Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-26


Salta, 26 de mayo de 2010.

LÓPEZ, Sandra Patricia vs. FIGUEROA, José Luis - Violencia Familiar"-Expte. n° 20.613/10 del Juzgado de 1ª. Inst. Civil, Comercial y de Familia 2ª. Nominación, Expte. n° CAM - 316.384/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La resolución de fs. 11/12 es apelada a fs. 16 por la Sra. Asesora de Incapaces. Concedido el recurso expresa agravios a fs. 28/30. Dice que actúa en representación promiscua de las niñas Macarena y Belén Figueroa de 11 y 16 años de edad respectivamente. Que según da cuenta el acta de fs. 6 la Sra. Sandra Patricia López manifestó que vive en concubinato con el Sr. José Luis Figueroa siendo los progenitores de tales niñas y que el día 9 de marzo de 2010 su compañero se hizo presente en el domicilio, en estado de ebriedad, la agredió físicamente, violencia que ejerció respecto de Macarena al intentar salir en defensa de su madre, amenazándolas de muerte. Que ante los reclamos de que abandonaran el inmueble, optó por hacerlo pero al volver luego siguió con su conducta agresiva. Que se retira entonces a la casa de la hermana del demandado, apersonándose en la morada y continuando con los improperios y agresiones. Luego repara en lo equívoco de los dichos de la sentencia pues Sandra Patricia López, es precisamente la madre de las menores, lo que no fue advertido. Que la decisión de sólo disponer que Figueroa deberá abstenerse de ejercer actos de violencia contra Macarena y Belén la aprecia insuficiente.

Radicada la causa en la Sala, dictamina a fs. 46/47 la Sra. Fiscal de Cámara. Dice que sobre la base de los elementos colectados, deben aplicarse todas las medidas de protección previstas en la Ley de Violencia Familiar. II) Quien apela es la Sra. Asesora de Incapaces en representación promiscua de la menores Macarena y Belén Figueroa. Es decir, impuesta de la resolución dictada, no formula recurso en su contra la Sra. Sandra Patricia López quien fuera la denunciante de los supuestos hechos de violencia física. Además, es preciso advertir que el argumento de la Funcionaria de que es la madre de las menores no encuentra adecuado sustento en la causa, en tanto no se han aportado las partidas de nacimiento de las mismas. Más aún, cuando formula la denuncia la Sra. López dice que las menores son hijas de crianza puesto que se hizo cargo desde que tenía dos años ya que...la madre ejerce la prostitución y se llama Ilda Romero.

Por otra parte, la Sra. Jueza de la Causa expresamente dispuso una serie de medidas en el marco de lo dispuesto por la Ley 7.403, concretamente la orden de abstención al demandado de concretar malos tratos físicos o síquicos contra la denunciante y sus hijas; rondas permanentes de parte del personal policial a fin de asegurar el cumplimiento de lo ordenado y la producción de un informe ambiental y psicológico del demandado.

Así, según constancias de fs. 21 y a la fecha de expedición de tal informe (18 de marzo de 2010) Macarena estaba con Sandra López en el domicilio de calle 30 de agosto esquina Mitre de la Colonia Santa Rosa y Belén Figueroa bajo la custodia de Nieve Figueroa quien sería la hermana del supuesto agresor. Más aún, al mes de julio de 2010 la situación fáctica era la siguiente: a) en el inmueble que fuera sede de la unión de hecho se mantenía el demandado; b) Belén Figueroa se encontraba viviendo con su madre Ilda Romero en el Barrio Municipal; c) en tanto, en el Barrio Loteo Reyes estaban morando Sandra López con la menor Macarena Figueroa (ver fs. 35 a 37 de autos).

Es decir que la mutante realidad que refleja la causa, permite vislumbrar que con las diligencias adoptadas por la Jueza de grado se ha logrado el objetivo primario de la Ley, en tanto no se han verificado nuevos hechos de violencia física o moral en contra de las menores de quien sería su padre (el potencial lo mantengo en tanto no se ha demostrado con prueba fehaciente el vínculo parenteral) y la denunciante -por propia decisión ha cambiado de domicilio, reiterando que ésta no ha cuestionado la decisión en crisis.

III) No debe obviarse que se ha invocado en autos la aplicación al caso de la Ley de Violencia Familiar n° 7.202, y es preciso reparar que el art. 1º de la misma dispone que toda persona que sufriere daño psíquico o físico, maltrato o abuso por parte de algún integrante del grupo familiar conviviente, podrá denunciar estos hechos en la Seccional de Policía, Juzgado de Paz o dependencias del Ministerio Público más cercano a su lugar de residencia. Y a los efectos de la Ley, se considera como grupo familiar conviviente a quienes tengan lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad o cohabiten bajo el mismo techo, sea en forma permanente o temporaria. La presentación de la denuncia, señala el art. 3°, podrá hacerse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio letrado. Y a su vez, el art. 7º faculta al juez a adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares: a) ordenar la exclusión del autor o autora, de la vivienda donde habita el grupo familiar; b) prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio; c) ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor; d) decretar una guarda provisoria a cargo de familia sustituta para menores o discapacitados; e) decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos; f) ordenar el registro del escenario de los hechos y la recolección de pruebas. Cuando el caso así lo requiera, el Juez dictará las medidas cautelares previstas inmediatamente o dentro de las doce (12) horas siguientes. El Juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.

Está claro entonces que la normativa provincial en materia de violencia familiar ha contemplado el dictado de medidas urgentes de amparo a las víctimas, que en modo alguno implica una decisión de mérito que declare a alguien autor de los hechos que se le atribuyen. Es decir que por sobre todas las cosas se busca de manera prioritaria la tutela de aquellas personas que son objeto de agresiones físicas o psíquicas, sin atender tanto a óbice formales, ante el auge desmedido de hechos de esta naturaleza, que en los últimos tiempos ha conmocionado a nuestra Provincia (CApel.CC. Salta, Sala III, año 2005, f° 754).

Al no advertir motivos que generen la adopción de nuevas o adicionales medidas de prevención, voto entonces por la confirmación de la sentencia venida en revisión.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que, por sus fundamentos, adhiere al voto del Dr. Domínguez.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la Sra. Asesora de Incapaces a fs. 16, CONFIRMANDO la sentencia en grado de fs. 11/12 en lo que fuera materia de agravios.

II) COPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.