marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, fallido, legitimación procesal, síndico del concurso, bienes, desapoderamiento
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

La legitimación que correspondía al fallido sobre los bienes que le fueron desapoderados es ejercitada por el Síndico de la quiebra en función de sustituto procesal. Sin embargo el procedimiento concursal no deja de tener carácter finalista y admite excepcionalmente la intervención del sustituido, además de los supuestos enunciados en el artículo 114 de la Ley Concursal cuando no contraría el fin perseguido por la sustitución, esto es, impedir la disponibilidad del activo o vulnerar la igualdad de los acreedores y además ésta se produce en forma espontánea.
Declaración de inconstitucionalidad, patentes, revocación de sentencia, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 100 del decreto 260/96 si no se ha demostrado -ni resulta ostensiblemente de su texto- que la limitación temporal que fija comporte un desconocimiento de las obligaciones generales que a los Estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC, pues, en sentido compatible con este artículo, el art. 100 del decreto resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un año antes, al permitir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de París (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Ejecución previsional, intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: U.O.C.R.A. c/ Sánchez Construcc. SRL. s/ Ejec.aportes.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-15

Para los créditos correspondientes a los procesos ejecutivos rigen las tasas de interés determinadas por el régimen normativo que los gobierna, el que prevalece sobre la facultad atribuída a los jueces por el art. 622 del Cód.Civil (en el caso, tratándose de ejecución de aportes, resulta aplicable lo normado por las Resoluciones 1253/98, 110/02 y 36/03 del Ministerio de Economía de la Nación).
Competencia, estupefacientes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CAVALLO, JULIO CESAR s/ INC. DE EXCEPCION DE FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

El artículo 34 de la Ley 23.737 determina con claridad el conocimiento de la justicia en lo Criminal y Correccional Federal únicamente para los delitos previstos y penados por dicho texto normativo y en modo alguno puede colegirse de su análisis como así mismo de las razones tenidas en mira para dictarla que se haya pretendido compendiar en ella a aquellos materializados en circunstancias de tiempo anteriores a su entrada en vigor.

La competencia del Tribunal con arreglo a la Ley que regla al momento de concretarse el ilícito, considerando para ello que las conductas irregulares fueron cometidas con anterioridad a la puesta en vigencia de la ley mencionada no resultaban hechos "previstos y penados" por ella.

Además los jueces de la Justicia Criminal y Correccional de la Capital Federal tienen el carácter Nacional lo cual autoriza el juzgamiento de las conductas de que se trata, por parte de dicho Tribunal, en orden a hechos anteriores al dictado de la Ley 23.737.
Juicios contra el Estado, medidas cautelares, gobierno provincial
Materia: CIVIL
Carátula: Kasdorf  s.a. c/ Jujuy, Provincia de s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

La alusión a "todas las medidas ejecutivas o cautelares dictadas" - efectuadas por el art. 6to. del decreto acuerdo nro. 88/91, de la Provincia de Jujuy - no admite discriminaciones o divisiones fundadas en que tales "medidas" hayan o no sido trabadas.
Notificación, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ MENGUAL, EDUARDO c/ MARTIN, RAUL OSVALDO s/ EJECUTIVO-QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-25

La notificación de la traba de la medida debe hacerse dentro de los tres días hábiles personalmente o por cedula. El objeto de esta notificación es darle al afectado la posibilidad de defenderse, cumpliendo así con el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la constitución nacional.

En concordancia con la norma antes examinada el art. 140, Inc. 5º, del C.P.C. Dispone que serán notificadas personalmente o por cedula la resolución "que hace saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento."
Compraventa mercantil, compraventa internacional, aceptación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ GAS  S.A.C.I.F.I. c/ TEXTILES KABAKIAN  S.A.C.I.F.I s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

Al integrarse recíprocamente la oferta y la aceptación debe interpretarse que el contrato quedó formado, pues medio consentimiento de las partes (CCIV 1144 y 1145), siendo indiferente que la aceptación haya llegado o no a conocimiento del proponente, pues basta que ella haya sido enviada a este último (CCIV 1154; CCOM 213 y 215).

El hecho de que el agente o mandatario haya comunicado o no la aceptación a su comitente, no incide en la conclusión establecida, en la medida que el hipotético incumplimiento de aquel podrá tener relevancia en el orden de las relaciones internas entre principal y mandatario, pero no puede recaer sobre el tercero contratante que transmitió su conformidad o aceptación a través del canal o instrumento elegido por el oferente.
Falso testimonio, generales de la ley, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: MORRAZO, TOMAS s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-03

En el delito de falso testimonio la afirmación, negativa o el silencio pueden recaer sobre los hechos comprendidos en el objeto que de la deposición o sobre aspectos capaces de influir en su valoración por la autoridad. Dado que al presta declaración en el expediente que corre por cuerda afirmó que no le comprendían las generales de la ley que expresamente le fueron explicadas - aspecto controvertido en autos-, corresponde confirmar la resolución que decretó la prisión preventiva del imputado.
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, cuota alimentaria, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: C., M. B. y otro c/ B., N. E. y otro s/ alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-14

Las medidas de prueba arrimadas por los litigantes alcanzan para determinar con la esperable seguridad que los abuelos maternos se encuentran en condiciones idóneas para contribuir parcialmente con el sostenimiento de su nieta, al menos con el aporte necesario para cubrir las necesidades económicas elementales de su nieta y sin mengua de sus propios requerimientos.
Beneficios previsionales, jubilados, reingreso a la actividad remunerada, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BELTRAMINI, JESUS c/ D.G.I. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El art. 19 de la C.N., en su parte pertinente, dice "... Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe". Por tanto, parece ajustada a derecho la interpretación que lleva a extender la exención de efectuar aportes al jubilado en razón de la ley 18.038 que reingrese o continúe en actividad, sin excepción. Ello no sólo por el derecho ya reconocido y adquirido bajo el régimen anterior -que el nuevo mantiene salvo en cuanto sea incompatible con sus disposiciones (art. 156, ley 24.241)-, sino por las propias normas dictadas que permiten dar certeza a la situación de estos jubilados, pues no es de suponer una interpretación que delimite los aportes a un tiempo para luego dejarlos sin efecto, siendo las mismas condiciones y pautas las que sirven para una u otra posición.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sierra, Nicanor c/ Gardes, Daniel Emilio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Al damnificado de un accidente de tránsito le corresponde la carga de la prueba de la existencia del daño y su relación de causalidad conexión con el hecho ilícito), como así también -en principio- su cuantía o monto (arts. 375 y 165, cód. proc.).-
Malversación de caudales públicos, peculado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ANDRADE, Augusto s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-20

El hecho consistente en que un funcionario de un ministerio (Director) implementó una metodología organizada y sistemática por la que se confeccionaba planillas de una empresa privada de medicina de la que era prestador por medio de las cuales cobraba a ésta sus honorarios médicos por consultas o por la expedición de recetas de medicamentos que eran confeccionados por sus empleados o funcionarios debe calificarse como la modalidad de malversación de causales públicos acuñada por el art. 261 párrafo segundo del Código Penal. Es que, tal accionar, implica un desvío de las funciones que debía prestar el personal hacia otras tareas ajenas - empleando servicios pagados por la administración pública- y que se destinaron a un servicio personal. Al respecto se ha dicho que la hipótesis "..se trata de supuestos en que se desafecta a los trabajos o servicios de los destinos a los que estaban determinados..", y que "..los trabajos o servicios deben estar unidos en una situación funcional con el autor, es decir, debe poder jerarquicamente disponer de ellos (Edgardo Alberto Donna "Delitos Contra la Administración Pública" Ed. Rubinzal- Culzoni año 2000, p. 283 y sigs.).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, vicios, pena de reparación, responsabilidad del fabricante, indemnización, costo financiero, principio de adquisición, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Padula, Marcelo Nestor c/ Sauma One San Isidro SA y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Admitida que fue la demanda promovida por el propietario de un vehículo contra la concesionaria oficial y tallerista, así como contra el fabricante automotriz, por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la deficiente reparación del automotor, que motivó posteriormente que se fundiera el motor, corresponderá sin embargo rechazar el reclamo de indemnización del costo financiero de adquisición de otro vehículo. Ello así, pues sólo son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Asimismo, ellas se extienden hasta las "inmediatas y mediatas previsibles" salvo disposición legal en contrario (CCCN 1726); y en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración, salvo caso de dolo (CCCN 1728).
Notariado, ejercicio profesional, facultades de la administración, facultades reglamentarias, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Gobierno s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-12

Si bien la reglamentación del ejercicio profesional notarial se justifica por su especial naturaleza, pues la facultad que se atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los actos y contratos constituye una concesión del Estado, dicha facultad reglamentaria debe ser razonable.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Kunta SA. c/ Lanza, Roberto. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Es admisible el recurso extraordinario respecto a la calificación de la conducta de las partes, si median circunstancias que tornan excesiva la medida.
Constitución Nacional, facultades del gobierno nacional, facultades del Poder Legislativo, Economía y finanzas, leyes, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ B.C.R.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

La propia Constitución (art. 75, incs. 6, 18 y 32) da la base normativa a las razones de bien público que se concretan en la legislación financiera y cambiaria.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DELAMATTA CLAUDIA MABEL c/ DELLAROSA ARMANDO BAUTISTA s/ ALIMENTOS  -  RECURSO DE APELACION - NULIDAD - COSTAS - PROCEDIMIENTO  SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-05

Si bien el deber alimentario de los parientes tiene carácter subsidiario, no basta con que el primero de la lista pase una pequeña cantidad como para evitar que se pueda acudir a los demás es que si los alimentos comprenden no solo lo necesario, para la subsistencia física sino también las necesidades derivadas del vestuario, educación, esparcimiento, salud, etc., resultaría una falacia calificar de tal modo a una suma que por lo pequeña no alcanza a cubrir ni siquiera una mínima parte de cualquiera de esos rubros.
Impuestos, intereses compensatorios, convertibilidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ FRANCISCO HERNANDEZ DE CARO Y OTRO s/ APREMIO - IMPUESTOS - LEY DE CONVERTIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-17

Conforme al Decreto 529/91 (art.1), cuando dice "corresponde considerar el 1ro. de abril de 1991 como si fuera el día de pago efectivo previsto en los mecanismos de ajuste derogados o inaplicables", está referido únicamente al capital e intereses convenidos libremente o a los llamados compensatorios cuyo carácter lucrativo denota a la renta como fruto civil del capital y siempre dentro de la materia del derecho común, no del público o tributario cuya determinación se prevén en los respectivos Códigos Tributarios y/o Leyes Impositivas sean nacionales o provinciales.

En el derecho civil nos encontramos con intereses de distinto tipo;

tenemos el resarcitorio o moratorio (art. 622 C. Civil), los llamados "daños e intereses" (art.519 y ss. C. Civil) y los compensatorios (art. 621 C. Civil).

El "interés" utilizado en materia tributaria es el resarcitorios, que en definitiva se trata de aquella sanción en forma específica de indemnización por el atraso del deudor en el pago de una obligación pecuniaria. Por otra parte y considerando los recargos como una pena, debe entenderse que es la consecuencia que el derecho tiene previsto ante el incumplimiento de un mandato normativo.

En síntesis,los intereses y recargos impositivos corresponden a motivos resarcitorios y punitorios y de ningún modo significan la actualización o indexación del crédito fiscal, esto si prohibido por la ley de Convertibilidad 23.928.

Si bien el art. 656 del C. civil otorga la potestad judicial de reducir las penas desproporcionadas abusivas, ello es válido para las relaciones regidas por el derecho común y no para el tributario cuya vía correspondiente es la inconstitucionalidad de la norma.-
Juicio ejecutivo, falsedad de título, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Van Cauwenberghe Estela M. c/ Kohan Saúl s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-19

La excepción de falsedad se refiere a la adulteración del documento, en su texto o firma, o sea falsedad materia del título; en tanto la de inhabilidad se relaciona a la falta de alguno o algunos de los elementos que esencialmente constituyen el título ejecutivo. Confirmamos la denegación de prueba pericial ya que ésta únicamente puede estar dirigida a la adulteración del documento o de su firma no de su contenido.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, daño irreparable, medidas urgentes, medidas provisionales, obligaciones del Estado miembro, principios del derecho internacional de los derechos humanos, debida fundamentación, desaparecidos, torturas, subsidiaridad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Torres Millacura y otros c/ Argentina s/ solicitud de medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-06-23

Corresponde que la Corte Interamericana desestime la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la madre de quien aún se encuentra desaparecido -luego de haber sido torturado mientras se encontraba detenido-, en su propio beneficio y en el de sus nietas, pues si bien una alegada vigilancia de su domicilio da cuenta de cierta gravedad, no se configura una situación de grado elevado ni que el riesgo o amenaza involucrados requieran respuesta inmediata, máxime cuando no ha justificado ante el Tribunal que los supuestos hechos de riesgo guarden, necesariamente relación con aquellos ni los denunció en su solicitud de medidas provisionales ante las autoridades competentes, atento el principio de subsidiariedad que rige en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, correspondiendo siempre, en primera instancia a los Estados Parte, respetar y garantizar los derechos en el ámbito de su jurisdicción.
Inexistencia del acto jurídico, recurso de inconstitucionalidad, seguridad jurídica
Materia: LABORAL
Carátula: Expediente Nro. 78623 - DOÑA INES S.R.L. EN J: 16754 "SANTILLAN DANIEL c/ R.M. PUEBLA s/ - SUMARIO- INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-28

No existe sentencia o acto jurisdiccional válido (arts. 88, 90 y concordantes del C. P. C.) si en la resolución ha preopinado el miembro de la cámara que se encuentra en uso de licencia y los restantes miembros han adherido a un voto del juez preopinante ausente por estar en uso de la licencia prevista por el art. 88 apart. III agregado de la ley 3800, constituyendo un hecho grave y grosero, que encuadra en el acto inexistente, reñido con la lógica, desconoce el principio de celeridad procesal y vulnera la seguridad jurídica y la confiabilidad en el sistema de justicia.
Prescripción bienal, Derecho administrativo, responsabilidad de la provincia, inundación
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: JUAN A HARRIET S. A. Y OTROS. c/ PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRAS. s/ INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Córdoba y fundada en el plazo fijado en el artículo 4037 del Código Civil -aplicable supletoriamente en el ámbito del derecho administrativo cuando está en juego la responsabilidad extracontractual de la Administración-, si el perjuicio resulta de las inundaciones producidas en un tiempo que ha quedado determinado en la demanda. No altera esa conclusión la circunstancia de que la extensión de la inundación se haya modificado en los años siguientes, pues el hecho de que el daño no haya quedado determinado en forma definitiva por la eventualidad de que resulte agravado por la derivación de un proceso ya conocido, no es óbice para el curso de la prescripción, ya que esa agravación no implica la existencia de una nueva causa generadora de responsabilidad ni da lugar a una nueva acción que pudiera prescribir a partir de entonces.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, remuneración, honorarios, asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Chemea, Marcos S/ Sucesión y otro c/ Boeing SACIEI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

Cuando -como en el caso- al no establecer la modalidad retributiva de los directores en el Estatuto se procedió a fijarla por medio de la asamblea; en ese marco cabe señalar que la asamblea puede adoptar cualquiera de los métodos o sistemas de retribución, los cuales pueden ser clasificados bajo los siguientes modelos: a) retribución fija; b) retribución variable o c) sistema mixto. En efecto, por medio de la aprobación del reglamento cuestionado, la asamblea en ejercicio de su atribución, delimitó los parámetros tendientes a calcular las remuneraciones de los Directores. De otro lado, si bien es correcto afirmar que los directores participan por igual en la remuneración cuando nada dice el Estatuto, es necesario analizar tal premisa con mayor profundidad. La asignación de los honorarios entre los Directores puede ser proporcional o bien diferencial, en función de la asistencia a las reuniones o de otras circunstancias. Por ende, cuando la fijación de los honorarios es de competencia de la asamblea ordinaria y dicho órgano fija la remuneración en forma conjunta a todos los directores, la misma no puede ser asignada sino en forma proporcional a todos los miembros del directorio. Ahora bien, el fundamento radica en la igualdad de rango de los miembros del directorio, sin que cuadre distinción, salvo que por previsión estutaria o resolución de la asamblea se haya dispuesto una forma distinta de fijar las retribuciones, en función de la diversidad de las tareas realizadas o la importancia de los servicios prestados, que justifiquen un tratamiento no igualitario (cfr. Diego A. J. Duprat; "Tratado de los Conflictos Societarios"; Ed Abeledo Perrot; 2013; T°II; pag. 1909).
Contrato de agencia, relación de dependencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALEGRE, NICOLAS c/ MORELLINI, ABEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-30

Entre la agencia de tómbola y la Caja Popular de Ahorro y Crédito de la Provincia, no existe dependencia laboral, es decir, no hay relación de subordinación entre aquella y el ente organizador del juego, pues ambos se vinculan por un contrato de Agencia (concesión) regido por el Derecho Administrativo.
Acto administrativo, notificación por cédula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bergese, Marta María Riboldi de c/ Municipalidad de Sunchales s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 668-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

Si la actora no ataca en sí el acto de notificación de la declaración de rebeldía, debe reputarse cierta la atestación del funcionario notificador quien expresa, en la diligencia mencionada, la negativa a firmar por parte de la actora. En tales condiciones, ha de tenérsela por anoticiada de la providencia que declaraba su rebeldía y de los motivos que la causaron atento la invocación de los artículos 84 y 85 de la ley 9286, por parte de la autoridad administrativa. Además con la sola lectura de la nota a ella dirigida o de la providencia que le antecede, la agente tomó conocimiento inequívoco del acto notificado, y pleno, puesto que la invocación del artículo 85 daba cuenta que su incomparencia dentro del término del emplazamiento era el motivo de la rebeldía decretada.