marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Oeste S.A. c/ Alduncín, Jorge Fernando s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Si no surge del título que haya sido firmado por el contador de la entidad, y si ni siquiera ha alegado el banco ejecutante que el funcionario que lo hace -"2do. Jefe de Departamento"- fuera su reemplazante natural, es inhábil como título ejecutivo (arg. art. 795 3er. párrafo).-
Jueces, pena, agravantes de la pena, atenuantes de la pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: G, J Y O s/ ROBO  CALIFICADO,  PRIVACION  ILEGITIMA  DE LA LIBERTAD Y RESISTENCIA  CALIFICADA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 41-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-23

El alcance que la Sala acuerda a los artículos 40 y 41 del Penal (atenuantes y agravantes de las penas), y su incidencia en la individualidad de la pena de los encartados en función de las circunstancias allí expresadas y la utilización de criterios legales, como el de reincidencia específica de cuya aplicación se agravia el encartado, pero sin explicar en qué consiste la arbitrariedad -ya que en este caso el Instituto no depende de la reglamentación del artículo 50 del Penal-, son aspectos vinculados a la función jurisdiccional ordinaria, no revisables, en tanto no se demuestre su manifiesta irrazonabilidad.
Títulos ejecutivos, título ejecutivo hábil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Prop. Pte. Julio A. Roca c/ Miguel Angel Soria s/ Cobro de expensas-Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-12

Es título hábil para promover la ejecución todo aquel instrumento privado en el cual conste una obligación exigible de dar una cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable. Ahora bien, la fuerza del mismo emana de la ley o de la voluntad de los contratantes, en los casos en que aquélla no lo prohibe y el acuerdo se refiere a lo que por su naturaleza no es incompatible con la esencia, función y estructura del proceso compulsorio. El título puede materializarse en un solo instrumento o en dos o más que se complemente recíprocamente, ello a condición de que su presentación a juicio sea simultánea o, cuando menos, que se reúnan en el expediente antes de la intimación de pago.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19


Buenos Aires, 19 de noviembre de 2002.

Autos y Vistos; Considerando:

Que la presentación efectuada no configura una acción o recurso que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y en sus leyes reglamentarias, habilite la competencia ordinaria o extraordinaria de este Tribunal.

Por ello, se desestima la presentación interpuesta. Notifíquese y archívese. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

1) Que la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), con la adhesión del BBVA Banco Francés S.A., se presentan ante esta Corte apelando la sentencia dictada por el juez a cargo del Juzgado Federal N 4 de la Ciudad de Mar del Plata. En ese pronunciamiento dicho magistrado dispuso, como medida cautelar innovativa que las instituciones bancarias hagan entrega inmediata y efectiva de los fondos a todas las personas que iniciaron acciones de amparo.

2) Que, sin perjuicio de diversos aspectos que oportunamente serán objeto de consideración por el Tribunal, surge de un modo claro y manifiesto que las consecuencias de la resolución apelada pueden traducir agravios de imposible o tardía reparación ulterior. Súmase a esto que, en definitiva, el objeto del proceso es de inequívoca sustancia federal, y por su trascendencia exhibe gravedad institucional.

3) Que, en tales condiciones, corresponde que esta Corte declare la suspensión de los efectos de la sentencia apelada (Fallos: 313:630 y sus citas).

Por ello, se suspenden los efectos de la sentencia apelada. Solicítense los autos principales y, oportunamente, córrase el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dése vista al señor Procurador General. Notifíquese. ANTONIO BOGGIANO.

ES COPIA
Accidentes de trabajo, carga de la prueba, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Empresa Kruse S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-06-09

Este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente que la relación causal de la enfermedad con el trabajo, debe demostrarse por quien la invoca, porque el nexo dolencia-trabajo, tratándose de una enfermedad accidente, no se presume, que ante la falta de acreditación de estos extremos, no es posible atribuir responsabilidad patronal, dado que nadie responde por lo que no ha causado.
Regulación de honorarios, falta de regulación, prescripción bienal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Emma del Valle Corpacci y Luis Sánchez Recalde c/ Herrera, L. Floridor s/ Medida cautelar s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-11

Es doctrina legal de esta Corte, siguiendo la jurisprudencia de nuestro mas Alto Tribunal, la que sostiene en materia de prescripción de honorarios, la diferencia que existe entre los honorarios regulados, en cuyo supuesto se aplica la prescripción decenal Art. 4023, y honorarios no cuantificados subsumidos en la prescripción corta bienal o quinquenal del Art. 4032 Inc. 1 CCiv. Así se distingue entre el derecho a obtener la regulación judicial de los honorarios y el derecho a obtener el cobro de los honorarios ya regulados, en tanto que por el primero se habilita a reclamar la cuantificación judicial del estipendio, y por el segundo se procura su efectiva percepción.
Concursos, causa de las obligaciones, causa del título, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Estévez, Hector René. s/ Concurso preventivo s/ Incidente de verificación de crédito de Magdalena Zuvic.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-03-31

No obstante que este Tribunal ha dicho reiteradamente que el recurso de casación no tiene por fin revisar en una tercera instancia las decisiones que son propias de los jueces de la causa, en cuanto al alcance dado a las normas de derecho común aplicables al caso o al análisis de cuestiones de hecho y prueba, el tema que se debate -la necesidad de acreditar la causa de la obligación cuando se ejecutan títulos abstractos como un cheque o un pagaré y existe sentencia firme recaída en juicio ejecutivo contra el concursado- es una cuestión controvertida tanto en doctrina como en jurisprudencia que amerita la intervención de este Tribunal, máxime cuando en el fallo atacado se han soslayado normas de la ley concursal sin la debida fundamentación.
ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, familiares de la víctima, conflicto armado internacional, responsabilidad internacional del Estado, víctimas de guerra, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, violación de derechos humanos, reparación integral
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 121/18, Caso 10.573. José Isabel Salas Galindo y otros. Estados Unidos de América - Invasión militar a Panamá - Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Interpretación y alcance c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-10-05

Corresponde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declare la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de Norteamérica por violación de los artículos I -derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona-, VII -derecho de protección a la infancia-, XXIII -derecho a la propiedad- y XVIII -derecho de justicia-, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en perjuicio de las personas civiles muertas, sus familiares y las personas heridas como consecuencia de los métodos empleados en la invasión militar llevada a cabo en Panamá, debiendo repararlas en forma integral.
Juicio ejecutivo, tercería de dominio, posesión, prueba, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Arturo Ramón Nicolás s/ En autos Nº 710/00 Zitelli, Silvestre c/ Santillan Iturres, Oscar A. s/ Ejecutivo - s/ Tercería de Mejor Derecho - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-30

Si bien en el caso el recurso de casación debe rechazarse por falta de autosuficiencia, parece oportuno señalar que en el marco de un juicio ejecutivo, el titular de un boleto de compraventa dedujo tercería de dominio y de mejor derecho respecto del inmueble embargado, las que, admitidas en primera instancia, fueron rechazadas -apelación mediante- por el Tribunal de Alzada, por considerar, en lo sustancial, que dicho instrumento privado carecía de fecha cierta, entre otros argumentos, sentencia que se recurre en casación.

Desde otro ángulo, no se advierte cómo podría variar la suerte de este pleito si tampoco se han logrado acreditar debidamente los actos posesorios que se dicen realizados, y que permitirían inferir el contacto material con la cosa. Al respecto y como primera cuestión, debe recordarse que la prueba del acto real de la tradición no puede ser suplida por la declaración del tradente de darse por desposeído o de dar al adquiriente la posesión (arts. 2378 y 2379, Código Civil); en consecuencia, carece de validez el mero reconocimiento que formula el demandado-ejecutado de haber transmitido la posesión al tercerista, si ello no va acompañado de otros elementos de juicio que muestren la entrega efectiva de la cosa. De allí que la duda se traslade también necesaria y lógicamente al ejercicio de los actos posesorios, cuestión que el Tribunal ad quem estima dirimente, quizás porque reconoce que la vía más efectiva por la que los demás perciben el derecho que tenemos sobre las cosas, sea precisamente la posesión.

Además, existen otras circunstancias como el tiempo transcurrido entre la supuesta compraventa -1980- y la falta de publicidad registral; la falta de demostración en juicio del precio que el tercerista afirma haber pagado por el inmueble en cuestión, etc., que conducen, en definitiva, a que la tercería alegada sea una mera probabilidad que en esta materia no es conveniente postular, si se toma en cuenta que lo que está en juego es la seguridad jurídica, por lo que es necesario manejarnos con hechos debidamente comprobados que conduzcan a certezas aceptables, pues se trata de que no quede la más mínima duda de que el boleto, a favor de cuyo titular fue otorgada la posesión, fue firmado antes de que el acreedor haya logrado inscribir el embargo sobre el inmueble en cuestión.
Honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Cuevas, Emilio Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

La normativa sobreviviente -en el caso, la reforma de la ley 24.432 al art. 1627 del Código Civil- debe considerarse aplicable cuando el pretendido derecho a los emolumentos regulados judicialmente se ha devengado con posterioridad a la entrada en vigor de la citada disposición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deber de imparcialidad, violencia de género, uso de armas, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Alberto Darío s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

Es tardío el planteo referido al compromiso de la garantía a ser juzgado por un tribunal imparcial por la intervención en la fijación de la nueva pena de dos de los tres jueces que habían pronunciado la condena e individualizado la pena dejada sin efecto, pues la defensa tuvo oportunidad de postular tal apartamiento antes de que pronunciaran la resolución impugnada y, asimismo, no corresponde hacer lugar a la nulidad al no haberse demostrado agravio concreto para la defensa ya que la pena se disminuyó sensiblemente. Resulta suficientemente fundada la pena de 12 años impuesta por el homicidio de una mujer con la que el imputado había mantenido un vínculo de afectividad. No es correcto, al momento de evaluar la reprochabilidad del acto de violencia contra la mujer, correr el eje de atención hacia la víctima y culpabilizarla a ella por la ira desencadenada de su compañero, pues devendría en un acto susceptible de comprometer la responsabilidad del Estado argentino en virtud de la Convención de Belém do Pará. Si bien la agravación prevista para el "femicidio" (art. 80 inc. 1º texto según ley 26.791) no puede ser aplicada a quien cometió el hecho antes de su sanción, razonablemente puede motivar un incremento de la pena dentro de la moldura legal. Es razonable la consideración del uso del arma reglamentaria como circunstancia agravante, precisamente por haberle sido entregada al imputado por el Estado argentino a fin de que ejerciera la función policial y no para hacer un uso aberrante de aquello que le fuera confiado. La exclusión del "uso de arma" en virtud del art. 41 bis CP no impide per se la invocación del uso de aquel medio para cometer el homicidio como circunstancia agravante, en tanto se fundamente que aquel medio resultó especialmente lesivo. No es arbitraria la consideración de la juventud de la víctima como extremo agravante, pues -si bien la vida no vale más o menos en atención a la edad- se consideró que el homicidio truncó expectativas de realizar un plan de vida que en una persona joven, se encuentra en pleno desarrollo. La disidencia postuló la declaración de nulidad de lo resuelto al haberse fijado la nueva pena sin dar intervención a las partes y, asimismo, consideró afectada la garantía de imparcialidad. (Dres. Slokar, Ledesma -en disidencia- y David).
Daños y perjuicios, tarjeta de crédito
Materia: CIVIL
Carátula: Salguero Rotela, Diana Jessica  c/ Banco Patagonia Sa s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-27

Corresponde admitir la acción de daños y perjuicios promovida por un cliente contra su banco con motivo de la calificación negativa que le asignó, así como el informe que envió al registro de deudores del Banco Central. Ello así, pues fueron incluidos en los resúmenes de tarjeta de crédito de la actora conceptos correspondientes a un intento fallido de compra de pasajes aéreos, cuya operación fue inmediatamente anulada y cuyos importes le fueron devueltos. En consecuencia, la deuda reportada no existió porque "no hay obligación sin causa" (CCCN 726; LDC 3 y 37).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, José Aníbal y otro s/ Robo calificado Hansen, Jorge Ricardo s/ Robo calificado Flores González, Ernesto; Blanco, Carlos s/ Robo calificado por el uso de armas Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Mussano, José Oscar s/ Robo automotor e infracción art. 33, dec. ley 6582/58 Morales, Miguel Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25|1993-03-30|1994-10-25|1997-04-22|1996-03-05|2000-06-07

La figura agravada descripta en el art. 166 inc. 2º del Código Penal, sólo hace referencia a que el robo "se cometiera con armas" y no se exige más para que se perfeccione el delito. El arma no sólo es apta para dañar sino también para intimidar y desbaratar una posible resistencia. Si el robo se cometió con armas resulta innecesario acreditar además sus condiciones de uso, si era apta para el tiro o estaba cargada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acta contravencional, subsanación del vicio, audiencia ante el fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., F. s/ Art. 51 .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-04

En lo que respecta a la nulidad del Acta Contravencional es preciso señalar que los defectos aducidos por el apelante en la confección de la misma por falta u omisión de alguno de los elementos que la constituyen, de ninguna manera implica automáticamente la nulidad del acto, por cuanto los mismos no configuran requisitos Ad solemnitaten, sino que el objetivo es llevar a conocimiento del Fiscal la posible ocurrencia de una contravención a fin de que investigue y realice los actos de instrucción que considere idóneos necesarios y útiles para el desarrollo de la causa, criterio sostenido por esta Sala en reiterados fallos. De allí que la omisión en la descripción del hecho debe considerarse salvada en la audiencia ante el Fiscal (conforme al art. 41 de la Ley de Proc. Contr.) donde el imputado demuestra tener un conocimiento total del hecho que se le imputa, traducido en su propio reconocimiento.
Martillero, honorarios del martillero, aplicación de la ley, costumbre
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: ZEIGUER, Mario c/ GLASS SERR S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-27

Ante la inexistencia de normas concretas para regular la actividad de los martilleros, prevalece la costumbre, por aplicación de los arts. 17 del Código Civil y 565 del Código Procesal. La distinta función de martilleros y corredores impide aplicar a los primeros la normativa que rige la actividad de los últimos y viceversa.
Indemnización, daño material, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: M., R.J. c/ C.T. E.G. Ltda. y Otros s/ Demanda Laboral (Acc. de Trabajo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-16

"Las indemnizaciones por daño material y moral merecen un tratamiento diferenciado por tener naturaleza jurídica independiente al ser distinto los bienes jurídicos afectados, los que se resarcen en uno y otro caso".
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, expropiación, declaración de utilidad pública, explotación de minerales, protección del medio ambiente, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Desarrollo de Proyectos Mineros S.A. (Deprominsa) c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema la impugnación de una ley provincial por la cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde el accionante desarrolla su proyecto minero, cuyo objeto reside en la protección y conservación del medio ambiente en dicho territorio, pues se debaten cuestiones de índole local. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidentes de trabajo, acción civil, guardián de la cosa, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: CAPURRO, SERGIO CARLOS c/ CONDICORT S.R.L. Y OTRO s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

La tarea de manipulación de elementos (cajas, bolsas) desplegadas por el trabajador de manera habitual durante largas jornadas y por un considerable lapso, sumado a la conclusión pericial relativa al agravamiento del estado de su columna vertebral -en tanto a su ingreso se encontraba en óptimas condiciones de labor-, demuestran que la minusvalía detectada se debe al riesgo de la actividad desarrollada generada por la cosa en cuestión del que la demandada es dueña o guardiana, lo que hace que el caso quede subsumido en las previsiones del artículo 1113 del Cód.Civil, sin ningún eximente de responsabilidad.
Caducidad de instancia, tribunal de alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO c/ MARTA PATRICIA RAGO s/ COBRO DE PESOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-10

El apelante está impelido a peticionar la pérdida del derecho de la contraparte que no contesta en plazo la expresión de agravios, y el llamamiento de autos para sentencia; ello por la carga procesal que sobre el pesa de impulsar idóneamente las actuaciones para colocar la causa en estado de dictar el fallo, caso contrario corresponde, ante su inactividad por el plazo de ley, declarar la caducidad de la instancia.
Verificación de créditos, privilegios generales (comercial), honorarios, procedimiento laboral
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inverbus S.A. c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-02-13

El incidentista solicitó expresamente la verificación de su crédito por honorarios del juicio laboral con los privilegios establecidos en el art. 246, inc. 1 de la L.C.Q. de modo que lejos de omitir la invocación del privilegio, el letrado accionante solicitó explícitamente su reconocimiento y en consecuencia corresponde declarar verificado su crédito con privilegio general.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Diana, Héctor Raúl c/ Semillero del Plata s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

Para que una afección sea estimada como enfermedad accidente es necesario que se demuestre una relación de concausalidad entre la incapacidad que resulta de la dolencia padecida con las labores desempeñadas por el dependiente sin que obste -cuando se reclama por la ley 9688- en qué grado participa el trabajo realizado por aquél.
Procedimiento laboral, desindexación, aplicación de la ley, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, ARMANDO c/ ENTEL s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

Por razones de economía procesal, es necesario atenerse a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De todas formas, la cuestión relacionada con dicha ley 24283 debe plantearse en la oportunidad del art. 132 de la LO, y no corresponde pronunciamiento alguno en esta instancia.
Procedimiento laboral, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: HERRERA EDUARDO LUIS c/ EMPRESA MINAR S.A.P.S. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-02-26

Al cometer un error "in procedendo" el "a-quo" al dictar su sentencia por el hecho de haber condenado solidariamente a las resultas de la misma a una empresa que no ha sido parte en el proceso corresponde decretar la nulidad del acto sentencial.

Conforme el art. 89 de la Ley 1.444, dicha norma no prevee el reenvío de la causa a primera instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento, sino que dispone que, no obstante la nulidad de la sentencia, sea el Tribunal Superior el que dicte nuevo pronunciamiento.
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pietrasanta, Aldo Mario y Ballerini de Pietrasanta, R. s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

Son competentes los tribunales de la República para conocer en la sucesión de un causante con último domicilio en el estado de Florida, EE.UU., en tanto que su acervo hereditario se compone de una parte indivisa sobre un inmueble sito en esta jurisdicción y habida cuenta de la existencia de presuntos herederos domiciliados en el país.
Prisión preventiva, excarcelación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Incidente excarcelación de A. P. C. s/ Apelación s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-27

"... el principio rector para decidir privar o no a una persona de su libertad durante la tramitación del proceso penal es lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los peligros procesales que atentan contra ese fin. En esa etapa, la del juicio, es donde se decidirá acerca de la culpabilidad o inocencia de un imputado y, consecuentemente, sobre su eventual condena o absolución producto de la sentencia que se debe dictar como conclusión... Por ese motivo, las medidas de coerción que se puedan adoptar respecto de una persona imputada de haber cometido un delito antes del dictado de la sentencia deben tener siempre carácter excepcional y sólo se justifican en la neutralización de los peligros aludidos: de fuga o de entorpecimiento de la investigación".