Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-24


AUTOS 79.113 (C.C.Nº19.623) DEL Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Lloveras Roberto Adolfo - Ejecutivo -".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº I- Fº160/162.- San Juan, 24 de abril de 2008.- Y VISTOS: Estos autos Nº 19.623 caratulados "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ LLOVERAS ROBERTO ADOLFO- EJECUTIVO", para resolver el recurso interpuesto por la demandada contra la resolución de fs. 22/23 vta. que desestima los planteos de inconstitucionalidad y caducidad de instancia, admite parcialmente la excepción de prescripción por las cuotas uno a seis de 1.998 y ordena seguir adelante la ejecución por la suma de pesos cuatro mil trescientos treinta y siete con cuarenta y tres ($ 4.337,43).- Se agravia en primer lugar del rechazo por parte de la a-quo de su planteo de caducidad de instancia, efectuando consideraciones erróneas y hasta absurdas respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 100 y 102 del Código Tributario Provincial, considerando que ello debe discutirse en juicio ordinario y mediante un amplio debate, contra lo cual el recurrente alega que no hay óbice para tratar la inconstitucionalidad referida por cuanto dichos artículos violentan en forma evidente normas de raigambre constitucional (arts. 16 y 18 de la C.N. y 8 de la C.P.).- Señala que la inconstitucionalidad puede ser declarada, aún de oficio, en cualquier tipo de juicio, aún en un proceso ejecutivo como éste, tal como lo hiciera la Sala Primera de Apelaciones de la Provincia de San Juan en autos 18.749 "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ NOLLEN, PABLO HUGO Y OTROS - EJECUTIVO.- Agrega que el error de la Sra. Juez A Quo está en haber considerado que se trata de una excepción, lo que es un absurdo.- Transcribe a propósito jurisprudencia de esta Cámara en la cual se admitió planteo de inconstitucionalidad al tratar una excepción de inhabilidad de título (Autos 17.232 "MUNICIPALIDAD DE RAWSON C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. - EJECUTIVO"), aunque este no es el caso, para concluir que si se ha admitido como excepción con mayor razón debe admitirse cuando se trata de restaurar el orden jurídico pues las normas del CTP violentan en forma evidente y flagrante las normas citadas de la Constitución Nacional y Provincial.- Insinúa que debió resolverse el planteo de inconstitucionalidad y luego el de caducidad de instancia, lo que pide así se resuelva.- En segundo lugar se agravia de la imposición de costas a su parte, las cuales pide sean impuestas en totalidad a la parte actora en caso de acogerse su planteo de caducidad de instancia.- Hace las reservas de los recursos extraordinarios del orden provincial y federal.- Abocándonos al estudio de los agravios planteados por la parte demandada analizaremos la constitucionalidad del art. 102, cuyo tratamiento fue omitido por el A-quo por considerarlo incompatible con la naturaleza del juicio ejecutivo. La demandada se agravia por considerar que "las normas del Código Tributario de la Provincia, al modificar disposiciones del Código de Procedimiento Civil de la Provincia de San Juan, violan flagrantemente normas constitucionales." Cabe en primer lugar aclarar que las provincias, al delegar facultades legislativas a la Nación y conservar las facultades legisferantes respecto al ejercicio de su poder tributario, guardan la competencia suficiente para crear un derecho autónomo, especialísimo. Yerra entonces la demandada en su expresión de que las normas tributarias modifican las disposiciones de nuestro Código de Procedimiento. No podemos hablar de modificación alguna ya que el derecho tributario es un derecho creado con un campo de aplicación específica, con autonomía estructural y dogmática, y especial naturaleza. "La norma cuya validez constitucional se encuentra en entredicho, ley 3.908, ha sido sancionada por la provincia en ejercicio -precisamente- de su potestad tributaria, para aplicarse en cuestiones de esa naturaleza . . . " (L.S. 2006 TºIV Fº79/86). Ahora, para declarar la inconstitucionalidad de una norma, "acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico" (L.S. 2006 TºIV Fº79/86), debe resultar palmaria la irrazonabilidad de la misma estando en contraposición con la Constitución. Ya es criterio de este Tribunal, así resuelto en fallos anteriores, que el art. 102 del Código Tributario no importa un privilegio que se aparte de la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Carta Magna. La Corte Suprema ha definido el principio de igualdad ante la ley como "el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias." A entender de este Tribunal, el artículo cuestionado no vulnera esa igualdad dado que su aplicación alcanza a ambas partes de cualquier proceso de esa naturaleza. No cabría hablar de excepción alguna ni de concesiones beneficiosas para alguna de las partes en desmedro de la otra. "No se advierte que el art. 102 de la ley 3908 contraríe el principio constitucional de igualdad ante la ley y constituya un privilegio para el Estado. Esto así porque la norma se aplica a todas las ejecuciones fiscales, es decir, a un tipo especial de juicio, y se aplica por igual tanto a la actora como al demandado." (L.S. -2007- TºIII- Fº 66/68.). Por lo expresado, rechazamos los agravios planteados por la demandada en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 102 del Código Tributario rechazando también la caducidad planteada.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

I- Desestimar el recurso de apelación concedido a fs. 29 contra la sentencia de fs. 22/23 vta., que queda firme. II- Imponer las costas a la apelante vencida, difiriendo la pertinente regulación de alzada para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.