Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2008-03-11


La Rioja, marzo 11 de 2008.

El doctor Avila dijo:

Resultando: 1) A fs. 21/26 compareció el Dr. Mario Enrique Toledo, en su carácter de Presidente del "Centro Vecinal Angel Vicente Peñaloza" del B Ferrroviario, conforme Personería Jurídica otorgada, con el patrocinio del Dr. Luis García. Dedujo acción de amparo en contra de la resolución Nº 209/07 y 263/07, emanada de la Secretaría de Relaciones de la Comunidad, de fecha 18 de junio de 2007 y 30.08.2007 notificada el 11.09.2007, y pidió además se disponga en forma inmediata medida innovativa tendiendte a suspender la asamblea convocada de oficio para el 15.09.2007 con habilitación de días y hora inhábiles.

2) Que a fs.34 se tuvo por interpuesta demanda de amparo, y medida cautelar, otorgándose la correspondiente participación al Sr.Fiscal General, que se expidió a fs. 36.

3) Fecho, pasaron los autos a despacho para resolver.

Considerando: 1) El Sr. Mario Edgardo Toledo, articuló acción de amparo en contra de las Resoluciones S.R.C. Nº 209/07 y 263/07 emanada de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de fecha 18.07.2007 y 30.08.2007 notificadas el 11.09.2007.

Que las mismas dispusieron la nulidad de la Asamblea General Ordinaria del 22.04.2007, y se ordenó la intervención del centro vecinal. Que la medida se fundamentó en supuestas irregularidades observadas en la Asamblea General Ordinaria del 22.04, por haberse excluido a socios activos con muchos años de antigüedad, se habían presentado balances que carecían de requisitos legales y violado diversas normas del estatuto. Sin embargo, considera el amparista que la asamblea fue regular, que se encontraban presentes personas como la Directora de Personería Jurídica y veedores del organismo. Acusa arbitrariedad al disponerse actos emanados de la anterior dirección, que no existió legitimación activa del recurrente, dado que el hecho de tener un solo mes pago no lo habilita como socio. Fundamentó los carriles utilizados para elevar la queja. Sostiene que los procedimientos que se utilizaron para obrar diferente a lo que establece el estatuto, se basó en seguir caminos menos onerosas, y que las notificaciones cursadas se efectuaron en el término de ley. Agrega que la ex tesorera renunció y se llevó consigo los Libros del Centro Vecinal, y que a la Asamblea se hizo ingresar solo a los socios del Centro Vecinal, a sugerencia de la Directora de Personería Jurídica. Acusa la irregularidad de la convocatoria efectuada por el interventor, y que existe un vicio grosero del acto administrativo. Conforme los argumentos expuestos, entiende que lo cuestionado es arbitrario e ilegítimo.

2) Corresponde en esta etapa verificar si se encuentran acreditados los recaudos formales establecidos por los artículos 43, 28 y 382 de las Constituciones Nacional y Provincial y del C.P.C., para la admisibilidad del juicio de amparo.

3) Con relación al recaudo del inciso 1º de la ley instrumental, que refiere al plazo de quince días dentro del cual debe articularse la acción, entiendo que la misma fue presentado temporáneamente, conforme surge de la presentación de autos, y las constancias de la presentación de la acción(ver. 21/26 vlta.). También se encuentran acreditados los requisitos establecidos por los incisos 2º y 3º, debido a que se presentaron las copias pertinentes, se cumplieron los recaudos de toda demanda y este Cuerpo resulta competente para entender en la causa debido a la naturaleza del acto y a la autoridad de quien emana.

4) Sin embargo, sostengo que no se encuentra cumplimentado en autos el requisito establecido en el inc. 4 del art. 382 C.P.C., La Constitución de la Nación, al consagrar el nuevo art. 43, condiciona la admisibilidad del amparo a que no exista otro medio judicial más idóneo. Ello significa que una vez confrontado el proceso amparista con los cauces judiciales de tutela, aquel deberá aparecer como el medio procesal más adecuado para conferir una útil, y por ende efectiva tutela judicial del derecho que se sostiene lesionado.

Reiteradamente este Cuerpo, ha sostenido que la procedencia del amparo está sujeta a la confluencia de requisitos, que se encuentran íntimamente relacionados entre sí: que el amparista logre destruir la presunción constitucional de eficiencia del sistema procesal corriente; que acredite la existencia de una situación de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela judicial inmediata y que logre demostrar que el amparo es un previsible factor de evitación del daño. El primer requisito mencionado "eficacia del sistema procesal común" constituye el más apto para la tutela de los derechos (Dictamen de la mayoría de la Comisión de Nuevos Derechos, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, sesión del 11/08/94 pág. 4049). También se ha sostenido por parte de este Tribunal que afirmar lo contrario sería una ilogicidad (Bol. Jud. Nº 28-Autos Expte. Nº 174-"F"-Año 1996 Fallo del 09/04/1997) por que más que el imperio de la ley regiría el imperio de la inseguridad jurídica (Sanmartino Canda J.A. Bol. Esp. Del 06/11/1996).

De ello se colige que el amparista contaba con los medios previstos en el trámite administrativo provincial, para hacer valer sus derechos.

5) Respecto de la Medida de No Innovar requerida, conforme las fechas indicadas, no corresponde su resolución, habiéndose tornado abstracta la petición.

6) Por todo lo expuesto, propicio: a) Rechazar la procedencia formal de la acción de amparo interpuesta, y la medida cautelar impetrada, conforme los fundamentos expuestos. Costas al amparista. Diferir la regulación de honorarios hasta que así lo peticione el letrado interviniente. Es mi voto.

El doctor Luna Corzo dijo:

Considerando: 1. En nuestro sistema procesal, la acción de amparo debe ser rechazada si no es presentada dentro de los quince días de acaecido el acto u omisión que se denuncia como lesivo (doctrina que surge de los artículos 381 y 382 del CPC).

2. En los presentes es claro que ello ha ocurrido, toda vez que si la Resolución Nº 209 de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la Provincia -que anuló la asamblea extraordinaria de elección de autoridades del centro vecinal que dice representar el señor Toledo, dispuso su intervención y la convocatoria a una nueva elección de autoridades- fue dictada el dieciocho de julio de dos mil siete y la acción de amparo deducida recién el doce de setiembre del mismo año, resulta claro que el plazo de caducidad aludido más arriba operó en plenitud.

3. Para nada obsta a esta conclusión el hecho de que el amparista hubiere interpuesto -con infructuoso resultado- el primero de agosto de igual año, un recurso de reconsideración en contra de la citada resolución Nº 209, pues la ratificación de la misma mediante resolución Nº 263/07, no constituye una lesión independiente de la que le habría ocasionado la resolución Nº 209/07, que permita renovar un plazo de caducidad ya vencido, para la presentación de la acción de amparo. Costas al presentante. La regulación de honorarios se difiere hasta que lo solicite el interesado. Es mi voto.

El doctor Nieto Ortíz dijo:

Por las razones invocadas, adhiero en todos sus términos al voto de segunda voz.

Por ello el Tribunal Superior de Justicia, resuelve: I) Rechazar la procedencia formal de la acción de amparo interpuesta, y en consecuencia la medida cautelar impetrada, conforme los considerandos expuestos en los votos de la mayoría.

II) Imponer las costas al actor y diferir la regulación de honorarios para cuando así sean solicitados.-Angel R. Avila.- José N. Luna Corzo.- Carlos A. Nieto Ortiz.