marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, obra en construcción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASSASOLA ANTONIO c/ DELTA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-25

Las circunstancias de hecho que generan la responsabilidad por "inmisiones", demuestran que durante el tiempo de ejecución de la obra, que insumió dos años, y mas precisamente mientras tuvo lugar el movimiento de suelos, la casa del actor se encontró sumergida en una nube de polvo que obliga a mantener cerradas puertas y ventanas y a limpiar en forma permanente, sin que esas prevenciones pudiesen evitar que en todos los ambientes y en cada mueble, aparato, prenda de vestir, ropa de cama, etc. hubiese siempre depositada una capa de tierra,sobre la cual bastaba pasar un dedo para dejar asentada una marca.

Estas condiciones generan un trastorno singular en la vida cotidiana. Para la generalidad de las personas no poder abrir puertas y ventanas provoca un encierro mortificante. Vivir en medio de la tierra que entra en todos los rincones es convivir con suciedad en la ropa, en la comida, en el agua, en las plantas. Y tener que padecer el polvillo que penetra en los órganos respiratorios sin poder abrir ventanas, es un agravio gratuito para la salud. Todo esto es causa innegable de daño moral porque eso es lo que acostumbra suceder según el curso ordinario de las cosas, de modo que no hace falta una prueba para demostrarlo. Las pruebas serían necesarias para acreditar lo contrario, esto es, que alguien puede soportar todas estas molestias sin ninguna mortificación espiritual.-
Seguro de caución, obras públicas, contrato de obra pública
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección General de Fabricaciones Militares c/ Construcciones Grasso s/ Contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

El seguro de caución para garantizar la ejecución de obras públicas es un contrato nominado típico regulado por la Ley 17.804, complementaria de la ley de obras públicas (13,064) y el Decreto 411 del 31 de enero de 1969, reglamento integrativo que contó con la conformidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación (ver último considerando del citado decreto). Se caracteriza por la intervención de tres sujetos (el tomador o proponente: contratista de la obra; el asegurado: comitente y el asegurador) y la necesaria conexión entre dos contratos, siendo el contrato de obra el presupuesto necesario del de seguro de caución en tanto origina el riesgo sobre el que recae el interés asegurable.
Derecho procesal, recurso de queja (procesal), queja por casación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: V. Y., R. del T. s/ s/Homicidio en grado de tentativa en concurso real con portación de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2004-05-28

El recurso de queja tiene por objeto permitir que el tribunal del recurso revise el juicio de admisibilidad efectuado por el tribunal que dictó la resolución recurrida y, en consecuencia, la argumentación del quejoso tiene que atacar los fundamentos del decisorio que veda el acceso al tribunal ad quem. Los argumentos expuestos en el recurso, declarados formalmente admisibles por el tribunal a quo, constituyen el límite del conocimiento del ad quem (con la excepción de la declaración de las nulidades absolutas. Es sabido que, en cualquier instancia ordinaria o extraordinaria, el thema decidendum del tribunal del recurso encuentra una doble limitación: por un lado, no podrá fallar sobre capítulos no propuestos al juez a quo y, por otro, no puede decidir acerca de otras cuestiones que las que constituyan materia de los agravios expresados por el apelante y declarados formalmente admisibles por el inferior.
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PINI ALICIA ROSA EN J: PINI ALICIA ROSA c/ NORBERTO A. SILEONI Y/O SILEONI S.A. s/ Rescisión de Contrato Casación (LIBRO: S244 - 356)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-20

Cuando un acto interruptivo en si mismo se realiza en el expediente después de haber transcurrido los tres meses contados desde el último acto útil, su oponibilidad a la contraparte, requiere de su notificación por cédula conforme lo establece el art.

68 inc. XIII del C.P.C.
Junta Nacional de Granos, obligaciones, pago, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUNTA NACIONAL DE GRANOS c/ SBAIZERO, JUAN ANGEL Y OTROS. s/ JUICIO  EJECUTIVO.  COSTAS. FIANZA. SOLIDARIDAD. PAGARE. QUITA ESPERA Y  REMISION.  ACUERDO  CONCORDATORIO.    COMPETITIVIDAD   DE  TITULOS  EMITIDOS POR LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS. LIQUIDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

Determinada la procedencia de las Resoluciones dictadas por la Junta Nacional de Granos, la liquidación de la deuda, que se fundamenta exclusivamente en el incumplimiento por parte del deudor, viene a consideración ahora si su aplicación vulnera el principio de irretroactividad de las leyes que emerge del art. 3 del Código Civil A tales efectos se debe tener en cuenta que la deuda aquí reclamada se encuentra impaga, y que los co-ejecutados se han constituido en deudores principales de ella. De allí que si bien en su momento pudo ser otra la legislación que reguló la materia, al momento de liquidarse la deuda cobra vigencia la aplicación del nuevo texto normativo, lo cual no importa sino seguir el régimen temporal que prevé el art. 3, primera parte del Código Civil; y ello no importa retroactividad sino la inmediata aplicación de la norma.
Procedimiento administrativo, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LAJMADI, JOSE ADRIAN c/ PODER EJECUTIVO s/ ACCION DE ILEGITIMIDAD O ANULACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-06-15

La declaración de inconstitucionalidad de una norma solo puede obtenerse en el proceso contencioso administrativo cuando el planteo se formula en forma coadyuvante o secundaria a la cuestión de ilegitimidad del asunto en cuestión, pues de otro modo, se transformaría a la acción contencioso administrativa en una acción originaria de inconstitucionalidad cuya procedencia se encuentra sujeta a requisitos y a procedimientos diferentes. En el caso se solicita la inconstitucionalidad de la norma como argumento que busca socavar la legitimidad del decreto impugnado, razón por la cual el Tribunal se encuentra habilitado para declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.

(Del voto del Dr. Cáceres)
Beneficio de litigar sin gastos, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL
Carátula: EMILIO JAJAN c/ LOMA NEGRA CIA. IND. ARG.  S.A. s/ INCIDENTE DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-28

Sostener que se mantiene un nivel de vida decoroso e indicar la actividad económica que se desempeña es insuficiente a los efectos del CPR 79-1, al no explicarse la cuantía de los ingresos ni allegarse elementos demostrativos de tales dichos resulta imposible merituar la razonabilidad de la petición.

La tenencia en propiedad del 50% de un importante inmueble en un costoso barrio de esta ciudad demuestra considerable poder económico. Que la finca este anotada como bien de familia no incide en la conclusión, pues tal inscripción sólo impedirá su ejecución forzada. Tal aspecto debe diferenciarse del fin perseguido al requerirse la concesión del beneficio para litigar sin gastos, que conlleva indagar si el peticionante carece de medios para oblar la tasa de justicia y eventualmente las costas del juicio.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, aplicación de la ley penal, voluntad del legislador
Materia: PENAL
Carátula: M., N. s/ Suspensión del juicio a prueba (Expte Nº 160-94, Resolución Nº 8,  Tomo 2, Folio 269)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-09

Como no se puede obtener a través del estudio literal del texto de la ley 24.316 una respuesta satisfactoria para precisar si los tres años aluden a la pena posible en abstracto a aplicar (a lo que parecería apuntar el texto) o a la de probable aplicación al concreto caso que se estudia (a lo que da pie su posterior referenci a a la pena "aplicable"), resulta necesario recurrir a la aplicación de la técnica interpretativa teleológica para encontrar el mejor servicio de la ley a los fines pretendidos con su creación, el que hallamos en la interpretación de que debe atenderse a que la pena concreta de probable aplicación no supere los tres años de prisión o reclusión, y no a que no los exceda la pena abstractamente posible.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, ley de empleo, interpretación de la ley, Derecho laboral, empleo no registrado, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Trevia, Hugo Antonio c/ Centro Ortopedia y Traumatología S.R.L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de  pesos (Expte.: C.S.J. Nro. 258 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

No ha de prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que el quejoso no alcanza a demostrar que la Sala hubiera violado la cosa juzgada o excedido los parámetros fácticos y jurídicos con que contaba, o hubiera propiciado una interpretación ilógica o absurda de la sentencia de primera instancia y de la normativa aplicable, al decidir que "...La indemnización prevista por el art. 9 de la ley (24013) se encuentra comprendida y subsumida en el ya premencionado art. 11, el que no puede desconocerse ya que ha sido el instrumento legal operativo para desatar originariamente el conflicto resuelto en autos...". Frente a ello, el recurrente pretende hacer prevalecer su propia postura, según la cual, la aplicación de la limitación bienal contenida en el artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo, implica la violación del principio de congruencia y de la cosa juzgada emergente de un pronunciamiento judicial definitivo y firme, con lesión de las reglas del debido proceso. Sin embargo, se advierte que los desarrollos argumentales del recurrente incurren en un excesivo apego a las formas, a efectos de marginar la aplicación de una clara directiva legal (art. 11 -último párrafo- ley 24013). De tal modo, el impugnante propicia un criterio que trasluce, sin más, el desmedro de la verdad jurídica objetiva, cual es la limitación temporal establecida por dicho artículo para el cómputo de las remuneraciones devengadas según los artículos 8, 9 y 10 del mismo cuerpo normativo.
Impugnación de la suspensión, intervención del sindicato
Materia: LABORAL
Carátula: ESCALANTE, HUGO OMAR Y OTROS c/ FORD MOTOR ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Es admisible la actuación del sindicato a los efectos de impugnar la suspensión en los términos del artículo 223 del RCT. (to.), siempre que se acredite que la entidad gremial actúa como consecuencia de un mandato expreso de los trabajadores o a petición de éstos (conforme artículos 29, inciso b) y 36, inciso d), ley 22105).
Demanda, agregación de la prueba documental, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: HECTOR ANDRES AGUIRRE c/ BLANCA RITA ROCHA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-05-26

Si bien con la demanda, cualquiera fuera la clase de proceso, el actor tiene la obligación de acompa/ar toda la documentación relacionada con la pretensión que desea hacer valer en el juicio por el artículo 286 procesal, por otro lado es de hacer notar que de conformidad a lo determinado por el artículo 334 del mismo cuerpo legal, esos documentos pueden presentarse por los interesados en su original, como así también en copia o testimonio, según corresponda
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, aplicación de la ley, rechazo de la demanda, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: BALLE DE DEMARCO, ESTELA c/ ARTEAGA, HERNANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

A los efectos regulatorios cabe asimilar el caso a los de rechazo total de la demanda, dado que la acción progresa en mínima medida (10%), y efectuar consiguientemente las regulaciones sobre el monto íntegro reclamado, al valor de cambio actual de la moneda extranjera de que se trata. Ello así, puesto que tal extrema situación no parece haber sido contemplada como caso a subsumir en el art. 19 del arancel. Atenerse al principio que dicha norma legal establece implicaría un evidente menoscabo del derecho a una retribución justa; derecho éste que reconoce raíz constitucional, por lo que, en consecuencia, la interpretación de la ley debe efectuarse procurando que armonice sus preceptos con las garantías de la Constitución Nacional.
Personal de la Prefectura Naval, régimen de retiros, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PERREN, ANGEL c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DE DEFENSA - PREF. NAVAL ARGENTINA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

La transformación en baja del retiro obligatorio debe tener las consecuencias jurídicas que le atribuía la ley vigente al momento de aquél, pues no cabe asignar pretorianamente a la ley que agravó los efectos de la sanción disciplinaria una retroactividad que no surge de los principios generales que rigen la materia. Por consiguiente, si la ley nueve (23028) exige un período de servicios más extenso para que la baja aplicada como sanción habilite la percepción del haber jubilatorio (art. 5 inc. b) ap. 1), no cabe retrotraerla a situaciones para las que la normativa anterior acordaba una solución más beneficiosa.

Si por el art. 3 de la ley 23.028 se permitió a los agentes, que como el actor tenían computados 20 años de servicios, que optasen por un derecho de haber previsional regido por la ley 20.281 aunque se retiraran luego de su modificación, mal podría entenderse que en el espíritu de las nuevas normas haya estado hacer caer beneficios previsionales ya acordados bajo la vigencia de la ley anterior.
Medidas cautelares, revocación de la guarda, hogares asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: G.,  A. c/ G., H. s/ ART. 250 DEL CÓDIGO PROCESAL - INCIDENTE DEFAMILIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-19

Si se ha dado adecuado cumplimiento con la preceptiva que reconoce a los niños el derecho a ser defendidos por medio de letrados y a ser oídos, frente al consejo de los diversos profesionales que han asistido a dos hermanos menores, corresponde que permanezcan en el hogar de tránsito a donde fueran derivados luego de revocar la guarda de hecho irregular que ejercía un matrimonio, en condiciones familiares traumáticas para los niños. Es que no obstante tener una tía como único familiar de sangre que reclama por ellos, han transitado por distintos lugares desde su nacimiento, y se encuentran en tratamiento para su desvinculación de la familia guardadora inapropiada para ellos al cuidado de la cual fueran dejados por esa tía con anterioridad.
Impuesto a las ganancias, mínimo no imponible, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FAGIOLI, CARMEN ANA c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

La ley 20.628 establece que deberá retenerse el impuesto a las ganancias a las jubi-laciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal (arts. 18, 20, 73 y cc). Sin embargo, siendo la cuestión a dilucidar si le corresponde aportar al titular -teniendo en cuenta los mínimos no impo-nibles- respecto de las retroactividades que percibe, es de señalar que la Res. 213/00 estableció la imputación de las sumas resultantes de la liquidación de sentencias judiciales en concepto de capital, según las fechas en que hubieren sido devengadas, a los fines del cálculo del Impuesto a las Ganancias regulado por la ley antes referida (t.o. por ley 25.057), correspondiendo respecto de los intereses reconocidos en sede judicial, la afectación según el ejercicio fiscal de su percepción (art. 1), y aclarando que ello no obsta al ejercicio de la opción del titular del beneficio de jubilación o pensión por la elección de la imputación del capital según el ejercicio fiscal de su percepción. Es decir que, al momento de poner al pago las sumas retroactivas, el organismo previsional deberá analizar sobre el monto total de las mismas, lo que hu-biera correspondido deducir por cada período devengado, y si cada una de esas su-mas agregadas al haber mensual alcanzarían la cifra establecida por la norma para ser sujeto de retención. Ello en virtud que la imputación de las sumas resultantes de dichas liquidaciones deberá efectuarse según las fechas devengadas y no en con-cepto de lo percibido (cfr. art. 7 y cc. de la Res. Gral. 2437/08). (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Cesión de créditos, factura, domicilio erróneo, notificación al deudor, oponibilidad al deudor, efectos con relación a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA  DE  CREDITO  SAN JORGE LTDA. c/ GAP GRUPO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

A los efectos de que una cesión de créditos -facturas-, resulte oponible al deudor cedido basta con la prueba de un conocimiento fehaciente de la cesión por parte de este, sin requerirse formalidad especial alguna (CCIV art. 1460).

(En el caso, la cesión fue notificada mediante dos cartas documento, y si bien el deudor cedido alega no haber sido notificado de la cesión de una de las facturas, pues la carta en la que se cumplimentaba tal acto tenia equivocado el piso y departamento, el cesionario acredito que ambas cartas fueron recibidas por la misma persona -aparentemente empleado de la portería-, con pocos días de diferencia, y que este conocía al deudor cedido; por lo tanto, siendo habitual que en edificios u oficinas los encargados de repartir la correspondencia identifiquen al destinatario mas por el nombre o razón social que por la indicación de piso o departamento, cabe presumir que si entrego la que tenia la dirección correcta también entrego la otra).
Medidas cautelares, medida de no innovar, contracautela, caución real
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

"Para la procedencia de la prohibición de innovar se requiere una contracautela real.".
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, prueba, indemnización, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOYERO RUBEN HUGO c/ PEDRO AMADEO BONFIGLI s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

Cuando está acreditada la existencia del daño, el juez no puede rechazar el rubro de que se trate, o la demanda en el caso más extremo, por falta de prueba de su cuantía; en dicho caso la ley le ordena hacer la condenación con reserva de fijar su importancia en la ejecución de sentencia (art. 355 C.P.C.).

No tiene relevancia indagar el motivo de la ausencia de los elementos necesarios para determinar el quantum debeatur porque la ley no hace ninguna distinción. El art. 354 del Código de Procedimiento dice que la sentencia fijará la indemnización en cantidad líquida o establecerá, por lo menos, las bases para liquidarla en la etapa de ejecución. Y el artículo siguiente añade que, si esto no fuera posible, se hará la condena con reserva de fijar su importe en la etapa subsiguiente del juicio.

Pero si al tiempo de contestar la demanda, el accionado reconoce en forma explícita su responsabilidad en el evento, no así los daños sufridos -existencia-y monto al cual ascenderían ellos, se debe distinguir que la responsabilidad que se asume por el evento dañoso no es por cualquiera especie de rubros indemnizatorios, pues se lo hace sólo, como la lógica y el sentido común lo imponen, por aquéllos items que sean reales consecuencias dañosas del siniestro para evitar en definitiva, el enriquecimiento sin causa del accionante.

Razonar en un modo diferente, es lesionar lo que ordinaria y normalmente corresponde al curso natural de las cosas.

Asumir la responsabilidad por consecuencias dañosas equivale a hacerse cargo por aquellos daños que resulten efectivamente de la conducta. No de cualquiera ni de todos, sino sólo de los que se comprueben como integrando el total resultado resarcible.

Sostener que el demandado ha reconocido la existencia de consecuencias dañosas del siniestro y la responsabilidad de resarcir y que ello le alivia la gestión probatoria al actor en el pleito, al grado de no tener que probar la existencia del rubro y/o de los rubros daños, es un verdadero exceso.

A favor del actor estaba el reconocimiento de la culpabilidad; a su cargo quedó acreditar la existencia en concreto del daño y el quantum económico del rubro pretenso.

De tal guisa, la desvalorización del automotor es un daño que debe establecerse y probarse durante la secuela del juicio y no en la etapa posterior; esta conclusión es acorde con las premisas fácticas sobre las cuales se estableció el thema decidendum; seguramente una solución en contrario lesionaría los propios límites de la demanda y su contestación.-
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23


///nos Aires, 23 de agosto de 2006.- El Juez Mario Filozof dijo:

Respecto a la edad a partir de la que la agravante sería aplicable, el precepto debe ser analizado en armonía con las leyes que regulan el régimen penal (26.061 y 22.278), las cuales establecen, indefectiblemente, la edad de dieciocho años como la plena capacidad de la imputabilidad ( en este sentido ver. in-re c.24.008 "Perez", rta.19/04/04, entre otras).- Sin embargo, debo decir que no advierto ningún elemento en autos que permita sostener que Eduardo Javier Vega hubiese intentado aprovecharse de su consorte de causa, más aún los 23 meses de diferencia en cuanto a la edad permite descartar ese supuesto y la eventual aplicación del artículo 41 quater del Código Penal de la Nación.

En lo demás, coincido plenamente con los argumentos de mis colegas, y a ellos me remito.-
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Scopus c/ Saretzky, Jorge Raúl y otros s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

La falta de acompañamiento de copias en la cédula de notificación si bien configura una irregularidad procesal, no autoriza al planteo de un incidente de nulidad. Dicho defecto permite el requerimiento de suspensión de términos para evacuar el traslado, pero en modo alguno se erige en fundamento válido para declarar la ineficacia del acto notificatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLALCORTA MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION-COBRO DE  AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-15

La perención de la instancia debe ser acusada antes de consentir el solicitante cualquier actuación del Tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, de conformidad al régimen procesal vigente.