marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso de verificación, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABC M. SA s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-17

"El incidente de revisión es un proceso de conocimiento pleno, aunque tramite como acción incidental. Allí se puede ventilar y discutir con aceptable amplitud los derechos de acreedor y deudor; incluido como es obvio, con ofrecimiento y control recíproco de prueba es un proceso incidental, donde las relaciones, casi sin excepción negociables, que se llevan a conocimiento judicial, suelen ser satisfactoriamente discutidas y probadas y compete en el concurso preventivo a deudor y acreedor".
Notificación por cédula, domicilio constituido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Efron Computación S.R.L. s/ Apremio Computación S.R.L. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

La sanción legal de mantener subsistente el domicilio anterior hasta tanto no se notifique el nuevo, atiende fundamentalmente al principio de lealtad procesal para con el adversario. De ello se puede inferir que cuando se trata de notificaciones que efectúa el tribunal, y más aún si ellas deben ser hechas de oficio, aquel principio de lealtad para con el adversario, no se halla comprometido y siendo así, tales notificaciones han de ser efectuadas en el nuevo domicilio, que rige para el tribunal, desde el momento que ha tenido conocimiento de tal circunstancia, es decir desde que se formula el pedido y debió ser proveído positivamente.
Procedimiento administrativo, medidas cautelares, suspensión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "CEABI  -Distrito  Sanitario  II- c/ EN -AFIP DGI Resol 18/11- s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

En el ámbito nacional no existe un código en lo contencioso administrativo -como ocurre, en cambio, en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires-. Como consecuencia de ello, las medidas cautelares de suspensión de efectos de los actos administrativos que los administrados requieren cuando se encuentra en trámite un procedimiento -recursivo o reclamatorio no están expresamente contempladas en el código ritual aplicable, debiendo adecuarse sus disposiciones a la realidad propia del proceso administrativo (esta sala en causa Nº 35.687/2008.- "Stylus SA c/ EN-Dto 509/07 - SIC y PYMES (Expte 210412/07)-DGA s/ medida cautelar autónoma", del 21/12/09; y N° 22.720/09 "Golden Peanut Argentina S.A. c/ EN AFIP DGI Resol 11-VIII-09 (períodos VIII-IX-X/08) s/ medida cautelar (autónoma)", del 5/10/10). Sin embargo, existe una previsión que regula especialmente la suspensión del acto en sede administrativa -el art. 12 de la 19.549- cuya correcta aplicación puede ser controlada judicialmente, permitiendo reservar la aplicación del Código Procesal para el pedido de suspensión frente a un accionar o una inactividad resultante de una vía agotada.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, denegatoria del recurso, daños y perjuicios, modificación de tarifas, suministro de gas, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Gral de Gas S.A. c/ ENARGAS y otros s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

Cabe rechazar el recurso ordinario interpuesto contra la sentencia que rechazó la demanda deducida por la actora con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia de la modificación de las tarifas que regían el suministro de gas natural por redes, pues no discutida la sujeción de la recurrrente a la potestad tarifaria del Ente Nacional Regulador del Gas, en razón de las atribuciones que le otorgaba el plexo normativo, y puesto que en su condición de subdistribuidor pesaba sobre aquélla el deber de aplicar el régimen de tarifas aprobado por aquel organismo para los distribuidores de la zona respectiva, resultaba ineludible para la apelante controvertir la afirmación del a quo en el sentido de que, en el caso, no se habría configurado un supuesto de inexistencia del deber jurídico de soportar el daño que se invoca, y que, por ello, no correspondía responsabilizar al Estado Nacional por sus actos lícitos.
Celebración del matrimonio, consentimiento matrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: Basualdo, Eduardo Aurelio. s/ Nulidad de matrimonio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-11-03

Aún en la hipótesis que el matrimonio se haya celebrado adoleciendo el consentimiento del actor del vicio que alega, no ha cesado la cohabitación dentro de los treinta días de haberlo conocido.

El art. 220 del Cód. Civil establece en el inciso 4 que cuando el matrimonio fuere celebrado adoleciendo el consentimiento de alguno de los vicios a que se refiere el art. 175 -violencia, dolo y el error-, la nulidad solo podrá ser demandada por el cónyuge que haya sufrido el vicio de error, dolo o violencia, si hubiese cesado la cohabitación dentro de los treinta días de haber conocido el error, supuesto de caducidad de la acción al establecer un plazo perentorio para cesar la cohabitación; caso contrario se produce la confirmación tácita (cf. Bueres-Highton, ob. Cit. P. 1022).
Licitación pública, contrato de obra pública, contratista, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86) BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12|1997-09-10

La empresa contratista -al momento de realizar la oferta- no puede ignorar la incidencia del gasto financiero. Por el contrario, la incidencia de tal aspecto constituye un factor más a tomar en cuenta en la estructura de costos.
Depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino
Materia: BANCARIO
Carátula: Duarte Oscar J. y otra c/ B.C.R.A. s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Por comunicación A 614, del 29/3/85, el B.C.R.A. informó las modificaciones introducidas al capítulo y de la circular OPASI-1, mediante la circular OPASI-1-56. En su consecuencia, las reglas relativas a la garantía de los depósitos -con vigencia para los saldos de caja de ahorros, entre otras operaciones, a partir del 1/4/85- dispusieron que cuando el importe de los saldos impuestos superara determinado monto, "o en toda otra circunstancia en que el B.C.R.A. así lo determine a los efectos de la garantía, a la declaración jurada referida en 7.1.5.1. se acompañará la documentación necesaria para acreditar la genuinidad de la operación de depósito" (punto 7.1.5.2.). (Del voto del Juez Uslenghi, Consid.

III).
Prenda, automotores, compraventa, terceros
Materia: CIVIL
Carátula: BONINO DE MARQUEZ SUSANA c/ GOMEZ FERNANDEZ BENEDICTO s/ PRENDA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-25

Quien no ha sido el vendedor del automóvil gravado con garantía prendaria, es un tercero, por ser una persona distinta a aquella con quien se celebró la operación que se garantiza y, por consiguiente, no puede ser el titular de ella (El Derecho, 12 -282, fallo 6357, La Ley, 99 -618, 90 -213). En consecuencia: tal prenda es nula por haberse violado normas legales que tienden a asegurar la seriedad y realidad de la operación garantizada (art. 5, In fine, ley 12962).
Remuneración, mejor remuneración, habitualidad
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Nélida c/ Tía S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc. responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-07

Es improcedente el agravio de la actora por cuanto no tiene razón porque la mejor remuneración - a los fines del art. 245 ley 20744- debe ser dejada de lado si no reviste el carácter normal y habitual.

Es decir, que no se trata, como lo entiende la apelante, de la mayor remuneración que pudo haber recibido el trabajador o devengado durante el último año contractual, en función de circunstancias especiales, en determinado mes, sino que, en la regular repetición de las mismas habitualidad, es donde debe encontrarse el punto de resolución de la cuestión, en atención a los estrictos términos de la mencionada norma. La remuneración alegada no es la remuneración habitual, sino extraordinaria y circunstancial.
Responsabilidad del funcionario público, docentes, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Stancato, Graciela Noemí c/ E.N.  ( Ministerio de Educación y Justicia) s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Corresponde responsabilizar al estado por la negligencia de sus funcionarios en el cumplimiento de su función con base en lo previsto en el artículo 1.112 C.C. ya que quien contrae la obligación de prestar un servicio en el caso, de educación - lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar ese fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular.
Instrucción, procedimiento policial, servicios de vigilancia, nulidad procesal, acta de secuestro, falta de acta, hurto de mercaderías
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: MELI, Claudio R. y otra s/ Causa 20.420
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Es válida la actuación policial y lo instruido en consecuencia al hacerse cargo del procedimiento iniciado por el personal de vigilancia de un supermercado a raíz del hurto de mercaderías, no obstante que el acta de secuestro nunca existió, pues los arts. que rigen la materia -211 y 215 del C.P.M.P.-, se refieren concretamente al juez instructor y a las autoridades policiales encargadas de la pesquisa, por lo que si bien dichos empleados debieron haber dado oportuna y prematura intervención a la comisaría actuante, o adoptar los recaudos del caso tendientes a la búsqueda de testigos del procedimiento labrado, la ausencia de tales medidas no inhabilita los testimonios prestados, que podrán ser valorados judicialmente, por lo que habiendo aquéllos secuestrado los objetos en poder de los imputados, (luego de lo cual se requirió la presencia policial a quien se le transfirió el procedimiento) no pudo ésta labrar un secuestro que habría sido ilegal, pero sí, por ser su obligación, hacerse cargo de la gestión iniciada.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la persona, juicios contra el Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Desarrollos Educativos SA c/ Estado Nacional y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Para que proceda la competencia originaria ratione personae resulta ineludible examinar si la Nación o una entidad nacional participan nominalmente en el pleito -ya sea como actores, demandados o terceros- y sustancialmente, es decir, que tengan en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte les resulte obligatoria; tal extremo debe surgir en forma manifiesta de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, pues lo contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la determinación de tal instancia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: F.B. DE E.S. Y OTRO c/ E.E.E. s/ DIVORCIO Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Si el marido tenía un trato agresivo hacia su esposa, incluso delante de otras personas y se encuentra acreditado que le exigía públicamente dinero promoviendo situaciones que nunca debieron plantearse fuera del estricto ámbito familiar, ello patentiza un comportamiento agraviante del cónyuge, que logra conformar la causal de injurias graves.
Ejecución de sentencia, actualización monetaria, recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Bernaglia, Daniel Cosme c/ Indeco H. Minoli Ltda S.A. s/ Reclamación conf. ley accid. de trabajo 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-20

Debe declararse mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra una decisión recaída en la etapa de ejecución de sentencia si no media- en el caso- ninguno de los supuestos de excepción que autorizarían su admisión habida cuenta que en el fallo recurrido se ordena el reajuste del crédito laboral hasta el efectivo pago conforme el art. 276 de la LCT ,también aplicado en la sentencia originaria.
Recursos, instancia única
Materia: PENAL
Carátula: MERA, MARIO RUBEN Y JUAN HECTOR FIGUEROA c/ MIGUEL ROBERTO MUKDISE s/ QUERELLA CRIMINAL POR CALUMNIAS E INJURIAS CON REPARACION DE DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-30

Los procesos orales de única instancia ante Tribunales Colegiados quedan fuera de la previsión obligatoria del Pacto de San José de Costa Rica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho o recurso ante Tribunal Superior, porque la instancia única ante un Tribunal colegiado ya confiere-precisamente por la colegialidad del órgano juzgador-la garantía que procura otorgar el recurso ante el Tribunal de Alzada.
Sentencia, falta de fundamentación, recurso de inconstitucionalidad, unificación de penas, libertad condicional, estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de requerimiento a juicio en autos Alcantara de la Cruz, Fernando sobre 5 C - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción/tenencia con fines de comercialización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

De acuerdo con el art. 27 del Código Penal, la revocación de la condicionalidad de la sanción impuesta anteriormente -a través de una sentencia firme- provoca que la imputada deba "[sufrir] la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, de conformidad con lo dispuesto sobre acumulación de penas". Con ello, el art. 14, inc. 10 del Código Penal no ha alcanzado retroactivamente a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia; antes bien, ha sido aplicado como consecuencia de las reglas que rigen la unificación de las penas de prisión (arts. 58 y ccdtes. del CP), una de las cuales trae consigo, accesoriamente, la prohibición de acceder a la libertad condicional. (Del voto en disidencia de la juez inés M. Weinberg por remisión a los fundamentos brindados en "incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. SAPCyF n° 18157/20; 24-04-2020).
Aportes previsionales, pago, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carral, José Lorenzo s/ Inc. de ejecución de honorarios en autos Gaviña c/ Gaviña s/  Redargución de falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

La inscripción del dominio previa a la subasta es acorde con la finalidad de la norma del art. 21 de la ley 6716, de garantizar el cobro de los honorarios y aportes. Ella, además, tiende a asegurar la regularidad del trámite de subasta. De otro modo se presentaría una disparidad entre el objeto aparente de la subasta (derechos posesorios) y el objeto real de la misma, que es una fracción dominial cuya titularidad sólo se registraría luego de la subasta.

Quedaría así oculto el valor real de lo subastado, en perjuicio de los legítimos intereses del ejecutante, el ejecutado, y los terceros interesados. Se estaría subastando un bien cuya inscripción registral, que es la constancia a la cual han de atenderse los terceros, da cuenta de titularidades que ya han sido declaradas nulas (en el caso se declaró nula la venta de un inmueble que a su vez había sido adquirido por usucapión por la vendedora. Se ejecutaban honorarios contra esta última.
Juicio ejecutivo, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: JULIANO DELIA SUSANA c/ KUSMAN DE CESARIO ANITA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

En juicio ejecutivo no procede atacar un instrumento público por sostenerse que se incurre en él en falsedad material e intelectual.

Tampoco cuando se trata de falsedad ideológica, pues la prueba en contrario requiere un proceso de conocimiento amplio. La redargución de falsedad debe intentarse en proceso aparte, ya que el incidente de redargución de falsedad no sólo es ajeno al trámite, sino que extiende notoriamente y sin razón el ejecutivo.
Concursos, síndico del concurso, síndico ad hoc, honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA  FINANCIERA  CORFAR   S.A.  (EN LIQUIDACION) SOBRE QUIEBRA - INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS POR ISIDORO GARAY s/ INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS POR ISIDORO GARAY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

La retribución del síndico especial debe en principio determinarse en las oportunidades previstas en la ley 19551: 288;

pero corresponde atemperar este criterio cuando las constancias de la causa principal evidencien una inactividad que pudiere tornar ilusorio el derecho al emolumento. De producirse una demora irrazonable el síndico ad hoc puede requerir regulación de su honorario.
Procedimiento laboral, cédula de notificación, cómputo del plazo, interposición del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Giraudy, Justo J. c/ Caja Forense de Río Negro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad s/inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-08-30

Surge evidente que la demandada tomó conocimiento de la aprobación de la liquidación con la primera cédula de notificación enviada por el actor, razón por la cual carecen de efectos jurídicos las notificaciones cursadas por el Tribunal a ambas partes ocho días después. De esta manera, el plazo para interponer los recursos establecidos en el art. 56 de la Ley 1504 empezó a correr el día 21 /06/19 y venció en las dos primeras horas del día 10/07/19, por lo que el remedio extraordinario presentado resulta extemporáneo (cf. STJRNS3 Se. 151/20 "HORIZONTE"). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Poder de policía, medicamentos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Labinca S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.405
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La incumbencia de la jurisdicción provincial en la cuestión que se ventila en autos -ley de medicamentos 11.405-, se encuentra contemplada específicamente en la carta suprema bonaerense (art. 36, inc. 8).
Incapacidad laboral, incapacidad parcial
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez Muñoz, Pablo. c/ Arquitecto de Angelis, Constructora. s/ Ordinario. Inaplicabilidad de Ley. Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-09-02

Resulta amparado por el artículo 60 del Decreto Reglamentario de la Ley de Accidentes de Trabajo un obrero de 64 años de edad a la fecha del accidente que sufrió una incapacidad parcial y permanente del 70% de la total obrera.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, contravenciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUELDO, JULIO CESAR. s/ APELA SENTENCIA CONTRAVENCIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-10

Lo manifestado por el imputado al prestar indagatoria en el expediente contravencional, en el sentido de no requerir para ese acto la presencia del defensor oficial, no puede entenderse como una renuncia a la garantía de la defensa en juicio con respecto a las ulterioridades del proceso, máxime cuando con posterioridad, al apelar el fallo administrativo, quedó en claro su desacuerdo con la condena, de donde surgía la necesidad de asignarle la defensa técnica adecuada para sustentar la impugnación, pues de otro modo ella no operaría más que como un mero resguardo formal carente de contenido apto para varias la situación de aquél.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROSSI DE RUIZ, ANGELA Y OTROS c/ COMUNA DE FRAY LUIS BELTRAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 84 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04

Resulta inadmisible la queja interpuesta por la actora con sustento en el apartamiento del dictamen pericial rendido si de la lectura de la sentencia impugnada surge que fueron expuestas las razones que llevaron al A quo a apartarse del mismo -la fragilidad de los datos a partir de los cuales se construyó la pericia-, por lo que no puede reputarse que la resolución haya prescindido sin motivo justificant e alguno del dictamen médico ni que tales aseveraciones priven de fuerza de convicción a las conclusiones del fallo. Además, no le corresponde a la Corte mediante la vía intentada juzgar sobre el resultado de una valoración probatoria, sino tan sólo respecto de la ausencia o insuficiencia de dicha ponderación, y, en el caso, conforme a las constancias de los autos principales requeridos como medida para mejor proveer "ad effectum videndi", es dable concluir que la recurrente tan sólo trata de oponer su propio criterio de la solución que correspondería al "sub lite" asentado en su particular apreciación de los hechos y material probatorio reunido en la causa y valor asignado a éste.
Jubilaciones, policía, personal policial, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, RAUL NORBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION CABRAL DE LA VIÑA, ROBERTO EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION RACCUIA, ANGEL ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION MARQUEZ, JORGE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-28|1992-04-28|1992-04-28|1992-04-28

La ley 6830 instituyó un régimen especial de retiros y pensiones para los empleados policiales, en reemplazo del tratamiento diferencial que el sector recibía dentro de la regulación general en materia previsional, establecida por la ley 4800 para todos los agentes públicos. Esta última norma reconocía el derecho a un "cómputo privilegiado" para el cálculo de los servicios prestados, a razón de un año más por cada cinco de servicios efectivos, y un año más de edad "de la que tenga realmente" (artículos 63, 64 y 65).