marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, prescripción, contratos a término, plazo, relación de consumo, acción judicial, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Paetz, Guillermo Alfredo c/ Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-08

2 - Ello así, en tanto el plazo de prescripción comenzó su curso con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26994 (Ley de sanción del Código Civil y Comercial de la Nación), razón por la cual se descarta la aplicación del plazo trienal de la LDC 50 en su versión de la ley 26361. Y si bien, la ley 26994 modificó la LDC 50 (Anexo II, 3.4) -estableciendo que el plazo trienal se aplicara a las sanciones emergentes de esa ley- no cabe presumir que el legislador dejó a esas acciones sin plazo de prescripción, por lo que, a falta de plazo específico, ellas pasaron a estar regidas por el CCCN 2560. En consecuencia, si esto se acepta, forzoso es aceptar también que esa norma se incorporó al sistema consumerista, encargándose de regir la prescripción de las acciones respectivas.
Pacto de San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificación de tratados internacionales, obligaciones del Estado miembro, control de convencionalidad, interpretación de tratados internacionales, deberes del juez
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Desde el momento en que un Estado ratificó la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato estatal, quedan sometidos a ella, debiendo evitar que sus disposiciones se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, ejerciendo un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Internacional considerando no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana como intérprete última de la Convención.
Juicio por jurados, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Adamo, Diego Javier c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

Las garantías son seguridades concedidas, a modo de facultades, para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales, sean conculcados por el Estado, mediante la limitación de ese poder o los remedios específicos para repelerlos (art. 18 CN) que, a diferencia de los derechos que se dirigen a ser ejercidos frente a todos, están destinados a actuar frente al estado, como prerrogativas que se ejercen frente a él para asegurar el goce de los derechos subjetivos.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, prioridad de paso, automotores
Materia: CIVIL
Carátula: Reys, Silvia Elena c/ López, Alexis Martín s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-15

El hecho de que el conductor del automotor hubiera conducido a una velocidad mayor que la prevista para el cruce de la encrucijada no evidencia una conducta gravemente negligente o imprudente en los términos de la doctrina casatoria, puesto que la moto es la que impacta contra el automóvil por no haber frenado aunque lo intentara desde metros antes de ingresar a la encrucijada, pese a que así debió haberlo hecho ante la prioridad de paso que le correspondía al automóvil.
Confirmación de sentencia, responsabilidad del asegurador, productor asesor de seguros, principio de apariencia, póliza
Materia: COMERCIAL
Carátula: NORTEÑO SRL C/ SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Procede confirmar la resolución que condenó a la compañía aseguradora demandada y absolvió al productor de seguros codemandado. Ello por cuanto, si bien no se desconoce en el caso, que la aseguradora no registró el pago de la póliza en sus libros contables así como tampoco que no convalidó dicha póliza elevada por su productora, mas lo cierto y dirimente es que aún en el supuesto en que la susodicha productora efectivamente no hubiera tenido facultades para efectuar la contratación aludida, lo neurálgico es que ello no necesariamente libera a la demandada de responsabilidad frente a la sociedad accionante en virtud de la llamada "teoría de la apariencia". Otro punto es que la mecánica de contratación y pago de las pólizas se ejecutó a través de dicho agente de la compañía de seguros sin que la aseguradora manifestara en algún momento objeción con tal proceder. Ello así, cabe señalar que el principio recogido en la LS 53/55, no puede ser entendido en modo alguno de una manera absoluta ya que encuentra importantes limitaciones derivadas del principio de la apariencia jurídica y el de la buena fe (cfr. sentencia dictada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 en los autos "Peralta Jonathan Emanuel C/ Aseguradora Río Uruguay y Seguros Coop. Ltda. S/ Ordinario", del 16/10/15). Es que en ámbito del seguro es común esta apariencia tolerada, pues a menudo forma parte del esquema comercial de la actividad; no solamente se admite el ropaje con que se viste el agente, sino que con frecuencia es provisto por el propio asegurador. Evidentemente, si toda esta ostentación es tal vez artificiosa y destinada a la captación de clientela, esta circunstancia no trasciende al público, y por ello sus efectos no pueden desdoblarse, de manera de que quien la provoca aproveche sus aspectos positivos que genera la apariencia creada (Meilij-Barbato, pág. 228 N° 328 y ss.). En tal perspectiva, si existen irregularidades en el proceder del agente, ello es responsabilidad de la empresa aseguradora, toda vez que es ella la que lucra con tal actividad, de gran repercusión pública, a la par que tiene la obligación de elegir cuidadosamente a sus agentes generadores de esperanza y confianza públicas (cfr. Esta CNCom, esta Sala A, in re "Corona..."; íd., 29/11/00, "Martínez, Enrique c/ Solvencia SA de Seguros Generales y otro s/ sumario"; íd., 31/10/97, "Lizza, Francisco c/ Unión Comerciantes Cía. de Seguros").
Indemnización por accidente de trabajo, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: SOLVERO, NELIDA c/ JUPITER COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-30

Dado que en materia de accidentes del trabajo regidos por la ley 9688 el jornal promedio del artículo 11 de dicha ley debe calcularse a valor monetario constante, el trabajador puede aun en el caso de haber consentido las actuaciones administrativas, reclamar en sede judicial que la indemnización se calcule de acuerdo con dicha pauta.
Acción de amparo, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ortega Oscar Alberto c/ Eden S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

El art. 3ero. del Decreto 1208, reglamentario de la ley 11769 (que privilegia y respalda los derechos del consumidor) declara aplicable a la protección de los usuarios del servicio público de electricidad, toda la normativa vigente de carácter general e impone a la autoridad de aplicación la reafirmación de las garantías que a los consumidores consagra la Constitución de la provincia. En ese contexto, la gravedad de la medida adoptada por la empresa de energía torna legítima la vía escogida -el amparo- como único medio idóneo para preservar tales garantías.-
Prenda, ejecución prendaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de San Juan c/ Platero, Placido y otra s/ Ejecución prendaria-Inconstitucionalidad y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-05-27

La ejecución prendaria es improcedente tanto en el curso de una inscripción caduca,como en el supuesto de que el contrato no haya sido inscripto nunca.
Estado Provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, EDUARDO DANIEL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  ANTE  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA DE LA  NACION  -  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION  (CSJ EXPTE Nº 370-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

El nuevo texto del artículo 123 de la Constitución Nacional al establecer que "cada Provincia dicta su propia Constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero" no precisa un determinado grado de autonomía municipal; antes bien, remite a las Provincias la determinación de su concreto alcance y contenido. En tales condiciones, es evidente que no toda disposición provincial dirigida a los municipios violenta -por ese solo hecho- el principio de la autonomía municipal: es necesario, en cambio, que tal disposición supere los mencionados márgenes reconocidos por la Constitución.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arturo R. Marchini Const. Inmob. SRL s/ Conc. Preventivo s/Inc. de Revisión promovido por C. Valdevit
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

En el incidente de revisión -estadio éste en que el onus probandi" varía en rigor al exigido en el proceso de verificación regulado en los arts. 33 y ss. de la Ley de Comercio la probanza necesariamente está a cargo del acreedor peticionante.
Despido, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Junco Julio c/ Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10

El acto de discriminación da lugar a la reparación en concepto de daño moral, pues los discriminadores adosan una característica negativa a la persona, de inferioridad o de peligro. Es la jerarquización de la especie humana, y en plano social esto genera y fortalece los antagonismos. Es un medio de destrucción de la coexistencia.
Proceso contravencional, acta contravencional, instrumentos públicos, nulidad procesal, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, J. L. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-18

El acta contravencional es considerada un instrumento para el que no se requieren solemnidades especiales, por cuanto se trata simplemente de la notitia criminis necesaria a los efectos de que el Fiscal se vea impelido a dar comienzo a la investigación. Es decir que es el primer contacto que el fiscal tiene con el posible hecho contravencional.

Por su parte las actas confeccionadas por funcionarios policiales o de las fuerzas de seguridad, dentro del marco que establece el artículo 138 del Código Procesal Penal de la Nación, aunados a las formalidades del artículo 139 del mismo cuerpo legal, dan a las mismas el carácter de instrumento público que enmarca el artículo 979 del Código Civil, haciendo plena fe de la real concurrencia de los hechos que el Tribunal, juez o funcionario exprese como cumplidos por él mismo o como pasados en su presencia (art. 993 del Cód. Civil).

En este sentido, no se puede considerar al acta del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Contravencional como un instrumento público, ya que quien la confecciona -el preventor- no puede ser incluido entre los funcionarios que detallan los incisos 2 y 4 del artículo 979 del Código Civil, en razón de las funciones que desempeña; que de considerársela instrumento público, el acta en sí misma probaría la comisión de la contravención, en los términos del artículo 933 del mentado código, lo que resulta contrario a los principios y criterios antes detallados. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO VALLEMAR COOPERATIVO s/ INCIDENTE   DE  REVISION  EN:'RODRIGUEZ,  GABRIEL  Y  OTRA  S/QUIEBRA  S/CASACION'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-02

La interpretación de las leyes debe hacerse dando pleno efecto a la intención del legislador, computando todos sus preceptos y armonizándolos con el resto del ordenamiento jurídico, sin que el apego a la letra de la ley desnaturalice su finalidad.
Inadmisibilidad del recurso, recurso de casación, insuficiencia del agravio, prisión perpetua, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL
Carátula: Valor Martin s.d. Homicidio Calificado e.p. Oscar Martin Valor c/  s/ Casación Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-07

Cabe declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto in pauperis forma por la defensa técnica y por el condenado a la pena de prisión perpetua, por haber sido autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo -art. 80, inc. 1 del CP- en perjuicio de su hijo, dado que no se ha dado cumplimiento con uno de los requisitos de admisibilidad, tal es la debida argumentación del recurso establecida en el art. 486 del CPP que tiene íntima vinculación con el art. 483 del mismo cuerpo, en cuanto este último señala precisamente los motivos casatorios, sobre los cuales habrá de girar toda la estrategia argumentativa de quien pretende que su casación sortee el primer valladar de admisibilidad. Entonces, en consonancia con lo señalado por el Fiscal General, se precisa que el libelo casatorio no abastece los extremos argumentales mínimos que permitan visualizar la inobservancia o errónea aplicación del Derecho por parte del a quo. No especifica el casacionista cuál sería efectivamente la norma legal violada o aplicada erróneamente, ni mucho menos, cuál debería ser la correcta interpretación de la misma. Así, la sola mención de arbitrariedad no alcanza para sortear el juicio de admisibilidad de la casación impetrada. Por el contrario, el impugnante sella la suerte del recurso agotando toda su escueta explicación argumental en la sola mención de cuestiones fácticas relativas a la pretensión de justificar su accionar bajo la causal de legítima defensa -ya abordadas en las instancias anteriores de revisión amplia-, pero sin desarrollar cuestiones vinculadas a la inobservancia o errónea aplicación de la norma aplicada.
Ejecución prendaria, derechos del consumidor, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Scalise, Vicente Rosario c/ Renault Argentina S.A. s/ Consignación de sumas de dinero
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-07-11

Resulta inequívoca la conexidad y conveniencia de que las causas por consignación de sumas de dinero y ejecución prendaria -resultantes del préstamo prendario para la compra de un automóvil- sean dirimidas por un mismo órgano judicial, en tanto concurren idénticas partes y el proceso de consignación guarda estrecha vinculación con el de secuestro del vehículo objeto del contrato. El juez competente es quien corresponde al domicilio del deudor prendario conforme surge del artículo 36 de la ley 24.240 puesto que, en los conflictos vinculados a operatorias de financiaciones destinadas al consumo, las reglas de atribución de competencia establecidas en el ordenamiento ritual deben ceder a la normativa sustancial en tanto no se ajusten a ella. Máxime cuando, como en el caso, ello coincide con la prórroga pactada en el contrato de prenda con registro que fija como opción donde se encuentre el bien prendado
Contrato de obra pública, rescisión del contrato, Administración Pública, facultades discrecionales, desviación de poder, recurso contencioso administrativo, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO RODOLFO JOSE CORNERO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 107-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-27

En un contrato de obra pública, las sanciones rescisorias son las más graves; la Administración no puede valerse de ellas sino en casos justificados, en que la seriedad de la infracción imponga la aplicación de esa medida. La valoración de ese extremo es en principio, aspecto que compete a la Administración, en ejercicio de su discrecionalidad administrativa y técnica, subordinada, claro está, al posterior control judicial a efectos de determinar si aquélla la ha realizado en forma caprichosa o arbitraria.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Palacios, Rogelio O. s/ Infrac. art. 96 inc. a) ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Es improcedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que respecto de los reclamos traídos no existió oportuno planteo y resolución del caso constitucional (art. 349 inc. 2, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-).
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jaime, Ricardo Raúl s/ rec. de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-22

No cabe hacer lugar a la alegada violación a la garantía de imparcialidad, extrayendo -fuera de todo contexto- una frase del pronunciamiento condenatorio, por cuanto dicha frase resulta, contrariamente a cuanto postula la defensa, una conclusión que se enmarca en el análisis propio del caso que los jueces de la instancia anterior estaban llamados a resolver, para lo cual analizaron la prueba y descartaron las críticas efectuadas.

Corresponde rechazar el recurso de casación contra la condena por el delito de sustracción de documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 255 CP) si se tuvo por acreditado el hecho ilícito a partir de declaraciones testimoniales, que dieron cuenta del intento por parte del encartado de sustraer las tarjetas y el tarjetero durante el allanamiento, en la sentencia se descartó expresamente que las declaraciones de los nombrados respondan a una conspiración en contra del imputado y tales conclusiones, además de encontrarse debidamente fundadas, no fueron rebatidas por la defensa, sin que la omisión de dejar constancia en el acta de allanamiento del hecho ilícito enjuiciado, modifique la conclusión a la que se arribó en la sentencia. El voto concurrente agregó que la garantía de imparcialidad significa, precisamente, la garantía de las partes de obtener una sentencia proveniente de magistrados que no hayan efectuado previamente un juicio de valor sobre el asunto. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -voto concurrente-).
División de condominio, embargo, costas
Materia: CIVIL
Carátula: QUINTEROS MIGUEL c/ ARISMENDI CARLOS s/ CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

No resulta culpable de la reclamación judicial por división de condominio a efectos de imponerle las costas, el condómino accionado sobre cuya parte indivisa existía un embargo, si, no bien adquirió el inmueble ya embargado, se presentó al juicio ejecutivo, depositando el monto del crédito y pidiendo su levantamiento, obteniendo una resolución favorable del juez de la causa, pues tal conducta trasluce que no ha sido negligente ni ha dilatado innecesariamente la división del condominio, mas aún si se tiene en cuenta que el embargo no es óbice para la enajenación del bien.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, trabajadores portuarios, estibador, eximentes de responsabilidad del empleador, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GARAY, CANDELARIO c/ FASCE, OSVALDO s/ ACCIDENTE - ACCION DE DERECHO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-28

No puede calificarse de imprudente la conducta de un trabajador, que al escuchar pedidos de auxilio de algún compañero, concurre espontáneamente intentando prestarlo y, como consecuencia de ello, sufre un accidente que lo incapacita. Por el contrario, su accionar lo enaltece y mal puede redundar en su contra, cuando resulta ser la reacción instintiva de quien sin detenerse en especulaciones de ningún tipo, concurre a prestar ayuda a quien lo solicita.
Convenios colectivos de trabajo, representación sindical, libertad sindical, interpretación de la constitución
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ADEMUS y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta - y otro s/ amparo sindical
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-03

En el ámbito de la negociación para celebrar convenios colectivos, la mayor representatividad de un sindicato debe expresarse en la composición cuantitativa de la mesa paritaria, sin que ello autorice a excluir a los sindicatos menos representativos; de lo contrario se estaría desvirtuando -ministerio legis- el perfil democrático que la Constitución explicita en el art. 14 bis no solo en referencia a la organización interna de los gremios sino también a la relación intergremial (Disidencia del juez Rosatti).
Prueba, diagnóstico médico
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Mario Oscar c/ José Eleuterio Piton S.A. s/ Cobro de pesos (Daños y otros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-02-08

Corresponde ordenar medidas de pruebas complementarias en la Alzada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) del Código Procesal Laboral, a pesar de la existencia de un dictamen pericial médico que a criterio del tribunal es incompleto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, carga de la prueba, ofrecimiento de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La doctrina de la prueba dinámica establece que quien está en mejor condición de probar debe contribuir a establecer la verdad objetiva más allá de lo dispuesto por el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, obras sociales, cobertura médica, fertilización asistida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., V. N. c/ OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Corresponde el rechazo de la queja deducida, desde que la respuesta jurisdiccional de la Cámara -que confirmó la admisibilidad del amparo y la condena a la demandada de brindar a a la actora la cobertura económica de hasta cinco intentos del tratamiento de fecundación asistida-, sustentada en distintas fuentes normativas incluso de raigambre constitucional y sin prescindir de las particulares circunstancias de la causa, impide que la tacha de arbitrariedad esbozada pueda considerarse acreditada con la sola invocación del derecho de propiedad o del carácter restringido de las prestaciones a las que se encontrarían obligadas las demandadas (De la disidencia de la Dra.

Gastaldi).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Danieletto, Canosa y Allerand c/ Estado Nacional (Fuerza Aérea). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-04

Para la procedencia de la apelación ordinaria en tercera instancia, en causas en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, resulta necesario demostrar que el "valor disputado en último término" o sea aquel por el que se pretende la modificación del fallo o "monto del agravio" excede el mínimo legal a la fecha de su interposición.