Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-14


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 14 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- La sentencia de fs. 316/29 hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Juan Regey Kozokon contra Gustavo Andrés Fernández y condenó a éste y a la citada en garantía Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., a abonarle la suma de $ 26.065, con más sus intereses y las costas del juicio.

Apelaron el fallo la totalidad de las partes. El demandado y su aseguradora expresaron agravios a fs. 339/45, mientras que el actor hizo lo propio a fs. 347/49. Corrido el traslado de ley, fue contestado a fs. 359/61 y 355/58 respectivamente.

II.- La juez de grado hizo lugar a la demanda, tras establecer la aplicabilidad al caso de la responsabilidad dispuesta por el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil y valorar la concordancia entre el testimonio de Nicolás Roberto Sarcinella, las conclusiones de la pericia mecánica y el acta de choque labrada a instancias del actor. Concluyó que se encontraba probado el carácter de embistente del vehículo del demandado, generador de una presunción de culpa en su contra, quien a su vez no había logrado acreditar la maniobra imprudente que endilgara al actor.

De ello se agravian el demandado y la citada en garantía. Cuestionan la valoración del testimonio de Sarcinella, el cual, aseveran, se encuentra lleno de imprecisiones, y del acta de choque, por tratarse una manifestación unilateral del actor. Además relativizan las conclusiones del perito, quien no pudo inspeccionar el vehículo del actor y dictaminó en base a fotografías.

Como acertadamente estableció la "a quo", conforme al fallo plenario de esta Cámara in re "Valdez, Estanislao c/El Puente SAT", dictado con fecha 10 de noviembre de 1994, el art. 1113 del Código Civil deviene norma aplicable a toda colisión plural de vehículos.

Siendo la carga del actor abonar el contacto físico de su vehículo con el del accionado, los daños producidos y la relación causal entre ambos, estos extremos quedaron acreditados en autos, erigiéndose en presupuesto válido apto para permitir la aplicación al sub-lite de la referida norma legal por imperativo del art. 303 del ritual. Por ello, en este caso específico de responsabilidad objetiva, la distribución de la carga de la prueba que efectúa el art. 377 del Código Procesal se circunscribe a los únicos presupuestos que el derecho de fondo establece para hacerla efectiva.

En virtud de ello, era al demandado a quien incumbía, para eximirse de responsabilidad, demostrar la culpa del accionante o de un tercero por quien no deba responder.

En nuestro caso, el accionado alegó en su contestación de demanda que el actor, en forma imprevista, se interpuso en su línea de marcha y frenó luego bruscamente, por lo que no pudo evitar rozar levemente su paragolpes trasero.

No sólo no probó su versión de los hechos, lo cual por sí solo basta para acoger favorablemente la demanda, de conformidad con los principios de la responsabilidad objetiva antes enunciados, sino que además el actor logró acreditar la culpa del demandado.En efecto, el testimonio de Sarcinella no presenta, a mi juicio, las contradicciones que la quejosa le achaca.

El mencionado testigo relata que se encontraba detenido por el semáforo sobre el lado derecho de Entre Ríos, detrás de un automóvil, y que "había un 405 oscuro delante a la izquierda y lo choca un camión de atrás (...) Estaban todos los autos parados (...) El 405 estaba chocado en la parte trasera. El camión no tenía prácticamente nada de daños, tenía raspones (...) Aparentemente sucedió que como había tránsito con luz verde y piensa que el de adelante sale al mismo tiempo pero al quedarse un poquito lo toca de atrás" ( v. fs. 128/29 y croquis de fs. 127).

Los apelantes señalan una contradicción que no es tal: cuando el testigo explica que cuando el semáforo habilitó el tránsito "el de adelante (el automóvil del actor) sale al mismo tiempo", está haciendo referencia a una situación previa de detención, obviamente debido a que el semáforo se encontraba en rojo, como lo había afirmado en la primera parte de su declaración.

Por otra parte, las circunstancias que el testigo no recuerda claramente -qué día de la semana era, el color del camión, el clima- constituyen detalles que es razonable que una persona no conserve en su memoria transcurridos dos años desde el hecho; mientras que el hecho de que haya reconocido que el actor lo llamó por teléfono para solicitarle que declarara en el juicio obedece a la simple razón de que el testigo le había dado su número telefónico en ocasión del accidente precisamente a ese fin.

No encuentro, pues, contradicciones o imprecisiones graves que hagan mella en la credibilidad del testigo.

Por otra parte, y en lo que al acta de choque se refiere, tal como lo indica la magistrada de grado, tratándose de una manifestación unilateral del actor, sólo puede ser tomada como un indicio más de la forma en que ocurrieron los hechos, si concuerda con los restantes elementos obrante en autos, y como tal fue valorada.

Por último, la quejosa cuestiona las conclusiones periciales porque fueron confeccionadas en base a las fotografías obrantes en autos, sin haberse procedido a la inspección del vehículo.

Pese a ello, lo cierto es que la demandada reconoció, al contestar demanda, haber embestido desde atrás al vehículo del actor, por lo cual la observación por parte del experto de una deformación plástica en su parte trasera sólo refuerza la conclusión de que el camión revistió el carácter de embistente, sin que se hayan constatado elementos que permitan suponer la existencia de una previa maniobra de interposición del automóvil en su línea de marcha.

Por estas consideraciones, la presunción jurisprudencial de culpa que opera en contra del conductor del vehículo embistente y la inversión de la carga de la prueba emanada de la normativa aplicable, no cabe sino confirmar la sentencia en cuanto atribuye responsabilidad al demandado.

III.- La magistrada de grado acordó la cantidad de $ 2.915 por costo de reparación del automóvil del actor, que se corresponde con la suma consignada en el presupuesto acompañado con la demanda, en razón de que el perito ingeniero mecánico designado en autos había estimado dicho costo en la cantidad de $ 2.934,34 a la fecha del accidente.

Se agravian el demandado y la aseguradora de la procedencia del rubro y, en subsidio, de su cuantía. Sostienen que la pericia fue realizada en base a un presupuesto que no goza de autenticidad y que es de público y notorio que las facturas y presupuestos en que se basan las demandas son palmariamente abultados.

En primer lugar, cabe destacar que la autenticidad del citado presupuesto acompañado al demandar, que obra en copia a fs. 5, fue acreditada a través del informe de fs. 122.

Por otra parte, el experto no evaluó el costo de las reparaciones únicamente en base a este presupuesto, sino además con fundamento en las fotografías adjuntadas, y si bien manifestó que no podía determinar con certeza si los daños en ellas ilustrados fueron producidos en el accidente objeto de la litis, ya que no contaba con imágenes del vehículo embistente, explicó que sí podía aseverar que fueron producto de un embestimiento en su parte trasera por otro vehículo (v. fs. 174).

Dado el reconocimiento por parte del demandado de que la colisión se produjo entre la parte delantera de su camión con la trasera del automóvil del actor, y que el presupuesto data de sólo ocho días después de la fecha del accidente, puede inferirse que el detalle de daños consignado en él y los que se observan en las fotografías, se corresponden con este siniestro.

Estimado por el perito el costo de las reparaciones en $ 2.934,44, cantidad superior a la reclamada al demandar, la afirmación de la quejosa de que ésta es abultada o exagerada, carece de fundamento, por lo que corresponde desestimar el agravio en análisis.

IV.- El actor solicitó al demandar indemnización por privación de uso del automóvil durante el tiempo en que éste se halló en reparación y por lucro cesante debido, a la imposibilidad de explotarlo como remís en ese período. Por otra parte, y debido a las lesiones que padeciera, reclamó como pérdida laborativa el lucro cesante derivado de la imposibilidad de trabajar durante su recuperación.

La magistrada de la anterior instancia, basándose en el dictamen pericial, según el cual el lapso estimado para la reparación del vehículo es de cinco días, sin contar tiempos de espera, y la acreditación de que el automóvil siniestrado funcionaba como remís, reconoció la cantidad de $ 200 por privación de uso -representativa del incremento de los costos por viáticos por no poder utilizarse el rodado para fines personales fuera del horario de explotación- y la de $ 500 por la pérdida de ganancias durante ese período, descontados los gastos derivados de la explotación de la unidad.

Asimismo, reconoció al actor, por pérdida laborativa o lucro cesante derivado de la imposibilidad absoluta de trabajar debido a las lesiones padecidas, que estima debió extenderse por diez días, la cantidad de $ 500.

Ello constituye motivo de queja para ambos apelantes.

El demandado y la citada en garantía sostienen que el rubro privación de uso debió ser rechazado, en razón de la insuficiencia probatoria sobre la entidad de los daños en la carrocería; citan además antecedentes jurisprudenciales sobre diferentes aspectos del rubro en análisis y manifiestan que si el actor recurrió a un taller inexperto y falto de tecnología, debe cargar con las consecuencias de su propia elección.

En cuanto al lucro cesante, señalan que no debe prosperar en base a presunciones o declaraciones testimoniales sino que debe ser probado fehacientemente.

Por último, sostienen que no corresponde reconocer una tercera indemnización por pérdida laborativa (lucro cesante), pues importaría una superposición de resarcimientos por el mismo perjuicio y no hay prueba de las ganancias frustradas.

Adelanto que, con relación a los dos primeros puntos, la queja carece de entidad crítica apta para lograr una revisión de lo decidido.

En efecto, como se ha expuesto ya en considerandos anteriores, los daños que afectaron el vehículo se encuentran probados y el tiempo de indisponibilidad del mismo adoptado por la juez "a quo" como base para su cálculo fue el estimado por el perito para la realización de las reparaciones, por lo que no se comprende la referencia a una eventual elección desacertada del taller.

En cuanto al lucro cesante por imposibilidad de disponer del rodado durante los días de reparación estimados, si bien no fue acreditado fehacientemente a través de constancias contables, existe consenso en la jurisprudencia en cuanto a que la prueba de la explotación del automóvil como remís o taxi -como ocurre en el caso- basta para presumir que su inmovilidad ha generado una pérdida de ganancias, salvo prueba en contrario, que no se ha producido.

Por último, y en lo que se refiere a una eventual superposición entre la indemnización acordada por la pérdida de ganancias generada por la inmovilización del rodado y la ocasionada por la incapacidad absoluta del actor para trabajar hasta la recuperación de sus lesiones, la magistrada de grado ha tenido en cuenta esta posibilidad, remarcando al fijar la cuantía de la pérdida laborativa ocasionada por la segunda que "he tenido en cuenta que el perjuicio derivado de la indisponibilidad del vehículo durante 5 días (...) ya ha sido resarcido en el apartado c) de modo tal que solo cabe aquí considerar el período en el que, a pesar de contar con el rodado para realizar sus tareas habituales, el actor no habría razonablemente podido hacerlo debido a la índole de las lesiones padecidas y el tiempo que probablemente tuvo que permanecer inactivo para su recuperación" (v. fs. 327 vta./328).

Sin embargo, asiste razón a la quejosa en cuanto a que no se ha probado fehacientemente la imposibilidad absoluta del actor de obtener ingresos durante el período aludido de diez días. Más allá de su atención en el Departamento de Urgencias del Hospital Fernández al día siguiente de los hechos (v. fs. 58), en que se constató dolor a consecuencia de haber sufrido latigazo cervical, no se demostraron consultas médicas posteriores ni tratamiento alguno al que se hubiera sometido. Tampoco que haya tenido que hacer reposo durante diez días y, por ende, que no haya podido trabajar por ese período, lo que no me parece que se pueda presumir a partir de la lesión sufrida.

Es por ello que propicio acoger parcialmente la queja de la demandada y dejar sin efecto la indemnización acordada por pérdida laborativa.

Desestimadas las quejas de la demandada que persiguen el rechazo de los demás rubros en cuestión, corresponde examinar las volcadas por el actor para obtener la elevación de los respectivos resarcimientos.

Solicita el demandante la elevación de los montos reconocidos por privación de uso y lucro cesante derivados de la indisponibilidad del vehículo. Señala a tal efecto que el tiempo estimado por el perito para los arreglos -5 días- no contempla el necesario para espera de turno en el taller y búsqueda de repuestos.

Ciertamente, el perito explicitó que el lapso aludido no comprendía el tiempo de espera, por lo cual es prudente contemplar dos días más por estos conceptos.

Pese a ello, considero que las sumas acordadas son justas, pues la suma de $ 200 reconocida por privación de uso del automóvil resarce adecuadamente las erogaciones que pudo haber generado la contratación de otros medios de transporte que lo suplieran durante el tiempo acotado en que éste no era explotado como remís.

A idéntica solución arribo con relación a la cantidad de $ 500 reconocida por lucro cesante, ya que no se ha probado que el rodado fuera explotado durante dos turnos diarios, como se alegó al demandar, y debe deducirse además la proporción correspondiente a gastos de combustible, mantenimiento y comisión para la agencia de remises, que el propio accionante estimó en un 40% (v. fs. 19 vta.).

Por último, en lo que se refiere a la indemnización por pérdida laborativa, en atención a que se propicia su desestimación, deviene abstracto resolver la queja del actor a su respecto.

V.- El accionante solicita la elevación de las indemnizaciones acordadas en concepto de incapacidad física -$ 10.000- y psíquica -$ 5.000-. Señala que no se ha tenido en cuenta el valor histórico del punto de incapacidad fijado por la jurisprudencia, como tampoco la realidad económica del país que obligaría a su actualización.

Por su parte, el demandado y la citada en garantía sostienen que el porcentaje de incapacidad física que le atribuyó el perito al accionante es elevado, pues las alteraciones que presenta en la columna obedecen a una patología degenerativa crónica y la limitación en los movimientos del sector cervical no está medida en grados; destacan además que no recibió atención médica hasta el día posterior al accidente, lo cual demostraría la falta de gravedad de las lesiones.

En lo que respecta al aspecto psíquico, solicitan el rechazo de las partidas otorgadas por incapacidad y tratamiento psicoterapéutico. Objetan el diagnóstico pericial de una patología postraumática y sostienen que, aun en tal caso, la terapia lograría revertir los síntomas.

La perito médica dictaminó que el actor presenta contractura muscular paravertebral a nivel cervical con limitación en la movilidad. En los estudios radiológicos se observa rectificación de la curvatura cervical fisiológica y signos de espondiloartrosis con osteofitosis marginal. Por cervicalgia crónica, atribuye al actor una incapacidad del 10% de la total obrera (v. fs. 238/41).

Ante la impugnación de la demandada de fs. 247, la experta reafirma la relación causal del cuadro con el accidente y explica que la limitación que provoca la contractura cervical en los movimientos de ese segmento es del 20% (v. fs. 253 vta.).

Más allá de la rectificación de la curvatura cervical, compatible con el latigazo cervical que sufrió en ocasión del accidente, y la consiguiente limitación en la movilidad, la comprobación de una espondiloartrosis generalizada da cuenta de un deterioro degenerativo de la columna vertebral ajeno al traumatismo y que se justifica por la edad del reclamante -quien contaba con 70 años a la fecha de la pericia-.

Por otra parte, y en relación con el agravio de la parte actora, debe recordarse lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

Teniendo en cuenta fundamentalmente la edad del actor a la fecha del hecho -67 años-, la incapacidad constatada en relación con el latigazo cervical sufrido, la concausalidad del cuadro con una artrosis preexistente y la admisión simultánea del costo de un tratamiento kinesiológico destinado a paliar la cervicalgia, considero que la suma acordada en concepto de incapacidad física es algo elevada, por lo que propicio se la reduzca a la de $ 8.000.

Por otra parte, en lo que respecta al aspecto psíquico, el psicodiagnóstico acompañado con la pericia médica explica que, dadas las características de personalidad del peritado, el acontecimiento traumático fue vivido como un ataque que se caracterizó por un aflujo de excitaciones excesivo, en relación con su capacidad de elaborarlas, por lo que padece una leve perturbación de su personalidad que se manifiesta en un incremento de ansiedad. Asimismo, infiere el profesional que el accidente se instaura entre los hechos traumáticos que padeció el actor a lo largo de su vida, como lo fueron la muerte traumática de sus hermanos a temprana edad; es decir que el accidente resignifica pérdidas anteriores al hecho, agravando sus secuelas psíquicas. Diagnostica una Reacción Vivencial Anormal de Grado I, representativa de un 5% de incapacidad, que puede ser reductible a través de un adecuado tratamiento, que se indica con una duración no menor a un año y frecuencia semanal (v. fs. 229).

A fs. 287, la perito médico aclara que, finalizado el tratamiento, podrá no presentar incapacidad, lo cual debería evaluarse en ese momento mediante nuevos estudios.

Entiendo que asiste parcialmente la razón a la demandada, pues el cuadro psíquico que presenta el demandante encuentra su base en una personalidad previa que no le permitió elaborar adecuadamente el suceso accidental, el cual se suma a sucesos traumáticos anteriores que se erigen en concausas. Por otra parte, teniendo en cuenta la levedad del cuadro, a decir del profesional que efectuara el psicodiagnóstico, y la posibilidad seria de revertirlo a través de la terapia aconsejada, considero que la suma acordada por incapacidad psíquica es elevada, por lo que propicio se la reduzca a la de $ 3.000.

No obstante, no puede aseverarse con certeza que el resultado del tratamiento será la remisión total de los síntomas, por lo que corresponde acceder simultáneamente al costo de la terapia.

VI.- Se queja la demandada de la procedencia de las indemnizaciones por gastos de farmacia -$ 200- y de traslado -$ 150-.

El actor sólo acreditó haber sido atendido en el Hospital Fernández al día siguiente del siniestro que nos ocupa. Sin embargo, es de presumir que, dada la naturaleza de la lesión sufrida, haya debido adquirir antiinflamatorios y analgésicos y que se haya encontrado impedido de movilizarse por sus propios medios y debido acudir a la contratación de automóviles de alquiler durante un lapso breve de tiempo.

Al respecto, se ha decidido reiteradamente que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela, máxime cuando la víctima recurrió a los servicios de instituciones públicas, como ocurre en la especie, sin olvidarnos igualmente que ninguna obra social ni institución pública cubre por completo estos gastos.

En razón de lo expuesto, considero que corresponde mantener lo decidido en este punto, lo que así propongo.

VII.- Constituye motivo de agravio para ambas partes la indemnización reconocida al accionante en concepto de daño moral -$ 3.000-.

En relación a este rubro, debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa.

Ponderando la repercusión que en los sentimientos del actor debió generar la propia ocurrencia del accidente como una violenta e inesperada agresión a su integridad física; el traumatismo cervical padecido, con los presumibles dolores físicos, que motivaron una consulta médica; la circunstancia de que no ha debido ser sometido a tratamientos cruentos o prolongados; la leve incapacidad física y psíquica que padece en relación causal estricta con el hecho; la necesidad de someterse a tratamiento kinesiológico y psicoterapéutico en el futuro, considero que la suma acordada es fruto de prudente estimación, por lo cual propicio su confirmación.

VIII.- La parte actora se queja de la tasa dispuesta para el cómputo de los intereses sobre los montos de condena, esto es la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina. Sostiene que, a diferencia de la situación imperante a la fecha del dictado del plenario "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios", en la actualidad dicha tasa no cubre el deterioro de la moneda ocasionado por la inflación, por lo que corresponder apartarse de su doctrina y disponer la aplicabilidad de la tasa activa. Cita en este sentido el fallo de la Sala "G" de esta Cámara, "Velázquez Mamani, Alberto c/José M. Alladio e Hijos S.A. y otros", del 14 de noviembre de 2006.

El art. 303 del Código Civil establece claramente que la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para los jueces de primera instancia y los tribunales de alzada, sin perjuicio de que éstos dejen a salvo su opinión personal, y que sólo podrá ser modificada por medio de una nueva sentencia plenaria.

El plenario del fuero "Kartopapel S.A. C/Municipalidad de la Capital", del 15 de julio de 1977, estableció que "Los fallos plenarios no pierden vigencia por el mero transcurso del tiempo" (JA 1977-III-547; LA LEY, 1977-C, 366).

La sentencia de la Sala G que el apelante invoca en sus agravios adopta argumentos contenidos en los votos que conformaron la mayoría en este fallo plenario, para sostener la postura que propugna, esto es que, variada la situación de hecho existente a la fecha de dictarse el plenario, su obligatoriedad no puede subsistir.

Empero, entiendo que la interpretación que se formula a su respecto no es la correcta.

El Dr. Jorge Alterini sostuvo en su voto que la cristalización de una doctrina jurídica que importan los fallos plenarios es un reflejo del valor "seguridad jurídica", y citó a Leónidas Anastasi cuando afirmaba que "causa mayor mal a un país el pronunciamiento de brillantes fallos contradictorios en que los legistas agotan la dialéctica, que una mala jurisprudencia que perdura, porque a lo menos ésta tiene la ventaja de dar estabilidad a las transacciones y a los negocios humanos".

Cuando Alterini menciona la posibilidad de modificar de oficio un plenario y cita a Podetti en cuanto sostiene lo relativo de la rigidez de estos fallos, "puesto que los nuevos jueces, instados por las nuevas circunstancias y elementos valorativos, que destacarán en sus salvedades los jueces de primer grado o los litigantes por intermedio de sus letrados, pueden hacer variar esa interpretación", se está refiriendo claramente a obtener su modificación a través de la autoconvocatoria que prevé el art. 302 del ritual; aunque asimismo alude a la alternativa -que califica de no recomendable- de que alguna de las Salas se alce contra un fallo plenario para generar un antecedente contradictorio y la eventualidad de que ello dé pie al recurso de inaplicabilidad.

También el Dr. Yáñez, en su voto, sostenía esta posibilidad y la de que, abierto el recurso de inaplicabilidad, la Cámara modificara la doctrina plenaria.

La viabilidad del recurso de inaplicabilidad de ley en esta hipótesis, en torno a la cual no existía consenso, actualmente se encuentra vedada por el fallo plenario de la Cámara "Acepa S.C.A. c/ Faiatt, Jorge R.", de fecha 16 de marzo de 1982, que dispuso que no es admisible el recurso de inaplicabilidad de la ley cuando la contradicción que se invoca está dada entre la sentencia de una Sala y un fallo plenario (ED tomo 98-página 629; LA LEY, 1982-C, 43; Jurisprudencia Argentina, tomo 1982-II, página 334). Así las cosas, esa sentencia sólo sería susceptible de recurso extraordinario por arbitrariedad.

También el Dr. Augusto Belluscio, al votar en el plenario "Kartopapel S.A.", resaltó que todo el régimen de la jurisprudencia plenaria y la obligación de acatar la doctrina establecida en los fallos que de ella emanan tiende al aseguramiento de la seguridad jurídica, a la necesidad y conveniencia de que los justiciables puedan de antemano conocer la norma a la que están sujetos o la interpretación que se dará a determinada disposición legal. Y agregó que la jurisprudencia plenaria no es inmodificable, ya que el reexamen de los criterios ya fijados puede encararse "cuando los miembros de la sala que debe decidir consideran necesario hacerlo". Debe interpretarse que se refiere a la posibilidad de autoconvocatoria ya mencionada, pues cita la sentencia de la Sala B en la que se había establecido que la doctrina de un fallo en pleno sólo podía modificarse por medio de una nueva sentencia plenaria. En ella se argumentaba que la posible cristalización o rigidez del derecho se remediaba por el propio código, pero no a instancias de los litigantes, sino por iniciativa del tribunal, que podía, sin limitación de tiempo, rever la doctrina anterior dictando un nuevo fallo plenario.

También al votar el Dr. Santos Cifuentes, siguiendo el mismo criterio, expresó que "no es que la jurisprudencia va a ser inmutable, o que no pueda evolucionar. Distintas expresiones, hasta la de un fallo de primera instancia, pueden advertir a la Cámara o a una de sus salas de que el mantenimiento de la doctrina es equivocado, procurándose así la reunión del tribunal plenario. De ahí la importancia de poder dejar a salvo, desarrolladamente, la opinión contraria al plenario de que se trata".

Así pues, la variación entre la situación de hecho existente al momento del dictado del plenario "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ Daños y perjuicios" y la actual no permite apartarse de la doctrina sentada por aquél, a riesgo de hacer peligrar la seguridad jurídica que el régimen procesal tiende a privilegiar, en cuanto no se dicte un nuevo fallo plenario que lo deje sin efecto.

Es por ello que propongo desestimar el agravio de la parte actora y confirmar la tasa de interés fijada en la sentencia apelada.

Por todo lo expuesto, doy mi voto para que:

1) Se modifique parcialmente la sentencia apelada, dejando sin efecto la indemnización por pérdida laborativa y reduciendo las otorgadas en concepto de incapacidad física y psíquica a las de $ 8.000 y $ 3.000 respectivamente.

2) Se la confirme en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio.

3) Se impongan las costas de alzada en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos.

El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez dijo:

En este caso, adhiero agregando que remito a mis votos en "Fara c/ Línea 71", "Guzmán c/ Faleno" y "González c/ Salvatierra" para otros supuestos de inaplicabilidad de doctrina plenaria.

El señor juez de Cámara doctor Miguel Angel Vilar, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, 1) Se modifica parcialmente la sentencia apelada, dejando sin efecto la indemnización por pérdida laborativa y se reducen las otorgadas en concepto de incapacidad física y psíquica a las de $ 8.000 y $ 3.000 respectivamente; 2) Se confirma la sentencia apelada en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 3) Se imponen las costas de alzada en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos. Notifíquese y Devuélvase. -Ana María R. Brilla de Serrat. -Diego C. Sánchez Miguel. -Angel Vilar.