Representación sindical, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Miguel Andrés c/ Empresa de Transporte Líneas G.M. S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-21

La actora en autos principales interpone recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara que haciendo lugar a la apelación de la demandada revocara la sentencia de primera instancia, rechazando en consecuencia la pretensión de la ahora recurrente de la indemnización contemplada por tutela sindical de la ley Nº 23551.

La cuestión debatida se circunscribe a analizar si el fallo en recurso incurrió en arbitrariedad o violación de la ley cuando le deniega al trabajador - actor la indemnización por estabilidad gremial considerando que la ahora recurrente no probó en autos la calidad de afiliado al gremio que pretende representar.

En tal sentido cabe apuntar que los agravios planteados en relación al fallo en recurso intentan que se evalúe en esta instancia la valoración que de la prueba incorporada hiciera el Tribunal para arribar a la solución denegatoria de la indemnización peticionada.

En relación al tema esta Corte tiene dicho que en principio las cuestiones de hecho y prueba no son materia del recurso de casación, quedando reservadas a las instancias ordinarias, salvo que del mérito que de ellas se hiciera en las instancias inferiores surgiera un error manifiesto o un apartamiento evidente de las reglas de la recta razón que viciaran a la decisión jurisdiccional de arbitrariedad manifiesta.

En virtud del criterio expuesto, y por vía de excepción corresponde ingresar al análisis de la cuestión de autos y de las constancias obrantes en la causa.

De la prueba documental y de informes incorporada en autos y oportunamente requerida por el Sr. Juez de Primera Instancia surge que la misma no a sido redargüida de falsa y cuenta con plena validez y verosimilitud para evaluar la hasta ahora discutida condición de afiliado del trabajador electo. En tal sentido cabe apuntar que no surge del informe del veedor del Ministerio de Trabajo constatación alguna que ponga en cuestión la regularidad de la asamblea sindical y del proceso electoral de sus representantes, circunstancia que configura una sólida presunción en relación a la condición de afiliado al sindicato del trabajador electo; pues resultaría manifiestamente absurdo asumir la hipótesis que el actor pudo como sujeto ajeno al gremio, participar primero en la asamblea, ser propuesto como candidato, oficializar su candidatura y en definitiva ser electo, sin que ningún participante en aquella le impugnara por la falta de afiliación; mas aún si tenemos presente que tales actos o procesos se caracterizan por ser esencialmente competitivos donde se debaten posiciones o intereses encontrados de grupos y definidos por circunstancias de poder o preeminencia al interior de las estructuras de representación sindical. En tal sentido pareciera al menos una ingenuidad creer que los afiliados a un gremio con marcada identidad profesional permitirían que asuma representación alguna una persona ajena al mismo, sin sentido de pertenencia y mas aún con obvio desconocimiento de la problemática profesional de la corporación de que se trata, y todo ello en presencia de un veedor fiscalizador, funcionario público del Ministerio de Trabajo, designado regularmente para su función, y que en su informe (Documento Público) no deja constancia de irregularidad alguna producida en el inter electoral.

Por último, asiste razón a la Procuradora Subrogante cuando expone que la condición del trabajador en su representación sindical es anterior al conflicto laboral que concluyó en su despido considerado incausado y así resuelto y firme en las instancias inferiores.

Por todo lo expuesto considero que el fallo de Cámara ha incurrido en un exceso de rigor formal al exigir prueba documentada de la afiliación, en tanto tal condición surge obvia de la prueba incorporada ya extensamente tratada en este voto.

Por lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso intentado en virtud de la causal de arbitrariedad, reconociendo en el actor el derecho a percibir la indemnización especial por estabilidad gremial, contemplada por el art. 52 de la Ley Nº 23551.