Prescripción de la acción penal, orden público, empleados públicos, insuficiencia del agravio, intención de eludir la acción de la justicia, igualdad ante la ley, calificación legal, debido proceso, escala penal, principio de congruencia, fundamentación de sentencias, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: PÁEZ ROMERO, Mario Raúl c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

El Dr. Slokar señaló que: "En lo atingente a la prescripción, es sabido que constituye una cuestión de orden público que se produce de pleno derecho, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (Vid. Fallos: 207: 86; 275:241; 297:215; 301:339; 310: 2246; 311:1029,2205; En orden a estas cuestiones, en la sentencia se argumentó que: "(.) no cabe duda que Páez Romero mantuvo una relación laboral formal con la Fuerza Aérea hasta el día de su desvinculación, ello fue en fecha 01/11/2010. Hasta ese momento mantuvo el status de funcionario/empleado público conforme los términos de interpretación aportados por el Código Penal en su artículo [67], por ello rechazamos el primer planteo esgrimido por la Defensa en relación a este tema". Cabe aclarar que ese primer planteo se refería a la finalidad de la norma, cual sería - según se aduce- evitar que el funcionario influya por medio de su cargo a fin de eludir el accionar de la justicia. ". "De otra parte, el tribunal señaló que de la lectura del art. 38, inciso 2°, apartado "a", de la ley 19.101, "se desprenden dos postulados, en primer lugar que la disponibilidad es un estatus provisorio y en segundo, que es a término, frente a lo cual debemos concluir que aun interpretando ontológicamente la norma, la situación del Vicecomodoro Páez encuadra en el supuesto de excepción previsto en el art. 67 del Código Penal" (.). "Más allá del empeño defensista, menester es destacar que la citada norma del código de fondo no contempla la necesidad de acreditar adicionalmente la alta probabilidad o aún la concreta acreditación de conductas tendientes a obstruir el accionar de la justicia. Desde esa óptica, corresponde también rechazar el agravio incardinado en cuestiones de índole constitucional, toda vez que no se verifica una aplicación desigual de la ley y el casacionista tampoco desarrollado suficientemente su argumento para demostrar lo contrario." (.). "De otra parte, tampoco la situación de disponibilidad del inciso 2°, "a" del art. 38 sería una excepción al art. 67 del CP. Dicha previsión se refiere a la suspensión de la prescripción "en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público" (destacado agregado). La norma es lo suficientemente genérica como para comprender el supuesto del art. 38 inciso 2°, a de la ley 19.101. Cuadra destacar que la mentada norma incluye al personal en disponibilidad dentro de la categoría "el personal del cuadro permanente de las fuerzas armadas" "en actividad" (destacado agregado)." (.). "Que, de otra banda, se advierte que los jueces han realizado un somero examen de la cuestión referente al plazo razonable y a las alegaciones realizadas por la defensa." (.). "En relación a ello, interesa señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido -en aplicación de los lineamientos sentados por la Corte Europea de Derechos Humanos ("Motta v. Italy", sentencia del 19 de febrero de 1991 y "Ruiz Mateos v. Spain" sentencia del 23 de junio de 1993) que a los fines de precisar el alcance del concepto de plazo razonable, deben tomarse en consideración como parámetros: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.". "Sentado todo lo expuesto, el pedido de la defensa para que se considere el lapso de tiempo que conllevó la tramitación en sede administrativa de los sumarios correspondientes, remite a una cuestión ajena al ámbito del proceso penal. Por lo demás, se observa que la defensa no ha logrado demostrar acabadamente los extremos alegados, pues nótese que no invocó un agravio concreto que imponga la solución pretendida, a pesar de no haber transcurrido el plazo legal de prescripción de la acción penal.". ".se observa que del modo en que fue establecido el factum se cumplió con los requerimientos legales establecidos a esos fines (art. 347, último párr. CPPN), toda vez que en el acto de la acusación se delineó la modalidad delictiva empleada por Páez Romero, para lo cual se determinó el uso de facturas y comprobantes falsos, entre los años 2002 y 2007, durante el cual el encartado se desempeñó como Jefe militar en el Barrio Aeronáutico, Delegación Mendoza.". "Por ende, en estas condiciones, no se advierte la indeterminación invocada por la defensa, en tanto el Ministerio Público Fiscal delimitó en forma suficiente tanto el período comprendido en la hipótesis de la acusación, como la modalidad delictiva atribuida y la correspondiente calificación legal". "Por lo demás, en lo atingente a la afectación al principio de congruencia, se debe recordar que en tanto el mismo integra el derecho al debido proceso, un planteo como el articulado debe ser analizado a la luz de la doctrina que dimana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la cual el recurrente debe demostrar el real alcance de su agravio, pues el planteo requiere para su procedencia la demostración del perjuicio, es decir, que efectivamente se haya ocasionado una lesión al derecho invocado (Fallos: 304:1564, entre otros)." (.) "Así, con base en las cuestiones señaladas, la censura debe ser desestimada sin más, pues la acusación fue formulada en el juicio y la defensa tuvo oportunidad de establecer su estrategia en función de los cargos formulados en dicha oportunidad, que es donde se produce el contradictorio." (.) ".se observa que la defensa no ha logrado demostrar que el análisis de la prueba de cargo adolecía de los defectos señalados en el precedente citado, habida cuenta que sus alegaciones parten de considerar aisladamente los argumentos y elementos de prueba que han sido tenidos como base de la sentencia, sin un examen crítico de conjunto. En efecto; el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y los agravios de la asistencia técnica sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos: 302:284; 304:415; entre otros)." (...) ".en cuanto a la fundamentación de la pena no asiste razón al casacionista pues el hecho de que el tribunal se haya apartado del mínimo de pena previsto para la escala penal en cuestión, tiene correlato con las cuestiones ponderadas por los judicantes, toda vez que los elementos agravantes de la pena, así como los atenuantes, fueron empleados en sentido lógico y proporcional al aplicar el quantum punitivo, lo cual lleva a desechar los agravios vinculados en torno a la fundamentación de la pena.". Dres. Slokar, Yacobucci y Mahiques.