Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-03


".....La decisión contra la que se dirige la impugnación no integra el elenco de aquellas que enumera el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación entre las susceptibles de ser conmovidas por el citado medio impugnativo, que sólo lo admite respecto de las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (conforme al principio sentado en el artículo 432 del citado ordenamiento).

Sin embargo, a los efectos recursivos debe equiparse a sentencia definitiva.

Ello en la medida en que ha importado la restricción de la libertad del imputado y a la luz de la invocación en el caso de una cuestión federal que habilita el conocimiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Alvarez, C. A. y otro s. Injurias" del 30 de abril de 1996, donde ante la concurrencia de un gravamen de imposible reparación ulterior indicó la procedencia de la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal en su carácter de órgano judicial "intermedio" al cual no le está vedada por obstáculos formales la posibilidad de conocer por vía de los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión en materias análogas a las allí planteadas (conf. J.A., 1996-IV, p. 470).

Ello en concordancia, además, con la jurisprudencia del Alto Tribunal que ha señalado de manera uniforme que el auto que implica la prisión preventiva o la denegatoria de la excarcelación del imputado no constituye, en principio, sentencia definitiva, salvo que se alegue la inconstitucionalidad de normas impeditivas de la libertad (conf. Fallos t. 302, p. 865; t. 304, p. 1052 y 1794; t. 306, p. 262, 1778 y 2090; t. 307, p. 549, 1132 y 2348, entre otros pronunciamientos).

Tal es precisamente lo que acontece en el presente caso, en que el recurrente funda su agravio en la inconstitucionalidad de las disposiciones que impiden la excarcelación ante la imputación de delitos como aquél que se le atribuye, en particular por la contradicción que invoca entre lo normado entre los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación y lo establecido en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de rango constitucional en virtud de la previsión del artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.

Consideramos que lo antes indicado satisface los requisitos de fundamentación del recurso, sin perjuicio del nomen que se le asignara, en la medida en que la materia a resolver halla el adecuado cauce en el denominado Recurso de inconstitucionalidad, regulado por el Código Procesal Penal de la Nación, salvo en lo que hace a su objeto, mediante la nuda remisión a las normas procesales relativas al recurso de casación.

Por lo tanto, entendemos que tal prurito no debe obstar a la admisibilidad del recurso de que se trata, pues de lo contrario se caería en un excesivo rigorismo formal lesivo innecesariamente de la garantía de la libertad personal que se halla en juego.

Respecto de la impugnabilidad subjetiva, del análisis de la presentación se advierte que fue formulada por quien se halla facultado para hacerlo de acuerdo con lo que dispone el artículo 432 del Código Procesal Penal de la Nación.

Existe de su parte, además, interés en recurrir.

En relación con los recaudos formales, se desprende del escrito con firma de letrado la clara expresión de la voluntad de impugnar, a lo que debe adunarse la tempestividad y adecuación del lugar de su interposición.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo normado por los artículos 444, 464, 474, 475, citados y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal RESUELVE:......."