marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ex empresas del Estado, emisión de bonos, Telefónica de Argentina, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Almiron  Oscar  y  otros c/ Telefónica de Argentina SA. s/ partacc.obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

Toda vez que coincide la causa generadora de la obligación de ambos demandados (Telefónica de Argentina y Estado Nacional) la cual se reduce a la exclusión de los actores del programa de bonos de participación en las ganancias previstos por el art. 29 de la ley 23696, cabe afirmar que lo que difiere -en todo caso es el motivo por el cual cada parte es responsable del pago, puesto que Telefónica de Argentina S.A. es el deudor directo, mientras que el Estado Nacional lo es por haber intervenido ilegalmente para frustrar el derecho de los demandantes. Pero sea como fuere ambos demandados son responsables frente a los actores en forma solidaria por el total del crédito reconocido (conf. art 699 del C.Civil). Es necesario destacar que las relaciones entre los demandados son ajenas a los actores e inoponibles a ellos (Conf. Sala III sent. 90842 20/4/09 "Gentini".)
Ley arancelaria, honorarios, jus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ DROGHETTI, ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-07

El sistema diseñado por el legislador provincial mediante el artículo 32 de la ley 6767 (modificado por ley 12851), por el cual se instituyó el módulo o unidad "jus" para la regulación de honorarios de abogados y procuradores, constituye un mecanismo indirecto de recomposición del capital enmarcable en la categoría de creación pretoriana de "obligaciones de valor" -ahora receptada en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación-, quedando como tal al margen del principio nominalista de la ley 23928 (y modificatorias) hasta su conversión en deuda de dinero, hecho que ocurrirá -de acuerdo con una interpretación constitucional optimizante de las distintas normas en juego- cuando el pago de la obligación por honorarios resulte exigible, tras la firmeza de la regulación respectiva, momento a partir del cual la integridad de la remuneración pasará a ser resguardada por la tasa de interés moratorio -para cuya fijación el precepto de marras exige que se atienda a las vicisitudes del mercado, al valor adquisitivo de la moneda y al carácter alimentario del honorario profesional, es decir, respetando siempre una "razonable positividad" que procure compensar tanto el daño moratorio como la desvalorización monetaria-. (Del voto del Dr. Netri) - Jurisprudencia vinculada: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326; Vectra Agropecuaria S.A., AyS T 278, p 255/261.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, sentencia arbitraria, empleados públicos, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Daniele, Luminato Mario c/ Estado Nacional (Mx de Defensa). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Existe cuestión federal, si el actor, al impugnar la interpreta- ción de los arts. 1 y 2 de la ley 23.199 según la doctrina sobre arbitrariedad, puso en tela de juicio la inteligencia de preceptos de naturaleza federal.
Empleo público, sanciones disciplinarias, acto administrativo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUSIN MARTA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  - EMPLEO PUBLICO - SANCION DISCIPLINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-13

La administración había perdido su potestad disciplinaria ya que la sanción se aplicó cuando había vencido con largueza el plazo previsto por el art. 3ro. de la ley 5882 a contar desde la última falta injustificada. El acto administrativo resulta por ende ilegítimo por carecer de causa legal (arts. 94 y 100 ley 5350 T.O.

1977). En cuanto a los salarios caídos corresponde su rechazo ya que la actora no acreditó ni en sede administrativa, ni en sede judicial los extremos exigidos por el artículo 20 in fine de la ley 6108.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, partes, juicio, acción penal, Ministerio Público, fiscales, fiscal de Cámara
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

No obstante los principios de legalidad (procesal), oficiosidad e irretractabilidad de la acción penal, de derivación legal y no constitucional -art. 71 y sigs. Cód. Penal-, el ejercicio de la acción penal puede "hacerse cesar" en los casos previstos por la ley -art. 8 Código Procesal Penal Santa Fe-, y, es más, el propio Código contiene varios dispositivos en que autoriza al Ministerio Fiscal a enderezar sus postulaciones en ese sentido que prima facie puede entreverse como contrario a su rol procesal (como luego se verá, ello depende de la perspectiva desde la que se aborde la función del Fiscal y su propio carácter). Así, puede enumerarse: a) el pedido de sobreseimiento que le autoriza formular el art. 371 Cód. Procesal Penal en oportunidad de corrérsele traslado para que formule el requerimiento de elevación a juicio -lo que implica, obviamente, auto de procesamiento firme- y que el juez a cargo de la instrucción no puede desatender, limitándose en caso de desacuerdo a imprimir a la cuestión el trámite prescripto en la misma norma, imponiéndose en definitiva, y de subsistir la contraposición, la tesitura del Ministerio Fiscal; b) el requerimiento de absolución del encartado que al tiempo de las conclusiones admite el art. 397 Cód. Procesal Penal. c) el fiscal puede cancelar la prosecución de la persecución penal consintiendo el pronunciamiento exonerativo de responsabilidad para el encartado, no obstante su imprescindible postulación anterior -condenatoria- en contrario, impidiendo así una posible condena de un tribunal de alzada; d) igual facultad y similares efectos derivados de ella han de asignarse al fiscal de Cámaras al autorizársele el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por su inferior jerárquico, en los supuestos de fallo absolutorio. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Indemnización por despido, despido con causa, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Walter Daniel c/ Rivera, Luis y-o quien resulte propietario o responsable del"Taller Luisito" s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-04

No empece a la procedencia de la pretensión indemnizatoria el que sólo una de las causales invocadas presente suficiente gravedad para motivar el despido, pues cuando han sido varias las alegadas basta para sustentar el reclamo resarcitorio la cabal demostración de alguna de ellas que por sí posea entidad injuriante en adecuado grado, independientemente de que otra u otras no se acrediten o de que, comprobadas, carezcan de esa relevancia.
Dominio público, bienes del Estado, permiso de uso, concesión administrativa, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera González, Alcides Juan c/ Estado provincial y Dirección de Energía (D.E.C.A.) s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, ilegitimidad  o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-07-16

El Estado en su actuación como persona de derecho público, regula el uso de los bienes de dominio público, otorgando "usos especiales" bajo la forma de concesión o permiso, figuras que difieren esencialmente de conformidad a los derechos que generan. Lo atinente al otorgamiento de permisos de uso de la cosa o dependencias públicas, está enmarcado dentro de la actividad discrecional del Estado.
Consejo de la Magistratura, consejero del Consejo de la Magistratura, nombramiento, senadores nacionales, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-10

Corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por dos Senadores Nacionales, contra la sentencia que había rechazado la acción de amparo con el objeto de impedir la designación de otro Senador como miembro titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, dado que no puede dejar de advertirse que la pretensión de los actores se orienta, en definitiva, a que un tribunal los designe como consejeros de la magistratura en representación del Senado de la Nación, eludiendo la voluntad expresa de dicho cuerpo.
Legisladores, voluntad del legislador, interpretación y aplicación de la ley, interpretación sistemática, razonabilidad tributaria, control de razonabilidad
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: Brutti, Stella Maris c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Entre los criterios de interpretación posibles no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de la adopción de cada uno, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contrato de trabajo, comisiones, premio por producción, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: "Ríos, Javier c/ MET AFJP S.A. s/ Diferencias de salarios".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

En el caso, el actor percibía una suma ínfima por "comisión por gestión" y una notoriamente superior en calidad de "premio por productividad" ($ 114,58 en el primer caso y $ 3694, 78 en el segundo), proporción que se mantuvo a lo largo de todo vínculo.

Partiendo de la base que las gratificaciones o premios propiamente dichos consisten en una recompensa pecuniaria que se otorga a los trabajadores por motivos especiales y/o aislados, parece obvio que el rubro bajo análisis no revestía tal carácter, toda vez que se vinculaba con toda afiliación o traspaso, circunstancia ésa que lo convierte en "comisión" que es la retribución de servicios cuya unidad de cómputo es un negocio.
Cosa juzgada material, cosa juzgada formal, hábeas data
Materia: COMERCIAL
Carátula: Campos Guillermo Osvaldo c/ Equity Trust Company (Argentina) S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

La sentencia tramitada en los términos de la ley 25.326 solo hace cosa juzgada en cuanto a la procedencia de la pretensión de la eliminación de los datos personales del actor, mas no puede hacer cosa juzgada material sobre el fondo de la relación contractual que brindara sustento a la inicial publicidad de los datos de que se trata, pues no fue planteada una discusión de amplio conocimiento sobre esa vinculación y por ende ese extremo puedo ser reinstalado y debatido en un proceso ordinario.
Recurso de casación, lucro cesante
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Coccia José en j: Coccia José c/ Severo Baleri s/ Acción ordinaria - Casación (Libro: S066-179)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-11-19

El lucro cesante, definido como la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor por el incumplimiento de la obligación, es cuestión de hecho, tiene su fundamento y límite en la "probabilidad" de lo que resulta del curso normal de las cosas, y por tanto circunscribe la revisión a un juicio o de hecho.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, aplicación de la ley, sentencia definitiva, juez de ejecución
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DAY DE STRAMBONI, ALEJANDRA s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-01

La aplicación de la ley 24.390 a una causa con sentencia firme debe efectuarla ante el juez de ejecución.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R., A. c/ S., R. B. E. s/ Incidente cesacion cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

El apelante resultado vencedor en la incidencia promovida a efectos de hacer cesar su obligación alimentaria, lo que así fue resuelto con fundamento en el art. 218 del Código Civil, en razón de haber modificado la alimentada su estado civil al contraer nuevas nupcias y luego enviudar, obteniendo en razón de ello por parte del ANSES una pensión previsional. No hay aquí, por ende, cuestión dudosa de derecho (art. 69 Cód. Proc.). Declarado, el cese de la obligación alimentaria, la parte contraria vencida -que en autos resistió la pretensión del accionante- debe soportar las costas generadas en tal reclamación, pues al no existir ya el derecho a alimentos, carece de justificación el principio según el cual no debe cargar con ellas la alimentada a fin de no desnaturalizar la finalidad propia de la prestación.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, seguros
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: DEL MONTE, ALFREDO ARIEL c/ PARANA S.A. DE SEGUROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-27

La cláusula del contrato de seguro que dispone la exclusión de la cobertura cuando el conductor del vehículo asegurado se niegue a practicarse el dosaje de alcoholemia no puede ser considerada abusiva. La negativa injustificada del conductor genera una presunción en su contra una presunción en su contra.
Concurso preventivo, desistimiento, resoluciones inapelables
Materia: CIVIL
Carátula: ZEVALLOS DIEGO EN J. CEVALLOS DIEGO (EXPTE. Nro. 32897) s/ CONCURSO PREVENTIVO P/RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-10-05

La resolución que tiene por desistido el concurso planteado por incumplimiento de la manda del art. 27 LCQ es inapelable.
Emoción violenta, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Maffioly, Francisco Enrique s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-03

El estado de emoción violenta para ser excusable, debe ser provocado por la víctima a través de hechos serios y graves que puedan perturbar el espíritu de una persona normal; debe existir un móvil ético e idóneo que le provoque a esta persona dicho estado psíquico.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, divorcio contradictorio, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, Sergio Daniel c/ TONIOLO, Roxana Beatriz s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-22

El principio general consagrado en materia de costas por el primer párrafo del art. 67 del Código Procesal es de que éstas serán a cargo de la parte vencida, debiendo señalarse que su imposición en el proceso no mira a la conducta subjetiva de los litigantes sino -con criterio objetivo- atiende a la necesaria reparación de los gastos que el vencedor ha debido efectuar para el reconocimiento de sus derechos. En otras palabras, las costas son corolario del vencimiento y no se imponen como una sanción, sino con la finalidad de satisfacer las erogaciones realizadas por quien se vio compelido a recurrir a juicio (CApel.CC Salta, Sala III, Fallos Año 1993, fº 670).
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, validez del acto jurídico, reglamento redactado por el propietario vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO REPUBLICA de la INDIA 3025/31 c/ HUROVICH Lázaro s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-03

El reglamento de copropiedad de un edificio en propiedad horizontal es válido, ya sea convenido por los propietarios entre sí, o que lo haya redactado un sólo propietario que poseyendo originariamente la totalidad, haya efectuado las ventas ulteriores de los departamentos sobre la base de ese reglamento.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, conversión del sobreseimiento, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, homicidio, fuerzas de seguridad, deber de esclarecimiento, investigación a cargo del juez
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, César Osvaldo y Otros s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Lomas de Zamora que convirtió en definitivo el sobreseimiento provisorio, en beneficio de dos integrantes de fuerzas de seguridad imputados de un cuádruple homicidio, pues la ausencia de actividad investigativa seria y comprometida con el esclarecimiento de los hechos condujeron a neutralizar el avance de la causa tendiendo al cierre de la investigación e incumpliendo con el deber judicial que exige procurar la identificación y sanción de los responsables.
Policía Provincial, escalafón, asistentes sociales, reescalafonamiento, decretos provinciales, interpretación de la ley, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ROMERO, TERESITA BERNARDA c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-30

Si el Decreto 2095/91- que reglamenta los cuerpos y escalafones de la policía provincial- establece que dentro del personal superior se encuentra el cuerpo profesional -abogados, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos y contadores públicos-, no ha previsto que la profesión de la actora-asistente social- lo integre, debe rechazarse su pretensión de rescalafonamiento en aquél, pues ninguna otra interpretación ser posible formular, so riesgo de subvertir la clara voluntad del legislador por aquella otra que, invocando principios de justicia conmutativa, propugna la vulneración lisa y llana del ordenamiento jurídico en busca de lograr ciertamente una posición aventajada para quien la formula, a lo que cabe agregar que no se ha planteado la impugnación del reglamento Nro. 2095/91, normativa en virtud de la cual le corresponde el encasillamiento que cuestiona, como tampoco ha logrado demostrar que las funciones desempeñadas correspondan a un cargo y categoría superior.

En el caso, la actora -agente de policía-se encuentra debidamente escalafonada -personal subalterno del cuerpo de seguridad- en una categoría en la cual se considera que la aptitud especial con que cuenta desde su ingreso en el año 1989 - título de asistente social-, ser tenida en cuenta por las Juntas de Clasificación para el otorgamiento de los ascensos, de conformidad con las normas aplicables. En conclusión, corresponde rechazar la acción de plena jurisdicción interpuesta.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Bs. As. c/ Cielorrapid Soc. de hecho s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

Tratándose el caso de un pedido de levantamiento de embargo que se dice erróneamente trabado contra quien no prestó su consentimiento, la cuestión no tiene carácter definitivo en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, víctima menor de edad, declaración testimonial, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CORIA, JULIO JAVIER c/  s/ PROMOCION Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCION DE MENORES, ETC. -APELACION- SENTENCIA CONDENA PRISION PREVENTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27

La impugnación no ha de prosperar pues, la quejosa insiste en la nulidad de todo el proceso por haberse valorado prueba realizada sin su control, mas sin lograr con sus formulaciones descalificar desde la óptica constitucional la respuesta brindada por la Cámara, al no demostrar concretamente en qué se habría perjudicado el ejercicio de la defensa por la circunstancia apuntada, teniendo en cuenta las particularidades que presentan las declaraciones asistidas de menores de edad y que ha podido -y de hecho lo ha efectuado- cuestionar los testimonios de las niñas en distintos aspectos, brindando los Judicantes motivos suficientes para descartar la postulación defensiva, haciendo hincapié en que el número de intervenciones que habían tenido las menores víctimas en el proceso vedaba la posibilidad de nuevas declaraciones o de someterlas a interrogatorios en pos de evitar su "revictimización"; que el informe pericial no aconsejaba su interpelación por parte de abogados defensores; y que las partes habían tenido la posibilidad de conocer el contenido de los testimonios y de consultar a los profesionales que los habían t mado.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, Municipalidad, recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ALBERTO FERNANDO COMETTA Y OTROS. c/ CAÑOGAL  S.R.L.  Y OTRO. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  CONTRATO  DE TRABAJO - MUNICIPALIDAD - SOLIDARIDAD  -  ADMINISTRACION  PUBLICA - CONCESION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró responsable solidaria a la Municipalidad por diversas indemnizaciones emergentes del Régimen de Contrato de Trabajo, que la concesionaria de la explotación de playas de estacionamiento debía a los actores, omitiendo valorar la gravitación del carácter administrativo del contrato de concesión a fin de establecer si el art. 30 del Régimen de Contrato de Trabajo permitía vincular de manera solidaria a una persona de derecho público no sometida expresamente a la regulación laboral común.
Revocación de sentencia, monto de la indemnización, indemnización por incapacidad, incapacidad total, incapacidad permanente, daño psíquico
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Aranda,Juan Jacinto c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dispuso que el monto de la indemnización por incapacidad absoluta y permanente debida al cuadro psiquiátrico presentado por el actor se determinara según la reglamentación específica del Banco de la Nación Argentina, si el alcance asignado a las normas que establecen las bases para efectuar su cálculo conduce a que el monto de la reparación resulte una suma desproporcionada, que desnaturaliza a la propia regla y la torna en su conjunto inoperante.
Marcas, uso indebido de marca o designación, marca descriptiva del producto, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: FERVA S.A. s/ MEDIDAS PRELIMINARES Y DE PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22

El embargo persigue prevenir e impedir que se produzca un daño o un mal mayor inmovilizando la mercadería en cuestión y, con el secuestro de ella o de un ejemplar, se permite obtener el cuerpo del delito facilitando localizar el origen de los productos, ya sea dando con su fabricante o vendedor. Respecto del inventario, éste tiene una finalidad meramente probatoria al proporcionar la cantidad existente de material en infracción. El art. 50 del ADPIC invocado por la peticionaria, a diferencia de lo expuesto en el art. 38 de la Ley Nº 22.362, no sólo también tiene por efecto evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, sino en particular, impedir que las mercaderías en infracción puedan ingresar en los circuitos comerciales autorizando a disponer el inmediato cese de uso de la venta del producto con la marca en supuesta infracción (confr. Jorge OTAMENDI, "Derecho de Marcas", pág. 343).