marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, mandamiento de ejecución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Este STJ ha sostenido oportunamente, que en esencia el mecanismo de amparo (lato sensu) en una cualquiera de sus manifestaciones, incluídas obviamente el mandamiento de ejecución y el de prohibición (arts. 43, 44 y 45, C.P.), está dirigido a la protección urgente y casi instantánea de "los derechos y libertades humanas". Suponen acciones "que puede promover el restringido" casi sin formalidades, por sí o por terceros, ante cualquier juez, de modo fundado (ver "FULVI"), etc..- Ello es así, en tanto resulta de la naturaleza de los derechos y garantías su carácter manifiesto, obvio, fácilmente comprobable. No son derechos que requieran una complicada serie de razonamientos para poder visualizarlos. La procedencia del amparo arrima una primera solución que no empece el ulterior juicio pleno en el que definitivamente se examine la cuestión. Esa primera solución es la que resulta de la comprobación de la existencia de aquel derecho o garantía de fácil comprensión por ser uno de aquéllos que integran la plataforma básica constitucional inherente a ese rótulo "derechos y libertades humanas" y la restricción potencial o real que demanda superación cuasi instantánea.
Emergencia económica, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: Bellotti, Rodolfo Francisco y otro c/ Naife, José María y otro s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-16

La negativa de los acreedores de recibir los pagos con plenos efectos "cancelatorios" no luce injustificada o ilegítima, cuando el deudor -amparándose en las leyes de emergencia económica- pretende cancelar la deuda a la paridad un peso igual un dólar sin ofrecer ni integrar el coeficiente que estime aplicable. De allí que resulte improcedente la consignación intentada en tales términos (arts. 757 inc. 1 , 758 y conc. del C.C.), sobre todo considerando que los acreedores ofrecieron, en la contestación de la demanda, aceptar el pago "a cuenta", lo que resulta acorde con lo dispuesto en el art. 11 de la ley 25.561 (doctor SORIA, minoría).
Tenencia simple, autorización para viajar
Materia: CIVIL
Carátula: CEPPI, Marcela y otro c/ YUNES, Jorge s/ AUTORIZACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

Cuando se acude a la decisión judicial, por la oposición de un progenitor a la autorización de viaje concedida al hijo para que lo efectúe con el otro o con una abuela, los jueces deben resolver en base a la razonabilidad de la petición o la oposición y según lo que más convenga al interés familiar. Este análisis de la perspectiva de cada progenitor no responde a la pregunta de necesidad - existencia de motivos - sino de viabilidad y conveniencia. Desde este punto de vista resulta beneficioso para el niño gozar de un período de vacaciones con su madre y/o con su abuela materna si no se ha demostrado inconveniencia alguna para el menor y la conflictiva familiar atinente al incumplimiento del acuerdo sobre régimen de visitas y al pedido de suspensión de visitas deben tratarse en los procesos de conocimiento en trámite, con amplio debate, y allí adoptarse las medidas que se consideren pertinentes para garantizar los derechos que pudieran verse quebrantados.

Es que debe prevalecer el derecho del menor de viajar desde el lugar donde reside con su madre a otros lugares de esparcimiento, conforme el art. 3 de la ley 26.061, porque debe darse al interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea y cuando exista conflicto entre sus derechos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos.

No obstante que el acuerdo entre las partes se encuentra vencido y en pleno trámite un incidente de privación de visitas, el período de vacaciones del menor con la madre y abuela materna (cuya autorización se concedió)no podrá coincidir con el período vacacional comprometido con el padre en el acuerdo originario para posibilitar alguna composición de la conflictiva familiar.
Non bis in ídem, cosa juzgada, delitos contra la humanidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Patti, Luis Abelardo y Otro c/  s/ Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa n° 12.320
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-10

No se observa afectación a la garantía constitucional del ne bis in ídem si debido a una decisión del juez de instrucción -convalidada por la cámara de apelaciones- se desdobló el proceso por motivos de celeridad y dispuso la remisión a juicio sólo por los hechos constitutivos de privación ilegítima de la libertad y tormentos por lo que el tribunal oral en lo criminal federal no pudo expedirse respecto de la participación que los imputados habrían tenido en el homicidio y la tentativa de homicidio en la medida en que no fueron acusados y en consecuencia, tampoco fueron juzgados acerca de tales hechos. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Ley de Concursos, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, proceso en trámite, actos perjudiciales a los acreedores, declaración de ineficacia, actos ineficaces de pleno derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO MORENO s/ QUIEBRA  ACTUACIONES  SEPARADAS  DE  DECL.  INEFICACIA  PEDIDA POR EL  SINDICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

Si bien en un precedente anterior ("Acuario Cía. de Seg. SA s/ Quiebra" del 04.09.96) integré el voto unánime resolviendo la inaplicabilidad de la norma consagrada en la Ley 19551: 122-3, una nueva reflexión sobre el tema me lleva a cambiar de opinión, considerando que nuestro sistema normativo consagra expresamente la irretroactividad de las leyes, aunque sean de orden público y que la excepción está constituida por los casos en que la propia ley así lo determina; en el caso, la modificación del criterio sostenido por la ley 19551: 122, mediante la sanción del nuevo 118 no contiene declaración expresa de su aplicación a los juicios en trámite como se consagra, en cambio, en el art. 292. Ello enerva cualquier interpretación de que haya que aplicar retroactivamente la Ley 24522 a situación cumplida en vigencia de la ley 19551. (Disidencia del Dr.

Guerrero).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Poder Ejecutivo, gobernador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gregorio, Camilo Eduardo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo (Expte. CSJ Nº 287-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

Para lograr la habilitación del recurso contencioso administrativo se requiere una resolución adversa del Poder Ejecutivo (por vía de revocatoria, apelación, recurso jerárquico, o queja por apelación denegada, según el caso), o bien colocar a éste en condiciones de conocer y resolver el asunto, a fin de que, si no se expide, se configure efectivamente una denegación tácita por parte del Jefe de la Administración Pública provincial. Al respecto, se ha estimado correctamente agotada la vía administrativa mediante reclamo directamente interpuesto ante el Poder Ejecutivo, cuando el reconocimiento del derecho dependía de decisiones que sólo éste era competente para adoptar.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gallegos R.H. s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

La negativa del banco girado a ser efectivo el cheque al ser presentado al cobro por falta de fondos exteriorizada en la constancia inserta en el documento, constituye por si misma un hecho revelador de cesación de pago en que ha incurrido su librador, y encontrarse cumplidos los extremos requeridos por el artículo 90 de la ley 19551, debiendo admitirse el pedido de quiebra.
Recursos naturales, Estado Provincial, sistema federal, interpretación de la constitución, protección del medio ambiente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

La invocación en abstracto por parte de la provincia de la regla que establece el dominio originario de sus recursos naturales (artículo 124) con el objeto de desvirtuar otra regla de igual jerarquía que establece el mandato al Estado Nacional de dictar los presupuestos mínimos ambientales para toda la Nación (artículo 41) genera una superflua e innecesaria tensión entre dos cláusulas constitucionales. En virtud de ello, antes que buscar la confrontación de sus mandatos, los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994. En ese marco, la tarea de concertación federal es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal del Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución.
Contratos administrativos, promoción industrial, rescisión del contrato administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ladri-Cera S.A. s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdiccion
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1990-03-23

El contrato de compraventa que liga al Estado con la recurrente está vinculado al Régimen de Promoción Industrial establecido por la Ley 22021, lo que otorga una vigencia y efectos condicionados al cumplimiento de la actividad comprometida como proyecto industrial, por lo que su rescisión es una consecuencia directa o indirecta de graves incumplimientos en la ejecución del proyecto promocionando, como actividad previa a la declaración de caducidad de los beneficios oportunamente acordados.
Accidente de tránsito, presunción de culpa, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: MACHUCA RIVAS, C Y OTROS c/ ZUCAMOR  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-10

Si las víctimas se vieron obligadas a transitar la calzada porque como resulta de la prueba era imposible que transitaran fuera de la misma, no hay proceder culposo al caminar en el mismo sentido que el tránsito de vehículos porque es a los conductores de éstos a quienes cabe exigir que eviten los obstáculos que aparezcan, y no cabe, en cambio, pretender que los peatones esquiven a los automotores que aparezcan frente a ellos.
Contrato de garaje, robo de automotor, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODOLFO RICALDONE c/ MARIO ALVAREZ s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

No basta que el garagista se limite a una negativa o desconocimiento de los hechos, ya que cuando de ese modo procede la producción de la prueba no está a cargo exclusivo del actor, pues ambas partes deben contribuir a llevar al juez la convicción de la verdad de cuanto dicen, y, en mayor grado, el empresario que tiene el control de los vehículos objeto del contrato, de los que egresan y de aquellos que quedan bajo su guarda. El criterio ordenador debe establecerse en vista de estimular a la prueba de aquella de las partes que se encuentre en mejores condiciones de lograrla, y en el contrato de garage la posibilidad de demostrar que un rodado quedó bajo la custodia del garagista o no la tiene éste mediante la organización que estime necesario adoptar, resultando inadmisible pretender que ante la inexistencia de ella el propietario del bien deba, a manera de prevención, reunir elementos probatorios para cada oportunidad en que lo deja para su guarda.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, proceso penal, acción civil, actor civil, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: V, A A s/ APELACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 459-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

El planteo del recurrente que ataca la decisión de la Sala A quo que optó por un criterio exegético, que no puede ser tildado de irrazonable ni de haber desbordado las posibilidades interpretativas aceptables desde el punto de vista constitucional que ofrecía la normativa aplicable -diversas tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial-, queda así reducido al desacuerdo del impugnante para con el alcance atribuido al referido precepto, sin que sus alegaciones permitan tener por configurado un supuesto de excepción que autorice apartarse del principio de que las cuestiones de interpretación de la ley aplicable exceden la vía extraordinaria. En el caso, la Sala descartó la pretensión de la defensa del procesado que pretendía que la omisión de la notificación de la constitución como actor civil, era atribuible a éste.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, empresas del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Kestner S.A.C.I.F.I. s/ INCIDENTE  DE  INOPONIBILIDAD  DE  PAGO DENUNCIADO POR FINVERCON S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación cuando es parte una sociedad del Estado Nacional.
Pena, graduación de la pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Manuel Gabriel y otro s/ Asociación ilícita y robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

No cabe examinar la posibilidad de aumentar el monto de la pena con motivo de la reincidencia, pues no habiendo sido planteada una cuestión de esa naturaleza en el recurso extraordinario, en que el señor representante del Ministerio Público no requirió que se considerase a la reincidencia como agravante en los términos del art. 41 inc. 2° del Código Penal, la prohibición de la reformatio in pejus impide tal incremento (doct. art. 314, C.P.P.).
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, existencia de otras vías, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANZO, MIRTA MARISA c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ AVOCACION (ARTICULO 2, LEY 11330)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La materia en debate cuya avocación se solicita es de naturaleza contencioso administrativa, ya que lo que se pretende es lograr obtener la declaración de nulidad de un acto de la administración por el cual se dejó cesante a una agente en el marco de una relación de empleo público; sin embargo, las argumentaciones de la actora son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón los derechos reclamados en sus demandas sólo pueden ser eventualmente satisfechos procesalmente mediante la acción urgente y expeditiva del amparo, ni por qué motivo en las circunstancias del presente caso, el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa podía acarrearle un perjuicio irreparable, teniendo presente que no debe descartarse la aplicación del régimen de tutela cautelar establecido en la Ley 11330, como así también de las cautelares autónomas. - CITAS: CSJN: Ballesteros, Fallos 317:1128. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330
Depreciación monetaria, honorarios del abogado, derecho de propiedad, Constitución Nacional, derecho a la justa retribución
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOSE MARIA CARRANZA TORRES c/ PROVINCIA DEL CHACO s/ HONORARIOS  DE  ABOGADOS  Y  PROCURADORES  -  REGULACION  - SENTENCIA  ARBITRARIA - DERECHO A LA JUSTA RETRIBUCION - DERECHO DE PROPIEDAD  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - IMPROCEDENCIA  - INTERES PARA INPUGNAR LA  CONSTITUCIONALIDAD - IGUALDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

La corrección de valores nominales en las regulaciones de honorarios, lejos de causar agravios a los derechos de las partes, reafirma el derecho de propiedad, habida cuenta que admitir lo contrario comportaría reconocer una retribución mermada, con menoscabo del respeto por la tarea cumplida por los letrados y de la propia administración de justicia.
Multa administrativa, título ejecutivo hábil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ENRE - Resol. 57/12 y Otras c/ EDESUR S.A. s/ Proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Es procedente la ejecución de las multas impuestas a la demandada, dado que el certificado de deuda invocado es título ejecutivo suficiente ya que reúne los requisitos intrínsecos que lo habiliten como tal, vale decir, contiene indicación del lugar, fecha, firma del funcionario competente, identificación concreta del deudor, importe y concepto del documento.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hernández, Manuel Angel c/ Concejo Deliberante de San Miguel s/ Amparo -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-01-30

Es propio de la competencia exclusiva conferida al Tribunal por el art. 196 de la Constitución Provincial la resolución del conflicto interno ocurrido "en el seno" del Concejo Deliberante, contemplado por la Ley Orgánica de las Municipalidades al autorizar su promoción por parte del Intendente o cualquier concejal que hubiese sido destituido o suspendido preventivamente (arts. 263 bis, 264 y concs.

dec. ley 6769/58, texto ley 11.024). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Importaciones, Acuerdo sobre Salvaguardias, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, modificación de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Adidas Argentina SA y otros c/ EN - Mº E. y OSP - resols. 1506/98 y SIC 837/98 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

Corresponde revocar la sentencia que consideró que las Resoluciones 1506/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y 837/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería resultaban meras modificaciones a lo dispuesto inicialmente en la Resolución 987/97 del ministerio nombrado y que, por ende, se hallaban eximidas del procedimiento del decreto 1059/96, reglamentario de la ley 24.425 (Acuerdo de Marrakech), en especial de sus títulos II y III, como así del art. 29, ya que las medidas originalmente tomadas por la resolución 987/97 fueron modificadas de forma notoria por su similar 1506/98, involucrando la adopción de nuevas disposiciones de salvaguarda, hecho que obligaba a seguir los pasos internacionalmente convenidos para su fijación.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Trabajadores portuarios, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: MALTA, GREGORIO PEDRO Y OTRO c/ CLEAN SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-23

Las particularidades del trabajo portuario denotan que, en principio y según el modo ordinario de producirse los acontecimientos, se trata de un contrato eventual, conforme lo establecido por el artículo 99 de la LCT., circunstancia que ha justificado la institución del ordenamiento específico que se vio plasmado en la ley 21429. Sin perjuicio de ello, puede llegar a determinarse la existencia de una relación permanente, pero esta posibilidad está limitada a casos de excepción, en los que se pruebe adecuadamente la permanencia o estabilidad del vínculo.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Héctor oscar s/ Pedido de Quiebra por Nupaca S.R.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

A los efectos de acreditar el estado de cesación de pagos del deudor, tiene importancia la causa del rechazo del cheque objeto del pedido de quiebra, puesto que no tiene la misma implicancia que haya sido devuelto por suspensión del servicio, que puede obedecer a causas diversas, como ser la falta de acuerdo, o el exceso de descubierto, a que la devolución hubiese obedecido al cierre de la cuenta, lo que reviste otra gravedad y permitiría, en principio tener por acreditado el estado de cesación de pagos.
Contrabando, encubrimiento, prueba
Materia: PENAL
Carátula: SPODEK, SERGIO RICARDO s/ Contrabando Causa 29691
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

1- Configura el delito de encubrimiento de contrabando la conducta del imputado que compró mercadería de origen extranjera que debió presumir provenían de un contrabando (Del voto de la Mayoría, Dres.

Repetto y Sustaita).- 2- Son indicios varios, graves, precisos y concordantes: 1) La cantidad, calidad y condición de nuevos de los efectos secuestrados;

2) La adquisición a desconocidos de mercadería extranjera que no está respaldada por documentación o estampillas que acrediten el debido ingreso de la misma; 3) La no entrega de factura que tuviera los datos para poder comunicarse con el vendedor; 4) La operación de compraventa no se realizó en un negocio de los usuales de atención al público, sino que la mercadería le fue llevada al imputado por un desconocido. Todos estos indicios fundados en acontecimientos probados y relacionados con el secuestro de la mercadería, permiten acreditar (Art. 357, cód. procesal) que el imputado debió presumir que los bienes comprados provenían de un contrabando (Del voto de la Mayoría, Dres. Repetto y Sustaita).- 3- La comisión del delito de encubrimiento de contrabando supone la comisión del delito de contrabando (Art. 874, apart. 1°, Cód.

Aduanero). En el caso la preexistencia del contrabando encubierto surge clara de la cantidad de la mercadería secuestrada sin documentación que la ampare y no se requiere la individualización del responsable directo o la determinación de las precisas particularidades del hecho (Del voto de la Mayoría, Dres. Repetto y Sustaita).- 4- Existiendo una disposición particular en el Código Aduanero, como es el delito de encubrimiento de contrabando, la misma desplaza a toda otra disposición similar, sin perjuicio de que en todos los casos se debe encubrir al autor de un delito determinado y no existe el reproche de encubrimiento de un posible ilícito sin determinarlo previamente en su singularidad. (Art. 4, Cód. Penal). (Del voto del Dr. Sustaita).- 5- La adquisición por un comerciante a un desconocido de una importante partida de mercaderías sin documentación alguna, es mucho más que una mera negligencia, pues hay en ella una evidente aceptación de la posibilidad de encubrir un delito que constituye dolo eventual (Del voto del Dr. Hendler).
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, pago extemporáneo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AGENCIA MARITIMA ROBINSON  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

El hecho ilícito previsto por el art. 954 del Cód. Aduanero queda configurado al presentar la declaración, si se encontraban reunidos en ese momento los elementos que el citado art. establece. No obsta esa conclusión la circunstancia de ser pagados los derechos por la totalidad de la mercadería declarada en el manifiesto de la carga, con posterioridad a la presentación de este documento, aunque antes de la finalización de la carga, pues si bien ello evitaría una disminución de la renta fiscal, no elimina la virtualidad que aquella declaración tuvo de producirla, de pasar inadvertida, bastando esa posibilidad para configurarla infracción.