Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-11


Salta, 11 de Junio de 2013.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR EL SR. FISCAL PENAL Nº 1 FEDERICO OBEID - APELACIONES COR.GAR. PROC.SUMARIO SIN PRESO", Expte. Nº G02 002658/12 del Juzgado Correccional y de Garantías de Cuarta Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº C01 2658/12 de la Sala I del Tribunal de Impugnación; y CONSIDERANDO Que arriban los presentes obrados a este Tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.12 y vta. por el Sr. Fiscal Penal Nº1 contra el reso-lutivo de fs. 10/11 que declara la inadmisibilidad del dictamen emitido por esa Fiscalía a fs. 36 de autos de conformidad a lo previsto en los arts. 3, 80 y 220 sgtes. y cctes. del C.P.P.; en el inc. l) de la Sección 1º del Capítulo 1 del Título V del C.P.P. y en los arts. 18 y 75 inc.22 de la C.N.. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión susci-tada.

Que la Sra. Juez de grado ante la solicitud del Sr. Fiscal de excepción al Procedimiento Sumario prevista en el art. 353 inc.4º del C.P.P. por haber constitución de actor civil y querellante conjunto (Ley 6345 y modificatorias), se expide en los términos señalados con fundamento en que los presentes obrados que se inician por denuncia de un supuesto hecho delictual acaecido en fecha 15/03/2012; y a partir de allí el Ministerio Fiscal inicia las actuacio-nes pertinentes en el marco del Procedimiento Sumario (art.353 sgtes y cctes del C.P.P. Ley 6345); pero que en virtud de que, en fecha 06/06/2012 se puso en marcha el nuevo código de ritos establecido por Ley 7690 estableciéndose que la primera etapa del proceso penal deberá llevarse a cabo dentro del marco procesal de la I.P.P. a cargo del Ministerio Publico Fiscal (art. 228 y sgtes del C.P.P. Ley 7690), estas actuaciones deben ser encausadas bajo las nuevas normas de la I.P.P. y particularmente a lo establecido en el art. 3 del código citado. Apoya lo afirmado con cita de jurisprudencia (Fallos 321:532 y Fallos 220:1250) de la Corte de Justicia de la Nación en torno a que las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a los procesos en trámite. Destaca el carácter administrativo de las actuaciones llevadas a cabo por el Sr. Fiscal antes del requerimiento de juicio en el marco del Procedimiento Suma-rio por lo que tales actos pre-procesales no resultan afectados con la aplicación inmediata de la Ley 7690 y por ello, el dictamen en cuestión resulta inadmisi-ble ante el hecho que el instituto de excepción que invoca, ha sido derogado por la nueva ley procesal.

Se agravia el representante del Ministerio Público Fiscal toda vez que a su criterio resulta viable la excepción solicitada ya que el denunciante se constituyó en actor civil y querellante, previo a realizarse el dictamen fiscal pertinente y que el derecho de opción que da cuenta la Ley 7690 es de carácter personal del imputado y en el caso no hubo tal opción. Además de ello y siempre en el marco de la cláusula segunda del Título V referido a las Normas de Implementación de la Ley 7690, considera que no corresponde la aplica-ción del nuevo código, ya que la norma da cuenta que las causas iniciadas con anterioridad a la puesta en vigencia del nuevo régimen, como lo es el caso de análisis, las mismas deberán continuar su tramitación hasta su finalización se-gún las normas de las Leyes 6345, 7262 y 7562. Que su dictamen no es inmo-tivado (art.80 C.P.P.) pues de su lectura surge que cumple con los requisitos de la norma señalada, no debiendo olvidarse que la cuestión planteada en au-tos fue la aplicación del art. 353 inc.4º del C.P.P.. Solicita en consecuencia se haga lugar a la apelación, se revoque la resolución recurrida y se declare ad-misible el dictamen emitido por esa Fiscalía ordenando la remisión de los obrados al Juzgado de Instrucción Formal que por turno corresponda.

Corrido traslado a la defensa técnica se expide el Sr. Defensor Oficial Penal Nº4 (fs.14/16) solicitando el rechazo de la vía impugnaticia, toda vez que comparte lo resuelto por la Sra. Juez considerando que se equivoca el Sr. Fiscal tanto al solicitar la excepción al Procedimiento Sumario como al argu-mentar su disconformidad con la inadmisibilidad declarada. Asimismo entien-de que la cuestión que aquí se suscita no tiene relación con el derecho de op-ción que pudiera formular el imputado, pues en estos obrados no se tiene si-quiera un imputado acusado formalmente por el Ministerio Público Fiscal. Que en las Normas de Implementación del nuevo régimen, el legislador ha precisado, a fin de evitar erradas interpretaciones, cuales son las causas a las que se aplica y así en el punto 2 consagra que únicamente continuarán su trá-mite bajo las normas de las Leyes 6345, 7262 y 7562: las causas iniciadas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, es decir el 06/06/2012 y en consonancia con ello en el art. 3 de la Ley 7690 establece que el nuevo código se aplicará a las causas que se inicien a partir de su entrada en vigencia, dejan-do a salvo inclusive la opción que pueda formular el imputado. La opción será posible sólo cuando exista un imputado y para ello debe existir previamente una acusación formal y una causa penal; esto último importa que no sólo se cuente con dictamen acusatorio del Fiscal (requerimiento de juicio) sino tam-bién y principalmente con el "avocamiento" del Juez correccional, sin ello no hay causa penal. Destaca también que el art. 355 original de la Ley 7262 otor-gaba un exiguo plazo de 5 días al Fiscal Correccional para formular acusación, luego se extendió a 30 días por Ley 7562; sin embargo en el caso de marras el Fiscal recibe el A.U.P. durante la vigencia de la ley procesal anterior y sin respetar en absoluto los plazos allí establecidos casi un año después y ya en vigencia de la nueva ley procesal, pretende iniciar una nueva causa bajo las formas procesales de la ley derogada y además con la aplicación de una ex-cepción que nunca tuvo la virtualidad de desplazar la competencia a la Ins-trucción Formal, ni siquiera durante la vigencia del Procedimiento Sumario.

Que así planteada la cuestión a resolver, debe señalarse que la cuestión se centra en dilucidar si la presente causa se encontraba o no iniciada con ante-rioridad a la entrada en vigencia de la primera etapa del nuevo Proceso Penal de Salta. Ello porque en las normas de implementación del nuevo régimen en el punto 2 se establece que únicamente continuarán su trámite bajo las normas de las Leyes 6345, 7262 y 7562: las causas iniciadas con anterioridad a la fe-cha de la entrada en vigencia de la Ley 7690, es decir el 06/06/2012 y en con-sonancia con ello en el art. 3 del nuevo sistema se establece que el nuevo có-digo se aplicará a las causas que se inicien a partir de su entrada en vigencia.

Que le asiste razón al Dr. Polliotto cuando señala al dictamen acusato-rio del fiscal, en este caso concreto, -e invocado el viejo régimen como el apli-cable al asunto- el requerimiento de juicio, con el correspondiente avocamien-to, como el momento formal del inicio del proceso penal. El principio general es que existe proceso penal cuando se incorpora intimación acusatoria trasla-dable al acusado. Antes de ello puede existir la pretensión de poner en marcha una acción penal que no encontró todavía su destino. El proceso es bilateral, la relación jurídica procesal se insinúa ya en el avocamiento, en el que la juris-dicción entiende que se encuentra ante un hecho de naturaleza penal y anuncia su intervención, habilitando con ello el ejercicio de defensas (como por ejem-plo las de protección de la neutralidad del órgano juzgador por medio de plan-teos recusatorios). Se perfecciona cuando se convoca al imputado a declarar, en los procesos que incluyen de modo inexcusable este llamado, circunstancia en que se trasladan los cargos acusatorios mediante el anoticiamiento de los elementos de convicción. En algunos modelos acusatorios, entendido el dere-cho a declarar como lo que es, "un derecho", el acusado es el que expresa, cuando quiere y si lo quiere, su deseo de hacerlo. En esta variante, suple a ese acto una audiencia de intimación, en donde se le hace conocer al imputado el inicio del proceso con ilustración de la carga acusatoria y recordatorio de sus derechos.

Sin embargo, ese momento formal, como inicio de cómputo de plazos, o como activante de derechos del acusado, puede en ocasiones ser desplazado anticipándoselo en el tiempo, cuando aún sin mediar la declaración formal de avocamiento se hayan practicados actos que conculquen garantías constitucio-nales en perjuicio del investigado. Así, en el caso Suarez Rosero c/Ecuador, la C.I.D.H en fallo del 17/11/97, señaló que el primer acto del procedimiento había sido la aprehensión de Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debía comenzar a apreciarse la razonabilidad del plazo.

Pero como surge del principio pro homine, bajo el cual deben ser in-terpretados los Derechos fundamentales y las Garantías judiciales incorpora-das en los instrumentos internacionales incorporados al Bloque de Constitu-cionalidad, nos encontramos obligados a antedatar el inicio efectivo del proce-so sólo cuando de aquella operación mejor se protejan los Derechos del Acu-sado y no para perjudicarlos con un procedimiento más gravoso, sobre todo teniendo en cuenta que no corre por cuenta de ese sujeto (acusado eventual) el sostenimiento de los agravios. Es que como dice José Ignacio Cafferata Nores, los Derechos Humanos, dentro de los cuales se encuentran las Garantías Judi-ciales, obran como las púas de un puercoespín, a modo de coraza protectora para repeler ataques que desde el exterior se pretendan infringir pero que no ofenden al interior de lo protegido. Por otra parte lo dicho claramente evita que se sujete a la voluntad unilateral del Ministerio Público de la Acusación la elección del régimen procesal penal aplicable, beneficiando de este modo de la propia mora, por ejemplo, con plazos procesales más amplios para preparar la acusación.

Corresponde entonces concluir que el proceso no fue en este caso ini-ciado bajo la vigencia del sistema anterior, siendo de aplicación en consecuen-cia la regla del artículo 3 del Código Ley Nº 7690 que manda aplicar el nuevo procedimiento a las causas que se inicien a partir de su vigencia, por lo que el recurso interpuesto debe ser rechazado.

El Vocal Nº 3, Dr. Abel Fleming de la SALA I DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 12 y vta. por el Sr. Fiscal Penal Nº1 y en su mérito CONFIRMAR el auto resoluti-vo de fs. 10/11.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportuna-mente BAJEN los autos al Juzgado de origen.