Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-22


TEXTO COMPLETO	NEUQUEN, 22 de mayo de 2008.

VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "G. M.,L. Y OTRO C/ JARA ORTEGA FLORIDEMA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. 300324/03), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° UNO, a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- A Fs. 320/328 se dicta sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada, condenando a los demandados y a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales -ésta última en los términos de lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 17.418- a abonar a L. G. M. y a N. del C. G. A., en nombre y representación de su hijo menor de edad: C. B. G. G., la suma de $40.600, con más los intereses determinados en los considerandos, y en lo que hace a la imposición en costas, en función del grado de responsabilidad que le cupo a cada una de las partes (80% a cargo de la parte actora y 20% a cargo de los demandados).

II.- Contra dicho fallo apelan: la parte actora a fs. 338, la Aseguradora La Segunda a fs. 335 y los demandados: Hernán Campos y Floridema Jara Ortega a fs. 336.

III.- A) AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA.

A fs. 348/354 y vta. la parte demandante expresa agravios.

Considera que la sentencia de grado no ha evaluado correctamente a la hora de determinar la responsabilidad del evento dañoso, la excesiva velocidad con la que circulaba la demandada Floridema Jara Ortega.

Expresa que, conforme surge de la pericial accidentológica de autos, la velocidad máxima permitida en el lugar del accidente era de 40 km/h, y que la conductora del Volskwagen Caddy había superado dicho límite legal al circular a más de 65 km/h.

Trae a colación lo dispuesto en el art. 50 de la Ley Nacional de Tránsito, afirmando que el desarrollo de velocidades superiores a las establecidas, constituye un factor peligroso para la seguridad de las personas y que en caso de accidentes la máxima responsabilidad deberá recaer sobre el conductor.

Manifiesta que si bien nominalmente la velocidad de 65 km/h no parece ser excesivamente elevada, como expresa la a-quo, ella ciertamente lo es cuando se la coteja con la máxima velocidad que debía desarrollar el vehículo embistente 40 km/h. Pues surge evidente que el exceso de velocidad es notable, siendo superior en un 60% del límite legal.

Agrega que, si se traspolara ésta situación a una calle de la zona céntrica de Neuquén donde la velocidad máxima permitida es de 40 km/h, resulta impensable admitir que un vehículo circule a más de 65 km/h.

Considera que si la demandada hubiese circulado a una velocidad precautoria, y por debajo de la máxima exigida, ante la previsible aparición de un ciclista, podría haber disminuido la velocidad y evitado el accidente de marras. Cita Jurisprudencia.

Finalmente en función de tal agravio, solicita la modificación de la atribución de responsabilidad del vehículo embistente a un 70%.

En segundo lugar expresa que para la determinación del importe correspondiente al rubro daño físico- incapacidad sobreviniente, se aplicó la fórmula de la matemática financiera, utilizando como variable un ingreso de $750, una incapacidad del 67% y la edad de 9 años.

Dice que si bien de los fundamentos del fallo no se hace referencia a su aplicación, resulta evidente que ésta ha sido la fórmula utilizada para la determinación de dicho monto.

Considera que no resulta acertado efectuar el cálculo tomándose como base un ingreso de $750 mensuales, máxime cuando se trata de un menor que al momento del accidente contaba con 9 años de edad y se encontraba cursando 3° grado.

Ello así, toda vez que se ha tomado la escala salarial más baja, lo que obedece a una visión negadora de la posibilidad de movilidad social.

Entiende que el ingreso promedio dentro de los terribles desequilibrios que posee la escala salarial del país, a los fines del cálculo, es el correspondiente a los empleados judiciales.

Efectúa una serie de elucubraciones, citando doctrina y jurisprudencia sobre la materia, a los fines de la elevación del monto por daño físico- incapacidad sobreviniente, solicitando en este aspecto la modificación de la sentencia.

Por último se agravia en relación a la distribución de las costas efectuada en primera instancia, considerando erróneo que, en función de los antecedentes de hecho y de derecho de autos, se hayan impuesto las mismas en un 80% a cargo del actor.

Señala que ello no se compadece con el hecho de que la parte actora tuvo necesariamente que efectuar el correspondiente reclamo judicial a los fines de obtener la declaración de responsabilidad que le cupo a los demandados. Cita doctrina al respecto.

Por otra parte dice que sería injusto que el actor vea mutilada la plenitud de su crédito indemnizatorio con la asunción de las costas parciales, por lo que en función de los antecedentes citados, solicita que la totalidad de las mismas sean soportadas por la contraria.

A fs. 359/361 y vta., contestan los agravios los demandados, solicitando su rechazo con costas.

IV.- B) AGRAVIOS DE LOS DEMANDADOS.

Mediante presentación obrante a fs. 362/363, los demandados y la citada en garantía expresan agravios.

En primer lugar cuestionan la atribución de responsabilidad que mediante sentencia se les endilga como consecuencia del accidente motivo de autos.

Afirman que la responsabilidad que se les atribuye se basa en la velocidad impresa a la Caddy en oportunidad en que ocurrió el accidente, siendo que ello no ha tenido ninguna incidencia en su producción.

Agregan que, sea cual fuere la velocidad de circulación del utilitario, el accidente igualmente hubiera ocurrido, toda vez que éste ha sido consecuencia exclusiva de la conducta desaprensiva de los padres del menor que lo dejaron salir solo a la vía pública sin tener la edad legal para hacerlo.

Por otra parte, advierten que fue la conducta del menor, quien al intentar adelantarse a un carro tirado por un tractor sin advertir que se le aproximaba el automóvil guiado por la señora Jara Ortega, provocó el accidente de autos.

Expresa que si el menor hubiera verificado, antes de sobrepasar al vehículo que circulaba en su misma dirección, la proximidad de la camioneta que transitaba por la mano contraria el accidente no hubiera ocurrido.

Finalmente en relación a este punto agrega que su mandante en el momento del accidente estaba haciendo lo que era esperable de ella. Circulaba por su mano, en la dirección que venía conduciendo y a la misma velocidad a la que lo hacía, que no era, conforme a las pericias producidas, una velocidad tan alta como le atribuyeron los actores en la demanda. Por tales motivos considera que no se puede concluir que ella haya actuado con algún grado de culpa en la producción del accidente que se investiga.

Por todo ello, solicita se revoque la sentencia, y en consecuencia se rechace la demanda en todos sus términos con costas.

A fs. 365/367 los actores contestan agravios solicitando su rechazo con costas.

V.- Liminarmente, diré que voy a tratar en forma conjunta el primero de los agravios expresados por ambas partes, que está vinculado con el factor de atribución de responsabilidad.

Así, mientras la parte actora afirma que la velocidad de circulación impresa al vehículo de mayor porte ha sido la causa determinante del accidente, los demandados le restan todo tipo de incidencia, atribuyendo la total responsabilidad del siniestro al conductor de la bicicleta, y responsabilizando a su vez, a los padres del menor por haberle permitido que circulara en contravención con lo dispuesto en el art. 11 de la Ley Nacional de Tránsito.

Sentado ello, observo que en el estado actual de la causa no existe controversia en cuanto a la velocidad de circulación del vehículo de los demandados ni en relación a la mecánica del accidente.

En relación a este punto, solo resta considerar la incidencia (circunstancia controvertida por las partes) que ha tenido en la producción del evento dañoso, la velocidad que desarrollaba la demandada y la maniobra de sobrepaso realizada por el menor, en los momentos previos a la colisión.

A mi entender la conducta asumida por ambos protagonistas han contribuido, aunque en distinta medida a la producción del accidente, coincidiendo con los fundamentos expuestos en la sentencia de grado, a los fines de la distribución de la responsabilidad.

Si bien la velocidad de circulación es un elemento importante a la hora de evaluar la responsabilidad de los involucrados, también constituye un factor de suma importancia la maniobra realizada por el menor al tratar de sobrepasar a un vehículo de mayor porte que circulaba en su misma dirección, sin observar que por la mano contraria venía circulando la camioneta de los demandados.

En cuanto a la primera de las conductas observadas (exceso de velocidad), diré que la prueba pericial accidentológica producida en el expediente (fs. 253/256 y vta.) es precisa en este punto en cuanto señala que el límite de velocidad permitido (40 km/h) había sido superado por la accionada al circular entre 60 a 66 km/h., circunstancia que ha coadyuvado en alguna medida a provocar o agravar la situación provocada como consecuencia de la mala maniobra efectuada por el menor en oportunidad en que se encontraba conduciendo su birodado.

Considero que si la accionada hubiera respetado la velocidad máxima permitida en el lugar, seguramente tendría una mayor capacidad de maniobra, pues no es lo mismo conducir a 40 que a 60 o 66 kilómetros por hora.

Ello así, toda vez que el tiempo para efectuar - ante algún imprevisto- una maniobra para evitar el impacto se disminuye cuando mayor es la velocidad de circulación.

El límite normal de velocidad - conforme pericia accidentológica y cartel indicador- fijado en 40 km/h. no constituye una cifra arbitraria impuesta por el legislador sino que se encuentra determinada por la posibilidad mecánica que tienen los automotores de poder detener su marcha, mediante la aplicación de frenos, en un espacio prudente que permita asegurar al conductor el control de su vehículo.

En el sentido expuesto la Jurisprudencia ha dicho que:

"Si bien con relación al pleno dominio del automotor que se conduce, no se puede exigir una actividad, ni conductiva ni precaucional, que vaya más allá de lo que, a la luz de la razón, la experiencia y los principios, normas y costumbres aplicados a la actividad de que se trata resulta humanamente previsible, no es menos cierto que la adopción por el conductor de actitudes que luego le impiden eludir un obstáculo, exteriorizan la omisión de diligencias precaucionales plenas y la adopción de maniobras menos aptas para evitar un choque..". (L.D.T: Caccsl Rs, L000 36 S Fecha: 02/10/1990 Juez: Facal De Marchi. (sd)Carátula: Gomez Omar Alberto. C/ Ojeda Nolberto Hernán Y/o Quien Resulte Responsable. S/ Indemnización De Daños Y Perjuicios. Mag. Votantes: Facal De Marchi - Kees,Amanda).

Ahora bien, en atención a la forma en que se produjo el accidente, la sola circunstancia que la demandada haya superado el límite de velocidad permitido, si bien no la exime de todo grado de responsabilidad, tampoco es suficiente para cargar sobre sus espaldas la totalidad de la misma en el accidente.

Las comparaciones efectuadas por la parte actora, a los fines de arribar a tal conclusión no resultan satisfactorias, pues no es lo mismo circular por una calle céntrica que hacerlo por un acceso donde, sin perjuicio de que el límite de velocidad máxima permitida también sea de 40 km/h., la densidad del tránsito y la circulación de personas en este último es mucho menor.

De allí que cada situación particular debe ser evaluada en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar evitando caer en comparaciones que no guarden una verdadera identidad con el caso.

Por otra parte, aún cuando se circule utilizando un vehículo de menor porte (bicirodado) corresponde que su conductor tome todas las precauciones, adecuando su conducción a las circunstancias de tiempo y lugar, tratando en la medida de lo posible de abstenerse de realizar maniobras que impliquen un peligro para su vida o la de los demás.

Éstas circunstancias deben ser observadas en todo momento, máxime cuando se encuentra traspasando a un vehículo de mayor porte en un lugar de doble circulación.

Así se ha dicho que:

"La diferencia en el porte de los vehículos no genera a favor del menor de ellos, una salida del sistema del riesgo creado, cuando se trata de choque entre vehículos, debiéndose destacar que respecto de la bicicleta, tanto el art. 66 inc. 2 del Cód. de Tránsito (ley 5800) como el art. 67 del Cód. de Tránsito (ley 11430) contienen disposiciones en el sentido de comprender a los vehículos menores en las pautas de conducción e inclusive, estableciendo normas restrictivas". (L.D.T: Referencia Normativa: Leyb 5800 Art. 66 Inc. 2 ; Leyb 11430 Art. 67 Cc0102 Lp 218894 Rsd-4-95 S Fecha: 16/02/1995 Juez: Rezzonico, J. C. (sd) Carátula: "Rivero, Antonio C/ Rivas, Jorge S/ Daños Y Perjuicios" Mag. Votantes: Rezzónico, J. C.-Vásquez).

Por ello, entiendo que la causa principal del accidente ha sido la desatención del menor al conducir su bicicleta, quien al efectuar una maniobra sumamente peligrosa puso en riesgo su integridad física, sufriendo las consecuencias de la colisión con un rodado mayor.

Circunstancia de la que no puede quedar ajena la actitud asumida por la conductora de la camioneta, toda vez que también se encontraba en infracción al circular a una velocidad superior a la legalmente permitida en el lugar.

Estos dos extremos han sido sin lugar a dudas dos factores determinantes en la producción del evento dañoso, no pudiendo predicarse que uno solo de ellos haya sido la consecuencia exclusiva del mismo.

La prueba pericial accidentológica (fs. 253/256 y vta.) ha sido claramente ilustrativa en lo que respecta al sentido de circulación y trayectoria de los vehículos al momento de la colisión.

De las fotografías adjuntadas por el experto se observa una clara invasión de la bicicleta en el carril por donde venía circulando la demandada, extremo que resulta determinante para atribuirle un mayor grado de responsabilidad en la producción del accidente al conductor del rodado menor.

A los fines de la distribución de responsabilidad, nuestra Jurisprudencia en casos similares ha dicho:

"Si ocurrió un accidente de tránsito en virtud del cual un automovilista atropelló a un ciclista.., procede considerar que ambos participes del hecho concurrieron en la causación del mismo con diferentes grados de culpa, atribuyendo a la propia víctima el 80% de la culpa en la producción del mismo, y el 20% al conductor accionado, cuando -como en el caso-, se verifica que mientras el ciclista circulaba por la ruta, de manera imprevisible dio un viraje hacia la izquierda (lo cual constituyo una maniobra peligrosa) y, por su parte, si bien el demandado no supo o no pudo mantener el total y pleno dominio de su vehículo, sin embargo no puede exigírsele ese control frente a la descripta maniobra imprevisible e imprudente de la victima. Es decir, que la causa eficiente del evento, no fue solo la perdida de control del automóvil por parte del reclamado, sino también lo fue el desvió.. hacia la línea de marcha del automotor". (L.D.T: Autos: TORRES GONZALEZ DE TORO ANGELINA C/ VEGA ALEJANDRO S/ SUMARIO. - Mag.: CUARTERO - ALBERTI - ROTMAN - Fecha: 03/09/1997).

Por otra parte, el hecho de que la Ley de Tránsito N° 24.449, art. 11 inc. d, establezca expresamente que la edad mínima para circular con rodados propulsados por su conductor sea la de 12 años, no permite eximir de todo grado de responsabilidad al conductor del vehículo, ya que con tal criterio frente a tal infracción se encuentra la cometida por la propia demandada, la que en oportunidad del accidente circulaba a mayor velocidad que la legalmente permitida.

Soy de la opinión de que si bien las infracciones de tránsito constituyen un elemento importante a la hora de evaluar la responsabilidad en los siniestros, no son el único factor para determinar el grado de participación que le cabe a cada uno de sus protagonistas, máxime cuando ambos en alguna medida han infringido las reglas relativas a la circulación.

Así frente a la infracción que los demandados le endilgan a los padres del menor por haber permitido que circulara en bicicleta en contravención a lo dispuesto por el art. 11 de la Ley de tránsito, nos encontramos frente a la propia infracción cometida por la conductora del vehículo mayor al circular por la arteria a una velocidad mayor que la permitida.

Con ello quiero significar que a los fines de eximirse de responsabilidad no basta solo con mencionar la infracción cometida por el otro, sino en realidad lo que corresponde es evaluar en primer lugar la conducta asumida por las partes y su relación de causalidad en la producción del siniestro.

Se ha dicho:

"La presunta responsabilidad de los padres del menor ciclista por la circulación de éste sobre tal vehículo y sin compañía de otra persona no es invocable y es extraño ello al núcleo de lo que realmente importa en el caso, esto es, el comportamiento del conductor del camión que se adelantó a aquél no obstante el poco espacio existente ya que otro automóvil circulaba a la derecha del menor. Ello constituyó el germen y razón de la responsabilidad obrando lo demás no como causa sino como condición, en todo caso, y según el sentido que tal término tiene en el terreno de discernir dónde se verifica tal génesis del daño". (L.D.T: Cc0100 Sn 970719 Rsd-43-98 S Fecha: 12/03/1998 Juez: Maggi (sd) Carátula: Miranda Luis Alberto Y Otra C/ Bulgarella Rubén Alberto Y Otro S/ Daños Y Perjuicios Mag. Votantes: Maggi-civilotti).

Por lo expuesto, compartiendo lo resuelto en la instancia de grado, es que habrá de rechazarse tales agravios, y en consecuencia confirmarse el fallo apelado en cuanto al grado de responsabilidad atribuida a cada una de las partes.

Corresponde ahora analizar el segundo de los agravios expresado por los actores, relativo al importe fijado en concepto de "Daño Físico - Incapacidad Sobreviniente".

A tales fines cabe tener en cuenta fundamentalmente la edad del menor, sus condiciones personales, como así la disminución de beneficios ocasionados como consecuencia del accidente y la pérdida de potencialidades futuras, graduado ello en función del grado de responsabilidad que el cupo en el accidente a cada uno de los intervinientes.

Las condiciones físicas experimentadas por el menor luego de ocurrido el accidente son claramente descriptas mediante la prueba pericial médica (fs. 217/226), que en suma y luego de efectuar las consideraciones técnicas de rigor, estima un porcentaje de incapacidad del 67,8%.

Si bien por tratarse de un menor de edad (9 años al momento del accidente), se encontraba vedada su posibilidad de procurarse ingresos a través de actividad remunerativa en el mercado laboral, considero que corresponde también ponderar en alguna medida la influencia negativa que la incapacidad física puede llegar a tener en este área de su vida.

La Jurisprudencia ha dicho:

"Acreditada la existencia del daño en las aptitudes físicas de un 9% de la total obrera y del 10% en el plano psicológico, como consecuencia de mala praxis medica, corresponde conceder resarcimiento del daño material y, a los efectos de la fijación del monto indemnizatorio, cabe atender las reglas de la propia experiencia y el conocimiento de la realidad (cfr. Csjn, 10.11.92, "Esquivel, Orlando y otra c/ Entel"), y ponderar que lo que se trata de enjugar es el riesgo actual de la minusvalía económica en que la víctima queda frente a la vida, por lo que la reparación debe tener en cuenta todos aquellos elementos demostrativos de la concreta influencia negativa de la minoración física en el campo laboral actual o bien futuro -por tratarse de un menor que todavía no tiene acceso al mercado del trabajo- (cfr. Cnfed. Civ. Com, sala ii, 12.4.83, Causa 1117, "Romero, Argentina Rosa c/ Empresa La Internacional"), sin que sea necesario para la procedencia del resarcimiento que la víctima realice tareas remuneradas, pues debe computarse igualmente, la forma en que quedo afectada para realizar otras actividades (cfr. Cnfed. Civ. Com., Sala iii, 29.6.84, Causa 2656, "Segura de Fernandez, A. C/ Empresa de Transportes 104 srl"); asimismo, no debe otorgarse excesiva relevancia al porcentaje de incapacidad estimado en los peritajes en tanto ellos constituyen meros elementos referenciales pero no datos de exactitud matemática; por lo que el juzgador goza en la materia de un margen de valoración de cierta amplitud, para lo cual debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias del caso, que tenga en cuenta lo antes señalado y además, la edad de la víctima, el sexo, estado civil, posibilidades de progreso, etc. (Cfr. Cnfed. Civ. Com., Sala ii, 26.10.84, Causa 3036, "Nicolau, Bartolomé c/ Transporte 22 de Setiembre sa -linea 2s/ daños y perjuicios"); ello así, cabe confirmar la suma acordada por el juez a quo de $ 30.000, Pues ella ha sido correcta". (L.D.T: Autos: TOLEDO ROLANDO C/ NAVARRO MIGUEL S/ ORDINARIO. - Nº Sent.: 43072/02. - Mag.: HEREDIA - DIEUZEIDE. - Fecha: 10/04/2007) También que: "A nadie escapa, sobremanera en situaciones como las de autos, cuan difícil resulta dimensionar económicamente el resarcimiento de la incapacidad física resultante para la víctima menor de edad. Desde ya, ninguna formula de matemática financiera o cálculo actuarial (como las contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto) podría dar acabada respuesta para enjugar las pérdidas económicas y las de todo tipo (sociales, culturales, deportivas, lúdicas, sexuales, etc.) que tal minusvalía provoca, toda vez que aquéllas no podrían vertebrarse en una harto hipotética variable de ingresos futuros del menor, tal vez cristalizándolo al momento de nacer por la condición socio-económico de su familia, dejando de lado toda posibilidad de movilidad social impredecible en sus alcances- y borrando lo que podría ser -aún desde el plano de lo eventual o conjetural- su futuridad. No queda otro camino entonces que recurrir una vez más a las pautas de equidad, razonabilidad y prudencia, con el norte de arribar al resarcimiento pleno e integral, conjugándolas con la gravedad de las afectaciones producidas, secuelas dejadas por ellas, grado de incapacidad resultante y su proyección sobre todas las actividades que normalmente el ser humano despliega (arts. 907, 1068, 1069, 1083, 1086 y concs. del Código Civil).(L.D.T: Referencia Normativa: Cci Art. 907; Cci Art. 1068; Cci Art. 1069; Cci Art. 1083; Cci Art. 1086.-Cc0201 Lp 99372 Rsd-143-5 S.- Fecha: 07/07/2005 Juez: Marroco (sd).-Carátula: P., C. M. C/ Hospital Ricardo Gutiérrez S/ Daños Y Perjuicios).

En función de tales consideraciones, y teniendo en cuenta las pautas arriba reseñadas, por aplicación de las facultades que el art. 165 del CPCyC, confiere al suscripto, estimo que el importe de $20.800 fijado por el a-quo en concepto de daño físico (incapacidad sobreviniente) es bajo, por lo que habrá de ser elevado a la suma total de $35.000.

V.- Observo que al resolver ha incurrido el "a quo" en una contradicción que no puede pasar inadvertida en esta Alzada, quien debe salvaguardar el principio de seguridad jurídica al que debe propender la resolución judicial de los conflictos.

En efecto: en el último de los considerandos de fs. 327 vta. se cargan las costas en un 20% a la demandada y el 80% restante a la actora, por aplicación del art. 71 del Ritual. Sin embargo en la parte resolutiva, punto 1) in fine impone las costas en partes iguales.

Si bien la relación fundamentos-fallo no es una cosa separable o independiente, la incongruencia afecta al fallo, en principio, solamente en la parte dispositiva, por lo que en este caso, este pretenso vicio no se presenta con la entidad suficiente como para declarar la incongruencia del fallo o su autocontradicción. Decidir lo contrario importaría ceñirse a un criterio erradamente formalista, incompatible con la recta administración de justicia.

Entre otros agravios la actora formula los dirigidos a la imposición de costas, refiriéndose a la establecida en el considerando correspondiente (20% y 80%) y en su responde la demandada no hace alusión al tema.

Por tal motivo y observando que la distribución de costas ha sido la establecida en los considerandos, conforme lo expuesto precedentemente, corresponde me avoque a su tratamiento.

Así en relación a los agravios expresados por los actores en lo que ha sido materia de distribución de costas, adelanto que el mismo habrá de ser rechazado.

Ello así, toda vez que en el caso particular no se trata del rechazo de algún rubro indemnizatorio que haga disminuir el monto de demanda, sino de una cuestión de suma importancia como lo es el grado de imputación de responsabilidad que en el evento dañoso le cupo a cada uno de los litigantes.

No encuentro en el caso fundamento atendible para apartarme del principio general que el art. 71 del CPCyC consagra en la materia.

Así soy de la opinión que las costas cuando ha mediado culpa concurrente- salvo casos excepcionales que justifiquen apartarse de tal principio- deben ser necesariamente distribuidas observándose lo dispuesto en la norma de rito antes referenciada, es decir en función de la proporción del éxito obtenido por cada uno de los litigantes.

En el caso de autos la sentenciante ha respetado tal premisa legal al imponerse las costas en un 80% a cargo de la parte actora y el 20% a cargo de los demandados.

Por tal motivo dicho agravio habrá de ser rechazado.

VI.- Por lo expuesto y disposiciones legales citadas, propongo al Acuerdo la confirmación del fallo apelado en lo principal, ampliando el monto de condena en $14.200 que sumados a los $40.600 determinados en la instancia de grado, totalizan $54.800 por todo concepto. Los honorarios regulados en la instancia de grado deberán ser dejados sin efecto, debiendo adecuarse al nuevo pronunciamiento. En función del resultado obtenido y toda vez que no se ha modificado en lo esencial el fallo apelado, las costas de Alzada se impondrán en el orden causado, determinándose los honorarios de Alzada conforme las pautas del art. 15 L.A.

Tal mi voto.

El Dr. Medori dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

VII.- Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fecha 12 de septiembre del 2007 (fs. 320/328) en lo principal, elevando el monto total de condena a la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($54.800).

2.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas a los letrados intervinientes en la anterior instancia las que, adecuadas al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: ... (arts. 7, 10, 12, 20, 37 y 39 Ley 1594).

3.- Costas de Alzada, por su orden.

4.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada, (art. 15 L.A.).

5.- Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra. Defensora del Niño y el Adolescente y, oportunamente, vuelvan al Juzgado de origen.

Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. Fernando Marcelo Ghisini Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 52 - Tº II - Fº 218 / 227 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 2008.