Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-06-01


Córdoba, Junio 1 de 2005.

1º ¿Es procedente el conflicto municipal traído a decisión de este Tribunal? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión.- Los doctores Rubio, Cafure de Battistelli, Sesin, Tarditti, Andruet (h.), Blanc G. de Arabel y Sánchez Gavier dijeron:

A fs. 7/9 comparecen Ester Freire, Gastón Iglesias y Ramón Pérez, en el carácter de Presidente y Vocales respectivamente, del Honorable Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Los Cocos, denunciando la existencia de un conflicto interno municipal entre el órgano que integran y el Departamento Ejecutivo y el H. Concejo Deliberante de la referida localidad, que ha derivado en el irregular funcionamiento de las instituciones comunales, a cuyo fin relatan los hechos, los que en forma sucinta se reseñan a continuación.

Expresan que desde que asumieron sus funciones en el órgano de control, han tenido serias dificultades con el Departamento Ejecutivo y el H. Concejo Deliberante para que se cumpla la normativa que reglamenta el ejercicio de sus funciones de control de los actos de gobierno que comprometen fondos del pueblo.

En este sentido, destacan en primer lugar que, al momento de asumir, el Departamento Ejecutivo lo hizo sin realizar la correspondiente acta de traspaso de mando y si la hizo, jamás les llegó copia de la misma, la cual le hubiera permitido conocer el estado real de las finanzas municipales al trece de diciembre de dos mil tres, fecha en que asumió el Señor Javier Reyes como Intendente Municipal.

Acusan que el Ejecutivo no les remitió documentación alguna para que puedan cumplir las funciones que son de su competencia, como el visado previo, control de imputaciones, circunstancia que quedó asentada en innumerables actas; solicitaron, además, los libros de bancos de todos los períodos por los que se entregó documentación a efectos de su control, pero nunca pudieron contar con los mismos; también denuncian que existen órdenes de pago sin firmar por el o los beneficiarios, sin poder determinar quién cobró esos fondos; a modo de ejemplo, señalan que existe una orden de pago de gastos de la central de teléfonos abonados con cheques de la cuenta de rentas generales, cuando la misma debe solventarse con la cuenta 55/00 del Banco de la Provincia de Córdoba, que es la que corresponde a los fondos -tanto por ingresos como por egresos- de la referida central de teléfonos.

Insisten en que la entrega de la documentación siempre se hizo fuera de término e incompleta, de manera que nunca el Tribunal de Cuentas pudo hacer un verdadero control del gasto público. Enrostran al Departamento Ejecutivo haber llevado a cabo acciones ilícitas como la de hacer "aparecer y desaparecer" documentación de la sede del H. Tribunal de Cuentas, hechos por los cuales solicitaron la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

Añaden que han agotado las vías administrativas que prevé la Ley Orgánica Municipal para obtener del Intendente Municipal las explicaciones pertinentes del accionar del Ejecutivo, apuntando a dotar de claridad a la gestión municipal; sin embargo, las gestiones realizadas resultaron infructuosas. Al respecto, señalan que oportunamente presentaron una solicitud ante el H. Concejo Deliberante para la realización de una auditoría externa a fin de conocer el verdadero estado de las cuentas públicas, petición que fue denegada por el órgano legislativo municipal, aduciendo que no existen razones suficientes para ello.

Finalizan diciendo que concurren sobrados motivos para pensar que existió y existe un "desmanejo" de la Administración Municipal, apreciación que proviene de ciertos hechos irregulares, entre los cuales mencionan los siguientes: a) Se encuentran sin aprobar los balances presentados fuera de término y que corresponden a los años mil novecientos noventa y ocho a dos mil dos y el correspondiente al año dos mil tres aún no ha sido presentado; b) No existe acta de traspaso de mando de autoridades al catorce de diciembre, por lo que el actual Intendente recibió la administración "sin beneficio de inventario"; c) No se ha cumplimentado el art. 38 de la ley 8102 durante el año dos mil cuatro; d) Se han trabado embargos sobre bienes del pueblo, sobre cuentas de banco, por lo que -de ser necesario- deberán oportunamente arbitrarse los medios para reparar el daño producido a la Municipalidad.

En definitiva, solicitan se condene al H. Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo a cumplir con las normas que reglamentan las funciones a cargo de los presentantes como integrantes del órgano de control.

Ofrecen prueba.

I.b. Admitida la presentación e impreso el trámite previsto por el art. 128 de la ley 8102, conforme proveído obrante a fs. 102, comparece Ana María Esteras, en su carácter de Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Los Cocos, a los fines de evacuar la vista que le fuera corrida, solicitando el rechazo del planteamiento de conflicto de poderes planteado respecto del Organo Legislativo municipal, con costas en forma personal a los actores (cfr. escrito glosado a fs. 112/115).

Expresa que de la lectura de la demanda surge que si bien el Tribunal de Cuentas dirige su acción simultáneamente contra el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, las conductas que se reprochan tienen por objeto el ámbito de competencia orgánico-funcional del Departamento Ejecutivo, no del Concejo Deliberante. Ello así, por cuanto se acusa la supuesta violación del art. 84 inc. 2º de la ley 8102, problemática que se circunscribe a la esfera de actividades que corresponden al Ejecutivo, por lo que es a este órgano a quien compete responder tales acusaciones.

Con motivo de la denuncia formulada en contra del Concejo Deliberante en el sentido de que este órgano actúa "en complicidad" con la conducta supuestamente autoritaria y antirrepublicana del Departamento Ejecutivo, avalando todos sus actos, la representante del cuerpo legislativo niega haber participado en ningún hecho criminal o prestado colaboración a ningún órgano o persona alguna en la comisión de tal tipo de hechos, resultando una genérica y vaga imputación, carente de todo asidero.

Esgrime que el verdadero motivo que lleva al Tribunal de Cuentas a deducir una demanda por un inexistente conflicto interno municipal no es pedir que se respete el ámbito de sus atribuciones y deberes, sino que se legitime su accionar de naturaleza política y de oposición y hostigamiento a las líneas de gobierno, de competencia exclusiva y excluyente de los órganos políticos del municipio.

Advierte que el H. Concejo Deliberante intentó zanjar la problemática suscitada entre el Departamento Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, actitud ésta que se desprende de la propia prueba aportada por la accionante. Así, por resolución 12/2004 el H. Concejo Deliberante resolvió asignar un ámbito dentro del edificio municipal, para uso exclusivo del Tribunal de Cuentas, tendiente a facilitar a éste el cumplimiento de sus tareas propias.

Sobre la base de lo dispuesto en el art. 109 de la ley 8226, solicita que las costas sean impuestas en forma personal a los miembros del Tribunal de Cuentas.

I.c. Por su parte, el Intendente Municipal comparece y contesta la vista en los términos que da cuenta el escrito obrante a fs. 158/177 vta., requiriendo también el rechazo del planteo del Tribunal de Cuentas, con costas a los integrantes del mismo, conforme lo autoriza el art. 109 de la ley 8226.

Pone de resalto que el planteo resulta sumamente vago e impreciso, características que impiden u obstaculizan un adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio, en tanto las acusaciones e imputaciones que formulan los miembros del órgano de control son demasiado genéricas, no sólo en la descripción de los hechos que constituyen la base de las acusaciones, sino también en la subsunción normativa de los mismos. Es decir, no se especifican los hechos que le son imputados, ni las normas que tales hechos supuestamente habrían violentado, irregularidades que, en el caso, adquieren particular gravedad si se tiene en cuenta que en el marco de estos procedimientos (art. 128, ley 8102) no resulta procedente plantear una excepción de libelo oscuro que le permita salvaguardar la ostensible violación al derecho de defensa en juicio.

A modo de ejemplo, refiere que los accionantes no especifican cuál es la documentación que según el Tribunal de Cuentas fue entregada fuera de término, como tampoco cuál es la documentación faltante de la que devendría la "incompletitud" alegada. Además, no se explicita cuáles son los "embargos sobre bienes del pueblo", ni las "órdenes de pago sin firmar por el o los beneficiarios".

La vía elegida resulta inconducente para el tratamiento del cúmulo de situaciones que son referidas en la demanda, más aún cuando a fs. 90/92 existen imputaciones hacia la honorabilidad de su persona y de otros miembros de los órganos de gobierno y de la comunidad de Los Cocos, que exceden el marco del conflicto municipal.

Resalta que las graves acusaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas se sustentan en un profundo desconocimiento e ignorancia de las atribuciones que le corresponden como Cuerpo. En ese sentido, postula que en la intelección de los demandantes la única tarea de control del Tribunal de Cuentas, respecto de las erogaciones municipales realizadas por el Departamento Ejecutivo, sería la prevista en el inc. 1º del art. 84 de la ley 8102, es decir la tarea de "visar, previo a su cumplimiento, todos los actos administrativos del Departamento Ejecutivo que comprometan gastos". Pero, agrega, desconocen los reclamantes que dentro de sus funciones de control también se encuentran las referidas en los incs. 2º, 3º y 4º del art. 84 de la Ley Orgánica Municipal, funciones que tienen un tiempo de realización "posterior" al pago y no "anterior" al mismo.

Al no efectuar tal distinción, incurren en el error de creer que todas las órdenes de pago son presentadas "siempre fuera de término".

Enfatiza que el inc. 2º se refiere en dos ocasiones a "actos administrativos" que comprometan gastos, con lo cual no deja dudas respecto de cuáles actos recae la tarea de "visación previa" del Tribunal de Cuentas. De allí, se concluye que la ley 8102 sustrae de esa visación previa a todas las demás operaciones técnicas o materiales cumplidas en ejercicio de la función administrativa del Ejecutivo, las cuales se encuentran atrapadas por los incs. 3º y 4º de la norma referida, supuestos en los que la actividad del Tribunal de Cuentas es "ex post", es decir una vez que se han perfeccionado los hechos administrativos practicados por el Ejecutivo, lo cual se corrobora cuando el inc. 4º confiere la posibilidad de "hacer observaciones en las órdenes de pago ya cumplimentadas".

Hace hincapié, luego, en que la ley 8102 reclama dos exigencias para la visación previa: que se trate de "un acto administrativo del Departamento Ejecutivo" y que el mismo "comprometa gastos". Pero advierte que aún cuando el Tribunal de Cuentas vise el acto, previo a su cumplimiento, con observaciones, la norma establece el procedimiento a seguir como condición de validez del acto administrativo, a fin de que aún así, el acto se perfeccione. De ello resulta que la expresión de voluntad del Tribunal de Cuentas no integra el acto administrativo, por lo que la visación se requiere a los fines procedimentales, no sustanciales.

Postula que el acto administrativo debe comprometer gastos que hagan a la finalidad, naturaleza y envergadura del acto de que se trata, por lo que las erogaciones de rutina, propias de la gestión, comprendidas dentro de los hechos administrativos u operaciones materiales de la Administración, se rigen por las disposiciones contenidas en los incs. 3º y 4º del art. 84. En el caso de la Municipalidad de Los Cocos, las órdenes de compra emitidas por montos menores a cinco mil pesos, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 36 inc. "a" del Régimen de Contratación y demás normativa de la Ordenanza Nº 599/2004 de Presupuesto Anual 2004, se encuentran exentas del visado previo del inc. 2º del art. 84, siempre que tales gastos puedan atenderse con los créditos disponibles que tengan asignación en las partidas del presupuesto vigente. Siendo ello así, el instrumento de control de todas esas erogaciones es el presupuesto, por vía de los incs. 1º, 3º, 4º y 7º del art. 84 ib.

Las órdenes de compra no constituyen "acto administrativo" propiamente dicho, sino, en todo caso, un hecho ejecutorio de un acto administrativo o de simples ejecuciones del Presupuesto, por lo que tales gastos se encuentran excluidos del procedimiento de "visación previa" establecido en el art. 84 inc. 2º de la ley 8102.

En orden a los conceptos vertidos precedentemente, y con relación concretamente a las órdenes de pago que denuncian los actores como no visadas previamente, expresa, luego de efectuar un análisis de la prueba aportada por los accionantes, que no sólo las mismas se entregaron oportunamente, sino que la observación efectuada carece de fundamento, por cuanto, por definición, las órdenes de pago -reitera- son aprobadas u observadas a posteriori de su cumplimiento.

Al analizar la instrumental glosada a fs. 46, 47, 48 y 50/52, manifiesta que se trata de facturas y órdenes de compra que no configuran actos administrativos que comprometan gastos en los términos del inc. 2º del art. 84 de la ley 8102, advirtiendo que las operaciones sobre las que realiza visados ascienden a sumas insignificantes que pueden resultar atrapadas en los otros incisos de la norma antes referida, pues se trata dice, de meras actividades traducidas en operaciones técnicas en ejercicio de función administrativa de ejecución del presupuesto que pueden calificarse de hechos administrativos y no de actos administrativos en los términos del art. 84 inc. 2º de la ley 8102, por lo que se encuentran fuera del procedimiento de "visación previa".

Añade que no se encuentra dentro de las facultades del Tribunal de Cuentas la de "rechazar" la información que el Departamento Ejecutivo le acerca sobre las órdenes de compra del Municipio, en tanto dicha actitud constituye lisa y llanamente un obrar contrario a derecho, es decir un incumplimiento de los deberes legales por parte de los miembros de aquel Organo. Siendo así, no puede justificarse un rechazo de las órdenes de pago por la supuesta presentación al Tribunal "Fuera de Fecha", más aún cuando la totalidad de las órdenes de pago y de las respectivas facturas se corresponden a actos materiales rutinarios de la gestión municipal de ejecución presupuestaria por montos menores a los cinco mil pesos.

Puntualiza que debe tenerse en cuenta que los reparos a las órdenes de compra no se basaron en que el funcionario no está autorizado para ello, o porque se haya emitido una orden de compra fuera del límite del monto autorizado, o porque la previsión de gasto haya sido imputada o tomada de una partida presupuestaria que no es la pertinente, o porque no exista saldo de partida presupuestaria a la cual imputar la previsión del gasto, o porque las facturas no cumplan con los requisitos legales fiscales formales vigentes. La observación opuesta a la documentación remitida consistió en el hecho de que las órdenes de compra han sido presentadas "fuera de término".

Insiste en que los miembros del Tribunal de Cuentas no han acompañado un solo documento que instrumente un gasto encuadrable en el inc. 2º del art. 84 de la ley 8102 que requería la visación previa, sino de gastos y pagos que son examinados por el Tribunal de Cuentas a posteriori de su cumplimiento, ignorando sus integrantes que la visación anterior es la excepción dentro de la ejecución presupuestaria y no la regla.

Asimismo, en orden a la acusación de que la documentación habría sido enviada "siempre incompleta" por el Departamento Ejecutivo, advierte que sólo hace referencia a ocho actuaciones (7 órdenes de pago y 1 recibo) las cuales nunca merecieron observaciones debido a la falta de acompañamiento de la documentación correspondiente, en razón de que o bien fueron dadas las explicaciones requeridas o bien se le agregaron las documentaciones pertinentes. Sin perjuicio de ello y luego de hacer un pormenorizado análisis de las constancias obrantes en autos, concluye en que la documentación respaldatoria de las órdenes de pago observadas por el Tribunal de Cuentas ha sido remitida en forma prolija y oportuna por el Departamento Ejecutivo. Pero, aún en el supuesto de que los reclamos no hubieran sido atendidos debidamente, aquella cantidad -dice- resulta insignificante si se tiene en cuenta el volumen de la documentación remitida durante un año de gestión municipal, circunstancia que, por tratarse de situaciones menores, de detalle operativo dentro de un municipio, no justifica plantear la existencia de un conflicto interno en los términos del art. 128 de la ley 8102.

En cuanto al reclamo relacionado a la falta de aprobación de los balances correspondientes a los años mil novecientos noventa y ocho a dos mil dos y a la no presentación del año dos mil tres, puntualiza que el compareciente asumió la Intendencia en el mes de diciembre de dos mil tres, por lo que mal se le puede enrostrar haber incurrido en incumplimientos de actos que ocurrieron con anterioridad a su mandato.

Tampoco resulta atendible -esgrime- la acusación referida al incumplimiento del art. 38 de la ley 8102, pues de la propia documentación agregada por la actora a fs. 1 bis, se acredita la existencia en el año dos mil cuatro del Informativo Municipal a que hace referencia la norma citada; por lo demás, añade, no entiende cómo un supuesto incumplimiento a lo establecido por el citado art. 38 sería susceptible de generar por sí un Conflicto Interno municipal.

Respecto del "acta de traspaso de mando", postula que la existencia o no de un "acta de asunción de mando" no se encuentra prevista en ninguna de las disposiciones de la ley 8102, las que sólo se refieren a la legitimidad formal y sustancial de la investidura de los órganos de gobierno municipal. Indica que el art. 136 inc. 4º de la ley orgánica municipal incluye entre las atribuciones y deberes de la Junta Electoral Municipal "la proclamación del o de los candidatos electos municipales". De ello deduce que proclamado el o los candidatos, la Junta Electoral determina la entrega de los certificados o diplomas a los electos, en la fecha que dicha Junta determine. Ello es lo que ha sucedido en la especie, prueba de lo cual lo constituye la documental acompañada a fs.1 "Acta Nº 14 de Proclamación de Autoridades", con la cual los actores fundamentan la calidad y legitimidad que invisten.

Añade que, si no obstante ello, se labrase una acta de asunción, la misma se limitaría a configurar un mero acto protocolar, de carácter político, inoficioso a los fines de la legalidad formal y legitimidad sustancial de la investidura de los actores, ajeno por otra parte, a las funciones de control del Tribunal de Cuentas, en tanto la petición de dicha acta no se encuentra incluida dentro de las atribuciones mencionadas en el art. 84 de la ley 8102. De allí que el requerimiento de una copia del acta en cuestión, revela la falta de idoneidad de quienes lo formulan.

Por otra parte, puntualiza que nada tiene que ver un acta de asunción de autoridades con el estado real de las finanzas en ese momento, pues el estado de la administración general de un municipio no se puede recibir con el "beneficio de inventario", ya que se trata de una figura propia de la sucesión hereditaria en la órbita del derecho privado, inaplicable en el ámbito de la Administración Pública en razón del principio de la continuidad jurídica del Estado.

Respecto de la afirmación de los accionantes en el sentido de que existen órdenes de pago sin firmar por los beneficiarios, sin poder determinar a ciencia cierta quién cobró esos fondos, asevera que la exigencia de suscripción del instrumento mismo de la orden de pago a que hacen referencia los demandantes no encuentra sustento legal alguno, ya que la percepción del pago puede acreditarse mediante el acompañamiento del correspondiente recibo emanado de quien ha percibido el monto.

En orden al cuestionamiento dirigido a la falta de entrega de los Libros de Bancos, sostiene que el art. 19 inc. "a" de la ley 7630 -aplicable en virtud del art. 87 de la ley 8102- establece que los Tribunales de Cuentas no tienen facultades para peticionar los libros de banco, por lo que tal pretensión carece de asidero legal.

Con respecto al planteo referido a la existencia de una orden de pago de gastos de la central de teléfonos abonada con cheques de la cuenta de rentas generales, cuando correspondía que se abonara con la cuenta 55/00, apunta que el sistema instaurado impone la existencia de un asiento contable que marque por separado los ingresos y los egresos correspondientes a la Central Telefónica, pero no determina una administración por separado de la cuenta general del Municipio, por lo que no existe inconveniente legal alguno para que el pago de los egresos propios de la Central Telefónica se realice a través de la Cuenta Nº 51/02.

A ello, agrega que la Orden de Pago Nº 000381 (fs.4) es la consecuencia y ejecución directa de la Ordenanza 607/04 por la cual se ratifica y refrenda el contrato de alquiler y cancelación de deuda con la empresa Telecom Argentina; que por aplicación de la Cláusula Cuarta de dicho convenio, se labra el Acta de Compensación Nº 1/2004 en virtud de la cual el Municipio nada tenía que abonar del monto de la facturación ($113.125,65) en tanto la Comuna tenía un crédito a su favor por una suma superior, por lo que aquel monto se había compensado.

Concluye señalando que los cheques que figuran en la Orden de Pago de fs. 4 jamás fueron recibidos y mucho menos percibidos por Telecom Argentina.

En definitiva, enfatiza, ni de la demanda ni de la instrumental acompañada surge la existencia de un conflicto interno, sino sólo la intención de parte de los integrantes del Tribunal de Cuentas de achacar responsabilidades al Departamento Ejecutivo de manera imprecisa y con generalizaciones exageradas, de las cuales se puede advertir no sólo la carencia de razones de los demandantes, sino además, la ignorancia, la confusión e imprecisión en el conocimiento de las normas que regulan la competencia y actuación del Tribunal de Cuentas.

I.d. Corrida vista al Fiscal General de la Provincia, la representante del Ministerio Público se pronuncia en el sentido de que no corresponde hacer lugar al conflicto interno municipal planteado por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Los Cocos (Dictamen E Nº 119, de fecha 07/03/05 - fs. 197/207).

I.e. Dictado el decreto de autos (fs. 208), firme y consentido el mismo (fs. 209/210 y 212/213), queda la causa en condiciones de ser resuelta.

II.a. Previo al examen de la cuestión sustancial del conflicto interno suscitado en la Municipalidad de Los Cocos, se torna menester verificar si en el caso se configuran los presupuestos necesarios que justifican la intervención de este Tribunal Superior de Justicia en virtud de la competencia conferida por el art. 165 inc. 1º, apartado "c" de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

A tales fines, resulta dirimente precisar que la norma referida atribuye al Máximo Órgano Jurisdiccional de la Provincia la competencia para conocer y resolver en forma originaria, exclusiva y en pleno, de los conflictos internos suscitados entre los órganos que conforman el gobierno de las Municipalidades y/o Comunas. En esencia, se debe establecer si la situación generada en el seno del Municipio de Los Cocos, en torno a una disputa planteada entre los integrantes del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, se enmarca dentro de un supuesto de conflicto que determine el ejercicio de la competencia conferida por la norma constitucional citada.

La doctrina pacífica de este Alto Cuerpo, a través de sus distintas integraciones, ha sostenido que se trata de una jurisdicción restrictiva y taxativamente concedida, la que debe ser ejercida en los límites legales, so riesgo de afectar las atribuciones conferidas a las autoridades de los Municipios, aseguradas constitucionalmente, arts. 180 Const. Prov. y 123 Const. Nacional de 1994, los que gozan de plena autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional (conf. T.S.J. en pleno, Sala Contencioso Administrativa "Balmaceda, Joaquín Antonio...", Sent. Nº 36 del 26/09/96; Coria Fuchs, Rubén Antonio...", Sent. Nº 07 del 14/03/97; Sala Electoral y de Competencia Originaria "Ipérico, Nelson José - Intendente de Bell Ville, Sent. Nº 2 del 14/03/03; Civil y Comercial, A.A. I.I. Nros. 165 del 02/05/86 y 18 del 06/03/89).

II.b. Frente a tal contexto normativo, se torna inexcusable definir los alcances que debe asignarse a un "conflicto interno municipal", el cual se presenta como una de las tres hipótesis previstas en el citado art. 165, inc. 1º apartado "c" de la Constitución Provincial.

En esa tesitura cabe señalar que el mismo se produce cuando se suscitan controversias entre las autoridades que conforman el gobierno municipal, que no pueden resolverse dentro de la esfera interna local, tornando imposible el normal desenvolvimiento del municipio. Igualmente se configura un caso de conflicto cuando un organismo municipal se arroga atribuciones que exceden el marco de su competencia, en detrimento de otro a quien le correspondían originariamente.

En este sentido, la "competencia" es contemplada en su acepción restringida sólo como requisito o elemento de legitimidad del acto estatal; como en su acepción amplia, en tanto abarca la totalidad de dichos componentes, ya que un órgano tiene atribuciones para emitir tal o cual acto en la medida que respete el resto de los requisitos impuestos por el orden jurídico vigente. Es decir que, aún cuando tenga competencia para dictarlo en sentido estricto, si no respeta el procedimiento o forma fijado por la ley, se habría excedido en sus atribuciones, en sentido amplio.

A más de ello y tal como se ha sostenido en anteriores oportunidades, la intervención de este Tribunal Superior sólo es admisible en supuestos absolutamente excepcionales, cuando las disputas o desinteligencias surgidas en el seno del gobierno comunal, no puedan ni deban resolverse dentro del ámbito mismo del Municipio, mediante la utilización de los mecanismos que la propia Ley Orgánica contempla, para evitar precisamente que la injerencia del Poder Judicial en aquellos asuntos que son resorte interno del gobierno de la Comuna, torne ilusorio el principio de independencia que debe guiar la actuación de dichos "centros de poder".

La competencia exclusiva emanada de la normativa de la Constitución Provincial no significa erigirlo en juez de todos los actos, omisiones, incumplimientos, transgresiones, abusos o irregularidades en que puedan incurrir los órganos municipales o algunos de sus integrantes, sino -en aras de la concreción de la autonomía municipal- sólo y exclusivamente en aquellas disputas o situaciones que "intrínsecamente" revistan el carácter de conflicto de una gravedad tal que alteren el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, siempre -reiteramos- que la normalización no sea posible lograr internamente, por las vías legales pertinentes.

Conforme se ha puesto de resalto, sólo ante circunstancias de esta naturaleza se justifica la intervención de este Tribunal, mediante la utilización de esta vía excepcional y extraordinaria, pues tales hipótesis serían subsumibles dentro de las distintas situaciones previstas por la normativa reglamentaria del precepto constitucional (art. 128, L.O.M.).

III. El meduloso análisis de las posiciones sustentadas por los contendientes, permite inferir que la situación generada en el Municipio de Los Cocos se circunscribe a discrepancias surgidas en el seno mismo del gobierno de la referida localidad, es decir entre el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo- desavenencias que según los presentantes afectan seriamente el normal y pleno ejercicio de las funciones de control conferidas por el plexo normativo al órgano que integran, divergencias o desinteligencias que por su índole ameritan que el Máximo Órgano Jurisdiccional se aboque al análisis y resolución del conflicto suscitado, con el fin de procurar el desenvolvimiento armónico de los estamentos de poder y encauzar la vida institucional del municipio.

IV. Sentado lo anterior, el primer aspecto a considerar es el referido al planteo que formulan los integrantes del Honorable Tribunal de Cuentas con relación a la actuación observada por el Departamento Ejecutivo para con dicho Cuerpo, acusando a éste de observar una conducta que dificulta el cumplimiento de la normativa que regula el ejercicio de sus funciones como órgano de control de los actos de gobierno que comprometan fondos públicos, impidiendo de esa manera transparentar el manejo de la cosa pública.

En este sentido, enrostran al Intendente Municipal los siguientes hechos: a. Se encuentran sin aprobar los balances presentados fuera de término y que corresponden a los años 1998 a 2002 y el 2003 no ha sido presentado; b. No existe acta de traspaso de mando de autoridades al catorce de diciembre de 2003, de lo cual se desprende que el actual Intendente Municipal recibió la administración "sin beneficio de inventario"; c. No se cumplimenta el art. 38 de la ley 8102. d. Se han trabado embargos sobre bienes del pueblo, sobre las cuentas del banco, por lo que, entienden, deberán oportunamente arbitrarse los medios necesarios para reparar el daño producido a la Municipalidad, incurriendo el Intendente Municipal en "seria irregularidad" (art. 113, ley 8102).

Asimismo, acusan al Ejecutivo de entregar la documentación fuera de término y de manera incompleta, lo cual les imposibilita realizar el verdadero control del gasto público; en este sentido, resaltan la no remisión de los libros de banco, existiendo numerosas órdenes de pago sin firmar por los beneficiarios, lo que impide saber a ciencia cierta quién cobró dichos títulos. Así también, imputan al Jefe Comunal hacer "aparecer y desaparecer" documentación de la sede del Tribunal de Cuentas, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía de Instrucción de la localidad de Cosquín.

V.a.- Luego de realizado un pormenorizado análisis de los planteos esgrimidos por los integrantes del Tribunal de Cuentas y su confrontación con la respuesta dada a los mismos por los dos órganos involucrados y con la documentación agregada a estas actuaciones, cabe arribar a la conclusión de que en el presente no se configura un supuesto de conflicto de naturaleza institucional que deba resolver este Tribunal Superior de Justicia, en el contexto del art. 128 de la ley 8102, en tanto si bien se advierten desavenencias, rispideces entre el Departamento Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas motivadas esencialmente por diferencias suscitadas en orden al alcance de las facultades que corresponden a cada uno de los órganos involucrados, las desinteligencias que enmarcan las relaciones institucionales entre los ámbitos de poder en pugna, no alcanzan la gravedad que justifique calificar el escenario generado en el Municipio como un supuesto de entorpecimiento mutuo de magnitud tal que les impida el adecuado ejercicio de funciones que competen a los órganos en conflicto.

V.b. En efecto, respecto a la falta de aprobación de los balances correspondientes a los años mil novecientos noventa y ocho a dos mil tres, por haber sido presentados fuera de término, debe señalarse que si bien corresponde al Departamento Ejecutivo "remitir al Tribunal de Cuentas el balance anual dentro de los sesenta (60) días de terminado el ejercicio" (art. 49 inc. 14, ley 8102) la supuesta inobservancia a tal precepto por los períodos antes mencionados no debe censurársele al actual Jefe Comunal, desde que la omisión en cuestión se refiere a ciclos anteriores al inicio del mandato en curso (diciembre de 2003) y por la cual el Intendente Christian Javier Resille Reyes no debe responder, sino los anteriores encargados de la administración municipal. Sin perjuicio de ello, debe destacarse que quienes desempeñan las más altas funciones de gobierno tanto en el Departamento Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, deben asumir como directriz o pauta de su gestión, una actitud de colaboración que permita satisfacer la inquietud del Tribunal de Cuentas en la medida de sus posibilidades, a los fines de que pueda cumplir su cometido esencial de revisar, fiscalizar y controlar los balances y todo acto de las autoridades que comprometa el erario público.

V.c. En cuanto a la inexistencia del acta de traspaso del mando de autoridades el catorce de diciembre de dos mil tres, cabe poner de manifiesto que dicho acto reviste especial importancia, pues la finalidad del mismo es dejar constancia de la fecha de asunción del cargo por parte de las nuevas autoridades electas, con las formalidades que exige la ley a los fines de legitimar a los electos en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo. En este sentido, el art. 41 de la L.O.M. determina que "el Intendente deberá asumir el cargo el día destinado al efecto", oportunidad en la que "prestará juramento ante el Concejo Deliberante, reunido en sesión especial". La normativa transcripta revela que el acto de asunción no es un "mero acto protocolar", desde que en dicha ceremonia el funcionario toma posesión del cargo en la fecha previamente establecida, asumiendo el compromiso -mediante el juramento prestado públicamente- de cumplir la función para la cual ha sido electo con estricto respeto de las normas constitucionales y legales vigentes. Significa en definitiva, la expresión de voluntad de arrogarse la representación política ejercitando las funciones propias del cargo. Según la Real Academia Española, asumir significa "Hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo", lo cual ocurre recién al prestar el juramento que determina la ley, como signo de manifestación pública de la intención de acceder efectivamente a la función.

Por lo tanto, el proceso de designación de las autoridades no culmina con "la proclamación del o de los candidatos electos municipales" por parte de la Junta Electoral Municipal, sino con la puesta en posesión del cargo ante el Concejo Deliberante mediante el juramento del desempeño de las funciones y la firma del acta respectiva como testimonio del acto realizado.

Pero sin perjuicio de la trascendencia que reviste el acto de asunción, por cuyo motivo la ausencia del acta respectiva se erige en una seria irregularidad de parte de las autoridades municipales, por incumplimiento de las normas respectivas, en verdad no se advierte ni los presentantes intentan demostrar, en qué medida la inobservancia a tales disposiciones ha afectado o entorpecido con gravedad suficiente la realización de las funciones específicas del Tribunal de Cuentas, pues aún cuando se labre el acta respectiva, ella no permitirá conocer por sí misma el estado real de la situación económica financiera de las arcas municipales al día en que tomaron posesión del cargo las nuevas autoridades.

V.d. A igual conclusión debe arribarse respecto de la queja vertida en orden al supuesto incumplimiento por parte del Intendente Municipal del art. 38 de la ley 8102, precepto que establece la obligatoriedad de la Municipalidad de confeccionar un Boletín Informativo en el que deben transcribirse todos los dispositivos legales emanados de las autoridades del Gobierno Municipal, exigiendo la publicación una vez al mes "del estado de los ingresos y gastos con cuadro de disponibilidades y un balance sintético de ejecución de presupuesto...". En verdad, la finalidad que persigue la norma en cuestión es que cada municipio o comuna cuente con un cuerpo sistematizado de toda la producción normativa elaborada por los distintos ámbitos de poder municipal (ordenanzas, decretos, resoluciones) con la pretensión de que pueda ser consultada en forma organizada por la comunidad en general, preservando el principio de publicidad y consiguiente conocimiento de los actos de gobierno, al tiempo que contribuye a consolidar la garantía de la seguridad jurídica.

Esta ha sido la intención del legislador al sancionar la norma en examen, ya que al momento de justificar la obligatoriedad del Boletín Informativo Municipal, el Diputado Antonio M. Hernández sostuvo que tal exigencia persigue "... el objeto de que haya precisas facilidades y garantías para el conocimiento y la aplicación de la norma jurídica municipal..." (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, octubre de 1990, pág. 3434).

Sin embargo, y como bien apunta el Ministerio Público Fiscal, no es sobre la base de dicho material que el Tribunal de Cuentas debe obtener la información necesaria para desplegar su función de contralor de legalidad de las finanzas públicas, pues ella debe basarse en el presupuesto sancionado por el Concejo Deliberante, los balances anuales y mensuales, órdenes de pago y demás documentación de la que surja la emisión de actos que comprometan fondos públicos, para lo cual todo instrumento referido al manejo de fondos deberá ser remitido por el Departamento Ejecutivo en tiempo y forma oportunos.

Más aún, en el supuesto de que el Tribunal de Cuentas estimara que la información enviada es insuficiente, el art. 86 de la Ley Orgánica Municipal faculta a dicho órgano a "requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias, instituciones o entidades municipales y entes privados prestatarios de servicios públicos, los datos e informes que necesita para llenar su cometido, como también exigir la presentación de libros, expedientes y documentos".

Siendo ello así, y más allá de que el art. 38 de la ley 8102 se erige en una manda legal de la cual no puede sustraerse el Ejecutivo, el incumplimiento de dicho precepto carece de mayor relevancia a la hora de ejecutar la tarea de control de los movimientos contables municipales asignada al Tribunal de Cuentas, en tanto la misma deberá realizarse en base a la documentación que le sea remitida en tiempo oportuno y en forma por el Ejecutivo Municipal y en la que recabe por aplicación del aludido art. 86.

V.e. Respecto de la existencia de embargos sobre fondos comunales, por lo que requiere la adopción de las medidas necesarias para reparar el daño producido al Municipio en virtud de lo dispuesto por el art. 113 de la ley 8102, debe destacarse que amén de la ambigüedad del planteo, al no especificarse ni acreditarse los embargos a que hacen referencia los integrantes del Tribunal de Cuentas, es innegable que la pretensión no debe ser encauzada por la vía de un conflicto municipal como el aquí planteado, en tanto la aplicación de la norma requiere como condición esencial la existencia de un juicio en el cual la Municipalidad haya sido condenada a pagar daños causados a terceros por actos o hechos personales de sus funcionarios. Es decir que se exige la acreditación de la existencia de un daño ocasionado por hechos o actos "personales" no "funcionales", y a partir de ello, la promoción de la acción regresiva en contra del funcionario.

La plataforma fáctica prevista para la actuación de la norma no surge de autos y, aún en el supuesto de haberse verificado la misma, ello sería motivo de una acción específica de responsabilidad, la que no puede ser canalizada a través del proceso instaurado por el art. 128 de la Ley Orgánica Municipal.

VI. Finalmente, cabe considerar el punto que genera mayor aspereza en las relaciones entre los órganos en disputa, esto es el atinente a la falta de remisión por parte del Ejecutivo de la documentación necesaria para cumplir la función asignada por ley al órgano que integran, acusando incluso al Intendente Municipal de incurrir en una postura autoritaria y de abuso de poder.

Señalan en tal sentido los actores una serie de circunstancias que trasuntan una actitud renuente de parte del Intendente Municipal hacia la tarea que debe cumplir el órgano de control, a tal punto que siempre la documentación fue remitida fuera de término e incompleta, impidiéndole ejercer un verdadero control y visación del gasto público, mencionando entre las irregularidades incurridas por el D.E.M., la falta de entrega de los libros de banco de la documentación remitida o la existencia de órdenes de pago sin firmar por los beneficiarios de las mismas. En consecuencia, se advierte que las desavenencias giran en torno a cuestiones atinentes al normal y pleno ejercicio de las funciones conferidas por el plexo normativo al Honorable Tribunal de Cuentas.

La queja planteada al respecto por los presentantes no puede tener acogida, desde que no se configuran los presupuestos para determinar la existencia de un conflicto institucional en el seno de la Municipalidad de Los Cocos.

Sobre el punto es preciso recordar que el esquema elaborado por nuestros constituyentes nacionales y provinciales, plasmado también en el orden municipal, prevé la existencia de controles sobre los actos de las autoridades elegidas democráticamente, controles que no sólo se limitan a los mecanismos de vigilancia política sino también a los controles de legalidad, en el sentido que las autoridades deben ajustar su actuación pública al marco impuesto por el ordenamiento jurídico vigente.

Se ha dicho que los órganos o mecanismos de control de la actividad estatal hacen a la esencia del principio de la división de poderes y al sistema republicano de gobierno, pues ellos han sido instituidos con la finalidad de amparar los supremos intereses de la comunidad contra los actos ilegítimos de las autoridades, que de otro modo y ante la ausencia de límites a su accionar, podrían convertirse en meros ejecutores de su voluntad sin miramiento alguno a los posibles perjuicios que podrían ocasionar a la comunidad que gobiernan.

En este contexto, en nuestro sistema municipal, y acorde al principio de autonomía que gozan los municipios, el control en materia financiera se encuentra en cabeza de un órgano específico, el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros también se designan democráticamente por elección del Cuerpo Electoral, según así lo dispone el art. 78 de la L.O.M.

El análisis de las atribuciones conferidas al Honorable Tribunal de Cuentas permite concluir que todas ellas convergen hacia la función básica y esencial de este órgano, y que es el control de legalidad del gasto de los dos órganos políticos del gobierno comunal, es decir verificar la correspondencia de las erogaciones con la ordenanza presupuestaria vigente y con el resto de las ordenanzas y disposiciones que predeterminan la regularidad contable y legal del gasto que se pretende efectuar, como por ejemplo las de contabilidad, de contrataciones, de servicios públicos y de empleo público.

Esta tarea de control, de vigilancia o de comprobación de los actos administrativos se puede categorizar en: a) "actos de control preventivo", tal el que incluye el inc. 2 del art. 84 de la ley 8102: "visar, previo a su cumplimiento, todos los actos administrativos del Departamento Ejecutivo que comprometan gastos."; y en b) "actos de control posterior", que realiza cuando debe "aprobar las órdenes de pago expedidas en legal forma" (inc. 3º), "hacer observaciones en las órdenes de pago ya cumplimentadas" (inc. 4º), "fiscalizar las inversiones de los fondos otorgados en carácter de subsidios o subvenciones" (inc. 6º), "fiscalizar las operaciones financiero-patrimoniales de la Municipalidad" (inc. 8º), es decir, verificar la adecuada ejecución del presupuesto de gastos y recursos correspondiente.

Es otras palabras, el control lo hace mediante la intervención preventiva y posterior de los actos que comprometan gastos conforme lo dispuesto por la norma aludida.

Como ya se ha puesto de resalto, las tareas encomendadas por el legislador al Honorable Tribunal de Cuentas revelan que su misión es la de llevar a cabo una función básica inherente al sistema republicano de gobierno, cual es la del control del manejo que del dinero público efectúan las autoridades municipales, por lo que debe procurarse que tal cometido se desarrolle dentro de un marco de respeto al orden jurídico vigente y al reparto de atribuciones que corresponden a cada uno de los órganos que conforman el gobierno municipal, con el objetivo de no afectar los intereses personales y funcionales de las autoridades respectivas, y lograr así el adecuado y armónico funcionamiento de los mismos.

Resulta propicio reiterar aquí los conceptos vertidos por este Tribunal en ocasión de resolver el conflicto generado en la Localidad de Villa del Totoral, cuando se dijo: "... conforme lo dispuesto por los arts. 174 y 176 de la Constitución Provincial, tanto la Administración Pública Provincial como Municipal deben sujetar su accionar al respeto inexorable del orden jurídico y satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad entre otros principios. Es decir, que en virtud del nuevo orden constitucional para ser buen gobernante no sólo se requiere ser respetuoso de la ley y del Derecho, sino que además deben ejercerse las funciones con arreglo a pautas de oportunidad y conveniencia, buscando lo mejor para la satisfacción del interés público..." (Sent. Nº 79 del 07/08/98, en "Cheble, Miguel Angel - Intendente de la Localidad de Villa del Totoral...").

En este contexto, es indudable que el Departamento Ejecutivo debe brindar la colaboración e información necesaria para permitir al Honorable Tribunal de Cuentas un cabal cumplimiento de su cometido, evitando aquellas medidas que afecten o entorpezcan el normal desempeño de las funciones propias de las autoridades encargadas de dicho Órgano de Control.

A tal fin, el Intendente como Jefe Superior de la Administración Municipal (art. 50, ley 8102) y encargado de recaudar la renta pública y del manejo de los fondos que componen la misma (art. 49 ibíd.), debe proveer al Tribunal de Cuentas la documentación pertinente y necesaria para el cumplimiento de las funciones específicas de contralor, como es la atinente a las Ordenanzas de Presupuesto de recursos y cálculo de gastos, los balances mensuales de la Tesorería, con el estado de ingresos y egresos, balances, órdenes de compra, órdenes de pago, facturas, remitos, comprobantes de depósitos de aportes jubilatorios, contratos celebrados con los asesores, y toda aquella documentación referida al movimiento de las arcas municipales para la correcta visación tanto preventiva como posterior que debe efectuar el referido Tribunal.

En el caso, los antecedentes acompañados permiten advertir que el Jefe comunal no ha observado el debido respeto a las funciones que debe desarrollar el Honorable Tribunal de Cuentas, mostrando una conducta remisa a brindar la información y los medios indispensables que permitan el necesario e ineludible control del gasto público.

Es cierto que el Tribunal de Cuentas de la localidad de Los Cocos ha puesto especial énfasis en la tarea de "visado previo" regulada en el inc. 2 del art. 84, pretendiendo concentrar en dicho dispositivo todo su esfuerzo funcional de control de la gestión municipal, como si la actividad del órgano se limitara a exigir el control previo de todo movimiento de fondos públicos bajo la pretensión de que comprometen gastos. Tal postura ha provocado el error de incluir también en dicho inciso y por tanto, en el control previo a las órdenes de pago (cfr. Notas de fs. 13, 34-2º párrafo, Resolución Nº 13) desconociendo los integrantes del Tribunal de Cuentas que el legislador ha puesto en cabeza del referido organismo otros cometidos -establecidos en los incs. 3º y 4º de dicha norma- en los cuales la actividad de contralor es posterior, como es la de aprobar las órdenes de pago expedidas en legal formal u observar las ya cumplimentadas, en cuyos supuestos como ya se analizara, la revisión debe ser realizada con posterioridad, una vez que han sido extendidas las órdenes de pago por parte del Departamento Ejecutivo, con la finalidad de determinar si las emisiones de fondos cuentan con el respaldo presupuestario y contable necesario para convalidar los pagos efectuados.

La persistencia del Tribunal de Cuentas en efectuar observaciones por falta de visación previa de las órdenes de pago ha inducido a dicho organismo a declarar erróneamente la nulidad de todos los gastos efectuados por el Municipio (fs. 27) y la invalidez de las erogaciones realizadas durante el período que se extiende de marzo a septiembre de dos mil cuatro ya que "no ha podido cumplir lo expresamente establecido en el art. 84 inc. 2 de la Ley 8102..." (cfr. Resolución Número dieciséis del 23/11/04 fs. 84/85).

Si bien la conducta observada por el órgano de contralor revela una evidente y loable preocupación de sus integrantes por extremar las exigencias para que los fondos públicos se utilicen con la mayor prolijidad y transparencia, velando para que cada erogación del Municipio responda a la pertinente asignación presupuestaria, con la debida justificación de cada gasto, es indudable que el Tribunal de Cuentas ha incurrido al dictar aquellas decisiones en un exceso de atribuciones, en tanto y en cuanto el marco normativo no lo autoriza declarar la invalidez o nulidad de las órdenes de pago emitidas por el Ejecutivo, pues en caso de advertir irregularidades sólo está facultado para canalizar sus observaciones a través del procedimiento que determinan los incisos 2º, 4º y 5º del art. 84 de la ley 8102, como así también por las demás disposiciones que rigen en la materia (art. 87 ib.).

Pero también es necesario admitir, como se apuntara en párrafos precedentes, que el Jefe comunal ha mantenido una actitud equívoca en su relación con el Tribunal de Cuentas, menoscabando las importantes funciones atribuidas a dicho organismo.

Tal conducta reprochable del Intendente Municipal se desprende de la Resolución Nº 17/04 emitida por el Concejo Deliberante por la cual este Órgano reconoce "que son válidos los reclamos del Tribunal de Cuentas" (cfr. fs. 29); así también en los fundamentos de la Resolución Nº 18/04 el Cuerpo Legislativo Municipal expresa que "este Concejo tomó conocimiento que el Tribunal de Cuentas no recibe material contable para su visación y control" (fs.31); en la nota de fecha catorce de julio de dos mil cuatro (fs. 18), la Presidente del Concejo Deliberante hace saber al Tribunal de Cuentas que "El Concejo Deliberante opina que debe mejorarse la comunicación entre el Tribunal y el Ejecutivo y hemos sugerido a éste último que disponga de un empleado del área contable para que participe de las sesiones del Tribunal..."; Nota de los miembros del H.T.C. al Director de Hacienda de la Municipalidad, en la cual con fecha once de agosto de dos mil cuatro le informan que "... el balance del mes de Marzo de 2004 queda sin firmar hasta no tener comprobantes de recibos de pago con respecto a los cheques Nº ... y Nº ... de orden de pago Nº ..."; Misiva incorporada a fs. 36 por la cual el Intendente Municipal hace conocer al Tribunal de Cuentas -recién con fecha 1 de octubre de 2004- que se encuentra disponible "la documentación contable perteneciente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2004..."; finalmente, las actas del Tribunal de Cuentas glosadas a fs. 50/52 y 66/75 en las que se advierte la ausencia de remisión de información contable de parte del Ejecutivo hacia el H.Tribunal de Cuentas o la incompletitud de los envíos, pues luce incontrastable la insistencia de los integrantes del Tribunal de Cuentas para que se acompañen los recibos de cobro correspondientes a las órdenes de pago y de compra emitidas por el Municipio. Todo ello ratifica la impresión de que el Departamento Ejecutivo ha mantenido una escasa predisposición para colaborar con el órgano de control a fin de permitir cumplir en forma adecuada y eficiente la tarea de verificación, sea anterior o posterior, de las cuentas municipales.

VII.- Como derivación del análisis propuesto, este Tribunal arriba a la convicción de que en el presente supuesto, se advierten discordancias, actos disfuncionales, desprolijidades, desacuerdos tanto de parte del Intendente Municipal como por los miembros del Tribunal de Cuentas, lo que ha derivado en un deterioro ostensible de la relación institucional entre el Departamento Ejecutivo y el organismo encargado de controlar el manejo de la renta pública, perjudicando de tal manera la fluida vinculación que es dable exigir a ambos estamentos del poder municipal, en atención a las importantes responsabilidades que la comunidad que gobiernan les ha confiado.

Sin embargo, dichas discordias no muestran más que un contraste o disenso respecto del alcance de las atribuciones que corresponden a cada órgano, que no deben ser encauzadas como un conflicto de envergadura que ponga en riesgo el ejercicio de las funciones que la ley confiere a cada organismo en disputa, sino reiteramos, desinteligencias que deben ser superadas a través de carriles de comunicación idóneos, con la responsabilidad, seriedad y prudencia institucional que como gobernantes es dable exigirles.

Por ello, resulta forzoso efectuar una recomendación a ambos órganos en conflicto a fin de que adecuen estrictamente su actuación al orden normativo, fijando pautas claras e ineludibles de actuación que les permitan alcanzar, en un marco razonable, una correcta convivencia institucional, con respeto mutuo de las atribuciones que la ley les ha conferido en provecho del interés general, cuya mira siempre debe guiar la acción gubernamental.

Para ello, es necesario poner el mayor énfasis en lograr que el Órgano de Control cuente con los elementos indispensables para permitirle el fiel cumplimiento de sus funciones específicas, por lo que corresponde exhortar al Señor Intendente para que envíe en tiempo útil y oportuno toda la documentación contable para su debido control, pues ello permitirá la total y absoluta transparencia en el manejo de las arcas municipales.

Por su parte, es imprescindible que el H. Tribunal de Cuentas ajuste su gestión a los dispositivos legales que determinan con precisión los límites a los cuales debe sujetar su cometido esencial de contralor y vigilancia, velando por la buena administración de la hacienda pública, procurando armonizar su actuación con las atribuciones conferidas legalmente al resto de los órganos que conforman el gobierno municipal.

VIII. Por otra parte, y con referencia al planteo dirigido al Concejo Deliberante en cuanto dicho órgano no autorizó la realización de una auditoría externa, tal como fuera solicitada por el Tribunal de Cuentas "a fin de lograr conocer el verdadero estado de las cuentas públicas" (fs.91) se torna preciso señalar que si bien el tribunal de control puede realizar también "auditorías externas", las que tienen por finalidad detectar supuestas irregularidades contables, ellas deben llevarse a cabo siempre que sea "a solicitud del Concejo Deliberante" (art. 84 inc.1º). Es decir que del texto de la norma se colige que el legislador ha querido poner en cabeza de los miembros del Cuerpo Legislativo municipal la responsabilidad de la decisión de llevar a cabo una auditoría externa, y por lo tanto, sólo a ellos les compete el juicio o apreciación sobre la existencia de motivos o circunstancias que ameriten autorizar aquella tarea investigativa a fin de detectar eventuales anomalías en el empleo y administración de las cuentas públicas. Es claro, entonces, que la determinación de realizar una auditoría externa pertenece el ámbito de discrecionalidad del Concejo Deliberante y como tal, debe considerarse una facultad privativa del mismo, exenta del control judicial.

Si bien este Tribunal ha señalado en otras oportunidades que "no es dable poner límites a todo aquello que busque la realidad de los hechos mediante investigaciones que procuren esclarecer posibles disfunciones administrativas concernientes tanto a cuestiones de legitimidad como de mérito, todo ello dentro de la razonabilidad, prudencia y mesura..." (Sent. Nº79 del 07/08/98, en "Cheble, Miguel Angel - Intendente de la Localidad de Villa del Totoral..."), la voluntad del Cuerpo expresada en sentido positivo o negativo a la petición del Tribunal de Cuentas de poner en práctica la facultad conferida por el art. 84 inc. 1º de la ley 8102, no puede ser cuestionada en este ámbito y menos aún, derivar la disconformidad de la decisión adoptada por el Concejo en un conflicto institucional con los alcances del art. 128 de la ley referida, por lo que el mismo debe ser desestimado.

IX. En definitiva, por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el conflicto interno municipal planteado por los miembros del Honorable Tribunal de Cuentas.

Sin perjuicio de ello, resulta procedente exhortar al Departamento Ejecutivo a suministrar al Honorable Tribunal de Cuentas los medios necesarios para el normal cumplimiento de sus funciones, enviando en tiempo útil y oportuno toda la documentación contable a fin de facilitar al Órgano de Contralor el correcto desempeño de las funciones asignadas por el orden jurídico, pues ello permitirá la total y absoluta transparencia en el manejo de las arcas municipales. Por su parte, es imprescindible también que el H. Tribunal de Cuentas ajuste su gestión a los dispositivos legales que determinan con precisión los límites a los cuales debe sujetar su cometido esencial de contralor y vigilancia, velando por la buena administración de la hacienda pública, procurando armonizar su actuación con las atribuciones conferidas legalmente al resto de los órganos que conforman el gobierno municipal.

X. En cuanto a las costas, a mérito de la naturaleza de la cuestión debatida, el procedimiento llevado a cabo, el éxito y eficacia de las posiciones defendidas, y el resultado final del juicio, estimamos que deben ser impuestas por el orden causado (art. 130 del C.P.C.).

Así votamos.

2º cuestión. - Los doctores Rubio, Cafure de Bastittelli, Sesin, Tarditti, Andruet, Blanc de Arabel y Sánchez Gavier dijeron:

Corresponde: I. Rechazar el conflicto interno municipal planteado por los miembros del Honorable Tribunal de Cuentas de la Localidad de Los Cocos en contra del Departamento Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante de la referida localidad.

II. Efectuar una recomendación a los órganos concernidos a fin de que adecuen estrictamente su actuación al orden normativo, fijando pautas claras e ineludibles de actuación que les permitan alcanzar, en un marco razonable, una correcta convivencia institucional, a cuyo fin corresponde exhortar al Señor Intendente Municipal para que envíe en tiempo útil y oportuno toda la documentación contable para su debido control y solicitar al H. Tribunal de Cuentas que ajuste su gestión a los dispositivos legales que determinan con precisión los límites a los cuales debe sujetar su cometido esencial de contralor y vigilancia, todo ello conforme las pautas establecidas en los considerandos de la presente.

III. Imponer las costas por el orden causado (art. 130, C.P.C.).

Así nos expedimos.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, resuelve: I. Rechazar el conflicto interno municipal planteado por los miembros del Honorable Tribunal de Cuentas de la Localidad de Los Cocos en contra del Departamento Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante de la referida localidad.

II. Efectuar una recomendación a los órganos concernidos a fin de que adecuen estrictamente su actuación al orden normativo, fijando pautas claras e ineludibles de actuación que les permitan alcanzar, en un marco razonable, una correcta convivencia institucional, a cuyo fin corresponde exhortar al Señor Intendente Municipal para que envíe en tiempo útil y oportuno toda la documentación contable para su debido control y solicitar al H. Tribunal de Cuentas que ajuste su gestión a los dispositivos legales que determinan con precisión los límites a los cuales debe sujetar su cometido esencial de contralor y vigilancia, todo ello conforme las pautas establecidas en los considerandos de la presente.

III. Imponer las costas por el orden causado (art. 130, C.P.C.). - Luis E. Rubio. - María E. Cafure de Battistelli. - Domingo J. Sesín. - Aída L. T. Tarditti. - Armando S. Andruet (h). - M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel. - Humberto Sánchez Gavier.