marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Plan de parentalidad, interés superior del niño, responsabilidad parental
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: F. M. J. c/ M. M. M. A.  s/ plan de parentalidad (legajo de apelación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

En materia de contacto de los niños, cuando se produce la ruptura de la convivencia, el art. 655 CCC estimula a elaborar un "plan de parentalidad" para decidir cómo organizar no solo el tiempo que cada uno de ellos permanece con sus hijos, sino las responsabilidades que cada uno asume respecto de las actividades que realizan. Si no logran arribar a un acuerdo maduro y deciden canalizar el conflicto judicialmente, el juez adoptará la decisión teniendo en cuenta prioritariamente la conveniencia del niño (art. 656 CCC). No obstante, en virtud del principio de coparentalidad mencionado, salvo que razones prácticas lo desaconsejen (distancia con la escuela y las actividades del domicilio, imposibilidad horaria por su trabajo de acompañar al niño/a en sus proyectos, etc.) siempre que el padre quiera y pueda destinar su tiempo al cuidado cotidiano de sus hijos, en igual medida que la madre, debe otorgársele el mismo derecho que al otro progenitor (art. 16 CN y art. 651 CCC). Lo contrario no solo viola el derecho a la igualdad (art. 402 CCN) sino que replica un modelo patriarcal de distribución de tareas que pone a la mujer en el rol de "cuidadora", que replica discriminaciones que han marcado históricamente a nuestra sociedad y que el actual modelo de derechos humanos y democratización de las estructuras familiares intenta superar. La perspectiva de género en el caso implica compatibilizar los derechos y deberes de ambos progenitores, siempre teniendo en miras el interés superior de los hijos.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Collini, Carlos Alberto s/ Incidente de libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

En el caso, la decisión de la Cámara que, revocando la de primera instancia, fundada en la conducta del recluso deniega su libertad condicional, no reviste carácter de definitiva en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, empleo público, personal suplente, concurso de cargos, nulidad del acto administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: BECERRA,   CARLOS  ALEJANDRO c/ ESTADO  NACIONAL  ADMNISTRACIONFEDERAL      DE      INGRESOS      PUBLICOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-31

Resulta nula la Disposición Nro. 303/2002 que dispuso dar por finalizadas las funciones del actor como Jefe de Sección de Verificaciones de la Agencia Nro. 64. Ello asi pues, luego de un interinato de seis meses, plazo máximo previsto para los interinatos en cargos vacantes según el art. 14 del Laudo 15/91, no fue cubierto el cargo y luego de haberse desempeñado el actor, durante más de tres años, se lo separó del interinato que venía cumpliendo. Siendo el art. 14 del Laudo 15/91 el marco regulatorio de las relaciones entre la Dirección General Impositiva y sus empleados, debe ser interpretado en el sentido de que luego de decidida la prórroga de un interinato, vencidos los primeros seis meses, el agente "interino" sólo cesará cuando la vacante sea cubierta mediante un concurso. Así, la separación del actor deviene arbitraria y significó, en verdad, que no habiendo motivación suficiente se privó al agente del cargo que venía desempeñando con toda corrección, sin causa disciplinaria al menos agitada por la demandada, tornándose nula en consecuencia la resolución que así lo dispuso.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, juicio de árbitros, honorarios del árbitro, regulación de honorarios, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que reguló los honorarios de funcionarios judiciales que se desempeñaron en un tribunal arbitral, toda vez que se halla en tela de juicio la inteligencia, interpretación y aplicación de normas federales (art.

13 de la ley 11.672 y decreto 6080/69), y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquéllas.
Validez del acto administrativo, nulidad del acto administrativo, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MATAZMALA JORGE ROLANDO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-02-17

El principio general que rige la materia, es que el acto administrativo goza de la presunción de legitimidad (Art. 12 de la ley 1260). Los actos administrativos son, por principio, revisables por razones de ilegitimidad o de oportunidad, mérito o conveniencia, de lo cual depende su validez. La validez del acto depende del cumplimiento de ciertos requisitos esenciales que se concretan en los 'elementos' que deben concurrir simultáneamente para la plena validez y eficacia del acto.

Pero la 'legalidad' -concepto amplio- comprende tanto a la legitimidad como al mérito. No obstante que en el artículo 12 de la ley 1260 se reconoce la facultad de la administración de suspender un acto administrativo, aún de oficio, cuando se compruebe fundadamente la existencia de una nulidad absoluta. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados.

La Administración debe recurrir al Poder Judicial para anular los actos administrativos que afectan intereses de terceros mediante la acción de lesividad. En el caso, la demandada no utilizó el procedimiento judicial para anular un acto que se estimaba ilegítimo y al no hacerlo torna ilegítimo el acto de revocación, por lo que procede la acción intentada por el actor, aunque éste se beneficie con un acto que pudiera ser reprochable y de dudosa legitimidad.

Por lo que corresponde hacer lugar a la demanda contencioso administrativa incoada, declarando en consecuencia la nulidad de los Decretos, en lo que se refiere a los actores.-
Reconocimiento de firma, sociedades comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Espinosa Rodolfo Isidro c/ Precursor S.A. s/ Prepara vía Ejecutiva (LIBRO: S001 - 263)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-24

La persona que se presenta representando a la sociedad requerida se limita exclusivamente a declarar si la firma atribuida a la sociedad pertenece a alguno de los sujetos que por la ley o por el estatuto obligan a la sociedad. No está obligado a pronunciarse sobre la existencia de la deuda y sus características.-
Ejecución de sentencia, laudo arbitral, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Astillero Río Santiago y ot.) s/ Ejecución de sentencia. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Las atribuciones de los tribunales de apelación se encuentran doblemente acotadas. De un lado, por la estructura de la relación procesal -básicamente, explicitada por el contenido de las pretensiones deducidas en la demanda y su contestación- y, del otro, por los agravios desplegados en los recursos que deben resolver. (En el caso, se interpretó, en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Cámara extralimitó su jurisdicción al abordar y decidir sobre el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero, capítulo no apelado por el apoderado de la Fiscalía de Estado, quien únicamente había reprochado la forma de imposición de las costas decidida por la señora jueza de grado).
Leyes, interpretación de la ley, exenciones impositivas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ BOLDURINI, MABEL DEL VALLE Y OTRA s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-02

La disposición del art. 83 de la ley 6.338 revela la intención del legislador de liberar al Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero de toda obligación fiscal. Debe aplicarse esta norma, en lo que respecta a la exención impositiva, y no el código fiscal provincial, por tratarse ambas de normas provinciales comunes de igual jerarquía, resultando aplicable al caso la ley 6.338 por ser norma particular, que regula específicamente la actividad de que se trata. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servicio militar, excepción al servicio militar, gestión dolosa de excepción
Materia: PENAL
Carátula: FISCAL. c/ BAHO, GUILLERMO HUGO Y OTRO. s/ GESTION DOLOSA DE EXCEPCION AL SERVICIO MILITAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-10

El delito de gestión dolosa de excepción al servicio militar se refiere únicamente a las gestiones realizadas ante la autoridad militar con el objeto de inducirla a engaño sobre la legitimidad de la excepción que se tramita, y no se adecúan al tipo penal en examen las acciones que se reducen a procurar la inscripción fraudulenta de las correspondientes certificaciones que simulaban el otorgamiento de excepciones inexistentes.
Jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad, porcentaje inferior al mínimo, facultades del juez, competencia previsional, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: BOZZOLO, LUIS VICTOR c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Si la jubilación por invalidez fue denegada en sede administrativa en razón de no reunir quien la peticiona el porcentaje de invalidez que la ley exige a tal efecto, sin entrar a considerar los restantes requisitos necesarios para la obtención de ese beneficio, debe entenderse que el a quo, al ordenar al organismo previsional la concesión del beneficio, ha ido más allá de la competencia que le ha sido asignada por ley. En tal sentido, cumple destacar que el art.

15 de la ley 24.463, establece que los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social serán competentes respecto a las impugnaciones de las resoluciones de la A.N.Se.S. y, por consiguiente, les está vedado entrar a considerar aspectos no tratados en ellas. (Disidencia del Dr. Laclau)
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, contrato de trabajo, contratación sucesiva, responsabilidad del empleador, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, Carlos Gustavo c/ ATLANTIDA COCHRANE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Toda vez que la ley 24.028 posee un dispositivo protectorio que tiende a tutelar con plenitud a la víctima del accidente, en cuanto a la responsabilidad en la contratación sucesiva, la solidaridad que prescribe la ley mencionada no exige la demanda conjunta de todos los codeudores solidarios.
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, contrato de transferencia de tecnología, prórroga del plazo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "SODEXHO  PASS  SA c/ EN-  INPI- RESOL P24/08- DISP 3/07 Y 193/06 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, en donde se admitió la demanda de la firma Sodexho Pass y, en consecuencia, reconoció su derecho a que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial emita un nuevo certificado de registro de encuadramiento fiscal por el período 1° de septiembre de 2004 hasta el 31 de agosto de 2008. La sentencia, al indicar que se trata de un contrato por tiempo indeterminado, no pretendió enervar los efectos de la Cláusula XI del Contrato de Transferencia de Tecnología, sino poner de relieve que el vínculo jurídico entre las partes no se agota con el tiempo, renovándose anualmente salvo expresa decisión de una de ellas y en los términos de la condición fijada en la cláusula. En consecuencia, si de lo que se trata es de una prórroga del contrato -aún con la calificación de "reconducción tácita"- el INPI no puede desconocer y por tanto negar la emisión del certificado solicitado por la actora pues el contrato registrado originalmente no ha sufrido mutación esencial alguna. No se trata de un nuevo acuerdo entre partes, sino de una prórroga de un contrato que se encontraba inscripto y gozando del beneficio impositivo respectivo.
Certificado de trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Barrionuevo, José N. c/ Vacaroni, Pedro M. o Inés Alvarez de Vacaroni s/ Haberes adeud., indem. por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-26

La entrega del certificado de trabajo es uno de los deberes impuestos por la ley al empleador y por su naturaleza no le es aplicable la prescripción del art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo para los créditos provenientes de la relación de trabajo; en efecto, el A-quo en su resolución, admitiendo la prescripción, omite toda consideración respecto del meritado certificado; en consecuencia, no puede considerarse operada la prescripción en el caso presente ya que por tratarse de una obligación de hacer, el plazo prescriptivo del rubro es de diez años. Se dispone en definitiva, que la demandada haga entrega del certificado al actor en el plazo de 10 días de quedar firme la presente.
Recurso extraordinario federal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: CASTIGLIONE VIRGILIO J. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL C/CIA.  -ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. S/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-03-17

Las cuestiones federales deben plantearse en la primera ocasión que otorga el procedimiento, a fin de que los jueces de la causa puedan tratarlas y resolverlas, pues se requiere el mantenimiento del planteo ante las distintas instancias y su debida sustentación ante ellas, supuesto que a criterio de este tribunal no acontece en la causa, ya que de la lectura del escrito postulatorio no surge articulación de cuestión constitucional alguna, sino la exteriorización de discrepancias de la defensora en relación a distintos aspectos de autos, por lo que corresponde rechazar el recurso extraordinario.
Daño moral, traba de la litis, sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LAGOS, JULIO C. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (IDEVI) s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-07

Si el actor ha expresado su petición en términos claros y precisos, limitando su reclamo por daño moral al 20 por ciento del monto reclamado, la exposición de una aspiración mayor en oportunidad de alegar resulta tardía y ajena a la traba originaria de la litis, no resultando aceptable que en esa oportunidad procesal el accionante pretenda beneficiarse de la evaluación que efectúa del litigio una vez transcurrido éste. En honor a la estrictez del principio de congruencia, tampoco resultan enervantes de éste las manifestaciones plasmadas por el actor al responder el recurso y según las cuales "mencionó un porcentaje al sólo efecto de brindar una referencia", toda vez que la condicionalidad-ahora pretendida-no se desprende de los términos del libelo postulatorio, y que el accionante no acudió ni tan siquiera a la conocida fórmula de reserva "... o lo que en más o en menos resulte de la prueba".
Acta de matrimonio, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FORMOSO DE CASTAÑE, ISABEL ANTONIA s/ ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA- UNIONES MATRIMONIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

Si se admitiese que el órgano administrativo pudiera juzgar libremente la concurrencia de los extremos de validez intrínseca de un acta matrimonial, se sometería a su competencia la fiscalización de las relaciones jurídicas privadas de los particulares y se cercenarían facultades que son propias del Poder Judicial. Por otra parte, se daría lugar a la incertidumbre jurídica al negar, en determinadas esferas de la Administración, valor a lo que en otras se acepta, tal como ha sucedido con la partida matrimonial de autos, negada por la demandada, pero aceptada por el Registro Civil de la localidad de Andino (Pcia. de Santa Fe).
Peculado, sobreseimiento, nulidad procesal, cosa juzgada írrita, delitos contra la humanidad, AMIA
Materia: PENAL
Carátula: Galeano, Juan José s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

El recurso de casación intentado por la defensa de un ex juez contra la sentencia que declaró la nulidad, por cosa juzgada írrita, del sobreseimiento que había sido dictado en su favor y decretó, en consecuencia, su procesamiento en orden al delito de peculado, debe ser rechazado, habida cuenta que el principio de cosa juzgada ha cedido frente a violaciones de derechos humanos especialmente aberrantes que merezcan ser calificados como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no corresponde cancelar anticipadamente el avance del caso en razón de que la conducta que se le reprocha al encausado se encontraría vinculada a un hecho de suma gravedad, que podría tener incidencia en el ámbito de responsabilidad del Estado.
Suspensión del juicio a prueba, abuso sexual calificado por acceso carnal, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: PENAL
Carátula: R., A. R. s/ Abuso sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la victima - LAVALLE (T.O.P. 8464)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-05-08

La denegatoria de la suspensión del juicio a prueba permite la efectiva dilucidación y persecución de los hechos de la causa presuntamente perpetrados en contra de una menor de edad, y asegura que al supuesto perjuicio padecido por ellas como consecuencia del delito no se sume otro derivado de la tramitación del proceso o del sistema procesal.
Liquidación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco del Chaco c/ Rodolfo V. Olivera y otro s/ Actualización Planilla. Banco del Chaco c/ Rodolfo V. Olivera y otro s/ Actualización Planilla.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-08-25|1988-08-25

Resulta necesario el ejercicio por el Juez, como director del proceso, de las facultades ordenatorias por los arts. 34 inc.5) y 36 inc.1) del Código Procesal Civil y Comercial a fin de evitar que la actividad de las partes desarticule la marcha normal del expediente fuera del cauce legal, generando situaciones inútiles que afectan la celeridad y economía procesal y una actividad jurisdiccional digna de mejor destino. Ello se impone a la promoción del incidente de actualización de una planilla practicada por la actora en forma extemporánea -por prematura- mediante la cual sólo se ha pretendido eludir el anatocismo prohibido por el art. 623 del Código Civil (y no facilitar o generar algún derecho del acreedor emergente de dicho acto)
Competencia ordinaria, competencia por la materia, cheque
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Resamab S.A. s/ art. 64. - ley 24.452.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Es competente la justicia local si la relación jurídica que liga a las partes se encuentra básicamente regida por una norma de derecho común - la ley 24.452 - dictada por el Congreso Nacional en uso de las facultades que le confiere el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional.
Administración Pública, policía, personal policial, retiro obligatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Leónidas Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 349-93) Bargetto, Sergio Oscar c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 373-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24|1999-02-24

No se encuentra acreditado el vicio de exceso de poder en un acto administrativo si analizadas detalladamente las actuaciones administrativas no surgen indicios suficientes de que la Administración, al rechazar la solicitud de pase a retiro obligatorio de un agente policial, haya ejercido sus potestades para satisfacer un fin distinto al que la justifica, ni el mismo correspondiera al ánimo de perjudicar al agente.
Impulso procesal, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CATRIEL c/ CIUDAD DE CATRIEL SRL s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-24

Para que los actos procesales hubieran movilizado el proceso era menester, que los mismos poseyeran la fuerza motriz que active el proceso hacia el final, que innovaran respecto a lo ya actuado, en el sentido de que a partir de él, el proceso queda en situación distinta, naciendo desde ese momento deberes o cargas directamente conectadas a la sustancia del objeto litigioso, cuyo ejercicio no estaba aún agotado.
Acta de infracción, tránsito automotor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Línea de Microómnibus 47 SATCFI s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-18

Atribuir a un cuerpo especial la facultad de labrar actas de infracción no implica que el Poder Ejecutivo local haya legislado mediante el Decreto 2124/04 en materia de policía, sino que se ha puesto en ejecución un medio accesorio para promover la acción pública en materia de faltas de tránsito, concretamente, cumplir con lo dispuesto por el órgano constitucionalmente competente para legislar en esas cuestiones. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de los Sres. Jueces José O. Casás y Luis F. Lozano).
Daño moral, restaurantes
Materia: CIVIL
Carátula: Silva, Fernando Gabriel y ot. c/ Richardi, Sergio Néstor y ots. s/ dyp
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-05

Cabe condenar a la empresa encargada del servicio de comidas para la cena de casamiento de los actores, por el daño moral derivado del cambio del menú pactado, el cual consistía en una cena con primer y segundo plato, y en su lugar se sirvió un lunch, pues la importancia del evento y del defecto exime de mayores pruebas del daño causado, por lo que el mal momento vivido por los novios el día de su boda merece ser resarcido.
Responsabilidad por omisión, traslado de detenidos, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Pintos, Walter Ariel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

La responsabilidad del conductor de la camioneta responsabilidad se refleja en su omisión de intervenir frente a lo sucedido, obrando conjuntamente con los demás coimputados, ya que no pudo resultarle ajeno el accionar de sus compañeros y el estado en el que se encontraban las víctimas, sin embargo, no corresponde imponer una pena superior a la solicitada por el representante de la sociedad afecta al modelo de procedimiento contemplado en la CN, pues ello implicaría una violación a la garantía de defensa en juicio, que no sólo resguarda la congruencia de un pronunciamiento jurisdiccional con la base fáctica que ha sido objeto de imputación, sino también, respecto al monto punitivo solicitado por el acusador demarcado en virtud de aquélla.