marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

El cálculo de la indemnización sustitutiva de la reincorporación que le corresponde al actor, debe efectuarse según el sueldo correspondiente al cargo por él ocupado en fecha 31.3.91 (Ley 23928, artículos 1, 7 y 13), y al monto resultante corresponderá deducirle lo oportunamente percibido en concepto de indemnización por despido, actualizado -a efectos de comparar valores homogéneos- por el índice resultante de dividir el sueldo que le corresponde a ese cargo al 31.3.91 por el correspondiente al momento en que se le pago aquella indemnización. La suma resultante devengará intereses al 6% anual desde el reclamo administrativo hasta el 31.3.91. De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto 941/91, o la que en su caso se demuestre pueda corresponder, hasta el efectivo pago.
Acción civil, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Barrientos, Ramón c/ Alicura S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-26

La responsabilidad de la empleadora está dada por el principio de reparación del daño causado por su culpa o negligencia, presupuestos éstos que se encuentran acreditados en la causa por la omisión del cumplimiento de la obligación de seguridad o deber de previsión (art. 512 del Código Civil)
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Valerio Monción, Ángela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

Si bien los mínimos previstos para los delitos endilgados admiten una condena de ejecución condicional, ello no conmueve el hecho de que atento el concurso real que se verifica en la situación procesal de la imputada, el fiscal puede llegar a pretender una pena de efectivo cumplimiento y tal fundamento para sostener la oposición al beneficio no es materia del control jurisdiccional, sin que se observe que resulte arbitrario o discriminatorio. La disidencia postuló la anulación de lo resuelto, por considerar que el a quo no emprendió de modo suficiente el control de logicidad y fundamentación exigible, máxime cuando el argumento opuesto por el fiscal fue desautorizado por la CS en el fallo "Acosta". (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -en disidencia-).
Divorcio contradictorio, injurias graves, testigos de Jehová, prueba, grabaciones
Materia: CIVIL
Carátula: M. N., E. c/ M. D. s/ Divorcio.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-26

Si basta escuchar la cinta magnetofónica para advertir el adoctrinamiento hecho a los hijos de las partes por la cónyuge, acerca de algunas de las tesis que sustentan los testigos de Jehová, a espaldas de su marido, ello configura la conducta tipificada como causal de injurias graves.
Prueba, carga de la prueba, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ GRESCHUCK, IVAN s/ APREMIO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 240- 89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-07-07

El no haber ejercido el Juez sus facultades instructorias no implica exceso ritual cuando quien protesta porque el a quo no se haya valido de ellas no probó lo que debía y podía probar. De lo contrario la doctrina del exceso ritual abandonaría sus pautas propias (excepcionalidad, carácter notorio y palmario del exceso) para abonar cierto facilismo forense, ligero y despreocupado, supliendo la negligencia del litigante.(Del voto en disidencia del Dr. Iribarren , al que adhiere el Dr. Falistocco).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MONTE, TOMAS JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE QUIMILI s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-27

El art. 28 inc. 6º) de la Ley Orgánica de Tribunales y el art. 3 del Reglamento Interno del mismo cuerpo confieren al órgano judicial superior la facultad de dictar un acuerdo plenario que establece pautas legales tendientes a aclarar el alcance de las normas. El dictado de la acordada que dispone la aplicación inmediata a los procesos pendientes de la nueva ley de amparo, es justamente unificar un criterio interpretativo, no comporta en modo alguno un arbitrio destinado a reemplazar la voluntad del legislador, sino simplemente un modo de ordenar una de las fuentes del derecho - la ley - superando los inconvenientes derivados de las dudas y divergencias que pueden suscitarse en la interpretación de una disposición legal, o de las llamadas "lagunas del derecho".
Sociedad de hecho, muerte del socio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Nucci, Juan Carlos c/ Dongo, Carlos Rosa y otros s/ Disolución de condominio y sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03

La resolución parcial por muerte de un socio (art. 90, ley 19.550) no se aplica a las sociedades de hecho, las que ante tal contingencia entran en liquidación.
Remoción de jueces, tribunal de enjuiciamiento, recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-POLITICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dra. Sevilla, Silvia Amanda S/Jurado de Enjuiciamiento P/Denuncia Formulada P/Dr. Miguel I. Urrutia Molina, en Representación de la Municipalidad de El Colorado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-02-21

Debe rechazarse el recurso extraordinario federal deducido contra el fallo que rechazó el recurso extraordinario local por arbitrariedad de sentencia incoado contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que removió a un juez, toda vez que la cuestión resulta ajena a la competencia revisora del Máximo Tribunal por imposición de la Constitución de la Provincia de Formosa y de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, por lo que mal podría aducirse que se trata de una violación del Pacto de San José de Costa Rica y de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pacto de San José de Costa Rica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, incumplimiento de resolución judicial, periodistas, libertad de expresión, daño resarcible, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-09-01

La Corte Interamericana se encuentra en el deber de recordar, para el caso concreto de la República Argentina, declarada responsable por violación a la Convención Americana -Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 29 de noviembre de 2011, Serie C No. 238-, en perjuicio de dos periodistas que sufrieron condena civil por difundir noticias vinculadas a un hijo no reconocido de quien era por entonces Presidente de la Nación, que la falta de respuesta de un Estado ante múltiples requerimientos del Tribunal configura incumplimiento de su deber de informar, lo que no sólo agravia las obligaciones convencionales dispuestas en los artículos 67 y 68.1 de la Convención, sino que contraría su objetivo, fin y espíritu.
Daños y perjuicios, carga de la prueba, falta de prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Costa, Carmen Olga c/ Chedrese, Guillermo s/ abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-05-08

Corresponde revocar la sentencia en cuanto hace lugar a la demanda ya que era la actora quién tenía la carga procesal de acreditar los hechos invocados no pudiendo darse por verificados los mismos en base a la prueba reunida. Ello, debido a que las declaraciones de los testigos ofrecidos por las partes resultan claramente antitéticas y las lesiones que habían sido constatadas el día del hecho por un Médico Policial (hematoma en la parte superior del antebrazo izquierdo) no resulten compatibles con la situación que describe la demanda (empujón y caída).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad accidente, espóndiloartrosis
Materia: LABORAL
Carátula: REYNALDO CARDOZO TEJERINA c/ CALILEGUA  S.A. s/ INCONSTITUCIONALIDAD - ACCIDENTE DE TRABAJO. INCONSTITUCIONALIDAD - ACCIDENTE DE TRABAJO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1986-12-26

La espondiloartrosis es una enfermedad-accidente indemnizable en los términos de la ley 9688 cuando se prueba que el tipo de tareas desarrolladas por el obrero (posturas, movimiento de tronco y brazos, etc.) hubieran podido servir como factor acelerante de la incapacidad resultante, aunque la referida patología no haya tenido como causa originaria la labor realizada.
Conocimiento de embarque, fletamento
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Costa, Marcos L. c/ Matti y Piera s/ pago ejecutivo de fletes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-09-07

Una carta que no constituye el contrato de fletamento, y que es anterior al conocimiento, no desvirtúa lo que resulta de éste.
Teoría del delito, causas de justificación, legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: Z., J.A. s/ Homicidio r-Víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-28

Otro requisito indispensable para que exista la legítima defensa tanto propia como la de terceros, es que la defensa sea racional.

No puede haber una desproporción tan enorme entre la conducta defensiva y la del agresor, en forma que la primera cause un mal inmensamente superior al que hubiese producido la agresión.
Jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F. SA c/ Municipalidad de Rawson s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-07

El verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda.
Proceso penal, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: LUPERCIO JOSE OSCAR s/ ROBO DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-02

Esta Corte en sintonía con el criterio sostenido por la CS como con el actual texto de nuestro CPPT mantuvo en diferentes fallos la independencia, autonomía y propiedad de la acción penal en cabeza del representante del Ministerio Público.

Los fundamentos de esta postura se encuentran en la normativa nacional (arts. 71 del CP, 18 y 120 de la CN) como en la normativa procesal provincial (arts. 5, 71, 328, 348, 354 y concordantes del CPPT).

En este cuerpo legal a través de las últimas reformas en materia criminal desplegó, finalmente, el sistema acusatorio, del cual, una de sus características predominantes es la diferenciación entre quien persigue y acusa y quien juzga. En efecto, en dicho esquema recae sobre el Ministerio Público la titularidad de la acción penal y, por lo tanto, él la sostiene en el proceso a través de su facultad acusatoria. En el esquema procesal descripto, el Ministerio Público, previo a la decisión, posee la facultad acusatoria o absolutoria la cual se perfecciona en el debate y es en ese momento cuando el fiscal ejerce plenamente y en forma independiente del requerimiento mismo.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, proceso penal, deserción del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Benítez, Rubén Mario y otros s/ infracción ley 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Si bien cuando el apelante omite presentar el memorial que prevé el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación corresponde tener por desierto el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, tratándose de una causa de naturaleza criminal, por aplicación analógica de lo dispuesto por el art. 523 del Código de Procedimientos en lo Criminal, corresponde revisar el pronunciamiento apelado.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, Luis Ricardo y otra c/ Laboranti, Alfredo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

El monto por privación de la chance a raíz de la muerte de un hijo debe ser establecido prudentemente por los jueces, sin que para ello deban utilizarse fórmulas estrictas o matemáticas.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, proceso penal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: P, L M s/ ESTAFA PROCESAL Y EXTORSION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 1118-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

El decisorio que revoca un auto de sobreseimiento no reviste el carácter de definitividad que requiere la ley 7055, siendo insusceptible de ser revisado en la instancia excepcional, por cuanto se trata de un decisorio que revoca un auto de sobreseimiento , lo que implica la prosecución del juicio. Y, no obstante que para el encartado no deja de constituir una carga o gravamen el continuar vinculado al proceso penal, tal perjuicio no sería irreparable en razón de que no se está en presencia de un derecho vulnerado para siempre, tanto más, que no se aduce ni se acredita la imposibilidad de hacer valer defensas en otra oportunidad procesal.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Esquivel, Carlos O. c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo (ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Debe formularse un llamado de atención al señor juez que en la sentencia se expidió teniendo en cuenta, no las conclusiones del veredicto, sino sus propias apreciaciones expresadas en el mismo y que resultaron opuestas a lo que la mayoría del tribunal tuvo por acreditado en dicha pieza procesal.
Embargo, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Forma Crédito S.A. c/ Cueva, Hugo Domingo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Dado que el embargo ordenado tiene como asiento los haberes que pudiere percibir el ejecutado de la firma indicada, la cédula resulta un medio suficiente y apto para darla a conocer a quien se ordenara la retención y depósito de las correspondientes remuneraciones (arts. 135, 138 y ccdtes., CPCC), por lo que es susceptible de utilizarse sucedáneamente al oficio.
Responsabilidad de la obra social, mala praxis, obligación de seguridad, buena fe contractual
Materia: CIVIL
Carátula: B., S. E. y otra c/ Obra Social del Personal Directivo Luis Pasteur y otros s/ daños y perjuicios. Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-23

Demostrada la culpa de un profesional en un caso de mala praxis, la obra social que contrató sus servicios es responsable por los daños derivados de su accionar, debido a que su obligación de prestar asistencia médica por profesionales habilitados lleva implícita consigo un compromiso tácito de seguridad, el cual halla su fundamento normativo en el art. 1198, 1ª parte Cód. Civil, que consagra el principio de buena fe contractual, base de la confianza que se deben inspirar recíprocamente las partes al contratar.
Contratos de préstamo garantizados, obligaciones en moneda extranjera, títulos de deuda pública, ejecución de sentencia, inconstitucionalidad
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Núñez, Fulgencio Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

Cabe confirmar la decisión que dispuso la prosecución de la ejecución de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del decreto 471/02 y de sus normas complementarias y condenó al Estado Naconal a pagar lo adeudado al actor en su carácter de adquirente y titular de préstamos garantizados emitidos en dólares estadounidenses en las mismas condiciones que las originalmente establecidas, pues al hallarse los títulos en cuestión comprendidos en una de las excepciones previstas por la legislación aplicable, la declaración de inconstitucionalidad de las normas que disponen el diferimiento deviene manifiestamente innecesaria y revela una interpretación aislada de los preceptos que regulan el pago de los servicios de la deuda pública, sin perjuicio de aplicar las normas que disponen la suspensión de la ejecución de la sentencia firme en aquello que exceda las condiciones fijadas por aquél decreto, siempre que existan remanentes pendientes de pago. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.-
Recurso de casación, improcedencia del recurso, gravedad institucional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosca, Pedro; Cecilia Valeria c/ Colegio de Fonoaudiólogos de Catamarca s/ Acción de amparo-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-10-17

Debe rechazarse el recurso casatorio articulado al omitir el recurrente fundar sus agravios en algunas de las causales legalmente establecidas, y sin que se cumplan en autos las condiciones requeridas para la procedencia de la gravedad institucional alegada. Deviniendo la misma en cuestión abstracta, al omitir la agraviada la alegación y prueba de la configuración de dicha gravedad en la sentencia, como también demostrar la extensión que tales vicios pudieran asumir para desbordar el mero interés de parte y conmover los de la comunidad total o parcialmente.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: C. S. A. c/ T. A. S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-20

Las astreintes son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces pueden aplicar a quien no cumple una obligación que le fuera impuesta en una resolución judicial, estando en condiciones de cumplirla, perdurando la vigencia de la conminación mientras no cese el incumplimiento, pudiendo aumentarse o disminuirse la misma, si no resultare eficaz y pudiendo también ser dejada sin efecto, si el incumplidor justificare su actitud.
Medidas cautelares, presunción de legitimidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nord S.R.L. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2014-10-17

La medida cautelar solicitada de abstención de la aplicación de la Ordenanza Municipal que establece la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene resulta procedente, como excepción a la regla que manda no hacer lugar a las medidas cautelares intentadas en contra de actos legislativos o administrativos por la presunción de legitimidad de la que gozan, por cuanto este Tribunal ya ha declarado la inconstitucionalidad del precepto municipal y la presente acción aparece como sustancialmente análoga a la debatida en aquellas causas.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, jueces, recusación, facultades jurisdiccionales, defensa en juicio, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Incidente  de recusación planteado en autos Mostafá, Nair -víctima de Violación y homicidio en Tres Arroyos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Procede el recurso extraordinario federal respecto de resoluciones atinentes a la recusación e inhabilitación de los jueces de la causa, cuando la recusación se vincula con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es elemento de la defensa en juicio y el caso reviste gravedad institucional.
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, cancelación de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mercurio, Juan Carlos s/ Inconstitucionalidad art. 47 de la ley 10765. Tercero: Caja de Seg.  Soc. para Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de  Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Si, conforme a lo resuelto en el caso por la Corte Suprema de la Nación, la imposición de la cancelación de matrículas profesionales fuera del ámbito bonaerense, injiere en la regulación de la seguridad social e incide en el ejercicio de la actividad profesional cumplida en ajena jurisdicción, excediendo el poder de policía reservado por la provincia en la materia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 47 de la ley 10765 en cuanto impone para hacer efectivo los beneficios profesionales la cancelación de la matrícula en todas las jurisdicciones del país.
Derecho laboral, empleados públicos, recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, enfermedad profesional, saturnismo
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: VALLEJOS, JOSE M Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     (RESULTADO PERICIA ORDENADA POR LA CSJ)      EXPTE NRO 239-89 VILLALOBO, RAMON ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     (RESULTADO PERICIA ORDENA POR LA CSJ)      EXPTE NRO 313-89 VALLEJOS, JOSE MARIA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     (RESULTADO PERICIA ORDENADA POR LA CSJ)      EXPTE NRO 565-89 VILLALOBO, RAMON ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.     SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     (RESULTADO PERICIA ORDENADA POR LA CSJ)      EXPTE NRO 566-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-08|1992-04-08|1992-04-08|1992-04-08

El decreto reglamentario nro 351 de la ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo, prevé el "cambio de tareas" entre las necesidades relacionadas con las condiciones de trabajo y atento a que la reubicación del agente no es extraña en la reglamentación provincial (tanto en Derecho Acuerdo nro 4210-82, artículo 28, segundo párrafo in fine, como en el posterior nro 1919-89, artículo 29 segundo párrafo in fine), ni lo es en el contexto de las distintas Convenciones Colectivas de Trabajo relacionadas con la actividad laboral de los actores, que en general, contemplan el alcance y modalidad de dicho "cambio de tareas", debe disponerse que aquellos actores que se hallan en condiciones de reintegrarse y de someterse -en su caso- a un cambio de tareas, podrán y deberán hacerlo según las constancias del examen médico ordenado en autos, cumplimentándose así el deber de ocupación por parte de la Provincia implícito en la ley 8525 (artículo 78 LCT) y el de diligencia y colaboración por los actores (artículo 13 inciso a) ley 8525 y 84 LCT). Dejando sin efecto en lo que a ellos respecta la suspensión de la medida administrativa y en consecuencia disponer su inmediato reintegro condicionado al cambio de tareas, o en su caso, a la demostración de que las actuales condiciones del ambiente laboral son adecuadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, filiación, prueba, testigos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ramírez, Ramón Elieser c/ Sucesores de Gerónimo Juan Francisco Frontini. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por reconocimiento de filiación extramatrimonial y petición de herencia, si mediante consideraciones genéricas y carentes de rigor, se ha renunciado a efectuar una apreciación crítica de las numerosas declaraciones testificales producidas a pesar de que por las condiciones personales de los deponentes y por el lugar y la época en que ocurrieron los hechos, tales declaraciones podrían tener clara incidencia en el resultado del juicio y cobrar particular relevancia a los fines de acreditar la posesión de estado.