Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11


Causa: Nº 17935-00/CC/2007 "GIARINI, Marcelo Ernesto S/ Infr. Art. 111º del C.C., Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 del mes de septiembre del año dos mil siete, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

RESULTA:

1) Vienen los autos a consideración de este tribunal en virtud del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el sr. defensor oficial contra el punto I, apartado "c", item "2" de la resolución de fecha 19 de junio de 2007 que dispusiera: "... cumplir con las siguientes instrucciones especiales consistente en: ... 2) asistir y aprobar el curso del "programa de Educación Vial para suspensión de juicio y penas en suspenso de contraventores de tránsito"..." (fs. 22/23).

2) Luego de correr la pertinente vista a la sra. fiscal de grado (fs. 27), la a quo rechazó la reposición interpuesta por la defensa y concedió el recurso interpuesto en subsidio (fs. 29).

3) Radicadas las actuaciones en esta sede, se corrió vista a la sra. fiscal de cámara en los términos del art. 51 de la LPC, oportunidad en la que manifestó que el recurso debía ser rechazado por cuanto no se trataba de una sentencia definitiva y tampoco le causaba a la parte un gravamen irreparable actual, sino que se trataba de un peligro potencial.

Ello, ya que a su criterio Giarini debía asistir al curso, rendir el examen y en caso de reprobarlo, aguardar a que la magistrada revoque la suspensión de juicio a prueba otorgada. Siendo esa la oportunidad en la cual podía apelar la resolución de la juez de grado.

Sin embargo, estimó sobre el fondo de la cuestión que no era jurídicamente posible fijar este tipo de obligaciones que contengan cargas de cumplir para conceder el beneficio.

Además, entendió que la magistrada afectaba la razonabilidad y justicia material al modificar una de lasreglas de conducta acordadas por las partes al suspender el proceso a prueba (fs. 34/35).

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad del Recurso 4) El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

En efecto, el art. 50 de la LPC establece que "La sentencia es apelable dentro de los cinco días de la notificación, mediante escrito fundado...", siendo que a fs. 25 el titular de la Defensoría Oficial nº 7, Sergio Julián Pistone, se notificó de la resolución impugnada el 21.06.07 e interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio el 25.06.07, el recurso resulta temporáneo.

En cuanto a la condición de sentencia del auto cuestionado, este Tribunal ha reconocido a la resolución que suspende o revoca el proceso a prueba como un auto equiparable a sentencia definitiva pues causa gravamen de imposible o difícil reparación ulterior que habilita su procedencia, tal como fuera resuelto in re "Justiniano, Enzo Natalio s/ infr. Art. 189bis CP- Apelación", causa Nº 067-00-CC/2006, rta. 23-05-2006.

Ello, pues cumplidas que sean las obligaciones impuestas en la resolución que dispone la suspensión del juicio a prueba, se dictará el sobreseimiento produciendo, en consecuencia, la desincriminación del imputado y la extinción de la acción penal (en sentido similar in re "Eusebio, Héctor Dardo s/inf. art. 189 bis CP. Apelación", c.n° 13145-01/CC/2006, incidente de sobreseimiento, rta.11-08-06).

Estimamos, a diferencia de la sra. fiscal de cámara, que el gravamen de Giarini es actual pues de no impugnar en esta oportunidad la modificación introducida por la sra. juez al acuerdo celebrado con la sra. fiscal, implicaría la aceptación de un compromiso diferente del que asumiera y cuyo agotamiento no depende exclusivamente de su voluntad.

De esta forma se satisfacen los requisitos exigidos por el art. 449 del CPP, de aplicación supletoria en función del art. 6 de la LPC.

De los agravios 5) Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 45 del Código Contravencional se formalizó el acuerdo entre el Sr. Giarini, la fiscal y la defensa para suspender el proceso a prueba, estableciendo que deberían cumplirse las reglas de conducta fijadas en el inciso 1º "Fijar residencia y comunicar a la Fiscalia el cambio de ésta"; inciso 2º "Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalia o Juzgado hiciere" e inciso 7º "Cumplir con las instrucciones especiales que se le impartan", en el caso, realizar el "Programa de Educación Vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito en la Dirección General de Seguridad Vial", el que se dicta en la calle Araoz de Lamadrid 1750 de esta Ciudad, todo ello por el término de NUEVE (9) MESES (fs. 20 y vta.).

6) La a quo luego de analizar que: "... no tiene motivos fundados para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar, o que ha actuado bajo coacción o amenaza", resolvió "I) SUSPENDER EL JUICIO A PRUEBA en el presente expediente nro. 17.935/JC/2007, (interno 1297), respecto de Marcelo Ernesto Giarini, de demás datos personales consignados en el acápite, por el término de NUEVE (9) MESES... deberá cumplir las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía o al Tribunal el cambio de ésta; b) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hicieren y c) Cumplir con las siguientes instrucciones especiales consistente en: ...2) asistir y aprobar el curso del "Programa de Educación Vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito" que se dicta en la Dirección General de Seguridad Vial, sita en la calle Araoz de Lamadrid nº 1750..." (fs. 22/23) (el subrayado me pertenece).

7) Al serle notificado a la defensa el auto precedente, esta interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, toda vez que lo pactado con el sr. fiscal fue la "realización" del curso y no su "aprobación". Por tanto al haber agregado la sra. juez esta obligación, entendió que se estaba modificando el convenio de las partes en perjuicio del imputado, lo que le está vedado conforme el art. 45, primer párrafo in fine del CC, estimando también que dicha modificación afectaba el sistema acusatorio consagrado en el art. 13 de la CCABA (fs. 24 y vta.) 8) El fiscal de grado se expidió sobre la cuestión sosteniendo que a modo de ver las cosas no existía diferencia alguna entre lo pactado y lo volcado por la sra. juez en la resolución de fs. 22/23, ya que el término "realizar" -en el modo utilizado- tenía en mismo significado que "asistir y aprobar", transcribiendo a esos fines una definición de la Real Academia Española (fs. 27).

9) En su oportunidad, la a quo otorgó la razón a la sra. fiscal y entendió que la diferencia que agraviaba a la defensa era teleológica, pues la finalidad del curso era aprobarlo.

Describió el curso en cuestión y explicó que para el otorgamiento del certificado, era necesario aprobar el examen final.

Finalizó sosteniendo que al ser ello parte de la dinámica del curso, en caso de que el imputado no lo compartiera, debería haber pactado otra regla de conducta.

Por esos fundamentos rechazó el recurso de reposición y concedió el de apelación interpuesto en forma subsidiaria (fs. 29 y vta.).

10) La sra. fiscal de cámara se expidió en los términos volcados en el apartado 3 de la presente.

11) Ahora bien, llegado el momento de pronunciarnos sobre el fondo del asunto adelantamos que hemos de darle favorable acogida al planteo de la defensa, siguiendo los lineamientos expuestos por esta Sala en los autos "Amed, Adalberto Rubén s/infr. art. 111º..." (c.nº 32842-00/CC/2007, rta. 15/08/07).

Ello es así ya que como Gustavo Bruzzone sostiene, en relación a los juicios abreviados, se le haría trampa al imputado al concluir con una sentencia obtenida sobre la base de su consentimiento viciado, que la tornaría manifiestamente nula. ("Hacia un juicio abreviado sin 'tope´ y otras adecuaciones constitucionales" en "El Proceso Abreviado", pág. 191 y ss. Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps.). Ed. Del. Puerto S.R.L., 2005, 1ª reimpresión).

El mismo temperamento debe regir la interpretación del caso traído a estudio.

Las partes acordaron suspender el juicio a prueba, de conformidad con lo dispuesto por el art. 45 del Código Contravencional. El contenido del acuerdo al que arribaron las partes es esencial al momento de resolver la cuestión traída a conocimiento.

Sin la existencia de consenso no puede existir acuerdo, siendo que el recurrente y el representante del Ministerio Público Fiscal se han contradicho sobre los alcances del referido "acuerdo" que no puede, sino, ser interpretado en la forma mas favorable al imputado.

Al no habérsele hecho saber a Giarini que su acuerdo tenía el alcance que, extensivamente y en su perjuicio sostiene ahora el fiscal, no se puede afirmar que haya podido comprender y aceptar el mismo.

Giarini accedió a un concreto acuerdo cuyos términos resultaron sustanciales al momento de otorgar su conformidad, a los fines de la suspensión del juicio a prueba.

El mismo refería a su asistencia al curso de marras (ver a fs. 19 la pauta acordada con su defensor "7 -cumplir con las instrucciones especiales que se le impartan- consistentes estas últimas en asistir al "Programa de Educación Vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito en la Dirección General de Seguridad Vial", sita en Araoz de Lamadrid 1750 de esta ciudad, manifestando el Sr. Giarini, que se encuentra en buen estado de salud y apto para cumplir con tales tareas..." que se concreta con el acuerdo de fs. 20 y vta. en que se utiliza la palabra "realizar" (el subrayado me pertenece).

No cabe duda que en esa oportunidad el fiscal estaba de acuerdo en que el alcance de la palabra "realizar" no incluía el requisito de aprobar el curso, pues de lo contrario nada obstaba para que así lo volcara, como luego lo hiciera la juez de grado en su resolución, consignando las palabras "asistir y aprobar".

En estas condiciones, no puede conferirse pretorianamente al vocablo una interpretación que niega el imputado y que claramente lo perjudica.

12) Por otro lado, corresponde destacar que la intervención del juez presupone el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Publico Fiscal, que es vinculante para él acorde al sistema acusatorio material que rige la materia contravencional ( art. 13, inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires), conservando únicamente la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza.

La intervención del magistrado en el supuesto de suspensión de proceso a prueba, se limita únicamente a rechazar el acuerdo cuando estimara que las partes no se encontraron en igualdad de condiciones para pactar, siendo en caso contrario su deber homologarlo.

Noesociosorecordarelsentido jurídico otorgado altérmino "homologar" en el derecho privado, así las sentencias homologatorias (art. 162 del C.P.C.C.N.) "... no deciden litigios, sino que, por el contrario, dan estabilidad ... los acuerdos conciliatorios... el magistrado contribuye a dar seguridad a las relaciones jurídicas, limitandose a examinar si el acto o el convenio es suceptible de ser derecho disponible..." (Roland Arazi y Carlos Eduardo Fenochietto, "Régimen del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, año 1994, pág 188) En este sentido, entonces, el juez no puede alterar los términos del acuerdo, sino que sólo debe limitarse a aprobarlo o rechazarlo en el caso señalado anteriormente.

Se ha dicho al respecto que "El modelo constitucional, consecuentemente procesal contravencional y penal de la Ciudad, exige la imparcialidad del juez (art. 13, inc. 3º), quien como juez de garantías sólo podrá oponerse al acuerdo en caso de darse las circunstancias señaladas y con la debida fundamentación. Nada señala la norma acerca de la razonabilidad del acuerdo arribado, por lo que se entiende que ninguna opiñión le corresponde al magistrado en relación a ello.... es posible señalar que los legisladores de la Ciudad han marcado la diferencia con la regulación el instituto en la legislación penal nacional (art. 76 bis, Cód. Pen.), en cuanto obliga al juez a expedirse sobre la razonabilidad del ofrecimiento mediante resolución fundada." (Patricia Beatríz López, "Lineamientos básicos acerca de la suspensión del proceso a prueba en el nuevo Código Contravencional", Revista de Derecho Penal, Delitos, contravenciones y faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nº 2, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág 81/82) En este orden de ideas la a quo, violando la manda del art. 45 del CC, impuso al imputado una regla de conducta diferente de lo pactado oportunamente.

De esta forma, el exceso en las funciones del juez que quiebra el equilibrio entre partes exigido por el debido proceso legal (art. 18 CN y 13 CCABA), lo que obliga a anular parcialmente la clausula que impone "...2) asistir y aprobar el curso del "programa de Educación Vial para suspensión de contraventores de tránsito"..." y apartar a la Sra. juez (art. 173 del CPPN) Además, no puede dejar de señalarse que la pauta cuestionada no es legítimamente exigible en la forma que la a quo postula, desde que implicaría la adopción por el imputado de una obligación de hacer propia (asistir al curso) y de un hecho de tercero (el que calificará y aprobará o desaprobará el mismo).

Este hecho de tercero no podría ser legalmente comprometido por el imputado como hecho propio, por lo que no sería exigible.

Por lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

I.- ANULAR el punto I, apartado "c", item "2" en cuanto le impone al imputado la condición de APROBAR el curso del "Programa de Educación Vial para suspensión de juicio y penas en suspenso de contraventores de tránsito".

II.- APARTAR a la Sra. juez de grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 5, María Fernanda Botana, debiendo remitir la presente a la Secretaría General de esta Cámara, a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo en las presentes actuaciones.

Regístrese, notifíquese a las partes, y oportunamente remítase a la Secretaría General de Cámara, a sus efectos.

Ante mi:

En de septiembre de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Doy Fe.

En de septiembre de 2007, se libró una cédula. Conste.

Ende septiembre de 2007 notifiqué a la Secretaría General de la Cámara, a fin de que desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo en las presentes actuaciones. Conste.