Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05


Buenos Aires, 05 de octubre de 2006 VISTOS: los autos individualizados en el epígrafe, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, contra la sentencia que rechazó la acción de amparo, y CONSIDERANDO: 1. Que el Dr. Mario Luis Gambacorta promovió acción de amparo contra la Legislatura de la Ciudad, con el objeto de que se le ordene que "en la próxima e inmediata sesión que ésta realice proceda a tomar[le] juramento como miembro titular del Consejo de la Magistratura". Relató que fue designado por la Legislatura como suplente para integrar el Consejo de la Magistratura por el período 2002-2006, en la sesión del 19 de diciembre de 2002. Estima que dado que existen dos vacantes correspondientes al estamento legislativo en la integración del Consejo de la Magistratura local, corresponde que se lo convoque para que preste el juramento de forma y, así, asumir la función de consejero. Alega que la Legislatura dilata su asunción al cargo sin fundamento jurídico alguno. Relata que con la renuncia de Bettina Castorino y el deceso de León Rosenfeld, dicho cuerpo cuenta con un solo integrante en el Consejo, de los tres que prevé su composición. Afirma que, ante la demora en tomarle juramento efectuó una presentación ante la Legislatu ra (que tramita por el expediente 1310-P-2006, del 26/05/06). Se refiere al trámite que se le dio a su petición y, en particular, a las opiniones vertidas en la Comisión de Justicia al tratar su pedido, algunas contrarias a que se le tome juramento. Afirma que estas dilaciones pueden convertir en ilusorio su derecho a asumir el cargo para el que fue designado toda vez que el mandato vencerá el 19 de diciembre de 2006. Hace notar que es suplente al Consejo de la Magistratura por la Legislatura, y no por un bloque. Observa que el expediente fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo cual pondría en evidencia la falta de criterios claros para decidir su petición, o bien el deseo de dilatar una decisión. En ese contexto solicitó una medida cautelar, tendiente a que se ordenase a la demandada que le tome juramento como Consejero titular en la próxima sesión que realice. 2. Que el Superior Tribunal estimó que no se verificaba un supuesto de competencia originaria en atención a que los representantes d e la Legislatura en el Consejo de la Magistratura no son electos, sino designados, circunstancia que obstaría a encuadrar la materia en el supuesto del artículo 113 inciso 6 de la CCBA. 3. Que el juez de grado hizo lugar a la medida cautelar y dispuso que la Legislatura debía abstenerse de cubrir una de las dos vacantes que corresponden a dicho estamento, hasta que se resolviera la cuestión de fondo, sin perjuicio de que dicho cuerpo podía proceder a la cobertura de la otra vacante, siempre que se designara a una mujer. La decisión fue apelada por la Legislatura (v. fs. 197/201). 4. Que corrido el traslado de la demanda se presentó la representación letrada de la Legislatura de la Ciudad y solicitó el rechazo de la pretensión. Sostuvo que no le asiste derecho alguno al actor y que, además, no existen elementos que permitan considerar ilegítima o arbitraria la conducta de la demandada. Señaló que de conformidad con la versión taquigráfica de la sesión del 19 de diciembre de 2002, el diputado Constanzo efectuó la propuesta, por la Unión Cívica Radical de designar como consejero titular al Dr. Sebastián DE STÉFANO y como consejero suplente al Dr. Mario GAMBACORTA. Afirma que dicha propuesta fue aprobada por 43 votos afirmativos, uno por la negativa y cuatro abstenciones, quedando así designados ambos en carácter de consejero titular y suplente, respectivamente. Argumenta que el artículo 16 de la ley 31 establece que se elige un suplente por cada miembro del Consejo de la Magistratura. Resalta que dicha norma establece que los suplentes sólo reemplazan al titular cuando se produzca la vacancia definitiva del cargo. Postula que el actor fue elegido como suplente del miembro De Stéfano, y sólo lo reemplazaría en el hipotético caso de producirse la vacancia definitiva del cargo que ocupa. Mientras tanto -afirma- el actor no goza de la condición de miembro del Consejo de la Magistratura. Interpreta que sería contrario a la manda de la ley 31 que el actor pasara a integrar como miembro titular el Consejo en reemplazo de c ualquier otro miembro, ya que ello rompería el equilibrio existente entre los partidos políticos para cubrir dichos cargos. Afirma que tanto el consejero De Stéfano como su suplente el doctor Gambacorta fueron propuestos por el bloque de la Unión Cívica Radical, de modo que si este último reemplazara a un titular propuesto por otra fuerza política se produciría un conflicto entre partidos. Sostiene que esto es evitado por la ley 31, al disponer una suplencia por cada miembro (v. fs. 224 vta.). Por otra parte, hace notar que no existe una violación a derechos y garantías constitucionales, en tanto la eventualidad del ingreso de éste como titular al Consejo de la Magistratura está supeditada a la vacancia de un titular determinado. Defiende el accionar de su representada y argumenta en torno al principio de división de poderes. Ofrece como prueba la versión taquigráfica de la sesión extraordinaria de la Legislatura del 19 de diciembre de 2002, en que se procedió a la designación de los representantes de ese est amento. Hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la presente acción. 5. Que el juez de grado no hizo lugar a la acción de amparo. Para fundar su decisión señaló que la omisión o demora del cuerpo legislativo -al que compete tomar juramento a quienes se incorporan al Consejo de la Magistratura- es una materia sujeta al control de los tribunales, si de tal conducta se deriva un perjuicio concreto. En criterio del a quo existe una indeterminación normativa en la medida en que la Constitución de la Ciudad no da una respuesta clara al caso. Del mismo modo, el marco legal tampoco proporciona una respuesta unívoca a la cuestión. Indicó que el hecho de que una persona sea miembro titular (o suplente) de la Legislatura, no significa que sea irrelevante el origen de la postulación partidaria que le permitió ser elegido. Destacó que la expresión "de la Legislatura" indica, simplemente, que la persona designada es representante del órgano legislativo, en los términos del artículo 115 inciso 1 CCBA. Del mism o modo, es corriente utilizar expresiones como "diputado de la Ciudad" o "diputado de la Nación (o nacional)". Indicó que ello no significa que sea irrelevante el partido político al que pertenece el representante, pues, en caso de existir una vacancia, el origen partidario cobrará relevancia a fin de determinar el suplente que deberá asumir. Indicó que la representatividad de quienes ocupan ciertas funciones públicas y el pluralismo en la integración de cuerpos colegiados son aspectos que hacen a una correcta conformación de los órganos constitucionales de gobierno, y con particular intensidad en la Legislatura, órgano representativo por excelencia. Puso de relieve que el artículo 115 inciso 1 CCBA establece como atribución de la Legislatura (designar a sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura), cuyo ejercicio encierra componentes de carácter fuertemente discrecional. Luego de un extenso y pormenorizado relato acerca del modo en que sucedieron anteriores composiciones del cuerpo, concluyó que las prácticas legislativas en la materia son contrarias a la interpretación que propone el actor y que tales prácticas no son opuestas a la Constitución ni a la ley, y contribuyen a interpretar el sentido de las disposiciones de ambas normas. Indicó que podría hablarse de una costumbre praeter constitutionem (o praeter legem), que complementa las disposiciones normativas relevantes y no está en oposición con ellas. Antes bien, agregó, la interpretación sostenida está en consonancia con otros principios que hacen al correcto funcionamiento de las instituciones políticas, como lo es el del pluralismo y la representatividad de quienes acuden a la formación de un órgano (el Consejo de la Magistratura) en representación de otro órgano (la Legislatura). Concluyó que, de otro modo, se procuraría la sustitución de un criterio de conveniencia, ponderado por el órgano legislativo, por otro que debería establecer -en exceso de sus facultades- un tribunal judicial. Señaló que en lo relativo a la designación de sus repre sentantes la Legislatura cuenta con distintas opciones de interpretación, empero, si ha escogido una de las interpretaciones posibles, y tal interpretación no contradice normas de jerarquía superior, quien pretende su modificación debe exponer las razones jurídicas que así lo justifican. En tal sentido, advirtió que el actor no ha aportado elementos de juicio valederos que autoricen modificar el criterio sentado por la Legislatura, que tiene un papel privativo en la materia. Manifestó que de ser acogida favorablemente la pretensión del actor, la fuerza política que lo postuló tendría dos representantes, vulnerando el principio del pluralismo y equilibrio de los distintos partidos con representación en la Legislatura. Por lo demás, el argumento de la discriminación política -además de no estar adecuadamente basado en la realidad- importa un planteo en términos de un derecho individual a ser puesto en funciones, con omisión de consideraciones institucionales. En particular aquellas que obligan a tomar en cuenta el papel de los partidos políticos en la postulación de representantes por el estamento legislativo (conf. art. 13 de la ley 31), la vigencia de principios constitucionales como el pluralismo y la existencia de una práctica del órgano legislativo que no resulta incompatible con tal principio, ni con las normas constitucionales o legales aplicables. Por último, respecto del argumento que alude a las vacancias de dos representantes del estamento legislativo en el Consejo de la Magistratura, lo cual afectaría la composición y el integral funcionamiento institucional de dicho cuerpo, indicó que más allá de la preocupación por lograr un normal funcionamiento del Consejo (al menos, en lo que respecta a la incorporación de todos los representantes de la Legislatura), lo cierto es que ello no permite concluir que sea el actor quien deba cubrir alguna de las vacantes existentes que corresponden al estamento legislativo. Señaló que dado que no existe un método constitucionalmente previsto para la cobertura de vacantes para las que no existe un suplente, aparece un marco de discrecionalidad que puede ser válidamente ejercido por el órgano legislativo, a fin de decidir de qué modo llevará a cabo la elección de los representantes que completarán el período faltante. Concluyó que no se advierte en este caso que la Legislatura proceda con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en caso de no tomar juramento al doctor Gambacorta. 6. Que al actor apeló la decisión reseñada por los argumentos que lucen a fs. 246/251. Corrido el pertinente traslado, la Legislatura hizo lo propio a fs. 258/256 vta. 7. Que la cuestión a resolver se refiere al carácter de la designación del doctor Gambacorta como suplente elegido por la Legislatura para integrarse al Consejo de la Magistratura. Mientras que para el actor su derecho a incorporarse a dicho cuerpo nace a partir del momento en que se produce una vacante (cualquier vacante) en alguna de las vocalías ocupadas por los miembros titulares, la demandada entiende que sólo podría asumir el cargo e n caso de que la vacante corresponda al miembro titular con el cual fue votado. La tesis de la Legislatura es que existe una correspondencia entre titular y suplente, de modo que cada miembro titular tiene su suplente. Dado que el titular con el que fue elegido el actor es el doctor De Stéfano, quien aún ocupa su vocalía, no se habría producido la condición que permitiría al actor incorporarse al Consejo de la Magistratura por el estamento legislativo en calidad de titular. En otras palabras, en el sub lite se trata de establecer si el actor, elegido por la Legislatura como suplente para el Consejo de la Magistratura, puede reemplazar a cualquiera de los titulares (en caso de que se produzca una vacancia) o si sólo puede reemplazar al titular que fue propuesto por el mismo bloque político que él. 8. Que en primer lugar, cabe recordar que el artículo 115 de la Constitución de la Ciudad establece: "El Consejo de la Magistratura se integra con nueve miembros elegidos de la siguiente forma: 1.- Tres representante s elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. (...)". Asimismo, se refiere a la participación de tres integrantes por el estamento judicial y tres por el estamento de los abogados. En lo que se refiere al estamento legislativo, la norma establece una mayoría agravada (dos tercios del total de miembros de la Legislatura) para elegir a las personas que lo representarán en el Consejo. Por otra parte, el artículo 117 de la Ley Fundamental local prevé el dictado de una ley que regule la organización de dicho órgano constitucional, la que debe ser aprobada por una mayoría absoluta del total de miembros de la Legislatura. Esta norma es la ley 31, cuyo artículo 13 reitera la manda constitucional, en cuanto a que "[l]os miembros del Consejo de la Magistratura que representan a la Legislatura son designados/as en sesión pública, convocada especialmente al efecto, con el voto de los dos tercios del total de los diputados y diputadas. Con una anticipación de diez días a la [fecha] fijada para la sesión deben publicarse los antecedentes de los/las candidatos/as que hayan propuesto los distintos bloques de la Legislatura". La disposición transcripta, además de la mayoría agravada, indica que los candidatos son elegidos en una sesión pública y son propuestos por los bloques de partidos políticos representados en la Legislatura. Además, el artículo 4° de la ley establece la incompatibilidad entre el cargo de consejero y el de legislador. Por su parte el artículo 16 establece que: "Debe elegirse un/a suplente por cada miembro del Consejo de la Magistratura. Los o las suplentes sólo reemplazan al o a la titular cuando se produzca la vacancia definitiva del cargo y completan el mandato de quien reemplazan. No tiene la condición de miembro del Consejo de la Magistratura hasta que asumen como titulares". Esta norma se refiere no sólo a los representantes de la Legislatura, sino a los de todos los estamentos. Las normas mencionadas han prescripto que la configuración del órgano esté s ignada por el equilibrio. Con ello, ha establecido que la composición numérica debe garantizar el pluralismo en la selección de los representantes de la legislatura. El Consejo de la Magistratura está llamado por la Constitución a ejercer un papel fundamental en el afianzamiento de un valor central del sistema democrático: la independencia de los jueces. El equilibrio de los distintos bloques que proponen sus candidatos es un tema sustancial a la hora de conformar el cuerpo. 9. Que la cuestión traída a resolución del tribunal concierne al ejercicio de funciones privativas de la legislatura local (art. 80, inc. 24 de la Constitución), cuyo modo de ejercicio fue regulado por el artículo 16 de la ley 31. Está de más asegurar que, no obstante el carácter de privativas, tales facultades pueden ser revisadas judicialmente cuando colisionan con normas y principios constitucionales. Ello no significa, claro está, sustituir el criterio de los otros poderes del Estado por el de los jueces, sino simplemente permitir, al afectado, acudir a la justicia en defensa de sus derechos, con independencia del resultado final de la controversia y, a los magistrados, ejercer la facultad de revisar los actos de los otros poderes, limitada a los casos en que se requiere su ejercicio para la decisión de los juicios regularmente seguidos ante ellos en la medida en que debe conocer y decidir todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y la ley. En el caso, es menester dilucidar si el ejercicio de las facultades de la legislatura (art. 80, inc. 24, de la Constitución) y la aplicación e interpretación del artículo 16 de la ley 31 ha sido arbitrario o irrazonable. 10. Que dentro del marco normativo precedentemente descrito, la posición defendida por la legislatura en la causa se encuentra fundada y los agravios del actor no bastan para rebatir los sólidos argumentos de la sentencia apelada. En efecto, entre las acepciones de la preposición "por", utilizada en el texto del artículo 16 de la ley 31, el Diccionario de la Real Academia Española mencionada "en lugar de", lo que quita entidad a la argumentación gramatical reiterada por el actor en su presentación ante esta alzada. En ese sentido resulta razonable el criterio de la demandada quien sostiene que atento a que los doctores De Stéfano y Gambacorta fueron propuestos en conjunto por el bloque de la Unión Cívica Radical, en caso de que el actor reemplazara a un titular propuesto por otro partido se produciría una alteración en la composición prevista legalmente en cuanto al necesario equilibrio entre bloques. 11. Que resulta de lo expuesto que en el marco de la cuestión planteada, la legislatura ha actuado en el ámbito de sus facultades privativas de un modo que no revela alejamiento de las normas constitucionales y legales que las definen. En efecto, más allá de la consideración que merecen las expectativas del apelante de obtener una decisión favorable en un tema que es nítidamente de su interés, la legislatura ha aplicado la norma vigente, sin irrazonabilidad ni notor io apartamiento de las reglas que consagran sus atribuciones. El artículo 14 de la CCABA establece que "toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo"... "contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesiones, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjudiccionales en los que la Ciudad sea parte". Así, la admisibilidad de la acción depende, en esencia, de dos recaudos: daño actual o inminente a esos derechos y un proceder o acto lesivo cuya ilegalidad o arbitrariedad aparezcan de un modo claro y manifiesto. En el sub examine, el actor no ha dado razones suficientes para demostrar que la legislatura hubiera hecho un uso irrazonable de sus facultades privativas, razón que impone confirmar la sentenci a apelada. Por las razones expuestas, y habiendo dictaminado la señora Fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas en el orden causado (art. 14 C.C.A.B.A). El Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por haberse excusado. Regístrese, notifíquese -a la mencionada funcionaria en despacho, y devuélvase.