marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: DYCASA DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES ARGENTINA S.A. c/ RESOLUCION 9957 DEL CONSEJO DE INGENIEROS DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 207-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-02-09

El artículo 18 de la Constitución Nacional exige que siempre exista una instancia judicial donde, al revisarse lo resuelto por aquellos organismos administrativos, siga rigiendo sustancialmente el cardinal principio de que la decisión final corresponde al Poder Judicial de la Nación o de las Provincias. Esta exigencia del "control judicial suficiente", significa: a) reconocimiento a los litigantes del derecho de interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción en que, existiendo opción legal, los interesados hubieren elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial. La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie deben tenerse por imperativas. Una interpretación contraria sería violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional que garantiza a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia".
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, gravamen eventual, circunstancias sobrevinientes, sentencia, costas, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fiorotto, Arístides Javier c/ Supercemento S.A.I.C. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Laboral. Recurso interpuesto por la  citada en garantía (Queja AyS T 99 p 174/175) (EXPTE CSJ Nº 138-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-26

Si resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por la aseguradora de la demandada por cuando ya se ha declarado procedente el deducido por ésta demandada, esta imposibilidad de fallar ha de repercutir en las costas, las que se impondrán en el orden causado, puesto que aquella resolución -que es la que torna eventual el gravamen de la impugnante- genera una situación de jus superveniens que justifica el apartamiento del criterio objetivo del vencimiento receptado con carácter general en la norma del artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial y, específicamente, en la del artículo 12, último párrafo, de la ley 7055.
Escribanos públicos, responsabilidad del escribano, falsificación de documentos, falsedad ideológica, dolo, circunvención de incapaz o menor, participación criminal, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAPURRO, María Cristina y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

El art. 29, inc. d) de la ley 404 obliga al escribano a escuchar, indagar, asesorar, apreciar la ilicitud del acto o negocio a formalizar y la capacidad de obrar de las personas intervinientes, lo que le exige estar personalmente en el acto.

Si la otorgante de un poder especial de disposición de un inmueble fue declarada inhábil en los términos del art. 152 bis del C.C. y, el cuadro psíquico padecido data de varios años anteriores a la fecha de celebración del acto, la violación de los deberes a cargo del imputado -escribano-, de no constatar la capacidad de la persona que se presentó a realizar un acto jurídico, cuando su incapacidad era evidente, revela su dolo y complicidad con la autora principal.

Por ello, debe revocarse el sobreseimiento dispuesto y ordenar su procesamiento en orden a los delitos de falsedad ideológica en grado de autor en concurso con participación criminal con el delito de circunvención de incapaz (del voto del Dr. Donna, al que adhirieron los Dres. Bruzzone y Elbert).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, expropiación, indemnización, prueba, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (DPV y U) c/ ANATRO, ALBERTO JOSE Y CASTAÑO, RICARDO LUIS s/ EXPROPIACION (RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-11

Si bien los agravios esgrimidos remiten al estudio de cuestiones que por su naturaleza, en principio, resultan ajenas al recurso extraordinario regulado por el artículo 14 de la ley 48, lo cierto es que en el sub lite cabe hacer excepción a dicha pauta por cuanto las hipótesis de arbitrariedad invocadas guardan adecuada relación con lo debatido y demostrado en la causa, encontrándose en juego el principio de integralidad de la indemnización expropiatoria, con el posible menoscabo al derecho de propiedad de la recurrente (De la disidencia de los Dres. Erbetta y Netri).
Fiscales, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Picón, Abel s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

No cabe interpretar la ley de modo que si el Agente Fiscal consiente la calificación del hecho y apela por el monto de la pena las seguridades procesales del acusado sean mayores que si, en lugar de haber recaído condena por el hecho así calificado, la sentencia lo hubiera absuelto por ese hecho con dicha calificación.
Extradición, prescripción de la acción penal, prescripción de la pena
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Manulaki, Andrés Agustín s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El art. 9, inc. c), del Tratado de Extradición vigente con el Reino de España, aprobado por ley 23.708 prescribe que la extradición no se concederá si, de acuerdo a la ley de alguna de las partes, se hubiese extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la entrega.
Recurso extraordinario federal, per saltum, morosidad del proceso, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ JUAN EDUARDO Y OTRO s/ ROBO AGRAVADO - PLANTEO DE PER SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11

En el caso de autos no se encuentra configurado el requisito de definitividad requerido por la norma -art. 14 de la Ley 48- y el cual no puede ser suplido por la alegación de arbitrariedad o violación de garantías constitucionales.

El recurrente por su parte trata de superar este valladar alegando la configuración de gravedad institucional por dilaciones indebidas por parte del juzgado. Sobre este punto debemos recordar que Néstor Pedro Sagüés indicó que gravedad institucional según la CS comprende "aquellas cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad".

En consecuencia, se configura esta excepción al principio de definitividad sólo si se encuentra en juego el interés personal y si se encuentran configuradas razones institucionales suficientes.

La actuación judicial atacada -sentencia de este Tribunal que desestima el per saltum incoado por la defensa- en la presenta causa no configura de ninguna manera gravedad institucional en tanto no se encuentra involucrada ninguna cuestión federal en su planteo ni el mismo excede el interés de las partes.
Contrato de trabajo, renuncia de derechos
Materia: LABORAL
Carátula: T., H.E. y Otros c/ L. 28 J. SCTTL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-26

Coincido con Eduardo Alvarez, al manifestar que la irrenunciabilidad consagrada en el art. 12 de L.C.T. no es de interpretación restrictiva o estricta. Ello constituye un serio obstáculo para una interpretación literal como la expuesta por la doctrina clásica, en especial si se repara en que esta hermenéutica, falsamente apegada a la ley, es contraria a la finalidad del ordenamiento, que limita el objeto del negocio. La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe la cesión de derechos y la afectación o transferencia de créditos a terceros por cualquier causa, provengan de normas imperativas o del contrato individual de trabajo (art. 148 de la L.C.T.). Estos negocios que la ley prohíbe o condiciona sin diferenciar la fuente que origina los derechos son todos bilaterales y onerosos, o sea que implican una contraprestación que ingresa al patrimonio del trabajador, y en este aspecto el que incide, de manera decisiva en la interpretación del art. 12 de la L.C.T.

Resulta claro que si el trabajador ha sido privado del poder de transigir, compensar o ceder derechos nacidos de normas no imperativas, a pesar de tratarse de negocios que garantizan una contraprestación, con mucha más razón carecerá del poder de disponer de aquéllos a cambio de nada.
Sentencia definitiva, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Giglio, Lidia Estela c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ Rec. de Queja por denegatoria del de Inapl. de ley int. por Dr.  Erro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-22

El resolutorio de Cámara que rechaza la excepción de prescripción interpuesta, es sentencia definitiva en los términos del artículo 122 del Código Procesal Laboral.
Docentes, acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-EDUCACION
Carátula: Acosta, Gustavo Ramón c/ Estado Provincial, Poder Ejcutivo, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15

Llegado el momento de dictar sentencia, se procede a dar cumplimiento el acto de sorteo y conforme al orden de estudio y votación me corresponde encabezar el Acuerdo.

Con fecha 31 de Julio/2014, a raíz de la publicación periodística de fecha 26/7/2014, se suspende el llamado de autos para sentencia y se dicta medida de mejor proveer en virtud de la cual se oficia al Sr. Ministro de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia a fin de que en el plazo de TRES DÍAS, remita copia autenticada de la Resolución Nº 458/14 que deja sin efecto la Resoluciones Ministeriales Nº 097/14 y Nº 134/14 que resultaron impugnadas por el presente amparo.

Cumplimentada la medida, se reanuda con fecha 21/8/14 el llamado de autos para resolver.

Siendo ello así, y agregadas en autos las copias certificadas de la Resolución Ministerial EC y T N 458 de fecha 25 de julio 2014, por la cual se procede a dejar sin efecto en todas sus partes, la Resolución EC y T Nº 097 de fecha 18 de Marzo 2014 y Resolución Ministerial EC y T Nº 134 de fecha 04 de abril 2014, motivo de la presente acción de amparo, cabe reparar que, como es criterio de este Tribunal en esta etapa procesal siempre se debe tener presente la situación real al momento de dictar sentencia, conforme a lo cual corresponde, ante la remoción de las Resoluciones impugnadas, declarar sin materia la presente acción.

Por ello, corresponde declarar abstracta la causa por haber operado la sustracción de la materia justiciable. Con costas a la demandada (Art.17 de la Ley 4642).
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Fabricaciones Militares c/ Banco Mercantil Argentino s/ revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La eventual complejidad de los temas debatidos no puede constituir fundamento suficiente para exceptuar de la regla del art.

68 del Código Procesal, si ambas partes litigaron en igualdad de condiciones respecto del tema central alrededor del cual giró la controversia.
Ciudadanía, derechos políticos
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PHAM ANNE MONG LAN c/ R., D, s/ SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Con relación a la exigencia del conocimiento del idioma nacional -del cual se agravia la peticionaria-, esta Cámara ha sostenido -en casos análogos al presente (cfr. Sala 3, causas nº 6707/92 del 27/11/92 y nº 5392/93 del 22/9/93; esta Sala, causa 7402/10 del 19/5/11, entre muchas otras- que si bien no es un requisito formal como los requeridos en el art. 2º de la ley 346, sí está implícito que en los derechos políticos asume el carácter de imprescindible para poder ejercerlos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en el mismo sentido, que las circunstancia de que un requisito no esté expresamente incluido en la ley no es óbice para que sea exigido; se trata de una condición indudablemente implícita e inherente a la naturaleza del derecho cuyo otorgamiento está en tela de juicio (Fallos 211:376). De lo manifestado surge que el conocimiento mínimo de nuestro idioma nacional -el saber expresarse inteligiblemente en idioma castellano- como lo señaló el máximo Tribunal en otro precedente, se convierte en una condición esencial a la calidad de ciudadano argentino (cfr. esta Sala, causa 286 del 7/7/89, Sala 3, causas 5392/93 del 22/9/93 y 6707/92 del 27/11/92, y Fallos 295:209, considerando 4º).
Procesamiento, hurto simple, tentativa, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: F., H. J. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-25

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "F., H. J. s/procesamiento" (causa n° 16.328/2018) rta. 25/4/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó por hurto simple en grado de tentativa. Los vocales confirmaron el procesamiento y ordenaron la remisión de testimonios a la Procuración General de la Nación por la omisión injustificada, por parte del fiscal, en aplicar el nuevo régimen de flagrancia (ley 27.272).
Incidente de caducidad, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa Francisco Javier y otros c/ Salas Rafael y/u Otros s/ Acción Posesoria de recobrar la Posesión - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-09-15

Cabe hacer lugar al incidente de caducidad interpuesto por el actor y en su mérito, declarar perimida la instancia recursiva que lo motiva, dado que se ha cumplido con creces el plazo previsto en el art. 314 inc. 2º del CPCC en razón de que desde el último acto impulso procesal, han transcurrido más de cuatro años.
Acción de amparo, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Maidana, Víctor Hugo s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-02

La acción de amparo puede tramitar en la instancia originaria, en la medida en que se verifiquen las hipótesis que surtan tal competencia, a fin de evitar que, en tales ocasiones, queden sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986.
Prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial, ley procesal, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ayuso, Gustavo L. c/ Agro Ezport Servicios y/o Fulminal S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 50-99, Resolución Nro. 215, Tomo 24, Folio  468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-22

Son tachas las circunstancias que invalidan o disminuyen el valor de las declaraciones de testigos que las partes hacen notar al juez, para que las aprecie al sentenciar. Siendo la habilidad la regla, la excepción debe ser interpretada restrictivamente. Aunque se pruebe la tacha el juez debe apreciar el mérito de dicho medio de prueba en cada caso, según las circunstancias y las reglas de la sana crítica, reglada por el art. 224 del Cód. de Proc. C. y C. de aplicación integrativa en nuestra ley adjetiva.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: LEIRO REDONDO, MANUEL c/ CASTELLANO, OSCAR L. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

Cuando el damnificado en un accidente de tránsito fue atendido en un hospital público, no corresponde computar honorarios médicos o de enfermería u hotelería, sin embargo es sabido que debido a la grave situación económica por la que atraviesan dichos establecimientos, no satisfacen la totalidad de los gastos que el paciente se hubiera visto obligado a realizar, tales como medicamentos, yeso o analgésicos necesarios. Este tipo de erogaciones son indemnizables aunque se carezca de la prueba de su cuantía.
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, depósito previo, exención de depósito, deudor previsional de escasos recursos, quiebra, defensa en juicio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EL HALCON S.A.T. c/ A.F.I.P. - D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

El Alto Tribunal ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplan situaciones patrimoniales concretas de los afectados, a fin de evitar que aquel pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos 247:181). El estado de falencia de la apelante es demostrativo de la crisis económico financiera por la que atraviesa, y releva de mayores argumentos para tener por acreditado el supuesto de excepción que la doctrina judicial recepta. Por tal motivo, corresponde habilitar la instancia y entender en el recurso impetrado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), administrador judicial, rendición de cuentas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORNERO, GRACIELA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-06

En relación al agravio referido a la alegada autocontradicción en que habría incurrido el Tribunal al negar la retribución por la labor desempeñada por el administrador judicial pero, al mismo tiempo, considerar insuficientes las expresiones de los incidentistas para fundar una acción de restitución de frutos o indemnización de daños, se concluye que el cuestionamiento expuesto no se encarga de rebatir lo sostenido por el A quo respecto a que el marco procesal del caso involucraba desde su inicio pretensiones que no sólo cuestionaban la legitimidad del accionar del administrador judicial sino también las consecuencias -sobre los derechos de este último- del acogimiento de tales cuestionamientos; resultando asimismo necesario decir que la aceptación del planteo impugnatorio de las cuentas rendidas por el administrador judicial tiene como lógica consecuencia -de ser admitido-, el decaimiento del derecho a cobrar los emolumentos que hubieran correspondido en caso de ser aprobadas, y que si la magistrada de grado no impuso esta consecuencia fue justamente por haber desestimado los reproches formulados y haber convalidado la rendición de cuentas presentada por el administrador.
Recurso extraordinario federal, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustamante, Rinaldo y otro c/ Rafael J. Perez s/ Despido -Casación- Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-03-15

Dentro de los requisitos formales necesarios para la viabilidad del Recurso Extraordinario Federal se encuentra el deber del oportuno planeamiento de la cuestión federal, entendiéndose por tal al momento de trabarse la litis o bien cuando motivos de excepción justifiquen la ausencia de dicha formalidad, toda vez que la finalidad que persigue la misma es conferir a los jueces de la causa la oportunidad de merituar y decidir sobre la cuestión federal que se alega comprometida. En autos, el recurrente hizo reserva del caso federal en oportunidad de fundar los agravios del recurso de apelación en contra de la sentencia de Primera Instancia, es decir, de modo tardío; tampoco existe ni se alegó que haya cuestión federal sorpresiva, puesto que la circunstancia de que el fallo que decidió el litigio no se haya basado en los argumentos esgrimidos o que resulten contrarios a lo pretendido por la parte, no significa de modo alguno que el sentenciante haya introducido una cuestión federal en esa oportunidad, más aún si se tiene en cuenta que el resultado era razonablemente previsible.
Honorarios del abogado, cuerpo de abogados del Estado, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL D.G.I. c/ PAULISTA SA. s/ COBRO DE IMPUESTOS DE I.V.A. EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Los agentes públicos que gozan de un sueldo previsto como erogación en el presupuesto no son acreedores a honorarios por los servicios que prestan en el desempeño de su cargo, teniendo por única remuneración de ellos la retribución que las normas les asignen.
Leyes, aplicación de la ley, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carretto, Pedro J. c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Los jueces y la misma Administración deben acatar y ejecutar o hacer ejecutar las leyes en los casos concretos, interpretándolas para salvar sus vacíos en la medida que fuere necesario, pero sin depender de que no hayan sido reglamentadas y aunque la ley disponga, en sus últimos artículos que "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley".
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: FELQUER JOSE F. c/ AUTER S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-12

Voto mayoritario: En autos, aunque la demandada apelante hubiere cumplimentado los extremos del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, al no haber probado en el subjúdice como era su carga (artículos 363 del Código Procesal Civil y Comercial aplicable por el 141 del Código Procesal Laboral), la justa causa del despido, se impone confirmar la sentencia en recurso en lo que fue materia de agravios de aquélla.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BERTERO, CLAUDIO FELIPE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-09

En torno al cumplimiento del recaudo de definitividad de las sentencias emanadas de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo creadas por la ley 11329, atento al nuevo criterio jurisprudencial -adoptando una interpretación restrictiva del artículo 31 de la ley 11330, reservando así únicamente el tránsito previo y necesario por la vía del recurso de nulidad para aquellos supuestos de vicios del procedimiento o de la sentencia en cuanto a la omisión de sus formalidades esenciales- y teniendo en cuenta la "especial prudencia" encomendada por la Suprema Corte de Justicia nacional, corresponde dar por satisfecho el recaudo de definitividad de sentencia de la impugnación extraordinaria, remitiendo a los argumentos expuestos en "Banco Bansud SA", sin perjuicio del criterio que expuse en aquella oportunidad en mi voto en disidencia, por especiales motivos que hacen a la seguridad jurídica e institucional de esta Corte (Del voto del Dr. Falistocco) (Citas: CSJStaFe: Banco Bansud SA, AyS T 242, p 47 /488)
Contratos administrativos, obras públicas, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUIS ALFINI E HIJOS  S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1984-08-31

La Administración Pública ha considerado de aplicación el supuesto de abandono de la obra o interrupción de los trabajos por un plazo mayor de 8 días en tres ocasiones o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes, interpretándose en el sentido de la no presencia del contratista en la obra, como asimismo de cualquier persona con condiciones o facultades para representarlo - lógicamente no se trata de ausencia transitoria y justificable debe advertirse en el empresario, el ánimo de dejar o desamparar la obra privándola de su atención, vigilancia y custodia directa, o de lo que pueda prestarla, indirectamente, por un representante autorizado para ello.