Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-05


LENO, Rubén y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 193 p 132-133.

Santa Fe, 5 de noviembre del año 2.003.

VISTOS:

los autos "LENO, Rubén y otros contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 102, año 1.994);

para resolver el recurso de revocatoria interpuesto a fojas 2228/2229; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el proveído que intimó a la demandada al pago de los honorarios correspondientes al perito contador, sin perjuicio del ordenamiento vigente y en cuanto por derecho corresponda, interpuso aquélla recurso de revocatoria.

Advirtió que la demanda se acogió parcialmente, se impusieron las costas en el orden causado y que la prueba pericial fue ofrecida por la parte actora, por lo que afirmó que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 250 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a que "cada litigante debe satisfacer las costas causadas a su instancia, y la parte que le corresponde en las comunes".

En consecuencia, dijo que no se la puede intimar al pago de la totalidad de los honorarios del perito ya que dichos gastos no fueron causados a su instancia y no fue condenada en costas, correspondiendo la revocación parcial de la intimación.

Además, reiteró su posición respecto a que el crédito reclamado en autos debe ser atendido de conformidad a la legislación de emergencia municipal que adhirió a la ley 12.036, explayándose extensamente en este sentido.

En definitiva, solicitó que se haga lugar al recurso deducido modificándose la intimación de pago al 50% de los honorarios regulados.

2. Corrido traslado al perito actuante, lo contestó solicitando el rechazo del remedio interpuesto.

Manifestó que el experto es ajeno a la situación procesal de las partes y su trabajo debe ser retribuido por cualquiera de ellas con independencia del resultado del juicio, de la condena en costas y sin perjuicio del derecho de repetición que surja.

Con apoyo en doctrina y jurisprudencia dijo que el perito puede reclamar el pago de sus honorarios y gastos a cualquiera de las partes con total prescindencia de la imposición de las costas.

Asimismo, atacó el argumento de la recurrente basado en que los gastos periciales han sido causado a instancia de la actora en virtud de que, en primer lugar, pudo haber manifestado su desinterés por la prueba pericial y así eventualmente sustraerse de la posibilidad de que dirigiera su acción de cobro contra ella; y en segundo lugar, porque las pruebas son para y por el proceso, pertenecen a éste y no a la parte que la instó.

Punto aparte, rechazó cualquier invocación de normas de emergencias que impidan, coarten o impongan cualquier tipo de restricción al cobro de sus honorarios, a los que calificó como de "carácter alimentario", desarrollando in extenso su postura en este aspecto.

3. La revocatoria deducida no puede prosperar. Más de una razón abonan la solución propiciada. En primer término, no puede dejar de destacarse que la intimación cuestionada en los términos de la normativa vigente resulta superflua y tiene el solo efecto de indicar a la demandada la intención del perito de percibir de ella los honorarios que le han sido regulados.

En orden a ello, y en segundo lugar, no asiste razón a la recurrente en cuanto al límite que pretende dar a su obligación de afrontar las costas irrogadas por la peritación.

En efecto, resulta decisivo para así entenderlo lo sostenido reiteradamente por el Máximo Tribunal nacional en el sentido de que "el perito designado de oficio, con prescidencia del resultado del litigio y de la condena en costas, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que puediere corresponder" (Fallos 321:532; 323:2916; entre muchos otros).

Asimismo, cabe resaltar que no se presenta en el sub lite la situación contemplada por el artículo 198 del Código Procesal Civil y Comercial. Ahora bien, asiste indudablemente razón a la demandada en cuanto al modo en que por prescripción legal le corresponde asumir sus obligaciones dinerarias.

De tal manera, si el perito optare por perseguir el cobro de la parte recurrente deberá atenerse a la normativa sobre ejecución de sentencias contra el Estado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la revocatoria interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)