Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-12


SENTENCIA NUMERO: NUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de marzo de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 38/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Nolasco Contreras en contra de la Sentencia Nº 10/11 recaída en Causa Expte. 228/09 ac. 104/10 caratulada Albarracín, Gustavo Adolfo -s.a. Robo, etc."; el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas en relación al Hecho Nominado Primero? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber aplicado erróneamente el art. 167 inc. 2º del C.P. con relación al Hecho Nominado Tercero? 3º) ¿Es nula la resolución por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas respecto al Hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 328/330? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 10/11, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 45, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 10/2011, dictada el 10/05/2011, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: ".Iº) Declarar culpable a Gustavo Adolfo Albarracín, de condiciones personales relacionadas en la causa como autor del delito de Hurto (art. 162 del C. Penal) (Hecho Nominado Primero comprendido en el Requerimiento Fiscal de fs. 230/244), autor del delito de Robo en Grado de Tentativa (arts. 164 y 42 del C. Penal) (Hecho Nominado Segundo comprendido en el Requerimiento Fiscal de fs. 230/244), coautor del delito de Robo Calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (art. 167 inc. 2 del C. Penal) (Hecho Nominado Tercero comprendido en el Requerimiento Fiscal de fs. 230/244), autor del delito de Hurto (Art. 162 del C. Penal) (Hecho Nominado Cuarto comprendido en el Requerimiento Fiscal de fs. 230/244), autor del delito de Robo en Grado de Tentativa (arts. 164 y 45 del C. Penal) (Hecho Nominado Quinto comprendido en el Requerimiento Fiscal de fs. 230/244) y autor del delito de Hurto (Art. 162 del C. Penal) (Hecho comprendido en el Requerimiento Fiscal de Fs. 228/330) todo en concurso real (Arts. 55, 45 y concordantes del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de ocho años de prisión con más accesorias de ley (Arts. 40, 41, 12 y concordantes del C. Penal). Con Costas (Arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.).".

II. Contra ese decisorio, comparece el Dr. Nolasco Alberto Contreras, Defensor Oficial Penal de Primera Nominación, en representación del imputado Gustavo Adolfo Albarracín, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Comienza su escrito aclarando que el recurso que interpone sólo se circunscribe a tres de los hechos por los que fue condenado su defendido.

Refiriéndose al Hecho Nominado Primero, cuestiona que tanto el Tribunal de Sentencia como la fiscalía de instrucción coinciden en que la base de la acusación son sólo testimonios -de la víctima y de los empleados de la oficina en donde se produjo la sustracción del teléfono celular de Montiel. En tal sentido, argumenta que el lugar del hecho -mesa de entradas de la fiscalía de sexta nominación-, es un lugar muy concurrido, por lo que es posible que Albarracín no haya sido la única persona que concurrió a en ese momento -como lo manifiestan los testigos-. Sostiene que apenas se produjo la sustracción, y ante la denuncia efectuada por la víctima, se tomaron acciones por las que su defendido fue aprehendido inmediatamente pero que, al momento del hecho, no se le secuestró elemento alguno. Concluye en que no existe en autos ninguna circunstancia viable y objetiva que enerve la posición exculpatoria de Albarracín, por lo que afirma la falta de responsabilidad por parte de su defendido, solicitando la aplicación del art. 401 del C.P.P.

II. b. El eje central de discusión radica en analizar si efectivamente el a quo ha aplicado erróneamente la reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, con relación al Hecho Nominado Primero (art. 454 inc. 2º del C.P.P.).

Adelanto mi respuesta negativa a la pretensión deducida. Ello es así, por cuanto el decisorio atacado resulta fundado conforme a derecho y sus conclusiones, fruto de una meritación integrada e interrelacionada de la prueba colectada, en modo alguno se ven conmovidas por las críticas del recurrente, las que no encuentran sustento en el material probatorio debidamente incorporado y analizado por el Tribunal de Sentencia.

Advierto que el tribunal, al valorar la participación responsable del imputado Gustavo Adolfo Albarracín en el Hecho Nominado Primero que se le endilga, tuvo en cuenta todos los testimonios brindados por las personas que se encontraban presentes en la fiscalía de instrucción de sexta nominación al momento de cometerse el hecho, quienes de manera categórica y plenamente coincidente sindicaron a Albarracín como el autor del hurto del celular, propiedad de Ramón Antonio Montiel.

En la señalada dirección, el tribunal ponderó lo relatado por la víctima, Ramón Antonio Montiel, quién refirió que el día del hecho estaba en la mencionada fiscalía de instrucción, esperando ser atendido por el secretario, y dejó asentado sobre su escritorio su teléfono celular para revisar los papeles que llevaba consigo, sin tener en cuenta que allí estaba una persona de sexo masculino -Albarracín- a quién escuchó que pidió a un empleado de esa fiscalía notificarse, por lo que se abalanzó sobre el mostrador para firmar una planilla, luego este sujeto salió raudamente, chocando a un empleado del edificio, quien luego dijo: "qué le pasaba a esta persona" que salía de esta manera; que comenzó a buscar su teléfono y como no estaba, llamó con otro que posee y no sonaba en el lugar, escuchando que lo atendía un contestador automático. Que junto con el empleado y el secretario de la fiscalía llegaron a la conclusión que no había entrado al lugar otra persona, sólo Albarracín. De igual modo, el a quo consideró que lo manifestado por Montiel se encuentra plenamente ratificado por los dichos de Diego Fernando Orellana, empleado de la mesa de entradas y salidas de la fiscalía de instrucción de sexta nominación, quien puntualizó que estaba atendiendo al ingeniero Montiel, y que éste luego de realizar una llamada desde su celular, lo dejó sobre el mostrador de la mesa de entradas, momento en el que ingresó Gustavo Albarracín, quien fue a firmar la planilla de comparendo de imputados. Que luego de firmar, se va hasta la puerta de ingreso de la fiscalía, da la vuelta y regresa hacia el mostrador, apoyándose en el mismo y pregunta cómo podía hacer para que la policía no lo molestara cuando lo ven en la calle, advirtiendo que en el momento en que fue a la oficina del secretario, había desaparecido el celular que estaba sobre el mostrador y que Albarracín se había retirado empujando bruscamente a un empleado -Ernesto Flores- del juzgado de control de garantías Nº 3, quién había ingresado a la fiscalía. Que también se encontraban presentes el sumariante Raúl Bazán de la Unidad Judicial Nº 2 y Juan Ogas del Precinto Judicial Nº 10. Continuando con el análisis de los testimonios vertidos en la causa, el a quo consideró lo manifestado por José Alejandro Peralta, secretario de la fiscalía de instrucción de sexta nominación, quien en lo pertinente refirió que cuando atendió a Montiel, éste le dijo que le faltaba su celular, que al interrogar a los empleados presentes -más precisamente a Orellana-, pudo determinar que Albarracín había concurrido a la fiscalía a firmar la planilla de comparendo y luego se retiró del lugar y que un empleado del juzgado de control de garantías Nº 3, les dijo a todos los presentes, que un señor gordo que había salido de la fiscalía lo había empujado bruscamente y que había salido rápidamente hacia la calle. Además, el juzgador consideró contundente lo expresado por Juan Carlos Ogas, quien refirió que el día del hecho (22/10/2009, aproximadamente a las 09:00 hs.) se encontraba consultando expedientes en la mesa de entradas de la fiscalía de instrucción de sexta nominación. Que un señor dejó su teléfono celular sobre el escritorio de la misma, y luego ingresó una persona de sexo masculino, mayor de edad, con cabello semi largo, barba prolija, que usaba gorro de lana de varios colores, de contextura física gorda, de tez morocho, quién le manifestó al personal administrativo que venía a firmar la planilla de comparendo de imputado y Orellana (empleado de la fiscalía) le preguntó su apellido, respondiendo aquél: "Albarracín". Que este sujeto manifestó que venía adelantar una firma porque se iba de viaje por trabajo y Orellana le respondió que al regresar traiga consigo un comprobante, es allí cuando observó que Albarracín se asomó demasiado a la par del señor antes mencionado -Montiel- y apoyó su mano derecha sobre el borde del escritorio, como descansando su peso, y la otra, sobre el otro escritorio, a la vez que se quejaba de dicho comprobante; que seguidamente retiró ambas manos de los escritorios y quejándose todavía, salió de la sala de mesa de entrada hacia el pasillo. Que seguidamente observó que el señor aludido buscaba entre sus cosas diciendo que le faltaba su teléfono celular, allí se dieron cuenta que Albarracín lo había tomado y ya se había retirado.

De lo expuesto se advierte con claridad que ninguna persona, aparte de la víctima y del imputado, ingresó a la fiscalía en el momento en que Albarracín se apoderó ilegítimamente del celular de Montiel. A ello se suma, que quienes esperaban afuera de la mesa de entradas de la fiscalía para ser atendidos eran sumariantes judiciales. En consecuencia, tampoco tienen acogida favorable las aseveraciones de la defensa en cuanto a que en el horario de las 10:40 ingresan innumerables personas a las fiscalías, puesto que ello no ha sido demostrado en el hecho que se analiza.

En idéntica dirección, el tribunal argumentó que además de los testimonios ponderados, obra a fs. 229 copia de la planilla de asistencia, desechando de esta manera la ensayada excusa absolutoria brindada en debate por el imputado -argumentos que son reiterados en la vía recursiva intentada-, enfatizando en que si bien el acusado reconoció haber estado en el lugar del hecho, trató de mejorar su situación poniendo en duda la existencia del hecho y negando su participación en el mismo, señalando expresamente que a él no se le secuestró nada a pesar de haber sido requisado por personal policial que se encontraba custodiando el edificio, circunstancia ésta -aseveró el tribunal- que fue descartada por los testigos, quienes fueron contestes en señalar que Albarracín huyó presuroso del lugar y no pudo ser encontrado en las inmediaciones del mismo. Como se advierte, los argumentos que ahora reitera el recurrente, no se sustentan en las constancias de la causa.

Con base en todo lo expuesto, a diferencia de lo postulado por la defensa del acusado, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable del incoado Gustavo Adolfo Albarracín en el hecho atribuido -Hecho Nominado Primero-; esto es, Hurto (art. 162 C.P.).

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. a. Refiriéndose ahora al Hecho Nominado Tercero, el recurrente introduce como segundo agravio el motivo de casación previsto en el inc. 1º del art. 454 del C.P.P.; esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. En tal sentido, sostiene que la sentencia ha violentado lo dispuesto por el art. 167 inc. 2º del C.P., calificando erróneamente la conducta de su defendido como robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda. Se agravia al sostener que en todo momento se mantuvo la idea de la pluralidad de individuos pero que esto fue desvirtuado al momento del debate, no sólo porque el Fiscal, al limitarse a una lectura taxativa del requerimiento de elevación a juicio no aportó nada que permita mantener incólume esa idea, sino porque del testimonio prestado por la víctima -la que sólo hace referencia a la conducta desplegada por Albarracín-, no surge nada que indique de una manera inequívoca que en el caso concreto hubo conjunción de individualidades para que la conducta desplegada quede atrapada en la figura del art. 167 inc. 2º del C.P. Resalta que el Dr. Roselló -voto en minoría- comparte el criterio expuesto. Finaliza solicitando que la conducta de su defendido sea encuadrada dentro de la figura del art. 164 del C.P.

III. b. Aquí, el planteo se refiere al correcto encuadre jurídico dado al Hecho Nominado Tercero y determinar si resulta adecuado haber subsumido su conducta, como lo hizo el voto mayoritario del tribunal, en el delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (art. 167 inc. 2º del C.P.) o si -por el contrario- dicho suceso debe ser encuadrado en la figura de robo (art. 164), conforme lo solicitado por el recurrente.

Se discute la falta de participación en el hecho de los otros supuestos individuos no identificados, resaltando el recurrente que el testimonio brindado por la víctima -Griselda María del Huerto Pousa (fs. 1/1 vta. y 17)- sólo se limitó a expresar la actitud desplegada por Albarracín, sin determinar la actitud restante o complementaria, imprescindible, necesaria, y toda otra circunstancia, que conjugadas todas ellas, nos indiquen de una manera inequívoca que en el en caso concreto hubo conjunción de individualidades -aportando cada uno lo suyo, enfatiza-, para que la conducta desplegada quede atrapada en la figura del art. 167 inc. 2º del C.P.

A fin de dar respuesta al presente embate, considero oportuno recordar aquí al Hecho Nominado Tercero, cuya calificación se discute. Reza el hecho en cuestión: "Que el día 01 de octubre del año 2009, siendo la hora 15:50 minutos aproximadamente, en circunstancia que Griselda María del Huerto Pouse, se encontraba al mando del automóvil marca Renault, modelo Logan, patente HCR-203, remis licencia Nº 304, ascendieron en calle 9 de Julio y Zurita de esta ciudad capital, tres pasajeros de sexo masculino (dos de los cuales no fueron aún identificados por la instrucción), cuando al transitar en inmediaciones del Barrio Santa Marta, previo a descender del asiento del acompañante, Albarracín Gustavo Adolfo, en compañía de los otros dos sujetos, se apoderó ilegítimamente con violencia de una radio marca Vertex, color negro, de honda corta, con su respectivo PTT, que se encontraba entre los dos asientos delanteros, arrancando el cable de alimentación eléctrica, y de una riñonera de tela de avión de color negra conteniendo en su interior la suma de $ 200 pesos y documentos varios, para posterior darse a la fuga Albarracín junto a los otros dos sujetos".

Adelanto que la queja se desvanece frente a los sólidos argumentos del voto mayoritario del tribunal. Repárese que el a quo, al fundar la calificación legal impuesta al imputado Albarracín, consideró que ha quedado fehacientemente comprobado que fueron tres personas las que tomaron parte en el ilícito (Albarracín, en compañía de otras no identificadas por la instrucción), aclarando que éstas últimas prestaron una activa cooperación -a diferencia de lo que sostiene la defensa-, al simular una conversación que tuvo como finalidad un cambio de destino del recorrido del remis, lo que permitió asegurarse el resultado del hecho ilícito, ya que ello, conforme dichos de la propia denunciante, le impidió solicitar apoyo de otro móvil, a lo que debe sumarse -enfatizó el tribunal- la circunstancia de que ni bien ingresaron al vehículo, Albarracín pidió a uno de sus compañeros un "gorro", obviamente para tratar de dificultar la visualización por parte de la víctima, de su fisonomía, y luego que el mismo se apoderara de los elementos, los tres sujetos huyeron presurosos con idéntico destino; de lo que se infiere sin hesitación alguna una connivencia necesaria previa al emprendimiento ilícito producido en un lugar poblado; es decir, ha existido la convergencia intencional hacia un resultado, constituyendo así una banda que no requiere de elementos necesarios para configurar una asociación ilícita. Razonamiento que deja sin sustento las críticas del recurrente.

Sumado a los argumentos brindados, corresponde sentar criterio en relación a la cuestión traída a estudio, la cual, conforme fuera precisada, se ciñe a determinar si el juzgador incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva al calificar el hecho como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (art. 167 inc. 2º C.P.), o si, por el contrario, debió haberlo calificado como robo simple (art. 164 C.P.).

Al respecto debo decir que el concepto de banda que califica como agravante al delito de robo, se refiere al modo de ejecución del injusto y no se identifica ni es sinónimo del de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal, sino que lo que la banda requiere fundamentalmente, es la comisión de un delito por tres o más personas. En tal sentido, la expresión "banda" debe ser interpretada en su concepto usual; es decir, como un conjunto de personas que en ciertos delitos asume por sí una especial gravedad que la ley debe computar en contra del delincuente por la mayor magnitud del peligro que implica esa participación conjunta para los bienes jurídicos en juego, aumentando así el contenido del injusto, resultando dicho atentado menos dificultoso para el delincuente. Es así entonces que la concurrencia de tal agravante debe considerarse como un índice de mayor peligrosidad, lo que determina lógicamente la necesidad de una protección social más severa y eficaz a través de la pena. De este modo, la circunstancia del número obra objetivamente, en cuanto sirve para facilitar el delito. Precisamente, el acuerdo de voluntades para cometer un hecho delictivo, con su división de tareas y su co-dominio del hecho final, es lo que le da mayor peligrosidad con respecto al bien jurídico protegido. Es que, el particular y especial fundamento de la agravante se encuentra en la mayor probabilidad de éxito de los sujetos intervinientes para superar los obstáculos que se puedan presentar en la consecución de su objetivo ilícito, el aumento de la audacia de los malhechores, la indefensión en que cae la víctima, toda vez que se atempera la defensa privada, y el temor público que suscita la presencia de una banda cometiendo un robo, a diferencia del menor potencial delictivo que puede exhibir un delincuente solitario. En tal sentido, integran la banda aquellas personas que tomen parte en el ilícito, ya sea realizando actos de ejecución del tipo penal o prestando a éstos un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. En consecuencia, entrarán asimismo en la categoría de autores, en este caso del delito cometido en poblado y en banda, aquellos sujetos que presten su cooperación en el momento en que se ejecuta el robo, ya que, si bien dichos sujetos realizan acciones distintas de las que son propias del delito, su conducta se presenta vinculada estrictamente a éste y forma un solo conjunto con la del ejecutor.

Por último, cabe referir al carácter de coautor del imputado Albarracín, para ello seguiré lo sostenido en el precedente S. Nº 4, 02/03/2011, "Ibañez"; en donde dije que: ".los coautores no son sólo quienes realizan la acción consumativa del delito (con actos parificados o heterogéneos significativos de la división de trabajo); sino también, quienes toman parte en su ejecución a través de una acción no consumativa, pero coadyuvante y convergente con ella".

En este aspecto y en base a una interpretación sistemática, se ha afirmado que un acto es ejecutivo "cuando, conforme al sistema del art. 42, ha habido al menos un comienzo de ejecución. En esos actos debe tomar parte el coautor..." (DE LA RUA, Jorge, "Código Penal Argentino -Parte General-", Depalma, 2° edición, 1997, nota 184, pág. 855). Revisten tal naturaleza entonces, aquellos que, aunque no sean directa e inmediatamente consumativos de la acción punible, impliquen que el autor ha comenzado las acciones idóneas, que en el caso concreto significan el comienzo de la realización directa de sus miras. En atención a lo expuesto, es el tipo penal del delito de que se trate, el que dirime la cuestión, ubicando a quien ejecuta actos idóneos para realizar la conducta allí descripta, en la categoría de coautor. En este sentido, en cuanto al alcance de la intervención en la ejecución que determina la coautoría, con acierto se aclara que desde que la ley alude a "los que tomasen parte en la ejecución del hecho" (art. 45, C.P.), no es suficiente el "acuerdo" ni el mero "aporte" a actos ejecutivos cumplidos por otro: la conducta del coautor debe integrar la acción típica, concretarse en hechos que propendan a la realización del tipo, evaluación ésta que depende, en la generalidad de los casos, de una apreciación particular de las circunstancias de cada hecho (De la Rua, ob.cit., notas 184 a 186, ps. 855/856). La condición de coautor no sólo debe atribuirse a quien cumple actos típicamente consumativos, sino también a quien con su presencia en forma activa y concomitante, y queriendo el hecho como obra propia, cumple actos que integran la objetividad y la subjetividad del suceso delictivo".

En razón de lo dicho, y en atención a las circunstancias particulares del caso sujeto a examen, cabe concluir que indudablemente ha quedado demostrado que ha existido un obrar común por parte de todos los que ejecutaron el hecho. En tal sentido, resulta irrelevante, a los fines de establecer la coautoría, determinar cuál es la parte material del hecho que ha realizado cada coautor -como pretende el recurrente-, puesto que ha resultado indudablemente acreditada la existencia de una convergencia intencional, independientemente de quién arrancó la radio del remis, haciendo pasibles de igual participación a todos los que tuvieron intervención.

En cuanto a la calificación legal en la que el tribunal de mérito subsumió el hecho materia de imputación, considero que al haberse acreditado que Albarracín participó en el Hecho Nominado Tercero junto a otros dos sujetos no identificados en autos, se acreditan los extremos de la agravante del art. 167 inc. 2 del C.P., ya que no corresponde asignar al concepto "banda" las características de la asociación ilícita. La razón de la agravante del robo, como se dijo, la constituye el mayor poder vulnerante que implica actuar en conjunto, por lo que la concurrencia de tres personas basta para dicha configuración.

Antes de finalizar, cabe referir que en razón de lo expuesto, queda sin materia la pretendida disminución del monto punitivo, puesto que la defensa ha subordinado dicha modificación únicamente a la procedencia del presente agravio, no vislumbrándose del escrito recursivo ningún otro tipo de argumento o fundamentación. En consecuencia, este embate ha quedado sin materia, a entender del suscripto.

Por todo ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Por último, el recurrente introduce su tercer agravio, aludiendo al hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 328/330 -Hurto-. Sostiene que las pruebas no han sido analizadas y valoradas de manera objetiva como para mantener la acusación. En tal sentido asevera que la sentencia se sustenta en la denuncia formulada por Karina del Valle Mora, quien le atribuye el hecho a Albarracín y menciona como testigo a Nicolás A. Correa. Refiriéndose a este último testigo, argumenta que de ningún modo avala la situación fáctica del ilícito, ni hizo referencia a que el imputado llevara en su poder el objeto sustraído. Aclara que esta situación se hubiese subsanado con una orden de allanamiento y un eventual secuestro del elemento en cuestión, pero esa medida nunca fue ordenada.

Sostiene que no existen elementos suficientes de convicción que permitan mantener la acusación, sumado a que la declaración de Correa genera mayor duda en cuanto a la participación de Albarracín en el hecho que se le endilga, al referir que cuando Albarracín llegó en un remis al domicilio de la denunciante en compañía de un "Pacho Cabrera", se bajaron del mismo, brindando ciertas consideraciones, pero ninguna de ellas determinante para la comisión del hecho. Por ello, solicita la absolución de su asistido por aplicación de la normativa contenida en el art. 401 del C.P.P.

IV. a. Como se advierte, el eje central de discusión radica en analizar si efectivamente el a quo ha aplicado erróneamente la reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P.), en relación al Hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 328/330, y si a consecuencia de ello corresponde absolver al imputado por el beneficio de la duda, conforme lo peticionado por la defensa.

Un análisis de las cuestiones traídas a estudio permite adelantar que los embates esgrimidos no pueden tener acogida favorable.

Ello es así, porque advierto que el tribunal ponderó el testimonio de la víctima y denunciante, Karina del Valle Mora (fs. 290/290 vta.), quien manifestó que Gustavo Albarracín (a) "El Cabudo", ingresó a su domicilio el día 15 de febrero de 2009 a horas 10:00 aproximadamente y le pidió que le preste el secarropas, a lo que le contestó que no, que trajera la ropa que la iba a secar ella y él le manifestó q	ue no porque tenía problemas con su mujer, y se puso agresivo e insultando se retiró. Luego ella se dirigió a comprar pan a la vuelta de su casa y al regresar a los cinco minutos observó que el acusado subió a un remis de color blanco llevando en el asiento trasero un secarropas por lo que inmediatamente advirtió que se trataba del suyo. De igual modo, el tribunal tuvo en cuenta lo expresado por el testigo Nicolás Alberto Correa, quien en forma coincidente refirió que ese día vio a Albarracín ingresar al domicilio de su vecina y que luego, cuando él iba al almacén observó desde media cuadra que Albarracín se iba en un remis blanco. Que pasados quince minutos aproximadamente, cuando llegaba a su domicilio, observó que en la casa de la Sra. Carlota -lugar donde vivía Karina del Valle Mora-, se encontraba el móvil de la policía y al preguntar qué había pasado, la señora joven -refiriéndose a Karina- le informó que le habían robado un secarropas.

De lo expuesto, ninguna duda cabe que fue Albarracín quién, ante la negativa de Karina del Valle Mora de prestarle el secarropas, regresó momentos más tarde al domicilio de aquella, y aprovechando su ausencia y que la puerta principal que se encontraba sin llave, ingresó y se apoderó ilegítimamente del mencionado secarropas, para luego darse a la fuga en un remis blanco.

Sumado a ello, también cabe referir que el imputado, al ejercer su derecho de defensa en el debate, manifestó q	ue su mujer le había prestado el secarropas a Karina del Valle Mora, prima de él y ella no se lo quería devolver, por eso él fue y se lo quitó. Los esfuerzos defensivos se desvanecen si se pondera que la denunciante fue al domicilio de Albarracín, en donde su mujer, Ruth Nieva le comentó que su marido no se encontraba desde el día anterior, que lo había corrido, ya que se había cansado de que le venda las cosas para comprar droga, invitándola a ingresar a la casa para mostrarle que el único secarropas era el de ella, observando Mora que el suyo no estaba allí.

En efecto, en el caso bajo examen, entiendo que el análisis integral del material probatorio debidamente analizado por el a quo, en modo alguno genera la duda beneficiante que pretende el recurrente.

Con base en todo lo expuesto, a diferencia de lo postulado por la defensa del acusado, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el sentenciante nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable del incoado Gustavo Adolfo Albarracín en el Hecho contenido en la Requisitoria Fiscal de fs. 328/330; esto es, Hurto (art. 162 C.P.).

En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3 vta., por el Defensor Oficial Penal Nº 1, Dr. Nolasco Alberto Contreras, en su carácter de asistente técnico del imputado Gustavo Adolfo Albarracín. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Sin costas (arts. 536 y 538 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso Federal.

A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3 vta., por el Defensor Oficial Penal Nº 1, Dr. Nolasco Alberto Contreras, en su carácter de asistente técnico del imputado Gustavo Adolfo Albarracín.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Sin costas (arts. 536 y 538 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.