Insuficiencia del agravio, defensa en juicio, declaración testimonial, ofrecimiento de la prueba, carga procesal, facultades jurisdiccionales, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LAMAS, Héctor Fernando y GÓMEZ, Blas Adrián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Corresponde rechazar el agravio vinculado a la afectación del derecho de defensa al rechazarse el pedido de postergación del debate pues la defensa sólo se ha limitado a invocar la conculcación de la garantía constitucional sin acreditar, en concreto y de modo patente, qué medidas de prueba se vio impedida de ofrecer o realizar como consecuencia de la no postergación del inicio del debate. Se advierte que entre la audiencia preliminar y la culminación del juicio transcurrió un tiempo más que considerable al efecto, que el debate fue extenso y que el letrado que ejerció la defensa pudo contar con suficiente tiempo para estudiar el expediente. En cuanto al agravio cuestionando el rechazo de las declaraciones testimoniales ofrecidas por la defensa cabe recordar que el ordenamiento adjetivo, atento al carácter dispositivo que regula al ofrecimiento de los medios de prueba, establece cuándo es la oportunidad en la que las partes pueden ofrecer las pruebas que se producirán en el juicio -art. 355 CPPN-, y es a partir de allí que la defensa tiene la carga de ofrecer las que considere pertinentes a su tesis del caso. Frente a ello, es el tribunal quien decide la admisibilidad formal de esas pruebas (art. 356 ibidem) y en la eventualidad de que le fuese denegada, podrá recurrir a todas las vías que la ley pone a su disposición para que la decisión adversa a su interés probatorio sea revisada y revocada. Desde esa perspectiva, el derecho a la tutela judicial efectiva que ahora reclama la defensa al considerarse cercenado su derecho a la prueba, sólo comprende, entre sus diversos contenidos, el derecho de acceder a la jurisdicción y, concretamente, a los recursos previstos en la ley, así como el de obtener de los órganos jurisdiccionales un pronunciamiento respecto a las peticiones oportunamente planteadas que esté suficientemente fundado, mas no incluye, sin embargo, el derecho de la parte a ver satisfechas sus pretensiones. Es que a la defensa se le ha concedido el derecho a ofrecer la prueba en tiempo y forma y, en ese sentido, ha sido oída, obteniendo, luego de su reclamo, una respuesta a través de una resolución fundada en derecho, sin perjuicio de que haya sido favorable o adversa. Esa potestad de los órganos de juicio, valorando razonada y razonablemente la pertinencia de las pruebas en el momento de su ofrecimiento y su necesidad en el momento de la práctica, no vulnera el derecho constitucional a la prueba, sin perjuicio de la posibilidad de revisar en casación la razonabilidad de la decisión del tribunal, en orden a sortear cualquier supuesto que pudiere generar efectiva indefensión en quien la hubiera propuesto. Y en ese sentido, se advierte que el a quo ha motivado razonablemente la denegación de los testimonios propuestos sin que quepa invocar una vulneración al derecho de defensa por su inadmisión o no ejecución pues, a ojos de los jueces del juicio y por existir un plexo probatorio cargoso y abundante que demostraba la participación del encausado en el suceso criminoso, no resultaban relevantes para la resolución final del caso en litigio.