Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-31


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 41971 CAUSA Nº 14.759/2007 - SALA VII - JUZGADO Nº 47 En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2009, para dictar sentencia en los autos: "MORALES, MANUEL ALBERTO C/ COMPAÑÍA LACTEA DEL SUR S.A. S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 9/32vta. se presenta el actor e inicia demanda contra "COMPAÑÍA LÁCTEA DEL SUR S.A." en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Relata que se desempeñó en relación de dependencia con la demandada (desde el 04-03-1991), como operario, realizando de las más variadas tareas, las cuales fueron creciendo en su categoría a través de los años.

Explica las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo.

Señala que la demandada es continuadora de PARMALAT ARGENTINA S.A. y que, a partir del momento en que es adquirida por aquélla la relación laboral con el actor se fue deteriorando poco a poco hasta hacerse insostenible debido a sus reiterados incumplimientos, habitual retraso en el pago de los haberes y en especial a la falta de dación de tareas y el silencio ante los reiterados pedidos de explicaciones.

Aduce asimismo que para afrontar los problemas financieros que venía soportando la demandada ofreció retiros voluntarios a los empleados con montos indemnizatorios inferiores a los que hubieran correspondido.

Afirma que junto con otros compañeros se presentó en el expediente del concurso de la demandada con el fin de manifestar sobre situaciones que creían irregulares en la empresa, a partir de lo cual la demandada se consideró injuriada y lo despidió.

Transcribe el intercambio telegráfico producido a posteriori y reclama las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, salarios, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.

Plantea la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del Art. 245 de la L.C.T.

A fs. 46/58vta. responde "COMPAÑÍA LACTEA DEL SUR S.A.".

Desconoce enfáticamente todos los extremos invocados en la demanda, relata su versión de los hechos y pide, en definitiva, el rechazo del reclamo.

A fs. 62/63vta. se presenta la sindicatura del concurso de la demandada.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 281/285.

Luego del análisis de los elementos fácticos y jurídicos de la causa el "a-quo" decide hacer lugar a la demanda y condena a "COMPAÑÍA LACTEA DEL SUR S.A. (su quiebra)" al pago de las indemnizaciones reconocidas al actor.

Los recursos que analizaré llegan interpuestos: por la parte demandada (fs. 296/297); por la sindicatura controlante de la quiebra (fs. 299/vta.) y por la parte actora (fs. 293/294). También hay apelaciones del Sr. perito contador y letrada de la parte actora, quienes consideran reducidos sus respectivos honorarios (fs. 287 y fs. 292).

II.- La demandada cuestiona el fallo en tanto la ha condenado al pago del incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323. Para hacerlo, sostiene que en virtud del concurso preventivo se vio impedida de pagar las indemnizaciones correspondientes.

No le veo razón en su planteo.- En efecto, en el concurso preventivo el concursado queda al frente de la administración de su patrimonio. Es decir, aunque hay actos que le son prohibidos, puede realizar libremente actos ordinarios de administración. Diferente es el caso de la quiebra, por cuanto desde el mismo momento de su declaración el deudor pierde la administración y la disposición de su patrimonio.

En el presente caso, la quiebra fue decretada con fecha 6 de junio de 2008, de modo que el "desapoderamiento" del patrimonio y la consecuente imposibilidad de pagar las indemnizaciones fue posterior al despido del actor, acaecido el 17-01-07.

Luego, estimo que, como se indicó en el fallo, resulta procedente el incremento en cuestión.

Recuerdo que el art. 2º de la ley 25.323 deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos contractuales que no hayan sido cumplidos por el empleador debidamente intimado. Ergo, son requisitos para su procedencia: la intimación fehaciente y el inicio de acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.- La norma parece apuntar a morigerar el daño que se produce al trabajador cuando no se cumple lo debido y a poner un marco diferencial entre el empleador que cumple con las indemnizaciones previstas en la ley y aquél que se toma los tiempos judiciales, aún sabiendo que debe pagar (ver trabajo publicado en ERREPAR, Nº 185, enero/01, T. XV,"Nuevo Regimen de Indemnizaciones Laborales Establecido por la Ley 25.323", Dra. Estela M. Ferreirós). La actora intimó fehacientemente y debió iniciar el presente juicio para poder obtener el cobro.

Propongo entonces la confirmación del fallo en este punto.

III.- Cabe desestimar el recurso interpuesto por la sindicatura a fs. 299/vta. en atención a la falta de expresión de agravios, en cuanto al fondo de la cuestión (art. 118 de la Ley 18.345). IV.- La parte actora se agravia en tanto en el fallo se ha desestimado su pedido de que se aplique una sanción por temeridad y malicia, reclamada con fundamento en el art. 9 de la ley 25.013.

A mi juicio le asiste razón a la apelante.

En efecto, la norma en cuestión expresamente establece: "En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado... se presumirá la existencia de conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".

En relación a este tema he tenido oportunidad de señalar, entre otras, las siguientes consideraciones: es requisito insoslayable para la aplicación de la norma la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado, ya sea sin invocación de causa, sin causa justificada o cuando se invocara una injuria que luego no se prueba. Obvio que al hablar de indemnización el artículo está haciendo referencia a la reparación del daño presunto que produce el despido arbitrario y por tanto, resulta también abarcativo del preaviso y/o de cualquier tipo de reparación nacida de la causa señalada.

En cuanto al tiempo la norma habla de pago en término y bueno es recordar que el pago es el cumplimiento de la prestación debida que hace al objeto de la obligación, en este caso, de dar.

Ese acto jurídico de pagar, que tiene por objeto inmediato aniquilar derechos y que puede ser realizado tanto por el deudor, en este caso empleador, como terceros en algunas ocasiones, debe gozar de integridad, conforme a lo establecido por el art. 742 del Código Civil, motivo por el cual, el trabajador no está nunca obligado a recibir pagos parciales.

Por otra parte, resulta de vital importancia tener presente que la ley requiere que el pago sea hecho en término, de manera tal que tratándose de obligación pura y simple, no sujeta a plazo alguno, la suma adeudada debe efectivizarse el día del cumplimiento de la obligación, que es el día del despido mismo.

En cuanto a la presunción contenida en el artículo, sostuve que se trata de una presunción legal de la que el legislador ha preferido la posibilidad de admitir prueba en contrario, pero lo cierto es que dicho hecho está eximido de prueba para el reclamante y es el legitimado pasivo quien debe liberarse demostrando su inexistencia, la que se da, primariamente, por cierta.

Es que la presunción no es una prueba, sino la exención o dispensa de prueba, en suma, que mientras no se pruebe lo contrario, el hecho se tiene por cierto y resulta indubitado.

Sin embargo, la ley prevé la posibilidad de que el deudor-empleador se libere de esa presunción acreditando la causa justificada de su demora. Es que su responsabilidad ya comienza a nacer en virtud de que han comenzado a surgir los presupuestos necesarios de la misma, a saber: a) incumplimiento objetivo o material como infracción al deber por incumplimiento contractual; b) un factor de atribución de responsabilidad; c) el daño, que en este caso se presume también motivo por el cual la reparación resulta tarifada, y c) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño.

Existe la posibilidad primera de que el empleador cumpla con la indemnización de manera íntegra y oportuna en cuyo caso queda absolutamente liberado. También puede ocurrir que el deudor incumpla con la prestación a su cargo, caso en el que se impone el pago reparatorio por el despido incausado y la sanción por no cumplir, ya que se actualiza la presunción y debe efectivizar el pago adicional previsto. Pero también puede ocurrir que no haya pagado la indemnización y que, no obstante, no resulte responsable porque el caso fortuito o la fuerza mayor hayan generado una situación de irresponsabilidad.

Es que el art. 514 del CC nos da la pauta de lo que se entiende por caso fortuito y expresa que es el que no se ha previsto o no ha podido evitarse.

En nuestro derecho, en el que la fuerza mayor y el caso fortuito han sido considerados sinónimos por la doctrina y por la jurisprudencia, se requiere para la configuración del "casus", la imprevisibilidad, es decir la imposibilidad de haber podido pensar que sucedería, la irresistibilidad o inevitabilidad, en la concepcion de algo absolutamente inevitable más allá incluso de que haya podido ser previsto; la ajenidad , como algo inherente al deudor y exterior a la esfera de acción en la cual el mismo debe responder.

Es decir que, para justificar su conducta de falta de pago en término de la indemnización por despido incausado se entiende que la única vía es la alegación y prueba del caso fortuito.

De acuerdo con lo expuesto, la desvirtuación de la presunción legal iuris tamtum de la norma resultará de gran dificultad a los empleadores. Así, el despido en el que no se invoque causa resultará prácticamente si no hay pago oportuno, acompañado por la presunción expuesta; si hubo invocación de causa y la misma llega a controversia judicial y no se prueba; el resultado será igual.

Aparece así la decisión del legislador de llevar seguridad jurídica al terreno de los despidos, evitando el litigio innecesario y sancionando el incumplimiento cuando no está justificado (ver trabajo completo, Estela M. Ferreirós, "Falta de pago en término de las indemnizaciones por despido incausado", Errepar - DLE- Nº 180 - agosto del 2000; en igual sentido ver de esta Sala "Perakes, Alejandro Nicolás c/ Viamonte Construcciones S.A. y otro s/ despido", sent. 40.926 del 28-05-08, entre otros).

Y bien, considero que tanto la disposición del Art. 2 de la Ley 25.323 como la del Art. 9 de la Ley 25.013 pueden ser aplicadas acumulativamente toda vez que mientras que la primera dispone un incremento indemnizatorio, la otra establece una presunción de existencia de conducta temeraria y maliciosa (art. 275 de la L.C.T.). Ver, en igual sentido "Ferramondo, Alberto Victorio c/ Crompton Química S.A.", sent. 41.339 del 31-10-08.- La demandada no ha logrado acreditar de ningún modo la causa que justifique esa demora, de modo que estimo justo fijar la multa en cuestión en la suma de $ 30.000.- En virtud de ello, el monto total de condena ascenderá a la suma de $ 190.695,29.- más los intereses que se indican en el fallo. V.- No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en el fallo en relación a las costas, las que han sido declaradas a cargo de la demandada vencida, en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal.

VI.- Los honorarios regulados a favor de los profesionales me parecen equitativos, sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados, adecuando los porcentuales al nuevo monto de condena que resulte, con inclusión de intereses (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias). En cambio sugiero sean elevados los honorarios de la representación letrada de la actora al 17% del monto de condena (Art. 38 de la ley 18.345).- VII.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada (art. 68 cit.) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la de la actora en el 25% y 35%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.- EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y elevar el monto de condena a la suma de CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 190.695,29) más los intereses que allí se indican. 2) Elevar los honorarios de la letrada de la actora al 17% del monto de condena con inclusión de intereses. 3) Confirmar el fallo en todo lo demás que decide. 4) Confirmar los restantes honorarios pero adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena con intereses. 5) Costas de alzada a cargo de la demandada. 6) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y de la actora en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), respectivamente, de los determinados para la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.