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Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Miño, Ernesto Oscar y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad si la Cámara, con referencia a cada hecho, omitió consignar expresamente las conclusiones de hecho (art. 351, núm. ant. C.P.P.) propias del cuerpo del delito, que no describió, quedando así sin determinarse los hechos bases del juzgamiento.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pereyra, Emilio F. c/ Pietrafesa, Omar J. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Resulta improcedente el recurso extraordinario de nulidad cuando de la sentencia surgen elementos suficientes que permiten individualizar las disposiciones legales aplicadas por el juzgador.
Derecho a la privacidad, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rivero, Carlos Gerardo. s/ inf. ley 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La conducta descripta por el art. 6x de la ley 20.771 queda fuera del ámbito de inmunidad del art. 19 de la Constitución Nacional pues es proclive a ofender el orden y la moral pública o causar un perjuicio.
Doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Emmert de Esteban Clara y otra c/ Astro  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-08

La doctrina o teoría de los actos propios, implica en última instancia que nadie puede ir en contra de sus propias actuaciones, venire contra factum propium non valet, o que nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente. Por lo tanto no sólo la buena fe entre las partes, sino también la libertad de contratar y hasta la misma seguridad jurídica quedarían gravemente resentidas si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero concurre a consumar un acto jurídico y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar el provecho.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, declaración de la víctima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L. S., K. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

En cuanto a las críticas que efectúa la impugnante sobre las disímiles versiones de la víctima -las que analiza minuciosamente advirtiendo que son contradictorias- y a la ausencia de un abordaje psicológico inmediato y un examen toxicológico de aquélla, amén de advertir que tales cuestionamientos no fueron introducidos en el recurso de apelación ordinaria, sino que constituyen una réplica de los fundamentos del voto disidente, lo cierto es que no son suficientes para evidenciar que la valoración que hicieran los sentenciantes -sobre la credibilidad del relato de la víctima- encuadre en una hipótesis de arbitrariedad que permita habilitar la vía excepcional intentada, desde que los magistrados de grado consideraron que la mecánica del hecho relatada por la víctima lucía verosímil con los olvidos propios de un hecho traumático y en relación a cuestiones no sustanciales, aunando ello a los testimonios de quienes inmediatamente tuvieron contacto con la misma y dieron cuenta del estado en el que se encontraba -llorando escondida bajo un escritorio, en posición fetal-, no sólo sus amigos sino también funcionarios que no la conocían con anterioridad; y en ese camino, la mayoría de la Cámara destacó que los profesionales intervinientes, la propia víctima y sus amigos permitían concluir que esa noche y luego de intentar subir a su departamento por la escalera, ocurrió una agresión sexual hacia la víctima, cuyo testimonio desde el primer momento de la investigación y con total inmediación, se concretó sin intercadencias y sin sospechas de preparación ilegítima en los términos de la litigación adversarial.
Honorarios, regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: SILVIA CATTANEO c/ BRAULIO RUBEN RAFUL Y/U OTRO s/ DEMANDA POR CONSIGNACION  EXPTE. N. C-4174-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-07-31

A los fines de la fijación de los honorarios debe tenerse en cuenta ambas relaciones: la creada por la demanda y la nacida con la reconvención, como ya lo sostuviera este cuerpo, debiendo distinguirse el monto discutido en cada una de ellas y el resultante de la sentencia, dado que ha finalizado el juicio con la sentencia definitiva (art. 19 Ley 1.519).
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lista, Gustavo Omar c/ Ceroni, Juan Carlos s/ Ejec. de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos no puede ser ejecutado por las costas procesales en tanto no varíe su situación patrimonial y, desnaturalizada la finalidad del beneficio el rechazo de la defensa basada en tal beneficio con fundamento en que no constituye un hecho posterior al fallo. En función de este discurrir, es que la prerrogativa que edicta el art. 84 del Cód.

Proc., conforma cartabón suficiente para admitir la resistencia planteada al tipificarse la situación legal hasta que la parte obligada mejore de fortuna.
Costas, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: JEANNET, RAUL EDUARDO c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

Si bien el decisorio no resulta condenatorio para el organismo demandado toda vez que la cuestión devino abstracta, deberá cargar con las costas dentro que su accionar dió motivo a la articulación de la presente litis.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, prisión preventiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Opatija s/ contrabando de armas arts. 863, 864 inc. a y 867 del Código de   Aduana - causa Nº 8830/97 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la decisión que confirmó la resolución que dictó la prisión preventiva (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Impugnación del acuerdo preventivo, fraude, informe general del síndico
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: PÉREZ, Juan Edgardo c/  s/ Concurso Preventivo- Legajo P/ Tramitar Rec. de Apelación sin Efecto Suspensivo D/ Luis Pérez
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-24

La dispar valuación que el deudor asigna a sus bienes con respecto a la del órgano sindical, o la que propone el apelante, no pueden "per se" constituir presunción o indicio de la existencia de fraude u ocultamiento de bienes, pues tal como lo advierte el funcionario sindical ad hoc, el vocablo ocultar no es asimilable al vocablo infravalorar. A todo evento la omisión del deudor en asignar el valor real de sus bienes fue saneada por el órgano sindical y ratificada por un altísimo porcentaje de la masa de acreedores.

Fuente del sumario: OFICIAL
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, representación procesal, mandato, poder, poder especial, poder general
Materia: CIVIL
Carátula: Fata Soc. Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. SRL y otro s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ¨Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario) s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ­Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-10-08

Nuestro codificador ha creído conveniente enumerar una serie de actos para los cuales son necesarios poderes especiales (artículo 1881 Código Civil). Empero la fórmula de la ley no es del todo exacta, pues lo que ella ha querido significar es que para los actos que ella enumera se requiere que el mandatario haya sido expresamente autorizado, es decir, se requieren facultades o poderes expresos para realizarlos; pero estas facultades o poderes pueden estar acordados, sin dificultad alguna, dentro de un poder concebido en términos generales. A la luz de estos argumentos el instrumento cuestionado por falta de consignación expresa del nombre del actor del juicio en que se presenta, es idóneo a los fines de otorgar debida representación al personero actuante, pues el objeto es preciso e incomprendible: el mandante confía al mandatario la defensa de sus intereses en los pleitos promovidos por cobro de pesos ante un determinado Juzgado. Y como el objeto del mandato puede extenderse a varios actos, parece correcto aceptar la idoneidad y suficiencia de dicho instrumento. (Del Voto del Dr. Alvarado Velloso). En el caso la cuestión a resolver es si, fuera del orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de personería ¿rigen las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales?
Embargo preventivo, responsabilidad por abordaje de buque
Materia: CIVIL
Carátula: F., W. H. Y Otro c/ Bq Clipper Kylie s/ Embargo De Buque / Interdiccion De Navegar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-27

Las regulaciones específicas del abordaje fueron las que permitieron construir el camino transitado por los actores desde la causa de la acción hasta el pretendido reclamo de embargo preventivo cautelar sobre otro buque del demandado. Esto torna de aplicación inmediata y excluyente, en este estado liminar y -se repite- adecuado al contexto cautelar, al art. 359 de la ley 20.094 en tanto prevé que si el abordaje es causado por culpa de uno de los buques (y otra cosa hasta ahora no fue traída) el culpable debe indemnizar a todos los daños producidos. Sea cual fuere el alcance que pretenda darse al segundo párrafo del art. 360 de la citada ley, lo cierto es que la solidaridad para responder por daños por abordaje derivados de muerte o lesiones personales está prevista en casos de culpa de causa concurrente, es decir con la intervención de más de un único responsable.
Subasta de inmuebles, cesión de derechos
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA LTDO. S.A. c/ DE MATOS, Antonio Victorino y otro s/ HIPOTECA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Aunque el comprador en subasta no sea titular de dominio porque no se lo invistió de la posesión del inmueble, está facultado para ceder los derechos y acciones que surgen del boleto de compraventa.-
Partidos políticos, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: PISARELLO, JUAN ANDRES c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-07

Ninguna de las razones brindadas por el quejoso resultan idóneas para modificar el criterio del Tribunal Electoral, que en su decisorio hizo prevalecer la supremacía federal de autonomía de las provincias y en esa lógica razonó que la interpretación constitucional ha de tender al desenvolvimiento armonioso de las autoridades federales y locales y no al choque y oposición de ellas, correspondiendo interpretar las normas sujetas a consideración de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa; y que una cuestión tan importante como otorgar el reconocimiento definitivo a una agrupación política, se debe calificar como relativo a las provincias, por cuanto dentro del marco que la Constitución nacional confiere, ejercen un poder propio, absoluto y exclusivo, de legislación y jurisdicción, sobre un número indefinido de materias, sin más limitación, que la de no destruir los preceptos de aquella ni absorber atribuciones conferidas al gobierno nacional (fs. 63 y 64).
Concesión comercial, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS DE CONCORDIA LIMITADA c/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-19

La utilización de dominio público por la concesionaria en cuanto a las obras efectuadas y que motivaran las actuaciones administrativas, está regida por el contrato de concesión que unió a las partes y por la ley 8916. En consecuencia, resultan inaplicables para el caso de incumplimiento las disposiciones de las Ordenanzas Nro.s. 28.960 y 22.715, resultando incompetente la Justicia de Faltas Municipal para su juzgamiento, deviniendo nulas e ilegítimas las actas de infracción labradas, y los actos administrativos a los cuales se ha arribado viciados de arbitrariedad y abuso de poder.
Incumplimiento del contrato, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: CABRERA ENRIQUE ANTONIO c/ PINTO KRAMER MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-07

Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa, los daños e intereses comprenderán las consecuencias mediatas. Si bien ya no se menciona la palabra dolo, que quedó sustituida por el giro "inejecución maliciosa", esta última expresión ha de entenderse como equivalente al dolo obligacional, tal como lo acepta una generalizada doctrina (conf. CNCiv. Sala E, "Pérez Roldán, Raúl c Cano Horacio s-daños y perjuicios", c. 19.701 del 29-7-85, con citas de Llambías, "Código Civil Anotado", T. II-A, coment. art. 521, Nro.

3; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", T. I, pg.

255; Alterini, A., "Responsabilidad Civil", p. 100, Nro. 113;

Belluscio, "Código Civil Anotado", coment. art. 521, Nro. 7; Garrido Andorno, "Reformas del Código Civil, ley 17.711, I, p. 86; Morello, "Indemnización del Daño Contractual", 2a. ed., p. 229, ap. II; etc.) El dolo obligacional, que ha de distinguirse del dolo como vicio de la voluntad (art. 931 del Código Civil) y del delictual (art. 1072, cód. cit.), se configura por la inejecución deliberada de la prestación, conforme lo ha entendido gran parte de nuestra doctrina (conf. Llambías, "Código", coment. art. 531; Rezzónico, "Estudio de las Obligaciones", 9a. ed. T I, p. 146; Lafaille, "Obligaciones" T.

I, Nro. 174, p. 167; etc.). De allí que la malicia a que alude el art. 521 debe entenderse como un incumplimiento a designio, con mala voluntad. Es el no querer cumplir pudiéndolo hacer, sin que interese que la inejecución persiga el perjuicio del acreedor. Exigir la intención de perjudicar, implica un recaudo no pedido por la ley y de casi imposible prueba. Basta el incumplimiento deliberado. Y es evidente que este incumplimiento ha de ser injustificado, puesto que si existe justificación se estará en presencia de un incumplimiento no imputable.
Falsificación de instrumento público, extravío del cheque
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: P, R A s/ EMISION DE CHEQUE CON CONTRAORDEN ILEGAL... ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-18

La constancia de extravío realizada ante la policía prueba simplemente la comparecencia del interesado a los efectos de efectuar la manifestación de extravío del cheque, nada más. No es una prueba del hecho falso del extravío. No prueba el hecho declarado sino la existencia de la declaración. Ese es su objeto principal y al mismo se refieren las normas de los artículos 993 y siguientes del Código Civil.

La atipicidad de dicha conducta impide se investigue el hecho de la denuncia.
Incidente de nulidad, actos consentidos
Materia: PROCESAL
Carátula: Lago, Argimiro c/ Fernández, Rosario s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-04-24

La falta de promoción del incidente de nulidad dentro del plazo legal hace que el acto que se dice viciado quede consentido.
Empleo público, competencia por la materia, competencia contencioso administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: PINO, JORGE LUIS c/ DGI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-24

En los conflictos laborales suscitados entre la DGI y su personal permanente, debe entender la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, toda vez que la relación habida entre las partes es de empleo público, y la mención de normas vinculadas al derecho colectivo del trabajo no pueden transformar el carácter del vínculo que uniera a las partes, en el ámbito del derecho administrativo.
Homicidio culposo, consumación del delito, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, reincidencia, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MATERNIDAD SARDA s/ PRESCRIPCION  - HOMICIDIO CULPOSO - REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

El homicidio culposo es un delito de carácter instantáneo que se consuma en el momento en que se materializa el resultado típico y no el día de la acción.

En los delitos de acción pública, el primer acto procesal idóneo para ser considerado "secuela de juicio" es el llamado a prestar declaración indagatoria, por lo que carecen de entidad las diligencias, peritaciones e informes médicos realizados con anterioridad.

Los informes del Registro Nacional de Reincidencia que se limitan a expresar nominativamente que las personas cuyos antecedentes se solicitan, no registran antecedentes, resultan insuficientes para descartar fehacientemente la comisión de un delito como causal de interrupción.
Detención del menor, condiciones de detención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., C. G. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-23

Corresponde declarar la nulidad de la resolución que omitió tratar el planteo introducido por la defensa, sin analizar mínimamente si los argumentos resultaban acertados o no, pues la cuestión se circunscribía a la posibilidad de modificar el lugar donde se encuentra detenido el menor, procurando integrarlo al régimen de las Residencias juveniles, a los efectos de profundizar su proceso de reinserción social, sin embargo, el tribunal, lejos de resolver tal aspecto, analizó la posibilidad del riesgo de fuga, valorando las condiciones del futuro lugar de alojamiento y la pena que debe cumplir y, aun cuando pudiese quedar firme la condena de prisión que pesa sobre el imputado, igualmente debe primar el interés superior de que el delito cometido lo fue cuando éste era menor de edad. (Ledesma, Tragant y Riggi).
Honorarios, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SERNA, JUAN CARLOS. c/ BENAVIDEZ NEIRA, CARLOS ALFONSO Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

Corresponde revocar el auto en tanto dispone que la letrada de la parte actora de manera previa a la ejecución sus honorarios generados en el juicio seguido contra la Dirección Provincial de Vialidad con sentencia firme de la alzada debe cumplir con la manda del art. 155 de la Constitución Provincial; ya que si la accionada pudo presupuestar y hacer la reserva del monto correspondiente al capital e intereses -incluso depositando tales sumas en el expediente-, estaba en condiciones de hacer lo propio con los honorarios profesionales.
Régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, remuneración, Estatuto del Docente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cordaro, Pascual c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

No se justifica mantener al presente fórmulas de reajuste como la establecida en la ley 14.473, que ya habían sido abandonadas por el legislador, para establecer un régimen común a través de la ley 18.037, y corresponde ordenar que la movilidad del haber por el período transcurrido desde el 1° de abril de 1991 hasta el 31 de marzo de 1994 se practique de acuerdo a las variaciones registradas en el nivel general de las remuneraciones según lo dispuesto por el art. 53 de la ley 18.037 mientras se mantuvo vigente dicho régimen (Disidencia de los Dres. Carlos S.

Fayt, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Seguros, cobertura, elevación de la cobertura, prima, recibo
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICARDO MORENO c/ COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS TRANSPORTISTAS UNIDOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-09

En la contratación de los seguros el régimen corriente es el que la propuesta que formula el tomador o asegurado requiere ser aceptada por la empresa aseguradora, rigiendo -en principio- el régimen del CCIV 1154 y 1155 que exige la comunicación al proponente de la voluntad de aceptar manifestada por la aseguradora (CCIV 913) para poder perfeccionar el contrato, por ello, la recepción de una suma de dinero indicando que la aceptación y aplicación de fondos quedaba sujeta aprobación de la aseguradora, no puede ser interpretada como aceptación (CCIV 913), de quien resulte obligada en los términos pretendidos por el asegurado, y aun cuando quien recibió la suma pagada por el actor hubiera estado autorizado para recibir primas, no justifica considerarlo por ello habilitado para modificar contratos de seguros.

De otro lado, si se considerara que el pedido de ampliación de la cobertura resultara semejante o análogo al supuesto de prórroga del contrato, de acuerdo a la ley 17.418:4, sería necesaria que fuera aceptada la propuesta y así se la considera si no media su rechazo dentro de los 15 días de haber sido recibida.

La asimilación de efectos del recibo de prima para ampliar la cobertura y las "notas de cobertura", carecen de fundamento, la segunda es un documento mediante el cual el asegurador da amparo durante un determinado tiempo al proponente mientras duren las tratativas para constituir el seguro. En tanto que el recibo importa una "propuesta" sin que signifique que la aseguradora deba, mientras dure el tiempo razonable para expedirse, obligación alguna de cubrir el siniestro en los términos de la ampliación pretendida.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera, declaración jurada, simulación, prueba
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Raúl Agustín y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Si bien es cierto que asiste al Banco Central la facultad de cuestionar el contenido de la declaración jurada a los efectos de controlar el ejercicio de su poder de policía financiero, la efectiva imposición de las sumas de que se trate, al no tratarse de un supuesto en el que la ley presume la simulación, es aquél quien debe allegar al proceso la prueba de los hechos en que se funde para sostener la existencia de un negocio simulado (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y del Dr.

Antonio Boggiano).