Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-10-27


2º Instancia. - Junín, octubre 27 de 2009.

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:

I.- En la sentencia dictada a fs. 106/114 se declara la inconstitucionalidad de las resoluciones de la Secretaría de Transporte de la Nación nº 498/2007 y 212/2002 art. 6º en lo referente a la fijación del monto indemnizatorio por pérdida de equipaje y se hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Mónica Clara Peruggini contra la Empresa Pullman General Belgrano SRL, condenándola al pago de la suma de $ 1.618 por el daño emergente, desestimando el daño moral reclamado. Ello con más intereses a la tasa pasiva desde el momento del hecho (29/6/2007) hasta el efectivo pago y costas a la demandada perdidosa.

Apelaron el fallo ambas partes (fs. 114 y 116), expresando agravios la actora a fs. 123/126 y la demandada a fs. 127/129.

La crítica de la reclamante se dirige al monto fijado, considerando que la reparación integral del daño sufrido, teniendo en cuenta el contenido denunciado, determina la procedencia de la acción por la suma total reclamada de $ 3.791, con más intereses a la tasa activa y también a la recepción del daño moral pretendido y desestimado.

Por su parte, el apoderado de la empresa se disconforma con la inconstitucionalidad decretada en cuanto a la indemnización tarifada, señalando la arbitraria discrecionalidad en que se incurre con su apartamiento cuando se trata de equipaje con valor no declarado por el propietario, violentando el principio de seguridad jurídica e igualdad e incursionándose en temas reglamentarios del transporte (art. 28 CN) ajenos a la competencia del Poder Judicial.

Con las respectivas réplicas de fs. 135/137vta. y 138/139vta. resistiendo las contrarias impugnaciones y firme que quedó el llamado de autos para sentencia de fs. 140, las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).

II.- Puesto en esa tarea, el tema aquí en debate nos coloca ante la siempre discutida limitación cuantitativa de la responsabilidad; cuestión ésta que, trascendiendo el abordaje desde la política legislativa (en sentido lato) y la realidad socio- económica -en cuyo plano los argumentos tanto de defensa como de ataque han sido expresados con mucho énfasis por numerosa doctrina y cuyo análisis excede las necesidades decisorias-, se proyecta, en los supuestos específicos de aplicación, directamente en la justicia del caso concreto y su constitucionalidad como reglamentación del derecho.

Antes que todo, he de señalar que el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido a tutelarse ha sido emplazado por la Corte Suprema de la Nación a partir de los casos "Santa Coloma" (Fallos, 308:1160 y JA, 1986-IV-625), "Gunther" (Fallos 308: 1118 y JA, 1987-IV-653) y "Luján" (Fallos 308:1109), pero particularmente desde el caso "Aquino" (Fallos 327:3753), como principio general de jerarquía constitucional con sustento en el art. 19 CN o como derecho inferido de la garantía de propiedad (arts. 14 y 17 CN); es decir la reglamentación que del mismo hace el Código Civil como integral (entiéndase bien en su acepción de plena no de total), no la arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (Pizarro, Ramón D. " La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras) Sup. Especial La Ley 2004 (setiembre), 5 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo I, 529) Así si bien puede válidamente crearse un sistema específico y separarlo del régimen general de la responsabilidad por daños establecido en el Código Civil (de lo cual hay variados ejemplos v. Alterini Atilo A "Limitación de la responsabilidad ¿Solo para autotransportistas? LL, 1997-E, 1333) -cuidándose muy bien el Superior Tribunal de señalar que el legislador puede fijar sistemas tarifados o con techos o topes indemnizatorios cuya constitucionalidad en abstracto no es discutible-, como toda limitación a un derecho constitucional deberá sortear, en su aplicación al caso concreto, el test de constitucionalidad del art. 28 C.N.

En otras palabras, reglamentariamente puede limitarse un derecho, restringiéndolo en su dimensión cuantitativa, pero no se puede degradarlo, desnaturalizarlo, alterarlo cualitativamente. Ello surgirá cuando se demostrare que su aplicación conduce al desarraigo del principio alterun non laedere que aquella norma reglamenta y comporta un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación. Si avanzare de ese modosobre la esencia del derecho, conculcándolo gravemente, es inconstitucional.

Si como fruto de ese tope o tarifa llegare a otorgarse una indemnización sensiblemente menguada o insuficiente comparada con la que correspondería en caso de aplicarse las reglas ordinarias del derecho común -Código Civil- la tacha de inconstitucionalidad será evidente.

Si del criterio comparativo expuesto resulta una diferencia irrazonable o inequitativa, el límite debe ser entonces dejado de lado; premisa ésta aplicable "a cualquier supuesto de limitación cuantitativa de responsabilidad que las leyes contemplen y que susciten controversias en los casos concretos" (CC0001 ME 110363 RSD-176-6 S 12-9-2006 JUBA B600247) Debemos también tener en cuenta tal como puntualiza Pizarro en nota 19 de su trabajo que "La razonabilidad o irrazonabilidad de las restricciones en el ejercicio de los derechos -elemento fundamental a la hora de calibrar la posible inconstitucionalidad de una norma- es una cuestión de hecho, ligada a circunstancias de tiempo y lugar y, por ende, no cristalizada y susceptible de evolución valorativa." Finalmente señalo que ante la claridad del postulado de las resoluciones de la Secretaria de Transporte de la Nación en cuanto al valor tarifado de resarcimiento por equipaje no declarado, la vía para descartar su aplicación es la intentada, admitida y recurrida de declarar la inconstitucionalidad; sin embargo no se me escapa que otros prestigiosos tribunales establecen directamente la indemnización, apartándose de ese tope sin ese previo análisis, por la distinta jerarquía normativa. En este sentido destaco a la C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2º, sent. del 11/05/1999": Quiroga Paulina Beatriz v. Coop. de Trabajo Transporte autos de Cuyo Tac. Ltda. S/ Pérdida de Equipaje. Causa Nº 1714/97" Lexis Nº 60000085, voto del Dr. Vocos Conesa: "Destaco, en ese sentido, que esa Cámara -en coincidencia con otros tribunales nacionales- tiene resuelto que, para determinar la indemnización por daños causados al equipaje de pasajeros de ómnibus, no corresponde atender -como lo puntualizó- mi estimado colega Dr. Freire Romero en la causa "Gimeno de Coll, Carmen J. v. Expreso General Urquiza S.R.L.", del 24/10/1980- a la limitación establecida en el decreto reglamentario de la ley 12.346, aunque no haya mediado previa declaración del valor, si de las pruebas rendidas resulta la existencia de un perjuicio mayor. Ello así, puntualizó mi amigo y ex colega -quien se distinguió por su prudencia y espíritu de justicia como integrante de esta sala entre 1976 y 1983-, porque las disposiciones de aquel decreto no pueden prevalecer sobre toda la economía y las normas específicas del Código de Comercio, de manera que si el damnificado demuestra la existencia de un daño superior al que fija el decreto 3055/1958 (en autos, el establecido en el art. 6 resolución 47/1995 ST.), el porteador debe indemnizar ese mayor valor (conf. ED, 92-97; ver también, CCom., JA, 11-831 y 14-1184 -citados por Fernández, R. J., "Código de Comercio de la República Argentina comentado", t. I, vol. I, 1951, p. 300-; C. Nac. Com., sala A, JA, 1965-V-171; ibíd., JA 1966-I-396; LL, 121-524; C. Nac. Fed., JA, 1970-5-364; JA, 1972-15-544, secc. síntesis; esta sala 2º, JA, 1972-13-512; conf., asimismo, Soler Aleu, A., "Transporte terrestre", 1980, p. 116 y notas 271 y 272; Fernández Madrid, J. C., "Código de Comercio comentado", t. I, 1980, p. 223 y sus citas y p. 237 y precedentes jurisprudenciales allí individualizados; CCom., LL, 20-339; C. Nac. Com., sala A, LL, 102-741; íd., ED, 15-766; C. Nac. Fed., JA, 1968-V-220; sala I, JA, 20-1973-173, síntesis, etc.)." o el de la CNCom Sala C 22/5/2009, Expte 66.773/2005 Causa 97235/2005 "Pereira Sandra Isabel C/ Andesmar SA s/ Ordinario"(elDial. com), voto del Dr. Ojea Quintana: "...corresponde atender liminarmente el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora respecto de la Resolución 47/95 y su modificatoria 212/02, ambas dictadas por la Secretaría de Transporte de la Nación. Ello puesto que, según de la versión de las partes, de allí se desprendería cierta limitación a la reparación pecuniaria aquí pretendida...teniendo en cuenta que la pretensión de la reclamante la constituía la reparación integral del daño padecido, era evidente que aquella no se había sometido al régimen administrativo de indemnización tarifada previsto en las citadas resoluciones. Ello así, por cuanto las disposiciones de la citada Resolución 212/02 no pueden prevalecer sobre las normas específicas del Código de Comercio, de manera que si el damnificado demostrara la existencia de un daño superior al que fija la referida resolución, el transportista debería indemnizar ese mayor valor. Las limitaciones restrictivas que surgen de la Resolución nº 212/02 de la Secretaría de Transporte de la Nación, sólo tienen eficacia supletoria para el supuesto de que el incidentista no logre probar el contenido y la significación económica del equipaje, pues en caso de demostrarse tales extremos, la obligación del transportador se rige por la norma del art. 179 del Código de Comercio (conf. dictamen fiscal nº 121.764 del 28/11/2008). En consecuencia, cabe concluir sobre la inaplicabilidad en el caso de la normativa impugnada, sin que quepa expedirse respecto de la articulación de inconstitucionalidad introducida en el escrito de demanda". En esa misma línea se enrola el fallo citado en la demanda (Cam. Apel. Civ. y Com 1º Nominación Santiago del Estero " Farias de Hauteberque D. c/ Empresa de Transportes Gral. Urquiza SRL s/ daño" 28/11/2006 MJ-JU-M 10360-AR / MJJ10360.) Formuladas estas consideraciones, digo que conforme surge del inc. b del art. 6 de la Resolución 47/1995 modificada por la Res. 212/2002 de la ST, la indemnización por extravío por bulto de valor no declarado se fijó en 7000 veces la "base tarifaria" por asiento kilómetro para servicio de transporte de pasajeros interurbanos, camino con pavimento ( desde el Decreto 2407/2002 reemplazada por "tarifa de referencia"); con la tarifa de referencia establecida a partir de agosto de 2006 por la Resolución ST 608/2006 ( aplicable al momento del hecho 29/6/2007, ya que la modificación introducida por Resolución ST 498/2007 del 21/8/07 es posterior), ello arroja en función del índice entonces vigente (0,072072) la suma de $ 504,50, a la que se aferra la demandada. El valor anterior que estuvo vigente desde noviembre de 2002 era de $ 458,60 (confirma todo esto el informe CNRT fs. 74/5).

La primera reflexión que ello motiva, es que desde noviembre de 2002 a agosto de 2006, el incremento dispuesto tal como expresamente se indica en el citado informe fue del 10% (de $ 458,60 a $ 504,50). Tenemos en cambio, según información del propio Indec (www.indec.gov.ar) que la variación porcentual de precios al consumidor en indumentaria (contenido propio de una valija del pasajero) respecto del período anterior, durante el año 2003 fue 21,6%, para el año 2004 6,7% y para el año 2005 11,4%, lo que da un acumulado del 44,53% nada más que en esos tres años (sin computar el año y medio transcurrido hasta el 29/6/2007, en que ocurrió el extravío). Lo cual demuestra un detrimento del valor tope indemnizatorio, en abstracto, aunque nada dice de su suficiencia o no en concreto.

Ahora bien, sabido es de "las dificultades que existen para rendir una prueba precisa sobre el contenido de una valija, pues no es habitual que en la preparación del equipaje se proceda ante una rueda de testigos, ni por ante un escribano público (menos todavía en presencia de funcionarios o dependientes del transportista). Es por ello que, con criterio realista, el tribunal se ha inclinado en estos casos de pérdida de una o más valijas que conforman un equipaje a establecer prudencialmente la indemnización, porque es incuestionable que, en semejantes supuestos, la existencia del daño es la consecuencia natural del incumplimiento. Y es que, según el curso ordinario de las cosas no es concebible que alguien transporte a significativa distancia una valija sin contenido alguno o portando en su interior efectos de valor cero... En tales condiciones, probada la existencia del daño pero no su cuantía, es facultad-deber del juzgador formular un juicio sobre bases prudenciales (art. 165, CPCCN). Y la prudencia lleva a ponderar, con delicadeza y afinación del juicio, un conjunto de circunstancias que proporcionan bases indiciarias útiles, como ser: clase de valija o maleta perdida, peso del equipaje, viaje de que se trata, época de su realización, tiempo de estadía en destino, finalidad turística o laboral, número que integra el núcleo familiar transportado, nivel socioeconómico del pasajero, valoración experiencial de lo que comúnmente constituyen los efectos que son empleados en viajes de cabotaje o internacionales, atención de que - en general- la indumentaria que se lleva es en proporción no desdeñable ropa usada, etc" (del voto del Dr. Vocos Conesa en fallo citado).

Con tales parámetros, es de puntualizar que si bien son escasos los elementos probatorios allegados actoralmente, resulta de las constancias de autos que se trata de una mujer, de 55 años al momento del hecho, que venía desde la Capital Federal a pasar un fin de semana con fines de esparcimiento en época invernal y que debió hacer una erogación apremiada por la falta de tales efectos personales al día siguiente de $ 1.109 (ver fs. 5, demanda, declaraciones testimoniales de fs. 60/62, factura de fs. 15).

Aunque no se desprenda de los fundamentos del fallo como arribó el sentenciante de grado prudencialmente a una suma que indica cierta precisión ($ 1618), no encuentro en los argumentos de ataque de la reclamante (los de la demandada se circunscribieron a la defensa de la tarifa de la Secretaria de Transporte) razones que hagan evidente, con fundamento en extremos que por su propio interés debía acreditar (art. 375 CPCC) un desajuste significativo de dicha estimación. Antes bien, en líneas generales y con el grado aproximativo dable de esperar en estos casos, y teniendo en cuenta valores de mercado de la ropa y elementos de higiene y cosmética esa fecha y del propio continente (valija o bolso), en función de los requerimientos propios de una estadía como la indicada, estimo que la apreciación ha sido correcta.

Repárese que mínimamente debió trasladarse dos mudas completas de ropa interior, algún sueter o abrigo, pantalón, jean o pollera, camisas o blusas, calzado, medias, nécessaire con variado contenido, etc. Ello al margen del costo de cualquier valija que según información de la época recabada en páginas de Internet se compadece con lo indicado para el item al demandar y que por sí solo absorbería parte sustancial de la indemnización ofrecida.

Creo por todo ello que la inconstitucionalidad decidida respecto de la aplicación de la tarifa indemnizatoria, por su evidente irrazonabilidad al menos en este caso, debe ser confirmada.

Algún autor (Sebastián Elias "Responsabilidad del Estado" LLGran Cuyo 2002, 627) se ha preguntado, de manera que transcribo casi textualmente, si no se ha instalado mas allá de lo circunstancial algo inquietante en nuestra sociedad, lo que da en llamar "estrategia de la inconstitucionalidad", que se asienta sobre la política del hecho consumado y el cálculo estadístico, donde primero se legisla -entendiendo la expresión "lato sensu"- en cualquier sentido y luego se preocupa por las consecuencias. Así, se especula con que un cierto número de los afectados ni siquiera se pregunte alguna vez si sus derechos han sido conculcados. Otros tantos, sí lo harán pero generalmente desistirán de intentar reclamación alguna, desalentados por las incontables vueltas de los trámites administrativos y/o judiciales y por alguna que otra jurisprudencia francamente desprotectora de los habitantes frente a los poderes. Y algunos pocos reclamarán, con mayor o menor grado de éxito. Contra éstos se litigará, podrá o no transigirse, y eventualmente se reconocerán sus derechos en el caso concreto. Claro que el número de casos en los que se deberá desistir de las políticas inconstitucionales, será lo suficientemente bajo como para justificar la realización de la medida, la cual tendrá plenos efectos en otro sinnúmero de casos. Algo parecido a lo que hacen las compañías de seguro frente a los reclamos de asegurados o terceros.

Lamento tener que decir que con el nivel de resarcimiento fijado administrativamente parece confirmarse esa preocupación, desviándose la normativa del loable propósito de desalentar reclamos judiciales dando seguridad y celeridad través de una compensación igualitaria pero que a su vez satisfaga sino el de rigurosa justicia al menos el extremo de prudente adecuación y razonabilidad.

Propicio también por lo expuesto se confirme lo resuelto respecto de la cuantificación del daño patrimonial emergente.

Considero en cambio que el agravio actoral respecto del daño moral es de recibo.

Sin soslayar el carácter restrictivo que tanto la doctrina como la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, criterio que tiende a excluir de éste ámbito las pretensiones insustanciales que basadas en las simples molestias que puede ocasionar el incumplimiento (conf. Guillermo A. Borda "La reforma de 1968 al Código Civil" p. 203), ello no puede erigirse en un obstáculo insuperable cuando la lesión a las afecciones legítimas, entre otras la paz y la tranquilidad del espíritu, tiene seriedad suficiente y base sólida en los antecedentes de la causa (art. 522 CCivil).

Ubicándonos en la situación de la actora, sin dificultad alguna podemos advertir el momento de desasosiego y zozobra que debió padecer ante la desaparición de todos los efectos personales transportados y que eso innegablemente ha afectado su tranquilidad anímica, superando tal disgusto y los subsiguientes trámites de reclamo y aprovisionamiento, sin haber obtenido colaboración inmediata de la responsable, la mera inquietud o incomodidad. Un fin de semana de esparcimiento se vió en significativa medida alterado, mermado en cuanto a su propia finalidad, frustrando las legítimas expectativas de la viajante pasajera. Entiendo así que debe hacerse lugar a dicha pretensión por la suma que prudencialmente valoro en $ 500, con intereses calculados en idénticos términos a los fijados para el daño material.

En relación a este último aspecto, resulta aplicable el criterio sentado por este tribunal en expte 43507 LS 50 nº 299 sent. del 13/10/2009, que en la parte pertinente transcribo:" Con relación a la tasa de interés aplicable, que actoralmente se pretende sea la activa en lugar de la pasiva dispuesta, hasta la fecha este tribunal, siguiendo la doctrina legal de nuestro Superior e incluso de la CSJN en precedentes de jurisdicción originaria (ver la reseña que efectué en Expte. Nº 42441 RISDEL LS 49 nº 151 sent. del 1/7/2008) no se hecho eco de la tendencia jurisprudencial y doctrinaria que ante las nuevas circunstancias económicas experimentadas en nuestro país a partir de la salida del sistema de convertibilidad, con el mantenimiento de la prohibición de indexación de la ley 23928, viene postulando de un modo cada vez más generalizado su reemplazo (ver a modo ejemplificativo lo decidido en acuerdo plenario por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 20/4/2009 in re "Samudio de Martínez L c/ Transportes Doscientos setenta SA s/ Daños y Perjuicios", que dejó sin efecto la doctrina fijada en los plenarios Vazquez c/ Bilbao del año 1993 y Alaniz c/ Transportes 123 del año 2004).

Este criterio parte del reconocimiento de que la tasa pasiva no cumple acabadamente la función resarcitoria que tienen los intereses moratorios, la que consiste en reparar el daño por el retardo injustificado e imputable en el cumplimiento de la obligación así como tampoco mantiene el valor del capital de condena. Es que si bien el parámetro o fundamento de cual podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término (es decir la colocación en depósito en una institución bancaria) resulta útil y justificada en períodos de estabilidad económica y monetaria, ya que la tasa pasiva sería positiva, cuando estas circunstancias son distintas, su rígido mantenimiento conlleva a consagrar un dinero judicial barato que alienta al deudor frente a opciones especulativas a prolongar en el tiempo el cumplimiento.

Habiendo reflexionado al respecto y luego de la adopción por otras Cámaras colegas de esta Provincia (CCivCom Sala II La Matanza "Jimenez Zapata I. c/ De Abreu Campanario J s/ Daños" expte 1460/2 de diciembre de 2008 ; CCiv y Com Dolores "Bravo P.A. c/ Ponce M.E. s/ Daños" causa 86.976 de 4/12/2008) de un criterio intermedio que, sin apartarse de la solución casatoria hasta ahora vigente, distingue entre dos períodos, uno desde la fecha del hecho dañoso hasta que la sentencia quede firme y el otro desde esa firmeza de la condena hasta el efectivo pago de la misma, es que he arribado al convencimiento, que en este proceso y en lo sucesivo obviamente de existir recurso, se recepte la aplicación de la tasa activa para la segunda etapa.

Es que si "desde la fecha del evento dañoso hasta la de la sentencia, la conducta del responsable del daño, en tanto no ha cumplido con la obligación de resarcir en forma inmediata, pudo tener el respaldo de su desconocimiento acerca del monto exacto del perjuicio o su pretensión de no resultar obligado al pago y en tal caso la aplicación de intereses sólo tiene a compensar la falta de disponibilidad del capital" (CCiv y Com San Isidro Sala I "Mattuz Alejandra c/ La Internacional de Transportes expte. 99.614) y si el actor se disconforma de la tasa pasiva puede invocar y probar que a causa de la conducta del deudor debió recurrir al crédito para suplir el incumplimiento (ver Trigo Represas-Lopez Mesa Tratado de la responsabilidad civil" To. IV p. 841). Pero desde que está en condiciones de ser ejecutoriada la sentencia no es posible premiar al deudor con un tasa inferior al precio de dinero en el mercado cuando hay certeza en su obligación y se sabe que es lo que debe. Es decir la jurisdicción que entre sus atributos tiene el de imperium, para hacer cumplir su mandato al condenado, debe incrementar el efecto conminatorio que adquiere la cuantía de la tasa, evitando un beneficio indebido con el retardo en el pago. Por ello propicio que a partir de ese momento se aplique la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días." En cuanto a las costas de Alzada, teniendo en cuenta el éxito obtenido en sus pretensiones, considero deben ser distribuidas en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora (arts. 68 y 71 del CPCC).

Así lo voto.

Los Señores Jueces Dres. Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A la segunda cuestión, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: I. Confirmar la sentencia apelada, excepto en cuanto al rechazo del daño moral, que se lo admite por la suma de $ 500, con más intereses a calcularse de igual forma que para el daño material, y respecto de la tasa de interés, que se la modifica desde que quede firme la sentencia hasta el efectivo pago, período en el cual deberá tomarse la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días. Las costas de Alzada se imponen en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 23, 31 y 51 de la ley 8904).

Así lo voto.

Los Señores Jueces Dres. Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se resuelve: I.- Confirmar la sentencia apelada, excepto en cuanto al rechazo del daño moral, que se lo admite por la suma de $ 500, con más intereses a calcularse de igual forma que para el daño material, y respecto de la tasa de interés, que Se la modifica desde que quede firme la sentencia hasta el efectivo pago, período en el cual deberá tomarse la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días. Las costas de Alzada se imponen en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 23, 31 y 51 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen. - Juan José Guaridola. - Patricio Gustavo Rosas. - Ricardo Manuel Castro Durán.