Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


AZANZA, María Fernanda c. AGÜERO FERNANDEZ de OLASO, Amalia M.

Reg.: A y S t 215 p 112-114.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTOS: Los autos caratulados "AZANZA, María Fernanda c. AGÜERO FERNÁNDEZ de OLASO, Amalia M. -Nulidad de Reversión de Donación- s. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte.C.S.J. nro. 71, año 2005) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la actora por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, CONSIDERANDO: La parte actora deduce recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación atacando la sentencia de este Tribunal, que declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055 interpuesto por la accionada contra el decisorio del 23 de diciembre de 2003, dictado por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, que había resuelto -revocando el pronunciamiento de baja instancia- dejar sin efecto la admisión de la excepción de incompetencia planteada respecto de un juicio inexistente, con costas en ambas instancias a la recurrida.

El fallo de esta Corte examinó la adecuación del decisorio inferior al ordenamiento jurídico fundamental y, en esa faena, entendió que cabía apartarse del principio que vedaba al Tribunal considerar los agravios que, al decidir en materia de competencia, remitían al examen de cuestiones fácticas y de derecho procesal -por ser propias de los jueces ordinarios y ajenas a la instancia de excepción-, por cuanto el A quo, para decidir que no existía juicio, se había apartado palmariamente de las constancias de la causa.

2. En el memorial del recurso extraordinario federal, la recurrente sostiene que el fallo impugnado resulta arbitrario y lesivo de derechos fundamentales de su parte, concretamente: debido proceso, igualdad ante la ley, defensa en juicio y propiedad.

Su crítica esencial al decisorio que impugna finca en el apartamiento de expresas constancias de autos en que -a su juicio- ha caído este Cuerpo y el dogmatismo de su fundamentación.

Alega que la decisión injusta por absurda determina arbitrariedad normativa y resulta lesiva del valor utilidad en una manifiesta lesión al derecho de defensa de la accionante como corolario de su apego a las formas.

Sostiene que lo resuelto también vulnera el valor previsibilidad en tanto la Corte ha soslayado ponderar las consecuencias de su decisión.

Achaca a la Corte caer en dogmatismo por entender que en el caso el apartamiento de las constancias de autos imponía excepcionar la regla de que las cuestiones procesales -concretamente, la decisión recaída en una excepción de incompetencia- resultan ajenas al recurso de inconstitucionalidad.

Al respecto, niega que la Alzada hubiese caído en el mentado apartamiento de las constancias de la causa pues es la Corte -dice- la que incurre en tal yerro al dejarse llevar exclusivamente por los planteos de la accionada y así arriba a una solución que refiere a circunstancias que claramente no concurrieron en el caso.

Recalca que la Corte al decidir perdió de vista que no había ningún derecho de rango constitucional que la accionada pudiera ver lesionado por la decisión de la Alzada.

Enrostra a este Cuerpo dogmatismo por entender que la Sala -cuando se consideró ligada por sus anteriores reflexiones en cuanto a la inexistencia de juicio al momento de solicitar la medida cautelar- equivocó su perspectiva por desentenderse de la realidad fáctica de la causa. Al respecto, asevera que es este Alto Tribunal el que no advierte que siempre se trató de un único expediente que en la actualidad ha sido reconstruido.

Afirma que la Corte admitió livianamente los reproches de la accionada sin ponderar la ausencia de demostración de la conexidad entre las causales de arbitrariedad en abstracto y el caso concreto, y en tal actitud volvió a apartarse de las constancias del expediente.

Imputa a este Tribunal proceder con ostensible voluntad de admitir los planteos de la accionada sin reparar en la arbitrariedad en que incurre al referir -con excesivo ritualismo- a las actuaciones ocurridas en el expediente y que sólo pueden permitir verificar su existencia material mas no la existencia de un nuevo juicio.

En relación a ello, y en la evidencia de que la Sala ya había decidido que no había juicio, reputa arbitrario que la Corte reproche al A quo soslayar ponderar las constancias referidas por la Juez de primera instancia.

Asevera que la decisión de este Cuerpo es el resultado de un examen parcializado -no global- del pronunciamiento de la Cámara y que por descontextualizado, no admitió el desarrollo conceptual de la Sala que la determinó a resolver que el pleito no existió.

También, dice, la Corte pasa por alto que la Sala había dicho que no aparecía que el juicio se hubiera iniciado posteriormente por lo que no había podido la accionada solicitar se le corriera traslado de la demanda y en tal equivocación adscribe a la postura de la accionada en punto a que había sido instaurado un segundo proceso que nunca existió. Además, sostiene que su parte no tuvo obligación de poner fin a ningún pleito porque este no existió y se había extinguido y la Corte desconoce las constancias de autos al imputarle tal omisión.

Afirma que la actora abrogó por la inexistencia desde el mismo momento en que contestó la excepción de incompetencia y que la Corte no fundamentó el reproche que hace a la Sala por no haber ponderado la existencia de un juicio idéntico en San Cristóbal.

Achaca a la Corte no hacer mérito de la falta de oportuna introducción de la cuestión constitucional por parte de la accionada.

3. A partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", esta Corte local es el superior tribunal de la causa a los efectos del recurso extraordinario federal.

Con respecto al recaudo de definitividad del decisorio impugnado, este Cuerpo había efectuado una distinción según fuera el alcance del reenvío al tribunal de grado que corresponda (cfr. "Mangini", A. y S. T. 57, pág. 93, "Verdugo", A. y S. T. 83, pág. 21), en los que se entendió que el recaudo no se superaba; y "Campos" (A. y S. T. 66, pág. 145) y "Consejo de Ingenieros" (A. y S. T. 73, pág. 289), en sentido contrario.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no admitió tal distinción y consideró que, en cualquier caso, las sentencias de este Tribunal -disponiendo "reenvío"- no eran definitivas a los efectos de la ley 48.

Al margen de cuál sea el grado de vinculación de las decisiones de la Corte nacional, razones de utilidad y conveniencia (criterio de "Llorca", A. y S., T. 48, pág. 2), de seguridad jurídica, de economía procesal y para evitar fallos contradictorios (criterio de "Acosta", A. y S., T. 64, pág. 473), determinaron que en "Bartolotta (A. y S., T. 93, pág. 414), este Tribunal se inclinara por seguir las directrices fijadas por aquélla aun en la hipótesis de que interprete que la recurrida es sentencia definitiva por concurrencia de las circunstancias que, en su momento, lo llevaron a sostener aquel criterio (Cfr.

"Rincón" A. y S. T. 116, pág. 80).

Tal solución también se justifica en este caso, atendiendo principalmente que es el Alto Tribunal de la Nación el que ejerce el último control en torno a la admisibilidad de los recursos extraordinarios interpuestos por ante él.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)