marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio penitenciario, traslado de detenidos, ejecución de la pena, autoridad de aplicación
Materia: PENAL
Carátula: TORRES RIVERA MIGDALIA s/ Contrabando Causa 32050
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

1-La ejecución de las penas privativas de libertad corresponde a la autoridad administrativa penitenciaria, sin perjuicio del debido control jurisdiccional.- 2-Si de las actuaciones no surge que el traslado de un detenido a otra unidad carcelaria dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal haya sido para castigo del detenido sino en ejercicio de facultades que le son propias y con el fin de evitar las graves consecuencias que la superpoblación carcelaria trae aparejado, debe confirmarse la resolución que no hizo lugar a suspender la medida.
Concursos, fisco nacional, intereses, mora, tributos, contribuciones especiales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION   DE   ALIBERTI,   SILVINA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/INCIDENTE DE REVISION -PROMOVIDO POR AFIP - DGI-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-05

A los efectos de determinar el monto a verificar en el concurso del deudor, si bien es legítima la facultad del fisco de imponer intereses sancionatorios ante la mora por falta de pago oportuno del tributo o contribución, que deriva de la necesidad de atender los gastos del estado y a razones de orden público que justifican la facultad legal de agregar, al daño provocado por la mora, una sanción compulsiva (cfr. analog. Cciv: 652 y 659 y conc.; Llambias, J. J., "Tratado de Derecho Civil-obligaciones", T. I, nros. 316 b y 345 a, págs. 421 y 460, ED. 1973); sin embargo ello, no cercena la facultad genérica del órgano judicial de restringir la sanción punitoria en el marco del Cciv: 656-2° parte).

Voto del Dr. Kölliker:

Si bien cabe encuadrar la tasa en cuestión dentro del rango de valores calificados de excesivos, exorbitantes, usurarios o abusivos, a los efectos de la facultad morigeradora que el Cciv: 656 y 953 confiere al órgano jurisdiccional; sin embargo, tal facultad se circunscribe a los supuestos de intereses voluntarios o convencionales, establecidos por las partes (Cciv: 1197), pero no se extiende a los fijados por normas legales o administrativas, en cuyo caso, para proceder así, es menester prescindir de esas normas, lo que no puede hacerse sin declarar su inconstitucionalidad; de manera que, en tanto los réditos reclamados, en la especie, resultan confiscatorios, violatorios de la garantía de la propiedad (CN: 17), la norma que establece esa tasa no puede sino ser reputada como inconstitucional, y siendo tal inconstitucionalidad manifiesta, los jueces no solo están facultados sino que tienen el deber de declararla, aún de oficio.

Voto de la Dra. Miguez:

Resulta pertinente el ejercicio de la potestad morigeradora que al órgano judicial confiere el Cciv: 953, 656, aún por sobre la morigeración efectuada por el juez de grado.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, recurso de nulidad, omisión de considerar cuestión propuesta, demanda, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PELSUD SACI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE NULIDAD.    CSJ EXPTE NRO 247-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-08

Si bien parte de la doctrina, sin dar explicación alguna, asimila el término "cuestiones" a que hace referencia el artículo 80 inciso b) de la ley 4106 a las pretensiones esgrimidas por las partes y afirma que ello debe entenderse "sólo referido al fondo del asunto, pero no en cuanto a las excepciones", vale decir, "cuando la sentencia dejase de proveer a alguna de las cuestiones pertinentes que se hubiese propuesto en la demanda o en la contestación", una razonable hermenéutica de la norma citada, conduce a adoptar distinto temperamento.

Lo impone así, no sólo la propia funcionalidad del recurso -que tiene por misión que el mismo tribunal que incurrió en omisión, sea quien la repare-, sino también, la conveniencia de que una falencia de ese tenor sea resuelta en el ámbito local y no sea necesario acudir a una impugnación extraordinaria que implica el desplazamiento de la causa a un ámbito extraño, para que -con el consecuente dispendio de tiempo- se arribe, al fin, al mismo resultado.
Transporte aéreo, multa, Dirección Nacional de Migraciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Varig S.A. c/ D.N.M. Disp. 4772/02 (Exp. 208.760/00)". s/ sanción administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-27

El art. 4 de la ley 24.393 se refiere al triple de la tarifa para el cálculo de la multa, por lo cual es razonable el criterio de la Administración de considerar el valor de la tarifa IATA clase económica, pues al aludir a tarifas y no a precios de pasajes- que resultarían ser variables en función de distintas circunstancias como termporada, ofertas de empresas, etc.- se ha atendido a un criterio normalizado para no vulnerar la igualdad de las sanciones aplicables. Sin embargo, en el caso, tal criterio no resulta aplicable teniendo en cuenta las distintas apreciaciones que sobre la base respectiva se tomaron en cuenta por las oficinas internas de la Dirección de Migraciones.
Defensa de la competencia, resolución administrativa, turismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLEGIO   DE  MARTILLEROS  Y  CORREDORES  PUBLICOS  DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MAR DEL PLATA. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  COLEGIO  DE MARTILLEROS Y  CORREDORES PUBLICOS- TURISMO- LOCACION DE COSAS-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Teniendo en cuenta que de la exposición de motivos de la ley 22 262 surge que quedan a salvo del art. 1ro. las conductas que puedan parecer anticompetitivas pero que en verdad resultan beneficiosas para la comunidad, no cabe presumir lo contrario del informe elevado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, referido a los posibles precios a ofrecerse en la temporada por los alquileres en esa zona balnearia, ya que se trata de una práctica inveterada del municipio local sin que se haya justificado en qué medida ello se ha traducido inequívocamente en una distorsión, potencial o real, de los precios en juego, con perjuicio al interés económico general, que tornaría admisible la resolución administrativa impugnada.
Acto administrativo, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EACE ETUD. ADM. Y DE COM. EXT.  S.A. c/ TELEFONICA DE ARG.  S.A. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La regla establece que la administración no puede violar en casos particulares sus propias decisiones generales.
Jurisdicción y competencia, justicia militar, tribunales militares, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA  ORIGINARIAMENTE  INSTRUIDA  POR EL CONSEJO SUPREMO DE LAS  F.A.  EN CUMPLIMIENTO DEL DEC. NRO. 158/83 DEL P.E.N
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

Los ciudadanos revestidos de carácter militar, pueden invocar como jueces naturales a los órganos jurisdiccionales militares para los delitos cuyas modalidades autoricen su inclusión en la competencia castrense, bien entendida la absoluta prohibición de los fueros personales y la sola subsistencia de los reales o de causa.
Recusación con causa, deberes del juez, deber de imparcialidad, competencia correccional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cavallo, Domingo Felipe c/  s/ Recusación - Causa n. :1342. :1342.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-12

Corresponde hacer lugar a las recusaciones planteadas a los efectos de aventar cualquier duda acerca de la imparcialidad del juzgador, máxime cuando por tratarse de un proceso correccional la instrucción y sentencia se encuentran a cargo del mismo juez, por lo que no cabría adoptar en la presente un temperamento que tuviera un alcance diferente, al margen de los fundamentos en que aquí se basa la parte para propugnar las recusaciones en análisis.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, agravio concreto, depósito bancario, reintegro de depósitos en bonos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dycasa Dragados y Construcciones Argentina S.A.I.C.I. c/ E.N. y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

El accionante singular que recolectando elementos de prueba idóneos y convincentes demuestre la configuración de un daño cierto como consecuencia del accionar lícito que el Estado se vea compelido a realizar a fin de cumplir la difícil tarea de administrar los intereses de la comunidad, debe ser contemplado en cada caso según su particular situación y no desde una perspectiva general.

Precisamente, la procedencia de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita requiere la tarea del perjudicado de acreditar la existencia del daño o sacrificio "especial", "particular" o "diferenciado", fundamento que se agrega en este tipo de responsabilidad al analizar la concurrencia de los elementos que la hacen viable. A la condición general de que exista un daño cierto y actual, se agrega la cualidad de individualidad o singularidad del daño, es decir, que no se trate de una carga impuesta en forma general a la comunidad, en aras del beneficio general, pues no se escapa que la reparación universal para todas las personas afectadas por la medida sería una posición carente de sentido común y de lógica jurídica, ya que equivaldría a reinstalar sobre el Estado, por vía indirecta, el problema monetario único que la excepcional medida pretendió combatir. (Del voto en disidencia de la Dra.

Herrera, consid. 3º).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, nulidad procesal, proceso penal, clausura de la instrucción, requerimiento de elevación a juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: L., E. L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE  DE NULIDAD DE DECLARACION INDAGATORIA Y DE LA REQUISITORIA DE  ELEVACION A JUICIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 355 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámaras desde que los vicios constitucionales invocados no alcanzan para convencer a la Corte acerca de que la mayoría del Tribunal a quo hubiese resuelto de modo arbitrario al colegir - contrariamente a lo propiciado por el impugnante-, que la requisitoria de elevación a juicio no satisfacía los requisitos exigidos por el artículo 373 del Código Procesal Penal ni, por ende, que pueda entenderse con ello satisfecho el recaudo exigido en el artículo 1 de la ley 7055. En tal sentido, la mayoría del Tribunal sostuvo que en la requisitoria "el Fiscal se había limitado a transcribir literalmente las imputaciones formuladas por el instructor al recibir las correspondientes indagatorias, las manifestaciones defensivas de los imputados en dicho acto y algunas generalidades de su cosecha que no producen encuadre jurídico penal preciso de los hechos sino simples apreciaciones personales de la actividad que el organismo (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia) y sus ejecutores cuestionados desarrollaron durante el transcurso de su gestión al frente del mismo pero sin la necesaria e imprescindible individualización de la base fáctica, porque lo que realmente puede serle reprochado no aparece puntual y específicamente", concluyendo, en definitiva, que "...a la requisitoria le falta lo medular cual es la afirmación de la imputación en su aspecto objetivo ya que no tiene claridad y exactitud en la relación y no está debidamente determinado el objeto procesal estableciendo los hechos que constituyen el límite fáctico del juicio.-
Prueba, apreciación de la prueba, jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Elisei, Basilio Rubén s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal afirmándose la existencia de prueba que habría sido ignorada por el a quo y que a criterio del recurrente desvirtuarían su versión sobre el hecho pues ello no basta para evidenciar que sea contrario a derecho el acto de seleccionar unas y descartar otras.
Excarcelación, usurpación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOYOLA, NATIVIDAD BAUTISTA s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-11-21

Si el instructor consideró probablemente cometido el delito de usurpación y siendo que este delito es permanente en cuanto a que sus efectos jurídicos vulnerantes se prolongan mientras perdura el acto usurpatorio, es indudable que el Tribunal a quo tuvo facultades para hacer cesar los efectos del delito en virtud de lo expresamente estipulado por el art. 187 del C.P.P., en el sentido que la autoridad competente puede ordenar a la policía judicial impedir que los delitos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores.

Sin embargo el Tribunal competente no puede formular un emplazamiento bajo apercibimiento de revocar la excarcelación, ya que ninguna disposición de la ley procesal autoriza a utilizar el beneficio excarcelatorio para forzar al cumplimiento de una determinada conducta. La excarcelación es una institución expresamente regulada por la ley y sólo corresponde a los juzgadores pronunciarse sobre su procedencia o improcedencia ante los casos concretos, pero de manera alguna es procedente su utilización como medio para lograr un fin que el juzgador estima pertinente, máxime cuando la ley posibilita alcanzar el objetivo deseado sin necesidad del procedimiento adoptado.-
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

El silencio legal de nuestra provincia sobre "el acto inexistente", no descarta que el intérprete pueda distinguir la no existencia de un acto jurídico como situación distinta de la que resulta de su invalidez: si un juez llega a comprobar que un acto no ha sido otorgado por el sujeto a quien se atribuye, no ha de decir que el instrumento que se le exhibió corresponde a un acto nulo o inválido de ese sujeto, sino que no corresponde a ningún acto suyo.

En el fondo estaría aplicando la noción racional de inexistencia del acto como resultante de su no otorgamiento. La falta de texto legal que consagre esa aplicación no podría oponerse, porque se trata de una simple entidad de razón.
Defecto legal, monto de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bibiloni de Manisso, María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03

Ensayar la tarea defensiva ante un monto absolutamente indeterminado compromete el adecuado ejercicio del derecho de defensa (art. 18 C.

Nac. y 9 C. Provincial) y el principio de igualdad procesal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RUIZ, CARLOS GUIDO c/ CIAGRO SANTA FE S.R.L. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE OPOSICION DEL DR. MARIO CASTILLO SOLA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-26

No obstante las expresiones poco felices utilizadas por el inferior para expresar su apartamiento, el Tribunal, al tener conocimiento de la existencia de la causal de violencia moral por parte del magistrado excusante, con relación al profesional interviniente, en razón de la sustanciación de los numerosos incidentes de recusación con causa articulados por el profesional contra aquel en otras causas, debe admitir la misma. Ello para evitar que por una mera circunspección o insuficiencia en las expresiones utilizadas al excusarse, puedan los jueces verse en el caso de conocer y juzgar asuntos litigiosos frente a los cuales se encuentren en una irremediable violencia moral.
Servicios eléctricos, distribución de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica, entes reguladores, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, sanciones administrativas, recurso directo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa de Transporte de E.E. por D.Troncal del N.A. TRASNOA c/ resoluciones 244/96 y 847/96 -Enre- (expte. nº 1196/95) y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

El art. 81 de la ley 24.065, no establece el procedimiento a seguir en sede judicial respecto del recurso directo contra las sanciones impuestas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Por tal razón y en ejercicio de las facultades ordenatorias e instructorias previstas en el art. 36 del C.P.C.C.N.

el Tribunal ha debido instrumentar un procedimiento para resguardar en toda su magnitud el derecho de defensa y permitir a las partes la eventual corrección o complementación del procedimiento administrativo en esta sede (confr. en el mismo sentido esta Sala in re "Granos Argentinos SACICA c/ Junta Nac. de Granos s/ apelación", del 8/8/91). (Ver, en el mismo sentido, esta Sala, "Edesur", del 11/2/99).
Quiebra, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICOS MEDITERRANEOS  S.A.I.C.F.A  QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-27

Sólo corresponde que los letrados a que se refiere el art. 281, y que menciona expresamente el art. 264 inc. 1, sean remunerados de acuerdo a la estimación que efectúe el juez del proceso concursal conforme a las especiales disposiciones de la ley 19551. De allí que no podría hablarse de cosa juzgada emanada de las relaciones sobre honorarios dictadas en sede laboral, porque dichas estimaciones no son oponibles al concurso.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solari, Juan y otra c/ La Cabaña S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Cuando se produce la muerte de un hijo por obra de un tercero, más allá del tremendo dolor moral que la desaparición trágica del descendiente provoca en sus padres, existe la frustración definitiva de una legítima expectativa de ayuda económica y asistencial en los años en que las fuerzas de aquéllos decaen. Esta expectativa se asienta en los hechos que la vida real ha venido consagrando y, con mayor o menor intensidad, a la mayoría le toca protagonizar, salvo supuestos de excepción provenientes del desamparo ante el alejamiento de la descendencia o su malsana indiferencia.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Gainza, Miguel A. c/ S.I.B.S.A.Y.A. S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-08-26

El reclamo del actor por horas extras no puede prosperar porque aunque de la prueba producida surge que el mismo habría prestado servicios durante jornadas diarias que superan las ocho horas, pero que al hacerlo sólo cinco días a la semana no llega a superar el máximo semanal que ha sido previsto en el principio general establecido por la ley 11.544, a la que remite el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Despido, abandono de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Huck, Hugo Roberto c/ GOMYTEL S.A. s/ Haberes adeudados, tareas insalubres, horas extras, entrega  certificado de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-30

Si la ausencia al empleo por parte del trabajador se extendía a cinco días cuando su empleador le intimó el reintegro, dicho plazo resultaba más que suficiente para que el primero tuviera el tiempo necesario para justificar sus inasistencias pero, no ocurrido ello, aún pudo traer a juicio constancias demostrativas del estado de salud que invoca en la contestación a la intimación patronal, lo que tampoco hizo. Tal conducta configura el abandono, incumplimiento que -habiendo mediado la intimación patronal constituyéndolo en mora- resulta encuadrable en la causal de despido con causa que contempla el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultando -en consecuencia- improcedentes los reclamos que al respecto formula en la demanda.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, prueba, dictámenes, peritos
Materia: LABORAL
Carátula: Otero, Leandro Emanuel c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

El juez de grado, no debió apartarse del dictamen practicado por el perito judicial, utilizando para ello como fundamento, lo dictaminado por la Comisión Medica (la cual fuera tachada de inconstitucional hasta por el propio accionante en el promocional). El perito actuante fue contundente en sostener que es un caso de enfermedad inculpable o cronicidad de la lesión ligamentaria, lo que implica que el actor ya tenía la patología antes del infortunio sufrido, y dicha conclusión lejos está de carecer de sustento o de resultar ambigua como para que el magistrado de grado se apartare. El juzgador debe estar a los dictámenes emanados de los organismos técnicos correspondientes, salvo que sean irrazonables y arbitrarios (Voto Romero. Adhesión Welp)
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Granja Mostachi S.A. c/ Pierigh, Alejandro Esteban s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

El camión "parado", por los daños experimentados y la compra de otro en su lugar, ya sea a título de lucro cesante o de privación de su uso, implica un daño que como tal debe ser reparado.
Derechos del empleador, extinción del contrato de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Coria Jose Irene c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Asamblea 819/821 s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-30

El ejercicio del derecho establecido en el art. 252 de la L.C.T. no es un crédito proveniente de las relaciones laborales, y la extinción de la relación laboral en los términos de esta norma no es una acción que deba ejercerse en un plazo perentorio sino el ejercicio de un derecho que puede efectivizarse a partir de un momento determinado. En tal inteligencia, no podría considerarse que la facultad de la empleadora de disolver el contrato de trabajo, cuando el trabajador reuniese los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24241 deba ser ejercida en un plazo concreto y pueda sufrir las consecuencias previstas en el art. 256 de la L.C.T.. La prerrogativa del empleador de disolver el vínculo laboral no tiene plazo de caducidad, en función de lo que surge del art. 259 de dicha norma, y por no estar previsto ese efecto en norma alguna de dicho dispositivo.
Honorarios, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAYANCA DE GIUNTA EN J: SAN FRANCISCO c/ DIEGO SAYANCA s/ (LIBRO: A068 - 306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-11-05

Improcedencia de la regulacion de honorarios en segunda instancia cuando no hay regulacion en primera. Principio de la proporcionalidad y de la doble instancia.-
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herce, Enrique c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

La actualización monetaria de las diferencias de haberes previsionales adeudadas, deben computarse desde que cada una se devengó.