marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juárez de Grad Juana c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El plazo de prescripción comienza a contarse desde que la acción nace o desde que no se ejerce un derecho exigible (en el caso del derecho a pensión el plazo de prescripción comienza a contarse a partir de la fecha del fallecimiento del causante -art. 56, ley 6742 -).
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY HECTOR ALFREDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA O CAJA SOCIAL s /RECURSO DE AMPARO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-06

Debe aceptarse la excusación planteada por el funcionario cuando la causal invocada importa un impedimento subjetivo de su parte; de otra manera, se lo obligaría a continuar en la causa con la violencia moral de afectar su íntimo convencimiento y escrúpulos de una actuación objetiva e imparcial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Colegio profesional, matrícula profesional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zucchini, Leonardo s/ Inscripción matrícula martillero y corredor público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La competencia para entender en un pedido de inscripción en la matrícula de martillero está dado por el lugar en que se domicilia el solicitante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, causa de las obligaciones, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: EDUARDO TOMAS FASCIO c/ LIDIA DEL VALLE SILVA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-03-12

La limitación que lleva a rechazar las excepciones planteadas en el juicio ejecutivo basadas en el origen de la deuda o causa de la obligación, es un principio no absoluto, porque el carácter limitado de las excepciones en los juicios ejecutivos no puede llevar inexorablemente al rechazo de la inhabilidad de título con el pretexto que la misma debe circunscribirse a las formas externas del título, ya que en determinadas circunstancias, cuando debe prevalecer la verdad jurídica objetiva, es posible indagar por esa vía la causa de la obligación. Lo que interesa en definitiva, es indagar la verdad jurídica objetiva, practicando todas las averiguaciones que sean necesarias, siendo perfectamente posible, en determinadas circunstancias, discutir la causa de las obligaciones por vía, por ejemplo, de la excepción de inhabilidad de título. Es necesario superar el pretexto de la teórica solución del juicio ordinario posterior para impedir que así pueda ser, como si el ■solve et repete■, a cuyo amparo se han cometido no pocas injusticias, pudiera aplicarse a rajatablas. Además debe tenerse en cuenta la finalidad el juicio ejecutivo, que no sólo atiende al interés del acreedor, sino también del deudor, pues frente a la exigencia de aquél a una realización inmediata de su derecho, está la necesidad de evitar a éste perjuicios innecesarios.
Sanciones administrativas, decomiso
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA, Miguel Angel -  BARRIOS, Mario Luis s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

El carácter de pena accesoria del comiso determina que tal como se establece en el art. 23 del C.P. la condena que impone cualquier pena principal "importe" la pérdida de los instrumentos del delito sin necesidad de imposición expresa en la sentencia.-
Régimen de consolidación de deudas, conciliación laboral, acta acuerdo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jorge Antonelli Construcciones c/ Gas del Estado S.A. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Revistiendo el acta el carácter de un acuerdo transaccional, en el marco de la ley 23.982 y su decreto reglamentario 2140/91, se requiere para su "perfeccionamiento" la aprobación por parte del Poder Ejecutivo Nacional o del ministro competente o secretario general de la Presidencia de la Nación, en cuya jurisdicción actúe la persona jurídica u organismo alcanzado por la consolidación de sus obligaciones (confr. art. 18 de la ley y art. 32 incs. a) m) y ñ) del decreto), exigiéndose que medie "resolución fundada de aprobación" por parte de estos funcionarios (art. 32 citado, inc. g, pto.1). En su consecuencia, no habiendo mediado en el caso la aprobación por parte del ministro competente -ad referendum del cual se suscribió en forma expresa el acta acuerdo-, no cabe tener por perfeccionada la transacción, sin necesidad de entrar a considerar si, por no existir juicio en trámite entre las partes, también era necesaria la homologación judicial a que aluden las normas citadas y que -recién en esta instancia- afirma como imprescindible el demandado. (Del voto del juez Buján, consid. V).
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pompey, Juan Oscar c/ Municipalidad de Coronel Pringles s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Siendo que la ley 11.756 es de orden público -art. 15 en el caso- y debe aplicarse aún de oficio, el planteo de inconstitucionalidad pudo y debió ser propuesto al tribunal de la instancia ordinaria con anterioridad a la sentencia definitiva, resultando de suyo extemporánea su formulación después del pronunciamiento definitivo dictado más de dos años después de la vigencia de la ley.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Hugo Enrique s/ Robos reiterados - Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

El inciso 3 del art. 256 (núm.ant.) del C.P.P. tiende a asegurar que la inferencia presuncional se apoye en el hecho del que deriva, por lo que resulta insuficiente el recurso que se limita a asegurar que el indicio carecería de relación directa con el hecho materia de acusación pero no se refiere al hecho del cual el juzgador ha derivado el indicio de oportunidad (en el caso la presencia del procesado en los dos robos sobre los que versa el proceso).
Juicio ejecutivo, pagaré, excepción de pago, librador, legitimación procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ TELARSA S.A. s/ EJEC. AUSTRALES (A1.600.-)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-17

El librador efectuó el pago del título en ejecución a su beneficiario, y éste sin reintegrar el pagaré continuó en circulación endosándolo a un tercero - el Banco actor -, no puede ahora el librador excepcionar de pago contra el portador legítimo que ejecuta el instrumento, pues tal defensa es conforme mediante el recibo emanado de un tercero - el beneficiario -, si bien dentro de la relación de circulación cambiaria, ajeno a las relaciones procesales y sustanciales entre el portador y emisor ejecutado.
Costas en el orden causado, divorcio por presentación conjunta, separación de hecho, allanamiento, reconocimiento de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: C.R.F. c/ P. DE C.M.C. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

En el nuevo régimen establecido para el matrimonio civil por la Ley 23.515, el allanamiento del demandado referido al reconocimiento de la separación de hecho (arts. 214, inc. 2 y 232 del Código Civil), autoriza la distribución de las costas por su orden.

Tratándose del divorcio decretado por la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo mayor de tres años, existe el acogimiento de las partes a una causal objetiva que no atiende a una relación de culpa por parte del actor o del demandado que se allana, y por ello, no existe una base axiológica suficiente para apartarse de la distribución de las costas originadas por su orden.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino SA c/ Tobeña, Genaro Oscar y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Habiéndose convenido intereses y tratándose de un certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, no resulta en sí de aplicación el art. 622 del Código Civil ni, en su consecuencia, el 8 del dec. 529/91 ni los fallos de la SCBA que hacen referencia a la mencionada disposición legal Acs. 43858 y 49245, entre otros- sino en especial el art. 796 del Cód. de Com. que establece que las partes fijarán la tasa de interés. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Elevación en consulta, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., E. D. s/ s/ Homicidio tentado a Y. T. s/ Impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-06

También dije que cuando el constituyente implementó este instituto, previó la posibilidad de una composición distinta del Superior Tribunal, y el hipotético caso que se encontrara dividido en dos Salas -art. 163-, motivo por el cual cuando menciona la competencia del "pleno" en las causas criminales en que se prive de la libertad por más de diez años, se refiere a la totalidad de sus miembros, sin distinción de Salas, aun cuando la sentencia llegue a conocimiento de esta instancia por recurso de la defensa.

En síntesis, cuando la sentencia condenatoria imponga una pena privativa de la libertad superior a diez años, deberán intervenir los seis miembros que hoy componen el Superior Tribunal de Justicia.
Retiro voluntario, sentencia condenatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cano, Luis Alberto c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-12-03

Con el traspaso de la Caja de Jubilaciones a la Nación la Provincia -Municipalidad en el caso- estableció un régimen de carácter imperativo para su implementación, al que se acogiera el agente, quien debió renunciar a sus funciones para iniciar el trámite por retiro voluntario y la administración emitió normas legales que preveían el supuesto de que rechazado el beneficio -tal la situación de autos- se incorporaría al agente y se le abonaría una suma de dinero que integraría la que en concepto de adelanto de jubilación se le fue abonando hasta completar el sueldo que le hubiese correspondido de haber continuado trabajando.

En virtud de ello nació una obligación del Estado -Municipio- motivada por un acto administrativo de carácter general que reconoce al particular un derecho, no en virtud de una contraprestación -sueldo- sino como una obligación de dar suma de dinero cuya naturaleza jurídica provoca que la administración sea obligada unilateralmente al pago y que en el caso, dadas las condiciones de las normas pertinentes, se hace acreedor el agente. Por ello corresponde condenar a la demandada a pagar la suma de dinero que resulte de integrar al setenta por ciento que venía percibiendo un treinta por ciento, que deberá calcularse sobre lo que el agente debió percibir durante el tiempo que duró la desvinculación -renuncia obligada mediante- como empleado público.(Del voto de la mayoría).
Acción penal, acción dependiente de instancia privada, prevención, lesiones leves, admisión del querellante, impulso procesal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PASCUZZI, María Teresa s/ LESIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

Cuando la causa se inicia por prevención y la damnificada solicita ser tenida por parte querellante por el delito de lesiones leves, resulta suficiente su presentación, no resultando nulo el procedimiento adoptado aunque se considere que no se instó la acción penal como corresponde.
Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía, competencia provincial, Administración Pública, transporte de carga, administración de vialidad provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turcato, Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 155-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Los organismos administrativos locales cuentan con potestad sancionatoria de infracciones cometidas por transportistas de cargas en rutas provinciales; por cuanto al tratarse del ejercicio del poder de policía sobre bienes del dominio público provincial, no podría entenderse que la regulación y fiscalización del transporte de carga en rutas provinciales hayan sido implícitamente delegadas por las provincias a la Nación.
Acción de amparo, Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nida S.A.C.I.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Cabe reconocer carácter excepcional al remedio del amparo y primacía procesal a su trámite en las cuestiones de naturaleza contencioso administrativa, cuando se configuran los supuestos que autorizan el desplazamiento de la competencia originaria y transitoria del mismo (arts. 215, Const. prov.; 1, ley 7166; 1, 6, 26 y concs., C.P.C.A.).
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: PRONAR  S.A.M.I. y C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Corresponde imponer las costas en el orden causado, toda vez que el peticionante pudo creerse fundadamente con derecho a formular su solicitud con arreglo a lo decidido por la Corte en el precedente invocado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco de Santa Fe S.A. c/ Steyer, Fernando L. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Ejecutivo  (Expte.: C.S.J. Nro. 2069 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-04

De acuerdo a nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal. Asimismo, la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida en esta materia, teniendo en cuenta que las normas que rigen las regulaciones conceden amplio margen a la razonable discrecionalidad judicial. Sin embargo, también se ha establecido que tal principio debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, cuando media manifiesta arbitrariedad o pueda generar una restricción indebida del derecho de defensa y hacer que de ese modo se frustre el derecho constitucional del interesado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, regulación de honorarios, sentencia arbitraria, honorarios del síndico del concurso, honorarios del abogado, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: José y Carlos Romano Hermanos S.A. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

El recurso extraordinario contra la sentencia que reguló los honorarios del síndico y sus letrados, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Enrique Santiago Petracchi).
Juicio ejecutivo, intereses, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campagnoli, Delfino c/ Albornoz, Rubén y Benegas, Juan José s/ Ejecución de alquileres O.S.N. c/ Sindicato Obrero Industria del Pesacado s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07|1996-10-29

Si bien es inapelable para la parte demandada que no opuso excepciones legítimas dentro del plazo de la ley la sentencia de trance y remate, cuando en la misma se decide sobre una cuestión que resulta ajena al juicio ejecutivo, como es el caso de los intereses, se admite su apelabilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: "Porto Jorge Eduardo c/ PEM-Dto 1570/01 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-15

La condena en costas a las demandadas vencidas establecida en la sentencia de Cámara implica que las costas se distribuyen por partes iguales entre el B.C.R.A., el banco depositario y el Estado Nacional, respecto de la actividad desempeñada en la instancia anterior. Al respecto el art.75 del C.P.C.C.N. al contemplar el caso en materia de costas de litisconsorcio determina que "se distribuirán entre los litis consortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspodiere la condena solidaria". Por lo tanto, como principio el importe de la condena en costas se divide por el número de litisconsortes, siendo admitida la responsabilidad solidaria solamente en la hipótesis de que también tenga ese caracter la derivada de la obligación controvertida en el proceso. En el caso no se trata de una obligación solidaria, y, por ende, se distribuyen las costas según el resultado que cada uno obtenga, debiendo considerarse la obligación simplemente mancomunada (arts. 674, 691 y 700 del Código Civil), pues cada uno de los accionados goza de autonomía de gestión en el proceso (Cons. II).
Quiebra, declaración de quiebra, quiebra a pedido del acreedor, cesión de créditos, nulidad de sentencia, declaración de ineficacia, aplicación de la ley, cedente, cesionario, audiencia, apreciación de la prueba, simulación
Materia: COMERCIAL
Carátula: COAGRO SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE PAGO AL ACREEDOR PETICIONARIO DE LA QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

Si luego de declararse la quiebra a pedido de un acreedor, este cedió onerosamente el crédito fundante de su petición, procede declarar la nulidad de la decisión que, con fundamento en la L.C. art.

122, lo intimó a reintegrar el precio percibido y ordenó al síndico promover acción judicial para reclamar ese monto, pues: a) en el sistema concursal vigente, los únicos actos ineficaces de "pleno derecho" son los "taxativamente" calificados por la L.C.art .118, y entre ellos, no se cuenta la transmisión mediante cesión onerosa del crédito del peticionario de la falencia a cargo del insolvente, toda vez que esa cesión no constituyó ninguno de "los actos realizados por el deudor", porque el contrato de cesión es bilateral y son sus partes cedente y cesionario, y el crédito vinculante del cedido constituye el "objeto" del negocio, y b) para que opere la presunción enunciada en la L.C. art. 122, se necesitaría audiencia del acreedor presuntamente satisfecho si negase la base de la citada presunción, y en la especie, medio un extremo que impidió aplicarla "directamente", cual es, que para reputar que "cobrar el precio de una cesión del crédito" constituía en verdad "una recepción para aplicar al crédito", fue necesario atribuir simulación al negocio, y valorar la prueba de la misma (es decir, que se debió sustancia la denuncia con el cedente a quien se atribuyo la percepción prohibida, e indagar en los hechos para establecer la exacta calificación de lo sucedido), y tales "omisiones de emplazamiento y de controversia" constituyen extremo de hecho indisputado en la causa.
Reglamentos, irretroactividad, recurso de casación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrionuevo, Patricio Armando c/ Administración de Juegos y Seguros s/ Cobro de Pesos - Interpone Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-11

Los reglamentos -nombre que también se les asigna a los decretos- gozan de las prerrogativas de la ley y de ahí surge que, por ejemplo, dentro de un juicio, la existencia de un reglamento o decreto no está sujeta a pruebas y ellos tienen, en principio, la misma fuerza y valor que las leyes, debiendo ser aplicados e interpretados por los jueces de la misma manera que éstas.

Es cierto que, al igual que la ley, su obligatoriedad depende de que las etapas de su formación -promulgación y publicación- se hayan cumplido satisfactoriamente; asimismo, las disposiciones aplicables a la ley les son aplicables a los decretos y, por ende, no pueden entrar en vigencia antes de su publicación y son obligatorias luego de consumado dicho acto e incluso ocho días después si no se expresa a partir de cuándo lo son.

Puesto que en autos el siniestro supuestamente generador de reclamo se produjo en 1993 y el decreto que la demandada -aseguradora- pretende aplicar fue publicado el 30 de agosto de 1994, por la vocación de futuro que tienen las leyes, el mismo no sería aplicable a la cuestión a resolver.

En virtud de lo expuesto, el fallo que rechazó la demanda es arbitrario, puesto que adolece de falta de fundamentación normativa válida por apoyarse en normas que no correspondía aplicar al caso por razones cronológicas -es decir porque no regían o no estaban aún en vigor-, por lo que la demanda debe prosperar.

Por lo tanto, corresponde casar la sentencia y revocarla en lo que fue materia del recurso.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, exceso de velocidad, apreciación de la culpa
Materia: CIVIL
Carátula: PEVERELLI JUAN JOSE c/ CONSTANTINI ENRIQUE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-20

La velocidad será excesiva con independencia de la velocidad real impresa a un rodado a efectos de valorar la conducta del partícipe en un accidente de tránsito, cuando la misma, en relación a las contingencias del tránsito, estado del vehículo, condiciones climáticas, etc., le impide tener un completo dominio del rodado a efectos de accionar adecuadamente y sortear todos los obstáculos que pudieran presentarse a su marcha por una vía pública.
Daños y perjuicios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Fischer,  Eugenio  y Menores Pamela R. y Barbara M. Fischer y Buemo, Carlos Alberto. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-05-24

El Art. 18 Inciso "A" de la Ley 607 es inaplicable a las demandas de Daños y Perjuicios.
Recusación, ministros de la Corte Suprema, oportunidad procesal, presentación extemporánea, recurso extraordinario, traslado, queja por denegación del recurso extraordinario, garantías procesales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

En virtud del principio de igualdad de las partes en el proceso, el planteo de recusación de los integrantes de la Corte Suprema, deducido con fundamento en causales anteriores a la presentación directa, debió ser efectuado en oportunidad de contestar el traslado de recurso extraordinario y no al tomar conocimiento del recurso de queja.
Expropiación, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas, facultades legislativas
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rama,   Carlos  Daniel c/ Buenos  Aires,  Provincia  de -Poder Legislativo- s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

La facultad expropiatoria es una de las reservadas por las provincias dentro de su territorio y la autonomia de éstas no admite interferencia federal en virtud del reparto de los poderes nacionales y provinciales establecidos en los arts. 75 inc. 12, 121, 122 y concordantes de la Ley Fundamental.