marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Orden de allanamiento, nulidad procesal, allanamiento de lugares no habitados, vivienda con local comercial, curanderismo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DUTRIA, VILMA Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION Causa 259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

La segunda mención de la palabra local vertida en la orden de allanamiento obedece a lo mandado en referencia a la presunta falta del art. 59 de la ley provincial 10.703, pero no implicó de ninguna manera que la búsqueda decretada debía circunscribirse únicamente a ese respecto y en el lugar ocupado por el comercio, como lo entendieran las defensas, sino que, siendo que además se preveía la presunta infracción al art. 76 del mismo cuerpo -referido a la práctica del curanderismo-, se ordenó allanar todo el "local", todo el sitio cerrado y cubierto, a los fines de que en caso de constatar la falta, la autoridad practicara el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción (conf. art. 43 ley 10.703). (del voto de las Dras. Berraz de Vidal y Durañona y Vedia)
Motivación del acto administrativo, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Darío E. c/ E.N. -Sub. de Planificación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Al serle conferida al funcionario atribuciones que normativamente le dejan amplio espectro de alternativas para resolver, la motivación del acto por el que decide se satisface con la alegación de razones que hacen al buen servicio administrativo (esta Sala, 23/2/95, "Vizcarra, Julio A. c/Dir.Nac. de Fabricaciones Militares").
Subasta judicial, reintegro de gastos, privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cendon Cousiño José c/ Di Carlo de Viem Nilda s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

El privilegio de gastos de justicia -escrituración entre otros- del inmueble adquirido en pública subasta es de primer orden, siempre que se trate de un gasto que beneficie al acreedor. Es decir, que los gastos y honorarios correspondientes a la realización de la subasta son privilegiados frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido del inmueble.
Excepciones procesales, falsedad de título, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: SERAFINI, Ricardo D. -Incidente III Ejec. c/ Nación Argentina -M.B.S.- Subsec. de Vivienda (B.H.N.) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

La excepción de falsedad de la ejecutoria debe fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo, so pena de violar la autoridad de cosa juzgada (art. 507 C.P.C.C.N.). La juzgada impide revisar el derecho decidido y en su consecuencia alegar hechos o presentar pruebas, que debieron haberse alegado o presentado antes que la sentencia tuviera la autoridad conferida por la preclusión de las cuestiones (conf. Fenochietto-Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Com. y Conc. T. 2, pág. 622, ed. Astrea, Bs. As., 1985).
Daño, transporte de pasajeros, servicio público
Materia: PENAL
Carátula: TELLO, Leandro C. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

El "colectivo", como transporte público de pasajeros, si bien resulta de propiedad privada, adquiere la calidad requerida por el tipo penal previsto en el art. 184, inc. 5°, C.P., por el hecho de encontrarse afectado a la prestación de un servicio de uso general para la comunidad, que se traduce en la satisfacción de sus intereses y necesidades (*).
Regulación de honorarios, regulación provisoria, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: BAITER  S.A. c/ EN   MOSP s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Tratándose de la regulación de honorarios provisorios y dada las circunstancias del caso, el juez no se encuentra acotado por pautas rígidas, debiendo hacerlo en forma prudencial y según las modalidades de cada pleito.
Juicios contra el Estado, Administración Pública Nacional, régimen de consolidación de deudas, ejecución del presupuesto nacional, inembargabilidad de fondos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giovagnoli, César Augusto c/ Caja  Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El propósito del art. 19 de la ley 24.624 consiste en evitar que la administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la administración, lo que no significa que el Estado se encuentre fuera del orden jurídico que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, intereses, revocación del mandato
Materia: CIVIL
Carátula: AQUINO,  Jorge  Teófilo c/ URIARTE,  Susana  Lucinda y otros s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23

Más allá que en el escrito postulatorio no se requería una suma de dinero determinada, sino un porcentaje del valor de los cuadros recuperados, previa subasta de aquellos y deducción de gastos, la pretensión en sí es susceptible de apreciación pecuniaria aun cuando en este estadio se encuentre en estado de iliquidez. De allí que en virtud de la mora, los intereses fijados se ajustan a derecho, a tenor de lo dispuesto por el art. 509 del Código Civil. Y en cuanto a la fecha a partir de la cual deberán correr los intereses, atento que la normativa aplicable es el art. 675 del Código Civil, para cada uno de los sujetos -que integran un litisconsorcio facultativo por aquellas personas que realizaron la encomienda- será a partir del momento en que se le notificó el traslado de la demanda.
Acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Azcarate, Mario F. c/ Provincia de Río Negro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-13

En la actividad discrecional la administración se guía por datos que representan el mérito, oportunidad o conveniencia del acto, debiendo, al dictarlo, acomodar su conducta a dichos datos valorándolos. Ello así porque la oportunidad o conveniencia de ciertas decisiones no puede ser apreciada de antemano por vía general, sino únicamente en contacto con la realidad concreta del momento.
Prescripción adquisitiva, plazo, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kozel de Craviotto Ruth c/ Municipalidad de San Nicolás s/ Posesión veinteanal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

No es necesario que el peticionante se encuentre al accionar en la posesión actual si es que, por el plazo legal, estuvo en ella antes.
Concursos, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, concursado, cierre de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLIVERIO SRL s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Resulta improcedente desestimar la pretensión del concursado en cuanto a impedir el cierre de las cuentas corrientes bancarias, toda vez que el cumplimiento de la inhabilitación que pueda disponerse sobre la base del cierre de las mismas debe armonizarse con la necesidad de posibilitar al deudor operar comercialmente con un mínimo de regularidad. Por tanto, el mantenimiento de las referidas cuentas resulta necesario para el desarrollo normal de la operatoria comercial e importa un beneficio, no sólo para los acreedores, sino también para los dependientes de la empresa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, juez del concurso, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SANTORO, OSCAR D. c/ ROMERO, JUAN DOMINGO -SU QUIEBRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -QUIEBRA -  INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 511 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

Corresponde rechazar la queja desde que el recurrente no ha logrado rebatir o neutralizar los argumentos vertidos por los Juzgadores en el auto denegatorio al señalar que habiéndosele dado la opción para continuar ante el juez del concurso el juicio iniciado en sede laboral antes de la apertura del proceso falencial (alternativa que ofrece sus dudas a los distintos autores frente al "texto poco claro del art. 21 inc. 5 L.C.Q."), lo cierto es que el actor pidió la verificación de su crédito conforme lo prevé el art. 21 inc. 5 L.C., acumulándose al pedido, el expediente laboral suspendido, sometiéndose así al juez que correspondía, aún ´carente del requisito de especialidad´ y a las normas de la ley concursal, por lo que el sometimiento voluntario a ese régimen le impedía luego cuestionar la constitucionalidad del sistema, consideraciones que no han merecido cuestionamiento y que se enmarcan dentro de un ámbito exclusivo de los jueces de la causa como es la selección de las normas de derecho común y procesal que reputaron aplicables.
Demanda laboral, culpa del empleador
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLA, MERCEDES LUISA c/ DANUBIO SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-09

Constituye una carga procesal inexcusable (artículo 65, inciso 4 de la ley 18345) a los efectos de analizar la existencia de culpa del empleador, la expresión concreta en la demanda de la acción u omisión del principal que signifique con mínima claridad el proceder calificado como culpable y de las diligencias que omitió cumplir según la naturaleza de sus obligaciones. En caso contrario, la negativa también genérica en el responde es suficiente (igualdad de las partes en el proceso, artículos 34 y 163 CPCCN.).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, inexistencia de cuestión federal suficiente, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrara, Gabriela Edith y otros  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ferrara gabriela edith y otros contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal debido a que la sentencia de este Tribunal que se impugna, se limitó a rechazar la queja de la parte actora por entender que no se hacía cargo del motivo sobre cuya base la Cámara había denegado el recurso de inconstitucionalidad: la ausencia de una cuestión constitucional o federal. En este contexto, la apelante no obtuvo la sentencia definitiva del superior tribunal del que, con arreglo a "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), debió requerir satisfacción a sus agravios. A su turno, en su recurso federal, la actora no pone en crisis las razones que llevaron a este Tribunal a no expedirse respecto del mérito del asunto. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Homicidio, agravantes de la pena, cónyuge, atenuantes de la pena, separación de hecho
Materia: PENAL
Carátula: Balmaceda, Carlos Alberto (homicidio calificado) s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-09-09

Las circunstancias extraordinarias de atenuación a las que alude el art. 80 último párrafo del C.P., se traducen en uno o más hechos (actos u omisiones)- que sin llegar a emocionar violentamente- impacten en el ánimo del victimario generando como reacción su conducta homicida. Es decir, el autor tiene que haber sido impulsado al homicidio calificado por el vínculo, por un hecho, una causa motor hacia el crimen, de poder excepcional con arreglo a las circunstancias preexistentes o concomitantes al delito sin llegar a emocionarlo violentamente.

En cuanto al carácter extraordinario que la ley impone como exigencia a tales circunstancias, con ello a lo que ha apuntado el legislador es que el hecho o conjunto de hechos tengan idoneidad como hecho provocador en la persona del autor. Entonces, el fundamento de la atenuante debe buscarse en la calidad de los motivos que determinan una razonable o comprensible disminución de los respetos hacia el vínculo de sangre, o a la calidad de cónyuge, razonabilidad que encuentra su génesis fuera del propio individuo.

El hecho provocador, puede tener dos fuentes distintas de producción, esto es, cuando halla su origen en una actitud (o pluralidad de actitudes), llevada a cabo por la propia víctima, o en un estado o situación de desgracia que determina que uno o ambos sean víctimas de su propio estado o situación personal.

En ambos casos debe estarse al análisis de las consecuencias o efectos de la circunstancia extraordinaria en el ánimo del autor, siendo obvio que no se hallará beneficiado en este sentido aquél cuya conducta sea producto de la inestabilidad emocional, susceptibilidad extrema, irascibilidad o intemperancia.

La mera separación de hecho, no constituye motivo provocador válido para causar en el ánimo del agente una reacción que al menos explique- desde el punto de vista subjetivo- que el mismo actuó como lo hizo a causa que sus frenos inhibitorios se hallaban desbordados, no habiendo éste invocado en su defensa la existencia de ninguna actitud provocadora de parte de la víctima que lo haya impulsado a tomar la decisión que adoptó (darle muerte).

La disminución de la pena-en el caso de la atenuante- es obligatoria, por cuanto la circunstancia extraordinaria de atenuación al ser una cuestión de derecho, escapa al poder discrecional del juzgador, quien en atención al principio de legalidad se halla sometido a la voluntad de la ley, cuyo respeto deviene a consecuencia que ejerce un poder deber de ejercicio obligatorio atento a que en nuestro país, de conformidad as la Constitución Nacional (art. 18), rige el sistema de formulación legal del derecho propio de todo sistema republicano y democrático de gobierno (C.N., art.5). Así las cosas, se trata de un derecho del que goza el imputado cuyo respeto se traduce en la correcta aplicación de la ley al caso concreto.
Régimen de consolidación de deudas, novación, obligación principal, obligaciones accesorias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La novación generada por la consolidación comprende no solamente a la prestación principal sino a todas aquellas que guarden una relación de accesoriedad.
Tribunal de enjuiciamiento, resoluciones irrecurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: R., J. E. s/ Legajo de Evaluación Nº 10/09 C. M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-15

Por regla, las decisiones de los Tribunales de Enjuiciamiento no son susceptibles de impugnación, pero que esa incolumidad cede ante la denuncia de una nítida, inequívoca y ostensible violación del debido proceso legal.
Juicio por delitos de acción privada, audiencia de conciliación, querellante
Materia: PENAL
Carátula: FERRADAS CAMPOS, MANUEL. s/ PLNR.FALLO  PLENARIO.  CALUMNIAS  E INJURIAS. AUDIENCIA CONCILIACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-12

El querellante puede justificar la inasistencia a la audiencia del art. 591 del Código de Procedimientos en Materia Penal, con posterioridad a su incomparecencia.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), prescripción, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-05

A pesar de su reiterada alegación de que en el caso se habrían vulnerado principios protectorios de raigambre constitucional, en definitiva los recurrentes omiten demostrar la incidencia concreta que los mismos podrían tener para descalificar una decisión que razonablemente hizo mérito de la desaparición del efecto interruptivo de la prescripción de la demanda operada a raíz de la declaración de caducidad del recurso a través del cual aquéllos readecuaron sus pretensiones en sede contencioso administrativa, luego de la declaración de incompetencia de la Cámara de Apelación en lo Laboral, siendo conveniente insistir al respecto en que, como lo expresaran los Sentenciantes, resulta insoslayable que los actores, tras haber puesto en marcha el proceso con la finalidad de ejercitar sus derechos, luego lo abandonaron por su propia inactividad, extremo que no ha podido ser rebatido por los mismos, no logran demostrar de tal modo en esta Sede por qué particular razón resultaría arbitraria la aplicación al sub judice de la consecuencia prevista por el artículo 3987 del Código Civil, omitiendo con ello lisa y llanamente hacerse cargo de los efectos de la caducidad declarada -cuya firmeza, vale la pena señalar, se encuentra fuera de discusión-, que no podrían verosímilmente dejarse de lado esgrimiendo una reclamación administrativa que no podría haber resucitado derechos ya prescriptos y cuya necesidad -por lo demás- no ha sido demostrada ni tampoco resulta evidente para este Tribunal en las particulares circunstancias del caso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 3987
Representación procesal, gestor, ratificación de actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: HUROVICH, Sara Celia c/ O. SEVESO S.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Cuando quien se ha presentado en juicio carece en absoluto de mandato, no es posible ratificar por la parte los actos procesales que aquel ha efectuado, si se lo hace una vez vencido el plazo otorgado para cumplir el acto que se pretende convalidar.
Seguros, exclusión de la cobertura, dosimetría alcohólica, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Megey, Pablo Sebastián c/ Moriconi, Javier Angel s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-06

Corresponde rechazar la defensa de exclusión de cobertura opuesta por la aseguradora, basada en la negativa del conductor del automóvil asegurado a realizarse el test de alcoholemia, dado que la presunción de ebriedad del conductor contenida en la póliza por la mera negativa al examen de alcoholemia es una estipulación ilícita por contravenir los principios generales de la ley en materia de carga de la prueba, y es irrazonable porque no responde a necesidades técnicas del seguro de responsabilidad civil automotor sino a una comodidad o descarga probatoria del asegurador en perjuicio del asegurado y los terceros damnificados.
Recursos, sentencia, admisibilidad del recurso, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema, prescripción tributaria, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Valot SA  c/ AGIP - DGR s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde hacer lugar al recurso de queja de la parte actora y parcialmente a su recurso de inconstitucionalidad, y revocar la sentencia de la Cámara y de primera instancia en cuanto resolvieron que eran aplicables las reglas del Código Fiscal de la CABA al cómputo de la prescripción de la acción por períodos vinculados con actividades no industriales, toda vez que cabe adoptar el criterio de "Volkswagen" (Fallos: 342:1903) en cuanto estableció que la prescripción se rige por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República. Ello, no obstante mi postura sobre la cuestión y plena convicción sobre el tema desarrollada en la causa "Fornaguera". (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mas-abd Inmobiliaria S.C.A. c/ Abd de Massad, Victoria y otros s/ Determinación de proporción en condominio Calízzano de Ford, Nelba Teresa c/ Di Stéfano, Eduardo Benjamín y otros s/ Daños y perjuicios Pasqualone, Gabriel c/ Zgrablich, Luis C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10|1995-09-05|1997-06-03

Si resulta imposible penetrar en el estudio del esquema fáctico que nutre la causa, debe considerarse desplazada la cuestión relativa a la denunciada infracción al art. 375 del CPC, ya que carece de virtualidad indagar si se ha liberado o no a una de las partes de determinada carga probatoria.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MINERA TEA SOC. ANON. IND. AGROP.Y FINANCIERA c/ VIALAGRO S.A. Y MIGUEZ ANGEL MAJUL EMP. ASOCIADAS s/ ORDINARIO"EXPTE. N 13789/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-11-28

No se cohonesta con el principio"pas de nulité sans grief" declara nulo lo actuado desde la providencia que ordenara recibir la causa a prueba con el argumento de que el codemandado no contestó la demanda ni fue declarado rebelde pues, dado que a tal persona no alcanza los efectos de la concreta sentencia de mérito pronunciada, no hay respecto de él perjuicio grave que reparar.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Banco provincial de Santa Fe c/ Richiger S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Ejecución hipotecaria (Expte. CSJ Nro.   602-1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Corresponde la anulación del fallo impugnado cuando, a la hora de examinar la eficacia del convenio suscripto entre las partes que eximía a la demandada del pago de los honorarios correspondientes a los profesionales en relación de dependencia con la institución bancaria, el Tribunal partió de su inoponibilidad frente a los abogados que habían representado al Banco Provincial de Santa Fe y -más aún- de su invalidez a la luz del artículo 32 de la ley 10.472 y del artículo 5 del decreto 974/90, dejando injustificadamente de lado específicas normas que definían el status laboral de los abogados en relación de dependencia con el Banco, entre las que se destaca el artículo 23, inc 23 de la ley 9613, cuyo texto preveía la posibilidad de que el Directorio disponga "que los abogados y procuradores que intervienen en causas judiciales en representación del Banco y estén vinculados por relación de dependencia con él, no perciban total o parcialmente los honorarios que le hayan sido regulados o que les sean fijados de la parte que resulte obligada al pago de costas", lo cual era viable en diversos supuestos, no limitados a los casos en los que el Banco haya dispuesto desistimiento de acciones o procesos, comprendiendo también aquellos en los cuales haya acordados quitas, recibidos bienes en pago o en los que existan circunstancias que a criterio del Directorio hagan necesaria o razonable esa resolución. Tal norma -que conforme a lo previsto en el artículo 45 de la ley 10.582 rigió hasta que se registró el estatuto del Banco de Santa Fe SAPEM en el Registro Público de Comercio-, resultaba de decisiva importancia en el caso y no podía quedar desplazada sin más por la ley 10.472, ni menos aún (en virtud de obvias razones de orden constitucional y de estructura lógica del sistema jurídico) por el decreto reglamentario 974/90, atento a su especial y específica operatividad con relación a los trabajos realizados en representación del Banco por quienes en ese tiempo estuvieron vinculados al mismo por una relación de dependencia, comportando ella misma suficiente aval en orden a la validez del convenio oportunamente celebrado.