marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mandato, poder, juicios en que la Nación es parte
Materia: CIVIL
Carátula: ESTADO NACIONAL c/ JUAN TOMASELLO S.A. s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-13

Se debe estar a los términos del poder, pero dándole la amplitud suficiente para que el apoderado pueda cumplir en el pleito su cometido con los menores inconvenientes (cfr. Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado", T. I, pág. 360). Entiende el Tribunal que le asiste razón a la recurrente.

El art. 8., decreto 969/81 incluye entre las facultades de los representantes en Juicio del Estado, correlativamente a la potestad de solicitar embargos preventivos o definitivos la de requerir desembargos, de la misma forma que prevé la petición de inhibiciones y sus levantamientos. Que, adoptar una solución diferente importaría restringir indebidamente las facultades que ostentan dichos representantes, excediendo los términos del decreto examinado, que no comprende entre los casos en que es menester la autorización expresa de las autoridades u órganos, resultando suficiente la conformidad prestada en el sub examine (cfr. art. 8, segundo párrafo del decreto 969/81).
Honorarios, IVA, traslación de impuestos, traslación del impuesto al cliente
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: INFUPA SA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Si la obligación del pago del I.V.A. a cargo del B.N.A. se estableció expresamente para cuando el honorario estaba definido ("honorario fijo", en el convenio de autos), ello torna inexcusable trasladar igual criterio cuando el honorario resulta "contingente", en tanto es la interpretación que más armoniza con la intención de las partes al contratar, esto es, que este tributo resultara a cargo del beneficiario del servicio.
Mutuo comercial, entidades financieras, intereses, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: HIDALGO  SOLA    S.A.  SOBRE CONCURSO SOBRE INCIDENTE DE REVISION POR CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

Si la entidad mutuante es una institución que intermedia habitualmente en operaciones financieras, no corresponde sustituir en orden a la preservación de la cantidad prestada- los intereses pactados por la actualización del capital, pues la aptitud operativa de la acreedora depende de la correlación que exista entre la captación de fondos para darlos en préstamo, y el reintegro de los mismos con suficiencia para pagar las nuevas imposiciones.
Régimen de consolidación de deudas, intereses, renuncia de derechos
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Turco, Wilso Roque y Otros c/ E.N. -Mº de Educación y Justicia-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Debe desestimarse la apelación de la demandada de la resolución del juez a quo que desestimó su impugnación a la liquidación que por intereses, calculados sobre la suma percibida por la opción en efectivo, practicó la actora, en tanto del texto impreso del Acta de Renuncia surge que la renuncia se efectuó conforme al art. 17 de la ley 23.982. Ello así sólo puede referirse a reclamos que esa norma declara extinguidos; y no a los intereses calculados por el actor que están expresamente reconocidos por la ley de consolidación y el decreto reglamentario para la opción en efectivo que realice el acreedor (conf. arts. 6, ley 23.982 y 18, inc. a-1 del decreto 2140/91; esta Sala in re 18/7/95 "Marcatelli"). (Ver en el mismo sentido, esta Sala, causas nº 10.702/92, 10.657/92, ambas del 13/2/96).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GRENON, HORACIO ALEJANDRO c/ LOMBARDI HNOS. S.R.L. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

En cuanto a la invocada omisión y tergiversación que a criterio del recurrente surge de la decisión de Alzada -en tanto en la apelación su parte cuestionó la conclusión del juez inferior relativa a que la extinción laboral fue de mutuo acuerdo tácito, porque de tal modo se había soslayado que el vínculo era irregular como que no hubo buena fe del empleador-, es de ver que con esas alegaciones no logra desmerecer desde un punto de vista constitucional la determinación de la Alzada consistente en que las partes no realizaron acto alguno que demuestre la intención de continuar con el vínculo en el transcurso de varios meses; y no obstante la insistencia del compareciente con la situación de irregularidad de la relación habida, no contrarresta aquel razonamiento, debiendo agregar que tampoco surge de autos constancia alguna que permita revertir esa decisión, teniendo en cuenta también que la Alzada valoró que el transcurso de seis meses puede considerarse como más que suficiente para entender que se está ante un escenario en el cual el trabajador hace abandono de sus tareas sin justa causa; el empleador no abona las remuneraciones, ni intima al trabajador a su reintegro; el trabajador no renuncia y la patronal no lo despide. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler)
Hipoteca, constitución de hipoteca, principio de especialidad (civil), títulos ejecutivos, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ZENECA S.A. c/ AGRO ATAR S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Si se trata de una garantía otorgada en favor de un crédito condicional o eventual (conf. art. 3153 del Código Civil), cuyo importe resulta incierto hasta el estadio final de la relación jurídica, a fin de satisfacer el recaudo de la especialidad que exige el art. 3131 del Código citado, resulta indispensable acreditar los instrumentos de los cuales surja el derecho personal de crédito y real y accesorio de hipoteca, para la correcta integración del título.
Prueba pericial, nulidad procesal, notificación, falta de notificación, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Dr. MUNRABA en causa nro. 7835 s/ Incidente de nulidad Causa nro. 11.168
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-04

No obstante la omisión de notificar a la defensa la realización del peritaje el Tribunal no habrá de acoger la pretensión nulificadora del mencionado examen. Para que la nulidad de los actos procesales resulte viable es necesario que el incidentista exprese el perjuicio sufrido por la irregularidad del acto y el interés que procura subsanar mediante la declaración que postula, sin que resulte suficiente invocar la violación al derecho de defensa, sino concretar la mención de las defensas que se vio privado de oponer.
Ius variandi, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: Ruhl Oscar Daniel c/ Instituto Privado Hernandarias Soiedad Educativa s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado. Apelación de Sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-15

La razón para disponer el cambio es atendible -fue pedida por los padres de los alumnos- y no se acredita perjuicio para el actor puesto que la superposición horaria sólo fue expresada y no acreditada en autos.
Homicidio calificado con el concurso de personas, robo, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Paredes, Miguel Ángel (P); Arbeloa, Juan Sebastián (P); Beltrán, Jonatan Ernesto (P) y Oliva, Jesús Ricardo c/  s/ Triple homicidio calificado s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-06-19

El autor debe tener voluntad de dominio del hecho y, desde lo objetivo, el poder de desarrollar, hacer avanzar o suspender el desarrollo del hecho. El robo y las muertes fueron cometidos por varias personas que realizaron en conjunto el hecho, cada una con su función, y fue la totalidad de sus aportes la que permitió la realización del tipo. Esto es lo que autoriza a comprender que la serie de acciones -del imputado- formaron parte de la ejecución del hecho, aunque este no haya estado presente en el interior del inmueble. Al criterio formal se le adiciona el material, dado por quien domina el hecho en el marco de la división de trabajo donde, además de su rol de jefe u organizador, desarrolló las acciones ya mencionadas, aún en la etapa preparatoria. Se da cumplimiento así al principio de legalidad -art. 45 Código Penal-, que considera coautor al que toma parte en la ejecución del hecho. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Perturbación del ejercicio de la función pública, sentencia condenatoria, diputados nacionales
Materia: PENAL
Carátula: Ameri, Juan Emilio  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-01

Debe confirmarse la condena, en orden al delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas (art. 241, inc. 1 CP) aplicada al ex diputado nacional que besó el seno desnudo de una mujer durante una sesión que se estaba llevando a cabo mediante videoconferencia, habida cuenta que el delito puede ser cometido bajo dolo eventual, pues el legislador sabía que estaba siendo grabado, que las sesiones se transmitían en vivo y que su accionar podía lesionar el bien jurídico protegido, y a pesar de tales circunstancias, decidió seguir adelante con su accionar, cristalizando el resultado típico
Juicio de desalojo, restitución del inmueble, intruso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Selba c/ Fernandez, Gustavo Daniel s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Al ocupar la vivienda como intrusos, nació para los ocupantes una obligación de restituirla a quien el Instituto Provincial de la Vivienda le había adjudicado la misma. Si los recurrentes entendían que la actora había violado sus compromisos con el Instituto, y que ese antecedente podía significar la revocación de la adjudicación, y una posterior adjudicación a su nombre, es claro que no podía de hecho despojar a la actora como si todas esas suposiciones hubieran sido comprobadas, es decir, se hubiera revocado el derecho concedido a la actora, y se le hubiera concedido a ellos.
Suspensión del juicio a prueba, multa penal
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAVO Roque Ramón, en causa nº IC - 967/07 (reg. Juzg. Inst. y Correc. nº 1 ? II C.J.) s/ recurso de apelación (suspensión de juicio a prueba)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-08-13

Por otra parte, también es dable destacar que (el imputado) ha cometido el delito de apropiación indebida, previsto en el art. 175, inc. 1, del C.P. y reprimido sólo con multa de mil a quince mil pesos.- Es precisamente la pena que impone el Código Penal lo que hace que el delito no sea susceptible de la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, ya que éste es un instituto que fue creado e introducido a nuestra legislación en forma exclusiva para aquellos delitos que estuvieran reprimidos con pena de prisión o reclusión cuyo máximo no exceda de tres años, y para los que prevén la pena de multa en forma conjunta o alternativa con la de prisión o reclusión, siendo en este último caso necesario el pago del mínimo de la misma.- De lo expuesto surge que la norma ha dejado fuera del beneficio de la suspensión de juicio a prueba a todos aquellos delitos que se encuentren reprimidos solamente con pena de multa. Además, es mayoritaria la jurisprudencia en este sentido.- Así, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela, con fecha 08/04/97, en un fallo publicado en La Ley 1998- D, 878 (40.654-S) LL Litoral, 1998-1-863, se pronunció sobre el tema del siguiente modo: "La norma ha excluido así de su alcance, a aquellos delitos reprimidos con multa como única especie de pena, para los cuales estableció sin embargo un particular régimen de extinción de la acción penal (art. 64, Código citado)".- Asimismo es fundamental reparar que, según surge del orden del día de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de La Nación del año 1993, conjuntamente a la introducción en la legislación del instituto de la suspensión de juicio a prueba, se produjo la modificación del art. 64 del Código Penal, para permitir una mayor aplicación de la extinción de la acción penal mediante el pago de la multa. Eso marca claramente una delimitación entre de los delitos sometidos al instituto en cuestión y los que lo están al art. 64 del mismo código.- En los antecedentes allí consignados se expresa que "de ningún modo nuestra propuesta implicará un apartamiento del principio de legalidad ya que el instituto previsto se encuentra estrictamente condicionado a la observancia de situaciones objetivas, fijadas por la ley para su procedencia".- En apoyo a los argumentos precedentes es pertinente transcribir lo expuesto en el ejemplar titulado CÓDIGO PENAL y leyes complementarias COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO. Omar Breglia Arias y Omar R. Gauna. Editorial Astrea. 2001: p. 621. Sostienen los autores: "Tampoco la suspensión a prueba comprende delitos reprimidos exclusivamente con multa (párr. 5, art. 76 bis), pero ya hemos visto la previsión que el nuevo art. 64 del Cód. Penal, hace sobre ellos".-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Asava S.A. c/ Venavidez Meliton
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La conclusión acerca de que la accionada no cumplió con la carga impuesta por los arts. 265 y 266 del Código Procesal es excesivamente rigurosa si las apreciaciones poseen aptitud suficiente para constituir la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas como exige el primero de los artículos mencionados para la viabilidad de la apelación ordinaria. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Concesión comercial, concedente, concesionario (comercial)
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAÑABATE, ANGEL c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA  S.A.  AUTOLATINA ARGENTINA  S.A. s/ ENTREGA DE AUTOMOVIL Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-26

El contrato de concesión es un contrato interempresarial de colaboración pero que no afecta la autonomía y la independencia del concesionario, quien mantiene su personalidad jurídica independiente de la del concedente. El control que emana de este contrato no subordina al concesionario, y no elimina totalmente sus facultades de decisión, ya que la coordinación de actividades de la red de concesionarios a través de un reglamento, no importa unidad de dirección, ni confusión patrimonial entre el concedente y los concesionarios. Las utilidades o las pérdidas de la empresa concedente no se traspasan a sus concesionarios, y viceversa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, agravantes de la pena, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, extorsión, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Avala Soler que la figura básica incluye la intimidación la circunstancia que añeja jurisprudencia encuadrara en la figura del art. 164 el robo con empleo de armas para intimidar a la víctima (*), considerando este supuesto "violencia física" en el sentido de "violencia tácita" formulado por Carrara. Ello no podía ser de otro modo, porque habiendo adoptado el texto originario del Código agravantes que requerían circunstancias que debían concurrir simultanea y conjuntamente, no cabía la calificación del despojo por empleo de armas si no se producía, además, en despoblado, descartándose el encuadre en la Extorsión habida cuenta que, como enseña Soler, entre ambas figuras media diferencia en cuanto a la acción misma: "apoderarse" en el Robo, "obligar a entregar,..etc..." en la Extorsión.

A través de sucesivas reformas, el Código Penal ha retornado por imperio de la ley 23.077 al originario de 1921, con las modificaciones que la ley 20.642 introdujera a los arts. 166 inc. 2 y 167 inc. 1. (De la disidencia de la Dra. Ramón). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, Derecho laboral, despido, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruiz de Budip, Marisa A. c/ Sanatorio Nosti de Tita Hnos. S.R.L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 122-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-18

Sin abrir juicio respecto del acierto o error de la decisión, el Tribunal de segundo grado escogió un temperamento que no se advierte pueda ser tildado de inconstitucional, al esgrimir acabadas razones en orden a no reputar acreditado que se hubiera cumplido en la especie con la notificación fehaciente del embarazo a la empleadora en orden a tornar operable la presunción establecida en el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que la postulación del recurrente en tal sentido queda reducida a una mera disconformidad con la estimativa probatoria que, por regla, no puede dar cabida a la apertura de la instancia excepcional. En suma, los motivos expuestos podrán compartirse o no, pero lo cierto es que lucen acordes con la exigencia del artículo 95 de la Constitución Provincial.
Municipalidad, publicidad de los actos de gobierno, Comunicaciones, periodistas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Las reglas que surgen de la Declaración de Chapultepec - según las cuales la publicidad estatal no puede ser utilizada para premiar o castigar a medios o periodistas - no resultan aplicables si no es posible considerar que haya existido resolución de sancionar a la recurrente por razón alguna por parte de la autoridad municipal.
Derecho penal, hurto con llave o ganzúa, tentativa, llave falsa
Materia: PENAL
Carátula: FEDERICO PASCUAL CHILO, NICOLAS ALARCÓ, MARTIN CESAR GUANTAY y LEUCAYO JESÚS ZAPANA c/ JORGE MANUEL RIVERO, CISTIAN ENRIQUE DURAN, GONZALO MANUEL RIVERO, LUIS CESAR RIVERO (menor) y EDUARDO ALFREDO TAPIA (rebelde) s/ ROBO CALIFICADO, ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA Y DE VEHÍCULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA EN GRADO DE TENTATIVA, HURTO CALIFICADO, ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, HURTO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO, HURTO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA, HURTO CON ESCALAMIENTO, ROBO SIMPLE y HURTO SIMPLE, TODO EN CONCURSO REAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-06-23

Respecto de la calificación jurídica, quedando probado que en el evento se utilizó una llave similar o ganzúa para lograr abrir el baúl del rodado, debe tenerse al causante como autor penalmente responsable del delito de Hurto Calificado por el Uso de Llave Falsa en Grado de Tentativa en los términos de los arts. 163 inc. 3º y 42 del Código Penal, toda vez que no se logró consumar la sustracción por la oportuna intervención del propietario del automóvil.-
Competencia por el turno, remisión del expediente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. N. s/ ACTUACIONES PROVENIENTES DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  SANTA FE (Resolución Nro. 274, Tomo 57, Folio 274)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-02

Si de lo actuado se desprende que no se ha determinado fecha de delito, en tal caso prevalece el principio subsidiario del apartado b) 1 del acuerdo de la C.S.J.S.F. (09.03.94) -acta 13, punto 15, que en estas actuaciones indica que la fecha en que la C.S.J. ordena correr vista al fiscal que por turno corresponda, es la que corresponde tener en cuenta para el turno.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, automotores, círculo cerrado, plan de ahorro previo, adjudicación de automotor, deber de información
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Hansen, Isabel Nora  c/ Provincia Seguros SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

En aquellos seguros de automotor contratados sobre los vehículos adquiridos por los adherentes de contratos de ahorro previo, donde la extinción de la cobertura se halla específicamente ligada al pago de la última cuota del autoplan, y en tanto éstos pagos los debe realizar la administradora de ese sistema de ahorro como intermediaria del vínculo asegurativo, se configura una ineludible necesidad de otorgarle prelación al deber de información al consumidor establecido por la LDC 4, y la CN 42, sobre cualquier hermenéutica que pretenda darse en relación a cláusulas predispuestas que desnaturalicen ésta obligación.

Esta primacía: a) aparece caracterizada por la imposibilidad de cancelar la cobertura, hasta tanto no sea informado adecuadamente el consumidor de la extinción del seguro y de las consecuencias que dicha situación acarreará si no se subsana (no puede mantenerse al asegurado en un estado de desconocimiento de su situación de desamparo) y b) tiene su fundamento en: i) la buena fe contractual que debe primar en la ejecución de un contrato calificado como de "uberrimae bona fidei", y el deber de prudencia y previsión (CCIV 902); ii) el deber de asesoramiento de los proveedores (CCCN 1100); y iii) el deber de advertencia, de alerta o de prevención del daño contemplado en el CCCN 1710.

Consecuentemente, la baja de la cobertura no debe operar de manera automática frente al pago de la última cuota del plan, sino que la aseguradora tiene la obligación de resultado de colocar al asegurado en posición de sanear su situación de desconocimiento ante la pérdida de la cobertura, mediante una adecuada comunicación de la caducidad del seguro.
Impuestos, facultades del Poder Legislativo, facultades legislativas, facultades tributarias, Poder Ejecutivo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Cafés La Virginia S.A. s/ apelación (por denegación de repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

El legislador puede conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de regular pormenores de la obligación tributaria, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
Vivienda única, bienes inembargables
Materia: CIVIL
Carátula: TORRENS JOSE WILLIAM c/ PAZ NESTOR ENRIQUE Y OTRO s/ COBRO DE DOLARES ESTADOUNIDENSES - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-27

Si un persona contrae una deuda de veinticinco mil dólares estadounidenses; con posterioridad constituye su inmueble como bien de familia conforme a la Ley 14.394, y ante el incumplimiento de su obligación y ser promovida su ejecución, (ante la ineficacia por la extemporaneidad de la constitución del bien de familia), opone la inembargabilidad prevista por las normas locales y requiere el levantamiento del gravamen, sería ello más que demostrativo de la inseguridad jurídica que genera un régimen automático de protección. -
Trabajadores gastronómicos, libros de comercio, carga de la prueba, laudo gastronómico
Materia: PROCESAL
Carátula: LUCACI, JUAN F. c/ MUÑIZ, PEDRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-29

No le corresponde a la empleadora la carga de probar que lo liquidado en concepto de comisiones pertenece a la totalidad de las ventas del establecimiento y número de dependientes, por cuanto tratándose de causas donde se discuten salarios provenientes de explotaciones gastronómicas no es posible decidirlas únicamente sobre la base de la ausencia de registraciones contables, pues el decreto 4148/46 (artículo 46) prevé un procedimiento de control que los trabajadores pueden usar independientemente de la contabilidad mercantil. De tal modo, si no usan o no comprueban la realidad según su procedimiento, no pueden titularse extraños a la omisión.