Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05


AUTO NÚMERO: VEINTE Córdoba,	CINCO	de	MAYO	de dos mil cuatro.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "AMPARO PRESENTADO POR MONCADA JUAN CARLOS Y OTROS c/ ASOCIACIÓN MUTUAL DE POLICÍA DE CÓRDOBA - APELACIÓN - RECURSO DIRECTO" (expte. letra "A", n° 14, iniciado el veintiséis de diciembre de dos mil tres), traídos a la consideración de este Tribunal con motivo del recurso directo deducido a fs. 04/07 por los Sres. Juan Carlos Moncada, Roberto José Arese y José Esteban Porras, en contra del Auto Número Dieciocho, dictado por la Cámara del Crimen de Cuarta Nominación con fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres (fs. 03 y vta. y 115 y vta. autos principales), mediante el cual se resolvió: I. Rechazar por ser formalmente improcedente el recurso de casación interpuesto...

Luego de señalar el cumplimiento de los presupuestos formales de la queja y de reseñar los antecedentes de la causa, los quejosos expresan los fundamentos del recurso.

Manifiestan que el aquo denegó infundadamente el recurso de casación que oportunamente interpusieran con sustento en las previsiones del art. 469 del C.P.P. por remisión del art. 17 de la Ley 4915, en la que se limita la procedencia del recurso extraordinario local a los casos taxativamente previstos en la norma, esto es, sentencia definitiva, o autos que pongan fin a la pena o hagan imposible su continuación, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Con sustento en el artículo 468 inc. 1° del C.P.P., propician una interpretación armónica de las normas referidas, concordante con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de reconocer la posibilidad en el ámbito del amparo de impugnar el decisorio dictado en la instancia de apelación, postura que tornaría procedente el recurso de casación inadmitido en la sede inferior, por lo que solicitan se admita la queja y se declare procedente la casación intentada.

Formulan reserva del caso federal.

Y CONSIDERANDO:

I. Que conforme lo establece el artículo 485 del C.P.P., aplicable al sub examen por remisión del artículo 17 de la Ley 4915, el interesado podrá interponer recurso directo ante el Superior en caso de denegación por el Tribunal actuante de un recurso de apelación, casación o inconstitucionalidad, con los recaudos formales establecidos en dicha norma, bajo sanción de inadmisibilidad.

II.a. Deviene pertinente, entonces, analizar si el remedio articulado satisface las exigencias requeridas para su procedencia formal y sustancial.

II.b. A los fines de dar debida respuesta a dicha cuestión, cabe adelantar que la queja incoada por el Dr. Pedro Salvador Chirino en el carácter de patrocinante de los actores deviene improcedente, toda vez que el recurso extraordinario local ha sido correctamente denegado por el Inferior por ausencia del requisito de impugnabilidad objetiva, en la medida que el decisorio que por vía casatoria se pretende cuestionar no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal.

En ese sentido, resulta oportuno traer a colación la doctrina jurisprudencial elaborada por este Tribunal Superior respecto de la procedencia formal del recurso de casación en las acciones de amparo como la aquí intentada, en oportunidad de advertirse la necesidad de adoptar un criterio que unificara las diversas posturas evidenciadas por las distintas Salas del Máximo Órgano Jurisdiccional de la Provincia, con el propósito de evitar un tratamiento desigual a los justiciables, según el fuero en el que la acción de amparo haya sido intentada.

Sobre el tópico se puntualizó que: la sentencia que se pronuncia sustancialmente sobre el fondo del amparo poniendo fin a la acción hace cosa juzgada material, razón por la cual resulta indudable su carácter de sentencia definitiva, y por tanto es susceptible de impugnación a través de los recursos extraordinarios locales. Si por el contrario, la sentencia que puso fin al proceso de amparo no se pronuncia sobre el fondo de la litis sino que sólo se limita al rechazo in límine de la demanda (art. 3 de la Ley 4915, análogo al art. 3 de la Ley 16.986) o bien rechaza la acción con fundamento en la inexistencia de los presupuestos procesales, o por ausencia de las condiciones propias de la acción, el decisorio que así lo resuelva hace cosa juzgada formal y, en principio, no reviste el carácter de sentencia definitiva, impugnable por la vía de los remedios extraordinarios locales .

Por otra parte, ...La interpretación armónica de los artículos 13 y 15 de la Ley 4915, suministra la base normativa que permite conceptuar como sentencia definitiva a la resolución judicial que declara la existencia o inexistencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional. El artículo 15 citado tiene por objeto delimitar cuáles son las resoluciones recurribles en apelación, pero no implica la exclusión automática de los recursos extraordinarios locales... .

...En sentido propio, se admite que la sentencia que se pronuncia sustancialmente sobre el fondo del amparo poniendo fin a la acción hace cosa juzgada material, razón por la cual resulta indudable su carácter de sentencia definitiva, y por tanto es susceptible de impugnación a través de los recursos extraordinarios locales (T.S.J. A.N° 191/97 in re "Acción de amparo interpuesta por María Julia Cataldi y otra Recurso de Queja", el resaltado nos pertenece).

II.c. De la doctrina referenciada se deriva que sólo en caso de cuestionarse una sentencia definitiva procede la impugnación extraordinaria por vía del recurso de casación, debiendo entenderse por tal aquella resolución que compone el litigio pronunciándose sobre el fondo de la cuestión sustancial en debate o concluye el pleito impidiendo que dicha cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio.

A ello cabe añadir que en forma excepcional se considera procedente la revisión por la vía casatoria de un pronunciamiento jurisdiccional que no revista el carácter de definitivo en la medida que el mismo ocasione o sea susceptible de ocasionar al impugnante un gravamen irreparable o de dificultosa o imposible reparación ulterior (T.S.J. Sala Civil A.I.N° 261 del 200898 in re Maidana... ).

III. A la luz de la postura enunciada es menester considerar que, en el sub examen, se impugna el Auto Número Dieciocho de fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres, dictado por la Cámara del Crimen de Cuarta Nominación de esta ciudad, por el que se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia dictada por ese Tribunal con motivo del recurso de apelación incoado en la sede inferior por los amparistas.

Mediante dicho decisorio el aquo sustentó el rechazo formal de la casación en el incumplimiento de los requisitos del art. 469 del C.P.P., no encontrándose prevista la posibilidad de recurrir por esa vía el fallo que se pretende cuestionar.

A los fines de dilucidar la corrección de lo decidido cabe repasar los fundamentos dados en las instancias inferiores para declarar la improcedencia formal de la presente acción de amparo:

El tribunal de mérito, en el Auto Número Ciento treinta de fecha diecisiete de octubre de dos mil tres, si bien sustentó el rechazo de la acción en el art. 3 de la Ley 4915 inadmisibilidad manifiesta, también justificó su decisión en el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda establecidos en el art. 2 de dicho cuerpo normativo y más precisamente en la falta de ejercicio por parte de los amparistas de las vías administrativas a su alcance, las que resultaban más idóneas para la resolución del conflicto planteado, concluyendo en la ausencia de acto lesivo arbitrario y manifiesto a sus derechos de asociarse con fines útiles o de participar en compulsas electorales por cuanto los mismos se encuentran reglamentados, conforme lo autorizan los art. 14 y 28 de la Constitución Nacional, por normas válidas emanadas de autoridad competente, sin visos de arbitrariedad o irrazonabilidad, que no han sido acatadas en tiempo y forma por los interesados (cfr. fs. 74/83vta.).

A su vez, por Auto Número Quince del veintiuno de noviembre de dos mil tres, la Cámara aquo, al confirmar el mentado decisorio hace suyos los argumentos del Inferior, haciendo hincapié en la existencia de vía administrativa idónea en los términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Mutualidades N° 20321 y en el Estatuto Social del Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual de la Policía de Córdoba, no ejercida por los amparistas tras el rechazo de su lista de candidatos a elección de autoridades de la Mutual Policial por no cumplimentar el número mínimo de avales exigido por el artículo 23 inciso b de la Ley 20321 y art. 48 inc. b del Estatuto (cfr. fs. 107/109).

En el marco de la doctrina sentada por este Tribunal y en atención a los fundamentos de las resoluciones dictadas en la presente causa, conforme la reseña efectuada, es posible concluir en la ausencia de razones que justifiquen la procedencia de la queja deducida.

Ello así toda vez que no ha mediado pronunciamiento sobre la materia de fondo que motivara la interposición del amparo en análisis, habiéndose limitado el Sentenciante a rechazar la acción de amparo incoada por ausencia de los requisitos de admisibilidad formal indispensables para su procedencia, sin haber agotado la discusión sobre la existencia de la pretendida lesión al derecho que se invoca en la demanda, por lo que no hay sentencia definitiva susceptible de ser impugnada a través del recurso extraordinario de casación.

IV. Sin perjuicio de lo aquí resuelto y a los fines de acordar mayor satisfacción al justiciable, zanjando definitivamente la cuestión en orden a la suficiencia de los fundamentos dados en las instancias anteriores en sustento del rechazo de la acción incoada, es dable recordar la doctrina constante de este Tribunal, respaldada por la jurisprudencia del más alto Tribunal de la Nación, en el sentido que la acción de amparo es un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal "expedita y rápida", condicionada entre otros recaudos a que "...no exista otro medio judicial más idóneo..." (art. 43 Const. Nac.).

Ello así, .. la existencia de remedios procesales ordinarios y adecuados para la tutela del derecho del recurrente, excluye la procedencia de la acción de amparo (Fallos: 241:291; 247:527; 247:701; 249:449; 249:670; 250:154; 254:377; 252:253; 259;285; 266:269; 267:372; 270:176; 274:186; 275:320; 278:111; 307:178; 310:1542), siendo insuficiente a ese fin el perjuicio que pueda ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes, extremo que no importa otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos (Fallos: 252:154; 308:1222 y voto del Ministro Fayt in re "Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional" antes citado).

Como ha dicho también la C.S.J.N. (Fallos: 306:1254; 307:747; 310:576, entre muchos), el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expedita (cfr. T.S.J. en pleno Sala Penal Sent. 121 DEL 151099 in re "ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR JOSE MARTIN CARABAJAL Y OTROS CONTRA LEY 8575 RECURSO DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD").

Por lo demás, si bien es cierto que, aun cuando hoy, frente al texto del nuevo art. 43 de la Carta Magna, no pueda sostenerse ya como requisito de procedencia la "inexistencia" de una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, sin embargo, no cabe admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se presente como "el más idóneo". La invocación y acreditación de esta aptitud, es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía.

Todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional y para su restablecimiento frente a una lesión o amenaza, existe una vía procesal establecida. Resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado, ni debe ser desestimado por la sola existencia de acciones o recursos comunes, pues "su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en que a la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta (art. 1 Ley 4915) se suma la excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias (art. 2 inc. a, ib.) (T.S.J., Sala Civil, Sent. Nº 51, del 61097, EGEA ANDRÉS (H) Y OTROS C/ EGEA HNOS. S.A. AMPARO RECURSO DIRECTO ).

Bajo esas premisas, los argumentos vertidos por los accionantes con relación a la pretendida conculcación de sus derechos constitucionales, sin demostración acabada de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la lesión sufrida, su intento de menospreciar la exigencia de los avales impuesta por normativa legal vigente no cuestionada en su regularidad constitucional (vid fs. 64/65) mandato legal no satisfecho por los amparistas en tiempo y forma y la ausencia de ejercicio de las vías administrativas predispuestas para la solución de la problemática planteada, resultan insuficientes a los fines de enervar los argumentos vertidos por los jueces de la causa como fundamento de inadmisibilidad de la acción de amparo deducida.

Por ello, este Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE:

I. Declarar improcedente la queja deducida en contra del Auto Número Dieciocho, dictado por la Cámara del Crimen de Cuarta Nominación con fecha dieciséis de diciembre de dos mil tres.

II. Remitir los presentes a la Cámara aquo a los fines de su agregación a los autos principales.

Protocolícese, dese copia y bajen.