marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ultraintención, estupefacientes, fundamentación de sentencias, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández Deheza, Rubén Angel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-11

Debe primar la consideración de las circunstancias objetivas por sobre la exigencia finalista de la "ultraintención" de comercio como elemento distinto del tipo del art. 5º inc. "c" ley 23.737, en la medida que facilitaría la tarea no sólo del acusador, sino también la del imputado en orden a conocer de modo concreto los elementos que se tuvieron en cuenta para fallar. Está debidamente fundada la decisión que tuvo por acreditado que la detentación del estupefaciente por parte del imputado tenía un destino de comercio, pues ello resulta del procedimiento policial, el informe pericial, los elementos de convicción que se desprenden de las tareas de inteligencia previas, la constatación de un acto de compraventa, la cantidad de droga incautada, la presencia de sustancias de "estiramiento", billetes de baja denominación y el rallador y la cuchara con restos de sustancia blanca hallados en la vivienda. Uno de los votos concurrentes consideró que no se había fundado debidamente cuál es el derecho afectado concretamente respecto del reclamo de invalidez del art. 12 CP, norma dictada por el Congreso Nacional en el ejercicio de sus atribuciones propias y exclusivas, y el otro voto concurrente sostuvo que las accesorias legales que prevé dicha norma sólo tienen por objetivo proteger al condenado de los perjuicios y dificultades que pueden provenir de su incapacidad de hecho derivada del encierro, no revistiendo penalidad punitiva.

La disidencia parcial postuló la declaración de inconstitucionalidad del art.

12, segunda y tercera disposición, CP, por no ser respetuoso de nuestra CN ni de los pactos internacionales sobre derechos humanos constitucionalizados. (Dres. Gemignani -disidencia parcial-, Cabral -voto concurrente- y Figueroa -voto concurrente-).
Despido indirecto, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ARAMAYO BIURRUM, Margarita María C. c/ BIURRUM V.R. Y/O GUZMAN ARIAS DE BIURRUM, T. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-09-08

El autodespido realizado por el trabajador carece de fundamentos y no puede dar lugar a indemnización alguna, en virtud a la conducta del mismo, ya sea por la prolongada demora en responder el presunto despido verbal dejando transcurrir más de setenta días para exteriorizar su postura, la que por otra parte no fué respetuosa de los principios de continuidad del Contrato de Trabajo ni de buena fé, al no haber dado ocasión a la patronal de rectificar la conducta presuntamente asumida o por el hecho de darse por despedida dos veces, la primera de ellas sin intimación previa, como la exteriorización de una conducta insincera, mucho más destinada a buscar el beneficio de una indemnización que a la verdadera salvaguarda de sus derechos.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pangaro, María Felisa c/ Pavone, Ricardo Walter s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

Cuando el daño es causado por el riesgo o vicio de la cosa, si no queremos quedar incestuosamente ligados a la vieja matriz subjetivista de la culpa y desbaratar el formidable avance logrado por la reforma del año 1969 con la introducción del nuevo factor de atribución, el camino imputativo es siempre objetivo y el damnificado solo debe acreditar el daño sufrido y el contacto con la cosa riesgosa o viciosa de propiedad o bajo la guarda del demandado.
Acción de inconstitucionalidad, competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, derechos del aborigen, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMUNIDAD MAPUCHE "LOF LEUFUCHE" s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEYES PCIALES Nº 279, 1138, 4096, ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 92/75 Nº 2583/97, DISPOSICION ADMINISTRATIVA Nº 269 Y DECRETOS Nº 2094/75 Y 813/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

Lo novedoso del enfoque respecto del abordaje de ciertos derechos para comunidades con culturas ancestrales ("... declaración constitucional de preexistencia ética y cultural del Pueblo Originario, garantía de respeta su identidad ...", ver fs. 11; "...estado de invisibilidad frente a terceros y el resto de los Poderes del Estado ..." ver fs. 12 vta, "... viola el orden público ambiental ...", ver fs. 14, "... su derecho a mantener su modo tradicional de vida .... modificación en forma abrupta del patrimonio territorial ... nunca fue consultada, participada ni mucho menos recibió información fidedigna y oportuna ...", ver fs. 14 vta., "... dependen de sus recursos biológicos.... Convenio de Biodiversidad en su art. 8...", ver fs. 16); y la fuerza de ese plexo normativo a partir de la reforma constitucional de 1994 en la Nación y las leyes reglamentarias, con sus antecedentes en la Provincia con la Ley 2287 y los reconocimientos e incorporaciones de la Convención Constituyente de 1988; y el Convenio 169 de OIT (ver art. 13 y también arts. 2, 4, 6, 7, etc.), me llevan a ponderar que "ab initio" y sin anticipar opinión sobre el fondo del asunto, está habilitada la vía hacia la competencia originaria del STJ en el contexto antes aludido en cuanto a dar trámite al proceso según propicia la Sra Procuradora General, lo que no condiciona en absoluto que al ingresar la cuestión para dictar la sentencia definitiva o cualquier otra contingencia procesal previa derivada de la bilateralidad del procedimiento, al resolver puedan considerarse - entre otros - los argumentos del preopinante.

Todo ello, desde la perspectiva exclusivamente procedimental del art. 207 de la C.P., los arts 793, ss y cc del CPCCm. y los numerales 31) y 32) de la Carta aprobada por la Ley 3830
Recurso de revisión (procesal), apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RENZI A. c/ J. MORALES Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-18

Es principio indiscutido que la sentencia debe relacionar y considerar los elementos de prueba aportado por los interesados y motivarse sobre esa base art. 350 C.P.C.. Pero ello no significa, en modo alguno, que indispensablemente hayan de plantearse las cuestiones al criterio de las partes litigantes, rebatir cada uno de sus argumentos, ni detallar singularmente uno a uno los justificativos allegados al expediente. Para la validez del acto, basta que el tribunal resuelva lo que realmente es la materia del debate, planteando los capítulos que a su entender deben ser considerados, y que relaciones y analice la prueba en forma suficiente a demostrar su conocimiento.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: POSADAS, MARCELO D. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La resolución no es arbitraria, si las razones brindadas están fundadas en derecho, expresamente se menciona cuales son los requisitos que la defensa no habría cumplido, se brindo la inteligencia otorgada al articulo 463 del código procesal penal y se cito la doctrina y jurisprudencia vigente al respecto.
Propiedad intelectual, derechos de autor, registro de la propiedad intelectual, falta de inscripción, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ CANCELO, José A. y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-04

Si bien la Dirección Nacional de Derechos de Autor informó que la obra no se hallaba inscripta, esta obligación recae sobre el editor ya que el art. 57 de la ley 11.723 fija que "en el Registro nacional de la Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de las obras comprendidas en el art. 1°...", mientras que el art. 61 establece que el depósito de toda obra publicada es obligatorio para el editor.

La autoría de la obra intelectual no nace de su inscripción en el registro respectivo. Tal derecho nace y se fija en el autor por la fuerza misma de la creación de la obra y, por lo tanto, no se pierde por no haberse cumplido con dicho registro o depósito. El derecho de propiedad intelectual existe y, en esencia, reposa en la creación de la obra, de la idea que se expresa, en la investigación que requiere, etc., y no nace exclusivamente en la inscripción en el Registro; por tanto, tal inscripción no es una "conditio sien cua non" para el funcionamiento de la tutela penal.

La obra de ingenio pertenece a título originario a quien la creó, independientemente de la inscripción en el Registro, ya que el derecho moral del autor no nace ni se causa en el Registro, sino en la creación de la obra, y la sanción de la falta de registro no alcanza a la pérdida del derecho, sino a la suspensión contemplada en el art. 63 de la ley en defensa de terceros que hubieran obrado de buena fe (*).

Por ello, y dado que no corresponde sobreseer por ausencia de uno de los requisitos objetivos, esto es, la falta de inscripción, debe revocarse el sobreseimiento dispuesto.
Despido, Derecho laboral, Derecho civil, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: ARBURUA RUBEN c/ BANCO SUDECOR COOPERATIVO LIMITADO s/ DESPISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

El art. 11 de la Ley 20744 proporciona los principios de interpretación y aplicación de la ley, por lo que en su mérito siendo las consecuencias del despido incausado un evento puntualmente considerado en el ordenamiento específico, no proceden las normas provenientes del derecho común. Las leyes laborales tienen la entidad autónoma suficiente y necesaria como para poder afirmar que la situación planteada no importa la necesidad de recurrir a otro conjunto de normas para decidir al respecto. El abuso de derecho invocado es un tema que debe manejarse con estricto tiento y extremada atención, pues se trata de un instituto que pretende ser aplicado en un ordenamiento sobre el cual reposa el orden público, a diferencia del que protege los intereses particulares. En tanto la facultad de despedir se mantenga en los términos concebidos por el art. 245 de la Ley 20744, sus disposiciones tienen que ser aplicadas sin complementos ni adicionales. La demanda iniciada por el actor pretendiendo el cobro de la indemnización por daño moral motivada en el despido de la demandada, no debe prosperar. (Del voto del Dr. Sarsfield).-
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Santander, Elizabeth c/ Sucesores de Castaña s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

El daño estético, éste, como daño a la persona (art. 1068, Cód. Civil) se distingue tanto del resarcimiento por incapacidad como del daño moral, proyectándose en la vida individual y de relación de la víctima, debiendo admitirse que en la vida moderna lo estético de la persona es cuidado, observado y valorado cada vez más, muestra de lo cual son las sumas que se gastan en su mantenimiento o perfección y, entonces, el daño que se haga a lo estético, reuniéndose determinadas condiciones debe ser resarcido.

En tal sentido, mientras el daño estético pueda ser visible, aunque sea en partes del cuerpo que normalmente van cubiertas, el daño habrá que indemnizarse (arts. 1068, 1069, 1083, C.Civil).

Como pauta general puede decirse que no quedan abarcadas dentro de este resarcimiento aquellas lesiones que, aunque existentes, requerirían una observación extremadamente minuciosa o que sólo resultaran tales para un médico o que fueran visibles con instrumental especial.
Indemnización por despido, indemnización agravada, carácter alimentario, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MARTÍNEZ, MARÍA c/ KAPELUSZ EDITORA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-18

La ley 25323 mediante el art. 2º tiende a resarcir otro tipo de daños, distintos y autónomos de los que causa la cesantía en sí. La norma procura indemnizar los perjuicios que sufre el trabajador como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas por la LCT y por la ley 25013; pretende que el acreedor laboral sea satisfecho de modo inmediato en atención al carácter alimentario de sus créditos. La ley establece una indemnización tarifada pues parte del supuesto de que el trabajador que es obligado a litigar sufrirá una serie de perjuicios con una pérdida de tiempo útil y mayores gastos. De tal modo se desalientan las conductas dilatorias de los empleadores y podría inferirse que el legislador entendió que tales perjuicios no resultan suficientemente conjurados con los intereses moratorios, toda vez que se exige algo más que la mora del deudor, se requiere la circunstancia de que el acreedor laboral hubiera tenido que recurrir a la instancia conciliatoria o judicial para hacerse del crédito.
Cobro de sumas de dinero, reconocimiento de las obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: JAS S. R. L. C/ E.N.S.I. S.E. S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-10

El hecho de que las facturas se hayan registrado en el saldo deudor, no resulta coherente con la posibilidad que brindan las condiciones de contratación de tenerlas por no recibidas. Por el contrario, es concordante con el reconocimiento de deuda suscripto.
Sentencia, acuerdo y voto individual, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oroz, José y Oroz, Martín s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Si la sentencia es definitiva y ha sido dictada sin la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, la Corte puede y debe declarar su nulidad de oficio ya que tratándose de decidir cuestiones esenciales los tribunales colegiados no pueden prescindir de tales formalidades (arts. 149 incs. 4º "a" y "b", Constitución Provincial).
Contrato de turismo, contrato de agencia, venta de pasajes, empleado infiel, apropiación, consumidores, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ricale Viajes SRL c/ Santangelo, Walter Andrés s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

2 - También está probado que: i) intervino en la operación el empleado de la accionante, persona que actuaba ante terceros como dependiente de ésta y estaba autorizado por ella a recibir pagos; ii) el aludido fue denunciado penalmente por estafa, imputándosele, entre otras cosas, haberse apropiado de fondos de los clientes haciéndolos figurar erróneamente como deudores; y iii) dentro de los consumidores que habrían sido victimas de las maniobras ilícitas, la propia actora mencionó en el fuero penal, precisamente, al aquí demandado
Sucesiones, división de la herencia, colación
Materia: CIVIL
Carátula: Serra Capdevila, Aníbal c/ Serra, Guillermo D. y otros s/ Ordinario s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-04-26

En el caso de la colación se debe proceder de la siguiente manera: "se computa en la hijuela del donatario el valor de la cosa donada, compensando a los coherederos con valores similares. Es una simple operación de contabilidad, porque el obligado a colacionar no trae ningún bien a la masa (ni la especie donada, ni su equivalente en dinero), sino que recibe de menos lo que ya recibió en vida del causante".
Daños y perjuicios, buscadores de Internet, responsabilidad por publicaciones en Internet
Materia: CIVIL
Carátula: M.,A. c/ Yahoo y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-17

Cabe hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta contra dos buscadores de internet por la utilización de fotografías y por el incumplimiento de divrsas medidas cautelares que ordenaban bloquear el acceso a los resultados de búsqueda que vinculaban el nombre de la actora y sus imágenes con sitios pornográficos dado que, si bien en principio no correspondería atribuirle responsabilidad a los motores de búsqueda por contenidos publicados en internet de los que no sean autores, dicha situación varía cuando el buscador toma efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido y no actúa con la debida diligencia que el caso amerita.
Responsabilidad del funcionario público, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad patrimonial, indemnización, uso ilícito del cheque, cheque en blanco, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

En el exámine, el mismo imputado afirma que ha firmado cheques en blanco y es precisamente esta conducta la que configura la negligencia que se le imputa para determinar su responsabilidad en los hechos. No es el hecho del libramiento del cheque a favor del otro imputado lo que genera su responsabilidad sino su conducta negligente - firma en blanco - y la ausencia de seguimiento de tal acto irregular.
Cheque, cheque de pago diferido, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. c/ RAMOS JOSE ALBERTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-06

La sentencia apelada será confirmada, por cuanto es inexacto lo afirmado por el ejecutado sobre lo que expresa el art. 61 de la L.C., en efecto, en la última parte del primer párrafo dice: " En el caso de cheques de pago diferido, el plazo se contará desde la fecha del rechazo por el girado, sea a la registración o al pago".

Es decir que en los cheques de pago diferido, el plazo de un año para la prescripción de las acciones judiciales contra el librador comienzan a correr desde que el cheque fue rechazado por el banco girado, tanto si fue por falta de registración o de pago.
IVA, Tribunal Fiscal de la Nación, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE CAUCHO  S.A. s/ APELACION -  I.V.A.  - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

La denegatoria del pedido de transferencia de un crédito por Impuesto al Valor Agregado, importa una decisión del organismo recaudador que abre la vía recursiva ante el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos de la ley 11.683.
Sucesión testamentaria, albacea, destitución de albacea
Materia: CIVIL
Carátula: CONESA, ALEJANDRO BENITO s/ SUCESION TESTAMENTARIA (ALBACEAS)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

Los sucesores del muerto tienen, fuera de toda duda, el derecho a pretender que el albacea cumpla convenientemente sus deberes, siendo ilógico suponer que la ley haya querido perpetuar un albacea cuya actuación no respete la voluntad del testador o perjudique sus intereses.

Frente a un albacea remiso, es posible una intimación para que ejecute sus obligaciones dentro de un plazo, bajo apercibimiento de destitución.

Es cierto que, cuando el art. 3864 del Código Civil establece la legislación activa para pedidos de esta naturaleza, habla de herederos. Sin embargo, una ajustada interpretación de la norma y su término, que usualmente ha sido empleado como sinónimo de sucesor, produciendo los consiguientes equívocos, permite concluir que la destitución puede ser articulada no sólo por los herederos, conjunta o individualmente, sino también por los demás sucesores universales, entre los que cabe sumar el legatario de cuota, y, en el caso del art. 3854, la remoción puede ser solicitada por los legatarios, únicos sucesores del patrimonio en vías de transmisión.
Juicio por jurados, veredicto, juicio por jurados populares, deliberación, prueba, instrucciones al jurado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Massetta, Cesar y otro  c/  s/ homicidio - Ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-12-30

Se puede concluir que el jurado ha sido debidamente instruido y pudo llegar razonablemente a ese veredicto. Las partes han alegado y, el jurado, en su deliberación (de acuerdo a las instrucciones) tomó una decisión que en su unanimidad es la más razonable en cuanto a la información probatoria que le presentaron la Acusación y la Defensa. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)
Beneficio de litigar sin gastos, empleados públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Reina R. Anachuri y otros c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. Nro. B-38.779/98 Cobro de indemnización especial (Ley 23.551).L.A. N 45 F 854/856 N 377. Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. Nro. B-38.779/98 Cobro de indemnización especial (Ley 23.551).L.A. N 45 F 854/856 N 377.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-09-25

Atento a que los trabajadores al accionar en el juicio principal reclamaron el pago de la indemnización de la ley 23.551, demanda esta que fuera desestimada precisamente porque se había resuelto el vínculo laboral mediante el retiro voluntario al que se acogieron los demandantes, no revistiendo éstos el carácter de empleados estatales, condición esencial para la aplicación de la ley 5.251, ésta norma no puede aplicarse al presente caso.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, remuneración, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escalada, Norma Alicia Espinosa viuda de; Escalada, Hernan Gabriel y Escalada, Inés Soledad c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:   C.S.J. 565 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

Resulta improcedente la pretensión actora de cobro de diferencias salariales por aplicación del índice de costo de vida del mes de marzo de 1991, desde que ella misma se fundamenta en los términos de las actas firmadas en el seno de la Comisión negociadora, y de ellas se desprende que el mecanismo utilizado a los fines de actualizar los haberes era la traslación del coeficiente del mes anterior; y, en la hipótesis planteada, el índice correspondiente a marzo de 1991 (11%) debía trasladarse al mes de abril, lo cual no podría resultar exigible ya que las remuneraciones sobre las cuales la Administración municipal debía aplicar el índie del mes de marzo -las del mes de abril- se devengaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 23.928. Y, por dicha ley y su reglamentación, el último sueldo que podía ser actualizado utilizando el mecanismo de ajuste salarial (que según la actora habían pactado y sobre el cual hace girar su pretensión) era el correspondiente al mes de marzo de 1991.
Costas, costas en el orden causado, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: FERGAT S.A. c/ MOCEDA, Carlos s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

En materia de imposición de costas, el vencimiento no hace surgir por sí mismo el derecho, es sólo su presupuesto, pues el derecho surge de la sentencia. En el supuesto de que la sentencia omita pronunciarse sobre el curso de las costas, el interesado debe solicitar aclaratoria (arts. 166, inc. 2 y 272 "in fine"), o interponer recurso de apelación. De no ocurrir así, las costas deben considerarse impuestas en el orden causado, pues no media lo que se denomina condena tácita.
Acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Figueroa  Arturo  Juan c/ EN  -Consejo Magistratura Resol. 63/09(Concurso 74/01) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

El Estado Nacional, a través de sus distintos órganos y entidades, se encuentran sujetos al principio de legalidad, como consecuencia de los principios y valores emergentes del Estado de Derecho, el que involucra el sometimiento de los gobernantes al ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos, y en lo que al caso interesa, la sumisión de las normas reglamentarias a la ley que habilita su dictado (art. 31 de la C.N., y Fallos: 307:1083) (Cons. V).