Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 12.404/07 "Astilleros Corrientes SAIC c/ Estado Nacional Fondo Marina Mercante s/ incidente de nulidad" Buenos Aires, 24 de junio de 2014.

Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por Astilleros Corrientes S.A.I.C. a fs. 259 -concedido a fs. 260 y fundado a fs. 261/262 vta.-, cuyo traslado mereció la respuesta de fs. 266/266vta., contra la resolución de fs. 247/252, y CONSIDERANDO:

I. El propósito del presente incidente es que decrete la nulidad del procedimiento a partir del auto de fs. 432/433 de las actuaciones principales.

La nulidicente sostuvo que tomó conocimiento del acto mediante el cual se determinó y se la intimó al pago de una tasa de justicia, recién 2 años y 8 meses después de haber finalizado el proceso judicial por homologación del acuerdo transaccional celebrado con el Estado Nacional, con la intimación de pago y citación de remate cursada en su domicilio real en la ejecución fiscal promovida por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (DGI) ante el Juzgado Federal de la provincia de Corrientes (conf. mandamiento diligenciado el 4 de septiembre de 2007). Agregó que esa decisión (fs. 432/433) y la que impuso una multa del 50% por falta de cumplimiento a la intimación cursada (fs. 440) fueron notificadas al entonces apoderado Dr. Rosenkrantz en el domicilio procesal constituido en autos, en lugar de hacerlo en su domicilio real de la ciudad de Corrientes, de acuerdo a lo que establece el art. 42 del ritual, con motivo de la paralización del expediente.

No consintió ningún acto procesal posterior a la presentación de fs. 421/422, de fecha 23 de octubre de 2002.

De acuerdo a lo dispuesto en las providencias de fs. 138 y fs. 197, tomaron intervención en el presente incidente la demandada Estado Nacional -Ministerio de Economía- (fs. 170/173), el Representante del Fisco (fs. 185/185vta.) y los doctores Gabriel Bouzat y Carlos F. Rosenkrantz (fs. 238/243).

El magistrado de la anterior instancia, rechazó la nulidad articulada en los términos en que fuera propuesta. Para así decidir, tuvo en cuenta -en lo sustancial- que la notificación mediante la cual se intimó a la actora a abonar la tasa judicial correspondiente según el monto de la liquidación aprobada a fs. 432 del expediente principal "se cursó al domicilio que la parte había constituido en autos ya que no había denunciado en autos su domicilio real". Además, consideró que como la parte "no había denunciado cuál era su domicilio real, a pesar que su apoderado con facultades suficientes para ello (.), la notificación a realizarse por Secretaría debió cumplirse en el domicilio constituido".

La decisión fue atacada por Astilleros Corrientes S.A.I.C.. Destacó -en síntesis- a) que el sentenciante reconoció que la notificación de fs. 434 debió hacerse en el domicilio real y no en el constituido; b) que el domicilio real había sido denunciado al iniciar la demanda; c) que el ritual establece que el domicilio subsiste si no se ha denunciado otro nuevo; el traslado ordenado a fs. 393 del proceso principal fue realizado por cédula en el domicilio real de la provincia de Corrientes; d) que jamás cuestionó la validez del acto de diligenciamiento de notificación, por ello no era necesario plantear su falsedad -como argumentó el a quo- (fs. 261/262).

Conferido el traslado respectivo, el doctor Bouzat respondió los agravios de la accionante; en lo que aquí importa, expresó: "el argumento esgrimido por VS para rechazar la nulidad no se ajusta a la realidad de los hechos porque el domicilio de Astilleros Corrientes fue debidamente denunciado en la demanda original por el suscripto" (fs. 266vta.).

A fs. 288vta. el Representante del Fisco solicitó que se tengan por reproducidos los argumentos expuesto a fs. 185 y propició el rechazo de la pretensión recursiva en traslado.

II. Ante todo, resulta pertinente recordar que las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio (Corte Suprema de Justicia; Fallos: 310:870 y 319:625).

En tales condiciones, ponderando que uno de los principios fundamentales es que todo lo referente a materia de nulidades debe ser entendido con carácter restrictivo, es indudable que cabe determinar si la nulidad planteada es procedente tal como fue propuesta por la interesada.

III. Sentado lo anterior, a los fines de dilucidar la cuestión traída a decisión de este Tribunal, es menester efectuar un detalle de las constancias obrantes en las actuaciones principales remitidas por el Juzgado interviniente.

(i) La accionante inició demanda, a través de su apoderado, con el fin de interrumpir las caducidades y prescripciones previstas en los artículos 25, 26, y 27 de la ley 24.447. En esa oportunidad constituyó domicilio procesal en la calle Av. De Mayo 1460, 2° piso, oficina "14" y denunció como domicilio legal el de Samuel Gutnisky y Juan de Garay, ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes (ver fs. 92, puntos I y II). A fs. 204 concretó su demanda.

(ii) El 25 de octubre de 2001 (fs. 388) el a quo homologó el Acta Acuerdo Marco celebrado entre las partes (fs. 299/351), en los términos del artículo 308, in fine, del Código Procesal.

(iii) El escrito de fs. 421/422 -a partir del cual la actora no consiente ningún acto posterior- fue presentado el día 23 de octubre de 2002 por el presidente del Directorio de Astilleros Corrientes S.A.I.C.

(iv) La cédula notificatoria de la liquidación practicada en autos a los fines de establecer la base regulatoria de los honorarios profesionales (fs. 392/393) fue dirigida a la accionante al domicilio de la calle "SAMUEL GUTNISKY Y JUAN DE GARAY, CIUDAD DE CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES", consignándosele el carácter de denunciado, con resultado positivo el 8 de octubre de 2002 (ver fs. 427/427vta.).

(v) La resolución de fs. 432/433 (11 de abril de 2003) que resolvió el pedido de regulación de honorarios de los doctores Gabriel Bouzat y Carlos F. Rosenkrantz (fs. 392), fue notificada mediante cédula suscripta por el doctor Bouzat el 5 de mayo de 2010 en el nuevo domicilio constituido en autos por la actora (5/07/2007 -fs. 477-) y apelada el 13/05/2010 (fs. 535/537) (vi) La providencia de fs. 434 (30 de junio de 2004) que intimó a la parte actora a depositar la suma de $6.578.672 en concepto de tasa de justicia, bajo el apercibimiento dispuesto por el art. 11 de la ley 23.898 y el auto de fs. 440 (20 de agosto de 2004) que hizo efectivo ese apercibimiento e intimó nuevamente al pago con más el 50% del importe reclamado en concepto de multa, bajo el apercibimiento previsto por el art. 11, párrafo tercero, de la ley 23.898, fueron notificados en el domicilio constituido por el doctor Rosenkrantz -en su carácter de letrado apoderado- mediante cédulas confeccionadas por el Juzgado y diligenciadas el 13/07/2004 y 9/09/2004 (ver fs. 439 y fs. 441, respectivamente).

(vii) La providencia de fs. 445 (29 de septiembre de 2004) hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 440 y ordenó expedir el certificado de deuda respectivo.

IV. En primer término, convine señalar que de acuerdo a lo prescripto por el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los domicilios procesales y denunciados subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo mientras no se constituyen o denuncien otros, solución que debe hacerse extensiva a las actuaciones que se encuentren paralizadas durante un tiempo prolongado, supuesto que la jurisprudencia ha equiparado al archivo, por cuanto no es posible extender la ficción legal más allá de lo razonable (conf. S.C. Fassi - C.D. Yañez "Código Procesal Civil y Comercial", T° 1, pág. 315).

La subsistencia no sólo rige en lo concerniente a las partes, sino también para el tribunal respecto de aquellas notificaciones que deben practicarse oficiosamente (conf. Fenochietto - Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T° 1, pág. 179).

Además, una vez concluido o archivado el expediente se considera que también han cesado los efectos que la ley atribuye a tales domicilios. Es que el objeto de la citada disposición es proteger a las partes de los efectos perniciosos que podría acarrear a la defensa de sus derechos el extender más allá de lo razonable la presunción de subsistencia de los domicilios (conf. CCiv., Sala A, del 6.06.05, Sumario N°16868 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°6/2006).

La aplicación de esos principios conduciría a admitir la nulidad planteada, ya que mucho tiempo después de la última actividad procesal que la parte actora desplegara en el expediente -a través del presidente de su directorio- (23 de octubre de 2002) o, en el mejor de los casos, desde el 25 de noviembre de 2002, fecha en que el doctor Rosenkrantz invocó su carácter de apoderado (fs. 429), fueron llevadas a cabo las notificaciones cuestionadas (entre los meses de julio y septiembre del año 2004) en un domicilio constituido cuya subsistencia no podía ser razonablemente sostenida por el transcurso del tiempo (un año y ocho meses), sin desmedro del derecho de defensa en juicio.

Sin embargo, el argumento central del decisorio recurrido es que la parte actora "no había denunciado en autos su domicilio real" y por ello "la notificación a realizarse por Secretaría debió cumplirse en el domicilio constituido".

Sobre el particular es preciso señalar que el domicilio real de las personas es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (art. 89 del Código Civil), y que el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimientos de sus obligaciones (art. 90 del Código Civil). El domicilio de las sociedades debe considerarse como "domicilio legal" (inciso 3°, art. 90).

En otras palabras, tratándose de personas jurídicas en general y de sociedades en particular, no puede hablarse de domicilio real que solo lo tienen las personas físicas y además el de aquellas es legal (arts. 89 y 90 inc. 3. cit. prec.).

En función de lo expuesto, es claro que el argumento que utilizó el magistrado de la instancia anterior, en cierta forma no se condice con las constancias de autos -oportunamente reseñadas en el considerando III-(i) del presente-. En efecto, el domicilio legal de la accionante fue debidamente denunciado en la primera presentación efectuada por ASTILLEROS CORRIENTES S.A.I.C. en el escrito titulado "INICIA DEMANDA. INTERRUMPE PRESCRIPCION Y CADUCIDAD" obrante a fs. 92/94vta. de las actuaciones principales Expte. N° 31.055/95 "Astilleros Corrientes SAIC c/ Estado Nacional - Fondo Marina Mercante s/ proceso de conocimiento (ver fs. 92, punto I "Personería"). En ese domicilio se cumplió un acto procesal de oficio.

En efecto, la "cédula ley" librada en el expediente principal (ver nota de fs. 398vta., suscripta por el señor Prosecretario Administrativo, del 4/09/02) y conformada (ver sello inserto en el formulario de fs. 427) por el Juzgado, notificando la providencia de fs. 393 -traslado de liquidación- fue dirigida a la accionante en el domicilio de la calle "Samuel Gutnisky y Juan de Garay, Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes", consignándose al mismo el carácter de "denunciado".

Sobre tales bases, es claro que fue el propio Juzgado quien entendió que la notificación dispuesta en la causa debía notificarse al domicilio denunciado en el escrito de inicio, pues a esa dirección se cursó la diligencia aludida. En tal inteligencia, no se advierte cuáles fueron los motivos para cursar las diligencias posteriores a un domicilio que no fuese aquél, ya que no existía en autos constancias de que el mismo haya sido modificado.

En función de lo expuesto y ponderando que la nulidad de los actos procesales guarda estrecha vinculación con el derecho de defensa en juicio -que tiene jerarquía constitucional-, corresponde admitir el planteo de la accionante.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución apelada, en cuanto fue materia de agravio, sin costas de alzada por no haber mediado contradictorio.

"Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/11 -B.O. 17.10.13-".

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -al Representante del Fisco en su despacho-, oportunamente publíquese y devuélvase.

Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo