Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-05


Buenos Aires, noviembre 5 de 2004.

El doctor Brodsky dijo:

I. Que a fs. 23/40 vta. Banco Velox S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2000, dictada por la Jefa (int.) de la División Determinaciones de Oficio de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-Dirección General Impositiva, por la que le impugnan la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el período 1994 y determinan de oficio el gravamen a ingresar con más los intereses resarcitorios y le aplican una multa equivalente al 70% del impuesto omitido, con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t. o. en 1998 y sus modificaciones) (Adla 1920-1940, 309).

Manifiesta que dedujo de su declaración jurada ciertos créditos que no habían sido recuperados a su vencimiento y sobre los que se verificaban los índices de incobrabilidad enunciados en el art. 136 del decreto reglamentario de la ley del gravamen; agraviándose de que, sin perjuicio de que en su oportunidad acompañó la documentación que justificaba los créditos deducidos en los términos del art. 87 de la ley del impuesto, el organismo fiscal de todos modos impugnó las deducciones practicadas por las deudas de H. Ficco, Osvaldo Sánchez, CIDEC S.A., Top Ranks S.A. y Zapater Díaz I.C.S.A.; y destaca que no ha sido desconocido por el Fisco que los créditos impugnados corresponden a préstamos otorgados por la entidad, que no fueron cancelados a la fecha de vencimiento acordada y que todos corresponden a deudores concursados.

Sostiene que la resolución se sustenta en la aplicación de límites, exclusiones y condicionamientos que no surgen de la letra de la ley y que la deducibilidad de los denominados "malos créditos" encuentra su basamento en el inc. b) del art. 87 de la ley del gravamen y los arts. 133 y 136 del Decreto Reglamentario que enuncian ciertos índices de incobrabilidad, determinando su procedencia si se encuentra verificado tan sólo uno de ellos.

Argumenta que durante el ejercicio 1994 todos los créditos en cuestión se encontraban en estado de cesación de pagos real, lo que motivó la apertura de los concursos preventivos presentándose Banco Velox a verificar sus créditos en cada uno de ellos, indicando que la ley del tributo y su reglamentación no requieren la verificación de los créditos para que quede justificada la incobrabilidad de la deuda. En cuanto a las garantías reales con las que se encuentran avalados los préstamos, señala que estando los deudores concursados le resulta imposible ejecutar la garantía pertinente, pudiendo sólo acreditar tal circunstancia a fin de obtener un crédito privilegiado en los concursos. Pone de resalto que en todos los casos se ha configurado más de uno de los índices de incobrabilidad contemplados en la norma reglamentaria y que de su parte existió una conducta diligente y activa tendiente a obtener el recupero de los créditos. Se agravia de que el Fisco le denegara la producción de las pruebas informativa y pericial contable ofrecidas e ignoró la documental aportada, considerando por ello que el proceder seguido por el juez administrativo es arbitrario y lesivo del derecho de defensa.

Considera que para evaluar los "otros índices" de incobrabilidad debe tenerse en cuenta los usos y costumbres contables, las reglas de auditoría del Banco Central de la República Argentina y la realidad económica, explicando que, desde la entrada en vigencia de las nuevas normas contables para las entidades financieras -a partir del 1/1/1981-, debe informar la clasificación de los clientes por financiación, según el grado de cumplimiento de sus compromisos y las posibilidades de recupero de sus créditos, lo que se determina de acuerdo a factores de tipo objetivo -arreglos celebrados con el deudor, atrasos superiores a diez días, gestiones judiciales iniciadas- y subjetivo -ponderación del riesgo de insolvencia de acuerdo a la situación económica financiera del cliente-, dado que esta evaluación tiene por finalidad brindar información para la toma de decisiones gerenciales, entre las que cuentan constituir la previsión por riesgo de incobrabilidad.

Sobre la multa aplicada, afirma que no existió de su parte la omisión de declarar ni de presentar declaraciones juradas inexactas, dado que ellas responden a los extremos exigidos por la normativa aplicable y que ha quedado probado que actuó diligentemente en la prosecución del cobro de los créditos cuestionados.

Por último, por la jurisprudencia y doctrina que cita y la prueba ofrecida, peticiona que se deje sin efecto el impuesto y la multa intimada, disponiéndose el archivo de la causa, con costas. Deja planteado el caso federal.

II. Que a fs. 53/62 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Sostiene que si bien en materia contable es posible realizar ajustes que tengan visos de razonabilidad, dicho criterio no puede adoptarse en materia impositiva a fin de evitar la manipulación de cifras que incidirían sobre la base de imposición, aumentándola o disminuyéndola según la conveniencia de los contribuyentes. Efectúa un análisis de lo dispuesto por el art. 87, inc. b) de la ley del tributo y los arts. 133 a 136 del Decreto Reglamentario y manifiesta que para que la deducción por "deudores incobrables" resulte admisible a los fines impositivos, la prueba de incobrabilidad de estos créditos debe ser fehaciente para que ello no se traduzca en una suerte de arbitrariedad en manos de los contribuyentes a la que pueden recurrir ante el menor signo de riesgo empresario con el objeto de reducir ilegítimamente sus obligaciones impositivas o para transferir ganancias a ejercicios futuros, por vía del recupero de estos créditos ya computados negativamente en períodos anteriores.

Asevera que en este caso la mentada incobrabilidad no se halla debidamente acreditada y señala que para que la deducción proceda, no basta con la mera concurrencia de uno de los índices enunciados en el Decreto Reglamentario de la ley del impuesto, sino que la incobrabilidad deberá corresponder al ejercicio fiscal en que han sido generados y justificarse satisfactoriamente, condición esta que se cumple cuando el acreedor haya agotado los medios que la ley le da para preservarlo.

En lo atinente a los deudores H. Ficco y Osvaldo Sánchez, detalla que su deducción fue impugnada fundamentalmente porque existían garantías que resguardaban su cobrabilidad y por no haberse probado la existencia de alguno de los índices de incobrabilidad estipulados, indicando que el ejercicio fiscal 1994 no se habían verificado los extremos fijados en la legislación vigente. Con relación a los créditos de las empresas CIDEC S.A., Top Ranks S.A. y Zapater Diaz ICSA, señala que el único índice de incobrabilidad fue el de la apertura del concurso y considera que no es suficiente para habilitar su deducción, sosteniendo que la verificación de los créditos recién se efectivizó en el ejercicio 1995 y pone de resalto que a la fecha de la contestación del recurso, la mayoría de los créditos debían categorizarse como "deudores en gestión" o "morosos" pero no incobrables.

Finalmente solicita que se proceda a acumular la causa a la de igual carátula que tramita ante la sala B y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que invoca, pide que oportunamente se dicte sentencia rechazando el recurso en todas sus partes, con costas y hace reserva del caso federal.

III. Que a fs. 67/69 el Tribunal en Pleno resolvió no acumular el expediente de referencia al que tramita por ante la sala B, Vocalía de la 6º Nominación.

Que a fs. 94 se abre la causa a prueba admitiéndose la informativa y pericial contable propuesta por la actora. A fs. 107 se hace efectivo el apercibimiento de fs. 99 punto 2º y se da por decaído el derecho de la recurrente a producir la pericial contable, disponiéndose a fs. 112 dar también por decaído el derecho respecto de los oficios librados al Distritos Comercial 8va. y 4ta. Nominación de Rosario y al Juzgado Comercial Nº 26, Secretaría Nº 52, declarándose en consecuencia cerrado el período de instrucción.

A fs. 113 se elevan los autos a conocimiento de la sala D, obrando a fs. 125/128 el alegato producido por el Fisco Nacional, sin que la actora hiciera uso de su derecho, según constancia de fs. 129 y finalmente, a fs. 130 se ponen los autos para dictar sentencia.

IV. Que para una mejor exposición considero que, previo a todo, corresponde pronunciarse respecto de la defensa de nulidad opuesta por la recurrente. Se agravia de que el juez administrativo le denegó la producción de la prueba informativa y pericial contable y que la determinación fue dictada sin haberse considerado la documental acompañada, calificando así al proceder de dicho funcionario de arbitrario y lesivo del derecho de defensa.

Que he venido sosteniendo en numerosos pronunciamientos que lo que no pudo ser probado en la etapa administrativa, es susceptible de subsanarse en esta instancia (conforme doctrina de este Tribunal en la causa "Carboquímica S.A.C.I.M.", fallo del 5/7/77), por lo que dicha circunstancia no puede considerarse causal de nulidad. Que ello se ve corroborado en la presente causa, en donde la recurrente ha tenido ocasión de proponer las medidas que estimó conducentes a esclarecer los hechos controvertidos, las que fueron aceptadas tal como surge del auto de fs. 94, si bien no fueron producidas en su totalidad ello se debió a que la actora no actuó con la diligencia debida (ver resoluciones de fs. 107 y 112 de autos).

Asimismo del análisis de las actuaciones administrativas surge que el accionar del Fisco Nacional en la etapa previa al dictado de la resolución recurrida, encuadra perfectamente en el procedimiento reglado por la ley 11.683 (t. o. 1998), cumpliendo por lo tanto con cada uno de los pasos o fases que integran el mismo, no advirtiéndose en la especie en qué medida se encuentra violado o cercenado el derecho de defensa de la actora tal como ésta alega en autos, ya que tuvo la posibilidad de desvirtuar o rechazar en forma fundada cada uno de los cargos o impugnaciones que le formulara la autoridad fiscal, de forma tal que lo que no pudo ser revisado en la etapa administrativa, es susceptible de subsanarse en esta instancia.

Que adoptar una decisión contraria a la que aquí se propicia implicaría admitir la nulidad por la nulidad misma, cuando tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen para su configuración, la existencia de un efectivo perjuicio, el que como ha quedado antes expresado no se vislumbra en el supuesto bajo análisis, por lo que corresponde el rechazo de la defensa apuntada.

Que a mayor abundamiento debe señalarse que "cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior" (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio "...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas).

Asimismo, considero pertinente aclarar que no corresponde imposición de costas autónoma por la nulidad articulada, toda vez que no fue tratada como previa ni su resolución fue diferida para ser decidida junto con la cuestión de fondo. Que así lo ha venido sosteniendo reiteradamente esta sala, por mayoría de la Dra. Gramajo y el suscripto, debiendo puntualizarse que dicho criterio es coincidente con el seguido por la sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (conf. "Caledonia Arg. de Seguros S.A." del 19/3/98).

V. Que el tema a resolver se circunscribe a establecer si la apelante ha procedido conforme a derecho al deducir como pérdida los créditos correspondientes a los Sres. H. Ficco y Osvaldo Sánchez y a CIDEC S.A., Top Ranks S.A. y Zapater Díaz I.C.S.A., que consideró incobrables para determinar el resultado fiscal del ejercicio 1994.

Que para impugnar la deducción de los créditos bajo examen, el Fisco Nacional se basa en que: a) no ha sido probado por la recurrente en forma satisfactoria, que se diera más de uno de los supuestos enunciados en el art. 136 del Decreto Reglamentario de la ley del tributo para considerarlos incobrables y que se hubieran agotado las acciones tendientes a su cobro, b) que dos de los créditos se encuentran resguardados con garantía a favor de la entidad bancaria -correspondientes a los Sres. Ficco y Sánchez-, y que, c) sin perjuicio de que la totalidad de los deudores se encontraban en concurso preventivo, la actora recién se presentó a verificar los créditos en el año 1995, por lo que no correspondía deducirlo en el ejercicio 1994.

Que sobre la cuestión en debate he tenido oportunidad de pronunciarme al sentenciar las causas "Banco de Italia y Río de la Plata" (Expte. Nº 13.278-I); "Melhem, José" (Expte. Nº 9.856-I); "Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C." (Expte. Nº 16.489-I); "Serca S.R.L." (Expte. Nº 15.985-I); "Clínica Sarmiento S.R.L." (Expte. Nº 19.473-I); "Emi Odeon S.A.I. y C." (Expte. Nº 18.759-I) de fechas el 7/5/98, 13/7/99, 26/3/2001, 20/9/2001, 10/3/2003 y 24/4/2003, respectivamente y más recientemente en "Grupo República S.A" (Expte. Nº 19.394-I) y "Aguas de Corrientes S.A." (Expte. Nº 20.657-I), el 24/11/2003 y 1/3/2004.

Que oportunamente he señalado que, para la doctrina, "el tratamiento de los malos créditos es uno de los aspectos a través de cuya consideración discrecional el contribuyente podría, aplicando criterios subjetivos no controlables por el fisco, alterar los resultados del balance impositivo anual, efectuando castigos elevados en años de buenos resultados y, en cambio, moderarlos cuando los beneficios no existieran o fueran magros. Para evitar tal posibilidad las legislaciones del impuesto contienen normas que generalmente se dirigen a justificar la incobrabilidad; fijar el momento en que se produce. Además, si no se efectuara un control de su naturaleza el crédito podría ser ajeno a los fines comerciales o encubrir liberalidades. De manera que también las legislaciones se preocupan de su relación con las operaciones comerciales" (Reig, Enrique: "Impuesto a las Ganancias", Ed. Macchi-Bs. As., 1996, p. 537 y sigtes.).

El castigo de los considerados malos créditos está contemplado por la ley del impuesto a las ganancias (t. o. 1986 y modif.) en su art. 87, me. b), por los montos que resulten justificados de acuerdo con los usos y costumbres del ramo, estando facultada la DGI para establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos. No ha sido la DGI sino el decreto reglamentario el que estableció esas normas. Para ello ofrece dos alternativas, pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esa naturaleza y de elegir el método de la previsión, su variación sólo será posible previa autorización de la DGI (conf. art. 139, dec. 2353/86 y art. 133, dec. 1344/98).

Elegido el sistema de la previsión, si los quebrantos del ejercicio superan al monto de la misma, el contribuyente conserva el derecho a deducir el remanente no cubierto. Esta disposición, mediante la cual ante la insuficiencia de la previsión, permite absorber el quebranto en su totalidad, es la forma tácita de priorizar el principio de la realidad económica, al exteriorizar la pérdida en el mismo ejercicio en que se produjo.

Como contrapartida de la deducción, si el cálculo de la previsión arrojase excedente sobre los quebrantos del ejercicio, el saldo no utilizado deberá incluirse entre los beneficios impositivos y del mismo modo se procederá con relación a las sumas recuperadas sobre créditos ya castigados (D.R. Nº 2353/86, art. 140), también en el mismo ejercicio en que ello se produzca, lo que implica dar cabida al método de lo "percibido" en el tratamiento fiscal de las rentas de 3º categoría.

Cualquiera fuese el método adoptado, la deducción deberá justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan los malos créditos, siendo índices de ello: la cesación de pagos real o aparente, la homologación del acuerdo de la junta de acreedores, la declaración de quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro compulsivo, la paralización de las operaciones y otros índices de incobrabilidad (D.R. 2353/86, art. 142).

Conforme con la norma reglamentaria citada, la existencia de pautas normativas precisas para definir los supuestos en virtud de las cuales procede dar de baja las sumas que se considera incobrables, resulta ser flexible al admitir que la presencia de una cualquiera de tales pautas -no son concurrentes- así como que, de verificarse la existencia de "otros índices de incobrabilidad", es causal para justificar la deducción de los incobrables en el ejercicio que se produzcan. Ello significa que hasta entrar en vigencia el dec. 2442/02 (B. O. 3/12/02) la disposición no era restrictiva, pues el reconocimiento de que puedan existir "otros índices", aunque no se indique cuál es su naturaleza, debe tomárselo como una remisión a los principios contables generalmente aceptados, dado que el tratamiento del tema responde a dicha especialidad técnica y encuentra fundamento en normas corrientes de auditoría, que se aplican para justificar la procedencia de los importes consignados en los balances de las empresas. Abona este criterio la clara cita legal "en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo" (el destacado es propio) VI. Que a fin de acreditar la incobrabilidad de los créditos impugnados la recurrente acompañó:

a) en el caso de Top Ranks S.A. fotocopias de dos cartas documento, ambas de fecha 5/5/94, donde le intima las sumas correspondientes al saldo deudor de sus dos cuentas corrientes, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales; un informe de un estudio jurídico donde informa que la empresa citada se presentó en concurso preventivo con fecha 8/7/94, en trámite ante el Juzgado Nº 22, Secretaría Nº 44 y copia del escrito presentado con fecha 27/3/95 para verificar su crédito en el mentado concurso como acreedor quirografario (ver fs. 86, 87, 88 y 89/92 del cuerpo principal I- O. I. 1670/5).

b) respecto de CIDEC Cía. Industrial del Cuero S.A. acompaña un informe del estudio jurídico fechado el 14/9/94, donde le hace saber que con fecha 3/6/94 se presentó en concurso preventivo, adjuntando copia del escrito de verificación de créditos presentado el 24/1/95 en su carácter de acreedor quirografario (fs. 93 y 94/98 del cuerpo principal I- O. I. 1670/5 de las actuaciones administrativas); y de la respuesta al oficio diligenciado al Juzgado donde tramitara el concurso preventivo, surge que el mismo fue abierto el 19/9/94 y concluyó recién el 26/10/98 por avenimiento (fs. 109 de autos).

c) sobre Zapater Díaz ICSA, durante la fiscalización incorporó copia del escrito de verificación de crédito presentado el 27/2/95 como quirografario (fs. 159/159vta. y 160/162 cuerpo principal I- O. I. 1670/5), que por su fecha y teniendo en cuenta la feria judicial de enero de 1995, debe evaluársela como situación existente al finalizar 1994.

d) en cuanto al Sr. Ficco incorporó copia del escrito de verificación de crédito en la quiebra tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de la 8º Nominación de Rosario, por un crédito personal en moneda extranjera, otro como codeudor referida a la operatoria financiera -cuenta corriente- de Servifer S.R.L. de la cual es socio gerente -y del que también es socio y codeudor de esta deuda el Sr. Osvaldo Sánchez- y un crédito hipotecario, por lo que en cuanto se refiere a los primeros dos créditos referenciados, la solicitud de verificación la hace como quirografario y por el tercero con privilegio (art. 265, inc 7º). Asimismo, de dicha presentación surge como prueba documental, que adjuntó cartas documento enviadas con fechas 23 y 29 de noviembre de 1993 y la escritura hipotecaria. (ver fs. 113/116 vta. cuerpo principal I- O. I. 1670/5 de los antecedentes);

e) y por el Sr. Osvaldo Sánchez, acompaña fotocopia de su solicitud de verificación de crédito en la quiebra iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito de la 4º nominación de Rosario -presentada el 3/6/94- por un crédito personal en moneda extranjera, otro como codeudor referida a la operatoria financiera -cuenta corriente- de Servifer S.R.L. de la cual es socio gerente y un crédito hipotecario, en su carácter de quirografario por los primeros dos y con privilegio por el tercero. En dicha presentación se hace referencia a que, como instrumental adjuntó copia de la carta documento enviada con fecha 29 de octubre de 1993, telegrama 10/11/93 y la escritura hipotecaria. (fs. 117/120 cuerpo principal I- O. I. 1670/5 de las actuaciones).

Que tanto en el informe de inspección obrante a fs. 69/73 del cuerpo principal -O. I. 90093/2- de los antecedentes, como en la resolución y en el escrito de contestación del recurso, el Fisco Nacional no objeta que los deudores calificados como incobrables por la recurrente durante el año 1994, se encontraban con procesos concursales en trámite o con declaración de quiebra.

VII. Que de la reseña efectuada, ha quedado demostrado que la actora durante el transcurso del ejercicio 1994 tomó conocimiento que los deudores bajo examen se encontraban tramitando su concurso preventivo y en tal sentido, no cabe duda alguna que con la apertura del mismo, la cesación de pagos de los obligados ha quedado fehacientemente acreditada.

Que ninguna de las normas mencionadas en el considerando V -vigentes durante el período 1994-, prevé como condición sine qua non que, para probar el estado de cesación de pagos el contribuyente deba presentarse a verificar su crédito, supuesto éste que recién ha sido incorporado a la reglamentación a partir de la reforma introducida por el dec. 2442/02 (B. O. 3/12/2002). Que a ello debe agregarse que el plazo con el que cuenta el acreedor para verificar su crédito, se encuentra fijado en la ley de Concursos y Quiebras (conf. ley 19.551 vigente durante el período bajo examen y actualmente por la ley 24.522 -B. O. 9/8/95- que acortó sustancialmente los plazos entre cuyos extremos el juez debía fijar la fecha de concurrencia ante el síndico para la verificación de créditos) y no depende de él, por lo que aunque así lo quisiera no puede acelerar el trámite. Que a mayor abundamiento, cabe destacar que, como ocurrió en este caso, si bien la apertura de los concursos se produjo en el año 1994, el plazo para verificar los créditos se extendió hasta el año 1995, pudiendo cumplirlo en ese momento y no antes.

Si bien puede entenderse que el pedido de verificación de créditos tiene el efecto de una demanda judicial, y creo que en eso se basan los funcionarios fiscales para descalificar la deducción efectuada, también es cierto que la reglamentación del tributo (en su texto vigente durante el período examinado), establece una serie de indicios y que en el caso de verificarse alguno de ellos, la deducción del importe incobrable resulta admisible, esto es, si se prueba de forma inequívoca que ha cumplido con una serie de diligencias tendientes al cobro, como es el caso de enviar carta documento o telegrama intimando el pago bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales, situación esta que da inicio al cobro compulsivo, o haber comprobado que el deudor se encuentra en cesación de pagos real o aparente.

Que en tal sentido, entendiéndose a la cesación de pagos como el estado de un patrimonio que se manifiesta impotente para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles, constituyendo un estado de insuficiencia proyectado en el tiempo, es decir, que no se configura por la desatención aislada de una obligación sino que concierne a la normalidad y regularidad con que se da satisfacción a todas aquellas que gravan el patrimonio, no resulta atendible el requisito exigido por el ente fiscal en cuanto pretende que para su deducción, deba presentarse a verificar el crédito en el juicio concursal o en la quiebra, ya que como se dijo, no es necesario que se hayan iniciado las acciones judiciales pertinentes sino que basta con demostrar que alguno -y no más de uno- de los índices enunciados en la normativa, se cumple.

VIII. Que también resulta inaceptable el criterio adoptado en la resolución atacada, en cuanto objeta la deducción de los créditos otorgados a los Sres. Ficco y Sánchez por estar avalados -una parte de la deuda- con garantía real, cuando -como se dijo- estas personas se encontraban declarados en quiebra, por lo que por aplicación de la ley de Concursos y Quiebras el recurrente se encontraba imposibilitado de iniciar el juicio de ejecución correspondiente, fuera del ámbito del citado proceso, aspecto que no parece haber sido considerado en la resolución atacada ni en el alegato de fs. 125/127.

Que por lo expuesto, estimo que con los elementos acompañados se encuentra justificada la concurrencia de uno o más de los "índices de incobrabilidad" mencionados, por lo que considero ajustado a derecho la deducción efectuada por la recurrente respecto de las sumas objetadas por el Fisco, en su declaración del impuesto a las ganancias del período 1994 y en tal sentido corresponde revocar la resolución recurrida en todas sus partes, con costas a cargo de la vencida.

La doctora Gramajo dijo:

Que adhiere al voto precedente.

Del resultado de la votación que antecede, se resuelve: 1º) Revocar la resolución recurrida en todas sus partes. 2º) Costas a la vencida. Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la sala "D" por encontrarse en uso de licencia la Vocal Titular de la 11a. Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.683 -t. o. en 1998 y sus modificaciones-). - Ethel E. Gramajo.- Sergio P. Brodsky.