marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Z., J.C. c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-28

La motivación del acto administrativo es la explicitación de la causa, y así, en mayor o menor medida lo han determinado tanto la doctrina como la jurisprudencia.
Acción de amparo, información crediticia, caducidad, presidente del directorio, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CARBALLO, ALBERTO c/ HEXAGON BANK ARGENTINA SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

1- Resulta procedente la acción de amparo promovida contra un banco a fin de que este suprima cierta información financiera relativa al actor, que se habría originado en su calidad de presidente de una firma declarada en quiebra, no obstante no haber sido el actor deudor a título personal del demandado. Ello así, en tanto desde el momento de originarse la deuda habría comenzado a correr el plazo de cinco años al que se refiere la ley 25326: 26, por lo que se produjo la caducidad de los datos registrados por la demandada.

2- Corresponde computar el plazo de la ley 25326: 26 desde el momento en que se dictó sentencia de trance y remate en el juicio en el cual el banco accionado perseguía el cobro de un saldo deudor en cuenta corriente. Ese es el último dato que cabe calificar como significativo acerca de la existencia de una deuda exigible a los fines del citado art. 26.

3- No corresponde computar el plazo de la ley 25326: 26 desde la fecha de la última actualización de datos, pues admitir esa interpretación permitiría al banco informante postergar sine die el transcurso del plazo de caducidad a través del simple expediente de repetir mensualmente la información registrada, lo que llevaría a desnaturalizar el llamado derecho al olvido tutelado por la ley 25326 (arts. 16-1º y 33-b).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Fundación Acceso Ya contra GCBA y otros Sobre Amparo (ART. 14 CCABA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar la queja porque no logra rebatir los fundamentos del auto denegatorio de su recurso de inconstitucionalidad, en cuanto predican acertadamente la inexistencia de una sentencia de carácter definitivo y de un caso constitucional. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Homicidio calificado por el vínculo, recién nacido, atenuantes de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Saldaño Almada, Mercedes Anabel c/  s/ p.s.a. homicidio calificado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-05-22

En cuanto a la sanción a imponer a la encartada por el delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación -de acuerdo a las pautas contempladas en los arts. 40 y 41 del CP-, si bien dicho delito tiene conminado en abstracto una pena que parte de un mínimo de 8 años de prisión y llega a un máximo de 25 años de igual especie de pena, teniendo en vistas el principio de resocialización, se deben extremar los cuidados a la hora de imponer las sanciones, ya que las mismas deben fundarse en pautas objetivas y subjetivas. En este sentido, se valora en contra de la acusada, la modalidad del hecho que se le atribuye, el que es de alto impacto por la violencia desplegada en contra del infante que le ocasionó la pérdida de la vida; asimismo juega además en su contra, el grado de instrucción y capacidades intelectuales que reviste, pues a partir de ello, se infiere le era más factible pedir ayuda a tiempo y así evitar que los hechos se desencadenaran del modo en que se produjeron. A favor de la imputada, ha de ponderarse que no tiene antecedentes penales computables, que es madre de otros niños pequeños, que tenía medios lícitos de vida, que ha sido conceptuada por todos los que la conocen como una buena persona, trabajadora, sin vicios y sobre todo, por las circunstancias extraordinarias que mediaron al momento del hecho, que permiten en definitiva apartarse de la pena fija establecida en el art. 80 inc. 1º del CP Fuente del sumario: SAIJ
Fuentes del derecho, jurisprudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALVAREZ CHAPPI JUAN c/ SALVADOR SPANO s/ Ordinario (LIBRO: A072 - 400)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-15

Si bien la doctrina del alto Tribunal provincial es obligatoria para todas las Cámaras de apelaciones, ello es así cuando ha sido dictada por la Corte en pleno. Caso contrario el tribunal inferior puede apartarse de ella consignando las razones o fundamentos por los cuales no se comparte el criterio de la sala respectiva.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, partes del proceso, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: SAVINA HORACIO OSCAR c/ BANCO DE MENDOZA S.A. s/ EJEC.HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-07-08

La aplicación del art. 20 de la ley 6663 constituye un privilegio irritante para un litigante, toda vez que las causales de suspensión no pueden depender de la mera voluntad de una de las partes (art. 79 del C.P.C), con el agravante que en la Provincia de Mendoza existe una prohibición expresa de orden constitucional respecto a que se establezcan privilegios procesales a favor del Estado cuando éste actúa como persona jurídica y es demandado o demandante ante la justicia ordinaria (art. 40 de la Constitución de Mendoza en concordancia con el art. 79, inc. I, del C.P.C.).

Se suma a esta violación constitucional el principio de igualdad del art. 16 Const. Nacional y 7 Const. Mendoza, ya que implicaría claramente aceptar un trato desigual entre sujetos procesales iguales.
Desacato calificado, jueces
Materia: PENAL
Carátula: VAZQUEZ, ENRIQUE s/ DESACATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

El deslinde que debe trazarse entre aquellas situaciones donde debe protegerse a ultranza el libérrimo ejercicio de las garantías constitucionales y la diatriba o insulto que lesiona el honor del funcionario, a veces socaba la mera impugnación de sus actos. A la amplitud de protección de los casos que tiene cabida en el primer grupo debe corresponder la sanción de los segundos como vía para dejar a salvo a los funcionarios de ataques configurativos de ofensas personales.

Por ello, no puede dudarse de la aptitud dañosa para el honor de un magistrado las expresiones vertidas tales como decir que incurrió en una "doble turrada" definiendo su conducta con calificativos de índole inocultablemente personal. Afirmar que la detención por él dispuesta es obra de "un turro", demuestran inequívocamente el sentido desdoroso, e injurioso de su utilización.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Videla Oscar c/ Arquil S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-17

La circunstancia que los ciclistas no respeten la norma que prohibe tránsitar en una determinada Avenida -donde ocurriera el hecho-, no es motivo bastante para premiar una inconducta que tuvo relevancia causal en el suceso y mucho menos para obtener el amparo jurisdiccional que anhela basandose en el no cumplimiento de un precepto positivo, soslayando que para nuestro sistema sustantivo, los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente.
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, carga de la prueba, indemnización por accidente de trabajo, acción civil, reglas de la sana crítica
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: Gazzi, María Ester c/ Travado, Osvaldo y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Es arbitraria la sentencia que, al rechazar la demanda de indemnización por accidente de trabajo fundada en el derecho común, desatendió los concretos planteos de las partes, la directiva legal sobre la carga de la prueba, y la adecuada aplicación de las reglas de la sana crítica para la valoración de la prueba.
Amparo por mora, recurso de inaplicabilidad de ley, inadmisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHMIDT, Mario Delfor c/ E.N. (Min. de Defensa) s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-29

Se hallan excluidas del ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley las decisiones en las que se admite la acción de amparo por mora, pues no privan al interesado de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos.
Robo de automotor, obligación de seguridad, ley de defensa del consumidor, relación de consumo
Materia: CIVIL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. c/ Empalme S.A. s/ Ordinario - Repeticion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-19

A los fines de determinar la responsabilidad del Centro Comercial demandado por el robo de un automotor en momentos en que se encontraba en su playa de estacionamiento, la ley de Defensa del Consumidor es aplicable en la especie, a tenor de lo dispuesto en su art. 1°, ya que la actividad que desarrolla la firma demandada se encuentra dentro de las alcanzadas por la norma, siendo el propietario del vehículo un consumidor y la demandada el proveedor o prestatario del servicio, enmarcado en una relación de consumo.
Falta de legitimación para obrar, daños y perjuicios, legitimación activa, conviviente, muerte del concubino
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ahumada,  Lía  Isabel c/ Buenos  Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Corresponde rechazar la defensa de falta de legitimación basada en que la relación concubinaria mantenida por la actora le impediría reclamar por derecho propio una reparación patrimonial por la muerte de su pareja, si -habiéndose demostrado que la víctima era el principal sostén de la familia y que la falta del aporte del compañero privó de recursos al hogar- la coactora ha sufrido la privación de un bien que integraba la esfera de su actuar lícito.
Convenios con las provincias, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Bronzovich Hermanos SRL c/ Instituto Provincial de la Vivienda y/o Provincia de Tierra del Fuego s/ Demanda
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-18

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, suscripto entre la Nación y la Provincia (registrado bajo el nro. 1112, aprobado por la Ley nro. 118 y ratificado por el Dcto. nro. 206/94 del P.E.N.), respecto de la asunción por el Estado Nacional de las obligaciones emergente de la actuación de las autoridades del ex-Territorio, procede citar a juicio en calidad de tercero al Estado Nacional a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación por ser éste, conforme a lo establecido en el Anexo II del acta acuerdo del 17.12.93, el órgano competente para asumir la representación de la Nación.
Competencia ordinaria, competencia de menores, tutela
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Barnes de Carlotto, Estela s/ denuncia  -  inc.  tutelar  de  los menores Javier y Clarisa Iglesia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Corresponde mantener la jurisdicción del tribunal que conoció antes la situación personal del menor ya que es posible presumir que cuente con mayores antecedentes sobre su evolución, que le permitirían su eficaz asistencia y porque, al ser órgano jurisdiccional que procura establecer la real identidad del nombrado, de conseguirlo y ubicar a sus familiares, estará en las mejores condiciones de resolver definitivamente su situación tutelar.
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: BORRUSO, Miguel Angel s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-10

En un acto procesal de la naturaleza de la indagatoria, son esenciales la firma del juez, del imputado y del secretario, que cumple las funciones de fedatario; en tanto que carece de la misma significación la firma del defensor, por lo que, si bien el defecto es motivo de nulidad como lo establece el art. 126 C.P.P. ha quedado subsanado por falta de oportuno reclamo (art. 304 del C.P.P.) y la nulidad compurgada.-
Subasta judicial, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: CURI HNOS. S/ TERCERIA DE DOMINIO EN: CORZO AGUSTIN ISAIAS c/ CIOCCI Y CHIERICOTTI EMP.CONST. S.A. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE JORNALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-29

Debe rechazarse la tercería si el tercerista no ha probado ni el dominio ni la posesión de los bienes muebles ni que se hubiere efectuado la entrega de los mismos, lejos de ello en el momento de efectuarse el embargo dichos bienes se encontraban en poder de la demandada. Los recibos de pago adjuntados por el tercerista no alcanzan a demostrar el dominio y no se probó de manera alguna la tradición efectiva de las cosas, siendo ello un obstáculo insalvable para la procedencia de la acción intentada.
Acción de lesividad, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial s/ Anulación de Decreto del I.P.P.S.  (L.A. Nº 42, Fº 201/206, Nº 92) (L.A. Nº 42, Fº 201/206, Nº 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-09-13

El Contencioso Administrativo es el medio instaurado para satisfacción jurídica, con intervención de un órgano judicial y por aplicación en alguna medida de normas o principios de derecho administrativo, a las pretensiones de los particulares afectados en sus derechos subjetivos e intereses legítimos por actividad administrativa del Estado. Quiere decir que se exige como requisito: a) que se trate de actividad administrativa del Estado, b) que ésta actividad esté sujeta al derecho administrativo. En esta noción está comprendido también el llamado proceso de lesividad, ya que en esa oportunidad es la administración la que actúa para conseguir la anulación de un acto administrativo viciado, del que han nacido derechos subjetivos a favor de los particulares, razón por la cual la administración no lo puede revocar en su sede.- Por lo demás, no es óbice para la competencia de este Superior Tribunal de Justicia, en la acción de lesividad planteada, la circunstancia de su falta de previsión en el código ritual de la materia, ya que la naturaleza y fines de la misma (la administración actúa como demandante, atacando un acto dictado por la misma), se compadecen plenamente con la esencia del contencioso administrativo.

Tanto ello es así que, en aquellos ordenamientos provinciales en que ésta acción aparece contemplada, ella figura regulada en los códigos en lo contencioso administrativo.-
Asignaciones familiares, ley vigente, interpretación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: UTA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL PEN s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

El dec. 770/96 que deroga la ley 18017, de asignaciones familiares, se halla en contradicción con los propósitos expresados en ésta, toda vez que reemplaza un régimen caracterizado por su generalidad y tendiente a la protección de la familia, por una norma que fragmenta a los beneficiarios según sus ingresos mensuales, lo que entraña una discriminación descalificable desde el punto de vista constitucional, (art. 16 CN), máxime cuando deja fuera del sistema a los trabajadores que ganan más de mil pesos, suma inferior a la que se considera necesaria para que subsista una familia tipo. Además, pro- pone una marcada desigualdad para los trabajadores que ganen entre quinientos y mil pesos, como si los ubicados en este segmento pudieran tener las necesidades mínimas cubiertas. (Del voto del Dr. Fernández Madrid).
Despido, fraude laboral, categoría laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez González, Derlys Armando  c/ Les Freres S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-13

Corresponde rechazar la condena solidaria contra las personas físicas codemandadas, toda vez que no se da el supuesto de "registración defectuosa" previsto por la ley 24.013 que solo contempla los casos en que exista una omisión de registro, ya sea total o parcial (conf. art. 7º ley cit.), circunstancia que no acontece en el caso en el cual la empleadora abonaba al trabajador el salario correspondiente a la categoría laboral inscripta.
Aplicación de la ley, accidente in itinere, ley sobre riesgos del trabajo, carga de la prueba, enfermedad accidente
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Gladis Mavel c/ Consolidar Art y otro s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-06

De acuerdo a la teoría de la causa adecuada, actualmente predominante en la doctrina jurídica, no todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes. Solo se reconoce como "causa adecuada" a aquella que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado (cfr. Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 263). Esta tesis fue expresamente receptada en el art. 906 del Código Civil, que dice: "En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad". Es también aplicable a esta situación lo previsto en el art. 902 del Código Civil que dice: "Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos". [...] A ello se agrega lo previsto en el art. 904 de idéntico ordenamiento: "Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas".
Tarifa de servicios públicos, cooperativa de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mendez Coni, Juan C.M. c/ Cooperativa  de  Obras  y  Servicios  Públicos Balneario "Las Grutas" s/ SUMARIO S/ CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-07-28

Cuando un socio de una cooperativa que sólo tiene por objeto la prestación de un servicio, reclama a ésta por un procedimiento de fijación tarifaria al que reputa arbitrario y que le acarrea perjuicios concretos a su patrimonio, debe buscar cualquier solución entre él y la sociedad de un modo razonable y aportando los elementos de juicio necesarios para llegar a un precio justo. Las eventuales discrepancias no pueden autorizarlo a no pagar, a pagar tarde o a pagar lo que quiera, primero alegando que no hay reglamento y luego a pesar del reglamento, al menos técnica y contablemente que la facturación carece de toda lógica.
Responsabilidad internacional del Estado, REPÚBLICA ARGENTINA, familiares de la víctima, reparación integral, establecimientos penitenciarios, desaparecidos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la Desaparición Forzada - Sras. Estela Deolinda Yrusta y Alejandra Del Valle Yrusta Vs. Argentina -  Desaparición forzada en medio carcelario - Participación de familiares en los procesos judiciales c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-03-11

Corresponde que el Estado Argentino reconozca el status de víctima de las hermanas de quien encontrándose cumpliendo condena en un establecimiento carcelario apareció muerto, luego de sufrir desaparición forzada, permitiéndoles su efectiva participación en todas las investigaciones vinculadas a lo acaecido con su hermano, otorgándoles una reparación e indemnización rápida, justa y adecuada, conforme los términos de la Convención aplicable.
Preclusión, etapas del proceso, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - AFIP c/ Nuevos Autos S.R.L. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

El principio de perentoriedad que rige a los plazos procesales opera la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal. Por lo tanto al impedirse a un litigante la realización del acto por haber perecido el plazo para el mismo opera la preclusión de la etapa procesal, impidiéndose el regreso a ella.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Ezequiel c/ Fisco Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

El daño debe ser consecuencia necesaria del incumplimiento culposo o doloso del deudor, no porque deba resultar fatalmente, sino porque reconoce como causa probable a uno u otro, o sea que verosímilmente ha sido determinado por éstos.
Recurso de casación, sentencias contradictorias, nulidad de sentencia, juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva, reconocimiento de firma, fianza, instrumentos privados, fianza bancaria, autenticidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia de Cba c/ La Playosense S.R.L. y otros - Ejecutivo - Recurso Directo s/ Ejecutivo - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-06-15

1- El hecho de que el pronunciamiento donde se habría sentado la interpretación legal contraria de la establecida en el fallo casado el cual es invocado como causa del recurso, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia no es útil a los fines del art. 383 inc. 3. Acto nulo es, precisamente, el "acto quod nullum producit effectum". No existe en verdad interpretación contradictoria. Las razones expuestas en el decisorio anulado pasan a ser meras opiniones de los jueces carentes de imperio, que no afectan la uniformidad en la interpretación del derecho, por lo que la ley no tiene interés ni necesidad de controlarlas en casación.

2- El documento donde se encarna el contrato de fianza es un instrumento privado por lo que, en principio y a tenor de lo dispuesto en el Código Civil, su autenticidad dependería del reconocimiento de la parte a quien se opone o de su comprobación judicial (art. 1026 ) es decir, que no gozaría "per se" de fuerza ejecutiva sino que sería necesario preparar previamente la vía ejecutiva procurando el reconocimiento expreso o tácito de la firma inserta en ellos (C.P.C. art. 519 inc. 1 y 521). De donde se sigue que incumbiría a la parte que pretende ejecutar obligaciones expresadas en esta clase de instrumentos establecer la autenticidad de los mismos practicando las gestiones y pruebas pertinentes. Sin embargo, estos principios generales no rigen cuando la persona que pretende hacer valer en juicio ejecutivo la deuda constatada en el instrumento privado es el Banco de la Provincia de Córdoba. En efecto la ley 6474 que contiene la Carta Orgánica del Banco, atribuye fuerza ejecutiva en general a todo documento del que resulte una obligación dineraria en favor del Banco sin necesidad de preparar la vía ejecutiva (art. 22 inc. b) . Revistiendo por sí mismos la calidad de auténticos títulos ejecutivos, imcumbirá a quien es demandado en virtud de ellos la carga de alegar y probar la falsedad de la firma que se le imputa (C.P.C: art. 548) de modo que sufrirá la ejecución en su patrimonio si no realiza ninguna actividad en tal sentido.
Juicio ejecutivo, ejecución prendaria, domicilio constituido
Materia: CIVIL
Carátula: FIAT DIESEL S.A c/ BESCIONE BAUTISTA s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-12

El domicilio constituido por el deudor en el contrato prendario tiene plena validez a los fines previstos por el art. 101 del Código Civil y para la tramitación del juicio que se base en aquél pues tal constitución de domicilio especial viene acompañada, de la presunción de autenticidad que confiere al contrato celebrado en instrumento privado, su inscripción en el registro respectivo.