Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13


Buenos Aires, noviembre 13 de 2009.

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.238/240 apela la parte actora presentando su memorial a fs.255/257. El perito contador apela sus honorarios a fs.242 por estimarlos reducidos, y la representación letrada de la parte demandada hace lo propio a fs.252, al tiempo que a fs.251 apela los regulados al contador, por elevados. La demandada expresa agravios a fs.252/253, correspondientes a la apelación concedida a fs.206, contra la resolución de fs.196.

II)- La parte actora se queja porque se desestimó su reclamo indemnizatorio por el despido directo dispuesto por la empleadora, destacando los testimonios de Tejerina y Barrese, propuestos por su parte. Destaca el pago de haberes en concepto de enfermedad, y lo informado por el perito contador, amén de la antigüedad con la que contaba en la empresa y reitera haber sido víctima de una persecución luego del cese de su mandato como delegado sindical. Solicita se aplique el principio "in dubio pro operario", y apela el rechazo de la multa del art.80 de la LCT, y la imposición de las costas.

La demandada apela la resolución que desestimó el planteo de hecho nuevo, en el marco del art.78 de la LO, con relación al legajo del trabajador, haciendo especial hincapié en las sanciones que constaban en esa documentación que acompaña con la presentación de fs.174.

III)- Memoro que el actor fue despedido a tenor de la misiva remitida el día 29 de enero de 2008, donde le endilgan el haber incurrido "...nuevamente en faltas sin aviso ni causa justificada los días 21/1/2008 y 22/1/2008, siendo su conducta reiterativa de las inasistencias de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, por las cuales ya fuera suspendido con justa causa 27 días en el período mencionado...", elementos que llevaron a la demandada a considerar que se configuraba un incumplimiento al deber instaurado por el art.84 de la LCT (ver fs.26, transcripta en la demanda a fs.7), y por ende, a rescindir el contrato de trabajo que vinculara a las partes desde el 15 de mayo de 1984. El apelante desconoció estos extremos en la misiva de fecha 5 de febrero, al alegar que las faltas correspondientes a los días 21 y 22 de enero, referidas por la empleadora como último hecho para habilitar el distracto, habrían sido justificadas de forma fehaciente. Con respecto a las suspensiones a las que hiciera referencia la empleadora en la misiva rupturista, el trabajador expresó en su demanda que una de las sanciones -de ocho días de suspensión- habría sido revocara por el Ministerio de Trabajo - Delegación La Matanza -. Endilgó a la demandada una actitud persecutoria hacia su persona, motivo por el cual -a su criterio- aquélla le aplicaba sanciones de manera indiscriminada.á La demandada acompañó con su contestación de demanda las siguientes sanciones, que fueron reconocidas por el actor a fs.105: suspensión de tres días por ausencias injustificadas de los días 6, 7 y 8 de marzo de 2007 (fs.59); suspensión de dos días por ausencias injustificadas de los días 24 y 25 de abril de 2006 (fs.60); suspensión de un día por ausencia injustificada del día 10 de mayo de 2006 (fs.61); suspensión de dos días por ausencia injustificada de los días 16 y 17 de mayo de 2006 (fs.62); suspensión de un día por ausencia injustificada del día 20 de julio de 2007 (fs.63). De la lectura del intercambio telegráfico y la demanda se desprende que el actor admite haberse ausentado de su trabajo el 20 y 21 de enero de 2008, mas alega haber justificado tales inasistencias, circunstancia que no fue en modo alguno acreditada en autos. Por el contrario, destaco que la prueba informativa instada por el apelante al Sanatorio Paredes, de la localidad de Isidro Casanova (prov. Bs. As., ver fs.134) lejos está de respaldar su tesitura, dado que la entidad informó que, pese a haber realizado una exhaustiva búsqueda en sus archivos, no pudo hallar ningún antecedente o documento que compruebe la atención al actor, información que no mereció observación alguna. La declaración de Tejerina Matías (fs.183), sobrino del actor, no mejora su posición respecto de la justificación de las inasistencias, puesto que su referencia a las supuestas constancias médicas luce por demás vaga e imprecisa ("...que en algún momento cuando trabajaba con el actor vio los certificados médicos que llevaba a la empresa...") y se contrapone a lo manifestado por la testigo Rosales a fs.193/194, a cargo del sector de recursos humanos de la demandada, quien expresó que el actor no justificaba las faltas, aunque sí contaba lo que le pasaba cuando volvía a trabajar, que no tenía problemas de salud sino familiares -de acuerdo a lo que el propio Tejerina le comentaba a la testigo-, con quien hablaba en numerosas oportunidades. Rosales manifestó también que aconsejaba al actor que se comunicara con ella para dar aviso de las ausencias, y que no "desapareciera una semana...".á Por otra parte, Barrese (fs.182/183), también propuesto por el actor, vocal del sindicato químico que trabajó en la demandada, hizo referencia a supuestos problemas respiratorios derivados del uso de ciertos productos -extremo ni siquiera alegado en la demanda-, y expresó que "...en algunas veces los certificados médicos el actor los acompañaba...", mas no dio razón de sus dichos, puesto que se limitó a indicar que lo sabe porque "...el gremio sabe que daba los certificados", agregó que los vio en algunas oportunidades, mas no brindó precisión alguna. Ninguno de los testigos que declararon a instancia de Tejerina manifestaron que hubiera hecho entrega de las constancias médicas a la empresa (el destacado me pertenece).

La evaluación de los elementos analizados, conforme a las reglas de la sana crítica, revela que se encuentra fehacientemente demostrado que el actor incurrió en un incumplimiento grave y reiterado, que había sido sancionado en anteriores oportunidades por hechos similares, que había sido advertido sobre las consecuencias de su comportamiento, todo lo cual habilitaba al empleador a disolver el vínculo fundado en justa causa (arts.242, 243 y conc. L.C.T.) ante las nuevas e injustificadas ausencias. Las reiteradas inasistencias injustificadas, y las medidas disciplinarias aplicadas, demuestran que se está en presencia de un trabajador indisciplinado y faltador, que incumplía gravemente sus deberes de asistencia, diligencia y colaboración (arts.62, 63, 84 y conc., LCT).

No se han arrimado elementos que revelen que el actor hubiera sido víctima de persecución, como alegara en el inicio e insiste ante esta instancia, menos aún relacionadas con su carácter de antiguo delegado sindical.

Por último, con relación a la aplicación del principio "in dubio pro operario" (cfr. art.9 de la LCT, hoy modif. por ley 26.428), la evaluación de las circunstancias ventiladas en autos no ha despertado dudas en el ánimo de quien tiene a cargo dilucidar la solución del litigio, por lo que no se verifican los presupuestos a los que se refiere la norma para habilitar su aplicación.á En mérito a lo expuesto, propongo confirmar la decisión adoptada en origen.

IV)- La propuesta relativa a la solución del litigio, torna abstracta la cuestión involucrada en la apelación de la demandada sobre la resolución de fs.196/197 en torno de hecho nuevo planteado por la demandada a fs.174/vta., puesto que del desarrollo realizado en el considerando anterior, se extrae que los elementos acercados por la demandada lucen suficientemente convictivos para concluir que ha mediado una injuria que la habilitaba a disolver el vínculo que la uniera con el trabajador, de lo cual se desprende que aquellos instrumentos que intenta agregar a través de la presentación de fs.174/vta. resultan sobreabundantes, por lo que, reitero, luce inoficioso el tratamiento del recurso de fs.206 actualizado a fs.253/254.

V)- Con respecto a la apelación del actor sobre la multa del art.80 de la LCT, el recurrente no controvierte el fundamento explicitado por el Juez "a quo" a fs.240. En efecto, el rechazo se sustentó en la circunstancia de que el apelante no acreditó haber concurrido a retirar los certificados oportunamente puestos a su disposición, lo que fue reiterado en la audiencia ante el SECLO, y respecto de lo cual me permito agregar, el actor tampoco brindó explicación razonable alguna para haberse negado a recibir las certificaciones -ver acta del SECLO acompañada por el actor, en sobre de fs.4- que en definitiva fueran acompañadas por la empleadora al contestar demanda. Por último, advierto que, en el mejor de los casos para el actor, no dio cumplimiento con la intimación requerida por el art.1 del dec.146/01 para la procedencia de su pretensión.

Propongo desestimar este aspecto del recurso del actor.

VI)- El actor apela la imposición de las costas, punto sobre el cual considero aplicable el principio objetivo de la derrota, rector en la materia (CSJN, 1/10/94, L.L. 1995-D-926, citado por Fenocchietto, Carlos E., en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, Ed.Astrea, 2001, To.I, pág.292) y tiene por finalidad resguardar la incolumidad del derecho que la sentencia reconoce a la parte vencedora, pues de otro modo los gastos se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado (CN Civil, Sala E, 28/2/96, entro otros, ver Fenocchietto en "Código.." antes citado). Teniendo en cuenta estos parámetros, en consonancia con las particularidades del caso y las circunstancias del trabajador, descriptas en el considerando III, propongo confirmar también este aspecto del fallo recurrido.

VII)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido al perito contador, apelados por bajos y por elevados por la demandada, y los correspondientes a la representación letrada de la demandada, apelados por reducidos y por altos y por bajos los correspondientes a los profesionales de la actora, debe señalarse que la estimación del monto del proceso a los efectos regulatorios, debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso en particular, según las circunstancias, procurando conservar la ratio legis que orienta la referencia legal a dicha cuantía, y el grado de responsabilidad profesional por los intereses en juego y el mérito de la labor desempeñada. Dentro del margen de apreciación y discreción que le confiere la ley de aranceles profesionales, el tribunal debe determinar la "entidad económica del litigio", concepto que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, es indeterminado, por lo que corresponde al intérprete hacer la precisa determinación en cada caso concreto (CSJN, Sentencia del 31 de octubre de 2006, in re "Romero SA s/quiebra s/incidente de revisión p/Fisco Nacional DGI"; en el mismo sentido, Sala I, "Viscusi Humberto c/SEGBA s/cobro de pesos", SD 60998 del 24/3/92, entre muchos otros; Sala II, "F.E.T.A.P. c/Estado Nacional y otro s/nulidad resol. M.T.", SD 95.319 del 22/10/2007). Así las cosas, estimo reducidos los honorarios regulados en la anterior instancia a la representación letrada de la demandada, actora y al perito contador, por lo que deben elevarse a $10.000; $7.000 y $3.800.

VIII)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; con excepción de los honorarios que se elevan b)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado, atendiendo al resultado de los respectivos recursos (art.71 CPCC); c)- Regular los honorarios: rep. y patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% y 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto que antecede por análogos fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; con excepción de los honorarios que se elevan b)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado, atendiendo al resultado de los respectivos recursos (art.71 CPCC); c)- Regular los honorarios: rep. y patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% y 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Ante mi.- MG