marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Simulación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero, José Omar c/ Alvarez, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-08

En materia de simulación de actos jurídicos, la simple argumentación de imprecisión (relativa y antojadiza pues existen pautas identificatorias como las medidas y por ende superficie) en la ubicación dentro de la cuadra del inmueble arrendado por el demandado a un tercero carece de fundamento sólido, ya que debió al menos aportar en su actividad acreditante hechos probados que por su número, precisión, gravedad y concordancia llevaran al Juez al ánimo de la existencia del acto simulado (art. 163 inc. 5 segunda parte de la ley 7425).
Delitos contra la seguridad pública, delito de peligro, tenencia ilegítima de armas
Materia: PENAL
Carátula: Subiabre, José Miguel s/ delito contra la seguridad pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

El peligro para la seguridad común que el art. 189 bis del Código Penal quiere evitar puede ser creado, indistintamente, por la tenencia no autorizada de un arma de guerra o de su munición.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vega de Velardez, Ana María c/ González, Antonio Angel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

El daño presumido por el legislador en los arts. 1084 y 1085 del CC.

-aquél que no es necesario probar al cónyuge supérstite ni a los herederos necesarios del muerto- es el referido a la incidencia que la desaparición de éste último tiene en los niveles y modo de subsistencia de los primeros.
Régimen de conversión de quebrantos, reajuste de impuestos, facultades tributarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sevel Argentina S.A. c/ Estado Nacional (Dirección General Impositiva) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

Cabe revocar la sentencia que- en el marco de una demanda enderezada a obtener el reconocimiento de créditos fiscales según el régimen establecido por los arts. 31 a 33 de la ley 24.073, admitió el quebranto impositivo correspondiente al período fiscal 1985 proveniente del ajuste de valuación de bienes de cambio originado en la adquisición de un edificio, pues dada la importancia económica de la operación y la magnitud del crédito cuyo reconocimiento solicitó la actora, el criterio seguido por el organismo recaudador, en cuanto exigió la presentación de los elementos de juicio que justificasen y explicasen plena y circunstanciadamente el ajuste del valor contable de los bienes de cambio -así como el posterior rechazo ante la ausencia de tales elementos- lejos de resultar arbitrario, importó un razonable ejercicio de las funciones que le son propias.
Recurso extraordinario, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL
Carátula: Petcoff, Luisa M. s/ Calumnias e injurias. Rec. de hecho Lamtzev, Demetrio s/ Desobediencia. Recurso de hecho Monín, Daniel H. s/ triple homicidio y les. culp. Recurso de hecho Forcellatti, Angel Domingo s/ Lesiones culposas. Recurso de hecho Fleita, Ramón s/ Abuso de armas. Daño y lesiones. Rec. de hecho Lobo, Carlos Leandro s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de  ley Robledo, Daniel Ramón s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de  ley Romano, Eduardo Ramón s/ Recurso de casación. Privación legal de la libertad agravada por  amenazas. Rec. extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05|1993-12-21|1999-02-09|2000-04-05|2001-02-21|2002-02-13|2002-08-28|2003-02-19

El planteo doctrinario del recurrente para lograr el acceso a esta instancia extraordinaria no puede admitirse, pues contra la letra y el espíritu de la Constitución nacional, de aplicarse tal como se propone, los tribunales provinciales verían alterada la competencia que las propias constituciones y leyes locales les asignan -facultad indelegada e indelegable a la Nación (arts. 5, 67 inc. 11, 100, 101, 104, 105 y 108, Const. Nac.)- pues para otorgarle el conocimiento de causas que no les compete, bastaría que cualquiera de los litigantes alegase con buen o mal fundamento que las leyes aplicables al debate o la solución impugnada son contrarios a la Constitución nacional.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

En la hipótesis de daño causado con la cosa, el dueño que ha transferido la guarda responde en tanto no demuestre la ausencia de culpa de su parte, y puede admitirse que acredita debidamente su ausencia de culpa cuando ha efectuado esa transferencia regularmente y a persona responsable.
Marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ANA  S.A. c/ BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI  S.A.I.C. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Si bien la finalidad de la oposición de la registración de una marca tiende a determinar si existe confusión o similitud entre la registrada anteriormente y la que se pretende inscribir, la razón de tal protección radica en la posibilidad de daño económico que eventualmente pueda sufrir la oponente de ocurrir la registración, al inducir inadvertidamente al consumidor a adquirir un producto por otro. (En el caso, se puntualizo que los vocablos utilizados ("cepa" y "bodega") tenían un significado distinto tomados aisladamente, pero unidos con la palabra "privada" y "privadas", inducirían al consumidor a una confusión, pues podrían generar en éste la representación de venir ambos productos de selecto origen o rama, ya que es común decir que un vino es de buena bodega o buena cepa).
Honorarios del martillero, suspensión de la subasta, regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ JUAN CARLOS Y OTRO c/ SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AEREO FLUVIAL Y MARITIMO s/ VARIOS TRANSPORTE DE COSAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Toda vez que el martillero no pudo realizar la tarea encomendada por razones ajenas a su voluntad (la subasta fracasó ante la quiebra decretada a la empresa Tamul SA) corresponde fijar su retribución prudencialmente (cfr. art. 565, 2° párrafo del Código Procesal; Sala I, Causa 2247 del 31.10.84, sus citas y otras), teniendo en cuenta los trabajos realizados y considerando el valor del bien que iba a ser objeto de remate.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo detenido, autopistas, caso fortuito
Materia: CIVIL
Carátula: MONTESERIN, Adri n Claudio c/ OLIVERA, Luciano Francisco s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-30

La detención de un rodado en el carril de circulación de una autopista o ruta por un hecho ajeno a la voluntad de su conductor, supone inexorablemente que éste, en la medida en que ese desperfecto mecánico se lo permita realice aquellas maniobras y medidas de señalización tendientes a mitigar el riesgo propio en esas contingencias para no obstruir la circulación y dar aviso a los demás conductores, actuación que debe realizar en forma inmediata para reducir el riesgo propio y ajeno. Cabe recordar también que no excusa la responsabilidad del conductor del rodado la circunstancia que su detención hubiera obedecido a fallas mecánicas en el vehículo, puesto que igual responde en los términos del art. 1113 del Código Civil por el vicio de la cosa, es que en tal caso no cumplió con la obligación de conservar en buen estado el vehículo por lo que no corresponde admitir como defensa el caso fortuito o la fuerza mayor.
Procedimiento administrativo, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AMG DE AIDA M GOLDIN c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

Si no se persigue reparación pecuniaria alguna, sino que se pretende la emisión de una orden judicial de pronto despacho, en tanto se aspira en el trámite administrativo obtener una resolución sobre una cuestión de fondo, resulta aplicable el art. 28 de la ley 19.549, por cuanto la mora descripta por dicha norma no sólo contempla a la incurrida en admitir dictámenes, sino también a la mora en dictar resoluciones de mero trámite o de fondo.-
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, procedencia del recurso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: AVICOLA  DE  BELGRANO  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INC.  DE REVISION POR NORBERTO JAVIER  SZTYCBERG S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Procede la queja por denegación de la apelación interpuesta contra la resolución que impuso las costas al recurrente, pues considero que no existia agravio actual para aquel al no existir regulación de honorarios. Ello pues, aún cuando las costas del proceso no se hayan cuantificado, lo cierto es que las mismas han sido impuestas al quejoso en la decisión recurrida.

Consecuentemente, causa perjuicio actual y ello torna viable la apelación.
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

Integran el concepto de "secuela de juicio" del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal, aquellos actos que a partir de la requisitoria fiscal o querella en los casos de acción privada, revelen inequívocamente la actuación del órgano público o privado de acusación en el ejercicio de la acción, realizando la pretensión punitiva con base en el derecho público penal. (Del Voto del Dr.

Suárez). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Juicio ejecutivo, subasta judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: SINDICATURA EX BID C OOP. LTDO. c/ AVICOLA CORIA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-06-04

Importando la subasta judicial la liquidación de todos los créditos que pesan sobre los bienes, al salir estos del patrimonio del deudor automáticamente quedan transferidos al precio obtenido en la subasta en virtud del principio de subrogación real y sobre el cual se va a ejercer la prioridad de cobro que la ley les atribuye.

Si el precio obtenido no alcanza par pagar los impuestos, tasas y contribuciones entendemos que el procedimiento a seguir es: vendido judicialmente un bien, se produce una suerte de concurso, donde todos los acreedores, previamente citados para que hagan valer sus derechos sobre el precio pagado, en el orden de preferencia que a tales efectos les ha concedido la ley, cancelándose dichos créditos sobre el inmueble subastado, quedando liberado el comprador.

Cabe aclarar que tales créditos por impuestos no se extinguen totalmente. Solo se cancelan respecto al adquirente en el remate judicial, sin perjuicio de que sus titulares puedan reclamar el saldo insoluto al anterior propietario, quien deberá responder con todo su patrimonio.
Tasa de justicia, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Entel en liquidación -incidente- c/ Tecsel S.A. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Si bien es cierto que la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios sólo adquiriría certeza después de las resoluciones que sobre el fondo del asunto se dicten, pero no puede dejar de considerarse que la determinación de la tasa de justicia no se efectúa sobre la parte que prospera la demanda sino sobre lo reclamado al momento de su iniciación (confr. art. 4, inc. a, ley 23.898) cuya cuantificación en el caso no resulta de imposible realización.
Sentencia definitiva, principio de publicidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Arriaga, Antonio c/ Diario La Prensa  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Por ser la regla la publicidad íntegra de las sentencias definitivas - y su limitación, la excepción - el actor debió haber acreditado que la cámara había restringido la posibilidad de dar a conocer el nombre de los litigantes.
Daños y perjuicios, legitimación activa, parentesco, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vitale, Marta Natividad y otro c/ Penguin Random House Grupo Editorial S.A. (ex Editorial Sudamericana S.A.) y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-02

Si bien a los fines de acreditar la legitimación activa, concretamente la calidad de hijos de una persona, la prueba por excelencia la constituyen las partidas de nacimiento emitidas por el Registro del Estado Civil de las Personas, dicha prueba no es absoluta ni excluyente, ya que nuestra legislación permite iniciar acciones tendientes a rectificar, adicionar o modificar actas del referido registro, a través de un proceso sumario, conforme lo dispuesto en los arts. 312 a 314 del CPC, en el art. 52 inc. n) de la Ley 6354 y lo regulado en la Ley Nacional del Registro de Estado Civil, 18248 en los arts. 16, 17 y otros
Representación procesal, gestor judicial, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carulla Julio Ricardo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-15

Siendo la competencia establecida en la  ley 23661 "ratione personae", y en la medida que ello no sea articulada, conforme surge frente a la inoficiosidad de la presentación efectuada por quienes invocan la calidad de gestores, no cabe expedirse al respecto, propiciándose se declare la nulidad de lo actuado por los abogados, como así también de los actos que sean consecuencia de dicha presentación, y de la sentencia, como igualmente acerca de la competencia de la justicia provincial para entender en la presente causa, reenviando las actuaciones a la instancia a quo a los fines que se expida sobre el fondo de las pretensiones actorales.
Fondo Nacional de Incentivo Docente, pago de tributos, recibo, exhibición de comprobantes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ANTONIO BALDINO E HIJOS S.A. Y OTRO c/ NO FIGURA s/ AMPARO AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

Con el dictado de la ley 25.239 sancionada el 01/12/99 y publicada el 31/12/99 que establece en su artículo 13 que se "deroga a partir del 1ro. de enero del año 2000, inclusive, el impuesto establecido por el artículo 1ro. de la ley 25.053 y sus artículos 2º a 9º, sin perjuicio del mantenimiento de la creación del "Fondo Nacional de Incentivo Docente" y de las normas complementarias previstas en los artículos 10 a 19 de la citada ley, pierde vigencia el artículo 6to.

de la ley 25.053 que establecía la obligatoriedad de exhibir la oblea y comprobante de pago, que acreditaba el cumplimiento del citado impuesto.
Cuestiones de competencia, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Diario Electrónico Satelital Siglo Veintiuno S.A. s/ acción declarativa (art. 322 Código Procesal) - sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Corresponde remitir las actuaciones al tribunal de origen para conocer en el trámite de la acción prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que al no haberse individualizado la parte demandada ni señalado una situación contenciosa concreta no existen elementos suficientes que permitan dilucidar cuál es el tribunal competente para conocer en el trámite de las mismas.
Medidas cautelares, prescripción, ejecución fiscal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en gcba contra hipódromo argentino de palermo sa sobre ejecución fiscal - ing.brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-26

Si bien en el Código Fiscal no hay una regla expresa para tratar una medida cautelar que veda la acción del fisco, adoptar la solución que impide aplicar la regla general de la prescripción a supuestos en que la acción no puede ser ejercida, es absolutamente acorde con la que el legislador dispuso expresamente en el art. 85 del CF para los recursos de reconsideración y jerárquico. Ambos suspenden el curso de la prescripción y tienen en común con la medida cautelar objeto de análisis, que paralizan la acción fiscal. Es decir, el art. 85 vincula indisolublemente los efectos suspensivos de los recursos al de la suspensión del curso de la prescripción: precisamente, los efectos suspensivos de dichos recursos comprenden el de la prescripción. Consecuentemente, una medida cautelar, que al igual que los recursos es activada por el presunto deudor, razonablemente debe tener iguales efectos. En suma, esta interpretación no supone ampliar las causales de suspensión previstas en el CF con el agregado de una que guarde con ellos una supuesta similitud, sino establece acordar el carácter de recurso a una pretensión del administrado que tiene el mismo impacto impeditivo del accionar judicial del Fisco, aunque articulada ante un juez, y ciertamente en condiciones en que igual solución correspondería cuando la interpretación acomoda la ley a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Constitución Nacional. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, rechazo de la demanda, rescisión del contrato, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Olivencia, José Antonio c/ Escandarani, Mario s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó la demanda por rescisión contractual e indemnización de daños y perjuicios (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Gustavo A. Bossert y Adolfo Roberto Vázquez).
Daño ambiental, competencia federal, cuestión de derecho público local
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Asociación Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y Otros s/ Daño ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

Le asiste razón a las provincias citadas cuando dicen que no todo lo que es daño ambiental colectivo en la región es de carácter interjurisdiccional, ya que los supuestos casos de daño ambiental colectivo de alcance o afectación local derivados de la actividad hidrocarburíferas son problemáticas exclusivas del derecho público provincial.
Responsabilidad extracontractual, actos ilícitos, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Y., N.R. c/ V., J.M. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-31

Cualquier hecho ilícito que produzca afección en los sentimientos íntimos de una persona, aun proviniendo de un actuar meramente culposo, provoca in re ipsa el daño moral resarcible por la comisión del ilícito que surge inmediatamente del hecho ocurrido, al alterar el ritmo normal de vida del damnificado. Y que de ninguna manera pueden darse por compurgados por el restablecimiento del estado de salud, ya que lo que repara el daño moral es la aflicción producida de manera casi siempre inevitable por el hecho dañoso del cual se resulta damnificado.
Pasantías, contrato de aprendizaje, relación de dependencia, establecimientos educacionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alvarez Gas, María Victoria c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

La inserción en un establecimiento debería significar un aprendizaje para el "pasante" y la empresa ca-recer de finalidad económica. Por el contrario, si se efectúa una tarea típica y corriente, bajo condicio-nes que lo pondrían en un pie de igualdad con otros dependientes, sin que ello implique formación al-guna, y sin que la entidad educativa efectúe un seguimiento durante el transcurso de la relación, conlle-va a una ficción legal a través de la cual la recurrente obtiene un beneficio económico, alejándose de un instituto que ha pretendido ser tuitivo. Por ello, surgiendo de las constancias de autos que a quien se contrató como "pasante" fue destinado a realizar tareas en una playa de estacionamiento, actividad que no requiere capacitación alguna especial y no comporta ninguna ventaja a quien cursa una carrera (en el caso, de "Administrador de Empresas de Servicios"), por aplicación del principio de primacía de la reali-dad, corresponde confirmar la resolución administrativa que determinó que se estaba en presencia de una relación laboral en el marco de la ley 20.744.
Querellante, consorcio de propietarios, personalidad jurídica del consorcio, asamblea de consorcistas, representación del consorcio, calidad de parte
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARRAZAN, Ramón Luis. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

El copropietario no podrá querellarse por delito cometido en contra del consorcio ni pretender asumir su representación, salvo que se den las especiales circunstancias que permitan el ejercicio de la acción "ut singuli".

Si la asamblea del consorcio se encontraba sin sesionar desde hacía cuatro años, lo que motivara la apertura de un juicio por parte de los copropietarios sin resolución hasta el momento, ello sirve para verificar los extremos excepcionales que habilitan la acción. Por tanto, corresponde confirmar el auto que no hizo lugar a la excepción de falta de acción.
Recursos, resoluciones recurribles, recurso extraordinario, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Bayugar, Eduardo Manuel c/ 30 de mayo S.A. y otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

Las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma, como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación son, por regla, irrecurribles por vía extraordinaria (art. 57, 2do. párrafo, dec. ley 8904). Este criterio es igualmente aplicable cuando se cuestiona la regulación de los honorarios de los martilleros (art. 57, ley 10.973) y peritos.
Oportunidad procesal, prueba documental, agregación de la prueba documental
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GABBANI ALBERTO H. c/ GUSTAVO E. ORLANDINI Y OTROS s/ ORDINARIO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-20

La impugnación al valor probatorio de los instrumentos reservados en secretaría y no agregados al expediente,carece de todo andamiento, por cuanto dichos instrumentos pudieron ser consultados y formular las apreciaciones necesarias. No habiéndolo hecho ha precluído esa oportunidad por un indiscutible acto "turpis causae" de la parte que pasó por alto el extremo.-