Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-12-26


AUTOS N° 21.148 (94.101 - 3° CIVIL) "RUIZ Alejandra Astrid C/ La Caja de Seguros S.A. - Cobro de Pesos" L. DE S. T° 112, F° 83/87 En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los señores Vocales, Dres. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 21.148 (94.101 - 3° CIVIL) caratulados "RUIZ ALEJANDRA ASTRID C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. - COBRO DE PESOS", dictada en fecha seis del mes de abril del año dos mil once, obrante a fs. 387-405, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr.PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en la sentencia dictada en fecha 6 de abril de 2011, cuya copia obra agregada a fs. 387/405, encontró fundamento suficiente para rechazar la excepción de falta de legitimación activa y pasiva opuesta por la demandada por las razones apuntadas en los considerandos, con costas a la excepcionante vencida. Hace lugar parcialmente a la demandada y en consecuencias condenar a la demandada a que abone a la actora la suma de $ 3.800, conforme surge del decreto 1158/98, con mas intereses tasa activa desde el día en que tuvo conocimiento del siniestro (fecha que surge de la solicitud del beneficio 15/09/05) y hasta su efectivo pago. Impone las costas y regula los honorarios conforme se determinan en los considerandos.

Contra este dictum se interpone a fs. 407 el recurso de apelación, el cual es concedido a fs. 408.

El recurrente a fs. 410 expone los agravios que le causa la sentencia dictada en tanto dispone hacer lugar parcialmente a la demanda en cuanto rechaza el reclamo deducido por la actora respecto del Seguro de Vida Colectivo - Póliza n° 5000-1339801-01, en función de una aplicación literal del art. 1° de la Cláusula 18 de las Condiciones particulares de la Póliza que establece en el inc. f) en el cual se dice que los procesos psicóticos de larga evolución, refractarios a los tratamientos actuales o en estado demencial. Se excluyen los síntomas depresivos reactivos, los cuadros neuróticos y los cuadros sicopáticos.

La decisión adoptada por el juez a quo conduce a privar a su parte de toda finalidad práctica del seguro a la vez que produce un estado de indefensión del asegurado que lo aleja de cobrar la suma asegurada en los plazos legales, obligándolo a defender sus derechos por la vía judicial.

En función de ello, reclama la aplicación de la ley de defensa de los consumidores, argumentando que el a quo ha omitido considerar como abusiva y nula la cláusula de referencia, pues constituye una infracción a las exigencias de la buena fe contractual y desnaturaliza el vínculo obligacional (art. 37 Ley 24.240 (Adla, LIII-D-4125).

El recurrente precisa que la nulidad de las cláusulas abusivas - en un contrato de adhesión- es consecuencia de su ilicitud, la cual no debe confundirse con la ilegalidad, pues aún aquellas no prohibidas por la ley pueden generar un desequilibrio manifiesto entre los derechos y obligaciones de las partes con ventaja exclusiva del empresario, vulnerando principios fundamentales del orden jurídico a que pertenecen.

En los párrafos siguiente desarrolla en contenido de la cuestión básicamente planteada, especificando que no existe voluntad común en los contratos predispuestos sino la imposición del predisponerte y, luego, marca las características de una cláusula abusiva con cita de doctrina.

El criterio, sostiene la apelante, de la ley 24.240 es aplicar las reglas referenciadas a los contratos de consumo, con independencia de si son redactados con cláusulas generales o no. Reclama que se advierta que los efectos que produce la aplicación literal de dicha estipulación, está encaminada a privar de toda finalidad practica al seguro de daño total, a la vez que produce un estado de indefensión del asegurado que lo aleja del cobro de la suma asegurada dentro de los plazos legales. Por ello, desnaturaliza la obligación asumida por el asegurador de pagar la indemnización debida, toda vez que deforma lo que es normal o natural o razonable.

La recurrente describe que de las pruebas producidas en la causa, como son el Dictamen del Centro de Salud Mental de la Junta Médica del Hospital Psiquiátrico de Zonda - San Juan; Resolución emitida por la Exma. Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social del Poder Judicial de la Nación en autos n° 117019 "Ruiz, Alejandra Astrid c/ Arauca BIT AFJP y otros - Retiro por Invalidez", Historia clínica y diagnóstico emitido por el Dr. Manuel G. Brandt, estudio médicos agregados a la causa y los efectuados por la Dra. Bibiana Maggio; Dictamen Comisión Médica n° 26 y Central de fecha 19/01/04 y 27/10/04 respectivamente, pericias médicas efectuadas por el Dr. Amín Raed y el Dr. Hugo M. Jorge, entre otras, demuestran el grado de incapacidad total y permanente de la actora en un 69,85% y que la capacidad residual que le queda al damnificado es insuficiente para permitirle realizar otras tareas que le proporcione los medios de subsistencia adecuados a su condición socio económica.

Por otra parte dice que se debe tener en cuenta la función tuitiva que tienen esta clase de seguros, razón por la cual se debe apreciar su procedencia con amplitud y en caso de duda inclinarse por el asegurado. Cita doctrina e insiste que cuando una cláusula es abusiva la misma no debe ser tenida en cuenta por ser objetivamente ilícita al contradecir los principio de buena fe, equilibrio contractual y ser un abuso del derecho del predisponerte.

En otras palabras pretende la aplicación de lo dispuesto por la segunda parte del art. 37 de la Ley de Defensa de los Consumidores, N° 24.240.

De igual modo argumenta que en el derecho del seguro existe un principio específico aplicable, emergente de la ley de seguros que impone al asegurador la carga de expedirse en forma concreta, respecto de los derechos del asegurado, bajo apercibimiento de aceptación (art. 56 LS 17.418). Este principio especial, prima sobre todo otro principio general del derecho, en cuanto lo contradiga. Por aplicación de esta norma, si en tal oportunidad (rechazo extrajudicial de cobertura) el mismo se sustentó sólo en que la dolencia no estaba comprendida en las Cláusulas que describen la incapacidad funcional cubierta en la póliza contratada, sin especificar cuales eran las incapacidades cubiertas. Cumplida por el asegurado la carga de informar el acaecimiento del siniestro, que tiene el valor de una reclamación de contenido patrimonial para que lo indemnice o se le abone la prestación debida, según corresponda, surge en el plazo indicado en el art. 56 LS, el deber del asegurador de pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del siniestro, comunicación que debe efectuarse en forma expresa, clara y dirigida al último domicilio declarado por aquel (art. 16, 2° parte LS). El deber de pronunciarse en el plazo fijado, es una carga legal impuesta en cabeza del asegurador y la sanción derivada del incumplimiento, del defectuoso cumplimiento o de la comunicación extemporánea, está contenida en la parte final del art. 56 LS, "la omisión de pronunciarse importa aceptación".	Luego de efectuar algunas comparaciones e invocar el principio de buena fe sostiene que la cláusula de la póliza que establece incapacidades cubiertas y las que excluyen otras son cláusula abusivas, por haber sido interpuestas por solo una de las partes, perjudicando de manera inequitativa a la otra parte, o determinando una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los contratantes, en perjuicio por lo general de los consumidores o usuarios aunque también de cualquier contratante que no llegue a revertir el carácter de consumidor.

El segundo agravio, es contra la parte del fallo que dice que la enfermedad diagnosticada "síndrome depresivo, neurosis depresiva no se encuentra comprendida en la cláusula 18 de las Condiciones particulares de la póliza. Al respecto dice que el a quo limita la enfermedad de la actora a las antes mencionada sin atender ni tener en cuenta las otras enfermedades que padece la misma. En este sentido, recuerda que el dictamen de la Comisión Médica agregado a fs. 2 de autos, le diagnosticaron síndrome de Meniere, por lo cual le dan muchos mareos y no podría hacer nada, se le han hecho estudios neurológicos, a nivel oído. Tiene problemas digestivos, bronquiales, colitis, falta de apetito, trastornos menstruales. El dictamen de la Junta Médica del Hospital Mental de Zonda (fs. 98/104) hace referencia a la neurosis depresiva y Estadio de su vértigo, escoliosis lateral derecha, psoriasis, gastritis, anorexia, colon irritable.

Por otra parte, asevera que de la lectura de la declaración de la Dra. Maggio, se advierte que los síntomas de la enfermedad de la actora, se encuadran en el inc. b) del art. 1 de la cláusula 18 adicional de incapacidad total y permanente que expresa: la imposibilidad de deambular por si mismo, no curable rehabilitable o readaptable aún con tratamiento médico o quirúrgico ni con el uso de artificios de técnica.

En síntesis sostiene que el juez a quo se apartó de la jurisprudencia y doctrina vinculante, por cuanto si existía duda en la interpretación de la extensión de la cobertura pactada debía fallar a favor del asegurado, teniendo en consideración que la actora desconocía las condiciones generales y particulares de la póliza correspondiente al seguro de vida colectivo obligatorio, siendo que dicha cláusula se la puede imputar de abusiva y que la Aseguradora ha violado el principio de buena fe que debe primar en los contratos de seguro.

El tercer agravio, esta relacionado contra la imposición de las costas.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 423/428 y, en función de los argumentos que vierte, peticiona la desestimación de la apelación y la confirmación de la resolución apelada.

Planteado de este modo el recurso de apelación, corresponde precisar que la sentencia ha realizado un pormenorizado análisis de los antecedentes de la causa para definir la procedencia de cada uno de los seguros reclamados.

En concreto, el actor recurrente puntualiza su apelación contra la improcedencia del Seguro de Vida Colectivo que tiene el carácter de voluntario (Póliza 5000/1|333980/01) por cuanto se estimó que la enfermedad denunciada no era riesgo cubierto por el seguro.

En concreta referencia a los planteos efectuados, se reclama en esta instancia recursiva que se aplique el art. 37 de la ley de Defensa de los Consumidores para anular la cláusula limitativa de la responsabilidad. En ese sentido, el suscripto participa que la Ley N° 24.240 también resulta de aplicación a los contratos de seguros que su aplicación puede ser oficiosa por ser de orden público, pero se transforma en un requisito ineludible que la parte recurrente en forma concreta y puntual marque cual es el abuso de las cláusulas contenidas en el contrato de seguro de vida colectivo. En el caso, el actor solo expresa una mera disconformidad con el contenido contractual que a la postre fue la base legal que le permitió definir la denegatoria al señor Juez a quo, lo cual - por cierto - no es suficiente para fundamentar la nulidad de la cláusula del contrato. Se debe decir, cómo y porqué se produce el desequilibrio del signalama contractual. (Ver, Alferillo, Pascual E., "Cláusulas abusivas, nulidad e integración del contrato de consumo", en el libro "Tutela Jurídica de los consumidores", Instituto Región Cuyo Academia Nacional de Derecho y CS de Córdoba - FACSO Univ. Nac. de San Juan, pág. 145; "La función del juez en la aplicación de la ley de defensa del consumidor", La Ley 02/07/2009, 1)	En segundo término, el cuestionamiento relativo a la no aplicación del art. 56 de la Ley de Seguros N° 17418 por no especificar concretamente y con mayor detalles la desestimación administrativa del reclamo del pago del seguro cuando dijo la demandada que "según dictamen de nuestros facultativos médicos, su dolencia no se encuentra comprendida en las cláusulas que describen la incapacidad funcional cubierta de la póliza contratada, por lo cual no se ha configurado el riesgo cubierto". Sin lugar a duda la respuesta dada, no se la puede independizar del contexto en el cual fue dada, ello es como consecuencia de una presentación de la actora recurrente reclamando el pago del seguro de vida colectivo en el cual ella expuso cuales eran sus padecimientos que justificaban el pago del seguro. En otras palabras la recurrente, analizado todo de buena fe, conocía perfectamente a qué dolencia hacía referencia la misiva de la aseguradora.

Avanzando con el tratamiento de las quejas traídas por el recurrente dice que no se ha tenido en cuenta otras enfermedades de la actora reclamante u que el a quo se apartó de la doctrina judicial que indica que se debe interpretar el favor del reclamante cuando haya duda respecto de la extensión de la cobertura.

En esa dirección, se debe tener presente que para la parte reclamante también es exigencia legal actuar de buena fe, por cuanto si se presenta a reclamar el seguro argumentando determinado tipo y grado de enfermedad no puede luego modificar esa reclamación inicial hecha en sede administrativa.

Por otra parte, en la muy bien elaborada sentencia el a quo si ha tenido en cuenta el modo de interpretar las cláusulas bajo el imperio del principio in dubio pro debilis razón por la cual esta crítica carece de fundamento.

Finalmente, al mantener su integridad el contrato de seguro que excluía específicamente de la cobertura a los síntomas depresivos, reactivos, los cuadros neuróticos y los cuadros psicopáticos" corresponde excluir a los padecimientos de la actora reclamante de la cobertura. Por cierto, que de igual modo, la reclamante no ha demostrado que las otras causales alcancen a constituir causales propias para motorizar el pago del seguro.

En función de las razones expuestas, propicio la desestimación del recurso de apelación interpuesto con expresa imposición de las costas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto con expresa imposición de las costas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto con expresa imposición de las costas.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.