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Terminación del proceso, transacción, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: L., C.A. c/ M., M.R. s/ Demanda Laboral (Indemnización por Despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-20

El instituto de la excepción de transacción, como el de la cosa juzgada, tienen una finalidad común, cual es la de evitar que se abra un nuevo proceso sobre una causa fenecida, evitándose con ello el escándalo e inseguridad jurídica sobreviniente.

A su vez, son asimilables sus efectos, pues mediante ambos institutos, se pone fin o se extingue el litigio iniciado nuevamente y por idéntica causa -la transacción tiene efecto de "cosa juzgada"- (art. 850 del Código Civil).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Férola, Rubén Alfonso s/ Conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

No corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido contra la sentencia por ser lo decidido en materia de prescripción cuestión regida, en principio, por el derecho común.
Tercerías, admisibilidad del recurso, fianza
Materia: PROCESAL
Carátula: Morato, Jorge Carlos c/ DEL GOLFO S.A. s/ Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-06

Cuando la ley adjetiva habla de fianza, lo hace, sin lugar a dudas, refiriéndose a una garantía real a efectos de evitar que la mera interposición de la tercería se convierta en un factor de obstrucción del proceso principal.
Robo con armas, arma de juguete, inimputabilidad, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: Leites, N. A.  c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-26

Cabe determinar el procesamiento del imputado que manifestó no recordar lo sucedido, dado que se detuvo sobre una bicisenda a la espera de una eventual víctima, portando una réplica de arma de fuego para luego, ya logrado su objetivo, darse a la fuga velozmente, y ello demuestra que tenía suficiente comprensión del hecho que estaba cometiendo, lo que descarta cualquier supuesto previsto en el art. 34 inc. 1 del Código Penal
Querella, rechazo in límine
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: León, Telma s/ Querella s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-11

El art. 389 del CPP. en el inc. 3ro. establece que deberá expresarse "una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho con indicación del lugar, fecha y hora en que se ejecutó, si se supiere..." . "Lo que se exige indefectiblemente es la relación del hecho imputado con todas las circunstancias conocidas por el querellante. No puede faltar el núcleo fáctico o el hecho desnudo por cuanto él constituye el elemento objetivo de la imputación...", "la ley no exige expresamente el aspecto jurídico del contenido objetivo en la querella, pero es evidente que el hecho relatado debe aparecer encuadrado en una norma legal para su admisibilidad. Si esto no ocurre la querella debe ser rechazada in límine". Así se encuentra claramente diferenciada, según lo fijado por ambos extractos, la carga imputativa que debe obligatoriamente expresarse en la querella.
Falta de personería, sentencia, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Empresa Central Argentino S.R.L. y Otras s/ Acción de Inconstitucionalidad (Art.24 -inc.a-Ordenanza Nº36/87  Municipalidad Puerto Iguazú)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-02-07

Quienes incurran en el defecto procesal de falta de personería no son parte en el juicio y por lo tanto la sentencia que se dicte no los alcanzará en sus efectos. Será como si nunca hubiesen promovido la demanda de inconstitucionalidad del tributo, el que les seguirá siendo aplicado, aún cuando se declarase la misma. Lo contrario, importa admitir que la sentencia puede DEROGAR la legislación municipal, extremo vedado a la actividad jurisdiccional.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: S., L. D. y otra c/ H., N. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-28

Cuando un conductor intenta girar a la izquierda debe tomar las máximas precauciones inherentes a la maniobra, dejando paso a quienes circulan en su sentido contrario, pues no hacerlo significa una grave imprudencia, ya que se trata de una maniobra de suma peligrosidad, constituye un obstáculo para los demás conductores y altera el normal desarrollo del tránsito vehicular.
Acción de amparo, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLARREAL GUNTER MONSERRAT c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-08

En un juicio de amparo corresponde imponer las costas por su orden, si el cambio de criterio en la política de la comuna pudo hacer que el accionante se considerara con derecho de efectuar el planteo.
Perito de parte, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: A. P. D J. Y Otros c/ Caja Nacional De Ahorro Y Seguro En Liquidac s/ Cobro De Seguro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-04

Conforme lo entiende la Excma. Cámara del fuero, el derecho que le asiste a los peritos al cobro del 50% de sus emolumentos de la parte no condenada en costas se justifica atento el carácter que revisten de auxiliares de la justicia, extremo que genera que aquellos deban protegerse con independencia de la imposición de las costas y el resultado del pleito pues, esa ha sido la intención de la reforma introducida por el art. 9 de la ley 24.432 al art. 77 del CPCC.

Lo expuesto en el párrafo que antecede no resulta aplicable a los honorarios del consultor técnico, pues no cuentan con la facultad que la jurisprudencia les reconoce a los peritos de perseguir el cobro de su retribución del litigante que ha sido eximido de costas (confr. Corte Suprema de Justicia, in re "Cia. Swift de La Plata S.A. c/ Buenos Aires, Pcia.", del 8.5.75, registrado en Fallos: 291:534; CNFed. Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, en pleno, "Agua y Energía c/ Oliver Ind. Y Com.", del 16.9.76; esta Sala, causa n° 8.930 del 26.11.91; Sala I causa n° 251 del 7.5.91; Sala III, causa 1622 del 23.6.93, entre otras).
Terminación del proceso, caducidad de instancia, consentimiento tácito, caducidad de la acción contencioso administrativa, cédula de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: SCIDA OLGA DEL CARMEN c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-04-26

La contestación de demanda por uno de los litisconsortes pasivos y la providencia que la tiene por tal, resultan un claro acto impulsorio del proceso porque, al entender que la instancia es única y que rige el principio de indivisibilidad es que la actividad impulsiva respecto a cualquiera de los litisconsorte interrumpe la perención respecto de los demás, con lo cual, su presencia obsta a la declaración de caducidad.

Así entonces, la postura que se propone resulta la más adecuada para armonizar la interpretación restrictiva que cabe acordarle a este modo anormal de terminación del proceso, acordándole efecto interruptivo del curso de la caducidad, a actos, que -como esta cédula mal confeccionada de notificación de una providencia apta para hacer avanzar el proceso y presentadas antes que se cumpliera el plazo establecido por el Art. 288 inc. 1º- son suficientemente demostrativos de la intención de la parte de continuar con la instancia y mantener vivo el proceso.

Este Tribunal ha resuelto que la falta de alegación de no consentimiento dentro de los cinco días de tomada razón del acto impulsorio, obsta a la declaración de caducidad, por lo tanto, aún si no hubieran existido los actos interruptivos ut supra analizados (la providencia y las cédulas erróneamente confeccionadas), corresponde dar por no operada la caducidad de instancia.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, presupuestos de responsabilidad, contrato de turismo, turismo estudiantil, obligación de seguridad, acción de responsabilidad, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruggiero, Gabriel Alberto y otros c/ Turismo Lealtad SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Corresponde confirmar la sentencia de grado que admitió la demanda de daños promovida por los padres de un niño contra la empresa de turismo organizadora del viaje de egresados del menor, con motivo del incumplimiento del deber de seguridad, toda vez que sufrió un accidente durante el viaje, a causa del cual perdió la vista en un ojo de forma permanente. En ese marco, resulta inadmisible la defensa intentada por la demandada acerca de que el accidente se produjo por la intervención de un tercero por el que no debía responder o incluso la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor. De hecho, nótese que el proyectil que impactó en su ojo fue lanzado por otro de los estudiantes participante del viaje, cuando ambos se encontraban bajo el cuidado exclusivo de empleados de la empresa accionada, quienes eran los coordinadores asignados.
Honorarios, ley de orden público
Materia: CIVIL
Carátula: PONCE NESTOR c/ GRANJA MACRIS S.A s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Aún cuando la ley 21.839 no contenga las palabras "orden público", la doctrina y la jurisprudencia así lo consideran; además la sanción de nulidad que estatuye en su art. 5 tiene como fin un resultado idéntico, que es la nulidad absoluta de todo pacto o convenio que se realice por una suma inferior al mínimo arancel.
Acción de amparo, ley de abastecimiento, cuestiones de competencia, competencia por la materia
Materia: PENAL
Carátula: LABORATORIOS LERSAN S.A. s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-12

1- Las reglas previstas por el Art. 4° de la ley de amparo pretenden evitar la frustración de la acción por la demora que insume la ventilación de las cuestiones de competencia (Cf.FALLOS 245:437) salvo en aquellos casos en que su incompetencia resulte manifiesta e indudable (Cf. FALLOS 300:435 y Sagüés "La ley de amparo", p.

248-252).- 2- Tratándose de hechos derivados de la aplicación de la ley de abastecimientos, el conocimiento de la acción de amparo no resulta manifiestamente inapropiado a la distribución de competencia por materia que establece el cit. Art. 4.
Hurto simple, robo simple, motocicleta, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: CASTRONUOVO, MARCELO s/ HURTO. MORA. EXCLUSION. ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

El apoderamiento de una moto en la vía pública trabada con candado, no se transforma en robo por la ulterior rotura de la cadena, cuando está consolidada la posesión de la cosa, excepto que se confunda el concepto jurídico de "disposición" con la posibilidad de utilización de la moto como tal, o se quiera extender a la fuerza en las cosas el concepto de "violencia", utilizado por el legislador en el art.

164 C.P., para incluir en el robo la facilitación de la impunidad y alegar, así, que solo la rotura de la cadena de seguridad permitía la utilización del vehículo para huir.
Confirmación de sentencia, fallido, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ RICARDO S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA S/RECURSO DE QUEJA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Corresponde confirmar decisorio que desestimó la impugnación levantada por el fallido a la base propuesta para la venta de la porción indivisa de cierto inmueble de esta Ciudad. Sabido es que, la ley 20266: 8-b) autoriza a los martilleros a "informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes" y como tal labor no puede estimarse ajena al cometido de aquéllos, (cfr. Gozaíni, O. A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo III, pág. 210, Ed. La Ley, 2002; en idéntica orientación, esta Sala, 5/7/12, "Dure Gregoria s/ quiebra s/ incidente de realización de bienes inmuebles"). En ese marco, no debe soslayarse que la base de la subasta sólo constituye el punto de partida de la oferta para su venta. De modo que si el valor del inmueble es superior al estimado por el martillero es de suponer que la puja llevará al precio a un valor lógico y adecuado. (conf. arg. esta Sala, 23/12/10, "Milne Alejandro Sergio c/ Medina Mario y otro s/ ejecutivo", íd., 12/4/11, "Sturno María Marcia y otros c/ Eseve Maderas SA s/ ejecutivo").
Recusación sin causa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ ROBERTO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y OTRO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-10-15

La facultad de recursar sin causa queda limitada por el art. 14 del C.P.C.C. a los Jueces de Primera Instancia y de las Cámaras de Apelaciones, quedando excluidos los miembros del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la restrictez conque dicha norma debe interpretarse.
Contrato de trabajo, fletero, relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: ROMEO, FABIAN c/ TRANSPORTES ANDREANI  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

Las denominadas hojas de ruta suministradas por la empresa, ponen de manifiesto algo más que simples instrucciones a un fletero independiente. Se trata de documentación que da pábulo a la existencia de un poder de dirección ejercido por la empresa sobre su subordinado.
Contravenciones de juego, tipo penal, responsabilidad contravencional, responsabilidad objetiva, responsabilidad indirecta
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: REITOVICH, Saúl Pablo y otra s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 (Lavalle 3299)- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

En el caso, no se ha podido establecer que la conducta de la imputada, alquilar y explotar un local con finalidad de locutorio para lo que contaba con habilitación, conllevara el conocimiento y la voluntad de organización de la actividad llevada a cabo ilícitamente por su empleado (juego clandestino) ni siquiera a título de dolo eventual, entendido a éste como aquel que existe cuando el autor juzga, en el instante de la acción que la realización del tipo como consecuencia de la acción no sería improbable.

No se advierte, por ninguna probanza, que la imputada haya podido juzgar como probable que en el local que alquiló para locutorio se llevara a cabo la actividad ilícita que se le imputa.

Por ello su conducta es atípica en tanto no se ha acreditado la existencia del tipo subjetivo requerido por la norma contravencional por lo que debe revocarse la sentencia dictada a su respecto y debe ser absuelta de los hechos que se le imputaron.
Error judicial, amenazas, homicidio, tentativa, reconstrucción del hecho, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Norberto Raúl y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

No se verifica un error por parte del tribunal de mérito al declarar que el delito de amenazas concurre en el caso con los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves, según el art. 55 del Código Penal, si en la reconstrucción de los hechos se aprecian dos momentos en los que el imputado emprende actitudes intimidantes: en un primer momento, no está armado, pero intima tanto a la víctima como a otro sujeto a no pasar por el lugar porque esa era "su zona", y los amenaza con pegarles un tiro y ninguno de los dos se va inmediatamente: las amenazas ya están consumadas. Luego, el imputado toma entonces una nueva resolución, ingresa a su domicilio, se provee de un arma de fuego, sale y como los dos sujetos están todavía allí, "mueve el arma para todos lados" de manera intimidante, y después apunta a la víctima, acciona el disparador, pero la bala no sale. Entre el primero y el segundo momento hay un hiato. La resolución de proveerse de un arma y acometer a la víctima es ulterior a la amenaza, y se explica porque éste no la acató y no se había ido del lugar. Los hechos son pues independientes entre sí, tanto objetiva como subjetivamente. En el caso no ha existido inmediatez, sino una nueva resolución de pasar de la violencia verbal a la física, lo que requería proveerse de un arma que el agente no tenía cuando pronunció su admonición de "pegar un tiro" (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Accidentes de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, NORMA c/ CEVOLI, OSCAR J. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-01

El análisis del art. 512 del CC -culpa del deudor- permite sostener que la carga de la prueba difiere según se trate de la responsabilidad contractual (en donde el acreedor está eximido de probar la culpa pues se la presume), o de la responsabilidad aquiliana del art. 1109, en donde la carga de la prueba de la culpa corre por cuenta del damnificado -salvo el supuesto de responsabilidad objetiva del 1113. El perfil conceptual de la culpa supone un estado anímico que, en relación con un daño concreto, puede tacharse de reprochable. Por ello, para analizar la existencia de culpa el interrogante no pasa por quien lo hizo, sino por como actuó el sujeto-
Recurso contencioso administrativo, sentencia, resoluciones recurribles, recurso extraordinario, interposición del recurso, plazo, suspensión del plazo, recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUZZIO, RICARDO DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

El pronunciamiento recaído en un juicio contencioso administrativo sólo es recurrible por los medios de impugnación excepcionales previstos en el Código Contencioso Administrativo (ley 4106, arts. 76 y 80) y en su caso, por el remedio extraordinario federal. Conforme a pacífica doctrina ya sentada por la Corte, cuando el Alto Tribunal decide en ejercicio de su competencia originaria y exclusiva, en materia contenciosa administrativa (art. 93, inc. 2do. Const.Pcial.), actúa en instancia única y dicho decisorio, reviste el carácter de sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa, en los términos del artículo 14 de la ley 48. Así, y al no existir en el caso otras vías legales -útiles o idóneas-, como paso previo para acceder a la instancia nacional, el recurrente debió interponer el recurso extraordinario federal contra el decisorio de la Corte que rechazó el recurso contencioso administrativo dentro de los diez días contados a partir de su notificación (artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En el caso, no cabe conceder el recurso extraordinario federal, en tanto no se ha deducido oportunamente contra la sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa, desde que el recurrente impugnó el decisorio de la Corte a través del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley local 7055, que fue declarado inadmisible y, tal como lo ha sostenido reiteradamente el más alto Tribunal nacional, el plazo para interponer el recurso extraordinario no se suspende ni se interrumpe por la deducción de otros recursos ante el Tribunal de la causa u otro Superior declarados improcedentes; el plazo es perentorio y no se interrumpe por la presentación de recursos declarados inadmisibles por razones formales.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, defensa en juicio, notificación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Antonio Gabriel s/ querella por calumnias e injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Procede el recurso extraordinario cuando los defectos de notificación hacen peligrar el derecho de defensa en juicio del procesado.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS c/ AGUILAR CARLOS JESUS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-04

El principio del primer párrafo del artículo 544 del Código Procesal Civil y Comercial, en materia de costas, no tiene absoluta rigidez como para desatender situaciones excepcionales que lo tornorían manifiestamente inaceptable.
Sanciones procesales, llamado de atención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gerome, Carlos (Juez Nacional) s/ llamado de atención. atención.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Los llamados de atención constituyen una sanción cuando implican una invocación al orden de carácter enérgico y conminatorio, aplicada a magistrados y funcionarios.
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Quilmes S.A. c/ Azzali, Luis F. y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La citación prevista por el art. 3196 del CCI, no tiene por único objeto hacerles conocer la subasta a las acreedores hipotecarios, sino darles oportunidad para que puedan hacer valer los derechos que les corresponden. Si bien la facultad de compensar en subasta del acreedor hipotecario, no está prevista en el art. 569 del CPC, es procedente cuando se ha prestado consentimiento de manera especial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, derecho a la intimidad, publicación de fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: Fabbri, María Josefina c/ Editorial Perfil  S.A.  y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Tratándose de una violación a la vida privada o a los aspectos relacionados con la reserva personal, la publicación de la sentencia, o de un extracto de ella, no cumple una misión resarcitoria o restauradora del daño. Esa publicidad reincidiría en la difusión de los acontecimientos o cualidades personales que se querían ocultar al público. Pero este aspecto negativo del medio neutralizador de los efectos de la intrusión, es preciso ceñirlo a las circunstancias propias de cada caso.

La difusión del pronunciamiento condenatorio, es apropiada cuando la violación ha significado destacar hechos deformados, erróneos o falsos, pues aquella medida servirá como medio para la correspondiente rectificación pública de las distorsiones lesivas de la intimidad.

Si superando la mera revelación de lo privado se acentúa la lesión por la molestia que produce, la cuestión roza y hasta se confunde con la preservación de la estima propia. Y esta es la zona más sensible violentada si se trata de tomas fotográficas de la accionante y groseras leyendas, puesto que ella, modelo de exhibición con semi-desnudos, no puede quejarse en sí de las tomas fotográficas de su cuerpo, sino del sentido que se les dio, inmiscuyéndose la noticia en un aspecto completamente mortificante, reiterativo y sardónico, especialmente, en el ambiente que por su actividad le pertenece. Podría decirse que la cuestión se conecta con el honor y el ámbito que el art. 114 del Código Penal tipifica, permitiendo la publicidad coadyuvar a la reposición de ese bien (arg. art. 1.083 del Código Civil).
Defensa en juicio, pena más grave, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Peralta, Daniel E. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

En la sentencia atacada los miembros del tribunal oral no fueron más allá de la jurisdicción que legítimamente les quedara provocada; así, el derecho de defensa en juicio, consagrado por el art. 18 de la C.N., quedó debidamente resguardado toda vez que, tal como surge del acta del debate, el imputado y su defensor pudieron ejercerlo efectivamente con relación a los sucesos por los que en definitiva aquél resultara condenado y si bien infligió con relación a ellos una pena más alta que aquella solicitada por el fiscal, lo hizo en el ejercicio de la facultad que expresamente le confiere el art. 401 del C.P.P.N. (Voto del Dr. Fégoli)