Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04


SENT Nro. 847 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 de Noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Marta Flores de Araujo en representación de la Sucesión en autos: "Carrizo Pedro Angel y otro vs. Suc. Leonardo León Araujo y otro s/Indemnización por despido y otro" .

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 06/9/2001 (fs. 354/358), la representante de la sucesión de Leonardo León Araujo dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante resolución del 30/8/2002 (fs. 435). Consta en informe actuarial de fs. 480 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- El fallo consideró que los recibos aportados por la demandada para demostrar el pago de los rubros y montos reclamados por los actores, son auténticos y eficaces, con excepción de los correspondientes a los actores Humberto Félix Arias y Abel Antonio Arias, por las irregularidades que presentan los mismos a las que hacen referencia la pericial caligráfica de fs. 219 y la pericial química de fs. 342.

Seguidamente, aplica la presunción del art. 55 LCT porque la demandada no ha presentado la documentación laboral y contable relativa a los actores, y admite la procedencia de los rubros reclamados por Humberto Félix Arias y Abel Antonio Arias.

Dispone que la demanda progresa parcialmente por los rubros y montos que se determinan en planilla de liquidación confeccionada por el Contador Oficial, teniendo en cuenta los rubros reclamados por cada uno de los actores y los recibos cancelatorios declarados como auténticos, y aclarando que si alguno de los rubros no fue pagado según el recibo, cabe hacer lugar al mismo conforme al art. 55 LCT.

3.- Denuncia el recurrente que no existe un argumento lógico y valedero para asignarles a los recibos de Arias Abel y Arias Félix, una validez diferente de los restantes recibos acompañados. Afirma que se concluyó que existe abuso de firma en blanco por el solo hecho de tener el recibo una raspadura o enmienda, cuando para determinar esta grave imputación debe valerse de otras pruebas, como son la temporaneidad de la firma con el llenado del resto del instrumento, para lo que existen métodos precisos no utilizados por las periciales en cuestión.

Asevera que en la etapa procesal oportuna, su parte observó la ligereza del perito calígrafo cuando sin fundamentación científica comentó que existe un abuso de firma en blanco, sin ser considerada su observación seriamente por el sentenciante, a pesar que en la segunda pericial confeccionada por la Policía de Tucumán, se desvirtúa la afirmación de que existe entrecruzamiento entre la escritura y la firma. Añade que la Cámara toma los dichos de uno de los peritos, sin tener en cuenta otros elementos o circunstancias como ser que la fecha de pago es contemporánea a la del resto de los empleados despedidos.

Manifiesta que lo agravia que se admitan los derechos de cada uno de los actores sin efectuar una consideración pormenorizada y detallada, remitiéndose al cotejo de los recibos presentados con lo liquidado por el contador oficial, sin fundar debidamente el decisorio.

Denuncia que se equivoca el fallo cuando se funda en normas de la Ley de Contrato de Trabajo, sin advertir que estamos en un juicio donde se discute la relación de empleo de trabajadores agrarios que caen bajo la órbita de la ley 22.248.

Esgrime que el fallo no consideró ni resolvió la excepción de falta de acción deducida por su parte en la demanda (punto VI fs. 72 vta.), ni se expidió sobre la misma excepción deducida por el codemandado Araujo.

Cuestiona también la imposición de costas y el método empleado para distribuirlas, pues señala que de una demanda entablada por seis actores, solamente prosperó la de dos de ellos y en una ínfima proporción la de dos más, destacando que en forma global, la demanda progresó por una tercera parte del reclamo total. Señala que cuando se oponen pagos, las costas deben ser impuestas por el monto que prospera la excepción y al demandado por el porcentaje que prospera la demanda, por lo que considera injusta la distribución de costas por su orden impuesta por el fallo.

Postula finalmente que es equivocada la condena que contiene el fallo, toda vez que el condenado al pago de acuerdo a las consideraciones previas sería la Sucesión de Leonardo León Araujo, toda vez que constituye un patrimonio diferente del de cada uno de sus herederos.

4.- El recurso ha sido deducido tempestivamente (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), se invocan suficientemente vicios de arbitrariedad en la sentencia y los motivos previstos por el art. 131 inc. a), y se ha cumplido con el afianzamiento previsto por el art. 133 CPTT.

En virtud de ello, corresponde tener por cumplidos los requisitos de admisibilidad de la casación y abordar el análisis de procedencia de los agravios, debiéndose destacar previamente que el actor Abel Antonio Arias desistió de la acción y del derecho en contra de la sucesión de Leonardo León Araujo, según da cuenta la resolución obrante a fs. 471 vta, por lo que su situación no debe ser considerada.

5.1.- La Cámara analiza la validez de los recibos, y vinculado a ello la impugnación efectuada por el actor con el argumento de que ellos fueron firmados en blanco. En este punto, examina la prueba pericial caligráfica producida a fs. 203/219 y el informe pericial evacuado por la Dirección de Criminalística de la Policía de Tucumán (fs. 338/346), y sobre la base de las irregularidades aludidas en dichas pericias, le resta validez al recibo correspondiente al Sr. Humberto Félix Arias.

Debe destacarse que a fs. 219, el perito calígrafo dictaminó que en el recibo correspondiente al Sr. Humberto Félix Arias se observa un levantamiento de fibras en el encolado del papel detectando un borrado en forma mecánica en el mes de 'abril' y en el número '4' de la fecha. Añade el perito que en el mismo recibo se observa un entrecruzamiento entre la escritura a máquina y la firma, lo que conduce a sostener que existió un abuso de firma en blanco en donde se lee $8.670,42.

Por su parte, el Sr. Perito Calígrafo Nacional también alude a la existencia de un borrado por abrasión donde se lee 'abril 04' en el recibo de haberes expedido a nombre de Humberto Félix Arias, pero a diferencia del dictamen de fs. 216/219 vta sostiene que no existe entrecruzamiento de trazos mecanográficos con la firma, no pudiendo determinar si el recibo fue confeccionado en la misma época en que se firmó, o si por el contrario la firma fue puesta en blanco.

En relación a la primera irregularidad sobre la cual coinciden las periciales en cuestión -existencia de un borrado en la fecha del recibo correspondiente al Sr. Humberto Félix Arias-, se advierte que la misma no alcanza para concluir la existencia de abuso de firma en blanco alegada por el actor, pues esta anomalía presupone que la firma haya sido realizada con anterioridad al llenado del texto de la escritura contenida en el recibo, resultando inconducente para tener por configurada dicha circunstancia la mera existencia de un borrado en sus fechas.

Respecto de la restante irregularidad, la pericia de fs. 219 detecta que en el recibo existiría un entrecruzamiento entre la escritura a máquina y la firma, determinando de esta manera el perito que existe un abuso de firma en blanco. Contrariamente a lo sostenido en dicho dictamen, la pericial producida como medida para mejor proveer a fs. 341 establece que no existen entrecruzamientos de trazos mecanográficos con la firma, por lo que tal aserción aparece relevante en orden a la determinación de la existencia o no de la mentada irregularidad, debiendo señalarse que su valoración fue omitida injustificadamente por la Cámara.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "la valoración del cuadro probatorio es facultad privativa de los jueces de mérito, solo que estos no pueden, legítima y razonablemente, prescindir de integrar en el discurso sentencial atinente, la referencia estimativa a pruebas que aparecen como ostensiblemente importantes" (CSJTuc., in re "Almafuerte S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán y otros s/inconstitucionalidad", sent. 414 del 30/5/2001).

La constatación de una irregularidad inconducente para tener por configurado el abuso de firma en blanco, añadido a la falta de análisis de una aseveración contenida en una pericia, con trascendencia insoslayable en la determinación de la existencia o no de un entrecruzamiento en el recibo del Sr. Arias que permita pronunciarse por la configuración del abuso de firma en blanco, tornan en infundada la conclusión de la sentencia, en cuanto les resta validez a los recibos sobre la base de dichas supuestas irregularidades.

Consecuentemente, corresponde CASAR parcialmente la sentencia conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que con argumentos inconducentes para tener por configurado el abuso de firma en blanco y omitiendo considerar aserciones conducentes contenidas en una pericia producida como medida para mejor proveer, les resta validez probatoria a los recibos de pago presentados por la demandada", y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

5.2.- Por otro lado, sostiene el recurrente en relación a la condena de los restantes actores que el decisorio no se encuentra debidamente fundado. Tal déficit de fundamentación proviene de la autocontradicción en la que incurre el fallo al admitir la procedencia del rubro asignaciones familiares 92' 93' a favor del actor José Alfredo Burela, siendo que entre las consideraciones desarrolladas a fs. 357 vta. (ver segundo párrafo) sostuvo en una dirección contraria que "no se hace lugar al rubro asignaciones familiares al no haberse acreditado los requisitos formales de los actores".

Consecuentemente, corresponde CASAR parcialmente la sentencia conforme a la siguiente doctrina legal: "Es autocontradictoria, y por ende nula, la sentencia que condena al actor al pago de asignaciones familiares, cuando en los considerandos se había determinado la improcedencia de dicho rubro", debiéndose remitir los autos a la Excma. Cámara a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

5.3.- Restando analizar únicamente la condena respecto del actor Pedro Angel Carrizo, se advierte que la procedencia del rubro 'escalafón impago 92 y 93' encuentra fundamento suficiente en la aplicación del art. 55 LCT, a más de que para determinar su monto se tuvo en cuenta la suma liquidada a fs. 216, todo lo cual impide calificar al fallo de infundado.

Debe rechazarse también el agravio vinculado al régimen jurídico, pues si bien el fallo hizo aplicación del art. 55 LCT para determinar la procedencia del rubro escalafón impago 92' 93' a favor del actor Carrizo, lo cierto es que a idéntica solución se arriba en base al art. 61 CPTT de aplicación al caso, pues dicha norma habilita al Tribunal a tener por ciertas las afirmaciones del trabajador ante la falta de presentación de la documentación laboral y contable por la demandada.

Por lo demás, en el contenido de la sentencia está decidido el tema relativo a la falta de acción planteada por la representación de la sucesión, si se tiene en cuenta que la misma fue esgrimida en razón de que los actores carecen de derecho para entablar el juicio. Debe señalarse en relación a que no se habría resuelto la excepción opuesta por el Sr. Mauricio Hernán Araujo, que el alcance de la demanda queda aclarado por el actor al contestar el traslado de esta excepción, donde sostiene que la citación al Sr. Mauricio Hernán Araujo al presente proceso ha sido en su carácter de heredero de la Sucesión de Leonardo León Araujo y que la demanda está dirigida contra la Sucesión.

Finalmente, la recurrente no demuestra su interés cuando cuestiona la forma en que se impuso la condenación, pues los argumentos esgrimidos en el punto 6 de la casación por la representante de la sucesión no conciernen a la defensa del acervo hereditario que administra.

5.4.- En relación a los actores Fidel Burela y Félix Humberto Arias, los agravios vinculados a las costas devienen de inoficioso tratamiento atento al resultado arribado en los puntos 5.1 y 5.2 precedentemente tratados, debiendo ser objeto de un tratamiento por separado en oportunidad de dictarse el nuevo fallo.

Por lo demás, debe subsistir la condena en costas por el orden causado dispuesta en relación a los restantes actores, por cuanto el criterio empleado por el Juez para distribuirlas remite a una cuestión de hecho irrevisable en casación, y no se advierte arbitrariedad en el criterio asumido por el fallo acerca de que los mismos pudieron considerarse con razón suficiente para litigar, pues la crítica efectuada no logra desvirtuar lo sostenido por la sentencia y las razones que determinan la adopción de tal criterio explicitan fundamentos suficientes para sostenerla.

6.- Las costas del recurso de distribuyen de la siguiente manera: Las generadas por la recurrente en relación a los actores Félix Humberto Arias y José Alfredo Burela, deberán ser soportadas por su orden, atento a que los vicios advertidos provienen de la actuación del órgano jurisdiccional (art. 106 inc. 1º CPCC); y las generadas respecto de los restantes actores deberán ser soportadas por la demandada al haber resultado vencida (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Sala Ia. de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 06/9/2001 por los planteos examinados en los puntos 5.1 y 5.2 de los considerandos, y en consecuencia, CASAR parcialmente la sentencia en base a las doctrinas legales allí sentadas, debiéndose REMITIR los autos a la Sala de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción que por turno corresponda, a fin de que emita en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

II.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE, por los agravios analizados en el punto 5.3 y 5.4 de los considerandos, al mencionado recurso de casación.

III.- COSTAS conforme se considera.

IV.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO