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Incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo, compraventa de automotores, falta de entrega del automotor, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del fabricante
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANABRIA,  EDUARDO  RICARDO c/ CIRCULO  DE  INVERSORES  SA  P/FDETERMINADOS Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

1 - Resulta procedente la demanda incoada contra una administradora de planes de ahorro para fines determinados y una fabricante automotriz, ante el incumplimiento del plan de ahorro suscripto por el actor, por el cual éste abonó 86 cuotas cuando el plan del era de 84, y pese a lo cual el vehículo no le fue entregado. Ello así, pues de los registros del administrador se corrobora que luego de finalizado el plan suscripto por el accionante, este codemandado continuó exigiéndole la integración de cuotas no previstas contractualmente. Y por otro lado, del cotejo de la prueba colectada no se verifica, notificación fehaciente de las adjudicaciones al actor. 2 - Probada la suscripción y pago de las cuotas del plan de ahorro para la adquisición del rodado, resulta improponible la defensa ensayada por la administradora, quien procurando evadir su responsabilidad alega que ".si el actor no recibió el vehículo, fue en mérito a su única y exclusiva responsabilidad, por cuanto a pesar de encontrarse debidamente notificado de las adjudicaciones, ninguna gestión efectuó a fin de cumplir con los requisitos establecidos. .para la entrega del bien.". Ello así, pues no hace falta argumentar que, en este tipo de contratos resulta ilógico que el predisponente -quien determina la forma y extensión de las obligaciones de las partes- establezca obstáculos a su cumplimiento y traslade la carga de sortearlos a quien posee menor especialización y poder negocial. 3 - Tratándose de un contrato de ahorro previo y existiendo una normativa específica aplicable al caso, resulta innecesario acudir a lo dispuesto por la Ley 24240. Por lo tanto, resulta aplicable la Resolución 8/82 de la Inspección General de Justicia ("Sistemas de ahorro previo para fines determinados.") que en su art. 1 establece que ".las sociedades administradoras de planes de ahorro para fines determinados deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos que constituyen su objeto, así -como de su correcta y leal ejecución hasta la entrega del bien y liquidación final-; su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar, en cuanto se refieran al sistema en cualquiera de sus aspectos.". En tal sentido, es de toda obviedad que ninguno de los dos codemandados (administradora y fabricante) puede desligarse del otro al momento de responder frente al actor.
Recurso de casación, actualización monetaria, cuestiones de hecho y prueba, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: JARA DE GONZALEZ, RAMONA c/ FIAT VEHICULOS INDUSTRIALES S.A. ARG. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1992-03-31

Es cuestión de hecho, y por ende irrevisable en casación, lo relativo a la actualización de valores por incidencia de la depreciación monetaria, salvo el caso de absurdo. La determinación de las pautas o índices indicados para reajustar una deuda por depreciación monetaria, es una cuestión de hecho, en la cual los tribunales de la instancia ordinaria son soberanos, salvo caso de absurdo.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Balmaceda, Juan Ramón; Romero, Isidro Rito; Miño, Jorge Alberto s/ Triple homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La "condición de Jefe del grupo operativo" respecto de uno de los procesados constituye una circunstancia de agravación en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en tanto quedó evidenciado que tuvo mayor rol protagónico en los hechos y ello es indicativo de una mayor responsabilidad, que valorada en función de las citadas normas "demuestran su mayor peligrosidad". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Improcedencia del recurso, daños y perjuicios, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Daniel Osmar c/ Ibarbia, Matías Martín y otro s/ Daños y perjuicios (con Lesiones o muerte. Excep. Estado) y su acumulada Barresi, Jorge Osmar c/ Ibarbia, Matías Martín y otro s/ Daños y perjuicios (con lesiones o muerte. Excep. Estado) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-11-17

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate los argumentos del juzgador limitándose a paralelar en forma genérica su opinión discrepante con el fallo sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan al mismo.(doctor Genoud, sin disidencia)
Cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Yapura, Diego José Antonio s/ Recurso Extraordinario deducido c/ Sentencia Nº 29/11  de Expte. Corte 02/11: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de la Sentencia Nº 57/10 en causa Expte. Letra Q-Y Nº 96/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-23

La Cámara en lo Criminal condenó al imputado a sufrir la pena de Prisión Perpetua, como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa.

En contra de esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

A título de agravio, quien recurre invoca la arbitrariedad de la sentencia por errónea aplicación de la sana crítica racional en la valoración de la prueba.

Expresa que, aunque no negó su participación en el hecho, su defendido precisó que la decisión de matar a la víctima fue pura y exclusivamente del coimputado en la causa, también condenado y que la intervención de su defendido fue posterior, con el objeto de esconder el cuerpo, por lo que su participación en el hecho fue secundaria; y que, atento a que no hay elementos de juicio que permitan afirmar que su aporte fue esencial e indispensable, pide a la Corte que revoque la sentencia apelada y así lo declare.

Si bien el recurso cumple los requisitos formales, no plantea cuestión federal suficiente debido a que remite a cuestiones de hecho y de prueba, materia ajena a la instancia extraordinaria; no propone argumentos que demuestren la irrazonabilidad de lo decidido por carencia, insuficiencia, ilogicidad, absurdidad o desarreglo con las reglas del entendimiento humano de los fundamentos expuestos en su respaldo, con lo que no justifica la aplicación al caso que pretende de la doctrina de la Corte Suprema sobre la arbitrariedad de la sentencia; y debido a que no rebate las razones expuestas en el pronunciamiento impugnado para rechazar las críticas formuladas en la instancia anterior, incumple la exigencia prevista en el art. 15 de la Ley 48. Por ende, el recurso es inadmisible.
Concursos, apertura del concurso, plazo, prórroga del plazo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: DESUMVILA, SALVADOR CARLOS s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Si bien esta sala ha decidido que las severas exigencias impuestas por la ley al insolvente no pueden verse agravadas por una interpretación en exceso rigurosa de los requisitos a satisfacer en caso de petición de concurso preventivo, sin embargo, la innovación introducida por la ley 24522, al incorporar la improrrogabilidad de dicho termino, compromete la perdurabilidad de la jurisprudencia en tal sentido elaborada bajo la Ley 19551 (conf. Anaya Jaime en comentario al fallo sala "A", "Algodonera Flandria s/ Conc. Prev.", del 20.07.95, Diario E.D. 30.10.95). Por ello -en el caso-, la norma legal contenida en el art. 11 inc. 7º in fine, sella la suerte del recurso, pues la improrrogabilidad del plazo no puede desatenderse o morigerarse luego de los nueve idas hábiles que el solicitante demoró, luego de vencidos los diez días de prórroga concedidos para acompañar los recaudos faltantes.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal, defensa en juicio, error judicial, preclusión, duración del proceso
Materia: PENAL
Carátula: BENEDETTI, Ricardo y otros s/ infr. arts. 35 DL 6582/58; 277 y 292 del Código Penal. Causa 26.582
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

El procesado fue acusado por un hecho del cual no hubo defensa, sufriendo por ello un menoscabo en su derecho constitucional de Defensa en juicio. Tal error resulta imputable a la defensa técnica del mismo, pero también y por supuesto el Sr. Juez de grado a cargo del Tribunal en ese momento, que en su carácter de director del proceso debió haber advertido la falencia, y dispuesto inmediatamente los medios pertinentes para subsanarlos. Esto justificaría una declaración de nulidad y el retorno de los autos a la etapa procesal que corresponda, sino es por la presencia de otro derecho incluido en la garantía constitucional de la defensa en juicio, como es el de obtener un pronunciamiento de manera razonablemente rápida, que ponga fin al estado de incertidumbre y restricción de libertad, que acarrea todo proceso penal. (del voto: de la Dra. Riva Aramayo ).
Recurso extraordinario federal, derechos de autor, marcas, tratados internacionales, interpretación de la ley, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán s/ nulidad de marca, daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Si el apelante consintió la resolución que no hizo lugar al remedio federal en lo concerniente a la inteligencia del Convenio de París aprobado por ley 17.011, la instancia extraordinaria ha quedado circunscripta a la interpretación del derecho marcario argentino (art. 14, inc. 3, ley 48) (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González Riaño, Eduardo y otro c/ Municipalidad de Santa Fe y otra s/ Acción de Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 610 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

Es jurisprudencia del Alto Tribunal de Justicia de la Nación que la presentación de un proyecto de ley no determina la necesidad de examinar si se configura una afectación constitucional. Esas iniciativas no fijan en forma definitiva la existencia y modalidad de una relación juridica, ni generan el estado de incertidumbre que justifca que se dé curso a una acción declarativa de inconstitucionalidad para dilucidarlo. Esos trámites previos, de ningún modo causan estado por sí mismos, tampoco conllevan una vulneración de derechos subjetivos que autorice a sostener que se presenta una controversia actual y concreta.
Sucesiones, canon locativo
Materia: CIVIL
Carátula: ROCCO DE PEREYRA, AMELIA J. - PEREYRA, VICTOR M. - ROBLEDO, ELOISA. s/ SUCESION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-18

Si bien es cierto que la fijación de un valor de uso (mal llamado canon locativo) es un derecho que corresponde a los restantes herederos frente a aquel que hace uso exclusivo de un bien del acervo hereditario, tal derecho no se acuerda sin más y debe ser evaluado, como acertadamente lo considera el aquo, en cada caso concreto. Es que, el sentido de la fijación de un valor de uso, es evitar que un heredero haga uso y goce exclusivo del acervo hereditario en detrimento de sus coherederos, quien cuentan con igual derecho al uso y goce de la universalidad.
Empleador, silencio, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Fleyta, Luis Adolfo c/ Risso Patrón, Gastón Carlos y/o responsable s/ Cobro de diferencia de haberes s/Indemnización por antigüedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-03-30

El silencio por sí solo, constituye una presunción en contra del empleador ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo, conforme art.57 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744). Dicha presunción legal se justifica en el futuro, toda vez que se deriva de una aplicación práctica del principio de buena fe, al cual las partes están obligadas a obrar ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo, conforme el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cónyuge supérstite, derecho de habitación del cónyuge supérstite, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: Cardo, Susana Violeta s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-06-19

La importancia social del derecho real de de habitación del cónyuge supérstite se ve reforzada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación -art. 2383- al eliminar la necesidad de que se trate de un solo inmueble, habitable, integrante del haber hereditario, y que su estimación no sobrepase el límite máximo para ser declarado como bien de familia, como se preveía en el régimen anterior, reconociendo tal derecho incluso a la pareja conviviente o concubino -aunque limitado en el tiempo-.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL
Carátula: DIEGO Alberto c/ DIEGO de DIAZ s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

El principio general en materia de costas es que deben ser soportadas por el vencido (art. 68 C.P.C.), salvo casos excepcionales como el previsto en el inciso 1 del art. 70, en que de allanarse el demandado no se le impondrán las costas y procederán por su orden.-
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La restricción prevista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que dispone, en el orden local, que el titular de una licencia de televisión abierta no puede al mismo tiempo ser titular de una licencia de televisión por suscripción, y viceversa, se advierte justificada en el propósito de lograr que el número de voces que se difunde mediante diferentes plataformas - radio, televisión abierta, televisión por cable, medios gráficos, etc.- en un mismo mercado geográfico, sea lo más diverso y plural posible, máxime cuando uno de los servicios en juego utiliza el espectro radioeléctrico, de conocidas limitaciones físicas, por lo que resulta sensato que de todos los postulantes interesados en explotar ese espacio limitado, se opte por aquellos que no tienen, en esa localidad, otra plataforma para expresar su voz (del voto en concurrencia del Dr. Petracchi).
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, estabilidad propia, salarios caídos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMIREZ, RUBEN DARIO Y DELTIN, ALCIDES RENE c/ COMUNA DE EL RABON s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 522-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-29

La falta de un concreto criterio para la determinación del tiempo por el que corresponde reconocer haberes caídos, haciéndolo depender de la actitud de los diversos sujetos procesales y de las contingencias de la causa, conspira indudablemente contra los valores jurídicos de seguridad y consecuente previsibilidad, incluso posibilitando soluciones que dependen excesivamente del juicio, variable, del juzgador en cuanto a cuáles demoras pueden considerarse o no razonablemente justificables y sobre las que abrir debate conllevaría indudablemente a agravar las aludidas violaciones al principio de celeridad procesal. El plazo máximo en que normalmente debe desarrollarse el reclamo administrativo y judicial conforme los términos del decreto 10204-58 y de la ley 4106- no puede exceder, razonablemente de un período de dos años, si se imprime a las actuaciones administrativas y judiciales el ritmo en que conforme a las normas legales y sin innecesarias dilaciones, deberían desarrollarse.
Honorarios, regulación de honorarios, IVA, pago de tributos, sujetos imponibles
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: DUCKART, CARLOS c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

Encontrándose alcanzados los servicios profesionales universitarios por el impuesto al valor agregado, toda vez que conforme con el régimen del citado impuesto recae sobre el consumidor del servicio su pago y que los jueces no se hallan obligados a calcular el monto de ese tributo, a fin de no entorpecer el cobro íntegro de la retribución de los profesionales intervinientes en la causa, resulta pertinente dejar establecido que en los honorarios regulados no se halla incluido el I.V.A. y que éste será soportado por quien pague aquéllos (cfr. esta Sala, causa 9121/92 del 16.3.93).
Doctrina, instrumentos privados, fax
Materia: CIVIL
Carátula: CETO, Medicina Laboral c/ PROME SA s/ Sumario por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-08

Resulta oportuno transcribir que se ha sostenido en reiterados precedentes que, "no está de más tener presentes los actuales desarrollos de la doctrina nacional y comparada en torno a la crisis de la noción de documento, que giran alrededor de las manifestaciones evolutivas de la técnica electrónica: el soporte papel, el cual parece inexorablemente destinado por la fuerza de los hechos a ser, sino reemplazado, al menos alcanzado por la equiparación a los nuevos instrumentos sea puramente incorporales - como los asientos estricta y exclusivamente electrónicos, - o a los productos - por llamarlos de alguna manera - de segundo grado, como el fax; todo ello en torno a lo que calificadas opiniones asumen bajo la calificación analógica de "equivalente funcional".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Villán, Rogelio c/ Héctor y Juan Di Pascua y/o Di Pascua Hnos. s/ Cobro de indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no controvierte los argumentos primordiales del fallo al sustituir su crítica por la transcripción del voto disidente, al que adhiere, sin tener en cuenta que de tal modo deja incólumes los fundamentos esenciales puestos por la mayoría del tribunal interviniente.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.de G. c/ G.R.R. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-07

Las injurias y los malos tratos son conocidos por quienes con alguna frecuencia han tratado a los cónyuges y por eso mismo perciben en mayor medida su intimidad y sus conflictos. En razón de ello, se ha resuelto en los juicios de ésta naturaleza que el testimonio de los parientes o de los amigos íntimos o de los dependientes de una de las partes o de ambos pueden ser admitidos ya que las personas mas allegadas son quienes tienen mejor conocimiento de los hechos y constituyen testigos necesarios.
Tasa activa, intereses, daño resarcible
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa Sanchez, Martín Raúl c/ Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Así, pues, es la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días (conf. CNCom, en pleno, "SA La Razón", del 24/12/94), que es obviamente fijada "...según las reglamentaciones del Banco Central...", sin capitalizar (conf. CNCom, en pleno, in re "Calle Guevara, Raúl s/ revisión de plenario", del 25/08/03), la que se debe seguir aplicando con posterioridad también a la fecha en que comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial, máxime si se piensa que la que se elija de conformidad con el citado art. 768- c), nunca podría ser inferior ya que, ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, otra solución iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño (arg. art. 1740 del mismo Código; CNCom, Sala D, en la causa "Bordón", del voto del Dr. Heredia; CNCiv, Sala B, in re "Martínez, José E. c/ Varela, Osvaldo H.", del 06/08/15).
Tribunal de impugnación penal, abuso sexual, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Romero, J. E.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-14

Las impugnaciones no habrán de tener recepción favorable por cuanto no emerge de la crítica ensayada por las acusadoras los motivos restrictivos que objetivamente admite la impugnación contra una sentencia absolutoria (art. 237 CPP).
Recursos, desistimiento
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO QUILMES S.A. c/ MATEUCCI LUIS FERNANDO s/ COBRO DE AUSTRALES-CASACION-RECURSO EXTRAORDINARIO DE  INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR EL DR.CARABAJAL CAMPOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-24

Para que exista desistimiento es menester una expresión clara y terminante en tal sentido, que no deje dudas acerca del propósito abdicatorio, sin que para ello la parte que lo efectúa tenga que dar fundamento que lo justifique, así como tampoco exige fórmulas sacramentales.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BENEDETTO, Norberto c/ ESCALADA, Mario Hernando s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-20

Corresponde hacer lugar al rubro desvalorización del rodado aún cuando el perito para expedirse sobre el punto no pueda valerse de la observación directa del rodado, si pudo contar con el valioso aporte de las constancias fotográficas glosadas a la causa. Corresponde reconocer la validez de las constancias documentales que muestran las huellas que el impacto ha dejado en el automóvil y que éstas constituyen pruebas elocuentes para la reconstrucción del suceso y obviamente, para la evaluación de la desvalorización del rodado.