Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25


En Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de dos mil uno reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "RODRÍGUEZ PIOVANO DE AGNESE, LUCILA ROSA C/ TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. S/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES", respecto de la sentencia de fs.544/550 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I.- La Dra. Lucila Rosa Rodríguez Piovano de Agnese ejercía su profesión de médica psiquiatra en el inmueble sito en la calle ....., de esta ciudad. Allí se encontraba instalada la línea telefónica .....-de la cual era titular- línea que funcionó irregularmente durante largo tiempo (fines de año 1992 hasta principios del año 1995).

Sobre la base de las circunstancias reseñadas, la Dra. Rodríguez Piovano de Agnese promovió este juicio contra Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. (en adelante Telecom), reclamándole la indemnización de los perjuicios (lucro cesante) que afirma el incumplimiento de la prestataria le significó y la devolución de los importes abonados por el uso de los servicios de telefonía celular y radio mensaje, que sostuvo haberse visto obligada a contratar para paliar los efectos del funcionamiento defectuoso de su línea telefónica. Estimó los daños en la suma total de $ 31.078,40 -o lo que en definitiva resultara de la prueba-, con más actualización monetaria, intereses y costas.

Resistida la pretensión por la emplazada, la sentencia de fs.544/550 vta. hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Telecom Argentina Stet-France Telecom Sociedad Anónima a pagarle a Lucila Rosa Rodríguez Piovano de Agnese la suma de $ 12.000; con intereses desde el día siguiente al de la notificación de la demanda y a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días. Resultó desestimado el pedido de reintegro de los importes abonados por el uso de los servicios de telefonía celular y radiomensaje. Las costas fueron impuestas en el 90% a la demandada y en el 10% restante a la actora.

Apelaron ambas partes. La actora expresó agravios a fs.571/574 vta., los que fueron contestados a fs.580/581 vta. La demandada dijo los suyos a fs.575/578, mereciendo la réplica de fs.582 y vta. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II.- Telecom se agravia, en términos que bordean la deserción del recurso, de lo resuelto por el a quo en cuanto consideró que la privación del servicio le debió generar a la actora algún tipo de perjuicio.

Diré, en primer término, que el Juez tuvo por demostrado que la línea telefónica instalada en el consultorio de la médica psiquiatra funcionó irregularmente en el lapso comprendido entre diciembre de 1992- febrero de 1995. Esta conclusión ha quedado firme, pues ninguna de las partes hace argumento sobre el punto en su memorial.

Empero, es sabido que -tal como lo señaló el a quo- sin daño no hay responsabilidad civil (contractual ni extracontractual)- ya sea que se considere a éste como elemento del acto ilícito o como presupuesto de la responsabilidad (arg. arts.519 y sigs., 622, 1067 y 1068, Código Civil; conf. LLAMBIAS, J.J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, t. II, nro. 2280).

Sostiene la demandada que el daño no ha sido acreditado. Empero, olvida que las presunciones constituyen un medio de prueba admitido por la ley (art.163, inc. 51, del Código Procesal). Y, partiendo de los inconvenientes que afectaron a la línea telefónica por el lapso corrido entre el mes diciembre de 1992-febrero de 1995 y meritando que, como en el caso ocurre, por la actividad a la que se dedica - médica psiquiatra-, la actora dependía en un grado significativo de esa vía (conf.testimonios de fs.325/328; 334/336; en el mismo sentido, informes de fs.410, 418, 427 y 444, entre otros) y el hecho de que nadie instala una línea telefónica si no le es necesaria, no resulta errado presumir que la privación de ese elemento de trabajo necesariamente debió proyectar sobre la actividad laboral de la actora consecuencias dañosas, que deben ser resarcidas (conf. esta Sala, causas 7659/92 del 9.5.95; 839/92 del 15.8.95; 1585/ 93 del 13.5.99; 26.073/94 del 13.7.2000). Siendo del caso advertir que el perito contador da cuenta del examen que realizó sobre 1300 recibos de pacientes que le entregara la actora -vinculados con sus servicios profesionales- y sobre cuya base elaboró los cálculos que vuelca en su experticia (conf. fs. 279/280 vta. y explicaciones de fs.404).

Consecuentemente, considero que se probó el menoscabo que invocara la actora.

Y toda vez que Telecom se limita a tachar de arbitraria la reparación fijada prudencialmente por el Juez -en ejercicio de la facultad consagrada en el art 165, in fine, del Código Procesal-, pero no desarrolla específicamente los motivos por los cuales la decisión le merece tal calificativo, su queja sobre el particular debe ser rechazada.

No puede correr mejor suerte la apelación de la actora, relativamente al monto en que el a quo justipreciara el lucro cesante, aspecto acerca del cual debe ser declarada desierta (arts.265 y 266, Código Procesal).

En efecto, en la pieza de fs.571/574 vta. la actora sólo afirma axiomáticamente que se acreditó un daño superior y, en forma dogmática, exige que la condena se adecue estrictamente a la suma calculada en el peritaje contable o, en todo caso, a la que ella reclamara. Mas no critica concreta y razonadamente -como lo exige la ley de rito- los múltiples argumentos expuestos por el Juez para fundamentar la cuantía de la indemnización que fijó. A lo cual cabe agregar que las operaciones aritméticas llevadas a cabo por el perito contador constituyen sólo un cálculo teórico del perjuicio, como el propio experto lo señalara (conf. fs.279/280 vta.).

III.- La actora, asimismo, impugna el fallo de primera instancia en cuanto desestimó su reclamo de que le fueran devueltos los importes abonados por el uso de los servicios de telefonía celular y radio mensaje. Su recurso también debe ser declarado desierto en este aspecto, (arg. arts. 265 y 266, Código Procesal).

Ello así en tanto la actora se circunscribe en su memorial a consignar manifestaciones genéricas y a reproducir citas jurisprudenciales, mas guarda silencio acerca de la razón en virtud de la cual el Magistrado desestimó sus pretensiones -no haberse demostrado la relación de causalidad entre el irregular funcionamiento de la línea telefónica y el gasto-, ni menos individualiza constancia alguna de la causa que pudiera revelar el yerro que imputa al Juez.

IV.- Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada, en lo que fue materia de agravios y declarar desiertas las apelaciones de actora y demandada en lo referido a la cuantía del resarcimiento.

Cada parte cargará con las costas de su propio recurso (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 25 de abril de 2001.- Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios y se declara desiertos los recursos respecto al monto del resarcimiento. En alzada, cada parte cargará con las costas devengadas por su recurso (art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el capital de condena, el hecho de que los honorarios -según decisión firme del a quo- deberán ser incrementados en la proporción en que incidan los intereses moratorios (confr. fallo plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/ STAF", del 11.9.97), y considerando la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, etapas cumplidas y el tope dispuesto por la ley 24.432, confírmase los honorarios regulados a la letrada de la parte actora, doctora Andrea Lucila Agnese. Confírmase, asimismo, los emolumentos establecidos en favor de los profesionales que intervinieron por la demandada, desde que sólo fueron apelados por altos (arts.6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito en telecomunicaciones, ingeniero Joel Oscar Díaz, así como a la entidad y amplitud de su dictamen, elévase sus honorarios a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 950), incrementables por el cómputo de los intereses moratorios. Y confírmase, desde que sólo fueron recurridos por altos, los estipendios de los peritos contador Adolfo Emilio Brancato y calígrafo Horacio Javier Gastaldi (arts.3 del decreto-ley 16.638/57 y 29 de la ley 20.243).

Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados, cantidades controvertidas y resultado de los recursos, regúlase: a) en la apelación de la actora, tomando como monto la diferencia entre la suma pretendida en la demanda y la otorgada por el juez, en UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200) los honorarios de la doctora Laura Pollet y en OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 840) los de la doctora Andrea Lucila Agnese; y b) en la de la demandada, en SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 756) los emolumentos de la doctora Andrea Lucila Agnese y en QUINIENTOS TREINTA PESOS ($ 530) los de la doctora Laura Pollet. Aclárase que las sumas determinadas para la segunda instancia también serán incrementadas en función de los intereses correspondientes a cada importe cuestionado (art.14 del arancel vigente y doctrina del fallo plenario arriba mencionado).

Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: MARINA MARIANI DE VIDAL - EDUARDO VOCOS CONESA -.