Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-19


SALA SEGUNDA Expte. Nº 4399/08 "RUIZ QUIROGA DE VARESE, Marta c/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil once, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, en autos Nº 19272 - 67167 caratulados: "Ruiz Quiroga de Varese, Marta c/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

La resolución impugnada declara la inconstitucionalidad del artículo 69 de la ley 7335 modificatoria del Código Tributario, en cuanto exige como requisito para promover una demanda contencioso administrativa el pago previo de los tributos, su actualización, recargos e intereses que según el Fisco adeuda el contribuyente.- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 incisos 1º y 3º de la ley 2275. La hipótesis del inciso 1º se configura, según dice la quejosa, en tanto se ha cuestionado la validez del art. 69 de la ley 7335, arguyendo su contradicción con la Constitución y ha sido declarada inconstitucional por el a quo, desconociendo la potestad tributaria del Estado.

La hipótesis del inciso 3º, al decir de la recurrente, se verifica en tanto el tribunal a quo ha resuelto con apartamiento de las constancias de la causa e incurriendo en dogmatismo, afectando el derecho de defensa de la demandada.- En el fallo recurrido se comienza por reconocer que según criterio imperante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación -incluso luego de producida la reforma constitucional de 1994- el principio solve et repete no ha perdido vigencia, sino que sólo se ha morigerado la exigencia en aquellos casos donde se comprueba una significativa desproporción entre la suma que el contribuyente debe ingresar a las arcas del Estado y su concreta capacidad económica. Tras cartón, se pregunta el Juez de Cámara que lleva el primer voto si el artículo 69 de la ley 7335 ". merece ser sostenido como norma vigente luego de la Reforma del año 1994 a la Constitución Nacional", y si -ante el criterio jurisprudencial sustentado por la Corte Suprema Nacional, corresponde ". alinearnos mudos a los precedentes de la Corte Suprema, o abrir brecha hacia las nuevas tendencias que consideran inconstitucional a dicha regla, cuando no obsoleta y fastidiosa".- Tras esa introducción -que ya insinúa el sentido de su decisión- el juez del primer voto pasa revista a doctrina y precedentes del derecho comparado contrarios a la vigencia de la regla solve et repete, como así también a posiciones en el mismo sentido asumidas en el ámbito nacional desde entidades, seminarios y por autores especializados, con referencia a tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, y en especial a la vigencia de la garantía de la tutela judicial efectiva, en su concreta aplicación a la materia tributaria. Critica la exigencia de demostración del perjuicio patrimonial que imponen los fallos de la Corte Suprema para eximirse de la regla solve et repete sosteniendo que ello implicaría un antejuicio sin estructura procesal adecuada en nuestro ordenamiento, además de trabar el libre acceso a la jurisdicción e importar un requisito limitante y contradictorio con el art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregando que todo justiciable -incluso los de mayor capacidad patrimonial- quedan en estado de desigualdad frente a la prerrogativa del Estado y ven afectado su derecho de defensa, que según el art. 33 de la Constitución Provincial, no admite excepciones. Concluye propiciando la declaración de inconstitucionalidad del art. 69 de la ley 7335 en cuanto exige como requisito para promover la demanda contencioso administrativa el pago previo de los tributos, su actualización, recargos e intereses que el Fisco considera le adeuda el contribuyente.- A esta altura, y previo a examinar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad deducido, me he de referir a la objeción que la parte recurrida formula a la admisión formal del recurso, aduciendo que a ello obsta la falta de definitividad de la sentencia recurrida. Entiendo que no corresponde revisar el auto de admisión, pues lo resuelto por el tribunal de alzada es consecuencia directa de haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 69 inc. "d" de la ley 7335 que exige, en forma previa a iniciar la acción judicial, el pago de los tributos adeudados, su actualización recargo e intereses o la constitución de un derecho real de hipoteca a favor del Fisco. En el caso, la resolución recurrida, en cuanto declara la inconstitucionalidad de la norma impugnada por la actora, resulta definitiva y satisface por ello el requisito impuesto por el artículo 4º de la ley 2.275. (doctrina del fallo que se registra en P.R.E. S.2ª 2004-I-74).- Ingresando ahora al análisis de la procedencia sustancial del recurso de inconstitucionalidad, advierto -como ya dije- que el tribunal a quo ha efectuado un pormenorizado estudio de la temática relativa al solve et repete, analizando tanto la doctrina y jurisprudencia nacionales como así también en el derecho comparado, detallándose en el fallo las numerosas fuentes que han llevado a los jueces que lo suscriben a decidir en el sentido que lo han hecho.

Pero también puede advertirse que el tribunal de alzada no ha profundizado, como en el caso era necesario hacerlo, el análisis de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a la cuestión sub examine.- En efecto, el tribunal a quo reconoce expresamente la existencia de pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema Nacional, aún después de la reforma constitucional del año 1994, en que ha ratificado su anterior línea jurisprudencial en el sentido de que el principio solve et repete sólo debe ser declarado inconstitucional en aquellos casos donde existe una desproporción de gran magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar a las arcas del Estado y su concreta capacidad económica.

Luego de tal mención, el a quo considera que "la postura adoptada por la Corte Federal -si bien tiene ascendencia moral sobre los demás tribunales inferiores del país- no parece estar liberada de las críticas que vienen formulándose, especialmente luego de la recepción del Derecho Internacional por los Tratados incorporados a nuestro sistema de derecho interno" (consid. 3 in fine), para después desarrollar una crítica más concreta expresando que "La posibilidad que tendría el contribuyente, en la doctrina de la Corte Suprema, para desembarazar la condición de exención a la regla 'solve et repete' por demostración del perjuicio patrimonial, equivaldría, en las instancias ordinarias, a un antejuicio sin estructura procesal adecuada en nuestro ordenamiento, a no ser que lo fuera por vía de la acción meramente declarativa (art. 306 CPC).

A su vez sería un disparador propicio para los más endebles criterios de apreciación subjetiva con grave compromiso del principio de seguridad jurídica.

Este análisis de trámite previo, en la práctica, traba el libre acceso a la jurisdicción, importa un requisito limitante en franca contradicción con la operatividad del art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza el acceso directo e inmediato de todas las personas a un tribunal competente, independiente e imparcial. Además desconoce el art. 14 del 'Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos' que enuncia: 'Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia'. La exigencia de demostrar el menoscabo económico antes de dar curso a la demanda contencioso administrativas, borra en los hechos la operatividad de los principios protectorios consagrados en las normas constitucionales."- Concluye el a quo la crítica a la línea jurisprudencial imperante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aludiendo a que el principio solve et repete consagra una manifiesta desigualdad a favor del Estado, afectando el derecho de defensa y quebrantando el principio de la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 8 inc. 1° del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado al plexo constitucional argentino (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).- Pues bien, las consideraciones que se exponen en la sentencia del a quo, con las que se pretende fundar el apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se sustenta la sentencia de primera instancia, no justifican en mi opinión tal apartamiento, lo cual resulta decisivo para descalificar la validez del pronunciamiento de Alzada.- En efecto, cabe señalar que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las que se apoyó la sentenciante de primera instancia para rechazar el planteo de inconstitucionalidad ("Sociedad Anónima Expreso Sudoeste c/ Provincia de Buenos Aires" del 27/12/1996, registrado en Fallos, 319:3415), el Alto Tribunal, con remisión al precedente "Microómnibus Barrancas de Belgrano" registrado en Fallos, 312:2490, dejó sentado que "los alcances que cabe otorgar a lo dispuesto por el art. 8° inc. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -a la que el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional- son equivalentes, en relación con el principio solve et repete, a los fijados por la jurisprudencia del Tribunal elaborada con mucha antelación a dicho tratado, con fundamento en el derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional". También dijo allí la Corte Suprema (consid. 4°) que como lo ha fijado la aludida jurisprudencia "las excepciones admitidas respecto de la validez constitucional de las normas que requieren el pago previo de las obligaciones fiscales como requisito para la intervención judicial, contemplan fundamentalmente, situaciones patrimoniales concretas de los particulares, a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación- en un real menoscabo de la defensa en juicio".- Como se ve, en los precedentes de la Corte Suprema Nacional de los que el tribunal de alzada decide apartarse, fueron concretamente examinados la incidencia del principio solve et repete tanto respecto del derecho de defensa del contribuyente, como así también respecto de lo dispuesto en el art. 8 inc. 1° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, concluyendo el Alto Tribunal de la Nación en que, aún a la luz de tales cláusulas de jerarquía constitucional, no cabe declarar la inconstitucionalidad de los preceptos que instituyen el principio solve et repete, salvo cuando el particular interesado demuestra carecer de los medios pertinentes para enfrentar la erogación.- El fundamento en el que, por sucesivas remisiones, la Corte Federal se apoya, radica en Fallos, 247:181 donde consideró que no puede razonablemente admitirse, en abstracto, que una norma como la que se impugna en el sub lite lesione el derecho de defensa salvo que el interesado acreditara la desproporcionada magnitud de la exigencia del previo pago en relación con la concreta capacidad económica de la apelante, en tanto por tal vía -en razón del importante desapoderamiento de bienes que podría significar el cumplimiento de aquél- pudiera tornarse ilusorio el derecho a la impugnación judicial.- Como bien considera el tribunal a quo, son los jueces los únicos funcionarios habilitados para interpretar la Constitución, como así también es cierto que en el cumplimiento de las funciones que le son inherentes, incluso el de interpretar la Constitución, los magistrados tienen libertad de juicio. Pero ante esa libertad de juicio, se erige la autoridad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en su calidad de intérprete supremo y definitivo de las cláusulas de la Constitución Nacional.- Hace notar Sagüés (Derecho Procesal Constitucional, vol. I pág.186), que desde sus inicios institucionales la Corte Suprema se autodefinió como "intérprete final de la Constitución" (Fallos; 1:348), axioma que el Alto Tribunal ha mantenido vigente hasta la actualidad, a punto de descalificar la validez de aquellas ". sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" (Fallos, 307:1094).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última intérprete de la Constitución Nacional, y su decisión la final cuando hay involucrada una cuestión federal. En los precedentes que fueran citados por la sentencia de primera instancia, la Corte Federal examinó concretamente la incidencia de la aplicación del principio solve et repete en orden a la garantía constitucional de la defensa en juicio, e incluso en función de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, resolviendo que la aplicación de aquel principio no implica menoscabo del derecho de defensa, salvo cuando el interesado acredita que existe una desproporcionada magnitud entre la concreta capacidad económica del apelante con el monto del pago que se exige en forma previa.- También dejó expresamente sentado la Corte Suprema Nacional que resulta inadmisible el argumento según el cual la aplicación del principio solve et repete resulte violatoria del art. 8° inc. 1° de la Convención Americana, cuando "el apelante ni siquiera ha alegado que le fuera imposible, debido al excesivo monto del depósito, interponer el recurso de apelación previsto en la legislación cuestionada, de tal forma de impedir real y efectivamente el ejercicio de su derecho" (Fallos, 312:2490, consid. 8°).- De las consideraciones que expongo en los párrafos precedentes surge con claridad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ya mentado carácter de último intérprete de la Constitución Nacional, tiene examinada la cuestión que le fuera llevada en apelación al tribunal a quo, habiéndose aquella pronunciado en el sentido de la constitucionalidad de las disposiciones que, como la del art. 69 de la ley 7335 exige el pago previo de los tributos y accesorios como requisito para promover requerir la revisión judicial.- Lo resuelto por el a quo contradice abiertamente la doctrina de reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el punto que ha sido ratificada recientemente por dicho Alto Tribunal, sin que se advierta en la sentencia que aquí se viene impugnando que se hayan considerado nuevos argumentos que justifiquen tal apartamiento. Tal circunstancia implica carencia de fundamentación del fallo recurrido (doctrina de Fallos, 307:1094).- En especial, considero de gran relevancia el hecho de que la escribana actora ni siquiera haya invocado que le fuera imposible afrontar el pago del monto exigido -o la constitución de hipoteca o aval bancario, que en sustitución del pago permite la norma cuestionada- circunstancia ésta que torna al caso del sub lite prácticamente idéntico al fallado por la Corte Nacional en el precitado caso que se registra en Fallos 312:2490, siendo por ello, con mayor razón, aplicable al caso.- Por las consideraciones que hasta aquí he desarrollado, he de propiciar con mi voto se admita el recurso de inconstitucionalidad y se revoque la sentencia en cuanto declara la inconstitucionalidad del artículo 69 de la ley 7335 recobrando vigencia la sentencia de primera instancia. En cuanto a las costas, propongo se impongan a la actora en todas las instancias.- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anular la resolución recurrida en cuanto declara la inconstitucionalidad del artículo 69 de la ley 7335 recobrando vigencia la sentencia de primera instancia. II) Imponer las costas a la actora en todas las instancias. III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Ef-4399 E.B.T.

P.R.E. S.2ª.- 2011-III-517.