Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, presidida por el Ministro D. Alejandro Rebagliati Russell e integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger y D. Luis Caneo, para dictar sentencia en la causa caratulada "T., G. D. s/ Dcia. Estafa s/ Impugnación" (Expediente 21.863- Letra "T" - F ° 166 - T ° II - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos, que resultó del sorteo de fojas 109, es el siguiente: Pfleger, Rebagliati Russell y Caneo.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Moviliza la atención de la Sala la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal, en desmedro de la resolución adoptada por la Jueza Penal de Comodoro Rivadavia quien, el 4 de Mayo del año 2009, decidió el sobreseimiento de R. M. A. por vencimiento del plazo de la investigación.

La Magistrado, según consta en el registro que está en la hoja 81 del legajo, decidió así en la audiencia de apertura de la investigación aplicando, a la sazón, las prescripciones del Art. 285 inc. 7° del adjetivo.

II. Los agravios que denunció la parte que se queja consistieron en la arbitrariedad del pronunciamiento pues la que decidió -señalaron- no explicó el modo "...en que entendía ocurrió dicho vencimiento..." ni indicó "...la forma de cómputo que tuvo en cuenta a tal efecto..." pues -continuó- "...Sólo hizo referencia a que había pasado mucho tiempo y, que, en todo caso, si se tratara de un delito más grave ...", repugnando al sistema consagrado en el Art. 169 de la Constitución del Chubut "...que exige que las decisiones judiciales sean motivadas con adecuada fundamentación lógica y legal..." (las comillas encierran parte del texto de la hoja 82).

Renglón seguido, los miembros de la Fiscalía, realizaron una antología de los hechos y actos procesales sucedidos a lo largo del devenir hasta el momento de la audiencia preliminar y remarcaron que "...Ante el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa en la audiencia este Ministerio Público se opuso a lo manifestando que la apertura de la investigación se presentó en fecha 20 de agosto de 2008, el plazo de seis meses vencería el 20 de marzo del corriente, pero se solicitó prórroga y ésta se concedió por el plazo de cuatro meses, con lo que vencería el fecha 20 de Julio del corriente y que por tal razón el plazo de seis meses no se había agotado..." Arguyeron que se había señalado que, si bien el hecho era de Noviembre de 2007, "...todo plazo empieza a correr para el Ministerio Fiscal a partir que toma conocimiento del hecho. De manera que sin la denuncia del hecho investigado en el presente caso no se podría haber actuado y si ésta radica meses después de ocurrido el mismo, ese tiempo no puede computarse de ningún modo..." Indicaron, por lo demás, que si la denuncia se radicó el 11 de Febrero de 2008 y se dispone la apertura el día 20 de agosto, el plazo de seis meses no estaba vencido, sin siquiera haberse considerado la suspensión dispuesta por Acordada de ese Tribunal vigente por un mes a partir de Mayo de 2008 y la feria judicial de Julio. También que "...es claro que hecho fue conocido el 11 de Febrero de 2008 con la denuncia de manera que los seis meses no pueden computarse nunca desde el hecho contenido en la misma...", ello siempre que "...se recurra al criterio que sostiene que cuando no se dispone la apertura en el plazo de 15 días dispuesto por el Art. 269 C.P.P.CH el inicio del plazo se realiza a partir del hecho investigado." Reclamaron, nuevamente, que cada petición del Ministerio Fiscal llevó meses para su resolución, luego de constantes presentaciones, lo que no puede imputarse a su parte; pero que, no obstante, la Magistrado sostuvo que el plazo de investigación estaba vencido porque el hecho era de "...Noviembre de 2007 sin considerar la fecha en que el Ministerio Público tuvo conocimiento, los esfuerzos realizados a fin de lograr la audiencia de apertura -único acto pendiente- peticiones de prórroga, rebeldía y demora administrativa en su despacho y resolución..." Finalizaron el asunto señalando la manera en que los Jueces interpretaban el cómputo de los plazos antes y después de la sanción de la Ley 5817, y pidieron que la sentencia fuese revocada, dejando expresa constancia de que articularían remedio federal en el supuesto de una decisión adversa.

II. Terminada la relación del caso, que -reconozco- no goza de la virtud de aquello que es sucinto, abordaré el modo en que ha de zanjarse el asunto y, en ese sentido, daré un anticipo de la posición que sostendré al respecto: la anulación de la sentencia y la remisión del legajo para que, por quién corresponda, la causa prosiga según su estado.

Francamente no comparto el criterio de la Magistrado de grado al cocluir la investigación mediante la llamada "absolución instructoria".

No están dados en el caso los presupuestos habilitantes estatuidos en el Art. 285 inc. 7° del C.P.P.Ch en relación con los arts. 282, 283 o 146 del mismo cuerpo normativo, a cuyos términos el primero de ellos remite.

En efecto, como sostuve en otras ocasiones, el instante de inicio del cómputo del plazo de duración posible de la etapa preparatoria es aquél en que el Ministerio Fiscal dispone la "...apertura de la investigación..." (Art. 274 C.P.P.Ch).

He considerado, otrora, que la claridad de ese texto legal cuando dicta que "...A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso..." no permite especular en demasía sobre el día "a quo", de manera pues que esa y no otra es la guía para cualquier solución apegada a la norma.

Si así se considera, la decisión de la Fiscalía del 20 de agosto de 2008 es el hito a partir del que se deshilvana la línea temporal a la que atenerse.

Sujetos al estricto calendario y desconsiderando las posibles suspensiones sobre las que ha alegado la Fiscalía, por el mero hecho de no penetrar en la geografía de lo polémico, señalo que los seis meses de lapso estatuidos en el Art. 282 del ritual, habrían vencido el 20 de Febrero de 2009.

Empero, y como lo ha dicho con toda claridad la recurrente, el señor Juez Penal de Comodoro Rivadavia autorizó prorrogar los términos por cuatro meses (Art. 283 del C. P. P.) que recondujo el límite -siempre mirado con estrictez- al 20 de Junio del año pasado.

Luego: la que se inspecciona carece de sustento legal pues aún examinada bajo el prisma del Art. 146 del ritual no es factible encontrar un fundamento serio que la sostenga.

Resulta baladí cualquier discusión sobre plazo razonable en este asunto, cuando se observa el comportamiento del actor público recurrente, la naturaleza del asunto y el comportamiento de la imputada. Pero ya digo, en momento temprano del andar procesal y con el día de inicio del conteo cuando el Ministerio Fiscal abrió la investigación.

Así me expido y voto. El Juez Rebagliati Russell dijo:

La reseña del caso que ha formulado mi colega de Sala, me libera de reproducir el motivo de la intervención del Tribunal y el contenido de la resolución bajo examen.

Por ello ingresaré directamente al análisis de la cuestión planteada, adelantando que comparto la solución propiciada.

Tal como surge de las actuaciones, el auto de apertura de investigación se dispuso con fecha 20 de agosto de 2008.

Previo a vencer el plazo estipulado por el artículo 274 del C. P. P., el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga procurando poder presentar la acusación en término.

A fs. 36 y con fecha 6 de febrero de 2009, el Juez penal, doctor Porras Hernández, hace lugar a la solicitud y dispone una prórroga por cuatro meses de la investigación preparatoria, trasladando así el plazo para presentar la acusación.

Finalmente y, luego de reiterados intentos para que comparezca la imputada, quien asumió por otra parte una conducta renuente, se formalizó la audiencia de apertura -4 de mayo de 2009-.

Este acto procesal se realizó dentro del término previsto por el artículo 282 del ordenamiento de forma, el cual fenecía el 20 de junio de ese año.

Sin embargo, el pedido formulado por la defensa tuvo acogida favorable por parte de la Jueza Lascano, quien dictó el sobreseimiento de la imputada por aplicación del artículo 285, inc. 7° del C. P. P..

Para conocer los fundamentos de la resolución reedité la audiencia en cuestión y advertí que la Jueza no verificó si se daban las condiciones legales para el dictado del sobreseimiento y, en cambio, se atuvo a los tiempos indicados por la defensa, sin observar las constancias obrantes en autos.

Esta circunstancia implicó que la Jueza tomara una decisión basada en un error, y tomó como punto de partida para que comience a correr el plazo el de la fecha del hecho, es decir 1° de noviembre de 2007.

En base a lo expuesto, y como bien quedara sentado en autos "Provincia del Chubut c/ B., S. D. s/ encubrimiento por receptación dolosa s/ recurso de queja" (Expediente N ° 21.628 - 128- T II- Letra "P" -Año 2009), el período de seis meses que prescribe el ordenamiento adjetivo (Art. 282) deberá computarse a partir del 20 de agosto de 2008, oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de la investigación.

Siendo ello así, voto por revocar la resolución atacada, y devolver las actuaciones a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, para que continúen con el trámite de la presente causa, según su estado.

Así voto.

El Juez D. Luis Caneo dijo:

I. El artículo 25, último párrafo, del Código Procesal Penal -Ley XV N ° 9, antes 5478- me impone la obligación de exponer los fundamentos que encuentro para confirmar o revocar la decisión atacada de modo extraordinario por el Fiscal General, doctor Carlos Adrián Cabral, contra la resolución adoptada en autos por la Jueza Penal Julia Josefa Lazcano, el día 04 de mayo de 2009.

Omitiré toda reseña sobre el caso y los planteos recursivos hechos por el acusador público de R. M. A., pues el relato que precedentemente llevó a cabo el Juez Pfleger sobre ambos temas, resulta suficiente.

II. He leído con detenimiento los votos precedentes, la impugnación bajo estudio y la decisión atacada, elementos con los que puedo resolver asumiendo una postura que irá en igual dirección que la asumida por mis colegas.

El titular de la acción pública abrió la investigación con fecha 20 de agosto del 2008, y poco tiempo antes de que el plazo regular para la investigación -seis (6) meses- venciera, requirió al Juez Penal Emilio Porras Hernández una prórroga en la etapa preparatoria, que el magistrado le concedió con fecha 6 de febrero de 2009 por cuatro meses más.

Así fue que, con fecha 04 de mayo de 2009, el acusador público logró que la imputada R. M. A. se presente ante Juez Penal, para formalizar la audiencia de apertura de la investigación. Acto procesal que se llevó a cabo en los tiempos que marca el artículo 282 de la Ley XV N ° 9.

En ese mismo acto, la Defensa de la acusada solicitó el sobreseimiento de su representada, por haber transcurrido el plazo máximo de duración de la etapa preparatoria, conforme lo establecido en el artículo 258, inciso 7° del código procesal penal. Petición que tuvo acogida favorable por la Jueza Penal, Julia Josefa Lascano.

Sin embargo, la magistrada adoptó su decisión sin tener en cuenta que el plazo del artículo 282 aun no había vencido, circunstancia que hacía inviable la petición de la defensa. De manera que la resolución así adoptada carece de sustento legal.

III. Por todo lo expuesto, concuerdo con los Ministros que ya votaron en este pronunciamiento, pues entiendo que deberá revocarse la decisión atacada y devolver las actuaciones a la Oficina Judicial de la ciudad de Comodoro Rivadavia, para que siga el trámite según su estado.

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) Declarar procedente la impugnación extraordinaria interpuesta por el Fiscal General (fojas 82/84) 2º) Revocar el sobreseimiento de R. M. A. dictado en la resolución protocolizada con el número 476/2009.

3º) Devolver las presentes actuaciones a la Oficina Judicial de la ciudad de Comodoro Rivadavia, para que continúe el trámite según su estado.

4°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. D. A. Rebagliati Russell-Jorge Pfleger-D. Luis Caneo Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.