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Seguros, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Antorcha Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ Bq. "Monte Rosa" - Cap. y/o Prop. Arm. s/ Cobro australes (A2.858.944)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

El artículo 80 de la Ley 17.418 en la parte final de su primer párrafo fija como límite de los derechos que se transfieren del asegurado al asegurador, a raíz de la subrogación que contempla la norma, el "monto de la indemnización abonada", tanto la doctrina, como la jurisprudencia admiten que dicha subrogación incluye el derecho al incremento por depreciación de la moneda. Como señaló el camarista Néstor Cichero en el plenario civil, "Federación Patronal Cía. de Seguros c/Méndez, Evaristo y otro", de 22/9/77, al referirse a la transcripta expresión del artículo 80: "El caso previsto en la disposición es el de que el asegurador sólo pague parcialmente el importe de los daños sufridos, sea por la existencia de franquicias, sea porque el seguro no cubre la totalidad del riesgo sufrido. En tal caso, por cierto, que no podrá pretender el ejercicio íntegro de los derechos y acciones del asegurado, sino sólo por el importe que desembolsó. Ese desembolso le hace adquirir tales derechos y acciones en el mismo carácter a un valor, y no a una suma fija, que el asegurado tenía.
Expresión de agravios, segunda instancia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Chubut c/ Zampierin, Angel s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-29

No es el memorial de agravios la pieza idónea para introducir nuevos planteos que hubieran de proponerse en el correspondiente estadio, impidiendo a esta Cámara la falta de planteo oportuno, acoger su articulación, limitación que impone el respeto al principio de congruencia que como postulado general rige también en la instancia apelatoria.
Fundamentación de sentencias, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GARCIA ROJAS, PLACIDO s/ ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-10

El Juez al dictar sentencia no se encuentra obligado a seguir al defensor en todas sus alegaciones y si éstas son de tal naturaleza que no debieron ser obviadas, a riesgo de vulnerar el derecho de defensa, ellas son susceptibles de ser reparadas por vía procesal y a aquella garantía constitucional, que se vería desmedrada por la innecesaria demora que acarrearía una decisión nulificadora.
Declaración testimonial, imputado no procesado
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, JOSE s/ PRUEBA TESTIGOS.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-23

No procede la declaración testimonial de quien depuso en el proceso a tenor de la segunda parte del art. 236 C.P.C.; pues el imputado no procesado se halla amparado por todas las garantías que consagra el art. 18 C.N., entre las que figura la prohibición de declarar contra sí mismo; situación en que se colocaría a aquél de tener que declarar en "causa propia", obligándoselo bajo juramento a deponer contra sí mismo, bajo la amenaza de violar dicho juramento
Superior Tribunal de Justicia, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, causales de revocación, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Bulit Goñi, Enrique y otro c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Inter Pampas SRL s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

No hay posibilidad de equiparar a definitiva la sentencia que revocó la regulación de honorarios y dispuso que, una vez aprobada la liquidación de los intereses, los honorarios de los letrados deberían ser regulados teniendo en consideración las sumas omitidas. Ello así porque, si bien sienta un criterio que presumiblemente impactará en la ulterior que resuelva finalmente el pedido de regulación, dicha decisión no está completa, no dispone enteramente de la pretensión, sino que el criterio que fija está destinado a integrar una posterior. Y es la espera de esa decisión anunciada lo que asegurará el carácter final del pronunciamiento de este Tribunal en lo que sea propio de su jurisdicción. Entretanto, la espera no genera mal por sí, menos aún uno irreparable. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, jueces, facultades del juez, calificación jurídica, proceso penal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G, H H Y B, M V s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Abandono   de persona agravado por las lesiones y por el vínculo y lesiones   graves calificadas por el vínculo (Expte. CSJ Nro. 161-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

Si el imputado supo desde el primer momento de qué se trataba el proceso en el que se hallaba comprometido y el espectro fáctico que se le imputara, y por ende, tuvo oportunidad de defenderse plenamente tanto material como técnicamente respecto de los hechos atribuidos a lo largo de todo el proceso -toda vez que el acontecimiento histórico como situación de vida ya sucedida por el cual fuera indagado, procesado, acusado y finalmente sentenciado, siempre fue el mismo-, se deriva, pues, de ello, que los vicios acusados trasuntan tan sólo la particular óptica exegética de su defensa acerca de cuáles fueron los hechos atribuidos y no logran traspasar el umbral de la disconformidad de la defensa para con el criterio del Tribunal respecto de la existencia de delito y con la calificación legal seleccionada, materia extraña al recurso de inconstitucionalidad. Así lo ha entendido la Corte local, con remisión a jurisprudencia afincada en el Alto Tribunal en punto a que "la calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate".
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ SOMISA Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Corresponde dejar sin efecto la decisión que hizo lugar a la medida cautelar dando por satisfecho el presupuesto relativo a la verosimilitud del derecho sobre la base de un convenio cuya naturaleza y alcance constituye el meollo de la controversia en la acción principal, de modo que configura un adelanto al resultado sustancial del proceso.
Planteo oportuno, reajuste jubilatorio, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aguirre, Pablino Concepción c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-15

Toda vez que el planteo del accionante referido a la tasa de sustitutividad no fue introducido en la etapa procesal oportuna (demanda, ampliación, contestación de demanda o reconvención), no corresponde que el Tribunal resuelva sobre dicha cuestión (art. 277 C.P.C.C.).
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: VIVAS, RAUL O. c/ PASOS, JULIO C. Y SORIANO, OSVALDO s/ INDEMNIZACION    Y   SALARIOS  LEY  22250  S/INAPLICABILIDAD  DE  LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-08-06

Cuando el art.32 Ley 22250 -ley personal de la industria de la construcción- distingue entre "empresarios", "propietarios" y "profesionales" coincide con la interpretación de que: los propietarios no empresarios, quedan solidariamente obligados, cuando, a pesar de estar construyendo su propia vivienda, utilizan los servicios de contratistas o empresarios de la industria de la construcción. De lo contrario, la incorporación del término "propietarios" como algo distinto a "empresarios" no tendría sentido.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: ADUR NICOLAS EMILIO c/ CARDOZO SILVIO ARMANDO s/ DESALOJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-05-29

Sobre el demandado por desalojo pesa la obligación de restituir el inmueble si la relación entre la persona y la cosa está basada en una relación de dependencia ya que se trata de una relación con la cosa no autónoma, sino vinculada con una relación principal cuya suerte sigue. Es decir, extinguida la relación de empleo se extingue la relación real (con la cosa), naciendo así la obligación de restituirla. Por ello, existiendo para el juzgador plena prueba de la relación contractual de naturaleza laboral entre actor y demandado, la terminación del contrato de trabajo con justa causa o sin ella, produce el cese de los derechos y obligaciones en él.
Accidente de tránsito, culpa, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: GALLARDO, Marcela Carina c/ Carrizo, Jorge Ceferino y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-07-31

La doctrina de la causalidad adecuada receptada en los arts. 901 al 904 del Código Civil, recepcionada también en el art. 906 del mismo cuerpo legal, atribuye la categoría de causa a aquellas condiciones que son generalmente apropiadas para producir el resultado, o sea aquellas condiciones adecuadas al resultado; esa determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias depende de las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es decir de las particularidades del caso; esto significa que, en principio, el damnificado por el daño tiene a su cargo demostrar el nexo causal. Como también no hay relación de causalidad cuando el daño de cuya reparación se trata proviene de una causa ajena al hecho del demandado. De conformidad a esta teoría de la causalidad adecuada adoptada por el art. 906 del C. Civil, las condiciones que operan el resultado dañoso no son todas equivalentes sino de eficacia distinta, de modo que sólo cabe calificar de causas a las dotadas de mayor fuerza productiva.

Así, la relación de causalidad jurídicamente relevante se da cuando el daño se debe a una causa que de acuerdo al orden natural u ordinario de las cosas debía producirlo. Esto conduce a que previamente se efectúe una interpretación objetiva de la previsibilidad o probabilidad del resultado dañoso, siempre tomando en consideración un pronóstico retrospectivo y alcanzada la decisión, se debe considerar si en el caso en concreto se previó o pudo preverse el resultado dañoso, para poder así determinar la culpabilidad.
Embargo, levantamiento del embargo sin tercerías
Materia: PROCESAL
Carátula: NESTOR BARBOZA c/ ROSARIO MENDEZ s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1987-10-08

La resolución que rechaza el pedido de levantamiento liso y llano de un embargo, basada en que el peticionante no ha acreditado su propiedad sobre los bienes, mantiene la cautelar y resulta inapelable; pero le queda al quejoso la vía de la tercería.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, obligatoriedad del precedente, improcedencia del recurso, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Miras, Héctor Guillermo c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-06

Procede confirmar la resolución que desestimó el pago en subrogación del único crédito verificado, que pretendió formular el apelante. Ello por cuanto, en el caso, en la resolución general de la LCQ 361 se ha verificado un solo crédito, y se encuentran en curso la tramitación de cinco incidentes de revisión (entre los cuales se encuentra el del reclamante). Y se verificó, en la especie, la negativa conjunta del acreedor y del deudor, quienes coincidieron en que no se debía aceptar el pago del tercero -CCCN 881-. Y tal oposición, conforme los términos de la ley, sólo podría ceder ante el "tercero interesado", a quien, según se vio, se le permite ejercer el derecho de pagar mediante una suerte de consignación. Pero en el sub lite el peligro de sufrir un daño no proviene del "incumplimiento" de la obligación por parte del deudor, sino frente a una situación distinta. Se observa, entonces, que el riesgo de daño patrimonial que denunció el apelante frente a la posibilidad de que se homologue un acuerdo abusivo o fraudulento y sobre el cual sustentó su posicionamiento para efectuar el pago por subrogación, se desdibuja por encontrarse cubierto por acciones específicas previstas en la LCQ, resultando insuficiente para servir a la calificación de "tercero interesado". Sentado ello, se debe señalar que, a todo evento, la potencial situación de la aprobación de una propuesta abusiva o en fraude a la ley por parte del acreedor originario tiene su pertinente y adecuada protección en la norma concursal -art. 52-4°-. Y uno de los criterios más importantes a tener en consideración para juzgar abusivo un acuerdo, finca en el análisis del trato que dicho acuerdo otorga a los acreedores disidentes, o sea, a quienes no prestaron conformidad, y, sin embargo, resultarían obligados por la voluntad de la mayoría. En ese marco deberá considerar el magistrado la particular circunstancia que el valor del único crédito verificado con derecho a voto es significativamente inferior al quantum que representan los créditos de los acreedores insinuados con incidentes de revisión y verificación tardía; devenir que impone la necesidad del máximo rigor interpretativo de la situación. Así, la noción de abuso no convalidable judicialmente es útil para no dejar desprotegidos a esos insinuados acreedores, de manera que sus derechos no sean afectados de modo injusto.
Recursos, aclaratoria (procesal), sentencia, segunda instancia, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: BAMARSA CIFFIMA SACIFFMA c/ MUJICA, ENRIQUE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

Habiéndose presentado un recurso de aclaratoria equivocadamente en la primera instancia, de donde fue elevado a la alzada (tribunal que pronunció la respectiva sentencia), y verificándose el ingreso a la mesa de entradas de la cámara con posterioridad al vencimiento del plazo establecido por el CPR 272, debe considerárselo extemporáneamente interpuesto.
Servicio militar, objeción de conciencia
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PORTILLO, Alfredo s/ INFRACCION A LA LEY DE ENROLAMIENTO OBLIGATORIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-08

Las fuertes creencias religiosas de un individuo no lo eximen de acatar las normas que lo obligan a cumplir el servicio militar, constituyendo su acción negativa un error evitable acerca de la ilicitud de su omisión, teniendo en cuenta el conocimiento corriente y generalizado que sobre dicha obligación legal ha existido desde hace muchos años.
Prueba testimonial, ratificación de testigos, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Ramón Benedicto y otro s/ Robo calificado por el uso de armas Dacunha Fernández, Francisco y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24|1988-03-29

Si la defensa expresó su disconformidad con el testimonio y el testigo no concurrió al llamado judicial pues se había mudado de domicilio y ello surge del informe policial, del que no sólo resulta la mudanza sino también la concreta y razonable imposibilidad de hecho de lograr la nueva declaración, y no se practicó la información de abono, esa prueba no puede oponerse a la parte que la observó, en el caso la defensa.
Privación ilegal de la libertad, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, violación de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, torturas, falta de atención médica, relación de causalidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

Puesto que las lesiones físicas y síquicas de quien fue torturado en ocasión de ser privado en forma ilegal y arbitraria de su libertad, son consecuencia directa de la falta de atención médica mientras se encontraba detenido, motivando la declaración de responsabilidad internacional de la República Argentina por violación a la Convención Americana, debe el referido Estado brindarle, en forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico que sea necesario en pos de su rehabilitación.
Acción contencioso administrativa, recurso de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telecom Argentina Stet France Telecom SA c/ Dirección General de Rentas (D.G.R.) s/ acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

El recurso de nulidad previsto en el art. 87 de la ley I 95 resulta improcedente contra resoluciones que no entran a conocer sobre el fondo de la cuestión planteada en la demanda, sino que se limitan a resolver la excepción previa de inadmisibilidad, referida al análisis del cumplimiento o no de los requisitos de admisibilidad formal de la acción contencioso administrativa.
Partes del proceso, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Omega Cooperativa de Seguros Limitada c/ La Pradera y Otra y-o Quien Resulte Responsable s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-16

La citación de un tercero a un litigio es optativa para quien considera que la controversia le resulta común al mismo, cual surge del artículo 94 del CPCC al establecer que tanto el actor como el demandado "podrán" solicitar la citación. Como lo enseña Palacio, el instituto de la intervención de terceros se analiza y funciona de distintas maneras según quien sea el que considera que la controversia resulta común al tercero, incluyendo en el tema la posibilidad conferida por el código del rito en su artículo 89 al Juez para que de oficio disponga la intervención de aquél.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, nulidad de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Zaragoza, Ramona de la Paz c/ S.M.A.T.A. - O.S.M.T.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

La supuesta transgresión de los arts.156 y 159 de la Constitución de la Provincia es ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Sucesión testamentaria, testamento por acto público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vega c/ Mercado s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14

Conforme al art. 3651 del C. Civil, el sordo, el mudo y el sordomudo no pueden testar por acto público. Tocante al primero de tales supuestos, la norma halla correlación con la del art. 3658, que impone al escribano, bajo pena de nulidad, la lectura del testamento al testador. Y si bien la prescripción legal ha merecido reparos en la doctrina, nuestra ley no contempla la alternativa de la lectura del testamento por el sordo.

Y cuando para resolver un caso dado, halla el juez la solución en el texto legal, debe aplicarlo estrictamente, sin serle permitido juzgar de la bondad o de la justicia de aquél: las razones teleológicas o las atinentes a la singularidad del caso, no autorizan a decidirlo prescindiendo del derecho que lo rige, por lo que -más allá de la conveniencia o inconveniencia de lo dispuesto por el art. 3651-, el testamento por acto público realizado por el sordo, es nulo en el sistema argentino vigente.
Registro de marca, marcas confundibles, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAS Consultores de Empresas  S.A. c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria Infundada de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

Partidarios de la tesis publicística, por estimar que se halla en juego la tutela del público consumidor, la que no es ajena al propósito de la ley de marcas, son, entre otros: Raymundo L.

Fernández, Juan José Díaz Arena (h) y Jorge Otamendi. Este último reseña las variantes que se observan en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a los criterios antes analizados y sostiene que debe prevalecer la "tesis publicística"; sin embargo, formula dos interesantes acotaciones: a) Siendo la confusión algo tan subjetivo, en muchos casos debe entenderse la falta de oposición como una fuerte presunción de inconfundibilidad, y b) En caso de duda, la autorización de registro debe volcar la decisión hacia la determinación de inconfundibilidad
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EROS S.R.L. EROS S.R.L. c/ MUNICIPIO DE CORRIENTES s/ PREPARA ACCION JUDICIAL:HOY DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-05-08

Si bien las sentencias del Máximo Tribunal no son legalmente obligatorias para los Tribunales inferiores, fuera de las causas en que se existen al menos el deber moral de acatarlas.El Tribunal Superior de la Nación es el interprete final máximo del ordenamiento fundamental del estado; el acatamiento de su jurisprudencia por los demás tribunales asigna previsibilidad al derecho judicial.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, cocaína
Materia: PENAL
Carátula: Cantilo, María y otros s/ Causa 25.477
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Además de la cantidad de sustancia secuestrada - 3,8 gramos de clorhidrato de cocaína en un 40% y dos mil setecientos ochenta troquelados con igual cantidad de N-N dietil lisergamina (n.v. L.S.D.) y la forma en que se hallaba escondida, es indispensable para que se configure el tipo penal de almacenamiento de estupefacientes, que la conducta esté inscrita en un proceso secuencial inequívocamente orientado al comercio, existiendo el propósito de lucrar con ella.

"Los delitos de tenencia para comercialización o almacenamiento de estupefacientes se encuentran previstos en el art. 5to., inc. "c" de la ley 23.737, que prevé, diferentes formas de tráfico ilícito de estupefacientes y entre ellas a la mencionada en primer término. Es por ello, que tanto el almacenamiento como las restantes conductas previstas en el mencionado artículo e inciso, constituyen modalidades de comercio de estupefacientes, sin que la figura se encuentre ligada a la tenencia prevista en el art. 14 de la misma ley.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia, tribunal de enjuiciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Borrazas, Ricardo Juan c/ Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

La competencia que esta Suprema Corte tiene atribuida sobre la materia contencioso administrativa no alcanza a la revisión de las decisiones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, pues no puede entenderse que el magistrado destituido se hallaba ligado a la Provincia por su relación de empleo público y que, por tanto, la situación jurídica vulnerada por la resolución cuestionada quede aprehendida en los términos de los artículos 1 y 28 inc. 3 del Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo en cuanto se refieren a un "derecho de carácter administrativo" (arts. 215 2da. parte Const. prov.; 1, 28 y concds. del CPCA). (Minoría u opinión personal)