Denegatoria del recurso, costas, solicitud de excarcelación, salud del imputado, condiciones de detención, derechos y garantías constitucionales, ejecución de la pena, sistema acusatorio, readaptación del condenado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ledo, Cristian Guillermo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-20

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Ledo, con costas -contra la decisión que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 segundo párrafo del C.P. y el pedido de excarcelación- y encomendar al tribunal a quo que disponga lo pertinente para que en la unidad carcelaria se arbitren los medios necesarios para a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene. El art. 14, según ley 27.375 supera el control de constitucionalidad y convencionalidad ya que no se observa una contradicción con principios de superior jerarquía; y no corresponde a esta judicatura cuestionar el mérito o conveniencia de decisiones que resultan propias del Poder Legislativo y ajenas a este ámbito en la medida que no se vulneran garantías constitucionales. La ley 27.375 ha establecido un sistema de ejecución de la pena privativa de la libertad diferenciado, el llamado "régimen preparatorio para la liberación" (art. 56 quater de la ley 24.660). La opinión favorable del Fiscal de la instancia anterior, aún desde la perspectiva de las reglas propias del sistema acusatorio, no puede ser determinante, cuando de lo que se trata es de analizar la constitucionalidad y legalidad normativa y, sus argumentos no encuentran fundamento definitorio sobre el tema. Esto es así, pues la función esencial de la jurisdicción es preservar la vigencia de la Constitución, el Derecho y las leyes, ingresando esa perspectiva en un ámbito donde la opinión del acusador público no se impone per se frente a la competencia que nuestra propia carta constitucional ha otorgado a la magistratura judicial. El Fiscal General ante la Casación, en cambio consideró constitucional a la norma. Con relación al fin de reinserción social de las penas y la progresividad como medio a través del cual se alcanza ese fin, no se advierte que el instituto impida su conquista. La norma taxativamente dispone que se accederá a él "previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social", lo que evidencia que el fin de readaptación social es asumido. Tampoco implica desligarse de la conducta del imputado durante la ejecución de la pena, pues en su misma sistemática establece "siempre que el condenado hubiera observado con regularidad los reglamentos carcelarios y, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social". Con respecto al principio de igualdad, vale recordar que son procedentes tratos disímiles en situaciones que resultan distintas. Se observa que el criterio utilizado por el legislador para establecer diferentes regímenes penitenciarios ha sido el delito por el que la persona resulta condenada, lo cual no luce arbitrario o indebido. Por otra parte, en relación con la fecha de comisión del delito a fin de establecer la ley operativa para resolver el pedido de libertad condicional, el magistrado razonablemente destacó que Ledo fue acusado por el suceso acaecido el 6/12/2017, es decir con posterioridad a la sanción de la ley 27.375. Resulta indudable que los comportamientos preparatorios y demás conductas que pudieron haberse observado antes de esa fecha solamente contribuyen en el caso a otorgarle mayor entidad probatoria al sustrato de atribución. Empero, de ningún modo puede sostenerse que corresponde computarlos como el hecho mismo objeto de imputación. Por tanto, no pueden ser atendidos a los efectos de establecer la ley operativa para resolver el pedido.