Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-03


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 3 de 2007.

La doctora Díaz de Vivar dijo:

Contra la sentencia de fs. 257/265, dictada por el Dr. Martín Alejandro Christello, se alzaron la parte demandada a fs. 271 expresando agravios a fs. 300/301 (contestados a fs. 315/316 por la actora) y la citada en garantía a fs. 273, recurso que se encuentra fundado con el escrito de fs. 303/306 y no fue contestada.

I.- Estanislaa González promovió demanda de daños contra la empresa de colectivos Rocaraza S.A., Línea 146, por los perjuicios que sufrió como pasajera el día 27 de diciembre de 2002, a las 12:30 hs. aproximadamente. El internó 29 de la demandada -que venía circulando por Av. Beiró- frenó bruscamente al llegar a la esquina de la calle Mercedes de esta Capital Federal, provoncándole una caída con las consecuencias que se señalan en la demanda.

II.- El señor Juez "a-quo", atendiendo a su calidad de transportada al momento del hecho, enmarcó la cuestión dentro de la órbita objetiva que establece el art. 184 del Código Mercantil y estableció la exclusiva responsabilidad de la demandada en la producción del hecho, toda vez que no logró probar -siquiera parcialmente- la fractura del nexo causal de atribución.

En consecuencia estableció que Rocaraza S.A. deberá abonar a Estanislaa González la suma de $ 21.000 en concepto de daño físico, $500 por gastos de asistencia médica y farmacia, $ 300 por gastos de movilidad, $2.600 para tratamiento psicológico y $ 7.000 por daño moral.

III.- a) La empresa demandada se agravió por considerar que las lesiones que se mencionan en la peritación no guardan relación causal con el hecho, ya que de ningún lado surge que la actora haya sufrido los daños y las lesiones que dice padecer. Por lo menos no como consecuencia del hecho de autos e insistió al cuestionar el origen de la afirmación del perito de que el accidente había sido el factor desencadenante de las lesiones relatadas.

En segundo término, cuestionó que se le otorgara un monto para solventar un tratamiento psicológico cuando, según el dictamen producido en autos, no presentaría patología psíquica de ningún tipo y por último, consideró que el monto fijado por daño moral resultó excesivo.- b) Por su parte la citada en garantía en primer lugar se agravió, por entender que otorgarle una suma para gastos de tratamiento psicológico -habiendo indemnizado el daño psíquico- resulta redundante y en segundo término solicitó que se lo eximiera de responder en toda aquella suma que no supere la franquicia suscripta con la demandada, esto es en la medida del seguro (con. art. 118 de la ley 17.418).

c) La actora, al contestar los agravios de la contraparte simplemente sostuvo la procedencia del monto otorgado en concepto de daño físico por hallarse probado el 15% de incapacidad física en la pericia producida en autos y solicitó también que se confirme la partida asignada en concepto de daño moral.

IV.- Los agravios vertidos por los recurrentes no atacan la responsabilidad admitida en la sentencia de grado, sino que cuestionan los montos indemnizatorios allí fijados, por lo que me limitaré al análisis por separado de cada uno de ellos.

a) Incapacidad física La incapacidad sobreviniente comprende -salvo el daño moral y el lucro cesante- todos los supuestos que son susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada (conf. CNCiv., Sala "B", E.D. 13-627; Sala "C", id. 38-3Ol, Sala "K", La Ley, 1997-E, 1029, 39.854-S).- Para su determinación hay que seguir un criterio casuístico, ponderando las circunstancias de cada caso, especialmente las referidas a la edad y sexo de la víctima, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción física y psíquica y la incidencia que la misma produce para la actividad desarrollada, como así también el nivel socio económico en que la lesionada se desenvolvía (conf. CNCiv, Sala "A", La Ley, 1997-, -344; Sala "E", La Ley, 1997-C, 262; Sala "I", La Ley, 1997-B, 784; Sala "J", La Ley, 1997-D, 574; esta Sala, exptes. 114.600/03 del 6-02-07 y 20.447/99 del 9-02-07, 96.295/2001 del 20-03-07; etc.).- Por otro lado, si el accidente actuó como factor desencadenante con relación a ciertas afecciones preexistentes que padecía la víctima, activándolas o acelerando su proceso, sus condiciones deben ser soportadas por el responsable. Se exige que el accidente sea el elemento conductor, catalizador, que acentúe o despierte la dolencia preexistente (conf. esta Sala, en autos "Galanti de Lavarello, Palmira E. c/ Martínez Roberto P. y otro s/ daños y perjuicios", 29-08-95; id., Sala C, "Saucedo Dardo J. y otros c/ Rodríguez Armando y otro s/ daños y perjuicios", 11-07-97; ídem. esta Sala, "Falgueras Omar c/ Catalano Jorge Horacio y otros s/ daños y perjuicios", de fecha 18-04-05).- Sostuvo el perito que el brazo derecho de González presenta la movilidad y la morfología modificadas, con alteraciones funcionales de articulaciones de hombro, codo y muñeca. La fuerza de presión se encuentra disminuida respecto del homolateral, lo que le impide realizar cualquier tarea. Sufre de paresias que se manifiesta en forma de corriente eléctrica y además, padece de un cuadro de cérvico braquialgia residual.

Sin embargo, en este caso, conforme surge de las constancia del informe pericial médico, la alteración funcional del hombro derecho de la señora González se debe además del golpe que sufrió en el accidente, a una dolencia pre existente y propia de su edad, que incide como concausa de los perjuicios que sufre en la actualidad (fs. 195 vta./196).

Por otro lado, con relación a la fisura que la actora habría sufrido en la zona costal derecha, argumentó el demandado que no surge de las pruebas de autos que esto hubiera sucedido. En efecto, más allá de lo que la propia actora denunciara en sede policial, no existe ningún elemento que permita corroborar esta situación (fs.1 vta. de la causa penal nº 41.483/03). Ni del escrito de demanda, ni del informe médico legal realizado por el Dr. D. G. F. de la Policía Federal, surge que la actora haya tenido lesión alguna en la zona costal. Tampoco aparece de la fotocopia del libro de guardia del Hospital Zubizarreta que la actora tuviera alguna costilla fisurada, sólo se solicitó una placa radiográfica de dicha zona, porque debía presentar dolores producto del golpe que había recibido (fs. 25/26 de la causa penal).

Esta cuestión no resulta menor pues, como la denunciante no se presentó a instar el proceso y las lesiones que sufrió no son de carácter grave, el Fiscal solicitó el archivo de las actuaciones.

El perito médico designado en autos, no tuvo oportunidad de ver las radiografías tomadas a González aquél día, pues la actora desistió de la prueba informativa solicitada al Hospital Zubizarreta por considerarla innecesaria. Sin embargo en el punto IV.- 1.-, de su peritación sostuvo que sufrió la fisura de una costilla, mientras que en la causa penal González había dicho que tenía dos costillas fisuradas, es decir el médico aludió al relato de la señora sin elementos probatorios que lo comprobaran.- El único elemento, que podría tener relación con la fisura que la actora dice haber sufrido, es la prescripción de una faja con abrojo que obra a fs. 16 de la causa penal. Ante la ausencia de otros elementos y el hecho de que la actora sufrió un golpe en la columna, situación que pudo requerir idéntico tratamiento, aquello resulta insuficiente para demostrar la existencia del daño alegado.

Por lo expuesto, propongo reducir la partida asignada en la anterior instancia para reparar este ítem a la suma de $ 10.000.-.

b) Daño moral Es este uno de los perjuicios más difíciles de valorar pues se trata de afecciones íntimas y personales, que sólo conoce quien las padece. No obstante ello, el juez está llamado a determinar una suma que compense de alguna manera los sufrimientos experimentados, cuidando siempre de no crear con ella un enriquecimiento indebido.- Cabe aclarar, asimismo, que al tratarse de un daño provocado a bienes extrapatrimoniales, resulta independiente del daño patrimonial, con el cual no tiene por qué guardar relación alguna (conf. C.S. "Formi Francisco c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios", F.312:1597). Ello implica que la cantidad a establecerse por el agravio moral no será forzosa y matemáticamente, un porcentaje de lo que se conceda por otros conceptos (en similar sentido, CNCiv., Sala A, "Clerici de Hulshamp Hermelinda c/ Carrero Oscar s/ daños y perjuicios", del 22-12-92; CNCiv., Sala G, "Benítez de Chera, Olinda c/ Ferrocarriles Argentinos s/ sumario", del 04-12-90, entre otros).

A efectos de comprender la magnitud del daño, es dable tener en cuenta los factores relativos al hecho, las lesiones sufridas, su tratamiento, y secuelas posteriores.- En el caso, la actora, reitero que tiene hoy 65 años, cayó al piso golpeándose el hombro, la cabeza y el costado, debiéndosela trasladar al Hospital Zubizarreta donde recibió primeros auxilios. Esta situación le provocó dolores e imposibilidad de movilizarse. Actualmente las secuelas consisten en limitación de los movimientos de su brazo derecho.

En atención a lo expuesto, y en mira de resguardar el delicado equilibrio entre el justo resarcimiento y el peligro de un enriquecimiento indebido, considero que la suma de $ 7.000 otorgada por este ítem resulta excesiva en relación a los padecimientos sufridos como producto directo del accidente, por lo que propongo reducirla a $ 5.000.-.

c) Gastos de tratamiento psicológico Tanto la demandada como la citada en garantía impugnaron la partida asignada para este ítem, la primera por considerar que resultó excesiva en atención a la ausencia de incapacidad psíquica determinada en la pericia y la segunda, por entender que existe una duplicación , toda vez que -a su criterio- ya se había asignado una suma para repararlo.

En primer lugar, con relación a este último agravio, cabe aclarar que incurrió en un error, toda vez que ninguna suma se fijó en concepto de daño psíquico, toda vez que la pericia determinó que la actora no presentaba grado alguno de incapacidad permanente que mereciera ser indemnizada en este acápite.

Respecto de la procedencia de esta partida, materia que ha sido cuestionada por la demandada, debe tenerse presente que la reparación por daño psicológico tiene por objeto compensar las secuelas que experimentó la víctima en el accidente. La existencia de un padecimiento psíquico, traumas, cuadros depresivos, miedos, en fin las consecuencias perturbadoras de la personalidad con matices patológicos, hacen que el individuo quede afectado en un aspecto de la personalidad -que a veces no necesariamente implica un compromiso en lo laboral o en su productividad- y en ello justamente, asienta el daño psicológico que es preciso reparar.- En cambio, el objetivo del tratamiento psicológico reside en tratar de remover esa alteración transitoria de la psiquis, que ha surgido como consecuencia del hecho pero que no se ha consolidado y que si no es tratada por un profesional adecuada y prontamente, podría llegar a cronificarse o incluso, a generar algún tipo de incapacidad mayor y permanente en el futuro (conf. esta Sala, en los autos "Pogonza, Mabel Margarita c/ Vélez, Francisco Humberto s/ daños y perjuicios" expte. nº454.990 del 31de mayo de 2007).- Así, a fin de evitar el agravamiento del cuadro, la perito determinó que resulta necesario que la actora realice un tratamiento psicológico con una frecuencia semanal por un plazo -que estima prudente- no menor de tres meses y cuya extensión final estimo suficiente por término de seis meses, a un costo promedio del tratamiento de $50 por sesión (conf. conclusiones del informe psicológico elaborado por la lic. Wright y que se encuentra reservado en el sobre nº 9521, que corre agregado a las presentes actuaciones).- Por ello, considero que le asiste razón parcialmente a la parte demandada en este sentido, por lo que propongo reducir a la suma de $1.250 el monto para atender los gastos de tratamiento psicológico de la Estanislaa González.- V.- Franquicia La sentencia de grado dispuso que La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales sólo deberá responder en el caso de que la liquidación final supere la suma establecida como límite en la franquicia, siempre en la medida del seguro, por lo que corresponde rechazar el agravio vertido en este sentido.

Nada más cabe agregar toda vez que la actora no reclamó en orden a la aplicación del plenario vigente, por lo que la sentencia a su respecto quedó firme.

Por lo expuesto si mi voto fuera compartido, deberá reducirse la suma establecida en concepto de incapacidad sobreviniente a la de $10.000, a $ 1.250 la dispuesta para atender los gastos de tratamiento y deberá reducirse también la partida fijada en la anterior instancia para reparar el daño moral a $ 5.000, con costas en esta instancia a la demandada.

Resulta importante señalar que la sumas indemnizatorias concedidas tienen como finalidad producir el equilibrio patrimonial de la víctima, objetivo que no se alcanzaría si se disminuyesen en la medida de las costas. De este modo, se protege el principio de reparación integral que rige en sede civil. Por ello impongo las costas en esta instancia a la parte demandada por resultar vencida (conf. art.68 del Código Procesal).

Los doctores De los Santos y Ponce adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1.-Reducir la suma establecida en concepto de incapacidad sobreviniente a la de $10.000, a $ 1.250 la dispuesta para atender los gastos de tratamiento. 2.- Reducir la partida fijada en la anterior instancia para reparar el daño moral a $ 5.000. 3.- Imponer las costas en esta instancia a la parte demandada por resultar vencida (conf. art.68 del Código Procesal).

I - En atención a la forma en que se resuelve, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf. art. 279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada.

Por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica y moral del litigio, el monto del proceso actualizado y, finalmente, las pautas legales que surge de los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o.24.432.

En consecuencia con lo expuesto, regúlase al letrado apoderado de la parte accionante, Dr. C. E. A. la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500) y a la letrada apoderada de la misma parte, Dra. A. P. L. por su intervención en las audiencias de fs. 125 y fs. 167 la suma de pesos quinientos ($ 500); a los letrados apoderados de los demandados P. S. P. y "Rocaraza SA", Dr. J. C. E. la suma de pesos dos mil ($ 2.000), Dra. N. C. por su intervención en las audiencias de fs. 125; 167 y 204 la suma de pesos quinientos ($ 500) y a los letrados apoderados de la citada en garantía "La Economía Comercial", Dr. M. H. C. la suma de pesos dos mil ($2.000), Dr. S. M. por su intervención en la audiencia de fs. 125 la suma de pesos quinientos ($ 500) y al Dr. G. D. R. por su intervención en las audiencias de fs. 167 y 178 la suma de pesos doscientos ($200).

II - En cuanto al perito, corresponde ponderar la naturaleza de la peritación realizada, la calidad, extensión e importancia de la misma, su grado de complejidad, el carácter técnico-científico, el interés económico comprometido, su incidencia al momento de dictarse el acto jurisdiccional y la debida proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los del letrado (CSJN., Fallos: 239:123; 243:96, entre otros).

Siendo ello así, fíjase al perito médico E L. B la suma de pesos cuatrocientos ($ 400).

III - Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia que culminara con el dictado de la sentencia definitiva, fíjase al Dr. C E. A la suma de pesos un mil ($ 1.000), al Dr. M. H. C. la suma de pesos setecientos ($ 700) y al Dr. R. O. L. la suma de pesos setecientos ($ 700 - art.14 leyes arancelarias mencionadas).- Elisa M. Díaz de Vivar.- Mabel De los Santos.- Carlos R. Ponce.