marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reforma del Estado, privatizaciones, contrato de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Di Tullio,  Nilda en autos: González, Carlos Sergio y Otros c/ ENTEL s/Cobro de Australes expte. 29542 s/ Incidente de Ejecucion de Sentencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La ley 23.696 contempla la vigencia de las instituciones del derecho laboral que tutelan al trabajador en los procesos de privatizaciones.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, licitación pública, igualdad licitatoria
Materia: CIVIL
Carátula: ZAIMAKIS, ANTONIO A. Y GOITIA JORGE A. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO O A QUIEN -CORRESPONDA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-07

La acción de amparo contra actos del poder administrador es el carril idóneo y apto para la dilucidación del conflicto en razón de las circunstancias en que se desarrolla un proceso licitatorio en el que se excluye a un oferente a pesar de haber acreditado experiencia y capacidad financiera, conforme el pliego y consulta efectuada por la autoridad.
Tercería de dominio, bienes muebles, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MATTAR RICARDO DANIEL s/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS "PALLARES DANIEL AGUSTIN C/ NORTE  BENEFICIOS S.R.L. S/SUELDOS MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2004 -  CASACION LABORAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-15

Existen supuestos en que, por razones de hecho, se debe obviar la aplicación de la presunción emanada del art. 2412 del Código Civil. En tal aspecto, se destaca la comunidad de uso y el domicilio común de ejecutado y tercerista. No se trata de una diferente apreciación de la presunción iuris tantum, sino simplemente que las condiciones fácticas la tornan inaplicable, porque se establece una neta diferenciación que favorezca, alternativamente, a uno o a otro, es decir ejecutante y tercerista que en suma son, los sujetos en conflicto en la presente cuestión.-
Sociedades comerciales, empresas del Estado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CALLAO 894 c/ LASALLE, Marta Alicia y otro s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-25

En la gestión de una sociedad del Estado, si un negocio no encuadra en la noción de los contratos administrativos, porque ni directa ni indirectamente se halla comprometido un servicio público, el Estado (nacional, provincial o municipal), para llevar a cabo una determinada actividad, se ha valido de una forma de personalidad propia del derecho privado (Sociedad del Estado) que en el marco legal que la rige prescinde de la ley de procedimientos administrativos y su consecuencia es la inaplicabilidad de los requisitos substanciales y formales de dicho ordenamiento con relación a los actos unilaterales o bilaterales que celebre. En este orden de ideas, resulta luego incoherente que se quiera trasladar ese régimen administrativo, con los principios y directivas que ello supone, a los negocios que, en forma particular, este tipo de sociedades decidan realizar00 ***CPC C 017454 1981 08 18 0541 000 0000 000
Ejecución fiscal, excepción de espera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ DAYTON LENCERIAS S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-17

Si la intimación de pago fue efectuada con posterioridad al acogimiento al plan de normalización previsto en el art. 5, Resolución m.A.S. 1874/81 Resultó innecesario que el ejecutado manifestara un allanamiento que dicha reglamentación no exigía y, por ello, deviene admisible la excepción de espera. (S1,1876 170583)
Declaración indagatoria, nulidad procesal, impulso procesal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Domato Horacio Rafael c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-12

En relación al planteo de nulidad de las declaraciones indagatorias, el cotejo de las mencionadas piezas procesales, permite advertir sin esfuerzo que, más allá de la propia redacción o expresiones vertidas en cada una de dichas piezas, los hechos se encontraron suficiente y homogéneamente individualizados; circunstancia que perm ite descartar sin más el pretendido agravio de la defensa.Los hechos históricos enunciados en las distintas piezas procesales relevantes son los mismos que han sido fijados y tenidos por probados en la sentencia atacada, por lo que, de ninguna manera puede sostenerse que el tribunal haya condenado al imputado por sucesos sorpresivos, novedosos o diversos, cuando, como ha quedado evidente de la compulsa de las actuaciones, aquellos se mantuvieron incólumes a lo largo de todo el proceso.
Prueba testimonial, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Violación de domicilio - Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

Producido oportunamente el acto de disconformarse -que la ley equipara al de observar- con testimonios sumariales (art. 243 C.P.P.) cualquiera de las partes o el Juez o la Cámara pueden -en las oportunidades y según las facultades atribuidas por la ley-, con su actividad procesal, obtener la presencia en el plenario de los testigos en cuestión, o la demostración de su carácter de muertos o ausentes y las informaciones de abono correspondientes. Los respectivos resultados serán adquiridos, en sus casos, a todos sus efectos.
Acción de amparo, empleo público, concurso de cargos, reescalafonamiento, igual remuneración por igual tarea, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carini y Otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-08

El ingreso a la Carrera de Profesionales de Acción Social debe efectuarse por concurso. Ello surge tanto de la Ley Fundamental local (art. 43 CCABA) cuanto del régimen legal específico (Ordenanza Nro. 45.199). Luego, el concurso es un recaudo esencial para acceder al escalafón especial y, en consecuencia, en la especie resulta de cumplimiento insoslayable.

La conclusión precedente -exigencia del concurso para el ingreso a la carrera- conduce a la improcedencia del reencasillamiento pretendido por los actores, toda vez que ello importaría omitir un requisito impuesto de manera imperativa por el régimen normativo aplicable.

Sin embargo, lo expuesto no supone desconocer el derecho de los demandantes a percibir la retribución que les corresponde conforme su cargo, función y antigüedad. Ello así por cuanto, al no hallarse controvertido el efectivo cumplimiento de las tareas profesionales, el criterio contrario comportaría, por un lado, vulnerar la garantía de igual remuneración por igual tarea (C.N., art. 14 bis) y, por el otro, un enriquecimiento sin causa para el Estado.
Hurto, apoderamiento, esfera de custodia
Materia: PENAL
Carátula: A.J.A.-Z.J.C. s/ HURTO EN FLAGRANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-25

En otros términos, amén de la Imputación objetiva, es decir que se haya quebrantado la tenencia legítima de una cosa mueble, sacándola de la esfera de custodia, -el riesgo desaprobado por la norma y su realización en el resultado-, es decir, la dupla conceptual desapoderamiento-apoderamiento, en el aspecto subjetivo de la tipicidad solo basta el conocimiento de estas circunstancias y la voluntad directa de realización -dolo directo-.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alderete de Notz Celia Cristina y otros c/ Boca, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

Si bien al examinar el hecho en la sentencia penal se hace referencia a la culpa de la víctima, y la admisión de esa intervención ilícita del sujeto pasivo formulada por el Juez Penal de la conducta del agente, en materia civil esta sujeto ineludiblemente el examen de la conducta de la víctima o de terceros como ocurre, por ejemplo en supuestos de emoción violenta, cuando la emoción tuvo su fundamento en actitudes de dichos sujetos.
Sentencia absolutoria, excarcelación, in dubio pro reo, estupefacientes, control de razonabilidad, deber de imparcialidad, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galian, Matías Marcelo y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-05-26

Procede absolver por falta de acusación fiscal a Marcela Estefania Lucero Romero respecto de los delitos que le fueron imputados en esta causa y por los que oportunamente fuera requerida su elevación a juicio. Asimismo, disponer la inmediata libertad, cesando las obligaciones impuestas en su excarcelación. Así las cosas, ante la falta de acusación y pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y en ausencia de un acusador extraño a éste, el Tribunal se encuentra obligado a pronunciarse por la absolución, más allá del control de razonabilidad propio de todos los actos públicos, derivado de la forma republicana de gobierno. Lo contrario implicaría la asunción de funciones distintas a la jurisdicción que violaría la garantía de imparcialidad y lesionaría la garantía del debido proceso, entendido éste como compuesto por acusación, prueba, defensa y sentencia.

En cuanto al control de razonabilidad, se ve satisfecho en autos, ello así toda vez que la Señora Fiscal expuso fundadamente las razones por las cuales consideraba que no se encontraba suficientemente acreditada la responsabilidad penal y valoró al respecto las pruebas rendidas durante el debate, fundando su falta de acusación en el beneficio de la duda -art. 3 del CPPN-.
Prescripción de la acción penal, fiscales, instrucción sumaria, interrupción de la prescripción de la acción penal, actos interruptivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "FERNANDEZ, Mauricio s/ prescripción ..".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

No existe una diferencia sustancial entre las citaciones que regulan los arts. 294 y 353 bis del C.P.P.N., pues, mas allá del órgano que convoca al imputado en los dos casos se trata de actos destinados a imponerle los hechos y las pruebas para que efectúe el descargo si el convocado lo estima pertinente. Esa identidad impone igualdad de tratamiento, en tanto ambas declaraciones constituyen actos de defensa concedidos al imputado y, por ende, tanto uno como el otro pueden considerarse comprendidos en el art. 67 inc. b) del Código Penal. tal como lo tiene resuelto la C.N.C.P. al resolver en los autos "BARRAZA" del 7.3.2006, no pudiendo afirmarse que se trate de una interpretación extensiva de la ley penal porque el Código Procesal no llame indagatoria a la declaración que se presta en los términos del art. 353 bis citado.
Recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, concursos, propuesta de acuerdo preventivo, período de exclusividad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: TORRES, RAMIRO JOSE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-08-31

Los cuestionamientos no resultan idóneos para operar la apertura de esta instancia de excepción pues el compareciente no logra rebatir lo afirmado por el Tribunal en el auto denegatorio respecto de que fueron mal concedidos los recursos de apelación contra la resolución del juez inferior que declarò la quiebra por haberse vencido el perìodo de exclusividad sin lograrse conformidad con los acreedores. La Cámara explicó que "la instancia de alzada depende de la ley y no de las partes" razón por la cual los reproches sobre la ausencia de legitimación del acreedor aparecían carentes de decisividad y al analizar el argumento relativo a que la ausencia de resolución sobre la petición de prórroga al período de exclusividad le habría impedido determinar sobre cuál de las dos propuestas debía obtener el consentimiento de los acreedores, el A quo ponderó que "el obstáculo recursivo relevaba a la Sala de evaluar los fundamentos de la apelación". En relación al supuesto impedimento de calcular el vencimiento del período de exclusividad, la Cámara estableció que dicho período ya había sido prorrogado por treinta días hábiles judiciales y también se encontraba vencido, por lo que la denegatoria de la prórroga solicitada fue ajustada a derecho" y puntualizó que no correspondía en el trámite previsto en el artículo 355 del Código Procesal Civil y Comercial la intervención del Ministerio Público desde que su función "es dictaminar fundadamente sobre la procedencia o improcedencia de los recursos", hipótesis ajena a la causa.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, reparación integral, automotores, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arco de Paz SA c/ Select Automotores SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde condenar a la demandada a reparar los daños y perjuicios derivados del arreglo deficiente de un rodado, por cuanto no brindó un servicio técnico adecuado, no sólo porque el vehículo dejó de funcionar al día siguiente de salir del taller de la concesionaria, sino también por los daños que le fueron causados por el incendio que se produjo en sus instalaciones.
Concursos, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, fianza
Materia: COMERCIAL
Carátula: SZUCHMACHER,  GREGORIO  ANTONIO s/ PEDIDO  DE QUIEBRA (POR HSBCBANK ARGENTINA SA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

No es obstáculo para tener por acreditados los recaudos exigidos por el art. 83 LCQ el hecho de que el carácter de acreedor del peticionario se encuentre sustentado en un instrumento privado sujeto a reconocimiento del deudor (conf. esta CNCom, Sala C, 17/5/89 "Hughes Scholnik y Cia SA s/quiebra"; íd. íd. 19/8/93 "Lavallol E. B. s/ pedido de quiebra por Banco Coop. del Este"; íd. íd. 28/2/94, "Arano Luis M. s/pedido de quiebra por Hoffner Silvestre"; íd. íd. 29/12/95, "Fridman Ricardo Eugenio s/ pedido de quiebra por Banco Velox SA"). Ello pues, tal reconocimiento se cumple con la citación a dar explicaciones que prevé el art. 84 LCQ sin que importe la apertura de un juicio de antequiebra, vedado por la ley (conf. esta CNCom, Sala C, 26/6/92, "Leon J.M. s/pedido de quiebra por Di Paola SA"; íd. íd. 15/9/97, "Silton SA s/pedido de quiebra por Pandra Gustavo Daniel"). Por tal razón no es óbice para la promoción del pedido de quiebra que la fianza acompañada carezca de firma certificada por escribano público. A más, en cuanto a la existencia de una acreencia líquida y exigible, se aprecia que ha sido debidamente acreditada con el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria expedido conforme el art. 793 Cód. Comercio en donde se ha consignado la deuda que tiene el afianzado a favor del peticionante de la quiebra. Apúntase al respecto, que es improcedente el rechazo de la acción cuando de los documentos aportados por el peticionante surge que el demandado se obligó como fiador de débitos generados por un tercero documentados en certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, como acontece en la especie (conf. esta CNCom, Sala B, 6/11/95 "Zweig, Sergio s/pedido de quiebr por Banco Comercial Israelita SA"; íd. Sala C, 29/3/96, "Kluk Mario Jose s/pedido de quiebra por Banco Credito Argentino SA"; íd. Sala D, 17/4/96, "Vinitzca Sergio s/pedido de quiebra por Banco de Credito Argentino SA"; íd. íd. 16/12/97, "Alutto Mirta s/ pedido de quiebra por Banco Rio de la Plata SA"; íd. Sala E, 22/5/98, "Luna Marta s/ pedido de quiebra por Banco Roberts SA"; íd. Sala F, 22/12/09, "Schpak Luciana s/ pedido de quiebra por Banco BI Creditanstal SA"). Por ende, se estima que de la documental acompañada resulta, prima facie, la calidad de acreedora de la peticionaria y, el carácter de fiador del demandado, como así también la existencia y exigibilidad de las obligaciones que pesan sobre el afianzado, por lo que corresponde tener por acreditados los extremos exigidos por la ley concursal.
Declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: FIRPO, JORGE IGNACIO Y OTRA s/ HOMICIDIO AGRAVADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-29

La declaración testimonial de ninguna manera puede ser considerado como un acto definitivo e irreproductible puesto que "ese valor de definitivos de estos actos, es consecuencia de su irreproductibilidad, o sea de la imposibilidad de repetirlos durante el juicio dada su naturaleza y características y en atención a las circunstancias de su cumplimiento o a su contenido" (Clariá Olmedo, "Derecho Procesal Penal", Tomo II, página 592).
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

3 - Es que, la mentada estipulación proporciona un incentivo para lograr que el deudor cumpla con la conducta debida, es decir, promueve el cumplimiento voluntario y específico de la obligación a su cargo, evitando que se produzca el daño que genera la aplicación de la sanción preestablecida.
Tercería de dominio, publicidad registral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., R. s/ Tercería de Dominio en Autos:N., L.A. s/Incidente de Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-25

Para que una tercería de dominio resulte procedente, debe justificarse adecuadamente la propiedad que se invoca. De lo contrario ella debe ser rechazada. Es que, el tercerista es el encargado de demostrar la titularidad del dominio que considera conculcado, como el medio eficaz para la procedencia de esta acción declarativa.
Recurso de queja (procesal), queja por denegación del recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, terminación del proceso, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: García Gustavo Alberto y otros s/ Peculado y malversación culposa de caudales públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-09-06

No puede considerarse válidamente que la interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica que el proceso en que se condenó a los enjuiciados- decisión confirmada por la máxima instancia judicial provincial- no haya concluido y, con ello, que aún permanezca vivo, presupuesto esencial para la procedencia de la declaración de la prescripción de la acción penal (art. 67, cuarto párrafo, del C.P., texto según ley 25.990).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FASCELLA DE QUAGLIATTO, M c/ MORENO, LEONOR s/ EJECUTIVO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-20

El rechazo de la acción por no haberse preparado idóneamente la vía ejecutiva no configura sentencia definitiva, porque el actor podrá perseguir la satisfacción de sus derechos en la vía ordinaria que eventualmente pueda iniciar.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, quiebra, calificación de conducta
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Loncomeo S.A. s/ quiebra S/incidente de calificación de conducta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La resolución que califica la conducta resulta equiparable a sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario, en tanto causa un gravamen de imposible reparación ulterior.
Revocación de sentencia, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Salinas, Rodolfo c/ Provincia del Chaco. s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Es descalificable el fallo que expresa dogmáticamente que las pruebas son insuficientes para demostrar que la enfermedad del actor se había agravado con motivo de la prestación de servicios, omitiendo valorar pruebas decisivas para la solución del litigio.
Depósito judicial, automotores
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: PEREZ JUAN EMILIO s/ DEPOSITO JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-06-28

El régimen consagrado por la normativa del decreto ley 6582/58 ratificado por ley nro. 14467, sobre dominio de automotores, su transmisión y prueba, en sus arts. 1 y 2, le asigna carácter constitutivo a la inscripción del dominio, o sea la inscripción registral tiene carácter atributivo del dominio ya que entre las partes mismas no se produce la transmisión, modificación o constitución del derecho sin la inscripción. Por esto y sin olvidar lo que prescribe el C.C.art. 4016 bis, si sólo se hubiere suscripto el instrumento -público o privado-y hecho la tradición sin haberse inscripto el título, continúa siendo propietario el vendedor, este queda debiendo sólo la documentación y las diligencias necesarias para verificar la inscripción a nombre del adquirente.

El C.P.P. ha establecido que, cuando el Juez disponga el cese del secuestro y la constitución en depósito de la cosa, dicho acto debe concretarse en la persona del propietario que no es otro que el titular registral del automotor. Esta solución no repugna la equidad. A un cuando se trate de una resolución provisional, la misma se subordina al sistema resarcitorio del C. Civil, en cuanto entre los compradores "óptima fides" (los que compran en venta pública o en una casa de venta de objetos semejantes) y los compradores de simple buena fe, la diferencia, reside en que los primeros tienen derecho a percibir rescate, cuya significación consiste en el reembolso del precio pagado por la cosa. En este caso al reconocerle la ley civil al "óptima fides" sólo un derecho al rescate, le está negando toda posibilidad de retención del objeto comprado, pese a la onerosidad de la prestación a su cargo y a la calidad espiritual con que concurrió al acto (Voto de los Dres.

Alberto Vargas y Víctor Wamba).-
Jurisdicción, competencia ordinaria, lugar del hecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Ojeda, Mauricio Abel; D'Alessandro, Remo Antonio s/ infr. decreto-ley 6582/58.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Si en la causa nada indica dónde se cometió la infracción al art.

33 del decreto-ley 6582/58, cabe fijar la competencia según el lugar en el que fue comprobada.