marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, derechos creditorios, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: WEIL, ANDRES DIEGO c/ SEVEL ARGENTINA  S.A.  Y OTROS s/ CESACION DE PUBLICIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

Para que la obligación sea válida con respecto al mandante es necesario que los terceros con quienes el mandatario ha tratado pasando los límites de sus facultades, sean de buena fe, es decir, que ignoren por completo la falta del mandatario y a más que esta ignorancia no les sea imputable. Lo esencial para que un acto se considere ejecutado en los límites del mandato es que el tercero ignore que el mandatario haya excedido los términos de su poder.

Demandados daños y perjuicios por los accionantes con motivo de un filme ideado por la accionada -empresa de publicidad- a los fines de la publicidad de un automóvil y por haber utilizado para la realización del mismo un inmueble que aquéllos poseen en las cercanías de la ciudad de Bariloche, debe admitirse la demanda no obstante contar con la autorización del casero de la propiedad, ya que dicha autorización era insuficiente para llevar a cabo el acto pues era menester formalizar el contrato con el dueño del inmueble, en tanto aquél carecía de prerrogativas para convenir la realización de las tomas que se insertaron en el cortometraje, porque no se trataba de una mera fotografía turística, sino de utilizar la propiedad durante varias horas, con un equipo de once personas y varios vehículos para efectuar las numerosas tomas que se compaginaron en el filme comercial y que incluso fueron obtenidas desde el interior de la casa principal.
Recurso de casación, preclusión
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Ignacio s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

No es procedente la introducción de nuevos motivos de casación en oportunidad de realizarse la audiencia prevista para informar en derecho por el art. 456 del ritual.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ZAPATA Raúl Alfonso y otro s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

No es posible extraer de una condena anterior dictada contra el procesado por el delito de robo, diez años atrás, una presunción de "capacidad delictiva" en su contra.-
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, contratos, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sigrand, Liliana Mónica c/ González, Juan Manuel y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Resulta inatendible la pretensión del inquilino ejecutado por cobro de alquileres, en cuanto a que el contrato dejó de tener vigencia por haber puesto a disposición del locador la finca locada con anterioridad al vencimiento del plazo convenido, si dicho contrato ha sido reconocido como autentico.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, intereses, tasa activa, tasa pasiva, convertibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: XX s/ ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a  pagar a partir de la vigencia de la "Ley de Convertibilidad" nro.  23928? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-23

Para la fijación del interés a aplicar al capital condenado a pagar a partir de la "Ley de Convertibilidad" Nro. 23928, se deberá promediar la tasa activa y la pasiva que fije mensualmente el Banco Nación de la República Argentina.
Acusación fiscal, hecho diverso, nulidad procesal, derechos y garantías constitucionales, principio de congruencia, auto de prisión preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Long, Oscar R. y otros s/ Requerimiento de elevación a juicio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Si el pedido fiscal en la acusación abarca un hecho acerca del cual el imputado no había sido procesado, se desconocen las garantías constitucionales y legales atinentes al trámite jurisdiccional de la ley 23984 y el principio de congruencia de los actos procesales, lo que determina la nulidad de las actuaciones afectadas, resultando inaplicable el criterio jurisprudencial respecto del auto de prisión preventiva reglado por la ley 2372, que consideraba suficiente la referencia de por lo menos uno de los hechos por los que se había indagado al imputado, pues se trata de dos institutos procesales notoriamente distintos.
Acción reivindicatoria, tasas, pago, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: Molisani, Carmen Lidia c/ Melgarejo, Martín P. s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

El pago de impuesto, tasas y contribuciones cancelando períodos atrasados, no constituyeron actos posesorios, a los efectos de la reivindicación. Aún cuando es exacto que dichos pagos revelan el "animus domini" del titular del dominio, en la medida en que se hubiera perdido el "corpus", no puede sostenerse que se está impidiendo la usucapión de un tercero. La ley , prescindiendo de la sola intención del propietario de conservar su derecho de tal, a los fines de la prescripción adquisitiva, únicamente computa la situación del poseedor. Sí éste detenta la cosa a título de dueño "animus domini" durante más del plazo de la ley y en forma continuo, ininterrumpida, pública y pacífica, por más que el propietario abone impuestos, habrá de adquirir el dominio por usucapión. Si bien el "animus" puede tenerse sin el "corpus", la posesión implica la presencia de ambos elementos. De allí que ni la tramitación del sucesorio de aquellos de quienes se recibió el bien por herencia, ni el solo pago de impuestos o la promoción de una demanda por desalojo rechazada, por sí solos constituyen hechos reveladores de que el actual titular del dominio no ha perdido la posesión, si queda demostrado que otra persona se apoderó del fondo y lo conserva en su poder.
Recurso extraordinario federal, discriminación, discriminación laboral, Constitución Nacional, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. M. P. s/ AMPARO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Respecto a la Ley de Antidiscriminación, su fuente se puede remontar no sólo al art. 14 bis, C. Nacional en cuanto establece la protección contra el despido arbitrario, ya que como vimos la discriminación es una forma de arbitrariedad, sino por los ponderados implícitamente, como los arts. 16 y 19 de la C. Nacional, y en última instancia porque el alcance de la protección (en el caso del despido de la esposa de un dirigente sindical en la Asoc. Bancaria, que a su vez trabaja en una entidad bancaria, y es despedida con invocación de causa, luego no probada) le da no sólo singularidad al caso, sino andamiaje para entender sobre la violación de alguna otra garantía constitucional (arts. 14 y 17 de la C.N.) lo que podría constituir una cuestión federal bastante para que sea en última instancia la Corte quien precise los alcances de los arts. 1 y 2 de la Ley Nro. 23592, a los que se refieren el voto de la mayoría y minoría respectivamente, sin dejar de ponderar que por tratarse de una causa laboral habrá que atenernos no solamente a estos principios y garantías generales del D. Constitucional, sino también a los criterios específicos de interpretación de la ley Laboral, que como ya hemos hecho notar, contempla desde antiguo y antes de la sanción de la Ley Nro. 23592, el principio de no discriminación (cf. M. Cristina Alvarez Magliano, "Los Principios rectores del D. del Trabajo en la Jurisp. de la CSJN", Trabajo y Seg. Social, 1993, ps. 764, 766/772 y en particular 769 donde se pondera como finalidad y propósito de estas normas a la justicia social con cita de Ernesto Krotochin, "Instit. de D. del Trabajo", Ed. Depalma, 1947, ps. 42, 43, cita que recordamos en razón de que estos lineamientos han sido reasumidos por la CSJN. en su actual integración en el precedente "VIZZOTTI" y siguientes, a cuyos fundamentos nos remitimos).
Sociedad conyugal, bienes gananciales, derecho de habitación, recompensas
Materia: CIVIL
Carátula: V., G.R. c/ D., M.A. s/ DIVISIÓN DE BIENES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-12

El cónyuge que goza del derecho de habitación sobre un inmueble ganancial debe contribuir al pago de las cargas, de las contribuciones y de las reparaciones de conservación (expensas, servicios, etc.), a prorrata de la parte que ocupe. En consecuencias, a efectos de obtener el reintegro de los pagado por tales conceptos debe acreditar los límites temporales y espaciales de su ocupación.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Martín, Juan José y Martín de Donatelli, María Cristina s/ Infracción art. 172 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia la transgresión del art. 156 de la Constitución provincial si, por la interpretación que acordó al art. 301 del Código de Procedimiento Penal, la Cámara resolvió declarar mal deducido y concedido el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, pues tal resolución conduce lógicamente a no tratar la cuestión de fondo.
Recurso de apelación (administrativo), tribunal de cuentas, resoluciones, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad del funcionario público, responsabilidad patrimonial, uso ilícito del cheque, cheque en blanco, negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

En autos está acreditado que ha existido un daño patrimonial en perjuicio del Estado por lo que hay que determinar la responsabilidad que los enjuiciados, en particular el recurrente, tuvieron en el hecho.

En tal sentido, tanto de la resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas como de la sentencia del Tribunal de Cuentas, surge que el hecho tenido en cuenta para solicitar el juicio de responsabilidad y condenar patrimonialmente a los imputados, fue el cobro de un cheque perteneciente al Fondo de Tercero que administra el Delegado de Trabajo de San Carlos de Bariloche, en particular la firma en blanco por parte del responsable de dicho Fondo y el llenado y posterior utilización del mismo por el otro imputado....

A partir de aquí el organismo, entendió que la conducta del Delegado, desarrollada en ejercicio de sus funciones - consistente en haber librado en blanco el cheque mencionado - aparece como claramente irregular, siendo su negligencia, sumada al accionar delictivo del restante implicado, la que posibilitó la producción del perjuicio económico al Estado Provincial.
Competencia federal, Ley de Marcas, fraude a la propiedad intelectual
Materia: PENAL
Carátula: Totev Totev, Jorge Gastón s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-19

En los casos en los cuales surja de los peritajes que los discos compactos secuestrados poseen impresas las marcas pertenecientes a las empresas discográficas editoras, sus portadas son copias de los originales y los soportes de los discos son grabables, el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales -leyes 22.362 y 11.723- que concurrirían en forma ideal, y corresponde declarar la competencia del magistrado federal, más allá de que la infracción a la ley 11.723 sea ajena a su conocimiento y sin perjuicio de lo que resulte de la investigación. El voto concurrente agregó que lo resuelto por el a quo carece de fundamentación pues descartó la aplicación de la ley 22.362 a los hechos del caso y respecto de los intereses de los titulares de las marcas. (Dres. Slokar, Figueroa y Ledesma -voto concurrente-).
Contrato de obra pública, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.I.F.A. S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Si la mora incurrida en la notificación, ni los efectos perjudiciales causados por la inflación, pueden ser imputables a la actora, tampoco corresponde que sea ella quien deba soportar los efectos negativos ocasionados por la conjunción de los factores enumerados sobre la reparación debida.
Actualización monetaria, depreciación monetaria, ley vigente, Estado Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sánchez, Gregorio Hernán c/ Gobierno de la Provincia de San Juan y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

La jurisprudencia ha sostenido que aun cuando sea de público y notorio que en transcurso del año 2002 se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, el acogimiento de la actualización monetaria, además de ser contrario al art. 7 de la ley 23.928 (según texto ley 25.561) -que justamente ha sido dictada con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario-, no haría mas que contribuir a ese proceso (cfr. S.C.J.B.A., "Fabiano, Julio E. c/ Pcia. de Buenos Aires - Poder Ejecutivo"). (Del voto de la Dra. Dorado).
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de las formas procesales, sentencia, integración del tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez Rodriguez, Francisco c/ Salinas, Antonio s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-03-27

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado así: "La sentencia constituye una unidad lógica jurídica, cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación. Lo que dá validez a la sentencia y fija su alcance no es solamente el imperio del Tribunal ejercido en la parte dispositiva, porque éste depende también de las motivaciones en que se basa el pronunciamiento". En este fallo se fija claramente el concepto de sentencia como unidad lógica jurídica y el valor de las motivaciones que definen el pronunciamiento;...
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por acceso carnal, delito penal, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: L., J. s/ Abuso sexual con acceso carnal (Expte Nº  98-02, Resolución Nº  52,  Tomo 8, Folio 410)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-27

Resulta apropiado para quien pretenda una comprensión integral del nuevo art. 119 del Código Penal ( ley 25087) el análisis del significado que ha de darse a la expresión "acceso carnal", teniéndose en cuenta al respecto que aunque ella ya era utilizada por la vieja versión del artículo 119 del Código Penal, hoy en día ha sido modificada al incorporársele la aclaración de que puede concretarse "por cualquier vía", en modo tal que la interpretación emprendida ha de referir al concepto complejo de "acceso carnal por cualquier vía".
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: ALANIZ, MARGARITA c/ ACENALOZA DE PETTINARI, M s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 164-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-03-13

Los términos claros y precisos del artículo 143 del código procesal civil y comercial de la provincia de santa fe señalan que la falta de contestación de la demanda, importa "el reconocimiento de los hechos articulados por el actor y no la admisión de su pretensión" (A y S T 36 p 76-79).

Pretensión que deberá ser acogida sólo en cuanto la subsunción en la norma jurídica de los hechos tal como resulten no únicamente del reconocimiento ficto, sino de la totalidad de los elementos probatorios obrantes en autos, así lo justifiquen, no pudiendo tampoco el juzgador desentenderse del alcance mismo de la pretensión en relación a esos hechos.

Citas jurisprudenciales: A y S T 36 p 76-79.
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pinto-Vega Aciar-Avellaneda en causa 117/94 Luque, Guillermo D. y Tula, Luis R.-Homicidio preterintencional s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

No son de recibo las cuestiones traídas a revisión por supuestos errores de la valoración efectuada por el Tribunal "a quo" con respecto a diversos elementos de prueba por constituir cuestiones de hecho y prueba, ajenas a esta instancia.

En el sistema procesal vigente, concordante con su oralidad, se ha impuesto el sistema de la sana crítica para la valoración de la prueba, criterioso marco en el que ésta encuentra valor, no en predeterminaciones, fijaciones o tabulaciones. Pretender violar esta premisa significaría desvirtuar la naturaleza misma del recurso de casación en intento de revalorización jurídica del material fáctico establecido en la sentencia, provocando una extralimitación en la competencia funcional que la ley atribuye al Tribunal de casación, es decir al contralor de la aplicación de la ley sustantiva por los Tribunales de mérito.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, juicio por delitos de acción privada, querella, audiencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cascioli, Andrés y otros s/ c. 32.509
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La interposición de la querella interrumpe los términos de la prescripción de la acción.

La audiencia prevista en el art. 592 del C.P.M.P., y el traslado de las acusaciones impetradas constituyen secuela de juicio por ser actos procesales ineludibles para lograr el progreso de la investigación.
Seguro por accidente de trabajo, enfermedad profesional, encuadre legal
Materia: LABORAL
Carátula: LAINO, JORGE ROMAN C/ LA SEGUNDA A.R.T. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (l) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-09-10

Se impone destacar que no es igual el tratamiento jurídico de un accidente de trabajo que el de una enfermedad profesional. Y si el actor acusa tareas fatigosas a la par que insiste reiteradamente en que tuvo un accidente de trabajo, que por su misma naturaleza jurídica -de súbito y violento- suele desplazar a aquélla -motivada en daños a veces casi imperceptibles-, tratar ambos por igual no es cuestión de ultra petición (admisible en el proceso laboral), sino de una inadmisible extra petición o, al menos, de un encuadre defectuoso del asunto a decidir. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Valle  Gonzalo,  Crescente  Carmelo c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema la pretensión relacionada con la declaración de inconstitucionalidad de normas locales -leyes 12.183 y 12.259 de Santa Fe-, tendiente a obtener el beneficio o ayuda extraordinaria que ellas otorgan sin renunciar a los derechos que le corresponderían con fundamento en el Código Civil, pues no reviste un manifiesto contenido federal, sino que se vincula directa e inmediatamente con la aplicación e interpretación de normas que integran el derecho público provincial. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción meramente declarativa, aportes previsionales
Materia: PENAL
Carátula: D'ONOFRIO LUCRECIA c/ ANSES s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-03

Corresponde el rechazo de la pretensión de obtener la prestación jubilatoria en los términos de la ley 24.018, ya que por Acordada 20/12 del 30.10.12 recaída en el Expte. 7555/12, la C.S.J.N. declaró la invalidez de la Resolución 196/06 del Consejo de la Magistratura y, consecuentemente decidió mantener los cargos que integran el escalafón del Poder Judicial de la Nación aprobado por acordada 9/2005, con las denominaciones allí consignadas, que no contemplan la de Jefe de Despacho de Primera. Máxime si también ordenó a las Habilitaciones de Capital e interior del país el cese inmediato del descuento a los jefes de despacho del aporte personal previsto en el artículo 31 de la ley 24.018, modificando el monto de los aportes para ese cargo con arreglo a la pauta del art. 11 de la ley 24.241 y disponiendo -por quien corresponda- el reembolso de las sumas retenidas en demasía durante el período de vigencia de la resolución anulada.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, revisión judicial, facultades regladas, derivación razonada del derecho vigente, Poder Judicial, nombramiento, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARCUAL, MARIA ANDREA c/  s/ SU PRESENTACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Las argumentaciones que postula la recurrente confunden las actividades regladas con las discrecionales fusionando ambas categorías que encuentran límites bien definidos, entendiéndose que las facultades de un órgano están regladas cuando una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada que el administrador debe seguir, y en cambio serán discrecionales cuando el orden jurídico le otorga cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción; y la limitación en la actuación de este Tribunal se encontraba determinada por las nóminas con los resultados del concurso de postulantes a cargos de Secretario y el orden de mérito allí establecido, lo cual fue respetado al momento de realizar las designaciones; mas la oportunidad en que se fueron cubriendo las vacantes resulta discrecional de este órgano en el marco del ejercicio de potestades de Gobierno que a esta Corte, como cabeza del Poder Judicial, le confiere el ordenamiento, y esta porcion de discrecionalidad del acto no es en principio revisable judicialmente salvo en la hipótesis extrema en que se hubiera acreditado una evidente contradicción con los objetivos impuestos por la norma legal aplicable, desviación de poder o irrazonabilidad en lo actuado, caso que no sucede en el sub lite, desde que la recurrente se limita a manifestar las fechas en que se fueron cubriendo las vacantes, mas sin alegar, y menos aún acreditar, que la oportunidad en que fueron elevadas las propuestas -decisión adoptada en el ejercicio de facultades discrecionales- haya sido irrazonable o importe discriminación alguna. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco, Gutiérrez y Spuler)
Concurso preventivo, declaración de quiebra, veedor judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS SA Y OTRO S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

Cuando, como en el caso, la designación como sindicatura de cierto estudio de contadores, en el marco de un concurso preventivo, lo fue en carácter de veedor, función que se mantuvo tras el decreto de quiebra, oportunidad en la que se especificó que contaban con facultades de control y de asesor especial del tribunal en los términos de la LCQ 191-1°, es claro que su retribución no puede ser efectuada por fuera del régimen que establecen la LCQ 265 y 267, y no menos claro es que, en razón de esas específicas funciones (que no incluían la de realizar actos de administración ordinaria), su labor no puede ser asimilada a la de un coadministrador (LCQ 259) de manera que no se puede habilitar el régimen regulatorio que para esos profesionales establece la ley 24522. Es que no puede equipararse el grado de responsabilidad y dificultad implícito entre la tarea cumplida por el veedor con la llevada adelante por la sindicatura administradora, en tanto encargada -esta última- de administrar la planta de la fallida y de vender sus activos, ya que esas diferencias -que no son de matices sino de esencia- obstan a poner en un pié de igualdad las retribuciones que corresponden a uno y otro funcionario, so riesgo de vulnerar el principio de proporcionalidad propio de la materia de que se trata.