marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, jueces, facultades disciplinarias, multa, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dicky SA y otro c/ General Electric International Inc. y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

Cuando, como en el caso, la situación exhibe en lo objetivo una articulación muy deficiente de la demanda y, en lo subjetivo, y no desvinculado de lo anterior, una clara intencionalidad de ilegítimo enriquecimiento por parte de personas jurídicas que explotaban empresas de escasa envergadura y previsiblemente afectados por los perniciosos efectos de los vaivenes económicos emergentes de la conocida crisis de los años 2001/2002, procede subsumir la conducta de los demandantes en el supuesto de temeridad que contempla el CPR 45 e impone a reprenderlas en su consecuencia. Es que además, del sistema informático surge que las actoras fueron relevadas del pago de la tasa de justicia, pero que habían pretendido eximirse también del pago de las demás costas lo cual fue denegado circunstancia que lleva a conceptuar que se han amparado en aquel instituto para promover una acción por un monto que se presenta, desmesurado -mas de U$S 9 millones- y completamente improcedente. Tampoco se pueden desconocer los efectos perniciosos que puede producir un reclamo judicial de tal entidad, aun contra empresas multinacionales como es el caso. Indubitablemente, una pretensión tan elevada, más intereses, debió llevar a las diez codemandadas de distintos países a gastos extraordinarios en su defensa y previsiones contables por posibilidad de condena; y consiguientemente a un perjuicio real. En razón de lo expuesto, corresponde imponer a los individuos el deber de sufrir las consecuencias de la utilización irresponsable y temeraria del servicio jurisdiccional cuando se sobrepasa con creces, en este caso, el límite de la razonabilidad.

(En el caso, se demandó por más de U$S 9 millones, a un grupo económico con sede en diferentes países sobre bases endebles y sin pruebas contundentes).
Prueba testimonial, menores
Materia: PENAL
Carátula: ARANDA, Eduardo Rubén s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-02

Cuando la ley establece un tope, como el que resulta de señalar la edad de quince años para considerar a un deponente testigo hábil, con la expresión "menor de quince años" no hace otra cosa que referenciar el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta ese límite que, como resulta de su propia entidad ontológica, se alcanza en el quince aniversario del nacimiento. Todas las referencias legales a límites de edad se han entendido siempre así, sea que se las enunciare como en este caso, o utilizando la forma inversa "mayor de".-
Poder Judicial, jueces, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Las calidades de los magistrados para el desempeño de su ministerio, no son cuestionables por vía de recusación, ya que la apreciación de aquellas pertenece de manera privativa a otros poderes.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Bertedor, Fernando N. c/ Boehringer Mannheim Argentina s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

La comunicación al empleador de la postulación o designación en su caso, en un cargo de representación gremial es constitutiva del derecho a la estabilidad que el ordenamiento sindical garantiza.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación de Vecinales de Funes c/ Municipalidad de Funes s/ Recurso contencioso administrativo ley 10000. Avocación (Expte. CSJ   Nº 314-98) Mascheroni Torrilla, Eduardo c/ Provincia de Santa Fe y otros s/ Amparo - Avocación (art. 2, ley 11.330) (Expte. C.S.J. Nro. 442 Año   2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29|2002-05-22

La circunstancia de que una de las partes -invocando que la materia en debate corresponde a la competencia originaria y exclusiva de la Corte- haya solicitado con fundamento en la norma expresa del artículo 2 de la Ley 11330, la intervención de la Corte para resolver una cuestión de competencia, y de que su contraparte tuviera suficiente oportunidad de expedirse en dicha sede sobre el punto, basta para que la Corte se pronuncie al respecto, y para que disponga -en su caso- lo conducente en orden a la tutela de su competencia si ésta pudiera estar afectada. Y no constituye obstáculo para así decidirlo la norma procesal del artículo 2 de la Ley 10160.
Obligaciones periódicas, pago, recibo
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, F. GUSTAVO c/ CLAUDIA M. DE LOURDES SANTANDREU Y OTROS s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-20

"Estas obligaciones periódicas o de tracto sucesivo son aquellas que brotan o germinan por el transcurso del tiempo, como por ejemplo los intereses de un capital o los alquileres de un inmueble arrendado, constituyendo cada período de intereses o de alquiler una deuda, distinta e independiente"."La extensión del recibo en análisis sólo acredita que se efectúo una bonificación respecto al canon locativo que tenía derecho a percibir en los alquileres pertenecientes a esos meses, pero de ninguna manera que hubo novación o convenio de modificación del precio estipulado en el contrato original que es el instrumento base de ésta ejecución"
Requisa personal, prueba testimonial, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: MORENO, Guillermo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

Debe ser rechazado el agravio relativo a la integración del tribunal, en tanto no se ha verificado un perjui cio concreto a ninguna de las partes y toda vez que no puede dictarse una nulidad por el sólo beneficio de la ley.Está debidamente fundada la atribución de participación del imputado en el hecho, ya que los agravios se dirigen a cuestiones que tuvieron acabada respuesta por parte del a quo, como ser el destino que tuvieron los fondos enviados por la Secretaría de Comercio al Mercado Central y su vinculación directa con los hechos, sin que se adviertan defectos lógicos o vicios que permitan descalificarlo como acto jurisdiccional válido.El desconocimiento de parte del encartado de la firma que se le atribuye en las facturas objeto de estudio, excede el tema a decidir y es motivo de pesquisa en otra causa y, por otro lado, su presencia en las reuniones referidas, se encuentra acreditada en base a gran cantidad de testimonios que han sido recolectados.Se encuentra debidamente acreditada la configuración de los dos requisitos por parte de los imputados ya que todos ello s tenían conocimiento del carácter público de los bienes y de la relación funcional que los unía a ellos.La calidad de funcionario público del autor de un delito no cualifica especialmente un hecho que hubiere podido ser cometido por un particular, transformándolo en una especie de los denominados "delicta propia"; sino que directamente el hecho merece ser considerado -y valorado para su imputación- como hecho funcionarial, esto es, no como hecho que reclama la intervención de un funcionario, sino como hecho de infracción a la institución funcionarial.
Depreciación monetaria, Constitución Nacional, interpretación de la ley, quiebra
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: NOEL Y CIA. S.A. s/ QUIEBRA.    HONORARIOS DE ABOGADOS Y SINDICOS.    DEPRECIACION MONETARIA-ACTUALIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

La procedencia del reajuste monetario en circunstancias de constante deterioro de los valores nominales de la moneda, no obsta a que tal reconocimiento se adecue en el caso a lo que dispongan las leyes -en la especie la ley 19.551- en resguardo de un interés que tiene raíz social, como es preservar el acuerdo que evite la declaración de la quiebra, con el deterioro que tal resolución supone para el interés de la comunidad, comprometido en mantener el funcionamiento de una empresa productiva. Esta interpretación tiene en cuenta el conjunto de las disposiciones de la Constitución Nacional, con un criterio que asegura su unidad y coherencia puesto que no puede separarse de los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada de la realidad nacional, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad siguiendo el instrumento de la ordenación política y moral de la Nación y las facultades que concede no deben oponerse para que se destruyan entre ellas, sino armonizarlas dentro del espíritu que les dio aliento.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As. c/ Prov. de Bs. As. (Dirección Gral. Cult. y Educación) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Quedan comprendidos dentro de la competencia que esta Corte ejerce transitoriamente los litigios suscitados con motivo de la celebración, interpretación, ejecución o rescisión de contratos administrativos, aún cuando el cuestionamiento se efectúe por quienes participan en el procedimiento de selección previo a la contratación (arts. 1, 3, 28 inc. 3 y conc. del C.P.C.A.; arts. 26 inc. 3, ap. p, ley 7764; art. 75, Reglamento de Contrataciones).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, empleo público, cesantía, salarios caídos, daños y perjuicios, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Angrigiani, Claudio Horacio c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Angrigiani, Claudio Horacio c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Es imputable al trabajador, reconocer los haberes no percibidos es una forma de reparación que en esta instancia cabe admitir como consecuencia derivada de los especiales principios protectorios del derecho laboral; entre ellos, el de in dubio pro operario, por el cual corresponde interpretar las condiciones de reparación laboral que sea más favorable a la parte trabajadora y dejar de interpretar que la regla de "salarios caídos" aplica a un enriquecimiento ilícito. Aplicar este instituto legal es perjudicar o desfavorecer a una de las partes más frágiles de una relación laboral. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Instrumentos públicos, firma, autenticidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE E REDARGUCION DE FLASEDAD,EN ROLDAN,CAROS ISIDRO c/ EMPRESA LITSA S.A. O Q.R.R. s/ ACCION DE AMPARO"EXPTE. N10562/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-09-16

El instrumento público requiere para su validez la firma del otorgante(arts.958,1001 y concs.,Código civil).Falsa la firma equivale a no estar, siendo la firma condición indispensable para la validez de todo instrumento público o privado al punto que sin ella no habrá instrumento de ninguna clase, quedando los mismo en condición o categoría de inexistentes.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: BRUNO ANTONIO c/ IZQUIERDO ALEJANDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-06

Cuando una encrucijada cuenta con semáforos instalados, debe prescindirse de las comunes presunciones "omnis" de culpa de los conductores, derivadas del derecho preferente de pago que detenta quien aparece por la derecha del otro, o de la presunción de culpa que recae sobre el embistente con respecto al embestido, o el lugar de localización del impacto, etc. Lo que cuenta, a los fines de los arts. 512 y 1109 del Cód. Civil, es saber cuál de los dos rodados vulneró la señal lumínica al intentar el cruce de la bocacalle.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad corporal, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alejandro Carlos CAPALBO c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES Gustavo Mario BAZTERRICA c/  s/ TENENCIA  DE  ESTUPEFACIENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-29|1986-08-29

El conjunto de disposiciones de la Carta Magna tendientes a consagrar un esquema de ordenada libertad, conformado por los derechos básicos de los individuos, constituye una trama de ubicación de los individuos en la sociedad, en la que se entrelazan derechos explícitos e implícitos y en la cual la libertad individual está protegida de toda imposición arbitraria o restricción sin sentido, desde que el art. 28 de la Ley Fundamental impide al legislador obrar caprichosamente de modo de destruir lo mismo que ha querido amparar y sostener.
AFIP DGI, instrucciones de la DGI, deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, recurso de apelación (procesal), depósito previo, deserción del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - TRIBUTARIO
Carátula: DEHEZA, MARTIN c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-09

Las disposiciones contenidas en la Resolución D.G.I. n° 3756 resultan de aplicación con la sola comprobación por parte del organismo administrativo de haberse configurado los supuestos que en ella se indican, sin perjuicio de la facultad que asiste al supuesto infractor de impugnar la medida adoptada. En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación cuando no se ingresa el importe correspondiente a la sanción impuesta, dado que sólo puede tenerse por cumplida la obligación de carácter formal a cargo de la apelante con el pago íntegro de las sumas reclamadas. (Del voto del Dr. Díaz).
Confesión extrajudicial, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana de Galante Graciela c/ Cochera Dimaquenz s/ Indemnización, rubros adeudados y seguro de vida
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-29

Si bien el artículo 411 del Código Procesal Civil y Comercial, al que remite el artículo 83 del Código Procesal Laboral, establece que la confesión hecho fuera del juicio a un tercero constituirá fuente de presunción simple, si el tercero ante quien se prestó la declaración fue un oficial público, la misma tiene la eficacia del instrumento público y hace fe de que efectivamente fue formulada por la parte ante el oficial público que la recibió.
Recurso de apelación (procesal), depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Enrique, Catalina Ester c/ La Caja Aseg. de Riesgos del Trabajo y otro s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-12-20

La Municipalidad debe cumplimentar con el depósito u ofrecimiento de bienes a embargo. El texto de la ley 8.640 se refiere al Estado Provincial y sus organismos autárquicos y descentralizados, empresas o sociedades estatales. Evidentemente que en esta caracterización no se encuentran comprendidos los municipios de la provincia.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, régimen de consolidación de deudas, ley federal, aplicación de la ley, actuación de oficio, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmos, Tránsito Ramona c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que omitió aplicar el art. 6° de la ley 23.982, ya que al tratarse de una ley federal, que debió ser aplicada de oficio por los jueces, no era necesario interponer recurso de aclaratoria (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, derecho al honor, derecho a la intimidad, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baquero Lazcano, Silvia c/ Editorial Río Negro S.A. y/u otros. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

La doctrina que sostiene el mayor sacrificio de las personalidades públicas en relación a la tensión entre el derecho de difundir información y el derecho a la intimidad, se funda en que las mismas tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y que se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias y, por otra parte, atiende de manera prioritaria al valor constitucional de resguardar el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o materias de interés público, como garantía esencial del sistema republicano.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, calidad de parte, tutela sindical, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: TRANSPORTE LAGOS S.R.L. c/ FLORES, JORGE NESTOR; LOPEZ, MARIO ALBERTO s/ Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-20

La Corte de Justicia local ha dicho: La trasgresión de la estabilidad y libertad sindicales del trabajador, amparadas por la ley de asociaciones sindicales, se produce objetivamente por la conducta patronal de disponer medidas vedadas por el legislador sin que medie la resolución judicial previa que excluya a aquél de la tutela sindical, tal como lo exige la propia ley.

Este procedimiento, que debe ser previo a la modificación de las condiciones de trabajo de un representante gremial, garantiza al trabajador la posibilidad de que se analicen las causas invocadas para ejercer el "ius variandi" y la razonabilidad de la medida, como también tiene por objeto deslindar responsabilidad de sospecha de discriminación hacia el empleado que es dirigente gremial.
Certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Surace, María Fernanda c/ Falabella S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-27

Resulta procedente la multa del art. 80 LCT, ya que las constancias de la causa revelan que la empleadora entregó a la trabajadora el certificado de trabajo que prevé esta norma, pero en esta documentación no consta la verdadera remuneración que le correspondía a la operaria conforme su categoría, por lo que no se condice con la realidad del vínculo habido.
Cuestiones de competencia, sentencia firme, quiebra, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AFIP - DGI c/ Ecoave S.A. s/ ejecución fiscal - A.F.I.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Toda vez que el magistrado federal, por sentencia firme, ordenó llevar adelante la ejecución contra la sociedad demandada por la deuda que se reclama en la ejecución fiscal, resulta improcedente el fuero de atracción de la quiebra de la fallida previsto en los artículos 21 y 132 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, y por tanto las actuaciones deben permanecer en el juzgado de origen, sin perjuicio del derecho del accionante de verificar la acreencia contra la quebrada en el marco del proceso universal. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Autosuficiencia, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Josefina c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe bastarse a sí mismo, no pudiendo suplirse su fundamentación con la remisión a escritos anteriores ni a memorias posteriores.(doctor Genoud, sin disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, derivación razonada del derecho vigente, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAPONE, YANINA c/ CMR FALABELLA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

En relación a los agravios de la impugnante relativos a una irremediable incongruencia interna del decisorio atacado, expresaron los judicantes de la Alzada que sólo cabía la posibilidad de que se le achaque al acuerdo de la Sala una cierta deficiencia técnica en lo que hace a la interpretación y aplicación del derecho al caso concreto; mas no obstante ello, los magistrados aducen que en ningún momento cuestionó la accionante las normas que fueran aplicadas en el fallo referido, y muchos menos la posible interpretación de las mismas; al punto que es la propia actora la que en su escrito reconoció que las deducciones teóricas de fundamentación resultaron correctas; por lo que, sin perjuicio de la arbitrariedad normativa endilgada, el Tribunal entendió que en el caso de marras se apreciaba claramente que la cuestión a dilucidar no tenía que ver tanto con la norma que resulta aplicable al caso, sino más bien con la interpretación que cabe hacer de las mismas a la hora de concluir si una conducta debe ser considerada como regular o antijurídica, lo que constituye un deber insoslayable del órgano judicial encargado de resolver una pretensión como la deducida en las presentes, aún antes de analizar lo conducente a los demás presupuestos de la responsabilidad civil, no aportando razones de peso la recurrente en su presentación directa en orden a refutarlo. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, capacidad para testar
Materia: CIVIL
Carátula: LOZA LULL, CLAUDIA JOSEFINA c/ DELLOSPEDALE, ELSA ESTELA Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-24

De los agravios expuestos por la quejosa, lo único que puede inferirse es su desacuerdo con la tesis del voto mayoritario de la Alzada, que admitió el recurso de apelación interpuesto por la accionada y declaró la validez del testamento otorgado ante el notario, por entender no acreditados suficientemente los vicios formales y sustanciales de la escritura pública en la que se instrumentó aquel, en los que fundara su petición de nulidad la parte actora, y decidiendo -respecto de los vicios formales- que asistía razón a los recurrentes en cuanto a que no resultaba necesaria la expresión personal de la testadora con relación al motivo por el cual no pudo firmar, resultando suficiente lo manifestado por el escribano actuante y comprobado con el certificado médico que se anexa a la escritura, y afirmando, en cuanto a la validez de la testigo, que no hubo prueba suficiente que acreditara la presunta vinculación laboral entre el escribano y la testigo por lo que debía estarse por la validez del instrumento testamentario; señalando asimismo que no resultaba esencial consignar en la escritura que el acto se otorgó mientras la testadora se encontraba internada en tanto el acto se realizó dentro del ámbito territorial en que el escribano cuenta con jurisdicción; y respecto de los vicios sustanciales alegados, el voto mayoritario de la Alzada consideró liminarmente que se presume la capacidad de la testadora mientras no se pruebe lo contrario, concluyendo que su edad avanzada, enfermedades y ciertos posibles efectos de la medicación que se le suministraba no implicaba necesariamente que se hallase comprometida su capacidad para testar, y que no bastaban por sí solas para anular el testamento.