Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24


Causa Nº 444-00-CC/2005 "Hoyts General Cinema Argentina SA s/ cables expuestos y otras -Apelación-" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 24 días del mes de febrero de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 576/581, y concedido a fs. 582, del presente legajo, del que RESULTA:

1) Que a fs. 132/135 se agrega la decisión del titular de la Controladuría Administrativa de Faltas N° 46 que, con fecha 3/06/2005, declaró la validez de las actas 2-770017 (tenencia de cables de 220 v. expuestos en caja de pase sin tapa ubicada debajo de pantalla y cubierto con una tela en sala 10 en cuarto piso -segundo nivel de sala-, fs. 27), 2-770018 (falta de indicadores de medios de salida en pasillos de emergencia frente a puertas de emergencia ubicadas a nivel pantalla de salas 5 y 7 y 4-1; 6 y 12), 2-770019 (falta de pasamanos a ambos lados de tramos de escalera de pasillos de emergencia de salas 9 y 10, fs. 25), 2-770020 (existencia de una rotura en el panel de roca de yeso lateral a la puerta de escape del pasillo de la salida de emergencia de la sala 10, con el cual se corre peligro de accidente, fs. 24), 2-770021 (existencia de cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano sobre la puerta de salida de emergencia que alimenta artefacto de iluminación con indicador de salida de emergencia en la sala 12, fs. 23), 2-749046 (falta de un matafuego ABC de cinco Kg. con tarjeta reglamentaria a nivel pantallas en salas 1 a 5 y 8 a 12 -total 10 matafuegos- fs. 22), 2-749048 (falta de indicación con fl echas en los carteles luminosos que indican "salida" con sentido hacia las puertas de escape en salas de cine y en pasillos de acceso en segundo y cuarto piso, fs. 21), 2-749047 (falta de certificado de tratamiento ignífugo en todos los revestimientos que los requieren ubicados en todas las salas y los pasillos de acceso, fs. 20), 2-749050 (tener cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano sobre cartel indicador de salida a nivel pantalla de la sala 10, fs. 19), 2-749049 (tener matafuegos no aptos B-C, uno en cada sala de cine a nivel acceso de las salas 3 y 5, fs. 18), 2-749151 (falta de extintores reglamentarios en pasillo de acceso de segundo piso -salas 1 a 5- y de cuarto piso -salas 6 a 12-, fs. 17), 2-749152 (exceder la capacidad habilitada de las salas 8, 9 y 10 en 11, 10 y 10 butacas respectivamente, fs. 16), 2-749154 (existir obstrucción -con exhibidores y paneles- en la salida de escape del nivel del cuarto piso, fs. 15), 2-749153 (no tener iluminación en dieciocho escalones de la sala 12 y fal ta de luz en escalón de la fila 13 entre butaca 17 y 18 en sala 9, fs. 14), 2-770065 (no tiene rociadores del sistema contra incendio ubicado detrás del telón y pantalla en la sala 6 ubicada en 4° piso, fs. 13), 2-770066 (no tiene certificado de tratamiento ignífugo de las plataformas de madera ubicadas detrás de las pantallas de proyección de todas las salas del complejo, fs. 12), 2-770068 (cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano en caja de pase de electricidad ubicada en escalera de emergencia externa zona de la baranda del 4° piso sector que da sobre calles Agüero y Lavalle, fs. 11), 2-770067 (cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano en la sala 6 ubicados en la siguiente zonas: 1.- A la izquierda del sector de pantalla y 2.- En artefacto de iluminación de salida de emergencia sobre la propia puerta de emergencia de la sala 3.- En pasillo externo de emergencia en artefacto de iluminación de indicador de salida sobre puertas de emergencia, fs. 10), 2-770070 (cables expuestos de 220 v. al alc ance de la mano en sala 8, ubicados en: 1.- artefacto de iluminación de salida de emergencia sobre la propia puerta y 2.- cable del transformador de la iluminación de tubos de neón en zona de salida de emergencia, fs. 9), 2-770069 (no tiene rociadores del sistema contra incendio ubicado detrás del telón y pantalla en la sala 8, fs. 8), 2-770071 (cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano ubicado en el artefacto indicador de salida de emergencia con iluminación sobre las hojas de las puertas de salida de emergencia- sala 9, fs. 7) y 2-749176 (tener cables expuestos de 220 v. en caja de luz al alcance de la mano a nivel pantalla de la sala 7 ubicados al costado del telón de pantalla, fs. 6), que fueron labradas en la inspección realizada el día 13/01/2005 en el complejo de cines Hoyts ubicado en el centro comercial "Abasto".

En virtud de lo resuelto impuso una sanción de multa por un total de trece mil trescientos pesos ($13.300) comprensiva de todas las faltas documentadas en las actas de infracción aludidas.

2) Que disconforme con la decisión adoptada en sede administrativa Hoyts General Cinema de Argentina SA, por intermedio de su representante legal, solicitó, en los términos del art. 24 ley de Procedimientos en materia de faltas (LPF), el pase de las actuaciones a esta Justicia en lo Contravencional y de Faltas. Ya en sede judicial, la presunta infractora se presentó ante el Juzgado CyF N° 4 formulando por escrito los agravios provocados por la decisión administrativa, acompañó prueba para sustentar sus alegaciones y requirió la producción de prueba testimonial, informativa y pericial (fs. 319/387).

3) Que, en su oportunidad, el Sr. Fiscal de primera instancia manifestó la intención expresa de dicho órgano de intervenir en la presente causa y ofreció la producción de prueba para el debate oral (fs. 389).

4) Que, a fs. 393, la Sra. Juez de Grado fijó audiencia de juicio y proveyó la prueba ofrecida, mientras que a fs. 401/430, la presunta infractora cumplió con la carga de diligenciarla.

5) Que a fs. 456/472 se agrega el acta que documenta la audiencia de juicio que se realizó entre los días 25/10/2005 y el 11/11/2005 donde depusieron los testigos propuestos por las partes quienes expusieron acerca de los interrogantes formulados y sobre la prueba documentada que luce agregada en el expediente.

Finalmente, en virtud de los fundamentos que obran a fs. 559/571 vta., la Sra. Juez de Grado resolvió condenar a Hoyts General Cinema de Argentina SA en orden a las infracciones que constan en las actas Serie 2 Nros. 0749176, 0770071, 0770070, 0770067, 0770068, 0749050, 0770021, 0770017 labradas con motivo de existir cables expuestos en los diversos sectores en ellas precisados imponiendo, en mérito a ello, la pena de multa de quinientos pesos ($500) por cada una de ellas, totalizando un monto de cuatro mil pesos ($4000).

Asimismo resolvió condenar a la persona jurídica aludida en orden a la infracción documentada en el acta Serie 2 Nro. 0749049 concerniente a irregularidades atinentes a los matafuegos ubicados en el comercio en cuestión a la pena de multa de mil pesos ($1000) y también condenó a la infractora en orden a las actas Serie 2 Nros. 0749153, 0770019, 0770018, 0749152 y 0749048 relativas a distintos problemas edilicios que hacen a la conservación del local y a su seguridad a la pena total de mil novecientos pesos ($1900) -en razón de doscientos pesos ($200) por la infracción documentada en cada una las actas 0749153, 0770019, 0770018, trescientos pesos ($300) por la infracción documentada en el acta 0749152 y mil pesos ($1000) por la infracción documentada en el acta 0749048-.

En definitiva, por la totalidad de las infracciones señaladas, impuso la sanción total de seis mil novecientos pesos de multa ($6900) pagaderos en cuotas.

Asimismo resolvió absolver a la firma en cuestión por los hechos documentados en las actas Serie N° 2 Nros. 0770069, 0770066, 0770065, 0749047, 0749154, 0770020, 0749151 y 0749046.

6) Que a fs. 576/581 se agrega el recurso de apelación interpuesto por la presunta infractora. Por su intermedio se agravia al considerar que la sentencia dictada por la titular del Juzgado CyF N° 4 resulta arbitraria y violatoria de la ley aplicable.

A efectos de demostrar su afirmación la recurrente efectúa un relato de los antecedentes que precedieron la decisión que cuestiona para luego señalar como ilegitimidades concretas:

I) Irregularidades "en el procedimiento contravencional en sede administrativa" (sic, fs. 577). Bajo este rótulo se agravia la recurrente pues considera que si bien la Jueza de Grado no asignó a las actas de infracción el valor probatorio que les confiere el art. 5 ley 1217, por no reunir la totalidad de los requisitos previstos por el art. 3 de dicha ley, y sujetó el reproche por el hecho que ellas documentan a las pruebas producidas en el debate oral; durante el mismo, sostiene, la deposición de los inspectores no arrojó luz sobre dichos hechos.

Asimismo entiende que desde el momento que los inspectores de la administración no cotejaron en forma previa al labrado del acta serie 2 N° 0749049 (fs. 18) -que documenta la tenencia de matafuegos no aptos- el Plan de Condiciones Generales contra incendios, nunca pudieron conocer qué matafuegos eran los requeridos pues, a su criterio, de conformidad con el art. 4.12.2.3 del Código de Edificación, sólo de dicho documento se desprende cuáles son los matafuegos exigidos. Entiende el recurrente que este defecto que señala determina que no se pueda desvirtuar el principio de inocencia que ampara a la infraccionada en relación al hecho aludido.

II) La sentencia no se ha expedido sobre el pedido de nulidad efectuado de la resolución del controlador administrativo de faltas. Bajo este rótulo, cuya claridad expresa el defecto que objeta, la recurrente solicita además la declaración de inconstitucionalidad de la norma contenida en el art. 2.2.14 de la ley 451 por entender que punir el incumplimiento de "las obligaciones impuestas por el Código de la Edificación", entraña un "tipo penal abierto" que, a su criterio, resulta automáticamente inconstitucional a la luz del principio de legalidad (art. 18).

III) Incorrecta consideración de la ley aplicable en lo atinente al requisito intimación previa en relación a las actas labradas por faltas vinculadas con la prevención contra incendio. En este acápite se agravia que la Sra. Jueza de Grado haya considerado que la intimación previa que exige el Código de Edificación sólo resulta necesaria cuando el recaudo contra incendio requerido sea novedoso y no así cuando se trate de un extremo exigido al momento de concederse la habilitación comercial. Entiende la recurrente que la Juez efectúa un distingo que no realiza la ley. Por ello, solicita se revoque la sanción impuesta por cuestiones atinentes a la prevención de incendios, máxime cuando, afirma, dichos defectos fueron subsanados luego de la inspección del 13/01/2005.

IV) La condena impuesta en relación a ciertas actas se basa exclusivamente en los testimonios aportados por la Fiscalía. En este punto se agravia la recurrente de las siguientes cuestiones:

a) En primer lugar alega que la condena por los hechos documentados en las actas 2/077071 (cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano ubicado en el artefacto indicador de salida de emergencia con iluminación sobre las hojas de las puertas de salida de emergencia- sala 9, fs. 7), 2-770070 (cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano en sala 8, ubicados en: 1.- artefacto de iluminación de salida de emergencia sobre la propia puerta y 2.- cable del transformador de la iluminación de tubos de neón en zona de salida de emergencia, fs. 9), 2-770067 (cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano en la sala 6 ubicados en la siguiente zonas: 1.- A la izquierda del sector de pantalla y 2.- En artefacto de iluminación de salida de emergencia sobre la propia puerta de emergencia de la sala 3.- En pasillo externo de emergencia en artefacto de iluminación de indicador de salida sobre puertas de emergencia, fs. 10), 2-749050 (tener cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano sobre cartel indicador de salida a nivel pantalla de la sala 10, fs. 19) y 2-770021 (existencia de cables expuestos de 220 v. al alcance de la mano sobre la puerta de salida de emergencia que alimenta artefacto de iluminación con indicador de salida de emergencia en la sala 12, fs. 23) no encuentran correlato en otras probanzas que acompañen la declaración de los testigos-inspectores aportados por el Ministerio Público Fiscal.

b) En este mismo acápite se agravia en torno a la condena por el hecho documentado en el acta 2-749153 (no tener iluminación en dieciocho escalones de la sala 12 y falta de luz en escalón de la fila 13 entre butaca 17 y 18 en sala 9, fs. 14). Aquí advierte que el Código de Edificación "no exige que la iluminación requerida de escaleras tenga que ser a nivel de escalones de la escalera en cuestión" (fs. 580).

c) Asimismo, en torno a la condena por el hecho documentado en el acta 2-770019 (falta de pasamanos a ambos lados de tramos de escalera de pasillos de emergencia de salas 9 y 10, fs. 25), señala que la declaración del testigo-inspector no ofrece certeza acerca del ancho de la escalera que habría carecido de pasamanos, añadiendo que las pericias que aportara demuestran que ella mide menos de 1,5 mts., circunstancia que determina que la escalera requiera pasamanos de un sólo lado.

V) Incorrecta aplicación de la ley en la sentencia apelada. En este último capítulo del recurso bajo examen, la recurrente sostiene que resulta improcedente la sanción aplicada con relación a las actas labradas por cables expuestos en artefactos de iluminación de indicadores de salida, por entender que las exigencias del Código de Edificación no se refieren a cables de 12 V que, según afirma, era el voltaje que caracterizaba a los cables cuestionados. Subsidiariamente, destaca que todos los testimonios brindados permiten excluir la hipótesis de que los cables cuestionados se encontraran "pelados", sino que estaban revestidos con material aislante. Por ello, considera la recurrente, que no corresponde exigir la protección contra cualquier contacto casual -que según afirma, no se daba- puesto que la única manera que podría haber contacto era tratando de tocar intencionalmente los cables de baja tensión que se hallaban por encima de la altura de la cabeza de cualquier persona.

Finalmente mantiene la reserva del caso federal.

7) Que a fs. 588/89 vta., se agrega el dictamen producido por el Sr. Fiscal ante esta instancia quien considera que, desde el momento que el recurso de apelación trasluce una mera discrepancia con el criterio mediante el cual la Sra. Juez de Grado apreció la prueba producida, el mismo debe declararse mal concedido. Subsidiariamente, considera que en virtud del pormenorizado análisis que efectúa la sentencia en crisis de cada uno de los hechos reprochados los agravios generados no alcanzan a conmoverla, y solicita su rechazo.

8) Que encontrándose la causa a su disposición se presenta la recurrente criticando, por infundado, al dictamen Fiscal. Luego presenta a este Tribunal un esquema de los agravios contenidos en el recurso de apelación ut supra referido sin añadir ninguna cuestión sustancialmente novedosa.

9) Que finalmente, a fs. 600 la causa queda en estado de ser resuelta resultando necesario indagar, en primer término, si el recurso ha sido correctamente concedido, acotando, en su caso, la competencia revisora de este Tribunal a los parámetros legalmente autorizados por la ley 1217. Luego, en su caso, adentrarse en el análisis de los agravios procedentes.

PRIMERA CUESTION:

A) A los efectos de revisar el juicio de admisibilidad hecho por la Sra. Juez de grado corresponde tener en cuenta que este Tribunal, en consonancia con lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad (considerando 5 del voto de la Juez Ana María Conde in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 -s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso apelación-", Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005), tiene dicho que el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los Magistrados de Grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece-taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. Queda fijado de ese modo el límite de la competencia que la ley asignó a esta Alzada en la materia.

En el caso, el juicio de admisibilidad del recurso bajo estudio hecho por la Sra. Juez de Grado, que obra a fs. 582, resulta incompleto pues, desde el momento que existen supuestos específicos para su procedencia, es claro que la impugnación en cuestión, además de cumplir como lo hace con los recaudos formales exigidos, sólo resultaría viable en los casos señalados; por ello resulta necesario que los Sres. Jueces, previo a elevar las actuaciones, efectúen un estudio de los agravios invocados.

No obstante, por razones de economía procesal y a fin de no retardar la tramitación de la causa, corresponde que este Tribunal supla la omisión de la Sra. Juez y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si la tacha de arbitrariedad así como la de denuncia de errónea aplicación de la ley vienen acompañadas de un contenido crítico que permita revisar la decisión de la Juez a quo o si, por el contrario, ella encubre una mera discrepancia con la forma en que, a partir de la inmediación, se valoró la prueba producida en la audiencia de debate (adviértase que este Tribunal se encuentra legalmente impedido de ingresar en dicho extremo).

B) Transitando entonces el sendero señalado, es menester realizar un estudio discriminado de los agravios a fin de poder concluir si todos o alguno de ellos pueden ser traducidos como cuestiones que determinen la competencia del Tribunal.

1) Así las cosas, tal lo expresado en el acápite I, la recurrente se agravia en razón de que, a su criterio, las abundantes declaraciones testimoniales producidas durante la audiencia de debate, y consideradas todas en los fundamentos de la decisión de condena, no son capaces de conmover la presunción de inocencia que goza la encartada, cuando las actas de infracción no cumplen la totalidad de los requisitos legales tal como reclama el art. 5 LPF.

Este Tribunal en ocasión de recibir planteos similares y cumpliendo con el estricto marco que impone el artículo 56 LPF, no se exhorbitó de su competencia legal sino que advirtió que los únicos motivos por los cuales esta Alzada está autorizada a intervenir en estos procesos se vinculan, básicamente, con cuestiones de derecho y sólo, excepcionalmente, a cuestiones de hecho a través de la doctrina de la arbitrariedad ("Godiñho, Juan José s/ tarjeta de chofer vencida", causa N° 362 -00-CC/2004, del 19/11/2004). El recurrente sostiene que los testigos-inspectores "tenían por único objetivo tratar de sanear en sede judicial su incorrecto proceder en la inspección" (fs. 517). Sin embargo no expone con precisión cual habría sido la mendacidad concreta en que habrían incurrido en tal espurio fin y que hubiese llevado a la Sra. Juez a dictar una sentencia injusta. En tal sentido, la decisión en crisis cuenta con los fundamentos fácticos necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido.

En este punto resulta necesario detenerse en el agravio en torno al acta serie N° 2/0749049 que documenta la circunstancia de tener matafuegos no aptos B-C, uno en cada sala de cine a nivel acceso de las salas 3 y 5, (fs. 18). En virtud de dicho hecho la Sra. Juez confirmó la condena de multa impuesta por la controladora administrativa valorando la declaración del inspector que la labró (documentada a fs. 467/70), J.A Pisini, quien afirmó, tal como lo sostiene la sentencia en crisis, que "en esa oportunidad fueron asesorados por los bomberos que acompañaron la inspección" y que "el acta se labró porque los matafuegos categoría B y C sirven para combatir incendios producidos por combustibles como la nafta, tal el caso de las estaciones de servicio. Que en los cines se requiere que los extintores cumplan con los requisitos de categorización A (agua), cuyas propiedades abarcan la posibilidad de combatir el fuego sobre telas, etc." (fs. 565 vta.).

Ahora bien, la infractora, que durante este mismo proceso intentó justificar esta falta alegando que "al momento de la inspección, los matafuegos habituales utilizados se encontraban cumpliendo con el servicio de recarga de matafuegos" y que los matafuegos impropios fueron provistos por la empresa "J.C. Gómez" (fs. 334), afirma ahora que desde el momento que el inspector Pisini no tuvo a su vista "el plano de condiciones contra incendio, como para saber que tipo de matafuegos correspondía" (fs. 577), no pudo haber labrado válidamente el acta. De este modo, queda claro que, en el marco expuesto, el recurrente no logra demostrar la existencia de un defecto de entidad en la apreciación de la prueba producida que justifique que este Tribunal ejerza su competencia extramuros del art. 56 LPF. Por lo expuesto es que el recurso fue mal concedido en este punto.

2) Respecto al agravio esgrimido en el acápite II del recurso en cuestión cabe efectuar varias consideraciones.

a) con relación a la tacha de arbitrariedad que sufre la decisión en crisis por haber omitido expedirse sobre el planteo de nulidad de la resolución de la Controladora Administrativa de Faltas se advierte, en primer término, que la noción de arbitrariedad, acuñada originariamente por la Corte Suprema de Justicia Federal (Fallos 112:384), posee una acepción técnica específica y su mera invocación esta lejos de configurar su existencia. Así las cosas, uno de los supuestos que determinó que la CSJN descalifique sentencias judiciales como pronunciamientos jurisdiccionales válidos se refiere a la omisión de considerar y resolver cuestiones oportunamente propuestas. Sin embargo, es oportuno recordar que los jueces no están obligados a ponderar la totalidad de las cuestiones propuestas por las partes, sino aquellas que consideran conducentes para la resolución del litigio (Fallos 239:126, entre muchos otros).

En el caso, la omisión atribuida a la Sra. Juez se vincula con el pedido de nulidad del acto administrativo emitido por la Sra. Controladora de Faltas, obrante a fs. 132/135 y que a criterio del recurrente, aparece insuficientemente motivado (punto II del recurso de apelación, fs. 577). Sin embargo, esta circunstancia no tiene entidad suficiente para producir los efectos que pretende.

En efecto, si bien tanto la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad (LPABA) en su art. 7 inc. e, como la ley especial de procedimientos de faltas en su art. 21 exigen, como no puede ser de otro modo, que todo acto de la administración sea adecuadamente motivado (como ocurre con cualquier acto de emitido por algún órgano del poder público), este Tribunal consideró en causas precedentes que dicho defecto no provoca el dictado de la nulidad de la decisión administrativa; ello, cuando los hechos aludidos por la decisión cuestionada encuentran sustento suficiente en las restantes probanzas incorporadas a la causa o en la prueba producida en el debate oral realizado en sede judicial, y estos son recogidos por la sentencia judicial como sustento de la decisión ("TEB SRL, s/ Falta de permiso de cartel", causa Nº 267-00-CC/2005, rta. el 16/9/2005).

Adviértase además, y a modo de ejemplo, que uno de los defectos fundantes de la nulidad que el recurrente achaca a la decisión de la Controladora Administrativa de Faltas reside en que ella no fundamentó el rechazo del pedido de nulidad de las 22 actas de infracción (ver punto II. ii del recurso de apelación bajo estudio, fs. 517 vta.). Sin embargo, el recurrente no insiste con este agravio que considera infundadamente rechazado por la decisión de la Controladora en su recurso de apelación, tal vez porque se dio cuenta que las actas de infracción no son, en rigor, actos administrativos, a los cuales resulte aplicable el art. 60 LPBA, sobre cuya base postulaba la nulidad de las actas (ver punto II fs. 32/34, así como el epílogo de las críticas dirigidas a cada una de las actas confeccionadas fs. 325/82). Por lo expuesto, sumado a que "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (Fallos 312:246; 389:608, entre otros), el recurso ha sido, en lo sustancial, incorrectamente concedido en relación a los motivos que desarrolla en el punto.

b) En cambio, sí presenta un agravio que entraña una denuncia de una supuesta "violación de la ley" cuando, dentro del mismo acápite II, postula la inconstitucionalidad de la prohibición contenida en el art. 2.2.14 de la ley 451 al considerar que, por ser un "tipo infraccional abierto", es automáticamente inconstitucional. Sin embargo, la recurrente recién ha introducido dicho planteo en esta instancia, lo que claramente implica un caso de reflexión tardía, puesto que la misma tuvo la posibilidad de cuestionar el tipo infraccional citado durante el procedimiento llevado a cabo en primera instancia ya que, según se advierte de la lectura de la decisión de la Controladora Administrativa de Faltas, dicha norma se consignó como sustento del reproche efectuado en sede administrativa (fs. 134).

Esta omisión impidió que la judicante diera un debido tratamiento a dicho agravio. Por lo tanto, al no haber planteado la cuestión en el tiempo y modo oportunos, no corresponde su tratamiento por esta Alzada. Ello así, máxime cuando el desarrollo argumental que sustenta dicha pretensión se limita a señalar que se trata de un tipo infraccional abierto, circunstancia que por sí sola no resulta automáticamente determinante de su declaración de inconstitucionalidad cuando aparece claramente identificada la norma que lo integra (este Tribunal in re "TEB SRL, s/ Falta de permiso de cartel", causa Nº 267-00-CC/2005, del 16/08/2005).

A mayor abundamiento, es dable recordar la postura asumida por nuestro Máximo Tribunal Local respecto a la introducción de cuestiones en forma tardía. Así, ha afirmado que "en principio, tal agravio, cuanto menos, debió denunciarse en el recurso de apelación (fs. 30/33) pues aquella violación, ciertamente, se habría producido con la segunda sentencia dictada en primera instancia (fs. 39/59) luego de sustanciado el reenvío ordenado por la Alzada. No obstante, sin entrar a considerar la procedencia material de su planteo -si se recurre con razón o sin ella-adviértase que, en rigor, el agravamiento señalado se habría presentado como "probable" en un estadio anterior: con la resolución inicial de la Sala (fs. 35/37) en la cual, expresamente (ver 3º párr. de fs. 37), se indicó que la decisión que se mandaba dictar resultaría más gravosa que la impuesta inicialmente respecto del quantum de la sanción (disposición ésta, que no fue impugnada). De manera que, su -doble- omisión en este caso, impide ahora al Tribunal expedirse sobre el punto, pues la propia idea del re-examen (base del recurso) impone que la cuestión constitucional deba ser propuesta en tiempo y modo oportuno ... Por lo tanto, formalmente, este agravio es el resultado de una reflexión tardía y ello determina su invariable rechazo ..." (del voto de la Conde, Expte. nº 4080/05 "Gral. Tomás Guido S.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "Gral. Tomás Guido S.A. s/inf. violar luz roja y otras- apelación", entre otras, el destacado no obra en el original).

3) En otro orden, se advierte un supuesto de posible "violación de la ley" en el agravio desarrollado bajo el acápite numerado como III, pues discrepa con la interpretación que la Sra. Juez efectuara de las normas contenidas en el Código de Edificación, considerando que para reprochar una falta vinculada con la prevención contra incendio resulta necesario cumplir con el requisito procedimental de la intimación previa. El recurso bajo estudio fue correctamente concedido en este extremo.

4) Bajo el acápite numerado como IV la recurrente introduce varias cuestiones:

a) En primer lugar vuelve a discrepar con el fundamento fáctico de la sentencia y no denuncia en puridad un supuesto de violación de la ley sustantiva o adjetiva. Es dable advertir que en este capítulo se esfuerza al escoger fragmentos de las declaraciones de los testigos Cazenave, Arraiza y Fattori sentadas en las actas del debate oral y, a partir de ellos, pretende demostrar que el reproche por los hechos que se vinculan con la existencia de cables expuestos de 220 v al alcance de la mano no encuentra sustento certero en las pruebas producidas. El agravio entonces, así apreciado, excede el marco de competencia que asigna el art. 56 LPF, razón por la cual el recurso ha sido mal concedido en este aspecto.

b) A diferencia de lo expuesto, debe convocar la atención de este Tribunal el análisis de la errónea aplicación de la ley que denuncia al considerar, en relación al acta 2-749153 (no tener iluminación en dieciocho escalones de la sala 12 y falta de luz en escalón de la fila 13 entre butaca 17 y 18 en sala 9, fs. 14) que el Código de Edificación "no exige que la iluminación requerida de escaleras tenga que ser a nivel de escalones de la escalera en cuestión" (fs. 580).

c) Por el contrario, no puede prosperar la crítica dirigida a la condena impuesta en virtud del hecho documentado en el acta 2-770019 (falta de pasamanos a ambos lados de tramos de escalera de pasillos de emergencia de salas 9 y 10, fs. 25), pues el agravio construido en torno a la falta de certidumbre que pudo aportar la declaración del testigo-inspector Atilio Calivari en torno al ancho de la escalera en cuestión se trata, además de una cuestión vedada por el art. 56 LPF, de un extremo difícil de ponderar por Jueces que no estuvimos en la audiencia de juicio ni pudimos apreciar la deposición en cuestión. Además, adviértase que aunque fuese cierto que la escalera mide lo que ella afirma, el Código de Edificación le exige, según lo reconoce (ver fs. 580 vta.) poseer al menos pasamanos de un sólo lado; por lo tanto se comprobó el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de Edificación, al no verificarse el 13/01/2005 tal extremo.

5) Finalmente, tampoco ingresará este Tribunal en el análisis de los agravios presentados bajo la numeración V. Ello así, pues aquí el recurrente niega que los cables cuya exposición se reprocha fueran de 220. v. Se trata aquí nuevamente de una discrepancia con la convicción fáctica que posee la decisión en crisis y no así la denuncia de un supuesto de violación de la ley que recayera sobre una base fáctica no controvertida. Asímismo cuando el recurrente se agravia acerca de que los cables expuestos no habrían estado "pelados" ingresa nuevamente en afirmaciones propias del terreno fáctico que resultan ajenas al ámbito de análisis que autoriza el art. 56 LPF.

SEGUNDA CUESTION Efectuada la necesaria depuración del recurso y discriminadas como fueron aquellas cuestiones que resultan hábiles para excitar la competencia, corresponde proceder a el análisis de los agravios esgrimidos.

I.-Ingresando al análisis del agravio desarrollado por la recurrente bajo el acápite numerado como III, corresponde recordar que la Sra. Juez de Grado consideró que si bien el art. 6.3.1.4 establece que "La municipalidad intimará la supresión de anomalías, la realización de instalaciones y colocación de elementos faltantes de lucha contra incendio, en todos aquellos casos en que por sí o por comunicación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, derivada de sus intervenciones operativas que le son propias, corresponda", ello no implica que todas las obligaciones impuestas por el Código de Edificación referidas recién cobren virtualidad y puedan reputarse como incumplidas cuando no se corrijan previa intimación efectuada. Concluyó, entonces, que dicha intimación previa será necesaria para configurar el incumplimiento de la obligación impuesta cuando el requisito exigido resulte novedoso y sorpresivo para el establecimiento en cuestión.

Sin perjuicio de que la conclusión a la que arriba la Sra. Juez no aparece como irrazonable, lo cierto es que la norma en que se sustenta el reproche es, como se dijo, el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de la Edificación; luego, nada quita que dicha inobservancia -que la prohibición contenida en el art. 2.2.14 intenta evitar cumpliendo una finalidad de prevención general- resulte además detonante de una intimación de la supresión de anomalías. Por ello, no se advierte que el mero incumplimiento de las exigencias establecidas en la materia no tipifique en la norma que fundamenta las penas impuestas. Por otra parte, la propuesta hermenéutica que efectúa el recurrente implica, a criterio del Tribunal, una postulación verdaderamente disfuncional para la finalidad de las normas en cuestión, pues de ella se podría derivar que aún los establecimientos que no posean la reconocida trayectoria de la recurrente se despreocupen de cumplir las obligaciones normativamente impuestas hasta que la autoridad administrativa lo advierta y efectúe la mentada intimación.

II.-Finalmente, en cuanto al hecho de no tener iluminación en dieciocho escalones de la sala 12 y falta de luz en escalón de la fila 13 en la sala 9, documentado en el acta 2-749153, sostiene la recurrente que no resulta punible desde el momento que, a su criterio, el art. 4.6.6.1 del Código de Edificación "en ningún momento exige que la iluminación requerida de escaleras tenga que ser a nivel de escalones". Ahora bien, de la lectura de la norma en cuestión no se advierte como irrazonable extraer la conclusión de que resulte necesario que los escalones de los cines, dado sus características especiales, deban poseer iluminación. En este sentido, la interpretación de la apelante resulta contraria a la función de la actividad que desarrolla, ya que sería absurdo suponer que en un cine que los escalones deban ser iluminados desde una altura mayor, pues ello molestaría a los espectadores durante la proyección de una película, desvirtuándose así la característica propia de dicho establecimiento. Tampoco puede perderse de vista las dificultades que, eventualmente, puedan enfrentar algunos de los concurrentes para subir esos escalones durante una función. Siendo así la critica de la impugnante con respecto a esta cuestión, tampoco tendrá favorable acogida.

Por las razones expuestas y en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, RESUELVE:

I..- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación con relación a los puntos I, II, IV -en lo específicamente atinente a los agravios reseñados como a) y c) en la presente decisión (fs. 607/08)- y V del recurso obrante a fs. 576/581.

II.- DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación con relación al punto III y lo manifestado en el punto IV -en lo específicamente atinente al agravio reseñado como b) en la presente decisión (fs. 607)- del recurso, y RECHAZAR los agravios esgrimidos en dichos puntos.

III.- CONFIRMAR la sentencia en crisis, en cuando fue materia de recurso, y dispuso: I) CONDENAR a Hoyts General Cinema de Argentina SA en orden a las infracciones que constan en las actas Serie 2 Nros. 0749176, 0770071, 0770070, 0770067, 0770068, 0749050, 0770021, 0770017 labradas con motivo de existir cables expuestos en los diversos sectores en ellas precisados imponiendo en mérito a ello la pena de multa de quinientos pesos ($500) por cada una de ellas lo que totaliza un monto cuatro mil pesos ($4000). II) CONDENAR a la persona jurídica aludida en orden a la infracción documentada en el acta Serie 2 Nro. 0749049 concerniente a irregularidades atinentes a los matafuegos ubicados en el comercio en cuestión a la pena de multa de mil pesos ($1000) y en orden a las actas Serie 2 Nros. 0749153, 0770019, 0770018, 0749152 y 0749048 concernientes a distintos problemas edilicios que hacen a la conservación del local y a su seguridad a la pena total de mil novecientos pesos ($1900) -en razón de doscientos pesos ($200) por la infracción documentada en cada una las actas 0749153, 0770019, 0770018, trescientos pesos ($300) por la infracción documentada en el acta 0749152 y mil pesos ($1000) por la infracción documentada en el acta 0749048.

IV.- Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi //jo constancia que la Elizabeth. A. Marum no firma por hallarse en uso de licencia.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas