Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-14


En la ciudad de Trelew, a los 14 días de marzo del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"A., A. C. c/ S., V. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 21.804 -año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 202.

A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto a fs. 182 por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 176/179, por la cual se hace lugar a la demanda promovida por el Sr. A. C. A., y condenando al demandado, Sr. V. S., a pagar al actor dentro del plazo que fija, la suma de $ 19.046,75, en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario, haberes de integración, vacaciones no gozadas, indemnizaciones sustitutiva de preaviso, antigüedad, clientela (art.14 Ley 14.546), arts. 8 y 15 Ley 24.013, art. 2 Ley 25.323, art. 16 Ley 25.561, y art. 45 Ley 25.345; todo ello con más los intereses determinados, e impone las costas a la parte accionada vencida.

A fs. 186/187 y vta. se hallan agregados los informes que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y corrido el traslado pertinente, el mismo es contestado por la contraria mediante el escrito glosado a fs. 192/194.

A fs. 201 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

II.- Ingresando al relato vertido por el apelante, cabe señalar:

II.a.1) Que en primer lugar el mismo se agravia por la decisión judicial, a la que tilda de equivocada y contraria a derecho, cuando aquella califica de ambigua o reticente la contestación de la demanda en los términos del artículo 356, inc. 1 del CPCC.

Sostiene lo opuesto, al afirmar que la contestación se expresó en un solo sentido negando la existencia de la relación laboral y todas las modalidades derivadas de la misma, ya que no se puede pretender que la parte demandada deba brindar detalles de los desconocido.

Expresa que no es cierto que se omitió proporcionar la versión de los hechos, por cuanto se dio la versión que se conocía, es decir que el actor trabajaba para la competencia, hecho probado conforme la contestación del oficio de fs. 153, corroborado, según dice, por el testigo V. propuesto por el propio demandante.

II.a.2) Se agravia luego, por la porción del fallo que afirma que el trabajo dependiente no participa de las características de exclusividad, salvo pacto expreso entre las partes, aseverando que si bien ello es cierto ". la situación particular si debe contemplarse, a pesar de no haberse pactado expresamente, dado que se acreditó que ambos empleadores (son competencia directa), sumados al hecho afirmado por el propio actor, mas los testigos y probado por la contestación del oficio de fs. 153, se reitera"(sic).

II.a.3) Impugna a renglón seguido la decisión judicial que en la prueba documental tiene por reconocido el intercambio telegráfico, "cuya recepción no fuera expresamente desconocida.".

Dice que en la contestación de demanda se reconoció únicamente el telegrama que identifica, desconociéndose la prueba y validez de la otra prueba documental.

Asegura que el actor no produjo prueba informativa alguna, pese a haber pedido la reserva para el caso de negativa o desconocimiento, teniendo el fallo en crisis por válido el intercambio telegráfico sin un solo informe del Correo Argentino.

II.a.4) A continuación postula su queja, cuestionando la omisión en que incurre la sentencia de pronunciarse sobre la prueba pericial contable, donde se informa que el promedio de la remuneraciones de los empleados es de $ 342,27, como también que el comercio no abona comisión sobre ventas y que no se observan multas a la demandada por parte de la AFIP.

Por tal razón se agravia, teniendo en cuenta que el decisorio atacado practicó una liquidación conforme la presentación que hiciera el actor, sin que éste haya acreditado ninguna prueba del hecho de haber percibido las sumas pretensas.

Solicita que se practique nueva liquidación, conforme las pruebas de la causa,y afirmando seguidamente que tampoco se probó que la parte actora haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 23.345, debido a que no se produjo la prueba informativa a la AFIP, no existiendo en el expediente constancia alguna de ello.

Sostiene que en virtud de la expuesto, para el caso de confirmarse el fallo, la indemnización total a abonar es de $ 3.533,65, conforme a la liquidación que formula en su expresión de agravios, solicitando adecuar la indemnización de manera justa, de acuerdo a la prueba de autos.

Peticiona la revocación del fallo recurrido.

II.b) Como ya lo indicara en el Punto I.- precedente, la parte actora contestó el traslado de la expresión de agravios que le fuera conferido.

Comienza efectuando un resumen en cuanto a la queja referida al reconocimiento judicial de la prueba referida al intercambio de telegramas.

Transcribe a renglón seguido la respuesta que cursara la demandada al telegrama del actor, reconociendo el telegrama N° 000501355, y desconociendo la autenticidad, validez de la prueba documental acompañada.

Con apoyo en el artículo 356, inc.1, asevera que la accionada omitió negar expresa y categóricamente haber recepcionado los telegramas Ley 23.789 remitidos por el actor, y tal omisión fue la que tuvo en cuenta la jueza de grado para tener por recepcionadas las pieza postales que ahora, tardíamente, impugna el apelante. Cita jurisprudencia de esta Cámara, Sala "A", que doy por reproducida.

Hace referencia finalmente al agravio postulado por el recurrente y vinculando a la falta de tratamiento en que incurre el pronunciamiento impugnado en lo atinente a la prueba pericial contable rendida, en la que se consigna el sueldo de los empleados.

En este sentido expresa que olvida el agraviado que de dicho informe surge que el actor jamás fue inscripto ni registrado por el demandado como empleado dependiente, circunstancia que hizo nacer la presunción prevista por los artículos 55 (sic) de la LCT y 42 de la Ley 69.

Solicita se confirme el fallo apelado, con intereses y costas.

III.- Introduciéndome al abordaje de los agravios volcados por la quejosa, en aquello que resulte pertinente seguiré el orden de tratamiento ya perfilado en el Punto II.a) precedente.

III.a.1) En este sentido considero adecuado analizar conjuntamente las cuestiones descriptas como II.a) y II.b) del mencionado Punto II.

En tal contexto, tengo para mí que el apelante no ha ensayado correctamente su embestida recursiva contra el pensamiento dirimente en que se centra la presente cuestión.

Desde este posicionamiento, he de compartir los fundamentos sostenidos por la Sra. Juez anterior, cuando calificó de reticentes y ambiguas las manifestaciones vertidas por la demandada en su escrito de responde, apoyando su decisorio en este aspecto en las premisas contenidas en el artículo 356, inc.1°, del CPCC (v. fs. 177 vta.).

Así, de la lectura de la contestación de demanda, en el Punto 5.-, al relatar los hechos, luego de negar que el actor se haya desempeñado como vendedor número siete, e informar que las personas que realizan las visitas a los comercios minoristas tienen un sueldo muy inferior al que denuncia el actor, el demandado expresa textualmente: ".

Pero existe un dato, que si bien no implica la imposibilidad que el actor haya cumplido tareas bajo mis órdenes, pero si la procedencia o coexistencia de la relación laboral que reclama" (el subrayado me pertenece), para afirmar luego que el demandante trabajaba para el comercio de su competencia.

A todas luces resulta evidente la ambigüedad y reticencia de los hechos que intenta exponer, ya que de la exégesis de su lectura y a la luz de las negativas que sostiene, no se infiere si lo que quiere decir debe tomarse como un reconocimiento o una negativa, ambos desdibujados, de la relación laboral pretensa, y que por lo tanto, no dan pie al juzgador para establecer cual ha sido al respecto la contestación categórica del demandado, en las pautas fijadas por el aludido artículo 356 de la ley procesal.

Pero ha de entenderse como esencial, que con respecto al modo de contestar la demanda y la versión de los hechos, el apelante no atacó el razonamiento dirimente del fallo en cuanto a que con la prueba testimonial se acreditó la relación de dependencia.

Por otro lado resulta totalmente inoportuno el planteo que formula con relación a la aducida circunstancia que el actor trabajaba para la competencia, ya que dicha cuestión debió haberla esgrimido durante la vigencia del vínculo laboral y no luego de su extinción, tal cual con todo acierto lo señala la Sra. Juez de grado a fs. 178, in fine, y 179, del pronunciamiento apelado.

Igual comentario, en cuanto a la falta de claridad y argumentos válidos que lo apuntalen, ha de merecer el agravio referente a la afirmación sentencial que sostiene que el trabajo dependiente no participa de las características de la exclusividad, y que se explicitara en el Punto II.a.2) de la relación de causa precedente.

Ante este panorama de orfandad de fundamentos fácticos y jurídicos que pudieran vertebrar, aunque fuere mínimamente, desarticulando en lo pertinente lo que constituyera el eje central del pensamiento de la juzgadora con relación a esta cuestión, ha de concluirse que la queja formulada por el apelante sobre estos temas aquí tratados, resulta inatendible, configurando una mera discrepancia con los fundamentos del fallo en crisis, pero no una crítica razonada y concreta que prevé el artículo 265 del ritual, y que habiliten su procedencia.

Y en este sentido, ya he tenido oportunidad de expedirme en otros pronunciamientos judiciales de esta misma sala, que no puede ser considerado verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador formulando meras apreciaciones personales, pero sin rebatir punto por punto los errores u omisiones en que podría haber incurrido el sentenciante en la apreciación de los elementos probatorios o en la aplicación de la ley, que autoriza a decretar la deserción del recurso sin otras consideraciones (conf., De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed.

Universidad, año 1999, T. I, pág. 335 y sgts.; entre otras, S.D.C. N° 05/07, CANE, Sala "B").

En consecuencia corresponde declarar la deserción de esta porción de la queja, por insuficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del CPCC).

III.a.2) En cuanto al agravio vinculado a la decisión de fallo que dentro del marco de la prueba documental tiene por reconocido el intercambio telegráfico, y expresando que el actor no probó mediante la prueba informativa pertinente la autenticidad de los restantes telegramas, cabe recordar que tales argumentos ya fueron vertidos en el respectivo escrito de alegatos de fs. 171/171 y vta.

En tal dirección, a mi entender ha resultado acertada la decisión adoptada por la sentenciante al resolver esta cuestión, cuando señala que el demandado no desconoció que dichos documentos emanaran de sí, hayan sido recibidos, ni planteó cuestión alguna atinente a su eventual adulteración.

Y ello así, por cuanto dentro de las pautas directrices fijadas por el artículo 356 del código adjetivo, es del todo cierto que las negativas genéricas no cumplen con la carga que dicha norma impone, y así acreditada doctrina ha expresado que en cuanto a las copias de cartas y telegramas dirigidos al demandado, éste deberá pronunciarse sobre su recepción (el subrayado me pertenece).

La sanción para el supuesto de que no haya una respuesta categórica acerca de los documentos es más grave que la referente a los hechos: el juez deberá tenerlos por reconocidos o recibidos (conf., Arazi- Rojas, "Código Procesal Comentado", Ed. Rubinzal- Culzoni, año 2001, T. II, p. 223 y sgts.).

No habiéndose producido en la causa la demostración del cumplimiento de los requisitos procesales precedentemente apuntados, corresponde desestimar esta porción de la queja.

III.a.3) Como se viene de decir más arriba, (Punto II.a.4), el recurrente sostiene que el fallo en crisis no tuvo en cuenta la prueba pericial a los efectos de determinar el salario a tomar como base para fijar el monto indemnizatorio, que el experto determinó en $ 342,27, tomando como válida la liquidación practicada por el actor, solicitando que para el supuesto de confirmarse la sentencia, se ajuste la indemnización de manera justa, conforme la prueba de autos.

En este sentido, es dable apuntar que el artículo 56 del L.C.T., faculta a los jueces a fijar los montos de las remuneraciones en los casos en que aquellos fueran controvertidos, lo que deberán hacerlo por decisión fundada y teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Para ello también es necesario que el magistrado interviniente realice un control de "razonabilidad" entre el monto pretendido por el actor, las características del caso y las retribuciones habituales en la actividad (conf. "Ley de Contrato de Trabajo Concordada y Comentada", Ed. La Ley, año 1996, p. 130).

Debe ponderarse que los jueces podrán estimar el monto de los salarios a partir de los elementos probatorios y de las circunstancias de cada caso, cuando la prueba rendida fuere insuficiente (conf. Ackerman- Tosca, "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Rubinzal- Culzoni, año 2005, T. II, p. 320).

Sentado esto, y si bien es verdad que el informe pericial de fs. 160/162 vta. al contestar el primer punto propuesto por la demandada, para que indicara cual es el sueldo promedio de los dependientes de comercio, y el experto señala que es de $ 342,27, también es cierto que tal informe no especifica a que tipo de dependientes se refiere, y que de acuerdo a la actividad que desarrollan pueden hallarse encuadrados en diferentes categorías, como por ejemplo pueden serlo en el caso de marras el de "viajante de comercio" invocado por el actor.

Así también, con respecto al tema referido a que no abonaba comisiones, es dable señalar que no fue propuesto al juez de primera instancia, por lo que, en razón de las pautas postuladas por el artículo 277 del CPCC, vedado queda a la Alzada abordar su tratamiento.

Asimismo es de advertir la conducta contradictoria en la que incurre la quejosa cuando por un lado niega la relación laboral invocada por el demandante, y ahora pretende una remuneración menor.

Desde este punto de vista, entonces, ha de convenirse que la pretensión salarial introducida por el actor como base de su reclamo indemnizatorio, no resulta irrazonable ni alejada de los parámetros remuneratorios normales.

Por otro lado, si la parte demandada hubiera cumplido con la carga impuesta en la providencia de fs. 36/37, en la que se lo intimara a exhibir el Libro Especial del artículo 52 de L.C.T., tal circunstancia hubiera podido dilucidarse de otra manera.

Al no hacerlo, ni haber producido prueba a favor de sus argumentos y que desvirtuara la de la contraria, deberá, por tanto asumir las consecuencias que se derivan de las presunciones que emanan de los artículos 55 y 56 de la Ley 20.744, como asimismo los dispone la manda contenida en el artículo 44 de la Ley 69, y que a mi leal saber y entender es la solución adecuada con que la Sra. Juez de grado ha encarrilado el resultado del fallo atacado.

Por los fundamentos expuestos, ha de desestimarse este tramo del recurso.

III.b) Resulta pertinente considerar el agravio volcado por la demandada, referido a la falta de probanzas arrimadas por el actor en las que haya demostrado el cumplimiento de las previsiones del artículo 47 de la Ley 25.345 con relación a la prueba informativa a la AFIP.

Cabe señalar que en su contestación de agravios de fs. 192/194, el demandante nada dijo al respecto.

Desde este ángulo de enfoque las normas procesales, dentro del marco del artículo 356, inc. 1º, del código de rito, ha de entenderse la diferencia habida con respecto a telegramas o documentación intercambiadas "entre las partes" del proceso, de los dirigidos a una tercera persona.

Y es precisamente en este último caso, el de la correspondencia del accionante dirigida a terceros, que cuando la misma es desconocida en su autenticidad por la demandada, le corresponde al actor producir la respectiva prueba pertinente desus aserciones.

Y ha de concluirse que en el supuesto bajo examen tal prueba no ha tenido lugar, pues negada la documental por la parte demandada (fs. 32, Punto 3), le correspondía al demandante acercar la prueba informativa al Correo Argentino, oportunamente ofrecida en su escrito promocional (Punto VI, fs. 15).

Ello amerita a tener por no demostrado en la causa la invocada remisión de correspondencia a la AFIP, y que sirviera de base para que la sentenciante procediera a aplicar, a favor del actor, la multa prevista en el artículo 47 de la Ley 23.345, conforme las pautas contenidas en el artículo 8 de la Ley 24.013.

En cambio, difiere la situación que contempla el artículo 15 de la Ley de Empleo, en lo que hace a la duplicación que contiene, ya que no exige como requisito el cursar a la AFIP copia de lo requerido.

Asimismo, ha de puntualizarse que resultan inatendibles las quejas del apelante cuando hace una referencia genérica a los otros rubros, tildándolos de no probados o de falta de cumplimiento de recaudos legales, sin incursionar en una crítica razonada y concreta del fallo sobre estos temas, que admita su tratamiento en esta Alzada.

Por tales motivos, pues, corresponde detraer del monto de condena la cifra de $ 4.350,00 que en concepto de indemnización (art. 8 Ley 24.013) hiciera lugar el fallo en crisis.

III.c) En virtud de las razones de hecho y de derecho precedentemente explicitadas, he de proponer al Acuerdo la revocación parcial del fallo apelado, reduciendo el monto de condena a la suma total de $ 14.696,25, con más los intereses determinados.

En atención a la forma en que se resuelve el punto precedente, la revocación parcial que se propone, y por imperio de los lineamientos fijados por el artículo 279 del CPCC, corresponde adecuar la imposición de costas dispuestas en primera instancia, y en virtud de las pautas dadas por el artículo 59 de la Ley 69.

Por tal circunstancia, y por aplicación del artículo 71 del CPCC, atendiendo a las pretensiones que prosperan y la que es rechazada, considero conveniente imponer las costas de la instancia precedente en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo del actor.

En consonancia con lo antedicho, y tomando en cuenta la calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido, se han de regular los honorarios de los profesionales participantes por los trabajos desarrollados, fijándolos en un 12% para el Dr. J. A. G. R. I., patrocinante del demandado, y en 17,55% al Dr. F. A. A., apoderado del actor, y sin modificar el correspondiente al perito contador R. O. C., por su informe de fs. 160/162.

Todos los porcentuales serán tomados del monto del proceso que surja al practicarse la liquidación correspondiente en la etapa de ejecución de sentencia, conforme las pautas de los artículos 6, 7, 9, 19, 47 y 61 de la ley arancelaria, con más el IVA pertinente.

En tal entendimiento, las costas de Alzada han de imponerse en la misma proporción en que fueran fijadas para la instancia anterior, al prosperar parcialmente uno de los agravios y desestimarse los restantes, regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes por sus trabajos en esta segunda instancia y conforme las pautas valorativas establecidas por los artículos 6, 7 y 14 de la ley arancelaria, fijándolos para el Dr. J. A.G.R. I., patrocinante del demandado, en el 3,12%; y los del Dr. F. A. A., apoderado del actor, en el 5,08%, tomando ambos porcentuales del monto de condena a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, a los que se añadirá el IVA pertinente.

Doy por concluida mi intervención, y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 182, que fuera concedido a fs. 183, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 176/179 que hizo lugar a la demanda instaurada por A. C. A. y condenó a V. S. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $19.046,75.-, con más sus intereses, en concepto de salarios adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, indemnizaciones por antigüedad con más la integración mes de despido, por clientela, y sustitutiva por falta de preaviso, indemnizaciones previstas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, art. 16 de la ley 25.561, y art. 45 de la ley 25.345, e incremento contemplado por el art. 2 de la ley 25.323, con imposición de costas al vencido.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 186/187 y vta., el traslado conferido a fs. 191 fue evacuado por su contraria a fs. 192/194, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en cada caso corresponda realizar.

2. Respecto de las manifestaciones vertidas por el recurrente en el sentido que la contestación de demanda no fue ambigua y versión que dio de los hechos, lo cierto es que tales expresiones no enervan la motivación básica de la sentencia al tenerse por acreditada la relación de dependencia, por lo que no hay agravio que atender.

Así, el juzgador de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.,) concluyó teniendo en cuenta los testimonios concordantes de B. (fs. 108), V. (fs. 109), S. (fs. 149) y R.(fs. 150) he de tener por acreditada la relación laboral invocada, máxime si se tiene en cuenta la vaguedad que campea en los dichos de F. (fs. 75) y P. (fs. 76), quienes no sólo declaran no recordar fechas, sino que dicen conocer al actor "de la calle".

El primero de ellos desconoce si el actor trabajó para el demandado (respuesta a la pregunta nro. 2 del pliego de fs. 74). Por su parte P., quien denuncia como fecha de su ingreso una cercana al intercambio telegráfico entre las partes, solo aclara que nunca lo vió.

En definitiva, y conforme las posturas asumidas por las partes, presunciones y declaraciones testimoniales analizadas, a la luz del principio de la sana crítica, corresponde tener por acreditada la relación laboral invocada, en tanto ha resultado acreditada la prestación de servicios personales del actor para una organización ajena, por lo que no habiéndose invocado y menos acreditado, que tal situación respondiera a una relación no laboral, corresponde colegir que fueron prestados en relación de dependencia, como lo invocara la actora.

Y en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Desde ya que la manifestación del apelante respecto de la declaración testimonial de V. contiene una ponderación fragmentada de la prueba testimonial, y ello no es modo idóneo de expresar agravios, ya que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96).

Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c.

11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).

La prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 357).

En lo que hace al invocado perjuicio económico y a que debe contemplarse la situación particular dado que se acreditó que ambos empleadores son competencia directa, ello incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C.

Es que, sin perjuicio de la invocada acreditación de la competencia directa existente entre los distribuidores, en todo caso el empleador debió hacer valer tal circunstancia cuando se encontraba vigente la relación laboral y no después de su extinción.

Por eso, bien señaló el sentenciante que: Corresponde finalmente y en orden a la única defensa intentada por el demandado -esto es el trabajo del demandante para quien califica de su competencia- aclarar que si así lo entendía debió actuar oportunamente en defensa de sus derechos. Pero, disuelta la relación laboral por despido indirecto causado, ningún efecto jurídico tiene el denunciado . (el subrayado me pertenece).

Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

En consecuencia, en esta porción de la queja el recurrente incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).

3. Tocante a la manifestación vertida respecto a que en la contestación de demanda se reconoció únicamente el telegrama laboral Nro. 000501355 y se desconoció la autenticidad y validez de la otra prueba documental, nuevamente el apelante no asume el fundamento que vertebró la decisión en crisis y que luce a fs. 177 vta. al señalar que el demandado incumplió con la carga impuesta por el art. 356 inc. 1° del C.P.C.C. al no desconocer que dichos documentos hayan sido recibidos.

Por eso, bien trajo a colación la Sra. juez de la anterior instancia la sentencia de esta Cámara, en su composición de sala única, c. 12.344, del 31/07/997, en autos caratulados "T., M. L. c/ H. S.A. s/ laboral", S.D.L. 73/1997, ya que la ley laboral requiere que en su contestación a la demanda se expida el demandado acerca de este último carácter respecto de los documentos que se le atribuyen, reconociéndolos o negándolos categóricamente, expresando, en fin, si emanan o no de él (del voto del Dr. Velázquez).

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

Pero aun obviando tal circunstancia procesal para ingresar al agravio, adelanto que no le asiste razón al quejoso.

En efecto, una atenta lectura de las negativas obrantes a fs. 32/vta. permite precisar que el demandado no dio cumplimiento a la carga impuesta por el art. 356 inc. 1° del C.P.C.C., ya que no negó la recepción de los telegramas que en copia certificada lucen a fs. 6 y 7 por los cuales el trabajador dio por finalizada la relación laboral e intimó a la entrega del certificado de trabajo.

Y esa normativa establece tres supuestos que deben ser objeto de reconocimiento o negativa por el demandado: a) "cada uno de los hechos expuestos en la demanda"; b) "la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen"; y c) "la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen".

Y con relación a este último supuesto, cuando las cartas o telegramas hayan sido remitidas a la persona demandada, para enervarlas, la negación tiene que ser expresa, pues la admisión hace que se las tenga por recibidas, independientemente de la prueba del contenido (conf. Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, par. 356.9.7., pág. 81).

En cuanto a las copias de cartas y telegramas dirigidas al demandado, éste deberá pronunciarse sobre su recepción.

La sanción para el supuesto de que no haya una respuesta categórica acerca de los documentos, es más grave que la referente a los hechos: el juez deberá tenerlos por recibidos (conf. Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, págs. 257/258).

Lo mismo ocurre respecto de la recepción de cartas y telegramas, ya que si se invocó al demandar la remisión a la accionada de algunos de esos documentos, la posición evasiva adoptada al contestar la acción -al no mediar reconocimiento expreso ni negativa categórica de la recepción de tales despachos- no puede revertirse en perjuicio de la contraria, con una evidente e inadmisible fractura del principio constitucional de igualdad, en su actuación del campo procesal.

En esas condiciones, debe admitirse la recepción de las cartas o telegramas referidos (SCBA, DJBA, v. 123, p. 453).

Por tales fundamentos se desestima el agravio.

4. Entiende el apelante que la sentencia omite pronunciarse sobre la prueba pericial contable de fs. 160/162 en la que se informa cual es el promedio de remuneración de los empleados, que el comercio no abona comisiones y que no se observan multas por la AFIP.

Al respecto, la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes.

Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1991, T. V-A, págs. 255/256, y cita de fallos).

Por lo demás, nuevamente el recurrente no se hace cargo del que fuera razonamiento dirimente, a saber: La falta de registros tornará aplicable la presunción prevista por los arts. 55 L.C.T. y 42 de la ley 69, no destruidas por prueba en contrario ...

Pero aun tomando los datos de la pericial contable, cabe precisar que la cuestión recién traída a esta Alzada respecto a la falta de pago de comisiones no fue sometida a la decisión del juez de primera instancia y ello veda su consideración.

Es que, la falta de alegación oportuna en la anterior instancia impide ingresar a ese aspecto de la queja como consecuencia del alcance previsto para la sentencia de segunda instancia en la última parte del art. 271 del C.P.C.C. (". en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.") y prohibición impuesta por el art. 277 del citado ordenamiento ("El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia.") (el subrayado me pertenece).

Por ello, en virtud de las limitaciones impuestas por los art. 271 y 277 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69, no puede el tribunal apartarse de las pretensiones y oposiciones y las cuestiones introducidas por las partes y sometidas a decisión del juez de la anterior instancia.

Por un lado se encuentra limitado, siguiendo la terminología del artículo 271 del Código Procesal, por las pretensiones y oposiciones y las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia; y por el otro, por lo que haya sido materia de agravios. Se tratan de limitaciones que se producen por la actitud de los propios litigantes.

Si el tribunal de alzada no respeta tales limitaciones y se pronuncia más allá de lo permitido, la sentencia respectiva resulta incongruente, y vulnera las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del derecho de propiedad (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 29, pág. 76).

En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Dicho de otro modo, se lo infringe cuando el fallo recae sobre puntos no sometidos al juez de primera instancia, planteados recién en la expresión de agravios (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", Librería Editora Platense S.R.L., 1993, págs. 176/177).

Respecto al alegado promedio de remuneraciones, corresponde señalar que la postura del demandado fue la de negar que el actor prestara servicios bajo relación de dependencia (acápite 3, fs. 32), por lo que la pretensión traída en sus agravios a fin que se tome una remuneración distinta importa adoptar una conducta contraria de la que anteriormente sostuviera esa parte.

En tal sentido, la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un venire contra factum proprium nemo potest que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Se trata de la doctrina de los actos propios que, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho.

Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).

Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Ed. Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).

Por lo demás, no cabe sin más considerar las conclusiones del perito a ese respecto ya que el monto de las remuneraciones del trabajador era cuestión debatida y cuya decisión es resorte exclusivo del órgano jurisdiccional y no de un informe pericial cumplido por un auxiliar de la justicia.

De lo contrario, y con apartamiento de la norma impuesta por el art. 477 del C.P.C.C., el dictamen pericial resultaría imperativo para el juzgador.

De aceptarse ello, la sentencia sería adelantada por quien no es más que un auxiliar judicial (conf. S.C.B.A., L.L. 90-535).

El perito no juzga, sino que suministra elementos de hecho y conceptos de valor que le sirven al juez para pronunciar su decisión, mas sin obligarlo (conf. Carnelutti, "La prueba civil", Arayú, 1955, p. 11, nota 138). La sujeción servil al dictamen haría del magistrado un autómata privado de su función de fallador y convertiría inaceptablemente al experto auxiliar en juez de la causa (conf. Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5a. ed., II-348, N° 260).

El perito en ningún caso sustituye al juez ni puede éste hacerle abandono de su tarea propia (conf. Gorphe, "De la apreciación de las pruebas", E.J.E.A., 1955, págs. 42/43, 75, 260/261).

Así, no resulta dirimente la pericia contable ya que la remuneración del actor fue tema sometido a la decisión judicial, y ante la falta de registro de ese trabajador (ver p. 2 del informe pericial, fs. 160 vta.) no sólo opera las presunciones previstas por los arts. 55 de la L.C.T. y 42 de la ley 69, sino también la contemplada por el art. 44 de ese ordenamiento laboral.

Y en tal sentido, la parte patronal demandada no aportó prueba en contraria alguna referida concretamente al salario del accionante.

Por ello, el monto de la remuneración denunciada como promedio de $600.- por mes, en función a las tareas desarrolladas y comisión alegada en demanda del 3,3% sobre el total facturado, resulta adecuado conforme a las circunstancias del caso y facultad contemplada por el art. 56 de la L.C.T.

Por otra parte, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.) no resulta relevante la pericial contable desde que la misma señala que para el período 01/03 al 05/04 la cantidad de personal osciló entre "4" y "6" empleados, sin indicar que tareas desempeñaban cada uno de ellos, máxime cuando la parte demandada al presentar el alegato de bien probado afirmó que sólo contaba con "dos (ú)nicos vendedores" (fs. 171 vta.).

Por tales fundamentos, se desestima el agravio.

5. Considera el demandado que no se probó que la parte actora haya cumplido con lo dispuesto en el art. 47 de la ley 25.345 ya que no produjo prueba informativa a la AFIP.

Sobre tal aspecto ninguna consideración efectuó el actor al contestar agravios.

Y conforme al art. 356 inc. 1° del C.P.C.C. cabe distinguir si los telegramas han sido remitidos al demandado o a una tercera persona, pues en este último caso el demandado no tiene la carga de reconocer o desconocer los documentos.

La carga impuesta por esa normativa lo es respecto de "la recepción de las cartas y documentos a él dirigidos cuyas copias se acompañen" (el subrayado me pertenece).

Por ello, el desconocimiento de la autenticidad de la prueba documental acompañada (p. 3, último párrafo de fs. 32) resulta suficiente con relación al telegrama que luce en copia a fs. 4 cursado a una tercera persona, en el caso a la A.F.I.P.

Y ante el desconocimiento de su autenticidad debió el actor producir la prueba informativa al Correo Argentino que ofreciera al acápite VI, parte final de fs. 15, y no a la AFIP como indica el quejoso, ya que el art. 11 inc. b) de la ley 24.013, modificado por el art. 47 de la ley 25.345, alude a la remisión de copia del requerimiento y no a que esa comunicación en definitiva llegue a ese destinatario.

De todos modos, el desconocimiento de la autenticidad de esa documental y la falta de cumplimiento de la prueba informativa al Correo Argentino impide tener por acreditado que el trabajador remitió a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho requerimiento.

Ello conduce a detraer del monto de condena el importe de $4.350.- ya que la indemnización contemplada por el art. 8 de la ley 24.013 requiere el efectivo cumplimiento del recaudo previsto por el art. 11 inc. b, mod. por el art. 47 de la ley 25.345.

No ocurre lo mismo en lo que hace a la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 15 de la L.E. pues para su procedencia el art. 11 no exige la remisión a la A.F.I.P. de copia del requerimiento ("Las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando el trabajador . cumplimente en forma fehaciente .") (el subrayado me pertenece).

Finalmente, la genérica y dogmática mención del apelante en cuanto a que los otros rubros "no se encuentran probados" o "se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley" (sic) no resulta crítica concreta y razonado del decisorio, por lo que no hay agravio que atender.- No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas, o las apreciaciones personales, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones (conf. Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit, T. III, págs. 354/355 y cita de fallos).

6. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para disminuir el capital de condena a la suma total de $14.696,25.- al detraer el rubro "Indemnización art. 8 Ley 24.013", con más los intereses establecidos en la anterior instancia.- La revocatoria parcial que se propicia lleva a adecuar las costas y el monto de los honorarios al presente pronunciamiento (art. 279 del C.P.C.C.).

Y el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/ Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. de R. c/ Chubut Construcciones y otro", S.D. 3/93).

Así, debe ponderarse el principio establecido por la ley de procedimiento laboral en función a las pretensiones deducidas en la presente causa y el éxito mayormente obtenido, pero también la circunstancia de haberse desestimado el reclamo referido a la indemnización prevista por el art. 8 de la ley 24.013.- En tales condiciones, atendiendo a las pautas reseñadas precedentemente, estimo prudente también propiciar al Acuerdo la imposición de las costas de primera instancia en un 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% a cargo de la parte actora, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia, como también los porcentajes previstos por la ley arancelaria y la circunstancia que el letrado del demandado actuó exclusivamente en carácter de patrocinante, entiendo prudente los emolumentos que se propicia fijar a favor de los Dres. J. A. G. R. I. y F. A. A., letrado patrocinante del demandado y letrado apoderado del actor, en las sumas porcentuales equivalentes al 12% y 17,55%, respectivamente, manteniéndose los honorarios del perito contador R. O. C., por sus tareas de fs. 160/162 y vta., en el 3%, en todos los casos del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 47, y 61 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.

Tocante a las costas de Alzada, el progreso parcial de uno de los agravios y el fracaso de los restantes lleva a proponer también que las costas se distribuyan en la misma medida que las impuestas para la primera instancia (art. 71 del C.P.C.C.).- Con las pautas ya señaladas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel entiendo prudente los emolumentos fijados a favor de los Dres. J. A. G. R. I. y F. A. A., por las tareas de Alzada, en las sumas equivalentes al 3,12 % y 5,08%, respectivamente, del aludido monto del juicio, con más el I.V.A. correspondiente.

Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:

1) REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para reducir el monto de condena a la suma total de $ 14.696,25, con más los intereses establecidos en la anterior instancia; 2) ADECUAR las costas de primera instancia, imponiéndolas en un 90% a cargo de la parte demandada y en 10% a cargo del actor;

3) REGULAR los honorarios de primera instancia del Dr. J. A. G. R. I. en el 12 %, y los del Dr. F. A. A., en el 17,55%, porcentuales que serán tomados del monto de condena que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, a los que se añadirá el IVA pertinente; 4) IMPONER las costas de Alzada en un 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% de la parte actora; 5) FIJAR los honorarios de segunda instancia del Dr. J. A. G. R. I., en el 3,12% y los del Dr. F. A. A. en el 5,08%, tomando ambos porcentuales del monto de condena a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el IVA correspondiente.

ASÍ LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. de la Fuente, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación. Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:- S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad deTrelew; RESUELVE:- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para reducir el monto de condena a la suma total de $ 14.696,25, con más los intereses establecidos en la anterior instancia;

ADECUAR las costas de primera instancia, imponiéndolas en un 90% a cargo de la parte demandada y en 10% a cargo del actor; - REGULAR los honorarios de primera instancia del Dr. J. A. G. R. I. en el 12 %, y los del Dr. F. A. A., en el 17,55%, porcentuales que serán tomados del monto de condena que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, a los que se añadirá el IVA pertinente;- IMPONER las costas de Alzada en un 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% de la parte actora;

FIJAR los honorarios de segunda instancia del Dr. J. A. G. R. I. en el 3,12% y los del Dr. F. A. A. en el 5,08%, tomando ambos porcentuales del monto de condena a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el IVA correspondiente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 11 DEL AÑO 2007 - SDL.- CONSTE.-