Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-04-15


Salta, 15 de Abril de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SARMIENTO, LUIS ALBERTO -vs.- ARU, CATALINA ROSA; LEON, BENJAMIN Y/U OCUP. POR DESALOJO POR CONDENA DE FUTURO" - Expediente Nº 416.270/12 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 5º Nominación (CAM 448899/13 de Sala II), y CONSIDERANDO:

La doctora Verónica Gómez Naar, dijo:

1º) La parte demandada, a fojas 88/92, interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria en contra del pronunciamiento de fojas 83/85.

Afirma que en la sentencia impugnada se incurre en fundamentación sólo aparente, pues en ésta se transcribió un fallo de la Cámara, Sala II, de la provincia de Tucumán de fecha 19/08/98, sin percatarse que dicho fallo no se encontraba firme.

Asevera que es doctrina de la Corte de Justicia de Tucumán que cuando se trata de una opción unilateral a favor del locatario, no se requiere naturalmente el consentimiento del locador, a fin de hacer efectiva aquélla; y que a falta de acuerdo sobre el monto del precio, éste debe ser fijado judicialmente.

Que la cita del ad quem en el Considerando II, párrafo 7º, técnicamente no existe y nada tiene que ver con el contrato de locación firmado entre las partes.

Alude a la procedencia formal del recurso por tratarse de sentencia arbitraria, definitiva, haber sido interpuesto en término y efectuada la reserva en instancias previas.

En cuanto a la admisibilidad sustancial, manifiesta que se hallan cumplidos los requisitos técnicos de la vía recursiva intentada. Que el fallo se apartó arbitrariamente de las constancias de la causa, de la ley de fondo, reemplazándola por la sinrazón de la voluntad de la autoridad.

Que paradójicamente se invocó el artículo 1197 del Código Civil para acoger la demanda de desalojo, desatendiendo lo convenido por las partes e incurriendo en un error grosero En síntesis, aduce que la arbitrariedad quedó plasmada en la utilización de un solo fallo que no se encontraba firme, trascripción literal de una frase inexistente en esta parte, no aplicación de la doctrina y jurisprudencia para la correcta solución del caso, apartándose de la cuestión esencial; y omisión en la fijación del canon locativo a falta de acuerdo de partes.

2º) El recurso de inconstitucionalidad local, previsto en el artículo 297 del Código Procesal Civil y Comercial, participa de los caracteres esenciales y de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario federal de la Ley 48.

Consiste en una vía impugnativa de interpretación restrictiva, reservada para objetar sentencias definitivas que lesionen derechos constitucionales o que, por su irrazonable fundamentación, merezcan ser calificadas de arbitrarias. Es así que este excepcional remedio debe reunir los recaudos procesales y de fondo que lo tornen admisible y procedente; es decir que obliga a un doble juicio, no contemporáneos, el de admisibilidad formal y el de procedencia o fundabilidad (Cf. CJSalta, Tomo 20, fº 1469; Tomo 23, fº 501; Tomo 25, fº 1505: Tomo 43, 1º parte, fº 475/479; Tomo 44, fº 1219, entre otros).

En cuanto a los requisitos de admisibilidad formal, se ha expresado que el recurso de marras sólo procede contra "sentencias definitivas" (art. 297 del C.P.C.C.), entendiéndose por tales a aquéllas que ponen fin al litigio o impiden su prosecución, de acuerdo al concepto dado por el artículo 280 del mismo ordenamiento, cuando regula el recurso de inaplicabilidad de la ley (cf. CApelCC Salta, Sala III, 29/06/88, Fallos año 1988, fl. 473; en el mismo sentido, CSJN, Fallos 244:279; 234:52; 242:462, entre otros), como así también, las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior (CSJN, Fallos: 303: 1040). En este caso, se trata de la sentencia definitiva que pone fin al juicio.

Por su parte, el recurso ha sido interpuesto en término y en razón de la causal de arbitrariedad en que sustenta la vía excepcional, no deviene exigible el recaudo de reserva en instancias previas.

Ahora bien, se observa que ninguno de los supuestos de arbitrariedad, según la creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Strada", se configura en el fallo impugnado, a saber: prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley, omisión de considerar pruebas fehacientes para la solución de la controversia o, en definitiva, carencia de fundamentación o sustento en la sola voluntad o discrecionalismo del Juzgador (C.S.J.N., Fallos 193-135; 235-654; 237-225; 242-252).

Por el contrario, se trata de un acto judicial válido donde se han valorado los agravios del recurrente, los hechos de la litis y su prueba, según el derecho común aplicable y dentro de los límites propios de la razonabilidad (CJSalta, 26/11/86, Libro 37, 2ª parte, fls. 1.015/1.019).

Deviene insuficiente, entonces, para la concesión del recurso, el mero desacuerdo del demandado con el resultado de la resolución en crisis, en virtud de una interpretación divergente a la del Tribunal, tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia (CApelCC Salta, Sala I, 19/10/87, Fallos año 1987, fl. 458).

En tal sentido, tiene dicho la Corte de Justicia local, siguiendo los lineamientos de la Corte Federal, que el objeto del recurso de inconstitucionalidad no es la apertura de una "tercera instancia" para corregir sentencias equivocadas o que se estimen tales (CSJN, Fallos 244-384; CJSalta, 13/08/90, Libro 41, 2ª parte, fl. 1.723), sustituyéndose a los jueces de la causa en la solución de cuestiones que les son privativas (CJSalta, 25/03/92, Libro 43, 1ª parte, fls. 609/613) y que, a la sazón, han merecido adecuado tratamiento (CJSalta, 09/09/94, Tomo 50, fl. 135).

No surge así, de la lectura del decisorio, el grosero error que imputa la parte perdidosa toda vez que la interpretación dada a la cláusula contractual resultó razonable, relacionada a los términos en que fue redactada y a la claridad de lo acordado.

Por otro lado, no se advierte un fundamento meramente aparente del decisorio sino que se argumentó el basamento jurídico de la solución alcanzada, enmarcado en el artículo 1197 del Código Civil y se explicó la razón por la cual no se vulneran los artículos 1198 y 1071 del mismo cuerpo legal.

Al respecto, la cita de jurisprudencia no obligatoria para este Tribunal constituye un modo válido de reforzar el criterio que adopta el Juzgador sin que la circunstancia de que exista una opinión doctrinaria o jurisprudencial diferente tiña de arbitrariedad la sentencia respectiva. De igual modo, estando fundado en una norma expresa, no invalida el fallo la eventualidad de que cambie o se revoque un criterio jurisprudencial o, sin ser revocado, siente una doctrina diferente. También el fallo señala los motivos por los que estima improcedente la fijación judicial del precio locativo y sus reajustes por lo que no se incurre en arbitrariedad al inferir que las partes condicionaron la prórroga al acuerdo mutuo, sin prever la opción planteada por el demandado, suscriptor del contrato. Por ende, se ha tratado y fundamentado la decisión adoptada, sin que las discrepancias del recurrente lleven a la descalificación de la sentencia que le ha resultado desfavorable, como acto jurisdiccional válido.

En virtud de las razones expuestas, no corresponde conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por resultar inadmisible.

La doctora Nelda Villada Valdez, dijo:

Que no obstante no haber suscripto el fallo que es materia del recurso de inconstitucionalidad que nos convoca, el análisis del caso y la conclusión a la que arriba la Dra. Verónica Gómez Naar, me llevan a adherir al rechazo del recurso.

Por ello, _ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- DECLARA INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada a fojas 88/92.

II.- ORDENA se registre, notifique y dé cumplimiento a lo ordenado a fs. 85 in fine.-