Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-27


RESOLUCION INTERLOCUTORIA Nº 6703 NEUQUEN, 27 de febrero de 2009.

V I S T O S:

Los autos caratulados: "TOQUI S. A.- AMPEL S. R. L. C/ INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", (expte. nº 232/2001), en trámite por ante la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento del Cuerpo para resolver, y CONSIDERANDO: I.- Que, a fojas 290/310, la parte actora, mediante apoderados y con patrocinio letrado, interpone recurso extraordinario federal contra el Acuerdo N° 1427/07.

A modo de introducción, pueden sintetizarse las pretensiones expuestas por la actora en su escrito de inicio en las siguientes: el cobro de sumas adeudadas en concepto de "gastos improductivos" y el reconocimiento por "asincronismos" por los períodos inflacionarios correspondientes a los meses de marzo/89 a agosto/89 y diciembre/89 a marzo/90, con más los intereses y costas.

La sentencia impugnada rechazó la demanda en relación con la pretensión de pago de gastos improductivos generados en una obra pública por considerar que la acción para su reclamo se encontraba prescripta, de acuerdo al régimen local.

El recurso interpuesto plantea las siguientes cuestiones:

- Violación del artículo 31 de la Constitución Nacional al dar preeminencia en el caso a la normativa local sobre prescripción en contra de las regulaciones del código civil, tanto en lo que hace al plazo, como a las causales de suspensión e interruptivas; contrarias a sus propios precedentes y los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas "Filcrosa" y en particular "Verdini").

- Arbitrariedad de sentencia. Señala que el Acuerdo N° 1427/07 no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Alega la violación de la garantía del debido proceso (art. 18 CN), en tanto la sentencia incurre en arbitrariedad al prescindir de circunstancias comprobadas de la causa y dar como fundamentos pautas de carácter dogmático.

En cuanto a la decisión pretendida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misma consiste en que se revoque parcialmente la sentencia de este Cuerpo y, consecuentemente, se aplique al caso la normativa relativa a la prescripción emergente del código civil argentino.

Cabe advertir que solamente se considerarán para el presente análisis de admisibilidad las cuestiones planteadas y la pretensión recursiva antes expuestas, que fueron las incluidas en la carátula, obviándose toda otra cuestión que pudiera estar desarrollada solamente en el cuerpo del escrito (regla 2a., inciso i, del anexo de la Acordada CSJN N° 4/07).

II.- A fojas 315/328, la demandada contesta el traslado. Postula la inadmisibilidad del recurso y, en su defecto, que la improcedencia del mismo sea declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

III.- A su turno, el Fiscal ante el cuerpo, propicia que se declare la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto (fojas 334/335).

IV.- Así las cosas, corresponde encarar el examen de admisibilidad del remedio federal intentado, tarea que consiste básicamente en apreciar si cumple con los artículos 14 y 15 de la Ley 48, el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCNación) y el reglamento aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada N° 4/07 (en adelante Ac. N° 4/07).

Ahora bien, el Acuerdo N° 1427/07, dictado por este Cuerpo, fue notificado el 21 de noviembre de 2007 (cfr. a foja 289) y la apelación fue presentada por escrito, ante este Tribunal, el día 30 de noviembre del mismo año, con lo cual satisface los requisitos de interposición de lugar y tiempo (artículo 257 del CPCCNación).

En cuanto a las reglas incluidas en la Ac. N° 4/07 son, en palabras del propio Tribunal Supremo Federal, una sistematización o catálogo de "... los diversos requisitos que, con arreglo a reiterados y conocidos precedentes, hacen a la admisibilidad formal de los escritos mediante los cuales se interponen el recurso extraordinario que prevé el art. 14 de la ley 48... " (cfr. considerandos de la Acordada N° 4/07).

Preliminarmente cabe puntualizar que, sin perjuicio de que la concurrencia de los requisitos será analizada en su totalidad, el incumplimiento o el cumplimiento deficiente de uno solo de ellos acarrea sin más la desestimación de la apelación (Regla 11 del anexo a la Ac. N° 4/07).

IV.1.- Regla 1°:

En la presentación recursiva si bien se cumplimentó el límite de páginas y la extensión máxima de 26 renglones, se utilizó en algunas partes una letra menor de 12 (cfr. fs. 303 vta., 304 y 309 vta., en todos los casos en las notas al pie consignadas).

Por su lado, el escrito de contestación del traslado por parte de la demandada, respeta el límite de extensión en cuanto a páginas y renglones, como la exigencia en el uso de una letra legible (no menor de 12).

IV.2.- Regla 2° y formulario modelo anexo:

Si bien está presente la carátula, la misma no satisface plenamente las indicaciones pertinentes.

Efectivamente, no se ha incluido la indicación del carácter en que interviene en el pleito el presentante o su representado (Cfr. artículo 2º inc. e). IV.3.- Regla 3°:

De la presentación recursiva se advierte que la misma, aún cuando no ha sido estructurada bajo la estricta distribución y sucesión de capítulos establecidas en el artículo 3, guarda en su contenido la totalidad de los capítulos dispuestos.

Así pues, se pasará a analizar si, a lo largo del escrito, la apelante satisface los requerimientos de los distintos incisos de dicho artículo 3°.

a) La actora alega correctamente que la decisión impugnada es una sentencia definitiva y este es el superior tribunal de provincia de la causa, por ante el cual tramitan de manera originaria las acciones procesales administrativas.

b) El escrito satisface el requerimiento de un relato claro y preciso de los hechos de la causa y de las cuestiones invocadas como de índole federal, con la indicación de la oportunidad en que las mismas fueron introducidas.

No obstante, tal como se desarrollará en extenso en la oportunidad de analizar las reglas d y e del presente artículo, debe señalarse que la cuestión federal no ha sido introducida en la primera oportunidad posible durante el curso del proceso. Fuera de ello, el recurso exhibe una suficiente autonomía, que implica que su sola lectura alcance para la comprensión del caso.

c) La parte actora, en tal calidad legitimada para la interposición de este recurso, alega un gravamen propio, concreto, efectivo y actual. En efecto, impugna la sentencia que rechazó su pretensión de condena a abonar el rubro "gastos improductivos" generados en una obra pública, con más intereses y costas.

d) y e) Para evitar reiteraciones y en procura de una mayor claridad expositiva, el examen de los requisitos previstos en los incisos mencionados se hará en forma conjunta.

Por consiguiente, en este apartado, se contrapondrán las cuestiones invocadas como federales por la recurrente con los fundamentos independientes que sustentan a la sentencia, para verificar si éstos han sido refutados en su totalidad.

Así también, respecto de las primeras, se analizará, en particular, si el recurso demuestra la relación directa que las cláusulas constitucionales invocadas guardarían con el objeto del pleito (Fallos 310:2306 y 314:1081, entre otros) y, en su caso, si cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de arbitrariedad (Fallos 310:1014 y 310:2122, entre otros).

- En primer lugar, la actora formula dos planteos que se cimientan en alegar la cuestión federal en juego: 1º El acuerdo nº 1427/07, comparando el plazo de prescripción local con el emergente del régimen nacional, optó por el primero; y porque atendiendo a las causales suspensivas e interruptivas invocadas por el recurrente, resolvió su improponibilidad en el caso atento a que las mismas no han sido receptadas en el texto legal que regula el procedimiento administrativo Neuquino.

Con relación al oportuno y debido planteamiento de la cuestión federal, tal recaudo no se encuentra satisfecho.

En efecto, la cuestión constitucional, base del recurso extraordinario, debe ser introducida en forma concreta en la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento (Fallos 301:729).

Por principio debe ser planteada en la oportunidad de trabarse la litis y, sólo excepcionalmente, se puede efectuar en ocasión posterior, con causa justificada y condicionado a que el planteo se haga en la primera oportunidad posible (por ejemplo en el caso de arbitrariedad de sentencia). Ello, a fin de que los jueces puedan tratarla y resolverla, pues tanto la admisión como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles, que obligan a plantear en su momento las defensas a que hubiere lugar (Fallos 302-1081). La cuestión federal debe ser deducida en tiempo y forma, por un lado, para permitir su debate por los litigantes, y, por el otro, para posibilitar el pronunciamiento al respecto del juez inferior a la CSJN.

"Si las cuestiones federales que formula el apelante con invocación de las garantías de defensa en juicio, de la igualdad ante la ley y de la propiedad, sólo se introducen al interponer el recurso extraordinario, ello impidió a los jueces de la causa pronunciarse sobre esos temas, lo que constituye un óbice insalvable para su tratamiento en la instancia de excepción, máxime si lo resuelto por el tribunal a quo no puede estimarse sorpresivo pues respondió a peticiones de la parte demandada concretadas durante el proceso y que el recurrente ha tenido ocasión de conocer (CS, 28/5/85, Rep. ED, t. 19, p.1088, n° 81)".

Pues bien, en autos el agravio constitucional es la aplicación -que se hiciera en el fallo recurrido- del régimen de prescripción y causales de suspensión e interrupción, que establece la ley de procedimiento administrativo local por sobre las normas que regulan dicho instituto en el Código Civil.

De ello se colige, que la primera oportunidad que tuvo el recurrente de plantear el caso federal fue al contestar el traslado de la excepción de prescripción que interpusiera la demandada.

No sólo que no lo hizo, sino que en su contestación ni siquiera hizo referencia a las normas del Código Civil, argumentos que recién introdujo con el alegato (cfr. Fs. 265/273).

Desde este ángulo, el recaudo formal no se encuentra cumplido y el recurso resulta inadmisible respecto a la vía del art. 14 inc. 2° de la ley 48.

En segundo lugar, el recurso se interpone además por la causal de arbitrariedad de la sentencia.

Entiende el recurrente que, con el dictado de la sentencia que se recurre, se ha vulnerado su derecho de obtener una sentencia judicial justa, que sea aplicación razonada del derecho vigente y con especial referencia a las circunstancias comprobadas de la causa.

Esta causal en principio no se encuentra relevada del recaudo que venimos analizando. Pero puede suceder que la cuestión federal surja sorpresivamente en la sentencia, es decir que la cuestión sea introducida por el tribunal al fallar.

En estos casos "el recurso extraordinario es viable, aunque las partes no hayan interpuesto la cuestión federal con anterioridad, siempre que tal cuestión federal no haya podido ser oportunamente prevista y planteada por ellas." (cfr. Recurso Extraordinario -Sagüés- to. 2-pág. 330).

En los presentes no nos encontramos ante un supuesto de arbitrariedad sorpresiva. En efecto, la admisión o el rechazo de la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, o, en otros términos, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la ley local -doctrina reiterada y pacífica de este Tribunal- eran contingencias o eventualidades previsibles (Cfr. R.I Nº 6299 "CORVIN S.A. Y CORVIN NEUQUEN S.A. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA").

Por lo tanto, el sólo hecho de encauzarse el recurso por la causal de arbitrariedad no exime a la recurrente del oportuno planteo de la cuestión federal.

Es decir que por esta vía, el recurso también resulta inadmisible, al no encontrarse cumplido el recaudo formal en análisis. Como recientemente se ha indicado en el precedente mencionado -R.I Nº 6.299- se advierte que el recurso tampoco reúne el requisito de suficiencia.

Se pretende activar la instancia -además de por una cuestión federal simple- por la vía de arbitrariedad, razón por la cual, el cumplimiento de tal exigencia debe ser ponderado con mayor estrictez, dado que la cuestión propuesta excede -por vía de principio- el marco propio de la competencia extraordinaria federal.

Corresponde señalar que de los argumentos vertidos se desprende que se denuncia que la sentencia atacada ha incurrido en una violación arbitraria de la normativa constitucional aplicable al caso en examen, como también un tratamiento ilegítimo de la cuestión de fondo.

Ahora bien, corresponde al interesado demostrar la relación directa entre los agravios articulados y las garantías federales que entiende perjudicadas por la sentencia en cuestión (Fallos 248:828; 268:242). Ello es así, por cuanto la arbitrariedad no es una causal autónoma de procedencia del recurso extraordinario, debiendo invocarse y probarse fehacientemente la configuración de los vicios denunciados (cfr. R.I. N° 1253/95, 1573/97, entre otros).

En el caso, la impugnante no ha cumplido tal exigencia ya que no indica concretamente de qué forma el decisorio que cuestiona incurrió en el vicio denunciado, limitando su ataque a una discrepancia con la interpretación y aplicación normativa que se efectúa en autos.

En este punto es trascendental recordar que la jurisprudencia elaborada por nuestro máximo Tribunal nacional, en materia de sentencias arbitrarias, ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección, en tercera instancia, de decisiones equivocadas o que se estimen tales (Fallos: 245:327 y los allí citados), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos: 237:74; 239:126 y otros).

Sentencia arbitraria es cuando el juzgador, sin brindar razón alguna, y fundado en su sola opinión personal, se pronuncia haciendo caso omiso de los extremos fácticos y legales del caso, arribando a una conclusión jurídicamente inadmisible, provocando, por ende, un daño a una de las partes o bien a ambas (Cfr. De Santo Tratado de los Recursos T. II, pág. 347).

Asimismo, es preciso destacar como principio rector, que los pronunciamientos que contienen fundamentos de hecho, prueba, derecho común y local, que al margen de su acierto o error aparecen, sin embargo, como suficientes en la medida que no media una decisiva carencia de motivación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para el caso, son constitucionalmente actos judiciales válidos, insusceptibles de la tacha de arbitrariedad, porque como se ha sostenido reiteradamente en doctrina y jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede erigirse en una tercera instancia normal (Fallos 274:288; 275:132; 276:132; 277:368; 278:166 y 279:387, entre otros).

En el presente, se trata de discrepancia con la apreciación dada en el fallo a una cuestión de derecho público local, que se encuentra -en principio- también excluida de la materia del recurso extraordinario federal.

La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho público local efectuadas por los Tribunales provinciales, son ajenas a la instancia extraordinaria (fallos 312-2110).

No corresponde a este Tribunal opinar sobre los defectos que se le atribuyen al decisorio recaído en autos, sólo limitarse al análisis de su procedencia formal. Verificar si la interesada ha demostrado la relación directa entre los agravios denunciados y las garantías constitucionales que supone vulneradas.

En el recurso bajo análisis no se advierte la estrecha relación de las cuestiones federales en juego con los motivos que se invocan como fundamento de la arbitrariedad.

Con respecto al planteo de existencia de "gravedad institucional", señala la recurrente que la sentencia recurrida trasciende el derecho particular de la actora, para insertarse en el conflicto del reparto de competencias legislativas entre la nación y las provincias, situación que a su entender habilita el remedio federal propuesto. Y, en tales términos, el planteo resulta inadmisible, en tanto no se advierte que los motivos esgrimidos para sostener la presencia de "gravedad institucional" contengan una trascendencia institucional de tal entidad que logre configurar el supuesto que se pretende. A tal fin cabe tener por reproducidos los fundamentos que ya fueran expuestos en el tratamiento de los anteriores supuestos de cuestión federal. Las circunstancias señaladas tornan inadmisibles para su procedencia las causales recién tratadas.

IV.4- Regla 8°:

En cuanto a las normas jurídicas citadas por el recurrente, que no están publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, falta la indicación del período de vigencia de la ley provincial 1284, ley 1947, ley 687; decretos 1866/02, 4439/89, 926/92, y Resoluciones IPVUN nros. 587/92 y 800/95. Además, también está ausente la trascripción de los arts. 29, 191, 192, 193, 194 de la ley 1284 y arts. 2 y 3 de la ley 1947.(artículo 8 de la Ac. CSJN N° 4/07).

IV.5.- Regla 9°:

Las citas de fallos de la Corte Suprema de la Nación han sido efectuadas en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el precepto reglamentario citado.

IV.6.- Regla 10°:

Sin perjuicio de lo apreciado al tratar el cumplimiento de la regla 3°, en lo que atañe a la fundamentación del recurso interpuesto, el mismo ha guardado cumplimiento al precepto reglamentario en análisis.

V.- En resumen, hecho el examen de observancia de los recaudos dispuestos por la Ac. N° 4/07, se advierte que no se encuentra satisfecho el artículo 2º inc. e; artículo 3 inc. b),d), e), y lo está de modo deficiente el recaudo previsto en el artículo 8.

Así las cosas, tales falencias obstan a la concesión del recurso por el incumplimiento, o cumplimiento deficiente, de alguno de los recaudos.

De modo que cabe proceder a la declaración de inadmisibilidad, en los términos del artículo 11 de la Acordada CSJN N° 4/07.

Por otro lado, ninguna de las causales invocadas para sustentar el recurso se erige en una cuestión federal habilitante de esta vía recursiva (artículos 14 y 15 de la Ley 48).

V.1.- Como consecuencia del criterio adelantado, cabe imponer las costas de esta incidencia a la apelante perdidosa (arts. 68 y 69 del CPCCNación).

Por lo cual, corresponde y así, SE RESUELVE:

1°) Declarar la INADMISIBILIDAD del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora (artículo 11 de la Acordada CSJN N° 4/2007 y artículos 14 y 15 de la Ley 48).

2°) Costas a la recurrente (artículos 68 y 69 del CPCyCNación).

3°) Regístrese, notifíquese. DR. OSCAR E. MASSEI - Presidente. DR. RICARDO TOMAS KOHON - DR. EDUARDO FELIPE CIA - DR. ANTONIO GUILLERMO LABATE - DRA. GRACIELA M. DE CORVALAN Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria DISIDENCIA DEL DOCTOR OSCAR E. MASSEI: He de disentir con la solución acordada por mis Colegas, en cuanto a declarar inadmisible el recurso extraordinario intentado.

En efecto, si bien comparto las observaciones formuladas en relación con las deficiencias en el cumplimiento de las reglas de la Acordada N° 4/2007 y, sin desconocer la disposición del artículo 11 del Anexo del mismo Cuerpo, entiendo que, en el caso, existe motivo suficiente para que el recurso sea concedido.

La razón que me lleva a propiciar la admisión, se vincula con la necesidad de posibilitar el análisis de la cuestión relativa a la prescripción liberatoria (regulada en la Ley Provincial N° 1284 de Procedimiento Administrativo) por parte del Máximo Tribunal -en su actual composición-, a partir de los nuevos argumentos que se brindaron en el fallo atacado, justificantes del apartamiento de la doctrina sentada por la Corte en los precedentes "Filcrosa y Verdini" citados por el recurrente.

En efecto, partiendo de considerar que la doctrina de la Corte constituye una directiva a la que deben conformar sus decisiones los Tribunales inferiores (Fallos 307:1094) -ello en materia federal-, nada impediría que en este asunto, que remite a una materia de naturaleza estrictamente local, se mantenga -como de hecho se hace en el fallo atacado- un criterio distinto, en la medida que se expresen fundamentos que no hayan sido merituados y que resulten válidos para sustentar una solución diferente (Fallos 304:900), hasta tanto el Alto Cuerpo se exprese al respecto.

Es precisamente en miras a ello que, el fallo puesto en crisis, ha aportado nuevos y suficientes motivos que, entiendo, justifica que, en estos casos, sea concedido el recurso extraordinario federal, de manera de posibilitar su análisis por parte de la Corte y, la resolución, en definitiva (así sea, desechando estos nuevos argumentos), de una cuestión reiteradamente controvertida y, que tal como lo pone de manifiesto la sentencia cuestionada, impacta seriamente sobre los pilares en los que se asienta el procedimiento administrativo provincial.

En definitiva estimo que, por razones de economía procesal, certeza, seguridad jurídica, conveniencia de la uniformidad de la jurisprudencia y la garantía de la duración razonable del proceso, debe declararse la admisión del recurso intentado, sin perjuicio de las deficiencias en que incurrió el recurrente al momento de la presentación que nos ocupa.

Ello así, pues si bien todos los requisitos previstos en al acordada n° 4/2007 son necesarios para que se declare la admisión del remedio, en el caso, los motivos aludidos, imponen la necesidad de ir más allá de una mera apreciación ritual, fundando la dispensa. ASI VOTO.

Dr. OSCAR E. MASSEI - Presidente Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria