Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13


En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de septiembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente.

Y VISTOS:

Llegan nuevamente las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 90/93 por el Sr. Defensor Oficial -Mariano Luis Bertelotti, cotitular de la Defensoría Oficial Nº 4- impugnando el rechazo dictado el 9 de junio (fs. 71/73) de la queja articulada a fs. 59/62vta. ante la resolución emitida por el Juez de grado que dispusiera denegar la apelación contra el resolutorio mediante el cual había intimado a comparecer a la Pablo José Soto para recibir el oficio y dar cumplimento a la pena de tareas de utilidad pública impuesta (fs. 53).

Fundamenta la pretensión constitucional invocando dos principios de ese rango: el de inocencia y el derecho al recurso, en tanto se habría interpretado, en el decisorio impugnado, el artículo 33 de la ley 402 con un alcance violatorio de ellos. En ese sentido, para una correcta télesis coherente con la norma fundamental, considera que debe entenderse, "...como bien lo estipula la norma, que, una vez presentada una queja por inconstitucionalidad denegada, lo que no se suspende es el 'curso del proceso', es decir, que éste debe seguir adelante hasta el dictado de la sentencia definitiva, pero en modo alguno puede equipararse tal disposición a la posibilidad de ejecutar la condena cuando ésta, como en la especie, no se halla firme" (91/vta.).

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara postula en el dictamen que luce a fs. 97/100vta. que corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y en consecuencia devolver los actuados al Tribunal de origen para proseguir con la ejecución de la condena.

Cumplidos los pasos y plazos procesales correspondientes se encuentran los presentes actuados en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO Corresponde, a fin de decidir sobre la admisibilidad del remedio intentado el análisis a la luz de los requisitos establecidos en el art. 53 LPC y en los arts. 27 y 28 de la ley 402, tendiente a determinar si se han respetado las demandas formales y sustanciales de viabilidad exigidas para habilitar la instancia extraordinaria -impugnabilidad objetiva y subjetiva-.

Es así que, respecto a los recaudos de forma, la pieza recursiva fue introducida dentro de los diez días de notificada la resolución atacada -sentencia definitiva-, por escrito ante el Tribunal que la dictó y debidamente fundada, cumpliendo con las exigencias del art. 28 de la ley 402.

Ahora bien, resta analizar la presencia de los requisitos sustanciales previstos en la segunda parte del art. 27 de la ley 402, es decir, si el fallo en crisis ha controvertido la interpretación o aplicación de alguna norma contenida en la Constitución Nacional o local, o su validez o la de un acto bajo la pretensión de ser contrarios a ellas. Con tal criterio restrictivo indefectiblemente ha de evaluarse la sustancialidad del planteo, a efectos de verificar si en la presentación la defensa ha logrado plantear correctamente la existencia de un auténtico caso constitucional o si, en cambio, se intenta habilitar una tercera instancia ordinaria de revisión encubierta con meras remisiones dogmáticas a la Carta Magna. En esa dirección la cautela es imperativa, en tanto no existe norma que no regule derechos constitucionales, ni acto jurisdiccional que en última instancia no interprete la norma fundamental.

Sentado lo dicho corresponde identificar los elementos individualizados por el Sr. Defensor para sostener la existencia de un caso constitucional que habilitaría la instancia extraordinaria y de ese modo analizar su admisibilidad.

Sintéticamente el recurrente impugna la interpretación de esta Sala respecto del art. 33 de la ley 402, específicamente a la mención "mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso", apuntando que debe atribuírsele un contenido coherente con los CAUSA Nº 182- 03 /CC/2004, Sala II principios constitucionales en juego: el de inocencia y el derecho al recurso. El argumento esbozado por la asistencia técnica consiste en diferenciar la etapa de ejecución de la sentencia del tramite del proceso al que, entiende, alude el art. 33 de la ley 402, pero lo cierto es que distingue donde la ley no lo hace y en cuestiones de competencia, sobretodo cuando se encuentra en debate la jurisdicción de las distintas instancias, la taxatividad legal como garantía de clausura constituye el principio general.

Por otra parte, tampoco puede obviarse el objeto específico del presente recurso -rechazo de la queja por apelación denegada- es decir, no se discute la existencia o no de un agravio causado por la no suspensión de la ejecución de la condena y su eventual naturaleza constitucional; sino la viabilidad de la instancia recursiva denegada con fundamento en una norma específica que otorga competencia exclusiva y excepcional al Tribunal Superior para suspender el trámite ejecutorio.

Y es a este respecto que no resulta posible eludir que tal definición del contenido jurídico de la norma -art. 33 ley 402-, es producto de la determinación jurisdiccional del propio máximo órgano de la judicatura local, el cual -en su composición mayoritaria- ha zanjado la cuestión atribuyéndole ejecutoriedad -y firmeza a los fines de la prescripción de la acción y de la pena- a las sentencias condenatorias a partir de la denegación del recurso de inconstitucionalidad.

En atención a ello, la vía escogida resulta inadmisible toda vez que el recurso de inconstitucionalidad articulado contra la denegatoria de la queja, no constituye pretensión legítima pasible de consideración en instancia extraordinaria por cuanto contradice abiertamente lo estatuido por el párrafo cuarto del art. 33 de la Ley 402 surgiendo de dicha normativa que, en todo caso, debió dirigirse la petición por ante el Tribunal competente para resolverla, donde precisamente se está tramitando la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.

El art. 33º en el párrafo quinto establece así que "...mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa..." (solución análoga brinda el art. 491 del CPPN al referirse al recurso de casación en la etapa de ejecución). En este sentido el mentado órgano supremo de la judicatura local ha expresado que "...la Cámara Contravencional y de Faltas rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de mérito que condenó a los encartados -decisión que para la ley 402, era definitiva-, de manera que esta última resolución quedó ejecutoriada, lo cual equivale a considerarla 'firme' en los términos del art. 32 de la ley nº 10. En efecto, a partir del dictado por parte de la Cámara de la resolución que rechaza el recurso de inconstitucionalidad pertinente, el interesado no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia, ya que el único recurso que puede interponer (queja contra dicha denegatoria) no reviste efecto suspensivo. Ello surge en forma expresa del art. 33 de la ley nº 402..." (del voto de la Jueza Ana María Conde en la causa nº 4066 "González, Carlos Alberto y Otros s/queja por recu rso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Laqcuanti, Roque y otros Bingo Congreso s/inf. Ley 255-Apelación' ", el resaltado es nuestro).

Y también se ha dicho que: "Esa denegatoria importa reconocer firmeza a la sentencia de condena, pues su contenido es precisamente establecer que el recurso de inconstitucionalidad intentado por la parte que se considera agraviada no es admisible...en las condiciones de la legislación procesal vigente, salvo que las normas que otorgan ejecutoriedad a la sentencia, en ese caso, sean tachadas de inconstitucionales, debería ser acatada la voluntad del legislador...la consecuencia gravosa de haber sufrido pena, si es que ello ocurrió, no obedece a la doctrina que adoptamos, sino a la circunstancia absolutamente fuera de controversia de que la queja no suspende el auto contra el que va dirigida " (del voto del Juez Luis Francisco Lozano en la causa citada ut supra).

Por lo demás, como ya lo afirmáramos en el decisorio objeto de impugnación, no surge del recurso interpuesto ante el TSJ -que obra en copias a fs. 21/32vta.- un pedido expreso y fundado de que se suspenda el trámite del proceso -en el caso la ejecución de la sentencia-, y el silencio en torno a ello por parte del único órgano competente -Tribunal Superior- inhabilita quitar a la sentencia efectos propios de acuerdo a la ley -ejecutoriedad-. En definitiva, la explicitación de los motivos por los cuales correspondería suspender su ejecución debe ser brindada ante la instancia jurisdiccional habilitada a tal fin, esto es, aquella que decidirá el destino del recurso de queja por inconstitucionalidad denegado, por ser el órgano competente para apartarse del principio general legislado en el art. 33 de la ley 402. No encuentra cabida entonces, en el marco regulatorio reseñado, la pretensión de que una instancia inferior sin competencia para ello, decida la cuestión requerida por el accionante.

CAUSA Nº 182- 03 /CC/2004, Sala II Por todo ello, habiendo concluido el Acuerdo pertinente el Tribunal, RESUELVE:

I-DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 90/93.

II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen a fin de que proceda a la acumulación de la presente a la causa y cumpla con las notificaciones del caso. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

//ta: Para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE------------------------------------------------------- Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.