marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: OGGA VICTOR HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-13

La admisión "prima facie" de un recurso de casación no inhibe al Judex ad-quem para volver sobre aspectos formales, de ineludible cumplimiento por quién pretende alcanzar un pronunciamiento sustancial, y cuya ausencia empece a su admisibilidad.

En tal tesitura, cabe reparar que a los fines de la procedencia formal de la instancia extraordinaria que se intenta, configura una causa inexcusable que el recurrente ponga de manifiesto objetivamente el supuesto vicio in procedendo que endilga al decisorio recurrido, mediante una crítica razonada en la cual se rebatan todos y cada uno de los argumentos en los que se apoya el fallo.

Asimismo, es menester que el vicio que se denuncia tenga una trascendencia jurídica de tal magnitud con relación al pronunciamiento en el que se verifica, que resulte lo suficientemente capaz de conmover el sentido de lo allí decidido, provocando por tanto la irremediable nulidad de dicho resolutorio (Conf. De la Rúa, F., "El Recurso de Casación", Bs. As. 1968, p. 381 y s.s.).

Ello es así toda vez que si el pronunciamiento recurrido no se apoya con exclusividad en el aspecto que constituye materia de agravio, sino que encuentra sustento fáctico y jurídico en otras circunstancias independientes, que son bastante para fundamentarlo legítimamente, la declaración de nulidad que se persigue carecería de interés jurídico.
Empleo público, cesantía, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: AUSINA, JORGE DANIEL c/ O.S.N. s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Corresponde declarar la competencia del fuero y no la de la Justicia Nacional en lo Civil para entender en la causa en la que la actora demanda a o.s.n. por el cobro de haberes o subsidiariamente por los daños y perjuicios derivados de la cesantía que puso fin a su relación de empleo público que habría vinculado a las partes ya que la demandada es una entidad estatal, resultando clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para la solución del caso, y de acuerdo con la jurisprudencia de la CSJN, en causas análogas.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, licencia de uso, marcas, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Latin Shoes SA c/ KA Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Procede hacer lugar a la indemnización pretendida por el actor, en tanto se encuentra comprobado que el contrato de "asesoramiento técnico y comercial" que reglaba la producción y distribución de calzado -no deportivo- con cierta marca italiana para el mercado local, fue ilegítimamente suscripto porque la accionada no se encontraba en condiciones de sublicenciar sus derechos a terceros según se desprendía del documento firmado con la titular de la marca. El basamento jurídico que le otorga el derecho a ser indemnizado es la garantía de evicción; en virtud de lo cual, sobre la base que pregona que el que por título oneroso transmitió derechos responde por la evicción a quien los adquirió y fue privado en todo o en parte o sufriese una turbación (CCIV 2089 y 2091), corresponde confirmar la sentencia de grado en tanto reconoció el deber jurídico de la demandada de resarcir a la actora por haber sido privada de los derechos de explotación de la marca según contrató oportunamente. La garantía de evicción procura amparar a quien ha sido despojado de un derecho, tal como uno de propiedad intelectual como el caso, por la victoria de un reivindicante en virtud de una sentencia judicial. El precepto para que sea operativo requiere un vicio en el derecho adquirido - aunque aquí temporalmente- y puede importar tanto la inexistencia del derecho en cabeza del transmitente, como la ausencia de las facultades. Se trata de un negocio válido, de lo contrario caería en la nulidad, pero el derecho cedido padece un vicio inherente que sustenta la acción del tercero que lo cuestiona.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Gallucio Hugo Orlando c/ Clas Group S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-28

Petrobras Energía S.A., empresa cuya actividad normal y específica es la producción y comercialización de combustibles, es solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T., con la empresa Clas Group S.A. que se dedica a prestar servicios de control de calidad y cantidad del combustible que aquélla produce. La actividad de control de calidad llevada a cabo por la subcontratista Clas Group S.A. hace a la actividad normal y específica de Petrobras Energía S.A. en cuanto dedicada a la producción y comercialización de combustible. Toq. 1236.
Cuestiones de competencia, seguro de vida
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, María Antonia c/ Estado de la Pcia. de Corrientes s/ Cobro de pesos (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-09-25

Es competente el juzgado en lo contencioso administrativo y no el Juzgado Civil y Comercial para entender en la causa por diferencia de capital y actualización de seguro de vida obligatorio, pues la pretensión se halla regida por la ley 4106 de la Pcia. de Corrientes, toda vez que el derecho subjetivo que esgrime como beneficiaria del seguro en ciernes surgiría de un contrato de empleo público entre la asegurada y la Administración Pública, siendo esta última agente de retención de las primas, en el marco inclusive de una contingencia prevista en los considerandos del decreto ley provincial 30/00.
Daños y perjuicios, contrato de obra, mayores costos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lemos, María Angélica y otro c/ Molina, Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

Los mayores costos soportados por la actora por trabajos realizados y por los que quedaron sin realizar y que debieron realizarse por un tercero encuadran en el sustitutivo o subrogado que se lo designa como el "id quo interest", y que consiste en una cantidad de dinero representativa del valor de la prestación no recibida y prometida tenía para el acreedor quien, fundado en el vínculo obligacional, la esperaba -art. 519 del Cód. Civil-.
Prisión domiciliaria, menores, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Berio Crizul, Paula Fabiana s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

Corresponde revocar la resolución que dispuso el beneficio de la prisión domiciliaria en una residencia en territorio extranjero -Uruguay-, ya que los magistrados argentinos carecen de jurisdicción fuera del territorio, como así también las fuerzas de seguridad, circunstancias que no se ven atemperadas por la legislación argentina o la existencia de convenios de cooperación, los cuales no contemplan entre los alcances de la asistencia mutua el control de los eventuales arrestos domiciliarios dispuesto por uno de los Estados firmante.
Viajantes de comercio, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Morinico, Gabriel Raúl c/ Distribuidora Alka S.R.L. s/ Cobro de Comisiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-10-18

No procede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en cuanto a que la sentencia del A-quo admite la existencia de vínculo laboral, sostiene que de autos surge que fue el actor un agente de comercio, con organización propia de ventas.

Ello así, ya que de las operaciones y montos que figuran en los papeles de computadora, sin firma, figuran según el informe contable ampliatorio en la contabilidad de la demandada, nos ponen en el convencimiento de que realmente existió relación laboral comprendida en la Ley 14.546, pues de lo actuado surge que el actor vendía, por cuenta y orden de la demandada, que el riesgo de las operaciones lo corría la demandada, que por el contrario de lo afirmado por la apelante, el presupuesto, las condiciones de venta y precio lo proporcionaba la demandada, que de acuerdo a la pericia no llevaba el libro a que obliga el art.10 de la ley precitada, se considera pues que no habiéndose probado en absoluto que el actor fuera un agente de comercio con organización propia, ni que las visitas a la firma fueran esporádicas, para pedir presupuesto que luego la firma ignorara su destino, impide acoger el primer agravio que debe rechazarse.
Política tributaria, distribución de competencias
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de la Banca Especializada, Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

En punto a la regresividad del impuesto sobre los ingresos brutos sólo debe destacarse que la política fiscal y tributaria, dentro de los límites de la legalidad, no es criticable con argumentos constitucionales. En todo caso la decisión legislativa dirigida a incentivar o no determinadas actividades corresponde a una legítima opción política acorde con la distribución de poder prevista en la Constitución local.
Honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, escala arancelaria, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios  Ricar  S.A. c/ E.N. (Mº de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

La ley arancelaria no debe ser aplicada con prescindencia del discreto y necesario equilibrio que debe existir entre la extensión, calidad y complejidad de la tarea profesional realizada y el monto con que ella debe ser remunerada, pues si ese equilibrio no se respeta, deben los jueces reducir prudentemente el emolumento, aun cuando signifique desatender a las escalas mínimas arancelarias, en tanto ello constituye una facultad que está ínsita en el propio arancel (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Ausencias injustificadas, despido con causa, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Carlos Eduardo c/ Helametal Catamarca y/o Q.R.R. s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-30

Constituye causal suficiente de despido la conducta del trabajador que, ante reiteradas sanciones disciplinarias, violó su principal deber para con el empleador -prestar servicio- al faltar injustificadamente a su trabajo. Al respecto cabe tener en cuenta lo dicho por la doctrina en el sentido de que la injuria que tipifica el art. 242 de la L.C.T. puede consistir en un solo hecho grave, o bien en un hecho leve como el de autos, que oficie de gota que colme el vaso. Resulta evidente que una sola falta injustificada aislada no reviste la entidad suficiente como para dar por finalizada la relación laboral; empero ello, dicho criterio cede cuando nos encontramos ante un empleado que en forma reiterada no concurre a su trabajo y que registra en su legajo diversas sanciones; en este caso, sí se justifica el despido si a esa falta injustificada se le suman los malos antecedentes que tiene el trabajador.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, improcedencia del recurso, suspensión de la sentencia civil, competencia excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Proteción Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) c/ Osde (Organización de Servicios Directos Empresarios) s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-19

Cabe revocar la resolución que dispuso la suspensión de la sentencia por cuanto condiciona la ejecutividad del mentado decisorio a las resultas que se verifiquen "las condiciones sanitarias para su continuidad". Ello por cuanto, sobre cualquier consideración, en el contexto hoy imperante, en el cual se ha ordenado el levantamiento de la feria extraordinaria (Ac. CSJN 27/20) y dispuesto la reanudación de los plazos procesales, de modo indefectible, a partir del 4/8/20, la suspensión de términos dispuesta por la magistrada ha perdido virtualidad. Así, las cosas no persisten hoy en día la incertidumbre en torno a la reactivación de la actividad jurisdiccional de forma plena. Justamente, en la Acordada n° 31/2020 fueron delineados varios protocolos de actuación para facilitar la prosecución del trámite de los expedientes, poniéndose el énfasis y la prioridad en la protección de la salud de los peticionantes, empleados, funcionarios y magistrados. Desde tal perspectiva, resulta oportuno destacar el eminente rol activo que concierne al magistrado en el ordenamiento, sustanciación y dirección de estos procesos, dada la preferente tutela a los bienes jurídicos involucrados (CN 42 y 43). Así, a pesar de la falta de ley específica en la materia y en concordancia con los lineamientos sentados por reglamentación impuesta por la Ac. CSJN 12/16, deberán articularse en concreto las medidas excepcionales necesarias para asegurar tanto el cumplimiento de los protocolos dictados por el Alto Tribunal (referenciados en el ap. 8° Ac. 31/20, Anexos II, III y IV Ac. 14/20, Ac. 15/20) a los cuales ha adscripto esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones, como el aseguramiento del mandato preambular de afianzamiento de la justicia a través de su implementación con los diversos recursos humanos, materiales y tecnológicos provistos. Sobre tales bases conceptuales, aplicando los protocolos y distanciamiento social necesario, se deberán arbitrar los medios necesarios, para continuar con la ejecución de la sentencia dispuesta en la causa, procurándose el relevamiento de datos señalados a fin de evitar demoras injustificadas que dilaten la ejecución. Así, la fiscalización del relevamiento de datos y registros de contabilidad a ser efectuada por las partes, deberá llevarse a cabo de manera armónica con las pautas brindadas por la CSJN en la Acordada 31/20, lo cual implicará, entre otras cuestiones el análisis de alternativas que busquen evitar la paralización absoluta de la presente ejecución, salvaguardando con ello el principio constitucional de tutela efectiva.
Contrabando, competencia en lo penal económico, competencia federal, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando de estupefacientes Causa 29716-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-01

En materia de contrabando el fuero en lo Penal Económico reviste el carácter de federal, de donde resultan de aplicación los art. 93 y conc. del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372) (Capítulo IV) y no la preceptiva regulada en el Capítulo V del mismo cuerpo legal.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, choque en cadena, daños al automotor
Materia: CIVIL
Carátula: KOLENC,  Marcela  Adriana  y  otro c/ GRASSO, Gerardo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

Cuando dos vehículos se desplazan en la misma dirección, y la colisión se produce porque el rodado que marcha atrás no pudo frenar -choque en cadena- debe responsabilizarse a quien le cupo el rol de embestidor, pues surge evidente la falta de adopción de las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fin de mantener el pleno dominio de la casa riesgosa a su mando. Es que quien se desplaza por la retaguardia debe extremar las precauciones para detener también su vehículo en la debida oportunidad para evitar una colisión. Y para ello es fundamental conducir a una prudente distancia -aquella que permite al vehículo posterior efectuar las maniobras tendientes a evitar una colisión con el que lo precede-.

Si dos o más vehículos chocan y originan un daño a un tercero, sin que quede claro en un primer momento cual de los conductores es el verdadero responsable, la víctima puede exigir el resarcimiento a cualquiera de ellos o a todos, pues la víctima no dispone de la posibilidad de investigar con éxito la mecánica del accidente. Pesa sobre cada uno de los emplazados la carga de arrimar la prueba tendiente a deslindar o no su responsabilidad.

El damnificado en un accidente de tránsito puede demandar conjuntamente a todos los protagonistas del hecho, y si en el proceso se puede deslindar la culpa o responsabilidad de alguno de ellos, solo éste será condenado en la sentencia. En cambio. si no se puede comprobar la ausencia de responsabilidad de ninguno, la sentencia los condenará a todos, sin perjuicio de las acciones que éstos puedan dirigirse entre si. (Sumario N°21114 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Amparo por mora, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Lobo, Catalina Cleotilde del Valle c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora en la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-06

En el procedimiento administrativo, el principio del informalismo a favor del administrado rige aún para los escritos presentados ante funcionario incompetente, en cuyo caso, lo que la administración debe hacer es enviar las actuaciones al organismo competente, lo cual, tal como se desprende del expediente administrativo, es sin duda lo acontecido en las actuaciones que se ventilan, como lo afirman los propios requeridos al momento de evacuar el informe solicitado por este Tribunal. Es deber de la administración encausar el pedido y resolverlo dentro del plazo previsto al efecto, es decir darse al pedido el trámite correspondiente, más aún cuando, como en el caso, ambas dependencias, Subsecretaría de Recursos Humanos y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología actúan dentro de la esfera del mismo Poder Ejecutivo de la Provincia.

Es que en un amparo por mora de la administración, no puede hablarse con propiedad de parte demandada sino de autor requerido, esto es el sujeto pasivo a quien va dirigida la acción, tal como surge del propio texto de los Arts. 9 y 10 de la Ley 4795, que disponen que el Tribunal ordenará un informe circunstanciado acerca de los antecedentes del caso y la causa de la demora. Desde esta perspectiva, corresponde el rechazo de la falta de legitimación pasiva opuesta por los apoderados del Estado Provincial, por considerar que la acción debería haber sido intentada contra las autoridades competentes, esto es la Subsecretaría de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo y no contra el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, antigüedad, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHERVO ISOLA, MARIA SOLEDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, es menester destacar que la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria; y en el sub lite, las alegaciones de la amparista al sostener arbitrariedad por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, toda vez que la disposición cuestionada se inscribe en el marco de legalidad y del derecho positivo vigente, de donde surgen asimismo, los requisitos que deberán reunir los aspirantes al ingreso a la docencia en el sector público además de las exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a concurso, destacando particularmente que la labor docente no es igual según se desempeñen en el sector público o en el privado, en especial, difieren los sistemas de ingreso. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044287 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044225.
Recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Arias, Alberto y otro c/ Consorcio Rocavid s/ Cobro Protección Gremial - s/ Recurso de Queja por casación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-25

Cabe compartir el dictamen fiscal, por cuanto la eventualidad de que el crédito se encuentre prescrito en atención a la fecha del despido y a que la Alzada sostiene que el proceso no se ha dirigido contra los legitimados pasivos con lo que no se habría producido la interrupción de la prescripción, generan en el actor gravamen que hace encuadrable el decisorio en lo dispuesto por el art. 285 del CPCCLRyM. Asi se ha dicho que ...la decisión que verse sobre una nulidad de procedimiento o la declaración de caducidad de la instancia pueden tener el efecto de definitiva, es decir que al resolver ese capítulo impiden que el proceso pueda reanudarse o replantearse (...) Similar a lo que acontece con el r.e.federal (art. 14, ley 48) la caracterización de sentencia definitiva se asocia a un agravio (perjuicio) de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Principios del procedimiento administrativo, legalidad objetiva, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Molina, Héctor Duilio c/ Todart S.R.L. s/ Cobro de Haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-22

El principio de la ley 69 no puede enervar ni dejar de lado la necesaria actividad de la parte proponente, ya que "...el procedimiento de oficio no excluye la carga de los litigantes, ni los absuelve de las consecuencias de su propia imprevisión", "...quienes deben tomar las medidas necesarias para que las diligencias de pruebas ordenadas a sus pedido, se practiquen en tiempo oportuno...".
Subasta, habilitación de día y hora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valenzuela, Cecilio c/ Cooperativa Agropecuaria y Forestal "Río Bermejo Ltda." s/ Reclamo laboral e indemnización por accidente de trabajo Forestal "Río Bermejo Ltda." s/ Reclamo laboral e indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-05

Ante la inminencia del remate ordenado, deviene procedente, atento el monto depositado, suspender la subasta decretada, notificándose con habilitación de días y horas inhábiles, atendiendo los principios de humanización del proceso, inspirados en ideas socio económicas que tratan de establecer medidas que no perjudiquen innecesariamente al deudor y no impliquen desmedro a los intereses del actor.
Fondo compensador, trabajadores telefónicos, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CERRUTI,  HUGO  NELSON c/ Fondo  Compensador  para Jubilados yPensionados Telefónicos y otros s/ Prestaciones varias".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-21

La finalidad del inciso f) del art. 5 del Régimen del Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados Telefónicos (modificado por Res. 796/07 M.T.E.S.S.) no fue otra que allanar el camino a la obtención de los beneficios que brinda el fondo compensador a los pasivos que se encuentran en una situación de inferioridad respecto a los demás beneficiarios. La excepción halla su fundamento en uno de los principios rectores en la materia: la solidaridad y el carácter alimentario de las prestaciones. No se trata de una situación de desigualdad ni de una lesión a los principios básicos de igualdad entre iguales o privilegiados y desprotegidos, sino de un beneficio extraordinario que previó el reglamento -que la propia demandada dictó- y que reconoce su razón de ser en los pesares que debe atravesar una persona que ve disminuida sus facultades de salud.