Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-26


R.L. LABORAL Nº9/08 En la ciudad de San Luis, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil ocho, en su Sala de Acuerdos, ante la presencia de los Señores Magistrados de la EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, MINAS Y LABORAL Nº 2 DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA , Dra. GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARAZI y Dra. AMANDA ESTHER ETCHVERRY, fueron traídos para dictar sentencia los autos caratulados ?QUIROGA, Eduardo Reyes c. SAENZ, Angel R. s. COBRO DE PESOS?, Expte. Nº 4-3/Q/2007.

Practicada la desinsaculación que determina el artículo ciento veinte de la ley dos mil setecientos cuarenta y dos y el artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal Civil de la Provincia resultó de ello que los Señores Magistrados debían votar en el siguiente orden: 1º) Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, 2º) GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARZI, y 3º) AMANDA ESTHER ETCHEVERRY.

Estudiados los presentes autos la Excma. Cámara se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en definitiva? A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, DIJO:

1.

Antecedentes de la cuestión traída en apelación.

Eduardo Reyes Quiroga se desempeñó como trabajador rural en calidad de ?puestero? en el establecimiento ?Los Aromos?, ubicado en la ruta nacional 146, Departamento La Capital, de esta provincia.

Ante la falta de pago del salario y regularización de su situación laboral, Quiroga intimó a Angel Ricardo Sáenz para que le aclarara su situación laboral y le abonara las retribuciones adeudadas, bajo apercibimiento de darse por despedido en forma indirecta con justa causa.

Sáenz rechazó la interpelación extrajudicial de Quiroga desconociendo la relación laboral. Esta circunstancia motivó que el actor efectivizara el apercibimiento y promoviera, posteriormente, la demanda judicial del inicio reclamando el pago de los salarios de los meses de junio, julio, agosto y 9 días del mes de septiembre de 2003; SAC 2ª cuota 2002; SAC 1ª cuota 2003; SAC proporcional 2ª cuota 2003; vacaciones 2003 proporcionales; indemnización por antigüedad, indemnización art. 1 y 2 de la ley 25.323; indemnización art. 16, ley 25.561; y, la entrega del certificado de trabajo.

Angel R. Sáenz contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor e interponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva toda vez que él no era el empleador de Quiroga ni tampoco era propietario del establecimiento ?Los Aromos? donde el actor desempeñaba sus tareas rurales (v. fs. 15/18).

La sentencia recaída en primera instancia hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva y, consecuentemente, rechazó la demanda del actor (v. fs. 225/226).

La parte actora apeló el pronunciamiento del inferior a tenor de las motivaciones contenidas en el memorial recursivo agregado a fs. 264/266 de autos.

En esta instancia, la parte actora se agravia de la sentencia recurrida por considerar, básicamente, que la juzgadora no tuvo en cuenta ni analizó la prueba que surge del contenido de las escrituras públicas Nº 22 y Nº 24 que acreditan el contrato de trabajo invocado en la demanda y en donde se deja constancia que el demandado Angel R. Sáenz le daba instrucciones al actor y que, además, recibía hacienda de terceros a pastaje en el establecimiento donde Quiroga se desempeñaba como ?puestero?.

Asimismo, la parte recurrente impugna la validez del fallo ya que en él, los argumentos de la juzgadora se sostienen en el hecho falso de que Sáenz era socio de la persona jurídica (?Sánez Hnos. SACI?) y que, como tal, se desempeñaba en el establecimiento impartiendo instrucciones para realizar las distintas tareas rurales.

2.

Sobre la legitimación para obrar.

Al contestar la demanda, Sáenz opuso la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar.

En general, se dice que existe falta de legitimación para obrar si no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquellas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso.

La Corte Suprema ha sostenido, en este sentido, que la carencia de legitimación se configura cuando alguna de las partes en litigio no es la titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la pretensión tenga o no fundamento (CS marzo 17-998, ?Edesur SA c. Provincia de Buenos Aires?, La Ley, 1998-D, 691) Consecuentemente con este concepto de la excepción opuesta por la demandada, cuando un sujeto alega y pretende la titularidad de un derecho frente a otro ?que es el sujeto pasivo-, se hace necesario indagar si entre uno y otro existe una relación jurídica sustancial que permita presumir el nexo de alteridad entre ambos sujetos, y entre la pretensión del supuesto titular del derecho invocado y la obligación que le quiere hacer cumplir al sujeto pasivo a favor de dicho derecho.

En otros términos, puede afirmarse que la excepción de falta de legitimación para obrar tiende a determinar si el actor o el demandado están investidos de la ?legitimatio ad causam?, esto es, si existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida o entre la persona del demandado y aquella contra quien se concede.

De tal manera, la demostración de la calidad de titular del derecho del actor y de la calidad de obligado del demandado es lo que determina o no la admisión de esta excepción.

3.

Los fundamentos de la sentencia en crisis.

En este contexto, la juzgadora de grado rechazó la demanda del actor por considerar que no estaba acreditado, en la causa, que el demandado Ángel Ricardo Sáenz fuese el titular pasivo de la relación jurídica invocada por el actor, ya sea por no ser propietario del establecimiento rural en donde Quiroga realizó su prestación laboral, La prueba traída al proceso demuestra fehacientemente que el propietario del inmueble rural denominado ?Los Aromos? es propiedad de Raúl Alberto Viñez (v. fs. 80/83).

o ya porque el demandado no era quien realizaba la explotación ganadera en el establecimiento ?Los Aromos? y para la cual el actor desarrolló su actividad laboral.

Existe abundante prueba documental que guarda relación con la actividad ganadera desarrollada por la razón social ?Sáenz Hnos. SACI? en el establecimiento rural ?Los Aromos? (v. documental reservada en Secretaría).

En igual sentido, los testimonios de Bernardis (v. fs. 127) y de Vega (v. fs. 128), también dan cuenta de que la explotación ganadera que se desarrollaba en el inmueble rural ?Los Aromos? estaba a cargo de la sociedad comercial ?Sáenz Hnos. SACI?.

Ahora bien, ¿es correcta la conclusión del tribunal ?A Quo?? No lo creo, y para explicar esta respuesta considero que deben analizarse algunas circunstancias que la juzgadora omitió considerar en su valoración, ciertamente ligera, de la prueba traída al proceso.

4.

Sobre la vinculación jurídica del actor con el demandado.

En torno a esta cuestión, en la causa existen elementos de prueba que, a mi juicio, resultan decisivos para la resolución de la controversia planteada con la defensa de falta de legitimación para obrar que, inexplicablemente, no han sido considerados por la juzgadora de grado, a saber:

4.1.

No está debidamente acreditada la situación jurídica del demandado con la sociedad comercial ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.?.

Al contestar la demanda, Ángel Ricardo Sáenz alegó ser integrante y presidir la sociedad ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.? y que, en tal carácter impartía las directivas e instrucciones a Quiroga en lo atinente a la explotación ganadera del inmueble ?Los Aromos?.

En dicha ocasión procesal, el demandado expresó que tanto la administración como la colocación de ganado a capitalización, eran actividades realizadas ??por una sociedad que integra y preside?? (sic, v. fs. 16vta., 2do. párrafo), al tiempo que explicó que ??su presencia en el campo se explica porque en ausencia de la persona física encargada por la sociedad de concretar las tareas de administración: el Sr. Angel Gregorio Bernardi, suele ocuparse de la misma el propio Sáenz como directivo de ésta??, para añadir luego ??fue en tal carácter que dio instrucciones al Sr. Quiroga?? (sic, v. fs. 16vta., 3er. y 4to. párrafo).

Sin embargo, al absolver posiciones, el demandado modificó sus afirmaciones de la contestación de la demanda. Esta vez, no alegó su condición de socio ni de presidente, sino que enfáticamente invocó su condición de ?administrador? de la sociedad explotadora del inmueble (v. fs. 114, posiciones 16ª y 24ª).

Aunque no en la forma expresa utilizada al contestar la demanda, pero igualmente explícita, al contestar los agravios en esta instancia, el demandado insistió con su condición de socio y/o representante de la sociedad ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.?.

Por caso, al describirse como ??una de las personas físicas que se presentaban necesariamente ?por el carácter ideal de la administradora en el campo?? (sic, v. fs. 210, 5to. párrafo), y explicar su presencia en el campo ??por la naturaleza ideal ?sociedad- del administrador?? (sic, v. fs. 211, 5to. párrafo), o cuando no podía Bernardis, lo hacía ??el Sr. Angel Ricardo Sáenz, pero siempre por Sáenz Hnos., no a título personal?? (sic, v. fs. 211vta., 1er. párrafo) o bien, ??lo hacía el Sr. Sáenz, presidente de la sociedad, siempre en nombre de ésta, no personalmente?? (sic, v. fs. 211vta., 2do. párrafo); o cuando afirma que ??maliciosamente omite el apelante decir que el demandado daba instrucciones al actor en representación de la sociedad?? (sic, v. fs. 211, 5to. párrafo), para concluir sosteniendo que ??la a quo simplemente ha liberado de toda responsabilidad al demandado por haber actuado como socio de Sáenz Hnos. SACI?? (sic, v. fs. 212, 6to. párrafo).

Estas contradicciones en la que ha incurrido el demandado, durante el proceso, revisten importancia? Socio..., presidente..., administrador..., en fin, se trata de lo que la doctrina procesal posmoderna denomina como la prueba de ?intercadencia? y si bien es cierto que, en nuestro orden ritual provincial, no tiene aún recepción ?de lege data?, no por ello dejar de ser legítimo que el Tribunal pueda considerar, a esta contradicción, como una presunción ?hominis? corroborante de las demás probanzas de la causa.

?...Cómo debe tomarse, valorarse, esta autocontradicción en la que, alegremente o no, incurre una misma parte? Pues en contra...? (cfr. PEYRANO, Jorge W., ?El proceso atípico?, 2da. parte, Editorial Universidad, pág. 77 y ss.).

Este temperamento de sopesar desfavorablemente las declaraciones contradictorias ha sido expresamente recogido, en el orden nacional, por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que, en el art. 163, inc. 5º, señala que ?...la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones...?.

Kielmanovich señala, al respecto, que la citada disposición de derecho adjetivo, vigente en el procedimiento nacional (no así en la ley adjetiva provincial), expresa la voluntad del legislador de otorgar valor indiciario al comportamiento procesal de las partes (cfr. KIELMANOVICH, Jorge, ?La conducta procesal de las partes como prueba en el proceso civil?, LA LEY, t. 1985-B, pág. 1022).

Pero no obstante estas afirmaciones del demandado, y dejando de lado las contradicciones que he señalado precedentemente, lo cierto es que, en la causa, no existe elemento de prueba alguno que acredite que el demandado Ángel Ricardo Sáenz revestía la condición de ?socio?, ?presidente? o ?administrador? de la razón social ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.?.

A fs. 142/151 se ha incorporado, como prueba instrumental, una fotocopia del Acta de constitución de ?Sáenz Hnos. Sociedad Anónima, Comercial e Industrial? y, en ella, el demandado Ángel Ricardo Sáenz no figura como miembro integrante de dicha sociedad.

En la prueba testimonial producida en el proceso, revisten singular importancia, sin duda, las declaraciones de Ángel Gregorio Bernardis por ser quien cumplía las funciones como ?encargado del campo?. Sin embargo, cuando Bernardis fue interrogado si el Sr. (Ángel Ricardo) Sáenz, a título personal, tenía algún tipo de vinculación con el mencionado establecimiento o su personal, se limitó a responder escuetamente: ??Yo eso no lo puedo saber?? (sic, v. pregunta 10ª, fs. 124).

Más explícita, en cambio, fue la testigo Stella Maris Vega quien, ante la misma pregunta, respondió: ?No. Ninguna.? (sic, v. fs. 128, pregunta 10ª).

Empero, vale aclarar que esta testigo se desempeñaba, a la sazón, como empleada administrativa de la firma ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.?, pero a juzgar por sus dichos, reside en la ciudad de Mendoza y, debe presumirse, que nunca concurrió al establecimiento rural (en su declaración sólo refiere una ocasión en la que vino a la ciudad de San Luis trayendo unos haberes que eran para un empleado que estaba en el campo ?Los Aromos?).

4.2. Se encuentra acreditado, en la causa, que en el establecimiento rural donde Quiroga desempeñó su trabajo agrario, el demandado Ángel R. Sáenz realizaba una actividad ?a título personal- de capitalización de hacienda.

El encargado del campo, Bernardis, al ser interrogado si el Sr. Sáenz tenía ganado propio a capitalización en el campo (Los Aromos), respondió: ?Sí. Sí lo tiene? (sic, v. fs. 127, pregunta 14ª).

Este testimonio es importante puesto que contiene la fuerza suasoria para establecer una presunción ?hominis? sobre la vinculación entre el actor y el demandado Sáenz ya que, supuestamente, era Quiroga quien debía cuidar del ganado que el demandado tenía, a título personal, en el campo ?Los Aromos?.

Además, el testimonio de Bernardis viene a fortalecer, también, la presunción ?hominis? sobre la verosimilitud de las afirmaciones del señor Busetti (v. acta notarial Nº 24, fs. 65) con referencia al contrato de capitalización de crías (en el campo ?Los Aromos?) que ?según afirmó- habría suscripto, en la ciudad de Mendoza, con el demandado Sáenz.

4.3. La explotación ganadera que se realizaba en el campo ?Los Aromos? era una actividad que no responde a los fines societarios de la razón social ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.?.

En el art. 3º de los Estatutos de la sociedad ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.?, se establecen los fines de la sociedad resultando que, conforme a dicha cláusula estatutaria, la actividad ganadera no responde a dichos fines.

En la convención estatutaria, se deja establecido que la sociedad ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.? tiene como fines ??realizar por cuenta propia, de terceros o asociados las siguientes operaciones: comerciales:

compraventa, importaciones, representaciones, concesiones, comisiones, consignaciones, y distribución de materias primas, productos, subproductos y mercaderías vinculadas con el ramo del calzado y de la indumentaria personal; explotación de patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras; diseños y modelos industriales relacionados con esos ramos. Industriales: la transformación, manufacturación y confección de calzado y prendas de vestir mediante la utilización de telas, cueros, lonas, plásticos y otros productos, sub-productos similares, naturales o artificiales?? (sic, v. fs. 146vta./147).

Así, entonces, el hecho que ?Sáenz Hnos. S.A.C.I.? lleve a cabo, en el establecimiento rural ?Los Aromos?, una actividad de explotación ganadera y/o pecuaria desvinculada, absolutamente, de los fines estatutarios de la sociedad sugiere la necesidad que la actividad desarrollada por el demandado Sáenz sea, también, analizada a la luz de la normativa del art. 54 de la ley de sociedades comerciales (ley 19.550), en tanto pudiera resultar de la misma una utilización de la figura societaria, en los hechos que se controvierten en esta causa, destinada eventualmente a eludir obligaciones laborales, tributarios, etc..

5. La nulidad de la sentencia en crisis.

Todo el desarrollo que precede es suficientemente demostrativo que la juzgadora ha omitido la consideración y valoración de prueba esencial para la resolución de la controversia.

Además de ello, el tribunal inferior no se pronunció sobre los reclamos de la demanda.

En tales términos, la sentencia en apelación, luce con la tacha de arbitrariedad que legitima su anulación, ?ex officcio?, como acto jurisdiccional (cfr. SC Mendoza, sala II, 2000/03/30, ?Alis, Juan c. Cotram Ltda..?, LLGran Cuyo, 2000-725).

En igual sentido, se ha dicho que cuando el A Quo no se ha expedido sobre cuestiones sometidas a su decisión como consecuencia de la arbitraria conclusión a la que arribara sobre un aspecto que a su juicio tornaba ocioso su examen, debe declararse la nulidad de la sentencia y no su revocación, pues de otro modo la Cámara de Apelaciones se vería compelida a fallar en primer grado de conocimiento, cuestiones que no fueron materia de agravio con la consecuente privación de una instancia prevista legalmente (CCiv. Y Com., Rosario, sala II, 1998/08/19, ?Relova, Angel c. Gómez, Miguel?, LL Litoral, 2000-290).

A ESTA MISMA PRIMERA CUESTION, LA Dra. AMANDA ESTHER ETCHVERRY, dijo:

Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

A LA SEGUNDA CUESTION, EL Dr. CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, dijo: Que tal como he votado la cuestión anterior, propongo que se anule ?ex officcio? la sentencia apelada y, consecuentemente, se disponga que por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones en litigio teniendo en cuenta, para ello, las consideraciones desarrolladas en los fundamentos del presente pronunciamiento. Con costas en el orden causado (art. 104, CPL).

A ESTA MISMA SEGUNDA CUESTION, LA Dra. GLORIA OLGA SOSA LAGO DE TARAZI, DIJO:

Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

A ESTA MISMA PRIMERA CUESTION, LA Dra. AMANDA ESTHER ETCHVERRY, dijo: Que compartiendo las razones y fundamentos dados por el Dr. Carlos Guillermo Maqueda, vota en igual sentido que éste.

Con lo que se dio por terminado el acto disponiendo la sentencia que va a continuación. Firman los Señores Magistrados por ante mí que doy fe.

FDO. DRES. GLORIA O. SOSA LAGO DE TARAZI, CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, AMANDA ESTHER ETCHEVERRY ? SRIA. DRA. CORINA I. STAG-NITTA DE GARRAZA.

SAN LUIS, febrero veintiséis de dos mil ocho.

Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: ANULAR, ?ex officcio?, la sentencia apelada y, consecuentemente, DISPONER que por intermedio de juez hábil, se dicte un nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones en litigio teniendo en cuenta, para ello, las consideraciones desarrolladas en los fundamentos del presente pronunciamiento. Con costas en el orden causado (art. 104, CPL).

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE BAJEN.

FDO. DRES. GLORIA O. SOSA LAGO DE TARAZI, CARLOS GUILLERMO MAQUEDA, AMANDA ESTHER ETCHEVERRY ? SRIA. DRA. CORINA I. STAGNITTA DE GARRAZA.