marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Agüero, Alfredo Daniel y otros s/ Asociación ilícita. Robo y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación de los arts. 34 inc. 1º del Código Penal y 255 del Código de Procedimiento Penal si sólo se lo sustenta en la particular consideración del recurrente sobre el estado de salud mental del procesado.
Sociedad accidental o en participación, derechos del socio, rendición de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: J. VAZQUEZ IGLESIAS c/ BASTERRECHEA  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-19

El derecho de los socios participantes no gestores a la rendición de cuentas de la gestión (art. 364, segundo párr.) torna necesaria una contabilidad que razonablemente exteriorice la marcha del negocio social.

Pero de ello no se deduce que necesariamente deba llevar libros exclusivos de la gestión particionaria, ya que si bien la sociedad gestora se encuentra facultada para hacerlo, no necesita tener libros diversificados.

Si en los balances y demás elementos contables, se distinguen con absoluta claridad las operaciones de la sociedad accidental o en participación de las propias de la sociedad gestora, el deber de información como sociedad gestora se encuentra cumplido.
Abuso sexual, interés superior del niño, delito dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: M., F.E. s/ Abuso Sexual con Acceso Carnal en Concurso Ideal con Corrupción de Menor (dos hechos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-26

La decisión de un docente que realizó la denuncia, concurrió en auxilio de la menor ante la inactividad de sus progenitores frente a una importante situación de riesgo y la intervención de aquella y del Ministerio Fiscal es perfectamente válida y justificada, y es inocuo todo ataque que, desde la defensa, pretenda poner en vilo la actividad desarrollada.
Regulación de honorarios, base
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INNELLA SILVANA c/ SUAREZ JORGE C. s/ Alimentos Provisorios (LIBRO: A124 - 483)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-01

Se advierte que a los efectos regulatorios, constituyen los alimentos provisorios una medida precautoria de tramite abreviado o incidental, antes, dentro o respecto del proceso comun de alimentos definitivos, cuyas bases retributivas estan senaladas en el art. 9 inc. f), quedando determinada la base de regulacion profesional por el computo de dos anos de la cuota alimentaria, como establece la ley, sobre cuyo monto, si cabe la aplicacion irrestricta del art. 9 inc. a); o sea un tercio de la escala sobre aquellos.- "... en este caso tramitaria tal pretension como un proceso incidental dentro del juicio principal, distinguiendose asi del proceso por alimentos definitivos (art.

210 y del proceso cautelar por alimentos provisorios art. 129 del C.P.C.).-
Abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BULLO PEREA, JORGE I. Y OTRO c/ BANADE s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

El art. 8 de la ley 23187 dispone que "....es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan encomendado, y asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se exceptúa de esta disposición aquellas informaciones de carácter estrictamente privado y aquellos registros cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal..."
Juicio de desalojo, posesión, legitimación procesal, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: B., J.R. c/ M., E. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-26

Quien accione por desalojo ha de probar que ejerció la tenencia y la perdió, caso contrario fracasará. Por su parte, una vez acreditados los extremos anteriores, el demandado deberá demostrar que posee animus domini, si no los consigue será desahuciado pero siempre y cuando el actor hubiera logrado a la vez estar legitimado activamente, caso contrario no.
Deberes del juez, investigación a cargo del juez, debate, prejuzgamiento, deber de imparcialidad, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gorriarón Merlo, Enrique H y otra s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Con relación al supuesto prejuzgamiento de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín atento a que el mencionado tribunal entendió en la etapa instructoria (al confirmar las prisiones preventivas) antes de emitir su veredicto, se sostuvo que "ni el pacto de San José de Costa Rica, ni la legislación procesal aplicable al caso prohíben expresamente que el órgano jurisdiccional que entiende en la instrucción sea el mismo que luego dicte sentencia. Basta reparar, a modo de ejemplo, que los jueces federales, en toda la Nación, y los jueces en lo correccional, en el ámbito de la Capital Federal, juzgan en única instancia de los delitos correccionales (cfr art 33, inc 2 y 27 del CPPN, respectivamente) por lo que intervienen tanto en la etapa instructoria como durante el juicio, sin que ello importe menoscabo a la garantía de imparcialidad del juzgador ni al derecho de defensa en juicio". Además, el art 81 de la Convención Americana de Derechos Humanos no establece de forma expresa que la investigación y el juicio deban llevarse a cabo por órganos distintos, sino solamente determina el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, es decir, "que no resulta imperativa la diversificación del órgano jurisdiccional" (Voto del Dr. David).
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ecop, Empresa Constructora de Obras Públicas S.A.C.I.F. e I. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

El contrato de obra pública configura en sustancia una locación de obra por su estructura jurídica y, en consecuencia, la obligación del empresario es una obligación de resultado que consiste en la realización de una obra completa y exenta de vicios.
Impugnación del acto administrativo, falta de impugnación, venta de tierras fiscales, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-24

Al no haberse cuestionado judicialmente la resolución 1127/00 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente mediante la cual se rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales de resolver el compromiso de compraventa celebrado, no es posible reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios por el obrar ilegitimo de la Administración, y una solución contraria implicaría un atentado contra la seguridad jurídica en la medida en que importaría hacer revivir un derecho extinguido y la acción deducida constituiría, en tal caso, un recurso contra un pronunciamiento firme por falta de impugnación adecuada.
Juicio de desalojo, intimación de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PETRICH, ANTONIO M. c/ ARRUA, RICARDO J.R. s/ DESALOJO Y COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-08

La intimación de pago previa a la acción de desalojo es un requisito formal cuyo cumplimiento no puede ser evaluado con prescindencia de las circunstancias del caso y en función de las reglas de la buena fe interpretando en consonancia con las mismas la conducta de las partes.
Expropiación parcial, fraccionamiento rural, unidad económica agraria, expropiación total
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ DI BERNARDO, ANGEL JOSE; ZUCCHI, ANGELA DOMINGA; DI BERNARDO Y ZUCCHI, DANIEL SANTIAGO Y NORMA GRACIELA Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 470 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-04

No resulta aplicable el artículo 10 de la ley 7534 solicitado por la expropiada, argumentando que se ha tornado "económicamente imposible" la explotación racional y programada del terreno remanente de la expropiación, ya que no puede derivarse el carácter inadecuado del predio para una explotación racional del mero hecho de que su superficie no constituya una unidad económica agrícola para la zona si ni siquiera considerando la superficie total del inmueble se superan las dimensiones postuladas a esos fines, y tampoco persuade ésta de que el aprovechamiento del terreno se verá irremediablemente frustrado por la imposibilidad de una adecuada planificación, debida a la recurrencia de inundaciones cada cinco años, prevista para la obra pública construida. Por último, en cuanto al argumento consistente en que "la fracción remanente -más precisamente la casa habitación y demás instalaciones existentes- pierden el acceso a la única fuente de agua apta para consumo humano, situada en la zona cuya expropiación se ha dispuesto" , tal aspecto -aun en la hipótesis de considerárselo suficientemente demostrado- no sería idóneo para, sin más, tornar irracional la explotación del predio -destinado, en el caso, fundamentalmente, como se ha visto, a la actividad agrícola-; único recaudo, se destaca, exigido por la ley 7534 para tornar procedente la pretensión de expropiación total.
Juicio político, jueces, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Cuando se afirma que el juicio político, como su nombre lo indica, es de naturaleza política, empléase esta palabra en su más elevado sentido, para referirse al esfuerzo constante de los ciudadanos para que sean realizados los fines declarados morales o económicos dentro de la Constitución. Hay que tener presente siempre que el juicio es político, aunque esto no debe entenderse como un incentivo para apartarlo de los dictados permanentes de la razón y de la justicia, ni para emplearlo como innoble arma de oposición o de venganza si los cargos que se formulan no están suficientemente probados. En relación a esto último debe decirse que el instrumento que se tiene entre manos no debe ser utilizado con fines ajenos a su recto destino, habida cuenta de los enconos que suele suscitar, por su misma índole, la labor de los jueces, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales en que hubiese incurrido el magistrado, a cuyo efecto aquélla -la sentencia- no hará cosa juzgada (artículo 17, párrafo tercero, ley 7050; del mismo modo, artículo 103, párrafo tercero, Constitución Provincial). El proceso que se instaura, por consiguiente, parte de la consagración del principio republicano de Gobierno (artículo 1, Constitución Provincial) por el cual todos los funcionarios, por ende los jueces, deben responder por los actos realizados en el desempeño de las funciones que les conciernen.
Pericia médica, perito de parte
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Rufino c/ Coning S.A.C.C. y/o quien resulte responsable s/ Accid. Acción Civil art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-11-16

El hecho de que la valoración de la prueba pericial sea tarea propia y exclusiva de los jueces de mérito, no significa ello que esta soberanía axiológica permita al juzgador apartarse arbitrariamente de las conclusiones a que arriba el experto en tanto es él quién posee los conocimientos especializados de su ciencia. En esta inteligencia, evaluados los dictámenes y lo establecido en autos, como así considerados que los mismos tuvieron ante sí al actor, historia clínica y estudios radiográficos realizados y, existiendo discrepancia entre los profesionales de parte, corresponde, sana crítica racional mediante, tomar como dirimente el porcentaje de incapacidad dictaminado por los peritos médicos forenses otorgado por la Juez.
Defensa de la competencia, juicios en que la Nación es parte, Procuración del Tesoro, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: VENDRAMIN  JAVIER  Y  MODA S.R.L. Y OTRO s/ APEL. RESOL. COMISIONNACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-14

La recurrente no se halla legitimada para articular la revocatoria impetrada contra una decisión que dispone comunicar -en cumplimiento con lo dispuesto en el art.8° de la ley 25.344 la existencia del proceso, pues no media a su respecto resolución contraria a ninguna pretensión propuesta por ella que sea susceptible de causarle gravamen, o conculcar el principio de igualdad que alega toda vez que, como surge de diversas actuaciones análogas radicadas ante este Tribunal, la comunicación ahora cuestionada es dispuesta en forma habitual (confr. causa n° 1374/03 "Banco Comafi S.A., Providian Financial S.A. y Provid Bank S.A. s/ apelación resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia"; ente otras). Aun en causas como la presente se impone efectivizar el informe aludido, sin que obste a ello la pretendida falta de contenido patrimonial del planteo original traído a sede judicial; esto así, toda vez que tal como se desprende del respectivo formulario reglamentado por el art.12 del decreto 1116/2000, en estos supuestos debe hacerse constar que se trata de una causa "sin Valor". De la normativa aplicable en la especie resulta que la finalidad de la comunicación controvertida por la recurrente es que el Estado Nacional esté en conocimiento de todas las causas en que pudiese estar comprometido el interés general. En el decreto N° 89/91, en su art. 53, segundo párrafo, in fine, está prevista la intervención del Ministerio de Economía en causas como la presente a los efectos de la defensa del interés público, circunstancia que justifica mantener lo decidido.
Recurso extraordinario, acción de amparo, resolución denegatoria, cuestión no federal, medicina prepaga, contrato de prestaciones médicas, SIDA, rescisión del contrato, rescisión unilateral, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

El recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó la acción de amparo interpuesta a fin de que la prestadora médica restableciera la atención general, prestaciones y medicamentos para el tratamiento del SIDA es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bosseert).
Acción de amparo, propiedad horizontal, régimen de mayorías, obras nuevas y modificaciones, consorcio de propietarios, acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, facultades del juez, asamblea judicial, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consorcio de Propietarios Salguero 1906 c/ G.C.B.A. s/ amparo amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-08

Si bien el artículo 7 de la Ley Nro. 13.512 exige para la realización de obras nuevas, la conformidad de todos los propietarios, el juzgador puede en determinadas hipótesis, autorizar la realización de la obra, toda vez que tal facultad debe, en su caso, ser ejercida por el juez competente en el marco del procedimiento de convocatoria a asamblea judicial previsto por el artículo 10 de la Ley Nro. 13.512.

Siendo necesaria la conformidad de todos los copropietarios, los eventuales inconvenientes que pudieran derivarse de la imposibilidad de lograr la conformidad del 100% de los propietarios para la realización de la obra, deberán ventilarse por la vía y forma correspondiente (artículo 10 de la Ley Nro. 13.512). De allí que pretender otorgar en esta sede autorización para prescindir, en el caso, de las mayorías necesarias, sin acudir al procedimiento legalmente previsto al efecto, no sólo excede el marco de las pretensiones planteadas en estos autos, sino que implica un avance sobre la competencia de otros magistrados y una violación del derecho de defensa de los consorcistas afectados, que no son parte en la presente causa y no han tenido la posibilidad de ser oídos con anterioridad al dictado de la resolución recurrida.
Concesión administrativa, obligaciones del concesionario (administrativo), daños y perjuicios, empresa de servicios públicos, rutas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CRESPI VDA. DE PIERRE, LIDIA ROSA c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-25

En general las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo. La empresa prestadora de servicio, además de la obligación específica, asume una obligación de seguridad. Este deber de indemnidad está presente en todo contrato de servicio y es invariablemente de resultado. El concesionario tiene una obligación de seguridad. En virtud de ella es responsable objetivamente aún por los daños producidos por los animales sueltos en la ruta.
Quiebra, contratos en curso de ejecución, resolución del contrato, medida de no innovar, servicio telefónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: ATMA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  APELACION  POR  TELECOM  ARGENTINA STET-FRANCE  TELECOM SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Corresponde hacer lugar a la medida de no innovar sobre las líneas telefónicas existentes en el inmueble de una fallida, en la medida que ello no implica continuación coactiva del servicio sino mantenimiento de la titularidad de las líneas sin perjuicio para la empresa prestataria en tanto cuenta con la preferencia de la LC 264, debiendo formalizarse los pagos con los primeros fondos que ingresen a la quiebra-, sin desmedro de lo que se resuelva en el supuesto de concurrencia de créditos de similar graduación.
Depósito voluntario, depósito regular, prueba testimonial
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: LOZA SEMPRUN, ENRIQUE c/ KOMINSKY, ANA FLORA MANUELA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-19

El contrato de depósito referido a inmuebles esto es, el voluntario regular, no puede ser probado por testigos, tal como lo establece el art. 2201 del C.Civil, cuando el valor del bien excede la suma de doscientos pesos de modo que juega también el art. 1193 del mismo código, según el cual debe evidenciarse por escrito o por un principio de prueba por escrito.
Indemnización por despido, enfermedades inculpables, licencia por enfermedad, conservación del empleo
Materia: LABORAL
Carátula: Rupani, Ana Clara c/ Industrias Químicas Independencia S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-28

Toda vez que la trabajadora tenía derecho a gozar de un nuevo período pago por enfermedad, al momento en que la empleadora dispuso el despido la operaria todavía se encontraba gozando del período de reserva de puesto, de tal modo que la decisión rescisoria en los términos del art. 211 último párrafo LCT devino injustificada y debe condenarse al principal a pagar las indemnizaciones de los arts. 232 y 245 LCT
Responsabilidad extracontractual, daños y perjuicios, fuerzas de seguridad, daño material, monto de la indemnización, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zurita, Carmen Rosa c/ Provincia de Salta s/ recurso de apelación Cabana, Candelario c/ Provincia de Salta; Ministerio de Seguridad s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-26|2019-12-09

En los casos en los que se atribuye responsabilidad extracontractual al Estado por su actuación en el ámbito del derecho público, su regulación corresponde al campo del derecho administrativo y tal conclusión no debe variar por el hecho de que, ante la falta de tratamiento provincial, se apliquen eventualmente y por vía analógica disposiciones contenidas en el Código Civil, toda vez que ellas pasan a integrarse al plexo de principios de derecho administrativo. En la medida que un particular haya sufrido un daño por la acción u omisión del Estado debe acudirse, para su justa reparación, a las normas de derecho administrativo y, ante la ausencia de éstas, a los parámetros establecidos por la jurisprudencia con la aplicación analógica, en su caso, de las disposiciones del Código Civil o del Código Civil y Comercial. (Del voto de Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Dra. Bonari, Dr. Catalano)
Responsabilidad médica, médicos residentes
Materia: CIVIL
Carátula: Carranza Roberto En J° 146.311/12.825 Alarcon Mario Avelino Y Ots. c/ Guillen Ivana Y Ots. s/ Daños y Perjuicios (Con Excep. Contr. Alq.) S/ Inc. Cas
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-11-06

El médico residente demandado debe responder por la muerte de una joven que falleció tras sufrir una falla multiorganica por gangrena del apéndice, pues erró en la aplicación del caudal de conocimientos exigidos para un médico de su clase, ya que, si bien él no puede sin el aval de su superior ordenar la habilitación del quirófano ni operar solo, debió señalar una solución quirúrgica o efectuar algún estudio diferencial para confirmar o no la sospecha diagnostica de un cuadro que llevaba cuatro días de evolución, máxime cuando era un diagnóstico razonable.
Transporte aéreo, transporte aéreo sucesivo, responsabilidad del transportador, protesta, guía aérea, Convención de Varsovia, Protocolo de la Haya
Materia: AERONAUTICO
Carátula: El Cabildo Cía. Arg. de Segs. Grales.  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas y otra (Aero Perú) s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-10

El Protocolo de La Haya de 1955 - que rige en el caso - ha flexibilizado el concepto de "protesta" que contenía el artículo 26 de la Convención de Varsovia de 1929, al suprimir el párrafo final del 2do. apartado de aquella disposición. Así es razonable interpretar que, en un transporte sucesivo, el destinatario cumple con el requisito de la protesta formulándola al último transportista aéreo. Concurren para ello las siguientes razones:

a) de las condiciones del contrato impresas al dorso de la guía aérea emitida por Aero Perú surge que la protesta puede efectuarse, indistintamente, contra el transportista emisor de la guía aérea o contra el primer transportista o contra el último o, finalmente, contra quien realizó el transporte aéreo durante el cual se produjo la pérdida, avería o retardo;

b) es natural que el reclamo lo realice el consignatario en el lugar en el que culmina el traslado por aire, ya que es allí donde puede constatar el correcto cumplimiento del contrato y donde presumiblemente se halla su domicilio o el asiento de sus negocios;

c) autorizada doctrina ha expresado que "... debe admitirse la existencia de una cierta representación..." entre los transportistas sucesivos, y d) esta solución guarda analogía con la contemplada en el artículo 153, apartado 2, in fine, de nuestro código aeronáutico, para un supuesto que, si bien no es idéntico, se refiere a un transporte aéreo en el que participan distintos porteadores.