marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ghisani, José María c/ Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

El requisito contenido en el art. 30 del C.P.C.A. (pago previo de la suma ordenada) no se encuentra limitado exclusivamente por el origen de los importes reclamados a la materia impositiva, sino que comprende genéricamente toda "liquidación de cuentas" (incluyendo liquidaciones negativas en las certificaciones finales o del saldo de acopio en los contratos de obra pública), desde que la finalidad de procurar la oportuna percepción de las rentas del Estado se extiende a la recuperación de los créditos que deben ser distraídos de su destino primario para afrontar el pago de los terceros que deben realizar prestaciones incumplidas por los contratistas originariamente obligados.
Notificación de la sentencia, sentencia firme
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Capelli, Mario Domingo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

La inexistencia de elementos de juicio que permitan concluir con certeza que el imputado conoció efectiva e íntegramente la sentencia dictada en su contra, impide salvar la omisión del tribunal de disponer su concurrencia a la audiencia prevista por el segundo párrafo del art. 400 del C.P.P.N., debiendo concluirse que no se encuentra firme la decisión atacada y que debe ella serle notificada íntegramente al imputado.(Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-).
Garantías procesales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z., C. M. y Otro c/ T., S. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-24

Con arreglo al art. 18 de la Constitución Nacional, todo habitante del país tiene derecho a gozar de las garantías que aseguran el debido proceso y la defensa en juicio, lo cual implica, en el ritual penal, la observancia de las prescripciones acerca de la defensa material -ejercida por imputado- y de la defensa técnica, a cargo de un letrado.
Concurso ideal, supresión del estado civil, falsificación de documentos, partida de nacimiento
Materia: PENAL
Carátula: Concolino, Alberto s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El delito de supresión de estado civil (art. 139, inc. 2 del Código Penal) concurre idealmente con la falsificación de los certificados de nacimiento que dan cuenta de una relación parental inexistente.
Improcedencia del recurso, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: Capuma Rodríguez, Jossue c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

La disidencia postuló el rechazo del recurso de casación por considerar que si bien el encartado cumplía con el requisito temporal exigido por ley, el a quo rechazó la soltura del condenado sobre la base de un pronóstico de reinserción social desfavorable, y los resultados negativos de los informes. Dres. Ledesma, Figueroa -disidencia-, Slokar.
Contratos comerciales, leasing, pretensión, secuestro de bienes, contracautela
Materia: COMERCIAL
Carátula: DAIMLER  CHRYSLER  LEASING  ARGENTINA  SA c/ PUNTA HORMIGON SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

Si una empresa dadora de leasing solicitó el secuestro del bien, resulta improcedente -como aconteció en el caso-, imponerle que preste una contracautela pecuniaria. Ello pues, frente al invocado incumplimiento del contrato, la dadora ha derecho a obtener el secuestro del bien objeto del convenio en tanto propietaria del mismo, máxime, si cumplió con lo normado por la ley 25248 art. 21
Juicios contra el Estado, instancia administrativa previa, energía eléctrica
Materia: PROCESAL
Carátula: E.D.E.M.S.A. c/ E.N.A. y M.E.O.S.P.N. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-04

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda iniciada por una empresa distribuidora de electricidad contra el Estado Nacional por considerar que no se había agotado debidamente la vía administrativa si resulta evidente que no puede considerarse cumplido el procedimiento que exigía el art. 31 de la ley 19.549 como requisito previo al inicio de una demanda contra el Estado Nacional y la posición asumida por éste en el juicio no evidencia la inutilidad de retrotraer la cuestión a la etapa administrativa, por lo que no permite concluir que el agotamiento de la vía administrativa constituyera un ritualismo inútil (art. 32, inc. e, de la ley 19.549 vigente en ese momento).
Contratos, interpretación del contrato, conducta de las partes, interpretación literal
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAULON,  RAUL  ALBERTO c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.AY G. S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Siendo el contrato la obra común de las partes, debe estarse a su voluntad, desentrañándosela de los términos usados, en cuanto no sean ambiguos, ni se opongan a la naturaleza del acto que se dice celebrar. De ello se sigue que no debe el juzgador apartarse de sus cláusulas o recurrir a la aplicación de normas supletorias en su tarea de interpretación (arg. Ccom: 218). Es que, cuando el contrato está redactado en términos claros y precisos, nunca debe desvirtuarse lo declarado e instrumentado, so pretexto de que medie disociación con la voluntad interna, si ésta no se patentizó con signos exteriores en la declaración de voluntad; pues lo contrario importaría sembrar la inseguridad jurídica en el ámbito contractual (Cciv: 1137, 1197 y 1198). Al interpretar las palabras de un contrato, corresponde hacerlo a la luz de lo que es verosímil para el uso general, aunque los contratantes, en el seno de sus voluntades individuales hayan creído obligarse de otro modo. La concepción literal de una cláusula del contrato basta únicamente cuando su significado no desvirtúa el sentido que los otorgantes del acto han expresado en el todo, cuya armonización es inexcusable al tiempo de verificar lo que con precaución y previsión ellos han entendido estipular. La directiva general del artículo 1198 del Cciv, debe ser contemplada con las reglas más detalladas que trae el artículo 218 del Ccom, que son aplicables también a los contratos civiles (conf. CNCom, Sala B, "Rivero César N. c/ Sircovich, Jorge, s/ cumplimiento de contrato", 1.11.92).
Accidentes de trabajo, acción civil, consorcio de propietarios, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: BRACHO ESPINOLA, JOSE ANTONIO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ACEVEDO 75/77/83/85 Y OTRO s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

En el caso un obrero realizando tareas de reparación y pintura en un edificio cae del 5ª piso, como consecuencia de lo cual queda con una incapacidad total del 40%. El administrador del consorcio intervino en el contrato de obra en calidad de representante legal del consorcio de propietarios, y en ese marco no se obligó personalmente, su responsabilidad civil frente al trabajador accidentado remite a un factor de atribución subjetivo y a una fuente extracontractual. Según el art. 8 de la ley 941 de la Ciudad autónoma de Buenos aires, los administradores de consorcios sólo pueden contratar la provisión de bienes, servicios o la realización de obras con aquellos prestadores que reúnan, entre otros requisitos: "Seguros de riesgos del trabajo del personal a su cargo, en los casos que así lo exija la legislación vigente" (inc. 2). El factor de atribución de responsabilidad es subjetivo (art. 1109 y 1074 CC) y desde la óptica del art. 902 CC, la omisión del deber legal señalado, que es imperativo para todo administrador de consorcio, permite concluir en la existencia de relación causal adecuada entre la antijuridicidad y el daño.
Recusación, apartamiento del juez
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CALVETTI, HECTOR OSCAR c/ FOGLINO, ALFREDO OSVALDO s/ ORDINARIO - COMPETENCIA - APARTAMIENTO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-24

Resulta justificado el apartamiento del juez que resolvió la causa, si su decisorio ha sido declarado nulo por el tribunal de grado, aun en aquellos supuestos en que el superior resuelve sobre el fondo de la cuestión.-La norma que preve la posibilidad de recusación por esta circunstancia no distingue si la nulidad requerida como causal de recusación es aquella que ordena volver los autos al inferior para dictar nueva sentencia o si el superior resuelve sobre el fondo de la cuestión por lo que no cabe hacer la distinción (mayoría).
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Datcien S.A. c/ Gondel, Carlos M. y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-08

Un interés globalizado de un 54 por ciento anual (36 por ciento compensatorio y 18 por ciento punitorio) en el vigente esquema económico de convertibilidad, cuya fundamental característica es la estabilidad de precios, supera holgadamente los límites que el ordenamiento sustancial reserva a la autonomía de la voluntad -cfr.

artículos 1197  y 621 del Código Civil- y compromete la vigencia de disposiciones normativas de similar tenor y aplicación -cfr.

artículos 953,  502, 954, 1071 ss. y ccs. del citado cuerpo legal- referentes a moral, buenas costumbres, necesidad, abuso de derecho, etc., condicionantes de tal libertad de contratación.En tal entendimiento, es justo y equitativo reducir el monto total de la sumatoria de intereses compensatorios y punitorios insertos en los documentos cartulares corrientes en copia a la tasa total del 36 por ciento anual o 3 por ciento mensual atendiendo a las circunstancias que enmarcan el aspecto fáctico del sub-lite y encontrarnos con una operación en pesos y deudores de aparente solvencia, según lo ilustran las cautelares efectivamente trabadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescindibilidad, indemnización tarifada, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PAZOS, ANGELICA c/ ELMA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-08-22

La ley 21274, destinada a modificar la reglamentación de un derecho constitucional, no puede servir implícitamente para eliminar otra garantía a la que ella no se refiere en modo expreso.

(Disidencia del Doctor Guibourg).
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BISCAINI, Mario, Pedro y Roberto c/ GAITOR S.A. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

Por hallarse en mora en la obligación de restituir, por hacer necesaria la promoción de la demanda y por no haber efectivizado su allanamiento con el depósito en autos de las llaves del inmueble locado, las costas del juicio de desalojo han sido bien impuestas a la accionada.
Falta de acción, sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, apartamiento del querellante
Materia: PENAL
Carátula: De Narvaez, Luis Carlos; Macri, Jorge Antonio y Movsesian, Daniel Osvaldo s/ Falsificación de documentos públicos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-19

La decisión del a quo de revocar la resolución que rechazó la excepción de falta de acción promovida por la defensa en la consideración de lo incipiente de la investigación y, por ende y en su entendimiento, de lo prematuro de tener a la denunciante como querellante deviene arbitraria, pues ese argumento no resulta suficiente frente a aquéllos en los que se basó la decisión de sostener el estatus de querellante del que gozaba la denunciante, por lo que corresponde anular la decisión recurrida y reenviar al tribunal de la instancia anterior en los términos del art. 471 del CPPN.
Juicio ejecutivo, intervención de terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Rio de la Plata c/ Aznares, José s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

El instituto de la intervención de terceros es privativo del proceso de conocimiento y ajeno a los de ejecución, ya que la sumariedad de estos últimos obsta a la incorporación de sujetos distintos a aquellos contra los cuales el ejecutante dirigió la pretensión.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cadorín, Jorge Conrado y otros c/ Fernández, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

La sola circunstancia de verse privado de un bien de indudable utilidad funcional, como es la de servir de transporte, denuncia por sí misma la existencia de un perjuicio económico, que se hace más patente cuando la privación del medio sugiere la necesidad de su reemplazo, exigiéndose tan sólo para determinar su cuantía, sino los medios probatorios que hablen de efectivos y detallados desembolsos, si al menos las evidencias de la ocupación del reclamante y la de otros elementos de análoga naturaleza que permitan formarse un juicio aproximado de la importancia económica del perjuicio.-
Libertad condicional, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: Osorio, Pedro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

Si el condenado se encuentra gozando de libertad, retrotraer la actual situación en que se encuentra y volver a intramuros por el tiempo que le demandaría al juez de ejecución solicitar un informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia, implicaría un trámite que, además de significar un desgaste jurisdiccional innecesario, no resultaría positivo para su reinserción social y conspiraría contra el régimen de progresividad de la libertad que inspira la ley 24.660, el art. 18 CN y pactos internacionales de derechos humanos. La disidencia consideró que la falta de actualización de dichos antecedentes redunda en incompatibilidad con el beneficio concedido. (Dres. Catucci -disidencia-, Madueño y Mitchell).
Sociedad de hecho, prueba, cosa juzgada, acción civil, acción penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIGUEL MANCEBO c/ ARMANDO RICO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

La existencia de la sociedad de hecho es incontestable en proceso civil cuando en sede penal constituyó presupuesto configurativo del delito (CCIV 1102) (en el caso, se trataba de la usurpación del local de la sociedad, perpetrada por uno de los socios contra el otro, a quien le fue negado el acceso).
Sociedades comerciales, administración de la sociedad, representación de la sociedad, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABANNE, A. c/ SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS FENIX. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-27

1. Conforme a lo estipulado por la ley 19.550: 58, Es responsable el ente por los actos celebrados en infracción a la organización plural, cuando se trata de obligaciones contraídas mediante títulos valores.

2. Al tenedor legitimado del título no puede exigírsele que indague acerca de la subsistencia de los poderes otorgados por la sociedad, cuando quienes en su virtud revestían la calidad de administradores, continúan luego de la revocación de tales poderes, disponiendo de cheques de la cuenta corriente del ente y de su sello social.
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Delgado de Vázquez María T. c/ Expreso Villa Galicia San José S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Existe prevención cuando los jueces o tribunales provinciales han intervenido en el proceso cualquiera sea la naturaleza o importancia de dicha intervención, por lo tanto, habiendo intervenido esta Alzada en las actuaciones sobre beneficio de litigar sin gastos iniciada por la actora, es a la misma que corresponde entender en el expediente principal, e idéntica competencia le corresponderá al Juzgado de origen que previno en dicho Beneficio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlando, Claudia Roberta s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de competencia, que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuidas, pues sólo en relación a un delito concreto es que cabe pronunciarse acerca del lugar de su comisión y respecto del juez a quien compete investigarlo y juzgarlo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olmos Metalúrgica S.C.A. c/ Ortiz, Hipólito y otro s/ Daños y perjuicios Glasman, Guillermo Daniel c/ Orsini, Virgilio Francisco s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12|1990-11-13

La sola privación del uso de un automóvil representa para el dueño un perjuicio indemnizable, no siendo impedimento para ello la falta de recibos o documentos probatorios ya que se presume, en principio, que quien tiene y usa un automotor lo hace para llenar una necesidad, presunción que es harto fundada si se trata de un profesional o de un comerciante (arts. 1068, 1069, 1109 y 1113 del Código Civil).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles, ley procesal, interpretación de la ley, sentencia, sentencia definitiva, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

La resolución del juez de primera instancia que rechaza la pretensión de caducidad del proceso no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por la ley ritual para abrir la instancia de alzada .No es sentencia definitiva -en el sentido del primer inciso del artículo 346 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 5531)- ya que esa norma aclara que se refiere a la que recae "sobre lo principal", concepto insusceptible de alcanzar a autos interlocutorios que resuelven incidentes. A los efectos de abrir la apelación, tampoco sirve el tercer inciso: el auto en cuestión no paraliza el juicio sino que, por lo contrario, permite que se lo prosiga. Y en cuanto al restante inciso -el segundo-, desde antaño se ha interpretado que el agravio que produce el rechazo de la pretensión de caducidad no es definitivo ya que, en caso de sentencia (sobre lo principal) adversa al postulante de la caducidad desestimada, aquél puede ser reparado mediante la interposición del recurso de nulidad contra el fallo de mérito. Si el proceso se prosiguió hasta la sentencia pese a que, en realidad (y conforme al ulterior juicio de la alzada), había caducado, ello vicia de irregularidad todo el trámite seguido hasta el fallo y determina que deba declararse la nulidad de ésta.

Pero el tribunal de alzada puede (debe) juzgar así recién cuando se habilita su competencia funcional por recursos (de apelación y/o nulidad) interpuestos contra la "sentencia definitiva sobre lo principal" (artículo 346, inciso 1, Código Procesal Civil y Comercial); no antes. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Recurso extraordinario, Tribunal Fiscal de la Nación, exenciones impositivas, impuestos internos, bebidas analcohólicas, Código Alimentario Argentino
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Embotelladora Seven Up Rosario  SAICF. s/ Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Debe excluirse la arbitrariedad en la sentencia que confirmó las conclusiones del Tribunal Fiscal en cuanto decidió que la incorporación de ácidos cítrico y ascórbico a las bebidas que elabora la actora no modifica el origen frutal de los jugos o zumos naturales que contienen por lo que se encuentran alcanzadas por la exención del último párrafo de la ley de impuestos internos (t.o. en 1968 modificado en 1973), en virtud de reunir los requisitos que exigen el art. 93 del reglamento de la ley de gravamen, el Código Alimentario argentino y la resolución general I DGI N° 1416/71, ajustándose a las circunstancias fácticas que se habían contestado en la decisión apelada con base en que, en principio, dichos extremos no son revisables ante esa instancia y en concordancia con otros pronunciamientos recaídos en idéntica cuestión.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, plazo, tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: M., R. M. s/ ADOPCION PLENA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 419-87 TORRENS, MIGUEL JUAN c/ ARCE, DANIEL VALENTIN Y-U OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPEDIENTE N. 153/90 DEGIORGIO, MARCHI MATILDE DE Y OTROS c/ BODE, ALCIDES s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 521-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-27|1992-09-08|1993-02-10

El auto que rechaza una queja por denegación del recurso de apelación extraordinaria, por la extemporaneidad de su interposición, tiene la virtualidad de otorgarle el carácter de definitiva -a los fines del recurso de inconstitucionalidad- a la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado.
Empleador, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alicura S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

La circunstancia que el empleador diera pocas órdenes o ninguna a su dependiente no altera la obliga-ción contractual de ésta a obedecer lo que surge del contrato y de las características del trabajo, ya que la libertad que tenga el dependiente para realizar sus tareas conforme su competencia profesional no le quita su condición de subordinado (cfr. C.N.A.T., Sala I, sent. del 29.08.96, "Iglesias, Eduardo c/ J. M. Staffa Marris y Cía.").
Aplicación de la ley, funcionarios de facto, proceso de reorganización nacional
Materia: CIVIL
Carátula: Sousa, Claudia Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-05

La Ley 26.475 promulgada el 12.01.09, dispuso desde su vigencia la extinción de los beneficios obtenidos en virtud del regímenes especiales por aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como Presidente de la Nación, Ministerios, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado "Proceso de Reorganización Nacional" sin desconocer los servicios prestados ni los aportes efectuados, los cuales, y de conformidad con lo prescripto por el art. 3 de la Ley 26.475, pueden ser invocados para el eventual acceso a un beneficio previsional del régimen público ordinario. (Del voto de la mayoría, argumento de la Dra. Dorado. La Dra. Lucas votó en disidencia).
Sentencia definitiva, competencia, recurso de queja (procesal), recursos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica Móviles Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-18

La sentencia que resuelve un problema de competencia, ya por incidente, ya de oficio, cuando quien lo decide tiene facultad para ello, no es por regla, una sentencia definitiva, ni tampoco lo es cuando el problema de competencia consiste en el entrecruzamiento de dos jurisdicciones distintas, por ejemplo, la de los tribunales de la CABA frente a los tribunales nacionales, de una provincia frente a los de otra o de una provincia frente a tribunales nacionales o federales. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).