Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-17


SENT Nº 580	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a	Diecisiete (17) de Junio	de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Galíndez de Javier Juana Angélica y otros vs. A.I.P.S.I. San Nicolás S.R.L. y otro s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 565/568 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 12 de octubre de 2007 obrante a fs. 557/558 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal el 17-3-2008 (cfr. fs. 578 y vta.). Únicamente la codemandada Schell Gas SA, según surge del informe actuarial de fs. 593, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, corresponde entrar a su tratamiento.

El recurso ha sido incoado en término; la sentencia impugnada reviste el carácter de definitiva; el afianzamiento previsto en la ley del rito resulta innecesario por recurrir la parte actora; se invoca la existencia de arbitrariedad fáctica y normativa. En consecuencia el recurso en análisis resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Ingresando al escudriño de la procedencia del remedio extraordinario local incoado en autos, paso a la valoración ponderada de los distintos agravios expuestos por la recurrente, actora en autos.

Sostiene que la sentencia en crisis, no determina la relación que unía a las codemandadas como dispone la sentencia N° 1059 del 13-11-2006 de esta Corte, para luego concluir que no existe responsabilidad solidaria entre aquellas; no tuvo en cuenta prueba según la cual el actor, se trataba de un trabajador no registrado y que la codemandada Schell, para quien prestaba servicios de vigilancia en el lugar donde perdió la vida durante un asalto, no constató si respecto a él se cumplía con las normas laborales y de seguridad social; omitió considerar pruebas según las cuales el actor trabajó un tiempo prolongado sólo para Schell Gas SA. en forma constante; finalmente, para el caso que la sentencia de grado sea confirmada, solicita que las costas sean impuestas por el orden causado, atento a que el actor tuvo razón probable para litigar y dada la complejidad del tema.

¿Asiste razón a la recurrente?	III.1.-En autos, los actores promueven demanda contra la razón social AIPSI San Nicolás S.R.L. empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, invocando que el fallecido señor Javier era dependiente de la misma habiendo revistado en ella como personal de vigilancia y contra la firma Shell Gas S.A. en cuya instalación ocurrió el siniestro. En el marco de la relación de dependencia con AIPSI, Javier cumplió funciones de guardia de seguridad en el depósito de Shell Gas S.A., ubicado en calle Mendoza s/n de Los Vallistos, Banda del Río Salí, lugar que le asignó la empresa AIPSI. Fue en esos momentos que un grupo de malvivientes fuertemente armados entró con fines de robo al establecimiento, donde se encontró con la férrea resistencia del señor Javier, quien los enfrentó en un arduo tiroteo del que resultó muerto.

Surge de la propia demanda que el señor Javier ingresó a trabajar en relación de dependencia el 28-12-93 con la Empresa de Vigilancia Privada A.I.P.S.I., sin que fuera regularmente registrado, por lo que intimó a dicha empresa, en marzo de 1995, para que regularice su situación (fs. 5 vta.). A partir de esos hechos, como bien dice el pronunciamiento atacado, no se encuentra cuestionado que Schell Gas SA mantuvo el contrato de servicios de vigilancia con la codemandada A.I.P.S.I. San Nicolás SRL y que la demandada admite expresamente que esta última firma tiene por objeto prestar servicios de vigilancia a distintas firmas comerciales del medio.

En consecuencia resulta claro que, si bien Schell no celebró el contrato de vigilancia con A.I.P.S.I. continuó con las prestaciones del contrato celebrado por Auto Gas cuando adquirió el fondo de comercio, cuyo objeto fue la prestación de servicios de vigilancia, proporcionando la co-contratante A.I.P.S.I. personal de su dependencia para el cumplimiento de su prestación, como lo fue el señor Javier. Así, resulta inexacta la afirmación de la recurrente que la sentencia en crisis no determinó la relación jurídica existente entre las codemandadas.

Igualmente y a fin de agotar el tratamiento de la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a las codemandadas, advirtió con acierto, que A.I.P.S.I. no era una agencia de colocación de mano de obra o un intermediario de colocación de servicio de vigilancia.

Estas circunstancias fácticas, aventan la posibilidad que se aplique al caso las normas del artículo 29 primero y segundo párrafos LCT (según texto de la LNE, Nº 24.013, artículo 75), que disponen: "Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de seguridad social".

En el fallo recurrido se había advertido, y ahora se reitera, que la disposición legal precitada prevé los supuestos de interposición o intermediación en la contratación de trabajadores y estipula que tanto el tercero intermediario como quien utilice la prestación, son solidariamente responsables por las obligaciones del contrato. Quien utiliza la prestación es el empleador directo y consecuentemente titular de la relación jurídica, sin perjuicio de que a posteriori, tanto el tercero como la empresa principal respondan frente al trabajador por los incumplimientos u obligaciones contractuales.

Dicha regulación resulta aplicable a los supuestos de intermediación fraudulenta, en los que el verdadero empleador hace aparecer a un tercero como contratante del trabajador, resultando el único beneficiario de la prestación quien la recibe y aprovecha, mientras que el contratante aparente no pasa de ser un testaferro o prestanombre, por lo general insolvente, lo cual perfecciona la maniobra (cfr. Julio Armando Grisolía: "Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", 5ta. Ed. actualizada, Depalma, Bs.As. 2001, pág. 580).

No es la situación de autos, pues como bien expresa la sentencia en crisis, el actor no fue contratado para trabajar únicamente en Schell, ni surge de las pruebas que esta haya solicitado su particular contratación., ni que A.I.P.S.I. San Nicolás SRL fuera agencia de colocación de mano de obra o un intermediario de colocación de servicio de vigilancia.

Por lo tanto, coincido con el fallo en crisis en que la disposición del artículo 29 LCT y la solidaridad en el prevista, no resulta de aplicación al caso de autos.

Tampoco considero que legal y fácticamente la vinculación jurídica entre las codemandadas fuera un supuesto aprehendido en la extensión de la proposición normativa contenida en el artículo 30 de la LCT.

La conclusión precedente me lleva a determinar, el alcance que corresponde conferir a la solidaridad que prevé el artículo 30 de la LCT que, en lo pertinente, la atribuye a "quienes ... contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento..." por las obligaciones laborales del contratista o subcontratista.

Como lo destaca el más Alto Tribunal de la Nación, en sentencia de fecha 15 de abril de 1993, recaída en autos "Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" (punto 2° del considerando), con la disposición normativa de marras "... se persigue evitar la interposición de "hombres de paja" entre un trabajador y su verdadero empleador y realizar los ponderables fines tuitivos del ordenamiento laboral (cfr. antecedentes parlamentarios de la Ley 20.744, opinión del senador Pennisi, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, año 1974, T. I, págs. 480/481)".

Asimismo considero que conviene recordar la prevención que el más Alto Tribunal de la Nación realizara, en el parágrafo 8° del considerando de la sentencia -a la que ut supra hiciera referencia y parcialmente citara-, que ". las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma -o de su interpretación- que obligue al pago de una deuda en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada por los artículos 1195 y 1713 del Código Civil y 56 de la Ley 19.550, vinculados en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio establecida por el art. 17 de la Constitución Nacional".

Atendiendo a la índole misma de las actividades de los pertinentes objetos sociales de la codemandada y de la demandada originaria -las específicas, respectivamente, combustibles y de seguridad y vigilancia- no aparece como razonable entender que entre ambas existiera segmentación y segregación por parte de la primera respecto de la segunda, de actividades y funciones que integren, esencialmente, el objeto propio de la empresa Schell. Es decir, no puede aprehenderse conceptualmente a la actividad de la misma como completiva de los servicios de seguridad y vigilancia ni viceversa, por existir entre la primera y estas últimas una diferencia esencial.

Las actividades de seguridad y vigilancia, por su propia naturaleza y consecuente alcance, no puede reputarse como una porción, parte o segmento de la actividad referida a un depósito de combustibles en cuanto tal. Por el contrario, entre unas y otra, en sí mismas consideradas existe un diferencia específica, que descarta absolutamente que las primeras completen o complemente a la segunda, integrándose como una unidad técnica.

Los servicios de vigilancia y de seguridad no influyen determinando esencialmente a la actividad de Schell ni hacen al ser propio y específico de la misma, sino solamente -al igual que respecto a la de cualquier otro establecimiento destinado a la producción, a la comercialización o a la prestación de servicios-, sólo influye en la posibilidad de su ejecución.

Las razones argumentativas y conclusión inferida en la especie, son coincidentes con las que sustentara en mis votos contenidos en sentencias recaídas en autos "Sosa, Enrique Rolando vs. Segubank S.R.L. s/ Cobros", "Pieroni, Eduardo Guillermo y otros vs. Empresa de Construcción y Servicios S.A. (ECOS) y otros s/ Cobros", entre otros, en coincidencia con la señera doctrina sentada por el más Alto Tribunal de la Nación en autos "Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro", como asimismo con la opinión jurisprudencial de otros tribunales nacionales (cfr. CNATr., Sala VI, 8-11-95, D.J., 1996-2-243; CNATr Sala VI, sent. 48.085 del 16-8-96, B.J., 1996, 201; CNATr. Sala III, sent.72.581 del 23-3-96, B.J. 1997, 202/203, etc.).

Por lo explicado hasta aquí, los agravios de la actora referidos a que el fallo no tuvo en cuenta la prueba que el señor Javier era un trabajador no registrado y que la codemandada Schell, para quien prestaba servicios de vigilancia cuando ocurrió el siniestro, no constató si respecto a él se cumplía con las normas laborales y de seguridad social, como así también, la pretensa omisión de considerar pruebas según las cuales el actor trabajó un tiempo prolongado sólo para Schell Gas SA. en forma constante y sin registración alguna, carecen de relevancia para determinar la existencia de solidaridad en los términos de las normas comentadas. En el presente caso tampoco existe la solidaridad que instituye el artículo 30 de la LCT entre las codemandadas.

Por todo lo expuesto, tratándose de una cuestión fáctica debidamente valorada por el tribunal de grado, sin que se advierta en la ponderación apartamiento de las reglas de la prueba ni arbitrariedad alguna, el recurso deviene improcedente.

III.2.- Tampoco corresponde modificar la imposición de costas dispuesta en instancia de grado ya que además de seguir el principio objetivo de la derrota, en la especie no se advierten las situaciones de excepción a las que alude el recurrente, atento a los antecedentes jurisprudenciales que se mencionan.

IV.- En cuanto a las costas de esta instancia recursiva, deben imponerse íntegramente a la recurrente, vencida en autos (CPT, artículo 49 y CPCC, artículos 106, primera parte y 108, analógicamente).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 12 de octubre de 2007 obrante a fs. 557/558 vta. de autos, conforme lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.