Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-05


Causa Nº 135-00-CC/2006 "Lin Shu Jan s/falta de habilitación y otras- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por Lin Shu Jan, con el patrocinio letrado del Osvaldo García Darderes, a fs. 314/324 de la presente, de la que:

RESULTA:

I.- Que se inician las presentes actuaciones a raíz de los hechos consignados en las siguientes actas de comprobación labradas el día 19/04/2005 en el inmueble sito en Av. Cabildo 1123, primer y segundo piso, de esta ciudad: a) 2-0769643 (fs. 5), por falta de habilitación y solicitud de inicio de trámite; b) 2-0769644 (fs. 6), por falta de señalización de medios de salida y luces de emergencias, tenencia de ocho matafuegos sin tarjeta de carga correspondiente; c) 2-0769645 (fs. 7), por falta de certificado de limpieza de tanque de agua, desinfección y desinfectación, falta de higiene generalizada y falta de sanitarios suficientes; d) 2-0769646 (fs. 8), por tenencia de pisos y cielorrasos de madera sin tratamiento ignífugo y falta de cuatro matafuegos para segundo piso y habitación en azotea; e) 2-0769647 (fs. 9), por tenencia de cables expuestos de 220 v al alcance de la mano en tablero seccional cisterna (en planta baja) y escalera antirreglamentaria en el acceso de la habitación nº 8; f) 2-0769648 (fs. 10), por falta de cámara captadora de humos y olores en sector cocina, falta de higiene por tenencia de grasas acumuladas en paredes y pisos de la misma; g) 2-0769649 (fs. 11), por falta de numeración correlativa y capacidad en la totalidad de las habitaciones; h) 2-0769650 (fs. 12), por obstrucción de procedimiento al negar la presentación del libro de registro de pasajeros.

II.- Que a fs. 33/38, se agrega la transcripción mecanografiada de la resolución del Controlador Administrativo Nº 16 Pablo Martínez Carignano, quien luego de considerar el descargo efectuado por la encartada resuelve, el 23/8/2005, condenar a Lin Shu Jan a la pena de multa de cinco mil pesos ($ 5000) más la clausura por tiempo indeterminado del inmueble en cuestión hasta tanto se lo habilite como hotel ante el GCBA o bien se acrediten los contratos de locación conforme las formalidades exigidas por el Dec. 1510/97.CR012 CR08 y CP451119 por el acta 2-0769643; a la pena de multa de mil pesos ($1000) por el acta 2-0769644; a la pena de mil pesos ($ 1000) por las infracciones consignadas en el acta 2-0769645, a la pena de amonestación por el acta 2-0769649 y dispone el archivo respecto del acta 2-0769650.

III.- Que a fs. 40, la encartada manifiesta su desacuerdo respecto de la resolución recaída en autos y por ello solicita el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas.

IV.- Que a fs. 44, se remite el expediente al Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 20.

V.- Que a fs. 46/vta., la Fiscal de grado, Claudia Barcia, contesta vista y ofrece prueba.

VI.- Que a fs. 67/71, la encartada junto con su defensor, Osvaldo D. García Darderes, efectúa su descargo y ofrece prueba.

VII.- Que a fs. 72 obra decisorio de la Judicante en el que resuelve tener presente la prueba ofrecida, y atento que según refiere las actas 2-0769646, 2-079647 y 2-0769648 no fueron objeto de resolución remite copias certificadas a la Unidad Administrativa de Faltas interviniente a fin de que el Controlador resuelva al respecto, suspendiéndose el trámite del procedimiento en sede judicial.

VIII.- Que a fs. 178/179, y luego de que la encartada ofreciera el descargo pertinente, el Carignano resuelve: archivar el acta 2-0769648; condenar a la pena de multa de mil pesos ($ 1000) por el acta 2-0769646 y mil pesos ($1000) por el acta 2-0769647.

IX.- Que a fs. 181 la encartada manifiesta su desacuerdo respecto de la resolución supra mencionada, solicitando el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas.

X.- Que a fs. 192/vta., la Judicante proveé la prueba y resuelve convocar a audiencia de juicio para el día 30/3/2006. Posteriormente, y luego de sendas solicitudes del Defensor particular para postergar la audiencia de debate (fs. 199 y 212) y tras la suspensión de la misma por carencia de un intérprete de idioma chino para asistir a la imputada (fs. 245), la Magistrada finalmente fija audiencia para el día 8/9/2006.

XI.- Que según consta a fs. 257/259 vta. y 305/308, luego de celebrarse la audiencia, la Sra. Juez de grado resuelve rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Lin Shu Jan y condenar a la misma en virtud de la imputación por falta de habilitación y solicitud de inicio de trámite (acta de comprobación 2 00769643) en concurso aparente con la falta de numeración correlativa y capacidad en la totalidad de las habitaciones (acta de comprobación 2 0769649) a la pena de multa de tres mil pesos ($3000) y la clausura de la actividad "hotel" hasta tanto obtenga la habilitación correspondiente; respecto a la imputación por falta de señalización de medios de salida (acta de comprobación 2-0769644) a la pena de multa de trescientos pesos ($300); respecto a la imputación por falta de luces de emergencia (acta de comprobación 2-0769644), condena a la pena de multa de trescientos pesos ($300); respecto de la imputación por la tenencia de ocho matafuegos sin tarjeta de carga correspondiente (acta de comprobación 2-0769644) y por falta de cuatro matafuegos para el 2º piso y habitación en la azotea (acta de comprobación 2-0769646) a la pena de multa de quinientos pesos ($500); respecto de la imputación por falta de certificado de limpieza del tanque de agua (acta de comprobación 2-0769645)a la pena de multa de trescientos pesos ($300); respecto de la imputación por falta de certificado de desinfección y desinfectación (acta de comprobación 2-0769645) a la pena de multa de quinientos pesos ($500); respecto de la imputación por falta de higiene generalizada (acta de comprobación 2-0769645), a la pena de multa de trescientos pesos ($300); respecto de la imputación por falta de sanitarios suficientes (acta de comprobación 2-0769645 a la pena de multa de trescientos pesos ($300); respecto de la imputación de tenencia de cables expuestos al alcance de la mano en tablero cisterna de planta baja (acta de comprobación 2-0769647) a la pena de multa de seiscientos pesos ($600); respecto de la imputa ción por tener una escalera antirreglamentaria, acceso a la habitación 8 (acta de comprobación 2-0769647) a la pena de multa de trescientos pesos ($300); respecto de la imputación por tener pisos y cielorrasos de madera sin tratamiento ignífugo (acta de comprobación 2-0769646), absuelve. Los fundamentos de la sentencia se agregan a fs. 311/313 vta.

XII.- Que a fs. 314/324, obra el recurso de apelación interpuesto por la encartada, con el patrocinio letrado del Osvaldo García Darderes, por considerar que la sentencia de primera instancia resulta arbitraria. Al respecto, afirma que la sentencia es arbitraria y viola la ley de fondo aplicable. Por otra parte, también manifiesta que la sentencia contiene defectos de fondo, por cuanto no contiene la tipificación del acto de falta ni la valoración de la prueba aportada de acuerdo a las reglas de la sana crítica y también se encuentra exenta de las consideraciones en derecho que debía corresponder. Sostiene que el ingreso del inspector del GCBA al inmueble fue en forma violenta, con el auxilio de la fuerza pública y sin orden de allanamiento librada por un juez competente. Manifiesta que el acta que el funcionario público realizó con la Sra. Del Águila por obstrucción al procedimiento, fue archivada en sede administrativa para poder blanquear el resto de las actas, que existe una incongruencia en la declaración del inspector y lo resuelto por el Controlador Fiscal, puesto que el acta de obstrucción se realizó contra la Sra. Del Águila por rehusarse a entregar el libro de pasajeros y se archiva porque el Controlador entiende que se entregó. Indica que dicha situación fue expuesta en el alegato, pero que no se encuentra fielmente reproducida en el texto porque la velocidad del habla no coincidió con la velocidad de la escribiente. Sostiene que dicha sentencia resulta arbitraria, puesto que la Magistrada de grado se basó exclusivamente en el testimonio del inspector, sin importarle la declaración de la testigo, lo manifestado por la defensa con sus fallos judiciale s como así también las garantías consagradas en la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Luego cita fallos sobre la cuestión. Por otra parte, se agravia en cuanto considera que la Juez de grado valoró la prueba de tal forma que la llevó a concluir que el inmueble en cuestión funcionaba como hotel. Entiende que los contratos presentados como prueba resultan suficientes para sostener que lo configurado era un contrato de locación de habitación amoblada tal lo previsto en los arts. 1493, 1504, 1507, 1509 y 1610, C.Civ. y que la circunstancia de haberlos ignorado constituye un abuso de autoridad y una arbitrariedad. Finalmente entiende que el art. 27 de la ley 23091 - que trata la locación encubierta- resulta de mayor envergadura en la pirámide jurídica que los arts. 6.1.1 y 6.1.3 del punto 700.31 del Código de Habilitaciones, los cuales definen el concepto de hotel. Hace reserva del caso federal.

XIII.- Que a fs. 341/342 vta., la Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, solicita en su dictamen que se confirme la sentencia recurrida. Entiende que en el recurso presentado por la defensa no se verifican los agravios sustentados por ésta, sino que solo se trata de una mera discrepancia de los apelantes con lo resuelto por la Magistrada de grado. Manifiesta que respecto al agravio sostenido por la recurrente en cuanto se realizó en el inmueble en cuestión un allanamiento sin orden judicial, entiende que el procedimiento fue llevado conforme a la ley, puesto que las autoridades del GCBA, por delegación del Jefe de Gobierno, poseen poder de policía para inspeccionar las actividades comerciales que se lleven a cabo en el territorio de la Ciudad, conforme lo estipula el art. 104 incs. 11 y 21, y el art. 105 inc. 6 de la CCABA. Considera que el inspector actuó dentro de las facultades que le otorga el Código de Habilitaciones y Verificaciones, y que fue claro al expresar que en ningún momento se le impidió el ingreso al inmueble. Además entiende que los dichos de la testigo Del Águil a en cuanto a cómo fue el procedimiento, resultan contradictorios y parciales, no llegando a desvirtuar la exposición del inspector. Tampoco advierte contradicción alguna entre lo dicho por el inspector y lo resuelto por el Controlador Administrativo de Faltas. Simplemente que éste último entendió que el lugar funcionaba como hotel sin estar habilitado, por ende, concluyó que resultaba absurdo solicitar el libro de pasajeros, puesto que éste es un requisito para la habilitación, era muy probable que tal libro no existiere. Sin embargo, ésta cuestión fue archivada, por lo cual manifiesta no advertir cuál sería el perjuicio de la defensa. Por otra parte, respecto de la valoración del Magistrado en cuanto los contratos presentados por la recurrente no resultan prueba suficiente para demostrar que el inmueble no funcionaba como un hotel, indica que coincide con lo resuelto por el a quo en cuanto a que los contratos aportados por la defensa no fueron presentados en el momento de la inspección, sino que lo hiciera en oportunidad del procedimiento administrativo, además que se encuentran firmados solo por una de las partes, y no poseen fecha cierta, por lo cual no resultan oponibles a terceros, ni es posible inferir si fueron firmados en la fecha que éstos indican. También manifiesta que la defensa no presentó a ninguno de los presuntos signatarios a fin de que corroboren sus alegaciones en este sentido. Por último, sostiene que no comparte el criterio de la defensa en cuanto que resultaría de aplicación lo normado por el art. 27 de la ley 23.091 que reviste mayor envergadura en la pirámide jurídica del Código de Habilitaciones y Verificaciones. Entiende que dichas normas no se contraponen, sino que regulan dos ámbitos de aplicación distintos, y aún en el supuesto que se le pretendiera asignar a la ley 23.091 la hipotética interpretación de que ésta también pudiera abarcar contratos de hotelería, nada obsta a que Gobierno de la Ciudad exija además, el cumplimiento de la normativa propia de los establecimientos hoteleros , como lo realiza en otras tantas actividades comerciales. Destaca que todas las locaciones de inmuebles comerciales sí se rigen por la ley 23.091, también son abarcados por el Código de Habilitaciones y Verificaciones. Finaliza sosteniendo que el articulo 27 de la ley 23.091 no le otorga ningún derecho a la encartada, y que en todo caso confiere una protección extra a los alojados cuando el titular de un hotel no habilitado que no brinda todos los servicios mínimos legalmente exigidos, pretenda ejercer los derechos de un hotelero sin cumplir con sus deberes.

XIV.- Que a fs. 348, pasan los autos a resolver.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Con relación al juicio de admisibilidad, en el caso examinado la Sra. Juez de Grado concedió el remedio procesal intentado por entender que las argumentaciones defensistas podrían circunscribirse en las causales de arbitrariedad y violación de la ley previstas normativamente como motivo de impugnación de la sentencia.

Ahora bien, y si bien se advierte un análisis por parte de la Judicante de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde que esta Alzada efectúe un detallado y motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible la vía procesal intentada a partir de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217.

Al respecto, es dable recordar que el art. 56 de la Ley Nº 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los magistrados de grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad. Así es menester recordar, una vez más, en consonancia con lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad (considerando 5 del voto de la Juez Ana María Conde in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 -s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -Apelación", Expte. nº 4054/05 rta. el 21/12/2005), que no cualquier motivo de agravio permite a este Tribunal revisar una sentencia de primera instancia dictada en estos procesos, sino tan sólo los motivos legalmente previstos.

Aclarado ello, y de la lectura del recurso de apelación se desprende que el recurrente impugna la sentencia en crisis por considerar que la Judicante valoró en forma arbitraria la prueba rendida en la audiencia de juicio e incurrió en violación de la ley puesto que aplicó una normativa de inferior jerarquía por sobre una ley nacional. Asimismo, y en cuanto al procedimiento llevado a cabo por el inspector, plantea que la Jueza de Grado no fundó debidamente el rechazo de la nulidad, aplicando erróneamente las normas aplicables así como el hecho que valoró en forma arbitraria las pruebas aportadas.

Teniendo en cuenta ello, y para una mejor comprensión y tratamiento se dividirán los agravios entre aquellos referidos a la arbitrariedad de la sentencia y los esgrimidos en relación al procedimiento. Asimismo, de lo que finalmente resulte respecto a la valoración de la prueba en relación a si se trata de un hotel o no dependerá la suerte de los restantes agravios, por lo que este planteo será analizado primeramente.

Agravios sustentados en la arbitrariedad de la sentencia:

En primer término, y tal como se ha afirmado anteriormente, se analizará el planteo referido a la arbitrariedad en la valoración probatoria en relación a que en el inmueble en cuestión no funcionaría un hotel sino un inquilinato, en el que la encartada alquilaría habitaciones.

Al respecto, es dable recordar que la tacha de arbitrariedad de una sentencia exige que la misma posea errores graves en la fundamentación o en el razonamiento, sea al considerar la prueba o al aplicar la ley vigente, y son éstos los extremos que tornarán -en su caso- admisible el recurso en cuanto a este agravio.

A mayor abundamiento, se ha señalado que una sentencia resulta arbitraria si "...se apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto jurisdiccional válido...este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa" (CNCP, Sala III "Cabral, Jorge Carlos s/ recurso de casación", rta. el 18/12/1996).

Por ello, cabe analizar si del remedio procesal intentado se desprende un contenido crítico que, al denunciar defectos jurídicos apreciables, permita revisar la decisión de la a quo o si, por el contrario, encubre una mera discrepancia con la forma en que, a partir de la inmediación, valoró la prueba producida en la audiencia de debate.

Ahora bien, del recurso de apelación se desprende que la impugnante considera arbitraria e infundada la valoración de la prueba realizada por la Magistrada de Grado, que le permite concluir que el inmueble funcionaba como hotel. Sobre dicha plataforma, agrega que existió una violación a la ley, en razón de que la Judicante debió aplicar las disposiciones del artículo 27 de la ley 23091 y no el Código de Habilitaciones y Verificaciones, por tratarse de una locación privada.

Así, es menester resolver en primer lugar si procede el recurso en relación al primer agravio, puesto que, de no ser así y de confirmarse que en el inmueble funcionaba un hotel, el agravio sustentado en la violación de ley se tornaría abstracto.

En este sentido, del decisorio impugnado se desprende que la Magistrada tuvo por acreditado que en el inmueble en cuestión funcionaba un hotel. Así, de la lectura de los fundamentos no es posible advertir los extremos que llevarían a tener por confirmada la tacha de arbitrariedad alegada por la recurrente. Ello en razón de que la a quo tuvo en cuenta lo declarado por el Inspector del Gobierno de la Ciudad, en cuanto ratificó las actas labradas y declaró que las personas que vivían en el lugar manifestaron ser alojadas y no poseer ningún contrato de locación. Asimismo, consideró los dichos de la testigo Del Águila Herrera, quien sostuvo que su marido hacía trabajos de mantenimiento dentro del "hotel", que además vivía en el inmueble, reconoció que era la encargada de tomar los datos de las personas que deseaban alojarse allí y que las habitaciones eran entregadas con algunos muebles y sábanas, que ella las cambiaba a pedido de los alojados. Por último, la Judicante entendió que los contratos aportados no importaban una pauta útil para acreditar lo invocado por la defensa, máxime cuando los mismos no fueron exhibidos en el momento de la inspección sino aportados en oportunidad del procedimiento administrativo.

A partir de ello, cabe afirmar que la crítica de la recurrente se traduce en una reiteración de los argumentos rendidos en primera instancia y encubre una mera discrepancia con la forma en que la Judicante, a partir del principio de inmediación, valoró la prueba producida en el debate, lo que no alcanza para tachar la resolución de arbitraria.

En síntesis, la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios esgrimidos por la impugnante solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; si se trata o no de un hotel, decisión que cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden la tacha de arbitrariedad. En razón de los argumentos expuestos, corresponde declarar inadmisible el recurso por este motivo pues la denuncia de arbitrariedad encubre, en realidad, como se demostró una discrepancia con la apreciación y valoración de la prueba.

A partir de lo expuesto ut supra, y en relación al agravio referido a la errónea aplicación del Código de Habilitaciones y Verificaciones efectuado por la Judicante, corresponde declararlo también inadmisible. Ello en razón de que tal como se refirió, si se parte de la base de que el inmueble funcionaba como hotel, no resulta aplicable la normativa nacional alegada por la impugnante referida a la locación.

Agravios sustentados en la existencia de vicios del procedimiento Ahora bien, en segundo término corresponde analizar lo referente a los vicios del procedimiento. En principio, la apelante sostiene que la sentencia es arbitraria, al carecer de fundamentación, atento que "... sin hacer mención a derecho alguno a su favor y ponderación de la prueba producida se anima a resolver una situación tan delicada como la presente sin haber ahondado en el derecho aplicable ..." (fs. 319). Al respecto, es dable mencionar que del decisorio en cuestión se desprende que la Judicante rechazó el planteo del recurrente afirmado que "Tal como surge del testimonio del inspector Tondini, fue a realizar una inspección en el inmueble en cuestión en razón de una instrucción de inspección impartida por su superior. Que se presentó en el inmueble y fue recibido por la Sra. del Águila quien le permitió la entrada al lugar a fin de realizar la inspección ... es claro que las autoridades del gobierno de la Ciudad por delegación del Jefe de Gobierno poseen poder de policía para inspeccionar las actividades comerciales que se realicen en el ámbito de la ciudad ..." (fs. 311 vta.).

En razón de ello, y aún cuando en el caso pueda considerarse pobre su fundamentación, ésta resulta suficiente para afirmar que no se trató de una decisión arbitraria, tal como pretende la impugnante por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso respecto de este punto.

Por otra parte, la impugnante sostiene que el ingreso del inspector al inmueble fue en forma violenta y sin orden del juez que permita el allanamiento, vulnerando numerosas garantías constitucionales. En este sentido, y en primer término es dable recordar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha expresado que "... Si la persona es inviolable y está protegida tan ampliamente por la Constitución, es porque ha sido considerada en toda la extensión de sus atributos, así comprende la conciencia, el cuerpo, la propiedad y la residencia u hogar de cada hombre. La palabra domicilio abraza estos dos últimos sentidos. Hogar es la vivienda y por excelencia el centro de las acciones privadas que la Constitución declara reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados (art. 19), allí donde se realizan la soberanía y los actos y sagrados misterios de la vida de la familia..." (CSJN "Fiorentino, Diego", rta. 27/11/1984; "Romero, Héctor H. y otros", rta. el 1/12/1998; entre otros) Desde dicha perspectiva, y conforme lo resuelto supra en relación al inmueble en cuestión, considerando que tal como surge de la sentencia, en el mismo funcionaba hotel donde se llevaba a cabo una actividad comercial regulada por la normativa local y sujeta a control del gobierno de la ciudad, con poder de policía para ejercerlo, el procedimiento cuestionado no implicó un allanamiento ilegal de domicilio, como pretende la impugnante, sino una inspección, máxime teniendo en cuenta los lugares a los que accedió el inspector dentro del inmueble.

Asimismo, cabe mencionar que carece de sustento probatorio alguno las afirmaciones defensistas relativas a la presunta violencia con que habría ingresado el inspector al inmueble, puesto que las declaraciones de los testigos en la audiencia de juicio así como de las restantes probanzas obrantes en la causa no avalan en forma alguna sus dichos.

En razón de lo expresado, y considerando que tal como refiere la Judicante el inspector está facultado con el poder de policía necesario para inspeccionar las actividades comerciales que se lleven a cabo en el territorio de la Ciudad (arts. 104 inc. 11 y 21 y 105 inc. 6 CCABA), en el caso un hotel, y que el art. 12.1.3 del Título 3, Sección 12, Capítulo 12. 1 del CHyV lo faculta a requerir el auxilio de la fuerza pública, cabe mencionar que el agravio relativo a la errónea aplicación de la ley habrá también de ser rechazado.

En consecuencia, de lo expuesto precedentemente, la impugnante no logra demostrar agravio alguno que justifique su inclusión en cualesquiera de los supuestos del art. 56 LPF, por el recurso se encuentra construido en torno a cuestiones que no pueden ser revisadas por esta Alzada, por lo que corresponde declarar mal concedido el remedio procesal intentado.

Por todo lo hasta aquí expuesto, este Tribunal RESUELVE I.- Declarar MAL CONCEDIDO el recurso de apelación presentado a fs. 314/324 (art. 56 ley 1217 a contrario sensu).

II.- Tener presentes las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi