionalidad en su variante del inciso 3º y son notoriamente ajenas al de casación.

Por todo ello, voto por desestimar formalmente los recursos.-- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSE ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Dr. Jorge Daniel de Oro - Secretario Letrado.

Df-5713 S.E.

P.R.E. S.2ª 2012-I-62.