Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-13


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 14.970 Expediente Nº 36.598/07	Sala IX.	Juzgado Nº 56.- En la ciudad de Buenos Aires, 13 de junio de 2008, para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas "ENDRIGO LAURA GABRIELA C/ PODER JUDICIAL DE LA NACION S/ JUICIO SUMARÍSIMO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I.- Las presentes actuaciones que llegan a esta Alzada con motivo de los agravios que, contra las resoluciones dictadas en primera instancia a fs. 15 y a fs. 53/59, interpusiera la parte actora a tenor de los memoriales obrantes a fs. 16/19 y fs. 67/73, mereciendo el recurso mencionado en último término, la réplica de su contraria conforme constancias de fs. 82/85vta.

Requerida la opinión del Ministerio Público en la Alzada, este se expide a tenor del dictamen obrante a fs. 92.

II.- Previo a adentrarse al tratamiento de los recursos interpuestos, se estima oportuno efectuar una breve reseña del marco fáctico que motiva la intervención de este Tribunal.

La parte actora interpuso la presente acción en los términos del art. 47 de la ley 23.551 con el fin de obtener un pronunciamiento judicial mediante el cual se condene a la accionada a cesar en las conductas que reputa contrarias a la libertad sindical (aplicar descuentos sobre el salario de la trabajadora por la adhesión a la huelga realizada como consecuencia de un incumplimiento patronal), como así también a que reintegre las sumas descontadas a la trabajadora demandante y abone el máximo de la multa prevista en el art. 55 del mismo plexo normativo.

Asimismo, peticionó una "medida cautelar de no innovar" consistente en que se obligue a la accionada a abstenerse de descontar del salario de la actora, los días correspondientes a las ausencias por medidas de fuerza decretadas y, una "medida cautelar de innovar" persiguiendo como finalidad que se obligue a la accionada a reintegrar los haberes que hubieren sido descontados por las mencionadas medidas de fuerza de los días 14, 15, 21 y 24 de mayo y 10 de agosto de 2007.

El magistrado de primera instancia desestimó la pretensión cautelar al considerar que no se hallaban reunidos los presupuestos necesarios para la viabilidad de la medida intentada, esto es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (ver fs. 15).

Sin perjuicio de ello, luego de declarar la causa de puro derecho, rechazó la demanda incoada al entender que la actora carecía de derecho al cobro de los salarios correspondientes a los días en que tuvo lugar la medida de acción directa, a lo que añadió que no existen elementos que permitan inferir la invocada extemporaneidad y desproporcionalidad de los descuentos realizados por la demandada.	II.- Cabe comenzar por señalar, en relación al recurso interpuesto a fs. 16/19 que, más allá de la opinión que merezca la viabilidad de su tratamiento en esta etapa procesal, se coincide con el Sr. Fiscal General en cuanto señala que el dictado del pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión, sellaría -al menos "ab initio"- la suerte de la pretensión precautoria en sentido adverso al pretendido, puesto que denotaría la ausencia ostensible del "fumus bonis iuris".

Sin perjuicio de lo dicho y aún pasando por alto dicha argumentación, con la única finalidad de dar acabada respuesta a los planteos deducidos por la recurrente, se estima necesario destacar que -de todos modos- tampoco se verifican los presupuestos a los que alude el art. 230 del C.P.C.C., a lo que cabe añadir que la coincidencia del objeto de la pretensión cautelar, con el objeto principal de la demanda, torna de todos modos inviable la medida, ya que, admitir un temperamento contrario, implicaría incurrir en un improcedente adelanto de la solución final que sólo podría manifestarse en la sentencia definitiva que resuelva el fondo de la contienda (en igual sentido ver SI N° 8.008 del registro de esta Sala IX del 2 de agosto de 2005, "in re" "Amin Raul Justo c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la Republica Argentina SMATA s/ acción de amparo - incidente"; id. SI N° 10.253 del registro de esta Sala IX, "in re" "Unión de Empleados de Justicia de la Nación c/ Poder Judicial de la Nación s/ Practica Desleal" del 23/04/08).

III.- Aclarado lo anterior, cabe abocarse al tratamiento del recurso interpuesto contra la sentencia definitiva que desestimó la pretensión inicial y, a su respecto, coincido también con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, en cuanto sugiere la desestimación del remedio procesal intentado.

Previo a exponer los fundamentos que motivan el adelanto y frente a lo esgrimido por la demandada en su conteste (ver fs. 82, punto I), resulta preciso señalar que no rige en el caso la limitación de apelabilidad prevista en el art. 106 de la L.O., desde que -tal como quedó dicho- la presente acción ha sido encuadrada en las normas de la ley 23.551 (vgr. arts. 47 y 55) y se le ha impreso el trámite previsto en el art. 498 del C.P.C.C., lo que descarta la aplicación de las normas de la ley 18.345.

Sentado ello, y en lo que hace a la cuestión de fondo, considero que el recurso interpuesto contra el pronunciamiento apelado, no logra conmover la conclusión a la que arribó el sentenciante de la anterior instancia, toda vez que no encuentro argumentos que permitan avalar la tesitura ensayada al inicio, en cuanto se señaló que la conducta asumida por la accionada -esto es, proceder al descuento de los días en que tuvo lugar la medida de acción directa- deba ser encuadrada como una "práctica antisindical".

En efecto, y tal como lo puntualiza con acierto el Sr. Fiscal General, cabe recordar que en principio, los trabajadores no tienen derecho a percibir los salarios que se devengan durante el conflicto en el que participaron mediante una abstención concertada de prestar servicios, y rige el principio que sostiene que no corresponde salario sin trabajo, ya que si bien resulta indiscutible que el empleador debe "soportar" la huelga cuando ésta se produce dentro de los límites de su legítimo ejercicio, no puede válidamente pretenderse que este último deba además "financiarla", lo cual tendría lugar en caso de obligarla a continuar en el pago de los salarios de aquellos dependientes que no han puesto su fuerza de trabajo a disposición de la patronal, circunstancia que guarda además coherencia con los efectos que se producen como consecuencia de la suspensión de la relación que origina la medida.

Si a lo expuesto se añade que no se han arrimado a la contienda elementos que permitan calificar la conducta de la demandada como una "práctica antisindical" o bien, como un exceso en el ejercicio de sus legítimos derechos, no cabe sino concluir como lo hiciera el juzgador de grado, esto es en la inviabilidad del reclamo articulado al inicio.

No obstante lo expuesto y, en relación a las invocaciones esgrimidas respecto de la extemporaneidad y desproporcionalidad de los descuentos decididos, en atención al momento en que se llevaron a cabo y el modo en que se hizo efectivo el descuento de los días mencionados, considero que no es este el marco propicio para su debate ya que tales circunstancias -al igual que la invocada "culpa" de la demandada en la huelga decidida- podrían adquirir relevancia en un proceso ordinario pleno y ante un debate concreto sobre el cobro de los salarios, mas no en el presente marco de acción destinada a verificar la posible configuración de un supuesto que tornaría viable una acción fundada en lo normado por el art. 47 de la ley 23.551 o una querella por práctica antisindical.	IV.- En mérito a las consideraciones que anteceden y de compartirse mi propuesta, correspondería confirmar el pronunciamiento apelado con el alcance y en los términos anteriormente expresados, imponiendo las costas de esta instancia en el orden causado en atención a la naturaleza de la cuestión debatida, el modo en que se sugiere dirimir la controversia y las razones que motivan la decisión.

A tal fin, sugiero regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por su intervención en esta instancia en la suma de $ 500 (PESOS QUINIENTOS) para cada una de ellas, sumas calculadas a valores actuales y a la fecha del presente pronunciamiento y que, en caso de corresponder, llevarán intereses de acuerdo a lo dispuesto por el Acta N° 2357 de esta CNAT, conforme modificación introducida por Resolución N° 8/02 (art. 38 de la L.O., y ley 21.839 mod. 24.432).

V.- Hacer saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2º del art. 62 de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, en caso de corresponder, se hace saber que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3º del citado art. 62, todo bajo apercibimiento de comunicar a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN 6/05).

El Dr. Daniel Eduardo Stortini dijo: Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, y compartiendo lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar las resoluciones apeladas con el alcance y en los términos expresados en los considerandos del primer voto; 2) Costas de alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por su intervención en esta instancia en las sumas de PESOS QUINIENTOS ($ 500) para cada una de ellas, sumas calculadas a valores actuales y a la fecha del presente pronunciamiento, y que -en caso de corresponder- llevarán intereses de conformidad con lo dispuesto mediante el dictado del Acta N° 2357 (Conf. Resol. 8/02 CNAT); 4) Hacer saber al obligado al pago de honorarios de abogados y procuradores, lo decidido en el compartido considerando V.

Cópiese, registrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-	Ante Mi