marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fernández, German Facundo c/  s/ asociación ilícita y otros delitos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

No ha de prosperar la postulada inconstitucionalidad de la prisión perpetua, pues sin perjuicio de que la pena privativa de libertad si fuera realmente perpetua podría entenderse lesiva de la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución nacional- la afectación que aduce la defensa no es actual, puesto que ésta sólo se configuraría si el condenado, habiendo cumplido los requisitos legales exigidos para acceder a los beneficios penitenciarios del período de prueba o de la libertad condicional -al cumplirse el plazo previsto en el artículo 13 del Código Penal antes de la reforma introducida por la ley 25892, es decir 20 años- los peticionare y éstos fueran denegados; lo que constituyen expectativas futuras que no son inmutables, tornándose por ende, inadmisible -por prematuro- su tratamiento; sin que la interesada aporte motivos que impongan la revisión de la solución propiciada. (Del voto del Dr. Erbetta). - Jurisprudencia concordante con Laferrara, T 2024, Sentencia Nro. 308, sumario J0052796; C., J. M., AyS T 331, p 303/309, sumario J0052151.- Jurisprudencia vinculada: Aquino, AyS T 320, p 269/275, sumario J0050437; L., Y. J., AyS T 319, p 192/196, sumario J0050301; Cosenza, AyS T 317, p 412/419, sumario J0049812; Cresta, T 2024, Sentencia Nro. 31, sumario J0052420.
Destinaciones de exportación, exportación para consumo, reintegros y reembolsos a la exportación
Materia: ADUANERO
Carátula: Surimi S.A. -T.F. 8832-A c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-02

A los fines de la liquidación de los importes que pudieren corresponder en concepto de reintegro es de aplicación la clasificación arancelaria vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo (confr. art. 830 del C.A.). Principio que corrobora el que anteriormente regía para las normas de despacho clasificatorias (art. 155 del Reglamento de la Ley de Aduanas. (Consid. II).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kollarcichk, Liliana c/ Guzmán, Raúl Ismael y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Si la apreciación conjunta del dicho de los testigos que presenciaron un accidente de tránsito no muestra discrepancias tales que los neutralice o permita llegar a conclusiones diferentes, corresponde armonizar sus dichos y valorarlos positivamente. Mas al tener en cuenta la rapidez con que suceden estos accidentes y el dato conocido de que cada testigo suele fijar su atención en algunas circunstancias determinadas y no en la totalidad del hecho.
Derecho laboral, contrato de trabajo, presunciones, aplicación de la ley, transporte de pasajeros, aeropuertos, contrato de agencia
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Presta, Matías Damián  c/ Compañía de Servicios Aeroportuarios S.A y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-27

Se agravia el actor, quien se desempeñaba realizando el transporte de pasajeros con su propio vehículo desde y hacia terminales aeroportuarias, vinculado a dos empresas que se dedicaban a dicha actividad (agencias), dado que el Sr. Juez de la anterior instancia consideró no acreditada la relación laboral. Se encuentra acreditado que el accionante era titular del vehículo automotor que utilizaba para prestar sus servicios como remisero en favor de dos agencias, que se valía de la estructura de las mismas, que prestaba el servicio de remisería en el ámbito aeroportuario. Dichas agencias le daban la recepción de las solicitudes de servicios, la coordinación de las tareas y el lugar físico para permanecer a la espera de nuevos viajes, servicios por los que las demandadas percibían un porcentual de lo recaudado. La actividad que realizaba el actor no concuerda con la prestación típica de un trabajador dependiente, ya que no se realizaban con sujeción a las facultades jurídica de organización, de dirección, ni disciplinarias de las agencias ni de una estructura empresarial económicamente "ajena", máxime cuando el propio actor aportó un vehículo de su propiedad, se hacía cargo de los gastos y retenía un 61% de lo recaudado. El actor, no se comprometió a poner su capacidad personal a disposición de las sociedades codemandadas durante una determinada extensión horaria de jornada, sino a brindar un servicio de transporte de pasajeros, no estando obligado a concurrir diariamente, ni a cumplir un horario. Tampoco se da en el caso la ajenidad en los beneficios que caracteriza a la relación dependiente, ya que el accionante aportó un vehículo de su propiedad, se hacía cargo de los gastos y retenía el 61% de lo recaudado. En este contexto cabe calificar al actor como un empresario -pequeño- dedicado al transporte de pasajeros, que obtuvo una franquicia de las demandadas y que en función de esa actividad llevaba a cabo por cuenta propia contando con una cantidad de clientes, a la que de otro modo no hubiera accedido, a cambio de la entrega de un porcentaje de su ganancia. Lo expuesto lleva a tener por desvirtuada la presunción que genera el art. 23 de la LCT y a concluir que no está acreditada la existencia del contrato de trabajo.
Estupefacientes, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: " BONTA ORTIZ, Juan M. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Es doctrina del Tribunal que siendo que la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, debe descartarse toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contempla como fundamento la existencia de riesgos procesales concretos; esto es, peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Este extremo se comprueba en el caso en que al alta amenaza de pena del delito imputado- violación al art. 5 inc."c" de la Ley 23.737 representa una circunstancia que a priori genera una presunción en contra de la libertad provisional. Sumado a ello debe evaluarse en contra de la soltura, la posible relación del imputado con una organización criminal que por su magnitud y sus conexiones internacionales y la falta de un domicilio fijo dan fundamento a la medida de cautela personal.
Tratados internacionales, sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, residencia habitual del niño
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

La Convención de La Haya de 1980 (ley 23.857) prevé un rápido procedimiento para obtener la restitución de menores al lugar de su residencia habitual, cuando hubiesen sido ilícitamente trasladados o retenidos fuera de ella, con el objetivo primordial de proteger al menor y, en especial, evitar los efectos perjudiciales que podrían ocasionar en él un traslado o una retención ilícita.
Empleo público, remuneración, empleados públicos, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gatica Dalmacio Eugenio c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-05-03

Es verdadero que la Provincia de Río Negro puede legislar sobre el ingreso y/o reingreso al empleo público local, las prestaciones del contrato, y la determinación de las retribuciones en el marco de derecho público administrativo. Pero no es menos cierto que la legitimidad de las normas concretas relativas al asunto se halla sometida al control judicial de razonabilidad con las disposiciones de la Carta Fundamental.(Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).
Ejecución prendaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fideca Sociedad Anónima Comp. Financiera c/ Constructora e Inmobiliaria Vazquez-Torres S.A. s/ Cobro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

Dadas las particularidades de las cláusulas de ajuste, resulta necesario lograr una clara determinación de los montos correspondientes y ejecutables en cada caso. Consecuentemente, si se intenta ejecutar la prenda, más los intereses, más el saldo proveniente de la cláusula de estabilización, para que todo este conjunto traiga aparejada ejecución, se necesita complementar el saldo proveniente de tal cláusula de estabilización, con los recaudos del art. 4º de la ley 21309 y que lo hacen "ejecutivo" o "fácilmente liquidable".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RMS INGENIERIA SRL c/ SULFACID SAIFC s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   384-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

Si el fallo -como en el sub lite- se alimenta en razones suficientes , provenientes del respeto a la voluntad de las partes, la doctrina de la arbitrariedad deviene inaplicable, toda vez que ella es inapta, como principio, al objeto de obtener una paridad aritmética en el reajuste del precio o de su saldo, más aún cuando el monto de la condena ha sido determinado por los jueces inferiores valiéndose de las propias afirmaciones vertidas por la actora en su demanda.
Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Córdoba Iramain Construcciones c/ Municipalidad de Olavarría s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

El principio del "formalismo moderado" que en pro de la verdad material y de la legalidad objetiva permite salvar los defectos de esa índole en que puedan incurrir los administrados no puede constituirse en un principio desnaturalizado e irrestricto que, contrariando su propia finalidad, habilite a la Administración a arrasar con los resguardos que el ordenamiento jurídico le impone cumplir.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Ricardo Ramón y otros s/ Asociación ilícita - Privación ilegal de la libertad - Robo -  Violación Licussatti, Daniel Alejandro s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27|1990-07-03

Cuando el último párrafo del art. 256 (núm. ant. C.P.P.) se refiere a "los otros elementos de prueba" que deben complementar a los básicos propios de cada una de las formas de prueba compuesta que prevé, remite a los que son "elementos de prueba" -aunque fueren incompletos o imperfectos- para nuestro régimen legal, que adopta un sistema de tasación probatoria. En consecuencia, para integrar una prueba compuesta todo ingrediente debe poseer, aunque fuera incompleta o imperfectamente, los requisitos que la propia ley establece para que constituya alguno de los elementos de prueba que aquella contempla.
Habilitación de feria, medidas cautelares, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Hara, Antonio y otros c/ Empresa Guimat s/ Embargo  Preventivo  -  Incidente  de  Elevación  a  la Excma. Alzada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-23

En principio, se puede afirmar que los pedidos de medidas cautelares y los recursos interpuestos contra las resoluciones que denieguen tales pretensiones, tienen entidad para ordenar la habilitación de la Feria Judicial, a fin de garantizar el cumplimiento de la Sentencia. Pero los recursos contra resoluciones que acordaron medidas precautorias, no fundan por sí solos, de manera suficiente los pedidos de habilitación en cuestión. (art. 154 y ccs. del C.P.C.C. ).
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Cuenca, Félix Humberto c/ Pereyra, María del Carmen s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

La evaluación de la injuria debe realizarse por el Tribunal del Trabajo teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias fácticas del caso.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moraga, José Alfonso c/ Reyes, Gustavo Gabriel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

Si en la intersección en la que se produjo el hecho el giro a la izquierda estuviera permitido y fuere así realizado por otros conductores está claro que realizar tal maniobra impone a quien quiera acometería extremar los recaudos de precaución, ya que al interponerse en el carril de su contramano, puede generar un obstáculo imprevisible para quien circula en sentido contrario y goza, respecto de aquél, de la prioridad de paso del que circule por la derecha (arts. 53 inc. 2, ley 11.430). Y, en la especie, tal actividad precautoria debió extremarse ante la escasa iluminación del lugar, la existencia de un semáforo con luz intermitente de advertencia y la proximidad de un vehículo que avanzaba por la mano contraria a elevada velocidad. Bastaba simplemente que el actor esperara a realizar el giro pretendido una vez que el cruce fuera superado por el otro vehículo para aventar la posibilidad de que se produjera el accidente, más lejos de asumir tal prudente conducta, prefirió hacerlo sin tiempo suficiente para no ser alcanzado por el otro móvil, ello evidencia que ambos conductores han contribuido con el mismo grado de responsabilidad a la producción del hecho dañoso que protagonizaran (arts. 512, 1111, 1113, Código Civil).
Extradición, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, Estado requirente, pedido de extradición, vencimiento del plazo, inmunidad de arresto
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Lago Tejada, Hernán C. s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El vencimiento del plazo previsto en el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1889 no puede fundar una inmunidad contra todo arresto ulterior por la misma causa, pues lo único que proscriben, algunos tratados, es un nuevo pedido de detención provisoria que no esté acompañado o precedido del requerimiento formal de extradición.
Fraude a la Administración Pública, falsificación de instrumento privado, certificado médico, ardid, consunción, docentes
Materia: PENAL
Carátula: JASPE, Rodolfo L. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-09

Incurre en el delito de fraude a la administración pública, el educador que logró cobrar la remuneración de un período en que no había trabajado, valiéndose de falsos certificados y sin que existan registros que acrediten que hubiera sido atendido en la Dirección de Sanidad.

Como en toda defraudación, el ardid abarca por consunción, el empleo de cualquier medio, esté o no tipificado independientemente como otro tipo penal; así, el uso de los documentos espurios queda absorbido por aquélla.
Prueba de ADN, pedido de informes, sepulcros
Materia: CIVIL
Carátula: Repa, Juan - Repa Ramona Magdalena c/ Navarro, Maria Cristina en representación de su hija B. B. R. s/ acción de estado (reclamación de impugnación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-04

El libramiento de oficio a los efectos de que la Municipalidad correspondiente indique -en el marco de una acción de reclamación de estado- el lugar exacto en que se encuentra sepultado el cadáver de la persona sobre quien debe efectuarse la prueba de ADN, así como la fecha y tipo de sepultura, no implica un pedido de ampliación de la prueba propiamente dicha en los términos de la teoría probatoria, sino una medida encaminada a la producción de manera rápida y efectiva de la ofrecida por ambas partes -ADN- respecto del fallecido, con el único propósito de evitar que el transcurso del tiempo pueda afectar la calidad del material probatorio obtenido, dado el natural proceso de descomposición que el cuerpo humano sufre una vez acaecida la muerte.
Honorarios del abogado, competencia de paz
Materia: PENAL
Carátula: ENRIQUEZ, Alberto C. s/ Lesiones leves (honorarios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

El valor del "jus" a tener en cuenta para las regulaciones de honorarios es el establecido por la Suprema Corte de Justicia, cuyos elementos configurativos han sido recientemente establecidos por la resolución 93 del Presidente del Alto Tribunal de referencia para la Justicia de Paz Letrada.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia federal, querella, jueces
Materia: PENAL
Carátula: Mikhno, Oleg s/ Incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-03

Debe declararse incompetente la justicia federal penal para conocer sobre la querella efectuada respecto de un juez nacional, toda vez que habilitar la competencia de la justicia de excepción se requiere que las funciones del denunciado hayan revestido carácter federal, lo cual no acontece en el caso de autos atento desempeñarse el funcionario ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, derecho al recurso, falta de pago, consumos problemáticos, incumplimiento del contrato, obligación de seguridad, deber de información
Materia: CIVIL
Carátula: Cuburu, Carlos Guillermo  c/ American Express Argentina SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

Procede admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por el titular de una tarjeta de crédito contra el banco emisor, con fundamento en la falta de devolución de los consumos desconocidos e impugnados por el actor, pues a pesar de que el banco reconoció la ilegitimidad de los mismos, continuó introduciendo cargos ya observados en los resúmenes de cuenta posteriores, sin que al respecto se le haya suministrado alguna documentación o explicación que los justifique. Se verifica en ese marco, el incumplimiento de los deberes de seguridad e información que pesaban sobre la entidad bancaria (cfr. CN 42 y LDC 4 -anterior a la reforma constitucional- respectivamente).

En efecto, la accionada incumplió la ley 25065: 27, pues omitió exponer con claridad la exactitud de las liquidaciones y no aportó los comprobantes de las operaciones observadas. Adicionalmente, no se explayó sobre las medidas de seguridad que adoptó o en el futuro implementaría, ni impetró acción criminal. Se debe señalar que el deber jurídico de suministrar información incumbe al poseedor de ésta, de poner en conocimiento de la otra parte la cantidad de datos suficientes como para evitarle los daños que puedan generarse si no son comunicados (v. Lorenzetti, Ricardo L. "Consumidores", Rubinzal y Culzoni. Edición 2003).

En este marco es preciso destacar que la obligación de seguridad en las operaciones comerciales recae en cabeza del banco demandado, en el caso, debía la entidad financiera aportar elementos probatorios que permitan inferir que los consumos no obedecen a una falla en la seguridad de su sistema, sino que por el contrario resultaron de algún motivo imputable al actor, de lo que se deriva que la responsabilidad de banco es de carácter objetiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaz, Elsa Raquel c/ Bolla, Alberto Antonio y otros s/ Daños y perjuicios Martínez Casado, Carlos Alberto c/ Municipalidad de San Isidro s/ Acción negatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28|2000-04-18

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no indica cuál es la norma legal que se estima violada vinculada específicamente con la anomalía que se aduce, ya que la Suprema Corte no puede suplir por inferencia o interpretación la omisión de citas legales que debieron formularse para fundar la impugnación.
Acceso a la justicia, agotamiento de la instancia administrativa, facultades jurisdiccionales, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: P., Z. S. M. c/ C. F. s/ Usucapión c/  s/
Jurisdicción:  — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-30

Cuando está en juego un derecho fundamental del hombre como es el derecho pleno e irrestricto de acceso a la justicia, el hecho de que no se resuelvan los problemas y conflictos que plantean las personas ante los jueces genera una situación altamente desfavorable para las libertades del ciudadano. En el estado constitucional de derecho ha surgido un nuevo paradigma configurado como una derivación del derecho a la tutela judicial efectiva, que se proyecta también a la protección administrativa de los derechos individuales y colectivos.
Daños y perjuicios, derecho al honor, libertad de expresión, publicación periodística
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bercun, Carlos c/ S.A. La Nación y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-21

Debe rechazarse la acción por daños y perjuicios interpuesta contra un diario y sus periodistas por un consultor a quien, en varias publicaciones, se le atribuían hechos de gravedad institucional que afectaban al proceso de sanción de leyes nacionales, dado que no puede imputarse responsabilidad alguna a los demandados ya que no se acreditó un ejercicio abusivo del derecho de informar, así como tampoco que éstos conocieran la falsedad de los hechos afirmados o que hubieran obrado con notoria despreocupación acerca de su verdad o falsedad afectando el honor del accionante.
Locación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arijo, Ernesto Eduardo c/ Fortunato, José Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

"Los contratos de locaciones urbanas, así como también sus modificaciones y prórrogas, deberán formalizarse por escrito" (arts. 1°, párrafo 1°, primera parte, y 29, Ley 23.091). Se sigue de allí, que estos contratos han pasado a la categoría de formales, siendo la solemnidad específica "la escritura del acto" (art. 973, Código Civil). Y esta "expresión por escrito" no admite ser suplida por ninguna otra prueba (art. 975, ídem; conc.: art. 1191 al principio); produciendo tal omisión del acto (art. 1042, ídem). Es cierto que la segunda parte del párrafo primero del art. 1° de la citada ley 23.091, da virtualidad a los contratos de locación "no celebrados por escrito", pero ello es siempre y cuando hayan tenido principio de ejecución". Repárece -no obstante- en su efecto limitadísimo, pues queda reducido al plazo mínimo legal, con el alcance de que el precio locativo del mismo debe ser fijado judicialmente (art. 1, cit.).
Contienda negativa de competencia, competencia ordinaria, delitos contra la fe pública
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO-PENAL
Carátula: N.N. s/ Delito contra la fe pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-11-08

La Justicia Nacional en lo Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no la Justicia Federal de Río Negro, resulta competente para entender en la investigación de la presunta sustitución de la chapa patente del rodado de la denunciante, quien recibió en su domicilio rionegrino un acta de infracción de tránsito a su nombre proveniente de la Ciudad de Buenos Aires, pues, se encuentran suficientemente cumplidos los recaudos vinculados a la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho ilícito denunciado, y éste constituye un delito cuya investigación atañe a la jurisdicción ordinaria.