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Inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, inexistencia de cuestión federal suficiente, sentencia condenatoria, tenencia de estupefacientes, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: Ferrari, Soledad Azucena c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Corresponde declarar inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra la resolución que rechazó el pedido de prisión domiciliaria de la encausada toda vez que cuenta con los fundamentos mínimos y suficientes para ser considerada como un acto jurisdiccional válido (art. 123 del C.P.P.N.) y que los impugnantes no demostraron la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Di Nunzio (Fallos 328:1108). De las constancias del Sistema de Gestión Judicial Lex-100, se observa que con posterioridad a la resolución objeto de revisión, el a quo homologó el referido acuerdo de juicio abreviado. Se condenó así a la imputada a la pena de prisión y multa por considerarla coautora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (artículos 45 del C.P. y 5°, inciso "c", de la ley 23.737), sentencia que adquirió firmeza, por lo que en esta instancia sólo cobran relevancia los argumentos dados por el tribunal para rechazar el pedido de arresto domiciliario, en los términos del artículo 10 del CP y 32 de la ley 24.660. Desde esa perspectiva y teniendo en consideración que -a pesar de los problemas de salud alegados por la madre de la imputada- los hijos menores de la condenada conviven con un hermano mayor de edad, quien además de cuidarlos aporta económicamente a su manutención, se entiende que cabe dar razón al tribunal el punto a que no se encuentra comprometido el interés superior de los niños. No se verifica -ni los recurrentes logran demostrar- la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad que afecte el razonamiento expuesto en el resolutorio (Fallos: 306:362, 314:791; 321:1328 y 322:1605).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad, acción de amparo, control de constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Provincial s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-02-15

Al declarar el titular del juzgado de primera instancia la inconstitucionalidad de diversas normas procesales, sin dar audiencia de la otra parte, ha quebrantado las garantías de defensa en juicio y debido proceso porque, si bien, los jueces disponen de plenas facultades, para el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, ello debe formularse dentro del marco de un proceso que asegure y posibilite el principio de bilateralidad o contradicción, como método de salvaguardar los derechos de la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso e igualdad de las partes, aún cuando se trate del Estado.
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal, escribanos públicos
Materia: PENAL
Carátula: ALMADA, Walter Raúl y otros s/ Falsedad Ideológica -Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-06-30

Si bien para la ley "funcionario público" de conformidad a su interpretación auténtica, es todo aquél que "participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente" -art.77, 4to.

Párrafo del Código Penal-, la exclusión de los funcionarios públicos de la suspensión del juicio a prueba atiende a razones de transparencia, y por tanto su concepto debe ponderarse conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción, para la cual es necesario la pertenencia gubernamental sea en el Estado, o en las entidades estatales (total o parcialmente gubernamentales como sucede con los organismos mixtos), descentralizadas o desconcentradas, en cualquier jerarquía, y no sólo el desempeño de actividad o servicio a favor del Estado.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, nulidad del acto jurídico, Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYANO, MARIO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

Si bien la Administración debió, para cumplir con su deber de motivación del acto administrativo, explicar adecuadamente los presupuestos de hecho y de derecho que la determinaban a disponer la cesantía, indicando de modo suficiente las imputaciones que se le efectuaban al agente, es también cierto que, habiendo invocado como causal la prevista en el artículo 63 inciso a) de la ley 9286, que clara e inequívocamente alude a "inasistencias injustificadas que exceden los diez días continuos o discontinuos en los doce meses inmediatos anteriores", dada la circunstancia del caso, en que ambas partes conocían acabadamente el irregular cumplimiento del deber de prestación de servicios por parte del agente; no parece que esta deficiencia sea determinante en orden a la anulación del acto, consecuencia que podrá derivarse del análisis de las restantes causales invocadas.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramp, Juan Rodolfo y otra c/ Cruz Médica San Fernando S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

No es admisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a una demanda por mala praxis (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. de S. L., A. C. c/ S. L., C. s/ Divorcio y separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

La importancia o la trascendencia de una resolución, la protección de la salud o el bienestar de los menores, no convierten en definitiva a aquélla si por su naturaleza no posee tal carácter.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, trámites judiciales, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: CEJAS, FERNANDO RUBEN c/ SUPERMERCADO LUQUE Y/U OTRO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. - CASACION LABORAL.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-11

El art. 148 de la ley 3603 de procedimiento laboral prevé que el casacionista deberá comparecer ante éste Superior Tribunal a los fines de mantener el recurso interpuesto. Dicho requisito constituye un formalismo innecesario, que no encuentra justificación en ninguno de los principios que invisten al derecho procesal laboral, e importa únicamente una reafirmación de la voluntad recursiva claramente manifestada al interponer la casación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PENAL
Carátula: PARKINSON, NINA s/ Contrabando de estupefacientes. CAUSA: 36933.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

1 - Para establecer la base económica sobre la que deben regularse los honorarios se deben considerar un conjunto de pautas - cualitativas y cuantitativas - que pueden ser evaluadas con un margen de discrecionalidad.- 2 - No es imperativo sustentar la regulación de honorarios en pautas que surgirían de un supuesto "relevamiento de datos en el mercado", sin base normativa.
Menores, pena, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: Diez, Ramiro s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

La ley nacional 22.278 que regula el régimen penal de la minoridad establece en los arts. 1 y 2 la inimputabilidad absoluta de los menores que no han cumplido los dieciséis de edad y veda que sean sometidos a un proceso penal. Y si bien en el caso el menor prestó declaración informativa y se dictó a su respecto un sobreseimiento definitivo que lo declaró autor del hecho imputado, tal procedimiento no resulta incompatible con la garantía del debido proceso -aplicable a todo procedimiento judicial (arts. 18 de la Const. nac. y 15 de la Const. prov.)- que justifique una anulación oficiosa.
Fundamentación de sentencias, aborto, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: C. P. C. c/  s/ Violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-07

Resulta acertada la decisión del tribunal oral de tener por probado que, al tomar conocimiento de la existencia del embarazo, el imputado indicó a la víctima que debía practicarse su interrupción -razón por la cual él mismo comenzó a buscar pastillas abortivas- así como también que introdujo cuatro pastillas de "Oxaprost" en su vagina mientras la víctima ingirió otras dos, pues la valoración probatoria expuesta por los jueces muestra una conclusión fundada y razonable, sobre la prueba de la materialidad de ese hecho, la intervención del acusado en él. Al respecto, el razonamiento de los magistrados justificó de modo suficiente que los datos introducidos por el informe pericial -que dio cuenta que no podía determinarse la causal del aborto- no alcanzan para configurar una duda de carácter "razonable" sobre el extremo fáctico en cuestión, pues una vez contrastado aquél con la totalidad del cuadro probatorio y las circunstancias particulares en las cuales se tuvo por acreditado el hecho, es correcto concluir que la interrupción del embarazo y el consecuente cese de viabilidad del embrión, encuentran explicación indubitable, sólo en la ingesta de las pastillas llevada a cabo por la joven y en la intervención del acusado en el procedimiento de introducción de esa droga en el cuerpo de ella (voto del juez Magariños).
Daño ambiental, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ COPETRO SA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

En cuanto a los daños físicos consisten en la incidencia de los factores agresivos producidos por una industria petroquímica en la salud de los niños y si bien los peritos médicos no han informado incapacidad en los menores, el reconocimiento de la incidencia del daño ambiental en éstos debe tipificarse en lo que este Tribunal reconoce, precisamente, como daño físico debiendo considerarse tal la disminución de la aptitud vital genérica de la víctima, existente o potencial (arts. 1068, 1069, 1083 C. Civil).
Cómputo del plazo, prescripción, simulación
Materia: COMERCIAL
Carátula: VILLAGRA HAYDEE LILIANA -SINDICO- c/ CABRERA ALFREDO DANIEL Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-29

Tal como lo ha sostenido este Tribunal en otras oportunidades, y en consonancia con lo hoy determinado por el art. 2563, inc. c, del CCyCN, quien argumenta haber tomado conocimiento posterior a la celebración de los actos reputados como simulados debe aportar la prueba del "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción, caso contrario, el plazo comienza a correr desde la fecha de inscripción ante los registros públicos respectivos.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Calcagno, Fabián y Eugeni, Hugo Daniel s/ Les. culp. recíprocas y ambas les. culp. a Agosto, Leonardo Andrés  en Valeria del Mar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-29

El recurso extraordinario de nulidad previsto en el artículo 349 inciso 1 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), sólo es viable cuando se fundamenta en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales en que el juzgador de grado ha caído por descuido o inadvertencia o cuando el fallo carece de apoyo en normas legales, independientemente del acierto con que han sido aplicadas, lo que no se da en el caso, en que las cuestiones que se dicen preteridas no fueron oportunamente sometidas a conocimiento del tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación, desestimación de la recusación, ministros de la Corte Suprema, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez Del Casal Alberto c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

Cuando las recusaciones introducidas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano, carácter que revisten las que se fundan en la intervención de los jueces de la Corte en una decisión anterior propia de sus funciones legales, entre las que se encuentra comprendida el dictado de la acordada cuya invalidez pretende el apelante.
Comuna, contribución de mejoras, pavimentación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deni, Hipólito Antonio c/ Comisión de Fomento de Casas s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   608-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

En el ámbito provincial, la ley 8896 (de Contribución de Mejoras), establece el ámbito territorial de imposición de las contribuciones de mejoras relacionadas a la pavimentación y mejorado de caminos sobre la base del concepto de "zona contributiva", disponiendo en su artículo 3 que el ancho de la zona contributiva no puede superar los 15 km. a ambos lados del eje del camino.
Obligaciones, acción subrogatoria
Materia: CIVIL
Carátula: ASTUDILLO, JUAN ANTONIO c/ GARCIA ORELLANA DE SARAVIA, SEGUNDA s/ SUMARIO:COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-08-11

La subrogación legal traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor. Por ocupar el tercero la misma situación jurídica del acreedor primitivo, también se le pueden oponer las mismas defensas que contra este último tenía el deudor, tal como sería la prescripción, puesto que la subrogación no puede hacer renacer una obligación ya prescripta. Todo ello sin perjuicio de que en los supuestos de estar perjudicada la acción del acreedor primitivo, pudiese el tercero ejercitar su acción personal de mandato. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POZO JOSE GABRIEL c/ MOHAMED FAUD BADAWI s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S068 - 270)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-08

Los recibos con los que se pretende probar el pago deben ser de fecha posterior, y no anterior, a la obligación ejecutada. Lo contrario tornaría en contradictoria la conducta asumida por el deudor, quien entregaría cheques después de haber cancelado la obligación, lo que constituiría un absurdo.
Sentencia, acusación fiscal, falta de acusación, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Muñiz, Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-23

Corresponde absolver al imputado si, más allá de las diversas presentaciones efectuadas por la querella tras corrérsele la vista prevista por el art. 346 del C.P.P.N., no existó un efectivo requerimiento de elevación a juicio por parte del acusador particular, circunstancia que hace aplicable la doctrina establecida por la C.S.J.N. in re "Del ´Olio"; y el fiscal en su alegato solicitó la absolución del imputado. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y González Palazzo).
Derechos adquiridos, aplicación de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABRAHAM DE ACHEM MARGARITA c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-03

Conforme lo dispone el art. 3 del Código Civil, las leyes en nuestro ordenamiento pueden tener efecto retroactivo, bajo la condición de que su retroactividad no afecte garantías constitucionales. Si las afecta, la ley de que se trate es jurídicamente inválida, mas no por su retroactividad sino por su inconstitucionalidad. Tal lo que sucede, por ejemplo, cuando el efecto retroactivo de una ley atenta contra lo que suelen llamarse derechos adquiridos, que son, por su naturaleza inalterables y no pueden ser suprimidos por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Excepción de incompetencia, competencia federal
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABALLERO PEDRO A. c/ NORMA DEL CARMEN ESPINDOLA DE MAINERO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-21

El demandado al oponer excepciones deduce la de incompetencia de jurisdicción fundada en lo dispuesto por la ley 48 y art. 100 C.N.

Este Tribunal de grado ha tenido ya oportunidad de pronunciarse al respecto, entre otros en autos "Gam S.A.M.I.C.A.F. c/ Alberto O. Mautino - ordinario - sentencia del mes de agosto de 1980 y Raúl Romanutti S.A. c/ Juan I. Rodríguez - Ejecutivo -sentencia del mes de diciembre de 1982.

No debe confundirse jurisdicción con competencia y en nada puede cambiar el hecho, la circunstancia de que en los títulos de créditos que se ejecutan se fije como domicilio de pago uno en la ciudad de Córdoba.

Resulta necesario advertir que en autos se invoca una excepción de tipo personal y que deviene de la constitución nacional y de la ley 48, cual es la de litigar ante la justicia federal con competencia en la ciudad de Córdoba. Sólo ante la sumisión expresa o tácita debe presumirse la renuncia a tal derecho y como ello en autos no sucede, cabe otorgar razón al quejoso.

Más aún, el hecho de que el ejecutado haya fijado un domicilio en Córdoba, para el cumplimiento de la obligación, no implica que ha renunciado al fuero federal, sino tan sólo que en tal lugar debían ser cumplidas las obligaciones cambiarias.
Competencia comercial, responsabilidad del fabricante, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: FREINMAN, HAROLD JOSEPH Y OTRA c/ TURINAUT SA Y OTROS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-17

Resulta competente la justicia comercial para entender en una causa en la que se reclama el incumplimiento atribuído a un fabricante derivado de los perjuicios que dice haber experimentado la pretensora con fundamento en la Ley 24240, y la obligación de garantía que asume frente al consumidor. Ello pues, así se considere que la responsabilidad del fabricante configura un supuesto de ensanchamiento de la responsabilidad contractual o se ubique en la orbita extracontractual, la eventual obligación de indemnizar bien puede ser, de todos modos, de índole mercantil (CCOM art. 5  y su doctrina; V.

Fontanarrosa, R. O., "Derecho Comercial Argentino, parte general", 5ta. edición revisada y ampliada, Págs. 159 y 160, nros. 129 y 130, bs. as., 1976; V. Fernández, R. L., "Código..", T. I, Vol. I, pags. 64 y 65, Bs. As., 1970; V.

Satanowsky, M., "Tratado..", T. 2, Págs.. 67/75, Bs. As., 1957).

En tal sentido cabe precisar, que se trata de una cuestión subsumible en la previsión del art. 43 bis que atribuye competencia a los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la capital federal en todas las cuestiones regidas por las leyes comerciales cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero.

(En la especie, resultaría ser comercial la invocada obligación de indemnizar; en virtud de la aparente conexión de los hechos denunciados con la actividad mercantil de la defendida).
Alimentos extraordinarios, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: P. L. y K. de P. B. L. s/ DIVORCIO ART. 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-05

Unicamente revisten el carácter de alimentos extraordinarios todos aquellos gastos imprevistos, o que, aunque previsibles, no acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, destinados a atender necesidades impostergables del acreedor alimentario (conforme Llambías, Código Civil Anotado, tomo I, página 1099; Cámara Nacional Civil, Sala D R.250.006, del 11/10/79), como vgr., operaciones quirúrgicas, tratamientos médicos especiales (Conforme Cámara Nacional Civil Sala B, E. D.

73-182), por lo que es ajena a dicha noción la afiliación a un servicio médico de pago periódico.
Honorarios, ley de emergencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Giménez, Graciela Viviana Z. de c/ Bianco, Santos y/u Municipalidad de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Indemnización de daños y perjuicios. Recurso directo (Expte. CSJ Nº   117-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-23

La mayoría del Alto Tribunal Nacional ha entendido (en la causa "Moschini") que no cabe extender al ámbito de la ley 23982 la exégesis que la misma efectuara en autos "Videla Cuello", respecto al principio de accesoriedad de los honorarios con relación a la ejecución del capital de condena en el marco de la legislación de emergencia (ley 23696 y su dec. reg. 1105/89). Allí consideró -al establecer el recto alcance con que se había aplicado esa regla en el anterior pronunciamiento (de carácter meramente instrumental, limitada a la dependencia de la ejecución de honorarios a la ejecución del capital de la condena)- que el crédito por honorarios no guarda subordinación material con relación a la obligación que constituyó el objeto de la pretensión, y que aquél configura, de por sí, una obligación de dar una suma de dinero sujeta a la consolidación con el alcance del artículo 1 de la ley 23982.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pons, Adelquis Juan c/ Provincia de Santa Fe s/ Incidente de suspensión de medida administrativa. Recurso contencioso administrativo  de plena jurisdicción (Expte CSJ Nº 200- 93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-27

Si desde un examen provisional propio de la instancia, la que se solicita la suspensión de medida administrativa surge que el decreto 6018-91 aunque dictado recién el 9-12-1991, no sería sin más el resultado de la aprobación de nuevas estructuras orgánicas, violatorias -en su caso- del proceso de reorganización a que se alude en el Decreto 065-91, sino de gestiones iniciadas por el actor casi dos años antes, en base a un pedido que en principio no guardaría conexión con la realidad que inspiro el dictado de ese acto administrativo, pero también resulta que el acto cuyo provisorio cumplimiento se solicita, no aparecería "prima facie" susceptible de ser comprendido en los términos de aquella medida, aconsejan disponer el provisorio cumplimiento de ese acto hacia el futuro, y remitir la causa a la Administración, a fin de que, previo al cumplimiento de los trámites que aún puedan estar pendientes, resuelva en definitiva la situación del actor, con inmediata noticia a este Tribunal. Tal solución no es extraña a la jurisprudencia de esta Corte, la que en otras causas ha ordenado la producción de medidas tendientes al efectivo resguardo de los derechos invocados disponiendo, en algunos de esos supuestos, la provisoria suspensión de la medida impugnada.