Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-18


COMODORO RIVADAVIA, 18 de abril de 2007.- VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "I P Y C S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO", Expte. Nro. 9.642/97, venidos del Juzgado de Ejecución Nro.2, (Expediente Nro.141/06), por haber interpuesto la parte actora a fs. 2718 recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs. 2710/2711 vta.

I).- Que el recurrente se agravia, respecto del resolutorio del a quo en cuanto rechaza el pedido de constitución de fideicomiso, entendiendo que tal negativa la priva de una herramienta legal diseñada para proteger el patrimonio de la sociedad y con ello de los intereses de los acreedores.- II) Aduce que lo afirmado por el aquo "la constitución de un fideicomiso excede las facultades de la concursada", no se compadece con las atribuciones legales que a su parte competen, señala que por virtud del art. 19 de la C.N. y en razón de que la Ley concursal no prohíbe mejorar el acuerdo aprobado y homologado, es que no puede ser denegado. Destaca que agregar al acuerdo homologado una herramienta de gestión judicial de un crédito que es parte significativa del patrimonio concursal no conlleva detrimento alguno de los derechos que la norma reconoce a los acreedores.

III) Califica como incorrecta la afirmación del juez de grado referida a la continuidad del trámite concursal en caso de constituirse el fideicomiso, la contrasta con el texto del contrato propuesto, y aludiendo al prenotado cuarto de dicho contrato, en cuanto se expresa que los efectos benéficos para la masa de acreedores subsistirán aún en caso de quiebra.

A partir de tal premisa, enuncia a modo de hipótesis, las secuencias procesales en caso de pedido de quiebra a fin de demostrar que mediante el contrato propuesto no se pretende mantener indefinidamente el trámite del concurso.- IV) Luego desarrolla como agravio la invocada vulneración del principio de desapoderamiento procesal del concursado en caso de decretarse la quiebra, previsto en el art. 110 de la LCQ . Sobre el punto afirma que la lectura de dicha norma permite inferir que aún limitada, la intervención del concursado después del desapoderamiento es suficiente para velar por la integridad del patrimonio. Destaca que la propuesta de constitución de fideicomiso procura la prevención de los males que en su caso, y por tanto sostiene que el quebranto invocado por el sentenciante no se produce en la especie .- V) Invoca los principios que informan la L.C.Q como el de la tutela del interés de los acreedores, y la efectiva protección de ese interés según la pauta interpretativa del art. 159 de la LCQ . Cita doctrina en igual sentido y concluye que el juez a quo ha omitido todo análisis vinculado a la maximización tanto del valor económico del patrimonio como de la recuperación de los créditos, prescindiendo de los principios orientadores que deben regir en la aplicación de la ley concursal.- Hace reserva de caso federal, y de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.- VI) Previo al análisis de los agravios se impone una breve enunciación de las actuaciones que en el decurso del proceso, inciden en el objeto del recurso . Así, examinadas las constancias de autos, resulta oportuno señalar que a fs. 1877 (III Cuerpo de los presentes) se homologa el acuerdo preventivo, a fs. 1880 se establece el plazo de cumplimiento desde su homologación y por el término de 8 años, a fs. 2623 con fecha 12 de junio de 2002, el Juez de grado hace lugar al pedido del síndico y dispone librar oficio al Juez Civil y Comercial Nº 2 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a fin de que en los autos caratulados "I P Y C S.A. C/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" Expte. 6673/ 1995 se tome razón de la inhibición general de bienes decretada en contra de I P Y C S.A.. Se agrega posteriormente oficio diligenciado a fs. 2628.- VII) La concursada comparece a fs. 2698 y solicita autorización judicial para constituir un fideicomiso con un activo eventual de la sociedad, consistente en el crédito procurado por la concursada en los autos "I P Y C S.A. C/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" Expte. 6673/ 1995.- Funda su pedido en mérito a sostener que el único activo que tiene la concursada para afrontar el pago de los gastos del concurso y de los créditos verificados es el de naturaleza eventual constituido por el crédito que se procura en los autos mencionados. Expresa que existe el riesgo de que se decrete la quiebra de la concursada, y al perder su legitimación activa para intervenir en le proceso, y al no disponer la sindicatura de recursos económicos suficientes para ejercer la representación de la masa en la jurisdicción de Río Gallegos, el riesgo se configuraría con la posibilidad de no contar con la presencia necesaria en el juicio y que ello conduzca a la pérdida del crédito.

Da cuenta de los lineamientos generales que persigue el contrato diseñado, que en principio reconoce como finalidad evitar la quiebra garantizando los derechos de los acreedores mediante el crédito. Más adelante aclara que aún en caso de quiebra, la legitimación activa, no estará ya radicada en la quebrada, ni en la sindicatura, sino en cabeza del fiduciario (escribanos C y/o A) Aduce que en caso lograr el reconocimiento del crédito que se procura, las instrucciones impartidas al fiduciario para el pago a acreedores y beneficiarios reproducen la distribución judicial en el proceso concursal de los recursos económicos. Solicita asimismo se disponga el levantamiento de la inhibición general de bienes, medida respecto de la cual se tomó razón en los autos de mención al solo efecto de la constitución del fideicomiso .- En el mismo acto acompaña documental vinculada a su petición, por una parte copias del expediente en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Río Gallegos (fs. 2661/2689) y por otra parte proyecto de contrato de fideicomiso (fs. 2690/2697) De las peticiones formuladas por la concursada, el juez de grado corre traslado a la sindicatura, que a fs. 2706 lo contesta y expresa que su función provisoria como síndico en este concurso homologado consiste en controlar el cumplimiento de las promesas de pago...y mas adelante sostiene que de mediar compromisos impagos, la cuestión se tornaría exclusiva entre partes, que los consentimientos, aceptaciones o validaciones corresponden a los acreedores de la firma, posición que parece compartir la concursada al solicitar se corra vista a las partes.

VIII) A fin de tratar los agravios de la recurrente, en el orden en que los ha planteado, cabe señalar liminarmente que no se advierte la existencia de un nexo causal entre la aludida vulneración de la garantía constitucional del art. 19 de la Carta Magna y el motivo expuesto por el juez de grado : la falta de previsión de la Ley de Concursos y Quiebras que autorice la modificación del Acuerdo homologado . Ello es así por cuanto la garantía constitucional no implica per se, la infinitud de introducir modificaciones al proceso concursal no expresamente prohibidos, sino eventualmente deberá considerarse en el caso concreto, sus costos, eventuales beneficios y si mediante las modificaciones propuestas se vulneran en forma inmediata los principios del sistema normativo concursal y en forma mediata el orden público, pues éste constituye la delimitación necesaria de la libertad genérica de los titulares de derechos subjetivos, sujetos a la funcionalidad teleológica con que se hallan reconocidos - Es que la eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la constitución también protege, sin perder de vista el principio de legalidad, en la interpretación armónica de los intereses y derechos en juego. Es por ello que en la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios interpretativos indeterminados en exceso o alejados de la prudencia que dicho balance exige.- IX) Para la dilucidación de la procedencia de la propuesta de constitución de fideicomiso se requiere el examen de la causa fuente que origina la propuesta cuya autorización se solicitara al juez de grado y sus elementos concurrentes.

El primer elemento es la existencia del acuerdo de voluntades que supone la naturaleza contractual del instituto, pero ello no será analizado en forma descontextuada del proceso concursal en que pretende insertarse dicho contrato .- Como es sabido la fuente del fideicomiso puede ser contractual o testamentaria. La Ley 24441 en sus art. 1º a 3º conceptualiza este instituto dejando en claro que el fideicomiso es un contrato por el cual una parte denominada fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de sus bienes, a otra parte, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla y administrarla conforme a los términos del contrato y en beneficio de quien designe el contrato y persigue como finalidad última consolidar el dominio a favor del beneficiario o del fideicomisario.- En lo relativo al origen contractual del fideicomiso, el acuerdo de voluntades puede partir de una negociación que derive en un consentimiento causado de las partes interesadas o en los denominados contratos de adhesión .- La terminología utilizada por la concursada en la propuesta de constitución de fideicomiso es la de "contrato", el mentado proyecto es presentado en la causa identificando por una parte como fiduciante a la concursada, como fiduciarios a dos escribanos de esta ciudad, fideicomisarios a los Sres. R B y R B (h.) y como beneficiarios a los acreedores del concurso, pero desentendiéndose de la concurrencia de éstos en el contexto procesal en que se formula la propuesta.- Controvierte en principio la recurrente (fs. 2722 vta.) en cuanto el sentenciante le opone carencia de facultades para la constitución de fideicomiso y sostiene por el contrario que el argumento no se compadece con las atribuciones legales que competen a su mandante.- Recuerda en consecuencia la regla del art. 19 de la C.N. y que aplicada al caso significa que si la ley concursal no prohíbe mejorar el acuerdo aprobado y homologado, mal puede ser denegado invocándose la ausencia de facultades.- No se ha de negar la norma constitucional, pero la alegante saca de contexto la razón esgrimida por el sentenciante y no la controvierte. Expone el juzgador que las alternativas de continuidad del proceso son: declarar cumplido el acuerdo (art. 59 ley 24522) o declarar la quiebra (art. 63), a cuyo respecto no resulta posible la modificación por tratarse de normas imperativas, concepto que puede agregarse, lo tiene la resolución homologatoria por ser una sentencia definitiva que goza de autoridad de cosa juzgada (Concursos y quiebras", Fassi-Gebbardt, pág. 174, Ed. Astrea, año 1998). De estos conceptos deriva la ausencia de facultades de la concursada, fundamentos que carecen de controversia concreta (art. 265 CPCCCh), por lo se rechaza que resulte incorrecta la interpretación del sentenciante.- Sostiene por otra parte la concursada que el fideicomiso aporta en beneficio del acuerdo e interés de los acreedores una herramienta de gestión del crédito que se procura judicialmente en los autos caratulados "I P y C S.A. c/Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz s/ordinario" Expte. N° 6773, que tramita en la jurisdicción de dicha Provincia y que para el caso de quiebra, no afectará los intereses de los acreedores que están claramente respetados. Que resulta el mayor beneficio de los acreedores la constitución del fideicomiso es afirmación subjetiva unilateral que no procede si los mismos no resultan escuchados.- Tales extremos carecen de evidencia y tienen conexión con otra razón del fallo; que la propuesta no se compadece con las constancias de la causa en cuanto "ya" debería haberse cumplido el acuerdo homologado y en tanto asimismo advierte que la concursada intentó, sin éxito, ceder los derechos litigiosos a la AFIP y cita las fojas 2571/2579.- Precisamente los antecedentes de la causa revelan que es el mismo crédito litigioso el que formó parte del respaldo de la propuesta del acuerdo preventivo, aprobado en octubre de 1996 (fs. 1877), con lo que la modificación de sus bases a diez años de la homologación con la constitución de un patrimonio de afectación ni puede importar el desinterés de los mismos o que por la detracción patrimonial que importa, los intereses de los acreedores estén más claramente respetados.- Incipientemente, siquiera puede presumirse el desinterés de los acreedores. Uno de ellos, la AFIP, (ver fs. 2571/2577), dando cuenta de un ofrecimiento individualizado a su parte, de cesión de los derechos litigiosos del juicio caratulado: "I P y C S.A. c/Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz s/Contencioso Administrativo" Expte. N° 6673, rechazó la cesión de los derechos litigiosos de la causa contenciosa.- La cuestión fue llevada por la concursada en grado de apelación del mismo ámbito administrativo de la AFIP, atendiendo al rechazo inicial de la propuesta de cesión de derechos, negativa que resulta ratificada, se rechaza la apelación, se otorga al acto el carácter definitivo y se tiene por agotada la vía administrativa.- En resumen, no es evidente el desinterés de los acreedores. Tampoco es admisible cuando sostiene la apelante, que el agregado de una herramienta de gestión judicial al crédito que es parte significativa del patrimonio, no conlleva detrimento alguno de los derechos que la norma reconoce a los acreedores. Se responde que con el art. 14 Ley 24.441, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del proponente -fiduciante- con ello, los mismos bienes que admitieron la aprobación del concordato, quedarían detraídos de la masa concursal considerada para la aprobación del concordato. Ello explica de por sí una fragmentación del capital Social y consiguiente disminución por lo que se rechaza la inexistencia de "...detrimento alguno de los derecho que la norma reconoce a los acreedores..." o que el fideicomiso propuesto es neutro e indiferente con relación a los derechos de los acreedores (fs. 2723).

Es que el contrato de fideicomiso está planteado para operar como garantía de los créditos o acreencias de los acreedores del concurso, (prenotado tercero fs. 2690 vta.) con lo que no puede obviarse de modo alguno la manifestación expresa de su interés y su aval para la constitución del mismo, aún cuando fueren identificados como "beneficiarios" y prima facie la ley 24441 no exija su consentimiento.

La concurrencia de los acreedores resulta del sistema de la ley concursal, y hasta de la propia previsión del prenotado tercero citado: segundo párrafo: "con ese ofrecimiento y su aceptación por el acreedor requirente ..." por lo que no puede imponerse el instituto a título de efectos benéficos de la masa de acreedores y de efectiva protección de sus intereses, sin la audiencia de los propios interesados (art. 17 C.N) Tampoco desconocer otras cláusulas del contrato que los comprenden como reservas, limitaciones, el levantamiento de la inhibición general de bienes dispuesto en autos de referencia para la transferencia de la propiedad fiduciaria, la designación de los fiduciarios, la apertura de una vía "paralela" al trámite dado por la LCQ, respecto de la representación procesal, de la concursada si se decretare la quiebra y la distribución de los fondos, para el caso de realización del activo eventual cuyo cobro se persigue contra la provincia de Santa Cruz.- Se señala el carácter de cosa juzgada del acuerdo preventivo homologado, no podría ser modificado sino con la unanimidad de los partícipes que habilitaría en su caso la revisión y/o modificación del acuerdo. El carácter vinculante que implica para todos los acreedores incluidos en el mismo, no puede ser modificada con posterioridad mediante propuestas parcializadas, con afectación de derechos adquiridos, cuya modificación sólo podría considerarse, si mediara el consentimiento expreso de la totalidad de los involucrados.- (cfme C.N.Com, Sala A, 19/9/97-ED 31/08/98).- X) En cuanto al segundo elemento a analizar: objeto del contrato, la Ley 24441 resulta clara en cuanto menciona que habrá de transmitirse la propiedad fiduciaria de bienes determinados. En el caso bajo análisis, la recurrente invoca derechos en expectativa, eventuales como los denomina la parte. En este sentido, el interrogante aparece vinculado a la posibilidad fáctica y jurídica de concreción de la figura, que tal como lo plantea la concursada estaría sujeta a una tacita condición suspensiva, que tampoco se prevé en la normativa aplicable y que conlleva el efecto de elevar el grado de abstracción de la figura propuesta.- Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, de la lectura del contrato propuesto, el objeto aparece además vinculado con la representación procesal que se obliga a otorgar a la fiduciaria a lo largo del pleito que tramita en Santa Cruz (vgr. recursos humanos y medios técnicos que importan la presencia efectiva -según dichos de la misma parte- tanto de abogados que ejerzan su labor eficazmente como de los restantes recursos) destinados a obtener un resultado favorable en el juicio a fin de realizar los derechos que se tienen en expectativa (fs. 2692 vta).- La designación obligada por parte del fiduciario del representante legal prevista en el contrato de fideicomiso (fs. 2692 vta. inc. a y clasula 10ma. Fs. 2696 vta.), introduce una modalidad ajena a la característica de la función del fiduciario; "... el fiduciario debe tener cierta discrecionalidad respecto a como ha de ejercer su cometido. En efecto, el fiduciario debe poder decidir la mejor forma de cumplir los fines para los cuales ha sido constituido el fideicomiso. El fiduciario no puede ser una figura meramente pasiva, que lleva a cabo instrucciones y órdenes que le da el judicante o el beneficiario que se han hecho constar en el instrumento de creación del fideicomiso. Al fiduciario le ha sido transferida la propiedad -si bien sujeta al cumplimento de un fin- de ciertos bienes. Conforme con el art. 2513 CC es inherente a la propiedad poseer la cosa... Si el fiduciario carece de discrecionalidad propia de un propietario, es decir, si no es por sus facultades un verdadero propietario, creemos que puede sostenerse que no hay fideicomiso..." (Conf.: "Fideicomiso de garantía", Julio Kelly, en J.A. 1998-III-782).- Adviértase la conclusión del autor y trabajo citado: "Si el fiduciario está totalmente reglado en cuanto al ejercicio de dichas facultades, el elemento confianza propio del fideicomiso desaparece y en su lugar existirá el criterio para seleccionar a un mandatario, comisionista, etc.".- Sin perjuicio de lo expuesto, la visualización del sentenciante del quebrantamiento del principio de desapoderamiento en la propuesta se ajusta a derecho. Es precisamente la adecuada lectura del art. 110 LCQ., que si establece el desapoderamiento de los bienes y los pone en manos del síndico perdiendo legitimación la fallida, excluye por lógica la revisión del Prenotado Cuarto (fs. 2690 vta.), que traslada la legitimación en cabeza de un fiduciario. La propuesta conlleva a la postre por exclusión del síndico al mismo quebrantamiento del principio observado por el Juez.

XI) El tercer elemento a considerar consiste en la sucesión concatenada e hipotética de las posibilidades eventuales, alegada por la parte para justificar la procedencia de la figura fiduciaria que propone.

La virtualidad del crédito ofrecido resulta seriamente comprometido atento los términos de la sentencia de la jurisdicción judicial de la Provincia de Santa Cruz, rechazando la demanda el 27 de mayo de 2005 (fs. 2684/2689 vta.). Solo se manifiesta en el fideicomiso que la sentencia se encuentra en recurso, cuando atento el tiempo transcurrido a febrero de 2006, fecha de presentación del mismo, (fs. 2702) era lógico la mayor información sobre la gestión procesal y su intensidad propio de las razones que opone debían caracterizar la custodia del crédito invocado.- En la determinación del objeto del crédito ofrecido en garantía, no puede desconocerse que los términos de la sentencia del Sr. Juez de la Provincia de Santa Cruz de rechazo de la demanda, entre otros, considera que la misma pericia contable informa que la A.G.V.P., abonó al Contratista la totalidad de las certificaciones de deuda con reconocimientos de mayores costos conforme el método del art. 22 del Pliego y conforme con la Ley 12910, que de acuerdo a los certificados compulsados, la última certificación abonada es de fecha 30/9/90, en tanto que la reclamación administrativa previa por liquidación de mayores costos se efectúa en 14 de diciembre de 1993, con posteridad a la finalización y pago de la obra, y que dados los términos exiguos previstos en el "pliego" aparece como claramente improcedente (conceptos del fallo a fs. 2688/2688 vta.).- Es en consecuencia evidente que la garantía ofrecida resulta de notoria aleatoriedad e insuficiente como tal para la constitución del fideicomiso propuesto.- El resultado final del pleito constituye una incógnita que no puede determinarse a priori. Los modos de distribución de los -también eventuales- activos que se materializarían en caso de lograr sentencia favorable, no pueden tampoco aprobarse sujetos a condición suspensiva o resolutoria en su caso, pues en tal caso se estaría vulnerando la observancia de las normas concursales específicas y su carácter de orden público, resultando pertinente recordar que el art. 142 de la LCQ sanciona de nulidad todo pacto por el cual se impida al síndico el ejercicio de los derechos patrimoniales del deudor.- Niega la apelante que su parte pretenda mantener la continuidad del trámite concursal como le observa la sentencia y se expide que ello no se compadece con el objetivo realmente procurado, pero de inmediato reconoce que en el fideicomiso propuesto se manifiesta tal propósito, como argumento para resistir un pedido de quiebra en la oportunidad del art. 63 LCQ (fs. 2723 vta.).- Huelga señalar que la inclusión de la cláusula que dice: "Con ese ofrecimiento y su aceptación por el acreedor requirente se procura evitar una declaración de quiebra que conllevará la pérdida de la legitimación activa de la concursada para intervenir en el referido expediente, en todas las instancias ordinarias y extraordinarias existentes para obtener el reconocimiento del derecho" (Prenotado Tercero a fs. 2690 vta.), es demostración cabal de la carencia de agravio sobre el punto.- Por lo demás relativo al "desideratum" del art. 110 LCQ, tanto el Juez como la apelante coinciden en las facultades del concursado a lo que puede agregarse, su ejercicio resulta factible en cualquier hipótesis, sin que dependa del desempeño anterior de funciones delegadas o de apoderamiento en etapa de concurso preventivo o fideicomiso.

XII) La íntegra propuesta del apelante se afirma sobre hipótesis de incierta realización y su aceptación condicionaría la aplicación del sistema normativo previsto en la Ley 24522, sin que los motivos esgrimidos, ni el objeto del contrato sean delimitados en un plano fáctico-jurídico, que avale su procedencia.- Los principios que estima vulnerados la apelante, de la maximización del valor económico del patrimonio como de la resolución de los créditos, que deben regir en la aplicación de la ley concursal no pueden desvincularse de las normas que rigen la materia y deben ser interpretados de modo conjunto, pues la naturaleza hermenéutica de los principios que informan determinada materia, en ningún caso deben considerarse desvinculados del contenido que emerge de las normas que integran el sistema jurídico, ello es así desde que tales principios serían inconcebibles por sí mismos sin la existencia de un contexto normativo que les de sustento, pues no pueden utilizarse tales principios para vulnerar lo actuado en juicio.- Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de los agravios y la consecuente confirmación de la sentencia de grado.

XIII) Las costas de la Alzada se impondrán a la concursada en función del criterio objetivo de la derrota (conf. 68 y cc. del C.P.C. Ch.). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados se tendrán en cuenta, las pautas que para su fijación se establecen el artículo 6, siempre dentro de las escalas previstas por los arts. 40 y 7º primera parte del Dto-Ley 2200 modificado por ley 4335.- Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).-Rechazar el recurso de apelación interpuesto en fs. 2718 y confirmar el fallo de fs. 2710/2711 vta..- 2º).- Téngase presente la reserva de caso federal y de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuada por la apelante a fs. 2729.- 3º) Costas de la Alzada al apelante, regulando los honorarios profesionales del Dr. J M F de las C en el 30 % de los que le correspondieren en la primera instancia. (cfr. arts. 6, 7, 9, 14 y cc. de la ley de aranceles).- 4º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: Fernando Nahuelanca -Presidente-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL NRO. 049 AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS