Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-30


SENT Nro. 545 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 30 DE JULIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Vizcarra, Yolanda Vilma vs. Colegio Nuestra Señora de la Merced s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, con fecha 20 de setiembre de 2002 (fs. 324/326), la parte demandada interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 30 de diciembre de 2002 (fs. 374). Consta en el informe actuarial de fs. 382, que únicamente ha presentado memorial facultativo la parte actora.

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma de $13.861,66, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, sueldo e integración de mes de despido, vacaciones proporcionales e indemnización art. 178 LCT. Impone las costas a la vencida y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Luego de referir la cantidad de inasistencias a las que considera sin sustento probatorio, pues no se produjo una pericia contable, entiende que el empleado renuente, por esa causal necesita adecuada certeza en el marco del pleito, habida cuenta que las ausencias fueran según la óptica de cada una de las partes consentidas o injuriosas.

El planteo en cuanto a que el despido obedeció a su embarazo, exige la notificación en forma al empleador o comprobación por su servicio médico, y la presunción legalmente consagrada, requiere la demostración de la legítima causal invocada.

Sobre la fecha del despido, considera que se realiza dentro de los siete meses y medio anteriores al parto y en cuanto a la notificación en forma, refiere la respuesta a la absolución de posiciones efectuada por la demandada mediante apoderado a fs. 231, que a su vez se remite al responde que sostiene la inexistencia del certificado a esa fecha.

Luego de algunas consideraciones acerca de la posible fecha del certificado, la Sala coincide en este punto que la respuesta de la recepción requería la asertividad de su tiempo, posterior al despido, para avalar la falta de notificación como eximente.

3.- La expresión de agravios, luego de una referencia a las características de la casación y cumplimiento de los recaudos formales de admisibilidad, introduce como cuestión la inconstitucionalidad del art. 138 del CPTT, presentando como antecedente la copia de la sentencia atacada.

En primer lugar plantea que no hay votos suficientes en la decisión, pues después del algunas consideraciones postula que el acto intelectual de su dictado no es susceptible de adhesión, razón para lo que transcribe el art. 116 del CPTT, resultando de este modo el fallo violatorio del art. 28 de la Constitución Provincial.

Aborda luego desde la perspectiva de la violación o errónea aplicación del art. 242 LCT lo referido a la justa causa, imputando que no hay una valoración prudente de las circunstancias que emergen de los elementos de prueba, por lo que se trata de un despido sin soporte concreto.

Explica que el primer error surge del cómputo de la suspensión que notificada el día 25 de julio de 1998, el reintegro debía producirse el 1° de agosto y no el día 2/8 como se afirma, por lo que el despido verificada la inasistencia, fue correcto y en tiempo hábil.

Además ello determina que erradamente se concluya que el contrato estaba suspendido el día 1/8, configurándose el abandono de trabajo.

Se introduce en lo que considera el equilibrio contractual, en cuanto frente a que las inasistencias no se abonaban, pues debía prestarse servicio por todo el tiempo contratado, refiriendo la tempestividad de la decisión, en relación a la expresión sentencial de que antes no había motivo suficiente.

Imputa que la aplicación del principio non bis in idem resulta de la violación y o errónea interpretación de los arts. 67 y 68 LCT, explicando que no se sancionó dos veces por la misma inasistencia, pues no es el concepto sino el hecho de no concurrir a prestar servicio el reprochable, y cada una de ellas es un nuevo agravio.

Agrega lo referido al incumplimiento que hace la decisión de los arts. 272 y 273 del CPCCT, pues aparecen probadas las inasistencias, resultando que el apartarse de las constancias de autos convierte en arbitraria una sentencia, ya que la conclusión sólo tiene apoyo en la voluntad del preopinante y la confesión de la actora.

Refiere que en los recibos de sueldos (fs. 32 a 38) constan los descuentos por inasistencia, resultando un detalle minucioso en las comunicaciones emergentes de las cartas documentos agregadas a fs. 46/47, sanciones consentidas por la demandante, pese a lo que dice en su presentación, por lo que en función de los actos propios y la documentación que se agrega esos hechos están sobradamente probados.

Con respecto a que la no realización de la pericial contable impide acreditar las ya mencionadas inasistencias explica que se trata de una prueba común, endilgándole su no producción sólo a la demandada, en una cuestión harto demostrada.

En lo que la imputación de la aplicación errónea de los arts. 177 y 178 LCT se refiere, el recurrente, luego de señalar que la verdadera causa no estaba configurada por haberse producido el día que estaba suspendido el contrato de trabajo, explica que nunca mencionó a la actora el embarazo al ser despedida.

Cuando de la notificación se trata, transcribe la expresión del absolvente, el que se remite a la contestación de la demanda, y es precisamente con ella que dicho certificado aparece.

Refiere la declaración de la profesional médico, en cuanto a la falta de certeza con la fecha, expresando que esto no es cierto, ni pudo haber sido emitido en el mes de junio cuando estaba de vacaciones en el dispensario, por lo que la circunstancia no ha sido valorada en la sentencia, resultando que la emisión tiene relevancia y se ha demostrado que no pudo serlo cuando allí se indica, en cuanto a fecha y lugar.

4.- Reexaminada la admisibilidad del recurso, se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, existiendo motivo casatorio bastante (art. 131 inc. "a"), cumplidas las exigencias del art. 132 CPTT, el afianzamiento del art. 133, habiéndose imputado y fundado el vicio de arbitrariedad, por lo que corresponde abordar la procedencia.

5.- Considera que al estar compuestas las Sala del Trabajo de dos magistrados, la exigencia del art. 116, no se ha cumplido en autos, resultando el fallo nulo a tenor de lo que dispone el art. 28 de la Constitución Provincial, en razón de la sola adhesión al preopinante.

Tratando una cuestión similar esta Corte dijo: "es improcedente la impugnación recursiva apoyada en el agravio relacionado con la presunta deficiencia en la constitución del órgano jurisdiccional de grado y consecuente funcionamiento irregular del aludido Tribunal, pues el mismo se encuentra organizado en Salas de dos miembros, donde en voto coincidente de ellos, se reputa sentencia de Cámara y donde la adhesión del Vocal que vota en segundo término al voto del preopinante, se considera voluntad orgánica suficiente" (CSJT sent. nro. 279 del 06/6/95).

Por lo expresado, se advierte que el pronunciamiento no padece del vicio que se le imputa, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso casatorio, en lo que a este primer agravio se refiere.

6.- Reiteradamente se ha dicho que la valoración de la existencia de justa causa de despido, es una cuestión que atañe determinarse por el juicio prudencial de los jueces de mérito, no revisable en la instancia extraordinaria, al menos que invoque suficientemente la violación de las reglas de la prueba o absurdo, que determinen como consecuencia la existencia de una sentencia arbitraria.

La conclusión, con independencia del posterior análisis de algunas cuestiones vinculadas a la historia de la relación obrero patronal, considera que " la causa actual, soporte concreto del despido", es la "ausencia del 01/8/98, puesto que el contrato estaba suspendido".

A ella la considera, en expresión del preopinante, inhibida, pues la aplicación de la suspensión por cinco días cuya comunicación se entrega el día 27/8/98 (sic), concluyendo que el reintegro debía producirse el día 2 de agosto de 1998, circunstancia sobre que el cómputo del recurrente da como que debía producirse el día anterior, esto es el 1°/8/98.

El fallo es claro en cuanto a que en función de los arts. 28 y 29 del C. Civil, las suspensiones se cuentan por días corridos, por lo que "dispuesta una suspensión sin expresión de la fecha de su comienzo, éste debe reputarse acaecido el día siguiente de la notificación (art. 24, Cód. Civil)" (Sup. Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- 19/8/80, publicado en DJBA, 119-741).

Tal criterio es volcado en autos con algunos errores que emergen de la confrontación de la decisión con las constancias de autos, desde que en primer lugar el informe de fs 243, da cuenta que la comunicación en cuestión se entregó el 25/7/98, cuya copia luce a fs. 245 y vta.

Lo que a primera vista podría resultar un error de carácter dactilográfico, no es tal, cuando como advierte con razón el presentante, que los cinco días se cumplieron, computándolos desde el lunes 27 de julio, el 31 del mismo mes.

De manera que la considerada causa actual y soporte del despido en concepto de la Sala, esto es la ausencia del día 1°/8/98, ha sido determinada para su valoración omitiendo la correcta apreciación de la comunicación efectuada por la carta documento agregada en copia a fs. 245, cuya recepción según se informa a fs. 243, ha sido el día 25 de julio de 1998, por lo que la sentencia debe ser revocada en este punto a tenor de la siguiente doctrina legal "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable, la que prescinde de pruebas que obran en el juicio, respecto de los hechos alegados por las partes, cuando éstas revisten el carácter de pertinentes para la solución del litigio" y en consecuencia, disponer se remitan las actuaciones a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento".

7.- Atento a la solución a que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, debiendo imponerse las costas del recurso por su orden en razón de ser el éxito de la actora insignificante y en lo restante por provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT, y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, con fecha 20 de setiembre de 2002 (fs. 324/326), en tratado como punto "5" de los considerandos y HACER LUGAR, también parcialmente en base a la doctrina legal que da cuenta el punto "6", disponiendo se REENVIEN los autos a la Excma. Cámara, para que proceda como allí se ordena.

II.- COSTAS como están tratadas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO