marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del empleador, responsabilidad solidaria, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Pablo Ernesto c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-09

En caso de una contienda judicial no puede ejercerse una acción de responsabilidad subsidiaria cuando no se demanda y condena al deudor principal como empleador directo, para que una vez determinada la existencia de un crédito contra quien contrató al trabajador, la responsabilidad funcione ya que el artículo 30 impone una extensión de la responsabilidad y su presupuesto esencial es en mi opinión que se haya condenado al empleador directo.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas, superintendencia de riesgos del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

El diseño regulatorio elaborado por el Congreso -Ley 27.348- y reglamentado por la autoridad administrativa del trabajo garantiza la independencia de las comisiones médicas; así estos organismos, que actúan en la órbita de una entidad autárquica como lo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (arts. 35 a 38 de la ley 24.557), cuentan con suficiente capacidad técnica para determinar si se cumplen los requisitos para el acceso a las prestaciones sociales previstas por el régimen de riesgos del trabajo.
Sentencia, sentencia ultra petita
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Impellizeri, Silvestre A. y otros c/ Goni S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Fallar "extra petita" significa hacerlo sobre la base de hechos no invocados en la demanda como presupuesto de la acción, pero ello no ocurre cuando, considerando los hechos que sí fueron invocados, el juez les da una calificación legal distinta o divide en dos una pretensión que el actor había unificado, por así indicarlo la distinta naturaleza de las consecuencias dañosas invocadas en el escrito liminar y luego comprobadas.
Falta de acción, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cas S.A. c/ Municipalidad de La Plata. Tercería: Fiscalía de Estado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Nada obsta a la introducción de la excepción de falla de legitimación pasiva en oportunidad de contestar la demanda, circunstancia que posterga su resolución al momento de dictarse la sentencia definitiva.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rapagnini, Fernando Javier c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería s/ Demanda contencioso administrativa Giménez de Alvarez, María B. c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09|2001-11-07

La sanción consistente en la pérdida de los derechos previsionales por la falta del pago de aportes no puede ser adoptada si ello no surge claramente del texto legal, máxime cuando pretende ser aplicada no al deudor sino a sus causahabientes, quienes no adquieren el derecho al beneficio pensionario por vía de una transmisión mortis causa, sino directamente de la ley.
Pericia médica, carácter vinculante
Materia: PROCESAL
Carátula: SOTO, CROSCOPIO DEL TRANSITO c/ PEDRESCHI, ROMULO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-21

Autorizada doctrina señala que el juez puede apartarse del dictamen pericial desde que este no lo enlaza necesariamente y aun cuando sus conclusiones resulten terminantemente asertivas. Pero para hacerlo legítimamente ha de expresar los fundamentos de convicción contraria.
Recurso extraordinario, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ambrosio,  Esther  María c/ Provincia  de  Buenos  Aires (PoderJudicial). s/ indemnizacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Allanamiento sin orden, violación de domicilio, consentimiento del morador
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTICELLI DE PROZILLO, TERESA BEATRIZ s/ TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-10

El allanamiento que menciona el art. 18 de la C.N. , significa entrar por la fuerza a una casa ajena o contra la voluntad de su dueño. Por consiguiente, si existe voluntad de permitir el ingreso, no hay allanamiento ni necesidad de orden que la disponga. El consentimiento del interesado y el allanamiento serían entonces las dos caras de una misma moneda.

Tradicionalmente se interpreta, además, que el consentimiento puede ser otorgado por quien tenga derecho a excluir a terceros del lugar.

Sin embargo esta línea de pensamiento es objetable desde dos ángulos diferentes. Por un lado, que la garantía de inviolabilidad de domicilio protege a las personas, no los lugares. Por el otro la innegable vinculación que tiene la garantía de inviolabilidad de domicilio con la prohibición de obligar a alguien a declarar contra sí mismo.

Tanto se incrimina quien reconoce ser el autor o partícipe de un delito, como quien facilita voluntariamente la detención de la prueba que sirva para condenarlo. Por ello, el permitir el ingreso y el registro por parte de la autoridad con la posibilidad de que se adquiera prueba que pueda ser usada en contra del que otorgó el permiso, es algo bastante análogo, en sus efectos, a la confesión.

Se debe exigir que el consentimiento válido para excluir la hipótesis del allanamiento, debe ser prestado de modo expreso por la persona que tenga derecho a excluir a un tercero del domicilio y que, además, pueda verse perjudicada por el registro que realice el órgano de prevención.
Recurso de queja (procesal), reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Fadel, José Marcelo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-12-10

La casación, en cuanto recurso de derecho, no puede servir para canalizar críticas concernientes a los hechos o la prueba, salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad o absurdo. Ello es así pues, en principio, las valoraciones relativas a los aspectos de hecho y prueba afectan a cuestiones que pueden rotularse como inaccesibles para el tribunal de casación pues los presupuestos a partir de los cuales se formulan no han caído bajo su percepción sensorial. En consecuencia, resulta lógico que, salvo las circunstancias extremas antes referidas, las valoraciones de los aspectos mencionados se inscriban en la órbita de las facultades discrecionales del tribunal de juicio. A los fines de obtener la verdad real, conllevaría una manifiesta inconveniencia admitir que, en la presente instancia, se cuestione la apreciación de los testimonios y otras declaraciones efectuadas oportunamente por el tribunal de sentencia pues ello significaría desconocer los indudables beneficios que, a ese respecto confiere la inmediación propia de la etapa plenaria del proceso penal. Cabe afirmar que el proceso de evaluación de los elementos de convicción se ha efectuado de un modo que no ofende a las normas del recto entendimiento humano, si resulta razonable que, a partir de tales premisas, los magistrados hayan concluido en la certeza fundante de la condena.

Cumplido dicho presupuesto el fallo ha de comprender determinaciones asentadas en la sana crítica racional que, prima facie, no aparezcan como atribuibles al mero arbitrio de los jueces o a su íntimo parecer. Si los aspectos mencionados por el quejoso relativos a la falta de fundamentación constituyen una revaluación del material probatorio que no pone de manifiesto que las probanzas supuestamente omitidas excluyan lisa y llanamente la posibilidad de concluir en un fallo condenatorio y sólo aluden a circunstancias opinables que, en uso de su libre convicción, han sido subestimadas por el tribunal ante una prueba lógicamente reputada como concluyente a queja no puede prosperar.
Ley de empleo, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Echeverría, Servando Rodrigo c/ Delorenzi, Gustavo E. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-10

Debe dejarse sin efecto la imposición de las multas derivadas de la ley 24.013, en virtud de considerar que resulta un presupuesto ineludible para entrar a su estudio la vigencia de la relación laboral al momento del reclamo -conforme artículo 3 inciso 1 del Decreto reglamentario de la ley, 2725/91-, lo que no ocurre en el caso.
Inflación, depreciación monetaria, contratos administrativos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PIVOT SRL c/ Bco. Nación Argentina s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

La República Argentina, durante varios decenios, sufrió un proceso inflacionario permanente -agravado por curvas ascendentes, con picos muy elevados, los que generalmente se desencadenaron como escaladas de aumentos geométricos frente a anteriores periodos de inflación controlada-, del que resultó como consecuencia inevitable la depreciación de nuestra moneda -entendida como la pérdida de su valor adquisitivo en relación al precio de los bienes y servicios, lo que se traduce en el incremento del costo de vida-, por lo que la disminución del valor intrínseco de la moneda en el lapso, aún cuando fuere importante, en tanto fue constante, no puede configurar -como principio- un supuesto de imprevisibilidad inculpable, en la medida que el pleno conocimiento del fenómeno y de sus consecuencias exigía extremar el deber de previsión y cuidado, adoptando los mecanismos de prevención y tutela de esos negativos avatares que, encontrándose ya integrados a los sistemas de contratación, luego del pico hiperinflacionario de 1975, fueron normativamente receptados en nuestra legislación positiva. (Del voto del juez Buján, cons. V, 6.1)
Concursos, prescripción, LEY DE CONCURSOS, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADOS SAN JUAN s/ Concurso Preventivo - Hoy Quiebra - Verificación Tardía UOCRA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-28

La prescripción prevista en el art. 56 LCQ, rige solo en el concurso preventivo, y no en la quiebra. La aplicación restringida del mencionado artículo al concurso preventivo y su no extensión a la quiebra se apoya en los siguientes argumentos relevantes: a) La metodología del legislador; el artículo 56 se encuentra en la Sección III, Capítulo V, que regula los efectos del acuerdo homologado; b) la ratio legis: la norma tiene por finalidad loable no prolongar por largos períodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concursado, a fin de poner un límite temporal a lo que en doctrina se ha denominado "pasivos ocultos", intentándose con esa medida cristalizar la situación del deudor; c) la prohibición de analogía en materia de prescripción: El artículo se refiere al concurso preventivo, computa el plazo desde la presentación en concurso preventivo, prevé la conclusión del concurso preventivo.

A lo que agrega que "El art. 56 de la LCQ no es aplicable a los procesos de quiebra puesto que no pueden crearse términos de prescripción por analogía, y siendo los plazos de prescripción excepcionales de interpretación estricta y aplicación limitada, la conclusión debe ser que en las verificaciones tardías en las quiebras no rige el plazo de prescripción excepcional establecido en el mentado art. 56.

El artículo se refiere con exclusividad a la verificación tardía en el concurso y no existe norma similar cuando se trata de la mencionada verificación en la quiebra; razón por la cual dicha solución no es extensible en principio a este último supuesto. Por su parte, tampoco se advierte aplicable dicha norma a los supuestos de quiebra indirecta".
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SARQUIZ HNOS. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. SGO. DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-18

La actuación interruptiva del curso de la perención de la instancia debe ser idónea para instar el procedimiento, en el sentido de tender al avance del proceso independiente del resultado del acto o pedido, el que aún puede ser adverso para quien lo solicitó, en concordancia con el espíritu del instituto arbitrado para sancionar la inacción de los litigantes, lo que exige la manifestación de actitudes inequívocas que mantengan abierta la instancia hasta su meta final, la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Provincial, independencia del Poder Judicial, presupuesto provincial, jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: Constitucional
Carátula: Ghio, Marta Alicia y otros c/ Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-05

Desde el momento que el art. 175 de la Constitución Provincial, se erige en piedra basal de la autonomía e independencia, al asegurar a los Magistrados del mismo la intangibilidad remuneratoria y apreciando también que es obligación de todos los Poderes del Estado bregar por la supremacía de normas fundamentales como la que estamos analizando, cabe señalar que la aprobación que la Constitución confiere al Poder Legislativo respecto del Presupuesto elaborado por el Poder Judicial, debe entenderse limitada exclusivamente al examen de los aspectos que sean ajenos a las previsiones que él contenga en materia de intangibilidad remuneratoria.
Prescripción, acción civil
Materia: CIVIL
Carátula: Sambognia Piñeiro, Ricardo y Otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-07

En una acción de responsabilidad civil el cómputo de la prescripción comienza en el momento a partir del cual la responsabilidad existe, es conocida por la supuesta víctima y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer, criterio que supone la adaptación de los principios generales actio non nata non praescribitur a las circunstancias de la causa y que ha sido aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en supuestos en que el punto de partida de la prescripción supone que el actor haya conocido que la acción indemnizatoria ha quedado expedita a su favor -Tortorelli Mario Nicolás c/Buenos Aires Provincia de y otros s/daños y perjuicios" del 23/5/2006-.
Costas, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Durrieu  Vidal  y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada yotro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ indemnización por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Tanto el art. 11 de la ley 21.859 como el art. 10 de la 23.898 establecen que la tasa de justicia integrará las costas del juicio y será soportada por las partes en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas.
Bienes inmuebles, expropiación, indemnización, tasa pasiva, valor del bien
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Rawson  c/ Cuyo Inversores S.A. y otros  s/ Expropiación (en Cont. Adm) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-03-13

Determinado el valor real y actual del inmueble los intereses se calculan hasta el efectivo pago con tasa pasiva, ello cuando no está determinado el precio a valor real y actual de lo contrario a la fecha de desposesión. Es decir que, actualizar una deuda con tasa pasiva no cumple con el requisito de dejar indemne al expropiado (art. 17 CN), conforme surge del artículo 20 bis LP 1000-A.
Tope remunerativo, liquidación, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fernández, Celia Inés c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios Fernández, Celia Inés c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-04|2010-08-04

El Máximo Tribunal ha establecido que para los supuestos en que el ente previsional haya practicado li-quidación de la sentencia firme, y que de la misma resulte comprobado el perjuicio concreto que oca-siona la aplicación del sistema de topes en la medida que la merma del haber resulte confiscatoria, debe declararse la inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 18.037. En tal sentido, en innumerables preceden-tes también ha sostenido que sólo se considerará razonable cualquier reducción que no supere el 15% del haber liquidado, como una contribución solidaria a la Seguridad Social por parte de quienes poseen mayor capacidad económica (cfr. sent. del 19.08.99, "Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo"). Sin perjui-cio de ello, al momento de practicarse la referida liquidación, deberá tenerse en cuenta lo expuesto por la C.S.J.N. en los autos "Pozzi, Hilda Alicia" (sent. del 13.03.07).
Juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL
Carátula: G., S.P. c/ P.Ch. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-29

Al haberse dirigido la demanda contra la provincia, Fiscalía de Estado como correspondía constitucionalmente y con la limitación de los principios generales del derecho constitucional y el sistema democrático, republicano de gobierno; que imposibilita al poder administrador revisar las decisiones judiciales, encuentro que en la especie no quedó liberado el actor del reclamo previo para habilitar la instancia. A mayor abundamiento el reclamo por el resarcimiento pretendido y la presentación no es ante el Poder Judicial Provincial sino ante el Ejecutivo y es éste quien debió haber analizado la admisibilidad o posibilidad fáctica del resarcimiento, de lo que se vio privada la administración y el actor encuentra el obstáculo para iniciar la causa judicial.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, medida cautelar autónoma, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Héctor Angel c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-06

El ordenamiento procesal local ha previsto expresamente la posibilidad de solicitar el dictado de medidas cautelares autónomas. En efecto, el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y Tributario establece que -salvo disposición legal en contrario- las providencias precautorias pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de interponer la demanda.

Estas últimas han sido concebidas como un medio tendiente a impedir que el tiempo que insume el proceso torne ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende.
Insuficiencia del agravio, phishing, responsabilidad del banco, relación de consumo, carga probatoria dinámica
Materia: INFORMATICO-PROCESAL
Carátula: F. J. E. y O. c/ P. S. Sa y otro/a s/ nulidad de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

La postura defensiva de la entidad bancaria entiende que no existió la maniobra conocida como "phishing", pero no ofrece una versión alternativa verosímil que desplace lo concluido por el a quo sino sólo niega la figura y endilga toda la responsabilidad a la parte actora. Frente a ello y siendo un típico supuesto de relación de consumo -actores consumidores y banco proveedor de servicios-, no puede sino rechazarse la pretensión de la parte demandada; es que la carga de la prueba es dinámica y frente a dudas la valoración debe inclinarse en favor del consumidor, debiendo además el proveedor exhibir una conducta diligente en procura de dilucidar la verdad de lo ocurrido, todo lo cual conduce a tener por cierta la versión de los accionantes en cuanto lo sucedido califica como un supuesto de phishing.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Acción Social de la Nación c/ Jockey Club de Buenos Aires s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

Si no se admitiese un cálculo estimativo del valor disputado en último término, se consagraría un resultado insostenible en situaciones como las del sub-lite, por cuanto la carga procesal mencionada sólo podría ser satisfecha cuando el plazo para apelar estuviera agotado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Palladino, Gustavo y otro s/ Doble homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-09

Resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si los planteos efectuados por el recurrente no han sido vinculados con texto legal alguno, ni se compadecen con aquellos que rigen la cuestión planteada, ni con el desarrollo del proceso, ni con el contenido del fallo.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: F.M. TANGO S.A. c/ L.S.1 RADIO MUNICIPAL (MCBA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

Si la pretensión cautelar constituye una petición autónoma -que algunos autores denominan urgente-, su procedencia requiere no sólo una apariencia del derecho alegado, sino una fuerte probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del peticionante, es decir, un alto grado de certeza del derecho que debe demostrar quien reclama esta tutela, lo que se justifica por el carácter autónomo y no accesorio que la distingue de las pretensiones cautelares.
Quiebra, continuación de la empresa, seguros, liquidación del asegurador, remuneración, autorización para funcionar
Materia: COMERCIAL
Carátula: FEBO  COMPAÑIA  DE  SEGUROS  SA  SOBRE LIQUIDACION SOBRE INCIDENTE DE VERIFICACION POR  FIDEC s/ INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-19

Debe desestimarse la pretensión de cobro de salarios posteriores a la apertura del procedimiento liquidatorio de una aseguradora. En tal caso no existe expectativa ni falta de definición derivada de la lc: 186 porque la revocación de la autorización para funcionar importa la disolución de la entidad y su inmediata liquidación (ley 20.091: 49), lo que implica la inoperatividad de aquella norma.
Derecho laboral, contrato de trabajo, presunciones, prueba, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Arrativel Leonardo José c/ La Herradura del Norte S.R.L. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-16

El trabajador continuó prestando servicios en favor de la demandada después de la renuncia materializada; la que, de cara al principio de primacía de la realidad, debe considerarse nula e ineficaz por no ajustarse a la verdad de lo acontecido. Recordemos que el contrato de trabajo es un "contrato - realidad", más que formal. Además, la demandada reconoció que, después de la renuncia, el actor cumplió viajes en el camión de la empresa, lo que debe tenerse como un reconocimiento de la prestación de servicios, aunque dándoles otra naturaleza jurídica (la de la autonomía). Dicho dato, más el estudio global de las pruebas producidas, permite tener por concretada la prueba de la prestación de servicios activadora de la presunción de existencia de un contrato de trabajo, uno de los modos de probar la relación (cfr. art. 50 de la LCT) (Voto Welp. Adhesión Ronconi)