Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-04


SENT Nº 458 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Julio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: ?Troncoso Janet Rudells vs. Mutualidad Provincial Tucumán s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Mutualidad Provincial Tucumán -parte demandada- en autos, plantea recurso de casación contra la sentencia N° 103 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala V de fecha 31 de mayo de 2010 corriente a fs. 513/517 de autos (cfr. fs. 552/556 vta.) que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 23-11-2010 (cfr. fs. 567 y vta.).

Sólo la parte actora presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137 primera parte del Código Procesal del Trabajo (en adelante CPT), conforme surge de fs. 575/581.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 522, 523, 529, 531 y vta., 550, y 556 vta.); el acto judicial cuestionado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; se dio cumplimiento con el afianzamiento establecido en el artículo 133 de idéntico digesto de rito (cfr. fs. 533/536, 544/547, 558 y vta., 560, y 565 y vta.); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en tanto se alega el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en la causa.

Siendo objeto propio del recurso extraordinario local la valoración, por este Tribunal Cimero provincial, de la ponderación del referido material -ponderación ésta del a quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible; voto porque así se declare.

III.1.- En un primer orden de agravios, alega la recurrente que la sentencia en crisis no examinó en forma concreta y razonada las pruebas aportadas por ambas partes.

En esta dirección asevera que el fallo se limitó a rechazar la prueba testimonial de la demandada sin pronunciarse fundadamente sobre las tachas formuladas.

En su concepto, se tienen como ciertos y probados los dichos de la actora, sin tener en cuenta que ha quedado demostrada en forma concluyente su intempestiva reacción al considerarse despedida, habiendo esperado sólo 45 minutos, de conformidad a la propia actuación notarial de la demandante.

Añade que el pronunciamiento no evaluó la mala fe de la actora al pretender endilgar culpa a su parte por la ruptura del vínculo laboral, y que no han existido reclamos anteriores a los efectuados durante el mes de agosto de 2006, en cuya virtud se provocó el distracto, lo que no habría sido valorado en el acto jurisdiccional.

Por último, plantea que la intimación cursada a la actora por carta documento del 24-8-2006 no implica un reconocimiento a la falta de pago sino una intimación a la falta de cobro de los emolumentos que aquélla se negara maliciosamente a percibir.

Sobre el particular, considero que le asiste razón a la Sala a quo cuando declara justificado el despido indirecto de la actora por falta de pago de las remuneraciones reclamadas e improcedente la pretensión de la contraria de estimarla incursa en la figura del abandono de trabajo.

Desde esta perspectiva corresponde reparar, primeramente, en que la Cámara no se aparta de las constancias de autos cuando puntualiza que la demandada fue intimada mediante sendos telegramas obreros al pago de las remuneraciones adeudadas, habiéndose negado a recibirlos.

Las constancias que corren a fs. 131/135 son suficientemente acreditativas de este aserto. Interesa hacer notar, también, que por el primer telegrama de fecha 28-7-2006 le reclamó el pago de los meses de mayo y junio de 2006 y el SAC primer semestre año 2006 (cfr. fs. 132) y, por el segundo, del 05-8-2006, agregó el mes de julio a los períodos anteriores (cfr. fs. 134).

De allí que no luzca acertado sostener que no existieron reclamos con anterioridad al mes de agosto de 2006, ni mucho menos que la secuencia temporal en que se sucedieron los hechos y las intimaciones de marras, de razón a la posición jurídica de la accionada; sino todo lo contrario.

Está igualmente en lo correcto el Tribunal de grado cuando afirma que, no obstante el referido rechazo, dichas comunicaciones fueron puestas efectivamente en conocimiento de la accionada mediante acta notarial nº 418, del 18-8-2006 (cfr. fs. 39/40 y 514); y que esta última se encontraba en mora por los conceptos reclamados por la actora.

En este sentido, es por demás demostrativa la carta documento de la empleadora del 02-10-2006 en la que repara el fallo en recurso, de cuyo contenido se sigue sin hesitación la falta de pago de los haberes en cuestión (cfr. fs. 480 y 514 vta.).

En este orden de ideas conviene recordar, asimismo, que por carta documento del 23-8-2006 la demandada ya había reconocido que se encontraban impagos algunos haberes, habiendo allí consignado expresamente que de no concurrir la actora a percibirlos en el plazo de 72 horas, procedería a consignarlos (cfr. fs. 38 y 52).

Sin embargo, no sólo no los consignó en aquella oportunidad, sino que tampoco cumplió con idéntica promesa incluida también en la carta documento del 02-10-2006 (cfr. fs. 480). Y por si ello fuera poco, en su escrito de responde hizo reserva de efectuar el pago de los conceptos adeudados en la audiencia de conciliación (a fs. 59 vta.), incumpliendo una vez más con lo prometido y debido, toda vez que allí no se acompañó constancia de depósito alguna a la orden del juzgado, según se sigue de fs. 80 de autos.

En punto a la imputación de conducta maliciosa a la actora, por negarse, presuntamente, a percibir los salarios adeudados estimo que las circunstancias de hecho que rodearon a este conflicto -explicitadas con anterioridad- patentizan lo temerario de tal apreciación.

Desde esta óptica, y más allá de la diligencia puesta de manifiesto por la demandante en procura del cobro de sus acreencias mediante la remisión de las piezas postales y el acta notarial del 18-8-2006, cabe advertir que tampoco dejó de concurrir a la sede de la empresa -mediante letrado apoderado-, respondiendo a la intimación que le cursara la empleadora, a percibir las remuneraciones adeudadas, las que no le fueron abonadas luego de una espera prudente de 45 minutos.

Tales circunstancias fácticas se encuentran amparadas por la plena fe en tanto se trata de actos anunciados como cumplidos por la propia escribana pública o pasados en su presencia (cfr. artículo 993 del Código Civil), y lejos están de evidenciar una conducta intempestiva o irrazonable de la parte actora en dicha oportunidad, no bien se repara en las distintas contingencias acontecidas con anterioridad -resaltadas ut supra-, las que denotan la postura renuente de la demandada a cumplir prestamente con sus obligaciones.

Es que la negativa de la demandada a recibir las intimaciones y la reiterada falta de consignación y pago de las acreencias anunciadas conspira contra la posición de la demandada y más bien autoriza a presumir que las liquidaciones respectivas no estuvieron en realidad a disposición de la actora.

De otra parte, no parece que el rechazo de la prueba testimonial decidida por la sentencia en crisis sea irrazonable ni que la ausencia de consideración expresa de las tachas formuladas por la demandante la descalifique como acto jurisdiccional válido.

Y digo esto porque la relevancia que la recurrente pretende atribuirle a dicha prueba no es tal; en primer lugar, porque de los hechos tal como sucedieron cuando el representante de la actora se presentó en la tesorería de la demandada el 29-8-2006 da cuenta el acta notarial confeccionada en la misma fecha la que, según se dijo, hace plena fe.

En segundo término, en virtud de que la declaración de Mariela Elizabeth Lencina nada aporta en sentido contrario, ya que de su deposición se infiere con meridiana claridad que, conforme ella misma lo relata, no conoce con certidumbre lo acontecido el día en que el representante de la actora concurrió a la tesorería de la empleadora en procura del pago de los haberes debidos (cfr. fs. 463).

Y en tercer lugar, porque para destruir la credibilidad del testimonio de Elio Roque Olimechea, basta con tener presente que, según se desprende de las constancias de autos, no fue la actora (como lo sostiene el testigo ? cfr. fs. 464-) sino su apoderado, quien se apersonó por ante las oficinas de la demandada reclamando la percepción de las acreencias (cfr. fs. 41/42).

En esta inteligencia, no puedo dejar de resaltar que el referido testigo llegó a declarar que Janet Rudells Troncoso -que no se había hecho presente ese día, según se vio- se había retirado ofuscada en aquella oportunidad al no tener respuesta inmediata a su reclamo (cfr. fs. 464).

Por todo ello, concluyo que la impugnación vinculada a los aludidos testimonios y sus tachas resulta improcedente para revertir lo resuelto en la instancia de grado.

III.2.- En opinión de la recurrente, la sentencia en recurso efectuó una interpretación personal y antojadiza del artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT) que no condice con su espíritu ni con los fundamentos de su aplicación.

En esta dirección arguye que de la propia acta notarial acompañada por la parte actora se colige que ??las comunicaciones cursadas en debida forma han sido debidamente recepcionadas las actas en la sede de mi conferente por lo que no cabe la existencia de conducta maliciosa en los vagos términos expuestos en la sentencia atacada? (cfr. fs. 554).

El pronunciamiento atacado, a su turno como sustento para hacer lugar al pago de la sanción prevista en el artículo 275 de la LCT aduce que, siguiendo el criterio sentado por esta Corte en sentencia Nº 1202, del 18-11-2008, la demandada ha asumido conductas cuya falta de fundamento no puede ignorar (negativa de recepción de las comunicaciones de la trabajadora), sumado al comportamiento procesal de ofrecer el pago de haberes adeudados (cfr. fs. 57/61) al momento de la audiencia de conciliación (cfr. fs. 80), lo que no cumplió, provocando un uso desaprensivo de la jurisdicción.

Como corolario de esto concluye que ?...en base a que la defensa de la demandada se funda, entre otras, en la falta de intimación de pago de los haberes adeudados y desconocimiento de las comunicaciones cursadas mediante telegramas colacionados, se condena a la accionada al pago de un interés de una vez al que cobran los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales? (cfr. fs. 515 vta.).

Ahora bien; de la reseña precedente se infiere que la cuestión a analizar reside en determinar si deviene ajustada a derecho la conclusión de la Cámara de estimar incursa a la accionada en las previsiones el artículo 275 de la LCT.

Esta norma dispone que ?Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida.

Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusieran defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o derecho?.

Doctrinariamente se ha aseverado que para aplicarse esta disposición es necesario que se declare maliciosa o temeraria la conducta del empleador demandado; asimismo, que pierda éste el juicio, total o parcialmente, no siendo imprescindible la derrota absoluta; finalmente, que se verifique un comportamiento obstruccionista o dilatorio en reclamos por accidentes de trabajo, se niegue la relación de trabajo, se invoquen actos cometidos en fraude del trabajador o se opongan defensas incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho.

También se ha dicho que ésta es una enumeración enunciativa que no agota el tema, y que es útil al Tribunal para orientar su decisión, tanto para calificar la conducta como para graduar la sanción, y que la aplicación de esta medida sancionatoria debe efectuarse con prudencia a fin de no cercenar el derecho de defensa (cfr. CSJT: sentencia Nº 987, del 30-11-2004, entre otras).

A la luz de los conceptos que anteceden, considero que las apreciaciones esgrimidas por el acto jurisdiccional en crisis para dar sustento a la aplicación de la multa del artículo 275 de la LCT se corresponden con las constancias de autos. Ello así por cuanto, de conformidad a dichas constancias, constituyen hechos incontrovertibles, los siguientes: Que la demandada se negó a recibir las intimaciones que le cursara la actora en su momento mediante telegramas obreros -conforme se lo puso de resalto ut supra-, y que si tomó conocimiento de ellas lo fue de manera forzada a instancias de una actuación notarial; que no obstante esto, la demandada no trepidó en concebir su responde como si las intimaciones de marras no hubieran tenido lugar llegando, incluso, a sostener que se le notificó recién con la interposición de la demanda los motivos por los cuales la actora había dejado de prestar servicios (cfr. fs. 58 vta., primer párrafo) dando razón, de este modo, a la afirmación de la Cámara de que su defensa se sustenta en la falta de intimación de pago de los haberes adeudados y desconocimiento de las comunicaciones cursadas mediante telegramas colacionados.

Prueba suficiente de ello es el tenor de la contestación de demanda, en la parte que lleva por título ?LA VERSIÓN DE LOS HECHOS?, a la que me remito por razones de brevedad (cfr. fs. 58 vta./59 vta.).

Por último, en párrafos más arriba ya se puso en evidencia la actitud de la demandada en orden a su incumplimiento reiterado de la promesa de consignar el pago de lo debido, y de adjuntar en la audiencia de conciliación la constancia de depósito requerida a la orden del juzgado. A tono con este criterio, expresan Antonio Vázquez Vialar (Director) y Raúl Horacio Ojeda (Coordinador), en su obra: ?Ley de Contrato de Trabajo?, comentada y concordada, T. III, pág. 636, citando un fallo de la CNAT, Sala VI, del 05-3-199, recaído en los autos: ?Albornoz, Graciela E. c/ Sindicato de Empleados de Comercio de Cap. Fed.?, ??que este artículo, integrante del derecho penal del trabajo, es una norma sancionatoria de la culpa o del dolo del empleador que perdiere total o parcialmente el proceso, cuando en el comienzo, en el transcurso o en la finalización de la relación laboral, utilizando desaprensivamente su poder económico, social, cultural o político, ha perjudicado al trabajador, dificultándole o impidiéndole ejercer en plenitud sus derechos?.

Por tales motivos, corresponde desestimar la impugnación en examen.

III.3.- El tercer orden de agravios apunta a cuestionar que se haya hecho lugar a la indemnización establecida en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 con fundamento en la falta de pago de los conceptos indemnizatorios previstos en dicha norma y en la efectiva intimación mediante nota de fecha 29-8-2006, puesta en conocimiento de la demandada en igual fecha.

Según la recurrente, para que la sanción resulte procedente, es imprescindible que exista intimación fehaciente anterior a toda reclamación judicial, por ser jurídicamente exigible a tal momento, y no cuando la exigibilidad resultara a consecuencia del pleito, en el que razonablemente se plantearan por las partes cuestiones de derecho o de hecho, necesarias de resolución judicial.

Ello implica, dice, que la situación no sea controvertida y sea exigible ab inicio, ya que el principio de defensa en juicio así lo determina, en razón de que la multa del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 remite a una sanción por un pleito innecesario, habida cuenta que importaría una limitación indebida al derecho de defensa en juicio que la duplicación de la indemnización se dispusiera de forma automática por el sólo hecho de concurrir, en el caso, la intimación respectiva, sin tomar en consideración que dicho derecho sólo nace con la declaración judicial, y no antes.

A su modo de ver, la Cámara conculca el principio de defensa en juicio al presuponer que el derecho indemnizatorio nació con la intimación que cursara la demandada.

Al respecto, juzgo que tratándose el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 de una sanción prevista para que el empleador moroso en el pago adecue su conducta -como última oportunidad- a las disposiciones legales y dé cumplimiento con su obligación de abonar las indemnizaciones, la intimación imperada por la norma legal debe reunir los siguientes requisitos: debe ser expresa, clara y concreta y debe efectuarse luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles determinados por la LCT, posteriores a la extinción de la relación de trabajo (artículos 128 y 149), oportunidad en que el empleador recién estará en mora.

Este criterio ha sido sostenido reiteradamente por esta Corte en sentencias Nº 910, del 02-10-2006; Nº 921, del 15-9-2008; Nº 583, del 17-8-2010.

Por tanto, el emplazamiento efectuado por la actora a su empleadora, en la especie, en el mismo acto e instrumento mediante el cual se consideró despedida indirectamente (escritura Nº 447, del 29-8-2006 -cfr. fs. 41 vta.-) deviene extemporáneo, toda vez que la Mutualidad a ese momento no se encontraba en mora, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación planteado por la impugnante en este punto.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia N° 103 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala V de fecha 31 de mayo de 2010, corriente a fs. 513/517 de autos.

En consecuencia, casar parcialmente dicha sentencia dejando sin efecto parcialmente el punto I de su parte resolutiva (únicamente en cuanto declara procedente la indemnización reclamada con fundamento en el artículo 2 de la Ley N° 25.323, y en lo que se refiere a la planilla de condena que también se deja sin efecto), y en su totalidad los puntos V (imposición de costas) y VI (regulación de honorarios), conforme a la siguiente doctrina legal: ?Resulta jurídicamente descalificable el pronunciamiento que tiene por cumplidos los requisitos necesarios para que proceda la indemnización del artículo 2 de la Ley N° 25.323, cuando la intimación que prevé dicha norma fue efectuada antes de que el empleador se encuentre en mora por el pago de las indemnizaciones de ley?.

Dictar como sustitutiva, la siguiente: ?I.- HACER LUGAR a la demanda promovida por Janet Rudells Troncoso contra la Mutualidad Provincial de Tucumán por los rubros: indemnización por antigüedad, artículo 246 LCT; indemnización sustitutiva de preaviso; haberes mes de agosto con integración; SAC proporcional 2º semestre año 2006; vacaciones proporcionales año 2006; sanción artículo 16 Ley Nº 25.561-Decreto Nº 1433/05; haberes adeudados meses mayo, junio y julio de 2006; SAC 1 semestre de 2006; y sanción conducta maliciosa artículo 275 LCT. IV.

NO HACER LUGAR a la demanda por los conceptos: sanción de los artículos 80 y 132 de la LCT y del artículo 2º de la Ley Nº 25.323?.

Por consiguiente, disponer la remisión de los presentes actuados al referido Tribunal a fin de que practique nueva planilla, distribuya las costas y regule los honorarios profesionales.

IV.- Atento al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen de la siguiente forma: a la parte demandada la totalidad de las propias y el 90 % de las correspondientes a la parte actora; y a esta última, el 10% restante (cfr. artículos 49 del CPT y 108 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte demandada, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia con fundamentos suficientes arbitrariedad de sentencia y se dio cumplimiento con el recaudo del afianzamiento (arts. 130/133 CPL). Asimismo comparto y adhiero a los puntos dispositivos y fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia N° 103 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala V de fecha 31 de mayo de 2010, glosada a fs. 513/517 de autos.

En consecuencia, casar parcialmente dicha sentencia dejando sin efecto parcialmente el punto I de su parte resolutiva (únicamente en cuanto declara procedente la indemnización reclamada con fundamento en el artículo 2 de la Ley N° 25.323, y en lo que se refiere a la planilla de condena que también se deja sin efecto), y en su totalidad los puntos V (imposición de costas) y VI (regulación de honorarios), conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando.

Dictar como sustitutiva, la siguiente:

?I.- HACER LUGAR a la demanda promovida por Janet Rudells Troncoso contra la Mutualidad Provincial de Tucumán por los rubros: indemnización por antigüedad, artículo 246 LCT; indemnización sustitutiva de preaviso; haberes mes de agosto con integración; SAC proporcional 2º semestre año 2006; vacaciones proporcionales año 2006; sanción artículo 16 Ley Nº 25.561-Decreto Nº 1433/05; haberes adeudados meses mayo, junio y julio de 2006; SAC 1 semestre de 2006; y sanción conducta maliciosa artículo 275 LCT.

IV.- NO HACER LUGAR a la demanda por los conceptos: sanción de los artículos 80 y 132 de la LCT y del artículo 2º de la Ley Nº 25.323?.

Por consiguiente, disponer la remisión de los presentes actuados al referido Tribunal a fin de que practique nueva planilla, distribuya las costas y regule los honorarios profesionales.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA