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Medidas cautelares, embargo, bienes gananciales, sociedad conyugal, tercería de dominio, bien a nombre del cónyuge
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: López, de los Angeles c/ Amado Victor Hugo s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-25

Los bienes gananciales pertenecen a ambos cónyuges por igual, pero no bajo la forma de un condominio (sistema que sólo rige a partir de la disolución, según la forma de partición que se adopte), sino bajo la de una sociedad atípica. Dado que cualquier deuda u obligación contraída por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio obliga, en principio, a la sociedad conyugal, una obligación contraída por uno de los cónyuges en ejercicio de su actividad económica o empresaria puede ejecutarse sobre la totalidad de los bienes por él adquiridos con el producto de su actividad y sobre los inmuebles o registrables gananciales, salvo los que sean producto de la actividad del cónyuge, sin que para dilucidar este último aspecto sea relevante el cónyuge que figure inscripto como propietario. En estas condiciones y con las salvedades apuntadas, el cónyuge no puede oponer contra el tercero su derecho sobre la mitad indivisa de tales bienes. (Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría -en relación a los fundamentos del fallo-).
Extradición, pedido de extradición, entrega de la documentación, vía diplomática, auxilio jurídico internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO - PENAL
Carátula: MARQUEZ, HECTOR O MARQUEZ, HECTOR VICENTE s/ EXTRADICION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

A los fines de tener por auténtica la documentación tendiente a obtener la extradición no obsta el hecho de que la solicitud no sea personalmente cursada a la autoridad judicial por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, sino por un funcionario de dicho Ministerio, a cuyo alcance se encuentra el conocimiento de la investidura y acreditación del Embajador extranjero que introduce el pedido de extradición. Ello se funda en la mejor consecución de los actos de asistencia jurídica internacional.
Estelionato, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: S., M. s/ Estafa (Expte Nº  105-92, Resolucion Nº  27, Tomo 1, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-15

Si no hay un ardid positivo para ocultar la preexistencia del embargo de un automóvil, pero sí silencio, que constituye una omisión, la conducta debe ser encuadrada bajo la figura del estelionato (art. 173 inc. 9º Cod. Penal).
Juicio de alimentos, cuota alimentaria, facultades del juez, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: S., M. c/ B., J.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-10

Son amplias las facultades que tiene el juez para determinar el monto de la cuota alimentaria. No es menester que la justificación de la misma resulte de prueba directa, siendo computable la meramente indiciaria, ya que no se trata de una demostración exacta sino de la reunión de un mínimo de elementos que permitan ponderar el quántum de la pensión. Asimismo, deberá atenderse a los bienes que el alimentante posee aunque no produzcan rentas.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, acciones de clase, sociedad colectiva
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa y otros c/ Grupo Clarin SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1 - Respecto de los presupuestos de la acción colectiva cabe señalar que, a los fines de corroborar la existencia de un interés homogéneo involucrado y un hecho único causante del daño extremos que habilitarían, a priori, la promoción de la acción de clase debe analizarse: (i) cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura y, (ii) quiénes son los sujetos habilitados para articular la acción (CPR 163-6° y 277; CSJN in re "Halabi, Ernesto c/ PEN -ley 25873- dto. 1563/04 s/ amparo ley 16986", consid. 90°, del 24/02/09, publ. en Fallos: 332:111). 2 - Así las cosas, cabe mencionar que la legitimación que el ordenamiento jurídico confiere a las organizaciones no gubernamentales registradas conforme a la ley para actuar en un proceso -en nombre propio pero en defensa de derechos o intereses de incidencia colectiva de un grupo, clase, sector social o colectividad- resulta calificable como "anómala" y "extraordinaria" (conf. Jeanneret de Pérez Cortés, María, "Legitimación de las ONG para la defensa de derechos de incidencia colectiva", publ. en La Ley 2011-A-584). Por lo tanto, el examen de los aspectos de hecho o de derecho que conduzcan a reconocerla debe asumirse sobre la base de un criterio circunstanciado. 3 - Para establecer si existe o no legitimación para accionar en situaciones como la indicada, no corresponde acudir a pautas genéricas o de extrema laxitud que conduzcan a reconocer "legitimaciones procesales generosas" o, por el contrario, a provocar "estrangulamientos de legitimaciones procesales" (CNCom, Sala D, in re "Asociación Protección Mercado del Sur -Proconsumer- c/ Garbarino SAIC s/ ordinario"; conf. Saravia Frías, Bernardo, "Acciones de clase: aspectos constitucionales y filosóficos", publ. en La Ley 2011-E-690), sino que es menester analizar la cuestión en cada caso, estableciendo a qué categoría pertenece el derecho presuntamente conculcado y si están reunidas las condiciones para su defensa colectiva (CNCom, Sala D, in re "Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ Seguros Bernardino Rivadavia s/ ordinario", del 22/08/13).
Empleo público, reescalafonamiento, retrogradación, reducción salarial, límites a la discrecionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, EDUARDO D. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-02-26

Las normas que el poder administrador se ha impuesto como autolimitación de sus facultades para la designación, cesación y ubicación escalafonaria de su personal (Estatuto del personal civil de la Nación, Decreto 6666/57 y Escalafón establecido en su consecuencia) no pueden llegar a la arbitrariedad de disminuir la categoría y la remuneración de un empleado al reubicarlo en el escalafón.
Acción de amparo, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ DE LANDIN ANA MARIA c/ CONSEJO GRAL. DE EDUCACION DE LA PROVINCIA Y PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO HAB, LUCIA CAROLINA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y/O DIRECCION GENERAL DE NIVEL PRIMARIO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-14|2007-07-04

El amparo se distingue por ser una "acción expedita y rápida", tal como expresamente lo dispone el texto constitucional, que exige tanto para su ejercicio como para su tramitación, el cumplimiento de estrictos plazos, ya que la naturaleza de las cuestiones que en ella se debaten y la inexistencia de otras vías idóneas para decidir el asunto, potencializa los perjuicios que el interesado pudiera eventualmente padecer si el transcurso del tiempo dilata la resolución del conflicto.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CENTURION FERNANDO DANIEL Y OTROS c/ TORTI JORGE HORACIO Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE LIQUIDACION FINAL, ETC.-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-06-26

El Superior Tribunal tiene sentado criterio sobre el carácter fáctico de los cuestionamientos que las partes pudieren hacer a la decisión del Tribunal de mérito respecto de la existencia o no de una determinada relación laboral, y que en consecuencia, resultan ajenos a la instancia casatoria, salvo que se invoque y se demuestre la presencia de arbitrariedad o absurdo en la valoración de las pruebas que condujeron al tribunal a adoptar dicha decisión.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, lavado de activos, comercialización ilegal de estupefacientes, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Villalba, Miguel Ángel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

El recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado en orden a los delitos de lavado de activos agravado y comercio de estupefacientes, contra la sentencia que denegó la solicitud de prisión domiciliaria, fundamentada en la supuesta pertenencia del detenido al grupo de riesgo más vulnerable frente a un eventual contagio de coronavirus debido a sus problemas de salud es inadmisible, dado que las patologías del encartado no revisten gravedad aludida y quedó demostrado que pueden ser tratadas adecuadamente por el servicio médico del Instituto de Seguridad y Resocialización del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad o en alguna cuestión federal.
Quiebra, verificación de créditos, crédito fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: ALUMINE S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

Cabe admitir parcialmente la queja sólo por uno de los créditos verificados por el Organismo recaudador, en razón de que con relación al otro rubro pretendido, no cabe tildar de arbitraria la solución desestimatoria de la Alzada, que -de acuerdo con doctrina de la Corte nacional seguida por esta Corte local- estaba llamada a comprobar si la causa del crédito fiscal se encontraba suficientemente acreditada, lo que no ocurría en el sub lite donde la originaria determinación de la Administración Federal de Ingresos Públicos no fue convalidada por el Tribunal Fiscal de la Nación, órgano que actúa en la órbita de la Administración no activa y cuyo cometido consiste en establecer la legalidad sustantiva y la legitimidad de tales acreencias (De la disidencia parcial de los Dres. Gastaldi y Erbetta)
Compensación económica, ofrecimiento de la prueba, caducidad, violencia familiar
Materia: CIVIL
Carátula: Gottau Lorena Soledad c/ Menendez Anibal Orlando s/ acción compensación económica
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

Por manera que cabe cuestionar la resolución que derechamente ignoró la violencia sufrida por la actora -es de notar, refrendada en la práctica por las constancias ofrecidas como prueba-, limitándose a contrastar la fecha de inicio de las actuaciones con el plazo previsto por el art. 525 del CCyC y sin hacer siquiera mención del relato planteado, cuando específicamente se le había requerido que fuera ponderado (art. 706 inc. a CCyC). No obstante, se advierte que convendría distinguir los supuestos de cese de la convivencia enmarcados en el referido art. 523 del CCyC, de los escenarios donde la separación se ha dado en virtud de la necesaria activación de protocolos por parte de la esfera administrativo-jurisdiccional tendientes a impedir en lo urgente la repetición de los hechos de violencia sufridos por un individuo en condiciones de indefensión respecto de otro u otros; supuestos en los que no se verifica la libertad de acción por sí, sino que se requiere de las mentadas medidas protectorias para garantizar tanto la seguridad psicofísica del sujeto violentado, como el sostenimiento de la voluntad de ruptura. Es que, sobre aquéllos, sí corresponderá computar el plazo para promover la acción de compensación a partir de efectivizada la separación; sin perjuicio de que el tópico pueda llegar a ser materia de comprobación, si surgieran discrepancias entre las partes (arg. art. 358 cód. proc.). Pero, respecto de los otros, resultaría realmente impropio de la equidad que debe imbuir a todas las decisiones judiciales, aplicar tales parámetros, pues los escenarios aludidos ameritan extremar los recaudos de análisis y ponderación para arribar a una decisión realmente ajustada a derecho (args. arts. 1 y 706 CCyC). Enlazando -entonces- con lo reseñado sobre el principio de clean-break (se insiste, fundamento del plazo de caducidad contenido en el art. 525 del CCyC), para causas como la que aquí se debate, se apreciaría justo computar el plazo de caducidad a contraluz de la fecha del cese total y definitivo de las relaciones de toda naturaleza luego de la ruptura que le hayan permitido efectivamente a la reclamante efectivamente 'desprenderse del pasado', conforme la conceptualización aportada por la SCBA. Hito que, en la práctica estaría dado por el cese de las medidas de protección y resguardo sin pedido de prórroga denegado; y que marcaría el fin de la violencia y la posibilidad que la persona antes vulnerada tendría -a partir de allí- de ejercer sus derechos en forma regular (arts. 1 y 5 de la Convención Belem Do Pará). Por manera que -en consonancia con lo reseñado y las directrices convencionales enunciadas- será a partir de allí (día posterior al cese de las últimas medidas dispuestas sin pedido de prórroga denegado) que deba computarse el plazo de caducidad referido (arg. art. 5 de la Convención Belem Do Pará y art. 525 CCyC).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A. (E.M.S.A.) s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-23

Corresponde la apertura de la vía extraordinaria toda vez que el recurso fue deducido en tiempo hábil, contra una sentencia definitiva y que se ha abonado el depósito legal exigido; siendo que el monto del litigio supera el mínimo legal que habilita esta instancia. Así también, y habiendo cumplido con las causales y requisitos exigidos por los arts. 296 y 297 del C.P.C.C., se concluye que el planteo impugnatorio merece un estudio exhaustivo que excede esta etapa preliminar, y a efectos de analizar en profundidad el motivo del cuestionamiento, sin que ello implique adelantar opinión al respecto, corresponde habilitar la vía extraordinaria.
Concursos, recurso de reposición (procesal), indivisión hereditaria, fondo de comercio, condominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABELLAN SONIA Y OTS. EN J: ABELLAN TORRES Y OT. s/ Conc (LIBRO: A159 - 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-11-24

La adjudicación del fondo de comercio en condominio, finaliza la comunidad hereditaria, y la continuación de la actividad por los herederos, constituye el nacimiento de una sociedad de hecho titular de relaciones jurídicas.- El condominio no es sujeto de derecho, se refiere a una situación patrimonial estática.-
Retención indebida, acciones societarias
Materia: PENAL
Carátula: BIANCH, HUGO F. s/ DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-29

1) La conducta atribuida al procesado, consistente en haber retenido indebidamente acciones de una sociedad anónima, que aquél había vendido oportunamente a los denunciantes y que mantenía en su poder con obligación de entregarlas a los adquirentes, no configura el delito de defraudación por retención indebida, por cuanto el enjuiciado vendió el 50% de un paquete accionario de SU PROPIEDAD 2) Es que el artículo 173 inciso 2do. C.P. contiene, en su redacción actual, dos tipos legales distintos: uno activo (apropiación indebida) y otro impropio de omisión (retención indebida), en el cual el incumplimiento de la entrega o restitución exigibles equivalen a la apropiación y es en esta último caso en que la hipótesis omisiva supone la existencia de un AUTOR especial, que asume la POSICION DE GARANTE del bien jurídico tutelado y es el único predispuesto legalmente para la realización del tipo. Dicha calidad de autor se define por un TITULO jurídico que cumple doble función típica. Por una parte ese título atribuye a determinada persona el poder de hecho o la custodia sobre bienes ajenos y, a la vez, le impone la obligación correlativa de "entregar" o "devolver".

De esa manera el señorío del autor especial es Precario, ya que viene condicionado por una fuente jurídica que legitima provisoriamente la tenencia e impone, simultáneamente, concretos deberes de acción.

3) O sea que quien posee "cosas muebles, dinero o valores" por un título de DOMINIO no puede en modo alguno ostentar la calidad de autor exigida por el tipo; su señorío es absoluto, exclusivo y perpetuo y el "corpus" se ejerce sobre bienes propios y la fuente del derecho no determina -en el dominio pleno o perfecto- ningún deber particular de entrega o restitución; no habiendo pues, afectación posible al bien jurídico.

4) Por último y aún admitiendo que pudo haber existido perjuicio patrimonial para los querellantes por afectación al derecho de tenencia efectiva sobre las acciones, ese daño derivaría, en última instancia, de un incumplimiento contractual y no de una típica retención indebida.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, celeridad procesal, economía procesal, juicio ejecutivo, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Ramos, Roberto c/ Ontivero, Jorge s/ Demanda ejecutiva. Cuestión a resolver: ¨En los juicios ejecutivos  Resulta procedente el reajuste por depreciación de la moneda?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 77-78) Cuestión a resolver: ­En los juicios ejecutivos  Resulta procedente el reajuste por depreciación de la moneda?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 77-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

Sin entrar a considerar la obligatoriedad del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el caso "Provincia de Neuquén c- Sport 2000 SA" admitiendo el reajuste de créditos dinerarios reclamados por la vía ejecutiva, lo cierto es que, en última instancia, los particulares afectados podrían obtener satisfacción a su petición indexatoria luego del largo trajinar que implica el agotamiento de las instancias ordinarias con sus conocidas consecuencias de derroche de tiempo y dinero y en abierta oposición a claros principios de economía, celeridad y certeza que se persigue con el supremo valor justicia. Parece entonces acertado no obligar a las partes interesadas a tener que recorrer tres instancias en procura de una estimación de sus derechos, por lo que corresponde, entonces, ajustar la decisión del plenario a la que en igual materia ha sentado el más Alto Tribunal del país, considerando procedente en los juicios ejecutivos el reajuste por depreciación monetaria. (Del Voto del Dr. Costa). En el caso, la cuestión a resolver es la procedencia del reajuste por depreciación monetaria en los juicios ejecutivos.
Jubilación de magistrados, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, incompatibilidades del juez, interpretación de la constitución, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Mantener incólume la garantía del art. 110 no atenta contra el principio de la igualdad, en virtud de la especificidad de la función de la judicatura, puesto que no viola el art. 16 de la Constitución Nacional la circunstancia de que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto que la distinción no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas, sino que obedezca a una causa objetiva que dé fundamento al diferente tratamiento (Voto de los Dres. Juan Carlos Poclava Lafuente y Jorge Ferro).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Sayago, Ramón Eduardo c/ SERVOIL S.A. s/ Laboral Silva, Francisco c/ Servoil S.A. s/ Laboral Rogel, Manuel Alberto c/ Torres, Alberto Maximiliano s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-07-08|1993-07-08|1993-08-13

...es principio establecido por la Corte desde antiguo, que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional y que este principio no es susceptible de alteraciones ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público.
Sentencia, aclaratoria (procesal), costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FORESI, NESTOR c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS- RECURSO DE  ACLARATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 167 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

Merece favorable acogida el recurso de aclaratoria interpuesto por el accionante tendente a que se aclare si la carga de las costas refiere a las generadas por el acogimiento de la procedencia del Recurso Extraordinario o a la totalidad de las costas, habida cuenta que si bien es claro que la imposición de costas al vencido dispuesta con sustento en el artículo 12 de la ley 7055 comprende exclusivamente a las generadas en el recurso de inconstitucionalidad, no puede soslayarse que respecto de las devengadas en las instancias ordinarias nada se dijo, correspondiendo aclarar, en consecuencia, que éstas han de entenderse distribuidas en el orden causado conforme a lo resuelto por este Cuerpo in re "Ortega" donde se juzgó que el pronunciamiento recaído en la causa "Vieitez" podía considerarse, a los efectos de la imposición de los gastos causídicos, como una hipótesis de "ius superveniens" que amerita la distribución en la forma indicada.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perfomar SA. c/ Denia SA. y/u otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

En el juicio ejecutivo quién excepciona debe negar categóricamente la deuda que se le reclama o su exigibilidad, principio incurso legalmente en el art. 544, inc.4° del CPC de la Nación. Es que si la deuda no es negada resulta irrelevante analizar los aspectos formales del instrumento.
Intereses compensatorios, intereses punitorios, tasa activa, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: Vínculos SGR  c/ Afagro y otro  s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-08

A la luz de esas consideraciones, se considera que la tasa pactada -un interés compensatorio equivalente a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales de descuento a 30 días, con más un interés punitorio del 50% del mismo- no resulta abusiva, tratándose de una deuda en pesos, como para que sea necesaria la morigeración dispuesta.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, despido por maternidad, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: ANTOÑANA, VANESA c/ FALABELLA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

El hecho que luego de que la trabajadora se encontrara desempeñándose cuatro años en el sector decoración se la destine a un puesto creado al efecto en el sector comunicaciones y no se la restituya en sus tareas habituales luego de que se reincorporara de su licencia por maternidad constituyen indicios suficientes para acreditar que el despido fue discriminatorio. Sumado a ello, la desvinculación se produjo al mes y días de vencido el plazo previsto por el art. 178 L.C.T., y que aún se encontraba vigente el descanso diario por lactancia previsto en el art. 179 L.C.T. De modo que el resarcimiento del daño sufrido por el despido discriminatorio del que había sido víctima corresponde al regulado en la ley 23.592
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia arbitraria, regulación de honorarios, diferimiento del pedido, concursos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Paladini, Rodolfo A. c/ Banco Comercial de La Plata. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Agravia la garantía constitucional de la defensa en juicio, el pronunciamiento que dispuso diferir la regulación de honorarios a las resultas del concurso del demandado, si la Cámara no expuso fundamentos idóneos para denegar el pronunciamiento acerca de la cuestión planteada.