marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Molero, Angel Alberto s/ Tentativa de robo y lesiones lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es insuficiente la impugnación de uno de los indicios invocados por el a quo si sólo cuestiona aislados componentes de la construcción presuncional realizada por el a quo, dirigiendo -en consecuencia- un reclamo parcial ineficaz para desvirtuarlo. Y no demuestra la transgresión del art. 259 inc. 5º del Código de Procedimiento Penal que denuncia.
Daños y perjuicios, fletamento, terceros, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - NAVEGACION
Carátula: Giménez, José Eduardo c/ Prefectura Naval Argentina s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

A tenor del contrato de fletamento a tiempo, y de lo pactado entre las partes, la situación del fletador no es la de un tercero sino la de un guardián (art. 1113 del Código Civil) pues es quien ha tenido un poder de hecho sobre la cosa y, en especial, quien la ha aprovechado con el objeto de obtener sus beneficios económicos.
Afiliados previsionales, aportes previsionales, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BASTERRECHEA, ELDA HAYDEE c/ Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

El derecho judicial reconoce sin discrepancias que son constitucionales las obligaciones de afiliación y de aportación forzosa; que la aportación no confiere por sí sola un derecho a la jubilación futura y que la no obtención del beneficio dentro de un régimen legal no presupone, por el sólo hecho de la exclusión, que el aporte implique una confiscación o que haya derecho a conseguir su reintegro cuando la ley no lo admite (cfr. Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", pág. 379).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, privación del uso del automotor, cancelación de deudas, precio, estafa
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Caccavo, Viviana Elizabeth c/ L'expres SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

1 - Corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto admitió la demanda incoada por los adquirentes de un vehículo cero kilómetro en relación a la concesionaria codemandada, a causa de la falta de entrega del vehículo adquirido. Ello así, toda vez que resultó acreditado en autos que, a los fines de comprar el automóvil, los actores entregaron ciertas sumas de dinero en efectivo, y también un cheque (no a la orden) que fue recibido por un empleado de la concesionaria y que no depositó en ninguna de las cuentas de la empresa (sino que lo percibió personalmente mediante un endoso y una cesión de crédito con firmas apócrifas, hecho que fue investigado en sede penal como delito de estafa).

2 - En ese marco, la maniobra ilícita de un empleado no puede derivar en un incumplimiento de las obligaciones de la actora, sobre todo porque la operación estuvo respaldada por el empleado vendedor y controlada por el jefe de ventas de la demandada. Es decir que, su dependiente valiéndose de la estructura del empleador y dando total apariencia de que lo hacía en su representación, pudo actuar del modo en que lo hizo. 3 - En consecuencia, en tanto el concesionario no pudo demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder para eximirse de responsabilidad (CCIV 1113 receptado por el CCCN 1753), y frente al pago total del automóvil, su falta de entrega (incumplimiento del proveedor), faculta al consumidor a exigir lo que aquí reclama, es decir, el cumplimiento forzado, aceptar otro producto equivalente y los daños y perjuicios que pudieran corresponder. Ergo, queda habilitada la solución consagrada por la LDC 10 bis incluido por la ley 24787, por lo que procede la condena a la concesionaria a la entrega del rodado.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitilon, Silvia c/ Gonzalez, Carlos s/ Consignación de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-31

El escrito por el que se amplía la demanda, al que se acompaña el pago de la tasa de justicia y contribución respectiva, resulta suficientemente idóneo para interrumpir el plazo de caducidad de la instancia, aunque el acto de impulso haya sido realizado luego de transcurrido el indicado lapso, si provino de parte y no del órgano judicial; por lo que la contraria no puede oponerse a los efectos interruptivos priorizando la voluntad manifiesta de mantener viva la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Administración fraudulenta, retención indebida, cambio de calificación legal, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: SUHRING, N. s/ DEFRAUDACION  -  ADMINISTRACION  FRAUDULENTA  -  RECURSO  APELACION -  REFORMATIO IN PEJUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-14

La actual redacción del art. 173 inc. 2 C.P. reprime únicamente omisiones de restituir cosas recibidas y no sustitutos, y como se trata de devolver algo que ha sido entregado antes, debe devolvérselo a quien se lo entregó previamente.

La conducta del imputado encuadraría en la norma del art. 173 inc. 7 C.P., ya que el mismo tuvo el manejo de intereses pecuniarios ajenos, a los que afectó al quedarse indebidamente con el dinero, procurando un lucro, en violación a los deberes confiados, pero la falta de acusación de la querella, así como la omisión de apelación de la sentencia por el fiscal, impide el cambio de calificación legal, declarándose en consecuencia atípica la conducta desplegada.
Concesión de servicio público, acto administrativo, transmisión del dominio, cesión de derechos, contratos civiles
Materia: LABORAL
Carátula: CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO c/ EXPRESO 9 DE JULIO  S.A. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Cuando es el Estado el que adjudica la concesión del servicio público a una empresa, no hay transmitente ni cedente, porque la adquisición por la adjudicataria tiene como causa jurídica un acto de autoridad administrativa competente y no un contrato privado de transferencia.
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Next S.A. c/ Hostal San Jorge S.R.L. s/ Ejecución de alquileres Rigueiro, Horacio y Amigos del Camino S.A. s/ Incidente de restitución de bienes Kujman Mauricio c/ Roldan Juana y otro s/ Ejecución Hipotecaria Zorrilla Antonia Lucía c/ Celie Walter s/ Desalojo Piñeiro Beatriz Marta c/ Segovia Silvio Rogelio s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13|1996-10-29|1997-08-12|1999-12-16|2001-02-27

El tribunal de apelación no tiene una función de controlar o revisora, sino que limita su actuación a las alegaciones por él realizada en el memorial. La apelación comienza con dicha pieza, que hace las veces de una demanda. Así siendo los agravios los que dan la medida de las atribuciones de la alzada, sólo cabe abrir el recurso cuando los mismos sean suficientemente explicitados e intenten demostrar los yerros de la sentencia o auto cuestionado. Si no se cumple con tal crítica concreta y razonada, el recurso debe declararse desierto. (art. 246, 260 y 261 del CPCB) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, despido, injuria laboral, ausencias injustificadas, desproporcionalidad de la pena
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, LUIS ALBERTO c/ SUCCAR, DANIEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

La ausencia de un día en el empleo no puede ser sustento suficiente como para encontrar justificada la ruptura de una relación laboral pues existe una clara desproporcionalidad entre la falta y la sanción adoptada. Ello así toda vez que el empleador dispone de diversas herramientas disciplinarias de menor alcance y más razonables con el hecho y, en concordancia, con la vocación de perdurabilidad en el tiempo que contiene toda relación laboral. Además, conforme lo señala el art. 243 de la L.C.T., el despido dispuesto por el empleador debe contener una expresión suficientemente clara de los motivos en los que se funda, por lo que referirse a "reiterados incumplimientos" no cumple con la exigencia de precisión y claridad que exige la normativa.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blanco, Gustavo Adolfo s/ Incidente de inconstitucionalidad de la Ley 10620 en autos: Berti,  S. c/ Grimaldi, Rubén s/ Daños y perjuicios Argenbel S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de revisión de crédito verificado Banco Español  DEL RIO DE LA PLATA S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03|1991-04-18

Conforme lo tiene resuelto esta Cámara de Apelación en la causa nº 75733 reg. nº 384(S) del 03/11/89, es inconstitucional el artº 207 de la Ley 10620 por cuanto su aplicación puede conducir a regulaciones arbitrarias, desproporcionadas y confiscatorias, lesionando el derecho de propiedad de las partes.
Marcas, cese de uso de marca, incidente de explotación
Materia: COMERCIAL
Carátula: NATURTEC  SA c/ JABBAZ  EMILIO  CLAUDIO s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

En el art. 4 de la ley 22.362 se establece -en lo que aquí resulta de interés- que para ejercer el derecho de oposición al uso de una marca se exige un interés legítimo del oponente. En otros términos: quien cuenta con un interés legítimo se halla legalmente habilitado para demandar o reconvenir en una demanda como la que aquí nos ocupa. En el caso, dicho extremo se encuentra suficientemente verificado. Ello pues, si la persona que cuenta con una solicitud de registro marcario posee, como principio, interés legítimo para demandar por cese de uso de marca, con más razón esto es así cuando se trata del titular de una marca, como sucede en la especie de autos. El demandado tiene aptitud bastante para ejercer la prerrogativa contemplada en el art. 35 de la ley 22.362, esto es promover el incidente de explotación.
Crédito laboral, depreciación monetaria, actualización monetaria, cosa juzgada, quiebra, concursos, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido, ya que no se ha producido cosa juzgada en la resolución del Juez de Primera Instancia que rechazó la solicitud de actualización de los créditos laborales hasta el momento del efectivo pago, en un proceso concursal, por considerar que la misma procedía hasta la fecha de la sentencia declarativa de la falencia del deudor, sin ingresar a la consideración de la naturaleza jurídica de ella, por considerarlo innecesario a los fines de la solución del caso.

De la ampliación de fundamentos del Dr Barraguirre.
Aclaratoria (procesal), interés para recurrir, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bargas, Cantalicia c/ Provincia de Río Negro (Poder Judicial) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-06-13

Corresponde desestimar la aclaratoria interpuesta por el actor solicitando se estipule expresamente que el monto de condena y los honorarios correspondientes, deberán ser actualizados a la fecha del efectivo pago. Ello, en tanto deviene innecesaria y carente de interés jurídico la rectificación intentada, dado que toda sentencia que ordena el pago de una determinada suma, lo hace dando por sentado que ésta se actualizará al momento de hacerse efectivo el mismo.
Servicio público, energía eléctrica, gas, partidos políticos, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: "Unión  Cívica  Radical  -Inc.  Med c/ E.N. -M° Economía- Resol125/08 Dtos 2752/91 2275/94 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-17

La Unión Cívica Radical actora carece de legitimación para promover una acción en la que pretende la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26.095, por lo que si carece de legitimación no puede prosperar la acción intentada.
Responsabilidad solidaria, presidente del directorio, pago en negro, conducta fraudulenta
Materia: LABORAL
Carátula: Tamone Héctor c/ Container Leasing S.A. y O. s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

Corresponde extender la responsabilidad en los términos del art. 59 de la L.S.C. a quien admitió ser presidente de la empresa, habiéndose probado en autos la existencia de pagos "en negro" por expresa instrucción del presidente y vicepresidente, resultando así que la conducta de dichos directivos no responde a las pautas dadas por los artículos 54 y 59 de la ley 19550. Desde tal perspectiva, resulta clara la intervención directa de los nombrados en las maniobras fraudulentas que fueran determinadas.(del voto del Dr. Pirroni, en mayoría).
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, concesión errónea del recurso, admisibilidad del recurso, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pecile, Jacinto José c/ Provincia de Bs. As. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Si la concesión del remedio federal no aparece debidamente fundada en cuanto a la existencia o no de arbitrariedad por el superior tribunal de provincia, corresponde declarar su nulidad (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Fundamentación insuficiente, AMIA, delitos contra la humanidad, ius cogens, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Castañeda, Carlos Antonio c/  s/ recurso de casación reg. 559
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-12

Los votos concurrentes agregaron, por un lado, que el señor Defensor no aportó argumentos novedosos -de hecho o de derecho- que justifiquen apartarse de la decisión adoptada en la instancia anterior relativa a la habida conexidad existente entre la sustracción de medios de prueba reprochado al imputado y la voladura de la mutual, ni rebatió eficazmente cada una de las sólidas razones que, al efecto, oportunamente desarrolló la juez del tribunal de juicio que votó en primer término; y por el otro, que el Estado Argentino -desde la constitución de 1853- adoptó el principio de ius cogens y la justicia universal, en su artículo 102 -actual 118 después de la reforma de 1994- y en consecuencia se comprometió en el orden interno e internacionalmente a respetar los derechos humanos y, por ello, su no cumplimiento y su impunidad lo hace incurrir en grave responsabilidad internacional ante las naciones del mundo. (Dres. Ledesma, Gemignani y Figueroa -según sus votos-).
Astreintes, plan de pagos
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Carlos Alberto c/ Jockey Club Gualeguaychú s/ Restablecimiento de las condiciones de trabajo. Ejecución de  sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-28

Constando el acogimiento por parte de la demandada a una moratoria de la que informa la A.F.I.P. para cumplir con el pago de los aportes de condena, resulta aceptable fijar la fecha de dicho acogimiento para poner fin a la sanción -astreintes- ya que allí cesó la resistencia del deudor, siendo inadmisible mantener las mismas por si no cumple con tal moratoria.

También debe tenerse presente que para lograr el cobro del restante e incumplido punto de condena se inició la presente ejecución de sentencia, trabando embargo sobre bienes del deudor por lo que -en relación al mismo- la pretensión del recurrente carece de razonabilidad al intentar acumular indefinidamente la misma al resultado de una condena que sólo puede cumplirse con la ejecución de un bien que se encuentra embargado.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes, levantamiento de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: VAZQUEZ, DAIANA NATALI c/ ROLDAN JOSE MARIA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-19

Con motivo de la colisión de las lanchas deportivas Punta Para y Ludo I en el Río Luján, producida el 10.4.94 y en la que murió Marisa Andrea Galloro, la hija menor de edad de ésta representada por su progenitor solicitó y obtuvo la inhibición general de bienes del demandado, titular de la embarcación mencionada en primer término. Pendiente el trámite de inscripción de distintos oficios, el afectado por la cautelar reclamó del a quo el levantamiento de la medida por no concurrir sus presupuestos fácticos y jurídicos; revocatoria a la que el señor juez hizo lugar atendiendo a la naturaleza de la medida de que se trataba y por no haber sido demostrada la inexistencia o insuficiencia de bienes susceptibles de embargo, en los términos del art. 228 del Código Procesal motivo del recurso mantenido en el memorial contestado. Cuadra señalar, en primer término, que el afectado por la medida precautoria puede solicitar su levantamiento sin necesidad de esperar que la medida le sea notificada y sin que sea requisito, que ella se hubiera concretado en los diversos Registros de bienes. Tales exigencias que el peticionario considera imprescindibles no reconocen sustento legal (art. 298, tercer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: UTGES JOSE c/ TISEIRA RAMON HECTOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

La violación o quebrantamiento de la ley de tránsito, por si sola, no significa que tal conducta pueda calificarse culposa en los términos del art. 512 del Cod. Civil, por lo que corresponde analizar y valorar el modo de comportarse de los agentes protagónicos del accidente del tránsito vehicular.
Pagaré, juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Rubén Antonio c/ Pelourson, Héctor Omar s/ Cobro ejecutivo de australes Bco. de Crédito Arg. S. A. c/ Diguero, Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17|1995-08-30

La letra o pagare emitida en forma incompleta o parcialmente en blanco puede ser integrada válidamente por el tomador o cualquier titular (art. 11 dec. 5965/63); no exige la ley su redacción por una misma persona ni en una misma oportunidad. Si esa integración se hace en contra de la voluntad del emitente, esto no puede ser discutido en el estrecho ámbito del juicio ejecutivo (art. 542 inc. 4 CPC), pero si puede ser materia de la excepción que regla el citado artículo, toda adición que no la integra sino que altera o modifica de manera sustancial el contenido que poseía la cambial al ser emitida y así, el distinto rasgo caligráfico, tipografía, tinta o impresión pueden constituirse en elementos decisivos para exponer tal circunstancia.-
Letra de cambio, pagaré, acción cambiaria, acción penal, prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROTH c/ GOMEZ s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

La acción penal del Código Penal: 302 suspende la prescripción de la acción cambiaria; de otro modo se volvería utópica la posibilidad de promover la investigación de delitos de acción pública que fueren cometidos mediante el libramiento de cheques, ante el riesgo de prescripción de la acción cambiaria que deriva de éstos.
Expropiación, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintero Palacios, Gabriel y otra c/ D.E.B.A. s/ Expropiación irregular Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Boess y Robín, Ana N. s/ Expropiación Fiscalía de Estado c/ Alvarez y González, Ricardo y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26|1994-06-07|1992-11-17

La obligación de pagar intereses está legalmente impuesta en materia de expropiación, por lo que el ofrecimiento hecho por el expropiante de una determinada tasa carece de efecto vinculante, debiendo ser fijada por el juez (art. 622 primer párrafo in fine, C.C.).
Intervención de línea telefónica, orden de allanamiento, prueba, requerimiento de elevación a juicio, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Monsalves, Diego Matías y otros c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

En el caso de autos las intervenciones telefónicas fueron solicitadas a fin de constatar la ocurrencia de los hechos pesquisados en el marco de una línea investigativa y, conforme las particulares circunstancias del caso, fueron dispuestas mediante órdenes judiciales válidas. Dichas órdenes fueron fundadas debidamente en las pruebas con que se contaba en autos, dentro de los límites de las posibilidades que la realidad impone en la génesis investigativa. El requisito de motivación (que es el modo de garantizar que la intervención de las comunicaciones aparezca como fundadamente necesario) no exige a los magistrados una prueba de la culpabilidad de la persona que debe soportar la invasión en su esfera de privacidad, sino tan solo una presunción razonable de la comisión de un ilícito. Así las cosas, conforme surge de las constancias del expediente, existían en autos elementos objetivos idóneos que permitían fundar una sospecha razonable y lógica que justificó las intervenciones telefónicas ordenadas en la investigación, y las posteriores prórrogas dispuestas.Por otra parte, se advierte que los requerimientos fiscales de elevación de la causa a juicio refieren de forma precisa, concreta y circunstanciada las características de los hechos endilgados, detallando la fecha aproximada en que se habrían cometido los mismos, el lugar donde se ejercía la actividad ilícita, los sitios hasta donde se extendía el comercio ilegal de estupefacientes, las funciones que cada uno tenía en la organización delictiva investigada, y los nombres de los restantes imputados con los que mantuvieron contacto, entre otras cuestiones, por lo que resultan válidos, en contra de lo propiciado por las esforzadas defensas.Del mismo modo, contrariamente a lo alegado por las recurrentes, la sentencia bajo análisis cumple con la exigencia de "enunciación del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de acusación" estipulada en los arts. 399, y 404, inc. 3º, del ordenamiento de forma.En primer lugar, en lo relativo a la prohibición de autoincriminación, cabe recordar que dicha garantía constitucional resguarda que todo aquello sobre lo que un imputado declare sea fruto de su propia decisión y no como consecuencia de ningún tipo de abuso. De ello se sigue que serán nulos y por ende no podrán ser valoradas todas aquellas pruebas que no fueron aportadas de manera voluntaria por el imputado y, de igual modo, deberá procederse con aquellos datos que fueron logrados producto de torturas, tormentos, apremios, engaños.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Simonian, Alberto Marcelo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no enjuicia las piezas de la causa en que la Cámara basó su conclusión ni denuncia cuáles serían las normas que se habrían quebrantado.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lynch, Alberto Patricio y otra c/ Alvarez, Roberto José y otros s/ Daños y perjuicios. Rodríguez, Norma y otros c/ Castro, Jesús y otro s/ Indemnización. Daños y perjuicios Pensa, Ana Julia y otros c/ Tristán, Fernando Javier y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30|1997-07-08|2002-02-19

El art. 1078 del Código Civil (texto ley 17.711) concede legitimación a los herederos forzosos para reclamar el daño moral, derecho que se ejerce iure propio y no iure hereditatis.