Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 386/390. Santa Fe, 14 de febrero del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución de fecha 03 de mayo de 2017, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "ASOCIACIÓN COMPLEJO RESIDENCIAL LA TATENGUITA contra MARTIRÉ, Miguel -Juicios Ordinarios- (Expte. CUIJ 21-00024273-7)" (Expte. CSJ CUIJ: 21-00511459-1); y, CONSIDERANDO: 1. En la presente causa la Cámara resolvió declarar desierto el recurso de nulidad y desestimar el de apelación interpuestos por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda, con costas al vencido. Contra tal pronunciamiento, el demandado interpuso recurso de inconstitucionalidad (artículo 1°, inciso 3), ley 7055), por considerarlo arbitrario. Sostiene que la resolución impugnada ha creado una obligación sin sustento legal ni base normativa cierta, puesto que al no ser socio del Complejo La Tatenguita, que es un barrio de la ciudad de Santo Tomé y no una urbanización especial como es el caso de otros ejemplos que menciona, no corresponde que se lo condene a pagar las cuotas de la asociación civil. Afirma que no hay norma alguna que le imponga el pago, siendo en todo caso la Municipalidad de Santo Tomé la que, a través del Concejo Municipal, debía disponer el cambio de la situación legal del Barrio La Tatenguita. Como eso no sucedió, estima el recurrente que no corresponde que sea la Cámara quien intente llenar ese vacío legal creando Derecho. Relata que su padre hace muchísimo tiempo adquirió un terreno "pelado" (por lo que son propietarios no residentes) y posteriormente vinieron los alambrados y el cerramiento inconsulto del predio. Expresa que es falso e inoficioso sostener que existió un supuesto convenio verbal y que, por otro lado, nunca recibió prestación alguna debidamente comprobada por parte de la asociación. En ese sentido, destaca que la recolección de residuos es realizada por la municipalidad, los "yuyos" son cortados por él mismo y la seguridad no cumple con sus funciones, todo lo cual -a su juicio- ha sido soslayado por los magistrados. Alega que el defecto de juzgamiento en que los mismos han incurrido afecta el derecho de defensa en juicio, la correcta administración de justicia y el derecho de propiedad (artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional y artículos 7, 9 y 15 de la Carta Magna provincial). Insiste en que se le reclama el pago de una cuota cuando no recibe a cambio ninguna contraprestación, puesto que no se le prestó servicio alguno después de la renuncia a la asociación, siendo que la propia actora reconoció la suspensión de los mismos, con lo cual la obligación que se pretende imponer carecería de causa. Sobre este punto, expresa que ni en el fallo de primera instancia ni en el de Alzada se alcanza a conocer cuál sería el fundamento para el deber de pagar las cuotas, no logrando advertirse si el mismo estaría en el sentido común, las buenas costumbres o por una especie de analogía con lo que sucede en otros barrios cerrados. Aduce que si de lo que se trata es de pagar los gastos de desmalezamiento de lugares comunes y laterales, tal extremo implicaría una cuestión diferente, a la que califica de empleo útil. Critica el criterio de la Sala en cuanto sostiene que no es lo mismo ser socio de una entidad deportiva que de una asociación urbanística, en razón de los gastos de funcionamiento que requiere esta última, pues tal afirmación no es pertinente para quienes no son residentes del barrio, además de que su renuncia no tuvo como motivo eximirse del pago de las cuotas, sino que responde a que no recibe ningún servicio. Insiste en que la parte actora no logró acreditar cuáles son los servicios por los que se pretende el pago de las cuotas, ni tampoco se ha mensurado su costo, sino que está demostrado que los principales no son prestados por la asociación sino por la Municipalidad de Santo Tomé, y que en el caso de la seguridad, la misma podría ser escindida y ser prestada a quien lo desee. Así las cosas, pone de relieve que el fallo impugnado no satisface la exigencia de fundamentación suficiente que debe cumplir toda sentencia, lo que lo torna arbitrario. Finalmente, señala que se han violado las reglas del debido proceso, puesto que la Cámara ha creado una "batería" de presunciones y principios sin ningún tipo de fundamento normativo o jurídico, contrapuesto a las reglas de la carga de la prueba y del derecho de defensa tutelados en la Constitución Nacional, lo que constituye otra notoria hipótesis de arbitrariedad. 2. La Cámara -por mayoría- denegó la concesión del recurso por auto de fecha 17 de agosto de 2017 (fs. 26/28), por considerar que no se encontraba debidamente cumplimentado el recaudo de introducción oportuna de la cuestión constitucional y que la crítica esgrimida por el recurrente no traducía más que su mera discrepancia con lo decidido, lo que motivó la presentación directa del demandado ante esta Corte, de conformidad al artículo 8 de la ley 7055. 3. La presente queja, se adelanta, debe ser rechazada. Ello así, puesto que de la lectura del escrito recursivo en confrontación con la sentencia atacada, sólo se advierte la mera discrepancia del impugnante -sin entidad constitucional- con lo resuelto por la Cámara, en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que, como es sabido, no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional. Es que, aunque se invocan causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada remite a cuestiones fácticas, pruebas e interpretación de normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a la Corte revisar por este medio. En efecto, los argumentos esgrimidos por el quejoso, enderezados fundamentalmente a cuestionar la decisión de la Alzada relativa a confirmar la condena impuesta por el fallo de primera instancia a pagar las sumas reclamadas por la accionante, no lucen idóneos para desvirtuar los fundamentos dados por la Cámara que, para resolver como lo hizo, consideró que una asociación como la actora que agrupa a los propietarios de un complejo urbanístico, requiere el aporte de los gastos y contribuciones necesarios para su correcto mantenimiento y funcionamiento. En ese sentido, los magistrados destacaron que a los fines del sostenimiento de la urbanización es necesaria la erogación de gastos por servicios comunes que se prestan a los propietarios, siendo irrazonable pensar que el servicio de seguridad privada, mantenimiento de las vías de acceso y circulación, parquización, iluminación y otros, puedan escindirse y no ser prestado a quien decide no pagar más las contribuciones correspondientes. En cuanto al derecho de receso previsto en el artículo 4 del Estatuto, la Cámara puso de relieve que el mismo no refiere a las contribuciones ordinarias sino a las extraordinarias, por lo que descalifica el agravio del recurrente en relación a este punto, puesto que el único aporte de estas características consistiría en la "obra desagües", máxime cuando en el mismo escrito el impugnante se contradice al sostener su falta de oposición a pagar hasta el valor de la utilidad recibida. Por otro lado, la Alzada remarcó que el fallo de primera instancia aludió al vacío legal existente antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, a la regulación de la cuestión efectuada por las distintas provincias y municipios dentro de sus límites legales -con particular atención a la Ordenanza 2843/11 de la ciudad de Santo Tomé-, al informe de dicho municipio en cuanto califica a "La Tatenguita" como un "barrio cerrado", al análisis de la situación del complejo organizado como Asociación Civil, a los conflictos que se han planteado con algunos propietarios y al hecho de que la accionante haya brindado sus servicios durante muchos años, para concluir que existe una identidad entre las cuotas sociales y las expensas en cuanto ambas tienden a la coparticipación de los socios o de quienes tienen un interés común en la satisfacción de los gastos que irroga la cosa, el negocio o el emprendimiento común. En consecuencia, los sentenciantes consideraron que no podía sostenerse, como intenta hacer en su crítica el recurrente, que el fallo no haya brindado las razones por las cuales una persona está obligada a pagar aun sin ser socio, en tanto se explica con absoluta razonabilidad el motivo por el que las contribuciones requeridas son necesarias para el mantenimiento de servicios que son usufructuados por todos los propietarios, entre los que -huelga decirlo- está incluido el quejoso. Frente a ello, el impugnante plantea su disconformidad con el alcance otorgado por los magistrados a los medios de confirmación producidos y con la interpretación realizada por los mismos respecto de normas de derecho común, mas sin lograr demostrar que la Sala, al resolver como lo hizo, hubiera incurrido en algún vicio con entidad para descalificar la decisión desde la óptica constitucional. Es que la crítica vertida por el compareciente, insistiendo respecto de que su condición de no asociado lo eximiría de la obligación de pagar las contribuciones que se le reclaman y explayándose sobre la inexistencia de los servicios invocados en la sentencia (con excepción de la seguridad que reconoce, pero critica por haber sufrido robos en distintas oportunidades), no constituye más que la reiteración de los planteos realizados al impugnar el fallo de primera instancia, los que ya han recibido respuesta por parte de la Cámara, careciendo de entidad para descalificar el fallo desde el plano constitucional. En definitiva, el recurrente no ha logrado demostrar un supuesto de arbitrariedad en modo tal de conectarlo prima facie con la realidad del caso, sino que se ha limitado a expresar su mero disenso -sin entidad constitucional- con la solución adoptada por los jueces de la causa sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común que escapan al ámbito del remedio intentado ya que, como esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, la vía extraordinaria no tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con el que los mismos han merituado las constancias de autos en el ejercicio de funciones privativas (A. y S., T. 54, p. 382; T. 55, p. 212; T. 59, p. 319; T. 62, p. 386; Fallos: 297:29; 300:1039; 301:1062, entre muchos otros), sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (artículo 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de Origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, Sala Tercera -integrada-. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de la ciudad de Santa Fe.