Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-14


(Tomo 216: 175/188) Salta, 14 de diciembre de 2017.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "PLUMADA S.A. - PIEZAS PERTENECIENTES A EXPTE. Nº 5905/15 PLUMADA S.A. CONTRA PROVINCIA DE SALTA - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 38.516/16), y CONSIDERANDO:

1º) Que contra el pronunciamiento de esta Corte que a fs. 221/228 hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Provincia de Salta y rechazó el de Plumada S.A. confirmando la resolución que en copia obra a fs. 114/116 vta., la firma actora deduce recurso de revocatoria "in extremis" a fs. 231/251. Subsidiariamente interpone recurso extraordinario local en los términos del art. 297 del Código Procesal Civil y Comercial.

Sostiene que esta Corte no cumplió su obligación jurisdiccional como tribunal de apelación sino como un tribunal constitucional, ya que -según su criterio- debió efectuar su propia evaluación y ponderación de las circunstancias invocadas y no limitarse a valorar si el juez que dictó la medida cautelar obró de acuerdo a derecho y con justicia. A partir de ese razonamiento expresa que el Tribunal sólo podía adoptar como posibles decisiones las siguientes: ordenar que el juzgado de origen dicte un nuevo pronunciamiento subsanando las fallas de fundamentación relativas al precio fijado; establecer un nuevo monto adecuado a los verdaderos costos económicos de las prestaciones o bien ordenar el cese de la medida cautelar y la asunción de los servicios por parte de la Provincia de Salta. Alega que al no adoptar ninguna de esas soluciones se ha configurado una denegación de justicia pues, aduce, que el debate sobre el precio a pagar por las actividades desarrolladas en virtud de la medida cautelar no volverá a producirse una vez que la demandada comience a prestar el servicio por sí misma.

Señala que se ha incurrido en otro error al no advertirse que las actividades económicas que se ve obligada a realizar por la medida cautelar no tienen relación alguna con la cuestión de fondo, pues se tratarían de dos procesos independientes que bien podrían tener resultados absolutamente distintos. Postula que los servicios que se suministran por orden judicial resultan ajenos a los establecidos en el contrato rescindido por lo que los precios son también distintos, de manera que al obligarla a continuar con la prestación con importes por debajo de los costos, se provoca un daño que la obligará a iniciar un nuevo proceso para buscar su reparación.

Expresa que lo decidido por esta Corte lejos de resolver el fondo de la cuestión planteada, mantiene los conflictos que motivaron el recurso de apelación y genera nuevos inconvenientes que agravan la situación jurídica de la empresa provocando confusión e incertidumbre. En este aspecto, afirma que la sentencia emitida por este Tribunal convalida actos administrativos y decisiones judiciales manifiestamente inconstitucionales ya que la obligan a desarrollar una actividad que no quiere ni tiene interés en realizar, y a la vez avala que la Provincia demandada se niegue arbitrariamente a asumir la prestación del servicio imponiéndole importes que resultan irrisorios ya que reflejan valores históricos.

Argumenta que en el caso se ha efectuado una interpretación distorsionada de la realidad jurídica y fáctica del caso y se incurrió en afirmaciones que contradicen la verdad objetiva que, a su entender, emerge de manera clara y manifiesta de las presentaciones efectuadas por las partes y de las resoluciones dictadas en el trámite cautelar. En ese entendimiento relata las fallas conceptuales que, desde su punto de vista, exhibe la sentencia ahora impugnada. Reprocha en primer lugar que no se tuviera en cuenta que lo que se debate en esta instancia es el precio por actividades que nada tienen que ver con las que cumplió durante los 90 días posteriores a la rescisión contractual, sino que se trata de nuevas prestaciones que se encuentra obligada a desarrollar y por las que se ve constreñida a contratar personas, comprar insumos, pagar tributos y asumir riesgos propios de toda explotación económica a cambio de precios que considera irrisorios.

Cuestiona que no se ha valorado la conducta asumida por la demandada, la que -aduce- nunca respondió a las propuestas formuladas por la empresa ni planteó alternativa alguna para establecer un precio, pese a la existencia de una orden judicial que imponía acordarlo entre las partes. Afirma que si la Provincia hubiese acatado tal manda la empresa no se habría visto en la necesidad de recurrir a esta instancia para lograr una decisión justa. Invoca que también incurrió en una equivocación al postular que Plumada S.A. sólo cuestionó el precio de las prestaciones, ya que el planteo se dirigió desde un primer momento a que se revocara la medida cautelar y que la demandada asumiera el servicio. Reitera que el error mas grave de la sentencia ahora impugnada estaría dado por considerar que lo reclamado es una actualización de precios contractuales cuando en realidad se trata de fijar un importe justo por prestaciones nuevas cuya obligatoriedad no surge de un contrato sino de una medida judicial. Explica, a partir de esa postura, que las partes se encuentran vinculadas por una nueva relación jurídica impuesta judicialmente pero que de tal circunstancia no puede derivarse que los precios y servicios tengan que guardar relación con los del contrato anterior ya que no existe identidad cuantitativa ni cualitativa respecto de este último. En ese entedimiento concluye que lo que se persigue con este recurso es determinar si el importe que se ve obligado a percibir por los nuevos servicios responde a la realidad de los costos actuales, materia ésta que resultaría ajena a la cuestión de fondo en la que se discute si los precios acordados por las partes en el contrato original se aplicaron correctamente.

2º) Que, para hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de fs. 135, revocar la resolución cuya copia obra a fs. 128/129 en lo referido al porcentaje de actualización allí establecido, dejando firme lo decidido respecto a los períodos alcanzados, este Tribunal -con voto mayoritario- entendió -en lo esencial- que la actualización dispuesta mediante aclaratoria de fs. 128/129 del 150 % respecto del precio facturado durante el último mes del año 2015 excedió el ejercicio de las facultades previstas en las normas rituales al modificar el auto interlocutorio de fs. 114/116 vta. (v. consid. 3º de la resolución de fs. 221/228).

En relación a los agravios formulados por la parte actora, esta Corte señaló que la empresa dirigió su disconformidad al valor fijado para las prestaciones que debe continuar brindando y al respecto entendió que la materia bajo análisis revestía especial complejidad y habían sido resueltas razonablemente en el marco de conocimiento propio de un proceso cautelar, sin perjuicio que durante el transcurso del proceso se incorporen elementos que señalen la inconveniencia de mantener la resolución dictada (v. consid. 4º)._ Cabe destacar que venido a estudio el expediente "sub examine", en una primera indagación de las actuaciones, resultó razonable la solución adoptada. Sin embargo, un análisis más exhaustivo de las pretensiones esgrimidas por las partes -explicitadas a la luz de la audiencia celebrada ante este Tribunal-, determina una conclusión diferente. Es que, de esa audiencia (v. fs. 264/265 vta.) y conforme las posiciones allí defendidas, quedó en evidencia la inconveniencia de mantener la resolución dictada por este Tribunal, por lo cual debe arribarse a una solución equitativa, sin olvidar, por supuesto, que el razonamiento aquí seguido, exhibe la provisoriedad inherente a la medida cautelar vigente en autos.

3º) Que, sentado ello, en el caso cabe hacer excepción a la regla de conformidad con la cual las sentencias y resoluciones del Tribunal no son susceptibles de revocatoria ya que, en oportunidad de celebrarse la audiencia de conciliación antes mencionada, las partes en defensa de sus respectivas posiciones, han delimitado una plataforma fáctica y jurídica sin precedentes en la Provincia. De allí que, ante la gravedad de los hechos denunciados en esa oportunidad no puede este Tribunal mantenerse ajeno al ejercicio del control encomendado a la justicia sobre los otros poderes del Estado, pues tal misión tiende a sostener la observancia y vigencia de la Constitución Nacional, función que nuestro Máximo Tribunal ha destacado en numerosas oportunidades, cuando sostuvo que: "le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados (v. doctrina de Fallos, 330:111, 4134; 331:2925, sostenida recientemente en CSJ 528/2000 (36-B)/CSl ORIGINARIO Buenos Aires, Provincia de c/Santa Fe, Provincia de s/sumarísimo - derivación de aguas, 27/09/2017).

4º) Que corresponde señalar que la reposición "in extremis" sólo procede, en casos excepcionalísimos, contra fallos y resoluciones de esta Corte ante la posibilidad de la consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial, no susceptible de ser subsanada por otras vías (cfr. CSJN, Fallos, 305:603, 1162; 310:858; 315:2581; esta Corte, Tomo 114:257; 115:631; 202:217, 897, entre otros).

Viene al caso recordar que, en lo esencial, la administración del servicio de justicia debe procurar dilucidar y solucionar los asuntos que se traen a su conocimiento del modo más expeditivo posible, cuando la dilación de la cuestión puede aparejar perjuicios irreparables para los intereses en conflicto, es decir, para las pretensiones que deben dirimirse. Como bien lo señala Jorge Peyrano es un recurso de procedencia excepcional y subsidiario cuya sustanciación y recaudos se corresponden, en principio, con los parámetros legalmente previstos para los recursos de revocatoria codificados. Con su auxilio se puede intentar subsanar errores materiales -y también excepcionalmente yerros de los denominados "esenciales" -groseros y evidentes, deslizados en un pronunciamiento de mérito- dictado en primera o ulteriores instancias- que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan un agravio trascendente para una o varias partes. Se entiende por "error esencial" aquél que sin ser un yerro material es tan grosero y palmario que puede y debe asimilarse a este último. Su interposición exitosa presupone que se está atacando, total o parcialmente, una resolución que no es susceptible de otras vías impugnativas o que, de serlo, las mismas son de muy difícil acceso o cuya procedencia sea notoriamente incierta, y que no se alegue la necesidad de suplir una equivocación jurídica o un déficit de actividad de las partes en materia de recolección de material probatorio. Se advierte una tendencia jurisprudencial inclinada en favor de distribuir en el orden causado, las costas suscitadas por la sustanciación de una reposición "in extremis" (Peyrano, Jorge W., "Estado de la doctrina judicial de la reposición 'in extremis'. Muestreo jurisprudencial", en La impugnación de la sentencia firme, obra colectiva del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, Tomo I, pág. 301).

En este orden de ideas se ha dicho que en verdad el sistema jurídico nacional desde siempre ha engendrado antídotos contra las injusticias flagrantes, los que solo deben suministrarse "in extremis", vale decir, cuando ninguna otra cosa puede hacerse por los carriles corrientes y los previstos expresamente, pues allí cuando se corre el riesgo inminente de consumar una injusticia notoria, se afina el ingenio, especialmente el pretoriano para aventar dicho peligro (Peyrano, Jorge W., "Avatares de la reposición 'in extremis'", en L.L. 2010-C-1242/1245).

5º) Que con posterioridad a la audiencia pública que tomara esta Corte a fin de interiorizarse sobre la cuestión traída a examen y de tal suerte conocer en detalle algunas precisiones que resultan vitales en la resolución del caso, cabe concluir que la pretensión de la parte actora no puede ni debe ser dilatada, sin antes dejarse un precedente que se aproximaría a la denegación de un derecho que por justicia le corresponde, como es que se fije un precio adecuado conforme a la prestación que lleva a cabo en una situación anómala, por cuanto ya tiene a su cargo la licitación del servicio que oportunamente se le encomendara. Por ello, es que la revocatoria en extremo es plausible si la índole de la pretensión amerita un tratamiento específico dadas sus características excepcionales y luego de celebrada la audiencia pública se han disipado algunos puntos cuya importancia reviste un interés legítimo que debe ser enmendado en beneficio de la parte que lo reclama requiriendo justicia y aboga porque se solucione un conflicto que de sostenerse en el tiempo podría agravarle sustancialmente su situación patrimonial y la embreta en una circunstancia imprevista a la cual pretende sortear, no por mero voluntarismo, sino que nadie en un Estado de Derecho puede quedar como rehén sin antes ver seriamente afectados sus derechos.

En efecto, este Tribunal no puede desconocer que al haberse producido la rescisión del vínculo contractual que unía a las partes (v. Decreto Nº 3011/15 de fecha 28/08/15), y en virtud del cual la actora debía continuar prestando los servicios acordados por el término de noventa días luego de notificada la rescisión, plazo que conforme orden judicial fue prorrogado hasta que la Provincia acreditase que se encuentra en condiciones de prestar ese servicio (v. fs. 1408/1410 vta. del Expte. principal). Es decir que, a la fecha las partes siguen vinculadas en el marco de una medida cautelar cuya vigencia se encuentra sujeta a una "indeterminación temporal", lo que se justificó en el interés público comprometido.

En ese lineamiento, la postura asumida por la recurrente en la audiencia logró demostrar que la actualización cautelar del 150 % respecto al precio facturado en el último mes de 2015 -en las condiciones establecidas por el juez de feria (v. fs. 1550/1552 vta. del Expte. principal)- resultaría insuficiente para afrontar los costos operativos actuales que requiere el servicio, pues si bien su determinación se fundó en parámetros objetivos -aplicación de un coeficiente de actualización en base a un índice económico (IPC)-, se ha logrado esclarecer, en el marco de esa convocatoria, que en la composición del precio no se habían tenido en cuenta los rubros que verdaderamente definen la estructura de costos de la empresa. De esa forma, se ha omitido considerar la incidencia de los gastos laborales que corresponden al sector y el valor de los insumos necesarios para el archivo, digitalización, custodia y logística de documentación; ítems que en el caso resultan de imperiosa ponderación para la determinación de una retribución justa.

Por su parte, ha quedado evidenciado -con la provisionalidad propia de la presente instancia cautelar- que la adecuación del canon del servicio durante el tiempo que insuma el dictado de una sentencia de mérito resulta indispensable para la permanencia económica de la empresa y, por ello, para la continuidad de la prestación a su cargo, circunstancia que por su excepcionalidad justifica la modificación de la resolución que se impugna.

6º) Que sin perjuicio de los obstáculos formales que pudiesen alegarse en contra de la presentación recursiva, cabe recordar que las formas procesales, más allá de su trascendencia en la organización y desarrollo del juicio, no deben ser utilizadas mecánicamente con prescindencia de la finalidad que las inspira y con olvido de la verdad jurídica objetiva, pues ello no es compatible con un adecuado servicio de justicia (CSJN, Fallos, 323:2562; 338:911, entre otros). Siguiendo esa inteligencia, un lúcido voto en minoría del doctor Eduardo De Lázzari, vio "que la posibilidad de `reparar el desaguisado´ mediante esta figura (revocatoria in extremis) venía exigida por la verdad material, la economía procesal, el destierro de todo abuso, la buena fe y la tutela efectiva, contemplando, al elegir entre las soluciones legales posibles, que el mantenimiento de la anulación de la sentencia de Cámara dictada en base a un error develado, depararía un reenvío retardatario, el dictado de un nuevo fallo y posteriores alzamientos, cuando mucho más sencillo resultaba enmendar `ahora´ el error incurrido, aún a pesar de los ínfimos reparos procesales" (SCBA, 23-3-2010, "Orellano, Ricardo c/ Coomarpes Ltda. Determinación", Causa Nº 93.231, registrada bajo Nº 227, citada por Pauletti, Ana Clara, "Cuando el remedio es la revocatoria in extremis", artículo perteneciente al libro "Revocatoria in extremis", Peyrano, Jorge W. (director), Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2012, pág. 290).Al respecto, nuestro Máximo Tribunal, en la causa "Yoma, José T. c/Cámara de Diputados de la Provincia de la Rioja", expuso que: "Los pronunciamientos definitivos e interlocutorios no son susceptibles de ser modificados por vía del recurso de reposición, sin que se den en el caso circunstancias estrictamente excepcionales que permitan apartarse de tal principio" (v. www.laleyonline.com.ar, DJ, 2.005-2-571). El mismo Supremo Tribunal in re "Cantera Timoteo S.A. c/Mybis Sierra Chica S.A. y otros" (La Ley, 2005-D-3, con nota de Juan Isidro Colerio, E.D. 213-544 expresó: "Si bien las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las que rechaza los recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de reposición, cabe apartarse de dicho criterio en los supuestos en que el pronunciamiento tenga clara incidencia en la garantía constitucional de la defensa en juicio". El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, en la causa "Ramírez Miriam Edith c/Casinos del Sol y/u otros s/Sueldos Impagos e integrativo, etc. s/Recurso Extraordinario", pub. en SAIJ, Sumario Z0006321 determinó que: "Tratándose de un error judicial imputable al Tribunal, si la cuestión excede la materia comprendida en el recurso de aclaratoria, el juez está investido no sólo de facultades ordenatorias sino subsanatorias del proceso y, el instituto de la llamada revocatoria `in extremis´ aparece como el medio más adecuado para enmendar errores e injusticias que no encuentran otra vía procesal más apta".

7º) Que en definitiva, al encontrarse comprometida la prestación de un servicio esencial para la Provincia de Salta y siendo uno de los caracteres de las medidas cautelares su mutabilidad, además de haberse verificado como asequible la probabilidad de una injusticia notoria en la composición del precio al acudir a variables equivocadas -circunstancia develada en la audiencia-, y al dificultoso acceso a otra vía recursiva, corresponde admitir la procedencia del recurso de revocatoria "in extremis" interpuesto por Plumada S.A., dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 221/228 y, en consecuencia, hacer lugar al recurso de apelación de fs. 132 y ordenar la remisión de las presentes actuaciones al juzgado de primera instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a lo señalado en el considerando 5º.

En relación a las costas procesales por el recurso de apelación de fs. 132, cabe su distribución por el orden causado (art. 15, C.P.C.A.).

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. ADMITIR el planteo de fs. 231/251 y, en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de fs. 221/228 y, en consecuencia, hacer lugar al recurso de apelación de fs. 132 y ordenar la remisión de las presentes actuaciones al Juzgado de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al considerando 5º de la presente.

II. DISTRIBUIR por el orden causado las costas del recurso de apelación interpuesto a fs. 132.

III. MANDAR que se registre y notifique. (Fdo.: Dres.: Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo -Jueces de Corte-, Susana Graciela Kauffman y Sandra Bonari -Juezas de Corte-. Ante mi: Dra. Maria Jimena Loutayf - Secretaria de Corte de Actuación-)