marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUERO JORGE EDUARDO c/ CAVIC LTDA. s/ APELACION DE SENTENCIA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-11

Es deber de los jueces declarar el derecho aplicable con prescindencia del invocado por las partes, lo omisión en que incurre la cámara a-quo, es esencial e impide a esta sala conocer del recurso de casación, este impedimento no puede fundar legítimamente la denegación del recurso, porque ello implicaría el quebrantamiento de la garantía constitucional que asegura el derecho a la jurisdicción.
Recurso de inaplicabilidad de ley, denegatoria del recurso, depósito previo, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Alfonso, Carlos Antonio c/ Transporte General Urquiza S.C. y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley por haberse efectuado el depósito a la orden del "Presidente" en lugar de haberlo hecho a la de la "Sala Civil y Comercial" del Superior Tribunal cuando, con independencia de su organización interna, es éste el órgano judicial competente - por medio de esa sala - para su tramitación y decisión (arts. 276 y concs. del Código Procesal de la Provincia de Entre Ríos) entraña aplicar el precepto con un excesivo rigor formal que permite descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido.
Juicio de apremio, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Gutiérrez, Jorge Constancio s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

No controvertida la constitucionalidad del art. 68 del Código Fiscal, ni de la Disposición Normativa que es su consecuencia, en los supuestos de intereses legales la facultad de determinación judicial se ve limitada por los extremos del art. 622 del Código Civil. De allí que pretender morigerarlos, directamente o por una vía elíptica como es la de declarar inhábil el título base del apremio, significa contrariar la caracterizada doctrina según la cual no resulta admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MIGUEL MARCOS FABIAN c/ RIBOLDI JUAN CARLOS s/ DAÑOS Y PPERJUICIOS POR USO AUTOM. CON LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-16

Resulta procedente el agravio de la demandada en lo concerniente al valor del rezago el cual deberá deducirse del monto indemnizatorio fijado por los daños sufridos en el automotor del actor -pick up-. Ello es así, por aplicación del principio de compensación del lucro con el daño, debido a que si el damnificado recibe un precio para adquirir una cosa similar, debe devolver lo que le queda de la cosa deteriorada.
Publicidad oficial, publicación periodística, Comunicaciones, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, Estado Nacional, servicios de comunicación audiovisual, interpretación y aplicación de la ley, voluntad del legislador, empresa periodística, acción meramente declarativa, ministros de la Corte Suprema, libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: La Cornisa Producciones S.A. c/ EN - JGM - SC s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

La importancia de la asignación de publicidad oficial y su vinculación con el debate plural y democrático ha sido enfatizada por el Alto Tribunal a través de la opinión de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco y Petracchi, en la causa "Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa" -pronunciado el 29 de octubre de 2013-, al reiterar que el propósito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 en su intención de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación, perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial.
Ejecución de alquileres, restitución del inmueble, locación, multa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Antorena Veronica Patricia c/ Brandinu Elsa Y Otros s/ cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-25

El importe de la multa por demora en la restitución de la vivienda una vez vencido el plazo de la locación puede ser incluido en la ejecución toda vez que se trata de una penalidad contemplada en el contrato y fácilmente liquidable y, además, se devenga periódicamente. En el CCyC la mora en la obligación de restituir la cosa locada es automática y se produce con el vencimiento del plazo de la locación.
Sistema federal, facultades del gobierno nacional, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Transporte   Interprovincial   Rosarina  S.A. c/ Buenos Aires,Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

El diseño del sistema federal en la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de las provincias y la reserva de todos los poderes que éstas no hubiesen expresamente delegado en el gobierno central, a la vez que exige aplicar estrictamente la preeminencia de los poderes federales en las áreas en que la Ley Fundamental así lo estableció.
Acción de inconstitucionalidad, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Straub Bennet Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Dec. ley 9.963/83 art. 53 y Ley 10.765 art.44
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si surge prima facie de la constancia de autos que el resultado del pleito pudiera tener relación con intereses propios de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, corresponde su citación para que tome intervención en el proceso en carácter de tercero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, tributos aduaneros, actuaciones administrativas, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: "Ralston  Purina  Argentina  S.A. c/ AFIP  D.G.A. -Resol. 3429/96 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

La Aduana debe dar trámite al expediente aduanero sin exigir el previo pago del arancel de $ 200 previsto por la resolución 3428/96, ya que la verosimilitud del derecho invocado se da porque esta Sala en la causa "Natelco SAIC c/D.G.A. -Resol.

3428/96 -Expte. 433.500 s/amparo ley 16.986", del 2/10/01, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la resol. 3428/96, y porque el peligro en la demora se configura porque la Aduana intimó a la actora para que dentro del término de diez días procediera al pago del arancel cuestionado, bajo apercibimiento en su defecto de proceder al archivo de las actuaciones.
Sentencia condenatoria, prisión perpetua, violencia de género, prueba
Materia: PENAL
Carátula: F., M. A. c/  s/ Condena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-08

Debe ser rechazado el agravio de la defensa dirigido contra la decisión que condenó al imputado a la pena de prisión perpetua, por considerarlo autor penalmente responsable del delito doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en cuanto atribuyó a la víctima una eventual tendencia suicida, puesto que ello en nada podría influir sobre la contundencia probatoria del fallo, donde las características de las quemaduras que presentaba evidencian una dinámica del hecho incompatible con la autolesión y ubican al imputado, claramente, como el que arrojó el líquido para quemar a su esposa (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Rimondi y Llerena)
Inhabilitación (civil), declaración de insania, denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: I. DE V., C. s/ ART.482, 3ER.PARRAFO, COD.CIV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

La denuncia es un acto jurídico según el Código Civil. El error es excusable cuando ha habido razón para errar y es inexcusable cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable. No excusan la denuncia los certificados médicos que solamente justifican la necesidad de una internación y no hay constancias de tratamiento médico vinculado con la presunta incapacidad. Las dificultades propias de un diagnóstico de insania o de que una persona se encuentra entre los supuestos contemplados por el art. 152 bis del Código Civil obligan a los denunciantes a agotar la diligencia necesaria para conocer lo que el código califica como "verdadero estado de las cosas" (art. 929 del Cód.Civ.), teniendo en cuenta que el régimen legal de la protección de los dementes -y con mayor razón de los inhabilitados- no persigue solamente resguardar la salud de éstos sino "también protegerlos de su propia inconciencia y de la explotación de los terceros".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Es requisito b sico de orden general para que proceda el instituto de la suspensión del juicio a prueba, que el imputado interesado lo solicite en forma libre y voluntaria, una vez que prestó declaración en la causa, preservado su derecho de ser oído en la misma. La imputación que se le dirija al peticionante debe ser de un delito de acción pública conminado, en abstracto, con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años (extensivo para el caso de concurso de delitos), que la ley establece como condición exclusiva y excluyente de otras imputaciones por delitos conminados a penas privativas de libertad de montos mayores. Resulta condición sustancial para que proceda el otorgamiento del instituto de la suspensión del juicio a prueba, el que las circunstancias del caso permitan ante la eventualidad de condena, haciendo un juicio proyectivo, dejar en suspenso el cumplimiento de la misma, y medie -en razón del mismo juicio valorativo- consentimiento del fiscal.

(Del Voto de la Dra. Burrone de Juri). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión? ; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Derecho a la salud, medidas cautelares, personas con discapacidad, tratamiento médico
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ALBORNZ HERNAN GABRIEL Y OTROS c/ OSDE s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-25

El niño Bautista, de 4 años de edad (cfr. partida de nacimiento), es afiliado a OSDE, discapacitado; padece "retraso neuromadurativo en predominio del lenguaje, trastornos conductuales, escaso contacto visual, estereotipias, hiperactividad, conductas agresivas, asociados a macrocefalia y talla alta, con hiperlaxitud articular, orejas prominentes, mentón en punta, TGD: autismo"; y requiere tratamiento multidisciplinario. El niño Bautista reviste la condición de discapacitado por lo tanto goza del reconocimiento diferenciado de derechos que el legislador le confirió a ese universo de personas al sancionar la ley 24.901. El contrato queda integrado, entonces, no sólo con reglamentaciones internas de la accionada sino también con dicha ley federal que hace inmediatamente operativa la obligación de los agentes de salud y de las empresas médicas de cubrir, en forma "integral", las prestaciones enumeradas a partir del artículo 14, como así también los servicios específicos contemplados en los artículos 18 y ss. de dicho plexo normativo. Teniendo especialmente en cuenta lo establecido en el artículo 6º de la ley 24.091 en cuanto a que "los entes obligados por la presente brindarán las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados", se concluye que la necesidad de continuar con la atención y tratamiento integral del niño Bautista con los profesionales que actualmente lo asisten se encuentra sumariamente acreditada. Por consiguiente, forzoso es concluir en que no resulta aconsejable introducir cambios en los tratamientos aludidos -al menos durante el presente ciclo lectivo-, máxime cuando han tenido principio de ejecución;

circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la prestación médica recibida por el discapacitado (Corte Suprema, Fallos 327:5373).
Querellante, delito de acción pública, sentencia absolutoria, legitimación activa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, ANTONIO FERNANDO s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1382
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-18

El querellante, tratándose de un delito de acción pública, carece de autonomía para ejercitar la pretensión punitiva, parece claro que también adolece de falta de legitimación para recurrir de las sentencias absolutorias cuyo fundamento haya sido, precisamente, la ausencia de acusación fiscal.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, Cáritas
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, CARLOS c/ OLIDED  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

Caritas Bs.As. en su carácter de organismo de la iglesia católica es una persona jurídica de carácter público, art. 33 C.Civil. Por ello no puede ser calificada como empresa en los términos del art. 5 de la LCT aún cuando posea fines benéficos.
Amparo por mora, plazos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: LATORRE, CARLOS O. c/ E.N. (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

El amparo por mora será procedente, según se ha entendido, cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no existir éstos, si hubiese transcurrido un término que excediese de lo razonable, sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, reglas de la sana crítica, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, sentencia condenatoria, declaración de la víctima, prueba testimonial, prueba de descargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: I., D. c/  s/ delitos contra la integridad sexual gravemente ultrajante calificado ministro de algún culto, encargado de la educación o la guarda-apelación defensa sentencia condenatoria y apelación fiscal monto de la pena-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-15

La Defensa achaca arbitrariedad en la valoración de la prueba por parte de la Cámara, aludiendo a que el fallo se basa en un análisis fragmentario y parcializado de la prueba testimonial producida que desoyó tramos esenciales de declaraciones que resultaban -a juicio de la compareciente- medulares para la correcta y adecuada calificación del hecho, mas lo cierto es que, para convalidar el fallo condenatorio de primera instancia, los Magistrados expusieron, por un lado, los motivos por los cuales estimaron que se había ponderado el plexo probatorio conforme las reglas de la sana crítica, analizando conjuntamente el relato de la víctima en el debate y su correspondencia con lo declarado por otros testigos y profesionales, como así también sopesaron la prueba de descargo y lo declarado por el justiciable, al tiempo que explicaron por qué los reproches defensivos y la tesis sostenida por su parte -en torno al supuesto móvil de la denuncia- no podían prosperar y brindaron los motivos por los que correspondía confirmar el encuadre legal atribuido, al entender que las circunstancias descriptas por la ofendida en relación a las conductas achacadas, permitían configurar el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
Delitos, estafa, competencia nacional, competencia criminal y correccional, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos N. N. c/  s/ Estafa s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-25

Corresponde radicar la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en tanto las conductas objeto del proceso, tal como vienen descriptas por los magistrados intervinientes, resultan prima facie -y con la óptica impuesta por el reducido alcance cognoscitivo del presente proceso incidental- subsumibles en el art. 172 del Código Penal, aún no transferido a la Justicia local. Dicho juzgado tendrá plena competencia para pronunciarse, aún si la imputación virase hacia figuras penales ya transferidas (cf. mi voto in re) "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Prueba, antecedentes penales, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: BARRAUD, O.H. s/ PRUEBA   -  VALORACION  ANTECEDENTES  PROCESALES  PENALES  -  ACUSADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-02-20

No es admisible contar como elemento incriminatorio coadyuvante de la prueba los antecedentes procesales penales del acusado, salvo que concernieran nítidamente al "modus operandi".
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Vidal, Carlos Rubén s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que alega la transgresión del art. 159 de la Constitución provincial, si el fallo aparece fundado en el texto expreso de la ley, siendo ajena al ámbito de este remedio procesal toda argumentación sobre su eventual desacierto jurídico.
Daños y perjuicios, daño material, daño moral, falta de prueba, partida de matrimonio
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: GAMBARELLA, CARMELO c/ MICROOMNIBUS AUTOPISTA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

Las partidas para acreditar el vínculo matrimonial que el actor acompaña en la Alzada lo son en etapa procesal inoportuna y el propio actor lo sabe, al decir que ellas ya obraban en la causa penal. Si así hubiera sido, la presunta negligencia probatoria del actor hubiera quedado purgada; pero revisando la causa penal la partida aludida no aparece. El vínculo pues, no ha sido acreditado.

La sentencia en recurso no hace lugar a la indemnización por incapacidad y por daño moral -fundamentalmente- por no haberse acreditado dicho vínculo. Y lo hace así de manera correcta. Y aunque por hipótesis pudiera considerárselo probado con las partidas acompañadas en la Alzada, tampoco procedería la indemnización por dos motivos: a) respecto al daño físico, por las conclusiones de la pericia médica; b) respecto del daño moral, por las prescripciones del art. 1099 del Código Civil, al no haber accionado en vida la víctima.
Encubrimiento, ánimo de lucro
Materia: PENAL
Carátula: ZANIN, José Carlos, en causa nº 147/03 (reg. C. C. nº 2 Sta. Rosa) s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-10-22

Se considera la existencia de lucro como "cualquier beneficio material apreciable económicamente, que no necesariamente debe traducirse en dinero, ya sea por el valor de la cosa, como por el uso de ella o, en fin, por el valor de cambio"; y el ánimo de lucro incluye, como agravante de la figura, "el uso material, por el disfrute o aprovechamiento de la cosa" (DONNA, Edgardo Alberto. Delitos contra la Administración Pública. Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 2002: pp. 514/515-517).- Este es un tipo delictual que, según la doctrina mayoritaria, tiene en su configuración como característica relevante a su aspecto subjetivo: "el agente debe haber realizado la conducta con el fin de lucro, con ánimo de obtener una ventaja económica, por lo que no se configurará la agravante si dicho elemento no se encuentra probado" (ob. cit: p.515).- La faz subjetiva de la agravante ha quedado constituida de acuerdo lo requiere la norma y conforme la define la doctrina.

Incluso la jurisprudencia sostiene que "El provecho o fin de lucro que requiere la norma tiene en miras la obtención de la ventaja derivada del empleo de la cosa misma, por su valor intrínseco, siendo indiferente que consista en la adquisición de la propiedad o de la posesión estable del bien, o simplemente en su uso" (CNCas.Penal, sala II, 27-2-97, "M.C., A.H.", c. 899,JPBA, t.100, p.10), citado en DONNA, Edgardo Alberto. El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia.T. IV. Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 2004:p.604/605.-
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: GIACHINO DE BINICKI, María Graciela c/ BLANCO, Mario Alfredo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-23

Toda disminución de aptitudes o facultades importa una lesión patrimonial que debe ser indemnizada, a pesar que ello no se traduzca de inmediato en una disminución en las retribuciones o ingresos del afectado, pues el hecho de que siga percibiendo el mismo sueldo, u honorarios, no quita que haya sufrido una disminución en sus aptitudes para el trabajo. Debe ponderarse a ese fin, no sólo el aspecto laborativo, sino todas las actividades de la persona y las proyecciones que el daño recibido ha de tener sobre su personalidad, considerada ésta integralmente.-
Acción de amparo, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y OTRO s/ ACCION DE AMPARO - APELACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-25

La ley de amparo en su art. 14, limita la órbita de actuación de este Tribunal de Alzada, quedando excluida la posibilidad de impugnar las demás resoluciones que llegare a dictar el juzgador de la instancia inferior, entre las cuales se encuentra la que declara la incompetencia de éste ultimo para entender en dicha acción.-
Automotores, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN RODOLFO DANIEL c/ TOLCHINSKY DE AZERRAD OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-30

Se debe respetar al derecho de paso, no solo cuando los vehículos llegan al mismo tiempo, sino también cuando el obligado a esperar alcanza el cruce antes que otro. El art. 49 Inc. B va mas allá de la mera presunción, como pretende el recurrente, haciendo directamente responsable a quien viola la prioridad de paso del vehículo que aparece por la derecha; es un precepto imperativo, del que solo es posible apartarse cuando muy graves razones así lo aconsejan, debiendo prevalecer sobre cualquier ordenamiento general. Ese principio no cede ni se relativiza por el hecho, de que quien aparece por la izquierda transite por una avenida, pues, la ley no hace excepciones, y por el contrario, el propio art. 49 Inc. B párrafo segundo, dice expresamente que en las zonas urbanas esta regla se aplica en las calles como en las avenidas.