Amenazas, lesiones leves, violencia de género
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Correa, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Mariano Cerezo en Expte. 90/12: Correa, Sergio Daniel s.a. Lesiones Leves y Amenazas en Concurso Real - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18

El Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado oportunamente (por el imputado por lesiones leves y amenazas en concurso real).

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Centra su primer embate cuestionando la errónea aplicación del art. 76 bis del C.P.

En tal sentido, considera que debió hacerse lugar a la solicitud del pedido de suspensión del juicio a prueba y que, teniendo en cuenta la legislación vigente, no existe ninguna disposición que obstaculice la procedencia de este instituto.

Habrá que analizar, entonces, si la denegación de la concesión de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado se encuentra legalmente fundada, puesto que lo que aquí se denuncia es la errónea ponderación por parte del tribunal de un instrumento internacional con jerarquía constitucional (ley 24.632 -Convención de Belem do Pará-).

El juez a quo consideró los lineamientos sentados en la citada Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, los que en modo alguno pueden ser soslayados por los integrantes del Poder Judicial.

Asimismo, los fundamentos brindados por el tribunal, también se encuentran en armonía con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresadas en el documento sobre Acceso a la Justicia Para las Mujeres Víctimas de Violencia en las América (Doc. 68, 20/I/2007).

Por ello, entre las recomendaciones generales del organismo supranacional, se incluyó el fortalecer "la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación".

Asimismo, entre las recomendaciones específicas, se indicó el fortalecer "la capacidad institucional de instancias judiciales, como el Ministerio Público, la policía, las cortes y tribunales, y los servicios de medicina forense, en términos de recursos financieros y humanos, para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres, a través de investigaciones criminales efectivas que tengan un seguimiento judicial apropiado, garantizando así una adecuada sanción y reparación".

En el orden interno, debemos citar las previsiones contenidas en la Ley Nacional 26.485 (B.O. 14/04/2009) de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, ley que reglamentó y concretizó los postulados de la aludida Convención de Belém do Pará.

Esta ley no deroga, sino que complementa las respectivas leyes locales en materia de violencia doméstica, es de orden público, y por tanto, de aplicación en todo el territorio argentino.

Como no podía ser de otra manera, se encuentra en plena armonía con la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la mujer; con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-; con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; con la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica-; y con la Declaración de Derechos Humanos.

Lo expuesto hasta aquí, evidencia otro fundamento que sirve para reforzar los argumentos desarrollados, ya que la citada Ley Nacional, expresamente prohíbe en su art. 28 -último párrafo-, la realización de audiencias de mediación o conciliación en casos de violencia de género.

Ello, deja sin sustento las aseveraciones del recurrente en cuanto a que no existe ninguna disposición que obstaculice la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba y que el tribunal se arrogó facultades legislativas al incorporar una nueva causal que obstaculice la viabilidad de la probation.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido.