marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: ASCUA, RAMON Y OTRO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-22

Surge una evidente y mayor responsabilidad en la causación del evento dañoso de la causa por parte del conductor del automóvil, atento a que intenta pasar a la motocicleta conducida por el apelante en la intersección de dos arterias, lo que resulta prohibido por la legislación de tránsito, a más de marchar con su rodado a excesiva velocidad, lo que está demostrado por la frenada que fue constatada en el acta de inspección ocular y croquis del lugar del hecho, lo que implica que no tuvo dominio sobre la máquina peligrosa que conducía. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia definitiva, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Canutti, Osvaldo Nazareno c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

La defensa relativa a la falta de definitividad en los actos impugnados no puede prosperar si ha existido un reconocimiento de servicios por el Poder Ejecutivo, generando a favor del demandante una situación jurídica individual irrevisable no sólo para la Administración sino también para la autoridad judicial, ya que al provenir el derecho invocado de una manifestación de voluntad de autoridad competente, no tachada de vicio alguno y por lo demás firme y consentida, resultó definitivamente adquirido e incorporado al patrimonio de su titular.
Daños y perjuicios, imprudencia
Materia: CIVIL
Carátula: GUZMAN RUIZ JOSE M. Y OTRO c/ RAMON EULOGIO VALDEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-11

El C. Civil clasifica las consecuencias como inmediatas, que son las que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas; las mediatas, que resultan de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto y las causales, que son las que no pueden preverse. De conformidad a la relación lógica de los arts. 901,903 y 906 (este último introducido por la reforma de la ley 17711), que establece la categoría de las consecuencias remotas, sólo responderán estas cuando tengan con el hecho, la debida causación, y ella aparecerá, cuando pueda establecerse el principio de la previsibilidad que emana del art. 904 , o sea la prudencia normal que una persona puede prever, usando diligencia, atención y conocimiento que es dable exigir de ella (ver Borda, op. citada, p.

223 y sgtes; Llambías, op cit. p. 150 y sgtes).

De todo ello, se sigue que si el evento se produjo súbitamente, por imprudencia de la víctima; si la muerte no es una causa directa de dicho evento, sino que la muerte de la accidentada se produce imprevisiblemente, y que ninguna de las lesiones producto del accidente, pueden considerarse como causa de la muerte de la actora, la demanda debe rechazarse, ya que aunque el automotor hubiera estado en perfectas condiciones de circulación, aquel accidente no hubiera podido evitarse, por la actitud de la víctima, que cruzó fuera de la senda peatonal y con semáforo verde para el tránsito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ros, Lidia c/ Strauss, Iván Isaac s/ Daños y perjuicios Piedrabuena, Angel Luis y otra c/ Keller, Ricardo Daniel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01|1996-07-16

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se aparta completamente del razonamiento de la Cámara descuidando así la carga procesal que le incumbe de refutar frontalmente las conclusiones del fallo (art. 279, C.P.C.C.).
Tentativa, consumación del delito, comienzo de ejecución del delito
Materia: PENAL
Carátula: Q., Ch. o C. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-23

"...La distinción entre tentativa y frustración se basa en la práctica de todos o parte de los actos ejecutivos, debiendo entenderse por "actos de ejecución" los que, según su plan, corresponde realizar al autor, y debiendo estimarse realizados todos los actos de ejecución cuando así lo admitiera el espectador imparcial, situado ex ante, a la vista del plan del autor...".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, accidentes de trabajo, falta de prueba, responsabilidad civil
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: MONTERO, IRMA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA Y/O LA CAJA ART s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

No obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de disconformidad de la recurrente con el criterio con que el Tribunal analizó la prueba de autos para señalar la falta de pruebas que subsuman las constancias de la causa en las previsiones de la responsabilidad civil, conclusión a la que cabría arribar de todos modos, aun haciendo aplicación de las normas que estima preteridas (artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo) e inconstitucionalidad del artículo 39.1 de la ley 24557, puesto que -de todas formas- permanecerían incólumes los argumentos para sostener que no se encontraba probada la génesis del hecho para poder ser encuadrado en accidente y mucho menos que fuera responsabilidad de la demandada.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, círculo cerrado, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del cesionario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABASOLO, VICENTE c/ CIRCULO DE INVERSORES s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

Si bien el adherente de un Plan de Ahorro debe estar al día en el pago de las cuotas, para ceder el contrato, es responsable la concesionaria al comercializar fuera del sistema la unidad en cuestión, que en lugar de ser adjudicada al primigenio suscriptor, realizó la operación con un tercero sin procurar obtener la aceptación de la Administradora de su transferencia al mismo, aceptando proseguir desaprensivamente detentando la titularidad del Plan, aún a la época que se obliga a gestionar una transferencia de ese tercero, ajeno al Plan, a la persona que el primer suscriptor habría cedido el contrato. Consecuentemente, la concesionaria, sabía o debía saber que era la titular del contrato que el tercero pretendía transferir y este mal podía otorgar derecho alguno al respecto ya que nadie da lo que no tiene (CCiv: 3262 y 3270) y la concesionaria, que se obligó a encargarse de su transferencia, era, precisamente, la titular del mismo al no haber gestionado con anterioridad la aceptación de la Administradora del Plan de la transferencia que ella -la concesionaria- hiciera al tercero, ni procurando hacerlo en la oportunidad de esta nueva transferencia; y dicha circunstancia, que sólo resulta imputable a aquélla, originó el rechazo de esta última transferencia al cesionario del primer adherente por "no coincidir cedente". (En el caso, ninguno de los recibos de pago de las cuotas figura a nombre del supuesto cesionario del primer adherente, obviamente porque de hecho nunca se entendió que el tercero anteriormente mencionado existiera para Círculos de Inversores -codemandada y absuelta en la causa- en relación a la suscripción oportunamente realizada por el primer adherente y posteriormente transferida a Coelho, la otra demandada, por lo que tampoco existiría el supuesto cesionario, lo que demuestra que la concesionaria coaccionada era la única responsable del rechazo de tal transferencia).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Aunque menos complicada que la reunión y decisión de un tribunal plenario (casi inoperante en la experiencia de los últimos diez años), la elaboración de cada fallo pleno también es (y ha sido) trabajosa. Cada uno ha de estudiarse por, y discutirse entre, los doce jueces del tribunal. El procedimiento de convocatoria, el estudio y el acuerdo final son más largos que cuando se toman las decisiones en el seno de una sala de tres miembros. La responsabilidad de la fijación de un criterio obligatorio para lo futuro obliga a sopesar aspectos que trascienden las circunstancias propias del caso individual. No obstante, en diez años, aproximadamente veinte veces, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario se ha reunido en pleno y ha dictado resoluciones enderezadas a evitar futuras contradicciones, o a unificar precedentes jurisprudenciales encontrados. (Del Voto del Dr.

Rouillon).
Enfermedad accidente, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Rial, Aníbal Agustín c/ Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1987-06-26

"Es de aplicación la teoría de la indiferencia de la concausa, en virtud de la cual basta que las tareas realizadas sean una causa que obrando conjuntamente con otras, hayan generado o agravado la enfermedad que afecta al obrero, para que la patronal tenga la obligación de indemnizar".
Actos jurídicos, forma del acto jurídico, instrumento otorgado en el extranjero
Materia: CIVIL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: BEECH AIRCRAFT CORPORATION c/ HOBERMAN, ADOLFO OSCAR s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Un instrumento celebrado ante escribano público, en el extranjero, con las debidas legalizaciones, se presume conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento, toda vez que la intervención de dicho funcionario excluye, en principio, toda sospecha de ilegalidad, correspondiendo en última instancia a quien lo ataca justificar la violación de las formas establecidas por las normas locales, cuya prueba le incumbe.
Honorarios del abogado, apelación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Oshee, Walter Hernan c/ Galeno Agentina S.A. s/ Prestaciones médicas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-17

El recurso de apelación interpuesto por estimar elevados los honorarios de la parte actora deviene improcedente cuando los mismos han sido fijados merituando las labores profesionales realizadas, su extensión y resultado y la complejidad e importancia del juicio, y las actuaciones carecen de monto que pueda ser considerado como base arancelaria.
Venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, aplicación de la ley, competencia contravencional, poder de policía, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

En lo atinente a la competencia de la Justicia Contravencional para entender en autos, la Ley Nro.24.788 (sancionada el 5/3/97, promulgada el 31/3/97 y publicada en el B.O. del 3/4/97) dispone en su artículo 1 "...Queda prohibido en todo el territorio nacional, el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad". Por su parte, el artículo 51 de la Ley Nro.10 (sancionada el 9/3/98, promulgada el 12/3/98 y publicada en el B.O.C.B.A el 15/3/98) establece:"...Suministrar, vender o permitir el consumo de alcohol a personas menores de dieciocho (18) años, por parte del titular, responsable o encargado de un comercio o e
Derecho procesal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: REBOLLO, ENRIQUE RAFAEL c/ S.E.S. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-31

Corresponde modificar la imposición de costas establecida en primera instancia en la siguiente forma: cincuenta por ciento a cargo de la actora y cincuenta por ciento a cargo de la demandada (art.279 C.P.C. de aplicación supletoria).
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, inhabilidad de título, fianza
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MAYO COOP. LTDO. c/ GARCIA, HECTOR s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Toda vez que las fianzas otorgadas por el ejecutado, invocadas como sustento de una pretensión ejecutiva, no lo fueron indeterminadamente respecto de las obligaciones emergentes del saldo definitivo que arrojare la cuenta corriente, sino de ciertas y determinadas operaciones concertadas en el marco de dicha cuenta, bajo la forma de adelantos o de descubiertos transitorios; la invocación de un crédito contra el deudor principal (cuentacorrentista afianzado) con fundamento en un certificado de saldo deudor emitido en los términos del ccom 793, carece de aptitud para comprometer la responsabilidad del fiador procediendo acoger la excepción de inhabilidad de título opuesta por éste.
Cuestión abstracta, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL
Carátula: LEGUIZAMON, PEDRO NOLASCO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/U OTROS s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-19

En las cuestiones abstractas, sea en las inicialmente abstractas donde desde su origen no hay autentica colisión de derechos, o en las posteriormente abstractas, es decir cuando en el transcurso del proceso desaparece el interés juridico de las partes, se produce una falta de jurisdicción mas que de competencia que, exime al tribunal de fallar.-
Impulso procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Braghiroli, Gustavo Eduardo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en braghiroli, gustavo eduardo contra consejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de buenos aires sobre otras causas con trámite directo ante la cámara de apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Una vez que el recurrente manifestó su voluntad de continuar con el proceso, formuló una petición (que se diera vista del expediente al Ministerio Público Fiscal) que pudo haber llevado a agilizar el trámite, si hubiera sido admitida por el tribunal interviniente. La utilidad de la petición debe ser examinada desde el ángulo de su potencial, esto es, la consecuencia que habría tenido en el caso de que se le hubiera hecho lugar. Exigir que fuera además, exitosa, torna inútil la manifestación de voluntad, que es la primera exigencia contenida en el artículo 265 del CCAyT. Ello así, porque el acto útil supone necesariamente la voluntad de continuar. Es decir que la expresión de esa voluntad nada sumaría a la articulación del acto útil. A su turno, el rechazo de la petición conllevaría necesariamente la perención que la reforma da ocasión de sanear. No cabría separar el éxito del pedido, del saneamiento de la inacción. En tales condiciones, no bastaría tener la voluntad de continuar, ni aun cuando se la expusiera inequívocamente. Esto va en contra de la tradición jurisprudencial según la cual el acto nulo también constituye impulso. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Cuestiones procesales, Superior Tribunal de Justicia, acción meramente declarativa, acción de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, incidente de impugnación, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil Pro-Amnistía c/ c/ GCBA s/ s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Corresponde declarar inadmisible la presente demanda, dirigida a objetar diversos artículos del Anexo de la resolución que había aprobado el procedimiento para la atención profesional de prácticas de aborto no punible en los Hospitales del Subsector Público de Salud contempladas en el art. 86 incisos 1 y 2 del Código Penal, cf. art. 1), puesto que, frente a la sanción de la ley n° 6312 a través de la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a la Resolución n° 1/20 del Ministerio de Salud de la Nación (que instrumenta la actualización 2019 del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo), pierde entidad la presentación, que la precedió. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Centurión, Adalberto y ot. c/ Banco Bragado Coop. Ltdo. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

La remuneración que debe servir de base para la determinación de la indemnización por antigüedad es la mejor mensual y habitual percibida con anterioridad a la fecha del despido.
Acción de amparo, ejecución de sentencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz Segura , Franco Tomás c/ Instituto de Obra Médico Asistencial y otro s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-15

La limitación recursiva incluida en el art. 15 queda circunscripta a esas situaciones y no incluye las posteriores relativas a la etapa de ejecución de sentencia (conf. esta Cámara, Sala I, doctrina de las causas 8525/08 del 16.10.08, 9228/09 del 15.12.09). Es decir, que se está en presencia de una etapa en la que no existen limitaciones al art. 242 del Código Procesal -aplicable en función de la remisión dispuesta en el art. 17 de la ley-, por lo que si el recurso es indebidamente negado o restringido, se está lesionando la garantía constitucional de la defensa en juicio (conf. Corte Suprema, Fallos 207:293, 232:664 y 307:966; esta Cámara, Sala I, causa 27.801/95 del 29.6.95; Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, 1989, t. 1, págs. 41/42). Siendo el recurso de apelación un medio legal de defensa, las restricciones al derecho de recurrir se deben interpretar en forma restrictiva (conf. esta Cámara, Sala I, causas 1456/97 del 8.5.97, 5913/97 del 12.2.98 y 2378/00 del 27.4.2000; Loutayf Ranea, cit., t. 1, págs. 53 y siguientes.) (CNCiv. y Com. Fed., Sala I, causa 2.501/10 del 8.6.10).
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ger, Emilia C. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Para tener por configurada la retardación se requiere: a) que la demora de la autoridad administrativa en resolver se produzca cuando el asunto se encuentre paralizado por inercia de la autoridad, configurada por la demora en dictar providencias de trámite -demora calificada incluso como "prolongada paralización"; o cuando estando la cuestión en condiciones de ser resuelta la demora se refiera al dictado de la decisión final; o que en uno y otro supuesto, luego de producirse la tardanza, el interesado urja el procedimiento con un pedido de pronto despacho; y c) que luego transcurra el segundo plazo de inactividad previsto por la ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lavado de activos, presunciones, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Calvente Cavero, Víctor Miguel y otro  c/  s/ inf. ley 22415
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-13

La procedencia ilícita del dinero recibido por el imputado, con el objeto de darle apariencia de origen lícito se encuentra acreditada por vía de presunciones, dado que el encartado no se encuentra registrado como contribuyente en la base de datos de la autoridad tributaria, no fue hallada ninguna declaración de divisas perteneciente al imputado y, además, el Banco Central informó que no fueron registradas operaciones de cambio bajo el número de identificación correspondiente al acusado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Sanabria, Jorge L.; Becerra, Claudio D. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Es insuficiente el agravio relativo al indicio de proclividad delictiva utilizado por la Cámara, si para ello se ataca un hecho distinto al que el tribunal tomó como fundante para inferir la presunción.
Contrato de obra pública, mayores costos, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLLEDO  S.A.I.C.F.  Y OTRAS c/ ESTADO NACIONAL ( CONICET ) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Incumbe a la contratista que no negoció los certificados, probar que pagó las mayores tasas de interés en las que funda su pedido de reajuste de la fórmula contractual, ya que éste se reconoce para compensar "las verdaderas variaciones de costos producidas" (art. 1 D. 2875/76, ratif. por la ley 21.256: art. 37 CPCiv.
Libertad de expresión, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martin, Edgardo Héctor c/ Telearte SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-03

La Corte ha desarrollado doctrinas fuertemente tutelares del ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en materias de interés público, y tanto la doctrina "Campillay" como la doctrina de la "real malicia" constituyen estándares que brindan una protección intensa a la libertad de expresión y que resguardan un espacio amplio para el desarrollo de un debate público robusto.
Concursos, cierre de cuenta bancaria, cuenta sueldo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SARMIENTO, CRISTINA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-01-16

Si bien el juez del concurso no dispuso expresamente el cierre de la cuenta donde la fallida percibe sus remuneraciones, no puede soslayarse que se cursó comunicación al Banco Central para que comunique su inhabilitación para operar en el sistema financiero y proceder a la indisponibilidad de los fondos que pudiera tener en alguna de las instituciones que lo componen, y su empleadora le habría depositado el salario correspondiente; de tal manera cabe disponer el libramiento de un oficio con carácter de urgente al banco en cuestión, haciéndole saber que la "cuenta sueldo" de la fallida deberá permanecer abierta, exclusivamente a los fines de la acreditación y extracción de los haberes; sin perjuicio de hacerle saber que deberá retener el porcentaje legal sujeto a embargo (cfr. Decreto 484/87) y que esas sumas deberán permanecer indisponibles a las resultas de lo que resuelva el juez de la quiebra.