marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: LABORAL
Carátula: Spitale, Juan Vicente c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencia de indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

La interpretación de los convenios celebrados entre las partes es materia ajena a la casación salvo la eficaz invocación de absurdo con denuncia de infracción del precepto legal que rige la labor axiológica de los jueces de grado.
Medidas cautelares, anotación de la litis, prohibición de contratar
Materia: CIVIL
Carátula: Orozco, Yolanda Margarita en representación de su hijo menor Ricardo A. Pereira c/ Pereira, Emilio y otros s/ Acción de simulación y nulidad de actos jurídicos menor Ricardo A. Pereira c/ Pereira, Emilio y otros s/ Acción de simulación y nulidad de actos jurídicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-06-24

La anotación de la litis es medida insuficiente para lograr la inmovilización del bien, y la prohibición de contratar contemplada en el art. 231 del C.P.C.C. y que fuera ordenada por el a-quo, es una complementación de dicha cautelar, que impide que la contraparte celebre algún contrato, sobre el inmueble en litigio, ya sea de administración o de disposición.
Leyes, retroactividad de la ley, competencia contencioso administrativa
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que "el precepto del artículo 3 del Código Civil se refiere solamente a las relaciones de derecho privado que dicho Código regla y no a las relaciones de derecho público administrativo".
Acta policial, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B. J. A. c/ U.M.C. s/ Divorcio Vincular Contradictorio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23

Las exposiciones policiales que el actor aneja a los obrados son ineficaces, pues en esencia configuran manifestaciones unilaterales del interesado sin debida comprobación policial acerca de lo vertido y sin contralor de la contraria.
Autonomía provincial, Estado Provincial, cuestión de derecho público local, Constitución Nacional, sistema federal, distribución de competencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat  c/ Salta, Provincia de y otro  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2005-12-27

La determinación judicial del recto alcance del orden legal provincial no puede resultar de ninguna manera thema decidendi de la Corte Suprema por vía de su competencia originaria, a riesgo de alterar la distribución de competencias propia del sistema federal de gobierno (arts. 5 y 121 de la Constitución Nacional).
Absolución de posiciones, extraña jurisdicción, declaración de rebeldía, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: PINA, DANTE c/ COPERCO SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-15

Por aplicación de la llamada teoría de los actos propios, que veda a quien asume una determinada posición procesal, adoptar otra que sea contraria a la ya asumida, es improcedente la petición de declaración de rebeldía en la prueba confesional, si el peticionante "a posteriori" posibilitó que la contraparte absolviese posiciones en extraña jurisdicción, lo que implica un tácito desistimiento de su primitiva posición.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Wilensky, Pedro c/ Salta, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La admisión de las acciones de amparo en la jurisdicción originaria de la Corte, no surge exclusivamente en razón de las personas, sino que, por el contrario, debe ser contemplada en términos más amplios.
Despido, ausencias injustificadas
Materia: LABORAL
Carátula: Sevilla, Hernando Damián y otros c/ Diario  El Comercial y/o Juan Honofre Amarailla y/o Persona física o jurídica que resulte propietaria o responsable s/ Reclamo laboral Comercial y/o Juan Honofre Amarailla y/o Persona física o jurídica que resulte propietaria o responsable s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-24

Si bien es cierto que las obligaciones de las partes subsisten hasta la extinción del contrato y en consecuencia están vigentes mientras transcurre el período de preaviso, entiendo que las probadas inasistencias injustificadas, no tornan justificado el despido. Ello resulta de considerar que la interpretación de los términos "inasistencia prolongada o reiterada al servicio" puede ser flexible y merecer opiniones divergentes en punto a la extensión que deben tener las ausencias para merecer la calificación exigida por la ley.
Fuerzas Armadas, personal militar, consentimiento, derecho militar
Materia: MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

El ingreso a las fuerzas armadas comporta la voluntaria sujeción al régimen jurídico propio del estado castrense, con la aceptación necesaria de las leyes y reglamentos que lo conforman (Votos del Dr. Julio V. Reboredo y de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-21


SENT Nro. 935 San Miguel de Tucumán, 21 de noviembre de 2003 de 2003.-Y VISTO: Los autos "Avellaneda, Viviana Lorena y otra vs Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y otros s/Especiales (Residual)"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- La parte actora promovió ante la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, juicio contra la Provincia de Tucumán, la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo para el Personal de la Dirección Provincial de Agua Ltda. y/o el Presidente de esta última, por fijación judicial de plazo de escrituración, respecto a un inmueble cuyas medidas, ubicación, linderos y nomenclatura catastral detalla en el escrito introductorio de la instancia, que adquiriera de la codemandada Cooperativa..

Por resolución de fecha 8 de setiembre del año en curso, obrante a fs. 39 y vta., el referido Tribunal declara su incompetencia para entender en el presente proceso, por considerar que compete a esta Excma. Corte Suprema de Justicia, por tratarse de una causa aprehendida en el presupuesto normativo contenido en los artículos 18 de la Constitución Provincial y 50, apartado I, inciso a de la ley 6238 (LOPJ) remitiendo, en consecuencia estos autos a esta Corte.

Examinando la competencia de este Tribunal para conocer y decidir en el sub lite, atento a los términos de la demanda se advierte que en autos se pretende frente a la Provincia y otros sujetos, el cumplimiento de deberes jurídicos que se invocan incumplidos y existentes, respecto a las accionantes, propios por su índole de la actuación de los accionados, incluida la Provincia de Tucumán, en el ámbito del derecho privado. Ello así, y tratándose del mismo supuesto resuelto por sentencia Nro. 465 -dictada por esta Corte en fecha 26-7-1996 en autos "Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo para el Personal de la Dirección del Agua Ltda.", el caso sub examine queda aprehendido en el citado artículo 50, inciso a, apartado 1° de la LOPJ, reglamentario del artículo 18 de la Constitución de la Provincia.

Por lo expresado y de conformidad a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 42, corresponde declarar la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para la sustanciación y decisión de este juicio.

Por ello, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para conocer y resolver originariamente en este juicio promovido por Viviana Lorena Avellaneda y otra contra la Provincia de Tucumán, la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo para el personal de la Dirección Provincial del Agua Ltda. y otro.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA
Sanciones procesales, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Schoklender, Sergio M. s/ recurso de casación. Causa: 372
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

El decisorio que tiene por no pronunciadas las sanciones por irregularidades en su actuación es un auto de carácter interlocutorio, puesto que resuelve una cuestión del proceso de interés para quienes intervienen en él.
Recurso de inconstitucionalidad, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos B., B. G. s/infr. art. 189 bis CP Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos B., B. G. s/infr. art. 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto contra una resolución equiparable a definitiva pues, de asistirle razón a la defensa, el agravio de seguir sometiendo a su defendido a proceso no podrá encontrar remedio al dictarse el pronunciamiento final de la causa, precisamente porque el vencimiento del plazo legal implica el agotamiento de la voluntad persecutoria estatal y, como consecuencia, otorga el derecho inmediato a no seguir sometido a proceso. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Bancos, caja de ahorro, defensa del consumidor, consumidores
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUERCIA  ROBERTO  JUAN AQUILES c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

El padre del actor, fallecido el 5/5/98, celebró un contrato bancario de servicio de caja de ahorro con el Banco de la Nación Argentina S.A., sucursal Luis María Campos, siendo consumidor final de una relación que la doctrina y la jurisprudencia califican de consumo (confr. Stiglitz R.S., Defensa del consumidor. Los servicios bancarios y financieros, La Ley 1998-C-1035 y ss; Mosset Iturraspe J., El cliente de una entidad financiera -un banco- es un consumidor tutelado por la ley 24.240, Jurisprudencia Argentina 1999-II-841; Vázquez Ferreira R.A.y Romera O.E., La ley de defensa del consumidor en los contratos bancarios a la luz de un valioso precedente judicial, en La Ley 1996-C-1004/1007). No necesito profundizar en posiciones doctrinales para sostener que, frente al actor y su padre, el banco aparece como un prestador que se halla dedicado profesionalmente a la actividad de crédito activa y pasiva y a la actividad de asistencia financiera. Ello permite sustentar el estándar de apreciación de sus conductas en el art. 902 del Código Civil y, desde este enfoque, me parecen suficientemente demostradas la violación al deber de información y la frustración culposa de un derecho crediticio del cliente, como era el derecho del beneficiario del seguro a cobrarlo una vez ocurrido el siniestro.
Homicidio culposo, mala praxis, responsabilidad médica, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "HITA IRIGOYEN, MARIO EDUARDO S/HOMICIDIO CULPOSO", Expte. Nº 2425 (H-684/11/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-09-23

Es evidente que al indicar el médico de cabecera al paciente, sales de oro -Crytion- para el tratamiento de la artritis reumatoidea, sin llevar a cabo las especificaciones que requiere el medicamento -dosis y análisis semanales de control de toxicidad-, puso en peligro el bien jurídico protegido -vida-, siendo el resultado -óbito del paciente-, la concreción del peligro generado por el autor.

Estando probados los requisitos típicos de la figura y habiéndose demostrado la relación de causalidad entre el accionar del imputado -disvalor de la acción- y el óbito del paciente -disvalor del resultado-, corresponde descartar de plano, la supuesta autopuesta en peligro pretendida por la defensa; toda vez que de las constancias analizadas se desprende que el paciente siguió las prescripciones médicas indicadas por el médico tratante.

Pudiéndose concluir que la graduación de la pena realizada, no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa.

El fallo analizado, presenta fundamentos serios y atendibles, responde en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.

Podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse, que carezca de sustento fáctico y/o normativo; de ahí que el defensor particular no ha logrado probar el absurdo en la valoración de la prueba, o que el tribunal incurriese en arbitrariedad, toda vez que la responsabilidad del imputado se encuentra plenamente acreditada, en grado de autor del delito de HOMICIDIO CULPOSO (Art. 84 del C.P.), a través de los elementos de convicción reseñados, siendo acorde su interpretación y su conclusión fundada en derecho.-
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oliverso de Moreno Stella c/ Dominguez, Nicasio y otros s/ Incidente de embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Si se quiere sustituir una medida cautelar debe pensarse en otros bienes o títulos que puedan resultar equivalentes -desde un punto de vista patrimonial- al que ha sido objeto de embargo y que implique la posibilidad de una rápida satisfacción del crédito en el caso de una sentencia favorable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, intereses, cómputo de intereses, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: SOLA, HUMBERTO c/ REY, EDUARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-07

Si el Juez considera que el demandado realizó el pago de la liquidación en término, no resulta procedente que disponga la inclusión de los intereses y la actualización hasta el momento en que la acreedora retiró el cheque, pues se comprende que el pago extinguió la obligación, mientras que con su efecto interrumpió los intereses y actualización monetaria a partir de la fecha en que se realizó.
Instrumentos privados, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Lantier S.A. y Otros c/ Burgwardt y Cía. Soc. Anónima Ind. y Com. y Agro Ganadería s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-12

"El principio establecido en el artículo 1026 del Código Civil, no debe ser entendido en forma absoluta. El instrumento privado hace fe hasta la simple prueba en contrario, en cuanto a la sinceridad de las declaraciones, fechas, pago, etcétera, contenidas en él. Las partes interesadas pueden perfectamente atacarlos y demostrar que no son exactos.
Prescripción adquisitiva, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuñez, Ramón c/ García, Ramón s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Si en el pleito seguido entre las mismas partes sobre desalojo, se estableció que el aquí actor había reconocido el carácter de propietario del ahora demandado como también la de comodante, al par de la propia de comodatario del inmueble motivo de ambos juicios, es lógico concluir que tales circunstancias le impiden alegar luego carácter de poseedor, con aptitud para prescribir (arts. 919, 2255 y 4015, C.C.).
Accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual, empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Gomez, Vicente. c/ Ormas S.A.I.C.I. y C. s/ Accidente de trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Demostrado que ha sido el vicio del elemento protector lo que generó el daño, el empleador es el único responsable del menoscabo patrimonial que sufre el obrero porque es dueño o guardián de la maquinaria riesgosa y del elemento de seguridad vicioso, siendo que de ellos se sirve y los tiene a su cuidado en los términos del art.

1113 del C.C.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Blanco, María Estela c/ Clínica Bazterrica  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

La exigencia del depósito establecido en el art. 286 del Código Procesal para la viabilidad del recurso de queja por denegación del extraordinario, no contradice garantías constitucionales, máxime cuando en los arts. 78 y siguientes de aquél está precisado el procedimiento apto para eximir de dicha obligación.
Concursos, pago, efecto extintivo del pago, fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORINELLI,  ALBERTO c/ ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DEL INST.S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

Procede confirmar la resolución que rechazo la oposicion a cualquier extracción de fondos a favor de la actora, efectuada por un acreedor laboral de la demandada fallida, cuando -como en el caso- la presentación de aquel invocando un privilegio por tal condición, no resulta oponible en esta causa; es que la suma total de fondos de que se trata habían sido dados en pago a la actora, como acreedora embargante, por parte de la accionada y de un tercero, antes del embargo ordenado en la quiebra. Por ello, los fondos dejaron de pertenecer a la demandada y habían pasado a ser propiedad de la actora en la medida que le corresponde cobrar el monto de condena según la liquidación ya firme. Ello así por cuanto, no se puede privar a esas daciones en pago en los términos y con los alcances del cciv: 724, es decir con la eficacia cancelatoria de las obligaciones, al menos en la medida que dichos pagos cubrieron la deuda. En primer lugar porque el deposito efectivizado por la demandada tradujo la voluntad en el sentido de extinguir, al menos en esa medida, la obligación a su cargo; en segundo lugar, el pago realizado por el adquirente del inmueble embargado exteriorizo idéntica voluntad en su condición, no de deudor pero si de tercero interesado en la extinción del debito que afectaba su inmueble por vía del gravamen que pesaba sobre el. Así, efectuado dicho pago, el juzgado interviniente dispuso levantar la medida cautelar. A mas, aun en conocimiento de la circunstancia de hallarse la demandada en quiebra, ello no autoriza por si solo a privar de sus efectos a los depósitos efectuados en la causa, ya que, en el caso, son muy anteriores en el tiempo al periodo máximo de retroacción del periodo de sospecha. (en el caso, los depósitos se realizaron en 1996 y 2002, y la quiebra fue declarada en 2007).
Medidas cautelares, caducidad, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ GIMENEZ, CATALINA ISABEL Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-30

Como consecuencia de la provisoriedad de la medida precautoria, su caducidad se opera de pleno derecho, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba. El solo transcurso del plazo provoca la extinción de la medida, sin necesidad de formular petición. El motivo por el cual se establece este breve plazo estriba en que no se debe turbar indefinidamente la actividad de la contraparte. Se exige-una correspondencia, entre la cautela-y la carga de instar el procedimiento continente de la pretensión asegurada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barlucía, L. c/ Coop. Agraria de Ts. As. Ltda. s/ Daños y perj. Schill, Norberto c/ Bruce, Miguel s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29|1990-02-13

La decisión de la Cámara -en cuanto calificó la conducta procesal de las partes y sus letrados aplicándole sanciones- no es susceptible de recursos extraordinarios ante esta Suprema Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de defensa del consumidor, compraventa, bicicleta, hurto, acción de reintegro
Materia: CIVIL
Carátula: LEFIN, MIRTA BEATRIZ. c/ HUMBERTO LUCAIOLI S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARISIMO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-05

El daño punitivo no tendrá favorable acogida, considerando que en la materia impera un criterio restrictivo y en el caso no se ha configurado un obrar doloso o que la requerida haya incurrido en culpa grave ni obtenido un enriquecimiento indebido. (Del voto del Dr. Medori, en mayoría).
Prueba, testigo único
Materia: PROCESAL
Carátula: AADI CAPIF A.C.R. c/ Plaza Hotel s/ Cobro de pesos - Sumario.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-04-18

Si bien el sistema de la sana crítica que preside nuestro ordenamiento ritual excluye la aplicación de la máxima latina "testis unus, testis nullus", ésta conserva cierta lógica de verdad, dado que es exigible al Juzgador, en tales supuestos, el deber de apreciar el testimonio aportado a la causa, con mayor severidad y valorando todos los elementos en su conjunto.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, funcionarios judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Liendo Roca, Arturo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

Los elementos de generalidad y sistematicidad no integran las características que debe reunir una conducta ilícita en particular para constituir un crimen contra la humanidad, sino que dichos elementos son requisitos que debe cumplir el ataque contra una población civil, del cual las conductas individualmente consideradas deben formar parte para recibir la mentada calificación jurídica en la causa 13/84 CNCCF ha quedado acreditada la utilización del aparato organizado de poder estatal, lo que constituye un caso paradigmático de "ataque contra la población civil". La circunstancia de que los hechos investigados hayan sido realizados o no, a gran escala, de modo generalizado o sistemático, o con habitualidad, no obsta para su calificación como crímenes contra la humanidad. Los hechos de omisión de actuación funcional de quienes tenían la carga de hacerlo -juez y fiscal- no surgen de una denuncia genérica de simples faltas de diligencia, sino que importan la presunta existencia de instancias concretas de denegación de justicia, que se trasuntaron en la vulneración de los derechos humanos de las víctimas a manos de los autores directos y mediatos. Las denegaciones al acceso a la justicia denunciadas fueron, justamente, la piedra basal de la impunidad con que se movieron los perpetradores directos de las violaciones a los derechos humanos. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).