Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


V. DE V., M.

Reg.: A y S t 216 p 33-41.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "V. DE V., M. - Amenazas Coactivas- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 306, Año 2005).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?.

Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Gutiérrez, Vigo, Falistocco, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1.

En autos la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción N 6 de la ciudad de Rosario, atento considerar que la encausada -doctora M. V. de V.- es magistrada judicial (por lo que resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del código de rito, que impide "traerla a proceso" sin previamente tramitar su enjuiciamiento), y que existirían elementos de prueba suficientes para requerir el desafuero de la misma, resolvió "remitir las presentes actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe - Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados - (arts.91 y 98 de la C. Prov.; 11 y 313 C.P.P.S.F.; art.9 de L.O.T. y Ley 7050 y su modificatoria)" (fs. 12, expte.2269/2004).

En virtud de la presentación efectuada por la doctora V. de V. a fs. 14 - renunciando a sus fueros constitucionales-, la causa (que oportunamente había sido remitida a la Corte Suprema a los efectos ordenados a fs. 12) fue devuelta al juzgado de origen tramitándose hasta que finalmente, y mediante resolución de fs. 45/48 v., la Jueza de Instrucción ordenó remitir una vez más las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, suspendiendo las mismas "hasta tanto se expida el Tribunal de Enjuiciamiento", en función de que "existe mérito para procesar a la Dra. V. de V. al asumir una conducta que 'prima facie' corresponde calificar como amenaza agravada".

2.

Deducidos recursos de revocatoria y apelación en subsidio, la Jueza desestimó el primero y concedió el segundo (fs. 51).

Expresados que fueran los agravios respectivos (fs. 81/88) y su contestación (fs. 90/91 v.), la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal revocó la resolución impugnada mediante decisorio de fs. 93/99.

Para así resolver consideró el a quo que no podía desconocerse el carácter irreparable del gravamen que acarreaba la decisión teniendo en cuenta "las medidas previstas por los arts. 12 y 21 de la ley 7050 y modificatoria 11115/94, que impone subsumir el caso en las previsiones del art. 420, inc.2, del C.P.P.", no pudiendo "soslayarse el carácter recurrible de la resolución impugnada, por aplicación de los principios generales y la regla hermenéutica (de) que, en caso de duda, debe estarse por la amplitud recursiva".

Agregó que "el decisorio que encuentra mérito para procesar significa una suerte de auto de procesamiento", en tanto equivaldría a sostener que existen elementos de convicción suficientes para estimar que se ha cometido un delito en que el imputado pudo tener responsabilidad penal; y que si bien no se trataba aquí de un acto de procesamiento "que el Juez de la causa sólo podrá dictar si el Tribunal de Enjuiciamiento decide la destitución del magistrado denunciado", resuelta la destitución del magistrado aquél "estaría en condiciones de dictar auto de procesamiento con los mismos elementos reunidos al tiempo de la remisión de antecedentes al Tribunal de Enjuiciamiento, resolución que sería recurrible y que podría ser revocada por la Alzada, sin posibilidad alguna de restablecimiento al estado anterior", lo cual -insistieron los sentenciantes que hicieron mayoría- "revela incuestionablemente la irreparabilidad del gravamen que sustenta e impone la vía recursiva".

Sentado ello -y tras desestimar la nulidad articulada por la impugnante- ingresó al tratamiento de la apelación, concluyendo en que "no se configura en la especie el delito de coacción", ni tampoco la figura de amenazas (al no resultar suficientemente diáfano que las expresiones atribuidas a la Dra. V. de V. revistieron entidad intimidatoria).

3.

Contra tal pronunciamiento dedujo el señor Fiscal de Cámara recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3 , ley 7.055) agraviándose -en lo que interesa- de que en el caso la Alzada, por la vía de acoger el recurso de apelación deducido contra el decisorio de la Jueza de baja instancia, ha impedido arbitrariamente al Tribunal de Enjuiciamiento que pueda entrar a conocer de un tema de su competencia exclusiva (destitución o no de un magistrado), arbitrariedad que resulta de haberse desconocido que dicha decisión era irrecurrible por no estar comprendida en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 420 del Código Procesal Penal (ni existir previsión específica al respecto en el Título III del Capítulo III del mismo cuerpo legislativo), ni ocasionar ningún perjuicio irreparable para la doctora V. de V., atento a que ésta no había sido procesada por la magistrada de baja instancia (fs. 1/9, expte. C.S.J. Nro. 306/2005).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 12/21), la Sala concedió el recurso interpuesto por auto de fs. 23/28 v., con los fundamentos allí expuestos.

4.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro motivos para apartarme de la conclusión provisional a que arribara la Alzada al conceder el remedio extraordinario, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 32/33.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. Contra la decisión emanada de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario que resuelve "rechazar la nulidad y revocar la resolución puesta en crisis", deduce el Fiscal de Cámaras Nro. 3 recurso de inconstitucionalidad con base en el artículo 1 inciso 3) de la ley 7055.

En su memorial recursivo se agravia sosteniendo que en el caso de autos, la resolución dictada por la Jueza instructora resulta irrecurrible por no encontrarse la misma comprendida en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 420 del Código Procesal Penal, ni tampoco puede entenderse que dicha posibilidad recursiva del Título III del Capítulo III del referido ordenamiento normativo.

Arguye que no resulta acertado considerar, como lo hizo la Sala, que la decisión cuestionada ocasiona a la imputada un gravamen irreparable.

Ello, al menos -añade- desde el punto de vista penal, en tanto la misma no constituye un auto de procesamiento, medida para la cual, dice, el código adjetivo sí prevé la vía recursiva pertinente.

Expone que con la resolución impugnada sólo se trata de anoticiar al Tribunal de Enjuiciamiento a los fines del antejuicio y a los efectos de poder disponer o no la destitución del Magistrado o la denegación del mismo, pero obviamente, en absoluto podrá resolver cuestión alguna que tenga incidencia penal.

Reitera que consecuentemente en el ámbito penal, que es lo que se sustancia en esta causa, no puede hablarse de que la resolución impugnada ocasione un gravamen irreparable desde que no se dispone el procesamiento de la imputada.

En otro orden, considera que la Sala incursiona indebidamente en el tratamiento de la cuestión de fondo cuando concluye que no se configuró, en el caso, el delito de amenazas atribuido a la encartada.

Ello, a su entender, violenta el debido proceso desde que su parte nunca tuvo posibilidad de expedirse -por ejemplo- sobre la suficiencia o insuficiencia del material colectado como para considerar si existía mérito para procesar o no a la Magistrada denunciada, ni sobre la tipicidad o atipicidad del accionar enrostrado.

2. La Sala -por mayoría- decidió conceder el remedio extraordinario interpuesto (fs. 23/28vto.).

3. La confrontación de los agravios esgrimidos por el representante del Ministerio Público Fiscal con los argumentos del decisorio impugnado, refleja que dos son las cuestiones sobre las que girará el análisis del presente recurso.

Por un lado, la referida a la apelabilidad o no de la resolución emanada de la Jueza de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción N 6 ; y, por el otro, lo decidido por la Sala respecto a la tipicidad de la conducta enrostrada a V.de V. 3.1.

Adentrándonos, entonces, en el examen del primero de los tópicos que constituyen el objeto de impugnación, se advierte que el recurrente alude a la imposibilidad de impugnar la decisión que en su oportunidad dispuso "remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia-Tribunal del Enjuiciamiento", con fundamento en que la misma no se encontraba dentro de las previstas en el artículo 420 del Código Procesal Penal.

En tal sentido sostuvo que la referida resolución, al no acarrear dentro de la causa penal un gravamen irreparable para la inculpada pues no implicaba su procesamiento, no podía ser objeto de recurso alguno.

La postulación esgrimida en este sentido no puede merecer favorable acogida, desde que solo gira en derredor de un único eje argumental: tal, el sentido que brindara el Tribunal de Alzada al artículo 420 del código de forma, en cuanto consideró que la decisión apelada le ocasionaba a la encartada un gravamen irreparable y, por ende, resultaba viable el recurso de apelación deducido por la defensa de V. de V.

En efecto, se advierte que la cuestión traída a examen atañe, sin duda, a aspectos vinculados con la interpretación del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas del caso, materia que constituye, en principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa, y por ende, no resulta susceptible de revisión por la vía excepcional intentada, a menos que se demuestre arbitrariedad, es decir, una exégesis irrazonable de la pertinente disposición, circunstancia que en modo alguno el recurrente logra demostrar que haya acontecido en la especie.

Sobre el particular resulta reiterado el criterio de este Cuerpo que, en consonancia con el del más Alto Tribunal de la Nación, considera que no resulta arbitraria la decisión si la inteligencia asignada al precepto en cuestión no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto (Fallos:304:1286).

Tampoco, si la elección resulta una solución posible, apoyándose en razones suficientes (Fallos:304:948; A. y S. T.

171, pág. 368).

En ese orden de consideraciones se ha sostenido que las cuestiones interpretativas frente a la norma legal pertinente pueden dar lugar a una deficiencia exegética que permite distinguir dos tipos de interpretaciones: arbitrarias y no arbitrarias, cada una con distintas manifestaciones.

Evidentemente, sólo las primeras podrán habilitar el recurso de inconstitucionalidad.

Y si bien es cierto que el deslinde entre una y otra no guarda la claridad y precisión que se pueden encontrar en otros temas vinculados a la doctrina de la arbitrariedad, un reencuadre del recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma aconseja reservarlo, conforme con pautas señeras de la Corte, para desaciertos de gravedad extremas que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente para no abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas la decisiones equivocadas (por todos, A. y S. T. 171, pág. 368).

En tal sentido, de la lectura de la decisión impugnada se observa que la Alzada consideró que, siendo el perjuicio, esencial para la existencia del recurso, y la apreciación de su configuración en el caso, una cuestión de hecho, no puede soslayarse el carácter recurrible de la resolución impugnada por aplicación de los principios generales y de la regla hermenéutica según la cual en caso de duda, debe estarse a la amplitud recursiva.

Es que en autos, prosiguió la Sala, no podía desconocerse el carácter irreparable del gravamen que acarreaba a V.

de V.

el decisorio que se impugna si se toman en consideración las medidas previstas en los artículos 12 y 21 de la ley 7050 que impone subsumir el caso en las previsiones del artículo 420 inciso 2) del Código Procesal Penal.

Continuó el Sentenciante, precisando que resuelta la destitución del magistrado, el Juez de la causa estaría en condiciones de dictar auto de procesamiento con los mismos elementos reunidos al tiempo de la remisión de antecedentes al Tribunal de Enjuiciamiento, resolución que sería recurrible y que podría ser revocada por la Alzada, sin posibilidad alguna de restablecimiento al estado anterior.

Ello -precisó el Judicante- revela incuestionablemente la irreparabilidad del gravamen que sustenta, e impone la vía recursiva, no pareciendo razonable negar, por la calidad de magistrado, la apelación que puede ejercitar todo justiciable (fs. 94/vto.).

Frente a estos argumentos, el impugnante esboza los propios tildando de arbitraria la interpretación efectuada por la Sala al haber considerado acreditado el gravamen irreparable que se desprendía del decisorio de la Jueza de grado, mas la detenida apreciación de los mismos permite llegar a la conclusión que aquellos sólo trasuntan una mera disconformidad con la interpretación que del texto legal -específicamente el artículo 420 C.P.P.- hiciera el Juzgador en la resolución atacada y por lo tanto insuficientes para descalificar al pronunciamiento desde una óptica constitucional al no demostrar que la Alzada hubiese propiciado una hermenéutica de la normativa aplicable que exceda los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados con la consecuente conculcación de derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental.

Lo expuesto sella, por ende, la suerte adversa del planteo impugnativo esgrimido en este sentido por el Fiscal de Cámara, por lo que en esta faceta el remedio impugnativo no puede resultar admisible, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General.

4.

En lo que respecta al restante planteo recursivo, esto es lo atinente al análisis que la Cámara efectivizara de la tipicidad enrostrada a V.

de V., en el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055 no encuentro motivos para apartarme de la conclusión provisional a que arriba el A quo al conceder el remedio extraordinario.

Con el alcance asignado, voto pues por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.

A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:

El estudio del expediente me convence de que la impugnación planteada debe merecer favorable acogida por esta Corte, pues si bien los agravios esgrimidos remiten al examen de cuestiones -como lo son las vinculadas a la apelabilidad o inapelabilidad de las decisiones judiciales- que por su naturaleza procesal resultan en principio ajenas a la instancia extraordinaria, no es menos cierto que dicha regla debe ceder cuando, como ocurre en el sub judice, los jueces de la causa han partido de una interpretación irrazonable de las normas en juego y de las concretas circunstancias de autos, adoptando así una solución que no puede ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa (artículo 1, inciso 3 , ley 7.055).

Dicho extremo se verifica debido a la ausencia en el decisorio cuestionado de una argumentación que justifique adecuadamente la premisa sobre la cual se asienta en última instancia la respuesta del a quo, esto es, que la decisión cuestionada por la doctora V. de V. le ocasionaría a la misma un gravamen irreparable susceptible de ser comprendido en el segundo supuesto de procedencia del artículo 420 del Código Procesal Penal, tesis que -si bien se mira- por un lado importó que la Alzada efectivamente se autoatribuyera una competencia (la de dar curso al eventual jury) conferida por la ley 7.050 al tribunal encargado del enjuiciamiento de magistrados, resultado éste que no puede aceptarse en vista de los trascendentes intereses institucionales comprometidos en la materia, cuya ponderación ha sido omitida por el Tribunal a quo no obstante el deber común a todos los jueces de sopesar con sumo grado de prudencia las consecuencias que se siguen de todas sus decisiones (vide Fallos, 320:495, entre otros), extremo al cual se agrega la omisión de hacerse cargo de la naturaleza propia de la resolución apelada, ajena al ámbito del recurso de apelación en tanto ella sólo importaba el acto de "dar noticia" exigido por el artículo 313 C.P.P., materializado por el juez a través de la orden de remisión de "todos los antecedentes que obraren en su poder al Tribunal de enjuiciamiento".

Siendo que tal remisión no afectaba (ni afecta) ningún derecho de la apelante que se discutiese en el proceso, pues -aunque parezca obvio decirlo- la decisión del Juez no importó de ninguna manera su procesamiento, devenía evidente la elemental ausencia de legitimación en cabeza de la doctora V. de V. para cuestionar lo ordenado por el Oficio, como lo pone de manifiesto el hecho de que ella no logra indicar cuál sería el derecho/interés legítimo concretamente lesionado por dicha decisión (lo cual habilita a recordar, rememorando a Rudolf von Ihering, y en un principio que se remonta a los romanos, que "sin interés no hay acción" y que dicho interés "consiste únicamente en que, sin la intervención del órgano público, el actor sufriría un perjuicio" -Alsina, Hugo, "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, Bs. As., 1956, t. I, pág. 393-).

En tales condiciones, no cabe sino dejar sin efecto la decisión impugnada.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1.

Adentrándonos, entonces, al análisis del reproche encauzado a tildar de arbitraria la sentencia impugnada en tanto descarta la responsabilidad penal de la inculpada en el hecho que se le atribuye, se adelanta que el mismo debe prosperar.

En este sentido, de la lectura del decisorio se advierte que sobre esta temática la Sala estructuró sus argumentos en base a la valoración de algunos elementos obrantes en la causa, pero prescindiendo analizar otros cuya relevancia, en el tema, no permitía su soslayamiento.

Este déficit descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, desde que, conforme un criterio afincado de este Cuerpo, "una de las diversas formas o modalidades que puede asumir la doctrina de la arbitrariedad la constituyen aquellas sentencias que omiten tratar y decidir cuestiones oportunamente propuestas y esenciales para el resultado del proceso.

Cuando el decisorio corporiza esa diáfana hipótesis se arriba a la falta de motivación y a la afectación del debido proceso" (por todos, A. y S.

T. 160, pág. 1).

Para corroborar tal aserto, nada mejor que repasar cuales fueron los fundamentos brindados por la Alzada a la hora de analizar la tipicidad de la conducta que se enrostraba a V. de V.

En esa faena, se aprecia que el A quo, en el examen del tipo previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, luego de aludir a la diferencia existente entre el delito de "coacción" y el de "amenazas", precisó que "La finalidad de la coacción es compeler a hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad del paciente, supuestos todos en los que debe mediar colisión de ambas voluntades.

La compulsión debe ser para algo.

Es delito de hecho innominado porque la ley no dice en qué consiste ese algo que el paciente debe hacer, no hacer o tolerar, ni cuál es la finalidad ulterior del sujeto activo, a diferencia de otros delitos.

Pero debe ser algo también determinado y posible".

"Consecuentemente -prosiguió el Sentenciante- debe existir una relación lógica entre ambas proposiciones, la que enuncia el mal prometido y la que explicita ese 'algo' que se pretende imponer al sujeto pasivo, que resulte clara e inequívoca, y que no advierto en el sub lite".

Concluyó, de esa manera, en que la conducta desplegada por la denunciada no podía encuadrarse en la figura típica de coacción, pues "la atenta consideración de la frase expuesta en la denuncia indica que el mal anunciado acaecería 'si a Quique le tienen que cortar la pierna' y no en caso que no se dictara resolución.

No parece dirigida a obligar a la doctora Bustamante -por empleo de amenazas- a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, afectando su libertad de determinación, sino que se asemeja a un reproche por la enfermedad del hijo de la Dra. V.

de V., más allá que pueda considerarse un exabrupto o desacierto que excede el marco de la merituación que corresponde en esta sede" (f. 96).

Descartado así el encasillamiento de la conducta de la encartada en la figura de "coacción", se observa que el Tribunal se avoca -a continuación- a escudriñar si no obstante ello, podía encontrarse configurado el ilícito de "amenazas".

En tal sentido, precisó que "si bien no es necesario que el damnificado resulte efectivamente intimidado 'no es tarea sencilla dar criterios distintivos de la gravedad o lenidad de las amenazas', por lo que deben apreciarse las circunstancias del caso, aunque no existe discrepancia en punto a que no constituyen tales las proferidas jactanciosamente o en un rapto de ira, ni las que constituyen 'un insulto más' no obstante el eventual sentido objetivo amenazante de las palabras".

En definitiva, terminó por desestimar la configuración en la especie del delito de "amenazas", considerando que "generalmente no es posible limitarse a la literalidad de los textos sindicados como la objetivización de las amenazas para detectar y tener por comprobada suficientemente la actividad dolosa, más aún cuando las expresiones se enuncian en un contexto en el que la ofuscación, la ira, el resentimiento...y otros estados emocionales, resultan de trascendente ponderación" (fs. 96vto./97).

Concluyó, de esa manera, en que no podía imputarse a V. de V. la comisión de alguno de los delitos regulados en el artículo 149 bis del Código Penal, por lo que correspondía revocar el decisorio apelado por la defensa técnica de la encartada.

2.

La reseña de las fundamentaciones brindadas por la Alzada me convencen acerca de que, para arribar a tal definición, el A quo prescindió de valorar elementos de confirmación arrimados al proceso que no podían ser obviados en razón la entidad que revestían para resolver la causa.

En efecto, la lectura del decisorio cuestionado deja entrever que el Sentenciante apoyó todo su razonamiento desincriminatorio en dos aspectos: uno, que la frase expresada por la denunciada no perseguía la concreción de un fin que estuviera relacionado con la actividad que desarrollara la denunciante, por lo que cabía descartar, en consecuencia, el tipo de "coacciones", y, el otro, fundado en que no revestían la entidad exigida para configurar el delito de "amenazas" aquellas expresiones que se vertieron como consecuencia de "un rapto de ira" o las que constituían "un insulto más".

Estas precisiones dan cuenta que la Sala, para arribar a la conclusión que llega, omite tomar en consideración diversos elementos de prueba que fueron recopilados en el decurso del proceso y que, a mi juicio, tienen relevancia en la resolución de la causa.

En tal sentido, no se desprende del decisorio impugnado que el A quo haya realizado un análisis integral de la denuncia efectuada oportunamente por la doctora Bustamante ante el Fiscal (f. 2).

Y tal déficit se patentiza no sólo en una ponderación parcial de la frase esbozada por la inculpada, reduciéndola en su contenido -si se confronta con lo relatado en dicho acto que trasluce cómo habría sido percibida por la víctima-, sino que omite también el A quo toda consideración sobre otros elementos de cargo que surgen tanto de dicha acta, como de las posteriores ratificaciones de la misma realizada por la denunciante (fs. 7 y 34) que dejan traslucir una serie de actitudes de la inculpada que fueran puestas de manifiesto tanto con anterioridad como posteriormente al hecho que dio origen a la denuncia.

En ese orden de consideraciones, se observa que en la misma falencia incurre el Sentenciante en el decisorio impugnado pues ninguna referencia efectúa sobre otros elementos de confirmación agregados a la causa que podían aportar datos acerca de cómo habrían acontecido los hechos objeto de investigación.

Tales, la declaración de las personas que habrían presenciado la conversación entre los involucrados en el suceso (fs. 9/vto. y 10/vto.) y lo señalado por la doctora Fornasiari (fs. 21 y 41), datos éstos que no fueron tenidos en cuenta a la hora de evaluar el encuadre legal de la conducta que se estaba investigando.

Lo precedentemente señalado me conduce a concluir que la tesis de la Alzada no fue consecuencia de una apreciación racional de todos y cada uno de los elementos relevantes del proceso, sino que resulta de una lectura fragmentaria del material probatorio aportado a la causa, que descalifica a la resolución impugnada desde la óptica constitucional por no resultar ser derivación razonada del derecho vigente.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.

A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votó en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Vigo, Falistocco, Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas.

Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)