marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Simulación, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moussou, Roque Ricardo c/ Moussou, Luis Ricardo y otros s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-23

La existencia de una condena laboral, la falta de pago de dicho crédito y la no demostración de capacidad patrimonial para hacer frente a la obligación, hacen que se reconozca la "causa simulandi", que es entendida como el motivo o finalidad perseguida por las partes, la que en el caso se relaciona con el propósito de excluir el bien, por una deuda de causa anterior a la celebración del acto impugnado, de la garantía común de los acreedores.Si bien no se abandona la carga de la prueba sobre el actor, no puede prescindirse de la actitud de la demandada en la demostración de la verdad. Se computan como presunciones que inducen el reconocimiento del acto simulado. La ausencia de prueba respecto a un préstamo anterior otorgado por los compradores al vendedor; la relación de parentesco entre los contratantes; la ausencia de motivos serios para decidir la compra y la venta; la continuidad en la ocupación y la forma de pago practicamente total con antelación a la escritura.No se reconoce eficacia a un instrumento privado por cuanto carece de fecha cierta, a cuyo efecto no se acepta como elemento de convicción idóneo la declaración testimonial del notario ante quien se otorgara al posterior escritura traslativa.
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sabe, Fortunato s/ Sucesión vacante
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-14

La ley 23264 fue sancionada en el año 1985 y no contiene disposición alguna que establezca su vigencia retroactiva, rigiendo para las situaciones posteriores.-
Honorarios del abogado, base regulatoria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Complejo Agroindustrial S.A. Juan S.A. s/ ejecución fiscal -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Dado que en el caso el monto del proceso que debe considerarse incluye los intereses que el capital devenga conforme el fallo, ya que la ley se remite a lo que resulte de éste (art. 19 de la ley 21.839 y esta Sala in re "Instituto Forestal Nac. c/Forestadora Obrera S.A." del 11/9/84), se deben incluir los intereses liquidados a los fines de determinar la base regulatoria de los honorarios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, adhesión al recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Tello, Leonardo Gastón c/ Stiling S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

Si el agravio que le infería la sentencia fue satisfecho mediante aclaratoria por el tribunal (lo que tornó innecesario recurrir por la vía extraordinaria), y a través de la queja interpuesta por la contraria ante la Suprema Corte se impone la revocación de aquélla, resulta aplicable el principio de la apelación adhesiva. (Minoría u opinión personal)
Cuestiones de competencia, tribunal oral, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: YOMA S.A. s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

La Acordada n° 23 de 2005, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 1 de noviembre de 2005, prevé que en las causas penales en que cesan de intervenir los tribunales orales con respecto a la competencia reglada por el art. 90 de la ley 24.121 y únicamente en lo que concierne a lo dispuesto en el art. 24, inc. 1°), del código de rito -como órgano de alzada de los jueces de instrucción en las causas penales en las que luego deberán intervenir como tribunal de juicio-, entenderán las Cámaras Federales de Apelaciones que son cabecera del distrito respectivo. La norma establece que la nueva competencia de las Cámaras Federales respectivas alcanzará a todas las causas en trámite, siempre que en ellas no hubiese mediado una intervención anterior del Tribunal Oral en lo Criminal Federal -como órgano revisor en segunda instancia- que, con arreglo a la doctrina establecida en el precedente "Llerena", le impidiera conocer ulteriormente en el juicio. En este caso, la intervención que tuvo en la causa el Tribunal Oral con anterioridad a su declaración de incompetencia en virtud de lo reglado por la Acordada de marras resulta ser de mero trámite y no genera compromiso alguno a la imparcialidad del órgano juzgador que se pretende preservar. No opera, por lo tanto, en autos la excepción al principio general establecido por la Corte en la norma recordada. (Voto de los Dres. Berraz de Vidal, Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia).
Tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, duración del proceso
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PROTA, FERNANDO CARLOS Y PAREDES, RODOLFO OMAR s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El exceso de los plazos normados en el art. 12 del Reglam. de Procedimientos del Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F. relativos a la duración del proceso hace que la Sala actuante pierda su condición de juez de la causa, correspondiendo declarar la nulidad de la resolución dejándola sin efecto debiendo devolverse las actuaciones para que, con una integración que excluya a los vocales que emitieron opinión, se dicte nuevo pronunciamiento (conf. arts.

509, 510 y 512 C.P. Penal).
Recurso de casación, escritos judiciales, falta de copias, procurador general
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: B.T.U. Sociedad Anónima s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-02-14

Habiéndose detectado la omisión de acompañar copias para traslado, se intimará al recurrente para que dentro del término de tres días acompañe las copias necesarias para correr traslado al Procurador General en su calidad de Defensor de Ausentes ante el Tribunal Superior de Justicia, por haber tenido intervención en el mérito el Ministerio Público en tal carácter, bajo apercibimiento de declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, conforme al art. 260 del C.P.C.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Hugo Alberto c/ Griffa, Maria Asunción y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

El absurdo no queda configurado aunque la apreciación de la prueba pueda aparecer como objetable, discutible o poco convincente.
Certiorari, recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, sobreseimiento, código procesal civil y comercial, voto en disidencia, código penal, fraude a la Administración Pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zothner, Hugo Jorge y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-22

Resultan inadmisibles en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las apelaciones federales deducidas contra la sentencia de la Cámara de Casación que dispuso el sobreseimiento de quienes resultaron imputados por el delito previsto en el artículo 174 inc. 5 del Código Penal, relativo al fraude a la administración pública (Del voto en disidencia de los Ministros Don Enrique Santiago Petracchi y Don Raúl Zaffaroni)
Cuota alimentaria, abuelos, obligación alimentaria entre parientes, obligación subsidiaria
Materia: CIVIL
Carátula: Descalzo, María Julia c/ Nicloux, Jorge Alfredo y otros s/ régimen de visita/alimentos-contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-05-13

No corresponde condenar a los abuelos en forma solidaria y concurrente por el saldo de las cuotas alimentarias impagas por el padre, toda vez que los abuelos no son responsables del pago de la deuda alimentaria porque no fueron parte en el proceso donde se fijó la cuota originaria. Ellos fueron demandados en este juicio, y la retroactividad debe operar al momento de la interposición de la demanda en la cual fueron demandados, no por las obligaciones alimentarias nacidas en otro expediente distinto.
Acción de amparo, derecho a la vivienda digna, violencia de género
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santillán, Ivana Valeria c/ Instituto Provincial de la Vivienda s/ Amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-06-04

Resuelve hacer lugar a la acción de amparo y ordena al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Salta que entregue a la actora la tenencia precaria de una vivienda, sin la necesidad de la firma de su ex marido, en tanto la accionante informó al organismo demandado la problemática de su situación familiar y la conflictiva relación con su anterior pareja, que desembocara en la promoción del divorcio contencioso por injurias graves, configuradas básicamente por episodios de violencia doméstica. En consecuencia, debe respetarse el "statu quo" existente y valorarse las desventajas de someter a los niños a las vivencias de un traslado de hogar, situación en alto grado tensionante al incrementar la presión que ejerce sobre ellos la conflictiva relación entre sus padres, lo que resultará perjudicial para su crecimiento personal y conspirará en definitiva contra la normativa convencional y constitucional que los tutela.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, subasta, ejecución hipotecaria, concursos
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANZANO, ENRIQUE Y OTROS. s/ QUIEBRA VOLUNTARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-02

La negativa del tribunal exhortado a suspender la subasta del bien hipotecado, conforme lo había requerido el juez ante quien tramita el concurso de los ejecutados, generó un conflicto en los términos del art. 24, inc. 7, del decreto-ley 1285/58, que corresponde dirimir a la Corte Suprema por ser el único órgano superior jerárquico común.
Costas al vencido, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.I.C.  FABRICACION DE INSTRUMENTAL CIENTIFICO  S.R.L. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ COSTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

En virtud de lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civ.

y Comercial, corresponde que las costas sean soportadas por quien sucumbe en sus pretensiones y, si bien el principio objetivo de la derrota no es absoluto, sino que admite excepciones (art. citado) esto último es posible cuando existen motivos objetivamente considerados que permitan inferir la existencia de una justa causa para litigar.

En tal sentido, en el caso en análisis, los argumentos de la actora no resultan suficientes para apartarse del citado principio general, dado que, si bien el Tribunal Fiscal, expresó en su resolución, que la fecha que figuraba en el Boletín Oficial, obedecía a un error tipográfico, señaló que era advertible al confrontarlo con otras disposiciones de la propia norma (resolución 390/82 y con las muy precisas contenidas en el decreto 169/81), por lo que no cabe interpretar que se trata de una cuestión dudosa y menos aún, que fuera el órgano fiscal quien dió motivo para que este pleito se instaurara, toda vez que el actor fundó su pretensión olvidando un elemental principio en la interpretación de las normas.

No fue éste el único argumento sobre el que fundó su decisorio el tribunal, toda vez que rechazó la pretensión de la actora cual fue la de encontrarse prevista su situación en las disposiciones del art. 2 del dec. 1078/82.
Recursos, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: PROMOTIONS AND LICENSING  SA c/ FERNANDO MARIN PRODUCCIONES. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

Si bien a los fines de apreciar la procedencia del recurso de apelación al efecto previsto por el CPR 242, reformado por la ley 23859, cabe ponderar específicamente el valor económico comprometido en el recurso en el supuesto traído a consideración, en ciertos casos aplicar estrictamente dicha normativa importaría ocasionar un gravamen irreparable que afectaría en forma definitiva las garantías constitucionales del recurrente.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ Silvia Alejandra s/ LESIONES CULPOSAS Alvarez, Ramón Eduardo s/ Coacción calificada y lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17|1994-06-09

Debe calificarse el robo por uso de arma, sin entrar a considerar su funcionamiento como tal, cuando ésta es utilizada como objeto contundente, ya que su uso para golpear aumenta el poder ofensivo del sujeto y el peligro real de quien recibe el ataque.
Patrocinio letrado, asegurado, asegurador, honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Crispín Gabino c/ Quiquinto, Justo Sergio s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 400/404, Nº 193) Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 400/404, Nº 193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1992-07-16

Cuando dos abogados intervienen en un litigio, uno representando al asegurado y otro a la Compañía de Seguros cualquiera sea la via elegida para hacerla llegar al pleito -demanda conjuntamente con el asegurado o citada en garantía- los honorarios de aquellos deben regularse por separado, porque representan a partes distintas. No otra cosa surge de la interpretación del art. 118 de la ley 17418, que expresamente dispone el valor que tiene el pronunciamiento dictado en contra del asegurado. Prueba de ello es que la compañía aseguradora tiene el derecho de defenderse con toda amplitud y hasta puede oponer por su cuenta las excepciones nacidas después del siniestro, ofrecer su propia prueba, alegar de bien probado con otros argumentos distintos al del asegurado, recurrir el pronunciamiento según su criterio y desarrollar cuantos actos procesales hagan a su derecho sin restricción alguna.-
Delitos contra la humanidad, legitimación pasiva, declaración indagatoria
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Garbi, Miguel Tomás y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-22

No corresponde hacer lugar a la falta de legitimación del imputado respecto de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas, si consta en la causa que fue intimado de los hechos imputados al ser oído en declaración indagatoria, ocasión en que se le hizo saber los elementos probatorios existentes a efectos de sustentar la imputación y ejerció su derecho a negarse a declarar.
SIDA, interpretación de la ley, prueba hematológica, consentimiento del paciente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La ley 23.798 establece que la persona a ser sometida al test de HIV debe consentirlo de modo expreso, es decir que, por regla general, no es válido el consentimiento implícito a ser sometido al mismo (Disidencia parcial del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Excarcelación, fundamentación suficiente, circunstancias que impiden la excarcelación, pena máxima eventual, secuestro extorsivo, tenencia ilegítima de armas, concurso real, tenencia de armas de guerra
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Correa, Leonardo Justino s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-12

La denegatoria de la excarcelación resuelta por el Tribunal Oral se ajusta a una correcta exégesis de la normativa aplicable al caso (artículos 316, segundo párrafo, 317 y 319 del C.P.P.N.) toda vez que el concurso de delitos por los cuales se encuentra elevada la causa a juicio respecto del imputado -secuestro extorsivo, agravado por el número de personas intervinientes en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de armas de guerra (arts. 45, 55, 170, inc. 6° -según ley 25.742-, y art. 189 bis, inc. 2°, párrafo segundo, del C.P. -según ley 25.886-) cuenta con un máximo que excede el tope de 8 años previsto por los arts. 316 y 317, inc. 1°, del C.P.P.N.; y, además, por su mínimo impide que la condena se aplique de manera condicional. Tampoco se advierte que el tiempo de detención que viene sufriendo el nombrado sea prolongado, ya que conforme surge de la decisión atacada, lleva detenido menos de dos años. Además no ha indicado la parte que el nombrado se encuentre en alguno de los supuestos de los incs. 2°, 3°, 4° y 5° del art. 317 del C.P.P.N. Por lo tanto, el razonamiento evidenciado por el Tribunal de mérito en el caso no sólo importa una derivación de la interpretación armónica de las reglas contenidas en los arts. 316, 317 y 319 del C.P.P.N. ya citados, sino que además en modo alguno se advierte contraria a los principios fundamentales incorporados a la Constitución Nacional con esa jerarquía -art. 75, inc. 22, de la C.N.- en cuanto se protege el derecho a la libertad estableciéndolo como regla en el proceso penal. De manera que tampoco surge de la decisión adoptada que se haya invertido el principio contenido en Nuestra Ley Fundamental -antes mencionado- mediante una interpretación de la ley que convierta la excepción en regla a la garantía de la protección de la libertad humana en un privilegio aparente.

(Voto del Dr. Hornos en disidencia).
Embargo, bienes inembargables, televisor
Materia: CIVIL
Carátula: RUBINSTEIN, Marcos c/ JOFRE, Enrique s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

El televisor, en razón de constituir un medio de información corriente puesto al servicio del hombre común, que reemplaza prácticamente a la radio y escapa por su naturaleza a una estimación puramente especulativa, es un bien exceptuado del embargo por ser medio de uso indispensable.
Declaración de inconstitucionalidad, prueba insuficiente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Renner, Cristian Oscar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como última ratio del orden jurídico y sólo ha de ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, por ello se requiere que el planteo vaya acompañado de la prueba que revele la existencia de un efectivo y concreto daño del que se desprenda un menoscabo constitucional por la aplicación de la resolución cuestionada, no procediendo la declaración de inconstitucionalidad si la afectación o gravamen hacia el interés legítimo invocado no se ha probado ni concretado -siendo meramente conjetural-, en el caso, la empresa demandada se limita a sostener que el art. 52 bis de la LDC se encuentra en franca violación al principio de legalidad en materia penal, pero nada refiere respecto a la existencia de un quebranto del orden constitucional, no evidencia conflicto de derecho alguno y menos aún demuestra que la aplicación de la norma al caso, resulte un perjuicio a su parte, así entonces, con los argumentos expuestos no es posible sustentar su pretensión.
Crédito laboral, depreciación monetaria, actualización monetaria, crédito verificado, concursos, quiebra, cosa juzgada, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAGGIO, ANGEL s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 017-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

La jurisprudencia ha sostenido -aunque con error conceptual sobre la cosa juzgada- que si bien es cierto que la resolución que declara verificados los créditos en el proceso concursal, tiene -como la sentencia- eficacia de cosa juzgada. Es de hacer notar que ella cede ante la disposición expresa de la ley 21488 que considera que el juicio de quiebra, y por ende la posibilidad de adecuar el monto de los créditos, concluye con la sentencia que declara finiquitado el juicio universal.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: TELECOM ARGENTINA S.A. c/  s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-02-15

Cabe no hacer lugar al recurso de queja deducido, pues los argumentos del recurrente para fundamentar el recurso deben demostrar el equívoco razonamiento realizado en el fallo atacado, sin embargo, se limita reeditar los mismos fundamentos utilizados en el recurso extraordinario, tratándose de cuestiones que fueron debidamente analizadas sin que ello alcance a fundar el vicio de arbitrariedad que permitiría sortear el valladar de admisibilidad del recurso que intenta.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, banco central, transacción
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Peyón, Eduardo c/ Banco Central de la República Argentina (Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Ruta del Sol Ltda.) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Corresponde hacer lugar al recurso deducido por el Banco Central y revocar lo decidido si no surge de los términos de la transacción celebrada que el avalista haya sido liberado por la totalidad de la deuda, hipótesis que constituyó, para el a quo, la base de la responsabilidad en que fundó la condena (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho civil, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G., R.A. c/ Sucesores de J.D. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-04

La noción de carga de la prueba indica a quién corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho, para no padecer sus efectos perjudiciales.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, proceso penal, acción civil, actor civil, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: C, H J D DE, EN AUTOS: A, H J Y C, R J M s/ AUTO DE SOBRESEIMIENTO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-12

Sería ilusoria la actividad procesal conferida al actor civil si no se extendiese el amparo al resultado perseguido con ella, pues puede sufrir lesión o desconocimiento de derechos o garantías constitucionales y entonces no es dudoso que puede reclamar su tutela mediante el recurso de inconstitucionalidad, si, desde luego, se da alguno de los casos del artículo 1 de la ley 7055 y concurren los requisitos de admisibilidad prescriptos por dicha norma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Martel, Pedro Antonio; Mansilla, Adrián Ernesto s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ni siquiera denuncia como transgredida la norma legal que en materia probatoria ha sido actuada en la sentencia (art. 286, C.P.P.), incumpliendo con la carga impuesta por el art. 355 del ritual.
Sindicatos, representación individual, representación colectiva, federación gremial, representación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMPAÑIA QUIMICA SA. s/ INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-11-29

La facultad de defender individual y colectivamente y representar a los trabajadores afiliados que posee el sindicato, para ser ejercida por cuestiones gremiales o de trabajo ante los Institutos de Previsión, Justicia, los empleadores y toda otra repartición del Estado, es una atribución propia e indelegable de dicha entidad de primer grado, siendo improcedente la presentación de una federación (entidad de segundo grado) en defensa de los intereses de los trabajadores representados por aquélla.