Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-02-28


SENTENCIA NÚMERO: SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil catorce, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 100/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl en contra de Auto Nº 20/13 de Expte. Nº 203/11 - Ramos, Matías Nicolás -Homicidio culposo - Santa María", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución por haber inobservado o aplicado erróneamente el art. 76 bis del C.P.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Liminarmente corresponde considerar admisible el recurso interpuesto por la defensa del imputado Ramos, por haber sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y contra sentencia equiparable a definitiva.

De acuerdo con el orden de votación sorteado a fs. 15, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 20/2013, dictado el 23/08/2013, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitado.

El hecho por el que la causa fue elevada a juicio es el siguiente: "El día 23 de octubre de 2011, en el horario comprendido entre las 3:45 y 4:00 hs. de la madrugada, el ciudadano Matías Nicolás Ramos, de 20 años de edad, se conducía en un automóvil marca Renault, modelo Clio, dominio DQV-696, propiedad del Sr. Sergio Chaile, haciéndolo de manera imprudente a 90,3 km/h, en un lugar donde la máxima permitida es de 30 km/h, habiendo ingerido previamente bebidas alcohólicas (0,90 g/l euforia), teniendo por ello un nivel de alcohol en sangre superior a la permitida y sin encontrarse habilitado (carnet) para conducir. Lo hacía por calle nuevo centro de la ciudad de Santa María, en sentido este-oeste, ocupando la parte central de la calzada, el llegar a la intersección con calle siglo 20 y al observar el imputado Ramos que por dicha arteria, en sentido sur-norte hacía la aparición por la derecha el conductor de la motocicleta marca Motomel Bizz, modelo Tunning 110cc, Conrado Mauricio Mile, de 36 años de edad, al momento del hecho. Ramos realiza una maniobra de frenado (11 metros), antes de ingresar a la bocacalle, continuando con la misma por 2,70 m, sin poder el conductor del rodado menor realizar una maniobra evasiva, es que ambos vehículos colisionan impactando el vehículo mayor con su parte frontal sector central y derecho contra el sector lateral derecho de la motocicleta, provocando su caída sobre la calzada, con lateral izquierdo arrastrándose por una distancia de 12 metros, quedando detenida finalmente sobre su costado izquierdo en la esquina de un sitio baldío existente en el lugar con su frente hacia el punto cardinal noreste. Este hecho le produjo a Conrado Mauricio Mile politraumatismo severo con trauma cráneo encefálico y cervical, con pérdida de masa encefálica por fosa nasal, excoriaciones múltiples, en región dorsal, fractura de fémur derecho, fractura expuesta de tibia y peroné en el tercio distal. Estas lesiones produjeron el deceso del Sr. Mile a las 04:45 hs. por paro cardiorespiratorio de origen traumático, mientras era asistido en la guardia del hospital Luis Alberto Vargas de esta ciudad de Santa María, pcia. de Catamarca".

II. Contra dicha resolución, comparece el Dr. Enrique Lilljedahl, asistente técnico del imputado Matías Nicolás Ramos e interpone recurso de casación reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva.

a) Cuestiona la interpretación efectuada por el Juez a quo de la normativa que regula la suspensión del juicio a prueba. Sostiene que ésta es cerrada y extrema y que se aparta de la evolución jurisprudencial sostenida por los tribunales nacionales luego de los precedentes "Acosta" y "Norberto", en cuanto a la aplicación de la probation aún en aquellos delitos que tienen prevista una pena de inhabilitación.

Considera que la sentencia atacada es arbitraria.

b) Como segundo agravio, plantea una incorrecta valoración del dictamen del Ministerio Público por parte del Juez a quo, que debió ser dejado de lado por resultar infundada y por no constituir una derivación razonada del derecho vigente.

Hace reserva de plantear el caso federal.

III. a) Innumerables son las veces en que esta Corte se ex-pidió en planteos similares, en los que se cuestionaba el valor obstativo, para conceder la Probation, de la pena de inhabilitación con la que están amenaza-dos los delitos culposos (párrafo 8º del art. 76 bis del Código Penal).

En todos los casos, fue denegado el recurso por el que era cuestionada la decisión que no hacía lugar a la suspensión solicitada, reiterando el criterio de que no resulta irrazonable la interpretación de la ley que en términos claros establece que no procede la suspensión del juicio a prueba respecto de delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

Señaló esta Corte que esa era la interpretación compatible con el fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02 (Fallos 325:322 ), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia".

Sostuvo este Tribunal que esa doctrina no había sido modificada por fallo posterior de la Corte Federal, por lo que ". corresponde rechazar la pretensión del recurrente fundada en la interpretación según la cual, en el fallo "Norverto", con la remisión que hace a lo resuelto en la causa "Acosta" (Fallos:331:858), la Corte federal había cambiado su postura sobre la cuestión y considerado procedente la suspensión del juicio en los procesos por delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Dijimos entonces que dado que en el referido fallo "Acosta" la Corte sólo había modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referir-se a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, su doctrina no guarda relación con el agravio que se invocaba sobre dicha cuestión. Es que, como surge del considerando 7º, en dicho fallo la Corte federal sólo había declarado como irrazonable la interpretación que del art. 76 bis del Código Penal había hecho el a quo, dando preeminencia a los dos primeros párrafos, dejaba inope-rante la disposición contenida en el 4º párrafo del mismo artículo. Por ello, de lo resuelto en "Norverto" con remisión a "Acosta" no cabe sino inferir que también en "Norverto" juzgó la Corte que se había verificado la exégesis irrazonable de las normas mencionadas -referidas a la pena de prisión- que antes había constatado en "Acosta" y, por ello, como en ésta causa, admitió la queja deducida en "Norverto" y, como consecuencia, dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento, sin que en los reseñados términos de dicha resolución encuentre quicio adecuado la interpretación que propone el recurrente, en tanto esa decisión del Máximo Tribunal no equivale a decir que haya considerado procedente la suspensión del juicio si el delito está reprimido con pena de inhabilitación"(S. 20/2010 Agüero).

Y si bien la crítica efectuada por el recurrente -sustentada en numerosa jurisprudencia- podría ser atendida en una eventual reforma legislativa, mientras eso ocurra, corresponde considerar que la interpretación efectuada por el juzgador no es arbitraria toda vez que lo decidido se sustenta en el impedimento legal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, previsto expresa e inequívocamente en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal y conforme lo tiene dicho nuestro Alto Tribunal, la interpretación de una norma no es arbitraria si no excede el marco de posibilidades que ella brinda (304:1826; 310:896).

Por ello, en beneficio de la brevedad, y atento a que no encuentro argumentos para reformular mi posición y variar mi postura sobre el punto, me remito a los fundamentos expuestos al resolver similares planteos, los que conforman la doctrina legal de este Superior Tribunal (S. 4/08, S. 17/09, S. 07/10, 20/10, S. 38/12, S. 65/12, S. 70/12, S. 13/13).

b) Con relación a la cuestionada postura asumida por el re-presentante del Ministerio Público, a la que el recurrente tilda de arbitraria por estar viciado el razonamiento que la compone, considero necesario resaltar que el criterio expuesto por el fiscal para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio constituye un impedimento que determina la inviabilidad del instituto y en el caso, el fundamento que da base al mismo se construye sobre un obstáculo legal para la procedencia del beneficio, cual es la prohibición para los casos de delitos conminados con pena de inhabilitación contenido en el art. 76 del CP.

De manera que la opinión cuestionada no debe ser considerada equívoca ni arbitraria con base solo en la disconformidad de la defensa ni en su criterio diferente sobre el tema; y la consecuente decisión denegatoria adoptada por el Tribunal a quo se compadece con la doctrina de este Tribunal desarrollada en párrafos anteriores.

Por lo dicho, corresponde confirmar la resolución del tribunal de mérito denegatoria de la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito de Homicidio Culposo Agravado que se le atribuye a Ramos, el que se encuentra reprimido con el mencionado tipo de pena (arts. 84, 2º párrafo C.P.). Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl en representación del imputado Matías Nicolás Ramos. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y voto en igual sentido.

A la Segunda, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl en representación del imputado Matías Nicolás Ramos.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.