marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extinción del contrato de trabajo, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Albial, Héctor Abel c/ Materiales Sur S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-16

La comunicación de la causal de despido, sea directo o indirecto, constituye una obligación para ambas partes del contrato laboral. La normativa del art. 243 de la LCT no sólo es de aplicación para ambas partes, sino que exige la invariabilidad de la causa alegada como operadora del distracto.
Juicio por delitos de acción privada, calumnias, excepciones procesales, falta de acción, oposición de defensas, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Leucowicz, Alfredo s/ Incidente de excepción de falta de acción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

En los juicios por calumnias, la excepción de falta de acción puede oponerse aún antes de la realización del comparendo de conciliación, desde que lo que se discute con la excepción si se procede o no sustanciar la causa.
Transacción, legitimación procesal, Superior Tribunal de Justicia, competencia, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

Cuando se somete a homologación un acuerdo transaccional, este Tribunal debe analizar si los presupuestos de validez del acuerdo estuvieron presentes en el momento de la celebración del convenio transaccional (sujeto, objeto o situación del objeto respecto del objeto -legitimación para transigir-, contenido).
Ley sobre riesgos del trabajo, prescripción, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CALFUQUEO, MAURICIO. c/ MAPFRE A.R.T. S.A. s/ INDEMNIZACION INCAPACIDAD ABSOLUTA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20

El demandante tuvo conocimiento de su dolencia mucho tiempo antes de la realización de la junta médica. Es evidente que conoció la existencia de su enfermedad desde que ésta se manifestó, ya que fue tratado médicamente por ella, incluso medicado. Ergo no puede entenderse que ignorara que era portador de una insuficiencia cardíaca. Pero lo que desconocía el demandante hasta el momento de la junta médica es que esa enfermedad lo había incapacitado de manera absoluta y definitiva para trabajar.

Por lo tanto, hasta que no conoció el resultado de la junta médica previsional, el accionante no estuvo en condiciones de reclamar la prestación debida por la ART.

No invalida la conclusión expuesta el hecho que la junta médica se haya realizado con fines previsionales, o sea al solo efecto que el trabajador pudiera acceder al beneficio de la jubilación por invalidez, ya que lo relevante es que en esa ocasión supo, de modo fehaciente, que no podía volver a trabajar por haberle provocado la enfermedad que porta una incapacidad total y definitiva.

Por lo dicho es que ha de confirmarse la resolución interlocutoria en cuanto rechaza la excepción de prescripción total opuesta por la demandada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley de seguros, leyes, antecedentes legislativos, asegurador, citación en garantía, tutela
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  la citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

El análisis literal del artículo 118 de la ley de seguros a través de sus elementos gramatical y lógico-sintáctico indicarían la inoponibilidad de las defensas post-siniestrales a la víctima, sin efectuar distinción alguna respecto a cuál de los dos legitimados (tercero o asegurado) formula la citación al asegurador. Tal interpretación coincide con la voluntad del autor de la norma, explicitada a través de manifestaciones extranormativas (así, otras normas realizadas por el mismo autor (elemento sistemático) y también el antecedente de la Exposición de motivos con que se acompañó la ley 17418. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Extinción del mandato, renuncia del apoderado
Materia: CIVIL
Carátula: Sánchez Alvarez, Juan de la Cruz c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario-Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-21

Es improcedente la pretensión del ex-mandatario de reasumir su personería cuya renuncia presentada fue expresamente aceptada.
Medidas cautelares, medida de no innovar, peligro en la demora, actos de los poderes públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A. E. T. S.R.L. en autos "A. E. T. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ Contencioso Administrativo (Exptre Nro. 06/2013)". s/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-19

Para que prospere, la jurisprudencia en la materia además de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar -verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela-, exige respecto de la medida de innovar -en particular contra actos del poder público- que no se perjudique el interés público o la demostración de la gravedad o irreparabilidad del peligro en la demora imponiéndose una mayor prudencia en la apreciación de los mismos habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa.
Remuneración, vales de comida, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: SIMONELLI, MIGUEL c/ EL  HOGAR  OBRERO COOPERATIVA DE CONSUMO, EDIFICACION Y CREDITO LTDA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Esta Cámara se expidió en la causa "Angel Estrada y Cia. SA", plenario 264 del 17.12.88, en el sentido de que este tipo de prestaciones constituyen manifestaciones de lo que un sector de la doctrina denomina salarios sociales y otros beneficios marginales, que no constituyen la contraprestación debida por la ejecución de la prestación laboral, ya que no compensa ni el tiempo trabajado ni el rendimiento del trabajador. Por ello, solo son exigibles en las condiciones diseñadas por quien las suministra y no incrementan la remuneración monetaria a efectos de la determinación de la base de la liquidación de otros créditos.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Charavalli, Roberto Héctor c/ Navilandia S.A. s/ Comisiones, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Establecer la base remuneratoria a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización a que se refiere el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una cuestión de hecho cuya valoración queda normalmente detraída del ámbito de casación, salvo el supuesto de absurdo.
Inhibitoria, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: FIORENTINO, VDA. DE CAPELLA, ALICIA MARTA c/ CIBA  GEIBY    S.A.    Y  GOBIERNO  DE  LA  NACION  ARGENTINA  Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-03

El ordenamiento procesal instaurado por la ley 22.434 ha restringido las oportunidades para que el juzgador se inhiba de seguir entendiendo en la causa. La primera cuando se interpone la demanda (arts. 4 y 337), la segunda cuando se somete a su decisión un planteo expreso sobre competencia (art. 347 inc. 1ro.) quedando impedido de hacerlo en las siguientes etapas procesales. Si no sólo ha quedado trabada la litis entre todas las partes, sino que también ha tenido intervención la Cámara al resolver excepciones de prescripción opuestas por la demandada, ello obsta el desplazamiento de la competencia.
Aplicación errónea de la ley, homicidio, agravantes de la pena, tribunal colegiado, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO CORONEL, Fidel Francisco y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

En orden a la errónea aplicación de ley de fondo, el defensor particular sostuvo que no se configuró la agravante criminis causae toda vez que -a su entender- se trató de un enfrentamiento y no de un homicidio cometido con los fines exigidos por el inciso 7° del artículo 80 del CP. Es dable señalar que la norma citada agrava al homicidio cuando se ejecute ".para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito". Pues bien, a la luz de los hechos reseñados, se advierte que las circunstancias en que los aquí imputados dieron muerte a Goya se ajustan correctamente a las exigencias de la norma. Nótese que, más allá del conocimiento concreto y puntual que los imputados pudiesen haber tenido de cada uno de los hechos acaecidos, lo cierto es que como enseña Jakobs "... [l]a idea de responsabilidad quedaría destruida si los demás fuesen concebidos de modo exclusivamente cognitivo y no, también, como sujetos responsables.". (Jakobs, Günther, Teoría de la Imputación Objetiva, Ad Hoc, 1997, pág. 30). De tal suerte, el quiebre en el rol de los encartados al momento de dar muerte a Goya, homicidio que se produjo cuando los imputados estaban a punto de secuestrarlo y ante la resistencia de este, configura sin dudas un supuesto susceptible de encuadrarse en la última hipótesis prevista por el artículo. En orden a la cuestión de la dosificación del encierro intramuros escogido se advierte que el tribunal colegiado, llamado a individualizar esa especie de pena que habrán de purgar la totalidad de los imputados -a contramano de lo señalado por las defensas-, fundó acabadamente la magnitud de la respuesta estatal punitiva en los términos de los artículos 40 y 41, del Código Penal. La extensión de la reacción estatal en sede penal debe guardar perfecta relación con el grado de perturbación que el agente ha ocasionado al sistema normativo, esto es, con el nivel de daño social provocado por la conducta lesiva, puesto que con la pena se pretende reafirmar la vigencia de la norma transgredida, en tanto ésta es receptora de la configuración social básica. De allí que, corresponda una mayor o menor penalidad según mayor o menor resulte la decepción a la expectativa de la sociedad provocada por la infidelidad del justiciable al derecho penal en vigor. En síntesis, los montos de sanción intramuros impuestos a los acusados se ajustan a derecho; en particular a los principios de proporcionalidad y humanidad de la pena, cuya violación alegaron las Defensas.
Sanciones procesales, arresto domiciliario
Materia: PROCESAL
Carátula: Gurrieri, Domingo Atilio c/ Proyecto Norte S.R.L. s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº 7132/03 Incidente de tercería de posesión  en expte. nº B-19242/98. Quiebra de Proyecto Norte S.A. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº 7132/03 Incidente de tercería de posesión  en expte. nº B-19242/98. Quiebra de Proyecto Norte S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-04

La sentencia que, revocando el párrafo primero de la resolución del Juez en lo Civil y Comercial, le aplicó una sanción disciplinaria de dos días de arresto domiciliario al letrado por obstrucción al accionar de la justicia, atinada y prudentemente ha atenuado lo resuelto en su momento por el juez de primera instancia -que pecaba de exorbitante y arbitraria- , está suficientemente fundada en la equidad y la ley, y devuelve a su quicio sin sobreactuaciones la majestad de las actuaciones judiciales
Recurso de apelación (procesal), jubilación de magistrados, adicional por dedicación exclusiva, decretos, acordadas, declaración de inconstitucionalidad
Materia: Procesal - Seguridad Social
Carátula: Bianco, Norberto Luis s/ Recurso de Apelación contra Resolución n° 619-88 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-30

De los dichos del recurrente se desprende que cuestiona la constitucionalidad del decreto nº 2474-85 y el Acuerdo nº 2536 del Superior Tribunal de Justicia, en cuanto consagran un aumento para los agentes en actividad con carácter "no remunerativo". Como lo señala el Instituto al evacuar la vista conferida "... siendo recaudo necesario para que se produzca el reajuste pretendido, que se trate de remuneraciones, y que estas se afecten por lo aportes y contribuciones que sostienen el sistema -arg. arts. 9 y 16 Dec. Ley 1388- no puede dársele en sede administrativa por vía de intepretación tal carácter cuando quien tiene la facultad de legislar en la materia la ha descartado de plano en forma harto explícita...".

Consiguientemente, resulta claro que la resolución del Instituto que viene apelada se ha adoptado secundum legem.
Conciliación laboral, vicios de la voluntad, redargución de falsedad
Materia: LABORAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: MAGGINI, GUIDO c/ YPF s/ DESPIDO"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-12

El acuerdo transaccional constituye un instrumento público (art. 979 inc. 10 del C.Civil) y, por ende, el planteo del actor referente a la existencia de vicios de consentimiento tendría que haberse viabilizado iniciando una acción de redargución de falsedad, citando como oponentes tanto a la demandada como al funcionario público que suscribió y homologó el acuerdo (arts. 992, 993 C.Civil y 395 del CPCCN), o demostrado en su caso, haber obtenido declaración administrativa de nulidad de lo actuado en sede ministerial.
Concursos, desistimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Empresa Gral. José de San Martín S.A. de Transportes s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

La locución "pedidos de quiebra pendientes", contenida en el artículo 31 "in fine" de la ley 24.522, alude exclusivamente a los presentados antes de la primera solicitud de apertura del concurso.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pensiones, conviviente, información sumaria, competencia, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ANCE, GENOVEVA DEL VALLE s/ Información sumaria".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-16

No siempre es método recomendable para la interpretación de las normas atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que las informa es lo que debe determinarse en procura de una interpretación racional que permita a los jueces superar las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (cfr. Fallos 318:1054). Lo expuesto lleva a concluir que, por aplicación del principio de especialización que rige en materia de competencia, no puede el fuero de la seguridad social preterir una causa en la que se debaten cuestiones sustancialmente previsionales, sin riesgo de incurrir en denegación de justicia, una de las tantas formas de cohibir el derecho a la jurisdicción (cfr. Bidart Campos, Germán J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Tº II, pág. 335).
Multa, ley de tránsito, infracciones de tránsito, notificación, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: COMUNA DE PUJATO c/ MARASCA, ARTURO LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-12

En la labor de verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en el artículo 70 de la ley 24449 y la debida notificación, a fin de asegurar el imprescindible derecho procesal adjetivo y el derecho de defensa del presunto infractor, se aprecia que en autos no se han observado las formalidades requeridas por el decreto provincial 1471/01 (corroborado por la ley 12217) -esto es, carta certificada cubierta con aviso de retorno ó método similar que emitan constancia de recepción fehaciente por parte del infractor de la misma- no pudiéndose concluir que la notificación se haya realizado de modo fehaciente, sin que conste siquiera en las presumidas comunicaciones emitidas por la Comuna dato alguno de identificación del notificador ni aclaración de su firma o el carácter de su vinculación con la Comuna accionante, por lo que no le ha permitido el oportuno e integral conocimiento del acto supuestamente comunicado, derivando en una afectación a su derecho de defensa.
Accidentes de trabajo, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Izaguirre, Martín c/ Okecki, María Celina s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-12-15

Aunque no siempre los ingresos de las victimas disminuyen en igual proporción que su capacidad, ya que según las circunstancias pueden hacerlo en mayor o menor medida, por regla general, a un mas elevado porcentaje de incapacidad lo acompaña una también sugerir perdida de las remuneraciones.
Secreto del sumario, asociaciones civiles, delitos contra la Administración Pública, corrupción del funcionario público
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Urquía, Roberto Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

En atención al auto de sobreseimiento firme la cuestión planteada -el derecho de participación ciudadana en el seguimiento de casos de corrupción- ha devenido abstracta. La disidencia expresó que corresponde autorizar a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y al Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) a acceder al expediente y tomar vistas de las actuaciones durante la instrucción del sumario, si quien fue investigado es un funcionario público por hechos ilícitos cometidos en abuso de su función y en perjuicio de la administración pública. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli y Madueño -en disidencia-).
Daños y perjuicios, contrato de transporte, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, responsabilidad extracontractual, facultades del juez, sobreseimiento provisional
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: IUELE, Héctor c/ ABLO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-21

Disidencia de la Dra. Borda:

1- El juez civil puede calificar el hecho como configurativo de un delito criminal a los efectos del art. 1107 del Código Civil, con el fin de admitir la responsabilidad extracontractual.

2- Aunque el juez penal haya decretado el sobreseimiento provisional del conductor del colectivo, la calificación de su conducta, como delito del derecho criminal, torna viable la opción por la responsabilidad civil prevista en el art. 1107 del Código Civil.
Indemnización por accidente de trabajo, incapacidad permanente, gran invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: DIEGUEZ, SERAFIN c/ J. VAZQUEZ IGLESIAS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Corresponde el incremento del 50 % del monto indemnizatorio, conforme a lo normado en el inciso c) del artículo 8 de la ley 9688, aunque la minusvalía no se origine exclusivamente en el accidente, dado que la norma referida no efectúa referencia alguna a que la necesidad de acompañante proceda únicamente a raíz de la incapacidad provocada por el infortunio.
Recurso de casación, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSALES ALFREDO DOMINGO s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19

De conformidad a la regulación legal vigente en la Provincia de Tucumán, la falta de fundamentación de la sentencia, y la consecuente infracción a la norma formal en que se sustentó el incidente de nulidad articulado contra la sentencia, debió ser planteada por vía del recurso de casación, conforme lo dispuesto por los arts. 468 inc. 2 y 469 CPP. No siendo necesaria la deducción del incidente de nulidad, la articulación de este remedio procesal, que resulta ineficaz en el caso, no produce la suspensión del plazo para recurrir por la vía extraordinaria del recurso de casación, la resolución denegatoria del pedido de suspensión del juicio a prueba.
Insuficiencia del agravio, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruggiero, Francisco Juan c/ Ruggiero, Miguel Ángel s/ Fijación precio alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

Es insuficiente la impugnación en que el recurrente se limita a manifestar una discrepancia subjetiva con lo resuelto, exteriorizando una preferencia valorativa que no evidencia la pretendida sinrazón de lo resuelto por el magistrado de grado. La ley ritual exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de aquellas partes del fallo que el apelante considere equivocadas, y la no satisfacción de tal recaudo conduce a la deserción del recurso (arts. 260 y 261, C.P.C.C.).(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Derechos subjetivos, nulidad absoluta, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Agropecuaria Mistol Ancho S.A. c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-10

En relación a la potestad revocatoria o anulatoria de actos firmes y consentidos que han generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, un sector de la doctrina entiende que la Administración se encontraría facultada para ejercer "per se" su potestad anulatoria.

Así, poniendo especial énfasis en el interés público comprometido en el inmediato restablecimiento de la legalidad absoluta, sostienen que se deben interpretar de manera estricta las excepciones a la facultad revocatoria de la Administración, pues de ese modo se evita la subsistencia en el mundo jurídico de aquellos actos gravemente viciados.

Dentro de dicha corriente de opinión, también se señala en forma constante la necesidad de garantizar el derecho de defensa del particular, que supone, como paso previo a la revocación del acto, la posibilidad de dar intervención al interesado para que éste pueda proponer pretensiones y defensas de sus derechos subjetivos, habiéndose sostenido que su omisión constituye un vicio de procedimiento. Este es el punto que entiendo se debe respetar a ultranza, en el caso de propiciar el ejercicio de la potestad anulatoria por parte de la Administración Pública, el que en el presente caso se encuentra incumplido por el Estado Municipal.

Del detalle de lo acontecido en sede administrativa y del informe donde se reconoce que una vez constatado - por la autoridad municipal- que la obra de red eléctrica no cumplía con los objetivos expuestos al solicitarse la autorización, - ya que la concesionaria cambió el trazado de la obra- surge que se procedió el día 22/07/09 a dejar sin efecto la autorización acordada el día 23/03/09, noficándosele a la empresa recién el día 16/09/09, las observaciones técnicas que se le realizaban a la obra.

Es decir, que si hablamos de atribuciones de la Administración que se pueden ejercer excepcionalmente cuando existe evidente anormalidad, del mismo modo y con no menor énfasis debemos sostener que el ejercicio de dicha potestad debe, ineludiblemente, contemplar como presupuesto insoslayable, el respeto a los derechos e intereses individuales que eventualmente pudieran verse afectados por el ejercicio de tal potestad.

Antes de la revocación del acto administrativo, la Administración debió notificarle a la Empresa del procedimiento iniciado, permitiéndole, de ese modo, el acceso a la información, dándole la oportunidad de expresar sus argumentos y razones sobre los aspectos cuestionados, en resguardo de la garantía de defensa en juicio. Por lo tanto, al no darse en autos, esencialmente, el presupuesto del debido proceso, el acto administrativo cuestionado resulta ilegal.

Dándose entonces los presupuestos esenciales que autorizan la viabilidad de la acción de amparo, he de propiciar su admisión, sin perjuicio de las acciones judiciales y/o administrativas que la Administración Pública pueda ejercer en defensa de los intereses comprometidos.