Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-06


SENT Nro. 575 San Miguel de Tucumán, 06 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de los imputados en autos: "Baranello, Ariana y otros s/Injurias"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 12/15 la defensa de los imputados Ariana Baranello, Patricia Lucía Gordillo y Marcelo Ochoa plantea queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, por haberle sido denegado el recurso de casación que intentara contra la resolución de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del Centro Judicial de Concepción del 22/4/2003.

Impugna el auto del 03/6/2003, fundado en que el acto jurisdiccional cuestionado no es sentencia definitiva, ni pone fin a la acción o imposibilita su continuación; valorando además que en el caso tampoco concurre el supuesto de gravedad institucional.

Expresa la defensa que el Tribunal a quo ha rechazado su solicitud de sobreseimiento por renuncia tácita, derivada de la incomparecencia de la querella a la audiencia prevista por el art. 430, inc. 2º del CPP. De este modo, se habría violado dicha normativa, y la contenida en el art. 431 del mismo cuerpo legal; con la consecuente afectación de las garantías de igualdad de las partes ante la ley, debido proceso y defensa en juicio. A su entender, la arbitrariedad de lo resuelto trae inexcusablemente aparejada gravedad institucional, al trascender el interés de su parte para afectar la correcta administración de justicia; toda vez que la Sala a quo habría aceptado un justificativo verbal y arbitrario de los querellados, desentendiéndose del procedimiento indicado por la ley adjetiva. En un acto de inequidad y parcialidad manifiesta, se habría conculcado además lo normado por los arts. 32, 33, 34, 271 y 272 del CPCC, de aplicación supletoria, arts. 135 y 428 del CPP, por vía de un razonamiento ajeno a la materia propuesta.

Según afirma, el fundamento del auto denegatorio es inverosímil, dado que el pedido de sobreseimiento por renuncia tácita pone fin al proceso y lo cierra definitivamente. En su interpretación, al no estar firme lo resuelto por el Tribunal tampoco puede continuar el proceso. De ello concluye que al estar en juego el instituto del sobreseimiento, la decisión del Tribunal a quo admite el recurso extraordinario intentado.

2.- De acuerdo a lo dispuesto por el primer parágrafo del art. 469, CPP, como regla sólo podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la acción, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. A la luz de esta normativa, no cabe duda de que las resoluciones que desestiman el pedido de sobreseimiento carecen de definitividad. En tal sentido, el impugnante elude la necesaria distinción entre las decisiones judiciales que admiten el pedido de sobreseimiento y las que lo rechazan; ya que sólo las primeras impiden la continuación del pleito y consecuentemente, encuadran en el supuesto previsto por el art. 469, primera parte de la ley procesal. Por lo contrario, el pronunciamiento que resuelve desestimarlo no es definitivo, pues lo decidido importa que el juicio debe continuar con su trámite.

Tal exclusión del control casatorio se encuentra justificada, en tanto el conocimiento anticipado de estas cuestiones pueden ser fuente de perturbación en la marcha de los procesos, antes del dictado de la sentencia que habrá de definir la situación de los querellados frente a la ley penal. De lo contrario, se convertiría a este carril excepcional en una tercera instancia ordinaria, admitiendo la revisión de toda clase de resoluciones judiciales.

3.- Tampoco se advierte que el caso de autos presente caracteres de gravedad institucional; que ha sido delineada por esta Corte para aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y se proyectan sobre los de la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal. La cuestión planteada por el impugnante no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de lesión a garantías constitucionales para que se admita su configuración.

La queja en examen no propone elementos de convicción demostrativos del interés institucional que se dice comprometido en autos. Al respecto, las genéricas afirmaciones relativas a la violación de garantías constitucionales, son insuficientes para tener por configurada la hipótesis de excepción invocada en miras a obtener la apertura de la instancia casatoria. La mera invocación de gravedad institucional no permite obviar, por sí, el recaudo de definitividad del pronunciamiento; advirtiéndose que los motivos de casación esgrimidos no conducen inexcusablemente a tener por configurado el supuesto excepcional descripto por el art. 469, parágrafo segundo del CPP, según postula la defensa.

Conforme a lo considerado, la resolución cuestionada carece de definitividad, sin que el recurrente haya puesto en evidencia que concurra el supuesto excepcional invocado para habilitar la vía recursiva intentada. En consecuencia, procede desestimar la vía directa intentada.

Por ello, y compartiendo el dictamen del Sr. Ministro Fiscal obrante a fs. 17/18 de autos, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 2/15 por la defensa de los querellados, contra la resolución de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del Centro Judicial de Concepción del 03/6/2003.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA