Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-28


RAWSON, 28 de junio de 2007.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "C., E. A. s/ Recurso de Apelación" (Expte. Nº 20.931C2.007).

DE LOS QUE RESULTA:

Que a fs. 23 el Señor E. Ad. C., con patrocinio letrado, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 08/06 emanada del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Río Pico, para que tramite por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Chubut con asiento en la ciudad de Esquel.

Sostiene el recurrente que le agravia la resolución atacada por cuanto el Tribunal de Faltas carece de aptitud jurisdiccional para aplicarle la sanción de desalojo del inmueble sobre el que alega ser el titular de los derechos de propiedad. Asimismo, entre otros argumentos, sostiene que la Municipalidad de Río Pico de la que, advierte, el Tribunal de Faltas es sólo un organismo, es juez y parte, en clara actitud contraria a la garantía del debido proceso.

Que a fs. 25 obra Resolución Nº 08/07 del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Río Pico, por la que se concede el Recurso de Apelación interpuesto y se ordena elevar las actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral.

Recibidas las actuaciones por el Juzgado Letrado, su titular dispone correr vista al Ministerio Público Fiscal (fs. 32). El funcionario del Ministerio Público interpreta que conforme las prescripciones del art. 127, ss. y conc. de la Ley de Corporaciones Municipales Nº 3.098, no resulta ese Juzgado competente, y estima que las mismas deben ser puestas a conocimiento de la Excelentísima Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut.

El Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, que comparte lo dictaminado, declara su incompetencia y ordena la remisión del expediente a la Excelentísima Cámara de Apelaciones (conf. SI Nº 104/07, obrante a fs. 33).

La Excma. Cámara de Apelaciones dispone, en uso de las facultades del artículo 36, inc. 2 del CPCC, librar oficio a la Municipalidad de Río Pico, requiriéndole la remisión de copia de la Ordenanza que crea el Tribunal Municipal de Faltas en dicha localidad y de la que establece el Código de Procedimientos en Materia de Faltas (fs. 35), lo que es cumplido a fs. 37/39.

A fs. 43 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones entiende que la naturaleza de la pretensión no es contencioso administrativa, sino de revisión de una sanción contravencional, así como que la Ordenanza Nº 38/97 M.R.P. que crea la Inspectoría General Municipal de Río Pico, y su Anexo I, que regula el procedimiento ante dicha Inspectoría, no prevén un recurso que posibilite la revisión judicial de las sanciones contravencionales por faltas municipales. Ante el vacío legal sostiene la a quo, y para mantener la igualdad de derechos de los vecinos de distintas Municipalidades de la Provincia, el criterio de ese Cuerpo es que en la Apelación debe entender el Juez en lo Correccional de esa Circunscripción Judicial. Citó el art. 74 de la Ordenanza Nº 132/98 de la Municipalidad de Esquel, por analogía; arts. 15 y 16 del Código Civil; arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional; y arts. 6 y 44 de la Constitución Provincial.

Recepcionado el expediente por el Juez Correccional, lo devuelve a su remitente, por entender que tal como estaba planteada la cuestión, era incompetente para declarar la competencia del Juzgado a su cargo (fs. 46). A fs. 47 se ordena la remisión a este Superior Tribunal de Justicia.

Llamado a dictaminar el Señor Procurador General, a fs. 50, entiende que el acto alegado como fuente de la acción es de naturaleza administrativa, y que en atención a lo dispuesto por el art. 127 de la Ley Nº 3.098, el Tribunal competente es la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, con asiento en Esquel.

CONSIDERANDO:

Que por imperio del art. 179, inc. 1.1.2 de la Constitución Provincial, este Cuerpo debe conocer originaria y exclusivamente de las cuestiones de competencia que se susciten entre Tribunales inferiores que no tienen superior común. Tal el supuesto en análisis, ya que el Señor Juez de Primera Instancia declina su aptitud cognoscitiva, atribuyéndola a la Cámara de Apelaciones. Esta última entiende que la competencia debe ser atribuida al Juzgado Correccional, el que a su vez se encuentra sujeto a la jerarquía de distinto Tribunal de Alzada.

Que la doctrina de este Superior Tribunal indica que para discernir la competencia debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídicoprocesal (SI N° 175/90, 79/91, 118/91, 84/95, 21/SCA/07, entre otras), así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo (SD N° 40/85, SI Nº 84/95). También ha dicho que el verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda, teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable (conf. SI Nº 84/95, 96/95, 7/SCA/98, 10/SCA/99, 48/SCA/2005).

Que también se estima del caso formular algunas precisiones que traduzcan el criterio que habrá de adoptarse.

En ese sentido se considera adecuado evocar a A. M., cuando reseña que en torno a la naturaleza jurídica de la justicia municipal de faltas existen discrepancias doctrinarias: a) una posición, sostenida principalmente por H. entiende que la misma reviste carácter "administrativo", correspondiendo más allá de la mayor o menor independencia del juzgador a actos de la administración sobre los administrados, o "actos jurisdiccionales del poder administrador"; b) para otra corriente doctrinaria, impulsada históricamente en nuestro país por Adolfo KORN VILLAFAÑE, ZUCCHERINO y LOSA, la justicia municipal reúne, per se, las condiciones necesarias para ser considerada una justicia independiente, no administrativa sino judicial, construida sobre un ilícito específico la falta o contravención local y desarrollada como consecuencia del ejercicio de potestades originarias del municipio, en razón de su naturaleza autonómica ("Justicia Municipal de Faltas: su perfil en el Derecho Argentino". LL 1996A, 1126).

Mas esta disquisición jurídica, atinente en aquellos estados municipales en los que se verifica la existencia de específicos organismos creados para el juzgamiento de faltas y contravenciones de carácter local, excede los contornos delineados en el presente conflicto de competencias, en la medida que se evidencia que el ejercicio de esta potestad local es encomendado a uno de los poderes constituidos del Municipio, como lo es el Honorable Concejo Deliberante. En este sentido, basta recordar, que requerida por la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut copia de la Ordenanza de creación del Organismo, y del Código de Procedimientos en Materia de Faltas, a fs. 38/39 se glosa reproducción de la Ordenanza Nº 38/97 H.C.D., y de su Anexo I, de creación de la Inspectoría Municipal de la Municipalidad de Río Pico. En el Anexo mencionado se instituye sobre las funciones y el "procedimiento" de la Inspectoría. Así, en el artículo séptimo prescribe que "El Inspector Municipal deberá notificar las multas que establezca en cada caso al Concejo Deliberante, que "hará las veces de Tribunal de Faltas", y en el octavo dispone "Las multas establecidas y notificadas en cada caso podrán ser apeladas por nota dirigida al Concejo Deliberante dentro de los diez días corridos de notificadas. Fuera de este plazo perderá el derecho de apelar quedando confirmada la multa".

Que, la Ordenanza Nº 20/2.006 HCDMRP, cuya copia luce a fs. 41 y vta., dispone que al tomarse conocimiento de la existencia de un asentamiento u ocupación ilegal o el inicio de construcciones no autorizadas en tierras fiscales, se intimará a los responsables a cesar en dicho accionar, "comunicándoseles que se le dará inmediata intervención al Tribunal de Faltas de la localidad de Río Pico, otorgándoseles el plazo perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) horas para presentarse ante el mencionado Tribunal a los fines de efectuar el descargo que consideren pertinente... Transcurrido el plazo acordado, el Tribunal de Faltas se expedirá formalmente al respecto mediante el dictado de una resolución, que podrá o no contemplar las sanciones a que alude el artículo anterior".

La Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 233, inc. 1 establece que "es de competencia de las Municipalidades y Comisiones de Fomento entender en todo lo relativo..." (al) "juzgamiento de las contravenciones a disposiciones municipales", y como se desprende de la normativa municipal agregada, el Municipio de Río Pico no ha creado un Tribunal de Faltas como órgano diferenciado y con competencias específicas, sino que esta función le fue atribuida mediante Anexo I de la Ordenanza 38/97 HCDMRP al Concejo Deliberante, en la medida que en éste se dispone "hará las veces de Tribunal de Faltas".

Es indudable que en el sub lite se requerirá la aplicación de normas de Derecho Público: Constitucional y Administrativo, y por lo tanto la materia en conflicto es de índole contenciosoadministrativa, puesto que se trata de sanciones de naturaleza administrativa aplicables en ejercicio de facultades públicas conferidas a los municipios por la Constitución y las leyes (CS Salta, "T. A. c. Municipalidad de la Ciudad de Salta, LLNOA, 2.001623).

Dado lo expuesto, es evidente que la actuación del Concejo Deliberante, procediendo como "Tribunal de Faltas" conforma una actividad de neto corte administrativo municipal, y el resultado del procedimiento administrativo instaurado al efecto habrá de ser siempre un "acto administrativo". Así entonces, esta situación encuentra debido tratamiento legal en las prescripciones normativas de la Ley Nº 3.098, y por lo tanto no se comparte lo expuesto por la Cámara de Apelaciones en cuanto a que existe un vacío legal que debe ser soslayado con la aplicación analógica de otras normas municipales, como la Ordenanza Nº 132/98 de la Municipalidad de Esquel, menos aún cuando no se advierte en el supuesto bajo examen que se reúnan los recaudos que harían procedente la misma: la existencia de notas esenciales y en un gran número en la medida de lo posible de propiedades comunes a los objetos que se comparan, así como que el nexo entre el carácter respecto al que se infiere la deducción y los caracteres comunes descubiertos en los objetos, ha de ser lo más estrecho posible.

La aludida Ley Provincial Nº 3.098, de Corporaciones Municipales, en los artículos 127 y siguientes regula el contencioso administrativo a través de los que denomina "recursos" y que como se indicara en anteriores decisorios, la deficiencia terminológica al aludir a "recursos", en lugar de acción o pretensión, es señalada en forma unívoca por los diversos especialistas doctrinarios en la materia (ARGAÑARAZ, PALACIO, GUASTAVINO, FIORINI...) que coinciden en que la primera expresión se aplica a los reclamos en alzada, contra decisiones jurisdiccionales, siendo impropia esta mención para la vía que se acuerda para ante los órganos del Poder Judicial para reclamar directamente contra o respecto de, decisiones del Poder Administrador, tratándose de "verdaderas acciones" (SI Nº 45/95, 13/SCA/96). Así también viene sosteniendo el Tribunal, desde anterior conformación, que la vía apta para el cuestionamiento de actos municipales es la contenciosoadministrativa prevista por esta Ley, por la que se ha fijado específicamente la competencia de la Cámara de Apelaciones para su conocimiento, en tanto se cumplan las condiciones para su procedencia (SI Nº 13/SCA/96), y preceptuado el procedimiento.

Que si bien del escrito que en copia se glosa a fs. 23 surge que al interponer el Recurso de Apelación el Señor C. lo hace para que se le dé trámite por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, es pertinente traer a colación que el Superior Tribunal ha expuesto en SI Nº 49/95 y 3/SCA/96 sobre la posibilidad de que los derechos públicos subjetivos e intereses legítimos de los administrados eventualmente vulnerados por actos administrativos se encuentren amparados no sólo por el Derecho Público, sino por la ley civil, como ocurre en el supuesto en que el acto lesivo genere daños susceptibles de ser reparados. Que en esos decisorios se mencionaron las opciones concedidas por el derecho adjetivo a los damnificados distintas vías para excitar la jurisdicción mencionándose: la acción contenciosoadministrativa de plena jurisdicción (acción civil simultánea con la contencioso de nulidad) otorgada para ante los Tribunales competentes en lo contenciosoadministrativo, o acción contenciosa de nulidad a ejercitarse ante el Tribunal contenciosoadministrativo, para luego de obtenido el pronunciamiento, si éste le es favorable, acudir al Juez Civil reclamando daños y perjuicios. Advirtió entonces el Tribunal que existía una tercera posibilidad, que no pocas discusiones generó en doctrina y jurisprudencia, cual es la de derecho común, tal la que refiere el art. 131 "in fine" de la Ley Nº 3.098. Que también se indicó que si bien la escueta redacción de la norma puede originar alguna duda hermenéutica, es principio general del Derecho Administrativo que toda duda debe resolverse en favor del administrado, y consecuente con ello, y sin abrir juicio sobre la bondad de la norma, su coherencia o conveniencia al sistema aspectos reservados a la potestad legislativa el Tribunal interpreta que la opción reconocida, admite que el interesado demande por vía de la acción ordinaria, ante el Juez Civil, en cualquier tiempo y hasta la prescripción, la pretensión que es propia de la acción contenciosa de plena jurisdicción: la nulidad del acto lesivo y la reparación consecuente.

Que como se indicó, el "recurso" incoado tiende a cuestionar la legitimidad de un acto administrativo emanado del Órgano Deliberativo de la Municipalidad de Río Pico, sin adunar a ello pretensión alguna de reparación por daños que el obrar del Municipio pudiera eventualmente haber irrogado.

Que la competencia "ratione materiae" es de orden público, absoluta e improrrogable y puede ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso (ALSINA, Tº II, Ed. EDIAR, 2° Edición, pág. 514/518 STCH SI N° 24/88, 132/94 y otras), y sin que la presente implique emitir opinión sobre aspecto alguno de la causa, ni aún sobre la pertinencia de la vía que se intenta, se interpreta que en el caso es competente la Excelentísima Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Chubut con asiento en la ciudad de Esquel, a la que debe remitirse la causa.

Que por ello, el Superior Tribunal de Justicia, en pleno:

R E S U E L V E :

1º) DECLARAR la COMPETENCIA de la Excelentísima Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Chubut con asiento en la ciudad de Esquel para entender en estos autos, a cuyo efecto remítanse.

2º) REGÍSTRESE y notifíquese.

La presente se dicta con cuatro Miembros, por encontrarse ausentes, en comisión de servicio, los Sres. Ministros Dres. Daniel Luis CANEO y Jorge PFLEGER.(Conf. Acuerdo Plenario Nº3613).

Fdo.: Dr. Juan Pedro CORTELEZZI Dr. José Luis PASUTTI Dr. Alejandro Javier PANIZZI Dr. Fernando S. L. ROYER.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2007	REGISTRADA BAJO EL N° 09 S.R.O.E. CONSTE.