Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05


Reg.: A y S t 279 p 451/460. En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, bajo la presidencia de su titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LAVACA, RICARDO JOSÉ -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: 'LAVACA, RICARDO JOSÉ S/ ESTAFA'- (CUIJ. 21-07005583-7) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511243-2). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Erbetta, Falistocco, Netri, Gutiérrez y Spuler. A la primera cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta dijo: Mediante acuerdo registrado en A. y S. T. 274, pág. 415, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Ricardo José Lavaca contra el auto 761, del 8 de noviembre de 2016, por medio del cual el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctor Ivaldi Artacho, declaró mal concedida la apelación interpuesta por la defensa del imputado contra la resolución 499 de la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N° 12 de Rosario -quien, en lo que aquí interesa, había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado-. Ello por entender que -desde una apreciación mínima y provisoria que correspondía a tal estadio- la postulación de la compareciente contaba con suficiente asidero en las constancias de autos, e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que le compete efectuar a este Tribunal a mérito de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicho criterio, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 22/25. Voto, pues, por la afirmativa.	A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Erbetta y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta dijo: 1. A los fines de una acabada comprensión de la cuestión a decidir, cabe en primer término relatar las constancias de la causa que se vinculan con ella: 1.1. En el presente proceso, y en lo que aquí es de interés, en fecha 18 de febrero de 2016, el Fiscal N° 3 de Rosario remitió a la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N° 12 de esa ciudad, el escrito presentado por el imputado Lavaca en el que requería la suspensión del juicio a prueba, peticionando el actor penal se deniegue la aplicación del instituto, continúe la causa según su estado y se rechacen las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad del párrafo 7 del artículo 76 bis del Código Penal y de paralización del trámite (fs. 1/2, incidente de suspensión de juicio a prueba promovido por Ricardo José Lavaca -causa 930/2012-). 1.2. Por decisión del 30 de setiembre de 2016, la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N° 12 de Rosario, doctora Rodenas, rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba, la pretendida inconstitucionalidad del párrafo 7 del artículo 76 bis del Código Penal, la fijación de fecha de audiencia a esos fines y el pedido de paralización del trámite del juicio respecto del imputado (fs. 11/12v., incidente de suspensión de juicio a prueba promovido por Ricardo José Lavaca -causa 930/2012-). 1.3. Contra dicho pronunciamiento, interpuso la defensa recurso de apelación (fs. 16/19v., incidente de suspensión de juicio a prueba promovido por Ricardo José Lavaca -causa 930/2012-). Si bien la Jueza de grado dispuso la remisión de los autos al Tribunal de Alzada, en fecha 8 de noviembre de 2016, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctor Ivaldi Artacho, declaró mal concedido el recurso (fs. 27/v., incidente de suspensión de juicio a prueba promovido por Ricardo José Lavaca -causa 930/2012-). Para fundar su decisión, el A quo sostuvo que la causa tramita ante el sistema conclusional y que, por tanto, el rechazo de un pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta apelable conforme lo previsto en el artículo 11 de la ley 13004. Entendió que la resolución impugnada no encuadra en ninguna de las hipótesis de impugnabilidad objetiva autorizadas por la norma, dado que no puede considerarse equiparable a sentencia definitiva ni causa gravamen no susceptible de reparación ulterior. Concluyó que no se encontraba afectada la garantía de doble conforme y que esta Corte en otros precedentes avaló los límites recursivos impuestos por la ley 13004. 1.4. Contra tal pronunciamiento interpone la defensa recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, señala que se ataca un auto equiparable a definitivo, en tanto fue dictado en juicio que no admite otro ulterior sobre el mismo objeto y le causa al imputado un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, por cuanto Lavaca se vería impedido "para siempre" de gozar efectivamente y sin restricciones arbitrarias de la "probation". Agrega que el error del A quo se agiganta por no considerar a la resolución apelada un "auto procesal importante" que impone el respeto de la garantía de doble conforme. Por otra parte, le achaca al fallo de Cámara falta de motivación, por cuanto -dice- le impidió a su parte cuestionar los argumentos brindados por la Jueza de grado para denegar la suspensión del juicio a prueba. En este sentido, expresa que la interpretación efectuada de los artículos 76 bis y concordantes del Código Penal en la instancia de grado resultó "sesgada", ya que el justiciable dejó de ser funcionario público desde que fuera cesanteado por esta Corte, por lo que la exclusión por tal motivo pone en crisis el principio de igualdad. Estima que tampoco puede aceptarse que se rechace el instituto por un "teorizado concurso de delitos", porque ello desconoce el estado de inocencia y que el mínimo de la escala penal admite la eventual imposición de una pena de ejecución condicional. Asimismo, se agravia de que la Magistrada considerara la previsión de pena de inhabilitación como un obstáculo para la suspensión del juicio a prueba, citando jurisprudencia. Concluye que al denegársele su solicitud se afectaron garantías constitucionales, máxime cuando la opinión negativa del Ministerio Público de la Acusación no superó el control de logicidad y fundamentación exigido, toda vez que no formuló un juicio de conveniencia y oportunidad político criminal en el caso concreto y que los demás requisitos de la suspensión del juicio a prueba deben darse por cumplidos, ya que nadie observó ninguno. 2. Corresponde de inicio delimitar la cuestión a decidir en esta instancia. En este sentido, en el caso la defensa oportunamente apeló la denegatoria del pedido de suspensión del juicio a prueba de Ricardo Lavaca. El Tribunal de Alzada declaró inadmisible el recurso, por entender que el auto impugnado no resultaba apelable en las causas que tramitan ante el sistema conclusional (iniciadas con anterioridad al 10.02.2014) en función de lo previsto en el artículo 11 de la ley 13004. Contra tal pronunciamiento interpuso la interesada recurso de inconstitucionalidad, invocando que resultó incorrecta la decisión de considerar inapelable la de grado y cuestionando los argumentos dados por la Jueza para denegar la "probation" en primera instancia. De todos modos, el punto a evaluar por esta Corte en esta oportunidad se vincula exclusivamente con el rechazo del recurso de apelación por inadmisible, debiendo determinarse si ello resultó ajustado a derecho, o bien si implicó una inaceptable interpretación de las normas procesales en juego y, por tanto, debe ser anulado a fin de que otro Tribunal de Alzada evalúe los agravios oportunamente expresados por la defensa. 3. Delimitada así la temática a decidir, anticipo que coincido con la compareciente en cuanto a que lo resuelto por el A quo en relación a la inapelabilidad del auto que rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta derivación razonada del derecho vigente. En efecto, tal como surge del fallo de Cámara, la causa fue iniciada antes del 10.02.2014 y tramita ante el sistema conclusional, por lo que se aplican las disposiciones de la ley 12734 en lo relativo a la suspensión del juicio a prueba (cfr. art. 4, inc. 2, ley 12912). Asimismo, el rechazo del pedido de "probation" es del 13.09.2016, habiéndose interpuesto apelación por los Defensores el 6.10.2016 y radicado la causa ante la Alzada el 26.10.2016, es decir, todo luego del inicio del período de transición. En consecuencia, resulta aplicable lo previsto en el artículo 11 de la ley 13004, que justamente regula los recursos a partir del inicio del período de transición (10.02.2014). Tal norma prevé que "...[A] partir del comienzo del período de transición, los recursos de apelaciones de todas las causas iniciadas con anterioridad se regirán por las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, ley Nº 12734 y serán sustanciados ante los órganos dispuestos al efecto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. En dichas causas el recurso de apelación sólo será admisible contra las sentencias definitivas y contra las resoluciones que causen un gravamen irreparable. Aquellas causas que previo al inicio del período de transición se encuentren radicadas en la Cámara de Apelaciones en lo Penal serán resueltas por la misma, siendo aplicables las disposiciones de la ley Nº 6740 o de la ley Nº 12734, según corresponda, debiendo respetarse la integración originaria". 4. Al resolver la inapelabilidad del auto impugnado, el Magistrado sólo aludió a la disposición final del primer párrafo, en cuanto establece que "...el recurso de apelación sólo será admisible contra las sentencias definitivas y contra las resoluciones que causen un gravamen irreparable...". De este modo, interpretó que no serían susceptibles de apelación aquellas resoluciones que no sean sentencias definitivas ni causen un gravamen irreparable, independientemente de si lo son o no en el sistema de enjuiciamiento penal instaurado por la ley 12734. 5. Tal hermenéutica de la norma en cuestión deviene inadmisible, por cuanto no se hace cargo de lo previsto en la primera parte de la norma, que dispone que "...[A] partir del comienzo del período de transición, los recursos de apelaciones de todas las causas iniciadas con anterioridad se regirán por las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, ley Nº 12734...". Y tal como ya ha sostenido este Tribunal en el precedente de A. y S. T. 275, pág. 253, por los motivos allí expuestos a los que corresponde remitir, una adecuada interpretación de la disposición legal en cuestión obliga a concluir que en los casos en los que se aplica el primer párrafo del artículo 11 de la ley 13004 -por ser procesos anteriores a la plena vigencia del nuevo sistema procesal penal pero que se radiquen ante la Cámara con posterioridad al inicio del período de transición- el recurso de apelación procede no sólo contra sentencias definitivas y resoluciones que causan un gravamen irreparable, sino también contra decisiones que sean apelables en el sistema de la ley 12734. 6. En consecuencia, y considerando que en la normativa del nuevo Código Procesal Penal se prevé expresamente la apelabilidad de "...los autos que rechacen (...) la suspensión del procedimiento a prueba..." (art. 394, inc. 5, ley 12734), debe concluirse que la decisión de excluir la posibilidad de apelación de tales resoluciones no resulta derivación razonada del derecho vigente y no puede ser convalidada en esta instancia, debiendo ser anulada. Todo ello sin que, como se adelantó, corresponda a esta Corte analizar en esta oportunidad los agravios de la defensa referidos a la denegatoria del pedido de suspensión del juicio a prueba, ya que tales postulaciones deberán ser evaluadas por el nuevo Tribunal que se designe para revisar -en apelación ordinaria- el pronunciamiento de grado -sin perjuicio de que puedan ser traídos a esta instancia oportunamente si se interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra un eventual fallo de Cámara confirmatorio del rechazo del instituto-.	7. Por otra parte, debe especificarse que lo expuesto en modo alguno implica negar que el rechazo de la suspensión del juicio a prueba pueda causar un gravamen irreparable que amerite la aplicación de la disposición final del primer párrafo del artículo 11 de la ley 13004 (vide fallo "Palazzesi", A. y S. T. 244, pág. 287), cuestión que resulta de todos modos de innecesaria evaluación por tratarse de una resolución expresamente apelable en el sistema instaurado por la ley 12734. 8. Finalmente, también cabe aclarar que la anulación del auto que declarara inapelable la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba no implica actualmente la necesidad de paralización de la tramitación del proceso principal, atento al estado del mismo y lo expuesto por esta Corte también en el fallo "Palazzesi" ya citado. 9. En consecuencia, conforme los fundamentos expuestos, considero corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la resolución impugnada, para que un nuevo Tribunal de Alzada evalúe los agravios de la defensa expresados al apelar el rechazo del pedido de "probation" del imputado. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Coincido con el relato efectuado por el señor Presidente doctor Erbetta en los puntos 1 y 2 de su voto. En primer lugar cabe resaltar que es posición del suscripto que el derecho al recurso abarca la revisión de todos los "autos procesales importantes" ("Villalobos vs. Costa Rica", Informe 24/92, casos 9328, 9329, 9742, 9884, 10131, 10193, 10230, 10429, 10469 de 2 de octubre de 1992, párrafo 30). Tal condición de "auto procesal importante" fue otorgada a la decisión que rechaza la suspensión del procedimiento a prueba "in re" "Palazzesi" (A. y S. T. 244, pág. 287). De esta manera, la interpretación otorgada a un derecho amparado tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -arts. 8.2.h y 14.5, respectivamente- se ubica por encima de la regulación local y por tanto nos encontramos frente a una antinomia solucionable por el intérprete mediante la aplicación de la norma superior -lo que Luigi Ferrajoli denomina "antinomia tertium genus" (Luigi Ferrajoli, "Principia Iuris", volumen I, pág. 649, Ed. Trotta, 2011)-. En conclusión, al no haberse satisfecho el "doble conforme" o derecho al recurso respecto del auto de la Jueza de Primera Instancia que rechazó la suspensión del procedimiento a prueba, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la resolución impugnada, para que un nuevo Tribunal de Alzada evalúe los agravios de la defensa expresados al apelar el rechazo del pedido de "probation" del imputado. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. El detenido examen de los autos persuade de que la impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, constatándose que el Sentenciante ha adoptado una solución que no constituye derivación razonada del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa. Ello es así desde que al serle rechazado a la compareciente su pedido de suspensión del juicio a prueba, interpuso recurso de apelación contra lo decidido, siendo concedido el mismo por la Jueza de grado, mientras que la Alzada lo declaró mal concedido. Para arribar a aquella solución, el Tribunal sostuvo que la resolución mediante la cual la Jueza instructora dentro de una causa que tramita ante el sistema conclusional -iniciada con anterioridad al 10.02.2014-, no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba, no es un supuesto apelable conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 13004. Asimismo, que la decisión dictada no encuadra en ninguna de las hipótesis de impugnabilidad objetiva autorizada por la norma, descartando su equiparación a sentencia definitiva o que cause un gravamen irreparable. Agregó el Judicante que la garantía del doble conforme "...no obliga a fijar legalmente ni a arbitrar una apelación para cada cuestión resuelta jurisdiccionalmente que confronte con el criterio defensista, salvo en los supuestos de sentencias o en autos importantes como los que afectan irreparablemente derechos del procesado, como en especial en los supuestos de privación cautelar de su libertad" (v. fs. 27/v., incidente de suspensión de juicio a prueba promovido por Ricardo José Lavaca -causa 930/2012-). Y por último, que la Corte provincial no objetó los límites recursivos impuestos por la ley 13004 en el precedente "Cantero", en el que se había inadmitido una apelación contra los procesamientos dictados. 2. Sentado ello, si bien la defensa endereza sus agravios en el recurso de inconstitucionalidad respecto a la cuestión de fondo, esto es, al rechazo de la suspensión del juicio a prueba, la temática a resolver se circunscribe a analizar si el Tribunal, atendiendo a la naturaleza de la decisión recurrida, asumió una hermenéutica razonable de la normativa procesal en juego. 2.1. Y en esa línea se advierte que el fundamento principal de la Alzada para resolver en el modo en que lo hizo, consistió en considerar que el auto apelado por la defensa no generaba un gravamen irreparable más allá de la consecuencia de "seguir sometido a proceso" (v. f. 27v. incidente de suspensión de juicio a prueba promovido por Ricardo José Lavaca -causa 930/2012-). Ello, por ser una causa tramitada ante el sistema conclusional, con recurso de apelación interpuesto luego del inicio del período de transición -10.02.2014- (art. 11, ley 13004). 2.2. Al respecto, entiendo que tal argumentación no se adecua con una correcta interpretación de las constancias de la causa y de las normas procesales aplicables, por cuanto la apreciación efectuada por la Cámara a fin de no dar tratamiento al recurso de apelación no puede sostenerse, en tanto luce evidente el tenor del gravamen que irroga para el imputado Lavaca el rechazo de su pedido de "probation" en la instancia de grado y la falta de tratamiento de sus agravios ante la Alzada. Y la irreparabilidad está dada, pues en el caso, considerando el momento procesal en que la defensa solicitó la aplicación del instituto -en el trámite de la instrucción- y el estado actual de la causa -radicada ante el Juzgado de Sentencia-, la finalidad perseguida era evitar la realización del juicio. Tales extremos resultan suficientes para dar por configurado el requisito de gravamen irreparable exigido por el artículo 11 de la ley 13004, citado por la Alzada al fundar su decisión en sentido contrario, el que reza: "...[A] partir del comienzo del período de transición, los recursos de apelaciones de todas las causas iniciadas con anterioridad se regirán por las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, ley Nº 12734 y serán sustanciados ante los órganos dispuestos al efecto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. En dichas causas el recurso de apelación sólo será admisible contra las sentencias definitivas y contra las resoluciones que causen un gravamen irreparable...". 2.3. Tras efectuar una primera lectura de esta norma, su redacción inicial parece dar la pauta de que el recurso de apelación se puede interponer contra todas las decisiones que son apelables según la ley 12734. Normativa esta última que prevé expresamente en el artículo 394, inciso 5 la posibilidad de apelación contra los autos que rechacen la suspensión del procedimiento a prueba. Mas ahondando en la propia ley 13004 -regulatoria del Período de Transición y Sistema de Conclusión de Causas- las reglas de celeridad, eficiencia y economía procesal que rigen el trámite de las causas comprendidas en el mismo, imponen un criterio restrictivo a la hora de interpretar cuáles son las resoluciones susceptibles de ser revisadas por la vía recursiva ordinaria, a fin de arbitrar los mecanismos para "...lograr el máximo nivel de resolución de conflictos..." (art. 4, ley 13004). De ese modo, no puede concluirse en otra apreciación que no sea aquélla que atienda al carácter de sentencia definitiva o de auto que cause un gravamen irreparable, de todo decisorio que mediante vía de apelación llegue a conocimiento de la Cámara, conforme lo dispuesto por el legislador en la última parte del referido artículo 11, interpretación que -desde un análisis integral de todas las normas que regulan este período y sus causas- guarda correlato con el alcance que el legislador otorgó a esta etapa conclusional del sistema procesal penal de nuestra Provincia. 2.4. Sumado a lo antedicho, no debe soslayarse que la potestad impugnativa que las partes del proceso detentan reposa normativamente sobre la garantía constitucional de la doble instancia, cuya finalidad es establecer un mecanismo de control jurisdiccional garantizador de un debido proceso, que posibilite a todo individuo una vía de impugnación respecto de aquella decisión que le irrogue agravio (arts. 18 y 33, C.N.; 8.2.h, C.A.D.H. y 14.5, P.I.D.C.P.). Y en particular, es sabido que la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba provoca un perjuicio de imposible reparación ulterior viabilizante de una vía impugnativa ordinaria que permita su revisión, tornando inadmisible la fundamentación brindada por el Tribunal para declarar mal concedido el recurso incoado. 3. Cabe aclarar que el voto al que adherí en A. y S. T. 275, pág. 253 -decisión en la que la defensa interpuso apelación contra el auto de constitución de querellante y la Alzada la declaró mal concedida- no obsta a la solución aquí dispuesta, en tanto en aquella oportunidad entendí que las alegaciones de la impugnante no alcanzaban a demostrar la irreparabilidad del gravamen a fin de propiciar la anulación de lo resuelto por la Cámara. 4. Por último, adhiero a lo expuesto en el punto 8 del voto del señor Presidente doctor Erbetta, en cuanto a que la anulación del auto que declara inapelable el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba de Lavaca, no implica la necesidad de paralizar la tramitación del proceso principal, atento al estado del mismo. 5. En conclusión, conforme la fundamentación dada considero corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la resolución impugnada, para que un nuevo Tribunal de Alzada evalúe los agravios de la defensa expresados al apelar el rechazo del pedido de "probation" del imputado. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Comparto los fundamentos esgrimidos en los puntos 1 a 2.2; 4 y 5 del voto del señor Ministro doctor Netri, toda vez que en el caso la resolución impugnada no constituye derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa, lo que habilita su descalificación desde el punto de vista constitucional. Por las razones expresadas, voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votó en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la cuestión conforme las pautas sentadas por esta Corte en el presente decisorio. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri, Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Erbetta y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en co