Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-16


Salta, 16 de Marzo de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "TOBIO, Pablo vs. BRUZZECHESSE, Miguel y otros - Sumario: Regulación de honorarios", del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 8ª Nominación, Expte. Nº CAM 578902/17 de Sala Quinta, y C O N S I D E R A N D O I.- Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 214 por el Dr. Pablo Tobío, por derecho propio, en contra de la sentencia interlocutoria de fs. 307 y vta., en la cual se hizo lugar al incidente de caducidad de la medida cautelar, interpuesto a fs. 297/302 por la Dra. Rita del Rosario Palacios, en representación de los codemandados Sres. Miguel Bruzzechesse y Ana María Teruel. A fs. 318/322 el recurrente presenta memorial de agravios. Afirma, en lo sustancial, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 207 del CPCC y lo dicho al respecto por la doctrina y la jurisprudencia, el plazo de caducidad de la medida cautelar trabada en autos, comenzó a correr desde que se efectuó el último depósito bancario por parte del Sr. Castilla y no desde la fecha de la notificación de la cautelar al nombrado, tal como erróneamente entendió la sentenciante. Agrega que la contraria tenía la carga de probar, con las constancias bancarias correspondientes, que desde la fecha de la efectiva traba de la medida transcurrió el plazo previsto en la norma citada, lo cual no hizo. A fs. 327/330 vta. los apelados contestan el traslado conferido pidiendo el rechazo del recurso por los argumentos que allí exponen, a los que cabe remitir por razones de brevedad.

A fs. 341 se llaman autos para resolver, mediante providencia que se encuentra firme.

II.- En el caso de autos se tiene que en la sentencia interlocutoria de fs. 128/129, se dispuso trabar embargo preventivo sobre los importes que tengan a percibir los demandados en virtud del acuerdo transaccional suscrito entre éstos y la firma "La Florinda S.A." y se mandó librar oficio a dicha firma, haciéndole saber que deberá depositar la suma objeto del embargo en una cuenta judicial en el Banco Macro, sucursal Tribunales. Posteriormente, y como consecuencia del escrito presentado a fs. 143 por el apoderado de "La Florinda S.A." - el que da cuenta de la imposibilidad de cumplir con la medida - y en atención a lo solicitado por el accionante a fs. 147, la Sra. Juez de primera instancia ordenó notificar al Sr. Jorge Raúl Castilla que deberá retener la suma indicada en la resolución de fs. 128/129, de los cheques otorgados por "La Florinda S.A." a favor de los demandados en virtud del acuerdo transaccional suscripto por éstos y la sociedad referida. Y dispuso que dichas sumas deberán depositarse en una cuenta judicial en el Banco Macro, Sucursal Tribunales y como perteneciente a estos autos.

Luego de ello la parte actora cursó las cédulas correspondientes al Sr. Castilla, las que fueron diligenciadas el 3 de marzo de 2017 (cfr. fs. 151/152 vta.).

Finalmente, el actor presentó la demanda el 12 de mayo de 2017 (cfr. cargo de fs. 279).

III.- El instituto de la caducidad de las medidas cautelares establecido en el artículo 207 del C.P.C.C. tiene como finalidad evitar que un acreedor pueda mantener afectado el patrimonio de su presunto deudor con una medida cautelar y preventiva, sin que promueva la acción pertinente en la cual se disputa y resuelva la procedencia o no de la pretensión procesal de aquél (CApel.CC. Salta, Sala III, Fallos año 1981, fº. 65).

El artículo 207 del CPCC establece que se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpuso la demanda dentro de los treinta días siguientes al de su traba.

Reiteradamente se dijo que para que opere la caducidad prevista en la norma citada, es necesario que la medida cautelar esté ordenada y hecha efectiva con anterioridad a la demanda principal, que la obligación cuyo cumplimiento se trata de asegurar con la medida sea exigible y que la parte no interponga la demanda principal en tiempo oportuno (CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, fº 845; íd. t. XXXI, fº 802).

A su vez "El plazo de caducidad comienza a contarse desde el momento en que se hubiese hecho efectiva la medida cautelar. En las medidas registrables, el plazo comenzará a correr desde que el registro se hizo efectivo; cuando el embargo se dispone sobre sumas dinerarias, el plazo de caducidad del artículo 207 del CPCCN comienza a correr desde la notificación por nota de la providencia que hace saber del depósito del dinero embargado, no obstando a ello que no se hubiere efectivizado la totalidad del monto..." (Falcón, Enrique M. "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", tomo IV, pág. 151/152, Rubinzal Culzzoni Editores, Santa Fe, 2011). Entonces el plazo de caducidad comienza a correr desde que las sumas de dinero afectadas quedan indisponibles y si el dinero -como en el caso- se encuentra en poder de un tercero, desde la notificación de la providencia recaída con motivo de la comunicación hecha por aquel en el sentido de haber efectuado la retención. Sólo desde el conocimiento por el peticionante de dicho extremo puede considerarse que la medida se ha hecho efectiva pues de esa manera queda suficientemente resguardado el derecho de quien peticiona la medida cautelar anticipada (CApelCCSalta, Sala II, t. año 2015, fº 610/613).

En el mismo sentido se dijo que el plazo se computa desde la notificación por nota del proveído que hace saber el depósito del dinero embargado (conf. Kielmanovich, Jorge, "Medidas cautelares", pág. 72; CNCiv.yCom.Fed., Sala 3ª, citados por Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado", La Ley, 2011, Buenos Aires, t. II, págs. 521/522). Igualmente se ha señalado que en el caso de embargo sobre dinero la medida se entiende cumplida con el depósito que informe la boleta que se presente y es a partir del día de nota correspondiente al auto que hace saber esa presentación que corre el plazo para que se produzca la caducidad de aquélla por razón de la falta de interposición de la demanda principal (CNFed.C.C., Sala II, "ANSeS vs. Cruz Azul", J. A. 1996 -II-481).

III.- En ese marco cabe adelantar que el recurso interpuesto por el actor resulta procedente.

Ello así por cuanto no surge de las constancias de autos que quien debía cumplir con la cautelar ordenada -Sr. Jorge Raúl Castilla- haya informado la efectiva traba del embargo ni presentado la correspondiente constancia bancaria de la que surja el depósito del dinero objeto del embargo. Ante esa circunstancia, lógicamente, tampoco existió providencia alguna que mande hacer conocer la efectiva traba de la medida, con su respectiva notificación por nota. En consecuencia, a la fecha de la interposición de la demanda, el plazo previsto en el artículo 207 del CPCC no había comenzado a correr.

En otros términos, con las constancias de autos no puede concluirse sin más que el actor haya conocido o debido conocer el resultado de la medida -es decir de su efectiva traba-, con anterioridad a la promoción de la demanda. Pero incluso si se considerara - aunque erróneamente- que las cédulas de fs. 151/152 vta. acreditan no sólo la notificación al Sr. Jorge Raúl Castilla, sino también la efectiva traba de la cautelar, cabe destacar que tampoco obra en autos providencia alguna que haya tenido por presentadas las cédulas y, a su vez, una notificación por nota de dicha providencia que permita un cómputo de los plazos a partir del día siguiente de esa notificación.

Si bien ello resulta suficiente para acoger el recurso, en el caso se tiene que previo a la interposición de la demanda, el actor debió cumplir con el trámite de la mediación extrajudicial obligatoria prevista por la ley 7324, el cual finalizó el 7 de abril de 2017, de conformidad a las constancias de fs. 271. Es decir que no puede entenderse que en el caso en análisis el actor haya utilizado la medida para dilatar o presionar a la contraria, supuestos éstos que el artículo 207 de la ley de rito tiene por finalidad evitar.

IV.- Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la caducidad de los derechos deben interpretarse con criterio restrictivo, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y, en su mérito, revocar la sentencia interlocutoria de fs. 307 y vta. y no hacer lugar al incidente de caducidad de la medida cautelar deducido a fs. 297/302.

En cuanto a las costas de ambas instancias, se imponen a la parte apelada en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, 67, y 273 del CPCC).

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I.- HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por el actor a fs. 214, en los términos dispuestos en el considerando nº IV. II.- IMPONE las costas a la parte apelada.

III.- REGISTRESE, notifíquese y REMITASE. SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIA. VOCALES: FIORILLO SOLEDAD GÓMEZ BELLO, ALFREDO SECRETARIA: DRA. MAGDALENA SOLÁ SALA V T. XXXVIII, I Fº 287/291, 16/03/18. EXP -N° 578902/17.