marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obras sociales, consejo de administración, miembro no remunerado, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: ARAUJO,  RAUL  JOSE c/ OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Cabe confirmar la sentencia de grado que admitió parcialmente la demanda promovida contra una Obra Social -O.S.P.L.A.D.- por quien se desempañara como presidente de su Consejo de Administración, a efectos de reclamarle ser resarcido por los perjuicios que dijo haberle causado la conducta del representante de aquélla, quien lo denunciara penalmente, imputándole determinadas irregularidades en la contratación de ciertos prestadores durante su desempeño de tal función, lo que provocó que fuera desplazado de tanto de ese cargo como el de Secretario General de cierto sindicato -Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- que desempeñara simultáneamente, desechando el reclamo por lucro cesante; toda vez que, si bien alega que en virtud de la denuncia penal fue desplazado de su cargo de Secretario General de una asociación (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), y como consejero de la demandada y que en ambos casos percibía viáticos y gastos de representación que dejó de percibir; cabe advertir que, en ninguno de ambos casos se trató de una actividad en relación de dependencia, pues se trató en un caso (Secretario General) de un cargo electivo, mientras que el restante lo era por un período determinado, sin una aparente estabilidad; y si bien las características del segundo no eximen al principal de abonar algún salario, en la especie, y por los propios dichos del accionante, tal hipótesis no se configuraba, pues sólo se atendían los gastos de representación o aquellos que imponía la función desempeñada; de allí que, en ninguno de ambos casos, pueda calificarse como ingresos, pues estos sólo restituían o adelantaban gastos concretos y no fue acreditado que el viático debiera ser rendido a su principal.
Honorarios, determinación del monto, profesionales auxiliares de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pozniak, Pamela Liz y otros  c/ Volkswagen Sa de Ahorro p/f determinados s/ oficios ley 22172
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

La regulación de estipendios de las tareas cumplidas por un auxiliar de la justicia en el marco de un oficio diligenciado en los términos de la ley 22172 debe hacerse de forma anticipada (arg. ley 27423: 10, que resulta aplicable en virtud de la remisión contenida en el art. 12 del ordenamiento legal citado en primer término). Es claro que en estos casos no se cuenta con una base cierta, puesto que, en la mejor de las hipótesis sólo existe un monto demandado que sólo exhibe un valor meramente referencial del asunto. De tal manera, y a los efectos de cuantificar los emolumentos de que se trata, habrá de estarse a las directivas que surgen de la ley 27423: 16.
Transacción, transacción de derechos litigiosos, cosa juzgada, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (CNAS) c/ A.C.I.R. S.A. s/ RENDICION DE CUENTAS A.C.I.R. S.A. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|1997-04-29

Para que la transacción sea válida e irrevocable por voluntad unilateral de alguno de los intervinientes, tampoco se requiere su homologación judicial. La homologación judicial resulta indiferente, nada le agrega y no hace al perfeccionamiento sustancial de la transacción como acto jurídico extintivo. Esta no es menos completa por carecer del requisito de la homologación, sino que el opera solo desde el ángulo procesal, importando un modo de conclusión anormal del pleito (arg. Art. 308, del código procesal), al integrar la voluntad de las partes con el único fin de proveerla de la autoridad de la cosa juzgada que reviste una verdadera sentencia y convertirla en título ejecutorio (arg. Art. 850, Código civil).
Cosa juzgada írrita, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: ATECA, JORGE Y OTRO c/ PONCE, DANIEL Y OTRO s/ ACCIÓN DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

Uno de los casos donde puede plantearse la nulidad de una sentencia írrita es cuando la misma se vea afectada por fraude procesal, el cual al ser invocado por el actor, debe contener los presupuestos fácticos a los efectos de juzgar en qué ha consistido. Pero si ninguna prueba se advierte en el caso concreto y tampoco se ha demostrado la existencia de vicios sustanciales que sean trascendentes y heterónomos al proceso, correspondería confirmar el rechazo de la acción intentada. Se expresa asimismo que, en el caso concreto, existiría una laguna adjetiva en lo que respecta a una situación que no encuadraría de manera cabal ni en el diseño de la tercería de dominio ni en la de mejor derecho, por lo que mal puede ser éste el fundamento de una acción como la que se intenta. (Del voto de la Dra. Rodriguez, en minoría).
Adjudicación de viviendas, daño, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moreyra, Irene Lorena s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Irene Lorena s/queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

Los agravios referidos a que la sentencia impugnada reviste carácter definitivo pues selló definitivamente cualquier posible debate o cuestionamiento respecto de la exclusión que sufriera la recurrente del grupo de personas a quien se otorgó prioridad para la adjudicación de las viviendas, con la consiguiente afectación de sus derechos, llevan a sostener que si bien la resolución atacada no constituye técnicamente una "sentencia definitiva", la recurrente ha logrado invocar y acreditar suficientemente la existencia de un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior que torna equiparable a definitiva a la decisión judicial controvertida, pero no un genuino caso constitucional de modo que no puede habilitarse el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MLDV s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en MLDV c/ GCBA s/ amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia de la Cámara que dispuso que el modo de establecer el subsidio habitacional reconocido al frente actor -mujer sola sin contención familiar con tres hijos menores a su cargo- debía partir de los estándares fijados en el decreto n° 248/22 (o el que lo reemplazase) y adecuarse, luego, a las pautas delineadas en la ley n° 4036, tomándose como referencia la canasta básica alimentaria del INDEC. Ello así, por no rebatir en forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acreditar que los planteos vertidos configuren un genuino caso constitucional en los términos de los arts. 113, inc. 3° de la CCABA y 27 de la ley n° 402. En efecto, los planteos formulados por la actora en su presentación traducen una discrepancia con el pronunciamiento emitido, que a partir de las diversas circunstancias valoradas le reconoció el derecho a percibir un subsidio, y remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho y prueba bajo el análisis de normas infraconstitucionales, cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia (conf. Fallos: 330:4770; 330:3526; 330:2599 y 330:2498, entre otros). Asimismo, tampoco logran evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Contienda negativa de competencia, competencia por la materia, juez de circuito, locación
Materia: PROCESAL
Carátula: CUOCO, ESTEBAN HECTOR c/ PROST S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-27

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanday, en el caso, resulta claro que los hechos que sustentan las pretensiones esgrimidas por ambos litigantes se hallan unidas indisolublemente a la relación locativa invocada en sus respectivos escritos, lo cual coloca al caso en la órbita de competencia del Juez de Circuito, en tanto el artículo 111, inciso 1, de la ley 10160 dispone que a estos magistrados les compete materialmente y con exclusividad el conocimiento de los "asuntos referentes a locación de muebles e inmuebles urbanos y rurales", no rigiendo a este respecto lo dispuesto en el artículo 112 -el límite cuantitativo-.
Síndico del concurso, facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Víctor Rubén O. y Bovier de Vitor Susana A. s/ Concurswo preventivo s/Incidente Verificación tardía Prom. por  Yamasur S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-30

En la verificación tardía el síndico carece de la amplísima potestad investigativa y comprobatoria de que está dotado en el trámite normal de verificación. A quien corresponde la carga de alegación y prueba de sus derechos en el incidente de verificación tardía es el acreedor insinuante, sin que ello transforme al síndico en un contradictor pretendidamente representante del fallido o en su coadyuvante. Quien puede contradecir como parte, vale decir como titular de un interés contrario al del sedicente acreedor es el concursal o fallido pudiendo el síndico únicamente aconsejar al juez.
Ley aduanera, delitos aduaneros, perjuicio fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Seysu S.R.L. (T.F. 7365-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

Como se expresa en la Exposición de Motivos en el comentario al art.

954, el régimen punitivo comprende "todas las diferencias y declaraciones inexactas que puedan cometerse en el curso de las distintas operaciones y destinaciones aduaneras". Las inexactitudes en que se incurran en las declaraciones en cuanto a la cantidad, calidad, valor, etc. de las mercaderías son punibles si, como consecuencia de ellas y en caso de pasar inadvertidas, se produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal.
Banco central, entidades financieras, intervención cautelar, depósito bancario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEDROTTA, Néstor Julio c/ B.C.R.A. s/ ACTO  ADMINISTRATIVO - EFICACIA - EFECTO RETROACTIVO - LIQUIDACION DE  ENTIDADES FINANCIERAS - DEPOSITOS -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

La intervención cautelar tiende, entre otros fines, permitir que el organismo que ejerce la policía bancaria pueda corroborar la genuinidad de los depósitos. Y en la misma línea de pensamiento ha puntualizado esta Sala que la intervención cautelar no puede significar la prórroga del plazo indicado en la norma legal.-
Constitución Provincial, leyes, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DPC COMPUTACION SA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 281-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

La conexión sistemática de las normas jurídicas se posibilita a partir de la Constitución, en tanto ella identifica y pone en movimiento los diferentes órganos y modos en que se van derivando formal y materialmente las normas subordinadas. Desde la Constitución también pueden establecerse los límites y ámbitos de validez que rigen en ese ordenamiento. La Constitución es el "contexto" de todo "texto normativo", frente a resultados interpretativos -algunos compatibles con la Constitución y otros incompatibles- debe optarse por los primeros, y dentro de ellos, por aquél que mejor se conforme a los mandatos constitucionales.
Domicilio real, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CASA BARBERIA S.A.C. c/ RIVERA SARA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-24

El domicilio real dentro de nuestro sistema legal, es necesariamente único, y el cambio de domicilio debe ser realizado en forma inequívoca y de modo tal que no pase inadvertido y mientras no se acredite la mudanza definitiva a otro punto, debe considerarse subsistente el domicilio anterior, que se conserva con la sola intención de no cambiarlo y el cambio se prueba por los diversos medios que la ley procesal pone al alcance de los litigantes. La constancia de cambio de domicilio asentada en el documento nacional de identidad, no acredita fehacientemente tal circunstancia.
Recurso de inconstitucionalidad, indemnización tarifada, ingreso base mensual
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Paniagua, Hugo Alberto c/ Asociart ART S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (parcialmente concedido por la cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

El Tribunal a quo omitió ponderar que, precisamente, de los considerandos del decreto 669/19, surgía que si bien el ajuste al ingreso base mensual dispuesto por la ley 27348 (modificatoria de la 24557) tuvo la finalidad de evitar que los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del Ingreso base, la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, determinó que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores, advirtiéndose que el espíritu del decreto claramente apuntaba a evitar montos indemnizatorios desmedidos o desproporcionados, que desnaturalizan el sistema e impiden su normal funcionamiento, sin por ello apartarse de los parámetros de la reforma introducida por la Ley 27348, en cuanto mejoró notablemente la cuantía del Ingreso Base, es decir que en ningún caso puede afirmarse (como hiciera la Sala) que por aplicación del Decreto 669/19 pudiera obtenerse un monto mayor al obtenido conforme la ley 27348, y que la posterior Resolución SSN 1039/19 implicara una reducción de las prestaciones debidas al actor. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 27348; Ley 24557; Decreto nacional 669/19; Superintendencia de Seguros de la Nación, resolución 1039/19.
Subasta, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: DE LA LASTRA DE GUTIERREZ SUSANA R. c/ CRIBA  S.A. s/ NULIDAD DE ESCRITURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1970-08-10

Una vez realizada la subasta judicial es improcedente el sobreseimiento del juicio ejecutivo por estar en juego los intereses del comprador.
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado, pasantías, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "González Dego, María c/ Ministerio de Trabajo y otro s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

Teniendo en cuenta lo resuelto por la CSJN en el caso "Leroux de Emede, Patricia c/ Municipalidad de Bs. As." (30/04/91) y al no surgir que se hubiera contratado a la actora expresamente bajo el régimen de la ley laboral o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (Art. 2º LCT), teniendo presente que el empleador del caso es el Estado Nacional, el vínculo no puede sujetarse dentro de los términos de la ley laboral antes citada, pudiendo eventual e hipotéticamente, ajustarse a la ley marco de regulación de empleo público nacional 25.164, tal como concluyera la sentenciante a quo, o a la determinación de las remuneraciones propias de los empleados públicos y/o los perjuicios que eventualmente se hayan causado a la parte actora por las omisiones del Estado, en el marco de la ley común. Sin embargo, las peticiones en la presente causa se enmarcaron dentro de las normas laborales. Por los que al no demostrarse en el caso la existencia de vínculo laboral dependiente regidos por las leyes laborales y conforme al fallo plenario "Golberg c/ Szapiro", no corresponde la declaración de incompetencia sino el rechazo de la demanda.(Del voto de la Dra. Garcia Margalejo, en minoría).
Recurso de apelación (procesal), competencia, resoluciones judiciales, actuación de oficio, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: TECSEL SA c/ GCBA s/ OTRAS DEMANDAS CONTRA LA AUT. ADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

La competencia para conocer acerca del recurso de apelación se halla distribuida entre el órgano judicial que dictó la resolución impugnada y el órgano superior en grado: al primero incumbe pronunciarse sobre la admisibilidad y al segundo sobre la fundabilidad del recurso.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la decisión dictada por el órgano de primera instancia no reviste carácter definitivo ni vincula al órgano superior, quien en todo caso se halla facultado para rever y eventualmente modificar, incluso de oficio, el juicio de admisibilidad.

En otras palabras, mientras el órgano superior tiene competencia plena en el conocimiento del recurso, el inferior la tiene restringida y con efectos provisionales.
Juicio oral, opción
Materia: PENAL
Carátula: Altavista, Ernesto Ruben s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-02-17

El término señalado en el artículo 220 del C.P.P. -el que es de aplicación por expreso reenvío del art.221 del código citado- es común, y por consiguiente, debe ser computado a partir de la última notificación sea ésta del Defensor o del procesado sin perjuicio de que la opción para ser juzgado oralmente sea privativa de este último. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Venturino Guillermo Antonio Fortunato c/ Carlos Dal Ri y/o quién supiera resultar propietario s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-02

El vehículo que circula por detrás está obligado a guardar prudente distancia respecto del que lo precede, el conductor que embiste con la parte delantera de su automotor en la parte trasera del otro que se desplaza en la misma dirección crea una presunción "iuris tantum" de culpabilidad que debe ser destruida por prueba en contrario.
Aplicación temporal de la ley, domicilio constituido, sociedades comerciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guerreiro, Julio s/ Inc. Nulidad autos "Yancovich, Alberto c-El Triángulo AutomotoresS.A.  y-o Julio Guerreiro s-Daños y Perjuicios"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-17

Si el artículo 3° de nuestro Código Civil admite como principio la aplicación inmediata de la ley, y ello significa que la nueva norma toma a la relación o situación jurídica preexistente, en el estado en que se encuentra al tiempo en que la norma es sancionada, y para regir los tramos de su desarrollo aun no cumplidos, en tanto a que los cumplidos, se los considera regidos por la ley vigente al tiempo en que ocurrieron, es casi de perogrullo decir que la obligación del reformado art. 256 en cuanto a tipo de domicilio se refiere no alcanzaba a aquél "tramo cumplido" -constitución de la sociedad- y que en todo caso, debía estarse a lo dispuesto en el art. 11 inc. 1 de la LS., en cuanto dispone que por domicilio del otorgante ha de estarse a lo que disponen los arts. 89 y 94 del C.C. en obvia referencia al domicilio real.
Personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pacheco, Norberto O. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

La asignación creada por el decreto de la Municipalidad de La Plata 1707/1988 no fue un suplemento regular en tanto no constituyó una asignación en dinero de monto uniforme para todos los beneficiarios ya que el monto de lo eventualmente percibido dependía de la cantidad de días en que el funcionario pusiera a disposición del municipio su vehículo particular.
Contratos administrativos, incumplimiento del contrato, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: CONSULTORA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC.  S.A.T. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Tanto el retraso desleal del contratante que cumple una prestación luego de admitir la suspensión del contrato, como la contradicción con actos propios precedentes, por reclamar el pago de trabajos no efectuados luego de pedir exclusivamente que se pagasen los anteriores, constituyen causa para desestimar sus pretensiones en juicio.
Actualización monetaria, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: C., J.D. c/ A.A. SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-20

A nadie le es desconocido que la legislación económica es esencialmente variable e inestable, lo cual llega a determinar que los jueces no consoliden un criterio interpretativo porque, no bien las sentencias se afirman en una orientación, la norma legal que habían estado aplicando suele ser cambiada por otra, se produce un choque inevitable entre la flexibilidad de la política económica con la idea de seguridad jurídica. En su momento se decía que el reajuste del monto del crédito a tenor de la depreciación monetaria, posterior a la sentencia, no significaba en sí mismo aumento sino el mantenimiento del valor real de ese monto, es decir que no agravaba la obligación del deudor, ni mejoraba el crédito del acreedor, sino que tendía a conservar incólumes los valores económicos de la obligación y del crédito sin perjuicio ni beneficios efectivos para las partes en tanto las pautas utilizadas atendían a la depreciación realmente producida, Se decía también que la actualización del capital de condena durante el lapso transcurrido desde que la sentencia fue dictada hasta el momento del efectivo pago, no colisionaba con la cosa juzgada sino que permitía amparar el resultado cierto del fallo y sus efectos económicos posterior a la sentencia, no significaba en sí mismo aumento sino mantenimiento del valor real, todo ello, allá a mediados de la década del 80. Luego y hasta ahora se prohíbe toda forma legal o reglamentaria que establezca o autorice la indexación por precios o por la actualización monetaria. Es la situación actual hoy en día.
Sentencia, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: BARRIONUEVO GUSTAVO FABIÁN S. D. ROBO CALIFICADO E. P. VELEZ MARÍA ROXANA s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-06

El sentenciante debe fallar fundándose en criterios racionales derivados de la lógica, la psicología, los principios de las demás ciencias y en la experiencia común, por lo que no basta la mera invocación de la arbitrariedad sin que ésta se acompañe con una adecuada argumentación, en la que se demuestre que el criterio del sentenciante se aparta de las reglas de la lógica, del recto entendimiento, de la psicología o de la experiencia común.
Remuneración, falta de prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Casanova, Julio César c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Juicio Ordinario -recurso contencioso-administrativo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1987-05-08

El sueldo es la remuneración en dinero que paga el Estado a sus funcionarios y empleados en retribución por los servicios prestados por éstos, en consecuencia, si no se prestó ningún servicio no corresponde abonar suma alguna por tal concepto, salvo disposición legal que ordene lo contrario.