Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-15


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 15 de 2008.

Y VISTOS:

1.) Apeló Asociart S.A. A.R.T. la resolución SRT Nro. 467 de fs. 68/73 que le impuso una multa de 330 MOPRES por cuanto, con relación al empleador "Dubini Roberto Pedro", la aseguradora no habría brindado asesoramiento y asistencia técnica para la determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores, como tampoco acerca de la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, incumpliendo con ello lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 18 del Dec. Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996. De su lado, tampoco habría realizado actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones del medio ambiente de trabajo, al no brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos, informando al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo, incumpliendo con ello lo dispuesto en los incisos c) y e) del artículo 19 y en el artículo 21 del Decreto Nº 170/96. Por último, tampoco habría elaborado un registro de visitas a la empresa con el detalle de las acciones implementadas, incumpliendo con ello lo dispuesto en el inciso g) del artículo 6 de la Resolución S.R.T. Nº 552 de fecha 07 de diciembre de 2001.

El pronunciamiento se basó en el dictamen de la Subgerencia de Asuntos Legales que obra a fs. 50/57.- 2.) Mediante la presentación de fs. 77/81, la recurrente se agravió de: (i) la inexistencia de los incumplimientos que dieron lugar a la sanción; (ii) la obligación de capacitar a los trabajadores pesaría sobre el empleador; (iii) la desproporción e irrazonabilidad de la multa impuesta.- Planteó, asimismo, la nulidad de la resolución atacada por estar viciada en su causa y motivación.- 3,) Cabe adentrarse, inicialmente, en el planteo de nulidad deducido respecto de la resolución dictada en autos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.- Señálase, en primer lugar, que, atento a que la declaración de nulidad acarrea la privación de los efectos propios del acto atacado, la aplicación de este instituto debe ser efectuada necesariamente con criterio restrictivo. Y si bien como principio general la gravedad del vicio alegado debe estar en relación directa con la entidad de la sanción perseguida, también importan los intereses que se ventilan y las circunstancias del caso.- En efecto, no basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesarias del trámite impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aún subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular (cfr. CNCont. Adm. Fed., Sala II, 20.10.94, in re "Silva San Martín Graciela c. Ministerio de Salud y ACC. Soc., s. Juicio de Conocimiento").- En la especie, la nulidicente argumentó que la resolución en crisis carecía de motivación suficiente y adecuada, mas dicha afirmación aparece desvirtuada por la simple lectura de aquella, y del dictamen extendido por el Departamento de Sumarios de la Subgerencia de Asuntos Legales de la S.R.T que la integra por remisión.- Repárese que tales piezas trataron minuciosamente todos y cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente en su descargo, identificando cada uno de los incumplimientos atribuidos y señalando en forma detallada los hechos y normas legales en que sustentaron las conclusiones alcanzadas.- Ante este marco, ha de rechazarse este planteo.- 4.) Sentado ello, cuadra señalar que la aseguradora no ha esgrimido en esta instancia fundamentos distintos de aquellos que fueron expresados en su descargo, ya que se limitó a reiterar que no incurrió en los incumplimientos endilgados y que la obligación de capacitación del personal se encuentra por imposición legal a cargo del empleador, aspectos éstos que ya fueron debidamente rebatidos en el dictamen emitido por el Departamento de sumarios.- 4.1. Ausencia de un registro de visitas (art. 6, inc. g, Resolución S.R.T. Nº 552/01).- Más allá de los reparos esgrimidos en el memorial, lo cierto es que la recurrente no ha logrado desvirtuar el incumplimiento endilgado en punto a la falta de un registro de visitas y el mantenimiento del mismo. En efecto, se verifica, en la especie, que la sancionada no elaboró un registro de visitas respecto a la afiliada con anterioridad al siniestro laboral acaecido al trabajador José María De Plama, por lo que la falta de un seguimiento de las actividades del establecimiento a fin de reducir la siniestralidad laboral determina que la infracción objetivamente ha quedado acreditada.- 4.2. Capacitación sobre normas de Higiene y Seguridad, y técnicas de prevención de riesgos.- a.) En lo que hace al incumplimiento atribuido a la aseguradora respecto a su deber de brindar asistencia y asesoramiento técnico a la empleadora y sus trabajadores sobre normas de Higiene y Seguridad, cabe sostener que tal carga ha sido razonablemente cumplida con la puesta a disposición del empleador del material educativo pertinente, con las medidas de Prevención de accidentes y enfermedades laborales explicitados en fs. 27 y 28.- En efecto, no se estima adecuado muchas veces, exigir a la A.R.T. hacer llegar este material a cada empleado en forma personal, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que muchas empresas desarrollan sus actividades en lugares muy alejados o incluso en asentamientos rurales, por lo que debe entenderse que será obligación, del empleador luego hacer conocer a sus dependientes la información que habitualmente recibe a través de aquel canal de comunicación, y así cumplir adecuadamente la finalidad tenida en miras por la SRT y el Decreto 170/96.- b.) Específicamente en lo que concierne al deber de brindar asistencia y asesoramiento técnico a la empleadora y a sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a la labor que desarrollan, liminarmente señálase que en nada se vé afectada esta cuestión por la circunstancia de resultar comprendido el asegurado en el denominado "grupo básico", pues el art. 6º de la Resolución S.R.T. Nº 552 prevé expresamente las obligaciones que en materia de prevención deben realizar las aseguradoras.- Ahora bien, en punto a sobre quien pesa la carga de capacitación de los trabajadores, el Decreto 170/96 es claro en cuanto dispone en sus arts. 19 y 21 que "...las aseguradoras deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. A tal fin deberán:...c) brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos...", la que deberá realizarse "en el domicilio del empleador o del establecimiento en su caso..", también lo es el art. 31, ap. 3º de la Ley 24.557 en tanto prevé que los trabajadores "recibirán de su empleador la información y la capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas...".- Ante la supuesta contradicción emergente de estas dos normas, repárese en primer lugar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha expresado que el orden jurídico debe ser interpretado en forma coherente, no contradictoria, privilegiando la solución que mejor armonice con los principios de su hermenéutica (cfr. CSJN, 01.06.00, "Baca Castex, Raul Alejo c. C.P.A.C.F.", Tº 323, Fº 1374; íd. 14.06.05, "Simon Julio Héctor y Otros s. Privación ilegítima de la libertad", Tº 328).- En esta inteligencia si bien se muestra adecuada la interpretación realizada por la S.R.T. que la llevó a concluir que las obligaciones que emergen tanto de la Ley 24.557 como del Decreto 170/96 se visualizan del tipo concurrentes y no excluyentes, poniendo en cabeza de la A.R.T. y del empleador la responsabilidad de brindar en forma conjunta o individualmente la capacitación, la primera, en las técnicas de prevención de riesgos y el segundo, respecto de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo en concreto.- Pero precisamente desde esta perspectiva, lo que no se advierte pertinente es cargar la responsabilidad del incumplimiento en una de las partes como si fuera la única obligada a la prestación del servicio, toda vez que como se dijera supra, se trata de una obligación concurrente, extremo éste que autoriza a atender con estos alcances el agravio esgrimido por la recurrente sobre este punto.- 5.) En mérito de lo expuesto, y en lo que respecta al monto de la sanción, corresponde señalar que la multa de 330 MOPRES, dentro de una escala que contempla multas de 20 a 2000 MOPRES (art. 1 Anexo I de la Res. S.R.T. 10/97), luce excesiva.

Debe recordar que la relevante función social que cumple una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales. Asimismo, existe la necesidad de preservar el interés general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la Aseguradora.

Una interpretación contraria de las normas que rigen la actividad, importaría contradecir las facultades de control y corrección que la ley le atribuye al organismo de superintendencia, las que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo.

Ahora bien, así como todas estas razones justifican la potestad sancionatoria de la SRT, resulta menester también que las sanciones que esta aplique guarden debida proporción con la gravedad de la falta cometida de modo que exista cierta correlación entre el castigo aplicado y la infracción cometida.

Por esa razón, estima la Sala que debe reducirse a 100 MOPRES la multa impuesta por la S.R.T., en virtud de la entidad de la falta cometida y los antecedentes del caso.

6.) Como corolario de todo ello, esta Sala RESUELVE:

Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Asociart S.A. A.R.T. y en consecuencia, modificar la resolución apelada en lo tocante al monto de la sanción impuesta, que se reduce a 100 MOPRES.- Notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvase al organismo de origen. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.