marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Alberto Isauro c/ Muñoz, Julián Felipe s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-05-12

Es indudable que , cuando un empleador niega que el trabajador recibe la remuneracion que pretende , esta a su cargo expresar y acreditar cual es la realmente pagada; la mera negativa no pasa de ser un recurso obstruccionista.
Fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lecito, Oscar Antonio c/ Lecito, Jorge Jesús s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-05

Un fallo incurre en el vicio de falta de fundamentación suficiente cuando sus fundamentos se diluyen en referencias genéricas que no se adentran en las circunstancias del caso y que no son, en sí, analizadas de modo particularizado.
Insuficiencia del agravio, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: NEYRA VÁSQUEZ, Fernando Alfredo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Resultan inconducentes e insustanciales los agravios introducidos con el fin de cuestionar el monto de la sanción legal impuesta, al haber seleccionado el juzgador la pena mínima de la escala penal aplicable a la solución legal del caso, máxime si lo resuelto evidencia que las condiciones subjetivas del justiciable fueron relevadas por el juez de grado, en tanto al momento de mensurar la pena dejó asentado que tenía en consideración las pautas mensurativas establecidas por los arts. 40 y 41 CP (voto del juez Días)
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Madrid, María Elizabeth c/ Municipalidad de Tordillo y/o Intendente Municipal de Tordillo s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-04-02

Lo que define el conflicto municipal es la efectiva contienda entre autoridades comunales en cuanto respecta a sus facultades
Contrato de obra pública, nulidad del acto administrativo, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Stamei  S.R.L. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires . s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Por aplicación del principio establecido en el art. 1052 del Código Civil, debe admitirse el derecho a reclamar el precio o el valor de lo ejecutado o entregado en beneficio de la Administración
Beneficio de litigar sin gastos, daños y perjuicios, competencia por la materia
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C.  c/ F., D. C.  s/ ordinario daños y perjuicios (f., j. c. s/ beneficio de litigar sin gastos- of. 609/2 remisión al juzg. flia.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-17

Si la pretensión resarcitoria es entablada contra una ex conviviente y en ella se reclama una indemnización por los daños y perjuicios que se imputan se produjeron en el vehículo de la parte actora, la competencia escapa del fuero de familia siendo la justicia civil y comercial quien debe entender en el asunto por ser materia de su competencia.
Locación, teoría de la imprevisión, rescisión unilateral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OMPRE ARMANDO c/ A. FUENTES E HIJOS S.A.C.I.F. s/ RESCISION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-24

Al carecer de derecho para extinguir los contratos por aplicación de la teoría de la imprevisión, el depósito de las llaves, resulta no ajustado a derecho. El contrato de locación de cosas es de tracto sucesivo y con obligaciones recíprocas, por cuya razón no puede pretender el arrendatario desobligarse de lo pactado por voluntad unilateral.

. Corresponde por otra parte destacar que el locatario demandó por rescisión de contrato, y que la locadora, al no darse los requisitos de la imprevisión no tenía obligación alguna de aceptar la devolución de la tenencia de los inmuebles, hasta vencido el término de las respectivas locaciones.-
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Duero Norma s/ Quiebra. Incid. de revisión promovido por la fallida. Rec. de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

La resolución que abre a prueba el incidente de revisión de crédito no pone fin al mismo y por lo tanto resulta inapelable, siendo inaplicable al caso, en consecuencia el art. 308 de la Ley 19551.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Código procesal penal, organización de la justicia, competencia federal, tribunales militares
Materia: PENAL
Carátula: Nicolaides, Cristino y otro c/ Sustracción de menores -causa n  10.326/96 s/ Sustracción de menores -causa n  10.326/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

La aplicabilidad de la regla del art.

44 del Código Procesal Penal de la Nación -análoga a la excepción prevista por el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58- presupone una equivalencia en la estructura de la organización de los tribunales ante los que se plantean los conflictos a ser decididos que no existe entre tribunales militares y federales (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Dirigente gremial, desafuero
Materia: LABORAL
Carátula: CLINICA MODELO S.A. c/ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-26

Corresponde se haga lugar al desafuero interesado ya que no cabe duda que existió de parte de la demandada un quebrantamiento al deber de colaboración y buena fe -artículos 62 y 63 Ley de Contrato de Trabajo-, lo que habilita al levantamiento del amparo de la garantía sindical que establece el artículo 48 de la Ley 23.551, sin perjuicio que, en otro juicio, en el caso de ser promovido se discuta si la sanción que se pretende aplicar es proporcionada a la falta cometida.
Costas, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAFFEVILLADE MIGUEL ANGEL c/ Y.P.F.  SOCIEDAD DEL ESTADO s/ JUICIO  EJECUTIVO.  EXCEPCION  DE  FALTA  DE  ACCION E INHABILIDAD DE TITULO. EXCEPCION DE ESPERA. INTERVENCION DE TERCEROS.   IMPROCEDENCIA. COSTAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

El art. 558, C.P.C.C. sigue el principio objetivo de la derrota a los efectos de la imposición de costas, y en coincidencia con él, se ha decidido reiteradamente que, en el juicio ejecutivo se impone dicho criterio sin que los jueces tengan -como principio- facultad para eximir del pago de ellos según el mérito que hubiere. También se ha sostenido que sólo excepcionalmente puede dejarse de lado el principio legal expuesto, teniendo en cuenta las particularidades del caso. Pues bien, el dictado del decreto 407-86, tan ajeno a lo debatido en esta causa, en modo alguno pudo influir para que la accionada efectuara los planteamientos rechazados; por lo demás, ella misma afirma en su memorial, que ni siquiera se trata de una cuestión dudosa de derecho.
Intervención de terceros, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOZANO, FRANCISCO C/BINAGHI MARTIN G. Y CHIMENTI JORGE E. SH S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-11

Procede hacer lugar a la citación de terceros solicitada por la parte demandada. Ello por cuanto, si bien es verdad que la intervención obligada de terceros constituye una medida excepcional que solo debe decretarse cuando exista un interés jurídico que sea necesario proteger (conf. Fassi - Yañez, Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, Tomo I, Ed. Astrea, 1988) y siempre conforme lo previsto por el CPR 94; desde ese criterio restrictivo que se impone a toda excepción, la hipótesis en el caso debe considerarse configurada. Es que si bien el consumidor -en este caso parte actora- no se encuentra obligado a demandar a todos aquellos que pudieron resultar legitimados pasivos de su pretensión (conf. LDC 40), de ello no se sigue que, como regla, el defendido tenga vedada la posibilidad de traer a juicio a aquella persona contra quien pudiera tener acción de regreso, aseveración que fue precisamente la que la demandada utilizó como sustento de su petición. Es que en el caso, se señaló que el producto adquirido por la promotora de la acción habría sido despachado a través de la sociedad citada que sería la responsable de su pérdida o extravío. En conclusión, y frente a la hipótesis de que la peticionante fuera condenada en este expediente, es que requirió dicha citación, es decir a los fines de ejercer la acción de regreso, y a fin de que ella no pueda argüir -en aquel eventual pleito- la excepción de negligente defensa. En ese marco, corresponde admitir el pedido de intervención que a su respecto fue solicitado.
Recurso extraordinario de nulidad, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Ibáñez, Héctor Reynaldo s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Es infundado el recurso extraordinario de nulidad si en cada uno de los contenidos coincidentes de los señores jueces respecto de las circunstancias atenuantes y agravantes ha existido la "mayoría" de opiniones exigida por el texto constitucional (art. 156 -n.a.-, Constitución Provincial).
Falsificación de instrumento público, permiso de transporte, instrumentos públicos, instrumentos privados
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CHAMBI MONTES, Jacinto s/ Causa 21.192
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-26

Deviene atípica la conducta de quien exhibió ante la autoridad policial un permiso de transporte falsificado, pues el inc. 2° del art. 979 del C.C. considera instrumentos públicos "a los que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado", debiendo entenderse la palabra "ley" conforme la norma que la Constitución considera como tal, quedando excluidas las llamadas "leyes en sentido material". De esta manera, no habiendo sido una ley formal la que estableció los requisitos pertinentes al documento cuestionado, sino un decreto municipal, la circunstancia de haber sido expedido por un funcionario de la comuna, no le otorga el carácter de instrumento público que requiere el art. 292 del C.P. El documento en análisis tampoco resulta susceptible de ser calificado como instrumento privado, ya que por haber emanado de un funcionario, su naturaleza es ajena a la de aquellos que las partes, en una determinada relación jurídica particular, extienden.
Prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Nieto, José Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-17

No puede fundamentarse la usucapión exclusivamente en la prueba testimonial. El actor debe probar que ha poseído el inmueble usucapido con animo de dueño, que la posesión ha sido pública, continua e ininterrumpida y que, con todos esos caracteres, ha durado el tiempo exigido por la ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Paz, Jorge Ignacio y otra s/ Robo simple automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Es insuficiente el recurso extraordinario de ley que denuncia la violación de los arts. 166 inc. 2 del Código Penal y 259 in fine del Código de Procedimiento Penal, sosteniendo que la prueba compuesta invocada por el tribunal no acredita la ofensividad del "arma blanca" utilizada, si no relaciona sus desarrollos en dicho sentido con las normas legales referidas a la naturaleza de ninguno de los elementos invocados por el sentenciante para integrar la prueba compuesta (y no se advierte la directa transgresión del citado art.

259 in fine).
Jubilaciones, haber jubilatorio, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AGUIRRE, RAUL EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   PEDIDO DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 229-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-21

El porcentaje de disminución entre lo percibido por el agente en actividad y lo percibido por el pasivo, constitucionalmente admisible, debe ser menor en tanto se trate de jubilaciones que se acerquen a los haberes mínimos, y mayor si se acercan a los máximos o lo superen holgadamente -como en el caso, por tener reconocido el actor, derecho a ocho veces el haber de una de las máximas categorías de la Administración Central, en el período considerado en la sentencia-. Este criterio resulta aplicable en tanto que situaciones excepcionales no pueden resolverse mediante interpretaciones amplias, justificadas cuando mediaron razones de justicia.
Contrato de obra pública, pago, mora, contratista, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casa Paterno SACIIF y A c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 133-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-30

Considerando que la documentación incorporada a autos podría hacer dudar acerca de la legitimación de la actora sobre algunos de los certificados reclamados, puesto que existen constancias demostrativas de su pago al Banco Provincial de Santa Fe, cabe destacar de la operatoria habida entre la entidad financiera y la actora que involucró a dichos certificados -a la que calificaron indistintamente como prenda, prenda comercial, cesión en caución y caución- que los mismos no habrían sido cedidos transfiriendo la propiedad a la entidad bancaria, sino para garantizar una operación determinada realizada con ésta. Por ello, la situación se asemejaría más a la figura delineada por el doctor Iribarren en su voto en minoría, emitido en el antecedente "Essege S.A.", en cuanto dijo que en la figura empleada coexistían modalidades de la prenda de documentos y del mandato y que la voluntad de las partes fincó en el mantenimiento de la titularidad sobre los certificados por parte de la empresa, siendo que el banco entró en posesión de los mismos con mandato para gestionar su cobro, satisfacer su acreencia y acreditar el saldo a su deudor. En función de lo expuesto, no existen obstáculos para considerar que la actora se encuentre alcanzada por los efectos subjetivos de dichos pagos. En otras palabras, los pagos efectuados a la institución financiera resultan oponibles a la demandante.
Privación ilegal de la libertad, detención, gobierno de facto
Materia: PENAL
Carátula: Raviolo, Carlos Alberto c/ Mrio. de Justicia y D.D. H.H. s/ Art. 3 - ley 24.043 (resol. 331/01)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

De acuerdo con el art. 2 de la ley 24.906, debe otorgarse el beneficio previsto en la ley 24.043 durante el período que comienza a partir del dictado del decreto 2938/78, por medio del cual se dispusiera el cese del arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pues el proceso judicial seguido por violación a la ley 20.840 resultó convalidatorio de la inicial detención, circunstancia que no logra purgar lo irregular de la detención inicial (Disidencias de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abud, Silvia c/ Elbaum, Oscar s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Cuando en el pagaré aparece sobreescrita la fecha en lo que al año de emisión se refiere y no fue salvada antes de la firma del librador, se trata de una adulteración que configura la falsedad en la ejecución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abud, A. y otros c/ Nader, E. M. y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

No acreditada por el quejoso la pretendida apariencia o encubrimiento de la transacción, celebrada a su decir con el solo fin de eludir el pago de los honorarios que realmente corresponden y los tributos de rigor, deberá soportar los efectos indirectos que la misma produce sobre él en relación a la determinación de sus emolumentos profesionales. (arg. art. 25 ley 8904).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Escritura pública, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO S.D ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL; FERNANDEZ PEDRO, ACUÑA EFRAIN VALERIO, GOMEZ DIEGO EMILIANO S.D FALSEDAD IDEOLOGICA E.P ESTADO PROVINCIAL s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-13

La escritura pública, otorgada por un escribano público, de cuya concordancia da fe, con caracteres de autenticidad, reúne las cualidades que la ley exige para los instrumentos públicos. Por éstos no sólo ha de entenderse los mencionados en el Art. 979 del C. Civil, sino que también tienen esa calidad los actos, actas, resoluciones, relaciones, certificaciones, constancias, comunicaciones, etc. (o sus testimonios debidamente autenticados) extendidos por los funcionarios o escribanos públicos, legalmente facultados en la forma solemne o no, que las leyes o su reglamentación exigen o admiten, siempre que presenten los signos que, en los distintos casos, les confieren autenticidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de árbitros, honorarios del árbitro, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

La cuantía de los honorarios profesionales a percibir por el árbitro no debe supeditarse al monto del proceso, en cuya determinación su participación resulta con frecuencia decisiva (Disidencias parciales de los Dres. Julio S. Nazareno y Carlos S.

Fayt y del Dr. Augusto César Belluscio).
Síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso, concursos, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfredo Alvarez e hijos S.C.; Alvarez Manin y otros (su sucesión) s/ Quiebra -Incidente de apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

Las facultades otorgadas a la sindicatura en orden a cautelar bienes que integran o pueden integrar el acervo falencial abarcan un amplio espectro desde aquéllas que apuntan a quiénes han actuado por el deudor, como representantes, administradores, mandatarios o simples gestores de negocios (art.176 Ley 24.522) y hasta quiénes son meros deudores (art.182 ley citada).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores metalúrgicos, fabricación de carrocerías, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GALARZA, ANTONIO c/ CARROCERIAS METALICAS SAN JUAN  S.R.L. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-20

No cabe interpretar que el laudo 29/75 derogó la norma convencional por el solo hecho de ser posterior. El laudo no tenía por finalidad -en modo alguno- suplir o suceder a las normas genéricas de la CCT 260/75 sino sólo expedirse sobre la única rama que no fue definida al suscribir el convenio. En tal sentido, resulta necesario interpretar de modo armónico los alcances del laudo con los del Capítulo X del CCT ya citado. Si bien las actividades descriptas en ambas normas se superponen -en cuanto ambas se refieren a fabricación, armado y reparación de carrocerías- indudablemente sólo el convenio alude en forma expresa a los transportes públicos de pasajeros.
Control de constitucionalidad, acto administrativo, leyes, presunción de legitimidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cruzada  Cívica  P/ la Def. de Us. y Cons. de Serv. Pub. c/ BancoSantander Río SA s/ Ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-14

Es dable recordar que las leyes válidamente sancionadas (y los actos estatales en general) se presumen constitucionales y no cabe apartarse de su contenido, si no media declaración de inconstitucionalidad, pues fallar contra legem constituye arbitrariedad, en el más puro sentido de la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema. Es cierto que a los tribunales incumbe fallar conforme a la Constitución Nacional y es por ello que tienen en sus manos el "control de constitucionalidad", mas este control constitucional es una herramienta excepcional, por lo cual, sólo una norma claramente inconstitucional puede ser declarada como tal, por lo que en la duda, ha de estarse por la validez de la ley y no por su invalidez (véase: Bianchi, A., "Control de Constitucionalidad", Ed. Ábaco de Rodolfo Desalma SRL, Buenos Aires, 1992, t° 1, pág.217). Asimismo, se ha señalado con acierto que, en nuestro país, cuando se habla de la jurisdicción constitucional se alude a tres cuestiones diferentes: a) los llamados "procesos constitucionales", b) el recurso extraordinario y c) el control constitucional. Ahora bien, el control constitucional puede insertarse o no en cualquier proceso constitucional y es también el que le da sentido a la existencia del recurso extraordinario, "pero puede también tener vida fuera de ellos y aparecer en procesos de conocimiento, en procesos ejecutivos, etc. El control constitucional es así, una especie del género "jurisdicción constitucional", una especie que, además y a diferencia de las restantes, no está reglamentada en ningún lugar, ni está prevista su existencia en la Constitución o en ley alguna. Se trata de una facultad implícita de los jueces" (véase: Bianchi, ob. cit., pág. 172). El uso de poderes implícitos está fuertemente arraigado en las tres ramas del gobierno y puede afirmarse que el reconocimiento o no de ellos en un órgano de gobierno condiciona completamente su actuación, pues si no se reconocen, ésta queda circunscripta a lo que las normas de atribución de competencia expresamente le indiquen, mientras que, por el contrario, si son reconocidos, las posibilidades de obrar son mucho más amplias y elásticas, pues no quedan reducidas a la imaginación del legislador (véase en este sentido: Bianchi, ob. cit., pág. 173).
Marcas, registro de marca, marcas confundibles, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELAFIELD INC. c/ BODEGAS  Y  VIÑEDOS  GIOL,  EMPRESA  ESTATAL,  INDUSTRIAL Y COMERCIAL s/ CESE DE OPOSICION INDEBIDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La marca requerida -que no está acompañada por leyenda alguna- sólo podrá ser identificada como una "cabeza de toro". Y ésta es la marca opuesta. El concepto "cabeza de toro" es reproducido por la imagen de la actora -aunque se halle esquematizada- de donde se sigue que la posibilidad de confusión es clara.

El registro de una marca otorga monopolio sobre la idea que contiene y sobre cualquier representación gráfica que la reproduzca. Distinta es la situación cuando la marca consiste en un simple dibujo: en ese caso si la figura es genérica el monopolio se adquiere sólo sobre la concreta representación gráfica y no abarca las infinitas variaciones que puedan existir de ella.

En la especie carece de relevancia el hecho de que las marcas anexas entre sí (ambas: cabezas de toro) sean diferentes, porque el conflicto ha quedado establecido entre una marca nominativa -que otorga monopolio sobre la idea y sobre la representación gráfica de esta idea- y una marca anexa (diseño) que la reproduce.