Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-02-08


Expte. Nº 5721/11 "FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Asociación de Terapia Intensiva de San Juan y otros - Amparo - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a ocho ( 08 ) días del mes de febrero del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil once, en autos Nº 21187 - 128647 caratulados: "Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan c/ Asociación de Terapia Intensiva de San Juan y otros - Amparo".-------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:--------------------------------------------------- --- En la sentencia impugnada el Tribunal rechazó el recurso de la codemandada Asociación de Terapia Intensiva de San Juan. De esta manera, confirmó la sentencia de primera instancia que había receptado la acción de amparo. La sentencia de primera instancia también calificó de ilegal la medida de suspensión de prestación de cobertura a los afiliados de la Dirección de Obra Social de la Provincia, por lo que ordenó a la Asociación de Terapia Intensiva de San Juan y a los médicos asociados a ella que continuaran prestando los servicios de terapia intensiva y terapia intermedia en la totalidad de los institutos privados de la Provincia de San Juan, ".hasta que se complete el procedimiento administrativo ya iniciado y la culminación de las negociaciones tendientes a superar el conflicto institucional existente, debiendo ventilarlo en su caso por medio de las vías procesales pertinentes."---------- --- La codemandada encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que la sentencia es arbitraria y violatoria de su derecho de defensa, por ignorar las constancias de autos y desentenderse de las normas legales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.------------------------------- --- En primer lugar, se agravia de la jerarquía de derechos civiles que el fallo establece y del análisis que hace de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Señala que la jurisprudencia de la Corte es mal interpretada por el a quo. Y que lo propio ocurre con las leyes que también cita, 26.061 y 26.529.- --- En segundo lugar, se agravia de lo resuelto respecto de la legitimación de la Provincia en el amparo, reconocida en función de su carácter de garante del derecho a la salud de la población. Dice que las consideraciones del fallo son arbitrarias, que no es contradictorio sostener que el Estado es garante del derecho a la salud de la población y que, pese a ello, no se encuentra legitimado para reclamar ante la administración de justicia. Agrega que, aun en el supuesto de que el Fiscal de Estado se hubiese presentado por la Dirección de Obra Social de la Provincia, lo que no ha hecho, también carece de legitimación.------------------------------------------- --- Finalmente, se agravia de lo resuelto sobre el tiempo para iniciar el amparo. Dice que el a quo ha considerado que se trataba de un problema sectorial complejo, con actos de ambas partes que han interrumpido los plazos, por lo que el amparo fue presentado en tiempo. La recurrente señala que ello es absurdo, que la lesión o amenaza surgió el 7/06/11, que es cuando la interventora de la Dirección de Obra Social de la Provincia intimó a los prestadores.--------------------- --- La demandada encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que la sentencia interpreta erróneamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las leyes 26.061 y 26.529 y los artículos 61 y 43 de la Constitución Provincial.----------------------- --- Tras exponer sucintamente los antecedentes del recurso planteado, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlo, porque la sentencia impugnada carece del requisito de definitividad establecido en el artículo 4 de la ley 2275.----------------------------------------- --- Como dije antes, la sentencia recurrida confirmó la de primera instancia que había ordenado a la Asociación de Terapia Intensiva de San Juan y a los médicos asociados a ella que continuaran prestando servicios, ".hasta que se complete el procedimiento administrativo ya iniciado y la culminación de las negociaciones tendientes a superar el conflicto institucional existente, debiendo ventilarlo en su caso por medio de las vías procesales pertinentes." En aclaratoria posterior, con cita del artículo 579 del CPC, el juez alude a la naturaleza cautelar de esa resolución.------- --- Puede verse que ello implica que lo resuelto carece de definitividad, por la referida naturaleza cautelar y porque remite a otras vías para solucionar el conflicto.

--- En cuanto a lo primero, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que "Tanto la imposición de cautelares, como su levantamiento, son siempre resoluciones de tipo provisional, a más que no ponen fin a la discusión sustantiva y, por ello, carecen de la definitividad exigida como requisito de admisibilidad por la ley de recursos extraordinarios (P.R.E. 1969-53; P.R.E. S.2ª.-1996-II-322). En igual sentido, ha dicho que "Todo cuanto tenga relación con medidas cautelares dictadas en la causa, carece de la definitividad requerida para la procedencia de la vía extraordinaria, por cuanto lo atinente a medidas precautorias es de carácter provisorio, pudiendo modificarse en cualquier momento del proceso (P.R.E. S.1ª.-1998-I-69). "Todo lo atinente a medidas precautorias es de carácter provisorio y siguen la suerte del juicio principal, hasta que se defina con la sentencia que le pone fin" (P.R.E. S.1ª.-1997-II-226).------------ --- Además, y en línea con el carácter cautelar que otorga a lo resuelto, la resolución de primera instancia remite a "las vías procesales pertinentes". Sobre el particular, repetidamente ha dicho el Tribunal que el criterio para determinar si un pronunciamiento es o no definitivo está dado por la supervivencia de la acción. Que no hay definitividad cuando ésta subsiste y que, en cambio, la hay cuando la acción se agota con la instancia recurrida (P.R.E. 1973-215; S.1ª 1988-27). En la misma línea ha señalado que: "No hay definitividad si se resuelve una cuestión procesal que no (...) decide sobre el fondo del asunto y, por el contrario, deja expresamente a salvo otra vía para discutir sobre ello" (P.R.E. S.1ª l992-I-l46; S.2ª l989-I-37; l987-III-414; l985-II-308, etc.).------------------------------------- --- Cabe agregar que esta Corte también tiene dicho que su intervención es excepcional (P.R.E. S.2ª 1998-IV-635). Por ende, sólo debe intervenir cuando el agravio no puede ser reparado por los jueces naturales de la causa. De conformidad, ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por razones de economía procesal, es innecesaria su intervención cuando el agravio puede ser reparado por los jueces naturales de la causa (Fallos 222:222).------------------------------ --- Por ello, voto por desestimar formalmente los recursos planteados.------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:------------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.-------------------------------------------- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Df-5721 E.B.T.

Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- P.R.E. S.2ª.- 2012-I-1