Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


FACINO de SADONIO, María Antonia contra DIRECCION GENERAL DE BIOQUIMICA y FARMACIA Reg.: A y S t 206 p 19-29.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FACINO, DE SADONIO, María Antonia contra DIRECCION GENERAL DE BIOQUÍMICA y FARMACIA -Inspección de Farmacia 1 Circunsc.-Santa Fe- Amparo sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N° 401, Año 2002). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Spuler, Vigo y Gutiérrez A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda de amparo dejando sin efecto la resolución N 22 del Departamento Inspección de Farmacia (que otorgó autorización para funcionar a una farmacia sindical) por ser contraria a lo previsto en el artículo 48 de la ley 2.287.

Contra dicho decisorio dedujo la Provincia de Santa Fe su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7.055.

A su turno, el A quo denegó la concesión de la impugnación deducida. Tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte, la cual, por resolución registrada en A. y S., T. 182, pág. 244, admitió la queja por entender que la postulación del recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente para operar la apertura de la instancia excepcional.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, no encuentro razones para apartarme del criterio sustentado por este Tribunal en tal oportunidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs.

167/170).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Surge de las constancias de autos que, por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 1 de esta ciudad, la farmacéutica María Antonia Facino de Sadonio promovió demanda de amparo contra la Dirección General de Bioquímica y Farmacia - Inspección de Farmacia de la Primera Circunscripción, a los fines de que no se dicte o, en su caso, se deje sin efecto, la autorización solicitada por la farmacéutica Mónica G. Giavedoni para habilitar una farmacia sindical de propiedad de A.M.S.A.F.E.

(Delegación La Capital) que funcionaría en calle San Luis 3227 de Santa Fe.

En el escrito inicial, y en lo esencial, la amparista adujo que la habilitación de una farmacia sindical resultaría a su respecto un acto lesivo y perjudicial que le dificultaría el ejercicio de su profesión de farmacéutica y su derecho de propiedad.

En tal sentido, narró que es propietaria y Directora Técnica de la "Farmacia Facino" ubicada en calle Junín esquina Diagonal España de esta ciudad, la que cuenta con la debida habilitación y se encuentra funcionando en el lugar desde junio de 1995.

Dijo que el artículo 48 de la ley de sanidad N 2.287 prohíbe la instalación de nuevas farmacias en un radio de doscientos (200) metros de las ya instaladas.

Expresó que la ley 6.962 refiere, entre otras, a las farmacias sindicales y no modifica la exigencia de guardar 200 metros de distancia de otra ya habilitada, disposición que también mantiene el decreto 2831/67 -reglamentario de las farmacias sindicales- y no modificada tampoco por la resolución 804/70.

Señaló que, sin embargo, por decreto 719 del 14.4.1993, se modificó el citado decreto 2831/67, eliminándose el requisito de la localización para las farmacias sindicales ("No regirá para la instalación y habilitación de farmacias comprendidas en las previsiones del presente decreto la limitación impuesta en materia de localización física por el art. 48 de la ley 2.287").

Consideró que tal decreto modifica la ley 2.287, "lo que es inconstitucional y así se debe declarar", aclarando que el citado artículo 48 establece la obligación para todas las farmacias de guardar los 200 metros y que el decreto cuestionado si bien mantiene la limitación, exceptúa las farmacias sindicales, infiriéndole un trato desigual y discriminatorio.

Invocó, en tal sentido, el derecho a no ser discriminado (art. 2, inc. b, ley 23.798), en tanto entendió que en el caso se le otorga a unos (las farmacias sindicales) lo que se le niega a otros (los farmacéuticos), como también el "derecho de igualdad ante la ley", el artículo 5, inciso e), punto IV de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de conformidad con el artículo 33 de la Ley Fundamental de la Nación y el artículo 16 del Código Civil. Aludió, por último, al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Bajo el acápite "requisitos de admisibilidad de la acción de amparo", afirmó que existe arbitrariedad e ilegalidad manifiesta por violación del artículo 48 de la ley de sanidad; que el decreto reglamentario es inconstitucional y que, no obstante ello, la Dirección de Farmacia coloca a ambos en igual categoría.

Con base en la interpretación que propició del artículo 43 de la Constitución nacional, señaló que los decretos se encuentran excluidos del texto constitucional y así, ante la oposición entre normas tuteladas por el amparo y otras excluidas, corresponde se declare la inconstitucionalidad de éstas.

Aseguró, con cita autoral, que no existían otros medios procesales, judiciales ni de cualquier otro carácter idóneos o eficaces y rápidos para solucionar la arbitraria lesión "contra un derecho líquido y robusto".

Consignó que, de la propia respuesta que le brindó Inspección de Farmacia a su nota, "surge la forma arbitraria en que actúan". Ello así, en tanto pone en un pie de igualdad una ley con un decreto, la respuesta no es clara y remite a conceptos generales sin ninguna concreción y consignó que el decreto no es reglamentario de la ley sino opuesto a la misma, creando una excepción inaceptable que la amenaza o lesiona seriamente.

2. La demandada repelió la pretensión argumentando, en lo esencial, que la materia comprometida en el "sub lite" es contencioso administrativa y, de consiguiente, regulada por la ley 11.330, en tanto refiere a un conflicto derivado del ejercicio de potestades administrativas de control sobre las modalidades y presupuestos de la prestación de determinados servicios que se ejecutan por la vía de permisos y habilitaciones.

Señaló que ni por la materia del "sub judice" ni por la urgencia invocada, resultaba ineludible recurrir al amparo y que, al hacerlo, la actora soslayó las exigencias del artículo 2 de la ley 10.456. Invocó, en tal sentido, el precedente "Bacchetta" de este Cuerpo.

También enfatizó que la Administración no había actuado con arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta; hizo saber que, por Decisión N 22, la Dirección de Bioquímica y Farmacia - Inspección de Farmacia 1 Circunscripción, procedió a la habilitación de la farmacia sindical según lo peticionara A.M.S.A.F.E.

Adujo, en este sentido, que el decreto 719/93 fue dictado con arreglo a las facultades conferidas por el artículo 62 de la ley 2.287, resaltando que la reglamentación de las farmacias sindicales atiende la índole de sus prestaciones y sus finalidades no lucrativas.

Señaló también que la "restricción respecto a la distancia, no sólo merece su adecuación al caso concreto de las llamadas ´farmacias sindicales´ auscultando la ausencia de percepción de un verdadero lucro derivado de su ejercicio, cuestión que no las colocaría en una situación visible de competencia respecto de la amparista, sino que también podría situarse dentro de las decisiones políticas que postulan la facilitación a sectores asalariados de acceso a bienes primarios destinados a cubrir las necesidades básicas, a un costo menor".

Alegó que, atento la extensión de las facultades pudo el Gobernador, de acuerdo con el artículo 62 de la ley 2.287 disponer la modificación del artículo 2 del decreto 2831/67, ya que dicha atribución surge de la razonable exégesis de la primera de las disposiciones.

Sostuvo, en otro orden, que la demandante no ha demostrado la existencia de un perjuicio irreparable.

Por último defendió la constitucionalidad del decreto 719/93 en tanto el Poder Ejecutivo, como Jefe de la Administración Pública, posee facultades suficientes para regular las farmacias sindicales en forma distinta a las restantes, atento la naturaleza y función social que desarrollan. 3. Luego de tramitada la causa, el Juez de baja instancia acogió la demanda de amparo (fs. 62/66).

Apelado ese decisorio, la Alzada lo confirmó. Para así decidirlo, partió de considerar que a la Provincia le corresponde la tutela de la salud, como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad, debiendo establecer los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria, con cargo de crear la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 de la Constitución provincial.

En ese marco, destacó que el mandato constitucional en el sentido que las actividades profesionales cumplan una función social y estén sometidas a la reglamentación de la ley para asegurarla, fue adecuadamente plasmado mediante la ley 2.287 que refiere al ejercicio de las profesiones del arte de curar, entre las que se incluye la farmacéutica, fijándose en torno a ella el régimen de apertura y funcionamiento de las farmacias como el ámbito en que habrá de ejercerse la profesión, inscribiéndose en esa línea el ya mencionado artículo 48 que establece la prohibición de instalar nuevas farmacias en una radio inferior a los doscientos metros de otras ya instaladas.

Seguidamente, los Juzgadores consideraron que el precepto en cuestión no perdió vigencia -en los términos del artículo 32 de la Constitución nacional- con el dictado del decreto nacional 2284/91 y su ley ratificatoria 24.307 "porque la desregulación que dimana de sus disposiciones es de estricto carácter comercial y no pueden alcanzar sin más al sistema de salud armónicamente estructurado en la provincia".

Agregaron, en esa línea, que "el fin esencialmente crematístico de la norma de ese decreto nacional no se compadece con los objetivos sociales que inspiraron el dictado de la ley de Sanidad".

Concluyeron que surgía diáfana la vigencia del artículo 48 en tanto no había sido modificado por una norma de igual jerarquía, lo que no podía juzgarse acontecido con el decreto 719/93, dictado una vez vencidos los plazos previstos por la ley 10.787 (por la que la Provincia adhirió a los principios de desregulación previstos en el decreto 2284/91).

A ello adunaron que el decreto 719/93 tampoco podía considerarse como el válido producto de la delegación operada en favor del Poder Ejecutivo en relación a las farmacias sindicales, en tanto no puede dar sustento para disponer la derogación de un precepto de la ley por vía de un decreto.

Razonaron, en este sentido, que a cuanto está autorizado el Poder Ejecutivo por el artículo 62 -texto según ley 6296- es a reglamentar el régimen de utilidades permitidas, fiscalización técnica, controles de clientes o auditorías contables y financieras, es decir todo aquello que comprende la actividad de la farmacia, mas no se desprende de ese dispositivo facultad alguna para modificar precisos y categóricos contenidos de la ley de Sanidad como es, precisamente, la limitación territorial a que alude el artículo 48.

4. Contra ese pronunciamiento endereza la Provincia de Santa Fe su recurso de inconstitucionalidad en la inteligencia de que adolece del vicio de contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso. Invoca el artículo 1, inciso 3) de la ley 7.055.

Afirma, en tal dirección, que la resolución N 22 del Departamento Inspección de Farmacias, en virtud de la cual se habilitó la "Farmacia Sindical de A.M.Sa.Fe.", es un acto administrativo plenamente válido, acorde a lo previsto por la ley provincial 10787 y el decreto del Poder Ejecutivo provincial 719/93.

Sigue diciendo que si bien la ley 2.287, en su artículo 48, prevé una restricción a la localización de farmacias (prohibición de instalarse a menos de 200 metros de otra ya establecida), existió un profundo viraje normativo a partir de la ley provincial 10787 que adhirió a los principios del régimen de desregulación económica dispuesto por el decreto nacional 2284/91 (ratif. por ley 24.037).

Destaca que el Poder Ejecutivo Provincial, investido de las facultades necesarias para reglamentar cuestiones atinentes a las farmacias sindicales, de obras sociales y de mutuales de un modo particular y diferenciado de las comerciales (arts. 61 y 62 ley 2.287), dictó el decreto 719/93 modificando el decreto 2831/67, en el que plasmó la derogación de la restricción de localización para el particular supuesto de las farmacias sindicales.

Es claro entonces, a juicio de la impugnante, que no resulta viable el criterio del A quo en torno a que las facultades del Poder Ejecutivo no lo autorizaban a modificar el artículo 48 de la ley 2.287, toda vez que la restricción que dicha norma impone no se eliminó por la autoridad de un decreto sino por el mandato legislativo de la ley 10.787.

Aclara, en este sentido, que dicho cuerpo normativo apoderó al Poder Ejecutivo para adecuar las normas en vigencia con el objeto de que ellas no constituyan óbice a los principios desregulatorios.

Considera, con base doctrinaria, que en el caso debió aplicarse el principio de la ley posterior y, por tanto, debían prevalecer los postulados de la ley 10.787 dentro de los cuales el Poder Ejecutivo enmarcó su actuación al dictar el decreto 719/93.

Consigna que la interpretación efectuada por el Tribunal, en cuanto sostiene la existencia de dos microsistemas legislativos respecto del tema en debate: uno atinente al sistema de salud y el otro tocante a los aspectos económicos, escapa a toda regla de hermenéutica y constituye un apartamiento del texto legal vigente, al tiempo que introduce una distinción que el precepto no contiene.

Recuerda, en tal orientación, que la jurisprudencia -de manera uniforme y al contrario de lo postulado por la Alzada en autos- ha calificado siempre a la actividad farmacéutica como comercial.

Pone de resalto que el debate de autos no versa sobre el tratamiento de farmacias con fines de lucro en punto a las restricciones para su localización, lo que aquí se discute es si la Administración podía producir las normas que receptaran los principios de la regulación para las farmacias sindicales.

Y, en esta línea de pensamiento, sostiene que no resulta desdeñable que el Poder Ejecutivo -como intérprete de la realidad y en satisfacción de las demandas sociales- permita colocar a las farmacias sindicales en mejores condiciones de dar atención primaria e inmediata a sus afiliados, siendo a tal fin una respuesta adecuada posibilitar su localización en puntos neurálgicos para la concurrencia de aquéllos y, por tanto, no resulta válido trazar simetrías entre un supuesto y otro (las farmacias comerciales y las sindicales).

Asegura también que los Sentenciantes, al concluir que el artículo 62 de la ley 2.287 sólo autoriza al Poder Ejecutivo a reglamentar lo concerniente al funcionamiento de las farmacias sindicales con el objeto de mantener su finalidad no lucrativa, incurren en una interpretación infundada de las normas comprometidas en la especie, toda vez que el precepto citado no contiene tal limitación y así lo demuestra la terminología empleada en tanto concede una facultad comprensiva de una regulación de conjunto y no acotada.

Desde esta óptica, entiende que el fallo es descalificable como acto jurisdiccional válido, en tanto -con base en una exégesis restrictiva y meramente dogmática- acota los alcances de la delegación, sin que tal extremo surja del texto legal.

Pone de manifiesto, asimismo, que el tratamiento diferenciado brindado a las farmacias sindicales respecto de las comerciales, proviene del mandato constitucional (art. 24, Const. Pcial.) y no comporta un supuesto de desigualdad o discriminación, pues ostentan fines totalmente diversos como también son diversas las masas de destinatarios a las que apunta cada categoría, lo que autoriza al Estado a formular matices en la legislación.

Indica que el tratamiento legislativo brindado por el Estado Santafesino respecto de las farmacias, se enmarca en los dictados constitucionales y en el poder de policía que tiene al respecto. En función de tales consideraciones, concluye que la Administración no actuó con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

5. Tal como surge del relato precedente, la Provincia de Santa Fe, al responder la demanda, señaló que la materia del reclamo correspondía a la competencia contencioso administrativa y, por ende, que la accionante había recurrido erróneamente al amparo puesto que procedían los recursos administrativos y, en su caso, el recurso reglado por la ley 11.330.

Dijo, en este sentido, que se pretende "dejar sin efecto el acto administrativo que habilita el funcionamiento de la Farmacia Sindical, propiedad de AMSAFE", agregando que se trata de un conflicto derivado del ejercicio de potestades administrativas de control sobre las modalidades y presupuestos de la prestación de determinados servicios que se ejecutan por la vía de permisos y habilitaciones.

5.1. Tales afirmaciones imponen liminarmente determinar si la materia comprometida en la causa es de naturaleza contencioso administrativa.

Ello así, habida cuenta de las especiales aristas que revisten a esta materia, impregnada -tal como se señala en la exposición de motivos de la ley 11.330- de interés público.

En tal sentido esta Corte, en numerosos precedentes, ha señalado que la distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es "tema de alta política constitucional y legislativa" ("Gastonjáuregui", A. y S., T. 145, pág. 132). Es más, se ha sostenido que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes ("Grandinetti", A. y S., T. 132, pág. 477).

Al respecto, ha entendido que el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio, que puede ser aun de oficio, no se paraliza con el consentimiento que las partes hayan podido dar respecto de la competencia de otros jueces. Ha considerado también que "si es al menos posible que la pretensión ejercida ante un juez ordinario sea contencioso administrativa en los términos de esa norma constitucional, para la efectiva aplicación del artículo 2 (ley 11.330) debe prescindirse del modo y forma procesal en que se haya hecho valer esa pretensión (recurso de amparo, demanda laboral, acciones meramente declarativas, etc.). 5.2. A la luz de estos criterios, entonces, corresponde discernir si la materia comprometida en la causa es contencioso administrativa.

La respuesta a tal interrogante es afirmativa desde que, de los términos de la demanda y demás constancias de autos, se desprende que la accionante, en definitiva, impugna una disposición emanada de la Administración Pública en materia regida por el ordenamiento administrativo invocando un interés legítimo de esa naturaleza (art. 4, ley 11.330).

Obsérvese que la pretensión de la actora se dirige a cuestionar el acto mediante el cual la Dirección de Bioquímica y Farmacia - Inspección de Farmacia de la Primera Circunscripción, otorgó habilitación a la farmacia sindical -según lo solicitara AMSAFE- actuando conforme a las facultades conferidas por la ley 2.287 (arts. 41 y conc.).

Es que, tal como lo puso de manifiesto la demandada sin que fuera objetado en autos, el conflicto deriva del ejercicio de potestades administrativas de control sobre las modalidades y presupuestos de la prestación de determinados servicios que se ejecutan por la vía de permisos y habilitaciones; inscribiéndose la materia del presente, entonces, en la órbita de los denominados "servicios públicos impropios" (cfr., por todos, Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo II, Bs. As., 1966, Abeledo Perrot, p. 25).

6. Esta primera conclusión impone, necesariamente, examinar la causa a luz de la doctrina trazada por esta Corte in re "Bacchetta" y "Grandinetti" (A. y S., T. 132, pág.

67; T. 132, pág. 477, respectivamente). En esos precedentes, este Órgano ha dicho: ("...") A diferencia del criterio sostenido en reiterados precedentes por este Tribunal con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 -por todos "Vaninetti" (A.

y S. T. 106, pág. 141)- no es ya, única y excluyentemente, la pauta de que exista competencia contencioso administrativa lo que condiciona la procedencia del amparo, sino que deberá verificarse, en concreto, si se encuentran presentes todos y cada uno de los recaudos exigidos por la norma constitucional en estudio (art. 43, C.N.). Comprobados que fueran los presupuestos para su viabilidad sin perder de vista en este análisis, por cierto, su carácter excepcional nada impide, en principio, que los derechos supuestamente vulnerados sean objeto de tutela a través del amparo.

Sin embargo, una aclaración se impone para conferir al criterio precedente su justo alcance. De la circunstancia de que ya la pauta de la existencia de materia contencioso administrativa no deba conducir a una mecánica negativa respecto de la procedencia del amparo, no se sigue en modo alguno que ella no pueda proporcionar al magistrado y al justiciable un valioso elemento orientativo. A la hora de enfrentar la crucial determinación respecto de si una cuestión resulta o no materia de amparo, la previa identificación de si la materia es contencioso administrativa le indica al juzgador cuál ha de ser la perspectiva y la dirección desde la que proseguirá el análisis de la concurrencia de los demás requisitos del amparo.

Y esa perspectiva consiste en que si la materia que se pretende debatir mediante la mencionada vía es contencioso administrativa su dilucidación corresponde por naturaleza a la justicia administrativa.

Por lo tanto, en esos casos, es desde la perspectiva de que se está detrayendo competencia a los Tribunales que constitucional y legalmente cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado, que los magistrados -y los justiciables- deben analizar si concurren los requisitos del amparo.

En consecuencia, en el ordenamiento jurídico santafesino el amparo no solamente constituye un remedio excepcional por su propia naturaleza, sino también, por el particular diseño institucional que constitucional y legalmente se ha establecido para la revisión de la legitimidad de los actos administrativos ("...").

Y bien: examinando las constancias de autos a la luz de lo expresado en tales precedentes, se observa que los Juzgadores han soslayado derechamente el análisis y ponderación de un requisito esencial del amparo como es la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto impugnado, lo cual era particularmente exigible en atención a que, como quedó dicho, la naturaleza administrativa del reclamo les imponía el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan viable este remedio excepcional.

No resulta ocioso destacar al respecto que la Constitución Nacional, al reconocer a toda persona el derecho a "interponer acción expedita y rápida de amparo", lo hace con relación a actos u omisiones que "en forma actual o inminente" lesionen, restrinjan, alteren o amenacen "con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta", derechos y garantías consagrados por ella, por un tratado o por una ley, reproduciendo un requisito -el destacado en cursiva- cuya necesaria verificación ha sido reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades -como, por ejemplo, en autos "Servotrón S.A.C.I.F.I." (Fallos: 319:2955), requisito cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 275:320; 296:527: 302:1440; 305:1878 y 306:788). En el mismo sentido también se ha puntualizado que "limitada la procedencia de la acción de amparo a que el acto impugnado sea manifiestamente ilegal y arbitrario resultan excluídas de su ámbito las cuestiones opinables" (Fallos: 297:65; también, Fallos: 300:47).

Esta Corte, siguiendo ese rumbo, ha señalado que "la calificación de 'manifiesta' implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino Enrique, "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", L.L., 1995-D, 1237), es decir, en las palabras de Fiorini ("El recurso de amparo", L.L., T. 93, pág. 946), cuando el ataque es tan patente que se manifiesta podría decirse en forma física, visible, ostensible y notoria" ("Roga", A. y S., T. 129, pág. 194; "Aranguren", A. y S., T. 179, p. 152).

La confrontación de esos parámetros caracterizantes del instituto del amparo con las particularidades que presenta el "sub lite" demuestra -como se adelantó- que la sentencia impugnada merece reproche constitucional.

Ello así en tanto el A quo, sin detenerse a examinar el requisito en cuestión ni - muchos menos- los criterios jurisprudenciales imperantes en la materia ("Bacchetta", cit.), entró derechamente a ponderar y resolver los aspectos sustanciales traídos con el amparo, pero sin explicar por qué consideraba que el acto impugnado era manifiestamente arbitrario o ilegítimo, ni surgiendo tal caracterización de las razones que brindó.

Y tal explicación era exigible, salvo que se piense -sin duda con error- que siempre y en todos los casos las decisiones que afectan un determinado "status" administrativo producen un perjuicio de aquella naturaleza y habilitan la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia contencioso administrativa, el control de actos como el cuestionado en autos, sin norma expresa que lo disponga.

Es que, no puede soslayarse, el acto administrativo atacado -habilitación de una farmacia sindical en un radio inferior al previsto por el art. 48 de la ley 2.287- se sustentó en las previsiones del decreto del Poder Ejecutivo provincial N 719/93.

Esta última disposición, a su vez, reconoce apoyo en dos fuentes normativas. De un lado: la ley 10.787 que adhirió a los principios desregulatorios consagrados en el decreto nacional 2284/91 el que, en su artículo 13, expresa "cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización".

De otro lado, se apoya en el artículo 62 de la propia ley 2.287, que facultad al Poder Ejecutivo provincial a reglamentar lo concerniente, entre otras, a las farmacias sindicales, otorgándole potestad para "establecer concretamente el ordenamiento legal dentro del cual han de desarrollar sus actividades las farmacias comprendidas en el mismo, habida cuenta de la índole de sus prestaciones y finalidad no lucrativa".

Este cuadro normativo habla a las claras de la opinabilidad de la cuestión jurídica comprometida en el "sub lite" y aleja la idea de la existencia de un caso de manifiesta u ostensible arbitrariedad o ilegalidad, habilitante de la vía excepcional articulada.

Obsérvese, en esta línea, que las motivaciones brindadas por el Tribunal en orden a justificar que el artículo 48 de la ley 2.287 permanecía vigente aún para las farmacias sindicales, no resultan convincentes a poco que se advierta que, por una parte, propugnan una interpretación que no surge ni del texto del artículo 19 de la Constitución local ni de la propia ley 2.287, quitándole trascendencia a un acto del Poder Ejecutivo por considerar que atiende fines exclusivamente comerciales o "crematísticos" y concomitantemente supone, sin motivos valederos, que afecta el armónico sistema de salud provincial o quebranta sus objetivos sociales.

Por otra parte, las razones atinentes a que la delegación operada a través del artículo 62 de la ley 2.287 (texto según ley 6296) en el sentido de que el Poder Ejecutivo tenía facultades de reglamentar sólo lo concerniente a algunos aspectos de la actividad de las farmacias sindicales, importan, cuanto menos, una interpretación restrictiva que no se concilia con el propio texto del precepto, el que, se reitera, faculta al Gobernador a establecer el ordenamiento legal que regirá a las farmacias sindicales y manda atender la índole de sus prestaciones y su finalidad no lucrativa.

En tales condiciones no cabe sino concluir en que la respuesta jurisdiccional ha supuesto una injustificada ignorancia de requisitos de la acción de amparo, lo que determina a su vez que la sentencia atacada no reúna las condiciones mínimas exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción (art. 1, inciso 3 de la ley 7.055).

Parece propicio agregar, finalmente, que el hecho que la litis verse principalmente sobre una cuestión de derecho no invalida la conclusión anterior, ya que aquella circunstancia no opera una suerte de mecánica eximición en la obligación de verificar la concurrencia de los presupuestos del amparo, máxime cuando, como se dijo, el examen del caso exigía partir de la premisa de que se está detrayendo competencia a los tribunales que, constitucional y legalmente, cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado.

Por las razones expuestas, corresponde declarar que el presente caso es de la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo y anular la sentencia impugnada.

Tal circunstancia, normalmente y por imperio del artículo 12 de la ley 7.055, determinaría la remisión de la causa a otro Tribunal para que la misma sea nuevamente juzgada. Sin embargo -y conforme lo expuesto in re "Grandinetti" (ant. cit), criterio reiterado en "Bongiovanni", (A. y S., T. 135, pág. 343)-, resulta innegable que ese envío implicaría un inútil dispendio jurisdiccional (pues necesariamente aquél habría de pronunciarse conforme a lo aquí resuelto y, en definitiva, la contienda se ventilaría ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo), dilatándose innecesariamente la controversia, con la consiguiente lesión al derecho de defensa en juicio, amparado constitucionalmente.

Por ello, atento al tiempo transcurrido desde la promoción de la acción ("Mori", A.

y S., T. 131, pág. 105, entre otros), e interpretando las normas aplicables con el prudente criterio de "evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión" (doctrina de Fallos: 302:1611; 310:854 y 1036), debe otorgarse a la parte actora la posibilidad de ocurrir ante la citada Cámara a través de la pertinente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11.330 (cfr. "Grandinetti", cit.), y debiendo darse noticia al Tribunal A quo a los fines que corresponda.

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Adhiero a los fundamentos vertidos en el voto del señor Ministro doctor Netri y a la solución allí propiciada.

Mas creo conveniente aclarar que las consideraciones allí realizadas no importan abrir juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión sustancial de la accionante en orden a los derechos que entiende le asisten, la que podrá ser debatida y dilucidada en la vía pertinente. A tales efectos, podrá ocurrir ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, dentro de un plazo de treinta días contado desde la notificación de la presente resolución, a fin de que adecue su pretensión a los términos y exigencias de la ley 11.330 (crit. de "Grandinetti", cit.).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido (art. 12, ley 7.055). Otorgar a la actora el plazo de treinta días a fin de que, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas (art. 12, ley 7.055). Otorgar al actor el plazo de treinta días a fin de que, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)