Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 19 de 2007.

La doctora De los Santos dijo:

I.- La demandada apeló la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas presentada por el consorcio de propietarios del edificio de la calle La Pampa 1415, la condenó a abonarle el saldo deudor y rechazó la reconvención deducida a fs. 186/192vta.

Sostuvo la recurrente que la sentencia lo agravia en cuanto se basa en pericias que no valoraron todo el período durante el cual se desenvolvió su administración, de modo que no se tuvo en cuenta el saldo aprobado por asamblea anterior a mayo de 1994.

Luego de reseñar diversos antecedentes obrantes en autos, concluyó que al considerar cada ejercicio no se "arrastró" el saldo anterior, lo cual derivó en una contabilidad absolutamente desviada de la realidad, por lo cual consideró que debe modificarse la sentencia y estar al saldo que surja de las cuentas de todo el período.

II.- De los propios términos de la expresión de agravios puede fácilmente deducirse que el recurso debe ser rechazado, pues la impugnante intenta desconocer los efectos de su propia rendición de cuentas, modificando asimismo los términos en que fuera deducida la reconvención a fs. 186/192vta., circunstancias que el Tribunal no podría permitir sin incurrir en flagrante arbitrariedad, en atención a lo dispuesto en los art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCCN.

En el responde de la demanda, la recurrente señaló que "periódicamente la Administración presentaba el movimiento de fondos de la administración (balances), los que fueron oportunamente aprobados en las respectivas Asambleas de Copropietarios" (fs. 187, destacado en el original). Agregó a fs. 189vta. que "rindió cuenta detallada y documentada de su gestión, la que fue aprobada hasta el 30-4-94, conforme surge del mismo Libro de Actas del Consorcio". Asimismo, cabe señalar que la reconvención fue por aprobación de cuentas del 30-4-94 al 31-10-95, pues la propia recurrente reiteró que "todos los movimientos de fondos presentados hasta el 30-4-94 se encuentran aprobados por Asambleas" (fs. 189vta./190).

Consecuentemente, no resulta admisible el argumento de la recurrente consistente en que, en los balances aprobados por la asamblea de 1994 no se "arrastró" el saldo del ejercicio anterior, pues es un principio jurídico inconcuso que nadie puede ir contra sus propios actos jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, lo cual no es más que una aplicación del principio general de la buena fe que debe presidir todos los negocios jurídicos (art. 1198 CC).

En este orden de ideas, resulta pertinente recordar que era la propia demandada quien elaboraba los "balances de ejercicio" del consorcio, los cuales ulteriormente sometía a la aprobación de la asamblea de copropietarios. De acuerdo con la opinión de la perito perteneciente al Cuerpo de Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los referidos documentos (se refiere a los aprobados en 1994) no figuran expresamente las sumas anticipadas por la demandada, ni tampoco alguna nota o referencia mostrando a los copropietarios el saldo negativo arrastrado por el consorcio, información que tampoco surge de las liquidaciones de expensas realizadas por la recurrente (fs. 780).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que -como señala la experta oficial- ha sido la propia demandada quien ha contribuido a dificultar su prueba, pues al haber extraviado sus libros contables ha privado al juzgador de un elemento de convicción fundamental. Así, agregó la perito en sus explicaciones que "no corresponde tomar el saldo inicial repotenciado debido a que no es comprobable en libros rubricados", para lo cual señala que es menester contar con el testimonio del profesional certificante de los balances, en la forma prescripta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción.

Cabe recordar que el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales es un órgano dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, como tal, constituye un auxiliar de la Justicia de cuyos dictámenes sólo cabría apartarse mediando fundados motivos, pues por la forma en que son designados sus miembros y por su carácter, sus opiniones técnicas merecen máxima credibilidad. Sin embargo, y a mayor abundamiento, procede hacer notar que todos los peritos que han actuado en estos autos han coincidido sobre el punto, sin que las objeciones de la demandada - que ha reiterado invariablemente el mismo argumento - hayan logrado desvirtuar las fundadas conclusiones a las que arribaran los expertos.

Sucede que, como explicó el perito de oficio, de seguirse el parecer de la demandada habría que revisar todos y cada uno de los gastos e ingresos en forma pormenorizada desde 1985, lo cual implicaría volver sobre cuestiones que fueron objeto de consideración en los balances aprobados desde dicha fecha hasta 1994, preparados por la propia demandada y evidentemente no cuestionados por ésta (fs. 382vta.). Agrega el experto que incluso cabría remontarse aún más atrás en el tiempo, puesto que la demandada ha puesto en cuestión, a partir de sus impugnaciones a la pericia, incluso el saldo original.

Añadió el perito que un saldo es continuidad de otro, de donde deduzco que, habiendo sido los balances preparados por la propia demandada, la eventual falta de arrastre de un saldo le es exclusivamente imputable y no puede ser atendida. Cabe recordar, en ese orden de ideas, que resulta inadmisible la pretensión incompatible con los propios actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. La doctrina de los propios actos no constituye otra cosa que una expresión de la exigencia jurídica de que concurran comportamientos coherentes (cfr. Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", JA, 1984-A-871 y Amadeo, J.L., "Los actos propios en el procedimiento", JA, 1992-IV-1052) , habiéndose agregado que dicho "venire contra factum" comprende también no ya destruir lo hecho, sino desconocerlo, al evitar sus consecuencias o eludirlas (cfr. Morello-Sosa-Berizonce, "Código...", T. II-B, comentario al art. 117, pág. 547/548 y jurisprudencia allí citada), lo cual vulnera la confianza necesaria a los fines de la seguridad jurídica.

Asimismo, cabe aclarar que los "balances de ejercicio" del consorcio, aun cuando no se ajusten completamente a las normas que rigen para las sociedades, no por ello dejan de constituir un estado completo de resultados, y en todo caso la falta de confección de balances en debida forma, aunada al extravío de los propios balances de la sociedad administradora, no puede implicar la realización de una auditoría completa de su gestión.

En este orden de ideas, debe tenerse presente que la obligación del administrador de rendir cuentas es la principal consecuencia de la finalización del ejercicio financiero del consorcio o de la cesación del mandato de aquél, cualquiera sea su causa, así como también que el crédito que se atribuye al administrador del consorcio frente al mismo debe surgir de la rendición de cuentas realizada por aquél y no del mero reclamo o argumento de crédito a su favor (CNCiv, Sala D, LA LEY, 1999-F, 357, con nota de Leopoldo L. Peralta Mariscal). Se ha entendido reiteradamente que carece de validez como rendición de cuentas por parte del administrador la puesta a disposición del balance y documentación pertinente para su oportuna auditoría, por cuanto las cuentas deben ser rendidas por el intimado (CNCiv, Sala K, 21-2-01, in re "Maurette, Carlos A. c. Cons. Austria 1728", JA, 2001-IV-sínt.).

En el caso, las cuentas han sido rendidas y aprobadas hasta 1994, por lo que nada corresponde entender acerca del período anterior, de modo que el objeto de este litigio se ciñe al período de la gestión de la demandada que va desde el último balance de ejercicio aprobado por la asamblea hasta la cesación en su carácter de administradora del consorcio.

A mayor abundamiento, entiendo que hacer lugar al pedido de la demandada implicaría premiar su conducta fundamentalmente dilatoria a lo largo de todo el proceso, la cual en virtud de lo previsto en el art. 163 inc. 5 CPCCN considero como una presunción en su contra que, a todo evento, coadyuva a la decisión que propongo.

Así, debe valorarse adversamente la circunstancia de que la demandada ofreciera cincuenta y cinco testigos, de los cuales declararon tres y en cuanto a los restantes fue declarada la caducidad de la prueba (v. fs. 631 y 632 y certificación de pruebas de fs. 639 y vta.). A esto se suman las continuas impugnaciones de las pericias y sus conclusiones fundadas una y otra vez en los mismos motivos repetidos hasta el agotamiento o en expresiones genéricas y altisonantes pero sin hacerse cargo de sus propios actos anteriores.

Finalmente, el sospechoso extravío de los libros contables de la propia demandada, privando así al juzgador del único elemento de convicción que podría dar algún viso de verosimilitud a su reclamo, de modo que la única manera de verificar los asertos de la recurrente sería una auditoría contable completa de toda su gestión que, de acuerdo con las estimaciones del primer perito designado (removido antes de llevar a cabo su cometido) insumiría meses y cuantiosas sumas de dinero; me autoriza razonablemente a presumir que ninguna conclusión distinta podría resultar de tal empresa.

En diversos trabajos doctrinarios he considerado que excepcionalmente podría flexibilizarse el principio de congruencia en aras del hallazgo de la verdad jurídica objetiva y, en consecuencia, de la realización de la solución justa del caso (v., entre otros, De los Santos, Mabel A., Los hechos en el proceso y la flexibilización del principio de congruencia, en Morello, Augusto M. (dir.), Los hechos en el proceso, La Ley, Buenos Aires, 2003), pero estoy convencida de que proceder así en el presente caso no sería más que dilatar más e inútilmente un proceso que ya lleva once largos años y premiar la inconducta procesal de la parte demandada.

III.- Por todo ello, y si mi voto fuere compartido por mis distinguidos colegas, propicio desestimar los agravios expresados contra la fundada sentencia de fs. 883/890, con costas al vencido (art. 68 CPCCN).

Los doctores Diaz de Vivar y Ponce adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto fuera materia de agravios e imponer las costas de Alzada a la demandada vencida. 2) Diferir las regulaciones correspondientes hasta tanto se practiquen las determinaciones pertinentes en la instancia de origen. - Mabel A. de los Santos. - Carlos Raúl Ponce. - Elisa M. Díaz de Vivar.