marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, sentencia, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: REY MONTERO ANTONIO c/ RESTAURANTE LUDOVICO Y OTROS s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  DE  APELACION  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE  LA  NACION  CUESTIONES  ENTRE EMPLEADOS  Y  EMPLEADORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-04-04

Resulta improcedente la apelación extraordinaria para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación si se cuestiona la interpretación de los arts. 242 Y 244 LCT efectúada por esta sala para resolver acerca de lo que fue materia sometida a decisión:

existencia, y en su caso, legitimidad del despido, ya que el máximo tribunal ha sostenido que las cuestiones entre empleados y empleadores que atañen a derechos que emanan de la relación laboral, planteadas ante los tribunales del fuero, no dan lugar en principio y por involucrar extremos de hecho, prueba y derecho común al re curso extraordinario (fallos 300:466) es igualmente inadmisible en cuanto a la circunstancia de que en autos solo se condeno a un demandado, ya que tal cuestión no fue tratada en la sentencia por no haber mediado agravio al respecto.
Delito culposo, imprudencia, sentencia penal, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: APARICIO DOMINGO PASCUAL s/ VIOLACION A LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, HOMICIDIO CULPOSO Y FA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20

Con respecto a los delitos culposos debemos señalar que conforme la doctrina imperante los denomina de tipos abiertos por cuanto el juez determina la acción imprudente completando el tipo de injusto, dado que no es posible que el legislador describa con exactitud todos los comportamientos imprudentes.

Podrá hablarse de un delito imprudente cuando la acción típica y antijurídica pueda serle reprochada al sujeto en la situación concreta en que se encontraba. O sea que será recriminada la infracción si el autor en las circunstancias que se encontraba podía obrar de otra manera de conformidad con el orden jurídico.

En el caso, además se debe observar que la sentencia recurrida viola la ley sustantiva en cuanto no expresa cuál es la conducta exigible al autor. ..O sea que en los casos de delito imprudente al autor se lo reprocha haber desatendido su deber de cuidado y por el contrario no se lo reprocha cuando no pudo ejecutar otra distinta.

Conforme lo señalado corresponde casar la sentencia consagrando la siguiente doctrina legal: Es descalificable como acto judicial válido la sentencia de condena dictada en un delito culposo que omite establecer en que consistían las obligaciones que voluntariamente hubiera asumido su autor o que le hayan sido impuestas, más aún cuando como en el caso de autos se señalan contradictoriamente violaciones al deber de cuidado imputables al autor. (DEL VOTO EN DISIDENCIA DEL DR. GANDUR).
Responsabilidad médica, prueba, historia clínica, presunciones, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rozenblat, Alberto c/ Porcella, Hugo y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

La confección incompleta de la historia clínica constituye presunción en contra de la pretensión eximitoria del profesional.

De otro modo el damnificado por un proceder médico carecería de la documentación necesaria para concurrir al proceso en igualdad de posibilidades probatorias (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Acción de amparo, clausura del establecimiento, habilitación del establecimiento, DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIONES Y HABILITACIONES, plazo, interpelación, nulidad del acto administrativo, nulidad absoluta, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Varsavsky, Nestor Darío c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

Conforme a lo prescripto por el artículo 2.1.9, del capítulo 2.1, de la Ordenanza Nro. 34.421, para el caso de no contarse con la habilitación pertinente, la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones debió, atento tratarse de un uso permitido de acuerdo al emplazamiento, otorgar fehacientemente un plazo de quince días para que el titular regularice la plenitud de las exigencias reglamentarias, vencido el cual, en caso de que el interesado no acredite haber iniciado el trámite de habilitación respectivo, disponer la inmediata clausura.

En el caso, no surge del expediente que el actor haya sido intimado debidamente sobre las exigencias reglamentarias requeridas, a efectos de regularizar sus situación. La falta del mencionado requisito previo hace que el acto de clausura dispuesto por la administración haya sido dictado con violación del orden jurídico vigente y de las formas esenciales (art. 14 inc. b, Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires), sin que corresponda hacer mayores discriminaciones en el caso, ya que la omisión del recaudo sustancial previsto por la Ordenanza, sólo puede juzgarse en los términos señalados y dar lugar a la nulidad absoluta e insanable del acto.

Por lo expuesto corresponde declarar la nulidad del acto con el alcance indicado, sin perjuicio de que obviamente el Gobierno en cumplimiento de sus deberes deberá proceder a una nueva inspección en los términos previstos en la legislación aplicable, y en caso de constatar infracciones a las normas sobre habilitaciones, proceder a intimar fehacientemente al actor para que adecue su actividad a las reglamentaciones vigentes, indicando en su caso, las falencias que detecte.
Iura novit curia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, obligaciones del Estado miembro, impulso de oficio, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, torturas, apremios ilegales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

Corresponde que la Corte Interamericana, en aplicación del principio iura novit curia, declare la responsabilidad internacional de la República Argentina por violación a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura -CIPST-, en el caso de quien fue privado de su libertad en forma ilegal -por cuanto su detención no respondió a orden judicial ni a flagrancia-, padeció torturas y tratos degradantes, pues teniendo indicios de su ocurrencia, aún cuando no sean denunciadas, deben los Estados iniciar de oficio y en forma inmediata una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento en el marco del cumplimiento debido a las obligaciones impuestas por la referida Convención de la que Argentina resulta Estado Parte.
Policía federal, interpretación de la ley, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro, David A. c/ Caja de Retiros, Jub. y Pensiones de la Policía Federal s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

El suplemento por trabajos extraordinarios, previsto por el art. 108, inc. h) del decreto 4639/73, reglamentario de la ley 19.373, pese a que se pretendió asignarle carácter particular, ostenta la nota de generalidad invocada por la accionante, más allá de que la norma en cuestión la rotula una "bonificación transitoria, individual, selectiva y excepcional". (Confr. la Sala III del fuero, en las causas "Sejas" del 27/5/85, y en "Romano de Viotto" del 16/12/93).
Delitos contra la humanidad, torturas, desaparecidos, homicidio, asociación ilícita, derecho de gentes, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos -entre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar adelante esta persecución-, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional. En consecuencia, el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos, independientemente del rol funcional que se ocupe, también es un crimen contra la humanidad.
Ejecución de la pena, traslado de internos
Materia: PENAL
Carátula: Giménez Güell, Carlos Daniel c/  s/ extrañamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

El orden normativo prevé un instrumento específico sobre cuya base puede eventualmente suscitarse una incidencia típica de ejecución de la pena, que sólo puede promover el condenado o quien actúe en su nombre, cual es el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur, aprobado por ley 26.529. Esta disposición concede al condenado un derecho sustantivo a promover una incidencia de ejecución y obtener su traslado para la ejecución de todo o parte de la sentencia en el territorio del país de su nacionalidad, o de aquél en el que tiene concedida autorización de residencia permanente, a diferencia de los de los arts. 61, 62, 63 y 64 de la ley 25.871, que no dan base a ningún derecho a opción del condenado (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Partidos políticos, financiamiento de los partidos políticos, financiamiento público, publicidad de los actos de gobierno, deber de llevar contabilidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en autos caratulados: "Incidente de control patrimonial Partido Nacionalista Constitucional - orden nacional" s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

Resulta de fundamental trascendencia que el origen del financiamiento de los partidos políticos sea público, y que haya plena información acerca de su utilización, so riesgo de menoscabar la obligación republicana de dar publicidad a los actos de gobierno. Por tal razón, les corresponde a esas agrupaciones, como deber cardinal, llevar una contabilidad con estricto detalle del origen y destino de sus fondos y patrimonio (artículo 47 de la ley 23.298) y darles la debida publicidad que el artículo 38 de la Constitución Nacional establece.
Hipoteca, condominio
Materia: CIVIL
Carátula: COBEC Sociedad en Comandita por Acciones c/ Mendoza, Provincia de s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Constituida la hipoteca por un condómino sobre su parte indivisa, una vez realizada la partición sólo puede tener efectos sobre la fracción adjudicada (arts. 3123 y concs. del Código Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Arrizubieta, Fermín Daniel s/ Supresión de documento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 29 del Código Penal si no se demuestra que el sentenciante transgrediera la citada disposición legal y que no haya sido "prudencialmente fijada por el juez" la indemnización del cuestionado daño moral.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, vista al fiscal
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

El pronunciamiento de la Cámara que resuelve correr vista al particular damnificado del desistimiento del Fiscal de Cámaras (art.87 inc.6 y 304 C.P.P.) no reviste carácter de definitivo en los términos del art.349 inc.1 y 357 del Código citado, desde que no termina la causa ni hace imposible su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, regulación de honorarios, intereses, cómputo de intereses, carácter alimentario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cata, Alberto Argentino y Otros c/ I.A.P.V. y Otra s/ Ordinario (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-23

El cálculo de los intereses correspondientes al capital a los fines regulatorios, deben computarse hasta la fecha de la regulación, conforme lo prevé el segundo párrafo del art. 31 de la ley 7046 y no hasta la ocasión de haber efectuado el pago de aquél. Sostener que el devengamiento se produce exclusivamente hasta la fecha de pago del capital, cuando la regulación fue diferida hasta tanto se practique la correspondiente liquidación, importaría quebrantar un derecho de naturaleza alimentaria en contra de una disposición legal que señala expresamente lo contrario.
Acción de revisión, delitos, autoría
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: A, J C Y OTRO s/ HOMICIDIO CALIFICADO.    RECURSO DE REVISION.     CSJ EXPTE NRO 171-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

Los argumentos tendientes a demostrar que el condenado no tuvo ninguna participación en el homicidio, son propios de las instancias ordinarias, y carecen de idoneidad para operar la apertura del recurso de revisión penal.
Excepción de incompetencia, competencia federal
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Angel Federico c/ Picca, Víctor Hugo y otro s/ Accidente de trabajo y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-29

Tratándose de una cuestión entre vecinos de diferentes provincias -art. 116 C.N.-, la competencia encuentra límite o reserva en lo prescripto en la norma del art. 75 inc. 12 de la C.N.; se trata de una jurisdicción federal por razón de las personas, sin que corresponda referirse para nada a la materia. Por ello, habíendose cumplimentado los recaudos constitucionales y legales -arts. 116 C.N. , 2, 8 y 11 y concs. de la ley 48-, ya que se trata de vecinos de distinta provincia, ha sido invocada la excepción por la accionada, actor y demandada poseen D.N.I. por lo cual cumplen el requisito de la nacionalidad argentina, corresponde decretar la incompetencia del Juzgado de 1ra. instancia de ciudad, por ser competente la Justcia Federal.
Malversación de caudales públicos, depositario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Levington, Jorge O. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-26

Puede ser autor del delito de malversación de bienes un funcionario público o una de las personas que, por la función que se les ha confiado en razón de la naturaleza o situación de determinados bienes, resultan equiparables a él, es decir, que tengan el manejo, percepción, administración o custodia de bienes por razón de su cargo; tal es el caso del depositario judicial de bienes. Es clara la remisión que al artículo 261 efectúa al 263, ambos del Código Penal, que no permite albergar duda alguna del alcance que este último efectúa al incluir al depositario judicial como pasible de la inhabilitación absoluta perpetua. Es más, que confianza podría tenerse, para que entre otras cosas se desempeñase en el futuro como funcionario público alguien que sin serlo stricto sensu, cometió un delito, que sólo aquéllos o quiénes lo son asimilados por ley, como en el caso en estudio, pueden concretar (art. 19 C.P.). (Voto del Dr. Tragant).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Interfinanzas S.A. c/ Carlino, Oreste y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Si bien de conformidad con el art. 57 del dec.ley 8904/77 en principio no es admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra las regulaciones de honorarios hechas por las Cámaras de Apelación, las mismas pueden ser revisadas cuando se alega la afectación de derechos constitucionales o la confiscatoriedad de la fijación.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, estafa, competencia, remisión del expediente, querella, asociación ilícita, concurso real
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O., J. S. y otros  c/  s/ estafa (Causa Nº 51.152/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-02

Competencia.

Magistrado se declaró incompetente y ordenó la remisión de las actuaciones a la justicia de menores.

Querella que recurre.

Imputados procesados por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros, en concurso real con defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito. Maniobras que habrían tenido su génesis cuando los encausados no alcanzaban la mayoría de edad. Registro de múltiples estafas a lo largo de un año y medio, en varias de las cuales ya tenían dieciocho años, que no determina que corresponda escindir la investigación según las edades. Investigación que debe continuar su trámite en la justicia de menores en razón de la especialidad.

Confirmación.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, jurisdicción y competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Firmenich, Mario Eduardo. s/ INCIDENTE  DE  DECLARATORIA DE JURISDICCION INTERPUESTO POR OSVALDO J  BEATTI  - GUSTAVO  A.  SEMORILE  Y  FERNANDO  E.TORRES  EN  CAUSA  50
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La declaración de que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, presupone que esos jueces siguen conservando la jurisdicción en cuya virtud estaban llamados a conocer de una determinada causa
Ejercicio profesional, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cons.Prof. de Agrimensura c/ Inconstitucionalidad decreto 8409/86.Tercero: Cons.Prof. Ingeniería Pcia. Bs.As. s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

No es inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que, frente a la creación del Consejo Profesional de la Agrimensura y la existencia de profesionales de la ingeniería con título suficiente para desarrollar la misma actividad, se remite a las incumbencias profesionales correspondientes a cada título universitario para autorizar a uno u otro Consejo Profesional a visar la documentación relacionada con los trabajos que, dentro del marco de esas incumbencias, puedan realizar sus profesionales matriculados. Ello es así pues, si bien las Provincias pueden reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, carecen de atribuciones para enervar, alterar o menoscabar el derecho reconocido en un título otorgado por la autoridad nacional.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: ARSEG S.A. c/ OLIVERA ARIEL RAMON Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO-VIA SUMARIA S. RECURSO DE QUEJA POR CASACION  DENEGADA INTERPUESTO POR EL DR. FROLA HUGO CESAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-08

A los fines casatorios, adquiere nota de definitividad la resolución que rechaza la casación interpuesta por un incidentista, en una tercería de dominio, toda vez que resuelve esta cuestión incidental dando por finalizada la controversia. (Minoría u opinión personal)
Doctrina de los actos propios, personal contratado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Melo, Carlos Roberto y otros c/ I.A.F.A.S. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-12

Al invocar los actores como antecedente de su ingreso al I.A.F.A.S. un contrato a término de características específicas para el desempeño de sus funciones en principio permanentes y con un régimen propio de la locación temporal de servicio cuya finalización o continuidad quedaba librada a la voluntad de los contratantes, pone de resalto que aquellos aceptaron el voluntario sometimiento a un régimen jurídico signado por la inestabilidad de la relación contractual transitoria sin formular nunca reserva de ninguna especie, determina que sea improcedente el reclamo posterior con base en estabilidad en el empleo de la cual renegaron en su origen, no siendo factible ahora venir contra los propios actos so pretexto de haber superado el año porque el mero transcurso del tiempo situarla en calidad de permanente.

Ello así, el accionar rescisorio cumplido por la resolución Nro. 1365 del 30-12-92, emanada del Directorio del instituto, no resulta ser manifiestamente ilegítima y conculcatoria de derechos o garantías constitucionales actuales e inminente comprometidas, tornándose improcedente la demanda de Amparo intentada -artículos 1 y 2 de la Ley 8369/90-.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingenieros Costamagna y S.P.S. Sociedad en Comandita por Acciones c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Si el contratista se sujeta a un régimen jurídico determinado -en el caso Ley de Contabilidad y Reglamento de Contrataciones- en virtud de la participación en un procedimiento de selección, las cuestiones suscitadas deben resolverse con estricto apoyo en las normas del Pliego de Bases y Condiciones, con prescidencia de las normas de otra naturaleza.
Beneficio de litigar sin gastos, asociaciones civiles, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS c/ SA ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

Toda vez que la circunstancia de que una persona jurídica se encuentre organizada bajo la forma de una asociación civil sin fines de lucro, no significa que carezca de patrimonio o que no cuente con los recursos necesarios para hacer frente a los gastos de un litigio, si pretende acogerse al beneficio de litigar sin gastos, debe acreditar concretamente la ausencia de recursos suficientes para solventar los gastos causídicos, suministrando los elementos de juicio que hagan viable esa pretensión exhibiendo memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos, o al menos una explicación detallada de la situación patrimonial y financiera de la entidad, no bastando con la sola declaración de dos testigos.
Acciones de filiación, impugnación de la paternidad, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: L., J.L. c/ L., N.A. s/ IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-02

Frente al progreso de una acción de impugnación de paternidad el hijo puede requerir la inscripción del apellido materno, la subsistencia de su apellido por la justificada utilización e individualización desde su original inscripción -reconocimiento voluntario o judicial mediante- o el de su padre biológico, pero no la incorporación de un sobrenombre como apellido. Máxime cuando -como en el caso- el apodo o sobrenombre es utilizado como una denominación familiar que no sale del círculo de sus íntimos, por lo que no se configuran los justos motivos necesarios para proceder a su cambio. De acreditarse debidamente que el sobrenombre constituye un seudónimo que ha adquirido notoriedad podría requerirse que se le extienda la tutela del nombre (art. 23 de la ley 18.248) pero no la modificación del apellido.

(Sumario N°19414 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Daños y perjuicios, lesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Carlos Marcelo c/ Pereyra, Juan Carlos y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

La conducta de los padres del menor -víctima del hecho ilícito-, relatada por la perito psicóloga en el respectivo dictamen, no puede hacerse recaer sobre los obligados al pago de la indemnización (art.

901, último párrafo, Código Civil).