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División de poderes, Constitución Provincial, interpretación de la constitución, poder constituyente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sotelo, César Pedro - Fiscal General del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

Si es grave que el Poder Judicial, so color de interpretación de normas legales o de controlar su constitucionalidad, se atribuya funciones legislativas que corresponden a otro poder del gobierno, esa condición pasa a ser extrema y a poner en crisis la arquitectura del principio de la división de poderes cuando el órgano judicial, caso mediante, no se limita a ejercer la denominada última ratio de sus funciones revisoras sobre la validez de una norma suprema dictada por una convención reformadora, sino que -elíptica pero inocultablemente- sustituye al poder constituyente y usurpando sus atribuciones procede derechamente a sancionar una cláusula cuyo contenido no ha sido el establecido por el poder en cuyas manos la Constitución provincial ha despositado la función constituyente. - Los jueces Fayt, Petracchi y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario que dio origen a la queja era inadmisible (art. 280 CPCCN).-
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barraza, Carlos c/ Sappia, Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

No existiendo en autos elementos de juicio con virtualidad suficiente para determinar las eventuales deficiencias del dictamen pericial, el juzgador debe guiarse por las conclusiones del experto, que se presumen respaldadas por sus conocimientos técnicos y por la prudencia, equilibrio y ponderación que cabe atribuir al peritaje.
Daños y perjuicios, libertad de prensa, derecho a la intimidad, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Arnaldo Luis c/ Sociedad Anónima La Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

En atención a las dificultades que tienen los medios que cubren la crónica diaria para verificar la exactitud de las noticias vinculadas con hechos de indudable repercusión pública y la necesidad de preservar la integridad moral y el honor de las personas -derechos que también cuentan con protección constitucional-, el Tribunal ha exigido a los órganos de prensa que obren con cautela evitando el modo asertivo; empero, cuando se trata de una serie de artículos sucesivos que se refieren a un tema reputado trascendente debe apreciarse la conducta de aquéllos con una visión que no se desentienda del conjunto de las complejas circunstancias en el que surgen, ni de la continuidad en que se enmarcan las informaciones día tras día, sin que proceda tomar únicamente elementos aislados para atribuir responsabilidades (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Administración fraudulenta, fraude a la Administración Pública, impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: López, Cristóbal Manuel y otros c/  s/ Defraudación contra la administración pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

Corresponde decretar el procesamiento con prisión preventiva, en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública, de los empresarios que, en su carácter de responsables de una empresa petrolera, se beneficiaron al recibir, en principio por parte del titular de la AFIP, planes de facilidades de pago vinculados al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, correspondientes a los períodos fiscales de mayo 2013 a agosto de 2015, lo cual posibilitó que la petrolera no pagara en tiempo y forma aquel tributo, utilizando indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico administrado por los empresarios imputados, en perjuicio de las arcas del Estado Nacional. Asimismo, se encuentra corroborado que la empresa recibía efectivamente el valor del tributo que debía pagar a la AFIP cada vez que uno de sus clientes abonaba el combustible en alguno de sus puntos de venta, pero no lo abonaba al organismo recaudador en tiempo y forma, por lo que el gravamen a los largo de los años fue aumentando de manera exponencial.
Recurso de inaplicabilidad de ley, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Scrimaglia, Elida Noemí c/ Telefónica Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-05

La estimación, tanto de la existencia como de la cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados en una acción de daños y perjuicios, constituyen típicas cuestiones de hecho que sólo pueden ser revisadas por la vía del recurso de inaplicabilidad de ley cuando se alega y demuestra acabadamente que las conclusiones de los sentenciantes son el producto de un razonamiento viciado por el absurdo.
Daños y perjuicios, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: HEREDIA NERY DALMACIO c/ FONTANA JUAN JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-23

Es cierto que lo que aquí debe indemnizarse es la pérdida de la chance, pues el menor debido a su corta edad, no trabajaba al momento del accidente. Pero no es menos cierto que para muchas actividades, escribir a máquina, manejar una computadora, nadar y otros deportes, la pérdida de un 25% de la función de la mano izquierda constituye una importante desventaja.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Bustos Lara, Héctor Hernán c/ Didier García Asociados y otra s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-02

Si bien esta Cámara, como señala la actora al sostener la sentencia, ha tenido y tiene como parámetros indicativos los diversos factores incidentes a la determinación de las indemnizaciones, afectación de los valores que inciden en la personalidad de la víctima - domésticos, culturales, sociales y donde no resultan excluyentes la cuantificación por la incapacidad sobreviniente, edad, en la medida de la frustración de obtener la afectada beneficios económicos definitivos, sus fallos fueron incididos por la jurisprudencia del Excmo.Superior Tribunal de Justicia, estableciendo asimismo como parámetro de evaluación morigerador, la renta potencial que determinada masa de dinero -por ser debida de una sola vez- importa frente a la pérdida de los ingresos.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, Administración Pública, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nahass, Alberto c/ Municipalidad de Villa Gobernador Galvez s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 198 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-27

Si el acto impugnado no resulta ser expresión del ejercicio de potestades de autoanulación, sino de una reorganización administrativa, la índole de las razones expuestas por la Administración previene acerca del alcance con que el Tribunal puede efectuar el control de legitimidad de tales actos. En efecto, no puede soslayarse que -en el caso- tal control es requerido contra actos que, si bien se proyectan e individualizan en sujetos determinados, evidentemente se insertan en el ámbito de medidas generales, orientadas a instrumentar verdaderas políticas administrativas. En el caso, la "reordenación de los recursos humanos existentes" llevada adelante por la Administración no se halla desprovista de notas de excepcionalidad, ámbitos que, indudablemente, resultan de muy difícil acceso para el Tribunal, el cual no podría desde luego sustituir a la Administración en la valoración de los precisos modos en que se instrumentan tales políticas administrativas, especialmente en los aspectos vinculados a la exacta delineación de las medidas en cada caso concreto. Es por ello que, salvo una clara violación de ley, las posibilidades de control por el Tribunal quedan limitadas a la razonabilidad de las medidas adoptadas, y particularmente condicionadas a la demostración de la efectiva existencia de una causal de ilegitimidad que permita el adecuado control jurisdiccional.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, principio de capacidad contributiva
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alegre Pavimentos SACICAFI c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/ queja Buenos Aires s/ amparo s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

Los importes en litigio no provenían de operaciones efectuadas entre el gobierno y alguna entidad regulada por la ley 21.526. En consecuencia, la Ciudad de Buenos Aires no estaba alcanzada por la exención del IVA prevista en el art. 7, inc. h, punto 16, apartado 9, de la ley 23.349, en relación con los intereses correspondientes a las sumas adeudadas a la firma recurrente. En virtud de ello, las resoluciones e intimaciones impugnadas por la amparista quedan privadas de causa y por lo tanto son nulas.
Prueba, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PARISI c/ OÑA s/ MEDIDAS  PROBATORIAS - RECURSO DE REVISION - RESOLUCIONES IMPUGNABLES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-20

Las resoluciones que admiten o deniegan el despacho de las medidas probatorias no están sometidas al control de la revisión pues el gravamen que puedan causar a la parte interesada es susceptible de ser corregido a través de las impugnaciones que la ley autoriza contra el pronunciamiento definitivo si es que el resto de la actividad probatoria no ha alcanzado a evitar una sentencia desfavorable.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ROMERO, Miguel y otro...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-10

Toda presentación recursiva extraordinaria debe bastarse a sí misma para sortear el requisito de admisión, habida cuenta del carácter autónomo que posee; su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso, por lo cual es preciso que contenga un relato claro y concreto de las cuestiones que se quiere someter como de índole excepcional.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, robo, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: LAUBSCHER, GEORGINA LOUISA. s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD ROBO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-10

Es ajena a la jurisdicción originaria de la Corte la causa en la que se investiga los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo calificado que habrían cometido autores desconocidos en perjuicio de la esposa de quien se desempeñara como Primer Secretario de la Embajada de la República de Sud Africa. Ello así, pues aun cuando se acreditara el status diplomático del mencionado, ninguna persona aforada ha pedido ser tenida formalmente como parte querellante, asimismo, no surge de lo actuado que el hecho -por sus características- haya afectado el desempeño de las actividades propias de una embajada o de sus funcionarios.
Trabajadores portuarios, contrato de trabajo eventual, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Munizaga, Jorge Víctor c/ Roman Marítima S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-20

Tratándose de trabajadores que laboran bajo el régimen de la Ley nº 21.429, la asiduidad de contratación bajo las órdenes de una misma empleadora durante largo tiempo no constituye un factor que permita presumir el carácter de permanencia, pues la característica de este trabajo es su naturaleza eventual, de modo que las pruebas en contrario deben ser categóricas e inequívocas, y su aporte está a cargo de quien invoca tal situación excepcional.
Recurso extraordinario, costas, silencio, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SMITH, ENRIQUE A.. c/ NACION ARGENTINA. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-05

El silencio de la sentencia en cuanto a las costas devengadas en la instancia extraordinaria, debe entenderse en el sentido de que su pago se impone en el orden causado (Disidencia del Dr. Carlos S.

Fayt).
Medidas cautelares, clausura preventiva, prejuzgamiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Club F.O. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de medida precautoria Incidente de medida precautoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-14

El hecho de que el a-quo consigne las pruebas aportadas, a los efectos de rechazar la medida cautelar solicitada por la fiscalía -clausura preventiva-, considerando que de las probanzas del expediente no surge la inminencia en el peligro, no significa ni mínimamente que se esté expidiendo sobre el fondo de la cuestión.

Vale decir que en ningún momento se pronuncia sobre la existencia de causales que lleven a suponer que nos encontramos frente a los recaudos exigidos para la configuración de la conducta prevista por el artículo 57 bis, sino que las referencias que realiza sobre las pruebas de la causa, están destinadas a determinar los extremos requeridos para la otorgación o negación de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: SENOK, OIKOS y FADES s/ resolución  I.G.J.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

Encontrándose en discusión el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal, la Corte Suprema no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del juez, sino que el incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado.
Tipo penal, delito de comisión por omisión, elemento subjetivo, autoría, fiador, leyes, doctrina, jurisprudencia, bien jurídico protegido, tipo penal abierto
Materia: PENAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 413  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

Quizás el que con mayor claridad aborda el delito de omisión impropia sea Bacigalupo, quien afirma que detrás de cualquier tipo penal existe una norma y no simplemente un mandato o una prohibición y éstas, a su vez, son las formas instrumentales de llevar a cabo una norma. La norma en sí no prescribe sino de una manera muy general qué bienes jurídicos no deben lesionarse. La finalidad de la norma no puede ser contradicha por el tipo penal que, por un lado, cumple una función limitativa y garantizadora frente a la libertad de las personas y, por otro, es también instrumento para la realización de la norma. Por lo tanto, el mandato de acción o la prohibición no tienen por qué estar excluidos entre sí en los tipos penales. Detrás de un tipo de comisión se encuentra también un mandato de acción para ciertos y determinados casos y que constituyen el fin de la norma en relación a la cual se construye el tipo. Planteada en estos términos la discusión, lo único que no está contenido en el tipo de comisión es la determinación del círculo de autores de la omisión impropia. Luego el elemento que no se encuentra en los tipos de omisión es el elemento determinante de la autoría. Esa es la posición de Welzel y de Kaufmann para quienes los delitos impropios de omisión son delitos especiales. Es decir la definición de la posición de garante y el deber de garantía son elementos de la autoría no definidos en forma expresa. Y esta falta de determinación obedece a la inmensa variedad de situaciones que podrían presentarse, tal como sucede con los tipos abiertos en los delitos culposos, donde en cada caso deberá definirse judicialmente el deber objetivo de cuidado, lo que sin embargo no presenta reparos constitucionales. Pero, y en esto es estricto, el punto de vista para la determinación del complemento debe surgir, por supuesto, del derecho positivo. En la medida en que el tipo de comisión no debe frustrar el fin de la norma, abarca también las omisiones que representan, en razón de la posición del autor, un ataque al bien jurídico de igual contenido de injusto que el hecho positivo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, excepciones procesales, ejecución hipotecaria, teoría de la imprevisión
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESPINO DE TERRY, MARIA TERESA. c/ CARRERO, PEDRO OSCAR. s/ COBRO HIPOTECARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-05

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazo las excepciones y defensas opuestas y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución hipotecaria. Ello así, pues las cuestiones resueltas son de hecho, prueba y derecho común, propia de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, salvo arbitrariedad, la cual no se configura en el caso en que los agravios del recurrente sólo traducen su discrepancia con el criterio del a quo en cuanto a la interpretación de las previsiones contractuales y a la existencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles en relación con el art. 1.198 del Código Civil.
Proceso penal, acción civil, debate, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BAZAN, JUAN FERMIN s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-07-05

Si la concubina del occiso toma intervención por derecho propio en el debate cuando oportunamente se había constituido en actora civil unicamente en el carácter de representante legal del hijo extramatrimonial de ambos, sin objeción, la extemporánea intervención por derecho propio, como se trata, en definitiva, de una inobservancia de reglas procesales no castigada con nulidad, basta señalar esa expresa aceptación del acto por la parte interesada, ahora impugnante, para desechar el recurso.-
Competencia originaria, Constitución Nacional, Constitución Provincial, interrupción del embarazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil por el Derecho a Decidir; Consejerías Comunitarias Salta; Fundación entre Mujeres c/ Provincia de Salta s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-09

Cabe declarar la competencia originaria de la Corte de Justicia de la provincia de Salta para conocer en los presentes autos, ello de conformidad con lo establecido en el art. 153, ap. II, inc. c) de la Constitución Provincial. A fin de determinar la competencia debe atenderse, de modo principal, a los hechos expuestos en la demanda y, en tanto se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de la pretensión. Las accionantes fundaron su planteo en una supuesta omisión de la provincia de Salta en torno a las prescripciones de la Ley 27610 "de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE", por lo que en tal contexto, es menester recordar que la provincia es representada legalmente por el titular del Poder Ejecutivo, quien, además, dirige y formula sus políticas, es jefe de la Administración centralizada y descentralizada y es el único órgano estatal que ejerce, "lato sensu", función gubernativa. Así lo dispone el art. 140 de la Carta Fundamental, el que debe interpretarse armónicamente con el art. 144 del mismo cuerpo normativo. Además, surge indicativamente del art. 128 de la CN y se encuentra expresamente establecido en la Ley 8171 "del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado", de igual manera a lo que preceptuaban sus antecesoras 6811, 7190, 7483, 8053, entre otras.
Jurisdicción y competencia, jurisdicción internacional, tratados internacionales, acciones personales, concursos, ley especial, aplicación de la ley
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Sicamericana  S.A. s/ quiebra  s/  incidente  de  invalidez  detransferencia de catálogo fotográfico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Si se ha deducido una acción personal de ineficacia concursal, no resulta aplicable el art. 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, pues establece una regulación general de acciones personales extraconcursales que es desplazada por las normas sobre jurisdicción internacional concursal por razones de especialidad.
Menores, cuidado personal compartido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALDERETE MARA YANINA c/ CUETO RUBEN HERALDO s/ TENENCIA DE HIJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-25

Al estar informadas por el interés del menor, las resoluciones sobre tenencia de hijos no causan estado, por cuanto están enderezadas al bienestar de éstos, por tanto pueden ser revisadas sin resto de formalidad alguna, cada vez que se considere vulnerado o comprometido ese supremo interés.
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante, Juan Pablo s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. José Leonardo Berber c/ Sentencia Nº 02/11 de Expte. Corte Nº 62/10: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui por la Defensa de Juan Pablo Bustamante en contra de la Sentencia Nº 9 recaída en causa Expte. 311/08 ac. 299/08 caratulado 1) Gómez, Gabriel Enrique; 2) Bustamante, Juan Pablo - ss.as. Robo calificado, etc. Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-06

La Cámara en lo Criminal condenó al imputado a la pena de diez años de prisión, con más accesorias de ley, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego de aptitud comprobada (arts. 45 y 166 inc.2º, primer párrafo, primer supuesto y 2º párrafo del Código Penal).

En contra de esa decisión, su anterior defensor interpuso recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte.

Contra la nominada sentencia, el actual asesor letrado deduce este recurso federal.

El recurrente invoca la doctrina de la Corte de la arbitrariedad de la sentencia y dice que la sentencia impugnada resulta arbitraria en tanto carece de fundamentación y se basa en la afirmación dogmática de pautas genéricas, afectando de ese modo el debido proceso legal, la igualdad ante la ley y la inviolabilidad de la defensa en juicio.

El recurso se presenta sin la carátula correspondiente y el escrito no satisface adecuadamente las formalidades exigidas por la reglamentación (arts. 2º y 3º de la Acordada Nº 04/07 de la Corte Suprema).

Es interpuesto en tiempo y forma, y por parte legitimada, en contra de una sentencia definitiva, en tanto confirma la condena penal dictada en contra del imputado; dictada por el superior tribunal de la causa, esta Corte, que es el tribunal superior de la provincia, cuyos fallos no pueden ser revisados por otro órgano judicial local.

Sin embargo, el planteo no suscita cuestión federal en tanto los temas propuestos se vinculan con circunstancias de hecho y de prueba, resueltas con arreglo a normas ajenas al derecho federal que, por ende, no habilitan la vía extraordinaria, sin que demuestre el recurrente la concurrencia en el caso de circunstancias excepcionales que autoricen apartarse de dicha regla.

De tal modo, carece de fundamentación suficiente, en los términos del art. 15 de la Ley 48, y en tanto no demuestra la contradicción de lo resuelto con norma o principio constitucional alguno, el recurso no propone control de esa índole que justifique la intervención de la Corte por esta vía, prevista para garantizar la vigencia y primacía de la Carta Magna.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.