Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06


STJSL-S.J. - S.D. N° 002 /14.- ---En la Ciudad de San Luis, a los seis días de febrero de dos mil catorce, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. OMAR ESTEBAN URIA, HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, LILIA ANA NOVILLO y FLORENCIO DAMIAN RUBIO - Ausente el Dr. OSCAR EDUARDO GATICA, por encontrarse en uso de Licencia -Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: "BECERRA FRANCISCO SOLANO C/ ORTIZ RAMON RICARDO Y/O BONGIOVANNI DE LASTRA PAULINA AMERICA Y ESSO SERVICENTRO DON FAUSTINO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE QUEJA". Expte. Nº 19-B-11 -IURIX Nº 222264/11.- Conforme al sorteo practicado oportunamente con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Doctores HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, LILIA ANA NOVILLO, FLORENCIO DAMIAN RUBIO y OMAR ESTEBAN URIA.- Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal son:

I.- ¿Es procedente el Recurso de Inconstitucionalidad planteado? II.- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? III.- ¿Cuál sobre costas? A LA PRIMERA CUESTION, el DR. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, dijo: 1) Que a fs. sub. 91/98 se presentan los abogados apoderados de la parte demandada y fundan Recurso Extraordinario Local, concedido por el Superior Tribunal a fs. sub 88/vta. e interpuesto contra la Sentencia Nº 20/11, dictada por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral, de la Tercera Circunscripción Judicial, la cual hace lugar a los agravios deducidos en la apelación y fija sus honorarios en forma conjunta, en el 11 % del monto del proceso con más el 35% en los términos del art. 8° de la Ley de Honorarios, por la labor en el ejercicio de la procuración.

Manifiestan que la Excma. Cámara mantiene la arbitrariedad del fallo de primera instancia, que les reguló en su oportunidad el 8% en concepto de honorarios, toda vez que reconoce un honorario que sigue siendo inferior a los que les corresponde legalmente, inclusive inferior al porcentaje que se le estableció al apoderado de la parte actora, parcialmente derrotado, sin considerar que representan a la única parte totalmente vencedora en la litis.

Sostienen que tal decisión de la Cámara constituye una clara lesión a los derechos constitucionales, establecidos en los arts. 16,17 y 18 de la Constitución Nacional, incurriendo en una violación al principio de congruencia, autocontradicción y arbitrariedad que encuentra su fundamento en el armónico juego de los arts. 17 y 18 del CN y arts. 35 y 43 de la Constitución Provincial.

Agregan que la incuestionable arbitrariedad se centra en que tanto la sentencia de primera instancia como el decisorio de la cámara, establecen retribuciones cuyo quantum es violatorio del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 6° de la ley de Honorarios de la Provincia de San Luis, en cuanto que a la parte actora, vencida parcialmente, se le reguló un porcentaje mayor -14%-, mientras que a esta parte vencedora en la litis, se les reconoce un 11% del monto del proceso.

Que corrido el respectivo traslado de la expresión de agravios a la contraria -fs. sub 116-, ésta no contesta, dándoseles por perdido el derecho no ejercido de contestar, a fs. sub. 118.

2)Que a fs. sub. 119 y vta., obra dictamen del Sr. Procurador General, quien se pronuncia por la procedencia del Recurso Extraordinario Local.

3)Coincido con el dictamen del Sr. Procurador General sobre Ia procedencia sustancial del recurso por arbitrariedad de sentencia.

Pero tal arbitrariedad y por ende Ia descalificación de Ia sentencia de Cámara como acto judicial válido es solamente parcial.

En efecto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y concedido por este Tribunal y que ahora debe admitirse en su aspecto sustancial, se refiere únicamente a los puntos II y III de Ia sentencia de Cámara (cuya copia obra a fs. sub. 32/sub. 37 vta.) que se vinculan con los honorarios de los Dres. José Arnaldo Mirábile (hoy sus sucesores) y Adriana Marcela Fernández.

No existe duda de que la demanda fue rechazada en relación a los codemandados Bongiovani de Lastra, Paulina América y Esso Servicentro Don Faustino (ver aclaratoria de fs. sub. 20/ y 20 vta.) y sentencia de Cámara que confirma tal decisión.

De manera que los profesionales recurrentes resultaron vencedores en el proceso que, contra sus mandantes, interpusiera el actor Sr. Francisco Solano Becerra.

Ello avala sus reclamos ante esta instancia, debiendo destacarse que tanto la Sra. Juez de Primera Instancia como la Cámara, dejaron de lado la aplicación del art. 10 de la ley de Arancel, que prevé los supuestos de litisconsorcios activos o pasivos (en el caso pasivos).

Pero sin perjuicio de ello corresponde, por tanto, acoger los agravios y fijar los honorarios de los Dres. José Arnaldo Mirábile y Adriana Marcela Fernández, por sus tareas como letrados en primera instancia y en conjunto en el 14 % (catorce por ciento) del monto del proceso, con más el 35 % (treinta y cinco por ciento) en su carácter de apoderados.

Ello no sólo por haber resultado vencedores en Ia acción interpuesta contra sus mandantes, las normas arancelarias aplicables (art. 6°), sino también porque a esos porcentajes limitaron expresamente sus agravios (fs. sub 91 punto II, último párrafo).

4)Las costas de las actuaciones tanto en segunda como ante esta instancia, se imponen al actor perdidoso (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

5)De tal forma, queda modificada Ia sentencia de Cámara conforme el Código Procesal faculta a este Tribunal (arts. 163, 164, 279, 280, 827 y concordantes del Código Procesal).

Asimismo, la Corte ha sostenido: "Si bien las cuestiones relacionadas a los honorarios regulados en las instancias ordinarias son, por su naturaleza, ajenas a la apelación extraordinaria, y la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación especialmente restringida a su respecto, procede hacer excepción a dicha regla cuando se ha omitido la indispensable fundamentación ajustada a las circunstancias de la causa, o cuando la solución provista no permite referir concretamente la regulación al respectivo arancel, pues de otro modo el pronunciamiento se torna descalificable como un acto jurisdiccional válido". (Fallo: 330: 1722).

6) De acuerdo a lo expuesto y por razones de economía y celeridad procesal, el Superior Tribunal -aplicando analógicamente el art. 16 de la Ley Nº 48- debe pronunciarse directamente sobre la cuestión recurrida, sin necesidad de mandar a dictar un nuevo pronunciamiento.

"Se ha sostenido que esta solución tiende también a la paz social, pues tanto las partes como los abogados de las mismas lo que pretenden es que las causas tengan una terminación definitiva en el menor tiempo posible, y si se da en la realidad tal celeridad, habremos logrado la tranquilidad espiritual de conseguir nuestro objetivo; esa paz social significa para las partes esencialmente haber conseguido que la justicia determine en forma fehaciente el derecho que entienden les corresponde y que quede conclusa la indeterminación o indefinición y el estado de angustia e intranquilidad que la misma le inflinge, que fue la causa de haber acudido al Tribunal para dirimir sus diferencias" (Cfr. www.Jusbuenosaires.gov.ar/juba sumario B2351274, 20-02-08; citado en STJSL Nº 30/08 "Ricart, Gabriela Alejandra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ Cobro de Pesos - Recurso de Queja", 7-08-08).

Que por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, a esta PRIMERA CUESTION VOTO por la AFIRMATIVA.

Los Señores Ministros Dres. LILIA ANA NOVILLO, FLORENCIO DAMIAN RUBIO y OMAR ESTEBAN URIA comparten lo expresado por el Sr. Ministro HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.- A LA SEGUNDA CUESTION el DR. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, dijo: Atento como se ha votado la cuestión anterior, corresponde dictar sentencia haciendo lugar, parcialmente, al recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad deducido y REVOCAR los puntos II y III de Ia sentencia Nº 20/11 dictada por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral, de la Tercera Circunscripción Judicial, fijando los honorarios de los DRES. JOSÉ ARNALDO MIRÁBILE Y ADRIANA MARCELA FERNÁNDEZ, por sus tareas como letrados de primera instancia y en conjunto en el 14 % (catorce por ciento) del monto del proceso, con más el 35 % (treinta y cinco por ciento) en su carácter de apoderados. ASÍ LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. LILIA ANA NOVILLO, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, y OMAR ESTEBAN URIA comparten lo expresado por el Sr. Ministro HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.- A LA TERCERA CUESTIÓN el DR. HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, dijo: Las costas de las actuaciones tanto en segunda como ante esta instancia, se imponen al actor perdidoso (arts. 68 y 69 del Código Procesal). ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. LILIA ANA NOVILLO, FLORENCIO DAMIAN RUBIO y OMAR ESTEBAN URIA comparten lo expresado por el Sr. Ministro HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTION.- Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Sres. Ministros la Sentencia que va a continuación.- San Luis, febrero seis de dos mil catorce.- Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido, SE RESUELVE: I). hacer lugar parcialmente al Recurso Extraordinario Local interpuesto contra la sentencia Nº 20/11, dictada por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral, de la Tercera Circunscripción Judicial y REVOCAR los puntos II y III de Ia sentencia Nº 20/11 dictada por la Excma. Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral, de la Tercera Circunscripción Judicial, fijando los honorarios de los DRES. JOSÉ ARNALDO MIRÁBILE Y ADRIANA MARCELA FERNÁNDEZ, por sus tareas como letrados de primera instancia y en conjunto en el 14 % (catorce por ciento) del monto del proceso, con más el 35 % (treinta y cinco por ciento) en su carácter de apoderados.

II) Costas de ésta Instancia y de segunda, al actor perdidoso.

REGISTRESE y NOTIFIQUESE.- La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Dres. OMAR ESTEBAN URIA, HORACIO G. ZAVALA RODRIGUEZ, LILIA ANA NOVILLO y FLORENCIO DAMIAN RUBIO, en el sistema de Gestión Informático del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, no siendo necesaria la firma ológrafa, conforme lo dispuesto por Acuerdo Nº 354/2013 y Resolución Nº 129/13.-