marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. S. c/ E., M. O. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-04

La responsabilidad probatoria no supone, pues, ningún derecho del litigante adversario, sino antes bien, un imperativo del propio interés de cada parte y una derivación de la bilateralidad; constituye una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito. Puede, entonces, quitarse esa carga probando y esto no es más que una situación atinente a cada parte. Por todo ello, los dos aspectos que integran la noción de onus probandi están íntimamente relacionados, pues una vez decidido qué debe constar para que venza el demandante o el demandado, se ha resuelto al mismo tiempo a quien perjudica la ausencia de prueba.
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, tasa de justicia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RABAZA, LUIS FRANCISCO c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-03

Más allá de la suerte que corra el recurso intentado, el monto imponible al momento de demandarse el servicio de justicia no es otro que el que surge de la resolución que se apela o cuestiona (en el caso, impugnación de deuda), con más la suma que en definitiva se estableció por aplicación de los regímenes de actualización e intereses que correspondieron y sistemas de cálculo vigentes (cfr. arts. 1, 3 inc. g) y 4 inc. j) de la ley 23.898 y art. 12 ley 21.864-texto según art. 34 de la ley 23.659). En consecuencia, debe desestimarse la oposición del recurrente a la intimación del pago de tasa de justicia (art. 11 de la ley 23.898) por considerar que las actuaciones debían encuadrarse en las prescripciones del art. 5 de la citada ley, esto es, en los llamados juicios de monto indeterminable.
Recurso de inconstitucionalidad, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DRAGO, RAUL CESAR c/ RODRIGUEZ, JUAN EUSEBIO s/ DEMANDA ORDINARIA DE ESCRITURACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 468-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-23

El objeto único del recurso de inconstitucionalidad consiste en el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental; de allí que pretender abrir ante los estrados de la Corte una tercera instancia ordinaria que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado.
Procedimiento judicial de la seguridad social, Administración Nacional de la Seguridad Social, demanda, contestación de la demanda, plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: SANDOVAL, CARMEN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

El art. 24 de la ley 24.463 al disponer que la A.N.Se.S. tendrá un plazo de seis meses para contestar demanda y ofrecer pruebas contados a partir de su notificación, nada dice respecto a los días inhábiles. En consecuencia, los mismos deben incluirse a los efectos de efectuar su computo (art. 28 Cód. Civil).
Medidas cautelares, contratos en curso de ejecución, medida de no innovar, contratos de tracto sucesivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGGIO, ADOLFO c/ REFRESCO DEL NORTE  S.A. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

En los contratos de hacer, de ejecución continuada, es improcedente disponer medida de no innovar cuando al tenor de ella se persigue la ejecución coactiva del contrato invocado, interín se ventila el proceso, y además porque por vía de la medida precautoria se impone a los demandados la ejecución del contrato contra la que pueden tener defensa que excluyan esa ejecución específica.
Estado Provincial, sistema representativo, sistema republicano, Corte Suprema de Justicia de la Nación, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

En los supuestos de un evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local, que lesione instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar, la actuación de la Corte no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores.
Proceso judicial, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: "Revesil S.A. (TF 10118-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 271:270; 273:290; 274:249, 252, 477; 376:261, 279:176 y 284:3).
Recurso contencioso administrativo, improcedencia del recurso, tribunal de cuentas, rendición de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANSILLA, FROILAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

No se advierten configurados la inexistencia de daño a la hacienda pública y la consiguiente ausencia de uno de los requisitos básicos para la configuración de responsabilidad contable, alegados por la recurrente pues, más allá de que el criterio del impugnante carecería de sustento legal -dado que el artículo 217, segundo párrafo, de la ley 12510, prevé expresamente la posibilidad de que los hechos u omisiones generadores de responsabilidad por juicio de cuentas no se derivare perjuicio para el fisco, asignando a tal hipótesis determinadas consecuencias jurídicas y, más allá de que conforme doctrina tradicional de nuestra Provincia, tal especie de responsabilidad se configura aún por la simple irregularidad de la gestión, independientemente del daño efectivo, lo cierto es que no logra el recurrente demostrar que, tras la conducta por él desplegada, el erario público haya permanecido en verdad indemne. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12510, artículo 217, segundo párrafo. - DOCTRINA: Cuaderno Nro. 10, "La responsabilidad en el derecho público", Universidad Nacional del Litoral, Impresiones y Publicaciones, Santa Fe, 1989, pág. 10.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Farmcity S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-02-20

El Tribunal de Alzada concluyó en que la reglamentación establecida en la ley 2287 no podía ser declarada inconstitucional en tanto no se exhibía como manifiestamente caprichosa o irrazonable en los términos delineados por la jurisprudencia seguida; y contra estos fundamentos la quejosa no endereza argumentos atendibles, ni logra habilitar esta instancia de revisión excepcional, sino que su disconformidad no traspasa dicho umbral ni llega a presentar del modo debido la conexión entre los vicios achacados y el caso, ni siquiera en lo que respecta a la invocación de precedentes de la Corte local como sustento de su postura, en tanto, como lo expresa el A quo, al haber sido anteriores al pronunciamiento de la Corte nacional en el caso "Farmacity", y no representar jurisprudencia consolidada, no alcanzan a sustentar el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la sentencia impugnada. - CITAS: CSJN: Fallos:334:1557 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley provincial 2287
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Guillermo Rubén s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

No corresponde meritar ex novo lo atingente a las circunstancias atenuantes y agravantes (arts.40 y 41, C.P.) si lo resuelto sobre el particular llega firme a la casación y no se encuentra afectado por el cambio de calificación dispuesto.
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, tácita reconducción
Materia: CIVIL
Carátula: Malvestiti, Rodolfo Luis c/ Chavanec, Jorge y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

La prórroga o tolerancia en el bien arrendado por más tiempo que el originariamente pactado, en el marco de la previsión del art.

1622 del Código Civil, no equivale ni supone nuevo contrato o renovación.
Demanda, notificación, domicilio real, notificación bajo responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: MUÑOZ RAMON c/ SORACCO JUAN s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

El domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (Código Civil, art. 89); si bien la notificación en el domicilio real puede practicarse bajo la responsabilidad de quien lo solicita si se comprueba que la persona no vivía en ese domicilio la diligencia así como las actuaciones posteriores que tienen su base en esa notificación serán nulas.
Crédito laboral, actualización monetaria, ley de orden público, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA ESTELA GLADYS c/ JAIME ANTONIO CRISANTO s/ LEY - CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-09

El índice previsto en el art. 276 de la Ley 20744 t.o. para ajustar las deudas provenientes de créditos laborales (el costo de vida) representa precisamente costear lo necesario para la vida de un grupo familiar tipo" se ha encarecido en función del proceso inflacionario en un período de tiempo que reconoce su límite en abril de 1991, guarda por ende total correspondencia con las prestaciones que conceptual y legislativamente no constituyen mercancía (el trabajo, conforme el art. 4 Ley 20744 t.o.) y cuya contraprestación, el salario, amén de poseer naturaleza alimentaria, es utilizado como tarifa para compensar los daños que se derivan del contrato. En tales condiciones el índice de que se trata no adolece de "irrazonabilidad reglamentaria", desde que satisface la finalidad dada por el mantenimiento del valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, sin tornar mas onerosa la deuda, que ello es aún mas ajustado cuando se utilizan índices establecidos por una ley de orden público y que por lo demás se acerca en la mayor medida posible a la realidad económica que afecta al crédito.-
Habilitación municipal, actividad industrial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martins Oliveira, Jerónimo s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-10

La autoridad municipal pudo válidamente retirar la habilitación conferida con anterioridad a los propietarios de hornos de ladrillos cuando esta actividad entra en colisión con normas posteriores cuya inmediata aplicación se estime indispensable por razonables motivos de interés público. Pero en el caso, este dispositivo muestra una exorbitancia administrativa excesiva cuando obliga a "desmantelar las instalaciones" y "abandonar el lugar ocupado", siendo los intimados propietarios de los inmuebles cuyo desalojo se apremia, porque no se brinda un fundamento suficiente acerca del carácter pernicioso del mantenimiento de la construcción.
Asociaciones sindicales, conflicto intersindical, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

El art. 59 de la ley 23.551 estipula que los conflictos de encuadramiento sindical deben transitar por la vía asociacional y que, agotada ella, recién queda expedita la vía administrativa y judicial, justamente en resguardo de los principios de libertad y autonomía sindical. Por lo que no pueden articularse ante el Ministerio de Trabajo conflictos de encuadramiento sindical sin que hayan transitado previamente por la vía federativa o confederativa común, siendo la excepción - justamente - la inexistencia de tal vía, por falta de adhesión de alguna o la totalidad de las entidades a una misma entidad de grado superior (cfr. Simón, J.C. (Dir) "Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo", T. 1, Ed. LL, 2012, pág. 851), supuesto de excepción que no se verificó en la causa.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Aragón, Aldo Fabrizio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Debe entenderse que durante la instrucción puede haber "secuela del juicio" en los términos del art. 67 del ordenamiento fondal. Ello así sólo con respecto a aquellos actos que mantienen en vida a la acción penal y que revelan una inequívoca voluntad de actualizar la pretensión punitiva del Estado, y que impulsan el trámite, con relación al procesado, hacia su fin último de actuar la ley criminal, castigando de ese modo al culpable, sea que se cumplan durante el sumario, o en el plenario. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, inexistencia del acto jurídico, actos nulos
Materia: LABORAL
Carátula: Expediente Nro. 78623 - DOÑA INES S.R.L. EN J: 16754 "SANTILLAN DANIEL c/ R.M. PUEBLA s/ - SUMARIO- INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-28

El acto inexistente presenta las siguientes características: 1) No produce efectos jurídicos, 2) No necesita expresa declaración judicial y en caso de producirse, la misma no tiene límite de tiempo, 3) Puede ser declarado de oficio por el juez en todos los casos, 4) No es susceptible de convalidación expresa o presunta, 5) No precluye ni prescribe, pudiendo ser alegado en cualquier estado del proceso, 6) La cosa juzgada no obsta a su planteamiento, 7) Puede ser alegado por cualquier interesado aún por quien lo provocó, 8) Su alegación no requiere invocación de interés jurídico o demostración de perjuicio concreto (excepción al principio pas de nullite sans grief) porque el acto viciado no sólo produce un daño procesal a las partes, sino que también atenta contra el orden público procesal.

La sentencia que presenta estas características es, en realidad, una no sentencia, un simple hecho que no sólo carece en absoluto de efectos sino que sobre él nada puede construirse, no puede ser convalidado, ni necesita ser invalidado ni resulta necesario a su respecto un acto posterior que le prive de validez ni es posible que actos posteriores lo confirme u homologuen acordándole eficacia.
Compraventa inmobiliaria, bienes gananciales, autorización de venta, validez del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: NORRIS CLARK, ALICIA c/ CAMINO, RODOLFO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-20

Quien otorgó autorización de venta del bien ganancial del que era titular dominial, no puede alegar la invalidez por no haberla otorgado junto con su cónyuge, toda vez que ello no es requisito de validez para el otorgamiento y para la transferencia, ya que de ser negado puede suplirse con la pertinente autorización judicial;

corrobora tal conclusión la circunstancia que quien suscribió la autorización no puede válidamente impugnar su validez (CCIV: 1047), y además -en el caso-, el bien fue vendido por un precio inferior en un 30% al pactado en la autorización, por lo que si la esposa autorizó esa venta no parece razonable que pudiese negarse a la otra económicamente más ventajosa.
Caducidad de instancia, declaración de oficio, regulación de honorarios, representación procesal, abogado no apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: ZIVOTINSKY, Boris Moisés c/ DALLOCCHIO, Alejandra Viviana y otro s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

Si las partes no activan el procedimiento, el ex-letrado patrocinante no puede acusar la caducidad, y si el magistrado interviniente no la declara de oficio, el pleito podría quedar indefinido "sine die", con desmedro del objeto que persigue dicho instituto y de los derechos de los profesionales intervinientes a lograr una regulación definitiva por la labor desarrollada en la causa. Es en estos casos en donde adquiere virtualidad la imperatividad de la norma, en cuanto establece que la caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación de los plazos establecidos en el art. 310 del Código Procesal. Por lo tanto, ante la petición de quien no es parte, corresponde al Tribunal abocarse de oficio al estudio de la cuestión.
Honorarios del abogado, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Barbieri, Osvaldo Raúl s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Recalando en lo preceptuado por el artículo 23, 2do apartado, cabe ratificar la no inclusión de todo interés, cualquiera sea el ropaje jurídico con que se lo pretenda instrumentar en el cálculo de la base regulatoria de una demanda rechazada.
Contratos comerciales, mandato comercial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORCHIO, EDUARDO ENRIQUE c/ LA BUENOS AIRES CIA. DE SEGUROS s/ ORDINARIO-III CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

La diferencia entre el mandato comercial y el civil radica fundamentalmente en el naturaleza de los actos encomendados al mandatario, por lo que será comercial si el acto encargado es de ese carácter y civil cuando el acto tenga esa naturaleza. En cambio entre el mandato y la comisión existe una diferencia más notoria pues en uno el mandatario actúa en nombre de su mandante creando sólo relaciones entre el mandante y mandatario en cambio la comisión crea dos clases de relaciones: 1) por una parte entre el comisionista y el comitente y 2) entre el comisionista y el tercero contratante. Y mientras el mandato puede comprender todos los negocios del mandante, el comisionista o consignatario se refiere sólo a negocios individualmente determinados.
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanchez, Griselda Liliana c/ Municipalidad de Morón s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 12.104.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Los procesos iniciados mediante el ejercicio de la acción originaria de inconstitucionalidad se encuentran alcanzados por el régimen de suspensión de juicios establecidos por la ley 11.174, aún cuando en ellos esté ausente un concreto interés pecuniario, quedando solamente excluidos de dicha suspensión los que versen sobre alguna de las materias previstas como excepciones por el art. 4 de la mencionada ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Provincial, división de poderes, acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, medida de no innovar, concejo deliberante, elecciones municipales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FISCALIA DE ESTADO Acción de Inconstitucionalidad c/Ordenanza Municipal s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-MEDIDA CAUTELAR-ACTOS ADMINISTRATIVOS  O LEGISLATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-04

Procede decretar, en el marco de la acción de inconstitucionalidad y mientras dure el proceso principal, la prohibición de innovar con el efecto de que se ordene el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta se abstenga de ejecutar las medidas tendientes a convocar a elección de intendente, cuando la resolución que así lo dispone es impugnada con el argumento de ser contraria a la disposición constitucional que atribuye al gobernador la facultad de convocar a elecciones provinciales; a lo cual se ajusta la ley reguladora del régimen electoral local; y los agravios se vinculan directamente con los principios de indelegabilidad de facultades y de división de poderes pilares del sistema constitucional.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, Poder Judicial, remuneración, acción de amparo, carácter excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 536- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11

De ningún modo la avocación por competencia del artículo 2 de la ley 11330 supone prejuzgar sobre la procedencia substancial de la pretensión que los actores -empleados y funcionarios del Poder Judicial- intenten hacer valer por la vía del amparo, ni, menos aún, considerar que la Corte tiene competencia originaria para conocer y decidir mediante esa excepcional vía. Lo primero, porque el control a efectuarse refiere exclusivamente a la competencia. Lo segundo, porque de acogerse el pedido de avocación, el Tribunal no se declararía competente para entender en el "amparo", sino, a lo sumo, declararía que el "caso" es de su competencia contencioso administrativa, otorgando a los actores, en su caso, el plazo de treinta días para que adecuen la demanda a los términos de la ley 11330.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: VILA NOEL c/ EMPRESA GODOY  S.R.L. s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO - ENFERMEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-11-26

Procede el Recurso extraordinario y corresponde declarar nula la sentencia que se apartó de los hechos proporcionados por los litigantes, vulnerando de esta manera el principio de congruencia que es causal de arbitrariedad. Así ocurre con el fallo que expone un hecho que, al no ser mencionado por las partes, no era un hecho controvertido, siendo el Juez solamente libre en la elección del derecho o a conferir a un determinado hecho o relación la calificación jurídica que cosresponda.
Defraudación, jurisdicción
Materia: PENAL
Carátula: ESTELA MARIS IBAÑEZ, MARTA LIRA DEL VALLE DIAZ, CITIBANK Y OTROS c/ BALDASARRE ERNESTO, HABERKORN HERNAN, BADESSICH CLAUDIO CASSARINO, DE ANCHORIS DANIEL ENRIQUE, HABERKORN FERNENDO DENEDITO, HABERFORN GABRIELA ROXANA s/ ASOCIACION ILICITA, ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO  PUBLICO Y ESTAFA EN FUNCION DEL ART. 45 DEL CODIGO PENAL EN CONCURSO  REAL DE DELITOS CITIBANK Y OTROS c/ BALDASARRE ERNESTO, HABERKORN HERNAN, BADESSICH CLAUDIO CASSARINO, DE ANCHORIS DANIEL ENRIQUE, HABERKORN FERNENDO DENEDITO, HABERFORN GABRIELA ROXANA s/ ASOCIACION ILICITA, ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO  PUBLICO Y ESTAFA EN FUNCION DEL ART. 45 DEL CODIGO PENAL EN CONCURSO  REAL DE DELITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-26

Cuando el ardid propio de la defraudación se comete en un lugar y la disposición patrimonial constitutiva del perjuicio en otro, ambos han de ser tenidos en cuenta a los fines de determinar la jurisdicción, lo que se debe efectuar según razones de economía procesal.
Rechazo de la demanda, monto del juicio, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, Gustavo Adolfo José c/ Fumeo, Horacio Aquiles y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

En los casos en que es rechazada la demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión, sin tener que distinguir entre los ítems que hubiesen prosperado o los rechazados.