Criterio de razonabilidad, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, intervención de línea telefónica, prueba, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Aranzasti, Adrián Mario y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-12

En la misma línea argumental, cabe mencionar que, nuestro más Alto Tribunal ha establecido que en la tarea de reglamentación de los principios constitucionales, la ley debe compatibilizar el ejercicio de los derechos de todos los intervinientes en el juicio con el interés social que existe en la eficacia de la justicia. Es que, el principio de razonabilidad condensado en el artículo 28 de la Constitución Nacional no se limita a exigir que sólo la ley sea razonable, sino que resulta más amplio en virtud de que cada vez que la Constitución Nacional depara una competencia a un órgano de poder, le impone en el ejercicio de la actividad consiguiente que ésta tenga un contenido razonable, es decir, no arbitrario. La razonabilidad es entonces una regla sustancial, a la que también se la ha denominado "el principio o la garantía del debido proceso sustantivo", y que tiene como finalidad la de preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder. En el caso, el magistrado a cargo de la investigación del presente proceso, ponderó claras pautas objetivas que surgían de la investigación que se estaba llevando adelante; presentándose con un contenido razonable y, por ende, constitucional. La medida cuestionada fue dictada seguidamente de haberse cumplido las mínimas y necesarias tareas de investigación, por lo que en este caso también corresponde rechazar la nulidad propiciada. En este sentido, cabe recordar que la intervención de comunicaciones telefónicas no exige ni presupone certeza ni se requiere prueba de culpabilidad de la persona que debe soportarla. De adverso, basta con que la circunstancia que la sustente sea probable, porque lo contrario equivaldría a exigir que los jueces supieren de antemano el resultado de la medida que ordenan, cuando es justamente a la inversa: se intenta conocer la verdad jurídica objetiva, a partir de la ignorancia. Así se concluye que la legitimidad de las intervenciones telefónicas dispuestas en ambas causas, que luego resultaron acumuladas, encuentra sustento en el cumplimiento previo de la exigencia de la debida fundamentación y apoyada en un marco de razonabilidad a partir de las "sospechas suficientes" extraídas de las circunstancias objetivamente comprobables por las notas elevadas al magistrado instructor, quien, desde el punto de vista formal, para disponerla cumplió con las exigencias del art. 236 del código adjetivo. En consonancia con lo expuesto por el Tribunal que lógicamente, y de acuerdo a la experiencia y el sentido común, cuando se trata de una actividad de movimiento de grandes cantidades de sustancias de manera organizada llevada a cabo por un grupo con experiencia en estas actividades, las tareas de observación encubierta pueden ser inútiles por ausencia de los movimientos de los mencionados "compatibles" con una actividad ilícita de comercio y en la cual el único medio para poder investigar resulta ser la intromisión en la intimidad que implica una intervención telefónica.