marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

El llamado coactivo de un tercero por la demandada, no autoriza a aquel a entorpecer la pretensión básica debatida entre actor y demandado introduciendo un pleito distinto entre este último y el tercero, para cuya definición deben concurrir a las vías adecuadas.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, doble instancia, sentencia definitiva, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Arancibia, Carlos Ignacio y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-02

El recurso federal es formalmente admisible en tanto se dirige contra una sentencia definitiva, dictada por el tribunal superior de la causa y suscita cuestión federal suficiente en tanto controvierte el alcance otorgado al derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria consagrado por los artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la decisión del a quo fue contraria a la pretensión que el apelante fundó en esas cláusulas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, tenencia de estupefacientes, condena condicional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos A.N.F.F. sobre 14 1° párr. - tenencia de estupefacientes c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

En el caso, el recurrente no logra plantear una cuestión constitucional. Ello así, dado que los agravios de la defensa fueron debidamente tratados por los jueces de mérito quienes expresaron las razones en las que fundaron su posición. En ocasión de revocar la condicionalidad de la condena y denegar la apelación dirigida contra la emisión de la orden de captura, los jueces de mérito tuvieron en consideración que a la fecha del dictado de aquella resolución, el imputado no había cumplido, siquiera parcialmente, con ninguna de las pautas de conducta que le habían sido oportunamente fijadas, entre las que mencionaron la fijación de su residencia, la realización de un tratamiento para su adicción a las drogas en una institución terapéutica, la celebración de tareas comunitarias y el sometimiento al control del patronato de liberados. Al impugnar dicha sentencia, la defensa no ha logrado demostrar que, al margen de su acierto o error, esas consideraciones resulten manifiestamente irrazonables y justifiquen descalificar la decisión como acto jurisdiccional válido. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg. Voto a cuyos fundamentos remite la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, automotores, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CICHITTI FERNANDO Y OT. c/ ABDON CHANTIRE CHANTIRI Y OTS. s/ Sumario (LIBRO: S068 - 445)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-10-07

No enervan la responsabilidad del Estado el régimen preferencial de paso con que cuentan los vehículos afectados al cumplimiento de urgentes servicios públicos. Si bien puede ser justificada la transgresión de algunas normas preventivas, no se justifica en cambio que ello ocurra a costa de la lesión inferida a terceros, o que éstos deban soportar la incidencia definitiva del daño.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Aunque muchos son los propósitos que se pueden considerar perseguidos a través de la implantación de la suspensión del juicio a prueba, hay dos que son generalmente considerados como los esenciales, a saber: el afán de procurar aliviar la saturación de los tribunales agobiados por el número de causas penales que ante ellos se presentan, y el de evitar la formal imposición de condenas a individuos que en definitiva y por disposición de la propia ley penal, no cumplirán las mismas. (Del Voto del Dr. Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Traslado de jueces, cargos vacantes, cobertura de vacantes, Consejo de la Magistratura, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

El Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (resolución 155/00), luego de la modificación operada por la resolución 270/19, es inconstitucional, por cuanto omite instancias previstas por la Constitución Nacional para la cobertura definitiva de los cargos vacantes e igual descalificación, y por los mismos motivos, corresponde sea decretada para la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
Derechos y garantías constitucionales, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ A.A.A. y Otros s/ Amparo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-31

La razonabilidad no es el sentido común individual o el de un grupo de individuos, sino el sentido común que prescribe la Constitución. Ese sentido común constitucional, que se traduce en la regla de la proporcionalidad entre medios y fines constitucionales, está expresado en la idea política dominante que impregna a la Constitución y en sus metas finales, que son la vigencia de la libertad y dignidad del hombre. Sobre tal base cabe calificar como irrazonables, y por ende como opuestos a la Constitución, a todos aquellos actos de los órganos legislativo, ejecutivo o judicial que son arbitrarios por carecer de aquella proporcionalidad, o por desnaturalizar la idea política constitucional.
Recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia, resoluciones
Materia: PROCESAL
Carátula: "DÁNGELO, Marcelo Sergio c/ MUNICIPALIDAD DE USHUAIA s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-08-28

Debe señalarse que el recurso no resulta admisible en lo formal, y ello ha sido advertido por el recurrente, pués el art. 268 al establecer los supuestos de impugnabilidad objetiva indica que pueden atacarse por medio del recurso " las providencias simples y las sentencias interlocutorias que no pongan fin al proceso", supuestos en los que no encuadra la resolución que, desestimando la queja, deja firme la sentencia definitiva de la Alzada.

No resulta extraño que la Alta Corte federal asuma, excepcionalmente, la revisión de sus decisiones por este medio, más ello es así - fundamentalmente- por el carácter último de su intervención...pero tal fundamento no opera en el caso, ya que contaba la parte con la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario federal, sobre todo cuando se denuncia la violación de principios constitucionales locales y federales.
Sociedades comerciales, resolución parcial de sociedades, disolución de sociedades, perito liquidador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Critto, Adolfo A. c/ Terzano Bouzón, Mario y otro s/ ejecutivo Publicidad Gráfica Argentina SRL c/  s/ concurso preventivo s/incidente de pronto pago por correa, manuel enrique
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-04|2019-06-25

1. Corresponde hacer lugar al recurso incoado contra la resolución que si bien admitió la disolución judicial de la sociedad por encontrarse incursa en la causal de la LGS 94- 4°, sin embargo postergó la designación del liquidador hasta que esa decisión quedara firme, siendo que el demandado se allanó a la demanda. Ello así, pues de conformidad con lo dispuesto en la LGS 97, la disolución declarada judicialmente tiene efecto retroactivo al día en que haya tenido lugar su causa generadora. 2. De tal modo, y siendo que la causal que habrá de regir el caso es la prevista en el citado art. 94 inc. 4°, vale fijar como dies ad quem de la disolución social la fecha en la que se exhibió con notoriedad que la sociedad no podía continuar.
Denegatoria del recurso, empleo público, cesantía, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en tosi marcela miriam y otros contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Corresponde rechazar la queja porque, no obstante haberle sido requerido, el GCBA no muestra haberla deducido oportunamente; y ello tampoco surge de la compulsa del expediente digital. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad extracontractual, programa de televisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROVIRALTA, HUMBERTO c/ VIALE MEDIOS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-08

Cabe admitir el reclamo de indemnización del daño moral que sufrió el accionante a raíz de las imputaciones que se le efectuaran en un programa televisivo mancillando su buen nombre y honor, y condenar a la productora y a la emisora del programa a pagar la suma de $ 40.000, estimada al tiempo de la sentencia, mas los intereses desde el dia en que se produjo el perjuicio, esto es, el dia de la emisión del programa, los que se fijaran hasta el pronunciamiento a una tasa pura del 6%, utilizándose recién a partir del plazo fijado para cumplir la sentencia la tasa activa; dichas alicuotas deberan ser aplicadas, en el caso de la emisora hasta la fecha de la apertura de su concurso, y en el caso de la productora hasta el efectivo pago.
Derecho a la salud, medidas cautelares, peligro en la demora, personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BAGUR   ESTEBAN  RAUL c/ INSTITUTO  NAC.  DE  SERV.  SOC.  PARAJUBILADOS Y PENSIONADOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-21

Contrariamente a lo invocado por el INSSJP el peligro en la demora es evidente, a poco que se repare en que el actor sufre de discapacidad motora total y permanente y su necesidad de asistencia terapéutica para "higiene, vestido y alimentacion" compromete, en definitiva, su derecho a la salud. No se advierte que se trate aquí de "desviar fondos" del recurrente ni de "trato desigual" sino de disponer la cobertura de la necesidad médica del peticionario a los fines -como quedó dicho- de resguardar su derecho a la salud (arts. 42 de la Constitución Nacional  y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, ratificado por ley 23.313 -de jerarquía superior a las leyes internas, según el artículo 75, inc. 22, C.N.-); por lo demás, la situación económica del amparista es una cuestión que no fue ponderada por el juez para decidir como lo hizo y, además, éste tiene el derecho de gozar a una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos sin discriminación alguna (arts. 1, 2 y 6 de la ley 24.901).
Argumentos de las partes, defensa en juicio, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, iura novit curia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Furlan y Familiares c/ Argentina s/ excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-08-31

El principio iura novir curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, permite evaluar la posible violación de las normas de la Convención Americana que no han sido alegadas en los escritos presentados por las partes, siempre y cuando éstas hayan tenido la oportunidad de expresar sus posiciones en relación con los hechos que las sustentan, principio empleado por la Corte Interamericana desde su primera sentencia para declarar la vulneración de derechos que no habían sido directamente alegados por las partes, pero que surgían del análisis de los hechos, por cuanto hace a la competencia del Tribunal, respetando el marco fáctico de la causa, calificar la situación o relación jurídica en conflicto de manera distinta a como lo hicieran las partes.
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensora Oficial Nº 2 Dra. Ida Lilian Carbajal Zieseniss s/ Queja En Autos: Recalde Mario Marcelo S/Suspension De Juicio A Prueba
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-14

Resulta procedente habilitar la queja planteada y admitir formalmente el recurso de casación articulado por la defensa en relación al fallo que revocó la suspensión del juicio a prueba, toda vez que se deja sin efecto con la medida recurrida, la posibilidad de extinción de la acción con la consecuente imposibilidad de aplicación ulterior (Art. 76 ter in fine), con lo cual la decisión impugnada adquiere rasgo de definitiva a tales fines.
Excusación, violencia moral, recusación, proceso penal, partes, abogados
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO.    INCIDENTE DE RECUSACION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 462-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-25

Resulta inaceptable en razón de proyectar erróneamente las normas de la excusación sobre la recusación, el argumento de un Juez, quien habiéndose apartado del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse incurso en violencia moral respecto de uno de los profesionales intervinientes, sigue conociendo en otro proceso donde actúa dicho profesional como parte, fundado en la disposición del inciso 8) del artículo 50 del Código Procesal Penal. Ello porque la previsión del inciso 8) mencionado apunta a editar la creación de causales dirigidas a excluir al Juez del conocimiento del proceso, debiendo remitirse para encontrar respuesta normativa a la situación de excusación por violencia moral al artículo 51 segunda parte del mismo Código, que constituye la norma específica que habilita al Juez de abstenerse de entender en el proceso donde advierte turbada su libertad de juicio.

Del voto del Dr. Vigo.
Relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Portugal, Claudia Mariela c/ Parrilla La Leña y/o Morales, Francisco Patricio s/ Beneficios laborales impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-06-22

Corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada. En efecto se advierte confusión en el planteo del recurso, por cuanto la recurrente parece pretender que con sólo determinar un modo de contratación distinto al resuelto, su responsabilidad cesa o se diluye.Por el contrario, no se encuentra en discusión la existencia propia de la relación laboral, pues surge que medió consentimiento entre partes en los términos del art. 45 de la L.C.T. y, al no haberse acreditado por ellas que ésta lo era por tiempo determinado no queda otro camino que catalogarla como de plazo indeterminado, pues tal presunción no fue desvirtuada por prueba alguna. Por otro lado la ley de empleo establece que los contratos eventuales deberán instrumentarse por escrito y entregarse copia al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, aspecto éste último que tampoco fue acreditado, además de que por razones lógicas de organización y orden le correspondía agregar el contrato a la patronal, por encontrarse en mejor situación de probar respecto de su existencia.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cerillo, Roberto S. c/ Elosegui, Liliana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Si la resolución reviste el carácter de una sentencia interlocutoria y no definitiva, no se imponía el deber de la notificación de oficio como pretende la recurrente, sino que, por el contrario, era la actora quien debía confeccionar la cédula porque hacía a su propio interés que quedara firme el auto que declaró la acumulación de procesos que fuera solicitada a su pedido (art. l37, primera parte, Código Procesal). Si un auto debía ser notificado personalmente o por cédula y no se trataba del supuesto contemplado en el art. 483 de la legislación adjetiva, dicha carga no incumbía al órgano, siendo en cambio un deber de la actora, en su carácter de titular de la acción, procurar el anoticiamiento de la providencia dictada y si no se instó la notificación en tiempo propio, sobreviene la caducidad de instancia.
Derecho procesal, juicio sumarísimo, plazos procesales, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTOS, EDUARDO PEDRO c/ NIEVAS, HERNAN s/ INTERDICTO DE RECOBRAR-SUMARISIMO-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-25

El art. 481 del C.P.C., establece el trámite para el juicio sumarísimo, y en su inc. 2º expresa que todos los plazos serán de dos días, dejando a salvo únicamente el de contestación de la demanda, y el de prueba, coincidente con el principio general de que las normas que establecen excepciones deben ser interpretadas en forma restrictiva.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EVANS MARIO c/ L.V. 6 RADIO NIHUIL s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S083 - 141)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-10

La divulgación de una noticia distorsionada en la que se habría imputado por error en la información un delito de acción pública al actor -lo que es reconocido por la culpable al retractarse- implicó la comisión de un delito de calumnia y junto a él nació la acción para efectivizar el derecho a obtener el resarcimiento por el daño que pudiere haberse ocasionado, la cual prescribió, por haber dejado transcurrir el accionante, el plazo de dos años estatuido por el art. 4037. La misma en modo alguno dependía de la conclusión de los procesos penales y administrativos tramitados, puesto que el hecho que genera el daño era independiente de aquellos.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, comercialización, productos alimenticios
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCO, EDGARDO ARIEL c/ UMPIERREZ, PATRICIA BEATRIZ Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

La actividad principal de Compañía Argentina de Empanadas S.R.L. es la de elaborar productos panificados, entre los que se encuentran tapas de empanadas, relleno y empanadas sin proceso de cocción, es decir crudas. Los locales bajo licencia Empanatta incorporan al producto elaborado el proceso de cocción, vital para transformarlo en el producto final que comercializan al público. No es concebible pensar que la finalidad de Compañía Argentina de Empanadas pueda llevarse a cabo sin los locales de atención al público, no tratándose de una actividad secundaria sino de un eslabón fundamental para llevar a cabo su actividad. De allí que Compañía Argentina de Empanadas S.R.L. sea responsable solidariamente frente al actor en los términos del art. 30 L.C.T.
Trabajador, trabajadores marítimos, portador de SIDA, despido sin causa, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS, RAMON c/ ELMA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Si el trabajador, marinero de primero y portador asintomático del virus HIV, no se desempeñaba ya como personal a bordo, sino que había cambiado sus tareas integrando una cuadrilla que laboraba en tierra, no puede la empleadora denunciar el contrato aplicando al caso las disposiciones del CCT 115/75 que habilitan, tras la finalización del plazo de licencia paga, la disolución del vínculo, sin indemnización.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, acción de amparo, jubilaciones, pensiones, sistema previsional
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cormillot, Emilio Alberto y otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Trabajo  - Secretaría de Seguridad Social. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

El fuero contencioso administrativo federal es incompetente para entender en la acción de amparo deducida contra el decreto del Poder Ejecutivo n. 2196/86 que dispuso la paralización y suspensión de los juicios previsionales.
Facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Izaguirre Ramon Alberto c/ Pizarro Juan Ernesto Y Otros s/ Ordinario Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-06-06

El control de constitucionalidad es una de las facultades propias del Poder Judicial derivada del art.116 CN; y aún cuando la declaración de inconstitucionalidad de una norma deba ser la última ratio del remedio judicial, corresponde su declaración cuando se advierte su incompatibilidad con los derechos previstos en normas de rango superior de acuerdo al orden establecido por el art. 31 de la CN y 81 CP; produciéndose dicha incompatibilidad cuando mediante el mecanismo de creación se avanza sobre atribuciones no delegadas.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, levantamiento del embargo, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesión de Joaquín Sánchez c/ Alonso, Aníbal y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó el pedido de levantamiento de embargo deducido por el adquirente del inmueble, si lo resuelto prescinde del régimen previsto en la ley 17.801 y redunda en perjuicio del normal tráfico inmobiliario.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Onzari, Marcos roberto c/ Gel, Daniel Benjamín y Otro y-o Quien Resulte Responsable oTitulares de Dominio s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-09

Los autores de un hecho que daña a otro, no están obligados sino a reparar el perjuicio que han causado, no a título de pena, sino meramente de indemnización.
Inconstitucionalidad, responsabilidad parental, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Marullo, Matías Leonel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-08

La disidencia parcial sostuvo la inconstitucionalidad de la segunda y tercera disposición del art. 12 del C.P., en tanto consideró que restringen el ejercicio de la patria potestad y la disposición y administración de los bienes de las personas condenadas a pena privativas de la libertad mayores a tres (3) años. (Dres. Hornos -en disidencia parcial-, Borinsky y Figueroa).