Procedencia del recurso, salud del imputado, coronavirus, nulidad de sentencia, arresto domiciliario, crímenes de lesa humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: De Marchi, Gustavo Ramón c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

Corresponde hacer lugar al recurso de la defensa. Los defensores subrayaron que su asistido cuenta con 71 años de edad y que se encuentra dentro del grupo de riesgo más vulnerable frente al virus Covid-19, ya que padece un delicado estado de salud debido a múltiples patologías crónicas e irreversibles, tales como hipertensión arterial, diabetes tipo II, dislipemia, hipertrofia prostática benigna, necrosis aséptica de cabeza de fémur, tabaquismo, tiroidectomía bilateral (extirpación quirúrgica de glándula tiroidea), divertículo colónico, hemorroides y encefalopatía isquémica de origen vascular; cuadro que - concluyeron- demuestra que se encuentran cumplidos a su respecto los requisitos establecidos por las normas jurídicas mencionadas, debiendo hacerse extensiva la decisión que, a su respecto, esta Sala III de la CFCP adoptó en los autos 54004613/1976/TO02/39/3/CFC66 (reg. 635/20, rta. el 18/6/2020). En base a dichas consideraciones, los defensores solicitaron la nulidad de la decisión cuestionada y la concesión del arresto domiciliario a su asistido. Resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos que han sido ventilados en estos autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor. No puede soslayarse que el Estado argentino también se comprometió ante la comunidad internacional a "...adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas... que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor [...] garantizar que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que sea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención [...] promover medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos [...] fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz..." (confrontar arts. 4, 5,10, 13, 31 y 32 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA, AG/RES. 2875, del 15/06/15 -ley de implementación nacional: nro. 27.360 B.O. 31/05/2017-). Las constancias de la causa dan cuenta que Gustavo Ramón DE MARCHI cumple con el requisito etario (70 años) fijado por el artículo 10 del Código Penal de la Nación y por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, artículos 32 y 33, modificados por la ley 26.472 y 27.375, respectivamente. Por tal motivo, la decisión venida en recurso, en cuanto le denegó el arresto domiciliario en el presente proceso, no se encuentra ajustada a derecho; máxime cuando la constatación de dicha circunstancia objetiva fue uno de los motivos por los cuales esta Sala, por mayoría, decidió revocarle al tribunal a quo una decisión análoga a la presente y concederle al nombrado dicho beneficio (causa FMZ 54004613/1976/TO2/39/3/CFC66 caratulada "DE MARCHI, Gustavo ramón s/ recurso de casación", rta. el 18/6/2020, reg. 635/20). El arresto domiciliario es un mecanismo mediante el cual se altera el sitio habitual donde una persona cumple la privación de la libertad (un establecimiento penitenciario), por otro, en concreto un domicilio. Se trata de un instituto que dispensa a la persona en conflicto con la ley penal cumplir la detención en una cárcel común. Además, se encuentran presentes razones humanitarias que fundamentan el instituto examinado, atento el cuadro de salud que atraviesa el encartado (diagnosticado con Covid 19 positivo), que da cuenta de un pronóstico severo que se encuentra sujeto a control evolutivo (cfr. informe del Servicio Penitenciario Federal en relación al nombrado de fecha 7 de agosto del corriente año). Tales extremos demuestran que, amén de cumplir con el presupuesto etario, se verifican atendibles cuestiones de salud que tornan humanamente aconsejable y razonable que la detención de De Marchi se lleve adelante en prisión domiciliaria; todo ello sin perjuicio de supeditar la ejecución del beneficio a las prescripciones médicas del caso atento a que actualmente se encuentra cursando la enfermedad del COVID-19 y con el objeto de evitar la propagación del virus y preservar su salud y la de sus eventuales convivientes o personas que deban asistirlo.