marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: MINICUCCI, MARIA CRISTINA DE ORMELLA c/ ESTADO NACIONAL - EJERCITO ARGENTINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-10

El recurso de queja por apelación denegada constituye el remedio procesal tendiente a obtener que el Tribunal competente para conocer en segunda instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano inferior preliminarmente en orden a si el recurso fue bien o mal denegado revoque la providencia denegatoria de la apelación, la declare admisible y, eventualmente disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. c/ Nicolo, Fernando Fabián y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

El art. 793 del Código de Comercio suple la anuencia de los deudores, reemplazándola con el certificado que goza de las prerrogativas propias de todo título ejecutivo esto es, abstracción, literalidad y autonomía, el que se independiza de cualquier recaudo que no fuese su confección conforme lo preceptúa el preindicado texto legal.
Registro de marca, vocablo de uso común, oposición al registro de marca, productos alimenticios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Quelac  S.A.I.C. c/ Molinos Río de La Plata s/ Opos. reg. de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

No se trata de una cuestión de clases, en todo nuestro país la palabra LIGHT es hoy una expresión de uso común para indicar "liviano" o "ligero", se sepa o no inglés. El examen de todos los registros acreditan el uso común. La demandada puede reclamar el derecho a usar la palabra LIGHT sin aditamentos. Lo que no puede pretender es el monopolio de una palabra que ya es de uso común en los registros marcarios y que - además - evoca una característica del producto. Un producto alimenticio LIGHT es un producto alimenticio liviano; la demandada no puede apropiarse del empleo exclusivo de una palabra que ha pasado a ser de uso común para designar - precisamente - una cualidad que suele ser buscada en esos productos.
Derecho penal, teoría del delito, tipo penal, responsabilidad penal, responsabilidad objetiva, relación de causalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: REITOVICH, Saúl Pablo y otra s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 (Lavalle 3299)- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

La relación de causalidad que necesariamente debe haber entre la acción y el resultado se la ha querido encontrar por distintas vías: la equivalencia de las condiciones, la causalidad adecuada, la causalidad humana, la relevancia del aporte, etc., para desembocar finalmente en la tesis de la imputación objetiva, considerándose que esta última es la que se resuelve el punto con el mejor criterio (Bacigalupo, Enrique, Manual de Derecho Penal. Parte General. Temis, ILANUD, Bogotá, 1984 , P.99.) Implica, básicamente, el reemplazo de la relación de causalidad elaborada sobre conceptos puramente naturales, por otra apreciada con consideraciones jurídicas.

La teoría de la imputación objetiva exige: a) la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, b) que se realice en el resultado. Para que la conducta causante de un resultado típico pueda considerarse realizadora de la parte objetiva del tipo es necesario que ex ante apareciese como creadora de un riesgo típicamente relevante. Ello no sucede en los casos en que se origina un riesgo socialmente adecuado (conf. Mir Puig, Santiago, "Derecho Penal , Parte General" , 6ta.Edición, Ed. Reppertor, Barcelona , España , Pág.248 y ss).
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sayago Emilce Marcela c/ Carreras Ricardo Raúl y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

No puede justificarse de ningún modo que una persona abra la puerta de su automotor, cuando puede interferir en la circulación de otros, desechando el riesgo, por una eventual infracción de quién pueda circular -en el caso en motocicleta- por la calzada. El usual desorden del tránsito, sobre todo en día sábado y a la hora del hecho y la forma de circular de tales vehículos importan calificar de negligente a quién abrió la puerta del automotor estacionado, ya que o no miró o miró mal (art.1109 Cód. Civil).
Igualdad ante la ley, principio de no discriminación, igualdad de trato, inadmisibilidad del recurso, deberes del juez, interpretación y aplicación de la ley
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por C.M.M en la causa Defensoría de Menores e Incapaces n° 6 y otros c/ Colegio Mallinckrodt Hermanas de la Caridad Cristiana Hijas de la Bienaventurada Virgen María s/ amparo, para decidir sobre su procedencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

El derecho a la igualdad, la consiguiente interdicción de la discriminación en cualquiera de sus formas, así como la obligación del Estado de realizar acciones positivas tendientes a evitar dicha discriminación y, en su caso, sancionarla, deben reflejarse en dos aspectos: la legislación, por un lado, y la interpretación que de esta hagan los tribunales, por el otro (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti). -La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (art.280 del CPCCN)-
Sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: GOUIRIC DE MOYA, ALBERTINA s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-27

Desde el momento que la declaratoria de herederos no causa estado, corresponde su ampliación, en cualquier estado del proceso mediando petición de parte (art. 687 C.P.C.). Se contemplan en particular, las hipótesis de herederos no presentados ante la citación por edictos e inclusive la notificación personal, así como también la situación de aquéllos que no acreditaron oportunamente el vínculo de parentesco con el causante, y en general de toda persona excluida de la declaratoria.En caso de mediar oposición de las coherederos se recurre al proceso ordinario, pues si los herederos declarados no objetan la calidad hereditaria del peticionante, no es menester iniciar el juicio plenario.
Obligaciones del empleador, certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Viveros  Villalba  Rita c/ Club  Universitario  de Buenos AiresAsoc. Civil y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-10

La obligación de hacer entrega del certificado de trabajo se encuentra comprendida entre las previstas en el art. 30 L.C.T. para el deudor solidario (norma que al prever la solidaridad se refiere concretamente y sin distinciones a las obligaciones de la solidaridad social), sin que ello implique que éste último esté obligado en carácter de empleador, sino a asumir dicho deber consignando los datos que surjan de las sentencias y las actuaciones a partir de lo resuelto con carácter firme. Toq. 1236.
Sucesiones, legítimo abono, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesorio Intestado de Don Segundo Alba s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 454/457, Nº 182) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 454/457, Nº 182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-05-19

El pedido de declaración de legítimo abono tiende a obtener el reconocimiento de la autenticidad de un crédito dentro del proceso sucesorio; pero como se trata de una manifestación de deseo de quien se titula acreedor del causante, sólo se acoge cuando media conformidad de los herederos.

El silencio por sí solo, no basta para reconocer el crédito, ya que es necesaria la conformidad expresa de los interesados, debiendo en consecuencia interpretarse el silencio como oposición y remitir a la interesada al juicio que corresponda.- La interpretación que pretende, se dé el quejoso, al silencio de los herederos, no deja de ser una mera discrepancia con la posición que toma el a-quo y ello no puede convertir la sentencia que se impugna en arbitraria.
Incidente de nulidad, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CANAVESSI ANTONIO BLAS s/ TESTAMENTARIO-    INCIDENTE   DE  NULIDAD  PROMOVIDO  POR  FERNANDEZ  IZQUIERDO, RAQUEL IZQUIERDO, CANAVESSI DE  CRISAFULLI  IRIS  NELLY Y  CANAVESSI JORGE RAUL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-25

La regulación en dicho trámite,debe hacerse teniendo en cuenta dos circunstancias:a.)la base económica en función del interés económico puesto en juego por la acción deducida- en el caso tendiente a lograr la nulidad del decreto judicial que dispuso el acrecentamiento del haber hereditario y b) la función que desempeñoel profesional interviniente,y la forma y modo que finiquito el proceso-en el caso por perención de instancia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Según constante doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la colisión con los principios y garantías de la Constitución debe surgir de la norma misma y no de la aplicación irrazonable que de ella se haga en el caso concreto.

En el caso, es procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto desde que el Poder Ejecutivo utilizó la potestad de anular sus propios reglamentos invocando un determinado presupuesto de hecho (exceso en la potestad reglamentaria) que no aparecía suficientemente configurado o, al menos, no se correspondía con la entidad y naturaleza de los antecedentes que se invocaban.

Por el contrario, los presupuestos enunciados derivaban en consecuencias jurídicas proyectables sobre otros actos y no sobre los reglamentos en sí. Claramente, pues, el Ejecutivo está partiendo de entender que las reglamentaciones violaban la Constitución en tanto se había incurrid o en un supuesto claro de incompetencia invadiéndose la esfera de atribuciones del Poder Legislativo.

Mas cuando intenta justificar el vicio enunciado se limita a señalar los problemas generados alrededor de una aplicación supuestamente ilegítima o errónea de esos reglamentos. En otras palabras, intenta fundar la inconstitucionalidad de los reglamentos que anula a partir de la forma en que fueron aplicados por los funcionarios de la Administración. (Del Voto del Dr. Netri)
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, valor venal, desvalorización del automotor, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: MATA, José c/ JAREA, Norma s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

El perjuicio derivado por la pérdida del valor del automóvil afectado por una colisión, se produce solamente en el patrimonio del titular, ya que será él quien verá ingresar en su momento una suma menor de la que correspondía. En consecuencia, sólo el titular del dominio puede invocar la existencia del daño de la naturaleza consignada.

Dado que sólo el titular dominial de la cosa dañada se verá en un futuro perjudicado en su patrimonio al proceder a enajenar el rodado percibiendo un monto menor que el usual en el mercado de automotores usados, quien no acredite tal extremo mal puede pretender el reclamo. En tal sentido se ha decidido en el plenario "Maccione, Juan Reyes, Agustín y otros" del 23/9/85, señalando en la parte pertinente que "... cuando el que reclama por la pérdida del valor venal del rodado es quien lo utiliza, no basta esa circunstancia para que se acuerde indemnización por tal concepto en razón de ese sólo título, pues de acuerdo a los principios generales (arts. 586, 1561, 2203 y concs. del Cód.

Civil) deberá responder frente al dueño únicamente cuando fuere culpable, situación que excluiría todo posible éxito de la pretensión (art. 1111 del Cód. Civil).
Cuestiones de competencia, lesiones leves, competencia criminal y correccional, remisión del expediente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Duarte, Iara Geraldine y otros sobre 89 - Lesiones Leves y otros  c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

Declarada la competencia del fuero Criminal y Correccional Nacional, corresponde remitir las actuaciones a un tercer juzgado nacional, aun cuando no haya participado en la contienda de competencia (cf. Fallos: 207:290 y 326:347), si a partir de la certificación realizada por el Tribunal, las presentes actuaciones fueron acumuladas a la causa que allí tramita. (Del voto en disidencia parcial de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Schito, Dante y otros c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº   1972-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

Sentada la no subsistencia de gravamen -y, por ende, de "caso o controversia actual"-, ha de concluirse en la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de la Corte provincial, conclusión que no se ve conmovida por la "gravedad institucional" que -según la recurrente- resultaría de la sentencia, no sólo porque tal planteo carece, en el escrito presentado por la Municipalidad, de un tratamiento concreto y serio que lo abone siquiera mínimamente, sino, sobre todo, porque no se advierte la eficacia que podría tener un eventual pronunciamiento nulificante de ese Tribunal en orden a la tutela de los valores más sustanciales y profundos de la comunidad, tanto más si se repara en que lo resuelto no significa que la Corte comparta lo sostenido en las instancias inferiores en orden a la naturaleza del acto, la validez del decreto municipal, la idoneidad de la vía escogida, o la legitimación de los actores.
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA HUGO ROBERTO S.D. ABUSO SEXSUAL CON ACCESO CARNAL E.P.SEQUEIRA MELINA GABRIELA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-31

La valoración de toda prueba obtenida en el proceso ha de aplicarse la sana crítica racional, ésta se integra con la lógica, pero también, y en igual medida, por las reglas de la experiencia común y la psicología. Es una regla de la experiencia común -en cuanto constituye un hecho notorio, aprehensible espontáneamente por el intelecto como verdad indiscutible- que el relato de un niño no puede ser objeto de un estricto control de logicidad. En ninguna esfera de su vida en relación -familiar, escolar, social, etc.-, quien se comunica con un niño lo hace con la expectativa de obtener de su pequeño interlocutor un razonamiento impoluto, sin fisuras, sin olvidos, sin contradicciones o imprecisiones.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rios, Alfredo Abel c/ Municipalidad de Colón s/ Acción de amparo-Cuestión de competencia art. 6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Es de competencia de la Corte la pretensión planteada por vía de amparo tendiente a que se deje sin efecto una prescindibilidad dispuesta en el marco de la ordenanza municipal que adhirió a la ley provincial 11184 de reconversión administrativa. Siendo así, para admitir el desplazamiento de esa competencia frente a la acción de amparo promovida se hace necesario determinar in limine litis si se han expuesto acabadamente en el escrito de demanda los requisitos que hacen a su admisibilidad, único supuesto en que el Tribunal reconoce primacía procesal al conocimiento y decisión por la justicia ordinaria en materia administrativa, que por principio le es propia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUILES CLARA ROSA Y OTS. c/ RODOLFO LUIS FLORES s/ ej - hon (LIBRO: A155 - 387)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-26

La doble instancia judicial, no integra la garantía de la defensa en juicio. Ello así, la exigencia del pago de una tasa de justicia, como requisito de admisibilidad del recurso de apelación no viola la garantía de la defensa en juicio,. La fijación de una alicuota para la apelación del 0,50 porciento, no aparece como irrazonable, ni tampoco se estima que el monto mínimo de $100 adolezca de este vicio y justifique la declaración de inconstitucionalidad de la morma.-
Contrato de obra pública, reajuste de precios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAC KENTOR  S.A.C.C.C.I.A.F. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ REVISION DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

Siendo el particular un colaborador en la elaboración de la decisión administrativa, no parece extraño que, vencido el plazo del art. 2 de la ley 21.392, se requiera del peticionante del pago de certificados, el pedido de que, a su vez, se le reajuste la deuda.
Traba de la litis, demanda, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: FEMESA c/ RODRIGUEZ FRANCISCO Y OTRO s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-11

La traba de la litis, que se configura con la llamada "litis contestación" -y que en la moderna doctrina se reemplaza por la "relación procesal"- se integra con los actos fundamentales de la demanda y su contestación. Y en tanto el primero de ellos determina la persona llamada a la causa en calidad de demandado, la naturaleza de la pretensión puesta en movimiento y los hechos en que esta se funda -art. 330, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-, el segundo delimita el "thema decidendum" y concreta los hechos sobre los que deberá versar la prueba -art. 356, Cód. cit.-, quedando de tal modo precisada la esfera en que ha de moverse la sentencia -art. 34, inc. 4°, y 163, inc. 6°, del aludido cuerpo legal- (cfr. Cámara en Pleno, Causa 5213 "Insignia Cía. Arg. Seg. Grales. S.A. c/Martín, Manuel y otros s/Ordinario" del 12.5.78).
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Barria, Celia Esther c/ Empresa Geomater y/o sus propietarios y/o integrantes s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-08-13

La Justicia Conmutativa se logra volviendo a la antigua fórmula de condenar al pago del capital "con más sus intereses a la tasa que utilizan los Bancos Oficiales en sus operaciones habituales de descuento" o sea lo que ahora se ha dado en llamar las tasas activas, fórmula a la que se había recurrido por aplicación analógica del art. 565 del Código de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el art. 16 del Código Civil. El pago de la tasa activa es una consecuencia inmediata y necesaria de la mora del deudor (art. 529 y 903 del Código Civil).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cressatti de Pacciarotti, María c/ Adyude Arto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Frente a la desestimación de la denuncia o el archivo de las actuaciones no pueden considerarse que se encuentre pendiente la acción penal, por lo que no existe el impedimento del art. ll0l del Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, juicio, trámites judiciales, morosidad del proceso, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: MONSERRAT, MARIA AIDA Y OTRA s/ ASEGURAMIENTO DE PRUEBA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 596-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-22

Siendo el cometido de los jueces la realización de la justicia, nada excusa la indiferencia de los mismos por el resultado de su obrar. De allí que, en aquellos casos extremos de demora o frustración por el alongamiento injustificado de un trámite, la Alzada se encuentra en la necesidad razonablemente entendida, y aun de oficio, de cancelar la dilación en miras de alcanzar el propósito que establece la regla en examen.

En el caso, la Cámara resolvió que las medidas cautelares de aseguramiento de pruebas debían darse por terminadas, atento el tiempo transcurrido desde su iniciación y la falta de interposición de la demanda, fundando tal decisión en la facultad del órgano jurisdiccional de disponer de todas aquellas medidas conducentes a obtener la mayor rapidez y economía del proceso.
Convenios colectivos de trabajo, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, MARIA DEL CARMEN Y OTRO c/ SINDICATO  OBRERO  DE LA  INDUSTRIA  DEL  VESTIDO  Y  AFINES (SOIVA) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-14

En materia de convenciones colectivas no rige el principio "iura curia novit", desde que el artículo 8 de la ley de contrato de trabajo exige que para ser aplicadas en juicio deben ser "debidamente individualizadas", siendo el momento procesal para hacerlo, el escrito de demanda.
Nulidad del acto jurídico, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: KAMENSZEIN, Víctor Jacobo c/ GOLDRING, Mauricio Teodoro s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-11

El resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la nulidad del acto no es una sanción ligada a esa invalidez, sino que tiene, en términos generales, condición autónoma que acompaña a la sanción de nulidad en especiales circunstancias. Para que, además de la nulidad del acto, se pueda reclamar la indemnización de los daños y perjuicios, se tienen que cumplir los requisitos del acto ilícito.

Es decir, que haya sido inválido y haya ocasionado un perjuicio o daño, material o moral, por culpa o dolo de quien lo realizó y los daños que se reclaman deben ser consecuencia inmediata o mediata previsible de la nulidad (art. 901 y siguientes del Código Civil).
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Proia c/ Cassen s/ Cobro honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Cuando se admite la excepción de pago parcial debe imponerse las costas al demandado por el importe sobre el que progresa la acción y al actor por la cuantía del referido pago parcial. En efecto, el párrafo final del artículo 556 del ordenamiento ritual, decide con claridad que sólo soportará el ejecutado las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia cuando prosperó la excepción de pago parcial opuesta. No resulta dudoso que la interpretación a "contrario sensu" de la citada norma lleva a que sea el actor, que reclamó indebidamente una suma mayor a la adeudada, según así quedó reconocido por él, quien soporte las costas correspondientes a la suma o monto del pago parcial o, lo que es lo mismo, las que corresponden a la parte idéntico al que sustenta el artículo 71 del Código Procesal, que prevé la distribución de las costas en proporción al éxito obtenido para cada uno de los contenedores.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)