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Proceso penal, indemnización, daño moral, intereses moratorios
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GAROFOLI, CESAR EDUARDO s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. JULIO C. ANDRADA EN CAUSA 233/04 "GAROFOLI, CESAR EDUARDO P.S.A. ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO IDEAL, ETC."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-13

La parte condenada a pagar indemnización en concepto de daño moral debe los intereses moratorios posteriores a la sentencia, en virtud de su solicitud en la ejecución.

En efecto, los intereses no están incluidos en el título y por lo tanto no son materia de ejecución. Pero ello no significa que el acreedor no pueda reclamar los devengados con posterioridad a la sentencia, habida cuenta que resulta de estricto derecho evitar que el deudor moroso siga usufructuando errores cometidos por las partes y pueda prolongar indefinidamente el pago de su obligación sin la correspondiente sanción de pagar los intereses por el incumplimiento de la sentencia, conforme lo prescripto por los Arts. 508 y 509 del Código Civil, no siendo óbice para ello la iliquidez de la deuda porque basta que el deudor se halle incurso en mora para que se apliquen los intereses moratorios.-
Malversación de caudales públicos, peculado, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: A., M.B. s/ Fraude a la Administración Pública Continuado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-21

"La sustracción a que se refiere el artículo 261 del Código Penal consiste en el acto de poner los bienes fuera del alcance de la custodia bajo la cual fueran colocados. La sustracción siempre consuma el peculado, aunque sea hecha con propósito de restitución y aunque efectivamente se restituya, siendo importante en estos casos haber empeorado la situación del dinero desde el punto de vista de sus riesgos".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravedad institucional, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, intereses moratorios, anatocismo, tasa pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NARDELLI, EDUARDO PEDRO c/ FERRUM SA s/ JUICIO ORDINARIO DE COBRO DE AUSTRALES. QUEJA POR DENEGACION DEL   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 821-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

No configura supuesto de gravedad institucional, la alegación de la recurrente de que se configura anatocismo ilegal cuando el fallo de Alzada manda "actualizar hasta el 31 de marzo de 1991 lo que considera admisible en la demanda, que eran supuestos intereses por pagos tardíos, y concede a ese resultado un 8% de interés, y a ese capital le aplica la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el 31 de marzo en adelante", ya que una recta interpretación del fallo impugnado permite determinar que los intereses así cuantificados se aplicarían "sobre el capital actualizado únicamente", excluyendo el monto que pudiera corresponder por el juego del 8% anual, no advirtiéndose que lo resuelto por el Tribunal tenga virtualidad de trascender el interés particular de la impugnante para comprometer el interés de la comunidad "en sus valores sustanciales y profundos".
Derecho procesal, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, prenda, falta de reinscripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO BANSUD SA c/ LOPES CARDOSO, JOAQUIN s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Procede desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto cuando, como en el caso, surge que el fallo atacado no constituye sentencia definitiva en tanto la denegación de la reinscripción de la prenda solo importa la perdida de la vía ejecutiva, pero deja subsistente la acción que eventualmente pudiera corresponder entre las partes derivadas del contrato (CnCom, sala A, 12/3/04, "Banco Bansud SA c/ Rodríguez, Adriana s/ Secuestro Prendario"). Por ende, atento que dicha decisión no impide la promoción de otro juicio sobre el mismo objeto (CPCCN art. 289), cabe concluir que se encuentra ausente el extremo requerido por el código de rito.
Vivienda única, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUTIERREZ FELICIANO ALFONSO s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-02-12

La interpretación del derecho en examen, frente a las dudas que plantea la ley 8067 y a las que ya con anterioridad dividieron a la doctrina y jurisprudencia, se debe en favor de la operatividad de la norma en examen desde el día siguiente al de publicación de la constitución (cláusula transitoria primera).

La duodécima cláusula transitoria de la Constitución Provincial dispuso que hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias de esta constitución subsisten los actuales regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias pero el art. 2do dispuso que los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal y el art. 58 al declarar la inembargabilidad de la vivienda única supeditó la operatividad de tal derecho a las condiciones que fija la ley empleando un tiempo de verbo tal, que no es discutible que se refiere a la ley vigente entonces, es decir que efectúa una remisión a las condiciones establecidas por la ley Nacional 14349 y la ley Provincial 6074.

Ello así resulta claro que la ley 8067 no era imprescindible para la operatividad del derecho reconocido en la norma constitucional. A lo sumo la ley 8067 resultó necesaria para aclarar que las condiciones eran estipuladas por aquellas leyes según ya había sido interpretado, como queda dicho, y que al referirse a las condiciones obviaba el cumplimiento de los requisitos formales contemplados en aquellos instrumentos legales tal la registración Pero resulta entonces que la ley 8067, más específicamente su art.

1ro, que es el que establece la fecha a partir de la cual debe considerarse automáticamente inscripta como bien de familia la vivienda única, es meramente aclaratoria del texto constitucional y ello es particularmente significante para la cuestión debatida.

(Voto del Dr. Bordenave, mayoría).
Beneficios previsionales, acumulación de beneficios, interpretación de la ley, superposición de aportes, cómputo de servicios, determinación del haber jubilatorio, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEGUIZAMON, OSVALDO ROBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

Las disposiciones de la ley 23.604 reconocen el derecho a la percepción de más de una prestación -o doble beneficio jubilatorio- siempre que se acrediten en forma independiente para cada régimen los servicios y aportes que cada ordenamiento establezca. Asimismo, el texto de la ley no exige que el beneficiario la invoque expresamente para que proceda su aplicación. Consecuentemente, siendo que aquél tiene derecho a que se consideren ambas prestaciones (en el caso, una del ex Instituto Municipal de Previsión y otra del Régimen Nacional de Previsión) y que ello se refleje en su haber previsional, resulta arbitraria la revocación de uno de los beneficios, máxime cuando el titular realizó aportes simultáneos a las cajas respectivas durante todo el período que la ley fija en cada caso, con independencia en el cómputo de servicios.
Persona a cargo, pensiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Funes Lastra, María Teresa c/ A.N.Se.S. s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

La C.S.J.N. se ha pronunciado en sentido favorable al otorgamiento del beneficio previsional solicitado cuando lo contrario conduciría a condenar al peticionante al desamparo absoluto, destacando que "el ámbito de la seguridad social está regido por normas que se caracterizan por su finalidad tuitiva, uno de cuyos objetivos es atender la situación de quienes quedan desamparados cuando fallece el pariente que les proporcionaba los medios para su subsistencia (cfr. "Altobelli, Yolanda Lidia c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Pcia. de Salta", sent. del 03.11.92).
Confirmación de sentencia, homicidio simple, concurso real, tentativa, tenencia ilegítima de armas de uso civil, procesamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Giménez, S. F.  c/  s/ homicidio simple"(Causa Nº 25.790/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-03

Homicidio simple en tentativa en concurso real con homicidio cometido con dolo eventual ambos agravados por el uso de arma de fuego en concurso real con el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Procesamiento.

Agravio: Imposibilidad de sostener un accionar doloso. Homicidio que resulta ser culposo o, en todo caso, con "culpa con representación" ya que el encausado realizó el disparo queriendo intimar a su agresor.

Rechazo. Acción de disparar un arma de fuego en un espacio público -plazoleta- y en un horario en el cual es común que transiten personas, que lleva implícito la posibilidad de una consecuencia fatal para cualquiera que se encuentre allí, máxime cuando la bala ingresó a la altura del cuello de la víctima, lo que en principio descarta que se haya apuntado al piso como pretende sostener la defensa. Resultado muerte que no pudo resultarle extraña al imputado ya que necesariamente tuvo que ver pasar o al menos representarse que otras personas estaban en ese lugar y podían ser alcanzadas por su ataque, más cuando tampoco se reveló que fuese un experto tirador y según él reconoció hacía poco tenía el arma, lo que abría la posibilidad de que el disparo no fuese certero hacia su objetivo.

Confirmación.
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, provocación en espectáculo deportivo, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G.L.L. S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 59 Artículo 59
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

El planteo de inconstitucionalidad del artículo 59 del Código Contravencional -provocación en espectáculo deportivo-encuentra un obstáculo insalvable, en cuanto a que ningún derecho, en este caso la libertad de expresión, es absoluto en nuestro derecho positivo, conforme lo disponen los Convenios Internacionales y doctrina que menciona al respecto y lo preceptuado por los artículos 14 y 28 de nuestra Constitución Nacional, resultando por otro lado inaceptable, desde una correcta hermenéutica constitucional, que se pretenda incluir dentro del derecho a la libertad de expresión la circunstancia fáctica de exhibir una bandera del equipo rival en el marco de un encuentro futbolístico. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Fallos de la Corte Suprema, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Hirshfeld, Pablo Santiago s/ Lesiones culposas (art. 94 - 1° párrafo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-23

Los fallos de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal.
Despido con causa, despido por imputación de delito, denuncia, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL
Carátula: ORIETA, MARIANO c/ AEROMAR VAN LINES ARGENTINA  S.R.L. s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

Si la empleadora imputó un delito cometido por el trabajador como causal del despido, debió efectuar la denuncia penal y obtener sentencia condenatoria en esa instancia. así pues la causa de la cesantía no es un simple incumplimiento contractual, sino un hecho doloso, ilícito penal, que debe probarse en dicha sede, con sentencia condenatoria.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Silva, Juan Carlos c/ Transportes Automotores Lujan S.A.C.I s/ DESPIDO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Que la Corte es el custodio e intérprete "final" de la Constitución y de los derechos en ella consagrados, debe ser entendido no sólo en el sentido de que sus decisiones son irrevisables, sino también en el de que son ultimas, esto es: que proceden sólo luego de agotadas por las partes todos los medios rituales idóneos.
Ley reglamentaria, razonabilidad, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-18

El principio de razonabilidad, al ser un principio general del derecho opera como un límite constitucional al poder del Estado y como un criterio de control de las normas de modo que su contenido sea conforme a derecho y que los derechos fundamentales no se vean afectados o alterados en su contenido esencial. Es, más bien, un control constitucional que examina específicamente la relación entre los medios y los fines de una medida analizando además la constitucionalidad de la finalidad y a su vez, si el medio afecta, limita, restringe, o altera el contenido esencial de otros derechos fundamentales de acuerdo con la finalidad de los mismos, y el bien humano protegido. Esto a los efectos de dar máxima eficacia a la Constitución y lograr la armonización de los derechos.
Estado, división de poderes, distribución de competencias, potestad disciplinaria, Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MATO, VIVIANA CRISTINA c/  s/ SUSPENSION DE MATRICULA POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

EL Máximo Tribunal ha dicho que la creación de ciertos órganos -como los Colegios profesionales-, procedimientos y jurisdicciones especiales destinados a hacer más efectiva la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración, y la delegación a aquéllos de ciertas facultades, como las que corresponden en materia disciplinaria, no suponen la posibilidad de un otorgamiento incondicional de atribuciones jurisdiccionales, sino sometidas a limitaciones de jerarquía constitucional, tales como la sujeción a un control judicial suficiente a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído de su correspondiente contralor ulterior. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler) - CITAS: CSJN: Fernández Arias, Fallos 24 :646.
Recursos, facultades de la alzada, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: B., T. c/ F. SRL s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-28

El principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes. Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y el juez de primera instancia.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacht Club Argentino c/ Inspección General de Justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Si bien los agravios se refieren a cuestiones fácticas y de derecho común, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, dicho criterio reconoce como excepción a los supuestos en que, con menoscabo del derecho de defensa en juicio, el tribunal basó su decisión en aseveraciones dogmáticas que redundan en serio detrimento del poder disciplinario inherente a las autoridades de la asociación (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Carlos S. Fayt).
Cheque sin fondos, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: BORIOLO, MIGUEL A. s/ Cheque sin fondos Causa 29002
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-09

La mera multiplicidad de cheques entregados, aún cuando hayan sido dados a una misma persona, o representen cumplimientos parciales de una única obligación, o se haya intimado su pago mediante un único telegrama interpelatorio, es constitutiva de tantos hechos independientes-en concurso real-como títulos se hayan librado.
Juicio ejecutivo, aplicación de la ley, Derecho administrativo, acto administrativo, impugnación del acto administrativo, jueces, competencia, competencia civil y comercial
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Pretender que estamos frente a un juicio ejecutivo por cobro de pesos contra el estado provincial, en el cual deben aplicarse las normas del derecho administrativo y no las del derecho común consagra una extralimitación inconducente, ya que el marco de la justicia ordinaria en modo alguno acorrala a la Provincia en el ejercicio de su derecho de defensa sino que por el contrario le otorga las herramientas necesarias para hacerlo, dentro de los procedimientos que la misma eligió como conducentes para dirimir las cuestiones que podrían acaecer si no pagaba, lo demás son discusiones estériles y a contrapelo, no ya de normas como las explicitadas, sino de la propia conducta de la ejecutada y, esto por tanto no puede ser aceptado desde la óptica legal, ni razonablemente, desde que no conmueve a lo expuesto el dictado de los decretos provinciales 3199/93 y 3200/93, en razón de que la demanda que nos ocupa, fue iniciada con anterioridad al dictado de los mismos y no resulta adecuado sostener que el portador de los pagarés, para tener expedita la vía ejecutiva, debe impugnar dicho acto administrativo general como paso previo a la promoción del presente, pues supondría imponer una carga que la ley no impone y violentar la naturaleza del título ejecutivo. (Del Voto del Dr. Depetris, En Disidencia).
Sucesiones, calificación de bienes, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: LIDIA BEATRIZ CHAGRAS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-12-22

La calificación en bienes propios y gananciales es contemporánea a la vigencia de la sociedad conyugal, nace con ella y queda fija a su disolución. La sociedad conyugal se disuelve, entre otras causales, por la muerte de alguno de los cónyuges. Los frutos civiles originados por el trabajo o profesión del cónyuge fallecido, durante la vigencia del régimen matrimonial, revisten naturaleza ganancial. Por ello, se dividen como todos los gananciales en dos parte iguales: una para el cónyuge supérstite y la otra para los descendiente o en su defecto, los ascendientes cualquiera sea su número
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO METALURGICO COLON SOCIEDAD ANONIMA c/ CAMEJO NESTOR F. s/ EXCLUSION TUTELA SINDICAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-29

El juzgador se ha extralimitado en su decisorio, al expedirse respecto de la legitimidad de un despido aún no dispuesto, lo cual conduce a concluir que ha violado el principio de congruencia consagrado en los artículos 31 inciso 4) y 160 inciso 6) del Código Procesal Civil y Comercial, cuyo fundamento consiste, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación en que la sentencia que desconozca o acuerde derechos no debatidos es, en principio, incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional
Marcas, caducidad del registro, allanamiento, costas, exención de costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS BAGO SA c/ VOLPINO LABORATORIOS SA s/ CADUCIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Para la caducidad del registro marcario se requiere de una declaración judicial, art. 23 ley 22362, a pedido de parte, art. 26, por manera que no es dudoso que si el titular de la marca manifiesta, como en este caso, que se allana a su caducidad en la primera oportunidad en que esa petición se formula explícitamente, tal allanamiento reúne las exigencias del art. 70, párrafo segundo, del C. Procesal Civil y, por lo tanto, corresponde que sea eximido de las costas del juicio, solución que no debe variar en virtud de la vinculación de este pleito con el anterior, pues la acumulación pedida por la actora no fue resuelta, de tal manera que la demanda de caducidad tuvo un trámite independiente.
Impuestos, régimen penal tributario, notificación tácita, nulidad del acto jurídico, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: BELGRANO NORTE S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario, Causa: 34730.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-14

1 - No puede considerarse que se ha incurrido en el delito tipificado en el art. 5 de la ley Penal Tributaria, que requiere como previa intimación respectiva, si la notificación al efecto consistió en la colocación de una copia de la misma en un sobre pegado en una puerta, lo cual lo convierte en un acto ficto o meramente presumido.- 2 - No puede sobreseerse a la persona jurídica contribuyente de los impuestos cuya declaración se imputa haber omitido, por no ser el sujeto del proceso, en tanto la resolución recurrida omitió sobreseer a las dos personas a quienes se convocó a declarar como sospechosos y que fueron apercibidas de los cargos en su contra, quienes de tal manera quedarían en una situación de indefinición respecto de esos cargos.
Apelación de honorarios, abogados
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GARTNER, Ángel Eduardo c/ FM 2 de Abril y otro s/ sumarísimo (amparo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-02-19

Deben elevarse los honorarios del letrado, ya que aun cuando se está ante un incidente que admitió un recurso de revocatoria contra una providencia que se limitó a correr traslado al demandado de la liquidación de astreintes, en el caso, no puede pasarse por alto que con él también se resolvió "dar por cumplida la sentencia y dejar sin efecto la imposición de astreintes", de lo que se colige que el incidente abortó la chance del demandante de percibir una importante suma de dinero, y una de las pautas que fija el art.6 de la ley arancelaria está constituida por la trascendencia jurídica, moral y económica del asunto.
Sucesiones, división de la herencia, administración de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: BOLSA DE COMERCIO DE  BS.AS. c/ CZADAN BUJOOSO S. s/ SUCESION S-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

El inc. 4 del art. 3284 del Código Civil establece que el fuero de atracción pasivo se aplica tanto a las acciones personales emergentes de obligaciones contraídas en vida por el causante, como a las ajustadas por albaceas o administradores después de abierta la sucesión, utilizando como argumento lo estatuido en el art. 3490 del mismo código (C.S.J.N. Fallos 181-273 y 186-270).

Si la administradora está autorizada para suscribir un nuevo contrato de locación como locataria en nombre del sucesorio debe tramitar por ante el mismo juez de la sucesión el desalojo promovido por la locadora en virtud del ya recordado inciso 4 del art. 3284 del Código Civil. No altera esta conclusión que posteriormente se haya desconocido vocación hereditaria a la administradora, pues ello no modifica lo pactado por ésta con terceros, de acuerdo a las normas que rigen el mandato.