Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


CORREA, Eduardo Daniel contra TRANSPORTES AUTOMOTOR AYOLAS Reg.: A y S t 206 p 10-13.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CORREA, Eduardo Daniel contra TRANSPORTES AUTOMOTOR AYOLAS y/o -Cobro de Pesos sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte.

C.S.J. Nro. 35, Año 2003). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?, y TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Gastaldi. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Por sentencia de fs. 202/203 la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario hizo lugar a la apelación articulada por la actora y, en consecuencia, extendió "a Austral Líneas Aéreas S.A. (hoy Cielos del Sur S.A.)" los efectos condenatorios de la sentencia de baja instancia, que en su hora había acogido -salvo con relación a Austral Líneas Aéreas S.A."- la demanda que por el cogro de diversos rubros laborales oportunamente incoara Eduardo Daniel Correa contra "Transporte Automotor Ayolas y/o Jorge Raúl Garbuglia y/o Austral Líneas Aéreas Sociedad Anónima".

Contra tal pronunciamiento dedujo Austral Líneas Aéreas S.A. recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3 , de la ley 7.055. En su presentación se agravió -en lo que es de interés- de que el fallo se aparta de normas del Código Aeronáutico, según las cuales su parte sólo desarrolla actividades de transporte aéreo, estando vedada "toda extensión de su calidad de tal a todo otro tipo de transportación terrestre, marítima y fluvial"; cuestionó igualmente la "interpretación extensiva al caso de las disposiciones del artículo 30 L.C.T. ajenas por la materia a la dirimición (sic) del presente en cuanto concierte a Austral Líneas Aéreas", interpretación que -además- "excede el marco de la causa petendi del actor", pues éste sólo habría invocado ser dependiente suyo a partir de una presunta afirmación de Garbuglia, lo cual configura el vicio de arbitrariedad por incongruencia.

Sostuvo asimismo que el decisorio se aparta de una prueba esencial como lo es la confesional de la actora reconociendo (a fs. 78) que su empleador era Garbuglia y no su parte, prueba que es dejada a un lado privilegiando testimonios que merecen serios cuestionamientos tal como resulta (fs. 207/216) Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 223/224 v.), la Sala denegó la concesión del recurso, el cual fue admitido por esta Corte -con el alcance antes reseñado- por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 184, pág. 456).

En el nuevo juicio de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he de propiciar la rectificación del criterio entonces sustentado al comprobar -a partir del estudio de los autos principales- que las críticas del recurrente no remiten sino al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común resueltas por los jueces ordinarios con argumentos que, más allá de su acierto o error, resultan suficientes desde el plano constitucional e impiden su descalificación como acto judicial (Fallos, 302:175;308:986, etc.).

Ello es así toda vez que en el caso la recurrente omite demostrar que la Alzada haya vulnerado en concreto las normas y principios que invoca, o excedido el límite de razonabilidad a que está subordinada la valoración de la prueba (cfr., Fallos, 312:1983; 315:886), limitándose en definitiva su discurso a explicitar la mera disconformidad con las afirmaciones efectuadas por el Tribunal a quo cuando entendió que correspondía extender la condena a la co-demandada "Austral Líneas Aéreas S.A." atento considerar, a partir de diversos elementos que mencionó (testimoniales de Sime, Kelly y Calichio; la autorización de la Municipalidad de Rosario a la Empresa Automotor Ayolas SRL para "el transporte de pasajeros exclusivos de las Empresas Aerolíneas Argentinas y Austral"), que Correa conducía un micro que "tenía la inscripción de Austral", desarrollando una actividad de transportar pasajeros ida y vuelta al aeropuerto internacional de Fisherton para Austral, que si bien "es una actividad accesoria de esta última (...) no lo es menos que hace a una situación permanente de dicha empresa ya que el acceso de los pasajeros a la estación aérea y viceversa hace también al funcionamiento de la empresa Austral; es decir coadyuva a su emprendimiento, por lo que entonces entra en la categorización del art. 30 LCT (...)".

La impugnante, conforme se reseñara ut supra, pretende cuestionar la validez de dicho criterio postulando -en primer término- que el mismo colisionaría con reglas de derecho aeronáutico, en concreto los artículos 1 y 140 del Código respectivo, aunque sin demostrar la conexión que existiría entre las mismas y el caso bajo estudio, en particular en cuanto al eventual desplazamiento por virtud de aquéllas de las normas del derecho laboral sobre las cuales se fundó la Alzada para fallar como lo hizo.

En ese mismo sentido conviene observar que tampoco se advierten configuradas la incongruencia y la omisión de considerar pruebas esenciales que aduce la ocurrente, tachas que encuentran el valladar insuperable de que, según resulta de un elemental cotejo con las constancias de la causa, la demanda también fue incoada contra "Austral Líneas Aéreas Sociedad Anónima" (vide fs. 2), atento a que "el Sr. Garbuglia manifestó trabajar para Austral Líneas Aéreas S.A.", insistiéndose a lo largo del juicio en que Correa se desempeñaba "a las órdenes del señor Garbuglia" (fs. 2 v.; confesional de fs.

78, destacada por la impugnante), configurándose así una pretensión que a su turno el Tribunal a quo calificó como fundada jurídicamente en el principio de solidaridad laboral establecido en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya aplicación al caso cuestiona la impugnante con argumentos que -cabe destacarlo- no traspasan el nivel de la mera discrepancia con el criterio interpretativo que (más allá del grado de acierto o error) adoptaron los jueces de la causa al entender procedente la extensión de responsabilidad contemplada en el citado precepto, pues lejos está aquélla de demostrar efectivamente que en autos se haya omitido el "escrutinio estricto" exigido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la hora de comprobar la concurrencia de los presupuestos fácticos establecidos en la norma (vide "Rodríguez", Fallos, 316:713 [1993]; también, Fallos, 318:366; 321:2295; 322:440; 323:2552; 324:2195; de esta Corte, "Franco", R. A. y S., T. 200, pág. 151; sobre el punto vide, por todos, Vázquez Vialard, Antonio, "La extensión de la responsabilidad laboral del empleador a un tercero (art. 30, LCT), en Vázquez Vialard, Antonio-Fera, Mario S. -coords.-, "El derecho laboral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Casos típicos", La Ley, Bs. As., 2003, págs. 21 y ss.).

En tales condiciones, y si bien se mira, la postulación de la recurrente en el punto sólo traduce la mera disconformidad con el criterio adoptado por los sentenciantes cuando encuadraron el reclamo de Correa con relación a la empresa en el marco del citado artículo 30, resolviendo así una cuestión de derecho en el ejercicio de las facultades resumidas en el adagio latino iura novit curia, expresión de aquello que decían los antiguos jueces a los litigantes: "narra mihi factum, dabo tibi ius" o "venite ad factum. Curia novit ius".

Cabe recordar en ese orden que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado el deber de los jueces de dirimir los conflictos partiendo de los hechos alegados y probados por las partes, con prescindencia de las afirmaciones de orden legal efectuadas por ellas (Fallos, 300:1034; 306:1993; 307:2445; 308:778; 310: 1536 y 2733, etc.), lo cual significa que ellos deben calificar autónomamente la realidad fáctica (lo cual supone calificar las pretensiones de las partes) y subsumirla en las normas jurídicas aplicables, supliendo para ello las normas no invocadas y las mal invocadas (Fallos, 15:274; 103:331, etc.).

Proyectando tales premisas al caso, forzoso es concluir en que el razonamiento seguido por la Alzada importó -precisamente- el ejercicio efectivo de esa facultad-deber de subsumir el caso en las normas que lo rigen, y que frente a ello los impugnantes no han aportado argumentos demostrativos de la necesidad de excepcionar la regla según la cual el ejercicio de las potestades ínsitas al iura novit curia "no comporta agravio constitucional" (Fallos, 283:137; 288:292; 300:1074; 312:195), extremo que conduce a reafirmar que -conforme se anticipara- la impugnación planteada no suscita materia idónea para el franqueo de la instancia extraordinaria, que -como se ha destacado en reiteradas oportunidades-, no tiene por finalidad permitir la sustitución del criterio de los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas ni tampoco tiende a revisar el acierto con el que los mismos merituaron las constancias de autos (cfr. R. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc.; en sentido concordante, Fallos, 297:29; 297:117; 297:291: 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros), sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apj-artamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes (cfr. R. A. y S., T. 58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T. 134, pág. 294; T. 141, pág. 330; T. 146, pág. 332, etc.).

Por ello, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 400/401 v., voto por la negativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas al recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)