Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-11-13


PANIAGUA, Osvaldo Rubén contra LOPEZ, Demesio; ESTEBLER, Carlos y SERVICIOS VIALES S.A.

Reg.: A y S t 216 p 481-486 Rosario, 13 de noviembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada "Servicios Viales S.A." contra la sentencia nro.

27, de fecha 22 de abril de 2.003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista, en autos "PANIAGUA, Osvaldo Rubén contra LOPEZ, Demesio; ESTEBLER, Carlos y SERVICIOS VIALES S.A.-Indemnización Daños y Perjuicios- (J.O.) - (Expte.35/01)" (Expte. C.S.J. nro. 563, año 2.003); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia nro.

27 de fecha 22/04/03 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista resolvió desestimar el recurso de nulidad deducido por la codemandada "Servicios Viales S.A."; acoger parcialmente los recursos de apelación de la codemandada "Servicios Viales S.A.", de su aseguradora y del codemandado Demesio López, revocando el fallo en cuanto a los rubros y montos acogidos, con los alcances especificados en los considerandos, confirmándolo en lo demás; establecer las costas de ambas instancias en el 50% a cargo de la actora y en el 50% a cargo de los demandados.

Contra este decisorio interpuso "Servicios Viales S.A." recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario por considerar que el mismo vulnera los derechos de defensa, debido proceso y propiedad (artículos 7, 9 y 15 de la Constitución provincial).

Señala que el fallo incurre en falta de motivación, toda vez que se apartó de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Colavita, Salvador y Otro c. Provincia de Buenos Aires y Otros" (de fecha 07/07/00) sin fundamentación alguna, pese a que su parte incluso lo transcribió en la expresión de agravios, y en el cual se estableció que el concesionario vial no responde en casos como el de autos, sino sólo el propietario o guardián del animal.

Expresa que el pronunciamiento claramente vulnera los derechos al debido proceso, defensa en juicio y propiedad, en tanto genera un precedente como único Tribunal de Alzada en los Departamentos Vera y General Obligado que "...determinará una lluvia de juicios similares contra mi mandante, alterando la ecuación económico financiera del contrato de concesión, lo que hace que se de un supuesto de apartamiento inequívoco de la realidad económica..." En segundo lugar endilga a la sentencia violación al principio de congruencia, y por ende, al debido proceso, desde que el fundamento de la condena impuesta a su parte radica en un supuesto de responsabilidad contractual cuando, afirma, en la demanda no se invocó la existencia de un contrato, ni existe en la causa elemento fáctico alguno que hiciera presumir a la demandada que se le hacía un reclamo de esta naturaleza.

Agrega que el actor no alegó, y menos aún probó, haber pagado el peaje, por lo que no puede pretender un supuesto deber de seguridad.

En el mismo orden alega que el juez no puede suplir a las partes integrando hechos omitidos al momento de la traba de la litis, siendo cuestión ajena a ella, por lo tanto, la supuesta responsabilidad contractual.

Como consecuencia de este proceder sostiene el recurrente que la Cámara vulneró el principio de congruencia imponiendo a "Servicios Viales S.A." una actividad probatoria que no estaba obligada a efectuar, violando así el derecho de defensa.

Por otro lado sostiene que la sentencia se basa en afirmaciones dogmáticas que contradicen las constancias de la causa.

En este aspecto señala que el fallo no consideró la propia afirmación del actor en la demanda acerca de que había visto al caballo pastar en las inmediaciones de la ruta, como así tampoco las omisiones en que incurrió Paniagua -como prever que el animal se cruzaría en su camino, reducir sensiblemente la velocidad, incluso detener la marcha para evitar el accidente-, hechos que a su criterio interrumpen el nexo causal y determinan la irresponsabilidad de la concesionaria.

Aclara que en caso de que la aparición del equino hubiera sido súbita, se trataría de un caso fortuito o de fuerza mayor, toda vez que si bien el acontecimiento puede ser previsible, resulta inevitable por las condiciones de la concesión que abarca más de cuatrocientos kilómetros.

En este sentido afirma que el Estado no transfirió el poder de policía a su mandante, por lo que no cabe exigírsele una obligación inexistente.

La Cámara por auto de fecha 04/12/03 resolvió -en lo que aquí es de interés- denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por "Servicios Viales S.A.".

2. Pese al matiz constitucional que el recurrente intenta otorgar a sus planteos, los mismos no traducen sino su disconformidad para con la solución brindada por la Cámara en orden a considerar responsable a la empresa demandada por los daños y perjuicios sufridos por el actor.

En efecto, de la lectura del escrito respectivo puede deducirse que el quejoso funda sus planteos esencialmente en dos pilares: por un lado invoca la falta de fundamentación de la sentencia en tanto se aparta, a su criterio, de jurisprudencia que considera vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por otro, la violación del principio de congruencia, toda vez que entiende que se decidió sobre la base de hechos ajenos a la litis, como lo es la supuesta existencia de contrato -que dio fundamento a la imputación de responsabilidad a su parte-.

De ese enfoque parten a su vez los restantes cuestionamientos enderezados por el compareciente: el pretendido soslayamiento de la realidad económica, la ausencia del alegado deber de seguridad y la contradicción con las constancias de la causa.

Mas, conforme se verá, estos vicios de ningún modo pueden considerarse configurados en el pronunciamiento.

Así, en relación al señalado apartamiento de precedentes de la Corte nacional el quejoso nada dice en su presentación directa acerca de lo aseverado por los juzgadores en el auto denegatorio del recurso al remitir a lo sentado también por ese Alto Tribunal respecto a que, si bien hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones a sus fallos, el mismo no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste, y en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento.

Tales aseveraciones quedan sin respuesta por parte del impugnante, pudiéndose apreciar que efectivamente en la sentencia se brindaron razones suficientes en orden a condenar a la concesionaria que justifican la disimilitud con la solución oportunamente brindada por el Máximo Tribunal a casos análogos.

Se advierte en este sentido que el fallo en primer lugar se ocupó de encuadrar jurídicamente la cuestión, descartando la figura de una relación de consumo por no ser la normativa vigente al momento del accidente.

Seguidamente consideró que debía analizarse a la luz del derecho común, optando por una de las posturas doctrinarias existentes en la materia, esto es, estimar configurado en el sub examine un supuesto de responsabilidad contractual.

Y en ese orden no puede vislumbrarse siquiera que la Cámara hubiera incurrido en causal alguna de arbitrariedad desde que con sustento en nutrida doctrina, también recepcionada en numerosos fallos, consideró a la relación concesionario-usuario como originada en un contrato atípico del cual nacen para la empresa dos obligaciones fundamentales: habilitar al usuario el tránsito de la ruta a la que accede, y garantizarle seguridad.

Siguiendo este razonamiento concluyó que se trata de una responsabilidad objetiva, de la cual puede eximirse demostrando la ruptura del nexo causal (por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, o por caso fortuito), aclarando el Tribunal que esta circunstancia fue solamente alegada por el recurrente pero sin acreditación alguna en la causa.

Como se advierte, la motivación que sustenta las conclusiones a las que arribó el a quo resulta suficiente y de modo alguno puede entenderse que importe desconocimiento específico de derechos o garantías constitucionales, por lo que el invocado apartamiento de precedentes no constituye en este caso cuestión federal que permita la apertura de esta vía.

Así, debe también desestimarse la alegada incongruencia, desde que conforme se desprende de las constancias de la causa siempre estuvo en discusión la naturaleza de la relación entre las partes: por un lado el conductor del automóvil que sufre las consecuencias dañosas de un accidente en una ruta concesionada, y por otro la empresa que la explota y administra, encontrando la Cámara que de ese contexto nace para ésta en forma tácita una obligación de seguridad por los daños que en el tránsito y circulación de la ruta pueda sufrir el usuario.

Y de este razonamiento no se infiere una alteración de la litis tal como quedó trabada en autos, en tanto los elementos tenidos en cuenta en la sentencia corresponden a los hechos que siempre se debatieron: la pretensión por el actor de extender la responsabilidad civil a "Servicios Viales S.A." por tener esta firma la concesión del peaje sobre la ruta nacional nro.

11, y la obligación de vigilancia y mantenimiento de la misma; y la invocación por la accionada desde la misma contestación de la demanda acerca de que su mandante no tiene responsabilidad ni contractual ni extracontractual frente al actor, alegando así la inexistencia de contrato, que no es el titular de la guarda de los animales ni que le corresponde la vigilancia de los mismos, y que hubo culpa del conductor en la producción del accidente.

En suma, así como fue planteado este agravio debe también rechazarse.

Por último, y al no lograr el recurrente demostrar la arbitrariedad que atribuye al decisorio en cuanto entendió la responsabilidad como contractual, deja también sin sustento la alegada ausencia del deber de seguridad que, conforme el criterio de la Cámara resulta ser factor de atribución objetivo de dicha responsabilidad.

Y en este sentido, debe admitirse, tal como lo aseveraron los sentenciantes, que nada aportó el impugnante en orden a conseguir la ruptura de causalidad.

En efecto, sus reproches en tal orden no son más que una reiteración de los ya vertidos anteriormente y que en la sentencia se consideraron insuficientes para eximir de responsabilidad a la concesionaria.

Así, por un lado, el quejoso nuevamente esgrimió las supuestas omisiones en que habría incurrido Paniagua al no reducir sensiblemente la velocidad tras ver al equino pastando, o inclusive detener la marcha para evitar el accidente, mas estos planteos fueron desestimados en la valoración efectuada por el Tribunal por resultar adversa a la demandada la confesional del actor, y por otro, continuó alegando la imposibilidad de evitar el acceso de animales a la ruta, lo que no alcanza para desvirtuar el razonamiento de la Cámara al entender que la empresa "...debía al menos probar que puso la diligencia necesaria para evitar que ello ocurra, lo que ni siquiera insinuó haber tomado, no pudiendo resultar indiferente ante el usuario, tomando una actitud pasiva, sólo por el pretexto de que no es problema suyo...".

Tampoco puede admitirse el planteo relacionado con un supuesto desconocimiento de la realidad económica, desde que bajo la excusa de que el fallo "determinará una lluvia de juicios similares contra mi mandante, alterando la ecuación económica financiera del contrato de concesión" no puede el quejoso desconocer e incumplir con una obligación a su cargo, conforme lo ha resuelto la Cámara.

Y en tal sentido, es de destacar que, más allá del grado de acierto o error que pudiera advertirse, no lucen irrazonables ni ilógicas las conclusiones a que arribó el Tribunal de Alzada toda vez que, en un supuesto que ha dividido a la doctrina y a la jurisprudencia, los juzgadores optaron por una interpretación de las normas consideradas aplicables que no violenta ni principios ni garantías constitucionales brindando una solución posible que no descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

En definitiva y como se expresó, los reproches enderezados no son susceptibles de fundar una impugnación constitucional, evidenciando únicamente el disenso para con lo decidido, por lo que deben ser desestimados.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIÉRREZ-FALISTOCCO(con ampliación de fundamentos)-NETRI (con ampliación de fundamentos)-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES FALISTOCCO Y NETRI: Adherimos a los fundamentos brindados por el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler, considerando necesario formular la siguiente aclaración.

La lectura del presente recurso permite concluir, en primer lugar, que los agravios de la demandada, a pesar de encapsularlos en distintas causales de arbitrariedad, convergen en un planteo recursivo central, cual es que el Tribunal prescinde de la doctrina sentada por la Corte federal en la causa "Colavita, Salvador y otro contra Provincia de Buenos Aires y otros" (7.03.2000), en donde se ha sostenido que, en casos como el presente (daños causados por un animal suelto en la ruta), no responde el concesionario vial, ni el Estado, sino sólo el propietario o guardián del animal.

Este endilgado apartamiento de la jurisprudencia de la Corte nacional en la materia importa -a juicio de la recurrente- la descalificación de la sentencia de acuerdo a la tradicional doctrina de ese Tribunal respecto a la obligatoriedad de sus fallos.

Dicha postulación no ha de prosperar conforme lo resuelto por la Corte nacional in re "Ferreyra, Víctor y otro", dictada el 21.03.2006).

En efecto: En dicha causa, el juez de primera instancia había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios deducida contra un concesionario vial y en virtud del accidente de tránsito sufrido por el actor al colisionar con un animal suelto mientras se desplazaba por una ruta cuya concesión había sido otorgada a la demandada.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó ese decisorio.

Deducidos recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de la ley por la demandada, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, los desestimó.

Para así resolver, el Alto Tribunal del Chaco consideró que no resultaba arbitraria la decisión de la Alzada que confirmó la sentencia de primera instancia; adhirió, asimismo, a los fundamentos vertidos por la Cámara en relación al vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje, señalando que la misma es una relación contractual; que la responsabilidad de la demandada era amplia, derivada del incumplimiento del deber de seguridad, al no haber tomado precaución alguna respecto a los animales sueltos a fin de evitar accidentes como el ocurrido en autos, ya sea intentando retirarlos de la ruta, requiriendo la intervención de la autoridad competente o alertando a los usuarios acerca de su existencia; entendió, por otro lado, que el caso se encontraba subsumido en las previsiones de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que hace operativa la protección otorgada de modo amplio en el artículo 42 de la Constitución nacional, al considerar que se trataba de una típica relación de consumo.

Contra esa resolución la demandada interpuso recurso extraordinario federal.

La Corte nacional lo declaró inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal de la Nación.

En este punto de la solución se advierte una clara mayoría de la Corte -en disidencia los doctores Petracchi y Fayt- integrada por los Ministros Maqueda, Argibay, Highton, Zaffaroni y Lorenzetti, los tres últimos según sus respectivos votos, en el sentido que si la sentencia atacada decide sobre temas de derecho común y cuenta con fundamentos suficientes del mismo orden que bastan para sustentar el fallo apelado -entiéndase como la razonable determinación de los preceptos de derecho común que deben aplicarse y regir el pleito-, las cuestiones sometidas a revisión son de facultad privativa de los jueces de la causa.

Conforme a este precedente la Corte nacional deja firme una exegética de las normas aplicables distinta a la seguida por ese Tribunal en los casos "Colavita", "Bertinat" y causas similares.

Siendo ello así, cabe concluir que la imputada arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de lo resuelto por la Corte nacional en "Colavita" al considerar la cuestión de responsabilidad de las empresas concesionarias de peaje en el caso de colisión del usuario con un animal suelto en la ruta, no constituye un agravio idóneo para suscitar un "caso federal" en los términos del artículo 14 de la ley 48 o, en el caso, una "cuestión constitucional" (artículo 1, ley 7.055).

Fdo.:FALISTOCCO-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)