Proceso penal, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Agüero, Julio Eduardo s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Luciano A. Rojas en Expte. Corte Nº 43/10 Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en Expte. 116/09 Agüero, Julio Eduardo s/ Homicidio Culposo Agravado - Capital Agüero, Julio Eduardo s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Luciano A. Rojas en Expte. Corte Nº 43/10 Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en Expte. 116/09 Agüero, Julio Eduardo s/ Homicidio Culposo Agravado - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06|2010-08-06

El defensor del imputado interpone el recurso extraordinario federal contra lA sentencia por la cual esta Corte rechazó el recurso de casación deducido por su parte contra la resolución que no había hecho lugar a su pretensión para que suspenda el juicio a prueba, y fundó su decisión en la concurrencia del obstáculo formal a la admisibilidad del Instituto reglado por el art. 76 bis octavo párrafo del Código Penal, según el cual la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación -en el caso, homicidio culposo-.

El discurso recursivo es insuficiente, y por ende inadmisible, con relación a la contradicción que predica del fallo, dado que transcribe y reseña conceptos y fallos ajenos al caso de autos, sin conectarlos con éste.

En cuanto a las reglas de aplicación para la interpretación de las leyes, transcribe notas con fallos de la Corte, en la causa "Acosta" y en otras, para decir que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, no obstante las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, puesto que el principio de legalidad exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.

Sin embargo, no argumenta al respecto, como era indispensable, para demostrar que la sentencia que critica excede la máxima capacidad de las palabras del texto legal aplicado o que la interpretación de esta Corte desarmoniza con los principios que sustentan el Instituto de la suspensión del juicio a prueba.

Por otra parte, como surge de los mismos términos de la cita efectuada por el recurrente, el principio pro homine, como regla de interpretación, implica la previa existencia de una duda que deba ser superada acerca de la aplicación de una ley penal, duda que no se verifica en el caso dados los claros y categóricos vocablos utilizados por el precepto, los que, por serlos, no ofrecen disyuntivas ni exigen esfuerzo alguno para desentrañar su alcance, y que, por ende, por respeto al principio de legalidad, no pueden ser soslayados -como pretende el recurrente- sólo porque otra solución le acuerde más derechos al imputado si, como en el caso, el legislador ha debatido la cuestión y decidido fundadamente que si el delito está reprimido con pena de inhabilitación, es imprescindible esa mínima intervención que se reclama del Estado -y que no se agota en su poder punitivo- para que sea esclarecida la verdad de lo ocurrido y se tomen las prevenciones necesarias.

Por ello, corresponde no hacer lugar al Recurso Extraordinario deducido.