Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de mayo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "Banco Bansud S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expediente Nº RDC-1111/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. El día 5 de marzo de 2003, funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial inspeccionaron uno de los establecimientos de la actora, situado en la Avda. Rivadavia 5273 de esta ciudad. En esa oportunidad, pudieron constatar que en dicho local no se exhibía al público la tasa de financiación aplicada al sistema de t arjetas de crédito. Como consecuencia de ello, se labró el acta nº 169, en la que se dejó constancia de una supuesta infracción al art. 4º de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor. 2. A fs. 3/4 obra el descargo presentado por la imputada, quien -luego de reconocer la falta aludida- señaló que ello se había debido a la permanente mutación y/o cambio de la tasa reflejada por la "nueva realidad económica" y a la necesidad de evitar la desactualización de la información al respecto. 3. Con posterioridad y luego del dictamen favorable emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos a fs. 14, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la disposición nº 2851/DGDyPC/03, impuso al Banco Bansud S.A. una multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), al considerarla responsable de infringir lo establecido en el citado art. 4º de la ley de Defensa del Consumidor. Para así decidir, la autoridad de aplicación consideró que la constatada falta de exhibición al público de la tasa de financiación a plicada por la entidad bancaria al sistema de tarjetas de crédito configuraba una violación al deber de información consagrado en el art. 4º de la ley 24.240. Ello así, por cuanto -según la administración- los argumentos expuestos en el descargo no alcanzaban a desvirtuar la imputación realizada en su contra. 4. Contra la disposición mencionada, Banco Bansud S.A. interpuso el recurso de apelación obrante a fs. 21/27, que fuera concedido a fs. 32/3. Los agravios de la recurrente pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) que la disposición recurrida omitió analizar -siquiera mínimamente- los argumentos expuestos en el descargo; b) que el acto en crisis se funda en premisas contradictorias, puesto que, si bien por una parte alude a la infracción imputada como de aquellas de tipo culposa (cons. 4º), en el considerando siguiente cita un precedente judicial que las caracteriza como formales; c) que, asimismo, en el cons. 12 se hace referencia un acta de infracción (nº 177) que no es la que diera origen a las p resentes actuaciones (nº 169); d) que la falta de exhibición de las tasas de financiación se debió a la situación de emergencia económica imperante y a la permanente mutación que aquellas sufrían; e) que la publicación de las tasas en esas circunstancias hubiera atentado contra los principios de certeza y veracidad que también deben regir el suministro de información en los términos del art. 4º de la ley 24.240. Por último y en subsidio, solicitó que se reduzca la sanción impuesta al mínimo legal; ello, por cuanto consideró que el monto resultaba desproporcionado. 5. Por su parte, a fs. 46/49, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó los agravios expuestos por la sancionada y, por los argumentos allí expuestos -a los que cabe hacer remisión por razones de brevedad-, solicitó el rechazo del recurso interpuesto. Y CONSIDERANDO: 6. Llegado el momento de pronunciarme, deviene oportuno señalar las normas que resultan de aplicación al caso debatido en autos. El artículo 3 de la ley 24.240 establece que "[l ]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor". A su vez el artículo 16 de la ley 25.065, en lo que aquí respecta, dispone "[l]a entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito". La ley de defensa del Consumidor (24.240) establece respecto del deber de información que "[q]uienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos" (art. 4). Por su parte el artículo 42 de la Constitución Nacional agrega que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derech o [...] a una información adecuada y veraz" y la Constitución de la Ciudad señala que se garantiza el acceso a la información transparente y adecuada (art. 46). De esta forma se consagra el derecho subjetivo del consumidor o usuario a ser debidamente informado sobre la naturaleza y demás características de los bienes y servicios que adquiere. Esto constituye un derecho esencial, ya que los consumidores en su mayoría carecen de los conocimientos necesarios para poder juzgar por adelantado sus características intrínsecas, sus cualidades o defectos, conocer los riesgos de uso o consumo y las medidas a adoptar para evitarlos (Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y del usuario, Buenos Aires, Astrea, 1995, p. 105). El fundamento del artículo 4º de ley 24.240 se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales carece legítimamente y sin los cuales resulta imposible realizar una elección racional y fundada respecto del bien o servicio con relación al cual se pretende contratar (Cám. C ont. Adm. Fed., Sala II, Diners Club Arg. SACyT c/ Sec. Com. e Inv, 4/11/97). 7. Por razones de orden y mérito, corresponde expedirse en primer término con relación a las argumentaciones que apuntan a cuestionar la validez del acto apelado. Ello así, puesto que la solución que se dé al respecto condicionará el tratamiento de los restantes agravios. En relación con ello, cabe recordar que la ley impone ciertos requisitos a la resolución sancionatoria aquí impugnada para ser válida. Entre los requisitos que el artículo 7º de la LPA enumera, se encuentra la causa. La norma citada establece, en su parte pertinente, que "son requisitos esenciales del administrativo: (...) b) Causa: deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable...". La causa es entendida, entonces, como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. En consecuencia, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, entonc es el acto se encuentra viciado y corresponde en consecuencia su declaración de nulidad. Por otro lado, cabe señalar que al igual que todo acto administrativo, debe cumplir con el requisito de motivación. La exigencia de ese recaudo es la contracara de la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales. De su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto. "La motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto" (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, p. 139). Ahora bien, de la lectura de los considerandos que componen la disposición recurrida surge que en ella se han valorado los hechos, la prueba ofrecida y el derecho aplicable. En efecto, el acto cuestionado enmarcó normati vamente la conducta analizada, hizo mención de las distintas constancias de la causa y analizó los parámetros establecidos por la ley a los fines de graduación de la multa, para concluir en la fijación de una sanción pecuniaria a cargo de la encartada. En esa dirección y en primer término, cabe poner de resalto que, si bien el acto que dispuso la sanción mencionó un número de acta (Nº 177; ver fs. 17, 2º párrafo) que no se corresponde con el que dio origen a las presentes actuaciones (Nº 169, fs. 2), ello no puede haberse debido sino a un mero error material que, por sí solo, no puede derivar en el dictado del gravoso decreto que solicita la recurrente. Más aún cuando el contenido del acta aludida en la disposición Nº 2851-DGDyPC-2003 es un fiel reflejo de lo plasmado en la que lleva el Nº 169. Por lo demás, la alegada contradicción en que se habría incurrido al dictar el acto en crisis no puede considerarse como tal. Es que, en el caso, la supuesta incongruencia se funda en la transcripción de fallos que no resultan decisivos a efectos de determinar la conducta del banco y fundar la infracción que originara la multa. Al respecto, no se advierte qué perjuicio le habría generado a la sancionada una supuesta errónea referencia a dos decisiones judiciales cuando el fundamento del acto recurrido no estriba en ellas sino en la constatación de la que da cuenta el acta de fs. 2. En suma, por todo ello, dado que la nulidad solicitada por Banco Bansud S.A. con tales endebles argumentos parece más dirigida a expresar su disconformidad con el resultado de la actuación del órgano administrativo que a enmendar las eventuales deficiencias que contuviere la decisión, entiendo pertinente rechazar ese planteo. 8. Cabe agregar, respecto de la apreciación realizada por la actora en el sentido de que existiría una contradicción en caracterizar a la infracción de marras, primero como culposa y luego como formal, que tal contradicción no existe. De acuerdo a la doctrina abundante y reiterativa de la Corte Suprema de Justicia, en nuest ro sistema jurídico no hay pena son culpa. (Fallo 322:519). Esto quiere decir que una infracción para ser tal debe ser imputada o bien a título de dolo, o bien a título de culpa (negligencia, impericia, inobservancia de reglamentos, etc), caso contrario, habría que concluir que no hay infracción (Gurkinkel de Wendy, L. - Russo, Eduardo A., Ilícitos Tributarios en las leyes 11.683 y 23.771, Buenos Aires, Depalma, 3ª ed.). La caracterización como "formal" de un ilícito alude no a la culpabilidad, sino a la prueba de la existencia del acto antijurídico. En efecto, en las infracciones "formales", la mera constatación de la conducta típica, obvia la prueba del elemento subjetivo que presume e invierte la carga de la prueba en contra del imputado que debería acreditar, en su caso, la falsedad de la prueba de cargo, la existencia de una excepción defensiva, fuerza mayor, caso fortuito, etc. 9. Sentado lo expuesto, corresponde analizar el resto de los agravios vertidos por el apelante. Resumidamente, el banco adujo, luego de señalar que la autoridad de aplicación había omitido considerar los argumentos expuestos en su descargo, que la falta de exhibición se había debido a la situación de emergencia económica imperante y a la permanente mutación que las tasas en cuestión sufrían. Además, señaló que la publicación de estas últimas bajo esas circunstancias hubiera atentado contra los principios de certeza y veracidad que también deben regir el suministro de información en los términos del art. 4º de la ley 24.240. Pues bien, expuestos en esos términos los argumentos vertidos por la recurrente, sólo cabe anticipar su rechazo. Es que, tal como bien se desprende del texto del recurso deducido, la apelante sólo intenta justificar la omisión en la que reconoce haber incurrido; ello, aún sin dejar de señalar que, al momento en que se labrara el acta de infracción (5/3/03, ver fs. 2), había transcurrido más de un año desde que diera inicio la denominada "emergencia económica" (diciembre de 2001 - enero de 2002). Por lo tanto, aún partiendo de la situación más favorable para la encartada, lo cierto es que la justificación ensayada no posee la entidad suficiente para desvirtuar la infracción imputada que se imputa. Por lo demás, si -como resulta más que probable- la entidad bancaria percibió, durante ese período, los montos devengados a raíz de la aplicación de las mencionadas tasas de interés, no llega a advertirse porqué razón se habría visto impedida -como contrapartida de ello- de suministrar a los consumidores información a ese respecto. Por otra parte, el invocado cambio continuo de las tasas y la consecuente afectación a los principios de veracidad y certeza que ello pudiese haber importado, no resiste el menor análisis. Es que, la -cuanto menos- curiosa solución que propone la recurrente implicaría tanto como convalidar el incumplimiento de un deber (suministro de información) en virtud de la mera posibilidad de afectar otro (exactitud y veracidad de la misma información). Obvio resulta destacar que los caracteres que debe reuni r la información a la que se refiere el art. 4º de la ley 24.240 (veracidad, detalle, eficacia y suficiencia) no toleran escisión alguna, de forma tal que la ausencia de cualquiera de ellos basta para reputar infringido el deber que consagra aquélla norma. Además, y este punto es el que sella la suerte del planteo, lo concreto es que la sancionada no brindó información alguna. Ni veraz, ni detallada, ni eficaz, ni suficiente. Ergo, es ocioso discutir sobre la hipotética afectación de cualquiera de tales características. Por todo lo expuesto, toda vez que el derecho que tienen los consumidores a conocer las tasas de interés no está condicionado a ninguna actividad suplementaria en cabeza de ellos, sino que deriva del correlativo deber de exhibición que impone la ley de tarjeta de crédito en su art. 16, entiendo que la omisión comprobada configura -como lo ha expuesto la administración- una violación al deber contenido en el art. 4º de la ley 24.240. 10. Sentado lo expuesto, corresponde abordar el agravio refer ido al monto de la multa impuesta. Como se señaló ut supra, solicita la recurrente se reduzca al mínimo legal dicho importe, al que considera desproporcionado. Con relación a este aspecto, cabe recordar que las pautas para su graduación se encuentran en la ley 757, cuyo art. 16 establece que "[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 15 se tendrá en cuenta: El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor. La posición en el mercado del infractor. La cuantía del beneficio obtenido. El grado de intencionalidad. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización. La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho" Por otro lado el artículo 47 de la ley 24.240 prevé en cuanto aquí interesa, que "Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de la siguientes sanciones: (...) b) multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500.000) hasta alcanzar el tri ple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción". Y a su vez, el art. 49 de la misma ley prescribe que "[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el art. 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho" (art. 49, primer párrafo). Teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas y cuál es la posición de la infractora en el mercado y la cantidad de consumidores que pudieron haber resultado afectados a partir de la omisión en la que aquélla incurriera, el monto de la multa -a criterio del suscripto- impugnada (pesos cincuenta mil -$ 50.000-) resulta algo elevado. Por ello y atento el monto confirmado en precedentes similares (esta Sala en autos Banco Bansud S.A . c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones, Expte. Nº RDC-874/0, 31/5/05), entiendo pertinente reducirlo a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000). 11. En cuanto a las costas, entiendo que deberán ser impuestas al recurrente por resultar sustancialmente vencido (art. 62 del CCAyT). Por las razones expuestas, voto por confirmar la resolución recurrida en cuanto impone una multa a Banco Bansud S.A., cuyo importe deberá ser reducido a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000). Con costas a la apelante vencida. El Dr. Eduardo Ángel Russo y la Dra. Nélida Mabel Daniele, por las consideraciones vertidas por el Dr. Centanaro precedentemente, adhieren a su voto. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE: Confirmar la resolución recurrida en cuanto impone una multa a Banco Bansud S.A., cuyo importe deberá ser reducido a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000). Con costas a la apelante vencida. Regístrese en el libro de r ecursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-