marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cobro de sumas de dinero, certificado de trabajo, falta de acción, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lopez Cristian Jesus c/ Beigbeder Oscar Joaquin Y Otro s/ cobro de pesos y entrega de certificacion laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-14

El factotum que regentea el local de calle San Lorenzo 79, y además creador y director de "El Show del Angel" es el demandado de autos, teniendo como coequiper a su pareja -codemandado-. A partir de esto, que el trabajador haya demandado a ambos como empleadores, no resulta desatinado y por ende la articulada excepción de falta de acción que aquel opuso carece de todo sostén. El concepto de notoriedad persigue dos altos fines de política judicial: uno de ellos homenajear la economía procesal evitando producir prueba innecesaria, y el otro procurar prestigiar la justicia evitando que ésta viva de espaldas al saber común del pueblo ignorando jurídicamente lo que todo el mundo sabe. Pedirle a un trabajador precisiones sobre quien resulta ser su empleador y bajo quÉ paraguas jurídico se vinculó resultaría un despropósito. Y si a esto se suma que el trabajador ha sido mantenido irregistrado o "en negro" el desatino se torna brutal (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Menores, régimen penal de la minoridad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N° 7537.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02

Corresponde revocar la sentencia de la Cámara de Casación Penal que declaró la inconstitucionalidad del art. 1º de la ley 22.278- Régimen Penal de la Minoridad- y exhortó al Poder Legislativo para que adecúe la legislación penal en materia de menores a los nuevos estándares constitucionales y establezca un sistema integral y coordinado con la ley 26.061- Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes-, pues no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el art. 116 de la Constitución Nacional, dictar una sentencia con carácter de norma general derogatoria de las disposiciones en cuestión implementando un mecanismo de reemplazo en su lugar, cuando resulta evidente que tal solución requiere de la suficiente e indispensable concreción de medidas de política pública previas.
Sanciones administrativas, multa administrativa, Comisión Nacional de Valores, secreto bursátil, insider trading, presunciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Corresponde confirmar la sanción impuesta por el uso indebido de información privilegiada y no pública si existen presunciones suficientes, precisas y concordantes para concluir que los sumariados -que tenían entre sí vínculos familiares y de amistad, detentaban el 70% del capital de la sociedad y ocupaban posiciones importantes dentro de la empresa- incurrieron en la infracción que les imputó la Comisión Nacional de Valores (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Asociaciones sindicales, personería gremial, representación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: U.P.C.N. s/ ENCUADRAMIENTO SALARIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

Cuando se trata de asociaciones profesionales verticales, art. 10 inc.a de la ley 23551,que pueden obtener su representatividad de una actividad genérica y otra específica del empleador, dicho ámbito queda determinado por el continente establecido por las resoluciones administrativas que confieren las personerías gremiales dejando a salvo la libertad de afiliación, art. 4 inc. b de la ley 23551.

Dicho principio lleva a dejar las cosas en el estado que han quedado después de otorgadas las personerías gremiales, para que, sin perjuicio de la facultad de afiliación de los trabajadores, coexistan los ámbitos de representatividad de dos o más asociaciones profesionales.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos extranjeros, familiares de diplomáticos, estupefacientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Barthelemy, Maryline Isabel; Freda, Carolina y Rodríguez Szkrabiuk, Ximena Soledad s/ inf. a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Corresponde declarar la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias y art. 24, inc. 1 del decreto-ley 1285/58) para investigar la presunta infracción a la ley 23.737 en la que habría incurrido la hija de un funcionario administrativo de una embajada extranjera, toda vez que se encuentra acreditada en la causa tanto la filiación como el status diplomático del padre de la imputada.
Ejecución de sentencia, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Elizalde, Juan F. c/ Banco de Entre Ríos s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-30

La excepción de inhabilidad de título rechazada en autos no fue objeto de prueba amplia que desbordara la sumariedad de la presente ejecución de honorarios, denegándose incluso la producción de prueba pericial ofrecida por la ejecutada en atención a los limitados medios probatorios en materia de excepciones permitidos por el artículo 493 del Código Procesal Civil y Comercial, siendo el texto de este artículo, como lo señaló el Tribunal sentenciante, restrictivo, lo cual se compadece con la sumariedad del proceso de ejecución de sentencia y que la excepción desestimada en base a los argumentos que la sustentaran lo fue por falta de prueba, corroborando todo ello que la sentencia recurrida no es definitiva, quedándole a la recurrente la posibilidad de acudir al juicio ordinario posterior, con la amplitud de debate y prueba que el mismo permite sobre cuestiones que exceden el marco formal de un proceso de ejecución como el presente.-
Trabajadores marítimos, sindicatos
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ, HERIBERTO LUIS c/ SINDICATO DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-17

No configura cosa juzgada la decisión del Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos que rechaza la afiliación de un trabajador, ya que el Estatuto del referido sindicato atribuye valor de tal, sólo a la resolución de la asamblea, no siendo excusa para no haberlo elevado a su consideración el hecho que el interesado no lo haya solicitado, toda vez que el artículo 3 del decreto reglamentario 640/80 le impone hacerlo de oficio ante la primer asamblea o congreso.
Responsabilidad médica, Fuerza Aérea, relación de causalidad, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: Gutiérrez, Stella Maris c/ Fuerza Aérea Argentina y otros s/ Responsabilidad médica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-12

No puede imputarse al médico las consecuencias dañosas que sufre un paciente si no se establece la presencia del respectivo nexo causal, incumbiendo a quien se dice damnificado probar dicha relación de causalidad entre el acto profesional y el perjuicio cuya reparación se procura, ya que es precisamente la determinación del nexo causal la que permitirá establecer la autoría del sujeto y conocer si el daño puede ser atribuido a su acción u omisión (conf. esta Cámara, Sala 2, causa 4054/97 del 13-8-1998 y sus citas). Para que la responsabilidad médica pueda configurarse, el paciente estará obligado a acreditar que el daño que padece -y cuya reparación reclama- es consecuencia de un comportamiento culposo positivo u omisivo atribuible a la mala praxis médica. Ello exige -reitero- que el paciente se vea obligado a demostrar no sólo la culpa sino también la relación de causalidad (conf. Calvo Costa, Carlos A., "Responsabilidad médica. Causalidad adecuada y daño: una sentencia justa", en L.L. 2006-D, 69).
Fraude, relación de dependencia, conducta temeraria, deber de obrar con prudencia
Materia: LABORAL
Carátula: Demarchi, Gloria Cristina por sí y en representación de sus hijos menores c/ Fed. Patronal Seguros S.A. y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-20

Si bien para la aplicación del art. 31 de la LCT el texto original sólo establecía el elemento objetivo, la reforma introducida por la ley 21.297 incorporó otro de contenido subjetivo, consistente en que los integrantes del conjunto económico permanente hubieran desarrollado conductas suceptibles de ser incluidas en el concepto de: "maniobras fraudulentas o conducción temeraria", las que no requieren sean efectuadas con la intención de dañar o sea con dolo (en cuyo caso sería aplicable el art. 14 de la LCT), sino que basta un actuar culposo, sin atender a la debida diligencia de manera que no se perjudiquen los derechos de los empleados en relación de dependencia.
Concurso aparente de leyes, subsidiaridad, subsidiaridad expresa, tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, estafa
Materia: PENAL
Carátula: PRICOLO, GUILLERMO s/ TENENCIA ILEGITIMA DE DOCUMENTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-23

Debe absolverse al procesado del delito de tenencia ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno, art. 33 inc. c de la Ley 17 671 puesto que las distintas hipótesis del referido artículo encuentra subordinada su aplicación a la no concurrencia de otro tipo con pena mayor. Dicha norma contempla lo que en el marco del concurso aparente de leyes la doctrina denomina "subsidiariedad expresa", esto es, aplicación subsidiaria dispuesta por la propia figura.

En el caso, el delito de estafa resulta más grave que los previstos en el citado art. 33 de la ley 17.671.
Leyes, interpretación de la ley, razonabilidad, voluntad del legislador, Municipalidad, personal contratado, personal de planta permanente
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: ARAYA, CARLOS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 109-91) CORREA, VICTOR HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 47-92) Cabral, Miriam Lamelas de c/ Comuna de Alejandra s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 160-88) Bustos, Claudio c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 606-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26|1996-12-26|2000-02-15|2000-02-15

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificando su criterio de que es "regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante, sin que pueda suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador", se ha expedido en el sentido que, por ello mismo, no siempre es recomendable el atenerse estrictamente a sus palabras y ese propósito no puede ser obviado por los magistrados con motivo de sus posibles imperfecciones técnicas, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma.
Honorarios, plazos procesales, depósito judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual Latinoamericana c/ Misiones, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

El cómputo del término de 30 días previsto por el art. 49 de la ley de arancel, constituye un plazo que no debe ser contado por días hábiles sino corridos, pues la mencionada norma no contiene salvedad en contrario (art. 28 del Código Civil).
Calificación legal, conducción riesgosa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DIEGO NICOLAS CUEVAS s/ Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Corresponde calificar la conducta del imputado que atropelló a un grupo de amigos y mató a uno de ellos en orden al delito de homicidio por conducción imprudente y antirreglamentaria y lesiones graves, en concurso real, pues el dolo de matar del homicidio simple no se advierte de ningún modo en la conducta desplegada esa mañana por el imputado.
Libertad de prensa, responsabilidad del editor, fuentes de información, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Para obtener la exención de responsabilidad del informador, se exige que éste atribuya directamente la noticia a una fuente identificable y que se transcriba en forma sustancialmente fiel lo manifestado por dicha fuente, ésto no ocurre si no surge que el contenido de la noticia periodística publicada coincida con lo sucedido y que la investigación de los hechos involucre al accionante, es decir no es veraz (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Pensiones, concurrencia de beneficiarios, determinación del haber jubilatorio, interpretación de la ley, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BONNET, JULIA EMILIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-02

La validez constitucional del art. 6 de la ley 23.570 no ofrece reparos, ya que se inserta en el marco normativo del art. 17 de la C.N., habida cuenta que el derecho protegido excede el mero reconocimiento al goce del beneficio, para comprender también el monto de la prestación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Pinto, Raúl Ernesto y ot. s/ Robo - Robo aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde la defensa denuncia como violado el art.55 del Código Penal, si la Alzada no actuó dicha norma -que regula el denominado concurso real- sino el art.54 del mismo texto legal, al entender que el de autos "se trata de un solo hecho..."
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Credimax SACIFIA. c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Nulidad de Resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Dado que el contrato administrativo es también ley para las partes, la modificación unilateral de lo convenido llevada a cabo por la administración con independencia de la voluntad del contratista no puede justificarse a la luz de lo expresamente dispuesto por el art. 1197 del Código Civil.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, despido, indemnización, multa, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Frete, Victor Manuel c/ González, Jorge s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que agravó la situación del único apelante, colocándolo -al hacer lugar a la indemnización y multa de la ley 24.013- en peor situación que la resultante del fallo apelado.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Delitos, desobediencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, interpretación de la ley, competencia ordinaria, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: González, José Luis c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

5. Corresponde que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas el que continúe con la investigación del presente proceso respecto del hecho concreto que se investiga, enmarcado en el delito de desobediencia de una orden judicial dispuesta por un juzgado nacional en lo civil. Ello así, en tanto puede predicarse que ha ocurrido "exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y "en el marco de un proceso judicial que tramita ante los tribunales locales", de conformidad con lo expuesto en el inciso a) de la Cláusula Segunda del tercer Convenio de transferencia de competencias penales a la justicia de la Ciudad (ley 26702). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi). "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Paladini, Rodolfo A. c/ Banco Comercial de La Plata. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Lo atinente a la determinación de las bases computables para la regulación de honorarios constituye materia ajena a la instancia extraordinaria, criterio del que no cabe apartarse en el caso en el que el recurrente sólo expresa una postura diferente a la admitida por la Cámara, sin que se advierta que ésta última no sea consecuencia de las normas arancelarias aplicables.
Reforma del Estado, privatizaciones, ley de emergencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saddakni, Lidia Inés c/ E.N.Tel. Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otros s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La ley 23.696 expresa un verdadero sistema destinado a enfrentar la emergencia a través de un proceso de transformación del Estado y su Administración Pública, donde se destaca como elemento singular, la política de privatizaciones decidida y desarrollada por el legislador (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Aclaratoria (procesal), querellante, abogado apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: TORASSO PEDRO PABLO Y OTROS s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-12

En el caso, la defensa solicita aclaratoria de lo ordenado al punto II de la dispositiva contenida en la sentencia de fecha 12/9/2003; en cuanto manda el apartamiento y el cese de su intervención como apoderada del querellante en la presente causa.

Considera que lo resuelto implica una contradicción, por lo que requiere al Tribunal indique las razones por las cuales no dispuso, de oficio, la nulidad de las presentaciones suscriptas por la nombrada; quien intervino como apoderada del querellante, sin contar con matrícula que la habilite a tal efecto. Con el dictado de la sentencia ha concluido la jurisdicción del Tribunal.

La posibilidad de corregir un error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión en que se hubiere incurrido (arg. art. 145, CPP), no puede alterar lo sustancial de la decisión. Esa facultad excepcional que se concede, frente a la regla de no poder ya decidir, impone ser ejercitada en los límites que la propia norma señala. El planteo en análisis excede el marco de la normativa invocada.

Lo requerido no es la rectificación de un error u omisión material; toda vez que su admisión importaría modificación esencial de lo resuelto, por vía de una declaración de nulidad de oficio, ajena a los supuestos que autoriza la ley adjetiva (arg.arts. 186, 185 y cc. del CPP).
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: AGUAS  DANONE  DE ARGENTINA S.A. c/ PRIMER PRECIO S.A. s/ MEDIDASCAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-06

Como regla, no corresponde que el Tribunal de Feria se aboque al conocimiento de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas cuya consideración y decisión puede tener lugar durante el período ordinario de actividad judicial (confr. esta Cámara, Sala de Feria, causas N° 7157/07 del 28-1-2009 y 4097/2009, entre muchas otras).
Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, concesión de suma de poder público
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

El accionar de quienes en el año 1976 destituyeron el gobierno constitucional con el argumento de proteger las instituciones constitucionales, ya se encontraba fulminado con el sello de la ilegitimidad en nuestra constitución histórica de 1853-1860, cuyo artículo 29 establece que el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarle sumisiones, entendiendo que esta norma, mediante una interpretación constitucional dinámica, prohíbe no solo la concesión de la suma del poder público sino toda forma de acceso al poder que atente contra el sistema democrático con el fin de arrogarse la suma del poder público.
Vista de las actuaciones, nulidad de oficio, sentencia, veredicto
Materia: LABORAL
Carátula: Rullo, Ernesto y otros c/ Expreso Cañuelas S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Corresponde anular de oficio el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que ha omitido expedirse acerca del principal tema litigioso de acuerdo con los concretos planteos de las partes en el pleito y tampoco ha proporcionado los presupuestos necesarios para resolver la cuestión esencial de la causa al extremo de impedir el control de legalidad de la sentencia dictada; y en el que se advierte, además, una flagrante violación de la congruencia del juicio habida cuenta que el fundamento aparente del fallo ha sido erigido en base a defensas no articuladas por la demandada en la debida oportunidad procesal.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baratelli, Osvaldo c/ Galichio, Rubén s/ Daños y perjuicios Pérez, Germán c/ Transportes Automotores La Plata S.A. s/ Daños y perjuicios Iriarte, Pedro c/ Vogt, Mónica s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28|1998-04-14|1999-08-19

El daño estético es independiente del daño moral y de la incapacidad, como lesión a la integridad física que en su faz estética detentaba la persona antes del hecho dañoso (art. 1068 del C.C.) y se justifica sobre la base del contenido de los arts. 1068 y 1086 del Código Civil, partiéndose del presupuesto de que esa lesión produce una desventaja en la vida de relación del sujeto padeciente, lo que configura por ende un daño patrimonial.
Pueblos originarios, participación ciudadana, Organización Internacional del Trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

La exigencia de que, para que sea obligatoria la consulta previa, tiene que tratarse de una afectación a un derecho especialmente reconocido a los pueblos indígenas surge del mismo Convenio 169 de la OIT, en tanto éste no establece una obligación de consulta previa exigible por las comunidades indígenas en todos los casos sino solamente cuando se apliquen las disposiciones del Convenio y así lo dispone expresamente el art. 6.1.a y se encuentra confirmado por los trabajos preparatorios en los que se indica que lo que se pretendió fue reconocer que las poblaciones indígenas y tribuales (sic) tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones en los países donde viven y en lo que atañe a todas las cuestiones cubiertas por el Convenio revisado y que les afecten directamente (Disidencia del juez Rosenkrantz).