Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-15


AUTOS N 20.091 (110.057 - CONT. ADMINIST.) "SUPERCANAL S.A. C/ Municipalidad del Departamento Capital -Inconstitucionalidad (Art. 1 in fine, Ac. Gral. 54/07)" L. DE A. T° 168, F° 119/122 SAN JUAN, 15 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en estos autos N 20.091 (110.057 - CONT. ADMINIST.) caratulados "SUPERCANAL S.A. C/ MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO CAPITAL -INCONSTITUCIONALIDAD (Art. 1 in fine, Ac. Gral. 54/07)", sobre el recurso de apelación que deduce la actora contra la resolución del 19-03-09 por la que dispone la juez declararse incompetente para entender en la acción promovida por la actora, que demanda la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 32 y cctes. de la Ordenanza Municipal de San Juan n° 9.204, en cuanto establece para el ejercicio fiscal 2.009 la "Contribución sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio Público y lugares de uso público para empresas proveedores de Servicios de Televisión por Cable", en el 1,5% de sus ingresos brutos.

Se fundó en que se excluye de su competencia los procesos de jurisdicción originaria de la Corte de Justicia, o sujetos a otros procedimientos previstos por leyes especiales.

Siendo la verdadera pretensión la obtención de eximición del tributo, acudiendo a su declaración de inconstitucionalidad, es que el asunto es de competencia de la Justicia Municipal. Porque es función del gobierno Municipal crear y recaudar tributos de su competencia y aplicar su renta, con independencia de todo otro Poder; y tiene la facultad de crear Tribunales de Faltas. Que el art. 73 de la Carta Municipal, Ciudad de San Juan, les atribuye el conocimiento de "los reclamos y recursos que interpongan los contribuyentes y responsables en relación a los tributos, tasas y contribuciones, derechos, multas y demás sanciones que aplique la Municipalidad"; mientras que el 28 del Cód. de Faltas Municipal, determina que es competencia de la Justicia Municipal de Faltas esos mismos supuestos, además del juzgamiento de los reclamos y recursos de acuerdo a lo establecido por el último párrafo del artículo 73 de la C.Munic. y lo previsto en el Título XV del Código Tributario Municipal siendo de competencia de la Justicia Municipal de Faltas.

Por ello, encontrándose sometida la cuestión al procedimiento establecido en la legislación especial, y en función de lo dispuesto en el art. "1" inc. "a" del Ac. General N° 54/07, se declara incompetente, y ordena su remisión a la Justicia Municipal de Faltas de la Ciudad de San Juan.

Los agravios que sostienen la impugnación del actor, expresados a fs. 26, consisten en que la resolución parte de una premisa errónea y omite de manera equivocada un hecho esencial que es, lisa y llanamente, el objeto de la petición que fue la declaración de inconstitucionalidad; privando que sea el Poder Judicial quien resuelva y entienda en él. Contrariamente a lo entendido por la juez, la petición es absolutamente clara y no puede dar lugar a interpretación distinta, sin que pueda ser modificado diciendo que pretende la eximición del tributo. No es así porque "la eximición" implica no estar abarcado por él; es decir, reconocer la validez del mismo pero su inaplicabilidad en virtud de determinadas circunstancias. La eventual declaración de inconstitucionalidad implicará la nulidad del tributo y por ende su imposibilidad de cobro; pero ello será una consecuencia indirecta de la interpretación que debe hacer el Poder Judicial.

El único órgano con facultad para ejercer el control de constitucionalidad es el Poder Judicial. Es imposible que sea declarada y tratada por un órgano administrativo como son los Juzgados de Faltas Municipales, que están fuera de la órbita del Poder Judicial y pertenecen al Administrativo Municipal. Carecen de naturaleza judicial, y por ende se encuentran incapacitados de ejercer el control de constitucionalidad. Cita jurisprudencia respecto a las funciones de la Justicia Municipal de Faltas.

Dichos organismos pertenecen y están subordinados al mismo poder municipal cuya norma se ataca, lo que no garantiza los derechos de defensa y debido proceso.

Y CONSIDERANDO:

Entendemos que el recurso va a prosperar. Ello, porque en el caso la pretensión contenida en la demanda es clara al requerir el justiciable la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica; con lo cual, el no pago del tributo, será una derivación de determinar el ajuste de la Ordenanza Municipal que lo impone, a la Constitución. Dicha función la entendemos reservadas a los Tribunales integrantes del Poder Judicial, y no a los pertenecientes al Municipio.

Ello, siguiendo la enseñanza brindada por Alberto B. Bianchi, en su obra "Control de Constitucionalidad", pág. 245 y siguiente, en donde dijo que "Un debate interesante se suscita también en torno a si los órganos administrativo pueden ejercer control de constitucionalidad. Hemos visto que el sistema judicial argentino está estructurado sobre la base de un control judicial, potestad ésta que en principio no se extiende a los órganos administrativo. Pero habida cuenta que no hay ley positiva que regule la materia y existen además autorizadas opiniones en nuestro país que entienden lo contrario el debate esta abierto y es necesario abordarlo. Ya con anterioridad he dado mi opinión contraria a que los órganos administrativos puedan declarar la inconstitucionalidad de una ley pero ..- Si bien con las modificaciones que diré mas abajo es bueno empezar señalando que cualquier órgano de la administración, activa, consultiva o jurisdiccional está en condiciones de aplicar en su desempeño una norma jurídica, es evidente que son tal vez los llamados "jueces administrativos" quienes presentan mayores dudas al respecto, pues su función es prácticamente similar a la de sus semejantes los órganos judiciales. Hoy en día, como bien se sabe, es ya jurisprudencia clásica de la Corte Suprema a partir del leading "Fernández Arias c/ Poggio", que está habilitada la administración para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. A ello se llegó luego de una larga serie de jurisprudencia en la cual, incluso, se ha advertido una tendencia progresivamente judicialista. La pregunta acerca de si la administración está habilitada para ejercer control constitucional se centra así, principalmente, en torno de los jueces. Sin embargo, pese a estas similitudes, las diferencias entre ambos son importantes y ellas se reflejan en la imposibilidad de que los jueces de la administración ejerzan control constitucional, con la salvedad que se hará más adelante. En primer término, es obvio que no son ni pueden constituir nunca el "juez natural de la causa". Esta noción, cuyos orígenes son antiquísimos, y que aparece como una denominación nacida de la jurisprudencia de la Corte, no es predicable respecto de los jueces administrativos. A ello se oponen muchas razones, pero una de las más importantes es que los jueces de la Administración nunca pueden ser imparciales, pues actúan - la más de las veces- como jueces y parte al mismo tiempo. En segundo término, existe imposibilidad de que los órganos jurisdiccionales administrativos ejerzan control constitucional por la propia naturaleza de sus funciones. Recordemos que si bien de acuerdo con la reseña jurisdiccional, efectuada más arriba en nota 446, es claro que los jueces administrativos hoy constituyen órganos importantes, no menos cierto es que su función es el producto de una necesidad material, pero no sustancial. Es decir, se podría prescindir de ellos sin que la Constitución se viera agraviada. Los jueces administrativos son -recordémoslo - órganos subordinados al Jefe de la Administración Pública y no me imagino como un subordinado se puede convertir en controlante de su superior. Desde esta perspectiva, la imposibilidad de controlar la legalidad de un reglamento se traduce en la imposibilidad de controlar también una norma superior, es decir una ley. Los jueces administrativos son, entonces, lo que Montesquiu prevenía de los jueces judiciales, la boca de la ley. La posición institucional en la que están colocados les impide, entonces, evitar la aplicación de una ley o reglamento, pues la administración pública (y son parte de ella) no esta creada para verificar la constitucionalidad de los actos de gobierno, sino para aplicarlos. La Corte sostuvo "cualesquiera sean las facultades que corresponden reconocer al Poder Administrador para dejar sin efecto los actos contrarios a las leyes, no cabe - sin embargo - admitir que sea de su resorte el declarar la inconstitucionalidad de éstas. Ello así porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo, y admitir, en consecuencia, la posibilidad, que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal c/ Gobierno de la Prov. De Salta. Fallos: 269, 243. "Provincia de Mendoza contra Gobierno de la Nación". La Corte ha reiterado este criterio aun cuando lo ha hecho de manera incidental y sin considerar la cuestión detenidamente Fallos: 298,511".

En cuanto a la naturaleza de los Juzgados que componen la Justicia Municipal de Faltas, se concluye que ellos no integran el Poder Judicial de la Provincia; y las funciones que ejercen y el grado de independencia con que el legislador los ha dotado no alteran su calidad de órganos administrativos municipales. "Huser S.A.I.C. 01/01/79 T 301, p. 1177". Es decir que constituyen organismos administrativos ya que la Justicia Municipal de Faltas se halla enmarcada en los ámbitos de las normas que regulan el funcionamiento de la administración municipal. Las funciones jurisdiccionales que ejerce no alteran su naturaleza de órgano administrativo municipal, y no lo sustraen a la supremacía de ese Poder; sin perjuicio de las formas y modalidades que asuma tal supremacía en atención a las facultades jurisdiccionales.

En mérito de ello SE RESUELVE:

Revocar la resolución del 19-03-09.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.