Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28


STJSL-S.J. N°60/08.

SAN LUIS, Febrero veintiocho de dos mil ocho.

AUTOS Y VISTOS: Los autos caratulados: ?COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT ? DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA?, Expte. N° 23-C-2007; y CONSIDERANDO: 1) Que a fs. 25/29 la accionante deduce recurso de reposición ?frente al proveído de fecha 15 de Junio de 2007, notificado a mi mandante el día 19 de Junio de 2007 por el que se ordena el desglose de la demanda impetrada en virtud de lo normado en el artículo 2 inciso b) de la ley N°XIV-0457-2005?.

Manifiesta que si bien no se encuentra matriculada en esta Provincia, procedió por ello a contratar los servicios de un abogado matriculado que la patrocinara en autos, realizando la presentación con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Aguilera, quién reúne todos los requisitos de la normativa en vigor para actuar en la Provincia.

Solicita que haga lugar a la reposición planteada ?por cuanto la personería invocada y el patrocinio letrado presentado no vulneran normativa alguna en lo atinente al ejercicio de la profesión de abogado, ni en lo relativo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis?.

A fs. 2/4 se agrega copia de escritura de Poder Judicial a favor de la abogada María Anahí Cordero para representación judicial y extrajudicial de la otorgante.

2) Que a fs. 33 contesta vista el Sr. Procurador General opinando que el recurso planteado es improcedente ante la claridad de lo normado en el art. 2 inc. b de la Ley N° XIV-0457-2005.

3) Que en efecto, la norma en cuestión exhibe una redacción tan clara y categórica respecto al ejercicio regular y válido de la abogacía, que no admite posibilidad alguna de duda respecto a su espíritu o alcance, ni autoriza a la búsqueda de posibles matices, distingos, excepciones, atenuantes o sentidos alternativos, tales como los expresados por la recurrente.

La ley literalmente dispone que para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la provincia de San Luis, se requiere estar inscripto en la matrícula ?según el régimen creado por la presente Ley?. Y el artículo 1° en sus tres apartados establece las actividades que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, destacando que tal ejercicio puede realizarse ?en juicio o proceso o fuera de ellos? (apart. a).

La cuestión en tratamiento involucra, más allá de los intereses particulares en juego, la tutela del servicio de justicia, de cuyo funcionamiento correcto depende la vigencia efectiva del derecho constitucionalmente amparado a la jurisdicción.

De allí que las condiciones legales establecidas para la representación, grado académico y la correspondiente matriculación profesional, constituyan reglas de derecho en las que se encuentra comprometido el orden público.

4) Que el inc. a) del art. 1° de la ley XIV-0457-2005, expresamente contempla como ejercicio profesional la ?representacion de los derechos y de los intereses de las personas en causa propia o ajena, en juicio o proceso o fuera de ellos?.

En el caso, la Dra. Marta Anahi Cordero pretendió precisamente eso: REPRESENTAR a la Compañía de Alimentos Fargo S.A. en este juicio o proceso, promovido en esta jurisdicción, como resulta en forma expresa del Cap. II de su demanda (ver fs. 9).

Para ello era requisito indispensable su inscripción en la matrícula de abogados que llevan los Colegios Profesionales de la Provincia.

Al no estar inscripta en la Matrícula de Abogados de la Provincia, como se reconoce a fs. 26, la revocatoria interpuesta no puede prosperar, máxime que la mentada profesional ?Dra. Cordero- en ninguna parte de su escrito de fs. 25/29 ni siquiera tardíamente impugnó la validez constitucional de la norma legal provincial mencionada.

No empece a lo precedente lo que se dice a fs. 28 respecto al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2284/91 (N° ?2254?, como se expresa), ya que la exigencia de inscribirse en la matrícula de abogados provincial, en modo alguno puede considerarse una ?prohibición o una restricción? al ejercicio profesional.

Se trata sólo del ejercicio del poder de policía que corresponde a las Provincias (arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional).

Por lo demás, el art. 119 del Dec. N° 2284/91 invitó a las Provincias a adherirse al régimen de dicho decreto y si bien es cierto que en su momento así lo hizo San Luis, al sancionar la ley N° XIV-0457-2005 la Provincia se ha apartado de aquellas normas.

Por lo expuesto, normativa citada, constancias de autos y oído el Sr. Procurador General, SE RESUELVE: No hacer lugar al recurso de reposición articulado.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

FDO. DRES. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIÁN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.