marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conocimiento directo, principio de prueba por escrito
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Shaws hermanos c/ Powel y Cía. s/ cobro de fletes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-10-16

El Código de Comercio antiguo sólo exige que un ejemplar del conocimiento original se acompañe con la demanda entre capitán y cargador para que ella se admita en juicio, no siendo indispensable que el ejemplar contenga los requisitos que dan al conocimiento fuerza plenamente probatoria. En este caso el conocimiento vale como principio de prueba por escrito, que autoriza la admisión de la testimonial.
Derecho de propiedad, bienes públicos del Estado, ríos, riberas del río
Materia: CIVIL - AGUAS
Carátula: Unitan  SA c/ Formosa, Provincia de s/ da!o temido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

Los terrenos ubicados en las márgenes constituyen propiedad privada, bien que sometida a un régimen particular (art. 2639 del Código Civil) y a sus due!os asiste el derecho de protegerlas de la acción de las aguas.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, conexidad objetiva, concurso de delitos, adulteración de medicamentos, tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas, uso indebido de marca o designación, venta fraudulenta de marca o designación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: QUAGLIA, Mario E. s/ ADULTERACION DE SUSTANCIAS MEDICINALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-19

Cualquiera sea la relación concursal, ideal o real, que se utilice para vincular las conductas de fabricación y comercialización de sustancias medicinales adulteradas, acompañadas del uso y venta de marcas registradas falsificadas, su íntima relación fáctica y la comunidad probatoria, evidencian la necesidad de que un solo juez asuma la investigación.
Rendición de cuentas, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dominguez, Guillermo Manuel c/ Sequeiros, Marta Haydee s/ Incidente de rendición de cuentas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-03-13

Los agravios referidos a la interpretación y alcance del art. 32 del decreto ley 8.904/77, la violación de los derechos constitucionales de igualdad y propiedad, además de la arbitrariedad y desproporción de la regulación efectuada, configuran -en el caso- un supuesto de excepción al principio de irrecurribilidad, por vía extraordinaria, de las decisiones de tribunales colegiados en materia de honorarios profesionales, en tanto el fallo impugnado podría ocasionar un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior (conf. doctr. art. 278 CPCC).
Interrupción de la prescripción, deudor solidario
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Gomes Juan Carlos y Catalina Teresa Lezcano c/ Bertinetti y Barra S.R.L. y/o  Benito Roggio S.A. y/o Quien Resulte Responsable s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-09

Si con la demanda los actores causaron la interrupción del plazo de la prescripción liberatoria contra una de las firmas demandadas, ese acto interruptivo es también oponible a la otra empresa posteriormente demandada, porque ambas personas jurídicas litisconsortes pasivas revisten, conforme juicio amparado por la cosa juzgada, la condición de deudores solidarios.
Procesos de ejecución, obligación tributaria, bienes inmuebles, facultades del gobierno provincial, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Neuquén c/ Banco Hipotecario S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-23

Concierne al ámbito del derecho público legislar el régimen de prescripción en materia tributaria, sin contrariar ello el artículo 75 de la Constitución Nacional
Juicio ejecutivo, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Principe, Humberto c/ Moricone, Ricardo A. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Como la ley específica no regula el procedimiento a observar en la ejecución cambiaria cuya promoción autoriza, en términos generales, el art. 60 del decreto ley 5965/63 -aplicable asimismo al pagaré (art. 103 del mismo)-, resulta forzosa la aplicación de las normas procesales que disciplina el juicio ejecutivo, entre los cuales se halla la del art. 542 inc. 4, que prohibe discutir la legitimidad de la causa de la obligación.
Recurso de casación, despido sin causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Espinosa, Ramón David c/ CANDY S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-04-19

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, revocando la imposición de costas, pero confirmando la sentencia que rechazó la demanda presentada por un trabajador reclamando una indemnización por despido incausado atento la pérdida de confianza alegada por la parte empleadora. En este sentido, no se ha demostrado la errada aplicación del art. 242 de la LCT., sino que el recurrente se limita a criticar la apreciación probatoria y valorativa efectuada por el tribunal respecto a la configuración de la injuria que fundamentó el despido; lo cual no permite configurar la arbitrariedad de sentencia ni el absurdo denunciado, sino una mera discrepancia subjetiva con el criterio del juzgador.
Proceso judicial, obligaciones de las partes, reclamación de la filiación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., L. J. y otro  c/ M. G., C. G. - Acciones de filiación - Contencioso s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-11

A los fines de moralizar el proceso el ordenamiento adjetivo impone a los litigantes el debido respeto de los deberes de probidad y buena fe y, en caso de incumplirse, faculta a la magistratura a imponer al infractor una multa procesal. Ciertamente, la dilación de los procesos y el dispendio inútil de actividad atenta contra la función jurisdiccional del Estado, que tiene como fin último la paz social. En dicho marco, la injustificada y pertinaz negativa del accionado que se niega sistemáticamente a someterse a la prueba de ADN ante una acción de reclamación de filiación, configura una conducta violatoria de los deberes de probidad y buena fe cuya observancia exige la norma de rito. Su proceder dilatorio y obstruccionista resulta de tal magnitud que constituye un ejercicio antifuncional del derecho (art. 10 CCC), incompatible con los deberes enunciados en el art. 83 CPCC, y que el tribunal no debe cohonestar.
Autoridad de aplicación, AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

La CCBA encomienda la conformación de la Auditoría General a la Legislatura, de modo que es la autoridad de aplicación de la norma y, consecuentemente, a ella le incumbe interpretarla, interpretación que debe ser respetada, so riesgo de incurrir en un inadmisible avasallamiento de su atribución y, así, de la CCBA. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Divorcio, divorcio del 215 del Código Civil, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: Q. M. N. c/ D. H. O. R. s/ Disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

A partir de la reforma introducida por la Ley 23.515, el art. 236 del Código Civil, al cual remiten los arts. 205 y 215, ha venido a recoger el criterio que informara la doctrina obligatoria sentada por la Cámara Civil, disponiendo expresamente que la partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal, debiendo en su defecto tramitar su liquidación por la vía sumaria. Con lo cual, se da por supuesto que, cuando los cónyuges han decidido de mutuo acuerdo peticionar su divorcio, tiene también interés en acordar lo relativo al modo de partir los bienes de la sociedad conyugal, por lo que carecería de sentido mantener en ese caso la prohibición del artículo 1219 del Código Civil.
Municipalidad, presunción de legitimidad, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRES, OSCAR c/ BRD SA s/ ACCIDENTE-9688"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-20

La actividad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, administración y gobierno de una localidad, supone la legitimidad de sus actos, su actuación se rige por principios jurídicos propios y no cabe presumir que incurra en el fraude a la ley que supone el art. 30 LCT. La Municipalidad no es "empresa", "establecimiento" o "empleador" en los términos de la LCT y por lo tanto no puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a estos sujetos del contrato de trabajo cuya regulación, por lo demás es incompatible con el régimen de derecho público al cual se encuentra sujeta.
Notificación electrónica, plazo, traslado de la demanda, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Vega Roque, Lorena c/ Banco Sáenz SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Toda vez que la notificación electrónica fue efectuada (el 04/03/20) a las 17:31 hs., el vencimiento del plazo para contestar el traslado venció al sexto día hábil (12/03/20) a las 9:30 hs., motivo por el cual la presentación realizada a las 10:30 horas de esa fecha resultó extemporánea. Ello así, por cuanto el plazo para todas las notificaciones enviadas entre las 07:00 y las 20:00 horas de un día hábil (y que no tengan expresa habilitación de día y hora), comienza a correr a las 07:00 horas del día siguiente, en tanto que las emitidas fuera de ese horario, serán consideradas como enviadas el día hábil inmediato siguiente (cfr. CSJN, "Guía de preguntas frecuentes sobre la notificación electrónica", versión del 15/11/13, punto 5, CNCom., Sala B in re "Girella, Juan José s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de revisión de Crédito de Ordas, Juan José" del 18/09/17).
Competencia, perpetuatio jurisdictionis, ejecución previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SARDI, NELIDA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

En virtud del principio de radicación de las causas (perpetuatio iurisdictionis), fuera de las oportunidades que expresamente prevé la legislación positiva, no podrá declararse la incompetencia, consolidándose así la competencia del magistrado o tribunal que ha intervenido con anterioridad (art. 4 C.P.C.C.), imposibilitando quebrar la preclusión operada, acorde ello con los elementales principios de economía y estabilidad en los procedimientos, situación en la cual no sólo las partes no pueden argüir la incompetencia una vez preclusa dicha oportunidad, sino que tampoco puede ser declarada de oficio (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 10.07.96, Marino de Califano c/ A.N.Se.S. ídem, sent.

del 14.05.96, Sagaste, Vilma c/ A.N.Se.S. y Fenocchieto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, pág. 50 y sgts.)
Recurso de inaplicabilidad de ley, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: Langton, Juan Ramón s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-12-11

El recurso de inaplicabilidad de ley no se dá contra resoluciones que interpretan contratos; por cuanto ello constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en casación y reservada a la autoridad de los jueces de grado, que, en esa materia, ejercen una verdadera soberanía axiológica.(Márquez Palacios: En disidencia).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN CARLOS GUERRERO s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA - COMPETENCIA CRIMINAL - INTERVENCION DE  LA CORTE SUPREMA - BANCO CENTRAL - LIQUIDACION-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

Si bien el régimen de la preclusión es ajeno, como principio, al debate entre órganos jurisdiccionales sobre su respectiva competencia, las razones de seguridad jurídica y orden procesal que sustentan dicha institución valen también para proscribir los debates jurisdiccionales manifiestamente extemporáneos.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Mourelli, Delmiro s/ Hurto de ganado menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Es improcedente el recurso extraordinario en el que se denuncia que el fallo impugnado carece de fundamentación legal si se advierte que el decisorio en su contexto se halla provisto de fundamento legal y la denuncia del vicio se circunscribe a la desestimación de la nulidad de un elemento probatorio, sin que se evidencie que éste haya tenido una gravitación decisiva en el resultado del proceso.
Empréstito forzoso, ahorro obligatorio, constitucionalidad, gobierno nacional, facultades tributarias, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Indo S.A. c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ repetición (ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La validez de la imposición de "empréstitos forzosos" - como el instituido por la ley 23.256 - está condicionada a que el poder público adecue las obligaciones que coactivamente estatuye a las garantías que el texto constitucional consagra frente al poder impositivo estatal.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cogo, Raúl Luis y Herrera, María Susana s/ Quiebra. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

La decisión de la Cámara que al desestimar la queja por apelación denegada tiene por efecto dejar firme la declaración de quiebra de los recurrentes, reviste carácter definitivo a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de inconstitucionalidad, impuesto a las ganancias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fleitas, Faustino Andrés y Otros. s/ Declaración de Inconstitucionalidad.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-16

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha sostenido que no es procedente el juzgamiento de la validez constitucional de normas que han dejado de regir al momento de pronunciarse la sentencia, salvo en aquellos supuestos en que el actor conserve un interés concreto, debidamente enunciado y descripto, derivado de la subsistencia de efectos definitivamente producidos por aquellas. Si el actor sólo ha manifestado tener interés en la declaración de inconstitucionalidad (es decir: tener interés en una sentencia meramente declarativa) de normas que al momento de la sentencia han dejado de regir, la demanda resulta improcedente porque la cuestión se ha tornado abstracta como consecuencia de la pérdida de vigencia sin que obste a tal conclusión la posibilidad de que se mantenga en vigor la restricción a los derechos que se reputan atacados, pues de darse ese supuesto sería necesario un previo nuevo debate acerca de las normas dictadas con posterioridad a la promoción de la demanda.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lopez, Jorge c/ Liersch, Alberto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

El deposito del capital reclamado formalizado después de la intimación de pago y citación de remate importa un reconocimiento implícito de la deuda, lo que excluye que pueda oponerse la excepción de pago en virtud del principio de no contradicción.
Agente fiscal, acusación fiscal, requerimiento de sobreseimiento, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal c/ Fernández, Pedro Ricardo s/ homicidio culposo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

No resulta lógico pensar que con su sola decisión el fiscal pueda, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso luego de haber formulado una verdadera acusación con el pedido de remisión a juicio, postulando un verdadero reproche penal y convertirse de esta manera en juez y parte (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Adolfo Roberto Vázquez).
Costas, expropiación, indemnización, monto de la indemnización, valor del bien
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-31

La condenación en costas representa un cercenamiento de la indemnización. No puede caber ninguna duda que las costas del juicio de expropiación son un daño consecuencia directa e inmediata de la expropiación, no provocada por el expropiado. Y esto es así, incluso en el supuesto de que en apariencia el valor por él requerido se haya mostrado como excesivo, y siendo en consecuencia esas costas plenamente indemnizables, por expresa disposición del art. 11 de la Ley Provincial Nº 4.611, toda vez que aún con sentido limitativo, ésta dispone que sólo comprenderá (la indemnización) el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, pretender hacer pesar sobre el expropiado costas del proceso judicial a que es llevado, sean totales o parciales (caso de las establecidas, en el orden causado) importa una afectación notoria al derecho que se le tiene reconocido, y que a la luz de disposiciones legales y constitucionales se presenta como inaceptable. En disidencia: Dr. Ramón Ricardo Ruarte.
Inhabilitación especial, inhabilitación para conducir, daño
Materia: PENAL
Carátula: MANSILLA, RUBEN. s/ INHABILITACION ESPECIAL. DAÑO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-11

Es aplicable la pena de inhabilitación especial para conducir vehículos al conductor de un colectivo que dañó a otro vehículo, empujándolo intencionalmente, en razón de existir la modalidad alternativa del abuso del ejercicio de una actividad.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, bienes inmuebles, vicio oculto, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Usach, Jaime Gustavo c/ Alto Montevideo SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-08

Procede hacer lugar a la demanda por daño moral, en tanto se encuentra justificada una indemnización para resarcir este rubro ante los padecimientos espirituales del actor por los desperfectos en un inmueble a estrenar, ocasionados por los vicios ocultos. Ello por cuanto, en el caso, de la pericial técnica efectuada, dicho inmueble presentó severos inconveniente por accionar de filtraciones que ocasionó signos de humedad en paredes y techos, manchas de óxido, rajaduras en paredes, fisuras y muchos otros signos de corrosión temprana para un departamento a estrenar. Es decir, no quedan dudas de los vicios que presentaba la morada adjudicada. Sin embargo, tal como surge del acta de entrega de la unidad, en aquel momento se hallaba en perfecto estado el inmueble; pero esta conformidad prestada por el receptor de la unidad no prolonga sus efectos por los deterioros que con posterioridad se hicieron manifiestos. Es que al ser evidentes los vicios que fueron peritados, se presume que no podían pasar inadvertidos al momento de la entrega de la posesión. En virtud de lo cual, no habiendo acreditado otro elemento que desvirtúe la fecha de toma de conocimiento, se ponderará tempestiva la notificación de los defectos conforme a lo reglado en el CCCN 1054. Por lo que el plazo transcurrido desde la entrega de la posesión y el anoticiamiento resulta razonable. Vale agregar al respecto que el CCCN 1055 inc. a dispone la caducidad de pleno derecho a los tres años transcurridos desde la recepción de la cosa. (En el caso, el reclamo se inició a los 11 meses de la posesión).
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, Unidad de valor adquisitivo, mutuo hipotecario, cuota mensual, teoría de la imprevisión, debido proceso
Materia: CIVIL-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Ferra, Javier Víctor Manuel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ acción de reajute
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-09-23

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación incoado por la demandada, y en consecuencia, revocar el mandato preventivo que dispuso que la cuota mensual que debe abonar el reclamante no supere el 50% de su sueldo neto -en virtud del contrato de préstamo con garantía hipotecaria bajo la modalidad UVA, celebrado entre las partes-, dado que más allá de las evidentes fluctuaciones que ha tenido el ingreso del actor -en parte motivadas por una crisis por completo ajena a la modalidad crediticia, la emergencia sanitaria, el ASPO y paritarias que evidentemente no acompañaron a la evolución del IPC en ese tiempo-, en la actualidad su salario real se ha recompuesto a niveles incluso superiores a los que tenía cuando contrató el préstamo. Ello así, no es posible rechazar la demanda de readecuación negocial por considerar que no se demostró la onerosidad sobreviniente de la prestación a cargo del mutuario y, en paralelo, disponer una medida que pone un tope rígido de afectación a la cuota, algo que -en los hechos-no implica otra cosa que una readecuación integral del negocio crediticio. Fijar un tope rígido por cuota implica una modificación sustancial de toda la estructura económica del contrato y su mecanismo de amortización. Esa solución de aplicarse en un hipotético caso, debe estar precedida de un pedido expreso de quien la reclama y una posibilidad suficiente de defensa de quien la resiste, de modo de salvaguardar garantías fundamentales que subyacen al debido proceso -art. 18 CN-.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, asistencia y salvamento, tomador, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEMICHELI IGLESIAS, CLAUDIO ALEJANDRO c/ ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Procede confirmar la resolución que condenó a la compañía aseguradora demandada a abonar cierta suma ante el incumplimiento contractual que le imputó como consecuencia del siniestro ocurrido al vehículo del actor que derivó en el incendio del mismo. Ello por cuanto, en el caso, el asegurado no "abandonó" el vehículo, sino que adoptó una medida de prevención ajustada en tiempo y lugar a las circunstancias que se verificaron en la emergencia (la nocturnidad con el riesgo a la seguridad personal que ello entraña y la proximidad a su domicilio particular), pues no existieron elementos que lo vinculen al incendio que finalmente destruyó el automotor varias horas después. Es que para que opere la caducidad invocada por la accionada, la normativa exige la existencia de dolo o culpa grave. En ese marco, en lo que atañe al "abandono" que surge de la LS 74, mencionado por la aseguradora, cabe destacar que resulta principalmente de utilización en el derecho marítimo y no tiene aplicación alguna al caso de marras (cfr. López Saavedra, Domingo M., Ley de Seguros 17418. Comentada, 2da. edición actualizada, Tomo I, págs. 455/460). En definitiva, al no advertirse en la especie que los elementos subjetivos requeridos por la norma se hallen acreditados en relación con el proceder de la tomadora, cabe desestimar la defensa de la aseguradora, basada en el incumplimiento de la carga de salvamento contemplada en la LS 72, así como el abandono al que alude la LS 74.