Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2010-08-17


En la ciudad de Formosa, capital de la Provincia del mismo nombre, a los.Diecisiete días del mes de agosto de dos mil diez, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Presidencia del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, los Señores Ministros, Dres. Héctor Tievas, Ariel Gustavo Coll, Arminda del Carmen Colman, Eduardo Manuel Hang y Carlos Gerardo Gonzalez en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa Nº 62 - Fº Nº 26 - Año 2009 - registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, caratulada: "PACHECO, LUIS AURIO S/INCONSTITUCIONALIDAD". El orden de votación según sorteo realizado, de conformidad a lo establecido en el art. 126 y su modificatoria del Reglamento Interno para la Administración de Justicia es el siguiente: Eduardo Manuel Hang - Ariel Gustavo Coll - Arminda del Carmen Colman - Carlos Gerardo Gonzalez - Héctor Tievas.-.

I.- RELACION DE LA CAUSA:

El Señor Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:Que a fs. 7/20 promueve acción de declaración de inconstitucionalidad el señor Luis Aurio Pacheco contra la Provincia de Formosa, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 37 inciso 1º de la Ley 571 (T.O. por Decreto Nº 1505/95), por contrariar disposiciones de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

Que relata como antecedentes fácticos de su planeo que, el actor estuvo casado con la señora Gladys Mirian Areco quien falleciera el 18 de noviembre de 2005, hecho que modifica su estado civil convirtiéndolo en viudo. Que a raíz del deceso de su cónyuge, inicia los trámites previsionales a fin de que se le reconozca el beneficio de pensión a sus hijos, fruto del matrimonio con la señora Areco, el que se concretiza mediante Resolución Nº 00888/06 de fecha 23 de mayo de 2006 dictada por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa. Que asimismo, en fecha 03 de abril de 2009, el accionante se presenta nuevamente ante el Organismo Previsional solicitando por derecho propio el beneficio previsional de la pensión en su carácter de viudo, adjuntando al efecto la documentación pertinente que acredita su calidad de esposo, la que es denegada por la Caja de Previsión Social mediante Resolución Nº 01647/09 de fecha 30 de julio de 2009, por no reunir los recaudos exigidos en el artículo 37 inciso 1º de la Ley 571 (T.O. por Decreto Nº 1505/95).

Que por esta circunstancia es que solicita sea declarada inconstitucional dicha norma, por entender que la misma establece una clara, contundente, absoluta, irrazonable e incuestionable discriminación en torno al sexo de quien solicita la pensión, diferencia ésta que no existe en el ámbito previsional provincial ni nacional, subsistiendo solo esta norma que ahora se cuestiona por vía de inconstitucionalidad. Seguidamente expone las razones de viabilidad del medio empleado, entendiendo que cumple con los requisitos formales de objeto, plazo que exige el código de procedimientos aplicable - artículos 683, 684 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial -. En cuanto a los fundamentos que hacen al planteo de inconstitucionalidad de la norma misma, efectúa una extensa explicación fundado en la Constitución Nacional, Provincial y los Tratados Internacionales de jerarquia constitucional, con abundante cita de jurisprudencia nacional.Que corrido traslado de la demanda, la contraria contesta a fs. 33/38, negando primeramente todas y cada una de las afirmaciones expuestas en el escrito de demanda y seguidamente procede a analizar la acción intentada, sosteniendo que no surge del planteo efectuado cual es la ilegalidad o arbitrariedad de la norma tachada de inconstitucional.

Que corrido vista al Procurador General, éste se expide a fs. 44/45 opinando que corresponde hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad del art. 37 inc. 1º de la Ley 571 (T.O. Decreto Nº 1505/95).

Los señores Ministros Dres. Ariel Gustavo Coll, Arminda del Carmen Colman, Carlos Gerardo Gonzalez y Hector Tievas adhieren a la presente relación de la causa.II.- CUESTIONES A RESOLVER.

El Dr. Eduardo Manuel Hang dijo:

Propongo como cuestión a resolver la siguiente: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?.Los señores Ministros Dres. Ariel Gustavo Coll, Arminda del Carmen Colman, Carlos Gerardo Gonzalez y Hector Tievas, adhieren a la cuestión propuestaIII. A LA CUESTIÓN PROPUESTA:El Señor Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:Que entrando a resolver la cuestión planteada, siendo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma resulta ser una medida extremadamente excepcional, de última ratio, sólo utilizable en aquellos casos en que resulte grave y palmariamente contrariada una disposición con jerarquía constitucional, de manera tal que no quede otro camino que el de considerarla inválida para que su aplicación al caso concreto no genere perjuicios insubsanables, se impone analizar previamente si se encuentran cumplidos primeramente los recaudos formales de la acción intentada, como ser, plazo, objeto del juicio, excepciones, todo en el marco de lo dispuesto en los artículos 683, 684 y 685 del Código Procesal Civil y Comercial.

Que la pretensión se ubica dentro de los recaudos del art. 683 del Código Procesal Civil y Comercial, pues va dirigida a la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Jubilaciones Nº 571 en cuanto a la percepción del beneficio de pensión al actor en su condición de viudo - artículo 37 inc. 1º -. Que por ello, siendo que el citado precepto afecta concretamente los derechos patrimoniales del actor, el artículo 684 del mismo texto legal exige que la acción se interponga dentro del plazo de treinta (30) días que se computarán desde que dicha norma afecte los derechos de aquel.

Y es aquí donde se advierte la extemporaneidad de la acción intentada. En efecto, a partir del deceso de la cónyuge acaecido el 18 de mayo de 2005 (cf. copia de acta de defunción obrante a fs. 3), el señor Pacheco en su condición de 'viudo', ya estaba en condiciones de exigir para él el beneficio de pensión, presumiéndose que ya tenía conocimiento de la norma que ahora impugna, pues procede en representación de sus hijos menores a requerir el beneficio de pensión, que se concretiza el 23 de mayo de 2006 mediante Resolución Nº 00888/06 de la Caja de Previsión Social (cf. fs. 4).

Que el plazo no corresponde computarse, como erróneamente lo hace el actor, a partir de la denegatoria del pedido del beneficio de pensión que efectúa el actor al Organismo Previsional, mediante Resolución Nº 01647/09 de fecha 30-07-09, pues - se reitera - la afectación de su derecho, mas allá de que el accionante haya solicitado el beneficio con posterioridad, ya estaba en condiciones de plantearlo luego del deceso de su esposa, por tener a partir de ese momento la calidad de viudo y cuestionar en tal calidad la norma en cuestión.

Que por ello, tratándose el reclamo de un derecho de carácter patrimonial, siendo el plazo una restricción temporal conforme artículo 684 del Código Procesal Civil y Comercial al planteamiento de la acción de declaración de inconstitucionalidad, y al constatarse en autos su presentación extemporánea, se impone rechazar el mismo, con costas al actor.

A su turno, el señor Ministro Dr. Ariel Gustavo Coll dijo:Que debo manifestar mi disidencia con el modo en que se resuelve la acción de inconstitucionalidad planteada a fs. 7/20vta, tal como surge del voto que antecede.

Que dejando a salvo que se comparte el relato de la causa que realiza el colega preopinante, y al cual me remito en homenaje a la brevedad, no coincido con el rechazo de la demanda, al cual se llega por aplicación del Artículo 684 del Código Procesal Civil y Comercial.

El artículo precedentemente citado, dice textualmente: "La demanda se interpondrá ante el Superior Tribunal de Justicia, dentro del plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor. Después de vencido ese plazo, se considerará extinguida la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de la facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos patrimoniales que estime afectados" Como se advierte, el límite temporal para la presentación de la demanda, es de Treinta días computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor. Dejando en claro que la demanda de inconstitucionalidad gira en torno a derechos de contenido patrimonial - así la admite la actora expresamente a fs. 8vta - paréceme evidente que no puede confundirse el "conocimiento" respecto a la norma tachada de inconstitucional, con la "afectación concreta" de la misma a los derechos patrimoniales del actor.

Y es que en el respetable voto que antecede, se consigna que "a partir del deceso de la cónyuge, acaecido el 18 de Mayo de 2005, el Sr. Pacheco, en su condición de "viudo", ya estaba en condiciones de exigir el beneficio de pensión, presumiéndose que ya tenía conocimiento de la norma que ahora impugna, pues procede en representación de sus hijos menores, a requerir el beneficio de pensión, que se concretiza el 23 de Mayo de 2006, mediante Resolución N° 00888/06 de la Caja de Previsión Social". Este argumento no fue planteado por la demandada, que formalizó su defensa en negar la hipótesis de discriminación que sostiene la actora, pero entiendo, que se concluye de esa manera a partir de una confusión entre dos cuestiones diferentes, una en cuanto al conocimiento de la norma, que resulta indubitable para el demandante precisamente a partir de que toma conocimiento de la Resolución N° 00888/06 (ver copia a fs. 4) y otra, radicalmente diferente, que tiene que ver con la afectación concreta al patrimonio del actor, a partir de la efectiva aplicación del precepto que ahora impugna, y esa afectación material y determinada, se produce recién cuando es él quien recibe la respuesta negativa del ente previsional, a través de la Resolución N° 01647, dictada el 30 de Julio de 2009 (véase copia a fs. 6).

En función de la fecha citada en último término y la que se corresponde con la presentación de la demanda (27 de agosto de 2009, cf. cargo de fs. 20vta), debe considerarse cumplido el plazo previsto en el Artículo 684 del C.P.C.C..- "La norma refiere, en lo concerniente al cómputo del plazo, al momento en que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor, momento que, por principio y conforme ha interpretado la Corte, es el de la aplicación de la disposición cuestionada al interesado" (Salgado, Alí Joaquín - Verdaguer, Alejandro César; "Juicio de Amparo y acción de inconstitucionalidad", página 436 y ss, con cita de abundantes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Astrea, 2002).

Que dejando en claro que la demanda ha sido promovida en tiempo oportuno, y por quien tiene interés directo en la controversia, voy a ingresar al análisis de la cuestión de fondo en que se sustenta la misma y la oposición articulada posteriormente por Fiscalía de Estado.

La actora tacha de inconstitucional el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571. El precepto impugnado dice textualmente: "Artículo 37: En caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a la jubilación, gozarán de pensión las siguientes personas: 1) La viuda o concubina, el viudo o concubino incapacitado para el trabajo y a cargo del causante, debidamente acreditado a la fecha del deceso".

La acción de inconstitucionalidad planteada, se circunscribe, dice la demanda, a "los requisitos o imposiciones normativas al viudo, a los fines de que sea reconocido su derecho a pensión derivado del fallecimiento de su esposa", de lo cual se infiere que solicita la inconstitucionalidad del párrafo "incapacitado para el trabajo y a cargo del causante, debidamente acreditado a la fecha del deceso".

Sostiene el demandante que el dispositivo cuestionado "plasma en forma clara y contundente una absoluta, irrazonable, incuestionable e inconstitucional discriminación en torno al sexo de quien solicita la pensión".

Sigue diciendo que "el texto normativo cuya inconstitucionalidad aquí se reclama, no tiene ningún tipo de reparo en efectuar y disponer una clara y evidente desigualdad entre dos personas, dos seres humanos, a partir de su sola condición sexual, algo que ha sido superado por toda la normativa vigente, tanto nacional como provincial" (fs. 10). Agrega que "el derecho constitucional a la igualdad es un derecho que nos coloca a todos los seres humanos en un mismo plano, participando todos de una igualdad elemental de status en cuanto personas jurídicas que somos...y que consiste en eliminar discriminaciones arbitrarias entre las personas, la igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia que se depara a los seres humanos, cualquiera sea su sexo".

Manifiesta que tanto la Constitución Provincial (Arts. 5° y 9°) como la Nacional (Art. 16) consagran la igualdad ante la Ley y que luego de la reforma constitucional de 1994, se ha avanzado en lo atinente a las formulaciones de la igualdad, superando la mera igualdad formal con claros sesgos de constitucionalismo social y completando las normas de la constitución histórica. Cita en ese marco, al Artículo 75 incisos 22 y 23, el primero en orden a las convenciones internacionales incorporadas y el segundo, respecto a la atribución del Congreso para dictar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Concluye en que la "igualdad de trato significa que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, en consecuencia, implica el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias". Agrega que la pauta para ponderar la medida de la igualdad es la "razonabilidad" y en consecuencia son inconstitucionales las desigualdades "arbitrarias", en cuanto carecen de razonabilidad.

En esa línea argumental, sostiene que el párrafo impugnado del Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571, no contiene fundamento razonable alguno que funde el trato desigual respecto al sexo del cónyuge supérstite, imponiendo requisitos al hombre que no exigen a la mujer, produciéndose un claro caso de discriminación arbitraria. Cita jurisprudencia nacional en abono de su postura, e invoca los artículos 5°, 9°, 68°, 73° y 76° de la Constitución Provincial y los Artículos 14bis, 16, 17 y 28 de la Constitución Provincial, además del Artículo II° de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Artículos 1°, 7° y 22° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículos 1° y 2° del Pacto de San José de Costa Rica; Artículos 2°, 3° y 4° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos; Artículo 7° de la Convención sobre eliminación de discriminación racial; Artículos 2°, 5°, 10°, 15° y 16° de la Convención sobre eliminación de discriminación contra la mujer y Artículos 2°, 3° y 26° del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Finalmente invoca la Ley Nacional 24.241 y la Ley Provincial N° 566, que en anteriores redacciones tenía normas análogas al Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571, pero que luego tuvieron modificaciones instalando al viudo como beneficiario sin ningún tipo de requisitos o condicionamientos. Concluye solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma prevista en el Artículo citado en último término.

Que luego de haberse corrido traslado a la demandada, Fiscalía de Estado se presenta a fs. 33/38vta, solicitando el rechazo de la acción planteada. Niega que el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571 sea contraria a las disposiciones constitucionales que invoca la actora y expresa que el principio de igualdad que declama el demandante, exige que se garantice la igualdad a quienes se encuentren en iguales condiciones, es decir, no se exige tratar a todos de la misma manera, sino a quienes se encuentren igual situación, lo cual implica reconocer la desigualdad existente entre las personas, "porque la igualdad como principio ético no puede borrar, sin embargo, las desigualdades que existen entre los seres humanos" (fs. 34).

Admite que las limitaciones constitucionales deben sustentarse en la razonabilidad, a la que define como "un standar valorativo que permite escoger a una entre varias alternativas, en tanto ella tenga una relación proporcional adecuada entre el fin de salud, bienestar o progreso perseguido por la norma cuya constitucionalidad se discute y la restricción que ella impone a determinados derechos" (fs. 34vta.).

Luego de citar distintos pronunciamientos sobre la aplicación del principio de igualdad, sostiene que "surge palmario entonces, que el criterio de clasificación adoptado por el legislador del cual aparece una limitación al viudo para acceder al beneficio de pensión, en relación a la viuda, no puede ser considerado de manera aislada, puesto que el mismo debe ser analizado en el contexto general en el que fue dictado y concebido el sistema previsional" (fs. 35/vta). Señala entonces que la "realidad histórico-socio-cultural...llevó a considerar a la mujer merecedora de una protección privilegiada...se mantiene intacta la presunción de que la mujer se encuentra en dependencia del hombre" (fs. 35vta) y es en base a ello que se concede el beneficio de pensión a quienes se encuentran en situación de desamparo. Expresa que el legislador, luego de un "exhaustivo análisis" considera quien debe gozar de mayor protección y es en ese sentido que se ha dictado el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571. Reconoce que la realidad social ha variado y que en todos los casos "la mujer se encuentra bajo la dependencia del hombre y/o en situación de desventaja respecto al mismo", pero es una situación que debe ser advertida por el legislador y que escapa al control de los Jueces.

Agrega que la desigualdad entre hombre y mujer viene dada desde la naturaleza, que la diferencia de sexos es inconciliable y partiendo de esa circunstancia, es imposible pretender una igualdad absoluta, "todo lo cual, - dice - deja en evidencia la fragilidad de los argumentos esgrimidos por el actor, cuando mas que razonable aparece la distinción que hace el legislador y que la naturaleza misma realiza" (fs. 36), en tanto el planteo del actor se refiere a un criterio de política legislativa, resultando facultad exclusiva del Poder Legislativo determinar si la realidad que le sirvió de base para el dictado de la legislación en cuestión, ha variado y en su caso, si las condiciones para el otorgamiento de la pensión al viudo, deben ser mantenidos y/o equiparadas al de la mujer" (fs. 36vta/37). Concluye solicitando el rechazo de la acción, al recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica, debe ser la "última ratio" del orden jurídico.

A su turno, el Sr. Procurador General emitió dictamen a fs. 44/45vta, donde afirma que el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571, "establece un distingo al momento de conceder la pensión, entre las viudas o concubinas y los viudos o concubinos, ya que a éstos últimos les requiere que acrediten incapacidad y que hayan estado a cargo del causante, pero sin lugar a dudas, en los tiempos actuales, donde ambos cónyuges aportan al sostén de la pareja y de la familia, el requisito constituye una violación a la igualdad ante la Ley" (fs. 44vta). Con cita de valiosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señalando que la norma impugnada violenta el Artículo 16 de la Constitución Nacional, opina que debe hacerse lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada.

Que así expuestos los argumentos de las pares y conocida la opinión del Sr. Procurador General, adelanto mi criterio coincidente con el dictamen del titular del Ministerio Público.

En efecto, debemos partir de que ambas partes señalan que el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571, resuelve de manera diferente la concesión del beneficio de pensión al viudo o concubino, en relación a la viuda o concubina. Cuando la norma expresa: "...gozarán de pensión las siguientes personas: 1) La viuda o concubina, el viudo o concubino incapacitado para el trabajo y a cargo del causante, debidamente acreditado a la fecha del deceso", claramente está marcando una distinción. Para el viudo o concubino se exigen requisitos que no se mencionan para la viuda o concubina. La cuestión en la que no se ponen de acuerdo las partes, es si esa diferencia resulta razonable o si por el contrario, deviene arbitraria y por tanto vulnera el principio de igualdad ante la ley que consagra el Artículo 16 de la Constitución Nacional.

Es cierto que el principio aludido debe aplicarse en situaciones de igualdad, es decir, no en abstracto sino referido a casos concretos, de manera que se trate por igual a quienes objetivamente se encuentren en igual situación. Miguel Ángel Ekmekdjian lo dice claramente cuando expresa que "igualdad es igual trato ante circunstancias o situaciones iguales" (Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, página 140, Depalma) y de allí extrae que "las discriminaciones" o beneficios que tengan una "causa razonable", no son violatorias del principio de igualdad, en tanto solamente son inconstitucionales aquellas discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes que obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de persona o de grupos.

Sentado ello, creo oportuno señalar que en tanto la igualdad es un principio, cuando una norma, que objetivamente trata en forma distinta a las personas solamente en función del sexo (como es el caso del Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571) quien alega su constitucionalidad, debe acreditar que la distinción que se formula en su texto, tiene una causa razonable o que no se "inspira en discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias o estigmatizantes que obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio de persona o de grupos". Al actor le incumbe probar la diferencia en el trato y argumentar sobre la irrazonabilidad de esa diferencia, al demandado oponer la razonabilidad de la discriminación y la ausencia de hostilidad o arbitrariedad.

En el caso, ya hemos dicho que la distinta manera de regular el derecho a pensión entre hombres y mujeres, está acreditado y reconocido por ambas partes. La actora señala la irrazonabilidad de la regulación y se apoya en distintos preceptos constitucionales, que garantizan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La demandada señala que la diferencia se sustenta en la mayor vulnerabilidad de la mujer, aun en la época actual y en "la presunción de que la mujer se encuentra en dependencia del hombre" y que aun en el caso de que la situación haya variado, es algo que debe ser advertido por el legislador y que escapa al control de los Jueces.

En definitiva la argumentación de la demandada, apunta a justificar la distinción que efectúa el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571, partiendo de analizar sólo la situación de la mujer, sobre la que sostiene, sin sustento científico alguno - es más, admite que es una presunción - de que "se encuentra en dependencia del hombre", pero nada dice porque el beneficio de pensión al viudo o concubino, debe estar sujeto a determinadas condiciones. Es este el punto que debía aclarar, en cuanto representante de la voluntad estatal, y sin embargo nada se argumenta sobre la cuestión. No se está discutiendo el beneficio de pensión de la mujer viuda o concubina, se está impugnando la distinción - por arbitraria - del mismo derecho hacia el viudo o concubino, y siendo así, en tanto la diferencia de trato se funda exclusivamente en la condición sexual, la distinción deviene arbitraria por violación al Artículo 16 de la Constitución Nacional, y artículos 9 y 73 de la Constitución Provincial.

Pero además de está falencia argumentativa, la demandada tampoco se hace cargo de un argumento de la actora que fue expresamente invocado y que en definitiva echa por tierra toda la pretendida validez constitucional del Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571.

Porque si como lo dice la demandada, las situaciones de hecho que deben tenerse en cuenta para el dictado de un régimen previsional, son de incumbencia legislativa, razonamiento que no se discute y encuentra sustento en el Artículo 120 inciso 23 de la Constitución Provincial, no se entiende entonces porque al modificarse la Ley 566, por medio de la Ley 1.400, se consignó expresamente en el Artículo 13 de la Ley de Jubilaciones para Magistrados y Funcionarios, que "en caso de fallecimiento del titular del beneficio, el derecho acordado por la presente se extenderá al cónyuge supérstite, en concurrencia con los hijos solteros hasta los 18 años de edad". La disposición transcripta y que fue sancionada en el año 2002, vino a sustituir el texto anterior, de la Ley 566, que era similar al todavía vigente en el Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571.

La pregunta se impone por si sola: ¿es razonable que el viudo de una magistrada o funcionaria judicial pueda acceder sin ningún tipo de restricciones al beneficio previsional en tanto se le imponen determinadas condiciones al viudo de una empleada púbica de cualquier categoría?. El distinto tratamiento a dos situaciones que son exactamente iguales, importa una grosera violación al Artículo 16 de la Constitución Nacional, y que sólo puede corregirse mediante la declaración de invalidez constitucional del Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571.

Voto en consecuencia por hacer lugar a la acción planteada y declarar la inconstitucionalidad del Artículo 37 inciso 1° de la Ley 571 en el párrafo que impone determinadas condiciones al viudo o concubino para acceder al beneficio de pensión. Costas a la vencida en esta instancia (Art. 68, CPCC) proponiendo regular los honorarios del abogado Marcial Mántaras, por la intervención que tuvo en autos, calidad del trabajo realizado y resultado obtenido en la suma equivalente a Setenta (70) "Jus" (cf. Artículos 8, 13 y 43 de la Ley 512) y los de las abogadas Lorena Anabel Cappello y Stella Maris Zabala de Copes en la suma equivalente a Cincuenta (50) "Jus", por la intervención que han tenido en autos, calidad del trabajo, resultado obtenido y en proporción de ley (Arts. 8, 12 y 43 de la Ley 571).

A su turno, la señora Ministro Dra. Arminda del Carmen Colman dijo:

Que me adhiero a lo votado por el señor Ministro Coll por compartir sus fundamentos en su totalidad.

Ciertamente en la norma impugnada se evidencia un sesgo de discriminación que no puede ser mantenido en un Estado de Derecho respetuoso de la igualdad de géneros y de la igualdad real entre las personas. Y es que reconociéndose el derecho de pensión a la mujer viuda o concubina se torna inconstitucional la manda del artículo 37 inciso 1º de la Ley Nº 571 que hace una distinción arbitraria e irrazonable cuando quién lo solicita es el viudo o concubino al exigirle requisitos y condiciones no solicitadas en el otro caso.

El señor Ministro Dr. Carlos Gerardo Gonzalez, adhiere al voto del Dr. Ariel Gustavo Coll.

A su turno, el señor Ministro Dr. Héctor Tievas dijo:

Que adhiero a lo votado por el señor Ministro Dr. Hang, por compartir sus fundamentos acerca de resultar extemporánea la acción de declaración de inconstitucionalidad planteada por la actora.Que desde el momento que los beneficios de la pensión social originada en el fallecimiento de su esposa fuera concedida a sus hijos el 23 de mayo de 2006, ya se encontraba concretamente afectando los derechos patrimoniales del actor en los alcances del art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando en consecuencia tardía incluso a los alcances de la inconstitucionalidad su presentación concreta a favor del pedido de pensión a la Caja de Previsión Social casi tres años mas tarde.

En cuanto a los argumentos sobre el fondo del reclamo, advierto que no existe discriminación en cuanto no confluyen ni comulgan los requisitos fijados para su concurrencia: no se verifica sujeto hostilizado ni estigmatizado ni estigmatizable por cuanto la cuestión deriva de una ley sancionada por la legislatura y con alcance general. No puede por ello atribuirse a una cuestión particularmente resuelta sólo para ese singular supuesto, porque no existe una situación grupal objetiva discriminable ni una razón para discriminar, debiendo la cuestión ser resuelta por el legislador.

Tampoco se advierte una clara contradicción con nuestro texto constitucional provincial, donde en sus específicos artículos referidos en sus arts. 76, 77 y 97 inc. 8º no dan pautas que se refieran a la invocada inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Por ello, con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Ariel Gustavo Coll, Arminda del Carmen Colman y Carlos Gerardo Gonzalez, por haberse alcanzado la mayoría legal que prescribe el art. 25 de la Ley 521, modificada por Ley 1169 y art. 126 - y su modificatoria Acuerdo Extraordinario Nº 2219/01- del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, y las disidencias del Dr. Eduardo Manuel Hang y del Dr. Héctor Tievas por sus fundamentos, concluye el presente Acuerdo firmando los Señores Ministros, por ante mí, de lo que doy fe.

EDUARDO MANUEL HANG	ARIEL GUSTAVO COLL - En disidencia - ARMINDA DEL C. COLMAN	CARLOS GERARDO GONZALEZ HÉCTOR TIEVAS -En disidencia- ANTE MI:

DRA. IMELDA I. ZARACHO DE NIEVES Secretaría Superior Tribunal de Justicia SENTENCIA FORMOSA, Diecisiete de agosto de 2.010.- Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1Hacer lugar a la acción planteada y declarar la inconstitucionalidad del Artículo 37 inciso 1º de la Ley 571 en el párrafo que impone determinadas condiciones al viudo o concubino para acceder al beneficio de pensión. 2)Costas a la vencida en esta instancia (Art. 68, Código Procesal Civil y Comercial).

3)Regular los honorarios del abogado Marcial Mántaras, por la intervención que tuvo en autos, calidad del trabajo realizado y resultado obtenido, en la suma equivalente a setenta (70) "Jus" (cf. Artículos 8º, 13 y 43 de la Ley 512) y los de las abogadas Lorena Anabel Cappello y Stella Maris Zabala de Copes en la suma equivalente a cincuenta (50) "Jus", por la intervención que han tenido en autos, calidad del trabajo, resultado obtenido y en proporción de ley (Arts. 8º, 12 y 43 de la Ley 571).

4)Regístrese. Notifíquese y oportunamente archívese.- EDUARDO MANUEL HANG	ARIEL GUSTAVO COLL En disidencia - ARMINDA DEL C. COLMAN CARLOS GERARDO GONZALEZ HÉCTOR TIEVAS En disidencia - ANTE MI:

DRA. IMELDA I. ZARACHO DE NIEVES Aff Secretaría Superior Tribunal de Justicia