Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12


Buenos Aires, 12 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe. Resulta 1. La defensa de la sociedad "Moija SRL" interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 132/151) contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones PCyF que, en lo que aquí interesa, confirmó, por mayoría, la sentencia de primera instancia que había condenado a la recurrente por la infracción prevista en el art. 9.1.1 de la ley n° 451 (acta de comprobación, nº 00174136) a la pena de multa de $ 1.200, originalmente impuesta por la UAAFE nº 11, cuya revisión en sede judicial fue requerida por el infractor, conjuntamente con la de un día de clausura del establecimiento sito en la calle Larrea nº 548, PB y 1° piso y Lavalle nº 2451 de esta ciudad (fs. 123/129). 2. En tal contexto, la recurrente afirma que el pronunciamiento impugnado "...ha hecho una errónea aplicación de normas constitucionales (.) en cuanto confirmó la sentencia del inferior, en lo que se refiere a la imposición de una pena de clausura por un día en el establecimiento de la firma que represento, en tanto la primera instancia administrativa-Unidad de Faltas Especiales nro. 11- no había aplicado dicha sanción. De modo tal que aún con la sola apelación de mi parte, ha existido un desborde del sistema acusatorio, reformando en nuestra contra el pronunciamiento recurrido mediante el esquema prohibido constitucionalmente de la 'reformatio in pejus'" (fs. 132). El a quo, con cita de precedentes de este Tribunal, concedió, por mayoría, el remedio procesal en relación con el agravio reseñado (fs. 155/158). 3.

El Fiscal General, al tomar intervención, sostuvo que la defensa había presentado un caso constitucional vinculado a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio y propició que se hiciera lugar al recurso y se dejara sin efecto la sentencia de Cámara en cuanto confirmó la imposición de la pena de un (1) día de clausura del establecimiento de marras (fs. 181/182). Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 1. El remedio en tratamiento fue correctamente concedido por los jueces a quo pues fue interpuesto en tiempo y forma contra una sentencia definitiva del tribunal superior de la causa.

La presentación, a su vez, contiene el planteo adecuado de una cuestión constitucional relacionada con el art. 13.3 de la CCBA y el art. 18 de la CN.2. El Agente Administrativo de Faltas Especiales condenó a Moija SRL al pago de una multa de mil unidades fijas por incurrir en la conducta prevista en el segundo párrafo del art. 9.1.1 del Anexo I de la ley n° 451. La defensa ejerció el derecho previsto en el art. 24 de la ley n° 1217.

La jueza de grado rechazó el planteo de nulidad efectuado por la presunta infractora respecto del acta de comprobación nº 00174136, y confirmó la sanción que le fuera impuesta en sede administrativa, a la que añadió la de un día de clausura del establecimiento que explota. Los jueces a quo confirmaron la decisión reseñada, lo que motivó el presente recurso de inconstitucionalidad.3. La recurrente denuncia, con acierto, que el pronunciamiento confirmado por los jueces a quo constituyó un caso de reformatio in pejus lesivo de su derecho de defensa, pues agravó la condena que le fuera impuesta en sede administrativa y cuya revisión instó, como es obvio, a su favor. En este aspecto, la situación de autos es análoga en lo sustancial a la resuelta por el Tribunal en las causas "Gerialeph SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Responsable de la firma Gerialeph SA s/ inf. art.(s) 2.2.14 sanción genérica L 451'", expte. n° 6408, resolución del 21 de diciembre 2009, y en su semejante "Altos de Boulevard Centro Pro-Vida, S.A s/ inf. art.(s) 4.1.1.2, habilitación en infracción s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7044, resolución del 12 de julio de 2010. Es conveniente, por ello, transcribir y remitirme a los fundamentos que allí expresé: "El debido proceso constituye un principio constitucional derivado de la garantía de defensa consagrada por el art. 18 CN, y aplicable a toda la actividad del Estado -no sólo a la acción penal- que comprometa derechos. Es la consecuencia directa a nivel constitucional del establecimiento de un Estado de Derecho, el cual se caracteriza por la motivación de sus actos, y el cumplimiento de los procedimientos requeridos por la ley a fin de proteger a los ciudadanos frente a los actos arbitrarios del poder estatal. "La plena vigencia de la garantía de defensa requiere de manera ineludible que toda interpretación de la misma se realice tomando como base el principio de buena fe. El Estado no puede condicionar la vigencia de las garantías exigiendo conductas heroicas por parte de los administrados, que impongan una autorrestricción en la demanda de derechos en virtud del riesgo plausible de ver su situación agravada, tal como ocurrió en autos".4. Corresponde, por las razones expuestas, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad concedido y revocar la sentencia de primera instancia en cuanto impuso la pena de un (1) día de clausura del establecimiento sito en Larrea 548, P.B. y piso 1°, y Lavalle 2541 de esta Ciudad (art. 31 in fine de la ley n° 402). Así lo voto. El juez Luis Francisco Lozano dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad planteado contra la sentencia de la Sala III PCyF -que, en lo que ahora importa, confirmó la de primera instancia mediante la cual se dispuso imponer a la recurrente la pena de clausura conjuntamente con la de multa- compromete la interpretación y aplicación de cláusulas constitucionales (vgr. art. 13 y 106 de la CCBA y 17, y 18 de la CN) ello porque, la sanción cuestionada constituye el ejercicio de una función materialmente jurisdiccional, aun cuando en su origen aparezca encomendada a un órgano administrativo como lo son las UAAFE (ley nº 1271).

En tanto Moija SRL sostiene que la multa establecida por la Unidad de Faltas Especiales n° 11 no aplicó la pena de clausura por (1) un día, como se hizo de oficio en sede judicial, su agravio está directamente relacionado con los arts. 13.3 y 106 de la CCABA. 2. El proceso está organizado (cf. la ley nº 1217) en dos etapas: una primera que transcurre ante la autoridad administrativa (UACF); y, una segunda ante los órganos permanentes del poder judicial (cf. mi voto in re "Transportes veintidós de septiembre SAC s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Transporte 22 de septiembre SACI s/ infr. arts. 6.1.63 violación de semáforos sin poder identificar al conductor. Ley 451", expte. nº 6037/08, sentencia del 25/02/2009 y "Gerialeph SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: responsable de la firma Gerialeph SA s/ infr. art. s2.2.14 sanción genérica L 451", expte. nº 6408/09, sentencia del 21/12/2009, entre otros). Tal como se encuentra diseñado este régimen, los actos emitidos en la primera por los controladores tienen, por su objeto, naturaleza jurisdiccional y, consecuentemente, una vez firmes gozan de la estabilidad propia de la cosa juzgada judicial, por lo que no pueden ser ni revisados ni modificados (para un desarrollo completo del tema ver mis votos en "Urfeig, Norberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Urfeig, Norberto c/ Consejo de la Magistratura s/ revisión de cesantías o exoneraciones de emp. publ.'", expte. nº 5041/06, sentencia del 20/7/07 y en "G.C.B.A s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Frávega SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos", expte. n° 5549/07, sentencia del 2/5/08). La segunda etapa, a la que sólo se arriba a instancia del imputado, puesto que sólo está prevista la intervención del Ministerio Público Fiscal una vez instada la vía judicial y con carácter optativo (art. 41, anteúltimo párrafo, ley nº 1217), supone una revisión amplia del acto dictado por la UACF, ante la instancia judicial (cf., en lo pertinente, mi voto en "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'González Báez, Bernardo Javier s/ inf. art. 83 (ley 1472)'", expte. nº 5603/07, sentencia del 28 de mayo de 2008). Sin embargo, en tanto el acto dictado por la UAAFE hace cosa juzgada judicial en relación a aquellos aspectos que no han sido impugnados, dicha revisión se encuentra condicionada por la pretensión del imputado que, como dije, es el único legitimado para instar la competencia del poder judicial. En otras palabras, el margen de decisión de los jueces en la segunda fase posee un piso y un techo, que surgen de la pretensión del imputado y de la decisión de la UAAFE pasada en autoridad de cosa juzgada, respectivamente. 3. Desde la perspectiva que brinda el marco reseñado, asiste razón al recurrente cuando afirma que la pena impuesta para la infracción cuya sanción ahora resiste, no pudo ser agravada por los jueces de mérito, puesto que la decisión del controlador de faltas de aplicar, en su caso, solamente la multa y no la clausura, constituyó el techo a que me referí en el último párrafo del punto anterior. La normativa en juego (leyes nros. 451 y 1217) debe ser leída como integrante de un sistema jurídico que reconoce jerarquías normativas. A partir de ello, entre todas las interpretaciones posibles de tales disposiciones, debe escogerse aquella compatible con la Constitución local y demás normas de jerarquía superior, y no una que la ponga en pugna con ellas, lo que implica, en el caso, que el respeto de las prescripciones previstas en los arts. 13.3 y 106 CCABA exige que los jueces no excedan la medida en que su competencia es habilitada por parte legitimada. Ello es así, aun cuando la solución a la que arribaron los órganos permanentes del Poder Judicial podría estar dotada de mayor acierto jurídico y justicia que la decisión administrativa desplazada, cosa que, no se me escapa, ha estimulado la dirección de la actividad judicial. En virtud de lo dicho, el pronunciamiento cuestionado constituyó un acto dictado ultra vires, que importó un desborde jurisdiccional y, por ello, debe ser revocado (en igual sentido ver mi voto in re "Transportes Veintidós de Septiembre SAC s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Transporte 22 de Septiembre SACI s/ infr. arts. 6.1.63 violación de semáforos sin poder identificar al conductor. Ley 451'", expte. nº 6037/08, sentencia del 25/2/09).4. Establecido lo anterior, surge de las constancias de la causa que la controladora que intervino en la etapa ante la UAAFE había aplicado, para la falta que nos ocupa, la pena de multa ($ 1200) y que luego se le agregó la sanción de clausura por (1) un día en sede judicial. Conforme quedó dicho, en el marco del régimen bajo estudio, la pena cuestionada debía responder al límite impuesto por la autoridad de aplicación, toda vez que la decisión de la UACF había pasado, a este respecto, en autoridad de cosa juzgada. En tales condiciones, el pronunciamiento impugnado debe ser revocado en lo que importó un exceso a dicho límite y fue materia de agravio ante este Tribunal. En suma, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General Adjunto, voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de fs. 87/91 en lo que fue materia de agravio. La juez Inés M. Weinberg dijo: El recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente concedido.La sentencia de Cámara confirmó la resolución de primera instancia que agravó la sanción impuesta en sede administrativa a Moija SRL. Contra dicha decisión se alzó la parte recurrente. Sostuvo, en síntesis, que el juez Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad no puede -al resolver el recurso interpuesto por Moija SRL- agravar la pena impuesta a ésta por la autoridad administrativa (fs. 140).Para resolver la cuestión debe ponderarse que, tal como se desprende de las presentes actuaciones, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales -autoridad de aplicación del Régimen de Faltas aprobado por la ley nº 451- impuso al presunto infractor una sanción de 1000 Unidades Fijas por infracción al artículo 9.1.1. (obstrucción de inspección) del Anexo de la ley nº 451. Tras solicitar la presunta infractora el pase de las actuaciones a instancia judicial, el Juez interviniente resolvió condenar a Moija SRL a la pena de multa de 1000 UF (en suspenso) y un día de clausura del establecimiento sito en Larrea 548 (PB y 1° piso) y Lavalle 541 de esta Ciudad. La ley nº 1217 regula dos ámbitos bien diferenciados: el "procedimiento administrativo de faltas" (Título I) y el "procedimiento judicial de faltas" -que en rigor debiera denominarse proceso- (Título II). El artículo 13 de la norma mencionada, dispone que "la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas". El artículo 21, faculta a la autoridad de aplicación del Régimen de Faltas a determinar la "existencia de la infracción" y la "determinación de la sanción aplicable", así como también la modalidad de cumplimiento. Por otra parte, el artículo 24, establece para el infractor el "derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de Faltas".Más allá de las imprecisiones y vaguedades que pueda presentar la letra de la normativa en estudio, resulta imperioso colegir que -tal como se lo adelantara- los títulos I y II marcan ámbitos distintos de actuación. El primero, claramente administrativo, y el segundo, jurisdiccional. Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "el control judicial de las decisiones administrativas] se limita a corregir una actuación (.) ilógica, abusiva o arbitraria, pero no implica que el juez sustituya a la administración en su facultad de decidir. La competencia jurisdiccional es revisora, no sustitutiva. (.) La actuación administrativa debe ser racional, justa, igual y proporcional, excluyéndose la arbitrariedad de la discrecionalidad, pero los tribunales no están habilitados para juzgar consideraciones de oportunidad o apreciaciones fácticas y sustituir la decisión administrativa con base en la distinta opinión que el tribunal pudiera sustentar" -cf. CSJN, "El Panamericano S.A.C.I y F c/ Estado Nacional", Fallos: 304:721; en el mismo sentido, v. "Orias, Raúl c/ Universidad Nacional de Río Cuarto", Fallos 317:40-. En virtud de lo expuesto, la decisión de la Cámara que confirmó el agravamiento de la sanción impuesta a Moija SRL excede los límites del control judicial de la actividad administrativa que revisa. Por ello, corresponde hacer lugar al recuso de inconstitucionalidad concedido y confirmar la sanción impuesta por la autoridad administrativa. Así lo voto. El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad deducido por la defensa de "Moija SRL", si bien interpuesto en tiempo y forma, ha sido incorrectamente concedido. 2. Cabe recordar que el procedimiento de faltas en la Ciudad posee ciertas particularidades que se encuentran establecidas en la ley n° 1.217. En el art. 24 de dicha ley se prevé que la parte legitimada puede solicitar el pase de las actuaciones administrativas a la sede judicial, para discutir aquellas imputaciones efectuadas por el controlador de la UAAFE. Según el art. 25, ley n° 1.217 las actuaciones servirán de antecedente administrativo a los efectos del juzgamiento.

Es por ello que ya he sostenido, junto a la Dra. Ana María Conde, en el precedente "Transporte Veintidós de Septiembre SAC s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Transporte 22 de Septiembre SACI s/ inf. art. 6.1.63 violación de semáforos sin poder identificar al conductor. Ley 451'", expte. nº 6037/08, resolución del 25/02/09, que la mera invocación de la lesión a la prohibición de la reformatio in peius no resulta idónea para configurar un verdadero caso constitucional, en tanto ella no puede ser trasladada sin más a cualquier hipótesis si lo que se pretende, en realidad, es recortar de manera injustificada el alcance de la intervención que le compete al Poder Judicial en los términos de la ley nº 1.217 para efectuar una correcta subsunción legal de los hechos involucrados en el proceso. 3. Por otra parte, en el precedente "Gerialeph S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Responsable de la firma Gerialeph S.A. s/ inf. Art.(s) 2.2.14 sanción genérica L 451'", expte. nº 6408/09, sentencia del 21 de diciembre de 2009, invocado por la Alzada -entre otros- expuse los motivos por los que entendí que, sin embargo, una modificación sustancial en la escala de la sanción aplicable efectuada a partir de la valoración de circunstancias no contempladas en la decisión del controlador, ni traídas al juicio por el representante del Ministerio Público Fiscal, resulta apta para generar un resultado sorpresivo en el sujeto involucrado si recibe una sanción mucho más gravosa que la impuesta en sede administrativa que intentaba discutir ante los tribunales de justicia, sin haber podido ejercer debidamente su derecho a ser oído. Así, consideré que, aun cuando los jueces se encuentran habilitados para calificar jurídicamente el hecho imputado por la UAAFE en el antecedente administrativo (iura novit curia), circunstancias como la descripta precedentemente hacían exigible que antes de la audiencia de juzgamiento se hiciera saber a quien había solicitado la intervención judicial que existía la posibilidad de una alteración en la valoración jurídica de los hechos por los que ha sido sancionado, de manera tal de permitirle el ejercicio eficaz de la defensa en juicio. 4. Ahora bien, considero que en el presente caso, la mera descripción del agravio efectuada por el recurrente permite advertir que no se dan las circunstancias tenidas en miras en el precedente citado pues no se advierte la vinculación de los sucesos relatados con la posibilidad de una afectación al derecho de defensa en juicio. Como afirman los camaristas que confirmaron la sentencia de primera instancia, la jueza le hizo saber a "Moija SRL" que "un eventual dictado de condena p odía] acarrear la imposición de un monto pecuniario mayor al impuesto en sede administrativa" (cf. fs. 47 vuelta) y, más importante aún, durante la audiencia de juzgamiento pero con anterioridad a que prestara declaración el representante de dicha firma, también le advirtió que "el controlador administrativo al resolver el acta de comprobación le impuso la sanción de multa omitiendo imponer la pena conjunta de clausura que se encuentra prevista en el artículo 9.1.1 de la Ley 451" (fs. 84 vuelta). De ese modo, la defensa estuvo en condiciones de cuestionar la eventual aplicación de la pena de clausura y así lo hizo efectivamente, como quedó reflejado en el acta del debate antes citada. Por ello puede afirmarse que no se ha configurado en el caso una cuestión constitucional que involucre el derecho de defensa en juicio. Así lo voto.La jueza Ana María Conde dijo: Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás, con los matices que se desprenden de los votos que oportunamente emití en los expedientes "General Tomás Guido SA" (expte. nº 4080/05 del 14/12/05), "Transporte Veintidós de Septiembre SAC" (expte. nº 6037/08 del 25/02/09), "Gerialeph SA" (expte. nº 6408/09 del 21/12/09), "Altos del Boulevard Centro Pro-Vida SA" (expte. nº 7044/09 del 12/07/10) y "González Nuñez" (expte. nº 8024/11 del 11/04/12). En concreto, a fin de evitar una reiteración innecesaria me remito a los fundamentos y conclusiones que desarrollé al pronunciarme en los tres (3) precedentes citados en último término. En efecto, mantengo mi opinión con arreglo a la cual la prohibición de la reformatio in peius no tiene gravitación entre la actuación administrativa local y el juzgamiento que, por imperio legal y constitucional, sobre los "hechos" calificados como faltas tienen a su cargo los órganos permanentes del Poder Judicial de esta Ciudad. Ello es así, sin perjuicio de que en el caso, además, la imposición de la sanción de clausura -prevista de manera conjunta a la multa, a partir de la conjunción copulativa "y" que es utilizada en la norma legal, por la cual se responsabilizó a la firma recurrente (art. 9.1.1, ley nº 451)- de ninguna manera podría ser vista como sorpresiva o frustratoria del derecho de defensa en juicio, en tanto su posible imposición le fue indudablemente anunciada a la recurrente por la jueza de mérito, la interesada pudo controvertirla debidamente durante la audiencia y, al habérsele aplicado el mínimo de esta especie de sanción, tampoco podría afirmarse seriamente que aquella haya importado una alteración significativa del reproche oportunamente dirigido. Por ello, en sintonía con el dispositivo propuesto por el doctor Casás, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad. Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de fs. 132/151, y revocar la sentencia de primera instancia en cuanto impuso la pena de un (1) día de clausura del establecimiento sito en Larrea 548, P.B. y piso 1°, y Lavalle 2541 de esta Ciudad (art. 31 in fine de la ley n° 402). 2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.