marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por la materia, indemnización por accidente de trabajo, obligación de seguridad, competencia laboral, competencia civil, opción del trabajador
Materia: PROCESAL
Carátula: NICOLIELLO, RUBEN c/ ARTECROS SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

Corresponde declarar la incompetencia de la JNT para entender en la demanda promovida con fundamento en el art.75 TORCT para obtener el resarcimiento del daño en la salud del trabajador derivado de la violación del deber de seguridad personal establecido en la norma citada, pues el art.16 de la ley 24.028 ha sustraido expresamente de la competencia de la JNT el supuesto específico del art.75 TORCT, asignándose a los jueces en lo civil. Por otra parte, dicho artículo no otorga una acción autónoma para reclamar una indemnización integral dentro del derecho positivo argentino, en el cual los trabajadores que resultan víctimas de un accidente de trabajo o una enfermedad accidente tienen como única vía la de la ley especial, que es mucho más amplia y favorable que el régimen que derivaría del art. 75 ya citado.
Remuneración, pago en negro, pericia contable, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MONTAÑO, MARTIN ABELARDO. c/ DISTRIBUIDORA NEUQUEN S.A s/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09

Corresponde revocar el pronunciamiento de primera instancia en cuanto tiene por probado que el empleador retribuía al actor una porción de su salario "en negro" lo cual fue expresamente negado al contestar la demanda y se adjuntaron los recibos que daban cuenta de la real remuneración del trabajador.

Por lo tanto, a la hora de verificar si existieron irregularidades en el pago [...] es claro que las registraciones contables y laborales del empleador, aun llevadas en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido si existen otros elementos de juicio que los contradicen, ya que los datos allí volcados, al emanar exclusivamente de aquél, son inoponibles al trabajador (conf. C.N.A.T., sala II, "Schawrzfled, Christian Martín c. Arescar S.A.", sent. del 21/X/1997;

C.N.A.T., sala III, "Rosengurten, Ludmila Vanesa c. Cabildo 1168 S.R.L. y otros", sent. del 31/V/2002; C.N.A.T., sala VII, "Chazarreta, Esteban c.

Transub S.R.L. y otro", sent. del 24/IX/2002).[...] Y la prueba testimonial debe ser lo suficientemente sólida para crear la convicción de que las afirmaciones del actor son ciertas. Y, en el caso, la declaración de la única testigo que resulta favorable a su postura es muy débil, no encuentra apoyo en otros elementos y aparece contradicha por los restantes testimonios.
Fundamentación de sentencias, constitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: P. , M. G. y otros c/ Cardozo, Martiniano Bernardino y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-11

La obligatoriedad de la motivación de las sentencias constituye requisito ineludible de validez constitucional.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Procedimiento administrativo, proceso penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., A. P. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-03

...comparando el régimen disciplinario con el proceso penal, en la medida en que el sumario administrativo se dirige al esclarecimiento de hechos con miras a la aplicación de sanciones, ambas vías, en orden a los bienes jurídicos protegidos, difieren sustancialmente.. En definitiva, quiero destacar que el procedimiento administrativo, aunque jurisdiccional, no es un proceso judicial.
Universidades, facultades del Poder Legislativo, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ U.B.A. s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

Habiéndose definido el ámbito de actuación del Poder Legislativo en materia de educación superior o universitaria, resulta atinado concluir que el Congreso de la Nación, en el ejercicio de la competencia legislativa que le asigna el art. 75, inc. 18, al dictar el art. 50 de la ley 24.521, se ha forzado por lograr, bajo determinadas circunstancias cuya valoración exceden el marco de la apreciación judicial, un mayor grado de concreción y concentración a los fines de alcanzar las metas propuestas. En este orden de ideas, se tiene sentado que la cláusula constitucional (art. 67, inc. 16 texto anterior) no puede ser interpretada en el sentido de que el Congreso, de composición numerosa y de procedimientos lentos, donde falta el elemento técnico especializado en la diversidad de los altos estudios, sea el que, año por año y momento por momento, debe estar preocupado de dictar planes de estudio para todas las Facultades o Institutos del país, sin caer en lo absurdo (Fallos 166:264). (Consid. 13º primer párrafo).
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo, plazo, caducidad del procedimiento administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ OTERO c/ M.C.B.A s/ RECLAMOS DE LOS AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

El plazo de caducidad, previsto en el art. 100 de la ley orgánica municipal, para impugnar judicialmente los actos administrativos es propio del régimen contencioso-administrativo y distinto de cualquier otro régimen de prescripción de las acciones,inclusive del fijado por el Código Civil, cuya eventual aplicación, en principio, no procede.-
Tribunal colegiado, voto de los jueces, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosales, Nélson Darín c/ Baulde, Armando s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-21

En la medida en que la norma orgánica de constitución del Tribunal -Ley 1130- ha previsto un cuerpo de apelación compuesto por "tres" miembros, y también ha previsto la forma de integración para el caso de ausencia, licencia o vacancia de alguno de ellos. Y, por principio, la sentencia -EL juicio- no es una simple suma de opiniones, como alguna vez dijo la Corte Suprema Nacional . La regla, es que en la sentencia deben intervenir todos los jueces que la integran. Desde ya que estas circunstancias -la ausencia, licencia, vacancia-, -que lo son de hecho- pueden presentarse en distintos momentos del proceso: pueden darse antes o el mismo día del sorteo, o después de efectuado éste y en el plazo que sigue hasta la formalización del acuerdo, o el mismo día del acuerdo. Y, en algún caso puede conocerse, o preverse, su extensión.
Proceso judicial, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Agostini Cristian Martín c/ Richard Raúl Marcelo y Otro s/ Ejecutivo - Incidente de intimación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-03-28

Se consagraría un verdadero absurdo, si se permitiera que un funcionario se arrogara la facultad de incumplir un mandamiento judicial porque "interpreta", fuera de los carriles procesales, que dicha orden no es ajustada a derecho. El camino procesal es que el afectado, con un interés legítimo, cuestione la medida en el trámite donde la misma se dispuso y el Juez resuelva.- En el caso debe admitirse el pedido de libramiento de oficio intimatorio y en caso de incumplimiento, la fijación de astreintes y pase en Vista Fiscal ante la eventual desobediencia.
Falta de mérito, revocación de sentencia, procesamiento, encubrimiento, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: A., E. c/  s/ falta de mérito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "A., E. s/falta de mérito" (Causa N° 7117/2019) resuelta el 15/10/19 donde por unanimidad los vocales Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño revocaron el auto de falta de mérito dictado por la juez de la instancia de origen y dispusieron el procesamiento por encubrimiento de quien utilizaba un vehículo sustraído, con una chapa patente falsa, para la venta de frutas y verduras en la vía pública. Por mayoría, los dos primeros calificaron el suceso como encubrimiento agravado por ánimo de lucro (art. 277 apartado 1, inciso "c" agravado por el apartado 3 inciso "b" del Código Penal) mientras que, en disidencia parcial, la tercera consideró que se trataba de encubrimiento simple -sin perjuicio de cuanto pudiera eventualmente surgir en la celebración del debate oral y público-.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Sarasola, José Luis s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Para la ley no existen indicios mayores y menores pues cuando un elemento satisface las exigencias legales en la materia debe ser tenido por presunción sin aditamentos, pero cuando no se ajusta a tales requerimientos no puede ser invocado a título presuncional, de modo que nuestro sistema legal no contempla la posibilidad de suplir la concurrencia de suficientes presunciones en el sentido de la ley con un mayor número de otras supuestas presunciones de menor entidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas de seguridad, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: STALLA CARLOS ALBERTO s/ P/LESIONES GRAVES. CALIFICADAS POR EL VINCULO.GOYA"EXPTE. N9991/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-27

"..la evolución de la enfermedad es una circunstancia que no depende de la voluntad del juez que dictó la medida ni de este Tribunal:Ni siquiera la adopción de medidas de seguridad depende de la apreciación subjetiva del órgano judicial; cuando la existencia de la situación prevista por la ley es indudable, lo único que puede hacerse es lo que la ley manda hacer"..Debe el juez, atender al estado de peligrosidad que presente el imputado teniendo para ello en cuenta el informe respectivo de la junta médica pericial.Y en caso de que exista peligrosidad para sí mismo o para terceros, debe ordenar su internación".-
Empleo público, retiro policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., R. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-05

En concordancia con ello, el Régimen Previsional provincial -Ley XVIII N° 32- se ocupa específicamente del personal de la Policía de la Provincia a partir del art. 62°. Entre las disposiciones básicas que establece prevé que "el pase del personal en actividad a la de Retiro. no significará la cesación del estado policial sino la limitación de sus deberes y derechos." (art. 65°).

Explica que cuando aquél se realiza "por imposición de la Ley" se llama "Retiro Obligatorio" (art. 74°) y detalla en diez incisos (art. 75°) cuándo se generan las situaciones justificantes del mismo.

El inciso i) expresamente dice "Los Oficiales Superiores que se encontraren en la situación prevista en el artículo 111° de la Ley XIX N° 8 (antes Ley 1561) que al finalizar el término máximo allí acordado, no se les asignare destino".
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, partidos políticos
Materia: PROCESAL - POLITICO
Carátula: Apoderados de la  U.C.R. s/ promueven acción de inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Corresponde al juez federal conocer en el juicio en que los actores -diputados provinciales- dedujeron acción de nulidad contra la resolución de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical en virtud de la cual se los expulsó de dicha organización partidaria (conforme art. 5x de la ley orgánica de partidos políticos N. 23 298).
Recurso de casación, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: PAEZ JOSE GREGORIO c/ VENTER FEDERICO J. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-03

La Alzada goza de soberanía axiológica para seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente dentro del conjunto de aquellos acumulados y que corresponde valorar.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, relación de dependencia
Materia: PENAL
Carátula: Marchi, Hugo Omar s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-23

Los testimonios de dependientes de la denunciante -que a su vez se constituyera en particular damnificada- no se ven enervados por dicha circunstancia, no alcanza esa sola condición siendo menester demostrar dónde reside el interés, afecto u odio, lo que no se logra con referencias genéricas a una intención de favorecer a la denunciante para conservar sus empleos.
Actos voluntarios, relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

El mero contacto marca una nexo material de causalidad; para que esa causalidad se transforme en jurídica, debe existir en el caso una adecuación del resultado a la incidencia causal de la cosa riesgosa interviniente. Si esa adecuación no es demostrada (no alcanza con presumirla), en los hechos se está confundiendo causalidad material con causalidad jurídica, pese a que se declame la distinción. Ello no ha llevado a decir que invertir el esquema y deducir (o conjeturar) de la mera cercanía, proximidad o simultaneidad la existencia de relación causal implica un ejercicio de adivinación del juez que no se corresponde con los textos legales.
Recurso extraordinario, caducidad de la personalidad política
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: De Stefano, José Gabriel (apod. partido "Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires") s/ Apelación resolución de fs. 1248/1250 vta. en autos Letra "P", N° 102, Año 2006
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

Cabe denegar el recurso extraordinario intentado contra la sentencia que declaró la caducidad de la personalidad política de un partido político, pues las consideraciones vertidas por el recurrente solo traducen su disconformidad con el criterio expuesto en la decisión recurrida, que -aun cuando aquél pretenda sostener lo contrario- cuenta con fundamentos suficientes que impiden descalificarlo como acto jurisdiccional válido (cf. Fallos 307:629; 316:420 y 3026 y 324:1378).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, pornografía, menores, avenimiento, facultades del juez
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ Queja Por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Correa Magne, Juan Sebastian Sobre 128 1 Párr. - Delitos Atinentes a la Pornografía (Producir/Publicar Imágenes Pornogr. C Menores 18)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

El juez de grado solamente está habilitado para aprobar o rechazar el acuerdo de avenimiento, como indica el art. 279 del CPP. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, recurso contencioso administrativo, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VISINTIN, GLADYS MABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

En punto al reproche de haber incumplido con la obligación que pesaba en cabeza de los Camaristas de ingresar al fondo del asunto, la A quo expresa que -además de la carencia absoluta de sustento argumental del mismo-, la inadmisibilidad del recurso supone naturalmente la imposibilidad de ingresar al fondo del asunto, de lo que se desprende -según exponen los Sentenciantes- la falta de configuración en el caso del vicio de autocontradicción y falta de motivación suficiente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 6, inciso e)
Accidente de tránsito, peatones, cruce de calles, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, AXEL LIONEL. c/ LEVICURA, CEFERINO. s/ D. Y P. POR USO AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-14

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente tránsito ocurrido entre un automotor y un peatón, toda vez que, enmarcada la responsabilidad objetiva (art. 1.113 del CC), la accionada acreditó la culpa de la víctima (art. 1.111 CC), desde que la prueba demuestra que el actor no cruzó por la senda peatonal.
Reincidencia, declaración de reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Dalaison, Mario Alberto. Luna Cares, Jorge Mario. Heredia, José Ignacio s/ Privación ilegal de la libertad agravada - Robo agravado reiterado N.N. s/ Lesiones graves - Tentativa de robo. Cañete, Santiago Omar, Pascual, Roberto Rafael s/ Robo calificado y privación ilegítima de la libertad Molina, Guillermo Enrique o González, Carlos Alberto o Forte, Eduardo; Bulacio, Luis; o Bulacio Cáceres, Luis o Rivero Verón, Rodolfo Juan s/ Privación ilegítima de la libertad. Robo. Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17|1986-04-08|1992-09-22|1994-12-29

No corresponde formular, en la parte dispositiva de la sentencia, declaraciones sobre el estado jurídico de reincidencia.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, banco central, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: Chelli, Ricardo Víctor c/ Cía. Financiera SIC  SA s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Es competente la justicia provincial para entender en la causa por cobro de pesos documentado en un certificado de plazo fijo, si el actor desistió de la demanda contra el Banco Central, renunciando a los reclamos a dicha entidad sustentados en el régimen de garantía de los depósitos, por lo que la única intervención el que cabe al Banco Central es en el carácter de liquidador.
Competencia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Santa Juliana Leonardo Roberto c/ Firma Metalúrgica S.R.L. y/o Angel O. Lima s/ Incid. rechazo inhibición
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

Analizando la regulación especial contenida en los arts. 6, 7 y 8 de la Ley 2.884, si bien se ha empleado en su redacción diferente terminología, no se advierte que al interpretar su contenido y finalidad deba concluirse en que resultan diferentes de los lineamientos del régimen supletorio del C.P.C. .
Seguros, asegurador, servicios de vigilancia, servicios de custodia, pago, robo con armas, fuerza mayor, negligencia, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, responsabilidad del asegurador, eximentes de responsabilidad del empleador
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA REPUBLICA CIA. ARG. DE SEGUROS GRALES. SA c/ INVESTIGACIONES DUQUE SA s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si una aseguradora deduce acción judicial contra una empresa de vigilancia y seguridad, por el reembolso de la suma que pago a su asegurada como consecuencia del robo ocurrido en una de sus oficinas -cuya "vigilancia" la tomadora del seguro había encomendado a la accionada-, resulta improcedente que ésta alegue que por tratarse de un robo a mano armada, tal circunstancia constituyo un supuesto de "caso fortuito o fuerza mayor", lo cual excluye su responsabilidad por el daño producido a su co-contratante por efecto del hecho delictivo. Ello así, cuando -como en el caso-, se verifica que el dependiente de la reclamada, quien prestaba servicio en el lugar del hecho, incurrió en un obrar negligente, toda vez que al recibir un llamado telefónico en horas de la madrugada por alguien que no se identificó, preanunciándole la presencia de un supervisor nuevo que iría a practicar una de las inspecciones de rutina, no solo no corroboro la veracidad de esa preanunciada concurrencia, sino que luego, al sonar el timbre del local de la asegurada, abrió la puerta de vidrio que había en el, permitiendo el acceso de la persona (aparente supervisor), que perpetuo el hecho delictivo, la cual no estaba acompañada por otros supervisores antiguos (como era práctica de estilo cuando se presentaba a un nuevo supervisor), y carecía de credencial identificatoria. De modo pues, que el empleado de la accionada, incurrió en la omisión de aquellas diligencias que exigía la naturaleza de la obligación, conf. A las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (CCIV 512), con el efecto de responsabilizar a su empleadora según el CCIV 1113, pues la inocultable falta de diligencia que demostró, excluye la invocacion del caso fortuito o fuerza mayor.
Revocación del sobreseimiento, encubrimiento, robo de automotor
Materia: PENAL
Carátula: G., F. c/  s/ Sobreseimiento-robo de automotor
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-24

Mariano Scotto coincidió con sus colegas en revocar el sobreseimiento por resultar prematuro pero aclaró que "...el robo y el encubrimiento son dos hechos distintos por las circunstancias en que acontece cada uno. De ello se deriva que, si mediante auto de sobreseimiento se descarta que una persona intervino en el robo, ello no anula la posibilidad de que se la investigue por encubrimiento, pues ya la propia descripción de uno y otro acontecer histórico difieren sustancialmente..".
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, coronavirus, cuestiones procesales, recursos, fundamentación de la resolución, grupos de riesgo, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pugliese, Néstor Aníbal c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-27

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, toda vez que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada. Analizadas todas las pautas objetivas y subjetivas en conjunto, es posible afirmar que los argumentos desarrollados por el a quo resultan bastos para rechazar el pedido de arresto domiciliario. Por un lado, el a quo evaluó la calificación legal por la cual fuera requerida la elevación a juicio de esta causa respecto de Pugliese -tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con acopio de municiones de arma de fuego, todo en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por intervenir más de tres personas en forma organizada. Por otro lado, efectuó un riguroso análisis del caso a partir de los valiosos aportes presentados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. En concreto, valoró los informes médicos realizados por dos instituciones diferentes -los cuales arrojaron conclusiones en un mismo sentido-, tomó en cuenta la postura del representante de la acusación pública, así como también ponderó los protocolos y las efectivas medidas diligenciadas por el SPF a los fines de controlar la pandemia dentro de los establecimientos penitenciarios, con el debido énfasis sobre aquellos internos que se posicionan en un lugar de mayor riesgo frente al coronavirus. A partir de ello estimó que, pese a que el acusado se encuentra dentro de la población de riesgo frente al COVID-19, éste puede ser debidamente tratado dentro del establecimiento carcelario en el que se encuentra -lo que efectivamente se viene realizando hasta la fecha de la resolución -, e incluso puede ser derivado a un hospital extramuros en caso de que alguna situación lo amerite. A su vez, exhortó a que se le realicen controles periódicos y se lo mantenga informado de la situación particular de Pugliese. Sin perjuicio de lo expuesto, se encomendará al a quo que solicite a la Unidad Carcelaria que arbitre los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene que garanticen su derecho a la salud dentro del establecimiento penitenciario. Dres. Hornos y Borinsky.