marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: PEIRETTI, RICARDO PABLO y otro c/ EN - SPF s/ Ordinario (Incidente de Apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Es improcedente la medida cautelar peticionada en la acción contra el Estado Nacional donde se reclama que se incorpore al haber mensual como sumas remunerativas y bonificables las asignaciones derivadas retirado por los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09, y 2048/09, ya que el peligro en la demora no se presenta de modo flagrante, por un lado porque no se advierte un riesgo que convierta en ineficaz o imposible la ejecución de una eventual sentencia favorable y, por otro lado, porque las consecuencias que podrían derivar para el accionante son de estricto carácter patrimonial, pudiendo obtener, en su caso, la pertinente reparación por el medio procesal idóneo, en el supuesto de que resultase de la decisión final de la causa que la actividad estatal le ocasionó un daño injustificado.
Regímenes jubilatorios especiales, ley derogada, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Carrillo Mario Eduardo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-10

La Ley 24.018 fue derogada mediante el art 1° de la ley 25.668 entre otros regímenes y, posteriormente el Dto. 2322/02 en su Art. 1 observó el artículo 1 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.668 en cuanto dispone la derogación de los artículos 1 a 17 y 26 a 36 de la Ley 24.018. De manera tal que el art. 18 de la ley 24.018 no rige en la actualidad.
Honorarios, regulación de honorarios, sentencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO - MEDIDA INNOVATIVA - GAS DEL ESTADO - RECURSODE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 964-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-02

Si por un olvido, algún decisorio no regulara los honorarios, el interesado puede solicitar que se supla tal omisión, debiendo, entonces, el Tribunal emitir un acto regulatorio ulterior a la sentencia o interlocutorio donde debiera haber estimado tales estipendios. La solicitud del interesado tendiente a que se subsane la preterida regulación de que adolece una sentencia o un interlocutorio, es una suerte de pedido de aclaratoria cuya procedencia abarca la hipótesis de "olvidos" jurisdiccionales (artículo 248, del Código Procesal Civil y Comercial), por lo cual si la resolución aclaratoria participa de los mismos caracteres del decisorio que viene a aclarar y si éste no es susceptible del recurso de reposición (como lo es, ninguna sentencia de mérito o interlocutorio por haber recibido previa sustanciación) tampoco lo será la resolución aclaratoria (en el caso, el auto regulatorio).
Relación de dependencia, simulación, fraude
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ NORA A. Y OTROS c/ CLUB CENTRO RECREATIVO Y/U OTROS s/DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-19

Constituye una obligación para los jueces del trabajo acudir a la pauta de interpretación de los hechos del proceso prevista en el art.14 de la LCT en el sentido de que la apariencia de normas contractuales no laborales no puede impedir la aplicación del régimen protectorio cuando se verifique que bajo ellas subyace en verdad una relación de trabajo dependiente. Es decir que debe aplicarse el principio de la primacía de la verdad real para identificar la figura legal que rige el caso.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, división de condominio, honorarios, aplicación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZEIMA S.A. c/ MINA, SUSAN LICE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-11

Con respecto a la alegada arbitrariedad normativa en lo atinente al rechazo de la postulada estimación de los emolumentos de cada profesional en función del valor de la porción indivisa representativa del interés de su cliente en el condominio, este Tribunal tiene dicho que en un juicio de división de condominio no se demanda el bien objeto del mismo, ni se reclama la porción de cada uno o de todos los condóminos, sino que se pide, de ordinario, sólo la división del bien común, y la sentencia establece la proporción de cada uno de los condóminos, pero no declara derecho de los unos contra los otros. Por ello, partiendo de tal inteligencia, y computando también el principio de proporcionalidad que subyace a lo largo de todo el articulado de la ley arancelaria, se evidencia razonablemente que el interés comprometido en este tipo de litigios se encuentra representado, para cada una de las partes, por la porción indivisa que cada una de ellas pretende, de modo que los honorarios de cada profesional han de regularse sobre el valor de la parte representativa del interés de su cliente -aun cuando las costas hubieran sido impuestas en su totalidad a una de las partes del juicio-. La irrazonabilidad de la solución adoptada por la Sala en este punto se patentiza a poco que se advierta que, en ciertos casos, la regulación podría llegar al absurdo de absorber el valor del interés de alguna de las partes en el condominio, confiscación que no podría justificarse siquiera con el argumento de que el artículo 8, inciso n), de la ley de honorarios profesionales, en su primera parte, establecería para los juicios de división de condominio con controversia -mediante remisión al artículo 6- un arancel calculado sobre el valor total de los bienes, porque incluso aunque la ley fuese inequívoca en tal sentido, la lesión a la garantía de la propiedad existiría igualmente. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi, Falistocco y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Visconti, AyS T 1, p 354/356, del 20/10/1950; AyS T 203, p 317/318; Brandi, AyS T 21, p 444/453, del 23/5/1968. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículos 6 y 8, inciso n
Prueba pericial, pericia contable
Materia: PROCESAL
Carátula: F., C. A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-26

Es criterio sentado de esta Sala que en causas como la que se analiza, donde el debate está dirigido a establecer si procede o no el pago de las diferencias salariales reclamadas el accionante, en el hipotético caso de asistirle razón en derecho a su postura, es imprescindible el auxilio del experto para establecer con datos certeros y de manera fidedigna el quantum debeatur capaz de ilustrar a la Judicatura para cuando debe resolver. Así lo ha prevenido este Cuerpo en diversos fallos.
Depreciación monetaria, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: GUISSON, JUAN PEDRO c/ POLE  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

La Ley de Convertibilidad no puede ser considerada como sinónimo de Constitución Nacional o como derogando el deber de satisfacer intereses por deudas vencidas. En tal sentido, la resolución 6/91 CNAT no es una norma general que modifique la convertibilidad del austral o continúe actualizando sumas adeudadas sino, solamente, la fijación de un criterio jurisdiccional respecto de cuáles intereses corresponden a las deudas luego de la convertibilidad mencionada.
Juicio de desalojo, condominio, intruso
Materia: CIVIL
Carátula: Silva, Emertina c/ Mella, Néstor y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-18

El calificativo de "intruso" no se configura con el sólo hecho de permanecer en el inmueble contra la voluntad de su dueño, sino que requiere también otro elemento que constituye el nacimiento mismo de tal situación, cual es el de introducirse sin derecho o por la fuerza, o por vía de hecho, en el mismo.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, enfermedad profesional, indemnización, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: NOGALO, JOSE c/ SWIFT ARMOUR s/ COBRO DE AUSTRALES - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  471-93) ACEVEDO, IRMA S c/ SWIFT ARMOUR SA s/ QUEJA  POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 541-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-20|1996-09-11

Resulta procedente el recurso extraordinario (ley 7055) interpuesto en tanto en la sentencia impugnada el a quo ha omitido tratar elementos de juicio conducentes y oportunamente propuestos a su consideración y en cuanto expresa, respecto de uno de ellos aplicación del método A M A 79-, fundamentos que sólo en apariencia satisfacen el requisito de la debida motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución Provincial.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Paita, Miguel c/ Sade Ingeniería y Construcciones S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-31

No se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputan al trabajo. La ley solo atribuye la presunción de responsabilidad del empleador cuando el daño es provocado por un accidente de trabajo. Es decir que cuando la enfermedad tiene origen o agravamiento en el trabajo, la vía de atribución es la subjetiva, cupiendo a la víctima y a sus causahabientes acreditar que el empleador actuó con culpa o negligencia, en razón de lo cual se ha producido el daño. La solución sin duda es disvaliosa pero entendemos que es la que resulta de la interpretación de la ley y de los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, prestación de servicios, prestadores médicos, obras sociales
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABRAMOVICH, LEONARDO c/ BARABINI, NORBERTO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-23

La obra social es responsable cuando la atención del paciente no fue adecuada, en tanto evidencia que, en definitiva, no cumplió diligentemente con la obligación que le incumbía de prestar debido amparo a sus afiliados. Es evidente que no efectuó el control, ni la vigilancia que exigía la naturaleza de su obligación, quedando por ende comprometida su responsabilidad.
Caducidad de instancia, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La caducidad de la instancia en los juicios ejecutivos corre únicamente mientras la instancia no quede concluida, y ella concluye, si notificado el ejecutado de la citación de remate, deja de oponer excepciones, se haya dictado o no sentencia y aquélla está o no notificada.
Procesos de conocimiento, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Caledonia Argentina Compañía de Seguros SA  c/ EN-M Economía-DNU 451/22 y otros  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

El voto concurrente del juez Facio apunta que la firma peticionaria no logró acreditar la concurrencia simultánea de los requisitos previstos en el artículo 13 de la ley 26.854 para otorgar una medida cautelar que suspenda los efectos de un acto estatal.
Sucesión testamentaria, nulidad de testamento, testador, capacidad para testar, padecimientos mentales, intervalos lúcidos, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: YEBRA, Marcelo c/ CALVET, Ricardo s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

1- Quien ataca la validez del testamento debe necesariamente demostrar que en la oportunidad el testador no se hallaba en su sano juicio y si en el supuesto especial se llegara a probar ese extremo, incumbe a quien sostiene la validez de acreditar que aquél se efectuó en un intérvalo lúcido.

2- Aún cuando pueda aceptarse que existió decaimiento general en razón de la avanzada edad del testador, debe quedar claramente demostrado que al tiempo de testar, ese decaimiento haya efectivamente ocasionado falta de voluntad, discernimiento y/o libertad en aquél.
Lanzamiento, intruso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FE.ME.SA. c/ Intrusos y/u ocupantes s/ ALLANAMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

No existiendo concesión sobre el inmueble reclamado, resulta inaplicable la ley 17.091, en tanto que la actora manifiesta que se trata de ocupantes ilegítimos que violentaron la puerta de entrada, verificándose la ocupación del inmueble en forma clandestina.
Costas, costas en el orden causado, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Bus, José Ramón y otros c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. "Eugenio C" s/ Cobro salario de asistencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

Costas de ambas instancias por su orden ponderando la naturaleza de las cuestiones propuestas y el hecho de que la procedencia de reclamos como el que aquí se trata queda en gran medida sujeta a la apreciación judicial (artículos 68, segundo párrafo, y 279, Cód.

Procesal).
Obligación de escriturar, título de dominio, sentencia, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: HEREDEROS de J. M. s/ Tercería de Mejor Derecho en Autos "P., R. A. c/ S. E. S. S.A. s/ COBRO DE PESOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-09

La sentencia no ejecutada no es título de propiedad, el que sólo se adquiere una vez que la prestación es cumplida por el condenado o por el juez en sustitución de aquél. Antes de que ello ocurra, no hay derecho sobre la cosa sino un derecho a ello que continúa todavía en el patrimonio del deudor (vendedor condenado).

Además dicha sentencia sólo puede vincular a quienes han sido partes en ese proceso, pero es inoponible a los terceros para quienes la condena es "res inter alios judicata".

De tal modo, la fuerza de "cosa juzgada" no se perjudica entre los litigantes que participaron del proceso anterior, y la ejecución de aquella sentencia, para el caso de ser de imposible cumplimiento, encontraría solución a todo evento en las normas de derecho común que contemplan estas hipótesis (arts. 889, 1187 y conc., C. Civil).
Materia: PENAL
Carátula: CH. J.M., S.R.R. S.D. ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA E.P. CHAR EDUARDO LUIS Y CHAR MIGEUL ANGEL s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-11

La apreciación y valoración de la pena a aplicar, configura una facultad discrecional de los jueces de mérito, y obedece al prudente arbitrio judicial, reservada al órgano jurisdiccional de juicio, en atención a las circunstancias del hecho juzgado y a las condiciones personales del encartado, en razón de la inmediación que éstos tienen con la causa sometida a su conocimiento.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, acción de amparo, inexistencia de otras vías, ejecución fiscal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: "La Moraleja"  S.A. c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Educación  y  Justicia  o  el  que correspondiera) s/ Acción de amparo - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó el amparo si las razones aducidas para demostrar la ineficacia de las vías posibles enunciadas en el recurso, han sido propuestas de manera conjetural y descartando dogmáticamente la posibilidad de que el agravio encuentre reparación en alguna de ellas, tal como acontece con relación al juicio de ejecución fiscal que ha sido descripto prescindiendo de la constante doctrina de la Corte en cuanto a sus alcances.
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, proceso penal, imputado, detención, prórroga de la prisión preventiva, revisión judicial, ley procesal, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TORRES, PABLO ABEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Más allá de que en algún supuesto puede ocurrir que el fiscal pida la audiencia en un tiempo menor al ordinario regulado en el artículo 274 del Código Procesal, o bien que intervenga antes del plazo legal un magistrado en función de algún pedido puntual de la defensa, no puede admitirse que se fije en 72 horas el término ordinario de detención fiscal sin control judicial, disponiendo que éste sea la regla del funcionamiento del sistema, ya que ello desvirtúa sin dudas la exigencia de que el control judicial se efectúe sin demora; por lo que cabe coincidir con el A quo en cuanto a que aquel plazo no puede ser admitido a la luz de las referidas normas de jerarquía constitucional, desde que triplicó el término ordinario de detención fiscal sin control judicial -siendo éste actualmente de 72 horas- de modo que de ordinario y sin que se presente ninguna circunstancia especial la norma habilita a que una persona esté privada de su libertad tres días sin que su situación sea revisada por un magistrado, lo cual actualmente ocurre de manera frecuente y se vislumbra como excesivo e irrazonable. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 274
Sentencia definitiva, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEDE, DANIEL. c/ CERRO CASTILLO. s/ SENTENCIA DEFINITIVA. JUICIO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-03-30

ES DEFINITIVA LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO EJECUTIVO, SI EN AUTOS HA MEDIADO LA ACEPTACIÓN DE UNA EXCEPCIÓN DE PAGO DOCUMENTADO, TODA VEZ QUE LA CUESTIÓN SE HA RESUELTO DE MODO IRREVOCABLE, POR LO QUE NO CABRÍA EL ORDINARIO POSTERIOR POR EL MISMO TEMA.
Hábeas data, prueba de informes, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RICCA, Fernando Jorge c/ ORGANIZACION VERAZ SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Si la prueba informativa colectada permitió acreditar que la inclusión del actor en los registros no obedecía a información falsa o errónea, sino que correspondía a efectivos atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, y la cuestión devino abstracta en virtud de una cuestión extraprocesal -por aplicación de lo previsto por el art. 26 inc. 4 "in fine" de la ley 25.326- esto es, tiempo antes del dictado de la sentencia corresponde que las costas sean impuestas en el orden causado.
Excepción de pago, prueba del pago, recibo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza, Raúl c/ González, Juana s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-12

El deudor que invoque que el hecho extintivo de la obligación, sosteniendo haberse liberado por el pago, debe acreditarlo mediante documentos emanados del acreedor que indiquen cual es la deuda saldada, de modo tal que no queden dudas que aquel se hizo con imputación a la obligación que se ejecuta.
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gonzalez, Juan Carlos c/ Banco de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso amdinistrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-06

La comunicación a través de la carta documento no puede ser considerada una notificación válida si no reune los presupuestos indispensables exigidos por la ley de procedimientos administrativos (arts. 62 y 67 dec. ley 7447/70). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Debido proceso, demanda, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., P.F. c/ N.J.O. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-17

"Debe ser riguroso el criterio de contralor del cumplimiento de los extremos tendientes a asegurar el efectivo conocimiento de la demanda por parte de quien ha sido objeto de emplazamiento porque la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible el proceso".
Expresión de agravios, autosuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: M, O A s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 273-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-15

Pese a la opinión del Fiscal de Cámaras para quien el escrito de la defensa no se ajusta a lo que debe ser una expresión de agravios por no indicar concretamente los puntos de la sentencia con los que se encuentra disconforme, el escrito de la defensa, si bien no puntualiza cuáles son las partes de la sentencia con las que se siente agraviado, reúne los requisitos mínimos e indispensables como para ser considerado una verdadera expresión de agravios, por lo que resulta admisible como tal.
Pena, graduación de la pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Manuel Gabriel y otro s/ Asociación ilícita y robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Dejada sin efecto la declaración de no reincidencia, corresponde modificar la valoración efectuada por el sentenciante para graduar la sanción, pues la reincidencia constituye una circunstancia agravante expresamente prevista por el art. 41 del Código Penal, lo que no implica incurrir en reformatio in pejus toda vez que se trata de un efecto necesario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, pensiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALDONADO VIUDA DE LLANO TERESA ROSARIO c/ LOZA RAMON ENRIQUE Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-24

La indemnización debida por el culpable del daño no puede ser compensada con la pensión que percibe la cónyuge sobreviviente. No puede haber compensación de beneficios por la pensión que proviene del sistema previsional al que todo empleado está obligado a aportar parte del sueldo para que, cuando reúna los requisitos de edad y años de servicio, obtenga la jubilación que no es un beneficio gratuito. La pensión en este caso es el derecho que tiene la cónyuge ante la desaparición del afiliado, y tiene el mismo origen y naturaleza que la jubilación. En cambio, la indemnización debida por el culpable como reparación de un daño, tiene otra causa y no puede confundirse un crédito con el otro. Lo contrario, implicaría beneficiar al deudor al eximirlo de una obligación que nace del ilícito sin que medie causa, ni medio extintivo alguno El rubro que nos ocupa debe ser un capital que, puesto a un interés puro del seis por ciento anual, y tomando en cuenta el tiempo que dicho capital deba agotarse, arroje una renta mensual equivalente y proporcional al importe de lo que percibía la víctima. Esta renta mensual debe disminuirse en proporción a los gastos de la víctima que desaparece.
Empleo público, remuneración, indemnización, cesantía
Materia: LABORAL
Carátula: Vassia Roberto Oscar c/ Gobierno de la Provincia de La Pampa y DPV s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1990-06-30

Salvo ley que expresamente lo autorice, el empleado publico ilegítimamente cesanteado no tiene derecho a reclamar salarios caídos por no haber prestado servicios durante la cesantía, pero puede pedir la reparación integral de los daños y perjuicios que haya sufrido.