Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de julio de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Marta Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso interpuesto por el Emilio Antonio Cappuccio, contra la resolución de fecha 15 de mayo de 2007 que dispuso no devolver los efectos oportunamente secuestrados, luego de declarada la prescripción de la acción: "1. NO HACER LUGAR a la petición de la Defensa, por los motivos expuestos (art. 3 inc. f) de la ley 20.785); 2. Proceder a la donación de los efectos secuestrados a la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, con domicilio en Bartolomé Mitre 2411 (art. 35 de la ley 1.472)" (fs. 56 y vta.).

1) El recurso fue interpuesto en tiempo y forma.

2) Cabe considerar si fue interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, respecto de lo cual se expide desfavorablemente la Sra. fiscal de cámara.

Se extingue la acción cuando el presunto hecho contravencionalmente reprimido deja de ser motivo de persecución legal. El poder de instar la investigación con miras al pronunciamiento jurisdiccional, cesa.

Uno de los casos de excepción lo constituye el de la prescripción, en que se extingue la acción por vencimiento del período temporal posible para la persecución de un delito ya ocurrido; que opera mediante el transcurso del tiempo, de acuerdo con las reglas establecidas en la ley sustantiva, abarcando el lapso ocurrido entre la realización del hecho y la concreta actividad procesal realizada para su investigación y juzgamiento.

El defensor actúa en relación a hechos de su pupilo en los límites fija dos por la ley. La cuestión consiste en precisar en que momento cesa su representación.

3) Corresponde señalar que la defensa se denomina técnica cuando la cumple un abogado de la matrícula o el defensor oficial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que atañe al derecho de quien acude a la justicia elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste, conforme con la garantía de la defensa en juicio mencionada en el art. 18, CN (Fallos 175:91).

Vélez Mariconde, glosando a Rubianes, considera que el defensor es un auxiliar de la justicia que complementa al imputado y por eso ambas personas reconocen una compenetración recíproca, conformando la denominada parte defensiva.

Mas ello no puede conducir a una total identificación entre ellos, ya que es obvio que mientras el imputado está sujeto a la relación procesal y a la decisión jurisdiccional, el defensor actúa un derecho en relación a hechos que le son materialmente extraños (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", 3ª ed. Córdoba, 1981. pág. 179).

Clariá Olmedo distingue en torno al concepto del defensor un sentido amplio y otro restringido. El primero hace referencia a "todo profesional del derecho que pone al servicio de quienes tienen intereses comprometidos en un proceso, su actividad profesional y sus conocimientos jurídicos". Desde un punto de vista estricto, el autor considera que dentro de nuestra tradición forense el defensor solo se concibe en relación al juicio penal, en el que la intervención del imputado resulta imprescindible para tutelar los intereses y derechos del imputado (Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Ed. Lerner, Córdoba, 1984, t. III, pág. 1279).

A su vez, Maier sostiene que la ley procesal penal, por regla, prohibe la representación del imputado en materia penal. Ello quiere significar, tan sólo, que no considera al defensor, completamente, un representante regular del imputado en el procedimiento, un apoderado, que ejerza sus derechos y cumpla por él sus deberes, sino que, antes bien, únicamente lo representa cuando la ley expresamente lo indica...la ley procesal penal como principio concede al imputado el derecho de obrar personalmente en el procedimiento...sin desconocer que como excepción, el imputado es representado por su defensor...(Maier, Julio B.J. "Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto S.R.L., Tº II, pág. 259/260).

4) "Así como el fiscal representa el poder de acción, el defensor ejerce en nombre del imputado el poder de la defensa" (Vázquez Rossi, Jorge E. "La Defensa Penal", Rubizal Culzoni, 4ª ed. actualizada, 2006, pág. 165).

La tarea representativa del defensor, que por su amplitud no puede ser agotada en un listado en este momento implica -preponderantemente- tareas de alegación sobre diferentes aspectos y de solicitudes al tribunal, todas tendientes al logro del mejoramiento de la situación del imputado dentro de la causa y con el objetivo final de un pronunciamiento absolutorio o bien -cuando el mismo no resulte posible- de una condena en las condiciones más favorables.

"La culminación del mandato, salvo hipótesis de muerte, renuncia o remoción, se verifica una vez firme el sobreseimiento (CCC- Fallos, IV-62 y 182, II-271) o la sentencia (CCC- Fallos, IV-120) "careciendo en consecuencia de personería para apelar el cómputo de la pena impuesta", (CCC, Sala V, JA, 1980-IV, índice, 47) "...por lo que las incidencias que pueda generar su ejecución demandan nuevo apoderamiento".

5) Es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "las formas sustanciales de la garantía de la defensa deben ser observadas en toda clase de juicios (Fallos: 237:193), sin que corresponda diferenciar causar criminales (Fallos: 134:242; 129:193; 127:374; 125:10) juicios especiales (Fallos: 198:467; 193:408) o procedimientos seguidos ante tribunales administrativos (Fallos: 198:78)" (Fallos: 240:160; 252:356; 296:65; 298:578; 308:1557; causa S. XIX, "Salinas, Oscar s/infracc. art. 68 de la ley 8031", del 28 de agosto de 1984).

"Solamente la parte interesada es la dueña de las condiciones en que dentro de las normas reglamentarias, deben ser alegados y probados sus derechos, tanto más cuando éstos sean como en el juicio criminal los esenciales de vida, libertad y honor" (Fallos: 312:1043; 155:374 y P. 155, L.XVI "Paz, Felipe s/malversación de caudales públicos" Sentencia del 26 de febrero de 1971, y en sentido concordante, Fallos: 296:65 y 691, entre otros), lo que es aplicable a incidentes como el de autos, que tiene lugar cesado el proceso y por ello la inicial representación.

6) La doctrina y la jurisprudencia entiende que una vez firme el sobreseimiento el defensor cesa su representación.

Encontrándose firme el sobreseimiento por prescripción, el ocurrente requiere un nuevo mandato para formular peticiones en la causa (conf. Navarro, Guillermo Rafael - Daray, Roberto Raúl, Ed. hammurabi, 2ª ed. 2006, pág. 360).

En consecuencia, en el caso, el defensor no ostenta legitimación para requerir la devolución de los efectos secuestrados.

Carece de interés determinar si quien tenía que actuar era el defensor privado o el oficial, ya que ninguno podía solicitar le devolución de los efectos, potestad ésta en cabeza del imputado, que no formuló petición en la causa en tal sentido ni renovó o formuló un nuevo apoderamiento o representación para hacerlo.

7) De lo que concluimos que es nulo lo actuado en autos a partir de fs. 54, ya que debió rechazarse in limine el pedido de marras por falta de legitimación para formularlo.

La nulidad del acto referido acarrea necesariamente la nulidad de todos los actos procesales posteriores. Por lo expuesto y porque el incumplimiento del recaudo prescripto por el artículo 167, inc.3º del CPPN implica violación de normas constitucionales debe concluirse que existe entonces nulidad.

8) Por ello y concordantemente con lo solicitado por la Sra. fiscal de cámara, corresponde DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado desde fs. 54 (arts. 167 inc. 3º y 168 y cctes. del CPPN, art. 6, ley 12).

El Franza dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Paz, adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Así lo voto.

Por todo lo expuesto este Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado desde fs. 54 (arts. 167 inc. 3º y 168 y cctes. del CPPN, art. 6, ley 12).

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de cámara y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de primera instancia interviniente a fin de Expte. Nº 6803-00/CC/2005. "CACERES, Jhonatan Manuel s/Infr. Art. 83 Ley 1472 - Apelación".

que practique las notificaciones restantes.

Ante mi:

La Silvina Manes no vota por hallarse en uso de licencia. Conste.

Ende julio de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

Ende julio de 2007 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Ende julio de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 5. Conste.