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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PIAZZA, ARMANDO JOSE ALFREDO c/ BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 289 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

La condena por los gastos causídicos no es, como regla, susceptible de impugnación con alcance constitucional, por lo que la postulación del recurrente asentada en que la cuestión planteada generaba dudas que ameritaban la distribución de los gastos causídicos en el orden causado, resulta insuficiente para demostrar que la Corte, al aplicar la regla establecida en el artículo 12 de la ley 7055 y cargar las costas al vencido, hubiera incurrido en arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo expuesto, parece propicio recordar que -en el caso- dicha imposición con sustento en el artículo 12 de la ley 7055 comprende exclusivamente a las generadas en el recurso de inconstitucionalidad y que las devengadas en las instancias ordinarias han de entenderse distribuidas en el orden causado.
Declaración indagatoria, entrevista previa con el defensor, elevación a juicio, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Segura, Héctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

Si el imputado fue convocado a la declaración indagatoria de la que previamente se había alertado a la Defensa Oficial y ya entonces expresó no requerir la presencia de un letrado y haber celebrado con antelación y fuera de los estrados del Tribunal la entrevista de asesoramiento técnico, ello habilitó al juez instructor para cumplir con las demás obligaciones a su cargo y hacer saber al compareciente sus derechos, el hecho atribuido y las pruebas en su contra. Los posteriores titubeos del imputado acerca de la conveniencia de ahondar en aquella asistencia o de contar durante el interrogatorio con un representante de la defensa oficial, que lo decidieron a hacer uso de su derecho a negarse a declarar, no afecta de nulidad el acta de la audiencia pues en su desarrollo se respetaron las garantías del inculpado. La posterior elevación a juicio sin haberse convocado a un nuevo interrogatorio no constituye violación al derecho de defensa porque se dió al enjuiciado la oportunidad de expresarse y el juez llevó a cabo la entrevista requerida disponiendo su traslado a la defensora pública, por lo que su silencio y el de su asistido, quien en ningún momento reiteró su interés en ser oído, forma parte de la discrecional estrategia de la defensa y mal puede ser alegado en procura de una nulidad improcedente. La disidencia consideró violada la defensa en juicio del imputado, con fundamento en que el ejercicio de la garantía debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal debe ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor. (Dres. Catucci, Rodríguez Basavilbaso y Madueño -en disidencia-).
Responsabilidad objetiva, accidente de tránsito, inversión de la carga de la prueba, relación de causalidad, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez Daniel Nolberto  c/ Serrano Guerrero Hipólito Fran y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-17

En el supuesto de responsabilidad objetiva que establecen los arts. 1757 y 1758 del Digesto de fondo, al damnificado le basta con acreditar el perjuicio sufrido y la intervención de la cosa que lo produjera o el contacto con la misma; es decir, probar la relación de causalidad material entre el vehículo del cual se trata y el daño. Sobre el propietario creador del riesgo gravita una atribución legal de responsabilidad, y en consecuencia, para liberarse total o parcialmente, el ordenamiento le impone inexcusablemente la obligación de acreditar que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta, o bien que el hecho se produjo por una "causa ajena"; en otras palabras, se traslada al accionado la carga de invocar y acreditar el eximente de responsabilidad, si lo hubiere.
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, indemnización, accidente ferroviario
Materia: CIVIL
Carátula: Herrera, Hernán Bautista c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente ferroviario, si omitió la valoración acerca del cumplimiento de las condiciones de seguridad que impone el art. 11 de la ley 2873, toda vez que no se adoptaron las diligencias que hubieran impedido la producción del accidente.
Empleados públicos, remuneración, sanciones disciplinarias administrativas, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ledesma, Dante Ricardo y otro c/ Estado Nacional -Congreso de la Nación. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Del art. 39, inc. a) del decreto 1798/80 no resulta que la negativa al reintegro deba ser instada expresamente por los agentes suspendidos aun en los casos en que la suspensión tiene prevista un tiempo de duración. Tampoco resulta razonable tal carga, en tanto no se advierte cuál es la necesidad de que el agente formule un expreso pedido de reincorporación cuando la administración ya se ha pronunciado en sentido contrario; resultaría necesaria en casos de suspensión preventiva, por tiempo indeterminado, para provocar una decisión concreta por parte de la Administración que, de resultar denegatoria, podría entonces dar lugar al pago de los salarios caídos.
Acción de amparo, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: García, Carlos J. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

El amparo no altera el orden legal de las competencias.
Prueba, reconocimiento en sede judicial, valor probatorio, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TERRAZAS, Cristian y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

En lo atingente a la falta de reconocimiento de los imputados por parte de los damnificados, "el resultado negativo no es consecuencia que descarte la participación del imputado que fue objeto de la diligencia, más aun si los reconocedores no manifestaron que podrían reconocer".

Por tanto, tenidas en consideración las restantes pruebas recolectadas, corresponde confirmar los procesamientos decretados.
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: ORIETA JUAN CARLOS C/POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-01-11

La violencia moral como causal de excusación encuentra su fundamento en que debe hacerse honor al escrúpulo siempre respetable de los magistrados, frente a circunstancias que puedan dar motivo a que se dude de la sinceridad o imparcialidad de sus decisiones. Este estado anímico que crean determinados contextos o situaciones, sólo puede ser apreciado por quien lo invoca.
Regulación de honorarios, base regulatoria, tribunal de alzada, acciones societarias, suscripción de acciones
Materia: PROCESAL
Carátula: NEO-PLAX S.A. c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-07

Atento a las particularidades que el caso presenta corresponde a esta Alzada fijar debidamente el valor involucrado en este pleito - no obstante la prolija labor desarrollada por el perito -, pues lo contrario implicaría privilegiar un rigorismo formal excesivo en desmedro de la verdad jurídica objetiva y, por lo tanto, reñido con la exigencia del adecuado servicio de justicia.

El pleito tuvo por objeto la reposición por parte del depositario (BANADE) del estado de participación de los derechos económicos y políticos derivados de la tenencia de 1806 acciones ordinarias de la Sociedad Plástica Bernabó. Supletoriamente, para el supuesto de no admitirse esa pretensión, requirió que se anule la suscripción de acciones de la sociedad aludida "actualmente en trámite" y además solicitó la indemnización por los daños y perjuicios que experimentó, haciendo reserva de reclamar los que pudieran producir en el futuro.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, carácter sancionatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Carron de Pesce, Gloria B. c/ Secchi, Alfredo D. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-13

La indemnización por el agravio moral, además de su función preponderantemente indemnizatorio tiene también un carácter sancionatorio, que es preciso tener en cuenta para desalentar negligencias y omisiones en la actividad médico asistencial.
Concurso real, concurso ideal, homicidio criminis causa, robo calificado, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Carlos Emanuel Burgos, Juan Manuel Calvimonte, Augusto Alejandro Claramonte, Carlos Jordán Juarez, Luciano Leonel Mario Lopez, Carlos Fabian Moreno y Miguel Angel Silva s/ Asociación ilícita, robo-agravado, tentativa de homicidio calificado en concurso ideal con homicidio agravado delito de Robo calificado, delito de Robo calificado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-13

Quienes recurren a un arma de fuego cargada en perfecto estado de funcionamiento, para amedrentar a su víctima y posibilitar el despojo deben en su conjunto prever la posibilidad del resultado "muerte" como posible, pues de lo contrario hubieran decidido la utilización de otro medio intimidatorio menos riesgoso para llevar a cabo sus ilícitos propósitos.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, presentación extemporánea, calificación legal, cambio de calificación legal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Ricardo Armando OBREGON CANO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO -  PRINCIPIOS  GENERALES  -  IMPROCEDENCIA -  DELITO  -  ASOCIACION  ILICITA  -  LEY  PENAL  MAS  BENIGNA - PRISION  PREVENTIVA - DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

El cambio de calificación de la conducta no puede ser abordado por primera vez en el proceso por la Corte -como si se tratara de una instancia ordinaria- atento a su naturaleza esencialmente fáctica y porque no fue oportunamente articulado ante los jueces de la causa.
Violación de domicilio, garaje
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, GABRIEL s/ VIOLACION DE DOMICILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

El ingreso del acusado y su consorte de causa al garage del edificio en el que vivían los diversos consorcistas, constituye el delito de violación de domicilio, por constituir aquél una dependencia.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olivera, Alicia Isabel c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Al permanecer ignoradas el arma dañina y la persona que la empuñaba, el juicio de responsabilidad se está moviendo en un escaño anterior al de la culpabilidad, cual lo es la prueba de la relación causal, ya que uno de los extremos de tal relación (el que ocupa el arma o el autor del daño) se pierde tras el velo del anonimato. Esta sospecha sobre todos y cada uno de los integrantes del grupo no germina por una presunción de culpabilidad (no presumimos la culpa o el dolo de cada uno de los integrantes del grupo), sino de una presunción de causalidad o de autoría en contra de todos los integrantes del grupo (presumimos que todos son causantes del perjuicio), hasta tanto no se pruebe por alguno de ellos que no participó en la producción del daño (Cód. Civil art. 1119).
Acceso a la información pública, hábeas data, información sensible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Cuando el decreto 1172/03 (Anexo VII, Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el P.E.N.), regula las excepciones al deber de proveer información, no determina de manera autónoma -en la materia que aquí interesa- lo relativo a los "datos sensibles" que fundamentan la restricción a aquel deber genérico, sino que se remite, lisa y llanamente, a lo normado en la ley 25.326, no pudiendo informarse lo relativo a "datos sensibles", siendo éstos los definidos por dicha ley en su art. 2°, por lo que el accionar de la demandada- quien se opone a brindar información acerca de subsidios sociales- constituye una pretensión de extender lo "sensible" más allá de los límites marcados por dicha norma, atribuyéndose una prerrogativa que solo compete al legislador. -Voto de los jueces Enrique S. Petracchi y Carmen M.

Argibay y voto de la jueza Elena I. Highton de Nolasco-.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Teresa del Valle Ferreyra y Francisco Fernando Ferreyra en la causa Ferreyra, Francisco Fernando y otro c/ Rivadero, José Adrián s/ incidente de cobro de compensación por uso exclusivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Toda vez que la sentencia no consideró cuestiones oportunamente propuestas y formuló consideraciones que resultan contradictorias o inconsecuentes con las premisas jurídicas que había adoptado anteriormente, la decisión del superior tribunal de justicia no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por lo que afecta en forma directa e inmediata las garantías constitucionales. -Los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco, en disidencia, consideraron inadmisible el recurso (art. 280 CPCCN)-
Derechos del consumidor, cuestiones de competencia, juicio ejecutivo, acuerdo y voto individual
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Credil S.R.L. c/ Ochoa, Sergio Alejandro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-04-20

Es una cuestión esencial a resolver la cuestionada aplicabilidad del régimen protectorio de los consumidores al proceso de ejecución del titulo ejecutivo, considerando sus relevantes consecuencias procesales, que exige el cumplimiento de la formalidad constitucional del acuerdo previo y voto individual de los jueces. Su ausencia provoco la nulidad de la decisión (arts. 292, 296 y 31 bis, ley 5827).
Conflicto de poderes, Municipalidad, concejales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ferro, Santiago Manuel c/ Concejo Deliberante de Gral. Rodríguez s/ Conflicto art. 196 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

El art. 14 de la L.O.M. -en su última parte- le impone al Concejo Deliberante el deber de declarar la cesantía de cualquier concejal, tan pronto como tenga noticia de que lo afecta alguna inhabilidad. A su turno, entre las inhabilidades para el desempeño de funciones electivas regladas en el mismo ordenamiento , el inc. 4 del art. 6 prescribe que no se admitirán como miembros de la Municipalidad "a los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos", entre los que se encuentran, quienes hubiesen sido exonerados de la Administración pública por razones disciplinarias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de transporte, daños y perjuicios, responsabilidad del transportador, responsabilidad contractual, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COFIE, José. c/ T.T.E.  PEDRO DE MENDOZA  C.I.S.A. s/ TRANSPORTE TERRESTRE: CONTRATO. PRESCRIPCION. DEMANDA POR   INCUMPLIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

Conforme resulta de la demanda y de las constancias de la causa penal, el actor se halló vinculado a la demandada por un contrato de transporte. Y es por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de ese contrato -en tanto no fue llevado sano y salvo al lugar de destino- que ha demandado en autos a la transportista. Y como no ha mediado un delito de derecho criminal o un delito civil, el caso se desenvuelve naturalmente en la órbita de la responsabilidad contractual. Siendo ello así toda vez que el art.

1113 -en su redacción por la Reforma de 1968- no ha derogado a aquella norma ni ha significado eliminar la distinción de regímenes de responsabilidad contractual y aquiliana, es claro que el actor no estaba facultado para optar por la aplicación de los principios que rigen la responsabilidad extracontractual y que el caso se rige por los arts. 184 y 855 del Código de Comercio, norma esta última que, según la modificación de la ley 22.096, estableció el plazo anual de prescripción, a contarse -como principio- desde el día en que concluyó o debió concluir el viaje.-
Arbitraje cambiario, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: Multicambio  S.A. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

Si se excluyera del art. 6., inc. b), de la ley 18.526, a aquellos arbitrajes que tuvieren lugar entre dos especies de una misma moneda extranjera, se marginaría de la prerrogativa a determinadas operaciones de arbitraje, sin una razón que justifique otorgarles un tratamiento diferente respecto de aquéllas que se encuentran claramente comprendidas en el precepto.
Pago parcial, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cerquittio Cerquetti, Néstor c/ Gobierno de la Pcia. de Bs.As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

En la tarea liquidatoria, es menester que el acreedor detenga el curso de los intereses debidos, en la fecha en que se materializó el pago y -deducción mediante- sólo sobre el saldo impago se liquidarán los referidos intereses, hasta el momento del efectivo pago (arts.

505, 725, 740 Código Civil). (Minoría u opinión personal)
Procesos de ejecución, juicio de apremio, tasas, contribuciones especiales, ordenanzas municipales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Neuquén c/ Telecom Personal S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-26

Resulta procedente el juicio de apremio, pues la norma que crea el tributo que aquí se ejecuta es la Ordenanza n° 10.383/2005, y más allá de la actualización de los montos de tasas y contribuciones que se realiza anualmente mediante la pertinente ordenanza tarifaria, está vigente, de acuerdo con el Digesto que publica el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén (www.cdnqn.gov.ar/inf_legislativa/digesto) y lo estuvo a la fecha del hecho imponible.
Estado Provincial, facultades tributarias, código tributario, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ CORREA ARCE HNOS. GANADERA AGRICOLA INDUSTRIAL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-06-14

El Código Tributario señala textualmente que: "en las ejecuciones fiscales la perención de instancia, se operara en el transcurso del doble de termino fijado por las leyes comunes". El Código Procesal Civil Provincial, establece el plazo de un año para que se produzca la caducidad de la primera instancia. En consecuencia, el plazo de caducidad para las ejecuciones fiscales es de dos años.

Si bien, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la materia de prescripción no puede ser regulada por las Provincias, ya que correspondía exclusivamente a la ley civil, por lo tanto, aquellas no pueden modificar el régimen establecido por el Código Civil. Sin embargo, el Derecho Financiero, dentro del cual se incluye el Derecho Tributario Fiscal, forma parte del derecho publico interno y se desenvuelve a través de normas y actividades publicas administrativas.

En consecuencia, es evidente que la relación que surge entre el Estado y los contribuyentes no es de Derecho Civil, sino de Derecho Publico, por lo que no se advierte ningún obstáculo de carácter constitucional que se oponga a la regulación de la prescripción por el Código Tributario Provincial.

Las Provincias tienen la facultad de regular en esta materia y como este poder no ha sido limitado expresamente por la Constitución Nacional, no hay inconveniente para que aquellas regulen el régimen de la prescripción por obligaciones fiscales.

Por consiguiente, no hay duda alguna que el plazo de prescripción, tanto para determinar por la Dirección General de Rentas las obligaciones fiscales, como para el cobro judicial de las mismas, es de cinco años (art. 46 del Código Fiscal).

En cuanto al computo de prescripción, el art. 47 del Código citado establece que, para el cobro de las obligaciones fiscales, la prescripción comienza a computarse desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha en que se debieran hacer efectivas.
Culpa penal, violación al deber de cuidado, comisión por omisión, homicidio culposo, médico anestesista
Materia: PENAL
Carátula: Edelstein Néstor Sergio s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-05-04

Debe desestimarse el agravio referido a la inexistencia de culpa como elemento de tipo penal, cuando de: las pruebas aportadas a la causa se evidencia acreditada la relación causal y la negligencia del encartado por su falta de cuidado, manifestándose en conductas omisivas, ya que es de buen arte anestesiológico advertir la desentubación o errónea intubación, a tiempo antes que se manifieste a nivel cardíaco -en el caso de autos se manifiestan las conductas omisivas mediante la falta de contralor de los signos vitales de la paciente por parte del anestesista, la falta de asistencia respiratoria al momento de producirse la recolocación del tubo, la falta de comunicación de lo que estaba aconteciendo al médico cirujano-. Lo que permite acreditar la relación de causalidad entre el actuar culposo y el resultado la muerte del paciente. (Voto: Dra. Ballester)
Contrato de servicios, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Pedro c/ Mancini, Juan Carlos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

No habiéndose acordado el precio por las partes, el ajuste debe ser realizado por el juez, sin necesidad de recurrir a la fijación arbitral (art. 1627, Cód. Civil).
Excepciones procesales, arraigo
Materia: CIVIL
Carátula: PIEDRAS NAVAS GABRIEL c/ NUEVOS RUMBOS s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

La excepción que legisla el art. 34 del CPCC procede cuando el demandante no tiene domicilio o bienes inmuebles en nuestro país y no se funda en razones de extranjería, sino que tiende a asegurar las eventuales responsabilidades inherentes a la demanda o sea, tiende a caucionar por los gastos originados por una futura sentencia desfavorable al actor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Navarro, Jorge Antonio s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si se denuncia como conculcado el art. 141 (n.a.) del C.P.P. sin relacionarlo con el art. 142 (n.a.) que, con el anterior conforma el régimen de las inhabilidades.