Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-23


Causa Nº 22699-00-CC/2006 caratulada "FERNANDEZ, Ariel Ricardo s/inf. ART. 104 C.C. (ley 1472) - Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes abril de 2007 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs. 105/120 por el Sr. Defensor Oficial, Javier E. de la Fuente, contra la sentencia de fs. 94vta. cuyos fundamentos obran a fs. 95/101, dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Nº 24 del fuero -María Alejandra Doti- en cuanto resuelve: I.- Condenando a Ariel Ricardo Fernández..., en orden a la contravención prevista y reprimida por el art. 104 del Código Contravencional consistente en "haber suministrado bebidas alcohólicas -cerveza y una botella de vino- mientras atendía el comercio, a varias personas que fueron sorprendidos consumiéndolas en el interior del local denominado 'La Farola' ubicado en la Avenida Alte Brown y Pérez Galdós, de esta ciudad, situado en las inmediaciones del Estadio del Club Boca Juniors, horas antes del comienzo del partido de fútbol que disputarían los primeros equipos de los clubes Boca y Banfield, el día 6 de agosto de 2006, siendo las 15:10 hs., aproximadamente..." a la pena de multa por la suma de pesos mil quinientos ($1500) la que quedará en suspenso (conf. art. 46 del CC).-. II.- Imponer por el plazo de seis meses las reglas de conducta establecidas en los incisos 1- "Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta"; inciso 2- "Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere..." e inciso 3- "Realizar tareas comunitarias en la Organización Teatral "Presidente Alvear" sita en Avenida Corrientes 1659, de esta Ciudad..., por el término de cuatro jornadas de tres horas cada una.-..." del art. 45 del Código Contravencional.-. III.- Con imposición de costas, (art. 14 de la ley 12)... .

Articula el libelo recursivo en función de cinco ejes centrales: 1) la ausencia de tipicidad objetiva: el concepto de adyacencias: 1.A) La distancia entre el estadio y el comercio de (su) defendido; 1.B) Imposibilidad de computar la distancia desde las boleterías: violación al principio de legalidad; 1.C) el concepto adecuado de "adyacencias"; 1.D) Atipicidad de la conducta aplicando otros conceptos de "adyacencias": 1- La aplicación de la cláusula transitoria del CC, 2- Aplicación de la ordenanza 52.290, 3- Imposibilidad de aplicar la ley 24.192; 2) Los defectos de fundamentación del fallo. 3) Atipicidad subjetiva: planteo subsidiario de error de tipo. 4) La ausencia de lesividad. 5) Violación al sistema acusatorio: imposición de una pena de oficio.

Funda el primero de ellos en el entendimiento de que la conducta imputada a Fernández es atípica toda vez que el comercio denominado "La Farola" se encontraría fuera del concepto de adyacencias prescripto en el tipo contravencional, en virtud de que el local de referencia se halla ubicado a unos 864 metros respecto de la sede del estadio del Club Boca Juniors. Asimismo, asevera, se arriba a igual conclusión si se toma en cuenta el sector del estadio de fútbol más próximo a "La Farola", toda vez que, de cualquier forma, la distancia supera los 500 metros (conf. fs. 108 vta./109).

Expone a su turno, en el marco de las impugnaciones incoadas, que el criterio sostenido tanto por el Sr. Fiscal como por la Sra. Jueza de grado -en cuanto consideran que la longitud debe ser medida desde el sector donde están las boleterías- es arbitrario, ya que ésta debe computarse estrictamente del estadio y no desde otras instalaciones de la institución. En este sentido expresa que la ley es clara porque alude a las inmediaciones del lugar "en el que se desarrolla el espectáculo", siendo indiscutible que el evento no acontece en las boleterías o en otras reparticiones del mismo, sino, precisamente, dentro del estadio. En el caso, la Magistrada habría realizado una interpretación analógica del tipo a supuestos no previstos por el legislador (conf. fs. 109/vta. y 111).

Seguidamente, ensaya la acepción del vocablo "adyacencias" que entiende adecuado, citando en función de ello, profusa doctrina del fuero; y por la que concluye en rigor de la premisa bosquejada, que la conducta imputada en autos sería atípica ya que el negocio a cargo de (su) asistido, el día del hecho, no estaba dentro del vallado de seguridad correspondiente (fs. 111 "in fine"/112 vta.).

Por otra parte, argumenta que aún aplicando otras nociones de "adyacencias" la conducta no sería típica: En este aspecto, y a fin de redefenir su controvertido alcance, recurre a la cláusula transitoria prevista en el art. 81 del código de fondo en la que se indica que el espacio prohibido por la norma es de doscientos metros tomados desde las localizaciones por ella descriptas, Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

siendo claro, que en el caso, el comercio se encontraría a una distancia mayor que la aludida (conf. fs. 113).

A igual resultado se arriba, refiere, en caso de aplicarse la ordenanza 52.290 en la que se delimitan las "zonas de seguridad urbana", ya que éstas se hallan circunscriptas dentro de un radio de 500 metros (fs. 113 vta./114).

Finalmente, y en relación a este acápite, postula la imposibilidad de aplicar el art. 41 de la ley 24.192, toda vez que, la norma reglamenta el suministro de bebidas por parte de los vendedores ambulantes; teniendo en cuenta además que este régimen nacional ha sido implícitamente derogado por el ordenamiento contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Así las cosas, el artículo referenciado establece un perímetro de 800 metros, es decir menor al existente en el caso (fs. 114/vta.).

En otro orden de ideas, tacha de infundada, insuficiente y contradictoria la fundamentación plasmada en el fallo impugnado; aseverando asimismo, que el criterio sostenido por la Jueza de grado sería errado y sumamente difuso, conforme los argumentos que desarrolla a fs. 114 vta./115 vta.

En el planteo subsidiario introducido, expone que para que exista dolo el autor debe saber que está vendiendo bebidas alcohólicas y que lo está haciendo en lo que se considera "adyacencias" del estadio. Desde este punto de vista, expresa que Fernández siempre consideró que su negocio estaba fuera de ese sector, es decir, si bien permitió que se vendiera alcohol el día del hecho, lo hizo en la creencia de que su local no se encontraba en las inmediaciones indicadas en el tipo contravencional; a mayor abundamiento, y tal como expusiera en el debate, nunca recibió ninguna notificación ni aviso de autoridad competente informando al respecto la proscripción antedicha, salvo en una oportunidad a raíz del recital que diera el grupo "Los Piojos" donde se montó un operativo de seguridad especial. En este sentido, el error no ha recaído sobre la licitud o ilicitud del comportamiento, sino respecto de un elemento concreto del tipo objetivo: esto es, el de "adyacencias" (fs. 116/117 vta.).

Sustenta el relativo a la "ausencia de lesividad" afirmando centralmente que las bebidas suministradas se consumieron únicamente en el interior del restaurante. Asimismo, no se ha demostrado que alguna de las personas que las hubiesen adquirido se haya dirigido o se dirigiera al estadio de fútbol. Ningún elemento de prueba se habría incorporado sobre este punto; no existiendo en consecuencia, una real afectación del bien jurídico protegido: la seguridad del espectáculo (fs. 117 vta. "in fine"/118).

En orden al último agravio impetrado -violación al sistema acusatorio: imposición de una pena de oficio- expresa que "...la Sra. Juez de grado, luego de considerar, de modo coincidente con el Sr. Fiscal, que 'resulta adecuada la aplicación del art. 46 del C.C. en tanto Fernández carece de antecedentes contravencionales', sin que exista ningún pedido de la parte acusadora, dispuso imponerle a (su) defendido...reglas de conducta..." y que: "el juez no puede actuar de oficio supliendo dicha omisión en perjuicio del acusado" (conf. fs. 118 vta. y ss.).

Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 125/127 que corresponde rechazar el recurso impetrado y confirmar la sentencia en crisis, de acuerdo a los fundamentos que desarrolla en el líbelo respectivo.

A su turno, la Defensa técnica contesta el traslado conferido en los términos del art. 51 de la L.P.C, y como corolario de su exposición, propugna la revocación del decisorio recurrido en los términos solicitados en su presentación y solicita la absolución de Ariel Ricardo Fernández (fs. 130/134).

Cumplidos los plazos procesales, se encuentra el legajo en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.

Corresponde, en primer lugar, efectuar el análisis de admisibilidad del recurso incoado. El remedio impugnaticio cumple con los requisitos de procedencia formal, toda vez que ha sido interpuesto por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), está dirigido contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), contiene fundamentación autónoma y razonada, y fue introducido dentro del plazo legal Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

ante el juez de la causa. En este sentido resulta admisible a la luz del art. 50 de la ley Nº 12.

Sin embargo, y como es criterio de esta Sala, debe advertirse que, en lo que sigue, el análisis de las impugnaciones vertidas se hará teniendo como principio rector el vertido en numerosos expedientes desde la causa nº 043-00-CC/2004 ("Terrazas Gutiérrez, Sonia s/ art. 41 C.C. s/ apelación", rta. 23/04/2004); esto es, que no pueden ser materia de este remedio planteos respecto de los cuales esta Alzada no se encuentre en situación de "par conditio" con el Tribunal de mérito, quedando por consiguiente excluidas de esta vía "aquellas cuestiones que resultan materialmente imposibles de revisar: [v.g.] la percepción directa del sentenciante de lo que presenció en el debate". Por simple inferencia, quedan integrados al reexamen los planteos dirigidos a constatar posibles errores de deducción, las deficiencias lógicas que obsten a que la resolución impugnada pueda ser considerada como exposición que denote una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa (extraídas éstas últimas de la actividad sensible del judicante, coadyuvada por la inmediatez que rige la audiencia de juicio diseñada en la ley procesal).

Debemos ratificar una vez más que los cuestionamientos de hecho y prueba serán tratados en esta instancia tan sólo en su dimensión de elementos de juicio relacionados en la articulación deductiva efectuada por el a quo, y darán lugar a un pronunciamiento revocatorio total o parcial siempre que, como resultado de esa labor de análisis, la pieza expositiva evidencie una errónea conjugación silogístico - jurídica que dé por borda con la exigencia de fundamentación sustentada en la sana crítica racional, y la descalifique como acto jurisdiccional válido, o bien, sin llegar a este extremo, patentice su requerimiento de adecuación a Derecho.

La línea de conducción intelectiva hasta aquí exhibida ha sido, como se dijo, materia de tratamiento con anterioridad y guía de actividad judicante en numerosos precedentes, a cuyos argumentos nos remitimos en honor a la brevedad (v.g. causa nº 300-00-CC/2004: "De la Merced, Virginia Soledad s/infr. Ley 255 - apelación", rta. 23/11/2004; causa nº 067-00-CC/2004: "Sung Joon Park s/ art. 74 CC - Apelación", rta. 27/05/2004, causa nº 333-00-CC/2004: "Lagomarsino, Gabriela Karina y Meza, Felisa Graciela s/inf. art. 41 CC - Apelación", rta. 27/12/2004; causa nº 180-00-CC/2005: "Villarreal, Rosa María por inf./ Art. 51 C.C. - apelación", rta. 10/08/2005, causa nº 418-00-05: "Mamani, Norberto César s/ art. 81 CC - apelación", rta. 14/3/2006, "Pintos, César Augusto s/ art. 111 CC - apelación", rta. 20/3/07, entre muchas otras).

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que en lo sustancial la cuestión se ha trabado en clave normativa, en atención a que, si bien en autos no fue materia de discusión el suministro de alcohol endilgado, sí fue objeto de controversia la responsabilidad de Fernández en virtud de la interpretación que la a quo le adjudicó al tipo contravencional en estudio.

Dentro de los parámetros esbozados, el recurso en trámite ha de superar el examen formal de admisibilidad.

2.

2.1- Ausencia de tipicidad objetiva: el concepto de adyacencias. La distancia entre el estadio y el comercio de Ariel Fernández. Imposibilidad de computar la distancia desde las boleterías: violación al principio de legalidad. El concepto adecuado de "adyacencias".

Por una cuestión de sistematicidad y en virtud de que el embate de la defensa, a fin de pregonar la absolución de su defendido, gira en torno al alcance del término "adyacencias" enfocado desde distintas aristas, es que hemos conglobado las cuestiones introducidas bajo un mismo acápite.

Centralmente, puede advertirse que el Sr. Defensor en la construcción de su premisa parte de tres supuestos con el objeto de arribar al estado desincriminante de Ariel Fernández, y que si bien en una primera lectura parecería que los tópicos presentados se van aunando y armonizando a efectos de confluir en el resultado buscado, realizando un análisis más detenido de la argumentación impetrada, surge que en realidad, está enfocando su pretensión a partir de ópticas -soluciones- diferentes.

Ello así toda vez que, preliminarmente, sostiene -bajo el rótulo de "distancia entre el estadio y el comercio de (su) defendido"- la atipicidad de la conducta prohibida en virtud de que la longitud existente entre ambos sitios, Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

incluso tomando el sector más cercano, es superior a los 500 metros. Sin lugar a dudas, para concluir de ese modo y aunque expresamente no lo declare, toma como base la Ordenanza nº 52.290, regla que imprime esa medición y que el De la Fuente sostuviera, en parte, durante el transcurso del debate (ver en el acta respectiva el alegato de la defensa a fs. 93 vta./94).

Desde otro lugar, expone lo que a su criterio es el significado adecuando de "adyacencias", donde a contrario de lo aseverado -ut supra reseñado- incorpora una nueva noción dirimente y dice: "...el alcance del elemento 'adyacencias' quedará establecido en función de las concretas necesidades de seguridad de cada espectáculo. Es decir no se establece una distancia fija, en cantidad de metros o cuadras, sino que se estipula que las adyacencias serán las zonas que se encuentren dentro del vallado perimetral que se realiza en función de las características y dimensiones del espectáculo, de modo que puede 'ampliarse' o 'reducirse' según el criterio que adopte la autoridad, de acuerdo a la cantidad de espectadores y a otras circunstancias que se estimen relevantes. Esta interpretación es que se ajusta al tenor literal de la ley..." (ver recurso a fs. 111).

En otro orden de ideas, afirma que la longitud en cuestión -la que no se encuentra en discusión- debe ser mensurada desde el estadio y no desde el lugar en el que se encuentran las boleterías -que se hallan alejadas casi a 200 metros de la cancha- como lo interpretan tanto el Sr. Fiscal como la Sra. Jueza de grado.

Específicamente y en relación a este último agravio, conforme fuera presentado por la defensa por cuanto refiere una vez más a una medida métrica, entendemos que debería analizarse, en principio, dentro de la primera cuestión, es decir en la que se alude al trayecto existente entre el club Boca Juniors y el comercio de (su) defendido, con el agregado efectuado por el recurrente donde objeta el "criterio esbozado por el Ministerio Fiscal y que fuera seguido por la a quo a esos efectos".

Ahora bien, de la lectura del pronunciamiento en este punto, se advierte que la Doti realiza una potencial valoración de este tenor, pero no es ésta, la que en definitiva, la lleva a concluir su razonamiento en el sentido en que ha recaído. En este aspecto, puede leerse -fs. 100- que la Magistrada cita los dichos del Fiscal a fin de considerar aquél elemento -boleterías- como parámetro o punto a partir del cual se podría computar el trayecto y definir de este modo el alcance del tópico en discusión, pero, antes de ello, obsérvese que al adelantar su opinión establece que "...no se hace necesaria la verificación de una determinada medida de metros entre el comercio y el estadio, sino más bien que ello dependerá de una apreciación pretoriana del caso concreto. O sea que en el día y lugar de los hechos, y dadas las especiales circunstancias de masividad del evento deportivo antes descripto, la contravención se halla configurada" (Fs. 99 vta.). (El resaltado nos pertenece).

Asimismo, luego de reseñar y valorar la premisa -vgr. boleterías- aquí impugnada, concluye que: "...más allá de los metros, lo cierto es que la adyacencia tiene que ver con la continuidad del espectáculo masivo, y ello necesariamente es así para una esquina que debe transitarse por al mayoría de los asistentes al evento..." (fs. 100 cit.). En función de lo expuesto, la consideración efectuada por la Sra. Jueza en este punto, y que fuera cuestionada por la defensa, carece del sentido y envergadura que esa parte le asigna, amén de no haber sido un elemento dirimente, en definitiva, a la hora de arribar a la convicción alcanzada; ya que, como se señaló, la a quo construyó su lógica a partir de postulados distintos.

En este entendimiento resulta irrelevante la discusión acerca de si el metraje debe computarse desde uno u otro sitio del club Boca Juniors cuando lo que se está esgrimiendo es que más allá de la delimitación que se elija, la verificación del factor "adyacencias" dependerá del estadio y del encuentro a disputarse.

En función de ello, la tacha enrostrada -violación al principio de legalidad- es erigida, no en razón de haberse realizado una extensión analógica del tipo como afirma la defensa, sino en virtud de una mera controversia suscitada respecto de los parámetros apreciados por la Sra. Jueza y la exégesis llevada a cabo.

Igual suerte corren los otros dos planteos introducidos por el recurrente, en tanto los presenta ya no como una verdadera crítica al razonamiento y a los fundamentos vertidos por la Magistrada en su decisorio, sino que más bien los Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

los criterios, que entiende, resultan adecuados para la solución del caso: la desincriminación del imputado en tanto la longitud entre su comercio y el club es superior a los 500 mtrs, y/o porque el local de referencia, el día de los hechos, se hallaba fuera del vallado de seguridad que es implementado por la policía con motivo del desarrollo de espectáculos deportivos o artísticos masivos.

A todas luces, la confrontación efectuada obedece a interpretaciones distintas y opiniones encontradas -sobre la que abunda doctrina y jurisprudencia del fuero- respecto del modo en que deben resolverse supuestos como el que nos ocupa.

En cuanto al decisorio, el juicio intelectivo seguido por la Juzgadora para arribar a la convicción alcanzada aparece como razonable conforme a las singularidades del evento que tuvo ocasión el día de los hechos. En este sentido meritó, por un lado, la dimensión del encuentro futbolístico a disputarse -"Boca vs. Banfield"-, y la concurrencia masiva, que en consecuencia originan espectáculos de esta naturaleza. Seguidamente tuvo en cuenta que el sitio donde se encuentra ubicado el comercio "La Farola" -Av. Alte Brown- es de paso obligado para el acceso y salida de los concurrentes al estadio, siendo asimismo, una arteria principal por donde circulan las líneas de colectivos y los micros que allí se dirigen.

Al respecto la valoración realizada no resulta desatinada si se tiene en cuenta que, como más adelante se expondrá en el acápite de "lesividad", el tipo contravencional no sólo busca la seguridad de los espectáculos en el lugar en que éstos se desarrollan, sino también que persigue evitar los posibles conflictos, desmanes, peleas, etc., que pudieran suscitarse en sus inmediaciones; donde verbigracia, no solo transitan los simpatizantes de los equipos rivales, sino también vecinos y público en general.

Y es a partir de ello, que adquiere mayor relevancia la circunstancia de la gran convocatoria de asistentes, y de una calzada con importante afluencia de personas, ya que, en estas condiciones, aumentan potencialmente, la factibilidad de producirse los disturbios que la norma busca impedir.

En virtud de lo expuesto, resultaría abstracta la aplicación de una regla de medición fija -vgr. 500 mtrs- sin realizar apreciación alguna, acorde a las particularidades de cada suceso.

En este sentido, se expidió la Sala del fuero en la causa: "Brites, Liliana s/ infracción art. 68 CC - Apelación", en la que sostuvo: "...refuerza la idea de que no se puede establecer con prescindencia de las circunstancias fácticas de cada caso concreto, el alcance de la noción de adyacencia por la circunstancia de que no todos los espectáculos deportivos, o artísticos masivos, convocan a la misma cantidad de espectadores, de allí que no resulta equivalente suministrar bebidas alcohólicas a tres cuadras de un estadio donde juegue Boca Juniors...,que en algún otro evento donde jueguen otros equipos que, notoriamente, convocan menos gente. La tutela del bien jurídico reclama dicha discriminación".

Finalmente, y en relación al criterio propugnado por la defensa en cuanto entiende adecuado tomar como parámetro el vallado perimetral montado por las fuerzas de seguridad en cada evento; a efectos de poder determinar el alcance de la acepción "adyacencia", consideramos, tal como se anunciara, que la apreciación esbozada aparece no como una impugnación específica del decisorio sino más bien como una opinión distinta sobre la temática en cuestión -afín a los intereses de ese parte- y opuesta ostensiblemente a la valoración y posterior resolución de la a quo; lo que obsta per se al tratamiento de este Tribunal.

Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de señalar, en primer lugar, que dejar librado a la autoridad policial la circunstancia de, en definitiva, delimitar y/o completar este elemento normativo del tipo implica atribuirle facultades que no posee. Incluso, advertimos que las medidas que dicho personal pudiere ordenar en este sentido -colocación del vallado- se corresponde en sí con tareas de control y organización inherentes a su función con motivo de celebrarse un espectáculo, y con el propósito de evitar desórdenes, tumultos, ingreso sin entrada o por lugar distinto al autorizado, o la prohibición de acceso de concurrentes con objetos aptos para agredir, disponiendo en este último caso y a efectos preventivos, su cacheo, etc.; más no a efectos de circunscribir la zona prohibida descripta por la norma contravencional.

Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

Nótese asimismo que las funciones enunciadas -conforme se desarrollan, como se dijo, dentro del vallado de seguridad dispuesto-, son practicadas respecto de las personas que asisten al evento, es decir se circunscribe a ese grupo y en ese ámbito, resultando dichas tareas, ajenas en relación a terceros y zonas fuera de esa demarcación; es decir, que nuclean un objeto más restringido que el tutelado por la norma contravencional, en tanto esta última busca amparar la seguridad y tranquilidad pública en el lugar del espectáculo y en sus adyacencias; de los espectadores como de los vecinos y transeúntes en general, conforme ya adelantáramos y según se expondrá en el apartado nº 5 de este pronunciamiento, en el acápite de "lesividad".

Por las razones apuntadas, corresponde desestimar las quejas de la Defensa Oficial en este punto.

2.2- Atipicidad de la conducta aplicando otros conceptos de "adyacencias". La aplicación de la cláusula transitoria del art. 81 C.C. aplicación de la Ordenanza 52.290. Imposibilidad de aplicar la ley 24.192.

Bajo este apartado, una vez más, la defensa en lugar de incoar un verdadero agravio ilustra, como lo hiciera la Magistrada en su pronunciamiento, las distintas interpretaciones doctrinarias que se han plasmado sobre el alcance del término "adyacencias". Y si bien, durante el desarrollo de cada ítem expone los motivos por los que entiende dichas normas no resultarían de aplicación, concluye su razonamiento afirmando que aún en el caso de utilizarse se arribaría a la misma solución que propugna, esto es, la atipicidad de la conducta endilgada a Fernández.

Ahora bien, en relación a la cláusula transitoria anexada al art. 81 del código de fondo, entendemos, al igual que el Sr. Defensor, la imposibilidad de su empleo a fin de completar el tipo contravencional en estudio, en virtud de que nos encontramos ante situaciones notoriamente disímiles entre sí, cuyo amparo ha sido previsto por la normativa local a efectos de tutelar bienes jurídicos distintos: la "protección del uso del espacio público o privado" y la "seguridad pública" respectivamente; por lo que mal puede interpretarse el significado del art. 104 del C.C. a partir de la disposición referenciada. Sin perjuicio de ello, si el legislador hubiera querido hacer extensiva su aplicabilidad, lo habría declarado expresamente.

En lo atinente a la ley 24.192, si bien se podría haber tomado como guía en virtud de que la proscripción allí reglada podría ser afín a la prohibición en estudio -tan sólo en relación a su objeto de tutela-, no es menos cierto que el régimen contravencional de la ciudad de Buenos Aires se ha impuesto tácitamente por sobre su vigencia en este ámbito.

Quizá hubiera merecido cierto reparo la ordenanza 52.290 en cuanto determina en un radio de 500 metros las "zonas de seguridad urbana" con centro en los estadios de fútbol. Según surge de las constancias de las actuaciones, este habría sido uno de los parámetros seguido por la defensa -como se dijo- durante la sustanciación del debate a fin de sostener la atipicidad de la conducta enrostrada a su defendido, como también implícitamente, el utilizado en buena parte de su recurso, ya que si bien construye su estrategia -conforme lo hizo en aquella instancia- en torno a la superficie comprendida dentro del "vallado perimetral" hace asimismo alusión, en variadas ocasiones, a la circunstancia de que la distancia entre el estadio de fútbol y el comercio a cargo de Ariel Fernández "superaba los 500 metros", presupuesto que le permitía afirmar que el local se encontraba fuera del concepto de adyacencias previsto por el art. 104 del C.C. -vgr. conf. fs. 108 vta./109-.

Asimismo, la ordenanza citada fue referenciada por el Maier en su voto en la causa "Brites, Teresa Liliana s/infracción art. 68 CC - apelación" , al momento de expedirse sobre la constitucionalidad del tipo, en particular, sobre las exigencias descriptivas del mismo.

Ahora bien, tal como se analizara en el presente, un regla de este tenor no puede ser aplicada en abstracto, sino que cada caso debe apreciarse conforme a las particularidades que ostenta a fin de determinar la presencia del elemento "adyacencia", ya que no será lo mismo considerar un metraje de ese tipo respecto de un evento de menor concurrencia que hacerlo en relación a uno que potencialmente convoque un público masivo, como lo es el del caso sub examine.

En suma, creemos que difícilmente pueda arribarse a la desincriminación Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

de una conducta con sustento en una unidad métrica fija aplicable a cualquier tipo de espectáculo.

3.- Los defectos de fundamentación del fallo.

El de la Fuente cuestiona la fundamentación dada por la Magistrada en su decisorio, sobre la base de que los argumentos allí incluidos resultan insuficientes. La Sra. Jueza, alega, no habría establecido claramente el concepto de adyacencias del que parte, resultando errado y sumamente difuso el criterio sostenido en ese aspecto.

Seguidamente, relata que la sentencia es contradictoria en tanto señala que para determinar ese elemento normativo no es necesaria la verificación de un metraje fijo, sino que más bien que depende de una apreciación pretoriana del caso concreto; para luego abandonar esa premisa y aludir a ciertos parámetros de interpretación que sí toman en cuenta una medición precisa, con la particularidad de no establecer, en definitiva, cual de ellos es el correcto.

Asimismo acusa de defectuosa la argumentación en tanto refiere de modo incierto a la cantidad de cuadras existente entre el comercio y el estadio "tomando su vértice más cercano"; tópico relevante, asevera, para definir la configuración del ilícito.

Finalmente alude a la inaplicabilidad al caso del precedente "Brites" dictado por el Tribunal Superior de Justicia de nuestra ciudad, ya que a diferencia de lo que ocurría en aquel, la defensa no ha controvertido aquí la constitucionalidad de la figura en estudio.

En primer lugar, de la lectura de pronunciamiento en crisis no se advierte que la construcción erigida por la sentenciante presente deficiencias lógicas ni que la motivación plasmada adolezca de algún vicio o razonamiento equívoco y/o exiguo. Muy por el contrario, la Sra. Jueza de grado esgrimió acabadamente las razones por las cuales entendió tipificada la conducta prohibida en el caso, y en qué elementos de cargo sustentó el estado de certeza al que arribó, no resultando posible, en función de ello, descalificar por deficiente la interpretación normativa efectuada y/o la valoración probatoria realizada.

En este sentido, la impugnación efectuada aparece más bien como una disconformidad del apelante respecto de la interpretación propuesta y la solución adoptada por la a quo.

Cabe recordar que el Tribunal Superior sostuvo reiteradamente que "...la mera contrariedad con los fundamentos utilizados por el Tribunal de mérito no implica que la sentencia carezca de fundamentos y sea descalificable en el sentido de que no conforma una decisión judicial...".

Por su parte la contradicción del pronunciamiento endilgada por el de la Fuente no es tal, a poco que se repare que la Sra. Jueza durante todo el desarrollo de la línea argumental vertida en el decisorio, y con la que, en definitiva, sustentara su veredicto condenatorio, afirmó que la distancia a considerarse no debía ser fija sino que esta dependía de la apreciación a realizarse conforme a las particularidades de cada caso en concreto; para luego describir las circunstancias fácticas por las que tuvo por configurada la conducta prohibida.

En relación entonces a los parámetros de interpretación referenciados por la defensa a fin de denotar la incompatibilidad denunciada -vgr. la aplicación de la cláusula transitoria del C.C., etc.-, en rigor de verdad, estos nunca fueron tomados por la a quo a efectos de construir su razonamiento sino que, al igual que el recurrente en su presentación, los reseñó con el objeto de ilustrar las distintas opiniones doctrinarias sobre el tema y a fin de concluir, de que pese a ellos, la longitud debía considerarse en cada caso específico. Es decir, no utilizó ninguno, sino que a partir de su consideración y posterior apartamiento confirmó su premisa originaria.

En cuanto acusa de defectuosa la argumentación en tanto no prescribe en forma cierta la cantidad de cuadras que había entre el local "La Farola" y el estadio de Boca Juniors, dicha omisión resultaría relevante para sostener o no la desincriminación de una conducta solo en el caso de que se aplicara alguno de los criterios que estipulan una unidad métrica, donde la diferencia de una cuadra podría definir la dirección en uno u otro sentido; más no en intelecciones Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

como la presente donde el núcleo argumental desecha esos tópicos y propicia la justipreciación de acuerdo a las singularidades de cada caso.

Finalmente, y en atención a la inaplicabilidad del fallo "Brites s/ inf. art. 68 CC", dictado por el Máximo Tribunal local, alegada por la defensa, entendemos que dicha apreciación carece de asidero en tanto si bien es cierto que el precedente mencionado tuvo tratamiento ante el Superior en virtud de haberse cuestionado la constitucionalidad de la figura legal endilgada a la imputada -en ese momento reglada por la ley nº 10-; éste no fue citado por la Sra. Jueza de grado en razón de aquél motivo, sino que lo hizo a efectos de sustentar su tesitura en cuanto a la necesidad de una valoración por parte del operador jurídico sobre el contenido de la norma en supuestos de indeterminación, vaguedad y/o multiplicidad de circunstancias insusceptibles de enumeración previa -ver fs.99/vta. de la sentencia-, incluso ello, también se discutió en ese caso el alcance del concepto "adyacencias" como aquí ocurre.

En consecuencia, tampoco en este aspecto podrá tener favorable acogida el agravio impetrado.

4.- Atipicidad subjetiva: planteo subsidiario de error de tipo.

A fin de apoyar esta tesitura, el Sr. Defensor afirma que para que exista dolo el autor debe saber que está vendiendo bebidas alcohólicas y que lo está haciendo en lo que se considera "adyacencias" del estadio. Desde este punto de vista, si bien Fernández permitió que se vendiera alcohol el día del hecho dentro del restaurante, lo hizo en la creencia de que su local estaba fuera del radio proscripto.

Asimismo, sostiene que el error en que habría incurrido su defendido resulta claro si se tiene en cuenta que nunca se le envió notificación alguna ni aviso de autoridad competente informando esa prohibición; salvo en una oportunidad en que se montó un operativo de seguridad especial con motivo de un recital del grupo "Los Piojos".

Aunado a ello, la existencia del equívoco se haya reforzada en virtud de que Fernández se dirigió a averiguar sobre el punto a la Comisaría 24a. de la Boca como a la Fiscalía de Distrito donde se le informó que si no había recibido ninguna comunicación es porque su comercio se hallaba excluido de la zona de seguridad o de las "adyacencias" del club Boca Juniors.

Por su parte, asevera que la sentencia, en este aspecto, presenta graves defectos de fundamentación, conforme a los argumentos que desarrolla en sustento de ello.

Corresponde señalar, en primer lugar, que la impugnación impetrada había sido introducida por el Sr. Defensor en el debate al momento de presentar su alegato -ver fs. 94 "in fine"-; cuestión que por su parte, y a contrario de lo aseverado por el De la Fuente en su recurso, tuvo suficiente respuesta en el pronunciamiento de grado.

En aquel, la Sra. Jueza citando reconocida doctrina en la materia, atendiendo a los peligros específicos que la norma procura evitar y conforme a las particularidades del espectáculo futbolístico que se disputaba el día del hecho, sostuvo que Fernández tuvo el conocimiento jurídico general requerido en relación a los elementos normativos del tipo previsto en el art. 104 del C.C., y que no existió en el caso un error sobre el contenido de la prohibición en análisis.

Para arribar a tal convencimiento estimó que: "...el ciudadano medio tiene la posibilidad de representarse la necesidad de contribuir activamente a erradicar la violencia desde el espacio que le toca ocupar, en especial respecto de los actos de violencia en los estadios de fútbol; y que alejar el alcohol de las inmediaciones de tales eventos contribuye a evitar los antagonismos exacerbados y a promover el respeto al rival". Y que: "...Este conocimiento emana de la habitualidad en los riesgos concretos surgidos de cada convocatoria masiva como manifestación palpable de importantes focos de violencia y desorden, de público y notorio conocimiento..." (cf. fs. 101). Asimismo meritó las circunstancias personales del imputado, en razón de que éste posee estudios universitarios, por lo que cabalmente pudo comprender la antijuricidad de su conducta.

Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

En este sentido, se ha discutido en variadas ocasiones sobre la indeterminación del vocablo "adyacencia" en cuanto no ha definido en forma específica el ámbito territorial prohibido, pero dicha imprecisión no posee una entidad tal como para no permitir al sujeto comprender su espíritu .

A efectos entonces de intelegir su eficacia se requiere una valoración por parte de éste respecto de las circunstancias fácticas y del contexto -que ilustra la regla- a fin de representarse si su comportamiento se encuadra o no en la conducta ilegal que ella describe. En función de ello, es de destacar que el imputado no desconocía que su comercio se hallaba en las inmediaciones del club Boca Juniors -vgr. refiere en la deposición prestada en el debate a una distancia en metros-, asimismo, que la avenida donde se encuentra ubicado el local es un sitio de paso obligado por los transeúntes, líneas de colectivos -vgr. aduce que algunos circulan por Alte. Brown y que hay varias paradas cerca de su local, cree que más de dos, ver acta a fs. 92- y los micros que se dirigen al estadio, como la importancia y masividad del evento que aquel día se disputaba. Nótese que Fernández al momento de ofrecer su descargo en la audiencia de juicio manifestó que "ese día jugaba Boca y Banfield y que se habían vendido las entradas en forma anticipada" (fs. 91 vta. del acta respectiva), lo que denota claramente su cabal conocimiento respecto de la magnitud del encuentro futbolístico y de la gran cantidad de asistentes que irían al mismo.

En vista de las circunstancias apuntadas, entendemos que el encartado efectivamente se representó el riesgo concreto que implicaba su comportamiento, como asimismo la posibilidad de adecuar su acción a la norma, lo que en definitiva no hizo.

A mayor abundamiento, téngase en cuenta que son de pública notoriedad los desmanes y focos de violencia que se generan con motivo de celebrarse espectáculos de esta naturaleza, máxime ello, cuando como en el caso, uno de los equipos participantes era "Boca Juniors", considerado en el ambiente deportivo como uno de los equipos "grandes" en atención a los logros futbolísticos obtenidos y a la cantidad de seguidores. Y dicha cuestión no puede resultarle ajena al encausado, sobre todo si se tiene en cuenta que trabaja como encargado del lugar hace por lo menos un año -ver sus dichos a fs. 91 vta. del acta-.

Refuerzan más aún el temperamento expuesto, los dichos de Fernández en instancias de tomársele declaración a tenor del art. 41 del C.C. donde dijo: "Que los días de partido para prevenir inconvenientes no expende bebidas alcohólicas a domicilio, para prevenir problemas y evitarles inconvenientes a los chicos del delivery" -ver. fs. 18 vta.-; lo que demuestra, a las claras, que tuvo cabal conciencia sobre la inconveniencia de vender alcohol en aquellas ocasiones.

A mayor abundamiento, abona lo que aquí se expone, la circunstancia esbozada por el encartado en su defensa en cuanto expresa que en una oportunidad le dijeron que no podía vender alcohol porque en el estadio daría un recital el grupo de rock "Los Piojos" -fs. 91 vta.-, en tanto fácil es de inferir que si la prohibición de suministro se hallaba vigente con motivo de un espectáculo musical de esas características, más lo estaba ante un encuentro futbolístico masivo en el que participaba el equipo "Boca Juniors".

A colación de ello, no corresponde afirmar, como propugna la Defensa Oficial, que el error en que habría incurrido Fernández sería claro en virtud de que nunca había recibido -más allá del caso reseñado- ninguna notificación ni aviso de autoridad competente informando aquella veda, en el entendimiento de que sin perjuicio de desconocerse -y resultar ajenas al caso- las razones por las que en aquel evento se actuó de ese modo, en tanto pudo haber obedecido a cuestiones y condiciones propias de su organización, lo cierto es que pretender un requisito -como el enunciado- implica agregarle a la norma una condición reglamentaria que no posee, como así también, caer en la afirmación irrazonable de que, para que una regla legal sea observada, debe serle notificada a cada uno de los sujetos que por ella se rigen.

Finalmente en cuanto al "tipo de saber exigible" al individuo, del cual se agravia el Sr. Defensor, éste no debe ser técnico o jurídico sino que como lo Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

expresa Zaffaroni, y cita la Magistrada, lo que se demanda es el 'conocimiento normativo del común de las personas'; en este sentido dice: "respecto de los elementos normativos eventualmente requeridos en los tipos, la captación que de éstos requiere el dolo es de la misma entidad que la requerida respecto de los elementos descriptivos del tipo. En ambos casos se exige un conocimiento efectivo, del común de las personas, lo que, con variantes menores, se ha dado en denominar 'valoración paralela en la esfera del autor, del lego o del profano', que otros autores definen también como una comprensión de su significado social...".

Así también, Enrique Bacigalupo sobre el particular sostuvo: "...El conocimiento de los elementos descriptivos del tipo requiere, como es claro, que éstos hayan sido percibidos por los sentidos del autor. Los elementos normativos, por el contrario, no se captan por los sentidos, sino que se comprenden en su significación. El concepto de 'documento' no se puede identificar con la percepción sensorial del papel en el que se hacen constar las cláusulas de un contrato. El autor debe tener conciencia de que se trata de un instrumento destinado a probar una relación jurídica determinada. Este conocimiento no debe ser técnico - jurídico; de lo contrario, sólo los juristas (y como alguien dijo, sólo algunos) podrían obrar con dolo. Se trata de lo que ha dado en llamarse 'conocimiento paralelo en la esfera del lego'. Otros elementos normativos que no implican una referencia a un concepto jurídico como, por ejemplo, la obscenidad en el art. 185 del Cód. Penal, se denominan 'empírico-culturales y requieren una valoración por parte del autor".

Por las razones expuestas, no se advierte que Fernández haya incurrido en un equívoco respecto de los elementos normativos del tipo, sino que por el contrario, entendemos, obró ilícitamente teniendo el conocimiento efectivo exigido por la norma contravencional.

5.- La ausencia de lesividad.

La defensa oficial sostiene que no hubo en el caso una real afectación del bien jurídico protegido, la seguridad del espectáculo, en virtud de que las bebidas alcohólicas suministradas se habían consumido únicamente dentro del restaurante "La Farola", y que además, tampoco se ha demostrado que alguna de las personas que hubiesen adquirido las mismas se haya dirigido o se dirigiera al estadio donde se disputaría el encuentro futbolístico.

Sobre este punto, como manifestáramos en el precedente de esta Sala in re "Alberganti" , debe tenerse en cuenta que la prohibición describe una conducta per se perturbadora y lo que el legislador ha exigido es la abstención de suministrar bebidas bajo las condiciones prescriptas. Ello obedece a que todo ilícito de peligro tiene carácter preventivo ya que se perfecciona en un estado anterior al menoscabo efectivo del bien jurídico.

En este sentido se ha regulado la provisión -fijando momentos y sitios determinados -, en la inteligencia de que la venta y consumición de alcohol en esas condiciones específicas podía hacer peligrar el normal desarrollo de un encuentro deportivo. Así, quien provee dichos elementos no puede garantizar que con su acción no se active finalmente un curso lesivo, pero tampoco es posible explicar este último a través de su actuar. Precisamente por la incalculabilidad de los resultados y la posibilidad cierta de que los riesgos se produzcan es que el órgano legisferante -en circunstancias en que existen mayores probabilidades de que se verifiquen- le prohíbe tal desenvolvimiento, por cuanto ha supuesto que, en el contexto de un espectáculo deportivo, la facilidad de acceso a este tipo de bebidas puede desencadenar un mayor consumo que en circunstancias comunes y una más alta posibilidad de desmanes, incidentes, peleas, etc. Todo ello es empíricamente verificable. Sin embargo, la efectiva producción de estos últimos resultados depende, en última instancia, de quienes adquirieron la sustancia.

Por su parte, carece de relevancia la circunstancia apuntada por el Sr. Defensor cuando afirma que no se habría afectado el bien jurídicamente tutelado ya que las bebidas alcohólicas provistas fueron insumidas dentro del restaurante; en virtud de que la figura en estudio establece un ámbito preciso témporo-espacial, en el que se indica que la conducta puede desplegarse en el lugar donde se desarrolla el evento o en sus adyacencias, no realizando en este último caso, distinción alguna como sí pretende hacerlo la defensa.

Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

Asimismo, y en esta inteligencia, el peligro que ella prevé no se haya excluido en razón de que los consumidores no se dirigieran al estadio de fútbol.

En este sentido, debemos tener presente que la contravención, es de mera actividad, por lo que se perfecciona con la realización de la acción prohibida, esto es suministrar bebidas alcohólicas, sin la necesidad de que se verifique un resultado adicional.

Afirmar lo contrario se traduciría en verdad en la incorporación a la descripción típica de un elemento no previsto por ella y en consecuencia, en un recorte de su ámbito proscripto. Es que una vez más, la norma no realiza distingo alguno entre concurrentes o no al espectáculo de aquellos a quienes se provee la bebida, sino que el síndrome de riesgo previsto incluye el estadio y sus adyacencias, vgr. zona en la que puede haber participantes del encuentro, vecinos, transeúntes, etc.; en función de que los disturbios que se procuran evitar pueden ocurrir tanto dentro del estadio como fuera de él, entre espectadores o no del juego.

De allí que el solo hecho de que quienes ingirieran alcohol no concurrirían al espectáculo no puede ser invocada para sostener la exclusión anticipada o no verificación del peligro creado por la conducta del imputado.

Incluso, de esgrimir esa tesitura se estaría colocando al sujeto expendedor en un rol de garante respecto del comportamiento futuro de terceros que ni siquiera, ex ante, puede conocer.

En función de lo expuesto, y toda vez que en el caso se habría verificado el síndrome de riesgo que la norma pretende evitar, corresponde rechazar la tacha impetrada por la defensa.

6.-Violación al sistema acusatorio: imposición de una pena de oficio.

En este acápite, el recurrente asevera que la Magistrada, luego de considerar coincidentemente con el Sr. Fiscal la posibilidad de fijar una condena condicional, sin que exista ningún pedido de la parte acusadora, dispuso imponerle al imputado reglas de conducta en clara violación al sistema acusatorio.

Al respecto, de la lectura del decisorio a fs. 96 como del alegato producido por el Ministerio Fiscal en el debate, conforme surge del acta respectiva -ver fs. 93 vta.-, se advierte que el Unrein había solicitado la aplicación de una multa de $3000 más la imposición de costas, y que luego de ponderar la buena predisposición del imputado, manifestó que la fiscalía no tenía inconveniente de que la pena fuera dejada en suspenso. Es decir que en definitiva, propugnó una condena de cumplimiento efectivo, librando luego -a la apreciación de la a quo- la posibilidad de establecer su condicionalidad.

Sentado ello, la impugnación defensista no resiste el menor análisis a poco que se repare que la misma letra de la norma -art. 46 del CC- prescribe expresamente que al suspender la ejecución de una condena el juez dispone que el condenado/a cumpla una o más de las reglas de conducta previstas en el tercer párrafo del art. 45, pudiendo ser éstas modificadas por el Juzgador según resultare conveniente al caso. En este sentido, aparece como insoslayable la adopción de tales reglas al resolverse en este sentido la modalidad de pena recaída.

En esta dirección nos hemos expedido en el precedente de esta Sala "Ovejero, Carlos Manuel" , en el que, si bien se trató de una causa penal en la que se juzgaba el delito de portación de arma de fuego de uso civil, la defensa habría impugnado el decisorio en cuanto fueron impuestas reglas de conducta sin existir petición fiscal al respecto. Allí se dijo: "Tampoco parece atendible... (la pretensión de que) las reglas de conducta (han) sido establecidas oficiosamente al no haber sido peticionadas por el Fiscal de momento que...,la acusación había solicitado pena de prisión de cumplimiento efectivo con lo que mal podía haber requerido la aplicación de aquellas". Y: "Sucede que la condenación condicional...,lleva ínsita la imposición y posterior cumplimiento de ciertas pautas cuya observancia constituye, precisamente, 'la condición' para su viabilidad y eventual otorgamiento del beneficio consagrado por el art. 27 del C. Penal de no cometerse nuevo delito en el plazo de cuatro años computados a partir de que la sentencia haya adquirido firmeza. Es por demás clara la letra de la ley al estipular que al suspenderse condicionalmente la ejecución de la pena, el juez o 'el tribunal deberá disponer que...el condenado cumpla todas o Causa Nº 22699-00-CC/2006. Sala II.

alguna de las ...reglas de conducta...adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos (Conf. art. 27bis. C.Penal). Justamente por ello no se trata de una facultad sino de una obligación. No se concibe condenación condicional sin reglas de conducta".

Y que: "Sobre el particular se tiene dicho que 'la imposición de las reglas de conducta a las cuales refiere el art. 27 bis. del C.Penal, conforme la modificación efectuada por la ley 24.316, opera como un complemento de la condena de ejecución condicional impuesta y su fijación es imperativa para el juzgador, conforme surge del texto de la citada normativa' (Conf. STJMisiones, 'Noguera, Roberto', rta. 13-11-98, Pub. LLLitoral 2000, 113)". Asimismo: "...máxime si se tiene en cuenta que 'la fijación de la pena, la resolución de suspensión condicional de la misma, y la imposición de reglas de conducta integran un mismo acto judicial...' (Conf. Baigún-Zaffaroni-Terragni, "Código Penal", t. 1, Pte. Gral., Hammurabi, 1997, pág. 403)".

Por las razones apuntadas, corresponde desestimar el agravio de la defensa oficial también en este punto.

En virtud de lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 94 vta. y 95/101 respectivamente, en cuanto resuelve: I.- Condenando a Ariel Ricardo Fernández..., en orden a la contravención prevista y reprimida por el art. 104 del Código Contravencional consistente en "haber suministrado bebidas alcohólicas -cerveza y una botella de vino- mientras atendía el comercio, a varias personas que fueron sorprendidos consumiéndolas en el interior del local denominado 'La Farola' ubicado en la Avenida Alte Brown y Pérez Galdós, de esta ciudad, situado en las inmediaciones del Estadio del Club Boca Juniors, horas antes del comienzo del partido de fútbol que disputarían los primeros equipos de los clubes Boca y Banfield, el día 6 de agosto de 2006, siendo las 15:10 hs., aproximadamente..." a la pena de multa por la suma de pesos mil quinientos ($1500) la que quedará en suspenso (conf. art. 46 del CC).-. II.- Imponer por el plazo de seis meses las reglas de conducta establecidas en los incisos 1- "Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta"; inciso 2- "Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere..." e inciso 3- "Realizar tareas comunitarias en la Organización Teatral "Presidente Alvear" sita en Avenida Corrientes 1659, de esta Ciudad..., por el término de cuatro jornadas de tres horas cada una.-..." del art. 45 del Código Contravencional.-. III.- Con imposición de costas, (art. 14 de la ley 12)... .

II- TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto VI del libelo impugnaticio.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia interviniente, el que deberá practicar la restante notificación. Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.-.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

En TA: Para dejar constancia que el Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.