marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, reformatio in pejus, recurso extraordinario, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: OSCAR RAFAEL LANCI Y OTROS. s/ JUICIO  CRIMINAL-  REFORMATIO  IN  PEJUS-  DEFENSA  EN JUICIO- DEBIDO  PROCESO  LEGAL-  CORTE  SUPREMA-  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  GARANTIAS  CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

El efecto extensivo del recurso deducido por uno de los condenados favorece también a los demás, ya que tiende a ponerlos en igual situación procesal, aunque su recurso extraordinario provincial hubiera sido declarado inadmisible por inobservancia de las condiciones exigidas para su interposición (doctrina de los arts. 22 y 693 del Código de Procedimientos en Materia Penal; y legislación procesal provincial dominante); fórmula que protege tanto el supuesto de REFORMATIO IN PEJUS como la extensión de los recursos, que representa una clara interpretación constitucional del art. 18 de la Carta Magna, y que resulta aplicable por tratarse de analogía IN BONAM PARTEM.
Jurisdicción y competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión abstracta, aborto no punible, aborto fundado en violación, Derecho penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

No resulta un obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la circunstancia de que los agravios carezcan de actualidad por haberse llevado a cabo la práctica abortiva solicitada por una mujer -menor- que fue violada, pues las cuestiones relacionadas con el embarazo, o su eventual interrupción, jamás llegan al máximo tribunal en término para dictar útilmente sentencia, debido a que su tránsito por las instancias anteriores insume más tiempo que el que lleva el decurso natural de ese proceso, por lo que, se torna necesario decidir las cuestiones propuestas, aún sin utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro.
Acción de lesividad, estabilidad del acto administrativo, debido proceso, seguridad jurídica, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Wanka S.A. c/ Municipalidad de Guaymallén s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-02-01

El fundamento constitucional de la acción de lesividad se encuentra apoyado en un trípode constituido por el respeto al debido proceso, el respeto a la propiedad y por el principio de división de poderes, considerando que la razón fundamental de la referida acción, se encuentra en el art. 18 de la C.N. El administrado ha logrado obtener, luego de una tramitación en la que ha sido parte y por consiguiente ha podido aportar pruebas, descargos, etc., una prestación de la Administración. Resulta lógico que si esa prestación debe ser eliminada por errores cometidos por ésta, a los cuales es ajeno el administrado, se le den a éste, todas las posibilidades de defender con amplitud sobre prueba y debate, la validez del acto cuestionado y que esto debe ser realizado, además, ante un órgano imparcial, pues de lo contrario, quien ha emitido el acto, está siendo juez y parte. En este tipo de acciones, la labor del Tribunal tiende a asegurar el equilibrio necesario entre el principio de seguridad jurídica, que exige el mantenimiento de los derechos ya declarados, la estabilidad del acto administrativo y el principio de legalidad que manda sanear las infracciones al ordenamiento jurídico, con el fin de compatibilizar los intereses públicos con los intereses de los particulares.
Honorarios, regulación de honorarios, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEIREDO, BENITO c/ WAISBERG, JORGE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-15

Resulta procedente regular honorarios al defensor oficial, pues la circunstancia de tratarse de un funcionario a quien el estado le asigna un sueldo por el cumplimiento de determinadas tareas, no incide sobre la pretensión regulatoria porque el honorario procurado por el defensor no se fija en su beneficio en tanto su destinatario es el estado y, a más, porque la solución contraria importaría un enriquecimiento incausado, liberando de responder patrimonialmente a quienes fueron objetivamente vencidos en su pretensión.
Principio pro homine, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acosta, Guillermo José c/ Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-22

El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria (del voto del Dr. Castellanos).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, daños y perjuicios, indemnización, contrato de distribución, rescisión del contrato, rescisión unilateral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Olivera, Jorge Alberto c/ Sistemas de Informática y Telecomunicaciones SAIC. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Es descalificable el pronunciamiento que condenó a la demandada a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la rescisión intempestiva y culpable de un contrato de distribución, si la sentencia de Cámara no trató con la profundidad necesaria los agravios vertidos por la apelante en el memorial con respecto a la sentencia de la primera instancia en cuanto la condenaba a reintegrar a la actora (cesionaria del crédito) las supuestas sumas pagadas a terceros por la ruptura intempestiva del contrato.
Reincidencia, ley penal más benigna, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Marcelo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Resulta inoficioso el agravio referido a la valoración por parte de la Cámara de las condenas anteriores a los efectos del art. 51 y de los arts. 40 y 41 del Código Penal, si la alzada excluyó la utilización de tales condenas a los fines de las dos últimas normas y por aplicación de la ley más benigna la Corte resuelve apartar la aplicación del citado art. 51, que ya no rige.
Acceso a la justicia, derechos de la víctima, víctima del delito
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

Como se advierte, no es éste el caso de un delito de lesa humanidad, aunque ello - atento al derecho de las víctimas a lograr una justicia efectiva - tampoco se puede erigir en un obstáculo para que el Estado realice una búsqueda comprometida de la verdad histórica de lo sucedido, se acerque al valor justicia e intente una respuesta institucional reparadora.
Escribanos públicos, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Depauli Portillo, María A. y Delmenico, Miriam E. notarias. s/ Sanciones disciplinarias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

El art. 57 inciso I) del decreto ley 9020/78 comporta un dispositivo específico y propio del procedimiento disciplinario cuyo desarrollo está legalmente previsto por ante los órganos de la jurisdicción notarial, sin que sobre el explícito texto de aquel precepto puedan prevalecer otras reglas supletorias contenidas en el Cód. Procesal Penal o en el Cód. Procesal Civil y Comercial (art. 58, decreto ley cit.).
Aplicación de la ley aduanera, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley, contrabando
Materia: ADUANERO
Carátula: JACQUES PAIVA, HELIO. ALMADA, LUIS MARIA. s/ CONTRABANDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

Resulta infundado el agravio referido a que el a quo hubiera interpretado analógicamente la Ley de Aduanas, haciéndola extensiva a una conducta no constitutiva de contrabando. Ello así, pues de lectura de las constancias pertinentes se infiere que la ubicación del hecho en los términos del art. 187, apartado 2, inciso e), de la citada Ley de Aduanas se mantuvo en primera como en segunda instancia, excepción hecha de la acusación fiscal -que no obliga al juez-, donde se estimó adecuada la conducta, además, al tipo del art. 188, apartado 1, inciso g).
Obligación tributaria, tributos, hecho imponible, impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Alba  Compañía  Argentina  de  Seguros  S.A.  (TF  20.322-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Es un principio elemental y básico de todo estado de derecho que el hecho imponible -es decir el nacimiento de la obligación tributaria- esté contenido en su definición en una norma originada en órgano legislativo de origen popular, el Congreso de la Nación.
Procedimiento aduanero, infracciones aduaneras, in dubio pro reo
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: "Rios Ar S.A. (T.F. 9377-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-27

La existencia de razonables dudas acerca de la comisión de la infracción que se imputa es causal suficiente para revocarla en los términos del principio que informan los arts. 3 del Código Procesal Penal de la Nación y 898 del C.A.
Suspensión del juicio a prueba, notificación
Materia: PENAL
Carátula: FELICIONI, Ignacio Eduardo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

Se encuentra ajustada a las disposiciones que regulan la suspensión de juicio a prueba, la decisión que revocó su concesión y dispuso reabrir el trámite de las actuaciones, a raíz de la condena dictada con posterioridad en otra jurisdicción, pues el plazo a partir del cual resulta oponible la obligación de no cometer otros delitos comienza a correr a partir del día de su otorgamiento, independientemente de que se pueda determinar un momento procesal diferente para el cumplimiento de otras reglas de conducta según el caso concreto. En las actuaciones, el imputado tenía conocimiento expreso de esta obligación desde su notificación en la audiencia en la que se labró el acta de concesión, la que quedó firme ante la ausencia de recursos (voto de los jueces Sarrabayrouse, Morin y Días).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, exceso ritual manifiesto, accidente de tránsito, automotores, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Turchio, Carlos Luis Bernardo c/ Vino, Juan Carlos y/u otro y/o etc s/ Daños y perjuicios. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   1580-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

Es arbitraria la sentencia que consideró ajeno a los alcances del debate -daños y perjuicios derivado- el título de usuario del actor, pues tal interpretación colisiona con el standard vinculado al exceso ritual manifiesto, standard que impide la renuncia sustancial a la verdad que inequívocamente surge de las actuaciones.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G., A.E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ROBO CALIFICADO Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 566 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

No puede prosperar el recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor técnico del imputado, ya que si bien el compareciente acusa la invalidez de la sentencia, invocando diversos vicios constitucionales en los que habría incurrido el Tribunal, en realidad solo opone su particular óptica de la causa, valiéndose para ello de argumentaciones genéricas, que no han sido seguidas de fundamentación suficiente en pos de demostrar que los sentenciantes, al fallar, hubieran incurrido en los vicios enrostrados, de tal suerte que autorice la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Derecho civil, demanda, mutuo comercial, prueba, pagaré
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDA. c/ GARADE, JUAN S.A. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-05

"Si la demanda se fundó en un contrato de mutuo el pagaré presentado con ella lo fue al efecto de su prueba y en consecuencia no se trata de una acción cambiaria. Al no reclamarse el pago de un pagaré no procede por ello la prescripción relativa a esos documentos". Siendo distintas en cuanto a sus efectos jurídicos la obligación cartular nacida con el pagaré, de aquella derivada de la relación que determinó la creación o transmisión del título (art. 61) Relación extracartular básica fundamental o causal, como se llama esa norma que explica la vida de aquel (mutuo, contraventa, donación, etc.)
Concursos, privilegios (civil), reserva de gastos, IVA
Materia: COMERCIAL
Carátula: LISMAR SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

El importe correspondiente al IVA integra la reserva de la ley 24522:  244  y goza, por ende, del privilegio allí previsto; sin embargo, la alícuota del 21% no debe computarse sobre el total de la reserva sino sobre el importe que, especificamente, en concepto de honorarios, se fije en favor de la sindicatura.
Automotores, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: AZAR AZUCENA MERCEDES c/ JUÁREZ HUGO DANIEL Y/U OTRO s/ INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-21

Resulta procedente hacer extensiva la condena por los daños y perjuicios ocasionados a quien aparecía como titular registral del rodado a la fecha del siniestro, desde que para la ley registral conservaba la propiedad del automóvil, no pudiendo el titular eximirse de responsabilidad de los daños causados por el vehículo, aún cuando haya acreditado en el proceso que había perdido la disponibilidad material del bien y demostrado que con motivo de su venta estaba en poder de terceros que hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión.
Requisitoria fiscal, elevación a juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BAEZ, ROBERTO LUCIO Y OTRAS s/ SENTENCIA  -  ACUSACION  -  HECHO  - NULIDAD - REQUISITORIA FISCAL DE  ELEVACION A JUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1957-04-29

La requisitoria fiscal debe contener una relación circunstanciada de los hechos, ya que para la correcta valoración del requisito ha de atenderse a la dicción material del requerimiento, con criterio objetivo.

La requisitoria fiscal de elevación a juicio debe satisfacer las exigencias impuestas por el art. 298 CPP. (ley 3831), porque tiene indudable repercusión en el ámbito del derecho de defensa, ya que es esencial que los imputados conozcan los hechos que se le atribuyen y sin lo cual no pueden estar en condiciones de defenderse con la amplitud necesaria y lo tiene también porque son esos hechos los que deben ser recogidos por la sentencia sin cambios que puedan menoscabar su situación legal en el proceso.-
Estado de emergencia, recomendaciones de organismos internacionales, Comité de Derechos Humanos, obligaciones internacionales, deber de vigilancia, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, notificación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Observación General No 29 c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2001-07-24

Conforme lo normado por el párrafo 3 del artículo 4, los Estados Parte deben observar un régimen de notificación internacional cuando hagan uso de su derecho de suspensión, informando a los demás Estados Parte las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y los motivos que la suscitaron, siendo indispensable para que el Comité pueda desempeñar sus funciones de control, lo que en modo alguno significa que el deber del Comité de vigilar la práctica de los Estados Parte dependa de que el Estado haya notificado.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Battaglia, Juan Franco c/ Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

Procede el recurso ordinario de apelación, si ha sido articulado en un proceso en que la Nación aún indirectamente, reviste el carácter de parte.
Viajantes de comercio, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: Toscano, José c/ Laboratorios Profesor Dr. Raffo s/ Indemnización por clientela, etc Ortega, Ricardo R. c/ Puntas y Bolígrafos S.A.I.C.I. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27|1997-08-12

La inversión de la carga de la prueba a favor del trabajador resulta aplicable sólo en relación a hechos concretamente mencionados e individualizados y no cuando se reclama una suma global en concepto de comisiones sin indicar ni acreditar los negocios a que las mismas se refieren (art. 11, ley 14.546).
Honorarios del abogado, representación procesal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Hugo A. ANZORREGUY (h) c/ FRIGORIFICO CERVANTES  S.A. s/ REGULACION  DE  HONORARIOS  DE ABOGADOS Y PROCURADORES - DERECHO A LA  JUSTA RETRIBUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

La distinción entre el abogado que se patrocina a sí mismo y el procurador -o abogado que actúa como procurador- en causa propia no se justifica con la aseveración dogmática de que no hay actuación en carácter de procurador, ya que no se aprecia la razón por la cual se admite que un profesional sea patrocinante de sí mismo y no que sea procurador de sí mismo, pues aun cuando en el segundo caso no haya representación, no por ello deja de existir labor profesional retribuible; tanto el patrocinio como la procuración habrían devengado honorarios en caso de ser encomendadas a otro profesional, de manera que si el interesado cumple una u otra por sí mismo, esa circunstancia no tiene por qué beneficiar al condenado en costas eximiéndole de responsabilidad por la labor procuratoria desempeñada.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganaderos de Toay S.A. c/ Frigorífico Pehuajó S.A. s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Un rédito básico total del siete por ciento mensual con más el sesenta por ciento adicional en concepto de punitorios, que comportaría un once coma veinte por ciento mensual, tendría una proyección anual del ciento treinta y cuatro con cuarenta por ciento y sería palmariamente excesivo para aplicar a un capital ya cubierto del riesgo de la inflación por un índice apropiado a la naturaleza del negocio y de los bienes de cambio implicados.-
Obras sociales, afiliación a obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: CORTES GABRIEL ALBERTO Y OTRA c/ O.S.D.E. s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-02

Las obras sociales son organizaciones constituidas mediante el aporte obligatorio de sus afiliados, de sus asociados, cuyos fines son la prestación de servicios de salud y sociales a los afiliados.

Por lo que entre el afiliado y la obra social existe un contrato. La relación jurídica contractual es voluntaria de modo que cualquier persona puede celebrarla. De allí, la idea de reciprocidad, de contraprestación; alguien promete una prestación porque recibirá otra a cambio. Por lo tanto, si una parte no cumple la otra puede negarse a hacerlo en función de la reciprocidad de las prestaciones.

La ausencia de esa correspectividad posibilita que la obra social niegue los servicios al beneficiario que no paga los aportes.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, pornografía, menores, sistema acusatorio, avenimiento
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ Queja Por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Correa Magne, Juan Sebastian Sobre 128 1 Párr. - Delitos Atinentes a la Pornografía (Producir/Publicar Imágenes Pornogr. C Menores 18)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad dirigido contra la sentencia de la Cámara que rechazó el acuerdo de avenimiento. Ello así, toda vez que expone un caso constitucional al cuestionar la interpretación realizada por los jueces de la causa respecto de la normativa aplicada al caso (art. 279 del CPP) la que, si bien se trata de una norma procesal -por regla ajena al conocimiento de este Tribunal- admite ser revisada por esta instancia de excepción en tanto que, en su aplicación, se contrapuso con las facultades que la Constitución le otorga al Ministerio Público Fiscal, y con el principio acusatorio que estructura el proceso penal en la Ciudad. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Proceso penal, imputado, libertad provisional, incidente de excarcelación, instrucción del sumario administrativo, traslado, actos y diligencias procesales, Ministerio Público, fiscales, intervención fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., M. s/ Libertad provisional (Resolución Nº  136, Tomo 2, Folio 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-23

Ante un formal pedido de libertad provisional bajo promesa jurada efectuado por la defensa de la imputada, la resolución del mismo por parte del juez de primera instancia sin formar incidente ni otorgar intervención al Fiscal, viola flagrantemente las disposiciones de los arts. 351 y 355 C.P.P. Siendo así que nuestro ordenamiento procesal precisa como causal de nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea impuesto, la sustracción que para la participación del mencionado Ministerio importó la actividad cumplida por el Sr. Juez de 1ª instancia al resolver el planteo efectuado sin correrle traslado, queda indudablemente atrapada en la misma.
Honorarios del abogado, tercería de dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO PROPIETARIOS PALACIO, STA. FE 1654/68 c/ CITON A.N. C-LLANEZA J.R. s/ S-SUC. S-TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-06

De conformidad con lo dispuesto por el art. 34 de la ley arancelaria, la base regulatoria en las tercerías se encuentra representada por el 50% al 70% del monto reclamado en el principal o en la tercería, si el de ésta fuera menor.

Cuando se trata de una tercería de dominio, en la que, a diferencia de la de mejor derecho, no existe en sentido estricto un monto dinerario que sea objeto del reclamo, el interés económico comprometido en el juicio incidental está determinado por el valor de los bienes que el tercerista reclama como propios y que constituyen el objeto de aquél.

Si la tercería se promovió con el propósito de obtener el levantamiento del embargo que afecta el 2,72% indiviso de los locales atribuyéndose la accionante la propiedad de dicha porción en base a disposiciones reglamentarias, el valor de aquella porción indivisa de los locales es el que debe ser comparado con el monto reclamado en el proceso principal en los términos del art. 34 del Arancel.