Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15


SENT Nro. 606 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 15 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte codemandada en autos: "González, Ignacio Jesús vs. Lescano, Teobaldo y otros s/Despido y otros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 424/432 vta., el codemandado Jorge Raúl Chehín plantea recurso de casación, contra el punto I, de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, del Centro Judicial de Concepción, de fecha 6 de julio de 2001, obrante a fs. 378/385 vta. de autos, el que fue denegado por resolución del referido tribunal de fecha 21 de agosto de 2002 (cfr. fs. 439), y abierto parcialmente en queja por sentencia Nº 80 del 25 de febrero de 2003 (cfr. fs. 504/505 vta.).

II.- Ello así, corresponde ingresar al examen de procedencia respecto al tema declarado admisible en la queja.

Considera el codemandado que la sentencia es arbitraria por omitir valorar pruebas, que demostrarían la inexistencia de solidaridad entre él y los otros demandados, habida cuenta que la sociedad de hecho que lo vinculaba con Teobaldo S. Lescano había sido disuelta seis años antes del distracto del actor y que el fallo habría efectuado una interpretación voluntarista de los recibos acompañados en autos.

El fallo tiene al señor Chehín como integrante o socio de la sociedad de hecho integrada por Lezcano-Chehín, omitiendo toda consideración respecto a la disolución de dicha sociedad, concretada supuestamente seis años antes del distracto del actor. La disolución era conocida por el actor y aceptada en forma expresa, lo que surge de las siguientes pruebas: 1) demanda: en ella el actor reconoce la disolución de la sociedad de hecho, por lo que le es oponible el acto de disolución; 2) recibos de sueldo: se adjuntan unos a nombre de la sociedad Lescano-Chehín (desde el inicio en 1981 y concluye en 1986); se acompañan otros a nombre de Lescano Garnica y luego desde 1987 a 1988, a nombre de Teobaldo Lescano S.R.L. en el año 1989 y a nombre de Carlos Lescano de 1990 a 1992; los que acreditan el conocimiento de la disolución de la sociedad, la aceptación de la transferencia del contrato; sin embargo la sentencia se limita a decir que de su evaluación surge la existencia de una sociedad de hecho; 3) expediente administrativo nº 224.L-91; valorado por la sentencia en cuanto a los derechos del actor, p ero no tuvo en cuenta que ni el accionado ni ninguno de los integrantes de la sociedad de hecho condenada, fue citado a comparecer; 4) cartas documento: existen varias de ellas enviadas a los verdaderos empleadores, a los únicos responsables con su conducta del distracto (Carlos Lescano y a Fernando Teobaldo Lescano), pero no se envió ninguna intimación a la sociedad de hecho compuesta por Lescano-Chehín, ni tampoco a ninguno de sus socios.

Considera que con ello ha violado los artículos 225, 226 y 228 LCT pues, más allá de la negada circunstancia que la sociedad de hecho se haya disuelto y haya dejado de existir, el contrato laboral fue objeto de varias transmisiones, aceptadas por el actor y la solidaridad entre transmitente y adquirente del establecimiento dispuesta en el artículo 228, está establecida para las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión. En el caso de autos las pruebas indican que la transmisión se produjo seis (6) años antes de la ruptura de la relación laboral, y los rubros que se condenan a pagar por parte del recurrente son los devengados con posterioridad a la transferencia.

III.- A su turno, la sentencia en lo que ha sido declarado admisible el recurso, hace lugar a la demanda del actor condenando a todos los codemandados que figuran en la demanda.

Con relación a los demandados Teobaldo Lescano, Jorge R. Chehín, Lescano, S.T. y Garnica de Lescano, Teobaldo Lescano S.R.L. y Carlos Alberto Lescano, destaca que éstos no contestan demanda, dándoles por decaído el derecho dejado de usar, con la previsiones del artículo 58 LCT.

En cuanto al codemandado Chehín, lo condena en base a las siguientes pruebas: a) recibos acompañados con la demanda, los que dice fueron evaluados y los contenidos de fs. 49/66, aclarando que los recibos ya fueron evaluados, lo que reitera brevitatis causa, y deja constancia que este "ofrecimiento ratifica la autenticación, acreditándose la relación laboral invocada", en cuanto a las constancias de fs. 49/66; b) igualmente confirma la existencia de la sociedad de hecho entre los demandados "Lescano-Chehín" que tiene por objeto la explotación de Fincas Cañeras (según acta de fs. 5 y constancias de fs. 49/66); c) las constancias de fs. 58/66 lo que confirma lo expuesto en la demanda; d) la pericial contable no fue producida.

Consecuentemente afirma que las partes demandadas prácticamente no produjeron prueba alguna, o no cumplieron con la carga procesal que correspondía. Tiene por acreditada la existencia de relación laboral, haciendo lugar a los créditos reclamados, salvo horas extras porque el actor no cumplió con la carga de la prueba.

V.- De la reseña efectuada se infiere que la cuestión de derecho a debatir es la denuncia de arbitrariedad del fallo, en la valoración de las pruebas con relación a la existencia de sociedad de hecho entre los demandados y el codemandado Chehín, su continuidad o no y eventualmente la existencia de solidaridad laboral entre los codemandados definiendo, a partir de una adecuada valoración del cuadro probatorio, la normativa que corresponde aplicar al caso.

Para ello cabe destacar que la cuestión en debate necesita de una primera precisión, la determinación de existencia o no de solidaridad entre los codemandados, a partir de precisar si entre ellos hubo sociedad de hecho existente al momento del distracto, que obligue a aquéllos a responder por los eventuales derechos del actor, todo ello con fijación de los hechos y con fundamento en las pruebas producidas.

Ello por cuanto, en oportunidad de plantear recurso de casación, el codemandado Chehín, se agravia porque considera errónea la apreciación judicial que en el caso, al momento del distracto, existía sociedad de hecho entre los codemandados, conclusión a la que el fallo arriba a partir de una deficiente valoración del cuadro probatorio. Amén de ello el recurrente considera que tampoco se configura el supuesto de solidaridad a tenor del artículo 228 y cc. de la LCT, toda vez que el contrato laboral fue objeto de varias transmisiones, aceptadas por el actor y la solidaridad entre transmitente y adquirente del establecimiento dispuesta en el artículo 228, se establece para las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión.

Me apresuro a advertir que este último planteo, si bien referido a los mismos hechos descriptos en la demanda, en rigor de verdad, menta un supuesto de derecho distinto de la figura jurídica societaria.

En efecto, a partir del artículo 225 la LCT regula la transferencia del contrato de trabajo específicamente por cambio o cesión de firma, entendiéndose por tal a aquella que tiene origen en la enajenación de la empresa, o en el traspaso de la misma en su carácter de entidad, como un todo económico, a otra persona física o jurídica (Sardegna, Miguel A. "Ley de Contrato de Trabajo", pág. 687).

Ante esta posibilidad, la ley establece que la transferencia de establecimiento, por cualquier título, hace pasar al adquirente o sucesor todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que tuviera el transmisor al momento de la transferencia, aún las que tienen origen en esa transmisión. De esta forma se asegura la continuación del contrato con el sucesor del empleador original respetándose la antigüedad y los derechos de ésta derivados, cumpliéndose así con el principio de conservación del contrato.

A su turno, el artículo 228 LCT, establece que transmitente y adquirente son solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo a la época de la transmisión, sea ésta permanente o transitoria, cualquiera sea el título de la transferencia del establecimiento (arriendo, usufructo, precario, locación de obra, contrato de explotación, etc.; cfr. ob. cit. pág. 700).

En el caso, el tribunal determinó la existencia de una sociedad de hecho entre las partes demandadas, que ameritaba la condena solidaria que dispuso. Nada dijo sobre la pretensión del actor que en el caso se habría configurado un supuesto de solidaridad en los términos del artículo 228 y cc. de la LCT.

En efecto, sin perjuicio de que el encuadre jurídico de los hechos, en las normas del artículo 228 y cc. de la LCT, fue expresado por la actora en la demanda, tratándose de una cuestión de derecho referida a hechos que integraron la litis en instancia de grado, por aplicación del principio "iura novit curia", debieron ser analizados conforme pruebas pertinentes y válidas en autos, a fin de determinar el derecho aplicable en el caso.

Sin embargo, sobre estos hechos invocados por la actora, sea para admitirlos o para descalificarlos, nada expresó la sentencia.

Cuestión distinta aconteció con la cuestión referida a la existencia de prueba que acredite una sociedad de hecho entre los codemandados. Si bien la sentencia sobre esta cuestión se pronunció, lo hizo sin explicitar adecuados fundamentos, ni efectuar una prudente valoración de las pruebas que obran en autos, para estimar estos hechos.

Si bien la ley atribuye a los jueces de grado la valoración prudencial de las pruebas tendientes a la determinación de la existencia de sociedad de hecho entre los codemandados, la misma se encuentra condicionada a una adecuada ponderación de las circunstancias y pruebas obrantes en cada caso.

En el caso, no ha sido negado que un vez existió una sociedad de hecho entre Lescano y Chehín, sino que al momento del distracto del actor ésta se encontraba disuelta y que obran en autos suficientes pruebas al respecto que no fueron merituadas por el fallo.

Antes bien, a partir de una valoración inadecuada y violatoria de las reglas de la sana crítica de los recibos de sueldo acompañados en autos, tiene por acreditada la existencia de la sociedad de hecho.

La sentencia atacada atribuye a la supuesta sociedad de hecho Lescano-Chehín, los recibos adjuntados a la demanda (fs. 12), teniéndolos por auténticos "ya que los herederos apersonados en autos no cumplieron con el artículo 88 de la Ley Nro. 6204, de negarlos categóricamente y específicamente. En cambio a los demás demandados se les aplica el apercibimiento del artículo 58 Ley Nro. 6204, dándolos por auténticos y reconocidos", con la que tiene por acreditada la relación laboral. Sin embargo, omite la consideración de otras probanzas obrantes en la causa como por ejemplo el convenio de disolución de la sociedad de hecho entre Teobaldo S. Lescano y Jorge R. Chehín, que en copia autenticada obra a fs. 49/57, entre otras, que eventualmente podrían descalificar las presunciones aplicadas al codemandado Chehín, como miembro de una sociedad de hecho vigente al momento del distracto.

Ello nos pone en presencia tanto, de una visión insuficiente del plexo probatorio, cuanto de una falta de adecuada motivación del pronunciamiento, que amerita su descalificación como acto jurisdiccional válido, tornando procedente el recurso de casación incoado por el codemandado Chehín, contra la sentencia atacada.

Por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el punto primero de su parte resolutiva en lo que a él se refiere, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que, por un lado, omite considerar planteos efectuados por la parte actora respecto a la existencia de solidaridad entre los codemandados a la luz de los artículos 228 y cc de la LCT y, por el otro, a partir de un examen inadecuado del cuadro probatorio, afirma la existencia de sociedad de hecho entre los coaccionados al momento del distracto del actor, haciéndolo sin dar razones suficientemente apoyadas en las constancias del expediente".

Es del caso resaltar que la conclusión a que se arriba es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se han configurado o no los supuestos fácticos invocados por la parte codemandada. Por ello, debe remitirse este proceso a la referida Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a la naturaleza del resultado arribado, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse por el orden causado, por provenir el vicio de la actuación del órgano judicial.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación, planteado por el codemandado Jorge R. Chehín en lo que ha sido declarado procedente, contra el punto I) de la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, del Centro Judicial de Concepción, de fecha 6 de julio de 2001, obrante a fs. 378/385 vta. de autos, por las razones expuestas en el considerando punto V.- En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE dicha sentencia, dejando sin efecto el punto I de su parte resolutiva con relación al codemandado Jorge R. Chehín, conforme a la doctrina legal expresada en los considerandos, y REMITIR este juicio al referido Tribunal para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, al respecto.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO