marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, proceso de verificación, privilegios (comercial)
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEPTUNIA  CIA. ARG.  DE SEGUROS POR CADIERNO, MERCEDES s/ LIQUIDACION FORZOSA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

Dado que la incidentista omitió en su demanda, como en piezas posteriores, peticionar el reconocimiento de su carácter de acreedora privilegiada, tal circunstancia importó la renuncia implícita del privilegio mentado, en tanto existía obligación legal de explicarse al interponer la demanda verificatoria (CCIV. 915, 918, 919; LC 33; CPR. 330).
Armas, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ciervo Rojo S.A. c/ Pessina de Cheu y Otros. s/ Tercería de Dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Al igual que lo que ocurre con los automotores, la inscripción y registro de armas tienen un caracter netamente constitutivo.

Consecuentemente, para esos bienes, la "inscripción vale título", no bastando la posesión y aún la tradición para tener por operada la transferencia o presumirla (arts. 11, 29, 30 y concs. Ley Nacional N. 20.429; 49, 71, 75, 93 a 96, 100 dec. regl. 395/73)
Incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ARAGONES, JOSE MARIA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-30

No es óbice para que el trabajador se haga acreedor a la indemnización prevista por el art. 212 párrafo 4 L.C.T., la circunstancia de que haya renunciado a su empleo y tampoco lo es, el que se encontrara prestando tareas al momento del cese, siempre que se acredite fehacientemente que la incapacidad que en ese momento lo afectaba, no le permitía realizar aún tareas livianas.
Repetición de impuestos, plazo perentorio, juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El plazo de caducidad previsto en el art. 7 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en virtud de los expresos términos utilizados en esa norma, es "perentorio e improrrogable". (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015).

El contribuyente no puede pretender repetir lo que abonara en el marco del plan de pagos que se le concediera, si se trata de importes que tienen como causa u origen un acto administrativo que ha quedado firme en razón de la conducta asumida por el contribuyente. A tal efecto, carece de toda relevancia que éste expresara no reconocer la deuda al solicitar el plan de pagos, pues la vía para debatir la existencia, alcance y legitimidad del tributo reclamado era la impugnatoria; y fue el recurrente quien decidió abandonarla y permitir que quedara firme la determinación de oficio practicada por el Fisco al no entablar acción judicial dentro del plazo de 90 días previsto en el artículo 7 del Código Contencioso Administrativo y Tributario. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015).
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, acciones de clase, abogados, representante legal, idoneidad profesional
Materia: COMERCIAL
Carátula: Otero, Matias Damian c/Red Bull Argentina SRL y otro s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

El control de representatividad adecuada es el pilar fundamental en el que se apoya la constitucionalidad de las acciones colectivas (conf. Geist, A., "El acceso a la justicia y la legitimación activa en los procesos colectivos", RDA, 2021, p. 138, cita online TR LALEY AR/D0C/2982/2021). Así es que no se trata de limitar el acceso a la justicia a través de las acciones de clase sino de compatibilizar la existencia de un sistema procesal colectivo con la garantía del debido proceso legal de los miembros del grupo ausentes en el debate. Y ello sólo puedo concretarse mediante un estricto control de parte del juez respecto de la calidad de quien asume su representación (conf. Oteiza, E. y Verbic, F., "La representatividad adecuada como requisito constitucional de los procesos colectivos", publicado en Jurisprudencia Argentina, 2010, n° 1, p. 1139).
Proceso penal, actor civil, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G., S. A. Y OTROS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-23

Teniendo presente que el Código Procesal Penal limita la posibilidad de recurrir del actor civil sólo en lo concerniente a la acción por él deducida -por lo que las postulaciones que formule en esta instancia de excepción deben circunscribirse a la pretensión civil por él incoada-, no corresponde en principio analizar los reproches relacionados a la responsabilidad penal de los imputados en el hecho endilgado, quedando firme en este aspecto la resolución de la Cámara que confirmó la absolución de los procesados, al no haber interpuesto recurso el actor penal.

Sin embargo, considerando que la Cámara aludió para confirmar la faz civil de la sentencia al rechazo de los agravios en la cuestión penal y a que el presunto comportamiento ilícito de los codemandados fue la única fuente de la obligación reclamada, corresponde analizar los agravios de los impugnantes por su directa incidencia en la demanda civil por ellos deducida.
Revocación de sentencia, reparación integral, ley sobre riesgos del trabajo, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris  c/ Prevención ART S. A. y otros s/ accidente - inc. y cas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

Corresponde revocar la sentencia que adoptó un criterio injustificadamente restrictivo que lo llevó a establecer resarcimientos insuficientes para satisfacer el derecho a la reparación integral de los graves daños derivados del accidente que sufrió una jueza local, máxime si se advierte que el monto establecido es notoriamente inferior al total de las prestaciones dinerarias mínimas que estaban contempladas en el sistema especial de reparación de daños derivados de accidentes de trabajo previsto en las leyes 24.557 y 26.773 y su reglamentación (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti).
Entidades financieras, banco central
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Patagónico S.A. (su quiebra) c/ Ladrillos S.A. (en formación) s/ Ejecución Banco Comercial Finanzas S.A. s/ Impugnación informe trimestral previsto por el art. 211 de la ley  19.551 en: "Bco. Com. Finanzas (en liq. BCRA). Quiebra"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14|1999-06-29

No puede considerarse al Banco Central de la República Argentina como legitimado pasivo de los honorarios regulados al liquidador (art. 1, cap. V, art. 19 ley 24.144).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, principio de congruencia, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Tecnología  Integral  Médica S.A c/ Estado Nacional  -Ministeriode  Economía- Banco Central de la República Argentina. s/ honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Resulta admisible el recurso extraordinario en cuanto se refiere al cómputo de los intereses posteriores a la iniciación de la demanda dentro del monto del proceso a los fines regulatorios, si pese a haber sido consentido este aspecto de la decisión adversa del juez de primera instancia por los beneficiarios de las retribuciones, el a quo sostuvo que ellos integraban el monto del proceso, violentando así el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Duarte , Felicia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

La disidencia sostuvo que la resolución impugnada se encuentra razonablemente sustentada y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. (Dres. Catucci, Riggi -disidencia-, Ledesma).
Honorarios del perito, transacción, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MAIDANA, RODOLFO c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

En los juicios en los que se arribó a una conciliación, aun puestos en la hipótesis más favorable al señor perito, es decir la de que el monto de conciliación haya sido inferior al 75 % del monto de demandas, se justifica regular una proporción mayor a las previstas en el art. 3 del arancel, dec-ley 16638/57, pero no basarse exclusivamente en el monto supuestamente reclamado, inc. b, del citado art. 3.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, decisiones administrativas, acción de nulidad, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Estudio Povolo, Racedo, De la Fare y Asociados c/ Transportes Integrados Metropolitanos - Trainmet SA y otros s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

2 - En la primera hipótesis, en ausencia de una prohibición normativa, puede pensarse que la confirmación puede ser dada, incluso con eficacia retroactiva, por obra del propio órgano de administración. 3 - En la segunda, en cambio, solo él órgano de gobierno tiene el poder de ratificar una decisión viciada del órgano de administración en materia reservada a la asamblea o reunión de socios. Por supuesto, si el órgano de administración no sustituye la deliberación impugnada, siempre será posible reconocer el poder de sustitución al órgano de gobierno (en este preciso sentido: Salanitro, Niccolo, L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazine di società per azioni, Giuffrè, Milano, 1965, ps. 236/237, n° 17).
Competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad, causas civiles
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Eco - Clines Sociedad Anónima c/ Mendoza, Provincia de s/ cobro depesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-07

La competencia originaria de la Corte en los casos en que una provincia es parte, procede, según el art. 117 de la Constitución Nacional y el art. 24 inc. 1 del decreto ley 1285/58, cuando a la distinta vecindad de la otra parte, se une el carácter de la materia en debate.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, decreto reglamentario, contrato de obra pública, pago, mora, intereses, tasas de interés, leyes, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Corresponde declarar parcialmente procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora desde que la anulación de los decretos reglamentarios de la ley 5188 dispuesta por el Poder Ejecutivo en el decreto 3199/93 aparece inficionada por vicios que comprometen seria y fundadamente su legitimidad, habíéndose señalado (ya en la medida cautelar resuelta - si bien con carácter provisional-) que la solución consagrada importa una modificación del sistema legal previsto para el pago en mora de certificados de obra según el artículo 71 de la ley 5188, desde que estaría suprimiendo la posibilidad de que el contratista opte por la denominada "tasa de la ley" , variando, además, el sistema legalmente establecido para llevar a cabo la actualización.

Semejante hecho importaría la derogación por decreto del precepto legal afectado, con menoscabo del principio previsto en el artículo 17 del Código Civil, según el cual "las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte sino por otras leyes", y con indudable olvido del límite constitucional de las facultades del Poder Ejecutivo de la Provincia que surgen del artículo 72, inciso 4 , de la Constitución provincial, e implicaría admitir en cabeza del Poder Administrador la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes vigentes, hipótesis descartada por este Tribunal in re "Tolosa". (Del Voto del Dr. Netri).
Nulidad procesal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Dora Gladys y Otro c/ Ruiz, Carlos Alberto y-o Rectificaciones Comodoro y-o Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-02

El principio general dispone que las costas derivadas del procedimiento que se anula deben ser a cargo de la parte a quien fuere imputable la causa de nulidad. "Para atribuir a una parte el pago de las costas generadas en el procedimiento nulo, la norma sólo requiere que le sea imputable la causa que da origen a la nulidad.

Dada esta circunstancia, la parte que ha ocasionado la nulidad debe soportar las costas respectivas, sin que interese si aquélla ha sido declarada de oficio o a pedido de parte".
Cuestiones de competencia, falsificación de instrumento público, competencia por el territorio, defraudación, lugar del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Busker, Raquel s/ denuncia -causa n 9- 52.135/4.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Si se desconoce el lugar donde fue confeccionado el instrumento falso, para determinar la competencia debe estarse al sitio en el que fue usado.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia vinculante, jueces, facultades jurisdiccionales, equidad, ley procesal, interpretación de la ley, Estado, división de poderes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Se entiende por jurisprudencia a la forma concordante en que los Tribunales de justicia se pronuncian al resolver casos similares.

Así entendida es una fuente subordinada a la ley. Resulta muy diferente cuando -merced a disposición de la ley- la doctrina establecida en los fallos de determinados tribunales es obligatoria.

Aquí la fuente es al menos parcialmente directa y vinculante para el tribunal que se expidió en fallo plenario y a veces para los órganos jurisdiccionales inferiores del fuero. Concretamente, el fallo que podría llegar a dictar el Tribunal Pleno -conformado por las Salas de la Cámara- constituiría un pronunciamiento en abstracto, en ausencia de proceso y obviamente de thema decidendum.

La falta de caso a resolver -aun con presunciones de situaciones conflictivas futuras que puedan presentarse con motivo de la aplicación de una ley que no es clara- importa lisa y llanamente una situación que no responde a lo que debe entenderse por jurisprudencia y consecuentemente -como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación- una invasión a las facultades propias del Poder Legislativo vulnerando el principio de la división de los poderes que establece la Constitución Nacional y deben preservar las constituciones provinciales (artículos 1, 5, 31 y concordantes Constitución Nacional). (De los Fundamentos del Dr. Sobrero -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto".
Acto administrativo, recurso de apelación (administrativo), competencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Alvarado, Joaquín Enrique c/ Instituto Provincial de Vivienda s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-11-04

Teniendo a la vista las actuaciones tramitadas por expte. nro. 4095/95 del I.P.V. se advierte que el recurso de Alzada fue resuelto por el Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, con invocación del art. 2 de la Ley 19 (de creación del I.P.V.) y del art. 10 B de la Ley de Ministerios nro. 276. El primero de ellos, que establece la competencia del ministerio para entender como organismo de alzada en los recursos que se deduzcan contra las resoluciones del Presidente del Instituto ha sido derogado tácitamente por los arts. 138 a 140 de la ley 141, toda vez que la supletoriedad que el art. 1 de esta pregona respecto de la legislación especial no resulta aplicable a la actividad impugnativa extraorgánica, que por su característica común a los distintos organismos autárquicos ha sido reglamentada por la Ley de Procedimientos Administrativos. Tampoco la Ley de Ministerios asiste en apoyo de la competencia del órgano ministerial para actuar como autoridad del recurso de alzada, toda vez que el referido art. 10 B no legisla en forma alguna esta atribución
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iacovino, Santiago c/ Zocchi, Carlos y otra s/ Ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

Las cuestiones de prueba sólo son revisables si media absurdo.
Recurso de casación, expresión de agravios, error conceptual, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mercado, Mario Antonio c/ Cooperativa de Transporte San Fernando Ltda. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-10-24

La parte actora interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva pronunciada por la Cámara de Apelaciones por la que resuelve, hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la demandada, revocar la Sentencia de Primera Instancia -que considera que existió un vínculo laboral entre las partes y motivos suficientes para el despido indirecto-, rechazando la demanda, al estimar que la relación entre las partes no ha sido probada que sea de índole laboral e imponer las costas en ambas Instancias por el orden causado.

El recurso se funda en las tres causales que la norma de rito establece.

Varios motivos me inducen adelantar mi opinión en sentido negativo al resultado del recurso.

La primera impresión parte de la lectura del memorial de agravios donde resulta deficiente la técnica recursiva desarrollada por el recurrente.

Ello por cuanto se percata un claro error conceptual de las causales recursivas reflejado al momento de expresar sus agravios dado que se aparta de lo que cada una implica y exige para que produzca los efectos que le están asignados.

Resulta oportuno señalar que los agravios, como lo pone de relieve Fenochietto y Arazi, deben ser sustanciados en el escrito de interposición del recurso, explicitando en términos claros y concretos la mención de la ley o doctrina legal que se alega como violada o aplicada erróneamente por la sentencia, indicando además, en que consiste la violación o el error o de que manera los textos legales que cita han sido violados en el caso concreto, y cómo habría influido para torcer la solución a que arribara el fallo.

A la luz de estas pautas cuando en la especie se invoca la causal del inciso a) del Art. 298 del C.P.C., se omite expresar clara y concretamente cuál es la ley que se encuentra erróneamente aplicada o interpretada, pues sólo se manifiesta que no se valoró la prueba conforme al Art. 23 LCT y se limita a calificar de inútil y apartada de la realidad los elementos valorados.

En tal caso, también se advierte que olvida el quejoso la facultad imperativa que tienen los magistrados en la selección, jerarquía y valoración del esquema probatorio ofrecido por los litigantes y, a su vez, lo ajeno que resulta su revisión por medio de este recurso, condicionado sólo a la presencia de absurdo.
Embargo de fondos públicos, emergencia económica, expropiación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estancia Pampa Blanca S.A. c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. 6428/02  Ejecución de sentencia en expediente nro. B-18115/97.L.A. N 45 F 1192/1194 N 521. Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. nro. 6428/02  Ejecución de sentencia en expediente nro. B-18115/97.L.A. N 45 F 1192/1194 N 521.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-12-12

El instituto de la expropiación afecta singular y gravemente el derecho de propiedad y, por ello mismo, goza de una preferencia y jerarquía de trato y protección que no puede soslayarse, escapando, por su propia naturaleza, al régimen de excepción creado por las normas emergenciales en el que se inscribe la ley 5300.
Incidente de nulidad, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LIPPI, PABLO M. s/ NULIDAD    INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

El incidente de nulidad no es la vía adecuada para cuestionar la validez de diligencias procesales y declaraciones testimoniales y de los actos realizados como consecuencia de aquellos, habida cuenta que no se encuentra prevista en modo alguno en la ley procedimental.
Costas, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARTOLOME c/ BANCO RIO s/ Nulidad Acto Juridico (LIBRO: A064 - 288)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-11-02

Por principio corresponde imponer las costas a quien desiste, mas ello se asume cuando el dictado de una nueva legislacion incidio sobre la relacion invocada por los demandantes.
Contratista, mora, constitución en mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Metalúrgica Precisión S.A. c/ E.N. -Min. de Defensa s/ obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

La mora del contratista surge de pleno derecho, sin requerir, por tanto, ningún tipo de intimación o interpelación previa (conf. Barra "Contrato de Obra Pública", T. 2, pg. 803; y art. 61, inc. 92, decreto 5720/72).
Acto administrativo, control de legalidad, Derecho administrativo, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FANTONE DE DEPETRIS MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE ALMAFUERTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - EMPLEO PUBLICO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-06

La jurisdicción contencioso administrativa establecida para el control de legalidad de los actos administrativos que afecten derechos administrativos, requiere que la actora acredite la preexistencia del derecho administrativo que pretende vulnerado. No precisando el actor cual es la norma, contrato o resolución que establece a su favor la licencia pretendida, el conocimiento y decisión de la causa no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
Embargo, crédito quirografario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HERIBERTO SEEL s/ HIPOTECA - EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-03-14

El embargo anterior tiene prelación frente a los otros embargantes de fecha posterior con créditos quirografarios, pues el primero en el tiempo resulta preferente en el mejor derecho. Ello encuentra su fundamento también en los arts. 736 C.C.y 911 C.P.C, y el embargo concede prioridad para el pago según la procedencia cronológica de su traba.