marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Stizza, Raul Oscar c/ Chalhub, Angel Raul s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ Nº 808-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

Si en el caso, el supuesto caso constitucional habría nacido con el pronunciamiento de primera instancia, el recurrente debió introducir, en forma idónea, la cuestión en la primera oportunidad posible, esto es, al expresar agravios. La introducción efectuada recién en el memorial recursivo resulta tardía; quedando de tal modo incumplido el recaudo que exige el artículo 1 in fine de la ley 7055, lo que determina, sin más, la inadmisibilidad del presente recurso.
Doctrina legal, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Walter Orlando c/ Estado provincial s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

Sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Suprema Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación.(del voto del doctor Soria)
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: DASIAL c/ PALMAR MAR DEL PLATA S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-23

La resolución que difiere el tratamiento de una cuestión determinada a otra oportunidad procesal, desde que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la materia de fondo sometida a juzgamiento, no genera gravamen irreparable, ni impide o condiciona la tutela del derecho que se invoca, de allí que no resulta viable el recurso de apelación.-
Nulidad de sentencia, excusación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación y otro c/ Gate Gourmet Argentina S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

El recurso extraordinario contra la sentencia que expresamente rechazó el planteo de nulidad mediante profusas consideraciones acerca de las irregularidades procesales que se le imputaban y desestimó la excusación solicitada resulta procedente con arreglo a la doctrina en materia de arbitrariedad, ya que resulta claro que abordó el tratamiento de una cuestión -la nulidad- que no había sido sometida a conocimiento de la cámara sino planteada en el anterior recurso extraordinario para que, en su caso, fuera tratada por la Corte.
Divorcio, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Biscay, Gladis y Muratori Egidio Benito s/ Incidente de Conversión de Sentencia. Biscay, Gladis y Muratori Egidio Benito s/ Incidente de Conversión de Sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-02-12|1991-02-12

El legislador ha establecido este procedimiento en que la voluntad de los cónyuges es vinculante y éstos son los únicos legitimados para requerir la conversión de la separación personal en divorcio vincular. Si bien el Orden Público, comprometido en juicios como el de autos, no permite el incumplimiento de determinados requisitos legales, ello no debe llevar a desvirtuar la voluntad de las partes adoptando una actitud meramente legalista. En este caso el Agente Fiscal se opone a la conversión en razón de no haber transcurrido el término legal respecto de la representación social que él ejerce, pero al mismo tiempo, notificado de la sentencia anterior, no ejerce respecto de ella ningún remedio impugnativo que haga razonable su oposición, sino que la consiente, abriendo paso definitivamente a la operatividad de la voluntad de los esposos. La función tutelar del Ministerio Fiscal en el ámbito civil no determina que el mismo integre la litis, sino que la controle. El cómputo de la firmeza del fallo no parte de la notificación del Agente Fiscal, sino de la notificación a quienes integraron la litis, sin perjuicio del referido control.
Quiebra, declaración de quiebra, sociedad anónima, beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: Industrias Eduardo Sal Lari  S.A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

Decretada la quiebra de la actora y designado su síndico, resultaba de forzosa aplicación lo dispuesto por el art. 175 de la Ley 19.551 que establece en su parte pertinente que "...Las demandas podrán deducirse y proseguirse sin necesidad de previo pago de impuestos o tasas de justicia, sellado o cualquier otro gravamen.. ", por manera que, en consecuencia, devenía asbtracta la prosecución del presente beneficio de litigar sin gastos. Siendo así, careció de razón de ser el acuse de caducidad de la instancia en estas actuaciones, que ya se habían agotado por falta de objeto.
Acción in rem verso, causa fuente
Materia: CIVIL
Carátula: Edenred Argentina SA c/ Zanella Hnos. y Cía. SACIFI  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

De suerte que, entonces, si este último ostenta un título legítimo que puede oponer al demandante y que justifica la adquisición del bien o valor entrado en su patrimonio, tiene él justa causa para retener ese bien o valor y está a resguardo de la acción de in re verso (conf. Cazeaux, P. y Trigo Represas, F., "Derecho de las Obligaciones", La Plata, 1981, T. 4, p. 50, texto y nota 109; entre otros autores). Tal causa-fuente o eficiente puede ser un contrato (conf. Borda, G., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Buenos Aires, 1976, T. II, p. 521, n° 1700; entre otros autores). De modo que, la existencia de un contrato válido que justifique el enriquecimiento, excluye la acción de que se trata (conf. Diez - Picazo, L. y Gullón, A., "Instituciones de derecho civil", Tecnos, Madrid, 1998, vol. 1-2, p. 440).
Enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones irrecurribles, juicio político
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

La irrecurribilidad en las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que establece el art.

115 de la Constitución Nacional no es una exclusión caprichosa de un ámbito al control judicial; es, en realidad, la concreción institucional de la posición de los más importantes constitucionalistas del país que consideraban que el juicio político se basa, esencialmente, en la apreciación discrecional de las circunstancias de la conducta de los magistrados (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Inadmisibilidad del recurso, revocación del sobreseimiento, recurso extraordinario, fraude a la Administración Pública, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Conejero Rafael Eduardo y otros c/  s/ defraudación contra la Administración Publica denunciante: Pizarro Posse Francisco J y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-08

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la denegatoria del de casación deducido contra la resolución que confirmó la revocación de su sobreseimiento por posible defraudación contra la administración pública, ya que lo resuelto no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, no se ha conseguido acreditar la alegada arbitrariedad y la interpretación que la defensa otorga al alcance del derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, sólo se traduce en la exposición de un criterio discrepante con la forma en la que este Tribunal resolvió este punto sin que se advierta -ni el recurrente logre demostrarlo- la real afectación del citado principio. (Dres. Figueroa, Borinsky y Hornos).
Sentencia contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado, plazo, presupuesto nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Martínez, Gabriel Rubén c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

La justificación del plazo especial de pago establecido por el art. 170 de la ley 11.672 se encuentra en los fines propios del régimen en punto a armonizar la administración racional de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares debatidos en el ámbito de la justicia, los cuales son de suyo inconducentes para fundar la improcedencia de los intereses durante la tramitación del pago, ante la falta de previsión expresa que los excluya y habida cuenta de que la oportunidad del pago, aun cuando se prevé un orden de prelación, está condicionada por la disponibilidad de los fondos que unilateralmente apruebe el Estado en el presupuesto nacional.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Fabro, Juan Domingo c/ Geis, Pedro y otros s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

La litis determina los límites de los poderes del juez que debe pronunciarse sobre todo lo que se reclama y sólo sobre lo que se pide: el principio iura novit curia tiene como límite el de no alterar la relación procesal.
Honorarios del perito, régimen de consolidación de deudas, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ALONSO AMONIN, CARLOS c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-19

Una adecuada interpretación analógica del art. 16, segundo párrafo de la ley 23982 impide que el perito pueda exigir que los actores paguen en efectivo la parte de honorarios que quedó a cargo de la demandada, empresa del Estado, invocando la solidaridad del art. 40 de la LO. En efecto, ello los obligaría a repetir del deudor real el reintegro de lo abonado conforme a la mecánica de la ley 23982 en detrimento del patrimonio de los trabajadores, lo que vulneraría lo dispuesto por el art. 16 ya mencionado.
Prueba anticipada, producción de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Escobar, Roberto Rodolfo c/ A.N.S.E.S. s/ Otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-14

Resulta improcedente la producción de la prueba anticipada cuando no existen elementos de juicio que permitan determinar, fundadamente, que la prueba procurada pudiera resultar imposible o muy dificul-tosa en el período correspondiente, tal como surge del art. 326 del C.P.C.C. (cfr. C.N.A.Com., Sala B, "Fa-varo, Nelson c/ Bando Liniers Sudamericano S.A., sent. del 29.11.95).
Instrumentos privados, firma al pie del documento
Materia: CIVIL
Carátula: OSCAR ANTONIO PIZARRO c/ HEREDEROS DE JOSE NEMESIO ARGAÑARAZ s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-04-09

La firma debe estamparse al final del acto, ya que el requisito de la suscripción solo se cumple y otorga validez a la parte del documento que está encima o delante de la firma, sin ser válidas las adiciones que aparezcan debajo o detrás de ella. Según el artículo 1030 del Código Civil las notas escritas a continuación de las firmas de un instrumento privado, carecen en principio, de valor como prueba documental y que el instrumento concluye con la firma.

De la mentada norma resultan las partes que pueden descalificarse en un instrumento privado por aparecer detrás o debajo de la firma; pero la firma puesta al final implica la conformidad del otorgante con el texto que antecede.
Acusación, preclusión, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: TORRADO, J.C. s/ PRINCIPIOS PROCESALES. PRECULSION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-11-18

1) La acusación debe individualizar de manera precisa el o los hechos reprochados y el juicio de culpabilidad. Carece de validez procesal si no se basta a sí misma; vulnerándose el principio de congruencia si no existe relación entre la descripción de los hechos imputados y la sentencia. (En el caso de autos no sólo no hace referencia circunstancial a los distintos hechos por los que acusa, ya que trata a todos en forma conjunta, sino que tampoco indica las pruebas relativas a cada uno de ellos).

2) Los actos procesales se PRECLUYEN cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad, y si bien cada etapa del juicio tiende de modo progresivo a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o de condena, constituyendo el presupuesto necesario de la que se sigue, "el respeto a la garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia". O sea que si alguna de éstas es nula por inobservancia de sus formas sustanciales, no cabe hacer jugar el principio de progresividad.
Juicio de desalojo, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Emma Saavedra de Sachilotto c/ Natividad Remonte s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-30

La pretensión de desalojo implica la invocación de un derecho personal a exigir la restitución del bien, de manera que excede el ámbito del proceso analizado toda controversia o decisión relativa al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes.

Nuestro Código de Procedimientos en el art. 391 consagra explícitamente la regla de que la sentencia recaída en el juicio de desalojo no prejuzga sobre el dominio ni la posesión, y deja por tanto, expedita la vía para que las partes interpongan posteriormente la pretensión (posesoria o petitoria) a que se crean con derecho.

La sentencia dictada en un juicio de desalojo adquiere eficacia de cosa juzgada material acerca de la "exigibilidad de la obligación de restituir la cosa", pero no sobre el dominio o posesión de éste, lo que debe ser, eventualmente, materia de otro proceso.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Rabelino c/ Empresa Constructora Carlos F. Yensen y/o resp. y/o prop. s/ Dif. de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-20

La enfermedad accidente o enfermedad del trabajo concilia el requisito "sine qua non" de que la enfermedad tenga relación con las tareas y el amparo a las enfermedades que no tienen por causa el trabajo, asimilándose, entonces, las consecuencias de la enfermedad provocada exclusivamente por la tarea desarrollada, a aquellas en las que la actividad del trabajador ha activado o ha acelerado un proceso que responde a una causa distinta a la laboral. (Minoría u opinión personal)
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., S. c/ S. s/ Quiebra - Incidente liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

La declaración de concurso implica el desapoderamiento de los bienes del deudor, entre los que se incluyen los gananciales de que fuera titular (arts.111 de la ley 19.551 y 5º de la ley 11.357). En consecuencia, el cónyuge no adquirente de los bienes gananciales tiene sobre los adquiridos por el otro un derecho eventual que aquel desapoderamiento extingue, porque tales bienes quedan afectados al pago de los créditos y los gastos del juicio (art.111 citado), impidiendo otra interpretación la referida norma de la ley 11.357, que no distingue entre acreedores aislados o reunidos en concurso.

Aún después de la disolución de la sociedad conyugal cada cónyuge sigue respondiendo, ante sus propios acreedores, con los bienes que en ese momento se encuentren en su patrimonio, ya sea a título de propios o de gananciales, sin que tal principio admita excepción cuando los créditos no son reclamados individualmente sino en un proceso universal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de apelación presentado por el Dr. Arancibia, Félix Jesús en representación de G., J. G. c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-28

Corresponde rechazar la queja por recurso de inconstitucionalidad penal denegado si se omitió acompañar la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que originaría la petición de suspensión de la audiencia de debate fijada por el juez de juicio, incumpliendo de esa manera el inc. 8 del punto I de la Acordada 11224.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, prescripción anual, responsabilidad por daños a las personas y cosas transportadas, responsabilidad aérea
Materia: COMERCIAL-AERONAUTICO
Carátula: BALLESTEROS HUGO JULIO Y OTROS c/ PASCALE ROQUE Y OTROS s/ LESION Y/O MUERTE DE PASAJERO OTROS TRANSPORTES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La naturaleza de la prescripción se ajusta a una exigencia propia de la actividad aeronáutica, cuyas características exigen la promoción de las demandas en plazos breves. En tal sentido, el plazo de un año es acertado, pues acorta los fijados por el Código Civil, que establece dos años para la prescripción de la acción por reparación de daños causados por hechos ilícitos y diez años para la correspondiente a la indemnización de los producidos por un incumplimiento contractual (cfr. Federico N. Videla Escalada, "Derecho Aeronautico", tomo IV, volumen B, pág. 1037, N 1309, ED. Zavalía, Bs. As., 1976). El art. 228, Inc. 1, Ley 17.285, establece el plazo de un año para la extinción de la acción de indemnización por daños causados a los pasajeros, equipajes o mercaderías transportadas. El termino se cuenta desde la llegada de la aeronave al punto de destino.
Procedimiento laboral, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Corellano, Gregorio José c/ Ausili, Mario Arturo s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-10-23

Si el trabajador, recién en segunda instancia, solicitó la aplicación de intereses sobre el monto de condena desde que el empleador ha incurrido en mora, resulta justificada la intervención directa de los jueces supliendo el déficit formal de la demanda y, en consecuencia, disponer que los mismos se apliquen desde que cada rubro es adeudado y hasta el momento del efectivo pago, ello en virtud del principio protectorio que impregna las normas del derecho del trabajo, la naturaleza alimentaria de los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, y la facultad conferida por el art. 59 de la ley 986 de la Pcia. de La Pampa.(Del voto del Dr. Horacio A. Costantino)
Recurso extraordinario, libre convicción, sana crítica racional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ledesma Antonio Domingo s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-20

Nuestra rituaria, siguiendo la corriente moderna se muestra amplia en cuanto a la capacidad testifical, como consecuencia de receptar el principio de las libres convicciones en la valoración de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica y si bien el libre convencimiento de los Jueces de halla limitado por los principios lógicos que deben siempre informar el desarrollo del fallo, también lo es que en el sub discussio ese límite no fue traspasado, habida cuenta que el razonamiento de los juzgadores no aparece como arbitrario ni viola máxima de experiencia alguna. Los Jueces de Cámara apoyaron su decisión sobre la autoría y responsabilidad del procesado respecto al hecho encuadrable en el art. 119 del Código Penal y lo ubicaron temporal y especialmente en elementos objetivos de convicción cuya legalidad no admite discusión y que en cuanto a su eficiencia probatoria, la Sala no tiene facultades de contralor. En el sub examen, los agravios solo constituyen una discrepancia con la elección y valoración del material probatorio efectuada por los sentenciantes, que precisamente la ley les confía soberanamente en la condición de Jueces de mérito, sin advertirse que la casación no es un reexamen de los hechos, sino contralor jurídico de las decisiones jurisdiccionales, consecuentemente si el fallo está motivado, la Sala de Casación por la limitación de poderes, no puede censurar el juicio del Tribunal de mérito excepto los casos de discusión de la validez de los medios probatorios utilizados o existencia de vicios lógicos en la motivación, extremos que al no darse en la causa principal, conlleva al rechazo de los agravios que para el mismo se planteara.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pulvirenti, Carmelo c/ Olivera, Pablo y demás ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si el actor invocó la titularidad de dominio y no probó ni el título ni la tradición con respecto al inmueble objeto de la acción de desalojo obviamente tampoco la inscripción registral, no cumpliendo con las exigencias del art. 2505 del C. Civil, no es factible considerarlo como propietario del inmueble, y en su consecuencia debe concluirse en que carece de legitimación para accionar por desalojo ante la oposición articulada por el demandado, quien opuso la excepción prevista en el art. 345 inc. 3 del C. Procesal.-
Salud pública, medidas cautelares, asistencia médica
Materia: PROCESAL
Carátula: KECHICHIAN JORGE LUIS c/ GALENO ARGENTINA SA s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

La apelante no hace mención alguna respecto de cuáles serían en este caso las instituciones que ella provee en lugar del Centro "El Hostal", en condiciones de satisfacer las prestaciones que requiere el actor, máxime teniendo en cuenta el riesgo que implicaría la introducción de cambios en el tratamiento ya iniciado, más aún en este tipo de patologías, por lo que su recurso en este aspecto está infundado (art. 265 del Código Procesal). Las quejas de la demandada relativas a que sólo debe cubrir la internación psiquiátrica por un plazo de 30 días anuales o que se trataría de una "prestación social" y no "médica", no pueden ser examinados en este ámbito cautelar, sobre todo teniendo en cuenta el grave estado de salud del amparista y su incapacidad para cuidarse por sí mismo, por su propia seguridad y la de terceros.
Ejecución fiscal, certificado de deuda, Dirección Nacional de Recaudación Previsional, funcionarios públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: CIVIL
Carátula: Sistema Unico de Seguridad Social. c/ Fadeyca  SA s/ Ejecución  ANSS .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

A los fines de examinar la validez de la delegación de facultades que autoriza la ley 21.943 (concretada mediante la resolución D.N.R P. 369-79), no debe interesar tanto la denominación del cargo que inviste el funcionario en cuestión, sino las concretas responsabilidades que le atañen en el marco de la estructura orgánica del ente recaudador. Ello así, desde que fue éste el principio que animó a la reforma introducida en el art. 17 de la ley 18.820; y si por aquel entonces la ley se refirió a "gerentes", fue porque estos eran los funcionarios a quienes luego del "Director Nacional" y del "Subdirector Nacional", competían las mas altas responsabilidades en los distintos niveles del organismos. Cualquier cuestión interpretativa que eventualmente, hubiera podido suscitarse respecto a la idoneidad de los subgerentes para suscribir los certificados de deuda a quedado definitivamente zanjada mediante la resolución 131-91 del 6-8-91, por la cual el I.N.P.S a facultado expresamente al Subgerente contencioso judicial (quien es el que suscribe el certificado obrante a fs. 12) para emitir certificados de deuda a fin de incoar (ver art. 1ro.).