Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de febrero de 2015.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO NEUQUEN Y LA PAMPA C/ FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIBLES S/ POSESION VEINTEAÑAL", (Expte. Nº 377582/2008), venidos en apelación del Juzgado Civil n° 2 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- A fs. 1689/1696, se dicta sentencia haciendo lugar a la demanda, declarando operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor del Sindicato actor respecto de los inmuebles identificados bajo matrícula 5464 y 5463; disponiendo la cancelación de la titularidad del dominio del lote referenciado que conforme resolución aclaratoria, figura a nombre de Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y la registración a nombre del actor Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

A fs. 1710 la demandada interpone recurso de apelación, expresando agravios a fs. 1773/1786 vta., cuyo traslado ordenado a fs. 1787 es contestado por el actor a fs. 1788/1801.

II.- Se agravia la Federación demandada que se de por probada una fecha o época de comienzo de la ocupación o tenencia del inmueble la constitución del sindicato, expresando que ello por sí no significa la toma física de posesión del inmueble como si hubiera sido el caso si trajera a estos autos en qué condiciones y cuáles fueron los actos a ese momento 1971, que mostraran en forma fehaciente la ocupación del predio como es el realizar aunque sea precaria, obras que mostraran en forma pública el inicio del uso de lo que pretende reivindicar.

Expresa que allí consta la fecha de nacimiento de la organización de base, pero no dice que entre sus bienes, propios o ajenos para cumplir el objeto, se encuentre este campo de deportes para uso familiar de los trabajadores petroleros.

Se queja de que se haya omitido hacer referencia a la escritura de compra e inscripción de la misma, toda vez que hasta ese momento el boleto de compraventa era el título que le otorgaba la posesión y tenencia a la Federación de los terrenos rurales y que con posterioridad al comodato gratuito en virtud del cual el actor tiene la tenencia se extiende la escritura de dominio que muestra el ejercicio pleno del derecho de propiedad y posesión de los inmuebles.

Que se haya considerado a través de las declaraciones testimoniales que hubo "actos posesorios que se dicen realizados", manifestando que esas mejoras y nuevas obras fueron llevadas a cabo por el Sindicato de base mientas se encontraba federado, o sea que esas mejoras para los trabajadores petroleros lo era en el marco de su participación en la asociación gremial de segundo grado y que no hay dudas que esas obras beneficiaban a afiliados directos y a los demás trabajadores pertenecientes al resto de los sindicatos de base que integraban la Federación cuyos actos a su vez por definición aprovechaban a todos los que la integraban, entre los que se encontraban hasta junio de 2008, la organización sindical demandante.

Se agravia de que el juez de grado hace mérito de los informes de dominio y plano de mensura del año 1977, manifestando que las obras de mejoramiento y edilicias que se muestran como actos probatorios del animus posesorio del accionante, no resultan tales a los fines de esta acción, expresando que sólo servirían para la hipótesis que las partes consideraran ponerle fin al reclamo compensando valores, tierras con obras.

Expresa que el Sindicato que pretende reivindicar el inmueble, formó parte de los órganos de gobierno y administración a traes de los delegados elegidos a tales fines y ello fue desde su afiliación, año 1971 hasta su desafiliación en septiembre de 2008.

Continúa manifestando que hasta el 2008 el Sindicato de Neuquén estuvo representado conforme las previsiones del art. 25 y nombró delegados al congreso de la Federación con todas las facultades y formalidades previstas en los arts. 21 a 30 de la carta orgánica.

Sostiene que durante todos esos años el sindicato de Neuquén como parte de la Federación en su condición de federado ocupó y usufructuó, como los demás sindicatos de base, los bienes de propiedad de la Federación entregados en comodato gratuito como al resto de los sindicatos federados según lo informado, como parte de la prueba rendida, por el resto de los sindicatos de base; planteando cómo puede entonces el actor justificar la ocupación "per se" y en forma pacifica el inmueble que pretende adquirir por vía de prescripción adquisitiva.

Se queja de que se haya considerado no probado el hecho de haberse entregado el inmueble en comodato a la organización sindical actora, alegando que con la prueba informativa a los distintos sindicatos, quienes responden que los bienes para fines sociales y de asentamiento de la administración eran facilitados en todos los casos en comodato por la demandada, debe leerse ligado a la pregunta sobre cómo recibían los bienes la federación para uso del sindicato y sus afiliados la que apuntaba a mostrar cómo era la metodología en todos los casos y sin excepción, del uso y goce de esos bienes propiedad de la accionada.

Cuestiona que por todo ello la jueza concluya que su parte no acreditó en modo alguno que hubiera entregado en comodato los inmuebles al actor.

Se queja de que la a-quo le reproche como es que tampoco desde el año 1971 hubiera requerido la devolución de los bienes, preguntándose cómo puede sostenerse tamaña hipótesis cuando en ese año que nace y se federa el sindicato actor, como él mismo manifiesta.

Además, sostiene que no puede tacharse de abandono del derecho de propiedad de esos bienes, cuando la ocupación que efectúa el sindicato recién nacido, tuvo como causa fuente su asociación con la demandada quien lo entregó para fines sociales y uso de sus afiliados y que evidentemente, la jueza no entendió cual fue la causa fuente del derecho de uso de esos terrenos y tampoco reparar que la Federación es muy anterior a la constitución de la organización gremial de primer grado, y por ende, al sumarse recibió el beneficio de uso y goce de los bienes de la Federación como el resto de los asociados, según la prueba rendida.

Se queja de que la jueza haya valorado que desde que cesó la intervención del sindicato por parte de la dictadura militar en el año 1983 y con posterioridad a la elección democrática de nuevas autoridades, la Federación no realizó acto posesorio alguno, lo que denota el abandono de los derechos que prevenían de las escrituras labradas en 1977; calificando de auto contradictorias como argumentación válida.

Explica que a los fines de conservación y mantenimiento de los bienes, estos nunca salieron del patrimonio de las organizaciones sindicales pues esa intervención sólo apuntó a la suspensión transitoria de la actividad gremial de las entidades de los trabajadores, conforme decreto Nº 9 transcripto en el alegato, a todo evento.

Además, invoca que la demostración del error de hecho y de derecho en que incurre el juez de grado es manifiesta si se considera que en el mismo párrafo hace mención a la escritura traslativa de dominio ocurrida avanzado el gobierno militar de facto que teóricamente había desposeído a los sindicatos con la intervención.

Expresa que siguiendo el razonamiento de la jueza, el sindicato en ese contexto y disponiendo de un inmueble aparentemente mostrenco, que ocupaba desde el año 1971, según sus dichos, debió cuestionar entonces la escrituración que dice ocupaba como propio.

Manifiesta que aparte de la ocupación como tenedor, luego de la escrituración se reconocía la existencia de un propietario, debía realizar el Sindicato actor actos típicamente posesorios, como es la realización de obras consentidas por el propietario considerado un tercero par el ocupante, que en este caso no es así por haber formado parte la actora de la organización sindical de 2do.grado aquí accionada, desde 1971 hasta 2008, con la exteriorización típica del animus dominio de tenedor estas fueron iniciadas a partir del 2003, de acuerdo al testimonio de la testigo Lohrmann y aun considerando el pago de los servicios y tasas que abonó la actora como actos posesorios, el más antiguo data del año 1995 o sea que había que contabilizar los años transcurridos desde aquella fecha, o sea, la mentada prescripción se produciría recién en el 2015.

Critica que la jueza haya evaluado los actos posesorios que denuncia el actor como aquellos que justifican la prescripción adquisitiva hace referencia al pago de impuestos y a las obras nuevas y de mejora de público y notaros y ante la vista y complacencia del propietario. Así y apuntando a los planos y ordenes de trabajo y remodelación y construcción del año 2003/04, comprobantes pago impuesto inmobiliario 1994 a 2003, tasas municipales 1998 a 2008, servicio de gas y energía daños 1998 a 2008 y servicio de agua desde año 1995, expresa que por sí solos no justifican ni son hechos suficiente para probar la existencia de la posesión continua, pacífica e indubitada.

Sostiene que la ocupación originaria que no se sabe cuándo ni cómo comenzó se vio interrumpida por la escritura de compra que el supuesto ocupante originario no cuestionó, ni invocó prioridad en el derecho de tenencia y posesión, comenzando un nuevo plazo para usucapir por parte del adquirente, la Federación que de hecho habría comenzado a poseer frente al que dice ser tenedor con anterioridad, de ser cierto el relato del actor, en cuanto afirma ser ocupante originario de un predio supuestamente abandonado.

Reitera que el actor no acredita desde cuándo y cómo ocupó el predio, en que estado se encontraba y qué hizo al respecto, salvo la testigo Marta Lohrmann que hace referencia a la construcción original.

Invoca que los testimonios rendidos sobre la ocupación del predio, no hay otra referencia que a la fecha de constitución del sindicato como prueba de la ocupación, que todos los testigos se remiten a esa fecha y al estatuto.

Asimismo que nadie informa ni el juez señala que los inmuebles estaban debidamente cercados con alambres como consecuencia lógica de la mensura realizada para el acto escritura y que esas obras eran necesarias para la protección del quincho, pileta, parrillas, etc. Para separarlas de las propiedades colindantes, y que si las hubiera llevado a cabo el sindicato actor, resultarían prueba irrefutable que ocupó un terreno abandonado y que lo mensuró y delimitó como propio, pero ese acto inicial no existió, solo insiste que la fecha de ocupación fue la del acto constitutivo de la organización sindical.

Alega que los pagos de impuestos, tasas y servicios, tienen fecha como la más antigua de 1995 hasta el 2006, y que tampoco puede asimilarse a aquel que los hace el tercero propietario al igual que cualquier comodato de uso o alquiler, los servicios los abona el que los usa en beneficio propio y el pago de impuestos en un comodato de uso, es una obligación que subyace en la naturaleza del contrato mismo, salvo manifestación expresa del propietario, en sentido contrario.

Expresa que las obras nuevas y de reformas realizadas que es el único extremo que hace eventualmente a la procedencia de la usucapión, comienzan a realizarse en el año 2003 unos seis meses antes de la notificación de la demanda, hasta ese momento las instalaciones eran las básicas realizadas por su mandante, como surge del hecho que esas instalaciones aunque precarias no se las adjudica porque no puede.

Invoca que para poder sostener que se ha intervertido el titulo original de tenedor que ejerció durante 20 años, en forma ininterrumpida, comportándose como propietario, debe indicar sin el menor asomo de duda cuando y como ocupó el inmueble que pretende usucapir y que una constitución de una persona jurídica, no prueba la ocupación de un inmueble ni tampoco es suficiente el denunciar pagos de servicios.

Manifiesta que no puede considerarse como exteriorización de la ocupación animus domini el hecho de mencionar la fecha de su constitución como sindicato, pues de hecho con ello está probando que accedió al predio rural con la anuencia del propietario y en razón de su federación a la asociación gremial de segundo grado y que está probado por el propio actor que los actos posesorios se llevaron a cabo a partir del 2003 como surge de autos y lo destaca la a-quo para fundar el fallo.

Reitera que no son suficientes las declaraciones testimóniales ni los apuso de los servicios y gastos en obras y mejoras, porque le faltaría la génesis de la ocupación, como es la publicidad freten al verdadero dueño, quien de haber conocido la existencia de una ilegitima ocupación o intrusión de los terrenos de su propiedad, sin lugar a dudas hubiera reivindicado su derecho y exigido el desalojo.

Señala que la cesión en comodato gratuito de los inmuebles rurales al sindicato que se federó desde su creación, no haría necesario tal demostración y/o reivindicación de ninguna naturaleza, pues en oportunidad de la entrega era tácito que la Federación lo hacía como propietaria de los terrenos y conforme las previsiones estatutarias. Que esa y no otra fue la actitud de la demandada hasta la desfederación de la actora como lo dan cuenta las cartas documento del 22/09/2008 y del 29/10/2008, nunca respondidas hasta el traslado de la demanda del 06/02/09 iniciada el 01/10/08, que el actor no las contesta expresamente sino tácitamente con la reivindicación que ilegítimamente pretende.

Sostiene que la testigo Lohrmann hace referencia a la existencia de una construcción de material y chapas como también a una pequeña pileta de natación y varias parrillas, lo que hacia presumir la existencia de alambrado y o tranquera y portón en resguardo de esos bienes. Si se tiene en cuenta que las instalaciones fueron usadas por los primeros 40 afiliados, según los dichos de los testigos, hasta llegar a los 400 oportunidad que fue necesario realizar las primera obras de ampliación y/o mejoras, corriendo el año 2003 para el inicio de estas obras, actos que son mencionados como realizados por el que se siente dueño, pero que al momento de la demanda no habían transcurridos los 20 años que exige el Código Civil.

Manifiesta que quien debe probar los hechos o las circunstancias que llevan al cambio de titulo por el que obtuvo la tenencia es el que pretende usucapir no el propietario y que en este caso la prueba que muestra a la accionada como propietaria y tenedora original es la mensura, deslinde y tendido de alambraos ocurridas la momento de la escrituración año 1977.

Asimismo que esas pruebas y las presunciones graves y precisaste y concordantes que surge del hecho de federarse en la época que denuncia como la de toma de los terrenos y los informes que prueba la modalidad de compra de inmuebles por la Federación y entrega en comodato de los mismos a los sindicatos federados, no puede caer con el pueril argumento que los informes rendidos no se refieren al predio rural del Sindicato de Neuquén.

Sostiene que las cartas documento enviadas por la Federación en fecha previa a la iniciación y notificación de la demanda, pidiendo informes y reclamando devolución del predio con motivo de la desfederalización del Sindicato actor, son omitidas por la demandante y por el juez en la sentencia.

Expresa que en este pleito lo único que está probado y a lo que de hecho ha contribuido el aquí demandado, es a la ocupación con fines sociales y para los trabajadores petroleros afiliados a un sindicato de base federado a la asociación gremial de segundo grado propietaria y poseedora animus domini desde el 03/08/1977, fecha de escrituración del inmueble, y que no hay que perder de vista que poseyendo como dice el actor desde el año 1971, pretenda usucapir luego de desfederarse y no antes.

Invoca que la relación entre las partes es la relación entre el Sindicato de base y la Federación y que los dos lotes constituyen el objeto de este juicio y fueron escriturados a favor de este último, con cabal conocimiento del Sindicato y de las escrituras resulta con claridad que la Federación tenía la posesión a título de dueño.

Asimismo que este silencia del origen de la ocupación de los inmuebles por parte del Sindicato, no resulta explicable sino por un interés en ocultar que recibió la tenencia, uso y goce como Sindicato perteneciente a la Federación como se acreditó que era la modalidad utilizada por esta con los Sindicatos de base y que en ese contexto, no demostró la actora haber intervertido el titulo, extremo que debió acreditar, ya que ningunos de los testigos Lohrmann, Rosales ni Sampietro, pudieron aclarar desde cuando inició el Sindicato la ocupación a titulo de dueño.

III.- Entrando al estudio de los agravios, adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso habrá de prosperar.

En efecto, advierto que le asiste razón al apelante en cuanto que la cuestión en debate en esta causa debe evaluarse sin soslayar que el actor, no acredita que comenzara a poseer en el año 1971, ya que sólo lo menciona y tampoco puede merituarse como acreditado por parte de los testigos, disintiendo con la magistrada sobre tal aseveración.

Así, el testigos Rosales (a fs. 839), cuando es interrogado desde cuándo el Sindicato se encuentra en posesión del inmueble (pregunta cuarta, a fs. 838 dice "desde el año 1971, lo sé porque Conozco la historia y le he vivido", aunque sin aclarar desde cuando desempeña la actividad como afiliado, porque aclara que se desempeña como gremial desde hace ocho años y que anteriormente fue delegado y afiliado, pero sin precisar mayores datos; y de la documental de fs. 62 surge que integró las autoridades del Sindicato actor desde el 13/12/2004 al 12/12/2008, es decir a la fecha de la interposición de la demanda.

Respecto del testigo Sampietro (a fs. 841), en respuesta a la misma pregunta, declara que posee "desde la fundación del Sindicato, me consta por los dichos dentro del Sindicato" y mas adelante cuando se le interroga sobre la fecha de fundación del Sindicato, responde "en el año 1971", sin dar mayores precisiones ni razón de sus dichos.

Otro tanto puede decirse de la declaración de la testigo Lohrmann (a fs. 854), que responde también que fue desde el año de su fundación, sin mayores precisiones y su manifestación respecto a que trabajó para el actor 16 años, sin mayores precisiones no puede interpretarse, por si solo que haya sido de las empleadas fundadoras.

Así, las cosas, no existe documentación que respalde la afirmación del actor en cuanto a que comenzó a poseer los inmuebles desde la fecha que menciona en la demanda (1971).

IV.- Por otra parte, no paso por alto la relación que unió al actor y demandado, el primero en su carácter de Sindicato de primer grado federado a la entidad demandada, Federación Argentina Sindical; relación que, más allá del desconocimiento de la actora respecto de la documental obrante a fs. 149 vta., ha sido reconocida por el representante legal de la actora al absolver posiciones, conforme declaración de fs. 223, segunda posición y también lo declara el testigo Rosales a fs. 839 y por la testigo Lohrmann.

Y en ese contexto fáctico, surge que la actora no pretendió poseer cualquier inmueble, sino justamente el que figura inscripto registralmente a nombre de la Federación demandada, desde el año 1977 (conforme documental obrante a fs. 886/892 y vta.), cobrando sentido la afirmación de la demandada en cuanto sostiene que cedió en comodato los inmuebles al Sindicato actor, por la relación sindical que los unía, tal como era la modalidad de la federación, respecto de los sindicatos que se iban adhiriendo, afirmación que se encuentra corroborada por los informes respondidos por los sindicatos de Campana (Pcia. de Bs. As., a fs. 1025), Bahía Blanca (Pcia. Bs.As., a fs. 1026), Jujuy y Salta (a fs. 1027), Entre Ríos (a fs. 1028), Capital Federal (fs. 1029), Tucumán (a fs. 1030), y Santa Fe Sur (a fs. 1031/1032).

En función de lo señalado, considero que está acreditado que la relación que unió a las partes fue un comodato, con lo cual, es necesario intervertir el título con posterioridad a la desafiliación del Sindicato actor. Sin embargo ello no es posible, porque tal hecho, ocurre en el año 2008, conforme dichos de Pereyra al momento de absolver posiciones (véase posición segunda), "Sí es cierto. No tengo la documentación para acreditarlo. No recuerdo si fue antes o después de la desafiliación a la Federación la interposición de la acción", y no alcanza a transcurrir el plazo de 20 años que exige el art. 4015 del Código Civil "Así hemos dicho en el precedente "JULIAN JORGE C/ MEZA CARLOS SEGUNDO Y OTROS S/ PRESCRIPCIÓN" (Expte. N° 556-Ca-1998), que al pretender revertir un título de dominio, las pautas que deben regir la apreciación de la pruebas deben ser estrictas, siendo dable exigir la demostración de los hechos concretos que no dejen duda acerca de la posesión "animus domini", con apoyo formal, serio y convincente respecto a la posesión como también a su antigüedad" (PS-1998 T°II F° 390/392, Sala II).

Por otra parte, considero que le asiste razón al apelante, en cuanto se agravia de que se haya tenido por cumplido el plazo de 20 años para la prescripción adquisitiva con el pago de los impuestos, tasas y servicios, ya que sin perjuicio de lo señalado con respecto al valladar dado por la existencia del comodato, aun cuando se pudiera hacer abstracción de ello, no existen elementos que permitan acreditar los presupuestos previstos en el art. 4015 del código Civil.

En tal sentido, he sostenido en reiterados precedentes que "el pago de los impuestos no constituye una prueba decisiva, por eso es que se la valora junto con los demás elementos de juicio" (Conf. "Ortiz", Expte. Nº 426312/2010, Sala II 18/11/2014, entre otros), y trayendo esto al caso de autos, advierto que los pagos por servicios e impuestos de ambos inmuebles que señala la jueza como acreditado, (a fs. 1693), datan de 1993; lo cual resulta insuficiente si la demanda fue interpuesta el 01/10/2008, ya que la efectiva posesión animus domini por 20 años, debe remontarse al año 1988.

También le asiste razón en cuanto a la ejecución de las obras de remodelación por parte del Sindicato, porque más allá de la envergadura de las mismas y de que pudiera merituarse como lo resalta la jueza a quo, que para la realización de las mismas, el sindicato no pidió autorización, comportándose como su dueño, las mismas datan del año 2003/2005, razón por la cual, no alcanzan la previsión legal citada.

Disiento con la valoración de la magistrada respecto de la constancia expedida por la Municipalidad (a fs. 1127), en cuanto no deja de ser una solicitud a requerimiento del actor para presentar en gas del Estado y no encierra una valoración sobre la propiedad que ella le atribuye en la sentencia y que según mi opinión, responde a la relación de comodatario que ya señalara.

Asimismo, disiento con la valoración que efectúa la magistrada del relevamiento planialtimétrico obrante a fs. 1133, porque respecto de este último, no surge que haya sido solicitado y abonado por el Sindicato actor, teniendo en cuenta el comodato ya aludido y la falta de firma y sellos de profesionales intervinientes.

También con la valoración que le atribuye a la pericial de agrimensura (820/822), en cuanto estima la antigüedad del comienzo de las mejoras, habiéndose realizado en distintas etapas, ya que no se encuentra discutido que los inmuebles no se encontraban despoblados, es más, el actor en la demanda hace referencia a que "históricamente fue un pequeño quinchito, con un espacio de recreación muy reducido y mal aprovechado" (conf. pto. 2 "hechos" segundo párrafo, a fs. 6).

Es más, cuando los testigos responde a la pregunta (número 4, fs. 852 y 838) sobre cómo era el edificio original, coincidentemente la testigo Lohrmann dijo "era un quincho de material con techo de chapa" agregando que era para 50/60 personas, que había una pileta chica, una cocinita chica con parrilla. E igualmente, los testigos Sampietro (a fs. 841) y Rosales (a fs. 839 vta.) de que En función de lo señalado y dado que la usucapión al resultar ser un medio excepcional de adquisición del dominio, debe ser juzgada con un criterio estricto, riguroso, que no deje lugar a dudas del "animus domini" de quien ejerce la posesión, y dado la falta acreditación de posesión "animus domini", por parte del actor, considero que corresponde revocar la demanda, rechazándola y dejando sin efecto la usucapión declarada en la instancia de grado.

IV.- En consecuencia, propongo al acuerdo se haga lugar al recurso interpuesto, revocando la sentencia dictada a fs. 1689/1696, dejando sin efecto la usucapión declarada respecto de los inmuebles matriculas 5463 y 5464 cuyos demás datos se individualizan en el pto. I) de la parte resolutiva, rechazando la demanda interpuesta por el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA. Por aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto la condena en costas de la instancia de grado, imponiéndolas al Sindicato actor en su calidad de vencido (art. 68 del Código Procesal), debiéndose diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 15 de la ley 1594).

La Dra. Patricia CLERICI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta SALA II RESUELVE:

I.- Revocar la sentencia dictada a fs. 1689/1696, dejando sin efecto la usucapión declarada respecto de los inmuebles matrículas 5463 y 5464 cuyos demás datos se individualizan en el pto. I) de la parte resolutiva, rechazando la demanda interpuesta por el SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA.

II.- Dejar sin efecto, por aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, la condena en costas de la instancia de grado, imponiéndolas al Sindicato actor en su calidad de vencido (art. 68 del Código Procesal), debiéndose diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 15 de la ley 1594).

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERIC Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.