Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-06


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia fijó las condiciones de la locación de la planta y los bienes de la fallida a la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Yaguané Limitada y estableció que ésta debe pagar un canon locativo por el uso y goce de los bienes hasta tanto no se perfeccione la expropiación de los bienes (fs. 1842/5).

Destacó que la cooperativa aceptó el pago de un canon locativo, por lo que su actual rechazo viola la doctrina de los actos propios. Consideró que los intereses de los trabajadores deben ser armonizados con los intereses de la masa de acreedores.

Asimismo, el juez resolvió que no corresponde establecer intereses sobre los períodos de alquiler fijados en la resolución de 1842/5, dado que la cooperativa no incurrió en mora (fs. 2015/6). En este sentido, afirmó que los cánones son debidos desde el dictado de la resolución de fs. 1842/5, que estableció su pago y determinó su cuantificación.

2. La cooperativa de trabajo interpuso recurso de apelación contra dicha decisión (fs. 1934/9).

Destacó que el art. 190, LC, que prevé la continuación de la explotación de la empresa fallida no prevé el pago de un canon locativo. Agregó que el síndico no peticionó formalmente la realización de una locación.

Manifestó que los casos "Adzen" y "Global" citados por la resolución apelada son distintos al sub lite. Con respecto al primero, adujo que no existía una ley de expropiación. Con respecto al segundo, adujo que la cooperativa no pagó cánones locativos con posterioridad a la sanción de la ley expropiatoria.

Alegó que no aceptó pagar cánones con posterioridad a la declaración de la quiebra, por lo que la doctrina de los actos propios es inaplicable.

Destacó que la masa de acreedores no fue perjudicada dado que la cooperativa cuidó los bienes de la fallida y mantuvo la actividad empresaria.

Por último, adujo que la ley de expropiación le da derecho a la posesión de la planta.

3. El síndico del concurso de la cooperativa de trabajo interpuso recurso de apelación contra la decisión descripta en el primer apartado.

Destacó que el art. 190, LC, que prevé la continuación de la explotación de la empresa fallida no prevé el pago de un canon locativo.

Manifestó que los bienes utilizados por la cooperativa no pertenecen a la fallida, dado que fueron expropiados.

Por último, sostuvo que los pagos realizados por la cooperativa fueron hechos en base a un contrato, que fue declarado ineficaz.

4. El síndico de la quiebra de Frigorífico Yaguané interpuso recurso de apelación contra la decisión descripta en el primer apartado, en cuanto rechazó la fijación de intereses.

Destacó que la obligación de la cooperativa de pagar cánones locativos no nació con la resolución de fs. 1842/5, sino con la declaración de la quiebra. Manifestó que la cooperativa utilizó los bienes de la fallida desde esa fecha en carácter de arrendataria.

Afirmó que se le otorgó a la cooperativa la continuación de la actividad empresaria en los términos del art. 190, LC, y que la cooperativa aceptó el pago de cánones locativos. Puntualizó que la cooperativa sólo cuestionó su cuantía. Agregó que la obligación de la cooperativa y su falta de cumplimiento motivaron diversas intimaciones de pago. Alegó que la cooperativa violó sus propios actos.

Sostuvo que la cooperativa incurrió en mora en el pago de los cánones, por lo que debe pagar intereses.

5. La primera cuestión controvertida por la cooperativa de trabajo y por el síndico de su concurso es si ésta tiene un deber de pagar un canon locativo por el uso y goce de la planta y los bienes de la fallida.

Al respecto, entiendo que la pretensión de los apelantes de utilizar los bienes de la fallida en forma gratuita debe ser rechazada. En efecto, esta Fiscalía ha entendido en otros casos que el pago de un canon locativo implica conciliar adecuadamente los intereses que protege el art. 190, LC, en particular, los intereses de los trabajadores con los intereses de los acreedores en cobrar sus créditos ("Bolsas Olavarría SA s/ quiebra s/ incidente de continuación de actos procesales"; dict. nº 115.073; "Adzen SACIF s/ quiebra", expte. nº 62.462/06; "CIDEC Compañía Industrial del Cuero SA y otro s/ quiebra", expte. nº 98.379/00). Además, el pago de un canon tiende a asegurar la viabilidad de la continuación de la actividad empresaria.

Si bien el art. 190, LC, no prevé expresamente el pago de un canon, la continuación de la actividad empresaria en este caso se instrumentalizó a través de un contrato de locación.

El espíritu del art. 190 es priorizar la continuidad de la empresa en quiebra por parte de cooperativas de trabajo constituida por los ex trabajadores. De este modo, se concilia adecuadamente el interés de los trabajadores en conservar su fuente laboral -interés que cobró mayor relevancia ante la crisis económica y social que vive nuestro país desde 2001- y el interés de los acreedores tendiente a la venta de la empresa en marcha para así obtener un mayor valor.

Sin embargo, en muchos casos la continuación de la explotación por parte de la cooperativa ha sido instrumentada a través de la celebración de un contrato de locación en los términos del art. 186 de la LC (dict. nº 109.006, "Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos "Ezrah" s/quiebra", expte. 17.381/01; dict. Nº 109.710, "Arietti Carlos Ramón s/quiebra s/incidente de apelación", con fallo conc. CNCom., Sala de Feria, expte. nº 70.305/05; dict. nº 109.469, "Industrias Ganaderas INGA S.A.I.C.I. y F. s/quiebra", con fallo conc. CNCom., Sala B, expte. nº 52.308/00; Aquino Mariano y Villoldo Marcelo, "La continuación de la explotación por las cooperativas de trabajo: luces y sombras de su regulación y su aplicación", SCyQ, 12.10.05, p. 38).

En efecto, el art. 186 permite, por un lado, la explotación por parte de la cooperativa a su propio riesgo y, por el otro, que el juez resguarde adecuadamente los derechos de la masa de acreedores y de los terceros a través de la imposición de obligaciones a la cooperativa en su carácter de locataria.

Se ha entendido que el art. 186 permite "...la entrega de la explotación a un tercero quien tendrá el uso y goce de la misma a cambio del pago de un canon locativo que ingresa a la masa concursal y, por ende, sin que ésta deba proveer de recursos financieros para su mantenimiento y sin la consiguiente responsabilidad que la continuación por el síndico trae aparejada para la falencia" (Juzg. Civ. y Com. de Córdoba nº 2, 2.04.02, "Comercio y Justicia Editores Sociedades Anónima s/ quiebra"). Es decir, "permite que la actividad de la fallida continúe, pero a cargo de quien resulte adjudicatario de la licitación..." (Juan M. Villoldo, "La expropiación en la quiebra: ¿un fenómeno "sin límites"?").

Por otro lado, cabe destacar que la existencia de una ley de expropiación no modifica la obligación de la cooperativa de pagar cánones locativos hasta tanto la expropiación no sea perfeccionada.

El trámite de expropiación comprende distintas etapas: la calificación legislativa de utilidad pública, la determinación administrativa de los bienes y el procedimiento propiamente dicho, es decir el juicio expropiatorio (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo IV, pág. 299).

El efecto principal de la expropiación es la transferencia de la propiedad, pero para que ello tenga lugar, se requiere el cumplimiento adecuado de todos los requisitos o etapas del trámite de expropiación, incluso el pago total de la indemnización en forma previa a la transferencia (op. cit., pág. 139).

La expropiación, entonces, se perfecciona cuando ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, la toma de posesión y el pago de la indemnización (op. cit. pág. 329). Cabe agregar que hasta que la expropiación se encuentre perfeccionada, asiste al expropiante la facultad de desistir de dicho acto y el bien puede ser desafectado de la utilidad pública (CNCiv., Sala E, autos: "López, Dardo Ruben c/ M.C.B.A. s/daños y perjuicios").

Esto es así, pues debe salvaguardarse la garantía constitucional (art. 17 Constitución Nacional y art. 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) según la cual el resarcimiento debe ser previo a la transferencia de los bienes (CSJN, Fallos 187:24, 212:287, 241:73).

De este modo, hasta tanto la expropiación no sea perfeccionada, la cooperativa no puede invocar un derecho emergente de la ley, que meramente calificó a los bienes de la fallida como de utilidad pública.

6. La segunda cuestión controvertida por el síndico de la quiebra de Frigorífico Yaguané es si corresponde que la cooperativa pague intereses por la falta de pago de los cánones locativos desde la utilización de los activos de la fallida.

Al respecto, entiendo que los agravios de la sindicatura deben ser aceptados. Sin embargo, a los efectos de conciliar los intereses, que consagra el art. 190, LC, y los intereses de la masa de acreedores, entiendo que debe aplicarse la tasa pasiva del BNA, no capitalizable, a los efectos de determinar los intereses aplicables.

7. Por ello, entiendo que corresponde rechazar los recursos interpuestos por la cooperativa de trabajo y por el síndico de su concurso y, en los términos expuestos en el punto 6, hacer lugar al recurso del síndico de la quiebra de Frigorífico Yaguané.

Buenos Aires, 14 de julio de 2008. -Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 6 de 2008.

Y Vistos:

1.) Apelaron la sindicatura de esta quiebra, la sindicatura del concurso preventivo de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" y esta última Cooperativa de Trabajo, la aclaratoria de fs. 1842/5.

Por su parte la sindicatura de esta quiebra también apeló las resoluciones de fs. 1737/8 y fs. 2015/6.

Los fundamentos de la sindicatura de esta quiebra obran expresados a fs. 2037/53, los que fueron contestados por la Cooperativa de Trabajo a fs. 2131/33. Los agravios del síndico del concurso preventivo de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" se encuentran expresados a fs. 1983/5, y los de la propia Cooperativa obran agregados a fs. 1934/9, los que fueron respondidos por el síndico de la fallida a fs. 2017/24 y a fs. 1986/2014, respectivamente.

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara se expidió a fs. 2140/42 en los términos que surgen del respectivo dictamen.

2.) Se agravió la sindicatura de la fallida porque el Juez de Grado consideró que no procedía el pago de intereses sobre los cánones locativos fijados por entender que no existía mora de parte de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd". Señaló que desde la fecha del decreto de quiebra de Frigorífico Yaguané SA, la cooperativa no cumplió con las obligaciones que había aceptado y que le fueron reclamadas en autos. Indicó que al decretarse la quiebra dicha cooperativa se encontraba ocupando el establecimiento en virtud de un contrato de locación que fue declarado ineficaz por el Juez del proceso falencial, y que luego de existir una propuesta de continuar explotando la empresa, la cooperativa aceptó abonar un canon locativo equivalente al fijado en aquel contrato declarado ineficaz. Puntualizó que desde el año 2004 la cooperativa no sólo incumplió con las obligaciones asumidas sino que pretendió desconocer sus propios actos. Añadió que al dictarse la resolución de fecha 30/10/06 ya hacía tres (3) años y medio que la cooperativa estaba en mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, se agravió de la forma en que fueron impuestas las costas por considerar que deben ser impuestas a cargo de la cooperativa, quien con su actuar contradictorio llevó a que la cuestión se resolviera luego de varios años.

Por su parte la sindicatura del concurso preventivo de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" se quejó porque el Juez de Grado dispuso que dicha entidad debía abonar un canon locativo por la utilización de la planta frigorífica de la aquí fallida, cuya expropiación se ordenó. Indicó que si bien el art. 190 LCQ admite que una cooperativa de trabajo conformada por el personal de actividad o acreedores laborales de la fallida pueda continuar con la explotación de la empresa, no estableció la obligación de abonar suma alguna a la quiebra en contraprestación por la utilización de esos activos. Añadió que la fallida no tiene la disponibilidad de los bienes, pues éstos se encuentran sujetos a expropiación y donación a favor de la cooperativa. Puntualizó que, al hallarse concursada la cooperativa, le resultan inoponibles los convenios de locación que pudiera celebrar sin confirmación del Juez a cargo de ese proceso.

De su lado la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fi.Ya.Ltd" se agravió, también, de la imposición del pago de un canon locativo, pues señaló que al haber la fallida iniciado el juicio de expropiación inversa se desentendió de los bienes expropiados, puntualizando que en esos autos se ha efectuado una oferta por parte del Estado Nacional. Señaló que al reclamar el cobro de la indemnización correspondiente a la expropiación no puede pretender que se le abone además, el canon locativo perseguido. Añadió que el art. 190 LCQ no contempla el pago de ese rubro. Señaló que la teoría de los actos propios no es aplicable en autos y que debe buscarse la armonía de los intereses involucrados sin perder de vista que el esfuerzo de los trabajadores permitió que los acreedores pudieran cobrar sus créditos y ha mantenido la planta en excelente estado de conservación.

3.) En primer lugar, debe señalarse que no existe controversia en que la cooperativa tenía el uso y goce de la planta de la fallida a la fecha en que fue decretada la quiebra (18/3/03), manteniendo la explotación de la misma hasta la actualidad.

3.1. En efecto, de las piezas obrantes en los autos "Frigorífico Yaguané SA s/ quiebra" que se tienen a la vista, se extrae que, con fecha 18/3/03, se declaró ineficaz, de conformidad con lo previsto por el art. 17 LCQ, el contrato de locación suscripto por la fallida -por entonces concursada- y la Cooperativa de Trabajo Tra.Fri.Ya. Ltda. (fs. 6841/2).

En la misma fecha, se decretó la quiebra de Frigorífico Yaguané SA (fs. 6843/48), en donde la Juez de Grado ordenó a la sindicatura que iniciara las acciones de expropiación inversa pertinentes. Asimismo, en ese decreto, a los fines de la continuación de la explotación en los términos del art. 189 LCQ, y atendiendo a que la cooperativa en cuestión se encontraba en uso y goce de la planta, la magistrada solicitó que previamente dicha entidad indicara la cantidad de personas que se encontraban en relación de dependencia, y solicitó a la sindicatura que presentara un proyecto de convenio de continuación de la explotación.

Del acta de posesión de la planta de la fallida efectuada por el síndico de esta quiebra el 20/3/03, obrante a fs. 7002/5, se extrae que el presidente de Frigorífico Yaguané SA informó que la fallida no realizaba actividad alguna comercial, industrial o de faena en su planta, y que la Cooperativa de Trabajo Tra.Fri.Ya. Ltda. era quien se encontraba desarrollando actividades en esa época. En dicho acto, el síndico, en los términos del art. 189 LCQ resolvió la continuación inmediata de las actividades de la planta de la fallida, por la cooperativa, sujeto a aprobación de la a quo, por lo que dejó la planta de la fallida a cargo de la cooperativa, designándola depositario judicial del inmueble y los bienes que allí se encontraban.

3.2. De las constancias de autos surge que la sindicatura mediante la presentación de fs. 105/10 (27/6/03), señaló que la fallida no podía continuar por sus propios medios la explotación de la planta y que, existiendo una ley de expropiación dictada en relación a dicho inmueble y a los bienes allí existentes, requirió autorización a la Juez de la quiebra para que se continuara la explotación por parte de la cooperativa, suscribiéndose un contrato de uso y goce de la Planta Industrial en los términos de los arts. 190 y 185 LCQ, disponiéndose el pago de un canon mensual por parte de la cooperativa.

Acompañó a dichos fines un proyecto del contrato en cuestión (fs. 80/5) y una nota de la cooperativa sobre dicho convenio en donde ésta propuso que el canon locativo a pagar sea el mismo que se estipuló en un contrato de locación suscripto en fecha anterior con Frigorífico Yaguané SA que fuera declarado inoponible a esta quiebra y cuya copia obra a fs. 96/8, decisión que a esa fecha se encontraba recurrida (v. fs. 87/91).

Solicitó, asimismo, la sindicatura que se designara un representante de la quiebra a los fines de controlar en forma permanente el cumplimiento de las condiciones que se pactaran con la cooperativa, proponiendo al Sr. Luis M. García quien ya colaboraba con el síndico (v. fs. 109 vta).

Corrido el traslado, la cooperativa lo contestó medante el escrito copiado a fs. 408/9, en donde conformó la suscripción del convenio propuesto por el síndico, con excepción del monto del canon locativo pretendido, remitiéndose al acordado en el contrato copiado a fs. 96/8.

Con posterioridad, la sindicatura solicitó que, hasta tanto la Alzada resolviera el recurso interpuesto contra la resolución que declaró inoponible el contrato de locación copiado a fs. 96/8, se intimara a la cooperativa a pagar, como mínimo, los importes allí acordados en concepto de canon locativo. Dicha intimación fue ordenada en el auto de fecha 24/9/03 (fs. 289).

A fs. 523 obra informe de la sindicatura en donde denuncia el pago de la suma de $ 10.000 por la cooperativa como parte de pago del canon adeudado, ordenando el tribunal una nueva intimación al pago del saldo restante (fs. 524).

Luego, a fs. 804 volvió a ordenarse una intimación para que la cooperativa abonara los cánones locativos debidos.

Con fecha 18/3/04 (fs. 804) la cooperativa solicitó una extensión del plazo concedido para el cumplimiento de la intimación, la que fue concedida a fs. 831.

Frente al incumplimiento de la cooperativa en las obligaciones que habría asumido, la sindicatura a fs. 946/7 solicitó que se diera por concluida la explotación del establecimiento de la fallida por dicha entidad.

Con posterioridad el síndico informó a fs. 1085, 1119 y 1120/24 la apertura del concurso preventivo de la cooperativa (30/9/04) en la Provincia de Buenos Aires, tramitando por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial de la Matanza.

A fs. 1221/24 el síndico reclamó, entre otras cosas, el pago del cánon locativo correspondiente a los períodos posteriores a la presentación en concurso preventivo y el pago de la retribución acordada al Sr. García como controlador. La sindicatura designada en el concurso preventivo de la cooperativa contestó el traslado a fs. 1281/3, manifestando que no correspondía el pago de los cánones reclamados, pues éstos se asentaban en un contrato declarado ineficaz en esta quiebra. Asimismo, señaló la improcedencia del reclamo de la retribución del Sr. García, habida cuenta que fue el síndico quien lo designó y el Juez de esta quiebra no lo había autorizado.

Señálase que los cánones que según la sindicatura le correspondía abonar a la cooperativa por los períodos anteriores al concurso preventivo de esa entidad fueron insinuados por el síndico de esta quiebra en ese proceso, habiéndose declarado inadmisible la acreencia por no existir resolución judicial sobre la cuestión en estas actuaciones, por lo que el funcionario promovió incidente de revisión (fs. 1368).

A fs. 1469/70 se celebró una audiencia (16/9/05) en donde estuvieron presentes el síndico de esta quiebra y, los representantes de la Cooperativa "Tra.Fri.Ya.Ltd". Allí la cooperativa manifestó que no debía abonar suma alguna a la quiebra, a tenor de la iniciación del juicio de expropiación inversa.

A fs. 1885/9 se informó la homologación del acuerdo preventivo presentado en el concurso de la cooperativa.

Con fecha 3/5/06, el Juez de Grado, en la resolución dictada a fs. 1737/8 señaló que resultaba improcedente que el síndico pretendiera sustentar la pretensión de cobro de alquileres devengados en el contrato de locación suscripto entre la fallida -por entonces concursada- y la cooperativa y cuya ineficacia había sido declarada en los autos principales.

Luego amplió dicho pronunciamiento a fs. 1842/5 en donde dispuso que, sin perjuicio de lo anteriormente resuelto, la cooperativa debía abonar un canon locativo, pues el hecho de haberse dictado una ley de expropiación de los bienes no resultaba óbice para ello. Indicó que el pago de la indemnización por dicha expropiación no importaba compensación por todo el plazo en que se extienda el uso y goce de los inmuebles por parte de la cooperativa. Añadió que al oponerse al pago de dicho canon, la cooperativa estaba contrariando sus propios actos.

En el pronunciamiento de fs. 2015/6 que aclaró el de fs. 1842/5, el a quo rechazó la pretensión de la sindicatura de imponer a la cooperativa el pago de intereses con fundamento en que no existió mora de parte de aquella pues recién con el dictado de la resolución de fs. 1842/5 se estableció el pago de los cánones locativos y la cuantía de éstos.

4.) Recuérdase que el art. 189 LCQ dispone que el síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos sólo excepcionalmente, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio, debiendo ponerlo en conocimiento del Juez dentro de las veinticuatro (24) horas, quien podrá adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación.

Por su parte el art. 190 LCQ establece que en toda quiebra, el síndico debe informar al Juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo.

Del análisis de ambos artículos surge que la continuación de la explotación de la empresa fallida es excepcional, y que sólo procede cuando se dan algunas de las siguientes situaciones: i) si la interrupción de la actividad pudiera provocar, con evidencia, un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio; ii) si de la interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización; iii) cuando se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse. Sin embargo, nada autoriza que tal continuación de la explotación sea gratuita cuando es llevada a cabo por un tercero.

Este es un instituto que responde a un interés general, el cual excede el mero interés de los acreedores ya que involucra la protección de la fuente de trabajo, la continuidad de una empresa generadora de productos y/o servicios para la sociedad en general y de recursos para el Estado. La finalidad que persigue es la enajenación de la empresa en marcha de modo de obtener un importe mayor que si se enajenaran los bienes en forma separada (conf. Villoldo, Juan M., "La expropiación en la quiebra: ¿un fenómeno sin límites?", JA IV-2003, pág. 1490/1505).

5) Ahora bien, en la especie se advierten dos (2) etapas diferenciadas.

La primera, que abarca el período durante el cual la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd." que había ocupado la planta de la fallida en virtud de un contrato de locación, continúa haciéndolo luego del decreto de quiebra y hasta la fecha en que se suscriba el contrato de continuación de la explotación por un tercero a que alude el Juez de Grado en la resolución apelada de fs. 1842/5.

La segunda, obviamente, comenzará a partir de la firma de dicho convenio, conforme las pautas establecidas en el pronunciamiento apelado, y en atención a lo que infra se resolverá.

Sobre el primer período y respecto de lo resuelto por el a quo a fs. 1737/8, se estima que asiste razón a la sindicatura en cuanto a que corresponde que la cooperativa abone una suma en concepto de canon por la ocupación de la planta.

En efecto, no puede soslayarse que dicha entidad ha estado ocupando y utilizando los bienes de la fallida, en su provecho, desde hace más de cinco (5) años, por lo que no puede pretenderse que dicha ocupación sea gratuita, aún cuando exista una ley de expropiación, pues ésta no se ha efectivizado aún y, en todo caso, involucra una relación jurídica distinta a la que aquí se examina.

Por otro lado, tampoco puede omitirse el propio actuar de la cooperativa en este incidente. Véase que la anterior juez de la falencia ordenó, a pedido de la sindicatura, con fecha 24/9/03 (fs. 289) intimar a esa entidad para que abonara como pago mínimo, a cuenta, el importe que surgía del contrato de locación declarado ineficaz, mientras no se resolviera el recurso interpuesto por esa entidad contra dicho pronunciamiento y/o no se suscribiera un nuevo contrato de locación (v. fs. 286 vta. pto. III. 1.-). Rectamente entendido, en ese decisorio no se pretendió la aplicación del convenio declarado inoponible a la quiebra, sino que solamente se tomó la suma allí estipulada como pauta referencial a los fines de estimar, provisoriamente, la contraprestación que debía abonar la cooperativa por la ocupación de dicha planta.

Esa intimación fue consentida por la propia cooperativa, quien efectuó un pago parcial de $ 10.000. También consintió la nueva intimación que se dispuso en su contra, a los mismos fines, a fs. 804, lo cual corrobora esta inteligencia de la situación, es más, en lugar de objetarla, solicitó una prórroga para su cumplimiento.

En este contexto pues, es claro que la decisión que inspiró al Tribunal para intimar a la Cooperativa al pago de las sumas en cuestión fue que ésta retribuyera a la quiebra con un canon por la ocupación de la planta de la fallida. De esta manera dicha ocupación no fue gratuita, sino que por ella debía abonarse una suma determinada, tomándose a dichos fines, como pauta de referencia el mismo monto ya convenido con anterioridad entre la fallida -por entonces concursada- y la cooperativa, suma que por otro lado, era la propuesta por aquélla en su presentación de fs. 408/9.

Tales circunstancias, ameritan acoger el reclamo de la sindicatura y reconocer la obligación de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" de abonar una suma igual a la establecida en el contrato copiado a fs. 96/8, por cada mes transcurrido desde el decreto de quiebra (18/3/03) y hasta que entre en vigencia el convenio a suscribir con la quiebra, o se desocupe la planta, o se haga efectiva la expropiación legalmente dispuesta, en su caso.

Ahora bien, apúntase que, encontrándose en concurso preventivo la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd", es claro que los períodos debidos por los meses anteriores a la presentación en concurso preventivo de dicha entidad (30/9/04), deberán ser verificados en ese proceso por el síndico de esta quiebra y abonados conforme el acuerdo allí homologado.

En cuanto a los períodos mensuales posteriores a dicha fecha (30/9/04), deberán ser depositados por la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" en estas actuaciones.

Con este alcance pues, debe revocarse la resolución de fs. 1737/8.

6.) En cuanto a los intereses denegados por el a quo en la resolución de fs. 2015/6, se estima que corresponde su aplicación.

En efecto, del relato efectuado con anterioridad, surge que la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" consintió la intimación dispuesta por la Magistrada de Grado a fs. 289, para que procediera al pago de la suma tomada por la sindicatura -y conformada por la a quo- en concepto de ocupación de la planta, cumpliendo, aunque en forma parcial.

Luego, la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" fue intimada nuevamente para que abonara el saldo de las sumas debidas, solicitando una prórroga que fue concedida a fs. 831, vencida la cual no canceló los montos debidos.

Así, siendo que, como se señalara en el consideran o anterior, la propia cooperativa consintió la procedencia del pago de dichos montos y que, vencido el plazo de prórroga solicitado, aquella no canceló las sumas debidas, dicha entidad incurrió en mora en las obligaciones asumidas con fecha 5/5/04 -v. cédula de fs. 867- (conf. art. 509 Cód. Civil).

Por tal razón, corresponde el devengamiento de los réditos a partir de esa fecha sobre las sumas debidas con anterioridad y, también a partir de allí, respecto de cada uno de los períodos posteriores que no fueron abonados por la cooperativa, hasta la fecha de efectivo pago (arg. arts. 508 y 622 Código citado), los que deberán calcularse a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, en sus operaciones ordinarias de descuento, no capitalizable (conf. doctrina plenaria del fuero recaída in re "Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de plenario" CNCom. en pleno del 25/8/2003).

7.) Sentado ello, y en cuanto al canon locativo establecido por el a quo en el pronunciamiento de fs. 1842/5, señálase que de los términos del art. 192 LCQ y 109 LCQ se extrae que, una vez dispuesta la continuación de la explotación de la fallida, el síndico sigue siendo el administrador del patrimonio de la falencia. Por ello se estima que la inserción de la cooperativa de trabajo, que implica la actuación de un tercero, habilita una modalidad de gerenciamiento de la empresa que resulta prudente que sea articulada convencionalmente mediante alguna modalidad contractual, en atención al silencio normativo.

Si bien el art. 190 LCQ nada dice al respecto, lo cierto es que en diversos casos los jueces han dispuesto la continuación de la empresa mediante la locación de fondos de comercio de la empresa fallida, a la cual se les pueden agregar otros medios de colaboración empresaria (véase la enunciación efectuada por Junyent Bas, Francisco en "Las cooperativas de trabajo en el proceso concursal. Sobre espejos de colores y argucias legales: la necesidad de una interpretación solidaria", LL 2003-E-1046).

De este modo la conducción de los negocios sociales se otorga a la cooperativa y se deja a la sindicatura la labor de contralor y vigilancia (art. 192 LCQ). Esta figura -locación del fondo de comercio-, se caracteriza por eximir al síndico de la responsabilidad de conducción de la explotación que quedan a cargo del locatario (conf. Junyent Bas, ob. Cit.).

Ello resulta a favor de la conveniencia de encuadrar la continuación de la explotación a cargo de los trabajadores en el art. 186 LCQ, pues de este modo las utilidades que genere la cooperativa en el marco de un contrato suscripto con la quiebra en esas condiciones resultarán de su propiedad. En cambio en la continuación del art. 190 LCQ, las utilidades resultarían sujetas a desapoderamiento e ingresarían al acervo concursal. Por ello, no cabe encuadrar la continuación de la empresa por parte de la cooperativa de trabajo en el art. 190 LCQ.

En consecuencia, por los argumentos expuestos precedentemente, se estima que el encuadre correcto que cabe en el caso es entender autorizada la continuación de la explotación de la planta de la fallida dentro del marco de las disposiciones contenidas en el art. 186 de la LCQ, que autoriza al Tribunal a convenir contratos o locación sobre bienes de la fallida que no importen una disposición parcial o total, por un lapso razonable, para permitir por esta vía la recuperación de las instalaciones y su puesta "en valor", a los fines de mantener el activo falencial.

Enmarcada así la situación en análisis, no se advierte óbice para que la cooperativa, que tiene la tenencia precaria de la planta, en los términos del art. 186 LCQ, abone un canon locativo por su uso y goce.

8.) De otro lado, cabe apuntar que el hecho de que el bien en cuestión se encuentre sometido a expropiación por parte de la Provincia de Buenos Aires, mediante la ley 12.688, no impide al Juez del proceso falencial reclamar el pago del canon en cuestión, pues en tanto la expropiación no se concrete, el bien fructúa para la quiebra.

En efecto, recuérdase que se llama expropiación al procedimiento de derecho en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública, previa indemnización (conf. Marienhoff, Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo VI, pág. 115 y sgtes.

El Estado ejerce, al expropiar, un poder jurídico que le reconoce la Constitución, pero el ejercicio de ese poder, autorizado por causa de utilidad pública, supone el sacrificio de un derecho que también tiene base constitucional y que obliga a indemnizar debidamente al expropiado, toda vez que la expropiación supone un conflicto que se resuelve por la preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés del particular. (CSJN, Fallos: 326 Folio: 2329).

Ahora bien, el trámite de expropiación comprende distintas etapas: la calificación legislativa de utilidad pública, la determinación administrativa de los bienes y el procedimiento propiamente dicho, es decir el juicio expropiatorio (Marienhoff, ob. cit. pág. 299).

El efecto principal de la expropiación es la transferencia de la propiedad, pero para que ello tenga lugar, se requiere el cumplimiento adecuado de todos los requisitos o etapas del trámite de expropiación, incluso el pago total de la indemnización en forma previa a la transferencia (op. cit., pág. 139).

La expropiación, entonces, se perfecciona cuando ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, la toma de posesión y el pago de la indemnización (op. cit. pág. 329). Este principio se encuentra receptado en el art. 29 de la ley 21.499 y por el art. 43 de la ley 5708 de la Provincia de Buenos Aires. Cabe agregar que hasta que la expropiación se encuentre perfeccionada, asiste al expropiante la facultad de desistir de dicho acto y el bien puede ser desafectado de la utilidad pública (CNCiv., Sala E, autos: "López, Dardo Rubén c/ M.C.B.A. s/ daños y perjuicios").

Esto es así, pues debe salvaguardarse la garantía constitucional (art. 17 Constitución Nacional y art. 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) según la cual el resarcimiento debe ser previo a la transferencia de los bienes (CSJN, Fallos 187:24, 212:287, 241:73).

En la especie, el trámite de expropiación aún no se encuentra cumplido, pues no se han verificado los supuestos para tener por perfeccionada dicha expropiación en tanto aún no se ha abonado la indemnización correspondiente.

Por tal razón, cabe confirmar la resolución de fs. 1842/5 en cuanto impuso a la Cooperativa de Trabajo, en el marco de un contrato de continuación de explotación por un tercero, cuyas condiciones no han sido materia de recurso, el previo pago de un nuevo canon locativo en su carácter de tenedora precaria de la planta industrial de la fallida, pues, si bien dicho inmueble ha sido declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, el trámite expropiatorio aún no se encuentra cumplido, y por ende la propiedad sigue estando en cabeza de la fallida (esta CNCom, Sala B, 20/3/07, "Textil San Remo SA s/quiebra).

9.) Finalmente en cuanto a las costas impuestas por la resolución dictada a fs. 1842/5 -ver aclaratoria de fs. 2015-, el síndico se agravia de que hayan sido establecidas en el orden causado.

Recuérdase que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél.

Ello así en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 Cód. Proc.) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss.). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, p. 491).

Sin embargo, en el caso de autos no se advierte que se configure ningún supuesto de excepción que permita eximir a la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" del pago de las costas devengadas en primera instancia.

En efecto, como se señalara a lo largo de este pronunciamiento, la propia cooperativa consintió desde un primer momento el pago de una suma en compensación por el uso y goce de la planta de la fallida, y por la explotación de aquella en su provecho.

No obstante ello, no sólo incumplió con las obligaciones que asumiera libremente sino que luego cambió su postura objetando la procedencia de tal pago, lo que importó la necesidad de que se dictara la resolución apelada, la que, en definitiva, rechazó sus objeciones.

Así, por aplicación del principio objetivo de la derrota, se estima que las costas devengadas por las actuaciones en primera instancia deben ser impuestas a cargo de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Lta" (conf. art. 68, CPCC).

10.) Por lo expuesto, esta Sala RESUELVE:

a) Desestimar los recursos de apelación interpuestos por la sindicatura del concurso preventivo de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" y por esta última Cooperativa de Trabajo y, por ende, confirmar la resolución dictada a fs. 1842/5 en lo que fue materia de agravio por parte de las recurrentes.

b) Estimar el recurso incoado por la sindicatura de esta quiebra y, por ende, revocar los pronunciamientos de fs. 1737/8 y fs. 2015/6, con los alcances indicados en los considerandos 5), 6) y 9).

c) Imponer las costas de Alzada a cargo de la Cooperativa de Trabajo "Tra.Fri.Ya.Ltd" por las mismas razones explicitadas en el considerando 9).

Notifíquese a la Sra. Fiscal General y oportunamente devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.