Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-04-21


La Plata, abril 21 de 2010.

Antecedentes: El Tribunal del Trabajo Nº 3 de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida; con costas a la accionada por el rubro acogido y a la parte actora por los desestimados (fs. 331/338).

Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 344/352 vta.).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El doctor Negri dijo:

I. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés para el presente, rechazó la demanda deducida por Sara Beatriz Percara contra Norma Aurora De La Cruz y Cerámica Florida S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 8º y 15 de la ley 24.013 (fs. 337 vta.).

II. La parte actora en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional; 15 y 31 de la Carta local; 79, 80, 225, 226, 231, 232, 233, 242, 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8º y 15 de la ley 24.013; 163 incs. 5º y 6º y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 29, 44 inc. "e" y 47 de la ley 11.653 y de doctrina legal que cita.

Afirma que el sentenciante de grado incurrió en absurda apreciación de las pruebas y en una errónea valoración de la injuria invocada por la trabajadora al disponer su despido indirecto.

En tal sentido, argumenta que el fallo resulta contradictorio por cuanto al dictar el veredicto los jueces de grado tuvieron por acreditado que Norma Aurora De La Cruz y "Cerámica Florida S.A." constituyeron un mismo empleador, reconocimiento que derivó en el acogimiento de la indemnización peticionada al accionar con sustento en el art. 9º de la ley 24.013. No obstante ello, al pronunciar sentencia, desestimó los reclamos por el despido indirecto en la inteligencia de que la actora debió continuar con el intercambio telegráfico y no disolver el contrato de trabajo.

A su ver, la negativa de la accionada a reconocer la real antigüedad de la actora constituyó una injuria de entidad tal que impedía la continuidad del vínculo laboral conforme las previsiones del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

III. El recurso no ha de prosperar.

1. El tribunal de grado si bien tuvo por demostrado que los accionados De La Cruz y "Cerámica Florida S.A." constituyeron un mismo empleador con distinta denominación (vered. fs. 331/332; sent. fs. 334), a la luz de lo dispuesto en el art. 242 de la ley 20.744 -t.o.- consideró que el proceder de la actora al fracturar la relación de trabajo no obstante la intimación cursada por su empleadora, resultaba al menos apresurado. Máxime -agregó- cuando, con excepción del precedentemente señalado -que laboró para ambos accionados, quienes constituían un solo empleador- no logró acreditar ninguno de los presupuestos sustanciales de la acción.

Estimó entonces que, en orden al principio de conservación del empleo, debió haber continuado con el intercambio telegráfico, ponderando además que tenía un certificado médico que justificaba sus inasistencias.

Con tal sustento consideró que las indemnizaciones por despido, omisión de preaviso e integración del mes del despido, con más la incidencia del sueldo anual complementario debían ser rechazadas.

También concluyó que por adolecer el despido indirecto de "justa causa" no resultaba de recibo la multa prevista en el art. 15 de la ley 24.013 ni la sustentada en el art. 8 de esa misma norma por haberse acreditado que la actora se encontraba registrada (fs. 334 y vta.).

2. Tiene dicho esta Corte que tanto evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, como apreciar el material probatorio a fin de determinar la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituyen materia reservada a los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad se encuentra en la eficaz alegación y demostración de absurdo en el accionar del juzgador al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por éste sin la prudencia que la ley exige (conf. arts. 44 incs. "d" y "e", ley 11.653 y 242, L.C.T.; causas L. 74.709, sent. del 18/IX/2002; L. 79.488, sent. del 23/XII/2003; L. 83.326, sent. del 15/III/2006; L. 86.165, sent. del 14/II/2007, entre otras).

Sentado lo anterior, cabe señalar que el recurso no cumple la carga de una adecuada fundamentación (art. 279, C.P.C.C.), pues no se ocupa la impugnante de rebatir las conclusiones del fallo que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada. En este orden, tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (conf. L. 87.862, sent. del 16/V/2007).

Desde esta perspectiva, la pretensión de modificar la solución final contenida en el decisorio no resulta útil para alcanzar el fin propuesto, desde que la recurrente no logra evidenciar el déficit que imputa al decisorio en orden a la apreciación de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, ni demostrar que el tribunal de grado, en la valoración de la injuria, hubiera actuado sin la prudencia que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le impone (conf. L. 59.731, sent. del 7/IV/1998; L. 86.343, sent. del 12/IV/2006), exigencias estas cuya observancia deviene necesaria e insoslayable en casos como el de autos en que se propone la revisión de la tarea axiológica que al respecto desarrollaron los jueces intervinientes.

En ese orden, el agravio que gira en torno a la injuria fundada en la negativa a reconocer la real antigüedad de la actora no merece, conforme lo anticipado, recepción favorable.

En este sentido, el a quo observó -como factor determinante para el rechazo de su pretensión- que el comportamiento de la trabajadora lucía, cuanto menos, apresurado, encuadrando la situación desde la óptica del principio de subsistencia del contrato consagrado en el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En este punto, es conveniente recordar que esta Corte ha declarado que para que la injuria se erija en justa causa de despido debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causas L. 91.407, sent. del 25/II/2009; L. 84.883, sent. del 19/VII/2006).

La consideración que este argumento del sentenciante mereció de parte de la recurrente no logra poner en evidencia que la decisión luzca apartada de la prudencia que debe orientar el juicio valorativo del magistrado de origen, por el contrario, trasunta su mera disconformidad con la solución dada al caso, ello a través de la realización -a partir de su propia valoración- de un nuevo examen de la conducta de las partes previa a la ruptura del vínculo, postura esta que no autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede esta Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de la instancia de mérito (conf. L. 87.639, sent. del 22/VIII/2007).

De suyo, entonces, agotado el planteo en esta formulación, la revisión de la tarea axiológica efectuada por el a quo no resulta posible, ya que la réplica prescinde de un soporte argumental tendiente a desvirtuar las razones dadas por el sentenciante para despojar de legitimidad el despido indirecto fundado en la causal de marras.

3. Finalmente, la crítica también evidencia su insuficiencia técnica en cuanto la apelante omite toda argumentación sobre los motivos que llevaron al a quo a rechazar las indemnizaciones reclamadas con sustento en la ley 24.013. Ello impide otorgar entidad de agravio atendible a aquel cuya formulación se agotó en la denuncia de violación de los arts. 8º y 15 de esa norma, pero sin desarrollar argumentos contrarios a la decisión del fallo (art. 279, C.P.C.C.), falencia estructural que esta Corte no está llamada a suplir o a sustituir por inferencia o interpretación (conf. causas L. 64.747, sent. del 6/VII/1999; Ac. 82.961, sent. del 11/IX/2002; Ac. 63.698, sent. del 19/II/2002).

4. En suma, los agravios traídos revelan ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aportan ningún elemento convincente que demuestre el absurdo de la solución dada al caso, o que exhiba una valoración de la injuria ajena a la prudencia que la ley exige (art. 242, L.C.T.).

IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los doctores Genoud, Kogan y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.). - Hilda Kogan. - Héctor Ne gri. - Eduardo Néstor de Lá zzari. - Luis Esteban Genoud.