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Delitos contra la seguridad de la Nación, sujeto activo, jurisdicción extranjera, sentencia extranjera, actos materiales hostiles, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: GARZON, B. s/ Desestimación denuncia  - Causa 30.505
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

El Código Penal de la Nación Argentina incrimina en su artículo 219 los actos irresponsables de funcionarios o excepcionalmente de particulares que de algún modo generen indirectamente una respuesta de otro Estado contra el Argentino o sus habitantes.

Si bien la ley no efectúa precisiones, en cuanto a la calidad de sujeto activo, los autores han señalado que "normalmente serán funcionarios quienes estén en mejores condiciones para ser autores".

El tipo penal aludido prevé dos momentos completamente diferenciables: Primero: Los actos hostiles contra una potencia extranjera. Estos deben ser llevados a cabo por funcionarios del Estado Argentino o por otras personas que de algún modo se hallen vinculadas a éste.

Segundo: Esos actos deber traer como consecuencia -entre otros posibles que admite el tipo- el peligro para los habitantes de la República Argentina de experimentar vejaciones o represalias en sus personas y sus bienes.

Luce evidente que la actuación de un juez de otro país conforme a sus leyes, adoptando decisiones características del proceso penal no pueden calificarse de acto hostil.

Por tal razón, un Juez extranjero que tramita un proceso donde dicta orden de captura internacional contra ciudadanos argentinos, no es uno de aquellos posibles sujetos activos de esta figura, ya que ninguna vinculación existe entre él y el Estado Argentino y, en todo caso, sus actos podrán dar lugar a represalias o vejaciones contra ciudadanos de su propia nacionalidad (española).
Competencia, calificación legal, formación del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/  s/ daños s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

La probabilidad de progreso del encuadre legal en el delito de daño determina que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas el competente para intervenir en las presentes actuaciones. La calificación legal que en definitiva pueda recibir el hecho investigado no obsta a lo afirmado precedentemente. En efecto, los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias penales ordinarias (no federales), mientras que la justicia nacional sólo de manera transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido transferidas. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Derecho procesal, recurso de apelación (procesal), monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE BUEN AYRE SA c/ DUARTE FERNANDO MARCELO s/ EJECUTIVO S/QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

La discusión relativa a la denegación del derecho a obtener una regulación de estipendios no es materia ajena a la subsunción del Cpr. 242. La doctrina que emana del plenario de este Tribunal in re: "Alpargatas SAIC c/ Quilquillen SA" del 13/12/99 (LL 16.2.2000, F° 99844; ED T 187-19, JA 2000-I-257) zanja claramente la cuestión, al establecer que la apelabilidad irrestricta que sienta el art. 244 CPr. se vincula con el monto o quantum de los honorarios, lo que descarta la interpretación que propicia la quejosa (cfr. esta Sala 24/8/2010, "Insua Alicia Beatriz s/ quiebra s/incidente de revisión por Afip-DGI s/queja", íd. 4/11/10, "Banco del Buen Ayre SA c/ Quiroga Adán Emilio s/ ejec.").
Medidas cautelares, base
Materia: PROCESAL
Carátula: RECURSO  DE  AMPARO  PRESENTADO  POR  LA  ABOGADA SILVIA CHIAVASSA EN REPRESENTACION DE RUBEN ISMAEL BOTALLO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  ACCION  DE  AMPARO  -  MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-09

El periculum in mora que constituye la base de las medidas cautelares no es, pues, el peligro de daño jurídico el cual se puede, en ciertos casos, obviar con tutela ordinaria; sino que es, específicamente, el peligro del ulterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia definitiva, inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rosario Olivo, Olga Sidenia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rosario Olivo, Olga Sidenia contra GCBA sobre amparo - habitacionales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal ya que la decisión del Tribunal que se cuestiona es aquella que rechazó el recurso de queja deducido por la actora por considerar, en síntesis, que no contenía el planteo de una cuestión constitucional en los términos del art. 113, inc. 3 de la CCABA. Tal circunstancia constituye un primer óbice a la concesión del presente recurso, en virtud de la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que las decisiones por las que los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos de orden local que se interponen ante ellos resultan ajenas, como principio, a la instancia extraordinaria, en atención al carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan (conforme Fallos: 306:885, 308:1577, 311:100 y 329:4775, entre muchos otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Concursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zoroza, Roberto I. s/ Inc. Verif. Consorcio 56 Nro. 723
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Toda vez que en el caso de autos, de la pretensión originaria sólo se reconocieron acreencias por períodos posteriores al auto que diera inicio al proceso, la determinación de la actualización y del cómputo de intereses debe ser efectuada en oportunidad de presentar el proyecto de distribución. Es en tal acto que el Síndico debe preveer el pago de los acreedores del concurso, quienes no tienen la carga de insinuar sus créditos, y calculará la actualización y los intereses que correspondan, según la causa de la obligación en conjunción con el resto de acreedores de igual categoría (arts. 214 y 228 de la ley de Concursos). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento monitorio, apreciación de la prueba, jueces
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DEL CANTO, OSCAR MARCELO c/ PET'S GROUP S.A. Y OTRO s/ PREPARACIÓN DE LA VÍA MONITORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-17

En el proceso monitorio el deber de examinar cuidadosamente el título por el cual se acciona puede ser ejercida por el juez cuando lo considere oportuno, incluso antes del dictado de la sentencia, más ese deber/facultad tiene un límite procesal, que es el dictado de la sentencia original. Ésta solo puede revisarse a partir de hechos o argumentos introducidos por los demandados al oponerse, y no por otros que sean ajenos a esa postura.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Universidad   de   Buenos  Aires c/ Federación  Argentina  de Trabajadores de las Universidades Nacionales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

No tienen la calidad de decisión final requerible por el art. 14 de la ley 48 todas aquellas sujetas a un pronunciamiento posterior que pueda disipar el agravio que de ellas deriva.
Retención indebida, estado de necesidad, crisis económica, relación de dependencia, trabajador, remuneración
Materia: PENAL
Carátula: ALVELO, E. s/ DEFRAUDACION. APROPIACION COSA PERDIDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

El apoderamiento de un automóvil que había sido sustraído a su dueño poco tiempo atrás y que sus autores dejaron estacionado en la vía pública en aparente abandono, configura el delito de defraudación por apropiación de cosa perdida.

Tiénese en cuenta los argumentos sostenidos en favor de la tesis triunfante en ocasión de la discusión del plenario "González, A.M." del 20/10/83, aún cuando éste no se halla vigente en la actualidad por haberse derogado el art. 163 inc. 6 C.P.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvia, Maestro c/ Alberto F. Dato y otra s/ Sumario por resolución de contrato e indemnización de daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-30

La cláusula penal cumple una función ambivalente: la de ser conminatoria y además resarcitoria. El carácter resarcitorio surge cuando la obligación principal se incumple o se cumple tardíamente artículo 655 del Código Civil). En cambio el primero, por ser preventivo se muestra al comienzo. En el supuesto de que cumpla una función resarcitoria, al ser de aplicación el artículo 656 segunda parte del citado precepto legal, puede la misma ser reducida a límites justos y sin perder de vista su función indemnizatoria.
Trabajador, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: BOLE ANDRES c/ EMPRESA VIENTO NORTE S.R.L. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS ETC. SANDEZ, JUAN PEDRO c/ S.M.A.T.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-15|1999-04-23

Cesada la relación laboral, el empleador debe entregar al trabajador, a su pedido, un Certificado de Trabajo. De manera que debe condenarse al empleador accionado a otorgarlo bajo apercibimiento de expedirlo por Secretaría.
Prescripción, revisión judicial
Materia: LABORAL
Carátula: MENDEZ CASARIEGO, RICARDO MATEO c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-23

La reducción del plazo de prescripción a dos años del artículo 278 del RCT., introducido por la ley 21297, no puede ser objeto de control por parte de los jueces, salvo que en la solución adoptada se advirtiera una irrazonabilidad manifiesta que desvirtúe el instituto jurídico o comprometa gravemente la vigencia de garantías constitucionales.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oresanz, Juan María c/ Municipalidad de Mar Chiquita s/ Demanda contencioso administrativa Baccani, Hernán W. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08|2000-05-10

Las normas del pliego de bases y condiciones son ley para el contrato de sujeción obligatoria para ambas partes.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recman S.A. c/ Subsecretaría de Administración y Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 6, Código de Procedimiento de  lo Contencioso Administrativo Municipalidad de La Costa en autos "Amparo c. Municipalidad de La Costa". s/ Cuestión de competencia, art. 6¦, C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|2001-11-28

Es competente la Suprema Corte para entender en la acción de amparo sobre materia administrativa, en razón de ser aquélla el órgano judicial a quien compete decidir, en forma originaria y en única instancia, los litigios que deben resolverse por aplicación, exclusiva o preponderante, de normas de derecho administrativo (arts. 20.2 y 215, Const. de 1994). (Minoría u opinión personal)
Extinción del contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: ROMAGNOLI, BENITO CARMELO c/ ROSARIO REFRESCOS SA s/ DESPIDO POR MATRIMONIO DEL VARON      EXPTE NRO 3-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-04

La presunción del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo se pone en pie a condición de tres módulos: a) el temporal (3 meses anteriores o los posteriores a la celebración del matrimonio); b) el subjetivo (notificacción fehaciente o conocimiento efectivo del mismo); y c) el objetivo (la existencia misma del matrimonio).

La apreciacion de la culpa no erige la presunción sino que la confirma o destruye porque aquella le precede, no invocando causa para el despido o no probándola, la presunción erigida fuera de los tres módulos es ilevantable.
Divorcio, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., C. M. c/ M., D. O. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-08

En los juicios de divorcio se impone un criterio amplio de apreciación de las pruebas en su conjunto, para tener una representación de lo ocurrido, es decir, no corresponde un examen minimizado e individual de las declaraciones, sino que ha de apreciárselas interrelacionadas a fin de obtener una impresión panorámica de la conducta matrimonial (S.C.B.A., en ED, t. 47, p.

361).
Regulación de honorarios, facultades del juez, convocatoria de acreedores
Materia: PROCESAL
Carátula: MURILLO Y KERN c/ BAYER ARGENTINA  S.A.C.I.F. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-10

Ninguna regla de derecho autoriza al tribunal para reducir el salario de los letrados por causa de que su deudora pueda hallarse en estado de convocatoria de acreedores.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., J. E. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Tentativa   de estafa (Expte. CSJ Nº 30-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-23

Si el alcance asignado por el Juzgador versa sobre una temática discutible, formando parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no es arbitrario. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que no reviste dicho carácter una interpretación en materia opinable sustentada en un sector de la doctrina, así como que la no coincidencia de una parte con el criterio hermenéutico del Sentenciante, no es bastante para tornar viable el recurso extraordinario.
Robo con armas, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: YESA, Susana G. s/ autoría
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

La actuación de la imputada debe ser calificada como coautoría funcional, ya que la puesta en marcha del delito tentado refleja un accionar conjunto y premeditado en el cual cada uno de los intervinientes cumplió un rol previamente asignado, que en el caso de aquélla consistió en el apoderamiento ilegítimo de diversos productos, mientras el otro delincuente amedrentó con el uso de un arma de fuego a las víctimas y sustrajo la totalidad de la recaudación del comercio.
Homicidio, abuso de autoridad, arma reglamentaria
Materia: PENAL
Carátula: ABREGU, FABIO ANTONIO. s/ HOMICIDIO SIMPLE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-13

Que adhiero al voto negativo de este interrogante sostenido por los Sres. Vocales preopinantes ya que en cuanto al agravante incorporado sobre finales del año 2003 en el inc. 9 del artículo 80 del Código Penal, al decir de Jorge Luis Villada "Delitos contra las personas", página 56 y 57, Editorial La Ley, Abril del año 2005, es una respuesta parcial de la política criminal nacional a la creciente intervención comprobada de fuerzas de seguridad o del orden y penitenciarias en diversos delitos contra las personas, la libertad y la propiedad que se han producido en los últimos tiempos donde asistimos con perplejidad a la comprobación de existencia de funcionarios de esta índole actuando como miembros o a veces como jefes de bandas u organizaciones delictivas, ya que además de esta circunstancia agravante prevé otras dos que se incluyen en los capítulos de delitos contra la propiedad pero en los artículos 163 bis y 167 bis donde se ha efectuado en forma correcta.

El hecho de matar abusando de su función o cargo que desempeña el sujeto activo implica que desempeñándose en su acción funcional propia exceda los límites que la ley le acuerda o haga uso de facultades y/o potestades que no posee llegando a dar muerte a una persona, sea en forma arbitraria o violando los deberes propios de su función (por ejemplo los sucesos acaecidos en el curso de marchas y protestas públicas que se sucedieron en la caída del ex presidente De La Rua y pudieron ser estos muchos de los excesos que se cometieron en la época de la represión de la guerrilla). La redacción actual deja en la categoría de homicidio simple a todas aquellas muertes que dolosamente ocasionare un miembro de cualquier fuerza fuera de sus funciones aunque la violación de los mayores deberes o resguardos que le competen igualmente se produciría, para peor traicionando los deberes de seguridad que ha jurado respetar.	Tal como está previsto el delito exige dolo especial es decir conciencia, al momento de matar, que se está excediendo o abusando de sus funciones y no obstante obrar con voluntad homicida, hay que probar varios extremos: el desempeño de la función, el abuso y el homicidio, compleja redacción que generará y genera conflictos. (Del voto del Dr. Garzia).
Juicio de desalojo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berguñan, Ana c/ William, Omar s/ Desalojo Rocabren S.A. c/ Ocupantes e intrusos de los lotes 15, 16, 17, 18, 19 y 21, Manzana 2 y 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Manzana 5 s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12|1989-07-04

Quien alega su calidad de propietario demandando por intrusión a quien se titula poseedor, debe demostrar, si le es negado, que tiene efectivamente aquella calidad, esto es, que alguna vez se le hizo tradición del inmueble.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Constructora ECBA s/ quiebra s/ Concurso especial pedido por Banco Cooperativo de Caseros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Cabe acudir al art. 121 de la ley 19.551 para determinar el nacimiento del plazo para interponer la revisión (art. 38) cuando no hubo reunión de la junta (art. 16, C. Civ., 207 C. Com.).
Acumulación de procesos, juicio ejecutivo, procesos de conocimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEN KOU CHI c/ NAJMIAS s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

No procede la acumulación cuando se trata de un proceso de conocimiento y otro de ejecución, por no sustanciarse por los mismos trámites.

Excepcionalmente debe admitirse ante la presencia de un juicio de consignación vinculado al ejecutivo y cuando el problema se circunscribe a la existencia o no de mora con el propósito de establecer la exigibilidad de la deuda, como presupuesto indispensable de la acción ejecutiva.

Esa virtualidad no la posee el juicio de nulidad de cláusulas de la escritura de mutuo, que no hace a la habilidad del título y, por ende, no es posible acceder a la acumulación.
Nulidad procesal, patrocinio letrado, poder, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACHELLO, CARLOS ALBERTO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 123 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

Corresponde desestimar la nulidad articulada en virtud de que ha sido presentada por un letrado sin contar con poder para hacerlo. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, la persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio debe acompañar a su primer escrito los documentos que acreditan el carácter que inviste.

En el caso, el letrado ha tenido participación patrocinando al actor que actuó por su propio derecho y al presentar el escrito que por este acto se resuelve manifiesta hacerlo "... por el actor ...", sin acompañar instrumento alguno que acredite su condición de representante de aquél. (De la Disidencia de los Dres. Gutiérrez, Netri y Spuler)
Retiro voluntario, gratificaciones, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ESCANDELL, MARIO c/ AGUAS ARGENTINAS SA s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

De los acuerdos suscriptos entre los trabajadores y la empresa en cuanto a la implementación del retiro voluntario, surge el pago de una gratificación, que en virtud de una disposición específica resultaría compensable con cualquier suma que pudiera derivarse de la relación laboral, con excepción del mes de egreso, las vacaciones proporcionales (art 156 LCT) y, el SAC proporcional. Pero tales acuerdos no comprenden, dentro de las excepciones enumeradas a las vacaciones no gozadas.
Contrabando, delegación de la investigación
Materia: PENAL-PROCESAL-ADUANERO
Carátula: N.N. s/ Contrabando, incidente de apelación contra el auto  que dispone la delegación de la causa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-09

Debe ser confirmada, por ajustarse a derecho, la resolución que delegó la dirección de la investigación en el Ministerio Fiscal, pues a pesar de que el Fiscal apelante sostiene que el Art. 196 bis se encuentra previsto únicamente para los casos en que se investigan los hechos de competencia criminal de instrucción o correccional, con fundamento en la numerosa cantidad de causas iniciadas por presuntos robos y hurtos con autores no identificados, lo cierto es el que el Art. 196 del mismo cuerpo legal prevé que el Juez de Instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública quede a cargo del Agente Fiscal, quien deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la Sección 2 del Título 2 del mencionado código.
Acción contencioso administrativa, retiro voluntario, beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Argerich, Raúl Federico c/ Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-20

La cuestión planteada en el caso de autos, que está referida a la oportunidad y modo de practicarse la actualización de la prestación básica irrevocable que perciben los ex empleados del Ex Banco de Catamarca, cuyos ceses laborales por retiro voluntario se hayan producido antes de la Transferencia de la Caja Previsional de la Provincia a la Nación, se realiza, a decir del actor, sin respetar el último convenio colectivo Nº 18/75, lo cual implica una discusión acerca del alcance hermenéutico de normas por las cuales se le otorgó el beneficio previsional, situación que fue resuelta por el más Alto Tribunal del país en base a una casuística que surge de los reclamos realizados en distintas provincias, en los que se debatieran al igual que aquí, cuestiones relacionadas con las prestaciones otorgadas bajo la vigencia de la legislación provincial.-.(Del voto en disidencia del Dr. Cáceres)