marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apreciación de la prueba, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Amelong, Juan Daniel y otros s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-05

Los testimonios prestados por las víctimas o de familiares de víctimas de privación ilegal de la libertad y tormentos resultan válidos, pues los mismos han proporcionado versiones consistentes y convincentes para probar los sucesos acaecidos en los centros clandestinos, sin que las mismas presenten fisuras relevantes ni incoherencias, ni se encuentran contaminadas, por ser espontaneas en su evocación de la dinámica de los eventos, debiéndose atribuir las diferencias menores a un olvido de detalles debido al transcurso del tiempo que en sí mismas no resultan significativas ni tienen relevancia alguna por no afectar lo axial de sus dichos.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del asegurador, suspensión de la cobertura, indemnización, incapacidad sobreviniente, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Moncada, García Sebastián A. y otro c/ Mora, Jorge Claudio y otro s/ D. y P. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

El hecho de que la actora no haya acreditado la realización de tratamiento psicológico, no es motivo para disminuir el importe que por tal concepto- en función de la frecuencia aconsejada y conforme valoración estimada- se extrae del informe pericial psicológico. Ello en función de que los gastos relativos al tratamiento psicológico aconsejado son futuros, por lo que acreditada su necesidad corresponde determinar su indemnización a través de los parámetros que surjan de la pericia psicológica, sin necesidad de que la actora rinda cuentas de que dichos importes han sido empleados o utilizados para la realización de dicho tratamiento. (del voto del Dr. Ghisini, en mayoría).
Derecho a la alimentación, derecho a la vida, derecho a la salud, situación de vulnerabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Pettovello, Sandra Viviana c/  s/ abuso de autoridad y viol. deb. func. publ. (art.248)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, y está expresamente reconocido en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22, CN). Este derecho también contempla la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Sociedad controlada, asociaciones civiles, administrador de la sociedad, representante legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MEDVEDEFF VICTOR c/ YELDA SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

Carece de relevancia la sola calidad de sociedad vinculada o controlada para imputar derechamente obligaciones de la sociedad controlada a la controlante, pues ni la posición dominante, ni aun de subordinación, resultan de por sí generadoras de responsabilidad, en tanto cada una revista los atributos que definen la personalidad jurídica y se ajuste a la ley en sus reglas de funcionamiento (CCIV 30, 31 y 32). Es claro en nuestro derecho que en el caso, las sociedades demandadas son personas jurídicas diferentes, con una calidad de sujetos de derecho distinta, que la ley le reconoce a cada una de ellas (CCIV 33), tratándose específicamente de sociedades comerciales (ley 19550: 2; conf. CNCom, Sala A, 25/6/01, in re: "Revoredo, Pedro Aníbal c/ Molinero, Carlos Danilo s/ Ordinario"). Así, la demandada argentina, es una sociedad regularmente constituida en nuestro país, integrada conforme al derecho argentino, mientras que la codemandada aparece como una sociedad regularmente constituida, regida en cuanto a su existencia, capacidad y forma por la ley del lugar de su constitución en el extranjero (LGS 118), por lo que, más allá del control intrasocietario que pueda ejercer una sobre la otra, lo cierto es que la demandada argentina es un centro autónomo de imputación de normas, con personalidad y capacidad diferentes de su controlante, dado que "toda sociedad regularmente constituida es un sujeto de derecho distinto de las personas que lo integran" (conf. LGS 2° y Verón, Alberto Víctor en "Sociedades Comerciales", T° 1, Astrea, 1982, pág. 28, nota 26).
Seguros, póliza, cobertura, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz, Antonio c/ Sancor Coop. de Seguros Ltda. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-07

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechaza la demanda en la que se reclama el cumplimiento de la cláusula de la póliza de seguros, vigente entre las partes, que establece la cobertura del riesgo de destrucción total del vehículo objeto de la contratación, y se pretende el cobro de la suma equivalente al monto asegurado, pues, no obstante el esfuerzo esgrimido por el recurrente para revertir la decisión de grado, sobre la base del supuesto de admisión tácita del siniestro derivado del vencimiento del plazo previsto por el Art. 56 LS y de los principios protectores vigentes de los usuarios y consumidores, el sustento jurídico que respalda la sentencia está apoyado sólidamente en que no cabe duda que en el caso ha mediado una declaración falsa del asegurado al momento de denunciar el siniestro ante la aseguradora, al haberse comprobado suficientemente, que "el vehículo se encontraba afectado al uso de transporte público de pasajeros -taxi-, sin que el actor, hubiere demostrado circunstancia alguna que justifique o lo exima de haber conocido la falsedad de tal afirmación.
Verificación de créditos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/ Otalvares, Jorge s/ Incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

Si en virtud de la índole del crédito se exige una previa liquidación de carácter administrativo, no puede, desde el punto de vista de las costas, considerarse tardía la presentación del acreedor, las que deben aplicarse en el orden causado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, instrucción, imputado, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., G. s/ Lesiones graves culposas - Extinción acción penal (Resolución Nro. 95,  Tomo 57, Folio 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-10

En el caso se patentiza un efectivo ejercicio de la acción a través de movimientos procesales destinados a arribar a un pronunciamiento final, recorriendo la instrucción una serie de medidas investigativas, demoradas en general por las diligencias encaminadas a lograr el comparendo del justiciable, a fin de que preste declaración indagatoria o amplíe la misma, y en tal sentido, no existen dudas de que "el llamado a indagatoria" integrado con los actos en los que se formaliza, constituye un acto con tal eficacia, al haber emanado de quien tiene el ejercicio de la acción penal, el Juez, que materializa actos con entidad persecutoria.
Alimentos, obligación alimentaria, separación de hecho, alimentado con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: A DE A S.E. c/ A.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

La separación de hecho de los cónyuges no excusa al marido de cumplir con las prestaciones a las que por imperio del art. 51 de la ley 2393 está obligado (conf. CNCiv. Sala G, R. 282.189 del 24-9 82; íd. R. 287.043 del 25-4-83). La obligación alimentaria se mantiene aunque la beneficiaria tenga ingresos provenientes de su trabajo personal, si los del cónyuge son superiores (conf. CNCiv.

Sala G, R. 282.552 del 25-8-82; íd. R. 19.224 del 7-5-86).
Intereses, obligaciones accesorias
Materia: CIVIL
Carátula: Riveros, Rubén Rafael c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Intereses
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-21

Partiendo de la interpretación que considera que al extinguirse la obligación principal, también "arrastró" a la accesoria de pagar intereses, existen dos criterios. Uno, que estima que la presunción derivada del artículo 624 CC es "iure et de iure", es decir, no admite prueba en contrario, y se apoya en el hecho de que si se recibió el pago sin reclamo alguno, o se abonaron previamente aquéllos o se renunció tácitamente a cobrarlos.

Inclusive hay quienes se liberan de la calificación de "presunción" y adoptando una doctrina objetiva, estiman que este artículo consagra derechamente "un medio formal de liberación".

La segunda, que considera que se trata de una presunción "iuris tantum", admite la prueba en contrario y autoriza al acreedor a demostrar que no tuvo la obligación de liberar al deudor del pago de intereses, por considerar que es la posición más justa que puede interpretar en mayor medida la voluntad del sujeto activo de las obligaciones, en la que es la seguida hoy por la mayoría de los tribunales.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, principio de congruencia, acusación fiscal, sentencia, límites del pronunciamiento, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, L. A. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-05

El principio de congruencia, principio rector de la defensa en juicio, requiere que deba mediar una correlación esencial sobre el hecho, objeto de la acusación que se satisface con el requerimiento de elevación a juicio (artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional) y la sentencia (artículo 46), evitándose con ello que el hecho entendido como factum, por el cual el incuso pueda resultar condenado, no presente alteraciones esenciales respecto del que se da cuenta en la requisitoria de juicio.

Así la acusación fiscal se traduce en la base esencial del juicio contravencional, ya que los jueces se encuentran ligados a ella, y no pueden juzgar fuera de los límites del hecho descripto en la misma, que es sobre el cual el imputado ejerce su derecho de defensa. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rios De Benitez, Irma Beatriz y otra c/ Sucesores de Alcides Meller y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

Carecen de sustento los agravios del apelante que resultan extemporáneos o contradictorios con la propia conducta asumida en el proceso.
Recurso de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Pizzo, Emilio Hortensio c/ Automóvil Club Argentino s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no asume la exigencia de formular un cuestionamiento concreto y eficaz a las conclusiones del fallo, no llegando a demostrar que la ponderación de la injuria realizada por el Tribunal del Trabajo hubiere sido efectuada sin la prudencia que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le impone.
Reincidencia, pena
Materia: PENAL
Carátula: LOZA NESTOR MEDARDO s/ RECURSO DE CASACION - REINCIDENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-08-16

La anterior redacción del art. 51 establecía, en el caso de reincidencia del autor, un aumento de la escala penal prevista para el delito cometido, dentro de cuyos límites el juzgador debía imponer la pena que consideraba adecuada, según las pautas de individualización de los arts. 40 Y 41 CP. al desaparecer la agravante por reincidencia, en virtud del nuevo texto del art. 51 del CP (según el art. 4 de la ley 23057), lo que corresponde con arreglo al art. 2 del CP, es realizar una nueva individualización de la pena dentro de la escala prevista actualmente para el delito de que se trata.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: 'BANCO ISRAELITA DE CORDOBA' S.A. c/ SCHUMIACHKIN MARCOS s/ MEDIDAS CAUTELARES - EMBARGO PREVENTIVO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-26

El acreedor que no tiene expedita la acción, puede embargar preventivamente mientras promueve las diligencias para completar el título y articular la demanda; en tanto obre activa y diligentemente en este procedimiento, la medida cautelar subsistirá en garantía de su crédito. El presunto deudor, deberá soportar el embargo mientras el adversario realiza estas gestiones previas; pero como no esta obligado a esperar 'sine die' la demanda, estando sus bienes gravados, podrá acusar la negligencia del embargante y pedir el levantamiento de la cautelar en todo caso en que la inactividad de aquel se traduzca en una demora innecesaria de la iniciación del juicio ejecutivo. La apreciación de las circunstancias que configuran la negligencia del embargante esta librada al prudente arbitrio judicial, ya que resulta imposible establecer 'a priori' reglas fijas en esta materia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blanquer, Eduardo c/ Municipalidad de San Isidro s/ Odinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La distribución o imposición de las costas importa decidir respecto de cuestiones de hecho no susceptibles de revisión en casación, salvo cuando las mismas se imponen a quien no resulta vencido.
Recurso de casación, preclusión, recurso de reposición (procesal), apelación en subsidio, denegatoria del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Antonio Barillari S.A.C.I.F.I.A. c/ Dirección Regional de Trabajo Zona Noroeste s/ Recurso denegado s/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-09-27

El recurso de revocatoria -deducido contra la providencia que generó el agravio del recurrente- declarado improcedente, no interrumpe el plazo de diez días que el art. 4 primera parte de la ley 1687 para la interposición del recurso de casación. La deducción tardía del recurso de casación recién al momento de desestimarse el recurso de revocatoria y de apelación subsidiaria, impide toda consideración por parte de este Alto Cuerpo por cuanto la resolución denegatoria mantiene la decisión recurrida sin producir innovaciones conceptuales ni formales, carece de virtualidad para generar el nacimiento de un nuevo plazo procesal, e impedir la expiración del plazo legal en el subexamine.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, contrato de prestaciones médicas, acción de amparo, medicina prepaga, SIDA
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: CRAIG, JORGE EDUARDO c/ TIM (TECNOLOGIA INTEGRAL MEDICA S.A.) s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Buenos Aires, marzo 25 de 1997.- Y VISTOS; CONSIDERANDO:

El actor se agravia de que el señor juez "a quo" no haya admitido la medida cautelar requerida.

Enmarcada la cuestión dentro de la provisoriedad con la cual es dable pronunciarse en el actual estado del proceso, el tribunal considera, a la luz de lo normado por la ley 24.754, que en la especie se encuentra acreditado prima facie la verosimilitud del derecho invocado en grado suficiente como para avalar la medida cautelar innovativa solicitada en el pto. VI del inicio.

Por ello y de conformidad con el art. 232 del Cód. Procesal, SE RESUELVE: revocar el último párrafo de fs. 48, y en su mérito, disponer como medida cautelar innovativa que TIM (Tecnología Integral Médica S.A.) deberá prestar al actor, con los alcances convenidos, la atención médica requerida en el pto. VI del escrito de demanda, previa caución juratoria que deberá prestar el accionante.

Not. y dev..- ANA MARIA CONDE FERNANDO POSSE SAGUIER ELENA I.
Desistimiento, acuerdo de partes, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: CARBAJO  BLANCO DE VILLARINO MARIA Y OTROS c/ MARCELO T DE ALVEAR957 SRL Y OTROS S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-03

Si bien, cuando un juicio concluye por desistimiento, de acuerdo a lo previsto por el Cpr: 73, las costas serán a cargo de quien desiste, puesto que la normativa en cuestión, se basa en la presunción de que el desistente pudo ser derrotado de continuar el juicio; sin embargo, dicha presunción cede en los casos en que el abandono encubre o es consecuencia de otro acto procesal (v.gr: transacción). De igual manera, el tipo de desistimiento, del proceso o del derecho, acarrea consecuencias disímiles, e inclusive, la etapa procesal en que se ofrece permite una consecuencia diferente (Osvaldo Alfredo Gozaíni, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado", T. I, pág. 234, Editorial La Ley, 2002). El tribunal puede apartarse de la solución prevista por el Cpr: 73 cuando se configuren ciertas circunstancias -aún distintas a las allí enumeradas (v.gr., cambios de legislación o jurisprudencia y se lleve a cabo sin demora justificada) que admitan hacer uso de la facultad de valoración reconocida en el Cpr: 68 - 2º; es decir, que aquella regla puede dejarse de lado cuando las circunstancias del caso tornen manifiestamente injusta la mecánica imposición de costas a quien desiste (conf. Highton, E. y Areán, B., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales", Bs. As., 2004, t. 2, págs. 101/2; Sala D, 7.5.09 "Sucesión Carlos José Rodriguez c/ Banco Santander Rio SA y otros s/ ordinario"). En este marco, dado que en el caso el desistimiento operó como consecuencia del convenio arribado por la parte, el Juez se encuentra facultado para eximir o distribuir las costas, apartándose del Cpr: 73 expresándolo así en su pronunciamiento (Cpr: 68); dicha circunstancia eliminó consecuentemente su interés en la prosecución del pleito. Frente a esa situación, y dado que el proceder de la demandada puso a la accionante en la necesidad de iniciar el presente proceso, como así el trámite de mediación contemplado por la Ley 24573, las costas deben ser soportadas en el orden causado.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, empleados públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, accidentes de trabajo, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Romeo, José Julián Luján . c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Si la demanda contra la Municipalidad de Buenos Aires por cobro de los daños materiales y morales resultantes de un accidente sufrido durante un ensayo por quien fuera contratado como director ayudante de teatro no puede ser considerada como una acción motivada por un acto administrativo municipal (art. 46, inc. K) del decreto ley 1285/58, texto según ley 22.093) corresponde aplicar la doctrina según la cual -en el estado actual de la legislación- salvo disposiciones que atribuyen a otros fueros de manera expresa el conocimiento de determinadas causas en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, todas las restantes corresponden de modo originario o por vía de revisión, a los tribunales civiles de la Capital Federal.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viedma Galarza c/ Salvadori, B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Si la víctima fue atendida en un hospital público, es jubilado, se presume que se encuentra cubierto por su obra social, no obstante lo cual es de público conocimiento que dadas las carencias de los hospitales públicos y de las obras sociales diversos elementos deben ser previstos por los propios pacientes.
Derecho procesal, Ministerio Público, asesor de menores, actos u omisiones de particulares, nulidad de la resolución, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Barenbaum, Claudio Marcelo c/ Acciarri, Jorge Ernesto s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-14

Procede declarar la nulidad de la resolución dictada por la Sala; ello por cuanto, no puede dejar de conocerse la doctrina de la CSJN sentada en los fallos 332:1115 ("Carballo de Pochat"); 333:1152 ("Rivera") y 334:419 ("Faifman"), seguidos recientemente por dicho Alto Tribunal, en un caso similar al presente, para decidir la nulidad de lo actuado ante la presencia de un menor y la falta de participación en su defensa del Defensor Público (v. sentencia del 11/7/19 en los autos "Scaramal, Juan Carlos y otros c/ Círculo de Inversores SA de Ahorro P/F Determinados y otros s/ beneficio de litigar sin gastos").
Depósito judicial, pesificación, derecho de propiedad
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Torres  Lidia  Aurora  y otros c/ Homesa Americana S.A. y otro s/ accidente-acción civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "EMM SRL c/Tía S.A. s/ordinario s/incidente de medidas cautelares" (E.68.XL, de fecha 06/03/07), no resulta aplicable el art. 2 del decreto 214/02 al supuesto de los "depósitos judiciales" y por lo tanto el capital debe ser restituído sin mengua alguna de su valor, toda vez que la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada se encuentra consagrada en la Constitución Nacional y su intangibilidad e incolumidad debe la Corte Suprema proteger contra los avances del poder , aún en casos de emergencia. Toq. 1233.
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-13


///nos Aires, 13 de junio de 2013.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Que la Sala de Feria "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, confirmó el rechazo del planteo de nulidad formulado por la defensa de Carlos Ariel Berón.

Contra dicho decisorio esa parte dedujo recurso de casación, cuya denegatoria motivó la presente queja.

2º) Que habrá de convalidarse el criterio sustentado en el auto denegatorio en la medida en que, el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se encuentran, por vía de principio, la aquí cuestionada (vid. Sala IIIa. "in re" "Martínez, Rosa s/rec. de queja", reg. 40 del 13-10-93; "Cerboni, Alejandro D. y Fullaondo, Carlos A. s/rec. de queja", reg. 52 del 19-11-93; "Furlone, Ernesto Mario s/rec. de queja", reg. 425 del 9-09-99, entre muchas otras).

En el mismo sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las decisiones que admiten o deniegan nulidades, por regla, no constituyen sentencia definitiva pues en esta materia prima un criterio de interpretación restrictiva (Fallos: 328:1874).

3º) Por último, habida cuenta que el planteo de inconstitucionalidad del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (carente de toda argumentación) es contradictorio con esta presentación directa, no merece atención alguna.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de queja deducido por la defensa, con costas (artículo 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese al recurrente, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y remítanse las actuaciones al tribunal de procedencia.	Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.