Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-11


Buenos Aires, diciembre 11 de 2006 Considerando:

I. Que a fs. 6/13 y vta. se presenta, por apoderado, la firma Volkswagen Argentina S.A. e interpone recurso de apelación contra la Res. 29/2003, dictada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior en el expediente EA nº 42-10.278/99, en cuanto deniega la repetición de la tasa de estadística que considera abonada en demasía en el despacho de importación nº 15.423-4/94 del registro de la Aduana de Paso de los Libres. Asimismo, solicita se haga lugar a la devolución de la suma de $200 abonados por la importadora en concepto de arancel de repetición (Res. ANA 3428/96) y se declare la ilegitimidad del dec. 1998/92. Relata que, mediante el despacho citado, registró la destinación de importación a consumo de vehículos de distintos modelos de la posición arancelaria 8703.23.000 al amparo del ACE 14. Manifiesta que, al momento del registro de la importación en trato, se garantizó la diferencia de derechos y recargo automático por falta de presentación del C.O. original, abonándose por una exigencia del servicio aduanero, la tasa de estadística a la alícuota del 10%, cuando en el aludido ACE 14 se había negociado una alícuota máxima del 3%. Expresa que la resolución denegatoria se fundamenta en que el C.O. no resulta de aplicación porque los datos a incluir deben responder a información únicamente en original, indicándose asimismo que, en tanto la operación fue efectuada en vigencia del 17º Protocolo Adicional, no resulta de aplicación el criterio fijado por la S.C.J.N. en los autos "Mercedes Benz Argentina S.A." (TF 8010-A). Considera que resulta obvio que, en aquella oportunidad, el servicio aduanero tuvo a la vista el original del certificado de origen, ya que, de lo contrario, hubiera exigido la diferencia de derechos por el régimen de extrazona. Agrega que, no obstante lo dicho, el documento de origen que la Aduana ha evaluado para denegar la repetición, también es válido en tanto la falencia que se le atribuye es meramente formal, la que pudo ser subsanada por el servicio aduanero de haberse ajustado a la normativa que rige la materia, máxime cuando la fecha y la firma inserta por el funcionario de la entidad certificante se encuentra en original. Entiende que el documento de origen cuestionado se refiere a la mercadería documentada, se individualiza correctamente por su número la factura comercial y además existe plena coincidencia en cuanto al valor FOB y la posición arancelaria consignada. Considera que, en consecuencia, si los certificados individualizan correctamente la mercadería y se indican en debida forma las normas de origen, no cabe duda que se debe tributar el nivel arancelario de intrazona, de conformidad con la preferencia correspondiente al ACE 14. Cita los dictámenes de la Aduana nros. 217/00 y 501/01, y jurisprudencia de la C.S.J.N. aplicables a la materia de autos. Plantea la ilegitimidad e inconstitucionalidad del dec. 1998/92 que, con posterioridad a la celebración del ACE 14, aumentó la alícuota de la tasa de estadística al 10%, violando en forma expresa dicho tratado internacional. Considera, además, que un nivel del 10% para la tasa de estadística es ilegítimo en cuanto implica un exceso respecto del costo de los servicios pretendidamente retribuidos. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48. Por último, solicita se revoque la resolución recurrida y se haga lugar a la repetición con intereses y costas.

II. Que a fs. 23/29 y vta. se presenta la representación fiscal contestando el traslado del recurso incoado y solicitando su rechazo, con costas. Hace una breve reseña de los antecedentes administrativos y niega los hechos y el derecho alegados por la recurrente. Expresa que el decisorio aduanero se ajusta a derecho toda vez que, al no ser aplicable el certificado de origen, es infundada la pretensión de obtener un beneficio derivado de la aplicación de tratados internacionales en el marco de los cuales no se encuentra incluída la operación en trato. Afirma que la recurrente pretende que se le aplique un régimen preferencial para el cual resulta requisito ineludible el certificado de origen de la mercadería, pero sin cumplir con dicha exigencia sine qua non. Argumenta que la falta de cumplimiento cabal de los requisitos del certificado de origen implica la inadmisibilidad de dicho instrumento probatorio y, por ende, al no tener por acreditado el origen, el importador debe tributar conforme el régimen general. Entiende que en el caso de autos no resulta aplicable la sentencia dictada por la C.S.J.N. en la causa Mercedes Benz (TF 8010-A), por cuanto la cuestión que aquí se trata no se equipara a la tratada en dicho fallo. Considera que las exigencias impuestas por los convenios como el que se trata en autos deben ser tomadas restrictivamente, ya que eso presupone una franquicia tributaria que favorece a quien, como contraparte, debe cumplir con ciertas obligaciones. Aduce que reputar como válido un certificado que adolezca de falencias sustanciales por haber sido emitido sin cumplir los requisitos de fondo impuestos por las normas del régimen que lo regula, implica desnaturalizar la esencia misma de ese régimen y, por ende, la esencia del propio certificado de origen. Agrega que ello es así no sólo porque podrían desoírse convenciones internacionales sino porque, además, se estaría vulnerando el principio de jerarquía legal que establece el art. 31 de la Constitución Nacional. Sostiene que no puede prosperar el recurso interpuesto por la actora puesto que pretende obtener un beneficio basado en la aplicación de un tratado internacional respecto del cual su operación de importación no se encuentra comprendida por no haberse emitido el correspondiente C.O. con los requisitos previstos. Manifiesta que, conforme surge expresamente de lo normado por la Circular Telex nº 1075/94, si bien los formularios de certificados de origen pueden responder a fotocopias u otras formas de impresión siempre y cuando se trate del formulario vigente y aprobado por la ALADI, en virtud de lo dispuesto por la Circular Telex nº 0969/93, sólo se refiere al uso de fotocopia del formulario y no a los datos a consignar. Ofrece como prueba documental el expediente labrado en sede administrativa. Hace reserva del caso federal en los términos de la ley 48 y solicita, por último, se rechacen las pruebas ofrecidas por la actora y se confirme el decisorio aduanero apelado, con costas.

III. Que a fs. 33 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba, proveyéndose la ofrecida por la actora en su presentación inicial. A fs. 59 se certifica la producción de la prueba informativa ordenada, la que obra a fs. 25/27 y documentación agregada por cuerda. En la misma providencia se declara clausurado el período probatorio. A fs. 59 se elevan los autos a esta sala F y se ponen los mismos para alegar. A fs. 62/63 se agrega el alegato de la parte actora y a fs. 65/66 el de la demandada. A fs. 68 quedan las actuaciones en estado de dictar sentencia.

IV. Que, de la compulsa del expediente EA 42/10.278/99, surge que el mismo se inicia a fs. 1 con el reclamo de repetición incoado por la firma Volkswagen Argentina S.A. (continuadora de Autolatina S.A.), en relación al D.I. nº 15.423-4/94, tramitado por ante la Aduana de Paso de los Libres, por la suma de $5.484,18, cuyos fundamentos obran a fs. 9/10. A fs. 11 se agrega la carpeta contenedora del despacho, en cuyo interior se halla el D.I. nº 15.423-4/94, el certificado de origen nº 1503/94 y la factura comercial nº 3675, entre otros documentos complementarios. A fs. 13/14 se emite la nota nº 767/99 mediante la que se informa que el certificado de origen involucrado no resulta de aplicación, con lo cual corresponde no hacer lugar a la repetición solicitada. A fs. 34 la División Ordenamiento y Convenios manifiesta que el certificado de origen nº 1503/94 correspondiente al despacho de importación en trato, no resulta de aplicación teniendo en cuenta que los datos a incluir en dicho certificado deben responder a información en original únicamente. A fs. 35 y vta. se emite el dictamen jurídico nº 1976/02 mediante el cual se aconseja rechazar el pedido de devolución impetrado. A fs. 36/37 se agrega copia de la Res. 29/03, por la cual se rechaza la solicitud de devolución presentada por la firma Volkswagen Argentina S.A. Contra dicho pronunciamiento interpone la actora recurso de apelación por ante este Tribunal.

V. Que, como se ha visto, en autos se recurre la Res. aduanera 29/03 que deniega la devolución de la suma solicitada por la firma recurrente en concepto de tasa de estadística, respecto del D.I. nº 15.423-4/94, registrado el 16 de junio de 1994, por el cual se importó mercadería en los términos del ACE 14.

Que al oficializar el despacho en trato, la aquí actora garantizó la falta de presentación del certificado de origen y, más tarde, a fin de acreditar el origen brasileño de la mercadería en cuestión, adjuntó el C.O. nº 1503/94 emitido con fecha 6 de junio de 1994 por la ACIU (Asociación Comercial e Industrial de Uruguayana).

Que al tiempo del registro de la operación de importación, la importadora abonó la alícuota del 10% en concepto de tasa de estadística, fijada por el dec. 1998/92, solicitando, con posterioridad, la repetición de una suma a su entender abonada en demasía con fundamento en que la alícuota que correspondía abonar en dicho concepto era la del 3% establecida en el ACE 14.

Que dicho pedido fue rechazado por el servicio aduanero, por entender que el C.O. acompañado era inaplicable en base a los dictámenes emitidos en el expediente administrativo que expresaron que, la información del certificado de origen, debe responder a original únicamente.

VI. Que, sentado lo que antecede, a fin de analizar la procedencia de la repetición intentada, corresponde a este Tribunal determinar en primer lugar, si el certificado de origen acompañado por la actora constituye un documento válido para otorgar la preferencia arancelaria establecida por el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica nº 14, suscripto entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil.

Que la normativa establecida en el Anexo V del citado Acuerdo, que con carácter específico regula el origen de las mercaderías importadas bajo su amparo, debe integrarse con la del Protocolo Adicional 17, suscripto el 04/05/93, así como con la del Protocolo Adicional 26, suscripto el 04/05/94, en atención a la época en que efectuó la operación en tratamiento, sin perjuicio de la regulación supletoria de la Res. 78/87 que establece el "Régimen General de Origen para la Asociación Latinoamericana de Integración".

VII. Que ello así, este Tribunal entiende que corresponde determinar, en primer lugar, si el vicio relativo a la información del certificado expresada en una versión no original es apto para tornar inválido dicho documento probatorio y, por ende, para acreditar el origen brasileño de la mercadería.

Que en lo que aquí interesa, el art. 10 del citado Anexo V establece que para que la importación de los productos incluidos en el Acuerdo pueda beneficiarse de las reducciones de gravámenes y restricciones otorgadas entre sí por los países signatarios, deberá constar una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen, declaración que, agrega el art. 11, será expedida por el productor final o el exportador y certificada por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el Gobierno del país exportador (el destacado nos pertenece). Igual disposición contiene el art. 7º, párrafo 2º, de la Res. 78 de la ALADI.

Que, por su parte, el art. 4º del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI establece que los certificados de origen "... deberán ser extendidos en el formulario único adoptado por el Comité de Representantes para calificar el origen de las mercaderías objeto del intercambio, debidamente intervenidos, con sello y firma por las reparticiones oficiales o entidades gremiales autorizadas para su expedición." Que, de la simple compulsa del certificado de origen que obra en la carpeta contenedora del despacho en trato, se observa que el mismo se encuentra expedido en el formulario que prescribe la normativa reseñada y contiene la certificación del origen efectuada por la entidad correspondiente.

Que ello es así, pues en el campo 14 del documento en análisis se encuentra inserto el sello de la entidad certificante (ACIU), como así también el nombre y firma autógrafa del funcionario habilitado a tal efecto.

Que, además, aceptando que, como afirma el servicio aduanero, los restantes datos contenidos en el certificado en análisis no responden a una versión original sino a una copia, ello no sería óbice para reputar válido el documento, toda vez que la normativa vigente en la materia en trato no prescribe tal exigencia, sino sólo la reseñada ut supra, relativa a la firma autógrafa del funcionario interviniente y sello de la entidad certificante, con lo cual se demuestra que existió efectivamente la certificación del origen de la mercadería descripta.

Que, en abono de la conclusión arribada precedentemente, en esta instancia la recurrente ofreció y produjo la prueba informativa dirigida a la Asociación Comercial e Industrial de Uruguayana, cuya contestación venida a las actuaciones por exhorto diplomático se encuentra agregada por cuerda a los presentes. De dicha prueba, cuya traducción se encuentra glosada conjuntamente con el exhorto, puede verificarse que la entidad certificante reconoce que: a) el certificado de origen nº 1503/94 fue emitido por la Asociación Comercial e Industrial de Uruguayana; b) la firma colocada en el campo 14 de ese documento pertenece al ingeniero Luiz Carlos Beheregaray, de acuerdo con el registro ALADI/CR/Di 1.190 - Habilitación: 26 de agosto de 1987; c) el certificado anteriormente mencionado es auténtico, habiendo sido emitido el 6 de junio de 1994. Así, no obstante haberse cumplido con las exigencias de la normativa descripta en materia de certificados de origen, se demuestra con la prueba producida y reseñada precedentemente, la autenticidad del documento y la habilitación del funcionario firmante, empleado de la entidad certificante.

Que, puede entonces decirse, que el vicio relativo al contenido del certificado de origen en versión no original, no es apto para tornar inválido dicho documento.

VIII. Que, sentado lo que antecede, corresponde tratar seguidamente las observaciones apuntadas por la Aduana en sede administrativa, relativas a que la descripción de los productos en el C.O. no coincide con los productos negociados con la NALADISA como así tampoco con lo declarado en el formulario OM-680-A, sector BD06, campo 43 -conforme lo señala la Sección Fiscal y Valoración de Importación a fs. 13/14 de los antecedentes administrativos-.

Que en tal sentido, corresponde puntualizar que por el D.I. 15.423-4/94, se documentó la importación a consumo de "9 vehículos marca Ford Galaxy, 2.0I, 4 puertas, motor a nafta, 4 cilindros 120 HP, 1984 cilindradas, año 1994...", por un valor FOB de u$s 75.033. En el mismo documento se declara, en el campo 13, que la mercadería importada tiene un peso total de 9.585 kgs., registrándose en el campo 42, que la posición arancelaria correspondiente a la mercadería es la 8703.23.000.

Que, por otro lado, en el C.O. nº 1503/94, se certifica el origen de la mercadería a que se refiere la factura comercial nº 3675, bajo la P.A. 8703.23.00, con peso de 9.585 kgs. y valor FOB de u$s 75.033.

Que del cotejo de los documentos reseñados -despacho de importación, certificado de origen y factura comercial-, surge que los datos insertos en todos ellos resultan coincidentes.

Que de lo hasta aquí reseñado surge que, entre la documentación acompañada al despacho, existe la necesaria correspondencia que hace presumir que se trata de la misma cantidad y calidad de mercadería importada, respecto de aquella cuyo origen fue certificado por la ACIU, es decir, se da en el caso el necesario nexo en la documentación acompañada que permite establecer la relación unívoca de identidad entre el certificado de origen y la mercadería importada.

Que en consecuencia, las observaciones efectuadas al C.O. relativas a la falta de coincidencia en los datos insertos en los mismos y el despacho de importación, tampoco resultan aptas para tornar inválido el certificado.

IX. Que, admitida la validez del certificado de origen obrante en la carpeta del D.I. nº 15.423-4/94, cabe a continuación resolver acerca de la procedencia del pedido de devolución de la suma que la actora entiende abonada en demasía en concepto de tasa de estadística, por tratarse de una operación de importación efectuada al amparo del ACE 14.

Que esta sala F se expidió al respecto, entre otros, en autos "Trumar" (sentencia del 12/08/98) en el sentido de que, de conformidad con el tratamiento previsto en el ACE 14, las importaciones efectuadas a su amparo se hallaban gravadas por un alícuota del 3% en concepto de tasa de estadística y no obligadas al pago del 10%, como lo hizo la actora al abonarla.

Que también se sostuvo en dicha oportunidad, que si bien es cierto que el dec. 1998/92, que aumentó la alícuota de la tasa de estadística del 3% al 10%, es posterior al Acuerdo donde se la había negociado al 3%, atento a que nos encontramos ante normas de distinta jerarquía no resulta aplicable el principio conforme el cual la norma posterior deroga a la anterior.

Que, asimismo, en dicho precedente también se dijo que, de conformidad con lo previsto en la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969 sobre el derecho de los tratados, "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado." Que por otra parte, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, establece en su art. 75, inc. 22, que "los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes." Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la solicitud de devolución presentada por la actora mediante el expediente EA 42/10.278/99, que asciende a la suma de cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con dieciocho centavos ($5.4841,18.-), con más los intereses devengados desde la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamó la repetición (1/11/99) hasta el 31/12/01, por aplicación de la ley 25.344 de consolidación de deudas del Estado Nacional -reglamentada por el dec. 1116/00- y su prórroga, ley 25.725 sin perjuicio de los accesorios que con posterioridad pudieran corresponder en virtud del tratamiento acordado a las deudas consolidadas.

Que a los fines del cálculo de los intereses, corresponde aplicar la tasa de interés que establece el art. 811 del C.A., fijada por la Res. 1253/98 (MEyOSP), atento el criterio de la C.S.J.N. in re "Neumáticos Goodyear S.A." (sentencia del 09/11/00), sin perjuicio de dejar a salvo la opinión de los suscriptos.

X. Que, en cuanto al planteo que efectúa la recurrente sobre la devolución del pago del arancel que establece la Res. 3428/96 para dar trámite al procedimiento de repetición iniciado en sede aduanera, no corresponde hacer lugar a la devolución del mismo, atento no haber sido peticionado en sede aduanera y, por lo tanto, no haber sido objeto de pronunciamiento la cuestión en ese ámbito.

XI. Que las costas corresponde imponerlas íntegramente a la demandada dado la poco significativa proporción por la que no prospera la repetición reclamada en la causa.

Por ello, se resuelve: 1. Revocar la Res. 29/03, recaída en el expediente EA 42/10.278/99, y hacer lugar a la devolución de la suma abonada en demasía por la firma Volkswagen Argentina S.A., en concepto de tasa de estadística en relación al despacho de importación nº 15.423-4/94, que asciende a la suma de cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con dieciocho centavos ($5.484,18.-), con más sus intereses desde el 1/11/99 y hasta el 31/12/01, conforme lo indicado en el considerando IX de la presente, sin perjuicio de los accesorios que pudieren corresponder con posterioridad en virtud del tratamiento otorgado a las deudas consolidadas. 2. No hacer lugar a la devolución de la suma de doscientos pesos ($200) abonados por la firma recurrente en concepto de arancel que prescribe la Res. 3428/96. 3. Costas a la demandada. 4.- Denunciado que sea por los profesionales intervinientes en autos su número de inscripción en la DGI y condición que revisten frente al I.V.A., se regularán sus honorarios.

Suscriben la presente los doctores Basaldúa y Silbert por encontrarse en uso de licencia la doctora Crescia (art. 1162 del C.A.). - Ricardo X. Basaldúa. - Susana L. Silbert.