marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bienes inembargables, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CUELLO ANTONIA P. c/ CARLOS A. PRADO Y OTRA s/ ORDINARIO - VIVIENDA UNICA - INEMBARGABILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-20

Cuando el nuevo texto de la Constitución Provincial, en su art. 58, establece que "la vivienda única es inembargable, en las condiciones que fije la ley" tal garantía constitucional, por ser de naturaleza programática (traza directivas para la realización posterior), quedó absorbida por los institutos legales vigentes a la fecha de la entrada en vigencia de dicha constitución - ley provincial 6074 que reglamenta la constitución del bien de familia de raigambre nacional (ley 14.394) - y hasta tanto la norma infraconstitucional (reglamentaria) se dictase.

Las cláusulas de las que forma parte la norma del citado art. 58 no son operativas y requieren inexorablemente de una estructura de menor jerarquía que las cristalice y ponga en acto. Hasta tanto eso no ocurriera, la ley fundamental provincial dejó subsistentes los regímenes legales vigentes (cfr. arg. cláusula 12, disp. compl., Const. provincial).

Con posterioridad a la sanción de la ley 8067 que reglamenta la garantía de la vivienda única -pub. el 10/11/91- el instituto constitucional abandona el régimen del bien de familia y se somete específicamente a las normas de la Ley 8067 y, en su virtud el poder estadual reconoce la inembargabilidad de la vivienda única en los términos que ésta señala.

Las deudas contraídas antes de la publicación de la ley 8067 no podían ser ejecutadas sobre inmuebles inscriptos, con anterioridad al nacimiento de la obligación, en el régimen del bien de familia Respecto de las obligaciones nacidas con posterioridad a la ley 8067, queda excluida toda acción judicial ejecutoria en contra de la vivienda única, salvo las excepciones previstas en la propia ley.

Ello constituye el reconocimiento efectivo y pleno de los principios de operatividad, vigencia e irretroactividad de la ley 8067 previstos en el texto constitucional y que aseguran la recreación de la nueva ley a partir del día de su publicación (art. 118, Constitución Provincial).-Voto del Dr. Petitto.
Costas, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: U.O.C.R.A. c/ J.A. Groselli SRL s/ ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-21

La imposición de costas resulta inapelable si de tal modo ha sido declarada la sentencia, pues lo referente a costas tiene carácter accesorio y constituye una secuela de la decisión principal; máxime cuando no fue interpuesto recurso de aclaratoria -art. 166, 2, Cód. de rito-, remedio eficaz frente a dicha inapelabilidad.
Competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario, procedencia del recurso, defensa en juicio, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rosalía Villarroel de Guzmán - s/ Homicidio-Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Si la Corte admitiese que su jurisdicción extraordinaria se viese, en principio, habilitada o denegada sin razones que avalen uno u otro resultado, se irrogaría un claro perjuicio al derecho de defensa de los litigantes y al adecuado servicio de justicia del Tribunal.
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lafforgue, Jorge Alfredo c/ Axpe, Nilda Cristina y otros s/ Repetición de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

La posibilidad de tener por reconocidos los hechos expuestos en la demanda que la ley procesal autoriza ante la incontestación de la misma se transforma en regla obligatoria respecto de su autenticidad y/o de la autenticidad de las firmas que contienen los documentos y se atribuyen al accionado, de acuerdo con lo que surge de los arts. 919, 1031 del Código Civil.

Consecuentemente, si los actores acompañaron con la demanda la prueba documental y los accionados nada dijeron respecto de ello al contestarla, sus silencios tiene valor de asentimiento.
Sucesiones, partición de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: SCHMIDT RODOLFO ERNESTO s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-13

El posible contenido de la partición, es un tema regido por los arts. 3475 bis y 3462 CCiv que deben ser interpretados de conjunto, conforme a lo cual, nada impide a los herederos vender uno o mas bienes y partir en especie los restantes, adjudicar a uno de ellos el dinero y a otros los bienes, e inclusive adjudicar el único bien a uno de los herederos y al otro la totalidad de un crédito a favor de la sucesión (conf. art. 3471 C.Civ.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Cafiero, Gustavo Adolfo s/ Priv. ileg. de la libertad; robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se invoca el incumplimiento del art. 159 -n.a.- de la Constitución provincial pues ello resulta ajeno a la vía intentada.
Enjuiciamiento de magistrados, denuncia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., H.O. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1981-09-08

"...la procedencia de una denuncia orientada a lograr la remoción de un magistrado provoca una gran perturbación en el servicio público.

Sólo se debe dar curso cuando la imputación se funda en hechos graves e inequívocos o existen presunciones serias que autoricen razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta de un magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la función, o cuando se presuma fundadamente un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con daño del servicio y menoscabo de la investidura. Unicamente con ese alcance la procedencia de la denuncia se concilia con el respeto debido a los jueces y con la garantía constitucional de su inamovilidad".
Atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ, CLAUDIA PATRICIA s/ PRUEBA  -  TESTIMONIAL  -  ATENTADO  Y  RESISTENCIA  A  LA  AUTORIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Si bien la ley 23.077 ha vuelto a la escueta fórmula legal de "resistir" debe mantenerse la buena doctrina de separar el atentado de la resistencia conforme que el acto funcional haya o no tenido aún comienzo, de modo que el delito de atentado sólo puede ser cometido por quien "impone" una acción u omisión al funcionario que todavía no ha decidido su intervención, en tanto que la resistencia es factible como impedimento o traba al ejercicio legítimo de la función, cuando el funcionario ya está actuando, porque la distinción obedece a la corriente tradicional que desde el plenario "Palienko" no puede ser modificada sin el grave desmedro de la certeza jurídica que significa oscurecer totalmente el deslinde de ambos conceptos.
Concursos, proceso de verificación, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRUCAL  SA s/ CONC. PREV. S/ INCIDENTE DE REVISION -PROMOVIDO PORBANCO FRANCES-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-09

Procede imponer las costas en el orden causado cuando -como en el caso-, la resolución dictada por el juzgado concursal en oportunidad de dictarse el pronunciamiento verificatorio previsto por la  ley 24522: 36, trajo como consecuencia para la incidentista la necesidad de acreditar la porción de su acreencia no admitida. Para ello se torno indispensable la prueba pericial contable. En este marco, visto que se esta en presencia de un proceso en el que frente a la naturaleza de las operaciones involucradas, cabía la apertura a prueba del incidente, ya que recién producida la prueba en este proceso de pleno conocimiento fue factible para la sindicatura tener por acreditadas la legitimidad y la causa de las acreencias con los elementos traídos a juicio con la ampliación pericial; y siendo que en la etapa prevista por la lc: 32, la acreedora no aporto tal documentación necesaria para esclarecer la cuestión, la decisión de que las costas sean soportadas en el orden causado es equitativa en tanto la accionante debió recurrir forzosamente a la revisión por su propia omisión y al no aportar en debido tiempo y forma aquellos soportes documentales necesarios que hacían a su derecho, lo cual solo se obtuvo en el marco de este incidente. (en el caso, la accionante solicito en los términos de la lc: 32 la verificación de un crédito originado en saldo deudor en cuenta corriente bancaria, saldo de cheques cedidos y operación de préstamo financiero y sólo se admitió el crédito del saldo deudor, declarándose inadmisible los demás).
Derecho procesal, partes del proceso, muerte, incapacidad, herederos, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Arbetman, Mabel Edith c/ Rojstaczer, Isaac y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Corresponde revocar la resolución de grado que tuvo por concluida la ejecución por el fallecimiento de la actora, en tanto ella actuaba con patrocinio letrado, y se advierte así que, ante su fallecimiento, cupo ordenar la suspensión del trámite y la citación de los herederos, de conformidad con lo dispuesto por el CPR 43 y no la conclusión de la ejecución como se dispuso.
Ejecución de sentencia, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TONTA DE ALONSO SILVIA c/ RODOLFO GRAZIANI Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-07-31

Si la ejecución de sentencia, es instada por el acreedor para el cumplimiento de la obligación declarada en la sentencia, en virtud, que el vencido no la cumplimentó voluntariamente, estamos frente a una acción ejecutiva, que tiene como fundamento la sentencia y que solamente puede ser ejecutada por aquel a quien se reconoce titular del derecho contra aquel que se declara sujeto pasivo de éste. Por lo que siendo un proceso diferente al realizado hasta la sentencia, sujeto a normas específicas y que fuera iniciada por no cumplir el demandado oportunamente con lo condenado, las costas corresponde sean impuestas al ejecutado, teniendo en cuenta el monto que es materia de ejecución (arts. 981, 953, 956 y 357 del C. de P.C. y 78 de la Ley Provincial 7269).
Suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Martinez, Federico Nahuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-17

En tanto la suspensión del juicio a prueba se trata de una facultad del imputado, su ejercicio es disponible por este, por lo que su ausencia en la audiencia en la que, según la ley, tiene la última oportunidad procesal para promover la suspensión del proceso, constituye una renuncia concluyente que habilita la remisión del caso a juicio. Mientras hay facultades que son renunciables, hay ciertos derechos que, por razones de orden público, no lo son. En el primer grupo, si la facultad no se renuncia de modo expreso, se requiere de ciertas salvaguardas para inferir que la falta de ejercicio de una facultad constituye, de modo concluyente, la renuncia a ejercerla.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, exigibilidad del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Figueras, Rosa c/ Hospital Vecinal de Lanús y ot. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

El recurrente no ha efectuado el depósito que exige el artículo 56 del decreto ley 7718, resultando inatendible su planteo relativo a la aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que la presente se trata de una demanda laboral tramitada por las normas procesales del decreto ley 7718/71. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, resoluciones irrecurribles, empleo público, cesantía, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en callegari patricia graciela y otros contra gcba sobre empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde rechazar la queja toda vez que no se dirige contra una decisión equiparable a una de naturaleza definitiva. En efecto, la resolución de la Cámara que, en último término pretende cuestionar el GCBA -aquella que declaró desierto su recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que hizo lugar a las impugnaciones formuladas por la parte actora y aprobó una nueva liquidación-, no es la definitiva a la que se refiere el art. 26 de la ley n° 402, sino una posterior dictada durante la etapa de ejecución de sentencia. A su vez, el recurrente no ha demostrado que esa decisión deba ser equiparada a una de la especie mencionada por constituir un apartamiento palmario de lo resuelto en la definitiva (mutatis mutandis, Fallos: 187:628; 147:379; 190:139 y 194:40, entre otros). (Del voto del juez Santiago Otamendi, por remisión a sus fundamentos en "GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ARMILLA JORGE ALEJANDRO Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN)", expte. SACATyRC n° 30129/2008-1; sentencia del 18-10-2023).
Buena fe, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SCIALOCOMO GABRIELA B. c/ OLIVERA JOSE Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-30

Resulta evidentemente precipitada e irrazonable la actitud de la demandada cuando dispone el despido de la actora con anterioridad al vencimiento de perentorio plazo intimado para reintegro a las tareas. Ella no se ajusta a los principios de buena fe, de continuidad y subsistencia del contrato de trabajo (artículos 10, 63 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo) y desnaturaliza la finalidad del artículo 244 del mismo cuerpo legal, que tiene por objeto evitar la ruptura unilateral del contrato laboral por el mero hecho que el dependiente no se presente a trabajar cuando pudiere existir justa causa para ello.
Empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: PEREZ, JORGE OMAR c/ INSTITUTO FRIGORIFICO MUNICIPAL Y/U OTRO s/ LABORAL. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 594-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

No cualquier reclamo emergente de la relación de empleo público es susceptible de ser aprehendido por el ámbito de lo contencioso administrativo que resulta de competencia de este Tribunal. Antes bien, téngase en cuenta que así lo ha entendido este Cuerpo, al tratar demandas por infortunios de trabajo basadas en el artículo 1113 del Código Civil contra empresas públicas o entes autárquicos de la Administración, con fundamento en que el derecho invocado constituye materia reservada a los jueces ordinarios por tratarse de pretensiones subjetivas no arraigadas en normas administrativas sino en la ley común.
Notificación por cédula, diligenciamiento de cédulas, fijación en la puerta
Materia: PROCESAL
Carátula: JAUREGUI, MARIO BENITO c/ LICERA, OSCAR JESUS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (NULIDAD DE NOTIFICACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-06

Corresponde rechazar la nulidad de la notificación impugnada, por cuanto la invocación por parte del interesado de que no constan en el reverso de la cédula los requisitos de validez enunciados en el artículo 63 del Código Procesal Civil y Comercial se ven refutados por lo estampado por el oficial notificador en cuanto la cédula fue fijada según lo dispuesto por la norma citada, sin que el recurrente haya brindado elementos que permitan siquiera hacer dudar de esa afirmación; por lo que el nulidicente se empeña en sostener la inobservancia de los mecanismos que estatuye dicho artículo del digesto de forma, mas sin probar supuesto alguno que permita privar de sus efectos a la cédula de notificación cuestionada, demostración que se hacía aún más necesaria en el caso, si se considera la existencia de notificaciones por medio de las cuales se requirió al presentante que cumplimente requisitos formales y acompañe copia certificada del dictamen de Fiscalía de Cámara que fueron cursadas de la misma forma, por el mismo oficial notificador y habiendo el compareciente cumplimentado con lo requerido en ambas oportunidades sin haberlas impugnado, por cumplir con su finalidad.
Despido, fuerza mayor, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Suarez, Julio Daniel c/ Rabbione Transporte S.A. y/o quien resulte responsable s/ Haberes e Indemnización adeudados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-03-22

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del A-quo que no considera suficientemente, probada la causa de fuerza mayor invocada en la comunicación de distracto. Ello así, ya que se sigue el criterio que pone en cabeza del empleador la prueba de acreditar que el estado crítico de la empresa no se debe a conducción negligente de su parte, para lo cual se debe demostrar que ha tomado medidas destinadas a paliarlo. Esto no es sino una consecuencia necesaria del riesgo empresario, desde que si el empleador se beneficia en un caso, también debe soportar los perjuicios en el otro. Extremo no probado en la causa.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, abastecimiento, precio
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Reunos S.A. de Ahorro Para Fines Determinados s/ apelación multa ley 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que sancionó a la recurrente por infracción del art 1 de la resolución S.C.I. n. 81/85 reglamentaria de la ley 20.680, omitiendo tratar la defensa según la cual el monto de una cuota del plan de ahorros estaba excluido del régimen de congelamiento de precios.
Liquidación judicial, aprobación de la liquidación, errores en la liquidación, preclusión, revisión de la liquidación, régimen de consolidación de deudas, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: CELESTINO DE COLANERI OLGA ELSA Y OTRO c/ GAS DEL ESTADO s/ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS (GAS DEL ESTADO).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Los autos aprobatorios de liquidación no adquieren el carácter de cosa juzgada por el hecho de ser la consecuencia de providencias firmes (cfr. Fassi, S. C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", T. II, pág. 422, esta Sala, Causas 6015 del 1.4.89, 21.121/94 del 11.10.95, entre otras), y mucho menos si las cuentas respectivas han sido confeccionadas contrariando una normativa de orden público, tal como la ley 23.982 (cfr. art. 16). Por ello, la alegación formulada por la actora relativa a la preclusión procesal operada en la especie, no puede ser atendida.
Accidente de tránsito, motociclista
Materia: PENAL
Carátula: ALESSO, ESPERITO HERMENEGILDO. s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-24

Mas aun, cabe una reflexión respecto de la víctima y su desplazamiento con su motocicleta. Bien se ha anotado jurisprudencialmente que, aunque parezca de perogrullo, una moto no es un peatón, y por ende, no pueden recibir o merecer un mismo tratamiento. A despecho de la menor aptitud dañosa de estos rodados con respecto a los automóviles, y con mayor razón con otros de mayor volumen, como seria, en el caso, el conducido por Alesso, las motos son un trasporte peligroso de primerísimo nivel para sus conductores. Ello es así, porque nace del hecho de que, no obstante poder desarrollar elevadas velocidades, acusan frágil equilibrio y carecen de estructura defensiva, lo que ha hecho decir que quien conduce una motocicleta dada su escasa estabilidad y mayor peligrosidad para con su conductor, acompañantes y terceros- esta obligado a adoptar precauciones mayores que las de los automovilistas.
Acción civil, prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Maciel, Marcos c/ Barry, Federico s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

No corresponde extender los efectos de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil que establece el art. 3982 bis del Código Civil a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aún a los que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo.
Competencia civil, simulación, contenido de la demanda, cuestiones de hecho y prueba, tribunal de alzada, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

La improponibilidad objetiva de la demanda debe ser verificada en las distintas etapas del proceso aún luego de trabada la litis comprendiendo, desde luego, su comprobación en la sentencia definitiva y/o en su revisión por la Alzada. El juez debe afrontar las cuestiones de hecho -la veracidad de la plataforma fáctica en que se sustenta la demanda- y las de derecho -el efecto jurídico pretendido-. En el iter lógico de la formación de la sentencia, sin embargo, no es el de los hechos el primer tema a abordar, sino el de derecho. En suma, expuestos los hechos el juez fija el derecho, subsumiendo aquéllos en el marco legal aplicable que, como en el caso, pueden determinar la improponibilidad objetiva de la demanda en la forma señalada.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Línea Barbizón SA c/ Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Si bien es cierto que el principio de inmutabilidad de la pena reposa en el acatamiento que merece la voluntad de los particulares a su ley particular, de conformidad a lo prescripto en el CCIV 1197, no lo es menos que su reducción, en el caso, su modificación, resulta factible sólo de modo excepcional (conf. CCIV 655 y 656, 1° parte) cuando afecta el orden público o moral como todo pacto, rige en tanto no aflore norma de mayor jerarquía y queda sujeto a la directiva de subordinación contemplada en el CCIV 953 (Salvat - Galli, "Tratado de Derecho Civil Argentino - Obligaciones", T. I, pág. 228 y ss., Bs. As., 1952; entre muchos otros autores).
Indemnización por muerte, muerte en acto de servicio
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR NANCY EDITH Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL GENDARMERÍA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Procede la indemnización por daños y perjuicios con motivo de la muerte de un agente de las fuerzas armadas y de seguridad a raíz de un accidente provocado por la falla de un vehículo anfibio provisto por Gendarmería Nacional y utilizado en una maniobra militar en tiempos de paz por orden de la superioridad, pues las tareas realizadas y los medios provistos guardan conexidad con las circunstancias accidentales del hecho en el que encontró la muerte por asfixia por inmersión el suboficial y se ha demostrado la inexistencia de negligencia o culpa de éste en su accionar.