marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal militar, conscriptos, excombatientes de Malvinas, pensión honorífica de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mitolo, Ricardo Nicolás c/ A.N.Se.S. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-20

El decreto reglamentario 2634/90 puso claridad respecto de la fecha a partir de la cual se liquidarían los beneficios de pensión vitalicia de guerra de la Ley 23.848, estableciendo en su art. 5 que será a partir de la solicitud del mismo e, instituyendo la prescripción de los haberes devengados y no percibidos conforme lo normado el art. 82 de la Ley 18.037, esto último, señalado en el art. 7 del decreto reglamentario mencionado. (En igual sentido esta Sala, Expte. 27908/2011, "Brizio, Sergio Pablo y otro c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones", sent. de fecha 28.02.18, Publicada en el Boletín de Jurisprudencia Nro. 67 de la C.F.S.S.)
Guerra de Malvinas, veteranos de guerra, pensión vitalicia, igualdad ante la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ANDRADE,  ARTURO  ANTONIO c/ E.  N.  - Ministerio de DefensaFuerza  Aérea Argentina s/ Personal militar y civil de las fuerzasarmadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución (Fallos 313:1513, considerando 57 y sus citas).
Recurso extraordinario, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reynoso, E. R. c/ Celotto, A. R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Si bien las cuestiones procesales no dan lugar a la apelación del art. 14 de la ley 48, deben exceptuarse las resoluciones que en base a un injustificado rigor formal se apartan sin expresar fundamentos suficientes de las normas legales aplicables que garantizan una efectiva protección de los derechos del profesional en violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Corresponde en consecuencia modificar los honorarios apelados.
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia penal, amenazas, amenaza telefónica, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DEL CARRIL DE VELARDE, MARIA LAURA s/ DENUNCIA DE AMENAZAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-29

Las causas en que se investiga la comisión del delito de amenazas previsto en el art. 149 ter del Código Penal -en el caso, supuestas amenazas telefónicas anónimas que habrían sido recibidas en una escuela de enseñanza de idiomas, presuntamente vertidas por integrantes del "Comando 2 de abril Pedro Giachino"- deben tramitar en la justicia federal en virtud de lo expresamente dispuesto por el art. 3, inc. 5, de la ley 48 (introducido por ley 20.661), sin perjuicio de la competencia ordinaria en aquellos casos en que del conocimiento prioritario de los tribunales federales, en principio competentes, resultare de modo inequívoco que los hechos imputados tienen estricta motivación particular y que, además, no existe posibilidad de que resulte afectada directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones.
Robo con armas, arma simulada, voluntad del legislador
Materia: PENAL
Carátula: Pappolla, Diego Martín s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

El legislador estableció específicamente en el art. 166 del C.P., como agravante el robo simple, la utilización de un arma de utilería, con fundamento en el mayor poder intimidatorio que otorga ese elemento al autor del hecho y la mayor agresividad que, sobre la psíquis de la víctima, tal objeto puede ejercer; circunstancias que exceden ampliamente la "violencia sobre las personas" en las que se asienta la figura básica del art. 164 del C.P. Las modificaciones introducidas por la ley 25.882 demuestran que el legislador no sólo ha tenido en cuenta el poder ofensivo de los instrumentos utilizados por el autor para cometer el ilícito, sino también el temor que dichos instrumentos pueden provocar en la víctima del delito. (Voto del Dr. Rodríguez Basavilbaso, adhieren los Dres. Catucci y Madueño).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: CORTINA, CARLOS c/ CORTINA, NESTOR s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD-CASACION CEJAS, SILVIA FIDELIA c/ GALLARDO, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/ COBRO DE MEJORAS, REPETICION, RETENCION Y/U OTROS-RECURSO DE QUEJA  POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO POR DR. A. SUAREZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-02|2001-02-08

La imposición de costas por el orden causado no puede ser calificada como sentencia definitiva a los fines de la admisibilidad del remedio casatorio, salvo que pudiera merecer el reproche de errónea o arbitraria.-
Recurso de inconstitucionalidad, defensa en juicio, violación, debido proceso, prueba, segunda instancia, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REUTEMANN, CARLOS ALBERTO c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

Asiste razón a la impugnante en lo atinente al achaque de violación del derecho de defensa y debido proceso, por no haberse admitido la recepción de prueba en segunda instancia -en orden a lograr la compulsa de las actuaciones labradas en sede penal a raíz del accidente automovilístico de marras- con fundamento en la función revisora del tribunal de segunda instancia y el carácter excepcional de la recepción de pruebas en la alzada, respuesta que se exhibe como puramente dogmática o sustentada sólo en la voluntad de los Juzgadores.
Proceso penal, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal de Cámara en lo Criminal de Viedma. s/ Queja en: Incidente de recusación planteado por el Sr. Fiscal de  Cámara Dr. Juan Ramón  Peralta en autos: Otero, Rubén s/Depositario infiel. Incidente de recusación de los Dras. Susana M. de Videla y Eduardo Giménez en autos: Rodríguez Aguirre, Juan Manuel s/Tentativa de robo calificado. s/ Casación. Incidente de recusación e inhibición planteado por el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Juan Ramón Peralta en autos: Sánchez, Antonio s/Denuncia. s/ Casación. Fiscal de Cámara de la Primera Circunscripción Judicial. s/ Queja en: Inc. de recusación de los Dres. Susana M. de Videla, María  del Carmen Vivas  de Vásquez y Eduardo I. Gimenez en autos: subcomisaría de San Javier  s/Investigación de  robo calificado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-12-29|1995-12-29|1995-12-29|1995-12-29

Los actuales integrantes de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, por actuar en los recursos de apelación deducidos contra decretos de la instrucción, deberían apartarse del conocimiento de las causas en la etapa de juzgamiento (ley 2865). Su reemplazo por otros jueces de distinta especialización acarrearía afectaciones a elementales principios procesales, que hacen al sostenimiento del debido proceso, al apartar a los encausados de sus jueces naturales. (En disidencia: Dr. Balladini).
Ejecución de sentencia, ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, reajuste jubilatorio, recurso extraordinario federal, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bernardez, Carlos c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-21

No corresponde que se habilite la ejecución de la sentencia, en los términos del art. 258 del CPCCN ya que, mediante esta figura se acuerda al apelado dicha facultad, con los requisitos que allí se detallan, es decir, a la contraparte de quién dedujo el recurso extraordinario y en este caso la parte que solicita la ejecución es, quién también ha deducido el remedio federal que fuera concedido.
Embargo preventivo, automotores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TEZE, JORGE ENRIQUE c/ DIAZ, ANTONIO ALFREDO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-12

Aunque no proceda despachar el embargo preventivo interesado, por motivos de encontrarse la cosa bajo su propia titularidad registral, si corresponde acceder al secuestro del vehículo individualizado por el demandante. Es indispensable proveer a la conservación de la cosa en aras de poder asegurar el resultado de la sentencia que se dicte en definitiva.
Concursos, pedido de quiebra, títulos ejecutivos, pagaré, intimación de pago, carta documento, presentación al cobro
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUGICA, MIGUEL ANGEL c/ PROMOTORA FIDUCIARIA SA. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Resulta improcedente desestimar un pedido de quiebra con base en: a) no haber sido demostrada la presentacion al cobro del pagaré fundante del trámite previsto en la ley 24522, art. 84, ni la exigibilidad del crédito instrumentado en dicho titulo, y b) que cierta carta documento cursada al cofirmante de aquel, continente de la intimacion a pagarlo, no suplio el trámite previsto en el decreto 5965/63: 36; cuando -como en el caso-, surge que en el texto del mentado pagaré aparece ampliado hasta siete años el plazo legal para presentarlo al cobro y, la comunicacion cursada destinada a intimar a su pago, expreso que la misma implicaba la presentacion al cobro del pagare, en los términos de la legislacion cambiaria citada. Ello pues dicha comunicacion, incuestionadamente recibida por el emplazado, implico anoticiarlo de que se llevaba a cabo la presentacion para cobrar en el lugar indicado en la misiva de referencia. Por ende, resulta inequivoco que desde el día siguiente al de su recepcion el requerido quedo colocado en la misma situación que seguiría a la de haber sido presentado el pagaré ante el mismo; y el crédito instrumentado en ese título se torno exigible.
Suspensión del juicio a prueba, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: Gione, Sergio Ricardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-12

Con fundamento en la doctrina CS "Nanut" se estableció que no es incompatible el régimen previsto para la materia tributaria y el instituto de suspensión del juicio a prueba. La disidencia señaló que cuando el art. 10 ley 24.316 dispone la inalterabilidad de los regímenes dispuestos en las leyes 23.771 y 23.737 asegura el prevalecimiento de la ley especial y que, de admitir la aplicación coetánea de ambos institutos cabría la posibilidad para el infractor de extinguir la acción penal por delitos de la ley 23.771 más de una vez, una por vía del art. 76 bis CP y otra por la del art. 14 de aquella norma. (Dres. Madueño -en disidencia-, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Antunez, Roberto Daniel s/ abuso sexual con acceso carnal - Centurion, Andrea Gabriela - Laviosa, Griselda Antonia s/abuso sexual gravemente ultrajante
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-03-02

Tratándose de un auto de procesamiento, cuya característica precisamente es la provisoriedad, mal puede hablarse de resolución equiparable a definitiva a los fines de la concesión del recurso de casación, razón por la cual corresponde declarar mal concedido el mencionado recurso.
Obediencia debida, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: ORTUVIA SALINAS, Enrique Manuel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-24

Debe rechazarse la exclusión de culpabilidad alegando ausencia de voluntad por obediencia debida en el cumplimiento de orden superior, pues la naturaleza manifiestamente ilegal de las órdenes cumplidas, impide considerar cualquier hipótesis que contemple el desconocimiento sobre la antijuricidad de los actos verificados en la encuesta para encauzar el planteo de error de prohibición.
Compraventa, boleto de compraventa, tercero adquirente de buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: D.B.R., C. y Otra c/ C., L.C. y Otro s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-23

Que, si bien no está en la naturaleza del boleto de compraventa establecer preferencia alguna de pago, ya que como bien lo señala MARIANI DE VIDAL "sólo engendra derechos de carácter personal desprovistos de privilegio", cosa muy distinta es la de una posesión de un adquirente de buena fe avalada por un boleto de compraventa, la cual, en virtud del agregado efectuado por la ley 17.711 al art. 2355 del Código Civil, es equiparable a "posesión legítima".
Tasa de justicia, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CUBILLA, Ricardo c/ TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.A.C.I.E.I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Cuando el proceso concluye por uno de los modos anormales previstos por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley 23.898, en función con la norma del art. 13, debe entenderse que el objeto litigioso lo constituye la pretensión inicial. La base para ingresar la tasa de justicia será en función de valores actualizados al momento de la pretensión inicial (art.

10, párrafo segundo, ley citada).-
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, apartamiento de las constancias de la causa, perito psiquiatra, dictamen pericial, daño psíquico
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mahdjoubian, Romualdo Juan y otro c/ Aquino, Arturo y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Es descalificable el pronunciamiento que privó de eficacia al informe del perito psiquiatra y rechazó la existencia de un daño psíquico por entender que no se habían ponderado los antecedentes de disritmia cerebral que tenía el actor y que eran anteriores al accidente, ya que tal apreciación no se apoya en la opinión de un experto y resulta irrazonable si se advierte que tales antecedentes no le habían impedido el desarrollo de su carrera docente y profesional.
Costas, incidentes, allanamiento
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CARRIZO DE DOMINGUEZ AIDA ELVIRA c/ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-03-30

El Código Procesal Civil de Córdoba ha vuelto a la dualidad de sistemas en materia de costas, distinguiendo según que se trate de sentencias definitivas (arts. 356 y 356 bis) o de incidentes (art.

357). En este último caso, se recoge el criterio del vencimiento puro y simple, con la única excepción del allanamiento.

No cabe, pues, introducir una excepción de la excepción que compute, por ejemplo, la culpabilidad precedente del que se allana, vinculada con haber dado motivo injustificado a la cuestión.

La prescindencia de la valoración subjetiva del proceder anterior de quien se allanó, implica dar primacía, por sobre razones de justicia, a otras de política jurídica, conectadas con la simplificación de los trámites procesales y con la economía y celeridad procesal.

En efecto, si el incidentado conociera que de todos modos cargará con las costas cuando su conducta haya sido la génesis del problema, carecería de sentido que se allanase, y se varía en el trance de articular contradicción, por la eventualidad de que ésta le fuese favorable, y con la demora y complejidad consiguiente, que entorpece la marcha y pronta conclusión de la causa principal.-
Idoneidad del testigo, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Casas, Ernesto Fabián - Homicidio calificado por el vínculo s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-05-19

Debemos tener en cuenta que el testimonio del hermano de la víctima fue creíble a los ojos del Tribunal que, atravesado por la inmediación del debate, evaluó sus dichos y en función de otros elementos y de la propia constitución del testigo le otorga credibilidad -valor convictivo-.

Para ello, aprecia su edad, la seguridad en su exposición, la discapacidad moderada que presenta, su lenguaje precario, su claridad y contundencia lo que es coadyuvado por el informe pericial en el que se afirma que el testigo no fabula, que comprende la situación vivida y puede explicar con relativa facilidad, a su ritmo, lo sucedido.-
Personal municipal, retribución por cese
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maceiro Irma Haydeé c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

La retribución especial fijada por el art. 96 de la Ordenanza 947 (estatuto escalafón para el personal de la Municipalidad de Necochea) consiste en el pago de la suma de seis mensualidades de la última retribución percibida por el agente al momento de su cese, y el criterio utilizado por la Administración no puede considerarse ilegítimo al actualizar las sumas percibidas por tal concepto sobre la base del incremento salarial operado en los haberes de los agentes a partir del mes posterior al cese, desde que el beneficio está concedido en términos de "mensualidades" y los índices de actualización monetaria suministrados por el I.N.D.E.C. no poseen el carácter de exclusivos a los fines del mantenimiento constante del valor de las sumas adeudadas.
Honorarios, honorarios del interventor judicial, honorarios del veedor
Materia: PROCESAL
Carátula: Tomasini, Lidia  c/ Amitrano, Christian Pablo  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

La ley manda regular los honorarios de los interventores tomando en consideración el monto de las utilidades realizadas durante el desempeño del profesional (ley 27423: 32-a). No obstante, esa pauta solo puede ser tomada como indicativa de la importancia económica del patrimonio en juego y su aptitud para producir ganancias, no como una exigencia sine qua non de que, en los hechos, esas utilidades se hayan efectivamente verificado. Ello pues, una tesis contraria conduce a resultados tan asistemáticos que condenan la validez de la interpretación. Así, si la noción de "utilidades" allí prevista debiera ser equivalente a su noción jurídica, se arribaría en supuestos de sociedades deficitarias o que no produjeran ninguna "utilidad", supuestos en los cuales no sería posible reconocer ninguna retribución al interventor, lo cual vuelve a demostrar la invalidez de una interpretación diversa a la aquí plasmada, dado que no es posible sostener que en tales casos los interventores deben prestar gratuitamente sus servicios.
Ejecución fiscal, bienes embargables
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ ADP PRODUCCIONES SA s/ EJ.FISC.- PLAN DE FACILIDADES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-05

En una ejecución fiscal es menester atenerse al principio según el cual, constituyendo el patrimonio del deudor la prenda común de los acreedores, en tanto no medie alguna excepción establecida legalmente, todos los objetos corporales e inmateriales de una persona susceptibles de tener un valor (artículos 2311 y 2312 del Código Civil) se hallan afectados a la mencionada garantía y son, por lo tanto, ejecutables.

Importa destacar asimismo, que es la legislación quien tiene la facultad privativa de determinar los bienes afectados a la responsabilidad de deudor, así como establecer excepciones al principio de la ejecución forzada.
Quiebra, pedido de quiebra, concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Brígido, Gerardo Alberto c/ Fernández, Oscar Alberto s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-03-20

Que de acuerdo a la doctrina comercial sobre el tópico, el pedido de quiebra no es un medio de cobro individual, sino que constituye la afirmación de la existencia de un estado de cesación de pagos, en miras a la apertura de un juicio universal". El concurso no es un procedimiento para tender al cobro de una obligación, siendo su fin mantener y garantizar la paridad de todos los acreedores; tampoco , es un medio para ejecutar, obligaciones particulares. Pues hace a la naturaleza de este proceso, dirigirse hacia la sustanciación de un Juicio Universal"- Costas en el orden causado art. 158 y 159 del C.P.C.
Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31


Buenos Aires, 31 de marzo de 1997.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. A la presentación del Sr. Defensor del Pueblo de fs. 616:

a) El Estado solicitó que el recurso extraordinario planteado se concediera con efecto suspensivo (fs. 505/557). La decisión que concedió ese recurso (fs. 613) no lo hizo.

Ello se justifica porque, como ya señalara esta Sala a fs. 559/560, las normas de la ley de amparo que le otorgan efectos suspensivos a la concesión del recurso de apelación interpuesto contra una medida cautelar, sólo se aplican en las instancias ordinarias (en igual sentido Sala IV in re "Romero Feris" del 4/9/92).

La situación tampoco está prevista en las disposiciones que regulan la apelación extraordinaria ante la Corte pues los arts. 258 y 499 del CPCC sólo se refieren a la ejecución de sentencias definitivas, supuesto totalmente diferente al de la suspensión de las decisiones cautelares. Esas normas no resultan, pues, aplicables al caso. Menos aun la doctrina jurisprudencial en torno a ellas forjada.

b) Las medidas cautelares tienen por finalidad evitar que los hechos que se produzcan durante el curso del proceso tornen dificultosa o imposible la ejecución de la sentencia definitiva.

Para asegurar ese objetivo el Código Procesal consagra el principio general según el cual los recursos ordinarios contra ellas articuladas no suspenden su aplicación (art. 198 del CPCC).

Nada justifica apartarse de ese principio, sin norma expresa que así lo imponga, cuando se trata del recurso extraordinario.

II. Por lo tanto, se aclara que la concesión del recurso extraordinario decidida a fs. 613 no suspende la ejecución de la medida cautelar oportunamente dispuesta, ni justifica su incumplimiento.

El Dr. Roberto Mario Mordeglia no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese y notifíquese.

Guillermo Andrés Muñoz Jorge Esteban Argento
Comisión Nacional de Valores, agente de bolsa, bolsa de comercio, mercado de valores, facultades regladas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A c/ COMISION NACIONAL DE VALORES. s/ REGLAMENTACION  DE  LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES DE BOLSA- MERCADOS DE  VALORES- COMISION NACIONAL DE VALORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

La reglamentación de la actividad de los agentes de bolsa, ha sido concretamente delegada a los mercados de valores y por ende no integra las funciones de la Comisión Nacional de Valores que contempla el art. 7 de la ley 17.811. Esta ley asigna a la Comisión Nacional de Valores la función de aprobar los reglamentos de los mercados de valores (art. 6, inc. e), por lo que al tratarse de facultades regladas, no cabe admitir que la entidad se encuentre autorizada para asumir el cometido de dictarlos . A ello no obsta que este organismo pueda ejercer la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la autorización para funcionar a los mercados de valores, cuando tales instituciones no cumplan las funciones que les asigna la ley, pues ello tiene por finalidad que la Comisión pueda vigilar su cumplimiento, en especial la de reglamentar el ejercicio de la profesión de los agentes de bolsa, lo que importa instituir un control indirecto sobre la actividad de éstos.