Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-07


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre de dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci,Eduardo R. Riggi y Mariano Hernán Borinsky, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 13.669 del registro de esta Sala, caratulada "Casella, Luis Fernando s/ recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y ejerce la defensa de Fernando Luis Casella el doctor Sebastián Rodríguez Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctor Mariano Hernán Borinsky y doctora Liliana E. Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal subrogante, doctor Jorge Adrián Andrades, a fs. 35/39 vta., contra la resolución de fs. 31/33 vta., dictada por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal n° 1, en cuanto resolvió "Incorporar al interno Casella, Luis Fernando....a la modalidad de salidas transitorias de la progresividad del régimen penitenciario, bajo tuición familiar de su padre....II) Someter al causante al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocar o suspender el beneficio....: A) Observar estrictamente el itinerario directo desde la Unidad de alojamiento hasta el domicilio fijo en la calle Jorge Newbery n/ 2475, localidad de Beccar, ....y Registro n/1714/11 2 permanecer en el mismo. B) No ingerir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. C) No realizar o participar de actos que atenten contra la moral o buenas costumbres....".

2.- El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 41/vta., el que fue mantenido en esta instancia a fs. 51.

3.- Con sustento en los motivos previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 456 del rito, el recurrente sostiene que "...se configuran ambos supuestos por aplicación errónea de los artículos 15, 17, 56 de la ley 24660 y 27 y 28 inc. III y 34 del decreto 396/99 complementarios del Código Penal y 507 del C.P.P.N." En relación a la inobservancia del citado artículo 507 de la ley formal refiere que "...al no requerirse como corresponde los antecedentes del condenado al Registro Nacional de Reincidencia, ello imposibilita determinar si...posee '...otra causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente' según reza el art. 17, inc. II de la ley n/ 24660".

Expresa que la experiencia cotidiana en el trámite de los legajos de ejecución informa de la existencia de condenados que registran antecedentes no debidamente documentados en el legajo de ejecución, razón que "determina la necesidad de cumplir acabadamente con la letra del art. 507 premencionado".

Por otra parte, señala que conforme las disposiciones de los artículos 15 de la ley 24660 y 27 y 28 inciso 3 y 34 del decreto 396/99 "...para que un interno sea incorporado al régimen de salidas transitorias, debe hallarse transitando el periodo de prueba....en el cual impera un principio de auto disciplina, el cual no observa Casella por hallarse cumpliendo su pena bajo parámetros de la ley provincial n/ 12256...", y que "...la autoridad penitenciaria provincial informa que el nombrado sufre un encierro en un régimen cerrado de modalidad atenuada".

Refiere que el citado artículo 27 inciso 3 del decreto antes referido "...establece que para acceder al periodo de prueba es necesario poseer en el último trimestre Cámara Nacional de Casación Penal Causa n/ 13669 "Casella, Luis Fernando s/rec. de casación" Sala III 3 concepto muy bueno siete ...como mínimo", siendo que Casella posee "...concepto bueno (5)".

Por último manifiesta en relación a lo dispuesto por el artículo 56 de la ley de ejecución penal que "...las características de la cárcel que exige la norma son irreconciliables con el modelo de 'establecimiento abierto o sección independiente que se base en el principio de autodisciplina' que manda el art. 26 del decreto 396/99 y15 inc a) de la ley n/ 24660".

4.- Durante el término de oficina previsto por los artículos 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no se presentaron.

5.- Habiéndose cumplido con las previsiones del artículo 468 del ritual -conf. constancia actuarial de fs. 64-, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

Que sobre el específico tema objeto del recurso de casación en tratamiento, llevamos dicho in re "Ganem, Hernán s/ rec. de casación" (causa N/ 4888, Reg. N/ 402/04 del 12/08/200- 4) "...que el artículo 17 de la ley 24.660 indica que para la procedencia de las salidas transitorias es necesario en primer lugar cumplir con un requisito temporal, objetivo, que consiste en estar comprendido el condenado en los siguientes tiempos mínimos de ejecución: a) Para los casos de pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, la mitad de la condena; b) cuando la pena es perpetua y no se ha aplicado la accesoria mencionada, quince años; y c) si se ha aplicado la reclusión por tiempo indeterminado, luego de cumplida la pena, tres años (...) Pero además de ello, la norma mencionada exige ciertos requisitos de carácter subjetivo, como son el no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente (punto II); poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de 4 internación (punto III); y merecer, del organismo técnicocriminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado (punto IV)...".

Cabe señalar que el decreto 396/99 -reglamentario de la ley 24.660 (por indicación expresa del artículo 228 de dicha disposición legal)-, establece en su artículo 34 que para que el interno se encuentre en condiciones legales y reglamentarias de ser incorporado al régimen de salidas transitorias o al de semilibertad, deberá reunir, previamente, la totalidad de los requisitos que se enumeran: a) encontrarse en el Período de Prueba; b) haber cumplido el tiempo mínimo de ejecución de la pena según el artículo 17 de la ley 24.660; c) no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente;

d) poseer conducta ejemplar; e) merecer del Servicio Criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas transitorias o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del interno; f) ser propuesto al juez de Ejecución por el Director del establecimiento mediante resolución fundada, a la que acompañará lo requerido en el artículo 18, incisos a), b) y c) de la ley 24.660.

Asimismo, como requisito para la incorporación del interno al referido Período de Prueba, el artículo 27 del decreto reglamentario mencionado establece en el punto III que se debe "Tener en el último trimestre conducta Muy Buena ocho (8) y concepto Muy Bueno siete (7), como mínimo".

CUARTO:

Sentado ello y entrando al análisis de la cuestión vinculada al requisito de motivación que deben contener los autos y sentencias, hemos de remitirnos, en honor a la brevedad, a cuanto expusiéramos en el precedente in re "Armentano, Stella Maris s/recurso de casación" (Reg. 199/06 Cámara Nacional de Casación Penal Causa n/ 13669 "Casella, Luis Fernando s/rec. de casación" Sala III 5 del 22/3/06), y sus citas, cuya lectura respetuosamente nos permitimos sugerir.

Analizado el caso a la luz de la doctrina reseñada, conceptuamos que el a quo no ha satisfecho adecuadamente el mandato de motivación contenido en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, cuya inobservancia se conmina con nulidad.

En efecto, en el decisorio recurrido si bien el a quo aseveró que "...habiéndose recibido por parte del tribunal de condena, la certificación de antecedentes y no habiéndose tomado conocimiento de un proceso en trámite, resulta sobreabundante insistir con la certificación de antecedentes requerida..." por el representante del Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que omitió el señor juez de grado recabar información acerca de la eventual existencia de nuevos procesos, o de otros que siendo anteriores hubieran alcanzado recién ahora un grado de progreso que permita su comunicación al Registro Nacional de Reincidencia.

Queda con lo expuesto demostrada la arbitrariedad que subyace a la apreciación del a quo en orden al carácter de sobreabundante que atribuyó al requerimiento efectuado por el señor fiscal en punto a la necesidad de actualizar los antecedentes, máxime cuando dicha exigencia le era impuesta por lo expresamente normado por el artículo 507 del Código Procesal Penal de la Nación.

A lo dicho, corresponde señalar como inexplicable la actitud del señor magistrado a quo atendiendo al innecesario dispendio jurisdiccional originado como consecuencia de su negativa a requerir oportunamente al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que informe sobre los antecedentes que pudiera allí registrar Casella, trámite que además de ser el que por derecho correspondía, sin lugar a dudas hubiera sido también más sencillo y expeditivo que la tramitación de la presente causa.

6 Por otra parte, advertimos que en el caso no se cumplen con los requisitos legales para la incorporación de Casella al período de prueba por aplicación del art. 7 de la ley 24.660 , ni consecuentemente para su incorporación al régimen de salidas transitorias.

Es que tal como señaló oportunamente el señor Fiscal, el condenado no se encuentra transitando el período de prueba requerido por el régimen de ejecución de la pena privativa de a libertad, como consecuencia de la insuficiente calificación conceptual que se le impuso: concepto bueno cinco (5) -conf.

fs. 10, 13).

Teniendo en consideración cuanto expusiéramos hasta aquí, entendemos que la resolución cuestionada no se ajusta debidamente a la normativa legal aplicable, tanto procesal como sustancial (artículos 7, 15 y 17 de la ley 24.660 y 123 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por todo lo expuesto, propiciamos al acuerdo y votamos por hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, anular la resolución recurrida y ordenar al tribunal a quo que previa certificación de los antecedentes que pudiera registrar el condenado, y actualización en relación a la calificaciones de su concepto y conducta, se dicte un nuevo pronunciamiento (artículos 456 inciso 2°, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Coincido con la conclusión a la que arriba el juez preopinante en cuanto propone hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.

En primer término cabe señalar que el recurso intentado resulta formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el impugnante invocó fundadamente ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N. y además el pronunciamiento atacado - mediante el cual se incorpora a Luis Fernando Casella al régimen de salidas transitorias- es recurrible en virtud del art. 491 del C.P.P.N.

IICámara Nacional de Casación Penal Causa n/ 13669 "Casella, Luis Fernando s/rec. de casación" Sala III 7 Tal como surge del libelo casatorio el recurrente se agravia de la no aplicación del art. 507 del CPPN al no requerirse como corresponde los antecedentes del condenado al Registro Nacional de Reincidencia, circunstancia que imposibilita determinar si Casella posee otra "causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente" conforme el art. 17 inc. II de la ley 24.660.

En dicha dirección, advirtió que el art. 507 del CPPN, debe aplicarse supletoriamente al caso pues resulta anterior al art. 17 de la ley 24.660 y es a su vez complementario del CP, resultando así el informe del Registro Nacional de Reincidencia el elemento idóneo para satisfacer uno de los requisitos de procedencia del beneficio en cuestión.

Ello sin perjuicio -aclaró- de que, como señaló el a quo, no obren en el legajo noticias de interés de la detención de Casella de parte de otros tribunales, destacando que "no han sido pocos los casos en los que internos utilizando otros "alias" o proporcionando identidades falsas, han resultado identificados convenientemente a través de sus huellas dactilares recién al momento de otorgarles beneficios liberatorios luego de varios períodos de encierro" -cfr. fs.

121/125 vta.- Como otro punto de concreto agravio adujo violación de los arts. 15 de la ley 24.660 y 27 y 28 inc. III y 34 del decreto 396/99 en cuanto se exige que el interno debe hallarse transitando el período de prueba para poder acceder a las salidas transitorias, señalando que Casella inobserva dicho extremo pues se encuentra cumpliendo pena bajo parámetros de la ley provincial n/ 12256 en un establecimiento de Campana, cuyas autoridades informaron que el mentado sufre un encierro en un régimen cerrado de modalidad atenuada.

En tercer término, íntimamente ligado con ello, alegó inobservancia del art. 27 inc. III del Decreto 396/99 pues a su entender no alcanza que Casella posea concepto bueno (5) aunque 8 tenga un buen pronóstico de reinserción social.

Por último, rebatiendo lo sostenido por el a quo en cuanto a que no puede introducirse en este incidente la previsión contenida en el art. 56 de la ley 24.660 que prescribe que el interno a quien se le ha revocado la libertad asistida deberá agotar la pena en un establecimiento cerrado, el recurrente alegó el impedimento legal que veda la posibilidad de acceder a un régimen progresivo de reinserción social.

IIILlegado el momento de resolver la cuestión planteada considero menester formular las siguientes consideraciones.

a- De la compulsa de esta incidencia observo que Luis Casella fue condenado, por sentencia definitiva dictada el 21 de agosto de 2009 por el Tribunal Oral en lo Criminal n/ 28, a la pena única de 8 años y seis meses de prisión, declarándoselo reincidente y revocándosele la libertad asistida otorgada por el Juzgado de Ejecución Penal n/ 2 de San Isidro (cfr. fs.

1/4). Según consta a fs. 57/58, dicha pena vencerá el 18 de mayo de dos mil doce .

Advierto que el interno de marras se encuentra cumpliendo pena en la Unidad 41 Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense, ha sido incorporado a un régimen de detención cerrado de modalidad atenuada y resulta merecedor de un concepto bueno y una conducta alfanumérica de ejemplar 10 -vid acta n/ 206 de fecha 20 de mayo de 2010, glosada a fs.

14/14 vta.- A fs. 23 la defensa solicitó la incorporación de Fernando Luis Casella al régimen de salidas transitorias.

Que conferida la vista al Ministerio Público Fiscal, a fin de que su representante se expida con relación al beneficio peticionado, éste se opuso pues entendió que "la presente incidencia no se halla completa por cuanto no se había verificado la existencia del domicilio, no se ha incorporado informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia, ni se han certificado los antecedentes [...]" . A dichos argumentos adunó que el interno registraba concepto bueno equivalente a un puntaje de cinco o seis puntos que no Cámara Nacional de Casación Penal Causa n/ 13669 "Casella, Luis Fernando s/rec. de casación" Sala III 9 alcanzaba a lo exigido por la ley 24.660 y su decreto reglamentario y que además debía agotar su pena en un establecimiento cerrado por haberle sido revocada su libertad asistida.

Al recalar en la resolución impugnada observo que el juez de ejecución otorgó las salidas transitorias solicitadas por el interno por considerar que se encontraban satisfechos todos los requisitos exigidos por los arts. 17 y 18 de la ley 24.660, habiendo aclarado que, a su entender, la calificación de concepto bueno que ostenta el causante no es un obstáculo para la concesión del beneficio toda vez que dicha calificación importa necesariamente un favorable pronóstico de reinserción social (arts. 101 y 104 de la ley 24.660) y se ve acompañada de la favorable opinión de las autoridades penitenciarias.

A ello adicionó la consideración de que se verifica en autos el requisito temporal legalmente exigido y que el causante se encuentra alojado en un pabellón de modalidad atenuada -cfr. fs. 31/33 vta. -.

b- La ley n/ 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, dispone en la Sección primera del Capítulo II, denominado Progresividad del Régimen Penitenciario, que cualquiera fuere la pena impuesta el régimen constará de cuatro etapas: 1-período de observación; 2-período de tratamiento; 3- período de prueba y 4- período de libertad condicional.

El período de prueba comprende, sucesivamente, la incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se sustente en el principio de autodisciplina; la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento y la incorporación al régimen de semilibertad (art. 15ibídem).

Para la concesión de las aludidas salidas -quid de la cuestión debatida en la especie-, la ley, en el art. 17, exige 10 -según el caso-, como tiempo mínimo de ejecución, el cumplimiento de la mitad de la condena -sin la accesoria del art. 52 del Cód. Penal (I- a); no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente (II-); poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación (III-) y, por último, merecer, del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado (IV-).

A ello cabe adunar que el interno se encuentre en el período de prueba y que obre la propuesta del Director del establecimiento mediante resolución fundada, acompañando lo requerido en el art. 18 incisos a), b) y c) de la ley 24660 (cfr. art. 34 del Decreto ley 396/99).

En este orden de ideas, para acceder a dicha etapa se requiere, entre otros recaudos, tener en el último trimestre conducta Muy Buena ocho (8) y concepto muy bueno siete (7), como mínimo (art. 27 inciso III. del decreto reglamentario antes citado).

De una correcta hermenéutica del texto de la ley surge que para ingresar al período de prueba de la progresividad del régimen no basta el mero transcurso del tiempo sino que lo logran sólo aquellos detenidos que, además de cumplir con ese requisito (art. 17, I a), b) o c), según el caso), demuestran una evolución tal en su comportamiento que se hacen merecedores, por parte de los organismos técnicocriminológicos y del Consejo Correccional del establecimiento, del concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado (art. citado, punto IV).

En dicho sentido, también se avanza en las calificaciones de conducta y de concepto, las que servirán de fundamento en el futuro para el progreso en el régimen penitenciario y, entre otras cuestiones, para el otorgamiento de salidas transitorias. Dicho avance en los guarismos debe ser Cámara Nacional de Casación Penal Causa n/ 13669 "Casella, Luis Fernando s/rec. de casación" Sala III 11 en base a evaluaciones periódicas que permitan percibir las evoluciones en el comportamiento intramuros del interno, para arribar así a poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación (art. cit. pto. III).

Con relación a este tópico advierto uno de los vicios que exhibe la resolución impugnada, pues el a quo apártandose del claro tenor literal de la norma, concedió sin más las salidas transitorias al interno de marras quien ostentaba un guarismo de concepto insuficiente -bueno- que le obstaba acceder al período de prueba desde el cual podía solicitar el beneficio.

Y ello es así más allá de que -como se afirma en la resolución recurrida- el requisito temporal se encuentre cumplido pues el mero transcurso del tiempo no implica per se una progresión en el régimen de tratamiento penitenciario si no va acompañado de las calificaciones necesarias a tal fin.

En lo concerniente al segundo requisito establecido en el art. 17 de la ley 24.660, en cuanto se le exige al condenado "no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente", es dable aclarar que dicha situación, al igual que los restantes recaudos, debe ser acreditada de modo fehaciente, de manera tal que no quede resquicio de duda de que el interno cumple cada uno de los requisitos previstos legalmente (ley 24.660 y decreto n/396/99) para acceder a las salidas transitorias.

En este punto observo otro déficit no menor habida cuenta de que la decisión recurrida no se ajusta a la inteligencia de la norma pues ante el pedido de actualización de antecedentes formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal -cfr. fs. 24/24 vta.-, el juez a cargo de la ejecución de la pena refirió que "...como lo he venido sosteniendo en reiteradas oportunidades, habiéndose recibido por parte del Tribunal de condena, la certificación de 12 antecedentes y no habiendo tomado conocimiento de un proceso en trámite, resulta sobreabundante insistir con la certificación de antecedentes requerida" -fs. 31/33 vta.- La mera afirmación de que en la causa obra un informe de antecedentes remitido por el tribunal de condena da cuenta de un criterio de valoración formal que relativiza la necesidad de corroborar debidamente el recaudo exigido en el apartado II del art. 17 de la ley 24.660 para la viabilidad del mentado beneficio.

En esta inteligencia cabe destacar que el a quo debió haber procedido a tenor del art. 507 del CPPN, es decir, requiriendo los antecedentes del condenado con las fichas dactilares al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria (ley 22.117) y al no haberlo efectuado incurrió en una omisión no menuda que tiñe de arbitrariedad su decisorio, máxime si se repara en la circunstancia de que lo soslayado no era un trámite complejo y su cumplimiento hubiera evitado todo este dispendio jurisdiccional.

En definitiva, las consideraciones vertidas por el a quo no brindan una adecuada respuesta al planteo formulado otrora por el fiscal, petición que, por más obvio que resulte aclararlo, resultaba razonable y pertinente para la correcta dilucidación del caso.

En este sentido, la decisión atacada, exhibe una fundamentación sólo aparente y, por ende, arbitraria, por lo que no puede ser reputada un acto jurisdiccional válido de conformidad con el art. 123 del digesto adjetivo.

En virtud de lo expuesto, adhiero a la conclusión a la que arriba el preopinante, en cuanto propicia hacer lugar al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida y ordenar al a quo que, previo informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal con las fichas dactilares y actualización en relación a las calificaciones de concepto y conducta del condenado, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho, sin costas (arts. 123, 471, 530, 531 del CPPN, apartado II del art. 17 de la ley 24.660).

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

13 Que he de adherir a la solución propiciada por los colegas que me preceden en la orden de votación, pues el requisito ineludible de que el interno se encuentre transitando el período de prueba de la progresividad del régimen penitenciario, para acceder a las salidas transitorias, se ajusta a lo que he sostenido en la Sala I de este Tribunal, entre otros, en las causas n/ 4791, Reg. n/ 6053, "De Nardis, Ariel s/recurso de casación", rta. el 14 de julio de 2003;

causa n/ 4843, Reg. n/ 6148, "Escobar, Sergio Gastón s/recurso de casación", rta. el 3 de septiembre de 2003 y causa n/ 4883, Reg. n/ 6169, "Lerda, Ana María s/recurso de casación", rta. el 11 de septiembre de 2003, entre otras; y, en esta Sala III, según mi voto, in re: "González, César s/recurso de casación", causa n/ 11206, Reg. n/ 1858, rta. el 18 de diciembre de 2009.

De otra parte, coincido en que para otorgar el beneficio solicitado también se ha omitido contar con el informe de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia Criminal, por todo lo cual la decisión del juez a quo resulta intempestiva (conf. mutatis mutandi, mi voto, in re: "Cardozo, Carlos", causa n/ 13611, reg. n/ 881/11, rta. el 23 de junio de 2011).

Por ello y demás fundamentos expuestos en los votos precedentes, me adhiero a sus conclusiones.

Tal es mi voto.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, SIN COSTAS, y en consecuencia ANULAR la resolución recurrida y ordenar al tribunal a quo que previa certificación de los antecedentes que pudiera registrar el condenado, y actualización en relación a la calificaciones de su concepto y conducta, se dicte un nuevo pronunciamiento (artículos 456 inciso 2°, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H.

Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin, 14 Secretaria de Cámara.