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Playas de estacionamiento, hipermercado, responsabilidad del garajista, automotor en playa de estacionamiento, hurto de automotor, asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, acción de reembolso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CIA.    DE    SEGUROS   LA   MERCANTIL  ANDINA  SA c/ CARREFOUR ARGENTINA SA S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

En una acción por la cual una aseguradora reclama a un hipermercado lo abonado a su asegurado, como consecuencia de la sustracción de su automóvil de la playa de estacionamiento del defendido, aún cuando -como en el caso- el accionado alegue que la oferta del mentado servicio, por la circunstancia de no ir dirigida a persona determinada, carece de efecto vinculante por ausencia del citado requisito sustancial, sin embargo, no puede desconocerse que el citado ofrecimiento de utilización de los espacios de estacionamiento contiguos al establecimiento comercial, al menos debe reconocersele aptitud para constituir una invitación a ofertar que sumada a un ulterior comportamiento de un determinado destinatario al utilizar alguno de los lugares demarcados para estacionar su vehículo cabe tener por integrada tal invitación a ofertar y por perfeccionada "la declaración de voluntad común" y anudado el vínculo contractual a través del consentimiento del hipermercado a la oferta concreta del potencial cliente que hizo uso del estacionamiento y por perfeccionado el contrato a través de la aceptación del establecimiento exteriorizada ya sea en forma expresa o por comportamientos declarativos o no declarativos, o bien, tácita (cfr. cciv: 917, 919, 1137, 1144 a 1146 y concs.).(En la especie, se hizo lugar al reclamo judicial).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Rojo, Alberto Marcelo; Campos, María Cristina s/ Robos reiterados y homicidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Constituye agravante hacer participar a un menor en un hecho ilícito ya que se deriva de ello mayor peligrosidad. Esta es, en definitiva, la razón por la que la ley del fuero de menores constituye en contravenciones diversas conductas de los mayores que ponen en peligro -moral o material- a menores de edad.
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDOZO, CECILIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

El diseño normativo elegido por el legislador provincial en ejercicio de sus facultades constitucionales en el artículo 32 de la ley arancelaria provincial tuvo como propósito directo preservar la integridad de la remuneración de los profesionales del derecho y, con el alcance expuesto, el medio empleado -institución de la "unidad jus"- luce en principio razonable, justificado dada la naturaleza y características de la modalidad de percepción de los honorarios -ello en virtud de las contingencias procesales a las que están sometidos, especialmente en su instancia recursiva-, erigiéndose como un modo de mantener incólume la propiedad del crédito alimentario y, en dicho sentido, hay un equilibrio o legítimo apego al texto constitucional que, además del principio de jerarquía normativa y el reparto de competencias, consagra la garantía de propiedad y la protección del trabajo profesional. (Del voto del Dr. Netri). Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326. Jurisprudencia concordante con Vectra Agropecuaria S.A., AyS T 278, p. 255/261.
Contrato de distribución, resolución del contrato, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Distri - Hur SA y otro c/ Pepsico de Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Corresponde hacer lugar a la demanda por la ruptura incausada del contrato de distribución que unía a las partes. Ello por cuanto, admitido por las partes que los convenios de marras dieron lugar a que entre ellas se generara una cuenta corriente mercantil, no parece tan claro que pudieran reclamarse en forma autónoma los créditos respectivos, desde que, así calificada la relación, la condición de deudor o de acreedor sólo hubiera podido conocerse tras la clausura de esa cuenta, oportunidad en la que hubiera debido determinarse si existía un saldo y, en su caso, quién era el beneficiario (CNCom, Sala C, "Enrique R. Zeni y Cia. SACIAF EI c/ Agro El Renacer SA y otros s/ ejecutivo", 11/06/15; Fallos 21:280, entre muchos otros). Entonces, forzoso es concluir que la defendida no tenía expedita la acción de cobro que ejercitó por vía de reconvención, mediante la cual intentó cobrar las facturas que reclamó como si hubieran sido créditos desvinculados de las demás remesas que habían sido llevadas en esa cuenta.
Fundamentación de sentencias, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cañete, Carlos Eusebio y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Las sentencias judiciales deben constituir -como requisito de validez- una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa.
Abuso sexual, agravantes de la pena, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: P., A. s/ Abuso sexual seguido de muerte r/ víctima M.M.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-11-13

No se debe olvidar que en la versión original del art. 119 la agravante sólo alcanzaba a los delitos de violación y estupro, sin que envolviera al abuso deshonesto previsto en el derogado art. 127. Este autor que estudiamos consigna que la muerte es una agravante relativa a los resultados producidos en el sujeto pasivo "....La muerte debe ser el resultado del abuso sexual. Debe haberse producido como consecuencia del delito mismo, o por las violencias producidas por el agente para ejecutarlo o, por las fuerzas desplegadas por el paciente para evitarlo, durante su ejecución.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Carmona, Antonio Walter c/ Galleguillo Antonio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-04-30

La carga de la prueba incumbe a las partes, sobre quien pesa el deber de incorporar al proceso los elementos necesarios para avalar los hechos invocados oportunamente en la demanda o su contestación.

Esta carga está expresamente establecida en el art. 361 del C.P.C., y ello condiciona la actuación del Juez desde que no puede en la sentencia referirse a otros hechos que los alegados y probados por las partes. De su actividad probatoria depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas.
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado.Coadyuvante Perez Hnos. c/ Poder Ejecutivo. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

La exención tributaria dispuesta por el art. 38 de la ley 18.360, establecido en favor de los particulares que contraten con la Empresa Nacional de Ferrocarriles, debe ser considerada en el marco del régimen general dispuesto por la ley 18.310, sin que exista ningún elemento que autorice a entender que haya sido propósito del legislador modificar para cada caso particular de los ferrocarriles el régimen general. En consecuencia los contratistas de la citada empresa solo se encuentran exentos de la imposición legal provincial en tanto ésta interfiera directa o indirectamente en las actividades normales que la utilidad nacional implica.
Jueces, facultades del juez, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: LATTARI, NICOLAS c/ MINETTI Y CIA s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  - COBRO DE AUSTRALES (CSJ EXPTE Nº  445-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-31

Si bien -en principio- las facultades de la Alzada autorizan a emplazar los hechos verificados en el transcurso del proceso en el ámbito jurídico que entienda adecuado, tendrá que respetarse, antes que nada, que el debate se haya articulado en conexión con ellos;

posteriormente, que estén comprobados.
Proceso judicial, recurso de apelación (procesal), apelación de honorarios, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Hakoro S.A. c/ S.E.G.B.A. s/ Juicios de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

En atención a lo resuelto por esta Sala en la causa Nº 11.982/97 "Cardinale Miguel A. -RQU- c/ Fisco Nac. -D.G.I. s/queja", del 2/10/97, y teniendo en cuenta que el monto reclamado en la demanda, es inferior al previsto en el art. 242 del C.P.C.C.N., modificado por ley 23.850, resulta inapelable la regulación de honorarios recurrida; por ello, decláranse mal concedidos los recursos de apelación deducidos.
Estado de necesidad, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: PUCHETA, Carlos Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-12-21

Con ser que la miseria normalmente es fuente objetiva de los más variados estados de necesidad, no es menos cierto que son entidades conceptuales de diferente naturaleza. Igual situación es la del hambre. La miseria se asienta sobre un sustrato de gran pobreza y el hambre sobre una necesidad fisiológica. Así un paupérrimo sujeto puede estar satisfecho en su hambre y un millonario, en determinados casos, padecerlo hasta la sideración.-
Cheque, legitimación activa, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Yelin, Sergio Gabriel c/ Zenith S.R.L. s/ Ejecutivo (Expte.: 1348)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-04-18

La falta de desconocimiento del librador de su propia firma en el cheque que se pretende ejecutar, es suficiente para desestimar la excepción de inhabilidad del título fundada en que el tenedor no está legitimado por ser falsa la firma de uno de los endosantes, es que, en virtud del carácter autónomo de las obligaciones de cada uno de los suscriptores, la invalidez de una firma inserta en el instrumento cambiario sólo puede ser opuesta a quien le es atribuida, solución que también surge, de la solidaridad prevista en el art. 11 de la ley de cheque 24.452.
Estupefacientes, decomiso, violación de domicilio
Materia: PENAL
Carátula: Montecino, Héctor Isaac; Davila, Sergio Rubén; López, Cristian Abel; Navarrete, Jorge Ruperto; Ribera Pabst, Manuel Arturo s/ Recursos de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-02

Toda vez que se encuentra debidamente acreditado que los vehículos fueron utilizados para llevar a cabo las actividades ilícitas en infracción a la ley 23.737 y también se constató el importante flujo económico a raíz de esta empresa delictiva, el decomiso de los automotores resulta ajustado a derecho. La utilización de la video cámara en el marco de una investigación judicial, resulta razonable, máxime si el dispositivo se instaló en la calle y no en el interior de la vivienda, lo cual da por tierra con una posible vulneración en el caso, a la garantía de inviolabilidad del domicilio y al derecho de privacidad protegidos por la CN, que planteara la defensa.
Acción de amparo, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, denegatoria del recurso, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Peñalva, Daniela Soledad c/ GCBA s/ Amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Los planteos de la parte actora que objetan el método de cálculo establecido en el art. 8 de la ley n° 4036 deben ser desestimados puesto que remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho y prueba bajo el análisis de normas infraconstitucionales, cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia (cfr. Fallos 330:4770; 330:3526; 330:2599 y 330:2498, entre otros) y no logran evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi.
Deuda previsional, concurso preventivo, facultades de la administración, fisco nacional, facultades reglamentarias, juez del concurso, facultades del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: EL HALCON S.A.T. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

La facultad reglamentaria de la que está imbuido el órgano administrativo, en modo alguno lo autoriza a prescindir de la ley o de actuar fuera del ámbito judicial por ella previsto, en los casos de concursos y quiebras. No cabe admitir o tolerar, con fundamento meramente fiscalista, una actitud autónoma, independiente de todo límite legal o judicial que, sin meritar las consecuencias globales de su accionar, lleven o puedan llevar a un perjuicio no sólo de la empresa afectada, sino de toda la masa de acreedores, incluyendo al propio fisco. En este tipo de procesos, la autoridad recaudatoria ha de tener presente que no existen dos jueces paralelos con capacidad para decidir sobre la suerte del patrimonio del quebrado. Sólo al Magistrado judicial, por mandato constitucional, le corresponde esa atribución.
Evasión fiscal, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alvarez, Rafael Eduardo s/ Inf. art. 1º Ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

La modificación que la ley 26.735 introdujo en el art. 1 de la ley 24.769 en cuanto al tope objetivo de punibilidad en materia de evasión fiscal no conduce a su aplicación retroactiva en virtud del principio de la ley penal más benigna, pues el objeto de esa reforma no fue desincriminar las conductas por debajo de esos valores, sino actualizar los importes mínimos exigidos para considerar verificado el delito tributario frente a la depreciación del valor de la moneda sufrida durante la vigencia de la ley 24.769. (Del voto en disidencia del Dr. Pablo Candisano Mera)
Administración Pública, dictamen jurídico previo, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR. y sus acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

El dictamen jurídico previo constituye un requisito de naturaleza instrumental íntimamente ligado a la garantía al debido proceso del particular y su obligatoriedad logra que la Administración Pública, a través de sus organismos especializados, analice la controversia planteada a la luz de los principios jurídicos y disposiciones normativas aplicables, y de esta manera garantice prima facie que todo acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares respete el ordenamiento jurídico vigente. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Carmona, Antonio Andrés s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fundado en la transgresión del art. 255 -n.a.- del Código de Procedimiento al resolverse que concurren tres presunciones de la autoría responsable del procesado si respecto a una de ellas no demuestra la violación legal invocada y, en cuanto a otra, formula su reclamo sobre aspectos parciales de la compleja estructura que le atribuyó el sentenciante, no impugnándola en su verdadero contenido.
Declaración de insania, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDRO A. DUHALDE Y CIA. c/ L., L. s/ COBRO DE PESOS - INCIDENTE DE RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-31

La sentencia de interdicción reviste carácter constitutivo y sus efectos no se retrotraen, sino que modifica la capacidad del denunciado como demente, desde el día en que se encuentre firme.
Sobreseimiento, nulidad procesal, cosa juzgada, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BACHELLA, Pedro Gabriel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Si el sobreseimiento dictado no fue recurrido por ninguna de la partes y fue debidamente notificado, constituye una decisión jurisdiccional con autoridad de cosa juzgada, por lo que no puede declararse nulo.

Nulificar un interlocutorio que por haber adquirido firmeza ha pasado en autoridad de cosa juzgada, retrotraería el procedimiento, lo que implicaría una violación a la garantía constitucional que impide someter a un justiciable nuevamente a un proceso por el cual ya ha recaído una resolución firme. Esto impide toda revisión del procedimiento cumplido para dictarlo aunque se funde en una nulidad absoluta, o exista una fundamentación aparente del fallo (*).

Por ello, y dado que lo contrario implicaría la violación al principio del non bis in idem (**), debe declararse la nulidad del auto que declara la nulidad del sobreseimiento.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: OSNAGHI, ALBERTO HUGO. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. s/ INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

Si bien, como regla, lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye materia ajena el recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias no son, en razón del carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, susceptibles de tratamiento en esta instancia, dicha doctrina admite excepción en los supuestos en que la solución acordada no permite referir concretamente la regulación al respectivo arancel y ello motiva que los honorarios no guarden relación con los valores económicos en juego. Así ocurre en el caso con la regulación del letrado recurrente, ya que la circunstancia de haber tramitado la litis ante un juez incompetente, no autoriza, de por sí, a prescindir del valor económico computable a los fines regulatorios, sobre todo teniendo en cuenta que tal conclusión no encuentra sustento en los arts. 2, 4 y 12 de la ley 3.041 de la Provincia de Corrientes que no formula ninguna distinción al respecto.
Honorarios del abogado, tercería de dominio
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SALTA c/ KOSINER S.A. s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-06-06

En caso de ser el valor del bien superior al del crédito reclamado en el principal, no cabría regular honorarios en base al primero, en razón de que el acreedor sólo lo persigue en relación al monto del segundo y correlativamente el tercerista ejerce su defensa como resultado de esa pretensión. En el supuesto inverso, cuando el valor del crédito supera al del inmueble, tampoco procede la regulación de honorarios en base a aquél, pues el acreedor persigue a éste sólo en proporción a su valor con el fin de cubrir en alguna medida su acreencia, en tanto que el tercerista defiende su pretendido derecho en igual proporción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintero, Julián Tomás c/ Lotumolo García, Hugo y otros s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

La primera presentación a que alude el Código Civil no puede ser otra en el juicio ejecutivo que la realizada en el período destinado a la oposición de excepciones, ya que sólo a partir de la citación para la defensa adquiere aquél carácter contencioso. Es decir, que el deudor siempre podrá oponer la prescripción en la oportunidad de contestar la demanda aún cuando hubiere efectuado otras presentaciones anteriores por distintos motivos.
Servicio Penitenciario Federal, remuneración, carácter remuneratorio, adicional por desarraigo, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Acevedo  Pedro  Alfonso c/ EN-M°  de  Justicia y DDHH-ServicioPenitenciario s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-14

Por razones de economia procesal y dejando a salvo la opinión de la Sala en contrario ("Rodríguez Elena Haydee y otros c/ EN -M° Justicia-Servicio Penitenciario Federal s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg", del 28 de noviembre de 2000, revocada por la C.S.J.N. el 10 de octubre de 2002), corresponde aplicar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re M. 58. XXXVIII y M.998. XXXVIII "Machado, Pedro José Manuel c/ EN -M° e Justicia s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg", del 5 de septiembre de 2002 y reiterada in re B.274. XXXIX y B. 4174. XXXVIII "Barrientos, Simeón c/ Estado Nacional-Ministerio de Justicia-Servicio penitenciario Federal", del 23 de septiembre de 2003 en los que se reconoció el carácter remunerativo de la "compensación por inestabilidad de residencia" (creada por el artículo 1 del decreto 2.260/91, cuya vigencia fue prorrogada por el art. 1 del decreto 2.505/91 y su texto modificado por el art. 2 del decreto 756/92), como así también del adicional establecido por el art. 3 del decreto 756/92, no así su carácter "bonificable" ya que los adicionales fueron creados por el Poder Ejecutivo como no bonificables dentro de sus atribuciones y tal carácter mantuvieron hasta el dictado del decreto 101/03, vigente a partir del 1° de enero de 2003 y con relación a los suplementos particulares creados por el decreto 2.807/93, explicó que de su generalidad no derivaba el caracter "remunerativo".
Procesamiento sin prisión preventiva, excarcelación, cancelación de la caución, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CITRARO, Domingo s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

Debe disponerse la libertad provisional del encausado pues, tal como inequívocamente prevé el art. 310, C.P.P., cuando se dictare auto de procesamiento sin prisión preventiva por no reunirse los requisitos del art. 312 del citado cuerpo, '...se dejará o pondrá en libertad provisional al imputado...'. Sin perjuicio de las cargas que pudiera imponérsele. Si bien aquél se hallaba excarcelado bajo caución real, de hecho estaba privado de libertad ya que no pudo afrontar la misma.

En tales condiciones, el juez debió decretar la libertad oportunamente otorgada, sin imponer otras restricciones que aquellas previstas en el art. 310 del código adjetivo, con independencia de su situación global. Declarar que no se dan los supuestos del art. 312 y, a su vez, mantener el estado de detención, ya implica imponer al imputado cargas no previstas para su situación procesal.