Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-28


En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de junio de Dos Mil, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "DIAZ, GLORIA JOSEFINA C/ DUARTE, DIONISIO DEL CORAZON DE JESUS S/DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs.1169/1180, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores LEOPOLDO MONTES DE OCA-ROBERTO ERNESTO GRECO-CARLOS ALFREDO BELLUCCI- A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Montes de Oca dijo: I.-Contra la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la pretensión indemnizatoria por la suma de dinero que allí se indica, recurrieron ambas partes en resguardo de sus respectivos intereses; los traslados de las expresiones de agravios fueron contestados a fs. 1416/1427 por la actora; y fs.1428/1432 por la demandada. De esos reproches surge necesario examinar, en primer lugar, y por razones metodológicas, el que corresponde a la parte demandada por la responsabilidad que se le atribuye, sin perjuicio de la posterior valoración, en su caso, de las cuestiones referidas al "quantum" que corresponde a cada una de las partidas que componen la indemnización.- II.- Además de la correcta conceptualización del caso en el ámbito de la responsabilidad objetiva derivada del riesgo de la circulación automotriz, la sentencia recurrida contiene un correcto examen del material probatorio, en orden a establecer la exención de responsabilidad invocada por la parte demandada, la causa ajena, prevista por el art. 1113, segundo párrafo "in fine" del Código Civil. Es preciso poner de relieve que diversos elementos de juicio tales como las declaraciones testificales, informes accidentológicos y comprobaciones policiales de huellas de frenada, obrantes en la causa penal agregada, a lo que se agregan las conclusiones del dictamen pericial de ingeniería mecánica de fs. 603/609, echan por tierra la argumentación de la parte demandada en orden a la eximente invocada que, en el caso, concierne a la culpa de la víctima. En efecto, las contradicciones que se evidencian entre la declaración del único testigo que afirma la versión de la accionada (ver fs. 492), permiten prescindir del testimonio -que, por otra parte debe ser apreciado con máxima estrictez-, en tanto esos dichos se contraponen con el sentido unívoco que revela el conjunto de medios de prueba considerado en su integridad (conf. Palacio L. E. "Derecho Procesal Civil" T.IV pág.654). Aquellos elementos de juicio señalados al comienzo han sido igualmente valorados en la sentencia penal condenatoria del codemandado Duarte, de manera que nada más es menester agregar para desestimar el planteo y confirmar este aspecto del pronunciamiento recurrido. III.-En lo que respecta a la cuantía de las partidas indemnizatorias, los cuestionamientos de las partes atañen a las siguientes: a) incapacidad.- La parte demandada admite que se trata de una situación con un 100% de minusvalía como consecuencia del traumatismo craneoencefálico que el actor sufriera el 26 de abril de 1995, cuya tomografía cerebral presentó al comienzo contusiones hemorrágicas en área temporal que se manifestaron clínicamente en un coma profundo, con recuperación a los 30 días de los ciclos de sueño y vigilia, para constituirse luego en un estado vegetativo persistente, sin respuesta motora ni verbal; el actor se encuentra actualmente cuadripléjico con pequeñas respuestas motrices escaras en el muslo izquierdo, dispositivo permanente de recolección de orina, traqueotomizado y con alimentación parental y por sonda gástrica (ver fs.1275/1278, Cuerpo Médico Forense). Además de otras complicaciones de no menor gravedad, no cabe duda de la importancia de este daño patrimonial indirecto que debe vincularse con la absoluta imposibilidad psicofísica para todas las posibilidades vitales genéricas de Esteban Tortarolo, quien a los 17 años sufrió el accidente de tránsito cuyas circunstancias de persona, modo, tiempo y lugar se explicitan en este proceso. Tampoco pueden caber dudas acerca que se trata de una absoluta eliminación de la aptitud vital, en la comprensión que corresponde a una invalidez permanente (cfr. dictámenes médicos), de manera que aquel carácter irreversible debe apreciarse en toda su magnitud, máxime cuando no hay expectativa ciertas de mejoras clínicas (Belluscio. Código Civil....t. 5. págs.219 y sigs.). Estas condiciones son suficientes para cuantificar el daño, sin que sea necesario acudir a la deseable, pero sobrenatural, referencia de la parte demandada a la reversión del estado de Esteban Tortarolo; demás está decir que esta parte no menciona -menos aún existe acreditada en el proceso- ninguna circunstancia que permita siquiera sea presumir la modificación del estado de cosas.- Tampoco es feliz la comparación con precedentes que - dice similares- realizada por esta parte, tanto más cuanto omite indicar los grados de invalidez en cada caso, por lo que se torna necesario señalar que los porcentajes no traducen una cierta cuantía indemnizatoria sino que constituyen un valioso parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales comprobadas en el proceso, entre las que cabe mencionar, la incipiente actividad laboral del actor (cfr., informe de fs.525) y las demás condiciones personales, familiares y socioeconómicas acreditadas, incluso en el beneficio de litigar sin gastos, todo lo cual define un evidente afán de progreso que debe ser igualmente meritado. No es superfluo mencionar que el daño patrimonial indirecto "sub exámine", tiene como todo daño una proyección de futuro que debe ser igualmente valorada, aunque no se pueda predecir el lapso probable de sobrevida, pues depende del mantenimiento adecuado de las funciones vitales y del manejo terapéutico de eventuales complicaciones (ver fs.615).- En orden al reproche de la accionada debe ponerse de relieve la finalidad indemnizatoria, es decir, la de poner a la víctima, en cuanto sea posible, en el mismo estado patrimonial en que se habría hallado de no ocurrir el acto ilícito; en consecuencia, porque responde a títulos u origen distintos es posible la acumulación de los importes cobrados con motivo de los seguros contratados, como el que se menciona a fs.1398 -se vincula con el monto de las primas pagadas, según cálculo de riesgos-, y el "quantum" de la reparación que se pone a cargo del responsable. La acumulación es legítima, porque ambos casos tienen sentido diferente y obedecen a causas jurídicas distintas (0rgaz, "El daño resarcible" 3a. ed. págs, 170 y sigs.; esta sala rec.libre nro. 206.012 del 27/12/96; rec.libre nro. 236.096, sent. del 21/4/98 y sus citas; rec.libre nro. 239.269, sent del 19/5/98 ; íd libre nro. 269.035, sent. del 24/8/1999; íd libre nro. 270.739, sent. del 13/8/1999 ; rec.libre nro. 283.049 con sent. del 16 /2/2000; íd libre nro. 283.698 con sent. del 17/3/00, entre otros) Respecto del cuestionamiento de la parte actora no pasa de ser una mera disconformidad subjetiva con la cuantificación del ítem., pues no basta para constituir crítica eficiente la referencia a que el monto resarcitorio debe ser proporcional a la medida, intensidad y permanencia de la incapacidad, como se echa de ver una expresión genérica que no desciende a la impugnación de los datos de la realidad que, acreditados en el proceso, han servido a la señora juez "a quo" para establecer una cuantía constitutiva de un capital que debidamente invertido habrá de generar una renta mensual presumiblemente equivalente a la pérdida producida por la minusvalía absoluta, hasta que tanto el capital como los intereses que devengue se agoten al término de la vida de la víctima. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los respectivos agravios y confirmar también en este aspecto la sentencia recurrida.- b)daño moral. Por cuanto la parte actora ha omitido referir de manera específica la fórmula de lo que en más o en menos resulte de la prueba corresponde atenerse al monto reclamado a fs.26, punto b), con mayor razón si no existen elementos de juicio que permitan conceder un importe superior al que se considerara al momento de la iniciación del presente proceso, sin dejar de apreciar que el reclamo ha sido formulado por los progenitores debido al estado de Esteban Tortarolo. Por lo tanto, ante la inconsistencia de los agravios expuestos por la parte actora, quien no se hace cargo de la circunstancia apuntada, como así también el silencio que sobre el particular se observa en la presentación de fs.1421, corresponde reducir el monto de la reparación del daño moral a la suma de doscientos mil pesos (ver fs.27).- Desde luego que no puede admitirse una deducción adicional en función del estado vegetativo que padece la víctima que, según el entender de la demandada debe complementarse con la investigación acerca de la "repercusión subjetiva" del daño moral que en el caso concreto se sufre (fs.1401). En primer lugar, el argumento surge contradictorio con la posibilidad de reversión que la propia recurrente invoca líneas antes, a lo que se agrega la referencia a una indagación que hoy resulta de imposible realización. Demás está decir que lo que define el daño moral no es ese sufrimiento de carácter particular que se menciona, sino la violación de alguno de los derechos inherentes a la personalidad (Brebbia "El daño moral", pág 242) que también alcanza a las personas que se encuentran en ese estado o en el que resulta de la certificación de fs.1285.- c) daño y tratamiento psicológico de Esteban Armando Tortarolo y de Gloria Josefina Díaz. Las razones que se exponen en este sentido no constituyen crítica eficaz de los argumentos desarrollados por la señora juez "a quo" en el pronunciamiento recurrido, a lo que se agrega que al disponerse el reintegro de los gastos de psicoterapia por el lapso que aconsejan los dictámenes periciales psicológicos y neurológicos, parece incurrirse en una comprensión anticientífica al considerar que el tratamiento no habrá de mitigar el padecimiento. Asimismo, cabe concluir que la conclusión expuesta resulta tanto más nítida en la medida que se ha omitido efectuar el desarrollo necesario para acreditar que los montos cuestionados no se adecuan a la situación creada, con mayor razón si no se expresa cuál es el contenido económico que según los recurrentes debería establecerse para satisfacer el interés afectado.- d) pérdida de la "chance" de los progenitores de ayuda futura. A las razones expresadas en el parágrafo precedente, cabe añadir para desestimar el muy escueto reproche de fs.1294, que la probabilidad de asistencia se debilita en la medida que razonablemente tiene el límite temporal de las propias necesidades del hijo, que presumiblemente habría de formar su propia familia; o cuando como en el caso se admite la existencia de hermanos que también deberían contribuir al sostenimiento de los progenitores (en el caso de Esteban Armando Tortarolo una nueva unión con descendencia, demuestra con mayor nitidez, si fuera posible, la sinrazón del planteo, al tiempo que no ha acreditado la importancia de sus ingresos).- e) gastos futuros. Para los gastos de subsistencia de Esteban Tortarolo la sentencia contiene la siguiente ecuación: las sumas mensuales estimadas pericialmente para la correcta atención psicofísica son proyectadas sobre el lapso vital normal (72 años), de manera que a la suma resultante ($4.500.000) se le agregan los intereses desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago. La primera razón del cuestionamiento de la demandada refiere un mero interrogante )porqué tomar el máximo de sobrevida si no es posible determinar este lapso?. Más allá de dejar señalado que la interrogación no es una vía de crítica apta, lo cierto es que el razonamiento de la recurrente contiene, de acuerdo con las circunstancias comprobadas en el proceso, una simple conjetura, que si no ha podido ser esclarecida por los dictámenes periciales especializados no puede ser aprehendida con la simple invocación de la incertidumbre de que la víctima pudiera efectivamente llegar al promedio de vida para personas de su sexo. Al menos una valoración de este tipo no debiera ser incorporada a un pronunciamiento judicial, salvo que las constancias procesales justifiquen una decisión en contrario. Queda claro, entonces, la certeza del daño con proyección hacia el futuro, pero en el "presente jurídico" que es la sentencia ese futuro se independiza, en cierta medida, del tiempo que efectivamente transcurrirá para integrarse en un módulo o promedio de generalidad de casos, por lo que sujetándose a estos la decisión encuentra fundamentación suficiente en un margen de razonabilidad. En verdad, como se trata de mantener la vida o de mejorar las condiciones de la víctima, no cuadra hablar de economía de gastos: todos deben ser resarcidos, pues esta puede y debe asegurarse el máximo de garantía asistencial (Belluscio, obra citada, t.5, pág.212 y sus citas). En cuanto al monto del resarcimiento no es posible sumar cada una de las distintas erogaciones durante los 50 años que es considerado como el lapso de vida que le resta al damnificado, pues al consistir la reparación en el pago por parte del responsable de una prestación única y actual, aquel procedimiento conduce a un enriquecimiento ilícito que lesiona el principio sentado en el art. 1083 del Cód. Civil, toda vez que a los efectos de una adecuada determinación del contenido patrimonial de este daño no cabe desatenderse de la renta que dicho capital -aún manteniendo intangible su valor- producirá durante el período en cuestión y de su razonable relación con los gastos que paulatinamente deberán afrontarse (CSJN. ago.24/95 en L.L. 1995-E, págs 17/22; íd causa A 181.XXIV, "Argañaraz, Juan C.y otra c. Empresa Nacional de Agua y Energía s/ daños y perjuicios", sentencia del 23 de febrero de 1993).- Precisamente, a fin de impedir el enriquecimiento que señala el cimero tribunal, es preciso computar las sumas de dinero recibidas por la parte actora de la estatal "Administración de Programas Especiales", a través de la obra social "A.S.E.". Es preciso dejar en claro la provisionalidad de la prestación estatal, en tanto la obra social intermediaria reconoce que el apoyo financiero pedido no es obligatorio para aquella administración, por lo que ésta la podrá otorgar según las posibilidades presupuestarias y razones de mérito, oportunidad y conveniencia; la denegatoria en ningún caso generará derecho alguno a favor de la obra social (anexo "I". punto II . l., fs.1298, art.2 de la resolución 0001/98 y concordantes, ley 23.661). Claro está que los responsables no pueden pretender desobligarse más allá de lo razonable frente a un sistema que presenta una notoria precariedad, vg., en este momento por los planes de ajuste que parecen estar previstos en la disposición señalada, sea por cualquier otra circunstancia que podría afectar incluso a la entidad intermediaria, cuya subsistencia nadie garantiza. Asimismo, bien podría ocurrir que al recibir la víctima el importe indemnizatorio por parte de los responsables, cesara el mentado subsidio por discapacidad, habida cuenta que todo el sistema legal se sustenta en principios de equidad y solidaridad para permitir el acceso igualitario a las prestaciones de salud de aquellos que de otro modo no tendrían posibilidades de afrontar económicamente prestaciones de alto costo o tecnologías especializadas.- Desde otro ángulo cabe desestimar el planteo de la accionada en el sentido que esta indemnización que tiene incuestionablemente carácter alimentario para la subsistencia del damnificado, se subordine a la condición resolutoria del fallecimiento, vale decir, que la suma restante debería reintegrarse a la responsable; a este fin reclama asimismo que se establezca la obligación de hacer en cabeza de los actores para permitir el ingreso del consultor técnico médico de su parte -se supone que en el lugar donde aquél habite-, y durante el período que se determine, a fin "de que la esencia de la indemnización no se desnaturalice" (ver fs.1406). Tal petición olvida que la causa de la indemnización es el hecho dañoso y que esta se liquida una vez y para siempre en la sentencia, en el "presente jurídico", donde se declaran reunidos los presupuestos de la responsabilidad y se fijan definitivamente los daños, aún los futuros. No es superfluo agregar que esta es materia, máxime por su carácter asistencial que repele lesivos condicionantes presumiblemente destinados a ser fuente de innumerables conflictos. Asimismo, cabe ponderar que la cuestión no fue planteada en tiempo oportuno a la decisión del señor juez de primera instancia.- Idéntico razonamiento cabe exponer respecto del reclamo subsidiario de renta vitalicia, pues es claro que, en nuestro derecho positivo, conforme con la interpretación, tal modo de indemnizar dinerariamente el daño requerirá que los damnificados así lo soliciten, pues si ellos prefieren reclamar una suma global, escaparía a las facultades de los jueces el resolver contra lo demandado, o modificando los términos de la petición: sobre todo si se tiene en cuenta que, en nuestro derecho, se carece de normas positivas que reglamenten la forma en que los damnificados pueden exigir se les garantice adecuadamente el pago de la renta.- Por todo lo expuesto, corresponde reducir prudencialmente la indemnización otorgada en esta partida a la suma de dos millones de pesos, que se adecua a la que se menciona a fs. 1424, incluyéndose en este importe las erogaciones por necesaria atención médica y los honorarios pertinentes.- f) intereses. Contrariamente a lo que sostiene la parte demandada nada permite afirmar que el poder adquisitivo del dinero se haya establecido a la fecha de la sentencia. Por otra parte no es fácil advertir el mecanismo a través del cual una sentencia declarativa de condena tenga aptitudes para modificar las particularidades que presenta la obligación de resarcir los daños causados por un hecho ilícito. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desacreditado el razonamiento de esta parte , porque la ley 23.928 ha vedado el cómputo de la depreciación monetaria a partir del 1 de abril de 1991, razón por la que resulta inadecuada la referencia a la índole de la obligación para justificar reajustes posteriores (jun 25/96 en autos: "Villanueva de Gauna, Lucía Victoria c/Perales, Alicia Celia y otra", en E.D. suplemento diario del 14/10/96, fallo 47.436, espec. Consid 4 y 5 conf. esta sala, Libre Nro.204.520 autos "Saavedra c/Davical s/daños y perjuicios" de 29/10/96). La deuda dineraria no nace con la sentencia sino desde el momento en que se produce cada perjuicio, que en casos como el que se juzga, coincide en determinados ítems, con el del hecho dañoso. El juez al sentenciar no hace más que fijar la cuantía, retrotrayendo los efectos a la fecha de ese hecho. Por lo tanto, corresponde desestimar el agravio y disponer sí, en cambio, que los intereses correspondientes a los gastos que aún no han sido realizados se devenguen desde la fecha de la sentencia de primera instancia (0rgaz, obra citada, pág,155, esta Sala Libre Nro. 185.076 del 12/2/96;libre nro. 186.702 del 4/3/96, íd. libre nro. 189.200 del 27/3/93; libre nro. 193.983 del 5/6/96, entre otros). IV.- Por estas consideraciones, corresponde confirmar la sentencia apelada, en lo principal que decide, modificándosela en lo siguientes aspectos: a) se reduce la suma fijada en concepto de reintegro de gastos futuros a la de dos millones de pesos; b) dicha suma devengará intereses desde el 18 de marzo de 1999. Las costas, en esta instancia se imponen a la parte demandada que resulta vencida (art.68, Cód. Procesal), especialmente en cuanto al tema de la responsabilidad, y a la índole resarcitoria de la pretensión.- Los Señores Jueces de Cámara Doctores Roberto Ernesto Greco y Carlos Alfredo Bellucci votaron en el mismo sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por el Dr. Montes de Oca. Con lo que terminó el acto.- //nos Aires de junio de 2000.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, oído el Sr. Defensor de Menores de Cámara, se confirma la sentencia de fs.1169/1180, en lo principal que decide, modificándosela en los siguientes aspectos: a) se reduce la suma fijada en concepto de reintegro de gastos futuros a la de PESOS DOS MILLONES($2.000.000) ; b) dicha suma devengará intereses desde el 18 de marzo de 1999. Las costas, en esta instancia, se imponen a la parte demandada. De conformidad con lo establecido en numerosos casos a requerimiento del Ministerio Pupilar, las sumas correspondientes a Esteban Torterolo deberán ser invertidas en una cuenta especial a su nombre para que puedan ser retiradas por su representante legal, con la asistencia de dicho ministerio, a medida que las medidas asistenciales lo requieran. Devueltas que sean las actuaciones a primera instancia deberán instrumentarse los medios necesarios a los efectos de que se integre la tasa de justicia, recordándose de la responsabilidad personal que establecen los arts. 10 y 14 y concordantes de la ley 23.898 . En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, se adecuan los honorarios al nuevo pronunciamiento, en consecuencia, atento el monto del proceso, que surge de la sentencia de fs. 1169/1180, con las modificaciones que anteceden, la calidad, eficacia y extensión de la labor desarrollada y lo dispuesto por los artículos 1, 10, 12 inc.f), 13 y concs de la ley 24.432, se fija la retribución de las Dras. Marta J. Bassi y Beatriz T. Bonora, letradas apoderadas, de la parte actora, en conjunto, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000); de la Dra. Andrea Cecilia Gimenez, letrada apoderada de la parte demandada y de la citada en garantía, en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($190.000); de los peritos: psicóloga Rosario León, en la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000); médica Dra. Dora Kravetz, en la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000), e ingeniero Mario Jorge de Souza, en la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000); y de los consultores técnicos: ingeniero Juan Carlos Iervasi, en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000); ingeniero Jorge Domingo Soriano, en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000); médico Dr. Leonardo Tsaac Birman, en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000); y médico Dr. Jaime I. Rosenberg, en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000). Por la tarea realizada en la alzada se fija el emolumento de las Dras. Bonora y Bassi, en conjunto, en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), y de los Dres. Gimenez y Eduardo A. Zannoni, en la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000) (art. 14 de la ley 21.839). Se fija el plazo de diez días corridos para el pago de los honorarios. Notifíquese y devuélvase.-LEOPOLDO MONTES DE OCA-ROBERTO ERNESTO GRECO-CARLOS