Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2008-10-23


San Salvador de Jujuy, octubre 23 de 2008.

Los Dres. P. E. M. y O. M. B., en el carácter de Presidente y Miembro, respectivamente, del Comité de Acreedores en la Quiebra del Ingenio La Esperanza S.A., y Juan Carlos Villamea, con el patrocinio letrado del primero, acuden a este Superior Tribunal solicitando la revocación de la resolución agregada en copia a fs. 1/2 de estos autos, por la que la Jueza de esa quiebra rechazó la medida cautelar de no innovar deducida juntamente con el incidente de nulidad e impugnación del pliego, relativos al proceso del llamado a licitación nacional e internacional para la enajenación de los activos de la fallida.

Solicitan de este Tribunal su inmediata intervención, como remedio excepcional e inexorable, para ordenar la suspensión y/o paralización de ese proceso licitatorio. Piden se admita el presente aduciendo que la resolución que dispone la venta de bienes de la fallida es recurrible, en tanto viola disposiciones de la LCQ, conculca grave e irreparablemente derechos de su parte y no es de las relativas al trámite normal del proceso, lo que justifica prescindir del principio que consagra el art. 273, inc. 4º de esa ley. Aseguran que se dan todos los recaudos para la procedencia de este recurso, pues la sentencia atacada es equiparable a definitiva, el caso reviste gravedad institucional y no existe otro remedio procesal urgente y eficaz.

Respecto al primero, aún admitiendo que la decisión relativa a la realización de bienes de la fallida se encuentra dentro de la órbita de potestades discrecionales de la Jueza de la quiebra, alegan que, en el caso, la venta de parte de los activos ahora dispuesta, colisiona con la de la empresa como unidad productiva que resolviera el mismo Juzgado el 15 de abril de 2008. Tal circunstancia provoca gravamen irreparable a los acreedores, "quienes -de proseguirse el proceso licitatorio conforme a los parámetros establecidos- se verán privados de lograr el cobro de sus legítimas pretensiones creditorias". Insisten en la venta de la empresa como unidad dado el mejor precio que con ello se obtendría y aseguran que los bienes excluidos tendrán individualmente un valor muy inferior al que alcanzarían de estar incorporados al conjunto. En razón de ello, la resolución que no hace lugar a la medida cautelar enderezada a la suspensión de la venta de parte de los activos que está próxima a concretarse, causa gravamen irreparable y es, por ello, equiparable a definitiva.

En capítulo aparte alegan sobre la gravedad institucional que le adjudican al caso, por la repercusión social de la transferencia del Ingenio en toda la comunidad de La Esperanza, circunstancia que justifica el per saltum como modo de obviar las instancias procesales previas, aún cuando la decisión cuestionada, en tanto resuelve una medida cautelar, no es propiamente sentencia definitiva. Critican los argumentos por los cuales la Jueza de la causa denegó esa medida, diciendo que no tienen asidero fáctico ni jurídico y la decisión anuda el procedimiento con grave perjuicio para los acreedores y también para hipotéticos adquirentes de los bienes a liquidar. Destacan que el pliego de bases y condiciones no está firme ni consentido pues se encuentran pendientes de resolución las impugnaciones y nulidades planteadas.

Refieren seguidamente al tercer presupuesto: la ausencia de otro remedio procesal idóneo para detener el proceso licitatorio, aduciendo que el tránsito por las instancias ordinarias importaría dilatar el dictado de la resolución que pretenden con claro perjuicio e incertidumbre para acreedores, el deudor, eventuales adquirentes y la comunidad de influencia del Ingenio La Esperanza S.A. Destacan que en tanto existan cuestiones pendientes, no es posible en el caso arribar a resolución con valor de cosa juzgada. En los siguientes capítulos alegan sobre la verosimilitud del derecho que invocan para justificar la medida cautelar y el daño irreparable que provocaría confirmar su denegación. Invocan los principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación de oferentes que dicen soslayados en los pliegos, así como el carácter público de la licitación. Ofrecen la prueba instrumental que se agregó al expediente, formulan reserva del caso federal y piden, concretamente, se tenga por deducido el presente recurso per saltum en contra de la resolución del Juzgado de la Quiebra del Ingenio la Esperanza S.A. dictada el 3 de octubre de 2008 y, en su mérito, disponga este Tribunal la suspensión del proceso licitatorio con expresa habilitación de días y horas.

Integrado el Tribunal, los autos fueron llevados a dictamen del Ministerio Público, pronunciándose el Sr. Fiscal General por la admisión de este remedio. Pondera que "se trata en el caso de un proceso universal de falencia en el que se ha asumido transitar un mecanismo de licitación pública para la realización de activos, con la particularidad de que se intenta la venta de una empresa en marcha. Que el procedimiento ha sido objeto de cuestionamiento puntual por ante los Órganos Jurisdiccionales competentes (nulidad y Queja por apelación denegada declarada procedente por la Sala II de la Cámara de Apelaciones). Encontrándose en consecuencia en revisión el resolutorio que originalmente dispuso la venta por medio de licitación pública y alegándose por el presente gravámenes irreparables de continuar avanzando el trámite, soy de opinión que la trascendencia de la cuestión y razones esenciales de prudencia ameritan al momento y sin más análisis, suspender la continuidad del proceso licitatorio hasta tanto se resuelvan las cuestiones pendientes".

Devueltos los autos y consentida la integración del Tribunal, corresponde pronunciarnos.

Coincidimos con la solución que postula el Ministerio Público.

Como se sabe, la doctrina de la gravedad institucional que fue gestándose en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Jorge Antonio" del año 1960, además de consolidarse como causal autónoma de arbitrariedad para el recurso extraordinario federal, fue la razón que justificó la intervención del Máximo Tribunal aún en casos en que las instancias anteriores naturales no habían sido transitadas. En el caso "Dromi" o "Aerolíneas Argentinas" fallado en 1990 el Máximo Tribunal abrió definitivamente el pretoriano camino del "per saltum", cuya huella siguió este Superior Tribunal en el año 1996 al resolver favorablemente y omisso medio, el recurso extraordinario articulado en contra de resolución del Juzgado de Primera Instancia dictada -casualmente- en el entonces Concurso del Ingenio La Esperanza (L.A. 45 Fº 60/67 Nº 34). La jurisprudencia y la doctrina coinciden en que para la procedencia de este excepcional remedio deben converger como ineludibles recaudos: a) gravedad institucional en el caso; b) urgencia que justifique superar ápices formales para alcanzar solución expedita obviando las instancia previas y c) demostración del daño irreparable o de difícil reparación ulterior que la dilación provocaría y en razón del cual la sentencia cuestionada, aún no siendo definitiva, sea equiparable a tal.

En el caso de autos, concurren todos.

El recurrente señala gravedad institucional por la envergadura del impacto socio-económico que la venta de los activos del Ingenio habrá de tener en la comunidad de influencia, en los acreedores, en el propio deudor y también en los oferentes. Sin subestimar tales razones, consideramos que el caso reviste gravedad, ante todo, porque aún pende de resolución el recurso de apelación articulado por el mismo Comité de Acreedores, en contra de resolución anterior, también enderezada a la venta de los activos del Ingenio. En efecto, del Expte. Nº 10.102/08: "Recurso de queja ..." que, acollarado al Nº 6205/2008: "Recurso de inconstitucionalidad ...", se encuentra a la fecha en estos estrados y a nuestra vista al momento del dictado del presente, resulta que el 6 de mayo de 2008, la Jueza de la Quiebra dispuso el llamado nacional e internacional a licitación y mejoramiento de oferta, avanzando procesalmente en la liquidación y venta de los bienes de la fallida. El recurso de revocatoria articulado en contra de ese resolutorio fue rechazado con el del 3 de junio siguiente que, además, denegó la apelación en subsidio (fs. 65/68). El recurso de queja que planteara el perdidoso ante la Cámara de Apelaciones fue admitido por su Sala II el pasado 4 de agosto, concediendo el de apelación en relación y con efecto suspensivo, en los términos del art. 273 inc. 4 de la LCQ. Por cuanto esa resolución fue a la vez cuestionada por la Sindicatura con el recurso de inconstitucionalidad del Expte. 6205/2008, el efecto suspensivo dispuesto por la Alzada resultó neutralizado y enervada, hasta ahora, la actuación de ese Tribunal. En ese estado se encuentra, a la fecha, ese proceso.

Dada la inminencia, a la vez que analizamos el caso de autos, nos adentramos también al estudio del recurso de ese Expte. 6205/08 (que, al igual que éste, se encuentra en estado de resolver) pronunciándonos por su improcedencia, por las razones que expresamos por resolución aparte y concomitante a ésta y a cuya lectura remitimos.

Luego, es de público conocimiento que para el día de mañana, 24 de octubre, está prevista la apertura de sobres de los eventuales postulantes a mejorar la oferta. Siendo así, surge incontrastable que avanzar en el proceso licitatorio importará irreversible óbice a la decisión de la Cámara de Apelaciones, cuya intervención resultaría así desbaratada, con ostensible lesión al debido proceso y al derecho al Juez natural que, en el particular caso de autos, en razón de la envergadura de los derechos en juego y la naturaleza universal del proceso en cuestión, trasciende el interés particular de las partes y pone en evidencia la gravedad institucional a la que venimos aludiendo. Por la inminencia mencionada, es evidente que no hay otro remedio eficaz para lograr el fin que se persigue con éste, pues ninguno llegaría con la urgencia necesaria para evitar que el daño que denuncia el recurrente se consume irremediablemente. Se dan pues los dos restantes recaudos para la procedencia de la presentación directa en análisis.

Siendo potestad indisputable del Juez conceder medidas cautelares con alcance distinto al solicitado y estimando que, para el resguardo de los derechos en juego, la suspensión del proceso licitatorio debe disponerse hasta tanto recaiga pronunciamiento firme de la Cámara de Apelaciones en el recurso de apelación concedido en el Expte. 10.102/08 por resolución del 4 de agosto de 2008, así debe disponerse.

Por lo hasta aquí considerado y sin que el presente importe pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo supeditada a decisión de los jueces de instancias anteriores, corresponde hacer lugar a la presentación directa articulada por el Comité de Acreedores a través del recurso extraordinario "per saltum" para revocar la resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 -Secretaría 18, del 3 de octubre de 2008, recaída en el Expte. A-38.932/08, caratulado: "Incidente de nulidad - impugnación de pliego- medida cautelar de no innovar deducido por Comité de Acreedores, Estado Provincial, Estado Nacional-Ministerio de Economía y Juan Carlos Villamea en el Expte. Nº A-06426/99 ...", sólo en cuanto dispone el rechazo de la medida cautelar solicitada. En su mérito, disponer la suspensión del proceso licitatorio seguido para la venta de los activos del Ingenio La Esperanza S.A., hasta tanto recaiga resolución firme en el recurso de apelación concedido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial por resolución del 4 de agosto de 2008, en el Expte. 10.102/2008.

A los fines de la notificación del presente, corresponde habilitar días y horas.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, resuelve: 1. Revocar la resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 -Secretaría 18, del 3 de octubre de 2008, recaída en el Expte. A-38.932/08, caratulado: "Incidente de nulidad - impugnación de pliego- medida cautelar de no innovar deducido por Comité de Acreedores, Estado Provincial, Estado Nacional - Ministerio de Economía y Juan Carlos Villamea en el Expte. Nº A-06426/99 ...", sólo en cuanto dispone el rechazo de la medida cautelar solicitada por el Comité de Acreedores. En su mérito, disponer la suspensión del proceso licitatorio seguido para la venta de los activos del Ingenio La Esperanza S.A. a partir de la notificación del presente y hasta tanto recaiga resolución firme en el recurso de apelación concedido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial por resolución del 4 de agosto de 2008, en el Expte. 10.102/2008. 2. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y comunicar al Juzgado de origen, con habilitación de días y horas.- Sergio R González.- Héctor E. Tizón.- José M. del Campo.- Víctor E. Farfán.- Jorge D. Alsina.