Derechos y garantías constitucionales, excarcelación, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "GUERRIERI, Pascual s/ próroga pris. prev.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-04

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el plazo fijado por el artículo 1° de la ley 24.390 no resulta de aplicación automática por el mero transcurso del término que establece, ya que su razonabilidad debe ser valorada de conformidad con las pautas que rigen la excarcelación en el proceso penal (ver Fallos 319: 1840 y 321: 1328). En este sentido, el Máximo Tribunal dejó sentado que "A mayor abundamiento, resulta ilustrativo mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al producir el Informe N° 2/97, en la sesión N° 1341 del 11 de marzo de 1997, consideró que el plazo razonable para la prisión preventiva no puede ser establecido en abstracto y por lo tanto el período de años establecido por el artículo 379.6 del Código de Procedimientos y en la ley 24.390 no corresponde en forma literal a la garantía del artículo 7.5 de la Convención. La duración de la prisión preventiva no puede ser considerada razonable en sí misma solamente porque así lo establezca la ley. La Comisión coincide con la posición del Gobierno Argentino en el sentido de que la razonablidad debe estar fundada en la prudente apreciación judicial" (Conf. Fallos 321:1328 antes citado). En dichos precedentes, se agregó que en determinados supuestos el concepto de plazo razonable quedará sujeto a la gravedad de la infracción a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable, agregando además que la  ley 24.390 no derogó las normas que rigen el instituto de la excarcelación, razón por la cual las disposiciones de esa norma deben ser interpretadas a la luz de la regulación que en esa materia establecen los códigos de Procedimientos en Materia Penal y Procesal Penal de la Nación. Estas pautas fueron aplicadas por el Tribunal en anteriores oportunidades (ver de esta Sala, causa n° 18.808 "Gallo", reg. n° 19.770 del 16/5/02, causa n° 20.738 "Del Cerro", reg. n° 21.921 del 23/12/03). Para la evaluación de la razonabilidad del lapso de encierro preventivo debe ponderarse la gravedad de las sanciones penales conminadas y su naturaleza -delitos de lesa humanidad- que conducen a una condena de ejecución efectiva lo que conduce inexorablemente a concluir que la decisión de mantener preventivamente la detención de los encausados se encuentra ajustada a derecho. Y sobre este criterio, corresponde remitirse a la reiterada opinión de esta Sala, según la cual el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional en la medida que tiendan a la efectiva realización del proceso penal a través de presunciones basadas en la expectativa de pena aplicable al hecho imputado evitando su entorpecimiento, pauta valorativa positiva que, de concurrir, lleva a hacer una excepción al principio general que consagra el derecho de estar en libertad durante el proceso, en tanto esa detención no se extienda en forma irrazonable (causa n° 20.962 "Cheb Terrab", reg. n° 23.745 del 2/6/05 y sus citas), extremo éste último que, como se viene desarrollando, por el momento, no se ve vulnerado.