Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de junio de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 574, contra la sentencia de fs. 556/567 vta., dictada en los autos "Ketzelman, Ernesto Daniel c/G.C.B.A. s/empleo público (no cesantía ni exoneración)", exp. 2637/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. Corti, Dr. Esteban Centanaro y Dr. Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dice: I. Vienen estos autos a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por el actor, Sr. Ernesto Daniel Ketzelman (fs. 574, que fue concedido a fs. 575), contra la sentencia de primera instancia que rechazó su demanda (fs. 556/567 vta.). El perito contador interpuso recurso de apelación por considerar bajos los honorarios que le regularon (fs. 571), que fue concedido (fs. 572). El Gobierno de la Ciudad interpuso recurso de apelación por considerar altos los honorarios que le regularon al perito contador (fs. 573), que fue concedido (fs. 575). El actor expresa, sustancialmente, los siguientes agravios: a) es errónea la decisión de la jueza de considerar improcedente los daños y perjuicio s (579 vta./582 vta.); b) es errónea la decisión de la jueza al momento de delimitar los planteos efectuados (fs. 581 vta./582 vta.); c) se rechazó injustificadamente el pedido de diferencias salariales (fs. fs. 582 vta./583 vta.); d) no se respetó la estabilidad en la función (fs. 583 vta./584 vta.). Luego agrega que, como corolario de ello, debe declararse la nulidad de la nota 1701/92 (fs. 585 vta. y ss.). II. A fin de resolver el caso es preciso tener en cuenta, en primer lugar, las actuaciones procesales realizadas por el actor y que dan origen al litigio. Obra a fs. 3/4 el escrito mediante el cual el actor inicia demanda. En dicho escrito, además de narrarse escuetamente la situación administrativa del actor, sólo se solicita que se tenga por interrumpida la prescripción. Ante el requerimiento judicial de fs. 5 -a cumplir con lo dispuesto por el art. 330 del Código Procesal-, en el escrito de fs. 7 se menciona como objeto de la demanda, pero sin efectuar ninguna argumentación jurídica al respecto, que s e le devuelva la categoría de la que fue injustamente despojado -Jefe de División-, se le pague el sueldo y las diferencias salariales correspondientes. En una nueva presentación (fs. 76/80) el actor "amplia demanda" y solicita, ahora (ver "objeto", fs. 76) se lo reinstale, se le paguen diferencias salariales y se le indemnicen los daños y perjuicios. En el cuerpo del escrito se limita a narrar los sucesivos pases a disponibilidad de que fue objeto (28 de febrero de 1992, ver fs. 77; 17 de agosto de 1994, ver fs. 77 vta.; 17 de diciembre de 1995, ver fs. 78). Sostiene, en lo esencial, que por los sucesivos pases, su cargo fue ocupado por otra persona y se violó su derecho a la estabilidad. En cuanto al rubro "daño", el actor se limita a señalar que se le pague el sueldo que le corresponde al cargo y las diferencias salariales (ver fs. 78 vta.). Una vez más el juez entonces interviniente intima a dar cumplimiento al código procesal a fin de que el actor indique cuáles son los rubros por los que reclama indemni zación y estime el monto (ve fs. 81). Ante ello, el actor se limita a repetir su pretensión relativa al cobro del sueldo y de las diferencias salariales (ver escrito de fs. 82). III. El relato anterior muestra a mi juicio con claridad que, en el caso, no se ha planteado de forma adecuada una demanda de daños y perjuicios sobre la base de la responsabilidad del Estado. El actor sólo dice que ha sufrido un daño, como si éste fuese un factor de carácter automático y sin que parezca resultar necesario efectuar una argumentación que recorra, punto por punto, las diferentes condiciones que debe acreditarse para que el Estado responda por ello. Veo aquí un obstáculo procesal insalvable, porque las demandas de daños y perjuicios deben contener, como mínimo, una justificación jurídica consistente sobre cada aspecto de la responsabilidad (hecho dañoso, relación causal, etc.). Nada de eso se verifica en el caso. Obsérvese que el juez en su oportunidad interviniente intimó en dos oportunidades a que se precise el conteni do de la demanda en su faz resarcitoria, ocasiones en las cuales el actor sólo reiteró su pretensión de que se pague el salario actual a su juicio debido, más las eventuales diferencias salariales pasadas. Por lo tanto, más allá de las diferencias entre las razones dadas por la jueza de primera instancia y las aquí expuestas, no cabe duda que es correcta la decisión de rechazar la pretensión resarcitoria del actor, sin que los planteos expuestos (ver primer agravio, fs. 579 vta./582 vta.) conmuevan lo dicho. IV. Agrego, sobre lo anterior, que ya en la causa "Toledo, Ramona Nelsa c/GCBA s/emp. púb, exp. 4224", destaqué que el relato circunstanciado de los hechos exigido por la generalidad de los códigos procesales no se satisface cuando el actor se limita a mencionar una cuestión fáctica, sino que debe señalar los que resulten esenciales a fin de fundar adecuadamente la demanda (cfr. art. 269, CCAyT). Como señala Zavala de González, en un juicio de responsabilidad por daños y perjuicios, "son esenciales los si guientes hechos: a) Los que denotan la legitimación del actor como damnificado (o sucesor de éste) con derecho a accionar (por ejemplo: la calidad de dueño o de usuario del automotor, para reclamar reparación por los perjuicios sufridos en el vehículo), así como la legitimación del demandado como responsable por el daño (por ejemplo, su carácter de principal con respecto del dependiente autor del perjuicio) . b) Los referidos al hecho fuente del daño, tanto desde su perspectiva material básica (efectiva ocurrencia del suceso), como desde la que denota la injusticia del perjuicio padecido por la víctima y la mediación de un factor de atribución contra el demandado. c) Los que evidencian la relación causal entre el hecho y el daño d) Los vinculados con la existencia, composición y magnitud del daño mismo" (cfr. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños 3. El proceso de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 2ª edición, 1997, pp. 45/6). V. En cuanto a la pretensión de ser repuesto en el cargo y tal como lo ha destacado con claridad la jueza de primera instancia (ver fs. 565), el actor denunció como hecho nuevo (ver fs. 153) que al solicitar el beneficio jubilatorio, aquella pretensión ha devenido abstracta. Cabe citar lo dicho por el actor en dicho escrito, ya que él expresamente señala que "sólo sigue pendiente el reclamo en autos, en el sentido que se declare mi derecho al ejercicio de aquella Jefatura ... y el de recibir la diferencia salarial devengada como resultado de la privación de jefatura" (fs. 153). VI. De todo lo dicho queda en claro que, como consecuencia de la orfandad en la justificación de la pretensión resarcitoria y de la abstracción de la pretensión de ser repuesto en el cargo, el objeto real del juicio ha quedado limitado al debate sobre la pérdida de la Jefatura por parte del agente y sobre los efectos que dicha pérdida le ha acarreado. VII. La delimitación precedente permite rechazar, por extemporánea, la pretensión de cobrar las diferencias por función ejecutiva derivadas de la aplicación d el decreto 861/93. De la detallada lectura de las piezas que el propio actor fue produciendo hasta el momento de correrse traslado de la demanda (acto procesal que obra a fs. 85), no surge ninguna referencia a dicho decreto ni se reclaman sumas de dinero sobre la base de su aplicación. En este punto juega el principio de preclusión procesal y la delimitación del objeto del juicio a través de la traba de la litis. En ese sentido, ya he señalado (ver "Latinoconsult S.A. Proel Sudamericana S.A. Arinsa S.A y otros c/GCBA" exp. nº 239, sentencia del 30/3/2005) que el proceso previsto en el Código contencioso local se estructura sobre la base del principio dispositivo, en virtud del cual sólo las partes -y únicamente ellas- pueden fijar los límites de la controversia. En esa clave, Alsina sostiene: "producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el juez ni las partes puedan modificarla" (Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. I, Buenos Aires, 1941, p. 252). Por ello ha dicho este Tribunal que el objeto de la demanda constituye un límite de naturaleza objetiva para el juez, que por aplicación del principio de congruencia, no puede fallar sobre capítulos no propuestos a su conocimiento y decisión (ver el precedente de esta Sala: "Linser SACIS c/ GCBA s/ cobro de pesos", exp. nº 2397, sentencia del 19/7/2002). Se trata, en palabras de Falcón, de un principio de evidente raíz constitucional, puesto que tiende a asegurar la inviolabilidad de la defensa (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, t. I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 155). Así lo declaró, por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 13/10/94, "Concencioca, Juan M. y otros c/ Municipalidad de Buenos Aires", LL, 1995-C-797, s. nº 1283). VIII. En cuanto a la pérdida de la jefatura resulta acertada la argumentación de la jueza de primera instancia en lo relativo al contenido y alcance de la est abilidad, de acuerdo a los términos de la legislación de empleo público de la Ciudad. Sobre esta cuestión, esta Sala, por medio del voto del Dr. Balbín, al que en su momento adherí (causa "Mammone Ernesto Walter c/ G.C.B.A. s/ empleo público", exp. 2301/0, sentencia del 10/11/2005), ya ha dejado sentado los criterios generales que permiten efectuar su encuadramiento conceptual básico. Ha dicho mi colega (en el considerando II de aquella causa) que la estabilidad en la función es de alcance relativo. En este sentido, conforme al art. 9 de la ordenanza 40.401, vigente en el momento del traslado, "La estabilidad alcanza al grupo, categoría y función. Se exceptúa al personal de conducción del derecho a la estabilidad, en el ejercicio de la función, cuando el Departamento Ejecutivo procediere por fundadas razones a realizar cualquier modificación en las estructuras orgánicas, misión y funciones, totales o parciales, de las unidades de organización centralizadas y/o descentralizadas bajo su dependencia. Por su part e, la Ley de relaciones laborales en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nº 471, que derogó la ordenanza 40.401, dispone que "Los trabajadores de la planta permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a la estabilidad entendida como el derecho de éstos a conservar el empleo hasta que se encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se cumplan los requisitos establecidos por la presente ley para su reconocimiento y conservación. La estabilidad no es extensible a las funciones". No obstante, del marco normativo surge también que el agente tiene derecho a ser reubicado en tareas acordes a su jerarquía y especialidad. En efecto, el citado art. 9 de la ordenanza 40.401 prescribe que "El agente que fuere separado del ejercicio del cargo de conducción que desempeñare, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, será reubicado por el Departamento Ejecutivo en tareas acordes a su jerarquía y especialidad, conservando la categoría alcanzada como asimis mo la retribución total que por cualquier concepto corresponda a aquellos agentes que ostenten el efectivo ejercicio de la conducción". Si bien la ley 471 no reconoce expresamente el derecho a la reubicación con funciones equivalentes, ello se desprende de su articulado. En efecto, la ley 471 prescribe que las relaciones de empleo público se desenvuelvan en un marco de movilidad funcional sobre la base del respeto a la dignidad del trabajador (art. 2, inc. k). Además, dispone específicamente que se establezcan métodos sistemáticos y permanentes de formación profesional (art. 2, inc. k), y que los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor (art. 9, inc. a), y a desarrollar una carrera administrativa que les posibilite el desarrollo personal y profesional (art. 9, inc. c). Además, exige que la carrera administrativa esté sujeta a los principios de capacitación, desarrollo y crecimiento, personal, profesional y cultural (art. 31, inc. d). En suma, de acuerdo con la reseña efectuada y como ya hemos adelantado, si bien la ley 471 no reconoce expresamente el derecho a la reubicación en las mismas funciones, su articulado contiene principios, reconocimiento de derechos, y exigencias de organización acordes con ello. De manera que una interpretación armónica y finalista de la ley 471 determina que deba considerarse que los trabajadores de la administración pública, en caso de ser desplazados de su empleo, tienen derecho a la reubicación en funciones equivalentes. IX. Al aplicar el anterior marco jurídico-conceptual al caso se aprecia que el actor no tenía un derecho a la estabilidad respecto de su jefatura, pero sí a una reubicación acorde a su jerarquía y especialidad. Esta situación, hoy en día, ya no produce consecuencias respecto al actor, porque, en lo referido a las diferencias salariales, nunca hubo una situación ilegítima que las justificara y, en cuanto a la reubicación, esa posibilidad ha devenido abstracta como consecuencia de su acogimiento a los beneficios previsionales y la cons iguiente delimitación de la litis. Quiero decir: todo lo relativo a una eventual reubicación del actor a fin de asegurar sus derechos, ya carece de sentido; todo ello admitiendo como presupuesto, claro, la veracidad sobre la falta de jerarquía de las tareas realizadas como consecuencia de los sucesivos pases. Pero admitida, por hipótesis, dicha desvalorización laboral, ella ya es abstracta, dado que el actor no ocupa un lugar en la Administración. En cuanto a los eventuales daños que le causó dicha desvalorización, el punto queda diluido en la orfandad procesal de su actuación judicial, que ha conducido, como ya se vio, al rechazo, por puras razones formales, de su pretensión resarcitoria. X. Por otra parte, no puede dejar de advertirse que en su momento se produjo el reencasillamiento del SIMUPA, circunstancia que torna relevante lo informado por la Directora de Administración de Personal (de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y Finanzas) a fs. 382, que cabe citar: "Al 1-04 -92 se implementó el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (SI.MU.PA.) aprobado por Decreto Nº 3544/91 (B.M. 19.131), a dicha fecha y para ser encasillado en el mismo la Repartición donde se desempeñaba lo propuso como Jefe de División limitado, partida 3038.0000.E.04.154 Z.24, en concordancia con el Nivel de Conducción que ostentaba al 31-03-92, motivo por el cual pasó a revistar en partida 3038.0000.A.00.154 del precitado Organismo de acuerdo a lo normado por Decreto Nº 670/92 (B.M. 19.298) reglamentario del nuevo Sistema vigente, situación esta que mantuvo hasta el 31-08-94.". XI. Complementariamente, destaco la pregunta 6 y su repuesta de la prueba pericial, esto es: "Monto mes a mes de la diferencia salarial entre el sueldo percibido por el actor y el que hubiera correspondido percibir en caso de que hubiera continuado desempeñando las funciones de las que fue relevado el 28 de febrero de 1992. Desde esta última fecha hasta el momento en que realice el informe."; "Según el Decreto 861, publica do en el Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Nº 19561, de fecha 24/06/1993; de acuerdo a éste [sic] decreto le hubiera correspondido cobrar como Jefe de División un monto de suplemento mensual de pesos QUINIENTOS ($500), a partir de la fecha de puesta en vigencia del mismo que fue del 1º de mayo de 1993." (fs. 395). XII. De lo dicho en los últimos considerandos se desprende que el reencasillamiento del SIMUPA tuvo en cuenta, a los efectos salariales, su situación como Jefe de División y que, a la vez, la diferencia salarial señalada por el perito sólo se refiere a los efectos de un decreto cuya no aplicación no fue objeto originario de la litis. XIII. No modifica lo dicho, la doctrina de esta Sala referida al derecho del trabajador de recibir una remuneración justa acorde a sus tareas (expuesta, entre otras, en la causa "Mammone" ya citada, considerando 4.1. del voto del Dr. Balbín, al que adherí), ya que el actor, como sostuvo la jueza de grado, no invocó ni probó haber cumplido efectivamente la f unción (fs. 566 vta.), sino todo lo contrario. En efecto, la ausencia de efectiva prestación de servicios fue reconocida expresamente por el actor, en los siguientes términos: "Nadie desconoce que el actor no ejerció efectivamente el ejercicio de tareas de conducción, sino que lo que se plantea es que al ser injusta e ilegítimamente apartado de tales tareas pese a solicitar el reingreso a las mismas en sede administrativa y judicial (motivo por el cual se declaró habilitada la instancia a fs. 184), debe reintegrarse dicho pago conforme fuera reclamado." (fs. 583 vta.). XIV. En suma, el eje de la argumentación del actor es que si hubiera seguido en el cargo, entonces se hubiera producido una serie de consecuencias, pero el orden jurídico local no consagra una estabilidad en los términos que el actor pretende, según ya se dijo en el considerando VIII, por remisión a la doctrina sentada por mi colega el Dr. Balbín. XV. Lo expuesto es a mi juicio suficiente para rechazar el recurso, con costas, en atención al pri ncipio objetivo de la derrota. XVI. Resuelto lo precedente, corresponde ahora adentrarse ahora en el tratamiento de las apelaciones de honorarios deducidas. Ponderando el monto del proceso, tomando como tal el que surge del informe pericial de fs. 395, la naturaleza y complejidad de la causa, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional desarrollada -apreciada por su calidad, eficacia y extensión-, por no resultar elevados, corresponde confirmar el monto de los honorarios regulados en la instancia de grado a los Dres. Liliana I. Corral, Héctor Efraín Rolón, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y Héctor J. Kliengisint, en conjunto, por la dirección y representación letrada de la parte demandada (cfr. arts. 6, 7, 9, 10, 37, 38 y cctes., ley 21.839, modificada por ley 24.432). Asimismo, teniendo en consideración el mérito de la labor profesional y la importancia de la gestión, así como la proporcionalidad y adecuación que han de guardar los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia con los regulados a los letrados -que actúan durante todo el proceso y en sus distintas etapas-, cabe concluir que los fijados a favor de la perito contadora, Ramón Martín Neyra, resultan reducidos y, por tanto, corresponde elevarlos a la suma de $ 950 (cfr. art. 386 CCAyT). XVII. El hecho de no encontrarse apelada la regulación de los honorarios de los letrados de la parte actora, no impone a este Tribunal seguir -al regular los que corresponden por la labor cumplida ante estos estrados- las mismas pautas que utilizó el juez de primera instancia, dado que el art. 14 de la ley de aranceles dispone que la escala allí establecida debe aplicarse sobre "...la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia." (énfasis agregado); es decir, no encontrándose establecido por la legislación que la retribución por los trabajos profesionales realizados ante la Cámara de Apelaciones deba determinarse en función de los honorarios fijados en primera instancia, sino consid erando aquéllos que debieron fijarse, regúlanse los honorarios de los Dres. Juan José Mac Mahon y Marcos Rebasa, en forma conjunta, en su carácter de letrados patrocinantes de la parte actora, en la suma de pesos un mil trescientos cincuenta ($ 1.350) (cfr. arts. 6, 7, 10, 14 y cctes, ley 21.839, modificada por ley 24.432). Tomando en consideración lo mencionado en el apartado precedente, regúlanse los honorarios de los Dres. Héctor J. Kliengisint y Héctor E. Rolón por su actuación ante esta Alzada, en conjunto, por la dirección y representación letrada de la parte demandada, en la suma de pesos dos mil doscientos ochenta ($ 2.280) (cfr. arts. 6, 7, 9, 10, 14 y cctes. ley 21.839, modificada por ley 24.432). XVIII. Por tanto, se propone al acuerdo, que en caso de compartir este voto, resuelva rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, con costas a la actora vencida, regulando los honorarios de conformidad con lo expresado en los considerandos XVI y XVII (art. 62 CCAyT). El Dr. Esteban Centanaro y el Dr. Carlos Balbín, por los fundamentos expuestos por el Dr. Horacio Corti adhieren al voto que antecede. En razón de las consideraciones expuestas, el tribunal resuelve: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, con costas a la actora vencida, regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con los considerandos XVI y XVII del voto del Dr. Corti (art. 62 CCAyT). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro Horacio G. Corti Juez de Cámara Juez de Cámara Carlos F. Balbín Juez de Cámara