Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22


"FERNANDEZ MARIA ELENA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)" , EXPTE: EXP 16764 / 0 Buenos Aires,22 de mayo de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Cuidad --a fs. 114, fundado a fs. 116/9, memorial cuyo traslado fue contestado a fs. 126/7-- contra la resolución obrante a fs. 107. VOTO DEL DR. HORACIO CORTI: I. La codemandada apelante solicitó la suspensión del trámite de este juicio hasta tanto se clausure la etapa instructoria en la causa penal nº 247/5, caratulada "Chabán, Omar Emir s/ Homicidio", en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 1, Secretaría nº 105 (v. fs. 88/93). El pedido fue desestimado por el juez mediante el pronunciamiento apelado, circunstancia que motiva la intervención de esta Alzada. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 131/2, propiciando que no se haga lugar a los agravios y, en consecuencia, se confirme la decisión apelada. II.1. A fin de hallar la solución más correcta para la cuestión propuesta a conocimiento del tribunal, es preciso examinar, ante todo, el objeto del proceso y las partes demandadas. El objeto procesal de la causa consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios que la parte actora aduce haber sufrido como consecuencia de los hechos -de conocimiento público- ocurridos el día 30 de diciembre de 2004 en el local denominado "República de Cromañón". La acción ha sido dirigida contra la Ciudad de Buenos Aires, Omar Emir Chabán, Nueva Zarelux S.A., Lagarto S.A., Rafael Levy, Raúl Vengrover, y/o quien resulte responsable como asegurador, dueño, explotador o en cualquie r otro carácter, del local antes mencionado, y/o socio o testaferro de las personas individualizadas precedentemente. Lo expuesto permite apreciar que nos hallamos ante un supuesto en el cual una misma pretensión objetiva -esto es, el reclamo indemnizatorio- ha sido dirigida contra varios sujetos. Se trata, por lo tanto, de un caso de acumulación subjetiva de pretensiones, hipótesis que se da cuando varias partes demandan o son demandadas en un mismo proceso, en razón de que la pretensión de o contra cada una de ellas resulta conexa -por el título, el objeto, o ambos elementos simultáneamente- con la pretensión referida a las demás. En estos casos se configura un litisconsorcio, situación que se produce cuando existe co-titularidad activa o pasiva (o ambas a la vez) con respecto a una misma y única pretensión, o un vínculo de conexidad entre pretensiones distintas y, como consecuencia de ello, el proceso se desarrolla con la participación -efectiva o posible- de más de una persona en la misma posición de part e. II.2. Ahora bien, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la competencia de los tribunales locales está regulada en la ley 7 -Ley Orgánica del Poder Judicial-, cuyo art. 48 establece que los magistrados de este fuero conocen en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera el fundamento u origen de la contienda, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. De manera concordante, el art. 2, CCAyT, dispone que "Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado". Así las cosas, esta es una causa contencioso administrativa -en los términos procesales de las normas citadas precedentemente- por el hecho de haber sido demandada la Ciudad de Buenos Aires, y tal circunstancia es suficiente para suscitar la competencia de este fuero. Pero lo cierto es que d icha calificación, determinante de la competencia judicial -y, por lo tanto, meramente adjetiva- no impide que la causa pueda, en su aspecto sustancial, ser calificada simultáneamente de distintas formas. Así, desde el plano sustantivo, esta es una causa regida por el derecho privado en cuanto se trata de dilucidar la eventual responsabilidad civil de Omar Emir Chabán, Nueva Zarelux S.A., Lagarto S.A., Rafael Levy, Raúl Vengrover, y/o quien resultare asegurador, dueño o explotador del local denominado República de Cromaón, y/o socio o testaferro de esas personas (causa civil). Paralelamente, en cuanto se refiere a la Ciudad de Buenos Aires la pretensión tiende a hacer efectiva la responsabilidad estatal fundada en la falta de servicio, cuestión regida por el derecho público (causa contencioso administrativa). III. Hasta el momento no se ha dictado una regulación general de carácter local sobre la responsabilidad del Estado. De ahí que tampoco exista una regulación expresa sobre la forma de compatibilizar, por un lado, la acción procesal administrativa en materia de responsabilidad estatal y, por el otro, la acción penal. Pero la relación entre, por un lado, la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil derivada de un delito (cuestión regida por el derecho privado) y, por el otro, la acción penal, sí se encuentra regulada, tal como surge de las normas del Código Civil que luego se verán. Es claro que, no obstante la diversidad de enfoques en el plano sustancial, resultante de la acumulación subjetiva de pretensiones (cfr. consid. II.1), el litigio debe ser juzgado mediante un único trámite (unidad de proceso) que concluirá con el dictado de una única sentencia, de forma tal que el problema aquí planteado debe recibir una única solución. Ante las circunstancias excepcionales del caso y la ausencia de una regulación en lo relativo al aspecto sustancial regido por el derecho público, resulta ajustado al valor constitucional de la seguridad jurídica -entendida en términos de previsibilidad y c erteza- aplicar a la causa las ya clásicas reglas consagradas en el Código Civil, interpretadas a la luz de la jurisprudencia y la doctrina elaboradas a partir de ese texto legal. IV. El art. 1101, C.C. -- ubicado en el Capítulo IV, 'Del ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por los delitos'. del Título VIII, 'De los actos ilícitos'--- determina que "[s]i la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal", excepto en los supuestos previstos en esa norma. El precepto legal regula la influencia que ejerce la causa penal sobre la tramitación del proceso civil-- en tanto ambas acciones tengan su origen en el mismo hecho---, y establece la regla de la dependencia de este último con respecto a aquélla. La suspensión impuesta por la norma--- esto es, la inhibición del dictado de la sentencia en sede civil--- cesa cuando la decisión definitiva de la causa penal adquiere firmeza, es decir, resulta irrecurrible ( cfr. Belluscio, Código Civil Comentado, Anotado y Concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires, 19990, tº 5, p. 299, pto.2). Se encuentra debatido, a nivel doctrinario, si el artículo resulta aplicable exclusivamente a las acciones en que se reclama la indemnización de los daños y perjuicios derivados de un delito, o si, en cambio, abarca todas las pretensiones de índole civil vinculadas íntimamente al resultado de un proceso penal. Dado el objeto de esta acción consiste, precisamente, en un reclamo resarcitorio, esclarecer dicha cuestión resulta irrelevante para decidir en este caso. V. En cuanto a los alcances de la suspensión, cabe señalar que antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que ella impide la iniciación o prosecución del proceso civil (Fallos 15:28), argumentando que de lo contrario, se daría lugar a la duplicación del debate y la prueba sobre el mismo objeto; tesis que en ese entonces contó con la adhesi ón de prestigiosa doctrina -Machado, De Gásperi y Bibiloni-. No obstante, actualmente es criterio casi unánime que la acción penal pendiente no impide promover o continuar la acción civil, sino, únicamente, que se dicte sentencia en ésta antes que en aquélla. Este criterio encuentra fundamento, ante todo, en las palabras de la ley. Adviértase, al respecto, que el artículo examinado no dice que el juicio civil no puede iniciarse o tramitar, sino que " no habrá condenación en el juicio civil", expresión, que ha de entenderse en el sentido de que no debe dictarse un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión, el cual, lógicamente, puede ser condenatorio o no. Tal como lo establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras, que deben entenderse en su verdadero sentido, el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito ( Fallos, 200:175; 304:1820). Ha dicho el Alto Tribu nal, en igual sentido, que " la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador" ( Fallos, 302:973) y, a su vez, "la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley" (Fallos, 299:167), "cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido mas obvio del entendimiento común" (Fallos, 306:796 considerando11 y sus citas), "sin que quepa a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió" (Fallos, 300:700). En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que la finalidad de la norma consiste en evitar la existencia de decisiones judiciales contradictorias (doctr. arts. 1102 y 1103, C.C.), propósito que se satisface con la suspensión del dictado de la sentencia y que, por lo tanto, no es obstáculo para proseguir el juicio hasta esa etapa procesal. VI. En sustento de su recurso la parte demandada aduce que, en caso de no suspenderse el trámite de este proceso, resultará afectado su derecho de defensa ya que, por un lado , se verá impedida de plantear defensas de fondo toda vez que se desconocen con exactitud los hechos, cuyo esclarecimiento depende de la investigación que actualmente se halla en curso en sede penal. Por el otro, porque no podrá citar como terceros a todas aquellas personas que sean procesadas en la causa penal, circunstancia que podría limitar su posibilidad de repetir contra ellos las sumas que, eventualmente, debería abonar en el supuesto de resultar condenada en este juicio. Los argumentos reseñados precedentemente no varían la solución que corresponde adoptar. En efecto, la cuestión debatida plantea un conflicto entre el derecho de defensa, la garantía de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, de cada una de las partes de contienda. Ahora bien, dado ese conflicto, el legislador ha optado por otorgar prioridad a los derechos de la víctima del delito, autorizando expresamente que la acción civil resarcitoria sea promovida y sustanciada. Adviértase, el respecto, que--- tal como lo puso de relie ve la señora Fiscal de Cámara en su fundado dictamen--- la paralización de este proceso podría afectar en mayor medida a la parte actora que a la demandada, ante la posibilidad de que el transcurso del tiempo traiga como consecuencia la pérdida de elementos de prueba. Por lo demás, cabe destacar que el avance de este juicio también entraña un riesgo para la parte actora, toda vez que importa asumir el álea de continuar con la tramitación sin trabar la litis con todos los posibles responsables. Adicionalmente, cabe señalar que el derecho de defensa de la demandada encuentra su debida protección en diversos institutos procesales regulados en la legislación aplicable, que prevé, por ejemplo, la citación de los terceros a cuyo respecto sea común la controversia (arts. 88,90 y cctes., CCAyT), la denuncia de hechos nuevos--- tanto en primera instancia (art. 293, CCAyT) como ante la Cámara (art. 231, inc. 4, CCAyT)--- y la producción de prueba, inclusive con posteridad al dictado de la sentencia de primer grado (art . 231, incs. 2,3 y 4, CCAyT). VII. Es preciso destacar, por último, que la suspensión del dictado de la sentencia, en tanto constituye una alteración del curso regular del proceso, es una norma de excepción y, por tanto, no debe ser interpretada extensivamente sino en forma restrictiva. VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: I. Comparto los argumentos que sustentan el voto del Dr. Horacio Corti, como también la solución que allí se propone, pero disiento -por las razones que señalaré ut infra- del enfoque jurídico efectuado por mi colega en los considerandos II (1 y 2) y III de su fundado voto. II. A efectos de encuadrar idóneamente la acción intentada cabe recordar que, como expone Rivera (conf. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, Tº I, núm. 213, págs. 226/227; en el mismo sentido, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, Tº 1, núm. 215, págs. 153/154), la codificación es el ultimo paso e n la evolución legislativa siendo el Código una ley que se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la sistematización y, para la mayor parte de la doctrina, la exclusividad. Sin embargo, la exclusividad de contenido en la actualidad va siendo dejada de lado, puesto que algunos códigos, además de regular el derecho civil, también legislan el comercial y algunos una sola parte del derecho privado civil y mercantil, como por ejemplo, los contratos. En otras palabras, el principio de exclusividad de contenido no se presenta de manera absoluta en ningún Código y ello sucede, asimismo, en nuestro derecho, en el que el Código Civil argentino contiene numerosas disposiciones relativas a temas diversos y que no sólo regulan las relaciones entre los particulares sino que también resultan aplicables a las de éstos últimos con el Estado. En efecto, el Código Civil contiene numerosas normas destinadas a legislar sobre el Derecho Administrativo; baste, a título de ejemplo, la menci ón de los artículos 33, 823, 912, 1112, 1117, 1442, 1443, 1502, 1810, inc. 2º, 2185, inc. 4º, 2261, 2262, 2339, 2340, 2341, 2342, 2344, 2415, 2572, 2575, 2611, 2637, 2639, 2644, 2646, 2738, 2750, 2839, 3083, 3545, 3589, 3879, 3951 y demás concordantes. A partir de ello y concretamente sobre el tema que nos ocupa -la responsabilidad del Estado- no es posible soslayar la disposición contenida en el art. 43 del Código Civil, en cuanto establece que "[l]as personas jurídicas [entre las que, conforme lo normado por el art. 33 del mismo cuerpo legal, se incluye al Estado nacional, las provincias y los municipios] responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos que no son delitos". Esta norma, cuya actual redacción se debe a la reforma introducida por la ley 17.711, es la lógica consecuenc ia de la evolución jurisprudencial producida desde la época en que el Estado no era responsable por los daños derivados de hechos ilícitos de sus empleados o funcionarios hasta la actual etapa, caracterizada por la plena responsabilidad estatal. La norma transcripta, conjugada con el art. 1113 del mismo texto legal, permite concluir en la responsabilidad del Estado (sea nacional, provincial o municipal) por los hechos de sus administradores, directores o dependientes (1º párrafo), por los daños causados con las cosas (2º párrafo, 1ª parte) o bien por los derivados del vicio o riesgo de las cosas que se encuentran bajo su dominio (2º párrafo, 2ª parte). En esa misma dirección cabe señalar que, aún aceptando la existencia de principios específicos de derecho público, la jurisprudencia ha recurrido en forma permanente al articulado civil en diversos aspectos, corroborando aquel aserto de que el Derecho es un complejo único, pleno e integral, que no admite divisiones en compartimentos estancos o aislados (Trigo R epresas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J., Tratado de Responsabilidad Civil. El Derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, La Ley, Buenos Aires, 2004,Tº IV, pág. 12; conf. mis disidencias en autos "Petrillo, Damián Osvaldo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios" (Expte. Nº: EXP 5628, sentencia del 28/VII/05 y en "Fontana, Ariel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios" (Expte. Nº: EXP 4961), sentencia del 16/VIII/05). En ese sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "[l]a responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácte r exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica" (CSJN en autos "Gunther c/ Gobierno Nacional", del 5/8/86, publicado en ED 120-524). Es que, la unidad de la teoría del responder es una consecuencia lógica de la unidad del ordenamiento jurídico (Kemelmajer de Carlucci, Aída - Parellada, Carlos A., en "Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de la función judicial", en Mosset Iturraspe, Jorge - Kemelmajer de Carlucci, Aída - Parellada, Carlos A., Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad judicial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1986, pág. 24). III. Como consecuencia de lo expuesto precedentemente (consid. II), el instituto de la prejudicialidad -en los términos de la regulación legal contenida en los arts. 1101 y cctes., CC)- resulta aplicable a este caso de manera directa, sin necesidad de efectuar una distinción entre aspectos regidos por el derecho público o por el privado y, por lo tant o, sin acudir al apoyo argumental de la garantía constitucional de la seguridad jurídica. IV. Así las cosas, la suspensión del trámite solicitada por la parte demandada resulta improcedente, debiendo continuar la sustanciación regular de la causa hasta que se encuentre en estado de dictar sentencia (cfr. art. 1101, CC). DISIDENCIA PARCIAL DEL DR. CARLOS F. BALBIN: I. La parte actora promovió esta acción a fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que aduce haber sufrido como consecuencia de los hechos -de conocimiento público- ocurridos el día 30 de diciembre de 2004 en el local denominado "República de Cromañón". En cuanto se refiere a la Ciudad de Buenos Aires (uno de los sujetos demandados), la pretensión tiende a hacer efectiva la responsabilidad estatal fundada en la falta de servicio (fs. 1/27). Lo expuesto precedentemente permite apreciar que esta contienda -en tanto referida a la responsabilidad del Estado- no se halla regida por el derecho privado sino por el derecho público. II. En e l derecho público local no existe una norma que regule la forma de integrar, por un lado, el ejercicio de la acción procesal administrativa y, por el otro, la acción penal. Ante esta situación de indeterminación podría plantearse como solución la integración del ordenamiento con los preceptos contenidos en el Código Civil. La parte demandada funda su planteo dando por supuesta la aplicación de tales normas, pero sin detenerse a explicar razonadamente esa afirmación. El art. 1101, CC, establece que "[s]i la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal". Pero lo cierto es que esta norma -ubicada en el Capítulo IV, 'Del ejercicio de las acciones para la indemnización de los daños causados por los delitos', del Título VIII, 'De los actos ilícitos'--- trata una cuestión específica -responsabilidad civil derivada de los actos ilícitos-, en tanto que la cuestión a resolver compr ende, según ya se dijo, la responsabilidad del Estado. III.1. Ante esta carencia regulatoria expresa (cfr. consid. II) es necesario recurrir a los métodos de integración normativa que, al constituir principios generales del derecho, permiten brindar una respuesta a una situación no prevista expresamente en el ordenamiento legal. En cumplimiento de tal cometido es posible recurrir, en primer lugar, a los principios generales del derecho. En este sentido cabe destacar la garantía de acceso a la justicia (art. 12, inc. 6, CCBA) y el postulado de la tutela judicial efectiva sin restricciones, salvo que surjan de la propia ley y de modo expreso. Ahora bien, uno de los derechos instrumentales que comprende la tutela judicial efectiva es el de obtener una sentencia que resuelva sin dilaciones, en tiempo oportuno y de manera eficaz, las pretensiones de las partes en el marco del proceso judicial. Con respecto a esta cuestión, este Tribunal ha señalado anteriormente que "...el acceso a la jurisdicción supone el derech o de toda persona a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia. Es un deber irrenunciable del Estado el de garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho, por medio de la efectiva prestación del servicio de justicia. Las pretensiones de los justiciables deben encontrar, siempre y en todo momento, un tribunal judicial para sustanciarlas, pues lo contrario implicaría una privación de justicia inconcebible en el marco de un estado de derecho (esta Sala, in re "Latinoconsult S.A., Proel Sudamericana S.A., Arinsa S.A. (U.T.E.) y otros c/ GCBA" -expte. nº 239-); El derecho de acceso a la jurisdicción supone que la decisión judicial sea eficaz y oportuna, es decir, comprende -entre otros aspectos- el derecho a que los conflictos sometidos a conocimiento del Poder Judicial sean resueltos en un tiempo razonable. Al respecto se ha destacado que el particular tiene derecho constitucional a una rápida y eficaz decisión jurisdiccional (dictamen del Procurador General de la Nación en la causa "Tomatti c/ G obierno Nacional", 31/10/77). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha advertido, por su parte, que la garantía de la defensa en juicio "no se compadece con la posibilidad de que las sentencias dilaten sin término las cuestiones sometidas a los jueces, y restrinjan con igual latitud la libre disposición del patrimonio" (Fallos, 269:131), señalando, además, que la indebida prolongación de la tramitación de los juicios desconoce los derechos de las partes y constituye una situación equiparable a la denegación de justicia (Fallos, 244:34; 246:87; 261:132; 265:147). III.2. La resolución de la causa penal puede demorar años y, en tal supuesto, no hay duda que si la tramitación o el dictado de la sentencia en este juicio quedase supeditado a la finalización de aquélla, el pronunciamiento no resultaría eficaz y oportuno y, por lo tanto, no brindaría tutela jurisdiccional efectiva a los derechos comprometidos. La integración normativa, como método jurídico para encontrar la solución de los casos no previstos, no puede realizarse sin atender a la valoración de su resultado desde el punto de vista axiológico. IV. En el contexto descripto, los institutos que -como la prejudicialidad- resultan restrictivos de la garantía de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva sólo son admisibles si están previstos de modo expreso por el legislador, lo cual no ocurre en el derecho local. Así las cosas, corresponde aplicar el instituto de la cosa juzgada, esto es, otorgar prevalencia al criterio del tribunal que resuelva en primer término sobre los aspectos que puedan resultar jurídicamente relevantes en el otro proceso. Más aún, resulta improcedente aplicar por extensión analógica un instituto restricitivo de derechos; y, según lo dicho ut supra, la prejudicialidad resulta restrictiva del derecho del particular a obtener una sentencia que resuelva en tiempo oportuno las pretensiones de las partes en el marco del proceso judicial (tutela judicial efectiva). V. En razón de lo expuesto hasta aquí, teniendo en cuenta que: a) ni nguna norma impide al órgano jurisdiccional avanzar en la tramitación y resolución del proceso, y b) el principio de la tutela judicial efectiva; es preciso concluir que resulta improcedente no sólo la suspensión del trámite solicitada por la parte demandada, sino también la suspensión del dictado de la sentencia. VI. Por lo demás, cabe señalar que si la razón del instituto de la prejudicialidad es evitar el dictado de sentencias contradictorias -aún suponiendo por mera hipótesis su vigencia entre la acción procesal administrativa y la acción penal, ya descartada- no resulta claro por qué la actuación de los magistrados con competencia contencioso administrativa debería quedar supeditada a la actuación previa de los magistrados con competencia penal, en lugar de adoptarse la solución inversa. Dejando a salvo los supuestos en que resulta aplicable el instituto de la cosa juzgada, no parece razonable que se sustancie un proceso a través de todas sus etapas y, luego, al dictar sentencia, el juez deba atenerse a lo decidido por otro magistrado para evitar pronunciamientos contradictorios, incluso, eventualmente, con prescindencia de la prueba producida en el expediente que tramita por ante sus estrados. VII. Lo dicho permite sostener que, con respecto a la cuestión aquí considerada, no se verifican los presupuestos que autorizan a aplicar las normas de derecho común a una situación regida por el derecho público local -ausencia de una norma o principio general propio del derecho público que permita dar adecuada respuesta a determinado supuesto de hecho (caso no previsto), y la necesidad, en tal caso, de integrar la laguna recurriendo a otras ramas del derecho-. En efecto, la existencia del principio referido anteriormente impone rechazar el art. 1101, C.C. y, en consecuencia, aplicar el criterio antes expuesto, es decir, la independencia entre la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad del Estado y la acción penal. VIII. En segundo lugar cabe mencionar, a título de ejemplo, que en el ámbito del d erecho público local existe una norma que -aunque no se refiere a la responsabilidad del Estado sino al ejercicio de la potestad disciplinaria en el marco del empleo público- sigue un criterio similar al expuesto precedentemente. Así, el art. 53, ley 471, de relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, dispone que "La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal. E sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución, dictados en la causa criminal, no habilitan al trabajador a continuar en el servicio si es sancionado con cesantía o exoneración en el sumario administrativo. La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o menor gravedad, luego de dictada la sentencia definitiva". Como puede verse, la norma establece, en principio, la no depende ncia entre el procedimiento disciplinario administrativo, por un lado, y la acción penal, por el otro. En mérito a las consideraciones vertidas, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución apelada en todo cuanto decide y fue motivo de agravio. Con costas a la apelante vencida (art. 63, CCAyT). Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara y devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restantes notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.-