Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-07-03


2º Instancia.- Paraná, julio 3 de 2007.

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El sr. juez de Cámara, Dr. Guillermo Jorge Enderle, dijo:

I. Llegan estos actuados a conocimiento del tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 278 y por las demandadas, Estado Nacional a fs. 284 y co-demandada Osvaldo Luis Anastasio a fs. 287, contra la sentencia de primera instancia de fs. 271/277, que hace lugar a la demanda interpuesta condenando a la parte demandada -Estado Nacional-Ministerio de Defensa-Ejército Argentino y a los Sres. Osvaldo Luis Anastasio y Horacio Leites, al pago in solidum en favor de la actora y como indemnización total la cantidad de pesos ciento noventa mil novecientos setenta y dos con ochenta y tres centavos ($190.972,83), en concepto de daño material y moral reclamados, según se discriminara en los considerandos respectivos y de conformidad a los argumentos vertidos supra y de conformidad a los arts. 1.109, 1.113, 1.124 y conc. del Código Civil. Establece que las sumas estipuladas devengarán desde la presente una tasa de interés correspondiente a la tasa activa promedio publicada por el Banco de la Nación Argentina, hasta su efectivo pago, fija en treinta días el plazo de cumplimiento de la sentencia, impone las costas a la parte demandada.

Además, regula honorarios, determina el monto correspondiente a la tasa de justicia y tiene pesente la reserva efectuada.

Los recursos se conceden a fs. 297, expresa agravios el co-demandado Anastasio a fs. 307/313, la parte actora a fs. 314/317 vta., el Estado Nacional a fs. 319/321, contesta los agravios la actora a fs. 323/325 y 326/331, contesta la co-demandada a fs. 332/334 vta., y contesta el Estado Nacional a fs. 335 y vta..

II- a) Apelación del codemandado, Osvaldo Luis Anastasio: Sostiene el recurrente que el sentenciante ha incurrido en un error ya que, luego de dejar sentado que la guarda del caballo denominado "Isidoro" (de propiedad de su mandante) la tenía el Ejército Argentino de forma exclusiva y excluyente, pasa a considerar la responsabilidad del co-demandado Anastasio. Destaca que el error del a-quo consiste en dejar de lado la norma específica del 1124 y conc. del Cód. Civil para aplicar los conceptos propios de la responsabilidad por el hecho de las cosas del art. 1113 del mismo cuerpo. Luego, se agravia porque el inferior no tuvo en cuenta que no corresponde atribuir causalidad o causalidad exclusiva al caballo "Isidoro", dado que el caballo que obstruía la ruta era la yegua "Muñeca" de propiedad de Leites. Destaca la imprudencia de la víctima que, al querer evitar el obstáculo que implicaba el yeguarizo "Muñeca", perdió el control y se embistió contra el otro caballo "Isidoro" que no se encontraba en la vía pública. Por lo tanto el caballo de su mandante no fue el causante del hecho. Refiere a que la jurisprudencia en general coincide en que la motocicleta es una cosa generadora de riesgo, y que por su mayor peligrosidad, sus conductores están obligados a mayor precaución. Subsidiariamente se agravia porque el a-quo no consideró que la víctima no llevaba casco protector y porque entiende ese hecho como irrelevante. Por último, considera que las sumas fijadas son excesivas y, además, respecto al daño patrimonial entiende que no se ajusta al daño cierto y contiene un rubro inadmisible.

b) Por su parte, la actora se agravia en cuanto al monto de condena, entendiendo que según la jurisprudencia de la propia Cámara, en otras cuestiones similares, los montos han sido más altos, por lo que solicita su adecuación. Cita jurisprudencia.

c) El representante legal del Estado Nacional critica la sentencia apelada, considerando que fue la propia negligencia del conductor de la motocicleta la que produjo el accidente, constituyendo lo expuesto un eximente de responsabilidad. Destaca el riesgo mayor que imprimen las motocicletas en la sociedad. Subsidiariamente, se agravia, por el monto de condena, el cual lo considera excesivo. Seguidamente, cuestiona el plazo por el cual el inferior manda a cumplir la condena, el que entiende totalmente arbitrario y contrario a derecho en virtud de lo dispuesto por la ley 25.344. Invoca las leyes de consolidación y cuestiona la tasa activa fijada en la sentencia. Sostiene que el a-quo ha incurrido en anatocismo, al disponer que sobre el monto total del capital condenado y los intereses que el mismo juzgador ha liquidado, se apliquen nuevos intereses.

d) La parte actora contesta los agravios impetrados, destacando, en prieta síntesis, que es de aplicación tanto el art. 1124 como el art. 1113 del Cód. Civil, debiendo responder en forma concurrente tanto el dueño como el guardián. Solicita se rechacen los agravios relativos a los montos indemnizatorios, se confirme y se aumente el capital allí fijado.

e) El co-demandado Osvaldo Anastasio, contesta a su vez los agravios de la actora, solicitando el rechazo íntegro de la demanda en lo que a ella respecta y, subsidiariamente, sostiene que en verdad no existen los daños reclamados y que en su caso resultan excesivos.

f) El representante del Estado Nacional entiende que las expresiones de agravios no son una crítica concreta y razonada del fallo. Luego refiere a que los montos fijados en la sentencia no son un producto de cálculos matemáticos. Solicita el rechazo de la pretensión de la actora.

III. Corresponde, en primer término y en respuesta a los agravios específicos de la co-demandada recurrente, efectuar el encuadre jurídico de la situación sub-examine.

Respecto a la responsabilidad por daños causados por animales, nuestro ordenamiento civil, en el Libro II-Sección II "Obligaciones que nacen de hechos ilícitos" contiene una regulación específica en los arts. 1124 y siguientes.

Es de señalar, que la sentencia apelada aplica la normativa específica precitada y también la relativa a los daños causados con las cosas, regulados en el art. 1113.

Ello se debe a que la doctrina se encuentra dividida en relación al encuadre jurídico aplicable y consecuentemente con ello, al fundamento de la responsabilidad. Por lo que un sector de la misma, equipara al animal con una cosa y como tal susceptible de generar riesgos, adhiriéndose a un fundamento objetivo de responsabilidad y aplicando, entonces, el art. 1113 del Código Civil.

La postura clásica, es la que sostiene un fundamento subjetivo de responsabilidad, basado en la idea de la presunción de culpa: quien posee un animal, debe tener todos los cuidados o vigilancia necesarios para que éste no dañe a terceros (cfse. Félix A. Trigo Represas, Marcelo J. López Mesa, "Tratado de la responsabilidad civil", T. III, La Ley, Bs. As., 2004, p. 396).

Adhiero a la segunda postura ya que, existiendo en el sistema del Código Civil una reglamentación específica que regula la responsabilidad por la dañosidad de los animales, no se encuentra motivo alguno para aplicar la normativa genérica, que no refiere a ellos.

Así es que los autores citados consideran que "A nuestro entender, el sistema del Código Civil, que ha establecido una distinta regulación para los casos de daños causados por cosas animadas (animales) e inanimadas, se ha venido a corroborar con la reforma del decreto ley 17.711/68, que dejó intacto el capítulo I del título IX, mientras que modificó en forma notoria el artículo 1113 y ha derogado los artículos 1133 y 1134" (ob.cit. p. 404).

En base a lo expuesto, la plena aplicación del articulado específico, modifica el resultado al que ha arribado el a-quo, toda vez que la responsabilidad caería concretamente sobre el guardián del caballo "Isidoro" -el Ejército Argentino- y no sobre el dueño, independientemente de la acción recursoria contemplada en la ley.

Para determinar correctamente la responsabilidad y en contestación a los diversos agravios expuestos, es que, someramente, analizaremos los hechos acaecidos el día del infortunio.

El mismo se produjo en la ciudad de Concordia, cuando regresando del trabajo el Sr. Loggio y la Srta. Furlong en una moto marca Honda C-90, aproximadamente a las 20:30 o 21 horas se encontraron con dos caballos sueltos en el medio de la calle, que obstruían la vía circulatoria. Lamentablemente, el conductor Loggio no pudo esquivar al caballo denominado "Isidoro", impactó contra él y falleció en el acto.

La Srta. Furlong fallece en el transcurso hacia el hospital.

Se determinó luego, que ambos equinos, "Muñeca" e "Isidoro" se encontraban bajo la guarda del Ejército Argentino, y que eran pertenecientes respectivamente, al Teniente retirado Horacio Leites y al Capitán Osvaldo Anastasio, ejerciendo su cargo este último en el Regimiento de Caballería 6, Escuela de Blandengues.

Ahora bien, en base a la interpretación mayoritaria en relación a la aplicación del art. 1124 del Cód. Civil, la responsabilidad del dueño y/o guardián no son conjuntas, sino que se excluyen entre sí. Al haber transferido el propietario a otra persona o institución, como en este caso al Ejército Argentino, la guarda del animal, la responsabilidad se traslada a este último.

Llambías, adhiere a esta postura entendiendo que si el dueño ha transferido la guarda del animal que queda bajo el poder de dirección independiente de otra persona, sólo ésta responde por los daños que cause el mismo. Estima que si el codificador hubiera querido apartarse de tal postura, lo hubiese expresado así, agregando además, que el argumento de mayor peso reside en el carácter subjetivo de la presente responsabilidad. Destaca que: "si al dueño del animal se lo obliga a responder por no haber ejercido sus facultades de tal; por haber infringido el deber de controlar a la bestia para que ésta no causara el mal ajeno, se sigue inexorablemente que no se le puede exigir la responsabilidad pertinente, cuando él ha estado en la imposibilidad de practicar ese control, por carecer de la guarda del animal" (Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, IV-A", Ed. Perrot, 1976, p. 665).

Como consecuencia de lo expuesto sostengo que la responsabilidad exclusiva pesa sobre el Ejército Argentino, quien, teniendo a su cargo la guarda del equino que produjo el accidente, omitió el cuidado y vigilancia necesario a fin de que los hechos no se produjeran. La responsabilidad del guardián, en el caso de marras, reposa en una presunción de culpa in vigilando que, sólo cesa, probándose, por quien la invoca, únicamente alguna de las causales de exención expresamente previstas por el Código Civil.

Una de ellas, alegada por ambas partes demandadas, consiste en la culpa de la víctima, causal de excusación genérica que surge del principio general que establece que nadie puede reclamar daños que su propia torpeza o negligencia le ha causado (art. 1111 C. Civil, ver Félix Trigo Represas-Marcelo López Mesa, ob. cit. p. 415).

Cabe destacar en este punto que la víctima circulaba a moderada velocidad (cfse. testimoniales de fs. 174/175 y 176/177 del expediente penal in re: "Loggio, Luis Alfredo - Furlong, Celia Liliana - sus muertes", Expte. Nº 289/98) aproximadamente a 40 km por hora, siendo en esa zona la velocidad máxima permitida 60 km por hora (cfse. informe de fs. 238/240).

Respecto al agravio relativo a la falta de uso del casco reglamentario, el mismo merece un doble orden de reparos. En primer término, es menester destacar que se encontró un casco en el lugar del hecho (ver fs. 1 y vta. del expediente penal mencionado) no pudiendo determinarse con claridad si el mismo fue usado por el conductor Loggio o por la Srta. Furlong, ambos fallecidos.

Pero en segundo lugar, la interposición del equino en el medio de la vía pública es la causa exclusiva de la colisión, obrando en todo caso, la falta de uso del casco, como condición que no concurre a la producción del resultado. No ha sido demostrado que, tal circunstancia, haya provocado la ruptura del nexo causal.

Ya este Tribunal ha destacado la importancia que tiene la causalidad a la hora de establecer la responsabilidad. Nuestro Código Civil adopta la teoría de la causalidad adecuada y, en consecuencia, atribuye la categoría de causa solamente aquella que generalmente es apropiada para producir el resultado, en base a criterios de regularidad y previsibilidad. (cfse. "Alzugaray, Horacio y otra c. Díaz Martín Nicolás y otros por sumario", L. Sent. Civ. 2006-II-1431).

Por lo tanto, las afirmaciones de los codemandados revelan exclusivamente disconformidad, pero la circunstancia alegada no tiene aptitud causal en la producción del resultado letal porque aquélla -falta de uso de casco protector- en sí misma no es apta para producirlo. En todo caso, quedaba a cargo del recurrente acreditar en qué medida la falta de casco contribuyó o agravó el resultado del accidente.

IV. En cuanto a las sumas fijadas tanto en concepto de daño material, como daño moral, las mismas son apeladas por la parte actora y por la demandada y co-demandada. En el primer caso, las considera exiguas, en el segundo excesivas. No se atenderá, en este punto el agravio presentado en forma subsidiaria por la co-demandada, toda vez que la misma ha quedado exenta de responsabilidad en estos autos.

Adelantando decisorio en este punto, cabe determinar que la suma fijada por el a-quo en concepto de valor vida y pérdida de chance por el fallecimiento del Sr. Loggio, resultan prudenciales, en tanto cubren en forma ajustada y razonable el espectro patrimonial y social vulnerado.

Sabido es que no son admisibles criterios matemáticos para graduar el monto del perjuicio en todo lo referente al concepto valor vida, así lo ha dicho nuestro máximo tribunal en diversas oportunidades, destacando que la ley no ha atendido a la compensación de las ganancias frustradas por el fallecido, sino que ha querido otorgar una reparación proporcionada a la pérdida sufrida a los damnificados (cfse. C.S.J.N.

20-10-92 "Coria Amelia y otros c. Empresa de Ferrocarriles Argentinos", La Ley, 1993-C, 389).

Tal como se expresara, el valor vida no puede medirse mediante simples ecuaciones, dado que la misma tiene un valor "per se" que en este caso particular se proyecta sobre sus hijos. Destáquese que el a-quo ha fijado la suma de $ 46.846,80 en concepto de daño material por la pérdida de la vida y $15.000 por pérdida de chance, sumas que entiendo son ajustadas a las circunstancias del caso.

V. Seguidamente corresponde referirnos a la apelación relativa al daño moral.

El dolor inmerecido y sufrido por la madre, como consecuencia de la pérdida de su hijo, es sin lugar a dudas, invaluable en dinero.

Pero el Derecho intenta, aunque más no sea de un modo imperfecto, reparar ese disvalor espiritual, utilizando la única herramienta a su alcance -el dinero- que le permite, de seguro, deficientemente, salvar aquella aflicción.

Repetidamente este Tribunal ha citado a Matilde Zavala de González cuando expresa: "La ley no puede convertir lágrimas en sonrisas, ni restablecer la disvaliosa alteración de la subjetividad del damnificado, pero sí imponer una indemnización, haciendo jugar la función de satisfacción que el dinero tiene, como medio de acceso de bienes o servicios, materiales o espirituales" ("¿Cuánto por daño moral?", JA, 1987-III-822 y ss.). Y una vez más lo hacemos para destacar que éstas no son palabras huecas. Reflejan, cristalinamente, lo único que el Derecho puede hacer frente a ese inmenso dolor. No es ponerle un precio, tal como el maestro Llambías titulaba su clásica obra "El precio del dolor" (J.A., 1954-III-358), sino sólo utilizar el único medio con que cuentan los jueces para atenuar los efectos de la lesión.

La suma determinada puede ser discutida, tal como lo es en el caso. Para la actora es insuficiente, para la demandada excesiva. Se advierte aquí la puntual dificultad de los jueces a la hora de fijar el daño moral. Estimo que la suma fijada en $ 40.000, es prudencial y propugno su confirmación.

VI- En cuanto al cumplimiento del decisorio y la aplicación de intereses, ello resulta procedente en tanto la cancelación de las deudas mediante bonos de consolidación es solamente una alternativa de pago otorgada por la ley 23.982, y cuya aplicación no es inmediata, como ha resuelto el Tribunal en numerosas causas (Cfr. L.S. Civ. 1999-I-1498; "Muñiz Héctor José C/ Ferrocarriles Argentinos - Línea Gral. Urquiza - Laboral - Incidente de Embargo Preventivo").

Idéntico razonamiento debe efectuarse -conforme se expresa en la parte resolutiva del decisorio- respecto a la aplicación de la ley 25.344 y su decreto reglamentario.

VI. Refiere el representante del Estado Nacional que existe anatocismo. El monto de $ 89.126,04 calculado en concepto de intereses desde el momento del hecho y hasta el 30 de junio de 2006 es correcto.

Ahora bien, no corresponde su capitalización para el cálculo de los intereses entre el 1º de julio de 2006 y el momento de efectivo pago, toda vez que no se configura el supuesto de anatocismo permitido por la ley en el art. 623 del Cód. Civil. Siendo así, el cálculo de intereses debe hacerse sobre el capital de condena y aditárselo a los intereses ya calculados. No corresponde capitalización sobre intereses que el juez ha calculado.

VIII. A todo evento, teniendo en cuenta las constancias de fallecimiento de la actora (fs. 242) y presentación del administrador provisorio -Fernando Alfredo Loggio-, no habiendo constancias de declaratoria de herederos alguna, deberá esta circunstancia tenerse en cuenta al momento de la liquidación del juicio.

IX. En cuanto a las costas, atento a la forma en que se resuelve y teniendo en cuenta el principio general de la derrota, es que corresponden en su totalidad a la demandada-vencida Ejército Argentino (art. 68, primera parte del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación), con excepción respecto del co-demandado Osvaldo Luis Anastasio, en cuanto que las mismas deberán ser soportadas por su orden ya que el accionante tenía razones probables para llamarlo a litigar como demandado (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.). Así voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Gabriel B. Chausovsky, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

2º cuestión.- El sr. juez de Cámara, Dr. Guillermo Jorge Enderle, dijo:

1. Hacer lugar a la apelación del co-demandado Osvaldo Luis Anastasio, revocar la sentencia a su respecto y rechazar la demanda en relación a él, costas por su orden (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).

2. Rechazar el recurso de apelación del Estado Nacional-Ejercito Argentino y confirmar la sentencia en este punto, con excepción de lo relativo a los intereses que se liquidarán de acuerdo al considerando VII.

3. Rechazar la apelación de la parte actora.

4. Costas a la demandada vencida Estado Nacional-Ejército Argentino (art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.).

5. Reformular los honorarios habidos en primera instancia respecto del Dr. A. M. A. (art. 279 del C.P.C.C.N.), correspondiéndole a dicho profesional la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA ($23.170,00) -6, 7 y 9 Ley 21.839, T.O. ley 24.432-.

Regular los honorarios habidos en este instancia de la siguiente manera: al Dr. J. C. Gallo en la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($5.800,00), al Dr. A. M. Arigós en la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO DIEZ ($8.110,00) y al Dr. Miguel Andrés Ríos en la suma de PESOS CUATRO MIL CUARENTA ($4.040,00) -Art. 14 ley 21.839, T.O. ley 24.432-Tener presente la reserva efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Gabriel B. Chausovsky, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Señores Jueces de Cámara, por ante mi que doy fe.

VISTOS: El resultado del acuerdo que antecede; SE RESUELVE: 1. Hacer lugar a la apelación del co-demandado Osvaldo Luis Anastasio, revocar la sentencia a su respecto y rechazar la demanda en relación a él, costas por su orden (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).

2. Rechazar el recurso de apelación del Estado Nacional-Ejercito Argentino y confirmar la sentencia en este punto, con excepción de lo relativo a los intereses que se liquidarán de acuerdo al considerando VII.

3. Rechazar la apelación de la parte actora.

4. Costas a la demandada vencida Estado Nacional-Ejército Argentino (art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.).

5 Reformular los honorarios habidos en primera instancia respecto del Dr. A. M. A. (art. 279 del C.P.C.C.N.), correspondiéndole a dicho profesional la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA ($23.170,00) -6, 7 y 9 Ley 21.839, T.O. ley 24.432-.

Regular los honorarios habidos en este instancia de la siguiente manera: al Dr. J. C. G. en la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($5800,00), al Dr. Alfredo M. Arigós en la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO DIEZ ($8.110,00) y al Dr. Miguel Andrés Ríos en la suma de PESOS CUATRO MIL CUARENTA ($4.040,00) -Art. 14 ley 21.839, T.O. ley 24.432Tener presente la reserva efectuada.

Regístrese, notifíquese y bajen. -Guillermo J. Enderle. --Gabriel B. Chausovsky.