marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, contratos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA c/ MILOCCO APOLO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-11-29

Un contrato de la Administración Pública es administrativo propiamente dicho, cuando la prestación a cargo del co-contratante se vincula directa o indirectamente con las funciones específicas del Estado, a los fines públicos de éste. Si la acción es promovida a raiz del incumplimiento de un contrato de derecho común de la administración, son competentes los tribunales con competencia en lo Civil y Comercial, y no Contencioso-Administrativo, por ser la acción de "Derecho Privado".

El contrato del caso, aunque originado en una licitación pública (que es un procedimiento para contratar y por lo tanto se distingue del convenio mismo) debe ser encuadrado como contrato de derecho común de la administración, porque estaba destinado a la compra de materiales de construcción para la Municipalidad actora.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, etapas del proceso, fundamentación del recurso, iura novit curia, principio de congruencia, proceso penal, recurso de casación penal, violencia familiar
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C/ M.C.A. c/  s/ C/ M.C.A. - por el delito homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de A.T. sobre Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2019-08-06

El proceso penal es único, y el recurso de casación es una etapa o instancia dentro de ese proceso, por lo que el contenido u objeto del recurso nunca puede exceder del contenido u objeto del proceso planteado en la instancia de mérito y, es por ello, que no podría plantearse por primera vez en la alzada, en base al principio iura novit curia, aquello que el órgano jurisdiccional no hubiera podido analizar o esgrimir, o que de algún modo altere los términos de lo que fue materia de discusión. No es admisible la deducción de pretensiones o planteos ajenos a los que fueron objeto de debate en la instancia precedente.
Pago de tributos, valuación fiscal, valuación del inmueble, revalúo inmobiliario, denuncia de ilegitimidad, plazos administrativos, desistimiento del derecho, notificación, oportunidad procesal, habilitación de instancia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Consorcio de Propietarios Arcos N° 1601/19 c/ Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación Judicial General de Rentas s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-23

De acuerdo con el artículo 1 inciso 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 - aplicable, en el caso de autos, al ámbito de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nro. 20.261, B.O. 16/04/73- la interposición de un recurso administrativo con posterioridad al vencimiento del plazo correspondiente, origina la pérdida del derecho a articularlo. Sin embargo, ello no obsta a que la petición se considere como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que existió abandono voluntario del derecho. La misma solución ha sido expresamente adoptada por el artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -Decreto Nro. 1510/97, ratificado por Resolución Nro. 41/98 de la Legislatura local.

En el caso, la impugnación fue calificada erróneamente como denuncia de ilegitimidad y, por ello, el particular no perdió su derecho a recurrir el revalúo. Asimismo, a juzgar por la fecha en que fue notificada la disposición que resolvió la mencionada impugnación, el recurso judicial de apelación fue deducido en forma oportuna y, en consecuencia, se encuentran cumplidos los recaudos que permiten tener por habilitada la instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, abogados, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: NIZZO, ALDO RAUL c/ TROSERO, ANDRES s/ DAÑOS - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ  EXPTE Nº 284-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-24

Lo atinente a sanciones disciplinarias aplicadas por los jueces a los letrados en el marco de un proceso, constituye por su naturaleza fáctica y procesal, tema propio de las instancias ordinarias y -por regla- ajeno al recurso de inconstitucionalidad, salvo supuesto de arbitrariedad. En el sub-judice, el planteo del recurrente referido a que las expresiones que utilizara en su memorial (y que originaran la sanción disciplinaria) fueron ponderadas por el A-quo fuera de contexto, y siendo la crítica formulada al fallo basada en el error y no en la parcialidad de los sentenciantes, permite inferir la configuración de esa excepción y, por ende, resulta idóneo para juzgar admisible la queja, teniendo en cuenta que también concurren los restantes recaudos de admisibilidad.
Multa civil, defensa del consumidor, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: RECURSO DE APELACION: TERRASA LUCIO ANDRES s/ INC. S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-05-20

Debe confirmarse la sanción de multa impuesta a una cadena de hipermercados por violación al art. 8 de la ley de defensa del consumidor, dado que en el caso se constata una secuencia de tratos incompatibles con el respeto al honor y dignidad de toda persona merece, como lo fue; solicitud del denunciante de ser atendido por alguna persona el día del episodio conflictivo, con resultado negativo; denegación de una copia de lo asentado en el respectivo libro de quejas; presentación de la parte en las oficinas de la empresa, conforme le fuera notificado, sin que le diese una respuesta en ese momento, ni se comunicaran luego con ella, como se habían comprometido; todo lo cual demuestra la inexistencia de un mínimo interés y consideración para con el cliente, quien encontró en la empresa indiferencia.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Contín de Rodríguez c/ Mc Sur S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-30

Los derechos y garantías reconocidos en leyes fundamentales no son absolutos, de donde cabe colegir que el proceso no debe desarrollarse como un juego de ficciones librado a la ocasional habilidad de los litigantes ya que la búsqueda de la verdad jurídica objetiva es deber primordial de un adecuado servicio de justicia, de manera que no corresponde hacer primar un rígido cumplimiento de ritos pues se incurre en exceso ritual manifiesto cuando se oculta la verdad real negándose al amparo de rigorismos formales la consideración de prueba tendiente a llegar a ella.
Relación de dependencia, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre Paulo César c/ Fleita Angel Oscar y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-06

Las declaraciones devienen armoniosas, los hechos narrados, en cuanto a las tareas que realizaba el actor para la demandada, fueron expuestos con claridad y seriedad. Por lo tanto no existen circunstancias subjetivas ni objetivas que permitan dudar de la fidelidad de los testigos de la actora, quienes brindaron debida razón de sus dichos, en tanto todos dijeron saber lo declarado por conocimiento personal. De allí que la crítica expuesta por el apelante, en orden a esta prueba se presenta mas bien como un disenso, producto de su particular razonamiento, pero no necesariamente demostrativo del error de aquel otro del sentenciante fundado en la lógica y la experiencia.
Alimentos provisionales, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: M. de C.L.I. y C.J.O. s/ Divorcio vincular por presentación conjunta presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-01

Es procedente el recurso de revocatoria contra la resolución que fija alimentos provisorios. Así lo explica Bossert, cuando "por aplicación de las normas atinentes a las medidas cautelares, la apelación contra la resolución que dispone los alimentos provisionales es apelable con efecto devolutivo (art. 198 C.P.C.C.). Huelga señalar que dada la estructura del Tribunal Colegiado de única instancia es el recurso de revocatoria, porque no hay apelación (cf. "Régimen Jurídico Alimentos", pág. 333 y doctrina de la Cámara Nacional Civil). Ello sin perjuicio, de que según el caso, la vía para la discusión sea el incidente de modificación. Lo que quiero significar, es que la resolución de alimentos provisorios no es "per se" inatacable por vía de recursos. En este punto, quiero recordar, que procesalmente -justamente- con esta posibilidad recursiva se cumple la "bilateralidad", cuando en las medidas precautorias, bien es sabido, se dictan -no necesariamente- sin intervención de la afectada. Aunque no se me olvida que la resolución de alimentos provisorios, es la culminación de la moderna categorización de "procesos urgentes", en donde la bilateralidad previa no está absolutamente rechazada, sino que es casuística.

(Fundamento de la Dra. Elsa Cabrera de Dri)
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vera, Oscar Ismael c/ Camino S.A. s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-10

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones que hace lugar a la apelación deducida por la parte actora y declara la admisibilidad de la demanda. La recurrente expresa agravios señalando que el fallo adolece del vicio de arbitrariedad.

Esta causal recursiva está referida a la valoración de la prueba, especialmente a la omisión en la valoración del tratamiento de algunos elementos probatorios.

Al respecto cabe expresar que los jueces no se encuentran obligados a valorar exhaustivamente todas las constancias de la causa sino aquellas que estimen conducentes para fundar sus decisiones (CS 30/4/85 Rep ED t.19 p1174, nº724); también se ha dicho que las meras divergencias de la demandada con el criterio de selección y valoración de la prueba utilizado por la alzada carecen de entidad para habilitar una vía que no tiene por objeto sustituir a los magistrados naturales en la decisión de las cuestiones que les son privativas ni abrir una nueva instancia ordinaria.

En efecto, la doctrina de la arbitrariedad no autoriza a revisar la prueba ni constituye una impugnación eficaz la alegada prescindencia de elementos probatorios, en tanto no se demuestre acabadamente que el tribunal ha efectuado una interpretación absurda de los mismos o que se ha prescindido de un elemento probatorio individualizado concretamente que demuestre que por sí mismo resulta suficiente para llegar a una solución del litigio totalmente diferente de aquella brindada por el tribunal de alzada.

Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de casación deducido con costas al recurrente
Contrato de obra pública, pago, mora, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mundo Construcciones S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 597 año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-09

No puede prosperar la pretensión de la actora que reclama una supuesta diferencia en el monto de los intereses respecto de los oportunamente liquidados por la Municipalidad por los certificados de obra pagados fuera de tiempo, desde que la misma no ha logrado demostrar fehacientemente de que modo se puso de manifiesto el perjuicio que alega, le produjo la conducta morosa del Municipio, puesto que de la prueba rendida en autos no surge una efectiva correspondencia entre las aceptaciones bancarias que invocó y la mora en el pago de los certificados de obra y mayores costos en que incurrió la Administración, así como tampoco ha acreditado en autos que hayan debido abonar en el mercado financiero una tasa de interés mayor a la liquidada por la Administración en la época en que ésta incurrió en la mora antes aludida, y con motivo de dicha mora.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Valdez, Roberto s/ Hurto en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Viola el art. 159 de la Constitución provincial el fallo que resuelve la cuestión esencial de la responsabilidad del procesado sin fundar en ley la forma en que la tuvo por acreditada al descartar la justificante alegada por la defensa (art. 34 inc. 3º, C.P.).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

En el caso, el interés público que invoca el Ministerio Público Fiscal para intervenir de oficio ante la decisión de no instar la acción por parte de la persona que concurrió al proceso como víctima del hecho investigado, no está debidamente fundado. Los jueces del a quo se limitan a conjeturar respecto de la posible ausencia de voluntad de la persona que denunció el hecho o bien la existencia de vicios que la afecten, pero no exponen razones atendibles que sostengan ese juicio. Esta forma de decidir, que surge en el caso a partir de asignarle peso a la decisión voluntaria de la víctima de ir a la comisaría, pero valorando en sentido completamente contrario sus manifestaciones de no instar la acción, permite advertir otro problema que es el de confundir denunciar con instar la acción y el de asociar vulnerabilidad con ausencia de autonomía, sin conexiones claras con el caso. Esto podría obedecer a que esa forma de interpretar las circunstancias sea percibida como más tuitiva de los intereses de las personas victimizadas y más acorde con su protección pero paradójicamente, podrían empujar a las personas a no denunciar hechos, por temor a que una cierta manifestación de la voluntad sea luego extrapolada, sin más, dándole tratamiento de instancia de la acción, neutralizando así su voluntad cuando se trata de no seguir adelante con el proceso. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, Constitución Nacional, recurso de casación, pena, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: López, Raúl Alberto s/ ROBO Y DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la resolución que denegó el recurso de casación ante el Superior Tribunal de La Pampa, sosteniéndose que vulnera la garantía de la defensa en juicio al impedir el acceso al más alto tribunal provincial debido al monto de la pena y tachando de inconstitucional el art.431, inc. 2 del Código Procesal Penal de La Pampa, pues las cuestiones que se alegan como de naturaleza federal y en las que se intenta sostener la inconstitucionalidad, no guardan relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas:

art. 15 de la ley 48.
Interpretación de la ley, proceso judicial, defensa en juicio, debido proceso adjetivo, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VICENTE, ELVIRA RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

La ley 24.463 al ordenar la instauración del proceso de conocimiento pleno con las reglas del juicio sumario, tiene la virtualidad de permitir el ejercicio del derecho de defensa para ambas parte con mayor amplitud al permitir, a su vez, explicar adecuadamente su derecho en la demanda, ofrecer pruebas que fundamenten sus pretensiones, permitir el continuo control del expediente por parte del interesado, consagrar el principio de "bilateralidad" propio de todo proceso donde se discute un derecho patrimonial y garantizar el control jurisdiccional del debate procesal. Por ello, desde la óptica del principio de la defensa en juicio y garantía del debido proceso, el art. 24 de la ley 24.463 no le priva a ninguna de las partes la oportunidad de peticionar, de defenderse y de acceder al tribunal competente para ello, y por consiguiente, no es inconstitucional. (Del voto de la mayoría.

Argumento del Dr. Chirinos. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Fiestas religiosas, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACIÓN CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS s/ ACCIÓN DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-11-29

Cabe rechazar la acción de amparo tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de la resolución de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza que establece la incorporación al calendario escolar de las fiestas relativas al Patrón Santiago y de la Virgen del Carmen de Cuyo, pues dichas fechas conmemorativas se vinculan con la cultura y tradición mendocina, por lo que su contenido excede lo meramente religioso, y siempre que se respete tanto a quienes adhieren a dichas festividades, como a quienes prefieren abstenerse de participar en ellas.
Competencia por conexidad, sucesiones, honorarios, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Hurtado, Arturo Rafael c/ González, Luis Angel s/ Preparación de la vía ejecutiva - competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Cuando se pretende el cobro de los honorarios convenidos entre las partes y que se devengaran en la tramitación de un juicio sucesorio, corresponde que intervenga en el proceso el Juzgado ante el que tramitara la sucesión.
Ley vigente, papel moneda, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Sociedad del Estado Casa de Moneda c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Aún si se soslayara tanto el marco normativo aplicable, como el hecho de que el único que puede emitir moneda es el BCRA, tampoco podría aplicarse al caso la teoría de la inmunidad fiscal de los instrumentos de gobierno porque no quedó demostrado en autos que gravar la actividad desarrollada por la Casa de la Moneda con el impuesto sobre los ingresos brutos, interfiera con algún fin público federal (que es uno de los requisitos de procedencia de la referida doctrina en los términos de la jurisprudencia de la CSJN). (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, caída de árbol, reclamo administrativo previo
Materia: CIVIL
Carátula: CAJA DE SEGUROS S.A. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-28

Por cuanto en un reclamo por los daños y perjuicios originados por la caída de un árbol sobre un vehículo, no se discute el alcance o validez de un acto de la administración, aún cuando el art. 99 de la ley 19987 no establezca ninguna distinción entre los distintos tipos de causa, no cabe formular el reclamo administrativo previo, ni con ello se está privando a la Comuna de fiscalizar su propia actividad
Daños y perjuicios, daño moral, daño material, ofensas cometidas por medio de la prensa, real malicia, noticia inexacta
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARAO,  ANIBAL  FELIPE c/ LA NACION SA, CLARIN, DIARIO POPULAR,CRONICA Y LA RAZON S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-20

En una acción por la cual un medico reclama resarcimiento en concepto de daño material y moral de un diario, como consecuencia de la publicación de cierta noticia que lo calumnió e injurió, cabe precisar que tratándose de simples particulares -como en el caso- la doctrina de la real malicia no es aplicable, ya que no se configuran respecto de ellos los presupuestos indispensables tenidos en cuenta a la hora de consagrar el ámbito del privilegio constitucional de los medios; tampoco se aplicara a aquellos particulares que adquieren el carácter de figura pública solo por verse involucrados en forma involuntaria en asuntos de interés público. Ergo, no basta tan solo el interés público de la noticia (cfr. Pizarro, Ramón D., "La doctrina de la real malicia en la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El caso "Dora Gesualdi", publicado en jurisprudencia Argentina, 9-7-1997, Págs. 2 y sgtes.). En tal sentido, el supremo tribunal federal de la nación in re "Granada Jorge H.

c/ Diarios y Noticias S.A." dijo: "que todo medio es responsable de la falsedad sustancial de las noticias expuestas asertivamente y como propias que afectan la reputación de una persona. Por ello no asume tal responsabilidad cuando utiliza un tiempo de verbo potencial, ya que faltaría el carácter asertivo mencionado o cuando omite la identidad de los implicados, puesto que estaría ausente la asertación señalada, o cuando atribuye simultáneamente la noticia a una fuente, dado que aquella dejaría de ser propia de ese medio". También expreso la CSJN que la prensa no goza de impunidad sino de seguridad por la función que desempeña (CS, 12-3-1987, in re "Costa, Héctor Rubén c/ Municipalidad de la Ciudad de Bs. As y otros"; fallos 310-508). Lo anterior por cuanto el derecho a informar que desempeñan los medios de comunicación no es inmune al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio ocasione. Y en fallos 308: 789 sostuvo que la función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo, supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas. De modo pues, que el especial reconocimiento constitucional no elimina la responsabilidad por los daños cometidos, pues lo contrario implicaría asegurarle impunidad a la prensa.

(En la especie, se hizo lugar al reclamo).
Prescripción adquisitiva, automotores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabero Raúl César c/ Noriega Arce Justo s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

El rechazo se encuentra plenamente justificado, desde que la ley prevé la posesión de buena fe para poder prescribir y no puede haberla sin inscripción (art.4016 bis y art.4 del decreto ley 6582 - texto según ley 22.977). Mediando inscripción, el término de prescripción podrá sostenerse que es el de tres (3) o el de dos (2) años y el plazo comenzará a computarse desde entonces. En el caso que no haya inscripción -lo que equivale a la mala fe en la posesión, ya que si no se inscribe la transmisión no hay título y por ende, buena fe, conforme el sistema legal se han sostenido dos posiciones: la que entiende que no es posible prescribir de ningún modo y la que piensa que el plazo es veinteañal, posturas que el propio apelante refiere. Siendo ello así, se advierte que habiendo adquirido el automotor que se pretende prescribir en enero de 1988 y no estando inscripto el dominio a nombre del transmitente, la demanda deducida en abril de 1990 no puede nunca prosperar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de desindexación, actualización monetaria, incidentes
Materia: CIVIL
Carátula: Cárcamo Pérez, Luis Humberto c/ Propulsora Patagónica S.A. s/ Cobro Indemnización por Enfermedad - Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-28

La postulación desindexatoria planteada por la parte condenada al pago de sumas actualizadas por sistemas de repotenciación y de ajuste, debe substanciarse por el trámite de la vía incidental ya que esta abastece adecuadamente la oportunidad de audiencia que debe preservársele al adversario y suministra el suficiente canal para la colección de las pruebas que su decisión requiere.