Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10


ACUÑA, Francisco y otros contra MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS Reg.: A y S t 195 p 200-204. Santa Fe, 10 de marzo del año 2004. VISTOS: los autos "ACUÑA, Francisco y otros contra MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS - Acción de Amparo-Medida Cautelar sobre AVOCACIÓN (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S.J. nro. 2, año 2004); y, CONSIDERANDO:

I.1. La Municipalidad de Las Parejas solicita que este Tribunal se avoque al conocimiento de los autos "Acuña, Francisco y otros c. Municipalidad de Las Parejas s. Acción de Amparo-Medida Cautelar" (expte. nro. A 1153/03), que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación del Distrito nro. 6, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 11.330.

Afirma que el debate contenido en la causa mencionada constituye materia contencioso administrativa "amparada en los términos expresados por las leyes 11.329 y 11.330". Indica que los amparistas pretenden el reconocimiento del derecho a la estabilidad, extrayendo el mismo de lo dispuesto por un decreto al que tachan de ilegítimo; y que la dilucidación de este tipo de cuestiones, normalmente, exige de una labor interpretativa de hechos y del derecho que debe efectuarse en una sentencia de mérito.

Postula que el personal municipal, cuando cree afectados sus derechos, debe acudir al recurso de reconsideración y posterior recurso contencioso administrativo, y que la ley 11.330 "trae su propio régimen de tutela cautelar, por lo que mal puede alegarse la inexistencia de una vía judicial más idónea". Destaca que los jueces que intervinieron en el amparo despacharon una medida cautelar, disponiendo la provisoria reincorporación de los actores a sus cargos.

Entiende que ello constituye una evidente arbitrariedad, por cuanto se hizo caso omiso a las disposiciones que la normativa vigente exige para la viabilidad de la tutela cautelar en la acción de amparo. Solicita, en suma, que este Tribunal determine cuál es el tribunal competente para entender en el caso.

2. El señor Procurador General de Feria, en contestación de la vista corrida a foja 27, aconseja se requiera del Tribunal respectivo la inmediata remisión de las actuaciones correspondientes (v. foja 28), lo que se dispuso a foja 29.

Una vez recibidas en esta sede, se corrió nueva vista al titular del Ministerio Público, quien concluyó que la materia debatida en el caso es de naturaleza contencioso administrativa y que no se concurren los recaudos propios que hacen a la admisibilidad del amparo (dictamen 1/04; fs. 31/34). 3. A fs. 38/47 comparecen los amparistas, quienes expresan su oposición al pedido de la Municipalidad. Afirman en primer término que la Municipalidad consintió la competencia del tribunal de origen, por lo cual la pretensión ahora ejercida resultaría extemporánea y contraria a derecho.

Dicen que esta excepción debió haber sido postulada en el primer escrito y como de previo y especial pronunciamiento. Subsidiariamente, contestan el traslado corrido. En lo que ahora interesa, plantean que la Municipalidad "sostiene que la materia en debate es contencioso administrativa, pero no advierte que se dan los requisitos para interponer acción de amparo; ergo el tribunal competente debe ser el que dispone la ley 10.456"; y que "de no concurrir los requisitos exigidos, la recurrente debió haber sindicado los mismos y delatar su improcedencia", lo que no surge de la solicitud de avocación (f. 39 vto.).

Señalan que el presente caso debe tramitar por vía de amparo, de acuerdo a los argumentos vertidos en el punto III del escrito obrante a f. 30 y sgtes, y en los de fojas 38/51 y 56/58 de los autos principales. En particular, afirman que se encuentran cumplidos los requisitos que hacen admisible el recurso de amparo, tales como "una lesión que procede de un acto administrativo arbitrario y de manifiesta ilegalidad que viola derechos y garantías consagrados en la Constitución" (f. 40 vto.); que la Municipalidad "no ha respetado los pasos procesales administrativos que hubieran correspondido seguir a fin de impugnar los decretos de nombramiento" (f. 41). Más adelante dicen que "el solo hecho de ser empleados municipales no es óbice para recurrir a ejercer sus derechos por la vía del amparo" (f. 44 vto.).

Consideran que "por la manifiesta ilegalidad e ilegitimidad del despido ordenado por el Intendente municipal y por la naturaleza de los derechos vulnerados, el tribunal con competencia en razón de las disposiciones de la ley 10.456 (de amparo) y habiéndose dado estricto cumplimiento a los requisitos de la misma, debe ser el tribunal de origen". Afirman que no opinan respecto de la medida cautelar pues "no es materia de este debate" (f. 43 vto.). Solicitan, en suma, el rechazo del pedido efectuado por la Municipalidad. II. Ante todo, debe decirse que -como bien lo destacan los amparistas- el artículo 2 de la ley 11.330 habilita a esta Corte a decidir sólo la cuestión de competencia, no la cuestión de fondo.

Ello -que desde luego no obsta a que puedan disponerse "las medidas que estime necesarias para resolver la cuestión"- distingue a esta avocación por competencia de la prevista en el artículo 36 de la misma ley, mecanismos éstos que -por lo demás- nada tienen que ver con la técnica del "per saltum" ni, obviamente, con lo que es de competencia originaria y exclusiva del Tribunal, de conformidad al mencionado artículo 2 y al 35 de la ley 11.330 ("Cecchi", A. y S. T. 143, pág. 343; "Andreoli", A. y S. T. 163, 71). De las constancias de autos surge que los accionantes promovieron acción de amparo contra la Municipalidad de Las Parejas a los fines de obtener su reincorporación a los cargos que revistaban, de los que -según afirman- fueron despedidos de un modo arbitrario e ilegítimo.

En esa misma oportunidad solicitaron la suspensión de los efectos del decreto 12/2003. Al pedido efectuado por la demandada en estos estrados se oponen los recurrentes con base en distintas razones.

1. Conforme surge del relato que antecede, los actores cuestionan la potestad de este Tribunal de intervenir en el presente pedido de avocación, en razón -básicamente- de que ello le estaría vedado por haber la Municipalidad consentido la competencia del juez del amparo. Este planteo no puede ser acogido.

En efecto: esta Corte sostiene desde antaño la absoluta inoperancia de los pactos sobre prórroga de esa competencia, cualesquiera sean las razones que se aduzcan para concertarlos o admitirlos en sede jurisdiccional (A. y S. T. 35, pág. 208; A. y S. T. 55, pág. 285); agregando que tampoco puede ser consentida la que puedan asumir otros jueces. Al respecto, ha considerado que el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio, que puede ser aun de oficio, no se paraliza con el consentimiento que las partes hayan podido dar respecto de la competencia de otros jueces.

Así, al considerar planteos basados en el artículo 2, in fine, de la ley 10.160, el Tribunal expresó que esa norma "no puede incluir competencia 'ratione materiae' que deriva de la Constitución provincial (artículo 93)" y ha sido asignada a esta Corte Suprema de Justicia y a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo ("Laurini", A. y S. T. 144, pág. 141; "Balquinta", A. y S. T. 144, pág. 146; "Veinticcinque", A. y S. T. 144, pág. 203; "Andreoli", citado; y más recientemente, "Parma", A. y S. T. 163, pág. 218).

Ha considerado también que "si es al menos posible que la pretensión ejercida ante un juez ordinario sea contencioso administrativa en los términos de esa norma constitucional, para la efectiva aplicación del artículo 2 (ley 11.330) debe prescindirse del modo y forma procesal en que se haya hecho valer esa pretensión (recurso de amparo, demanda laboral, acciones meramente declarativas, etc.).

Así lo expresó en autos "Gastón Jáuregui" (citado) en el que, por aplicación de similares criterios, desechó los argumentos que se oponían a la intervención del Tribunal con anterioridad a que se resolviera la causa, explicando -para así decidir- que la tutela de la competencia en materia contencioso administrativa, como así también la efectiva custodia de los intereses en juego en este tipo de cuestiones, exige que su intervención sea "inmediata", tal como lo establece expresamente el artículo 2 de la ley 11.330, lo que se vería obstaculizado si debieran substanciarse las respectivas causas ordinarias.

Agregó que ello era así, sin perjuicio de la necesidad de evitar la sustanciación innecesaria de una causa "según lo informan principios de celeridad y economía procesal en pos de una eficaz administración de justicia" ("Bacchetta"; A. y S. T. 132, pág. 67). Corresponde, pues, concluir que este Tribunal se encuentra habilitado para pronunciarse sobre la cuestión de competencia planteada.

2. Mediante el amparo interpuesto, los actores cuestionan en definitiva diversos aspectos vinculados a una relación de empleo público. Y tal como lo demuestra la invariable jurisprudencia de este Tribunal, cuestiones tales constituyen materia contencioso administrativa. Ahora bien: aunque corresponde arribar a esa conclusión, no puede obviar el Tribunal el análisis de la incidencia que tal extremo tiene en esta causa, de conformidad con la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución nacional. Al respecto, corresponde en honor a la brevedad remitir a las consideraciones expresadas en autos "Bacchetta" (A. y S. T. 132, pág. 67; mencionado por los amparistas) y "Grandinetti" (A. y S. T. 132, pág. 477).

Examinando las constancias de autos a la luz de lo expresado en tales precedentes, se observa que, tratándose de un caso suscitado en razón de una relación de empleo público, la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo se supone, lo cual pone en cabeza del juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo, al realizar el examen que ordena el artículo 6 de la ley 10456.

En el caso, las argumentaciones de los actores son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón la medida impugnada le producía un daño concreto y grave que "sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo" (C.S.J.N., "Ballesteros", Fallos: 317:1128); ni, por ende, por qué motivo en las circunstancias del presente caso, el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa podía acarrearle un perjuicio irreparable. En este punto debe tenerse particularmente en cuenta que se encuentra vigente la doctrina jurisprudencial sentada por esta Corte -como tribunal de lo contencioso administrativo- admisoria de la tutela cautelar anticipada -ver "Buasso", A. y S. T. 145, pág. 299; "Godoy", A. y S. T. 150, pág. 141; y "Bazet" A. y S. T. 167, pág. 111-.

Tal demostración era necesaria, salvo que se piense que siempre y en todos los casos la violación a un determinado "status" administrativo produce un perjuicio de esta naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia contencioso administrativa el control de conductas como la cuestionada en autos sin norma alguna que lo disponga. A lo antedicho debe agregarse que, aun con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, el Alto Tribunal nacional ha preservado el carácter excepcional del remedio intentado ("Ballesteros", citado; "Louzán", Fallos: 317:1658; "García Santillán", del 15.7.1997), cuya indiscriminada utilización no haría más que distorsionar la regular prestación del servicio judiciario.

En consecuencia, corresponde concluir que el presente caso corresponde a la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, y que se le debe otorgar a los actores un plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo tribunal, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330. Así decidirlo supone la incompetencia de los tribunales ordinarios, circunstancia que importa, per se, que las cautelares despachadas en su oportunidad quedan sin efecto por ser conculcatorias de lo establecido en el artículo 93, inciso 2 de la Constitución de la Provincia (criterio de A. y S. T. 118, pág. 234; T. 139, págs. 417 y 485; T. 141, pág. 128; T. 147, pág. 402; T. 148, págs. 143, 149 y 234; T. 162, págs. 371, 377, 390, 406). Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Declarar que el presente caso es de la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo. Otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que, por ante el respectivo Tribunal, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11.330; con costas. Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)