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Homicidio culposo, responsabilidad médica, responsabilidad penal, mala praxis, médico anestesista, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: LEAL,JUAN s/ HOMICIDIO CULPOSO - MEDICO NO ANESTESISTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

1) Debe responsabilizarse al procesado -médico- por el delito de homicidio culposo, por haber actuado con impericia, al haber aplicado anestesia "peridural" a la víctima sin tener especialidad en la materia, estando contraindicado en casos de pérdidas de sangre y sin efectuar la constatación científicamente exigida en esos casos, ya que no tomó la presión venosa central ni realizó otra medición fuera de la tensión arterial.

2) No existió el invocado estado de necesidad para que el encausado, sin ser especialista practicara la mencionada anestesia, que fue la que ocasionó la muerte de la damnificada, ya que tuvo tiempo hasta de concertar sus honorarios por la atención particular de la paciente.

3) La anestesia fue planificada por el sindicado, dado su volumen y concentración, para una anestesia peridural y por la falta de habilidad derivada de su condición de médico no habituado a realizar ese tipo de prácticas anestesiológicas, aquél consumó una anestesia subaracnoidea en lugar de una peridural y las complicaciones de la misma originaron la muerte de la paciente, debiendo responder por su impericia del hecho de autos.
Incapacidad temporaria, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, seguro por accidente de trabajo, pago de la remuneración
Materia: PROCESAL
Carátula: F., S. DEL C. c/ KLEPPE S.A. s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-28

Corresponde señalar que, de conformidad con lo establecido en el art. 13 inc. 3 de la LRT, durante el período de incapacidad laboral temporaria originada en accidentes de trabajo o enfermedad profesional el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, con la salvedad establecida en el apartado 1 de ese cuerpo legal.
Locación de obra, trabajos adicionales, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: NAYAR, Jorge R. c/ ROSSO, Isabel S.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

Todo trabajo adicional no comprendido en el contrato de locación de obra, cuya iniciativa parte del empresario, implica un aumento en la obra o modificación de lo contratado y proyectado y, por tanto, requiere la autorización por escrito del comitente, esto es, la ley exige una prueba calificada de ese asentimiento. Pero, cuando tal innovación parte del comitente, el empresario puede probar la existencia de ese trabajo y del crédito a su favor por cualquier medio.-
Extinción de la obligación tributaria, tasas de interés, delegación legislativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimientos Textiles La Suiza SACIFIA c/ A.N.A. s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Si bien con una composición diferente a la actual, esta Sala ha sostenido respecto del art. 794 del C.A. "que no se percibe una inconstitucional delegación de funciones legislativas, toda vez que en aquella norma aparecen las pautas normativas a las que debe sujetarse la fijación de las tasas de interés y los límites de tal facultad, quedando librado a la Secretaría de Hacienda sólo un aspecto variable que el legislador ha estimado conveniente delegar, por la dinámica propia de la unidad económica, no tratándose, por lo demás, de materia que por su naturaleza sea insusceptible de delegación" (ver sentencia recaída in re "Cirlafín S.A.C.I. y F.", del 10/8/89). Debiendo destacarse que, como allí se lo sostuviera, los intereses cuestionados se han devengado con motivo del incumplimiento del deudor, circunstancia que torna aplicable la jurisprudencia según la cual no puede invocarse un perjuicio que surge de la propia conducta discrecional (Fallos: 275:218). A lo que cabe agregar que la interesada no ha demostrado que en la reglamentación de que se trata se haya excedido, en el momento de la fijación de las tasas previstas, del doble de la que percibiera el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales (cfme. arts. 791 y 794 C.A.).
Ejecuciones especiales, derecho a la salud, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Marcos Antonio c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-21

El magistrado de ejecución, para denegar el pedido de arresto domiciliario basado en la alegada situación de desamparo de la hija del causante de 2 años de edad, ponderó que la niña M.A.C. vive junto a su madre, quien le brinda contención afectiva, cuidados y un adecuado sostén económico. Agregó que la esposa de Córdoba cuenta con el apoyo de sus suegros para el cuidado de su hija, cuyos domicilios se encuentran muy próximos, lo cual favorece en la colaboración de las necesidades que la niña demanda. Por otro lado, descartó la concurrencia de una afección a la salud, ya que el peritaje realizado por el Cuerpo Médico Forense precisó que "no fue posible corroborar una alteración psicológica de la menor que pudiera perturbar la cantidad de comida que ingiere y, en consecuencia, acarrearle un descenso de peso", y si bien la profesional médica indicó "la repercusión negativa que le trae aparejada a M.A.C. el limitado contacto que posee con su padre -telefónico-" ello "se funda en el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' dispuesto a través del Decreto 297/2020 por el Poder Ejecutivo Nacional y una vez que cese dicha medida, se podrán retomar las visitas carcelarias a fin de continuar con la relación paterno-filial". En razón de las consideraciones precedentes, las discrepancias valorativas expuestas por la impugnante, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que debe declararse inadmisible la vía intentada. En efecto, la situación del peticionante no encuadra en ninguno de los supuestos legalmente previstos para acceder al beneficio ni se verifica en el caso circunstancia excepcionalísima alguna que justifique apartarse de la expresa letra de la ley. Se descartó que la niña se encuentre en un estado de abandono o desamparo, e incluso surge que, amén de los suegros, la esposa del condenado cuenta con familiares directos que pueden brindarle adecuada colaboración. Dres. Riggi, Gemignani y Catucci.
Proceso judicial, actos y diligencias procesales, depósito judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: "Banco  del Buen Ayre S.A. -Inc. Ejec. Hon.- c/ E.N.-Ficalía Nac.de Investig. Administrativas- y BCRA s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

De conformidad a las normas de las normas del Código Civil, existe "depósito" siempre que una persona entregue a otra una cosa con la sola finalidad que éste -como obligación principal , de carácter esencial, única o casi única, que permite distinguir el instituto de otras figuras- la "guarde" hasta que deba restituirla (ver art. 2.182 y su nota), por lo que, en la medida que el citado ordenamiento establece que las normas reguladoras del contrato de depósito que contiene, en lo que hace a sus efectos, rigen subsidiariamente -en lo que fueren aplicables "al depósito judicial en virtud de embargo..." (confr. art.

2.185, inc.2°), debe entenderse configurado un "depósito judicial" siempre que exista esa obligación esencial de guarda y ella reconozca como fuente una orden judicial, sin que pueda válidamente negarse su presencia en razón del lugar dónde la cosa se encuentre guardada por el depositario judicial, el que siempre la detentará como auxiliar de la jurisdicción. El "depósito judicial", en definitiva es el ordenado por la justicia (Confr. Capitant, Vocabulario Jurídico, Depalma, Bs. As., 1961). (Cons. III. 1).
Recusación, recusación sin causa, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: "Entidad  Binacional  Yaciretá  -INc  Med- c/ Eriday y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-09

La recusación sin causa de un juez de la cámara de apelaciones debe ser rechazada in limine (cfr. art. 21 del Código Procesal) si es articulada fuera de la oportunidad prevista por el art. 14 (4° párrafo) del C.P.C.C.N., toda vez que ella sólo puede ser articulada en la Alzada "al día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte".
Contrato de trabajo, despido indirecto, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, pesificación, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez,  Edith  Pablina c/ Embajada de la R. O. del Uruguay s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

Si al momento del despido indirecto la actora era acreedora de una indemnización en pesos convertibles a dólares a la paridad 1:1, que al ser alcanzado por la "pesificación" como consecuencia del decreto 214/02, modificado por el decreto 320/02, plantea la inconstitucionalidad de dichas normas, corresponde declarar la constitucionalidad el sistema de la ley 25.561 y las normas que lo integran, por resultar de aplicación al caso la doctrina sentada por la CSJN in re "Bustos, Alberto Roque y otro v. Estado Nacional y otros" del 26.10.2004.
Sociedades comerciales, intervención judicial, veedor judicial, procedencia del recurso, cauciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Alonso, Martín Guillermo  c/ Amado Kohli, Hugo Alberto y otro  s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-12

Procede modificar el monto fijado por el magistrado como caución real, en el marco de la intervención judicial en grado de veeduría. Ello por cuanto, para tomar una decisión ecuánime hay que tener presente que la veeduría no implica una intromisión desmedida en los órganos de la demandada sino que, por el contrario, sólo tiende a fiscalizar el curso de los negocios del ente. Ello permite afirmar que la medida cautelar no sería pasible de ocasionar mayores perjuicios a la sociedad. En base a ello y teniendo en cuenta las eventuales costas causídicas (CPR 225-4°), se considera excesiva la caución real fijada por el juez. Por esa razón se reducirá la misma. (En el caso, el juez a quo la fijó en $ 1.000.000, la Sala la redujo a $ 200.000).
Estado de adoptabilidad, menores en situación de desamparo
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. B. y otro s/ medidas proteccionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-09-26

Corresponde decretar el estado de desamparo y consecuente adoptabilidad de dos hermanos menores de edad, quienes se encontraban en una situación de extrema pobreza, al cuidado de su madre, quien padece una discapacidad mental, y de su abuela, quien no desempeñó el cargo asumido como guardadora, poniendo en riesgo permanente la integridad psíquica y física de los niños, al deambular y mendigar con ellos en el centro de la ciudad, pues se intentó infructuosamente insertar a los menores en su familia extensa, sin éxito, por lo que cabe atender al interés superior del niño, resaltando el derecho que les asiste a ser protegidos y atendidos, en un marco de contención que les permita crecer en armonía.
Bien de familia, abuso del derecho
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Magnasco de Bicchi, María Cristina y otro c/ Lavagnino Tschirch de Magnasco, Angélica. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Frente a los derechos de los coherederos que ven frustrada su legítima expectativa de disponer de un bien integrante del acervo, la pretensión de mantener para una sola persona la afectación como bien de familia de un inmueble de 350 m2 ubicado en una zona importante de la Ciudad de Buenos Aires, excede los fines previsto por la legislación vigente en esta materia y pone de manifiesto un ejercicio antifuncional de derecho.
Contrato de trabajo, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ NEVI HILARIA c/ EDITORIAL CORDOBA S.A. s/ INDEMNIZACION  -  EXTINCION  DEL  CONTRATO  DE  TRABAJO  -  QUIEBRA -  PREAVISO - INDEMNIZACION SUSTITUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-26

El empleador fallido, por aplicación del art. 251 de la Ley L.C T., adeuda sólo la indemnización por antiguedad. Esta interpretación se fundamenta en el hecho de que la citada norma solamente menciona dicha indemnización, omitiendo legislar acerca del derecho a percibir indemnización sustitutiva de preaviso y además, porque el distracto deviene por imperio legal, por el transcurso del tiempo, extremo que impide al principal preavisar conforme lo establece el art. 231 de la L.C.T.
Monto del juicio, ley provincial, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Peñagaricano, José Enrique c/ Municipalidad de Río Colorado s/ Escrituración s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-11-26

Una correcta interpretación del art. 32 de la Ley Provincial 2212 -Ley de Aranceles- no podría incluir dentro del monto del proceso bienes que no fueron objeto del mismo. Dicho monto para la norma en cuestión será: el valor de los bienes de cada uno de los juicios contemplados en ella, es decir, los que versen sobre acciones posesorias, interdictos, mensuras, deslindes, división de cosas comunes y escrituración.
Jubilaciones, pensiones, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Illuminati Liliana Julia c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S266 - 339)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-12

El requisito básico para obtener la jubilación por invalidez, según el régimen creado por la ley 3795, lo constituye la incapacidad física o intelectual total para el desempeño de cualquier actividad compatible con las aptitudes profesionales del beneficiario, entendiéndose por total la disminución de un 66 porciento o más de la capacidad laborativa.-
Determinación de la incapacidad, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: "Calvarez Martín Pablo c/ Experta A.R.T. S.A. s/ Accidente de trabajo", Expte. Nº 1328/SL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-03

Reconocido el infortunio, verificada la incapacidad del accionante por el perito médico ("lumbociatalgia" con un 8,75% de incapacidad de la T.O.), las tareas cumplidas por el actor (que deben presumirse ciertas porque la ART se limita, en su responde a negarlas en forma ritual, sin verter comentario alguno sobre lo narrado por el actor al respecto), sumado a la ausencia de los exámenes preocupacionales, amerita considerar que el actor ingresó sano y apto a trabajar para su empleadora (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Lealtad comercial, contrato de publicidad
Materia: PENAL
Carátula: CENTRO UNIVERSITARIO BUENOS AIRES s/ Lealtad Comercial, Causa: 36869.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Es engañosa la publicidad que expresa que la firma (en el caso, "GIFIDAT"), a la que se atribuye ser la número uno en fabricación de computadoras, capacita a reparador/a de computadoras personales, cuando la firma en cuestión ya no existe como tal, con el sólo propósito de atraer la atención de potenciales clientes, por lo que corresponde confirmar la sanción impuesta (Del voto del Dr. Romero).
Amenazas simples, perspectiva de género, discriminación por razones de género
Materia: PENAL
Carátula: F.  c/ L. P., C. A.  s/ amenazas simples s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-09-15

Corresponde analizar el caso bajo perspectiva de género, cuando las amenazas que manifiesta el encartado contienen expresiones explícitas de desconocimiento y discriminación a la identidad de género trans. de la víctima. El Estado debe reconocer que el contenido discriminatorio contra la identidad de género de la víctima de las amenazas afecta de forma directa derechos fundamentales tales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de reconocimiento de la personalidad jurídica, al propio nombre y a la libertad de expresión.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, escritos judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grossi de Cironi, Marta c/ Chacabuco Farmacéutica Sociedad Comandita Simple y otra s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

La apreciación que los tribunales ordinarios han efectuado tanto de los escritos constitutivos del proceso así como de todos los que hacen a su desarrollo y la valoración de la prueba testimonial constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas, en principio, a la casación.
Proceso penal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cabrera,  Sergio  Daniel s/ p.s.a.  robo calificado - causa Nº18/98 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

En materia criminal en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, cómputo privilegiado de la privación de libertad, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Estévez, José Luis s/ solicitud de excarcelación - causa n° 33.769.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-03

La ley 24.390 al fijar el "plazo razonable" para que toda persona sea juzgada o puesta en libertad en un lapso de dos años, ha incorporado expresamente un principio general sólo sometido al transcurso del mencionado plazo y supeditado - sin remisión explícita a otras normas - a las condiciones fijadas en el ámbito de la misma ley (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA PAVIMENTADORA Y CONSTRUCTORA c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

La tasa de justicia tiene como hecho imponible el acto del actor por el cual insta la intervención de los Tribunales, independientemente de las razones que lo llevaron a ello (conf. C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala IV, en autos: "Sideco Americana S.A.C.I.I.F. c/ D.N.V.

s/Inc. de impuesto de sellos", del 7/12/92).
Sentencia absolutoria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Costilla Parrado, Carlos N. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-23

Corresponde absolver al imputado por el delito de tenencia de estupefacientes si el tribunal efectuó un insuficiente análisis de las pruebas producidas, pues descartó lo alegado en cuanto a que la droga pudo haber sido colocada el automóvil, una de cuyas cerraduras no funcionaba, por el ex esposo de la pareja del imputado, quien con anterioridad la había amenazado de muerte, sumado al descargo efectuado por el encartado. (Dres. Catucci, Riggi y Ledesma).
Proceso contravencional, locación, servicios de vigilancia, responsabilidad de los propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: c/ MORENO, Nelson Ricardo c/  s/ Confitería Bailable Brujas - Falta a los arts. 7 y 8 de la Ley Prov. N 687-P y art. 98 de la Ley Prov. N  941-R
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-06

El encartado firmó contrato de locación de servicios de vigilancia privada con el Sr. ..., en su carácter de propietario de la Empresa de Vigilancia, y en la cláusula tercera se dispone como obligación del Locador que el personal que se afecte a las prestaciones del servicio de vigilancia se encontrará uniformado e identificado en los términos prescriptos en la reglamentación vigente. La responsabilidad recae en el dueño de la empresa; quien no puede trasladarla al propietario y/o encargado del local bailable que requirió el servicio de seguridad. Ya que éste no puede terminar respondiendo por las obligaciones que están a cargo del locador de tal actividad.
Quiebra, inhabilitación comercial, inhabilitación del fallido, administración fraudulenta
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUNGE, AUGUSTO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

1- La inhabilitación contemplada en la ley 24522 no tiene carácter represivo, sino que tiende a tutelar el crédito y la seguridad del tráfico mercantil.

2- La ley 24522: 236, no hace ninguna clase de distinción respecto de tipos legales alcanzados, por lo que, en principio, el precepto debería aplicarse a todo tipo de participación en conductas delictivas involucradas en procesos de quiebra. Pero, aún en caso de efectuar una interpretación restrictiva de sus términos, atento la limitación de derechos que la inhabilitación acarrea para el afectado, no caben dudas que una correcta lectura de su hermenéutica debería incluir a todos aquellos delitos que involucren conductas susceptibles de generar un peligro para el ejercicio del comercio en general.

3- Se encuentra configurado el presupuesto fáctico previsto por la ley 24522: 236 para prorrogar la inhabilitación oportunamente dispuesta en la quiebra, con la extensión prevista por dicha norma, cuando el fallido se encuentra imputado por el delito de defraudación por administración fraudulenta en dos causas elevadas a juicio sin dictado de sentencia, pues como delito contra la propiedad supone la causación de un perjuicio insusceptible de afectar el orden público económico y el tráfico normal de los negocios.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hryciw, Juan Eugenio c/ Marra y Bloise, Angela Francisca y ots. s/ Posesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

El pago de impuestos, si bien ellos han dejado de constituir un requisito ineludible para acreditar la posesión, en el caso de liquidaciones atrasadas, sólo exponen el ánimo de dueño a partir del momento en que tales liquidaciones han sido satisfechas, careciendo de efectos retroactivos sobre los períodos anteriores que abarcan.
Agentes auxiliares del comercio, despachante de aduana, importaciones, falta de prueba, acto de entrega, factura, medios de prueba, prestación de servicios, pericia contable, procedencia del recurso
Materia: PENAL-COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lima, Juan Manuel c/ Servaind SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto acogió la demanda promovida por un despachante de aduanas por el cobro de tareas realizadas a favor de la sociedad demandada; y asimismo, rechazó la reconvención articulada por entender no acreditado que las faltas que le imputó respecto de la prestación de sus servicios profesionales (ausencia de digitalización y no entrega de despachos de importación o documentación original) hubiesen producido -aun si se tuviesen por existentes- daños resarcibles en concepto de demoras o mayores costos.
Corporaciones, asociaciones civiles, facultades disciplinarias
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Bernardo c/ Club de Gimnasia y Esgrima s/ Nulidad del acto jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Resulta indiscutible el poder disciplinario de las asociaciones o corporaciones. Sin embargo, el ejercicio de dicho poder, para ser legítimo, tiene que ser correcto y regular, de modo que corresponde una eventual revisión judicial de lo actuado por organismos corporativos, bien se trate de los aspectos meramente formales que condujeron a la decisión o bien sobre el fondo del mismo de la decisión.