Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-05-05


Fojas: 117 En la Ciudad de Mendoza a cinco días del mes de mayo del año dos mil cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, Dra. Ana María Viotti, Dr. Ricardo Catapano y Dr. Alfonso Boulin trajeron a delibe-ración para resolver en definitiva los autos Nº 37.279/150.688 caratulados "Reig S.A. c/ Encina, Ángel Esteban y ots. p/Cobro de Pesos", originarios del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 97 y en contra de la sentencia de fojas 87/89.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver:

1ª Cuestión: Es justa la sentencia?.

2ª Cuestión: Costas.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Catapano Mosso, Viotti y Boulin.

Sobre la primera cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

I.- Que, en oportunidad de expresar agravios, a fojas 107/109, la apelante se agravia de que la sentencia de fojas 87/89 haya rechazado la excep-ción de prescripción opuesta por su parte y haya hecho lugar a la demanda.

Indica que, al contestar la demanda, su parte solicitó el rechazo de la misma fundada en que la deuda reclamada se encuentra prescripta en virtud del transcurso del plazo expreso de tres años, dispuesto por el art. 47 de la Ley de Tarjeta de Crédito N° 25.065, en cuanto a la asimilación de la tarjeta de compra con la tarjeta de crédito dispuesta en el art. 56 de dicha normativa; que la sentenciante aplicó erróneamente la prescripción decenal aplicable a las relaciones co-merciales, a tenor de lo dispuesto por el art. 856 del Código de Comercio.

Agrega que, en el presente expediente, se ventila una obligación surgida en el año 1.993, es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley 25.065, en una época en la que la doctrina y la jurisprudencia no eran pacíficas acerca del tema de la prescripción, ya que, en el ámbito comercial, se establece con carácter de regla general un plazo de prescripción ordinario de 10 años, pero el a quo parece olvidar que el mismo ordenamiento legal consagra al mismo tiempo una serie de excepciones a aquella regla que determinan plazos breves de prescripción, los que se aplican a ciertos tipos de acciones.

Señala que, si bien con arreglo al régimen legal anterior toda acción que no encuadre en alguno de los supuestos especiales contemplados expresamente en la ley, quedaría directamente subsumida por la aludida regla residual del art. 846 del Código de Comercio, dicha regla no se aplica a este caso a una relación jurídica que liga a Reig S.A. con el titular de la tarjeta de compra, asimilada a la tarde de crédito, ya que dicha relación es susceptible de encuadrarse en las hipótesis particulares, estatuidas por el Código de Comercio, especialmente en las conceptuadas en los inc. 1° y 2° del art. 847 del mismo cuerpo normativo.

Además, se queja de errores en la apreciación de la prueba rendida; postula, en subsidio, la extinción de la fianza y la prescripción de los intereses reclamados por la accionante.

II.- Que a fojas 110 la Cámara ordena correr traslado de la expresión de agravios a la contraria, notificándose dicha providencia a fojas 111/112.

A fojas 113 /116 comparece el Dr. Rolando Jung, por la actora Reig S.A., contesta el traslado conferido y solicita, por las razones que allí expresa, la confirmación de la sentencia apelada.

III.- Que a fojas 117 se llama autos para resolver, practicándose el pertinente sorteo de la causa.

Esta Cámara ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema planteado en autos recientemente en el expediente N° 208.489/37.364 caratulado "CMR Fallabella c/Izquierdo García, Daniel Eduardo p/P.V.E.", del 21/03/2.005.

Allí, se trataba del caso de un cobro de pesos por vía ordinaria pro-veniente de la utilización de una tarjeta de crédito; la sentencia había rechazado la aplicación de la ley 25.065 pues entendía que al ocurrir la mora y nacer el curso de la prescripción, en el año 1.998, la ley 25.065, publicada en enero de 1.999, no había entrado en vigencia.

Así, el fallo de primera instancia aplicó el plazo de prescripción previsto por el art. 847 del Código de Comercio que establece un plazo de cuatro años, y como la demanda se dedujo el 18/02/2.004 concluyó admitiendo la excepción de prescripción.

Allí se sostuvo que, en materia de prescripción, las nuevas leyes no pueden afectar derechos adquiridos o ganados bajo la ley anterior, sin incurrir en retroactividad, pero resulta que el plazo para prescribir no es un derecho adquirido, sino una expectativa que la ley posterior puede modificar; correlativamente, nadie tiene derecho al mantenimiento de las leyes, sin perjuicio de los derechos que se adquieran bajo el amparo de la ley anterior.

La nueva ley 25.065 estableció un plazo de prescripción de tres años, reduciendo el plazo de 10 años o de 4 años según la postura adoptada. El plazo de prescripción establecido en la normativa específica de tarjetas de crédito resulta aplicable al presente caso, desde que, al momento de su entrada en vigencia, no existía ninguna situación jurídica consolidada o extinguida.

La única solución que conjuga armónicamente el efecto inmediato de la ley nueva, con la prohibición de retroactividad previstos por el art. 3 del Código Civil, es que las prescripciones pendientes cuyo plazo se abrevia, queden sometidas al nuevo plazo a partir del instante en que entra en vigencia la nueva ley, pero el nuevo plazo reducido deberá computarse íntegramente desde ese momento. La aplicación inmediata de la nueva ley, sin efectos retroactivos, lleva en materia de reducción de plazos a una solución idéntica a la que había previsto el Código Civil en la segunda parte del art. 4.051. (Moisset de Espanés, Luis, "Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 del Código Civil", pág. 143) Está claro que si la demanda se hubiese interpuesto antes de la vigencia de la nueva ley, la interrupción por demanda hubiera debido ponderarse en base a la normativa que regía el caso a esa fecha.

Lo cierto es que, en el caso, si la demanda se interpuso el 13 de mayo de 2.002, y la ley 25.065 fue sancionada el 7 de diciembre 7 de 1998, promulgada parcialmente el 9 de enero de 1999 y publicada el 14 de enero de 1.999, conforme a lo sostenido precedentemente, el plazo de prescripción trienal previsto por esta normativa, computado íntegramente a partir de la publicación de la ley, se había cumplido con exceso al momento de interponerse la demanda.

IV.- En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fojas 97 en contra de la resolución de fojas 87/89, debiendo admitirse la defensa de prescripción opuesta por la accionada y rechazarse la demanda interpuesta.

Sobre la primera cuestión, los Dres. Viotti y Boulin adhieren por sus fundamentos al voto precedente.

Sobre la segunda cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

Las costas deben imponerse a la parte recurrida que resulta vencido. (arts. 34 y 35 CPC). Así voto.

Sobre la segunda cuestión, los Dres. Viotti y Boulin adhieren al voto precedente.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 5 de mayo de 2.005.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fojas 97, y en consecuencia, revocar en todas sus partes la resolución de fojas 87/89, que queda redactada del siguiente modo:

"1° Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta a fojas 18/19, y en consecuencia, rechazar la demanda promovida a fojas 11.

2° Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida. (Art. 35 y 36 del C.P.C.) 3° Regular los honorarios profesionales de los Dres. SANDRA CARLETTI en la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON 97/100 ($ 423,97), VIVIANA GUEMBE en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78/100 ($ 296,78) y ROLANDO JUNG en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 39/100 ($ 148,39), sin perjuicio de los honorarios complementarios que pudieran corresponder. (Art. 2, 3, 19, 31y concs. de la ley 3.641)" II.- Imponer las costas de alzada a la parte recurrida vencido. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. SANDRA CARLETTI en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 59/100 ($ 169,59), VIVIANA GUEMBE en la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO CON 71/100 ($ 118,71) y ROLANDO JUNG en la suma de PESOS VEINTINUEVE CON 68/100 ($ 29,68), sin perjuicio de los honorarios complementarios que pudieran corresponder. (Art. 2, 3, 19, 15, 31 y concs. de la ley 3.641) CÓPIESE, NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE Y BAJEN.