Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14


MIRANDA VERA, Ramón Causa Nº 15850-00/CC/2006 s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación" En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 del mes de agosto del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa.

Y VISTOS:

1. La resolución del 1º de junio de 2006 que dispuso: "...I- MANTENER la medida precautoria decretada en estos autos sobre los efectos oportunamente incautados en autos y que fueran descriptos ut supra.- II- NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN de los bienes en cuestión, petición que fuera planteada por la Defensa Técnica...." (fs. 9/10).

2. El recurso de apelación interpuesto por la cotitular de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 8 a fs. 12/14vta.

3. La presentación de la Fiscalía de Cámara obrante a fs. 20/23.

Y CONSIDERANDO:

4. El recurso de apelación ha sido deducido por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que corresponde su tratamiento.

Atento la constancia del diligenciamiento de la cédula obrante a fs. 25vta., el recurso interpuesto por la defensa -que fuera concedido por la Sra. Jueza a quo sin que estuviera acreditada su temporaneidad- se advierte que resulta temporáneo, por lo que no habrá de prosperar el pedido para que se declare mal concedido, que efectuara la Fiscalía a fs. 20vta.

5. Las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley n° 12, como así también las previstas por el art. 449 C.P.P.N. -en virtud de lo dispuesto en el art. 6 L.P.C.- entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen de insusceptible reparación ulterior.

La medida cautelar de secuestro afecta, sin duda, el derecho de propiedad y por ello, la decisión impugnada causa un gravamen irreparable al imputado en los términos exigidos por la normativa citada.

6. El Fiscal de Cámara sostiene que la defensa carece de legitimación debido a que no ha mediado designación por parte del imputado. Afirma, con fundamento en el art. 3 L.P.C. que quien debe designar defensor es el propio encartado y que hasta tanto no se haya concretado la imputación, la que se produciría en ocasión de celebrarse la audiencia prevista en el art. 41 L.P.C., no existe posibilidad ni necesidad de tal designación.

Adelanto que este Tribunal no comparte tal afirmación.

El derecho de defensa es una garantía constitucional que protege al ciudadano frente al poder estatal (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. - art. 14.3 apartado d) del P.I.D.C.P. y art. 8.2 apartado d) y e) de la C.A.D.H.- y art. 13 inc. 3° de la C.C.A.B.A.) y se funda en la facultad de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado si el imputado no se defendiere por sí, ni nombrara defensor de su confianza, dentro del plazo establecido por la ley.

El abogado defensor es, con su presencia, una garantía de legitimidad constitucional; la asistencia letrada del imputado se encuentra dentro del marco de la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso justo.

La ley n° 12 establece que el imputado puede ejercer los derechos que la ley le acuerda "desde los actos iniciales y hasta la terminación de la causa" (art. 1 de la L.P.C.) y puede hacerse defender "por abogado/a inscripto en la matrícula. Si no eligiere defensor o defensora de confianza el juez o jueza, o el fiscal, según el caso, deberá dar inmediata intervención al defensor o defensora que por turno corresponda" (art. 3 de la L.P.C.).

Además, conforme al art. 6 del mismo cuerpo normativo, son de aplicación supletoria los arts. 106 y 108 del C.P.P.N. que disponen la obligación de aceptar el cargo sólo a los defensores particulares, como también que la designación del defensor oficial no perjudica el derecho del imputado de elegir posteriormente un abogado de su confianza.

Este Tribunal ha sostenido que las actuaciones se inician cuando la autoridad preventora comprueba, prima facie, la posible comisión de una contravención, oportunidad en que debe labrar un acta que contenga, entre otras exigencias, los datos del presunto contraventor (c. 8710/CC/2005. Acosta Riveros, Débora Soledad s/inf. art. 83 ley 1472- Apelación).

De ello se colige que existiendo un presunto imputado en el acta contravencional -máxime cuando se hubieran adoptado medidas cautelares o ejercido la coacción directa que, por su naturaleza, importan una seria afectación a los derechos de las personas- a partir de ese momento, y no con la audiencia prevista por el art. 41 LPC, aquél puede designar defensor y, en consecuencia, en caso de no elegirlo, el juez o fiscal deberá dar intervención inmediata al defensor oficial, conforme a la normativa legal señalada supra. Lo contrario significaría un menoscabo al derecho de defensa en juicio (Fallos: 308:1386; 311:2502, entre otros).

La constante consolidación del derecho de defensa es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, para que no se torne en letra muerta, sino que tenga efectiva vigencia.

Así las cosas, de la interpretación armónica y coherente de la normativa antes citada, no resulta conforme a derecho considerar la calidad de imputado recién a partir de la audiencia prevista en el art. 41 de la L.P.C., ya que ello ocasionaría la ausencia de una asistencia técnica capaz de cuestionar aquellas resoluciones que agravian o privan al individuo de derechos esenciales, como en el presente caso, en que se adoptaron medidas precautorias en afectación al derecho de propiedad del imputado.

En este sentido, la doctrina ha señalado que se torna imperioso que el imputado tenga asistencia letrada desde la prevención y que pueda ejercer plenamente en dicha sede su derecho de defensa. (conf. Carlos Enrique Edwards, "El defensor técnico en la prevención policial", Ed. Astrea, Edición 1992, págs. 7/8).

7. Con respecto a la declaración de rebeldía pedida por el Sr. Fiscal de Cámara, la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que deteminan el ámbito de su competencia decisoria, que no integra esta cuestión en el presente caso.

En efecto, de tener acogida favorable la pretensión del Sr. Fiscal de Cámara, se vulneraría la prohibición de la reformatio in pejus, reconocida por nuestra Corte Suprema como garantía constitucional cuya inobservancia afecta al debido proceso y lesiona el derecho de defensa del acusado (Fallos C.S.J.N. t. 234, pág. 270 y 372).

La reformatio in peius vive en el ámbito de los recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y, básicamente, significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona autorizada por la ley, en su favor (Ayán, Manuel N. "La prohibición de la reformatio in peius", en "Cuadernos de los Institutos", Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1985, pág. 161 y ss.).

De ello se sigue que, una resolución como la pretendida por el Sr. Fiscal de Cámara tome por sorpresa al imputado al dictarse un fallo más adverso que el recurrido, cuando el acusador no recurrió y la jurisdicción de este tribunal sólo fue excitada por el imputado.

Asimismo, el planteo del Sr. Fiscal de Cámara, de ser resuelto por el Tribunal actuando como primera instancia en ese aspecto, resultaría violatorio de las convenciones internacionales sobre derechos humanos -art. 8.2, h) de la C.A.D.H. y art. 14.5 del P.I.D.C.yP.- que conceden al condenado, y en este caso al imputado, recursos contra las sentencias condenatorias, o contra resoluciones que agraven su situación procesal, y ampliaron así el catálogo histórico de garantías procesales referidas a las personas perseguidas penalmente. Se trata de la facultad que la ley procesal debe conceder para tornar posible que la condena o, en el caso, las resoluciones que agraviarían al imputado, sea regida, cuando lo exige el imputado, por el principio de la "doble conforme". (Conf. Julio B. J. Maier, "Derecho Procesal Penal, T. I, Fundamentos, pág. 794).

8. Resulta procedente aclarar la diferenciación entre el derecho administrativo sancionador y el derecho contravencional, en la medida que, si bien ambos responden al derecho de represión, reglan, a su vez, valores distintos; por lo que, al aplicarse ambas especies de sanción en ámbitos y situaciones distintas, nada impide que un mismo hecho pueda constituír una falta, pese a que en sede judicial se haya dispuesto el sobreseimiento o la absolución.

Las sanciones administrativas por infracciones tienen distinta naturaleza, finalidad y esencia que las penas del derecho penal (Cf. Cám. Fed. Cont. Adm., esta Sala, causa 3597/94 "Bassi, Héctor R. (Banco Español y Río de la Plata) c/B.C.R.A. -Rosols. 224/92 y 134/93 (sum. 546 Exp. 100330/82)", del 22/11/94; "Abadía ", del 7/5/97 y "Sandy", del 17/7/97; Sala II, causa 14510/97 "Galanti, Marcos Marcelo c/ Prefectura Naval Arg. -Disp. D.P.S.J. n° 537/96", del 12/2/98 y Sala IV, in re "Mercado, Jorge A. C/ E.N. (M° del Interior - Pol. Fed. Arg.) s/ juicio de conocimiento", del 26/9/94). CNACAF - SALA I. - Buján, Coviello. - Causa: 23.403/2000 - Fecha: 28/12/2000 "Rizzo, Angela María (RQU) y otro c/ M° de Salud y Ac. Sec. Pol. Y Reg. Salud (Resol. 308/98) s/ queja". Por lo tanto, pueden coexistir.

Por tal motivo, carece de sustento el agravio de la Fiscalía en el sentido que la resolución que dispuso la remisión a la U.A.C.F. le causa gravamen irreparable en tanto "no permite el ejercicio de la acción por la falta" (fs. 23).

Contrariamente, el principio de subordinación del procedimiento administrativo al judicial penal como medio de evitar la superposición de castigos, confirman la necesidad -o quizás la obligatoriedad- de clausurar definitivamente la presente investigación contravencional, circunstancia que, no afecta el principio ne bis in idem, pues ello no bloquea las posterioes actuaciones administrativas, ya que no está prohibida la existencia de dos pronunciamientos sobre los mismo hechos, sino de dos sanciones (confr. Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, Ed. Tecnos, 2ª edición ampliada, Madrid, España, 1993, págs. 422/434).

9. Cabe analizar los agravios expresados por la Sra. Defensora Oficial en su recurso.

La Sra. Jueza a quo consideró que la conducta atribuida a Ramón Miranda Vera no podía ser considerada constitutiva de la contravención tipificada por el artículo 83 del Código Contravencional relativa al uso indebido del espacio público, atento a la cantidad y naturaleza de los efectos secuestrados, entendiendo que ella sería alcanzada por la desincrimación del último párrafo de la norma precitada, siendo una venta de mera subsistencia no plausible de ser considerada competencia desleal. No obstante ello convalidó el secuestro que tuvo como fundamento la violación de dicha norma (art 83 del C.C.).

Falta entonces uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, la verosimilitud o la simple apariencia del derecho invocado. Al haberse resuelto que la conducta reprochada al imputado no constituía una contravención, quedaba vedado convalidar el secuestro, pues las medidas cautelares sólo pueden ser impuestas si se acredita la probabilidad de condena.

De ahí que, habiendo desaparecido las sospechas de responsabilidad en cuanto a la comisión de la contravención -y que motivara en un principio el secuestro de los elementos por parte del personal preventor- la medida cautelar debió ser dejada sin efecto.

En nada empece lo referido en los párrafos precedentes la circunstancia que se haya evaluado que la conducta puede constituir una falta, pues las medidas cautelares al decir del Palacio son, ante todo, "provisionales", es decir, mientras duran las circunstancias que las determinaron y, en cualquier momento en que éstas cesaran, se podrá requerir su levantamiento. Al desaparecer las circunstancias que las determinaron, carece de razón de ser la necesidad de cautela. (Manual de Derecho Procesal Civil, pág. 771/2, Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As., 12º edición).

La resolución recurrida es, por lo tanto, autocontradictoria ya que, por un lado, afirma la inexistencia de contravención y, por otro, confirma una medida asegurativa cuyo presupuesto es el hecho tipificado en el art. 83 de la ley 1472.

Según lo dispuesto en los arts. 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N. y conforme lo expuesto, la resolución impugnada exhibe una motivación aparente, pues es contradictoria.

La Corte ha hecho aplicación de la doctrina de la arbitrariedad respecto de sentencias que, entre otros requisitos: a) carecen de los fundamentos necesarios para sustentarlas, o se basan en afirmaciones meramente dogmáticas o en conceptos imprecisos en los cuales no aparecen la norma aplicada ni las circunstancias del caso, b) prescinden de lo expresamente dispuesto por la ley con respecto al caso o incurren en autocontradicción. (Lino Enrique Palacio, "Manual de Derecho Procesal Civil", duodécima edición actualizada, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 615).

Tal circunstancia constituye un vicio de carácter esencial, que obliga a nulificar lo resuelto en este aspecto.

10. Toda vez que la medida cautelar va siempre unida a la apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar, habiendo desaparacido a criterio de la Jueza de grado aquella sospecha, no sólo no debió convalidar el secuestro; sino que además debió haber cerrado formalmente la presecución contravencional que se cernía sobre el Sr. MIRANDA VERA (art. 39, inc. 1 de la L.P.C.).

Este último aspecto no importa una violación al principio acusatorio previsto en el art. 13 de la Constitución local, pues el juez debe mantener siempre su principal función garantizadora de derechos fundamentales y del orden constitucional, entendido el poder judicial como contra-poder, como garantía de los ciudadanos frente al poder del Estado.

De ahí que este Tribunal deba subsanar y resolver definitivamente la situación procesal del imputado, máxime cuando fue el propio Fiscal de grado el que adoptó una postura desincriminante al entender que no existía contravención, circunstancia que fuera confirmada por la Sra. Jueza.

Tal como lo ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia, una interpretación extensiva o aplicación analógica in bonam partem de la facultad concedida por el art. 39 de la ley nº 12 y con los mismos límites que ese artículo fija "el desistimiento del fiscalde impulsar la acción hasta la sentencia, realizado antes del juicio contravencional para no provocarlo, o dentro de él para disolverlo, vincula a los jueces integrantes del cuerpoo sentenciante es, a mi juicio, la de disolver la audiencia y sobreseer el procedimiento (con valor material de ne bis in idem)" (exp. nº 339/00 "Pariasca, Lucio León Eloy s/ art. 47 s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", voto del juez Maier).

Este último aspecto se enlaza, además, con la garantía de la defensa en juicio y de ser juzgado en un plazo razonable (C.A.D.H., 8.1 incorporado a la C.N. en el art. 75, inc. 22), ello así, en razón de que el proceso penal en su conjunto afecta derechos del imputado por su mera realización, aún cuando no se dispongan medidas concretas al derecho de propiedad del encartado a partir del secuestro según acta obrante a fs. 2/vta. De esta manera, la amenaza penal no puede quedar suspendida ilimitadamente.

La consecuencia de lo señalado precedentemente es que, cuando no hay contravención, corresponde archivar las actuaciones, sin que ello sea un impedimento para que se lleve a cabo una persecución por falta (si es que se denuncia), debiéndose proceder a la devolución de los efectos aquí secuestrados.

11. Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial y en consecuencia REVOCAR la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de agravio.

II. ANULAR los puntos I y II de la resolución de fs. 9/10 en cuanto convalida el secuestro efectuado a fs. 2/vta. (arts. 123 y 168 C.P.P.N. y art. 6 L.P.C.), ordenando la devolución de los efectos secuestrados.

III. ARCHIVAR las presentes actuaciones seguidas contra Ramón MIRANDA VERA en orden a la contravención de uso indebido del espacio público (art. 39, inc. 1 de la L.P.C. y art. 83 del Código Contravencional).

Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 4, a fin de que dé cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

Ende de 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Secretaría General de la remisión a primera instancia.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de primera instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 4. Conste.