Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-05


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 05 días del mes de diciembre del año dos mil doce, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, en pleno, con la Presidencia de su titular Dr. Fernando Salvador Luis Royer y asistencia de los Sres. Ministros Dres. José Luis Pasutti, Alejandro J. Panizzi, Daniel A. Rebagliati Russell y Daniel L. Caneo para dictar sentencia en los autos caratulados: "R. d. R., M. S. y Otros s/ Plantean Recurso" (Expte. N° 22.525-R-2011), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 28, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. Pasutti, Panizzi, Caneo, Rebagliati Russell y Royer.----------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el recurso impetrado? y SEGUNDA: ¿Qué fallo debe dictarse?.-------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. José Luis Pasutti dijo:--------------- ------ I.- A fs. 1/10 integrantes de la Cámara de Apelaciones y de la Cámara Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Doctoras Marta Susana Reynoso de Roberts, Graciela Mercedes García Blanco, Silvia Noemí Alonso, María Elena Nieva de Pettinari, Doctores Julio Antonio Alexandre y Daniel Luis María Pintos, con el patrocinio letrado del abogado O. G. A. -fs. 13-, interponen Recurso contra la decisión del Tribunal Electoral Provincial materializada mediante Resolución N° 111 de fecha 21 de noviembre de 2011. Esta última rechazó la impugnación oportunamente deducida contra la inclusión de Fiscales Generales (art. 24 Ley V N° 94), en la nómina de candidatos a ser elegidos para representar a los Magistrados y Funcionarios judiciales en el Consejo de la Magistratura durante el período 2011-2015 (art. 191 inc. 1 Constitución Provincial, art. 2° inc. 1° Ley V N° 70).------------------------ ------ Señalan que los Fiscales Generales no cumplen con el recaudo constitucional para tal representación, pues deben reunir la calidad de Juez de Cámara o equivalente, según previsiones del art. 187 Constitución Provincial. Por ello peticionan a este Máximo Tribunal y último intérprete de la Constitución que revoque dicha decisión.-------- ------ Subsidiariamente y en virtud de la ausencia de previsión legal sobre recursos deducibles ante las decisiones del Tribunal Electoral Provincial (en adelante TEP), los presentantes requieren que la vía elegida, sea considerada en los términos del art. 179 inc. 1 apartado 1.1 de la Constitución Provincial, como una Acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Resolución del organismo provincial.---- ------ Citan como precedentes para la revisión jurisdiccional del caso, el Acuerdo N° 3930/2011 y los autos interlocutorios N° 01 y 05 S.R.O.E, pues entienden que las razones allí expuestas, encuadran en la cuestión traída a la instancia.------ ------ Puntualizan que la cuestión trata de la correcta representación de los Magistrados y Funcionarios judiciales de las Circunscripciones de Comodoro Rivadavia, y por vía de precedente, de toda la Provincia, en el Consejo de la Magistratura, ergo, del normal funcionamiento de éste y del impacto que futuras conformaciones anómalas podrían tener en el desarrollo de su competencia específica, la que sin dudas, es materia de interpretación constitucional.------ ------ Respecto de la legitimación, aluden que en las elecciones para el Consejo de la Magistratura correspondientes al estamento de Magistrados y Funcionarios de las circunscripciones de Comodoro Rivadavia y Sarmiento celebradas el día 4/11/2011, se impuso para el rubro de Consejero titular, un Juez de Cámara, pero para el similar de suplente un Fiscal General.----------- ------ Exponen que conforme lo estipula la Carta Magna (art. 191 in fine), los Consejeros suplentes se eligen del mismo modo y condiciones que los titulares; gozan de las mismas prerrogativas y reemplazan a éstos por renuncia, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de sus funciones y en tales supuestos son convocados por el Presidente del Cuerpo, de acuerdo a la Ley V N° 70, arts. 10 a 13.----------------------------- ------ Agregan que una vez proclamados, quedan a la expectativa de la eventual ocurrencia de las situaciones señaladas, y por ende, de ser convocados. De allí que al menos una de los peticionantes firmantes del libelo original, tenía legitimación.---------------------------------------- ------ Explican concretamente que, si los ciudadanos poseen un interés "simple" en que el sistema judicial funcione correctamente ".los que cumplimos tareas en su seno tenemos uno ¨legítimo¨, pues allí trabajamos, es nuestra vocación, modo de vida. Un funcionamiento anómalo no solo nos perjudica como ciudadanos, también como trabajadores, profesionales que hemos elegido la carrera judicial.".--- ------ En tal sentido afirman que ". nuestra función se encuentra reglada por normas de distinta jerarquía y naturaleza, tales preceptos legales nos significan responsabilidades y a su vez nos conceden prerrogativas para poder asumirlas. No podríamos, por caso, renunciar a representar a Magistrados y Funcionarios en el Consejo de la Magistratura, de ser electos para ello, sin motivo, pues hemos llegado al tope de la mentada carrera judicial a la que se accede por concurso . y tal deber, y a su vez facultad, es inherente a nuestra función. Y ello lo ha determinado nada menos que la Constitución Provincial."-- ------ En definitiva sostienen que no solo poseen un interés legítimo en el asunto por el que ocurren a esta vía, sino también un derecho subjetivo, el que ha sido desconocido por el TEP.-------------------------- ------ También solicitan que previo a resolver, se disponga la no proclamación del candidato electo como suplente por las Circunscripciones de Comodoro Rivadavia y Sarmiento al Tribunal Electoral, o la no aceptación de la misma, si es que ya hubiese sido realizada.--------------------------------- ------ II.- El dictamen del Sr. Procurador General.------------------------- ------ A fs. 22/23 obra dictamen del Sr. Procurador General Adjunto, quien afirma que la Resolución N° 111/TEP/2011 ha logrado conjugar de modo armónico la Constitución y la Ley, arribando a una solución congruente con la juridicidad y aconsejó el rechazo del recurso.--------- ------ ANÁLISIS:---------------------- ------ La causa versa sobre un recurso planteado por seis (6) Jueces Camaristas de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, contra la resolución del Tribunal Electoral que habilitó a un Fiscal General (suplente) como miembro del Consejo de la Magistratura, considerándolo: ". con rango de camarista o equivalente.", atento al texto del art. 187 de la Constitución Provincial.------------------------- ------ En orden a los temas planteados, me expediré sobre la competencia del Cuerpo para analizar y resolver la presentación. El recurso pone en crisis la resolución del TEP porque se contrapone la interpretación de un artículo de la Constitución Provincial, antes referido, con el de la Ley V N° 94, que determinó que: "la remuneración de los Fiscales Generales no podrá ser inferior al del juez de mayor jerarquía ante quienes actúen" (art. 28), dándole primacía a esta última.----------------- ------ Considero que el Superior Tribunal de Justicia resulta competente, toda vez que debe interpretarse una norma constitucional. El Tribunal Electoral, si bien es un organismo de la Constitución (arts. 259 y 260 de la Carta Magna), es de naturaleza política o administrativa, y por lo tanto sus disposiciones o interpretaciones, no pueden constituir la última ratio en la materia.------------------------------ ------ La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que es la última intérprete de la Constitución Nacional (Fallos: 330:2222; 326:4816), ergo, en las Provincias, Estados locales en nuestro sistema federal, esta tarea queda a cargo de las Cortes o Superiores Tribunales, quienes tienen la última palabra en la interpretación judicial de la Carta Magna local. Es por ello, que controvertida la interpretación realizada por otro Tribunal y más aún si es de naturaleza administrativa, en el que se ha priorizado el texto de la Ley, deviene necesario expedirse sobre la cuestión.------------------------ ------ Esto me lleva a abordar, en primer término, el aspecto relacionado con la legitimación de los recurrentes, y adelanto mi opinión que lo están, más allá de formalidades, para intervenir en esta presentación. La Dra. Alonso, una de las firmantes del recurso, fue una de las candidatas que en definitiva ganó su postulación como consejera en representación de los magistrados de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, mientras que resultó su suplente el Dr. Cabral, es decir, quien eventualmente la reemplazaría. Todos los presentantes, por otro lado, quedarán bajo la esfera de acción del futuro Consejo, ya sea en la formación de un sumario o una evaluación si no hubieren cumplido tres años en sus funciones, y además, forman parte de la clase "camaristas", cuyo alcance e interpretación está en juego.--------- ------ Es por este motivo que considero que existe un interés legítimo por su parte a que se efectúe pronunciamiento respecto de una interpretación de una cláusula constitucional. Debe tenerse presente que luego que se expidiera nuestro Tribunal Cimero en la causa "H." (Fallos 332:111), la legitimación en causas colectivas o de interés público admite un análisis más amplio.------------------------------ ------ El tema central a definir es qué se entiende por cargo equivalente a camarista. Es evidente que esa referencia está realizada para incorporar a los Ministerios Públicos, que por otro lado han sido parte del Consejo. Ahora bien, la supuesta horizontalización prevista por la Ley V N° 94 habilita a todos los fiscales a asimilarse a la alta magistratura que exige la Constitución o, por el contrario, debe hacerse un análisis más complejo de las condiciones. Me inclino por esta última posición.------------------------ ------ En efecto, la exigencia relacionada con la necesidad de contar con la máxima jerarquía ordinaria de los magistrados surge de la función misma del Consejo. Por ejemplo, si hay que hacer una evaluación a un juez de cámara por su desempeño en los tres (3) primeros años o someterlo a un sumario, los magistrados que intervengan en esa función no pueden ser de menor jerarquía. Si bien el tema no ha sido planteado exactamente en estos términos, la Corte Suprema ha señalado que: "En la tarea de establecer las normas federales, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que ella rectamente otorgue" (Confr.: Fallos, 320, Vol. 2, pag. 1915; 307:1457).------------------------------ ------ No podría cuestionarse, entonces, que para acceder al máximo nivel del Ministerio Público, no se requiriera acuerdo legislativo, ya que el art. 195 de la Constitución Provincial en lo que respecta al Ministerio Público Fiscal, y el art. 196 al Ministerio Público de la Defensa, habilita a la ley para fijar los cargos que se encuentran por debajo del Procurador General y del Defensor General, respectivamente.----------------------- ------ Es necesario entonces buscar una interpretación que no excluya a los Ministerios Públicos, que son parte del Poder Judicial, sin violentar el texto constitucional. En este sentido debemos analizar cuáles son las condiciones necesarias para ser camarista y así lograr definir los cargos equivalentes. El primero de ellos es la antigüedad ya que para ser camarista se requiere diez años de antigüedad en la matrícula o título no inferior a diez años y el acuerdo legislativo específico, y asimismo, constituir la última escala jerárquica anterior al Superior Tribunal.--------------------------------- ------ Para cumplir con el primer requisito es indispensable que el defensor o procurador jefe tengan necesariamente una antigüedad no menor a 10 años en la matrícula, ejercicio de la magistratura o de extensión del título. El segundo, poseer acuerdo legislativo. Si bien existen funcionarios que lo tienen asimilado a los jueces de cámara, la Ley V N° 94 en el art. 21 prevé que para el futuro el cargo de jefe será designado por los mecanismos propios del Ministerio. Es por ello, que efectuando una interpretación armónica de la Constitución y la Ley, los miembros de los Ministerios Públicos que pretendan formar parte del Consejo de la Magistratura deben reunir la condición de máxima jerarquía del nivel ordinario.--------- ------ En ese sentido, hoy existe la posibilidad, dentro del Ministerio Público Fiscal, que una vez designados sus funcionarios en el máximo lugar ordinario de la escala jerárquica, puedan ser removidos por decisión del titular del organismo pupilar. Este supuesto debe tomarse como una eventualidad acontecible, que impone una regulación específica a los efectos de permitir que dichos funcionarios cumplan con los requisitos a los que vengo refiriendo.------------------------------- ------ Por ello, estimo que debe hacerse lugar a la impugnación formulada por los Sres. Camaristas respecto de la incorporación de Fiscales Generales en las elecciones del Consejo de la Magistratura para el período 2011-2015, y revocar parcialmente la Resolución N° 111/TEP/2011. Asimismo, disponer se proceda a una nueva elección para el cargo de consejero suplente, para la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, verificándose las condiciones de elegibilidad según mi voto. ASÍ LO VOTO.----- ------ El juez Alejandro Javier Panizzi, dijo:------------------------------ ------ I) En el extenso escrito que abre esta instancia, las señoras y los señores Jueces de Cámara de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, doctores Marta Susana Reynoso de Roberts, Graciela García Blanco, Silvia Noemí Alonso, María Elena Nieva de Pettinari, Julio Antonio Alexandre y Daniel Luis María Pintos interpusieron un recurso contra la decisión del Tribunal Electoral Provincial, de fecha 21 de noviembre de 2011, que rechazó la impugnación que efectuaron los presentantes, contra la inclusión de Fiscales Generales en la nómina de candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura. A criterio de los recurrentes esa categoría de funcionarios no reúne los requisitos para integrar ese organismo constitucional. Expresaron los peticionarios que es preciso, para ello, reunir la calidad de juez de cámara o equivalente.------------------ ------ También pidieron, en subsidio del recurso, que su presentación sea considerada como una acción originaria declarativa de inconstitucionalidad, en los términos del artículo constitucional N° 171, inc. 1º, 1.1., además de que -de modo cautelar- no se proclame al doctor Adrián Cabral, electo como consejero suplente para el Consejo de la Magistratura.--------------------- ------ Sustentaron la admisibilidad del recurso en que, a pesar de que el Tribunal Electoral Provincial es de instancia única, debe contar con una revisión jurisdiccional rápida y eficaz. Citaron, en respaldo de ello, jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia. Agregaron que la cuestión versaba sobre la correcta representación del Consejo de la Magistratura que podría tener incidencia constitucional directa.--------- ------ Con respecto a la legitimación, anotaron que el Tribunal Electoral Provincial juzgó que ellos carecían de derecho subjetivo y de interés legítimo, lo cual confutan con el argumento de que cuentan con ambos, tanto como ciudadanos, como titulares de una carrera judicial a cuya cúspide han llegado, en cuanto puede accederse por concurso.---- ------ Citaron un antecedente en el que el Tribunal Electoral Provincial rechazó la candidatura de un fiscal general porque entonces no había entrado en vigencia el Código Procesal Penal, hoy vigente.-------------- ------ En las últimas elecciones, los recurrentes impugnaron la inclusión, en la lista de candidatos, de los fiscales generales y fiscales jefes, con fundamento en la falta de requisitos de los funcionarios que revistan en esas categorías, de acuerdo con la Constitución y en que la ley V-94 sólo hace una equiparación remunerativa.------------------------ ------ Entendieron que, además de desconocer su legitimación, el Tribunal Electoral Provincial, en la resolución que controvirtieron, avanzó sobre una interpretación constitucional desacertada.-------------- ------ Reflexionaron nutridamente acerca de que para integrar el Consejo de la Magistratura por el Poder Judicial (excluido el Superior Tribunal de Justicia) es preciso ser juez de cámara o equivalente.------- ------ Como remate argumental, anotaron algunas características del Consejo de la Magistratura, la necesidad de que no se envilezca su funcionamiento y el derecho de los peticionarios a evitarlo.-------------- ------ Por fin, pidieron la medida cautelar para evitar el juramento del fiscal general electo como consejero suplente.------------------------------ ------ II) La admisibilidad y los límites de la jurisdicción ------ Con respecto a que las decisiones de organismos como el Tribunal Electoral Provincial no son revisables por la vía judicial ya me he expedido reiteradamente ("A. A. T. 'F. p. l. V.' s/ Recurso c/ Resolución N° 81/11 T.E.P.", sent. N° 13 S.R.O.E., de fecha 09/05/2011, entre otros). Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia tiene la competencia de decidir si el ejercicio de los actos propios y exclusivos de esos cuerpos se efectúa dentro de los límites de la Constitución. Es que, el Poder Judicial, tiene a su cargo juzgar los límites del ejercicio de las facultades privativas de los organismos extra poder creados por la Constitución.--------------- ------ El planteo ataca la constitucionalidad de la resolución del Tribunal Electoral Provincial que rechazó su impugnación por carecer los presentantes de un derecho subjetivo o un interés legítimo.---------- ------ Los recurrentes pidieron que, en subsidio, la presentación sea considerada como acción declarativa de inconstitucionalidad (de la misma resolución recurrida), en virtud del artículo constitucional N° 179, inciso 1. 1.. En el caso concreto, los camaristas recurrentes (aunque no lo invocaron expresamente) podrían, eventualmente, ser sometidos a sumario ante el Consejo de la Magistratura, dirigido por funcionarios de rango inferior a ellos. Por lo tanto, como dictaminó el señor Procurador General Subrogante, resulta aplicable la resolución que citan los peticionarios (Superior Tribunal de Justicia, Acuerdo N° 3930/11), especialmente, por falta de una ley electoral uniforme para toda la Provincia, como manda el artículo 256 de la Constitución de la Provincia del Chubut.----------------- ------ De allí que la presentación resulta formalmente admisible, en los términos señalados.-------------------- ------ De todos modos el concepto de envilecimiento del Consejo de la Magistratura, a mi modo de ver, apriorístico, pudo haberse evitado sin menoscabo para la pretensión.------- ------ La jurisdicción de los magistrados no debe interponerse entre el ejercicio de las facultades de los organismos de estirpe constitucional y los efectos políticos de ellas. La Constitución no merece ser interpretada poniendo límites a la posibilidad de que un tribunal constitucional decida, por los canales apropiados, las cuestiones sometidas a su conocimiento. Tal es el caso de la revisión jurisdiccional de las decisiones del Tribunal Electoral Provincial. Salvo, claro está, que sus atribuciones sean ejercidas sin razón o arbitrariamente. Es decir, la irrecurribilidad de los actos del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut, de instancia única, se desbarata cuando se pone en vilo la Constitución. Es que la función principal (y la más delicada) del Poder Judicial es garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados. Es decir, los organismos creados por la Constitución de la Provincia del Chubut deben tener las manos fundamentalmente libres para desempeñar su competencia, y el Poder Judicial no debe aceptar ninguna invitación a invalidarla, si es cumplida regularmente.--------------- ------ De allí que la revisión judicial de los actos de los otros organismos creados por la Constitución deba ejercerse con sumo cuidado; de lo contrario, la sentencia judicial podría cometer una intrusión en la autoridad exclusiva de ellos.--------------------------------- ------ En el caso, la cuestión a disiparse, de modo que no haya confusión en ello, es la validez de la resolución del Tribunal Electoral Provincial, para lo cual es preciso desentrañar si el rechazo de la impugnación (por no invocar los contradictores, según el tribunal eleccionario, el derecho que se pretendía afectado ni el interés particular a tutelar) está dentro de los márgenes de la Constitución de la Provincia del Chubut.-------------- ------ La Carta Magna chubutense creó el Tribunal Electoral Provincial, que ejerce su competencia exclusiva, para lo cual cuenta con autoridad suprema e independiente. Ello significa que sus decisiones no pueden ser revisadas por la jurisdicción, a menos, como anoté antes, que haya una trasgresión constitucional. Con esta sola excepción, todas las resoluciones del Tribunal Electoral Provincial serán irrecurribles.---------------------- ------ El examen de la legitimación para actuar ante sus estrados -presupuesto para instar la actuación del cuerpo- es propia y exclusiva del Tribunal Electoral Provincial y está fuera del alcance de la competencia del Superior Tribunal de Justicia. Esta es una facultad que el Tribunal Electoral Provincial ha ejercido sin traspasar los límites que les demarca la Constitución ni que el ejercicio de su competencia hubiera sido exorbitante.-------------- ------ Como quedó dicho en el considerando anterior, la presentación -sea considerada como recurso o como acción declarativa de inconstitucionalidad- debe ser tratada con sumo cuidado.----------------- ------ La legitimación es la capacidad jurídica personal para poder actuar como parte actora o demandada en un proceso judicial, determinada por la relación en que se encuentra la persona con respecto al objeto procesal.----------- ------ La aptitud para peticionar ante los estrados judiciales sólo puede ser examinada por los magistrados de las sucesivas instancias del Poder Judicial. Del mismo modo, la legitimación para actuar ante el Tribunal Electoral Provincial debe dirimirse dentro de su propio seno.- ------ El Tribunal eleccionario no advirtió que los impugnantes fueran titulares de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, con relación al asunto ventilado ante ese organismo. Consideró que la presentación sólo se trataba de la denuncia de una presunta ilegalidad, razón por la cual, rechazó el planteo. En el examen de la legitimación no encuentro vulneración constitucional alguna, ya que el Tribunal Electoral Provincial falló dentro de la competencia que le demarca la Constitución de la Provincia del Chubut.------------------------------------ ------ Si el Poder Judicial revisara la competencia del Tribunal Electoral Provincial para decidir acerca de la legitimación estaría invadiendo su esfera de actuación, en actos que le son propios y exclusivos a éste.----------------------- ------ De manera que, el recurso, el planteo de inconstitucionalidad y la medida cautelar para evitar el juramento del fiscal general electo como consejero suplente, deben ser rechazados.----------------------------------- ------ No obstante, para que los interrogantes planteados en el escrito iniciador no queden sin respuesta, me expediré obiter dicta sobre la materia, merced a su trascendencia institucional.--------------------------- ------ III) La integración del Consejo de la Magistratura por miembros del Poder Judicial ------ a) El artículo constitucional N° 187 determina qué miembros del Poder Judicial pueden integrar el Consejo de la Magistratura, al igual que la ley V-70 en su artículo primero. Además del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el organismo se compone de tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente. Es ésta la única referencia que hace el magno texto chubutense a la figura de los camaristas. Está claro que con ello se requiere un rango especial (el de juez de cámara) u otro que le equivalga.------------------------------------- ------ Ahora bien, ¿cuáles son los funcionarios del Poder Judicial que tienen un rango no inferior a juez de cámara?.------------------------------ ------ En el momento en que vio la luz la Constitución de la Provincia del Chubut (en el año 1994) las categorías de los funcionarios del Poder Judicial con acuerdo legislativo eran, en la primera instancia: los jueces, defensores (incluidos los de menores) y los procuradores fiscales; en la segunda: los jueces, defensores y fiscales de cámara.----- ------ Una interpretación lineal y con escasa o ninguna acción secundaria indica que cuando la Constitución habilitó a integrar el Consejo de la Magistratura a los jueces de cámara excluyó a quienes no lo son. Y cuando habilitó a los "equivalentes" lo hizo con respecto a los defensores y fiscales de cámara. Estoy seguro de que es ésta la única interpretación verdadera del texto constitucional, tal como lo sostienen los recurrentes. De lo que no lo estoy, es de que el criterio del que proviene sea el acertado, al admitir una estructura jerarquizada entre jueces de primera y segunda instancia. Pese a decidir como lo hago, quiero dejar sentada mi posición en tan delicado asunto.----------- ------ b) En la Provincia del Chubut el Poder Judicial es ejercido por el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Defensor General (que actúan ante aquél), jueces letrados y demás funcionarios judiciales, con la denominación, competencia material, territorial y de grado que establecen esta Constitución y las leyes orgánicas (artículo constitucional N° 162). Se trata de uno de los tres poderes del Estado provincial, constituido por una organización regulada por normas orgánicas que establecen un orden racional para distribuir la competencia de sus funcionarios y organismos y gestionar los asuntos que le son propios a cada uno de ellos.--------------------------------------- ------ Sabido es que los jueces son independientes, no solo de los otros poderes del Estado, sino de todo otro poder, incluso, de los otros jueces, sean del rango que fueren. Así, los magistrados judiciales tienen independencia externa e interna. Esta última es un principio republicano que impide que los órganos de competencia superior, puedan inmiscuirse en los juzgados cuyas decisiones deben revisar. Es decir, no pueden impartirles órdenes de cómo deben juzgar, a los jueces de primera instancia, con la excepción que de la jurisprudencia de los primeros es obligatoria para los últimos. Además de las facultades de revisión, los jueces de cámara tienen la de inspección, con respecto a los jueces de grado. Además, los jueces de primera instancia deben cumplir las diligencias que les encomiende el Superior Tribunal o la Cámara de Apelación de su circunscripción (artículo 39, inciso 6º de la ley V-3).--------------- ------ A diferencia de las estructuras administrativas, curialescas o castrenses, el Poder Judicial gobierna de un modo celular y hermético, lo que hace que los jueces de distinto grado sean equivalentes, solo tienen diferencias competenciales. Para Rivas "la esencia unitaria de la jurisdicción imposibilita que, pese a la fragmentación orgánica que presenta el Judicial, sea posible considerarlo como una estructura jerarquizada. La jerarquía importa la existencia de un orden de subordinación de los estratos o escalones inferiores a los superiores de modo tal que pueden imponer normas y mandatos de comportamiento y de ejercicio de funciones a los segundos. Presupone entonces un esquema en el que la cúspide se impone" [Rivas Adolfo A.: "Reflexiones acerca de la independencia interna de los jueces", en: "El papel de los Tribunales Superiores", Primera parte, Rubinzal - Culzoni Editores, (coordinadores: Berizonce, Roberto Omar, Hitters, Juan Carlos y Oteiza, Eduardo David), Buenos Aires, 1999, pág. 507].------- ------ Esta equivalencia jerárquica fue receptada por la jurisprudencia. Por ejemplo, se ha fallado que la condición de "tribunal superior" no es una característica postulable en abstracto sino que depende -en un estado de derecho regido por el principio de legalidad- de lo que la legislación disponga al efecto (Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Superintendencia Judicial Tribunal Oral N° 7 s/ avocación" T. 317, P. 509, fecha: 18/05/1994. Magistrados: Levene, Fayt, Belluscio, Moliné O'Connor, Bossert).------------------- ------ No pretendo agobiar al lector con citas de autoridad, pero es preciso dejar bien en claro, para resolver la cuestión traída, que los jueces son independientes entre sí, lo que los hace equivalentes, con excepción del deber de los jueces de las instancias previas de acatar la doctrina legal de los magistrados de las instancias ulteriores.------------- ------ c) El Juez es el funcionario principal del proceso jurisdiccional. A él le compete tomar las resoluciones a lo largo del juicio, dictar la sentencia con la que culmina y conceder el recurso ante la alzada. Le toca resolver el problema jurídico planteado por las partes. Además, es el director del proceso y un tercero imparcial entre los demás protagonistas de la causa, con potestades disciplinarias y jurisdiccionales. Los fiscales y defensores son los organismos requirentes que integran los ministerios públicos.-------------------------- ------ Se ha señalado que una de las razones que legitima al juez a ejercer tal función se encuentra en la posición que ocupa en el proceso. En la resolución del litigio judicial, el juez está en una situación supra-parte que lo legitima para dictar la sentencia con objetividad; no tiene interés propio y no debe ser sometido a influencia o presión de ninguna clase. Lo que legitima al juez ante las partes es su posición de independencia e imparcialidad con la que ejerce la jurisdicción, esto es, la confianza en que su decisión estará por encima de cualquier condicionante ajeno al Derecho. Así lo destaca, entre muchos otros, Ronald Dworkin al concebir a la jurisdicción como la razón de ser de la autoridad del juez, que radica, precisamente en garantizar los derechos del ciudadano de acuerdo con el derecho (autor citado: "Los derechos en serio", Barcelona, Ariel, 1999, p. 146).----------------------- ------ La ley obliga a los jueces a velar para que las actividades judiciales se desarrollen dentro de un ambiente de orden, decoro y respeto. A tal efecto pueden imponer arresto personal y otras sanciones, a los abogados, procuradores, litigantes y demás personas que obstruyeren el curso de la justicia, cometiendo faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, o incurrieren en alteración del orden en el recinto de los Tribunales (artículo 22 de la ley V-3).------------ ------ Los órganos requirentes están subordinados al jurisdiccional, que dirige el proceso, dicta la sentencia y puede imponer normas y mandatos de comportamiento a las partes, incluidos los fiscales y los defensores: he allí un orden de subordinación, los jueces pueden impartir órdenes y sancionar a las partes, no a la inversa.----------------- ------ Sólo puede ser equivalente a un juez de cámara el funcionario que cuente con la capacidad jurídica de subrogarlo. Y de los funcionarios judiciales, además de la subrogancia recíproca, sólo los jueces de primera instancia pueden subrogar a los jueces de cámara (acuerdo plenario N° 3763/08).------ ------ d) Es verdad, como se afirma en la resolución impugnada, que los fiscales generales cumplen las funciones que antes le competían a los fiscales de cámara mencionados en la Constitución pues actúan antes los tribunales de juicio y de la cámara en lo penal. Lo mismo ocurre con los defensores.------------ ------ Las leyes han equiparado las competencias de los otrora fiscales y defensores de cámara a los actuales fiscales, defensores públicos y asesores de familia e incapaces. Incluso gozan, en cuanto a trato y respeto, de los mismos derechos que los jueces, ante los que actúan. Pero de ningún modo ello significa que tengan rango equivalente a los jueces de cámara, porque que la ley haya equiparado sus competencias no implica que la Constitución haya equivalido sus rangos. Tampoco les confiere el mismo rango la equiparación remunerativa de los integrantes de los ministerios públicos con los jueces ante los que actúan. Por ejemplo, si un Asesor Civil de Familia e Incapaces actuara ante la cámara de apelaciones cobrará más que un juez de Familia, lo cual no significa que tenga un rango superior (sobre esto último, puede consultarse: Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Pena, Indiana Elsa y otros c/ Estado Nacional - Ministerio Público - Defensoría General de la Nación s/ empleo público". P. 230. XLV; RHE; fecha: 17-04-2012).-------------------------- ------ Para discernir el rango de un funcionario es preciso advertir la posición que ocupa dentro de la organización de la que se trate, en punto a lo profesional y a lo funcional.--------------------------------------- ------ Puede pensarse también, como lo sentenció el Tribunal Electoral Provincial, que el actual sistema penal ha desbaratado "... la tradición jerárquico burocrática y se han constituido en Colegio de Jueces en paridad de condiciones, interpretándose que la cámara penal no ejerce sino una función competencial diferente, mas no es un órgano jerárquico superior." Los jueces penales cumplen ahora la competencia de la otrora cámara en lo criminal ¿No es acaso el rango de unos y otros equivalente? De ser así, para integrar el Consejo de la Magistratura sólo deberán cumplir con la antigüedad que se requiere para ser camaristas. De hecho los primeros cumplen funciones idénticas (el juicio) e incluso más que las que ejercían los segundos.--- ------ Pero esta posición (la del Tribunal Electoral Provincial) crea una inaceptable capitis diminutio con respecto a los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, Laboral, de Familia y de Ejecución civil, quienes no podrían integrar el organismo de selección de magistrados, fiscales y defensores. A pesar de que los jueces de primera instancia equivalen a los de cámara cuando los subrogan en sus cargos y dictan sentencia en la alzada. En cuyo caso, sus fallos serán de aplicación obligatoria para los jueces de primera instancia. En ello sustento mi discrepancia, en este punto, con la resolución impugnada.----------------------------- ------ Con esta salvedad, concuerdo con lo expresado "obiter dicta" por el Tribunal Electoral Provincial, en la resolución impugnada.------------ ------ Al haberse extinguido los cargos de fiscal de cámara y de defensor de cámara, tal como estaban concebidos en el pasado, solo pueden integrar el consejo, por el ministerio público, quienes alguna vez asumieron alguno de esos cargos y juraron como tales. De manera que, para que los fiscales y defensores puedan integrar el Consejo de la Magistratura, se requiere de una reforma normativa.---------------------- ------ e) En resolución: aunque es controvertible el criterio constitucional para integrar el Consejo de la Magistratura, porque tiene en cuenta una concepción jerarquizada de la estructura judicial, la Constitución requiere ser juez de cámara o equivalente, es decir, fiscal de cámara o defensor de cámara. Para que los integrantes de los ministerios públicos puedan hacerlo, se requiere una norma hoy inexistente. ASÍ VOTO.-------------- ------ A la misma cuestión, expuso el Dr. Daniel Luis CANEO:-------- ------ 1.- Como han expuesto los Ministros que me preceden en la emisión del voto, el recurso deducido por los Sres. Jueces de las Cámaras de Apelaciones y Penal de Comodoro Rivadavia habrá de ser admitido como vía de revisión de las decisiones del Tribunal Electoral Provincial. Ello, atento la carencia de reglamentación específica sobre el particular y la necesidad de establecer una revisión ante las eventuales deficiencias del pronunciamiento, en la medida que, según denuncian los presentantes, se comprometería la vigencia del sistema establecido en la Constitución Provincial, y que se reclama de este Tribunal la interpretación de una cuestión que puede interesar el funcionamiento de las instituciones locales. Más aún cuando el Superior Tribunal de Justicia es el órgano judicial erigido como supremo por la constitución de la provincia (Fallos 310: 2031), y en su función de guardián último de los derechos y garantías constitucionales, tiene el deber de salvaguardar la vigencia de la Constitución Provincial y velar por su celoso cumplimiento (conf. voto del Dr. Antonio Boggiano, Fallos 322: 2139).----------------------------- ------ 2.- Conforme surge de la presentación que analizo, cuestionan los Sres. Camaristas la decisión del Tribunal Electoral Provincial por la que rechazó la impugnación que dedujeran contra la inclusión de Fiscales Generales en la nómina de candidatos a ser elegidos para representar a los Magistrados y Funcionarios judiciales en el Consejo de la Magistratura durante el período 2011-2015. Aseveran que aquéllos no cumplen con el recaudo constitucional de reunir la calidad de Juez de Cámara o equivalente (art. 187 C. P.).-------------------------- ------ En la resolución recurrida el Tribunal Electoral entendió que los entonces presentantes no invocaron el derecho que pretendían afectado ni el interés particular a tutelar, pero trató la presentación como mera denuncia y fijó su postura con el objeto de afianzar el principio de seguridad jurídica.--------------------- ------ Frente a esta afirmación, los recurrentes postulan una interpretación "radicalmente opuesta". Aseveran poseer no sólo un "interés simple", como ciudadanos, en que el sistema judicial funcione en forma correcta, sino también un "interés legítimo" y hasta un "derecho subjetivo" como trabajadores, profesionales que han elegido la carrera judicial; los que han sido desconocidos indebidamente por el Tribunal Electoral.--------------------- ------ 3.- El tema en conflicto me insta a rememorar mi voto en la S.D. N° 12/SCA/09, donde analicé la legitimación en el ámbito procesal administrativo, y recordé que se halla íntimamente vinculada al problema de la clásica tesis "trialista" que distingue el Derecho Subjetivo del Interés Legítimo, y éste a su vez del Interés Simple, con distinta garantía de protección jurídica. Apunté que se encontró limitada desde la historia el amparo jurisdiccional amplio al primero, extendida -aunque no unánimemente ni con criterios uniformes- al segundo, excluido el tercero, pero que procede abordar los casos concretos considerando que a la fecha esta tesis se ha visto superada por una noción amplia del Derecho Subjetivo, que de manera interesante permite otorgar una resolución a las principales cuestiones prácticas que se plantean en la materia, donde se tornan difusos los límites entre -particularmente- los dos primeros conceptos.--------------- ------ Sin ánimo de abundar sobre estas nociones, pero con el fin de clarificarlas, he de traer aquí también mi referencia al mendocino Javier URRUTIGOITY, partidario del reconocimiento de un mayor grado de tutela, quien siguiendo a MARIENHOFF considera que "...es la naturaleza de las normas jurídicas administrativas, entre las que distingue las "normas de acción" y "de relación", la que servirá de base a la diferenciación de los derechos subjetivos e intereses legítimos. Las normas de relación han sido dictadas, precisamente, para garantizar, frente a la actividad administrativa, situaciones jurídicas individuales, generando verdaderos derechos subjetivos. Las normas de acción, en cambio, han sido dictadas con el propósito de garantizar una utilidad pública, siendo por ejemplo, aquéllas referidas a la organización, al contenido y al procedimiento que rigen la función administrativa. Si bien cualquier administrado podría alegar su interés en que tales normas de acción sean respetadas por la administración, éste interés sería vago e impreciso, en la medida que no estando protegido por el ordenamiento jurídico y siendo compartido por el resto de los miembros de la comunidad, recibe el nombre de mero interés. Pero ...en algunos casos existen administrados para los que la observancia o no de las normas de acción por parte de la administración pública comprometa alguna ventaja o desventaja de modo un poco más particularizado respecto del resto de los administrados. Y ello ...por dos razones. ...como resultado de la particular posición de hecho en que uno o algunos administrados se encuentran, ...en segundo lugar, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo... Cualquiera sea el supuesto, ...para algunos administrados, la observancia de las normas de acción puede comprometer algún interés cualificado; en tales casos estaríamos frente a la categoría de interés legítimo..." (.) "Se define ...el "interés legítimo" como un interés individual conexo con el interés público y protegido por el ordenamiento jurídico a través de la tutela jurídica de este último" ("Derecho Subjetivo e Interés Legítimo en la Contratación Administrativa" en - "Contratos Administrativos" - Ed. Ciencias de la Administración- Jornadas Univ. Austral Mayo 1999- pág. 415).--------- ------ Contrario a la diferenciación entre estas categorías, que califica de imprecisa, innecesaria y disvaliosa por la restricción a la tutela judicial que importa, afirma que no es relevante la nota de "exclusividad", o el interés que tiende a proteger la norma impositiva del deber. Puede haber concurrencia de intereses o bienes - públicos o privados- o no, pero siempre que un particular pueda invocar un interés personal, esto es, un bien propio en la observancia de un deber impuesto a la Administración, aunque sea en situación de concurrencia, titulariza un verdadero derecho subjetivo a la observancia de la legalidad...--------- ------ A todo evento, y como señala el mismo autor, debe acreditarse un interés cierto y concreto, personal y directo como dice MAIRAL. Ese interés es el que lo legitimará activamente en el procedimiento administrativo, y es el exigido por el art. 98° de la Ley I N° 18, de Procedimientos Administrativos de la Provincia.--------------------------- ------ A consecuencia de lo expuesto, según señala Agustín Gordillo, cabe excluir del recurso a las personas que no pueden invocar sino el interés general de que se cumpla la ley o se respeten los principios del derecho, pues este interés es común a todos los habitantes y también a la administración pública: es el interés simple de la acción popular. Se requiere, entonces, un interés más "privado", "personal", "no-administrativo". En este concepto, puede haber un interés personal, aunque el individuo que lo esgrima no esté particularmente afectado por la medida; el interés será en este aspecto "personal" siempre que el particular pueda aducir motivos de agravios distintos del interés administrativo de que se cumpla la ley. (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, IV-8). Lo que a su vez es reafirmado por Tomás Hutchinson cuando asevera que el interés genérico, común a todos, no da lugar a ninguna relación específica entre el ciudadano y el Estado. En el procedimiento administrativo el ciudadano puede presentar denuncias para hacer conocer la irregularidad, la violación que ha cometido la Administración, pero no tiene ni acción ni recursos, actos que presuponen un derecho o interés jurídicamente protegido que hacer valer (Ley nacional de procedimientos administrativos, Ed. Astrea, Tomo 2, pág. 50).------------ ------ Conforme la doctrina y la legislación administrativa provincial a la que vengo refiriendo, los presentantes en autos deben invocar un "interés" distinto o diferenciado a aquél de que se cumpla genéricamente la ley. Y sin perjuicio que reiteraron en esta instancia encontrarse legitimados como ciudadanos y como trabajadores, lo que no configura una situación diferenciada que implique una protección específica, paralelamente invocaron la existencia de un interés jurídicamente protegido. Me refiero a la específica posibilidad de ser elegidos como representantes en el Consejo de la Magistratura, dado el carácter de "candidato natural" que el cargo de Camarista ostenta para acceder a dicho cuerpo colegiado. Esta posibilidad, según acusan, ha quedado cercenada por la incorporación de candidatos que no reúnen las condiciones constitucionales para su inclusión. Por ello, poseen interés en el análisis relativo a la correcta representación de los Magistrados y Funcionarios judiciales de toda la Provincia en el Consejo de la Magistratura. Encuentro aquí el intersticio por el que la legitimación se aprecia en el recurso deducido, por lo que coincido con el Ministro Dr. Pasutti en admitir la existencia un interés concreto, inmediato y sustancial que habilita al Tribunal a ingresar en el estudio de la cuestión planteada.-------------- ------ 4.- Sentado lo que precede, corresponde expedirme sobre la cuestión de fondo materia de recurso, esto es, la integración del Consejo de la Magistratura por tres magistrados, que conforme la redacción del art. 187 de la Constitución Provincial, deben poseer rango no inferior a camarista o equivalente.--------------------------------- ------ Desde la primigenia conformación del cuerpo colegiado constitucional, la interpretación del término equivalente remitió, sin que se susciten cuestionamientos, a la aplicación del art. 164 de la propia Carta Magna Provincial. En el mismo se contemplan los recaudos constitucionales para ser Juez de Cámara, Fiscal o Defensor de Cámara.------------------------------- ------ La discusión se origina desde que los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa readecuaron sus estructuras funcionales, conforme las Leyes V Nº 94, y V Nº 90, reformada por Ley V Nº 139, respectivamente.----------------------- ------ Ambos textos normativos han establecido la nueva integración de cada Ministerio Público. Así, el de la Defensa, luego de la reforma introducida por la Ley V Nº 139 al art. 12 de la Ley V Nº 90, está integrado por el Defensor General; el Defensor General Alterno, Consejo de la Defensa Pública, Defensores Jefes, Defensores Públicos y Asesores de Familia, Abogados Adjuntos, Abogados del Escalafón Profesional, etc. En el caso del Ministerio Público Fiscal, el art. 14 señala que está compuesto por el Procurador General, el Procurador General Adjunto, el Consejo de Fiscales, los Fiscales de Impugnación, Fiscales Jefes, Fiscales Generales, Funcionarios de Fiscalía y Profesionales.-------------------------- ------ La Ley del Ministerio Público Fiscal es clara cuando establece, en su artículo 53, que los Fiscales de Cámara designados con acuerdo legislativo, son los Fiscales Jefes de sus respectivas circunscripciones, y mantendrán la Jefatura mientras permanezcan en el cargo.------------- ------ En cambio, no he logrado hallar un texto en el marco normativo del Ministerio de la Defensa que contenga un artículo semejante al citado. Pero ello no es óbice para entender que, de los funcionarios mencionados como integrantes del Ministerio, son los Defensores Jefes los parangonados con los antiguos Defensores de Cámara. En el trabajo denominado "Defensa Pública y Protección de Derechos Humanos" (www.defensachubut.gov.ar, pág. 13 ), el propio Ministerio Público de la Defensa reconoce que los llamados "Defensores de Cámara" pasaron a denominarse "Defensores Jefes" por la ley orgánica (Ley V Nº 90). Y, además, se observa que se le atribuyeron facultades asignadas a los antiguos Defensores de Cámara. Así, por ejemplo, se les delegó las cuestiones de superintendencia de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa dentro del ámbito territorial de sus respectivas jefaturas (Resolución Nº 18/03 D.G.).----- ------ De este modo, aquellos originarios cargos previstos en la Constitución Provincial, art. 164, tienen correlato actual en los ya mencionados "Fiscal Jefe" y "Defensor Jefe", quienes poseen aptitud de ser elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura, mientras mantengan las condiciones establecidas para ello por la manda constitucional. Es decir, solamente comprende aquellos que hubieran sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura para ocupar los cargos mencionados.------------------ ------ Por el contrario, los Fiscales Generales carecen de aptitud para ser elegibles, por cuanto, no han sido contemplados en el plexo constitucional, ya que el cargo así denominado no existía a la fecha de la reforma. Tampoco pueden ser considerados equivalentes a Camarista pues, según se vio, no son de aquellos cargos que han recibido la equiparación legislativa con los antiguos Fiscales y Defensores de Cámara.--------------- ------ En definitiva, según lo que vengo diciendo, entiendo que la resolución del Tribunal Electoral Provincial debe ser revocada, y por lo tanto, corresponde disponer que se realice una nueva elección con exclusión de aquellos que han sido erróneamente incorporados, sin reunir las condiciones constitucionales examinadas. ASÍ LO VOTO.-- ------ 5.- Conforme he votado, no corresponde analizar la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada en forma subsidiaria. ASÍ LO VOTO.----------------------- ------ A la misma cuestión, el Dr. Daniel Rebagliati Russell dijo: ----- ------ I.- Vienen los presentes actuados a conocimiento de este Tribunal, por el recurso entablado por los Sres. Camaristas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, quienes opugnan la decisión emanada del TEP (Resolución N° 111/TEP/2011). Esta última, rechazó su reclamo de excluir a los Fiscales Generales como candidatos elegibles para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de los Magistrados y Funcionarios Judiciales para el período 2011/2015. En forma subsidiaria, plantean la inconstitucionalidad de dicha Resolución, en los términos del art. 179, Apartado 1.1. de la Carta Magna provincial.--------------------- ------ El recurso se refiere en primer lugar, a los aspectos formales dado la inexistencia de una Alzada específica para recurrir las decisiones del TEP. Por ello, lo articulan ante este Superior Tribunal en su carácter de último intérprete de la Constitución Provincial. En segundo lugar, expresan que su legitimación se sustenta en el interés auténtico que poseen como profesionales que eligieron la carrera judicial, que "en la medida que se envilezca" afectaría sus prestaciones. Por ello solicitan que no se los proclame a los Fiscales Generales, ya que las compensaciones salariales que les fueran asignadas, no resultan suficientes para lograr la equivalencia con los Camaristas.----------------------------- ------ Diferencian sus funciones en tanto las mismas han sido reguladas por normas de distinta jerarquía y naturaleza, y señalan que, si son electos, no pueden renunciar a representar a los Magistrados y Funcionarios en el Consejo de la Magistratura.----------------------------- ------ II.- El primer punto entonces, se refiere al vacío normativo para articular recursos contra las decisiones del TEP. Dicen los recurrentes que la intervención del Superior Tribunal surge por ser el último intérprete de la Carta Magna provincial, al no existir una Alzada específica con jurisdicción para revisar las resoluciones dictadas por aquel organismo. Adelanto mi opinión concordante a la dada por los impugnantes, puesto que ha sido el criterio que se ha seguido en anteriores pronunciamientos. Así, en la S.D. Nº 13/SROE/11, se sostuvo que resultaba competente este Superior Tribunal para entender en causas de naturaleza electoral, no sólo por resultar el intérprete final de la Constitución, sino por ser, asimismo, el guardián del proceso político. Ello se volcó incluso, en el Acuerdo Plenario N° 3930/11 al que hacen referencia los recurrentes.

------ III.- El segundo aspecto a resolver es si los presentantes se encuentran habilitados para llevar adelante el planteo efectuado en autos. Así, cuando hablamos de legitimación, nos referimos a la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en el mismo (Cfr.: Fassi-Maurino, CPCCiv. y Com. anot. y conc., T° 3, pág. 247, comentario al art. 347 inc. 3; S.I. N° 9/SCA/09 "Griffiths..."; SI 39/SCA/09 "Asociación Provincial de Empleados Legislativos"...).---------- ------ Explica Carlos Vallefin, con cita de Piero Calamandrei, ("Instituciones de derecho procesal civil", Vol. I, trad. de Santiago Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1962, ps. 262 y 263), que: "el juez, para aceptar la demanda no puede contentarse con adquirir la certeza de la existencia objetiva real de una relación concreta entre el hecho específico afirmado y la norma jurídica invocada, sino que debe, además, exigir que la persona que pide la providencia, y aquella respecto de la cual se pide, se encuentren respecto de aquel hecho específico en una tal situación individual que les haga aparecer como especialmente cualificados para afirmar y contradecir respecto de la materia" (Cfr.: "La Legitimación en las Acciones de Interés Público", Ed. LexiNexis, pág. 47).------------- ------ No resulta ocioso recordar que en la SD N° 3/SROE/10 se dijo que la legitimación era la situación especial en la que se encontraban las partes respecto del objeto de la pretensión procesal, y que la ley garantizaba sólo a quienes están en esa posición, el derecho a obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión. Así, "parte" es quien tiene un interés controvertido con otro sujeto de derecho, perteneciente a su propia esfera jurídica, quien en definitiva tiene algo que perder o ganar con motivo de la decisión judicial a dictarse (Cfr.: Sesin D. -Pérez Corti, "Organismos Electorales", Ed. Advocatus, Año 2006, págs. 60/61).---------------------------------- ------ En dicho resolutorio se sostuvo también, que la parte debe demostrar la existencia del interés específico que posee en el juicio, en sintonía con lo sostenido por la Corte Suprema, el cual debe afectar a la parte de manera "substancial" o "suficientemente directa", esto es, los agravios deben tener "concreción e inmediatez" bastante para poder procurar dicho proceso (Cfr.: C.S.J.N., Fallos 311:2104; 326:4774; 304:310; 306:1125; 320:1562; "Policonsultorios de Cabecera S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción meramente declarativa", 15/08/2.006; y Fallos: 326:3007; 331:2287 citados en el dictamen del Procurador General de la Nación en la reciente causa in re: " Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo"- 15/06/2010; y Sesin, D.-Pérez Corti en obra y páginas citadas).--------- ------ Es decir, debe mediar un nexo lógico entre el status afirmado por el litigante y el reclamo que procura satisfacer, el cual "resulta esencial para garantizar que sea una parte propia y apropiada" (Cfr.: CSJN, Fallos 322:528, cons. 9º citado en el dictamen referenciado).------------ ------ Dicho esto, se advierte que los presentantes son todos ellos candidatos a ser elegidos como consejeros suplentes, en los supuestos previstos por la norma. Por ello son titulares de un interés directo en la definición de quiénes se encuentran habilitados para ocupar dicho lugar. Si se autorizara como primer reemplazante del consejero titular a quien no cumpliera con los recaudos establecidos, se vulneraría el derecho de quienes si los cumplen, y que quedaron posicionados en tercer lugar y siguientes, puesto que habrían quedado excluidos de participar o bien desplazados de tal posibilidad. Ello les acarrea un perjuicio que aunque parezca eventual, se concretaría indefectiblemente, en caso de vacancia o ausencia del candidato elegido en primer término. Es por este motivo que resulta menester un análisis minucioso del significado "equivalente", utilizado por la norma para definir a los candidatos elegibles.------------------------------- ------ IV.- Interpretación del término "equivalente" del Art. 187 de la Constitución Provincial.---------- ------ Sorteada la cuestión de la legitimación de los recurrentes, corresponde abordar el principal agravio que aquellos han esbozado y que tiene directa relación con el alcance del Art. 187 de la Constitución. Estatuye la citada norma que: "El Consejo de la Magistratura se integra con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente, cuatro abogados de la matricula con una antigüedad en el título no inferior a diez años, un empleado no abogado del Poder Judicial con por lo menos diez años de antigüedad en el mismo y cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales, que reúnan los requisitos exigidos para ser elegido diputado; en todos los supuestos con no menos de cuatro años de residencia efectiva en la Provincia".-- ------ Pacíficamente, mientras existió una organización anterior a la reforma de los Ministerios Públicos, el término "equivalente" no ameritó problema interpretativo alguno. Ello así, por cuanto el Art. 164 de la carta magna despejaba toda duda de esta equivalencia al establecer: "Para ser Juez de Cámara, Fiscal o Defensor de Cámara, se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por los menos diez años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial...".--------------------------------------- ------ En consecuencia históricamente y así se ha cumplido, han poseído la categoría de electores y elegibles tanto los Jueces de Cámara, como los Fiscales y Defensores de Cámara.---------------------- ------ Con la sanción del nuevo código procesal penal (Ley XV-9, antes Ley 5478), que introdujo el sistema acusatorio, se produjeron modificaciones en la estructura judicial, en especial en las competencias atribuidas a los jueces, variando la de los Jueces de Cámara cuya nueva competencia ha quedado establecida en el Art. 71 del CPP. Por lo demás, la situación en el ámbito civil de los Jueces de las Cámaras de Apelaciones no ha tenido variación alguna.-------------- ------ Producida la reforma en lo jurisdiccional, las leyes V N° 94 y 139 vinieron a hacer lo propio en el ámbito de los Ministerios Públicos, al haberse dictado sus respectivas leyes orgánicas. Cabe entonces analizar cuales han sido las disposiciones que aquellas han establecido para adecuar la anterior estructura funcional a la nueva y cuáles han sido las resoluciones que han adoptado las autoridades en cabeza de dichos Ministerios Públicos.--------------------------------------- ------ Así, el Art. 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal dispone: "Categorías: El organigrama de categorías actual del Ministerio Público Fiscal se mantiene hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Los Fiscales de Cámara designados con acuerdo legislativo, existentes a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, son los Fiscales Jefes de sus respectivas circunscripciones y mantendrán la Jefatura mientras permanezcan en el cargo".-------------------------------- ------ Las funciones sin duda jerárquicas que le fueron asignadas al Fiscal Jefe, guardan correlato con las que tenía anteriormente el Fiscal de Cámara y se encuentran establecidas en el Art. 23 de la Ley Orgánica. Entre ellas, la de coordinar y supervisar la tarea de los Fiscales de sus respectivas circunscripciones, impartir instrucciones a los Fiscales Generales, asignar y distribuir causas, ejercer la superintendencia, supervisar organismos, etc.------------------------------- ------ En la actualidad el Dr. Daniel Esteban Báez es un funcionario que ha sido nombrado por el Consejo de la Magistratura como Fiscal de Cámara para la Oficina del Ministerio Público Fiscal con asiento en Puerto Madryn (Acordada N° 584/04 CM) y con acuerdo legislativo para dicha función. En consecuencia, el citado funcionario ejerce actualmente la condición de Fiscal Jefe por imperio de lo establecido en el Art. 53 antes referenciado. Erróneamente, a criterio de este Tribunal, el TEP ha sostenido que estos cargos han desaparecido, cosa que no es así, lo que ha ocurrido es que se les ha asignado una nueva denominación, pero aquellos mantienen incólume su condición y designación constitucional.----------- ------ Lo mismo ha ocurrido con la Defensa Pública -Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces-. A los Defensores de Cámara se los denomina ahora como "Defensores Jefes", y tienen atribuciones jerárquicas similares a las que se indicaran en el párrafo anterior para los fiscales. Así el Art. 18 refiere que: ".El Defensor Jefe tiene, en el ámbito territorial asignado, deberes y atribuciones tales como, coordinar y supervisar a los Defensores y Asesores, distribuye tareas, imparte instrucciones a los Defensores, ejerce la superintendencia delegada del Defensor General, dirige y supervisa organismos complementarios de la Defensoría, sanciona a los Defensores y Asesores. etc.------------------------- ------ La equivalencia es clara, pero para despejar toda duda, cito la Resolución N° 122/07 DG, de fecha 28/6/2007, en la que el Sr. Defensor General resuelve: "Disponer el traslado definitivo al cargo de Defensor Jefe -equivalente a Defensor de Cámara- vacante en la sede de esta Defensoría General, del Dr. Alfredo Mario Pérez Galimberti .".------------------------ ------ Cabe recordar que en el caso del Dr. Pérez Galimberti como de la Dra. Gladys Mabel Del Balzo, esta última designada por Acordada N° 660/04 del Consejo de la Magistratura, ambos poseen el cargo de Defensor de Cámara y han recibido acuerdo legislativo para dicha función.--------------------------------- ------ De manera entonces que no existe duda alguna respecto a cuál ha sido el espíritu de la ley y el modo en que los organismos se han comportado frente a la reforma. Los anteriores Fiscales y Defensores de Cámara han sido reubicados en la función de Fiscales y Defensores Jefes y en consecuencia estos últimos son los únicos cargos "equivalentes" a que debe interpretarse ahora la disposición constitucional.--------------------------- ------ Una interpretación amplia y que lleve a todo funcionario de la fiscalía y defensoría a ser candidato al Consejo de la Magistratura con el sólo requisito de cumplir los diez años en la función, tal como lo ha sostenido el TEP, acarrea las siguientes inconsecuencias, amén de violentar la letra constitucional.------ ------ Un Fiscal General o Defensor y/o Asesor, podría por su condición de Consejero y frente a una denuncia, resultar sumariante de su superior jerárquico. Y además, si este último ha sido nombrado y su desempeño debe ser evaluado por el Consejo de la Magistratura al término de los tres años, quien es objeto de supervisión y control, emitiría opinión sobre el desempeño funcional de quien resulta, indudablemente, su superior jerárquico.------------------------------------- ------ La interpretación del Tribunal Electoral ha hecho extensiva la posibilidad de ser elegido, también a los Jueces Penales. Pero ello contraviene la letra del texto constitucional que establece claramente la condición de "magistrados con rango no inferior a camarista". Es decir, deben reunir las condiciones exigidas en el Art. 164 de la Const. Prov., y no otra. De pretender ver cierta equiparación en los Jueces Penales, implicaría una grave discriminación en la posibilidad de representación, pues quedarían fuera, los Sres. Jueces Civiles y Comerciales, Laborales, de Ejecución, de Familia, que por más que acrediten tener diez años en la magistratura no podrán ser jamás miembros del Consejo de la Magistratura, pues esto le está reservado a los Sres. Jueces de las Cámaras de Apelaciones de cada Circunscripción Judicial.-------------- ------ En consecuencia, sostengo que para ser miembro del Consejo de la Magistratura se debe ser Juez de Cámara (Art. 164 Const. Prov.) o bien, su equivalente, concepto que siguiendo al Diccionario de la Real Academia Española, significa: "que equivale a otra cosa" y equivaler es: "ser igual a otra cosa en la estimación, valor, potencia o eficacia" (Cfr.: http://lema.rae.es).-------------- ------ Tal carácter lo revisten el Fiscal Jefe o Defensor Jefe, con la antigüedad en el ejercicio que exige la norma constitucional y el acuerdo legislativo pertinente. Las listas de candidatos que se hubieren confeccionado en contravención a esta disposición resultan ilegales y el candidato que hubiere sido elegido en tal carácter, ilegítimo.---------- ------ Ahora bien, la plena equivalencia que prevé la norma constitucional que vengo de analizar, sólo es posible alcanzarla cuando todos los candidatos posean una designación igual a la del Juez de Cámara, pues de este modo se conjuga también el respeto al principio de igualdad ante la ley en lo referente a la cobertura de los empleos públicos previsto en el Art. 16 de la CN.------------------------------------ ------ Joaquín V. González indica que: "Las funciones públicas no son ya, no pueden ser, el privilegio exclusivo de una clase, ni de porción alguna de la sociedad: todo ciudadano tiene derecho a aspirar a ellas. Lo cual no quiere decir que para conseguirlas, no deban llenar las condiciones de capacidad que la ley puede exigir para cada función." (Cfr: autor citado, "Manual de la Constitución Argentina", Ed. La Ley, año 2001, pág. 71).------------------- ------ En el ámbito local el Consejo de la Magistratura es quien se encuentra facultado por la Constitución Provincial para juzgar la capacidad requerida para el desempeño del cargo de Juez de Cámara (Art. 192 CP), razón por la cual una interpretación armónica del Art. 187 debería extender esta facultad también para quienes aspiren a cargos equivalentes.------------------- ------ Conforme a lo que vengo de expresar estimo procedente el recurso incoado y por tal motivo emito mi sufragio por la revocación de la Resolución N° 111/TEP/2011 y en virtud de ello disponer que se lleve a cabo una nueva elección del cargo de Consejero Suplente en representación de los Magistrados por la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, conforme el listado de quienes se encuentren habilitados para cubrir el cargo de acuerdo a la interpretación que antecede. Así lo voto.---------------- ------ A la misma cuestión, el Dr. Fernando Salvador Luis Royer dijo: ------------------------------------ ------ I) Tal como ha sido introducido el reclamo de autos, conforme los antecedentes a los cuales me remito por razones de brevedad, el Tribunal Electoral Provincial mediante Resolución N° 111 de fecha 21 de noviembre de 2011 no hizo lugar a la impugnación formulada en su momento, por los Jueces de Cámara de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ante la carencia de un derecho subjetivo o un interés legítimo en relación al asunto y resolvió el tema como una denuncia de presunta ilegalidad.----------------- ------ Explicó ese organismo electoral que el caso sería distinto si alguna persona excluida de participar se considerara con derecho a hacerlo, o si se diera el caso de un candidato que hubiera quedado segundo de un fiscal electo. Tales presupuestos -dijo- no han sido invocados.------------------------------ ------ En primer término voy a referirme a los requisitos para deducir una acción. En reiterados precedentes he dicho, citando a PALACIO, que para que la pretensión procesal satisfaga el objetivo tenido en mira por quien la deduce, debe reunir dos clases de presupuestos, el de admisibilidad y el de fundabilidad. Los primeros, posibilitan la averiguación de su contenido, y por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a la decisión del Tribunal. Los segundos, hacen al contenido de la pretensión y se dice que la misma es fundada cuando resulta apropiada para obtener una decisión favorable de quien la ha planteado.-------------------------------- ------ En atención a ello, el examen de los requisitos de admisibilidad debe ser necesariamente previo al examen de fundabilidad, y un pronunciamiento negativo sobre los primeros, excluye, sin más, la necesidad de dictar sentencia relativa al mérito de la pretensión.-------- ------ Señalé entonces que, la legitimación es una condición de la acción que consiste en la efectiva pertenencia de la situación jurídica sustancial al sujeto que se la atribuye, o en quien asume como titular (Expte. N° 22013-U-2010, S.D. 03/2010 S.R.O.E.; S.D. N° 25/95/ SCA, entre otros).--------------------- ------ Cabe recordar con énfasis que no hay acción sin interés ni recurso sin agravio, dos presupuestos elementales a fin de provocar la acción, conjugado con el recaudo común a todos los recursos: la existencia de un perjuicio. En doctrina se dice que el interés es el presupuesto que determina a los sujetos legitimados para reclamar la nulidad o ineficacia del acto viciado.

------ Requiere que la decisión atacada ocasione un gravamen, esto es un perjuicio o una desventaja, consistente en una restricción a su derecho o libertad. El elemento perjuicio o desventaja resulta primordial en el concepto de los medios de impugnación. Ergo el perjuicio debe consistir en una decisión dañosa para el interés del sujeto que intenta la acción.----------- ------ En el caso debo apuntar -adelantando mi opinión- que el Tribunal Electoral Provincial no se ha pronunciado acertadamente al afirmar en la resolución que hoy se recurre, que los impugnantes no poseían la legitimación para instar la actuación de ese Cuerpo. Por el contrario todos ellos detentan la titularidad de un interés legítimo por cuanto pueden ser excluidos de una lista de candidatos, por quienes podrían no revestir los recaudos necesarios para ocupar el cargo de consejeros, tanto titulares como suplentes.-------- ------ No puedo soslayar que el art. 187 de la Constitución Provincial exige que el postulante posea un rango no inferior a camarista. Ello significa que el consejero electo debe tener una antigüedad de diez años en el título y contar con acuerdo legislativo para ocupar su cargo. Pero el cargo de camarista también sugiere que representa un órgano cuya decisión, resulta inmediatamente anterior a este Tribunal. Ello implica que, dadas las modificaciones que se produjeron en las leyes de los Ministerios Públicos, la equiparación debe ser analizada con mayor agudeza. En este orden de ideas, se modificaron las funciones de los nuevos Fiscales Jefes, quienes de alguna manera, han reemplazado a los antiguos Fiscales de Cámara. Esta nueva función hace que su designación pueda ser removida por su superior jerárquico, y ser reemplazado por otro Fiscal General. De ser así, podría suceder que, si quien detenta dicho cargo fuera electo como consejero por su circunscripción pero luego removido como Fiscal General, se ubicaría en una función de inferior jerarquía y en tal carácter resultaría contrario al espíritu de la norma, que pudiera tener que resolver una situación de sanción o revisión de un magistrado de mayor jerarquía.------------------------ ------ No dejo de advertir que se trata de un supuesto que puede o no ocurrir, ya que el cargo que se cuestiona es el del suplente. Pero tampoco puede diferirse la solución para tal oportunidad y quedar librada a la eventual vacancia del titular para que quede configurado el supuesto que nos ocupa y que acceda al puesto titular un funcionario que no reúne los extremos específicos que impone la Carta Magna provincial. Si ello tuviera lugar, el perjuicio sería concreto y directo por la inclusión de Fiscales Generales en la lista de los postulantes para la representación como consejeros de su circunscripción judicial, por ante el Consejo de la Magistratura, cuando no guardan la equivalencia funcional expresamente consagrada por normas de mayor jerarquía.--------------------------------- ------ Pero además, se perjudica a quienes podrían haber resultado electos y que no lo fueron por compartir un listado con quienes, reitero, no cuentan con los recaudos necesarios para ello, pero son candidatos elegibles.------------------- ------ Es indudable que la reformulación de cargos y funciones dentro de aquellos que se han modificado en el plantel del Ministerio Público Fiscal han equiparado las remuneraciones, pero ello no basta para descartar sin más los candidatos o considerar que se "envilezca" las funciones de los camaristas como refieren los recurrentes, respecto de quienes hoy asumen el rol de Fiscales Generales. Las verdaderas razones están dadas por la falta de una real equivalencia con la función de aquellos, quienes son elegidos y removidos con otras formalidades que no se evidencian para el caso de los funcionarios fiscales. Si no hay equivalencia, corresponde efectuar una nueva elección para designar al candidato a consejero suplente del listado de candidatos que sí cumplan con los requisitos que impone la norma constitucional. ASÍ LO VOTO.----------------------- ------ Si debo agregar que coincido, tal como lo expresó el Tribunal Electoral Provincial en la Resolución N°111/2011 y atendiendo las diversas modificaciones de legislación producidas a la fecha, en materia procesal y orgánica, resulta necesario contar con la reglamentación de la elección y sustitución de los miembros para integrar el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, conforme Ley V, N° 70, por tanto así lo propicio.------------------------- ------- A la segunda cuestión, el Dr. Pasutti dijo: -------------------------- ------ Atento como he resuelto la primera cuestión propicio: 1) Hacer lugar al recurso deducido contra la Resolución N° 111/TEP/2011, y en consecuencia, revocarla parcialmente; 2) Disponer que se lleve a cabo una nueva elección al cargo de consejero suplente por la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, en cumplimiento con las condiciones fijadas por esta interpretación. ASÍ LO VOTO.-------- ------ A la misma segunda cuestión, dijo el Dr. Panizzi: ----------------- ------ De conformidad con mi voto, corresponde el rechazo de la presentación realizada a fs. 1/10 vta., y confirmar la Resolución N° 111/TEP/2011.-------------------------- ------ A idéntica cuestión, el Dr. Caneo dijo: ------------------------------- ------ Conforme he votado la primera cuestión, coincido con la solución dada por el Dr. Pasutti. ASÍ LO VOTO.------------------------- ------ A la segunda cuestión, el Dr. Rebagliati Russell dijo: ------------ ------ Tal como he votado, concuerdo con el pronunciamiento propuesto por el Dr. Pasutti. ASÍ LO VOTO.------------------------------ ------ A la segunda cuestión, el Dr. Royer dijo: --------------------------- ------ Tal como he votado, coincido con la solución dada a esta cuestión por el Dr. Pasutti. ASÍ LO VOTO.-------------------------------- ------ Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar por mayoría, la siguiente.------ ------------------------------- S E N T E N C I A ----------------------------- ------ 1°) HACER LUGAR el recurso impetrado a fs. 1/10 vta. por los Sres. Camaristas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y, en consecuencia, REVOCAR parcialmente la Resolución N° 111/TEP/11 del Tribunal Electoral Provincial.---- ------ 2°) DISPONER la realización de una nueva elección para el cargo de consejero suplente en representación de los magistrados de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, conforme los considerandos de la presente. Hágase saber a la Superintendencia Administrativa de este Superior Tribunal, a sus efectos.------------------- ------ 3º) REGISTRESE y notifíquese. ------------------------------------- Fdo. Dr. Fernando S. L. ROYER- Dr. Alejandro Javier PANIZZI (en disidencia)-Dr. José Luis PASUTTI-Dr. Daniel Luis CANEO-Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL.---------------------------------------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.012	REGISTRADA BAJO S. D. N° 09 S.R.O.E/2012 CONSTE.