Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-06


Autos Nº 4.716 (2° J.P.L.G.S.J., Capital, Nº 20.759/12), caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN - Dirección de Hidráulica c/ Arias, Laureano - Ejecutivo".

----------San Juan, seis de abril de dos mil quince.-- ----------Visto:-------------- ----------Para resolver el recurso de apelación deducido a fs. 48 y vta. por la parte actora, mediante apoderado, contra la sentencia de fs. 46/47 vta.--------------------------------- ----------Tal recurso fue concedido a fs. 52 sin efecto suspensivo.----- ----------Y Considerando:------ ----------I. La resolución cuestionada:-------------------------------------- ----------Mediante el pronunciamiento atacado, el a quo tuvo a la actora por allanada a las excepciones interpuestas [debió decir a la excepción interpuesta] por la representación demandada, dejando sin efecto la sentencia monitoria dictada a fs. 5 [y vta.] de autos; rechazó el pedido de eximición de costas, debiendo éstas ser soportadas por la actora; y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.----------------------------------------------------- ----------II. El memorial de agravios y su traslado:------ ----------1) Contra dicha resolución se alzó la ejecutante, fundando su recurso con el memorial de fs. 53/58, donde expresó que:----- el a quo ha incurrido en una omisión en la aplicación de la Ley Prov. N° 5.558 [hoy Ley Prov. N° 319-E, conforme al "Digesto Jurídico de la Provincia de San Juan", aprobado por la Ley Prov. N° 8.509 (y modif.)] y el art. 100 de la Ley Prov. N° 3.908 [actual Ley Prov. Nº 151-I, según el citado "Digesto", que en adelante será identificada como C.T.], o sea, sacó al Estado Provincial de las normas que le son propias (como es el caso del art. 100 del C.T.), fijando el procedimiento establecido en el art. 83 del C.T., razón por la cual resulta de aplicación el art. 100, ibíd.;------------------------------------------ del texto del escrito de contestación de la excepción planteada por la demandada, en particular, el párrafo obrante a fs. 31, bajo el punto 3, surge que contestó subsidiariamente el traslado conferido respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva solicitando al a quo que la desestime liminarmente por infundada e improcedente. Añade que, seguido el trámite administrativo fijado por el art. 16 de la Ley Prov. N° 5.558, el Fiscal de Estado otorgó instrucciones para el allanamiento, de lo que el letrado apoderado fue notificado administrativamente el 11 de marzo de 2013, presentando al día siguiente el escrito respectivo, lo que consta a fs. 33/34 de autos. Señala que como tal trámite es ineludible para el abogado de Fiscalía de Estado el allanamiento resulta efectivo, hábil y con pleno efecto jurídico, por lo cual corresponde eximir de costas a su parte según el art. 100 del C.T.;------------------------------- el a quo no tuvo en cuenta que la Provincia de San Juan se allana en forma oportuna, lisa y llana al planteo excepcionante de la representación demandada, por lo que solicita que las costas de ambas instancias sean aplicadas en el orden causado. Entre otras apreciaciones, añade que la ejecución fiscal no es un juicio ejecutivo común sino que primero rigen las normas del C.T. y supletoriamente el C.P.C. y puntualiza que el a quo decidió aplicar el art. 68 del C.P.C. e imponer las costas a la actora, en abierta violación a las normas del C.T., "haciendo gala de un autoritarismo que no puede ser justificado en este caso y basándose en su puro capricho personal" (fs. 57, párrafo segundo), lo que hace que la sentencia sea arbitraria;--- la Inferior ignoró y no aplicó el art. 93 del C.T. que enumera taxativamente las excepciones que se pueden oponer en las ejecuciones fiscales y en cuyo inc. 8° se menciona la inhabilidad extrínseca y falsedad material del título, por lo que si se relee el escrito de fs. 14/17, la representación demandada ampara su postura en el art. 507, inc. 5°, del C.P.C., es decir, que "la excepción estuvo en su momento mal planteada y fundada, sin embargo la Inferior no aplicó de oficio la norma citada, del art. 93, inc. 8°, del C.T. (como es su deber inexcusable, porque se presume que conoce el Derecho vigente) y no aplicó esa norma, por desconocerla" (fs. 57, párrafo tercero); y ----------------------- en los dos primeros párrafos de fs. 57 vta. y por la misma causa: no aplicación del art. 100 del C.T., pide primero que la sentencia de la Inferior sea revocada en su totalidad (párrafo primero); y luego que se revoque el punto 2 de la parte resolutiva y considerandos en que se funda (párrafo segundo).--- ----------2) Ordenado el traslado pertinente al ejecutado (fs. 59), éste lo contesta a fs. 60/61 expresando:------------- que la actora no quiere reconocer su sinrazón, y su negligencia que surge palmariamente al no tener la certeza sobre quién era titular registral y por ende a quién le pertenecía el derecho de agua y, como consecuencia, quién era el obligado a pagar dicho derecho;--------------- el desarrollo procesal de la actora adolece de fallas como por ejemplo que "lo que debió plantear al principio lo plantea al final" (fs. 60). Así, deduce el 5 de marzo de 2013 la perención de instancia y a renglón seguido contesta subsidiariamente el traslado de la falta de legitimación, pide que se rechace in límine y solicita una suspensión del procedimiento y costas por su orden;------------------------------------------- que el abogado manifiesta que debe pedir instrucciones al Fiscal de Estado sobre si se allana o no a la defensa planteada en autos, requiriendo la autorización de aquél, pero ello no significa de ninguna manera que el proceso se debe suspender, y siete días después (12 de marzo de 2013) se allana cuando los términos se habían vencido a las 9 de la mañana [de ese día] y pide eximición de costas;---------------------- que su contraria también se agravia por la omisión de tratamiento del art. 100 del C.T., siendo que el a quo ha aplicado correctamente el art. 68 del C.P.C. al condenarla al pago de la costas, ya que dicho allanamiento no reunió los requisitos estipulados en el artículo citado en último término, lo que estaría bien aclarado a fs. 37/38; y ---------------- rechaza también el agravio relativo a la no aplicación del art. 16 de la Ley Prov. N° 5.558 y, en definitiva, solicita el rechazo del recurso con costas a cargo de la demandante.--------------- ----------III. Elevación del expediente y trámite en la Alzada:- ----------A fs. 62 se tuvo por contestado en tiempo y forma el traslado conferido y a fs. 68 se ordenó la elevación del expediente a la Alzada, lo que en definitiva se materializó a fs. 75.------ -----------Ya en este ámbito apelatorio, se determinaron los jueces que intervendrían en la resolución del recurso (fs. 76), lo que fue notificado a las partes (fs. 77 y vta. y 78 y vta.) sin resultado ulterior; a fs. 79 se ordenó el pase de los autos a resolver, comunicándose formalmente tal circunstancia a los litigantes (fs. 80 y vta. y 81 y vta.).--------------------------------------------- ----------Posteriormente se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa (fs. 82), como resultado de lo cual surge el presente decisorio.-- ----------IV. Resolución del recurso:-------------- ----------Ingresando al examen de la cuestión traída a resolver, adelantamos nuestro criterio contrario al progreso del recurso. Ello, sobre la base de las apreciaciones que expondremos a continuación.---- ----------1) Aclaración previa:------------- ----------Para contextuar la decisión que se adoptará es preciso advertir que el único punto que corresponde analizar es la imputación de costas a la actora que el a quo ha realizado respecto del allanamiento que ésta realizara acerca de la excepción interpuesta por la representación demandada, criterio que la apelante considera erróneo. Como desprendimiento de ese único agravio, la recurrente pide se distribuyan las costas en ambas instancias en el orden causado.---------------------------------- ----------2) Cuadro secuencial de la parte pertinente del proceso:----- ----------Depurado el thema decidendum, vemos que una vez diligenciado el mandamiento de intimación de pago (fs. 10/11) que comunicaba a la representación demandada la sentencia monitoria de fs. 5 y vta., a fs. 17/18 se presenta al proceso la Sra. María Gabriela Zalazar (como cesionaria de derechos hereditarios de su madre, respecto de las sucesiones de los Sres. María Carmen de la Torre de Arias y Laureano Arias ?ver fs. 14 y vta.?) y, con patrocinio letrado, deduce "excepción de falta de legitimación para obrar pasiva" (cfr. sumatoria del escrito de fs. 17/18).---- ----------Ordenado el traslado a la actora de tal planteo (fs. 20), aquélla lo contesta a fs. 29/31 vta. (5 de marzo de 2013). En la ocasión, articula como pretensión principal la perención de la instancia y, en subsidio, responde el traslado de la excepción interpuesta por la representación demandada, pide suspensión del proceso para solicitar instrucciones del Fiscal de Estado, solicita eximición de costas y también peticiona que se mande llevar la ejecución adelante, con costas (ver petitorio de fs. 31 vta.).- ----------A fs. 32 el a quo dispone correr traslado a la representación accionada del incidente de caducidad de instancia.---- ----------A fs. 34 el apoderado de la actora manifiesta que, habiendo recibido instrucciones del Fiscal de Estado (conforme documento de fs. 33), expresa el allanamiento "espontáneo, incondicionado, liso y llano" (ver penúltimo párrafo del libelo) sobre la excepción opuesta por la representación demandada. Dicho escrito fue presentado el 12 de marzo de 2013 a las 12:25 hs.-------- ----------A fs. 35 el a quo corre traslado a la representación demandada del allanamiento y la petición de eximición de costas, el que fue evacuado a fs. 36/38 solicitando el rechazo del pedido de exención de costas.---- ----------Posteriormente, a fs. 46/47 vta. se dictó la sentencia resistida por la que se tuvo por allanada a la actora a la excepción interpuesta por la representación accionada, dejando sin efecto la sentencia monitoria; se desestimó el pedido de eximición de costas efectuado por la accionante y se difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.--------------------- ----------3) Inviabilidad del recurso:----------- -----------Recreada sucintamente la secuencia de la parte pertinente de la causa, y como anticipábamos, el recurso deviene improponible.---- ----------A) Lo cierto es que, más allá del intento dialéctico de fs. 29/31 vta. y 53/58, en el escrito de fs. 34 (apoyado en el instrumento obrante a fs. 33) la apelante se ha allanado a la excepción interpuesta por la representación accionada, lo que significa reconocer la razonabilidad y la procedencia jurídica de la pretensión de ésta volcada a fs. 17/18 (y de la documental de fs. 15/16 vta.) y, correlativamente, admitir la inviabilidad de la pretensión esgrimida como sustento de la demanda articulada a fs. 3.- ----------Ante el marco jurídico-fáctico de la causa, la imposición de costas a la actora aparece ajustada a derecho, pues si la accionante generó un proceso iniciando una ejecución por error y/o falta de información o de comunicación con algún órgano público estatal, que quedó al descubierto con la documental presentada por la representación accionada y la articulación defensiva a la que se vio obligada a acudir para hacer valer su derecho, y ante tal planteo excepcionante la accionante lo resistió al principio pero luego rectificó su posición allanándose; ésta debe asumir las costas derivadas del litigio que impropiamente originó.------------------------- ----------En otras palabras, si la representación ejecutada tuvo que buscar asistencia letrada, comparecer al proceso, abonar sellados, etc., por una conducta errada imputable a la actora, y más allá del un tanto tardío allanamiento, ¿por qué exonerar a ésta de las costas del litigio? La solución que pretende la apelante en el punto (costas por su orden) sería injusta e irrazonable, por vulnerar principios y derechos constitucionales (igualdad, debido proceso, defensa en juicio, propiedad, etc.).----------------------------- ----------Contrariamente a lo que la demandante intenta postular en su memorial (y en el escrito de fs. 34), su allanamiento no fue espontáneo ni totalmente oportuno en los términos requeridos por el art. 68 del C.P.C.-------- ----------De hecho, al evacuar el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por la representación accionada a fs. 17/18, el planteo principal de la actora en el escrito de fs. 29/31 vta. (de 5 de marzo de 2013) fue el de la perención de la instancia. Subsidiariamente, replicó el traslado de la excepción, solicitando al a quo "dicte resolución desestimándolas in límine, por infundadas e improcedentes" (sic, fs. 30, párrafo tercero), lo que por ejemplo reiteró a fs. 30 vta., párrafo tercero, peticionando la inadmisión in límine del planteo excepcionante por resultar "manifiestamente improcedente". Incluso, en el petitorio requirió se dictara sentencia acogiendo la perención de instancia contra la presentación efectuada por la demandada en autos y se mandara continuar con la ejecución, con costas (ver fs. 31 vta., ap. 8, subap. 'g') [en todos los casos las partes subrayadas en los tramos entrecomillados nos corresponden].--------------------------------------------------- ----------Fue recién a fs. 34, en fecha 12 de marzo de 2013 a las 12:25 hs. (ver cargo), o sea, cuando el plazo para contestar el traslado de la excepción y la consecuente oposición a la sentencia monitoria había expirado, el momento en que la actora presentó un escrito manifestando su allanamiento espontáneo, incondicionado, liso y llano, solicitando paralelamente la eximición de costas.----------- ----------A fs. 35 se ordenó traslado a la representación ejecutada de lo planteado a fs. 24 por la accionante, oponiéndose aquélla a la exención de costas a la parte demandante (fs. 36/38), dictándose luego sentencia a fs. 46/47 vta., donde se tuvo a ésta por allanada a la excepción deducida con costas a su cargo.------------------------------ ----------Como se sabe, el allanamiento es un modo anormal de concluir el proceso y supone la manifestación de voluntad expresa, en el caso, de parte de la actora, en el sentido de capitular frente a la pretensión defensiva de la parte accionada, reconociéndola como procedente y ajustada a derecho.---------------------------------- ----------Además, el allanamiento expresamente formulado por la ejecutante implica reconocer la sinrazón de su pretensión (por ejemplo, como en este caso, ante la errónea promoción de la demanda que motivó la actividad jurisdiccional que en definitiva resultara dispendiosa), la coloca en condición de vencida y, por tanto, en función del resultado del proceso, debe cargar con las costas de la ejecución (arts. 66, 68 y ccds. del C.P.C.), puesto que su conducta dio lugar a la iniciación del pleito.------------ ----------Tal como mutatis mutandis se resolviera, "en virtud de lo establecido por el art. 558 del Código de forma, en el juicio ejecutivo y por ende en las ejecuciones fiscales, rige el principio objetivo de la derrota en lo que concierne a la aplicación de las costas. Es decir, que éstas deben serles impuestas al vencido, toda vez que no es aplicable lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 68 de dicho código. En el 'sub lite', se estima que el allanamiento de la actora a la excepción opuesta, importó consentir el planteamiento formalizado. También pone en evidencia, que procesalmente el actor, no tuvo razón para iniciar la acción" ?cursivas agregadas? (Cám. Fed. de Mendoza, Sala A, 46.059-D-2.989, "D.G.I. c/ Cooperativa de Cortadores de Carne 'Libertad' Ltda. p/ Ejecución Fiscal", 23-05-83, Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Nación, Cámaras Federales).------ ----------También mutatis mutandis, cabe recordar que cuando no obstante su ulterior allanamiento-, el acreedor dio lugar al planteo defensivo de la contraria, las costas deben serle impuestas al accionante (cfr. doctrina C.S.J.N., Fallos, 312:756).----------------------- ----------Vale por último subrayar que, como se ha decidido, "la condena en costas al vencido es el principio a aplicar en las ejecuciones fiscales, desde que el objeto a ponderar debe ser en suma, si el Fisco o la ejecutada han obtenido el resultado querido, esto es, que se siguiera o no adelante con la ejecución fiscal. Y ello es así, con independencia de cuál hubiera sido la razón que sellara la suerte favorable o adversa del apremio, excepción hecha cuando el rechazo de la ejecución fiscal se motiva en el allanamiento del Fisco frente a la articulación por la accionada de la prescripción liberatoria de la deuda impositiva, donde las costas deberán ser impuestas por su orden" (CA0100 MP, P 296, RSD-97-8 S, "F. d. l. P. d. B. A. c/ Piro y Ruiz S.C.A. s/ Apremio", 17-06-08, Mag. Vot.: Riccitelli Sardo, Fuente: Lex Doctor 9.1, Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Contencioso Administrativo).----------------------------------------- ----------B) La solución diseñada en materia de costas por la Inferior no es jurídicamente irrazonable, aunque complementariamente y a todo evento, cabe recordar que desde hace bastante tiempo esta Cámara de Apelaciones de Paz Letrada tiene posición sentada en punto a la inconstitucionalidad del art. 100 del C.T., Ley Prov. N° 3.908 (como vimos, hoy renumerada como Ley Prov. Nº 151-I), que establece: "Las costas se impondrán al vencido; salvo el caso de allanamiento del Fisco a las excepciones opuestas" ?cursivas agregadas?. Obviamente, la anticonstitucionalidad se centra en la parte final de dicha cláusula.---------- ----------Al respecto, tal solución quedó plasmada ya en un fallo de 1992 (Autos N° 149: "O.S.S.E. c/ Victorio Picciafuoco - Ejecutivo", P. de A., T° II, Fos. 153/155, 10-02-92), estableciéndose un criterio ulteriormente reiterado con ciertos remozamientos argumentales en decisorios posteriores (v. gr., Autos N° 3.687, "Provincia de San Juan c/ Flores, Francisco Ramón - Ejecutivo", P. de A., T° III-2009, Fos. 33/35, 26-06-09; y Autos N° 3.942, "Provincia de San Juan c/ Arancibia, Miguel Humberto - Ejecutivo", P. de A., T° II-2010, Fos. 149/154, 17-03-10). En síntesis, y en lo que aquí aplica, este Tribunal ha sostenido que:-- entre los principios amparados por las Constituciones Nacional y Provincial, el de igualdad ante la ley se impone en el proceso, en orden a mantener incólumes los derechos que asisten a los litigantes intervinientes;----------- no corresponde eximir de costas al Estado (Nacional, Provincial o Municipal) que con su actitud obligó innecesariamente al demandado a presentarse a autos;------------------------------- la circunstancia de que la Administración intervenga en un procedimiento judicial no es óbice para que se la exceptúe de la carga de las costas correspondientes irrogadas en su tramitación, pues lo contrario sería discriminatorio para el particular respecto del órgano estatal, y atentatorio del principio de igualdad;---------- el art. 100 del C.T., en su parte final, en cuanto dispone la eximición de costas en caso de allanamiento del Fisco importa una suerte de avasallamiento de los principios de igualdad ante la ley e inviolabilidad del derecho de propiedad, expresamente consagrados y tutelados por nuestra Carta Magna Nacional (arts. 16 y 17) y la Constitución Provincial (arts. 24 y 111); y -------- ello es así porque implica una violación a elementales normas de justicia y equidad dando paso a la creación de un inapropiado e inexistente privilegio a favor del Fisco, que ha resultado vencido. Mutatis mutandis, y en cuanto a lo que argumentalmente sea aplicable al presente caso, se añadió en esa oportunidad que: "Sin duda la actora pudo razonablemente conocer el estado de cuentas del contribuyente demandado (.) Tal situación no tenida en cuenta por la accionante, conforme a un elemental principio de diligencia en su obrar, determinó la presentación de la ejecutada a juicio para ejercer su defensa, lo que ha significado una erogación en desmedro de su patrimonio y que pudo evitarse" ?cursivas añadidas?.--------------------------------------------------------- ----------En definitiva, el art. 100 del C.T., parte final, es inconstitucional y, por ende, inaplicable al caso de autos, lo que a todo evento se declara, en el marco de las atribuciones jurisdiccionales de las que está investido este Tribunal (v. gr., art. 11 de la Constitución Provincial). Lo anterior, tomando como sustento la doctrina sobre control de constitucionalidad de oficio sostenida por la Corte de Justicia de San Juan, Sala Primera, por ejemplo, en Expte. N° 4.937/09, "Provincia de San Juan c/ Zenitran S.A. Agric. y Com. - Ejecutivo - Inconstitucionalidad y Casación", de 7 de junio de 2011 (P.R.E., S. 1ª, 2011-I-175), y también ?referencialmente? la evolución jurisprudencial que sobre el tema ha experimentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudiendo citarse entre sus últimos pronunciamientos en la materia al caso "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ Daños y perjuicios", de 27 de noviembre de 2012 (Fallos, 335:2333).-------------- ----------C) Cerramos complementariamente la fundamentación del decisorio que dirime el recurso con algunas consideraciones adicionales sobre el memorial de la accionante, que aloja algunas inconsistencias.------------------ ----------La posición que asume la apelante es, cuando menos, ambigua porque critica la excepción planteada por la representación demandada, que se basó en el art. 507, inc. 5°, del C.P.C.; critica la actitud de la jueza en cuanto le dio andamiento inicial al planteo excepcionante en vez de aplicar de oficio el art. 93, inc. 8°, del C.T.; y, entre otras cosas, critica que la excepción estuvo en su momento mal planteada y fundada; sin embargo, pareciera olvidar un hecho no menor: se allanó a tal planteo excepcionante incluso invocando en esta sede apelatoria que el allanamiento fue espontáneo, oportuno, incondicionado y total, con lo cual la fundamentación del memorial deviene contradictoria con su conducta anteriormente plasmada en el proceso.-- ----------Recuérdese que en función de la doctrina del acto propio nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar nemo potest contra factum venire, siendo por tanto inadmisible el intento de ejercer judicialmente un derecho subjetivo o facultad jurídica incompatible con el sentido que la buena fe atribuye a la conducta anterior (Cám. Nac. Com., sala D, 23-02-84, La Ley, 1982-A-260) o pretender fundamentar una actuación aportando hechos y razones de derecho que contradigan los propios actos u omisiones; es decir, que asuma una actitud que venga a colocar a la persona en contradicción con su conducta anterior (Cám. Nac. Civ., sala C, 23-05-83, La Ley, 1984-B-465, 36.583-S; ídem, sala D, 14-04-83, La Ley, 1984-A-295; ídem, sala E, 28-07-83, La Ley, 1984-B-406).-------------- ----------Es que si se allanó a la excepción planteada en los términos de art. 507, inc. 5°, de C.P.C., mal puede ahora criticar y tildar de autoritaria la decisión judicial por no haber aplicado ex officio el art. 93, inc. 8°, del C.T.; ni sostener válidamente que la excepción estuvo en su momento mal planteada y fundada.--------------------- ----------Vale decir que en esta etapa post-allanamiento pareciera reaparecer la actitud antagonista plasmada en el escrito de fs. 29/31 vta. (contestación del traslado de la excepción deducida por el accionante) o sea en el momento pre-allanamiento.-------- ----------No puede dejar de observarse que si se allanó a una excepción planteada específicamente sobre la matriz normativa del C.P.C. (que según su visión escaparía de una disposición específica, exclusiva y taxativa del C.T.), mal puede en el memorial cuestionar que el a quo haya acudido en su decisión a una disposición en materia de costas sustentándose en el C.P.C.--- ----------Para cerrar este segmento, aparece otra contradicción en el memorial cuando la actora solicita que la sentencia de la Inferior sea revocada en su totalidad, al no aplicar el citado art. 100 del C.T., lo que ?de acogerse? supondría que cayera también el allanamiento que formuló, tal vez sin reparar en que el documento de fs. 33, al que en varias ocasiones refiere la accionante en el escrito de fundamentación recursiva, subraya "la conveniencia y, más aún la necesidad de formalizar" dicho allanamiento ante el planteo de la excepción interpuesta en autos por la representación demandada ?subrayado agregado?.--------------------------------- ----------4) Recapitulación:-------------------- ----------En mérito a las consideraciones fácticas y jurídicas vertidas, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 48 y vta. por la actora, contra la sentencia de fs. 46/47 vta., con costas a cargo de aquélla (arts. 66, párrafo primero, y ccds. del C.P.C.).---- ----------Por lo expuesto, Se Resuelve:-------- Desestimar el recurso de apelación articulado a fs. 48 y vta. contra la sentencia de fs. 46/47 vta., declarando a todo evento la inconstitucionalidad del art. 100, parte final, del Código Tributario Provincial, tramo de la cláusula legal que no es aplicable en autos.------- Imponer las costas de la Alzada a cargo de la actora apelante vencida.- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los actuados, notifíquese y bajen al Juzgado de origen, previa reposición de sellado si así correspondiere. Fdo.: Víctor Bazán - Presidente; María Esthela Tonelli - Vocal. P. de A. N° 88, fs. 54/61.