marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apreciación de la prueba, medios de prueba, prueba testimonial, certificado de trabajo, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar Carolina Alejandra c/ Linjuan You s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-11

La falta total de concordancia sobre algunos aspectos secundarios de los hechos, como la manifiesta ignorancia sobre otros, no resta eficacia a los testimonios, pues revelan que los testigos no fueron aleccionados, que se expiden con verdad y que, preocupados por ser sinceros, se pronuncian sobre lo que saben y recuerdan (da prueba de ello para mí que publiciten algo evidente en estos casos, que los fueron a buscar para testimoniar). Las pequeñas diferencias entre los testimonios y las imprecisiones de ellos conducen al juez a creer en la veracidad de los testigos, pues a veces una excesiva uniformidad o un recuerdo exacto de lo acontecido luego de transcurrido el tiempo, puede inducir a sospechas (Voto Welp. Adhesión Romero)
Régimen penal cambiario, operaciones de cambio sin autorización, delito colectivo, multa, prueba
Materia: PENAL
Carátula: HECTOR, DANIEL MARTIN. s/ Régimen penal cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Asiste razón al apelante en lo relativo a que el monto de la infracción que la sentencia toma en cuenta para fijar el importe de la multa no tiene ningún correlato y que tampoco corresponde al valor del dinero secuestrado, por lo que el monto de la multa aplicada por infracción del Art. 1, inc. b), de la Ley de Régimen Penal Cambiario carece de sustento, dado que no se trata de una operación cambiaria sino del ejercicio de una actividad prohibida por lo que mal puede establecerse "el monto de la operación". La ley no contempla otro parámetro de fijación y, en consecuencia, se deben aplicar, según se encuentra previsto en el Art. 20 de la ley 19359, las disposiciones del libro primero del Código Penal, una de cuyas normas contempla el caso de multas que no se encuentran especialmente previstas, las que están limitadas al tope de noventa mil pesos. Es lo que establece el artículo 22 bis del CP referido a los hechos cometidos con ánimo de lucro. En concreto, dentro del mencionado tope, la multa se debe graduar de conformidad con las pautas indicadas en los artículos 40 y 41 del Código Penal (Del voto del Dr. Hendler).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, sentencia condenatoria, prisión perpetua, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., D. F. c/  s/ ROBO CALIFICADO; PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, HOMICIDIO, TENENCIA DE ARMAS, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-24

La recurrente insiste en su intento de oponer su singular enfoque de la causa, mas con los genéricos argumentos que expone no consigue persuadir en el grado propio de este estadio que las lesiones constitucionales invocadas tengan suficiente conexión con la realidad del caso, al no hacerse cargo la presentante de conmover los argumentos del Tribunal cuando recordara que la nulidad parcial del primigenio procedimiento -por el cual se había condenado al encartado a prisión perpetua- se basó en la inobservancia de principios esenciales del proceso -como lo son la prohibición de autoincriminación y la congruencia- y que la causa se recondujo precisamente a fin de que el juicio sea tramitado en legal forma, no alcanzando la quejosa a acreditar la irreparabilidad de sus agravios, quedando éstos reducidos a su mera discrepancia con los fundamentos ensayados por los Sentenciantes para confirmar la resolución de baja instancia, mas sin lograr demostrar aquélla que lo decidido carezca de motivación suficiente o no se amolde a una lectura posible de las normas en juego en función de las constancias de la causa y de la doctrina jurisprudencial de la Corte nacional adoptada. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi y del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Erbetta)
Competencia, cuestiones de competencia, hipoteca, ejecución hipotecaria, competencia civil
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES  S.A. c/ BUSTOS FERNANDEZ DE VENDRELL, A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

La derogación del art. 46 del Dec. Ley 1285/58 (ley 22093), por la ley 23637 -art.14- no importa la modificación de la competencia asignada a los cobros de créditos garantizados con hipoteca, ya que se encuentra específica y concretamente regida por el CCIV (CCIV:

3108 y ss.) y en su art. 32 estableció la competencia de la justicia en lo civil en todas las cuestiones regidas por las leyes civiles, cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a otro fuero.

No significa que toda cuestión originada en mutuo deba ser de conocimiento de la justicia civil, pues ello se reduce a los temas que atañen al cobro del crédito, es decir a la llamada "ejecución hipotecaria"; es admisible que también comprenda lo relacionado con la cancelación del gravamen o la consignación de su pago, pues en definitiva la norma lo que ha pretendido es delimitar todo lo vinculado, no solo con el cobro ejecutivo sino a lo que se reclama o a la extensión del crédito.
Mala praxis, responsabilidad civil, responsabilidad de la provincia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S., S.G. c/ Estado de la Provincia de Entre Ríos y Otro s/ Sumario (N°37)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-15

La demanda de mala praxis médica interpuesta contra un hospital público por la madre de un joven que se lesionó gravemente en un accidente de tránsito y falleció estando internado, es improcedente, pues el deficiente estado nutricional de la víctima, que la actora alegó como determinante del deceso, no fue producto de la ineficiente atención del personal sino a una falla orgánica, derivada de la gravedad del cuadro clínico que presentaba a consecuencia del severo traumatismo.
Superintendencia, funcionarios judiciales, obras sociales, asignación por matrimonio, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra Social del Poder Judicial de la Nación solicitud - Martínez Bamonde, Diana - s/ presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La resolución de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación que estableció que el subsidio por matrimonio sería abonado a uno solo de los cónyuges cuando ambos contrayentes estuvieran afiliados a la entidad, es consecuencia del ejercicio de una facultad discrecional, que ha fijado límites razonables para el otorgamiento de tales subsidios y cuya legitimidad no puede cuestionarse sobre la base de argumentos fundados en la mera discrepancia de criterios.
Estafa procesal, ardid, engaño
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TISSONE, ERNESTO JOSE s/ ESTAFA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

El fingimiento de una deuda ante un órgano jurisdiccional para obtener de éste un pronunciamiento, mediante ardid o engaño, que permita despojar ilegítimamente de un bien a otro, configura el delito de estafa procesal.
Abuso del derecho, hiperinflación, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Sigma Octantis S.R.L. c/ Hansung Ar. S.A. s/ Recurso extraordinario federal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-03

Si bien la conducta del deudor moroso fue la que generó la aplicación de la cláusula penal, ello no legitima el progreso de una pretensión resarcitoria que constituya un abuso del derecho proscripto en nuestro ordenamiento jurídico por el art. 1071 del Código Civil y en especial por el art. 656 de ese cuerpo legal ya que al proyectarse sobre un extenso período signado por épocas de hiperinflación y otras de estabilidad económica su aplicación se tradujo en un desmesurado acrecentamiento de la suma debida que resultó objetivamente exorbitante.
Derecho de enseñar y aprender, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Francisco y otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

El colegio demandado, es una institución privada, que mantiene un reglamento interno que regula la marcha de la institución en su relación con los alumnos. Debe entenderse que una razonable reglamentación que establezca las pautas de estudio y de conducta a la que el titular del derecho de aprender debe someterse y su severidad lejos de transmitir un propósito frustráneo del goce del derecho de aprender, son un claro indicio del grado de excelencia que se pretende alcanzar en dicho ámbito. Esto lleva a aceptar que los directivos del colegio tienen facultades para disponer y evaluar dentro de las disposiciones del reglamento en cuanto incidió la conducta de los alumnos para aceptarlos en el establecimiento.
Litispendencia, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Marta Graciela c/ Vitullo, Italo s/ indm. por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

La posición contradictoria del excepcionante, de la cual cabría inferir una intención de dilatar el progreso del juicio, basta para desestimar la excepción de litispendencia por aplicación del principio de no obrar contra los propios actos.
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riso, Antonino s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-06

La convalidación de los actos procesales exige que los posteriores al impugnado tengan vinculación directa con el mismo, asegurando que quien lo invoca resulte ser "sabedor" del acto (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: VALLEJO MANUEL AURELIO c/ GOICOCHEA RAMON WALTER Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-28

Al Tribunal Superior de Justicia le está vedado incursionar en la valoración de la prueba o en el reexamen de los hechos fijados por los Tribunales de grado, salvo supuestos en los que el casacionista invoque y pruebe que en la sentencia atacada, esas cuestiones han sido valoradas de un modo absurdo o arbitrario, para llegar a la determinación resultante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, principio de confianza
Materia: PENAL
Carátula: CUVIELLO, SUSANA NORMA. s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-06

Valga señalar que el principio de confianza autoriza suponer que cada cual cumplirá con sus deberes de cuidado, pero siempre que no existan indicios que impongan lo contrario -en el caso, el desplazamiento de C. . . sin atisbo alguno de detener su conducido antes del cruce.
Prueba, segunda instancia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V., D. M.; C., F. F. Y OTRO s/ Robo calificado y violacion reiterada en concurso real (Expte Nº  98-93, Resolucion Nº  6, Tomo 1, Folio 489)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-02-11

Desde un punto de vista dogmático, el sustento normativo para la reapertura a prueba en segunda instancia se encuentra en el C.P.C.y Com. -De los Jueces, Facultades (art.20)- al que se llega por no existir prohibición expresa sobre el tema en el C.P.P. y sí una remisión en su capítulo de disposiciones comunes a todas las impugnaciones -art.415- en todo cuanto sea aplicable. Desde el punto de vista sistemático, la competencia del tribunal de alzada fijada por el art. 414 C.P.P. (ppio. de congruencia; "tanto devolutum, cuantum apelatum") no interfiere en lo que hace a la forma de administrar justicia sobre lo que fuera impugnado. Desde el punto de vista teleológico, si el instituto de la reapertura a prueba tiene su razón de ser en posibilitar una mejor justicia, la misma se halla en todas las instancias del proceso y no en algunas. Desde una perspectiva constitucional: 1) el debido proceso legal no se desnaturaliza en tanto tras la producción de pruebas se respete la posibilidad de contradicción, dando a las partes oportunidad de expedirse; 2) el ppio. "in dubbio pro reo" -derivado del de inocencia- para la resolución de dudas sobre los hechos no opera sin el agotamiento de los procedimientos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: González, Héctor; Sosa, Carlos Alejandro s/ Secuestro extorsivo y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Es insuficiente el agravio por el que se cuestiona la prueba de la autoría mediante confesión alegando que la "ilegitimidad" -que no aparece en el tipo del art. 142 inc. 1º- de las privaciones de la libertad debería integrar la descripción que los indagados realizaron del hecho para que la misma constituya confesión y, por consiguiente, pueda ser calificada y, eventualmente, divisible (arts. 238 y 239, C.P.P.) pero que no sostiene que la figura del art. 142 inc. 1º sea una forma calificada dependiente del que entonces sería tipo básico descripto en el art. 141 del Código Penal; de modo que no se intenta demostrar que lo relatado por los procesados no constituya confesión por no atribuirse los mismos la autoría o la participación en una acción típica.
Contravenciones, acta policial, falsedad ideológica, instrumentos públicos, interpretación de la ley, tipo penal, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: LATELLA, MIGUEL JOSE s/ Falsificación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

Resulta atípica la conducta del procesado que insertó constancias falsas en las actas labradas con motivo de contravenciones policiales, porque se trata de formularios impresos con datos que deber ser llenados por el funcionario policial, datos que responden a los requisitos exigidos por un decreto (art. 28 del decreto 6637 63) por una disposición de un gobierno de facto, la 19.690 (art. 6).

O sea que tales formalidades no han sido establecidas por Ley en el sentido constitucional del término y el art. 293 C.P., contiene como elemento normativo a la expresión "instrumentos públicos", institución jurídica regulada por el art. 979 Código Civil, que regla normativamente a dichos instrumentos, señalando en el inc. 2 que tendrán tal calidad los que extendieren los funcionarios públicos en las formas que las leyes hubieren determinado.

Si bien una buena parte de nuestros juristas ha entendido que tales formalidades no sólo pueden ser establecidas por leyes del Congreso Nacional o Legislaturas provinciales, sino también por lo que suelen llamar impropiamente "leyes en sentido material" (Decretos, decretos leyes, resoluciones ministeriales, reglamentos, ordenanzas, edictos, disposiciones o bandos) no es menos cierto que tal interpretación produce los peligrosos efectos de una ampliación ilimitada del tipo penal. Se trata de una interpretación extensiva que so pretexto de otorgar valor legisferante a toda norma administrativa conduce a una desnaturalización del principio de legalidad que es fundamento del derecho penal argentino.

La garantía constitucional del artículo 19 se tornaría notoriamente difusa en todos aquellos tipos que ofrezcan, a través de sus signos normativos, la posibilidad de una remisión integradora a normas emanadas de una voluntad estatal que prescinda de los controles parlamentarios de la legalidad formal. Tal posibilidad constituye un riesgo mucho mayor que la inevitable impunidad que resultaría de las interpretaciones ceñidas a los límites constitucionales del tipo delictivo de referencia.

Las mencionadas actas son actos administrativos que no tienen formalidades establecidas por leyes del Congreso Nacional, lo que las vuelve atípicas dentro del sistema vigente.

La atribución del Congreso Nacional de dictar leyes penales no puede ser delegada, sustituida o distorsionada por el ejercicio de otros poderes del Estado.

En consecuencia, la mera comprobación de que el emisor de un instrumento es un funcionario público, sin necesidad de comprobar si alguna ley en sentido formal regula sus requisitos (art. 979 inc. 2 Cód. Civil), no basta para dar por existente la calidad pública del instrumento.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito de acción pública, delito de acción privada, cónyuge
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Aramburu, Dardo Jorge s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-26

El artículo 73 del Código Penal enumera taxativamente cuales son los delitos de los que emergen las acciones privadas, es decir aquellas cuyo ejercicio es de exclusivo resorte del interesado, conformando un "numerus clausus" que impide cualquier duda al respecto. Así, establece que "Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:...4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.". A su vez, el C.P.P.N. en su artículo 7° dispone que "La acción privada se ejerce por medio de la querella, en la forma especial que establece este Código"; y específicamente en los artículos 415 a 431, regula el procedimiento para los "Juicios por delitos de acción privada" en los que -vale recordar- el interés del ofendido es la medida del poder persecutorio y punitivo del Estado; tanto así, que en este "especial" procedimiento, es el querellante quien ejerce en oportunidad del debate las atribuciones que en el juicio común corresponden al ministerio fiscal. Conforme lo precedentemente expuesto, conceptuamos que resulta desacertado el criterio del "a quo" en cuanto sostiene que "en los casos en que el cónyuge denuncia el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar respecto de su persona y de los hijos, la acción privada que nace del primero queda subsumida dentro de la acción pública.

(Dr. Riggi adhiriendo según su voto).
Contratos, compraventa de automotores, precio, seña, devolución del automotor, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Arias, Matias Ignacio  c/ Car Group SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

La unificación del régimen de responsabilidad contractual y extracontractual, que deriva de lo reglado en el actual CCCN 1716, hace exigible al reclamante la prueba del daño sin importar cual haya sido su fuente -el incumplimiento o el obrar antijurídico-, quedando a salvo situaciones específicas como cuando emerge de la ley o ésta la presume o cuando el daño surja notorios de los propios hechos (CCCN 1744).
Concesión parcial del recurso, mora, tasa de justicia, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Curutchet y Martínez, José L. y otros c/  s/ tutela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

Procede hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación intentados en contra de practicar liquidación del prorrateo, y en consecuencia, modificar la sentencia en lo que respecta a la fecha de mora, dado que si bien dicha manda ha sido ordenada por el Sr. Juez a fin de agilizar el trámite, no es menos cierto que la obligación de practicar dicha liquidación recae sobre quienes tienen interés en que se aplique dicha limitación, resultando carga de los actores practicar el prorrateo correspondiente bajo apercibimiento de tener por desistida la petición. En cuanto a la exclusión de la cuantificación a los fines del prorrateo de la tasa y sobretasa de justicia, lo cierto es que los actores no incluyeron dichos ítems al peticionar la aplicación del art. 730 del CC y C, de modo tal que no corresponde incluirlos ahora, atento el principio de preclusión.
Prueba confesional, declaración en sede administrativa, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTORANO, CARLOS A. s/ INFR. ART. 173, INC. 2 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

La única confesión que puede apuntalar una imputación es aquella que se rinde ante un Juez - artículo 316 inc. 1 C.P.M.P. - siendo cualquier otra manifestación equiparable a un mero indicio que podrá, unido a otras probanzas, conformar un cuadro que permita enrostrar un episodio con los alcances del aquí definido.
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVATIERRA, SUSANA DEL CARMEN s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-05

En nuestro ordenamiento provincial, la materia procesal administrativa fue caracterizada con referencia a la impugnación de actos administrativos emitidos por la Administración Pública, por lo tanto se define por su naturaleza, establecida en el art. 1 de la Ley Nro. 2.297, norma de la cual se induce que, tal como se encuentra diagramada la Ley de Procedimiento Administrativo en nuestra provincia, la misma regula un proceso "contra un acto", un juicio en el cual se impugna el contenido de una resolución administrativa cuyos efectos pueden resultar lesivos a los derechos del reclamante.
Despido sin causa, daño moral, indemnización tarifada
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Abagnale María C. c/ Ferr.Metropolitanos SA. en liq. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-30

En principio las reparaciones previstas legalmente en forma tarifada para el despido sin justa causa cubren todos los perjuicios emergentes de la ruptura. La acumulación indemnizatoria del daño moral con aquella tarifa sólo será admisible si se acredita la confluencia de excepcionales condiciones capaces de localizar nítidamente el suceso fuera del "standard" nocivo para el trabajador, que tuvo en cuenta el legislador al arbitrar el remedio consagrado en el art. 245 LCT
Concursos, privilegios (comercial), privilegios especiales (comercial), honorarios, honorarios del arquitecto
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLAMEX TALAMONI SOCIEDAD ANONIMA - AFTALION Fernando s/ CONCURSO - INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

Si como consecuencia del proyecto arquitectónico realizado, aún cuando no se haya puesto en práctica, se incrementó el valor del predio de la fallida, corresponde que los honorarios de los arquitectos que realizaron el proyecto sean verificados con el carácter de privilegiados en los términos de la ley 19.551: 265-2.
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N., J.O. c/ D., M.S. s/ Incidente modif. de tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

El recurso de nulidad no puede tener cabida si el vicio puede subsanarse a través de la apelación y en el que la Alzada puede examinar los hechos con plena jurisdicción.-
Daños y perjuicios, compensación económica, incapacidad sobreviniente, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Martín, Jorge Enrique y otro c/ Gas del Estado s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Cabe señalar: a) que no se puede negar la importancia que en los tiempos que corren se confiere al aspecto físico para la realización de todo tipo de actividades, inclusive las relacionadas con el ejercicio de profesiones liberales; b) que la circunstancia de que el coactor continúa laborando en la misma empresa en la que prestaba servicios antes del accidente, aunque es un elemento de tener en cuenta, no puede jugar totalmente en su contra a la hora de fijar la indemnización - piénsese, por ejemplo, en el cierre de esa empresa por cualquier motivo-; y lo mismo cabe predicar, por iguales razones, respecto de su actuación como perito en la causa que corre por separado, ya que esta es solo una de las actividades posibles del accionante; c) que, como lo pone de manifiesto la perito psicóloga, el hecho de que el desorden psíquico que presenta actualmente el señor Martín se apoya en rasgos previos de su personalidad, no invalida en modo alguno la importancia de la irrupción traumática que surgen de los fundamentos que sustentan el dictámen pericial.