marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, lesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nucciarone, Miguel Carlos y otra c/ Ramírez, Miguel Angel y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Si la actora no sufrió incapacidad alguna y solamente se encontró impedida de trabajar durante un período de cuatro meses, resulta justo fijar la indemnización en la suma de $1.000, a la fecha del fallo apelado -11/2/91- (art. 1086, C. Civil); teniéndose en cuenta para ello que se indemniza una incapacidad transitoria y que no existe prueba alguna en autos acerca del nivel de vida e ingresos de la reclamante, lo cual obliga a actuar prudentemente.
Elevación a juicio, agente fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Incidente  de  nulidad  por  inconstitucionalidad  en autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P. autos: Fretes, Hernán Urso s/ Homicidio-art. 84 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-20

La viabilidad y procedencia de la elevación de la Causa a Juicio por el Juez actuante, responde en nuestro procedimiento, y según lo manifestado por el autor del anteproyecto del código, a la idea del contralor jurisdiccional de los actos llevados a cabo por el sujeto imparcial (Agente Fiscal) de la relación jurídico-procesal;

temperamento similar adoptado por la Nación, en tanto que en otras legislaciones (Córdoba y Corrientes), tal control lo efectúa la instancia superior del propio Ministerio Público. De esta manera se determina que la actividad requirente del Fiscal, en esta etapa del proceso, no es absoluta ni incuestionable.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, sucesiones, competencia, información sumaria, procesos voluntarios, declaración de identidad de persona
Materia: PROCESAL
Carátula: SERAPIO, Simón Antonio s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18

La competencia territorial en materia de juicios sucesorios corresponde a los jueces del último domicilio del difunto conforme lo dispone el art. 3284 del Código Civil. Y, para su determinación debe estarse a lo dispuesto por el art. 89 y siguientes de dicho cuerpo normativo.

Para precisar el domicilio real, por un lado debe acudirse a la idea de permanencia, a fin de diferenciarlo de la residencia y de la simple habitación y, por otro lado, se debe considerar el elemento intencional o ánimo del causante de establecer en un determinado lugar el asiento de sus actividades.

Tratándose de una cuestión de hecho, a los fines de comprobar el domicilio puede acudirse a todos los medios y clases de prueba. Y en este orden, la partida de defunción sólo prueba el hecho en sí del fallecimiento de una persona, pero no constituye por sí sola prueba suficiente a efectos de acreditar su último domicilio, y sólo sirve únicamente como antecedente susceptible de desvirtuarse por otros medios (C.N.Civ., Sala F, 29-5-79, Rep. E.D. 13-898, Nº 10).

Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración que la resolución apelada se apoya sólo en la circunstancia de que en la partida de defunción de fs. 13 se denuncia que el de cujus tenía su último domicilio en Rivadavia Banda Sur y que tal manifestación podría ser desvirtuada mediante una sumaria información de testigos como la que propone la recurrente en el punto III de su memorial, resulta oportuno que se provea a la misma.

Por ende, cabe revocar la resolución apelada a fin de dar oportunidad a la cónyuge supérstite y a los herederos denunciados en autos, para la producción de la misma.

Las costas del recurso se deben decidir por su orden, en mérito de no haber mediado sustanciación, por lo que, en rigor, no puede hablarse de parte vencida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que sólo enuncia principios constitucionales supuestamente conculcados sin demostrar la forma en que habrían ocurrido las transgresiones y no cita como infringida, violada o erróneamente aplicada norma legal alguna que pudiera respaldar los reclamos intentados, omitiendo cumplir con los requisitos exigidos por el art. 346 (n.a.) del Código de Procedimiento Penal.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del perito, perito de parte, perito de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: SALAMONE, ANTONIO c/ D.N.V. s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Del texto del ap. 4, inc. c, art. 1, ley 23982, no surge la distinción que plantea el consultor técnico entre peritos de parte y de oficio, en que el allí perito de oficio actuante aducía que la norma sólo se refería a peritos de parte.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, audiencia, acción de revisión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUAREZ, JORGE EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-16

Se advierte que el motivo central para denegar el franqueamiento del recurso de apelación de la defensa, estribó en considerar que la causa en la que se realizó el planteo estaba pendiente de revisión extraordinaria ante la Corte nacional, haciendo asimismo alusión la Cámara a la posibilidad subsistente de canalizar la petición conforme al artículo 409 del Código Procesal Penal -revisión penal- luego de la firmeza de la declaración de autoría penal del imputado, considerando la etapa recursiva que se encontraba en trámite, sin perjuicio de los requisitos que -eventual y oportunamente- debería acreditar en orden a su procedencia, y frente a tal fundamentación, los argumentos de la presentante afirmando que lo resuelto sustrae la posibilidad de su asistido de acreditar su inocencia, que tal perjuicio es insusceptible de reparación ulterior y que afecta mandas constitucionales, sólo traslucen su insistencia en imponer su particular postura en cuanto a la solución que debería brindársele al caso, mas sin demostrar que la motivación dada por el Magistrado resulte irrazonable o reñida con los principios aludidos. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal, artículo 409
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lopez Pereira, José c/ El Sol Estibajes S.R.L s/ Despido Dure, Nancy Liliana c/ Curtarsa S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24|2002-02-19

Discutiéndose el trabajo efectuado en horas extraordinarias, la demostración de su realización corresponde al dependiente, rigiendo las normas procesales que imponen a quien afirma la carga de la prueba (arts. 375 CPCC; 65 dec. ley 7718/71).
Competencia, donación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUGNONE c/ BUGNONE s/ INHIBITORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-18

Lo que se promueve es una acción personal, derivada de un contrato de donación y en consecuencia es competente el Juez del domicilio del demandado, ya que el lugar de celebración sólo opera en caso de encontrarse éste en ese lugar y que ahí se lo haya notificado, artículo 5º inciso 3º del Código Procesal Civil y Comercial, última parte.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incapacidad, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS JORGE c/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-05-15

El pago previo por el obligado, en los casos en que una sentencia judicial posterior disponga que el crédito a integrar era mayor, es a todas luces un pago insuficiente. El supuesto está regulado por el art. 903 del C.C.C. que dispone que se imputa primero a intereses, salvo que el acreedor de recibo por cuenta de capital -Voto del Dr. Welp (mayoría: Dr. Welp, con adhesión del Dr. Romero)
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestión de derecho público local, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

La sentencia de la Corte que exige la revocatoria para agotar la vía administrativa por entender que en el ordenamiento jurídico provincial deben rebatirse los fundamentos de la resolución administrativa adversa a fin de brindar a la Administración la posibilidad de rever su decisión, como recaudo legal para acceder al control judicial de los actos administrativos, puede configurar una cuestión constitucional que habilite la vía del recurso extraordinario ante la Corte nacional, ya que si bien puede resultar prima facie irrevisable por referir a interpretación de normas locales, debe tenerse en cuenta que no se basa en norma expresa que regule este supuesto admitido por vía jurisprudencial, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que en determinadas circunstancias, incurren en rigor formal sentencias que impiden el acceso al control judicial.
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, suspensión de la subasta, obligaciones del martillero, gastos de depósito
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CROTOLO DE AROZENA, TERESA c/ MORENA, RICARDO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-21

Aun cuando el depósito de los bienes a subastar -cuya subasta se frustrara por no haberse puesto éstos a disposición del martillero para su exhibición previa al remate-, se hubiese efectuado sin la debida autorización y sin denuncia del canon por su guarda, los gastos derivados de él no serán soportados por el martillero, si de las constancias de la causa surge que quien entregó los bienes a la casa de deposito fue el letrado de la ejecutante, lo que se infiere de haber sido este quien llevo a cabo la diligencia de secuestro.
Energía eléctrica, transferencia del servicio público, deudas provinciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión - Transener S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

Teniendo en cuenta que no se notificó a la empresa actora la transferencia de la Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires -ESEBA S.A.- a favor de otra sociedad anónima, como así también que el estado provincial es responsable del patrimonio residual de aquélla en virtud de lo dispuesto en el decreto provincial 2942/00, debe concluirse que es la Provincia de Buenos Aires demandada quien resulta obligada frente a la actora, que reclama el pago de facturas por servicios de operación y mantenimiento, sin que obste a ello dicha transferencia ya que, más allá de cualquier otra consideración en cuanto a su oponibilidad a la actora, es la provincia el sujeto de la relación obligacional debatida. - Los jueces Ricardo Luis Lorenzetti y Enrique Santiago Petracchi, en disidencia, consideran que los accesorios deben ser calculados a la tasa que percibe el Bando de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento y no a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina-.
Procedimiento laboral, audiencia de conciliación laboral, incomparecencia del demandado, confesión ficta, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: GARRIGA, JORGE NORBERTO c/ CLAROS, ROBUSTIANO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-23

Habiendo quedado reconocido el horario de tareas denunciado en el escrito de inicio por imperio de lo normado en el artículo 71 Ley Orgánica, se torna admisible el reclamo por horas extras.
Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses punitorios, mala fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINENGO EDUARDO c/ JOSE SANCHEZ Y OT. s/ Ejec - Acel (LIBRO: S084 - 125)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-14

La conducta maliciosa, es la reveladora de un propósito obstruccionista del desarrollo normal del proceso, tendiente a dilatar el cumplimiento de una obligación dineraria.

La inconsistencia de las argumentaciones, error de enfoque de la cuestión debatida o negligencia en que puede haber incurrido la deudora, por más evidente que resulten, no hacen necesariamente presumir que tuviera plena conciencia de la sin razón de oposición, por lo que al no poder aducirse malicia, no corresponde la aplicación de intereses sancionatorios.
Contratos de juegos de azar, pérdida de la chance, responsabilidad de la agencia de juegos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paterno Marcelo Alejandro c/ Lotería Nacional -Sociedad del Estado- y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-21

Cuando el comportamiento negligente del agenciero, ha lesionado la posibilidad de un beneficio probable, futuro que integraba la expectativa del actor, resulta correcto indemnizar al actor por la pérdida de "chance", pero en punto al monto reconocido, las que toma como parámetro que la indemnización no se identifica con la utilidad dejada de percibir, sino que lo resarcible es la chance misma, sin que pueda identificarse nunca con el eventual beneficio (Fallos: 308:2426). (Del voto del juez Otero, consid. IX).
Depreciación monetaria, índices de actualización, privilegios (civil), pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-02

El reajuste de la suma que se condena a restituir y que fuera percibida postergando a un acreedor con privilegio superior, debe efectuarse por aplicación del índice de precio al consumidor elaborado por el INDEC, desde la fecha en que se efectuó el pago.
Competencia, facultades de la autoridad de prevención, juez de faltas, allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales, jueces naturales, debido proceso, inviolabilidad del domicilio, estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DUTRIA, VILMA Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Si bien el art. 36 del código de rito establece que la inobservancia de las reglas para determinar la competencia producirá la nulidad de todos los actos, excepto los que no pueden ser repetidos, tal limitación a la nulidad absoluta que por regla corresponde en estos supuestos, no puede extenderse a casos en el que el personal preventor con la clara intención de investigar la presunta infracción a la ley 23.737, solicitando una orden de allanamiento al titular del juzgado de faltas, con el objeto de verificar la infracción a normas del Código de faltas, violando de tal modo garantías constitucionales como la de juez natural, debido proceso e inviolabilidad del domicilio (arts. 18 de la C.N., 1 y 224 del C.P.P.N., y 34 de la ley 23.737 (del voto en disidencia del Dr. Hornos).
Derechos y garantías constitucionales, allanamiento domiciliario, fundamentación de la resolución, inviolabilidad del domicilio
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Garcia, Alberto Mario Javier s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

La Constitución de los Estados Unidos, fuente relevante de nuestra Constitución Nacional, veda en su V Enmienda los arrestos y requisas "irrazonables". Aún cuando nuestra Carta Magna se apartó de esta fórmula estableciendo el principio de la inviolabilidad del domicilio y de otras áreas de la intimidad, delegándose en una ley la determinación de los casos y justificativos en que podrá procederse a invadir la esfera de la intimidad, el principio parametral de la razonabilidad resulta plenamente aplicable a nuestro derecho. (Voto del Dr. Hornos).
Competencia por la materia, seguro de vida obligatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabia, Héctor Rubén c/ Banco de la Provincia de Misiones y/o Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-09-16

Persiguiéndose el cobro del seguro de vida obligatorio, aún siendo seguros especiales contratados por el empleador, y considerando que tal derecho existirá o no como consecuencia de lo que estatuya una ley mercantil, y no normas propias del derecho laboral, corresponde la competencia del Juez Civil y Comercial y no Laboral.
Abuso sexual simple, absurdo, médicos, pena de inhabilitación
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: López, A. A.  c/  s/ abuso sexual simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-21

Luce absurdo el razonamiento enarbolado, toda vez que afirma que López se valió de su profesión de médico en el Hospital Público de Zapala para cometer el hecho enrostrado; pero lo niega al momento de decidir sobre la aplicación de la pena de inhabilitación.
Excepción de incompetencia, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., S. E. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-15

"Si se examinan las Sentencias que declaran la falta de jurisdicción se verá que la misma se aplica.en los casos en que se pretende del Tribunal una declaración positiva contraria a la que el acto administrativo contiene directa o indirectamente, declaración que, en caso de estimación del recurso, sustituirá al acto anulado. con la imposición a la Administración de todas las conductas necesarias para que esa declaración sustitutoria despliegue la plenitud de sus efectos prácticos (pretensión de condena).

De lo cual se sigue. la necesariedad de pedir la declaración de nulidad del acto, si la pretensión alcanza justamente, a las que son consecuencia de esa nulidad".
Suspensión del derecho de huelga, despido por huelga
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ, VICENTE c/ PEDRO HERMANOS SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-26

El empresario que despide a sus obreros que participaron en una huelga no puede ampararse solamente en que el Delegado Regional del Ministerio de Trabajo haya encuadrado al conflicto en los términos de la ley 21400, sino que deberá probar que se trataba de una situación de extrema gravedad, que no sólo perjudicaba los intereses de la firma, sino que comprometía la seguridad del Estado (artículo 377 CPC.).
Seguro de desempleo, reclamo administrativo previo
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarra, Juan Carlos c/ Vivanco, Carmen A. y otro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-13

El pronunciamiento de la Sala consideró que la resolución de la Cámara se compadecía con la normativa vigente y no violentaba en modo alguno el artículo 113 de la ley 24013 y el decreto 739/92.

El fallo del Tribunal ad quem sostenía que no correspondía acoger la pretensión por cobro de las prestaciones por desempleo, atento a que la actora no había probado la existencia de resolución denegatoria de las mismas por parte de la ANSES, puesto que no resuelta suficiente la ausencia de certificaciones extendidas por la accionada ya que la acreditación de los extermos conducentes al otorgamiento del subsidio por desempleo puede obtenerse por vías distintas e independientes del empleador.
Competencia federal, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzur, Juan Luis s/ Enriquecimiento ilícito (art. 268 inc. 1)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

La intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y por ende, se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Proceso penal, libertad provisional
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: S, J M; S, O A Y A, C A s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, ROBO CALIFICADO Y ROBO  AUTOMOTOR - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  (CSJ EXPTE Nº 31-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-21

Frente a la redacción del artículo 66 del Código Penal que establece que "la prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme.. "; y de la concreta previsión establecida en el artículo 135 inciso 2) de la ley procedimental santafesina, que consagra la excepción a la regla sentada de que toda notificación debe hacerse a la defensa o al mandatario, disponiendo que es preciso notificar además al imputado en forma personal en el supuesto de que la sentencia condenatoria disponga el cumplimiento efectivo de la pena, no se vislumbra que en modo alguno el Tribunal haya superado las posibilidades exegéticas aceptables desde el plazo constitucional que ofrecían las normas en cuestión, por lo que corresponde rechazar la queja interpuesta.
Interdicto de obra nueva, propiedad horizontal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Correa, Obdulia c/ López de Muñoz, M. s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

No habiendo mediado autorización de todos los condóminos para la modificación efectuada, y además, fue dada en términos genéricos, sin especificar los trabajos concretos a realizarse, no se ha cumplido con lo prescripto en el art. 7 de la ley 13512. Por ende, debe aplicarse la consecuencia prevista en el art. 8, tercer párrafo última parte de la misma ley, que ordena -en su caso- volver las cosas a su anterior estado por ser esa la consecuencia normal y propia del interdicto de nueva obra (arts. 384, 614 y conc., cód. civil).-
Recurso de apelación (procesal), notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Santa Cruz c/ Vicente Gregorio Botella s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-27

Corresponde al apelante impulsar el procedimiento para mantener con vida el proceso, a fin de no perder su recurso y porque al recurrente le interesa que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre el mismo; y esa carga de instar el procedimiento comprende la de realizar las notificaciones pertinentes, que en el caso sub - examen el recurrente omitió. Por lo tanto su inactividad durante el lapso previsto por el art. 288 inc. 2 del citado Código Procesal ha provocado la caducidad de la instancia recursiva y por efecto de la misma, la resolución apelada ha ganado firmeza (art. 296 del C.P.C.C ).
Conciliación laboral, homologación del acuerdo laboral, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: RENNA, Gustavo c/ COMPAÑIA AMERICANA DE SUPERMERCADOS SA s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-27

Los convenios presentados y homologados en sede judicial debe ser interpretado dentro del contexto en que han sido formulados y conforme los principio de buena fe, equidad y eficacia de la jurisdicción. por ello, el reconocimiento de honorarios en beneficio del profesional actuante debe considerarse efectuado en favor de todos los letrados que de manera sucesiva representaron al actor.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable, prófugo, eximición de prisión
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Bordenave, Ricardo s/ incidente de eximición de prisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

No puede denegarse el recurso extraordinario contra la decisión que no concedió la eximición de prisión, con fundamento en la doctrina según la cual la condición de prófugo, obsta a su admisión, pues ella no puede extenderse a los casos en que la misma ley permite al interesado permanecer en libertad mientras se discute la concesión de su libertad bajo caución.