marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, obras públicas, interés público, daños y perjuicios, interpretación del contrato, contratos aleatorios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espacio  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El art. 11 de la ley 15.273, vigente al momento de la contratación y respecto del cual la empresa demandada no extendió seguro alguno frente a la posterior conducta del Poder Ejecutivo, impide el progreso de la acción de daños y perjuicios en tanto no medió tal declaración de "interés nacional", álea contractual que se hallaba clara para las partes y que resulta decisiva para resolver la causa.
Recurso extraordinario, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Provenzal, Antonio c/ Satti, Luis s/ Homicidio culposo. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

El particular damnificado, salvo supuestos excepcionales que no se dan en el caso en exámen, carece de facultades para interponer recursos extraordinarios contra los pronunciamientos de las Cámaras de apelación y garantías (art. 87 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y modif.-). La limitación que le impide acceder a esta Suprema Corte deriva de lo prescripto por el art. 87 del Código citado que enumera taxativamente las facultades del acá recurrente para intervenir en el juicio penal. (Minoría u opinión personal)
Concursos, verificación de créditos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, recibo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: TINSUD SA s/ QUIEBRA S/ VERIFIC. POR BENITEZ, NOLVERTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-23

Procede la pretensión del incidentista en cuanto a que se le reconozca la verificación de ciertas remuneraciones y aguinaldo cuando, -como en el caso-, se comprueba que fue admitida la relación laboral y, ni la fallida ni el síndico demostraron el cumplimiento de la obligación reclamada. En tal sentido cabe precisar, que la preceptiva del legislador esta dirigida a dotar al recibo de pago de salarios de una fuerza probatoria casi exclusiva y total, conforme surge de lo dispuesto por la LCT art. 138, y puede concluirse en que las omisiones que respecto del crédito reclamado evidencian las registraciones que prevé la LCT art. 52, torna aplicable la presunción que contempla el art. 55, circunstancia que debe primar sobre cualquier otra consideración de orden subjetivo. Ello así, habida cuenta lo dispuesto por la LC art. 143 que manda al empleador conservar los recibos y otras constancias de pago, durante todo el plazo correspondiente a la prescripción liberatoria del beneficio de que se trate. De modo pues, que si además de no existir constancia de pago alguna, tampoco es posible reconstruir con asientos auténticos y controlables como se practicaron las liquidaciones de las remuneraciones del reclamante, es natural que deba soportar el empleador las consecuencias de tal omisión, sin que la quiebra que lo afecta, pueda justificar una solución contraria en lo relativo a la verificación y alcance del crédito insinuado.
Recurso extraordinario, agravio concreto, legitimación procesal, falta de legitimación para obrar, sentencia arbitraria, cuestión federal, ley federal, queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Famyl S.A. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Son inadmisibles los agravios relativos al rechazo de la falta de legitimación de la actora y a la improcedencia formal de la vía del amparo, en tanto se fundan en la arbitrariedad de sentencias y el recurso extraordinario sólo ha sido concedido en cuanto a la interpretación y alcance de normas federales y el apelante no interpuso recurso de queja al respecto (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Requerimiento de elevación a juicio, descripción de los hechos, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, requerimiento de sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Siciliano, Luis A. s/ recurso de casación. Causa: 447
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Si se considera que los motivos expresados en el requerimiento de elevación a juicio, fundados de manera provisional en la prueba del sumario, no han subsistido a la amplitud del debate y a la prueba producida durante su transcurso, se puede pedir la absolución o no acusar con relación a ese suceso.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-21


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 21 de 2010.

Y Vistos:

1. Llegan las presentes actuaciones a fin de ser dirimido el conflicto negativo de competencia (conf. art. 24 inc. 7º Dec. 1285/58) suscitado entre los Titulares de los Juzgados del Fuero nº 17 y 6, quienes plasmaron su postura en sendas resoluciones de fs. 117 y fs. 171/73, respectivamente.

2. Coincide en sustancia la Sala con los fundamentos volcados en el dictamen precedente respecto de las particularidades que se presentan en el sub examine, en relación a la índole del objeto demandado -daños y perjuicios e inoponibilidad de la personalidad jurídica de la fallida- los cuales autorizan el desplazamiento de la radicación de la causa ante el Tribunal donde tramita la actual quiebra de Minicata SA.

En efecto, aparecen aquí invocadas circunstancias de hecho que también habrían sido introducidas al tiempo de la insinuación tempestiva, vinculadas con la ruptura del contrato de franquicia entre la accionante y Minicata SA. Se ha afirmado, que existiría una deuda de los accionistas hacia la sociedad por un valor de $ 1.200.000 cuya integración en caso de concretarse permitiría el levantamiento del concurso y que se formuló la respectiva denuncia en el trámite del proceso universal, frente al aparente silencio sindical evidenciado en el informe del art. 39 LCQ, v. fs. 42/44. Asimismo, se pretende responsabilizar a quien se sindica "socio oculto" de la compañía fallida. Tales situaciones resaltadas, que no pretenden agotar otras alegaciones efectuadas en el mismo cauce, se entroncan dentro de un panorama analítico cuyas proyecciones sobre el proceso falimentario no es dable descartar a priori.

En suma, razones de ostensible conveniencia funcional y de unicidad de criterio en la valoración de los hechos y el derecho invocados, autorizan el conocimiento de la causa por parte del Tribunal que entiende en el proceso universal de "Minicata SA".

En tal sentido, es que corresponde estar a lo dispuesto por el art. 60 in fine del Reglamento de la Justicia en lo Comercial de la Capital Federal, ya que se advierten en el caso las circunstancias de excepción que prevé la norma, que conllevan a este Tribunal a apartarse del principio general que la misma impone.

3. En consecuencia de lo expuesto, de acuerdo a lo propiciado por la Sra. Fiscal General, se resuelve:

a. Dirimir la contienda negativa de competencia en favor de la Sra. Juez a cargo del Juzgado Nº 6, librándose oficio para poner en su conocimiento lo resuelto precedentemente.

b. Disponer que continúe el trámite de las presentes actuaciones por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33.

Notifíquese al accionante y a la Sra. Fiscal General en su despacho, devolviéndose en su oportunidad las actuaciones. -Juan Manuel Oje a Quintana. - Rafael F. Barreiro. - Alejandra N. Tevez.
Expropiación, Tribunal de Tasaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia del Chubut c/ González, Melecio y-o quien resulte propietario s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-12-30

"El Tribunal de Tasaciones no posee un carácter exclusivamente "burocrático", pues se encuentra integrado por representantes de entidades privadas vinculadas a la propiedad inmobiliaria y por representantes de los intereses de los contribuyentes; ello, sin perjuicio de la participación que incumbe al representante del expropiado cuando el organismo ejerce la función contemplada en el art. 14 de la Ley 13.264. A lo que cabe añadir que las conclusiones a que él arriba no son obligatorias para los jueces".
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, cesión de derechos, derechos del cesionario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hornos, Gabriela Graciela c/ Mercado de Valores s/ Nulidad de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-15

El cesionario carece de legitimación para reclamar la nulidad del acto objeto de la cesión alegando supuestos vicios del consentimiento que habría sufrido el cedente (art. 954, Código Civil).
Control de constitucionalidad, impuesto a las ganancias, exenciones impositivas, deducciones impositivas, igualdad ante la ley, Actividades económicas, actividad agropecuaria
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Cafés La Virginia SA. c/ Dirección General Impositiva s/ demanda de repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 5, punto 9, de la ley 23.260, pues la sola ponderación de que existían en el país otros sectores - además del ganadero - con problemas económicos no es razón suficiente para concluir que la solución aplicada por el legislador pueda ser identificada con discriminaciones arbitrarias o con persecuciones ilegítimas. El principio de igualdad no exige que deban gravarse por igual a todas las industrias, cualquiera sea su clase.
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, liquidación, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-10

La posibilidad establecida por el art. 9°, inc. a) ley 23.898, de efectuar un reajuste al tiempo de practicarse la liquidación definitiva, si esta arrojase un mayor valor que el considerado al inicio, excluye expresamente los incrementos por intereses devengados desde el pago inicial de la tasa.
SIPROSALUD, código alimentario Argentino, interés público
Materia: Administrativo
Carátula: Molino Harinero Carhue SAICIA y F s/ Se declare Nulidad de la Resolución N°304-89 SIPROSALUD
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-11-18

La intervención que tienen los organismos administrativos no se motiva en la defensa de los derechos particulares, sino en la gestión del interés público, lo que impide equipararlos a las partes que actúan en las contiendas judiciales comunes, ni someterlas a los requisitos ni a las responsabilidades procesales impuestas ordinariamente a aquéllas.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Cepeda, Vilma Noemí c/ Dirección de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente (laboral). Acción Civil art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-09

Dentro del ámbito de aplicación del art. 1113, 2da. parte, in fine, del Código Civil no debe prescindirse de la consideración de la tarea desempeñada por la víctima como factor de causación del perjuicio sufrido.
Defensa del consumidor, deber de información, medicina prepaga
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

En el caso, la empresa de medicina prepaga no aclara en el reglamento general cuál es el monto del incremento en la cuota mensual, sino sólo la existencia de un aumento a partir de una determinada edad, que como tal no puede satisfacer sin más el respeto por el deber de informar en forma adecuada y oportuna (artículo 4 de la Ley 24240); pues lo comunicado no es otra cosa que un dato incompleto, un aumento al alcanzar tantos años, pero no puede sostenerse seriamente que ello cumpla con las exigencias de la obligación de informar en forma veraz, suficiente y eficaz.

Lo contrario significaría admitir que cualquier "dato", por "escueto" que sea, es información adecuada y oportuna.

En rigor, no puede afirmarse que fuera posible para la usuaria determinar o conocer, con la debida anticipación, cuál sería el importe total a abonar, ni mucho menos saber sobre qué pautas calcularlo fácilmente, tampoco conocer sobre la conveniencia o no de continuar asociada o rescindir el contrato.

Puede concluirse, en consecuencia, que los caracteres exigidos en la normativa antes citada: veracidad, detalle, eficacia, suficiencia, oportunidad y transparencia, no se observan.
Contrato de trabajo, uso de automotor propio
Materia: LABORAL
Carátula: Bufelli, Oscar Juan Antonio c/ Sentir Carruajes S.A.C.I.F.I.A. s/ Laboral (Expte Nro. 101-02, Resolución Nro. 156, Tomo 21, Folio 255/260)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-04

La suma de dinero que debe pagarse al trabajador, por la incorporación de un vehículo de su propiedad en tareas que se realizan a favor del empleador, no constituye una remuneración o viático, sino una contraprestación civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zeese, Enrique c/ Polo, Teresa s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

No constituye técnica adecuada recursiva la de limitarse a transcribir precedentes jurisprudenciales.
Ejecución de honorarios, regulación de honorarios, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Covani, José Ignacio  c/ Prevención Art S.A.  s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-06

La regulación de los honorarios debió efectuarse según las pautas del art. 71 de la L.A. y no del art. 58 in fine, resultando así que los regulados en la instancia de grado no resultan bajos. Por el contrario, siguiendo las pautas del precitado art. 71, aquellos debieron ser de menor cuantia. En efecto, el presente trámite es una ejecución de honorarios y como tal debió aplicarse, a los fines regulatorios, la norma que especialmente contempla dicho procedimiento, esto es, el art. 71 y específicamente el primer y tercer párrafo (40% de la escala). Puesto que conforme surge de las actuaciones, no hubo en el presente excepciones por parte de la ejecutada (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lougedo, Oscar Alberto c/ Benedettelli, Aldo E. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

El Dec. 2394/92, en cuanto exime de tributos a las empresas del Estado en liquidación, sólo es aplicable, como el propio texto de su artículo 7 lo indica, a los impuestos y tasas nacionales, quedando excluidos de dicha normativa los tributos que cada provincia establezca en ejercicio de sus facultades no delegadas, y respecto de las cuales el Gobierno Nacional carece de atribuciones para legislar (arts. 4, 5, 121 y 122 CON).
Tribunal colegiado, Cámara de Apelaciones, voto unánime
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BIANCARDI, LUIS ENRIQUE Y OTRA c/ MINERVINO, PEDRO s/ RESOLUCION BOLETO COMPRAVENTA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 517-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-23

Constitucionalmente, la sentencia de un Tribunal Colegiado requiere que los votos motivados -adhesivos o fundados- constituyan la voluntad decisoria por medio de la unanimidad o mayoría de sus miembros. El derecho, en esos tribunales, lo dice -jurisdictio- la mayoría o la unanimidad de sus integrantes.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvador, Jorge c/ Sanatorio Panamericano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Cuando se trata de poner en práctica la totalidad de los medios que la ciencia ha establecido generalmente en forma muy precisa para determinar frente a que patología debe actuar, la circunstancia de no utilizarlos en forma exhaustiva no puede denominarse "error", ni se trata de calificar a este como mas o menos grave. Esta omisión configura la culpa por la que debe responder el médico o el establecimiento asistencial demandado.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contratos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: JULIAN, RAUL A. Y OTROS c/ GENCHI, SANTOS s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-02

Si la actividad jurisdiccional fue provocada exclusivamente por la demandada o no, como asimismo los alcances de las cláusulas contractuales de la cesión o venta, resultan ser cuestiones propias del mérito y extrañas a este recurso extraordinario.
Accidentes de trabajo, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Pino Víctor Oscar c/ Galeno ART SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

El punto de partida para el cómputo de los intereses en las reclamaciones fundadas en la ley 26.773 es el momento mismo en que se produce el daño, esto es la producción del accidente para hechos traumáticos y para enfermedad accidente la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad del trabajador, es decir, cuando entra en la esfera de su conocimiento la minusvalía que lo aqueja. El actual art. 886 texto ley 26.994 dispone que en las obligaciones a plazo la mora se produce por su solo vencimiento, siendo dable remarcar que en la disciplina laboral usualmente todas las obligaciones son a plazo, de modo tal que es la mora en el pago lo que le otorga relevancia jurídica al incumplimiento de la obligación, corriendo así los intereses. Se debe acudir al actual art. 768 texto ley 26.994 y así concluir que los intereses comienzan a correr desde que cada suma es debida. Así, la falta de pago de la obligación en tiempo y forma suscita un daño al patrimonio del acreedor integrando los intereses el quantum de su reparación. Por ello, se debe disponer el cómputo de los intereses a partir de la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad del actor, que es cuando el actor tomó conocimiento de sus lesiones.
Restricciones a la capacidad, rehabilitación (civil), síndrome de Down
Materia: CIVIL
Carátula: S., F. A. c/  s/ determinación de la capacidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-21

Cabe disponer la rehabilitación de un joven que presenta síndrome de Down mosaico, que conlleva un retraso mental leve, a quien le había sido limitada la capacidad bajo el régimen del antiguo Código Civil, dado que la patología que presenta no interfiere en su cotidianeidad, ni genera una discapacidad que le impida ejercer adecuadamente su capacidad por sí mismo. Cabe destacar que tiene un desempeño independiente en su vida, realiza viajes, trabaja, hace actividades comerciales, sociabiliza, vive solo sin inconvenientes y, además, cuenta con distintos referentes a quienes puede acudir en caso de precisar ayuda.
Contratos administrativos, deberes procesales, seguridad jurídica, juicio ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fundación Navarro Viola c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Demanda contra autoridad Administrativa As. s/ Demanda contra autoridad Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-14

Como tantas veces se ha reiterado, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, principios aplicables tanto al ámbito de los contratos privados como administrativos. Por ello, es dable exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en el otro contratante (Fallos: 311:971; 314:491; 315:158; 315:890; 315:1299; 316:212; 319:469; 321:1888; entre muchos otros).

No sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar sus consecuencias para aumentar su provecho. Por ello, es descalificable la sentencia que -al admitir la oposición a la vía ejecutiva- no consideró que al firmar los contratos, la actora no pudo siquiera imaginar que el incumplimiento de lo pactado quedaría excluido del procedimiento específico que establece al efecto tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La buena fe y rectitud son exigibles, no sólo en la ejecución de los contratos administrativos, sino en el ejercicio de cualquier acción y de cualquier derecho (Fallos: 321:2683).
Ius variandi, jornada de trabajo, cambio de horario, derechos del trabajador, derechos del empleador, modificación del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, FONT c/ MOLINOS RIO DE LA PLATA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

No es la empleadora quien pueda concluir en la existencia de beneficios mayores en la familia del actor, por vía de sustituir su horario habitual incorporando los sábados como día laborable, restringiendo, a su vez su jornada, sino el propio interesado, quien notoriamente repelió la modificación introducida en sus obligaciones laborales.
Responsabilidad del socio, registros laborales
Materia: LABORAL
Carátula: "Chavoni,  Vittori  Daniel  Ramón c/ CORBELLA y Cía. S.A. y otros s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-29

Resulta claro que tanto la falta de registro o el registro irregular de la relación, así como la omisión de documentar íntegramente como salarios los pagos efectivamente realizados, constituyen conductas prohibidas que contravienen claras normas tanto de la Ley de Contrato de Trabajo cuanto de la ley 24013, configurándose además, de esta manera, fraude en los términos del art. 14 del plexo legal citado en primer lugar. No hay razón, pues, que permita excluir la licitud laboral de aquélla a la que alude el art. 54 de la ley 19550, y además, que las conductas señaladas obviamente transgreden el obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios que exige el art. 59 de la misma ley. Dichas conductas, que los accionados no pudieron desconocer, deben ser sancionadas con la extensión ilimitada y solidaria que prevén ambos artículos. TOQ 1183
Prisión preventiva, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Basile Ezequiel (Imputado) s/ Estupefacientes- Tenencia Con Fines De Comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-30

El recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal tendiente a que se revoque el beneficio de la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario concedida a un imputado por el delito de tenencia con fines de comercialización debe ser desestimado, pues los argumentos de la agente fiscal relativos a la entidad del delito imputado y las consecuencias que trae en la comunidad, no explican de qué manera podrían arribar en peligros procesales que obstaculicen el instituto, máxime cuando el encartado goza al momento del _principio de inocencia -art. 18 de la CN- y el material probatorio es de carácter controvertido.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVETTI, JOSE A.; LUZ DEL ALBA DURAN DE BAUDANO c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-12-14

Por ser el amparo una medida de caracter restrictivo, el mismo no es admisible cuando se refiere a una sentencia que ordene al Poder Ejecutivo disponer lo conducente para la fijación y actualización de los índices remunerativos de los docentes y dicte las medidas necesarias para que las retribuciones pertinentes se hagan efectivas a sus beneficiarios.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)