Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2008-06-02


Posadas, junio 2 de 2008.

El doctor Uset dijo:

Habiéndose declarado por Resolución Nº 937-STJ-2007 formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto a fs. 21/22, por el Sr. Defensor Oficial Fuero Universal Nº 1 de la 2º Circunscripción Judicial, Dr. Ricardo S. B. Forés, contra el pronunciamiento de fs. 8/12 de fecha 14 de febrero de 2007, dictado por los Miembros Subrogantes del Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, vuelven las presentes actuaciones a este Alto Cuerpo a efectos de dictar sentencia.De los antecedentes de la causa surge que a fs. 235/246 del principal, obra auto de procesamiento dictado por el Sr. Juez de Instrucción Nº 3, contra Felipe Albertino Rodríguez Caballero, Rafael Elías y María Angélica Ferreya. Contra dicho pronunciamiento, a fs. 250/251, el Sr. Defensor Oficial del Fuero Universal Nº 1, Dr. Ricardo S. B. Forés, interpone Recurso de Apelación, solicitando se revoque el mismo por contrario imperio y disponga el sobreseimiento parcial de la causa a favor del imputado Rafael Elías, modifique la calificación legal escogida por el Sr. Juez de Instrucción respecto de Felipe Albertino Rodríguez Caballero por la de Homicidio Simple, y subsidiariamente se modifique la calificación legal escogida, respecto de ambos imputados por la de Homicidio en Ocasión de Robo (art. 165 de CP).

Que a fs. 257, a efectos de entender la apelación interpuesta, se constituye el Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con los doctores Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño, quienes por Resolución de fecha 31 de octubre de 2005, resuelven no hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto.

Que a fs. 345/348 obra Auto de Elevación a Juicio, que en su artículo segundo dispone la elevación de la causa al Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Oberá, Misiones, que se constituye conforme constancias de fs. 360 con los Doctores Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño. A fs. 368 el Sr. Defensor Oficial Dr. Forés, comparece a juicio y ofrece pruebas.

Que conforme constancias de fs. 394/396, en oportunidad de celebrarse la audiencia de debate, el Sr. Defensor Oficial del Fuero Universal Nº 1 Dr. Ricardo Forés, como cuestión preliminar, plantea la nulidad de la Constitución del Tribunal y de los actos consiguientes que devinieron en consecuencia. Ello atento a que ese mismo cuerpo fue quien entendió en la apelación interpuesta por el Defensor contra el auto de procesamiento, a que siendo las cuestiones de Constitución del Tribunal cuestiones que pueden acarrear nulidades de orden general, y en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas Llerena y Fraticelli (LA LEY, 2006-E, 24), en donde se plantea que fue violada la garantía de la imparcialidad de los jueces por haber actuado anteriormente en la misma causa.

La Dra. Graciela Abdolatif Defensora Oficial Nº 2, adhiriéndose a las manifestaciones del Dr. Forés, recusa con causa a los Sres. Miembros del Tribunal. Corrido el pertinente traslado a la Titular de Acción Pública, ésta adhiere a las manifestaciones vertidas por las partes, y atento a que deberá entender en la causa la Cámara Civil, Comercial y Laboral Nº 1 y que uno de sus miembros se inhibe por ser pariente de la Señora Secretaria, solicita se ordene el apartamiento de la misma.

Ante lo solicitado, el Tribunal Penal resuelve hacer lugar a la recusación planteada, apartar a la Señora Secretaria del Tribunal, Dra. Viviana Alejandra Vallejos, e inhibirse en pleno, fundando su decisorio en los fallos de la CSJN "Fraticelli" y "Llerena" y lo resuelto por ese mismo cuerpo en la causa Bubans.

Habiéndose formado el correspondiente Incidente, a fs. 8/12 del mismo, se expiden los subrogantes legales, rechazando las inhibiciones de los Sres. Jueces del Tribunal Colegiado Dres. Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño, por considerar que, tanto la nulidad de constitución del Tribunal, como la recusación con causa planteadas, resultan extemporáneas a tenor de lo establecido por el art. 355 y 52 del CPP. Consideran que, habiéndose notificado las partes de la Resolución obrante a fs. 360 del principal, de fecha 9 de mayo de 2006, por la cual se constituye el Tribunal y se cita a juicio y sin haber las mismas opuesto objeción alguna, la recusación planteada resulta formalmente presentada fuera de término.

Que respecto de la inhibición formulada por el Tribunal, son de opinión que no corresponde su apartamiento, ya que nuestro ordenamiento procesal faculta a los magistrados a ejercer la función revisora, como así también la de juzgar en única instancia los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal (art. 24 CPP.). Destacan que no se ha atacado por las vías de inconstitucionalidad y en oportuno tiempo las normativas legales referentes al art. 24 citado. Mencionan las Acordadas del STJ Nº 119/06 y 136/06.

A fs. 21/22, contra dicho pronunciamiento, el Sr. Defensor Oficial Dr. Ricardo S. B. Forés interpone Recurso de Casación.

Del análisis de los fundamentos del Recurso, surge que el agraviado encuadra su impugnación en la causal prevista en el inc. 2º del art. 461 del CPP. Alega que la sentencia atacada, aplica un razonamiento meramente formalista al resolver la nulidad de la Constitución del Tribunal por él articulada, al sostener que la misma habría sido saneada por el mero consentimiento de las partes, al no haber recurrido la providencia de fs. 360 del principal. Manifiesta que la resolución recurrida olvida lo establecido en el art. 155 del CPP que claramente, en su inc. 1º, dispone que son nulidades de orden general las concernientes a la constitución del Tribunal, y el art. 156 del mismo cuerpo legal que establece que "solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen la violación a normas constitucionales". Aclara que, si planteó la nulidad por haberse constituido el Tribunal con jueces que ya resolvieron la confirmación del procesamiento de los imputados, estamos ante jueces que, conforme lo dispuesto en los fallos Llerena y Fraticelli, resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han perdido objetivamente su imparcialidad, garantía esta que hace tiempo fue introducida en los pactos internacionales. Finalmente requiere a este Superior Tribunal de Justicia disponga cuál será el Tribunal que deberá actuar en la presente causa.

Ahora bien, pasando al análisis del fondo de la cuestión, ab initio es dable destacar que la garantía de imparcialidad del juez, ha sido consagrada en los Tratados Internacionales Incorporados a la Constitución Nacional, a través del art. 75, inc. 22. Así, dicha garantía se encuentra plasmada en el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Tratados que conforme lo dispone nuestra Carta Magna, poseen jerarquía constitucional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos en ella.

Esta imparcialidad objetiva en la administración de justicia garantizada a los ciudadanos "...se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genera dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos y sobre todo del imputado en la administración de justicia..." (CSJN Causa Llerena).

Que la garantía de imparcialidad del juez, resulta uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, y "...la forma de asegurar al imputado la garantía constitucional de ser juzgado por un juez imparcial, importa evitar que el mismo magistrado correccional que instruyó el proceso, sea aquél que luego llevará adelante el juicio y dictará sentencia. Y ello es así, pues la imparcialidad objetiva que corresponde avalar al encausado, solo podrá garantizarse en la medida que se haga desaparecer por completo la más mínima sospecha que pudiera albergar aquél, relativa a prejuicios o pre conceptos de que estaría imbuido el juez correccional como resultado de la inevitable valoración del hecho y la responsabilidad del imputado..." (Fallos: 326:3842, disidencia de los Sres. Jueces Maqueda y Vázquez).

Que vertidas estas consideraciones, en atención a los antecedentes de la causa, y habiéndose constituido, para el juzgamiento de los imputados, el Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial con los Doctores Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño -mismos jueces que entendieron el recurso de apelación contra el auto de procesamiento, confirmándolo-, considero que existen razones suficientes para presumir que los mencionados jueces han formado convicción respecto de la forma en que se sucedieron los hechos, y consecuentemente con ello perdido objetivamente su imparcialidad. En este sentido ya se expedido este Alto Cuerpo mediante Resoluciones 910-STJ-2007, 953-STJ-2007, 81-STJ-2008; entre otras.

Estimo acertada la decisión de los integrantes del Tribunal Penal Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de inhibirse en pleno de continuar entendiendo en la causa.

Opino que la situación fáctica en el caso de autos resulta equiparable a aquélla que motivara los fallos de la CSJN en los casos "Llerena" y "Fraticelli", situación esta que no sustenta la resolución de los Miembros Subrogantes, que rechazan las inhibiciones efectuadas por los miembros del Tribunal Penal, en base a reglas procedimentales referidas a la oportunidad para deducirlas, sin atender a que criterios de oportunidad jamás pueden primar sobre garantías constitucionales.

Por las razones expuestas entiendo que, a fin de evitar que en el Juzgamiento de los imputados se quebranten las garantías constitucionales de imparcialidad, defensa en juicio y debido proceso legal, debe hacerse lugar al Recurso de Casación interpuesto, revocándose la Resolución de fs. 8/12 en cuanto rechaza las inhibiciones de los integrantes del Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial Doctores Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño; y en su mérito declarar que, conforme a la Acordada STJ Nº 136/06, apartado 2, último párrafo, deberán entender en la presente causa los miembros subrogantes según lo allí preceptuado.

Así voto.

Los doctores Velázquez, Rojas, Schiavoni y Leiva dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Por Secretaría, se deja constancia que no emite opinión el Dr. Mario Dei Castelli y no suscribe la presente el Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, por encontrarse ambos en uso de licencia (art. 18 de la ley 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la ley 2441, modif. por ley 2819), el Superior Tribunal de Justicia resuelve: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto en autos. II) Revocar la Resolución de fs. 8/12 en cuanto rechaza las inhibiciones de los integrantes del Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial Doctores Francisco Clavelino Aguirre, Romeo Roque Schwengber y Amalia Lilia Avendaño; en su mérito declarar que, conforme a la Acordada del STJ Nº 136/06, apartado 2, último párrafo, deberán entender en la presente causa, los miembros subrogantes según lo allí preceptuado. III) Regístrese, cópiese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos a origen, oficiándose a tales efectos. - Mario Dei Castelli. - Cristina Irene Leiva. - Manuel A. Márquez Palacios. - Jorge A. Rojas. - Humberto A. Schiavoni. - Ramona B. Velázquez. - Roberto R. Uset.