Ministerio Público Fiscal, división de poderes, conflicto de poderes, amnistía, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: PRIETO DE DIVITO, M. s/ FISCALES - AMNISTIA - INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-03

1) No pueden admitirse los argumentos del fiscal de primera instancia quien manifiesta que interpuso recurso de apelación contra la resolución que declaraba la inconstitucionalidad de la ley 22.924 y decidía no remitirla a la Excma. Cámara, por imperio del art. 118 inc. 4 del C.P.C. y "directivas verbales del Sr. Fiscal de Cámara y teletipográficas del Sr. Ministro de Justicia de la Nación"; pues en primer lugar los Fiscales de Cámara sólo poseen sobre los de 1ra.

inst. y conforme el inc. 3 del art. 116 del C.P.C. un control de vigilancia, pero carecen de facultad para imponerles la obligación de interponerles la obligación de interponer o dejar de interponer cualquiera de los recursos que ha instituído el citado código, o sea que esa obligación y esa facultad nacen expresamente de la ley y no de la voluntad de un superior jerárquico.

2) En segundo lugar y mucho más grave, puesto que afecta las bases mismas de nuestra organización constitucional, es la invocación del fiscal referente a que recibió ordenes del Ministro de Justicia, ya que todos los miembros del Ministerio Público, ya sean Fiscales, Asesores o Defensores son única y exclusivamente miembros del Poder Judicial y consecuentemente, por el principio básico de la división de poderes que es base esencial de nuestra organización constitucional, no pueden depender en sentido alguno de otro poder ni recibir ordenes o instrucciones del mismo.

El Poder Ejecutivo al asumir, por intermedio de los Fiscales funciones judiciales (que le están expresamente vedadas por el art.

95 de la C.N.) se arrogaría la "suma del poder público" que fulmina con la sanción más severa el artículo 29 de la C.N.

3) Los Fiscales son única y exclusivamente miembros del Poder Judicial por las siguientes razones: por la índole de las funciones que desempeñan, que no son ni administrativas ni legislativas, sino exclusivamente judiciales; porque tales funciones están regladas por las leyes que organizan la Justicia y por los códigos procesales civil y criminal, que para nada se refieren al P.E. ni al B.L., sino al P. Judicial, y a su forma de actuar en los procesos; porque prestan juramento ante las respectivas Cámaras de Apelaciones, que son su tribunal de Superintendencia, que organizan el turno de las Fiscalías, les asignan locales, designan sus empleados, están facultados para imponerles sanciones, etc.; porque sus sueldos figuran en el Presupuesto Nacional, no en el anexo del Poder Ejecutivo o del Legislativo, sino del Poder Judicial y lo perciben por intermedio de las respectivas Cámaras de Apelaciones; porque desempeñan o cumplen, aunque en diferente instancia, la misma función que el Procurador General de la Nación y nadie ha pretendido que este Magistrado que tiene acuerdo del Senado, sea miembro del Poder Ejecutivo.

4) Si se admitiera la doctrina de que los Fiscales pueden depender de alguna manera del P.E. cada proceso criminal, cada juicio civil, comercial, etc, que se ventilase ante tribunales nacionales importaría para el Presidente de la Nación el delito de usurpación de autoridad, conforme el art. 95 de la C.N., puesto que, por intermedio de los Fiscales, ejercería funciones judiciales.

Por otra parte, en diversos puntos del país, el Fiscal reemplaza al juez en caso de licencia o vacancia, períodos durante los cuales no se requiere acuerdo del Senado ni prestar nuevo juramento y si se aceptara que dependen del Poder Ejecutivo, esas sentencias serían dictadas por el delegado o representante del Presidente de la Nación, que es, precisamente, lo que prohiben los arts. 29 y 95 de la Constitución Nacional.

5) Además, si los Fiscales dependiesen del P.E., sería lógico que recibiesen de él las ordenes necesarias para el desempeño de sus tareas y en tal caso podrían recibirlas para actuar en favor o en contra de un reo, para solicitar una pena máxima, o, por el contrario, para consentir una sentencia absolutoria por absurda que fuese.

Por último, cabe agregar que separar a los fiscales del Poder Judicial para incluirlos en el Poder Ejecutivo, importaría sostener indirectamente que aquel Poder no asegura la defensa de los intereses sociales o individuales.