Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-19


Expte. N° 5535 caratulado: "BUSTOS, Raúl Antonio c/ Custos S.R.L. - Apelación de Sentencia - INCONSTITUCIONALIDAD" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de junio del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha diecisiete de mayo de dos mil once, en autos Nº 8521 caratulados: "Bustos, Raúl Antonio c/ Custos S.R.L. s/ Apelación de Sentencia".

EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Mediante el recurso previsto por el art. 11° de la ley 2275, la actora viene resistiendo la sentencia pronunciada por la Sala 2ª de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en fecha 17/05/2011, obrante a fs. 82/85 de autos.

El decisorio cuestionado, en lo que aquí interesa, revoca el dictado en 1ª instancia que declaró procedente la demanda contra la co-demandada "Autotransportes San Juan Mar del Plata S.A.", considerándola solidariamente responsable con "Custos S.R.L." al pago de los montos declarados procedentes, ello en virtud de lo dispuesto por el art. 30 de la L.C.T.; y ante la apelación de la susodicha empresa de transporte, la alzada resuelve que en el caso no se verifican las circunstancias que requiere la norma para que se configure la "solidaridad" que ella establece.

Dando sustento a lo decidido, el a-quo sostiene que: ".el trabajador prestó servicios en calidad de vigilador para la codemandada CUSTOS S.R.L., en el establecimiento de la codemandada Autotransporte San Juan Mar del Plata S.A., es decir que las funciones referidas a esa categoría laboral, en este caso, no están comprendidas en los presupuestos que la norma del art. 30 de la L.C.T. impone para que surja la responsabilidad solidaria de la recurrente, y no se advierte que sean necesarias al cumplimiento de la finalidad empresaria de la misma, ya que no hacen, objetivamente a la unidad técnica o de ejecución destinada a lograr esos fines.

Es cierto que en los tiempos que corren, es de público y notorio la existencia de la falta de seguridad, pero no es posible que por ello, se torne la contratación de vigilancia como integradora de la unidad técnica del establecimiento como actividad específica y propia del establecimiento; por lo menos en este caso no se advierte.".

Tal conclusión viene resistida por la actora, como se dijo, quién mediante el recurso de inconstitucionalidad, que encuadra en el inc. 1° del art. 11° de la ley 2275, pretende que la resolución que la contiene sea dejada sin efecto, y en consecuencia, se declare que la empresa de transporte aludida debe responder solidariamente por los ítems demandados, de conformidad a lo dispuesto por el mencionado art. 30 de la L.C.T.-- Sostiene el impugnante que: ".Conforme lo expresado el recurso de inconstitucionalidad se interpone con fundamento en las previsiones del art. 11 inciso 1° de la ley 2275, sosteniendo que en el caso se ha cuestionado la validez del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, declarando la Cámara de Apelaciones que la actividad de la co-demandada Autotransportes San Juan Mar del Plata S.A. no están comprendidas en los presupuestos de dicha norma.".

Luego de extenderse en el desarrollo de los fundamentos que sustentan el recurso, arriba a la conclusión de que la sentencia es arbitraria, y agravia a las garantías y derechos constitucionales que menciona (defensa en juicio, debido proceso, derecho de propiedad, igualdad, etc.), por lo que según su criterio, debe declararse la responsabilidad solidaria de la codemandada aludida.

Sintetizados de tal modo los antecedentes del caso y la pretensión recursiva, corresponde expedirse sobre la viabilidad de esta última; en tal derecera estimo que la misma no puede prosperar por las razones que seguidamente se exponen.

En primer lugar porque es erróneo el encuadre del recurso en tanto se lo sustenta en el inc. 1° del art. 11° de la ley 2275, aduciendo que se ha cuestionado la validez del art. 30 de la L.C.T.; tal cuestionamiento no existe, pues en modo alguno se verifica en autos alegación sobre la contradicción de dicha norma con la Constitución, que es el supuesto que contempla el mencionado inciso 1° del art. 11°.

Por otro lado se imputa arbitrariedad al decisorio, como la restricción a la garantía de la defensa en juicio, y en tal caso debió encuadrarse el recurso en el inc. 3° del mencionado art. 11°, específico para tal supuesto; lo que conduce a la desestimación del remedio intentado, tanto por lo dicho como por lo dispuesto por el art. 13° de la ley de recurso, en cuanto se omite cumplir con la exigencia contenida en el inc. 3°) de dicha norma.

Al respecto lleva dicho el Tribunal que: "El recurso debe fundarse conforme lo exigen los arts. 13° y 16° de la 2275, expresando clara y concretamente en cuál de los supuestos de los arts. 11º y/o 16º encuadra el caso, y las demás exigencias que dichas normas contienen para considerar fundado el remedio deducido (P.R.E. S.2ª 2011-II-275; S.1ª 2009-I-51; S.1ª 2008-II-265; P.R.E. S.1ª 2007-II-387; S.2ª 1999-III-481; S.1ª 1998-II-262)".

Desde otro punto de vista, y estimando suficiente lo precedentemente apuntado para desestimar en esta etapa el recurso deducido; a mayor abundamiento cabe consignar que verificar si en el caso se dan los supuestos que consagra la norma del art. 30 de la L.C.T, para que se configure la solidaridad que ella establece, es una cuestión de hecho y prueba, ajena por principio a esta instancia de excepción como lo es la extraordinaria, desde que tales cuestiones son de conocimiento exclusiva de las instancias de mérito.

Así lo tiene reiteradamente decidido el Tribunal que al respecto sostuvo: "El objeto de los recursos extraordinarios previstos por la ley 2275, es el control de legalidad de las sentencias, desde el punto de vista de la Constitución (recurso de inconstitucionalidad), o de la ley (recurso de casación), y escapan a ellos las cuestiones de hecho y prueba, desde que son de exclusiva incumbencia de los tribunales de mérito, y por ello, ajenas a la instancia extraordinaria, salvo el caso de arbitrariedad".

(P.R.E. S.2a 2011-I-104; S.2a 2009-II-244; S.1a I-53; S.1a 2008-III-404; II-379; I-85; S.2a 2007-III-490; II-369; S.2a 2006-IV-674; S.1a I-31; S.1a 2004-III-454; 560; S.2a IV-706; S.2a 2000-I-28; S.1a II-373, etc.)".- Por tales consideraciones, estimo que debe ser declarado inadmisible el remedio intentado; así voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSE ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad deducido. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada.

III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.

Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Dr. Julio H. Elizondo - Secretario Letrado.

Df-5535 S.E.

P.R.E. S.2ª 2012-III-474.