Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15


En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los ......15....... días del mes de Diciembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia a cargo del Dr. Fernando S. L. Royer y asistencia de los Dres. Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti, para dictar sentencia en los autos caratulados: "B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ ORDINARIO" (Expte. Nº 21.656-B-2009), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 205, de conformidad con las Acordadas N° 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Caneo, Pasutti y Royer.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PREVIA: ¿"Es regular, en orden a la competencia, el procedimiento seguido en este pleito"? y eventualmente y a sus resultas, PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación intentado? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la cuestión previa el Dr. Caneo dijo:- ANTECEDENTES.

I.- Invocando el derecho que le acuerdan la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 838, la Ley N° 69 y los principios generales del derecho del trabajo, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, el 23 de Marzo de 2006, M. P. B., demandó a la Municipalidad de Trelew por cobro de haberes, ante el Juez Laboral de aquella ciudad (fs. 1/6 vta.).-- En el capítulo de los hechos, explicó que con reserva del cargo que actualmente ocupa en la planta permanente, desempeñó funciones políticas o de gabinete como Directora de Política Educativa -primero- y luego, como Coordinadora de Desarrollo Social, en la Secretaría de Promoción de la Comuna demandada.- Dijo que una vez culminada la gestión respectiva, retomó el cargo que actualmente ocupa, quedando pendientes de otorgamiento y liquidación, las licencias vacacionales devengadas durante los períodos en que ejerció funciones de mayor jerarquía. Añadió que por razones de servicio, las mismas fueron interrumpidas o directamente denegadas.- Resaltó que la remuneración del cargo de gabinete, era superior al que actualmente percibe como agente de planta permanente, razón por la cual esgrimió que las vacaciones anuales acumuladas en los períodos en que desempeñó aquellas funciones, debían ser liquidadas según la mayor retribución devengada.

Subrayó que ésta es la interpretación del Tribunal de Cuentas Municipal, a partir de la consulta evacuada en Abril de 2004, por el asesor legal del órgano, Dr. Eduardo Palacios, mediante Dictamen Nº 48, que transcribió.-- Expresó que pese a ello, la Comuna no se pronunció sobre la cuestión, ni liquidó las licencias anuales por vacaciones, de conformidad con el último cargo jerárquico desempeñado en el período respectivo, lo que le ocasiona un perjuicio patrimonial.

A continuación, practicó liquidación distinguiendo el salario liquidado y el devengado. Finalmente, estima el monto de la demanda en ($ 8.606,04) Pesos ocho mil seiscientos seis con cuatro centavos y/o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendir, intereses legales y costas del proceso.

Ofreció prueba, fundó en derecho y formuló petitorio de estilo.

II.- Por su parte, la accionada planteó la incompetencia del magistrado. Contestó demanda. Fundó en derecho y formuló petitorio de estilo (fs. 10/15).

En primer lugar, argumentó que del libelo promocional surge que la actora -quien fundó su pretensión en el Estatuto del Empleado Municipal- revista en la planta permanente de la Municipalidad de Trelew, lo que le permitió sostener que entre las partes, existe una típica relación de empleo público, regida por el Derecho Administrativo.

Destacó que ese vínculo, se tipifica por el sujeto empleador que justifica el régimen exorbitante al derecho común, el derecho administrativo, receptor de las prerrogativas públicas para la prestación de la actividad administrativa en la comunidad.

Recordó que para discernir la competencia debe analizarse el contenido de la demanda, como también la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos y el derecho que se invoca.

Argumentó que el art. 2° de la Ley de Contrato de Trabajo establece que dicho cuerpo normativo no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya.-- Añadió que por vía jurisprudencial se ha puntualizado que para que un vínculo de empleo público se rija en todo o en parte por el derecho laboral, es menester que una ley expresamente lo disponga.- Subrayó que la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew ha sostenido que: "el conocimiento de las causas contencioso-administrativas contra actos o decisiones de la Municipalidad y sus entes descentralizados, compete a los Sres. Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial..." (Res. Nº 105/94 S.I.C.).

Alegó que el art. 41 inc. 2° de la Ley N° 37 Orgánica de la Justicia de la Provincia del Chubut, establece que corresponde a los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial entender y resolver en las causas y recursos contencioso-administrativos que se originen en actos o decisiones de las Corporaciones Municipales y sus entes descentralizados y autárquicos.-- Subrayó que "no existe duda alguna que nos encontramos frente a un caso contencioso-administrativo que escapa a la competencia de V.S. para entender en estos actuados.".- A continuación, negó todos y cada uno de los hechos y derecho alegado por la actora y contestó demanda.- En primer lugar, aclaró que la actora gozó la totalidad de la licencia cuyo pago ahora reclama sin fundamento en las normas municipales vigentes. Explicó que las vacaciones ordinarias anuales, tienden a preservar la salud del agente y que debe procurarse que éste las usufructúe sin que ellas puedan ser compensadas en dinero. Indicó que sólo procede su pago, cuando se produce la ruptura de la relación laboral, y éste, no sería el supuesto de autos.

Luego argumentó que la finalidad del instituto se había cumplido porque la actora usufructuó la totalidad de las licencias ordinarias anuales y dijo que la condena al pago de las diferencias salariales reclamadas, constituiría un enriquecimiento sin causa.-- Añadió que mientras B. desempeñó funciones de gabinete, percibió íntegramente el sueldo y que es improcedente que luego de haber cesado y gozado seis meses de vacaciones, continúe percibiendo una remuneración por un cargo de mayor jerarquía que ya no ocupa.

Refirió que el art. 5° del Anexo II de la Ordenanza Nº 838 "Régimen de licencias", indica que sólo en el supuesto de ruptura de la relación laboral, las vacaciones pueden ser abonadas en dinero. Y que el art. 8° del mismo cuerpo normativo, establece que las licencias no son acumulables, salvo el caso de disposición del Intendente o Secretario del área, en cuyo caso la denegatoria debe ser debidamente fundada. Aún en este último caso, no se pueden acumular más de dos períodos, y una misma licencia no puede ser aplazada más de una vez.

Aclaró que en el caso de la actora, no existió ruptura de la relación. En algunos períodos, la licencia se aplazó más de una vez, en otros, no existió denegatoria, y cuando la hubo, careció de fundamento, y -por ello- no puede alegarse que ella haya interrumpido el plazo de caducidad establecido.- Apostilló que el empleado debe reclamar el goce de la licencia denegada, pues en caso de no hacerlo pierde el derecho por su propia inacción y la actora, debió realizar reclamos administrativos, y en su caso, el judicial. Al no hacerlo, perdió las atrasadas. Explicó que las correspondientes a los años 1998 a 2001, caducaron. Sólo debió usufructuar las devengadas en los años 2002 y 2003.-- Ofreció prueba, fundó en derecho y formuló petitorio de práctica.-- III.- Finalmente, el Juez Laboral se declaró incompetente. Para concluir de ese modo, valoró que la actora revista en la planta permanente municipal y que reclamó el pago de vacaciones correspondientes a períodos en los cuales no pudo usufructuar licencias por desempeñarse en cargos políticos de mayor jerarquía, con fundamento en el Estatuto del Personal de la Municipalidad de Trelew, Ordenanza N° 838.

Interpretó que para canalizar su reclamo, había optado por la vía ordinaria, y que las actuaciones debían remitirse a la Cámara de Apelaciones para que determine cuál de los Juzgados Civiles y Comerciales de Trelew debía intervenir (art. 41 inc. 2° de la Ley 37, conc. y modificatorios y 131 2° pfo. de la Ley 3098) (fs. 20/21 vta.).

La causa quedó finalmente radicada ante el Juzgado Letrado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Nº 2 de la Ciudad de Trelew.- IV.- La Sentencia Definitiva de Primera Instancia -Nº 40/2008-, admitió la demanda (fs. 118/122 vta.). El Magistrado se declaró competente tras concluir que el reclamo de diferencias salariales se encuadraba en una relación empleo público.

Aseguró que la cuestión debía dilucidarse conforme los principios de derecho administrativo, sin que pueda desconocerse que hubo un acto emitido por la máxima autoridad del municipio, -Resolución 1581/03- que le reconoció 174 días de licencia, por los períodos comprendidos entre 1998 y 2003, que goza de presunción de legitimidad y que no fue privado de sus efectos, por otro posterior de la propia administración.-- SENTENCIA DE LA SALA "A" DE LA CÁMARA DE APELACIONES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE TRELEW:

V.- Mediante Sentencia Definitiva N° 28/2008, la Alzada revocó el fallo apelado por el Municipio y rechazó la demanda entablada en todas sus partes (fs. 142/154 vta.).

Según el Magistrado que sufragó en primer lugar, el planteo de caducidad de las licencias opuesto por la accionada debía ser desestimado porque la Comuna dictó la Resolución Nº 1581/03, conducta jurídica que no podía ser válidamente desconocida, porque no resultaba legítimo la pretensión de obrar en oposición a sus propios actos administrativos ya consumados, en franca trasgresión al principio acuñado bajo la expresión venire contra factum non valet.

Agregó que ello ponía de manifiesto una actitud claramente inconciliable con su comportamiento anterior ya consentido, configurando así una contradicción que no merecía amparo judicial, porque colisionaba con el principio de buena fe, conforme a la doctrina de los actos propios tradicionalmente recibida en esa Cámara (fs. 143 vta.).- Partió de la premisa de que a pesar de que el Estatuto del Personal Municipal (anexo II, art. 8°), establece el principio de caducidad, según el cual las vacaciones no usufructuadas no pueden acumularse, la Comuna hizo una excepción a dicha regla y le concedió a la actora 174 días pendientes de disfrute.- Se preguntó si no se habría compensado el hipotético perjuicio derivado de no gozar las vacaciones percibiendo el sueldo de mayor jerarquía con la "graciosa concesión" posterior de dichas licencias, a pesar de su improcedencia según las normas administrativas vigentes.-- Respecto a la ausencia de fundamentación legal alegada por la accionada al apelar, expresó que la única referencia a la Ordenanza Municipal Nº 838/78, citada por el a quo, para fundar su decisión es la Resolución N° 1581/03, que se limitó a reconocerle a la actora 174 días de licencias ordinarias no usufructuadas, sin mención alguna al aspecto salarial.

En definitiva, sentenció que a M. P. B., no le asistía el derecho de reclamar diferencias salariales por el goce tardío de sus vacaciones.

A su turno, el Camarista que votó a continuación juzgó que en autos, no existía causa fuente para reconocer la obligación que la sentencia de grado puso a cargo de la demandada... ni una sola norma que establezca esta obligación ni contratación alguna que la consigne... y que regía una incompatible con la pretensión actora: el art. 8 del Anexo II de la Ordenanza Municipal de Trelew Nº 838/78 (Estatuto del Personal) (fs. 149 vta.).- Añadió que no podía sostenerse que se deba una diferencia salarial porque se concedió antes una licencia, cuando el ordenamiento jurídico aplicable la vedaba. En tal situación, el primer acto de concesión en violación a la normativa (aludiendo a la Resolución Nº 1581/03), no implicaba un acto propio, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, como inveteradamente exige nuestra jurisprudencia para aplicar la doctrina de los actos propios.

Argumentó que conceder una licencia en contra de lo dispuesto por el art. 8 de su Anexo II, no podía invocarse para apoyar sobre ella una pretensión no prevista legalmente y que además, estaba vedada por la normativa.- -Sostuvo que la frase estereotipada que utilizan nuestros tribunales al hablar de actos propios que exige un primer comportamiento jurídicamente relevante y plenamente eficaz, evidentemente, no podía aplicarse a un primer acto -aludiendo a la Resolución N° 1581/03- que concede un derecho en contra de lo expresamente establecido por una norma. Ello, porque allí no hay ni relevancia jurídica, ni eficacia plena, no dándose los requisitos para la aplicación de la doctrina de los actos propios (fs. 150).- Declaró que el acto de reconocimiento de la licencia de 174 días a la actora contravenía lo dispuesto por el art. 8 del Anexo II de la Ordenanza Nº 838/78 (Estatuto del Personal) y que las mismas, caducaron de pleno derecho (fs. 151).-- En definitiva, juzgó improcedente el reclamo.- EL RECURSO DE CASACIÓN.-- VI.- La actora interpuso recurso de casación con fundamento en los incs "a" y "e" del art. 288 del C.P.C.C. (fs. 166/180 vta.). Adjuntó copia de la sentencia definitiva dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, en autos: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ cobro de pesos" (Expte. 22.593/2008). Hizo reserva del caso federal.

La Alzada lo declaró inadmisible (Nº 218/2008 SIC). Esta Sala -mediante Resolución Nº 31/S.R.E./2009- revocó el pronunciamiento tras admitir la queja por casación denegada deducida por la actora.-- La accionada ejerció el derecho que le acuerda el art. 293 del C.P.C.C. a fs. 197/199.-- VII.- El Señor Procurador General, opinó que la sentencia venida en recurso debe ser revocada pues ante la falta de previsión normativa expresa en el régimen administrativo aplicable (Ordenanza Municipal Nº 838/78), la cuestión debió resolverse aplicando analógicamente el art. 155 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En un segundo orden de ideas, observó que el Tribunal no estaba habilitado para proceder a la revisión judicial oficiosa de la Resolución Nº 1581/03 mediante la cual se le reconoció a la actora 174 días de licencia, toda vez que no se declaró ni intentó la lesividad por vía de reconvención (fs. 201 y vta.).-- ANALISIS:- Antes de ingresar al tratamiento de la cuestión previa sometida al Acuerdo, corresponde señalar que a fs. 221, de los autos: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ cobro ...", esta Sala advirtió que entre aquéllos y los presentes, existe evidente conexidad (objeto y causa), razón por la cual y a fin de evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, decidió resolver ambas causas en forma simultánea (Auto Interlocutorio Nº 02/2009).

I.- Formulada esta aclaración, me avoco de lleno al estudio de la competencia, que es un presupuesto del proceso que debió ser discutido in limine litis y sobre el cual, todo juez requerido debe pronunciarse de oficio (Conf.: arts. 4 y 337 del C.P.C.C.; Podetti, "Tratado de la competencia", pág. 364).-- En el caso, se trata de la competencia en razón de la materia, de orden público, absoluta e improrrogable y susceptible de ser declarada en cualquier estado del proceso (Conf.: Alsina, Tomo II, Ediar 2°, págs. 514/518).

Para discernirla, corresponde analizar el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal (S.T.J.CH., S.I. N° 175/90; 79 y 118/91; 84/95) así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa y la exposición de los hechos que la actora hizo en su demanda. Pues, más allá del derecho invocado en el reclamo, el criterio determinante es el del derecho aplicable habiéndose decidido que frente a la exposición de los hechos, "el juez debe decidir sobre la competencia con abstracción del régimen normativo alegado". (CNFed., en pleno, in re "Boccardo...", LL 1978-C-5).

II.- En primer lugar, debo admitir que los términos de la demanda son confusos, porque la actora manifestó que una vez culminada la gestión política, quedaron pendientes de otorgamiento y liquidación las licencias devengadas. La accionada, en cambio, asegura que las licencias fueron íntegramente usufructuadas.

De cualquier modo, -insisto- para discernir la competencia hay que circunscribirse a analizar la demanda. Y en esa faena, estimo dato suficiente, que M. P. B., agente que revista en la planta permanente, demanda a la Municipalidad de Trelew, por cobro de haberes y diferencias salariales, con fundamento en la Carta Orgánica Municipal de Trelew, Ordenanza Nº 838, Ley N° 69 y principios generales del derecho del trabajo, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia.

La cuestión de fondo traída a debate, el régimen de licencias del empleado público, no es novedosa para el Cuerpo. En efecto, esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse en autos: "M., H. A. c/ Provincia del Chubut s/ demanda por diferencias de haberes" (S.D. N° 5/S.C.A./05); "W., A. c/ Provincia del Chubut s/ demanda contencioso-administrativa" (S.D. N° 11/S.C.A./2006) y recientemente, in re: "G., B. R. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Demanda contencioso-administrativa" (S.D. N° 09/S.C.A./2009).-- II.a.- En la causa "M....", refiriéndome a las vacaciones, dije que "...en el Estado Social de Derecho no cabe aceptar la existencia de una relación que sólo admita derechos a favor del poder público, exclusivamente, e imponga sólo obligaciones y deberes respecto de funcionarios y empleados, órganos individuos, imprescindibles para que la Administración cumpla su accionar (ESCOLA - Compendio de Derecho Administrativo - Tomo I- pág. 369,371).- Amén de su caracterización como derecho-deber -en lo que coinciden doctrina y jurisprudencia- no debe olvidarse que las vacaciones anuales, licencia ordinaria o licencia anual reglamentaria paga, constituyen una conquista social del agente público -mas allá de las distintas concepciones que explican su naturaleza jurídica- que quedó plasmada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, a idéntico nivel de la estabilidad, o la jubilación, las que -reza el precepto- se asegurarán con la protección de las leyes".-- Añadí que era: "...Verdad que el ejercicio de ese derecho, como el de ninguno de los constitucionalmente consagrados- es absoluto.- Debe ceñirse a su reglamentación, y ésta, para el agente estatal, está predeterminada en normas estatutarias, que imponen un "status iuris" particular, al cual deben sujetarse los agentes y la Administración misma en respeto del principio de legalidad que rige -debe regir- su "accionar."- Apostillé que: "...La recepción constitucional aludida hace en mi opinión evidente, que la índole de derecho-deber que se le otorga al instituto, si bien es cierto ...beneficia al Estado (muchas de las limitaciones que vienen impuestas por la reglamentación, tienen en miras el interés del Estado en la satisfacción del servicio, tal como la regla de no acumulación) ha sido así consagrado en favor del dependiente con causa en la finalidad de salud, esparcimiento y descanso que la sustentan.- Y por este motivo, y sólo por éste, se impide su compensación dineraria; para evitar que el empleado se sienta incitado -motivado por una razón económica- a privarse del descanso y obtener un salario "extra" en su lugar (Criterio STJ Neuquén en "Montesinos..." Ac. Nº 1040 - 20/8/04 - Neujus).- De ningún modo -estimo en consecuencia- la incompensabilidad reconoce como causa un ahorro estatal.- "La no compensación no sólo salvaguarda principios esenciales de la salud, la vida y la sociedad, sino que conforma la estructura racional de una buena organización" (Ibídem - "R. D...." - Ac. Nº 489/97, "M....." Ac. Nº 860/02)".-- Previne que: "...Siendo así, mientras la relación de empleo está vigente, el agente tiene el derecho y el deber de gozar de su licencia anual que le asegura el descanso reparador.- Mas si aquélla cesa, si el vínculo se rompe,... en ese caso el derecho se traduce en moneda.- Y esto es reconocido a título indemnizatorio, y el porqué para que así sea no puede ser otro que por haber el Estado impedido su goce por una razón de servicio, o no haber previsto -como las reglamentaciones lo exigen por la vía de la programación- su goce en el tiempo oportuno".

En esa oportunidad, en la que había mediado ruptura del vínculo, aduné sobre la razón de la procedencia de la compensación dineraria por vacaciones no gozadas, y su naturaleza indemnizatoria.-- II.b.- Recientemente, en autos: "G....", en los que la actora, usufructuó licencias anuales pendientes, devengadas tras desempeñar un cargo de mayor jerarquía al de revista, sostuve que: "No es distinto el tratamiento que proponen los laboralistas, que cito a título ejemplificativo y de abono de esta postura, sin soslayar que la situación de los empleados públicos es distinta, con particularidades propias derivadas de la naturaleza de la relación de empleo, reglada por el derecho público, calificada por la presencia del Estado como empleador, y por el tipo de actividad que desarrolla (pública, vinculada con la satisfacción de intereses de la sociedad)...-- Miguel Ángel PIROLO expone: "...se discute en doctrina si la retribución que recibe el trabajador para atender a sus vacaciones constituye realmente una "remuneración" dado que, como es sabido, ésta corresponde a la prestación de servicios o a la disponibilidad de la capacidad laborativa de aquél y ninguno de estos extremos se da cuando goza del descanso anual. Se reconoce así un carácter asistencial a dicha retribución que acerca el beneficio al ámbito propio de la seguridad social, no obstante lo cual destacamos que nuestro derecho positivo, tanto las leyes y estatutos como reiteradas decisiones judiciales, asignan a aquélla típico carácter remuneratorio. En lo que no existe ningún tipo de discusión, es en que el beneficio fue instituido para que el trabajador goce en forma efectiva- atenta la finalidad higiénica y social que persigue-, por lo que debe descartarse toda posibilidad de que sea sustituido o compensado por otra especie de concesión. El trabajador que prestó servicios ininterrumpidos durante el período que le hubiese correspondido gozar de vacaciones no tiene derecho a compensación alguna porque el "no descanso" no puede sustituirse por dinero...Claro que si se produce la extinción del contrato de trabajo antes de que el trabajador hubiese podido gozar de su descanso anual, en tanto éste no puede concederse porque el vínculo ya no se encuentra vigente, no queda otra posibilidad que abonar una indemnización equivalente a la suma que se hubiese devengado a favor del trabajador en concepto de "vacaciones" para que éste no pierda su derecho a un "descanso remunerado" (Conc. "Instituciones destinadas a proteger la salud del trabajador: Jornada. Descansos. Vacaciones...."- D.T. 1991-A, 929) (S.T.J.CH. S.D. N° 9/S.C.A./09).-- III.- La reseña no es ociosa, pues ella me permite afirmar que el pago de la licencia, vigente la relación de empleo público, participa de la naturaleza del salario y su reclamo, constituye una pretensión procesal materialmente contencioso-administrativa, especie del género pretensiones procesales, cuya nota común, en la generalidad de los ordenamientos, concierne a su fundamento: se trata de reclamaciones judiciales fundadas en normas y principios de derecho administrativo, a diferencia de la materialidad de la pretensión que se esgrime por vía de la acción de Derecho Común, en que la situación y por ende la relación, se rigen primordialmente por el Derecho Civil.-- Ello es así, aún en el supuesto en que sean invocadas normas de Derecho Laboral, siempre que el objeto del servicio cumplido por el agente sea de naturaleza administrativa (SCBA, B 54.475 I, 30/6/1992; B 54.970 I, 16/2/1993). De lo que se sigue que en el plano jurisprudencial de la Provincia de Bs. As. son casos contencioso-administrativos los que se suscitan entre la Administración Pública y sus agentes en el ámbito de la relación de empleo que los liga (SCBA, B 57.607 I, 18/10/1996).

IV.- Definida la naturaleza de la pretensión, advierto que -salvo la parte actora, quien interpuso la demanda ante el Juez Laboral-, tanto la demandada, como los jueces intervinientes, coincidieron en calificar a la acción planteada como de naturaleza contencioso-administrativa municipal, que en el orden provincial ha sido legislada por la Ley N° 3098.

Al respecto, este Cuerpo calificó como verdaderas "acciones" contencioso-administrativas, las contempladas por las prescripciones del art. 127 y siguientes de la Ley 3098, preceptiva que -además- establece una serie de condiciones de admisibilidad de esas vías, que en el Derecho Procesal Administrativo se cualifican globalmente como de "habilitación de la instancia": la reclamación administrativa previa, la necesidad de un acto que cause estado, la previsión de plazos de caducidad.

A propósito de tales presupuestos, declaró que "no sólo la competencia de los tribunales es de orden público, también lo son los procedimientos instaurados, y en su marco, los recaudos para la admisión de las acciones" (S.D. N° 03/S.C.A./98), que deben ser -todos ellos- examinados de oficio por el Tribunal.- Pues la Ley Provincial Nº 3098 indica con toda claridad, que los recaudos están impuestos como presupuestos de procedibilidad de estas acciones- que regula impropiamente como "recursos", según lo estableció la ya asentada jurisprudencia de este Cuerpo- y no son disponibles por voluntad de las partes. Repárese simplemente en su redacción: el art. 128 indica "para que proceda el recurso es necesario..."; el art. 129 reza "el recurso no será admitido..." y el 130 remata" no se sustanciará recurso alguno"... Y aún cuando algunas voces aún se alzan contrarias a la oficiosidad de este examen (vgr. Mario Retjman Fara -La consagración legal de la habilitación de instancia de oficio- su inconstitucionalidad- Rev. Derecho Procesal Administrativo Tomo I Hamurabi pág. 917), el texto legal no deja a las Cámaras de Apelaciones ninguna "facultad" al respecto. Están obligadas a verificar su cumplimiento, o en su caso, a fundar su inaplicación o apartamiento, y ésta es una obligación de las comprendidas en el art. 168 de la Constitución Provincial.

V.- Corresponde discernir a continuación -en el marco de la Ley N° 3098- si el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Trelew, era el competente para dirimirla en primera instancia.- El derecho adjetivo concede al damnificado distintas opciones: la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante el Tribunal competente en lo contencioso-administrativo -Cámara de Apelaciones- (art. 127 Ley N° 3098); o bien, la acción contencioso-administrativa de nulidad, para luego intentar, si ésta prospera, la que demande la satisfacción de los derechos civiles lesionados (acción civil sucedánea a la de nulidad) caso en el cual, la primera deberá ser intentada ante el Tribunal en lo contencioso-administrativo y la segunda, ante el juez civil.- Existe una tercera opción, que no pocas discusiones ha generado en doctrina y jurisprudencia, cual es la de prescindir de la vía contencioso-administrativa para reparar el agravio, y ocurrir ante los tribunales de derecho común (a la que refiere el art. 131 "in fine" de la Ley 3098). Pero ello es posible cuando de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción se trata, pues es el objetivo de resarcimiento, la protección o el amparo en el derecho común reclamado, el que justifica esa opción y la consecuente prórroga de jurisdicción, opción que por otra parte no cambia la materialidad de la acción (S.I. N° 3 y 34/ S.C.A./96). Esta previsión normativa, no importa sino la aplicación del principio electa una vía non datum regressus ad alteram, y la elección sólo es posible si se justifica la competencia del juez civil.

VI.- En el caso, no se demandó suma alguna en concepto de reparación pecuniaria amparada en el derecho común, sino el pago de diferencias salariales vigente una relación de empleo público, pretensión materialmente contencioso-administrativa, que sólo puede ser dirimida por el Tribunal con competencia en lo contencioso-administrativo municipal: la Cámara de Apelaciones (Conf.: arg. art. 127 de la Ley N° 3098).-- En razón de lo expuesto, opino que no puede interpretarse que la actora ejerció la opción que acuerda el art. 131 "in fine" de la Ley N° 3098. A mi entender, planteó una cuestión contencioso-administrativa municipal, ante un Juez incompetente.- En verdad, la actora no podía ejercerla válidamente, porque su pretensión no podía ser resuelta por el Juez Civil por aplicación de normas de derecho común. Simplemente, -insisto- dedujo una acción contencioso-administrativa municipal ante Juez incompetente y ello debió ser advertido "in limine litis", por los Magistrados que en lo sucesivo intervinieron en el sub-lite.-- VII.- Tal es así, pues la naturaleza de la acción planteada, es lo que habilita el ejercicio válido de la opción, toda vez que existen pretensiones -como la deducida en los presentes autos- que se agotan en el Derecho Público, y que no admiten el ejercicio del derecho común, pues -como más arriba se dijo- el Juez civil, no es competente para entender en pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo. (JUBA sumario B3400428; SAIJ sumario 70012561)-- VIII.- A la conclusión que arribo agrego que la incompetencia del a-quo, no queda purgada con el hecho de que la Cámara de Apelaciones -a la sazón, órgano competente para resolver en Primera Instancia (Conf.: arg. art. 127 Ley N° 3098)- se haya pronunciado sobre el fondo, pues lo hizo en el marco de un procedimiento impropio para la acción intentada, sin verificar su competencia, de orden público.- IX.- Una última salvedad. La reseña de los antecedentes de la causa, me ha convencido, de que ni las partes, ni los sucesivos magistrados intervinientes acataron los mandamientos de la Ley N° 3098 que diseña el procedimiento contencioso-administrativo municipal, ni la inequívoca y consolidada doctrina legal obligatoria de este Superior Tribunal de Justicia, edificada- las más de las veces- a partir de los numerosos conflictos de competencia que se trabaron como consecuencia de la distinta interpretación de la Ley de Corporaciones Municipales (S.T.J.CH., S.I. Nº 49/95; "P."; 13/S.C.A./96 "P." inclusive, -aunque tangencialmente- en S.D. Nº 08/S.R.E./96 "F.". (Conf.: S.T.J.CH., S.I. Nº 99/2001).- He comprobado que en el marco de una acción contencioso administrativa municipal caratulada: "L., R. c/ Municipalidad de Rawson s/...", la Sala "B" de la Cámara de Trelew, expresó " que la acción de plena jurisdicción ...debió haber sido realizada por ante el Juzgado de Primera Instancia de Rawson. Es que cabría entender que este tribunal de apelación, cuenta con competencia atribuida por la ley 37 y concordantes exclusivamente como tribunal de revisión y por ende no puede fungir como tribunal ante el cual pudiera tramitar un procedimiento, cualquiera sea el tipo, propio y connatural a la actividad que se desarrolla en un tribunal de primer grado. Y ello tanto es así que indudablemente las interpretaciones que se han venido dando a los artículos 127 a 133 de la Ley 3098 lejos se encuentran de ser claras. A título de ejemplo, dicha norma denomina recurso a lo que no es recurso o atribuye procedimiento de los recursos (al señalar el art. 132 "in fine" para la tramitación del recurso libre) y luego por vía de interpretación jurisprudencial se termina distinguiendo según sea el contenido del planteo y su oportunidad no solamente por ante quien debe ser presentado sino también la manera en que deberá transitarse en su discusión y decisión. En resumen, sería de considerar como un modo de clarificar en los futuros planteos por ante quién y cómo efectuarlos que, tratándose de acciones de pleno conocimiento (denominadas de plena jurisdicción) deberán ser estos interpuestos por ante el Juez de Primera Instancia y en cambio, cuando se trata de impugnaciones dirigidas contra actos administrativos, deducidas dentro del término de quince días previsto por la ley, deberá darse el tratamiento previsto por el art. 132 de la Ley 3098" (SIC N° 68/08).- Hermenéutica que, desde ya, este Cuerpo no comparte, pues contradice inexplicablemente, los términos de los arts. 127 y 131 de la Ley N° 3098 y la doctrina legal de esta Sala que (ver S.T.J.CH., S.I. N° 49/95), ha sostenido -hasta el cansancio- que la Ley de Corporaciones Municipales, atribuye a la Cámara una competencia material especial, de orden público y por ende improrrogable (Conf.: Autos: "B.... c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia"; S.D. N° 06/S.C.A./07); que las acciones contencioso-administrativo municipales, se rigen principalmente por la norma de su creación e implementación y sólo subsidiariamente, son aplicables las reglas de procedimiento civil; y que: "la Cámara no puede obligar al actor a recurrir a la opción dada por el art. 131 "in fine", desatendiendo el caso de su competencia originaria" (S.T.J.CH., S.D. N° 16/S.R.E./02).-- Otro ejemplo del desentendimiento de las prescripciones de los términos de la Ley N° 3098, por demás paradigmático de lo que aquí se viene expresando, es la actuación que le cupo a la Cámara de Esquel en los autos "B., N. y otros c/ Municipalidad de Corcovado s/ cobro de diferencias de Pesos s/ recurso contencioso-administrativo" (Expte. Nº 165/04 CANO) (Expte. Nº 20.735-B-2006) que llevaron a esta Sala a advertir, en el marco dado por el art. 178 de la Constitución Provincial, sobre la obligación de cumplir con lo preceptuado por Ley Nº 3098, en orden a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las acciones contencioso-administrativas atribuidas a su conocimiento, "in límine litis" para evitar dispendio inútil de jurisdicción, o bien, fundar su apartamiento (S.T.J.CH., S.D. N° 06/S.C.A./07).-- En este caótico contexto jurisprudencial, el principio de seguridad jurídica, zozobra. Por tal motivo, entiendo que lejos de constituir un abstracto prurito formal, postular la anulación de lo actuado a partir del dictado de la sentencia de primera instancia por falta de competencia material del Juez Civil, constituye un imperativo, tendiente a paliar la inseguridad generada por el reiterado e injustificado incumplimiento de los preceptos de orden público que rigen la materia, que se verifica en los presentes autos.-- Por ello, propondré al Acuerdo, indicar a los Magistrados actuantes, en el marco dado por el art. 178 de la Constitución Provincial, sobre la obligación de cumplir con lo preceptuado por la Ley N° 3098, en orden a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las acciones contencioso-administrativas atribuidas a su conocimiento, "in limine litis" para evitar dispendio inútil de jurisdicción, o bien, fundar su apartamiento, tal como este Cuerpo resolvió en S.D. Nº 06/S.C.A./07; declarar de oficio la nulidad del fallo de Primera Instancia: S.D. N° 08/2008.- ASI LO VOTO.-- X.- A continuación, y sin perjuicio de la solución anulatoria que propongo al Acuerdo, considero imperativo opinar sobre la "evidente conexidad" que guarda la presente causa en la que la Sala "A" resolvió rechazar la demanda, con la caratulada: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ cobro de pesos" (Expte. N° 22593/2008), resuelta en sentido contrario por la Sala "B", ambas de la Cámara de Trelew con asiento en Trelew, advertida por el Cuerpo y anunciada al inicio de mi voto.

El forum conexitatis (art. 6 del C.P.C.C.) consiste en un instituto procesal que, con fundamento en la interdependencia de las acciones deducidas desplaza la competencia originariamente establecida en los juicios conexos hacia el juez que interviene en el proceso principal o en el que previno. Su fundamento radica no sólo en la economía procesal, al reunir en un mismo tribunal las causas conexas, sino también en la conveniencia de mantener un mismo criterio para resolver cuestiones vinculadas que tienen origen en los mismos hechos (Conf.: De los Santos M., "Como mejorar la gestión de las causas", Revista J.A. del 26 de Agosto de 2009, coord.. M. De los Santos y E. Días de Vivar pág. 35).- Pues es dable "evitar la incertidumbre y el escándalo jurídico que implica que un juez diga blanco y otro negro, sobre la misma cuestión litigiosa" (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", pág. 167).-- La conexidad, ha sido expresamente valorada por la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew en pleno, en oportunidad de reglamentar la adjudicación de causas elevadas en recurso. En efecto, el art. 1° del Acuerdo Plenario Nº 4 (B.O. 9/12/97), establece que la asignación de Sala en las causas elevadas en recurso se efectuará en la Oficina de Adjudicación de Causas con asiento en esta Cámara de Apelaciones mediante sorteo diario por las categorías de recurso y de proceso determinadas en el art. 3°, salvo en los casos en que cualquiera de las salas, a partir de su integración como tales, hayan prevenido en el asunto, medie atracción, o se trate de un expediente que guarde conexidad con otra causa en la que una Sala ya haya conocido anteriormente.- Consecuentemente el art. 5° determina que cuando una Sala hubiere intervenido en una causa, ésta quedará definitivamente radicada en ella, aún en los casos de impedimento, vacancia o ausencia de sus miembros, para todas las cuestiones que se susciten... A la misma Sala le corresponderá también conocer en las causas conexas e íntimamente ligadas con la que haya prevenido.- Lo cierto, es que tras declararse incompetente el Juez Laboral remitió el 26 de Junio de 2006, a la Oficina de Adjudicación de causas, los autos: "B., M. P. c/ Municipalidad de Trelew s/ ordinario" (fs. 24 Expte. N° 21.546). Posteriormente, el 05 de Julio del mismo año, hizo lo propio con "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ cobro de pesos" (fs. 30 Expte. N° 21.532).- Razones de conexidad y la necesidad de que sea el mismo tribunal el que intervenga en su conocimiento, a fin de evitar el posible dictado de sentencias contradictorias -como de hecho ocurrió-, exigían que las causas de marras fueran adjudicadas a la misma Sala: en el caso, la "B" que fue la primera que previno. (ver constancias de fs. 129 vta. de la presente causa, y fs. 162 vta. de los autos: "E., R...."). Más ello, no fue oportunamente advertido por la Oficina de Adjudicaciones, pese a lo dispuesto por la última parte del art. 1° y 5° del Acuerdo Plenario N° 4 de la C.A.N.E. (B.O. 9/12/97).

XI.- Esta circunstancia, me lleva a proponer al Acuerdo que se indique a la Cámara de Trelew que, en lo sucesivo, bien sea en las causas elevadas en recurso, como en aquellas otras, en las que deba conocer originariamente (vgr. art. 127 Ley N° 3098; S.T.J.CH., S.I. N° 49/95) extreme los recaudos tendientes a evitar la reiteración de situaciones como la aquí planteada, que menoscaban gravemente el servicio de justicia, el principio de seguridad jurídica y la garantía de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional.-- Concretamente propongo al Acuerdo que se decida devolver la competencia a la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, -que previno según cargo de fs. 162 vta. de los autos: "E...."- para que, constituida por sus subrogantes legales, conozca y dirima, originariamente la acción contencioso administrativa deducida en los presentes autos y los caratulados: "E., R. y otros..." (art. 127 Ley N° 3098). ASI LO VOTO.- A la misma cuestión, el Dr. Pasutti dijo:- 1.- Tal como fue propuesto, corresponde determinar liminarmente si el procedimiento seguido en los presentes autos, es regular en orden a la competencia.

Para determinarla, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enseña que debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y después sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos, 328 en "Sociedad Ayuda Mutua de Peluqueros y Peinadores de Tucumán", 8/2/2005, en igual sentido "Curatola, Wenceslao V", 8/2/2005; 328 en "Gincoff, Ivonne Elizabeth v. Cerenich, Ramón s/ medida cautelar genérica", 3/5/2005; 328, en "Mucciolo, Rubén Alberto v. Estado Nacional y otro s/ daños y perjuicios", 11/10/2005).- Por tal motivo, considero redundante reproducir íntegramente los antecedentes de la causa que tan prolijamente reseñó el colega que me precede en el voto, que hago míos.-- 2.- Basta decir, que en el sub-lite, la actora, relata que luego de haber desempeñado sendos cargos políticos, llamados de gabinete, volvió a revistar en la planta permanente, sin que se le haya otorgado y liquidado las licencias devengadas durante los períodos en los que ejerció funciones de mayor jerarquía. Por tal motivo, y con fundamento en la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza 838, la Ley 69 y los principios generales del Derecho del Trabajo, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, demandó a la Municipalidad de Trelew, por cobro de diferencias de haberes.

3.- Cabe entonces, definir la naturaleza de la pretensión esgrimida, "pues el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto orden judicial especializado, se acota exclusivamente en función de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo...., lo que significa que todas las demás pretensiones que los particulares puedan verse obligados a ejercitar ante los entes públicos y las que éstos mismos traten de hacer valer ante aquellos se canalizan a través de los demás órdenes jurisdiccionales según su respectiva naturaleza (civil, laboral, etc.) sustanciándose con arreglo a las leyes generales privativas de cada uno de ellos en el marco de los procesos, ordinarios y especiales, que éstas diseñan, en los que la Administración puede comparecer, como demandante o demandada, en condiciones de igualdad con los particulares que han tratado con ella las relaciones jurídicas en las que tienen su origen los eventuales conflictos. La presencia de la Administración en un proceso ante los tribunales ordinarios, no altera esencialmente el derecho material y objetivo, aplicable con carácter general" (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, "Curso de Derecho Administrativo", Tomo II, cuarta edición, Civitas, pág. 677).- 4.- A propósito del régimen de las vacaciones en la relación de empleo público, y en caso análogo al sub-lite: "G...." sostuve -citando a García Pullés-, que son para preservar la salud integral de las personas que trabajan, por eso su utilización resulta obligatoria para el empleado o funcionario, y dada la finalidad deben ser consideradas de "orden público". Pero ".parece adecuado tener en cuenta que.el distracto ocasiona la imposibilidad de usufructuar la licencia anual ordinaria, y por lo tanto habilita la correspondiente reparación pecuniaria; pago que tiene la naturaleza de indemnización, de modo que la suma debida en concepto de licencia anual no gozada tiene el carácter de remuneración." (Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional -Lexis Nexis 2005 -pág. 187 a 189 - mi voto en S.D. Nº 5/S.C.A./05 in re "M..").- En la misma oportunidad, añadí que: "No es ocioso sin embargo evocar el criterio concordante que aplican los laboralistas.- Así lo explica FERNÁNDEZ MADRID "...Las distintas formas de calcular el pago de las vacaciones, según cuál fuera la modalidad de la remuneración del dependiente prescripta en . están inspiradas en el principio de que, durante dicho período, el trabajador debe ganar un importe similar al que le hubiese correspondido en caso de encontrarse en actividad" (Conc. "Retribución de las Vacaciones" - Doctrina Laboral ERREPAR - Junio - 2009 - Boletín XXIII- pág. 608).- Y el salario, guarda íntima afinidad con la naturaleza de la relación de función o empleo público. Inveteradamente esta Sala, siguiendo a MARIENHOFF , ha fallado "...Hay autores que sostienen que esta relación es "contractual", siendo el sueldo no otra cosa que la obligación que el "contrato" de empleo público pone a cargo del Estado y a favor del empleado público; otros, afirman que la relación de empleo público reviste carácter de "unilateral", sea en su formación o en la regulación del servicio, teniendo el sueldo naturaleza estatutaria. A todo evento, cualquiera sea la posición adoptada, el salario tiene el carácter de "alimentario" en el sentido de que la suma recibida se le abona al funcionario público o empleado público para que subvenga sus necesidades esenciales y las de su familia". (vg. S.D. N° 43/90 in re "S., F..").- Y es concordante otra jurisprudencia como lo demuestra reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...la remuneración es la "contraprestación que percibe el agente público por su trabajo en el desempeño de su función o empleo, en forma normal, habitual y permanente, y está constituida tanto por la asignación básica señalada a la función, cargo o empleo respectivos, como también por diversas asignaciones accesorias o complementarias (vgr. por antigüedad), cuya procedencia depende de cuestiones de hecho, referidas a la función, a la jerarquía del funcionario, o a su situación personal, tenidas en cuenta en la reglamentación aplicable al caso...". (Conf. Sent. 26/05/09 - in re "Elizari." en elDial-AA5438).- Y ese salario - de conformidad con el art. 32 y 33 inc. 1 y 34 del Decreto Ley N° 1987 para los agentes públicos de la Administración Central y el Régimen de Licencias específico, debe ser mantenido"(S.T.J.CH,. N° 9/S.C.A./09).-- 5.- De lo expuesto, infiero que la pretensión de la accionante, de que se condene al Municipio a pagar las diferencias salariales que resultarían entre lo percibido y lo que le correspondería en concepto de licencias ordinarias acumuladas y devengadas mientras ejerció un cargo de mayor jerarquía al de su actual revista, encontrándose vigente la relación de empleo público, constituye un derecho subjetivo público que integra el concepto de remuneración.- A lo que añado, que sólo en el supuesto de producirse la ruptura, aquella pretensión tendría carácter indemnizatorio y podría ser eventualmente reclamada ante el juez ordinario.-- La disquisición no es vana, pues la cuestión litigiosa a resolver, se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho público, como son las que reglamentan las relaciones jurídicas derivadas del empleo público a las que en principio no le son aplicables las disposiciones del derecho del trabajo o del derecho civil, sino que sólo supletoriamente respecto de situaciones no previstas en esas disposiciones, lo que no basta para convertir en civil al proceso (C.S., Fallos, 318:1205).

6.- Ahora bien, surge explícitamente de la Ley N° 3098, y ha sido dicho en diversos resolutorios de este Cuerpo que la competencia contencioso-administrativa está dividida en el territorio provincial según se trate del orden provincial o municipal. El conocimiento de las causas se ha atribuido en el primer caso, al Superior Tribunal de Justicia por la Ley Orgánica Nº 37, y en el segundo, por imperio de la Ley de Corporaciones Municipales, a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, que entienden en ellas por un procedimiento especial.-- El damnificado por una Corporación Municipal o por uno de los Organismos Autárquicos creados por ella en ejercicio de sus funciones propias, o de una sociedad constituida en la que aquélla tenga participación, tiene distintas opciones: la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción (en que la acción civil es ejercida en forma complementaria y simultánea con la de nulidad de los actos) ante el Tribunal competente en lo contencioso-administrativo; o bien la acción contencioso-administrativa de nulidad, para luego promover, si ésta prospera, la que demande la satisfacción de los derechos civiles lesionados (acción civil sucedánea a la de nulidad), caso en el cual la primera debe ser intentada ante el Tribunal en lo contencioso-administrativo y la segunda, ante el juez civil (Conf.: S.T.J.CH., S.I. N° 49/95; 3, 13 y 34/S.C.A./96).- El derecho adjetivo contempla, otra opción a favor del administrado que no dejó de ser objeto de hermenéutica por este cuerpo, la prevista por el art. 131 "in fine", en redacción que se calificó de oscura y escueta, que es la de demandar ante los tribunales ordinarios, por las vías previstas en el ordenamiento común.- Pero ello, sólo es posible cuando de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción se trata, pues es el objetivo de resarcimiento, la protección o el amparo en el derecho común reclamado, el que justifica esa opción voluntaria del actor y la consecuente prórroga de jurisdicción, opción que por otra parte no cambia la materialidad de la acción (S.T.J.CH., S.D. N° 8/S.R.E./96).

A todo lo dicho, corresponde agregar que por tratarse de una norma de competencia, es de interpretación restricta: su ratio legis indica que sólo puede admitirse esta elección, en las acciones contenciosas con pretensión de plena jurisdicción de índole resarcitoria o reparatoria, que es la que justifica y autoriza la intervención de un juez civil, que además del caso regido por el derecho administrativo, debe resolver sobre esta otra cuestión derivada, que se sustenta en el derecho común (Conf.: S.T.J.CH., N° 3 y 34/S.C.A./96; S.D. Nº 08/S.R.E./96).

La pretensión anulatoria, en tanto, de objeto declarativo, no encaja en la previsión de esta norma. Para resolver sobre cuestiones exclusivamente regidas por el derecho administrativo, el juez ordinario es incompetente. La atribución ha sido conferida por la Ley 3098, a las Cámaras de Apelaciones en el contencioso-administrativo municipal (S.T.J.CH., S.D. N° 03/S.R.E./98; S.I. N° 15/S.C.A./08).- 7.- M. P. B., no demandó la nulidad de ningún acto administrativo -no era necesario hacerlo, en tanto resultó tácito (conf. art. 131 de la Ley N° 3098)-, ni suma alguna en concepto de indemnización, sino diferencias salariales encontrándose vigente -insisto- la relación de empleo público, de modo que el Juez Ordinario no es competente para dirimir pretensiones procesales en relación a los actos de la Administración Pública Municipal, sujetos al Derecho Administrativo.

8.- La competencia ratione materiae es indelegable e improrrogable y esta regla, es aún más rígida en materia contencioso-administrativa, privativa y excluyente, con un procedimiento especial de orden público e irrenunciable, por lo que su falta puede ser declarada de oficio (PODETTI, "Tratado de la Competencia", pág. 372, con cita de jurisprudencia de la Corte Bonaerese). ASI LO VOTO.-- Ya lo anunció el Dr. Caneo, y en ello concuerdo en un todo: ni las partes, ni los sucesivos Magistrados intervinientes han reparado en los términos de la Ley N° 3098, ni en la doctrina legal de este Cuerpo. Ello proyecta un manto de inseguridad jurídica que debe ser conjurado con decisiones que -como la presente- encausen los procedimientos según las normas de orden público que los rigen y que los jueces deben acatar, o bien fundar su apartamiento (Conf.: art. 168 C.P.). Lo que no ocurrió en el sub lite.-- "...Es crucial el principio de la seguridad jurídica y los jueces tienen el deber de protegerlo (Fallos, 242:501). Lo que es determinante es la predictibilidad de lo que sigue; la previsibilidad de reglas de juego coherentes, que permitan a los negociadores y a los justiciables saber a qué atenerse. Seguridad jurídica como valor preeminente y jerarquizado (Fallos, 242: 501) encaballada entre la garantía del proceso justo- la defensa en juicio, art. 18 de la C.N., lo que se pide y lo que debe ser reconocido por la jurisdicción -y el derecho de propiedad- con cita de Augusto Morello, "Admisibilidad del Recurso Extraordinario", págs. 147/149).-- Por lo expuesto, coincido con el ministro que me precediera en el voto en: 1º) Se indique a los señores jueces, en el marco de lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución Provincial, sobre la obligación de cumplir con lo preceptuado por Ley Nº 3098, en orden a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las acciones contencioso-administrativas atribuidas a su conocimiento, "in límine litis" para evitar dispendio inútil de jurisdicción, o bien, fundar su apartamiento (S.T.J.CH., S.D. N° 06/S.C.A./07); 2º) declarar la nulidad del fallo de Primera Instancia: S.D. N° 40 /08, por razón de incompetencia.- ASI LO VOTO.

9.- El Cuerpo advirtió que entre los presentes autos, en los que la Sala "A" revocó la Sentencia de Primera Instancia que decidió hacer lugar a la demanda; y los autos: "E.,...", resueltos de modo contrario por la Sala "B" de la misma Cámara de Trelew, existe evidente conexidad, consecuentemente dispuso dictar sendas sentencias simultáneas.- La Oficina de Adjudicaciones, -en cambio-, no lo hizo, ni cuando recibió las causas remitidas por el Señor Juez en lo Laboral, ni luego, -pese a lo dispuesto por los arts. 1 y 5 del Acuerdo Plenario Nº 4 de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew- cuando asignó a las distintas Salas, las causas elevadas en apelación.

Ello motivó que en pleitos análogos, se dicten sentencias notoriamente contradictorias, y ello justifica que también coincida con lo propuesto por el Dr. Caneo en que se indique a la Cámara en pleno, que en lo sucesivo extreme los recaudos necesarios tendientes a evitar que estas situaciones se repitan pues lesionan gravemente la buena administración de justicia, el principio de igualdad y de seguridad jurídica. ASI LO VOTO.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación -remitiéndose al Dictamen de la Procuración General- decidió que aún cuando no se configure una identidad total en relación a los sujetos involucrados y al objeto inmediato de los juicios, no obsta que aún cuando faltare alguno de estos elementos, proceda su concentración ante un mismo juez si se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios; máxime cuando ambos se sustancian por hechos estrechamente vinculados, con un objetivo final evidente de manera que resulta por demás razonable unir todas las actuaciones ante un único tribunal, evitando el riesgo del eventual dictado de sentencias contradictorias y favoreciendo la buena y correcta administración de la justicia (Fallos, 329:1611).-- Puntualmente y teniendo en cuenta, la mentada conexidad, opino que en virtud de lo dispuesto por el art. 127 de la Ley N° 3098, corresponde devolver la competencia a la Sala "B", de la Cámara de Trelew, que fue la que previno (Conf.: arg. art. 1° in fine y 5° del Acuerdo N° 4 C.A.N.E.), para que, -integrada por los respectivos subrogantes legales-, conozca y dirima, originariamente, la acción contencioso-administrativa deducida en los presentes autos y los caratulados: "E., R. y otros...". ASI LO VOTO.- A igual cuestión, el Dr. Royer dijo:

De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. Caneo y Pasutti, los que conforman la voluntad de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y el Acuerdo Nº 3.202.-- A la primera cuestión, el Dr. Caneo dijo:- Atento a como me pronuncié en la cuestión previa, resulta abstracto expedirme sobre ella.- A la segunda cuestión, el Dr. Caneo dijo:

Propongo al Acuerdo: 1º) declarar la nulidad de la Sentencia Definitiva Nº 40/2008 de fs. 118/122 vta., por causa de incompetencia por razón de la materia, 2º) Declarar la competencia de la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew para pronunciarse en primera instancia en la acción contencioso-administrativa deducida en estos autos y -por razones de conexidad- en los caratulados: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ cobro de pesos" (Expte. N° 22.593/2008) (art. 127 Ley N° 3098), la que se integrará por subrogantes legales. (Conf.: 2° pte. del art. 296 del C.P.C.C.). 3º) Atento a como se resuelve, sin costas. 4) Regular, los honorarios del Dr. A. M. S., según lo manda el art. 47 del Dto. Ley N° 2200, reformado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99, en el 25% del mínimo legal previsto para los procesos de conocimiento, estipulado por el art. 8° del mismo Decreto Ley, con mas el I.V.A. si correspondiere.- Estimo no corresponde regulación al letrado de la demandada, conforme el art. 2° del mismo cuerpo normativo.

A las mismas cuestiones, primera y segunda, el Dr. Pasutti expresó:

Conforme he sufragado la cuestión previa, acuerdo con la solución que propicia el Dr. Caneo para resolver la primera y segunda cuestión. ASÍ LO VOTO.

A las mismas cuestiones, el Dr. Royer dijo:- Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la cuestión previa.-- Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: - -S E N T E N C I A - 1º) DECLARAR la nulidad de la Sentencia Definitiva Nº 40/08 de fs. 118/122 vta., por causa de incompetencia por razón de la materia.

2º) DECLARAR la competencia de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew para pronunciarse en primera instancia en la acción contencioso-administrativa deducida en estos autos. (art. 127 Ley N° 3098).- 3°) Por razones de conexidad, remitir esta causa a la Sala "B", para que los respectivos subrogantes legales dicten nueva sentencia según corresponda, y en los caratulados: "E., R. y otros c/ Municipalidad de Trelew, s/ ordinario" (Expte. N° 21.656/2009).

4º) SIN COSTAS.- 5º) REGULAR los honorarios del Dr. A. M. S., en el 25% del mínimo legal previsto para los procesos de conocimiento, estipulado por el art. 8° del Decreto Ley N° 2200, reformado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99, con mas el I.V.A. si correspondiere. Estimo que no corresponde regulación al letrado de la demandada, conforme el art. 2 del mismo cuerpo normativo.

6º) REGÍSTRESE, notifíquese a la Sala "A", y a las partes; y devuélvase a la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew.- Fdo. Dr. Fernando S. L. ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. José Luis PASUTTI.- Recibida en Secretaría el 16 de Diciembre de 2009.- Registrada bajo el N° 07/S.R.E./09 Conste.- Fdo. Dra. Carmen Velez - Secretaria.-