Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19


Buenos Aires, 19 de marzo de 2008.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. P. A. L. interpuso recurso judicial de revisión (fs.1/16 vuelta, expediente principal) de la resolución n° 1867/SS/03, dictada el 18/9/03, por la que fue exonerada como obstétrica del Hospital General de Agudos "Ignacio Pirovano" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante: GCBA), por "Haber provocado maniobras obstétricas que produjeron lesiones graves a la paciente N. G. N., el 13 de diciembre de 1996 en la sala de partos" y por "Haber sido condenada por el Juzgado Nacional en lo Correcional Nº 10, Secretaría Nº 76, Causa Nº 41.589/97, por ser coautora penalmente responsable del delito de lesiones culposas ..." (fs. 495, expediente administrativo). La actora sostuvo en la demanda que el acto era nulo, de nulidad absoluta e insanable (cf. art. 14, inc. b, LPA), por haber sido dictado en violación a los arts. 9, incs. i y ñ, y 49, de la ley n° 471; y por contradecir las exigencias del art. 7, incs. b y e de la LPA.

La Sra. L. expresó que a ella se le imputó haber practicado a la Sra. N. una maniobra obstétrica denominada 'de Kristeller', que se hallaría contraindicada, y mediante la cual se habrían provocado lesiones a la parturienta, pero que fue exonerada por haber permitido la realización de esa maniobra. La actora planteó que esa diferencia entre el cargo que se le formuló y la causa por la que resultó segregada de la función pública violó el principio de congruencia, lesionó el debido proceso adjetivo y produjo su indefensión. Refirió, además, que por su participación en el suceso fue condenada penalmente por el Juzgado Correccional n° 10 como "... autora del delito de lesiones culposas", imponiéndosele las penas de multa de $ 3000 e inhabilitación especial por dos años para ejercer profesión de obstétrica, pena de la que fue posteriormente rehabilitada.

También cuestionó la valoración de la prueba producida en el sumario, que consideró arbitraria, por no meritar diversos elementos de juicio que ella consideró relevantes, según el desarrollo que efectuó en la demanda.

La accionante se agravió por la consideración de la condena en sede penal, como fundamento para disponer su exoneración, ya que la ley local n° 471 habilita la separación de los agentes públicos en caso de condena firme por delito doloso, falta grave que perjudique a la administración o condena por delito cometido contra ella; sostuvo, además, que, si bien fue condenada en sede penal, se la consideró responsable de un delito culposo y que la conducta que le fue atribuida en la sentencia penal no coincide con la que se determinó en sede administrativa.

La Sra. L. planteó, asimismo, que las reglas vigentes condicionan la procedencia de la sanción de exoneración a que se ocasione un perjuicio a la administración local (art. 49, inc. a, ley n° 471), cuestión ésta aún pendiente de decisión en el juicio iniciado por la Sra. N. contra el GCBA, la actora y otros.

Finalmente, la actora consideró irrazonable, por excesiva, la sanción impuesta, pues fue rehabilitada para ejercer su profesión y obró de buena fe en todo momento. Afirmó que esas circunstancias no fueron tenidas en cuenta por la Administración al disponer su exoneración.

2. El GCBA contestó la demanda y solicitó su rechazo (fs. 131/139, expediente principal). Consideró que la acción incorrecta de la actora, cuyo resultado fueron las lesiones causadas a la Sra. N., constituyó una falta grave que permitió fundar la sanción extintiva de la relación de empleo público. También sostuvo que -con fundamento en el art. 1.102 del Código Civil- había ya cosa juzgada tanto sobre la existencia del hecho, como sobre la culpabilidad de la agente exonerada, en virtud de la condena dispuesta en sede penal. El demandado afirmó que "la conducta de la ex agente encuadra típicamente en las faltas que describe el art. 37 de la Ordenanza Nº 40.401, vigente al momento de los hechos, norma reiterada en el art. 49 de la Ley nº 471".

3. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó la demanda, con costas a la vencida (fs. 191/195 vuelta, autos principales).

En los fundamentos de la sentencia, el tribunal ponderó la incidencia de la sentencia penal sobre las cuestiones planteadas en el juicio. Admitió que la condena penal podía influir en la aplicación de una sanción disciplinaria y consideró aplicable el art. 1.102 del Código Civil a las causas contencioso-administrativas. Concluyó así que no era posible discutir en este juicio "la existencia del hecho que llevó a la condena en sede penal y que culminó con la separación de la actora de su puesto laboral".

Luego, la Sala resaltó ciertos aspectos de la sentencia penal y resolvió que los hechos que motivaron la condena penal otorgaban sustento suficiente a la medida disciplinaria adoptada y desestimó los agravios relativos a la existencia de vicios que condujeran a la ilegitimidad del acto administrativo cuestionado.

En cuanto a la supuesta afectación del principio de congruencia fundada en la "engañosa disyuntiva en punto a que 'provocar' no es lo mismo que 'permitir'" -según se expresa en la sentencia-, el tribunal consideró que ella no planteaba "un argumento adecuado para revertir la sanción aplicada", ya que no medió afectación del debido proceso adjetivo.

En relación con el argumento referido a la arbitraria valoración de la prueba en sede administrativa, la Sala consideró que en tal sede se posibilitó a la actora producir prueba, y que ella fue ponderada de modo correcto por la Administración. Agregó el tribunal que la accionante pretende, elípticamente, reabrir el juicio sobre la configuración y alcances del hecho dañoso, decidido en sede penal.

La sentencia destacó también la existencia de perjuicios para la Administración, en contra de lo afirmado por la actora en la demanda. Señaló que en los autos "N. N. G. c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios" (expte. 2148/0) el GCBA, la Sra. L. y la Sra. N. V. G. fueron condenadas al pago a la Sra. N. de la suma de $ 90.000 por incapacidad sobreviniente y $ 70.000 por daño moral, pronunciamiento confirmado por la Sala I de la Cámara el 26/9/06. De tal forma, resultaba aplicable el art. 49 de la ley local n° 471: "Serán causales de exoneración: a. falta grave que perjudique material o moralmente a la administración..." La Sala II, por último, no consideró desproporcionada o irrazonable la sanción impuesta en relación a los hechos que la motivaron, aún frente a los atenuantes esgrimidos por la actora.

4. La actora interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia (fs. 201/229 vuelta, autos principales) invocando la lesión de principios constitucionales y la arbitrariedad de la decisión adoptada por el a quo. En el escrito afirmó: a) el fallo se aparta de la normativa vigente, en particular del principio de congruencia, y lesiona los arts. 1 y 18, CN, y 13, inc. 3, CCBA; b) la sentencia afecta la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo público, establecidas en el art. 14 bis, CN, y 43, CCBA, ya que el procedimiento administrativo fue irregular y culminó con un acto administrativo incausado y sin motivación; c) se prescindió de interpretar las normas aplicables según la directiva del art. 43, CCBA (principio protector); d) en el procedimiento administrativo no medió correlación entre la acusación y la sentencia, ya que se le imputó haber "provocado" una maniobra obstétrica y se la exoneró por haberla "permitido"; e) no correspondía derivar automáticamente de la condena penal la necesidad de aplicar una sanción administrativa; se prescindió de considerar la buena fe de la actora y otras circunstancia atenuantes; f) la sentencia valoró arbitrariamente los hechos probados en el sumario y la normativa aplicable; y g) la sanción resultó desproporcionada (irrazonable).

5. El GCBA contestó el traslado conferido y solicitó el rechazo del recurso (fs. 233/236 vuelta, autos principales).

6. La Sala II no concedió el recurso (fs. 238/239 vuelta, autos principales). Consideró que la sentencia trató "cuestiones relacionadas con los hechos controvertidos, la adecuada incidencia de la sanción penal en la esfera administrativa, los fundamentos brindados en la jurisdicción correspondiente para el dictado de aquella, la inexistencia de vicios en el acto administrativo atacado, así como la pretendida diferencia 'sustancial' que pudiera afectar el debido proceso, la valoración de la prueba producida en sede administrativa y el fundamento legal y proporcionalidad de la sanción impuesta. Es decir, todas materias de derecho común". Agregó que en la causa "no se encuentra controvertida la interpretación o la aplicación de normas constitucionales en forma directa" y que "los argumentos expuestos - basados en su totalidad en una supuesta arbitrariedad - aparecen limitados exclusivamente al mero disenso del recurrente. No resulta que se logre demostrar y conformar, en forma precisa y detallada, un efectivo caso constitucional, a través de una construcción que desvirtúe las consideraciones y fundamentaciones contenidas en el decisorio." 7. La actora interpuso recurso de queja (fs. 99/131 vuelta) ante el Tribunal para cuestionar el auto denegatorio. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja (fs.141/143 vuelta).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

I.

1. La queja planteada, en tiempo oportuno y debida forma, por la parte actora intenta que el Tribunal considere los agravios formulados por ella contra la sentencia de fs. 57/61 (copia) mediante la cual la Sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de revisión planteado contra el acto administrativo que dispuso la exoneración de la Sra. P. A. L. de su cargo de obstétrica del Hospital Pirovano.

El recurso de queja refuta suficientemente los fundamentos de la denegatoria en una cuestión principal: demuestra que en el caso se ha discutido (y resuelto en forma adversa a su pretensión) si el acto sancionatorio mantiene congruencia con los cargos formulados; recaudo que la recurrente considera constitucionalmente exigible por vincularse con la garantía del debido proceso (y del procedimiento administrativo) y con el derecho de defensa. Así, en contra de lo afirmado por la Sala, la actora ha planteado una cuestión constitucional en la oportunidad debida (escrito de demanda), cuestión desestimada por la instancia de grado pero que autoriza la intervención del Tribunal por la vía del recurso de inconstitucionalidad.

La queja, entonces, triunfa sólo en ese aspecto parcial de los agravios de la recurrente.

2. Por lo contrario, las numerosas referencias a la arbitrariedad de la sentencia vinculadas con la ponderación de los hechos constitutivos de la infracción, con sus posibles circunstancias atenuantes, con la interpretación y valoración efectuada por el a quo de la sentencia condenatoria dictada en sede penal, con la vinculación entre la pena y la sanción administrativa, remiten a la consideración de aspectos de hecho y de derecho infraconstitucional, ajenos a la vía recursiva intentada.

La arbitrariedad, denunciada reiteradamente en el recurso de inconstitucionalidad, no significa otra cosa -semánticamente- que la voz agravio, más utilizada académicamente para señalar un presupuesto de los recursos. Y ella, a su vez, no significa otra cosa que perjuicio que la decisión provoca por no haber aceptado los puntos de vista del recurrente en cuanto a la valoración del caso y a la determinación de la norma jurídica que le da solución. Pero, a más de toda la jurisprudencia del Tribunal sobre lo marcadamente excepcional de la procedencia del recurso por este motivo, según señala la creadora del llamado motivo del recurso federal ante ella, nuestra CSJN (ver, por todos, expte. n° 5099/06 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en : Palomes, Susana c/ OsCBA y otros s/ amparo [art. 14 CCABA]"), y de la opinión mía, varias veces más estricta que aquella (cf. mis votos en: "Compañía Meca SA c/ DGR [Res. n° 429/DGR/2000] s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte n° 2630/03 y sus acumulados exptes n° 2538/03 y n° 2585/05, sentencia del 12/8/04, y sus citas; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, resolución del 26/05/05 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Lococo, Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. nº 3792/05, resolución del 29/06/05), tal perjuicio, innegable en el caso, no emerge en razón de una regla constitucional de mayor rango que las comunes, que habla sobre la validez de estas últimas, aplicadas en el caso, sino, tan sólo, de una discrepancia acerca de aquello que significa el caso y aquello que dice el Derecho común (infraconstitucional) y local vigente, afirmación con la cual queda clausurada esta "tercera instancia", intentada sin derecho y por fuera de los límites de competencia del TSJ, conforme a la ley que rige esa competencia judicial (CCBA, 113 y ley procesal local n° 402).

3. Tampoco resultan atendibles la referencias a la afectación del principio protector (art. 43, CCBA), ni la mentada lesión a la garantía de la estabilidad (art. 14, CN, y 43, CCBA), pues ellas carecen de un desarrollo autónomo suficiente que vincule el contenido del precepto constitucional con lo actuado y decidido en la causa.

Con el alcance parcial, que surge de los puntos precedentes, consideraré el recurso de inconstitucionalidad de la actora.

II.

4. Se ha probado en la instancia de mérito:

a. De acuerdo con las actuaciones administrativas acompañadas como prueba y con la sentencia penal, la Sra. L. intervino en la asistencia obstétrica de la Sra. N. en la sede del hospital Pirovano. La actuación de la actora fue considerada incorrecta en ambas sedes. En la causa penal se dictó en contra de ella una sentencia condenatoria por considerarla co-autora del delito de lesiones culposas.

b. Del sumario administrativo surge que el hecho que se imputó a la actora al recibirle declaración indagatoria fue "Haber provocado maniobras obstétricas..." (fs. 219, expte. n° 39297/00, sumario n° 673/00).

c. La Sra. L. declaró en el sumario "Que niega haber realizado la maniobra (...) y tampoco lo ordenó." (fs. 219, expte. n° 39297/00, sumario n° 673/00).

d. El dictamen del Director de Sumarios aconsejó sancionar con exoneración a la actora por "Haber provocado maniobras obstétricas que produjeron lesiones graves a la paciente N. G. N...." (fs. 414 vuelta, sumario n° 673/00).

e. La resolución de exoneración atribuyó en su parte dispositiva a la actora "Haber provocado maniobras..." (fs. 470, sumario n° 673/00).

Como se puede advertir de aquello que fue reseñado en los puntos b, d, y e, en realidad no existió diferencia entre el cargo que le fue informado a la actora, al recibirle declaración, y la causa expresada en la parte dispositiva de la resolución que dispuso su exoneración: en ambos actos se le atribuye haber "provocado" las maniobras obstétricas.

5. La actora afirma que el cargo acerca del cual ella se defendió en el sumario administrativo fue de "provocar" la maniobra y que en el acto de exoneración se establece que su responsabilidad emerge de haber "permitido" la práctica de esa maniobra médica. A la diferencia entre imputarle "provocar" un acto y sancionarla por "permitir" su práctica atribuye las lesiones constitucionales que denuncia: a) afectación del debido proceso, y b) indefensión.

Como se demostró en el punto anterior, el dictum del acto administrativo no exhibe discrepancias con el cargo por la que fue indagada la Sra. L.. Existe sí una diferencia entre la descripción de la conducta atribuida a la Sra. L. en la sentencia penal y la que se efectúa en los fundamentos de la resolución administrativa. En aquélla se afirma que la aquí actora indicó a una enfermera la realización de una maniobra, que fue la causa de las lesiones sufridas por la Sra. N. En cambio, el acto administrativo sancionador resulta un tanto contradictorio en sus fundamentos a ese respecto, ya que, por una parte, expresa que el cargo formulado a L. fue "Haber permitido maniobras obstétricas..." (expresión que no se ve corroborada al consultar el acta en que consta la declaración indagatoria de la actora, fs. 28/29/30 del recurso judicial, que corresponde a fs. 219/221 del sumario administrativo), y, por la otra, considera que el hecho acreditado consiste, en relación a la actora, en haber "realizado (...) maniobras obstétricas"; afirmación ésta que la resolución vincula con lo decidido en la causa penal al señalar que allí se sostuvo que "las sumariadas [G. y L.] en circunstancias de encontrarse interviniendo en el parto de la paciente N., dispusieron la práctica de una maniobra obstétrica".

Considero que esas diferencias de léxico (reales, objetivas) no han afectado los principios constitucionales que regulan la intervención sancionadora del Estado. La lectura de la declaración indagatoria brindada en el sumario administrativo por la Sra. L. pone en claro que tras informársele el hecho imputado (haber realizado la maniobra obstétrica), ella negó haberla practicado. También se constata que la instrucción la interrogó sobre las declaraciones de terceros que señalaron que ella indicó hacer la maniobra a una enfermera llamada "T.", cuestión que fue negada por la actora (ver en extenso fs. 219/220, sumario administrativo n° 673/00). No se advierte, en consecuencia, afectación alguna al derecho de defensa ya que pudo conocer las distintas versiones referidas a su forma de intervención en el hecho (provocar, indicar o permitir la práctica de la medida obstétrica indebida) y ejercer ampliamente su defensa. En otros términos: conoció el hecho atribuido, las pruebas en su contra y ejerció con asistencia letrada su defensa durante el sumario.

Por lo demás, entre provocar una maniobra obstétrica, indicar una maniobra obstétrica y permitir una maniobra obstétrica sólo media una diferencia de léxico, para un contenido semántico similar, diferencia que no permite un triunfo argumental como el que pretende la recurrente.

En consecuencia, las constancias sobre los actos de la causa dejan sin sustento la denuncia de lesión de derechos y garantías constitucionales en la resolución del sumario administrativo -y en la sentencia de la Cámara-, argumento en el que la actora pretendió fundar el caso constitucional. Dicho sea de paso, la sustanciación y decisión en forma regular y legítima del sumario administrativo, desvirtúa también la ligera mención a la garantía de la estabilidad en el empleo público que la actora efectuara en su demanda. Precisamente, para preservar la vigencia de ese principio, es que se instruyó el sumario administrativo y se le dio oportunidad amplia de defensa, incluso técnica.

6. La sentencia recurrida afirma -y no es negado por la actora en la expresión de agravios- que el GCBA, junto con las Sras. G. y L., fue condenado a resarcir a la Sra. N. en la suma de $ 160.000, por las lesiones que ella sufriera durante la asistencia hospitalaria que dio lugar a las actuaciones penales y disciplinarias.

Ello ratifica la gravedad de la conducta atribuida a la actora que, además del reproche penal, habilitó la reparación civil, extendida al Estado sobre la base de su responsabilidad directa por falta de servicio (art. 1112, Cód. Civil), y, con ello, el aserto de la Cámara al considerar racional la sanción administrativa aplicada, con base en la ley común aplicable. El conjunto de ámbitos de ilicitud vulnerados por el obrar culposo de la actora y sus consecuencias, permiten descartar, también, la denuncia de exceso de punición mencionada en el recurso.

7. En verdad, como lo anticipé al ponderar la queja, las referencias constitucionales que la recurrente ha efectuado, y la denuncia de arbitrariedades en el sumario y en la sentencia recurrida sólo se refieren ostensiblemente a cuestiones de prueba y de Derecho común (infraconstitucional) local, que la sentencia criticada determinó y aplicó, conforme a su propia valoración e interpretación. El recurso no expone otra cosa que su desagrado con esa valoración y con esa interpretación, razón por la cual no existe lesión constitucional alguna en el procedimiento seguido para decidir la cuestión.

Por las razones expuestas en los puntos I y II propongo dictar sentencia con el siguiente dispositivo: 1) hacer lugar parcialmente al recurso de queja planteado por la actora; 2) rechazar, en cuanto es admitido, el recurso de inconstitucionalidad planteado por la actora; 3) imponer las costas a la parte vencida.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero a los puntos 1 y 3 a 7 de los fundamentos expuestos en el voto del juez Maier.

Asimismo, el agravio introducido en el recurso de inconstitucionalidad en torno a la arbitrariedad de la sentencia resulta improcedente. La admisibilidad del recurso extraordinario por arbitrariedad, establecida por la Corte Suprema a partir de Fallos 184:137, es estricta pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional (Fallos 312:246, 389, 608, 1839, entre otros).

Por lo expuesto, me sumo a la solución propuesta por el Sr. juez de trámite.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Si bien el recurso de queja interpuesto por la actora fue deducido en tiempo oportuno (art. 33 LPTSJ), no puede prosperar, ya que no logra rebatir el principal fundamento en virtud del cual fue denegado su recurso de inconstitucionalidad: la ausencia de un caso constitucional.

2. La actora, en sus recursos de inconstitucionalidad y queja, sostiene que se han violado sus derechos constitucionales al debido proceso y la defensa en juicio con el dictado, por parte de la Cámara, de una sentencia manifiestamente arbitraria, con fundamentos sólo aparentes que no encuentran respaldo en las circunstancias comprobadas de la causa.

En resumen, la accionante fundamenta su tacha de arbitrariedad en las siguientes críticas a la sentencia definitiva de la Cámara:

a)	No haber ponderado correctamente la violación del principio de congruencia ocurrida durante la tramitación del sumario administrativo, por falta de correlación entre la acusación que le imputaron y la sanción de cesantía.

b)	Convalidar una sanción administrativa fundada en la condena en sede penal, cuando ella no implica "per se" la imposición de un castigo administrativo.

c)	Desconocer el derecho a la estabilidad del empleado público.

d)	No haber contemplado la inexistencia de perjuicio para la Administración Pública, que impediría la aplicación del art. 49 incs. a) y b) de la ley 471.

e)	Haber confirmado una sanción administrativa irrazonable y desproporcionada.

3. Con relación al primer punto, la señora L. manifiesta que existe incongruencia entre el cargo por el cual se la indagó y el hecho por el que se la exoneró, lo que deriva en una afectación del derecho de defensa en juicio, provocándole un estado de indefensión (fs 106 vuelta). Para demostrarlo, cita y transcribe fragmentos de declaraciones testimoniales obrantes en el expediente (fs. 104 y siguientes) intentando demostrar que era imposible que ella pudiera llevar a cabo la maniobra de Kristeller, hecho que provocó las lesiones en la paciente que dieron origen a la causa penal. Como puede verse, la recurrente no exhibe más que su disconformidad con la valoración de la prueba y con la aplicación por la Cámara de normas infraconstitucionales y de derecho común. La recurrente insiste en defensas y manifestaciones que ya fueron consideradas y rechazadas por el Tribunal al resolver el recurso de inconstitucionalidad y no articula una concreta cuestión constitucional que habilite el recurso en análisis. Nunca logró demostrar cuáles fueron las defensas o argumentos que no pudo esgrimir por las falencias que asigna al sumario y al no identificar vicios concretos en la actuación sumarial, no logra acreditar que la sanción impugnada fuera el resultado de un procedimiento irregularmente tramitado.

Y es que más allá de la discusión semántica sobre los términos utilizados por la Administración Pública para acusar y, posteriormente, sancionar a la actora -"provocar" o "permitir" la maniobra de Kristeller-, lo cierto es que desde el primer momento la actora supo el hecho concreto que le imputaron (ver notificación de los cargos efectivizada en el acta de fs. 216 de las actuaciones administrativas), por lo tanto resulta difícil advertir el estado de indefensión que invoca.

4. Con relación al agravio referido a la condena en sede penal y su efecto en la sanción administrativa, es necesario destacar que el art. 1102 del Código Civil veda toda discusión sobre la existencia de los hechos y el juicio afirmativo de culpabilidad. La norma es clara en el sentido de establecer que "después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito ni impugnar la culpa del condenado".

Por lo tanto, la Cámara no podía apartarse, sin violentar dicha norma -que pretende evitar la producción de sentencias contradictorias sobre el aspecto del hecho principal que constituye el delito-, de la conclusión en que se funda la sentencia condenatoria y que hace cosa juzgada respecto de la existencia del hecho constitutivo del ilícito y la culpa del imputado.

Si bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones, y teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho de lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento administrativo (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. III-B, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1983, 3ª ed. actualizada, § 1063 y ss., p. 424 y ss.). El fundamento radica en que la verdad real siempre debe ser una sola, razón por la cual lo resuelto administrativamente como pasible de sanción disciplinaria debe ser coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios de lógica jurídica. 5. En cuanto al agravio referido a la estabilidad del empleado público, la misma recurrente señala que la estabilidad no es una garantía absoluta y que la desvinculación del empleado público no puede llevarse a cabo sin la sustanciación de un debido procedimiento; sin embargo no logra demostrar con la seriedad debida, cuáles han sido los vicios del procedimiento administrativo que lo invaliden como tal, o de qué forma se vio lesionado su derecho de defensa.

La mera ruptura del vínculo laboral no suscita automáticamente un conflicto con la garantía de estabilidad ni con las previsiones del art. 18 CN y 13 de la CCBA, por eso es preciso que la actora conecte las cláusulas constitucionales mencionadas con la sentencia atacada, cuestión que no ha hecho.

6. Sobre el perjuicio provocado al GCBA, la accionante pretende relativizarlo sosteniendo que la condena fue en forma solidaria (fs. 130 vuelta).

En primer lugar, el hecho de que la condena en sede civil haya determinado responsabilidades concurrentes -y no solidarias, como incorrectamente afirma la actora- entre el GCBA, la actora y la Sra. G., no impide que la damnificada pueda ejecutar el total del monto indemnizatorio contra el GCBA, más allá de las posibles acciones de regreso. Por lo tanto, el perjuicio económico sufrido por la Administración local es claro y patente.

En segundo lugar, circunscribir el concepto de perjuicio, a lo económico o monetario, no es acertado. Es la misma normativa que regula las relaciones laborales en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 471) la que es clara al establecer en su art. 49, como causales de exoneración la "falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración", y no hay dudas que el hecho de la cesantía le causa un daño a la imagen del Estado local, como acertadamente lo señala el GCBA al decir que "la inconducta profesional de la cesanteada produce indudablemente una desvalorización del concepto que los contribuyentes de la Ciudad tienen con relación a la prestación de los servicios médicos que ofrecen los efectores públicos de salud, cuya labor se ve desprestigiada por hechos como los de autos" (fs. 138).

7. La invocación de la presunta irrazonabilidad y desproporcionalidad de la cesantía convalidada por la sentencia de Cámara, resulta un planteo poco serio que no merece mayores consideraciones.

Si tenemos en cuenta las graves lesiones que la maniobra de Kristeller le causó a la paciente, y la existencia de sendas condenas en sede penal y en sede civil por la conducta negligente de la actora, no cabe otra solución que desechar la tacha de arbitrariedad sobre este aspecto.

8. En conclusión, las manifestaciones del la Sra. L. constituyen una mera discrepancia con los fundamentos que sustentan la sentencia recurrida, la cual, más allá de su acierto o desacierto, constituye una decisión seria y razonable, que no puede ser calificada como arbitraria.

A los fines de intentar demostrar la arbitrariedad de la sentencia no es suficiente alegar que la resolución recurrida es "incongruente" (fs. 127 vuelta), "irrazonable e ilegítima" (fs 129), ni sostener que la resolución que dispuso su exoneración es arbitraria por omitir en su fundamentación dichos y testimonios producidos en la causa. Que la parte recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. Constitución y Justicia [Fallos TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t. I, ps. 282 y ss., en: "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas), pues "si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aun cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad" (Fallos 237:69).

La misma Corte Suprema enfatizó que la doctrina de la arbitrariedad, dado su carácter excepcional, exige de quien la invoca la demostración rigurosa e inequívoca del vicio que atribuye al fallo recurrido (Fallos 303:387) Por lo tanto, como acertadamente lo señala el Fiscal General Adjunto en su dictamen, la recurrente reitera el defecto que ya señalara la Cámara en la sentencia de fs. 238/239, al rechazar el recurso de inconstitucionalidad. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que no se encontraba controvertida la interpretación o aplicación de normas constitucionales en forma directa, y que la discusión versaba sobre cuestiones de hecho y prueba. Ahora, el escrito de interposición del recurso de queja reproduce casi en su totalidad la fundamentación de los recursos de revisión y de inconstitucionalidad sin lograr refutar el argumento en que el Tribunal fundara el rechazo de éste último.

Por todo lo expuesto, considero que la queja debe ser rechazada.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja no logra demostrar que el recurso de inconstitucionalidad articulado contra la sentencia de fs. 191/195 (autos principales) contenga agravios susceptibles de consideración en esta instancia.

2. En el pronunciamiento impugnado, la Sala II CAyT, sostuvo que no era posible discutir en este juicio la existencia del hecho que llevó a la condena en sede penal y que culminó con la separación de la actora de su puesto laboral (v. punto 6). También desestimó la presencia de vicios que provocaran la nulidad del acto administrativo que la actora postulaba, básicamente, sobre la base del menoscabo del principio de congruencia y de la valoración arbitraria, tanto de los hechos probados, así como de la normativa aplicable.

Aunque la accionante señala que tales agravios lesionan las garantías contempladas en los arts. 18, 14 bis de la CN y 13 y 43 de la CCBA no logra conectarlas con el pronunciamiento cuestionado. Ello así, por cuanto se invoca el derecho de defensa y la estabilidad propia del empleo público, sin indicar cómo el desarrollo del procedimiento administrativo en las condiciones que reclama el recurso hubiera determinado que el proceso penal -cuya conclusión consistente en sostener que la actora indicó a una enfermera la realización de una maniobra que fue la causa de las lesiones sufridas por la Sra. N., extremo no discutible en jurisdicción de la Ciudad- proyectara, en la instancia revisora contemplada en el art. 464 del CCAyT, un alcance distinto del que postula el a quo.

En tales condiciones, la sentencia atacada encuentra en la normativa infraconstitucional aplicable (vgr. art. 1102 del Código Civil y el régimen disciplinario aplicable a la relación de empleo que la actora mantenía con el GCBA, Ordenanza 40.401 y ley 471) un apoyo suficiente e independiente de las cláusulas constitucionales citadas que carecen, entonces, de relación directa con la decisión impugnada.

3. Finalmente, pese a que la recurrente sostiene que la sanción aplicada resulta desproporcionada, no corresponde a este Tribunal analizar el modo en que fue interpretada la potestad de exonerar agentes sobre la base de una nómina de causales meramente enunciativa (art. 50 ley 471), cuya validez constitucional no fue objetada en autos.

Por las razones dadas, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por rechazar la queja interpuesta a fs. 99/131.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez Luis Francisco Lozano.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja planteada por la Sra. P. A. L.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.