Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-25


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de noviembre del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, con la presidencia de su titular María Inés de Villafañe y asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas y Sra. Jueza de Cámara Subrogante Dra. María Fernanda Palma, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"B. , M. E. (en representación de menor A. M. A.) c/ A., G. O. s/ ALIMENTOS", Expte. N° 99/10, venidos del Juzgado de Familia N° 2 (Expte. N° 112/09). Los Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia de fs. 94/103? y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden del sorteo de fs. 140.

A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Jueza de Cámara María Inés de Villafañe dijo:

1.-La sentencia dictada a fs. 94/103 hizo lugar parcialmente a la demanda de alimentos, fijando la cuota alimentaria que el Sr. G. O. A. deberá pagar quincenalmente a favor de su hija A. M. A. en el diez por ciento (10 %) de los haberes que perciba como empleado de la empresa I. S.A. I. y C. I., una vez deducidos exclusivamente los descuentos de ley.

Fija, asimismo, una cuota en concepto de alimentos atrasados desde la fecha de avenimiento hasta la sentencia, sujeta a liquidación. Impone las costas a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Apela la parte demandada y concedido el recurso expresa agravios a fs. 113/123.

A fs. 135 se agrega acta de la audiencia cumplida en los términos del art.130 de la Ley III N° 21 y a fs. 137/138 contesto la vista la Asesoría de Familia e Incapaces.

2.-Los agravios de la actora:

Sostiene la recurrente en su primer agravio, que al rechazar la Sra. Jueza parcialmente la demanda incoada, fijando la cuota alimentaria quincenal en el 10% de los haberes de A., omitió considerar hechos relevantes que surgen de los informes socio ambientales.

Refiere que del realizado en el domicilio de la actora surge la convivencia de la madre con dos hijas y sus ingresos de $ 600, que las niñas permanecen durante el día al cuidado de sus abuelos y no se valoró que el traslado de las mismas está a su cargo como también los que corresponden a la escolarización, esparcimiento e indumentaria.

Alude también a que el abuelo materno tiene la guarda asistencial porque se gestionó mientras convivían con su padre y los progenitores de la joven estaban desempleados y que la vivienda que habita fue adjudicada por el IPV sin haber comenzado a abonar las cuotas respectivas.

Por otro lado señala que la Sra. Jueza omitió valorar la conducta del padre que ha faltado a la verdad respecto de sus ingresos.

En el segundo agravio refiere que la Sra. Jueza omitió referir que del informe ambiental efectuado en el domicilio de A. surge que la familia cuenta con un vehículo particular que da cuenta de un nivel económico ostentoso que debió ser valorado.

En el tercer agravio cuestiona el porcentaje fijado por la Sra. Magistrada como cuota alimentaria, ello en tanto la ha determinado, dice "in audita parte" con los elementos aportados prima facie en cuanto a las necesidades del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante. Narra que se fijo como cuota provisoria la del 15 % de los ingresos y que reducirlos sin considerar la prueba producida vulnera el derecho que le asiste a la joven de reclamar a su padre para el normal desarrollo.

A fs. 135 se agregó el acta de la audiencia, que en cumplimiento del art. 130 de la ley III N° 21, se ordenó para escuchar a los progenitores de la joven con la asistencia de la Sra. Abogada de la Asesoría de Familia e Incapaces. A fs. 137 la citada funcionaria contesta la vista quien por sus argumentos concluye en pronunciarse por la revocación de la sentencia y la fijación de una cuota alimentaria que se corresponda con el 15 % de los haberes del Sr. A..

3.-Las motivaciones concretas interpuestas en el recurso no controvierten las razones de la sentencia que determinan el deber alimentario, sino concretamente sobre la valoración de la prueba cumplida y el porcentaje de la cuota alimentaria en definitiva seleccionada en la sentencia.

Adelanto que no advierto en la crítica que se formula, la demostración de cual ha sido el desajuste entre el discurso desarrollado por la Sra. Jueza y los presupuestos que le sirven de sustento esto es, en los hechos comprobados en la causa con el derecho que le resulta aplicable.

Es reiterada aquella jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, conforme con la cual el juez no está obligado a seguir a las partes en todos sus razonamientos, ni examinar los argumentos que estime no sean decisivos, ni ponderar cada uno de los elementos probatorios aportados a la causa, sino sólo aquellos considerados conducentes para fundar la decisión que en definitiva se adopte (FALLOS: 272:225; 276:132; 280:320, entre otros).

La lectura del fallo analizado, confrontada con los términos que contienen los escritos constitutivos del proceso, pone de manifiesto que la Señora Jueza de grado no ha hecho otra cosa que seleccionar y analizar los extremos que estimó adecuados para resolver el conflicto sometido a su decisión, siguiendo para ello la metodología juzgada válida por la doctrina judicial (Fallos: 294:466, entre otros).

Así lo hizo para determinar las posibilidades económicas del alimentante, a través de la prueba directa de los ingresos que por su trabajo en relación de dependencia cumple, valorando la prueba documental agregada en autos (fs. 56/61) y de los gastos que le insume el mantenimiento de su actual grupo familiar.

También señaló la Magistrada, que no obstante no se requiere prueba de las necesidades de la joven, debió y no se hizo, justificar directa o indirectamente los gastos que su sostenimiento irroga, considerando para ello que la obligación alimentaria pesa sobre ambos padres.

No advierto entonces que la falta de merituación de la propiedad de un vehículo tenga la trascendencia que le atribuye la quejosa, por lo que el agravio en este aspecto debe desestimarse.

4.-Se agravia la actora en cuanto a la cuota alimentaria que se ha fijado y adelanto al acuerdo que, a mi criterio, no hay elementos para modificarla. La circunstancia expuesta respecto a que el porcentaje fijado provisionalmente es mayor al fijado en definitiva, es desconocer el carácter que aquellos tienen.

La estimación provisoria está destinada a que, sin contar con la totalidad de los elementos probatorios, se atiendan a las necesidades imprescindibles de la menor y tendrán vigencia hasta la sentencia, momento procesal en el que el juez analiza integralmente las pruebas producidas.

"Dicho de otro modo, como aún no ha culminado el debate, los alimentos deberán fundarse en lo que "prima facie" surja de lo aportado en autos, con el propósito de atender a las necesidades imprescindibles del reclamante, hasta tanto quede definitivamente dilucidado su derecho y el monto que debe alcanzar la cuota, la que recién se establecerá -repito- en la sentencia.

Apresúrome a apuntar como lo anunciara, que esto no conlleva necesariamente que ése sea el monto por el que deba prosperar la cuota definitiva pudiendo ser disminuida o mantenida debiendo las partes instar el proceso para obtener su fijación definitiva ." (B., C. M. vs. C., A. A. s. Alimentos. Trib.Fam, Formosa, Formosa; 17-05-2007; RC J 5895/10).

En cuanto al porcentaje fijado, ya hemos señalado en anteriores pronunciamientos que "La obligación alimentaria tiene en miras el status de vida y el sustento de las necesidades del alimentado, por ello la apreciación que realicen los magistrados sobre su cuantía, siempre que se adecue a la prueba aportada y denote una percepción prudente y objetiva de las circunstancias en las que se encuentra el alimentado, no debe ser materia de revisión por esta instancia.

En este sentido"... la índole peculiar de la obligación alimentaria originada en la satisfacción de necesidades vitales, le comunica al instituto una fisonomía propia de la que se desprende el carácter de orden público que reviste, regulación que abarca en general al derecho de familia.

Por ello, se estará a la cuota alimentaria fijada por la jueza de grado, dado que responde a una apreciación prudente y objetiva de la situación por la que transitan los alimentados, de modo que los agravios formulados no han de prosperar confirmándose." (C.A.N.E - Sala B. SIC 011. "R. E. N. c/ R. S. C. s / incidente de aumento de cuota alimentaria")" (CAPM SIF N° 13/10).

La mera discrepancia con el porcentaje que se ha determinado sin señalar que el mismo es arbitrario o cual es efectivamente el derecho de la joven que dice vulnerado, sosteniendo su queja en fallos jurisprudenciales no resulta puntualmente una crítica razonada al fallo, por lo que propongo al acuerdo desestimar el agravio.

5.-Las costas en esta instancia se imponen al apelante vencido (art. 69 CPCC). Los honorarios de la Abogada Adjunta de la Defensa Pública se determinan en el 25 % de los regulados en la primera instancia a la Sra. Defensora Pública en representación de la actora, considerando para ello el mérito y éxito obtenido en su actuación (5° y 13° de la Ley XIII N° 4).

Voto a la PRIMERA CUESTION por la AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, dijo:

1. Mi colega de Sala se ha referido a los antecedentes fácticos que impregnan la presente causa, así como a las quejas de la actora apelante, dando cumplimiento con ello a las exigencias formales establecidas en los arts. 165, 166 del CPCC en lo pertinente, de manera que abordaré directamente la cuestión traída a decisión a esta Alzada.

Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 8 de la Ley V N° 17 y 274 CPCC bastarán las consideraciones siguientes.

2. Centra la quejosa sus agravios en la errónea valoración de la señora jueza de los informes socio ambientales que se cumplieron en los domicilios de las partes y en el porcentaje fijado como cuota alimentaria para la joven A. A..

La cuota alimentaria se fija teniendo en cuenta el caudal o posibilidades económicas del alimentante y las necesidades del alimentado.

"En lo que respecta a la cuantificación de la cuota alimentaria debida por los progenitores a los hijos menores, no se requiere probar su necesidad, sin perjuicio de que la cuota se establecerá en relación a las posibilidades del demandado y a la necesaria contribución del otro progenitor, siendo las necesidades que deben satisfacerse con la cuota las enunciadas en el art. 267, Código Civil, es decir, las vinculadas a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad "( G., E. M. vs. D. S. R., J. s. Alimentos. Cám. Apelación en lo Civ y Com Sala I, Azul, Buenos Aires 13/07/2010 . RC J 13203/10 ).

Para formar convicción sobre ello la Dra. VIANI ha considerado la prueba directa de los ingresos de A., prescindiendo de los denunciados por el padre e hizo referencia que, más allá de la presunción respecto de las necesidades de la hija, se ha omitido prueba respecto a los gastos que demanda la joven.

Hizo referencia también a la obligación de los padres de mantener a sus hijos es compartida, esto es, que ambos han de procurar la satisfacción de aspectos materiales y espirituales en la vida del hijo aunque el ejercicio de la autoridad se atribuya a uno de ellos.

Valoró la circunstancia, alegada y probada, que el alimentante formó una nueva familia. Se comparte que ello no puede llevar a desatender las necesidades de los hijos nacidos de la anterior unión, pero que resulta una realidad que debe ponderarse al momento de establecer la cuota alimentaria y que torna exigible adoptar un criterio que permita, en la medida de lo posible, atender las necesidades de los hijos, tratando de obtener el mayor equilibrio entre todos (cfme. C Nac Civil Sala B; 23-05-2000).

Concluyo entonces, en que la apelante no ha logrado demostrar cual ha sido el error achacable a la señora jueza en la selección y apreciación de la prueba y por cierto, cual es la incidencia que pueda otorgarse a la propiedad del vehículo, que torne arbitraria o injusta la valoración de la prueba reunida.

3. En cuanto a la cuota alimentaria que fija en porcentaje señalo que comparto con la Sra. Jueza que me precede en el voto, que no hay argumentos para apartarse de la decisión en crisis.

La determinación de la prestación alimentaria comprende lo necesario para la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad (art. 267 del C.C.).

A esos fines, la ley le da la facultad al Juez de valorar y analizar el conjunto de circunstancias atinentes a las necesidades de ambas partes, con prudente criterio, a fin de estimar el monto o porcentaje adecuado de la cuota (C.N.Civ. Sala A, 15.03.88).

La tarea de subsumir aquellas necesidades, al caso concreto planteado por las partes constituye una difícil e ineludible labor de los jueces de primera instancia.

Por lo que, la crítica de la actora -en los términos que ha expuesto- no es más que una mera apreciación subjetiva de la parte sin lograr refutar las conclusiones de la a quo y por ello inaudible en esta instancia.

Por lo expuesto comparto que deben desestimarse los agravios de la apelante y confirmar la sentencia imponiendo las costas a la actora vencida (art. 69 CPCC).

La regulación de honorarios y considerando el mérito, extensión y resultado obtenido se ponderan en el 25 % de los que a la representación letrada de la actora se le regularon en la anterior instancia (art. 5° y 13° de la Ley XIII N° 4).

Voto a la cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza de Cámara María Inés de Villafañe dijo:

Conforme he votado el pronunciamiento que correspondería dictar es el que sigue: 1) CONFIRMAR la sentencia de fs. 94/103 en lo que ha sido materia de agravios.

2) IMPONER las costas a la actora vencida y REGULAR los honorarios de la Abogada Adjunta de la Defensoría Pública C. K. T. S. en el 25 % de los honorarios regulados a los funcionarios de la Defensa Pública que representaron a la actora vencida. 3) De forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas señaló:

Visto el acuerdo que antecede el pronunciamiento que debe dictarse es el propuesto por la Sra. Jueza preopinante.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por existir votos coincidentes.

Puerto Madryn,de noviembre de 2010 En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

1)CONFIRMAR la sentencia de fs. 94/103 en lo que ha sido materia de agravios;

2)IMPONER las costas a la actora vencida y REGULAR los honorarios de la Abogada Adjunta de la Defensoría Pública C. K. T. S. en el 25 % de los honorarios regulados a los funcionarios de la Defensa Pública que representaron a la actora vencida;

3)REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.

REGISTRADA BAJO EL No. de 2010 SDF. CONSTE.