Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-22


NEUQUEN, 22 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PADILLA MARIA DEL CARMEN C/ CITIBANK N.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. Nº 297176/3), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 4 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Luis E. SILVA ZAMBRANO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Norma AZPARREN y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

I.- A fs. 286/292 vta., se dicta sentencia rechazando la demanda interpuesta, decisión que es apelada por la actora, luciendo sus agravios a fs. 309/316.

Se agravia pues entiende que ha sido erróneo enfocar la cuestión en la relación que existía entre su parte y la Sra. Candelabro, ya que al hacer esto la Juez de grado no analizó el incumplimiento contractual del demandado.

Luego de efectuar una serie de apreciaciones en relación a aspectos jurisprudenciales y doctrinarios relativos al mandato, agrega que si bien es cierto que hubo un encargo voluntario, el mismo quedó sin efecto por la notificación fehaciente cursada a la entidad financiera.

Invoca que el artículo 1938 del Código Civil impone una carga de autoinformación al contratante, más aún cuando se trata de una entidad financiera que debe requerir la exhibición del instrumento donde consta la representación invocada, citando a Lorenzetti quien expresa que "Si se produce una contratación con alguien que invoca el nombre de otro, o crea la apariencia de que es representante, y el tercero no lo verifica, incurre en un error culpable. El riesgo es atribuido al tercero contratante".

En este aspecto insiste que quien contrata con un apoderado luego de la revocación del mandato obra con culpa equiparándose ello al conocimiento de la revocación.

Continúa argumentando respecto a que para que cese el mandato es preciso que el mandatario o los terceros hayan sabido o podido saber la cesación del mismo.

Luego efectúa un nuevo relato de las circunstancias fácticas que rodearon el reclamo, haciendo hincapié en que no resulta normal la operación de extracción de una cuenta por medio de un poder especial para operaciones bancarias, por lo que la demandada, en atención a su profesionalidad, debió haber prestado más atención y diligencia en la gestión realizada.

En esa senda, advierte que la a quo no tuvo en cuenta que el banco es una empresa profesional de servicios y que en tal sentido, le cabe una obligación de actuar con mayor prudencia y diligencia en su proceder que un particular.

Afirma enfáticamente que la demandada teniendo conocimiento de la contraorden de no pagar y en violación al artículo 1964 del Código Civil, incumplió con su obligación en relación a su cliente, entregando dinero a una persona no autorizada con un poder que carecía de vigencia, entregando asimismo una suma menor a la especificada en el poder en cuestión.

A continuación efectúa una analogía entre la situación planteada en autos, con la prevista en el artículo 5 de la ley de cheques, pues si el cliente libra un cheque y luego anoticia al banco que no lo pague, con más razón debería haber pasado eso, si pese a la presentación del poder especial existía una contraorden de entregar el dinero a la persona que lo portaba.

También se agravia por el modo que se impusieran las costas, pues entiende que debe concederse que la demandada actuó por lo menos negligentemente y que al imponerse las costas a la actora, este proceso se transforma en una nueva condena para la misma.

Asimismo apela la totalidad de los honorarios por altos y los letrados de la actora, apelan los propios por bajos.

A fs. 319/322 obra la contestación de los agravios en la que el demandado sostiene que la expresión de agravios no logra rebatir el principal argumento de la sentencia, cual es que la Sra. Padilla ratificó implícitamente el retiro de fondos que efectuó su ex-socia ante el banco.

Alega que efectivamente desde el momento en que la actora comunica a la Sra. Candelabro que le depositará en la escribanía el saldo del depósito en dólares que retirara del Citibank, toda la deliberación respecto a si existió o no la revocación del mandato, deviene ociosa pues el Código Civil otorga a la ratificación de la gestión el mismo valor que al mandato.

En otra párrafo, señala que es verdad que podría afirmarse que si el banco hubiera recibido la notificación hubiera debido no entregar los fondos, sin embargo el posible error del Banco ha sido convalidado por la accionante al cursar las comunicaciones de fs. 101, 102 y 103 que ratifican el pago en la medida que se compromete a consignar el faltante.

Agrega que tampoco se encuentra debidamente acreditado que la mencionada carta documento haya sido recepcionada por el Banco, razón por la cual no está de acuerdo con la sentencia en cuanto la misma sostiene que dicho extremo se ha probado.

Enfatiza que es preciso centrar la atención en la relación Padilla-Candelabro, pues del propio contrato de disolución de la sociedad de hecho surge el problema, de la autorización para cobrar nace el poder, la causa para la entrega de fondos y la autorización para sacarlos.

Aduce que para que la conducta del banco genere responsabilidad debió probarse conexión causal con algún daño sufrido por la demandante y ello ni siquiera fue intentado en autos, concretando en que no hubo daño pues la actora consintió libremente disolver la sociedad que la unía con la Sra. Candelabro, pagarle y luego completar todas las gestiones posibles para completar el pago.

Finaliza exponiendo que la cuantía de los daños reclamados es desmedida en comparación con un hecho circunstancial como pudo ser la disposición de U$S 54.000 y en consecuencia peticiona que para el hipotético caso en que se de curso a la demanda, dichas sumas sean ceñidas a su justa medida en función de la tarea que le cabe al Juez en tal sentido.

Asimismo al referirse a las costas sostiene que las causales del rechazo están contenidas en su propio escrito de demanda y que la actora ha pretendido obtener un beneficio económico que no le corresponde, por lo que la imposición de costas debe mantenerse.

III.- a) Ingresando en el estudio de los agravios cabe señalar en primer lugar que el argumento esgrimido por la actora respecto a la analogía que efectúa con el artículo 5 de la ley de cheques resulta de un peso considerable como aproximación al tema.

Así, en el marco de la contratación bancaria y específicamente en el que se desenvolvió esta situación, -servicio de Caja de Ahorro- cabe señalar: "Es una realidad que en nuestro país no hay un cuerpo de normas de origen legislativo que regulen los contratos bancarios. Sin embargo, existen diversos cuerpos normativos reglamentarios dictados por el BCRA de aplicación obligatoria para las entidades financieras y para los clientes de las mismas, que regulan aspectos generales de las operaciones financieras y también aspectos específicos para determinados tipos de operaciones (por ejemplo, la cuenta corriente bancaria). ("Teoría general de la contratación bancaria" Eduardo Barrera Delfino en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2005-3 Rubinzal-Culzoni Editores pág. 68) De este modo una cuestión -entrega de dinero con previo anoticiamiento de no hacerlo- a la otra -orden de no pago del cheque- inicialmente pueden asimilarse, sin embargo lo que teóricamente aparece tan sencillo de subsumir requiere necesariamente tener en cuenta circunstancias particulares del caso, las que tal y como señalaré seguidamente me llevan al convencimiento de que la sentencia debe confirmarse.

En tal sentido la razón esgrimida por el Banco al señalar que los actos posteriores de la actora respecto a completar la entrega del dinero en la escribanía constituyen una ratificación del mandato resulta decisiva en orden a resolver la cuestión.

Así pues, es cierto que lo que aquí se discute es la relación contractual entre la Sra. Padilla y el Citibank, correspondiendo se plantee el conflicto en los siguientes términos: "Puede afirmarse que la entrega del dinero efectuada por el Banco a quien presentó el poder especial otorgado por la Sra. Padilla resultó un incumplimiento contractual de parte de aquel?" A la luz del análisis de las constancias de autos es posible apreciar que la conducta de la Sra. Padilla aparece, cuanto menos, zigzagueante.

En primer lugar otorga un poder especial en una escribanía -7/9/2000-, luego y con diferencia de unos pocos días remite una carta documento, pero no a la apoderada sino a quien debía celebrar el contrato con la apoderada -9/9/2000- con una contraorden -sin haber revocado el poder en la escribanía o comunicado de algún modo ello a la apoderada-.

Luego cuando el negocio para el cual facultaba el poder se efectiviza -por un monto menor el 31/10/2000- a los pocos días se inicia un intercambio epistolar con la apoderada que culmina con el depósito en la Escribanía del dinero faltante en relación a lo retirado en el banco. Esta última circunstancia tiene fecha 30 de noviembre de 2000 -copia de la carta documento adjuntada a fs. 19- A su vez y de modo paralelo el día 29 de noviembre remite carta documento al banco demandado donde lo intima a hacer depósito del dinero que éste había entregado en el término de 24 horas, pues señala que fue proporcionado a quien ni tenía poder para recibirlo.

Luego de esta breve síntesis entiendo que para responder a la pregunta planteada en el párrafo precedente necesariamente hay que tener en cuenta el modo en que la Sra. Padilla obró respecto de su apoderada, pues allí -y sin que ello implique emitir juicio respecto a la cuestión de la disolución de la sociedad de hecho- se encuentra la posibilidad de entender que la conducta del banco y la de la propia apoderada fueron "RATIFICADAS".

En la cuestión que aquí se ventila se encuentran íntimamente ligados por un lado, el poder especial otorgado a la Sra. Candelabro y la obligación de custodia ínsita en el contrato de caja de ahorro que le cabe al banco, la cual conlleva la obligación de proceder conforme lo ordena el depositante.

Sin embargo y como el propio banco reconoce al contestar los agravios, -fs. 320 vta.- "Es verdad que podría afirmarse que, si el banco hubiera recibido efectivamente la notificación por la que se intentaba bloquear los fondos, hubiera debido no entregarlos, pero el posible error del Banco ha sido también convalidado por la demandante al cursar las intimaciones de fs. 101, 102 y 103, que ratifican el pago efectuado, en la medida en que simplemente prometen completarlo, consignando el faltante".

En ese sentido coincido en que la actuación posterior de la actora vino a ratificar el poder especial otorgado, de lo cual es dable concluir que la actitud del banco también fue ratificada, pues no podría decirse que quien actuó en nombre de la Sra. Padilla lo hizo sin poder si luego de transcurridos unos días el negocio encomendado -retiro de dinero- fue concluido por la propia poderdante, nuevamente con intervención de una escribanía.

Vale señalar que en el intercambio epistolar, si bien las originarias socias refieren distintas cuestiones relativas a su cuestión negocial, nada dice la actora respecto a la revocación del poder original, pues de haberlo hecho podría sostenerse que no ratificó lo actuado por la Sra. Candelabro ante el Citibank.

La ratificación es una aprobación de lo actuado, así: "El acto del gestor, inicialmente antijurídico, encuentra en la ratificación una causa de justificación" (Código Civil comentado Bueres-Highton Tomo 4-D pág. 276).

De este modo el hecho de completar la suma oportunamente acordada viene a "justificar" el accionar del banco, pues lo que inicialmente pudo ser ineficaz respecto a la actora encuentra "justificación" cuando aquella completa la entrega del dinero efectuada por el banco.

En nuestro sistema legal la ratificación del mandato puede adoptar la forma expresa o la forma tácita.

Los autores antes citados señalan: "Nuestro Código Civil se inclina por la libertad de formas al señalar que la ratificación puede hacerse expresamente o configurarse por el hecho de ejecutar el contrato (art. 1161 Cód. Civil Puede ser expresa o tácita. La ratificación tácita resultará de cualquier hecho del mandante o de su silencio, de los cuales pueda inferirse una aprobación de lo que hubiere realizado el mandatario (art. 1935 del Cód. Civil). Para Diez-Picaso, la ratificación tácita es un "comportamiento del principal llevado a cabo mediante actos concluyentes que entrañan una inequívoca aceptación de lo hecho por el mandatario y que es contradictorio con un posterior ejercicio por su parte de una acción de nulidad" (ob. citada pág. 277).

De este modo y entendiendo que el retiro del dinero fue finalmente ratificado, opera en plenitud el artículo 1946 del Código Civil cuando señala: "Los actos jurídicos ejecutados por el mandatario en los límites de sus poderes, y a nombre del mandante, como las obligaciones que hubiese contraído, son considerados como hechos por éste personalmente" sin que pueda ahora pretender la actora que surja responsabilidad por incumplimiento contractual en cabeza del demandado.

Aquí nuevamente asiste razón al banco cuando argumenta que una vez ratificado el mandato, toda la discusión respecto a su vigencia al momento de ejecutar el contrato para el cual el poder fue concedido, resulta ya innecesaria.

Con lo dicho, asimismo se da respuesta al agravio expresado por la actora respecto a que la suma de dinero entregada fue menor a la que señalaba el poder original, pues como fue analizado precedentemente la ratificación posterior compone el negocio en su totalidad.

b) Respecto al modo que se impusieran las costas, cabe recordar que la condena en costas constituye un resarcimiento que la ley reconoce al vencedor respecto a los gastos en los que incurrió en razón del proceso para lograr el reconocimiento de su derecho.

En esa consideración se excluye la evaluación de la buena o mala fe con que pudo haber actuado el vencido, ya que se trata de una consecuencia objetiva de la derrota.

En el caso de autos, los motivos esgrimidos no alteran la solución adoptada en la instancia de grado, pues como se dijera lo tenido en cuenta es el hecho objetivo de la derrota, no encontrando motivos que lleven a alterar dicho principio.

Respecto a las apelaciones de honorarios incoadas por altos y bajos, realizados los cálculos pertinentes de conformidad con las pautas establecidas por los arts. 6, 7, 10, 20 y 39 de la ley 1594, concluyo que los emolumentos fijados se encuentran ajustados a derecho, por lo que corresponde su confirmación.

En consecuencia, y de conformidad a como fuera expuesto corresponde el rechazo de los recursos y la confirmación de la sentencia de Primera Instancia, imponiéndose asimismo las costas de Alzada a la actora vencida.

El Dr. Luis E. SILVA ZAMBRANO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 286/292 vta. en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art, 68 C.P.C.C.).

III.- Regular los honorarios correspondientes a esta Instancia, (art. 15 L.A.).

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dr. Luís E. Silva Zambrano Dra. Norma Azparren - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 86 - Tº III - Fº 494 / 499 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2008.