Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-13


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia del Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "L., J. c/ S...... S.A. s/ SUMARIO (cobro de pesos)", Expte. nro. 15.681/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. nro. 701/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 90), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 59/61 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs. 59/61 vta., que en su parte resolutiva hace lugar a la demanda interpuesta por la parte actora J. L. y condena a la parte demandada S......... S.A., a pagar a la actora en plazo de 5 días, la suma de $4.135,78, con más sus intereses a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia. Impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

La parte actora apela a fs. 68 y el recurso se concede a fs. 69.

La parte demandada se notifica la sentencia con cédula bajo la responsabilidad de la actora (fs. 73/73 vta.).

Los agravios de la parte recurrente J. L., bajo representación letrada, se agregan a fs. 84/86. En la introducción se formula un breve resumen de la causa, la razón de la demanda por una prestación de servicios que se facturaran por la suma de $4.135,78, sin concesión de plazo para su pago, factura no impugnada y por lo tanto, devenida en cuenta liquidada; que en su oportunidad, como surge del trámite de embargo preventivo obrante por cuerda, la deuda de la demandada fue certificada por dictamen pericial contable de los libros de comercio de su parte.

Sigue diciendo que el fallo lo agravia en tanto declara la procedencia de la demanda, pero imponiendo la tasa de interés desde el 21/2/2005, cuando se notifica la demanda, criterio que considera erróneo y que le cercena cinco años de intereses. Sostiene que deben aplicarse los arts. 208 y 474 C.Com. Señala las notas correspondientes a la factura comercial de autos, venta al contado, no reclamada en plazo de 10 días, confeccionada en 15/3/1999, sin plazo para su pago. Por otra parte argumenta que la procedencia del embargo demostraba que la demandada se encontraba en mora, de lo contrario no hubiera prosperado el embargo. Peticiona en definitiva se revoque el fallo y se retrotraiga la tasa establecida en la sentencia al 15 de marzo de 1999, hasta su efectivo pago.

El proceso se desarrolla en rebeldía de la demandada e importa que se dicte la sentencia según el mérito de la causa y en caso de duda, la presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración (art.60 CPCCCh.). En este marco, si bien precisa la sentencia que la facturación de autos proviene de un contrato de locación de servicios, conforme resulta de los "Hechos" de fs. 9 de la demanda, no recoge el significado de lo afirmado en el primer párrafo de fs. 9 vta., que se formularon "intimaciones extrajudiciales tendientes a la cancelación de la citada factura.

El hecho lícito afirmado y reconocido en función del art. 59 CPCCCh (que se formularon intimaciones extrajudiciales anteriores al juicio), excluye que la mora se hubiera producido con la notificación de la demanda, como lo establece el fallo con citas del Cód. Civil Anotado.

A partir de la factura acompañada, certificación de los libros del comerciante y falta de contestación al juicio, imperan los principios del derecho comercial. Porque la factura comercial: "2... por su naturaleza, contenido y finalidad aparece como un medio probatorio genérico de los contratos comerciales y no solo de la compraventa,... son instrumentos que intrínsicamente están destinados a ser enviados al cliente, siendo esto último notoria e invariable costumbre de plaza (art. 218, inc. 6, C.Com.) por lo cual opera la presunción derivada del régimen de la factura comercial, es decir que estos documentos tienen óptima eficacia liquidatoria y probatoria del negocio que instrumentan, por lo que cabe en principio estar a sus términos: art. 474 C.Com." (C.Nac. Com. Sala B., 24/6/96 - V. S.A. v. C. C. S.A., en J.A. 1997I180).

Es la fundamentación que con más amplitud ejercita en esta Alzada la actora, sin perjuicio que con la mora reconocida en rebeldía por la demandada, correspondía idéntica solución por vía de la interpretación señalada.

En todo caso y evento de la duda sobre la recepción de la factura, adviértase que la: "Ley presume en caso de duda que la cuenta fue presentada el día de su fecha (art. 847 inc.1º..." (Cód.Com. Comentado autor Carlos Juan Zabala Rodríguez, T.II, pág. 145).

Por lo expuesto, debe hacerse lugar al memorial de agravios de la parte actora, revocando parcialmente la sentencia en cuanto ordena los intereses a partir del 21/2/2005, los que correrán a la tasa fijada partir del 25 de marzo de 1999 (Conf. art.464 Cód. Comercio).

Por imperio del art. 279 CPCCCh, siendo el caso de variación del monto del juicio a considerar para regular honorarios, deben readecuarse los honorarios de primera instancia. A mérito de las evaluaciones allí expedidas y normas citadas, propongo los honorarios de los letrados del punto 2º de fs.61, en la suma de $1.800.

En esta Alzada, desde que la parte actora se ve precisada a recurrir para la obtención de la totalidad de los complementos comprendidos en la demanda a raíz de una deuda impaga de la parte demandada, corresponde asimismo las costas le sean impuestas (art. 68 CPCCCh). Por lo expuesto, las normas citadas de la Ley de Aranceles Nº 2200 y ref. Ley 4335, el art. 14, el mérito del trabajo profesional y su resultado, propongo los honorarios del Dr. I. A. V., en la suma de $540.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar a los agravios de la parte actora J. L., obrantes a fs. 84/86, y revocar la sentencia de fs. 59/61 vta., en lo que resulta apelado y en la forma que se expone a continuación.

2) Revocar el punto 1º) de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 59/61 vta., en cuanto al rubro intereses a partir del 21/02/2005, los que correrán a partir del 25 de marzo de 1999.

3) Revocar el punto 2º de la parte resolutiva de la sentencia precedente, en cuanto a la regulación de honorarios de los profesionales nombrados en la suma de $850, que se propugnan en la suma de $1800.

4) Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada, a cuyo fin se propone la regulación de los honorarios de conformidad con el considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 68) de la sentencia de fs 59/61 vta que hace lugar a la demanda y condena a la sociedad S......... S.A., a pagar a J. L., la suma de cuatro mil ciento treinta y cinco pesos con setenta y ocho centavos, más los intereses a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia, dentro de cinco días de notificada la presente, impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs 84/86 se agrega la expresión de agravios.

Previo a realizar un breve resumen de la causa, se agravia por entender que por manifiestos errores en la apreciación de los hechos y en la interpretación del derecho vigente, el aquo declaró la existencia de la deuda condenando a la demandada a cancelarla, pero en una fecha de mora totalmente alejada de la real, perjudicando a su representado, en cuanto le desconoce el derecho a cobrar intereses por los primeros seis años de mora del demandado.

Agrega que los intereses desde marzo de 1999 al presente ascienden a la suma de $7.086,80, mientras que aplicar los intereses desde la fecha de la notificación de la demanda hasta el presente implicaría una suma de $1.545,92, lo que genera un perjuicio real y concreto.

Hace referencia a los arts. 208 y 474 del Código de Comercio, agregando que la misma norma reza que no declarándose en la factura un plazo para el pago se presume venta al contado, es decir la obligación de pago nace contra el cumplimiento de la prestación.

Refiere que en autos la factura se confeccionó el 15 de marzo de 1999, sin concesión de plazo para el cobro, por lo que en esa fecha el demandado entró en mora.

Señala que ese es el razonamiento que siguió el sentenciante al otorgar la medida cautelar.

En conclusión, reclama que se revoque la parte resolutiva que remite al punto nueve de los considerandos, ordenando aplicar intereses a la tasa activa del Banco Nación desde el 15 de marzo de 1999, fecha de emisión y obligación de pago de la factura, hasta la fecha de la efectiva cancelación.

Y diré que asiste parcialmente razón al quejoso, coincidiendo con el análisis que efectúa.

Como lo señala el aquo y surge del expediente, corrido el traslado de la demanda y la documentación acompañada, el demandado guardó silencio, con las consecuencias que ello acarrea.

A lo que debe agregarse que tampoco compareció a absolver posiciones y ante ello nos enseña el distinguido jurista Isidoro Eisner que la postura más categórica y que hace resaltar el proceso en rebeldía sobre el común o regular es aquella en cuya virtud la incomparecencia e incontestación de la demanda suponen el reconocimiento que hace el rebelde de la verdad de las afirmaciones de su adversario y de la razón que le asiste. Por ello "el que calla otorga" se ha entendido que el silencio importa la admisión tácita (art 919 CC) de valiosos efectos en el proceso.

Sobre la cuestión de la rebeldía, ha dicho Arazi que por el juego de los arts 60 y 356 inc. 1°, la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, que sólo puede ser destruida por otras constancias del juicio que produzcan plena convicción en el juez acerca de la circunstancia de que los hechos no sucedieron en la forma en que fueron afirmados por aquélla. Pero hasta en la duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos invocados por quien obtuvo la declaración. La expresión "en caso de duda" del art, 60, tiene, entre otros efectos el de incidir en la extensión de la decisión a cuestiones colaterales cuando la principal se tiene por probada (La prueba en el proceso civil Ed. La Rocca 1986 pág. 135. Corresponde al juez en cada caso decidir, ponderando los elementos incorporados al proceso, si la incomparecencia o el abandono importan reconocimiento de los hechos alegados por la contraria. La presunción legal, entonces será apreciada en conjunto por el resto de las probanzas aportadas a la causa, . Voto del Dr Royer en S.D. de fecha octubre de 1997.

Y ante la rebeldía, los dichos del actor y la documentación acompañada acreditan la existencia de la deuda, la que fue reclamada extrajudicialmente a fin de obtener el pago de la misma que surge de la factura acompañada.

Y sin perjuicio de la rebeldía, teniendo presente el alcance de la misma y sin dejar de considerar que no se ha precisado fecha alguna del reclamo extrajudicial, no cabe duda que en autos son de aplicación las normas del derecho comercial.

Pues si bien existen dos criterios en relación a la aplicabilidad de la presunción del art. 474, 3er párrafo, del Código de Comercio a otros tipos de contratos diferentes a la compraventa, siendo uno de ellos que el principio contenido en dicho artículo, tiene un alcance que excede el ámbito de la compraventa comercial y es comprensivo de todas las negociaciones comerciales, otra corriente limita la aplicación a la razonable analogía que puede atribuirse a otros contratos diferentes a la compraventa atendiendo a las funciones, coincido con la primera de las corrientes jurisprudenciales y transcribo jurisprudencia, que sostiene que "El art.474 del C.Com. es aplicable a las facturas emitidas como consecuencia de una locación de servicios", LL1988C40. "Código de Comercio, comentado y anotado", Adolfo A. Rouillón, Director, pág. 623.

En consecuencia la acreencia que surge de las facturas, han de considerarse cuentas liquidadas en los términos del Art. 474 del Código de Comercio. "P. A. S.A. de Lámparas eléctricas y Radio c/ S. s/ Incumplimiento de contrato", CCCF. El DialAF1C5E.

Asimismo cobra plena aplicación el artículo de mención en su segundo párrafo en cuanto establece que cuando en las facturas no se declara el plazo de pago, se presume que la venta fue al contado, presunción aplicable en el presente.

Y ello nos remite sin duda alguna al Art. 464 que dispone que cuando los contratantes no hubieren estipulado plazo para la entrega de los efectos vendidos y el pago de su precio, el comprador gozará del término de diez días para pagar el precio de los efectos.

De allí que considerara que le asiste parcialmente razón al quejoso, toda vez que al plazo de la factura, 15 de marzo de 1999, deberán adicionarse los días referidos y es a partir de allí que corresponde aplicar los intereses.

"El tema de la mora se vincula directamente con el plazo a partir del cual correrán los intereses, habiéndose decidido que: "Teniendo la venta plazo legal de exigibilidad en el Art. 464 del Cod. Com., su precio devenga accesorios por la insatisfacción, según lo dispuesto por los arts. 508 y 509 del Cód. Civ., desde el décimo día contado desde los que llevan las facturas", obra y autor citado, pág. 576 y sgtes.

"Cuando en las facturas no se declara el plazo de pago, se presume que la venta fue al contado (cfr. Art.474, segundo párrafo, código de comercio), presunción aplicable a las liquidaciones reclamadas en el "sub judice", por otra parte, de conformidad con el art.464, Código de comercio, "El comprador gozará del término de diez días para pagar el precio" por lo cual la mora debe considerarse operada en pleno derecho a partir del undécimo día de recepción de cada factura (cfr. Sala II, causa 15496/96 del 17298 y CNCOM. Sala "A", doctrina causa "C. P. SRL c/ M., C. s/ Sumario", 281087). Y toda vez que no se ha alegado que en las condiciones del contrato entre las partes se estableciera un plazo para el pago, los intereses deberán computarse a partir del undécimo día de recepción de cada liquidación (CCCFed. 281100), El Dial AF281A).

De acuerdo a lo expuesto, admitiré parcialmente los agravios del actor y revocaré parcialmente el punto 1) de la sentencia de fs 59/61 en punto al fecha a partir de cuándo se computarán los intereses, la que dispongo a partir del 25 de marzo de 1999 y a la tasa que dispusiera el sentenciante de grado.

Por mandato legal, los honorarios deberán adecuarse. Para fijar los de ambas instancias, que los difiero para el momento del acuerdo, tendré presente la labor profesional el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6, 7, 9 y 14 de la ley de aranceles.

Las costas de esta instancia estarán a cargo del demandado, atento la solución a la que se arriba.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts propone:

1) Admitir parcialmente los agravios de la actora y revocar parcialmente el punto 1) de la sentencia de fs 59/61 vta., en punto a la fecha desde cuándo deberán aplicarse los intereses, los que se fijan a partir del 25 de marzo de 1999.

2) Imponer las costas de la Alzada a la demandada.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar a los agravios de la parte actora J. L., obrantes a fs. 84/86, y revocar la sentencia de fs. 59/61 vta., en lo que resulta apelado y en la forma que se expone a continuación.

2) Revocar el punto 1º) de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 59/61 vta., en cuanto al rubro intereses a partir del 21/02/2005, los que correrán a partir del 25 de marzo de 1999.

3) Revocar el punto 2º de la parte resolutiva de la sentencia precedente, en cuanto a la regulación de honorarios de los profesionales O. G. A., C. S. K. e I. A. V., conjuntamente, los que se fijan en la suma de MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1800).

4) Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. I. A. V. en la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA ($540).

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FERNANDO NAHUELANCA Presidente a MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 81 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS