marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. de B., M. L. c/ B., R. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Mediante los testimonios ya referidos se prueba acabadamente la frecuentación casi cotidiana del domicilio de la actora por parte de un hombre distinto de su esposo (arts. 384, 456, CPC), de modo que encontrándose debidamente comprobado el hecho base o indicio, la presunción de adulterio deviene irrefutable (art. 163 inc. 5º, pár.

2º CPC), conforme se ha entendido y resuelto reiteradamente.
Sentencia condenatoria, injurias, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Y., R. J. c/ C., R. s/ Querella s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-04

Así, en síntesis, establecida la disconformidad con los fallos judiciales y la autoría de la nota en la cual expresó críticas agresivas respecto del sobreseimiento con expresiones sustancialmente similares a las vertidas en los escritos de la causa, es obligación del imputado, en tanto niega haber injuriado, probar que las palabras de la nota corresponden al entrevistador, quien - según el encartado - interpretó su locución. Lo anterior no implica una inversión indebida del "onus probandi" ni un desconocimiento del principio de inocencia ya que, si bien se encuentra a cargo de la parte acusadora la prueba de la existencia del hecho y su autoría, al estar probados los hechos mencionados, es la defensa quien debe demostrar los hechos de descargo, que en el sub examine sólo dependían de su voluntad, en virtud de que ni siquiera mencionó durante todo el proceso quién sería la persona que habría interpretado las manifestaciones del encartado, "... sin que corresponda de manera alguna atribuir la responsabilidad de una prueba negativa a la parte acusadora...".
Mandato comercial, muerte del mandante, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DONATO SEGURA A. c/ SONEIRA MARCELINO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-03

La ley sólo impone al mandatario la obligación de poner en conocimiento del juez el deceso de su poderdante, mas no le impone la carga de acreditar en el proceso dicha circunstancia. Todo ello sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse en la causa para comprobar el deceso y la colaboración que pueda prestar a dichos fines el apoderado.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, hospitales públicos
Materia: CIVIL
Carátula: VALLEJOS, María Lidya c/ HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS J.M. RAMOS MEJIA y otros s/ RESPONSABILIDADES MEDICAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Si el centro asistencial cumplió con las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación asumida, en cuanto a la admisión, tratamiento y seguimiento del paciente, así como también el intento de derivarlo a otros nosocomios, frente al hecho de la falta de camas disponibles en terapia intensiva, es claro que no se encuentra comprometida su responsabilidad, sobre todo si no se ha acreditado que la ausencia de ese ámbito haya sido la causa que produjo el deceso del paciente.-
Contrato de trabajo, discriminación laboral, despido discriminatorio, nulidad del despido
Materia: LABORAL
Carátula: "Parra Vera, Máxima c/ San Timoteo S.A. s/ Amparo".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

El art. 1 de la ley 23592 permite dejar sin efecto el "acto discriminatorio" o sea, en el caso, declarar la ineficacia del proceder reprochable, que estaría equiparado a un acto jurídico de objeto prohibido (doc. Art. 953 del C. Civil) y, asimismo, se ha dicho que si responde al ejercicio de un derecho podría ser asimilable a la figura del abuso que incorpora la reforma de la ley 17711 en el art. 1071 del C. Civil. Ahora bien, una respuesta de ineficacia tan intensa, que se vincula a una conducta que el ordenamiento juzga reprochable, requiere de una prueba muy convictiva y una apreciación muy exigente de los elementos acompañados y así lo ha interpretado este Ministerio Público, en casos similares. Adviértase que se trata de dejar sin efecto un acto con apariencia plena de ejercicio regular de un derecho, y que es necesaria suma prudencia para invalidar un despido y consagrar la vigencia misma de una relación, porque está en tela de juicio la libertad de contratar, que lleva implícita, obviamente, la posibilidad de rescindir contratos, y esta ha sido la posición de la Sala V en supuestos similares (ver Failde, Carlos c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Sumarísimo", dictamen 37426 del 12/02/04). (del dictamen del Fiscal General 41918 del 17/03/06, al que adhiere la mayoría de la Sala).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, doctrina de los actos propios, actualización monetaria, incumplimiento del contrato, mora del deudor
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Monte Paco  SA. s/ quiebra c/ Buenos Aires Building Society   SA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, sobre la base de la doctrina de los propios actos, denegó un pedido de indexación prescindiendo de la consideración de circunstancias concretas invocadas por el peticionario en cuanto al incumplimiento injustificado del deudor en el transcurso de un prolongado lapso y la consiguiente pérdida de eficacia operada sobre el mecanismo compensatorio de la desvalorización monetaria que se pactó originariamente.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

No cabe abstraerse de que los importes que se determinarán en concepto de honorarios tienen su razón de ser, su causa fundante, en la remuneración por trabajos profesionales, de modo que debe verificarse una inescindible compatibilización entre los montos de las retribuciones y el mérito, novedad, eficacia e, inclusive, implicancia institucional, del aporte realizado por los distintos profesionales intervinientes (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Atauri, Pedro s/ Posesión Treintañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Dado que el Defensor de Pobres y Ausentes, en razón de la función que desempeña, se encuentra habilitado para suministrar respuestas en expectativas, tal como lo admite el inc. 1º del art. 354 del Código Procesal, y al expedirse en definitiva luego de agotada la etapa probatoria no se opuso, no procede la imposición de costas, ya que no ha mediado una oposición susceptible de merecer aplicación de las mismas, y, por ende, no se configura el supuesto de hecho genérico que aprehende el art. 68 del cuerpo legal precitado.
Responsabilidad civil, carga de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SOTERA ZURRO DE LLORENS MARGARITA c/ SANATORIO RIO NEGRO SA y BEUTE CARLOS s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-12-16

Respecto del nexo de causalidad y aludiendo al "proceso de verificación" se dice:" para que este "proceso" pueda ser "verificado" por el magistrado, el que pretende-actor-la reparación, debe alegar, acreditar y probar la existencia del daño-es decir, el otro extremo de la relación-y establecer que esta "consecuencia" ha sido generada por el "hecho tal cual lo reconstruyó". El demandado tiene que realizar una conducta procesal "activa" de colaboración-porque es de su interés-en la reconstrucción histórica del hecho y "destructiva"-por llamarle de alguna manera-en cuanto a ligazón-causalidad-de aquel hecho con el daño, verbigracia:

acreditando la causa de un tercero por el cual no deba responder, un caso fortuito o fuerza mayor, etc.; incluso atacando la reparabilidad del daño, vgr., por ser anterior al hecho, por no tratarse de un daño reparable, etc. Como conclusión queremos fundar la necesidad de la actividad procesal en la reconstrucción histórica del hecho, en el art. 377 CPCC, que establece claramente que el que alega un hecho debe probarlo; esto sirve simétricamente para la negativa de los hechos".
Locación de obra, presupuesto
Materia: CIVIL
Carátula: Villa Jorge Remigio c/ Lujan, Héctor Mario s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-22

Por aplicación del principio de autonomía de la voluntad y la teoría de los actos propios, las relaciones entre los contratantes de una locación de obra deben regirse por el presupuesto y no por el contrato, si se advierte que el presupuesto contiene ofertas aceptadas y cumplidas que no se especificaron en el contrato y que existen facturas en las cuales se hace expresa referencia al presupuesto.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Brizuela, Honorio y Otra c/ Empresa SADE SACCIFIM y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-07

La indisponibilidad del rodado debe ser apreciado en forma razonable, teniendo en cuenta el tiempo que normalmente debe insumir una reparación de envergadura, no pudiendo hacer soportar sobre el accionado circunstancias personales del damnificado o de los talleres de plaza, por resultar ajenos a las consecuencias inmediatas generadoras de indemnización.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PAPARATTO, ALEJANDRO c/ LOPEZ, GUSTAVO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-06

La doctrina del acatamiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación halla su exacta y limitada dimensión en cuanto ésta decide temas federales pués es en ellos y sólo en ellos donde existe obligación moral de seguir las pautas jurisprudenciales de aquel Tribunal y es allí donde es éste el intérprete final de la Constitución.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturralde, Juan y otro c/ Suc. Armando Arias y otros s/ Daños y perjuicios Beret, Pablo c/ Ferrari, Carlos y ot. s/ Daños y perjuicios Pacheco Caballero, Liliana c/ Mandica, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27|1996-06-25|1999-07-01

La autoridad de cosa juzgada que emana de la sentencia penal de condena alcanza no solamente al hecho principal sino también a las circunstancias en que se cometió y que fueron merituadas por el juez de la causa.Y ello es así no sólo porque resulta aplicable el art.

1102 del C.C. sino porque debe evitarse el escándalo jurídico que se produciría si distintos jueces (cualquiera sea el fuero) arribaran en ese sentido a pronunciamientos contradictorios.
Interés superior del niño, Convención sobre los derechos del niño, Pacto de San José de Costa Rica, inadmisibilidad del recurso, recurso extraordinario, grupos vulnerables, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por C.M.M en la causa Defensoría de Menores e Incapaces n° 6 y otros c/ Colegio Mallinckrodt Hermanas de la Caridad Cristiana Hijas de la Bienaventurada Virgen María s/ amparo, para decidir sobre su procedencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los niños tienen derecho a medidas especiales de protección, con miras a ese cuidado, la Convención sobre Derechos del Niño consagra la noción del interés superior del niño, como un principio rector de la normativa particular y como una consideración primordial en la adopción de las medidas que deban ser tomadas por los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver cuestiones en las que están comprometidos los menores atendiendo a aquella solución que les resulte de mayor beneficio (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti). -La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (art.280 del CPCCN)-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, trabajador, constitución de sociedades, prueba testimonial, primacía de la realidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Gómez, Ramón Mauricio c/ El Corondino S.R.L. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

En relación a la fecha de constitución de la sociedad, la impugnante no se hace cargo de neutralizar lo expresado por la Alzada que, con cita en jurisprudencia, entendió que el hecho de que la misma sea posterior a la fecha pretendida por el trabajador como de ingreso, carece de relevancia cuando surge de las testimoniales que la empresa funcionaba desde antes; del mismo modo que las objeciones de la compareciente no conmueven lo decidido en lo atinente a la extensión de condena al codemandado, toda vez que la Sala coligió, con fundamento en antecedentes jurisprudenciales e insistiendo en destacar que el principio de primacía de la realidad impera en materia laboral, que al haberse corroborado las faltas arriba mencionadas, se habilitó la aplicación en los presentes de los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, desde que ello colisiona directamente con la ley, el orden público, la buena fe, el standard del buen hombre de negocios y, además, elude el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 19550, artículos 59 y 274.
Nulidad del acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: LATORRACA ANA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS.AS s/ DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-11

Si la motivación constituye un requisito esencial del acto administrativo, según lo califica expresamente el art. 7 de la ley 19.549, es claro que tal carencia acarrea la nulidad del acto de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 inc. a de la misma ley.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, impacto ambiental, centrales hidroeléctricas, Entidad Binacional Yacyretá, distinta vecindad, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Martínez, Argentina Beatriz c/ Misiones, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema la demanda promovida contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a fin de obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la relocalización forzosa a la que fue sometida por la demandada, como consecuencia del impacto ambiental producido por la construcción de una represa hidroeléctrica pues al no tener distinta vecindad con relación a la provincia la conducta del Estado provincial de renunciar a la prerrogativa jurisdiccional contemplada en el art. 117 de la Constitución Nacional no le causa al actor perjuicio alguno.
Fundamentación de sentencias, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Mañapira, Patricia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-20

La disidencia sostuvo que la calificación asignada por el a quo luce ajustada a derecho, que no se observan circunstancias de excepción por las cuales la pena mínima de cuatro años de prisión impuesta implique una vulneración a los principios constitucionales, y que el tribunal brindó motivos suficientes que lo alejan de la arbitrariedad invocada, máxime atendiendo a que la pena discernida resulta ser la mínima prevista legalmente para el delito por el que la encartada resultó condenada. (Dres. Mahiques -disidencia-, Ledesma, Slokar).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, impugnación de la suspensión, liquidación, voto acumulativo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Baron, Adriana Irene c/ LEAMA SA (en liquidacion) s/ordinario s/incidente de apelacion c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

Procede confirmar la sentencia que suspendió cautelarmente la decisión adoptada en la asamblea general extraordinaria celebrada por la sociedad (en liquidación) demandada por cuanto había violado el derecho a votar acumulativamente la designación de quienes debían integrar la comisión liquidadora de dicha sociedad. Si bien la medida cautelar dispuesta podría carecer de resultados prácticos dado que, aceptado que la comisión designada debe provisoriamente ser suspendida en el ejercicio de sus funciones, estas pasarán a recaer en la presidenta de la sociedad, que sería su única directora actual. No obstante, ante ese escenario la actora podría tener derecho a requerir que se convoque a una nueva asamblea destinada a designar nuevas autoridades al hallarse aparentemente vencido el mandato de esa única directora actual. En ese marco, si se revocara la sentencia, la demandante podría sufrir un perjuicio concreto que le habría sido causado por una eventualmente antojadiza interpretación de la ley.
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

Doctrina y Jurisprudencia son contestes en interpretar que el amparo no se ha instaurado para juzgar hechos pretéritos sino presentes, de allí que el acto lesivo debe ser actual. En autos la cuestión deviene abstracta toda vez que no hay acto lesivo para hacer cesar.

En efecto, la supuesta lesión -aplicación retroactiva de un descuento salarial- ya se habría producido quedando única y eventualmente una diferencia salarial por la que podría el accionante ocurrir por las vías ordinarias correspondientes.

En consecuencia, el agravio referido a que los decretos reglamentarios de la ley de emergencia fueron publicados el 15 de febrero de 2000 y los descuentos se aplicaron retroactivamente desde los sueldos correspondientes al mes de enero, deviene inatendible, toda vez que con dicha publicación y sin prejuzgar si las leyes entran en vigor desde su dictado o desde el dictado de su decreto reglamentario, el vicio ya se habría subsanado.
Sucesión ab intestato, disposición de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALBA ADELAIDA s/ SUCESION - PIEZA SEPARADA - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-07-31

La distinción entre actos de administración y de disposicíon está dada porque los primeros tienden, por procedimientos normales, a la conservación y explotación del patrimonio, así como al empleo de rentas y que por el contrario el acto de disposición implica el egreso anormal de bienes y una modificación sustancial de la composición del patrimonio, sin perjuicio de que en ambos casos existan situaciones en que deba solicitarse autorización judicial (venta de frutos y productos, acto dispositivo o gravación de bienes inmuebles con hipoteca, que aunque derecho real no es equiparable a la venta).
Jubilaciones, trabajador autónomo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Renella, Armando Rogelio s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

El desdoblamiento del haber básico efectuado en la resolución de la Secretaría de Estado y Seguridad Social 90/89 frustra la adecuación de categoría dispuesta en la ley 18.038 (t.o. 1980) ya que el monto a percibir por el jubilado resulta sensiblemente menor a lo que correspondería en función de las previsiones legales y del elemento tomado en cuenta para determinar la categoría G de la legislación anterior como pauta de reajuste, según surge de la citada resolución.
Constitución Nacional, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I.B.M. Argentina S.A. c/ ANA s/ Administración Nacional de Aduanas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

En aras de la seguridad jurídica el Tribunal tiene establecida la necesidad de que los particulares conozcan de antemano las "reglas claras de juego" a las que atenerse, destacando asimismo la "especial prudencia" que debe presidir la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, señal de pare
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Morales, Elizabeth del Rosario c/ Minera Argentina Gold S.A. s/ Apelación de sentencia PEREZ Manuela Zulema Adelaida y Aballay Sandra Isabel c/ Navas Daniel Ricardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-14|2021-08-05

Aunque el vehículo del actor circule por la derecha, la prioridad de paso queda desplazada ante la existencia del cartel "Pare" en la calle donde circula el automotor, y debe detener su marcha por la indicación del cartel.
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso Refrigeración SRL c/ RAGSA s/ Cobro de Pesos (LIBRO: S135 - 199)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-11-02

Sin perjuicio de reafirmas la premisa de que no habiendo sido impugnada la pericia en primera instancia, no puede serlo en la Alzada, se debe ser muy severo en el análisis de los argumentos que se desarrollen al alegar y expresar agravios para intentar marginar las conclusiones de un dictámen pericial, pues muchas veces se recurre a tal medio como una vía de escape para tratar de librarse de una probanza desfavorable sin correr el riesgo de que, al contestar las impugnaciones en la oportunidad prevista en el artículo 193 del C.P.C., el perito pueda aportar nuevos datos o elementos que cohonesten aún más su dictamen.
Acción de amparo, sociedades mutuales
Materia: PROCESAL
Carátula: SMSV - Institución Mutualista y otros c/ EN - Mº Economía - dto. 739/03 y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-09

Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por una entidad mutual y por afiliados a ella, declaró la invalidez e inaplicabilidad de la comunicación "A" 3673 a los asociados a dicha institución que habían aceptado la compensación en títulos públicos emitidos por el Estado Nacional por la diferencia del valor de cotización de sus depósitos, de conformidad con el régimen regulado por el decreto 739/03 y ordenó al Estado Nacional (Ministerio de Economía) y al Banco Central de la República Argentina- la implementación y entrega inmediata de dichos bonos a la sociedad mutual para que ésta, a su vez, los transfiera a sus asociados, pues en el contexto de emergencia pública nacional debe reconocerse a los inversores que hubieran expresado su voluntad de adherir a dicho sistema de cancelación, la posibilidad de acceder al mecanismo concebido para superar aquella situación.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RAMIREZ, ANTONIO EDUARDO c/ C.R.A.F.M.S.A. S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-05

El recurso de casación resulta procedente pues ha sido interpuesto y fundado en término, se encuentra acreditado el pago del depósito en el momento de la interposición -art. 290 del Código Procesal Civil y Comercial de San Luis- y la resolución impugnada es sentencia definitiva, por lo que se ha dado cumplimiento a las exigencias contenidas el digesto procesal -art. 286, 289 y 290 del citado código.