Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 283 p 43/50.

En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de junio del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "QUIROGA, Claudio Eduardo contra LA SEGUNDA ART S.A. -Ley 24.557- (Expte. 62/16 CUIJ 21-05105298-3) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-05105298-3). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Falistocco, Gastaldi y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Mediante auto nro. 270, de fecha 18.09.2017 (fs. 267/269), la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia nro. 406 dictada el 29.12.2016 (fs. 240/243).

El nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar a esta Corte -con los principales a la vista- por imperio de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 7.055, me conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad a lo dictaminado también por el señor Procurador General (fs. 275/278).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri, expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

1. Surge de las constancias de la causa que por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario, Claudio Eduardo Quiroga interpuso por apoderados demanda laboral contra La Segunda ART S.A. en los términos del artículo 136 de la Ley 7.945, pretendiendo el cobro de la totalidad de la prestación dineraria prevista en el artículo 14 de la Ley 24.557, sin la limitación del tope proporcional, por la incapacidad permanente, parcial y definitiva causada por el accidente de trabajo sufrido, y de acuerdo al porcentaje de la total obrera que surja de la pericial médica que se practique en autos, con más intereses y costas.

Relató que el 16.06.2009 mientras se encontraba cumpliendo sus tareas como chofer de ambulancia para su empleadora -la Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino- aconteció un grave accidente en la ruta 33, el cual le provocó las lesiones que generaron la incapacidad señalada, dictaminando la Comisión Médica un 36% de la total obrera, porcentaje que impugnó oportunamente. Señaló que la Aseguradora demandada le abonó el monto de $ 64.800 por el mencionado porcentual con el tope previsto en el artículo 14, inciso 2°, parte final, de la L.R.T., cuya inconstitucionalidad también había planteado en ese momento. Expresó que frente a su reclamo por la diferencia pretendida en la indemnización correspondiente -sin el tope- conforme la aplicación del Decreto 1694/09, la A.R.T. se negó a abonarla. Agregó que también lo disconformó el porcentaje de incapacidad, el cual considera es por lo menos del 49%. Por todas estas razones es que debió interponer esta demanda.

Solicitó se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del tope indemnizatorio mencionado, y asimismo la inconstitucionalidad del artículo 16 del Decreto 1694/09.

Contestada la demanda y producida la prueba ofrecida, en oportunidad de la audiencia de vista de causa el actor peticionó la aplicación inmediata del artículo 17, inciso 6°, y del artículo 3 de la Ley 26.773, y en su caso, la declaración de inconstitucionalidad del inciso 5° del citado artículo 17, a lo cual se negó la demandada alegando que implicaría la aplicación retroactiva de la ley.

En fecha 14.08.2015, el juez de primera instancia dictó sentencia, resolviendo declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1278/00, del artículo 16 del Decreto 1694/09, y del artículo 17, inciso 5°, de la Ley 26.773; receptar parcialmente la demanda y ordenar a la demandada pagar al actor la incapacidad parcial y permanente del 42,34%, conforme los considerandos, con costas.

Para así decidir, evaluó el juzgador que lo que se encontraba en discusión eran los siguientes términos de la litis: si la incapacidad sufrida por Quiroga es mayor a la oportunamente determinada por la Comisión Médica; si por esa incapacidad o la que surja se le debe abonar la prestación dineraria prevista en la ley, sin tope, y el análisis de la inconstitucionalidad del artículo 16 Decreto 1694/09 y de la aplicación de la mejoras introducidas por la Ley 26.773.

En cuanto al porcentaje de incapacidad concluyó, por las razones que expuso, que correspondía otorgarle al trabajador un porcentaje superior al establecido en sede administrativa y lo fijó en un 42,34% de incapacidad parcial y permanente.

Respecto de la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del tope previsto en el artículo 14, inciso 2°, de la L.R.T., y de la aplicación al caso de la Ley 26.773, consideró que "...mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador -como en el sub examine- si una norma jurídica nueva mejora su situación, la misma debe ser aplicada sin más, teniendo en cuenta el principio de progresividad y de la norma más favorable al trabajador...". Es por tales razones -y de acuerdo a las propias disposiciones de la ley y de los fundamentos vertidos por el Poder Ejecutivo en su mensaje de elevación- que determinó que la Ley 26.773 implica una actualización del sistema vigente, y que debe aplicarse inmediatamente a las prestaciones dinerarias pendientes, por lo que declaró la inconstitucionalidad del citado artículo 17, inciso 5°, y aplicó el incremento contemplado en el artículo 3 de la misma ley.

Apelada esta sentencia por la parte demandada, en su expresión de agravios alegó que el fallo incurrió en apartamiento sin fundamentos válidos del dictamen pericial médico, condenándolo a abonar una diferencia porcentual inexistente, desde que el informe coincidió con lo establecido en su oportunidad por la comisión médica -y eso es lo que su parte pagó- habiéndolo además ratificado el perito médico frente a dos impugnaciones formuladas por el actor.

También reprochó la aplicación al caso de la Ley 26.773 por cuanto entendió que temporalmente no era la vigente, advirtiendo que el fallo incurrió en contradicción. Destacó que la cuestión ya fue dilucidada por la Corte nacional a partir del fallo "Espósito" (del 07.06.2016), y a su vez, con la reglamentación de la norma (Decreto 472/14). Entendió que con esta aplicación retroactiva de la ley, la Sala está efectivizando una indexación de deudas, expresamente vedada por nuestra legislación, a lo cual le sumó un interés del 12% anual hasta el efectivo pago, resultando ello una "verdadera confiscación".

La Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió declarar desierto el recurso de nulidad y hacer lugar al de apelación, por lo que revocó la sentencia de grado en cuanto dispuso receptar la diferencia indemnizatoria reclamada por el actor y aplicar la Ley 26.773 para el cálculo del incremento indemnizatorio otorgado. Conforme ello rechazó la demanda, con costas de alzada al accionante.

En ese orden, advirtió la Cámara que en autos el perito médico estimó el porcentaje de incapacidad por las dolencias físicas que sufre Quiroga en un 31,72% calificándola como parcial y permanente. Luego fijó los respectivos valores inherentes a cada uno de los tres factores de ponderación que deben contemplarse -tipo de actividad, posibilidades de reubicación laboral, y edad del trabajador-, adicionándolos y determinando la incapacidad funcional en un 36%. Destacó que este dictamen fue ratificado dos veces al contestar las impugnaciones del demandante.

Observó el Tribunal que la decisión de baja instancia se apartó de este porcentaje en relación a los factores de ponderación, pues a la incapacidad le adicionó un factor que no había sido cuestionado, el de la edad; y que, si bien, los dictámenes periciales no son vinculantes para el juzgador, también es cierto que éste debe basarse en las afirmaciones de los científicos en la materia que trata.

En ese orden, apreció el a quo que la decisión de otorgar mayor porcentaje de incapacidad no estuvo fundada en ningún elemento científico, y que tampoco la magistrada le había atribuído errores a lo dictaminado por el experto médico, sino que, por el contrario, sus argumentos resultan desvirtuados científicamente por la pericial respectiva en los detalles que en forma completa y precisa postula en las aclaratorias del dictamen.

Conforme ello, la Sala determinó que debía estarse al porcentaje de incapacidad informado en la pericial, otorgándole total eficacia probatoria, revocando en el punto la sentencia inferior y, por ende, rechazando el reclamo del actor de una diferencia indemnizatoria por un mayor porcentaje de incapacidad que el determinado por la comisión médica y ya abonado por la Aseguradora. Atento esta decisión, estimó que las restantes quejas del apelante devenían de tratamiento inoficioso.

2. Contra tal pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo es arbitrario a la luz del artículo 1, inciso 3°, de la Ley 7.055, y lesivo de sus derechos al debido proceso, defensa en juicio y de propiedad.

En ese orden esgrimió como primer causal de arbitrariedad la carencia total de fundamentación en el fallo en cuanto refirió a la desestimación de la pretensión del actor consistente en el pago de la diferencia adeudada por la prestación dineraria del artículo 14, inciso 2°, apartado a) de la L.R.T., según las modificaciones del Decreto 1694/09, y que luego fue ampliada por el demandante a la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3 de la Ley 26.773 y al ajuste de las mismas conforme el RIPTE (artículo 17, inciso 6°).

Explicó aquí el recurrente que el fundamento fáctico de este reclamo es la incapacidad sufrida por Quiroga derivada del accidente de trabajo que, de acuerdo a los términos de la litis y aún cuando su parte pretendía un porcentaje mayor, nunca puede ser inferior al 36% fijado por la Comisión Médica y aceptado expresamente por la demandada. En cuanto al fundamento jurídico alegó que lo constituyen las normas invocadas por el trabajador -ya citadas- aplicadas en su momento por la juez de baja instancia luego de declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1278/00; del artículo 16 del Decreto 1694/09, y del artículo 17, inciso 5?, de la Ley 26.773.

Afirmó que esta pretensión se distingue claramente de la otra que hizo valer su parte, que si bien también perseguía una prestación dineraria mayor, se basó en una causa petendi diferente y su objeto cuantitativamente también lo es. Sostiene que en este caso el fundamento fáctico está dado en el hecho de poseer el actor un porcentaje de incapacidad superior al determinado por la comisión médica y su objeto se relaciona proporcionalmente con ese mayor grado de invalidez.

A su criterio, resulta claro que la procedencia de su planteo relativo a la aplicación del Decreto 1694/09 y de la Ley 26.773 es independiente de que prosperara o no su reclamo de un mayor porcentaje de incapacidad.

En este sentido puntualizó que si se parte del hecho de que la incapacidad sufrida es por lo menos del 36%, teniendo en cuenta que el Decreto 1694/09 eliminó el tope de $180.000 que preveía el citado artículo 14 (conforme el Decreto 1278/00) disponiendo en su lugar que la indemnización nunca podrá ser inferior a multiplicar aquel importe por el porcentaje de incapacidad, la indemnización a la que se arribe será cuantitativamente mayor, "...con total prescindencia de que se mantenga inalterado el porcentaje de incapacidad fijado por la Comisión Médica...". Agregó que lo mismo resulta en el pago del adicional previsto en el artículo 3 de la Ley 26.773 y el ajuste por el índice RIPTE.

Razonó que, conforme todo ello, la afirmación de la Alzada relativa a que al acoger el agravio de la demandada vinculado al mayor porcentaje de incapacidad fijado al actor por la jueza inferior, se tornaba inoficioso el tratamiento de los restantes planteos, aparece como inmotivada, pues dejó sin sustento el único motivo dado para revocar íntegramente la sentencia inferior y rechazar la demanda.

Como segunda causal de arbitrariedad, el recurrente invocó la vulneración de la cosa juzdada, dado que -según entendió- la resolución que impugna "...revocó la sentencia de primera instancia en todas sus partes, cuando en rigor esa decisión le estaba absolutamente vedada en lo que respecta a la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 1278/2000 y del art. 16 del Dec. 1694/2009 y a la consecuente aplicación al caso de este último decreto..." en tanto "...no había habido agravio de la demandada a ese respecto...", por lo que esos puntos adquirieron firmeza. Es por tal razón que consideró que, además, la Alzada se excedió en su jurisdicción.

3. Como se señaló en la primera cuestión, la Cámara concedió el recurso de inconstitucionalidad opuesto por el actor, por cuanto observó que su resolución había receptado el primer agravio de la demandada -relativo a que no correspondía otorgar un porcentaje mayor de incapacidad-, y en virtud de ello revocó la sentencia in totum; mas advirtió que también debía expedirse sobre el segundo agravio -la aplicación de la Ley 26.773 y la doctrina del fallo "Espósito" de la Corte nacional- en tanto la decisión al respecto "podría eventualmente tener incidencia sobre el monto indemnizatorio, aun en el grado de incapacidad fijado".

4. De la lectura de todo el expediente, confrontando los términos en que quedó trabada esta litis, lo resuelto por la jueza de baja instancia, y lo que resultó ser materia de agravios de la A.R.T. demandada en su apelación, surge evidente la configuración de los vicios que el actor recurrente le endilga a la sentencia de Alzada.

En efecto, la magistrada inferior resolvió: declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1278/00, del artículo 16 del Decreto 1694/09, y del artículo 17, inciso 5°, de la Ley 26.773; receptar, parcialmente, el reclamo de autos, y ordenar a la demandada pagar al actor la incapacidad parcial y permanente del 42,34%, conforme considerandos, con costas; todo ello tras corroborar que el perito médico había arribado a igual porcentaje de incapacidad que la comisión médica, mas estimó que también debían evaluarse los factores de ponderación (tipo de actividad y recalificación laboral) a fin de arribar al porcentaje de incapacidad que entendió correspondía, derivando así su examen en un aumento del mencionado porcentual al 42,34%. A su vez, y en virtud de calificar al crédito como abierto, merituó que era de aplicación el Decreto 1694/09 en lo referente a la supresión del tope, y en cuanto a la Ley 26.773 al considerarla como "una actualización del régimen vigente", advirtió que era de aplicación inmediata a prestaciones pendientes como la de autos.

Al apelar la Aseguradora demandada, se agravió tanto del apartamiento sin fundamento en que, a su criterio, había incurrido la juzgadora de la pericial médica, -lo cual determinó para su parte una condena por un porcentaje de incapacidad que dice no existe-, como de la aplicación al caso de una norma que asegura deviene claramente inaplicable de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte de la Nación a partir del fallo "Espósito".

Frente a estos antecedentes, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de apelación de la demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de grado en cuanto dispuso receptar la diferencia indemnizatoria reclamada por el actor aplicando la Ley 26.773; y en su lugar decidió rechazar la demanda, con costas.

Para así concluir la Sala consideró que la decisión inferior se había apartado del dictamen médico sin contar con elemento científico de apoyo, con lo cual determinó que no correspondía otorgarle a Quiroga el mayor porcentaje de incapacidad que pretendía. De acuerdo a ello, y al entender que la accionada ya había abonado la prestación pertinente conforme el porcentaje de incapacidad determinado por la comisión médica, estimó que resultaba inoficioso expedirse respecto de la aplicación de la Ley 26.773.

De este sucinto relato de lo acontecido en el expediente aparece evidente, como adelanté, que le asiste razón al actor en cuanto a que la Alzada en su razonamiento soslayó la circunstancia relativa a que aun cuando se considerara que el porcentaje de incapacidad otorgado a Quiroga era el de la pericial médica -coincidente con el de la comisión administrativa (es decir, un 36% de incapacidad permanente parcial)- la decisión de primera instancia concluyó en otorgarle la prestación del artículo 14, inciso 2°, apartado a), de la Ley 24.557 sin el tope establecido por la modificación del Decreto 1278/00, en tanto se consideró de aplicación el Decreto 1694/09 que eliminó dicho tope, para lo cual previamente declaró la inconstitucionalidad del mencionado Decreto 1278/00.

Lo determinante para la procedencia de este recurso es que esta conclusión no fue materia de agravio de la Aseguradora en su apelación, con lo cual ese aspecto del fallo quedó firme.

A su vez, la diferencia por la eliminación del tope en la prestación correspondiente, obviamente adeudada por la Aseguradora, estaba alcanzada en la sentencia de primera instancia por la aplicación de la Ley 26.773 (ajuste por RIPTE), y esta cuestión efectivamente fue llevada por la demandada ante la Cámara, en tanto entendió que se había aplicado retroactivamente la norma en contradicción también con lo resuelto por el máximo Tribunal de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito".

En suma, de este examen de las piezas procesales constitutivas del pleito, aparece notorio el apartamiento en que incurrió la Alzada de las mismas, vulnerando así la cosa juzgada y propiciando una exégesis apartada de esas constancias.

Es que, si bien los sentenciantes efectuaron la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las pretensiones de las partes -que, conforme tiene dicho la Corte nacional constituye materia de índole fáctica y procesal, ajenas en principio a la instancia extraordinaria-, resulta obvio que luego resolvieron con prescindencia de aquella determinación incurriendo así en la arbitrariedad que invoca el presentante y que determina la excepción a aquella regla.

En consecuencia, el pronunciamiento no resulta congruente con el acontecer del litigio, lo cual implica, en el presente, la vulneración del derecho al debido proceso que asiste constitucionalmente al recurrente, y su invalidación como acto jurisdiccional.

Por todo lo expuesto, voto pues por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿que resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado, con costas al vencido (artículo 12, Ley 7.055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme conforme las pautas sentadas en el presente.

Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler y Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado, con costas al vencido (artículo 12, Ley 7.055). Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en el presente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen de la causa: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala Tercera, de la ciudad de Rosario.

Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación, de la ciudad de Rosario.