Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-06


AUTOS N° 45096 (C.C. SALA IV N° 956) CARATULADOS " N. N. y N. N. - Divorcio".- PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F° 20/26 - AÑO 2017.-	San Juan, 6 de marzo de 2017 VISTO: Para resolver en autos N° 45096 (C.C. SALA IV N° 956) CARATULADOS "N. N. Y N. N.- DIVORCIO", los recursos de apelación interpuestos a fs. 64 por el Sr. N. N. que fuera concedido con efecto suspensivo mediante el decreto de fs. 65; y el recurso interpuesto a fs. 66 por el Dr. Esteban De la Torre concedido a fs. 67, contra la sentencia obrante a fs. 58/61 vta., dictada en fecha 28 de abril del año 2016 por el Juez titular del Juzgado de Familia N° 2.

Y CONSIDERANDO: Mediante la sentencia venida en apelación, en lo que constituye materia de recurso, el juez a quo tras declarar disuelta la sociedad conyugal al 13 de noviembre de 2015, impuso las costas en el orden causado respecto del Divorcio y Convenio de adjudicación de bienes, mientras que en relación al convenio de alimentos determinó que las costas fueran a cargo del alimentante, Sr. N. N. Asimismo reguló honorarios por el Divorcio y Convenio de Distribución de Bienes en favor del Dr. Jorge Alberto Sanchez, por su actividad en carácter de patrocinante del Sr. N. N. en la suma de $ , y la suma de $ en favor del Dr. Esteban de la Torre, por su actividad en carácter de patrocinante de la Sra. N. N. En relación a las costas por el convenio de alimentos, sostuvo que las mismas se imponen al alimentante en virtud de la naturaleza propia del tema alimentario, resultando de aplicación a tal fin lo dispuesto por los arts. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 47, 48, 49 y cc. L.O.T. 56 -O- , regulando honorarios en favor del Dr. Esteban de la Torre la suma de $ El resolutorio de mención es apelado a fs. 64 por el Sr. N. N. y a fs. 66 por el Dr. Esteban de la Torre, siendo este último recurso concedido a fs. 67 en los términos del art. 800, inc. 11 del C.P.C.

1. Recurso interpuesto por el Sr. N. N. (fs. 64) Resumidamente diremos que el recurrente en su memorial obrante a fs. 71/ 73 vta. objeta la imposición de costas a su cargo respecto del acuerdo de alimentos celebrado con su ex esposa. Al respecto afirma que ambos cónyuges, en ocasión de instar la acción de divorcio y conforme lo previsto por el art. 435, 437, 438 y 439 del C.C. y C., formularon conjuntamente el "convenio regulador" dirimiendo de este modo todos los efectos del divorcio, es decir, responsabilidad parental, tenencia y régimen comunicacional, atribución de la vivienda familiar, distribución de bienes gananciales y alimentos, que le son fijados tanto en favor de los hijos menores como respecto de los mayores que se encuentran en etapa de estudios universitarios. Destaca que todos y cada uno de estos conceptos no son reconocidos en la sentencia en las mismas condiciones en que fueron propuestos por las partes, habida cuenta que el convenio regulador es uno solo y el juez a quo arbitrariamente desdobla la cuestión de alimentos con relación a los restantes puntos tratados. Pone de manifiesto el recurrente que su cónyuge no ha debido instar una incidencia de alimentos que justificara la imposición de costas a su parte. De esta manera considera que el marco fáctico para evaluar la tarea profesional está contenida en el convenio regulador.

Seguidamente expresa el apelante que no entiende por qué el a quo, en ocasión de regular honorarios, ha diferenciado el trámite de divorcio y distribución de bienes con respecto de los que derivan del convenio de alimentos, incurriendo en el error material que es contrario a la hermenéutica que se le debe dar al art. 439 del Código Civil, en cuanto no existen convenios particulares y por materia, sino un sólo acuerdo básico propuesto por las partes.

Considera así arbitrario el fallo dictado en cuanto condena en costas a su parte por una etapa no cumplida, sino que también excluye de la regulación por alimentos a su abogado patrocinante quien ha tenido idéntica intervención en el juicio.

Concluye manifestando que la imposición de costas resulta desproporcionada por cuanto condena a su parte al pago de alimentos, entendiendo que no existe un convenio por esta materia en particular como tampoco un incidente que dirima tal cuestión y que toda la labor ha sido acordada por las partes dentro del convenio regulador en carácter de marco general y único presupuesto fáctico.

A fs. 75/77 vta. la Sra. N. N. procede a responder el traslado de expresión de agravios, y en función de lo que expresa solicita la confirmación del fallo apelado.- 2. Recurso interpuesto por el Dr. Esteban de la Torre (fs. 66).

Se agravia el Dr. Esteban de la Torre por los honorarios regulados inherentes a su actuación en el convenio de alimentos ($) por considerarlos excesivamente bajos. A tal efecto el apelante sostiene que el convenio ha sido celebrado en el marco del acuerdo general del Divorcio, como parte integrante del Convenio Regulador, por lo que no se trata simplemente de un convenio conciliatorio en un incidente de alimentos. Así considera que el monto regulado no alcanza la escala mínima prevista en la ley arancelaria, habida cuenta que la regulación efectuada solo considera el monto de los alimentos que el alimentante abona en efectivo, sin contabilizar los restantes aportes en especie que éste realiza, como por ejemplo los referidos a todos los gastos de educación privada de los menores que alcanzan la suma de $.

Luego afirma que si bien es cierto que no se ha practicado planilla de liquidación, entiende que ello no es obstáculo para que tales prestaciones en especie sean consideradas en la base económica que debe tomar el juez a los fines regulatorios.

A fs. 90 obra certificación de pase de los autos a despacho para resolver en definitiva.- 3. Tratamiento del recurso de apelación del Sr. N. N.

Inicialmente diremos que versando la cuestión litigiosa sobre una acción de divorcio por presentación conjunta formulada en los términos establecidos por el Capítulo 8, Secciones 1°, 2° y 3° del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, corresponde efectuar ciertas apreciaciones sobre el modo en que dicha cuestión ha sido legislada. Al respecto cabe señalar que el artículo 438 del citado cuerpo legal establece que toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados del mismo; la omisión de la propuesta impide dar trámite a tal petición. En su última parte la referida norma establece que en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Finalmente establece que si existe discenso sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. A su vez el artículo 439 determina los puntos básicos que debe contener el convenio regulador, así denominado cuando es acompañado por ambas partes, y que tiene por objeto dirimir las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges; el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria, habilitando la norma a incluir en el mismo cualquier otra cuestión que sea de interés de los cónyuges.

"El Código otorga un lugar especial y privilegiado a la autonomía de la voluntad, en particular en el régimen de divorcio. En consonancia con ello, el instrumento de mayor relevancia es el denominado "convenio regulador" que deben elaborar los cónyuges como su "propia ley", para normar todos o algunos de los efectos que se derivan tras la ruptura de la unión matrimonial (el resaltado nos pertenece).

El convenio regulador es un acto jurídico familiar, bilateral, tendiente a crear, modificar o extinguir derechos entre los cónyuges que con el dictado de la sentencia serán ex cónyuges. En este sentido, y siguiéndose la jurisprudencia y doctrina española -la cual ha sido tenida en cuenta para la presente regulación, tal como se verá en el próximo apartado-, se afirma que si bien el convenio regulador necesita ser aprobado u homologado por el juez ejerciendo éste el rol de contralor de la legalidad de los pactos incluidos en el convenio, como así el fondo para ver si son convenientes o no entre los cónyuges y para los hijos en el caso de haberlos, lo cierto es que la naturaleza del convenio regulador -de conformidad con el precedente del STS del 22 de abril de 1997- "es considerado un negocio jurídico de derecho de familia, expresión del principio de autonomía privada que requiere la aprobación como condictio iuris, determinante de su eficacia jurídica". Por lo cual, la doctrina distingue tres supuestos: 1) El convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de Derecho de Familiar; 2) Una vez aprobado judicialmente queda integrado a la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva, y 3) cuando no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico." ("CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION COMENTADO" - Ricardo Lorenzetti - ; T°II; Pag. 745 - Ed. Rubinzal Culzoni). En la citada obra el Dr. Lorenzetti expresa: "Admitir y revalorizar por aplicación del principio constitucional-internacional de libertad y autonomía de la voluntad la celebración de convenios, en este caso, ante la ruptura del matrimonio, no solo es una decisión legislativa coherente con la realidad social, sino además es conteste con la idea de la persona humana como centro de la escena del Derecho Privado y, por ende, que ella sea protagonista de sus propios conflictos.

Si en un contexto normativo cerrado o harto limitado como el que preveía la legislación civil antes de la reforma, ya voces jurisprudenciales y doctrinarias eran contestes cada vez con mayor fuerza en permitir la celebración de convenios, más aún en un sistema normativo mas flexible como el que también propone la reforma en materia de régimen patrimonial del matrimonio.

Cabe destacar, que si bien la normativa en análisis utiliza la palabra "debe", lo cierto es que ello los es más por un valor axiológico atento la importancia que tiene la posibilidad de que los cónyuges arriben a acuerdos/convenios para resolver la mayor parte de los efectos o consecuencias jurídicas que emergen del divorcio. En este contexto, es claro que si los cónyuges arriban a un acuerdo sobre algunos de los aspectos que se describen en la norma de manera meramente enunciativa y no en otros, ello no obstaculiza ni el proceso de divorcio ni la validez del convenio" (Ob. cit. T° II pags. 747/748).

En función de los postulados reseñados habremos de analizar la apelación propuesta por el Sr. N. N., destacando que de los antecedentes obrantes en autos surge que a fs. 27/33 los Sres. N. N. y N. N. interponen demanda de divorcio vincular a petición de ambos cónyuges, bajo el patrocinio letrado de los Dres. Jorge A. Sanchez y Esteban de la Torre, incluyendo el correspondiente convenio regulador que dirime todas las cuestiones inherentes a los efectos de la disolución del vínculo matrimonial, solicitando su homologación. Encontrándose comprendidas en el acuerdo la atribución del hogar conyugal; la distribución de bienes de la sociedad conyugal; cuidado personal, tenencia, visitas y alimentos de los hijos; mientras que en relación a las costas del proceso judicial, las partes acordaron que el Sr. N. N. toma a su cargo el pago total de los impuestos y sellos requeridos para la tramitación del proceso judicial.

Posteriormente, la Sra N. N., mediante la presentación de fs. 54/55 vta., peticiona nuevamente la homologación del convenio regulador, y solicita en esa oportunidad que el juez a quo se expida sobre las costas del convenio de alimentos suscripto, con fundamento en que el alimentante se negó a dejar constancia que asumía las costas relativas a esta cuestión, no obstante lo convenido en el apartado IV del convenio. Tal petición fue proveída por el a quo a fs. 56 mediante la expresión "téngase presente". Luego a fs. 58/61 vta. dicta la sentencia de divorcio, homologa el convenio regulador; desdoblando las costas y honorarios por el divorcio y el convenio regulador; y por el convenio de alimentos, fija honorarios en favor del Dr. de la Torre por su labor en el acuerdo de alimentos en la suma de $.

De la plataforma fáctica precedentemente señalada surgen ciertas cuestiones que a nuestro entender resultan dirimentes a los fines de determinar la suerte que ha de seguir el presente recurso. En primer lugar debemos advertir que de la simple lectura del convenio regulador obrante a fs. 27/33, no surge que existiere una diferencia entre las partes firmantes por la cuestión relativa a las costas; en efecto el punto IV del referido acuerdo expresa que el Sr. N. N. toma a su cargo el pago de los impuestos y sellados requeridos para la tramitación del proceso judicial. Nada hace presumir que existiera divergencias respecto de la imposición de de las costas, y a nuestro entender, en caso de haber sido así, ambas partes debieron haber puesto de manifiesto al impetrar la demanda que no existía acuerdo respecto de tal cuestión y que solicitaban que la misma fuera resuelta por el juez a través de la vía incidental.

Por un elemental principio de buena fe se imponía asumir que este es el modo correcto de dirimir tal diferencia si hubiera existido. Formulamos tal aserto en forma condicional habida cuenta que no existen indicios, con anterioridad a la presentación unilateral formulada a fs. 54/55 por la Sra. N. N., que permitan inferir que existía tal desacuerdo. En función de lo expuesto advertimos que el planteo formulado por la cónyuge en sede judicial contraviene la posición que ésta asumiera en ocasión de suscribir la demanda que incluía el convenio regulador, habiendo contado con asistencia letrada. Al respecto esta Cámara reiteradamente ha sostenido que: "En virtud de la doctrina de los actos propios está vedada la posibilidad de ejercitar una conducta procesal contradictoria con otra anterior, deliberada y plenamente eficaz, pues ello viola el principio de buena fe. A respecto la jurisprudencia ha dicho: "La doctrina de los actos propios resulta aplicable en el derecho procesal, en la medida que se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica y jurídica y posterior actitud de objeción a ella, a tenor del principio de preclusión el que en uno de sus sentidos así lo determina." Autos: ASEGURADORES INDUSTRIALES S.A. CIA. ARGENTINA DE SEGUROS C/ FEDERICO CLAPS AUTOMOTORES S.R.L. S/ ORD. (Rev .LL 30/12/99, Fº 99773). ( Cámara de apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, Sala II, AUTOS Nº 60.270 (C.C Nº 17.541 ), DEL NOVENO JUZGADO, CARATULADOS " MUÑOZ, NESTOR OSCAR C/ DIARIO DE CUYO - DAÑOS Y PERJUICIOS " Protocolizado: L. de A. - 2003- Tº III-F º 49/52- fecha -.30.09.03) De igual modo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior cuando ese comportamiento ha sido deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, por lo que no puede admitirse la postura sostenida en la instancia judicial por las partes al solicitar las costas, si ella se opone al convenio arribado en la materia en sede administrativa."(Corte Suprema de Justicia de la Nación o 21/10/1997 o Cadipsa S.A. c. Provincia de Santa Cruz o o La Ley Online o AR/JUR/5903/1997).- Sin perjuicio de lo expuesto consideramos que median otras razones que hacen desaconsejable formular distingos en el convenio regulador respecto del tratamiento de las costas y honorarios. En efecto y tal como lo sostiene el apelante, la demanda de divorcio y el convenio regulador -que es su derivación- es uno solo y del mismo no surge, como ya lo señaláramos, la existencia de diferencias sobre el tratamiento de las costas, máxime cuando todas las cuestiones inherentes a los efectos del divorcio se encuentran contenidas en un documento único que es el convenio regulador.- Otra cuestión que consideramos preponderante a los fines de descartar la determinación, en forma separada, de honorarios por alimentos con relación a los correspondientes por el convenio regulador, esta dada por la interpretación que debemos dispensarle al artículo 31 de la ley 56 - O- . En efecto la norma de mención comienza expresando: " En los juicios de alimentos...." ; mientras que en el segundo párrafo reza:" En los incidentes de modificación de pensión alimenticia...". Sin lugar a dudas en autos no se presenta ninguna de las dos hipótesis en cuanto no existe una acción autónoma de alimentos ni tampoco ha mediado la tramitación de un incidente que definiera tal cuestión: la acción es un divorcio que incluye el convenio por imperio de la ley. Por tal razón no resulta de aplicación en marras la jurisprudencia citada por la Sra. N. N. en su postulación de fs. 54/55 vta {punto 3)}, pronunciada por esta Sala en los autos Nº 8209/33.487,caratulados "A. M. G. y Conca M.A. s/ Incidente de Aumento de Alimentos".

Claramente advertimos que la Sra N. N. no tuvo que requerir a la jurisdicción la fijación de alimentos a través de una acción especifica, por lo que no existe una labor profesional distinta de la desplegada por la redacción del convenio regulador que justifique la imposición de costas en un modo diverso y por ende la existencia de dos regulaciones de honorarios por cuestiones contenidas en el mismo convenio regulador.- Tampoco podemos decir que la determinación de las costas por su orden en la acción de divorcio y el convenio regulador afecte el orden público so pretexto de contener prestaciones alimentarias, las que por regla general son a cargo del alimentante, pues como ya lo señaláramos no existe tramitación de una incidencia de alimentos que justifique una imposición diversa a la acordada por las partes y porque además el mentado principio admite excepciones. Así esta Sala ha sostenido que: "Si bien se ha resuelto reiteradamente la imposición al alimentante cualquiera sea el resultado del juicio, este principio no puede ser absoluto. Procurar su mantenimiento a ultranza, además de ser incompatible con el art. 68 del CPCC, llevaría a situaciones de injusticia, desde que aquel que tuviese la seguridad de no poder ser condenado en costas, aprovechando tal desigualdad, podría efectuar planteamientos insustanciales. Referencia Normativa: Cpcb Art. 68 Cc0000 Do 69010 Rsd-101-94 S Fecha: 05/07/1994 Juez: G.omez Ilari (sd) Caratula: A. S. C. C/ U. J. E. S/ Incidente De Aumento De Cuota Alimentaria" (AUTOS n° 34589/13-1 (C.C. SALA IV n° 573 ) DEL SEGUNDO JUZGADO DE MENORES, CARATULADOS "G. C. E.. c/A. L. V. - ALIMENTOS TENENCIA REGIMEN DE VISITAS" ; 14/08/2015; PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F° 284/287 - AÑO 2015.-) En igual sentido la jurisprudencia ha sostenido que: "Este Tribunal, en oportunidad de expedirse al respecto, ha dispuesto que el postulado que impone las costas al alimentante, no es absoluto, sino que reconoce evidentes atemperaciones cuando así lo aconseja la justicia del caso, y consecuentemente, el juez o tribunal podría establecerlas por su orden en razón de las particularidades de la causa y las constancias de la misma, siendo viable apartarse de aquella tesis cuando no ha existido controversia alguna entre las partes, ni incumplimientos denunciados por los beneficiarios de la cuota alimentaria." (Autos:R., M.L.S. S/ Homologación de convenio N° Fallo: 13150059 - Ubicación Comodoro Rivadavia - Tipo de fallo: interlocutorio - Mag. Nélida Susana Melro - Graciela Mercedes Garcia Blanco - Marta Susana Reynoso de Roberts - Cámara Civil y Comercial, Laboral y Minería - Citas 22721) Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala n° 4 Resistencia, 25/8/1994, "Wasser Teresa Edith c/Amaro Enrique Gonzalez Gold s/ modificación de cuota alimentaria" . Primera Cámara Civil de Mendoza en pleno en autos "Marzetti De Garcia, Silvia c/ Salvador Garcia s/ Alimentos" 12/7/1988 27723) Colombo, !Código Proc Civil, 4° Ed act. T° I , pag 451, art. 276; Cam. Nac, Civ., Sala A, Jorge E Evade, "Teoria y Práctica de la regulación de honorarios", Editorial Cátedra, pag 134.- Fecha 24/04/2013). En función de los argumentos expuestos consideramos que carece de sustento fáctico y jurídico el desdoblamiento de la imposición de costas que ha efectuado el juez a quo en el punto IV de la sentencia de fs 58/61 vta. respecto del convenio de alimentos y la regulación de honorarios por tal concepto que efectúa en favor de uno de los profesionales intervinientes.

En consecuencia corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto contra el punto IV) de la sentencia de fs 58/61vta. en la parte que impone las costas del convenio de alimentos a cargo del Sr. N. N.; asimismo y conforme lo establecido en el artículo 264 del C.P.C, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada en forma separada en el considerando de fs. 61 vta. "in fine" en favor del Dr. Esteban de la Torre por su intervención en el convenio de alimentos en la suma de $.- 4. Recurso de apelación del Dr. Esteban de la Torre Habiendo sido dejada sin efecto la regulación de honorarios fijados separadamente en favor del Dr. Esteban de la Torre ($) por su labor en el trámite alimentario por los motivos precedentemente expuestos, consideramos que deviene en abstracto el tratamiento de la apelación impetrada por el profesional de mención en contra del auto regulatorio.

No corresponde emitir pronunciamiento de mérito alguno cuando las circunstancias sobrevinientes a la iniciación del trámite judicial son determinantes de lo inoficioso de dilucidar la pretensión articulada (Fallos: 276:207; 278:357; 279:30 y 302:721) debiendo declararse también inoficioso pronunciarse respecto de las apelaciones deducidas ya que al tribunal le está vedado expedirse sobre planteos que han devenido abstractos (C.S.J.N., causa B.671. XXXVI "Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa", 26/6/2007) (Cons. IV). Auto: "Riera Daniel Carlos C/ E.N.- M° Justicia s/ DDHH- PFA s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg". - C.NAC.CONT.ADM.FED. - Sala: Sala III. - Mag.: Argento, Grecco, Fernández. - Fecha: 17/09/2008 - Nro. Exp. : 37.088/03 -). 5. COSTAS Y HONORARIOS:

Teniendo en consideración el carácter novedoso de la cuestión debatida en cuanto versa sobre una legislación sancionada en forma reciente y que la misma ha sido resuelta en parte con argumentos propios del Tribunal, consideramos que las costas deben ser impuestas en el orden causado (cfr. art. 66 in fine C.P.C.). Asimismo y conforme lo establecido por el artículo 47 de la ley Nº 56-O y artículo 21 de la citada ley corresponde regular los honorarios profesionales intervinientes en representación de ambas partes por su labor en la apelación de fs 65, en el 30% de los honorarios fijados por su labor ante la primera instancia, con exclusión de los honorarios revocados en esta sentencia que fueran regulados separadamente en favor del Dr. Esteban de la Torre por su intervención en el convenio de alimentos.

La presente sentencia se expide con dos firmas en virtud de lo establecido por el art. 257 del C.P.C.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. N. N.contra el punto IV) de la sentencia de fs. 58/61vta. en la parte que impone las costas del convenio de alimentos a su cargo y regula en forma separada los honorarios en favor de uno de los letrados, por lo expuesto en los considerandos precedentes.

2°) Conforme lo dispuesto en el punto 1°, déjese sin efecto la regulación de honorarios efectuada en favor del Dr. Esteban de la Torre por su intervención en el convenio de alimentos en la suma de $ en el considerando de fs. 61 vta. "in fine". 3º) Declarar que ha devenido en abstracto el tratamiento de la apelación impetrada a fs 66 por el Dr. Esteban de la Torre, conforme lo aquí resuelto.

4º) Imponer las costas en esta instancia en el orden causado (cfr. art. 66 C.P.C.);

5º) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes patrocinantes de las partes por su labor en la apelación de fs 65, en el 30% de los honorarios que les fueran fijados por su labor ante la primera instancia, con exclusión de los honorarios revocados en esta sentencia en favor del Dr. Esteban de la Torre por su intervención en el convenio de alimentos.- Protocolícese, agréguese copia autorizada a autos y notifíquese.

FIRMA DR. ROMERO PRESIDENTE - DRA. NACIF. VOCAL.- ANTE MI: MARISA MICHELTORENA DE ACHEM- SECRETARÍA.-