Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-17


Buenos Aires,	17	de junio de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Sra. Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas acude en queja ante el Tribunal (fs. 109/117) contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad cuya copia obra agregada a fs. 85/93. Allí, la Fiscal cuestionaba la resolución de la mencionada Sala que declaró, de oficio, la extinción por prescripción de la acción promovida en orden a la infracción prevista en el art. 4.1.22 de la Ley n° 451.

Cabe aclarar que la apelación que habilitó la competencia de la Cámara había sido interpuesta por el fiscal de grado contra la resolución de primera instancia (fs. 41/42), que había declarado la nulidad de todo lo actuado por entender que la Administración había incumplido con el plazo de noventa (90) días previsto en el art. 12 de la Ley n° 1217.

2. La fiscalía, en su recurso de inconstitucionalidad, sostuvo que la resolución de la Cámara no podía ser considerada como un acto jurisdiccional válido y debía ser anulada. Al respecto, señaló que resultaba evidente, por la forma en que emitieron sus votos, que los jueces no habían deliberado entre ellos; que tampoco se había obtenido una mayoría válida dada la disparidad de opiniones habidas y agregó que la interpretación del art. 16 de la Ley n° 1257 efectuada por los jueces Delgado y Manes era contraria a la letra de la ley. Por último, manifestó que no había un caso litigioso en relación a la prescripción de la acción que habilitara la jurisdicción de la Cámara, planteo que ni siquiera había sido tratado en primera instancia. En este sentido, señaló que tal jurisdicción se encuentra delimitada por los agravios introducidos por las partes y que "(.) al no existir una verdadera cuestión constitucional de ninguna disposición legal infringida de la que se derivara una posible lesión a las garantías de esa jerarquía tampoco quedaba abierta la jurisdicción de la alzada para analizar la prescripción de la acción (art. 276 CPPCABA)" (fs. 89 y vuelta). 3. La Cámara lo declaró inadmisible porque entendió que el Ministerio Público Fiscal no se encontraba legitimado para interponerlo y no había planteado un caso constitucional (fs. 102/107).

4. El Sr. Fiscal General Adjunto, al tomar intervención, consideró que correspondía declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y dejar sin efecto el pronunciamiento atacado (fs. 135).

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Como se verá, corresponde hacer lugar a la queja deducida por el MPF, porque muestra comprometida una cuestión constitucional vinculada al invocado exceso jurisdiccional en que han incurrido los jueces de mérito al pronunciarse sobre una cuestión no abordada por la sentencia cuya revisión les fue requerida (art. 106, CCBA).

2. Primeramente, corresponde abordar la cuestión vinculada a la afirmada falta de legitimación del MPF, argumento sobre cuya base el a quo denegó el recurso de inconstitucionalidad que la queja de fs. 109/117 vino a defender.

Los jueces de mérito, por mayoría, postularon la falta de legitimación del MPF desde dos líneas argumentales independientes: (i) la incompatibilidad entre una atribución recursiva de la especie en comentario y la garantía de doble conforme (art. 8.2.h CADH); y (ii) la interpretación de las leyes nros. 1217 y 402.

2.1. En cuanto a lo primero, esto es, que reconocer atribución recursiva al MPF es incompatible con la garantía de doble conforme, basta con señalar que la mentada garantía no es aplicable a procesos de faltas, como el de autos (cf. mi voto in re "Alberganti, Christian Adrián s/ inf. art. 68 CC- apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 3910, resolución del 05/08/2005), más allá de que tampoco es obstáculo al recurso del fiscal en procesos en los que sí rige (V. mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara sudeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Woloszynsky, Sergio Daniel s/ infr. art. 149 bis, amenazas, CP (p/L 2303)'", expte n° 9906/13, resolución del 14/08/2014).

2.2. A su turno, en cuanto a la segunda línea argumental seguida, el a quo entendió que, en tanto la ley n° 1217 reguló las condiciones en que el MPF puede interponer los recursos por ella previstos (apelación, queja, retardo de justicia e inaplicabilidad de ley) -esto es, "[e]l Ministerio Público Fiscal sólo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención en el procedimiento en los términos del art. 41", cf. arts. 56, 58 y 58 de la ley n° 1217- entonces ".no podemos considerar una inconsecuencia o falta de previsión del legislador el no haber considerado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal" (fs. 103 vuelta); y agrega, a renglón seguido, que "[l]a interpretación gramatical aislada de la regla de la ley 402, que no distingue entre las partes, en cambio, conllevaría a que el fiscal pueda interponer un planteo de inconstitucionalidad frente a un fallo de la cámara de apelaciones sin haber intervenido en el procedimiento durante las etapas anteriores, lo que resultaría contradictorio con los requisitos contemplados en los arts. 56, 58 y 59" (fs. 103 vuelta).

El esquema así planteado es insostenible, en tanto las conclusiones que extrae no se apoyan en modo alguno en las premisas de las que afirma partir, resultando el fruto de ello una interpretación que conduce a sustraer del conocimiento de este Tribunal cuestiones cuya resolución la Constitución local, y la ley, le encomiendan.

Veamos:

La ley n° 1217, que regula el proceso de faltas, se ocupa, por decisión legislativa, únicamente de los recursos que las partes pueden interponer ante las instancias de mérito. Así, como señalaron los jueces de mérito, regula los recursos de apelación, queja, retardo de justicia e inaplicabilidad de ley. En este caso, el legislador no ha distinguido entre las partes a los efectos de determinar quiénes pueden plantear los mentados recursos, mas exigió que, si quien pretende ejercer alguna de estas vías recursivas es el Fiscal, debió haber tomado la intervención a que se refiere el anteúltimo párrafo del art. 41. Esa circunstancia, sin embargo, no conduce a negar el recurso de inconstitucionalidad a las partes -cabe señalar que el criterio sentado por el a quo según el cual la ausencia de una previsión específica en la ley n° 1217 acerca del recurso de inconstitucionalidad lo torna inaplicable (porque no se puede presumir una inconsecuencia o falta de previsión del legislador), importa desconocer su viabilidad no solamente cuando venga instado por el MPF, sino también por la Defensa del condenado, puesto que las mismas razones por las cuales los jueces de mérito entienden imposible llenar la supuesta laguna normativa son enteramente trasladables al escenario en que quien recurre fuera el condenado. La ley n° 1217 no regula los recursos cuya resolución compete a este Tribunal (cuestión ésta de la que se ocupan, en cambio, el art. 113 CCBA y la ley n° 402); sin embargo, de ello no se deriva que la falta de previsión en el cuerpo de la ley n° 1217 torne inaplicable la tutela que la Constitución y una ley, reglamentándola, da a los litigantes, en tanto no sean incompatibles, pues, sabido es que no siendo presumible la contradicción o el absurdo en los términos de las leyes, deben ser interpretadas, cuando ello sea posible, de modo que armonicen sus disposiciones (Fallos 214:612), y que la interpretación de la ley debe practicarse computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 255:192; 281:146; 297:142, entre muchos otros) -y, en el ámbito local, con las de la CCBA-.

En este orden de ideas, como se dijo, ambos cuerpos normativos (leyes nros. 1217 y 402) regulan recursos cuya resolución compete a distinta especie de Tribunales, los recursos previstos por la ley n° 1217 se refieren a la revisión de decisiones que compete a las instancias de mérito en el contexto de procesos de faltas, mientras que los previstos por la ley n° 402 involucran recursos cuya resolución compete a este Tribunal Superior. Entonces, es aplicable la regla de acuerdo a la cual la ley general no deroga la ley especial anterior, salvo expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad (CSJN, Fallos 315:274, entre otros). En tales condiciones, ambos cuerpos normativos, son, desde esta óptica, complementarios y no, como supone la construcción argumental del a quo, mutuamente excluyentes.

Sentado lo anterior, en cuanto a la interpretación de las normas locales que regulan la aptitud para instar la revisión extraordinaria local, me remito a los argumentos que desarrollé al votar in re "Ministerio Público -Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Parga, Daniel Ezequiel s/ infr. art. 189 bis, CP, portación de arma de fuego de uso civil", expte. nº 6165/08, resolución del 20/10/2009, que doy aquí por reproducidos y resultan enteramente aplicables con las adaptaciones propias de la circunstancia de que en aquel caso se trataba de un proceso penal, mientras que aquí es uno de faltas, pero cuyo punto en común es que ninguno de los cuerpos normativos (penal para el primero, y faltas para el segundo) contienen una regulación expresa acerca de la legitimación para deducir el recurso de inconstitucionalidad del que se ocupa la ley n° 402, reglamentando la Constitución.

A su turno, los argumentos que ahora brinda la Cámara para denegar recurso al fiscal no permiten apartarse de la interpretación que efectué al votar in re "Parga", citado. Ello así pues el fundamento que el a quo utilizó para desplazar la regla jurídica aplicable, la ley n° 402, consistió en que la mencionada ley n° 402 resultaría incompatible en este punto con las reglas específicas a que está sujeto el proceso de faltas, en tanto no contempla la distinción, que sí refleja la ley n° 1217, en materia de recurso fiscal, entre los supuestos en que el Fiscal hubiera tomado intervención en los términos del art. 41 y aquellos en que no lo hubiera hecho. A este respecto, cualquiera sea el mérito de la elucubración del a quo, la mentada distinción no es atinente pues, a lo sumo, a lo único que llevaría sería a discurrir acerca de si el Fiscal puede deducir recurso de inconstitucionalidad o no en supuestos en los que no hubiera intervenido (único escenario en el que, en la interpretación del a quo, se plantearía una hipótesis de conflicto entre los términos de la ley n° 402 y los de la ley n° 1217). Mas esa, en cambio, no es la situación de autos, en la que no está controvertido que el MPF sí participó en los términos del art. 41 de la ley n° 1417. 3. Sentado lo anterior, conviene, a los efectos de analizar el recurso deducido por el MPF, tener en cuenta algunas cuestiones relevantes y no controvertidas:

(i) la competencia del a quo había sido instada por el MPF, quien aspiraba a que la Cámara revisara la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de todo lo actuado en virtud de que había entendido incumplida la manda del art. 12 de la ley n° 1217.

(ii) frente al recurso de apelación deducido por el MPF, los jueces de mérito, resolvieron "DECLARAR EXTINGUIDA por PRESCRIPCIÓN la acción seguida contra LUIS MARIANO CAPALBO (arts. 14 inc. 2, 15 y 16 del anexo a la ley 451), en orden al acta de comprobación nro. 3- 00306849" (fs. 81 vuelta).

(iii) la sentencia que resolvió en el sentido relatado en el párrafo anterior se compuso con el voto de tres jueces, quienes lo emitieron así: el juez que votó en primer lugar, por confirmar la decisión objetada -encontrando violada la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable- y, para el caso en que su voto no fuera compartido, alternativamente, por declarar prescripta la acción; la jueza que lo hizo en segundo lugar, entendió que cabía revocar la resolución cuestionada en cuanto había declarado la mentada nulidad, mas no lo hizo por coincidir con el juez preopinante en cuanto a que la acción estaba prescripta; finalmente, el juez que votó en tercer lugar disintió acerca de la prescripción de la acción, y votó por confirmar la sentencia de primera instancia.

A su turno, los jueces de mérito, interpretando la resultante de sus votos, han entendido que la solución a la que arribaron consistió en declarar prescripta la acción; ello surge del dispositivo por ellos suscripto, del que se da cuenta en el párrafo identificado como (ii) de este punto; mientras que, siempre de acuerdo a como ellos interpretaron su decisión, entendieron que no habría mayoría para confirmar el pronunciamiento o, al menos, que correspondía preterir la nulidad (cf. fs. 81 vuelta).

4. En el contexto relatado, asiste razón al MPF en cuanto afirma que ese razonamiento llevó a la Cámara a expedirse acerca de cuestiones que excedían en mucho su competencia revisora.

5. La solución parte de la ley.

La ley de procedimiento de faltas n° 1217 (materia ésta sobre la que versa el presente litigio), delimita el campo de procedencia de las vías recursivas y, con ello, el margen de revisión que habilita al Tribunal encargado de resolverlos.

Así, en lo que ahora interesa, el Título III de la ley n° 1217 ("De los recursos") regula los recursos de apelación (capítulo I), de queja (capítulo II) y de inaplicabilidad de ley (capítulo III). En cuanto al recurso de apelación (contexto éste que el a quo estimó propicio para pronunciarse, en instancia originaria y de oficio, acerca de la prescripción que ahora viene controvertida), el art. 56 regula la actuación de la Cámara. Dispone esa norma que "[l]a sentencia definitiva es apelable con efecto suspensivo en los casos de inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa, violación de la ley o arbitrariedad". Radicadas las actuaciones ante la alzada, ésta ".resuelve el recurso en un plazo máximo de diez (10) días" (cf. art. 57).

Varios pasajes de los artículos transcriptos marcan el margen dentro del cual debe desenvolverse la Cámara frente a un recurso de la especie en análisis.

5.1. Las primeras pautas vienen dadas por el art. 56, en dos planos: (i) el relativo al tipo de pronunciamiento contra el cual procede; (ii) la índole de cuestionamientos que contra él puedan deducirse.

Así, la norma procesal indica que solamente son apelables las sentencias definitivas, razón por la cual, como regla, aquello que la Cámara controle será la solución final del pleito.

A su turno, la norma delimita cuáles son las razones que justifican la revisión a cargo de la Cámara de la solución final del pleito (del cual, asimismo, el pronunciamiento del juez a quo constituye per se una revisión de la anterior decisión de la UACF, cf. art. 24 de la ley n° 1217). A este respecto, el art. 56 en comentario señala que el pedido de control de la solución debe venir precedido de la invocación de "inobservancia manifiesta de las formas sustanciales", "violación de la ley" y "arbitrariedad". La norma identifica bajo estas formulaciones los supuestos en que se abre la jurisdicción de la alzada. Identificado temáticamente el ámbito en que opera la Cámara, es claro, a la vez, que dichas temáticas tienen que ser conducentes para revertir la solución resistida. En otras palabras, la inobservancia manifiesta de las formas sustanciales, la violación de la ley o la arbitrariedad que se achaque respecto de la actuación de primera instancia tiene que haber proyectado efectos en la solución, sea porque en ella se reflejan o porque a ella condujeron. De lo contrario, no habría interés en el promotor de la vía recursiva.

Hasta aquí, el artículo en comentario viene a delimitar cuándo puede intervenir la Cámara.

5.2. La segunda norma mencionada, el art. 57, fija qué es lo que debe resolver la Cámara. Literalmente, la cláusula dice que ".resuelve el recurso". No dice, en cambio, que resuelva la causa. Esta distinción, que no es menor, divide las aguas entre aquellas que quedan dentro del territorio de la Cámara de aquellas que no.

De ese texto surge un límite claro a la competencia de la Cámara: únicamente, puede expedirse acerca de aquellas cuestiones propuestas cuyo tratamiento en primera instancia, o la falta de él, ha sido materia de agravio; o aquellas que no habían sido propuestas porque recién aparecieron con la decisión controvertida. En cualquier caso, los agravios contra la decisión de primera instancia (del tenor de los indicados en el art. 56) son los que determinan la competencia de la alzada. Esto es, justamente, el recurso, que debe resolver. No le ha sido, en cambio, asignada la competencia para avocarse al conocimiento de causas en trámite ante primera instancia o para resolver decisiones no recurridas.

5.3. En este escenario opera, asimismo, el art. 33 de la ley n° 7 (ley orgánica del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires), que conduce a la misma solución: "[l]a Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas [. e]s tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo penal, contravencional y de faltas".

A partir de dichas premisas, la medida en que la Cámara tiene competencia para conocer y decidir todas las causas a las que se refiere el art. 106 CCBA viene pautada por el mencionado art. 33 de la ley n° 7 que la sujeta a obrar como tribunal de alzada de las decisiones de los jueces de primera instancia.

La ley califica como "alzada" a la Cámara, en relación a su posición respecto de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia. Según la real academia española, la voz "alzada", de acuerdo a la decimotercer acepción, significa "recurso de apelación en lo gubernativo", mientras que "juez de alzadas" lo define como "cualquier juez superior a quien iban las apelaciones de los inferiores" (www.rae.es). Que sea tribunal de alzada supone, entonces, que su participación viene precedida de la de un juez de primera instancia, materializada en un pronunciamiento que se le pide revisar, pero no cabe hablar de superior en un sentido jerárquico.

La pauta que establece el art. 33 de la ley n° 7 supone, consecuentemente, que la Cámara funciona como instancia revisora. Así, la Cámara sólo es convocada a revisar una decisión que, justamente por ello, obra como presupuesto.

En otras palabras, la competencia de la Cámara delimitada por el pedido de revisión de una sentencia de primera instancia no existe cuando no hay una decisión que revisar.

5.4. En resumen, la medida de apertura de la jurisdicción de alzada depende directamente del recurso. La actuación de la Cámara viene determinada por los agravios que a ella le han sido propuestos. Frente a la ausencia de agravio, la inactividad de la parte, que constituye su manera de ejercer el derecho de buscar reconocimiento en juicio de sus intereses no puede ser suplida por los jueces sin menoscabo de las reglas legales que organizan la jurisdicción, a las que me vengo refiriendo. Al margen de ello, un temperamento que avanzara más allá de los límites que a la jurisdicción ponen las normas que organizan el proceso, adelanto, también afectaría garantías de los sujetos que en él participen, como la defensa en juicio y, eventualmente, la propiedad; suponiendo que la revisión de cuestiones no propuestas no lo sea en desmedro del acusado (escenario en el que, además, entrarían a jugar otras garantías, como el ne bis in idem o la regla que veda la reformatio in peius).

6. Tampoco el CPP (arts. 71 y 73) puede ser leído como enderezado a habilitar la avocación de la Cámara al conocimiento de las causas sujetas a resolución del juez de primera instancia.

6.1. El examen es pertinente, en tanto, como he señalado en otra oportunidad, ".el Código de Faltas, acerca de cuya infracción versa la causa, constituye un campo represivo con características especiales. Ello no importa sostener la tesis según la cual existe alguna naturaleza peculiar de las conductas reprimidas que permita, justifique o, menos aún, imponga distinguirlas conceptualmente de las que constituyen delitos, de manera que quede vedado al legislador (o, en nuestro sistema federal, a legisladores distintos) dar, alternativamente, a una misma conducta tratamiento de falta, contravención o delito. Por el contrario, solamente implica advertir que nuestro legislador, siguiendo criterios habitualmente aceptados, ha reunido en un mismo cuerpo las normas destinadas básicamente a estimular el cumplimiento de otras normas emitidas en ejercicio del poder de policía, y el acatamiento a la autoridad que pone en ejercicio la correlativa función administrativa, mediante sanciones retributivas (acompañadas o sustituibles, según el caso, por el mandato de concurrir a cursos de educación y trabajos de utilidad pública respectivamente). Para aplicar esas sanciones, rigen las garantías del derecho penal [con excepción de la garantía del "doble conforme" (cf. mi voto in re "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC - apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 3910, resolución del 05/08/2005, al que me remito) y el concepto de "[acción], con matices derivados de las características de los bienes tutelados, de la mayor exigencia que justifica la voluntaria incursión de los obligados en determinadas actividades o situaciones, y de la naturaleza de la pena, patrimonial en la mayoría de los casos, o sumamente leve cuando implica algún padecimiento personal." (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", expte. nº 4054/05, resolución del 21/12/2005).

6.2. El art. 71 CPP dice: "Regla general.

"La validez de los actos procesales sólo se podrá cuestionar cuando se pretendiera su utilización por las partes.

"Serán declarados nulos los actos procesales sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de nulidad.

Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de garantías constitucionales" (sin resaltar en el original).

A su turno, el 73 CPP dice: "Declaración de nulidades.

"El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se produzcan en cualquier estado y grado del proceso.

Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas" (sin resaltar en el original).

El art. 71 CPP, mencionado en primer lugar, habilita al Tribunal interviniente a declarar nulidades de oficio de los actos que impliquen violaciones a garantías constitucionales. Esa atribución, empero, no puede ser leída como dirigida a habilitar, en lo que ahora importa, a la Cámara a declarar la nulidad de cualquier acto. Una lectura fuera de contexto puede llevar a confusión. El art. 73 habilita al tribunal a declarar las nulidades que se produzcan en cualquier estado y grado del proceso. Esto significa naturalmente que el tribunal ante el cual se produce la nulidad debe declararla. Si ocurre en primera instancia, será el juez de primera instancia, si ocurre en el curso de una apelación, la Cámara. Hay razones por las cuales no cabe leer que el tribunal de cualquier grado debe declarar la nulidad producida en cualquier grado; ellas tienen que ver con que el art. 73 está en un contexto en el que la sentencia de primera instancia es un acto que se presume válido y que las partes tienen derecho a ver mantenido, sin perjuicio de que pueden usar ese derecho o usar el de requerir la revisión o la nulidad. Sólo el ejercicio de ese derecho suscita la competencia de la Cámara y esa competencia queda delimitada por el derecho de recurrir ejercido por el litigante. La solución consistente en declarar de oficio nulidades producidas en una instancia inferior (en el sentido de que sus decisiones pueden ser revisadas a pedido de la parte legitimada, pero no en el ser subordinada) supone arrogarse un poder jerárquico que el legislador no ha conferido y que no se concilia naturalmente con la organización judicial republicana, que requiere jueces independientes aun de otros jueces. La revisión de las sentencias de unos por otros es resorte de los litigantes.

Cierto es que en ocasiones como la del caso puede ocurrir que la alzada piense que la acción ha prescripto o que por otra razón no deba pronunciarse. Pero eso no la autoriza a asumir una cuestión que incumbe a la primera instancia y que no le llegaría sin el pronunciamiento de esa instancia. Si teme ejercer su jurisdicción en el marco de un proceso que no debe estar en curso por extinción de la acción que lo sustenta, puede a lo sumo devolverlo a la primera instancia para que ella decida si le incumbe ejercer sus potestades.

En otras palabras, la atribución de declarar la nulidad de oficio de determinados actos, no supone la eliminación de los límites que a la competencia alzada ha impuesto la ley.

En este orden de ideas, cuando el art. 71, CPP establece que "[d]eberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de garantías constitucionales", no faculta a reconocer de oficio defectos bajo cualquier circunstancia. Es preciso, en cambio, interpretar esa previsión en el contexto del sistema jurídico del que forma parte y al que busca tornar operativo, a partir del cual no podría, vgr., avanzar sobre la cosa juzgada; así como tampoco, en un sentido más amplio, resucitar por esa vía la jurisdicción agotada o modificar los límites de la intervención suscitada: cuando la ley se refiere a "tribunal interviniente" supedita la revisión a la medida de la intervención, si el Tribunal estuviera convocado a resolver la apelación contra el rechazo de un planteo de prescripción, no podría declarar la nulidad del allanamiento de morada -salvo que ello fuera presupuesto para avanzar en la intervención pretendida, aunque aun en este supuesto, no podría incluso si no estuviera la cuestión subsumida en el planteo formulado-, y si la intervención del Tribunal se hubiera agotado por haber emitido el pronunciamiento que le hubo sido requerido no podría revisar esa decisión, como no podría avocarse al conocimiento de una causa en trámite ante la primera instancia, no podría tampoco arrogarse la revisión de sus propios pronunciamientos, al margen de los supuestos contemplados por la ley, pues la posibilidad de declarar nulidades de oficio no supone eliminar los límites a la jurisdicción de los Tribunales (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Sur de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Romero, Cristian José María s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas, CP (p/L 2303)'", expte. n° 10423/13, resolución del 04/11/ 2013).

A su turno, la sentencia no queda alcanzada por las prescripciones de los arts. 71 y 73 CPP, transcriptos, respecto de la habilitación a declarar de oficio nulidades que la afecten, sino que constituye un acto indisponible para el ad quem, a falta de requerimiento apropiado que lo obligue a emplear sus potestades jurisdiccionales, en cuyo caso debe asegurarse que lo hace válidamente. A este respecto, incluso la circunstancia de que en el ámbito que ahora nos ocupa -esto es, faltas- las normas procesales determinen que solo es apelable la sentencia definitiva (cf. se señaló en los puntos 5 y 5.1 de este voto) importa que todos los aspectos de la sentencia no cuestionados oportunamente han quedado firmes y, por ello, pasados en autoridad de cosa juzgada, aun cuando fueran precedidos de actos a cuyo respecto hubiera podido ser declarada de oficio la nulidad. Ello es así sin perjuicio de la potestad del tribunal de alzada de pronunciarse de oficio respecto de aquellos requisitos de su jurisdicción que, por ser comunes a ambas instancias, hayan quedado explícita o implícitamente resueltos por la sentencia que el superior examina, de un modo que es inaceptable para esa instancia revisora. En este último escenario, si el tribunal de alzada se limitase a no ejercer su propia competencia, por la vía de estimar inadmisible el recurso, estaría poniendo a un fallo que, a su criterio, no debía ser pronunciado, en una posición más sólida que aquel que resuelve un conflicto apropiado para el pronunciamiento judicial. No podría devolver la causa para que se pronunciase el de la instancia cuya decisión está sujeta a la apelación, en tanto la decisión de esa instancia no podría obligarlo a ejercer una jurisdicción que, por hipótesis, entendería que no detenta. El único camino que le queda para no exceder su competencia es anular el producto de la ejercida ultra vires por la instancia a quo.

7. La sentencia tampoco es un acto jurídico alcanzable por una regla como la del art. 1047 del Código Civil según la cual "[l]a nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece manifiesta en el acto. Puede alegarse por todos los que tengan interés en hacerlo, excepto el que ha ejecutado el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede también pedirse su declaración por el ministerio público, en el interés de la moral o de la ley. La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación". No lo es ni podría serlo. Básicamente, porque no se trata de un acto jurídico que emane o pueda emanar de personas privadas sino de un acto de poder público emitido por una autoridad, el juez, que no está sujeto al control jerárquico de otro juez, sea de Cámara o del TSJ. En verdad, el Código Civil no podría alcanzarlo, porque establecer cómo revisar una sentencia es parte del poder conservado por las provincias, según resulta de los arts. 121 y ss. de la Constitución nacional y resguardado por la garantía federal del art. 5 de la Constitución nacional.

El art. 1047 del CC apunta a que una autoridad pública, comúnmente una provincial, no se vea impelida por particulares a respaldar con la fuerza pública el cumplimiento de actos contrarios al orden público. Aquí el acto que el a quo anula -la sentencia de primera instancia- es la expresión misma del orden público, razón por la cual no se lo puede enervar con invocación genérica del orden público sin mostrar que el legislador que lo expresa ha depositado semejante responsabilidad en la Cámara.

Como acto procesal, en consecuencia, las decisiones jurisdiccionales, conjunto del que la sentencia forma parte, quedan sujetas a las vías de impugnación previstas en el código de rito, en el caso las relativas a la revisión de la sanción impuesta por la UACF, las reguladas en el Título III de la ley n° 1217, y las pertinentes de la ley n° 402.

8. Finalmente, el análisis de la competencia que ejerce la Cámara en el marco del sistema jurídico del que forma parte, no puede perder de vista que los procesos tienden a llegar a una cosa juzgada que defina la titularidad del derecho litigioso, esa -la cosa juzgada- es su meta. Los procesos están programados en condiciones en que el arribo a una decisión final sobre la cuestión ventilada constituye su natural desenlace.

Dictada sentencia y salvo los muy escasos supuestos en que, dentro de un plazo brevísimo, en que el juez puede rectificarla, solo el pedido oportuno de parte legitimada puede posibilitar la revisión por el tribunal de alzada.

Desde este enfoque, las reglas a que me vengo refiriendo muestran un modo de poner en acto ideas que están en la jurisprudencia de la CSJN, interpretando la Constitución nacional.

Arribado el proceso a la sentencia definitiva aparece allí una limitación consecuencia de que los derechos reconocidos en esa especie de decisiones firmes y, por ello, pasadas en autoridad de cosa juzgada reciben, en su caso y como principio, la protección del art. 17, CN. Así lo ha señalado la CSJN en innumerables oportunidades, destacando que "[e]l régimen de la cosa juzgada abarca dos aspectos conexos: a) la estabilidad de las decisiones judiciales, que es exigencia primaria de la seguridad jurídica, y b) el derecho adquirido que corresponde al beneficiario de una sentencia ejecutoriada, derecho que representa para su titular una propiedad lato sensu" (Fallos 294:434), pues "[l]os derechos reconocidos por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada quedan incorporados al patrimonio de los interesados y protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional, de modo que no pueden ser privados de ellos sin que se viole el mencionado precepto constitucional" (Fallos 307:1709). Asimismo, cabe señalar que la existencia de la cosa juzgada es una cuestión de orden procesal, por ello, local, y ajena a la competencia extraordinaria de la CSJN (Fallos 160:146, entre muchos otros).

Según la especie de proceso que se trate, se agregan otras vallas a la aplicación de una pauta como la del art. 1047 del código civil, así "[l]os tribunales de apelación no pueden exceder la jurisdicción que les acuerdan los recursos deducidos ante ellos. Dicha doctrina es aplicable en materia civil, con fundamento en la autonomía de la voluntad y en materia penal, en los casos en que existe 'reformatio in peius' en perjuicio del procesado" (Fallos 258:220).

En el ámbito penal, y a favor del imputado, la garantía del ne bis in idem constituye un obstáculo específico. En términos amplios, "[e]l reclamo por el respeto de la cosa juzgada se dirige a lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal, de rango constitucional, y ese derecho federal es susceptible de tutela inmediata, porque la garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho, ya que el solo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado, en tanto el gravamen que es materia de agravio no se disiparía ni aún con el dictado de una ulterior sentencia absolutoria" (Fallos 315:2680). Criterio éste que ha conducido a la CSJN a afirmar en la misma ocasión que "[s]e viola la prohibición de la doble persecución penal, si habiendo sido desvinculado de la causa un procesado mediante sentencia absolutoria, esta decisión fue revisada por el superior tribunal provincial a raíz del recurso deducido por otro coprocesado.".

9. Aplicando las reglas enunciadas al caso, asiste razón al MPF en cuanto señala que la decisión objetada, en cuanto se pronunció acerca de una cuestión que no le había sido propuesta a los jueces de mérito, avanzó sobre un tópico en exceso de la competencia abierta por la apelación que la ley le encomendaba resolver. En esas condiciones, la sentencia de fs. 78/81 revela un exceso jurisdiccional incompatible con el art. 106 de la CCBA, el art. 33 de la ley n° 7 y el artículo 56 de la ley n° 1217, toda vez que, en lugar de revisar la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad de todo lo actuado, la Cámara resolvió de oficio y en instancia originaria declarar la prescripción de la acción, cuestión acerca de la cual, por lo dicho, no podía pronunciarse.

10. Por las razones expuestas, voto por hacer lugar a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal; revocar la sentencia de fs. 74/81; y devolver las actuaciones para que otros jueces se expidan respecto de los agravios planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso de apelación.

11. Finalmente, no corresponde que me pronuncie acerca del resto de las cuestiones planteadas por la recurrente puesto que, más allá de su mérito, dado el sentido de mi voto, el abordaje de dichos planteos se ha tornado inconducente.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado:

1. La queja interpuesta por la Sra. Fiscal de Cámara satisface los recaudos de tiempo y forma fijados en el art. 33 de la ley n° 402, y contiene una crítica suficiente de la decisión interlocutoria que declaró inadmisible la presentación que viene a sostener.

Para denegar su acceso a esta instancia, los jueces a quo mantuvieron que el Ministerio Público Fiscal no estaba legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Explicaron que aunque la LPTSJ no contiene disposición alguna en ese sentido, debía tenerse en cuenta que la ley n° 1217 -cuando fija los requisitos de procedencia de los recursos que interpone el MPF- se refiere únicamente a la apelación, la queja por apelación denegada o retardo de justicia, y el recurso de inaplicabilidad de la ley. Los vocales entendieron que la falta de mención del recurso de inconstitucionalidad en la LPF hacía inviable su interposición por el MPF.

En su presentación directa, la quejosa logra poner en crisis los argumentos reseñados en el párrafo anterior. Allí señala correctamente que, en la resolución que impugna ". no se explica cómo ni por qué la ausencia de mención expresa de la legitimación activa del Ministerio Fiscal en relación al recurso de inconstitucionalidad, sea en la ley 1217 y/o en la ley 402, conduce a denegarle esa legitimación, no alcanzando la categoría de un verdadero razonamiento las meras afirmaciones realizadas acerca de una postura doctrinaria que no es reflejada en la legislación" (fs. 115 vuelta). Y es que tal como lo afirma la recurrente, ". la ley tampoco menciona que pueda recurrir de inconstitucionalidad el infractor, sin que por ello a nadie se le ocurra postular que ello le está vedado" (fs. 116).

Las razones expuestas son suficientes para admitir la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.

Recurso de inconstitucionalidad:

2. El recurso de inconstitucionalidad del Ministerio Público plantea exitosamente una cuestión constitucional ligada a la vulneración de la garantía del debido proceso legal; pues denuncia con acierto que la Cámara se pronunció excediendo los límites de la competencia revisora que el recurso de apelación que tuvo a consideración había habilitado.

Conviene recordar que, aunque al efectuar su descargo el Sr. Capalbo había planteado la prescripción de la acción de faltas (fs. 69/72), el juez de primera instancia resolvió declarando la nulidad del procedimiento seguido contra él (fs. 81/84). Esto motivó la apelación de fs. 54/58 mediante la que el Ministerio Público intentó refutar las razones en las que la declaración de nulidad se había apoyado.

En este escenario, asiste razón a la Sra. Fiscal cuando denuncia que los jueces a quo, cuando declararon la prescripción de la acción de faltas, fallaron una cuestión distinta a la que estaba sometida a su competencia -lo que es suficiente para invalidar el pronunciamiento-, sin escuchar a su parte al respecto. En el caso, y como lo explica la recurrente, existía ". un óbice formal para el tratamiento de la cuestión [de la prescripción] directamente por la alzada: el debido proceso y el principio de legalidad exigían que la cuestión promovida por la parte como excepción (.) fuera resuelta en la instancia preliminar por el juez a quo (art. 46 Ley 1217)" (fs. 88).

3. Para justificar el exceso en el que incurrieron, los jueces de la Sala III sostuvieron que la prescripción de la acción de faltas es una cuestión de orden público, y que ". el examen de la subsistencia de la acción resulta previo a cualquier otro" (fs. 77 vuelta y 80). Su posición se apoya en una particular concepción del régimen de faltas que no suscribo. Como señalé en numerosos precedentes, "[n]o comparto la identificación del derecho de faltas con el derecho penal. Más bien me inclino a entender que, según lo que establecen las leyes nº 451 y 1217, el régimen de faltas integra el sistema sancionador administrativo" (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-'", expte. nº 4054, resolución del 21/12/2005). De allí que la prescripción de la acción de faltas no puede ser declarada de oficio.

4. Por las razones expuestas corresponde admitir la queja del Ministerio Público Fiscal, hacer lugar a su recurso de inconstitucionalidad y devolver las actuaciones a la Cámara del fuero para que jueces distintos de los que intervinieron se pronuncien respecto de los planteos efectuados por la Sra. Fiscal en su apelación. Así lo voto.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. En primer lugar, en cuanto a la ausencia de legitimación del Ministerio Público Fiscal invocada por la Alzada para declarar inadmisible el recurso que esta queja viene a defender, corresponde señalar que el quejoso se hace cargo de manera suficiente de rebatir esta cuestión con argumentos que logran resistir la decisión cuestionada, a lo que se agrega que repetidamente he sostenido que el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad de la ley n° 402, con fundamentos a los que me remito y que resultan aplicables a los casos que tramitan conforme al régimen procesal de faltas en los que el fiscal tuvo intervención en los términos del art. 41, ley n° 1217, como es el caso (ver, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454, resolución del 08/09/10, entre muchos otros, y para los casos de procesos contravencionales, ver, en lo pertinente, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado: en 'Mathews, Margarita Diana s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7738/10, sentencia del 11/10/2011, entre muchos otros). A ello se suma, además, lo expuesto por el señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano, en los puntos 2.1 y 2.2 de su voto, que en lo sustancial comparto.

2. En lo demás, sin perjuicio de los matices que los enfoques que hemos expresado en distintos precedentes a la hora de analizar la gravitación que los principios del derecho penal liberal y garantista puedan tener en el régimen de faltas local (cf. Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-'", expte. nº 4054/05, resolución del 21/12/2005, entre otros) y de la posición que pude haber sostenido en otros votos en los que abordé cuestiones parcialmente próximas a la aquí discutida, el estudio y debate de la cuestión objeto de este proceso me lleva a compartir la postura expuesta en su voto por el señor juez de trámite, doctor Luis Francisco Lozano.

Así lo voto.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1.	La presente queja resulta admisible porque fue deducida en tiempo y forma (artículo 33, ley n° 402) y contiene una crítica concreta de la resolución recurrida.

El Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para deducir recurso de inconstitucionalidad (cf. "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Aman, Horacio Jorge s/ infr. art(s) 150, violación de domicilio'", expte. n° 9179, resolución del 4/12/2013). Ello resulta aplicable, también, al régimen procesal en materia de faltas toda vez que el artículo 125 de la Constitución local dispone que es función del Ministerio Público Fiscal "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad" y, en el caso de autos, su representante (fs. 16) tomó la intervención que la ley procesal respectiva le autoriza para poder recurrir (arts. 41, 56 y 58, ley n° 1217).

A su vez, la impugnante logra plantear un caso constitucional que habilita la competencia de este Tribunal (art. 27, ley nº 402).

La sentencia recurrida afecta gravemente el desenvolvimiento natural que debe imponerse al debido proceso y los límites que establece el principio de legalidad (arts. 18, CN, y 13.3, CCABA). Es dable recordar que "todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado (.) ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución" (cf. CSJN, Fallos 331:2077 y, en el mismo sentido, Fallos 268:266; 299:17; 321:3322).

2. En autos, la juez de primera instancia resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de faltas iniciado al Sr. Capalbo, en virtud de "haberse incumplido la manda del art. 12 de la ley 1217" (fs. 41/42). El decisorio fue recurrido por la fiscalía (fs. 54/58).

A su turno, la Sala III de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas decidió -por mayoría- declarar de oficio extinguida la acción penal por prescripción (cf. art. 15, ley n° 451, fs. 74/82).

Los magistrados argumentaron que se trata de una cuestión de orden público que los habilita a proceder de oficio, que no existe ningún acto procesal con capacidad interruptiva del curso de la prescripción en los términos del art. 16 del Código de Faltas, dado que la audiencia celebrada conforme el art. 18 de esa misma norma constituye un acto de defensa y no tiene previsto aquél efecto (juez Delgado), y que la "citación fehacientemente notificada" a que alude la regla fue perfeccionada con la "entrega en mano" del acta de comprobación al infractor, razón por la cual, al haber transcurrido dos años desde esa oportunidad, la acción se encuentra extinguida (juez Manes).

3. El criterio hermenéutico adoptado por los jueces importa desaplicar una norma vigente en la que inequívocamente corresponde subsumir el caso, por lo que la decisión deviene arbitraria (fallos CSJN 305:2040 y B. 125. XLII. "Baigorria, Gualberto Rodolfo y otros c/ Dirección Provincial de Vialidad y Estado Provincial", sentencia del 6/5/2008, entre otros).

El proceder de los camaristas reviste un exceso de rigor formal a la vez que se aparta de las circunstancias comprobadas en el expediente (Fallos 308:914, 330:4511, 333: 796). La interpretación efectuada en el caso no se ciñe al texto de la ley, en cuanto indica que "la prescripción se interrumpe por la citación fehacientemente notificada, para comparecer al procedimiento de faltas" (art. 16, ley n° 451).

4. En virtud de lo expuesto, voto por i) admitir la queja, ii) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, iii) revocar la sentencia de fs. 74/81, iv) ordenar que otros jueces distintos a los de la Sala III se expidan acerca del planteo formulado a fs. 35/37 y den tratamiento a los agravios introducidos por el Ministerio Público Fiscal en su recurso de apelación.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto (fs. 109/117).

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, cuya copia obra a fs. 85/93, revocar la resolución de Cámara del 01/11/2013 y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que jueces distintos a los que intervinieron se expidan respecto de los agravios planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso de apelación.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

La jueza Ana María Conde no vota por aplicación de la Acordada n° 40/2014.