Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22


"C. A. K. CONTRA COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS.", EXPTE: EXP 2294 En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de junio de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo Ángel Russo, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto por la demandada contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora en los autos "C. A. K. CONTRA COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS.", EXPTE: EXP 2294 y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Eduardo Ángel Russo, el Dr. Esteban Centanaro y la Dra. Nélida Mabel Daniele y, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada? El Dr. Eduardo Ángel Russo dijo: ANTECEDENTES: Las presentes actuaciones tiene inicio en sede Civil, ante la interposición de l a demanda efectuada por la Sra. A. K. C., quien en aquella oportunidad manifestó que en el mes de junio de 1995, inició el expediente 46.186/95 caratulado "C., A. K. c/ T. O., G. s/alimentos", en el que reclamó alimentos a favor de su hija menor del allí demandado. Agregó que a pesar de la resolución judicial que obligaba al Sr. T. O. a cumplir con una cuota alimentaria, el mismo jamás abonó lo acordado. Es así, que a los fines de garantizar el crédito reclamado, previas liquidaciones que se encontraron firmes en la instancia citada, se solicitó y se ordenó el embargo de los derechos y acciones que le correspondían al padre de la menor, emergentes de un boleto de compra-venta que suscribiera el mismo con la Comisión Municipal de Vivienda (CMV), respecto del bien sito en Av. Francisco Fernández de la Cruz y Tellier, teniendo en cuenta que a la fecha de las liquidaciones practicadas, el referido inmueble aún no había sido escriturado. En este contexto, se ordenó el embargo ejecutorio por alimentos sobre los cit ados derechos y acciones, por la suma de $3.213,57 (pesos tres mil doscientos trece con cincuenta y siete centavos), con más la suma de $600 (pesos seiscientos) para responder provisoriamente a intereses y costas. Más tarde, ese embargo fue ampliado por la suma de $4.188,54 (pesos cuatro mil ciento ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos) con más la suma de $800 (pesos ochocientos) presupuestado provisoriamente para responder a intereses y costas. Asimismo, se ordenó también el embargo por la suma de $690 (pesos seiscientos noventa), más la suma de $140 (pesos ciento cuarenta), en concepto de honorarios de la letrada patrocinante de la Sra. C.. Bajo el nº 128.126/98 se inició el expediente caratulado "S., L. G. y T. O., G. s/divorcio vincular", en el que el Sr. T. O. cedió los derechos y acciones que le correspondían respecto al boleto de compra-venta citado, a favor de su ex-conyuge y de las hijas habidas entre ambos. En este orden de ideas, y como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal habida entre el Sr. T. O. y la Sra. S., agregó que se sucribió una escritura traslativa de dominio, con fecha 30/7/99 por ante la escribana Inga Rivera Dahlgren, por intermedio de la cual la Comisión Municipal de Vivienda vendió a la Sra. S. y a sus hijas la unidad funcional descripta supra. Manifestó la Sra. C., que en el acto escriturario, se dejó constancia de los embargos trabados sobre el inmueble respecto de la causa de alimentos iniciada oportunamente por ella, pero se omitió dejar constancia de la ampliación del embargo dispuesta a fs. 263 del expediente 46.186/95 y recibido por la Comisión Municipal de la Vivienda con fecha 22/4/99. Agregó que por esta omisión se produjo la pérdida de la única garantía que amparaba y tutelaba el crédito alimentario. Continuó su relato, en el que planteó que de lo mencionado se desprende que a la fecha de la escrituración (30/7/99), la medida cautelar estaba debidamente notificada. Agregó que fue la escribana interviniente, quien en el acto escriturario omitió agrega r la ampliación del embargo ejecutorio ordenado judicialmente, siendo éste el único medio para responder al crédito alimentario. Que por lo antedicho, denunció en el expediente donde tramitaba el juicio de alimentos la omisión en la que incurrió la escribana, solicitando la inscripción de la medida cautelar omitida, en el que se dictó resolución mediante la cual la Sra. Juez del fuero civil, no hizo lugar a la pretensión por considerar que la misma era de cumplimiento imposible. En la misma presentación, hizo solidariamente responsable a la Comisión Municipal de la Vivienda y a la escribana interviniente y presentó liquidación por la que pretende el cobro de $14.988.54 (pesos catorce mil novecientos ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos), en concepto de daño emergente ($4.988,54) y daño moral ($10.000). Ofreció prueba y fundó en derecho. A fs. 227 contestó demanda la escribana Inga Adela Rivera Dahlgren en la que manifestó que quien había omitido consignar el tercer embargo (embargo ampliatorio) fue la Comisión Municipal de la Vivienda en el expediente de escrituración a ella girado. Hizo responsable a la citada entidad, ofreció prueba en la misma presentación e impugnó la liquidación ofrecida por la actora en su escrito de demanda. A fs. 441 contestó demanda la CMV, quien planteó la excepción de incompetencia, la falta de legitimación de la Sra. K. C. y sostuvo en términos generales que la sentencia de divorcio que homologó el convenio sobre la adjudicación del bien a la Sra. S., es anterior a la supuesta ampliación del embargo que la actora mencionó. Finalmente desestimó el pedido de daño moral pretendido por la actora. A fs. 491 se declaró incompetente para entender en estos actuados el juez civil, por lo que el expediente fue remitido a este fuero. A fs. 709 se dictó sentencia de grado, en el que el a quo rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la ex-Comisión Municipal de la Vivienda e hizo lugar a la demanda promovida por la Sra. A. K. C., por sí y en representación de su hi ja menor, y rechazándola en cuanto respecta a la escribana Inga Adela Rivera Dahlgren. Condenó a la codemandada vencida a abonar la suma de $8.988.54 (pesos ocho mil novecientos ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos), más los intereses a partir del 30/7/99, fecha en que se otorgó la escritura traslativa de dominio. Calculó los mismos hasta el 6/1/02 a la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, desde el 7/1/02 hasta el mes de septiembre del mismo año a la tasa activa promedio de la misma entidad bancaria, aplicándose nuevamente la tasa pasiva a los períodos posteriores a septiembre de 2002 hasta la fecha del efectivo pago. Además impuso la totalidad de las costas a la codemandada vencida y difirió la regulación de honorarios hasta el momento procesal oportuno. Fundó su sentencia en cuanto a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Comisión Municipal de la Vivienda, entendiendo que la misma debe ser rechazada teniendo en cuenta que la acción intentada no solo involucra derech os de la menor F. T., hija de la actora, sino que también incluye la indemnización de daños que considera propios. Agregó que en el juicio por alimentos entablado por la Sra. C. en representación de su hija F. T., se decretaron sucesivos embargos sobre los derechos y acciones de los que era titular el Sr. T. O., emergentes de un boleto de compra-venta. El tercer embargo ampliatorio decretado en el juicio de alimentos, no fue incluído en la escritura traslativa de dominio, por lo que se encomendó la inscripción correspondiente a la escribana interviniente, pero el Registro de la Propiedad Inmueble objetó dicha inscripción disponiéndose en definitiva el archivo del expediente administrativo. Manifestó que la transferencia de derechos del Sr. T. a la Sra. S. e hijas se enmarcó en la disolución y liquidación de la sociedad conyugal causada por el divorcio vincular, pero que esta circunstancias no empecen la aplicación de las normas de fondo previstas en protección de los derechos de terceros acreedores, tal como lo prevé el art. 1306 1º párrafo del Código Civil. En este orden de ideas sostuvo que atendiendo a la naturaleza del bien cedido (derechos y acciones), es claro que el embargo previo impedía su cambio de titularidad y adquisición por la Sra. S. e hijas. Por lo antedicho, expresó que en el expediente administrativo, la CMV debió actuar en consecuencia y trabar el embargo, puesto que la notificación de la sentencia de divorcio y consiguiente disolución de la sociedad conyugal, fue posterior a la notificación de la medida cautelar, sin importar que la fecha de la sentencia fuera anterior. Enfatizó el a quo, que en este orden, no debió tenerse en cuenta la fecha del negocio jurídico, sino la de su notificaciónl La CMV fue notificada del tercer embargo en forma previa a la notificación de la cesión, y por lo tanto, debió proceder a su traba, sin importar la fecha de la sentencia que decretó el divorcio y homologó el acuerdo entre S. y T.. Manifestó el juez de la anterior instancia que la CMV al no agregar en tiemp o y forma en el expediente administrativo el oficio disponiendo el embargo, y permitir, de tal manera, dejar constancia en la escritura, de la medida dispuesta, de igual manera como ocurrió con los anteriores embargos, cometió una grave e injustificada irregularidad, constitutiva de una grosera falta en el servicio. La citada falta produjo la frustación de la garantía y causó un daño al acreedor, siendo aquella medida el único resguardo del crédito por alimentos. Por último sostuvo que tal como lo establece el art. 736 del Código Civil, la CMV se encuentra obligada a "pagar de nuevo", o a reparar el daño derivado de la frustración del embargo, producto de la falta de servicio cometida. En este orden exoneró de responsabilidad a la escribana interviniente en el acto de escrituración a favor de la Sra. S. e hijas, debido a que la profesional actuó sobre la base de las constancias del expediente administrativo, donde no estaba informado el embargo. La sentencia de grado fue apelada a fs. 720 por el GCBA, quien e xpresó agravios a fs. 729. En esta oportunidad sostuvo como primer agravio que equivocó el a quo al tratar el caso de marras como una cesión de derechos y créditos, ya que tal cesión no tuvo lugar en el sub examine, considerando que debió tratarse por las normas de la partición de herencias, agregando que los derechos sobre el inmueble eran de carácter ganancial y lo que medió entre los cónyuges fue una partición y no una cesión de créditos o derechos. Alegó que la actora equivocó el camino para asegurar sus derechos, ya que debió oponerse en el juicio de divorcio del Sr. T. y la Sra. S., a la adjudicación de los lotes hasta tanto no fuera satisfecho su crédito. Fundó su pretensión en el art. 1306 del código Civil y agregó que no podía en estos términos anotar un embargo sobre un bien que había sido adjudicado a un tercero por medio de una sentencia judicial de la que la actora estaba notificada. El segundo agravio se produjo en torno a la condena indemnizatoria por daño moral. En este sentido manifestó que e n autos la actora no aportó prueba alguna de un supuesto perjuicio moral. Que este daño no constituye un daño cierto, sino meramente hipotético, siendo así no indemnizable. En cuanto al tercer agravio, se quejó en cuanto a los intereses aplicados por el a quo en la sentencia de grado. Manifestó que los mismos deben tener una finalidad resarcitoria y debe reparar razonablemente el daño, al compensar al acreedor por lo que hubiera percibido durante el lapso de mora. Solicitó se revoque en este punto la sentencia, fijando la tasa pasiva en forma pareja para todos los períodos mencionados por el juez de grado, con costas a la actora. Respecto al cuarto agravio, imposición de costas, agregó que solo ha ponderado el juez de la instancia anterior, el éxito parcial obtenido, sin tomar en consideración la derrota también parcial de la actora (en cuanto a la acción entablada también contra la escribana Dalhgren), e impuso en forma indebida la totalidad de las costas a su parte. A fs. 738 contestó traslado la actora, qu ien solicitó la deserción del recurso en cuanto al primer agravio planteado por la CMV. Agregó que la demandada reconoció su error, omisión y negligencia y que los argumentos expuestos en sede judicial por la contraria, no condicen con sus propios actos desplegados, careciendo aquéllos de entidad jurídica que justifiquen su conducta. Presentó dictamen el Asesor Tutelar a fs. 741, quien consideró confirmar la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravio, rechazándose el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. CONSIDERANDO: 1. Que en primer lugar cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf., C.S., Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros). 2. Sentado lo anterior y llegado el momento de decidir sobre la cuestión traída a debate, considero que corresponde detenerse en un análisis detallado sobre los cuatro agravios formulados por la Comisión Municipal de la Vivienda. En cuanto al inadecuado tratamiento como cesión de derechos que el a quo ha efectuado y que es materia de agravio por la quejosa, es dable destacar que de la demanda de divorcio vincular presentada en el expte. 128.126/98, surge claramente del punto 6) sobre "separación de bienes" que el Sr. T O "cede en favor de la Sra. S. L. y sus hijas menores todos los derechos sobre el inmueble que fuera sede del hogar conyugal...". No se discute aquí que el inmueble era de carácter ganancial, lo que no cabe duda es que el Sr. T. O. cedió a la Sra. S. y a sus hijas menores todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que el mismo poseía sobre el inmueble sito en Av. Fernández de la Cruz y Tellier. Sentado lo anterior, el punto de partida para el tratamiento de los posteriores agravios, se basa en la omisión de inscribir el embargo ampliatorio por part e de la Comisión Municipal de la Vivienda, considerando que la citada omisión hizo caer un derecho adquirido por la actora en orden a una decisión judicial. Cabe destacar que la CMV tenía respecto del tercer embargo, ordenado con fecha 6/4/99, una obligación de hacer. Cuando hablamos de obligación, definimos a la misma como la relación jurídica de la cual una persona tiene el deber de cumplir una prestación (en el caso de marras la inscripción del embargo ampliatorio) a favor de otra (en el caso la Sra. C.). En este sentido la doctrina ha expresado que la noción de deber denota la situación del sujeto que debe ajustarse a cierta conducta ya que el comportamiento debido es exigible "bajo amenazas de sanciones jurídicas" (Ghersi-Weingarten, Código Civil, Análisis Jurisprudencial, p. 645). Es la propia Comisión Municipal de la Vivienda quien a fs. 605, reconoce haber omitido agregar al expediente de escrituración el embargo ampliatorio decretado en los autos "C., A. K. c/T. O. G. s/Alimentos". La obligación de h acer que tenía la CMV se vio traducida en una omisión que generó la imposibilidad de hacer efectivo el cumplimiento del crédito a favor de la actora y de su hija menor, siendo el inmueble de marras, la única posibilidad de efectivo cumplimiento del mismo. Por otro lado, hay que destacar que la actora luego del acto que decretó el divorcio vincular y la homologación del convenio suscrito por los cónyuges, se opuso al mismo debido a que el inmueble se encontraba afectado por dos embargos provenientes de un crédito alimentario a su favor. Sin embargo, y pese a lo antedicho, con fecha 30/7/99 se escrituró a favor de la Sra. S. y sus hijas menores, habiéndose ordenado un embargo ampliatorio por la suma de $4188.54 (pesos cuatro mil ciento ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos), con más la suma de $800 (pesos ochocientos) presupuestado provisoriamente para responder a intereses y costas, con fecha 6/4/99, habiéndose notificado la Comisión Municipal de la Vivienda el 22/4/99, es decir con anterioridad a la fecha de escrituración. No importa aquí la estructura formal del acto de traslación de los derechos y acciones entre las partes, lo relevante en estos actuados ha sido la omisión por parte de quien debía cumplir una obligación de hacer (CMV) y el daño producido a partir de la misma. Es por lo antedicho y en cuanto a la omisión de la Comisión Municipal de la Vivienda, este Tribunal ya se ha pronunciado en temas similares en donde sostuvo que, "quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar ese fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular en virtud de los principios de derecho público recogidos en los arts. 1112 del Código Civil. Se trata, en suma, de la idea objetiva de la "falta de servicio" que encuentra su fundamento en la aplicación por vía subsidiaria de ese artículo que equipara con los hechos ilícitos del título IX a los hechos y las omisiones de los funcionarios públi cos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas". (in re "Roldán, Norma Beatriz y otros contra GCBA sobre responsabilidad médica", Expte. EXP 6047/0, sentencia del 7/10/04) Lo expuesto debe destacarse, ya que, desde el momento en que la Comisión Municipal de la Vivienda omitió, habiendo tomado conocimiento del embargo ampliatorio, inscribirlo, produjo dificultades para hacer efectivo un crédito que aún no percibió. La responsabilidad de una repartición del Estado, como lo es la CMV, ha nacido desde el momento mismo en que no ha dado cumplimiento con la obligación de inscribir el embargo, generando inconvenientes en la prosecución del trámite para la actora, que, reitero, aún no ha hecho efectivo su crédito. Es por lo hasta aquí expuesto que encuentro responsable a la CMV respecto a la omisión en inscribir el embargo ampliatorio, habiendo tomado nota del mismo con anterioridad al hecho escriturario. 3. Respecto a la condena indemniz atoria por daño moral, que fuera motivo del segundo agravio por parte de la Comisión Municipal de la Vivienda, es importante destacar lo que la doctrina ha sostenido en este aspecto. Ha manifestado la misma que "El daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu. Alteración espiritual no subsumible en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, etc., que exceden lo que por dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar". (Mosset Iturraspe J. (dir.) Responsabilidad Civil, p. 242). Tal como lo estableció la doctrina y en relación a este sub examine, la Sra. C. se ha visto perjudicada no solo en el ámbito patrimonial, al verse impedida de hacer efectivo el crédito alimentario, sino también en su estado emocional al tener que enfrentarse a una situación tan complicado como es la dificultad para atender las necesidades básicas de su hija menor, ante la frustración del cobro de las sumas menci onadas, generando profundas preocupaciones a lo largo de proceso, viéndose además su petición negada ante la omisión de quien debía cumplir con una obligación. 4. Comparto el criterio del Sr. Juez de grado en cuanto a la aplicación de los intereses devengados por las sumas reclamadas. La jurisprudencia ha sostenido en este aspecto que corresponde aplicar la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para calcular los intereses en el período comprendido entre el 6 de enero de 2002 y el 30 de septiembre de ese año; mientras que deberá recurrirse a la tasa pasiva que publica el BCRA para fijar los intereses devengados en períodos anteriores al 6 de enero de 2002 y posteriores al 30 de septiembre de ese año (conf Paletta Aldo D. c/ GCBA s/ Revisión cesantías o exoneraciones de empleo público, expte. nºRDC-99, sentencia de fecha 26/02/04). 5. En cuanto a las costas, la quejosa plantea la incorrecta imposición de las mismas a su parte. Hay que tener en cuenta que tal como lo expresara la doctrina: "La imposición de costas constituye un resarcimiento por los gastos efectuados por quien se vio obligado a desarrollar una actividad, para sustentar su postura u obtener el reconocimiento de su derecho" (Cám. Apel. Cont. Adm. y Trib. CABA, sala I, 19/12/2000. "Cañado, María A. v. GCBA s/amparo) Por lo expuesto considero pertinente confirmar la imposición de las costas a la vencida para ambas instancias, teniendo en cuenta además que la condena en costas es evitar que la movilización jurisdiccional represente una disminución para la parte a favor de la cual se realiza. Por lo hasta aquí mencionado y en caso de que mi voto fuera compartido, propongo confirmar la sentencia de grado en todas sus partes, con costas a la vencida (art. 62 CCAyT). El Dr. Esteban Centanaro dijo: 1. Sin perjuicio de las precisiones que seguidamente habrán de efectuarse (ver cons. 4º, apartado i), adhiero al relato de los hechos efectuado en el meritorio voto que antecede; no obstante ello, disiento en cuanto a la solución allí propiciada.

2. A efectos de encuadrar la acción intentada cabe recordar que la codificación es el ultimo paso en la evolución legislativa siendo el Código una ley que se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la sistematización y, para la mayor parte de la doctrina, la exclusividad (Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, t. I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, § 213, pp. 226/7; en el mismo sentido, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte General, t. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, § 215, pp. 153/4). En la actualidad, sin embargo, esa última característica va siendo dejada de lado, puesto que algunos códigos, además de regular el derecho civil, también legislan el comercial y algunos una sola parte del derecho privado civil y mercantil, como por ejemplo, los contratos. En otras palabras, el principio de exclusividad de contenido no se presenta de manera absoluta casi en ningún Código Civil y ello sucede, asimismo, en el nuest ro, pues contiene numerosas disposiciones relativas a temas diversos y que no sólo regulan las relaciones entre los particulares sino que también resultan aplicables a las de éstos últimos con el Estado. En efecto, el Código Civil contiene numerosas normas destinadas a legislar sobre el Derecho Administrativo; baste, a título de ejemplo, la mención de los artículos 33, 823, 912, 1112, 1117, 1442, 1443, 1502, 1810, inc. 2º, 2185, inc. 4º, 2261, 2262, 2339, 2340, 2341, 2342, 2344, 2415, 2572, 2575, 2611, 2637, 2639, 2644, 2646, 2738, 2750, 2839, 3083, 3545, 3589, 3879, 3951 y demás concordantes. A partir de ello y concretamente sobre el tema que nos ocupa -la responsabilidad del Estado y de los organismos que de él dependen- no es posible soslayar la disposición contenida en el art. 43 del Código Civil, en cuanto establece que "[l]as personas jurídicas [entre las que, conforme lo normado por el art. 33 del mismo cuerpo legal, se incluye al Estado nacional, las provincias y los municipios] responden por los daño s que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos que no son delitos". Esta norma, cuya actual redacción se debe a la reforma introducida por la ley 17.711, es la lógica consecuencia de la evolución jurisprudencial producida desde la época en que el Estado no era responsable por los daños derivados de hecho ilícitos de sus empleados o funcionarios hasta la actual etapa, caracterizada por la plena responsabilidad estatal. La norma transcripta, conjugada con el art. 1113 del mismo texto legal, permite concluir en la responsabilidad del Estado (sea nacional, provincial o municipal) por los hechos de sus administradores, directores o dependientes (1º párrafo), por los daños causados con las cosas (2º párrafo, 1ª parte) o bien por los derivados del vicio o riesgo de las cosas que se encuentran bajo su dominio ( 2º párrafo, 2ª parte). En esa misma dirección cabe señalar que, aún aceptando la existencia de principios específicos de derecho público, la jurisprudencia ha recurrido en forma permanente al articulado civil en diversos aspectos, corroborando aquel aserto de que el Derecho es un complejo único, pleno e integral, que no admite divisiones en compartimentos estancos o aislados (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de Responsabilidad Civil. El Derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, t. IV, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 12). En ese sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "[l]a responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en c uanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" (CSJN en autos Gunther c/ Gobierno Nacional, del 5/8/86, ED, 120-524). Es que, la unidad de la teoría del responder es una consecuencia lógica de la unidad del ordenamiento jurídico (Kemelmajer de Carlucci, Aída - Parellada, Carlos A., "Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de la función judicial", en Mosset Iturraspe, Jorge - Kemelmajer de Carlucci, Aída - Parellada, Carlos A., Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad judicial, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1986, p. 24). 3. Pues bien, como es sabido, los elementos sobre los que se asienta el régimen de responsabilidad son: 1º) infracción de un deber jurídico de actuar impuesto por la ley (antijuridicidad o ilicitud); 2º) existencia de un daño causado; 3º) relación de causalidad entre el daño y el obrar h umano violatorio del ordenamiento jurídico; 4º) factor de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad. Conforme este esquema, corresponde -en primer lugar- analizar si la omisión en la que incurriera la Comisión Municipal de la Vivienda (cuya existencia no se encuentra discutida) revistió el carácter de ilícita y, con ello, si amerita el examen de los restantes extremos. Es que, como bien puede deducirse a partir del examen de los agravios vertidos, la argumentación desarrollada por la apelante apunta a demostrar que la falta de anotación de la ampliación de embargo ordenada a favor de C. con fecha 6/4/99 (ver fs. 263 de los autos C., A. K. c/ T. O., G. s/ alimentos) se encontraba justificada. En forma liminar, entonces, resulta pertinente recordar que, según dispone el art. 1066 de nuestro Código Civil "[n]ingún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar p ena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto". Respecto de tales conductas existe, a su vez, una clásica distinción: la violación de la ley por actos positivos (de comisión), o por actos negativos (de omisión). Así, someramente, mientras los primeros se configuran cuando la ley prohibe su ejecución, los segundos encontrarían su fundamento en una disposición legal que ordena su cumplimiento. Sobre este último tópico, el art. 1074 del mismo cuerpo legal señala que "[t]oda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido". Cabe agregar a ello que, según la comprensión dominante en doctrina y jurisprudencia, esta norma no debe ser entendida literalmente sino con amplitud: hay responsabilidad por omisión frente a cualquier supuesto en el que quien se abstiene infringe así una obligación jurìdica de obrar, entendiendo por tal no sól o la que la ley consagra de modo específico sino la que surge inequívocamente del conjunto del ordenamiento jurídico, y que está impuesta por la razón, por el estado de las costumbres y por la práctica de los hombres probos (Demogue, René, Traité des obligations, t. III, París, Arthur Rousseau, 1925, § 258, p. 434) o, como también se ha dicho, siempre que la abstención implique un ejercicio abusivo de la libertad de actuar o quedar inactivo (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. III, Buenos Aires, Perrot, 1996, 4ª ed., § 2221, p. 628). 4. Expuesto ese marco, resulta necesario sintetizar la secuencia que ha derivado en la conducta que se reprocha a la demandada: a) con fecha 8/5/97, la entidad demandada informó, en los autos "C., A. K. c/ T. O., G. s/ alimentos", que había tomado conocimiento del embargo allí decretado sobre los derechos y acciones que a G. T. O. le correspondían respecto del boleto de compraventa que éste último había suscripto con la Comisión Municipal de la Viv ienda (ver fs. 185 de las actuaciones mencionadas); b) por su parte, con fecha 22/12/98, G. T. O. -titular de los derechos emergentes del boleto- y L. G. S. promovieron demanda de divorcio vincular por presentación conjunta por ante el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 7 (ver fotocopias certificadas que corren agregadas por cuerda separada); c) el 16/2/99, el magistrado interviniente en el juicio mencionado en el punto anterior decretó el divorcio vincular de los peticionarios y homologó el convenio de separación de bienes presentado conjuntamente con la demanda, en virtud del cual se adjudicaba a favor de L. G. S. e hijas el boleto de compraventa oportunamente suscripto entre T. O. y la Comisión Municipal de la Vivienda -embargado por la aquí demandante-; d) con fecha 16/3/99, C. se presentó en el juicio de divorcio, manifestó haber tomado conocimiento de la partición privada de bienes y solicitó autorización para compulsar las actuaciones; e) escasos días después, el 22/3/99, y en el mismo mar co procesal, la aquí actora se opuso al convenio celebrado entre los cónyuges invocando la existencia del embargo trabado sobre los derechos que, respecto del boleto de compraventa, le correspondían a T. O.; frente a esa petición, el juez interviniente denegó la oposición vertida y ordenó a la peticionaria ocurrir por la vía y forma que pudiere corresponder; f) contemporáneamente con esa presentación, la aquí demandante solicitó y obtuvo -en el juicio de alimentos y con fecha 6/4/99- la ampliación del embargo ordenado en el año 1997 (ver punto a); g) a fs. 269/75 de los autos "C., A. K. c/ T. O., G. s/ alimentos", obran constancias que acreditan que la Comisión Municipal de la Vivienda había tomado conocimiento, con fecha 26/4/99, de la ampliación ordenada; h) con fecha 30/7/99, la escribana Inga Adela Rivera Dahlgren, labró la escritura Nº 108 dando cuenta de la venta del inmueble de marras a favor de L. G. S. y sus hijas, A. y D. A. T., sin que en ella se dejara constancia de la ampliación de embargo ordena da por la juez interviniente en el proceso de alimentos seguido contra T. O. y de la que la demandada había tomado oportuno conocimiento con anterioridad a verificarse el acto escriturario; i) por último, el 23/10/00, C. y S. presentaron para su homologación un convenio de pago respecto de las sumas involucradas en el embargo anotado. En ese mismo instrumento y para el momento en que se acreditara el cumplimiento de las cuotas estipuladas, la primera asumió el compromiso de prestar su conformidad con el levantamiento del gravamen inscripto. 5. A partir de ello no cabe sino concluir que, pese al desarrollo argumental realizado por la recurrente, la omisión verificada resulta antijurídica. Recuérdese que el temperamento de la demandada se estructura a partir de las siguientes premisas: a) que la liquidación de la sociedad conyugal se rige por las normas de la partición de herencias y no -como interpretó el a quo- por las de la cesión de derechos; b) que la sentencia dictada en el juicio de divorcio habido entre S. y T. O. homologó -con anterioridad, incluso, a la fecha en que se ordenó la ampliación del embargo en el juicio de alimentos- el convenio de separación de bienes celebrado entre los cónyuges; c) que, frente a ello, ninguna otra conducta podía exigírsele más que la de escriturar a favor de quienes, con efecto retroactivo a la fecha de presentación del convenio, resultaban nuevos titulares del boleto (S. e hijas) y, por tanto, la falta de anotación de la ampliación de la medida estaba justificada; d) que, además, tal conclusión se impone en virtud de la aplicación de la regla que -contrario sensu- surge del art. 1306 del Código Civil, en cuanto esta norma no ampara del efecto retroactivo de la sentencia que disuelve la sociedad conyugal a los terceros de mala fe (es decir, a quienes, como C., conocieren la existencia del juicio de divorcio). Tales críticas, sin embargo, aún cuando son esforzadas, confunden el eje del problema. Es que, si bien es cierto que la liquidación de la sociedad conyugal debe juzgars e, merced a la remisión genérica efectuada por el art. 1313 del Código Civil, conforme a las reglas que rigen la partición de herencias (art. 3462 del Código Civil), no lo es menos que la clave en el tratamiento del agravio pasa por determinar la calificación que le cabe a la conducta de quien, como la demandada, incumple una manda judicial y no -como se apunta- por desentrañar la naturaleza del acto por el que S. resultara titular de los derechos emergentes del boleto de compraventa celebrado entre T. O. y la Comisión Municipal de la Vivienda para, con ello, cuestionar la actividad desarrollada por C. a fin de lograr la ampliación del embargo cuando ya había tomado conocimiento del convenio de partición de bienes. En efecto, no desconoce el suscripto que el derecho de la embargante (aquí actora) de solicitar una ampliación del embargo resultaba -cuanto menos- discutible (en tanto ya estaba anoticiada de la adjudicación de los bienes como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal; arg. art. 1306, in fine, del Código Civil) y que la vía idónea para lograr el efectivo reconocimiento de sus derechos hubiera sido la que le acuerda el art. 3475 o, en su caso, la acción de fraude regulada a partir del art. 961. Empero, tales conclusiones soslayan la presencia de un dato que no puede ser dejado de lado y que sella la suerte del agravio: la ampliación del embargo había sido ordenada por un juez competente y, por lo tanto, la discusión respecto de su pertinencia no podía justificar la omisión de tomar razón de ella. En ese orden de ideas y teniendo en consideración las pautas reseñadas en lo concerniente a la omisión antijurídica como presupuesto de la responsabilidad, resulta indudable que la actitud pasiva adoptada por la demandada implica, lisa y llanamente, la transgresión del deber jurídico de actuar frente a una orden judicial que así lo exigía. Es que, reitérase, no es del caso juzgar la conducta de quien sí conocía la existencia del juicio de divorcio y, consecuentemente, el convenio de separación de bienes que hacía salir de la esfera patrimonial del embargado el boleto de compraventa, sino de quien, como la demandada, al momento de recibir la orden judicial de tomar razón de un embargo, desconoció el deber que le incumbía al respecto. 6. Y a ello no empece la alegada imposibilidad de aplicar las normas que regulan el contrato de cesión de derechos a la situación de marras. Por el contrario, ellas refuerzan la conclusión esbozada en el punto precedente. Es que, una vez disuelta la sociedad, los cónyuges, en virtud del principio del art. 3462 del Código Civil, pueden resolver liquidar los bienes de acuerdo a las pautas que estimen más convenientes. Rige aquí la autonomía de la voluntad, en la medida en que los arts. 1218 y 1219 del Código Civil, que impiden todo acuerdo sobre el derecho de los gananciales, dejan de tener aplicación una vez extinguida la sociedad conyugal. No rige, pues, entre los cónyuges y a partir de entonces, la prohibición de comprar o vender, ni la de cederse bienes, y, por ende, tam poco la incapacidad para hacerse mutuamente cesiones de derechos, permutas, etc. (Zannoni, Eduardo A., Derecho de familia, t. I, Buenos Aires, Astrea, 2002, 4ª ed., § 575, p. 732). Tal solución es coherente con la disposición contenida en el art. 236 del Código Civil (según reforma introducida por la ley 23.515), en cuanto allí se establece que, en la presentación conjunta en que se solicite la separación personal o el divorcio vincular, los cónyuges podrán "realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal". En suma, si bien el convenio celebrado entre T. O. y S. habrá de tener efecto retroactivo respecto de ellos, los producidos con relación a terceros (C. y Comisión Municipal de la Vivienda) podrán analizarse de acuerdo a las normas pertinentes del contrato de cesión de derechos, en tanto ese fue el específico modo que eligieron las partes para efectuar la partición; el objeto de la misma y las reglas de la analogía. 7. Desde ese ángulo, resulta oportuno recorda r que, por las particulares circunstancias de este pleito, las especiales características del contrato de cesión y las diferencias que éste último tiene respecto de otros, la presencia de terceros involucrados -en especial del deudor cedido- hace necesario contemplar, además de los efectos entre las partes, los que se producen respecto de ciertos terceros interesados. En ese orden de ideas, debe tenerse en consideración que quienes revisten el carácter de parte son el cedente y el cesionario, mientras que, en líneas generales, serán terceros interesados en contestar la cesión: el deudor cedido, los acreedores del cedente (en el particular, la actora) y los segundos o posteriores cesionarios; en efecto, como bien se ha dicho, se entiende por terceros a todos aquellos que tienen un interés legítimo en oponerse a la cesión para hacer mantener sus derechos o ventajas (Aubry, C. - Rau, C., Cours de Droit Civil Français, t. 4, París, Marchal, Billard et Cía., 1871, p. 427). Sobre esa base, establece el art. 1457 de l Código Civil que "la propiedad de un crédito pasa al cesionario por el solo efecto de la cesión". Es decir, expresado el consentimiento de las partes, la transferencia del cedente al cesionario opera de pleno derecho. Por su parte, como principio general, para que la cesión produzca sus efectos respecto de los terceros ya mencionados, es necesaria su notificación al deudor cedido. Así surge claramente del art. 1459 del Código Civil, cuando dispone que "respecto de terceros que tengan un interés legítimo en contestar la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella, la propiedad del crédito no es transmisible al cesionario, sino por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia de parte de éste". No existe consenso acerca del motivo o función que cumple la notificación. Según cierta doctrina extranjera, el fundamento de aquélla reside en la publicidad que otorga (Laurent, F., Principii di diritto civile, t. XXIV, Sociedad Editrice Libraria, Milano, 2ª ed., § 502, p. 381). Entre nosotros, se ha sostenido que se trata de un triple sustento: a) que el deudor sepa efectivamente quién es el acreedor; b) que los demás terceros conozcan la nueva situación patrimonial del cedente; y c) con relación al cesionario, que su deudor se abstenga de pagar al cedente o de celebrar con él acto extintivo alguno (Rezzónico, Luis María, Estudio de los Contratos, Buenos Aires, Depalma, 1967). Someramente y desde un punto de vista práctico, los principales efectos de la notificación son que, a partir de aquélla, el deudor cedido ya no puede pagar válidamente al acreedor originario (cedente) y que, además, la notificación puede determinar el "embargo" del crédito cedido. Al respecto, ya Pothier señalaba que el traspaso de una renta u otro crédito, antes de notificarse al deudor, viene a ser lo mismo que la renta de una cosa corporal antes de la tradición: así, mientras el cesionario no notifique al deudor el traspaso que se ha hecho a su favor, el cedente continúa como no desprendido del crédito que traspasó (con cita del art. 108 de la costumbre de París, Pothier, Tratado del contrato de venta, t. VI, trad. Manuel Deó, Barcelona, Juan Llordachs, 1880, § 555, p. 306). En síntesis, podemos decir que el efecto es hacer oponible la cesión al deudor cedido y a otros terceros. Teniendo en consideración tal punto de partida, cabe distinguir entre embargantes anteriores y posteriores a la notificación (o aceptación) de la cesión. Así, lógicamente, si el acreedor del cedente embarga antes del anoticiamiento (como ha sucedido en el caso, según seguidamente se verá), tiene prioridad, porque el crédito aún permanece en el patrimonio del primero (art. 1471, 1ª parte); pese a la contradicción que parecería surgir entre los arts. 1471 (2ª parte) y 1465, lo cierto es que tanto la doctrina como jurisprudencia dominantes han sostenido que, en ese caso, el cesionario deberá respetar el derecho de los embargantes. En cambio, a partir de la notificación (realizada en la forma prescripta por el art. 1467, úl tima parte), la cesión es oponible a todos los terceros y, por tal motivo, los acreedores del cedente ya no podrán embargar válidamente, pues el crédito -aún respecto de aquéllos- ya ha salido de la esfera patrimonial de su deudor (art. 1465, 2ª parte). 8. Siendo ello así y dado que de las actuaciones administrativas agregadas a estos obrados (Expte. Nº 8015/CMV/90) no se desprende que la notificación de la sentencia de divorcio hubiese precedido a la toma de razón del oficio de ampliación de embargo, cabe concluir que el argumento asentado en el efecto retroactivo consagrado por el art. 1306 del Código Civil tampoco puede convalidar el incumplimiento de la orden judicial impartida por el magistrado interviniente en el juicio de alimentos. En efecto, si el deudor cedido (Comisión Municipal de la Vivienda) tomó conocimiento del embargo ordenado sobre los derechos del cedente (T. O.) con anterioridad (22/4/99, ver fs. 604) a la fecha en que le fue notificada la sentencia que homologaba el convenio de partición (como señaló el a quo, no antes del 5/5/99; ver fs. 583/4) y que, en teoría, le hubiera impedido tomar razón del gravamen (en virtud del efecto retroactivo de la sentencia de disolución conyugal que consagra el art. 1306 del Código Civil), tórnase aplicable en el particular lo normado por el art. 1459, en cuanto impone que, respecto de terceros que tengan un interés legítimo en contestar la cesión (es decir, la actora), el crédito no se transmite al cesionario sino por la notificación del traspaso al deudor cedido o por la aceptación de la transferencia por parte de éste. En otras palabras, el ampliación debía anotarse puesto que, merced a la prescripciones relativas al contrato de cesión de derechos mencionadas ut supra, el deudor cedido no puede oponer a la embargante la operación notificada después de que esta última logró la ampliación del embargo y puso al deudor en conocimiento de tal circunstancia. 9. En resumidas cuentas, la falta de actuación oportuna del ente público en lo concerniente a la anotació n de la ampliación del embargo constituyó una omisión antijurídica en los términos del art. 1074 del Código Civil por cuanto: a) más allá de toda discusión teórica respecto del convenio de partición, la conducta de la demandada importó el directo incumplimiento de una manda judicial; b) además, esa orden fue notificada a la Comisión Municipal de la Vivienda antes que la sentencia homologatoria del acuerdo en virtud del cual el embargado cedía el bien a L. S. e hijas. Ello, claro está, sin perjuicio de las acciones que, eventualmente, le hubiere correspondido ejercer a L. S. (cesionaria) con motivo de la anotación de la ampliación del embargo, puesto que -como se infiere de lo expuesto- quien, prima facie, sí podía alegar el efecto retroactivo de la sentencia de divorcio vincular (art. 1306 del Código Civil) era S. respecto de C.; empero, cabe reiterar, no era esa la materia objeto de debate en estas actuaciones. 10. Despejado el aspecto concerniente a la existencia de una conducta antijurídica en cabeza de la demandada, deviene ineludible expedirse en torno a la existencia de un daño que resulte resarcible, puesto que este requisito, tal cual se expuso en el cons. 3º de este voto, también es necesario para atribuir responsabilidad. Sobre este punto debe señalarse que, si bien la recurrente ha expresado en concreto -al cuestionar la procedencia del rubro daño moral- que "[e]l rubro [...] no constituye un daño cierto, sino meramente hipotético, conjetural" (ver fs. 733), lo cierto es que, aún cuando ninguna crítica se hubiese formulado al respecto, el deber de reparar impone la presencia de un daño que reúna determinadas características. En efecto, pese a que, de acuerdo a un estricto orden cronológico, el daño sería el último elemento en aparecer como consecuencia o resultado de la acción antijurídica -la omisión del ente demandado, en el caso-, desde un punto de vista metodológico, el daño resulta el primer elemento que debe analizarse, puesto que el problema de la responsabilidad civil comienza recién a plantear se cuando existe daño causado. En otras palabras, para obtener una indemnización no basta con que el reclamante demuestre la existencia de un incumplimiento contractual o de una conducta ilícita en su perjuicio (como en el particular), sino que, además, se requiere la obvia preexistencia del daño. Ello así, en tanto no puede desconocerse que, actualmente, el fundamento de la responsabilidad civil ya no lo constituye el acto ilícito de quien ocasiona el perjuicio, sino el daño de quien lo soporta injustamente ((Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, t. I, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 393; Calvo Costa, Carlos A., "Las nuevas fronteras del daño resarcible", LL, 17/8/05, p. 1). 11. Resulta entonces oportuno recordar que la presente acción se inició, según palabras de la actora, a efectos de que los demandados "... resarzan totalmente los daños y perjuicios que causaron, compensando con su peculio la deuda que, por su culpa, perdió la garantía que aseguraba su cob ro" (vere fs. 11, punto IV). En otras palabras, el menoscabo que pretende enjugarse estaría constituido por la pérdida de la medida judicial (embargo) que permitiría a C. (en representación de su hija) percibir el crédito que T.O. adeudaba. Ello impone analizar -previa aclaración de que la actora no perdió el embargo, sino que no pudo anotar una ampliación- la naturaleza de la medida en cuestión. 12. Pues bien, denomínase embargo, en términos generales, a la afectación, por orden del órgano judicial, de uno o de varios bienes del deudor, o presunto deudor, al pago del crédito sobre el cual versa un proceso de ejecución, o de un crédito que se reclama o ha de ser reclamado en un proceso de conocimiento. De forma que, el embargo no es un derecho real o, más concretamente, no es una hipoteca (arg. art. 3115 del Cód. Civil y su nota); por ello, las sentencias en nuestro derecho en el que no existen hipotecas judiciales ni legales, sino sólo convencionales, se garantizan por medidas precautorias procesales; entre ellas, la aquí mencionada. Ésta produce, en primer lugar, el efecto de individualizar e inmovilizar uno o más bienes del deudor, asegurando de tal manera que el importe resultante de su eventual realización se destine a la satisfacción del derecho del acreedor (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, Buenos Aires, Perrot, 1994, 5ª ed., § 394, p. 808; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. VII, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, § 1009 y ss., p. 230 y ss.). Es decir, el efecto del embargo no es otro que poner la cosa a disposición del juez que lo decretó y sin cuyo conocimiento no puede dársele otro destino o someterlo a una afectación diferente. Por ende, una vez decretado, tiene por finalidad asegurar el resultado de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado para que la justicia no sea burlada haciendo imposible su cumplimiento. En tal sentido, el art. 193 del CCAyT (que reproduce el art. 214 del CPCCN), dispone expresamente que el mandamiento de embarg o preventivo "contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondiere" (el destacado no pertenece al original). Es que, como se ha dicho, el efecto del embargo es, además de la especificación de los bienes afectados a la satisfacción del crédito, el estacionar, es decir, hacer indisponibles por todo el tiempo que dura el embargo, esos bienes, de manera que eventuales actos de disposición posteriores al embargo sean relativamente ineficaces, o sea, inoponibles al acreedor embargante (en la especie, C. (Messineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, trad. Santiago Sentís Melendo, t. IV, Buenos Aires, 1971, p. 262). Por lo tanto, el embargante, mientras no sea desinteresado en la totalidad del derecho cuya protección decidió la medida precautoria, tiene una pretensión legítima que pued e hacer valer aún frente al tercer adquirente (L.S.e hijas, en el particular) para que el embargo subsista con todos sus efectos. Si se acepta, entonces, que el objeto embargado puede venderse, lo es con el deber de satisfacer el perjuicio que del contrato resultare a terceros (art. 1174 del Código Civil); pero ese efecto no puede sino ser mucho más extenso, porque las cosas siguen en la misma condición en que se encontraban y el que las adquirió o constituyó derechos, a sabiendas de la medida que lo afectaba, quedará sometido a las consecuencias de la sentencia, del embargo, etc. (Bibiloni, Juan Antonio, Anteproyecto de reformas al Código Civil argentino, Buenos Aires, 1930, t. II, p. 406; en el mismo sentido, CNCiv., Sala C, 25/6/92, LL, 1993-A, p. 6; íd., Sala I, 18/8/93, LL, 1994-A, p. 266). En otras palabras, quien tiene un bien embargado debe pensar en pagar a su acreedor y no en vender o efectuar una negociación inmobiliaria no obstaculizada; la solución contraria importaría tanto como admitir que el e mbargado está en idéntica situación de disponer de su patrimonio que quien no ostenta gravamen alguno sobre sus bienes. Para vender privadamente debe cancelar su deuda, obtener la autorización del juez o, por lo menos y a falta de ello, el adquirente no puede pretender estar en mejor situación que el embargado (Highton, Elena I. y Nabar, María Josefina, "Venta del inmueble embargado", LL, 1985-C, p. 1193). De otro modo, quien es propietario de una cosa embargada se liberaría del gravamen transmitiéndola a un tercero y éste se colocaría en una situación distinta (y mejor, cabe agregar) a la de su transmitente y le impediría al embargante cobrar su acreencia debidamente garantizada con la medida. Y aun cuando se parta de la base de que el tercero puede verse perjudicado, tal perjuicio no puede ser reparado a costa del interés del embargante que obtuvo en sede judicial la medida cautelar que está afectando un bien a la satisfacción de lo que se presumió al dictar la medida, era un interés legítimo. Es inadmisibl e que un acuerdo entre particulares (en el caso, S.y T.O. pueda alzarse contra un acto jurisdiccional -dictado conforme la normativa vigente-, modificando sus efectos. 13. En síntesis, puede caracterizarse al embargo como el instituto mediante el cual se sustrae del patrimonio del deudor el bien embargado, el que queda a las resultas del juicio en que fue dispuesto. Al respecto, recuérdese que el art. 192 del CCAyT (similar al art. 213 del ordenamiento procesal nacional), al referirse a la forma de la traba del embargo preventivo, establece que "se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas" (el énfasis no existe en el original); mientras que el art. 197 del mismo Código (idéntico al art. 218 del CPCCN), al indicar ]a prioridad del primer embargante, dispone que "tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses v costas ..." (el destacado no obra en el original). Consecuentemente, no puede aceptarse la liberación del gravamen con el depósito de las sumas por las cuales fue trabada la medida, aun cuando el acreedor haya omitido solicitar, pudiendo hacerlo. una ampliación del embargo; más todavía en este caso en que fue pedida y ordenada, aunque no inscripta. Cabe agregar que ello es coherente con la inexistencia de norma alguna (tanto en el articulado de la ley 17.801 como en el de su decreto reglamentario, 2080/80) que imponga la necesidad de indicar el monto por el que se anota. 14. En suma, las consideraciones precedentes permiten concluir que el perjuicio invocado por C.-reitérase, pérdida de la garantía- es, como lo señala la demandada en su expresión de agravios, meramente eventual e hipotético y, por lo tanto, no está sujeto a reparación alguna. En efecto, recuérdese que el daño indemnizable debe ser cierto y no puramente eventual o hipotético.Esto significa que debe haber certidumbre en cuanto a su misma existencia, presente o futuro, aunque pueda no ser todavía determinable su monto; a la inversa, el daño es incierto -y, con ello, no resarcible- cuando no se tiene ninguna seguridad de que vaya a existir en alguna medida, no ofreciéndose aún más que como una posibilidad. El simple peligro o la sola amenaza de un daño no basta (Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Córdoba, Marcos Lerner, 1992, p. 63). En efecto, se han diferenciado claramente tales conceptos indicando que por daño actual se entiende el detrimento patrimonial ya ocurrido que aún subsiste sin reparar; futuro es el que habrá de sufrir necesariamente el damnificado en un tiempo ulterior -por ello, será resarcible en la medida en que pueda ser estimado pecuniariamente (art. 1067 del Código Civil)-; y eventual es aquél que puede o puede no ocurrir, y de ahí que no sea, en principio, resarcible. Pues, si se indemnizara y luego el daño no se produjese, el damnificado meramente eventual se enriquecería sin causa a expensas del responsable (Llambías, Jorge Joaquín, op. cit., p. 293). Este último supuesto, que es el que se configura en la especie, determina la improcedencia de la indemnización reclamada. Prim ero, porque la actora, como consecuencia de la omisión de la demandada, no perdió el embargo que afectaba al inmueble, sino que, únicamente, no pudo anotar una ampliación de esa misma medida. En consecuencia, nunca se ha vio impedida de obtener la totalidad del crédito garantizado, puesto que aquel gravamen se extendería -en virtud de todo lo expuesto- aún hasta el monto de la ampliación no anotada. Por ello, resultaba irrelevante y, concretamente, inoponible respecto de C. la transmisión operada a favor de L. S., A.T.y D.A.T. puesto que, como se ha explicado, la inscripción de la medida dictada en el juicio de alimentos con fecha 25/3/97 (ver fs. 178 de las actuaciones recibidas ad effectum videndi et probandi), implicaba, desde el momento en que la demandada tomó conocimiento de ella y la anotó, someter el bien objeto del embargo a las resultas de ese proceso, más allá del monto que, en definitiva, pudiese arrojar la liquidación practicada en el marco de la ejecución de alimentos (es esclarecedora, en ese sentido, la providencia dictada a fs. 268 de ese pleito, donde la magistrada allí interviniente señaló, ante la denuncia de la liquidación de la sociedad conyugal, que el embargo oportunamente anotado tutelaba el crédito -sin hacer referencia a monto alguno- en cuestión). Sobre el concepto de inoponibilidad se ha expresado que constituye un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz de sus efectos propios, en relación con ciertos terceros a los cuales la ley dirige su protección, elemento, éste último, que sirve de fundamento a aquél instituto (conclusiones 2ª y 3ª, de lege lata, alcanzadas en el seno de la Comisión Nº 1, "Los actos jurídicos inoponibles", de la Décimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desarrolladas en la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, 1985). Por lo demás, no debe soslayarse que la actual doctrina plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil refuerza tal conclusión, en cuanto ha sostenido este criterio y ha fijado co mo doctrina legal obligatoria para los jueces de dicho fuero (art. 303 del CPCCN) que el adquirente de una cosa registrable, embargada por monto determinado, para obtener el levantamiento de la medida cautelar, no puede liberarse pagando sólo el monto inscripto; sino que responde también, entre otros conceptos, por las sucesivas ampliaciones, aún cuando no estuvieren inscriptas (CNCiv., en pleno, "Czertok, Oscar y otro c/ Asistencia Médica Personalizada S.A. y otro", 23/8/01, LL, 2001-E, p. 655). Es decir, la solución que se propone no es fruto de una construcción teórica aislada, sino que es el entendimiento y la interpretación que sobre el particular ha vertido el fuero en el que la demandante debería haber ejecutado su crédito por alimentos. Cabe insistir: la escrituración del inmueble a favor de un tercero no extinguió la única posibilidad fáctica y jurídica de que C. obtuviera su crédito (incluido el monto de la ampliación que ha motivado la controversia); ello podría haber ocurrido en el supuesto -no co nfigurado en la especie- de que la omisión del organismo público demandado hubiese consistido en no anotar, culpablemente, el gravamen originario (ver, sobre el punto, Picasso, Sebastián, "Responsabilidad del Estado por inexactitudes registrales", JA, 1/3/00, p. 2). En el caso, sin embargo, la inexistencia del daño se deduce teniendo en consideración el alcance del embargo que sí fue anotado (ver copia de la escritura Nº 108 obrante a fs. 596/8) ¿Cuál era ese alcance? La totalidad del crédito, incluida la ampliación no registrada. Y a esta solución no empece el hecho de que la demandante haya acordado con L. S., en el marco del juicio de alimentos, un convenio a fin de cancelar el importe del embargo inscripto y, una vez cumplido ello, prestar conformidad con el levantamiento de dicho gravamen (ver punto i) del cons. 4º). Es que, la disposición de derechos que tal obrar importa no puede traducirse en el agravamiento de la situación de un tercero (Comisión Municipal de la Vivienda) ajeno a aquélla (arg. art. 1 195, in fine, del Código Civil). Recapitulando: la actora obtuvo una medida que fue anotada al momento de labrarse la escritura que adjudicó el inmueble a favor de L. S. e hijas, mas no pudo conseguir que una ampliación de aquél embargo corriera la misma suerte. En virtud de ello, demandó a quien indebidamente omitió tal anotación con el objeto de que indemnizara la invocada pérdida de la garantía; sin embargo, toda vez que -en rigor- ninguna garantía se perdió como consecuencia de ello y, por ende, no existió perjuicio alguno derivado de aquella omisión, la demanda entablada debe desestimarse. 15. En cuanto a las costas, toda vez que, de acuerdo a las particularidades de la materia debatida la actora pudo creerse con derecho a peticionar como lo hizo, corresponde que sean impuestas -en ambas instancias- en el orden causado (art. 62, 2 parte, del CCAyT). Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de ser compartido mi voto, se revoque la sentencia de grado y, en virtud de ello, se rech ace la demanda incoada por A. K. C., por su derecho y en representación de su hija menor de edad. Con costas por su orden. La Dra. Nélida Mabel Daniele dijo: Por los fundamentos expuestos por el Dr. Eduardo A. Russo adhiere a su voto. Por lo antedicho, este Tribunal por mayoría RESUELVE: I. Confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes. II. Costas a la vencida por no encontrar mérito suficiente para apartarme del principio objetivo de la derrota. (art. 62 CCAyT).