Tribunal: CAMARA DE APELACION EN LO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-21


Nº	93	En la ciudad de Rosario, a los 21	días del mes de mayo del año dos mil ocho, se reunieron en Acuerdo las Sras. Juezas Dras. Celestina Bugni, Lucía M. Aseff y Roxana Mambelli, Vocales de la Sala Segunda, integrando el Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, para resolver en autos: "FUGARDO, MANUEL C/ METALURGICA DORREGO S.A. S/ COBRO DE PESOS LABORAL", venidos en apelación del Juzgado Laboral de la 4ta. Nominación de la ciudad de Rosario.

La sentencia No. 1245 del 24 de noviembre de 2.006 que obra a fs. 204/207 acoge parcialmente la demanda promovida por Manuel Daniel Fugardo, condenando a Metalúrgica Dorrego S.A. a abonarle los rubros admitidos - indemnización por antigüedad, preaviso, vacaciones del año 2.001 y proporcionales del año 2.002, SAC proporcional año 2001 y 29 días trabajados del mes de diciembre de 2.001 - con intereses y costas.

Contra el decisorio se alza la demandada a fs. 210 deduciendo recursos de apelación y conjunta nulidad. Arribados los autos a esta Sala expresa sus agravios la recurrente a fs. 223/229, los que son respondidos por la contraria a fs. 231/232. Sustanciado el trámite, se encuentran los presentes en estado de resolver.

Hecho el estudio del juicio, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1- ¿Es nulo el fallo recurrido?	2- ¿Es justa la sentencia apelada?	3- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dras. Lucía M. Aseff, Celestina Bugni y Roxana Mambelli.-	A la primera cuestión: La Dra. Aseff dijo: El recurso autónomo de nulidad previsto en el procedimiento laboral no ha sido mantenido en esta instancia. No advirtiendo en el trámite de la causa la existencia de vicio sustancial alguno en las formas -ni en el procedimiento ni en el pronunciamiento- que amerite su declaración de oficio, cabe desestimarlo.

Voto por la negativa.

A la misma cuestión: Las Dras. Bugni y Mambelli dijeron: Atento lo expuesto precedentemente, votamos en idéntico sentido.-	A la segunda cuestión: La Dra. Aseff dijo: Se agravia la demandada, en síntesis, porque el fallo acogió parcialmente la demanda ordenando el pago de rubros indemnizatorios, en virtud de haber entendido el juez de grado que existió un despido sin causa; y remuneratorios, sin tener en cuenta que habían sido abonados, en razón de haber considerado - erróneamente, a su criterio - que su parte no acreditó: 1) La causa del despido. 2) Haber respondido el despacho remitido por el actor en fecha 03 de enero de 2.002 en aras de la conservación del contrato, haciéndose pasible de la aplicación del art. 57 de la LCT. 3) El abandono de trabajo imputado al actor, quejándose asimismo de: 4) La tasa de interés fijada por el a quo, que considera excesiva y arbitraria, y, 5) Que se le hayan impuesto las costas del juicio.

Trataré los agravios en el orden que considere metodológicamente más adecuado haciéndolo en forma conjunta con algunos de ellos en virtud de su estrecha relación, señalando liminarmente al recurrente que no advierto que sus quejas constituyan una crítica pormenorizada y fundada de la sentencia que demuestre su inconsistencia, o los errores de hecho o de derecho, o las omisiones en las que habría incurrido el juzgador, y de qué manera ello ha influido en la suerte del litigio, mediante un enjuiciamiento razonado y fundado de sus conclusiones demostrativo de la injusticia derivada de tales defectos.

Por el contrario, considero que el libelo recursivo no cumple adecuadamente con la carga procesal específica que supone expresar agravios, dado que éstos se agotan en la mera expresión del disenso del quejoso con el fallo recurrido, que se manifiesta mediante la transcripción textual de los párrafos de la sentencia con los que disiente seguidos de meras negativas de su parte y de aseveraciones críticas vagas y generales, sin puntual correspondencia con las constancias de la causa - aunque curiosamente aluda a ellas - a las que suma variadas citas jurisprudenciales que, en rigor, no resultan aplicables al caso ni son de utilidad para demostrar que la sentencia es errónea.

También habré de destacar, como lo hago habitualmente, que la selección y valoración de la prueba constituyen facultades privativas del juez - de tal modo que ni siquiera está obligado a valerse de la totalidad de la que haya sido rendida en autos, bastándole con mencionar sólo aquélla que considere conducente para la resolución del litigio - que no puede ser reemplazada por el mero criterio divergente de las partes, como aquí se pretende, salvo error o arbitrariedad manifiestos, claro está, que no encuentro configurados en el caso venido en revisión.

Aclarado lo cual adelanto, que cotejada la sentencia de grado con la normativa de aplicación al caso en examen, las pruebas rendidas y las quejas vertidas he arribado a la conclusión de que sólo la que se relaciona con la tasa de interés puede tener parcial acogida, pese a los defectos apuntados como seguidamente lo explico.

El núcleo central del litigio, y de las quejas del agraviado, finca en su pretensión de que existió por parte del trabajador un abandono de trabajo y no un despido incausado de su parte, como -acertadamente - lo entendió el a quo.

La opinión predominante en la materia - que comparto - señala que para que se tenga por configurado el abandono de trabajo se debe verificar la existencia de dos elementos: uno objetivo, cual es la no concurrencia al trabajo, y otro subjetivo, que es el propósito o voluntad del trabajador de no reintegrarse a su empleo, que se pone de manifiesto por el silencio del dependiente ante el requerimiento de que reanude su labor. Mas, en la medida en que el abandono de tareas constituye una de las formas de extinción del contrato de trabajo que no genera ningún tipo de indemnización para el trabajador, es unánime el requerimiento de que se verifique que su actitud al respecto haya sido inequívoca. Y, en este caso, no lo fue.

Antes de seguir con el análisis del presunto abandono alegado por la demandada, contestando otro de los argumentos expuestos en su libelo, agrego, además, que esta figura debe ser analizada con independencia de los incumplimientos constatados y/o de la sanciones aplicadas al trabajador con anterioridad a la configuración de esta causal extintiva, dado que se trata de una causal autónoma que no se relaciona con el anterior comportamiento del dependiente, lo que hace que las referencias que al respecto trae la quejosa en respaldo de su postura carezcan de toda relevancia para fundar su agravio, porque estas anteriores inconductas - que, incluso, tuvieron su sanción, aunque no todas fueron consentidas - no resultan aptas para fundar un despido por abandono de trabajo como erróneamente se pretende.

Volviendo al tema central de este litigio, de la lectura de las comunicaciones intercambiadas entre las partes con anterioridad al distracto - cuyas fotocopias obran en autos con reserva de los originales en Secretaría, que he tenido a la vista para resolver - que fueran reconocidas por actor y demandada en la audiencia de trámite, surge la siguiente secuencia cronológica:

-	El día 31 de diciembre de 2.001, aludiendo a que el actor había faltado algunos días, alternados, en el mes de diciembre del año 2.001, la demandada lo intimó a reincorporarse a sus tareas el viernes 4 de enero de 2.002 bajo apercibimiento de constituir su conducta abandono de trabajo.

-	El día 3 de enero de 2002 el actor responde esta intimación negando terminantemente haber hecho abandono de trabajo en ningún momento y menos en las fechas aludidas, invitando a la demandada a rectificarse en el plazo de 48 horas bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido por culpa de su empleadora.

-	El 4 de enero la demandada procede a despedirlo invocando abandono de trabajo de su parte, aparentemente sin haber recibido la carta remitida por el trabajador el día 3. Comunicación que, según se desprende de la constancia obrante a fs. 54, habría sido recibida por el trabajador el día 5.

-	El día 7 de enero la demandada rechaza la carta remitida por el trabajador el día 3.

-	El mismo día 7 el trabajador responde la CD remitida por la patronal el día 4, dándose por despedido por su exclusiva culpa por no haber tenido una respuesta satisfactoria a su telegrama del día 3.

-	El día 10 la demandada rechaza esta comunicación alegando que en modo alguno podía considerarse en situación de despido indirecto porque ya había sido despedido por abandono de trabajo el día 4.

No se me escapa que no existe constancia del día y hora en que fue recibido por la patronal el telegrama del actor negando haber hecho abandono de trabajo, y hasta es posible que esta comunicación y la de despido directo, despachada el día 4, se hayan cruzado. Pero, curiosamente, ninguna de las partes hace alusión alguna a esta circunstancia, ni surge de la propia documental si el telegrama del trabajador llegó antes o después de formalizado el despido, ni puede inferirse del reconocimiento que se hace en la audiencia de trámite, dado que nada se dice allí acerca de la fecha de recepción; tampoco se ofreció una informativa subsidiaria al Correo argentino a fin de aclarar la cuestión, que no es menor, en cuanto rige en nuestro sistema la teoría recepticia en virtud de la cual actos de esta naturaleza solo comienzan a tener efectos a partir de que llega a destino la comunicación que los dispone.

Sin embargo, la fundamentación del a quo discurre por otro carril: que negado el abandono de trabajo por parte del actor, nada prueba al respecto la demandada cuando estaba a su cargo hacerlo, tratándose además de un hecho jurídicamente relevante para la decisión del litigio. Y esta aseveración no ha sido siquiera controvertida por la agraviada dado que, en efecto, no obra en autos prueba alguna de estas supuestas ausencias voluntarias del trabajador, determinantes de la intimación despachada el día 31.12.01.

Si a esta falta de prueba le agregamos la voluntad expresa del demandante de mantener la relación, que se manifestó en la comunicación del día 3 de enero mediante el rechazo de la acusación de abandono y la invitación formulada a la demandada a rectificar lo expresado en ese sentido, queda claro que ni se ha probado el elemento objetivo, porque el abandono alegado no fue acreditado, ni tampoco se configuró el elemento subjetivo, en cuanto el trabajador trató de que la relación subsistiera mediante la invitación formulada a su empleadora para que se rectificase.

Por ello falta a la verdad el agraviado cuando asevera que ante la intimación a que se presentara a trabajar el actor se consideró despedido porque la secuencia, tal como se consignara más arriba, fue, sencillamente, otra: ante la intimación de su empleadora (día 31) el trabajador primero negó el abandono al mismo tiempo que la invitaba a rectificar su postura (día 3), y sólo después de que la demandada se mantuviera en ella, procediendo a despedirlo sin más trámite (día 4) se dio por despedido (el día 7, mas haciendo alusión a su misiva del día 3). Ello muestra bien a las claras que el trabajador no tenía intenciones de abandonar su trabajo y que, por el contrario, intentó preservarlo, hasta que la actitud injuriosa del principal lo determinó a darse por despedido por su exclusiva culpa. Y aunque ya había sido despedido, todo lo hasta aquí analizado lleva a la inevitable conclusión de que el despido decidido por la patronal fue incausado y que debe responder en consecuencia.

La copiosa transcripción de jurisprudencia que hace luego el quejoso, como antes dije, no resulta útil para fundar sus agravios, en cuanto no aborda ni controvierte uno de los argumentos decisivos expuestos por el a quo para fallar como lo hizo, cual es, como ya lo mencionara, que su parte no probó la ausencia del actor a su trabajo, o sea, el abandono.

Es cierto que, contra lo que erróneamente afirma el a quo, la demandada respondió el telegrama del actor del día 3 mediante CD que fue despachada el día 7 y recibida por éste el día 9 (según surge de las constancias por ella acompañadas). Pero cabe recordar que para esa fecha el trabajador ya se había dado por despedido y que esta respuesta, tardía, no resulta apta para modificar los efectos de las cuestiones decisivas tratadas en el párrafo anterior. Por lo que tampoco resulta sustancial ni decisiva la mención hecha en la sentencia al art. 57 de la LCT - aunque no refleje los hechos tal como sucedieron - porque lo determinante no es en este caso el silencio del empleador, cuya aptitud para volverse en contra de sus pretensiones es muy relativa, sino la falta de prueba del abandono, que es firmemente rechazado por el dependiente al mismo tiempo que adopta frente al reclamo de su patrón una actitud conciliadora, demostrativa de su voluntad de conservación del contrato la cual, por su misma naturaleza, se opone radicalmente a la figura del abandono.

Lo hasta aquí analizado sella la suerte adversa del recurso en lo referido a estas quejas y torna procedentes los rubros indemnizatorios otorgados en base a la existencia de un despido incausado.

Y en cuanto a los rubros remuneratorios, tampoco se ha controvertido el argumento del juez de grado para concederlos, o sea, que no estando acreditado su pago de conformidad con lo requerido por el art. 138 de la LCT, se receptaban favorablemente. Habida cuenta de que se trata de los rubros remuneratorios habituales que se devengan cuando se extingue el contrato de trabajo, cualquiera sea su causa.

Es por ello que no encuentra asidero ninguno la aventurada afirmación del quejoso cuando sostiene que de las constancias de autos surge que estos rubros se encuentran abonados - fs. 228, 4to.párrafo - sin identificarlas ni señalar su ubicación. Su notoria ausencia quita toda seriedad a su aseveración.

En cuanto a los intereses fijados por el juez de grado, si bien es cierto que en virtud de lo dispuesto por el art. 622 del Código Civil está dentro de sus facultades hacerlo, que - va de suyo - no está obligado a seguir el criterio de este tribunal de Alzada y que la queja de la demandada no sólo es escueta sino que, además, reitera el defecto de generalidad anteriormente apuntado, también lo es que su sentido es claro en cuanto la considera excesiva.

Esta Sala, con su actual integración, oportunamente se pronunció in extenso sobre la tasa de interés que consideraba justa y adecuada - en "Díaz c/ Charge", Acuerdo No. 122/06, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad - estableciendo una tasa diferenciada según los períodos de tiempo considerados. Allí acordamos que hasta el 31.12.04 era de aplicación la tasa promedio mensual entre activa y pasiva, sumada, que cobraba el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de préstamo. Y que a partir del 01.01.05 en adelante, era justo y equitativo aplicar la tasa activa de la misma entidad para el mismo tipo de operaciones, con capitalización mensual a partir de la aprobación de la planilla prevista por el art. 122 del CPL.

Tal como lo he sostenido en anteriores decisorios, maguer las facultades anteriormente reconocidas al juez de grado en esta cuestión, no habiendo variado al presente las condiciones tenidas en cuenta en ese momento para resolver como lo hicimos, razones conceptuales, de justicia material y de coherencia con lo entonces decidido me conducen a acoger parcialmente el agravio, a pesar de su notoria insuficiencia y de que, en virtud de esta carencia, una aplicación extremadamente rigorista del art. 118 del CPL podría determinar su liso y llano rechazo, postulando, entonces, se aplique al crédito del trabajador, la tasa entonces acordada.

Atento las conclusiones precedentes, la imposición de costas decidida en baja instancia debe ser mantenida, aun cuando el actor dedujo una pretensión con monto determinado en base a un haber mayor al que fuera reconocido en la sentencia, conclusión que pese a esta disminución llega firme a esta instancia. Ello así porque la reducción de las pretensiones del demandante no excedió el 20 % del total, lo que si bien torna aplicable al caso el art. 102 del CPL - y no el 101 como lo consigna el a quo - no modifica el acierto de la imposición de costas, en su totalidad, a la demandada.

Mención aparte merecen algunas expresiones del libelo recursivo que por su tufillo levemente irónico se tornan irrespetuosas y, por ende, no puedo dejar pasar. Me refiero a los tramos donde el letrado de la demandada se refiere al juez de grado como "el capacitadísimo señor Juez" - fs. 223 vta. in fine - o como "el excelso juzgador" - fs. 227 vta. - (la cursiva me pertenece) por lo que corresponde formularle un severo llamado de atención, para que de ahora en más guarde en sus escritos el debido respeto a la labor de los magistrados, aunque disienta con sus fallos.

Determinados los extremos que anteceden y en relación al interrogante sobre la justicia del fallo voto parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión: La Dra. Bugni dijo: Voto en idéntico sentido que la Dra. Aseff por compartir sus argumentos excepto en lo que hace a:

1.- Las apreciaciones que efectúa en su último considerando en relación a expresiones vertidas en el escrito recursivo por las que se califica al Juzgador de primera instancia como "capacitadísimo" y "excelso" en razón de no poder aseverar que los firmantes del escrito obrante a fs. 223/229 hayan tenido intención de ironizar.-	Mi opinión sobre este tema se basa en que no advierto un especial énfasis en los calificativos al no habérselos destacado en "negritas" o en "bastardilla" o "entre comillas", con el agregado que se trata de un excelente magistrado de reconocida capacidad y probidad, por lo que los referidos términos también pudieron significar que los recurrentes expresan sus agravios por no coincidir con el Sr. Juez a quo pero reconociendo sus méritos personales.-	2.- Disiento también con el criterio que se sostiene en el voto que antecede en relación a la tasa de interés aplicada en la sentencia dictada en primera instancia.-	Sabido es que la expresión de agravios no puede constituir una simple manifestación de disconformidad con el fallo recurrido o con parte del mismo sino que debe consistir en una crítica razonada que demuestre el error en que hubiere incurrido el sentenciante.-	Y es el caso que dicha crítica por parte del quejoso es sólo aparente por cuanto se limitó a disentir con el tipo de interés impuesto por el Juzgador, por considerarlo desajustado a derecho, excesivo, arbitrario y exagerado.- Pero no efectuó en el escrito presentado en la Alzada cálculos comparativos que lograran fundamentar tales calificativos y que permitieran visualizar un desfasaje de tal magnitud que afectara su derecho de propiedad o que determinara un enriquecimiento sin causa del actor.- De tal forma, su argumentación carece de justificación suficiente como para lograr revertir lo dispuesto por el Sr. Juez a quo.-	Como en otras ocasiones, cabe traer aquí a colación el precedente sentado al respecto por el Máximo Tribunal en "Gómez, Sixto" (A. y S., T.117, pág. 405) en el que, por mayoría, el Cuerpo había considerado que "la recta inteligencia de la normativa aplicable -en los casos de ausencia de convención y falta de previsión legal- no impone una tasa uniforme para el caso de fijación judicial de intereses" y que "mal podría tacharse de inconstitucional un fallo por la sola circunstancia de haber fijado una u otra tasa".-	Lo expuesto es suficiente para propiciar el rechazo de este agravio con el agregado de que no es factible aplicar el criterio seguido por esta misma Sala en "Díaz c/ Charge" pues éste no es de aplicación obligatoria para los Tribunales de baja instancia, a lo que se suma que no resulta tampoco desubicada en el tiempo la tasa de interés impuesta por el Sr. Juez de grado desde el momento que, tal como se refiriera en ese fallo (Acuerdo Nro. 122 del 29 de mayo de 2006), la tasa activa viene siendo aplicada en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desde enero de 2002.-	3.- Como consecuencia de lo expuesto es que, en relación con el interrogante sobre la justicia del fallo recurrido voto, pues, por la afirmativa.- Postulo, entonces, el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la confirmación in totum de la sentencia dictada en primera instancia, con costas a la recurrente (art. 101 C.P.L.)-	A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Atento lo expuesto precedentemente por la Dra. Bugni, voto en idéntico sentido.-	A la tercera cuestión: La Dra. Aseff dijo que atento el resultado de la votación precedente corresponde dictar el voto propuesto por la Dra. Bugni y, en consecuencia: 1.- Desestimar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada y rechazar su recurso de apelación, confirmando en su totalidad el pronunciamiento recurrido. 2.- Imponerle las costas del trámite cumplido en la Alzada, de conformidad con lo normado por el art. 102 del CPL. 3.- Fijar los honorarios de los profesionales actuantes en el 50 % de los que, en definitiva, les sean regulados en primera instancia.

A la misma cuestión: Las Dras. Bugni y Mambelli dijeron: Corresponde dictar el voto propuesto por la Dra. Aseff, así votamos.-	A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral;

RESUELVE: 1.- Desestimar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada y rechazar su recurso de apelación, confirmando en su totalidad el pronunciamiento recurrido. 2.- Imponerle las costas del trámite cumplido en la Alzada, de conformidad con lo normado por el art. 102 del CPL. 3.- Fijar los honorarios de los profesionales actuantes en el 50 % de los que, en definitiva, les sean regulados en primera instancia.

Insértese, hágase saber y oportunamente bajen.- (Autos: "Fugardo, Manuel. C/ Metalúrgica Dorrego S.A. S/ Cobro de Pesos Laboral". Expte. N° 185/07).- (siguen las firmas...) (Autos: "Fugardo, Manuel. C/ Metalúrgica Dorrego S.A. S/ Cobro de Pesos Laboral". Expte. N° 185/07).- ASEFF BUGNI MAMBELLI (disidencia parcial) VECARI