Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13


Expte. nº 80.354/2003, "Arias Gutierrez, Andrés c/ Empresa San Bosco SRL s/ Daños. y Perjuicios".-Juzg. N? 74.- Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de 2007, reunidas las Señoras Jueces de la Sala "J" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: "Arias Gutierrez, Andrés c/ Empresa San Bosco SRL s/ Daños. y Perjuicios".- La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- La sentencia de primera instancia obrante a fs. 298/300 vta. hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Andrés Arias Gutiérrez contra "Empresa San Bosco SRL", condenándola al pago de una suma de capital con más sus intereses y las costas del proceso.

Contra dicho pronunciamiento se alza la actora y expresa agravios a fs. 342/349 que fueron contestados a fs. 356/361 vta.

La apelante cuestiona la suma por la que prosperó su demanda en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, calificándola de exigua a tenor de la prueba producida. Asimismo, se queja del alcance de la condena en cuanto exime a la citada en garantía por resultar el monto de condena inferior a la franquicia contratada con la empresa de transporte.

2.- Incapacidad sobreviniente 2.1.- Arias Gutiérrez alega que la entidad de la dolencia sufrida justifica una indemnización mayor. Pone el acento en el resultado de la prueba informativa que da cuenta que debió ser internado por el lapso de 48 hs. y que le colocaron una bota corta de yeso que se le retiró recién después de 40 días para poder comenzar con el tratamiento kinesiológico. También destaca el resultado de la prueba pericial médica a través de la que a su entender se encuentra probada la limitación funcional de su tobillo izquierdo y la pérdida del abovedamiento del talón anterior, todo lo cual arroja una incapacidad parcial y permanente del 6% que, según sostiene, le impide desarrollar normalmente sus trabajos de albañilería.

2.2.- Sentado ello, es sabido es que la incapacidad sobreviniente se refiere a las consecuencias derivadas de las lesiones provocadas por culpa o negligencia del conductor en función de pautas razonablemente comprendidas, pudiendo encuadrar dentro de ella la privación de la cantidad que presumiblemente ingresaba en el patrimonio del afectado, su vida de relación con la familia y con terceros, ya que es de advertir que todos formamos parte de una sociedad, de la cual surgen tantos como diversos factores que tienen relación con la actividad del individuo (conf. ExCNECC, Sala I, "Vitulli, Arduino c/Carra, Salvador s/sumario", 20/2/81; CNC, Sala E, "Perez, Eduardo Ricardo y otra c/Ferrocarriles Argentinos s/sumario" del 3/8/89; idem. Sala K, "Seygas, Norma I c/Troncoso, Sergio s/daños y perjuicios", del 17/12/93).- La incapacidad para ser indemnizable debe ser permanente, total o parcial, como secuela irreversible que cubre todas las erogaciones futuras atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten la personalidad (conf. Llambías, Jorge Joaquín "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones" T.IV-A-, pág. 120; Borda, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones" T.I, pág. 150; Alterini-Amal-López Cabana "Curso de Obligaciones", T.I, pág. 293).- Para fijar la indemnización por este concepto es menester seguir un criterio dotado de fluidez, que tenga en cuenta las características particulares de cada caso, valorando la edad de la víctima, sexo, condición social, situación familiar, profesión u oficio truncados, ingresos obtenidos en su desempeño, regularidad de las entradas, posibilidades de progreso, estudios cursados y naturalmente el grado de minusvalía que lo afecta. El derecho a la reparación no se agota en el aspecto vinculado a la incapacidad laboral, sino que comprende todas las manifestaciones y potenciales de la vida en cuanto tengan contenido patrimonial (conf. C.N.Fed.Civil y Com., Sala II, mayo 8-992, "R.J.A. c/Verón, Manuel y/o Prefectura Naval Argentina", LL 1993-A, pág. 219).- 2.3.- Por lo pronto diré que la atención médica recibida por Arias Gutiérrez el día del suceso y la rehabilitación posterior surge de la informativa obrante a fs. 188 y fs. 209/214 del "Sanatorio 24 de Septiembre", "Amta". El informe médico practicado en sede penal a casi un mes de acaecido el evento da cuenta la presencia de "tumefacción en dorso de pie izquierdo" (fs. 19 vta. de la causa n? 183.287 que en copia certificada tengo a mi vista).

La prueba más relevante sobre el punto consiste en el informe pericial médico presentado por el Dr. Ernesto Lipko, completa y prolija experticia obrante a fs. 224/228 vta . que corresponde valorar de conformidad con el art. 477 del rito.

En efecto, del mismo surge que el señor Arias Gutiérrez sufrió un traumatismo de pié izquierdo que le ha generado una limitación funcional en 10? de la dorsiflexión y de 5? en la flexión plantar del tobillo izquierdo; presentó un cuadro de metatarsalgia por pérdida del abovedamiento del talón anterior, y encuentra alterado los puntos de apoyo normales del pie por sobrecargar el centro del talón anterior que determina un apoyo anómalo y doloroso (pto. I, fs. 227; ver también las fotografías de fs 219 y las impresiones de fs. 220/221).

Las referidas dolencias, según el entendido, han generado en el accionante una incapacidad física parcial y permanente del 6%, dando cuenta de la inexistencia de minusvalía alguna en el plano psíquico (fs. 227 vta.).

Cabe poner de resalto que el Dr. Jorge Fernández, consultor técnico de la actora, coincidió en un todo con las conclusiones arribadas por el perito desinsaculado (ver fs. 230 y vta.), también la consintió el propio accionante mientras que la presentación de la demandada de fs. 232 no importa impugnación y su consultor técnico, Dr. Dobivsky, guardó silencio no obstante haber presenciado la revisión médica efectuada al señor Arias Gutiérrez (ver fs. 197, 224 y 230) .

Para ponderar el quantum resarcitorio por este concepto debe también considerarse que se trata de una persona de años 47 de edad a la fecha del evento (fs. 1 del BLSG), casado y con seis hijos (fs. 10 y 12 de los mismo autos).

En suma, por lo expuesto y en virtud de la facultad que asiste al órgano jurisdiccional según lo normado por el art. 165 del rito, propicio indemnizar esta partida del daño con la suma de $6.000.

3.- Daño moral 3.1.- El apelante sostiene que la suma fijada por este concepto ($1800) resulta insuficiente. Para ello destaca la entidad de la dolencia como también su edad a la fecha del infortunio, su condición de padre de 6 hijos y que trabaja como operario de la industria de la construcción. Asimismo, refiere que ha sufrido un verdadero calvario por el dolor de la rotura de sus ligamentos intrínsecos del pié izquierdo que se prolongó durante su penosa rehabilitación.

3.2.- Pues bien, por daño moral se entiende la modificación disvaliosa del equilibrio espiritual del sujeto a raíz de un hecho antijurídico, que no necesita ser probado por no ser autónomo de la lesión misma, la sola turbación de un derecho de la personalidad es "daño moral" y con ello, sin más, nace el derecho a la reparación (Conf. Brebbia, Roberto "El daño moral", pág. 57 y ss. Rosario 1967).

A los efectos de determinar su cuantía tomaré en cuenta las consecuencias de la lesión, su gravedad, intensidad, extensión y los tratamientos padecidos para procurar que la indemnización otorgada cumpla la función de enmendar o neutralizar en la víctima el sufrimiento experimentado (Conf. Zavala, Matilde, "El concepto de daño moral", J.A., sec. doctrina del 6-2-85). En el sub lite se ha agredido el derecho a la integridad corporal de la víctima, se le ha inferido un perjuicio no patrimonial, lesionándose su derecho a la incolumidad física reconocido jurídicamente.

El dinero, el quantum reparatorio no cumple aquí una función valorativa exacta, sino de satisfacción frente al sufrimiento provocado por la pérdida de la paz, de la tranquilidad de espíritu, de la angustia que necesariamente ha producido en la víctima, temor por las consecuencias definitivas, de las heridas sufridas y la alteración perpetua de sus legítimos hábitos de vida.

Cabe pronunciar en este nocimiento un juicio prudencial (art. 165, Código Procesal), toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de tal naturaleza, razón, por la cual ha de procurarse que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual (T. Colegiado Oral, Rosario nº2, marzo 18-988 "Lafuente de Albanese, Elsa c/ Cofré, Enrique C. y otros" J. 81-346.- Rep. LL "L" 1990 A-I pág. 584 nº 387; CNC, Sala J, "Luca, Carmen y otro c/Paiva, Ramón Antonio s/daños y perjuicios", del 14/12/93).

3.3.- La entidad de la dolencia y minusvalía sufridas por el accionante han sido desarrolladas en el acápite precedente, y aquí cabe puntualizar que para su tratamiento resultó necesario la inmovilización de su pié izquierdo por la colocación de un yeso corto, debiendo luego someterse a terapia de rehabilitación (pto. 3, fs. 228) que importó sucesivas revisaciones, estudios, curaciones de diversa índole y medicación para mitigar el dolor (ver fs. 209/213).

A diferencia de lo alegado por el quejoso, no fue necesaria internación alguna sino que se lo citó a control a las 48 hs. del suceso, lo que surge de la misma historia clínica a fs. 209 in fine y del informe pericial médico, pto. 4 de fs. 228.

Por tanto y en virtud de lo prescripto por el citado art. 165 del CPCCN, considero que la indemnización de esta partida debe alcanzar la suma de $4.700.

4.- El alcance de la condena respecto a la citada en garantía 4.1.- Por último, resta analizar la queja de la apelante en cuanto el juez de grado ha limitado en la instancia de grado la ejecución de su crédito a la empresa de transporte, rechazándola respecto a la compañía de seguros en virtud de la franquicia convenida en el contrato de seguro: mientras Arias Gutiérrez entiende que la misma resulta violatoria de lo establecido por el tuitivo sistema de la ley 24.449 (particularmente su art. 68), la citada "Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros" resiste vigorosamente dicho cuestionamiento a fs. 358/360 vta.

4.2.- Pues bien, por lo pronto efectivamente la cláusula 4? del Anexo II de las "Condiciones Generales" de la póliza n? 50.105 que acompañara la citada en garantía (fs. 38/54), establece que "el asegurado participará, en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de dólares cuarenta mil" (ver fs. 42).

Ahora bien, sin perjuicio de ello y a la luz de lo resuelto el pasado 13/12/06 por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil in re "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios (Acc. Trán. c/ Les. o muerte) Sumario" y "Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ Daños y Perjuicios", se impone acceder a la queja formulada.

En efecto, en dicho fallo plenario se decidió que "en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución n? 25.429/97, no es oponible al damnificado (sea o no transportado)".

En consecuencia y en virtud de lo normado por el art. 303 del CPCCN, corresponde sin más acceder a la queja de la accionante y, consecuentemente, hacer extensiva la condena de autos a la citada en garantía "Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros".

5.- Por lo que dejo expresado doy mi voto para que:

a) Se modifique la sentencia apelada, haciéndose extensiva la condena a la citada en garantía "Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros".

b) Se la modifique también en cuanto a las sumas por las que prospera la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, las que se fijan en $6.000 y $ 4.700 respectivamente.

c) Las costas de Alzada se imponen a la vencida (art. 68 del rito).

Las Dras.Marta del Rosario Mattera y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.- Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Fdo.Beatriz A.Verón-Marta del Rosario Mattera-Zulema Wilde-Es copia fiel de su original que obra en el Libro de Acuerdo de la Sala.- Buenos Aires, marzo 13 de 2007.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Modificar la sentencia apelada, haciéndose extensiva la condena a la citada en garantía "Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros".

b)Modificar también en cuanto a las sumas por las que prospera la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, las que se fijan en $6.000 y $ 4.700 respectivamente.

c) Imponer las costas de Alzada a la vencida (art. 68 del rito).

d) En atención a lo normado por el art. 279 del CPCCN, déjense sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de fs. 298/300.

En atención al monto de capital por el cual prospera la demanda, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 37, 39 y ccds. de la ley 21.839, regúlense los honorarios de los letrados apoderados del accionante, Dres. Esteban Marco Guidi y Ana Graciela Orioni, en conjunto, en la suma de pesos mil quinientos ($1.500), la de los Dres. Alejandro Schwarzkopf y Martín Ariel Andreo, letrados apoderados de la demandada, en la de pesos mil ($1.000) y pesos doscientos veinticinco ($225) respectivamente, y la del Dr. Daniel Angel Castro, letrado apoderado de la citada en garantía, en la suma de pesos ochocientos ochenta ($880).

Asimismo y de conformidad con lo normado por el art. 478 del CPCCN, fíjense el emolumento del perito médico Dr. Ernesto Lipko, en la suma pesos cuatrocientos ($400), la del Dr. Jorge Horacio Fernández, consultor técnico de la actora, en pesos doscientos ($200) y la del Dr. Alberto Dobisky en la suma de pesos cien ($100).

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas fijada por el art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios de los letrados apoderados del accionante, Dres. Esteban Marco Guidi y Ana Graciela Orioni, en conjunto, en la suma de pesos quinientos veinticinco $525, y la del Dr. Daniel Ángel Castro en la de pesos doscientos veinte ($220).

Beatriz A.Verón.- Marta del Rosario Mattera.- Zulema Wilde.