Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-10-16


2º Instancia. - San Justo, octubre 16 de 2008.

1º ¿Corresponde declarar la nulidad de la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Posca dijo:

I. Los antecedentes del caso.

I. 1. La sentencia de primera instancia.

La señora juez de primera instancia a fs. 572/584 dicta sentencia haciendo lugar a la demanda de reivindicación interpuesta por Manuel Antonio Rodríguez contra Pedro Ernesto Luna y Dora Yolanda Cerezo, condenando a éstos últimos y demás ocupantes a desalojar el inmueble sito en la calle ..., Partido La Matanza, cuyos datos catastrales individualiza.

Para ello fija el plazo de 30 días desde la firmeza del pronunciamiento o a partir de la extinción del derecho de retención a que hace referencia en el punto d) del fallo, libre de todo ocupante, de modo que la actora pueda entrar en posesión, todo ello bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Asimismo hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por María Fernanda Luna, y en consecuencia rechaza la demanda instaurada en su contra.

Hace lugar al crédito por mejoras estableciéndose a tal efecto la suma de $ 132.500, cantidad que el actor ha de abonar a los codemandados Pedro Ernesto Luna y Dora Yolanda Cerezo, dentro del plazo de 30 días de quedar firme la sentencia. En caso de mora - decide-, se adicionarán intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Establece que los demandados tendrán derecho a retener el inmueble hasta tanto se abone el crédito por mejoras.

Impone las costas a la parte vencida y en la forma dispuesta en el Considerando 5º. Difiere las respectivas regulaciones de honorarios para su oportunidad.

A fs. 585 interpone recurso de apelación la parte actora.

A fs. 587 apelan la sentencia los demandados.

A fs. 596 ambos recursos se conceden libremente.

A fs. 611 se radican los autos por ante esta Sala Primera.

A fs. 613/620 expresa agravios la parte actora.

A fs. 629/ 649 expresa agravios la parte demandada.

A fs. 650 Se llaman Autos al Acuerdo respecto de la medida para mejor proveer solicitada. A fs. 651 se desestima la medida para mejor proveer.

A fs. 652/657 la parte demandada contesta el traslado de la expresión de agravios expresados por la parte actora.

A fs. 658/ 662 vta. la Dra. L. A. Di C. en representación de Maria Fernanda Luna contesta el respectivo traslado.

A fs. 663/667 la parte actora contesta los agravios expresados por la parte demandada.

A fs. 668 se llaman "Autos para Sentencia". A fs. 669 se practica por Secretaría el orden de votación para la presente causa.

A fs. 670 informé al Tribunal que era menester para una mejor solución, requerir al Registro de la Propiedad del Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, informe del historial dominial del inmueble controvertido, como así solicitar "ad effectum videndi et probandi" los autos caratulados "Rodríguez Manuela s/Sucesión" que tramitaran por el Juzgado en lo Civil Nº 8 de la Capital Federal, ello en virtud de advertir este vocal que los informes de dominio adjuntados resultan desactualizados. A fs. 670 se llama autos al acuerdo. A fs. 671 se dictan las medidas para mejor proveer del caso y se suspende el plazo para dictar sentencia.

A fs. 676 la Dirección Provincial del Registro informa el historial dominial del inmueble controvertido. Con fecha 12 de septiembre del corriente año se recepcionan los autos "Rodríguez Manuela s/Sucesión".

Cumplimentada las medidas de mejor proveer a fs. 671 se reanuda el plazo para dictar sentencia. Consentida dicha resolución, vuelven estos autos a esta vocalía.

I. 2. Los agravios expresados por Dora Yolanda Cerezo y Pedro Ernesto Luna. (fs. 629/649).

Expresan que existe cosa juzgada con respecto al juicio de reivindicación tramitado en el Departamento Judicial de Morón entre las mismas partes y con el mismo objeto. Expresa que la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la sentencia de primera instancia dictada en el juicio "Rodríguez y Lage, Manuel c/Ocupantes del Inmueble de la calle Charlone 751 s/Acción Reivindicatoria". Hace referencia a la existencia de triple identidad para la procedencia de la cosa juzgada. Entiende que sin perjuicio que se ha desestimado la demanda por falta de legitimación activa, calidad que el actor no llegó a acreditar con la documentación acompañada, la circunstancia que no se ha hecho mérito del fondo del asunto no obsta a la operatividad de la cosa juzgada material y formal, tornándose con ello viable la absolución definitiva del demandado.

En segundo término se queja porque la señora juez ha desestimado la prescripción adquisitiva de dominio. Critica el fallo porque a su entender se ha valorado erróneamente la causa penal por usurpación de propiedad y el juicio de reivindicación anterior al atribuirles efectos interruptivos de la prescripción. Discrepa con tal interpretación, con cita de doctrina y jurisprudencia que entiende aplicables, sostiene que la causa penal no suspende el curso de prescripción y que el juicio de reivindicación no alcanza a interrumpir la posesión. A su juicio el denunciante no ha intervenido en la causa penal con carácter de particular damnificado, circunstancia que impide reconocerle a la denuncia carácter suspensivo de la prescripción. En cuanto al juicio por reivindicación anterior, sostiene que la sentencia dictada aún no decidiendo la cuestión de fondo, resulta la absolución definitiva del demandado y en consecuencia debe tenerse a la interrupción de la prescripción por no sucedida.

Entiende, analizando la prueba producida, que los demandados han acreditado la posesión pública, continua y pacifica del inmueble, con suficiencia, para que prospere la defensa de prescripción adquisitiva de dominio opuesta al contestar demanda.

Tercer agravio. En subsidio los codemandados Dora Yolanda Cerezo y Pedro Ernesto Luna se quejan porque en la sentencia apelada se ha establecido la tasa pasiva respecto de créditos por mejoras que se ha admitido en la sentencia apelada.

I. 3. Los agravios expresados por la parte actora (fs. 613/620).

Primer agravio. Se queja porque se rechaza la demanda respecto de la ocupante Sra. Fernanda Luna, considerando que no fue inicialmente demandada y su intervención se debe al resultado de lo dispuesto de oficio y previo a todo trámite de la individualización de las personas que ocupan el inmueble.

Sin embargo, reconoce, que admitió ampliar la demanda contra la ocupante mencionada.

Destaca que cuando la señora María F. Luna es notificada de la demanda, no se le informa al Oficial Notificador (5/9/2003) que la misma ya no vive allí, sino que la recibe y con posterioridad indica que desde hace más de un año tiene radicación en la localidad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut.(29/9/2003). Dice que se ha decidido apartar a la mencionada codemandada sin que ésta opusiera la excepción de falta de legitimación pasiva manifiesta, como excepción de previo y especial pronunciamiento.

Hace referencia a la prueba testimonial respecto de la residencia de la codemandada y critica la valoración efectuada. Dice que si se considerara que se ha opuesto excepción de falta de legitimación pasiva para ser resuelta como cuestión de fondo en la presentación de fs. 223/225, resulta nulo lo resuelto en este sentido al no darse el respectivo traslado de la excepción. Expresa que la providencia de fs. 263 no fue notificado a las partes y se lo revocó a fs. 274, sin que se hiciera mención a la excepción de falta de legitimación pasiva. Se queja porque sobre la base de manifestaciones de la letrada en cuanto a que la codemandada se ha radicado en Puerto Madryn, decide de oficio la falta de legitimación pasiva.

Segundo agravio. Se queda porque se indemniza a los demandados al admitirse el crédito por mejoras, cuando los ocupantes han usufructuado el inmueble durante más de treinta años, sabiendo la existencia de dueños que permanentemente reclamaban la restitución.

Tercer agravio. La imposición de costas. Se queja la actora -considerando incongruente a la sentencia- porque las impuestas a la parte demandada vencida será calculada sobre la valuación fiscal actualizada, conforme al art. 27 del DL 8904/77 y aquellas impuestas a la actora sobre un monto determinado que es más del triple de la valuación fiscal actualizada. Se queja porque habiendo ganado el juicio ha de soportar las costas sobre una base mayor. Entiende que distinto sería si se tomaran en ambos casos las mismas pautas.

También se queja porque le imponen las costas por haber prosperado la excepción de falta de legitimación pasiva nunca interpuesta por la accionada María F. Luna.

Expresa que el art. 71 del CPCC solo se aplica cuando existe un vencimiento parcial y mutuo. Cita jurisprudencia que entiende aplicable.

II. La solución.

La cotitularidad del actor en su carácter de heredero del Sr. Manuel Rodríguez Cajide y la omisión en integrar debidamente la litis con los sucesores de doña Manuela Rodríguez Cajide de González.

Del expediente sucesorio caratulado "Rodríguez Cajide, Manuel s/Sucesión", que tramitara por ante el Juzgado de primera instancia nº 20 de la Capital Federal que tengo a la vista, se desprende con relación al inmueble controvertido identificado según catastro como Circunscripción III, Sección E, Manzana 21, Parcela 32 del Partido de La Matanza que fue adquirido por el causante y por doña Manuela Rodríguez Cagide de González, agregándose en la respectiva escritura que la compra fue efectuada en condominio y por partes iguales. La cotitularidad del causante que alcanza al 50 % de la propiedad ha sido inclusive puesta de manifiesto en el mencionado expediente sucesorio (ver copia simple de la escritura Número ochenta y dos de fs. 36/37; ampliación de denuncia de bienes de fs. 38/vta. y certificación de fs. 40/42). A fs. 91/92 del referido expediente, obra oficio dirigido por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad al juzgado que entendiera en la sucesión donde se informa los datos completos del heredero -actor en las presentes actuaciones y proporción que le corresponde por cuanto de los asientos del Registro de la Propiedad surge además del causante, la Sra. Manuela Rodríguez Cajide de González como la otra titular del dominio-.

Respecto de esta cuestión, corresponde señalar que en la presente causa, a fs. 568 la señora jueza de grado dispuso suspender el llamamiento de autos para dictar sentencia, disponiendo como medida para mejor proveer se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, área tramites especiales, para que informe titularidad y gravámenes del inmueble de autos. Si bien obra a fs. 569 copia del respectivo oficio, lo cierto es que luego del pronto despacho solicitado a fs. 570, la señora secretaria informa a fs. 571 que se comunicó telefónicamente con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, expresando al respecto que fue atendida por la Dra. P., quien le informó que el inmueble -aquí controvertido-, registra titularidad "a nombre de Rodríguez Manuel Antonio por declaratoria de herederos del año 2000 y de Rodríguez de González Manuela".

Las medidas para mejor proveer dispuestas por este Tribunal a fs. 671 han esclarecido la titularidad sobre el dominio correspondiente al inmueble objeto del litigio, resultando del Asiento 1 como cotitulares "Rodríguez Cagide Manuel y Rodríguez Cagide de González Manuela" en proporción ¿ cada uno de los mencionados. En el Asiento 2, solo se menciona en la titularidad de dominio a Rodríguez Manuel Antonio en proporción ¿., y ello conforme a la declaratoria de herederos en los autos "Rodríguez Cajide Manuel s/sucesión" que tramitara por el Juzgado Nacional Civil de Primera instancia Nº 20 de Capital Federal (Ver fs. 676/vta.) y que también se tiene a la vista.

El aquí actor Manuel Antonio Rodríguez, según los informes dominiales que se tienen a la vista solo es cotitular del 50 % del inmueble objeto de reivindicación. Del expediente "Rodríguez Manuela s/Sucesión" que también tengo a la vista, surge a fs. 63/vta. que se ha dictado declaratoria de herederos, incluyéndose como sucesores a su hermana María Pura Rodríguez y sus sobrinos Josefina, Segundo José y Amadeo Adolfo Rodríguez y Fernández quienes concurren a la herencia por derecho de representación del hermano de la causante premuerto Don José Rodríguez.

A fs. 52/vta. de la referidas actuaciones, obra testimonio que da cuenta del fallecimiento de María Pura Rodríguez de Fernández y que por declaratoria de herederos les suceden sus hijos Gumersindo, Julio y Olimbio Fernández y Rodríguez.

Integrando el acervo sucesorio en un 50% el bien inmueble cuya reivindicación pretende el actor y que resisten con bríos defensivos y pretensiones de señorío los accionados (ver denuncia de bienes a fs. 59/60 pto. E) se impone analizar si la falta de intervención de los herederos, con derecho a la mitad pro-indivisa del referido inmueble, ha afectado la correcta integración de la litis con menoscabo de los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.

Resultando cotitular el actor, la determinación del actual estado de dominio y de los potenciales sucesores de la copropietaria fallecida, sin que resulte eficaz para ello el informe actuarial de fs. 571, lleva al estudio de las medidas para mejor proveer producidas. Dispuesta la medida para mejor proveer por este Tribunal tendiente a determinar un informe actualizado del dominio correspondiente al inmueble objeto de controversias y las inscripciones con relación al sucesorio de la cotitular de dominio, sucede que los herederos de doña Manuela Rodríguez y de doña María Pura Rodríguez de Fernández no han tomado debida intervención en el proceso, afectándose con ello el debido derecho constitucional de defensa en juicio. Evidentemente las partes no han contribuido para una correcta integración de la litis, especialmente a partir de la contestación de demanda donde los accionados también deducen la defensa de prescripción. Con la articulación de la mencionada defensa, carece ya de eficacia la exclusiva legitimación del cotitular dominial al excederse con tal pretensión la originaria acción de reivindicación. En efecto, la actora estaba legitimada para promover la acción de reivindicación, en razón que al ser titular de una parte indivisa, podía accionar por la totalidad del inmueble (SCBA, Ac. 58.280, del 18 de marzo de 1997, "Altieri, Leonor Elvira c/Daganci, Osvaldo José y ocupantes. Reivindicación. , voto del Dr. Negri); (esta Excma. Cámara Civil y Comercial, Sala II, "Giuntoli Fibla, Luís A. c/Coluccio, Juan Carlos s/Reivindicación", RSD-7-2 S 10-9-2002, B3400289 JUBA). Esta solución no resulta aplicable cuando se ha planteado también en la contestación de demanda la defensa de prescripción. Al disponerse del proceso con absoluta prescindencia de otros sujetos también dotados de legitimación pasiva, en lo que concierne a la prescripción adquisitiva de dominio, en este contexto fáctico, no es posible dictar una sentencia que reúna luego los efectos de la cosa juzgada. El actor -con mayor razón cuando en un pleito anterior ya se había planteado la defensa de prescripción- (ver fs. 452/460 del expediente "Rodríguez y Lage, Manuel c/Ocupantes del inmueble de la calle Charlone 751 V. Insuperable s/A. Reivindicatoria", que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 del Departamento Judicial de Morón, que obra por cuerda), debió haber contribuido a la integración de la litis, aún considerando que estaba suficientemente legitimado como cotitular para demandar la reivindicación total del inmueble, teniéndose en consideración que en el viejo pleito sobre reivindicación los demandados habían pregonado la defensa de prescripción. Al contrario, el actor guardó absoluto silencio sobre dicho pleito que recién emergió cuando de oficio el juzgado con motivo de su mención en el beneficio de litigar sin gastos, recabó su envió al juez competente en la vecina jurisdicción de Morón (ver demanda, fs. 8/9 vta.; denuncia de existencia de beneficio de litigar sin gastos, fs. 14/vta.; resolución que disponer requerir "ad effectum videndi" los autos referidos, fs. 23). En cuanto a la parte demandada que ha hecho mérito de su fervor por usucapir, planteando para ello como defensa de fondo al progreso de la demanda, la prescripción adquisitiva de dominio en los términos de los artículos 4015 y 4016 del Código Civil (ver contestación de demanda fs. 210/219), lo cierto es que tampoco puede pretender una sentencia favorable a sus pretensiones si los actos posesorios que ha invocado en su haber no están orientados frente a la totalidad de los titulares de dominio.

No olvidemos que el juzgado de primera instancia tampoco advirtió la falencia en la integración de la litis, aún pendiente el llamamiento de autos y el informe actuarial ya referido.

El actor no es el único propietario del inmueble. Resulta aplicable: "Si el demandado es efectivamente el verdadero dueño del inmueble, la sentencia dictada en el juicio de usucapión tendrá los efectos propios de la cosa juzgada, pero no los tendrá si aquél no lo fuera" (Alterini, Jorge Horacio: "La seguridad jurídica y las incertidumbres en la usucapión de inmuebles", Doctrina La Ley 02/07/2008,1 -Acad. Nac. de Derecho 2008 (marzo), 1-).

La debida integración de la litis constituye un requisito insoslayable para la eficacia de los actos procesales, fundamentalmente aquellos que atañen a la intervención de los sujetos y su derecho de defensa. En este contexto resulta indudable lo inútil que resulta un fallo dictado en ausencia de parte interesada. La doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expresa: "Aunque la facultad revisora de la Corte se circunscriba, en principio, al contenido del fallo y a la concreta impugnación del recurso, ello no impide que declare de oficio la nulidad de las actuaciones cumplidas porque no se trata de determinar el alcance de esas facultades sino de resguardar una de las garantías básicas de nuestro sistema constitucional: la defensa y el debido procesal legal" (SCBA, Ac. 34.039, del 8 de octubre de 1985, "Devicenzi, Zacarías E. y otros c/Propietario desconocido. Usucapión y reivindicación" (voto del Dr. Cavagna Martínez). En la misma causa, el Dr. San Martín al adherir expuso los siguientes fundamentos: "La sentencia es la culminación del debido proceso y si éste falta no puede dictarse aquélla". Añadió: "Principios superiores de orden público y de organización del Estado se oponen a que se pueda fallar en un pleito en el que la litis no ha sido integrada con quien debe ser demandado según la ley. La facultad que del orden jurídico confiere al juez para dictar sentencia es la de declarar el derecho de las partes y solamente de ellas; la justicia sólo interviene en causas y para que haya causa debe haber parte (arts. 149 y 156 de la Constitución de la Provincia; 163 inc. 6º del C.P.C.)" (AyS 1985-III-75).

En cuanto a la debida integración de la litis en los juicios sobre usucapión -entiendo que no varía la situación si se plantea como acción o como excepción-, el Dr. Cavagna Martínez en la causa "Devicenzi" ha expresado: "La demanda que pretende la usucapión de un inmueble debe sustanciarse con quien resulte titular de dominio o quienes acrediten ser sus sucesores (arts. 24 ley 14.159; 3279 C.C.; 679 y 680 del C:P:C.) y su objeto lo constituye el logro de una declaración judicial que reconozca operada a favor del o de los accionantes la prescripción respecto del bien en cuestión como uno de los modos que el Código Civil estatuye para adquirir el dominio (arts. 2524, 3999 y concordantes)". "Si el proceso de usucapión se ha seguido hasta la sentencia final sin integrarse la litis con el titular dominial o quien legalmente deba asumir su representación, media directa afectación al carácter contencioso del proceso, se compromete la garantía constitucional de la defensa en juicio y también el orden público que inspira toda las disposiciones que gobiernan el dominio de las cosas y los modos de adquirirlo".

En igual sentido: "Ha sostenido esta Corte en la causa Ac. 34.039, sentencia del 8 de octubre de 1985, publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1985-III-75 que "la demanda que pretende la usucapión de un inmueble debe sustanciarse con quien resulte titular de dominio o quienes acrediten ser sus sucesores (arts. 24, ley 14.159, 3279 del C.C.; 679 y 680 del C.P.C.; causa Ac. 32.559, sent. del 29-IX-83)" (v. punto 6 del voto del doctor Cavagna Martínez, publ. cit., p. 79)" (Voto del Dr. San Martín, Ac. 56.922, del 14 de mayo de 1996, "Cabrera, Manuel Edmundo contra Carbone y Pensa, Nelly Asunción María y otra. Prescripción veinteañal").

Añade el Dr. San Martín: "No participo de la opinión de quienes opinan que, en casos como el de autos, es suficiente el llamado a "todos los que se consideren con derecho". Esta fórmula adoptada por la última parte del art. 681 del Código Procesal Civil y Comercial refiérese, a mi modo de ver, a supuestos especiales (por ejemplo: compradores por boleto; otros poseedores; etc.), pero no pudo haber sido de aplicación al caso para tener por citados a los presuntos herederos de doña Ermira Belinda Pensa a quienes -comprobado su deceso- debióselos convocar precisamente en ese carácter".

"Razones basadas en el derecho de defensa y aun en la seguridad del propio accionante así lo exigen".

"Por lo dicho y lo establecido en el art. 289 del Código Procesal Civil y Comercial propicio se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, casándose la sentencia y decretándose la nulidad de todo lo actuado desde la notificación por edictos, la que deberá efectuarse en la forma indicada" (Ac. 56.922, "Cabrera, Manuel Edmundo c/Carbone y Pensa, Nelly Asunción María y otra. Prescripción veinteañal", antes citada).

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha aplicado el mismo criterio en un caso donde la parte accionada había planteado la defensa de prescripción, supuesto en que no estaba tampoco debidamente integrada la litis con quien aparece como titular dominial o quien deba legalmente asumir su representación (SCBA, Ac. 51.073, del 1 de marzo de 1994, "Krieger, José y otros c/Krieger, Pedro y otros. Simulación", voto del Dr. San Martín).

También ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: "Cuando se comprueba que la litis se ha desarrollado sin la participación de un legitimado, corresponde declarar la nulidad de las actuaciones cumplidas con tal defecto y no disponer el rechazo de la demanda" (SCBA, Ac 61302, del 10 de marzo de 1998 , "Serna, Dante Rogelio c/Fernández Fandiño, David y otros s/Simulación", voto del Dr. Hitters; SCBA, Ac 71139, del 21 de marzo de 2001 , voto del Dr. De Lázzari, "Castillo, Dolores Mabel y otro c/Banco Cooperativo de La Plata Ltdo. y otros s/Acción de nulidad "; DJBA 160, 187 B24328 JUBA).

El Dr. Berizonce ha expresado: "...si no obstante la falta de integración temporánea de la litis el proceso llegare al estado de dictar sentencia, el juez, que no puede refugiarse en un non liquet, debe pronunciarse oficiosamente sobre la validez del trámite , que constituye presupuesto lógico de toda decisión de mérito; y consecuentemente, disponer la nulidad de lo actuado, retrotrayendo la causa a la traba de la litis, para posibilitar -siquiera tardíamente- el ejercicio de la defensa por la parte sustantiva omitida. Lo contrario, el rechazo de la demanda fundado en el defecto de la legitimación, supone que por una injustificada omisión del propio órgano se concluya consagrando un resultado disvalioso -inutiliter datum- que, precisamente, constituye la frustración de la "eficaz prestación" de la justicia que encarece el texto constitucional. La declaración de nulidad se fundamente en la preservación del debido proceso en relación a la parte preterida, tanto como en la conveniencia de asegurar el resultado valioso de la actividad jurisdiccional salvaguardando el prestigio de la justicia" (Berizonce, Roberto O. "Falta de integración de la litis en el litisconsorcio necesario: ¿rechazo de la demanda o nulidad oficiosa de lo actuado?, LA LEY, 2007-E, 1029).

Deducida la defensa de prescripción adquisitiva de dominio, lo cierto es que se pretende una sentencia que además de desestimar la reivindicación pretendida en la demanda, admita la vocación posesoria de los accionados. En este caso, la sentencia de ser favorable -cuestión sobre la cual no corresponde ahora abrir juicio y que solo constituye una de las hipótesis posibles- será inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y por consecuencia ha de perfeccionar el título en cabeza de los accionados, provocando la cancelación del antecedente, si estuviera inscripto el dominio (Doctrina Art. 682 CPCC). Allí radica en esencia la necesidad de integrar debidamente la litis con todos los sucesores que revelan las medidas para mejor proveer decretadas.

Además del derecho al debido proceso y de defensa en juicio, están comprometidos en el caso todas aquellas normas de orden público que atañen al dominio de las cosas y los modos de adquirirlo.

Entiendo que la integración de la litis, a pedido de parte o de oficio puede decidirse en cualquier instancia del proceso, tal como se desprende de la doctrina de la Suprema Corte citada precedentemente, al abordarse la cuestión en el tratamiento del recurso extraordinario.

Lo cierto es que recién se advierte la falencia procesal en esta Alzada y en ocasión de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia definitiva. Tal como lo ha sostenido la Corte en la jurisprudencia citada, se configura aquí también una situación excepcional que excede el marco de las facultades revisoras sino un deber insoslayable de los jueces que debe ser cumplido sin retaceos para salvaguardar precisamente uno de los pilares del derecho constitucional, en el caso concreto la defensa en juicio y el debido proceso legal.

Con ello no se afectan otras garantías que por ser de cuño procesal, tal como la relatividad de las nulidades procesales, en principio son saneadas por el consentimiento de las partes (Art. 172 CPCC). Tal predicamento no rige cuando está afectada sensiblemente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, circunstancias éstas que por ser atípicas y excepcionales autorizan a prescindir de los presupuestos ordinarios de las nulidades procesales y atento el carácter manifiesto del vicio, decidir de oficio la nulidad.

A mi criterio el déficit apuntado ha privado al proceso de un acto sustancial y constituyendo en la materia la correcta integración de la litis una cuestión de orden público, deviene nula la sentencia apelada. En consecuencia, propongo declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado a partir del dictado de la providencia de apertura a prueba de fs. 231 -inclusive-. Debiéndose en consecuencia, remitir por los argumentos "ut supra" expuestos las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes Deptal. para que en dicho organismo se sortee nuevo juez hábil, instancia en la que se deberán dictarse las medidas necesarias para integrar debidamente la litis (art. 18 Const. Nac., arg. art 1047 y ccdtes. del C.C., arg. art. 34 del CPCC).

En este particular contexto y atento la forma en que se decide, no corresponde imponer costas -de ambas instancias- a las partes, ni practicar regulaciones de honorarios a favor de los letrados por las actuaciones que exceden del marco de la primera etapa (art. 28 inc. a) Decreto Ley 8904/77) al resultar las tareas profesionales -como se expusiera en los considerandos precedentes- inoficiosas (Arts. 68 CPCC y 30 Decreto Ley 8904/77; SCBA, Ac. 34.039 "Devicenzi, Zacarías E. y otros c/propietario desconocido. Usucapión y reivindicación", del 8 de octubre de 1985, antes citado), lo que así voto.

No así respecto de los emolumentos que corresponda se fijen a los peritos por las tareas efectuadas en autos, los que deberán ser soportados por ambas partes (por analogía art. 171 Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 16 del C.C.; arg. art. 68 y arg. art. 71 sig y ccdtes. del CPCC).

En consecuencia y de conformidad con los argumentos vertidos precedentemente.

Voto por la afirmativa.

Los doctores Taraborrelli y Alonso por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhieren votando también por la afirmativa.

2º cuestión.- El doctor Posca dijo:

Conforme todo lo precedentemente tratado en la primera cuestión, propongo a mis distinguidos colegas: se declare la nulidad de oficio de todo lo actuado a partir del dictado de la providencia de apertura a prueba de fs. 231 -inclusive-, remitiéndose por los argumentos "ut supra" expuestos las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes Deptal. para que en dicho organismo se sortee nuevo juez hábil, instancia en la que se deberán dictarse las medidas necesarias para integrar debidamente la litis (art. 18 Const. Nac., arg. art 1047 y ccdtes del C.C., arg. art. 34 del CPCC). No se impongan costas -de ambas instancias- a las partes, ni se practiquen regulaciones de honorarios a favor de los letrados por las actuaciones que exceden del marco de la primera etapa (art. 28 inc. a) Decreto Ley 8904/77) al resultar las tareas profesionales -como se expusiera en los considerandos precedentes- inoficiosas (Arts. 68 CPCC y 30 Decreto Ley 8904/77; SCBA, Ac. 34.039 "Devicenzi, Zacarías E. y otros c/propietario desconocido. Usucapión y reivindicación", del 8 de octubre de 1985, antes citado).

No así respecto de los emolumentos que corresponda se fijen a los peritos por las tareas efectuadas en autos, los que deberán ser soportados por ambas partes (por analogía art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 16 del C.C.; arg. art. 68 y arg. art. 71 sig y ccdtes del CPCC).

Así lo voto.

Los doctores Taraborrelli y Alonso por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhieren votando también el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Autos y Vistos: Considerando: De conformidad al resultado que arroja la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1º) Declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado a partir del dictado de la providencia de apertura a prueba de fs. 231 -inclusive-; remitir las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes Deptal. para que en dicho organismo se sortee nuevo juez hábil y en dicha instancia se dicten las medidas necesarias para integrar debidamente la litis. 2) No imponer costas de en ambas instancias; no así respecto de los emolumentos que corresponda se fijen a los peritos por las tareas efectuadas en autos, los que deberán ser soportados por ambas partes. 3) Declarar inoficiosos los trabajos profesionales efectuados por los letrados que excedan el marco de la primera etapa (art. 28 inc. a) y 30 del Decreto Ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese. Ofíciese al Juzgado Civil y Comercial Nº 3 acompañándose copia certificada de la presente a sus efectos. Fecho, pasen los actuados a la Receptoría General de Expedientes Deptal.- Eduardo A. R. Alonso.- José N. Taraborrelli.- Ramón D. Posca.