Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-07


Causa Nº 524-00/CC/2006 caratulada "FEJEPROC s/ falta certificado limpieza de tanque y ots. Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de julio de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS El Carlos Andrés Gómez Ríos, cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 5, interpone a fs. 99/103 recurso de apelación contra la sentencia de fs. 95/98 -suscripta por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 8, Natalia M. Molina de Harrington. En dicho pronunciamiento se dispone declarar la validez de las actas de comprobación números 20821077, 20821079, 20821078, 20820148 y 2082014 y condenar a la "Federación del Personal Jerárquico y Profesional de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y de la Empresa Nacional, de Correos y Telégrafos" (FEJEPROC) a la pena sustitutiva de amonestación por las faltas reflejadas en todas ellas, con costas.

Para así decidir, la Magistrada, luego de declarar la validez de los documentos cuyo labrado originó el presente procedimiento, estimó que, en orden a la ausencia de antecedentes judiciales que registraba la infractora, a la extensión del daño causado y a la reparación espontánea por parte de la encartada de las faltas cometidas, correspondía aplicar la sanción sustitutiva de amonestación por cada una de ellas -cinco en total-, conforme lo normado en los arts. 28 y 30 inc. 1 de la Ley 451 (fs. 97).

Se agravia el recurrente de que la a quo no debió haber fijado la especie de pena reseñada en todos los hechos que constituyeron objeto de juzgamiento. El Gómez Ríos inició la fundamentación de su pretensión considerando que en la normativa de Faltas se individualizan dos "tipologías bien diferenciadas": las "...Faltas y Contravenciones de 'Daño' por un lado, y Faltas y Contravenciones de 'Peligro' por otro" (fs. 101 vta.). A partir de esta doble categorización, alega que el art. 30 del régimen sustantivo -inc. 1º- requiere para su operatividad la verificación de un daño y de una persona dañada, lo que en el caso, a su criterio, no se ha verificado.

Señala, a continuación, tres derivaciones: la primera, que sólo las conductas que hayan causado un daño concreto a un particular damnificado son susceptibles de ser amparadas por el artículo de marras; la segunda, que el instituto sólo resulta aplicable a las faltas "de daño" y no a las "de peligro"; la tercera, que, con carácter previo a la "sustitución" de la pena por amonestación, la sentenciante debió haber individualizado el castigo a imponer, y luego reemplazarlo -ello, por la conjugación de los arts. 28, 29 y 30 de la Ley 451 y siempre que no hubiera optado por fijar la sanción "directa" de amonestación prevista en el art. 25 de la misma norma-.

El último sostén de su exposición se estructura sobre la base de verificarse en autos un concurso real de infracciones que también obstaría, bajo su óptica, al otorgamiento del beneficio estatuido por el art. 30 del cuerpo represivo. Al respecto, señala que el último párrafo de la disposición refiere en singular a "la imputación de una falta", número que delimitaría claramente la exigencia a los fines observados. Sostiene, en síntesis, que sólo mediante una interpretación forzada de la ley -que conllevaría a desvirtuarla- puede arribarse a la individualización de la especie puntiva efectuada por la proveyente en relación a la totalidad de las faltas enrostradas.

El Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, se expide a fs. 107 y vta. en el sentido expuesto por su inferior jerárquico, acercando el único argumento de que la "reducción de la pena resuelta por la Magistrado no guarda relación con la naturaleza jurídica de la entidad condenada" (fs. 107vta.), básicamente porque la actividad hotelera y de servicios de comida por ella desplegada colocaría más intensamente en riesgo los bienes jurídicos tutelados, con lo que las sanciones determinadas devendrían irracionales y desproporcionadas.

La defensa -Osvaldo José López-, manifiesta a fs. 111 que, por no haber generado la asociación daño alguno ni posibilidad de perjudicar a un tercero, la elaboración de la Magistrada es acertada y el recurso impetrado por el Sr. Fiscal debe rechazarse.

Ya cumplidos los plazos y pasos procesales correspondientes, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Causa nº 524-00/CC/2006. Sala II.

Y CONSIDERANDO Se observa que el recurso ha sido interpuesto dentro de los cinco días de dictado el pronunciamiento en crisis, ante el Tribunal del cual ésta emanó, por escrito que se encuentra fundado y cuyos agravios permitirían ser encuadrados, aunque el Sr. Fiscal no lo manifieste, en las causales de arbitrariedad y violación de la ley, previstas en el art. 56 de la Ley 1.217. Ello, sobre la base de una interpretación amplia favorable a la revisión de la sentencia. Tales extremos conducen a reputar superados los requisitos formales de la vía.

Sentado lo anterior, cabe decir que el núcleo de las críticas ha consistido, en verdad, en una diferente interpretación de la normativa sustancial propuesta por el quejoso en relación a la procedencia de la atenuación por imposición de sanción sustitutiva escogida por la sentenciante, que no logra enervar la entidad de la sentencia dictada en estos obrados ni conduce a la necesidad de modificar lo allí decidido. Al respecto, el punto de partida del impugnante -que supone la existencia de faltas "de daño" y faltas "de peligro"-, según el cual sólo mediando una lesión ésta resultaría susceptible de reparación, aparece como una versión personal de lo prescripto en la normativa de fondo, toda vez que, aun si se aceptara aquella dicotomía propugnada, una razonable hermenéutica impondría la procedencia del beneficio no bien se "repare el daño" o se "disipe el peligro", en forma indistinta. Por el contrario, de estar a tal interpretación, caeríamos sin más en el sinsentido de considerar operativa la figura atenuante sólo en aquellos casos en que el mal infligido a la sociedad o a un particular fuese mayor -lesión dir ecta del bien jurídico protegido- e inexplicablemente inaplicable ante la sola puesta en riesgo de su incolumnidad.

Así también las "consecuencias" derivadas de la premisa precedente vienen afectadas por la misma señalada ineficacia: la ley no exige, en esta dirección, que se indemnice a un particular, sino que se adecue el estado de cosas al orden estatuido normativamente y se compensen o fulminen los menoscabos o deterioros generados por la conducta antijurídica, ejercida con anterioridad a la fijación de la sanción. De este modo, queda claro que, en su tarea de individualización del castigo a imponer, la Juez no se hallaba impedida de determinar una especie que, por lo demás, constituye una respuesta punitiva aplicable a la comisión de cualquier infracción incluida en el Régimen, sea cual fuere su estructura típica.

Esta última afirmación encuentra abono legal en la propia letra del art. 30, en tanto otorga al Magistrado la posibilidad de "...atenuar la sanción prevista reemplazándola por la sanción de amonestación" en los casos enumerados en los incisos siguientes. La norma, de una palmaria generalidad e inequívoca redacción, no distingue entre el carácter de las figuras transgredidas, ni exige que se haya perfeccionado previamente una condena para que proceda la "sustitución". La "sanción prevista" mentada es la "sanción prevista en la ley" -fórmula que, obvio es remarcarlo, responde al principio de legalidad-, pues mal puede "preverse" una pena en la misma sentencia que la cristaliza. Por lo tanto, no aparece en forma categórica que la sentenciante haya debido primero individualizar un castigo para luego reemplazarlo por otro. Meritar pertinente esta labor, implicaría la absurda consagración -por sola vía exegética- de un irrazonable dispendio jurisdiccional, perfil que, claro está, no ha sido informante de la voluntad del Legislador.

Lo mismo cabe apuntar en relación a la queja consistente en que la atenuación de marras sólo encontraría adecuación en situaciones de imputación y condena por un solo hecho, pues el art. 30 in fine ya referido nada dice al respecto ni ciñe expresamente la actividad del juzgador en ese sentido.

A lo expresado debe agregarse que de las manifestaciones del Sr. Fiscal de Cámara no emerge más que un disenso con el vigor punitivo infligido al infractor por la sentenciante, tópico que, con tal desnudez de estructura carece de entidad suficiente como para comnover los fundamentos de la Magistrada.

En conclusión, no se advierte que lo decidido se haya apartado de lo previsto por la ley vigente ni que adolezca de arbitrariedad, por lo cual, conforme los fundamentos que se vienen exponiendo, habrá de ratificarse el resolutorio impugnado.

En virtud de lo expuesto, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal Causa nº 524-00/CC/2006. Sala II.

RESUELVE CONFIRMAR la sentencia de fs. 95/98 en todo cuanto ha sido materia del presente recurso.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.