Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-06-29


SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 de junio de 2011.

AUTOS Y VISTOS:

Los de este Expte. N° B-250.481/11,caratulado: AUTOSATISFACTIVA: Pedro Celestino Castillo C/ Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte de Pasajeros, de los que RESULTA:

I. Que por estos obrados comparece el doctor JORGE E. SORIA en representación del señor PEDRO CELESTINO CASTILLO promoviendo demanda autosatisfactiva en contra de la MUTUAL RIVADAVIA SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, solicitando se intime a la accionada al pago de la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) en concepto de gastos sanatoriales y para una intervención quirúrgica, por las razones de hecho y derecho que invoca.

II. Que la medida es despachada a fs. 21, oportunidad en que se dispone tener por promovida la medida cautelar autosatisfactiva en contra de MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, previa fianza personal del letrado presentante, a depositar en el plazo de cinco días CON MÁS Diez días de ampliación en razón de la distancia, la suma de $ 4.000, bajo apercibimiento que por derecho corresponda.

III. Que a fs. 35/37 comparece el doctor LISANDRO GUALCHI en representación de la demandada, efectuando una negativa genérica y puntual de los hechos invocados por el actor, luego por las razones que alega solicíta el rechazo el rechazo de la pretensión jurídica impetrada por el actor.- A fs. 50/51 el dr. JORGE E. SORIA contesta la vista conferida a fs. 38, por consiguiente las cuestiones sometidas a debate de este Tribunal han quedado en estado de resolver, y CONSIDERANDO:

Repárese en autos, la demandada no ha desconocido su calidad de asegurada, circunstancia que la legitima pasivamente. Sin embargo advertimos que el dr. Gualchi en su presentación obrante a fs. 35/37 como apoderado de la aseguradora solicita el rechazo de la pretensión jurídica esgrimida por el actor con sustento en negativas genéricas y puntuales de los hechos alegados por el demandante.

De ahí vale la pena recordar que la negativas genéricas y puntuales contenida en el escrito individualizado anteriormente no es bastante para dar por cumplida la exigencia del art. 300 inc. 1º del C. P. C. Es que y es como lo ha puesto de resalto la doctrina: " la carga que la ley impone al demandado es la contrapartida de la que le fija al accionante como consecuencia de la teoría de la sustanciación que exige para ambos; lo que la ley quiere es que también el demandado se expida concretamente porque su comodidad ( si la negativa genérica o indeterminada fuera permitida ) podría engendrar el entorpecimiento del proceso lógico que preside la sentencia"( Colombo, Código ...., v. I, p. 322). " Es necesario eliminar del proceso " las emboscadas permitidas", y la idea del "duelo judicial ", en el " cual los abogados son los protagonistas y el tribunal el arbitro....", "es necesario definitivamente abandonar esta idea medieval y considerar a los abogados como colaboradores del Juez, encargados de aportarle los elemento de hecho o de derecho requeridos para el esclarecer un problema y tomar decisión"( Spota, El juez, el abogado y la formación del derecho a través de la jurisprudencia, Buenos Aires, 1963, p.18, nº 3).

En ese orden, va se suyo entonces, que en el caso, la pretensión jurídica articulada por el actor y despachada favorablemente por el Órgano jurisdiccional es acorde derecho habida cuenta que en la especie se encuentra probado prima facie la verosimilitud del derecho invocado como así también los requisitos que se exigen para la procedencia de la medida autosatisfactiva impetrada.

Como regla general, ha de admitirse que la solución judicial no es el fruto de un artificio técnico- jurídico; debe, en cuanto sea posible - para alcanzar fines de significación superior en orden a la justicia - corresponder a la realidad misma, tal como ella se da en la conducta. Si bien se puede establecer que el actor, desde el instante en que promovió la acción en la que adjunta como pruebas los instrumentos que lucen a f. 4/14,con los cuales demuestra la fuerza y valides que ello mismo le reconoce y delata claramente su aceptación, como no podía ser menos, de la existencia jurídica y legal del derecho invocado como sustento de la acción tentada.( Art. 16 y concordartes del C.P.C.).- Sí a esto agregamos, la medida autosatisfactiva ordenada lo fue con fundamento en el art. 279 del C.P.C. y 68 de la ley 24.449 y para lo cual se tuvo en cuenta anteriores precedentes de esta Sala, en los cuales se a pronunciado, en consonancia con la doctrina y jurisprudencia nacional, por la procedencia de aquellas medidas y por las cuales "el justiciable obtiene ya mismo la satisfacción de su pretensión y sin que ello dependa de actividades ulteriores" (conf. Peyrano, Jorge W., Sentencia Anticipada, Ed. Rubinzal Culzoni, 2000, p.17).

La medida dispuesta tiene sustento en el art. 68 de la ley de tránsito, en cuanto dispone que "los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego". Indudablemente ello autoriza el despacho de tal pretensión, a través de las medidas cautelares que la doctrina ya venía calificado de autónomas o autosatisfactivas, en cuanto la pretensión se agota en sí misma. Es que no existe otra vía procesal que haga operativa la norma legal que exige, en el supuesto de accidentes de tránsitos, que el asegurador pague los gastos senatoriales o de sepelio "de inmediato".

Así ha sentado precedente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case "Camacho Acosta" (CSJN, 7-8-97, L.L. 1997-E-653) anticipando la pretensión, aunque bajo el ropaje de una medida cautelar innovativa, y lo ha entendido calificada doctrina al sostener que la medida autosatisfactiva "se trata de un requerimiento "urgente", formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota -de ahí lo de autosatisfactiva- con su despacho favorable....Constituye una especie -aunque de mayor importancia- del género de los "procesos urgentes"...caracterizados todos por reconocer que en su seno el factor "tiempo" posee una relevancia superlativa" (conf. Peyrano, ob. cit. P. 32).

En accidentes de tránsitos, como el que nos ocupa, es precisamente la ley la que dispone el pago inmediato por parte de la aseguradora de los gastos sanatoriales, sin perjuicio de los derechos que ésta pudiere hacer valer en su oportunidad.

De acuerdo con lo que hemos venido razonando y asentándonos además a la luz de aquellos principios, el monto reclamado aparece, prima facie, como adecuado para el tipo de lesiones que se denuncian, conforme documentación agregada a fs. 4/51. Su monto no es excesivo a la fecha de esta medida y su determinación está dentro de las facultades discrecionales del juzgador (art. 279 y ccs. del C.P.C.) facultad implícita e inherente a la potestad jurisdiccional, cuyo poder cautelar genérico ha sido recepcionado por nuestro Código de Ritos (art. 279 del item.). Todo ello, por cierto sin perjuicio de la mutabilidad de la medida adoptada, ya sea al dictarse sentencia definitiva en la hipótesis de que el proceso principal se promoviera, o, si la parte agraviada, ocurriendo por medio de un proceso de cognición, reclamara que, la satisfacción que anticipadamente ha logrado la contraria, sea revocada acreditando que la misma ha sido abusiva u obtenida sin derecho.

Que por todo lo expuesto corresponde no hacer lugar al planteo solicitado por la aseguradora a fs. 35/37, con costas articulo 102 del C.P.C.; regulándose los honorarios profesionales de los doctores JORGE SORIA y LISANDRO GUALCHI en las sumas de PESOS mil ($1000) y pesos SETECIENTOS ($700) respectivamente, conforme doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia, sobre honorarios mínimos. Todo con más IVA si correspondiere. Que por último, corresponde tener presente la reserva del caso federal.

Por todo ello, la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial:

R E S U E L V E:

l°) No hacer lugar al planteo efectuado a fs. 35/37 vta. por MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DE TRANSORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.

2º Imponer las costas a la aseguradora vencida (art. 102 del C.P.C.).

3º) Regular los honorarios profesionales de los doctores JORGE SORIA y LISANDRO GUALCHI en las sumas de PESOS UN MIL ($ 1.000) y PESOS SETECIENTOS ($ 700) respectivamente, conforme doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia, sobre honorarios mínimos. Todo con más IVA SI CORRESPONDIERE.

4º) Tener presente la reserva del caso federal.

5º) Regístrese, agréguese copia en autos, notifíquese por cédula a las partes, etc.