Revocación de sentencia, excarcelación, caución real, prisión preventiva, robo simple, concurso real, dictamen fiscal, ley vigente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B. T., F. S. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

En la causa N° 82.230/ 2019, "H., P. E. s/hurto", del día de la fecha, los vocales Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto revocaron el auto y concedieron la excarcelación bajo caución real de diez mil pesos con más la obligación de comparecer de manera mensual ante el juzgado, respecto de quien se encuentra procesada con prisión preventiva por hurto simple en concurso real con hurto en grado de tentativa. Pociello Argerich indicó que ante la ausencia de contradictorio (pues el fiscal no se opuso al beneficio) correspondía acceder, pero bajo una caución real debido al pronóstico de pena efectiva que se deriva del antecedente condenatorio que registra, amén de la obligación de comparecencia periódica ante la judicatura. Ricardo Pinto, indicó, entre otros aspectos, que el dictamen fiscal favorable no obliga al Tribunal sin perjuicio de lo cual su postura debe ser considerada de forma especial. Que la nueva normativa procesal vigente, conforme la exposición de motivos, debe ser interpretada de forma tal de no modificar el sistema y pasos procesales de la ley 23.984. Agregó "(...) En esta dirección, se destaca además que la Corte ha sostenido que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). De esta manera, se tiene en cuenta que a pesar de consagrar el Código Procesal Penal Federal según ley 27.063 un sistema acusatorio, el legislador por intermedio de la delegación a la Comisión de Implementación de esa norma ha resuelto disponer la aplicación de artículos que no abarcan otros de esa misma normativa que establecen que las medidas de coerción serán dispuestas a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante (confrontar arts. 209 y 220 y ss. del CPPF ley 27.063). Las normas cuya implementación se dispuso (arts. 210, 221 y 222 del CPPF) deben entonces ser interpretadas como pautas de regulación específica para evaluar los riesgos procesales en el proceso y las medidas de coerción posibles a aplicar en forma concordante y armónica con los artículos del Código Procesal Penal de la Nación según ley 23.984 que reglamentan la prisión preventiva (arts. 312), como los supuestos de excarcelación (arts. 316, 317 y 319). Así de la interpretación literal de los arts. 210, 221 y 222 no se desprende la necesidad de que el acusador postule el dictado de la prisión preventiva, se trata más bien de una facultad que se le acuerda al Fiscal o la querella (art. 210) que debe ser valorada, según las directrices trazadas por el legislador, respetando las funciones y roles de las partes y del juez en la ley 23.984. A partir de ello cabe concluir, de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), que el juez puede disponer de oficio la prisión preventiva (art. 312), aunque con los recaudos que surgen de los arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063). En función de lo expuesto, mantengo mi opinión en cuanto a que el dictamen fiscal no resulta vinculante para el Tribunal, más allá de que pueda ser considerado especialmente en atención al rol de la acusación en el proceso." Finalmente, no advirtiendo indicadores de riesgos procesales de fuga ni una posibilidad cierta de entorpecimiento de la investigación, votó por revocar la resolución y conceder la excarcelación de la forma arriba señalada.