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Pago, imputación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: VELAZQUEZ DE SILVA, AMELIA D. c/ BOMAR  S.R.L.  Y OTRO s/ CONSIGNACION DEL 23-6-88
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

El art. 778 del Código Civil alude únicamente a las distintas deudas de plazo vencido, lo que es diferente a las de plazo no vencido. El silencio de la ley sobre este último caso, ha llevado a la escasa doctrina sobre el tema, a decir que la imputación debe hacerse aplicando la misma regla que en caso de deudas vencidas, es decir, atendiendo a la más onerosa o que el deudor tenga mayor interés para liberarse, lo que es una cuestión de hecho librada a la apreciación de las instancias ordinarias. La conclusión ha sido desde antiguo que la deuda que más interés tiene el deudor en pagar, entre varias no vencidas, es la que más pronto vencerá. Ello surge de la fuente francesa y de los comentaristas de ese país al art.

1256 del Código Napoleón, lo que no es contradictorio con nuestra doctrina, la cual buscando la obligación más onerosa ha hecho decir que, en ciertas circunstancias, puede servir de base para considerar a la deuda de vencimiento más próximo como la más onerosa, en razón de ser la primera en ser exigida por el acreedor. Si la deuda de un vencimiento más próximo tiene intereses de una tasa menor, la aplicación del criterio del art. 778 del código citado determinaría que el pago se imputase a la de vencimiento posterior. Pero si una y otra son igualmente onerosas, la mayor onerosidad está dada por la mayor proximidad de su transcurso en el tiempo. Normalmente representa una carga superior la deuda de vencimiento más próximo, pues es la que primero deberá afrontar el deudor, de ahí que su interés sea claramente el de liberarse de ella en primer término.

Con mayor razón ocurre así en tiempos de inflación, ya que al pagar el mismo valor nominal representa un esfuerzo menor cuanto más alejado en el tiempo esté el momento del pago.
Concursos, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSVALDO MISTO - CEREALES - SOC. DE HECHO s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-15

Acreedores del concurso son los llamados acreedores de la masa, cuyos créditos nacidos generalmente con posterioridad al comienzo del proceso colectivo, provienen de gestiones o gastos realizados para la administración, seguridad o conservación de los bienes del concurso o de diligencias judiciales o extrajudiciales de beneficio común (art. 264 de la Ley 19.551). No están supeditados a la ley del dividendo y no tienen necesidad de someterse a los trámites de verificación, debiendo sus créditos ser satisfechos de inmediato por el juez del concurso.-
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia penal, estafa, compraventa de mercaderías, rechazo del cheque
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente  de  competencia  en causa 16.307 caratulada "Giura, Marina Silvia. s/ art. 302 Código Penal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Corresponde al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, entender en la causa en que se investiga la conducta de quien en un comercio de la Capital Federal adquirió mercaderías que abonó con cheques que fueron rechazados por existir denuncia policial previa, si los elementos reunidos permiten calificar los hechos como constitutivos del delito de estafa.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Yurrebaso, Hugo Otmar c/ Ciudad de Gualeguaychú S.R.L. s/ Despido, rubros adeudados, daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-30

El distracto unilateral dispuesto por la empleadora ha sido legítimo ya que se ha demostrado suficientemente, no sólo la existencia de pasajeros en el micro que conducía el actor, sin los correspondientes boletos, sino también la connivencia del actor con otra persona, que actuaba de guarda, para cobrar sin dar boleto a algunas personas, y así dividirlo entre los dos.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Aadi-Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Meiriño, Raúl y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

Las partes están obligadas a llevar sus agravios -desarrollados con base en cláusulas constitucionales directamente involucradas a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, por vía de los recursos extraordinarios locales, constituyendo ello requisito ineludible para habilitar la instancia federal cuya apertura sólo correspondería luego del pronunciamiento de aquél.
Concursos, recusación y excusación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinez Lupe s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-21

La recusación sin expresión de causa a los jueces, es un derecho que el ordenamiento adjetivo concede a las partes; debiendo regir en torno a su aplicación, un criterio restrictivo tendiente a evitar dilaciones inncesarias en la actividad jurisdiccional, por cuanto importa una molestia en dicha función y en la distribución de expedientes. Y si bien la ley 24.522 no contempla el prealudido instituto, en su art. 278 determina que en cuanto no esté expresamente dispuesto por dicha ley, se deben aplicar las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. En ese orden de ideas - y conteste con lo dispuesto por el ordenamiento ritual en cuanto veda ésta clase de recusaciones para procesos tales como el sumario (art. 484 in fine, CPCB)- , la recusación sin expresión de causa, se perfila, inexorablemente, como un atentado contra la celeridad que debe presidir en el desarrollo de la quiebra, resultando incompatible con los principios estructurales de dicho proceso universal, que no admite dilaciones contrarias a su propósito.

Asimismo, desde otro ángulo debe ponderarse, que incuestionables razones de orden público y de prevalencia de las normas de ejecución colectiva sobre la actuación e intereses individuales de cada acreedor que imperan en la quiebra, tornan inadmisible en la misma la recusación sin expresión de causa. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, rechazo de la demanda, indemnización por incapacidad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Muñoz, Carlos Jesús c/ Prevención Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-13

No habiéndose constatado la existencia de secuelas incapacitantes, derivadas de la enfermedad columnaria, no se configura el presupuesto que habilita la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo, por lo que ésta no está obligada a responder frente al trabajador por el pago de la prestación dineraria por incapacidad permanente.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lozano, Julio César c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Como recaudo de validez del acto administrativo la motivación cumple la finalidad de permitir que la Administración sometida al derecho dé cuenta de sus decisiones y que éstas puedan ser examinadas en su juridicidad por la justicia en caso de ser impugnadas, posibilitando el ejercicio del derecho de defensa de los afectados, el que comprende el derecho a una decisión fundada, es decir, que sea el resultado de la ponderación de todos los antecedentes del caso.
Representación procesal, capacidad procesal, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Sergio Miguel y Otro c/ Llamazares, Angel Agustín s/ Demanda Laboral Tirpak, Hugo Néstor c/ Campos, Luis y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-06|1997-08-08

En orden a la capacidad procesal, la función de los jueces en los procesos particulares debe constreñirse a la verificación de la legitimación procesal, es decir, de la personería. Si el poder es suficiente, y si el abogado está matriculado, y no está suspendido o excluido de la matrícula, el restringir o desconocer el derecho que le asiste al ejercicio de la profesión transgrede también la garantía del derecho a laborar. No es óbice para ello, que ejerza la función pública y en su ámbito esté sometido a determinadas obligaciones. La incompatibilidad ha sido prevista sólo en interés de la función pública -no de la actividad privada- y la situación sólo importa transgresión de un deber, cuya sanción también sólo interesa al poder administrador en el marco del orden jurídico que la estableció.
Recurso de queja (procesal), aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Loma Negra Compañia Industrial S.A. y otros s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-08

Debe hacerse lugar a la queja en virtud de la alegada errónea aplicación de la ley adjetiva. La disidencia sostuvo que las resoluciones que confirman una sanción impuesta con motivo de la configuración de una conducta contravencional, no son susceptibles de ser recurridas mediante vía casatoria. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo y Madueño -en disidencia-)
Inadmisibilidad del recurso, queja por casación denegada, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: DE VIDO, Julio Miguel c/  s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-27

Es inadmisible el RE deducido contra la denegatoria de la queja por casación rechazada contra la resolución que confirmó el rechazo del planteo de nulidad del auto que clausuró la instrucción y corrió vista a las partes acusadoras, ya que no se trata de sentencia definitiva ni equiparable a tal, y no se ha demostrado la existencia de cuestión federal o arbitrariedad. Dres. Hornos, Borinsky, Carbajo.
Honorarios, carácter alimentario, inembargabilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: René Domingo Rizzotti c/ Policía de la Provincia-Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro.  B-23.058/01 Indemnización por incapacidad. L.A.Nro.  46 F. 1015/1022 Nro. Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. B-23.058/01 Indemnización por incapacidad. L.A.Nro.  46 F. 1015/1022 Nro.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-09-18

A los fines de excluir a los honorarios profesionales de la aplicación de la ley de inembargabilidad, en principio, deberá tomarse como máximo la suma resultante de computar 1 (un) año de lo que percibe un Camarista de este Poder Judicial, como sueldo básico incluido el Adicional Remunerativo Bonificable. (Del voto en disidencia del Dr. Tizón).
Trabajo insalubre, falta de prueba, cómputo de servicios, jubilación anticipada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ, Alberto c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-02

La simple afirmación de que las tareas prestadas lo fueron en ambientes o lugares insalubres, carecen de entidad suficiente a los fines de reducir proporcionalmente la edad para hacerse acreedor al beneficio de jubilación ordinaria, si no existe constancia alguna que tal declaración de insalubridad haya sido resuelto por la autoridad nacional facultada al efecto.
Juicio ejecutivo, subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ MARTINEZ, LUIS JUVENAL s/ EJECUTIVO-QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-31

Si bien los acreedores embargantes pueden controlar el procedimiento y el acto de la subasta -en la que pueden mejorar el precio y resultar eventualmente compradores- no revisten carácter de partes en la ejecución ni se hallan facultados para solicitar el aumento de la base, limitándose su actuación a la posibilidad de hacer valer su derecho preferente en la etapa de distribución de fondos prevista en el art. 590 del c.P.N. .
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, culpa de la víctima, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: De Amaral, Ricardo c/ Teresa Ariosto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-07-07

El conductor demandado no puede ser responsabilizado por el accidente de tránsito, pues el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, en tanto ésta efectuó una maniobra sumamente peligrosa, como lo es el giro a la izquierda en una ruta de doble mano para descender de ella y lo que es más aún, en un lugar no habilitado para ello, prohibido por la doble raya amarilla que divide los carriles en ese lugar, lo cual significó interponerse imprevistamente frente al rodado de la demandada que circulaba en el mismo sentido.
Encubrimiento de contrabando, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: GALLIPOLI, SERGIO ADALBERTO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-03

Las circunstancias de que la compra se efectuara en la vía pública, falta de todo elemento escrito que consignara la operación de compraventa y el origen extranjero visible de gran parte de la mercadería, autorizan a desechar cualquier duda que pueda alegarse sobre el origen espúreo de los efectos secuestrados. Para nuestro ordenamiento jurídico, basta la existencia de graves y concordantes presunciones que demuestren la existencia de la intención dolosa, aún de carácter eventual, para llegar a un pronunciamiento condenatorio.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Saneamiento y Urbanización S.A. (T.F. 13.263 I) c/ Dirección General Impositiva s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

El recurso ordinario de apelación es formalmente procedente, si se dirige contra una sentencia determinada dictada en una causa en que la Nación es parte y el monto disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo exigido por el art. 24, inc. 6°, ap. a) del decreto ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y la resolución de la Corte 1560/91.
Suspensión del juicio a prueba, fallo plenario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sarmiento, Mercedes E. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

La omisión de consideración y resolución por parte del a quo de brindar, en oportunidad de no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, un juicio de valor sobre la legalidad del dictamen fiscal, más específicamente sobre si procede o no el beneficio para los imputados de delitos reprimidos únicamente con pena de multa, así como también dar su propia interpretación de la ley -y su inserción en la sistemática del código- cuando estos imputados no tienen las posibilidades económicas de abonar el mínimo establecido para el delito de que se trata, priva de fundamentos mínimos a la resolución en crisis, siendo destacable además que, con este defecto se produce el apartamiento, por parte del juez, de la doctrina que emerge del fallo Plenario "Kosuta" -en tanto y en cuanto éste pone a cargo de los jueces el examen de fundamentación del dictamen fiscal, atento a su función jurisdiccional-. (Voto del Dr. David).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, facultades del Poder Legislativo, facultades delegadas, jubilaciones, jueces, adicional por dedicación exclusiva
Materia: CIVIL
Carátula: Herrera, Lucio Eduardo c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución y cobro de haber.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

La Corte ha excedido su facultad reglamentaria al dictar, a través de las acordadas 43/85 y 50/85, normas modificatorias del sistema previsional, con el argumento de hacer uso de las facultades delegadas por la ley 23.199, art. 3 , donde sólo se la autorizó a establecer una compensación funcional de hasta un 25% de la remuneración total sujeta a aportes, para magistrados y funcionarios judiciales en actividad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simón, Juan Gregorio y otro c/ Velazquez, José Enrique y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Determinar cuál es el domicilio especial que las partes han pretendido constituir en un contrato, constituye una cuestión de hecho en tanto deriva de la interpretación de sus cláusulas.
Costas, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pizzio, Santos y otro c/ Cadi Breccia S.A. s/ Cumplimiento de contrato. Cobro de pesos y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

El recurso que debe concederse con tratamiento diferido, en el caso del art. 69 del ordenamiento procesal, está previsto para la hipótesis de que siendo apelable la sentencia interlocutoria dictada, el agravio se limita exclusivamente a lo resuelto en punto a las costas. En dicho caso, razones de economía y celeridad procesal, postergan su tratamiento hasta la oportunidad en que se llegare a impugnar la sentencia de mérito (art. 255, inc. 1 Cód.

Proc.). Mas cuando, la sentencia interlocutoria no es apelable en lo principal, como ocurre con las que versan sobre producción denegación y sustanciación de las pruebas, tampoco lo son respecto de un aspecto secundario o accesorio, como es el de las costas (arts. 242 inc. 2, 377, Cód. Proc.)
Medidas para mejor proveer, principio dispositivo, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V.I.P. CAR S.R.L. c/ Ninfo, Carlos s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-13

No se pasa por alto la alusión que el recurrente hace a la posibilidad que el sentenciante tuvo de colectar pruebas, en obvia referencia a la facultad judicial de decretar medidas de mejor proveer. Por cierto que nuestro legislador procesal, morigerando la rigidez del tradicional principio dispositivo, ha consagrado considerables facultades del juez, destacándose aquéllas que tienden al esclarecimiento de la verdad de las afirmaciones litigiosas. Pero ...

en el uso de dichas atribuciones instructorias no le es dado al magistrado suplir las omisiones o inactividades totales de los litigantes, desde que las medidas en tratamiento tienen por objeto salvar las dudas emergentes de las pruebas rendidas por las partes.

De lo contrario se afectaría el derecho constitucional de igualdad ante la ley, quebrantándose a la par la norma del art. 34 inc.4°, apdo. "c", CPCC. Expresado de otro modo, la facultad judicial de marras no llega al extremo de sustituir a los litigantes y hacerles la prueba, pues "el material de cognición debe ser proporcionado principalmente por las partes".
Recurso extraordinario, memorial, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Indo S.A. c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ repetición (ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es extemporáneo el agravio que no fue propuesto ante los jueces de la alzada en el memorial, pese que la sentencia de primera instancia contenía el mismo defecto que se atribuye al pronunciamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, honorarios
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: PIORNO, Gabriel Lorenzo c/ ALVAREZ, Hector Jorge y otros s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-24

Lo relativo a honorarios es, en principio, un tema ajeno al recurso extraordinario.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Grand Santiago Hotel S.C. c/ Banco Nacional de Desarrollo s/ resolución  de  contrato  e  indemnización  por  daños  y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

El recurso ordinario es formalmente admisible si se trata de una sentencia definitiva recaída en una causa en la que es parte indirecta la Nación Argentina - habida cuenta de que la demandada es una entidad autárquica - y el valor comprometido en la apelación supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6., ap. a), del decreto - ley 1285/58 y sus modificaciones y resolución de la Corte 1360.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: TALARICO, NADIA LAURA c/ CULASSO, WILFRIDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-27

El presente remedio ha de prosperar pues si bien los agravios esgrimidos por la recurrente refieren al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan en principio ajenas al recurso extraordinario provincial, cierto es, que corresponde hacer lugar a la excepción a dicha regla cuando, como se verifica en el sub iudice, la ausencia de un adecuado tratamiento de la cuestión implica encuadrar el caso en un marco jurídico que no responde a las constancias de la causa, determinando que la sentencia recurrida no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, toda vez que -para admitir la demanda- los jueces razonaron que el reconocimiento de la prestación de servicios onerosos que son aprovechados en la estructura de la empresa dispara la aplicación del dispositivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo sin mayor necesidad probatoria de la actora, omitiendo considerar otros elementos de prueba obrantes en la causa y la conducta procesal asumida por dicha parte durante el proceso, demostrativa de numerosas contradicciones.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SPINELLI, JOSE OMAR c/ DALZOTTO, JOSE DANIEL s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-26

Las dos arterias donde chocaron son avenidas. Por lo que está neutralizada la prioridad de paso, que acuerda la Ordenanza de Tránsito para quienes circulen por ella. Sí, juega en plenitud la derivada del precepto general ordenador del tránsito urbano vehicular. Que a diferencia de la anterior regla, regulan de consuno los artículos 26 inciso b) y 49 inciso b) de la Ordenanza de Tránsito local y Ley Nº 13.893 respectivamente. La cuestión del paso preferente, expande sus efectos hacia la selectiva velocidad que estructura la Ordenanza de Tránsito Local, según se cuente o no, con el indicado derecho.