Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-10-12


2º Instancia. - Bahía Blanca, octubre 12 de 2010.

Autos y Vistos: Considerando: I. Se alza la entidad demandada contra el pronunciamiento de primera instancia que le acordó a la actora la dispensa para actuar sin la obligación de hacer frente a las erogaciones que ocasione la sustanciación del proceso, sosteniendo en su memorial de fs. 507/508 que ni de los hechos invocados ni de la prueba aportada surge la insuficiencia de los recursos económicos de la peticionante.

Al contestar el traslado conferido, la actora solicitó en su escrito de fs. 515/516 que, en virtud de lo dispuesto por el art. 150 del C. Procesal, se declare mal concedido el recurso de apelación deducido por la contraparte.

II. Frente al planteo de la actora, corresponde tratar como cuestión liminar el tema relativo a la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la demandada. Al respecto cabe decir que, si bien en anteriores integraciones esta Sala ha sostenido el criterio que condiciona la apelabilidad de la resolución que acuerda o deniega el beneficio de litigar sin gastos a que se haya contestado la vista que prevé el art. 81 del Código Procesal, dicha posición ha variado tras un nuevo análisis de la naturaleza de dicha vista (causa 126.720, L.I. 27, N.O. 182, 25/4/06).

En efecto, el art. 150 del rito, al disponer que las resoluciones dictadas previa vista o traslado son inapelables para la parte que no los haya contestado, abarca los supuestos en que media sustanciación de una petición concreta de una de las partes y presupone que quien no demostró interés en oponerse a ella al brindársele la oportunidad de hacerlo, carece también de interés en propugnar la modificación de lo que al respecto se decida.

La vista que prevé el art. 81 del Código Procesal, desde que se corre a ambas partes, obviamente no tiene por objeto acordar a éstas la oportunidad de oponerse a la concesión del beneficio, sino la de analizar a modo de alegato la prueba producida y expedirse sobre su suficiencia o insuficiencia para demostrar la concurrencia de los presupuestos de hecho alegados por el solicitante de la franquicia.

Es así que la falta de contestación de esta particular vista no encuadra en la situación prevista por el art. 150 del código de forma y no trae, por ello, como consecuencia la inapelabilidad de la resolución que acuerda o deniega el beneficio.

III. Sentado ello, corresponde tratar el recurso de la demandada. En este sentido cabe decir que el beneficio de litigar sin gastos ha sido reglamentado de manera que su concesión se justifica en aquellos supuestos en que, de conformidad con los hechos alegados y la prueba rendida, se haya podido formar en el ánimo del juzgador la convicción de que el interesado carece de medios económicos suficientes para afrontar los gastos de la pertinente contienda (arts. 79 y 362 del C. Procesal).

Es que no se trata de un simple trámite formal, ni basta para su concesión que el solicitante alegue carecer de bienes y de ingresos suficientes, y utilice para acreditar dichos extremos la genérica y poco fundamentada declaración de tres testigos de la que no surge un cabal y objetivo conocimiento acerca de su situación patrimonial.

La ley impone a quien afirme carecer de recursos, serle imposible su obtención y tener la necesidad de iniciar una acción o de defenderse judicialmente, que explique concretamente cuáles son los hechos en que se funda y arrime toda la prueba indispensable para justificarlo.

La parte actora no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley, ya que con la solicitud tan solo se limitó a alegar que "vengo a peticionar la concesión del beneficio de litigar sin gastos instituido en el código de rito (art. 78 y sigs. C.P.C.C.), en atención a que carezco de bienes y de ingresos suficientes para afrontar el pago de los gastos causídicos que irrogar el trámite judicial de la presente demanda" (conf. lo expuesto por la misma a fs. 130 vta.).

Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento y disponer el rechazo de la franquicia legal requerida.

Por ello, se revoca la resolución de fs. 383 y se rechaza el beneficio de litigar sin gastos requerido por la actora, con costas a su cargo en ambas instancias en su condición de vencida (arts. 69 y 274 del C.P.C.). Difiérese la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista por el art. 31 del dec. ley 8904. Devuélvase sin más trámite. -Peralta Mariscal. - Pilotti