marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, notificación del acto administrativo, amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DE LA CUEVA, DANIEL GUSTAVO c/ MINISTERIO DE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA s/ ACCION DE AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-02-07

La eficacia del acto administrativo y no su existencia depende, en último término, de su debida notificación al interesado, pues sabido es que la notificación "es un elemento que no forma parte del acto, sino que le sigue, es posterior a la perfección de 'l. El acto administrativo, tiene vida jurídica independiente de su notificación".

En el caso, al haberse materializado el actuar de la administración a través de la Disposición Administrativa que resuelve el planteo formulado por el actor, y que fuera el objeto de la presente acción de amparo por mora, la circunstancia de que el interesado no tenga conocimiento del mismo no cambia la cuestión, pues ello constituye una mera irregularidad que no afecta la validez del acto.

En consecuencia, corresponde declarar sin materia la presenta acción de amparo por mora de la Administración.

Del voto del Dr. Cáceres
Adicional recuperatorio retributivo ascendente, intereses, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ D'Andrea, Carlos s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-14

[...] tal como establece el art. 7 del Decreto Nº 1494/02, el recupero por parte de la Administración de las sumas percibidas en más, requería una previa notificación al agente y, en el caso, el emplazamiento fehaciente fue efectivizado a través de la carta documento recibida el 16/11/09, donde se le hizo saber que contaba con un plazo perentorio e improrrogable de 10 días hábiles para que abonara la suma debida. Entonces, la suma de $2.874,32 genera intereses desde del vencimiento de dicho plazo y, a los fines de su liquidación, se aplicará la tasa promedio entre la activa y pasiva del Banco Provincia del Neuquén.
Lanzamiento preventivo, resolución inaudita parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

La restitución prevista en el art. 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser resuelta previa evaluación de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora, con audiencia de los afectados de la medida, y con la imposición de la contracautela que estime corresponder, con el objeto de resguardar la garantía del derecho de defensa en juicio y del debido proceso de los supuestos usurpadores (el voto en disidencia del Dr. Corti).
Declaración de insania, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dezi, Rubén R. s/ Medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El Juez que declaró la inhabilitación del causante debe intervenir en el pedido de internación de éste. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, procedencia del recurso, contribuyentes, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. C. y V., H. A. promueven acción de amparo y medida cautelar innovativa c/ La Municipalidad de Goya (T.O.P. 8346)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-02-23

Procede el acogimiento de la acción de amparo interpuesta por un contribuyente contra el Municipio de Goya, de conformidad a lo resuelto por este Superior Tribunal en los autos caratulados: "Montenegro Héctor c/ Instituto de Previsión Social Ctes. y Estado de la Provincia de Ctes. s/ Amparo", Expte. Nº EDL - 1246/11, (Sent. Nº 04/2014) quedando sentada la regla que indica que los procesos de amparo contra actos de autoridad pública se rigen por la ley 2.903 modificada por ley 5.846 de la provincia de Corrientes.
Situación del imputado, autodefensa
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., C. M. y Otro c/ T., S. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-24

Las posibilidades de autodefensa del imputado encuentran límite en las exigencias de eficacia de la defensa y en el normal funcionamiento del proceso.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilar, Orlando R. c/ Luciano Guillermo y/u otros s/ Diferencias de haberes, indemnización y despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-28

Resulta ajustada a derecho la decisión del Sr. Juez de primera instancia, que efectúa una correcta aplicación del art. 257 de la L.C.T., al considerar que la interrupción del plazo de prescripción por la actuación administrativa finalizó con el archivo de la misma el día 11/5/90, y por lo tanto el término establecido por el art. 258 de dicha ley se encontraba cumplido al momento de la iniciación del juicio, ya que ninguna incidencia sobre tal resolución administrativa puede asignarse a la presentación del demandado en fecha 21/5/90 en tanto mediante la misma no se produjo la reanudación del trámite, limitándose el funcionario respectivo a informar el estado de las actuaciones.
Sentencia contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A.  INDUSTRIAL WELBERS LTDA. c/ CIFEN COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA s/ CONTRATO  - COMPRA - VENTA - PRECIO - LESION - ESCRITURACION - MORA -  EJECUCION DE SENTENCIA CONTRA EL ESTADO - INTIMACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-07

El sentido de la doctrina de la CSJN en punto a la ejecutoriedad de las sentencias dictadas contra el Estado Nacional no es otro que el de evitar que pueda verse colocado, por imperio de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer tal requerimiento de inmediato, mas no significa una autorización para no cumplir la sentencia judicial, ya que ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico; admitiéndose que el art. 7 de la ley 3952 no descarta la pertinencia de una posterior intervención judicial tendiente al acatamiento del fallo para el caso de una irrazonable dilación en su cumplimiento, que se configuraría una vez trascurridos los plazos que corresponde otorgar al Estado para la tramitación de los fondos, sin que ello se verifique.
Municipalidad, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedraja Larroza, Carlos A. y otros c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

La negativa de la Municipalidad de Presidente Perón a aceptar a una parte de los agentes que la autoridad competente dispuso debía prestar servicios en su ámbito, viola en forma manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la estabilidad en el empleo de esos agentes.
Adopción, registro de adoptantes, voluntad del legislador, ley nacional, adhesión provincial, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

En concreto: a) La Ley Nacional 24779 es legislación de fondo modificatoria del Código Civil; b) El art. 2 que estableció un registro único de aspirantes a adopción, reglamentado en la Provincia por la Ley 3268, fue sustituido por la Ley Nacional 25854; c) El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tiene la responsabilidad de implementar un registro único - Central - de aspirantes a guarda con fines adoptivos, al que invitan a adherir a las Provincias (ver arts. 3 y 18 "in fine").

Aún no hay convenio suscripto por nuestra Provincia con ese Ministerio; d) La admisión e inscripción posterior en el Registro Unico es requisito esencial previo al otorgamiento de guarda con fines adoptivos y e) La cuestión de autos, queda bajo los efectos de dicha ley nueva.
Facultades del Poder Judicial, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Al encontrarse limitados los efectos de la declaración de inconstitucionalidad al litigio en que se pronuncia, no resulta posible concebir racionalmente ninguna posibilidad de absorción del Poder Judicial sobre los otros poderes del Estado, ni entender como jurídicamente necesario el establecimiento de la prohibición del control de oficio (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Mandamiento de prohibición, bonos CEDERN
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Chironi, Eduardo Mario s/ Prohibimus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-02-20

Corresponde rechazar in limine la acción de prohibimus interpuesta por el accionante que pretende obtener por esta vía que, al abonarle su remuneración de Legislador, la dependencia pertinente del estado provincial no le haga entrega de los certificados de deuda (bonos) en la proporción fijada por el decreto ley 9/95 ratificado por la ley 2931. Ello, en tanto,el presentante no indica cual es la disposición normativa que concreta, directa y expresamente pudiera vedar ese proceder.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giafrate, Juan c/ Santana Blanes, Gladys s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

No puede achacarse culpa al tercero transportado por una de las partes, de modo que por el daño sufrido, tanto el conductor del automóvil en el que viajaba como los demandados resultan deudores solidarios en virtud de lo dispuesto por el art. 1109 del Cód. Civil y deben responder de esa manera por la totalidad del daño.
Concesión errónea del recurso, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, sobreseimiento, menores, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: M., C.  c/  s/ Queja. Abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

Procede declarar erróneamente concedido el recurso de apelación incoado por la defensa, sin perjuicio de puntualizar que el recurso de apelación deducido por quien representa los intereses de la menor es formalmente admisible. La providencia que concedió el recurso de apelación no es de aquellas declaradas expresamente apelables -art. 432 del CPPN- ni se advierte en el caso la posibilidad de que pueda causar un gravamen irreparable en los términos del art. 449 del mismo cuerpo legal, como para hacer excepción al principio de irrecurribilidad. A este respecto, empero, la normativa convencional y legal atinente al involucramiento de niñas, niños y adolescentes como víctimas en procesos penales, conduce a la posibilidad de que el órgano que los representa introduzca recursos en función de los intereses que atiende. Ello así, dicha intervención debe ser previa a la adopción de decisiones posibles de causar a dicha representación, un gravamen de insusceptible reparación ulterior, calidad que ciertamente adquiere el dictado de un sobreseimiento como en el caso, en la medida en que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, quiebra, verificación tardía, publicidad registral, oponibilidad a terceros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO MAYORISTA DEL PLATA S.A. c/ MALDONADO SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO (B.C.R.A.) -PEDIDO DE QUIEBRA (EXPTE.:
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

La imposición de las costas no es tema que quepa abordar en la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión al respecto aparece fundada y acorde con el resultado del pleito. Y si bien esa regla general reconoce excepción en los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con clara arbitrariedad o lo decidido pueda prohijar una indebida restricción al derecho de defensa, no se advierte que dicha situación acontezca en el "sub judice", donde el Tribunal a quo dio razones fundadas de su decisión de imponer las costas al verificante tardío al expresar que "...éste pretende justificar su tardanza en el hecho de que el privilegio que invoca no se haya inscripto registralmente al momento de la verificación, pero este criterio no es correcto, ya que significa confundir -como dice el Síndico- la existencia misma del crédito y su garantía, con la oponibilidad a terceros, que se concretan con la inscripción registral lo cual, no fue realizado por el insinuante para proteger su crédito..." decisión que no excede los límites de razon abilidad y logicidad tolerados en la aplicación al caso concreto de las reglas normativas establecidas en la ley concursal.
Administración Pública, acto administrativo, recurso de reposición (procesal), nulidad absoluta, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARERA, ROBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

El principio según el cual nadie puede alegar su propia torpeza, no rige en Derecho Público contra la Administración la que en supuestos de nulidad absoluta, aun mediando torpeza de su parte, debe revocar los actos ilegítimos que haya dictado o, en caso que ello afecte el principio de estabilidad, pedir judicialmente la nulidad de su propio acto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zeballos, Luis Norberto c/ Diario Popular s/ Daños y perjuicios Gui, Julio c/ Banco Nueva Era s/ Daños y perjuicios Triulzi, Oscar H. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Cobro de pesos Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios de Verónica c/ Sisti, Tulio Ferruccio y otros s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12|1998-11-24|2001-11-21|2005-04-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cuestiona idóneamente los fundamentos del fallo sin demostrar la infracción legal que denuncia pues es requisito ineludible de una adecuada fundamentación la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado.
Injurias, delitos contra el honor, delito putativo
Materia: PENAL
Carátula: ALMADA, Carlos y otros. s/ ART.110 C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-13

El honor atacado por el delito de injurias es el objetivo, por ello, para que la injuria sea típica debe tener carácter imputativo, atribuyendo alguna calidad peyorativa hacia la personalidad del ofendido. Si la expresión que puede considerarse injuriosa no hace referencia a persona alguna existiría un delito putativo por falta de sujeto pasivo.
Recurso extraordinario, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Faccio Edgardo José c/ Avalos Adolfo y otros s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Disponiendo el art.280, inc.3° del C.P.C., modificado por ley provincial 11.593, que quiénes gozan del beneficio de litigar sin gastos quedan eximidos de efectivizar el depósito previo requerible a los efectos de entablamiento del Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, es advertible que el mismo debe hallarse ya otorgado al momento de la correspondiente interposición. De tal modo, no se cumplimenta tal condición de admisibilidad si se denuncia la presentación del beneficio citado el día y al momento de tal interposición, sin que fuere relevante a tal fin la circunstancia de su posterior concesión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: ESMESA SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR OSUNA, RAMON.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-14

Cabe admitir el acuse de perención formulado por el accionado en su primera presentación y en un único acto procesal, toda vez que ello implicó no consentir actuación alguna sea de la contraria o del propio tribunal de grado posterior al cumplimiento del plazo por la ley 24522: 277 (Arg. cpr: 315-in fine); pues cabe señalar que el "no consentimiento" al que alude el cpr 315 no requiere una manifestación expresa en tal sentido, pues la sola presentación del pedido de caducidad impide la purga de ella (Falcon, Enrique M., "Caducidad o perención de instancia", Pág.. 208, segundo parr. y jurisp. cit. en nota 53, Abeledo-Perrot, 1996; Loutayf Ranea - Ovejero Lopez, op. cit., primera reimpresión, Pág.. 449, apartado 3, último parr. y jurisp. cit. en notas 188 y 189, astrea, 1991; manuales de jurisprudencia la ley, "Perención de instancia", dirigido por Amadeo, José Luis, Pág.. 385, apartado 20.3., fallos cits. en ptos. 2793 a 2796, edición 1985); no resulta óbice el carácter restrictivo con que suele apreciarse el instituto, pues ello sólo tiene lugar en supuestos de duda (csjn, 24.5.93, "Rubinstein, Marcos c/ cia. Financiera central para la america del sud SA"; id., 7.7.92, "Frias, José Manuel c/ Estex saci e I", fallos 315:1549; id., 12.4.94, "Dalo, Hector Rafael y otros c/ Hidronor Hidroelectrica norpatagonica SA y Neuquen, Provincia de s/ daños y perjuicios", fallos 317:369; id., 12.8.97, "Caminotti, Santiago r. c/ Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria", fallos 320:1676; entre muchos otros), pero no cuando el plazo legal transcurrió claramente.
Coacción, prisión, suspensión del juicio a prueba, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: T., A. C. c/  s/ probation
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

Finalmente destacó que ".Pretender reiniciar la persecución penal de un sujeto que ha soportado la coacción estatal -aunque sea bajo la forma de control alternativo a la pena de prisión- durante los plazos establecidos normativamente, implicaría cargar sobre sus espaldas la incapacidad del Estado de llevar adelante su obligación de controlar el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el tribunal oral. En consecuencia, la revocación de la suspensión del proceso a prueba configura un exceso de jurisdicción que como tal determina su invalidez por afectación del debido proceso legal (arts. 167 inc. 2, 168, 515 CPPN, 18 y 75 inc. 22 CN, 8.1 CADH y 9.3, 14.1 y 14.3.c PIDCyP), pues como he dicho, el tribunal a quo ha tomado una decisión por fuera del término de vigencia del instituto (cfr. Sala VI, mi voto en causa nº CCC 77676/2016/CA1 "Barros, Ezequiel" rta. el 9/11/18 con cita del voto del Dr. Divito en causa nº CCC 4328/11 "J. G., J. M" rta. el 30/9/15, del registro de la Sala VII y causa nro. 28676/11 "L., F." rta. el 9/9/16 de la Sala V, ambas de esta Cámara). En virtud de lo expuesto, corresponde remitir las actuaciones a la instancia anterior, para que previa certificación de antecedentes, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la doctrina aquí expuesta.".
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Celis, Maria Clara c/ Cibin, Antonio su sucesion s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

El principio de imposición de costas al vencido no es absoluto, dado que misma ley prevé situaciones en las que, sin dejar una de las partes de revestir ese carácter, se la puede relevar de tener que soportarlas. El allanamiento que regula el artículo 70 del ritual no agota los supuesto de eximición de costas al vencido; sólo constituye uno de los posibles casos al cual, en razón de su importancia dentro del proceso, el legislador dedicó una regulación específica (Cód. Proc. art. 68, 2° párr.)
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, nombramiento, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peirano, Patricia Silvia c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   No. 17-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-17

No puede proceder el recurso interpuesto contra el acto que declaró nula la designación de la actora que se incorporó a los cuadros del personal municipal sin cubrir recaudos insoslayables, por cuanto el decreto de ingreso aparece inficionado por un vicio insoslayable, que lo descalifica; en consecuencia el acto que lo elimina es legítima.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION PROTECCION CONSUMIDORES DEL MERCADO COMUN DEL SUR (PROCONSUMER) c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-02

El razonamiento de la Cámara, que si bien reconoció en las notas de débido impugnadas una plataforma fáctica homogénea -consistente en la práctica común de la Empresa de facturar a todos los clientes en forma general e indiscriminada notas de débito en concepto de energía consumida no registrada- hizo énfasis en las diferencias de causas en las actas de constatación acompañadas y en las disimilitudes en los convenios de pago, dista de ser el resultado de una adecuada ponderación del estándar exigido por la Corte Suprema nacional en orden a examinar la legitimación de la actora para representar al colectivo, toda vez que se advierte que las singularidades mencionadas no revisten entidad suficiente como para enervar la existencia de la homogeneidad fáctica y normativa requerida, ni impiden que la pretensión de fondo pueda decidirse útilmente y con efecto expansivo en el marco de un único proceso judicial. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri, Erbetta y Ariza. En disidencia: Dres. Gutiérrez, Spuler y Gastaldi)
Ley de Entidades Financieras, entidades financieras, banco central, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORDEU, ALBERTO F. Y OTROS. c/ RESOL. DEL BCO. CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ INFRACCION LEYES: 20.574 Y 21.526
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

Corresponde confirmar la multa impuesta por el Banco Central a una firma por infracción a las disposiciones contenidas en el art. 7 de la ley 20.574 y su similar de la ley 21.526. Ello así, pues la licitud o ilicitud intrínseca de cada operación individual no ésta en tela de juicio, ni constituye el antecedente de la sanción aplicada sino que ésta se dirige a una actividad que desplegaba la empresa, cuya repercusión en el mercado financiero exige el sometimiento previo a una autorización y la fiscalización ulterior por parte del órgano al que se han delegado tales cometidos, esto es, el Banco Central.
Seguros, cobertura, suspensión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ FUENTES, Daniel Esteban y otro c/ JATON, Alejandro Benjamín s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-28

El asegurador puede apartarse de la cláusula de cobranza y recibir pagos en fechas distintas a las establecidas y esta actitud implica una redefinición de las condiciones contractuales que ambas partes han fijado. Si la aseguradora continuó percibiendo los pagos que reconoce se le efectuaron sin imputar categóricamente las sumas, aunque sea de manera parcial, aceptó el cumplimiento incompleto de la obligación asumida por su co-contratante, por lo cual resulta improcedente que aduzca la suspensión de la cobertura en tales condiciones.