Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-07


(Libro de Acuerdos Nº 47 Fº 781/785 Nº 342 ). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los siete días del mes de mayo del año dos mil cuatro, reunidos los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores Raúl Octavio Noceti, José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Enrique Rogelio Mateo -por habilitación- bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 1536/2002, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº 6522/02 (Sala I Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Copias refrendadas: Banco Provincia de Jujuy c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy".

El Dr. Noceti, dijo:

El 29 de diciembre del año 1997, el entonces Banco de la Provincia de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, arribaron a un acuerdo para poner fin a la contienda suscitada con motivo del juicio ejecutivo que aquel promoviera en contra de ésta (fojas 3/6 del expediente agregado por cuerda floja). En lo que aquí interesa destacar, establecieron como monto de la deuda la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000.-), acordaron el pago a cuenta de sumas embargadas y determinaron como saldo adeudado en concepto de capital la suma de U$S 5.835.178,77 cuyo pago se convino en cuotas mensuales de U$S 60.000.- cada una, "más interés similar a la tasa libor con más dos puntos capitalizable anualmente y pagadero por el sistema francés, hasta el 30 de marzo de 2006". El saldo resultante para ese entonces, debía pagarse íntegramente el 30 de mayo de 2006 (cláusula cuarta).

También convinieron las partes que de los fondos embargados y depositados en esos autos, se abonara al Dr. Guillermo Jenefes, a cuenta de sus honorarios, la suma de $400.000.- fijándose como saldo la de U$S 900.000 cuyo pago por la demandada debía practicarse en cuotas mensuales de U$S 12.000.- cada una, con el mismo interés que el previsto para el capital. La financiación mensual se prolongaría -al igual que la del capital- hasta el 30 de marzo de 2006 y el saldo pendiente para esa fecha, debía cancelarse el 30 de mayo de ese mismo año.

A partir de la firma de ese acuerdo, la deuda quedó convertida en dólares (cláusula tercera).

Las prestaciones comprometidas se fueron cumpliendo regularmente con depósitos en pesos.

Luego, con motivo de la sanción de la ley 25.561 que modificó la ley 25.445 y derogó el régimen de la paridad cambiaria de la moneda argentina respecto al dólar estadounidense, el Dr. Guillermo Jenefes, en representación del Ente Residual del Banco Provincia de Jujuy y por sus propios derechos, solicitó al Juez interviniente la aplicación al caso del decreto nacional 471/2002, en tanto dispuso que las obligaciones del sector público nacional, provincial y municipal con el sistema financiero que fueran pactadas en dólares se convertirían en obligaciones de entregar pesos, a razón de un peso con cuarenta ($ 1,40.-) por cada dólar, más el monto que resulte de aplicar el coeficiente de estabilización monetaria (CER).

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, representada por el Dr. Ariel Cuva, se opuso a esa pretensión invocando las disposiciones del artículo 11 de la ley 25.561 y el decreto 214/2002 que ordenan la pesificación de la deuda conforme la relación de cambio en la que un peso es igual a un dólar, regla que -afirma- corresponde aplicar "a todas las obligaciones en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras reestructuradas por la ley 25.561", con ajuste a lo normado en el decreto 320/02.

Sostiene que la deuda no es de las contempladas en el decreto 1378, ya que a la Municipalidad nunca le ofrecieron bonos para garantizarla. Tampoco es de las previstas por el decreto 767/01 porque no fue afianzada a través del contrato de fideicomiso al que alude el decreto 1646/01, de modo que resulta inaplicable el decreto 471/02 invocado por su contraria. Agrega que la obligación de marras emerge de una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada que vino a homologar un acuerdo para poner fin a un juicio ejecutivo seguido por el Banco en su contra, de lo que se colige que no se vincula con el sistema financiero y que corresponde que la cuestión se siga regulando -como hasta ahora- por disposiciones comunes.

El a-quo desestimó el planteo formulado por el ente Residual del Banco Provincia y, al tiempo de resolver su pedido de aclaratoria, dispuso que a la deuda pesificada a razón de un peso por cada dólar, debía sumársele el "CER".

Tal pronunciamiento fue motivo del recurso de apelación cuya copia corre agregada a fojas 16/17 de autos, en el que su promotor sostuvo que no eran aplicables las disposiciones del artículo 11 de la ley 25.561 y decreto 214/2002 sino las del decreto 471/2002. Contestado el traslado que del mismo se confiriera a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, admitido por el a-quo y elevadas las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, dispuso ese Tribunal su rechazo.

Para así resolver, consideró que la deuda asumida por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a favor del ex - Banco Provincia de Jujuy y que fuera dolarizada al tiempo de firmar el convenio aludido, no encuadra en los supuestos que contempla el decreto 471/02 ya que éste fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional para fijar el tratamiento que debía darse a las obligaciones en dólares proveniente del mercado de capitales y del ahorro privado que derivaran de la conversión de la deuda pública nacional en préstamos garantizados o bonos nacionales garantizados en el marco de las autorizaciones que habían sido extendidas al ex - Ministerio de Economía de la Nación por decreto 1387/2001.

Agrega el a-quo que con el dictado de la resolución 767/2001, se aprobó el mecanismo de conversión de títulos elegibles y, con ello, la aprobación del contrato de fideicomiso y de préstamos garantizados con los recursos del impuesto sobre créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, cuyo monto fue luego ampliado por decreto 851/2001 autorizándose más tarde al Ministerio de Economía, con el dictado de los decretos 1005/2001 y 1226/01, para que emita los certificados de crédito fiscal por el importe equivalente a los cupones de intereses de los títulos de la deuda pública nacional.

En contra de esa sentencia, interpuso el Dr. Guillermo Jenefes, en representación de la unidad de gestión del ex Banco Provincia y por sus propios derechos, el recurso de inconstitucionalidad agregado a fojas 9/11 de autos. Luego de reseñar los antecedentes de la causa, manifiesta que la sentencia lo agravia porque conculca su derecho de propiedad, al desconocer que la deuda contraída por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy respecto a su mandante, debe convertirse de dólares a pesos a razón de un peso con cuarenta por cada dólar y no a la paridad "uno a uno" como lo resuelve la Cámara de Apelaciones al convalidar la resolución del Juez de Primera Instancia.

Señala que si bien el decreto 214/02 en su artículo 3º extiende esa conversión a las deudas que superen ese monto, tal dispositivo, por traducir un exceso a las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la ley 25.561, resulta inconstitucional.

Sin perjuicio de ello -dice- el posterior dictado del decreto 471/02 determina que la deuda objeto de esta causa se fije en pesos pero con la conversión que propone ($ 1,40 por cada dólar) más el coeficiente de estabilización de referencia (CER), pues se trata de una obligación con el sistema financiero, pactada en dólares estadounidenses, vigente al 3 de febrero de 2002 y extraña a toda ley extranjera.

El fallo cuestionado -agrega- se sustenta en la sola voluntad del sentenciante quien interpreta distinciones que la ley no establece para excluir a su parte de las previsiones del decreto 471/02 y reducir su ámbito de aplicación a las deudas por préstamos garantizados o bonos nacionales garantizados convertidos voluntariamente.

Invoca que la jurisprudencia nacional se inclina por la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos y siendo así, también debe descalificarse la de los créditos. Menciona finalmente el principio del esfuerzo compartido para soportar los efectos derivados de la salida del régimen cambiario de la convertibilidad que antes regulaba la ley 25.445 y solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso con costas.

Al contestar el traslado que del mismo se confiriera, compareció la Municipalidad de San Salvador de Jujuy defendiendo la razonabilidad de la sentencia atacada. Destaca que el mutuo que tomara en su momento la Municipalidad de San Salvador de Jujuy fue en pesos y que luego, al tiempo de acordar las condiciones para poner fin a la ejecución promovida por el entonces Banco de la Provincia de Jujuy, la deuda quedó expresada en dólares y que esa obligación es distinta a la que contempla el decreto 471/2002 cuya aplicación pretende el recurrente. Niega finalmente la configuración de agravios y pide se rechace el recurso, con costas.

Integrado el Tribunal, los autos pasaron a dictamen del Ministerio Público, expidiéndose por habilitación la Dra. Delia Soria de Salinas quien propicia su rechazo por estimar que el recurso no supera la mera disconformidad de su promotor con los fundamentos del fallo y que éste se encuentra fundado y ajustado a derecho.

Agregado el expediente principal y firme el decreto que dispone el llamado de los autos para sentencia corresponde, sin más, expedirnos.

En mi opinión la sentencia recurrida debe confirmarse, porque no advierto en ella distorsión alguna que la descalifique por arbitraria.

Coincido -y a ellos me remito para no sobreabundar- con los fundamentos expresados en el fallo recurrido en cuanto estima que el crédito cuya convertibilidad es objeto de desacuerdo, no es de los que contemplara el decreto 471/2002.

Sin perjuicio de ello, la cuestión en disputa vino a quedar definitivamente zanjada merced a lo dispuesto en la posterior y recientemente sancionada ley 25.820 que modificó el artículo 11 de la ley 25.561 para dejar establecido que "las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de un dólar estadounidense (u$s 1.-) = un peso ($ 1.-), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al coeficiente de estabilización de referencia (CER) o el coeficiente de variación de salarios (CVS) o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso".

Como se advierte de su lectura y su cotejo con la norma que vino a reemplazar, el ámbito de aplicación se amplió a las obligaciones "cualquiera sea su origen o naturaleza" y no quedó reducida a las deudas "entre particulares" como preveía el texto anterior.

La aplicación de esa nueva disposición, resulta incuestionable aún cuando no estaba vigente al tiempo de dictarse la resolución atacada ni al de la interposición y contestación del recurso que se analiza, porque son disposiciones de orden público (artículo 4º) y porque sus previsiones están dirigidas a regular situaciones existentes al tiempo de su dictado siempre que no hayan sido resueltas mediando acuerdos privados o sentencias judiciales (artículo 3, párrafo 5º).

Lo dispuesto por esa ley 25.820, en su artículo 3º, párrafo 1º, coincide exactamente con lo que resolvió el Señor Juez de Primera Instancia y confirmó la Cámara de Apelaciones, en el sentido que la deuda debía pesificarse conforme la paridad cambiaria $ 1 = u$s 1, más el coeficiente de estabilización de referencia (CER) a fin de compensar y distribuir en forma equitativa entre las partes y a partir del principio del "esfuerzo compartido" (artículo 11 ley 25.561), los desfazajes y perjuicios que tanto a acreedores como a deudores vino a provocar la salida de la República Argentina del anterior régimen de convertibilidadad que regulaba la economía nacional. Esto, por cierto, sin perjuicio de los intereses pactados en el convenio homologado judicialmente.

Finalmente, es necesario aclarar que el crédito de autos no encuadra en el supuesto de excepción contemplado en la norma (deudas vinculadas al sistema financiero), toda vez que el crédito en cuestión corresponde al Ente Residual del Banco Provincia dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia (artículo 3º decreto provincial 4643) y encomendado a su "Unidad de Gestión", según surge de la representación invocada y acreditada a fojas 9, organismo que no reviste la calidad de entidad bancaria y crediticia vinculada hoy a lo que la ley da en llamar "sistema financiero" es decir, aquel en el que se opera el tráfico de divisas y que ha sido contemplado y regulado en forma distinta y separada en las leyes, decretos y resoluciones que integran la compleja trama normativa sobre "pesificación".

Por lo mismo, no es de aplicación al sub-lite la norma del artículo 6 de la ley 25.561 que invoca el recurrente, porque el crédito que aquí se analiza no integra, en los términos de esa norma, "la base monetaria en pesos (que) está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuenta corriente o cuentas especiales".

Tampoco es atendible cuanto argumenta el recurrente en relación a la necesidad de respetar la equivalencia de conversión entre sus créditos y los débitos frente a ahorristas en dólares a quienes por decreto 214 artículo 2º, se les reconoció el derecho a recuperar sus ahorros a razón de $ 1,40 por cada dólar depositado en una entidad financiera, porque el Ente Residual del que otrora fuera el Banco de la Provincia de Jujuy, no mantiene a la fecha, tras cinco años de su liquidación, deudas con ahorristas en dólares.

De tal modo, no hay excepción que pueda aplicarse al caso en análisis para excluir el crédito en cuestión de la conversión de la deuda de dólares a pesos a partir de la paridad cambiaria que constituye hoy el principio legal ($1= u$s 1). Por el contrario, de acogerse la pretensión del recurrente, no sólo resultaría soslayado ese principio, sino el mandato del artículo 10 de la misma ley 25.561 que mantiene la prohibición de indexar precios, actualizar la moneda, variar costos o repotenciar deudas.

En definitiva y para concluir, la cuestión sometida a estudio es de las contempladas en el artículo 11º de la ley 25.561, modificado primero por el artículo 3º del decreto 214 y ampliado en su espectro por la ley 25.820, de cuya aplicación resulta que la pesificación del crédito en cuestión, debe convertirse a pesos a razón de uno por cada dólar, más el coeficiente de estabilización de referencia y sin perjuicio de los intereses pactados.

Por los fundamentos dados propongo, como lo he anunciado, el rechazo del recurso de inconstitucionalidad articulado y la confirmación de la sentencia atacada.

En cuanto a las costas, por aplicación del principio sentado en el artículo 102 del Código Procesal Civil, del que no encuentro razón para apartarme, deberán ser impuestas al recurrente vencido y diferirse la regulación de los honorarios profesionales para cuando exista base de para su cálculo.

Los doctores del Campo, Valdecantos y Arnedo, adhieren al voto que antecede.

El Dr. Mateo, dijo:

Vienen los presentes autos a estudio. En primer lugar en relación a los hechos, me remito brevitatis causae a la introducción efectuada por Presidencia de Trámite en su voto; en cuanto a la solución que se propicia comparto parcialmente la misma y estimo que debe confirmarse la sentencia recurrida, pero con la aclaración que desarrollaré infra.

En efecto, la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de la que formo parte, aplicó de oficio, en distintos procesos la pesificación inclinándose por la teoría del esfuerzo compartido, aunque con otro criterio al que aquí se propicia (el último fallo fue dictado en fecha 16/03/04 en el Expte. Nº B-88.628/02: "ORDINARIO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS: VILMA MABEL CALLEJOS C/ JUAN ANTONIO CASTRO GONZALEZ"), ahora bien, el fundamento de los preopinantes es coincidente con las disposiciones de la ley Nº 25.820 que ya fue aplicada por este Alto Cuerpo en fallo de fecha 12/12/03 registrado en Libro de Acuerdos Nº 46 Fº1441/1447, Nº 588. Este nuevo plexo normativo establece como criterio para componer los intereses en juego, que fueron alcanzados por el impacto de las medidas de ajuste y cambios en la política económica, la conversión (1 dólar = 1 peso más CER, artículo 3 que sustituye el artículo 11 de la Ley 25.561); es decir la misma metodología del fallo que aquí se analiza; razón por la que estimo que el recurso interpuesto por el Dr. GUILLERMO JENEFES debe ser rechazado.

Pero en lo que sí voy respetuosamente a disentir es en la imposición de costas, toda vez que considero que se debe aplicar el mismo criterio que el utilizado en ese expediente que resolvió un caso similar. Allí se dijo que "las costas devengadas en la alzada y en esta instancia extraordinaria, debían establecerse por el orden causado, por cuanto, la cuestión es novedosa y polémica, ya que los justiciables están en franca incertidumbre, enfrentando a la más acreditada doctrina y a la jurisprudencia, en opiniones antagónicas"; por otra parte así también lo entiende la jurisprudencia de nuestro país (CNCiv. Sala A, 2004/02/17 publicado en la revista La Ley del día 03/03/04).

En consecuencia, por lo expuesto voto para que se confirme la sentencia recurrida y se impongan las costas de ambas instancias por el orden causado.

Así voto. Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad articulado por la Unidad de Gestión ex Banco de la Provincia de Jujuy Ente Residual y el Dr. Guillermo Jenefes en contra de la Resolución dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 8 de noviembre de dos mil dos.

2. Imponer las costas a la recurrente vencida y diferir la regulación de los honorarios profesionales para cuando exista base para su cálculo.

3. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.