marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, remuneración, diferencias salariales, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: "Arias,  Fulgencio   y otros c/ Direccón General de Fabricaciones Militares s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda interpuesta contra el Estado nacional, Dirección de Fabricaciones Militares, por cobro de diferencias entre la indemnización por retiro voluntario percibida y la que les hubiera correspondido percibir de habérsele pagado debidamente su sueldo, con inclusión de la asignación "compensación funcional" y los rubros: a) renta mayor horario; b) renta horario: pago 20 % para loe que cumplían horario discontinuo; c) exceso en la jornada de trabajo insalubre; d) reintegro del servicio de refrigerio (decreto 2.528/85) cuando el actor fue dado de baja por retiro voluntario en fecha 01/01/92, esto es, con anterioridad a la implementación del régimen de retiro voluntario.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, locación, caso fortuito, fuerza mayor, pago
Materia: CIVIL
Carátula: GUASTAVINO E IMBERT Y CIA SRL c/ JUAREZ, GRACIELA Y OTRA s/ QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 167-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-11

No habilita la vía del recurso de inconstitucionalidad la mera discrepancia del recurrente con la interpretación de los hechos y del contrato de locación que efectuara la Cámara, que consideró que las demandadas ejercitaron el derecho que les acuerda el artículo 1522 del Código Civil y expuso además, cuáles eran las restantes obligaciones que entendió derivadas del contrato y su relación con los hechos invocados y probados por las partes.
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal, servicio público, federalismo de concertación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

La aplicación de la "cláusula de comercio" prevista en el art. 75, inc. 13 CN, es de competencia del Congreso de la Nación, en función de la cual sancionó la Ley 12.346 que creó la Comisión Nacional de Coordinación de Transporte como organismo competente para autorizar los permisos de explotación de servicios públicos de transporte automotor. Sin embargo, allí receptó (como en su decreto reglamentario N°958/92) los principios de naturaleza constitucional que informan el concepto de federalismo de concertación al reconocer que cualquier decisión sobre transporte intrajurisdiccional no debe ser tomada sin la intervención necesaria de cada una de las provincias involucradas. Estas son las bases necesarias para resolver mediante un federalismo racional, las complejas cuestiones que involucran aspectos interjurisdiccionales.
Proceso penal, imputado, libertad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., A. s/ Libertad (Expte Nº 194-99, Resolución Nº  131, Tomo 5, Folio 190)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-17

En cuanto al cauce que ha de encontrar la liberación del imputado, cabe añadir que haciendo concordar las disposiciones de nuestra ley adjetiva con las de la ley 24.390, deberá fijarse para la liberación una adecuada caución, amén de establecerse restricciones preventivas adecuadas al caso conforme lo previsto por el artículo 346 del Código Procesal Penal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Constitución Nacional, leyes, jerarquía administrativa, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el alcance de la expresión   "ejecuciones fiscales" de la ley 11257, comprende indistintamente a  las de origen provincial, municipal y comunal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

La jerarquía o supremacía constitucional determina que la Constitución Nacional, norma supralegal, obliga a que las normas y los actos procesales se ajusten a ella, por lo que puede definirse que el orden jurídico político del Estado debe ser compatible con tal norma fundamental, prevaleciendo sobretodo el orden jurídico del Estado (arts. 27, 28, 86 inc. 2 Constitución Nacional) y en cuanto ley fundamental federal sobre el resto del Derecho provincial. Tal jerarquía o supremacía normativa se traslada igualmente al ámbito provincial. (Del Voto del Dr. Silvestri)
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, MARÍA DEL CARMEN EXPTE. N°  84.865 c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-06-10

La estabilidad del empleado público, definida por el art. 16 Dec.Ley 560/73, comprende el derecho a la carrera, el que se refiere al derecho del agente a no ser disminuido en el cargo que ha sido designado, pero no es extensivo a las funciones que se le han asignado si éstas no han sido acompañadas del respectivo decreto escalafonario, ya que no puede sostenerse que en verdad y fuera de los casos de promoción automática exista un derecho subjetivo al ascenso y menos aún que el mismo se dé con carácter general, ya que la selección necesaria y la estructura piramidal de la Administración Pública se oponen a ello, salvo que el agente interesado que ha sido objeto de una indebida postergación invoque su derecho a que se cumplan los procedimientos selectivos que estuvieran establecidos y se ajuste la decisión administrativa al principio de igualdad de oportunidades en la carrera.
Municipalidad, elecciones municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barberan, Juan Manuel (Apoderado UCR.) s/ MANDAMUS Rostoll, José Eduardo s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-08-08|1989-12-21

En el art. 18 de las normas complementarias de la Constitución, la expresión "consejal de la lista partidaria más votada" equivale a candidato de la lista partidaria más votada y comprende tanto al Consejo Municipal para el Gobierno de la Comuna, como a la Convención Municipal electa para elaborar su Carta Magna, con prescidencia del número de convencionales que resulte del sistema de cálculo utilizado.
Falta de notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Elida Elba Armendáriz c/ Víctor Omar Carrasco s/ Demanda por Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-24

La falta de notificación, que le impide a la parte apelante comenzar el cómputo de los cinco días a los fines de la presentación de memorial en el que se concreten los agravios y señalar las piezas con las que de cumplimiento a las previsiones del art. 251 inc. 2 del C.P.C.C. afecta el Derecho de Defensa del Apelante.
Lealtad comercial, gobierno provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LIBERTAD S.A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO Y/U ORGANISMO ESTATAL RESPONSABLE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-28

En virtud de la ley nacional de Lealtad Comercial, los gobiernos provinciales actúan como autoridades locales ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la misma, y con respecto a la verificación de infracciones y hechos cometidos en la jurisdicción que afectan exclusivamente al comercio local.
Confirmación de sentencia, pedido de quiebra, crédito laboral, verificación de créditos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: HLB Pharma Group SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de autorización de venta s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Procede confirmar la resolución que rechazó el pedido de quiebra instado por un letrado por derecho propio y en carácter de apoderado de la peticionante, contra la sociedad hoy concursada, con base en que los aquí accionantes no insinuaron sus créditos -incumplimiento de la deudora, en sede laboral, de la condena- en los términos de la LCQ 32, ni promovieron un proceso incidental en los términos de la LCQ 56. El propósito de la ley concursal es que se obtenga una sentencia que cese la incertidumbre sobre los alcances y modalidad de la sentencia dictada en el tribunal extraño al concurso a los efectos de este proceso universal. En ese último caso serán parte en el proceso sólo el acreedor, el deudor y la sindicatura tendiente a obtener un pronunciamiento verificatorio por el juez concursal. Esto es así pues la sentencia obtenida, en la especie, en sede laboral vale "como título verificatorio en el concurso", pero no exime a los acreedores que cuentan con esa decisión judicial en su favor, de tener que pedir verificación de su crédito de causa anterior o título anterior al concursamiento de la deudora y así incorporarse al pasivo concursal, previo a dejar expedito su reclamo en caso de tratarse de un crédito privilegiado que no integre el acuerdo concursal. Es que, conforme la última frase de la LCQ 57 podrán ocurrir a la vía allí prevista, esto es, la quiebra pedida por un acreedor titular de una acreencia privilegiada concurrente al concurso preventivo, pero no comprendido en los términos del acuerdo, en tal caso, rige por las reglas de la quiebra directa necesaria (cfr. LCQ 80). No es, entonces, un caso de quiebra indirecta en los cuales basta con acreditar el incumplimiento de la acreencia prometida en el concordato.
Allanamiento, consentimiento del morador, obra en construcción, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03

Si el ingreso del personal policial a la obra en construcción fue autorizado por el encargado de la obra, quien en razón de sus funciones se encontraba autorizado para permitir o negar el acceso, detentando de esta forma el derecho de exclusión, y al no tratarse de un lugar habitado o de sus dependencias privadas, la policía federal conserva intactas las facultades que le acuerda el decreto-ley 333/58 (art. 5, inc. 5°), que concuerda parcialmente con el art. 226 del código adjetivo a lo que debe adunarse que la prevención actuó conforme a las pautas que impusiera la fiscalía, y que puso en conocimiento al juzgado instructor de las circunstancias que motivaron el ingreso al domicilio, ordenando dicha sede judicial que se procediera al secuestro de los objetos hallados.

No se encuentra afectada la legalidad del procedimiento si hubo consentimiento prestado sin vicio alguno de la voluntad de quien tiene el derecho de exclusión .

"Si la persona que tenía la facultad legal de oponerse y proteger su ámbito de intimidad autorizó el ingreso a su domicilio, de personal policial, ésta actuó legitimada, no menoscabando el derecho que merece protección judicial y que establece la Constitución Nacional, que es referido a la persona y no a la cosa" .

El hecho de que el personal policial actuara sin contar con una declaración de la damnificada plasmada en un acta, no torna al registro irregular, pues tal exigencia resultaría una exceso de rigorismo formal como condición de procedencia, toda vez que la "notitia criminis" fue recibida por los agentes de la autoridad pública y quedó asentada en un testimonio donde se hizo reseña de lo manifestado por la víctima y de los objetos sustraídos.

La exigencia de que la damnificada, al momento del ingreso a la obra, y en los albores de la investigación, haya acreditado la propiedadde los bienes presuntamente sustraídos, tornaría ilusoria la posibilidad de recuperarlos e identificar al autor del desapoderamiento.

Por ello, corresponde revocar el auto que declaró la nulidad del secuestro efectuado.
Concursos, privilegios (comercial), privilegios especiales (comercial), honorarios, patrocinante, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORPORACION ARGENTINA PROTEICO OPOTERAPICA  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE SUBASTA DE CAPITAL FEDERAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-21

Los honorarios del letrado del acreedor hipotecario no gozan del privilegio de la LC: 265-7 , en la medida prevista por el ordenamiento civil, aún cuando se trate de un incidente dentro del trámite principal de la quiebra, instado por el síndico, y que hubiera realizado varias presentaciones, si ellas se realizaron en interés de su representado -acreedor hipotecario- no dándose así, el supuesto de concurso especial que prevé la LC: 203, que presupone necesaria la instancia del acreedor privilegiado para obtener la realización de la cosa sobre la que recae su derecho.
Contratos administrativos, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ MAROS S.A. s/ RESCICION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y REVOCACION DE DOMINIO -  CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-30

Los contratos administrativos se diferencian de los civiles de la administración, en una modulación derivada de la actuación de ésta en un procedimiento de gestión pública y que se caracteriza por este privilegio especial de decisión ejecutiva y unilateral, previa al conocimiento judicial.-
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, empleo público, cesantía
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Berger, Mónica Alejandra y otros contra GCBA por empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-22

Corresponde rechazar la queja en tanto el recurrente no logra poner en crisis los argumentos dados por la Cámara para rechazar su recurso de inconstitucionalidad, relativos a la ausencia de cuestión constitucional en los agravios planteados. Al impugnar la decisión que dispuso que el adicional previsto en los artículos 1 y 2 de la ordenanza n° 45241 se liquidara, por su carácter remunerativo, en los salarios futuros mientras subsistieran las condiciones fácticas y jurídicas que dieron origen al pleito, el GCBA recurrente no logró fundar adecuadamente la existencia de una cuestión constitucional, pues las afectaciones constitucionales genéricamente invocadas no guardan relación directa e inmediata con lo decidido y su disconformidad con la solución alcanzada, en tanto le fue desfavorable, no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz).
Accidente de tránsito, obligaciones concurrentes, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mouchard de Neme, Brenda y Neme, A. c/ Aguará S.A. y Rodríguez, E. y/o quien resulte propietario s/ Indemnización Rodríguez, E. y/o quien resulte propietario s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-09

La situación establecida por el art. 1122 C.C., presenta dos obligaciones concurrentes, tienen el mismo acreedor y el mismo objeto, pero difieren en la causa y respecto al deudor de una y otra deuda; por lo que no cabe confundirlas con las solidarias, dado el régimen diferente en las relaciones internas de contribución (art. 1123 C.C.); y por esa misma razón, en las obligaciones concurrentes no se dan los efectos expansivos en materia de prescripción y modos extintivos de las obligaciones que en general tienen las solidarias.

Si la víctima interrumpe o si se ha suspendido la prescripción contra el civilmente responsable, no por ello se produce igual efecto en el curso de la prescripción con relación al autor del hecho. De la misma manera, si renuncia a la acción o remite la deuda con relación a uno de ellos, no opera el mismo efecto extintivo contra el otro.
Dominio, tradición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lachaise de Iriart, María Cristina c/ Olive, Antonio Alberto s/ Desalojo Langone, Miguel Angel c/ Cepeda de Coloccia, Elsa Salustiana s/ Evicción, daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19|2002-10-16

Para que la tradición se opere, no basta la sola manifestación del enajenante -contenida en la escritura- de que dio al adquirente la posesión del bien.
Derecho a la salud, medidas cautelares, personas con discapacidad, certificado de discapacidad, obras sociales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PINARDEL HECTOR JAVIER c/ OSDE s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

No se ha cuestionado que el actor, de 81 años de edad, afiliado a OSDE, Plan 310 posee certificado de discapacidad en virtud de padecer "Diabetes Tipo I insulino-requieriente, Enfermedad coronaria, Miocardiopatía dilatada, Enfermedad Vascular periférica estadio IV, by pass, enfermedad renal crónica, AVE isquémico con transformación hemorrágica". Asimismo, consta la orden de "rehabilitación en institución para recuperación funcional neurológica con internación", en virtud de que requiere asistencia permanente para vestirse, higienizarse y para el resto de las actividades de la vida diaria y que "cualquier cambio de hábitat sería perjudicial para su salud".

Las quejas de OSDE relativas a que no le corresponde brindar la internación en un geriátrico para su rehabilitación (sino con la modalidad de "hogar"), o la cobertura parcial con sistema de reintegros, no se ajustan -prima facie- a la doctrina del Alto Tribunal ni al espíritu de las normas federales aplicables.
Prescripción, prescripción bienal, daños y perjuicios, damnificado indirecto, responsabilidad médica, muerte del paciente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ahumada,  Lía  Isabel c/ Buenos  Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Cuando se reclaman los daños provenientes de la muerte de una persona, no rige el plazo decenal sino el bianual, ya que el damnificado indirecto reclama un daño propio en su carácter de tercero al vínculo contractual establecido, en su caso, entre el paciente y el médico, o entre aquél y el sanatorio u hospital.
Recurso extraordinario, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ  BRITAL  ALVARO c/ TELEFONICA COMUNICACIONES PERSONALESS.A. Y OTRO S/ s/ NCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

Las controversias suscitadas en torno a la aplicación de la ley de tasas judiciales en procesos sustanciados ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal son ajenas, en principio, al ámbito del recurso extraordinario, pues el agravio no parece ser definitivo a esa altura del proceso. No se advierte que en autos exista un motivo de excepción tal que conduzca a la apertura de la vía extraordinaria en el caso planteado. La decisión, además, tiene fundamentos normativos y jurisprudenciales suficientes, los que no han sido refutados apropiadamente por el recurrente, por lo que la tacha de arbitrariedad y de gravedad institucional resulta en el caso de improcedencia manifiesta.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GODOY HERMINIO c/ GRAFA S.A. S/INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL FOLCO LUIS DANIEL c/ GARROTE JOSE M Y/U OTRO S/ DIFERENCIA DE HABERES Y SAC. 94/98, ETC s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-08|2008-06-04

El Tribunal de Casación no tiene facultad para examinar la eficacia probatoria de los elementos de convicción utilizados por el inferior, por no ser un tribunal de apelación ordinaria. Sólo pueden revisarse en esta instancia este tipo de cuestiones y reemplazarse el criterio del tribunal de mérito, por lesivo, si se demuestra que constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado a las leyes del raciocinio, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: W., S. y Otros c/ W., M. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-29

La falta de legitimación procesal se conforma cuando una de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sostiene la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento. Asó por otra parte lo ha entendido de manera coincidente, esclarecida doctrina sobre el tema.
Beneficios previsionales, solicitud del beneficio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, VICENTE c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Si bien es cierto que es un principio indiscutible que el derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de cesación de servicios, si el actor manifestó su voluntad de obtener el beneficio bajo la vigencia de la ley 18.037 -a través de la solicitud que presentara en sede administrativa, cumpliendo con los recaudos que imponía a fin de obtener la prestación-, corresponde la aplicación de dicha norma, sin que obste a tal conclusión el hecho de haber continuado en actividad hasta la entrada en vigencia de la ley 24.241. Una solución contraria importaría condenar a la indigencia a quien no tiene otro modo de procurarse la subsistencia hasta obtener un pronunciamiento respecto del beneficio perseguido.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L., F. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   (Expte. CSJ Nº 1378-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-13

Cierta doctrina, pensando por lo general sólo en el artículo 24 del Código Penal, ha sostenido que debe computarse como "prisión preventiva" a los fines del referido precepto todo el tiempo de privación de la libertad sufrida durante la tramitación del proceso hasta la medianoche del día "en el que la sentencia firme convierte el encierro en pena", en coincidencia con lo afirmado, entre otros, por Vincenzo Manzini -para quien la "custodia preventiva" es la encarcelación sufrida antes de que la sentencia de condena se hace irrevocable (art. 576, Cód. de proc. penal italiano), ya que "mientras la sentencia no se ha hecho irrevocable, no hay "condena" ni ejecutabilidad de pena. Para Alfredo Vélez Mariconde la terminación de la prisión preventiva, a los efectos del cómputo, ha de fijarse por la fecha en que la sentencia condenatoria adquiere autoridad de cosa juzgada; y para Jorge A. Clariá Olmedo la prisión preventiva "concluirá por transformación en cumplimiento de la pena impuesta, si se obtuvo sentencia condenatoria firme que aplicó una pena de prisión o reclusión no dejada en suspenso". Pero no obstante reconocer que tales afirmaciones traducen adecuadamente las exigencias derivadas del artículo 18 de la Constitución Nacional -según las cuales una persona goza del estado de inocencia hasta tanto una sentencia final y dictada con autoridad de cosa juzgada no lo destruya declarando su responsabilidad penal-, la Corte Provincial estima necesario dejar sentado que las pautas derivadas de ellas no pueden ser aplicadas sin correcciones que adecuen prudencialmente sus alcances a los criterios rectores que surgen de la debida ponderación de los derechos, intereses y principios que se encuentran en juego.
Revocación de la prisión preventiva, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: I, A J s/ CESE DE PRISION      EXPTE NRO 114-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-06

La posibilidad de procedencia de la ejecución condicional de la eventual pena a imponer es un supuesto excarcelatorio, no relacionado con el cese de prisión preventiva del artículo 331 del Código Procesal Penal, el que refiere al "caso de condena" que importe "privación efectiva de la libertad".