Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-17


SENT Nº 568 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto, por derecho propio, por el abogado Rene Mario Goane (h) en autos: ?Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. vs. SESEIN S.A. y otros s/ Cobro Ejecutivo. Inc. de medida cautelar promovida por Dr. René M. Goane (h)?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto, por derecho propio, por el abogado René Mario Goane (h) (fs. 193/207 vta.) contra la sentencia Nº 355 de fecha 12 de agosto de 2010 (fs. 188/189 vta.), dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones, por la que se hace lugar al recurso de apelación opuesto por Banco Macro S.A. en contra de la sentencia N° 882 del 29 de septiembre de 2009 dictada por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la Vª Nominación (fs. 150 y vta.); revocándose esta última y haciendo lugar, en consecuencia, al planteo de caducidad deducido por el ejecutado y declarándose perimida la instancia en la incidencia de ejecución de honorarios que incoara el letrado ahora recurrente. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia Nº 466 del 20 de octubre de 2010 (fs. 220), del referido Tribunal de Alzada.

II.- El decisorio impugnado, a través del recurso de casación sub examen, advierte que la sentencia de grado ha incurrido en un yerro al rechazar el incidente de perención de instancia, con base en el entendimiento ? equivocado a criterio de la Sala de mérito- de que, en autos, se configuró la causal de improcedencia de la caducidad consagrada en el ex art. 218 inc. 4 (actual art. 211 inc. 4) del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT).

Expresa la Excma. Cámara que la norma recién citada establece que la caducidad de instancia no se produce en la ejecución de sentencia, porque una vez que ha concluido la primera etapa del juicio ejecutivo (la fase de conocimiento ?restringido?) y siempre que exista sentencia de ejecución firme, debe cumplirse lo ordenado en dicha resolución, cualquiera sea la demora en la ejecución de la sentencia.

Señala la resolución recurrida que no es ese el caso de la incidencia de ejecución de honorarios sub estudio, en la que no ha recaído sentencia de trance y remate aún; encontrándose el cobro de honorarios en la primera etapa o etapa de conocimiento restringido, que es previa a la sentencia que ordena la ejecución, por lo que todavía existiría, a criterio de la Alzada, la posibilidad de que la instancia perima por inactividad.

Cita diversa opinión doctrinal por la que se define a la instancia como el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda (originaria o reconvencional), la promoción de un incidente o la resolución mediante la cual se concede un recurso (ordinario o extraordinario), hasta la notificación del pronunciamiento final hacia el que dichos actos se encaminan; deduciendo de ello el Tribunal de alzada que la pretensión que abre la instancia puede ser tanto la originaria como la incidental o recursiva y que, con posterioridad a la sentencia que las resuelve, no hay "instancia" propiamente dicha.

Refiere luego a un precedente de esta Corte donde se ha sentado como doctrina legal que ?no procede la caducidad de instancia en el incidente de ejecución de la sentencia regulatoria de honorarios en que ha recaído sentencia de ejecución..."; de lo que interpreta el sentenciante, a ?contrario sensu?, que cuando no se ha cumplido la primera etapa de la ejecución y no ha sido dictada la sentencia de trance y remate que ponga fin a la fase de conocimiento restringido propio de las ejecuciones, la instancia puede perimir.

Arribada a la conclusión precedente, procede el a quo al análisis de si se ha producido o no efectivamente la caducidad, en el caso concreto. Con esa finalidad, destaca la resolución cuestionada que entre el 16/9/2008 (fs. 122 y 123) -fecha en que fuera notificada la providencia que ordenara poner en conocimiento de las partes que el presente caso fue seleccionado para ser sometido a mediación- y el 05/6/2009, en que fuera deducida la perención sub análisis, ha operado -en la inteligencia del Tribunal de grado- el vencimiento del plazo previsto en el ex art. 210 inc. 2 (actual art. 203 inc. 2) del CPCCT, por lo que juzga que cabe hacer lugar a la perención de instancia deducida.

Para arribar a tal conclusión, rechaza la Sala de mérito la posibilidad de que el pedido de extracción de autos de paralizados sea un acto impulsivo en la ejecución.

En este sentido, considera el Tribunal inferior que no cualquier actuación, tanto de las partes como del órgano judicial, por la mera circunstancia de haberse cumplido en el proceso, reviste naturaleza y consiguiente carácter impulsorio de la tramitación del mismo, y que lo tienen únicamente aquellas que, por la índole de su contenido, resultan idóneas y apropiadas al estadio procesal del juicio para producir un adelantamiento del procedimiento, logrando que se distancie así del acto inicial, en orden a la objetiva aproximación al acto conclusivo o resolución; concluyendo que sólo éstos son los actos procesales que realizados, ora por las partes, ora por el órgano judicial, tienen la propiedad de instar el curso del proceso; y cita antecedente de esta Corte que abonan dicha tesitura.

Transcribe, parte pertinente de la sentencia (N° 180 del 18/10/1991) de este Máximo Tribunal en el que se ha resuelto que ?la actuación donde se solicita que los autos paralizados sean puestos en la letra, resulta ineficaz a los efectos de interrumpir los plazos de caducidad de la instancia, ya que conforme se ha expresado no es interruptivo el pedido de sacar autos de paralizados?; precedente éste en el que también se ha considerado que ?no presenta naturaleza impulsora del trámite la providencia en la que se dispone se tenga presente lo informado por la Actuaría -en el sentido de que los autos del rubro se encuentran paralizados- y se ordena se proceda por personal del mostrador a extraer de los paquetes de paralizados los autos que se solicitan?. Cita luego, antecedentes jurisprudenciales de la misma Cámara en tal sentido.

Finalmente, destaca el decisorio en embate que, de las actuaciones, no se reúnen los recaudos necesarios para tener por purgada la perención cumplida, por lo que declara caduca la instancia en la incidencia de ejecución de honorarios incoada por el letrado ejecutante.

III.- Ante ello, el abogado accionante interpone el presente recurso extraordinario local. Luego de justificar la admisibilidad de la vía impugnativa, manifiesta que el decisorio controvertido deviene arbitrario, con infracción a norma de derecho.

Como primer agravio contra el pronunciamiento atacado cita, en apoyo de su pretensión recursiva, precedente de esta Corte en el que se ha juzgado que ?no procede la caducidad de instancia en el incidente de ejecución de la sentencia regulatorio de honorarios que ha quedado firme?.

Destaca el impugnante que la sentencia regulatoria de honorarios constituye respecto del condenado en costas, título ejecutorio y no ejecutivo, por lo que -a criterio del contradictor- se aplicaría el trámite de ejecución de sentencia, que no resulta susceptible de perimir, citando en apoyo de su postura el ex art. 25 (actual art. 24) de la ley provincial 5480 y el ex art. 218 inc. 4 (actual art. 211 inc. 4) del digesto procesal civil.

En ese orden de ideas, considera el ejecutante que la etapa en que se encuentra la causa no constituye propiamente una instancia que busque un pronunciamiento final, por lo que no es pasible de caducidad.

Expone el quejoso que el Tribunal de mérito no ha valorado que, en autos, se ha dictado y quedado firme sentencia de trance y remate por los honorarios regulados, razón por la que el presente proceso sería el de una ejecución de sentencia regulatoria de honorarios.

Sostiene el recurrente que de la simple confrontación del escrito de iniciación de ejecución de honorarios con las constancias de la causa (de donde surgiría el cumplimiento del reclamo previsto en el ex art. 24 -actual art. 23- de la ley 5480) puede inferirse que la presente ejecución no constituye en sí un incidente accesorio de lo principal, sino la vía misma de ejecución de sentencia y, por tanto, no susceptible de perimir. Cita el ex art. 25 (actual art. 24) de la ley 5480 y doctrina local en apoyo de su postura.

Razona el impugnante en el sentido que los dispositivos legales recién mencionados autorizan la ejecución de sentencia contra el condenado en costas, como así también contra el beneficiario del trabajo profesional; razón por la cual estima el quejoso que la interpretación de la Cámara contraviene el régimen arancelario local, y cita diversas opiniones doctrinales y jurisprudencia local a favor de su postura.

Considera el ejecutante que si bien no se ha obtenido aún -en el incidente- sentencia de trance y remate, ello no justifica sortear el valladar -a la caducidad de instancia- proveniente del ex art. 218 inc. 4 (actual art. 211 inc. 4) del CPCCT; y refiere en supuesto apoyo a su pretensión doctrina nacional que comenta el art. 313 de la ley ritual nacional, de similar redacción a la norma procesal local.

Juzga el impugnante que la sentencia en ataque ha incurrido en violación al principio de congruencia, agravado ello por la errada interpretación -según la lógica recursiva- de aplicar al caso el plazo de caducidad previsto en el inc. 2 del art. 203 de la ley procesal local.

Destaca seguidamente la exégesis restrictiva que debería haber prevalecido respecto del instituto en controversia (caducidad de instancia), lo que no se ha verificado en el razonamiento -a contrario sensu- que realiza el decisorio cuestionado respecto del precedente de este Máximo Tribunal, ut supra referido.

Enfatiza el recurrente que de la compulsa de las actuaciones emerge el dictado de la sentencia de trance y remate por honorarios regulados en el cobro ejecutivo, lo que descarta el argumento sentencial de que no se ha cumplido con la primera etapa de la ejecución.

Reitera el contradictor que la lógica del decisorio resulta errada ya que, en autos, existe sentencia de trance y remate por honorarios contra todos los condenados en costas, y que lo que se está persiguiendo es el cobro de dichos emolumentos contra el beneficiario del trabajo profesional, por lo que resulta aplicable el decisorio de la Corte (citado en la propia sentencia cuestionada), pero sin necesidad de efectuar la interpretación a contrario realizada por el sentenciante.

Transcribe luego, el reclamante, la sentencia por la que se ordena llevar adelante la ejecución de honorarios seguida por el letrado René Mario Goane (h) contra la firma SESEIN S.A., Cejas César Ricardo y Cejas Norma Elizabeth, hasta hacerse a la parte acreedora íntegro pago del capital reclamado.

Por otro lado, concluye el impugnante que la sentencia es sorpresiva e inmotivadamente arbitraria, con afectación al derecho de propiedad, defensa en juicio y debido proceso.

Denuncia el ejecutante que la resolución en crisis se apartó de las constancias de autos por no considerar la existencia de sentencia de trance y remate contra los condenados en costas.

Agrega que el solo hecho de que luego se iniciara dicho cobro contra el beneficiario del trabajo profesional, no enerva la conclusión de que se trata de un proceso no susceptible de perimir ni reconvierte el trámite concluido, en el de un incidente. Seguidamente, cita opinión doctrinal sobre sentencias arbitrarias.

Agravia al quejoso que la Cámara no haya entendido que existía una sentencia de ejecución de honorarios firme (cfr. sentencia de trance y remate por honorarios de fecha 31 de Agosto de 2007) y que haya desinterpretado los ex arts. 24 y 25 (actuales arts. 23 y 24) de la ley 5480 y los arts. 211 inc. 4 y 203 inc. 1 del CPCCT.

El segundo argumento recursivo del ejecutante se orienta a destacar que la sentencia en conflicto no ha considerado la suspensión de plazos por la citación a mediación -acontecida en el sub iudice-, la sorpresiva paralización de la causa sin estar cumplido el plazo de 6 meses previsto para el juicio ejecutivo y la imposibilidad material, por ello, de proseguir la ejecución.

También se agravia de la falta de atención -en el pronunciamiento cuestionado- del pedido de extracción de autos de paralizados (fs. 124), alegando -el recurrente- que el mismo resulta impulsorio del proceso, en tanto en dicha presentación también se requirió se provean las excepciones opuestas y se dicte sentencia de trance y remate contra el beneficiario del trabajo profesional.

Igualmente se agravia de la ausencia de consideración sentencial de los efectos del escrito de fecha 30 de abril de 2009 (fs. 146), así como de la providencia del 28/8/2008 por la que se hacía conocer a las partes que el presente caso iba a ser sometido al sistema de mediación y de la nota en el reverso de la misma (fs. 120 vta.) que daba cuenta de la ?falta de bono de movilidad?.

En tercer lugar, el impugnante entiende que el a quo efectuó una equivocada subsunción del caso en el supuesto del inciso 2 del art. 203 ritual, cuando en realidad debería haber aplicado el plazo de 6 meses propio de los procesos ejecutivos, independientemente que su tramitación haya tenido lugar a través de un incidente por cuerda separada.

Como cuarto fundamento impugnativo, señala que de la compulsa del expediente puede comprobarse que la mediación no ha concluido, por cuanto la notificación en el domicilio real de las partes no fue llevada a cabo; de lo que deduce el recurrente que los plazos no se encuentran reabiertos.

Interpreta el quejoso que el proceso se encontraba ante una imposibilidad material de continuar la ejecución contra el accionado por la remisión del expediente al archivo del poder judicial. Destaca el accionante que no estaba dado ninguno de los presupuestos para la paralización del expediente, más si se tiene en cuenta que se encontraba pendiente la notificación de la citación a mediación.

A los fines de fundar su argumentación, el recurrente cita precedente de esta Corte (sentencia N° 135 del 04/3/2008), donde se ha resuelto que ante la remisión de los autos a otro juzgado se provoca la suspensión ?de hecho? del curso de la caducidad, puesto que tal circunstancia vedaba a las partes, la posibilidad de cumplir actuaciones procesales útiles.

Ante la omisión que el recurrente imputa al decisorio cuestionado, de tratar todas las cuestiones antes enunciadas, reputa al pronunciamiento como arbitrario e incongruente.

En quinto lugar, subraya el ejecutante que los escritos de fecha 30/4/2009 y 18/5/2009 (por el que solicita la extracción de paralizados) tienen plena virtualidad interruptiva, y cita jurisprudencia local en supuesto apoyo de su pretensión.

En sexto lugar, interpreta el quejoso que aún para el supuesto de que la caducidad se hubiere operado, la misma se encuentra purgada, ya que el Banco Macro no interpuso la perención dentro de los cinco días posteriores de notificado -en la oficina- de los trámites inherentes a la extracción de paralizado del expediente, lo que tampoco fue objeto de tratamiento por parte de la Cámara, según el entendimiento del impugnante. Cita jurisprudencia de este Tribunal sobre los recaudos que deben verificarse para que se considere purgada la caducidad de instancia.

Luego de ello, el impugnante transcribe la sentencia de primera instancia donde se rechazaba la caducidad de instancia opuesta. Seguidamente, el contradictor expone razones en las que sostiene la gravedad institucional del fallo de la Cámara. Finalmente, propone doctrina legal.

IV.- Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la impugnación tentada.

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 207 vta) y se ha dado cumplimiento al depósito (fs. 192) requerido en el art. 752 del CPCCT.

Si bien la sentencia atacada no es definitiva, resulta así para el recurrente, en tanto la declaración de caducidad de la instancia pone fin al pleito, impidiendo su continuación, por lo que la resolución en crisis deviene equiparable a definitiva en los términos del art. 748 inc. 1 de la ley ritual.

El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias del art. 751 del CPCCT; la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho (art. 750 procesal); por lo que el recurso deviene admisible.

V.- Corresponde, en consecuencia, analizar la procedencia de la vía impugnativa pretendida, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo que es dable anticipar la recepción positiva de su fundabilidad.

1. Como primer agravio destaca el impugnante que la sentencia regulatoria de honorarios constituye título ejecutorio y no ejecutivo, por lo que la pretensión promovida como consecuencia de ello, encuadraría en el marco del trámite de una ?ejecución de sentencia?, que -como tal- no resulta susceptible de perimir.

En tal línea argumentativa, critica -el recurrente- el razonamiento llevado a cabo en la resolución atacada, en virtud del cual el art. 211 inc. 4 del CPCCT no resulta de aplicación a la incidencia de ejecución de honorarios sub estudio, en la medida que -según el juicio de la Alzada- no ha recaído sentencia de trance y remate aún con relación al beneficiario del trabajo profesional, sino que ello aconteció solo respecto del condenado en costas; encontrándose la ejecución de honorarios -respecto del primero- en la primera etapa o fase de conocimiento restringido, que es previa a la sentencia que ordena la ejecución, y por lo que todavía existiría, a criterio del a quo, la posibilidad de que la instancia caduque por inactividad.

Planteada así la quaestio iuris, es dable preguntarse -a los fines de dar justa respuesta al primer argumento impugnativo- si el art. 211 inc. 4 de la ley procesal civil resulta de aplicación al incidente que se sigue contra el beneficiario del trabajo profesional del letrado recurrente, iniciado en el marco de una ejecución de honorarios firme, con sentencia de trance y remate en contra de los condenados en costas.

2. Preliminarmente, cabe recordar que tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que a los efectos de la caducidad, la acepción de instancia que interesa es la que se considera "como fase procedimental, es decir, como conjunto de actos procesales, e incluso de procedimientos accesorios o secundarios respecto al procedimiento principal, que tienden en su conjunto a la obtención de la sentencia definitiva o de fondo"; lo que se extingue o caduca es "el procedimiento, entendido como serie, secuencia o sucesión de actos, externa o formalmente considerados, que son necesarios practicar para llegar a la sentencia definitiva, que es donde el proceso alcanza o consigue su propia finalidad" (cfr. Muñoz Rojas, Caducidad de la Instancia Judicial, citado por Loutayf Ranea-Ovejero López, Caducidad de la Instancia, ed. Astrea, 1986, p. 18 y sgtes.; en CSJTuc, sentencia N° 746 del 29/9/2004, en ?Villarrubia Julio César vs. Navarro Jorge s/ Daños y perjuicios?).

En ese orden de ideas, es jurisprudencia de esta Corte que el concepto de "instancia" no aprehende al proceso de ejecución de sentencia pues, como bien señalaba Couture (?Fundamentos del Derecho Procesal Civil?, p. 169/70), "en la acepción técnica restringida del vocablo instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso y que va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicta" (CSJTuc., sentencia N° 932 del 21/11/2003, en "Obispado de la Diócesis de la Santísima Concepción s/ Prescripción adquisitiva de dominio"; Ídem sentencia N° 475 del 26/7/1996).

?Instancia es el conjunto de actos procesales que se realizan desde una petición inicial que abre un grado de jurisdicción o una etapa incidental del proceso, hasta la notificación del pronunciamiento que acoja o deniegue esa petición; el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda (originaria o reconvencional) la promoción de un incidente o la resolución mediante la cual se concede un recurso (ordinario o extraordinario) hasta la notificación del pronunciamiento final hacia el que dichos actos se encaminan? (Palacio, Derecho Procesal Civil, t IV, p. 219).

Aclara Parry que, para que exista instancia "es indispensable que se trate de procedimientos encaminados a lograr, mediante sentencia, el fin de una contienda suscitada entre las partes" (en ?Perención de Instancia? p. 109, citados por Loutayf Ranea-Ovejero López, "Caducidad de la Instancia", p. 17/18).

De ello se deduce que la pretensión que abre la "instancia" puede ser tanto la originaria como la incidental o recursiva y que, con posterioridad a la sentencia que las resuelve, no hay ?instancia" propiamente dicha? (todo ello citado en CSJTuc, sentencia N° 868 del 08/11/2010, en ?Ruiz Miguel Ángel vs. Barrera Ernesto Salvador s/ Cobro ejecutivo?).

3. Ahora bien, de las constancias de autos surge que el letrado recurrente inició proceso de ejecución de la sentencia por sus honorarios (fs. 36 y vta.), a lo cual el juzgado decretó (fs. 37) que ?la parte vencedora debe iniciar la vía de ejecución de sentencia?, ordenando, renglón seguido, se intime y cite de remate al Banco Macro S.A. y, eventualmente, se proceda de conformidad al ex. art. 517 (actual art. 500) del CPCCT.

Ante ello, es dable tener presente que la determinación de cuáles son las vías procesales aptas para el cobro de honorarios -respecto del beneficiario del trabajo, no condenado en costas- ha generado cierto debate doctrinal; llegando a admitirse en el orden local que ?contra el condenado en costas, procede solo la vía de ejecución de sentencia y se efectiviza en el mismo expediente o por incidente por cuerda separada, aprovechándose siempre las adquisiciones procesales plasmadas en el juicio.

En cambio puede hipotéticamente colegirse que el beneficiario no condenado en costas no solo puede ser accionado por vía de ejecución de sentencia, sino también formando incidente separado y dándole curso de juicio ejecutivo, esto último porque la resolución judicial constituye un título ejecutivo en su contra? (Brito, Cardozo de Jantzon, Honorarios de abogados y procuradores, ed. El Graduado, Tucumán, 1993, p. 121).

Ahora bien, una interpretación integradora y sistemática de los arts. 23 y 24 de la ley 5480 y del art. 211 inc. 4 del CPCCT no pueden sino llevar a la convicción de que el incidente promovido por el letrado, en contra del beneficiario del trabajo profesional, en el marco de una ejecución de sentencia de honorarios (con sentencia de trance y remate firme contra los condenados en costas) no pierde su naturaleza de ?ejecución de sentencia?, aun cuando tramite por la vía incidental (e incluso bajo las normas rituales del juicio ejecutivo); no resultando, por tanto, susceptible de caducar, por imperio del último dispositivo legal recién enunciado.

Efectivamente, el segundo párrafo del art. 23 de la ley 5480 faculta al letrado a reclamar al beneficiario del trabajo, el pago de los honorarios profesionales cuando los mismos no hayan sido abonados por el condenado en costas dentro de los 10 días de quedar firme el auto regulatorio.

A su turno, el art. 24 del mismo cuerpo legal prescribe que ante la regulación judicial firme, y cumplido los presupuestos exigidos por la norma antes citada, se autoriza a que el profesional pueda accionar contra el condenado en costas o contra el beneficiario no condenado, o contra ambos de modo conjunto y solidario -sin perjuicio de las acciones de repetición del segundo respecto del primero-, pudiendo la acción de cobro -respecto del cliente no condenado- tramitar por vía de ejecución de sentencia o como incidente separado, a opción del actor.

De hecho, incluso el Máximo Tribunal Federal ha sostenido que ?el profesional que pretende cobrar los honorarios a su cliente no debe necesariamente y con carácter previo, ejecutar al condenado en costas o bien demostrar su indigencia, pues tal requisito no surge de los arts. 49 y 50 de la ley 21.839.

Sólo será necesario el transcurso del plazo contemplado en la primera de las normas citadas sin que el deudor cumpla con la obligación a su cargo y a partir de ese momento se tornará procedente el reclamo al cliente? (CSJN, sentencia del 14/5/1996, en LL 1997-B, 448, DJ 1997-1, 800).

Es decir, que el letrado ejecutante puede accionar -por el cobro de sus honorarios firmes- contra el condenado en costas o contra el beneficiario no condenado, y lo segundo puede ser consumado a través de cualquiera de los dos modos procesales legalmente idóneos; sea utilizando el proceso de ejecución de sentencia propiamente dicho o, bien, por medio de incidente por separado; pero en ambos casos, estamos en presencia de una ?ejecución de sentencia? de honorarios, aun cuando ésta pueda haberse formalizado por la vía incidental; mas no por ello deja de revestir dicha naturaleza substancial, al menos en los términos del art. 211 inc. 4 del CPCCT.

Dicho de otro modo, la forma o el carril procedimental escogido por el letrado para lograr la realización de su derecho al cobro de sus honorarios y la adopción, en consecuencia, de las medidas de agresión patrimonial orientadas a tal fin, no alteran el hecho de que ello se lleva a cabo en el marco de una ejecución de sentencia que, como tal, queda encuadrada en el supuesto del inc. 4 del art. 211 procesal.

Una hermenéutica distinta a la propiciada llevaría al ilógico resultado de que si el ejecutante utiliza el proceso de ejecución de sentencia strictu sensu, entonces el mismo no sería pasible de perención; pero si el letrado accionante empleara la segunda posibilidad que le confiere el art. 24 de la ley 5480 (o sea, la vía incidental), dicha tramitación ? conforme el errado razonamiento del a quo- perdería el carácter de ?ejecución de sentencia?; ergo no encuadraría en la hipótesis de excepción del art. 211 inc. 4 de la ley procesal civil.

Tamaña diferenciación de consecuencias jurídicas, ante la válida -y legalmente prevista- opción del abogado ejecutante, no resulta razonable; lo que per se descalifica el principal argumento sentencial en embate.

Es que, evidentemente, el legislador ha querido, por el modo de redacción del art. 24 de la ley 5480, que, firme que se encuentre la regulación de honorarios y cumplido el procedimiento previsto en el art. 23 de la ley citada, pueda ejecutarse la sentencia de honorarios contra el condenado en costas o contra el beneficiario no condenado, sin diferenciación de efectos jurídicos, cualquiera sea el carril procedimental escogido a tales fines.

Siendo que no resulta controvertido, según las constancias de la causa, la existencia de sentencia firme de regulación de honorarios a favor del accionante, la correspondiente a su ejecución contra el condenado en costas y el cumplimiento de la intimación que manda el art. 23 antes referido; no puede sino juzgarse que estamos ante un proceso de ejecución de sentencia, que como tal no reviste propiamente la calidad de instancia que pueda caducar.

El criterio medular de la sentencia controvertida, para justificar la caducidad del incidente, se centra en la consideración de que la pretensión del accionante se encuentra transitando la primera etapa de conocimiento de la ejecución promovida, omitiendo -el pronunciamiento impugnado- realizar una completa valoración de la plataforma fáctica y subestimando el valor de la existencia de sentencia firme de regulación de honorarios y de trance y remate contra el condenado en costas.

El equívoco del decisorio en ataque reside, precisamente, en circunscribir el análisis sentencial exclusivamente al ?procedimiento? en curso, sin apreciar suficientemente el hecho de que, en definitiva, media una ?sentencia en ejecución?.

Como lo distingue sutilmente la doctrina ?si bien no procede la caducidad de la instancia en los trámites de ejecución de una sentencia, es decir, cuando existe una sentencia que se ejecuta, ello no ocurre en aquellos juicios en que el procedimiento utilizado es el de ejecución de sentencia por disposición expresa de la ley, sin existir una sentencia previa para su ejecución? (Loutayf Ranea, Roberto y Ovejero López, Julio, Caducidad de la Instancia, 2da. reimp 1999, ed. Astrea, Buenos Aires, p. 300). O sea, el acento, a los efectos de precisar si se trata de una instancia pasible de perención, debe recaer en la constatación de que nos encontramos frente a una ?sentencia que se ejecuta?, y no -excluyentemente- en el tipo de procedimiento que se transita, como erradamente lo ha entendido el pronunciamiento recurrido.

4. En el sentido señalado, ha resuelto este Máximo Tribunal que ?de un lado, cabe destacar que ella (la sentencia regulatoria de honorarios que ha quedado firme) constituye respecto del condenado en costas, título ejecutorio y no ejecutivo, por lo que se aplicaría a la misma el trámite de ejecución de sentencia que, como tal, no es susceptible de perimir (arg. arts. 24 ley 5480 y 211 inc. 4° procesal).

De otro lado, que aún tramitándose el incidente de ejecución de honorarios conforme a las normas del juicio ejecutivo (conf. art. 25 ley arancelacia y su comentario por Brito-Cardoso de Jantson, Honorarios de Abogados y Procuradores, p. 121), lo cierto es que no está controvertido en autos que ha recaído sentencia firme de ejecución por lo que, atento a su estado, tampoco es susceptible de perención, toda vez que concluida la primera etapa del juicio ejecutivo (la etapa de conocimiento "restringido"), por sentencia de ejecución firme, aquél no puede perimir, debiendo cumplirse lo ordenado en dicha resolución cualquiera sea la demora en la ejecución de la sentencia (?) no queda sin curso el pleito, que ya está terminado, sino la realización del derecho declarado por la ejecutoria, siendo de suponer que no se habrán continuado las actuaciones necesarias para su ejecución por carecer de bienes el deudor, o por otra causa que la haga imposible.

Por esto el que ha obtenido a su favor ejecutoria, lo mismo en juicio ordinario que en el ejecutivo o en cualquier otro, puede instar lo concerniente a su ejecución y cumplimiento cuando lo crea oportuno cualquiera que sea el tiempo por el que hayan quedado sin curso las actuaciones, mientras la cosa juzgada no pierda su eficacia o fuerza ejecutiva conforme a las prescripciones del derecho civil (Loutayf Ranea, Caducidad de la Instancia, p. 295/296).

Agrega Palacio que la excepción contemplada en la norma del art. 313 inc. 1° del CPCCN. (equivalente al art. 211 inc. 4 del CPCCT) tiene fundamento, no en el hecho de que la instancia se extinga a raíz de adquirir carácter firme la sentencia definitiva, sino en la consideración de que ésta soluciona el conflicto que motivó la pretensión procesal y hace desaparecer, fundamentalmente, la inseguridad y la discordia provocadas por la indefinición de aquél? (Palacio, Derecho Procesal Civil, t IV, p. 247/8).

Asimismo, se advierte que la prohibición de que perima la instancia en los trámites de ejecución de sentencia comprende también la ejecución de sentencia en los juicios ejecutivos (Loutayf Ranea, Ovejero López, Caducidad de la Instancia, p. 297).

En la especie, no está controvertido que exista sentencia firme de regulación de honorarios, ni la correspondiente a su ejecución? (CSJTuc, sentencia del 14/6/2004 en ?Ch., V.J. s/ Inc. de ejecución de honorarios en: Estrada de Montesino, Amanda S. vs. Gómez, Blanca y otros?), por lo que cabe concluir, atento la doctrina citada, que habiendo recaído sentencia de trance y remate contra el condenado en costas, la prosecución de la ejecución contra el beneficiario del trabajo no constituye instancia pasible de perención, con lo que el primer agravio del recurrente resulta procedente.

En ese sentido, es doctrina de esta Corte que el plazo de diez años contemplado en el art. 4023 del Código Civil es aplicable a honorarios ya regulados cuando el pronunciamiento judicial se encuentra firme y consentido por el obligado (CSJTuc., sentencia Nº 248 del 01/7/1993, en ?Sucesión de Germán Hanssen vs. Ramírez Ruperto s/ Disolución de sociedad?)...toda vez que no puede hablarse de caducidad de instancia donde ésta no existe como propiamente tal -etapa desde la sentencia regulatoria a la intimación de pago en el incidente de ejecución de honorarios- y donde sólo cabe alegar con la prescripción liberatoria, no opuesta en el caso (CSJTuc., sentencia Nº 753 del 25/8/2006, en ?López de De la Barra María del Valle vs. Gosen Enrique Armando s/ Cobro ejecutivo?).

De ello, se sigue inexorablemente que el proceso de ejecución de honorarios firmes, con sentencia de trance y remate, se subsume en el supuesto del art. 211 inc. 4 procesal, por lo que no cabe predicar la caducidad de instancia, donde no existe tal.

Si bien, en un reciente precedente, esta Corte sostuvo que cuando ?se ventila un juicio ejecutivo despachado en base al título que trae aparejada ejecución invocado por el actor, consistente en la sentencia firme y ejecutoriada dictada en la causa penal (?) tratase de juicio ejecutivo y no de ejecución de sentencia, por lo que no resulta aplicable el art. 211 inc. 4º del CPCCT (antes 218 inc. 4º CPCCT) en cuanto prescribe que la caducidad de instancia no se producirá en la ejecución de sentencia, atento que al momento de plantearse la caducidad de instancia aún no se encontraba concluida la primera etapa del juicio ejecutivo -la etapa de conocimiento restringido-, por sentencia de ejecución firme? (CSJTuc., sentencia N° 868 del 08/11/2010, en ?Ruiz Miguel Ángel vs. Barrera Ernesto Salvador s/ Cobro ejecutivo?), tal conclusión no resulta extensible al presente caso, por la particular plataforma fáctica ut supra descripta, en tanto el sub lite versa sobre una ejecución de sentencia de honorarios firme, con sentencia de trance y remate contra los condenados en costas (habiéndose verificado, por tanto, la conclusión de la etapa de conocimiento restringido); resultando así de inexorable consideración el concreto sistema de regulación arancelario local, que impone la solución específica anticipada, ante el expreso texto normativo del art. 24 de la ley 5480.

5. Corrobora, el criterio propiciado, la segunda parte del inc. 4 del art. 211 del CPCCT, en cuanto declara improcedente la caducidad en los procesos de ejecución de sentencia ?salvo si se tratara de incidentes que no guardaran relación estricta con la ejecución forzada propiamente dicha? (ver Sosa Toribio, Enrique, Caducidad de Instancia, 2da ed. ampl., La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 307; ídem Carranza Torres, Técnica de la Perención o Caducidad de Instancia, ed. Alveroni, Córdoba, 2008, p. 244, comentando el art. 311 inc. 1 del C.P.C.C.N. de idéntico contenido a la norma local de aplicación, lo que valida tales conclusiones); siendo que de las constancias de la causa, no puede sino inferirse que el trámite incidental, cuya caducidad se ha declarado en la Alzada, reviste relación estricta y directa con la ejecución forzada.

No obsta lo reflexionado, la circunstancia de que en el incidente seguido por el letrado contra el beneficiario del trabajo profesional se discutan determinadas cuestiones que podrán ser resueltas por el juez de grado en un sentido u otro (teniendo en consideración las excepciones que han sido opuestas por el Banco accionado en el marco proceso), ya que incluso se ha llegado a juzgar que ?la circunstancia que la determinación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes haya sido diferida en la sentencia por falta de pautas o elementos que le permitan al juez su estimación, no importa la apertura de una instancia accesoria sino de la necesidad de que la parte interesada aporte los elementos requeridos por el juzgador para completar su decisión, sin que por ello se abra una nueva instancia contradictoria susceptible de caducar? (SCMendoza, Sala I, sentencia del 13/02/2006, en ?Marzari de Elizalde Mariana y otros en J 36.072/8206 Rubio Carmen y otros c/ Estab. Agroindustrial Los Robles?, LLGran Cuyo, 2006 -julio- 806).

De hecho, como bien lo señala la doctrina ?si durante la tramitación de la ejecución de sentencia se plantea una cuestión contenciosa mediante la oposición de excepciones, la promoción de incidentes sobre intereses, etc?? procede la caducidad de instancia respecto de esa cuestión (Loutayf Ranea, Roberto y Ovejero López, Julio, Caducidad de la Instancia, 2da. reimp 1999, ed. Astrea, Buenos Aires, p. 298/9); pero no la perención de la ejecución misma, como lo ha entendido el fallo cuestionado.

6. A mayor abundamiento, se ha sostenido que ?si el juicio ha terminado de modo normal, no puede luego, aunque transite por etapa de cumplimiento forzado, terminar de modo anormal por vía de perención de instancia? (Sosa, Toribio Enrique, Caducidad de Instancia, 2da ed. ampl., La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 305).

En esa tesitura, la jurisprudencia ha reconocido que ?la sentencia de mérito definitiva y final escapa de los efectos nulidificantes de la perención de instancia producida, pues absorbe y refunde en sí misma la instancia y se sustituye a ésta, transformándola y convirtiéndola en ?actio judicata?.

En consecuencia, como el derecho reconocido por el juez es el objeto de la ?actio judicata?, el mismo solo puede extinguirse mediante prescripción ordinaria? (ST Corrientes, sentencia del 05/9/1995, en ?Urquijo, Alejandro J. vs. Valdez, Antonio?, LL 1996-A-304, DJ 1996-1-100), ya que ?la ejecución de la sentencia, representa la parte del proceso, tendiente a la materialización o realización del derecho declarado, pero este segmento atañe más al interés particular del titular del derecho que al interés social (?) en las actuaciones tendientes a la ejecución de las sentencias firmes, su abandono no afecta a la majestad de la justicia, sólo a la parte litigante interesada incumbe hacer efectivos sus derechos ? (voto de Barraquero en fallo plenario de la Cámara Nacional Civil del 05/10/56, La ley 84-522, JA 1956-IV-471).

El instituto de la caducidad de instancia no afecta al proceso de ejecución de sentencia, porque mientras la primera tiene en miras un interés social, el segundo solo representa el interés particular.

Desde luego, es pacífica la postura doctrinal en virtud de la cual se consagra la improcedencia de la caducidad en las actuaciones relativas al cumplimiento de la sentencia de remate y en los juicios de ejecución por honorarios regulados (cfr. Parry, Adolfo, Perención de la Instancia, 2da. ed., Buenos Aires, 1937, p. 256; ídem Maurino, Alberto, Perención de la instancia en el Proceso Civil, ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 263; Podetti, Tratado de los actos procesales, t. II, p. 352).

En esta tendencia se ha afirmado que ?cualquier sentencia ejecutoriada susceptible de ejecución no sufre los efectos de la caducidad? (Alsina, Tratado de Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. IV, 2da. ed., Ediar, Bs As, 1961, p. 473), y ?ello es comprensivo del trámite de ejecución procesal forzada, nacido de una sentencia de condena, como también en el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de remate, recaída en juicio ejecutivo? (Fenochietto y Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. II, ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, 4p. 37).

7. Finalmente se desprende de la regulación arancelaria local, que la acción para el cobro de los honorarios tramitará por la vía de la ejecución de sentencia. La ley no da acción ejecutiva, sino la vía ejecutoria y esta vía no es un juicio sino, en realidad, una etapa de un proceso ya sentenciado.

Aun cuando algún sector de la doctrina ha sostenido que la sentencia de regulación de honorarios ?es un tertium genus entre la sentencia -título ejecutorio- y el título ejecutivo?, esa misma doctrina ha admitido que la vía de la ejecución de la sentencia se aplica de igual modo cuando los profesionales ejecutan sus honorarios directamente contra la parte condenada en costas, como en el caso de ser la parte directamente interesada la que ejecuta o es ejecutada (Podetti y Guerrero Leconte, Tratado de las ejecuciones, Bs As, ed. Ediar, p. 728/9).

No escapa a este Tribunal que un sector de la jurisprudencia sostuvo que ?para la ejecución de honorarios del letrado contra quien fue su patrocinado o mandante, no condenado en costas debe aplicar el procedimiento del juicio ejecutivo (CNCiv., Sala B, 24/05/74, La Ley v. 156, p. 856, citado por Morello y Berizonce, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t IVA, p. 181), mas como sostiene la doctrina autoral, dicha interpretación obedecía a la ausencia de norma expresa, pues la discusión quedó zanjada con la vigencia de la ley nacional 21.839, cuyo art. 50 autoriza expresamente la vía de ejecución de sentencia para ejecución de honorarios reclamados a su propio cliente no condenado en costas, derogándose dicha posición judicial (ver Bacre, Aldo, Ejecución de sentencia, ed. La Rocca, p. 524); lo que -por cierto- resulta de aplicación a la especie, atento que la citada norma nacional, al igual que la local, autoriza expresamente la vía de ejecución de sentencia para cobro de honorarios al cliente.

8. Por el modo de resolución del presente recurso y atento la procedencia del primer argumento impugnativo, no resulta necesario analizar los restantes agravios del recurrente.

VI.- Por todo lo expuesto, y de conformidad con el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal, corresponde casar la sentencia debatida, conforme a la siguiente doctrina legal: ?No resulta ajustado a derecho el pronunciamiento que declara la caducidad de instancia de una ejecución de honorarios firme, mediando sentencia de trance y remate a favor del ejecutante; puesto que el caso encuadra en el art. 211 inc. 4 del CPCCT, aun cuando tramite por vía incidental?; dictándose como sustitutiva la siguiente:

?I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Banco Macro SA contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009 (fs. 150), la que se confirma. II) COSTAS: al apelante vencido.? Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen al vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del CPCCT).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, votan en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, por derecho propio, por el abogado René Mario Goane (h) (fs. 193/207 vta.) contra la sentencia Nº 355 de fecha 12 de agosto de 2010 (fs. 188/189 vta.), dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones; y, en consecuencia, CASAR dicho pronunciamiento de acuerdo a la doctrina legal enunciada precedentemente, revocando los puntos I y II de la misma y dictándose la siguiente sustitutiva:

?I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Banco Macro SA contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009 (fs. 150), la que se confirma. II) COSTAS: al apelante vencido.? II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDURDANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.