Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-04


Causa n° En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el presente recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fs. 151, de la presente causa, de la que, RESULTA:

I. Que a fs. 134 la Noelfa Nora Aguilera, letrada patrocinante de Percy Antonio Zapata Cárdenas, solicita regulación de honorarios y funda su pretensión en las disposiciones de los arts. 27, 36 y 47 de la ley 21.839.

II. Que a fs. 141/2 la Sra. Juez de Primera Instancia, Carla Cavaliere, regula los honorarios profesionales en la suma de pesos mil quinientos ($1500) teniendo en cuenta la naturaleza, calidad, eficacia y extensión e importancia de la labor profesional de la letrada, en base a los arts. 6 y 36 de la ley 21839 y su modificatoria 24432.

III. Que a fs. 145/7, la abogada patrocinante interpone aclaratoria con apelación en subsidio contra la resolución mencionada supra manifestando que la magistrada omitió notificar e imponer las costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV. Que a fs. 151 la magistrada resuelve regular los honorarios profesionales de la Aguilera en la suma de pesos ($1500) imponiéndose los mismos a cargo del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en virtud del art. 14 de la ley 16.986.

IV. Que a fs. 155/6 vta. la apoderada de la ciudad de Buenos Aires, Isabel Tereza Córdoba, apela la regulación de honorarios por considerarlos excesivamente altos y por no ajustarse el decisorio a los criterios legales que rigen dicha materia en los procesos de amparo. A tal efecto, señala que la Constitución de la Ciudad establece que la acción de amparo es gratuita, en atención a la ausencia de todo contenido económico, que el art. 13 de la ley 23.898 establece que: "estarán exentas del pago de la tasa de Justicia las siguientes personas y actuaciones: ......los recursos de habeas corpus y las acciones de amparo ..." y que, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 de la ley 23.187 que regula el ejercicio de la abogacía establece en el inc. d) que quedan exentos del pago proveniente del derecho fijo los profesionales que ejerzan el patrocinio o representación jurídica gratuita, los recursos de habeas corpus y las acciones de amparo. Solicita se revoque el decisorio apelado.

V. Que a fs. 168/171 contesta agravios la Noelfa Aguilera entiende que mas allá de que la acción de amparo no tiene un contenido económico dicha cuestión no resulta relevante a los fines de la regulación de honorarios. Entiende que la resolución del a quo no es ni arbitraria ni irrazonable y que el agravio expuesto por la demandada no reviste entidad suficiente e invoca consideraciones jurídicas erróneas, por lo que corresponde se desestime el planteo con expresa imposición de costas. Agrega, que el recurrente realiza una errada interpretación del art. 14 de la Constitución local pues la garantía establecida ha sido consagrada a favor de los administrados y no de la administración. Que también resultan erradas la interpretaciones de la leyes 23898 y 23187 pues, la primera de ellas se refiere al pago de la tasa de justicia y no a la gratuidad del patrocinio letrado y la segunda, regula el ejercicio profesional de la abogacía y no se vincula con lo que el recurrente pretende establecer. En virtud de ello, solicita se confirme la sentencia del Juez de grado y se regule honorarios en esta instancia por esta presentación. Por último, hace reserva de recurso extraordinario local y federal.

VI. Que a fs. 172 pasan los autos a resolver.

El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo y reúne las condiciones de forma, por lo que ninguna duda cabe acerca de su procedencia.

Sentado ello, corresponde analizar los agravios introducidos por el impugnante quien critica la imposición costas en atención a la gratuidad y carencia de contenido económico del amparo, avalando dicha postura en el art. 14 CCABA, el art. 13 de la ley 23.898 y el 51 inc d) de la ley 23187, y considera que la regulación de honorarios efectuada resulta excesivamente alta.

Ahora bien, respecto de la primera cuestión introducida por la apoderada del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cabe señalar que art. 14 de la CCABA establece que toda persona puede ejercer acción de amparo en forma gratuita y que, salvo temeridad y malicia, el accionante está exento de costas. De lo expuesto se colige que la gratuidad se establece sólo para el amparista y no, en el caso, para el estado local, máxime teniendo en cuenta que es la vencida en costas. Así lo expresado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad in re "González, Jorge Esteban c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" del voto del Julio Maier, del 12/03/02.

En concordancia con lo establecido por la constitución local, el art. 14 de la ley de acción de amparo -ley 16.986- establece que las costas se imponen al vencido, es decir la ley prevé expresamente la imposición de dicho concepto por lo que ninguna duda cabe de que la Ciudad debe soportar dichos gastos.

Aclarado ello, corresponde señalar que el concepto de "costas" comprende, entre otros gastos, el pago de tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa.

Así lo ha entendido nuestro máximo tribunal local, al referirse a las costas del juicio entendiendo: "dicho concepto no sólo involucra los honorarios profesionales sino también gastos de cualquier índole que tengan relación directa con el pleito" (Expte. 1891/02 "González, Jorge Esteban c/ GCBA s/ Amparo" del voto del Julio Maier, del 12 de marzo de 2003) Siendo así, yerra la apoderada del Gobierno de la Ciudad quien abona su postura en base al art. 13 de la ley 23.898, que regula la aplicación de las tasas judiciales en la Justicia Nacional, dispone que: "estarán exentas del pago de la tasa de justicia, las siguientes personas y actuaciones: b) los recursos de habeas corpus y las acciones de amparo cuando no fueren denegados". En el mismo sentido, y pese a no haber sido citada por la recurrente, la le ley local también establece que: "están exentos del pago de la tasa judicial la Ciudad de Buenos Aires, sus entes descentralizados, el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades y sus entes descentralizados...y los recursos de amparo". De acuerdo a lo expuesto precedentemente, no aparece revestida de sustento la protesta esgrimida por la parte condenada en costas, pues dicho concepto no se encuentra restringido a la tasa de justicia, sino que tal como se ha señalado anteriormente, resulta abarcativo de otros elementos.

Tampoco puede relacionarse la pretendida gratuidad con la exención al pago del derecho fijo previsto en el art. 51 de la ley que regula el ejercicio de la profesión en la ciudad, puesto que en dicha normativa se establece de qué modo se integran los fondos del Colegio Público de Abogados y ello en nada se vincula con la cuestión traída a estudio.

Siendo así, el planteo efectuado por la apoderada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en definitiva, vencida en el proceso, carece de sustento legal, toda vez que la gratuidad de la acción de amparo se relaciona con la posibilidad de acceder a la justicia y no con sufragar los gastos causídicos, por lo que corresponde su rechazo.

Ahora bien, se agravia la recurrente por entender que el monto regulado resulta excesivamente alto. Al respecto, cabe señalar que como ya se ha expedido esta Sala, (causa nº 1232-CC-2002 "El Trust Joyero c/GCBG s/ regulación de honorarios" rta. el 02/04/04), es de aplicación la ley de honorarios de abogados nº 21.839 modificada por la ley nº 24.432 y art. 242 y cctes del CPCCN, toda vez que no se dispone de una legislación local para la regulación de honorarios por la actuación profesional de los letrados en causas judiciales.

Sentado ello, corresponde determinar si la regulación efectuada por la Juez de grado resulta adecuada teniendo en cuenta las pautas establecidas por la normativa mencionada precedentemente.

El art. 6 de la ley 21.839 y la modificación establecida por el art. 12 inc. d) de la ley 24.432 establecen las pautas para la fijación del monto de honorarios, aludiendo, entre otras, a la naturaleza y la complejidad del asunto o proceso, al resultado que se hubiere obtenido y al mérito de la labor profesional.

Ahora bien, la magistrada de grado ha tenido en cuenta la labor de la letrada en el expediente consistente en la presentación por la que promueve la acción de amparo y requiere la suspensión de la aplicación y cobro coactivo de las multas en base a la nulidad de las actas, la invalidez de la resolución administrativa y la ilegitimidad de la negativa infundada del Controlador de la Unidad Administrativa de Control de Faltas de elevar las actuaciones a la Justicia Contravencional (fs. 16/23), el recurso de apelación contra la resolución que no hace lugar a la acción de amparo (fs. 35/38) posteriormente revocado por esta Alzada, la labor de la letrada efectuada en el marco del incidente de apelación consistente en tomar vista de las actuaciones, extraer fotocopias y contestar el traslado y el recurso impetrado contra la resolución de fecha 14 de noviembre de 2006, el que ha sido declarado mal concedido.

Aclarado ello, este Tribunal entiende que la disminución de los honorarios solicitada no habrá de prosperar por cuanto el monto dispuesto resulta una retribución ajustada a la efectiva labor profesional brindada por la Noelfa Aguilera, suma que deberá abarcar asimismo la presentación que efectuara la letrada ante esta Alzada (fs. 168/171) y por la que también solicitara la regulación de honorarios.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

Confirmar la resolución obrante a fs. 151 en cuanto regula los honorarios profesionales de la Noelfa Nora Aguilera en la suma de pesos mil quinientos ($1500) por las consideraciones efectuadas y por aplicación supletoria de los arts. 6 y 36 de la ley 21.939 -y su modificatoria 24.32-, imponiéndose los mismos a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -art. 14 ley 16.986-.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí