Inadmisibilidad del recurso, extinción de la acción penal, prescripción, resoluciones irrecurribles, insuficiencia del agravio, revocación del sobreseimiento, violencia de género, responsabilidad del Estado, situación de desamparo, igualdad ante la ley, principio de dignidad humana, responsabilidad internacional del Estado, jerarquía constitucional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López Cuitiño, Alfredo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución que revocó la extinción por prescripción la acción penal respecto de los hechos enmarcados en las previsiones de los arts. 119, primer párrafo y 248 del CP toda vez que no se encuentra entre las resoluciones enumeradas en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por lo demás, del análisis de la presentación efectuada por el recurrente, cabe señalar que el recurso en análisis carece de los fundamentos mínimos y necesarios tendientes a demostrar su procedencia, en la medida que la crítica efectuada ha implicado tan sólo una exposición genérica de causales de arbitrariedad sin contar con una formulación centrada en una confrontación razonada y concreta de los argumentos de la resolución atacada.

Cabe recordar que la Cámara a quo al revocar el sobreseimiento dictado, señaló que "No solamente el orden interno nos urge a concluir el proceso penal, sino que es deber del Estado prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Investigar con la debida diligencia, establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otro, protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos" (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará".).

Remarcaron el interés de las víctimas a que la justicia investigue y sancione a los responsables de sus padecimientos en un tiempo adecuado, de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos produzcan la impunidad, y con ello la frustración de su derecho a la protección judicial (Corte IDH, "Bulacio v. Argentina", sent. del 18 de setiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos. 114 y 115).

Asimismo, indicaron que la extensión del tiempo en el presente proceso, encuentra su razón de ser, exclusivamente en las dilaciones a cargo del acusado. Ello se deriva en parte de que se trata de un ex Juez Federal, con cabal conocimiento del proceso judicial y las consecuencias de sus acciones en relación al tiempo. Advirtieron también, que no se puede desconocer que los hechos investigados habrían sido cometidos mientras el encausado, se desempeñaba como Juez y por lo tanto con relación jerárquica respecto a los denunciantes y víctimas. Finalmente, pusieron de resalto la situación de "desamparo" en la que se encontraban las víctimas por los actos de índole sexual que sufrieran, generando en ellas gran inseguridad, soledad y sentimientos de indefensión que les impedía actuar.

Por último, se impone destacar que los hechos por los que el encausado ha sido imputado en este proceso se vinculan íntimamente con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos, cual es la violencia de género. Violencia que del análisis de la cultura androcéntrica impone que deban tomarse las medidas judiciales adecuadas para evitar esos delitos y arribar a su juzgamiento evitando que el paso del tiempo conduzca a su impunidad.

Vale referir que nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones.

Cabe destacar que, también preservando la integridad física y psíquica de las mujeres, adoptando políticas públicas para evitar la violencia contra éstas Argentina ratificó la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer", aprobada en Belem Do Pará, Brasil, en vigor desde 1995, por lo que tiene en el país jerarquía superior a las leyes internas, en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

La evolución operada en materia de violencia de género es considerada violación de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y/o superior a las leyes internas, por esa razón el delito en análisis no puede ser soslayado y como preceptúa el artículo 3 de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". De no observarse, el Estado Argentino incumpliría el derecho convencional y sería responsable ante la comunidad internacional. La tensión entre impunidad y juzgamiento, debe resolverse siempre a favor de la plena vigencia de los principios y garantías constitucional y convencionalmente reconocidos como estándar mínimo de todo Estado Constitucional de Derecho, tal como se expresa en los fundamentos de la resolución atacada, por lo que de conformidad a los fundamentos.