Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-17


SENT Nº 570 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: ?Carabajal Carlos Olegario y otros vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Contencioso Administrativo?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán parte demandada en autos plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 18 de marzo de 2010 obrante a fs. 279/282 de autos (cfr. fs. 286/288vta.), que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 11 de agosto de 2010 (cfr. fs. 296 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo en el artículo 751 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial-TC. (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso extraordinario local, la de revisar si ha sido correctamente concedido la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad de dicho acto impugnativo extraordinario local.

Éste ha sido incoado en término; el acto judicial que se impugna es una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (fs. 285); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; por último, la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Ergo, el recurso en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- La recurrente en su presentación recursiva, afirma que el fallo omite ponderar en su considerando aspectos esenciales que surgen de los fundamentos del Decreto Nº 1.320/Int/01, declarado nulo relativos a la imperiosa necesidad de contención del gasto público, derivada de la situación económico financiera por la que atravesó el municipio y que resultaba de público y notorio a través de las Leyes de emergencia N° 6.071, sus prórrogas, y de la Ley N° 6.866 y sus respectivas prórrogas.

Cita jurisprudencia de esta Corte donde se consigna que los actos administrativos relativos a aspectos salariales de la Administración Pública constituye una actividad discrecional del Estado y por otro lado destaca que, si bien es atribución del Departamento Ejecutivo municipal elevar el presupuesto al Concejo Deliberante para que éste lo sancione, no es facultad del Consejo Deliberante fijar remuneraciones ni incrementos o reducciones de los adicionales que percibe para los agentes dependientes del Departamento Ejecutivo (en adelante DE).

Es decir, se debe distinguir entre las facultades del Ejecutivo Municipal en materia salarial, de la facultad de fijar el presupuesto anual.

Sobre el particular, argumenta invocando diversas razones que, en lo pertinente, serán valoradas y juzgadas al examinar, a continuación, la procedencia del recurso extraordinario local incoado, en autos, por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán parte accionada en el sub iudice.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente en sus planteos, relativos a la constitucionalidad y validez del Decreto Nº 1.320/Int/01 del Departamento Ejecutivo de la demandada, que redujo temporalmente la alícuota del adicional por título? Por el Decreto Nº 2.693/SEH/97 del 23-12-97, se había concedido a los agentes municipales un adicional por título, que en el caso de los actores son secundario, terciario y universitario, según cada uno (ver fs. 163), con diferentes porcentajes conforme fuere el título y la asignación de la categoría de revista.

El Decreto Nº 1.320/Int/01 del 29-6-2001 redujo en un porcentaje del 25 % el Adicional por Título de la asignación de la categoría de revista de la planta de personal de la Administración Pública Municipal.

Surge del considerando del referido acto administrativo, que la medida obedece a la situación económico financiera por las que atraviesa el Municipio demandado, lo que hacía imprescindible la adopción inmediata de medidas tendientes a revertir aquella situación.

Así, en el marco de las prevenciones para la contención del gasto público, resultaba necesario reajustar los porcentajes que se abonaban en concepto de adicional por título, y que compete al Departamento Ejecutivo fijar ese porcentual, emitiendo el acto administrativo pertinente para lograr el ansiado equilibrio fiscal que permita pagar las obligaciones en tiempo y forma.

En fecha 23-12-2002 el Departamento Ejecutivo dicta el Decreto Nº 1.380/SEH/02, por el que restituye nuevamente el porcentaje del 50 % para el adicional por título de la categoría de revista, en los casos de títulos reconocidos.

Siendo ello así, se advierte que la norma cuya inconstitucionalidad se requiere ha tenido vigencia temporal entre el 1º de julio de 2001 y el 1º de diciembre de 2002.

Así los hechos cabe destacar lo siguiente:

IV.1.- Es de público y notorio la severa crisis económico financiera que azotó el país en los años 2001 y 2002. Naturalmente y con mayor razón, el flagelo se hizo sentir en las entidades territoriales menores, como es el Municipio. No se trata de una afirmación meramente dogmática sino de que ha sido, reitero, un hecho de público conocimiento.

Si bien no se ha demostrado acabadamente la entidad de la crisis económica financiera a nivel de la demandada, su existencia constituye un hecho incontrovertible. Por lo tanto, no debe ser motivo de debate la existencia de la mencionada crisis por su evidente notoriedad.

IV.2.- También es del caso destacar que el adicional por título reconocido por el Decreto Nº 2.693/SEH/97 del 23-12-1997, ha quedado incorporado como rubro en la composición de los haberes con el carácter de derecho adquirido, al punto que integraba la retribución de los actores, quienes lo venían percibiendo desde su implementación.

Si bien es cierto que los haberes que perciben los agentes se devengan día a día y sólo existe el derecho adquirido a percibir el sueldo una vez que éste se ha devengado (de allí que no corresponda el pago, ni tengan derecho adquirido a percibir el sueldo quienes no presten servicios, salvo los casos específicos previstos normativamente), en este caso estimo que la incorporación del adicional por título al sueldo de los actores implicó el reconocimiento expreso de un derecho de naturaleza retributiva a éstos, por parte de la Administración Pública Municipal, independientemente de la prestación de servicios indispensables para tener derecho a percibir haberes.

Distinta cuestión es la potestad jurídica de aquélla para modificar, para el futuro, en más o en menos la retribución de sus agentes dentro de ciertos límites, cuestión que la doctrina sobre la materia admite mayoritariamente.

En el caso, la real cuestión sobre la que las partes controvierten en autos estriba en la juridicidad de la modificación en menos -?reducción porcentual?- de un adicional que integra la retribución de los agentes municipales. Por ende, no interesa tanto determinar si se está en presencia de un derecho adquirido, no resulta discutible la potestad de la administración de modificar unilateralmente y para el futuro la retribución de sus agentes.

IV.3.- El acto en entredicho, según quedara explicitado precedentemente, fue sancionado por el Departamento Ejecutivo en ejercicio de competencia delegada, siendo su causa la invocación de una excepcional situación de emergencia y tiene como objeto la reducción del porcentaje en un 25 % del rubro remuneratorio adicional por título, como un medio para la contención del gasto público en orden al logro del equilibrio fiscal, que posibilitará pagar las obligaciones en tiempo y forma (según considerando) la modificación en menos de marras fue por un período acotado, ya que luego se restituyó el porcentual originario del adicional en cuestión como surge acreditado del hecho nuevo que constituyó el dictado del Decreto Nº 1.380/SEH/02 del 23-12-2002, por el cual restituye nuevamente el porcentaje del 50% para el adicional por título de las categorías de revista. A lo señalado, agrego que una reducción del 25% de un ítem que compone la retribución, no luce confiscatorio.

De otra parte, considero oportuno destacar que la reducción fue dispuesta en forma generalizada para el personal del Ejecutivo Municipal, con exclusión del personal del H. Concejo Deliberante, sin que ello implique violación al principio constitucional de igualdad, por tratarse de un sector diferente de la Administración Pública municipal.

La garantía de igualdad ante la ley exige un trato igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta, situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegitima persecución (Fallos: 313; 1513; considerando 57 y sus citas), (del considerando 16 del voto de la mayoría).

Finalmente, considero que no es vulnerada la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional cuando, por razones de interés público, los haberes de los agentes estatales son reducidos para el futuro siempre que no se altere sustancialmente la relación de empleo público desvirtuándola en su sentido económico a condición que la quita no resulte desproporcionada.

En suma, la medida cuestionada no resulta írrita constitucionalmente establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resulta del caso recordar, según su criterio expresado en los casos in re ?Guida, Liliana c. Poder Ejecutivo Nacional?, 02-6-2000, LL, 2000, C, 828; y posteriormente reiterado en ?Müller, Ángel A. c. Pode Ejecutivo Nacional?, 10-4-2003, LL. 2003-C,293.

Por las razones expuestas, no se advierte que la reducción dispuesta haya tenido carácter confiscatorio, ni que altere las condiciones sustanciales del empleo público; ni que se viole el principio constitucional de igualdad con relación a los empleados del H. Concejo Deliberante que no se les aplicó la reducción, por no tratarse de igual tarea y ser otro sector legalmente acotado de la Administración Municipal; tampoco el Decreto Nº 1320/Int/01 ha vulnerado el principio de defensa, ni se trata de una norma irrazonable; finalmente, no existe un derecho adquirido a mantener el nivel de remuneración futura sin variantes y en toda circunstancia.

En mérito a lo expresado, el recurso interpuesto por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán -parte demandada en autos- es procedente debiendo dejarse sin efecto la sentencia en crisis en cuanto acoge el planteo de inconstitucionalidad del Decreto impugnado y admite la demanda, conforme la siguiente doctrina legal: ?No corresponde declarar la inconstitucionalidad y consecuente invalidez de una norma transitoria y general que dispone una razonable reducción temporal del adicional por título que integra la retribución del personal del Departamento Ejecutivo municipal, (posteriormente restituido en su porcentaje original) tomada como medida de contención del gasto público frente a una crisis económico financiera general de público y notorio.? En consecuencia, corresponde dictar como SUSTITUTIVA: ?I.- NO HACER LUGAR a la demanda promovida por los señores Carabajal Carlos Olegario, Lobo de Navarro Juana Rosa; Rodríguez de Menéndez Mercedes; Gutiérrez Graciela; Carrizo Lidia Patricia; Nieva Manuel Ramón; Ledesma Marta Estela; Aguilar Mamaní, Germán Filiberto; Arias Lucideneida del Valle y Aragón Sergio Fabián, en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en consecuencia rechazar el planteo de inconstitucionalidad del Decreto Municipal Nº 1.320/Int/01, conforme lo considerado. II.- COSTAS a los actores por el principio objetivo de la derrota? V.- Acorde a dicho resultado, corresponde imponer las costas de esta instancia extraordinaria local, por el principio objetivo de la derrota a la parte actora en autos (artículos 89 CPA y 105 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, parte demandada en autos, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 18 de marzo de 2010, obrante a fs. 279/282 de autos, dejando sin efecto la sentencia en todos sus partes conforme a lo considerado. En consecuencia dictar como sustitutiva lo siguiente:

?I.- NO HACER LUGAR a la demanda promovida por los señores Carabajal Carlos Olegario, Lobo de Navarro Juana Rosa; Rodríguez de Menéndez Mercedes; Gutiérrez Graciela; Carrizo Lidia Patricia; Nieva Manuel Ramón; Ledesma Marta Estela; Aguilar Mamaní Germán Filiberto; Arias Lucideneida del Valle y Aragón Sergio Fabián, en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en consecuencia rechazar el planteo de inconstitucionalidad del decreto municipal nº 1320/Int/01, conforme lo considerado.

II.- COSTAS a los actores por el principio objetivo de la derrota?.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.