marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio contradictorio, fraude de uno de los cónyuges, medidas cautelares, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: L. DE L.M.E. c/ L.R. y otros s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-11

Debe distinguirse entre los actos fraudulentos que uno de los esposos puede realizar en perjuicio del otro -de los que constituye un típico ejemplo la transferencia simulada de acciones de una sociedad en favor de terceros, para sustraerlas del patrimonio conyugal-, de los que puede ejecutar la sociedad como tal. Cuando el cónyuge socio realiza actos en virtud de su poder dispositivo propio, ellos le son exclusivamente imputables; si, por el contrario, los cumple mediante actos que son atribuibles a la sociedad y a través de sus órganos de ejecución, se verá comprometida la responsabilidad de ésta (conf. Zannoni, "Sociedades entre cónyuges, cónyuge socio y fraude societario", p. 193/94, nro.

83).

Si no se cuestiona la validez de ningún acto cumplido por la sociedad, impugnándose sólo los ejecutados por el marido, en su calidad de accionista de aquélla, no existe razón valedera alguna que autorice a decretar medidas cautelares como la de interventor que, recaigan sobre la sociedad tercera ajena al proceso.

La adopción de tales medidas sobre entes societarios integrados por uno de los cónyuges con terceros, debe ser resuelta con suma prudencia, toda vez que los bienes de la sociedad no integran el patrimonio de los socios individualmente considerados y que, por tal causa, el esposo de uno de ellos no puede lesionar con su accionar los derechos de los demás integrantes, ajenos al litigio entre los cónyuges, razón por la que sólo se las admite en supuestos excepcionales (conf. Fassi-Bossert, "Sociedad conyugal", t.II, p 164, nro. 36; Belluscio, "Derecho de Familia", t.III, p. 422 nro.

815; Escribano, "Medidas precautorias en juicios de divorcio y separación de bienes", p.117, nro. 45; C.N.Civ. Sala F, c.14.163 del 9/8/85; íd.íd., c.15.320 del 14/8/85; íd.íd., c.16.295 del 5/9/85).
Exclusión de la cobertura, culpa grave
Materia: COMERCIAL
Carátula: Andrade Antonio Juan c/ La Nueva Cooperativa De Seguros Ltda. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

El efecto liberatorio de la culpa grave del asegurado prevista en el art. 70 de la ley 17418 sólo se producirá cuando la provocación del siniestro sea imputable en grado de culpa grave, esto es, cuando la conducta desborde el nivel medio de negligencia o imprudencia y sea rayana con el dolo, por haberse omitido la diligencia elemental de las personas menos previsoras, circunstancias que no se presentan en el caso, en el cual el automóvil del asegurado fue hurtado mientras el mismo cerraba las puertas del garaje, a dos metros del automotor que se hallaba en marcha.
Beneficios previsionales, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, reciprocidad jubilatoria, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Chaca, Eduardo Maximinio c/ INPS. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ restitución del beneficio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Los beneficios previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad no están incluidos en el régimen de reciprocidad jubilatoria, motivo por el cual se admite la acumulación de las prestaciones cuando se tiene derecho a un retiro militar y a una jubilación civil, derecho que sólo se adquiere cuando los servicios computables hubiesen sido prestados en forma sucesiva (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

La acción de responsabilidad civil contra un juez sería improcedente en caso de tratarse de una sentencia definitiva pues la ley "es lo que los jueces dicen que es". A pesar de ello, aunque no se reconoce todavía en forma mayoritaria, en todos los sistemas jurídicos, la responsabilidad estatal.... el reconocimiento de la responsabilidad civil personal de los magistrados y funcionarios judiciales -de típica naturaleza extracontractual, al igual que las de los funcionarios públicos en general-, ha gozado tradicionalmente de mayor acogida.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Calle Mitre 2190 c/ Olguin Gonzálo y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

La facultad de acreditar el poder general con la presentación de una copia del documento, se ha entendido que se refiere únicamente a las representaciones voluntarias, y no a las legales ni a las de las sociedades por sus administradores. (Minoría u opinión personal)
Quiebra, informe final y distribución, pago, dividendo concursal, moneda extranjera, conversión de moneda, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Molino Nuevo SA  c/  s/ quiebra s/ incidente de concurso especial de león audicio, ruben victorio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Cabe revocar la resolución que desestimó la posibilidad de que los dólares depositados en esta quiebra sean convertidos a pesos a través de la operatoria bursátil "MEP" a fin de dest inar su producido al pago del dividendo concursal. Ello por cuanto, la liquidación al tipo de cambio "oficial" produciría una grave pérdida para los acreedores de esta quiebra, generándose así más daño del que ya sufrieron a causa de la insolvencia de su deudora. De allí que, como modo de preservar el valor patrimonial de los activos falenciales, se deba analizar el modo más ventajoso de convertir a pesos argentinos la suma en dólares depositada en estos autos (cfr. LCQ 183). Y la operatoria denominada "dólar MEP", que consiste en que los dólares depositados en autos sean convertidos a pesos argentinos mediante la adquisición de títulos de la deuda pública emitidos en esa divisa norteamericana al valor del mercado en la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma Buenos Aires -abriendo una cuenta comitente a ese fin-, para luego vender esos títulos y concretar su liquidación en esa moneda de curso legal, se ajusta al ordenamiento vigente y resulta efectivamente ventajosa para los intereses de la quiebra (v. en igual sentido, "CNCom, Sala D, "Di Nella Alberto s/ quiebra", del 30/6/22; íd. Sala B, "Blockbuster Argentina SA s/ quiebra s/ incidente de distribución de fondos", del 3/11/21; íd. Sala B, "Soto Ernesto Fernando s/ quiebra", del 15/12/21).
Jueces, facultades del juez, iura novit curia, delitos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V, M D s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (CSJ EXPTE N. 148-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-07

La calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferente a los que fueron objeto de debate.
Recurso de apelación (procesal), fiscales, gravamen irreparable
Materia: PENAL
Carátula: VILDEX S.A. s/ Contrabando, recurso de queja Causa Nro. 36496.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-28

1-Desconocer la calidad de parte a quien representa al Ministerio Público Fiscal constituye un gravamen irreparable.- 2-El desconocimiento de personería de quien actúa en calidad de Fiscal adjunto al exigírsele una copia certificada de la designación firmada por el Ministro de Justicia, con oficio del Procurador General de la Nación que exprese los motivos de la designación, constituye un exceso ritual manifiesto.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

El procedimiento estatuido por la ley 7050 puede llegar a entenderse estructuralmente contradictorio y el esquema ideado responde a la clásica dialéctica del debate judicial, pero con la preocupación de una llaneza que asegure, sin sacrificar indispensables garantías, tanto para la acusación como para la defensa, la rapidez y eficacia del trámite. Este procedimiento rechaza determinada espectacularidad y privilegia el contenido intrínseco de la cuestión en debate por sobre un estéril impacto exterior. Bien está que se separe de su cargo a un mal juez, pero que ello se haga con el menor daño posible para el buen nombre del Poder que integra. No debe olvidarse la existencia de quienes explotan circunstancias de esta naturaleza para socavar nocivamente los cimientos de las instituciones públicas.
Libertad corporal, ley de orden público
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Existen normas de orden público que aparentemente declinan la libertad individual de una persona, mas lo hacen en un momento circunstancial para asegurar la libertad permanente de esa persona.
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, prestación de servicios, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Quinteros  Hector H. c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.y otro S/ s/ espido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

Denunciada por la parte actora la implementación de un procedimiento fraudulento para los maquinistas y ayudantes de conducción de trenes, mediante la creación de una cooperativa para la desvinculación de la empresa de los trabajadores como personal dependiente, al respecto la Sala VIII sostiene desde antiguo que 'la dación de trabajo es el servicio que la cooperativa presta a sus asociados y no existe la posibilidad de considerar el trabajo de éstos como una obligación de terceros, ya que sin ella la cooperativa carecería de objeto' ("Figueroa, Abel D. c/ Cooperativa de Trabajo SILA Ltda." SD 28662, 23/02/00). Por otra parte, de la prueba acreditada surgió que no se trataba de un ente ficticio ni de uno formalmente existente, que excediera los fines legales y estatutarios propios de su tipo. Por tales consideraciones, en el caso, se rechazó la demanda.
Ley de defensa del consumidor, defensa en juicio, competencia por el territorio, prenda
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  SUPERVIELLE  SA c/ RAMIREZ  RODRIGUEZ  ALBERTO  RAMON s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

El motivo por el cual el régimen de defensa del consumidor -artículo 36, ultimo párrafo, según Ley 24240- en materia de reclamos por créditos originados en operaciones para el consumo se funda en preservar el derecho a la defensa en juicio del consumidor en la inteligencia de que el ejercicio de ese derecho no se vea obstruido si la causa judicial se aleja de los jueces del domicilio de la parte presuntamente débil en una relación negocial -arg.  artículos 36 y 37 LDC- Pues bien, en un proceso de secuestro prendario donde el deudor-consumidor no debería tener que defenderse, no se advierte cual sería el sentido de mandar tramitar el secuestro al juez del domicilio del deudor ya que el trámite no prevé intención alguna de este último dentro de dicho proceso.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: F.A.T. PREN. c/ DIARIO "EPOCA". s/ PRACTICA DESLEAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró improcedente el recurso de apelación planteado respecto de la sentencia de primera instancia, en virtud de lo dispuesto por los artículos 69 y 76 de la ley 20.615. Ello así, pues a la fecha en que se dictó el pronunciamiento en recurso habían perdido vigencia los citados artículos a raíz de la sanción de la ley 22.105, cuyas normas asignaron competencia en este tipo de causas al fuero laboral que correspondía según su jurisdicción; en consecuencia la sentencia recurrida adolece de arbitrariedad, ya que aparece sustentada en normas jurídicas que habían sido derogadas a la fecha de la decisión.
Adhesión al recurso, integración escolar, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bercun , Tobías Rubén c/ OSDE s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-12

Esta Sala considera razonable mantener la medida decretada, que tiene sustento en las previsiones del ordenamiento argentino sobre personas con capacidades diferentes: además de las prestaciones de rehabilitación y asistenciales, la ley 24.901 contempla la cobertura de prestaciones de escolaridad "en todos sus tipos" (conf. art. 17, énfasis agregado), lo cual incluye a la educación general básica (conf. art. 22). Incluso el Nomenclador de Prestaciones Básicas fija montos de cobertura para escolaridad, que obviamente no se refieren a las escuelas públicas.
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertelli, Norma y otras c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-18

Los legisladores hicieron mérito del profundo déficit de las cuentas públicas de la provincia. Tal situación fáctica invocada en la norma fue sufrida por todos los habitantes de Entre Ríos que padecimos la falta de dinero para cubrir las más elementales necesidades.

Tal extremo provocó la respuesta legislativa que se impugna donde, según el art. 12, se establecen porcentajes en el pago con la Letras cuestionadas, lo que se afirma aún más con el dictado de la Ley nro. 9382, que entró en vigencia el 13/01/02, donde se declara el estado de emergencia económica, social, sanitaria y financiera en todo el ámbito provincial y privado, estableciendo la aceptación obligatoria como medio de pago de la Letras, Ley 9359, en un porcentaje no menor al 50 %.

La ciencia constitucional debe ser interpretada en sentido integrador de las normas, no divorciada de la realidad social, ni del compromiso participativo y solidario.
Tercerías, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintas, Juan s/ Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Habiendo las partes convenido expresamente la determinación del monto del juicio principal, en base al cual la actora desistió de la ejecución y se dio por satisfecho con el pago retirando los fondos, fijándose exhaustivamente que el importe sería el monto tenido en cuenta para las regulaciones de honorarios, atento las claras disposiciones que al respecto contiene el art. 47 de la ley 8904; no cabe concluir sino que la base a considerar, debe ser inexcusablemente el valor fijado en el juicio principal.-
Participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: PEÑA, MAXIMO FERNANDO Y GONZALEZ, OSCAR ALBERTO s/ HOMICIDIO  SIMPLE  Y  ENCUBRIMIENTO  EN  PERJUICIO DE MIGUEL DOMINGO  ROMERO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-20

Reviste calidad de coautor, por haber comprometido su esfuerzo y actividad personal, de cualquier naturaleza, en la concreción del hecho reputado homicidio simple. La sola participación en el hecho debidamente comprobada y con los alcances señalados, resulta suficiente acreditación de coautoría, siendo totalmente innecesaria la acumulación de otras probanzas, pues aquélla adquiere condición de excluyente; el hecho de que puedan acumularse otros elementos de prueba, servirá para robustecer la acriminación de coautoría; pero ello no resulta, de carácter necesario, indispensable.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLALBA EDUARDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-11

El sistema adoptado por la Ley 2.297, de Procedimiento Contencioso Administrativo, presenta la particularidad de requerir según lo dispuesto por el artículo 1 de la misma, el recaudo de resolución administrativa, emanada en ejercicio de facultades regladas, que sea definitiva o cause estado. De tal manera, el contencioso administrativo provincial, en el esquema determinado por la ley, exige como recaudo previo a la interposición de la acción, la solicitud de revocación o modificación del acto respecto del cual se agravia o bien la interposición del reclamo previo a tales efectos. El acto administrativo es el presupuesto obligado de la acción judicial, pues es el que determina el objeto de la litis.

De modo tal, si el proceso tiende a la revocación de un acto administrativo, se requiere se agote la vía administrativa mediante la interposición de los recursos previstos en la ley de Trámite y se interponga la acción judicial en los términos perentorios previstos en la Ley Nro.2.297.
Ciudadanía, pérdida de la ciudadanía, procesado, crímenes de guerra, pedido de extradición
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Schwammberger, José s/ Cancelación de Ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

El demandado no rebatió como debía ni produjo pruebas tendientes a destruir o modificar la concepción que de las SS y de las Waffen SS, así como de la totalidad de sus integrantes, surge del veredicto emitido por el Tribunal Militar Internacional reunido en Nuremberg en 145/6 y que guarda razonable congruencia con la información producida por la Embajada de Alemania en nuestro país, que no ha merecido objeciones de su parte. Esto basta para dar sustento a la conclusión del a quo de que el demandado ocultó intencionalmente circunstancias graves relativas a su actuación anterior que configuraban una conducta reprochable en los términos del art. 10, inc. b) del decreto del 19.12.31.

De tal modo, los gravísimos crímenes que se le imputan al demandado y que dan sustento al pedido de extradición formulado por la República Federal de Alemania, podrán ser - si queda firme la decisión de la Cámara Federal de La Plata - investigados, con las debidas garantías que la presunción de inocencia exige, por el Tribunal Penal competente.
Accidente de tránsito, concausa, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Funes Pablo Ricardo Y Otro c/ Muñoz Diego Martín Y Otros s/ Ordinario - Daños Y Perj. - Accidentes De Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-04-10

El conductor del camión y la motociclista que falleció al colisionar con el primero, resultan responsables por el hecho dañoso, pues el mayor porte del camión frente a la moto, supone mayor cuidado en su conducción, y si bien la ausencia de carnet de conducir y la omisión de llevar casco protector por parte de la víctima configuran infracciones administrativas que, en principio, no influyeron en el accidente, la sobrecarga con menores -tres niños entre los cuales se encontraba un bebé- , en la moto, sí puede considerarse como un elemento generador de responsabilidad de la conductora. (del voto en disidencia del Dr. Fernández).
Recurso extraordinario, amnistía, despido, remuneración, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Ricardo Luis RIUS c/ MINISTERIO  DE  BIENESTAR  SOCIAL  (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL) s/ EMPLEADOS  PUBLICOS  -  SALARIOS  -  ADMINISTRACION  PUBLICA  - CORTE  SUPREMA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Resulta insubstancial el tratamiento del planteo propuesto, si los agravios del apelante referentes al pago de los salarios caídos por el lapso que medió entre su renuncia y la reincorporación con apoyo en la ley 20.508, remiten al tratamiento de cuestiones que han sido resueltas con fundamento en conocida jurisprudencia de la Corte.
Cinematografía, libertad de comercio e industria, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cine Callao
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-06-22

La libertad de comercio y el derecho de propiedad integran en nuestro ordenamiento el complejo de la libertad como atributo inherente al concepto jurídico de persona, y comportan la posibilidad de elegir la clase de comercio que más conviniese a su titular y, naturalmente, la de ejecutar los actos jurídicos necesarios para el ejercicio de ese comercio, manejando los bienes propios a voluntad, sin que por principio sea posible la imposición de una actividad comercial determinada o la obligación de contratar con persona alguna, transformando la libertad de celebrar contratos en el deber de hacerlos (Voto del Doctor Luis María Boffi Boggero).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, trabajadores rurales, Derecho laboral, contrato de trabajo, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-AGRARIO
Carátula: RODRIGUEZ ORFILIO A. c/ SUCESORES DE KOPER ADOLFO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 22 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que los agravios del recurrente conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común, materia que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, a menos que se demostrare arbitrariedad , insusceptible de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia. En el caso, al confirmar el decisorio del Juez inferior, la Alzada colocó como punto de partida de todo su discurso argumental una premisa fundamental, cual fue que atento la sostenida negativa de la relación laboral, resultaba necesario apreciar el valor probatorio de las pruebas arrimadas al proceso, concluyendo que no se encontraba probado que el actor haya trabajado en el establecimiento rural , conclusión reforzada con el argumento de que al no establecer el Régimen Nacional del Trabajo Agrario presunciones por la omisión de llevar el libro especial de su artículo 122, en dichas condiciones probatorias el tema resultó bien resuelto por el A quo.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vázquez, Ricardo Omar c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

El hecho de que el actor demuestre que no tuvo inasistencias durante el semestre en cuestión, no resulta suficiente para considerar que se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la aplicación del adicional por presentismo, desde que con ello sólo acredita su asistencia a trabajar, y ésta constituye la obligación esencial de todo agente público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personal municipal, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gracia, Alberto Gaudencio c/ Municipalidad de Gral. San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

El art. 17 de la ordenanza que aprobó el presupuesto para 1984 de la Municipalidad de Gral. San Martín (ord. 2559/84) es claro en cuanto acuerda a los agentes municipales el derecho a ascender automáticamente a la categoría inmediata superior a la de revista, sirviendo la escala que el mismo artículo contiene como un límite a tal beneficio (en el caso se rechazó la demanda por la que se pretendía el ascenso del actor desde el cargo de Técnico clase II al de Jefe de Departamento).