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Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión federal, acción de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: American Express Argentina  S.A. c/ Dirección Provincial de Rentas de la Prov. de Bs. As. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

No obsta a la procedencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, la circunstancia de que los actos atacados sean de índole local, desde que al encontrarse en definitiva en discusión su constitucionalidad, corresponde a la Corte, de reunirse los restantes recaudos, el ejercicio de la jurisdicción originaria que le confiere el art. 101 de la Constitución Nacional para abordar la inconstitucionalidad de normas dictadas por gobiernos de provincia.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Acosta, Carlos Alberto y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

El valor disputado en último término se halla representado, respecto del fondo del asunto, por la diferencia entre el monto fijado y el mayor o menor al que se aspire, según sea el caso de la actora o la demandada.
Debate, facultades del juez, revisión judicial, instrucción, nulidad procesal, nulidad absoluta, declaración de oficio, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zylberman, Pedro y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Si bien es cierto que en la etapa prevista en el art. 354 del código instrumental, la facultad del Tribunal de Juicio para efectuar el control de legalidad de los actos instructorios, encuentra su límite en la intervención anterior sobre el mismo punto de un órgano jurisdiccional de igual jerarquía funcional e investido de idéntica potestad revisora; dicha limitación no opera frente a casos en los que mediante la denuncia fundada de la violación de las garantías constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio, se acusa en un acto jurisdiccional posterior la sobrevinencia de una nulidad de carácter absoluto, declarable aún de oficio y en cualquier estado del proceso (art. 168, segundo párrafo, del C.P.P.N.), que autorizaría, de comprobarse su existencia, a alcanzar una resolución distinta que la adoptada en la primera de ellas.

(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en disidencia-).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Pruna Bertot, Fernando s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

El límite temporal previsto en los arts. 379, inc. 6 y 701 del C P.M.P., no debe juzgarse de modo mecánico, pudiendo denegarse el beneficio cuando las características del ilícito y las condiciones personales del individuo de que se trata, hagan presumir fundadamente que de concederse su libertad intentará eludir la acción de la justicia.

Tal extremo se encuentra conformado por la circunstancia de haber abonado voluntariamente el territorio del estado que requiere su extrañamiento mientras se encontraba en libertad bajo fianza, la condena de tres años de prisión certificada y la entidad de los ilícitos vinculados con estupefacientes por los cuales se reclama (art. 380 del C.P.M.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cámara Gesell, proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SARACH, ABEL JOSE c/  s/ LESIONES LEVES AGRAVADAS Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-19

Se advierte que el remedio de inconstitucionalidad analizado se dirige a impedir que la entrevista bajo procedimiento de Cámara Gesell de una menor de edad como anticipo jurisdiccional de prueba se realice sin la presencia del imputado, y, sobre el particular, del sistema informático de consultas de la Oficina de Gestión Judicial surge que se efectivizó dicho acto sin la presencia simultánea del imputado y posteriormente, en el marco de un procedimiento abreviado, por decisión de la magistrada de primera instancia, el justiciable fue condenado por los hechos investigados en la presente causa y que motivaran la realización de la medida impugnada; por lo que la cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, tornándose inoficioso el dictado de una sentencia de mérito y correspondiendo declarar que ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual.
Ley penal, delitos, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAVATIER, JUAN MANUEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

En los objetivos enunciados por el Proyecto de 1917, que modifica el artículo 41 del Código Penal se introduce la audiencia de visu con la intención práctica de evitar la delegación de funciones en la determinación de la pena, garantizando un mínimo de inmediación para esa etapa. Resultan esclarecedoras las expresiones de la Comisión redactora cuando señalara haber tenido en cuenta que "entre nosotros es frecuente la delegación de funciones, lo que da lugar que se condene a penas graves a un sujeto sin que el juez de instrucción o de sentencia haya tenido la oportunidad de verlo porque se deja obrar a la policía, a la secretaria y a los empleados inferiores", creyéndose oportuno exigir la acción directa y personal del Magistrado. Así en la última parte del artículo 41 del Código Penal, se establece que el Juez deber tomar conocimiento directo y de visu, tanto "del sujeto", como "de la víctima" y "de las circunstancias, en la medida requerida para cada caso". Esta modificación implicó un giro significativo, permitiendo "identificar el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción", con el fin de que "exista un momento dentro del proceso cuya función exclusiva sea procesar en forma racional la multiplicidad de datos que pueden ser relevantes para resolver cuál es la reacción penal más adecuada", y cuya comprobación pueda resultar de peso desde el punto de vista de la prevención especial. (DE LA DISIDENCIA DE LA DRA. GASTALDI).
Régimen penal cambiario, Régimen Penal Administrativo, juicio sumario, sumario administrativo, declaración indagatoria, personas jurídicas, responsabilidad de las personas jurídicas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: CAMBIO AMERICA S.A.C.Y T. s/ Régimen penal cambiario Causa 22532-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

1- No es indispensable la declaración indagatoria en procedimientos que aunque sancionatorios, son de carácter administrativo y de trámite en sede administrativa, siempre que el imputado haya tenido oportunidad de efectuar sus descargos no siendo aplicable el fallo plenario "Serur" (LL-131, p.134), en tanto el mismo se refiere a que persona y en qué casos deben presentarla en nombre de las sociedades colectivas regulares en los supuestos en que se haya dispuesto tal llamado, pero de ninguna manera impone la obligatoriedad del llamado a indagatoria en sumarios administrativos substanciados en sede administrativa. (Del voto del Dr. García Quiroga).- 2- Debe revocarse la decisión apelada y absolverse a la firma imputada en tanto no resulta de autos que el sancionado director de aquella haya actuado en el caso en representación de la misma sino por cuenta propia (Art. 2 inc. "d" de la Ley 20184 vigente a la fecha de los hechos). (Del voto del Dr. García Quiroga).- 3- Es de sentido común que la sola verosimilitud de los cargos a partir de indicios indirectos y equívocos, no puede poner a cargos del acusados demostrar su inocencia. Así se desprende, de la jurisprudencia de la CSJN en la materia, especialmente en el caso "INDUSTRIAS DELTA S.A." fallado el 11/09/84 (Del voto del Dr.

Hendler).
Policía, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Velazco, Omar Ramón c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

No pueden desconocerse la especialidad o el motivo del ingreso a la dependencia de un agente policial en punto a la bonificación que solicita pues, aunque se haya producido un traslado a otra dependencia que impida desempeñar las tareas propias de la Banda de Música, no puede desconocerse que su ingreso y permanencia por un prolongado lapso lo fue para desempeñarse en la indicada función, ni desvirtúa su especialización o su asignación estatutaria, por lo que esa circunstancia sobreviniente no puede actuar en su perjuicio.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia por el territorio, menores
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: NESTOR FABIAN LOPEZ y otros s/ JURISDICCION  Y COMPETENCIA - MENOR DE EDAD - COMPETENCIA FEDERAL POR  EL LUGAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

La mera circunstancia de que los menores, que la autoridad policial presumió que se encontraban en estado de evidente peligro para su salud física y moral, hayan sido aprehendidos en un lugar sujeto a jurisdicción federal, no puede justificar la intervención del juez nacional, que sólo tiene atribuciones tutelares respecto de menores autores o víctimas de un delito de su competencia (arts. 14 y sigts.

de la ley 10.903).
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Respecto a la caracterización de industria que ha realizado el tribunal a quo -contemplando que se trataba de períodos en los cuales no existía una definición legal del concepto en la jurisdicción local-, más allá de su acierto o error, la sentencia posee sustentos suficientes desde el punto de vista del lenguaje común cuanto del técnico tributario, si bien esto último se alcanza con remisión a un pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación respecto a un gravamen federal. (Del voto del Dr. Casás).
Periodistas, jornada de trabajo, jornada máxima
Materia: LABORAL
Carátula: GERVASIO, LAURA FLORINDA Y OTRO c/ EDITORIAL ABRIL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-24

En la jornada de la actividad periodística se debe respetar el tope de 6 horas y media diarias, sin perjuicio de que el dec.

13839/46 hable de 6 horas y media diarias y 36 semanales. Ello es así pues la norma no concede la alternativa de que respetándose el tope semanal de 36 horas pueda excederse el tope diario de 6 horas y media, ya que el vocablo "y" entre ambos topes indica conjunción o acumulación pero no disyunción.
Locación de inmuebles, retención indebida, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: VALOIRA DE VALOIRA, ERUDIRIA c/ OLGUIN, BEATRIZ EVA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-12

El art. 509 del Código Civil es desplazado en el caso de locación de inmuebles por la norma establecida en el art. 1622 del mismo cuerpo legal por ser específica sobre el tema, con lo cual se hace necesaria la interpelación previa al inquilino para que la ocupación del inmueble configure una retención indebida.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: PENAL
Carátula: Tavares, Flavio Arístides s/ Calumnias e injurias -Causa N 36.091-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condena por el delito de injurias, si no contiene ni el más mínimo cotejo entre los textos publicados y la declaración testimonial que, según el periodista, le sirvió de fuente, lo que resultaba imprescindible para sustentar la existencia de los agregados que el fallo le atribuye al procesado.
Proceso penal, plazo judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Gustavo Eugenio s/ Por  Homicidio  agravado  por  el vínculo y con alevosía en grado de  tentativa (art. 42/80 inc 1 y 2  C.C.) en perjuicio de su hijo menor  N. N. -Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-08-07

La Comisión Interamericana de derechos humanos, en el informe Nº 2/96 (capítulo VII "conclusiones y recomendaciones") estima que el dictado de la ley nacional Nº 24.390 es una muestra inequívoca de buena voluntad del estado argentino respecto al cumplimiento de la garantía de un término razonable del proceso penal, lo que en los hechos se tornaría ilusorio si se interpretara como solamente vigente en jurisdicción nacional.
Impuestos, impuesto a las ganancias, reorganización de la empresa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Holding Marítima y Portuaria S.A. (T.F. 15.352-I)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-19

Según el art. 77 de la Ley de Impuestos a las Ganancias se entienden por "reorganización": a) la fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas; b) la escisión o división de una empresa en otra u otras que continúe en conjunto de operaciones de la primera y c) las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un mismo conjunto económico. En este artículo, al que remite la Ley de Impuesto de Sellos, también se indica que para que la reorganización tenga los efectos impositivos previstos, el o los titulares de la o las empresas antecesoras deberán mantener durante un lapso no inferior a dos años contados desde la fecha de la reorganización, un importe de participación no menor al que debían poseer a esa fecha en el capital de la o las empresas continuadoras de acuerdo a lo que, para cada caso, establezca la reglamentación (Cons. IV).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, tribunales de instancia única, sentencia, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Veiga, Enrique Avelino c/ Ochoa, José María s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   158-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado correspondiendo anular el decisorio de la Alzada cuando la tesis propuesta por el Sentenciante, esto es: que el mero acuse, por el justiciable, de arbitrariedad al auto denegatorio del remedio previsto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita -sólo- el acceso directo a la vía excepcional regulada por la ley 7055, conduce sin más a sentar un criterio contrario a la doctrina elaborada por esta Corte en torno al "iter" recursivo que, de acuerdo a dicha normativa, debe seguirse contra las sentencias definitivas o autos con fuerza de tales dictadas por los Tribunales Colegiados.
Prueba, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CREMASCHI FERNANDO c/ CARLOS CRUZ s/ Cumplimiento Contrato (LIBRO: A122 - 359)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-07-04

Aceptar ahora tal probanza implicaría violar la máxima "venire contra factum proprium non valet", la cual encuentra su fundamento en los art. 22 del C.P.C., 21 y 953 del C.C. y a tenor de la cual es inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios comortamiento anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (ver L.S. 109:166). La mera fotocopia simple agregada, referida a un instrumento ofrecido como prueba en la demanda y no acompañado en la oportunidad de interponerla y, si a ello se agreg se trata evidentemente a una instrumental que hace al derecho invocado por el demandante, la extemporaneidad de su ofrecimiento resulta manifiesta (art. 165 inc. 5ª del C.P.C.), implicando su aceptación vulnerar el principio de preclusión.-
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, derechos de las partes, obligaciones de las partes, rescisión del contrato, falta de pago, entrega del bien, procedencia del recurso, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Llanos, Andrea Laura c/ Fiat Auto SA de Ahorro p/f det. y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-30

La pretensión de las demandadas de que la consumidora retire un vehículo distinto al elegido, y más grave aún, de menor valor y con menos prestaciones vulnera sus intereses económicos, así como sus derechos a la libertad de elección y al trato equitativo y digno previstos en la CN 42 (cfr. CNCom, Sala C in re "Fernandez, Hector O. c/ Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo", del 12/02/05).
Agravio concreto, calidad de parte, fundamentación del recurso, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: VENTECOL, OMAR E IBARRA, ELVA VIOLETA c/ INSTITUTO PROVINCIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA s/ RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14

Si bien el auto que deniega la apelación no es, a su vez, susceptible de reposición ni de apelación, por lo cual la parte debe ocurrir directamente ante el tribunal de alzada por la vía que le acuerda el art. 274 del C.P.C.C.; en el caso no hubo un pronunciamiento expreso sobre la apelación que se había planteado en subsidio.

Habida cuenta que para plantear la queja por apelación denegada se requiere que exista una concreta denegatoria del recurso, no puede interpretarse que la providencia en cuestión no era susceptible de reposición con apelación en subsidio porque el interesado tendría que haber interpuesto una queja, máxime cuando en salvaguarda del derecho de acceder a la doble instancia debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de neto corte constitucional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la doble instancia no es requisito constitucional de la defensa en juicio, pero la integra cuando está instituida por la ley.
Defensa del consumidor, objeto de la demanda, garantías procesales, deber de información, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Tevez, Porfidio c/ Fiat Auto SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

1 - De acuerdo con lo normado por la LDC 4 el proveedor se halla obligado a suministrar al consumidor información cierta, clara y detallada de las condiciones de comercialización de los bienes o servicios que provee; deber éste que constituye una obligación legal de conducta no sólo en la etapa precontractual, sino también en la etapa de ejecución del contrato, con el propósito de garantizar al acreedor un cumplimiento satisfactorio (CNCom, Sala D in re "Rodríguez Delgado, Heraldo Omar c/ Volkswagen SA de ahorro para fines determinados", del 20/11/14, del voto del señor juez Heredia; cfr. Stiglitz, en "El deber general de información contractual", RCCyC, n° 11, diciembre 2016, pág. 3, cap. VII; entre muchos otros).
Sentencia, facultades del juez, circunstancias sobrevinientes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Clínica Modelo Laferrere SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente de verificación de crédito promovido por costilla lorena vanesa y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

El CPR 163-6° otorga al juez la potestad de decidir de conformidad con las pretensiones "calificadas según corresponde por ley". La indiscutida atribución jurisdiccional de suplir el derecho no se concreta en proveer la mera cita de la ley positiva, sino en la función de la intelección y calificación jurídica del conflicto, con los límites fijados por el resultado material perseguido, y valorando las cuestiones planteadas al momento en que se dicta sentencia. El transcurso del tiempo desde que se produjeron los hechos, configura el hecho modificatorio al que hace referencia la norma mencionada. Se introduce así el llamado ius supervinis con basamento en la doctrina procesal moderna, que autoriza al sentenciante a meritar los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante el devenir del proceso, aunque tales hechos no hubieran sido oportunamente invocados como fundamento de la pretensión (conf. CNCom, Sala B, in re "J. Vázquez Iglesias c/ Basterrechea SA s/ sum.", 19.9.90).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: MIGUEL COSTILLA c/ HIERROMAT SOCIEDAD ANONIMA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1991-11-18

El requisito de proponer claramente una doctrina legal en el recurso de casación, es esencial para entender la postura jurídica del recurrente, cumplir con el mismo significa el resumir, precisar y concretar a manera de necesario colofón, la tesitura que el impetrante estima viable en el caso y que deriva lógicamente de los puntos de agravios que precedentemente haya expuesto, al revés, el omitir ello, torna necesariamente trunca, incompleta y con frecuencia inintelegible, la postura de un recurrente.
Aplicación de la ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Echevarría Alejandro Javier c/ Agropecuaria Sbresso S.R.L. y Otra s/ Cobro de Pesos (Diferencia de sueldos e indemnizaciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-30

En el caso de que dos convenios colectivos sean simultáneamente aplicables a una misma relación de trabajo, las cláusulas del conflicto deben interpretarse a la luz de lo dispuesto en la ley citada conforme a la doctrina de conglobación de instituciones.

Cfr.: "Laboranti c/Parque Concordia S.R.L., L.A.S. 1999, Fº 37/41.
Extinción del contrato de trabajo, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: B., G.A. c/ A.Q. y Cía. SA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-10

El sentenciante no puede obviar el requisito de la acreditación de los hechos injuriosos por parte de quien los invoca; ello, entre otras razones, por la grave consecuencia que se deriva del hecho mismo de la rescisión, cual es el de poner fin a la relación laboral, y, por otra parte, por la vigencia del principio de conservación del contrato consagrado por el artículo 10 de la LCT.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, opción, cuestión de derecho común
Materia: LABORAL
Carátula: Sphan, Vicente c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ Nº 498-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

No cualquier actitud puede considerarse "opción" en los términos del artículo 17 de la ley 24028. La jurisprudencia y doctrina imperante en la materia han consolidado el criterio que es al momento de promover la demanda cuando queda determinada la opción como también en el caso que, iniciadas las actuaciones ante la autoridad administrativa del trabajo y determinada la incapacidad por la junta médica, el empleador abonara, y el trabajador recibiera el total de la indemnización, calculada ésta sobre la base de las pautas de la ley 9688. Fuera de los actos mencionados no hay ejercicio de "opción", así, verbigracia, la percepción de las sumas que corresponden en concepto de salario por enfermedad; la iniciación o intervención del trabajador o sus derechohabientes en las actuaciones administrativas; el haber percibido los salarios de asistencia médica y farmacéutica; el cobro de los gastos de sepelio por parte de los derechohabientes.