Acción de amparo, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Gervasoni, Franco Ezequiel  c/ Lotería Chaqueña s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2023-03-15

"... Cabe sostener que en la tarea de interpretar las leyes, sus alcances e implicancias, debe atenderse a su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento vigente, del modo que mejor concuerde con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos:307:2053, 2070, entre otros).- Analizada a la luz de tal premisa la norma estatutaria en trato, se advierte que sus prescripciones en cuanto postulan un privilegio asentado sobre la circunstancia de ser "cónyuge o un familiar de primer grado de consanguinidad", se enfrentan directamente con la Constitución Nacional cuando establece que "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento" (art. 16), y con la Provincial cuando estatuye que los habitantes de la Provincia "son iguales ante la ley, la que deberá ser una misma para todos, tener acción y fuerza uniformes y asegurarles igualdad de oportunidades (art. 8)".- Por otro lado, la posibilidad de acceder a un trabajo con base en un vínculo de sangre o afín, se opone directamente al requisito basal sentado en las leyes máximas tanto nacional como provincial, cuando postulan la idoneidad como condición de acceso al empleo (arts. 16 CN y 69 CP).- Y si bien es acertado afirmar que la ley puede -y a veces debe tener en cuenta algunas diferencias, los valores y principios establecidos en las normas citadas, a luz de los cuales tomó forma y fuerza la Ley 1873 A, se levantan en forma explícita y terminante contra la posibilidad de crear categorías que no se justifiquen razonablemente, conceder privilegios a unos que se niegan a otros en igual situación o establecer discriminaciones arbitrarias entre los ciudadanos. Considerado ello, y sin desconocer que la declaración de inconstitucionalidad es de "última ratio" del orden jurídico, entendemos que por más esfuerzo interpretativo que se intente, en el caso no resulta posible compatibilizar los postulados de la norma estatutaria en consideración con las pautas constitucionales referidas, evidenciándose una clara violación a los principios de igualdad (arts. 16 CN y 8 y 69 CP) y razonabilidad (art. 28 C.N.).- En línea con lo anterior, cuadra remarcar que no coincidimos con el magistrado a quo respecto a que la norma inserta en el estatuto -por ser supuestamente más beneficiosa para el trabajador- deba prevalecer sobre lo estatuido en una ley provincial que importó la consolidación de una prerrogativa constitucional. En efecto, dada la naturaleza legislativa de la Ley Nro. 1873-A (antes Ley 6655) en cuya sanción convergieron todos los sectores políticos de la Provincia atento su correcto objetivo de acabar con los regímenes precarizados de ingreso al Estado y la implementación de un sistema transparente y legítimo en el mecanismo de entrada, sus determinaciones no pueden en modo alguno verse avasalladas por las disposiciones contenidas en un reglamento interno, de vigencia anterior. Así, ante lo categórico de las disposiciones de la ley provincial en lo que respecta a la modalidad de ingreso a la administración pública, las prerrogativas establecidas en un estatuto de sanción precedente que contradice los términos y el espíritu de aquélla no puede válidamente consagrarse por esta vía judicial. A ello cabe adicionar que el orden de prevalencia establecido en el art. 31 CN no deja dudas en cuanto a la jerarquía superior que ostentan tanto la norma constitucional como las leyes que en su consecuencia se dicten, a lo que cabe agregar la manda sentada en el art. 9 de la Constitución del Chaco, que proclama que "Toda Ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a la Ley Suprema de la Nación o a esta Constitución son de ningún valor...".