marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, derecho a la carrera, remuneración, recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, Administración Pública, facultades discrecionales, interés público, acción contencioso administrativa, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montagnini, Lidia E. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 683-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-02

La posibilidad -y el consecuente interés- de un agente a ser designado en el cargo con derecho a la percepción del suplemento del artículo 61 del decreto 2695/83, no recibe del ordenamiento jurídico tutela directa e inmediata, como interés propio y exclusivo, porque el inciso 3) del artículo 61 al establecer, utilizando la conjunción disyuntiva "o", en quiénes puede recaer la designación del reemplazante -en tanto prescribe: "Que la designación recaiga en el reemplazante natural del titular del cargo o en un agente del nivel inmediato inferior dentro del área al cual corresponda, o en personal con méritos fundados..."-, atribuye al órgano administrativo una facultad discrecional de elección, que debe ejercerse con miras al interés público pero no permite que se generen derechos subjetivos, sino sólo intereses legítimos en favor de aquellos empleados que reúnan las condiciones previstas en la ley. Prueba de ello es que la anulación del acto objetado (nombramiento de otra persona en el cargo), no depararía para la recurrente el derecho a ser designada sino, sólo, el de que la mera designación se efectúe sin el supuesto vicio que le imputa en la anterior y únicamente por esa vía indirecta podría lograr la satisfacción de su interés. Al no ser la recurrente titular de un derecho subjetivo sino de un interés legítimo, debió acudir a la Corte por la vía del recurso de ilegitimidad y no -como lo hizo- por el de plena jurisdicción.
Mandato oculto, prescripción decenal, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Sperperato de Hacher, Leticia Benedicta Delia y otros. c/ Aime, Oscar Raúl. s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Calificada la relación como mandato oculto ante la ausencia de plazo específico de prescripción, rige el genérico del art. 4023 del Código Civil, o sea el decenal, debiendo computar dicho plazo a partir de que el mandatario pretende desconocer los derechos del mandante.
Instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tallarico, Francisco A. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

La doctrina autoral y judicial de nuestros días, ha concluido por admitir que la verdad de la fecha cierta de un instrumento privado frente a los terceros se puede probar por todo medio de prueba concluyente en base a la certeza moral resultante de ciertos hechos debidamente comprobados.
Accidentes de trabajo, acción civil, daño moral, gastos futuros
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES,  ISMAEL c/ BRICONS  SA Y OTRO s/ ACCIDENTE ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

Toda vez que la aseguradora del empleador deberá hacerse cargo de por vida, o mientras duren los síntomas incapacitantes, de las prestaciones asistenciales que sean necesarias al trabajador, no procede el pedido de montos independientes por gastos futuros y cirugía reparadora. Al respecto es necesario tener en cuenta que la invalidez constitucional del art. 39 L.R.T. no neutraliza el deber de la A.R.T. de atender al damnificado en plenitud de acuerdo al art. 20 de dicha normativa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AIELLO, DAMARIS LUCILA c/ HENN, JORGE A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

Si bien lo relativo a la determinación de los montos indemnizatorios en supuestos como el de autos -responsabilidad por daños, incapacidad sobreviniente- constituye materia reservada a los jueces de la causa y, en consecuencia, ajena -en principio- a la órbita extraordinaria, corresponde excepcionar la regla cuando en esa tarea se acudió a la mera enumeración de pautas, en forma genérica, y sin precisar de qué modo su aplicación conduce al resultado al cual se arribó; que es el defecto que concurre en el presente, desde que la mención por la Alzada de datos tales como la edad e ingresos de la víctima y el porcentaje de incapacidad, sin la verificación de cómo los mismos recepcionan aquellas disminuciones para traducirlas en un resarcimiento que comprenda la pérdida sufrida y su quebranto patrimonial, denotan la arbitrariedad del fallo al desentenderse del análisis insoslayable que debía afrontarse, más aún cuando se decidía reducir en prácticamente la mitad el importe resarcitorio fijado en la instancia colegiada. - CITAS: CSJN: Fallos 301:472; 302: 195; 304:278; 306:647; 307:933; CSJStaFe: AyS T 143, p 228; T 200, p 283; T 227, p 107.
Actualización monetaria, intereses, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: CARIAGA MERCEDES R. Y OTRA c/ PEREYRA JOSE PATRICIO s/ DESPIDO - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-10

Los rubros condenados a pagar deberan ser actualizados monetariamente desde la fecha debida y hasta el 31/3/91 conforme las pautas del art. 276 Ley 20744, adicionándole un interes del 15% anual por el lapsocomprendido hasta la fecha indicada por ser la tasa razonable en circunstancias como las actuales por el uso del capital a moneda constante. Desde la fecha indicada y por imperio de lo dispuesto en la Ley 23928 solo generara intereses hasta el momento del efectivo pago, a la misma tasa, por existir identicos fundamentos.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benavídez, Martha c/ Ravenna, Héctor Lucio y otros s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a enunciar normas legales presuntamente violadas, sin expresar de qué manera el pronunciamiento apelado, incurrió en tales transgresiones.
Prueba pericial, rechazo de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Licata Constanza Francisco c/ Mengual Juan Bautista y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-28

"La pericia puede ser impugnada por haberse apartado los expertos de las cuestiones propuestas a su examen, o por considerar equivocado el procedimiento seguido por ellos en la diligencia, o por haberse violado alguna de las formalidades prescriptas para la misma, para admitir su procedencia formal, el ataque debe exteriorizarse dentro del plazo por el cual el dictamen fue puesto de manifiesto, o bien antes de consentir el auto que ordenó su agregación.

"El dictamen pericial en el C.P.C. se ciñe a un juicio de hecho, el que debe contener una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda su opinión. Este es el principio que recepta el art. 456 de nuestra ley ritual".

"No basta que el perito adquiera convicción sobre lo que es materia de su dictamen, sino que debe suministrar los antecedentes y explicaciones que la justifiquen, porque su función es la de asesorar a los jueces, que es a quienes corresponde valorar en definitiva el acierto de las conclusiones expuestas en el informe pericial y decidir la cuestión en litigio".
Procedimiento administrativo, acto administrativo, eficacia del acto administrativo, irretroactividad, derechos adquiridos, seguridad jurídica, derecho de propiedad, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SEVERINO OSVALDO HECTOR c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-10

La eficacia del acto administrativo y sus efectos, en principio y como regla general, rigen para el futuro (ex nunc), es decir, irretroactivamente.

Este principio, encuentra sustento en la tutela de la estabilidad y certeza de las relaciones jurídicas nacidas o extinguidas de manera legítima, así como también en la protección del derecho constitucional de propiedad, que debe entenderse de manera amplia en lo referido a su extensión, conforme tradicional jurisprudencia de la Corte al respecto.

En este orden de ideas, el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es claro al admitir la retroactividad del acto sólo en determinados supuestos, siempre y cuando no se lesionen derechos adquiridos.

En efecto, la seguridad jurídica, valor constitucional inherente a la forma republicana de gobierno, implica como principio general que las normas sólo rigen para el futuro, sin afectar las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de las reglas en su momento aplicables.

Y es que las personas, cuando realizan una acción, deben saber las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, a fin de diseñar adecuadamente su plan de vida y prever los efectos de sus conductas. Resulta entonces contrario a la seguridad jurídica que se modifique una norma jurídica con efectos hacia el pasado, pues ello implica alterar el sentido jurídico de los hechos ya ocurridos.
Concurso preventivo, secuestro de bienes, depósito judicial, responsabilidad del depositario, responsabilidad civil, conservación y administración de los bienes, debido proceso, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: VIRTEN SA s/ INC. DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-15

Cabe declarar la nulidad de la resolución del juez del concurso por la cual hizo responsable al depositario judicial de ciertos bienes de propiedad del fallido, por la sustracción de algunos de ellos, intimándolo al depósito de cierta suma de dinero, toda vez que no han sido observadas las reglas del debido proceso, teniendo en cuenta que la sanción aplicada a dicho depositario, no fue disciplinaria sino por responsabilidad civil; desde tal perspectiva, el depositario no tuvo oportunidad de ser oído acerca de la imputación de responsabilidad, lo que constituye una lesión al derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional (CN: 18), toda vez que fue citado a dar explicaciones en una audiencia sin habérsele corrido traslado de la imputación para que exponga sus defensas y ofrezca la prueba que haga a su derecho, si lo estimase pertinente.
Responsabilidad del abogado, multa procesal, inconducta procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: EDUARDO MARGARIÑOS c/ OSCAR SALEM s/ MULTA A LETRADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Es procedente la multa impuesta al letrado del demandado que opuso al progreso de la ejecución, además de un planteo de incompetencia desestimado, una excepción de falsedad de firma cuya prueba se tuvo luego por desistida por aplicación de los dispuesto por el CPR 463 in fine (falta de depósito del anticipo para gastos de la pericia), del desinterés en producir un medio de acreditación que avalara sus dichos, resulta configurada una conducta que, objetivamente, sólo persiguió obstruir el procedimiento con una articulación impertinente.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, prescripción de la acción penal, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., J. A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- TENTATIVA DE ESTAFA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 396 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18

Al realizar el juicio de admisibilidad del presente recurso extraordinario federal, esta Corte no puede soslayar la consideración de lo decidido por el Alto Tribunal de la Nación in re "Alberto Luis Walter y Otro", donde la Corte Nacional declaró la nulidad del auto de concesión del recurso efectuado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que siendo la omisión de examinar de oficio si la acción penal se hallaba prescripta el único agravio alegado en el recurso, cabía devolver la causa con el fin de que se resuelva, por quien corresponda, el planteo en cuestión.

Por tal razón, no ha de seguirse en esta oportunidad el criterio adoptado por esta Corte in re "Reyes", por el que se dispusiera la concesión de la impugnación federal deducida.

Sin embargo, el aspecto vinculado a la prescripción de la acción - único agravio propuesto como cuestión federal- excede la competencia de esta Corte, la que fue abierta al solo efecto de juzgar acerca de la constitucionalidad del fallo en recurso y que no puede resultar ampliada fuera de los supuestos previstos en el artículo 93 de la Constitución provincial, por lo que, de corresponder, ella debe ser declarada por el juez de la causa.

Por ende, debe remitirse la causa al juez a quo, a efectos de que se pronuncie conforme legalmente corresponda y, en caso de que considere no prescripta la acción, eleve los autos nuevamente a fin de que este Cuerpo se expida sobre el remedio extraordinario federal interpuesto.
Juicio ejecutivo, modificación de la tasa de interés, moneda extranjera, mora del deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MAC DONALD & CIA. LTDA. S.A. COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES C/ CASSE, JORGE DANIEL S/ EJECUTIVO- Expte. N° 7140/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

En la morigeración de intereses vinculadas con deudas asumidas en dólares estadounidenses, la aplicación del 6% anual no satisface adecuadamente las aspiraciones del acreedor por la privación del uso del capital y a su vez, tampoco aparece como justa retribución ante la mora del deudor. Por ello, y evaluando las pautas que se deben tener en cuenta, corresponde la aplicación de un interés del 1% mensual y desde que la suma fuere debida; momento éste donde nace la responsabilidad por el pago de lo adeudado y el acreedor por su parte se encuentra autorizado a exigir su cumplimiento forzado.
Leyes, ley anterior, aplicación temporal de la ley, ley vigente, irretroactividad de la ley, derechos adquiridos
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Cuando en una ley se ha optado por omitir toda referencia respecto a su validez intertemporal, los hechos anteriores a su vigencia deben quedar sometidos a los preceptos legales imperantes en el momento en que se produjeron, no se proyecta hacia atrás en el tiempo, ni altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos y actos realizados, pues de lo contrario podría afectar derechos adquiridos.
Incapacidad laboral, incapacidad total, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: VARGAS, ALBERTO c/ SERVICIO ELECTRICO DEL GRAN BUENOS AIRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-10

El otorgamiento de la jubilación por invalidez no supone incapacidad absoluta para el trabajo, por cuanto el artículo 33 de la ley 18037 se refiere a la incapacidad total para el desempeño de cualquier actividad compatible con las aptitudes profesionales del trabajador, mientras que el artículo 212 RCT. se refiere a que en caso de que el trabajador no estuviese en condiciones de realizar las tareas que antes cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de ganancia, resultando la télesis de ambas normas diferente.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acosta Ojeda, Carlos Bienvenido c/ Fisco de la Pcia. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Teniendo en cuenta que la víctima presenta una incapacidad física, parcial y permanente del doce (12) por ciento del total; que no produjo prueba alguna respecto de sus actividades o ingresos; que contaba con veinticinco (25) años de edad al momento de producirse el accidente; y que al fijarse la indemnización por este rubro debe tomarse en cuenta las condiciones personales de la víctima: su edad, estado físico, educación, actividad desarrollada, etc., sin sujetarse a rígidos sistemas matemáticos o a determinadas proporciones, de acuerdo a un criterio subjetivo y objetivo, en forma integral (S.C.B.A., en "Ac. y Sent.", 1977-II), resulta justo establecer el monto indemnizatorio en la suma de australes 50.000.000 a la fecha del fallo apelado-27-11-91- (art. 1086, C. Civil).
Competencia por la materia, acción meramente declarativa, ejecución de alquileres, derechos del locador, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Blascetta, José Luis c/ FEMESA s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Es competente la justicia nacional en lo civil y comercial federal para entender en una acción declarativa del derecho a ser locador de un inmueble, y de consignación de alquileres, ya que el objeto y basamento último de la pretensión ejercitada debe ser examinado a la luz de los principios y normas del derecho privado (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contratos, pacto comisorio, resoluciones
Materia: PENAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center c/ Construir SAIC.y A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-07-15

. El resarcimiento de los daños es un "efecto" derivado del incumplimiento de la prestación que puede -aunque no necesariamente- acompañar tanto el reclamo de cumplimiento como el de frustración del contrato. Si bien es posible exigir la resolución del contrato tras haber reclamado el cumplimiento y no haber obtenido respuesta positiva, la voluntad de resolver el contrato debe ser anoticiada debidamente (correctamente?) al co-contratante, quien de lo contrario se vería sorprendido frente a la frustración del negocio, a efectos de habilitar la instancia judicial.(doctor Genoud, mayoría)
Cuestiones de competencia, falsificación de valores equiparables a la moneda, patacón, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BENTANCOR, Osvaldo s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-06

El Tribunal, a través de esta Sala I, reitera su doctrina, expuesta en los autos "GOYCOCHEA VILLALOBOS, J.R." del 16.7.2002 y "GAUTO, H." del 13.11.2002, en cuanto declara que la falsificación de los denominados patacones, no es de competencia federal.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.D.O c/ M.G.M s/ Cesación de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

En el caso de ser procedente el reclamo tendiente a hacer reducir la cuota, las costas respectivas deben recaer sobre el alimentante para no desvirtuar la finalidad propia de la obligación alimentaria.

Sin embargo, no se trata de un postulado absoluto, sino que debe atenderse también a la conducta de las partes que según las circunstancias de cada caso, puede el tribunal eximir de costas al reclamante de la reducción, si encuentra mérito para ello. (Minoría u opinión personal)
Sentencia condenatoria, revocación de sentencia, facultades del juez, facultades de la Cámara de Apelaciones, doble instancia, reformatio in pejus
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ P, R. N. s/ artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-04

Según la redacción del artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional corresponde a la Cámara dictar nueva sentencia con arreglo a derecho si procede la nulidad de la sentencia apelada.

Sin perjuicio que el camino que fue elegido por mi colega preopinante sea el de revocar parcialmente la sentencia e imponer la pena reclamada por el derecho positivo local, dicha propuesta no es otra cosa que un modo de expresar el carácter nulificador del defecto residente en el apartamiento por parte del Juez a quo del artículo 22 Código Contravencional. Si bien la Sala que integro se ha inclinado por decretar la nulidad de la sentencia apelada, esta discrepancia terminológica no dejaría de ser, en definitiva, distintos nomen juris para mencionar a resoluciones que tienen un sentido similar cual es el de restar eficacia, total o parcialmente, a una sentencia de primera instancia.

Por otra parte, la solución arribada, no contradice de manera alguna al principio de "Reformatio in pejus", toda vez que en el caso, existe una apelación del Ministerio Público Fiscal de Primera Instancia y la posterior adhesión del superior de aquél con respecto a la sanción de arresto; ni vulnera lo prescripto por el artículo 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a la garantía de la doble instancia, habida cuenta las apelaciones formuladas por las partes contrapuestas.

La solución a que adhiero es la más razonable, toda vez que no encuentro utilidad práctica ni adecuado encuadre legal en la remisión al juzgado de Origen a los efectos que imponga la pena que por derecho corresponde. (Del voto del Dr. Dessanti)
Leyes, ley derogada, decreto reglamentario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Radiodifusora Mediterránea S.R.L. c/ Estado Nacional -amparo-. s/ derogacion de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

La continuidad de un reglamento no constituye, en sí misma, una situación jurídicamente tutelada.
Legitimación activa, daños y perjuicios, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Maglioni, Oscar c/ Rivero, Fernando Andrés Alejandro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-04

El hecho de estar legitimado para reclamar la restitución de la posesión mediante el interdicto de recobrar no otorga legitimación para accionar por indemnización de daños y perjuicios en base a un bien que no es propio. En primer lugar, porque las acciones posesorias son medidas cuasi policiales que tienen por objeto restituir la tenencia a fin de evitar la justicia por mano propia, en síntesis, la violencia privada; no se trata del título que daría derecho a poseer, sino de probar la posesión material del bien. En segundo lugar, el derecho a exigir compensación por las "pérdidas e intereses y de los gastos causados en el juicio" (art. 2494 CCiv.) debe interpretarse en sentido restrictivo, ya que la norma no menciona el lucro cesante, que es el que en definitiva el actor persigue, independientemente del nomen iuris que otorgara al rubro.
Medidas cautelares, derecho a la salud, medicina prepaga, enfermedad de Alzheimer
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORRES  HORACIO  AMABLE c/ OMINT s/ INCIDENTE DE APELACION DEMEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

Se encuentra acreditada la condición de afiliado del actor a OMINT y la enfermedad que padece -trastorno cognitivo crónico, trastorno de marcha, enfermedad de Alzheimer-. Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de otorgar cautelarmente la cobertura de personal de enfermería asistencial en dos turnos diarios de 2 hs. cada uno y asistencia kinésica 2 veces por semana. Considerando los específicos términos de la prescripción de los médicos tratantes y el dictamen del Cuerpo Médico Forense y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que el mantenimiento de la medida precautoria decretada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida del paciente, en el tratamiento de la grave enfermedad que padece -enfermedad de Alzheimer-. No puede perderse de vista que los médicos describieron las severas limitaciones que padece el actor en virtud de su enfermedad y que las ayudas asistenciales deben ser brindadas a un paciente con avanzado grado de enfermedad de Alzheimer.