marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aduanas, fisco nacional, tributos, prescripción, plazo
Materia: ADUANERO
Carátula: "FERRY LÍNEAS ARGENTINAS SA (TF 13.922-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

La acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco años (art.803 del Código Aduanero) y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (art. 804 del mismo ordenamiento). Por su parte el art.805, inc. a) del C.A. dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario, en la causa que se investigare la existencia de ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (Cons.III).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, contratos, nulidad del acto jurídico, precio, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: TISCORNIA, ATILIO OSCAR c/ ALISERI, SILVIO Y-O ALISERI, ELBA Y-U OTROS s/ RESCISION DE CONTRATO     DA#OS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 008-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-19

No torna admisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad el planteo del recurrente que intenta renovar un debate acerca de lo resuelto por los jueces de la causa, respecto a la interpretación y aplicación del derecho común, que versó sobre el artículo 1165 del Código Civil en el contrato efectuado por un incapaz, que fue declarado nulo pero sin acordarle a ésta el beneficio de restitución del bien objeto del contrato y la consiguiente devolución a la otra parte -capaz- del precio pagado por él, porque se consideró probada la excepción que contempla la citada norma (que el contrato redundó en "provecho manifiesto de la parte incapaz") (artículo 1165 última parte) y una solución distinta, sostuvo la sala, habría consagrado un abuso del derecho.
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Roberto Martín c/ Bagnardi, Martín s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

El concepto de nulidad es, en el plano normativo, lo que el concepto de inexistencia es en el plano de la causalidad. Al mencionar en sentido jurídico que un acto es nulo, se lo está privando de la imputación de las consecuencias que debía producir, conforme a su naturaleza propia. En tal sentido se lo está reduciendo a la nada en el plano del "deber" ser; mientras, la inexistencia del acto sólo puede predicarse en el plano del "ser", del acaecer fáctico causal para aludir al acto, que no ocurrió, que no acaeció. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castellon vda. de Gil, María c/ Quiroga Sergio Armando y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 052)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-28

La indemnización debe prestar oídos a ese dolor concreto. Pero también destaco que el resarcimiento si bien no puede ser irrisorio, tampoco la reparación de este daño a los sentimientos más íntimos, cualquiera sea su jerarquía, puede significar un "cambio de vida" para la víctima o su enri quecimiento, siendo por último un criterio válido, si bien no el único, el de los placeres compensatorios o la posibilidad de lograr con el dinero la satisfacción de ciertas necesidades, criterio éste último congruente con la naturaleza resarcitoria y no punitiva aceptada por la mayoría de la doctrina, de la indemnización en trato.

No cabe desatender las reglas de la propia experiencia y el conocimiento de la realidad, siendo imposible sostener la demasía o insuficiencia de una indemnización sin cotejarla con los valores corrientes de los bienes que permite adquirir
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Celaya Juan Carlos c/ Farina de Celaya Maria A. s/ Rendicion de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

El precepto en cuestión (art.48 CPC) establece una facultad excepcional y, por tanto, de interpretación restrictiva, porque autoriza un apartamiento de las reglas relativas a la representación en juicio.
Unificación de penas, competencia por conexidad
Materia: PENAL
Carátula: N., M.D. s/ Hurto Agravado en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-21

La pluralidad delictiva a cargo de una persona, aunque apareja proliferación de oficios jurisdiccionales que por cualquier razón conocen y deciden en una pluralidad de pronunciamientos, tiene reparación en los institutos de la conexidad y en el de la unificación.
Pesificación, daño material, daño moral
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: SANCHEZ, Juan Pedro c/ MOSTAZO, Javier Marcelo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-04-11

La pesificación frustró el propósito de estabilidad de la moneda y es este el daño indemnizable, conforme las normas y las pautas dadas al tratar el agravio anterior. Salvo que se invoque y demuestre una circunstancia que permita analizar otro daño. Es preciso la prueba del daño y su cuantía, mientras esa prueba no se rinda, no se conocerá el objeto de la reparación, cuya existencia se determina por el perjuicio sufrido.

A su vez, el daño moral cuando no tiene origen en daños físicos o psíquicos, sino en daños materiales debe justificarse acabadamente su existencia. O sea que debido a su carácter resarcitorio, cuando los daños se han producido sobre bienes materiales y no sobre la persona del damnificado, hay que demostrar de que manera se ha podido afectar la moral del reclamante y de que manera puede tratarse de un perjuicio resarcible.
Expresión de agravios, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montaño Loreto, Mario; Machaca, Yolanda Nilda c/ FINANSER S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2002-04-11

Las consecuencias con respecto a la demanda es que el reintegro de los pagos aparece inadmisible por cuanto no se ha demandado la nulidad de los pagos, lo que configura la ausencia del presupuesto esencial para la acción, limitándose el apelante a alegar el exceso en la tasa de interés; agravio real, lo que arrojaría un saldo a su favor; no acreditado. Tampoco procedería la acción de in rem verso pues luego de la deducción de los pagos a FINANSER; excluidos los realizados por IVA y otros rubros no directos del mutuo y los realizados por honorarios, y la morigeración de la tasa de interés, les queda aún un saldo deudor y como contrapartida un saldo acreedor para la demandada. El recurso de apelación en cuanto al rechazo de la demanda debe desestimarse. b.-Las conclusiones asimismo conducen a la revocación parcial de los puntos II y III de la sentencia que hace lugar a la reconvención y condena al pago de la suma de pesos ochocientos cuarenta y seis con cuarenta y ocho centavos por capital, con más intereses y costas, pues la recomposición del mutuo por aplicación del criterio morigeratorio de la tasa de interés y la real imputación de los pagos en función del deber jurisdiccional de adecuar el pronunciamiento a los hechos invocados y acreditados en causa, a la normativa vigente y al estándar de buena fe, moral y resguardo del orden público, determinan la existencia de una deuda por pesos doscientos veintidós con doce centavos por capital, con más intereses al 30 de marzo de 1991.
Tasas de interés, realidad económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SILEONI NORBERTO EN J: SIND. EST. DE SERV. GOM. DE CUYO c/ RIZZO Y SILEONI S.R.L. s/ Ejecución Sentencia (LIBRO: A132 - 340)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-17

Por razones prácticas, dado que es imposible hacer coincidir el "tiempo en que se hace efectivo el pago" -cuando éste aún no se ha realizado-, con el momento en que se práctica la liquidación, se estima que se ajusta a la normativa citada, aplicar la tasa vigente a aquella fecha y no la que regía a la época en que se dictó la sentencia.-
Multa procesal, temeridad o malicia, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreri, Irma Nieves c/ Altamirano, Restituta. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

Los jueces, en ejercicio de su facultad de sancionar todo acto contrario a la lealtad y buena fe exigibles en el proceso, actúan de conformidad a un mandato legal que tiende a preservar intereses superiores de la administración de justicia, en salvaguardia de los litigantes y de la buena marcha del juicio.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: LABORAL
Carátula: Garaventa, José L. y otro c/ Barragán, Ricardo Gaspar s/ Haberes e indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

No procede el recurso extraordinario de nulidad que invoca como omitida una cuestión que fue examinada y resuelta en el fallo, aunque en forma negativa a las pretensiones del quejoso.
Cuestiones de competencia, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Maxiconsumo S.A. c/ Banco Ciudad de Bs. As. s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

A los efectos de determinar si el Banco Ciudad se encuentra comprendido dentro del requisito subjetivo de admisibilidad del recurso ordinario de apelación, es necesario interpretar el sentido que el constituyente le ha dado al término "Ciudad" contenido en el artículo 113 inciso 5 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando la Constitución menciona en su artículo 113 inciso 5) a "las causas en que la Ciudad sea parte", el término "Ciudad" es equivalente a "Estado local", pues claramente no remite a ninguna de las otras dos acepciones con que generalizadamente utiliza el término el constituyente local. Asimismo, corresponde descartar que la referencia comprenda sólo a un poder u órgano del Estado local, ya que la Constitución utiliza términos distintos a éste para señalar sólo a una fracción del Estado. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velazquez, Edmundo c/ Lucesole, Roberto Alejandro y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Si el perito ingeniero actuante determina que hubo destrucción total del automóvil, económicamente hablando (art. 474 Cód. Procesal), no es procedente indemnizar la "privación de uso", que atiende a los daños emergentes de una situación transitoria y no definitiva, como se da en el caso. En este último supuesto, el resarcimiento integral que se establece cubre todo posible perjuicio a su dueño o guardián (arts. 1067, 1068, 1069, 1083 Cód. Civ.).
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUQUE DE CORONEL FELINA c/ DEOLIDEA FERNANDEZ Y OTROS s/ USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-05-26

Para la adquisición del dominio por usucapión no basta que los 3eros.concordaran en que la ocupación fue pacífica, no es suficiente tampoco acreditar el presunto desinterés por el inmueble departe del titular registral; sino que es menester verificar la realización de actos posesorios por la accionante durante 20 años.
Banco central, control de entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, depósito a plazo fijo
Materia: BANCARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Labaque, Felipe c/ B.C.R.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

La garantía de los depósitos se extiende a todos los amparados por el régimen; y como principio, los únicos requisitos exigibles por el Banco Central a los presuntos depositantes son la demostración de la imposición, la declaración jurada -cuya exigencia está autorizada por la propia ley, y cuyo contenido aquél puede cuestionar- y la demostración del origen y disponibilidad de los fondos, en su caso (Fallos 312:723; 315: 2223, entre otros). Los referidos requerimientos no constituyen un recaudo meramente formal sino del medio de poner en funcionamiento la garantía establecida en el artículo 56 de la ley de la materia.
Prueba pericial, derecho a conocer las pruebas en contra, notificación, falta de notificación, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PALOMBO, Luis S.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-18

La remisión de nueva documentación al cuerpo de peritos contadores con la finalidad de concretar el estudio encomendado, implicó de hecho la ampliación de éste y en consecuencia debió ser notificado expresamente a la defensa. Al no haberse dado cumplimiento a ello, se ha violado el principio de debido proceso y de defensa en juicio.
Recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea, plazo, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Amaya, Hernan Orlando c/ Algarrobo S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-09

Habiéndose rechazado el recurso de apelación interpuesto fundado en su extemporaneidad y defectos relativos a la acreditación de la personería, no estamos en presencia de un excesivo rigor formal, pues los plazos procesales están para ser cumplidos como así las formalidades prescriptas por la ley adjetiva justamente en resguardo de la garantía del debido proceso.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ c/ LUIS CURA CONSTRUCCIONES s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-12

La relación de trabajo puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, aún exclusivamente por testigos cuando no existe otra probanza que la complemente o corrobore. Pero, en tal supuesto, las declaraciones deben transmitir la convicción de que son sinceras, para lo que se requiere que los recuerdos sean circunstanciados, amplios, precisos y dotados de una clara razón de conocimientos, libre de contradicciones y sospechas, entre otros requisitos, permitiendo al juzgador formarse una sólida convicción sobre la realidad de los hechos de relevancia decisoria, siendo carga esencial de la parte que aporta el testimonio, el lograr que reúna aquellas cualidades.
Cuestiones de competencia, competencia comercial, pedido de quiebra, competencia criminal, devolución del expediente, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tcherniak, Miguel Claudio s/ pedido de quiebra por: Fernández Dellepiane, Jorge S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Corresponde ordenar la devolución de los autos principales o la remisión de copia autenticada de ellos al juzgado en lo comercial que entiende en el pedido de quiebra ya que la negativa a hacerlo por parte del juzgado de instrucción que los había requerido a efectos de la investigación de un delito importa la subrogación "per se" de un tribunal en las facultades sólo otorgadas por la ley a otro.

A0019341
Contratos administrativos, buena fe
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Empresa   Nacional   de   Telecomunicaciones   (en  liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/ Contrato Administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

Los contratos se celebran para ser cumplidos de acuerdo al principio de la buena fe y sobre tal base deben ser interpretados, así como a través de la conducta adoptada por los contratantes con posterioridad a su suscripción (Fallos: 319:469 y 323:1321) (Del voto del juez Fernández, cons. 7).
Resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Unión Tranviarios Automotor c/ Instituto Provincial de Acción Mutual s/ Amparo. Recurso de queja Severini, Ricardo Enrique c/ Colegio de Martilleros del Departamento Judicial La Plata s/ Amparo Combustibles Vázquez Hermanos S.R.L. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Amparo Sociedad de Fomento Barrio Residencial "Las Dunas" y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo Pergolani, Mario Luis c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29|2000-08-30|2001-10-17|2003-04-23|2004-04-01

Resulta definitiva la sentencia que rechaza "in limine" la acción de amparo cuando lo decidido ha asumido entidad definitiva, ya que ha cerrado de modo total y por un camino indirecto, la vía de amparo que, más allá de las limitaciones que impone su propia naturaleza, tiene gravitación procesal autónoma y por eso mismo resguardable por esta Suprema Corte (arg. arts. 15, 20 inc. 2, 160, 161 inc. 3 b) y concs. Constitución Provincial).
Medidas cautelares, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMA, NOBERTO LUIS s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS- OPORTUNIDAD-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Siendo la instancia judicial "revisora de actos" y estando pendiente un recurso administrativo, es deber del particular peticionar en sede administrativa la medida cautelar (Art. 12 de la ley 19.549 in fine ), y en el caso que sea ésta denegada expresa o tácitamente, acudir a esta instancia solicitando la cautelar correspondiente.-
Inconstitucionalidad, ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Vilches Amelia Maria c/ Cristobal Seguro de Retiro S.A. s/ Medidas Cautelares - Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-23

La excepción contenida en el art. 17.1 de la ley 26.773  violenta el significativo estándar constitucional marcado por la Corte Suprema respecto al trabajador siniestrado o su grupo familiar, el que se asienta en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio "Pro Homine", el Principio de Progresividad y la centralidad jurídica de la persona, es que, al excluir del sistema general a aquellos ciudadanos que sustancialmente pertenecen al colectivo social "siniestrados" que es el que la ley atrapa, les niega con la letra de la ley lo que la letra de la Constitución Nacional y Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos les reconoce y concede.
Delitos contra la humanidad, asociación ilícita, gobierno de facto
Materia: PENAL
Carátula: Colombo, Juan Carlos s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-06

El posicionamiento jerárquico del imputado dentro de la provincia, desempeñando la primera magistratura de facto, pone en evidencia un plus que lo distingue de los restantes miembros de la asociación, por la capacidad de disponer el modo de configurar los diversos ilícitos como asimismo su poder de evitación, interviniendo para impedir su concreción, órdenes éstas que el ejecutor material cumplía por convicción dentro del aparato de poder cuya jefatura en la provincia le pertenecía. En tal contexto, el encartado no pudo desconocer el funcionamiento de un centro clandestino de detención de personas que formaba parte de la institución policial dependiente directamente del ejecutivo provincial. Si no se acreditó el dolo requerido para la configuración del homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para lograr su impunidad, y no cabe duda de que las muertes fueron consecuencia directa y necesaria de las torturas impuestas, los sucesos acreditados no coinciden con los diversos supuestos de hecho descriptos en los respectivos tipos penales previstos en el art. 80 inc. 2, 6 y 7 CP, sino que se subsumen en el tipo penal del art. 144 ter. CP, 1° y 3° párrafos, versión ley 14.616, por ser ésta la ley vigente al momento de los hechos. Las convicciones políticas contrarias al régimen imperante en esa época, que como vínculo podría predicarse respecto de las víctimas del terrorismo de Estado iniciado en 1976, han quedado excluidas de la tipificación del delito de genocidio y por ende del ámbito de protección de la Convención. No cabe extender la responsabilidad del pago de las costas al Estado Nacional pues ello implica poner en cabeza de una persona de existencia ideal que no ha sido sujeto procesal en las actuaciones, una consecuencia jurídica -accesoria a la condena principal- sin haber tenido ninguna intervención en aquel carácter procesal. (Dres. Mitchell, Catucci y Ledesma).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: Laboral
Carátula: Altieri, Víctor c/ Cooperativa Ltda. de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos Asistenciales y Vivienda de Puerto Madryn y-o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-10-29

Ha de decirse que en la cuestión asiste razón a la impugnante, acomodándose su pretensión a la intepretación jurisprudencial del art.

11 de Ley 9688...- ...La base indemnizatoria debe tomarse a valor monetario constante, pues si no estaríamos ante una ficción, y ese valor únicamente puede surgir de actualizar las sumas mes a mes -cuando se cuenta con el dato- o tomar la del último anterior al accidente y desde allí mantener la actualización hasta la fecha del efectivo pago.
Denegatoria del recurso, resoluciones inapelables, decreto de necesidad y urgencia, acción de amparo, cuestiones de competencia, derechos del trabajador, bases para la reconstrucción de la economía Argentina
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación del Personal Aeronáutico c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-29

Cabe desestimar la apelación deducida por la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley 16.986, dado que las resoluciones que tratan cuestiones de competencia son inapelables. A mayor abundamiento, vale decir que es atribución propia de este Tribunal no habilitar la revisión de este aspecto del recurso; ello pues, las acciones de amparo no pueden articular cuestiones de competencia. Se hallan cumplidos los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley 26.854, por lo que cabe suspender los efectos del acto estatal -DNU Nro. 70/2023-, sin sustanciarse el planteo. Así las cosas, la acción instaurada involucra los intereses, derechos y garantías de sectores socialmente vulnerables y los derechos fundamentales de las personas que trabajan, todo lo cual permite tener por configurado el supuesto de excepción referido.
Duración de la instrucción, archivo del expediente, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Latorre, Domingo Sergio s/ infr. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

No existe potestad alguna conferida por el ordenamiento al juez, ni a otro representante estatal, capaz de justificar una inconstitucionalidad declarada en perjuicio del acusado, y destinada a mantener el curso de un proceso penal eliminando la hipótesis de archivo prevista por el legislador, sumado a que no debió soslayarse que el imputado fue quien solicitó el archivo -esto es, lejos de pedir tutela frente a la ley pidió su aplicación- ni que, por tanto, la apelación interpuesta contra el rechazo de su pedido nunca podía suscitar una declaración de inconstitucionalidad que nadie había planteado y que operaba en perjuicio del acusado. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).