Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Causa 1720/11/CA3 -I-	"Z. D. D. y otro c/OBRA SOCIAL POLICÍA FEDERAL ARGENTINA s/ AMPARO DE SALUD Juzgado n° 3 Secretaría n° 6 Buenos Aires, 3 de junio de 2014.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada Obra Social de la Policía Federal a fs. 170/171 --que fue fundado en ese mismo acto y la contestación de traslado de la actora de fs. 174/175--, contra la resolución de fs. 165/166; y CONSIDERANDO:

1.- La resolución apelada hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional Obra Social de la Policía Federal a suministrar a la actora la prestación de internación geriátrica en la institución en la cual se encuentra en la actualidad, o en la que corresponda. Con costas.

2.- La demandada se agravió porque, sostiene, brinda las prestaciones a sus afiliados en virtud de lo establecido por el decreto 1866/83, no resultando aplicable la ley 24.901. Destacó que la obra social no pertenece al Sistema Nacional de Obras Sociales de la ley 23.660 y, por lo tanto, no reviste el carácter de Agente de Seguro de Salud.

3.- En primer lugar, cabe destacar que no está discutida en el "sub lite" la condición de discapacitada de la actora -cfr. certificado de discapacidad de fs. 7- ni su carácter de afiliada a la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal -cfr. fs. 3-. Tampoco se cuestiona la enfermedad que padece (cfr. fs. 5 y 7, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer).

Se encuentra cuestionado, en cambio, si la demandada debe otorgar --o no-- la cobertura integral de la internación geriátrica en la institución en la que se encuentra en la actualidad o en otra institución que corresponda.

4.- Conviene comenzar poniendo de manifiesto que a partir de la reforma constitucional de 1994 el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, que asigna tal calidad a los tratados que enumera. Entre ellos, el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (esta Sala, causa 798/05 del 27.12.05).

En el mismo sentido, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad (causa 798/05 antes citada).

A su vez, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que entre las medidas que los Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (causa 798/05 antes citada).

En procura de la consecución de los mismos fines, el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, establece -en cuanto aquí resulta pertinente- entre las atribuciones del Congreso, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (el resaltado nos pertenece), situación en la que se encuentra la actora (confr. certificado obrante a fs. 7).

5.- Ahora bien, en el caso debe decidirse si la demandada se encuentra o no obligada a otorgar la cobertura integral de la internación geriátrica de la paciente discapacitada.

Al respecto se debe señalar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención a favor de las personas discapacitadas (confr. esta Sala, causas 2228/02, 6511/03 y 16.233/03 citadas; esta Cámara, Sala 2, causa 2837/03 del 8-8-03) y que, reiteradamente, se ha decidido que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud y esta Sala, causa 1913/08 del 19.3.09).

En ese contexto, la demandada no ha demostrado que la cobertura total de las prestaciones objeto de reclamo pudiese comprometer su patrimonio, a punto tal de impedirle atender a sus demás beneficiarios, y de esa forma, encontrarse imposibilitada de cumplir con sus objetivos (conf. esta Cámara, Sala 2, causa 5250/97del 18.3.99).

En tales condiciones, la actora acreditó suficientemente en autos que necesita la internación en una institución geriátrica con control médico (cfr. indicación médica de fs. 69) para afrontar la grave enfermedad que padece (Alzheimer) y que cuenta con la protección otorgada a las personas que padecen una discapacidad (cfr. fs. 7).

Así, esta Sala también hace mérito de que la solución propiciada es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Cámara, Sala 1, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99 y 53/01 del 15.2.01; en igual sentido, ver CSMendoza, Sala 1, del 1.3.93; CFed. La Plata, Sala 3, del 8.5.00, ED del 5.9.00).

Ello conduce a que deba confirmarse la sentencia recurrida, en cuanto ordena a la demandada que afronte el costo de la cobertura de internación.

6.- Finalmente, no puede perderse de vista que en un caso que guarda ciertas semejanzas con esta causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la no adhesión por parte de la demandada al sistema de las leyes 23.660, 23.661 y 24.901 no determina que le resulte ajena la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para lograr la realización plena de los derechos del discapacitado a los beneficiarios de la seguridad social, con el alcance integral que estatuye la normativa tutelar en la materia (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa "Segarra Marcelo Fernando c/ Instituto de Obra Social del Ejército s/ sumarísimo", del 18.6.08). Encontrándose involucrado el derecho a la salud y a la vida de una persona, los fundamentos de ese decisorio pueden ser reproducidos al caso bajo examen, en donde la demandada invoca la falta de adhesión al sistema legal (leyes 23.660 y 23.661) para no cubrir prestaciones de salud que resultan indispensables para el adecuado tratamiento del paciente afiliado (ponderando, a tal efecto, los términos de las prescripciones de los médicos tratantes).

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 165/166. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión y a que la recurrente pudo creerse con un mejor derecho (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese -a la Sra. Defensora Oficial en su despacho- y devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras