Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-04


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ...04.... días del mes de Septiembre del año dos mil seis, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular Dr. Fernando S.L. Royer y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti, para dictar sentencia en los autos caratulados: "M. O., H. V. c/ B... S.A. (B....) s/ COBRO DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. Nº 19.871-M-2004), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 233 de conformidad con las Acordadas N° 3202 y 3204, y el Acuerdo Extraordinario N° 3555 correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Caneo, Pasutti y Royer.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Caneo dijo:

I.- ANTECEDENTES:

1.- A fs. 5/13 J F C, letrado apoderado del Sr. H V M O., inició demanda laboral por la suma de Pesos Cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco ($ 44.735) o lo que en definitiva corresponda en derecho y conforme a las probanzas arrimadas a la causa, suma a la que reclamó se le adicionen intereses desde la fecha del distracto.

A fs. 2/4 obra "Carta Poder y Pacto de cuota litis", suscripto por el actor a favor del letrado mencionado, el que se homologó a fs. 150.

2.- Contestó demanda, a fs. 30/33, C Y M Q S.A.I.C.A.G. -continuadora mediante fusión por absorción de B...S.A.- reclamando el rechazo de la acción, con costas.

3.- A fs. 162/165 vta. dictó sentencia el Juez de Primera Instancia, hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a la accionada a pagar la suma de Pesos Once Mil Novecientos ($ 11.900,00), impuso las costas a la demandada y reguló honorarios al apoderado de la actora y a los de la demandada. Fundó la regulación en los arts. 7, 8, 9, y 47 del Decreto Ley N° 2.200 modificado por Ley N° 4.335.

4.- La demandada apeló, a fs. 168, luce su informe a fs. 170/174 vta..

La Cámara dictó sentencia definitiva, fs. 182/189, revocó el fallo de Primera Instancia, y en consecuencia, rechazó la demanda entablada en todas sus partes.

En cuanto a las costas, las impuso en ambas instancias a cargo de la actora, fijando los honorarios profesionales en términos porcentuales a calcular sobre el monto de la demanda, con adición de sus respectivos intereses según la tasa que percibe el Banco del C S.A. en sus operaciones ordinarias de descuento hasta el dictado de su sentencia, de la siguiente forma, para el Dr. G H. U, por sus tareas de primera instancia, en el 15% más el 40% por la procuración, y por las labores cumplidas en esa Alzada, en el 7,35%; en ambos casos, con adición del I.V.A. correspondiente y no reguló honorarios al Dr. J F C en atención al pacto de cuota litis homologado a fs. 150.

II.- EL RECURSO:

El actor y su letrado apoderado, a fs. 196/209 vta. interpusieron recurso de casación por arbitrariedad contra la definitiva de la Alzada. El extraordinario del actor fue declarado inadmisible; y se concedió el de su letrado apoderado y se dispuso poner estos actuados a disposición de las partes para que hagan uso de la facultad que les acuerda el art. 293 del C.P.C.C., la que no ejerció ninguna de las partes.

En lo que aquí interesa, se indica que afirma el Dr. C que en los presentes no está en juego una mera interpretación fáctica; que no se discuten asuntos reservados a las instancias ordinarias, sino que se plantea la violación del derecho de propiedad y la vulneración del principio sentado en el art. 1197 del Código Civil, al no reconocérsele su derecho a percibir honorarios por un trabajo efectivamente prestado, aspecto que torna a la sentencia impugnada a todas luces arbitraria e irrazonable, por cuanto la Alzada desconoció que precisamente en el pacto de cuota litis, que invoca como fuente de su decisorio, esta expresamente determinado que le asiste derecho a percibir honorarios en el supuesto que su mandante -actor- sea condenado en costas cuando el reclamo y/o la acción judicial fuese desestimada total y/o parcialmente, por razones no imputables al abogado.

Señala que en la cláusula cuarta del pacto de cuota litis, agregado a la causa que fuera oportunamente homologado por el Juez de Primera Instancia, se estableció: "Las partes pactan de común acuerdo, por hacer a sus respectivas voluntades e intereses, resultando razonable y conveniente para ambas, que si el reclamo y/o la acción judicial fuese desestimada total y/o parcialmente -por razones no imputables al abogado- y se determinase que las costas, en su totalidad y/o parcialmente, son a cargo de "EL MANDANTE", deberá éste hacerse cargo de los honorarios regulados judicialmente a favor de aquél: sin que obste para ello el presente pacto de cuota litis, que en ese supuesto no resultará aplicable -total y/o parcialmente- por razones ajenas a la voluntad de las partes.

Refiere que también se aclaró que ello se determina de esa manera por cuanto ambas partes entienden y aceptan -sin reservas de ninguna naturaleza- que la actividad profesional de "EL ABOGADO" es esencialmente y por su propia naturaleza onerosa y merece en todo caso una justa retribución; no existiendo incompatibilidad alguna entre este pacto y el pago de los honorarios en los supuestos contemplados en la presente cláusula...".

Dice que el contrato pactado y homologado es claro y que no solo es ley para las partes, sino que además obliga a los terceros a respetarlo y hacerlo cumplir. Destaca que el mismo no fue objetado por parte interesada, que es válido, se ajusta a derecho, ya que no existe norma alguna, de orden público, que impida o imposibilite acordar que, en caso de no prosperar la acción y por ende resultar inaplicable el pacto de cuota litis, el mandante asuma el pago de los honorarios del letrado que lo ha representado.

Justifica lo razonable de la regulación de honorarios que reclama.

Afirma que el pacto de cuota litis es un convenio en virtud del cual el profesional se hace partícipe del resultado del pleito, del que recibe un porcentaje sólo si tiene éxito en su gestión.

Y, dice, que si bien es cierto que en algunos supuestos suele pactarse que nada ha de cobrarse a la parte que se patrocina, si el juicio finalmente se pierde, no es menos cierto que nada impide que se acuerde lo contrario, como en el caso. Decisión por cierto amparada por el art. 1197 del Código Civil.

Sostiene que ello es lógico en casos como el presente, en que el porcentaje convenido fue sólo de un 20%, cuando la ley de aranceles autoriza hasta un 40%, previendo inclusive que se convenga la irresponsabilidad frente a las costas (ver art. 4°, Dto. Ley N° 2.200) en casos en que se alcanza ese porcentual.

Argumenta que al no regulársele honorarios, se violan los arts. 14 -"...de usar y disponer de su propiedad..."-, 14 bis -"...retribución justa..."- y 17 -"La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley..."- de la Constitución Nacional y los arts. 9, 20 y 24, inc. 4 de la Ley Fundamental de nuestra Provincia. Que constituyen el plexo normativo con raigambre constitucional que protege el derecho de propiedad y por ende el de acceder a una justa retribución por el trabajo prestado.

Justifica porque son revisables en casación las regulaciones de honorarios.

Indica que la resolución recurrida resulta irrazonable por carecer de la debida y necesaria fundamentación que corresponde a toda decisión judicial, dado que mal puede pretender apoyarse en el pacto de cuota litis al que alude, el cual reconoce expresamente el derecho a sus honorarios. III.- ANÁLISIS.

Comenzaré indicando que reiteradamente este Cuerpo viene sosteniendo que, "lo atinente a las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias así como la determinación de las bases computables a tal efecto y la interpretación de las normas arancelarias son, como principio, en razón del carácter fáctico procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria de casación" (Conf.: S.I. N°: 42/89; 166/90; 135, 144, 156/ 91; 13/94; 89/97 y 86/99 y S.D. N° 2/87; 21/92 y 16/94); pero cabe apartarse de dicha regla cuando la sentencia que la resuelve no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso. (Conf. S.D. Nº 44/94 y 33/S.R.E./00). Y es esta última situación la que se da precisamente en la especie.

1.- Lo acordado en cuanto a los honorarios entre el actor y su letrado -hoy casacionista- se ajusta a lo descripto por el recurrente y que resumiera en los antecedentes y para resolver la cuestión es necesario indicar que siguiendo lo preceptuado por el art. 4 del Dto. Ley N° 2.200 -texto ordenado Ley N° 4.335- el pacto de cuota litis es aquel en el que acuerdan los profesionales con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos, consistirán en participar en el resultado de estos.

Es decir, que el abogado se hace así partícipe y toma interés directo en el resultado del pleito (Conf. Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", T. IV, p. 584; 2da. ed., actualizada por Jesús Cuadrado, Bs. As., 1965).

Es así, que se estipula en carácter de honorarios una cuota determinada del objeto del pleito, con porcentaje mayor que el de la escala de arancel (Conf. Colombo, Carlos J., "Código Procesal anotado y comentado", 4ta. ed., Bs. As., 1975, T. I, p. 533), o dicho de otra manera, es el pacto que hace un litigante con otra persona ofreciéndole cierta parte de la cosa litigiosa si se encarga de seguir el pleito y lo gana (Conf.: Escriche, citado en Zavala Rodríguez, Carlos Juan, "Responsabilidad del abogado que celebra el pacto de cuota litis", nota a fallo en J.A. T. 51, p. 263).

2.- En juicios como el que nos ocupa, debe además de tenerse en cuenta el texto de dicha norma, considerarse el de la disposición contenida en el art. 15 de la Ley Provincial N° 69 que reza: "Son nulos los pactos de cuota litis celebrados en los autos o fuera de ellos. El Juez o Tribunal impondrá ante su sola constatación una multa igual al doble del valor o suma que como consecuencia del pacto debía percibir el infractor. Los Procuradores Fiscales deberán también denunciar la violación de esta prohibición ante el Juez que entiende en el juicio...".

Además éste concuerda perfectamente con la última parte del artículo 4to. de la ley arancelaria mencionada en el primer párrafo de este punto, que dice: "Los asuntos o procesos provisionales, alimentarios y de familia, no podrán ser objeto de pactos.....". Es más, ha dicho este Cuerpo, en anterior composición, en S.I. N° 163/95, que: "la fijación de los honorarios de los letrados intervinientes en un asunto o proceso puede ser hecha por convenio, pero en ningún caso es libre, pues debe fijarse bajo pena de nulidad, dentro de los límites que la ley establece, ya que sus disposiciones son de orden público.

En efecto el párrafo 4º del art. 4 de la ley 2200 determina que no podrán ser objeto de pactos los asuntos o procesos que versen sobre derechos de sustancia alimenticia los que deben ser equiparados a las indemnizaciones previstas para los casos como él que nos ocupa en razón del carácter tuitivo del crédito laboral que surge como consecuencia de un accidente de trabajo." Y debe, a mi juicio, no sólo considerarse de tal carácter alimentario los créditos de obreros que sean consecuencia de un accidente laboral sino también aquellos que surjan del desarrollo de su actividad dependiente.

Así en su trabajo titulado "El Carácter Alimentario de los Créditos en la Jurisprudencia", la Dra. Elena I. Highton, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, Emergencia y Pesificación 2002-1, en págs. 227/261, sostiene, que es también relevante que no puede desconocerse la indudable naturaleza alimentaria del crédito del trabajador, aunque no hubiera sido expresamente invocada ante el juez de primera instancia (Fallos, 308:1336), lo cual implica que la intrínseca naturaleza alimentaria puede declararse de oficio o, por lo menos, que puede invocarse en instancias ulteriores, aunque no integre expresamente la traba de la litis.

Hace también referencia la autora a una serie de jurisprudencia en el mismo sentido y concluye afirmando que corresponde reconocer carácter de orden público a la normativa que consagra derecho de naturaleza alimentaria y que los derechos de tal tipo son irrenunciables.

3.- Es de aplicación la citada normativa en nuestra provincia no sólo porque así lo especifica el art. 1 de la ley arancelaria local, sino porque las cuestiones de procedimiento y regimenes arancelarios profesionales son de resorte exclusivo de las provincias, no delegadas a la Nación (Conf. arts. 5, 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional y art. 14 de la Constitución Provincial; este S.T.J.CH. en S.D. N° 4/S.R.E./99; Ctrab. Córdoba, Sala II, "G, C c/ Provincia de Córdoba- IMP", L-B, 2194, LLC, 1992-796).

Consecuentemente, lo dispuesto sobre el particular en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre la posibilidad de celebrar pactos de cuota litis no superiores al 20 %, es a mi juicio tan sólo aplicable en los juicios que sean de resorte federal.

4.- Como consecuencia de lo dicho precedentemente, no sólo por lo acordado expresamente por el Dr. C con el actor en esta causa correspondía la regulación de honorarios a su favor. Por lo que como el casacionista lo propone, lo resuelto por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, en cuanto a la imposibilidad de regular honorarios resulta arbitrario, por no ser acertado el fundamento vertido, es que carece de fundamentación normativa. ASÍ LO VOTO.

4.a.- Es que como votara recientemente al resolver mediante S.D. N° 09/S.R.E./06: "Hay arbitrariedad cuando lo decidido comporta un acto irracional o de palmario apartamiento del cuadro normativo que rige el caso (Vanossi, "La sentencia arbitraria - Un acto de lesión constitucional, "Temas de Casación y Recursos Extraordinarios", Ed. Platense, año 1982, pág. 187) y, es ello, lo que ocurre en la especie.

También es adecuado indicar que en anterior composición, en su voto el Dr. Martín, al dictar la S.D. N° 42/92, sostuvo que "Es descalificable como acto judicial válido el fallo que -al regular honorarios- llegó a una solución carente de fundamentación normativa" y es precisamente lo que sucedió en el caso, al no regulársele honorarios al letrado casacionista, por todo lo que llevo dicho.

A raíz de lo expuesto, considero que debe casarse la sentencia en cuanto a que no reguló honorarios al letrado casacionista por lo actuado en Primera Instancia y propongo fijar los mismos en un 15,4% (11% x 40%) de lo reclamado en la demanda (capital más intereses, Conf.: S.T.J.CH., S.D. N° 5/S.R.E/06) (arts. 6, 7, 9 y 38 del Dto. Ley N° 2200 texto ordenado Ley N° 4335). ASÍ LO VOTO.

5.- Finalmente, creo oportuno agregar, como se hiciera en S.D. N° 08/S.R.E/06, en base a los fundamentos jurídicos explicitados; y en aras de una mejor administración de justicia que es conveniente que los Tribunales de Primera Instancia Laboral de la Provincia, en lo sucesivo, procedan a hacer aplicación irrestricta de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley N° 69, respetando armónicamente la disposición contenida en la última parte del art. 4to. la Ley arancelaria local.

A la misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:

I.- A fin de evitar reiteraciones estériles y estando de acuerdo con el resumen de antecedentes que realizó el Dr. Caneo, al igual que con la síntesis de los fundamentos de los recursos, a ellos me remito.

También concuerdo en que si bien la determinación de los estipendios que corresponde regular a los abogados por sus actuaciones en las instancias ordinarias es de resorte exclusivo de los jueces de grado, y materia ajena a la instancia extraordinaria, corresponde apartarse de dicha regla cuando se observa arbitrariedad en lo resuelto por las Cámaras.

II.- En oportunidades el estudio de la jurisprudencia histórica nos enseña que instituciones que hoy nadie cuestiona tienen un pasado pletórico de prohibiciones y condenas. Tal el caso del llamado "pacto de cuota litis".

III.- Coincido con el colega que me precediera en el voto, con que el mismo es el convenio celebrado entre un litigante y su letrado mediante el cual éste participa en el resultado del proceso, cargando con los riesgos inherentes al carácter incierto de su resultado.

Como contrapartida del porcentaje, que al letrado le corresponderá, éste se responsabiliza por los gastos de la defensa del cliente, como así también por las costas, salvo convención en contrario.

(Conf.: C. Nac. Civ., Sala I, 2/10/1997, "E, J v. T M G. R S.A.", LL 1998?B?940, Manuales de Jurisprudencia, La Ley "Honorarios", p. 138.); de allí que se trate de un contrato aleatorio, pues del buen resultado dependerá el derecho a retribución (Conf.: Cám. Nac. Civ. Sala "E", 23/12/1985, "G, J v. R, A", JA. 1986-IV-457; F B, M A. y U, C E., "Convenio de honorarios y pactos de cuota Litis", LL 2001-E-1197). Bien dice Augusto M. Morello que el pacto implica una gestión de riesgo.

IV.- Excluído del Derecho Romano, que sólo permitía por los servicios prestados por el abogado la voluntaria entrega de una gratificación honorífica (honorarium), fue proscripto en el Digesto, al igual que en el Fuero Real, en la Novísima Recopilación y en las Partidas, y sigue siendo repudiado en la actualidad por vastos sectores fue, sin embargo, receptado en el Código de Napoleón (Conf. Carlos E. Ure y Oscar G. Finkelberg, "Honorarios de los profesionales del Derecho", edit. LexisNexis, Bs. As., 2004, pág. 46).

Así, nuestro Código Civil acepta en el art. 1952 la posibilidad de "satisfacer al mandatario la retribución de su servicio". Expresando más adelante que "la retribución puede consistir en una cuota del dinero o de los bienes que el mandatario, en virtud de la ejecución del mandato, hubiese obtenido o administrado, salvo lo que se halle dispuesto en el Código de Procedimiento respecto de abogados y procuradores judiciales" V.- Según leo en la citada obra de Carlos E. Ure y Oscar G. Finkelberg que he mencionado precedentemente, es frecuente en los Estados Unidos (conocido como contingency fee agreement), está vedado, sin embargo, en toda Europa.

No obstante ello, comentan los citados doctrinarios, en un interesante conflicto producido en España, el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso en septiembre de 2002 una multa de 180.000 euros al Consejo General de la Abogacía por haber prohibido el pacto de cuota litis en el Código Deontológico. Otro conflicto de similares características se planteó con el organismo homólogo de defensa de la competencia en Holanda. - La respuesta de las corporaciones profesionales europeas -refieren Carlos E. Ure y Oscar G. Finkelberg- ha sido severa, sosteniendo enfáticamente que no puede aceptarse que el abogado sea parte y perciba como propios los intereses del cliente, debiendo preservarse siempre su independencia. No obstante ello, existe un intenso debate en diversos sectores de la abogacía española que lo ven admisible y reclaman una regulación legal que lo contemple, aunque sujeto a una serie de requisitos de cumplimiento ineludible.- En América, la mayoría de los países acepta la legitimidad de este pacto, casi se podría decir con cierto desgano legislativo. Curiosamente, la legislación chilena lo regula, pero estableciendo como premisa que "no son reprobables en principio". En Cuba, tal vez por la influencia de la tradición hispana, se encuentra prohibido desde antes del régimen socialista. Es aceptado en Perú, México, Chile, Paraguay, Costa Rica y Venezuela.- En nuestro país los prohíben en el ámbito de los juicios laborales, además de nuestra provincia, en su art. 15 la Ley N° 69 y art. 4 del Dto. Ley N° 2.200, las leyes procesales laborales de las provincias de Jujuy -Ley N° 1.938, art. 28- y de San Luis -Ley N° 2.642, art. 34-.

VI.- El maestro Ángel Ossorio en "El alma de la toga", aconsejaba al profesional huir de ciertos peligros, entre los cuales incluía a este pacto, por cuanto arranca al abogado de su autonomía y lo hace participar de la psicología del jugador.

Para los que no están de acuerdo con el mismo, el pacto de cuota litis "es reprobable porque convierte al abogado en parte interesada, desviándole de su verdadera función de serenidad en juicio y de prudencia en el planteamiento y desarrollo del proceso.

Para sus partidarios, el pacto cumple una inestimable función social; porque representa el mejor medio de que los litigantes sin recursos económicos suficientes para pagar a un abogado, puedan contar con la asistencia de uno que sea de su confianza, sin tener que aceptar la defensa o patrocinio de un profesional designado de oficio".

Tal la definición de Manuel Ossorio, quien agrega: "...de todos modos, el argumento en contra parece más consistente" (Conf.: autor citado, "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales", Ed. Heliasta, p. 526.). - VII.- Considero que los conceptos vertidos por los partidarios podrán ser válidos para los juicios de naturaleza, civil, comercial, contencioso administrativo, pero en el ámbito laboral los mismos no pueden aplicarse porque si debido a la participación del letrado en el resultado del pleito, éste debe hacerse cargo de los gastos y las costas, ello no resulta sin embargo, de la legislación procesal laboral porque el art. 13 de la Ley provincial N° 69, dispone:

"Los empleados y obreros, o sus derecho habientes, gozarán del beneficio de pobreza, hallándose en consecuencia, exentos de sellado y de todo impuesto. Se le expedirán también gratuitamente, los certificados o testimonios de partidas de nacimiento, matrimonios o defunciones, siempre que se necesiten como pruebas en los juicios del trabajo." y esto es esencial, en ningún caso le será exigida caución real o personal para responsabilidad por medidas cautelares, así surge del art. 74 de la Ley N° 69 dentro del título DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS, cuando expresa: "...Especialmente podrá decretarse a petición de parte, sin fianza, embargo preventivo sobre los bienes del deudor, en los siguientes casos:...".- Frente a esta situación cabe preguntarse cuál es la cuota de riesgo que afronta el letrado en un pleito en que se rechazaran los reclamos de un trabajador. - Es indudable que existirá un importante trabajo intelectual y material del profesional que, en algunos supuestos, no encontrará satisfacción económica -debe recordarse que no todos los obreros carecen de recursos económicos-, pero el letrado que litiga en sede laboral conoce de antemano las "reglas del juego" del fuero y el carácter de orden público de las normas específicas.

Por otra parte, de aceptarse tales tipos de pactos, que como lo ha señalado el Dr. Caneo, se encuentran prohibidos, en virtud del art. 4to. de la ley de honorarios provincial, y no se regulan honorarios a los letrados, ello resultaría injusto, porque como lo he sostenido precedentemente no en todos los supuestos el obrero no se encuentra en situación económica de no hacer frente a la obligación, que la sentencia establecerá cuando fija honorarios a su letrado, y que le corresponde abonar porque lo ha representado. - De todos modos, dada la instancia de oficio del Tribunal, ver en la Ley N° 69 DEL IMPULSO PROCESAL (artículos 19 al 21), los gastos y diligencias necesarias por parte del letrado del trabajador son netamente inferiores a la actividad que le requerirá un pleito planteado ante otros estrados.

En efecto, el trabajador que inicia un pleito no paga tasa judicial ni ningún otro gravamen fiscal, el art. 17 de la Ley N° 1.806 establece: "Estarán exentos del pago de las tasas de justicia las siguientes actuaciones y sujetos:.

2. d) Los empleados, obreros o sus causa-habientes en las actuaciones que promovieren con motivo de las reclamaciones derivadas de las relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo" mientras que el poder que, en su caso, quiera otorgar a su letrado, le será provisto en forma gratuita, art. 8 de la Ley N° 69: "La representación en juicio estará a cargo de los abogados y procuradores inscriptos en la Matrícula respectiva, quienes podrán representar a los litigantes con carta-poder expedida por cualquier autoridad judicial de la Provincia".

Además, el Tribunal interviniente, dada la instancia de oficio (arts. 19 al 21 de la Ley N° 69), debe confeccionar las cédulas y oficios, los que posteriormente también se ocupa de diligenciar en forma gratuita, las primeras, a través de la oficina de notificaciones y los oficios, por medio del correo. - Es cierto que existen determinados medios probatorios, como el pericial, que requieren la intervención de un profesional (contador, médico, ingeniero, etc.), que tendrá derecho a percibir honorarios. Pero el art. 39 de la Ley N° 69 establece: "...Cuando fuere vencido el obrero o empleado, los honorarios de los peritos serán abonados por la Provincia, siempre que se justifique sumariamente que aquéllos son insolventes o de escasos recursos".-- Ello no obstante, los auxiliares técnicos tienen la posibilidad de optar a cuál de las partes le harán efectivo el cobro de su crédito (Conf. S.T.J.CH., S.I. N° 54/S.C.A./97 y 100/S.C.A./01 y recientemente en S.I. N° 100/S.R.E./06); y la práctica demuestra que en todos los reclamos de trabajadores el perito elige a la demandada para ejecutar sus honorarios, criterio éste que responde al conocimiento que tiene el perito respecto de la mayor solvencia económica del empleador frente al trabajador.- A todo ello, cabe agregar que el trabajador ya antes de iniciar un pleito cuenta con el telegrama obrero (Ley N° 20.703), que es gratuito y que le permitirá efectuar todas las intimaciones previas necesarias sin desembolsar suma alguna.

En definitiva, el trabajador tiene facilitado su acceso al estrado judicial, mediante el principio de gratuidad del procedimiento.- VIII.- En estas circunstancias, la carga adicional que debiera asumir el letrado que convenga un pacto de cuota litis con un trabajador, carece de entidad y con ello, la razón de ser de este pacto en un juicio de trabajo.

Es más, corresponde indicar que sobre los pactos de cuota litis ha señalado teniendo en cuenta la gratuidad del proceso, el Dr. Altamira Gigena en su obra: "Ley de contrato de Trabajo" comentada, anotada y concordada, T° 2, edit. Astrea, Bs. As., 1981, pág. 618, que, "Si el derecho laboral trata de proteger al trabajador, no se advierte la razón por la que se pueda validar jurídicamente el pacto de cuota litis, máxime considerando la gratuidad del proceso.

La realidad del foro demuestra, afirmando más aún lo expuesto, que los profesionales que actúan defendiendo a trabajadores pertenecen, en su mayoría, al Ministerio de Trabajo o están comprometidos con los sindicatos, percibiendo, en ambos supuestos, una remuneración estable.

El pacto mencionado viola principios básicos del derecho laboral, entre ellos la intangibilidad de la acreencia económica. En consecuencia, propugnamos, lisa y llanamente, la nulidad del pacto, cualquiera sea su porcentaje".

IX.- Por otra parte, si se analizan los créditos salariales se advierte que éstos revisten carácter alimentario, en cuanto se trata de un ingreso indispensable con el cual el trabajador debe subvenir a sus necesidades y, si bien es cierto que concretamente el salario no constituye una obligación alimentaria del empleador, se encuentra sometido por la ley a un régimen jurídico que presenta ciertas afinidades con los alimentos.- Dicha protección legal resulta de los arts. 12, 120, 147 y 148 de la L.C.T. que establecen la intangibilidad del salario, especialmente esta última norma que señala en forma expresa que "las remuneraciones que deba percibir el trabajador, las asignaciones familiares y cualquier otro rubro que configuren créditos emergentes de la relación laboral, incluyéndose las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo del contrato o relación de trabajo o su extinción, no podrán ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho o título alguno".

En consecuencia, tratándose de créditos de carácter alimentario, los que se encuentran expresamente excluidos como objeto del pacto de cuota litis por la ley arancelaria local en su art. 4°, no corresponde dicho pacto cuando la litis verse sobre créditos salariales o indemnizaciones provenientes de la relación laboral o de su extinción y ello más cuando la ley de forma N° 69 en su art. 15 lo prohíbe expresamente y lo sanciona con nulidad. X.- También coincido con el Dr. Caneo en que el art. 277 de la L.C.T., en cuanto a lo que establece con respecto al pacto de cuota litis, no es aplicable en los juicios que tramitan ante el fuero provincial, atento que este pacto es de carácter procesal, su regulación legal, conforme lo normado por los arts. 5, 75 inc. 12, y 121 de la Constitución Nacional, se encuentra reservada a las legislaturas locales, concepto que ratifica el art. 1.952 del Código Civil al remitir a los códigos de procedimientos la retribución de los abogados y procuradores judiciales, y el art. 14 de la Constitución de la provincia que especifica que corresponde al gobierno provincial ejercer todos los poderes no delegados al Gobierno Nacional. - XI.- Ello así y ante la colisión normativa resultante de la autorización sentada en la ley de fondo -la que es válida, como ya lo he dicho, para ser aplicada en las contiendas laborales que resuelva la justicia federal- y la prohibición de la ley de aranceles respecto de los créditos alimentarios, debe primar la legislación provincial. Es que si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que es innegable el derecho del gobierno central para incluir en las leyes y códigos de fondo normas procesales o instrumentales, de modo de asegurar la efectividad de los derechos que consagran aquéllos, su plena vigencia y ejercicio, no lo es menos que ello debe ser interpretado para el supuesto en que no hubiera una norma local contraria, que no es el caso en análisis, donde tanto la ley de procedimiento laboral N° 69 como la arancelaria excluyen los créditos alimentarios de aquellos que pueden ser objeto de un pacto de cuota litis; el mismo criterio ha seguido este Cuerpo al resolver en la sentencia interlocutoria N° 163/95 mencionada por el colega prevotante.

XII.- Así, entonces, no sólo por los argumentos del letrado casacionista que revelan que firmó con el actor un convenio de honorarios, sino por la nulidad de los pactos de cuota litis en todo juicio laboral correspondía que se le regulasen honorarios y por lo tanto, los fundamentos de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew resultan arbitrarios.

Consecuentemente en mérito al resultado del pleito y a la labor desarrollada por el Dr. C, y encuadrando los estipendios fijados por el Dr. Caneo en la escala arancelaria establecida en los arts. 6, 7, 9 y 38 del Dto. Ley N° 2.200, texto ordenado Ley N° 4.335, concuerdo con mi colega también en este aspecto. ASÍ LO VOTO.- XIII.- En mérito a la labor interpretativa que efectuara en cuanto a la prohibición en el ámbito del procedimiento laboral de la presentación del pacto de cuota litis, no puedo dejar de compartir lo propuesto por el Dr. Caneo, en el punto 5. de su voto.- A igual cuestión del Dr. Royer dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Caneo y Pasutti, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1 del Acuerdo Extraordinario N° 3.555 en concordancia con los arts. 1 y 3 de la Ley Provincial N° 5.475 y el Acuerdo N° 3.202.

A la segunda cuestión el Dr. Caneo dijo: Del modo en que voté la primera cuestión, corresponde: 1º) Casar la sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, en cuanto no regula honorarios al Dr. C por lo actuado en Primera Instancia; 2º) Fijar los honorarios del letrado mencionado en un 15,4 % de lo reclamado en la demanda -capital más intereses- (Conf.: S.T.J.CH., S.D. N° 5/S.R.E/06) (arts. 6, 7, 9 y 38 del Dto. Ley N° 2.200 texto ordenado Ley N° 4335);

3º) Adecuar los honorarios del letrado apoderado del actor por lo actuado en la Segunda Instancia (art. 279 del C.P.C.C.) estableciéndolo en mérito al resultado del recurso, a la calidad y extensión del mismo en un 25% de los que se le fijaran por su actuación en la Instancia de origen (art. 14 Ley arancelaria) y 4º) Regular los estipendios del Dr. C por lo actuado ante este Superior Tribunal en un 25% de los que se le regularan por lo actuado en la Instancia de origen, ello también en mérito al resultado del recurso, a su calidad y extensión.

A esta misma cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Tal como voté la primera cuestión acuerdo con la solución dada por el Dr. Caneo.- A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

Reitero mi posición formulada en el tratamiento de la primera cuestión. Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:- S E N T E N C I A 1°) CASAR la sentencia de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew, en cuanto no regula honorarios al Dr. C por lo actuado en Primera Instancia. 2°) FIJAR los honorarios del letrado mencionado por lo actuado en Primera Instancia en un 15,4 % de lo reclamado en la demanda (capital más intereses) con más el pertinente I.V.A. en caso de corresponder.

3°) ADECUAR los honorarios del letrado apoderado del actor por lo actuado en la Segunda Instancia (art. 279 del C.P.C.C.) estableciéndolos en un 25% de los que se le fijaran por su actuación en la Instancia de origen (art. 14 Ley arancelaria), con más el pertinente I.V.A. en caso de corresponder.

4°) REGULAR los estipendios del Dr. C por lo actuado ante este Superior Tribunal en un 25% de los que se le regularan por lo actuado en la Instancia de origen (art. 14 ley arancelaria), con más el pertinente I.V.A. en caso de corresponder. 5º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer, Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti.- Recibida en Secretaría el 05 de Septiembre del año 2006.- Registrada bajo el Nº 12 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-