Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-22


TS07D44768 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44768 CAUSA Nº33.613/2010 - SALA VII - JUZGADO Nº 37 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2012, para dictar sentencia en estos autos: "Ponce, Juan Carlos c/ Bonera Marco y otros s/ Despido" se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I-En estos autos se presenta el actor y entabla demanda contra Domonet S.A., Marco Bonera, Telecom Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France S.A., para quienes dice haberse desempeñado en relación de dependencia en las condiciones y las características que explica. Señala que ingresó a trabajar el 1 de abril de 2008, desempeñándose como director-gerente de administración y finanzas.

Afirma que debía facturar sus haberes, ya que ello era requisito para el cobro de su remuneración.

Detalla que la demandada Domonet S.A. tiene como objeto social la comercialización de equipamientos y servicios de telecomunicaciones básicas y/o celular, que el co demandado Bonera es el presidente de Domonet S.A., Telecom Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France S.A., transfirieron el negocio de central telefónica y oficinas complementarias a Domonet S.A.. Viene a reclamar indemnización por despido, deudas salariales y demás rubros establecidos en la normativa vigente.

A fs. 68 Telecom Argentina S.A. y Telecom Stet France de Argentina S.A., contestan demanda niegan todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio, salvo los expresamente reconocidos.

Dan su versión de los mismos y relatan que el tipo de contratación que tuvieron con Domenet S.A., fue estrictamente comercial.

DA. 124 Domonet S.A. y Marco Bonera contestan demanda realizando una pormenorizada negativa de los hechos expuestos en el escrito de inicio.

En la sentencia de primera instancia que obra a fs. 478/484, tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la "a quo" decide en sentido favorable a las pretensiones del actor respecto a la demandada Domenet S.A. y Marco Bonera, pero rechaza la pretensión del actor en relación a Telecom Argentina S.A. y Telecom Stet France de Argentina S.A..

Hay apelación de la partes actora, de la demandada Telecom Argentina S.A. y Telecom Stet France S.A. (fs. 487/491, 492/506, respectivamente) y del perito contador, quien cuestiona la regulación de honorarios.

II- Por una cuestión de mejor orden metodológico trataré en primer término las cuestiones planteadas por las demandadas Domenet S.A. y Marco Bonera.

Aduce la quejosa que la sentenciante ha realizado una errada valoración de las probanzas arrimadas a la causa, lo cual la condujo a interpretar que la relación habida entre las partes era de índole laboral.

A mi juicio no hay razón para apartarse de lo resuelto, en grado, en tanto se ha analizado de modo eficiente el plexo de pruebas producidas y la agraviada no aportó datos o argumentos eficaces para revertirlos.

Aduce que no hubo fraude alguno a la normativa laboral.

Considero relevante destacar como primer medida, que la demandada ha reconocido la prestación de servicios del actor, invocando que los unió una relación contractual de naturaleza civil. Por lo tanto ello hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, por la prestación de tareas admitidas (art. 23 L.C.T.).

En efecto, son los propios testigos los que dan cuenta de que el trabajador se encontraba inserto en una organización ajena y prestaba servicios en modo personal.

En relación a ello son contestes y coincidentes los testigos Aliani (fs. 408) y Aragones (fs. 415), en cuanto a que el trabajador realizaba tareas para la demandada todos los días y que el horario cumplido por él se extendía de 9 a 18hs.

No dejo de advertir el resto de las testimoniales obrantes Pose (fs. 417) y Battissacchi (fs. 419); ahora bien lo manifestado por cada uno de ellos no aporta datos que permitan inferir que el actor haya mantenido una relación -con la demandada- distinta que no fuese de índole laboral, ya que no señalan ni indican hechos o situaciones que aporten luz para dilucidar la verdad de este pleito (art. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

En efecto, se configura la presunción legal "iuris tantum" (provista en el art. 23 de la L.C.T.), de la existencia de un contrato de trabajo, cuando se acredita que ha existido una prestación de servicio. Por lo tanto ello produce la inversión de la carga de la prueba. Será el empleador, entonces, quien deba probar que la prestación no tuvo como causa un contrato de trabajo, sino alguna otra (art. 499 CC) En definitiva, no habiendo probado los demandados, que toda esa actividad desplegada por el actor hubiese sido para su propio beneficio, debe concluirse que las partes se han vinculado mediante un contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.), y de este modo dejo propuesto mi voto.

III- Sostiene que la prueba pericial contable resulta determinante al informar que el actor facturaba sus servicios, lo cual según su ver, hecha por tierra la idea de que la relación habida entre las partes haya sido de índole laboral.

Agrega que del informe de la AFIP, puede inferirse que el accionante está inscripto como monotributista, por lo que pretende que con ello se descarte su carácter de dependiente.

Los argumentos esgrimidos por el apelante, no resultan ser suficientes, para revertir lo decido en grado, ya que sabido es que muchas veces los trabajadores deben inscribirse como monotributistas, y facturar sus servicios, como un requisito impuesto por los empleadores para hacer efectivo su derecho de percibir los salarios.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo analizado en los apartados anteriores, no encuentro motivos fácticos ni jurídicos que permitan apartarme de lo decidido en grado, ya que debe tenerse en cuenta los principios rectores del derecho de Trabajo, lo que conduce a señalar que en un caso como el presente debe prevalecer la realidad por sobre las formas, es decir lo fáctico, lo que realmente ocurrió por encima de lo que las partes han querido aparentar que fuera (principio de primacía de la realidad).

Propicio, entonces la confirmación del fallo en este punto, lo que implica la confirmación de las condenas respecto de los arts. 80 de la L.C.T. y las multas establecidas en la ley 24.013, ya que se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para que los mismos tengan favorable acogida.

IV- Cuestiona, también, el monto del salario que se tomó como base de cálculo para realizar la liquidación.

De acuerdo a los guarismos que constan en la causa, la pericia habida, y teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 55 y 56 L.C.T., en cuanto a que es una facultad conferida a los magistrados la de fijar el importe de las remuneraciones de acuerdo a las circunstancias de cada caso y por decisión fundada; es que considero proporcionado el monto que fijó la sentenciante, de acuerdo a las tareas que realizaba y a la extensión de su jornada de trabajo. V- No es atendible el pedido de la demandada de que se descuente de la condena la suma correspondiente a la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323, toda vez que -en el caso de autos- se aprecian cumplidas las exigencias previstas en el norma: 1) la recurrente fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto; y 2) el trabajador se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada. VI- El demandado Marco Bonera se agravian por la extensión de responsabilidad dispuesta por la "a quo", y sostienen que se encuentra acreditado en autos que la sociedad que conforman esta legalmente constituida.

En primer lugar debo resaltar que llega firme a esta instancia que el demandado en cuestión resultan ser el presidente de la empresa demandada.

En relación a lo expuesto, considero oportuno recordar lo que "... la norma en cuestión impone a los administradores y representantes de la sociedad que deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión (...) las obligaciones de los directores, administradores, etc se pueden consignar de la siguiente manera (...) Obligación de cumplir la ley: en este apartado se hace referencia no sólo a la ley de sociedades, sino a las leyes en general y a las normas comerciales y laborales sobre documentación, etc. ..." (Estela Milagros Ferreiros "Responsabilidad Personal e ilimitada de Gerentes y Directores en Sociedades Comerciales por Créditos Laborales" ERREPAR- DEL- N°169 Septiembre/99) Así entonces, dado el carácter del co.demandado dentro de la sociedad recuerdo que el armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.

He señalado antes que ahora que la forma societaria es una suerte de cobertura otorgada como técnica jurídica a la empresa y que la misma la torna a esta última, un sujeto de derechos condicionado al cumplimiento de sus fines y respeto de su objetivo social. En los últimos tiempos se ha podido observar un alto índice de incumplimientos y, en algunos casos, se puede advertir claramente el uso de las sociedades comerciales, no orientadas a la realización de su objeto sino como medio de incumplimiento de obligaciones laborales derivadas de leyes imperativas, con un cierto desdén por el orden público. El tercer párrafo del art. 54 de la ley de sociedades hace mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución de fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y determina que, en el caso se imputará directamente a los socios o a las controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Algunas veces no será fácil demostrar que la sociedad fue utilizada con el fin de no cumplir o de violar la ley. En rigor de verdad no sería necesaria la prueba de la intencionalidad de utilizar la sociedad como escudo de incumplimiento, sino que es suficiente por ejemplo, con la demostración de la violación de las normas de orden público por parte de la sociedad. No es una transformación de la obligación ni tampoco su novación sino una privación parcial de efectos frente a terceros. La sociedad siempre seguirá siendo el sujeto obligado sólo que se extiende la relación pasiva por un accionar abusivo que hace caer su cobertura técnica condicionada que le proporciona esa personalidad limitada (ver trabajo publicado en Doctrina Laboral-Errepar, septiembre de 1999, pág. 700).

En el presente caso existió la conducta antijurídica: irregularidad en la inscripción del trabajador como dependiente.

En consecuencia, propongo confirmar el fallo apelado en este punto.

VI-Apelación parte actora.

La agraviada se queja por el rechazo dispuesto en la sentencia, aquí cuestionada, respecto de las codemandadas Telecom Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France S.A.

Deseo destacar en primer lugar la prueba que consta en la causa respecto de este tema. Veamos:

A fs. 220 se informa que Telecom Argentina Stet. France Telecom S.A., transfiere a Domenet S.A. un negocio de Central telefónica y Oficinas complementarias de la actividad en el inmueble ubicado en la calle Emilio Lamarca 3365/69.

A fs. 385, se encuentra glosado un informe del Gobierno de Ciudad Autonoma de Buenos Aires, que indica que ". obra habilitación otorgada con fecha 10/08/1992, a nombre de TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM SA, mediante NOTA Nº 235953/IG/1992, para los siguiente rubros: OFICINA COMERCIAL CENTRAL TELEFONICA (604035).

Para el inmueble sito en EMILIO LAMARCA Nº 3365 PB, se informa que obra solicitud de transferencia a nombre de DAMONET S.A., bajo Expediente 42495/2008, con fecha 23/07/2008, respecto cambio denominación." A mayor abundamiento cabe indicar que no llega cuestionado que el actor prestaba servicios en el edificio sito en Emilio Lamarca 3365 cuya propietaria es Telecom Argentina S.A..

A fs. 358 el perito contador indica que ". Telecom contrato el servicio de Domont S.A.- objeto: es establecer las condiciones para la provisión de sistema de seguridad de SHELTER MOVIL, en adelante "SISTEMA".".

Sentado ello, cabe señalar respecto de las disquisiciones relativas a la aplicabilidad del art. 30 de la LCT, que el primer apartado se refiere a quienes ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación, habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, y dice que deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Hasta allí se marca, por parte del legislador, el ámbito de aplicación territorial y personal de la norma, y, por tanto, corresponde desentrañar, el verdadero alcance de la cuestión planteada.

Y en ese andarivel, es bueno tener presente que no estamos en presencia de una posibilidad de fraude por la interposición de seudoempleadores u hombres de paja, ya que ese supuestos se encuentra contemplado en el artículo 29 de la ley.

En este caso, se encara la responsabilidad como "respuesta" que debe dar el empresario que ceda total o parcialmente a otro al explotación a su nombre, contrate o subcontrate, por los daños contractuales o extracontractuales, que puedan producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad.

Existe una normal estructura empresaria que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.

No nos encontramos en el caso, ante una situación ilícita, sino por el contrario ante un accionar lícito que exige a quien se beneficia con el accionar de otro, que responda por los riesgos que originen daños y que se le impone asumir.

En esa tesitura, es del caso recordar que la empresa, como organización piramidal y jerárquica, que organiza instrumentalmente medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, está facultada para llevar adelante su proceso productivo de manera concentrada, o encarando un proceso de fragmentación del mismo.

En este último caso, existe una distribución de funciones propias, es decir que son parte de su actividad normal y específica; que no son llevadas a cabo por ella misma, sino por contratistas o subcontratistas que asumen contratos de trabajo, con dependientes, en los términos del artículo 21 de la LCT.

Para enfocar el tema con claridad, debe tenerse presente, que existe una relación entre la empresa principal y el contratista; son contratos entre empresas, que se obligan recíprocamente, en los términos de su convenio.

Empero, pareciera que el eje central del asunto, radica en qué se entiende por "actividad normal y específica propia del establecimiento".

Lo primero que hay que comprender es que estamos en presencia de un supuesto especial de responsabilidad, no ante un efecto expansivo del contrato de trabajo.

Alguna doctrina minoritaria, ha sostenido que no puede haber acción directa de los empleados de una segunda empresa respecto de la primera, porque las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetos a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla. Se basa lo expuesto en el artículo 1195 del Código Civil.- Sin embargo, aceptar tal posición significaría anular el artículo 30 de la LCT, ya que siempre existe una relación contractual comercial entre dos empresas cuando se ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o la explotación habilitado a su nombre; se contrate o se subcontrate.

Esa relación de cesión, contratación o subcontratación, produce efecto entre esas dos empresas, en la medida de su intercambio comercial y se referirá, sin dudas a esa contratación, cesión o subcontratación. La imposición de solidaridad a los efectos de los incumplimientos de los cedentes, contratistas o subcontratistas, no emerge del contrato comercial citado, sino de un tipo de responsabilidad, ajeno a ese contrato, cuya causa no es contractual, sino legal y que encuentra su fuente en el artículo 30 de la LCT.- Ese es el motivo por el cual la responsabilidad del cedente y del cesionario simultáneamente, como marca la LCT, no encuentra obstáculo alguno, nunca en el artículo 1195 del CC. Este último refiere a una cuestión contractual ajena al Derecho del Trabajo, que no impide la vigencia de la solidaridad que marca la ley especial y protectoria.

Si bien es cierto que los contratos sólo producen efectos entre las partes, nada impide que, como en este caso, el legislador imponga la solidaridad pasiva de ambos (cedente y cesionario), frente a incumplimientos que perjudican a terceros; sobre todo, si ese tercero, tal como dijo el año pasado la CSJN, es un sujeto especialmente protegido, y esa tutela especial, emerge de una ley de orden público.

De tal forma, la relación del contratante y el contratista, no produce efectos, por lo expuesto, con respecto al trabajador; y tampoco la relación o contrato de trabajo habido entre el contratista el empresario principal empece a la responsabilidad solidaria que impone la ley, y que no debe confundirse con un efecto contractual.

Dejada de lado entonces la hipótesis, de que el artículo 30 de la LCT, pueda encontrar obstáculo alguno en la norma de referencia, es del caso analizar el debido funcionamiento del instituto.

Lo expuesto, no significa responsabilizar a la empresa cedente de deudas de cualquier naturaleza que pueda contraer el cedido, sino que la ley se refiere exclusivamente a las deudas laborales, las cuales, son, obviamente, consecuencia del incumplimiento de obligaciones que impone el propio artículo 30, ya que sus párrafos siguientes, señalan, sin ambajes, las exigencias que el cedente debe tener para con el cedido, en el ejercicio de un control que la norma le impone, justamente, bajo apercibimiento de solidaridad, a los efectos de la satisfacción de los derechos involucrados.

Esta concepción ha llevado a la doctrina, a ser bastante poco vacilante en la delimitación del territorio del artículo 30.

Para Fernández Madrid, la actividad normal y específica es la que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo fabricación de cubiertas en una fábrica de cubiertas), como a los trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria. (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. ll, pag 1041, LL, Bs As 2007) Fernandez Gianoti, hizo referencia, a la comprensión no sólo de las actividades necesarias, sino también a las que coadyuven, sean secundarias o colaterales.

Justo López, señala que la solidaridad también se hace extensiva a esas actividades accesorias con tal de que estén integradas permanentemente al establecimiento, y agrega que quedaría afuera, lo extraordinario, en el sentido excepcional y lo eventual.

Comentando, justamente a Justo López, Fernández Madrid, aclara que ese es el motivo por el cual se ha considerado que se trata de las actividades requeridas por la norma, las desarrolladas por las concesionarias de comedores o buffet, y el club donde éste funciona, por el supermercado y la empresa de vigilancia; por la empresa de telefonía y el cableado necesario para su funcionamiento; el servicio de hotelería y el de salud de un sanatorio; el expendio de combustible y los servicios del ACA; el servicio de coche comedor y el brindado por ferrocarriles; los servicios gastronómicos y las exposiciones rurales. Etc.

Por su parte Grisolía, sigue en el tema a Hierrezuelo y Nuñez y señala que los términos "específica y propia" que utiliza la ley para calificar la actividad contratada, aluden sólo a los servicios o trabajos permanentemente integrados o inseparables relacionados con la actividad que se desarrolla en el establecimiento (sea dentro o fuera de su ámbito). (Grisolía, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T l, pág 370, LexisNexis, Bs As.2006) A su vez Maza, comparte la postura amplia y estima que el vocablo "específica", usado por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no da pie a excluir aquellas actividades que, siendo normales, confluyen en forma secundaria o indirecta para lograr el objeto de la empresa. (Maza, Miguel, Casos de solidaridad por contratación o subcontratación en el artículo 30 de la LCT, D.T. t Vlll, págs 913/25.

Vazquez Vialard, ha señalado que en cuanto al elemento que establece la ley como "específica", debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien o servicio, aquello que es principal de lo que no lo es. Al efecto, no sólo corresponderán, dice, a la primera calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquellas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias), de manera que no obstante ser auxiliares o de apoyo, resultan imprescindibles para que se puedan cumplir las otras (ya que normalmente integran como auxiliares, la actividad) (Vazquez Vialard, Antonio, Tratado de derecho del trabajo, Ed. Astrea, Bs As, 1982 t. 2, Cap. lV, pág 358).

Personalmente he tenido ocasión de señalar antes de ahora, que la observación de la realidad que el analista debe hacer respecto al tema de la actividad normal y específica, no puede dejar de ser prudente y cautelosa; no se pueden comprometer patrimonios ajenos con motivo de la garantía precisa marcada por la ley; lo que sí se observa es la razonabilidad de la consideración legal, que no es caprichosa, sino que encuadra en el derecho más antiguo, recogido por el derecho más moderno, que es la importante consideración hecha por el legislador, que ha advertido una realidad que requiere un interés asociativo que justifica, en el supuesto previsto, una estructura obligacional comunitaria, impuesta por la naturaleza misma de la obligación.

En el caso, se trata de solidaridad legal pasiva y obra, como una sanción (Ferreirós, Estela Milagros, Doctrina Laboral, Errepar, enero de 2000, pág 44).

Es bueno recordar, en ese sentido, que la solidaridad, según Vélez, nace de cuatro fuentes (arts 699 y 700 del CC), es decir, puede pactarse, nacer de una decisión testamentaria o de la ley o decisión judicial que tenga fuerza de cosa juzgada.

A ello debe agregarse, que si bien la decisión judicial suele discutirse, hoy por hoy, es aceptada sin mayores reparos en interpretación que considero correcta.

Con respecto a la solidaridad legal (como la del artículo 30 de la L.C.T.), se añade al fundamento general del instituto que es el interés común que conduce al aglutinamiento de vínculos personales, para el mejor servicio de ese interés, la imposición del legislador, de llevar a cabo dicho aglutinamiento de manera imperativa y generalmente sancionatoria, coayuvando, en el Derecho del trabajo, al principio protectorio, piedra angular y fundamento constitucional de la disciplina Por eso, es interesante, a fin de desentrañar el verdadero sentido de la ley, que nos encontramos, en el caso, no ante una extensión contractual que estaría contrariando el artículo 1195 del CC, sino ante una garantía legal, como factor de atribución de responsabilidad generador de una pluralidad de vínculos coaligados, en el decir de Busso.

En varias ocasiones me he referido a los recaudos exigidos pro el legislador y a los alcances de la responsabilidad solidaria, a su vigencia, su violación y las consecuencias de la misma.

En ese andarivel, la norma en estudio requiere de los titulares de los establecimientos, exigir a los contratistas o subcontratistas, el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social.

Acompaño el pensamiento de Fernandez Madrid, Caubet y otros estudiosos del Derecho del Trabajo, que consideran que la empresa es un todo y que su segmentación no puede ser llevada a cabo en desmedro de los derechos del trabajador y de los organismos de la seguridad social.

No se podría, a la sombra de tales consideraciones, legitimar incumplimientos fraudulentos, objetivamente considerados (Caubet, Amanda Beatriz, citada por Fernandez Madrid, Otra vez la responsabilidad del empresario principal que contrata o subcontrata, DEL, marzo 2000, Errepar.) La norma posee, en el párrafo segundo, recaudos que los cedentes contratistas o subcontratistas deberán exigir a sus cesionarios o contratistas.

Así, el código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, también copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo, no son más que un anexo de las exigencias previstas en el párrafo primero.

Se trata de una obligación de control, que no puede delegarse en terceros, de cumplimiento personal y continuo, impuesta a favor de cada uno de los trabajadores. Lo dicho no empece que el trabajador y la autoridad administrativa puedan pedir la exhibición de los comprobantes.

A mi modo de ver la negativa de exhibición denota la existencia del incumplimiento y la consecuente violación de la ley que genera la responsabilidad, según surge del propio párrafo siguiente.

La enunciación de la ley, en cuanto a los requisitos expuestos, es meramente enunciativa; aparece brindando ejemplos y deja en claro que la violación de las normas del derecho del trabajo y de la seguridad, incluyendo, obviamente, lo relativo a la extinción del contrato y las obligaciones de seguridad social, son, genéricamente expuestas, la violación de la obligación de garantía que crea la ley.

Es más, la norma expresa la garantía legal y sus consecuencias, generando una obligación "ex lege", cuando expresa: "El incumplimiento de alguno de los requisitos...," párrafo que completa la obligación expuesta, cuando señala:. y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes.",.

Es que son obligaciones ex lege, aquellas cuya causa eficiente reside en el arbitrio del legislador, como por ejemplo la exhibición de libros de los comerciantes, en algunos casos, la exhibición de cosas, etc.

En nuestro caso, se trata de la exhibición de la documentación que requiere la relación laboral en cuanto al cumplimiento de sus propias normas. He allí la obligación, seguida de su sanción, para el caso de incumplimiento, que es la solidaridad (ver, Ferreirós Estela Milagros, "El artículo 30 de la L.C.T.", publicado en revista Nova Tesis, Año 1, nº 4, sept./oct. 2007; ver también Karpiuk Héctor Horacio, "La solidaridad del art. 30 LCT. Naturaleza y Efectos", comentario a fallo, publicado en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, feb./2008, pág. 239).

En razón de lo expuesto, propongo modificar el el fallo en este aspecto y condenar solidariamente a las codemandadas Telecom Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France S.A. (art. 30 de la L.C.T.) (en sentido similar, v. de esta Sala, los autos: "Marius, Víctor Eduardo c/ DINERS CLUB ARGENTINA S.A. s/ Despido"; S.D. 40.529 del 24.10.07 IX- - Atento lo normado en el art. 279 propicio mantener los porcentuales escogidos por el Sra. Jueza a los efectos de justipreciar los emolumentos correspondientes a la etapa anterior de los profesionales actuantes en autos.

Pronpongo establecer las costas de la etapa anterior a cargo de las demandadas vencidas.

VI- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada resulten a cargo de las demandadas vencida y se regulen honorarios a la representación letrada de la actora y demandada en el 35% y 25%, respectivamente, de los determinados para la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO:

Analizadas las constancias de autos adelanto que he de adherir a la propuesta del voto que antecede.

El co demandado Marco Bonera se agravia por la extensión de la condena a su respecto, pero considero que no le asiste razón.	La demandada funda su recurso sosteniendo que si bien el art. 54 Ley 19.550 permite eludir la diferenciación entre la persona jurídica y sus socios, haciéndola inoponible, ello tiene carácter excepcional.

Sin embargo, no advierte el recurrente que la condena le fue extendida en su carácter de Presidente de la persona jurídica empleadora, por lo que, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 54 Ley 19.550, lo actuado en primera instancia encuentra sustento en la normativa sistémica, conforme lo establecido en los arts. 59 y 274 de la L.S., normas que en mi opinión están previstas a fin de preservar a la persona jurídica y sus socios de las conductas de sus administradores, en la medida que infringiendo las normas vigentes, arriesguen la responsabilidad de aquéllos.

Por ello, propongo confirmar lo decidido en primera instancia.

La parte actora se agravia porque se rechazó la demanda incoada contra Telecom con base en la responsabilidad solidaria que se denuncia al inicio, y en mi opinión le asiste razón.

En su contestación de demanda Telecom afirmó que no transfirió ningún negocio de central telefónica y que no transfirió oficinas complementarias a un edificio en Emilio Lamarca 3365/69 (conf. Fs. 70vta.).

Sin embargo, de la propia sentencia de primera instancia se desprende que ambas transferencias se probaron de acuerdo con lo informado por el Boletín Oficial a fs. 220.

Por otra parte, también surge de la sentencia de primera instancia que quedó probado que el edificio de Emilio Lamarca 3365/69 es de propiedad de Telecom, y que según informativa producida por el Gobierno de la Ciudad quedó demostrado que en el año 1992 se habilitó el mismo a nombre de Telecom, y que en el año 2008 se solicitó transferencia de habilitación a nombre de Domonet "por cambio denominación". (fs. 237 y fs. 385).

A ello se suma el reconocimiento de Telecom en su contestación de demanda respecto de que Marco Bonera fue dependiente de Telecom, habiendo luego encarado el emprendimiento de Domonet en un edificio que Telecom le alquila.

Es en ese marco que deben ser analizadas las declaraciones testimoniales, de las que no puedo obviar los dichos de Aragones y Pose de los que se desprende que Telecom era el principal cliente de Domonet.

De hecho, según lo informado por la pericia contable a fs. 358vta., cabe destacar que además de Telecom Argentina S.A., solo se informan cinco empresas como supuestos clientes, sin acompañar ni facturación, ni incidencia en los montos de ingreso de Domonet S.A. respecto de las mismas.

Por lo expuesto, y atendiendo a los claros términos del art. 30 LCT, considero que asiste razón a la parte actora y por ello propongo modificar la sentencia haciendo extensiva la condena en forma solidaria respecto de dicha co demandada, extensión que debe abarcar las costas del juicio.

En todo lo demás que ha sido materia de recurso adhiero por sus fundamentos al voto de la Dra. Estela M. Ferreriós.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el fallo y condenar en forma solidaria a Telecom Argentina y Telecom Argentina Stet France S.A. 2) Declarar las costas de primera instancia a cargo de las demandadas vencidas. 3) Confirmar el fallo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la actora y demandada en el 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de los determinados para la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.