Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Citibank N.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expediente Nº RDC 800/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. Las presentes actuaciones se inician con motivo de la denuncia interpuesta por José Luis Posadas contra Citibank N.A. ante la Dirección Defensa del Consumidor. Sustentó su crítica en la pretensión de la encartada -indebida, según su parecer- de reclamarle intereses punitorios respecto del contrato de crédito prendario oportunamente celebrado. Al respecto, señaló que, si bien durante el transcurso del lapso comprendido entre el vencimiento de la primera de las cincuenta (50) cuotas pactadas y la cuota cuarenta y cinco (45), la entidad bancaria se había negado a cobrarle suma alguna por aquél concepto -aún cuando algunos pagos se habían verificado con atraso-, recién a partir de ese momento y junto con la instrumentación de un nuevo sistema de cobro, comenzaron a incluir los intereses punitorios. De ese modo, concluyó que, una vez "terminado el préstamo", le fue enviado un aviso de vencimiento por la suma de pesos un mil setecientos veinte ($ 1.720), "por los intereses que nunca [le] quisieron cobrar hasta la cuota 45" (ver fs. 2). Solicitó, entonces, en sede administrativa, la ".. entrega del libre deuda y toda la documentación pertinente al automotor" (ver fs. 2). 2. Fi nalizada en forma infructuosa la instancia conciliatoria (ver acta de fs. 20), la autoridad de aplicación imputó a la denunciada una presunta infracción al art. 4º de la ley 24.240, por cuanto no habría brindado al consumidor información veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto de la forma y modalidad en el pago de los intereses por mora (ver fs. 32). 3. A fs. 35/40 obra el descargo presentado por la entidad bancaria. Sintéticamente, los argumentos allí esbozados para rechazar la imputación vertida fueron: a) que el propio denunciante había reconocido el atraso en el pago de algunas de las primeras cuarenta y cinco (45) cuotas, con el consiguiente derecho del banco a percibir intereses punitorios; b) que la cláusula décima del contrato regulaba lo atinente a la mora del deudor y facultaba al acreedor a reclamar intereses punitorios; c) que las chequeras utilizadas por el denunciante incluían la pertinente reserva formulada por el banco a esos efectos en los términos del art. 624 del Código Civil; d) que el cambio en la modalidad de cobro de las cuotas (remisión mensual de "avisos de vencimiento" en reemplazo de las chequeras preimpresas) fue debida y oportunamente informado al consumidor; e) que, junto con cada "aviso de vencimiento", se puso en conocimiento del denunciante que el banco no renunciaría a reclamar los intereses adeudados, aún cuando no los hubiera exigido previamente. Para finalizar y a efectos de "... acreditar la improcedencia de la imputación ..." (ver fs. 37), explicó la operatoria que permitía la percepción de las cuotas. Señaló que en un principio, dentro del régimen de pago a través de las chequeras preimpresas, los intereses de la mora debían abonarse conjuntamente con una última cuota del crédito prendario, con cuyo pago recién operaría su cancelación. Ello así, sostuvo, por cuanto -en razón de encontrarse preimpresos- no existía posibilidad de modificar los importes consignados en aquellos instrumentos. Por otra parte, al sustituirse la modalidad de pago (a partir de septiembre de 1 999) se incluía, en el "aviso de vencimiento" siguiente al de la cuota eventualmente no abonada en término, los intereses punitorios y compensatorios correspondientes. Afirma que, por todo ello, "... informó temporal y debidamente a sus clientes y al denunciante, acerca del modo de abonar los intereses generados a partir de la mora" (ver fs. 38). 4. Expedido un dictamen favorable por parte de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 52/3), la autoridad de aplicación dictó la disposición Nº 3113/DGDyPC/03, mediante la cual se impuso una multa de pesos tres mil ($ 3.000) a Citibank N.A. por infracción al art. 4º de la ley 24.240 (art. 1º) y se ordenó la publicación de la disposición sancionatoria en el diario Clarín (art. 3º). Para así decidir, el órgano administrativo competente sostuvo, en primer lugar, que los dichos vertidos por la denunciada en su descargo sólo constituían "simples manifestaciones unilaterales" (ver fs. 55 vta.), en segundo término, que el instrumento glosa do a fs. 25/7 contenía espacios en blanco (v.gr., el correspondiente a lugar y fecha) y, por último, que no surgía de autos que la documental agregada a fs. 25/6 (cláusulas contractuales) hubiera sido entregada al consumidor o que su contenido le hubiese sido informado. De modo que, según concluyó, "... Citibank NA incumplió el deber de información en cuanto no brindó al Sr. Posadas, José Luis (sic) en forma veraz, detallada, eficaz y suficiente información respecto de la forma y modalidad de los intereses por mora" (ver fs. 56). 5. Frente a ello, la sancionada interpuso y fundó recurso de apelación (ver fs. 60/6), el cual fue concedido en relación y con efecto suspensivo a fs. 68. Entre sus argumentos, expuso que la autoridad administrativa había soslayado el objeto de la denuncia (legitimidad de la pretensión de Citibank N.A. de reclamar intereses punitorios) para resolver la imposición de una multa cuyo sustento nunca había integrado el reclamo del consumidor (falta de información relativa a los servicios de la deuda). En ese sentido, puso nuevamente de resalto que el denunciante había reconocido la demora incurrida al efectuar diversos pagos. Puntualizó, además, que la cláusula décima del contrato contemplaba la hipótesis de la mora del deudor así como la consiguiente facultad de la entidad acreedora de percibir los intereses punitorios pertinentes. En esa misma dirección señaló que tanto las chequeras preimpresas como los avisos de vencimiento (es decir, las diversas modalidades de pago a través de las cuales se instrumentó la cancelación del crédito) habían puesto en conocimiento del denunciante la reserva efectuada por la entidad bancaria en lo relativo al reclamo de los intereses punitorios. En síntesis, luego de detallar nuevamente los distintos métodos estipulados a efectos de cancelar el crédito, concluyó que la documentación aportada en autos y los propios dichos del denunciante demostraban que se le habían informado los derechos y obligaciones relativos al contrato; en concreto, lo atinente al cobro de los intereses originados en la mora en el pago de las cuotas. 6. Conferido el traslado pertinente (ver fs. 75), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los argumentos expuestos a fs. 84/5 -a los que cabe hacer remisión por razones de brevedad-, solicitó el rechazo de la apelación interpuesta. CONSIDERANDO: 7. Efectuada la reseña de los antecedentes, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. art.310 CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). 8. Llegado este punto, deviene oportuno señalar las normas que resultan de aplicación al caso debatido en autos. La ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio p ropio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (conf. art. 1º ley 24.240). A su vez, la Constitución nacional prevé que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios" (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios q ue "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). 9. Establecido ello, cabe recordar el objeto de la imputación que diera sustento al acto administrativo recurrido. Según destacó la autoridad de aplicación a fs. 32, Citibank N.A. no habría brindado al consumidor, en los términos del art. 4º de la ley 24.240, información veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto de la forma y modalidad en el pago de los intereses por mora. Ahora bien, la norma mencionada dispone que "[q]uienes produzcan, imp orten, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". Dicha norma encuentra fundamento en los arts. 42 y 46 de la Constitución nacional y local respectivamente, transcriptos más arriba. La ley consagra el derecho subjetivo del consumidor o usuario a ser debidamente informado sobre la naturaleza y demás características de los bienes y servicios que adquiere. Esto constituye un derecho esencial, ya que los consumidores en su mayoría carecen de los conocimientos necesarios para poder juzgar por adelantado sus características intrínsecas, sus cualidades o defectos, conocer los riesgos de uso o consumo y las medidas a adoptar para evitarlos (Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Astrea, 1995, p. 105). El fundamento de esta norma se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales carece legítimamente y sin los cuales resulta imposible realizar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio en relación al cual se pretende contratar. (conf. Cám. Cont. Adm. Fed., Sala II, "Diners Club Arg. SACyT c/ Sec. Com. e Inv", 4/11/97). A partir de ello, entonces, lo que interesa en el particular es determinar si, como esgrimiera la administración al momento de motivar la disposición recurrida, la sancionada incumplió con el deber allí consagrado; caso contrario, deberá revocarse la multa impuesta. 10. Cabe agregar a lo expuesto en el punto precedente que el análisis del particular conforme esas pautas se impone más allá de los términos que utilizara José Luis Posadas al formalizar su denuncia ante la Dirección Defensa del Consumidor (ver constancia de fs. 1). En efecto, aún cuando allí se dejó asentado que su requerimiento consistía en la entrega del libre deuda y de toda la documentación relacionada con el automotor, lo cierto es que tales manifestaciones no poseen natura leza vinculante para el órgano administrativo, quien -en busca de la verdad jurídica objetiva (art. 22, inc. f), ap. 2, del decreto Nº 1510/97) y haciendo uso de las facultades que le confiere al respecto el art. 3º de la ley 757- no se encuentra limitado por el tenor de las manifestaciones vertidas por el consumidor en su presentación inicial. Ello explica, por lo demás, la circunstancia de que el denunciante no revista carácter de parte en el procedimiento seguido ante la administración (arg. arts. 7, inc. e) y 8 de la ley 757). 11. De tal suerte despejado el aspecto concerniente a la invocada diferencia entre denuncia e imputación, cabe abordar el fondo de la cuestión propuesta. A esos fines, adquiere particular relevancia el examen de las constancias documentales aportadas a la causa. En ese sentido, interesa destacar la parte pertinente de la "Solicitud de Préstamo para Automotores en dólares", cuyos términos rigieron las relación contractual habida entre las partes. En la cláusula décima de ese instrume nto -que en copia obra a fs. 25/6 y que aparece rubricado por la firma del denunciante- se estipuló con claridad que "... el incumplimiento generar[ía] un interés punitorio equivalente al 50% del interés compensatorio, desde la fecha de la mora hasta la fecha de cancelación total" (ver fs. 26). Asimismo, debe resaltarse el tenor de los documentos que operaron -en forma sucesiva- como medios de cancelación de cada una de las cincuenta (50) cuotas pactadas. Así, mientras en las denominadas "chequeras" se estipuló que "[c]onforme Art. 624 C. Civil, se hace reserva de reclamar intereses Punitorios y Compensatorios que puedan corresponder por pagos anteriores a la fecha de vencimiento" (ver fs. 8/11; el destacado no pertenece al original), al dorso de cada uno de los "avisos de vencimiento" se dejó sentado que "[l]a aceptación del presente pago (...) no implica la renuncia a reclamar cuotas impagas del préstamo, intereses ni gastos" y que "[n]ingún pago imputado a capital se interpretará como renuncia a intereses y gastos" (ver fs. 4vta./7vta.; el énfasis no obra en el original). A partir, entonces, del examen de las constancias agregadas en el expediente puede concluirse que el consumidor había sido idóneamente informado acerca de la forma y modalidad en el pago de los intereses por mora; ello así, tanto al comienzo de la relación (ver al respecto cláusula ut supra transcripta del documento obrante a fs. 25/6) como al momento de cancelar -bajo cualquiera de las modalidades estipuladas al efecto- cada una de las cuotas que reconoció haber abonado en su totalidad (ver leyendas transcriptas e insertas, respectivamente, en el extremo inferior derecho de las "chequeras" y el dorso de cada uno de los "avisos de vencimiento" acompañados en copia). Por lo demás, tampoco puede soslayarse lo manifestado por el propio denunciante al momento de formalizar su reclamo ante la Dirección Defensa del Consumidor (ver fs. 2); en efecto, luego de reconocer allí la demora en la que había incurrido al abonar diversas cuotas, expuso que la entidad bancaria nunca había querido cobrar los intereses "... por pagar atrasado ..."; es decir, los punitorios. En otras palabras, las manifestaciones vertidas por el mismo denunciante permiten inferir que sí disponía de información acabada acerca de las consecuencias derivadas de la falta de pago en término, por lo que mal podía habérsele imputado a Citibank N.A. infracción alguna sobre el particular. 11. A todo evento, podría suponerse -suposición debida a la falta de claridad sobre el punto en la disposición sancionatoria- que la deficiente información hallaba su origen en la creencia, esbozada por el denunciante, de que la falta de oportuno reclamo de las sumas devengadas en concepto de intereses punitorios importaba la renuncia a percibirlos; sin embargo, este punto ha sido despejado en forma idónea a partir de la inserción de las leyendas antes transcriptas en cada uno de los documentos utilizados por el acreedor para lograr el cobro de cada una de las cuotas. En suma, las consideraciones expuestas i mponen concluir que la entidad bancaria sancionada no incurrió en infracción alguna relacionada con el deber de información consagrado en el art. 4º de la Ley de Defensa del Consumidor. 12. No obstante la solución que, en base a los puntos precedentes, se propondrá al acuerdo, cabe hacer una mención respecto de las actitudes adoptadas por las partes a lo largo de la relación contractual que ha sido el sustento de la presente. En este sentido, corresponde señalar que el suscripto no desconoce la regla -invocada por la recurrente- que, contrario sensu, sienta el art. 624 del Código Civil al disponer que "[e]l recibo de capital por el acreedor sin reseña alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos", así como tampoco las consecuencias derivadas del pago fuera de término de una obligación que preveía intereses punitorios y la pauta de interpretación restrictiva en materia de renuncia de derechos que consagra el art. 874 de aquél cuerpo de legal. Sin embargo, la aplicación de esa s directivas no puede importar la consecución de una solución jurídica que soslaye inveterados principios generales del derecho; en el particular, el principio de la buena fe. Sobre el punto, sabido es que el art. 1198 del Código Civil establece la regla básica del derecho de los contratos de que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse de buena fe. Este último concepto, generalmente concebido como la convicción de obrar conforme al derecho, puede definirse en este caso como buena fe-probidad; es decir, recíproca lealtad que las partes se deben en todos los aspectos de la contratación y que debe ser apreciada en forma objetiva o, en otras palabras, aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos personas honorables y razonables. En suma, lo que aquí interesa es la conducta esperada de cada una de las partes por la otra (conf. Lavalle cobo, Jorge E. en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Belluscio, Augusto C. (dir.) / Zannoni, Eduardo A. (coord.), t. 5, Buenos Aires, Astrea, 1990, 1ª reimpresión, comentario al art. 1198, § 11, p. 906; ver, asimismo, Videla Escalada, Federico N., La interpretación de los contratos civiles, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1964, p. 86 y ss.). A la vista de tales principios y directivas, examínese la actitud adoptada por Citibank N.A. respecto del crédito prendario de autos: sobre un capital original de pesos trece mil ($ 13.000) y cuya devolución estaba prevista a través de cincuenta (50) cuotas mensuales que oscilaron entre la suma de pesos seiscientos ($ 600) y de pesos setecientos setenta y cinco ($ 775) (ver, al respecto, copias obrantes a fs. 3/11), la denunciada, que durante casi cuatro años (hasta la cuota 45) no reclamó suma alguna en concepto de intereses punitorios, pretende hacerlo una vez amortizado en forma íntegra el capital. De modo que, no se discute aquí la eficacia de la reserva oportunamente formulada -en cada una de las "chequeras"- por la entidad bancaria en los términos del art. 624 del Código Civil n i el derecho que le asiste al acreedor de exigir un pago que reúna las características que le son propias (integridad e identidad); sin embargo, ello no es óbice para que, en el particular sometido a estudio, la pretensión de la entidad bancaria aparezca reñida con la necesidad de que los contratos sean cumplidos de buena fe o, como ya se dijo, que cada una de las partes observe, a lo largo de la relación contractual, una conducta que sea la esperada por la otra. Cabe insistir: aún cuando el reclamo de intereses punitorios resulte lícito y técnicamente correcto, su materialización más de cuatro años después de celebrado el contrato y cuando no se ha controvertido la cancelación del capital, dista de conformar un comportamiento acorde con el deber de obrar de buena fe. Máxime teniendo en consideración que quien pretende ese cobro es una entidad dedicada a prestar servicios financieros (es decir, experta en la materia en relación con su contraparte) y respecto de la cual resulta, por ende, cuanto menos poco ver osímil que se hubiese visto impedida de obtener la percepción de los eventuales intereses punitorios generados con motivo del primigenio sistema estipulado para percibir el cobro de las cuotas ("chequeras" con montos preimpresos). 13. En cuanto a las costas, entiendo que deberán ser impuestas a la vencida, ya que no encuentro mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 62 del CCAyT. Por las razones expuestas, voto por revocar la disposición recurrida en cuanto impone una multa de pesos tres mil ($ 3.000) a Citibank NA por infracción al art. 4º de la ley 24.240 y ordena la publicación de la resolución condenatoria. Con costas a la vencida. El Dr. Eduardo Ángel Russo y la Dra. Nélida Mabel Daniele, por las consideraciones expuestas precedentemente, adhieren al voto del Dr. Centanaro. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal por unanimidad RESUELVE: Hacer lugar al recurso deducido por Citibank N.A. y, en consecuencia, revocar la disposición apelada. Con costas a la vencida. Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.-