marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quebrantamiento de clausura, tipo penal, clausura administrativa, habilitación del establecimiento, CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs.As. c/ P, J. S. s/ artículo 47 y 72 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-15

En el caso, el objeto de la clausura impuesta por la administración versa sobre la actividad desarrollada en el local por carecer de habilitación y constituir un uso no permitido. La defensa ha intentado articular una serie de consideraciones con el objeto de persuadir a este Tribunal, de que los imputados han acatado la orden de clausura dispuesta y que en virtud de ello trasladaron su actividad al terreno lindero, por lo que mal pudo violarse dicha interdicción.

El Código de Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza 33.266) en su artículo 2.1.10 permite concluir que el objeto de clausura es la actividad, aunque le fuera ampliada la superficie en la que se desarrolla, no cabe duda alguna que la interdicción en estos casos va dirigida a la actividad que se realiza sin habilitación.

La existencia de predios linderos que se encuentren comunicados entre sí, cuya utilización permite extender el desarrollo de la labor en cuestión, son accesorios del principal y constituyen por ende, una actividad única.

Por las consideraciones efectuadas se colige que el accionar de los encartados estuvo dirigido a abrir lo que por un acto administrativo se encontraba cerrado, configurándose así la conducta prevista y reprimida en el artículo 47 del Código Contravencional. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Jubilación por invalidez, procedimiento administrativo, impulso de oficio, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REYNOSO, Dionisia Pascasia c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-29

Es deber del órgano administrativo extremar los medios a su alcance para posibilitar la prueba del derecho que pretende acreditar el peticionante, ya que no es parte contraria en un proceso judicial, sino que su función debe ser la de ayudar, objetivamente, al esclarecimiento de los hechos, máxime si se trata de probar extremos tales como enfermedades donde tienen que reunirse la mayor cantidad de elementos posibles que permitan un examen más amplio y objetivo.
Homicidio en riña, lesiones en riña
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Luis s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-03

Resultan presupuestos de aplicación del art. 94 del C.P., la muerte de una persona, el acometimiento plural y recíproco, la fuerza ejercitada en el cuerpo de la víctima y la cercanía de certeza acerca de la autoría del hecho.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ Plasilas Comercial,Financiera y Mandataria SA. s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Si los peritos no adjuntaron comprobantes que acreditaran los elementos de juicio prescriptos por el art.12, ap. e) a h) de la Ley 5708 sin que pueda atribuirse mayor fuerza convictiva a una pericia sobre la otra, sin solicitarse tampoco por las partes una tercera pericia a la cual tenían derecho (art. 30 ley citada), lo mas indicado para arribar a una solución equitativa es promediar sus resultados a los efectos de fijar los valores expropiatorios.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, deberes del juez, sentencia, fundamentos suficientes, interpretación de la ley, derechos del consumidor, responsabilidad contractual, obligación de seguridad, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: García, Alberto c/ Elías, Ricardo s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Daños y perjuicios- (Expte. C.S.J.   Nro. 465 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad cuando la solución propuesta por la Alzada -al desestimar de plano la defensa de la demandada orientada a la eximición de responsabilidad (por tratarse de un defecto de fabricación que su parte no podía detectar)- fundándose en la existencia de una implícita obligación de seguridad que debe asumir el vendedor, emanada del artículo 1198 del Código Civil, de carácter objetivo, se desentiende de los más elementales principios que rigen la labor de adjudicación judicial. Así, corresponde considerar más seriamente los argumentos de la recurrente en punto a los límites de su obligación de responder por los daños, en sintonía con las ajustadas soluciones propuestas desde la doctrina que le reconoce al vendedor-no fabricante la posibilidad de liberarse de responsabilidad, demostrando la concurrencia de ciertos extremos, cuando se trata de defectos originados en la fabricación. Tal solución pareciera encontrar respaldo en el criterio actualmente vigente en nuestro derecho positivo a partir de la ley 24.999, que al reformar la ley 24.240 le reconoció -entre otros- al vendedor la posibilidad de liberarse total o parcialmente de responsabilidad por los daños al consumidor demostrando "que la causa del daño le ha sido ajena". (Del Voto de la Mayoría)
Prueba pericial, prueba común, impugnación de la pericia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Zárate, Isidro c/ Ex Deca y/o Estado provincial s/ Acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-02-04

Debe rechazarse la impugnación a la prueba pericial médica articulada por la demandada y rechazada por la actora. Toda vez que al haber sido la misma ofrecida por ambas partes, sin que ninguna de ellas manifestara su disconformidad al respecto, ella adquiere carácter de común. Consecuencia de ello es que las partes se encuentran imposibilitadas de requerir la declaración de caducidad, ya que ambas asumieron la carga procesal de instarla a los fines de su producción, sin que el desistimiento de la demandada la convierta en prueba de carácter de individual, en orden al principio de lealtad que debe regir en el proceso.
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ventura, Domingo c/ Pisani, Antonio s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

La redargución de falsedad sólo es exigible cuando se impugnan aquellos hechos que el oficial público dice haber realizado o que han ocurrido en su presencia, pero no cuando se atacan por falsas las manifestaciones efectuadas por las partes o se sostiene la inexistencia de las relaciones o situaciones jurídicas que no aparecen expresamente consignadas en el instrumento, aunque puedan presumirse de los hechos que en él se consignan como acontecidos.

Tales situaciones sólo pueden tenerse como existentes por vía de presunción y siendo ésta "iuris tantum", basta la simple prueba en contrario para tenerlas por desvirtuadas. Cód. Civ. art. 994.
Accidente de tránsito, choque múltiple, responsabilidad objetiva, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: FIGUEROA, DANIEL OMAR. c/ KITTLER, HORACIO Y OTROS. s/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-14

Corresponde revocar la sentencia que rechazara la acción de daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito y otorgarle responsabilidad exclusiva al demandado -conductor del camión-, si éste no probó que el hecho de haberse encontrado alcohol en la sangre o que la bicicleta no poseía luces, fueran factores determinantes en la producción del accidente.

En este sentido, el demandado no acreditó su versión de los hechos. No probó que el actor se encontrara conduciendo el rodado, lo cual, si se tiene en cuenta la huella que dejó el camión y la distancia con la pared de la vivienda, no resulta corroborado.
Herencia vacante, cargas de la sucesión, tasas
Materia: CIVIL
Carátula: NOGUES BOTTARO EMILIO S-SUCESION c/ O.S.N. s/ PRESCRIPCION (ART. 4027 CODIGO CIVIL) - SUCESION VACANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

El curador de la sucesión vacante debe abonar las obligaciones del causante y las cargas, pero la responsabilidad del Fisco es, en todos los casos, "intra vires" (art. 3589 "in fine" del Código Civil), por lo que los importes que por tasas fueron devengándose desde la reputación de vacancia no los adeuda el actual Ministerio de Educación por derecho propio sino en función de la curaduría de bienes discernida oportunamente a su apoderado. Las deudas por servicios prestados por O.S.N. no se han originado por causa inherente a la persona de derecho público, sino en razón de los bienes que constituyen una masa diferenciada, en trance de liquidación.

Debe admitirse el interés que, como curador, le asiste para eliminar del pasivo civil aquellas obligaciones respecto de las cuales se hubiese operado el plazo prescriptivo, que sólo subsistirán como obligaciones naturales (art. 515, inc. 2 del código citado). No juega, por tanto, la atribución administrativa conferida al Procurador del Tesoro por el art. 1' de la ley 19.983, norma que amplió la originaria previsión del art. 56 de la ley 16432 de presupuesto general de la Nación para el año 1961, la que sólo se refería a reclamaciones por daños y perjuicios y hasta un determinado monto; ni se puede sustraer de tal decisión de la justicia la resolución de un conflicto sobre prescripción de créditos nacidos de tasas que gravan un inmueble integrante del acervo relicto. Tampoco concurre la imprescriptibilidad establecida en el art. 142 de la ley de contabilidad, norma que también tuvo origen en un defecto de técnica legislativa que oportunamente mereció la calificación de "corruptela". El decreto ley 23354/56 sólo se refirió a la reparación civil de los daños e intereses ocasionados por actos u omisiones imputables a los agentes de la administración nacional; la ley 16.432 lo amplía a obligaciones de otras fuentes (párrafo agregado por su art. 20 al art. 142 antes citado), pero para que este régimen excepcional, derogatorio del derecho común, cobre aplicabilidad, es imprescindible que se hayan generado teniendo como sujetos a los entes estatales comprendidos en el precepto, por lo que, por aplicación del plenario "O.S.N. c/Gran Pinin S.R.L." corresponde declarar operada la prescripción por las deudas de O.S.N. devengadas en el período de reputación de vacancia.
Régimen penitenciario, tratamiento de las adicciones, alcoholismo
Materia: PENAL
Carátula: MIGUEL ANGEL GRANEROS s/ INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL INTERNO PENADO MIGUEL ANGEL GRANEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-01-26

Ante el dilema que plantea el principio elemental de psicología ( no se puede obligar a recibir tratamiento) con la norma (art. 13 del C.P.abstenerse de bebidas alcohólicas) va de suyo que debe prevalecer la norma. Ello en razón de que -en el caso- el interno es capaz de comprender la necesidad de recibir ayuda para vencer su adicción, y si no lo hace, ello obsta a su posibilidad de ser merecedor a los beneficios establecidos en la ley 24660.
Aplicación temporal de la ley, ley derogada, ley vigente
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BRITO, Mario Luis c/ LEVY MINIAN s/ QUERELLA POR INJURIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

El régimen establecido por el art. 4 de la ley 23.269 tiene como fin solucionar los inconvenientes que las reformas al código de rito acarrean a los procesos que se hallan en trámite cuando éstas entran en vigencia, no teniendo por objeto ni como efecto provocar categorías de litigantes desiguales.
Despido por matrimonio, notificación al empleador, tarjeta de participación
Materia: LABORAL
Carátula: TORREZ DE ESPINOLA, ELSA HAYDEE c/ BARBARELLA SOCIEDAD ANONIMA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-04

La entrega de tarjetas de 'participación de matrimonio' a algunos integrantes del personal no suple la notificación fehaciente al patrono a que se refiere el artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suarez, María c/ Di Martino, María s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

La excepción de inhabilidad de título podrá únicamente referirse a las formas extrínsecas del documento que se pretende ejecutar, conforme lo dispuesto por el artº 542 inc. 4º del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia interlocutoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R., P. F. c/ S., E. I. s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

La sentencia interlocutoria que dispone medidas para del art. 36 inc. 2 del CPCC., no reviste el carácter de definitiva 278 y 296 del mismo Código, pues no pone fin al litigio ni impide su continuación.
Recurso extraordinario, sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ recurso extraordinario causa n° 254 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si el recurso extraordinario no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia, ello no es subsanable mediante el recurso de queja.
Libertad de prensa, doctrina de la real malicia, simple damnificado, aplicación de la ley, cuestión de derecho común, recurso de casación
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lucero, Francisco Nicolás c/ Obispado de Catamarca y/o José Brenner s/ Indemnización por violación al derecho a la intimidad y Daño Moral -  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-08-28

Puesto que el demandado -medio periodístico- dio a conocer a la opinión pública una información inexacta, falsa y engañosa que nada tiene que ver con la realidad, ya que el actor probó no tener en su contra proceso ni condena judicial por los hechos que el diario le imputó y habiendo sido invocada por el demandado la aplicación de la doctrina de la real malicia , corresponde precisar el alcance de la misma, ya que a través de ella los funcionarios, figuras y personajes públicos afectados en su honor por noticias inexactas o agraviantes, deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de las circunstancias. En cambio, a los particulares les es suficiente, en principio, acreditar una negligencia simple para que proceda la reparación.

Corresponde analizar si en autos existe responsabilidad jurídica del demandado a la luz de las disposiciones del derecho nacional, ya que los medios de comunicación, a través de la aplicación de aquella doctrina, pretenden dejar de lado todo el marco normativo conformado por las normas de derecho común, ante la ausencia de leyes especiales que rijan la materia. Esa pretensión, que parte de la tutela que nuestra Constitución Nacional realiza de la libertad de prensa, se basa en que la aplicación de la doctrina de la real malicia constituye una condición indispensable de dicha libertad.

Por ello, afirman que, si se aplicaran los principios generales de la responsabilidad civil, se afectaría gravemente la esencia misma de la libertad de prensa.

Al no haber en nuestro ordenamiento jurídico derechos absolutos sino relativos, la pretensión de no aplicar las normas de derecho común a los medios de comunicación -en lo que se refiere a su responsabilidad- resulta inaceptable, porque si así se hiciera se vulnerarían elementales garantías y derechos constitucionales como la igualdad y se consagraría una situación de privilegio a favor de los medios de prensa.

Conforme a las constancias de la causa, el medio periodístico ha actuado con imprudencia y negligencia, ejerciendo su derecho de informar en forma irregular y dicho proceder abusivo ha sido acabadamente demostrado por el particular damnificado A esta conclusión se llega aplicando el derecho común argentino sobre responsabilidad civil y no doctrinas foráneas, que resultan ajenas a nuestro sistema.

Por lo tanto, corresponde rechazar el Recurso de Casación interpuesto y confirmar la sentencia de grado que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios.
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santonocito, Antonio y ot. c/ Valvulas Worcester de Argentina SA s/ Daños y perjuicios y beneficios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Teniendo en cuenta las particulares circunstancias de hecho que han conformado el debate y la índole de la pretensión deducida por los actores, como asimismo que el rechazo de ésta obedecerá a la inexibilidad de la obligación por el transcurso del plazo prescriptivo señalado por la ley -y no a la ausencia del derecho que eventualmente pudo haber asistido a los titulares de la acción si hubieran entablado su reclamo judicial en tiempo propio-, las costas de ambas instancias se deben imponer por el orden causado y las comunes por mitades (arg. art. 515 inc. 2 CC; art. 68, segundo párr., CPCC).
Subasta judicial, declaratoria de herederos, inscripción registral, falta de inscripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VERON, Raúl Alberto c/ VERON, Carlos Roberto s/ EJECUCION DE ACUERDO - LEY 24.573
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-03

No corresponde disponer lisa y llanamente la subasta de los derechos y acciones hereditarios reconocidos al ejecutado, si en el juicio sucesorio no se ha procedido a la inscripción de la declaratoria de herederos, y existe otro sucesor al cual no se le ha dado intervención en la ejecución. Es que hasta tanto el coheredero no resulte propietario de todo o parte de los bienes componentes del acervo relicto y ante la eventualidad de que nunca llegue a serlo, por una partición que no lo favorezca o si, por hipótesis, el pasivo de la sucesión lo absorviera, el pedido no podría prosperar.
Cuestiones de competencia, competencia por la persona, sociedad anónima, domicilio social, sucursal, plan de ahorro previo, concesión para la venta de automotores
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Volkswagen S.A. de Ahorro P/F Determinados c/ Fundación Club de Derecho Argentina s/ inhibitoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-09

Asiste razón a la recurrente en el sentido de que el hecho de que existan en la Provincia de Córdoba (o en otra) una o más concesionarias que comercialicen vehículos mediante la contratación de los planes de ahorro que la demandada administra,- y que, esto es dirimente, no han sido demandadas- no significa, en modo alguno que ésta, tenga sucursal y/o establecimiento en esos lugares pues, no puede perderse de vista que cada concesionario es una persona jurídica autónoma e independiente que actúa en nombre y cuenta propia
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, empleo público, planes sociales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FONTANA, MARIA DE LOS ANGELES c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-27

La Cámara, por entender -con cita de jurisprudencia que reafirma el carácter formal y documentado de la relación de empleo público- que la relación entre partes desde su inicio hasta el cese fue consecuencia de un programa de ayuda social -régimen al que la recurrente se sometió voluntariamente y no objetó durante su desarrollo-, determinó que el vínculo que existía entre ellas no podía ser encuadrado dentro de las previsiones de la ley 9286, careciendo de virtualidad el tiempo de duración de la vinculación para trastocar la naturaleza o sustancia de la misma, que nunca configuró una relación de empleo público, por lo que correspondía rechazar el pedido de reincorporación y el pago de la suma de dinero pretendidos; y dicha solución se sustentó en el análisis y ponderación de las pruebas de la causa y en el marco de la interpretación y aplicación de las normas de derecho público local, tareas que no han merecido reproche atendible por parte de la recurrente que, más allá de esgrimir críticas respecto del rechazo de las tachas deducidas y de la valoración de la prueba pericial psicológica, no alcanza a demostrar que el pronunciamiento impugnado sea susceptible de descalificación constitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9286
Régimen penal de la minoridad, recurso de revisión (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: SERVIA, J. A. s/ MENORES. RECURSO REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-21

Procede el RECURSO DE REVISION contra la sentencia que condenó al procesado a la pena de cinco años de prisión y accesorias, en virtud de la sanción de la nueva ley 22.278 que regula el régimen penal de la minoridad; dado que en autos se acreditó que aquél nació el 27-1 62 o sea que al tiempo de la comisión del hecho su situación era la que actualmente prevé el art. 2, ley citada.

Si bien procede el recurso de revisión, por aplicación de lo dispuesto por el inc. 3ro. del art. 4 de la ley mencionada, se debe postergar la decisión definitiva de la revisión al cumplimiento del recaudo que allí se establece, sin perjuicio de hacer cesar de inmediato la ejecución de la sentencia -que deviene así retractable en cuanto impone pena- y disponer provisoriamente del menor, manteniéndoselo por el momento en condición de internado y no de condenado.
Hurto simple, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: LUNA, JUAN ESTEBAN s/ HURTO SIMPLE EN C.R. C/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-05

Del tramite de la causa resulta que la conducta de Juan Esteban LUNA es configurativa de los delitos de HURTO SIMPLE EN CONCURSO REAL CON ROBO en los términos de los arts. 162, 55 y 164 del C.P., toda vez que, al haber destornillado una bisagra que a su vez cerraba con candado un armario dentro del cual se encontraba una de las máquinas, se venció la resistencia preparada para evitar el desapoderamiento del bien, por lo que al vencerse los obstáculos materiales que la defienden y vencer la seguridad en tal sentido se ha realizado una fuerza venciendo la custodia, por lo que estimamos correcta la calificación que se le atribuye al encartado.
Contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: OVEJERO FRANCISCA c/ SANCHEZ DE BRACO MARIA C. Y/O RESIDENCIAL DEL PARQUE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-15

En el Derecho Laboral es necesario indagar rigurosamente por encima de las apariencias formales de las convenciones, la verdadera naturaleza del vínculo entre las partes, cuidando de que se haya utilizado una real simulación en el que aparezca como contratista un verdadero trabajador dependiente. (Minoría u opinión personal)
Regímenes jubilatorios especiales, retiro policial, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rosner, Irma Juana c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Si de las constancias acumuladas en las actuaciones administrativas y de la prueba producida en la causa surge que la actora integró el núcleo familiar dependiente del causante en vida de éste -situación que se mantuvo con posterioridad en tanto su madre atendió a sus necesidades con la pensión derivada de la jubilación del causante- aquella accede a la pensión, no como heredera de su madre, sino por derecho propio en virtud de estar comprendida en las disposiciones de la ley 5425, vigente al tiempo del fallecimiento del causante, con las modificaciones introducidas por la ley 6469.