marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desestimación de la denuncia, obras sociales, desobediencia, Ministerio Público Fiscal, personas con discapacidad
Materia: PENAL
Carátula: Rollan, Pedro y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-12

La resolución confirmatoria de la desestimación de la denuncia contra las autoridades de una Obra Social por la presunta comisión del delito de desobediencia (art. 230 del CP) al no prestar las coberturas derivadas de la Ley 24.901 ordenadas por sentencia, luce prematura por omitir dar debido tratamiento y respuesta a las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que podrían ser relevantes para una correcta decisión en el caso concreto, habida cuenta de que, en primer término, el decisorio ha omitido pronunciarse acerca de si se está en presencia o no de dos denuncias penales distintas (una del año 2014 -a la postre archivada por el juez de grado, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal- y otra de 2017 -aun no investigada, originada con la presentación posterior-); y en segundo lugar, no surge del fallo que se hubiera considerado y decidido la cuestión propuesta por el señor Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones, en oportunidad de adherir al recurso de apelación deducido por la querella, al sostener que no había constancias en autos que den cuenta de la voluntad del Ministerio Público Fiscal de peticionar el archivo de las presentes actuaciones. Respecto de los presuntos nuevos incumplimientos denunciados no puedo dejar de señalar que no obra en las actuaciones constancia de la orden judicial supuestamente emitida a fin de conjurarlos o descartarlos por excesivos, extremo que también correspondería esclarecer con carácter previo a adoptar un temperamento conclusivo como el aquí examinado, más aun encontrándose involucrada una problemática tan sensible y acuciante como es la presunta desatención de la cobertura que los representantes de la Obra Social denunciados se encontrarían obligados a brindar al hijo discapacitado de la querellante.
Pagaré, endoso, títulos ejecutivos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Mayorista del Plata S.A. c/ Cometti Guillermo s/ Cobro ejecutivo Banco Mayorista Del Plata S.A. c/ Mutual Metalúrgica San Nicolas. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22|1997-06-24

La legitimación del ejecutante emerge del endoso que consta en el título. Mediante el mismo y la posesión del documento se halla en condiciones de reclamar, sin que deba acreditar ser el propietario de tal documento ni el efectivo titular del derecho emergente de él.

En suma, su legitimación deviene de esa investidura formal que, desde otro lado, confiere al deudor que paga la liberación por haber cumplido ante el legitimado cambiario.
Sociedades comerciales, nulidad del acto jurídico, sentencia, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BOTBOL, JOSE c/ CELULOSA ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-06

El impugnante opone el desarrollo de su propia tesitura de interpretación del derecho aplicable, sin persuadir que se haya configurado un supuesto de arbitrariedad en el razonamiento de la Cámara, que, sin negar que se haya afirmado en la demanda la existencia de una acumulación objetiva de pretensiones y por ende, se haya esgrimido la acción común de nulidad, rechazó -tras cotejar lo enunciado en la demanda con el objeto y particularidades de las acciones acumuladas- que aquella aseveración implique de hecho una verdadera acumulación; no obstante ello, su postulación alegando que la Sala omitió haberse pronunciado en torno a las impugnaciones encasilladas en el artículo 251 de la ley 19550 presenta entidad constitucional suficiente como para traspasar el umbral de admisibilidad de la impugnación.
Injurias a personas jurídicas, libertad de prensa, indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: TORTORA, CARLOS s/ CALUMNIAS  E  INJURIAS.  PERSONAS  COLECTIVAS.  LIBERTAD  DE  PRENSA.  EXCESOS. ACCION CIVIL. DAÑO MATERIAL. DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-01

1) La publicación que menciona a la empresa querellante, haciéndola aparecer ligada a procedimientos realizados en procura de beneficiarla en detrimento de los competidores, en abierta pugna con elementales normas de ética en la actividad comercial tiene entidad suficiente como para dañar gravemente el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que gozare; máxime que en autos no se acreditó en modo alguno la autenticidad de los hechos propalados, extremo que correspondería al acusado, por lo que debe reputárselos falsos.

2) La LIBERTAD DE PRENSA que consagra nuestra Constitución, no puede servir de amparo a quien, por lo menos, en un evidente exceso y sin contar con datos fehacientes que avalen sus afirmaciones, adjudica a una empresa un proceder de la naturaleza del de autos Bajo una pretendida libertad de prensa no pueden volcarse conclusiones lesivas para terceros, basadas sólo en trascendidos cuya seriedad y veracidad ni siquiera han sido indagadas, máxime cuando tampoco se hace conocer la fuente de la información.

3) No corresponde la indemnización por DAÑO MATERIAL por cuanto no se produjo prueba alguna en orden a su monto; ya que la ausencia total de datos no equivale al "en defecto de plena prueba", única situación a la que se refiere la ley penal.

4) En cambio, corresponde la indemnización por DAÑO MORAL, no obstante tratarse la damnificada de una PERSONA JURIDICA; ya que es en casos como el presente en que el hecho pueda dañar el buen nombre, fama o crédito, que cede la regla de que solamente puede otorgarse a las personas físicas, más aún teniendo en cuenta la amplia tutela que al honor de las personas jurídicas dispensa el art. 112 cód. Penal.
Dolo, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D'ACIERNO, MARCO B. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-08

No dejo de reparar con ello que g., en función de acercarse a una encrucijada y no tener prioridad, debió extremar su cautela y no lo hizo, demostrando con ello un calculo imprudente en orden a sus Posibilidades de paso, o una desatención sobre las contingencias. Ya vimos que no cabían sorpresas, que la previsibilidad y evitabilidad del cruce y colisión no reducía, para ninguno de los protagonistas, la supuesta intempestividad.
Caducidad de instancia, recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso, impuestos provinciales
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: DIRECCION  PROVINCIAL  DE  RENTAS  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  CRUZ c/ BRIDAS  S.A.P.I.C.  Y OTRO s/ CADUCIDAD  DE  LA  INSTANCIA  -  RECURSO  DE  REPOSICION  - IMPUESTOS  PROVINCIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Si después del transcurso de más de un año desde la última actuación realizada en el pleito, la Corte declaró de oficio la caducidad de la instancia, corresponde rechazar el recurso de reposición fundado en que como la demandada se había acogido a los beneficios impositivos establecidos en la ley 1640/84 de la Provincia de Santa Cruz, es aplicable al caso la última parte del art. 10 de la citada norma que establece la suspensión del procedimiento judicial mientras se dé cumplimiento al plan de pagos contemplado en aquella ley. Ello es así, pues no obstante los alcances que correspondiese otorgar a las disposiciones aludidas, la parte actora debió haber acreditado el hecho condicionante de su aplicación, esto es, la adhesión de la demandada al régimen de moratoria allí previsto, lo que no hizo ni con anterioridad a la resolución cuestionada, ni en la presentación del recurso que se resuelve.
Procedimiento laboral, ofrecimiento de la prueba, prueba extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: ROBAKIS, GEORGIOS Y OTROS c/ CAPITAN DEL BUQUE ORBIT DE BANDERA PANAMEÑA. s/ EMBARGO PREVENTIVO    COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-24

En ausencia de resolución judicial dispositiva de la suspensión o interrupción del plazo instituido por el artículo 77 LO., el ofrecimiento de prueba introducido luego de su vencimiento merece desestimarse por extemporáneo, aún cuando durante el curso de dicho plazo hubiese estado pendiente de decisión la eficacia de la personería del oferente, pues ello no impedía a quien se la arrogaba, formular peticiones al amparo de la misma norma invocada para sustentarla.
Cuestiones procesales, recurso de inconstitucionalidad, solicitud de audiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Sued, Alan s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

No corresponde hacer lugar a la queja en tanto no reúne los requisitos mínimos para ser tratada. La defensa no acompañó copia completa del auto denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad, ni de la constancia de notificación del mencionado auto denegatorio de la que surja la fecha de notificación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión al dictamen fiscal).
Acción de amparo, gravamen irreparable, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derecho de trabajar, ocupación del establecimiento
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: KOT, Samuel S.R.L. s/ Acción de amparo. Acto de particulares (5-958)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-09-05

Los hechos de la causa revelan de modo indudable que existe una restricción ilegítima de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, el de propiedad y, sobre todo, el de la libertad de trabajo, pues lo ocupado por los obreros no es un inmueble baldío o improductivo, sino una fábrica en funcionamiento y mediante la cual el propietario ejerce su actividad económica de fabricante. En estas condiciones, no es juicioso pretender que el afectado reclame la devolución de su propiedad por los procedimientos ordinarios; pues es manifiesto el agravio serio e irreparable que resulta para los propietarios de la fábrica, y en situaciones como estas, la protección judicial de los derechos constitucionales no tolera ni consiente dilaciones. Por lo que se hallan reunidas en este caso las condiciones necesarias para la procedencia del recurso de amparo.
Excepciones procesales, conciliación en sede administrativa, homologación del acuerdo laboral, acuerdo no homologado
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, Victor Alberto c/ CIRCULO AUTOMOTORES DEL NOA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-04

Si bien en sede administrativa se realizó conciliación, el referido acuerdo no puede tener efectos liberatorios a los fines de la excepción de conciliación opuesta, toda vez que no se cumplió con la condición de la homologación a los fines de su validez, es decir, la resolución donde la autoridad judicial o administrativa acredite que a travez de tales actos se alcanzó una justa composición de los derechos e intereses de las partes.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley sobre riesgos del trabajo, indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad, incapacidad laboral, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, MARCOS SEBASTIAN. c/ RJ INGENIERIA S.A. - HORMIGON S.A. UNION TRANSITORIAS DE EMPRESAS Y OTRA. s/ ORDINARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-11

En el caso que nos ocupa, la ART demandada aceptó el siniestro y cumplió con el pago de la indemnización al actor conforme la incapacidad determinada por la Comisión Médica [.], aunque aplicando el tope establecido en el art. 14 punto. 2 inc. a) de la L.R.T. impuesto por el Decreto 1278/00.

Cierto es que la Pericia Médica determinó un mayor grado de incapacidad y el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de dicho tope; más todo ello ha sucedido con posterioridad, durante la tramitación del juicio.

De allí que, al menos en mi opinión, no se configura un obrar abusivo de parte de la ART, en tanto - insisto- el pago se hizo en función de la incapacidad determinada por la Comisión Médica y dentro de las pautas establecidas por la norma que regía el caso (Decreto N° 1278/00).

Por ello, y en el contexto normativo descripto, ningún reproche merece la decisión de la Cámara a - quo al tomar la fecha de presentación de la Pericia Médica como punto de arranque para el cómputo de los intereses. (Voto del Dr.

Apcarián sin disidencia).
Autonomía universitaria, gobierno de la universidad, facultades universitarias, carreras universitarias, curso preuniversitario de ingreso, resoluciones, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ U.B.A. s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Cuando aparece una confrontación sobre los alcances jurídicos de las normas emanadas de dos órganos académicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, por imperio de lo establecido en el art.

32 de la ley 24.521 -y como consecuencia del principio de la autonomía universitaria-, corresponde al Poder Judicial resolver.

Como sostuvo en una oportunidad nuestra C.S.J.N., "se hace indispensable -por consiguiente- una interpretación que dé a cada norma un adecuado ámbito de aplicación, posibilite su relación armónica y evite interferencias que, a una u otra de ellas, les haga perder virtualidad" (causa S.212.XXII "Senoc, Oikos y Fades s/resolución Inspección General de Justicia", del 6/12/88). Pero, en medio de dicho debate jurídico está en juego la tutela de los propios derechos constitucionales de los estudiantes que se postulan para el ingreso a una unidad académica. (De la ampliación de fundamentos del Juez Coviello).
Recurso contencioso administrativo, plazo, auto de Presidencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TESTI, EDUARDO EUGENIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-05

No obstante que el actor interpuso recurso contencioso administrativo a los 19 días de la notificación del acto denegatorio de su reclamo, la presentación de la demanda fue tempestiva, dada la aplicabilidad al presente del artículo 5 de la ley 7234 (modificada por la ley 9040) según los fundamentos de esta Presidencia en A y S t 93, p 175; y desde que se encuentran reunidos los restantes requisitos cuya concurrencia debe verificar esta Presidencia en oportunidad de dictar el auto previsto en el artículo 25 de la ley 4106, corresponde admitir el recurso.
Concursos, quiebra indirecta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanz, Esteban Rogelio s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

Si el concordato proponía que la hipoteca en primer grado ofrecida como garantía se otorgara dentro de los sesenta días contados desde la audiencia de la Junta, por ante el Notario que el juzgado designara, era el juez quien tenía a cargo arbitrar tal designación en tiempo propio a modo que el acuerdo pudiera cumplirse oportunamente, no pudiendo fundarse en la omisión de tal actividad por parte del convocatario una causal de quiebra indirecta en su perjuicio (arts. 63 y 297 ley 19551, t.o. dec.2449/84).-
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: Sasetru  S.A.C.I.F.I.A.I.E. c/ Villarreal, Quintino y otra s/ reivindicación (medida cautelar).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

La circunstancia de que el juicio haya tramitado casi íntegramente ante la justicia federal en nada obsta a su desplazamiento sobre la base del fuero de atracción contemplado en el art. 136 de la ley 19.551.
Ley sobre riesgos del trabajo, indemnización, daños y perjuicios, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Palmer Daleiro, Lilian y otro c/ Profesión + Auge Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones s/ pago único
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-15

La indemnización de la ley 24.557 - más allá del modo de pago - no constituye una prestación de la seguridad social sino que constituye un resarcimiento tarifado de daños y perjuicios nacido de la responsabilidad patronal trasladada por dicha ley y el art. 1° del decreto 334/96 a entes gestores del sistema. De esta manera, al tratarse de un crédito de origen laboral, la tasa fijada por la Cámara (cfr. Acta 2357 del 7/5/2002) es la que compensa adecuadamente los efectos de la privación del capital al acreedor.
Depreciación monetaria, hecho notorio, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cittadini, Julio César c/ Ventura, Pedro y-u Otro s/ Cobro de Pesos -Sumario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-07-13

Si bien es cierto es público y notorio el deterioro de nuestro signo monetario, no por ello debe ser obligatoriamente reconocido en una sentencia, si no ha sido invocado o hecho valer en la demanda.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, presidente de la Nación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Menem, Carlos S. s/ Competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

No compete a la Justicia Federal la investigación de delitos imputados al Presidente de la Nación, si no se trata de conductas que pueda haber desplegado en su carácter de tal, ni se relacionan con su función.
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Junco Julio c/ Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10

Para la cuantificación del daño moral frente al acto discriminatorio de despedir a una persona por padecer el virus HIV (SIDA), deberán computarse entre otros aspectos, la personalidad del demandado (edad, sexo, condición social y grado de sensibilidad), si el damnificado es directo o indirecto, la índole de las lesiones sufridas, la posible influencia del tiempo como factor coadyuvante para agravar o mitigar el daño y también la personalidad de quien lo produjo cuando pudiere tener influencia sobre la intensidad objetiva del agravio causado; la mayor o menor divulgación del hecho, la gravidad del padecimiento espiritual, la realidad económica del país al tiempo de ditar sentencia, entre otros.
Medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GELID, HECTOR SEBASTIAN s/ TERCERIA EN:"FERMANELLI, MIGUEL C/EGIDIO MANZONI S/CUMPLIMIENTO DE  CONTRATO"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-12

Resulta contrario a derecho pretender liberar una cautelar de embargo preventivo con montos históricos cuando ya se ha reinscripto la medida con montos actualizados
Mutuo comercial, intereses, intereses compensatorios, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: LIBROL  S.A. c/ EUGENIA DYDZINSKY s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-19

Resulta inaudible la aseveración formulada por la deudora en torno a la diferencia entre el monto del préstamo y la suma efectivamente recibida, en tanto la escritura hipotecaria consignó claramente que la prestataria recibió en ese acto una suma determinada en dinero efectivo y a entera satisfacción. Ello hace fe de la existencia material del hecho allí referenciado, en tanto no argüido de falso por acción civil o criminal, conforme el CCIV 993.

En consecuencia, y no habiéndose demostrado que la mutuaria haya recibido un importe menor del mencionado por el oficial público, se impone concluir que el monto del préstamo contenía "inflación incorporada". Las normas legales que regulan el contrato de mutuo o préstamo no contemplan la categoría de intereses "compensatorios legales", y sólo regulan el pago de los intereses moratorios (CCIV 2248, CCOM 560, 561, 564 y 565), también denominados punitorios cuando son estipulados por los contratantes.

Corresponde aplicar la tasa del 15% anual en el supuesto de intereses punitorios devengados sobre capital revigorizado.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marini, Ferruccio y otra c/ Escobar, Ramón A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

El art. 1.113 del Código Civil cuando libera de responsabilidad al dueño o guardián si la cosa fue utilizada contra su voluntad, no puede ser entendido como exigiendo una prohibición expresa o presunta pues importaría introducir una exigencia no contenida en la norma. Bastará que se demuestre que la voluntad del dueño o guardián fue o pudo ser contraria al uso de la cosa, según las circunstancias, para liberarlo de la responsabilidad, sin que deba acreditarse directamente que fue formulada una prohibición expresa o que esas mismas circunstancias hagan presumir que lo hizo.
Trabajadores de la construcción, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, CARLOS A. c/ COLL, JAIME s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-28

La reparación de la parte eléctrica de camiones, remolques, máquinas viales, y camionetas de transporte de cuadrillas utilizados para la industria de la construcción está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley 17258, siendo inaplicable a dicha relación la normativa de la LCT.
Accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad del dependiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medina Antolín en representación de su hijo menor... c/ Arroyo, Basilio y/o Empresa Giroldi  y/o quienes resultaren responsables s/ Demanda por daños y perjuicios Arroyo, Basilio y/o Empresa Giroldi  y/o quienes resultaren responsables s/ Demanda por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-23

En el caso en que el dependiente cometiera el hecho dañoso actuando fuera de su incumbencia, no se daría uno de los requisitos fundamentales para que haya responsabilidad por el hecho ajeno y, por tanto, no procedería la acción contra el demandado en su carácter de principal respecto del autor del daño; ya que la actuación del subordinado fuera de la incumbencia lo coloca en carácter de tercero por quien el principal no debe responder; de ahí que si se demuestra por el propietario o guardián que esta utilización fue hecha contra su voluntad, cesará su responsabilidad.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mela, Teresa Lidia y otras c/ Mesa, Osvaldo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda es el actor (art.375, C.P.C.C.) y las facultades ordenatorias e instructorias del juez no están conferidas para suplir la orfandad probatoria de las partes.
Honorarios del abogado, intereses, cómputo de intereses, mora del deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: Jujuy, Provincia de c/ Estado Nacional. s/ Impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

El cómputo de los intereses establecidos en el art. 61 de la ley 21.839 debe efectuarse a partir de la fecha de la mora, hasta el momento en que las sumas depositadas estuvieron a disposición de los interesados.
Contrabando, tentativa, ley especial, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gil, Angélica s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05

No vulnera garantías constitucionales la equiparación de penas entre el contrabando y su tentativa, pues el art. 872 del Código Aduanero, al regular específicamente la punibilidad del delito de contrabando en grado de tentativa desplaza -por haber sido dictada para la materia- a las normas generales del Código Penal, resultando imposible la aplicación de los arts. 42 y 44 del C.P. (Voto de los Dres. Rodríguez Basavilbaso, Catucci y Madueño).