marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inhabilitación del fallido, director suplente, sociedad anónima, responsabilidad de los directores
Materia: COMERCIAL
Carátula: RETIN SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-13

Corresponde dejar sin efecto la inhabilitación decretada en el auto de quiebra respecto de uno de los miembros fundadores de la sociedad anónima fallida, toda vez que -en el caso- se encuentra vencido el plazo previsto por la ley 24522: 236, párrafo segundo y, asimismo del libro de actas de directorio, solo surge que el peticionario fue designado director suplente, sin haber asumido la titularidad, circunstancia ésta que resultó reconocida por el síndico al contestar sus agravios. A más, la ley 19550 no ha creado para los directores y síndicos suplentes obligaciones similares a las de las personas que revisten el cargo de órgano administrativo o de contralor. Solamente tienen la expectativa de ser llamados a cubrir la vacancia en caso de ausencia del titular y siendo suplentes, no tienen responsabilidades ni obligaciones y no integran el órgano directivo, pues el desempeño de la titularidad es excluyente.
Pensiones, bigamia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CUTULI, YOLANDA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

En caso de bigamia si no se prueba la mala fe de la segunda esposa y la primera ha perdido su vocación legal a la pensión en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 inciso a de la ley 17562, el beneficio corresponde íntegramente a la segunda cónyuge.
Recursos, recurso de apelación (procesal), ejecución de sentencia, improcedencia del recurso, ejecución previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Amado Cattaneo Graciela y otros c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde declarar mal concedida la apelación deducida, pues con arreglo al art. 509 del CPCCN, el recurso ha sido mal concedido, pues con arreglo al art. 509 del CPCCN, "...todas las apelaciones que fueren admisibles en la diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán con efecto diferido", por lo cual no habiendo en autos liquidación final aprobada ni sentencia que mande llevar adelante la ejecución, no resulta éste el momento procesal oportuno para el tratamiento del recurso interpuesto y corresponde que las actuaciones continúen tramitando en el juzgado de origen hasta el dictado del fallo definitivo. (cfr. autos "Garassino Simón Daniel c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes Varios", ex- pte.106425/09).
Extradición, pedido de extradición, defraudación, delitos informáticos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lázzari, Derval c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde hacer lugar al pedido de extradición por los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, pues la parte recurrente se limitó a reproducir el planteo que había esgrimido en el debate sin hacerse cargo de lo resuelto por el juez con base en el artículo 2, párrafo 2°, inciso b del tratado bilateral que expresamente consagra como delito extraditable una conspiración [conspiracy] tal como la define la legislación de los Estados Unidos de América o una asociación ilícita [illicit association] según la define la legislación de la República Argentina, para cometer cualquier delito de los contemplados en el párrafo 1.
Empleo público, promoción del personal, reescalafonamiento, facultades del ministro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Adragna de Bosch, Adelina c/ E.N.  (Ministerio de Trabajo y Previsión Social) s/ Nulidad de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

La aprobación de reestructuraciones orgánicas en las que se asigna mayor jerarquía a dependencias ya existentes, sólo importa un derecho al ascenso de los agentes que desempeñaban los antiguos cargos si ello ha sido previsto de tal modo por las nuevas normas, pero no si éstas se limitan a facultar al ministro a cubrir los cargos de la nueva estructura y a efectuar las promociones que pudieran corresponder, ya que los que desempeñaban los cargos de la vieja estructura sólo tenían derecho a la categoría escalafonaria alcanzada, pero no a ser mantenidos en las funciones a la sazón desempeñadas.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martijena de Zubiani, Nora c/ Dirección de Energía de la Provincia de Bs.As. s/ Servidumbre de electroducto Constructora Lihué S.A.C.C.I.F. c/ Vega, Elías Pedro, su sucesión y otros s/ Cobro ejecutivo Rener, Clorinda Beatriz y otros c/ Ludueña, Néstor Fabián y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1994-12-13|1997-09-16

Al intérprete de la ley no puede acordársele el poder de variar el contenido mismo del texto legal interpretado, al grado de prescindir de él.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Ronzatti, Leandro Daniel o Leandro Damián s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Transgrede el art. 342 del Código de Procedimiento Penal el tribunal de alzada que se expide sobre el cuerpo del delito sin que tal cuestión le haya sido debidamente sometida, pues el artículo citado atribuye a la Cámara "el conocimiento del proceso" sólo de los "motivos de agravio".
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bauer, Horacio W. c/ BCRA. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La obligación de garantizar los depósitos que asume el Banco Central no deriva del contrato de depósito sino de la ley, ya que ella ha sido impuesta con fines de regulación económica y no para asegurar el cobro por parte de un acreedor particular.
Prueba, ley procesal, declaración de la víctima, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SHERIFF, Mohammed s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

En el marco del principio de libertad probatoria que rige nuestro ordenamiento procesal, el testimonio de la víctima -aun cuando reviste una trascendencia incontrovertible y resulta siempre deseable- no obsta a la posibilidad de acreditar un eventual ilícito con otros elementos de convicción en supuestos en los cuales, por circunstancias diversas, aquélla no pueda comparecer al juicio o bien, su declaración no pueda ser incorporada al debate de acuerdo a lo normado por el art. 391 CPPN. La ley, en efecto, no establece reglas generales que indiquen la calidad y cantidad de pruebas necesarias para probar determinado tipo de ilícitos, ni aun establece un valor universal para los distintos elementos de convicción susceptibles de ser incorporados al proceso, sino que es a los sentenciantes en un ámbito de libre convicción a quienes compete tal juicio de mérito, dentro de los límites fijados por la razonabilidad y la sana crítica (voto del juez Morin al que adhirió el juez Días).

Cita de "Cumba", Sala 2, Reg. nro. 96/19, resuelta el 15 de febrero de 2019,
Contrato de trabajo, trabajadores de la construcción, propietario no constructor, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: CAJAL, JULIO CESAR c/ CANFALONIERI, EDGARDO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-12

No puede ser considerado empleador en los términos del artículo 26 del TORCT. Quien contrata un albañil para que le construya su casa particular (conforme sala 4, sentencia 42881, 19 de abril de 1978, "Juárez, Sandalio Ismael c/ Coqui, Miguel"); para que exista la relación de dependencia que se menciona en los artículos 21 y 22 TORCT. El sujeto empleador debe ser un empresario por mínima que sea su organización y aunque se trate solo del comienzo de una actividad destinada a conseguir los fines a los que alude el artículo 5 de la ley citada.
Sustitución de medidas cautelares, embargo, fianza
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santecchia, Paola Andrea c/ Ugolino, Mariano y otros s/ Ordinario -Cumplimiento/Resolución de contrato -Cpo. (Civil) de sustitución de Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-12-22

"...La fianza sustitutiva del embargo no tiene por qué ser equivalente a la ofrecida como contracautela por el embargante. Por el contrario, deberá ser mucho más calificada, desde que mayor es la responsabilidad que asumen los fiadores. (...) La práctica de aceptar la fianza de abogados, a quienes por el hecho de serlo se les atribuye 'reconocida solvencia' (art. 459, CPC) que alguna doctrina consideró una 'corruptela ilegal y peligrosa', puede ser admitida cuando se trata de la contracautela de un embargo, pero no con tanta generosidad en la sustitución de medidas cautelares que importan un mayor compromiso patrimonial. En este caso, es menester aplicar con rigor el art. 1998, CC y, en consecuencia, requerir que el fiador sea "abonado, o por tener bienes raíces conocidos, o por gozar en el lugar de un crédito indisputable de fortuna". Los abogados, por el solo hecho de serlo, pueden reputarse "abonados" para el pago de una suma pequeña, no de un monto importante. Salvo, por cierto, que acrediten 'tener bienes raíces' o 'un crédito indisputable de fortuna'. Un buen número de abogados puede, sin duda, afianzar una suma importante, pero mayor seguridad se logrará si se impone la solidaridad de las fianzas..."
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fontana, Jorge Rubén y otra c/ Benítes, María Cecilia y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

El art. 168 de la Constitución provincial (al igual que el anterior art. 156), exige de los tribunales colegiados no sólo la coincidencia en la solución de todas las cuestiones esenciales, sino que además requiere coincidencia en los fundamentos proporcionados.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defensa en juicio, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Franco, Ricardo Fernando y Alcira Lilian Vanegas c/ Poder Judicial de la Provincia del Chaco y/o Provincia del Chaco s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Procede el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que impuso una sanción sin sustanciación previa, de manera que imposibilitó al imputado la producción y ofrecimiento de las pruebas de su inocencia o de su derecho. (Disidencia de los Dres. Julio S.

Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F.

López).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Mariano José; Saucedo, Juan Ramón s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Es inaudible el cuestionamiento a la prueba de autoría del coprocesado, si se decidió en conclusión que no se rebate, que la defensa en su oportunidad se allanó a la pretensión fiscal en dicho sentido limitando sus agravios al monto de la pena, por lo que no puede causarle agravio la sentencia que resolvió el extremo de acuerdo con la parte (arg. art. 342, C.P.P.), y entonces mucho menos puede ahora volver a intentar traer el tema a conocimiento de esta Corte (doct. arts. 342 cit., 359 y concs., C.P.P.).
Automotores, inscripción registral
Materia: PENAL
Carátula: G.R.C. s/ Infracción Art. 289 del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-06

Esta Sala ha dicho en relación a vehículos automotores cuya numeración no se puede determinar que "en nuestro ordenamiento sustantivo -art. 1 y exposición de motivos del Decreto Ley 6582/58, ratificado por Ley 14.467- se reemplazan las disposiciones del Código Civil sobre cosas muebles, prescripción adquisitiva de cosas muebles robadas o perdidas, a título oneroso, de buena o mala fe y se sustituye la tradición por la inscripción. De tal manera el poseedor que alega buena fe, no posee derecho real alguno sobre el vehículo que el Juez le ha secuestrado".
Marcas, registro de marca, marca de hecho, oposición al registro de marca, uso efectivo de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARRE Y CIA.  S.A.I.C. c/ CLARY  S.A. s/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

No es sobreabundante señalar que el criterio según el cual en nuestro derecho marcario no cabe la aplicación extremadamente formal del principio atributivo, de modo que cabe acordar protección también a las marcas de hecho cuando concurren ciertas circunstancias de excepción se adecua a la jurisprudencia reiterada de esta Sala. Y precisamente la vigente ley 22.362 dispone en su art. 24 que son nulas las mancas obtenidas "por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero". Pues como se expresa en el mensaje ministerial que acompaÑó al proyecto de ley, dicho supuesto de nulidad procura subsanar falencias del sistema atributivo, cuya literal aplicación puede dar lugar a ciertas injusticias, tal como el reconocimiento de un mejor derecho a quien registra una marca en perjuicio de quien la viene utilizando con anterioridad, y el mismo mensaje recuerda que recoge el criterio jurisprudencial predominante.
Caducidad de instancia, intervención de terceros, falta de impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: CALCAGNO OSCAR AGUSTIN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINIST DE DEFENSA EJERCITO ARGENTINO s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

La falta de impulso por parte de quien solicitó la intervención del tercero, lo expone al riesgo de la caducidad del incidente respectivo (cfr. E. M. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, p. 523).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley, doctrina, arma descargada, simulada o defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

El sentido común señala que a nadie se le ocurriría decir que un automóvil con su tanque de combustible vacío, o con un defecto mecánico que le impide funcionar, deja por ello de ser tal. Mientras estuvieron en vigencia las normas penales del decreto ley 6582/58 de automotores, no conocí doctrina o jurisprudencia que descartara la aplicación de las agravantes allí contempladas en casos de sustracción de automotores sin combustible en el tanque o con defectos que le impedían funcionar. El Dr. Julio Chiappini, en su comentario al plenario "Moglia" hecho en la publicación que cité, decía que un hombre sigue siendo hombre aunque le falten brazos y piernas. En referencia a uno de los votos que me precede, un piano sin cuerdas sigue siendo un piano y volverá a sonar apenas le coloquen nuevas; y un caballo seguirá siendo caballo aunque haya perdido su aptitud de semental. Un revólver defectuoso seguirá siend o un revólver, y volverá a tener aptitud ofensiva apenas un armero le repare el defecto que hoy impide su normal funcionamiento. Nadie que haya comprado un arma de fuego sin proyectiles tendrá duda alguna de que compró un arma y que deberá registrarla y cumplimentar todos los trámites establecidos por la legislación; y tampoco tendrá esa duda si el arma comprada no funciona por defecto, y únicamente recurrirá a la garantía del fabricante para que la repare. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Bienes del Estado, dominio público, permiso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Y., J.C. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-22

En materia de uso de bienes del Estado, la terminología -en particular la utilizada por la legislación- es multivalente.- Y si bien estas formas de uso -permiso, concesión, autorización, licencia- se aplican con estrictez científica al uso de bienes del dominio público, también son promiscuamente usadas con referencia a bienes del dominio privado -vg. las minas- y otros que cumplen una función social, o de fomento.- Fuere sobre unas u otras categorías de bienes, es importante establecer que conllevan una diferencia conceptual, y el "permiso" lleva ínsita su naturaleza de precaria y revocable, a diferencia de la "concesión" que crea derechos más contundentes y reúne los caracteres de un contrato administrativo aún de condiciones preestablecidas, autolimitando el Estado sus potestades de abrogación. El Cuerpo ha caracterizado el "permiso" como un instituto "....por naturaleza precario y revocable- que otorga al administrado el derecho a un uso exclusivo, importa una declaración de voluntad que debe manifestarse por acto administrativo, y se extingue entre otras formas por vencimiento del término, por caducidad, por revocación. En el primer caso se extingue ipso iure, y el órgano concedente no tiene necesidad de hacer acto alguno que le ponga término, desde que la temporalidad o precariedad en salvaguarda de su destino está insito en su naturaleza. ...La revocación, sobreviene cuando la autoridad administrativa declara extinguido el permiso antes de su vencimiento, por razones de legitimidad o de oportunidad, mérito o conveniencia, por razones de interés público. A su vez la caducidad, opera también como forma de extinción por voluntad de la administración, pero como forma de sanción, cuando el administrado incumple las condiciones bajo las cuales el permiso se otorgó".
Instigación, privación ilegal de la libertad calificada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ríos, Gregorio; Braga, Horacio A.; Auge, José L.; González, Sergio G.; Cammaratta, Sergio R.; Luna, Aníbal N. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-13

Corresponde recategorizar al carácter de partícipe del instigador a quien fuera calificado como instigador del delito de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, pues el imputado investía el cargo de jefe de seguridad de un empresario con reconocida capacidad económica y fluidos contactos policiales, a quien la víctima - un fotógrafo de una revista de gran tirada- habría fotografiado, por lo que basta tomar cabal conocimiento de su situación social y laboral para darse cuenta que él recibió consignas del instigador y, al mismo tiempo, del autor, a quien transmitió voluntad y apoyo.
Usufructo, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAYOL, LEOPOLDO AUGUSTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 8-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-19

De los artículos 8 y 4 -inciso 6- de la ley registral 6435 surge claramente que el poder para transferir el usufructo debe inscribirse en la sección mandatos del registro general.
Resolución del contrato, contrato de trabajo, incapacidad laboral, exteriorización de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: GUTIERREZ DOMINGO ANTONIO c/ EMETEPE S.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE DEL ART. 212 IN FINE DE LA LEY 20.744 Y SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-04

La resolución del contrato de trabajo con motivo de la incapacidad laboral sobreviniente del trabajador, se produce cuando ésta se exterioriza y alguna de las partes así lo declara, ya sea durante el período de licencia por enfermedad, o de reserva del empleo, o una vez vencido éste.-
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martín, Santos Laureano y otros s/ Inconst. ley 11.761 y sus acumuladas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Los presupuestos de admisibilidad de las medidas precautorias deben examinarse con mayor rigor si lo que se procura a través de ellas es la suspensión de los efectos de una ley, pues esta debe presumirse constitucional mientras no se produzca una declaración judicial que establezca lo contrario, y por reputar también que si se hiciera lugar, sin más, al requerimiento, existiría siempre la posibilidad de desvirtuar sus efectos inmediatos por el mero ejercicio de una acción de inconstitucionalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, debido proceso, pluralidad de hechos
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL S/ EXCARCELACIÓN s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-09-23

La privación de la libertad, no superó el plazo razonable de detención que consagran la Convención Americana de Derechos Humanos para ser sometido a juicio, como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14 ap. inc.3), para ser juzgado sin dilaciones indebidas. Cabe aclarar que el encarcelamiento preventivo finalizó con el dictado de la sentencia condenatoria. En la presente causa el plazo para definir la situación procesal del imputado, celebrando en juicio y dictando sentencia, fue resuelta de modo razonable atendiendo el número de imputados, la cantidad de hechos investigados y la complejidad propia de todo sumario en el que las víctimas son menores de edad, en virtud de las dificultades para recibir su testimonio.
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: I.A.F.A.S.(Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) c/ Ricardo Javier Yelin s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-09

Para determinar la existencia del consentimiento de parte de la administración, es necesario tener en cuenta que la declaración de voluntad de ésta se expresa frecuentemente bajo la forma de una operación compleja descompuesta de un cierto número de fases más o menos numerosas, según el caso, de acuerdo a las cuales el acto de conclusión del contrato va siempre precedido de aprobación o de rectificación posteriores, que las completan y condicionan su entrada en vigencia. Precisamente por esta razón, tal como sucede en la especie, no puede admitirse que exista contrato en el caso de silencio de la administración, ya que en general, tiene efectos denegatorios y, por consiguiente, el contrato resultaría inexistente. En definitiva, no acreditada la existencia del segundo contrato de concesión -extinguido el primero-, hubo una simple continuación del anterior sin modificaciones.