Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22


Por su importancia se transcriben los fundamentos de la sentencia anotada..... I) Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 78/79 por el Señor Agente Fiscal contra la resolución de fs. 43/49 vta. en cuanto declara la inconstitucionalidad del artículo 26, párrafo segundo, de la ley 24.767 y concede el beneficio de la excarcelación a Guillermo Jorge Gorostiza, bajo caución real. El Señor Juez de Grado decreta la inconstitucionalidad de la norma citada, haciendo suyos los fundamentos vertidos por la Sala I de este Tribunal en la causa n° 29.133 "Gómez, Manuel s/excarcelación", reg. 835, del 14/10/97. El nombrado es ciudadano argentino, requerido por la justicia de la República Oriental del Uruguay por encubrimiento del delito de organización y financiamiento de tráfico de estupefacientes, el cual encuentra adecuación típica en el derecho nacional en el artículo 25 de la ley 23.737 -que fija una pena de 2 a 10 años de prisión-. La ley que rige el presente es el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, el cual no posee disposiciones que instrumenten el instituto de la excarcelación, siendo que su artículo 2°, último párrafo, dispone la remisión a la legislación interna, que en el caso es la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal. Esta última establece en el ahora cuestionado artículo 26, que no son aplicables al trámite extraditorio, las normas referentes a la eximición de prisión o excarcelación, con excepción de los casos expresamente previstos por ella, siendo que el supuesto en análisis no se adecua a ninguna de las excepciones legales. II) Se agravia el apelante por considerar que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 26, párrafo segundo, de la ley 24.767, deviene improcedente e implica un acto de suma gravedad institucional. Supletoriamente, en caso de no prosperar dicho planteo, considera que la penalidad establecida para el delito en cuestión, conforme el artículo 25 de la ley 23.737, podría, a la luz del artículo 316 del C.P.P., "no llegar a dar lugar a una condena de ejecución condicional, atento al máximo importante del tipo penal" (fs. 78 vta.). III) Radicadas las actuaciones en esta Alzada, y en la oportunidad prevista por el artículo 454 del ordenamiento ritual, el Señor Fiscal de Cámara expresó agravios a fs. 108/110 vta., haciendo suyos los fundamentos del Agente Fiscal y agregando a ello que el cuestionado artículo 26 de la ley 24.767, no vulnera los principios constitucionales de "inocencia" e "igualdad", máxime si se tiene en cuenta que la limitación ambulatoria se encuentra "razonablemente balanceada" por las previsiones de los artículos 28 y 51, 11 inciso "e", y 30, párrafo segundo, del citado ordenamiento. A su turno, la defensa de Gorostiza mejoró fundamentos a fs. 106/107 vta., solicitando se mantenga la inconstitucionalidad decretada y se confirme la resolución apelada en todo cuanto decide. Adelantan los suscriptos que la resolución en crisis habrá de ser homologada por los fundamentos que se exponen a continuación. IV) A) Bregando por la constitucionalidad de la norma cuestionada, alega el representante del Ministerio Público Fiscal que no se ve conculcado el principio de "inocencia", citando lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la naturaleza de las normas que regulan la extradición -ésto es, que ellas no son reglamentarias del artículo 18 de la Constitución Nacional, sino del artículo 14 de nuestra ley suprema-, por cuanto no es finalidad de dicho proceso la determinación de la culpabilidad del sujeto requerido por el hecho por el cual se lo solicita, sino que ellas importan excepciones a la libertad de entrar, permanecer y salir del país. Sin embargo, tal como sostiene Guillermo Fierro, "no es menos cierto que tratándose no ya de una restricción a la libertad que tutela el art. 14 de la Constitución, sino de una concreta privación de la libertad física y locomotiva de la persona requerida, la escala de valores es diferente a la luz de los propios criterios sustentados por la Corte Suprema, ya ...que todo lo relacionado con la libertad de las personas merece una consideración especial cuando su privación, así sea en principio provisional, puede significar un claro quebrantamiento de garantías enfáticamente proclamadas por la Constitución... (Fallos 303-321) (La ley penal y el derecho internacional, Edit. TEA, 1997, p.840). De este modo, aún cuando no aparezca comprometido el principio de inocencia, aparece lesionado el derecho constitucional a la libertad, que obviamente debe ser tutelado. B) También, afirma el Señor Fiscal de Cámara que tampoco se ve violentado el principio de "igualdad", en el entendimiento de que no es la misma situación la que reviste una persona que está siendo juzgada por un delito cometido en el territorio de la República -a quien se le aplicarán nuestras leyes- que a quien se persigue por los hechos criminosos cometidos en extraña jurisdicción. Al respecto, entienden los suscriptos que excluir la aplicación de las normas genéricas sobre exención de prisión y excarcelación de los trámites extraditorios, viola el mentado principio de "igualdad". Adviértase que los imputados por idénticos ilícitos cometidos en el país, bien pueden gozar de dicho beneficio, que le es automáticamente negado a los sujetos sometidos a proceso extraditorio. En igual sentido, y desde el plano del derecho internacional, también advierte Fierro que "si se tratara de una extradición pedida por una nación con la cual no existe tratado vigente se aplicaría la ley 24.767 con los resultados negativos cuestionados, y si se tratara de un pedido de extradición fundado en los tratados celebrados por la Argentina con Australia o España, que admiten la concesión de libertad provisional, la situación podría ser diferente" (obra citada, p. 840). C) El Ministerio Público Fiscal entiende razonable la exclusión del régimen de libertad caucionada en los procesos extraditorios desde que la ley 24.767 tuvo en miras "una amplia y pronta cooperación internacional" estimándose legislativamente como conveniente establecer una razonable limitación, tanto al régimen excarcelatorio como al de eximición de prisión, dado que en dicha ley se faculta al detenido a dar su consentimiento al traslado en cualquier momento del trámite, dando lugar a una inmediata sentencia de extradición (arts. 28 y 51); ponderando la rapidez del juicio que se tramita por el procedimiento correccional (art. 30, párrafo segundo) y que el tiempo de detención sufrido durante el proceso debe ser computado por el estado requirente (art. 11, inc. e); estimándose además que la persona requerida se ha sustraído de la acción del país extranjero. Sin embargo, los suscriptos no habrán de coincidir con ninguno de tales argumentos. En primer lugar, repárese que no siempre el reclamado habrá intentado eludir la acción de la justicia del país requirente, y no se podrá sostener en abstracto que tendrá tal actitud, en el trámite extraditorio, para con la justicia argentina. En punto a considerar como paliativo de la limitación ambulatoria del sujeto extraditable la circunstancia de que el mismo pueda prestar su "consentimiento al traslado", en cualquier momento del trámite judicial, obligando a una inmediata sentencia de extradición (arts. 28 y 51, ley 24.767), supone admitir una suerte de coacción, pues determina a que renuncie al procedimiento legal previsto, y sus consecuentes recursos, que permitirían arribar a una sentencia que rechace la extradición, a la vez que soslaya los supuestos previstos por la ley en los que la entrega se postergará (art. 39). En el mismo sentido, la supuesta "celeridad" del trámite extraditorio, que deberá llevarse a cabo prontamente y conforme al procedimiento correccional, tampoco justifica el encierro procesal, y en la práctica se ve relativizada, toda vez que luego del juicio en única instancia, se prevé la posibilidad de recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 30). Finalmente, tampoco resulta fundamento válido la circunstancia de que el "tiempo de detención" que sufra la persona requerida durante este proceso le deberá ser computado por el Estado requirente (arts. 11, inc. "e" y 30, párrafo segundo), toda vez que según el artículo 24 del Código Penal, lo mismo acontece en las causas que tramitan en el país, en las cuales proceden, sin este tipo de restricción, la excarcelación y la exención de prisión. D) Así las cosas, atendiendo al principio de libertad ambulatoria consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que también consagran el derecho a la libertad, la que no puede ser restringida arbitrariamente (artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 7.3 del Pacto de San José de Costa Rica), habiendo sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resultan arbitrarias las detenciones cuando "puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad" (sentencia al caso "Gangaran Panday" del 21/01/94, párr. 47, publicada en el informe anual de la Corte Interamericana del año 1994, p. 21), la alegada inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.767, debe ser declarada. V) Como consecuencia de ello, habrá de aplicarse al presente trámite, las reglas generales establecidas en el orden federal para la libertad provisional. Así las cosas, toda vez que la escala penal del delito que "prima facie" se le enrostra a Gorostiza tiene encuadre -por remisión del inciso 1° del artículo 317 del Código Procesal Penal- en el segundo supuesto del párrafo segundo del artículo 316 de dicho ordenamiento, corresponde analizar bajo tales parámetros la viabilidad del beneficio impetrado. En tal marco, atendiendo a la ausencia de antecedentes del requerido, y al mínimo de la escala penal del delito por el cual se lo reclama, la externación del justiciable resulta objetivamente procedente. Sólo resta determinar si se dan los supuestos obstativos reseñados por el artículo 319 del código ritual, los cuales no aperecen invocados por el impugnante ni se evidencian presentes en autos.