marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Herrero,  Jorge  Raimundo   otros c/ BCRA-resol 414/02 (expte.100966/82 sum fin 566)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20

La actividad financiera reviste el carácter de un servicio público de los denominados "propios" que el Estado presta de manera indistinta, ya sea directamente o bien a través de entidades particulares en quienes, por motivos de eficiencia y funcionalidad delega atribuciones que se ha reservado jurídicamente (art. 75, incs. 6, 18 y 32 de la Constitución Nacional) y como consecuencia de ese carácter, la actividad se encuentra sometida al poder de policía de aquél, ejercido por medio del B.C.R.A. quien ostenta la facultad de reglamentar esta materia y también vigilar la aplicación de las normas que la regulen, sancionando las transgresiones que se produzcan (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. IX).
Adolescentes, Comité de los Derechos del Niño, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de los derechos del Niño  - Observación General No 20 - Efectividad de los derechos del adolescente c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-12-06

El Comité de los Derechos del Niño observa que la inacción estatal en materia de políticas públicas específicamente destinadas a adolescentes, tiene altísimos costos a posteriori, por cuanto los cimientos establecidos durante la adolescencia en términos de seguridad emocional, salud, sexualidad, educación, habilidades, resiliencia y comprensión de derechos tendrán profundas implicancias no sólo para su óptimo desarrollo individual, sino también para el futuro desarrollo económico y social.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soreire, Sandra Noemí c/ Municipalidad de Huillapima s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

En materia administrativa las sanciones disciplinarias deben ajustarse a una serie de requisitos, entre los que se encuentra el respeto por el debido proceso previo a la sanción -descargo o sumario según el caso-, toda vez que existe la obligación de resguardar el derecho de defensa a través del descargo, exista o no norma expresa que lo establezca, ya que, aún en ausencia de ella, el debido proceso constituye un principio axiológico fundamental de obligatorio acatamiento -art. 18 C.N. y art. 27 C.P.-, que encuentra respaldo legislativo, en el caso de nuestra provincia, en el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública, en el Estatuto de los Empleados Municipales y en las Ordenanzas dictadas por la propia Administración Comunal demandada. Si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción administrativa.
Libertad condicional, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: De los Ríos, Jacinto Bonifacio s/ INCIDENTE de libertad condicional a favor de De los Ríos, Jacinto Bonifacio - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-08-30

La inconstitucionalidad es la vía apta y adecuada para lograr la no aplicación de normas; puesto que no se puede soslayar la aplicabilidad de un precepto jurídico ejecutivo, tal como está previsto en el código, sin haber planteado previamente su inconstitucionalidad con acogida favorable.

La Sra. Jueza de Ejecución para soslayar la aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 del Código Penal debió (en caso de estar convencida de ello) declarar su repugnancia con la Constitución; cuestión no acaecida.

Ya que el sofisma de la "tácita derogación de la norma" aparece como una sugestiva invención cargada de pura discrecionalidad, pero desprovista de los mas mínimos fundamentos lógicos jurídicos.

Adviértase que la ley 25.892 realizó modificaciones en los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal Argentino, y específicamente mantuvo (en el 14) la expresa prohibición de conceder a los reincidentes la libertad condicional, haciendo extensivo el impedimento a ciertos tipos delictivos.

De modo que si la intención del legislador hubiese sido la no aplicación de dicha norma de política criminal (mientras ya tenía plena vigencia la ley 24.660 -B.O. 16/7/1.996-) directamente se habría dispuesto su derogación. De igual modo, con respecto a la ley de ejecución penal, que fue modificada con posterioridad a su entrada en vigencia (cfr. leyes 25.948 y 26.472), y no obstante nada se estipuló para "cambiar" los lineamientos de la libertad condicional, reglada en el artículo 28.

Téngase en cuenta también que por la mencionada ley 25.948 se incorporaron (con un claro tinte de política criminal) excepciones a las modalidades básicas de ejecución, estableciéndose expresas prohibiciones para acceder al periodo de prueba a los condenados por determinados delitos; aventándose con ello cualquier idea de tácita abrogación de normas, tal como razona la jueza inferior. Avalar el proceder del A quo sobre éste asunto, significaría darle facultades de legislador mas que de "fiel ejecutor de la ley"; distorsionando con ello la correcta división de poderes y las funciones que hacen al sistema republicano de gobierno; ya que se lograría un desplazamiento de funciones, al imponer simples criterios propios, en un campo que no es de su competencia (tal como la política criminal que debe ser delineada por el poder legislativo).

Téngase en cuenta que toda norma jurídica goza de una presunción de legitimidad que debe ser prudentemente respetada; y solamente como ultima ratio podrá declararse jurisdiccionalmente su inconstitucionalidad, si colisiona claramente con los preceptos de la ley suprema.
Responsabilidad médica, mala praxis, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: ALTAMIRANDA, JOSE G. c/ ESTADO NACIONAL - ARMADA ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Es frecuente que ciertas lesiones pasen desapercibidas cuando presentan otras mas graves. El hecho de que esto sea habitual no significa que quede excluida la obligación profesional de efectuar una revisación minuciosa y completa al accidentado, para descartar otras secuelas que, aunque de menor manifestación, son también relevantes para un oportuno tratamiento que excluya consecuencias que mas tarde no pueden ser corregidas. Es por ello que el hecho de que el paciente no comunique la dolencia, no exime al médico de realizar una adecuada revisación, en oportunidad de practicarse el correspondiente control por el accidente sufrido.
Caducidad de instancia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Julio Roberto Claudio y otros c/ Provincia del Chubut - Superior Tribunal de Justicia s/ Ordinario - Prohibición de Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-29

"Las medidas provisionales que se adopten, para asegurar o prevenir la eficacia del proceso, se rigen por el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y en consecuencia, si se extingue el procedimiento principal caducan las medidas provisionales que se hayan adoptado". - ...- "Si se produce y declara la caducidad de la primera o única instancia en el proceso principal cesan las medidas cautelares".
Sociedades comerciales, aportes societarios, restitución de aportes
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOPEZ FERNANDEZ, ADOLFO c/ VIVERO  S.R.L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

El área que caracteriza a toda empresa comercial, trae aparejada la necesidad de que quienes han contribuido a formar el fondo social queden expuestos, ante un eventual quebranto del ente, a perder el valor de lo que al mismo han aportado. Por ello la obligación de soportar las pérdidas que pudieren originarse como consecuencia de la actividad social, ha sido llevada por la ley al rango de requisito esencial del contrato de sociedad (LS: 1), y por ello también la pretensión de recuperar los aportes sin una previa valoración de la situación patrimonial de la sociedad, no encuentra amparo en ninguna norma legal.

De ahí que la posibilidad de obtener el reembolso de lo aportado sólo puede ser admitida frente a una norma expresa que lo autorice, como ocurre en el caso de exclusión de un socio (LS: 92) o cuando se ejercita el derecho de receso.
Expropiación, indemnización, valor objetivo del bien
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RUTA, VICTORIO s/ EXPROPIACION.     CSJ EXPTE NRO 118-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-22

El planteo del demandado atinente al tema relativo al progreso de la zona en que está situado el inmueble a expropiar, carece de relevancia, por cuanto la circunstancia de que la ciudad no tiene extensión sino hacia el norte no es computable mientras no se traduzca en un concreto incremento del valor de los terrenos del lugar, a la fecha de la desposesión.
Sucesiones, herencia vacante, declaración de vacancia
Materia: CIVIL
Carátula: SIMONELLI, Olga Teresa s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24

1- Si bien el derecho del heredero de elegir entre la aceptación y renuncia de la herencia se pierde por el transcurso de veinte años, desde que la sucesión se abrió, en principio el mero transcurso de ese plazo convierte al heredero en aceptante, salvo que durante ese tiempo hubiese otros herederos que hayan aceptado la sucesión. En este supuesto la pasividad del heredero hace presumir la renuncia y el vencimiento del plazo lo priva de la facultad de aceptar la herencia. 2- Con este enfoque, frente a la inexistencia de otros herederos, corresponde considerar como aceptante al heredero que se presenta aún pasados los veinte años de la apertura del sucesorio. A su vez, el fisco -que posee los bienes en virtud de una declaración de vacancia (art. 3313 del Código Civil)- solo puede adquirir los bienes por prescripción adquisitiva de veinte años computados desde tal reputación de vacancia. Pero este argumento se contradice si el fisco opone la prescripción de la aceptación de la herencia de un heredero (art. 4037 del Código Civil)porque esta defensa implica reconocerle tal carácter y por lo tanto incompatible la usucapión de los bienes. (Sumario N°20293 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Incapacidad, Ministerio de Menores
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Geller, Silvia Susana c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La intervención promiscua del Ministerio Pupilar en las causas que interesan a la persona o a los bienes de un incapaz sólo se funda en el interés y en la protección del mismo.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: YPF SA c/ PETROLERA LOMAS SA Y OTRO s/ RECURSO DE QUEJA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

Constituye un requisito subjetivo esencial de admisibilidad para apelar, la necesidad de que la resolución que se impugna cause al recurrente un gravamen o perjuicio cierto, concreto, actual (conf. Fassi, S. C. - Yañez, C. D., "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado", t. 2, p. 276, Astrea, 1989). La providencia que dispuso correr traslado a los ex abogados de la actora del planteo relativo a la oposición al pago de los honorarios es inapelable por cuanto nada decidió. En ese sentido, son inapelables las providencias que mandan correr un traslado, por cuanto nada deciden (conf. esta sala, causas 266/97 del 7.4.98; 26.792/94 del 7.2.97; CNCiv., Sala C, 20.3.86, LL 1986-D, 511), no causándole al apelante ningún gravamen irreparable. Por lo demás, el traslado cuestionado fue dictado en uso de las facultades que resultan privativas de los magistrados y no lesionan la garantía de la defensa en juicio (conf. Art. 34, inc. 5º, del Código Procesal), por lo que desde esta perspectiva la providencia atacada tampoco sería apelable (cfr. esta Cámara, Sala 3, causa 27.526/95 del 9.11.99).
Ley nacional, enrolamiento, policía
Materia: PROCESAL
Carátula: Galaburri, Tadeo c/ Yancis, Zacarías s/ competencia - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-09-10

El decreto de 23 de enero de 1868, del gobierno de San Juan, no es una modificación, ni una adición a la ley nacional sobre enrolamiento de la guardia nacional. No es contrario a la constitución y a las leyes del congreso, y coadyuva a la ejecución de ellas.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: S., M.A. y Otro c/ C.A. SACI s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-01

No puede considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico.

El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador.

En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, leyes, interpretación de la ley, responsabilidad subjetiva
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: PINOLINI, PATRICIA ADRIANA c/ SORDI, DANIEL EDUARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y  PERJUICIOS (CSJ EXPTE N. 118-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-17

No es admisible el recurso si la argumentación del recurrente solo revela disenso con el criterio de los juzgadores, insusceptible por tanto de operar la vía de la instancia de excepción, ya que no logra persuadir que la Sala haya aplicado los principios de la responsabilidad subjetiva desinterpretando el art 1113 del Código Civil, por cuanto, aún dentro de la teoría del riesgo creado, y conforme al régimen organizado por dicha norma, que determina causales de exculpación de la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, está presente la noción de culpa. Por ello, si las circunstancias que rodearon al hecho y se tuvieron por acreditadas, llevaron al convencimiento a los juzgadores de que aquél que actuó con culpa ha sido a la postre quien resultara dañado, la eximición de responsabilidad del demandado a la luz de la norma legal, no resulta irrazonable.
Competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Risso, Carlos c/ Partido Justicialista Orden Nacional. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-17

Los agravios vertidos en el recurso extraordinario dan la medida de la competencia de la Corte Suprema.
Acción de amparo, servicio telefónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA c/ TELECOM ARGENTINA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

La vía del amparo no puede ser utilizada cuando con ello puede verse afectada la regularidad, continuidad y eficacia de un servicio público como lo es el servicio telefónico.
Expropiación, indemnización expropiatoria, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional c/ Textil Escalada  SA. s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Es inadmisible la pretensión de que se reconozca el lucro cesante como rubro integrante de la indemnizacíon expropiatoria.

En la expropiación, la indemnización se encuentra limitada por la norma legal al valor objetivo del bien expropiado, disposición que exime expresamente al Estado del pago de una indemnización integral.
Jubilaciones, cómputo de servicios, aportes previsionales, constitucionalidad, régimen jubilatorio provincial
Materia: CIVIL
Carátula: Vargas González, María Elena c/ I.P.A.U.S.S. s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2012-09-20

El art. 21 inc. a de la Ley 561 de la Provincia de Tierra del Fuego -conf. ley local 721-, que establece la exigencia de un tiempo mínimo de servicios con aportes efectivos en la provincia para acceder al beneficio previsional, no resulta inconstitucional, pues fue dictada por la Provincia en virtud de facultades concurrentes con el Gobierno Federal en aras a contribuir con el afianzamiento de los beneficios de la seguridad social, sin que exista violación a los principios de razonabilidad e igualdad, máxime considerando que tal exigencia no resulta antojadiza dado que constituye una de las pilastras que confieren sustentabilidad económica y financiera a los sistemas de previsión social.
Protección a la familia, interpretación de la constitución, tratados internacionales, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa C. G., A. c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-06

La Constitución Nacional impone un mandato explícito orientado a la protección integral de la familia (artículo 14 bis) y en consonancia con ello, disposiciones internacionales con jerarquía constitucional definen a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y ponen en cabeza del Estado el deber de otorgarle la más amplia protección y asistencia posibles, a la par que reconocen el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida familiar (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 17.1 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 12 y 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
Contrato de trabajo, prueba, deber de ocupación, relación de dependencia, extinción por mutuo acuerdo, interpretación restrictiva
Materia: LABORAL
Carátula: LANZ QUIROGA MAXLY c/ A.E.S.A.  ACEROS ESPECIALES s/ SENTENCIA - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

No habiéndose probado un comportamiento concluyente y recíproco de las partes que permita inferir inequívocamente el abandono de la relación laboral según las exigencias del art. 241, 3ra. parte, Ley 20744 (t.o.), conduce a tener como injustificada la conducta unilateral del empleador en lo que hace al deber de ocupación, lo que conlleva a la subsistencia inexorable de las demás obligaciones y efectos negociables; entre ellos el pago de la remuneraciones. No se ha acreditado que el actor dejara de estar a disposición del empleador, sino que por confesión de la propia demandada estuvo con carpeta médica que le impedía cumplir con el débito laboral, y cuando pidió que se le aclarase cual era su situación dentro de la empresa, no obtuvo respuesta alguna. El comportamiento recíproco y concluyente de las partes que extingue la relación laboral por voluntad concurrente debe interpretarse restrictivamente, en cuanto importa una excepción al presupuesto general establecido en el primer párrafo del art. 241 Ley 20744 (t.o.) y a lo normado por el art. 58 de la misma Ley.-
Interrupción de la prescripción, obligaciones solidarias, excepción de prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS c/ STAPLER DE NAVARRO MARIA LUISA Y OTROS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La solidaridad de la obligación determina un régimen de excepción en cuanto a los alcances de la interrupción de la prescripción (arts. 713 y 3994, Código Civil), pero no existen normas similares en cuanto a la exigencia del planteo individual de la defensa de prescripción.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: GUTMAN JOCH WETA s/ SUCESION AB INTESTATO - BIEN DE FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

La intención del legislador, al permitir la constitución del "bien de familia", ha sido la defensa del núcleo que existía en el momento de dicha constitución. De ahí que la desafectación, en principio, no procede mientras subsista algún beneficiario. El fin tuitivo de la ley no puede ser burlado cuando precisamente el interés exige proteger a uno de sus miembros. Es para estos casos en que recobra su fuerza, pues el constituyente quiso asegurarle techo a los familiares más cercanos que vivían en él, previsor y recurrió al apoyo de la ley para que, inclusive una vez muerto, se respete su voluntad.

No puede ser motivo de desafectación del inmueble que la finca haya sido objeto de una mejora testamentaria. El art. 37 de la ley 14.394 dispone que el "bien de familia" no podrá ser enajenado ni objeto de legados o mejoras y de dicha disposición surge el principio de la igualdad que debe existir en las cuotas hereditarias respecto del bien de familia, por no admitirse las mejoras, ni aún en los límites de la porción disponible en esta materia.
Procedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de Casación interp. p/ el Dr. Asim Asad en Expte. 90/14- Carrizo, Agustín-Carrizo, Carlos-Mirabal, Marcelo y otros ss.aa. Lesiones Graves y Atentado a la Autoridad- Tinogasta c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2016-06-10

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el asistente técnico de los imputados, toda vez que el voto mayoritario del tribunal no niega el beneficio solicitado por ser improcedente al no cumplir alguno de los presupuestos legales establecidos en el art. 76 bis del C.P., sino que la negativa se apoya en argumentos relacionados con la conveniencia político-criminal en el caso concreto (imposibilidad de otorgarlo por la gravedad del hecho), y teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene como función promover y ejercitar la acción penal pública y seleccionar los criterios políticos-criminales para mantener la persecución penal, no resulta admisible que la jurisdicción, para denegar el beneficio, efectúe valoraciones relacionadas con esos criterios reservados al Fiscal, pudiendo rechazar la petición de la fiscalía, sólo en los casos en los que no se encuentren satisfechos los presupuestos legales o cuando el dictamen carezca de fundamentación y razonabilidad, defecto que no ha sido invocado por el tribunal de juicio. (Del voto de la Dra. Sesto, al que se adhieren los Dres. Cáceres y Cipitelli).