Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-11


C A S A C I Ó N	San Miguel de Tucumán, 11 de Agosto de 2004.-	Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala V del 02/3/2004 (fs. 607), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 16/3/2004 (cfr. fs. 615).

En esta sede, a fs. 622 de autos corre agregada presentación efectuada por la defensa técnica del imputado, mientras que a fs. 624/625 el Sr. Ministro Fiscal se expide por la admisión del recurso.

Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado Martín Ángel Hernández, contra la sentencia de la Sala V de la Cámara en lo Penal, de fecha 02/3/2004 que dispuso no hacer lugar, con costas, a la impugnación del cómputo de pena formulada por aquélla.

II.- El recurrente entiende que la sentencia asume gravedad institucional al sentar un precedente vulneratorio de los derechos de la colectividad para la cual se encuentra estatuido por el Estado el régimen penal vigente, tanto en su aspecto sustantivo como formal; vulnerándose derechos (libertad ambulatoria) de raigambre constitucional.

Que de sostener el criterio sentencial se corre el grave riesgo no sólo de prolongar indebidamente la privación de libertad ambulatoria de una persona en particular sino sobre todos los componentes de la sociedad que se encuentran sometidos a proceso penal y ante los probables sujetos de un proceso.

Sostiene que la Cámara no tuvo en cuenta la norma del art. 3° del digesto procesal local que contempla el criterio de la interpretación restrictiva en relación a toda disposición legal que coarte la libertad personal y del art. 2° del C. Penal que se refiere a la ley penal más benigna.

Manifiesta que, como bien lo dictaminó el Fiscal de Cámara, el imputado fue aprehendido el día 17/01/2001 dictándose la prisión preventiva el día 26/01/2001, de lo que resulta evidente que su situación de privación de libertad lo fue bajo el régimen de la ley n° 24.390, criterio seguido por la Sala IV de la misma Cámara por lo que desde el día 16/01/2003 al día 14/10/2003 debe computarse doble el tiempo de prisión.

Hace reserva del caso federal y solicita, finalmente, que se conceda el recurso tentado.

III.- El recurso ha sido concedido mediante resolución del 16/3/2004. El Ministerio Fiscal se pronuncia por la admisión del recurso, conforme los términos vertidos en su dictamen de fs.624/625; correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso relata que según el impugnante, el lapso de prisión preventiva cumplido entre el 16/01/2003 (fecha en que se cumplen dos años de privación de libertad) y el 14/10/2003 (fecha en que queda firme la sentencia condenatoria) debe computarse en la forma establecida por la ley 24.390, criterio que comparte el Sr. Fiscal de Cámara.

Explicita el fallo que la ley 25.430 publicada el 01/06/2001 deroga el art. 7 de la ley 24.390 que instituía el llamado dos por uno. Que a la fecha de dictarse la sentencia condenatoria, el 16/9/2003, el beneficio había dejado de regir y, por consiguiente, no se pueden incluir en él los tiempos de detención cumplidos con posterioridad al dictado de la sentencia y, tal como resulta de lo establecido en el art. 2 de la misma ley 24.390, al disponer que "los plazos previstos en el artículo precedente no se computarán a los efectos de esta ley cuando se cumplieren después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".

Por ello no hace lugar, con costas a la impugnación del cómputo de la pena formulada por el encartado a través de su defensa conforme a lo previsto por las leyes nacionales n° 24.390 arts. 1, 2 y ccs. y su modificatoria n° 25.430 y arts. 550 y ccs. del CPP.

V.- De un examen de los considerandos sentenciales puestos en relación con los expresos agravios casatorios, se concluye en que el recurso debe prosperar.

En efecto, en materia penal rige el principio de prohibición de retroactividad y su contracara, el de ultraactividad de la ley más benigna. Si la ley vigente en el momento del hecho no es la misma que rige al dictar la sentencia debe aplicarse la ley más favorable.

La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal es una consecuencia del principio de legalidad establecido en el art. 18 de la CN y la sujeción a la ley constituye una garantía de objetividad y seguridad jurídica pues tanto el comportamiento punible como la medida de la pena deben ser determinados por anticipado y con validez general mediante una ley dictada con anterioridad al hecho.

Además, el círculo del principio de legalidad se cierra, no sólo con la garantía penal relativa a la legalidad de las penas, sino también con la garantía ejecutiva, que le asegura al ciudadano privado de su libertad, que la pena será cumplida y ejecutada conforme lo que manda la ley (art. 18 CN).

Asimismo el principio de igualdad ante la ley, impide que una persona cumpla la misma pena en forma más gravosa, en una provincia que en otra, o en el ámbito nacional, motivo por lo cual es correcto que el CP legisle sobre un instituto procesal como lo es la prisión preventiva como lo hace, por ej. los arts. 3 y 24 (art. 16 CN).

Las normas penales o procesales infraconstitucionales que regulan el derecho al debido proceso y el principio de legalidad no pueden prevalecer sobre las garantías reconocidas por el marco constitucional (cf.Tcasación Penal Bs.As., en pleno, "Coriolano, Mario, 2002/5/16).

De las constancias de autos emerge que el imputado fue aprehendido el día 17/01/2001 y se dictó prisión preventiva el día 26/01/2001. El régimen vigente al momento de la comisión del delito, y bajo el cual fue aprehendido, es el que deriva de la ley n° 24.390 que regula el llamado "2 x 1". Y éste es el que corresponde aplicar al caso, toda vez que las disposiciones de la ley n° 24.390 resultan aplicables a imputados detenidos durante su vigencia.

Ella es la más benigna y favorable al imputado respecto a la duración de la pena, de lo que deriva su ultraactividad respecto de la ley n° 25.430. Y es que la ley nº 24.390 es una ley de carácter mixto, en donde lo referente a la modificación del cómputo de pena constituye materia penal, razón por la cual corresponde aplicar ultractivamente lo establecido en los arts. 7 y 8 de la misma, sin las modificaciones establecidas por la ley 25.430 a los fines del cómputo de la pena impuesta a un condenado, pues en materia penal rige el principio de los arts. 2 y 3 CP que establece la ultraactividad de la ley anterior más benigna y específicamente en cuanto al cómputo de pena la aplicación de la ley más favorable al procesado.

Rigen en el caso el principio legal común de que las leyes rigen para el futuro (doctrina del art. 3 del CC) y con arreglo a ella se deduce que la ley penal rige respecto de los hechos cometidos a partir del momento de su entrada en vigor y hasta el de su derogación (Nuñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino, Parte Gral., Omeba, 1960, t 1,pág. 132).

Asimismo, el principio referido a la irretroactividad de la ley penal más gravosa (arts. 18, 75 inc. 22 CN) según la cual no puede imponerse pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito (arts. 9 PSJCR, arts. 15 PIDCP) y que se interpretara como una prohibición de que la nueva ley penal emperore las condiciones de los imputados (Fallos 117:22; 140:34, arts. 2 y 3 CP). De allí que la retroactividad de la ley más benigna que dispone el art. 2º CP no constituye una limitación de carácter excepcional al principio de la ley previa.

Entonces, si una ley penal es más gravosa no solamente cuando castiga un hecho antes impune, o al hecho ya punible le impone una pena más grave o siempre que de alguna manera desfavorezca, respecto de las consecuencias del delito, la situación jurídico penal del imputado -y reviste tal condición desde que es sindicado o detenido como autor o cómplice de la comisión de un delito- (Nuñez, op.cit. págs. 134, 135) es claro que la ley n° 25.430 resulta más gravosa que la ley n° 24.390 por lo que corresponde considerar la más favorable al imputado que, en el caso, resulta ser ésta última.

La ley penal más gravosa carece siempre de efecto retroactivo, nunca puede ser aplicada a hechos cometidos antes de que sea ella obligatoria. (Nuñez, Parte General, 133).

Por lo demás, la única excepción al principio establecido en el art. 2 del CP respecto del principio de la unidad de la ley aplicable, es la admitida, justamente por el art. 3 del CP respecto al cómputo de la prisión preventiva que es el caso de autos.

Esta excepción manda que en su cómputo se observe separadamente la ley más favorable al acusado. Por tanto, si la regla del cómputo de la prisión preventiva que integra el organismo de la ley más benigna es más gravosa que la de la ley menos favorable, el juez debe computar la prisión preventiva según la regla de esta ley (Nuñez, op.cit., p. 138, Soler, T. I, pág. 194).

A su vez, la disposición del art. 9 del PSJCR cancela todas las discusiones que ponían en duda o limitaban la retroactividad de la ley más benigna (Zaffaroni, Derecho Penal, Parte Gral. pág. 114) (cf. Fallo plenario antes citado).

En conclusión: Si bien la ley n° 24.390 fue derogada cuando aún el imputado no llevaba los dos años de prisión preventiva y no se había dictado respecto de éste sentencia condenatoria, lo cierto es que por aplicación del principio de ley penal más benigna -ultraactividad de la ley citada-, el denominado "2x1" previsto por aquella norma debe serle reconocido durante el lapso que va desde el día 26/01/2003 (cumplimiento de los dos años de la prisión preventiva) al día 14/10/2003 (en que queda firme la sentencia condenatoria). Las leyes analizadas no tienen naturaleza exclusivamente de carácter procesal (de lo que se derivaría la aplicación inmediata de esas normas a los procesos en trámite, conf. CSJN, Fallos 220: 1250; 310:2845, entre otros) sino mixto -en ellas se suceden normas reguladoras del proceso penal (duración máxima de prisión preventiva efectiva, posibilidad de su prórroga y tiempo y modo de cesarla y sus condiciones) y del derecho penal al modificar el art. 24 CP por lo que la ultraactividad de la ley n° 24.390 es posible en el caso.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso y casar la sentencia en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "Por ser la ley más benigna, las disposiciones contenidas en la ley n° 24.390 -de carácter mixto- respecto al cómputo de la pena se aplican a las que correspondan por los delitos cometidos durante su vigencia, aun cuando sea juzgados con posterioridad a la sanción de la ley n° 25.430". En consecuencia, se dicta como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR a la impugnación del cómputo de pena formulada por la defensa del encartado Martín Ángel Hernández y, en consecuencia, aplicar lo dispuesto por la ley n° 24.390 a los efectos del cómputo de la pena, durante el lapso que va desde el día 26/01/2003 al día 14/10/2003.

II.- COSTAS por su orden atento a que el Fiscal de Cámara comparte el criterio del impugnante. III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

VI.- Atento al resultado del recurso imputable al criterio de Cámara no compartido ni por el imputado ni por el Ministerio Fiscal, las costas se imponen por su orden (art. 551 CPPT).

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado Martín Ángel Hernández, contra la sentencia de la Sala V de la Cámara en lo Penal, de fecha 02/3/2004, de acuerdo a la doctrina legal considerada, revocándose en consecuencia el cómputo de la pena impuesta al mismo y DICTAR como sustitutiva:

"I.- HACER LUGAR a la impugnación del cómputo de pena formulada por la defensa del encartado Martín Ángel Hernández y, en consecuencia, aplicar lo dispuesto por la ley n°24.390 a los efectos del cómputo de la pena, durante el lapso que va desde el día 26/01/2003 al día 14/10/2003".

II.- COSTAS por su orden atento a que el Fiscal de Cámara comparte el criterio del impugnante.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".

II.- COSTAS de esta instancias por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA