marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, medidas cautelares, embargo preventivo, levantamiento del embargo, homologación del acuerdo preventivo, novación
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SINTELAR SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Procede disponer el levantamiento de un embargo decretado cuando, -como en el caso-, se advierte que la cautela fue trabada sobre fondos del concursado, puesto que debe considerarse comprendida -por su importancia y caracter- como afectada a bienes necesarios para continuar con el giro ordinario del deudor. Cabe precisar, que tratándose de una medida cautelar trabada con anterioridad al concurso para garantizar el pago de un crédito preconcursal, cuya verificación debe procurarse en el marco del proceso universal; su exigibilidad estará directamente vinculada a los términos del acuerdo, que una vez homologado, produce efectos respecto de los acreedores cuyos créditos originados por causa anterior a la presentación han sido novados (lc: 55 y 56); y no puede prevalerse el acreedor de una medida cautelar anterior al concurso, para lograr asegurarse su cobro de un modo diverso al de los otros acreedores en paridad de condiciones.
Convenios colectivos de trabajo, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Puchulu, Ana Inés c/ Ict Services Of Argentina S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-31

La promoción de servicios no es una tarea que pueda realizar un mero ayudante, ya que el ofrecimiento en venta de un producto o servicio a los clientes -tarjetas de crédito, en el caso- queda encuadrado en las previsiones del artículo 10 del C.C.T. 130/75. La demandada arguye que la actora se limitaba únicamente a realizar contacto telefónico de los clientes para la oferta de productos, aunque eso no implicaba su venta, ya que solo se activaban y no constituían venta. El referido artículo 10 establece que se considera personal de ventas a los trabajadores que se desempeñen en tareas y/o operaciones de venta, cualquiera sea su tipificación.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO PUNTA AZUL SAICA c/ SCORSONERO, HUMBERTO R s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - QUEJA POR DENEGACION DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 615-91) T., S. L. c/ R., F. C. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Reclamación de filiación (Expte. CSJ Nº 205- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-17|2001-05-02

No existe una "medida" en la fundamentación de una sentencia judicial, sino que basta con que la misma contenga "fundamentos mínimos suficientes", "fundamentos bastantes", "debida fundamentación" o "sustento necesario" como condición de su validez.
Cuidado personal compartido, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Martincic, Juan s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-08

En autos se inició el trámite de tenencia en forma autónoma, por lo que la sentencia, que hoy se trae en casación, tiene carácter de definitiva, en la medida en que durante los años a los que el Tribunal limita la tenencia a la madre, no podrá modificarse si la situación de hecho que la determinó no se modifica.

Si bien el modo en que resuelto el caso, no otorgado la tenencia de modo definitivo a la madre, sino por un cierto lapso, provoca dudas respecto del carácter del pronunciamiento, tal duda debe resolverse a favor del casacionista, para asegurar la efectiva vigencia de su derecho de defensa reconocido por la Constitución Nacional; más aún teniendo en cuenta lo delicado del tema que se discute, que hace aconsejable la revisión de la sentencia por el Tribunal Superior.
Recursos, inadmisibilidad del recurso, sentencia, excepciones procesales, falta de acción, rechazo del reclamo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Lugones, Jonathan Ezequiel sobre 94 - lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

Corresponde rechazar el recurso extraordinario federal porque este Tribunal al rechazar el recurso de queja, sostuvo que la decisión que se pretendía revertir no era la definitiva, y la recurrente no se hizo cargo de ello. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Procedimiento judicial de la seguridad social, demanda, contestación de la demanda, plazo, cómputo del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: NAVARRO, CONCEPCION MARIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-28

Si bien el art. 156 del C.P.C.C. dispone que para el cómputo de los plazos procesales no habrán de contarse los días inhábiles, cabe hacer una excepción a dicha regla -con arreglo a lo dispuesto por los arts. 28 y 29 del Código Civil- cuando aquél ordenamiento establece el término en meses, tal como ocurre con lo establecido por el art. 310 (cfr. entre otros, Arazi-Fenochietto, "Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pág. 184). En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el juez "a quo" que declaró extemporánea la contestación de demanda por haber sido presentada una vez vencido el término de 6 meses corridos, computados a partir del día siguiente a la notificación del traslado de demanda.
Retención indebida, falsificación de instrumento privado, boleto de colectivo, chofer de colectivos
Materia: PENAL
Carátula: FISCHER, CARLOS. s/ DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. FALSIFICACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-18

1) El proceder del acusado -chofer de una línea de colectivos- que mandó imprimir por su cuenta boletos parecidos a los utilizados por la empresa, parte de los cuales utilizó en circunstancias en que se hallaba a cargo de un interno, entregándoselos a diversos pasajeros como si fueran los auténticos y percibiendo con miras a su propio beneficio el importe correspondiente, configura el delito de defraudación por apropiación indebida.

Si bien el delito de apropiación indebida se consuma en el momento en que debiendo entregar la cosa omite hacerlo, también sucede ello en el momento en que el agente que la ha recibido bajo un título que lo obliga a entregar, SE CONDUCE COMO DUEÑO; siendo irrelevante que luego fuera obligado a transferir a la empresa el fruto de su quehacer ilícito.

2) No puede hablarse en el caso de FALSIFICACION, pues los boletos de colectivo no revisten la calidad de "instrumentos privados" a los fines de la ley, pues carecen de firma, condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada y que no puede ser reemplazada por signos.
Seguros, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viva, Eduardo y otra c/ Seguro-metal Coop. de Seguros Ltda. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Recién cuando se les notificó a los asegurados la sentencia de Cámara, confirmatoria del fallo de primera instancia que los condenaba a pagar los daños y perjuicios, nació a favor de éstos la acción para reclamarle a su aseguradora el pago de la indemnización fijada (arts. 58 y 109, ley 17418).
Homicidio, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: C, A R s/ HOMICIDIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-27

No se configura la subsunción del caso en la normativa prevista en el artículo 34 inciso 6) del Código Penal, pretendida por el quejoso que invoca la legítima defensa; si la relación entre las partes, los orígenes de la disputa y el lugar donde se inició la misma -precisamente, en la cocina común del inmueble que compartían la víctima y el imputado- no cubrían la situación que la norma de privilegio quiere atrapar frente a intrusos que ofrecen resistencia.
Acción dependiente de instancia privada, lesiones leves
Materia: PENAL
Carátula: FRANK, Sergio Fabián, en causa nº C 36/06 (reg. J. I. y C. nº 1 - Sta. Rosa) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-11-28

Que el inc. 2 del art. 72 del C.P. señala las acciones dependientes de instancia privada que nacen de los delitos de lesiones leves, dolosas o culposas y contempla como excepciones, por lo que se deberá proceder de oficio, los casos en que mediaren razones de seguridad o interés público. "El concepto de seguridad pública ha sido explicado por la doctrina como sinónimo de 'seguridad común' o, en su sentido más amplio, como 'resguardo o protección de la colectividad', mientras que el interés público se lo asimila al 'interés jurídico del Estado' dirigido a la defensa de las instituciones creadas por la Constitución y las leyes; en tanto esas lesiones hayan de algún modo vulnerado los bienes antedichos, trascendiendo el interés individual y poniendo en riesgo concreto o comprometiendo un bien útil o necesario para la comunidad, corresponde actuar oficiosamente.

Por lo general, la jurisprudencia ha caracterizado como hipótesis en la que se materializan ambas excepciones aquella en que media una conducción temeraria de un automóvil, existe una i mpericia manifiesta, o la víctima o el autor es un representante de la autoridad, o cuando las lesiones son producidas por el accionar de una patota, se altera el orden de una repartición pública, se pone en peligro la continuidad de un servicio público, etcétera". (Baigún, David, Zaffaroni, Eugenio Raúl. Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 2B, Parte General. 2da. Edición. Ed. Hammurabi. Buenos Aires, 2007, pp. 394 y 395).-
Tasa de justicia, expropiación irregular, oportunidad procesal, Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: AUTOMOTORES POMPEYA S.A.C.I.F.I. c/ M.C.B.A. s/ Pago de Tasa de Justicia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-15

De toda la temática del título octavo de la ley 21.499 surge que en la expropiación inversa rigen los mismos principios que en las directas, los valores indemnizables serán fijados en la forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en los arts. 10 y sgts. de dicha ley (art. 54) y los procesos se rigen por los mismos trámites (art. 55). Aún cuando no haya existido allanamiento por parte de la Comuna, corresponde hacer una excepción al principio contenido en el primer párrafo del art. 11 de la ley 21 859, y aplicar las pautas consagradas en los párrafos segundo y tercero, pues no existe fundamento de peso que justifique en un supuesto se difiera el pago de la tasa de justicia para la oportunidad en que se encuentre decidida la aplicación de las costas, y en el otro no. No solamente razones de economía procesal, sino de conveniencia para los bienes del Estado, aconsejan diferir el pago de la tasa judicial para el momento en que se resuelva la cuestión sobre la carga de las costas. De no ser así, podría eventualmente reclamarse a la Municipalidad el reintegro del porcentaje que abonare la expropiada -actora- si aquella fuere condenada en costas (conf. C.N.Civ. Sala C, R. 230.009 del 24-8-78 y art. 20 de la ley 21.499), ya que el art. 11 de la ley 21.859, dispone que la tasa de justicia deberá ser soportable en la proporción en que las costas debieron ser satisfechas, con lo cual quedará sin efecto la exención contenida en el art. 2, inc. a) de la ley citada. Esta consecuencia no se produce en las expropiaciones regulares ni en las irregulares convertidas en tales por el allanamiento de la Municipalidad, en las que rigiendo el art. 11, 2 parte de dicha ley, la exención es total si progresa la expropiación con las costas a cargo de la expropiante (conf. C.N.Civ., Sala C, R.

275.712 del 5-5-81).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, decretos, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DARDANELLI DE CERIPER, ANA INES MARTA. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ ACCIDENTE LABORAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-18

Corresponde declarar, en el caso, la inconstitucionalidad del art. 35 del decreto 16.130/46, por quebrantar la garantía de igualdad ante la ley contenida en el art. 16 de la Constitución Nacional. Ello así, pues el régimen del personal aeronavegante, que fue creado con el objetivo de otorgar mayores beneficios que el de la ley 9688, se transformó por el mero transcurso del tiempo y a raíz de las actualizaciones del sistema general, en un ordenamiento notoriamente menos favorable que aquél; en consecuencia la razón determinante de su sanción se frustró sin motivo valedero y su aplicación actual provoca lesión a la garantía constitucional invocada.
Cheque, prescripción, plazo, interrupción del plazo, pedido de quiebra, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Biarnes, Martín Carlos c/ Siseg SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por el ejecutado, pues desde las fechas de pago de cada uno de los cuatro cheques de pago diferido rechazados por el banco girado, había transcurrido en exceso el plazo anual dispuesto por la ley 24452: 61. En ese marco, el desistimiento del pedido de quiebra contra el ejecutado produjo que este reclamo perdiera su aptitud interruptiva, pues así lo dispone expresamente el CCCN 2547 que priva expresamente de tal efecto cuando aquella "demanda" ha sido desistida o la acción ha concluido por caducidad de instancia (CNCom, Sala A in re "Dalmau Fabio Germán c/ Metropol Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario", del 29/06/18; entre otros). 2 - Al haber el actor desistido del pedido de quiebra iniciado contra el deudor con anterioridad al inicio de este proceso eliminó cualquier consideración de interrupción que pudiera aplicarse, siendo irrelevante si era o no defectuosa, pues la tesitura adoptada al arrepentirse de esa vía propició la solución del art. 2547 por sobre lo dispuesto por el CCCN 2546
Ejecución de sentencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: T., M. E. c/ R., G. s/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

Se estima pertinente establecer algunos criterios generales, a modo de condiciones de eventual procedencia de la figura en examen (modalización de la sentencia) y hasta tanto el legislador avance en el completamiento y la precisión de ciertos aspectos procesales, que permitirán ir construyendo un marco cuasi - regulatorio, que además puede perfeccionarse y enriquecerse con el aporte de esa experiencia jurisprudencial en la materia.

"A priori", podrían señalarse los siguientes:

1) La conveniencia de que los jueces fijen las audiencias de los arts. 36 y 558 bis del CPCyC. para procurar llegar a una solución conciliada sobre la forma de cumplimiento de la sentencia antes de resolver el mecanismo de modalización.

2) La aplicación "caso por caso", escogiendo cuidadosamente los que ameriten una adecuada y ecuánime viabilización del instituto en estudio, que no sea desnaturalizadora de la sustancia del fallo a dictar o a ejecutar o en ejecución, lo que supone desechar la posibilidad de una implementación indiscriminada o automática, que podría conspirar contra su propia finalidad tendiente a evitar los mayores perjuicios y gastos derivados de la etapa de ejecución de sentencia, y convertirla en un mero instrumento de prolongación del proceso y de agravamiento del daño reconocido en ella. Obviamente, opera dentro del prudente arbitrio del juzgador.

3) La adopción de las garantías necesarias y suficientes que permitan compatibilizar esta facilidad de pago con la necesaria seguridad de su cumplimiento a lo largo del tiempo, lapso en el que podrá variar la situación patrimonial del obligado al pago. A tal efecto, requerir y constituir fianzas, garantías reales, seguros de caución o cualquier otro aseguramiento que se estime pertinente, de manera de compatibilizar el derecho del acreedor a obtener la reparación que manda la sentencia con el del obligado al pago a hacerlo de la manera menos traumática posible.

4) La articulación de la pretensión tendiente a que se implemente la modalización de la sentencia en cualquier etapa del proceso. Sin perjuicio de ello, resulta conveniente que los abogados informen a sus clientes e incluyan el pedido en el escrito de contestación de demanda - para el caso de obtener un pronunciamiento condenatorio - anticipando el ofrecimiento de las garantías que podrían otorgarse, trasluciendo buena fe y lealtad en el proceso ante tal eventualidad de procedencia.
Daño moral, carga probatoria dinámica, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: De San Martín, Ana María c/ Municipalidad de San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

En materia de daño moral, conforme al principio de la carga interactiva y dinámica de la prueba, corresponde en general supeditarlo a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe el peticionante y, en tal caso, a la prueba en contrario de la demandada (doctrina arts, 375 del C.P.C.C.; 77 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-). En el caso, la actora no ha aportado esas probanzas, por lo tanto, corresponde que este Tribunal determine prudencialmente el quantum de la indemnización (arts. 165 C.P.C.C.; 77 inc. 1° ley 12.008 -texto según ley 13.101- ).(doctor Pettigiani, mayoría)
Aprehensión, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: J., I. C. Y C. G. F. J. s/ Art. 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-07

Se vulnera la cláusula garantista prevista en el artículo 13 inciso 9 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que los imputados han sido demorados -por personal policial- y posteriormente trasladados a la Comisaría en abierta contraposición con la norma precitada. Las medidas adoptadas por el personal preventor configuran un menoscabo a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y la Carta Magna Local (arts. 19 y 13 primer párrafo, incisos 3 y 9 respectivamente) constituyendo así un desafortunado retroceso en la voluntad del constituyente quien limitara la facultad policial de juzgar en materia vecinal.
Régimen penal tributario, AFIP DGI, querellante, indemnización, renuncia del agraviado, Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: COMPARADA, JULIO ALBERTO; INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Excepción de falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-22

1 - Debe entenderse excluída la atribución de la Administración Federal de Ingresos Públicos para actuar como querellante cuando celebra convenciones para el pago del daño, pues rige al respecto lo establecido en la ley civil de fondo que da por renunciada la acción penal en esos casos (Cf. art. 1097 del CC) no siendo óbice a ello la circunstancia de que esa clase de convenciones hayan sido autorizadas por el Poder Ejecutivo, en tanto acordar facilidades de pago, quitas y esperas para el cobro de los tributos que fueron objeto de la maniobra defraudatoria supone una convención con la que se resarce el perjuicio ocasionado por el delito.- 2 - La exclusión como parte querellante a la AFIP lo es sin perjuicio de la prosecución de la acción penal pública de la que es titular el Ministerio Fiscal (Cf. art. 5 del CPP - ley 23984 - y art. 1 de la ley 24964).
Cuestiones prejudiciales, acción civil, acción penal, sentencia, aplicación de la ley, código civil, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MARIA ELENA Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

El artículo 1101 del Código Civil -ubicado en el Capítulo IV, 'Del ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por los delitos' del Título VIII, 'De los actos ilícitos'- regula la influencia que ejerce la causa penal sobre la tramitación del proceso civil -en tanto ambas acciones tengan su origen en el mismo hecho-, y establece la regla de la dependencia de este último con respecto a aquélla.

La suspensión impuesta por la norma -esto es, la inhibición del dictado de la sentencia en sede civil- cesa cuando la decisión definitiva de la causa penal adquiere firmeza, es decir, resulta irrecurrible (cfr. Belluscio, Código Civil Comentado, Anotado y Concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1990, tº 5, p. 299, pto.2).
Violación, acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: Gregorio, Ismael O. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

Habiendo quedado probado el carácter de guardador de la víctima que ostentaba el imputado, queda expedita la iniciación de la acción penal de oficio por el delito de violación.
Concurso preventivo, acuerdo de partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE  DE  VERIFICACION DE CRED. DEL BANCO ROELA S.A. EN MARTINEZ CONSTANTINO Y OTRO CONCURSO PREVENTIVO s/ VERIFICACION   DE  CREDITO  -  EFECTO  DEL  CONCORDATO  -  JUICIO  DE  CONSIGNACION - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-07

Aunque el concordato no signifique novación de la obligación, la propia situación del concursado determina que solo el acreedor ya verificado o declarado legítimo, a su turno el deudor esta constreñido a pagar, por lo que recién a partir de esta eventualidad podría hablarse de retardo susceptible de hacer operativas las consecuencias de la mora. (Voto de los Dres Fragueiro y Ortiz Araya).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, posesión, prueba confesional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Stizza, Raul Oscar c/ Chalhub, Angel Raul s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ Nº 808-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

Cabe rechazar los agravios articulados por el quejoso en torno a que la Sala prescindió de analizar la prueba confesional del actor de donde surgiría que al haberse reservado éste la mitad del precio del inmueble, quedó en cabeza del vendedor el ejercicio de la acción reinvidicatoria intentada, desde que, a pesar de su esfuerzo, no alcanza a desarrollar argumentos que permitan a la Corte concluir que tal vicio pueda haberse configurado. En efecto, los sentenciantes en el decisorio impugnado afirmaron que "...el diferimiento de la entrega de la posesión por el vendedor sólo sería eventualmente oponible por éste pero no por el tercero que no tiene derecho a la misma, frente al adquirente que como tal, y conforme a lo expuesto precedentemente, puede ejercer la acción de reivindicación".
Divorcio, injurias graves, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHERLO MARIA c/ EFRAIN MOYANO s/ div - Vinc (LIBRO: S084 - 494)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-03

Constituye injurias graves el incumplimiento de las obligaciones materiales del deber de asistencia.-