Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12


Reg.: A y S t 280 p 130/137. En la ciudad de Santa fe, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri , con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO DON RAÚL SA contra ETCHEBARNE, SUSANA Y OTROS -CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- (EXPTE 72/10) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511226-2). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Erbetta, Gutiérrez y Netri. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 274, págs. 5/6, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el acuerdo 391 del 04.11.2015 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular planteos que podían configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. 2. El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, y observado lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 69/74), me conduce a ratificar dicha conclusión. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Surge de las constancias de la causa -en lo que aquí interesa- que mediante resolución 969 del 25.10.2013 se regularon los honorarios de la doctora Rosa Serra en la suma de $1.349.400, equivalentes a 2.398 JUS por su labor realizada en primera instancia y en la suma de $674.700, equivalentes a 1.199,31 JUS por los de segunda instancia (fs. 450/451); y por resolución 1065 del 12.11.2013, se regularon los de la doctora Viviana Marisa Downes en la suma de $1.079.520, equivalentes a 1918,90 JUS por los trabajos realizados en primera instancia y $539.760, equivalentes a 959,45 JUS, por los de segunda instancia (f. 454). Contra dichas resoluciones la obligada al pago, Susana Evangelina Etchebarne, por derecho propio y con patrocinio letrado, interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio (fs. 456/460). Mediante resolución 1041/14, el Juez de baja instancia rechazó el recurso de revocatoria y concedió el de apelación (f. 478), el cual fue declarado desierto por la Alzada mediante resolución 391/15 (fs. 507/510). 2. Contra dicho resolutorio, la accionada interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), ley 7055. Se agravió -en esencia- de que el A quo haya declarado la deserción técnica del recurso de apelación por la falta de presentación del memorial facultativo que prevé el artículo 28 inciso d) de la ley arancelaria, por haber sido dicho criterio descalificado por este Cuerpo en los precedentes "Pavia" y "De Smet Ingeneering S.A." y por apartarse de las constancias de autos toda vez que de la revocatoria presentada surge claramente cuál es la cuestión a resolver. En ese orden, refirió que del escrito de revocatoria surge que se cuestiona la base económica considerada a los fines regulatorios por cuanto constituye una derivación de una incorrecta interpretación de la naturaleza del juicio principal, que no es -dice- un juicio de división de condominio sino uno de cumplimiento de contrato de división de condominio. A este respecto, indicó que la demanda reclamaba solamente que "se condene a la demandada a suscribir y otorgar la pertinente entrega de documentación y la correspondiente escritura de división de condominio...", por lo que -aduce- tomar como base para la regulación el valor total de la propiedad en condominio a los fines de valuar obligaciones de hacer conduce a un resultado exorbitante y desproporcionado entre los intereses en juego, los trabajos efectivamente realizados, el éxito obtenido y el despojo patrimonial acaecido. Finalmente, le reprochó a la Alzada la imposición de costas en los términos del artículo 28 inciso f) de la ley 6767, en vez de aplicarse el inciso e) de la misma norma, ya que -considera- su recurso no resulta infundado, caprichoso o dilatorio, sino debidamente fundamentado, en ejercicio de su derecho constitucional de defensa. 3. La Cámara, mediante auto 115 del 01.08.2016 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 59/63), lo que motivó la presentación directa de la interesada ante esta Corte que -como se señaló supra- resolvió admitir la queja interpuesta. 4. Encontrándose objetada la validez constitucional de la resolución dictada por la Alzada, el detenido estudio de las cuestiones esenciales involucradas en la litis, aporta el convencimiento que el recurso excepcional interpuesto merece favorable acogida al comprobar que la Cámara ha conferido un tratamiento irrazonable al caso debatido, adoptando una solución que connota arbitrariedad al apartarse de los cánones de motivación y fundamentación exigibles y, por ende, de la correcta resolución de la causa, con afectación de los principios y garantías constitucionales invocados, resultando tales deficiencias decisivas para la suerte de lo fallado en el "sub lite". En primer término, cabe memorar que el A quo declaró la deserción técnica del recurso de apelación con costas a la recurrente (art. 28 inc. f) de la ley 6767), con fundamento en que ésta no presentó el memorial facultativo establecido en el artículo 28 inciso d) de la ley 6767, argumentando que si bien se trata de una "facultad", la jurisprudencia estimó que aparece como el canal idóneo para proporcionar a la Alzada la información sobre los motivos del disenso que se identifica con la "expresión de agravios" y que se erige por tal razón en condición "sine qua non" para el ejercicio concreto de la labor revisora (fs. 507/507v.). Y bien, en el supuesto de autos constituye una arbitraria denegación de justicia privar a la recurrente de la instancia revisora legalmente prevista por no haberse ésta agraviado de los argumentos esgrimidos por el Juez de primera instancia para rechazar la revocatoria mediante la presentación del memorial a que alude el inciso d) del artículo 28 de la ley arancelaria, tendencia que ya ha sido descalificada por esta Corte (A. y S., T. 70, págs. 456/459) pues se opera idéntico efecto que en el rechazo del recurso declarando el mismo desierto por no ejercerse una facultad que queda como tal desnaturalizada. Es decir, el criterio puesto en discusión implica prácticamente asimilar la hipótesis de declararse desierto un recurso con el supuesto de rechazo del mismo. La letra de la ley señala genéricamente el carácter facultativo del aludido memorial, mientras que la interpretación asumida por el A quo le establece -con idéntica extensión- carácter obligatorio, marginando el decisorio que lo que se apela en subsidio no es la eventual resolución desestimatoria de la revocatoria, sino la primitiva decisión (Peyrano, Jorge W., "Recurso de reposición", en "Recursos judiciales", Ed. Ediar, pág. 77; Ghirardi y Ghirardi "Recurso de reposición", Ed. Astrea, pág. 118), por lo que bastan los agravios vertidos originariamente contra la regulación de honorarios, maguer la respuesta que hubiesen recibido al resolverse la súplica, para que la alzada conozca la razón del disenso y con ello el límite del recurso. A tal punto ello es así, que en la mayoría de las legislaciones adjetivas del país (seguidoras del digesto ritual nacional) la apelación interpuesta subsidiariamente no admite la presentación de ningún escrito -distinto del de revocatoria- destinado a fundar la apelación (C.P.C.C.N., art. 248; Adolfo A. Rivas "-Derecho procesal- Tratado de los recursos ordinarios", Ed. Abaco, T. I, pág. 204 ). Y en el "sub judice", surge de las constancias del expediente que los agravios expresados en el recurso de revocatoria conferían a la Cámara materia más que suficiente para su tratamiento (fs. 456/460), quedando vacío de contenido, por lo tanto, el argumento de la ausencia de elementos fehacientes que brinden información sobre la discrepancia de la impugnante. Siendo ello así, y toda vez que la Alzada contaba con los elementos de juicio necesarios para merituar razonadamente sobre el alcance y justicia del disenso que esgrimió la recurrente, cabe concluir que dicho tramo del razonamiento del Tribunal, que constituyó el argumento nuclear del rechazo de la pretensión sustancial, no dio cumplimiento con la exigencia de motivación suficiente prevista en el artículo 95 de la Constitución provincial, máxime cuando el criterio asumido por el A quo fue la razón para apartarse de la regla contenida en el artículo 28 inciso e) de la ley arancelaria, condenando a la recurrente al pago de las costas por aplicación de la excepción prevista en el inciso f) de la misma norma. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer referencia al razonamiento de la Alzada en forma subsidiaria efectuado, en cuanto entendió que -en el caso- resulta aplicable el artículo 8 inciso n) de la ley arancelaria -que estipula que en los juicios sobre división de cosas comunes con controversia se aplica la escala del artículo 6- y el artículo 8 que, con referencia al valor de los bienes a considerar, prevé que la cuantía del juicio a los fines de la aplicación del artículo 6 será la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resultare de la sentencia si fuera mayor (f. 507v.). Tal razonamiento, se advierte, resulta descalificable desde la óptica constitucional al no brindar una respuesta adecuada al caso conforme surge de los antecedentes relevantes de autos, pretiriendo además considerar una alegación esencial de la impugnante consistente en que no se está en presencia de un juicio de división de condominio sino del cumplimiento de obligaciones de hacer sin contenido económico en sí mismas. En efecto, la Cámara al reputar aplicable al "sub lite" los artículos 8 inciso n) de la ley arancelaria (juicios sobre división de cosas comunes con controversia), que remite a la escala del artículo 6 de la misma legislación (asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria) y 8 primera parte, no reparó en que tanto del escrito de demanda como de la sentencia de baja instancia -que luego fue confirmada en segunda instancia-, surge que lo que se pretende y se condena es el cumplimiento de obligaciones de hacer. En tal sentido, se puede vislumbrar que la demanda se promueve con el fin de que se condene a la demandada a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Suscribir la solicitud de confección del plano de mensura y subdivisión de acuerdo al croquis acompañado y toda otra documentación necesaria a tal efecto; 2) Entregar los títulos que acrediten propiedad; 3) Entregar los comprobantes de impuestos, tasas y servicios de su parte indivisa totalmente pagos hasta la fecha; 4) Suscribir la correspondiente escritura de división de condominio ante la profesional designada y 5) prestar conformidad al amojonamiento efectuado al efecto de poder confeccionar el alambrado y la pastura correspondiente (f. 48). El Juez de grado, por su parte, condenó a la accionada al cumplimiento de dichas obligaciones de hacer (fs. 245v./246), previo a tener por válido el convenio que dividió el condominio entre las partes y por demostrado que ambas partes ejercen de manera unilateral todos los derechos de explotación de sus respectivas hectáreas (fs. 244/244v.), criterio que más tarde fue confirmado -con sus argumentos- por la Alzada (fs. 295/300). De allí que no resulta razonable y se contradice con las constancias obrantes en la causa, considerar que se debe aplicar sin más la normativa arancelaria supra referida. Por lo demás, tampoco supera el test de constitucionalidad previsto en el artículo 95 de la Constitución provincial el razonamiento hipotético del Tribunal en cuanto considera -tras trazar una analogía entre el presente caso y un juicio de escrituración donde el objeto es una típica obligación de hacer- aplicable el artículo 8 primer párrafo última parte que refiere que "...se tendrá en cuenta los valores, bienes o intereses comprometidos, susceptibles de fundar una apreciación pecuniaria o la trascendencia económica del litigio", toda vez que no da razón suficiente de por qué si se considera que están en juego "obligaciones de hacer" corresponde aplicar esa única pauta (prevista para asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria), prescindiendo de la ponderación de otros lineamientos de orden cualitativo y cuantitativo como, verbi gratia, los previstos en los artículos 4 y 5 de la ley 6767, especialmente si se tiene en cuenta que -al momento de la interposición del recurso de revocatoria- la obligada al pago debía abonar una suma manifiestamente elevada ($4.100.000 de honorarios de la contraparte y su patrocinante más aportes), si consideramos que el valor total estimado de la propiedad -fijado por el Juez de baja instancia en base a la tasación efectuada en autos- ascendía a la suma de $8.451.322,99 (f. 451). Por último, cabe advertir que todo lo expuesto es sin perjuicio de que la nueva regulación del honorario y su correspondiente liquidación deba practicarse siguiendo los lineamientos expuestos en el precedente "Municipalidad de Santa Fe c/ Bergagna, Eduardo" (A. y S. T. 276, pág. 294), en lo que respecta al cálculo a efectuar de la unidad jus y la fijación de los intereses. Lo dicho en precedencia conduce a colegir que la respuesta jurisdiccional, en razón de las deficiencias de motivación apuntadas, no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente a los hechos comprobados de la causa y, por lo tanto, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción de la impugnante. Las razones expuestas determinan la procedencia del recurso interpuesto, debiendo remitirse los autos al subrogante legal a fin de dar respuesta suficiente a las cuestiones referidas. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta y el señor Ministro doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Coincido con la respuesta brindada por los señores Ministros preopinantes al propiciar la procedencia del presente recurso de inconstitucionalidad. Es que si bien de acuerdo a nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cuestiones que versan sobre regulaciones de honorarios, sobre la determinación del interés comprometido en el litigio y las bases consideradas a tal fin, así como lo referente a la apreciación de los trabajos realizados y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, resultan como regla materia extraña al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal, tal principio debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, sea porque medie arbitrariedad o por generar una restricción indebida al derecho de defensa (cfr. A. y S., T. 92, pág. 221; T. 95, pág. 400, entre otros), tal como acontece en el "sub iudice". En tal sentido se advierte que, en el caso, constituye una arbitraria denegación de justicia privar a la recurrente de la instancia revisora legalmente prevista por no haber ésta presentado el memorial a que alude el inciso d) del artículo 28 de la ley arancelaria, tendencia que ya ha sido descalificada por esta Corte (A. y S., T. 70, págs. 456/459; T. 162, págs. 46/51; T. 270, págs. 416/420). Ello porque la citada norma señala genéricamente el carácter facultativo del aludido memorial, mientras que la interpretación asumida por el A quo al declarar desierto el recurso de apelación le asignó -con idéntica extensión- carácter obligatorio, marginando el decisorio que lo apelado en subsidio no era la resolución eventualmente desestimatoria de la revocatoria, sino la primitiva decisión (Peyrano, Jorge W., "Recurso de reposición", en "Recursos judiciales", Ediar, pág. 77; Ghirardi y Ghirardi, "Recurso de reposición", Astrea, pág 118), por lo que bastaban los agravios vertidos originariamente contra las regulaciones de honorarios, más allá de la respuesta que hubiesen recibido al resolverse la súplica, para que la Alzada pudiera conocer la razón del disenso -y con ello el límite del recurso-. En efecto, surge de las constancias del expediente que los agravios expresados en el recurso de revocatoria conferían a la Cámara materia más que suficiente para su tratamiento, quedando vacío de contenido, por lo tanto, el argumento de la ausencia de elementos fehacientes que brindaran información sobre la discrepancia de la recurrente; máxime cuando tal criterio asumido por el Tribunal a quo fue la razón para apartarse de la regla contenida en el artículo 28 inciso e) de la ley arancelaria y condenar en costas a la impugnante por aplicación de la excepción prevista en el inciso f) del mismo precepto. Siendo ello así, y toda vez que la Alzada contaba con los elementos de juicio necesarios para meritar razonadamente sobre el alcance y justicia del disenso que esgrimió la presentante, cabe concluir que el pronunciamiento impugnado resulta apartado de las normas legales que regían el caso de acuerdo con la interpretación adoptada por esta Corte Suprema en casos similares. Y, por tal conducto, la Cámara incurrió en omisión de pronunciamiento sobre planteos conducentes para la suerte de la causa. Al respecto cabe destacar que si bien la Alzada, mediante un razonamiento subsidiario, desestimó la argumentación de la recurrente orientada a cuestionar la base regulatoria tomada por el Juez de primera instancia -expresando el Tribunal, en torno a la naturaleza de la acción intentada, que ya fuese que se la calificara como una demanda de división de cosas comunes con controversia, o bien como una pretensión resistida tendiente al cumplimiento de una obligación de hacer análoga a un juicio de escrituración, de todos modos no habrían de variar los valores, bienes o intereses comprometidos susceptibles de fundar una apreciación pecuniaria (art. ley 6767)-, lo cierto es que quedó sin respuesta adecuada una alegación esencial de la impugnante, consistente en que, a su modo de ver, las regulaciones millonarias practicadas en baja instancia -tanto en beneficio de su ex patrocinante como de la abogada de la actora, por la demanda y por la reconvención- perdían de vista el carácter accesorio de los honorarios profesionales y se apartaban de los principios rectores de razonabilidad y de proporcionalidad, como asimismo de las pautas atinentes a la calidad y extensión de la labor profesional y a la posición económica y social de la obligada al pago (arg. arts. 4 y 5 ley 6767, 1627 Cód. Civ., 1255 Cód. Civ. y Com.), resultando desmesuradas y exorbitantes, no guardando relación con las tareas efectivamente desplegadas, amén de importar un verdadero despojo patrimonial -por absorber sustancialmente el valor de su porción en el condominio- (v. fs. 456/460). Tal postulación merecía una consideración puntual de la Alzada, por su eventual decisividad en orden a la justa solución del caso, mas fue soslayada, por lo que cabe concluir que la sentencia recurrida no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa. Lo dicho hasta aquí basta para descalificar el pronunciamiento impugnado con base en la ley 7055 (art. 1, inc. 3), desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que lo decidido no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial (art. 95). Voto, pues, por la afirmativa. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada. Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas a la vencida. Remitir la causa al tribunal que corresponda a los fines de que la misma sea nuevamente juzgada. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: ERBETTA-FALISTOCCO-GUTIÉRREZ-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 9 de Rufino.Reg.: A y S t 280 p 130/137. En la ciudad de Santa fe, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri , con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO DON RAÚL SA contra ETCHEBARNE, SUSANA Y OTROS -CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- (EXPTE 72/10) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511226-2). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Erbetta, Gutiérrez y Netri. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 274, págs. 5/6, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el acuerdo 391 del 04.11.2015 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular planteos que podían configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. 2. El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, y observado lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 69/74), me conduce a ratificar dicha conclusión. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta y los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Surge de las constancias de la causa -en lo que aquí interesa- que mediante resolución 969 del 25.10.2013 se regularon los honorarios de la doctora Rosa Serra en la suma de $1.349.400, equivalentes a 2.398 JUS por su labor realizada en primera instancia y en la suma de $674.700, equivalentes a 1.199,31 JUS por los de segunda instancia (fs. 450/451); y por resolución 1065 del 12.11.2013, se regularon los de la doctora Viviana Marisa Downes en la suma de $1.079.520, equivalentes a 1918,90 JUS por los trabajos realizados en primera instancia y $539.760, equivalentes a 959,45 JUS, por los de segunda instancia (f. 454). Contra dichas resoluciones la obligada al pago, Susana Evangelina Etchebarne, por derecho propio y con patrocinio letrado, interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio (fs. 456/460). Mediante resolución 1041/14, el Juez de baja instancia rechazó el recurso de revocatoria y concedió el de apelación (f. 478), el cual fue declarado desierto por la Alzada mediante resolución 391/15 (fs. 507/510). 2. Contra dicho resolutorio, la accionada interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), ley 7055. Se agravió -en esencia- de que el A quo haya declarado la deserción técnica del recurso de apelación por la falta de presentación del memorial facultativo que prevé el artículo 28 inciso d) de la ley arancelaria, por haber sido dicho criterio descalificado por este Cuerpo en los precedentes "Pavia" y "De Smet Ingeneering S.A." y por apartarse de las constancias de autos toda vez que de la revocatoria presentada surge claramente cuál es la cuestión a resolver. En ese orden, refirió que del escrito de revocatoria surge que se cuestiona la base económica considerada a los fines regulatorios por cuanto constituye una derivación de una incorrecta interpretación de la naturaleza del juicio principal, que no es -dice- un juicio de división de condominio sino uno de cumplimiento de contrato de división de condominio. A este respecto, indicó que la demanda reclamaba solamente que "se condene a la demandada a suscribir y otorgar la pertinente entrega de documentación y la correspondiente escritura de división de condominio...", por lo que -aduce- tomar como base para la regulación el valor total de la propiedad en condominio a los fines de valuar obligaciones de hacer conduce a un resultado exorbitante y desproporcionado entre los intereses en juego, los trabajos efectivamente realizados, el éxito obtenido y el despojo patrimonial acaecido. Finalmente, le reprochó a la Alzada la imposición de costas en los términos del artículo 28 inciso f) de la ley 6767, en vez de aplicarse el inciso e) de la misma norma, ya que -considera- su recurso no resulta infundado, caprichoso o dilatorio, sino debidamente fundamentado, en ejercicio de su derecho constitucional de defensa. 3. La Cámara, mediante auto 115 del 01.08.2016 denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 59/63), lo que motivó la presentación directa de la interesada ante esta Corte que -como se señaló supra- resolvió admitir la queja interpuesta. 4. Encontrándose objetada la validez constitucional de la resolución dictada por la Alzada, el detenido estudio de las cuestiones esenciales involucradas en la litis, aporta el convencimiento que el recurso excepcional interpuesto merece favorable acogida al comprobar que la Cámara ha conferido un tratamiento irrazonable al caso debatido, adoptando una solución que connota arbitrariedad al apartarse de los cánones de motivación y fundamentación exigibles y, por ende, de la correcta resolución de la causa, con afectación de los principios y garantías constitucionales invocados, resultando tales deficiencias decisivas para la suerte de lo fallado en el "sub lite". En primer término, cabe memorar que el A quo declaró la deserción técnica del recurso de apelación con costas a la recurrente (art. 28 inc. f) de la ley 6767), con fundamento en que ésta no presentó el memorial facultativo establecido en el artículo 28 inciso d) de la ley 6767, argumentando que si bien se trata de una "facultad", la jurisprudencia estimó que aparece como el canal idóneo para proporcionar a la Alzada la información sobre los motivos del disenso que se identifica con la "expresión de agravios" y que se erige por tal razón en condición "sine qua non" para el ejercicio concreto de la labor revisora (fs. 507/507v.). Y bien, en el supuesto de autos constituye una arbitraria denegación de justicia privar a la recurrente de la instancia revisora legalmente prevista por no haberse ésta agraviado de los argumentos esgrimidos por el Juez de primera instancia para rechazar la revocatoria mediante la presentación del memorial a que alude el inciso d) del artículo 28 de la ley arancelaria, tendencia que ya ha sido descalificada por esta Corte (A. y S., T. 70, págs. 456/459) pues se opera idéntico efecto que en el rechazo del recurso declarando el mismo desierto por no ejercerse una facultad que queda como tal desnaturalizada. Es decir, el criterio puesto en discusión implica prácticamente asimilar la hipótesis de declararse desierto un recurso con el supuesto de rechazo del mismo. La letra de la ley señala genéricamente el carácter facultativo del aludido memorial, mientras que la interpretación asumida por el A quo le establece -con idéntica extensión- carácter obligatorio, marginando el decisorio que lo que se apela en subsidio no es la eventual resolución desestimatoria de la revocatoria, sino la primitiva decisión (Peyrano, Jorge W., "Recurso de reposición", en "Recursos judiciales", Ed. Ediar, pág. 77; Ghirardi y Ghirardi "Recurso de reposición", Ed. Astrea, pág. 118), por lo que bastan los agravios vertidos originariamente contra la regulación de honorarios, maguer la respuesta que hubiesen recibido al resolverse la súplica, para que la alzada conozca la razón del disenso y con ello el límite del recurso. A tal punto ello es así, que en la mayoría de las legislaciones adjetivas del país (seguidoras del digesto ritual nacional) la apelación interpuesta subsidiariamente no admite la presentación de ningún escrito -distinto del de revocatoria- destinado a fundar la apelación (C.P.C.C.N., art. 248; Adolfo A. Rivas "-Derecho procesal- Tratado de los recursos ordinarios", Ed. Abaco, T. I, pág. 204 ). Y en el "sub judice", surge de las constancias del expediente que los agravios expresados en el recurso de revocatoria conferían a la Cámara materia más que suficiente para su tratamiento (fs. 456/460), quedando vacío de contenido, por lo tanto, el argumento de la ausencia de elementos fehacientes que brinden información sobre la discrepancia de la impugnante. Siendo ello así, y toda vez que la Alzada contaba con los elementos de juicio necesarios para merituar razonadamente sobre el alcance y justicia del disenso que esgrimió la recurrente, cabe concluir que dicho tramo del razonamiento del Tribunal, que constituyó el argumento nuclear del rechazo de la pretensión sustancial, no dio cumplimiento con la exigencia de motivación suficiente prevista en el artículo 95 de la Constitución provincial, máxime cuando el criterio asumido por el A quo fue la razón para apartarse de la regla contenida en el artículo 28 inciso e) de la ley arancelaria, condenando a la recurrente al pago de las costas por aplicación de la excepción prevista en el inciso f) de la misma norma. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer referencia al razonamiento de la Alzada en forma subsidiaria efectuado, en cuanto entendió que -en el caso- resulta aplicable el artículo 8 inciso n) de la ley arancelaria -que estipula que en los juicios sobre división de cosas comunes con controversia se aplica la escala del artículo 6- y el artículo 8 que, con referencia al valor de los bienes a considerar, prevé que la cuantía del juicio a los fines de la aplicación del artículo 6 será la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resultare de la sentencia si fuera mayor (f. 507v.). Tal razonamiento, se advierte, resulta descalificable desde la óptica constitucional al no brindar una respuesta adecuada al caso conforme surge de los antecedentes relevantes de autos, pretiriendo además considerar una alegación esencial de la impugnante consistente en que no se está en presencia de un juicio de división de condominio sino del cumplimiento de obligaciones de hacer sin contenido económico en sí mismas. En efecto, la Cámara al reputar aplicable al "sub lite" los artículos 8 inciso n) de la ley arancelaria (juicios sobre división de cosas comunes con controversia), que remite a la escala del artículo 6 de la misma legislación (asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria) y 8 primera parte, no reparó en que tanto del escrito de demanda como de la sentencia de baja instancia -que luego fue confirmada en segunda instancia-, surge que lo que se pretende y se condena es el cumplimiento de obligaciones de hacer. En tal sentido, se puede vislumbrar que la demanda se promueve con el fin de que se condene a la demandada a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Suscribir la solicitud de confección del plano de mensura y subdivisión de acuerdo al croquis acompañado y toda otra documentación necesaria a tal efecto; 2) Entregar los títulos que acrediten propiedad; 3) Entregar los comprobantes de impuestos, tasas y servicios de su parte indivisa totalmente pagos hasta la fecha; 4) Suscribir la correspondiente escritura de división de condominio ante la profesional designada y 5) prestar conformidad al amojonamiento efectuado al efecto de poder confeccionar el alambrado y la pastura correspondiente (f. 48). El Juez de grado, por su parte, condenó a la accionada al cumplimiento de dichas obligaciones de hacer (fs. 245v./246), previo a tener por válido el convenio que dividió el condominio entre las partes y por demostrado que ambas partes ejercen de manera unilateral todos los derechos de explotación de sus respectivas hectáreas (fs. 244/244v.), criterio que más tarde fue confirmado -con sus argumentos- por la Alzada (fs. 295/300). De allí que no resulta razo