Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-01-11


SENT Nº 03	San Miguel de Tucumán,11 de Enero de 2013 Y VISTO: El presente juicio caratulado:"Bourle Eduardo Alberto c/ Poder legislativo de la Provincia de Tucuman y 03/2013 s/ Amparo "; y	C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento de esta Excma. Corte Suprema de Justicia en Feria la presentación realizada por la actora, a fs. 35/36.

II.- Previo a toda cuestión, y a los efectos de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario, corresponde determinar cuál es el órgano competente para entender en la presente causa.

Es principio reiterado por esta Corte, en sus diferentes integraciones, que para determinar la competencia en razón de la materia debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto, pues, será la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho -norma positiva- que invoque el demandante (CSJT: 22/9/1992, "Escobar de Agüero Rosa del Carmen vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Indemnización de daños y perjuicios", Sentencia Nº 325; 08/3/1993, "Nuevo Banco de Santiago del Estero S.A. vs. Ordóñez Liliana Noemí y otro s/ Cobro de Pesos", Sentencia Nº 31; 18/11/1994, "Russo Adelina Dora vs. Domingo Luis Russo y otra s/ Daños y Perjuicios", Sentencia Nº 707; 05/11/1997, "Platas Robles Miguel Ángel vs. Gómez Julio Carmelo s/ Especiales", Sentencia Nº 879; 08/10/2009, "Parra Ricardo Horacio vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales", Sentencia Nº 955; entre muchas otras).

De otra parte se ha señalado que la competencia "exclusiva" que prevé el artículo 4, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional (en adelante CPC) es de alcance restrictivo, dado que para su configuración impone atender no sólo al órgano emisor del acto, sino también a la naturaleza jurídica de éste; vale decir, a aquel al que se imputa la virtualidad de causar el vicio que se pretende (cfr. CSJT: 10/01/2003, "Municipalidad de Yerba Buena s/ Acción de inconstitucionalidad", Sentencia Nº 01; 16/12/2005, "Acuerdo Social Para la Inclusión -A.S.I.- vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", Sentencia Nº 1.116; 16/12/2005, "Alberstein, Clarisa y Otros vs. Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", Sentencia Nº 1.117; 16/12/2005, "Movimiento Popular Tucumano y Otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", Sentencia N° 1.118; 28/12/2005, "Medina Adriana del Valle vs. SI.PRO.SA. y Otro s/ Amparo", Sentencia N° 1.179; 07/3/2006, "Farmacia Karina S.C.S. vs. Provincia de Tucumán y Otro s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad", Sentencia Nº 140; 06/7/2007, "Jerez Esteban Eduardo y Otros Vs. Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", Sentencia Nº 623; 29/11/2007, "Figueroa Carlos Silvio y Otros Vs. Honorable Legislatura de Tucumán s/ Especiales -Residual-", Sentencia Nº 1.163).

Partiendo de tales premisas, y teniendo en cuenta que en la especie se persigue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.552, no cabe sino concluir que, en razón de su objeto, el caso de autos no encuadra en el supuesto previsto por el artículo 4 del CPC, por lo que este Tribunal no resulta competente para entender originariamente en la presente causa. Tal conclusión se explica porque la materia regulada por la norma legal impugnada como acto lesivo está referida a un instituto de indudable naturaleza administrativa como lo es la designación -en la especie: su ratificación- del interventor de un ente autárquico provincial (materia propia de la organización administrativa).

Siendo ello así, y dado que este Tribunal Superior de Justicia, en su anterior y actual composición, también ha sostenido en forma reiterada y uniforme que en todo juicio que tenga por objeto la actuación de un órgano estatal provincial en la esfera del derecho público corresponde, en principio -salvo mandato legal expreso en contrario-, entender al órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo (cfr. CSJT 28/11/1987, "Meuli Juan Carlos vs. Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo", Sentencia Nº 888; 29/4/1989, "Defensa Provincial Bandera Blanca vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo", Sentencia Nº 448; 23/3/1992 "Lahitte Salvador José vs. Junta Electoral Provincial s/ Acción de amparo", Sentencia Nº 60; 02/4/1992, "Jimenez Luis Roberto s/ Acción de Amparo", Sentencia Nº 85; 06/8/1993, "Torres Daniel Nicanor vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo"; entre muchas otras), y estando a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Tribunales, es la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo la que resulta competente en razón de la materia para entender en el presente juicio.

III.- En consecuencia, corresponde remitir los autos al citado fuero a fin de que sea el respectivo Tribunal de Feria el que provea lo pertinente.

Por ello, y oído que fuere el Ministerio Público (fs. 25/26), se R E S U E L V E :

Iº.- DECLARAR la incompetencia de esta Excma. Corte Suprema de Justicia para conocer originariamente en la presente causa.

IIº.- DECLARAR la competencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala que por turno corresponda, para intervenir en autos y, consecuentemente, REMITIR el expediente al Tribunal de Feria de dicho fuero a fin de que provea lo pertinente.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN	ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

HUGO JOSE TORRES.