Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-27


Reg.: A y S t 281 p 367/372. Santa Fe, 27 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución 251, del 24 de julio de 2017, dictada por el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Vera, doctor Renna, en autos "SCHLIE, NÉSTOR DANIEL -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'SCHLIE, NÉSTOR DANIEL - KERZ, MARÍA PÍA JOSEFINA S/ DEFRAUDACIÓN- (APELACIÓN DE PROCESAMIENTO DE NÉSTOR DANIEL SCHLIE) Y SCHLIE, NÉSTOR DANIEL -KERZ, MARÍA PÍA JOSEFINA S/ DEFRAUDACIÓN (APELACIÓN DE PROCESAMIENTO DE MARÍA PÍA JOSEFINA KERZ)' (CUIJ 21-07008574-4)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511548-2); y, CONSIDERANDO: 1. El Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Vera, doctor Renna, por resolución 251, del 24 de julio de 2017, confirmó el auto apelado por medio del cual, a su turno y en lo que aquí interesa, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de Reconquista, había procesado a Néstor Daniel Schlie como autor penalmente responsable del delito de defraudación especial por desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. 6, C.P.), confirmado la libertad provisional otorgada oportunamente y rechazado la excepción de prescripción de la acción penal deducida por su defensa (fs. 9/14v. y 3/7v., respectivamente). 2. Contra este pronunciamiento la asistencia técnica del imputado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 16/22). En primer lugar, refiere que la decisión impugnada es definitiva, en la medida en que no existe una vía posterior idónea para revisar el mismo objeto procesal sobre el que recayó. Agrega que al haberse desestimado un planteo de prescripción se encuentra satisfecho el requisito de sentencia definitiva conforme precedentes de la Corte nacional y del Máximo Tribunal de esta Provincia que cita. Menciona como causales de arbitrariedad, en primer lugar, valoración parcial de la prueba y violación a los principios de legalidad y debido proceso y al derecho de defensa en juicio. Critica las consideraciones efectuadas por la Alzada para confirmar el procesamiento de su pupilo, en el entendimiento de que no están probados los extremos exigidos por la figura penal de desbaratamiento de derechos acordados. En este sentido, refiere que el denunciante no demostró tener ningún derecho contra el imputado y que ello se refuerza por la circunstancia de que se rechazara el "planteo autosatisfactivo" iniciado por aquél en sede civil. Sostiene que no está acreditado que quienes le vendieron los lotes al denunciante fueran titulares de algún derecho y que, en todo caso, cuando aquéllos los habrían adquirido, el imputado no era su dueño. Concluye, luego de desmerecer los diversos testimonios rendidos en la causa, que no existen elementos de convicción que prueben que Schlie hubiera acordado algo con la supuesta víctima de modo que pudiera luego defraudarlo. Por otro lado, se agravia de la decisión de la Cámara de confirmar el rechazo del planteo de prescripción de la acción penal formulado por su parte. Relata que de haber existido alguna "estafa" se habría producido cuando el padre del imputado le donó los terrenos a su hijo luego de habérselos vendido a Francisco, acto que tuvo lugar en el año 1984, es decir, hace más de treinta años. Agrega que, por el contrario, si se toma como maniobra defraudatoria la venta que el imputado hiciera de esos lotes a la señora Kerz, también la acción estaría prescripta, ya que la operación se produjo el 23 de febrero de 2009, o sea, pasaron más de seis años desde ese momento hasta el llamado a indagatoria de Schlie. Concluye que no caben dudas de que la disposición patrimonial que en todo caso habría provocado el perjuicio alegado por el denunciante se habría configurado con la transferencia efectuada por Horacio Schlie a su hijo Néstor Schlie o, en el otro supuesto, cuando éste transfirió los lotes a Kerz, pero nada tiene que ver que esta última los hubiera vendido luego, ya que este nuevo acto nada suma o resta a la posición del denunciante, para quien ya estaba consumado el perjuicio. En función de lo expuesto, tilda de arbitraria y de falta de fundamentación la decisión de los Jueces de la causa de tomar la fecha de la transferencia efectuada por Kerz a Ayerdi como momento de consumación de la estafa denunciada y, por tanto, como fecha para el inicio del término de la prescripción de la acción. Por último, postula afectación del debido proceso y del derecho a la doble instancia, con base en la conformación unipersonal del Tribunal de Alzada. Considera que no resulta aplicable el artículo 21 de la ley 13018, toda vez que se trata de la resolución de una cuestión de prescripción que hace a una defensa de fondo, lo que determina que debió haber sido revisada por un tribunal pluripersonal. 3. El A quo, por auto 339, del 19 de setiembre de 2017, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 28/38v.); lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Sede (fs. 40/49v.). 4. En primer lugar, deben rechazarse los cuestionamientos constitucionales de la defensa vinculados con la integración unipersonal del Tribunal de Alzada, puesto que la interesada no se hace cargo de rebatir lo dicho por la Cámara en el auto denegatorio en cuanto a la extemporaneidad del planteo, incumpliendo de este modo la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055. De tomos modos, las postulaciones guardan similitud con las tratadas por esta Corte en A. y S. T. 262, pág. 334 -a cuyos términos corresponde remitir para rechazar el planteo en mérito a la brevedad-, no logrando con sus agravios la recurrente demostrar que corresponda apartarse de la doctrina sentada en el precedente citado, ni que se trate de un caso que imponía la revisión por un tribunal pluripersonal. 5. Señalado ello, en relación al resto de los agravios, cabe señalar que de acuerdo con lo normado en el artículo 1 de la ley 7055, el recurso de inconstitucionalidad procede -siempre que se configure al menos uno de los supuestos enunciados en los tres incisos de la misma disposición- contra sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto, y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación. También se atribuye tal carácter -en una posición pacíficamente mantenida tanto por esta Corte como por el más alto Tribunal de Justicia de la Nación- a las decisiones que, si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior (A. y S., T. 70, pág. 136; T. 92, pág. 416; T. 97, pág. 197; T. 107, pág. 149; T. 114, pág. 491; T. 117, pág. 367; T. 120, págs. 309 y 320; T. 134, pág. 42; T. 173, pág. 423; T. 198, pág. 425; T. 201, pág. 85; Fallos:308:1832; 324:833, entre otros). Y por su naturaleza, la resolución que motiva la presente queja -en virtud de la cual el Juez confirmó el procesamiento y el rechazo del planteo de prescripción decidido por el Magistrado de primera instancia- en modo alguno reúne dicha exigencia formal, lo que impide el franqueamiento de la vía intentada. Ni las postulaciones contenidas en el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad, ni las vertidas en la queja tendentes a rebatir los fundamentos del auto denegatorio, alcanzan a convencer de que se verifique un supuesto de excepción que permita superar tal recaudo en la especie. Conforme el afincado criterio del más Alto Tribunal de la Nación -al que adhiere esta Corte-, las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso penal -tal el caso de las que rechazan el pedido de prescripción de la acción- no constituyen, por regla, sentencia definitiva (A. y S., T. 172, pág. 311; T. 194, pág. 218; T. 215, pág. 441; Fallos:180:310; 295:704; 312:577; 314:545; 324:81; 326:4944, entre otros), en tanto que las restricciones normales que derivan de la vinculación al proceso no alcanzan a erigirse -conforme inveterada jurisprudencia- en un gravamen irreparable (A. y S., T. 93, pág. 420; T. 152, pág. 9; T. 218, pág. 128; Fallos:307:1030; 310:1486; 312:575; 316:341, criterio que fuera convalidado por el Máximo Tribunal de la Nación en autos "V., J. R.", del 13.12.2005 y en "S., G.", del 5.06.2007, entre otros). Por lo demás, no puede descartarse en la especie que el fallo final sea absolutorio o que el proceso se resuelva de otro modo en favor del imputado; y en la hipótesis opuesta, que el agravio pueda ser traído a conocimiento de este Tribunal por vía del recurso extraordinario contra la sentencia que cierre el caso (A. y S. T. 201, pág. 85; Fallos:303:740, entre otros). Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA (EN DISIDENCIA PARCIAL)-FALISTOCCO-GASTALDI(EN DISIDENCIA PARCIAL)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA: 1. Coincido con lo fundamentado en el acuerdo precedente para desestimar los cuestionamientos de la defensa vinculados con la integración unipersonal del Tribunal de Alzada y, en consecuencia, entiendo corresponde rechazar la queja por ese agravio. 2. Sentado ello, cabe señalar que en el caso, si bien la resolución impugnada al confirmar el procesamiento del imputado y la libertad provisional concedida oportunamente no reuniría el recaudo de admisibilidad de la vía intentada al no ser una sentencia definitiva o auto interlocutorio equiparable a tal, lo cierto es que al convalidar también la Cámara el rechazo al planteo de prescripción de la acción penal efectuado por la defensa, puede erigirse excepcionalmente en objeto de esta vía extraordinaria. Es que, con anterioridad he sostenido, siguiendo precedentes de este Tribunal, que el rechazo de un pedido de extinción de la acción penal resulta equiparable a definitivo por causar un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior (ver por todos A. y S. T. 249, pág. 54). Superado tal recaudo formal, entiendo que las críticas de la compareciente a la resolución del A quo cuentan -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por lo expuesto, considero corresponde admitir la queja interpuesta con el alcance indicado. FDO.: ERBETTA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: 1. Que coincido mayormente con el relato de antecedentes efectuado y con lo fundamentado en el acuerdo precedente para rechazar los cuestionamientos de la defensa vinculados con la integración unipersonal del Tribunal de Alzada y, en consecuencia, entiendo corresponde rechazar la queja por este agravio. 2. También comparto lo dicho por el señor Ministro doctor Erbetta acerca de la admisión de la queja cuando se cuestiona el procesamiento dictado y la desestimación de la alegada prescripción de la acción penal. Al respecto, cabe señalar que si bien el artículo 1 de la ley 7055 establece, como exigencia fundamental para que la resolución supuestamente agraviante pueda ser objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad local, que se trate de sentencia definitiva o auto equiparable, y que por su naturaleza, el pronunciamiento impugnado, en principio, no reuniría dicha calidad, no obstante, las alegaciones de la compareciente logran delinear un supuesto de asimilación por irreparabilidad del gravamen. Ello así cuando se achaca violación al principio de legalidad, dogmatismo y contradicción por parte de la Alzada al confirmar el procesamiento de Néstor Daniel Schlie por el delito de desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. 11, C.P.). Y en tal sentido, echa de verse que la Alzada, al confirmar el procesamiento dictado, señaló que "...esta figura (...) requiere como presupuesto que previamente se haya celebrado un negocio jurídico válido por el cual el sujeto activo hubiera otorgado a otro un derecho sobre un bien o hubiera pactado una obligación personal referente a dicho bien" (f. 13v.). Y aseverando que "...surge evidente que los imputados han realizado maniobras tendientes a tornar incierto el derecho del Sr. Spessot" (f. 14). Para referir luego al testimonio de la señora Elga Seuffert de Francisco, quien señalara haber comprado el terreno junto a su marido en el año 1981, pero al padre del imputado, Horacio Ernesto Schlie -ya fallecido-. Y que fue el señor Francisco quien se lo vendió al hoy querellante Walter Andrés Spessot (f. 14). Expresando la recurrente, en punto a ello, que la Alzada lo habría ponderado para confirmar la probable comisión del delito, siendo que a su criterio, el testimonio corroboraba la inexistencia de un presupuesto del mismo, cual era un negocio jurídico entre el imputado y Spessot (f. 18). Y ante ello, ostentan entidad los cuestionamientos de la recurrente en orden al rechazo de la prescripción de la acción penal, al decir que el A quo habría tomado, como fecha de consumación del delito, la transferencia del inmueble ocurrida en el año 2013, e invocando en tal sentido contradicción con las evidencias de la causa aludidas en precedencia (fs. 20/21). Argumentaciones que suponen articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los respectivos antecedentes a la vista, si lo decidido y venido en recurso reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial. Máxime cuando, además, se invoca la afectación al debido proceso, defensa en juicio y violación al principio de legalidad. En las circunstancias del caso, entiendo entonces corresponde admitir la queja con el alcance referido y conceder el recurso de inconstitucionalidad, sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Vera, doctor Renna. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de Reconquista.