marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de apremio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ López, Carlos s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

La nulidad de la ejecución sólo es procedente si al promoverse se alega un perjuicio evidente que no se hubiera sufrido sin la violación de la ley, siendo ajena a esta defensa las argumentaciones relativas a la procedencia o improcedencia de la ejecución (art. 543 del Código Procesal). Así entonces, se tornan inaudibles las alegaciones que formula el recurrente referidas a cuestiones que apuntan a un supuesto incumplimiento de un procedimiento regular para la preparación del título ejecutivo y a la imposibilidad de acogerse a un sistema de pago en cuotas por presuntas irregularidades cometidas en sede administrativa, sobremanera si no se discute la existencia de la deuda y su ejecutabilidad (art. 6 inc. "b" y "g" dec. ley 9122/78).
Remisión del expediente, identidad del demandante, archivo del expediente, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: JOSE TORRES, ALBERTO CASTRO Y OTRO c/ NESTOR CARLOS ICK Y BCO. SGO. DEL ESTERO s/ S.D. ASOCIACION ILICITA Y DELITOS DE ACCION PUBLICA E.P. ESTADO  PCIAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-18

Cuando se advierte una errónea remisión de las actuaciones por parte de la Secretaría de Superintendencia sin haberse cumplimentado con las formas exigidas expresamente por la ley adjetiva criminal (Arts. 124 y 127), en tanto la identidad de los denunciantes permanece a la fecha en el anonimato, y quien se presenta a ratificar supuestamente en nombre de ellos, ha efectuado una presentación donde se incluyen los nombres referenciados, ratificación que no asume las formas legales exigidas por cuanto no ha sido realizada ante el actuario, debiéndose señalar asimismo, que en su presentación no especifica si se presenta como denunciante o como representante de los denunciantes, lo que también acarrea exigencias formales que no se encuentran cumplimentadas (cf. Art. 123, 2do. párr. C.P.Crim.Corr.), por lo que debe ordenarse el archivo de las presentes actuaciones por estar las mismas construidas sobre la base de una denuncia efectuada por una persona a la que debe asignársele la entidad de anónima, lo que no abastece las formas exigidas expresamente por la ley adjetiva criminal (Arts. 124 y 127).
Principios del derecho internacional de los derechos humanos, jurisprudencia internacional, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, daño resarcible, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2002-11-28

Representa un principio fundamental del derecho internacional, plasmado en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, que toda violación de una obligación internacional generadora de un daño, exige el deber de repararlo adecuadamente, en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana pues, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por violación de la norma internacional con el consecuente deber de reparación en todos sus aspectos -alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios-, el que no puede ser modificado o incumplido por el Estado obligado amparándose en disposiciones de derecho interno.
Contrato de trabajo, beneficios sociales, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta Marcelo Fabián c/ Seguridad J.B. SRL s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-26

El art. 103 bis inc c) de la L.C.T. en cuanto caracteriza a los vales alimentarios como un beneficio social no remuneratorio, resulta inconstitucional en tanto contraviene el art. 3 del convenio Nª 95 de la OIT, que fue ratificado por nuestro país y ostenta jerarquía superior a las leyes en los términos del art.

75 inc. 22 de la C.N., en cuanto estableció expresamente la prohibición de pago de salarios "con vales o cupones...".
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, eximentes de responsabilidad del empleador, fuerza mayor extraña al trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALLENDE, HUMBERTO DE JESUS c/ BROWN SECURITY SERVICE Y OTROS s/ ARTICULO 1113 DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-30

Un viento ciclónico calificado de 'huracán' por la Dirección General del Servicio Metereológico Nacional constituye un hecho imprevisible y excepcional, ante el cual no es lógico ni razonable requerir se adopten providencias, por lo que resulta encuadrable en el supuesto de caso fortuito previsto en el artículo 514 del Código Civil (disidencia del Doctor Casares).
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, conciliación, SECLO, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: PELLEGRINI, PAOLA MARCELA C/ RCI ARGENTINA INC.S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-17

Los acuerdos suscriptos en sede administrativa, homologados por autoridad de aplicación con arreglo a los dispuesto en el art. 15 de la L.C.T., tienen plenos efectos; y a la luz de la doctrina emanada del Acuerdo Plenario Nª 137 "Lafalce, Angel c/ Casa Enrique Schuster SA", obstan a todo reclamo posterior.

Resulta de aplicación el referido artículo 15, el cual, no obstante la irrenunciabilidad de derechos que prevé el art. 12 L.C.T., admite concertación de acuerdos liberatorios entre las partes, cuando se ajustan a los recaudos previstos en la norma y siempre que haya mediado la intervención de la autoridad administrativa o judicial. (Del voto del Dr. Pirolo, en minoría). (En el caso, las partes suscribieron un acuerdo ante el SECLO mediante el cual ambas rescindieron el vínculo laboral de mutuo acuerdo (art. 241 L.C.T.). La trabajadora sostiene que en realidad se trató de un despido incausado, masivo y no consensuado, dado el traslado de la empresa a Uruguay, la comunicación interpestiva al personal de su cierre, la liquidación a percibir ya confeccionada por la empresa y coincidencia exacta de las sumas abonadas con una indemnización por despido en los términos del art. 245 L.C.T. La demandada opuso excepción de cosa juzgada).
Derivación razonada del derecho vigente, ley sobre riesgos del trabajo, aplicación de la ley, retroactividad de la ley, principio de progresividad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SAYAVEDRA, CRISTIAN c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-18

La arbitrariedad normativa y falta de fundamentación adecuada endilgados al pronunciamiento no se advierten plasmados, por cuanto el A quo entendió que correspondía aplicar a la litis de la ley 26773 en razón de que debía hacerse una aplicación inmediata de las normas que mejoran las prestaciones dinerarias del sistema por surgir ello de la propia manda legal; lo que no puede considerarse ilógico ni irrazonable sino -por el contrario- acorde a las constancias de autos, a las pautas jurisprudenciales existentes en la materia y al propósito que inspiró al legislador a mejorar el sistema de ajuste de los montos de reparación sistémica atendiendo al principio de progresividad, lo cual condujo a una respuesta jurisdiccional que resulta ser una razonada derivación del derecho vigente con arreglo a las constancias comprobadas de la causa. (De la disidencia del Dr.

Erbetta).
Pluralidad de intervinientes, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Borisonik, Julio César c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

El desconocimiento de la identidad de los múltiples sujetos intervinientes en el hecho no obsta a la acreditación del presupuesto fáctico exigido por la agravante (pluralidad de intervinientes).
Prenda con registro, títulos ejecutivos, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ INGENIO LA ESPERANZA SAICAG s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-24

El título ejecutivo está constituido por el contrato prendario inscripto en el registro de créditos prendarios, denominado certificado de prenda, por lo cual las argumentaciones vertidas en contrario resultan también irrelevantes a los fines de impugnar la habilidad de los instrumentos. Esta sala también ha sostenido que es título suficiente para la ejecución, el contrata base.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, remisión del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EBERLE JOSE RICARDO c/ JOSE DANIEL TOSCANO s/ COBRO DE PESOS-TERCERIA DE DOMINIO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-31

El tribunal de alzada, al resolver la apelación, no puede remitirse a los fundamentos expuestos por el juez de primera instancia, pues implica una deficiente técnica jurisdiccional.
Honorarios del abogado, peritos, patrocinante, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEDRO Y ANTONIO LANUSSE  S.A. c/ ANTONIO M. BERGUES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-25

Corresponde regular honorarios a un letrado patrocinante de un perito que actuó en un incidente como un litigante más, ya que no procede que el tribunal se pronuncie sobre la pertinencia del patrocinio como si se tratare del asesoramiento letrado de un síndico.
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Guaymas, Adrian Alberto c/ Boronorte S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-06-26

Cuando un peritaje aparece fundado en principios técnicos y científicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos de ese tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél. Si bien el Juez tiene plena facultad para apreciar el dictamen del experto, no puede ejercerla con discrecionalidad, pues para poder apartarse de las conclusiones allegadas por el experto, debe tener razones muy fundadas, ya que si bien es cierto el dictamen no tiene el carácter de prueba legal, no lo es menos que cuando el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del perito técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarla es imprescindible traer elementos de juicio que le permitan concluir eficientemente en el error o en el inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponerselo dotado.
Falta de legitimación para obrar, excepciones procesales, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ L., H. O. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-04

Augusto Mario MORELLO, tiene dicho que, siempre que aparezca de manera manifiesta, palmaria o plena, y donde el órgano jurisdiccional no precise de la actividad probatoria para formar su convicción, ya que luego de la pertinente sustanciación se hallare con suficientes elementos de juicio para admitir la falta de tal condición para la sentencia de mérito, así debe resolverse sin más trámite. Y tiene que ser con carácter previo, imposibilitando por lo tanto una decisión sobre el fondo del asunto. Tal criterio parece acertado, ya que no es razonable tramitar todo un proceso cuando ab initio se tiene el convencimiento de que no media la imprescindible legitimación para obrar. Por el contrario, si la ausencia de ella no surge patente o notoria, cabe postergar la resolución para el momento de la sentencia. Ahora bien, la resolución desestimatoria, que rechace la excepción, sólo puede fundarse en que la misma no resulte manifiesta y, como explica Palacio, en modo alguno prejuzga acerca de si existe o no la legitimación, ni impide al juez, en la sentencia definitiva, y valorando los restantes elementos de juicio, se pronuncie sobre esta última cuestión, aun en la hipótesis de que la defensa se hubiera deducido sólo como previa.
Intención de eludir la acción de la justicia, debido proceso, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos BV sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización y su acumulado expte. n° 194616/2021-4 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Si el riesgo de fuga encuentra apoyo únicamente en las penas en expectativa y las condenas que se han impuesto a la imputada con anterioridad al hecho investigado, ello se aparta de las exigencias de fundamentación previstas en el régimen procesal local y resulta violatorio de las exigencias del principio de inocencia y debido proceso (cf. artículo 18 de la Constitución Nacional), tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Loyo Fraire", resuelto el 6 de marzo de 2014. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: BEYTES, RAUL OSVALDO c/ ALFONSO, JUAN CARLOS Y MIGUEL CASABUONO SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30

La solidaridad del artículo 30 de la LCT. opera cuando se cede o contratan trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito. (En el caso: la explotación del salón comedor sito en el predio de Palermo, constituye una actividad normal pero no específica y propia de la Sociedad Rural Argentina, calidad ésta que podría haberse configurado si la actividad gastronómica se cumpliera en la sede social para atención de los socios de la entidad).
Obligaciones en moneda extranjera, ley vigente, conversión de moneda
Materia: CIVIL-ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Escobar Darío c/ Porri María Elena y Otros s/ Escrituración P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-24

Si los pagos de deudas contraídas en dólares, anteriores al 22/9/1993 se hubieren efectuado con posterioridad al 06/01/2002, al momento de practicarse liquidación, deberá estarse al modo de conversión según las normas vigentes al momento en que se efectuaron los pagos.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, derechos del consumidor, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Liga Santafesina en defensa del usuario y del consumidor c/ Poder Ejecutivo s/ Recurso de inconstitucionalidad - Acción de amparo (Expte.: C.S.J.  Nro. 757 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Carece de idoneidad para habilitar la instancia de excepción el planteo del recurrente en torno a la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley 11.220 -por ser contrario al artículo 42 de la Constitución Nacional-, a poco que se repare en que la actora no cuestionó la validez de dicha ley en la primera ocasión que le brindaba el procedimiento (ocasión que no podía ser otra que la de la interposición de la demanda de amparo, donde incluso se funda la acción -entre otra normativa- "en la ley provincial nro. 11.220"), impidiendo así que los jueces de la causa pudiesen tratarla y resolverla. En estas condiciones se advierte la concurrencia de un obstáculo formal insuperable que habilita sin más a desestimar la articulación respectiva -la cual, cabe destacarlo, aparece más bien como el fruto de una reflexión tardía de la ocurrente-, ante el incumplimiento del recaudo de introducción o planteo oportuno de la cuestión constitucional, exigencia que no configura un mero ritualismo inútil, sino que responde a la necesidad (propia del sistema difuso de control de constitucionalidad) de que cuestiones como las aquí debatidas reciban la consideración y respuesta que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos.

(De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, pronto pago, ejecución de créditos laborales, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: All New SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de pronto pago promovido por giraldo torres ana camila
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-15

Corresponde confirmar la resolución del juez concursal que rechazó el pedido de pronto pago efectuado por la pretensa acreedora, pues el crédito aquí insinuado no sólo ha sido férreamente cuestionado por la concursada sino que, además, recibió opinión desfavorable de la sindicatura. En tal situación, júzgase que la única posibilidad de formar convicción sobre la legitimidad de la pretensión no es otra que la de acudir a la presentación del correspondiente pedido de verificación plena, o bien a un proceso de conocimiento con amplitud de debate que podrá ser promovido ante la justicia competente, de conformidad con lo establecido por la LCQ 16 y 21 (en igual sentido, CNCom, Sala D in re "Club Ferrocarril Oeste s/ quiebra s/ incidente de pronto pago promovido por Fernando Andrés Lanzani", del 11/04/12).
Impuestos, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, leyes, constitucionalidad, recurso contencioso administrativo, competencia civil y comercial
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07|1988-09-14

La repetición de impuestos refiere a materia contencioso administrativa, aunque se la funde en la inconstitucionalidad de la ley; y no es por considerar que en ese supuesto se trate de materia civil, por lo que se admite la competencia del fuero civil para decidir sobre la repetición cuando únicamente se aduzca la inconstitucionalidad de la norma que establece el tributo, sino por entender que el artículo 93 inciso 2 de la Constitución Provincial, autoriza al legislador a distraer parte de la materia contencioso administrativa a la competencia de la Corte, siempre que no desnaturalice por esa vía la cláusula constitucional.

Ampliación de fundamentos del Dr Barraguirre.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sumario administrativo, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN MERLO Y OTROS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.    ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION.    CESANTIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Si el a quo consideró que, no obstante la facultad discrecional de la autoridad administrativa para decretar la separación del cargo que irregularmente ocupaba el actor, se decidió, en salvaguarda del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, formar un sumario para investigar y determinar la responsabilidad que pudiera caberle en los hechos denunciados, las objeciones que se formulan a la tramitación de dicho sumario, no alcanzan a desvirtuar la afirmación del tribunal relativa a que las invocadas deficiencias quedaron eventualmente subsanadas mediante la concesión del recurso de revisión y, posteriormente, con la apertura de la vía judicial. Por tanto carecen de entidad para sustentar la invocación de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional, máxime si se toma en cuenta que el apelante no indica en concreto de cuáles defensas o pruebas se habría visto privado a consecuencia del trámite impreso a la causa.
Accidente de tránsito, homicidio culposo, cumplimiento de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Viollaz, Daniel Amilcar s/ Homicidio s/Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-04

Debe ser confirmada la sentencia que impuso la pena de prisión de cumplimiento efectivo al imputado en orden al delito de homicidio culposo agravado, por resultar más de una víctima fatal y por conducción antirreglamentaria, y lesiones culposas agravadas, ya que el a quo explicó que con la aplicación de la pena se podrán satisfacer -aunque sea mínimamente- las expectativas sociales que fueron defraudadas con el comportamiento del imputado, reafirmando la vigencia de la norma por él infringida, por tanto desde el punto de vista comunicacional y pedagógico del sistema penal, en el caso concreto la pena no se presenta como una decisión irracional, porque aparece como un medio apto para cumplir la función social de ejercitar en la confianza de la norma, ejercitar en la fidelidad al derecho y ejercitar en la aceptación de sus consecuencias.
Excarcelación, condena anterior, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Sanz, Sandro Fabián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-16

Las medidas de coerción sólo podrán hallar su fundamento en el peligro de fuga del imputado o en el peligro de que obstaculice la investigación, todo lo cual no se acredita en la especie en consideración de los argumentos vertidos por la defensa vinculados a que el imputado tiene residencia fija en el país, sus reiteradas comparecencias al Tribunal -extremo no controvertido-, como así también que posee un núcleo familiar estable compuesto por su pareja y tres hijos en edad escolar.

Tales indicadores constituyen -a mi criterio- motivos suficientes para considerar que el imputado no pretenderá sustraerse de la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad. Entiendo que la existencia de condenas anteriores no es óbice para emitir un pronunciamiento en favor de la libertad del imputado, ello, a riesgo de violentar el principio ne bis in idem que rige nuestra materia. (Dra. Ledesma en disidencia).
Divorcio, divorcio del 67 bis, reserva del derecho alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: M. DE P.L.V. Y F.J.J. s/ DIVORCIO 67 BIS - ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-11

El art. 67 bis de la ley 2393, preveía la reserva del derecho alimentario por parte de cualquiera de los cónyuges. De allí que la obligación que se sigue de su concreción es legal pues la voluntad de los justiciables se circunscribe a ejercer esa facultad con el objeto de dejar a salvo un derecho que, de otro modo, dada las particularidades del divorcio de que se trata se perdería pero que, de otro modo, al mantenerse continúa teniendo sustento.
Excepciones procesales, excepción de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Gobernador Costa c/ D., M. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-21

La excepción de pago ha de interpretarse en el sentido de que tal hecho (pago documentado) corresponde sea acreditado mediante instrumento emanado del ejecutante o de su legítimo representante y que clara y concretamente se refiere a la obligación en ejecución.
Notificación tácita, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Muller, Gustavo Adolfo c/ Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es inaplicable el régimen de la notificación tácita si los argumentos aducidos en las presentaciones no resultan suficientes para demostrar el inequívoco conocimiento de los fundamentos de la resolución que denegó el recurso extraordinario con anterioridad a su notificación por cédula.
Delitos contra la integridad sexual, corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Barboza, Antonio s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-18

El delito de corrupción, consiste en la realización de actos capaces de producir la perversión moral de la víctima, mediante prácticas aberrantes y viciosas, con identidad para desviar de sus cauces el instinto sexual.