marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Enfermedad accidente, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Zurita, Héctor Arnoldo c/ La Pastoriza S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Para determinar la responsabilidad que le cabe al asegurador debe tenerse en cuenta como siniestro -cuando se vincula a una enfermedad accidente- aquél en el que la adquisición por el obrero del conocimiento de la incapacidad derivada de la dolencia padecida se ha producido durante la vigencia del contrato de seguro.
Protesto, juicio ejecutivo, acción de regreso, cómputo de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Morales, Maria Karina c/Navone, Nazareno Luis s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-22

La omisión del protesto deriva en la caducidad de la acción de regreso, no de la acción cambiaria directa, que no requiere de protesto, y así resulta de lo dispuesto en el Decreto Ley 5965/63: 57, del que se infiere, en caso de configurarse esa omisión, el instrumento caduca y "...el portador pierde sus derechos contra los endosantes, contra el librador y contra los demás obligados, con excepción del aceptante.". La acción respecto de este último nace, por ende, a partir del vencimiento en el que se configura la mora, no de la fecha del protesto como ocurre con los demás obligados (art. 96), de lo cual se deriva que no asiste razón al quejoso en su afirmación acerca de que la falta de este último recaudo obliga a computar los intereses a partir de que su emplazamiento al juicio. La ausencia de protesto sobre la cual se ha construido el agravio no tuvo ningún efecto sobre esa cuestión, dado que, como resulta de lo dispuesto en el art. 104 del citado decreto, el librador del pagaré queda colocado en la misma situación del aceptante y, por ende, la acción dirigida contra él, en tanto acción directa, es ajena a ese instituto y a sus consecuencias.
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BAUDOU  ROLANDO  ARMANDO c/ INSTITUTO  NAC.  DE SERV. SOC. PARAJUBILADOS Y PENSIONADOS s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Tiene razón el actor en cuanto a que la suma de $ 30.000 determinada en el fallo no satisface plenamente sus padecimientos sufridos. Primero se encuentra la angustia por la incertidumbre respecto de su salud, ya que la conducta displicente del PAMI -casi un año sin atención adecuada permitía que proyectara los peores pronósticos; después, la limitación de su proyecto de vida. En la actualidad vive "recluido en su casa, camina muy poco, tiene dificultad para expresarse, ha hecho rehabilitación para aprender a leer de nuevo". Antes del hecho el actor trabajaba en el centro de ayuda al suicida en la Facultad de Psicología y tenía una actividad social de la que se vio privado. Como la determinación del daño moral no está sujeta a cánones estrictos sino que los jueces deben llevarla a cabo teniendo en cuenta las condiciones de la víctima y la afectación concreta de sus afecciones íntimas de acuerdo a las circunstancias del caso (arg. art. 522 del Código Civil; conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", tomo I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1978, pág. 350;

Belluscio-Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias.

Comentado, anotado y concordado", tomo 2, Buenos Aires, Astrea, 1979, pág. 733; esta Sala, causas números 4173/97, del 6/03/01;

6313/93, del 29/03/01; 2481/99, del 5/10/04), propongo elevar la cantidad en $ 5.000 coincidiendo con la petición inicial del apelante (fs. 19, punto 9.6.3. En consecuencia el fallo debe ser modificado en este punto fijándose $ 35.000 por el daño moral.
Robo en despoblado y en banda, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: CAUSA 354 s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24

El agravante resulta de aplicación desde que ha sido comprobado el simultáneo accionar de tres personas con el objeto de vencer las defensas instaladas en salvaguarda de los bienes. Así, la realización de actos inequívocamente encaminados a la materialización de la conducta descripta por el verbo típico, confiere a quienes los realizan el carácter de coautores, circunstancia que, conforme lo viene sosteniendo reiteradamente el Tribunal, justifica la concurrencia de la agravante prevista por el art. 166, inc. 2°, del Código Penal, sin que a ello obste el carácter de inimputable que pueda revestir alguno de los coautores.
Recurso extraordinario, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gardebled Hermanos y La Comercial del Rosario Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-08-18

No obstante la especificidad de la impugnación deducida, (recurso de nulidad extraordinario) existen disposiciones comunes a todos los recursos contemplados en la SECCION Ira. del CAPITULO V del TITULO IV, del LIBRO I del Código Procesal Civil (artículos 285 a 294), de las cuales surgen la necesidad de cumplimiento de determinados recaudos. Uno de ellos es el depósito previo, cuya omisión se justifica en el artículo 18 de la Ley 2884. Al respecto he expuesto en diversas oportunidades que la exención prevista en dicha norma no comprendía el recurso extraordinario, el que estaba regulado por disposiciones propias. (En disidencia: Dr. Bertolini).
Juicios en que es parte una provincia, sociedad de economía mixta, bancos provinciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sperber, Gualterio Luis c/ Chaco, Provincia del y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

El Banco del Chaco no puede ser identificado con dicha provincia en los términos del art. 101 de la Constitución Nacional dado que no integra los cuadros de la Administración Central Provincial ya que según las disposiciones que rigen su creación y funcionamiento surge que actúa como una "sociedad de economía mixta" integrada con el capital público aportado por el estado provincial y el privado aportado por los accionistas particulares.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito de peligro abstracto, obligación alimentaria
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: GARCIA BOURG, Agustín s/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

Conforme lo resuelto en el plenario "Gomez, Isabeliano", el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es de peligro abstracto. La carga familiar no se limita a la simple alimentación sino también a proporcionar adecuada vestimenta, educación y proveer a la salud del menor, ya que de acuerdo a los arts. 267 y 372, Cód. Civil, los medios indispensables para la subsistencia son cuatro: alimentación, vestido, habitación y asistencia médica.
Administración Nacional de la Seguridad Social, recursos, acto administrativo, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PORTOS, JOSE c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

Si el beneficio previsional que se otorgó al recurrente fue la consecuencia de un acto administrativo de la A.N.Se.S., en aras de la seguridad jurídica y del derecho de defensa, para se dejado sin efecto debe estar precedido del procedimiento que culmine con una decisión que deje sin efecto dicho acto y, de esa manera, se habiliten los resortes recursivos pertinentes.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, tasas, expedición de guías de traslado y consignación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Sociedad    Anónima  Agrícola,  Ganadera,  Inmobiliaria "El  Bagual" c/ Entre Ríos, Provincia de s/ devolución de tributos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional) la demanda iniciada contra la Provincia de Entre Ríos por la repetición de los importes abonados en concepto de tasa de expedición de guías de traslado y consignación creado por el art. 7 del decreto provincial 4676/90.
Juicio ejecutivo, subasta de inmuebles, acta de constatación, traslado
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERSIONES   YATAY  SA c/ ALVAREZ,  MARIA  LEONOR  Y  OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-01

Resulta improcedente disponer que, previo al dictado del auto de subasta, se corra traslado al accionado a fin de que manifieste si el bien embargado se encuentra afectado por las excepciones previstas por la Ley 25563. Ello así cuando, -como en el caso-, surge que se ordeno una constatación del inmueble, toda vez que ante tal situación parecería prematura que se suspenda el dictado de la subasta, puesto que la verificación de encontrarse el accionado dentro de las excepciones puede resultar de la misma diligencia de constatación, y la Ley 25589 art. 12, no suspendió los actos preparatorios.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso, pago de la remuneración, recibos firmados en blanco, prueba del pago
Materia: LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO, GLADYS BEATRIZ c/ MAROCCO, OSCAR ÁNGEL  y/o MOSELE de MAROCCO, MARIA ESTER s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-08

Si bien es cierto que, conforme al art. 138 de la LCT, el recibo firmado por el trabajador es el único medio idóneo para instrumentar los pagos realizados a éste, de acuerdo al art. 142 de la misma norma, como señala la a quo, los jueces se hallan facultados para apreciar su eficacia probatoria.

La orfandad probatoria, originada en la falta de producción de la pericial caligráfica y la frustración de la contable, por ausencia de presentación de la documentación laboral por parte de la empleadora, a lo que se suma el resultado de otros medios de prueba, respecto de la "costumbre" de la firma en blanco de los recibos; resultan elementos suficientes para sustentar, que en el presente caso, como en otras situaciones similares debe privarse de eficacia cancelatoria a los recibos acercados por la demandada; ante la firme alegación de la trabajadora, de la firma en blanco de algunos de ellos, como así de la falta de reconocimiento como suya, de la firma que luce en otros.

Como ha sostenido la jurisprudencia, el juzgador puede privar de eficacia cancelatoria al recibo cuando su exámen, correlacionado con otros elementos, genere dudas acerca de la realidad del pago (CNTrab. Sala II, "Torrico, Ramiro c. Tocker, César y otro, 22/2/01.
Crédito laboral, tasas de interés
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Serafini, Jorge Marcelo c/ Servicios Navales La Madrid S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-25

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante Acta 2601, adoptó para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, la cual es aplicable para los juicios sin sentencia, desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago de la condena.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios, acreedor, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

En la quiebra liquidativo-distributiva, el reparto se hace según un orden de jerarquías ("ranking") que responde a los privilegios o preferencias legales (artículos 239 y ss., ley 24522). Ello así, y al ser posible (en la práctica, suele ser la regla) que el producto no alcance para cubrir el cien por ciento de las acreencias, el déficit del activo se traduce en la insatisfacción -parcial o, inclusive, total- de una o de varias categorías de acreedores, según fuera el peldaño de la escala jerárquica en que se produjese el agotamiento del dinero repartible. Por caso, cuando ello ocurre después de pagados los acreedores del concurso, quedan sin cobrar los privilegiados generales, los quirografarios y los subordinados (si hubiese). Más todavía, si el producto se consumiese en la atención de los privilegiados especiales, ni siquiera cobrarían los acreedores del concurso (o "gastos de administración y justicia"), con lo que es posible que en una quiebra liquidativa con producto considerable, en la cual la regulación de los letrados y funcionarios fuese superior a los tres sueldos de Secretario por aplicación de las porcentualidades del artículo 267 cit., dichos funcionarios no cobrasen por la postergación que a su crédito podría imponerles la existencia de créditos de mejor rango como, por ejemplo, privilegiados especiales por monto que superase el producto de la liquidación. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Acción de amparo, cobertura médica, medidas cautelares, obras sociales, queja por recurso denegado
Materia: PENAL
Carátula: C.I.A. c/ UOM s/ amparo de salud - Incidente de Recurso de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-11

La finalidad de la presente queja es la de impugnar el decisorio que desestimó la ampliación de la medida cautelar consistente en que se le ordene a la obra social emplazada brindarle al accionante la medicación que le fuera prescripta en un plazo de 10 (diez) hábiles una vez presentada las sucesivas ordenes médicas y le entregue las adeudadas también en un plazo de 10 (diez) días. El actor cuestiona el decisorio, pues pretende que se aclare en autos el suministro del fármaco que le fuera indicado.
Daños y perjuicios, incapacidad, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GODOY, ARTURO FABIAN c/ HEIDEL RUBEN ROBERTO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-09-27

La incapacidad sobreviniente se debe apreciar no sólo con respecto a la tarea específica que desarrollaba la víctima en el momento del accidente, sino con arreglo a las demás que se enuncian teniendo en cuenta toda su vida de relación y su condición de estudiante universitario.
Concurso preventivo, verificación de créditos, pago de tributos
Materia: COMERCIAL TRIBUTARIO
Carátula: Dirección General Impositiva en autos "Petroservice s-ConcursoPreventivo" s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-07

No propicio como solución una regla genérica que consagre la imposibilidad de verificación de créditos por la DGI, por impuestos determinados por aplicación del art. 38 de Ley 11683. Creo más bien, que en el contexto dado por la Ley concursal, y en el marco de la "par condictio creditorum", ha de atenderse cada relación jurídica en particular, y a las constancias de la causa dadas en el proceso -pleno- de la verificación de créditos.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: O.C. c/ F.V.B. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-05-11

Si bien es cierto que la obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores, no es menos cierto que la atención y cuidado que diariamente demandan a la madre sus hijos, constituye la manera en que la misma cumple con la responsabilidad y obligación mencionada.

(Fundamento de la Dra. Stella M. Z. de Copes)
Concursos, liquidación de entidades financieras, liquidación extrajudicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA FINANCIERA MAXFIRM SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-29

Puede sostenerse con base en lo dispuesto por el art. 50 1 parte de la ley de entidades financieras Nro. 21.526 -en lo que interesa no modificado por la ley 22.529-, que no ha sido creado ningún procedimiento especial para la liquidación de entidades financieras, salvo el restringido campo de la liquidación extrajudicial, por cuanto el texto legislativo se remite en forma expresa a la ley 19 551. Por su parte, las excepciones previstas en el aludido art. 50 constituyen particularidades incapaces de desvirtuar la esencia del procedimiento concursal (dict. Créd. Alberdi s/q. LL 1982-a-161).

Las excepciones del art. 50, ley 21.526 deben ser interpretadas en forma restringida, de modo que una disposición aislada del contexto integral no sirva de pretexto para soslayar las estructuras básicas del ordenamiento concursal (CCOM., Sala C, 12.3.82, La Agrícola Cía. Fin. s/quiebra, Bol. 2.2.82). La flexibilidad concedida por la ley a la actuación del órgano liquidador, deberá ser aceptada entonces siempre que sea actividad bancaria, con los aspectos técnicos propios de aquélla, o con la función de servicio público -impropio- que cumplen las entidades financieras; puesto que por tales razones se justifican las especiales facultades del órgano administrativo, dirigidas a sanear con la mayor celeridad posible el sistema financiero vulnerado.
Revocación de sentencia, nulidad procesal, requisa personal, prevención del delito, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: DERECZYNSKI, Luciana c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-01

Corresponde revocar la resolución recurrida que declaró la nulidad del procedimiento que dio inicio a las actuaciones, en el cual se requisó a la imputada y se la detuvo por haberse hallado en su riñonera material estupefaciente, cumplió con los requisitos establecidos en el art. 230 bis del C.P.P.N., pues son las circunstancias del caso en particular: que el personal policial a cargo del procedimiento pertenecía a la División de Precursores Químicos, que fue comisionado para prevenir ilícitos en infracción ley 23.737 en el marco de la fiesta "Buenos Aires Ultra", y que observó a la imputada manipulando una bolsa en su riñonera, las que configuran el elemento objetivo requerido por la norma en cuestión. (Dres. Borinsky, Hornos y Figueroa).
Alimentos, obligación alimentaria, intereses moratorios, cómputo de intereses, fallo plenario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.M.L. c/ A.J.M.A. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-10

1- La tasa de interés fijada en el plenario "Samudio" es aplicable -a partir de su dictado- a la prestación alimentaria en mora, en tanto las doctrinas anteriores fijadas en los fallos plenarios "Vázquez" y "Alaniz" también se consideraron operativos a este tipo de deudas, en virtud de que el fallo plenario "D.B. de Q., L. del V. c/ Q., C.E." impide la indexación de esta clase de obligaciones. 2- En consecuencia, se debe aplicar la tasa activa cartera general (préstamos)nominal anual vencida a la treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la mora de cada cuota y hasta el cumplimiento de la sentencia. Para apartarse de tal criterio, debe existir una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido del alimentado, lo que no ocurre por el tiempo transcurrido sin que la prestación reconocida en la sentencia se haya visto suficientemente satisfecha. A ello se suma que al establecer en el verdadero sentido económico el pronunciamiento no se pudo dejar de contemplar, al tiempo de su dictado, los efectos que esa decisión traería aparejados, entre los que expresamente estuvo advertida una retroactividad de las prestaciones desde la fecha de la primera audiencia de mediación. (Del voto de los Dres. Abreut de Beher y Kiper)
Bienes propios, prueba, origen de los fondos
Materia: CIVIL
Carátula: Alicia Teresa Repposini c/ Gustavo Oscar Granillo s/ Nulidad de Escritura Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-10

El dinero propio de la mujer referido en el art. 1.246 es el que la misma tendría por herencia, legado, donación o venta a título oneroso de bien propio antes de casarse. Pero para que pueda aplicarse la regla del art. citado y se tenga por cumplido el requisito de expresarlo en la compra, es necesario indicar como llegó a pertenecerle o ser de su propiedad; habiéndose considerado insuficiente la sola mención de que fue hecho con "dinero propio" o por la sola manifestación que la compra se hace con fondos obtenidos de bienes de tal índole. Debe indicarse con suma precisión, la época, lugar, nombre de los compradores y Escribano y los protocolos donde se registran.
Procedimiento administrativo, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ TOMAS ARMANDO Y OTROS c/ H. SENADO DE LA PROVINCIA y ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-19

El pedido de pronto despacho es un medio genérico de impulsión del procedimiento, mediante el cual la parte insta al órgano requerido para que se expida respecto de una petición ya formulada con anterioridad y cuyo plazo de resolución se encuentra vencido, mas no es un medio genuino para clausurar etapas en el procedimiento administrativo ni, por supuesto, para hacer renacer plazos vencidos.
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, carga de la prueba, obligaciones del empleador, indemnización por despido
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Izaguirre Sergio Daniel  c/ Globoaves Argentina S.A.  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

Aún en la hipótesis de que el empleador no estuviere en mejores condiciones de probar, no se exime igualmente de probar la situación que alega, considerando que se enroló en el supuesto de excepción de la norma en ciernes -art. 212 de LCT-. Entonces, como regla, acreditada la condición de alta y prescripta la realización de tareas livianas -circunstancias no discutidas, que llegan firmes a esta alzada- el empleador tiene la obligación de incorporar al trabajador asignando las tareas que dentro de la estructura de la organización sean acordes a las limitaciones que se detallan en el informe médico; y como excepción, en el supuesto de no contar en la estructura de la empresa con las tareas livianas, la norma posibilita recién el despido indirecto, con la indemnización reducida prevista en el art. 247 de la LCT. Esa situación coloca a la empleadora en la carga de probar que se encuentra inmersa en el supuesto de excepción, pues la consecuencia de su invocación (no tener tareas acordes), le implica un beneficio en perjuicio de trabajador, que no es otro que pagar la mitad de la indemnización, por lo que debe necesariamente acreditar el presupuesto para valerse de ello, pues de lo contrario se admitiría una facultad irrestricta a optar por el despido saliendo beneficiado sin más con la reducción indicada, lo que colisiona el principio de conservación del empleo (art. 10 de la LCT), principio de buena fe (art. 63 de la LCT), principio de solidaridad (art. 62 de la LCT), y el principio protectorio (art. 14 bis de la Constitución Nacional), entre otros (Voto Stettler. Adhesión Romero)