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Régimen jubilatorio, jubilaciones, retiro voluntario, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Humberto Eusebio c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y Poder Ejecutivo Provincial s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-23

El derecho jubilatorio se afecta manifiesta y palmariamente en su disponibilidad e integralidad al formulársele cargo en concepto de indemnización por retiro voluntario. La integralidad de las prestaciones constituye una de las mejores garantías del régimen, apareciendo como una excepción a ella la posibilidad de efectuar deducciones conforme se consagra en los incisos d) y e) del artículo 7 Ley 2.060, siendo los cargos legalmente autorizados los que se refieren a cargas provenientes de créditos a favor de organismos previsionales o por la percepción indebida de haberes de pensiones graciables, a la vejez, o de jubilaciones o pensiones otorgadas por la Caja de Previsión Social de Santa Cruz en directa relación con lo dispuesto en el artículo 18 inciso c) Ley 1.782 todo acto que contraríe lo precedente es nulo y sin valor alguno (art. 7 Ley 2.060)-(En disidencia: Dres. Cabral-Morón)
Daño moral, filtraciones de humedad
Materia: CIVIL
Carátula: DE HOOP, Daniel y otro c/ DUNLIT S.A. y otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Por lo general los deterioros producidos por filtraciones de humedad que no acarrean secuelas personales, no tornarían admisible el resarcimiento de daño moral, pero cuando no se trata ya de meras perturbaciones, sino de molestias que alteran la vida íntima y cotidiana de los habitantes de la propiedad afectada, que se han proyectado en el tiempo sin encontrar la urgente atención que requerían, es necesario considerar la indemnización del daño en tal sentido.-
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENGELBRECHT ERNESTO EDUARDO. c/ ESTADO NACIONAL. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-12

La indemnización del daño moral tiene presupuestos propios y, por lo tanto, concurren para su determinación razones distintas de las que sirven de fundamento para establecer la reparación por incapacidad. De allí que el monto fijado por aquel concepto no tiene por qué guardar relación con el daño patrimonial, el que, inclusive, puede no existir.
Derecho bancario, sistema financiero, bancos, responsabilidad del banco, contratos bancarios, precios de transferencia, depósito bancario, sucesiones, solicitud de información, efectos entre partes
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: Jutoran, Hilda Eugenia Cecilia c/ Citibank Na s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Procede hacer lugar a la demanda a fin que de que le fuera transferida a la sucesión el dinero que tenía depositado el padre del actor (el causante) en cierto banco de la República Oriental del Uruguay y que posteriormente fuera enviado a la entidad bancaria demandada. Ello con base en que corresponde a la accionada, en una de sus múltiples operaciones en las que actúa como mandatario, proporcionar al cliente la información sobre los recaudos necesarios para que se puedan ejecutar sus instrucciones respecto de la transferencia de depósitos bancarios de modo que el interesado pueda conocer sobre los alcances de sus distintas cargas y obligaciones (ver en este sentido, CNCom, Sala D, "Filco, Héctor c/ Bank Boston", del 25/10/11). Es que, en la especie, la reclamante pretendió que en tanto carecía de documentación idónea para solicitar la repatriación de activos externos propiedad de su padre fallecido, se proceda a la concentración de la operación de cambio considerando a los efectos de la normativa cambiaria que los fondos corresponden a ingresos de terceros al no estar suficientemente identificados como fondos propios del cliente. Consecuentemente, que se le aplicaran las disposiciones del Decreto 616/05 y que se considere que los ingresos serán canalizados en concepto de otros ingresos del exterior sujetos al decreto 616/05 y negociados por residentes. Ahora bien ejercida esta opción, la entidad bancaria demandada debió contestar dicha pretensión no solamente para aceptarla o no sino más bien para informar, en su caso, los requisitos que debió cumplimentar la actora a fin de que se concrete la transferencia del depósito a la sucesión y anoticiar al Banco Central de tal operatoria, circunstancia que no aparece cumplimentada en autos. Esto es, no era optativo para la entidad financiera demandada el responder a tal requerimiento sino que en el carácter de mandatario antes descripto debió hacerlo.
Recurso extraordinario, conciliación, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Pachi, Raúl Orlando c/ Novas Victor Ramón s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

El recurso extraordinario contra la sentencia que revocó la resolución que mantuvo la pesificación establecida en el art. 11 de la ley 25.561 y 8° del decreto 214/02 para una obligación que tiene su origen en un acuerdo conciliatorio es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Contratos, enriquecimiento sin causa, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Nuñez, María Luisa c/ Natania Coop. de Vivienda Consumo y Crédito Ltda. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-04-22

Para entender configurado el instituto del enriquecimiento sin causa no basta aducir el enriquecimiento de la otra parte, sino que debe probarse la entidad cualitativa respectiva del empobrecimiento de uno y del enriquecimiento del otro.

Si la causa que puede llegar a producir un desequilibrio entre las prestaciones, o un enriquecimiento sin causa de uno de ellos o facilitar el ejercicio abusivo de un derecho, es posterior a la celebración del contrato, la única norma que rige el caso es el art. 1198 del Cgo. Civil.
Principio de congruencia, concesión comercial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONIFERAL S.A.C.I.F. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ PLENA  JURISDICCION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-30

Los Jueces controlan las tarifas con atención a sus particularidades específicas y de conformidad al amplio marco de juridicidad en que deben cumplirse todas las acciones de la Administración, de modo que si bien no sustituyen a esta última, deben ordenar que se arbitren los cauces procedimentales necesarios para que las partes interesadas acuerden la recomposición del Contrato por los desajustes económicos sobrevinientes a su formalización.

Siendo así, no se incurre en una violación al principio de congruencia sino todo lo contrario, cuando se condena a la Administración a implementar los cauces procedimentales para conciliar el interés general con el particular del concesionario, mediante la observancia de las metodologías y criterios de determinación administrativa de las tarifas, previstas en los marcos regulatorios vigentes.

Por consiguiente, no cabe admitir el vicio de incongruencia omisiva esgrimido por el recurrente, a partir de interpretar subjetivamente el allo recurrido en el sentido que se traslada a una de las partes, la Municipalidad, la resolución del conflicto planteado, toda vez que lo que expresamente se ordenó en la sentencia fue la sustanciación de un procedimiento administrativo con la participación de la actora, a fin de que se dicte un acto administrativo definitivo que determine la recomposición del contrato de concesión, tomando como parámetro para esa determinación la validez de la Ordenanza cuestionada.

Este reconocimiento a favor de la demandante, se enmarca claramente en el artículo 38 de la Ley 7182 cuando prescribe que el fallo del Tribunal debe limitarse a resolver conforme a lo alegado y probado en autos, sin perjuicio de reconocer la situación jurídico subjetiva y adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento.

De ese modo, el decisorio impugnado, lejos de producir agravio alguno a la parte recurrente, garantizó efectivamente su derecho al debido proceso legal, a la defensa y a la tutela judicial efectiva mediante un acto jurisdiccional que se enmarca en el cambio de paradigma sobre los alcances de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no circunscripta a un proceso esencialmente objetivo, sino que se erige como un proceso de pretensiones subjetivas.
Indemnización por despido, recurso de apelación (procesal), rubros indemnizatorios, desistimiento del recurso, temeridad o malicia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Debortoli, Marcelo Luis c/ Llompart, Alejandro Federico s/ Cobro de pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-22

Procede aplicar una sanción por conducta maliciosa (art. 275 L.C.T.) a la empleadora, condenándola al pago del 50% de recargo sobre la tasa de interés aplicable al capital de condena, pues interpuso recurso de apelación contra la totalidad de la sentencia que la condenó al pago de una indemnización laboral por deficiente registración, pero solo fundamentó su recurso en uno de los rubros de la resolución impugnada -art. 2 ley 25.323- y desistió del resto de los agravios planteados, por lo que el derecho constitucional de defensa en juicio está siendo utilizado por el recurrente en forma abusiva, como un mero formalismo a los efectos de prolongar en el tiempo la violación de los derechos del trabajador, aún cuando la decisión judicial sobre el tema ya ha adquirido carácter de cosa juzgada.
Constitución Nacional, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: REBOTTARO, HECTOR c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-04

Cabe declarar la inconstitucionalidad del conjunto de normas llamadas de emergencia económica -principalmente, la ley 25561 y las concordantes, decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones del Ministerio de Economía y circulares del Banco Central dictados en consecuencia-, toda vez que con su aplicación se ven afectadas garantías constitucionales (CN 17, 18, 28, 29, y 79) que hacen necesaria la adopción de una solución tendiente al acatamiento a la ley suprema; ya que la crisis financiera que motivo el dictado de este régimen de excepción sobre los ahorros, no configura una situación de emergencia tal como para justificar la restricción de las garantías constitucionales con mayor intensidad que la tolerable en tiempos de normalidad, ya que los acontecimientos ocurridos a fin del año 2001 no comportan un acontecimiento accidental, súbito y excepcional, sino una situación recurrente que perturba y obstaculiza el desarrollo económico e institucional de la República, provocado por políticas gubernamentales que han venido transformando la excepción en regla, lo cual es intolerable; además, siendo el fundamento de las normas de emergencia económica, la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad extrema, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones y atenuar su gravitación negativa en el orden económico y social (fallos 136:161;

313:1513; 317:1462, entre otros); mas para ello no es posible el ejercicio ilimitado del poder estatal (CN art. 28), ni la irrazonabilidad en la restricción del derecho, la cual ha de hacerse limitada en el tiempo y como un remedio coyuntural, y sin llegar a la mutación en la subsistencia o esencia del derecho adquirido por sentencia o por contrato (fallos 313:1513;

318:1887; 321: 1984 y 323:1566, entre otros).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBERTO SCHIAVO Y OTROS c/ JOCKEY CLUB Y OTRA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-17

La circunstancia de que la cuestión central que trata la resolución apelada es una cuestión de hecho, no impide la procedencia del recurso extraordinario si aquélla tiene una dependencia y conexión tan estrecha con los puntos de derecho federal materia del pleito, que la decisión de la primera es, también, la de los últimos (Disidencia del Dr. Conjuez Dr. Pablo Antonio Ramella).
Jueces, deberes del juez, sentencia, sentencia condenatoria, condena condicional, reglas de conducta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T., J. s/ Homicidio culposo (Expte Nº 136-98, Resolución Nº  72, Tomo 5, Folio  345)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-02

El Juez, al acordar una forma condicional de cumplimiento de la pena privativa de libertad, ha omitido imponer todas o alguna de las reglas de conducta establecidas por el artículo 27 bis del Código Penal, como así también explicitar, en su caso, si ello es consecuencia de una interpretación legal. Semejante situación resulta indeseable por lo que resulta pertinente recomendar que en el futuro el tema sea abordado explícitamente. No obstante, siendo así que soy conocedor de opiniones interpretativas conforme a las cuales no es imperativa la imposición de reglas de conducta del artículo 27 bis a menos que se las juzgue adecuadas para evitar la futura comisión de delitos, y estimando que tal pudo haber sido la opinión íntima del señor juez de primera instancia, a todo lo cual añado que en el caso las partes no han formulado agravios, guiado por el espíritu de salvar en lo posible los actos procesales cumplidos, me inclino en el presente por la solución antes señalada.
Declaración de inconstitucionalidad, concurso preventivo, tasas de interés
Materia: PENAL
Carátula: SIMON CACHAN SA c/  s/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO DE GCBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-01

La tacha de inconstitucionalidad de las normas fiscales relativas a tasas de intereses no es formalmente viable, desde el momento que la concursada no demuestra cuál es el monto de acrecidos que arroja la aplicación de dichas disposiciones, lo que redunda en observar que tampoco acredita cuál es la diferencia entre ese monto y el máximo admitido como razonable por esta Sala. En otros términos, la recurrente no ha demostrado el perjuicio o menoscabo a su patrimonio que derivaría supuestamente de las normas que procura controvertir. Una regla liminar en materia de legitimación para efectuar un pedido de declaración de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico nacional es aquella que exige la demostración clara -no meramente conjetural o hipotética- de un perjuicio originado en la operatividad de la norma jurídica, criterio que la Corte Suprema de Justicia ha asumido como doctrina ya consolidada (v. Bianchi, Alberto B., Control de constitucionalidad, ed. Ábaco de R. Depalma, Bs. As., 2002, T. II, págs. 30/3), recaudos tales que no se presentan en el recurso a examen.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, interpretación de la ley, carácter taxativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Arias, Luis Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

El art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que el Tribunal ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Liquidación judicial, juicio, decretos, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: VIALCO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION RECURSO DE REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 619 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

Corresponde desestimar el recurso de revocatoria interpuesto contra el proveído que ordenó poner de manifiesto la liquidación acompañada por la Municipalidad, sosteniendo que la expresión "en cuanto por derecho corresponda" faculta a los jueces a rectificar las liquidaciones aprobadas sólo cuando contengan un error aritmético o de cálculo, siempre que no se modifiquen la bases establecidas en la sentencia para practicarla.

Ello por cuanto, en sí mismo, lo proveído por la Presidencia del Cuerpo, no genera al recurrente ningún perjuicio- ineludible en cualquier tipo de postulación recursiva-, toda vez que el decreto impugnado no conlleva ninguna decisión respecto del contenido de la nueva planilla sino tan sólo su manifiesto en la oficina a los fines del respectivo control por parte del recurrente.
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carabajal, Jonás Eliseo c/ Bonahora, Rafael Humberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

No es exacto que el art. 83 del Código Procesal Civil y Comercial disponga que cuando el beneficio de litigar se pide en la demanda tenga por efecto suspender el trámite del proceso principal. El precepto citado establece en su segunda parte que el trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que se pidiere en el escrito de demanda. Esta norma no consagra, como pretende el demandante, una suerte de suspensión automática del proceso cuando el beneficio es solicitado en la demanda. por el contrario, lo que el código exige es la suspensión sea peticionada expresamente.
Trabajadores de la construcción, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano Nelson Roberto c/ Sersewitz Ricardo Roberto s/ Diferencias de remuneraciones y Otros Rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-06-11

Si se descarta el período de tiempo insumido en el transporte de ida y regreso al lugar de trabajo que, como lo prescribe la norma convencional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Luna Juan C. y Otros c/ Cía. Naviera Perez Companc S.A.", agosto de 1989, citada en T.y S.S. 1989/1086, no integra la jornada de trabajo la pausa diaria establecida por el empleador, pero sí la integra, ya que las pausas (dos horas) deben computarse para el actor como tiempo de trabajo ya que debía permanecer "forzosamente" en el lugar donde se ejecutaba la obra.
Competencia, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Spies, Héctor Raúl s/ PETICIóN  FORMULADA POR EL FISCAL DE LA CáMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL  DE  LA  TERCERA  CIRCUNSCRIPCIóN  JUDICIAL,  DR.  MIGUEL  ANGEL  LARA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-08-02

El Superior Tribunal de Justicia entiende que las resoluciones judiciales y la consecuente ejecución de la condena deben caer dentro de la órbita de facultades del Tribunal que las dictó, el que tiene competencia para decidir todas las cuestiones que se susciten durante la ejecución.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA S.A. c/ EDGARDO PECHEMIEL s/ Ordinario-comp - Apelac (LIBRO: A073 - 405)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-15

No puede pretenderse en la medida precautoria calificar la acción intentada (por ej. acción declarativa), atento los fines que informan la misma, y además porque esa cuestión forma parte de la acción ejercitada en el principal, donde con la amplitud del caso deberá ser analizada.-
Protección de la flora y fauna silvestre, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Carlos Omar s/ Infracción art. 25, ley 22.421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Los arts. 21 y 29 de la ley 22.421, en función de lo establecido en el art. 34 de la misma ley, no rigen en las provincias que no han adherido a su régimen, como ocurre con la Provincia de Buenos Aires.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, enfermedad profesional, prueba, carga, denuncia del siniestro
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDEZ, HECTOR ARIEL c/ DOW QUIMICA ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-18

Carece de razonabilidad la decisión del Tribunal A quo al considerar una "prueba levior" la acreditación del accidente (el pinchazo), cuando era el propio actor quien estaba obligado a denunciarlo, conforme al principio de buena fe que prima en el contrato de trabajo y lo expuesto por todos los testigos compañeros del actor; pues, de considerar válido su comportamiento de haber ocultado u omitido denunciar dicho accidente (ya sea por negligencia o por no querer perder el adicional que se les otorgaba a los trabajadores de un mismo sector por ausencia de siniestros laborales, según lo declarado por testigos en la causa), se imponía conjeturar en igual sentido que el trabajador pudo haber tenido la misma conducta, ocultando la enfermedad al ingresar a trabajar a los fines de conseguir el puesto de trabajo, frente al adecuado comportamiento patronal en cumplimiento a las normas de higiene y seguridad, que surge de las rigurosas exigencias, controles y capacitación que efectuaba de manera permanente con su plantel de personal a los fines de prevenir los riesgos laborales. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi, Spuler y Gutiérrez)
Aborto, tentativa impune de aborto, aborto profesional
Materia: PENAL
Carátula: ZABALA DE JULIANO. s/ ABORTO- TENTATIVA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-13

1) Debe ser absuelta la procesada del delito de aborto en grado de tentativa, según lo dispuesto por el art. 88 Cód. Penal, pues esta disposición no distingue el caso del conato ejecutado por la propia mujer del realizado a instancias de ésta por otro.

2) De la conjunción y conexión de los informes periciales y del orthotest positivo y negativo, once días más tarde, resulta con toda claridad que estando embarazada la encausada sufrió la expulsión del producto de la concepción a causa de cruentas maniobras abortivas 3) La profesional que en un sólo día causa dos abortos e intenta otro sin más motivo que su afán de lucro debe ser considerada persona peligrosa, máxime que a la edad de 67 años con que cuenta, es cuando la vida ofrece más razones para ayudar a preservarla y no a atentar en su contra.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Goicoechea, Miguel Antonio c/ Automóvil Club Argentino s/ Cobro de indemnización por accidente de trabajo Recalde, Telmo A. c/ Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por enfermedad Alegre, Florencio c/ Transper S.R.L. y/o Tanhsa s/ Enfermedad accidente Battaglia, Juan c/ Robbins Argentina S.A. s/ Diferencia accidente de trabajo Busto, Héctor H. c/ Empresa Nueve de Julio SRL (Línea 508). s/ Daños y perjuicios Pelayo, Miguel O. c/ Provincia de Bs. As. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12|1997-10-07|1998-12-29|1999-10-26|2000-06-07|1999-10-26

En el supuesto de actuaciones administrativas por infortunios del trabajo tramitadas según el régimen provincial de la ley 10.149 la voluntad de declinar dicha instancia debe expresarse claramente por las partes antes de dictarse la resolución administrativa fijando la indemnización, en cuyo caso el conflicto podrá dirimirse en sede judicial.
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

La preterintencionalidad requiere indefectiblemente que la muerte sea previsible como una consecuencia del medio empleado pero que el autor no haya tenido efectivamente esa previsión; la preterintencionalidad tiene como límite superior la falta de una razonable capacidad del medio empleado, y como límite inferior tiene la previsibilidad del resultado mortal: si se excede el límite superior se debe indagar la responsabilidad dolosa, en tanto que rebasándose el límite inferior, la muerte es un caso fortuito.-