marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, seguros, citación en garantía
Materia: PENAL
Carátula: Anderson Juan Aníbal y otros c/ Gliper Juan José y otros s/ sumario (daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-26

Corresponde equiparar las figuras del conductor autorizado con la del asegurado y por ello cabe admitir la citación y, eventual condena, a la aseguradora, aún cuando el titular no sea demandado.

Ello es así pues no se trata del supuesto en que se está ejerciendo una demanda directamente contra la aseguradora -hipótesis harto controvertida-, sino de una situación distinta, por cuanto, es un caso en que la aseguradora interviene como citada en garantía de uno de los dos sujetos cuyos patrimonios expresamente se comprometió a cubrir en el contrato de seguro de responsabilidad contratado.
Seguro de automotores, obligaciones del asegurador, exclusión de la cobertura, conductor no titular
Materia: CIVIL
Carátula: Armando R. Medina y otra c/ Analía Balboa
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-06-12

De acuerdo con lo establecido en la póliza del seguro de automotor, -no se consideran terceros a las personas en relación de dependencia con el asegurado o el conductor en tanto del evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo- cabe concluir que el conductor autorizado no reviste calidad de tercero excluido de la cobertura, dado que no es dependiente del asegurado, ni el accidente se produjo en oportunidad o con motivo del trabajo, ni tampoco es pariente.
Incapacidad permanente, daño moral, salario mínimo, vital y móvil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROJAS ENRIQUE,NUNEZ DE ROJAS BLANCA POR SU HIJO MENOR JOSE ROJAS c/ BAIGORRIA CUELLO JUAN Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S149 - 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-02-28

La suma otorgada de $20.000, equivalente a U$S 20.000.-, si se invierte a plazo fijo da una renta, según las tasas vigentes a la fecha, en el Banco de Previsión Social, entre 9,75 porciento y el 11 porciento, según sea a 30 o 60 días. Ello significa un ingreso mensual de U$S 183. Si el 60 porciento del salario minimo es de U$S 96.-, como sostiene la actora en el memorial de agravios, la suma mensual resulta suficiente para cubrir la incapacidad laboral y para indemnizar las restantes actividades de la víctima disminuídas por la incapacidad permanente.-
Expropiación, indemnización expropiatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO    NACIONAL  ARGENTINO  (SECRETARIA  DE  ESTADO  DE JUSTICIA) c/ S.A. LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-10

La expropiación por causa de utilidad pública legalmente declarada origina un vínculo de derecho público nacido de una manifestación unilateral de la voluntad del Estado, quien adquiere el dominio siempre que previamente indemnice al expropiado, y tal indemnización debe ser justa (art. 2511 del Código Civil), lo que ocurre cuando se restituye integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien similar al que pierde en virtud del desapoderamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria, cambio de calificación legal, sentencia arbitraria, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEJAS, JOSE DANIEL c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO; RECURSO SEJAS, JOSE DANIEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

Asiste razón al Ministerio Público de la Acusación al achacar arbitrariedad probatoria al fallo de Cámara que revocó la condena del imputado a 18 años de prisión -como autor penalmente responsable del delito de homicidio preterintencional agravado por el vínculo- y, en su lugar, lo condenó por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo, dándola por compurgada con el tiempo cumplido en prisión preventiva, ordenando su inmediata libertad; pues si bien la materia vinculada con la valoración de hechos y pruebas por su naturaleza resulta ajena -en principio- al recurso previsto por la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando lo decidido traspuso efectivamente el límite de razonabilidad a que está subordinada la referida ponderación, con ignorancia de concretos principios de inequívoca concurrencia en el caso, incumpliendo con la exigencia de adecuada fundamentación de los fallos judiciales como exteriorización del cumplimiento de la garantía del debido proceso y torna procedente su anulación por no reunir las condiciones mínimas necesarias para asegurar el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Netri y Gutiérrez. En disidencia: Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fallos 300:928; 311:948 y 2547; 314:174. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 89 y 92
Cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Gelabert, Héctor Ariel c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gelabert, Héctor Ariel c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

Corresponde rechazar la queja deducida pues la decisión contra la que fue dirigido el recurso de inconstitucionalidad que vino a sostener se asentó en la apreciación de los hechos de la causa y en la interpretación del derecho infraconstitucional que entendió aplicable (la ley n° 4036), sin que la parte recurrente mostrara que estas consideraciones estuvieran teñidas de arbitrariedad, circunstancias que privan de relación directa a las cláusulas de jerarquía constitucional invocadas (arts. 10, 13, 17, 20 y 31 CCBA, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inciso 22 CN, 8 y 25 CADH, 25.1 DUDH, IX DADyDH y 11 PIDESC) así como el afirmado desconocimiento de la doctrina sentada por la CSJN en el caso "Q. C., S. Y c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo" (Fallos 335:452) -que el recurrente entiende análogo- con lo resuelto; al tiempo que tampoco muestra que la solución no sea una posible de cara a los lineamientos, que no ataca, trazados por este Tribunal en la causa "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9205/12, sentencia del 21/3/2014. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Intereses, desindexación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Muñoz, Armando c/ Silvio Valentín Merlo s/ Ejecutivo s/Incidente Actualización Monetaria. Muñoz, Armando c/ Silvio Valentín Merlo s/ Ejecutivo s/Incidente Actualización Monetaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-20|1995-06-20

La ley 24283 puede ser aplicada solo a pedido de partes, y nunca ex officio por los Tribunales. Es que estamos frente a una verdadera pretensión (desindexatoria) que como toda pretensión debe ser propuesta por la parte interesada. Por otro lado se deber respetar el principio de bilateralidad abriéndose un incidente en el cual seguramente se deber ofrecer pruebas tendientes a acreditar el valor real y actual de la cosa o bien. En esta tarea muchas veces ser necesario recurrir a la opinión de expertos contables, en tasación o ingenieros financieros. Mosset Iturraspe señala que: No creemos en la aplicación de oficio del remedio. Y no lo creemos porque no es simple o de pura comparación entre valores conocidos, no se desprende de un mero cotejo de cifras. Debe previamente, determinarse el valor actual y real de los bienes aludidos, y ello sólo puede efectuarse -razonablemente- a pedido de parte interesada, en el pertinente incidente o en una acción autónoma.
Correo electrónico, entorpecimiento de comunicación telegráfica o telefónica, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: . s/ Inc. de Incompetencia por violación de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Aunque el presunto acceso ilegítimo por parte de un tercero a la cuenta de correo electrónico de la denunciante y el envío de mensajes en su nombre, no revela la existencia en el caso de un interés que trascienda el estrictamente individual, no ha sido analizada ni descartada aún lo relativo a la imposibilidad de acceso a su sistema de comunicación, circunstancia que podría configurar la hipótesis prevista en el artículo 197 del Código Penal (ver causa nº26.944 "Incidente de Incompetencia en auto 17.527/07", reg. nº28.983, rta. el 25/09/08, a contrario sensu), lo cual también fue denunciado
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, rechazo de la demanda, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Silva, José Luis c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ Contrato de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es descalificable el pronunciamiento que rechazó la demanda fundada en la ley de contrato de trabajo, si el a quo, mediante un inusitado apego a las formas procesales, decidió el rechazo de la pretensión pura y exclusivamente en razón de la significativa relevancia que atribuyó a ciertos defectos en la proposición de la demanda, con lo cual se desentendió totalmente del contundente resultado de la prueba producida, revelador del derecho que asistía al actor para articular su reclamo (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A.F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Principios tributarios, solve et repete
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PALACIO, EDUARDO ENRIQUE. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ NULIDAD/REVOCACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-25

Teniendo en cuenta que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal -anteriormente reseñada- el principio del solve et repete puede ser excepcionado cuando exista desproporción del monto requerido en una situación concreta y determinada y falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo, no puede sino concluirse en la insuficiencia de la aludida constancia para acreditar que el actor satisface, en el sub lite, las condiciones de excepción anteriormente referidas.

Ello así por cuanto dicha constancia consiste en una declaración jurada del actor que, corresponde al período 2004, o sea, 7 años antes de la fecha de interposición de la presente demanda, de suerte tal que no resulta idónea para probar la situación patrimonial real del actor al momento de la fecha de presentación del escrito de inicio del proceso, sin perjuicio de que tampoco con la mentada declaración se alcanzaría a demostrar el arribo inculpable a la determinada situación económica que se alega; o dicho de otra manera, la constancia de marras lejos está de ser la demostración -como lo exige la jurisprudencia de la Corte Federal-, de la falta inculpable de los medios pertinentes para enfrentar el pago de los tributos reclamados. Por todo ello concluyo que el agraviado no logra evidenciar el vicio que le imputa a la sentencia en recurso; esto es, que se encontrara imposibilitado de afrontar la erogación y, por ende, el apartamiento del Tribunal de las constancias de autos, atendiendo al hecho de que -conforme se vio-, no suministra elementos probatorios que acrediten acabadamente que se encontrara alcanzado por una situación de excepción, en los términos y con los alcances vistos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. DRES.:

ESTOFAN - GOANE - SBDAR.
Defensa del consumidor, conciliación, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: "Cablevisión S.A. c/ DNCI - Disp 181/10 (Expte S01 249231/07)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-18

Si bien la infracción al artículo 46 de la ley 24.240 es de la clase de infracciones en la que la sola materialidad de la conducta u omisión reprimida permite tenerlas por configuradas y es el sancionado quien debe probar al existencia de una circunstancia que lo exima de responsabilidad, en este caso, resulta necesario destacar que no se advierte un incumplimiento con el plazo acordado toda vez que la recurrente no se obligó a prestar el servicio desde el 1° de septiembre de 2007 sino a partir de dicho mes, extremo que cumplimentó el primer día del mes de octubre de ese año (circunstancia que reconoce el Estado Nacional), sin que se haya demostrado, entonces, una renuencia de la empresa a cumplir con el acuerdo suscripto.
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FUNDICION  SAN  CAYETANO  SA c/ BANKBOSTON  NA s/ ORDINARIO S/QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06

La decisión que motiva el remedio federal intentado es susceptible de causar gravamen al recurrente, al punto de conculcar el derecho de defensa que constitucionalmente le asiste. Es por ello que, en el caso, debe concederse el recurso extraordinario interpuesto (Disidencia de la Dra. Díaz Cordero).
Recurso de queja (procesal), recurso in forma pauperis, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: AREVALO, DIEGO HERNAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

En materia criminal deben extremarse "los recaudos que garanticen plenamente el derecho de defensa". Es por ello que al estar en discusión una condena penal, las presentaciones del condenado, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser consideradas como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda. En consecuencia, considerando que el imputado manifestó claramente su deseo de impugnar la resolución en tiempo oportuno, corresponde superar la cuestión de la temporaneidad, a los fines de salvaguardar la integridad de su derecho de defensa y su voluntad recursiva.
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: CAPRIA, Bruno s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-19

La figura de la administración fraudulenta requiere, como condición típica, el propósito de lucro o daño en la conducta del sujeto activo, de manera que si esta finalidad no es acreditada, la gestión administrativa no es pasible de encuadre penal aunque esté signada por la ineficiencia, la desprolijidad y el desorden contable.
Prescripción, sistema federal, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Constructar SA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Las cláusulas locales no pueden contener previsiones que entren en colisión con las normas nacionales que constituyen la ley suprema de la Nación con arreglo al art. 31 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, la divergencia de textos (local y nacional) sobre una misma materia implicará la inconstitucionalidad de la normativa local sólo cuando las leyes del Congreso estén sancionadas dentro del universo de poderes enumerados. Fuera de él, no son ley suprema de la Nación.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, sentencia, mora, retiro del expediente
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELADIO GOMEZ PRIETO c/ CARLOS UGO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Las extracciones parciales imputadas a capital no obstan a la repotenciación del mismo, porque ellas no requieren de "reserva" ni implican actitud o conducta que torne impertinente la solicitud de indexación; la petición de reajuste a partir de la mora en el cumplimiento de la sentencia no es contradicha por lo que se percibió a cuenta.
Simulación, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. c/ Rodríguez NILDA DEL LUJAN Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-01

El diez aquo del cómputo de la prescripción es el momento de persuación cabal de los terceros afectados por la simulación del acto jurídico que atacan de ficticio; tal convencimiento de la insinceridad del negocio no se deviene del conocimiento que se tuviera de su celebración, dato que es insuficiente para el comienzo de la prescripción.
Colegio Público de Abogados, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: H.A. c/ H.A. s/ SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-15

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solamente podrá constituirse en carácter de parte y tomar intervención en las actuaciones sumarias de superintendencia que se sustancien, con motivo de reclamaciones que pueda efectuar un abogado, contra empleados del Poder Judicial de la Nación -si entiende el profesional que se trata de faltas de consideración que podrían importar omisión de respeto a su dignidad-, por ante el superior jerárquico del o de los infractores.-
Recurso extraordinario, gravamen actual, prescripción, querella, acción civil, nulidad procesal, proceso penal, acción penal
Materia: PROCESAL - CIVIL - PENAL
Carátula: Del Rivero , Edgardo  S.A. s/ homicidio  culposo  - art. 84 del Cód. Penal- causa N. 22692. RECURSO  DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

Es improcedente el recurso extraordinario fundado en que al haberse anulado la actuación de la querella se habría operado la prescripción liberatoria de conformidad al art. 3982 bis del Código Civil, pues en tanto esa norma establece que la deducción de la querella criminal suspende el término de prescripción de la acción civil y siendo que el tribunal no anuló el escrito en el que se ejercitó esa pretensión, no se ha fundamentado, con la seriedad necesaria la existencia de un gravamen actual.
Responsabilidad concurrente, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ PROPIETARIOS GALERIA RIVADAVIA 6581 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

Ante la falta de identificación de un responsable concreto por la música que se difundía en la galería accionada, resulta lógico que el deber jurídico lo asuma el dueño del edificio, que lucra con el rédito que le proporciona la explotación comercial o la locación de locales.
Competencia federal, competencia criminal, desechos peligrosos, residuos industriales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: denunciante APESUP. expte: n. 445/93.- s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Corresponde a la justicia federal entender en la denuncia formulada a raíz del siniestro ocurrido en una planta industrial ya que las disposiciones penales de la ley 24.051 no se integran típicamente con las circunstancias enumeradas en el art. 1. de la ley, que, sí limita las facultades de índole administrativa de la autoridad de aplicación nacional ante las que le corresponden a las provincias y municipios (arts. 59 y 67).
Régimen penal cambiario, ley penal más benigna, multa penal, interpretación de tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Cristalux S.A. s/ ley 24.144
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

El inc. a), del art. 20, de la ley 19.359, que establece que no será aplicable el principio de la ley penal más benigna previsto en el Código Penal a los supuestos tipificados en el art. 2° que imponen pena de multa, es incompatible con el derecho de jerarquía constitucional que tiene el imputado a que se le aplique la ley penal más benigna, por no configurarse en la especie las excepciones previstas a dicho principio por la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).

-De la disidencia de los Dres. Fayt, Boggiano y Bossert emitida en el precedente "Ayerza"-.
Procuradores, matrícula profesional, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Urunaga, Gabino y Otro. c/ Complejo Turístico Americano. s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-30

En materia de regulación y contralor de la matricula de Procuradores en el ámbito local, a más de ser de competencia exclusiva de la Delegación Provincial y, de conformidad a las leyes, Constitución Provincial y Reglamento para el Poder Judicial, dentro de ese ámbito, es de facultad y atribución propia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.-
Acción de amparo, plazos procesales, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Pérez Víctor Gustavo y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-25

Es de plena aplicación la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley Nacional de Amparo Nro. 16.986, que prevé que el juzgador determinará el plazo dentro del cual deberá evacuarse el traslado ordenado por la norma. Por ello, la fijación de un término de dos días por parte del Magistrado de la anterior instancia constituyó el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de la causa que sólo podría ser controvertida en supuestos de manifiesta arbitrariedad, la que no se configura en el caso. Si bien se trata de un plazo breve, el mismo resulta compatible con el carácter expedito que por imperativo constitucional debe tener la acción de amparo (artículo 14, CCABA) y se ajusta además, a las circunstancias de la causa, que requerían la máxima celeridad en la dilucidación de un planteo de suma gravedad e importancia. (Del voto de los Dres. Carlos Francisco Balbín y Esteban Centanaro.
Impuestos provinciales, nulidad de la resolución, determinación de oficio, procedimiento contencioso administrativo, incompetencia
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Sucesión de Osvaldo Sebastián Zufiaurre c/ Dirección General de Rentas - Fisco de la Pcia de Córdoba s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-21

Los actores pretenden atacar de nulidad exclusivamente la Resolución mediante la cual la Dirección de Inteligencia Fiscal resolvió, por el transcurso del tiempo, dar por definitiva y de última instancia la Resolución que determinó de oficio el/los impuesto/s a tributar. Vale decir, que no se cuestiona el acto base, es decir la determinación impositiva realizada, sino aquel mediante el cual se declaró extemporánea la reconsideración, procurando de esta manera se obligue a la Administración a que se expida sobre el fondo del recurso oportunamente planteado. El acto impugnado no reviste la condición de "definitivo", pues no resuelve sobre el fondo de la cuestión y solo hace a una cuestión de procedimiento, por lo que no causa estado en los términos del art. 1 del CPCA. Por ello, no corresponde habilitar la vía contenciosa administrativa y declarar la incompetencia de este Tribunal para conocer en el reclamo formulado.