Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-05-18


AUTOS N° 20.802 (N° 33.679-JACHAL) "DIAZ, Jorge D. C/ Fonseca, Leonidas y Otra - Escrituración" L. DE S. T° 110, F° 95/97 En la ciudad de San Juan, a 18 días del mes de mayo del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los señores Vocales DRES. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.802 caratulados "DIAZ, JORGE D. C/ FONSECA, LEONIDAS Y OTRA-ESCRITURACION", dictada en fecha 11del mes de mayo del año dos mil diez, obrante a fs. 152/154 vta., de estos autos originarios del Juzgado de Paz Letrado de Jáchal, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso?	2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva?	1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

El a quo en la sentencia fechada el día 11 de mayo de 2010, cuya copia obra adjunta a fs. 152 y sig., encontró fundamento suficiente para hacer lugar a la demanda interpuesta por el señor Jorge Daniel Diez contra los señores Leónidas Ángel Andrés Fonseca y Romina Andrea Zoraida Fonseca, intimando a éstos últimos para que en el plazo de veinte días de encontrarse firme y ejecutoriada la sentencia procedan a suscribir la escritura traslativa de dominio del inmueble adquirido por el actor a la señora Norma Fonseca, bajo apercibimiento del art. 472 C.P.C.

Contra este decisorio, la parte demandada plantea apelación a fs. 155, el cual debidamente concedido es fundado a fs. 161 y sig.

En su presentación critica a la sentencia en cuanto entiende que en sus considerandos existe una clara contradicción entre lo expresado por una parte y lo resuelto por otra, ya que a las claras y de acuerdo a lo que expresa yerra, pues no tiene en cuenta, siguiendo el contenido del art. 1160 y el comentario realizado por Borda, que se debe distinguir entre los incapaces de hecho y de derecho y recuerda quienes son los incapaces absolutos.

A continuación para avalar su posición en pro de la nulidad del acto de venta realizado por la señora Norma Estella Fonseca, formula un análisis de la prueba aportada, destacando que claramente desde el año 1985 ella tenía la enfermedad de psicosis maniaco depresiva que comportaba alineación mental de carácter permanente, no solo laboral sino en su vida cotidiana.

El Hospital Neurosiquiatrico, como también otros médicos, establecieron que la paciente poseía esquizofrenia Pseudos Neurótica, la cual no ha sido tenido en cuenta al momento de resolver.

Insiste, al decir que la historia clínica (fs. 99) es determinante y no ha sido tenida en cuenta como corresponde, dentro del conjunto de pruebas aportadas. En particular no se ha tenido en cuenta que en los meses de octubre y noviembre de 1999 hay varias consultas realizadas y certificada por los profesionales dotando con una amplia gama de fuertes medicamentos que la trataban de contener emocionalmente a la paciente, pero con una enfermedad que el día 21 de julio del año 2000, le causó su muerte. Suma a ello, las declaraciones vertidas en las testimoniales para sostener que el acto de venta debió ser declarado nulo. Cita doctrina judicial en aval de su posición para sostener que el acto es nulo de nulidad absoluta.

En el segundo agravio, expone varios cuestionamientos como es que el actor no ha tenido la posesión del inmueble objeto de las presentes actuaciones, sino por el contrario, que son maniobras para quedarse con el inmueble.

Además pide que se tenga en cuenta algunas actitudes del supuesto comprador, como es por ejemplo, que la compra no la realiza ante un escribano público ni ante el Juez de Paz Letrado de Iglesia, de donde se infiere la mala fe del comprador.	También sostiene que el juzgador no ha tenido en cuenta que el contrato no poseía fecha cierta, dado que no se indica fecha de celebración sino que es aforado en fecha 25 de noviembre del año de celebración.

En conclusión, pide se nulifique el acto y hace reserva del caso federal.

Corrido traslado a la contraria, esta se presenta a fs. 167/169, solicitando en función de los argumentos que expone se declare infundada la apelación intentada confirmando la sentencia de Primera Instancia, con costas. Pide la calificación de la conducta de la contraria.

Planteado de este modo el recurso de apelación se verifica que el recurrente no ha realizado una crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia que estiman equivocados como era su deber procesal realizar. En varios precedentes se ha sostenido que no es suficiente con exponer meras discrepancias contra la sentencia sino que es necesario desmoronar la estructura lógica jurídica en la cual se basa y a partir de ello, exponer cuales son los fundamentos en los cuales se debe dictar la nueva sentencia.

Sin perjuicio de lo advertido precedentemente, se verifica que el recurrente omite considerar que el Código Civil de aplicación tiene articulado un régimen legal perfectamente sistematizado para reglar la situación de las personas con demencia. El mismo principia con el art. 140 que anuncia que ninguna persona será habida por demente, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente. En el siguiente, se determina que se declararan incapaces por demencia, las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.

Como se colige de la lectura de estos artículos y de los siguientes, el código ha previsto un régimen que tiene por eje la declaración judicial de demencia para fijar una situación legal diferente para el antes y el después.

Ello, es expresamente reglado en el art. 472, donde se dice que si la sentencia que concluye el juicio, declarase incapaz al demandado, serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrase. Y, el siguiente, estatuye que los anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados.

En el caso de autos no se ha acreditado que la señora Norma Estella Fonseca haya sido, durante su vida, judicialmente declarada incapaz, razón por la cual la presunción de capacidad juega en contra de su persona y es a cargo de los herederos acreditar que el acto fue celebrado durante un período de incapacidad o de no lucidez.

En ese sentido, la tarea de la demanda es aún más compleja dado que el art. 474 a.C. establece después que una persona haya fallecido no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que resulte del acto mismo o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad, cuando hubiere habido mala fe de quien contrato.

La sentencia llega a la conclusión de que no se había acreditado, más allá de la enfermedad que padecía la señora Fonseca autora del acto, que no tuviera capacidad para administrar sus bienes y ello, no es rebatido por la recurrente de un modo cierto, sino que solo hace alegaciones que no traen plena convicción.

Especialmente, pierde credibilidad la posición de los herederos en el pleito el hecho de que los herederos habían tomado conocimiento pleno de la venta realizada, a través de distintos documentos que han sido debidamente peritados y no han sido redargüidos de falso mediante el procedimiento previsto legalmente.

En función de las razones expuestas, propongo a los restantes integrantes del tribunal, se proceda a desestimar el recurso de apelación intentado por la parte demandada, con costas. Así voto.

El DR. CARLOS EDUARDO FERREIRA BUSTOS, dijo: Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde desestimar el recurso de apelación intentado por la parte demandada, con costas.

El DR. CARLOS EDUARDO FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar el recurso de apelación intentado por la parte demandada, con costas.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.