Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-03


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 3 días del mes de mayo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "B, M c/ L. C. C., I. y P. C. R. s/ SUMARIO (Daño Moral)", Expte. No. 14.969/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. No. 771/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 357), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 305/309 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia de fs. 305/309 vta., rechaza la demanda interpuesta por la parte actora M B, contra la parte demandada Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia. Tiene presente la reserva del caso federal. Impone las costas en el orden causado y regula los honorarios profesionales.

La representación letrada de la demandada apela la sentencia por su parte y por bajos los honorarios que le resultan regulados (fs. 314). A fs. 315, la actora apela el fallo dictado. Los recursos se conceden a fs. 319.

A fs. 348/349 vta., sigue el memorial de agravios de la parte actora. Rechaza la concepción jurisdiccional que si tiene en cuenta la documentación de fs. 99/109 y por el Estatuto Social, Tít.II, art.4, concluye por la calidad de socio del actor, opone que no por la condición de representantes serán socios y que ésta condición se adquiere mediante la pertinente presentación y aprobación de la Cámara de Comercio, conforme con los mecanismos del art. 9 de dicho Estatuto. Distingue a continuación lo que a su juicio determinan los arts. 9 y 4 del Estatuto, con lo que afirma como equivocada la conclusión del fallo al considerar como socio al actor por el solo hecho de ser representante de la firma L G T S.R.L., siendo esta última la única socia de la Cámara de Comercio, aludiendo entonces a la documental de autos, entre otras las solicitud de admisión. Considera inapropiada valorar la sanción disciplinaria dispuesta, sosteniendo que en ningún momento se planteó al Juzgador la determinación de la legitimidad o no de dicha medida. Amplía en cuanto la sentencia incluye al actor como un miembro de la institución, cuando el actor B, nunca lo fue y al momento de su expulsión, ya había renunciado a su cargo de Prosecretario, en 27/10/2000. Concluye que conforme a las constancias de autos el daño moral se encuentra claramente acreditado y probado a lo largo del proceso.

Peticiona la revocatoria del fallo y las costas en ambas instancias.

A fs. 350/351 vta., expresa agravios la parte demandada. Impugna la imposición de las costas por su orden, contraponiendo que la sola creencia subjetiva del demandante de la razón probable para litigar no es suficiente para eximir el pago de las costas, que estas no son un premio al vencedor sino la compensación de los gastos que le causa al vencedor actuar en justicia. Cita jurisprudencia concordante. Afirma excedida la normativa, según los términos del art.68 CPCCCh. El segundo agravio se refiere a los honorarios regulados, por bajos, que estima ajenos a las pautas del Dec.Ley Nº 2200, cuyas escalas determinan entre el once y el veinte por ciento, más lo que corresponde por el doble carácter. Peticiona la elevación del monto fijado, con costas.

A fs. 353/354, la demandada contesta el traslado de los agravios de la parte actora.

El caso planteado y los alcances de los agravios contienen una tesitura que enerva el daño moral invocado.

Es que la actora agraviada sostiene la existencia del daño moral, fundada particularmente en que el Juzgador equivoca la interpretación del Estatuto de la Cámara de Comercio al considerar al actor como asociado, entendiendo que solo lo era "L G T" S.R.L., que en consecuencia no pudo ser pasible de expulsión y por lo que se considera moralmente dañado. Pero cuando expone el punto 2-1 (fs. 349), en cuanto el sentenciante expresa que la Cámara de Comercio estaba en todo su derecho de ejercer las disposiciones disciplinarias que estimara más adecuadas, ante el incumplimiento incurrido por uno de sus asociados, opone entonces la agraviada que: "Resulta inapropiado valorar la legitimidad de la sanción disciplinaria dispuesta, atento que en ningún momento se planteó al juzgador la determinación de la legitimidad o no de dicha sanción".

El reconocimiento de la actora apelante deja en pie que la Cámara de Comercio estaba en todo su derecho de aplicar la sanción disciplinaria y las razones para aplicarla, atento a que el propio accionante manifiesta que no la ha planteado.

Tal reconocimiento deja sin sustancia a la invocación del daño moral, desde que éste no puede provenir del solo aspecto formal, la equivocación que afirma de considerárselo socio.

El daño moral no pudo sino provenir de resultar infundada la razón por la que la Cámara de Comercio adopta la decisión de expulsión, que el propio accionante manifiesta no ha planteado en ningún momento.

Pero a todo evento corresponde explicitar que también resulta equívoca la argumentación de la accionante, asumiendo por sí para elaborar su fundamentación, que la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, impone la sanción por considerar "asociado" a M B, al margen de la sociedad representada por el mismo. No se avala en todo caso, el forzado análisis del sentenciante desde el punto de vista del Tít.II, art.4, que bien interpreta la apelante determina postulantes, pero agrégase que el punto no resulta dirimente, porque la clarificación es solo formal. Es claro que la asociada era la firma "L G T" S.R.L., pero el actor era su representante y que lo acreditaba para formar parte de la Comisión Directiva. Si el fallo cree que el actor fue sancionado a título del Tít.II, art.4, puede resultar erróneo, pero la Cámara de Comercio no se expidió en tales términos, sino relacionó la expulsión como "socio Nº 3400", de necesaria vinculación a la sociedad que había representado M B. Por otra parte, la sanción al actor se ajustaba a derecho, por resultar inadmisible que la Cámara de Comercio se la hubiera impuesto a "L G T", S.R.L., ya que: "Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios" (art. 36 Cód. Civil). La Cámara de Comercio no podía imponerle la sanción a la representada, con lo que la versión de "socio Nº 3400" en la C.D. de fs. 8 -como lo informa la pericia contable a fs. 222 que el Acta de la Comisión Directiva Nº 1253 de fecha 5/10/98, está a nombre de "L G T S.R.L., con domicilio en*** , con el nº de socio 3400- bien relaciona al "socio Nº 3400", ello es "L G T" S.R.L., pero la sanción no podía sino recaer en su representante (art.36 C.C., cit.).

Expone por último la actora M B que al momento de la expulsión, ya había renunciado en fecha 27/10/2000 al cargo de prosecretario, por lo que no se encontraba comprendido en obligaciones subsistentes. La tesis contraria la opuso la demandada, a partir que la actora participó activamente en la venta del sistema "Cicom", como resulta de las testimoniales que cita en tramos de fs. 154/157, 164/165 y fs. 215/216. La certeza surge por otra parte de las actas de reuniones de la Cámara de Comercio, como la Nº 1338 de fecha 11/9/2000 fs. 73), que señala el desempeño de una "Comisión Cicom", integrada por los Sres. N A, Cdor. O M y M B, pero donde queda asentado que el propio integrante de tal comisión Sr. B, lee una propuesta de oferta de compra del "sistema cicom", de suyo revelador del interés de la sociedad que representaba y por la que integraba la Comisión Directiva, que le importa en lo inmediato quedar "relegado" de seguir en dicha comisión interna, sujeto eventualmente a la compulsa pública como cualquier oferente. En las reuniones de la Comisión Directiva de fechas 2/10/2000 (fs. 74/75) y 9/10/2000 (fs.76), quedan informes de los Sres. A y M, sobre la presentación de un solo oferente perteneciente al Estudio A, con un importe ofrecido de $35.000, que se aprueba por unanimidad. Luego, en la reunión de la Comisión Directiva de fecha 27/10/2000, realizada a las 13 horas, siempre con la intervención del Sr. M B (Acta Nº 1345 a fs. 77), queda aprobado por votación mayoritaria, con la oposición del actor, que los integrantes de la Comisión Directiva quedan inhibidos por dos años de explotar otro Centro de Informes.

Con tales antecedentes, debe rechazarse el remanente defensivo del actor apelante, que la renuncia al cargo de prosecretario como anterior a la expulsión, impedía el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Cámara de Comercio. Aunque la renuncia fuera anterior a la expulsión (constancia de fs. 80, recibida en 27/10/2000 a las 17:40 hs.) -que es renuncia como representante de la sociedad por la que integraba la Comisión Directiva- es posterior a la reunión del mismo 27/10/2000 de las 13 horas. Ya se señaló, en ésta quedó aprobado el punto que inhibía por dos años a los integrantes de la Comisión Directiva a explotar otro Centro de Informes.

Por todo lo expuesto, estimo deben rechazarse los agravios del presente memorial de fs. 348/349 vta.

La sentencia de fs. 305/309 vta., impone las costas por su orden, por las particulares circunstancias que dieron origen al proceso, donde las dos partes se creyeron con firmes derechos a sus pretensiones (punto Cuarto a fs. 309), recurrido por la parte demandada en el memorial de fs. 350/351 vta. Sostiene esta parte que el argumento es común a todo juicio, en tanto la controversia supone que aquél que somete una cuestión a los Tribunales es porque cree que tiene razón, pero ello no lo exime de las costas ante el resultado desfavorable del juicio.

La impugnación de la parte demandada se ajusta a derecho. Todas las hipótesis del art. 68 CPCCCh., de suyo conllevan la creencia de las partes que les asiste el derecho, por lo que la excepción requiere la conjugación de más elementos ajenos a la propia parte que no conocía como determinantes de la derrota. No siendo el caso de autos, rige plenamente la primera parte del mismo art. 68 CPCCCh, receptor de un principio objetivo con lógica prescindencia de circunstancias subjetivas y de la conducta que hayan asumido los actores de para el litigio. Además, el principio así impuesto no constituye un castigo para el litigante vencido, sino el resarcimiento de gastos a quien ha debido afrontar un proceso judicial. Se revoca de conformidad, imponiendo las costas de primera instancia a la parte actora (art. 68 CPCCCh), de igual consecuencia en esta Alzada, hasta donde la demanda debe concurrir en sostenimiento de sus derechos.

El segundo agravio, expedido por bajos los honorarios regulados al Dr. G G, acotado en su introducción por la participación acordada (fs. 350) como al concretarlo: "En segundo lugar, se agravia a esta parte..." (fs. 351 vta.), deja sin sustento el contenido agraviante. Primero, en cuanto eran por su orden, con lo que resultaba obligada directa y en tanto peticionaba su elevación. Ahora, en cuanto obtiene las costas a la contraria, por resultar derecho propio del letrado que no se presenta en este carácter. Se rechaza el agravio, con lo que queda firme el monto regulado, atento a las relaciones de parte vencida y vencedora que surgen de las regulaciones practicadas en la sentencia apelada.

Para los honorarios de la Alzada, propugno su regulación conforme con las normas arancelarias, arts. 6, 7, 14 y concords. de la Ley 2200 y ref. Ley 4335, el mérito de los trabajos realizados y su resultado; al Dr. G O. G, regular en la suma de $3.600 y los conjuntos de los Dres. P L I y R J V D, en la suma de $2.450.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora M B, fundado a fs. 348/349 vta. y confirmar en lo sustancial la sentencia de fs. 305/309 vta.

2º) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte demandada Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, fundado en el memorial de fs. 350/351vta, conforme al punto siguiente.

3º) Revocar parcialmente el punto 3 de la parte resolutiva del fallo de fs. 305/309 vta., en punto a la imposición costas por su orden, las que se imponen a la parte actora y confirmar la regulación de los honorarios del Dr. G A. G.

4º) Costas en la Alzada a la parte actora, a cuyo fin se proponen las regulaciones de honorarios de los profesionales actuantes de conformidad con el considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios de las partes.

La reseña del fallo, de sus antecedentes y de los fundamentos de los recursos ha sido efectuada por el magistrado preopinante, de modo tal que es pertinente que me remita a la misma. 2. El recurso del actor.

La postura de la parte actora, esto es, procedencia del daño moral basado exclusivamente en la equivocación de considerarlo como socio, no ha de prosperar.

Las impugnación respecto al carácter de socio del actor no puede prosperar puesto que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, resulta de las constancias de la causa en forma indubitada que el Sr. M B revestía tal calidad.

Avala esta afirmación la interpretación literal de la cláusula estatutaria citada por el juez de grado respecto de quiénes pueden revestir la calidad de socios. Es que no se ha previsto que las sociedades puedan revestir la calidad de socios. Sólo pueden serlos los comerciantes, los industriales, productores, trabajadores independientes, propietarios de bienes raíces y los gerentes o administradores de empresas. Evidentemente el texto ha relacionado el estatus de socio en la calidad de una persona física.

Ahora bien, por supuesto que quien ingresa como gerente o administrador de una empresa o sociedad, debe acreditar tal calidad y ello demuestra la íntima relación que existe entre representante y representado en orden a la calidad de socio de la asociación civil que nos ocupa. Ello puesto que evidentemente el mandatario está representando los intereses de su mandante, extremo que autorizaría a considerar a la representada como integrante de la asociación. Pero estas relaciones internas no permiten concluir que el representante no reviste la calidad de socio y por ello quede excluido de los deberes del socio -art. 12 de los estatutos-. La redacción del estatuto desautoriza absolutamente tal criterio que es el propugnado por el recurrente.

Por lo demás, la solicitud de admisión, obrante en copia a fs. 71, a cuyo contenido se ha referido el perito a fs. 243, no contradice estas conclusiones como pretende el actor sino que las corrobora. Ha de verse, incluso, que en el caso no existen dudas del ejercicio por parte del actor del estatus de socio -conforme art. 12 inciso "c" del estatuto-. Ello tal como resulta de la efectiva integración de la comisión directiva de la entidad, hecho afirmado en su escrito introductorio de la acción y corroborado por la pericia contable -fs. 243- que hace referencia a la participación del actor como vocal titular y prosecretario en distintos períodos. Tal participación no solo corrobora el ejercicio del estatus de socio sino que además da sustento a la medida disciplinaria adoptada puesto que la prohibición transgredida pesaba sobre los miembros de la comisión directiva.

El argumento relativo a la renuncia al cargo con anterioridad a la vigencia de la prohibición no puede prosperar puesto que los antecedentes de la causa demuestran categóricamente la falta de andamiaje de la postura. Es que la sola lectura de las actas obrantes a fs. 74 a 77, demuestran la participación del actor en las reuniones previas a la firma del contrato de compraventa del Cicom y sobre todo en la última de ellas, llevada a cabo el día 27 de octubre a las 13 horas, en la que por mayoría se aprobó que los miembros de la comisión directiva quedaban inhibidos de explotar por dos años otro centro de informes. Ergo, la renuncia, si bien consta recepcionada el día 27 de octubre, sin dudas lo fue con posterioridad a la mencionada reunión.

A mayor abundamiento, no puede soslayarse que otro extremo que enerva la pretensión el demandado es la falta de cuestionamiento a la legitimidad de la sanción. Ello, tal como resulta de los propios dichos de apelante -fs. 349-.

Partiendo de las premisas enunciadas no puedo más que concluir que la consagración del criterio que propugna el actor significaría la aceptación de conductas reñidas con los más elementales deberes de buena fe y, por lo tanto, una indebida vulneración a tal principio rector consagrado en el artículo 1198 del Código Civil. Por todo lo expuesto, propicio el rechazo del recurso interpuesto por la parte actora.

3. El recurso del demandado.

Este recurso tiene como objeto la impugnación de la imposición de costas por su orden y ya he adelantado su procedencia.

El juez de grado ha fundado la exención en la sola creencia subjetiva del demandante de la razón probable para litigar. Tal motivo, como sostiene el recurrente es insuficiente para eximirle del pago de las costas. Dicho extremo debe necesariamente ir acompañado por elementos objetivos de la causa -ausentes en el sub-lite- que razonablemente pudieran llevar al perdidoso a considerarse con derecho a litigar.

En este contexto corresponde dejar sin efecto la exención de costas desde que no se advierte motivo alguno que en las circunstancias particulares del caso autoricen apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado como rector en materia de imposición de costas (art. 68 del CPCCCh).

Por lo expuesto propongo hacer lugar al agravio de la demandada, ordenando la imposición de costas al vencido.

4. La apelación de los honorarios del letrado de la demandada.

La apelación de los honorarios regulados a favor del Dr. G O, por bajos, no ha de prosperar. Tanto al momento de interponer el recurso como al momento de expresar agravios, el letrado ha invocado la calidad de abogado apoderado y "la participación conferida", es decir la representación de la parte demandada que carece de agravio en relación a la cuestión.

Así no puede soslayarse que conforme lo resuelto en primera instancia en orden a las costas, era a la demandada a quien correspondía el pago de tales honorarios. La modificación de la imposición que se propicia en esta instancia no incide en la cuestión. Es que, aun cuando las costas han sido impuestas a los demandados vencidos, el artículo 51 de la ley arancelaria prevé que en el supuesto que no se efectuare el pago de los honorarios por el condenado en costas, quien no fue condenado en costas deberá pagarlos. Queda así palmariamente evidenciado que la parte demandada no está legitimada para apelar por bajos los honorarios por ausencia de agravio.

Huelga recordar que el límite objetivo del conocimiento de la Alzada está dado por la existencia del agravio o interés jurídico,correspondiendo, por lo tanto, la confirmación de la regulación efectuada.

5. Costas y honorarios.

Atento el modo en que propongo se resuelvan las cuestiones sometidas al conocimiento de esta Alzada propicio que las costas de esta instancia se impongan al actor vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh).

Los honorarios de esta instancia han de ser regulados de conformidad con las pautas generales contenidas en el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de la escala prevista por el artículo 14 del mismo ordenamiento. Por ello adhiero a la cuantificación efectuada por mi colega preopinante.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Por los fundamentos aquí dados, adhiero a la fórmula decisoria propuesta por el Dr. Nahuelanca.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento en tercer orden el presente pleito, por haber sido apelada por las partes la sentencia definitiva nro. 15/2005 (fs. 314, fs. 315, 320, fs. 305/9).

En primer término he de señalar que quienes me precedieron en la emisión de sus decisiones han arribado a idénticas conclusiones finales, confirmatorias de la sentencia de grado.

La modificación legal introducida otorga facultad de no emitir el voto en caso de concordancia entre los preopinantes. A mayor precisión el STJ de la provincia ha dicho que "la circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión (voto Dr. Torrejón, sent. def. del 1-6-98), más aun "la mayoría de los votos concordantes debe coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, no necesariamente debe exigirse la existencia de fundamentos iguales, sino que cada juez debe dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros miembros. Es que si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que exigir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal. Por lo que considero que para determinar si existe mayoría, en aquellos supuestos en que los votos se apoyan en argumentos distintos, lo que debe sopesarse que estos no se excluyen jurídicamente entre sí de manera que no tengan afinidad acumulativa indispensable (STJ causa 000A 000026, fecha 20-10-99).

Bajo estas premisas, encuentro que quienes me precedieron además de concordar en punto a desestimar agravios sobre las costas de la instancia de grado al vencido, el quantum de los honorarios profesionales y la imposición de costas en esta Alzada, entendieron y coincidieron en que el actor no cuestiona la medida expulsora de la demandada, difiriendo en su interpretación si la sanción correspondía al accionante como representante de la G T SRL, o como socio de la Cámara de Comercio y Producción de Comodoro Rivadavia, lo cual no coloca a las decisiones como contrapuestas, por tratarse, a mi modo de ver, de una embestida meramente formal de la sentencia por la que se agravia, sin perjuicio de lo cual me expido sobre dicha cuestión.

La decisión adoptada de expulsar a quien incumplió con las disposiciones reglamentarias no es cuestionada en este estadio, conforme emerge del memorial de fs. 348/9. Que hubo una falta atribuida y por lo tanto no puede hablarse de daño por la aplicación de una sanción cuando ésta no es cuestionada, y en ello coincido con el análisis de los camaristas prevotantes.

El daño debe originarse en un hecho, un acto producido o provocado por alguien ajeno a la persona que lo sufre, quien es a la postre la lesionada. Si no fue cuestionado el ilícito no puede hablarse de responsabilidad civil.

De la prueba hasta aquí analizada, encuentro que el actuar de la entidad demandada no le ha ocasionado perjuicios a la sociedad que representaba el actor al haber sido excluida con lo que no emerge un daño que deba ser reparado. Observo que la carta documento expulsatoria remitida lo fue al socio nro. 3400 y no al actor Sr. B la persona física, quien era representante. No fue atacado el daño a la imagen de la sociedad que representaba, ni tampoco fue expulsado con nombre y apellido, datos identificatorios de la persona física.

Así, el yerro del planteo radica en que no se cuestiona la medida adoptada por la entidad, que supuestamente provocó un daño a la imagen comercial de la firma o moral a la persona física de su representante-gerente, resultado que transforma la cuestión en una discrepancia del apelante actor de una mera formalidad en los considerandos de la sentencia, habida cuenta que el hecho generador de algún daño o lesión no fue cuestionado. Cabe recordar, aun reiterativamente que "el daño se define como el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales, naturales ya en su propiedad, ya en su patrimonio. No hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero el daño, para generar responsabilidad, debe haberse producido en razón de un acto antijurídico que en su consideración objetiva se atribuye a un sujeto sea a título de culpa (en sentido lato -dolo, culpa-) u otro factor de atribución objetivo (riesgo, obligación legal...), mediando además una relación de causalidad entre el acto imputable -atribuido- y el daño" (Zannoni, E. "El daño en la responsabilidad civil", pág. 1/2, Ed. Astrea-82).

Accedió el actor al puesto directivo como representante de una sociedad, asociada a la Cámara demandada, tal como emerge de fs. 222 vta. y cabe recordar que "la administración de la sociedad de responsabilidad limitada es ejercida por uno o varios gerentes, socios o no, por tiempo determinado o indeterminado (Art. 157 LSC) cuya calidad es personal y no se trasmite... asimismo, distinguió jurisprudencia entre la representación que se refiere a la actuación externa de la sociedad (del gerente tal el caso que me ocupa) y la administración que se vincula a la esfera interna y a las relaciones entre sus componentes..." (ver Fernández Madrid, "Código Comercio Comentado...", t.II, pág. 1030/1/33, Ed. Errepar, 2000). Integró en tal calidad la comisión interna para la implementación de sistemas de información, va de suyo el interés personal y social que tenía suficiente argumento para no continuar integrando la misma, sin dejar de apreciarse que fue considerado por ser el representante de la sociedad como integrante de la Cámara demandada (fs. 154, 164/5, 215, fs. 73, 74, 75/6 y pericia de fs. 222 vta.) punto sobre el cual existe también coincidencia por parte de quienes me precedieron. Es más, la renuncia es presentada como representante de la G T SRL; la Cámara de comercio Industria y Producción de Comodoro Rivadavia demandada hace recaer la sanción en el representante por su vinculación necesaria, y en este punto coincido con el primer votante.

Adhiero por los argumentos coincidentes expuestos con el Dr. Nahuelanca en el único tema sobre el que me expedí.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora M B, fundado a fs. 348/349 vta. y confirmar en lo sustancial la sentencia de fs. 305/309 vta.

2º) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte demandada Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, fundado en el memorial de fs. 350/351 vta, conforme al punto siguiente.

3º) Revocar parcialmente el punto 3 de la parte resolutiva del fallo de fs. 305/309 vta., en punto a la imposición costas por su orden, las que se imponen a la parte actora y confirmar la regulación de los honorarios del Dr. G . G.

4º) Costas en la Alzada a la parte actora, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. G . G en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.600) y los conjuntos de los Dres. P L I y R J V D, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.450).

5º) Regístrese, notifíquese y devuelvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente FERNANDO NAHUELANCA - Juez de Cámara GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 22 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS