Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18


///dad Autónoma de Buenos Aires,18 de julio de 2006.- VISTOS: Las actuaciones individualizadas en el epígrafe para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 20/22 contra la sentencia obrante a fs 16/18 de estos autos incidentales, y CONSIDERANDO: 1. Que la actora inició la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad con el objeto de perseguir la nulidad absoluta de la resolución 1558-SS-05, y su ratificatoria, la resolución 0046-SS-06, pues considera que se ha violado el orden público al no haberse aplicado lo establecido en el artículo 10.1 e) de la reglamentación de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud (ordenanza 41.455 y decreto 282/96) en el concurso para la designación de Jefe Reemplazante de la Unidad de Emergencia del Hospital "Bernardino Rivadavia" en el que participó y finalizó en segundo lugar. Refirió que la concursante que se ubicó en el primer lugar, Dra. Judith Yolanda Ana María Ghiglione, presentó una declaración jurada falsa con la finalidad de obtener mayor puntaje en el concurso y lograr así el nombramiento en el cargo y que, en lugar de ser eliminada como dispone el reglamento en su artículo 10.1 e), fue mantenida en la primera posición. En ese orden, solicitó el dictado de una medida cautelar tendiente a suspender la designación de la nombrada Dra. Ghiglione en el cargo concursado (fs. 1/5). 2. Que la señora jueza de grado no hizo lugar a la medida cautelar (fs. 16/18). Para así decidir, sostuvo -en resumen- que surge del expediente administrativo que si bien la Dra. Ghiglione consignó haber sido Secretaria Científica del "Consejo de Rehabilitación de la Sociedad de Cardiología Argentina. Año 2001", no advertía que hubiese tenido la intención de engañar al jurado con un dato inexacto, y con ello lograr un puntaje mayor ba sado exclusivamente en esa falsedad, por cuanto efectivamente se desempeñaba en la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y acreditó tal calidad con la respectiva documentación. Agregó que en la parte pertinente de su curriculum, la Dra. Ghiglione detalló diversos cargos que desempeñó en la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, y en el último de ellos consignó "Argentina" por "de Buenos Aires". Sostuvo que esa defectuosa presentación causó un perjuicio a la Dra. Ghiglione, debido a que de no haber existido tal error hubiese sumado puntaje por su calidad de Secretaria Científica de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires. Afirmó asimismo que la norma del reglamento de concurso cuya violación alega la actora "no parece ser (...) una disposición que lleve a una drástica decisión en todos los casos y que no permita una apreciación acerca del grado de 'ajuste a la realidad' del dato falso o erróneo". Por todo ello, considero que no resulta, prima facie, arbitraria o ilegítima la resolución del Secretario de Salud que no eliminó a la concursante sino que sólo le descontó los 0,60 puntos que se le habían otorgado y por tal motivo no encontró presente la verosimilitud del derecho del planteo cautelar efectuado. 3. Que contra la sentencia reseñada la actora dedujo recurso de apelación. Plantea, en síntesis, los siguientes agravios: a) En el caso en que no se afecte un servicio público, ni la acción estatal, ni el interés público, cabe proceder con amplitud de criterio respecto de las medidas cautelares, pues resulta preferible el exceso en acordarlas que la estrictez en la parquedad de negarlas. En este orden añade que "surge palmariamente, de la lectura del Expte. Administrativo Nº 45.677/04, y del Reglamento de la Carrera, ofrecidos como prueba, la verosimilitud del derecho alegado (...) atento a que se ha violado en forma manifiesta el Orden Público" (fs. 20 vta.). b) El acto cuestionado contradice los incisos b) y f) del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, pues no tuvo en cuenta el derecho a plicable -el artículo 10. 1 e) del reglamento de la carrera-, y "ha tenido como finalidad encubierta, mantener en el primer puesto del orden de mérito a la postulante en cuestión" (destacado en el original, fs. 21). c) No se está frente a un problema de hecho, cuya existencia deba probarse, sino a una típica cuestión de derecho, y lo que debe resolverse y definirse son los efectos jurídicos de la declaración de voluntad expresada en la declaración jurada de la Dra. Ghiglione, que indujo a error al jurado. 4. Que con respecto a las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente vigente han exigido como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela. Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus particularidades, por la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. 5. Que el juzgamiento de los hechos del caso según la descripción efectuada por la propia actora, a la luz de las normas examinadas en el considerando precedente conduce prima facie a concluir que la pretensión no cuenta con la verosimilitud necesaria para la procedencia de la medida peticionada. En efecto, los argumentos de la parte actora en su escrito de apelación no logran refu tar los más que razonables términos en que se ha expedido la señora jueza de grado. Es que, la interpretación que ha efectuado el Secretario de Salud de la norma contenida en el artículo 10.1 e) del reglamento de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, no aparece en principio, como manifiestamente arbitraria e ilegítima. Tal precepto dispone que, "toda la información aportada será considerada como declaración jurada. Cualquier información que no se ajustase a la realidad será elevada para consideración de la Secretaría de Salud, la cual una vez comprobada la anormalidad, deberá proceder a la eliminación del postulante de la selección interna sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle". Así, al tratarse de una norma referida al trámite de concursos debe interpretarse en el marco de los principios que rigen tales procedimientos, como ser -entre otros- los de concurrencia, transparencia y buena fe. De este modo, la norma cuya aplicación exige la actora está enderezada a conjurar maniobras fraudulentas en la presentación de los curriculum de los participantes a los concursos, evitando que se invoquen antecedentes inexistentes que puedan otorgarles de tal modo puntaje que no les corresponda. No se trata, en modo alguno, de consagrar una suerte de rígido formalismo ad solemnitatem, por el cual cualquier error en la confección de la información presentada al concurso conduzca inevitablemente a la eliminación del postulante, lo que vulneraría el principio que impone garantizar la máxima concurrencia posible de participantes en el desarrollo de este tipo de procedimiento de selección. En el caso, ha quedado puntualizado -con la provisionalidad inherente al instituto cautelar- que la Dra. Ghiglione no habría perseguido beneficiarse con la presentación de un antecedente inexistente, sino que merced a un error material -consignar "Sociedad de Cardiología Argentina" en lugar de "Sociedad de Cardiología de Buenos Aires"- calificó en forma parcialmente inexacta un antecedente real. No se observa qué bene ficio en el marco del concurso podría haber obtenido si hubiese efectuado adrede dicha "alteración" del nombre de la entidad en cuestión. Por ello, las circunstancias del caso -prolijamente detalladas en la sentencia apelada- parecieran señalar que no se configurarían los supuestos de hecho que la norma alegada prevé para la eliminación del concursante, por lo que no se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la cautelar solicitada. 6. Que en relación al agravio por el cual se acusa una "finalidad encubierta" en el acto impugnado, cabe señalar que tal argumento no fue planteado en la demanda, por lo que no fue sometido a consideración de la jueza de grado. Sabido es que la Cámara no puede fallar sobre capítulos no propuestos al juez de grado (art 247 CCAyT) por lo que los nuevos argumentos de la apelante deben ser sin más rechazados. Sin perjuicio de lo expuesto, resta puntualizar que no se ha acompañado al expediente elemento de prueba alguno que pueda sostener el agravio referido. En mérito a l as razones expuestas el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido motivo de apelación y agravio. Sin costas. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase