Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-27


Esquel, 27 de abril de 2.006.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 48 por el apoderado de la actora contra la resolución de 43/46 vta. de fecha 22 de noviembre de 2005 y registrada bajo el nro. 334,Fº 399/402 del año 2005. - Y CONSIDERANDO: Que mediante memorial obrante a fs. 60/61 y vta., expone el recurrente que la cuestión en crisis se circunscribe al rechazo del planteo de nulidad de la notificación del traslado de la demanda articulada y los actos posteriores como consecuencia de la misma.

Refiere que, a su entender, este agravio encuentra sustento en los erróneos fundamentos que ha expresado la Juez a quo, puesto que pese a tener por acreditado que la demanda no ha sido notificada en el domicilio real, dicha nulidad se encuentra convalidada mediante el consentimiento de la parte a quien perjudica por las razones que expone.

Afirma el recurrente que el mero conocimiento de la participación de una persona como testigo, no habilita la purga o convalidación de un juicio de divorcio, que ha sido notificado en un domicilio falso, negándose así el acceso al derecho de defensa, a los términos de la demanda; máxime teniendo en cuenta que nos encontramos en presencia de un proceso de orden público, y que tiende a modificar el estado civil de las personas. Recalca que afirmar que se puede notificar de oídas una demanda de divorcio, con los recaudos que el legislador le ha dado a este tipo de proceso, es altamente violatorio de derechos constitucionales expresamente reconocidos (debido proceso y derecho de defensa), por ello entiende que la nulidad de notificación no es convalidable por cuanto además se está en presencia de una nulidad que la doctrina y jurisprudencia han calificado de absoluta por encontrarse expresamente prevista y estar en juego. el orden público. Cita jurisprudencia y doctrina.

Expone el perjuicio económico que le causa el no haber tomado - conocimiento de la litis -por la imposibilidad de allanarse y evitar costas-, como que se ha violado el debido proceso y el derecho de defensa, pues se privó de la posibilidad de reconvenir por una de las causales subjetivas del arto 202 de la Ley 23.515. Comenzando el estudio de la cuestión sometida a consideración del Tribunal, el mismo considera oportuno, como recaudo previo y siguiendo lo expuesto en la obra "NULIDADES PROCESALES", Doctrina-Jurisprudencia-Modelos, de De Santo, segundo edición actualizada, Editorial Universidad, pág. 132, transcribir lo allí expuesto respecto a la importancia de la notificación prevista y concreta de la demanda, para luego sí, entrar en forma específica a valorar las argumentaciones del recurrente que se enfrentan a la posición sus tentada por la judicante.

En la mencionada página y obra se lee: "Los mayores problemas de nulidad se dan en las notificaciones por cédula, y dentro de esta categoría, en virtud de su relación con la defensa en juicio, de la notificación del traslado de la demanda".

"La jurisprudencia en este sentido, ha señalado expresamente que en la corrección de la notificación de la demanda se encuentra involucrada, fundamentalmente, la garantía constitucional de la defensa en juicio, ya que el demandado podrá o no ejercitar adecuadamente ese derecho según que el emplazamiento haya sido o no, bien realizado. (CNCiv., Sala B, 15/12/72, ED 48-284)".

"La especial trascendencia de la notificación del traslado de la demanda motiva, precisamente, que la ley rodee a este acto de formalidades específicas con el fin de resguardar en toda su amplitud el derecho de defensa. (CNCiv., Sala B, 13 / 4 /7 6, ED 6 9-434)". "Las formalidades específicas que exige la ley para la notificación de la demanda, por su especial trascendencia, tienden a brindar adecuada protección al ejercicio del derecho de defensa, por cuyo motivo, aún cuando alguna duda pudiera subsistir con relación a la efectiva recepción de la notificación cuestionada por parte del demandado o sobre la irregularidad atribuida al acto, debe estarse por la solución que evite afectar eventualmente, garantías de raíz constitucional. (C. N. Civ., Sala B, 25/6/76, ED 76-133, n° 25)", pues la indefensión es el vicio más importante de que es susceptible el proceso, dado que implica la imposibilidad de oponer excepciones y defensas.

De lo trascripto surge, a criterio del Tribunal, con absoluta claridad, cuáles son los parámetros dentro de los cuales debe actuar el juzgador cuando se enfrenta a una cuestión como la traída hoya su conocimiento, en la que debe priorizar, sin lugar a dudas y aún en caso de dudas, el criterio que expone el fallo citado en último término. Continuando con el análisis del planteo; la notificación del traslado de la demanda, debe efectuarse en el domicilio real (art. 339 CPC y C), habiéndose admitido por vía jurisprudencial, para facilitar el normal desenvolvimiento del proceso y superar maniobras dilatorias, que la notificación de la demanda se realice en el domicilio denunciado por el actor, obviamente bajo responsabilidad del denunciante (cfr. FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 187, Astrea, Bs. As. 1999).- Que tal exigencia tiene como finalidad asegurar el efectivo conocimiento de la demanda por la parte que ha sido objeto de emplazamiento, ya que, de no ser así, se vería seriamente perjudicado el principio fundamental de la garantía de la defensa en juicio, al privarse al demandado de la posibilidad de oponer las defensas que hacen a su derecho. - Que surge de los autos principales caratulados: "E., D. J. c/ M., L. s/ divorcio" (Expte. N° 799/183/2004)) que el actor al iniciar demanda de divorcio denuncia como domicilio real de la Sra. L. M., el ubicado en la calle , que en esta dirección el Oficial Notificador (en distintas oportunidades), ha fijado en la puerta de acceso las cédulas de notificación correspondientes al traslado de la demanda (fs. 11/12 y vta.), a la rebeldía decretada (fs. 15 y vta.), a la Audiencia de Vista de Causa fijada (fs. 22 y vta.) ya la sentencia definitiva (fs. 30 y vta.). - Que, con motivo de la sustanciación del Incidente de Nulidad la Sra.

L. M. expresa que se ha domiciliado en distintos sitios (fs. 2 vta.), y que actualmente lo hace en el Barrio ..., en calle que nunca se ha domiciliado en, por lo cual nunca recibió cédula de notificación alguna. Que la única oportunidad que recibió una notificación fue el 23 de junio de 2005 cuando el Sr. H. F. G., quien se domicilia en y a quien conoce desde su niñez, le hace entrega de una documentación dirigida a su persona.

Los testigos que declaran y cuyo testimonio fue escuchado de los cassettes de audio recibido (No 46 R), son coincidentes y manifiestan que la Sra. M. nunca se ha domiciliado en calle, hacen referencia a otros domicilios en los que ha habitado. - Resulta evidente que la imposibilidad a la que hace mención la incidentista, le ha impedido no sólo contestar la demanda sino también ofrecer su prueba y controlar la producción de la prueba ofrecida por el actor, aspectos estos que, a tenor de los principios que se enunciaron al inicio de este fallo, deben ser merituados con la debida prudencia a fin de resguardar el derecho de defensa y el principio de contradicción que debe prevalecer en el proceso.

-Que, en consecuencia, al haberse demostrado fehacientemente que el domicilio asignado a la demandada por el actor es falso, corresponde anular todo lo actuado a costa del demandante (art. 339, in fine c.P.c. y C.). - Que la prueba aportada por el incidentado no resulta suficiente para acreditar que la incidentista ha sido notificada en legal forma, ni siquiera que tenía conocimiento de que se había accionado en su contra, pues los dichos de un único testigo como lo ha sido el relato de la Sra. C. I. G. J. no tiene entidad suficiente para formar la convicción necesaria que permita avalar los dichos del actor y llegar al convencimiento sobre la verdad de los hechos por él alegados (doctrina arto 377 del C. P.C y C. y arto 115 de la le 4347).

Resueltos estos aspectos y que fueron los que sustentaron el resolutorio atacado, es criterio del Tribunal que, conforme lo dispone el arto 339 del C. P. C. y C., el traslado de la demanda debió llevarse a cabo en el domicilio real de la demandada, que resulta denunciado en la documental de fs. 2/3 de estas actuaciones, en consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio impuesto por la nulidicente.Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 279 CPC y C, corresponde adecuar las costas y honorarios fijados en la anterior instancia, imponiendo en definitiva, las costas en ambas instancias a la parte actora (arts. 68, 69 Y 339 in jine del C. P. C. y C.), regulándose los emolumentos profesionales, por la labor realizada en primera instancia, de los Dres. G. D. y C. F. P. en la suma de $500 con más el IV A que correspondiere, para cada uno de ellos (arts. 6 inc. b) al f), 8, 9 Y 39 Dto. Ley 2.200). - Asimismo corresponde determinar los honorarios de los profesionales por la labor en esta Alzada, regulando los emolumentos del Dr. G. A. D. en la suma de $175 y del Dr. C. P. en la suma de $125, ambos con más el IVA que correspondiere (art. 14 del Dto. Ley 2200). - Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E :

1) REVOCAR la resolución apelada en cuanto ha sido materia de recurso. - 2) DECLARAR la nulidad de la diligencia de notificación de fs. 11/12 y vta. de los autos principales y de todos aquellos actos que fueran su consecuencia (rebeldía de fs. 14, Audiencia de Vista de Causa de fs. 26, sentencia definitiva de fs. 27/28 e inscripción realizada en la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas (fs. 35, sin foliar),(arts. 149 y 399 in fine del c.P.c.y C.) - 3) ADECUAR las costas y honorarios fijados en la resolución (arts. 68, 69,y 279) e IMPONER las costas de ambas instancias, al actor (art. 68 CPC y C). 4) REGULAR los honorarios de los Dres. J. H. W. y C. P. en la suma de $500, para cada uno, por la labor desarrollada en Primera Instancia (arts. 6 inc. b) al f), 8, 9 Y 39 Ley 2200 ).

5) REGULAR los emolumentos de los Dres. G. A. D. en la suma de $175 y C. P. en la suma de $125, por la labor desarrollada por los profesionales en este Alzada (Art. 14 Dto. Ley 2200).

6)Regístrese, notifíquese y devuélvase juntamente con los autos principales que fueron so licitad os oportunamente. - La presente resolución es dictada con el Tribunal integrado por el Sr. Juez Civil, Comercial y Laboral Dr. Claudio A. Petris, por vacancia de dos vocalías y haber logrado conformidad de opiniones los que suscriben (arts. 8 y 9 Ley 1130 y 161 último párr~fo c.P.C{-,. texto según Ley 4550, Acuerdo 3223/00 del 26/09/00.

BENJAMÍN MOISA CLAUDIO PETRIS REGISTRADO BAJO EL NRO:41/06 CANO.- CONSTE.- Norma Marrero-Secretaria.-