marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, deberes del juez, sentencia, fundamentación de sentencias, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta, sentencia suficientemente fundada, contratos, nulidad del acto jurídico, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cincunegui, Miguel c/ Rossi, Irma y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ  Nº 1002-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

Los tribunales no están obligados a tratar todas las cuestiones expuestas, ni a analizar los argumentos desarrollados por las partes que a su juicio no sean decisivos. El reproche constitucional exige que la omisión sea de una articulación sustancial -esto es, de una cuestión que pueda incidir decisivamente en la solución de la causa- y absoluta -es decir, que la cuestión que se dice preterida no haya sido tratada por implicancia o consecuencialmente-. Por ello, si el impugnante no logra demostrar la decisividad de su planteo relativo a la defensa de prescripción de la acción de nulidad por dolo - propuesta bajo invocación del artículo 4030 del Código Civil- no puede acogerse el agravio, atendiendo, sobre todo, a la respuesta jurisdiccional brindada en ambas instancias, que declaró la nulidad del acto jurídico por entender acreditada la afectación en la capacidad de los reconvinientes. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco).
Remoción de jueces, causales de remoción del juez, accidente de tránsito, dosimetría alcohólica, debido proceso
Materia: POLITICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Muñoz, Marcelo Germán s/ jurado de enjuiciamiento c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-10

Debe desestimarse el recurso de queja deducido por un ex magistrado, que se negó a realizar un control de alcoholemia luego de protagonizar un accidente de tránsito y se alejó alejado del lugar del siniestro sin prestar auxilio a las víctimas, contra la sentencia del Tribunal Superior provincial que confirmó su destitución al cargo dispuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño, habida cuenta que el enjuiciado fue imputado por cargos definidos en base a conductas descriptas con suficiente precisión, que pudo ejercer su derecho de defensa, que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable, y que fue destituido por el órgano en el cual la Constitución provincial puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, con una integración que no ofende garantía alguna de la Constitución Nacional, tras tener por acreditadas las causales contempladas en el ordenamiento provincial por la cual el magistrado fue acusado y oído. Por consiguiente, no hay materia federal que habilite la intervención de la Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que le imponen los arts. 31, 116 y 117 de la Constitución Nacional y el art. 14 de la ley 48
Asociaciones profesionales, sindicatos, órgano de representación, delegado gremial, acta de asamblea, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: COMISION  NACIONAL  DE  AGRUPACIONES  DE  LA  UNION FERROVIARIA 17 DE OCTUBRE c/ UNION FERROVIARIA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

Los requisitos exigidos por el art. 18 de la ley 23551, para integrar los órganos directivos son los mínimos dado que la voluntad del ente sindical exteriorizado en la asamblea, puede agregar aquéllos que crea convenientes para un mejor funcionamiento de la asociación. Entender lo contrario equivaldría a sostener por los integrantes de la asamblea se encuentra limitada por la voluntad del legislador.
Recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso, pensiones, denegatoria del beneficio, divorcio del 67 bis, sentencia arbitraria, gravedad institucional, jurisprudencia
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Giacchino de Aguirre, Esther s/ pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-13

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la pensión, en razón que la solicitante estaba divorciada del causante en los términos del art. 67 bis de la ley 2393. Ello así, pues los agravios del apelante se vinculan con aspectos ajenos a la instancia del art. 14 de la ley 48 y no se demuestra la arbitrariedad que se aduce ni que lo decidido tenga gravedad institucional, sin que el apartamiento de los antecedentes jurisprudenciales que se citan en apoyo de la pretensión, tengan entidad para descalificar la sentencia que se sustenta en la doctrina del Tribunal.
Derecho contravencional, garantías procesales, principio de legalidad, tipo penal, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentos, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, A. G. y S, H. A. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

La potestad del Estado para sancionar -ius puniendi -se encuentra enmarcada en el principio de legalidad, ello significa que las conductas disvaliosas para merecer la aplicación de una pena deben ser precisadas por la norma y que, además, dicha norma o ley sólo puede ser creada por el legislador (art. 81 inc. 2 CCABA), siendo éstas las únicas que pueden describir o crear un tipo penal.

Es imposible admitir la posibilidad que el Poder Ejecutivo -por vía de reglamentos -intente tipificar delitos o contravenciones, función o facultad que expresamente está vedado por nuestras leyes fundamentales, sostenes históricos del principio de legalidad (art. 29 inc. 3 CN, y, art. 103 CCABA).
Notificación, falta de copias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ CARLOS EDUARDO c/ I.P.V.U. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-21

La notificación realizada sin acompañar las copias de traslado a la contraria, no es nula, por cuanto no se encuentra afectado el acto de la notificación en sí mismo, y sí en cambio, da lugar a la suspensión de los plazos procesales que estuvieren corriendo, siempre que tal suspensión fuera solicitada por la parte interesada.
Régimen de consolidación de deudas, leyes, jerarquía de las leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Leonardo Claro c/ Municipalidad del Partido de Azul s/ Enfermedad accidente Morvillo, Luis Osvaldo c/ D.E.B.A. s/ Salarios caídos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12|1996-05-28

La ley 11.192 ha sido dictada haciendo uso de las facultades conferidas por el Congreso de la Nación (art. 19, ley 23.982), circunstancia que determina que sus disposiciones tengan un rango normativo distinto a la de las leyes comunes provenientes de la Legislatura local. Ello determina la presencia de una regulación que inviste carácter intrafederal, ya que constituye el resultado de la expresión concurrente de las voluntades del Congreso de la Nación y la Legislación local. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, carga a granel, verificación de la carga, diferencia de peso
Materia: NAVEGACION
Carátula: ALGORA CISCA c/ ELMA SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

El Tribunal ha dicho reiteradamente que la carga a granel es un sistema que sólo permite un control de peso aproximado, y no exacto, por lo que se toleraron diferencias de hasta un 2% (cfr. Sala 2, Causas 6759 del 2.3.90 y 8246 del 8.3.94, ambas con voto del Dr.

Quintana Terán).
Recurso de inconstitucionalidad, apartamiento de las constancias de la causa, Derecho laboral, empleador, temeridad o malicia, juicio, partes, conducta de las partes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Zapp, Aneris c/ Imágenes Producciones S.R.L s/ Recurso de Inconstitucionalidad-Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 325 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-25

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que el Tribunal a quo cimentó la sanción establecida en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo en que el socio gerente y otro integrante de la empresa demandada habían comparecido al proceso como componentes de un estudio, sin reconocer la existencia de la sociedad para luego intervenir por ésta, circunstancia que -a juicio de la Alzada- traducía una conducta de obstaculización con articulaciones manifiestamente improcedentes para dilatar la tramitación del proceso. Sin embargo, tales argumentaciones no satisfacen el derecho a la jurisdicción por no compadecerse con las constancias de la causa desde que los comparecientes no negaron la realidad concreta de la S.R.L. actual sino la de una sociedad anterior que ya se había extinguido jurídicamente -la demandada-, por lo cual no se advierte una conducta mendaz ni tampoco obstruccionista del proceso -como le endilga el Sentenciante- que justifique la sanción. Sobre ésto, resulta conveniente destacar que la dilación del trámite impreso a la causa, concretamente las postergaciones para la audiencia del artículo 51 de la ley 7945- y la demora en la ampliación de la demanda -a casi un año de su promoción- se debió a la exclusiva actitud de la actora y de sus letrados, por lo que mal pueden conducir a pretender hacer recaer la respectiva responsabilidad en cabeza de los accionados, a los que en modo alguno cabe atribuirles diferir la tramitación de la litis en los aludidos tramos, cuando, por el contrario, éstos ajustaron su conducta procesal a cómo fueron demandados y conforme a la celeridad que la actora le imprimió al proceso.
Recurso extraordinario federal, facultades de la alzada
Materia: CIVIL
Carátula: RAFAEL JUAN s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL en autos:-BELLIDO LUIS C/ AGUILAR  -PAREJAS JESUS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACION POR DAÑOS  -YPERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-11-11

El recurso extraordinario no autoriza a sustraer a los magistrados de la causa, de la decisión de cuestiones que por su índole le son privativas, ni tampoco tiene por objeto corregir sentencias que se reputen erróneas en razón de meras discrepancias del agraviado con la valoración de las circunstancias y pruebas del juicio.
Autoría, privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El Jefe de Grupo del Escuadrón de Transporte del Batallón resulta autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos doblemente agravados y homicidio calificado por alevosía, no sólo por el cargo ocupado sino por su accionar en la persecución, a los tiros, y captura de la víctima que había huido del centro clandestino de detención, accionar por el que fue apresado por el personal policial, siendo luego liberado por un pedido de un Oficial del Ejercito.
Acto administrativo de alcance general, resoluciones
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO (CADIMEI) c/ INOS  INST. NAC. DE OBRAS SOCIALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

Por tratarse de actos administrativos, las resoluciones deben juzgarse, en cuanto a su forma, con relación a las respectivas normas de procedimiento, pero ese aspecto adjetivo no puede desplazar la influencia de las reglas de fondo que rigen el caso, ya que sólo a la luz de éstas podrán aplicarse correctamente las primeras.
Derechos y garantías constitucionales, orden público, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P.F. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-09

En tanto la Policía actúa por vía de órdenes y prohibiciones que afectan la libertad y la propiedad del ciudadano, requerirá siempre en un Estado de Derecho de fundamento legal, teniendo en cuenta que no podrá exceder la medida que requiere el interés público representado por el orden jurídico: lo permitido no puede prohibirse so pretexto de facilitar la función policial.- El sistema de órdenes y prohibiciones aludido conforma el Poder de Policía, función legislativa, ley formal cuya finalidad es realizar el deber que incumbe al ciudadano de no perturbar el orden público, y expresa una forma de actuar sobre las personas y las cosas por medio de la coacción y la obediencia.- De allí que se haya dicho que la actividad policial es permanentemente preventiva para impedir la realización de la conducta perturbadora calificada como ilícita, mas cuando entra en el sector de la ilicitud, adquiere carácter represivo.
Control sanitario, seguridad pública, derecho a la salud, comercio interior, comercio exterior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORREA, CARLOS CYRUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 61-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16

Suponiendo por vía de hipótesis que la ley 7461 -sanidad vegetal- pudiera importar restricción del comercio interprovincial o exterior, no debe olvidarse que "cualquier consideración que se hiciera a esa reglamentación (vgr reputarla atentatoria o en oposición a los principios constitucionales que garantizan la libertad de comercio), ella perdería su importancia ante el innegable derecho de preservar, sobre todo, la vida e intereses generales de los habitantes".

En el caso, el recurrente alega que la ley 7461 no es de policía, sino que también afecta la faz de comercio y por ende, la competencia es nacional.
Sociedad anónima, compraventa de acciones, cosas dentro del comercio, contrato de tiempo compartido
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOCHON, CESAR c/ ADARO, LEOPOLDO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-12

Cabe rechazar el planteo de nulidad de un contrato de compraventa de acciones, con fundamento en el CCiv: 953, por considerar que el objeto de la venta fueron acciones de uso y goce, las que no se encuentran en el comercio por no existir ese tipo accionario dentro del régimen de las sociedades comerciales que establece la ley 19550; toda vez que, el objeto del contrato estaba constituido por la venta de cierta acción de una sociedad anónima, propietaria de un complejo turístico y, la tenencia de dicha acción social, entregada al adquirente una vez oblada la totalidad del precio convenido, otorgaba a este el derecho de uso y goce de una unidad de aquel inmueble durante el "periodo de ocupación" calificado como "semana flotante"; de tal modo, en tanto el objeto de la venta fue una acción de una sociedad anónima, la cual como tal, se encuentra tipificada en la ley 19550, y por tanto, dentro del comercio; pues mediante una sociedad anónima se intento instrumentar un negocio de "tiempo compartido" y, aún cuando el objeto de este tipo de sociedades se oriente mas al de una asociación civil la LS: 3 admite su conformación bajo uno de los tipos societarios de la ley 19550; por otro lado, las cosas fuera del comercio son aquellas cuya enajenación fuese prohibida o dependiese de una autorización pública (cciv: 2336) y no se advierte que el título en cuestión encuadre en estos supuestos (de inalienabilidad absoluta o relativa, al decir de LLambías, J., "Tratado de derecho civil, parte general", t. II, página 236/237).
Sentencia, fundamentación de sentencias, robo calificado, arma de fuego
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: ALFARO ARTURO ROQUE s/ SENTENCIA - ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-20

La inobservancia del principio de razón suficiente en el caso de una sentencia condenatoria, exigir a que la prueba en que se basen las conclusiones a que arriba solo puede dar fundamentos a esas conclusiones y no a otras, o expresado de otro modo, que ellas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento. Si en relación al arma utilizada en el hecho el imputado, la mayoría de la cámara en lo criminal sostuvo que la corrección del funcionamiento mecánico como las condiciones de operatividad de la misma han sido acreditadas fehacientemente mediante un informe pericial y que de acuerdo a un testimonio, la pistola estaba cargada y uno de los proyectiles se encontraba en la recámara, se ha inobservado el principio de razón suficiente, pues tales elementos de prueba no permiten arribar a la conclusión cierta de que el arma utilizada por aquel tuviese la potencia ofensiva que implica la existencia de un arma apta para disparar cuando esa potencialidad no existe solo porque el arma se encuentra en condiciones de funcionar o porque esté cargada si, además, sus proyectiles no son aptos para ser disparados, aptitud que debe ser establecida en modo indubitable.-
Pagaré, pago, lugar de pago, domicilio del girado, presentación al cobro
Materia: COMERCIAL
Carátula: CITIBANK NA c/ SGUT, MAURICIO SEBASTIAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-06

El portador de un pagaré debe presentar inexcusablemente el documento al obligado, y la circunstancia de tratarse de un título domiciliado no exime de tal carga por aplicación de lo dispuesto por el decreto 5965/63, arts. 4 y 29, al que remite expresamente el decreto 5965/63, art. 103. Ello es asi, porque se trata de lo que se ha denominado domiciliacion imperfecta, en tanto solo se indica un lugar distinto del domicilio del girado, sin indicación de domiciliatorio.

Por ello, encuadra en las normas citadas por precisar un domicilio como lugar de pago distinto al de la acción y, por consiguiente, el pagaré debe ser presentado para el pago al suscriptor en su domicilio (decreto 5965/63, art. 41). Ademas, presentar el título es exhibirlo al deudor para que este tenga conocimiento que el mismo esta en posesión del portador, al tratarse de un documento circulatorio.
Acción contencioso administrativa, Municipalidad, personal municipal, ordenanzas municipales, concejo deliberante, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Eusebio Hipólito c/ Municipalidad de El Trébol s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte CSJ Nº   716-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No resulta suficiente ni apta la invocación de la calidad de concejal para cuestionar, por vía del recurso de ilegitimidad previsto en la ley 4106, una ordenanza emitida por el Concejo Municipal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Rivero,  Mónica  Elvira  por  sí y en representación de sus hijos menores. s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -al eximir de responsabilidad civil a la ART- se fundó en la falta de legitimación actora para vehiculizar el reclamo, si la codemandada fue condenada en primera instancia no como citada en garantía y en el marco estricto del contrato de seguro -que sólo cubría las prestaciones emergentes de la ley 24.557- sino con sustento en la preceptiva del derecho común y como responsable en virtud de un reclamo autónomo y absolutamente independiente (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Asegurador, citación en garantía, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-18

Incluso la doctrina y jurisprudencia que niega en general al asegurador la legitimación para apelar cuando su asegurado ha consentido la sentencia, hacen la salvedad de que la citada en garantía tiene legitimación suficiente para apelar cuando existen intereses contrapuestos entre asegurador y asegurado, como ocurre cuando existen planteos de exclusión de cobertura.
Cierre de cuenta bancaria, preaviso de rescisión, buena fe contractual
Materia: COMERCIAL
Carátula: OVEJERO, SEBASTIAN C/BBVA BANCO FRANCES SA S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Por el contrario, al banco siempre se le aplica el apuntado régimen general, o sea, que la rescisión unilateral incausada que declare debe necesariamente estar acompañada del preaviso que la buena fe impone. Concretamente, debe la entidad observar el plazo de preaviso fijado en el texto contractual o, en ausencia de previsión, preavisar por un plazo razonable, siendo responsable frente al cliente en caso de omisión (conf. Gavalda, Christian y Stoufflet, Jean, "Droit Bancaire", 7a. ed., LITEC, Paris, 2008, p. 220, n° 392), o cuando la rescisión unilateral es abusiva o con intención maliciosa (conf. Rodiére, René y Rives - Lange, Jean - Louis, "Droit Bancaire", Dalloz, Paris, 1980, p. 119, n° 103).
Acción de amparo, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIEZ DIGNO (LEGISLADOR PROVINCIAL PRESIDENTE DEL BLOQUE DE LEGISLADORES JUSTICIALISTAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO) s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-09-06

La "legitimatio ad causam" es la condición jurídica en que se encuentra una persona respecto del derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otra circunstancia que justifique su pretensión. Esto es, si actúan en juicio quienes han debido hacerlo por ser las personas idóneas o a quienes se les ha otorgado el discutir sobre el objeto de la litis. La legitimación, como presupuesto de la acción, requiere de modo insoslayable su invocación y acreditación. Su omisión resulta un obstáculo insalvable para la procedencia del amparo.
Reclamo administrativo previo, in dubio pro actione
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Guerrero, Luis Ramón c/ Municipalidad de Córdoba s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

El hecho de que al tiempo de interponerse la demanda no exigiera el juez el cumplimiento previo del reclamo administrativo, torna improcedente el rechazo de aquella y de necesaria aplicación el principio rector en materia contencioso administrativa in dubio pro actione dado que el actor podría razonablemente considerar que actuaba conforme a derecho.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: BOLDRINI DE VEGLIA CLIDE LADY s/ HONORARIOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-01

La primera parte del art. 107 de la Ley 8226 es suficientemente clara: "Toda actuación destinada a la determinación de honorarios no devenga a su vez, honorarios para ninguno de los abogados o procuradores actuantes...". Esto significa, lisa y llanamente, que el proceso regulatorio no devenga honorarios, pero una vez que éste ha concluido con la respectiva determinación del monto de los honorarios y ellos han quedado firmes, todos los trámites destinados a su efectivo cobro, si los devengan. Con mayor razón cuando ello debe realizarse con intervención jurisdiccional, por alguno de los procedimientos que prevé la ley.-
Transporte interno, transporte de pasajeros, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte   Interprovincial   Rosarina  S.A. c/ Buenos Aires,Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

No podría admitirse la existencia de poderes provinciales en la regulación del transporte interjurisdiccional en sus paradas intermedias, sin violar frontalmente lo dispuesto en el art. 3º de la ley 12.346, en cuanto dispone que en ningún caso las empresas de transporte por camino quedarán sujetas a más de una jurisdicción.