Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-10


NEUQUEN, 10 de febrero de 2009.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ASPELEITER PATRICIA Y OTRO C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ REAJUSTE DE PRESTACION", (EXP Nº 251005/0), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 4 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO e Isolina OSTI DE ESQUIVEL, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico Gigena Basombrío dijo:

I.- La sentencia de fs. 274/283 hace lugar a la demanda ordenando que se recalcule el crédito de la actora conforme las pautas que se fijan. Asimismo condena al Banco demandado a abonar la suma de $10.000 en concepto de daño moral con mas sus intereses. Finalmente, impone las costas del juicio a la accionada.

La decisión es apelada por la condenada en los términos que resultan del escrito de fs. 313/315 y cuyo traslado no fuera contestado.

II.- Cabe aclarar en primer lugar cuales son los agravios planteados por la quejosa dado que, a mi entender, y sin que pueda suplirse por la Alzada el escrito por el cual se expresa agravios, el mismo adolece de defectos formales consistentes en que no se imprimió la totalidad de los agravios usuales que plantea dicha parte.

Digo esto por cuanto en función de los términos en que se plantea la reserva del caso federal, punto III del escrito aludido, pareciera que se hubiese cuestionado el fondo de la cuestión, esto es, el reajuste del crédito.

En tal sentido y conforme los términos expresos del escrito de referencia, concluyo que solamente dos son las cuestiones que constituyen los agravios de la parte: a) el daño moral y b) la imposición de costas.

Con referencia el primer punto, entiendo le asiste razón a la parte quejosa toda vez que el incumplimiento que se le imputa en forma alguna puede alcanzar para configurar la procedencia del daño moral como lo postula la sentenciante.

Al respecto he sostenido en reiteradas oportunidades que: "Sobre el punto también me he pronunciado y en este caso en sentido contrario al actor, sin que advierta razones suficientes que me lleven a modificar el criterio ya fijado sobre el punto".

Dije al respecto que: "Debe también remarcarse que, tal como la propia actora lo indica en el escrito de demanda, el daño moral reclamado es de naturaleza contractual, razón por la cual la norma específica que rige al caso es la del artículo 522 del Código Civil y no la genérica del artículo 2176 que se refiere a los restantes daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato." "Pues bien, sobre el tema tengo postura tomada desde hace tiempo, que la reparación del agravio moral en materia contractual debe ser interpretada con criterio restrictivo, debiendo exigirse, en todos los casos, la prueba concreta del perjuicio que se alega haber sufrido. Ello por cuanto no cualquier afectación anímica o lesión a los sentimientos de una persona puede ser admitida, sino sólo aquella que, por su gravedad, puede dar lugar a un verdadero perjuicio espiritual en detrimento de los derechos personales. Porque como lo ha precisado la jurisprudencia, si bien el solo obrar antijurídico "puede" hacer surgir de los hechos mismos la demostración del daño moral, no lo es menos que se alude a hechos con virtualidad suficiente para producir lesión en las afecciones legítimas de la víctima, ello en virtud de que el derecho, que toma como cartabón al hombre medio, no puede atender a reclamos que denotan una susceptibilidad excesiva y eminentemente individual, desde que uno de los requisitos para la resarcibilidad del daño es que el mismo sea jurídicamente significativo (CNCom. Sala A, LL-1986-A-132)".

En el caso concreto en análisis no advierto elementos suficientes que me permitan apartarme del criterio restrictivo antes expuesto toda vez que el incumplimiento de la demandada y las consiguientes molestias que de ello se derivaron no constituyen, a mi entender, una molestia de magnitud suficiente que permita la procedencia del rubro en cuestión.

Así también se ha dicho que el resarcimiento por daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica y que no hay en línea de principio, daño indemnizable por las perturbaciones psicofísicas que una persona puede experimentar como consecuencia de incumplimientos contractuales (Pizarro, Ramón D. "Daño Moral", páginas 172 y siguientes, bien que el autor sostiene una postura contraria a la aquí expuesta).

Por lo demás, debe recordarse que la prueba de su existencia pesa sobre quien lo reclama y que se requiere que la misma sea clara y categórica y al respecto y analizada la producida en la causa no advierto que reúna dichos requisitos, apreciados, claro está, con el criterio restrictivo a que antes hice referencia.

Cabe añadir a lo expuesto que existió un marco regulatorio complejo y cambiante al que se vió sometido el crédito del actor y que las normas legales aplicables podían sustentar la conducta del banco tal como lo hemos señalado en reiterados precedentes, ambas Salas de esta Cámara, vinculados con la problemática existente y que se resolvieran mediante un ajuste equilibrado de los derechos de las partes y por aplicación de la teoría del abuso del derecho.

El segundo agravio en cambio no tendrá acogida en su totalidad, toda vez que la demandada resulta vencida en lo sustancial, esto es en el reajuste del crédito del actor.

En cambio, y como se desestima el pedido de daño moral en dicha cuestión el actor resulta vencido.

En tales condiciones y en función de la relevancia de la pretensión que progresa y la que se desestima, las costas deben imponerse en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora (artículo 71 del Código de rito).

III.- Por las razones expuestas propongo se revoque la sentencia apelada en cuanto acoge el daño moral, desestimándose dicho reclamo. Costas de Primera Instancia en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora. Las de Alzada se aplicarán en el orden causado atento la forma en que se resuelven los agravios planteados ante la Alzada.

La regulación de los honorarios de los profesionales se diferirá para su oportunidad.

La Dra. Isolina Osti de Esquivel dijo:

Adhiero al voto que antecede en razón de no acreditarse aunque fuera minimamente elemento alguno que permita determinar la existencia y alcance del daño moral reclamado, no obstante mi postura respecto de la procedencia del mismo aún en conflictos de incumplimiento contractual.

Por ello, esta SALA II, RESUELVE:

I.- Modificar la sentencia de fs. 274/283, desestimándose el daño moral, imponiéndose las costas de la instancia de grado en un 70% a la demandada y en 30% a la actora, de conformidad con lo explicitado en los pertinentes considerandos que integran este pronunciamiento.

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado atento la forma en que se resuelven los agravios planteados ante la Alzada (Art.71 C.P.C.C.).

III.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello (Art. 15 L.A.).

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Isolina Osti de Esquivel Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 18 - Tº I - Fº 96/98 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2009.