Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-02


000102/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los días de julio del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Marcelo J. López Mesa y Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., P. E. c/ C., O. E. y otro s/ Demanda de Nulidad" (Expte. 102 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 190.--A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:

--- Que a fs. 12/16 se presenta la Sra. P. E. P., por su propio derecho con el patrocinio letrado de los Dres. L. H. L. S. y N. B. N., iniciando contra los Sres. O. E. C. y H. F. M. demanda de nulidad por la venta de los inmuebles identificados como "unidad funcional dos con entrada exclusiva por X. y unidad funcional tres con entrada exclusiva por X., construidos sobre el inmueble identificado como solar cuatro de la subdivisión del lote ** de la manzana *** en la calle X. de la ciudad de Trelew. ---- --- Relata que el día 23 de abril de 1996 a las 03:30 hs. fallece el señor J. T., que como consecuencia del suceso queda como universal heredera de todos sus bienes, instituida como tal mediante acto público notarial. Que en el testamento manifiesta el Sr. J. T. que es hijo legítimo de P. T. y de C. E., ambos fallecidos, que es de estado civil soltero y que no tiene hijos extramatrimoniales ni ascendentes. Que los bienes que integran su patrimonio consisten en inmuebles urbanos, muebles, automotores, depósitos en cuenta corriente y otros de cualquier naturaleza sea presentes o futuros que en definitiva resultaren de los instrumentos públicos, privados, escrituras públicas, títulos y demás documentación y constancias que al efecto deje a sus sucesores y/o del inventario que se haga. Que ese testamento en su cláusula octava establecía que el mismo revocaba en todas sus partes cualquier otra disposición que llegue a aparecer.----- --- Expresa que el 27 de mayo de 1996 se inicia la sucesión testamentaria y el 26 de junio de 1996 se declara intrínsicamente válido el testamento otorgado por el causante y abierto el juicio testamentario de J. T.. Que la actora queda instituida heredera testamentaria y se la designa administrador judicial, cargo que acepta el 28 de junio de 1996. ------ --- Afirma que el 29 de julio del mismo año se libraron los oficios al Registro de la Propiedad Inmueble, a efectos de que se informe sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones que pudieran pesar sobre los inmuebles citados y al escribano H. G. sobre si se habían realizado operaciones comerciales por ante la Escribanía a su cargo y en tal caso agregara la documental y/o escrituras de poder que pudieran haberse realizado teniendo en cuenta que tales inmuebles eran los únicos que pertenecieran a J. T. y que había sido su voluntad otorgárselos a la actora en su calidad de heredera testamentaria. Que el 23 de agosto de 1996 el escribano G. contesta el oficio informando que se habían realizado operaciones inmobiliarias acompañando Acta Nº 7 de fecha 28/03/1996, poder especial irrevocable otorgado por el Sr. J. T. a favor de H. F. M. y venta de inmueble: J. T. a favor de O. E. C. de fecha 23 de abril de 1996 y recibo de título de propiedad del comprador y asiento de la matrícula respectiva en el Registro de la Propiedad Inmueble.-- --- Que surge de la documental presentada que el día 3 de abril de 1996 en horario hábil, después de haber fallecido a las 03:30 hs., del mismo día el Sr. J. T. o sea con anterioridad; el Sr. H. M. por la representación que ejercía vende, cede y transfiere los dos inmuebles citados de propiedad de J. T. a favor del Sr. O. E. C., que a tal fin acreditó la personería el Sr. M. con el poder especial irrevocable. Señala que ese poder le fue conferido en los términos de los art. 1977, 1980/1983 y 1918 del Código Civil por 15 años desde la fecha 28 de marzo de 1996 y lo facultaba para que venda, ceda transfiera a favor de quienes resulten compradores los dos inmuebles mencionados.- --- Efectúa un análisis de los arts. 1977 y 1982 del Código Civil que establecen que el mandato puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales, limitado en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los contratantes o de un tercero, y que el mandato continúa subsistiendo aún después de la muerte, cuando ha sido dado en el interés común de éste y del mandatario o en el interés de un tercero. Que el cumplimiento de los requisitos que tornan irrevocable el mandato previsto en el art. 1977 del Código Civil deben surgir de los propios términos del mandato o de la documentación indubitada que lo complete y no solamente de la mención del artículo. Cuando ni del texto del mandato ni de la documentación indubitada surja el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma legal citada, la mera mención de su carácter de irrevocable es insuficiente para tenerlo como tal. - --- Expresa que el interés legítimo no puede confundirse con un mero interés práctico del mandatario sino que tiene que ser un interés relevante, y que no se advierte la existencia de un interés relevante que pueda dar lugar a la eficacia post mortem. Que el poder otorgado al Sr. M. no fue conferido para formalizar una venta concreta, determinada, preexistente, con un tercero interesado ya vinculado jurídicamente al Sr. T., y que ello no surge de la redacción de la escritura pública, no surge el interés de un tercero, ni interés común entre mandante y mandatario. Cita doctrina, y agrega que como mandato ordinario se extinguió al fallecimiento del mandante, y que la venta es nula de acuerdo a lo que establece el art. 953, 2da parte del C.C. Señala lo que el artículo entiende que es el objeto de los actos jurídicos, posibilidad e imposibilidad del objeto, y la nulidad establecida en el art. 1044 del Código Civil. Funda en derecho, ofrece prueba y finaliza con el petitorio de estilo.------------- --- Que a fs. 22 se corre traslado a la contraria.----------------- --- Que a fs. 28/34 se presenta el Dr. M. G. F. en el carácter de letrado apoderado del Sr. H. F. M. y contesta la demanda. ----- --- Luego de la negativa de las afirmaciones efectuadas por la actora, manifiesta que en reiteradas oportunidades la actora reconoció expresamente la efectividad del acto jurídico que ahora reputa de nulo. Que en el expediente que ofrece como prueba donde se tramitó la sucesión del Sr. T., a fs. 82 la actora solicitó que se intime a su mandante para que deposite a la orden del Tribunal y como perteneciente a la causa el importe que recibió por la venta de los inmuebles referidos, que esta posición es reafirmada en la presentación de fs. 54/55 del mismo trámite, y que intentó una supuesta rendición de cuentas por el poder especial irrevocable, configurando un acto propio de reconocimiento de plena validez de la venta que se efectuara al codemandado Cornejo. Cita doctrina y jurisprudencia referida al tema. ----------------------- --- Aduce deficiencias técnicas en el planteo de la demanda. Señala que la actora debió antes redargüir de falsedad la Escritura Pública Nº 199 pasada por ante el escribano H. G., que por ello deberá ser rechazada la demanda, cita doctrina y jurisprudencia al respecto.----------- --- Agrega que no se advierte que en el escrito de promoción la actora hubiera alegado algún vicio que pudiera acarrear la nulidad del contrato de compraventa de inmueble mediante la escritura mencionada anteriormente, ni que mencione cual es la legitimación activa de la misma para ejercer la acción que intenta conforme a lo dispuesto por los arts. 1047 y 1048 del Código Civil. ------------- --- Realiza un relato de cómo a su criterio fueron los hechos, afirmando que el poder irrevocable fue otorgado por el Sr. J. T., por el término de 15 años, para la venta de los inmuebles mencionados, y que el producido de la venta debía ser entregado a su hermano S. T. en razón de una deuda que con él mantenía, que el Sr. M. dio cumplimiento a lo encomendado. Que existía una estrecha relación de confianza entre el Sr. T. y su poderdante, que la venta se realizó en la suma de $ 50.00, y que el acto es plenamente eficaz, que no adolece de vicios ni nulidad alguna.- --- Sostiene que resulta irrelevante que el Sr. J. T. hubiera fallecido el mismo día en que se celebró el contrato cuya nulidad se pretende, que es un hecho no vinculado jurídicamente con la compraventa el que J. T. hubiera otorgado testamento por acto público a favor de la actora, y que el causante al momento de otorgar su testamento pudo revocar el poder especial irrevocable conferido a M., pero no lo hizo. Señala los requisitos del poder irrevocable establecidos por el art. 1977 del Código Civil diciendo que los mismos se han cumplido. Cita doctrina y jurisprudencia en su apoyo. Expresa que como sostiene la actora aunque se tratara de un mandato irrevocable válido solamente como apoderamiento ordinario, no habiéndose alegado en el escrito la mala fe del mandatario ni la del tercero contratante, éste es oponible al mandante y sus herederos, aunque el contrato se hubiera celebrado con posterioridad a su extinción. Cita doctrina, ofrece prueba y finaliza con el petitorio de estilo. --------------- --- Que a fs. 54/58 vta., se presentan los Dres. M. C. D. y N. F. P.. en el carácter de apoderados del codemandado O. E. C.. ------- --- Luego de la negativa de las afirmaciones efectuadas por la actora, en los mismos términos que el codemandado H. F. M. se refiere a la aplicación de la doctrina de los actos propios, deficiencias técnicas del planteo en relación a la falta de redargución de falsedad e inexistencia de vicio alegado, la plena validez del poder especial irrevocable y los efectos de la cesación del mandato. Ofrece prueba y concluye con el petitorio de estilo. - --- Que a fs. 70 se abrió la causa a prueba, clausurándose a fs. 117 y vta la etapa probatoria, habiendo presentado alegato la parte actora y el codemandado M., los que se incorporan a fs. 123/124 y 125/129 respectivamente. --- --- Que a fs. 148 quedaron los autos en estado de dictar sentencia, dictándose la sentencia de grado a fs. 149/156 vta.--- --- Que en la sentencia de grado la Sra. Jueza rechazó la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el codemandado H. F. M., e hizo lugar a la demanda de nulidad planteada por la Sra. P. E. P. contra los sres. H. F. M. y O. E. C., declarando la nulidad de la venta efectuad por el Sr. H. F. M. al Sr. O. E. C. de los inmuebles individualizados como Unidad Funcional Nº **, Polígono ********* y Unida Funcional Nº **, polígono *******- 01-01, ambos correspondientes al Solar **, Lote **, Manzana **** de la ciudad de Trelew, Departamento Rawson, Nomenclatura catastral Circunscripción **- Sector **- Manzana ****- Parcela **- Partidas inmobiliarias Nros. *******/02 y *******/3 respectivamente, instrumentada por escritura Nro. 199, de fecha 23 de abril del año 1996, correspondiente al folio **** del Registro Notarial del escribano H. G., inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble al Folio ***, Tomo ****, finca ****, matrículas (o1-37) **** y (01-37) ****/3, volviendo las cosas al estado que se encontraban antes del acto anulado (Arts. 1037, 1045, 1046, 1048 y 1050 del Código Civil), imponiendo las costas procesales a los codemandados vencidos.--------------------- --- Que en abono de su decisorio en primer lugar se expidió la magistrada respecto de la legitimación activa de la actora, concluyendo que por aplicación del art. 3766 del C. Civil y no habiendo sido alegados vicios de legalidad del testamento (fue declarado extrínsecamente válido a fs. 20 del sucesorio), la misma es propietaria de las cosas determinadas que se le legaron desde la muerte del testador; desestimando la excepción de falta de legitimación activa. ------------------- --- En relación a la redargución de falsedad por acción civil o criminal previa sostenida por los demandados efectúa un análisis respecto de la distinción entre falsedad material, intelectual e ideológica, concluyendo en que no es la vía idónea para atacar la venta de los inmuebles, ni una vía previa que debió cumplirse para llegar a esta instancia.----------- --- Respecto a la aplicación de la doctrina de los actos propios en que según los codemandados habría incurrido la actora, luego de examinar la conducta de la misma, señala que no advierte que haya existido mala fe en el proceder, o que haya asumido conductas jurídicamente relevantes que resulten contradictorias y que en la referida doctrina la buena fe es esencial para resolver el problema planteado. Rechaza la a quo la aplicación de la doctrina de los actos propios a este caso, alegando que en su criterio no ha habido de parte de la actora actos confirmatorios de la nulidad alegada y, que eventualmente, ellos de haber existido no subsanaría la nulidad que se plantea.

--- En relación a los efectos del poder especial irrevocable otorgado al Sr. M. afirma la a quo que del art. 1977 del C. Civil surge la irrevocabilidad permanente del mandato, que es de su esencia, que por ello los casos de irrevocabilidad deben ser juzgados con suma estrictez. Que los presupuestos señalados para tal fin deben cumplirse concurrentemente para su eficacia. Que de la lectura del poder acompañado (ver fs. 07/08), surge claramente que el poder irrevocable otorgado por el Sr. T. al Sr. M. lo fue con un límite temporal, pero no es para un negocio especial, sino que comprende una serie de negocios, venta de inmuebles y pagos de deudas que no se especifican, y que el mismo no cumple con el recaudo que se haya otorgado en interés de mandante y mandatario o de un tercero. Cita jurisprudencia relacionada con el tema. Agrega que el interés en otorgar el mandato, debe surgir del negocio que justifica la existencia de la irrevocabilidad y no del propio mandato, ni por la remuneración que se obtenga por la ejecución del mismo. Efectúa una interpretación de la prueba confesional de la actora en relación a la actitud asumida al requerir las sumas obtenidas de la venta al Sr. M. en el proceso sucesorio diciendo que la pretensión de la misma se limitaba a conservar el producido de la venta hasta la inscripción de los inmuebles a su nombre, pero con la reserva expresa de impugnar la misma y que no prestaba conformidad a la actuación del mandatario. Agrega que no se probó la existencia del interés de un tercero, no se produjo la testimonial de S. T. ofrecida, ni se acompañó otra prueba que permita inferir que el Sr. M. remitió el producido de la venta al Sr. S. T., o que haya hecho frente a deudas u obligaciones del causante, ni respecto del destino que tuvo el dinero que recibió por la venta de los inmuebles. Que los términos del poder acreditado en autos se otorgó para disponer por medio de los mandatarios del inmueble allí relacionado, pero a los fines de que éstos formalicen un negocio futuro y no uno comenzado por el mandante al tiempo o antes del otorgamiento del poder, y que en la cláusula octava del testamento dictado en fecha 13/04/96 surge que el testador dispone la revocación de cualquier otra disposición que llegara a aparecer, con lo cual con el fallecimiento del Sr. T. el mandato otorgado al Sr. M. finalizó.----------------- --- En cuanto a la nulidad de la venta, expresa la magistrada que en razón de lo establecido por el art. 1329 del C. Civil las cosas ajenas no pueden venderse, que las ventas realizadas en esas condiciones están viciadas de nulidad cuando el propietario no ratifica la venta (arg. Art. 1330 del C.C.), porque el acto jurídico ha sido celebrado respecto de un objeto prohibido, en consecuencia la venta realizada es anulable, de una nulidad relativa porque se determinó que la cosa era ajena. Que el Sr. M. no contaba con un título legítimo para realizar la venta de los inmuebles, toda vez que el poder irrevocable que invoca no es tal y no ha mediado ratificación de la venta por la legataria.-- --- Concluye la magistrada imponiendo las costas a los codemandados vencidos, regulando los honorarios de los letrados intervinientes, conforme las pautas establecidas en la Ley Arancelaria.- --- Que a fs. 159 dicha sentencia fue apelada por el codemandado H. F. M. y a fs. 167 por el codemandado O. E. C., quienes concedidos los recursos a fs. 168, expresó agravios el primero a fs. 173/176 vta., y el segundo a fs. 178/181 vta.-- --- El apelante Sr. H. F. M. se agravia de que la Sra. Jueza en su resolutorio nulifica la venta de bienes que efectuó en ejercicio de un mandato especial irrevocable conferido por el Sr. J. T.. Asimismo en cuanto afirma la a quo que la Sra. P. cuenta con legitimación para deducir la acción, que la presente acción no implica un venire contra factum de la misma Sra. P., que no era necesaria la redargución de falsedad de la Escritura, con la integración de la litis con el notario, en cuanto sostiene que el mandato especial irrevocable que le confiriera T., no reúne los recaudos de ley para ser así considerado, y que él no contaba con facultades para comprometer la venta de la que C. resultó adquirente, cuando dice que el acto mediante el cual C. se convirtió en titular dominial carece de eficacia jurídica. Manifiesta que muy contrariamente a lo que afirma la Sra. Jueza se encuentra acreditado que J. T. al otorgar el poder especial irrevocable quiso que los inmuebles se vendieran y de su producido se cobrara su hermano, insiste en que el instrumento debió haber sido redargüido de falsedad. Aduce que se advierte en la sentencia un error de apreciación de las circunstancias y del actuar de la Sra. P., que si en su momento optó por la rendición de cuentas por la exigencia del reintegro de los fondos, no podía luego pedir la nulidad del mismo negocio, lo cual demuestra que no se condujo con buena fe. Que en la prueba confesional la actora, en la primera posición reconoció que con anterioridad había reconocido la efectividad del acto jurídico cuya nulidad pretende, por lo cual es improcedente que la sentenciante vaya a indagar más allá de lo que quiso hacer o quiso decir la Sra. P., apartándose del texto expreso del reconocimiento, ni echando mano de interpretación contextual.---------- --- Sostiene que al momento de celebrarse la venta el Poder Especial reunía la totalidad de los elementos que lo tornaban en un eficaz representante del Sr. T., que ese poder nunca fue revocado y su finalidad era prevalecer la muerte del otorgante. Que asimismo la finalidad del Poder era la venta de esos dos únicos inmuebles que poseía el Sr. T., y que este hecho fue omitido por el Juez al resolver.-------------------- --- Aduce que el interés del tercero que existe es el interés del hermano del Sr. T., que la nulidicente debía probar que tal interés no existía, lo que no fue hecho, y la sentenciante pretende que sean los demandados quienes acrediten que los actos son eficaces y válidos, que esa cuestión es ajena al litigio, que eventualmente podría ser pasible de reclamo por parte del hermano del Sr. T., pero no es cuestión que pueda ser debatida ni introducida en este proceso.------------------- --- Afirma que es erróneo que el poder irrevocable no cumple con los presupuestos previstos por el art. 1977 del C. Civil, que dicho poder fue válidamente ejercido con posterioridad a la muerte del Sr. T., lo que así debe ser declarado rechazando la demanda. Que la cláusula octava del testamento no resultaba útil ni eficaz para dejar sin efecto el mandato especial, teniendo el Poder Especial plena validez y vigencia de modo que el acto que otorgo es plenamente eficaz respecto de las partes. Que medió expresa ratificación del acto por parte de la Sra. P., quien ratificó el negocio al tiempo de pedir la rendición de cuentas.----------------------- --- Finalmente hace reserva de caso federal y solicita se revoque la sentencia en la medida de los agravios, con costas. ----- --- Corrido traslado a la contraria a fs. 177, ésta se notificó a fs. 177 vta., contestando a fs. 183/185 vta., solicitando el rechazo del escrito presentado por la parte demandada por no contener los resguardos del Código Procesal en cuanto a lo que se entiende por expresión de agravios, y se confirme la sentencia con imposición de costas a la parte demandada. ---------------- --- El apelante Sr. O. E. C. se agravia en idénticos términos que el codemandado H. F. M., hace reserva de caso federal y solicita se revoque en todas sus partes el fallo apelado, con costas.------------------- --- Corrido traslado a la contraria a fs. 182, ésta se notificó a fs. 182 vta., contestando a fs. 187/188 vta., solicitando el rechazo del escrito presentado por la parte demandada por no contener los resguardos del Código Procesal en cuanto a lo que se entiende por expresión de agravios, y se confirme la sentencia con imposición de costas a la parte demandada. ---------------- --- Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios elevados a consideración de esta Sala por los apelantes, corresponde hacerse cargo del planteo de su rival de insuficiencia recursiva.--------------------- --- En ese cometido, he de manifestar que no encuentro en los agravios insuficiencia técnica. Sí, a lo mejor parquedad, pero el embate contra la sentencia ha sido preciso, se han puntualizado los aspectos del fallo que no resisten un análisis profundo, se han vertido argumentos dirigidos a demostrar la posición sustentada por los recurrentes, lo que configura una crítica lo suficientemente idónea técnicamente para considerar salvado el escollo del art. 265 CPCyc.- --- Ello así, la defensa liminar de naturaleza adjetiva intentada por la demandada no ha de prosperar.

--- Que ingresando al tratamiento de los agravios traídos a revisión, anticipo que luego de releer detenidamente la sentencia de grado y las constancias de la causa, razones metodológicas tornan conveniente analizar en primer término, el agravio relativo al rechazo de la aplicación al caso de la doctrina de los actos propios, pues lo que se resuelva a su respecto podría tornar abstractos algunos de los otros agravios.

--- En la sentencia de grado pretendió hacerse a un lado la aplicación de esta doctrina al caso por conducto de diferentes argumentos. Dice a fs. 152 la a quo que "Los demandados solicitan el rechazo de la demanda señalando, que la actora asume -con la interposición de la demanda- una conducta contraria a la que mantuvo en el juicio testamentario, cuando requirió el producido de la venta de los inmuebles y la rendición de cuentas resultando de aplicación al caso la doctrina de los actos propios". Que de una atenta lectura del escrito glosado a fs. 52 del sucesorio presentado por el apoderado de la actora, en el carácter de administradora del sucesorio, surge del mismo que hizo expresa reserva ".de realizar cualquier tipo de impugnación de la venta realizada sin convalidar de ninguna manera lo actuado por el mandatario" (SIC). Posteriormente a fs. 54/55 la actora plantea revocatoria de la providencia dictada en respuesta a su petición de intimación a depositar las sumas resultante de la venta de los inmuebles. Y a fs. 58 de los mismos autos la actora solicita medida cautelar de anotación de litis y de no innovar, respecto de los inmuebles, haciéndose lugar a la anotación de litis y rechazándose la medida de no innovar. Que estas conductas no importan confirmación de ninguna naturaleza por parte de la actor de lo actuado por el mandatario, confirmación que a todo evento no subsanaría la nulidad que se plantea.-(art. 1059 y siguientes C. Civil). Que así planteada la cuestión, no se advierte que haya existido mala fe en el proceder de la parte actora, o que haya asumido conductas jurídicamente relevantes que resulten contradictorias. Sólo intentó incluir en su patrimonio el legado del Sr. T....".

--- Se trata de fundamentos solo aparentes. Si se revisa detenidamente el expediente anexo donde se produjeron esos actos que se reputan carentes de efecto convalidatorio y las propias probanzas de esta causa se comprueba que sólo en broma o pretendiendo direccionar el pronunciamiento en contra de lo realmente acontecido en la litis, puede hacerse esa afirmación. Y los presuntos fundamentos para la aplicación al caso de la doctrina de los actos propios o bien son generalidades que nada suman a este caso concreto o bien son afirmaciones subjetivas, carentes de toda apoyatura, que realiza la magistrada firmante de la sentencia y respecto de las cuales puede predicarse su apodicticidad.

---Tres o cuatro yerros de trascendencia pueden identificarse en los párrafos que la a quo destina a la doctrina de los actos propios.

--- El más grave de todos es no computar el efecto real que la conducta de la actora tuvo respecto de los actos cuestionados. En primer lugar afirmar que lo actuado por la actora en el sucesorio anexo a autos no implica convalidación de la actuación del mandatario, porque efectuó una reserva, implica desconocer cómo opera en esencia la doctrina de los actos propios.

--- He sostenido en votos míos con anterioridad que los derechos no se reservan sino que se ejercen (cfr. esta Sala, mi voto en sentencia del 15/12/08, in re "W. S. M. c/ M. L. S. de v. S.A. s/ Cobro de Pesos" (Expte. 22879 - Año 2008); ídem, 14/4/09, voto de mi autoría en sentencia dictada in re "P., M. E. c/ A., S. s/ Cobro de pesos - Laboral (Fa 8682)" (Expte. 125 - Año 2009 CANE); en igual sentido, voto del Dr. Ferrari en la causa citada en último término).

--- Y en otro voto dije que el principio general en esta materia es que los derechos se tienen con independencia de salvedades relacionadas a su ejercicio (cfr. esta Sala, sentencia del 20/11/08, in re "S., M. A. c/ K., M. y otra s/ cobro de pesos" (Expte. Nº 22.920 - año: 2008), con cita de la C. Apels. Concepción del Uruguay, sala Civ. y Com., 30/6/97, "Marano, Walter G. v. Banco de Entre Ríos S.A. y otros", JA 1998-II, síntesis). Y, a contrario sensu, las salvedades no implican el ejercicio de derechos, sino su mera preservación, en caso de que la ley exija tal reserva, siendo estéril ésta en caso contrario.------------- --- Agregué luego en mi voto (cfr. esta Sala, en sentencia del 14/4/09, in re "P., M. E. c/ A., S. s/ Cobro de pesos - Laboral (Fa 8682)" (Expte. 125 - Año 2009 CANE) que es innegable que en derecho de las obligaciones, tanto civiles como laborales, salvo que la ley lo exija (como en el caso del art. 624 C.C.) la reserva de derechos carece de influjo, al compás del principio de que los derechos se ejercen, en lugar de reservarse, al ser inane esta última y no pudiendo confundirse reserva con ejercicio (en igual sentido C. Nac. Com., sala C, 21/10/88, "LAMORTE, ANTONIO v. MARINA, ENRIQUE", en AbeledoPerrot online).---------------------- --- De todo ello resulta que la reserva que la actora hiciera a fs. 52 del expediente sucesorio anexo carece de admisibilidad, como coto o cortapisa de los efectos que el actuar de la parte llevara implícitos. Además de ello, en materia de actos propios por sobre lo que las partes dicen está lo que ellas actúan. Varios motivos llevan a sostener este criterio: en primer lugar el derecho civil no es campo propicio para los declamadores. Quien realiza actos incompatibles con sus dichos se arriesga a que se tomen en cuenta los actos y se descarten los dichos que van anexos a ellos. Justamente porque el principio general de la buena fe receptado por el art. 1198 C.C. impide la contraposición de hechos con palabras en cabeza de un mismo sujeto, ya que ello es el paradigma del incumplimiento del deber de actuar con buena fe y coherencia.

--- Un sucesor que se presenta en un proceso sucesorio y solicita expresamente que se intime a un mandatario de su causante a "que deposite a la orden de S.S. y como pertenecientes a estos autos el importe que recibió por la enajenación de los inmuebles sitos en la calle Pellegrini *** y ***" (cfr. fs. 52 del expediente "T., J. s/ sucesión testamentaria" (Expte. Nro. 623, F. 75, Año 1996, apiolado a autos), no puede pretender invalidar los efectos de ese acto bajo la siguiente reserva: "Sin perjuicio de lo expuesto, esta parte se reserva los derechos de realizar cualquier tipo de impugnación respecto de la venta realizada, sin convalidar de ninguna manera lo actuado por el mandatario".

--- El pedido de depósito de lo recibido por el mandatario obra indudablemente como un acto propio, jurídicamente relevante y plenamente virtual, que veda a la actora el ejercicio posterior de la acción impugnatoria de ese acto. Máxime cuando no fue el único acto confirmatorio de esa venta, pues a fs. 54/55 y ante la denegatoria de la intimación pedida a fs., 52, en el mismo sucesorio, la aquí actora interpone revocatoria con apelación en subsidio, donde amplía lo dicho a fs. 52 y agrega una solicitud de rendición de cuentas al mandatario.

--- Ambas actuaciones implican sendos actos propios confirmatorios de la existencia y validez de la venta efectuada por el mandatario que impide su cuestionamiento posterior.

--- En un agudo voto bien se ha cuestionado la duplicidad en el actuar de quienes "instantes después de actuar vuelven sobre el pasado para destejer, como P., lo que antes habían tejido, sembrando el camino de dificultades desleales, que no son de recibo para el Derecho, como tampoco lo es la filosofía del INSTANTANEISMO, que lleva a predicar que la persona no se obliga sino para el momento en que expresa su declaración de voluntad, pero que en el instante siguiente queda liberado de sus deberes. Quienes así proceden dejan la desagradable impresión de que con su conducta sólo han buscado sorprender a la contraparte" (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, sentencia de fecha 4/5/99, de la que fuera ponente el Dr. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, que se identifica como Sentencia T-295/99).- --- En un voto de mi autoría (cfr. esta Sala, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R., A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008) sostuve que la inadmisibilidad de ir contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivada del principio de buena fe y particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente (CNFed. Contadm., Sala V, 31/3/97, "Achtar, Estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos-", LL 1998-C-394; Cám. de Apelaciones de Trelew, Sala A, 3/7/08, "M. F. c/ E. B. H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral", registrado bajo el Nº 44 de 2.008 - SDL.-; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99, "Alvarez, Carlos A. y otro c. Osengar, Jaime", LL 2000-C, 929 (42.773-S) y LL Litoral, 2000-233; en similar sentido, Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Secc. 3ª, 16/9/92, ponente: Sra. Rigo Rosselló, La Llei (La Ley Catalunya), 1993-1, p. 659; LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, pp. 101 y ss).---------------------- "La doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de "hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar". Lo obstativo se apoya en la ilicitud material -se infringe el principio de buena fe- de la conducta ulterior en contradicción con la que le precede. Y se trata de un supuesto de ilicitud material que reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico, considerado éste inescindiblemente..." (MORELLO, Augusto M. - STIGLITZ, Rubén S., "Inaplicabilidad de la doctrina del acto propio a la declaración viciada por falta de libertad y por violencia", en DJ 2004-II-1241).--- --- Esencialmente la llamada doctrina de los actos propios, que en realidad constituye una inadmisibilidad o veda de ir contra los propios actos, constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad reconocida al sujeto que luego pretende variar de comportamiento (esta Sala, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R., A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008); CNFed. Contadm., Sala V, Achtar, Estela -se acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos-", LL 1998-C-394; Cám. de Apelaciones de Trelew, Sala A, 3/7/08, "M. F. c/ E. B. H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral", registrado bajo el Nº 44 de 2.008 - SDL.-; CNCom., Sala A, 23/4/97, "G. V. y otros c. Canteras Argentinas S.A.", LL 1997-D, 180 y DJ 1998-1-296; en similar sentido, Cám. Apel. Concordia, Sala CC III, 8/4/99, "Alvarez, Carlos A. y otro c. Osengar, Jaime", LL 2000-C, 929 (42.773-S) y LL Litoral, 2000-233).--------------- --- La doctrina de los actos propios es, entonces, una limitación al ejercicio de un derecho, que reconoce como fundamento una razón de política jurídica: la protección de la confianza suscitada por el comportamiento antecedente, que luego se pretende desconocer (LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, pp. 101 y ss.; esta Sala, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R.O, A. c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008).-------------- --- También se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se autocontradigan al efectuar un reclamo judicial (CNCiv., Sala J, 30/4/96, "Repetto, José M. D. c. Club Náutico Hacoaj", LL 1997-E, 1024 (39.833-S) y DJ 1998-2-1160, SJ. 1549; Cám. de Apelaciones de Trelew, Sala A, 3/7/08, "M. F. c/ E. B. H. S.R.L. y otros s/ Dif. de ha. e indem. de ley cobro de pesos - laboral", registrado bajo el Nº 44 de 2.008 - SDL; ídem, mi voto en sentencia del 20/8/08, in re "A. de R. , A.- c/ P., R. C. s/ Sumario" (Expte. Nº 22.728 - año: 2008).-).----------------- --- Pero, desde el punto de visto procesal, ¿cuál es el efecto de la aplicación de la doctrina de los actos propios? Una buena respuesta al interrogante ha brindado el Dr. Carlos A. Velázquez en un voto suyo en sentencia de la Cámara que integro, en el que con cita del maestro MORELLO, dijo acertadamente que "una pretensión o una defensa formuladas dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe ... Ya no se tratará de las razones que adunen la pretensión o la oposición a ella, sino de la lisa y llana improponibilidad de las mismas, bloqueadas por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial" (Cám. Apels. Civ. y Com. de Trelew, Sala A, 10/10/06. "ASESORÍA CIVIL DE FAMILIA N° 1 c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ acción de amparo", causa 21.702, registrada al S.D.C. 48/06, con cita de MORELLO-STIGLITZ, "La doctrina del acto propio", L. L. 1984-A-865, cap. XVIII).- --- Y en un trabajo doctrinario de mi autoría sostuve que la aplicación a un caso de la doctrina de los actos propios torna subjetivamente improponible la pretensión de un sujeto que contraríe su conducta anterior (LÓPEZ MESA, Marcelo J., "La doctrina de los actos propios en el derecho argentino y comparado. (Sus caracteres, sus requisitos de utilización y su correcta comprensión)", publicada en el-Dial).- --- Pero, posiblemente, quien mejor ha esclarecido cómo funciona esta doctrina en el proceso civil es el prestigioso jurista de la Corte Constitucional de Colombia, Dr. Alejandro Martínez Caballero, en un voto suyo como ponente, en el que manifestó que "El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el "venire contra factum proprium", según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada... La buena fe, se enseña, implica un deber de comportamiento, . que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, sentencia de fecha 4/5/99, de la que fuera ponente el Dr. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, que se identifica como Sentencia T-295/99).- --- Y agregó el ponente en su voto que "Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice "no se puede ir contra los actos propios". Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho" (Corte Constitucional de Colombia, Sala Séptima de Revisión, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, sentencia de fecha 4/5/99, de la que fuera ponente el Dr. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, sent. T-295/99).- --- En un voto de mi autoría, en sentencia reciente de esta Sala dejé sentado que en cuanto a los efectos de la doctrina la aplicación a un caso de esa doctrina torna subjetivamente improponible la pretensión de un sujeto que contraríe su conducta anterior. Desde el hontanar procesal, así funciona la doctrina del venire contra factum proprium (cfr. esta Sala, sentencia del 30/6/09, in re "B., L. O. c/ M., J. C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE) . ---------------------- --- Agregué allí también que esta doctrina implica una restricción o imposibilidad de actuar, aunque de índole subjetiva; ontológicamente no es otra cosa que la veda o prohibición a un sujeto específico de invocar lo actuado por él en contradicción con actos o manifestaciones anteriores suyas. Traduciendo la formulación a nomenclatura civilista, los efectos de la doctrina de los actos propios consisten en una suerte de inoponibilidad al revés. En la inoponibilidad, un acto válido en general es, sin embargo, inoponible a determinada persona (cfr. esta Sala, sentencia del 30/6/09, in re "B., L. O. c/ M., J. C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE) . -- --- Y de todo ello concluí que se daba en ese caso la contratara de la inoponibilidad, la improponibilidad: un acto o conducta que cualquier otra persona podría ejercitar, que es lìcito y admisible en general, sin embargo, no puede serle admitida su invocación a determinada persona, porque ésta carga con una inidoneidad funcional especial para realizarlo, a consecuencia de su conducta anterior, que se contrapone frontalmente al acto o conducta que ahora intenta. No hay nada de malo o cuestionable en el acto en sí, porque éste es lícito -si no lo fuera, no haría falta acudir a la doctrina de los actos propios, pues bastaría con invocar normas expresas del ordenamiento, como el art. 953 C.C.- pero de la correlación del segundo acto o manifestación con la previa actuación surge una contradicción que el ordenamiento no desea favorecer y, entonces, pune. Si no lo hiciera y permitiera el ir y venir a su libre arbitrio de los sujetos por el proceso judicial y la vida de relación, debería desterrarse directamente del derecho toda idea de seguridad, buena fe, coherencia, previsibilidad del tráfico, etc. Y ello resulta inadmisible. La doctrina de los actos propios, entonces, es una concesión que la libertad de actuación de los sujetos debe hacer al interés general, colocado en la seguridad y honorabilidad del tráfico (cfr. esta Sala, sentencia del 30/6/09, in re "B. L. O. c/ M., J. C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE) . --- --- Transpolando estos principios a los hechos de esta causa, surge claro que la pretensión anulatoria deducida en autos por la actora se contrapone frontalmente con sus propias actuaciones de fs. 52 y 54/55 del expediente sucesorio apiolado, en las que ejercitara pretensiones objetivamente contradictorias -incompatibles y mutuamente excluyentes- con la pretensión anulatoria aquí motorizada. Y surge también claro que la pretendida reserva genérica esbozada a fs. 52 (no en el otro acto, de fs. 54/55) es inidónea para privar de consecuencias al acto propio primigenio, que vedaba el ejercicio posterior de la pretensión anulatoria que analizo.

--- No es óbice para la aplicación de la doctrina de los actos propios que en esta materia ella se aplique frente a una pretensión anulatoria. En una obra de mi autoría he analizado extensamente este tópico, postulando que esta doctrina tiene que ser aplicada con cuidado cuando se esgrime la existencia de una nulidad y que quien participó del otorgamiento de un acto bilateral no carece de la posibilidad de cuestionar éste por los vicios que porte (LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", Edit. Reus, Madrid, 2005, p. 194).

--- Y agregué luego que era partidario de otorgar la posibilidad de alegar y probar el vicio padecido al momento de otorgar un acto, pero seguidamente me pronuncié a favor de la apreciación estricta, sino restrictiva, que liberen al nulidicente del yugo asumido (LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", cit. p. 195).

--- Y luego hice una salvedad más, distinguiendo entre dos situaciones: una, la impugnación de un acto nulo y 2) la pretensión de volver sobre un acto confirmatorio de una nulidad, aclarando después expresamente que si una persona después de celebrado el acto nulo o viciado, con su conducta expresa o tácitamente lo confirma o ratifica, a esta situación sí resulta aplicable la doctrina de los actos propios (LÓPEZ MESA, Marcelo - ROGEL VIDE, Carlos. "La doctrina de los actos propios", cit. p. 195).

--- Es dable aclarar que la propia actora ha reconocido expresamente su contradicción en el actuar, así como la realización de actos confirmatorios de la venta que aquí cuestiona. No otra cosa puede concluirse cuando la actora a fs. 92, en su declaración confesional, respondió lacónicamente "Es cierto" a la primera posición que se le formulara y que conforme el pliego de fs. 91 estaba así formulada: "Para que jure como es cierto que en reiteradas oportunidades anteriores a la deducción de la demanda ha reconocido expresamente la efectividad del acto jurídico cuya nulidad pretende" (sic).

--- Echa de verse de todo lo expuesto que en esta causa se aplica sin ningún óbice u obstáculo la doctrina de los actos propios, lo que parece ignorar la juez de grado.

--- Y, además, a tenor del texto y espíritu del art. 423 CPCyC, al no darse en este caso ninguna de las causales de excepción previstas por los tres incisos de esa norma, resulta de aplicación del principio general que la misma establece que no es otro que "La confesión judicial expresa constituirá plena prueba...".

--- Ello así, no podía en autos sentenciarse esta causa de la manera en que se lo intentó hacer en el grado, pues ello implica no sólo una prescindencia de normas legales vigentes, sino la desvirtuación de lo actuado en esta causa y en las anexas. La a quo ha prescindido de una confesión expresa, vertida sin dudas, ambages ni aclaraciones por la actora, la que reafirma lo actuado contradictoriamente por ella -respecto de la pretensión aquí deducida- en el proceso sucesorio, lo que debió llevar a la a quo necesariamente al rechazo de la demanda de autos, sin entrar a analizar su licitud, su legitimidad o no, pues el efecto de la aplicación de la doctrina de los actos propios a un caso es la improponibilidad subjetiva de la pretensión contradictoria con el actuar anterior. Puede perfectamente tratarse de una pretensión lícita, pero se trata de una pretensión improponible por parte del sujeto voluble. Lo contrario, implicaría premiar la duplicidad en el actuar, la volubilidad, la contradicción evidente (conf. B. L. O. c/ M., J. C. s/ indem. accidente de trabajo" (Expte. 202 - Año 2009 CANE)). Ello no puede admitirse, lo que hiere de muerte a la sentencia en crisis, que al haber resuelto en sentido contrario y padecer de vicios sentenciales graves, en orden a la fundamentación del decisorio a la luz de lo realmente acontecido en la causa y al derecho aplicable al caso, se torna pasible de revocación.

--- Creo que todos estos argumentos militan en pro del derribamiento de la sentencia en crisis, la que al contraponerse a las constancias de la causa y dar un alcance erróneo a la normativa aplicada, no constituye derivación razonada del derecho vigente.-------------- --- El pronunciamiento sobre el agravio ya tratado podría considerarse que torna abstracto el abordaje de los restantes agravios de los apelantes, dado que el hecho de que el agravio relativo a la aplicación al caso de la doctrina de los actos propios prospere torna insustancial el abordaje de los demás, dado que si existe una contradicción entre lo actuado por la actora en el sucesorio y en autos, ello implica la carencia de legitimación subjetiva de la actora para iniciar esta acción -frontalmente contrapuesta a sus actuaciones confirmatorias anteriores-. En verdad, si para la actora era subjetivamente improponible, por efecto de la doctrina de los actos propios, el planteo de una demanda contradictoria con sus reconocimientos anteriores, entrar a tratar los agravios relativos al fondo del asunto carece de verdadera incidencia en la litis, como que si ellos atañen a cuestionen que quedan marginadas de la decisión de la cuestión.

--- Pese a ello y a fin de dejar claro que la aplicación de la doctrina de los actos propios a este caso no implica un ritualismo vano, cabe dejar sentado que aún si ella no se hubiera aplicado al caso la solución sería la misma: el rechazo de la demanda, dado que no se han acreditado en el caso los requisitos para su procedencia y el acto aquí impugnado ha sido confirmado, en los términos del art. 1063 C.C.

--- No puede dejar de hacerse notar que las dos principales citas legales que intentan sustentar todo el andamiaje anulatorio de la sentencia en crisis son 1) el art. 953 C.C., que resulta de plano inaplicable a este caso, dado que se trata de una norma prevista para las nulidades absolutas, de orden público e inconfirmables y aquí estamos en presencia de un acto a lo sumo anulable, de anulabilidad relativa -porque depende de una investigación de hecho- y ratificable o confirmable; y 2) Y el art. 1329 C.C., relativo a la venta de cosa ajena, que también es inaplicable a este caso, dado que el codemandado M., vendió una cosa ajena en representación de su dueño y no por sí, con lo que en la medida que el mandato irrevocable no caiga, no le es aplicable el art. 1329 C.C. Es así que, quitadas esas dos normas que cita la magistrada de grado, encuentro que la sentencia apelada no contiene una fundamentación jurídica ni la cita de legislación vigente que la sustenta válidamente.

--- Y encuentro asimismo que no se han analizado en la sentencia de grado dos aspectos que eran esenciales para el correcto abordaje de la cuestión sub lite, a la luz de los hechos comprobados de la causa:

--- a) la confirmación del acto de transferencia inmobiliaria por parte de la actora. La a quo afirma en su decisorio "Que estas conductas no importan confirmación de ninguna naturaleza por parte de la actor de lo actuado por el mandatario, confirmación que a todo evento no subsanaría la nulidad que se plantea (art. 1059 y siguientes C. Civil). Que así planteada la cuestión, no se advierte que haya existido mala fe en el proceder de la parte actora, o que haya asumido conductas jurídicamente relevantes que resulten contradictorias. Sólo intentó incluir en su patrimonio el legado del Sr. T.".- --- Tales aseveraciones, amén de carecer de toda apoyatura que las sustente, que no sea la opinión particular de la magistrada, son inexactas e inaplicables al caso. En primer lugar la cita del art. 1059 C.C. carece de toda incidencia en este caso, como que se trata de una norma genérica que define qué es la confirmación de un acto jurídico. Y lo hace en estas palabras: "La confirmación es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad". No acierto a comprender por qué una actuación como la de pedir la intimación a que un mandatario que ha vendido un inmueble en nombre de otro deposite lo percibido en el expediente sucesorio no implica un acto confirmatorio de esa venta. Tampoco alcanzo a darme cuenta qué fundamento o apoyatura brinda la definición de confirmación del acto a la afirmación de la a quo sobre la carencia de efectos confirmatorios de tal acto de la actora.

--- A tenor de las circunstancias comprobadas de la causa, creo que la norma a citarse era el art. 1063 C.C. que edicta: "La confirmación tácita es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial, del acto sujeto a una acción de nulidad".

--- Es que, en el caso sub lite, una persona que considera que un acto jurídico ha sido realizado en perjuicio suyo, no puede solicitar que el producido de tal acto sea depositado en el proceso sucesorio del cual es administradora, sin convalidar el acto presuntamente viciado. Haga las reservas que haga y manifieste lo que manifieste el único criterio interpretativo, objetivo y jurídicamente relevante, de esa conducta es que quien solicita el depósito de los fondos, deja de lado en ese acto cualquier posibilidad de cuestionar el acto. Ello porque una persona no puede pretender obtener el producido de un negocio jurídico y, a la par, lograr la anulación del mismo. Si reclama para el sucesorio que administra los fondos de la venta, con ese acto, confiere validez a la venta, haciendo confirmación implícita del acto que reputa viciado.

--- El art. 1063 C.C. es claro y en su aplicación a este caso significa que la persona que estaba legitimada para demandar la nulidad de un acto jurídico, si solicita que el producido del mismo le sea puesto a disposición, ha confirmado tácitamente el negocio, pues la puesta a disposición del juez del sucesorio de los fondos implica pedir expresamente que se ejecute voluntariamente, total o parcialmente, el acto antes sujeto a una acción de nulidad, con lo que se produce la confirmación de ese acto, a tenor de lo dispuesto en el art. 1063 C.C., que creo aplicable al caso, máxime a tenor de la confesión judicial plena y expresa prestada por la actora a fs. 92, en respuesta a la primera posición del pliego de fs. 91.

--- Párrafo aparte merece la argumentación de la Sra. Juez de grado tendiente a hacer a un lado dicha confesión. La a quo conjetura que esa respuesta a la primera posición, a su entender, "guarda relación con la actitud asumida al requerir las sumas obtenidas de la venta al Sr. M., en el proceso sucesorio, con la reserva ya reseñada en considerandos anteriores. Es decir es clara su actitud, su pretensión se limitaba a reservar el producido de la venta, hasta la inscripción de los inmuebles a su nombre. De sus actos se denota la existencia de buena fe en su proceder, al intentar zanjar la situación, proteger el producido de la venta, pero con la reserva expresa de impugnar la misma y que no presta conformidad a la actuación del mandatario. Es decir, la intención de la actora es única, obtener el ingreso a su patrimonio del legado del Sr. T.. Arribo a esta interpretación de la respuesta dada por la actora a la primera posición por aplicación del art. 424 del C.P.C.C., en cuanto dispone que en caso de duda la respuesta se interpretará a favor de quien la realiza". --- Las apelantes en uno de sus agravios cuestionan que "es improcedente que la sentenciante vaya a indagar más allá de lo que quiso hacer o quiso decir la Sra. P., apartándose del texto expreso del reconocimiento, ni echando mano de interpretación contextual".

--- Poseen razón los recurrentes en ese embate. Lo que la a quo hace, para dejar a un lado los efectos de la confesión expresa de fs. 92, es una conjetura de lo que quiso decir la actora, yendo no sólo más allá del lacónico reconocimiento, sino violando la igualdad de las partes en el proceso con tal inferencia, que no surge de las constancias de la causa, sino que ha sido extraída de un intangible venero que la a quo no ha compartido con el resto de los sujetos procesales de autos, quien este voto escribe inclusive. Y, además, echar mano a una presunta duda -que no se aprecia de qué segmento de la confesión surgiría, dado que las respuestas que brinda la actora en su prueba confesional son lacónicas- implicar aplicar en forma arbitraria el art. 424 CPCyC, para hacer a un lado la norma realmente aplicable al caso de autos que es el art. 423 CPCyC.

--- Y la a quo pretende extraer la inasible voluntad no confirmatoria de la actora del cómputo de las respuestas "juro que no es cierto" a las posiciones sexta y séptima, sin advertir que respecto de la confesión ficta rige el principio "in contra se pronuntiatio", esgrimido por esta Sala en varias sentencias (cfr. mi voto en decisión de esta Sala del 30/9/08, en autos "P. N., B. E. c/ G., C. y/o quien resulte resp. laboral de la agencia local de la empresa de Transp. T. s/dif. de hab. e indem. de ley" - Expte. 22935 - Año 2008, registrada al Nro. 62 SDL de 2008); ídem, 21/8/08, in re "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008, registrada al Nro. 54 SDL de 2008) e ídem, mi voto en sentencia de fecha 08/10/08, in re "M. L., C. c/ S., H. y otro s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. n° 22.805 - año: 2008) y que simplemente explicado implica que las afirmaciones de las partes en juicio no pueden probar a su favor pero sí en su contra.

--- Ello así, las respuestas negativas a las posiciones -ni de la actora ni de ninguna otra parte- no son computables en juicio, al carecer de todo efecto probatorio, para sustentar ninguna duda respecto del alcance de la confesión prestada por la actora; menos pueden ser ellas tomadas por base de apoyo de una interpretación libre de la a quo respecto de cuál habría sido la intención de la actora al manifestar lacónicamente "Es cierto" a una posición, sin hacer otras aclaraciones y sin agregar ni en esa ni en otras posiciones ninguna otra aclaración.

--- De tal suerte, aciertan los recurrentes al afirmar que el apartamiento de la confesión plena de la actora se funda solo en una conjetura, de suyo inadmisible e insuficiente para lograr tal efecto, la que debe entonces no tomarse en cuenta.

--- En tal situación, tanto por conducto de la confirmación tácita del acto por las actuaciones de fs. 52, 54/55 y 59 del sucesorio anexo, como de la confesión plena del reconocimiento reiterado de la efectividad del acto de transmisión, por conjuro de la confesión de fs. 92, resulta única conclusión posible de lo ocurrido en esta causa y en el sucesorio, que la actora ha confirmado con sus actuaciones reiteradas en el sucesorio el acto que aquí busca impugnar, con lo que resultaba de plano inacogible su pretensión anulatoria contenida en la demanda.

--- b) la incidencia en este caso del principio de conservación del acto jurídico: Menciono simplemente, porque todo lo anterior basta para la revocación del decisorio de grado y el rechazo de la demanda, que el fallo de la instancia anterior no ha tenido en cuenta los efectos que en este caso tenía el principio de conservación del acto jurídico. Bien se ha dicho que el principio de conservación de los negocios jurídicos implica que, en caso de duda, debe estarse por la eficacia del acto (C. Civ. y Com. Santiago del Estero, Sala 2ª, 21/10/99, "CUEVAS, JOSÉ R. v. ESTEROS E.C.S.A. Y OTROS s/ ACCIÓN DE SIMULACIÓN", en Juba sum. Z0105691). En el fallo apelado se han conjeturado muchas cosas: se ha conjeturado qué quiso decir la actora al responder "Es cierto" a una posición. Se ha conjeturado que su conducta previa a esta litis no significó confirmación del acto. Se ha conjeturado que no existía interés legítimo que validara el mandato irrevocable. Y, para peor, todas las conjeturas han vulnerado frontalmente el principio de conservación del acto jurídico, que era el prisma de análisis central de esta litis y el principio de igualdad de las partes en el proceso. --- Todo lo anterior convence de la pertinencia y corrección de proponer al Acuerdo la revocación in totum de la sentencia de grado, obrante a fs. 149/156vta., la que deberá ser dejada sin efecto, pronunciándose seguidamente un decisorio adecuado a lo acontecido en esta causa, sus antecedentes de hecho y el derecho vigente, que no puede ser otro que el rechazo de la demanda promovida en autos por la actora P. E. P., con costas a su cargo, dada su condición de vencida (art. 68 CPCyC).---- --- La forma en que me he pronunciado lleva a que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 CPCyC, deban adecuarse las costas de grado y los honorarios regulados en primera instancia al nuevo resultado del pleito, que aquí es sustancialmente distinto al que se plasmara en el fallo de grado, revocado en todas sus partes en el presente decisorio.----- --- Por ello corresponde dejar sin efecto la imposición de costas realizada en la sentencia de grado, disponiéndose aquí que las costas de ambas instancias se impondrán a la actora, atento su condición de vencida (art. 68 CPCyC).---- --- Igualmente procede dejar sin efecto los honorarios de grado y proceder a nueva regulación de honorarios devengados en la instancia anterior en las siguientes alícuotas: para el Dr. M. G. F., letrado apoderado del codemandado M., en el 15 % del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución (art. 23, Ley 2200); con más el 35% de esa suma, dada su doble condición; para los Dres. M. C. D. y S. E. P., letrados apoderados del codemandado C., en conjunto, en el 15 % del monto del litigio, más el 35% de dicha suma, atenta su condición de mandatarios; para los Dres. L. L. S. y N. B. N., por la primera etapa del proceso como letrados patrocinantes de la parte actora, en forma conjunta en 4 % del monto del proceso; regular asimismo los honorarios de la segunda y tercera etapa, a la Dra. N. B. N. letrada patrocinante de la actora, en el 8 % sobre la misma base económica, y al Dr. L. L. S., apoderado en el 35% del porcentaje regulado a la letrada patrocinante (Arts. 6, 7, 9, 37, 38, 47, Ley 2200, modificado por Ley 4335).-- --- Y corresponde regular los honorarios correspondientes a esta instancia en las siguientes sumas: para el Dr. G. L. C., patrocinante del codemandado M., en el 5,6% del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución (art. 23, Ley 2200); para el Dr. S. E. P., letrado apoderado del codemandado C., en el 4,9% del monto del litigio, con más el 35% de dicha suma, atenta su condición de mandatario; para el Dres. L. L. S., patrocinantes de la parte actora, el 3% del monto del proceso (Arts. 6, 7, 9, 14, 37, 39, 47, Ley 2200, modificado por Ley 4335).--del monto del reclamo contenido en la demanda más sus intereses (arts. 6, 7, 14, 19, 47 y cctes, Ley 2200).----------- --- Por las razones explicitadas a la primer cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.--------.

A ESA MISMA CUESTIÓN PRIMERA el Dr. Velázquez expresó:

Por respeto a la siempre deseable brevedad y acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la sinopsis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.- Poco añadiré a la sólida y detallada motivación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Contrario a dicha economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento "in extenso" de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya bien expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), bastarán las consideraciones siguientes.- I.- No veo asidero a los planteos de insuficiencia de las expresiones de agravios formulados por la actora a fs. 183/vta. y 187/vta.- En el decisorio la sentenciante de origen concluyó la inaplicabilidad al caso de la doctrina de los actos propios -invocada en autos como defensa por los demandados- basándose en que los actos precedentes de la actora habidos en el proceso sucesorio que por cuerda corre no resultaban inequívocos, pues contenía una reserva de derechos, y que la absolución de aquélla a la posición primera que en este proceso le fuera puesta no podía interpretarse como confesión por ser dudosa la respuesta a la luz de las contestaciones dadas a las posteriores posiciones sexta y séptima.- Para embatir contra tal fallo los apelantes expusieron que la mentada doctrina del "venire contra proprium factum non valet" resultaba de aplicación al caso, en tanto la conducta previa de la demandante, al reclamar en el sucesorio el depósito allí del dinero obtenido por la venta de los inmuebles y la rendición de cuentas del mandatario del causante celebrante del negocio, había importado la confirmación de ese acto, cualquiera fuere el vicio que lo hubiera afectado, sin que la mera reserva de derechos manifestada haya sido eficaz para desdibujar el sentido de ese comportamiento sobre el que no podía volver para promover la declaración de nulidad del acto confirmado. En relación a la absolución de posiciones, expresaron los recurrentes que la respuesta a la primera de ellas fue clara y nada dudosa: admitió la absolvente que con anterioridad había reconocido la efectividad del acto luego impugnado.- No puede sostenerse que esté ausente una censura precisa y fundada, pues los apelantes seleccionaron del discurso de la juzgadora aquellos argumentos que constituían la base lógica de la decisión, señalando luego en cuáles puntos del desarrollo argumental se había incurrido en erratas en las referencias fácticas y en la interpretación jurídica, que condujeron al desacierto ulterior.- Todo ello entrañó un mínimo de crítica contra el decisorio cuestionado, bastante para satisfacer en líneas generales los requisitos de admisibilidad fijados en el art. 265 C.P.C.C., así sea por aquello de que en caso de duda ha de estarse a favor de la suficiencia de los agravios, criterio con que tradicionalmente ha evaluado este cuerpo los escritos de tal especie (c. 21.925 S.D.C. 22/07, c. 22.275 S.D.C. 3/08, c. 22.942 S.D.C. 45/08, c. 42/08 S.D.C. 2/09, c. 281/08 S.D.C. 23/09). No cabe entonces acoger los planteos de deserción recursiva formulados por la actora.- II.- Tengo para mí que los indicados actos celebrados por la aquí actora en el proceso sucesorio de su causante, que la instituyera universal heredera por testamento aprobado (fs. 7/9, 20, 52 y 54/55 de dicha causa), han tenido plena eficacia y relevancia jurídica., satisfaciendo los mismos los requisitos necesarios para tornar inaceptable su posterior pretensión contradictoria.- Por cierto que la regla "adversus factum suum quis venire non potest", como fecunda construcción dogmática pero residual, deja fuera de su ámbito operativo fenómenos jurídicos que, por el desarrollo específico logrado, cuentan con formulaciones que abastecen sus fundamentos en su propia sede, sin necesidad de acudir a aquella doctrina; tal el caso de la confirmación del acto anulable de nulidad relativa (confr.: Morello - Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L. L. 1984-A-865 y sgts., cap. III y VIII). Mas fuerza es reconocer que en este último supuesto las dos formulaciones son complementarias y sus consecuencias últimas convergentes.- Si tras confirmar un acto anulable de nulidad relativa, el sujeto confirmante lo ataca de nulidad, su novel actitud no sólo topa con la vallas de los arts. 1059, sgts. y concs. Cód. Civ., sino que, a la par, la volubilidad de su conducta encuadra en la doctrina de marras, pues surge una rotunda contradicción entre el acto de convalidación precedente y la impugnación consecutiva. Bien enseñaba Emilio Betti que "la ejecución consciente importa paralización de los medios de impugnación del negocio por aquel principio de coherencia e incompatibilidad que impide a cada uno, en las relaciones entre miembros sociales, ir contra el acto propio" ("Teoría general del negocio jurídico", trad. de A. Martín Pérez, ed. Rev. de Der. Priv., Madrid 1959, págs. 366/367).- Y en esta especie no siento dudas acerca de que el peticionar la heredera del mandante en el proceso sucesorio que el mandatario depositara allí el producto de la venta celebrada por él en representación del poderdante y exigirle de inmediato la rendición de cuentas por su actuación, significó la tácita confirmación del acto sujeto a una acción de nulidad porque ello importó la ejecución voluntaria tanto del negocio de encomienda cuanto del encomendado (arts. 1063, 1195, 1411, 1909, 1946 Cód. Civ.).- A la vez, esos mismos actos constituyeron una conducta antecedente eficaz y relevante sobre la que el sujeto activo no podía válidamente volver. Ellos fueron inequívocos y claros, mal grado la reserva de derechos a realizar luego impugnaciones. Ello porque, cual hemos tenido ocasión de declarar en algunos precedentes, reservar significa "guardar algo para lo futuro, dilatar para otro tiempo lo que se podía o se debía ejecutar o comunicar al presente" ("Diccionario de la Lengua Española", Real Academia Española, 19na. ed., pág. 1137), de donde se sigue que la reserva de un derecho no equivale al ejercicio del mismo (c. 12.320 S.D.L. 48/97, c. 20.353 S.D.L. 20/05, entre otros). Tampoco explica dicha reserva la alegada finalidad de preservar el producido de la venta hasta que, declaración de nulidad de la compraventa mediante, los inmuebles fueran inscriptos en el Registro de la Propiedad a nombre de la demandante, porque si la impugnación prosperaba quien quedaba obligado a restituir el precio era el mandatario y no la actora (art. 1052 Cód. Civ.).- Por lo demás, dicha reserva patentiza el conocimiento que la actora tenía del motivo de anulabilidad de la venta, lo que precisamente da eficacia a la confirmación tácita del acto, en tanto ésta se produce mediante la ejecución voluntaria, total o parcial, del negocio "realizada con conocimiento del motivo de anulabilidad" (Betti, opus y loc. cit.).- Y los efectos de esos actos son patentes.- A) Si los vemos desde el ángulo de la confirmación de los actos claudicantes, porque esa confirmación, como acto unilateral que es, una vez declarada expresamente o por actos de manifestación tácita, quedó definitivamente establecida y no resultaba retractable (art. 1064 Cód. Civ. y nota de Vélez Sársfield al mismo; Cifuentes, "Negocio jurídico", ed. Astrea, Bs. 1986, págs. 675/677, nros. 382, 383), haciendo desaparecer el vicio (art. 1059 ídem) y vedando toda impugnación posterior pues ella importa "el reconocimiento de la plena validez del acto originario" (Borda, "Parte general", 7ma. ed., Perrot, Bs. As. 1980, II-447, n° 1298).- B) Si los enfocamos con la óptica de la doctrina de los actos propios, esa conducta antecedente volvió inadmisible el ataque de nulidad siguiente. Como es bien sabido, una pretensión formulada dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe receptado en el art. 1198 Cód. Civ., del que la imposibilidad de "venire contra factum" es derivación necesaria e inmediata (confr.: Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", ed. Bosch 1963, págs. 163 y 223). Agregaré todavía que, más allá del postulado de la buena fe de común reconocido como raíz del principio del "nemini licet adversus sua facta venire", asimismo le ha sido reconocido otro fundamento. Así nuestra Corte Suprema de Justicia tiene declarado que "no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar sus consecuencias para aumentar su provecho" (Fallos 322:1564).- Para desechar el comportamiento posterior contradictorio con el acto precedente no se tratará ya de atender a las razones que adunen o no la pretensión, sino de la lisa y llana improponibilidad subjetiva de la misma, bloqueada por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial (confr.: Morello - Stiglitz, ob. ind., cap. XVIII), cual repetidas veces he tenido oportunidad de señalar (mis votos en esta sala, c. 20.881 S.D.C. 56/05, c. 21.702 S.D.C. 48/06, c. 60/09 S.D.L. 24/09, etc.).- III.- Por si lo expuesto fuera poco, aún es posible añadir que la demandante confesó en autos haber reconocido con anterioridad la eficacia del acto jurídico que más tarde impugnara. Ello surge palmario de su absolución a la pos. 1era. que a fs. 92 le fuera puesta; fue una confesión expresa, que constituye "plena prueba" según el art. 423 parte 1era. C.P.C.C., prueba tasada que escapa a la regla general de apreciación del art. 386 íd. (confr.:Morello y otros, "Códigos Procesales...", 1era. ed., V-385, "a"; esta sala, c. 22.513 S.D.L. 9/08, c. 22.670 S.D.L. 25/08, c. 270/09 S.D.L. 41/09).- No columbro la "duda" sobre el alcance de tal confesión que llevara a la "a quo" a descartarla como prueba. La respuesta "es cierto" fue nítida y terminante y las contestaciones a las siguientes pos. 6ta. y 7ma. no introdujeron hesitación alguna, pues ellas versaron sobre hechos absolutamente separables de la validez del acto de venta atacado, toda vez que estuvieron referidas a una supuesta deuda del causante de la actora con un hermano de aquél y al envío del monto del precio de venta a él, hechos que, tanto hubieren sido confesados como negados por la absolvente, no habrían significado endilgar a la compraventa el carácter de nula en contradicción con la eficacia antes reconocida por ella.- IV.- Las razones que vengo de exponer, coincidentes con las vertidas por el Señor Magistrado prevotante, bastan para fundar la revocación del fallo cuestionado y el rechazo de la demanda incoada., sin que resulte menester ahondar en los motivos de fondo que también conspirarían contra su progreso.- Las costas de ambas instancias han de imponerse a la actora, finalmente vencida en ellas (arts. 68, 279 C.P.C.C.).- Concuerdo igualmente con el colega antes sufragante en cuanto a los honorarios que propusiera regular para remunerar las labores profesionales desplegadas en ambos grados, pues los hallo acordes con la extensión, calidad y resultado de dichas tareas (arts. 6, 7, 9, 10, 14, 23, 38 del dec.-ley 2.200).- Me expido en esta cuestión entonces por la NEGATIVA.- --- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:

--- En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponde dictar el siguiente pronunciamiento:--- --- 1) REVOCAR en todos sus términos el fallo de grado obrante a fs.149/156vta., procediendo el rechazo in totum de la demanda entablada por la actora P. E. P..-- --- 2) DEJAR SIN EFECTO la imposición de costas realizada en la sentencia de grado e IMPONER las costas de ambas instancias a la actora, atento su condición de vencida en ambas (art. 68 CPCyC).---- ---3) DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios de grado efectuada a fs. 156 y REGULAR los honorarios devengados en la instancia anterior en las siguientes alícuotas: para el Dr. M. G. F., letrado apoderado del codemandado M., en el 15 % del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución (art. 23, Ley 2200); con más el 35% de esa suma, dada su doble condición; para los Dres. M. C. D. y S. E. P., letrados apoderados del codemandado C., en conjunto, en el 15 % del monto del litigio, más el 35% de dicha suma, atenta su condición de mandatarios; para los Dres. L. L. S. y N. B. N., por la primera etapa del proceso como letrados patrocinantes de la parte actora, en forma conjunta en 4 % del monto del proceso; regular asimismo los honorarios de la segunda y tercera etapa, a la Dra. N. B. N. letrada patrocinante de la actora, en el 8 % sobre la misma base económica, y al Dr. L. L. S., apoderado en el 35% del porcentaje regulado a la letrada patrocinante (Arts. 6, 7, 9, 37, 38, 47, Ley 2200, modificado por Ley 4335).-- --- 4) REGULAR los honorarios correspondientes a esta instancia en las siguientes sumas: para el Dr. G. L. C., patrocinante del codemandado M., en el 5,6% del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución (art. 23, Ley 2200); para el Dr. S. E. P., letrado apoderado del codemandado C., en el 4,9% del monto del litigio, con más el 35% de dicha suma, atenta su condición de mandatario; para el Dres. L. L. S., patrocinantes de la parte actora, el 3% del monto del proceso (Arts. 6, 7, 9, 14, 37, 39, 47, Ley 2200, modificado por Ley 4335).---- Tal es mi VOTO.---------- A ESTA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. López Mesa, fiel reflejo del acuerdo a que arribáramos al tratar la cuestión precedente.- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. Ley 4550).---------------- Trelew, de julio de 2009.-------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:----------S E N T E N C I A: ---------REVOCAR en todos sus términos el fallo de grado obrante a fs.149/156vta., procediendo el rechazo in totum de la demanda entablada por la actora P. E. P..-- --- DEJAR SIN EFECTO la imposición de costas realizada en la sentencia de grado.

IMPONER las costas de ambas instancias a la actora, atento su condición de vencida en ambas (art. 68 CPCyC).---- --- DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios de grado efectuada a fs. 156.

REGULAR los honorarios devengados en la instancia anterior en las siguientes alícuotas: para el Dr. M. G. F., letrado apoderado del codemandado M., en el 15 % del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución (art. 23, Ley 2200); con más el 35% de esa suma, dada su doble condición; para los Dres. M. C. D. y S. E. P., letrados apoderados del codemandado C., en conjunto, en el 15 % del monto del litigio, más el 35% de dicha suma, atenta su condición de mandatarios; para los Dres. L. L. S. y N. B. N., por la primera etapa del proceso como letrados patrocinantes de la parte actora, en forma conjunta en 4 % del monto del proceso; regular asimismo los honorarios de la segunda y tercera etapa, a la Dra. N. B. N. letrada patrocinante de la actora, en el 8 % sobre la misma base económica, y al Dr. L. L. S., apoderado en el 35% del porcentaje regulado a la letrada patrocinante (Arts. 6, 7, 9, 37, 38, 47, Ley 2200, modificado por Ley 4335).---- --- REGULAR los honorarios correspondientes a esta instancia en las siguientes sumas: para el Dr. G. L. C., patrocinante del codemandado M., en el 5,6% del monto del litigio que se determine en etapa de ejecución (art. 23, Ley 2200); para el Dr. S. E. P., letrado apoderado del codemandado C., en el 4,9% del monto del litigio, con más el 35% de dicha suma, atenta su condición de mandatario; para el Dres. L. L. S., patrocinantes de la parte actora, el 3% del monto del proceso (Arts. 6, 7, 9, 14, 37, 39, 47, Ley 2200, modificado por Ley 4335).-------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------ REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.009 - SDC.- Conste.- PAULO EDUARDO KÔNIG SECRETARIO DE CAMARA.