Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-06-16


Salta, 16 de junio de 2016.-	AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "GONZALEZ, GABINO WALTER C/ ANSELMINO, CARLOS ALBERTO - ANSELMINO, FABIANA EMILIA S/ ORDINARIOS", EXP - 26397 / 10; originario del Juzgado primera instancia del Trabajo Nº 1, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 309/ 312 y vta. y fs. 317/323, y	___________________C O N S I D E R A N D O_______________________________________	La Dra. Mirta Inés Regina dijo:	I - Suben estos autos a la Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 309/312, y por la parte demandada a fs. 317/323, en contra de la sentencia de primera instancia de fs. 293/299 y vta.	APELACION PARTE ACTORA:	Manifiesta la apelante, como primer agravio, que el Sr. Juez a quo hizo lugar a la demanda y condenó al demandado conforme planilla confeccionada en los considerandos.	Afirma que la planilla que obra glosada a fs. 293 no forma parte de los considerandos, lo que torna nula a la sentencia. Asimismo, agrega que el sentenciante incurrió en una omisión inadmisible, por cuanto al hacer lugar a la demanda, debió ésta prosperar por el monto demandado o expresar al menos cuáles rubros se rechazaron a fin de posibilitar el ejercicio de la defensa del trabajador, descuido que no fue corregido por el Aquo al deducir su parte recurso de aclaratoria, el que fuera rechazado. En consecuencia, considera que la sentencia atacada viola su derecho de su defensa y es arbitraria.	Expresa que el fallo apelado le causa a su mandante un perjuicio económico irreparable, por cuanto no obstante ganar el juicio por la suma de $112,372.90, no refleja el monto histórico de $ 143, 062,56 reclamado por el mismo, no surgiendo de sus fundamentos la base de cálculo utilizada para que prospere por un monto menor al pretendido.

Señala que la sentencia impugnada es contraria al principio de congruencia, ya que en los considerandos son procedentes todos los rubros reclamados y en la parte resolutiva manda a pagar la suma de $ 112.372,90, sin expresar los rubros que se rechazan, careciendo el fallo atacado de fundamento que justifique la diferencia entre el monto demandado y el monto por el que prospera la demanda, resultando así violatoria del derecho defensa de su parte, atento a que el mismo omite groseramente la base de cálculo utilizada, colocándolo a su representado en una verdadera indefensión atento que tampoco indica cómo se determinaron los montos indicados en la planilla obrante a fs. 293 de autos.	Entiende que la demanda debió prosperar por el monto demandado y el juez debió expresar los rubros que se hacen lugar y lo que se rechazan.

Como segundo agravio, plantea el recurrente que la sentencia de grado viola el principio de congruencia, en tanto el a quo debió valorar todas las probanzas de autos, habiendo omitido apreciar correctamente el Convenio Colectivo de Camioneros. En efecto, sostiene que debió adicionar a la base de cálculo, el monto del básico y los adicionales por kilómetros recorridos acreditados mediante la documentación y testimoniales rendidas. Cita jurisprudencia.	Finalmente, se agravia por la arbitrariedad de la sentencia ya que no constituye una derivación razonada del derecho vigente, toda vez que de los fundamentos expuestos surge que el sentenciante ha omitido valorar las propias constancias del expediente, violando este principio de congruencia, siendo discrecional y sustentada en el mero voluntarismo del juzgador .-	Concluye solicitando sea revocada en lo que ha sido materia de agravios, con costas, y formula reserva del caso de federal.

A fs. 316 se corre traslado a la contraria el que es contestado a fs. 327/280, solicitando que se rechace el recurso impetrado en autos por el actor, con costas.	APELACION PARTE DEMANDADA:	En primer término, se agravian los apelantes por considerar arbitraria la determinación de la fecha de ingreso del actor, destacando que resulta llamativo que el sentenciante tenga como acreditada la misma el 14/02/07, a pesar que luego refiere al 17/02/07 con la referencia genérica a "una serie de autorizaciones para conducir los vehículos remolcados que avalan la existencia del vínculo laboral con el demandado". Agrega que esa documentación ha sido impugnada y desconocida por su parte, por cuanto la mayoría son instrumentos privados sin certificación de firmas y/o contenido, y son documentos de terceros sin imputación directa a su parte y/o que les corresponda autoría. Agrega que ninguno de estos documentos contiene la firma de alguno de los suscriptos que infiera que el actor sea trabajador dependiente antes de la fecha de la registración formal, no habiéndose confirmado su veracidad por cualquier otro medio de prueba.	Por otra parte, destacan la valoración efectuada del remito de fs. 33 que fue completado por el actor con posterioridad en forma maliciosa; las autorizaciones que no tienen referencia alguna al actor, así como también la prueba incorporada a fs. 204, que informa que recién el 06/11/08 el actor realizó el primer examen psicofísico, y desde el 03/02/09 el primer examen de idoneidad, de lo que se desprende que antes de esa fecha no contaba con licencia habilitante para el transporte de cargas generales, por lo cual deviene entonces arbitraria y carente de fundamento la determinación de la fecha de ingreso fijada por el sentenciante.

En segundo lugar, refieren que agravia a su parte la incorrecta determinación de la categoría laboral y convenio colectivo aplicable al actor, toda vez que el CCT 40/89 pertenece a una actividad totalmente disímil de la realizada por los demandados. Manifiestan que se ha acreditado en forma indudable en autos que la actividad principal es la de "mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (incluye auxilio y servicio de grúa para automotores, instalación y reparación de equipos de GNC), siendo aplicable el CCT 27/88 de SMATA-FAATRA que expresamente contempla la categoría de chofer, según la cual se liquidaba el sueldo al actor. Argumentan que es inconcebible que dentro de la misma explotación comercial se le liquide el sueldo a los empleados con CCT diferentes.	En tercer lugar, se agravian por la decisión del juez de grado que "justificó" el despido indirecto en el que se colocó abusivamente el Sr. González por las diferencias salariales supuestamente comprobadas y que habrían configurado la injuria desencadenante de la ruptura. Argumentan que el actor se consideró injuriado por múltiples razones, pero que de todas las supuestas causas que indicó el juzgador sólo tomó en cuenta las supuestas diferencias salariales que son discutibles, y que no son de suficiente importancia como para interrumpir el vínculo laboral.	Refieren que la forma de rescisión en este caso es de singular importancia por cuanto de ello se deriva la obligación o no del pago de las indemnizaciones de ley, habiendo omitido el juzgador toda consideración del resto de las fundamentaciones de las partes y, en especial, de su parte que ha intimado al trabajador a presentarse a trabajar, justificando así el autodespido en base a diferencias salariales por aplicación de un convenio colectivo diferente a la actividad principal realizada por el mismo, lo que a su entender no configura justa causa en los términos del art. 242 LCT.

	Por último, agregan que al tiempo del ingreso del actor en el año 2009, la Sra. Fabiana Anselmino, ya no era titular del negocio ni empleadora del actor por lo que pide que se revoque la condena dictada como consecuencia de la corrección de la fecha de ingreso.	Citan jurisprudencia fundamentando lo expuesto.	Concluye solicitando que se revoque el fallo atacado en los puntos enumerados como agravios, rechazando en definitiva la demanda incoada en contra de su mandante, con costas.	A fs. 316 se corre traslado a la contraria el que es contestado a fs. 330/332 y vta. requiriendo que se rechace el recuso interpuesto por la contraria , con costas , haciendo reserva de caso federal.	II. APELACION DE LA PARTE DEMANDADA:

Atento el contenido de los agravios de cada una de las partes, me avocaré primero al tratamiento de los planteados por la demandada, en tanto se refieren a los rubros que progresaron en primera instancia en base a fecha de ingreso, convenio colectivo aplicable y justificación del autodespido efectuado por el actor, elementos determinantes a la hora de establecer la procedencia y cálculo de los rubros reclamados.	El primer agravio se dirige contra la fecha de ingreso establecida en la sentencia de grado (14/02/07), mientras que el demandado Carlos Alberto Anselmino sostuvo que el vínculo comenzó en fecha 22/01/09, conforme consta en la constancia de alta de Afip y recibos de haberes acompañados en autos. Por su parte, la co-demandada Fabiana Emilia Anselmino expresó en su responde que el actor sólo prestó servicios para Carlos Alberto Anselmino, aclarando que fue titular del taller desde el año 2002 hasta el año 2007 cuando ingresó su hermano.	La apelante refiere haber desconocido la documentación acompañada por el actor y considerada por el sentenciante para establecer la existencia del vínculo laboral a partir del 14/02/07. En efecto, a fs. 44vta./45 luego del traslado corrido a su parte donde tenía la carga de reconocer o no la documentación acompañada por el actor en los términos del art. 356 inc. 1º del C.P.C.C., el demandado Carlos Alberto Anselmino expresó que "amen de ser copias simples o instrumentos privados sin firma ni fecha cierta, corresponden a terceros no imputables a su parte por lo que rechazo y desconozco en su totalidad". Sí reconoce expresamente las cartas documentos, los recibos de sueldo y la autorización de conducción otorgada por su parte en fecha 23/02/10.-	En efecto, se advierte que la documentación acompañada por el actor reservada conforme constancia de fs. 19/21, a más de haber sido desconocida por el accionado y no haberse probado su autenticidad por otro medio probatorio hábil (pericial, informativa), se trata de documentación suscripta por terceros, copias simples o emanada de la parte, por que lo que no es posible su valoración a los efectos de la determinación de la fecha de ingreso del accionante.	En consecuencia, a tal fin, corresponde analizar las declaraciones testimoniales recepcionadas en autos. La testigo Karina Noemí Angulo (fs. 263/269) relató que fue compañera de trabajo del actor y que cuando ingresó el ya trabajaba, no recordando si fue en el 2008 o 2009; en cuanto a las tareas refirió que manejaba camiones de auxilio, que era chofer de larga distancia, que viajaba a San Antonio de los Cobres, Olacapato, y otros lugares lejanos de montaña. Agrega que el vehículo que conducía era una grúa, que Fabiana Anselmino era secretaria como la dicente y que ella entró a reemplazarla, precisando que la actividad de Anselmino comprende también la de un taller mecánico y que González era el único chofer que hacía viajes largos. Agrega que a ella nunca la registraron y que cree que los otros tampoco estaban registrados.	Por su parte, Facundo Poma Ovejero (fs. 266/267 vta) expresó que era cliente, que la principal labor de la firma es la de mecánica de vehículos en general, recordando que Walter trabajaba con los camiones, que hacía servicios urbanos en el año 2009, en enero hacia delante, que manejaba un camioncito. Amplía diciendo que siempre estaba ahí con ellos a la mañana y tarde.	Elvio Nazareno Sarapura (fs. 267 vta. /268 vta.) expresó que conoce a González porque en tres oportunidades tuvo que ayudarlo cuando fue a San Antonio de los Cobres y hacía frío, no tenía ropa de seguridad y siempre andaba solo y a veces tuvieron que acarrearlo. Relata que manejaba un camión naranja con el logo de Anselmino. En relación a la fecha, refiere que habrá sido en el año 2008 o 2009 cuando estaba trabajando en San Antonio de los Cobres.	José Cruz Resina (fs. 268 vta. /271) narró que era compañero de trabajo del actor, que la empresa hacía mecánica de vehículos, que el trabajó poco tiempo a mediados de 2008 hasta principios de 2009 y que cuando el entró González ya trabajaba, que viajaban a distintos lugares, mayormente distancias cercanas y poco largas. Luego respondió al interrogatorio formulado diciendo que se hacían viajes a todo el país.	Finalmente, Rafael Carlos Paset (fs. 271/272), manifestó haber sido compañero de trabajo del actor, que desconoce la fecha de ingreso, que era chofer y hacia servicios de grúa en toda la provincia y otras provincias también, que sabe que en el lugar también había un taller mecánico pero que el servicio de grúa estaba incluido en el mismo lugar. Agrega que tiene entendido que Walter viajaba al Salar del Hombre Muerto, San Antonio de los Cobres, Corrientes, Formosa.-	Del análisis de las declaraciones expuestas, surge que ninguno de los testigos vio al actor en una fecha anterior al año 2008, mostrándose todos ellos dubitativos en cuanto al año en el que habrían visto a González trabajar para Anselmino, ya que mencionan "2008 o 2009", con excepción del testigo Resina quien precisó haberlo visto a mediados del 2008, testimonio que estimo convincente y que analizado en forma conjunta con los demás, me conduce a dar validez al mismo por sobre los dichos del testigo Poma Ovejero que narró haberlo visto a partir de enero de 2009.-	Pero además, la prueba testimonial debe conjugarse con la restante prueba arrimada y producida en autos.	En efecto, se advierte que algunos de los recibos acompañados por ambas partes (reconocidos por la demandada en el caso de los aportados por la parte actora a fs. 1 a 5 documentación Actora) consignan como fecha de ingreso el 22/01/08. Asimismo, a fs. 98 obra informe de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Provincia de Salta que da cuenta que Anselmino, Carlos Alberto inició actividades en fecha 1/02/08 teniendo como actividad principal el mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral. A fs. 120 rola informe de la Dirección General de Legal y Técnica del Gobierno de la ciudad que informa que el contribuyente Anselmino Mecánica Integral que gira bajo el rubro reparación de automotores, motocicletas y sus componenetes, y registra inicio de actividad el 1/02/08 hasta el día de la fecha.-	Además, a fs. 204 obra informe emitido por la Comisión Nacional de Regulación del Trasporte que da cuenta de la realización de examen psicofísico el 6/11/08 hasta el 4/11/08 y del 9/11/11 hasta el 7/11/12, y cursos de idoneidad por los perídos 3/02/09 a 11/01/10, 15/01/10 al 5/01/11 y 19/12/11 al 1/12/12.-	Finalmente, a fs. 244 Afip remite consulta de altas y bajas correspondientes al empleador y trabajador, informando que González registra fecha de inicio el 22/01/08; no obstante surge de la fecha de envío fue un año posterior, el 22/01/09. En consecuencia, este elemente unido con los testimonios que indicaron haber visto al actor trabajar en el año 2008 y los recibos que consignaron este año como fecha de ingreso, me permiten concluir que la real fecha de ingreso del actor es el 22/01/08, no obstante haber sido registrado un año después, lo que coincide con el informe de Afip obrante a fs. fs. 237 (ingreso de aportes previsionales y obra social efectuados a nombre del actor por Anselmino Carlos A. desde el 1/01/09 al 1/05/10). En consecuencia, corresponde modificar la fecha de inicio de la vinculación laboral establecida por el judicante en la sentencia de grado, no sobre la pretensión de la demandada sino en base a los elementos referidos precedentemente que me permiten concluir que el ingreso del actor ocurrió el 22/01/08.-	El segundo agravio se refiere al convenio colectivo aplicable a la actividad y categoría correspondiente al trabajador, recordando que la sentencia de grado que motiva el recurso de apelación estableció la aplicación del CCT 40/89 y procedencia de diferencias salariales en base a la incorrecta registración, encuadrando al actor en la categoría 3 de dicho convenio.-	De los testimonios recepcionados en autos surge que el actor se desempeñaba como chofer de camiones de auxilio, realizando viajes de corta y larga distancia (San Antonio de los Cobres, Olagapato, lugares de montaña y otras provincias), conforme los dichos de Angulo, Sarapura y Paset; y que la actividad de la firma Anselmino era la de mecánica de vehículos en general realizando también auxilios (conforme dichos de Angulo, Poma Ovejero, Paset y Resina).-	A fs. 167 obra informe que da cuenta que la firma realizaba servicio de asistencia de vehículo (remolque de autos y caminetas), en concordancia con la actividad registrada en la Dirección General de Rentas conforme surge de fs. 98 y 20 (mecánica en general).	Ahora bien, resulta dable recordar que para atribuir alcance normativo a los convenios, es necesario que éste se corresponda con el ámbito funcional, personal y territorial propio de la actividad de la empresa, cuya exigencia resulta de los requisitos que debe contener la convención conforme lo previsto en el art. 3 de la ley 14.250; poniendo énfasis en la vigencia personal que está directamente derivada de la representación que asuman en la unidad de negociación, siendo ésta la pauta de referencia para determinar el ámbito personal de la convención (arts. 1 y 8 de la mentada ley), y determina la imposibilidad de que el trabajador o el empleador individualmente puedan imponer las condiciones de un convenio distinto del ámbito de aplicación, sea personal, territorial o temporal.	Ello es así por cuanto, las convenciones colectivas son la expresión de un acuerdo de voluntades entre las personas jurídicas que las celebran quienes luego de hacer concesiones de poder, llegan a sintetizar sus intereses contrapuestos: lejos de representar instrumentos normativos organizados por expertos en técnica legislativa, son la consecuencia de la multiplicidad de fuentes de generación autónoma.

El actor pretende la aplicación del CCT 40/89, pretensión acogida en primera instancia y que motiva el agravio en cuestión, mientras la demandada alega que por la actividad que desempeña corresponde la aplicación del CCT 27/88 de SMATA-FAATRA.-	El primero establece en su art. 2 el ámbito personal y territorial de aplicación, disponiendo que será de aplicación para "la totalidad de los trabajadores ocupados en el transporte de cargas por automotor en todo el ámbito del territorio nacional y/o fuera del mismo cuando se encuentra afectado al tráfico internacional, prorrogándose los derechos y obligaciones de las partes cuando el contrato individual se hubiere celebrado en el país pero se deba ejecutar total o parcialmente en el extranjero, como así también cuando el contrato se celebrare en el extranjero, pero su ejecución dentro del territorio nacional responda a directivas que emanen de una sede o administración ubicada en la República Argentina, con independencia del lugar de radicación del dependiente, así se trate de transporte de ganado, vinos, cereales, minerales, materiales de y/o para la industria de la construcción, servicios de encomiendas y expresos, diarios y revistas, remolques de vehículos automotores en la vía pública, repartos a domicilio, servicios de cargas combinadas con otros medios de transporte, sean éstos ferroviarios, marítimos y/o aéreos, mudanzas, combustibles u otros elementos líquidos, semilíquidos y/o sólidos, servicios de transporte de clearing y carga postal, valores y/o caudales públicos o privados, servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y/o limpieza de calles, vías y/o espacios públicos y tareas complementarias y/o afines, el transporte de caña de azúcar y/o sus derivados en cualquiera de sus formas, y, en general, otros tipos de transporte automotor de cosas o mercaderías, aún cuando las cosas transportadas hayan sido elaboradas para una finalidad determinada, equipos y/o máquinas y/o elementos que ulteriormente se destinen a montajes de industrias y/o construcciones civiles, como así también aquellos que provengan de desmontajes similares, guardas de carga en tránsito, etc.; siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa ni limitativa, y por ello no implica de manera alguna la exclusión de otras formas de transporte. Tampoco será condición indispensable para que se considere transporte, que el precio de la prestación sea precisamente denominado flete, pudiendo estar éste precio involucrado en la cosa transportada o en el servicio prestado sin que ello desvirtúe la existencia de un transporte".	Por su parte, el CCT 27/88 suscripto entre la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores (F.A.A.T.R.A.) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.), incluye en su ámbito de aplicación al Personal Obrero y Administrativo de los talleres mecánicos, chapa, y pintura, desarmaderos de automotores, rectificación de motores, fábrica y reparación de carrocerías, talleres de electricidad, instalaciones eléctricas del automóvil, instrumental electromecánicos y toda otra actividad afín que complemente la explotación de los talleres si forma una unidad jurídica económica, todo ello en concordancia con lo establecido en el artículo 2 que reitera lo dicho respecto del ámbito de aplicación. Asimismo, los arts. 9 y 12 tienen prevista la categoría de chofe para las categorías y ramas respectivas (arts. 6 y 7 de dicha convención.	En consecuencia, no comparto el criterio seguido por el Sr. Juez de Grado al considerar que la CCT 40/89 es la aplicable al caso de marras, ello en atención a las partes signatarias y a la especificidad del CCT 27/88 sobre el primero que incluye en su ámbito de aplicación a "toda otra actividad afín que complemente la explotación de los talleres si forma una unidad jurídica económica", considerando que las tareas de chofer de auxilio y remolque que desempeñaba el actor se encuentran incluidas en la actividad de mecánica desempeñada por la demandada.	En efecto, se ha resuelto que "Los camioneros que transportan por todo el país lo producido por una fábrica de chacinados quedan comprendidos por el CCT 207/75 que abarca el personal dedicado a tal actividad y no por el 40/89 perteneciente específicamente a los camioneros. Esto es así, pues tal como lo establece el plenario de esta Cámara Nº 36 "Risso C/ Química Estrella" la circunstancia de que el empleador tenga a su servicio" trabajadores que realicen tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan específicamente la profesión o el oficio de esos trabajadores". (C.N.A.T., Sala I, 13/07/1999, "Fresser, Ricardo y otros c/Tres Cruces S.A. y otro s/ diferencias de salarios").	En consecuencia, las valoraciones del apelante resultan acertadas debiendo modificarse el encuadre convencional realizado en primera instancia, prosperando en consecuencia el agravio aquí tratado y revocando el rubro diferencias salariales acogido en primera instancia, con costas al actor en ambas instancias en virtud del principio objetivo de la derrota.-	El tercer agravio consiste en la legitimidad del autodespido ejercitado por el actor y la procedencia de los rubros indemnizatorios.	Del intercambio epistolar cursado entre las partes surge que en fecha 11/05/10 (misivas reconocidas en el responde) el actor intimó al demandado a fin de que aclare su situación laboral, inscriba correctamente la relación laboral denunciando fecha de inicio el 4/10/06, y categoría Chofer de corta , media y larga distancia, así como también el pago de diferencias salariales y viáticos, bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido por culpa de la empleadora. Asimismo, intimó el pago de los sueldos de marzo y abril de 2010 adeudados, haciendo uso de la facultad de retención de tareas en los términos del entonces vigente art. 1201 C.C.-	Por su parte, Carlos Alberto Anselmino respondió dicha misiva en fecha 13/05/10, negando los incumplimientos atribuidos por el actor y ratificando fecha de inicio y categoría de registro. Asimismo, negó adeudar diferencias salariales y haberes, e intimó al trabajador a retomar sus tareas en jornada normal y habitual en el plazo de 24 hs, bajo apercibimiento de considerar su actitud como abandono de trabajo. Esta apercibimiento fue efectivizado en fecha 19/05/10.-	No obstante, con anterioridad el 18/05/10 el trabajador comunicó su autodespido fundado en injuria de la patronal consistente en la negativa a rectificar fecha de ingreso, jornada, diferencias salariales y rubros salariales adeudados, negando la existencia de adelantos de sueldo.-	Si bien en autos no se ha tenido como fecha de ingreso la denunciada por el actor sino el 22/01/08, ni la categoría pretendida que motivó el rechazo de las diferencias salariales reclamadas conforme mi voto, estimo que la injuria se encuentra configurada ya que el demandado ha consignado una fecha de ingreso disímil en los recibos de haberes (22/01/08 o 22/01/2009), siendo ésta última la que surge de lo informado por Afip de fs. 238 y que da cuenta que efectivamente fue registrado tardíamente (un año posterior).	Asimismo, se advierte que la intimación del actor lo fue por haberes adeudados, hecho negado por el demandado. Sin embargo, de la prueba documental arrimada al proceso surge que efectivamente los recibos de sueldo correspondientes a los períodos marzo y abril de 2010 no se encuentran suscriptos, por lo que no corresponde tener por acreditado el pago, ello de conformidad al art. 138 de la LCT.-	En consecuencia, la injuria se encuentra justificada en esta deficiente registración del contrato de trabajo (la posdatación de la fecha de ingreso y la deuda salarial que constituye incumplimiento contractual en los términos del art. 74 de la LCT de una gravedad apreciable atento el carácter alimentario del salario, razón por la cual estimo que el despido ejercitado por el actor resultó legítimo ante la injuria del empleador impeditiva de la prosecución del vínculo laboral (art. 242 LCT), más aún cuando el actor -en pro de la buena fe que debe guardarse en la relación laboral- dio oportunidad al accionado de rectificar su actitud incumplidora, intimación desoída por esa parte.	Al contrario, el demandado pretendió resolver el vínculo por abandono de trabajo, cuando ya había sido notificado de la retención de tareas por parte del actor. Es que si el trabajador había justificado su ausencia en su decisión de hacer uso de la facultad prevista en la norma del entonces vigente art. 1201 C.C, la imputación del abandono formulada para despedir no se corresponde con la realidad.-	En consecuencia, corresponde rechazar el agravio en cuestión y mantener firmes los rubros indemnizatorios que progresaron en primera instancia, modificándose su cálculo en virtud de la fecha de ingreso y Convenio Colectivo del Trabajador aquí establecidos, de conformidad a las escalas salariales impuestas (categoría chofer) suma a la que se deberá adicionar la tasa de interés aplicada en la forma y oportunidad establecidas en primera instancia, el que no fue objeto de agravio.-	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:	CONCEPTO	MONTO	SAC PROPORCIONAL/10 1º SEM	$1.060,83	VACACIONES PROPORCIONAL /10	$410,64	INT IMACION MES DESPIDO	$1.067,67	PREAVISO	$2.546	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ANTIGÜEDAD	$7.638	ART. 1 LEY 25323	$7.638	ART. 2 LEY 25323	$5.625,83	TOTAL	$25.986,97	El último agravio se refiere a la condena de la co-demandada Fabiana Anselmino. Estimo que en este caso le asiste razón la apelante, toda vez que en virtud de la fecha de ingreso aquí establecida (22/01/08), los informes agregados a fs. 98 y 120(DGR) y 244 (AFIP), que dan cuenta de la fecha de inicio de actividades de Anselmino, Carlos Alberto en febrero de 2008, así como también el testimonio de la Sra. Angulo quien deslinda toda responsabilidad de la incoada manifestando que era secretaria y que la reemplazó en sus funciones en el año 2008 o 2009, me conducen a revocar la condena en su contra. Con costas a la actora en ambas instancias en virtud del principio objetivo de la derrota.	APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA:	La parte actora plantea disconformidad por cuanto el fallo de grado no observa en su totalidad el monto reclamado en la demanda, alegando violación del derecho de defensa y del principio de congruencia.-	Se advierte que la planilla agregada a fs. 293, no obstante no estar incluida en los considerandos del fallo, resulta integrativa de la sentencia de marras por cuanto su parte resolutiva se remite a ella, tratándose de una cuestión de índole práctico confeccionarla como lo hizo el judicante, circunstancia que de ningún modo implica nulidad alguna de la sentencia de grado.-	Por otra parte, si bien el apelante plantea disconformidad con el monto de condena, se advierte que si bien los rubros reclamados fueron acogidos en su totalidad, el monto final obedeció a la fecha de ingreso tenida por cierta por el judicante (modificada en este voto), hecho que deriva en la reducción del monto final, por lo que el agravio resulta improcedente, no advirtiéndose violación alguna del principio de congruencia como lo sostiene el impuganante.-	Finalmente, en cuanto a lo manifestado por el apelante en relación a la valoración efectuada por el Sr. Juez de Grado del CCT 40/89, atento los términos de mi voto y mi decisión respecto del encuadre convencional de las tareas desempeñadas por el actor (CCT 27/88), me remito a la exposición realizada al tratar el agravio formulado por la demandada en este sentido, no modificando el planteo de la actora lo allí establecido.-	En consecuencia, corresponde el rechazo del recurso de apelación formulado, con costas (art. 67 C.P.C.C.).-	En consecuencia, de prosperar mi voto, se hará lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, se modificará la sentencia de primera instancia revocando la condena a Anselmino, Fabiana y las diferencias salariales acogidas, con costas a la actora (art. 67 C.P.CC.), y se condenará a pagar a Anselmino Carlos Alberto la suma de $ conforme los rubros que surgen de la planilla de liquidación que integra el presente fallo, con más la tasa de interés establecida en primera instancia que no fue objeto del recurso planteado, con costas a la actora por la diferencia entre el monto acogido en primera instancia y el que surge del presente fallo. Asimismo, se rechazará lo restante en cuanto fue materia de agravio, con costas al demandado.-	Finalmente, se rechazará el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 67 C.C.P.C.) y tener presente la reserva constitucional formulada.-	De acuerdo a lo dispuesto en la Acordada de la Corte de Justicia de Salta Nº 12.062 del 11 de abril de 2.016, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 45% del monto a regularse en primera (art. 13 de la Ley de Aranceles Profesionales).	María de las Mercedes Domecq, dijo: Adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA II SALA DE CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

___________________________F A L L A_____________________________________________	I)	HACIENDO lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada y, en su mérito, revocando la condena de primera instancia de Anselmino, Fabiana y las diferencias salariales acogidas, con costas a la actora (art. 67 C.P.CC.), y condenando a pagar a Anselmino Carlos Alberto la suma de $ conforme los rubros que surgen de la planilla de liquidación que integra el presente fallo, con más la tasa de interés establecida en primera instancia que no fue objeto del recurso planteado, con costas a la actora por la diferencia entre el monto acogido en primera instancia y el que surge del presente fallo. Finalmente, rechazando lo restante en cuanto fue materia de agravio, con costas al demandado.-	II)	RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 67 C.P.C.C.) y teniendo presente la reserva constitucional formulada.-	III)	DETERMINANDO el porcentaje por los honorarios por el trabajo profesional correspondiente a esta instancia en el 45 % del monto a regularse en primera instancia.

IV) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA SALA II VOCALES DRES M.I. REGINA Y M.M. REGINA.