marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones civiles, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: CIVIL
Carátula: A., A.D.S. c/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

1- Las sanciones disciplinarias aplicadas por la autoridad competente de una asociación civil a uno de sus miembros, en la medida que no resulten arbitrarias, escapan a la potestad jurisdiccional de revisión. En principio, lo único que la jurisdicción puede revisar son los recaudos extrínsecos de los derechos constitucionales de legalidad, defensa en juicio y debido proceso adjetivo. De tal manera, la arbitrariedad es el criterio que establece hasta donde opera discrecionalmente el poder sancionador del ente societario, que se rige por las pautas estatutarias que dan sentido e inspiran el cuerpo colectivo. Es que la acción judicial no Constituye un recurso en el cual los jueces actúan como tribunal de alzada, sino que se trata de una vía excepcional, limitada al control de legalidad y arbitrariedad. 2- En materia de sanciones disciplinarias aplicadas en el ámbito administrativo no resulta indispensable la previa audiencia del imputado en tanto que éste no haya desconocido los hechos y haya tenido amplia oportunidad para ejercer sus defensas con posterioridad tanto en sede administrativa como en la judicial. 3- Aún frente a la existencia, como en el caso, de panfletos anónimos agraviantes a la persona del socio sancionado, que al ser advertidos por directivos fueron retirados, ello no modifica el legítimo derecho de la Asociación de aplicar sus potestades disciplinarias respecto del socio que, según las pautas de convivencia que en ese ámbito rigen, hubo incurrido en alguna conducta reprochable cuya ponderación y gravedad no compete al órgano jurisdiccional evaluar.
Accidentes de trabajo, asegurador, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: ROJAS CACERES, JUAN c/ SITRA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-31

Es indiscutible que los actos procesales del empleador aprovechan al asegurador y viceversa, en cuanto vinculados con la averiguación de los presupuestos fácticos de la acción indemnizatoria. En consecuencia, basta la contestación de demanda de uno de ellos para generar contradicción y hacer irrelevante la eventual situación de rebeldía del otro. Sin embargo, no es eficaz la contestación de la compaÑía aseguradora que se limitó al cumplimiento meramente formal de la carga de reconocer o negar, art. 331 del CPCCN, sin expedirse respecto de otras afirmaciones de la demanda, respaldadas por prueba documental y relativas a hechos propios de su ámbito.
Cuestión de fondo, límites del pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORBALAN, CARLOS HUMBERTO Y PAHUD, FERNANDO ARIEL c/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-08-20

En cuanto a la procedencia de la cuestión de fondo, siendo que el juez ya se ha pronunciado sobre ella, emitiendo un resolutorio que pone fin al proceso, no corresponde, tal como lo pretenden los actores, volver las actuaciones a la primera instancia para resustanciar la acción intentada. En efecto, tal decisión no importa afectación alguna a la garantía de la doble instancia jurisdiccional por cuanto, aún con fundamentos impugnables, el tema propuesto obtuvo tratamiento en la instancia previa.
Revocación del sobreseimiento, uso de documento falso, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: González Landa, Raúl Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-22

Carece de la debida fundamentación el sobreseimiento dictado, ya que la mera referencia a la versión expuesta por el propio imputado en cuanto a la exhibición de un documento por parte de la persona que se presentó, según el escribano, diciendo que era la madre del denunciante, no resulta suficiente para concluir en esta etapa de la investigación realizada, que el escribano fue inducido a error en cuanto a la verdadera identidad de esa mujer, máxime teniendo en cuenta que el a quo no se ocupó -aunque fuera para rechazarla- de la interpretación que formuló el apelante de los artículos 1001 y 1002 del Código Civil, vigentes al momento del hecho, en conexión con la específica situación fáctica configurada en el caso sub examine, que autorizarían a evaluar que el notario no habría cumplido con los lineamientos legales que se le imponían en la ocasión y que le exigían una actuación rigurosa a los fines de dar fe de conocimiento de la identidad de una persona en el acto del que se trató.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración, reclamo salarial, Administración Pública, facultades discrecionales, política salarial, sentencia, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, registro del estado civil y capacidad de las personas, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acosta, Cornelia Teresa y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 185-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-26

Corresponde declarar procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto y condenar a la Provincia al pago de las diferencias que en su caso resulten desde la fecha en que se amplió el reclamo e invocó el hecho nuevo consistente en la suscripción del Acta N 2, sin que ello implique pronunciamiento acerca del alcance del reconocimiento que se postula, ni sobre la incidencia que en él puedan tener las pruebas rendidas en la causa, cuestiones que deberán dilucidarse en la etapa de ejecución de sentencia, guardando la cuestión sustancial similitud la resuelta por la Corte en la causa "Abrigo" en la cual concluyó que, para la determinación de la base inicial de la nueva política salarial, debía estarse a lo que hubiera correspondido por aplicación plena del artículo 85 del decreto acuerdo 2695/83 -agotándose con su aplicación al 1-10- 1987- y, en consecuencia, los aumentos de haberes que, con posterioridad a esa fecha, pudiese haber recibido el personal del Poder Judicial, ninguna incidencia tendría en los salarios de los agentes del Registro General.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Sardagna, Julio J. s/ denuncia extorsión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Si el conflicto de competencia debe ser dirimido atendiendo a razones de economía procesal y facilitar el buen servicio de justicia, debe asignarse a la justicia provincial donde se llevó adelante la investigación complida y en cuya jurisdicción se domicilian la víctima y los testigos.
Escritos judiciales, presentación en distinta secretaría
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bengolea, Carlos Alberto c/ SOMISA s/ Fijación y cobro de honorarios por trabajos extrajudiciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Si la alzada tuvo en su poder el escrito (presentado en término erróneamente en primera instancia) antes de declararlo extemporáneo, argumentar su ineficacia por el solo hecho del error material incurrido y privar a una parte de la posibilidad de un recurso de apelación útil frente a una sentencia que entiende la perjudica, sería llevar a la norma procesal del artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial a un resultado que diverge de su contenido tuitivo de los derechos y que, por eso mismo, se volvería ritual. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, ejecución fiscal, multa administrativa, Instituto Nacional de Estadística y Censo
Materia: PROCESAL
Carátula: I.N.D.E.C. c/ LABORATORIOS YLANG S.A. s/ EJECUCION FISCAL"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Es competente el fuero Cont. Adm. Fed. y no el Civil y Com. Fed.

para entender en la ejecución fiscal de la multa administrativa impuesta por el I.N.D.E.C. en el marco de la ley 17.622.
Sentencia, cuestiones prejudiciales, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

Absuelto el acusado por falta de culpa en sede penal, nada impide que pueda ser hallado responsable por la justicia civil; ya que no se trataría en ese caso de la existencia o inexistencia del hecho ilícito en sí, sino de la imputabilidad del demandado en cuanto a su producción; y sólo cuando la absolución del acusado se funda en la inexistencia del hecho que se enrostra (o en la ausencia de autoría sobre el mismo hecho), ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil.
Código de edificación, Código de Faltas de San Juan
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, DOMINGO RAMON s/ INFRACCION ARTICULO 75 DEL CODIGO DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-22

El Código de Edificación de San Juan preceptúa que toda obra iniciada en la provincia debe contar con los respectivos permisos y planos aprobados por el organismo de aplicación. El art. 75 del Código de Faltas sanciona a quien no observa una determinada disposición legalmente dictada. El precepto legal es público y conocido, por lo que no cabe la ignorancia como excusa.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ MARIA MERCEDES c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-26

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico.
Prescripción de la pena, notificación, defensor, personas privadas de la libertad, sentencia firme, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: BRITO DEL PINO, ANDRES P. s/ PRESCRIPCION - PENA - NOTIFICACION AL DEFENSOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-27

La exigencia contenida en el art. 42 del Reglamento para la Justicia Nacional debe entenderse como aplicable tan sólo a las sentencias impugnables, y no a aquéllas que no lo son. No ha de verse obstáculo para la prescripción de la pena en la circunstancia de que el pronunciamiento sólo haya sido notificado al defensor y no al propio condenado, toda vez que no admitirlo así conllevaría prácticamente a convertir la hipótesis legal en supuesto de cumplimiento irrealizable. Y por sentencia firme, a los efectos del art. 66 C.P., sólo puede entenderse el pronunciamiento de mérito, de obvio contenido incriminador, insusceptible de actividad recursiva alguna; es decir aquella sentencia que sitúa indefectiblemente al condenado en la obligación jurídica de cumplir la sanción impuesta.
Requisa personal, estado de sospecha, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, LEONARDO A. s/ RECURSO DE CASACION Causa 694
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-19

El temperamento adoptado por los funcionarios policiales resultó adecuado, pues tuvo origen en un estado de sospecha razonable en circunstancias en que hubiera resultado contraproducente a la operatividad del procedimiento la obtención de una orden judicial (voto del Dr. Mitchell).
Concursos, verificación tardía, plazo, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI   VIRGILIO  ELENA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INCIDENTE  DEVERIFICACION (PROMOVIDO POR ALDERETE GLADYS ESTELA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

El plazo de seis meses previsto en el artículo 56 de la LCQ, debe considerarse como de prescripción toda vez que la letra de la misma Ley 24522, la cual, tras ocuparse del plazo de dos años de prescripción concursal aplicable a la generalidad de los créditos y hacer lo propio con respecto al lapso de seis meses más arriba referido, culmina su artículo 56 diciendo textualmente lo siguiente: ".Vencido esos plazos prescriben las acciones del acreedor.". El texto transcripto contiene dos menciones inequívocas que respaldan la tesis adelantada. Por un lado, al aludir a "esos plazos" utilizando el plural, no deja dudas acerca de que se está refiriendo a los dos lapsos en cuestión, es decir, tanto al de dos años como al de seis meses.

Por otro lado, de esos dos plazos dice que su vencimiento produce la "prescripción" de las acciones respectivas, incorporando así una expresa calificación -la de prescripción que impide considerarlos como de caducidad so pena de incurrir en una violación legal. Es decir: el legislador no omitió pronunciarse al respecto, sino que lo hizo en los términos expuestos, por lo que, siendo claro el texto de la ley, no corresponde al intérprete prescindir de tal literalidad legal.
Recurso de inconstitucionalidad, ley arancelaria, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALZUGARAY, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

Las cuestiones debatidas en autos -en cuanto versan sobre el planteo de inconstitucionalidad del "sistema del jus" implementado por la normativa arancelaria local- guardan sustancial analogía con las que fueran materia de análisis y decisión en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna"; y, conforme lo expresado en aquel precedente, las alegaciones de la impugnante no logran demostrar que la disposición arancelaria local (artículo 32 de la ley 6767, texto según ley 12851) encuadre manifiestamente en un supuesto con virtualidad indexatoria y prohibido por la legislación nacional. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 32, texto según Ley 12851. - Jurisprudencia vinculada: Cardozo, AyS T 279, p 461/471, sumario J0043423; Rechia, AyS T 281, p 96/103, sumario J0043874. - Jurisprudencia concordante con Vanzini, AyS T 281, p 422/434, sumario J0043779.
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALLUZ EMILIA c/ CARLOS HUGO GOMEZ s/ RESOLUCION DE CONTRATO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-03

Son intereses punitorios los moratorios pactados, que representan una modalidad de cláusula penal moratoria, y se deben a prorrata temporis en la medida de la demora en el pago del capital debido.
Marcas, registro de marca, marca de hecho
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: ALVAREZ, Juan s/ auto de procesamiento Causa nro. 12.302
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

La no acreditación registral de las respectivas marcas de fábrica de empresas supuestamente damnificadas -ley 22362-, así como la carencia de constancia alguna que avale el cumplimiento por parte de las mismas con lo dispuesto en el artículo 57, cc. y ss. de la ley 11723, impide al Tribunal de Alzada analizar la situación procesal por no contar con los requisitos básicos e indispensables para que, tanto la marca como la propiedad, gocen de la protección que le brinda el ordenamiento punitivo, razón por la cual debe el Sr. Juez de grado practicar las medidas necesarias tendientes a acreditar tales extremos.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SAHAIDAK JAROSLAV JAROMIR c/ EMETERIO FERNANDEZ Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-17

Todo conductor de automotores, debe conducir con atención y prudencia, encontrándose siempre en disposición anímica de detener instantáneamente el vehículo que maneja; si no lo hace, no se necesita más para considerarlo incurso en culpa.
Cosa inerte, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Sabatini, Domingo Armando c/ Municipalidad De Lujan de Cuyo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-02-14

El Municipio demandado no debe responder por las lesiones que sufrió un ciclista al caer al suelo luego de que la rueda de su bicicleta se incrustara en una alcantarilla de desagüe, pues no tratándose de un supuesto en el que la cosa inerte fuera "per se" riesgosa y no habiendo probado tampoco la parte actora que la rejilla por un comportamiento anormal se hubiera tornado riesgosa, queda sin acreditar uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción promovida, como lo es que el daño fue causado por el vicio de la cosa.
Acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, Dirección Nacional de Recaudación Previsional, impugnación del acto administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. c/ LISTAS ARGENTINAS  S.A.C.I. s/ D.N.R.P.    IMPUGNACION TARDIA DE ACTAS - HABILIDAD EJECUTIVA DE LOS  CERTIFICADOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

La posibilidad de considerar como denuncia de ilegitimidad a la impugnación tardíamente efectuada por el administrado, es facultativa del ente recaudador, que en ningún caso se encuentra obligado a ello. Esa denuncia no tiene, como principio, efectos suspensivos en punto a la ejecutoriedad del acto administrativo relativo a la determinación de la deuda efectuada en las actas de inspección ni empece a la emisión de los correspondientes certificados.

La circunstancia de que en el futuro la D.N.R.P. resolviese imprimir dicho trámite a la impugnación de la ejecutada no afecta la actual habilidad de los títulos en ejecución.
Enfermedad accidente, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: RIVADERO TOMAS DEL CORAZON DE JESUS c/ SCAC SOCIEDAD DE CEMENTOS ARM. CENTRIF. SA s/ ENFERMEDAD  - RECURSO DE CASACION - ENFERMEDAD ACCIDENTE - ENFERMEDAD  PROFESIONAL - MORENO JACINTO ARTURO c/ S.C.A.C. SOCIEDAD CEMENTO ARMADO CENTRIFUGADOS S.A. s/ DEMANDA  -  CASACION  LABORAL  -  ENFERMEDAD - ACCIDENTE TEORIA DE LA  INDIFERENCIA DE LA CONCAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-11-09|1986-03-12

La enfermedad accidente es una típica elaboración jurisprudencial, que ha tomado como punto de partida, la norma residual contenida en el art. 1 de la ley 9688, en tanto se refiere a los accidentes ocurridos "por el hecho o en ocasión del trabajo", para los supuestos de afecciones de origen psicotraumático, de carácter intermitente, de evolución lenta y gradual, en las que el trabajo obra generalmente como concausa para su eclosión, agravación o resultado. La enfermedad profesional comprende a las que se originan y desarrollan por efecto exclusivo de la clase de trabajo realizado por la víctima, durante el año precedente a la inhabilitación (art. 22, Inc. A ley 9688 modificada por ley 18913).

Tratándose de una enfermedad profesional, existe una presunción de su relación de causalidad con el hecho de la labor, en cambio, en la enfermedad accidente, el actor siempre debe probar la relación de causalidad entre su dolencia y el trabajo, pero no es indispensable que este sea "la causa" determinante de la afección.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA de SALTA c/ GARCÍA Mónica Patricia s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-24

La expresión de agravios que exige la ley es la crítica razonada de los aspectos del fallo que el apelante considere equivocados. Ello quiere decir que la parte debe leer el fallo adverso, examinar los fundamentos de hecho y derecho que contiene, y señalar cuales son los errores del sentenciante, que ellos provocaron la decisión errada y que su corrección concluirá en una solución distinta que es la que se pretende con el recurso.

No basta remitirse a escritos anteriores, pues no es razonable exigir al Magistrado fundamentación adecuada en la sentencia y luego permitir alegaciones anteriores que ya fueron replicadas en el fallo.
Hábeas corpus, revisión judicial de actos administrativos, procedimiento administrativo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: De La Torre, Juan Carlos s/ hábeas corpus - causa 550.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Son descalificables las decisiones que, a través de artilugios claramente formales, omisiones de fundamentación y asertos dogmáticos, fueron truncando progresivamente el control jurisdiccional del procedimiento administrativo tachado de inconstitucional por los denunciantes, frustrando así la finalidad de la acción de hubiste corpus (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Prueba documental, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCHIO, RAQUEL GUADALUPE c/ CULLEN DE GONZALEZ TABOADA, CARMEN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-05-31

El pronunciamiento atacado debe ser anulado, toda vez que la valoración de manera parcializada, rigurosa y fuera del contexto integral de la causa de la prueba testimonial por un lado, como de la documental por otro, sin entrecruzarlas y relacionarlas con la totalidad de las constancias obrantes en el expediente, no puede servir de sustento suficiente a lo concluido por la Cámara en orden a la inoperancia probatoria de los elementos incorporados por la actora en sustento de su pretensión de adquisición del dominio del inmueble por prescripción.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, costas, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ranucci, Fabian Augusto le pide la quiebra Ale, Roberto Amado y otros c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-04

Procede confirmar la resolución que impuso las costas del proceso a la deudora con motivo de haber sido decretada su quiebra -en el marco de otra causa- luego convertida en concurso preventivo. Ello por cuanto la conversión importo por parte de la deudora el reconocimiento de hallarse en estado de cesación de pagos, circunstancia que revela que asistía razón al aquí actor en lo vinculado a la denuncia de insolvencia que en tal sentido había efectuado.
Honorarios del abogado, base regulatoria, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Alessandro, Marilena c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Al haber progresado la excepción de prescripción, se ha producido la situación prevista por el art. 23, segundo apartado de la referida norma arancelaria, debiendo regularse los honorarios tomándose la cantidad reclamada en la demanda sin inclusión de los intereses. Es que, recalando en lo preceptuado por el referido art. 23, segundo apartado del decreto ley 8904/77, cabe ratificar la no inclusión de intereses, cualquiera sea el ropaje jurídico con que se lo pretenda instrumentar en el cálculo de la base regulatoria de una demanda rechazada. Deviene impropio adicionar intereses en el supuesto rechazo íntegro de demanda, de acuerdo a lo normado por el art. 23, segundo párrafo del decreto ley 8904/77, con prescindencia de su solicitud introducida con la demanda, porque la norma no contempla el agregado de tales accesorios.
Calificación legal, principio de especialidad, extinción de la acción penal, reproducción ilegal de obra intelectual, multa
Materia: PENAL
Carátula: K., E. s/procesamiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-03

La defensa se limitó a cuestionar la calificación legal y sostuvo que, por aplicación del principio de especialidad, correspondía encuadrar el hecho en el artículo 29 de la ley 25446, extremo que incidiría en la procedencia de un eventual planteo de extinción de la acción penal por pago voluntario de la multa.