Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-12


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO:31 San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de Setiembre de 2.005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 176/01 "Héctor BARRERA e Hijo c/ Municipalidad de Valle Viejo - Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad", en los que a fs. 104 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo; obrando a fs. 105/108 Dictamen del Sr. Procurador General; llamándose autos para sentencia a fs. 109 vta. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

Es procedente la Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?. - Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 110 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 14/22 la apoderada de la firma "Héctor Barrera e Hijo S.R.L", interpone acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de Valle Viejo, persiguiendo se declare los alcances del art. 133 del Código Tributario del citado Municipio, y del Art. 16 inc. "i" de la Ordenanza Municipal Impositiva Nro. 767/99, como asimismo se declare la inconstitucionalidad del Art. 253, inc. 2º de la Constitución Provincial, como del régimen impositivo establecido en las normas municipales y el Art. 1 del Código Tributario.

Se justifica la competencia del Tribunal como asimismo la legitimación del actor aduciendo ser distribuidor oficial de la firma Arcor S.A.I.C. S.A. en los Dptos. Capital y Valle Viejo. Se relata que la sede comercial de la empresa se encuentra ubicada en la ciudad Capital, y que los vehículos que se utilizan para el reparto de la mercadería en los comercios radicados en el Dpto. Valle Viejo, se encuentran debidamente habilitados por la autoridad provincial. Que con motivo del reparto de mercadería se levantaron actas de inspección por no cumplir con el arancel por ocupación de la vía pública -carga y descarga- mediante las cuales se les hizo saber que de no cumplirse con el pago se les impedirá en lo sucesivo realizar actividad en el Dpto. Valle Viejo, como así también se procedería a decomisar la mercadería. Luego y con el fin de justificar la admisibilidad de la acción impetrada, se encarga de recordar que los presupuestos se encuentran reunidos en la especie. Que la incertidumbre se visualiza en el Art. 1 del C.T.M., cuando expresa que las denominaciones utilizadas por él para designar los tributos allí consignados son genéricas sin que pueda tal denominación establecer la naturaleza jurídica de la obligación. Que en derecho tributario no resulta aconsejable conducirse con tal indefinición, ya que no es lo mismo un impuesto que una tasa o una contribución. Que la incertidumbre asimismo se refleja en otros artículos del Código, como son el 133, 134, 135 y 137 y el Art. 16 inc. I) de la Ordenanza Municipal Nro. 767/99, donde no se establece con claridad si lo que se quiere percibir es un impuesto o una tasa, como tampoco se especifican los elementos básicos que los configuran. Que si el hecho imponible lo configura la carga y descarga de mercadería, ésta, al ser una tarea inherente a la actividad comercial que realiza la empresa en el ámbito provincial, importa doble imposición pues por el ejercicio de tal actividad comercial se tributa el impuesto a los ingresos brutos. Que tampoco puede decirse que lo que se cobra en concepto del tributo sea una contraprestación por un servicio prestado por el Municipio. Por lo que la lesión que se causa al derecho de propiedad no proviene en sí de la contribución, sino de la ilegalidad y arbitrariedad de las normas que establecen tal imposición, y de las que no surge con claridad la naturaleza del tributo que se cobra. Por otra parte y por iguales razones invoca la inconstitucionalidad del Art. 253 de la C.P., en tanto el tributo establecido conspira contra el tráfico comercial regulado exclusivamente por el Congreso de la Nación, haciendo más onerosa la actividad desarrollada en el Municipio. Finalmente aduce que el accionar del Municipio reteniendo el vehículo y amenazando con decomisar la mercadería, resulta excesivo. Por último solicita medida cautelar genérica, tendiente a evitar que el Municipio demore o secuestre el vehículo o bien decomise mercadería o, en fin, impida el ejercicio de la actividad comercial. Ofrece prueba, y solicita en definitiva que al establecerse la certidumbre sobre los alcances de las norma tributarias cuestionadas, se declara la inconstitucionalidad del tributo, con costas.

A fs. 26 el Tribunal se declara competente para entender en la presenta causa. - A fs. 34/35 vta. se resuelve no hacer lugar a la medida cautelar solicitada. A fs. 45/48 vta. se presenta el apoderado del Municipio demandado, aduciendo entre otras cuestiones, no ser la acción declarativa de certeza el mecanismo idóneo para cuestionar la legalidad de una Ordenanza, motivo por el cual solicita el rechazo de la demanda, con costas.

A fs. 49 se abre la causa a prueba, producida la misma, a fs. 97 vta. se tiene por clausurada dicha etapa.

Agregándose a fs. 101/103 el alegato de la parte actora, y a fs. 105/108 el dictamen del Sr. Procurador, con lo que la causa previo llamamiento de autos queda en estado de ser resuelta.

Que avocados al estudio de la presente controversia, paréceme pertinente recordar que la actora invocando su condición de comerciante, promueve acción declarativa de certeza peticionando se declare la inconstitucionalidad de distintos actos normativos emitidos por la Municipalidad de Valle Viejo, en el entendimiento que con ellos se vulneran derechos de rango constitucional. En tal sentido aduce que la contribución que exige el Municipio del Dpto. Valle Viejo por ocupación de la vía pública municipal -carga y descarga de mercadería- resulta arbitraria e ilegal pues la misma, al margen de afectar directamente el libre ejercicio del comercio, genera gran incertidumbre entre los obligados al pago al no saber si lo exigido responde a un impuesto o a una tasa. Que todo ello refleja el obrar excesivo por parte del ente demandado, quien ilegítimamente procedió a retener vehículos de su propiedad como asimismo efectuó la amenaza de decomisar la mercadería y prohibir el tránsito vehicular en jurisdicción municipal.

Conforme lo he señalado en causas anteriores, la acción declarativa de inconstitucionalidad es de carácter preventiva, tendiente a evitar se aplique la norma en cuestión, lo que supone, no una violación ya consumada, sino una amenaza; una relación jurídica o un derecho en trance de verse lesionados. Esta incertidumbre genera el interés por la obtención de certeza que, considerada como un bien en sí misma, el Estado asegura mediante la acción y la sentencia de mera declaración de certera que no es seguida de ejecución alguna pues la pretensión del accionante se agota en la sola declaración provista de los efectos de la cosa juzgada.

Con razón se ha sostenido, que la función propia de certeza jurídica hace que esta acción declarativa cumpla un rol preventivo, al eliminar los posibles conflictos antes de que el derecho sea transgredido, cuando solo pesa sobre él una amenaza, puesto que a través de ella se evita que los discrepantes se tornen litigantes al declarar oficialmente el derecho. Y es que no se trata de una reacción contra la violación actual de un derecho de base constitucional que emerge como vulnerado, incumplido o transgredido, toda vez que su objetivo es procurar un pronunciamiento clarificatorio con fuerza de cosa juzgada, una interpretación vinculatoria que sirva de norma para el futuro, teniendo como presupuesto un estado de incertidumbre acerca de la existencia, inexistencia, alcance o modalidad de una relación jurídica. De donde "el interés en su deducción reposa en el estado de incertidumbre que no presupone un daño actual, en el sentido de derecho violado, sino en el interés de prevenir una situación perjudicial, dado por una situación de hecho que, sin la declaración de certeza, sobrevendrá" (Enderle, Guillermo Jorge, "Acción de inconstitucionalidad", L.L, 06/03/02).

Que en consideración a los conceptos vertidos, resulta forzoso señalar que, en la especie, no se cumplimenta el requisito señalado respecto del estado de incertidumbre sobre una relación jurídica o amenaza de lesión, ya que la ley, cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue por esta vía, ha sido aplicada, por lo que se ha consumado el supuesto agravio, de allí la inadmisibilidad de las cuestiones traídas por la vía de la acción de inconstitucionalidad.- En efecto, según surge de las constancias de la causa, en oportunidad en que la actora pretendía desarrollar su normal actividad comercial en jurisdicción del Municipio demandado, agentes dependientes del mismo procedieron a labrar actas de inspección por medio de las que se intimó el pago del arancel en concepto de contribución por ocupación del espacio público municipal. Que si bien es cierto no existe en nuestro ordenamiento procesal un plazo de caducidad para deducir la misma, lógico es suponer dada su función preventiva, que la misma sea deducida en un tiempo no muy lejano de la publicación oficial de la norma cuestionada. Que tomando en consideración que la norma cuya constitucionalidad hoy se cuestiona rige desde el año 1999, y que la aplicación de ella al sub- examine, importa un hecho consumado, no otra conclusión que el rechazo de la demanda debe auspiciarse, ante la ausencia de su fundamento, pues conforme fuera expuesto, la acción procede ante la amenaza fundada de sufrir una lesión en los derechos o garantías de naturaleza constitucional, es decir, cuando la norma impugnada no ha sido efectivamente aplicada de modo que se procura impedir su ejecución.

En consecuencia, y habiendo perdido en el caso analizado la acción declarativa toda su utilidad, estimo debe rechazarse la demanda. Con costas a cargo de la parte actora (Art. 65, Ley Nro. 2403). Así voto. - A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizados el planteo de parte y el criterio sentado por el Señor Ministro preopinante, me permitiré disentir en orden a la solución propiciada en tanto en autos "Casa Pepe c/ Municipalidad"; "Hermanos DÍAZ DIAN" y "Sosa de Rojas", acciones declarativas de certeza, tengo dicho que: en relación a la cuestión de la habilitación procesal de la ocurrente para cuestionar la Constitucionalidad de las Normas Tributarias Municipales y supuestos acatamientos voluntarios, dicha doctrina no es de aplicación en materia específicamente fiscal, en la que no rige el principio dispositivo, en tanto el carácter de orden público preside las obligaciones impositivas extrañas por esencia a toda noción contractual, pues el tributo es impuesto al ciudadano en forma unilateral y con una fuerte imperatividad que torna más que relativo el consentimiento, en orden a la oportunidad y vía de cuestionamiento Constitucional, porque condiciona el análisis oportuno por parte del contribuyente sobre la legalidad de la obligación tributaria que se le impone. - Que resulta así la habilitación procesal de la ocurrente y entrando a la cuestión de autos, tal es, el ataque por inconstitucionalidad a las normas del Código Tributario Municipal, la ordenanza impositiva anual y el Art. 253 inc. 2 de la Constitución Provincial. En este orden de ideas se puede observar que mientras el C.T.M. en su Art. 133 establece una contribución por la ocupación o uso del subsuelo y el espacio aéreo del dominio público municipal, remitiendo su cuantificación a la Ordenanza Impositiva anual, esta última tomando como base el artículo de cita en su Art. 16 inc. I) extiende la contribución para gravar a vehículos procedentes de otras provincias o municipios que efectúan cargas o descargas en la vía pública de mercaderías en general, en comercios de este municipio. De la simple lectura de ambas normas surge que la Ordenanza Impositiva anual se extralimita en el ámbito de imposición determinado por la norma de superior jerarquía del C.T.M., en tanto grava a la ocupación de la superficie territorial, cuando el Código Tributario hace mención del subsuelo o del espacio aéreo, extendiendo ilegítimamente, en tanto norma de aplicación, a supuestos no tipificados en el cuerpo tributario superior. Tal interpretación es ratificada si tenemos presente que los artículos subsiguientes del Código Tributario cuando hacen mención al sujeto imponible y a la base de cálculo también remiten al objeto ya determinado por el mencionado 133.- Por lo expuesto corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 16 inc. I) de la Ordenanza Impositiva municipal, rechazando los planteos de inconstitucionalidad del Código Tributario Municipal y del Art. 253 inc. 2) de la Constitución Provincial, en tanto tales normas bien interpretadas se sujetan en su contenido y alcance a los principios del derecho constitucional tributario y remiten a objetos legítimos de tributación. Que conforme se resuelve, las costas deberán distribuirse en un setenta y cinco por ciento a cargo de la demandada y un veinticinco por ciento a cargo de la actora. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que atento a la disparidad de opiniones y soluciones de mis colegas plasmada en sus respectivos votos, resta emitir mi parecer limitando la tarea en función de integrar la mayoría.

Que siendo así y conforme a lo expresado en otras ocasiones en torno a las exigencias que la naturaleza jurídica de la acción entablada requiere para su viabilidad y no advirtiendo que el caso bajo examen revele circunstancias que justifiquen un cambio de criterio, me aúno a las expresiones del Dr. Cáceres y doy mi voto en igual dirección.

Que entonces solo a mayor abundamiento, voy a permitirme reproducir formulaciones articuladas en otras oportunidades ante situaciones similares en las que sostuve que: planteándose en autos una acción declarativa de certeza a efecto que se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias, no puede dejarse de lado que dicho instituto posee ciertos presupuestos que condicen con su naturaleza jurídica -estado actual y concreto de incertidumbre; el interés legítimo del accionante configurado en la demostración del perjuicio que la acción intentada va a prevenir y la inexistencia de medios legales alternativos, para poner término inmediatamente a la situación descripta-, cuya existencia es indispensable para su viabilidad y su verificación se impone con mayor rigor y detenimiento en este momento procesal de dictar sentencia.

Que ello así, conforme a constancias de autos la conducta desplegada por el actor no revela este estado de incertidumbre requerido, pues es sabido que la idea que se intenta con esta acción es la de prevenir que no ocurra un perjuicio o lesión al derecho que esa falta de certeza o incertidumbre pudiera producir, es decir, esta acción preventiva intenta eliminar la falta de certeza o estado de incertidumbre susceptible de provocar un daño. - Cabe advertir que no se trata de un excesivo rigorismo formal si no que tal exigencia responde a la naturaleza misma de esta acción de carácter preventiva que no procede sobre supuestos perjuicios o violaciones consumadas, de ahí que el interés en obrar que abre esta instancia esté dado por la condición de que siempre el estado de incertidumbre acerca del daño o lesión sea actual, que haya peligro latente y conjetural pero nunca irreparable, por el hecho de no haberse producido, dado que es para evitar y no para reparar. - Finalmente por estos argumentos estimo que la acción debe declarase inadmisible por no existir el requisito medular de incertidumbre para remediar por la vía intentada, en consecuencia su falta, se convierte en un obstáculo que veda la posibilidad de ingresar al tratamiento de la cuestión sustancial del planteo y expedirnos al respeto.- Costas a la vencida (Art. 65, Ley 2403). Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca, de Setiembre de 2.005.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (Con la disidencia de la Dra. Sesto de Leiva) RESUELVE:

1) Rechazar la Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad interpuesta.

2) Con costas a la parte actora que resulta vencida.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.

4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a devolver los Exptes. Administrativos agregados por cuerda a los organismos correspondientes y archívese.-