Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25


CARUGHI, Miguel Angel contra HAEFFELI, Norberto Juan Carlos Reg.: A y S t 195 p 48-51. Santa Fe, 25 de febrero del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia 146, del 3 de setiembre del año 2002, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "CARUGHI, Miguel Angel contra HAEFFELI, Norberto Juan Carlos sobre Juicio de rendición de cuentas" (Expte. C.S.J. n 176, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. El pronunciamiento impugnado -por mayoría- confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda de rendición de cuentas entablada por el actor (fs. 1/9).

Contra dicho decisorio interpone el perdidoso su recurso de inconstitucionalidad. Invoca los artículos 7, 93 inciso 1) y 95 de la Constitución provincial y el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055, por entender que la sentencia dictada en autos es arbitraria y conculcatoria de derechos y garantías constitucionales (derecho de propiedad, defensa en juicio y debido proceso).

Le imputa al Tribunal no decidir cuestiones propuestas al no haber considerado sus planteos atinentes al recurso de nulidad.

Ya en lo referido a la apelación, aclarando que los votos que integran la posición mayoritaria son distintos, le endilga a los Sentenciantes incurrir en arbitrariedad y dirige sus embates contra cada uno de los votos en particular.

En esa dirección, le atribuye al Vocal preopinante extraer conclusiones equivocadas y autocontradictorias, ignorar la prueba y las constancias de autos, apartarse de la ley y de la doctrina "unitaria" y relevante sobre la cuestión, en tanto dicho Magistrado concluyó que entre actor y demandado existía una forma societaria o contrato asociativo que lo obligaba a rendir cuentas.

Previo enumerar los argumentos del voto, considera que las citas doctrinarias que lo sustentan son correctas, pero aduce que los autores invocados parten de la existencia de una operatoria en común, siendo que en el caso no existen aportes, ni gestión, ni operatoria en común, ni nada que justifique una forma asociativa. Dice que el aporte social no puede consistir en sugerir a alguien que otorgue poder a favor de un abogado y sostiene que tampoco han aportado clientes en común -era uno solo-, no compartieron gastos, ni existió estudio jurídico común y si se seguía la teoría de Zanoni (citado en el fallo) debían por lo menos examinarse los extremos que éste contempla. Pero, sigue diciendo, la prueba es concluyente: no han defendido ni iniciado juicios en común, ni hubo gastos en común.

En tal orden, afirma que el Juzgador se apartó de la prueba y de las constancias de autos y de tal suerte la afirmación del Judicante en el sentido que existe un contrato asociativo es una mera afirmación dogmática.

En lo tocante al restante voto que integra la mayoría, impugna el razonamiento del Vocal en tanto entendió que estaba probado el vínculo para la atención y asesoramiento jurídico de la Sociedad Médica de Santa Fe y que cualquiera sea la naturaleza jurídica del ejercicio profesional compartido, cada pactante tiene la obligación de rendir cuentas y ello en función de considerar que habría sociedad entre las partes porque lo dice la escritura n 98.

Esa línea argumental, afirma el recurrente, además de dogmática y de apartarse de las constancias de autos, se aleja del derecho, toda vez que si existe un vínculo para un objeto, de ese vínculo surge una sociedad o cualquier otro ente, y es aquí donde el Juez olvida la ley, pues omite que ninguna sociedad puede tener por objeto la atención, asesoramiento y los juicios, excepto que sea una consultora. "Es decir que si algo hubo, si algo existió, ese algo es de objeto ilícito o nulo, es decir, ese ente no existe".

Insiste en que no existió ejercicio profesional compartido, ni cosa en común y al no verificarse cosa en común, el derecho es exclusivo y no hay obligación de rendir cuentas.

Además, le imputa al Juzgador apartarse de la propia doctrina de la Sala sentada en causas análogas, ya que si existió sociedad de hecho, no puede extender la operatoria de la misma sino se ha probado gestión en común. En concreto, se aparta del fallo "Piccone c/Stagnaro" con el único argumento de que no son iguales supuestos pero no explica siquiera en qué se diferencian.

Finalmente, en lo atinente al último de los votos, aclara que si bien no se agravia porque recepta su apelación, debe aclararse que aunque las partes digan en una escritura pública que han constituido una sociedad efectuando aportes y que la sociedad tiene objeto, si tal objeto es ilícito o prohibido por la ley, los aportes son prohibidos por la ley (ejercer influencia para obtener un poder) y en la causa no se ha probado que haya existido acción en común.

A su turno, la Sala -por mayoría- denegó la impugnación deducida (fs. 22/24). Tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 27/30).

2. La queja, se anticipa, no puede prosperar. Ello así por cuanto, de la lectura del memorial recursivo en confrontación con la sentencia atacada, surge que los agravios vertidos conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común, los que han sido resueltos con fundamentos del mismo orden que permiten descartar las tachas de arbitrariedad invocadas, dado que el recurrente no logra persuadir que en el "sub lite" se de un motivo de excepción que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, vedada -por principio- a las cuestiones de dicha naturaleza (Fallos: 297:558; A. y S. T. 100, pág. 215; entre otros).

En efecto, a pesar del matiz constitucional que el quejoso intenta asignarle a sus planteos, lo cierto es que no trasuntan más que su disconformidad con la solución que la Sala brindó a la materia debatida al juzgar que el demandado se encontraba obligado a rendir las cuentas de su gestión por los asuntos en que intervino representando a la Sociedad Médica de Santa Fe.

Así puede advertirse que la mayoría del Tribunal, para decidir como lo hizo, dio prevalencia a lo que consideró "la realidad" del caso y en esa inteligencia, conforme a la prueba aportada, juzgó acreditada la existencia de un vínculo entre las partes de este pleito destinado a brindar atención, asesoramiento y representación jurídica a un cliente determinado: la Sociedad Médica de Santa Fe.

En ese marco fue que los Sentenciantes reputaron que el demandado no tenía un derecho exclusivo sobre los asuntos relativos al cliente referido y, como consecuencia de ello, decidieron que el accionado se encontraba obligado a presentar las cuentas de su gestión.

Esa conclusión (la existencia de la relación entre actor y demandado) se sustentó en la escritura pública n 98 del 15.10.1987 en la cual las partes, más allá de la calificación que utilizaron, reglaron la atención, asesoramiento y representación jurídica de la Sociedad Médica de Santa Fe, convinieron la distribución de las utilidades y la recíproca obligación de rendirse cuentas; se respaldó además con copias de poderes agregados a la causa y con las pruebas (pericial contable e informativa) atinentes a la prestación de servicios de ambos profesionales al cliente en cuestión (f. 5).

En definitiva el A quo, partiendo de la acreditación del vínculo referido, definió la relación de los litigantes como una asociación interna de colaboración entre profesionales despojada de toda atribución de personalidad que, como tal, el ordenamiento jurídico no reprocha, deviniendo de allí la obligación de rendir cuentas por las actuaciones en que intervino uno de los sujetos de la relación.

Frente a ese línea argumental, el recurrente intenta oponer la suya basada, esencialmente, en que no hubo operatoria común, aportes en común o estudio en común, en definitiva: que no hubo ejercicio profesional compartido sino que cada uno de los abogados trabajó independientemente para el cliente citado, razón por la cual no existe obligación de presentar cuenta alguna. Sostiene además que "si algo hubo, si algo existió, ese algo es de objeto ilícito o nulo, es decir, ese ente no existe".

Pero tales vicios, como se anticipó, se reducen a mostrar la disconformidad con el alcance e importancia que los Juzgadores asignaron al material fáctico que nutría el conflicto, evaluado en el contexto integral del caso y con la selección y aplicación de normas y principios de derecho común, ámbitos propios de los jueces de la causa y, de tal suerte, exentos de revisión en esta instancia excepcional.

Y es que, ante las conclusiones de la Alzada asentadas en la prueba colectada (escritura pública, pericial contable, informativa de la Sociedad Médica de Santa Fe, documental), el agravio del recurrente tocante a que no se probó el ejercicio profesional compartido, aparece desprovisto de una fundamentación que resultaba claramente exigible y, en el mejor de los casos, sólo patentiza su desacuerdo para con la ponderación de los elementos de confirmación que realizó el Juzgador y con los efectos que de ella derivó.

Cabe señalar, en otro orden, que las referencias volcadas por el quejoso en su escrito introductorio del remedio extraordinario como en su presentación directa ante esta Corte atinentes a que la mayoría de la decisión se conformó con votos distintos, no encuentran correlato en la sentencia impugnada tal como puede colegirse de lo antes expuesto.

Ello así desde que es claro que los Magistrados tuvieron en cuenta, fundamentalmente, que se había probado que entre las partes existía un vínculo en virtud del cual prestaban un servicio profesional a un cliente determinado y que de tal relación devenía la obligación de rendir cuentas del demandado. Desde esta óptica, se advierte una sustancial coincidencia en las opiniones de los Magistrados que formaron la mayoría en la sentencia impugnada que aleja todo riesgo de ausencia de fundamentación en los términos de conocida jurisprudencia de este Tribunal (cfr. "Milo", "Peri", "Tossoni", A. y S., T. 83, pág. 127; T. 113, pág. 470 y T. 162, pág. 170; entre otros).

En suma, no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de la discrepancia del quejoso con la apreciación de las circunstancias del caso, de cuestiones de índole probatoria y con relación a la interpretación de normas de derecho común, hechas por el Tribunal en una tarea que, más allá de su mayor o menor acierto, no aparece divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)