marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, pena, imputado, capacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., A. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Corresponde rechazar el agravio relativo al cuestionamiento de la defensa de la ratificación del monto de pena seleccionado -por excesivo-, basado en que se habría acreditado al menos una disminución en la capacidad de reproche de su asistido que ameritaba la imposición del mínimo legal, desde que no alcanza a perfilar un caso constitucional que habilite la apertura de la instancia excepcional pretendida, puesto que más allá de que no se advierte que este planteo hubiera sido esgrimido por su parte al apelar la sentencia de primera instancia -vedando de esta forma a los Jueces de la Cámara la posibilidad de analizar tal postulación-, de todos modos no logra demostrar con sus agravios la lesión a las mandas constitucionales que invoca -proporcionalidad de la sanción penal-, toda vez que tal alegación se reduce al mero disenso con una materia de derecho común, ajena a la instancia extraordinaria pretendida, salvo casos de arbitrariedad, de cuya concurrencia en la especie no persuade la interesada a este Tribunal, máxime a la luz de los argumentos expuestos por la Cámara al desestimar los agravios relativos a la capacidad del imputado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Er etta)
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, pena máxima eventual, rebeldía, intención de eludir la acción de la justicia, resolución denegatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GODOY, Ramón. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-19

Sin perjuicio de que la escala punitiva prevista para el delito de robo consumado por el que se encuentra procesado el imputado permite la concesión de la excarcelación, la multiplicidad de nombres con los que se encuentra identificado, aunado al hecho de haber sido declarado rebelde, resultan pautas suficientes como para presumir fundadamente que de recuperar la libertad intentará eludir la acción de la justicia (arts. 280 y 319 del C.P.P.N.) (del voto de los Dres. Bruzzone y Rimondi).

El art. 317 en su remisión al art. 316 del C.P.P.N. establece dos condiciones para acceder a la libertad durante el proceso.

La primera, que la pena prevista para el delito atribuido no supere los ocho años. La segunda, no obstante ello, si "prima facie" procederá condena de ejecución condicional; pauta en la que no puede incluirse al imputado en atención a los antecedentes condenatorios que registra (del voto del Dr.

Barbarosch).

Por ello, debe confirmarse la resolución por la cual no se hace lugar a la excarcelación del imputado.
Costas, costas en el orden causado, aclaratoria (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: LIPNISKY, Leonardo J. s/ RECURSO DE ACLARACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-09

La falta de pronunciamiento expreso acerca de la no imposición de costas, deberá entenderse como asignadas en el orden causado, en consecuencia se considera innecesario efectuar la aclaratoria pretendida (*).
Proceso penal, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: P. J. D. c/  s/ HOMICIDIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-11

Si bien la carga de la prueba en el proceso penal incumbe a la acusación, establecida la intervención del imputado en el hecho ilícito -la que es también reconocida por éste, aunque en las circunstancias y con las modalidades descriptas por la defensa-, la pretensión de concurrencia de la causa de justificación invocada -legítima defensa-, no puede apoyarse en la mera afirmación de su existencia, sino que debe ser acreditada por quien la invoca, o bien surgir en forma clara y evidente del plexo probatorio producido en el proceso.

En esa dirección se ha señalado que quien frente a una conducta que se tiene por cierta, invoca la concurrencia de una circunstancia o causal de excepción, merced a la cual se sustraería de la sanción penal, debe demostrarlo (CSJNación, Fallos 303:1065; 301:616; La Ley 1985-B, 520; CSJTuc, "Rodríguez Manuel Hipólito s/ homicidio. Recurso de casación", sentencia n° 434 del 3 de junio de 2002). Pero en este caso no se ha producido ninguna prueba ni se ha ofrecido ningún elemento de descargo que no sea la declaración del imputado al iniciarse el plenario, que tienda a acreditar sus hechos.

DRES.:GANDUR-BRITO-SBDAR.
Homicidio culposo, negligencia
Materia: Penal
Carátula: I. U., J. C. s/ Homicidio Agravado por el Vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-30

Se encuadra la conducta en la de homicidio culposo, en tanto lo caracteriza precisamente la ausencia del ánimo del autor de cualquier voluntad directa, indirecta o eventual de matar o dañar a un tercero, siendo la nota distintiva en autos, la falta de previsión de lo previsible, por deficiencia del intelecto y por la falta de poca atención o reflexión.

La falta de precaución acerca de la naturaleza de lo que hacía o de su resultado posible constituye, sin duda una negligencia o falta de cuidado, por el que el imputado debe responder.
Estado de sitio, suspensión de las garantías constitucionales, suspensión del derecho de huelga, despido con causa, injuria laboral, despido por huelga, cambio jurisprudencial
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA, PEDRO c/ CHRYSLER FEVRE ARGENTINA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-28

La ley 21400, que incorporó a nuestra legislación el tipo de injuria específica con respecto a la huelga, torna inaplicable a los despidos dispuestos por dicha causal toda la jurisprudencia elaborada en torno a la discriminación, antecedentes personales del huelguista y todos los elementos de valoración que antes permitían el artículo 159 de la ley 11729, artículo 242 TORCT. y el artículo 243 de la LCT.
Persona jurídica pública no estatal, defraudación, AFJP, patrimonio
Materia: PENAL
Carátula: Ipiña, Juan Pedro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

El Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados (Pami), como entidad de derecho público no estatal, posee una personalidad jurídica netamente separada de la del Estado. En consecuencia, debe reconocerse que, una vez ingresadas a las arcas de la aludida institución las sumas que aporta el tesoro nacional por diversos conceptos, ellas pasan a integrar su patrimonio, inconfundible con el estado, por lo que la calidad "pública" de los fondos desaparece. Ello lleva a concluir que se incurrió en un vicio " in iudicando" al considerar como circunstancia agravante de la pena la calidad "pública" de los fondos defraudados e impone, también por esta razón, una disminución del "quantum punitivo". (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en minoría-).
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giunti, Liliana c/ Clínica Social San Martín SRL y Ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La declaración de caducidad de instancia deviene violatoria del artículo 313 inc. 3° del ritual, que expresamente descarta su existencia cuando la demora en el dictado de la resolución impulsiva del trámite fuera imputable al Tribunal, sin que a ello se oponga la facultad que en tal caso le asiste a la parte actora de instar su realización, pues ello no puede imputársele como carga, en tanto la propia activación del proceso, desaparece cuando existe un deber del Tribunal o de sus auxiliares, ya que aquélla termina donde empieza la del juez (art. 313, inc. 3° del CPCC.)
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cambronera, Ismael c/ Miguetorena de Barbería s/ Inc. de nulidad de subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

La pretensión de nulidad puede referirse no sólo al acto de la subasta en sí sino también a la existencia de vicios de procedimiento anteriores a su realización. Es así, como el planteamiento no siempre podrá efectuarse hasta los cinco días después de realizada la subasta como reza el art.587 del Código cit., ya que en virtud del señalado carácter del acto procesal, el régimen de la nulidad está dado por dicho art.587, y además por las normas generales de los arts.169 a 174 del mismo cuerpo legal; de modo que si el defecto que se imputa afecta a uno de los actos cronológicamente anteriores al de la realización misma del remate, el plazo para denunciarlo se computa a partir del conocimiento que se tenga de dicho acto (art.170 ap.2 Cód. Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, exclusión de activos y pasivos, acreedores del concurso, AFIP, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Vignolo, Susana Mabel c/  s/ concurso preventivo s/ recurso de queja por afip
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

Si bien desde un estricto marco teórico, resulta cuanto menos opinable el hecho que la peculiar naturaleza de la exclusión de la AFIP a los efectos de la votación de la propuesta interfiera o pueda perjudicarla a la hora de expresar su parecer respecto del mantenimiento de la inhibición general de bienes (conf. LCQ 49, v. en esta orientación, esta Sala mutatis mutandi: "Logística FG SRL s/ conc. preventivo" Expte. COM n° 16230/2015); no obstante, no pueden soslayarse en el caso ciertas notas peculiares que justifican mantener el temperamento adoptado en el grado. A saber, la Administración Federal de Ingresos Públicos consintió la resolución que la excluyó en los términos latos de la LCQ 45 lo que sellaría la improponibilidad de cuestionar tardíamente los efectos jurídicos que conllevan tal decisorio.

Pero más allá de tal nota de corte procesal, en la hipótesis de considerarla habilitada para emitir su conformidad y que dicha acreedora rechazó directamente los términos de la propuesta, lo cierto es que el porcentual del crédito quirografario de la AFIP no modificaría el estado de las cosas hoy imperante. En efecto, su participación no alcanza a alterar la suerte de la propuesta ofrecida y homologada, cuyos términos igualmente habrían de alcanzarla en función de la doble mayoría obtenida legalmente.
Honorarios del abogado, embargo preventivo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MASVENTAS S.A.C.F. c/ GIMENEZ, Miguel Fernando s/ EMBARGO PREVENTIVO-PREPARACION VIA EJECUTIVA-EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-04

Cuando se peticione un embargo preventivo innecesariamente porque puede solicitarse directamente el Embargo Ejecutivo, no procede una regulación de honorarios independiente en calidad de costas. No se lo considera innecesario si fue solicitado en los trámites de la Preparación de Vía Ejecutiva, porque éstos llevan un período de tiempo en donde el actor puede ver frustrado su derecho.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses moratorios, modificación de la tasa de interés
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Consorcio de Propiestarios del Edificio CO-PER-VI c/ I.P.D.U.V. y Villasanti Anastacia s/ Cobro de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-30

Esta sala en anteriores pronunciamientos, y siempre en torno al tema que nos ocupa ha tenido oportunidad de expedirse manifestando: "No obstante consideramos justo dar acogimiento ala tasa de interés pactada expresamente en la cláusula decimoquinta del Reglamento de Co-propiedad, al cual se hallan sujetos en forma voluntaria los consorcistas desde que pasan a formar parte de la Institución, recordando que la ley consagra el respeto pleno de las partes a las obligaciones contractualmente asumidas (art.1197 del Cod. Civ.), pero correspondiendo que los moratorios sean reducidos a un límite máximo del 16% anual, desde que la obligación se tornó exigible y hasta su efectivo pago, conforme criterio sustentado por esta Sala en autos: "Banco Mercantil S.A. C/Camors Luis y otros S/Prepara vía Ejecutiva, Expte. Nro.1786/97 del 29/08/97, en atención a las facultades que nos han sido acordadas a los jueces, para morigerar los intereses excesivos cuando ellos resultan lesivos al orden público, la moral y las buenas costumbres a la luz de las disposiciones legales y la situación económica que vive el país (citado en Sentencia Nro.126 del 23-10-97, en autos: Consorcio de Co -propietarios de calle Mendoza 432 -Rcia. c/Arzamendia Orlando Luis y/o quien resulte propietario s/Ejecutivo, Exp.Nro.2082/97.
Recurso de inconstitucionalidad, planteo en segunda instancia, recurso de queja (procesal), arma de fuego, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Litvac, Claudio Alejandro c/  s/ robo calificado por uso de arma de fuego; portación ilegal de arma de fuego -apelación de sentencia-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-08

No pueden tener favorable acogida los reproches de la presentante relacionados con la categorización del arma de fuego -postulando la defensa que la misma no sería apta para el disparo como sostienen los Sentenciantes- desde que la recurrente se conforma con intentar imponer su propia óptica en relación a una cuestión que ya fuera materia del recurso de apelación, y que mereciera puntual abordaje por parte de la Alzada, quedando tales planteos reducidos, en definitiva, al desacuerdo para con la interpretación que de la normativa en juego con arreglo a las circunstancias del caso realizara el Tribunal.
Seguros, elementos del contrato, interpretación del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORAL, Clemente c/ SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

El contrato de seguro, reconocido por ambas partes, es consensual, se perfecciona por el simple consentimiento de las partes y no requiere pluralidad de ejemplares, lo que constituye una excepción al Código Civil: 1021. Además, todo ello hace del seguro un contrato de "uberrimae bona fidei" por lo cual la extensión de los riesgos y los beneficios otorgados por la póliza deben interpretarse estrictamente debiendo el asegurado obrar de buena fe.
Estado, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CARO, ANGEL ESTEBAN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-04

Es incuestionable el rol del Estado democrático, cuando en situaciones de perturbación económica, social o política que representan máximo peligro para el país, debe poner en vigencia un derecho excepcional, o sea un conjunto de remedios extraordinarios destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema de la constitución requiere. Sin embargo, la validez constitucional de dichas normas sólo rige si aparecen satisfechas ciertas condiciones, pues, cualquiera sea la gravedad de la situación originaria de esas leyes, las garantías constitucionales no se encuentran suspendidas.

Tales recaudos son: a.- Que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b.- Que la ley tenga por finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; c.- Que la duración sea temporal y limitada a plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesario su dictado.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, daño por vicio o riesgo de la cosa, obstrucción de la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: GABRIELO, Lilia Anselma c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Frente a un accidente ocurrido en la vía pública con motivo de la rotura de una alcantarilla, resultan responsables del suceso la Comuna, en su calidad de dueña de la cosa, y la empresa Aguas Argentinas, por estar a cargo del mantenimiento, limpieza y reparación de aquélla.
Responsabilidad de la obra social, diabetes
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: A., Rubén Evaristo c/ Superintendencia de Bienestar-Dirección General de Obra Social s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

La obra social, en el marco del reclamo de la cobertura por la enfermedad de diabetes, debe extremar los recaudos a fin de dar cabal satisfacción a los requerimientos que demanda la correcta atención de la menor enferma de diabetes -arts. 512, 902 y 909 Código Civil-, pues existe una relación que supone una confianza especial, ya que se dedica a la prestación de un servicio de salud, en su posición de experto.
Contrato de trabajo, contribuciones patronales, retención de aportes previsionales, sanciones conminatorias, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ZAPATA, GRISELDA ELIZABETH c/ OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-04

No procede el planteo de inconstitucionalidad del art. 132 bis L.C.T., toda vez que no se observa que este mecanismo compulsivo, tendiente a obtener la efectivización del aporte previsional, afecte un derecho constitucional como el de la propiedad. Como lo ha señalado la CSJN en reiteradas ocasiones, los derechos que consagra la Constitución no son absolutos y deben ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (F: 188:105; 249:252; 250:418; 262:205; 263:231; 308:814; 308:1631); y, por otra parte, la garantía al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional, no está dirigida a proteger las consecuencias emergentes de los propios incumplimientos contractuales. Aún cuando el importe de la sanción en cuestión pueda no guardar estricta proporción con el monto de los aportes, ello no implica que la norma pueda ser objetable constitucionalmente. El dispositivo legal en cuestión no tiene un objetivo resarcitorio (indemnización) en función de la mora por la falta de efectivización de los aportes, sino que es claramente represivo ante un incumplimiento de suma gravedad y fue previsto en el marco de una ley antievasión (25.345), con un delimitado fin fiscalista.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, caducidad de instancia, defensa en juicio, derecho a la sentencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Szelubsky, Jaime y otros c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Si bien lo atinente a la caducidad de la instancia es materia procesal ajena a la vía del art. 14 de la ley 48, tal principio admite excepción cuando el a quo, sobre la base de una interpretación inadecuada de los arts. 483 y 313, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 11 in fine de la ley 23.898, que los desvirtúa y vuelve inoperantes, frustra el derecho del actor a obtener una sentencia que se pronuncie sobre el fondo de la pretensión, con grave lesión del derecho de defensa en juicio (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo R. Vázquez).
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asesoría de Incapaces Nº9 2 c/ A., J. s/ Acción de reclamación de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

La prevalencia de las pruebas biológicas, a tono con los objetivos jurídicos de alto rango en que se sustenta, no puede quedar por entero expuesta a la voluntad del progenitor alegado, quien podría desbaratar todo (interés del niño y del Estado) con el simple subterfugio de negarse a que se le extraiga la muestra hemática correspondiente, aunque con tal fin aduzca que el ejercicio de cualquier compulsión física con dicho propósito implica violentar su derecho a la libertad e inviolabilidad de la persona, ya que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda (Art.19 de la C.N.). Es por ello que, aún respetando lo respetable de tal invocación, la ley erige a dicha renuencia en un indicio o fuente de presunción grave en contrario de la posición que haya sustentado el renuente (Art.4 de la ley 23.511).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Galfredo, Oscar Eduardo c/ Camea S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Los actos procesales preclusos no pueden ser motivo de impugnación ante la Suprema Corte.
Daños y perjuicios, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaga S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Riorca S.R.L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04|1997-04-22

El reclamo indemnizatorio de daños imprevistos en un contrato de obra pública no resulta procedente si se encuentran vencidos los quince días del plazo señalado en el art. 38 de la ley 6021 y decreto reglamentario, ya que los efectos del incumplimiento del plazo legal indicado son fatales y sancionados con la pérdida del derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TACCARI, VICTOR JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS Y/O HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LAS TOSAS s/ AMPARO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 527-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-09

El artículo 3 de la ley 7055, requiere que en el escrito de interposición del remedio extraordinario, se exponga, separadamente, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso, en demostración de la concurrencia en el caso de los requisitos formales necesarios, y sobre la procedencia, explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada. Es decir, que para cumplir este requisito el escrito deberá bastarse a sí mismo. En el sub judice, en modo alguno puede tenerse por cumplida la exigencia del citado artículo, ya que la pieza recursiva no se basta a sí misma y resulta insuficiente en orden a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la normativa enunciada, en tanto -como se anticipó- no contiene una referencia mínimamente ordenada a los antecedentes de la causa que permitan comprender de modo integral la litis sin acudir a los autos principales.
Sucesiones, fuero de atracción, indivisión hereditaria
Materia: PENAL
Carátula: Díaz Clara Marina c/  s/ Homologación de Convenio (Incidente de Competencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-05

Cuando el proceso sucesorio se encuentre concluido y cesado en consecuencia la indivisión hereditaria que justifica concentrar las acciones personales entabladas contra el difunto ante el tribunal de la sucesión, desaparece la causa justificante del fuero de atracción.