Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-18


SENTENCIA NUMERO: DIECIOCHO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diez, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Enrique Ernesto Lilljedahl- subrogante legal-, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 96/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Cecilia Cúneo en contra de Sentencia Nº 32/2009 dictada en Causa Expte. Nº 229/08 Blasco, Víctor y otro-.ss.as. Robo agravado por el uso de arma de fuego- Esquiú- La Paz'", contra la Sentencia Nº 32/09 dictada el veinte de noviembre de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, planteándose las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 02/06 por la Dra. Cecilia Cúneo, defensora de los condenados Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar? ¿Es nula la sentencia por carecer de la debida motivación la pena impuesta? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 20, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, el Dr. Enrique Ernesto Lilljedahl-.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 32/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Sentencia Número Treinta y dos/2009, de fecha 13/11/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, resolvió: "I) Aplicar a Víctor Daniel Blasco de condiciones personales relacionadas en la causa la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.).- II) Aplicar a César Raúl Salazar de condiciones personales relacionadas en la causa la pena de trece años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.)".- III. Contra el decisorio aludido comparece la Dra. Cecilia Cúneo, en su calidad de asistente técnica de los coimputados, Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar, e interpone recurso de casación invocando el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 3º del C.P.P..

Funda su escrito al aseverar que el fallo viola lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P.. Sostiene que sólo menciona dichas normas; que el análisis es parcializado, considerando las agravantes, sin analizar debidamente las demás pautas de valoración. A continuación, cita doctrina y transcribe los votos de la sentencia que ataca, poniendo de resalto que los votos mayoritarios resolvieron imponer la misma pena que la impugnada. Destacan que pese a que la Corte de Justicia había ordenado graduar la pena conforme a derecho, igualmente, y pese a haberse dejado de lado la doble valoración en cuanto a la utilización de arma de fuego, igualmente se concluyó que la pena que corresponde a los imputados Blasco y Salazar es de doce y trece años de prisión, respectivamente. Enfatiza, que el a quo no valoró como atenuante la ausencia de violencia física en la persona de la víctima durante el evento criminoso y que valorar nuevamente este aspecto al momento de individualizar la pena implica innegablemente una doble valoración en desmedro de los derechos fundamentales de los condenados. Interpreta que la falta de antecedentes judiciales computables ha de llevar indiscutiblemente la pena al límite menor de la escala penal considerada en abstracto. Manifiesta que es sumamente excesiva la pena aplicada a sus asistidos, destacando que ellos no poseen antecedentes penales, son personas jóvenes, con escasa educación y que se les debió aplicar -de conformidad a las normas de los arts. 40 y 41 del C.P.- el mínimo de pena, o una pena cercana al mínimo y no una tan gravosa como la aplicada. Concretamente, solicita se case la sentencia y se reduzca la pena impuesta, y se les aplique la pena de siete años de prisión en atención a las circunstancias atenuantes mencionadas.

Finaliza, formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2do., apartado 3ro., inc. b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- III. a. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta a los imputados Víctor Daniel Blasco y Cesar Raúl Salazar. Concretamente, la recurrente denuncia la indebida fundamentación de la pena, pues su reproche se dirige a cuestionar, por un lado, que pese a que esta Corte resolvió que -como elemento agravante, al momento de fundamentar la pena a imponer a los acusados- se dejara de lado la consideración de la utilización de armas de fuego, por ser justamente esa particular circunstancia un elemento calificante del delito enrostrado (art. 166 inc. 2º -primer supuesto- C.P., Ley nº 25.882), el a quo condenó a sus asistidos a sufrir la misma cantidad de pena que les había impuesto en la sentencia anterior, es decir, doce -Blasco- y trece -Salazar- años de prisión. Por otra parte, argumenta que no se tuvo en cuenta la ausencia de violencia física en la persona de la víctima durante el evento criminoso; como así, que la falta de antecedentes judiciales computables debió llevar inexorablemente la pena al límite menor de la escala penal.

Previo ingresar al tratamiento de los agravios propuestos, corresponde aclarar que la resolución recurrida fue dictada como consecuencia del reenvío que había dispuesto este Tribunal al hacer lugar al recurso de casación de la defensa, por entender que en la sentencia condenatoria se había efectuado una doble valoración del elemento arma -al momento de tipificar el delito enrostrado a los imputados y al individualizar la pena que se estimaba justa imponerles-, a fin de que la Cámara de Juicio fundamente y adecue la graduación de la pena conforme a las pautas del art. 40 y 41 del C.P..

En esa tarea, la Cámara de Primera Nominación efectuó un nuevo análisis de los pautas a tener en cuenta para mensurar la pena a imponer a los declarados responsables del delito de robo calificado por el uso de armas de fuego, para el que el art. 166 inc. 2º, del primer párrafo, primer supuesto, y segundo párrafo, tiene prevista la escala penal de seis años y ocho meses, como mínimo, a veinte años, como máximo, de prisión.

Respecto de los agravios contenidos en la impugnación, debo decir que los mismos resultan improcedentes, pues no advierto que la conclusión arribada por el juzgador resulte demostrativa de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio.

Digo ello, en razón de que observo que la decisión sobre la tercera cuestión del fallo impugnado, se encuentra debidamente motivada. De su lectura advierto que el voto mayoritario del tribunal, ponderó que, procurando su impunidad, tanto Blasco como Salazar, planificaron previa y perfectamente la acción ilícita, dejando a la víctima atada e indefensa en un lugar lejano a la zona urbana -distante a unos 17 km al oeste de la localidad de Esquiú, Dpto. La Paz, de esta Provincia, entrando con dirección al norte a unos 5 km. de la ruta nº 20-.

Por esta razón, también quedan desvirtuadas las pretensiones de la defensa en cuanto a que el tribunal no ponderó la falta de violencia ejercida sobre la víctima, como así, que se incurrió en doble valoración en desmedro de los derechos fundamentales de los acusados, al momento de individualizar la pena. Concretamente, se ponderó en forma negativa, en cuanto a la extensión del daño y peligro causado, la forma en que la víctima, Pablo Daniel Garriga, fue maniatada -con el cable del teléfono, que previamente cortaron, le ataron las manos junto a los pies, por sobre la espalda-, que también lo amordazaron con un remera verde que rompieron, y que ante el pedido de la víctima de que se llevaran lo que quisieran, pero que no le hicieran nada, uno de ellos lo amenazó diciéndole "si haces algo, vamos a ir a la oficina de la ciudad y lo vamos a agarrar a tu papá...". En atención a lo cuestionado por la defensa con respecto a esta circunstancia, destáquese aquí, que la garantía del non bis in idem, no impide valorar las circunstancias especiales que presenta cada caso en particular. La naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, establecidos en el art. 41 del C.P. no son conceptos abstractos, sino que se refieren a la manera en que concretamente se ha desarrollado el hecho constitutivo del delito. Es que el modo de ejecución es particular de cada ilícito y revela múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados -ya sea como atenuante o agravante- al momento de cuantificar en la pena, la intensidad del reproche penal dirigido contra el agente. A modo de ejemplo, puede pensarse en dos hechos calificados por la norma como robo simple pero que en uno de ellos los agentes ejercen una mínima violencia física sobre la víctima con el fin de vencer su resistencia -vgr.: un arrebato en el que la víctima es empujada o recibe un golpe produciéndole un raspón u otro tipo de lesión leve; mientras que en el otro caso, el desapoderamiento se comete ejerciendo una violencia física extrema para vencer la resistencia de la víctima mujer, de edad avanzada, para quitarle la cartera. Aun cuando ambos hechos constituyen técnicamente el delito de robo, parece claro que no pueden ser valorados de igual modo a los fines del reproche penal que se refleja en la imposición de una pena; el mayor ejercicio de violencia física contra la víctima da sustento a la aplicación de una pena más severa. Desde esta perspectiva, el tribunal consideró lo referido por Garriga -testimonio que fue debidamente incorporado a debate, contando además, con plena anuencia de las partes-, quien se refirió al daño efectivamente sufrido, al decir que desde que pasó el hecho trata de pensar lo menos posible en ello ya que le causa mucha intranquilidad y zozobra, como también que tuvo que recibir asistencia psicológica a los fines de superar, olvidar todo lo relacionado con el hecho, el cual -enfatizó- le afectó gravemente. En idéntica dirección, en cuanto al daño patrimonial, el sentenciante consideró, que sólo se había logrado recuperar parte de los elementos sustraídos.

Sumado a ello, la mayoría del tribunal también aclaró que, si bien las circunstancias analizadas vinculan a ambos acusados, no obstante, a continuación, refiere puntualmente a una serie de particularidades atinentes a cada uno de ellos. Así, con respecto a Blasco consideró que no registra antecedentes conforme el Informe del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 201/204), lo que es valorado a favor del imputado, y que si bien de la Planilla Prontuarial de la Policía de la Provincia obrante a fs. 124, surge que el nombrado no registra antecedentes, puso de resalto que se debe tener en cuenta que se trata de una persona nacida y con residencia en extraña jurisdicción (destáquese aquí, lo referido por Garriga en cuanto dijo que uno de los acusados expresó: "Hijo de puta, por esta plata de mierda me hacen venir más de mil doscientos kilómetros..."), por lo que la falta de información en la provincia se explica desde ese punto. De igual modo, el juzgador destacó que juegan en contra del imputado su edad -veinticinco años-, ya que debe responsabilizarse de sus propios actos -aclaró- y que se trata de una persona con instrucción. Por ello, el a quo, luego de tomar contacto de visu del acusado estimó justa la pena de doce años de prisión más accesorias de ley.

Similares ponderaciones efectuó respecto de Cesar Salazar: en contra valoró la edad -36 años-, al referir que se trata de una persona de edad media, y con instrucción. Que la falta de antecedentes en la provincia se explica porque no se trata de una persona nacida o que viva en esta jurisdicción y en cuanto a lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia se consideró que el mismo no registra antecedentes computables, pero sí se informó que Salazar registra una resolución dictada por el Juzgado Correccional Nº 2 de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, de fecha 19 de Septiembre de 2006, por la que en causa nº 1840/05 -por tenencia ilegal de arma de guerra- en donde se decidió: "Declarar rebelde al inculpado Cesar Raúl Salazar..." y se ordena librar "contra el enjuiciado la correspondiente orden de captura", circunstancia que el a quo ponderó negativamente. Al respecto debo decir que comparto el razonamiento del voto mayoritario del tribunal puesto que Salazar, registra una causa abierta en la provincia de Buenos Aires, en donde fue declarado rebelde y ordenada su captura. Es decir, gravita en contra, la consideración de que el imputado ha obstaculizado el normal desenvolvimiento de la justicia aniquilando de esta forma uno de los objetivos esenciales del Estado, cual es monopolizar la actividad punitiva y efectivizar un adecuado servicio de justicia, y si bien ello no es un antecedente, sí constituye un precedente demostrativo de su voluntad de sustraerse al accionar de la justicia, razón por la cual considero atinada la ponderación del a quo al respecto.

Por ello, luego de tomar contacto de visu del acusado el voto mayoritario estimó justo imponerle la pena de trece años de prisión con más accesorias de ley.

Desde otro ángulo, la recurrente cuestiona los montos de pena impuestos a sus asistidos, tildándolos de excesivos, al igual que asevera la falta de antecedentes computables, solicitando se les aplique a ambos el mínimo de pena previsto para el delito en cuestión. Al respecto, téngase presente aquí, lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes, en donde dijo que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, y que tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Por último, cabe decir, que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente, según la cual, ante la inexistencia de antecedentes, se debe aplicar el mínimo de pena a los acusados Blasco y Salazar.

Por una parte, en el caso, para fundar su decisión el tribunal de mérito ponderó varias circunstancias agravantes. Por otra, resulta de aplicación al respecto el criterio sustentado por esta Corte en el precedente "Manzini", según el cual: "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo" (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08). Ello es así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".

Asimismo, téngase presente que, en lo referente al punto de ingreso a la escala penal establecida para el tipo determinado -robo calificado por el uso de arma de fuego-, a los fines de considerar adecuadamente las agravantes y atenuantes, es necesario aplicar un criterio que le permita al Tribunal elegir la sanción que estime más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios estandarizados y rígidos. Reitero aquí lo que había esta Corte en el mencionado precedente (S. nº 26, 23/12/08), en cuanto a la necesidad de partir del punto medio de la escala penal, a partir de la cual, en una y otra dirección, deben comenzar a operar las circunstancias atenuantes y las agravantes, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo de las circunstancias del caso su incidencia en la escala correspondiente. Aprecio que esa metodología de determinación de la pena es la que se presenta en la actualidad como la más justa, desde que suministra un parámetro de fijación equidistante, estableciendo así, un punto de ingreso certero para la libre y racional dosificación sancionatoria.

En el citado fallo, este Tribunal también sostuvo que posicionarse en los extremos de cada escala para desde allí, ascender o descender de acuerdo con la evaluación de las circunstancias severizantes y atenuantes verificadas -además de desatender la inveterada doctrina legal por la cual se dejara sentado nítidamente que la posición penal tanto de los máximos sancionatorios como de los mínimos legales, resulta de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios- importa, desde lo dogmático, generar situaciones de iniquidad y, si se quiere, hasta poner en crisis los conceptos de justicia y de igualdad ante la ley.

Consecuentemente, de lo expuesto se advierte no sólo que no existe demostración de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio, si no que el monto de la sanción impuesta fue fijado por el Tribunal en el punto medio de la penalidad aplicable para el delito enrostrado, la que oscila entre un mínimo de seis años y ocho meses, y un máximo de veinte años de prisión.

Por las razones dadas, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

Me permito disentir con los colegas que me preceden en el voto en punto a la pretensión de los condenados Blasco y Salazar, de que, por efecto del reenvío dispuesto por la Corte de Justicia al resolver el recurso de casación contra la primera sentencia atacada, se reduzca el monto de la pena impuesta.

Si bien es regla que lo atinente a la individualización de la pena dentro de los límites ofrecidos por la ley de fondo, es facultad de los Jueces de la causa, cabe apartarse de la misma cuando la sentencia, por no hallarse debidamente fundada o no constituir una derivación razonada del derecho vigente, resulta arbitraria, ocasionando un agravio a la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso. (Cfr. CSJN, Fallos 306:1669, 320:1463, entre otros.

En el sub examen, los jueces que forman la mayoría, justificaron la determinación de la misma sanción impuesta a los imputados, brindando la fundamentación de las pautas que anteriormente había consignado como determinantes de la pena de doce y trece años de prisión impuesta a Víctor Daniel Blasco y a Cesar Raúl Salazar respectivamente, entre las cuales se anotaba la valoración gravitante del empleo del arma de fuego, elemento éste que luego fue dejado de lado en el recurso de casación por entender que se había valorado nuevamente una circunstancia que conformaba la estructura del hecho típico atribuido a los imputados.

Es así que advierto que, a pesar de haberse dejado de lado la consideración de la referida circunstancia agravante, tal exclusión no se vio reflejada en el quantum de la pena que en definitiva quedó establecido en doce y trece años de prisión, es decir, en un monto idéntico al fijado tras tener en cuenta la incidencia negativa del uso del arma de fuego en el hecho.

Como consecuencia de ello, entiendo que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la respuesta punitiva fue mayor a la esperada en el caso. Y es así porque el peso de la circunstancia excluida, es similar al de las demás agravantes seleccionadas legítimamente por el Tribunal, con lo que alguna incidencia debió tener en el monto final de la pena la no contemplación de la misma.

Lo señalado, me lleva a sostener que se incurrió en un defecto en la fundamentación de la cuantificación de la pena, cantidad que fue mantenida luego del reenvío, sin dar adecuadas y convincentes razones.

En lo demás, coincido con el desarrollo efectuado en el voto que forma la mayoría de este decisorio en cuanto analiza las diversas circunstancias tenidas en cuenta como aminorantes y agravantes de la pena, ofreciendo-aquí si- una respuesta razonada del lapso de condena.

Finalmente, me resta concluir que las particularidades del caso, y razones de celeridad y economía procesal tornan innecesario reenviar la causa para que el Tribunal de origen renueve parcialmente la sentencia, habida cuenta que el nuevo decisorio, por aplicación del principio de la reformatio in peius, no podrá tener en cuenta circunstancias agravantes no contempladas anteriormente y que sólo debe sustituirse la parte dispositiva de la sentencia recurrida.

Por ello, y en orden a que el delito que se atribuye a los prevenidos tiene una escala penal que parte de un mínimo de los seis años y ocho meses y como máximo veinte años de prisión, estimo razonable imponer a Víctor Daniel Blasco la pena de diez años de prisión y a Cesar Raúl Salazar, la pena de once años de prisión, con accesorias de ley (arts. 5. 9, 12, 40 y 41 del C.P.). Así Voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente corresponde: 1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 2/6, por la Dra. Cecilia Cúneo, en su carácter de asistente técnico de los imputados, Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar. 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. 3º) Tener presente la reserva del Caso Federal efectuada y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3ro., inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 4º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). Así voto.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Lilljedahl dijo:

En virtud de lo expuesto al tratar la primera cuestión, concluyo que debe hacerse lugar al recurso de casación planteado, estimando justo y razonable imponer a Víctor Daniel Blasco la pena de diez años de prisión y a Cesar Raúl Salazar, la pena de once años de prisión, con accesorias de ley (arts. 5. 9, 12, 40 y 41 del C.P.). Sin costas. Así Voto.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por mayoría, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 2/6, por la Dra. Cecilia Cúneo, en su carácter de asistente técnico de los imputados, Víctor Daniel Blasco y César Raúl Salazar.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Tener presente la reserva del Caso Federal efectuada y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3ro., inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Enrique Ernesto Lilljedahl -subrogante- ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.