Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-26


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 26 de 2009 El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) A fs. 201/207 la demandada apela la sentencia de primera instancia de fs. 198/200 que hizo lugar a la demanda por despido.

La apelante se queja de que se haya tenido por acreditado que la actora ingresó en la fecha invocada en la demanda (1º de febrero de 2000) mediante "una escueta valoración del testimonio de tres testigos", prueba que -a juicio de la recurrente- habría sido examinada "en forma parcial, fuera del contexto y contenido total de las mismas" y sin tener en cuenta "elementos probatorios que por su similar peso e igual calidad probatoria controvierten los dichos considerados para sentenciar". En ese orden de ideas, cuestiona las declaraciones de los testigos de la actora (PREISLER, LÓPEZ y PALACIO) e invoca en su provecho los dichos de otros propuestos por su parte (GENEROSO y ZIPRITIA).

Anticipo que el recurso no merece acogimiento, por las razones que paso a explicar.

II) El tema central del debate radica en dilucidar si la actora ingresó a trabajar para la demandada el 1º de febrero de 2000 (como alegó en el escrito inicial) o el 2 de mayo de 2005 (como figura en los recibos y registros patronales).

Pues bien, PREISLER (fs. 173/174) avaló la versión de la reclamante, pues el testigo (quien comenzó a trabajar "en 1998 cuando la empresa se llamaba Colorlac") explicó que "la actora ingresó a principios de 2008", extremo que le consta porque a esa altura él "ya estaba trabajando". La impugnación de la apelante fundada en que el testigo "no trabajaba para la única demandada en autos, sino para otra empresa que sindica como Colorgraf o eventualmente otra que denomina Colorlac" no resulta atendible, dado que el declarante no dijo que Colorgraf o Colorlac constituyeran "otra empresa" sino que aludió en todo momento a una única empresa (la de la demandada), que aparentemente habría girado bajo distintos nombres comerciales.

Esta declaración encuentra respaldo en la de PALACIO (fs. 176), quien sostuvo que "cuando yo entré a fines de noviembre del 2004 la actora ya estaba trabajando", lo que corrobora que ROMERO había ingresado en una fecha anterior a la consignada por la empleadora. Si bien la apelante aduce que ese testigo "nunca trabajó para mi instituyente" y que la actividad de la firma "se inició recién en el año 2005 en el local mencionado por el testigo", no encuentro ningún elemento probatorio que sustente esas objeciones (no resulta idónea, a ese fin, la documental de fs, 179/181, pues al margen de que se trata de fotocopias simples, no surge de ellas la fecha en que habría comenzado a funcionar la planta de la calle Ramón L. Falcón).

El hecho de que el primero de esos testigos (PREISLER) tenga juicio pendiente contra la demandada sólo autoriza a ponderar con mayor rigor sus dichos, pero no a prescindir de ellos, máxime cuando -como dije antes- su declaración encuentra apoyo en el de otro ex compañero de trabajo (PALACIO), no comprendido en las generales de la ley.

En cambio, los testimonios aportados por la demandada carecen de eficacia suasoria, pues: a) GENEROSO (fs. 175) dijo desconocer la fecha de ingreso de la actora y ni siquiera recuerda desde qué época la vio trabajando; y b) ZIPITRIA (fs. 164/165) entró recién en julio de 2005, esto es con posterioridad a la fecha en que la demandada registró el ingreso de la actora, por lo que lógicamente no podía conocer propiis sensibus desde cuando estaba trabajando ROMERO (respecto de la cual ignora la fecha de egreso, el horario que cumplía, los días de la semana en que se desempeñaba, etc.).

Coincido entonces con el Sr. Juez a quo en que las declaraciones testificales de PREISLER y PALACIO permiten tener por acreditado que la demandada inscribió la relación laboral con una fecha de inicio posterior a la real.

Por lo demás, no comparto las apreciaciones que formula la apelante a propósito de "la ausencia de todo reclamo anterior de la actora". En el ámbito del derecho del trabajo la teoría de los actos propios debe ponderarse con suma estrictez, por cuanto la manifestación de consentimiento del dependiente hay que analizarla a la luz del principio protectorio y de irrenunciabilidad de los derechos -art. 14 bis C. N. y 12 y 58 LCT- (CNAT, Sala VI, 7/11/02, S.D. 55.481, "Wdoviak, Vicente c/ Ermoplast SRL y otro s/ accidente-acción civil"). Por ello, la ausencia de reclamos del trabajador durante la relación laboral no puede interpretarse como un consentimiento de la situación, ni puede derivar en la aplicación de la teoría de los actos propios, puesto que de aceptarse tal postura se vulneraría el principio de irrenunciabilidad que mereció consagración legislativa en el art. 58 de la LCT (CNAT, Sala X, 11/3/03, 11.518 "Petrone, José c/ OAC SRL y otro s/ despido"; esta Sala, 28/2/07, S.D. 92.096, "Orlando, Alfredo Tomás c/ HSBC Argentina Holdings S.A. y otro s/ despido").

Corresponde entonces desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido motivo de recurso, con costas a la demandada (art. 68 Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido motivo de recurso, con costas a la demandada (art. 68 Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839). -Estela M. Ferreirós.á-áHéctor C. Guisado á