Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17


BANCO RIO DE LA PLATA S.A. contra ROSCANI, Raúl Pedro y otra Reg.: A y S t 195 p 318-322.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del señor Ministro doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. contra ROSCANI, Raúl Pedro y otra -Ejecución Hipotecaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 461, año 2001). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea: doctores Falistocco, Netri, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, de consiguiente, rechazó la ejecución promovida con costas al actor. Contra esa resolución interpuso el accionante su recurso de inconstitucionalidad en el entendimiento que el A quo incurre en diversas causales de arbitrariedad al no ponderar que la propia demandada había cancelado la cláusula de inembargabilidad a la que se encontraba sujeto el inmueble objeto de la hipoteca.

La Cámara concedió la impugnación extraordinaria con sustento en que las hipótesis de arbitrariedad articuladas por el recurrente (prescindir de las constancias de la causa y contradecir inequívocas actuaciones del proceso) guardaban una mínima conexión con el caso.

El examen de admisibilidad que corresponde efectuar a esta Corte a tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, cabe destacar que si bien las resoluciones que ponen fin a los procesos de ejecución no revisten -en principio- el carácter de sentencias definitivas conforme lo establecido en el artículo 1 de la normativa enunciada, corresponde hacer excepción a tal regla, dado que la resolución que dispuso rechazar la ejecución hipotecaria promovida invocando el carácter de inembargable del inmueble objeto del juicio, de conformidad con el régimen previsto por el artículo 35 de la ley 22232, debe ser equiparada a definitiva, ya que se pretende hacer valer por el acreedor una garantía, que solamente puede exigirse útilmente en oportunidad de resolver el recurso extraordinario (cfr. "Parón", A. y S., T. 108, pág. 278).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. Sucintamente, el caso. El Banco Río de la Plata S.A. promovió demanda de ejecución hipotecaria contra Raúl Pedro Roscani y Angélica Elisa De Prado por la suma de $20.480 con más los accesorios legales.

En el escrito introductorio, afirmó que las partes de este proceso habían celebrado -el 24.12.1993- un contrato de préstamo con garant Al contestar el traslado ordenado, la parte accionada opuso inhabilidad de título, pago parcial y nulidad absoluta de la garantía real de hipoteca.

La primera de las excepciones se fundó en que el título sustento de la ejecución no era autosuficiente, no se bastaba a sí mismo y para su comprensión se requería integrarlo con elementos ajenos a él (certificación acompañada, comunicaciones del Banco Central con mas un plus de discrecionalidad de la actora), mientras que la segunda se sustentó en lo pagado sobre el monto de la refinanciación acordada.

En cambio, la nulidad de la garantía se basó en que el inmueble objeto de hipoteca estaba excluido del patrimonio como prenda común de los acreedores por expresa disposición normativa y por la jurisprudencia elaborada sobre la materia por las Cortes nacional y provincial (fs. 53/59).

El Juez de baja instancia mandó llevar adelante la ejecución, disponiendo la venta del bien hipotecado en pública subasta por el martillero a designarse por entender -en lo que aquí concierne- que por vía de principio la nulidad de la hipoteca, cimentada en que el inmueble revestía la categoría de inembargable, no era susceptible de ser tratada en el marco del juicio hipotecario debido al conocimiento abreviado y las restricciones probatorias que impone el trámite. A ello agregó el Inferior que no se había demostrado el origen de dicha cláusula de inembargabilidad en razón de no haberse ofrecido prueba al respecto; que tampoco se había acreditado que el Registro hubiese informado dicha cláusula al momento de celebrarse la escritura originaria ni el dolo atribuido al escribano interviniente; que era de suponer que Impugnado que fuera ese decisorio, la Sala hizo lugar a la apelación interpuesta por la demandada y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida con fundamento en la jurisprudencia elaborada por las Cortes nacional y provincial en torno a las garantías de inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia y construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional.

2. Contra ese pronunciamiento interpone el actor su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Sintéticamente, le endilga al A quo prescindir de prueba decisiva para la suerte de la causa y contradecir inequívocas constancias de autos por cuanto afirma en el decisorio que la ejecutante no había acreditado la no subsistencia de las condiciones que justificaran el beneficio dispuesto por el artículo 34 de la ley 22232, soslayando que la propia demandada canceló la cláusula de inembargabilidad mediante escritura pública n 272 obrante a fojas 19/19v. de autos. 3. Sabido es que las resoluciones judiciales que omiten considerar las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del juicio carecen de fundamento suficiente para sustentarlas y deben ser dejadas sin efecto (C.S, Fallos:243:307; 247:111; 251:518; 255:132 y 142, entre muchos). Ello, por cuanto la garantía del artículo 18 de la Constitución nacional requiere no sólo adecuada oportunidad de audiencia y prueba para los litigantes, sino también la debida consideración por los jueces de las defensas sustanciales susceptibles de gravitar en el resultado de la causa.

El examen del presente caso conduce a concluir que la Cámara ha preterido el análisis y pronunciamiento de una cuestión que ha sido sometida a juzgamiento y que a su vez podía ser trascendente para la resolución de la litis. Para así decidirlo debe tenerse presente que el actor en la demanda puso en consideración que el inmueble hipotecado reconocía inembargabilidad anotada al T. 292, F. 482 y cuya cancelación se realizó con plena conformidad de los titulares al momento del nuevo acuerdo que prorrogó el plazo de amortización del préstamo originario, todo ello plasmado en escritura pública N 272 pasada ante el escribano Juan Carlos Giordano.

La sentencia del Inferior -mandando llevar adelante la ejecución- rechazó la defensa opuesta por el demandado afirmando la inaplicabilidad de la protección legal (art. 34, ley 22232) ante la constitución voluntaria de un nuevo gravamen hipotecario como también al hecho de haberse levantado la cláusula de inembargabilidad por escritura pública. Al contestar la expresión de agravios el actor volvió a poner énfasis, en lo que aquí es de interés, en la renuncia a la cláusula de inembargabilidad como así también respaldó cada uno de los fundamentos brindados por el Juez en su decisorio (vid. fs. 109/110).

En resumidas cuentas, en el presente proceso subyacían, al menos, las siguientes cuestiones: la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble (art. 34, ley 22232); la posterior hipoteca sobre esa vivienda en el contrato de mutuo origen de la deuda aquí reclamada; y la cancelación expresa de aquel beneficio instituido por ley.

Y bien, la Cámara -a mi juicio- solo parcialmente abordó el "thema decidendum" puesto que se limitó a trasladar al caso, casi sin miramientos, la doctrina constitucional elaborada por la Corte nacional, recepcionada por este Tribunal, acerca de los inmuebles destinados a vivienda propia y construidos con préstamos del Banco Hipotecario Nacional, soslayando todo análisis y consideración del planteo formulado por la actora en los escritos constitutivos del proceso: la cancelación por parte de los demandados de la garantía de inembargabilidad mediante escritura pública. Desde luego que la solución propiciada en modo alguno implica desconocer la doctrina constitucional imperante en la materia, antes bien esta Corte la ha aplicado y la ha hecho suya en diversas causas sometidas a su juzgamiento (vid. "Parón", "Incidente de inembargabilidad y desembargo en el juicio González, Adolfo contra Lemoine, Guillermo", "Vicini", entre muchos otros, A. y S., T. 120, pág. 374; T. 121, pág. 131; T. 131, pág. 222).

Pero debe quedar en claro que para poder subsumir la presente causa en esa línea jurisprudencial la misma debe presentar una identidad fundamental analógica entre los supuestos de hecho y de los preceptos legales con los casos que sirvieron de sustento a aquella doctrina constitucional.

Precisamente esa identidad requerida entre los casos concretos decididos en las sentencias con el presente caso al que la Cámara aplica la doctrina jurisprudencial se encuentra controvertida en el "sub examine" a partir del planteo propuesto por el impugnante, por lo cual la omisión del Tribunal de brindar adecuada respuesta jurisdiccional sobre esa cuestión hace pasible de descalificación al fallo impugnado sin que ello implique adelantar opinión alguna sobre la sustantiva procedencia de la defensas opuestas por el actor y no tratadas.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Coincido con el señor Ministro preopinante respecto de que la Alzada ha incurrido en arbitrariedad por haber omitido temas de ineludible consideración.

Ello así, por cuanto en la presente ejecución, la impugnante ha discutido en todas las instancias si la protección legal contemplada por el artículo 34 de la ley 22232 debe ceder ante la constitución voluntaria de un nuevo gravamen hipotecario como también el hecho de haberse levantado la cláusula de inembargabilidad por escritura pública.

Ambas cuestiones no han merecido respuesta por parte de la Cámara a pesar de ser sustanciales para la adecuada solución del pleito.

En consecuencia, la incongruencia por omisión en que cae el Tribunal hace pasible de descalificación constitucional al decisorio recurrido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)