Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-16


AUTOS 98406 (C.C.Nº19792) DEL Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, CARATULADOS: "CONSORCIO EDIFICIO CATAMARAN II C/ Rocco Juan C. S/ Recurso en Relación C/Sentencia Definitiva (Ejecutivo)".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº III- Fº228/231.- San Juan, 16 de diciembre del año 2008.- VISTOS: Estos AUTOS 98.406 (C.C.Nº19.792) DEL SEPTIMO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, CARATULADOS: "CONSORCIO EDIFICIO CATAMARAN II C/ ROCCO JUAN C. - EJECUTIVO" venidos en razón del recurso de apelación concedido a fs. 51 vta. contra la sentencia de trance y remate obrante a fs. 47/50.- Y CONSIDERANDO:

De las presentes actuaciones surge que la sentencia venida a revisión tiene por antecedentes la ejecución de un certificado de deudas por expensas comunes y que al presentarse el ejecutado a la causa (fs. 31/32 vta.) opone excepción de inhabilidad de título. Esta defensa es fundada en que el certificado de deudas no es autónomo y debe integrarse con el Reglamento de Copropiedad y Administración el que no existe y que por lo tanto el título no es hábil para promover la ejecución. Cuando el ejecutante contesta el traslado acompaña copia de la parte del Reglamento (fs.35) en la que se encuentra el art. 12 señalando que es ese artículo el que indica los requisitos a cumplir para perseguir el cobro de las expensas en mora y que no impone entre ellos el acompañar el Reglamento de Copropiedad para integrar el título y sólo exige para ello las Actas de Asambleas protocolizadas.- A requerimiento del Juzgador se presenta copia completa certificada del Reglamento de Copropiedad y Administración la que es reservada en Secretaría del Juzgado.- El sentenciante motivó el rechazo de la excepción en que "Constato, del examen de la documental base de la ejecución, que la parte accionante dio cumplimiento a la exigencia de su Reglamento, toda vez que al demandar presentó la certificación extendida por el Administrador, y fotocopias autenticadas por el letrado, de las Actas de Asamblea de Consorcio Catamarán II del 3-11-03; del 21-06-06, del 23-05-06, del 05-03-07 que se agregan de fs.4 a 22 de autos, de las que surge el carácter de Administrador del Sr.Romera, el monto de las expensas, la forma de su prorrateo y destaco que, excepto la última, las demás están suscriptas entre otros, por la firma aclarada del ejecutado Juan C. Rocco. En ese sentido, existe jurisprudencia invariable, que no es necesaria que sea por escritura pública la designación del administrador si se demanda a un consorcista, si la requiere en cambio, respecto de terceros (cf. D.J. 2005 -I- 127)". "....Que con el escrito en que se promueva la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el Reglamento de copropiedad. Y si éste no los hubiere previsto deberá agregarse copia protocolizada de las Actas de las reuniones del Consorcio, celebradas de conformidad con el Reglamento, en las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Ergo, el título es hábil, y consecuentemente resulta inadmisible la excepción de inhabilidad de título, toda vez que se trata de un deber que se encuentra en cabeza de quien detente el dominio del bien (art.8º Ley 13.512) en la extensión del art. 3266C.C., es un deber inherente al derecho de propiedad. (.D.J. 2003-3-1212)." (sic) En el memorial de agravios el apelante se queja de que se haya rechazado la excepción de inhabilidad de título al no considerar el sentenciante que al momento de interponerse la demanda no se acompañó el Reglamento de Copropiedad y Administración. Hace una reseña de las actuaciones a fin de indicar como llegó el Reglamento al examen y así destaca que sólo el "patrocinante" acompaña lo que al parecer sería una copia de una parte de aquel y que no obstante ello el Juez intima para que se acompañe una copia autenticada de el cual no fue agregado al expediente y tampoco se le corrió traslado del mismo. Reitera que no hubo reglamento al momento de demandar y por lo tanto el título es inhábil por lo que pide que se haga lugar a la excepción que opusiera.- A fs. 56/57 la ejecutante contesta el memorial de agravios solicitando el rechazo de la pretensión del apelante confirmándose la sentencia apelada.- Previamente debemos tener en cuenta la reiterada jurisprudencia de éste Tribunal respecto a que: "El memorial, a través del cual debe fundamentarse el recurso de apelación concedido en relación, constituye un acto procesal equivalente a la expresión de agravios que se presenta cuando el recurso ha sido concedido libremente, carga procesal que el apelante debe satisfacer con el mismo nivel crítico. (conf. Colombo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ed. 1969- V. II p. 465 y ss; Fassi Código Procesal Civil y Comercial ...." V.I. p. 431 nº 852). Ello obedece a que la meta de la actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la sentencia que se recurre e indicar de modo concreto los motivos que se tienen para considerarla errónea con argumentaciones que tengan virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el sentenciante y producir convicción en el Tribunal de Alzada, bajo el riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada.- ( L.A. -2003- Tº III- Fº 189/191 y 186/188).- Y así considerado, sólo haciendo jugar un criterio de gran amplitud puede decirse que el escrito presentado por el apelante reúnen los requisitos exigidos por el art. 265 del ritual. Sin embargo, no declararemos la deserción de su recurso, dado que participamos del criterio según el cual cabe efectuar una aplicación restrictiva de la facultad que al órgano jurisdiccional otorga el art. 266 del citado cuerpo legal a fin de resguardar el ejercicio del derecho de defensa.- Establecido ello y ya en el tratamiento de la queja del apelante referida a la incorporación a la causa y la falta de traslado a su parte de la presentación del Reglamento de Copropiedad y Administración, debe resaltarse que es irrevisable en esta instancia por cuanto "Resulta infructuoso alegar que el procedimiento fue incorrecto o que no se adecua a tal o cual disposición del Código Procesal, cuando el procedimiento fijado por el Juez se ha consentido y no se dedujo incidente de nulidad en la instancia en que presuntamente se produjo el vicio" (L. Autos- 1997 TºII-Fº397/399). Al respecto también lo hemos dejado sentado en numerosos fallos y lo ha dicho la Excma. Corte de Justicia ( P.R.E. Sala Primera- 2001- II- 375) "Los planteos de nulidad de actos producidos con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva, deben ser efectuados en la instancia en la que los actos presuntamente viciados se han producidos y deben ser resueltos por ese Tribunal". (L.S.- 2002-TºI- Fº59/67).- Y en cuanto a la excepción de inhabilidad de título fundada en que el título en el que se basa la ejecución se encuentra incompleto por no haberse acompañado coetáneamente el Reglamento de Copropiedad y Administración, fundamento éste que reitera lacónicamente en esta instancia, pero sin desvirtuar la bien fundada sentencia que apela por lo que resulta inatendible.- Además, es dable tener presente que el artículo Vigésimo Primero del Reglamento reza en su primera parte: "El hecho de ser titular del dominio exclusivo de cada una de las unidades del presente Consorcio, e integrante del consorcio como Propietario del terreno y las cosas comunes del Consorcio, importa el conocimiento y aceptación de este Reglamento.....".

De ello emerge, entonces, sin duda alguna, que el ejecutado conocía y conoce la normativa que establece el artículo Décimo Segundo que reza en lo pertinente: ".....Tendrá mérito ejecutivo para el cobro de la deuda las certificaciones expedidas por el Administrador con copia debidamente protocolizada de las Actas de Reuniones del Consorcio celebradas de conformidad al presente Reglamento en que se aprueben las expensas, con constancias de cantidades líquidas exigibles y el plazo para abonarlas...". Es decir, que el ejecutado tuvo conocimiento ab initio de los requisitos que debía reunir el título para ejecutar exigidos por el Reglamento, que es ley para las partes (art. 9 de la ley 13.512 y art. 1197 del C. Civil) y que conforme surge del artículo transcripto, no integra el título el aludido reglamento por el que insiste el apelante al indicar que el título es inhábil.- Siendo así el título base de la ejecución resulta hábil por cuanto el Certificado de deuda suscripto por el Administrador, que cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento, fue acompañado por fotocopias autenticadas de las actas protocolizadas (libro sellado y foliado por el Registro General Inmobiliario de acuerdo lo estipula el art. 5º del Decreto 18734/49) de las reuniones del consorcio (fs.4/22) conforme al art. 10 de la ley 13.512, las que además, tal como lo señala el sentenciante, se encuentra suscriptas (dos de ellas) por el excepcionante sin objeción alguna en esa oportunidad.- Frente a la conducta del excepcionante es dable recordar que la doctrina de los actos propios predica la inadmisibilidad del intento de ejercer judicialmente un derecho o facultad jurídica incompatible con el sentido que la buena fe atribuye a la conducta anterior. Dicha doctrina se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que le precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindiblemente (conf. Orgaz, A., "La ilicitud", p. 19; Alterini, A.A., "Responsabilidad Civil", p. 66, n° 70; Mosset Iturraspe, J. "Justicia contractual", p. 147), noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. El criterio éste es de estricta aplicación al caso.- A tenor de lo expuesto corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada contra la sentencia de trance y remate la que se confirma.- Por ello SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación concedido a fs.51 vta. contra la sentencia de trance y remate obrante a fs. 47/50 la que se confirma.- 2) Imponer las costas al apelante vencido. Diferir la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.- Se deja constancia que la presente resolución es firmada sólo por dos miembros del Tribunal por encontrarse en uso de licencia el Dr. Octavio Augusto Sánchez conforme lo faculta la Ley 5854 en su Art. 40.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.