Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-09


En la ciudad de Trelew, a los 09 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "T., A. P. y otra c/ P., V. L. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 16.445 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 1167.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 1138) y por la parte demandada (fs. 1141), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 1120/1129), por la que se hace lugar parcialmente a la demanda incoada por la Sra. A. M. G. y la Sra. A. P. T. condenando a los Sres. V. L. P., E. A. P. y la citada en garantía "O. S S.A.", a que en el plazo que fija, abonen a la primera de las mencionadas actoras la suma de Pesos Nueve Mil Ochocientos, en concepto de daño material y moral; y a la segunda la suma de Pesos Cien Mil Ochocientos Noventa y Nueve con Ochenta y Cuatro Centavos, en concepto de incapacidad física, daño moral, pérdida de chances y gastos por asistencia médica, sanatorial, farmacia y traslados incluidos los gastos terapéuticos y colaterales. Asimismo indica los intereses que devengarán tales sumas e impone las costas a la parte demandada.

A fs. 1139, se presentan por su propio derecho los Dres. V. A. F. y S. L. F., y apelan por sus honorarios en razón de estimarlos bajos. - A fs. 1140, se presenta el Sr. V. R., por su propio derecho, con el patrocinio de la Dra. A. V. T., y apela los honorarios que le fueran regulados por su actuación como perito médico por estimarlos bajos.- A fs. 1153/1159 vta., luce agregado el escrito de expresión de agravios de la parte demandada. - A fs. 1160/1162, obra la expresión de agravios de la parte actora. - I.- Las partes formulan los siguientes agravios, a saber:

A) Agravios de la parte co-demandada Sra. V. L. P.: 1) Nexo causal-Eximente: Manifiesta que al contestar la demanda invocó como causal exhonerativa de responsabilidad la culpa de la víctima o hecho de la víctima, aseverando que la Sra. T. provoca con su exclusiva conducta (imprudencia o impericia) el accidente, toda vez que si bien circulaba por la derecha había detenido el automotor que conducía en inmediaciones de la intersección conversando con terceras personas y sin advertencia alguna lanzó a cruzar la misma cuando ya el Ford Sierra había comenzado a trasponerlo ejerciendo la prioridad de paso que le concedió la hoy actora. Ante esa inesperada maniobra -dice- debió frenar pero no pudo evitar la colisión. Expresar cre B) Agravios de la parte actora: 1) En relación a la co-actora Sra. A. M. G., se agravia de que no se haya acogido el item referido al daño producido al daño producido por la privación de uso del móvil de su propiedad, el que -dice- fue destruido totalmente y pese haberse acreditado que era el único vehículo que tenían viéndose privado de él cuando más lo necesitaron atento a las atenciones médicas de su hija A. P., en múltiples viajes a la ciudad de Trelew teniendo domicilio en Pto. Madryn. Agrega que la fijación del monto correspondiente a este daño se puede estimar siendo siempre procedente y siendo irrelevante que se haya producido la destrucción total del vehículo por cuanto ell C) Apelación de honorarios de los Dres. V. A. F. y S. L. F..

D) Apelación de honorarios del perito médico Dr. R.. II.- ANÁLISIS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:- En los límites demarcados con los agravios que se reseñaran precedentemente ingresaré al análisis de los mismos siguiendo el mismo orden expuesto, distinguiéndolos según sea quién los ha planteado y siguiendo la misma nominación y numeración para su correcta individualización. - A).- 1) Nexo causal-Eximente: En relación al punto la parte demandada apelante reiteradas veces alude a pruebas producidas en sede penal en apoyo de afirmaciones efectuadas en relación a las circunstancias desencadenantes del hecho, por caso, la supuesta detención previa del Fiat Uno conducido por la co-actora T., o bien para rescatar los propios dichos vertidos por las actoras al declarar en dicha sede o para traer a colación los dictámenes periciales producidos en las actuaciones cumplidas en ella. Ahora bien, se omite toda consideración respecto a los efectos derivados de la sentencia absolutoria emitida en sede penal aspecto en el cual se detuvo la juzgadora del anterior grado para establecer que no se puede desconocer ni la existencia del hecho ni la autoría. - Y tal cuestión no es menor, en tanto implica que si se determinó en dicha sede penal, en lo relativo a la imputación objetiva o material del accidente, que no existió relación de causalidad entre la conducta del imputado con el resultado típico, entrañaría decir que se encuentra ausente la autoría endilgada al imputado pues es una manera de expresar que el hecho no existió "con respecto a él". Ahora bien, claramente ello no aconteció de modo alguno en la especie siendo apropiadamente advertido por la Sra. Juez a quo en tanto que tal absolución obedeció a la falta de acusación fiscal por lo cual, por vía de la doctrina de la Corte Federal sentada en "Tarifeño" (C.S.J.N. 29-12-89, L.L. 1995-B-32), revisada en "Marcilese" (C.S.J.N., 15-08-02, L.L. 2002-E-718) y luego ratificada en "Mostaccio" (C.S.J.N., 17-02-04, L.L. 2004-B-457), no pudo más que absolver por verse impedido de emitir el tribunal una sentencia condenatoria. Destacado ello, también es útil señalar preliminarmente que en el fallo impugnado se comienza por determinar correctamente el marco legal en el cual se encuadra el supuesto de autos, esto es, el 2º párrafo del art. 1113, Código Civil (v. pto. III del Considerando, fs. 1123 vta./1224), el que determina, a su vez, cuáles son las circunstancias fácticas susceptibles de ser evaluadas como factor de ruptura del nexo de causalidad presumido (básica y genéricamente la "causa ajena"). Circunstancias fácticas que serán dirimentes a los efectos de discernir si el factor de atribución objetivo, que opera en el caso, se ha roto con motivo de la incidencia de alguna eximente legal (imputación fáctica y jurídica de las consecuencias). - Todas las eximentes tienen relevancia en cuanto aluden a factores de ruptura del nexo de causalidad presumido por la Ley entre el hecho riesgoso que comporta ingresar una cosa riesgosa (un automóvil) a la vía pública con el daño acontecido con su intervención, aspectos éstos no controvertidos e indiscutibles además, por vía de la cosa juzgada operada por el fallo emitido en sede penal y que se proyecta de tal manera en el "sub examine" (Art. 1103 del Código Civil). Puntualmente la eximente invocada en el caso bajo estudio es el hecho de la víctima. Cabe precisar que cuando el art. 1113, Cód. Civil alude como eximente de responsabilidad a la "culpa" de la víctima, ha de interpretarse que refiere al "hecho" de ésta, en cuanto se le pueda atribuir idoneidad total o parcial para la causación del daño, de tal manera de operar como factor de ruptura de la presunción legal del nexo de causalidad que contiene dicha norma (confr.: Llambías, Tratado de Derecho Civil - obligaciones, T. III, Ed. Abeledo Perrot, 2ª. Ed., par. 2288, pág. 718; id. Autor cit., La culpa de la víctima como causa eximente de responsabilidad, en JA doctrina 1974; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, Ed. Rubinzal Culzoni, año 1999, T. IV - eximentes, págs. 72 y sgtes.).- Así, será menester que los demandados adopten en el proceso un rol activo y dinámico, esencialmente en lo relativo a la alegación y prueba de hechos extintivos, invalidativos u obstati Por otra parte, en la apreciación de la prueba, para concluir positivamente sobre la concurrencia eventual de alguna de las eximentes legales, se necesita que ésta sea categórica, por su fehaciencia, a los efectos de poder entender acreditada la incidencia causal que desplace en algun Es en tal marco que resulta pertinente ya tener presente los siguientes aspectos que han de ser "vencidos" en la argumentación y prueba por la parte demandada para remontar una posición en extremo comprometida ya desde el mismo marco legal antes aludido, añadidas las siguientes circunstancias dirimentes, cuales son: su calidad de embistente, la excesiva velocidad que desarrollaba al chocar y la prioridad de paso con la que contaba el rodado Fiat Uno embestido. - En tal sentido se cuestiona la valoración efectuada por la juzgadora respecto a la velocidad en que circulaba el Ford Sierra restándole importancia en la elucidación de la atribución de responsabilidad en el acaecimiento del siniestro. Concordantemente con tal postura se predica que la conducta que califica de "sorpresiva", "imprudente" y "imperita" tuvo entidad suficiente como para operar como factor de ruptura del nexo de causalidad adecuada establecido por la norma operativa en el caso.

Luego de sopesar las circunstancias, tanto admitidas como acreditadas en la causa, a saber: a) las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como asimismo, sobre los vehículos involucrados; b) la mecánica del accidente, esto es que, en la intersección de las calles Estivariz y Tierra del Fuego la Sra. V. L. P., co-demandada en autos, conduciendo el vehículo Ford Sierra embistió el lado izquierdo del Fiat Esto es, tengo para mi, respecto al último punto considerado que no es un hecho dirimente, aún en el extremo que se lo tenga por probado a partir de las declaraciones de los Sres. G. (fs. 120/121) y P. (fs. 126 y vta.), ambos producidos en sede penal, en la medida que no cuenta con la entidad suficiente como para constituirse, en alguna medida, en "causa adecuada" para que hubiera acaecido el evento dañoso. Sin embargo, solo a título "obiter dicta" señalo además que ambas declaraciones resultan inverosímiles allende de que son versiones contradictorias con las conclusiones periciales antes citadas (Arts. 386 del C.P.C.C.). A partir de tales circunstancias no puedo más que adelantar opinión en el sentido que, no le asiste razón a la impugnante en ninguna de las afirmaciones realizadas en su intento de sostener el agravio.- Me explico, el exceso de velocidad, como ya lo dijera repetidas veces, fue objetivamente probado por los dictámenes periciales producidos como bien lo detalla Pero he aquí, que desde ésta última perspectiva, de acuerdo al curso natural y ordinario de los acontecimientos, es en abstracto previsible que a la demandada le fuera imposible evitar el obstáculo que se le presentó aún cuando intentó una maniobra evasiva, accionando los frenos inclusive (v. pericia de fs. 964/969 vta.) resultando infructuoso evitar embestir al rodado Fiat Uno de la parte actora.- Tal análisis de lo acontecido bajo el procedimiento doctrinariamente denominado "prognosis póstuma", no es más que determinar ex post facto la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes, lo cual me indica la conclusión que adelantara: la velocidad que desarrollaba el rodado Ford Sierra (56,26 km/h), fue una circunstancia coadyuvante a otras (por caso: violación de la prioridad de paso que "infra" me explayaré) en la causación del choque. Tal como lo indicara la Sra. Jueza a quo, "La Sra. P., violó todo deber de cuidado, incumpliendo con la normativa antes citada. Circuló por una arteria de ripio, debiendo prever que ir a una velocidad mayor a los 50 km/h, implicaba, en caso de ser necesario, una maniobra de frenado extraordinaria, la cual nunca hubiera podido efectuar, a la velocidad determinada, en la intersección donde tuvo lugar el accidente"(sic)(fs. 1123 vta.).

En tal dirección encuentro que resulta la mera exposición de un punto de vista distinto pero sin que contenga un mínimo de contenido crítico que atender, aseverar invocando prueba testimonial que la velocidad del Ford Sierra no fue dirimente, intentando focalizar toda la atención en la circunstancia de que momentos previos al choque el Fiat Uno se encontraba detenido arrancando previo a ser embestido. Tal óptica parcializada de la situación omite visualizar todo el contexto histórico involucrado en el evento.

Pues, es preciso tener en claro que el concepto de causalidad es eminentemente lógico. Involucra una referencia, una conexión entre dos procesos: entre la causa, por un lado, y el efecto o resultado por el otro. La causa de un hecho dañoso es la condición que se reputa adecuada, entre todas las que pueden haber concurrido, para producir objetivamente el daño como resultado. Por ello se alude a la causa adecuada que nuestro codificador ha vinculado estrechamente a la previsión del autor (art. 902 y 904, Cód. Civil). - De tal manera, deberá entenderse jurídicamente como causa a la condición que es apta, idónea, en función de la posibilidad y de la probabilidad que en sí encierra para provocar el resultado. Debe atenderse a lo que ordinariamente acaece según el orden normal, ordinario, de los acontecimientos. Según este punto de vista la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y la condición que normalmente lo produce (confr.: Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, 2ª. Ed. Ed. Omeba, año 1960, pág. 70, nro. 18; Llambías, Jorge J., ob. cit., T. I, págs. 372/374, Nro. 286 a 288; Goldenberg, Isidoro H., ob. cit., Ed. La Ley 2000, pág. 23 y sgtes., & 10).- En tal contexto, entonces, puedo sostener sin hesitación alguna que desde el punto de vista de la relación causal el hecho que hubiera estado detenido el vehículo Fiat Uno momentos previos al accidente configura una condición "sine qua non" en su ocurrencia, pero nunca causa adecuada para que el desmedro se produzca. - En resumen, diré en relación a la conexión dada entre velocidad excesiva y violación a la prioridad de paso concurrente que no hay orden -ni seguridad- posible si los topes no son respetados, puesto que en el entendimiento que de la misma se ha hecho, por caso quien marcha a una velocidad excesivamente baja para la media común, priva a otros de la posibilidad de avanzar dentro de los límites permitidos y ralentiza el flujo; en tanto que, quien lo hace a una velocidad excedida para la circunstancia o ultrapasando los topes admitidos, llega antes de lo debido a todos los puntos que recorre, constituyéndose en un factor inesperado, imprevisible, conflictivo y alterador de la normalidad que cabría esperar conforme al principio de confianza. En otras palabras: en cuanto el esquema organizativo se articula apriorísticamente sobre el presupuesto técnico de determinados límites de velocidad, no hay organización que resista si ellos son violados. En relación a la prioridad de paso contemplada en la ley nacional de tránsito (Ley 24.449), a la cual adhiriera la ciudad de Puerto Madryn (Ord. Munc. Nro. 1177/95), al igual a como ya lo establecía antes el Dcto. 692/92, establece explícitamente que ella ostenta la calidad de absoluta. Esto es, corresponde que dicha prioridad sea entendida como incuestionable resignándose exclusivamente en aquellos supuestos que son enumerados taxativamente por el art. 41 de la citada ley nacional de tránsito (Conf. S.D.C., sala B, Nro. 27/00; Nro. 13/01; Nro9. 23/01; Nro. 28/05, entre otras, CANE). - He dicho en supuestos similares que no es dable ingresar al análisis referido a una eventual convergencia simultánea o bien si alguno de los rodados llegó primero o después al punto medio de una encrucijada. Y no se trata que la prioridad de paso del vehículo que circula por la derecha se transforme en un "bill" de indemnidad, sino que el precepto regulador del tránsito funcione con un sentido preventivo en su formulación general y abstracta, y ejemplificador en su aplicación práctica, para propiciar que sea factible que las normas de tránsito se proyecten efectivamente a la conducta vial de los conductores de automóviles, quienes deben respetar sin más, sin hesitación alguna y sin ningún tipo de posible especulación (del estilo "he llegado antes a la encrucijada"), que quien circula por la derecha tiene una prioridad de paso absoluta que solo se ve excepcionada en aquellos supuestos que taxativamente prevé el art. 41 de la ley 24.449 (Conf. S.D.C., Sala B, Nro. 32/05, CANE). - Por las razones expuesto, soy de la opinión y así lo dejo propuesto al acuerdo, que el presente agravio no puede prosperar. Así lo voto. A).- 2).- Quantum del resarcimiento: a) Pérdida de chances: En primer lugar respecto al agravio que mereciera el presente rubro corresponde desestimar toda duda sugerida sobre la acreditación de existencia del daño como presupuesto de admisión del reclamo indemnizatorio. Es que basta con traer a colación la pericial médica (fs. 923/929) en la cual se dictamina que la Sra. T. padece una incapacidad del 40,26% de la total obrera, prueba esta que correctamente fuera citada por la juzgadora en su veredicto teniendo en consideración inclusive las observaciones que mereciera dicha experticia (vide: fs. 1125 vta.). De allí que resulta "prima facie" inatendibles todas aquellas consideraciones que se remitan a argüir hipótesis de inexistencia de daño reparable a título de pérdida de chances, en la medida que no se compadezcan con las circunstancias de hecho acreditadas en la causa. - De la incapacidad derivada de la lesión sufrida por la co-actora T. se constituye una situación lesiva que se proyecta en sus consecuencias no solo a lo "productivo" sino que tiene incidencia sobre otras innumerables facetas de la vida que son abarcables en la conceptualización amp Sin perjuicio, claro está, que sea ésta una de las posibles pautas válidas a considerar al momento de tomar los parámetros de cuantificación de la "pérdida de chances" a resarcir tal como lo hiciera la Sra. Juez a quo. - En relación al concepto de zona que bien o mal fuera computado por la juzgadora para cuantificar el rubro "incapacidad física", no tuvo incidencia alguna en el monto que determinara por "pérdidas de chances". Es que cabe advertir que por el rubro bajo análisis se limitó a ejercer las facultades delegadas por el Código del rito, según lo normado por el art. 165 del C.P.C.C. (vide: punto 4to. -fs. 1127 vta./1128-). De allí que no hay crítica que atender en esta porción del agravio bajo tratamiento. En resumen, pues, el presente agravio igualmente debe ser desestimado dejándolo de tal manera propuesto al acuerdo. Así lo voto.

A).- 2).- b).-; y B).- 2) Incapacidad física: Resulta claramente improponible por extemporáneo la formulación de imputación a la actora damnificada de haber incurrido en conductas que habrían generado, al decir de la parte demandada impugnante, agravamiento del daño físico sufrido. Es que tal atribución a una supuesta conducta de la damnificada Sra. T., el también supuesto agravamiento, es postulado recién al tiempo de expresar agravios por la parte demandada en autos. Ello así por cuanto no fue formulado al tiempo de responder a la demanda no constituyendo, por ende, materia sobre la cual pudo conocer y ser oída la mencionada hoy co-actora en autos, y tampoco fue materia del "thema decidendum" de la juzgadora del anterior grado. Es por ello que impedida se encuentra la Alzada de ingresar siquiera en el análisis de tal tópico so riesgo de incurrir en incongruencia (Arts. 34, inc. 4to., 163, inc. 6to.; 164, 271, 277 y conc. del C.P.C.C.). El agravio planteado por la parte actora en relación a la cuantía admitida por incapacidad física puntualiza el cuestionamiento en el monto adoptado como factor de cálculo del ingreso. Se postula que el salario mínimo, vital y móvil más el porcentual de zona del 25% agravia a su parte aún cuando reconoce que no se pudo determinar en base a los recibos de haberes la suma real que percibía la Sra. T.. Sostiene que el monto de $ 450 más zona, no se ajusta a la normativa vigente para el salario mínimo, vital y móvil. Pretende básicamente que se tome en cuenta el C.C.T. 130/75, para una empleada de comercio categoría administrativa "A" inicial. - Descarto que pueda tener andamiento lo pretendido toda vez que basta con señalar que no fue posible establecer de los elementos de prueba aportados a la causa que cumpliera tareas encuadrables en tal categoría convencional o, inclusive, que dichas tareas fueran regidas por la mencionada norma convencional para la actividad mercantil. Tal porción del fallo entiendo que no fue motivo de puntual crítica por lo que cabe considerarla consentido y firme a tal respecto. Sin embargo basta con señalar que la sentenciante del anterior grado tomó como monto remunerativo a calcular la suma de $ 562,50, la que resulta inferior a la que se informa por circular Nro. 04/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut como salario mínimo, vital y móvil para la zona, la cual se eleva en realidad a la suma de $ 690 (según Res. 02/04 -SMVM-; Dcto. 1347/03; Dcto. 2005/04 y Ley 18.883). De allí que, tomando en cuenta que "ad ventum" (vide: 3er. párrafo del escrito de expresión de agravios -fs. 1161 vta.-) se solicita con razón que se adecue el monto admitido, aunque tomando el salario mínimo, vital y móvil vigente, el cual surge de la circular Nro. 4/05 de la subsecretaría de trabajo antes aludida y que asciende para la Provincia del Chubut a la suma de $ 690, comprendiendo dicha suma el salario mínimo, vital y móvil según Res. 02/04 ($ 450), las sumas no remunerativas de los Dctos 1347/03 ($ 50) y Dcto. 2005/04 ($ 100), y el coeficiente de 1,20 fijado por la Ley 18.883 para los trabajadores de la zona patagónica ($ 90); se deberá reajustar el monto indemnizatorio admitido en concepto de incapacidad física, a la suma que resulta de efectuar el siguiente cálculo, a saber:

i	0,06 a	$ 3.611,32 n	17 c	$37.836,74 De todo lo expuesto, entonces, corresponde proponer al acuerdo el acogimiento parcial del agravio planteado por la parte actora en cuanto procede ajustar a la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Seis con Setenta y Cuatro Centavos ($ 37.836,74), el monto fijado en concepto de resarcimiento derivado de la incapacidad física sufrida por la co-actora Sra. T. con motivo del evento dañoso que diera motivo al presente litigio.

A).- 2).- c) Gastos de asistencia médica, sanatoriales, farmacia y traslados. Gastos terapéuticos y colaterales terapéuticos: En la medida en que se supeditó el presente agravio al éxito del que fuera formulado en relación a la incapacidad física, rubro éste que -recuerdo- fue objetado a partir de la imputación de conductas generadoras del agravamiento del propio daño sufrido atribuibles a la damnificada, toda vez que tal planteo fue desestimado por resultar éste extemporáneo y fuera de la materia sometida al juzgador del anterior grado, deviene el mismo en vacío de contenido tornándose abstracta toda posible consideración sobre las hipótesis consecuentes que se desarrollan en su sustento. Así lo voto. - B).- 1) Privación de uso: La juzgadora del anterior grado se adhirió decididamente a aquella postura doctrinal y jurisprudencial que predica que la privación de uso solo es resarcible respecto a deterioros parciales, esto es cuando el vehículo es susceptible de ser sometido a reparación, en tanto que se entiende que tal transitoriedad es la vincula el daño derivado por la no disponibilidad del rodado (Conf. Brebbia, Roberto, en "Problemática jurídica de los automotores. Responsabilidad contractual por los accidentes de automotores", Ed. Astrea, año 1984, T. 2, pág. 262; id. C1ra., Civ. Com. Blanca, sala I, 25-11-80, J.A., 1981-III-sínt.).

Sin embargo, comparto la tesitura esgrimida por la parte actora recurrente, en cuanto por el contrario a lo argumentado por la Sra. Juez a quo, para mi, es un dato indisputable que la indisponibilidad del vehículo sucede sea que este pueda ser reparado o lis En resumen, tengo para mi, que la no disponibilidad, sea que se origine de la refacción o de la reposición, siempre genera un daño autónomo por privación de uso. Ello habida cuenta que la sola indisponibilidad del rodado implica para su dueño o usuario un daño resarcible, pues quien adquiere un vehículo lo hace para llenar una necesidad y no puede dejar de presumirse que la mera prescindencia de aquél debe ocasionarle molestias, gastos y pérdida de tiempo, que sin lugar a dudas constituyen un menoscabo indemnizable (Conf. Zavala de González, Matilde en "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, 2da. reimpresión, ed. año 1996, T. 1 -daños a los automotores-, págs.141 y sgres., & 37).- Esta posición que dejo propuesta al acuerdo, impone establecer el tiempo que se considera adecuado ponderar como el necesario para obtener la reposición del vehículo inutilizado por otro de similares características. Atenderé que se trataría de un vehículo usado que inclusive cabe presumir que se encuentra disponible en el mercado, según es viable inducir del informe de la concesionaria F Ahora bien, preciso para que se interprete correctamente, que tal como lo referenciara "supra" la ponderación del lapso susceptible de indemnización en concepto de privación de uso fue justipreciado allende de la situación económica del damnificado, toda vez que debe evitarse computar la potencial inacción, pasividad o inercia injustificada de la víctima que pudiera dejar lugar a una incuria del acreedor a fin de prolongar indebidamente el daño adrede, determinando así su agravación. Esto es, me coloco en el análisis en la hipótesis ideal de que la co-actora Sra. G. tuvo a su disposición el dinero necesario para la reposición de inmediato de sucedido el evento. Fue afirmado en sustento del reclamo por privación de uso del automotor Fiat Uno, que cuando más lo necesitó al vehículo siniestrado la reclamante tuvo que trasladarse diariamente a Trelew donde fuera internada su hija A. T. (vide: escrito de demanda -fs. 142 vta./143 y 145-) debiendo recurrir a un transporte sustituto, circunstancia esta última que no fue motivo de puntual negativa (ver contestación de demanda -fs. 170 vta./171 vta.-). Y si bien para la fijación del quantum por el presente rub Con tales mínimas pero que, estimo, pertinentes pautas soy de la opinión que resulta prudente fijar por cada día de privación de uso del vehículo la suma de $ 50, lo cual arroja una suma total a reconocer por la privación de uso durante el lapso estimado de 20 días, de Pesos Mil ($ 1.000)(Art. 165 del C.P.C.C.). - En consecuencia, propicio al acuerdo la admisión del presente agravio debiéndose ajustar en más el capital de condena contemplando el monto prudencialmente justipreciado precedentemente por tal concepto, con más los intereses fijados en primera instancia a calcular en el presente rubro desde la fecha del accidente (23/01/99) y hasta el día de su efectivo pago. Así lo voto. - C) Apelación de honorarios de los Dres. V. A. F. y S. L. F.: Se alzan por su propio derecho los letrados apoderado y patrocinante, respectivamente, de la parte actora en contra de los honorarios que le fueran fijados por su actuación en la instancia precedente por estimarlos bajos. - Pues bien, se estableció los emolumentos de dichos profesionales en la suma equivalente al 19,5%, en conjunto, del monto del proceso que se determine en el etapa pertinente, con más I.V.A.. El desglose de tal porcentual puede inferirse aproximadamente de los siguientes parámetros cuantitativos de la Ley 2200, a saber: el 14% del máximo y mínimo que para el ganador contempla el art. 7; con más el 40% en concepto de procuración en los términos del art. 9 de la norma citada. - Pues, evaluada la actividad profesional de los letrados impugnantes por su calidad, extensión, resultado y eficacia estimo que el porcentual establecido se ajusta apropiadamente a tales pautas cualitativas de la ley del arancel. De allí que propongo al acuerdo la desestimación del presente recurso confirmándose los honorarios fijados a los mencionados letrados apelantes por sus tareas de Primera Instancia. Así lo voto.

D) Apelación de honorarios del Dr. R.: Expresa el galeno que los honorarios que le fueran regulados los considera bajos teniendo en cuenta las características de su labor y el interés económico de la peritación. - Nótese que los honorarios que le fueran fijados al profesional que emitiera pericia médica a fs. 923/929, asciende a la suma equivalente al 3% del monto total del pleito. Tal porcentual ha sido fijado de una franja que comprende como mínimo el 1% y como máximo el 5% del monto de condena. Y magüer que el perito dictaminante arguya sobre la posible incidencia que pudo haber tenido su opinión profesional en el resultado del pleito lo cierto es que soslaya que su actuación se restringió a esa sola y única actuación, la que evaluada según las pautas del art. 6 de la ley del arancel, estimo ha sido debidamente ponderada por juzgadora del anterior grado en tanto se ajusta, a mi ver, en adecuada proporción a la importancia de sus trabajos cumplidos. - En consecuencia, propongo igualmente la desestimación del recurso de apelación deducido, sin costas atento que se ha dicho que la apelación de honorarios, en principio, no devengan costas. III.- Conclusión:

Por lo expuesto, corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para aumentar el capital de condena a la suma total de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800), para la co-actora Sra. A. M. G., monto éste que se desglosa en los siguiente rubros: $ 8.800, en concepto de daño material -valor de reposición del vehículo siniestrado-; $ 1.000 por daño moral y $ 1.000 por privación de uso. Y el monto indemnizatorio a favor de la co-actora Sra. A. P. T., ascenderá a la suma total de Pesos Cien Mil Siete con Ochocientos Treinta y Seis con Setenta y Cuatro Centavos ($ 107.836,74), el cual comprende los siguientes montos parciales, a saber: 37.836,74 por el rubro incapacidad física; $ 30.000 por daño moral; $ 30.000 por gastos de asistencia médica, sanatorial, farmacia, terapéuticos y colaterales y $ 10.000 por pérdida de chances. A dichas sumas se le deberá añadir los accesorios fijados en el anterior grado los que se devengarán desde la fecha indicada en cada caso y hasta su efectivo pago.

Desde que el incremento del monto condenatorio no altera las calidades de vencedor y vencido que las actoras y los demandados presentan en la anterior instancia, mientras que los honorarios allí regulados lo fueron en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente al nuevo importe, no será menester practicar las adecuaciones previstas en el Art. 279 del C.P.C.C.. Desestimados los dos agravios esgrimidos por la co-demandada V. L. P. (relativos al nexo causal-eximente y al quantum indemnizatorio en sus tres vertientes: pérdida de chances, incapacidad física y gastos asistenciales y colaterales) y prosperando los dos que fueran planteados por la parte actora (privación de uso y cuantía por incapacidad física), se delinea en esta segunda instancia un vencimiento total que impone que cargue con las costas devengadas en ella la parte demandada perdidosa (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.). - Los honorarios del Dr. S. A., letrado apoderado de la parte co-demandada Sra. V. L. P.; y Dres. V. A. F. y S. L. F., letrado apoderado y patrocinante, respectivamente, de la parte actora, por sus tareas de Alzada, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 1,67%, para el primero y a los segundos, en conjunto, la suma equivalente al 6,85%, del monto del pleito a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871. Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A ESTA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo: I.- Llegan a esta instancia las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación promovidos a fs. 1138 por la parte actora, y a fs. 1141 por la parte demandada, en contra de la sentencia de fs. 1120/1129, mediante la cual hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la Sra. A. M. G. y A. P. T., y condenando a los Sres. V. L. P. y E. A. P., como también a la citada en garantía "O. S S.A.", para que en el plazo establecido paguen a la primera de la demandantes la suma pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800,00), por daño material y moral, y a la segunda de ellas la suma de pesos cien mil ochocientos noventa y nueve con ochenta y cuatro centavos ($ 100.899,84), por incapacidad física, daño moral, pérdida de chances y gastos por asistencia médica, sanatorial, de farmacia, en los que se hallan incluidos los gastos terapéuticos y colaterales, con aplicación de intereses, e imponiendo las costas a la accionada.

Los Dres. V. A. F. y S. L. F., letrados de la parte actora, a fs. 1139 apelan por bajos los honorarios que les fueran regulados en la sentencia atacada.

También por bajos, apela sus honorarios el perito médico, Dr. V. R. mediante el escrito de fs. 1140, patrocinado por la Dra. A. V. T..

La expresión de agravios de la demandada, obra a fs. 1153/1159, mientras que el de la parte actora se halla agregado a fs. 1160/1162. - Corrido el traslado pertinente a fs. 1163 de los escritos recursivos, ninguno de ellos es evacuado por la contraria. - II.- La descripción de los agravios vertidos por las partes, ha sido adecuadamente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual y con la finalidad de evitar estériles repeticiones omitiré su reiteración.

A los efectos de una mejor claridad expositiva en el entramado total de la sentencia a dictar, para el tratamiento de las cuestiones a decidir seguiré la línea secuencial ya delineada por mi colega de sala en el voto anterior. - En tal entendimiento, principiaré por el análisis de los agravios formulados por la codemandada, Sra. V. L. P., para luego abordar los expresados por la actora, y finalmente las apelaciones de honorarios interpuestas por los letrados de las demandantes y el perito médico. - II.a) Así, pues, son dos, esencialmente, los agravios expresados por la codemandada V. I. P. El primero de ellos está referido a la forma en que la sentencia resuelve la cuestión del nexo causal del accidente y los eximentes de responsabilidad, mientras que en el segundo impugna el quantum resarcitorio. En la sucesión indicada los iré tratando.

II.a.1) A fin de explicar mejor la resolución a adoptar sobre este agravio concreto, me parece conveniente bosquejar primeramente los fundamentos de derecho que han de sostener la decisión, para luego analizar los elementos de hecho de la causa, y finalmente arribar a la conclusión final.

A) Plataforma jurídica: A.x) Con relación, entonces, al nexo de causalidad aludido por la quejosa, comenzaré por decir que dentro de las numerosas teorías elaboradas para fundamentar el nexo causal en cuestiones de responsabilidad, la denominada teoría de la "causalidad adecuada" es la más relevante en nuestro derecho, y es la que prevalece en nuestra jurisprudencia y doctrina civilista (conf. Trigo Represas - López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", Ed. LL, año 2005, t. I, p. 594 y sgts).- La idea- fuerza de esta posición, podría sintetizársela diciendo que no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que se requiere además que, en virtud de un juicio de probabilidad, resulte la causa adecuada de ese daño (en igual sentido, Diez- Picazo, Luis, en su obra "Derecho de Daños", Madrid, p. 338, Nro. IV).- En este direccionamiento, pues, para determinar la causa de un daño, se debe hacer, ex post facto, un juicio o cálculo de probabilidad: es decir, prescindiendo de la realidad del suceso ya acontecido, habrá que preguntarse si la acción u omisión del presunto agente, era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso ordinario de las cosas. Si se contesta afirmativamente de acuerdo con la experiencia diaria de la vida, se declarará que la acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al agente.

Si se contesta que no, faltará le relación causal, aunque considerado el caso en concreto tenga que admitirse que dicha conducta fue también una conditio sine que non del daño, pues de haber faltado este último no se habría producido o al menos no en esa manera (en opinión coincidente de abundante doctrina y jurisprudencia: Orgaz, Peirano Facio, Mazeaud- Tunc, Brebbia, Campagnucci de Caso, Goldenberg, Belluscio- Zannoni, Cifuentes; como también distintos fallos, v.g., SCBA, 20/11/90, DJBA, 142- 1271, DJBA, 136- 1441, etc.). - Cabe aclarar que no se trata aquí de la atribución puramente física, puesto que el hombre como causante de un daño no es equiparable a una cosa o a una fuerza mecánica; a diferencia de ésta, el hombre puede en cierta medida dirigir o gobernar el proceso causal, sea desviándolo, sea acelerándolo o agravándolo; y en tanto y en cuanto haya intervenido de tal modo, bien puede decirse que el resultado de ese proceso, en que han participado también otros factores, es sin embargo su resultado.

El mayor mérito de esta posición estriba en que brinda sólo una pauta general, a la que debe ajustar su labor el juez, atendiendo a las circunstancias peculiares de cada caso, pues en definitiva son los jueces los que habrán de resolver las cuestiones derivadas del nexo causal, guiándose más que por teorías abstractas, por el criterio que en cada caso concreto pueda conducir a la solución más justa (tal opinión también es compartida por Puig Brutau, José, "Fundamentos de Derecho Civil", Barcelona, Ed. Bosch, año 1956, t. II, p. 684; idem, entre otros, Von Tuhr, "Tratado de las Obligaciones", v. 1, p. 71). - Por ello se ha dicho que en la aplicación del criterio de la causalidad adecuada, la discrecionalidad judicial es inevitable sea cual fuere el criterio que se adopte (conf. Reglero Campos, Fernando, "Lecciones de Responsabilidad Civil", Ed. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 93, Nro. 1.2).

Y esta teoría de la causalidad adecuada ha sido expresamente receptada por el artículo 906 del Código Civil por la reforma de 1968. Sin perjuicio de ello ya había sido acogida mucho tiempo antes por nuestra doctrina y jurisprudencia, atendiendo que sus directrices emanaban por inducción, sin esfuerzo alguno, de los artículos 901, 902, 903 y 904 del Código Civil.

Ahora bien, expresada la posición jurídica en que nos hemos ubicado, cabe señalar que causalidad equivale a regularidad: ello significa que la causa de un determinado efecto es aquella que lo produce según el curso ordinario de las cosas, es decir, según lo que acostumbra a suceder regularmente. - Ello implica que no puede conceptualmente existir una causalidad del caso individual; la causalidad requiere necesariamente pluralidad de casos, para establecer un curso de acción ordinario; pues de otro modo no podría realizarse ese análisis de regularidad y previsibilidad (conf. Goldenberg, Isidoro, "La Relación de Causalidad como Eje de Sistema de Responsabilidad Civil", en "Responsabilidad Civil. Presupuestos", Ed. Advoctus, Córdoba, año 1997, p. 33 y sgts.). - Dicho esto, diversos autores y fallos judiciales afirman que la relación de causalidad se establece mediante un pronóstico objetivo- retrospectivo en el que el juez tiene que recomponer el cuadro de situación de ese caso, considerando en abstracto la previsibilidad de una persona normal.

Esta tarea de reconstrucción es la que con todo acierto ha señalado mi colega preopinante en el voto precedente, como la "prognosis póstuma", que está constituida por la posibilidad de un resultado en función a las condiciones precedentes. Es decir, aquilata la adecuación de una causa conforme a la regularidad en el acontecer de los sucesos y a las reglas dictadas por la experiencia, prescindiendo de la concreta aptitud perceptible del individuo, ó previsibilidad subjetiva (en igual sentido, Trigo Represas - López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, año 2005, t. I, p. 608 y sgts.).

A.x.x) Perfilados los lineamientos que integran la estructura del nexo causal, y siguiendo el camino trazado "ab initio" de este considerando de abordar primeramente los aspectos jurídicos de la cuestión, corresponde ahora que examine lo atinente a los eximentes de responsabilidad esgrimidos por la codemandada apelante.

Así, la quejosa postula como eximente de responsabilidad, la culpa de la víctima, conforme el contenido del artículo 1.113 del Código Civil, y en su vinculación con del artículo 1.111 del mismo cuerpo normativo. Pero resulta necesario, formular algunas precisiones al respecto. Tal como lo expresa el voto anterior, la responsabilidad por "culpa"de la víctima que consagra el artículo 1.113 citado, ha de interpretarse que se refiere al "hecho" que le es imputable. Puede conceptualizarse, entonces, el "hecho de la víctima", como un accionar inoportuno o desacertado "contra sí mismo", lo que no resulta objetable jurídicamente, ya que cada cual es "dueño"de sus propios actos (conf. Cám. CC Córdoba, 1ª Nom., 9/6/98, in re "E., C. F. C/ M. de P., R. E.", LLC, 1999- 1218).

Ampliando, pues, el concepto precedente, podemos decir que el hecho de la víctima es la conducta voluntaria o involuntaria del damnificado directo que intervino total o parcialmente en la producción del evento dañoso. La víctima actúa como autor material del hecho ilícito y, por tanto, es causa exclusiva o concurrente del mismo. Su protagonismo desvincula a la relación de causalidad entre el hecho nocivo y los daños sufridos (conf. Sagarna, Fernando, en Bueres- Highton, "Código Civil Comentado", Ed. Hammurabi, T.3- A, p. 421). - Ahora bien, tanto doctrina como jurisprudencia en forma prácticamente unánimes han entendido que la actuación de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el artículo 1.113 del Código Civil debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad (conf. Trigo Represas, F., La Ley, 1989-D- 457; idem, SC Mendoza, Sala I, 8/5/98, in re "S. de C., N. y Otros c/ C., S. N.", LL, 1999-E-969).

Desde este posicionamiento en numerosos pronunciamientos de los tribunales, se ha sostenido el criterio judicial firme que la prueba del hecho de la víctima, en tanto causal de exculpación del victimario, debe ser aportada por éste en forma certera e indubitable (en igual sentido, CNCiv. Sala H, 29/11/96, in re "E. C. E.T.S.A. c/ Municipalidad de Buenos Aires", LL, 1997-E-1010; idem CNCiv., Sala L, 22/2/99, in re "V., L. c/ Coop. de T. F. P. G. Ltda.", LL, 1999-C- 796). - Y como colofón sobre esta cuestión puntual, y retomando el tema ya examinado en el parágrafo anterior, para que la falta imputable a la víctima libere de la obligación de reparar al sujeto productor del perjuicio, debe guardar una relación de causalidad adecuada con los daños experimentados. - B) Plataforma Fáctica: Siguiendo el orden de tratamiento ya predeterminado para este agravio, corresponde ingresar al análisis de las probanzas producidas en autos, como elementos de hecho a cotejar con los fundamentos jurídicos ya explicados, a fin de alcanzar la solución buscada.

Como se viene de decir, el texto del fallo apelado, con invocación del artículo 1103 del Código Civil, la resolución recaída en sede penal, aunque absolutoria, hace cosa juzgada respecto de la existencia del hecho principal. Y si bien es cierto que la absolución antedicha lo fue por falta de acusación por parte del fiscal, también resultan verosímiles los hechos tenidos por acreditados en el expediente penal encordelado, y que no pueden ser desvirtuados por la sentencia civil, so pena de incurrir en un escándalo jurídico ante el dictado de sentencias contradictorias con origen en las mismas circunstancias fácticas. - Desde este ángulo, pues, las pericias obrantes tanto en los antecedentes penales (fs. 54/61), como en la presente causa civil (fs. 964/973), con algunas variables, resultan categóricas en cuanto al exceso de velocidad que la codemandada había impreso a su vehículo al momento efectuar el cruce de la bocacalle, en la que no tenía prioridad de paso. Y si conforme los alcances de la Ley de Tránsito Nro. 24.449, art. 51, inc. e) 1., a la que se encuentra adherida la Municipalidad de Puerto Madryn mediante Ordenanza Municipal Nro. 1177/95, la velocidad máxima en las encrucijadas urbanas sin semáforo nunca puede ser superior a los 30 km/h, se advierte sin ninguna dificultad que el comportamiento de la coaccionada había superado de manera harto comprometida el límite de la velocidad permitida. En tal posición no resultan adecuados los argumentos de detención transitoria de la actora, esgrimidos por la recurrente, pues si conforme los criterios jurídicos ya esquematizados en el parágrafo A.x) del Punto II.a) anterior, y de acuerdo a las pautas del artículo 906 del Código Civil, en que deben considerarse las condiciones precedentes a los efectos de establecer el adecuado nexo de causalidad, no puede entenderse ni aceptarse como conducta habitual y previsible transponer las encrucijadas a más de 30 km/h, y máxime aún en una calle de ripio en que por las características del terreno, el frenado repentino del automotor origina desplazamientos mayores que en una vía pavimentada. Por tal razón, y si según los fundamentos dados en el parágrafo A.xx), para quebar el nexo de causalidad adecuada la prueba del hecho de la víctima debe ser aportada por el victimario en forma certera e indubitable, del examen de autos se desprende que tal circunstancia determinante no se ha producido. C) Por los motivos de hecho y de derecho precedentemente invocados, el presente agravio debe ser rechazado. II.b) El siguiente agravio, se halla dirigido a cuestionar el quantum resarcitorio, atacando los rubros de pérdidas de chances, incapacidad física, y gastos de asistencia médica, sanatoriales, farmacia y traslados, como así gastos terapéuticos y colaterales a los terapéuticos.

II.b.1) En cuanto a la pérdida de la "chance"es la posibilidad de un beneficio probable futuro que integra las facultades de actuación del sujeto, conllevando un daño aún cuando pueda resultar dificultosa la estimación de su medida. - En esta concurrencia de factores pasados y futuros, necesarios y contingentes existe una consecuencia actual y cierta. A raíz del acto imputable se ha perdido una "chance" por la que debe reconocerse el derecho a exigir su reparación.- La doctrina aconseja efectuar un balance de las perspectivas a favor y en contra. Del saldo resultante se obtendrá la proporción del resarcimiento. La indemnización debe ser de la chance y no de la ganancia perdida (conf. Tanzi, Silvia, "La Reparabilidad de la Pérdida de la "Chance" en "La Responsabilidad", p. 330; idem Trigo Represas- López Mesa, op. cit. t. IV, p. 785 y sgts.).

Resulta indiscutible desde el punto de vista de la pericial médica de fs. 923/929, que como consecuencia del accidente la Sra. T. sufre una incapacidad del 40,26% de la total obrera , hecho valorado por la juzgadora en el fallo en crisis para justipreciar el resarcimiento oportuno. Y la pérdida de la chance es un daño actual resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por culpa del responsable. La apreciación de la entidad y suficiencia de la probabilidad en cuestión es materia dependiente de las características y circunstancias de cada caso, que están libradas a la prudente estimación judicial.

Ante el porcentaje de incapacidad determinado, no resulta procedente exigir como obligado recaudo la demostración de las hipotéticas ganancias frustradas. Tampoco asume caracteres de rigidez inconmovible el rubro por zona fijado judicialmente, en virtud de las facultades que el código de rito concede al sentenciante (art. 165 del CPCC). - Por las razones apuntadas, se desestima el presente agravio. II.b.2) Se agravia la apelante por el acogimiento que hace el pronunciamiento judicial con respecto al rubro por incapacidad física en los términos en que fueran planteados por la parte actora. Aduce comportamientos desplegados por esta última que configuraron un agravamiento del daño padecido.

Sobre este tema corresponde resaltar que dicho cuestionamiento no fue formulado en el escrito de responde por la aquí quejosa, de manera que por imperio de precisas normas procesales, se halla vedado en esta instancia el tratamiento de asuntos que no hubieran podido ser objeto de análisis y consideración por el magistrado en la instancia precedente, en razón de no haber sido planteados oportunamente por las partes (conf. arts. 34, 271, 277 y concdts. Del CPCC). Y enancada en este agravio se halla la impugnación que realiza con relación a los gastos de asistencia médica, sanatariales, farmacia y traslados, como así de gastos terapéuticos y colaterales terapéuticos. Por ende, en razón de las circunstancias en que el mismo fuera introducido, queda sujeto a lo resuelto en el anterior agravio tornar, y en consecuencia vuelve abstracta la decisión a adoptar.- II.c.1) Por su lado, la parte actora apunta su queja al monto admitido en el decisorio en crisis para el rubro atinente a la incapacidad física, especialmente a las pautas tomadas en cuenta para su valoración basadas en el salario mínimo, vital y móvil, con más el porcentaje por zona.

Del examen de las constancias de la causa, se desprende que no se han producido pruebas contundentes que ameriten ubicar a la actora en la categoría laboral pretendida, como tampoco en el convenio colectivo que invoca. - No obstante, del cotejo de los parámetros adoptados por la Sra. Juez a- quo para arribar a los resultados de la sentencia sobre este aspecto, y el contenido de la Circular Nº 04/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, en el que se establecen las escalas para el salario mínimo, vital y móvil para la zona, se advierte una diferencia a favor de la actora. - Así, mientras el fallo recurrido fija el monto remuneratorio en una base $ 562,50, la circular mencionada lo establece en la suma de $ 690,00, en concordancia con la Resoluc. 02/04 SMVM, los Decretos 1347/03, 2005/04 y Ley 18.883.

Por ello, y aplicando los términos de la fórmula Moore- Bernasconi, a los fines de efectuar una correcta readecuación del monto judicialmente determinado por este concepto, ello arroja una suma a favor de la actora apelante de $ 6.936,90.- En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al agravio interpuesto, procediendo a reajustar el monto resarcitorio por incapacidad física, elevándolo a la suma de pesos treinta y siete mil ochocientos treinta y seis con setenta y cuatro centavos ( $ 37.836,74). II.c.2) Se agravia la actora, en razón que el fallo recurrido no hace lugar al rubro "privación de uso" del automotor, con motivo de su destrucción total, ya que, según la juzgadora, en estos casos se tiene derecho a una indemnización íntegra por la destrucción del rodado, pero no al cobro de adicionales de este tipo.

Si bien sobre esta cuestión, pueden no resultar pacíficas las distintas opiniones doctrinarias y jurisprudenciales, y compartiendo la idea vertida por el Sr. Vocal en el voto antecedente, estoy de acuerdo que ante la pérdida total del vehículo como consecuencia de un acaecimiento dañoso, no resulta suficiente sólo el pago del valor de reposición.

Y ello así, por cuanto el damnificado, si bien con la indemnización acordada puede obtener otro rodado en reemplazo del destruido, es cierto que de pronto se ve privado de un elemento esencial para su desplazamiento, como hoy lo es el automóvil, y las incomodidades y gastos que su substitución irroga, hasta hacerse de otra unidad, deben ser resarcidos. Posicionándonos en esta tesitura, tomando como parámetros los gastos de traslado que debió utilizar la Sra. G., especialmente derivados del accidente que sufriera la Sra. T., también considero adecuado hacer lugar a este rubro, fijando la suma pesos un mil ($ 1.000,00) por privación de uso del automotor, teniendo en cuenta un lapso de veinte días a razón de cincuenta pesos ($ 50,00) diarios.- Por lo tanto, corresponde acoger el presente agravio, debiéndose readecuar el capital de condena inicialmente fijado en la sentencia apelada, adicionándose al monto establecido para este concepto, los intereses ya determinados en la instancia anterior, desde la fecha del accidente hasta el momento de su efectivo pago. II.d) Por su propio derecho los apoderados de la parte actora, Dres. V. A. F. y S. L. F., apelan por bajos los honorarios que la fueran regulados en primera instancia.

De un detenido examen de las actuaciones habidas en la causa con la intervención de los profesionales recurrentes, y del análisis de las labores desarrolladas por los mismos en virtud del mérito, eficacia y calidad de los trabajos cumplidos, se infiere que en la regulación de honorarios regulados porcentualmente en la instancia precedente, no se advierte que los mismos se hallen por debajo de los guarismos arancelarios fijados por la ley 2.200, o resulten bajos con relación a la tareas desempeñadas. - Por tanto, corresponde desestimar el presente recurso, confirmándose los fijados en el decisorio en crisis.

II.e) Por su parte el perito médico, Dr. R., apela por bajos sus honorarios profesionales, y que le fueran regulados en un 3% del monto del pleito. - Igual comentario que el que mereciera el punto anterior, cabe hacer en el presente agravio.- En efecto, dentro de los topes mínimos y máximos fijados por las normas arancelarias para la regulación de honorarios de los peritos, y tomando en cuenta la labor técnica llevada a cabo por el experto en autos (fs. 923/929), considero adecuado el porcentaje estipulado en el fallo al quejoso por su labor profesional.

Por lo que, también corresponde la desestimación de este agravio. II.f). En mérito a las razones de hecho y de derecho invocadas a lo largo del presente considerando, propongo al Acuerdo proceder a la revocación parcial de la sentencia apelada, elevando el monto de condena a favor de la co-actora Sra. A. M. G., a la suma de pesos diez mil ochocientos ($ 10.800,00); mientras que el monto correspondiente a la co- actora, Sra. A. P. T., se aumentará a la suma de pesos ciento siete mil ochocientos treinta y seis con setenta y cuatro centavos ($ 107.836,74). A ambas sumas se les aditará los accesorios ya determinados en la anterior instancia.- Teniendo en cuenta que la elevación de los montos de condena no modifican la calidad de vencedor y vencido de la primera instancia de las partes litigantes, no resulta necesario practicar la readecuación indicada por el artículo 279 del código adjetivo.

Tomando en cuenta los agravios que prosperan y los que se rechazan, ello permite avizorar que por imperio del principio objetivo de la derrota y las pautas de los artículos 68º y 279º del CPCC, las costas de Alzada sean impuestas a la parte demandada. - Sin imposición de costas en los supuestos de los recursos interpuestos por los Dres. V. A. F. y S. L. F., y Dr. R., teniendo en cuenta que, en principio, la apelación de honorarios no devenga costas. Así, pues, y en virtud de la calidad, extensión y eficacia de las labores cumplidas en esta segunda instancia, se regularán los honorarios del Dr. S. A., apoderado de la co-demandada Sra. V. L. P., en el 1,67%; y los de los Dres. V. A. F. y S. L. F., apoderado y patrocinante de la actora, en el 6,85%. Dichos porcentuales serán tomados de la suma equivalente del monto del pleito, conforme los parámetros dados por los artículos 6, 7, 9, 14, 19, 47 de la ley arancelaria, con más el IVA que corresponda. - Termino mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - Por lo dicho en el tratamiento de la cuestión anterior el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada para elevar el monto del capital de condena a la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800), para la co-actora Sra. A. M. G.; y a la suma de Pesos Cien Mil Siete con Ochocientos Treinta y Seis con Setenta y Cuatro Centavos ($ 107.836,74), para la co-actora Sra. A. P. T., con más los accesorios fijados en la anterior instancia a calcular desde la fecha fijada para cada caso y hasta el día de su efectivo pago.

2) IMPONER las costas de Segunda Instancia a la parte demandada vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios de los Dres. S. A.; V. A. F. y S. L. F., en las sumas respectivas equivalentes al 1,67% para el primero y al 6,85%, en conjunto, para los mencionados en segundo lugar, con más el I.V.A. pertinente.

4) DESESTIMAR el recurso de apelación de honorarios deducido por los Dres. V. A. F. y S. L. F., en contra de la regulación que merecieran en el anterior grado, sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios en principio no se devenga costas 5) DESESTIMAR el recurso de apelación de honorarios formulado por el Dr. V. R., en contra de la regulación que mereciera por su actuación como perito en la anterior instancia, sin costas merced que en materia de recurso deducidos por honorarios, en principio, no se devengan costas.- ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó: - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, por constituir el reflejo del acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: - -- S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada para elevar el monto del capital de condena a la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800), para la co-actora Sra. A. M. G.; y a la suma de Pesos Cien Mil Siete con Ochocientos Treinta y Seis con Setenta y Cuatro Centavos ($ 107.836,74), para la co-actora Sra. A. P. T., con más los accesorios fijados en la anterior instancia a calcular desde la fecha fijada para cada caso y hasta el día de su efectivo pago;- IMPONER las costas de Segunda Instancia a la parte demandada vencida en ella; - REGULAR los honorarios de los Dres. S. A.; V. A. F. y S. L. F., en las sumas respectivas equivalentes al 1,67% para el primero y al 6,85%, en conjunto, para los mencionados en segundo lugar, con más el I.V.A. pertinente; DESESTIMAR el recurso de apelación de honorarios deducido por los Dres. V. A. F. y S. L. F., en contra de la regulación que merecieran en el anterior grado, sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios en principio no se devenga costas; - DESESTIMAR el recurso de apelación de honorarios formulado por el Dr. V. R., en contra de la regulación que mereciera por su actuación como perito en la anterior instancia, sin costas merced que en materia de recurso deducidos por honorarios, en principio, no se devengan costas. - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 07 DE 2006 - SDC.- Conste.-