Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-02


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: 102 San Fernando del Valle de Catamarca, 02 de octubre de 2007.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 51/07: "Dr. DENETT, Marcos Rodolfo c/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL y COMISIÓN ESPECIAL DEL C.D.C. - s/ Acción de Amparo" y,- CONSIDERANDO:

(Voto del Dr. Cáceres) 1.- Que a fs.141/161 comparece el Dr. Marcos Rodolfo José Denett por derecho propio, invocando el carácter de inscripto en el concurso de antecedentes para la designación de Defensor del Pueblo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, promoviendo acción de amparo en contra del Concejo Deliberante de la Capital y la Comisión Especial de dicho Concejo para la selección de Defensor del Pueblo, persiguiendo se hagan cesar los efectos de los actos que reputa lesivos e inconstitucionales representados por la inminente decisión de eliminarlo de la nómina de postulantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, y contra el pedido de informes de su domicilio electoral requerido al Juzgado Electoral por uno de los miembros de la Comisión Especial designada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, donde conjetura clara intención de excluirlo de la nómina de aspirantes, por no cumplir con el requisito de "residencia" en este Municipio, o bien, por no ser elector en el Distrito Capital de Catamarca. Afectando sus derechos constitucionales contemplados en los Arts. 14º, 16º, 28º, 31º, 41º, 43º, 75º, inc.22 y cc. de la Constitución Nacional; Arts. 8º, 18º, 39º, 40º, 49º, 249º de la Constitución Provincial y Arts. 3º, 10º, 45º, y cc. de la Carta Orgánica Municipal. - Justifica la procedencia formal y sustancial de la acción, relata los antecedentes fácticos de la cuestión planteada; solicita medida de no innovar; ofrece prueba documental e informativa y hace reserva del caso federal. En definitiva peticiona se haga lugar a la acción de amparo y a la tutela solicitada, con costas.- 2.- Que otorgada participación procesal, a fs. 162 se ordena vista al Sr. Procurador General de la Corte, que se cumplimenta a fs. 163/163 vta. propiciando el rechazo in limine de la pretensión intentada. Dictado a fs. 164 el proveído que ordena autos para resolver, queda la cuestión en estado de emitir pronunciamiento.- 3.- Que por imperio de normas constitucionales: Art. 204º de la Constitución Provincial, jurisprudencia de este Tribunal sentada a partir del "caso Altamirano" y posterior reforma del Art. 4º de la Ley 4642 por el Art. 1º de la Ley 4998, corresponde se declare la competencia de esta Corte de Justicia para entender en la causa. - 4.- Que conforme a las características intrínsecas de este proceso abreviado de la acción de amparo, tiende a la comprobación fácil y rápida de los derechos constitucionales conculcados por actos u omisiones de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional.

Se impone, como correlato de la actividad jurisdiccional en el mérito de la procedencia formal de la acción, la carga de que el amparista demuestre sin mayor esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia, sin mayor amplitud de debate y prueba, en dónde reside la ilegitimidad o arbitrariedad del acto que cuestiona y el daño grave e irreparable que se pretende reparar y las normas de superior jerarquía conculcadas o preteridas por el actuar administrativo.- 5.- Que del análisis de las constancias de autos, en especial prueba documental e instrumental que obra agregada a autos, se extrae de manera indubitable que los derechos constitucionales del amparista no se encuentran en crisis.

En efecto, los presupuestos de admisibilidad de la acción contemplados en el Art. 1º de la Ley de rito, no se configuran en el caso en estudio, pues no se advierte de manera alguna la inminente decisión de eliminarlo de la nómina de postulantes, como consecuencia del pedido de informes de uno de los miembros de la Comisión.

En el sub liten, el amparista acciona motivado en lo que considera una amenaza a sus derechos ante el pedido de informes a la Justicia Electoral, realizado por un miembro de la comisión, mediante nota de fecha 30/07/07 obrante a fs. 11, que debe considerarse como solicitado a título meramente informativo.

Y, cuyos efectos en nada puede alterar lo resuelto con anterioridad por el Cuerpo en Pleno mediante el acto administrativo representado por el instrumento que corre a fs. 6/10, de fecha 28/03/07, que en su motivación despeja toda duda sobre el alcance que debe asignarse al requisito de Residencia previsto por el Art. 45º de la Carta Orgánica Municipal, requerido a su vez para los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, con cita de jurisprudencia de esta Corte de Justicia en el "caso Rocha" y la satisfacción del mismo por parte de otro postulante, y que por analogía resulta de entera y plena aplicación a la situación del accionante.- Por ello, de conformidad a la Ley 4642 y lo dictaminado por el Sr. Procurador General, debe declararse inadmisible la acción de amparo interpuesta, con costas al amparista en virtud de lo establecido por el Art.17 de la Ley citada.- (Voto de la Dra. Sesto de Leiva) Que analizada la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, la misma se encontraría configurada en el Art.1 de la Ley adjetiva, por cuanto el informe requerido por autoridad publica importaría una inminente alteración o amenaza a derechos fundamentales del amparista, creándole un temor fundado de que con ilegalidad manifiesta se conculcarían los derechos que invoca como sustento de la acción.- Que conforme a las constancias de autos, se encuentran acreditados los requisitos necesarios para declarar la procedencia formal de la acción, por cuanto el acto resultante del pedido de informe y su proyección sobre la decisión que tome la comisión evaluadora de los postulantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, prima facie importaría una alteración o amenaza ilegitima y arbitraria a derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional, al accionante.

Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna y luego de requerido el informe a la autoridad administrativa, donde el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.- Que respecto a la medida cautelar impetrada, tendiente a que se ordene a la accionada de que se abstenga de excluir al actor de la nómina de postulantes u orden de mérito a Defensor del Pueblo por no reunir el requisito previsto en el Art.4 de la Ord.4032/06 en función de los Arts.45, 47 de la Carta Orgánica Municipal y Art.249, últ. pte., de la Constitución Provincial: deben tenerse por acreditados los requisitos de su procedencia.- En efecto, dentro del limitado marco cognocitivo propio de esta acción, se advierte que la petición del amparista se sustenta sobre bases verosímiles, toda vez que la conducta asumida por uno de los miembros de la comisión en representación del cuerpo, solicitando información acerca del domicilio electoral del actor, adolece de vicios que prima facie determinan su ilegalidad ante la plataforma jurídica sentada por la convocatoria al concurso de que se trata.- Que el dictado de esta medida de no innovar resulta viable, ante el temor fundado del peticionante en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente en orden a las expectativas derivadas del primer lugar alcanzado en el orden de mérito provisorio elaborado por la comisión, pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional.

Y atento a que el requisito sub examine se vincula con el daño, dado el carácter preventivo de las medidas cautelares no se requiere su producción, sino su eventualidad, es decir, la posibilidad de su existencia y la de sufrir perjuicios de difícil o imposible reparación ulterior, lo que evidencia la configuración del peligro en la demora que habilita el dictado de la tutela cautelar.- Que, de conformidad a lo expuesto, el peticionante deberá prestar caución juratoria de responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho. (Art.199 del CPCC).- (Voto del Dr. Oviedo) Que adhiero in integrum al voto de la Sra. Ministro, Dra. Sesto de Leiva, por cuanto el acto de autoridad importa una amenaza ilegítima y arbitraria a derechos reconocidos por la constitución. Hago extensiva mi adhesión a la procedencia de la medida cautelar impetrada por compartir sus fundamentos.- Por ello, normas legales citadas y oído el Sr. Procurador General, en su Dictamen Nº 118/07, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (por mayoría) RESUELVE:

1) Declarar la procedencia formal de la acción de amparo interpuesta.- 2) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante de responder por los daños y perjuicios que la medida pudiere irrogar en caso de haberla solicitado sin derecho; ordenando a la Comisión Especial del Concejo Deliberante conformada para la selección del Defensor del Pueblo y al Concejo Deliberante, se abstengan de aplicar medidas que importen desplazar y/o excluir al actor de la nómina de postulantes u orden de mérito a ocupar dicho cargo. - 3) Ofíciese al Concejo Deliberante de la Capital y a la Comisión Especial del Concejo Deliberante, para que en el término de tres días, remitan informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada representada por el pedido de informe. - 4) Protocolícese, hágase saber y sigan los autos según su estado.-