marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, acumulación de procesos, Municipalidad, licencia de taxi
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantieri, Delia Elvira. c/ M.C.B.A. s/ Amparo s/ competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

El art. 4o. de la ley 16.986 prescribe que "cuando un mismo acto u omisión de varias personas, entenderá en esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos en su caso". El principio contenido en la norma es loable, pues significa que en caso de pluralidad de actores, conocerá en todas las acciones el juez que hubiere prevenido, quien dispondrá, si ello corresponde, la acumulación de las causas. Si en los distintos procesos los accionantes demandan a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para que los incluya en el padrón definitivo de taxímetros, otorgándoles la licencia pertinente para circular, deben tramitarse ante el juzgado a cargo del juez que previno.
Organización Internacional del Trabajo, convenios colectivos de trabajo, control estatal, policía del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La negociación y el acuerdo constituyen para la Organización Internacional del Trabajo las reglas a tener en cuenta en la instrumentación de los cambios estructurales; sin embargo, admite también, dentro del marco de la negociación colectiva y del respeto a la libertad sindical, aunque con carácter excepcional, la intervención del Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, incongruencia, recurso contencioso administrativo, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ERCILIO RUDI CONSTRUCCIONES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-25

Asiste razón a la demandada cuando se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto difiere la determinación del quantum económico involucrado a la etapa de ejecución de sentencia- sin pautas precisas para la elaboración de las pertinentes liquidaciones ubicándola en un verdadero estado práctico de indefensión -, ya que el mismo tribunal que al resolver remitió a una etapa procesal posterior la determinación de los efectos económicos consecuencia de la anulación parcial de los actos impugnados, sin embargo entendió, por otro lado, que en el presente caso no había cuestiones patrimoniales a resolver, cayendo en una conducta contradictoria que invalida lo resuelto. Siendo, entonces, que la pretensión de la actora carecía de contenido económico, no parece razonable la decisión de la Cámara de remitir la revisión de los actos individuales dictados por aplicación de los decretos 4784/84 y 4091/86, y de los que resulten intereses abusivos, desproporcionados o irrazonables, para su adecuación legal por la Administración, a la etapa de ejecución de sentencia, por no contener el caso pretensiones económicas a determinar. Ello basta para descalificar, en lo que fue materia de agravio, el decisorio cuestionado por evidenciar que éste no cumple con la exigencia constitucional de motivación suficiente, y en consecuencia, impide su mantenimiento como acto judicial válido.
Sentencia condenatoria, prisión perpetua, accesorias legales, costas, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Morales, Mario Alberto  c/  s/ Homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-22

Corresponde condenar al imputado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por ser autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido -a su vez- perpetrado por un hombre en contra de una mujer, mediando previa violencia de género en los términos del art. 80, inc. 1o e inc. 11° y cc. del CP, normas que concurren idealmente entre sí a estar con las reglas del art. 54 del mismo cuerpo legal. Para decidir así, se señala que la evidencia recogida y que legalmente ha pasado -según su caso- en la audiencia de vista, resulta apta para formar convicción acerca de la existencia de los hechos. Asimismo, surge clara, inequívoca e incuestionable la autoría del acusado, dado que los aspectos directos lucen probados mediante la corroboración emergente de los testimonios de los hijos de aquél quienes dieron cuenta de la muerte de su madre a manos de su padre -porque fueron testigos presenciales-. Máxime que por su parte, la Defensa técnica no cuestionó dicho extremo, sin perjuicio de abogar enfáticamente por la inculpabilidad de su asistido. En coincidencia con la postura del Ministerio Público Fiscal, la subsunción legal corresponde a lo reglado por el inc. 1° del art. 80 del CP así como también la subsunción de concurso ideal mediante lo dispuesto por el inc. 11° de la misma norma de fondo.
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, obras literarias y artísticas, instrumentos privados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kaufman, Julio c/ Sociedad General de Autores. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas no impide la vigencia de las exigencias formales y relativas a la incorporación a juicio de instrumentos privados, que se rigen por la "Lex Fori" según la remisión que la misma convención efectúa y de conformidad con principios generalmente aceptados por el derecho internacional privado.
Violación, violación calificada
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ TRANSITO RAUL s/ CASACION  PENAL  -  VIOLACION  CALIFICADA  - ENCARGADO DE LA GUARDA O  EDUCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-05

El art. 122 del Código Penal, cuya fuente es el art. 124 del proyecto de 1906, eleva la pena del delito de violación cuando fuese cometido por el 'encargado de la educación o guarda' de la víctima, residiendo la razón de la mayor pena en el quebrantamiento, por parte del autor, de un deber especial de tutela -respecto de la víctima-impuesto por alguna de las relaciones en que ha reparado la ley.
Retiro militar, jubilación de magistrados, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: FUENTES ROCHA, CARLOS A. c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE DEFENSA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

La Corte Suprema en actuaciones análogas, donde se demanda que los haberes de un retiro de las Fuerzas Armadas se liquiden teniendo en cuenta las remuneraciones establecidas para el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que las costas debían ser soportadas en el orden causado, teniendo en cuenta que el actor reclama un derecho previsional y que pudo considerarse asistido de mejor derecho.
Entrega del certificado de trabajo, sujetos obligados
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Herner, Rubén Américo c/ Servi Grúas H.V. S.R.L. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Cuestiona el actor la decisión de que los certificados puedan ser expedidos por el juzgado, para el caso que los accionados no cumplieran con su obligación, y la limitación de las astreintes a treinta días corridos. Resultan aplicables las normas de los arts. 730 (ya que el trabajador tiene interés en que el autor del certificado sea el empleador), 740 y 741 del Código Civil, ya que la cosa ofrecida no es la cosa debida por lo que se afecta el principio de identidad del pago. Por tal motivo, el certificado de trabajo extendido por quien es totalmente ajeno a la relación laboral no es idóneo para demostrar la capacitación obtenida y las tareas realizadas en el certificado que debe otorgarse para su presentación ante otros empleadores. Si el actor lo requiriera, podría admitirse la confección por parte del juzgado, pero no en contra de la voluntad del acreedor con interés en que el cumplimiento sea realizado por el deudor.
Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

En la tarea de delimitar estrictamente cuál es el marco de potestades jurisdiccionales en relación a los actos u omisiones del Consejo de la Magistratura, cabe hacer referencia -por su analogía- al debate suscitado con motivo del enjuiciamiento de magistrados, ya sea por el Senado de la Nación en caso de los integrantes de la Justicia Federal, o por los organismos que los ordenamientos locales han creado, en relación a los miembros de los poderes judiciales provinciales.
Contrabando, tentativa, delitos aduaneros, aplicación supletoria de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Montenegro Ortiz, Gary s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

Las reglas de los artículos 42 y 44 del Código Penal (tentativa) se encuentran desplazadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del mismo cuerpo legal, 861 y 872 del Código Aduanero. En efecto, el referido artículo 4 del Código de Fondo claramente establece que las disposiciones generales de dicho ordenamiento "... se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario..."; mientras que el artículo 861 de la ley 22.415 dispone que "siempre que no fueran expresa o tácitamente excluidas, son aplicables a esta Sección las disposiciones generales del Código Penal". Por ello, al regular el Código Aduanero en forma específica los supuestos de tentativa de contrabando, pierden vocación práctica para el supuesto en estudio las disposiciones cuya aplicación se reclama. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Excarcelación, nulidad procesal, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: " Moreno, Juan Ramón s/ excarcelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-21

"Tal como hemos recordado en varios precedentes en materia de libertades, la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria, e impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme -art. 14 y 18 de la C.N.

(v. c. n° 37.956, "Mendoza", rta el 14/07/05, reg. 719, c. n° 41.976, "Soliz", rta. el 17/08/08, reg. 812, c. n° 37.964, "Renduelles, Fabiana Andrea s/ excarcelación", rta. el 8/09/05, reg. 703 y c. n° 42.709, "Nicho Wong, Luis Percy s/ excarcelación", rta. el 7/01/09, reg. 3, entre muchas otras)"."Estas libertades pueden verse relativizadas si se comprueba la existencia de causas objetivas que hicieren presumir al juez que la persona sometida a proceso criminal intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación"."En este sentido, esta Sala lleva dicho que "sólo los elementos particulares de cada caso pueden dar cuenta de la existencia de riesgos procesales y, en consecuencia, fundar válidamente el encarcelamiento preventivo del imputado" (c. n° 37.788, ya referida, c. n° 37.486, "Olivera Róvere, Jorge Luis s/ excarcelación", reg. 353, rta. el 3/05/05 y c. n° 40.081 "Robaina, Christian D. s/ eximición de prisión", reg. 79, rta.

el 15/02/07, entre muchas otras, y C.N.C.P. Acuerdo 1/08 Plenario Nº 13 "Diaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de la ley")"."A la luz de lo expuesto, de la lectura de la resolución se advierte que el Magistrado se aparta de los criterios señalados pues ha basado su decisión en consideraciones genéricas respecto de la asociación ilícita que integraría el imputado, sin aclarar cuáles serían los medios exhibidos en la causa que demostrarían que podría sustraerse de la acción de la justicia, como así tampoco especifica cuáles serían las medidas que deben producirse"."Por otra parte, no realiza un análisis personal de la situación específica del imputado cuando tal valoración resulta imprescindible a los efectos de evaluar la existencia o no de riesgos procesales para el caso particular del incidentista"."Por lo tanto, y dado que la resolución impugnada no ha alcanzado el grado de fundamentación exigido por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, habida cuenta de que por estar ante la presencia de nulidades de carácter absoluto su declaración procede incluso de oficio, habrá de declararse la nulidad, debiendo el Señor juez a quo emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho".
Delitos contra la propiedad, usurpación, derechos reales, posesión, poseedor, animus domini
Materia: PENAL
Carátula: URRUTI DE FERRO, Elba Clorinda y otros c/ PROPIETARIOS GURRUCHAGA 829 s/ POSESION VICENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El usurpador es poseedor aún sabiendo que no es propietario, ya que de ningún modo el poseedor debe tener la intención de tener el derecho de propiedad, pues el "animus domini" y la idea de posesión no requieren de manera alguna la convicción de ser realmente el propietario, sino detentar la cosa sin reconocer el derecho de propiedad en otro. Por ende, cabe considerar que tiene el "animus domini" quien desde la muerte del propietario del inmueble -en el caso locador- y tras intervertir un título de tenedor, siempre actuó sobre la cosa sin consultar, sin pedir permiso a nadie, y con prescindencia del Estado como propietario, no pudiendo éste alegar clandestinidad ni desconocimiento de la situación si estuvo emitiendo las boletas por impuestos y tasas municipales a nombre del poseedor.
Concurso preventivo, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina c/ Urbanotec S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-06-03

En la etapa verificatoria el síndico debe desarrollar su función en forma imparcial con dictámenes técnicos debidamente respaldados, no solo cuando determina el pasivo concursal en la etapa de verificación tempestiva con una labor allí de tipo "informativa-inquisitiva", sino también en la etapa eventual, con una actividad no pericial, pero sí enderezada a la comprobación de la real conformación del pasivo concursal para informar al magistrado (arts. 33, 35, 37, 56, 275 y cc. LCQ).

En igual sentido: "Obra Social del Personal de la Construcción c/ Urbanotec S.A. s- concurso preventivo s/ incidente revisión", Expt. Nº 6476/C, del 6/06/2019.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, asegurador, vehículos, bienes importados, destrucción total del automotor, dólares, mora, desvalorización del automotor, recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sarotto, Anibal José c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

2 - Sin embargo, la "suma asegurada" cumple la función que le es propia cuando la aseguradora hace honor a su obligación en tiempo también propio, esto es, en el momento en el que, por haber sido previsto en el contrato o resultar de la ley, las partes han tenido en mira al cuantificar de ese modo el máximo de la indemnización que, llegado el caso, habría de percibir el asegurado (cfr. CNCom, Sala C in re "Flores Gabriela Corina c/ Orbis Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario", del 14/06/18, criterio reiterado en muchos otros).
Procedencia del recurso, producción de la prueba, monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: GALLI, LAURA JULIA C/ SWISS MEDICAL SA S/ ORDINARIO S/RECURSO QUEJA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

El CPR 242, en su parte final, establece el criterio de la inapelabilidad en función del monto reclamado en la demanda; dicha limitación debe aplicarse a las causas en que se solicita en el escrito de inicio una suma determinada de dinero. Empero, si se trata de un proceso en el cual se reclama una suma determinada de dinero, con más "...lo que resulte de la prueba a producirse..." -tal como ocurre en el caso-, corresponde encuadrar la pretensión dentro del principio general de la apelabilidad de los juicios (cfr. esta Sala F, 11/3/10, "De Marco Hermanos SRL c/ Cerqueiro Vazquez María s/ ordinario s/ queja"). Ello así, en el caso debe reconocerse razón a la parte quejosa, sin perjuicio de señalar que el monto a ponderar a los fines que nos ocupan sólo comprende al capital reclamado en la demanda, con exclusión de intereses u otros gastos ajenos a él. Es que la inclusión de los réditos, conduciría indefectiblemente a una elevación del monto cuestionado, a niveles que desvirtuarían la finalidad de limitar las intervenciones del Tribunal de Alzada en consideración a la importancia económica de las causas; amén de las complicaciones procesales que podrían generarse cuando su cálculo debiera llevarse cabo en forma previa a la sentencia y a la liquidación definitiva (Conf. esta Sala, 18/3/10, "Puerto Norte SA c/ Sircovich Jonathan s/ ejec. s/ queja", íd. 30/3/10, "Banco Credicoop Coop. Ltdo c/ Parodi Máximo Angel s/ ejec. s/ queja"; entre muchos otros). Adviértase, por otra parte, que en el cuarto párrafo "in fine" del CPR 242-3° y respecto al supuesto particular que contempla, se alude al monto cuestionado haciéndose expresa referencia del capital; situación ésta que permite reforzar la conclusión arribada en el sentido que ha quedado incólume el criterio que en la determinación del "valor cuestionado" quedan marginados accesorios tales como intereses, multas, etc. En ese marco, considera esta Sala que el monto reclamado en la demanda y de condena, resulta parcialmente indeterminado, lo cual permite encuadrar la pretensión dentro del principio general de la apelabilidad de los juicios (cfr. mutatis mutandi, esta Sala, 28/12/10, "Herrera Enrique c/ Protección Buenos Aires Cia de Seguros s/ ordinario s/ queja"; íd. 18/8/11, "Perez Alejandro Norberto c/ BBVA Banco Frances SA s/ ordinario s/ queja").
Recurso de casación, monto del juicio, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Guillamondegui, Sergio Andrés c/ Costa Torres, Miguel s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-05-21

Dentro de los requisitos de admisibilidad formal del recurso de casación se encuentran las disposiciones del art. 297 del C.P.C., que restringen su admisión según el valor económico controvertido, restricción que tiene por objeto preservar la correcta intervención de los tribunales superiores, evitando convertir a la casación en una tercera instancia.

Corresponde entonces precisar el alcance conceptual del valor económico controvertido en nuestro ordenamiento normativo, a efectos de dejar sentado qué Items lo integran.

En esa inteligencia, debe interpretarse que la norma en análisis se refiere al valor económico controvertido que motiva la vía recursiva.

Este criterio tiene su antecedente en la CSJN que, al pronunciarse sobre el valor disputado, ha sostenido que se trata de aquél "en que se pretende se modifique la sentencia recurrida" (CS Fallos: 216:452) y no la cantidad reclamada en la demanda (CS; Fallos 197: 320).

En cuanto a si se habrán de computar los accesorios (Fallos: 214:599) ha considerado que en el cálculo del valor disputado en el litigio no deben incluirse las condenas que resulten accesorias , como los intereses y costas.
Contratos, concesión comercial, automotores, concedente, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Black & Blue SRL c/ Cencosud SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

La independencia jurídica y patrimonial entre concedente y concesionaria no obsta a la existencia de una intensa subordinación económica de uno respecto al otro, aspecto que permite señalar en su caso la existencia de una concentración vertical de empresas. Pero esa particularidad, relevante en las relaciones internas entre concesionaria y concedente, carece en principio de tal relevancia en punto a las relaciones que el primero de esos sujetos trabe con terceros. Esas relaciones no se mezclan, lo que trae aparejada la siguiente consecuencia: el producto no llega al usuario directamente del fabricante, sino mediante la interposición de sujetos -el concesionario- con personalidad diferenciada respecto del primero que es quien se obliga. De esto deriva el principio a resultas del cual el fabricante mantiene ajenidad, lo cual se explica en razón de la diversa personalidad de estos sujetos (conf. arg. CCCN 1502). Esa es la solución que ha señalado la doctrina (conf. Marzorati, O. Sistemas de distribución comercial, Buenos Aires, 1995, pág. 12; Etcheverry, R. Derecho comercial y Económico-Contratos-Parte Especial, Buenos Aires, 19945, T. 2, pág. 86 y ss; Vítolo, D. Contratos comerciales, Buenos Aires, 1994, págs. 629/630; Lobera, H., Contrato de concesión comercial, Buenos Aires, 2006, págs. 260/261, n° 67, "c", Tosi Gori, F. "El contrato de concesión comercial, Montevideo, 1979, págs. 82/83, N° 32), y que esta Sala ha adoptado en casos análogos. (v. entre otros, la causa: "Telsur SRL c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario" del 27/3/19). Sin perjuicio de lo dicho, este principio debe ceder cuando existen elementos suficientes como para sostener que el fabricante abuso de su derecho a mantener en vigencia ese canal de ventas que le proporcionaba su concesionaria, generando daños a terceros, los cuales se hubieran podido evitar con una diligente actuación de su parte.
Contratos, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIPRIANO VICENTE c/ CERVECERIA CORDOBA S.A.C.I.F. s/ DEMANDA ORDINARIA - DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-06

Si el deudor se niega injustificadamente a cumplir una prestación parcial a que esta obligado, el acreedor tiene allí mismo expedita la acción de resolución, sin necesidad de reclamar cada una de las entregas sucesivas hasta completar el total.El incumplimiento de una sola entrega, con mayor razón si es la primera, importa de suyo la violación del contrato en fuerza del cual la ley habilita la demanda rescisoria.Es necesario establecer cuando quedo expedita la acción de resolución para fijar el curso de la prescripción.
Recurso de casación, regulación de honorarios, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (DIRECCION COMERCIO INTERIOR) s/ APELACION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-20

"La cuestión atinente a honorarios regulados en instancias ordinarias, constituye, en principio, materia ajena al recurso extraordinario. Por lo tanto, cuando la decisión impugnada, que regula los honorarios sobre la base de una liquidación aprobada, que incluye intereses, se encuentra debidamente fundada y tiene sustento en cuestiones de hecho y de derecho procesal y común, no es susceptible de revisión por esta vía."
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, responsabilidad del transportador, obligaciones del destinatario
Materia: CIVIL
Carátula: VIGNATTI, NORBERTO c/ GOMEZ, ALBERTO. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-21

La responsabilidad del transportador no vincula al destinatario o consignatario de la carga transportada. Ninguna regla positiva, ningún principio de derecho, determinan tal consecuencia (en el caso, se desestimó la pretensión del accionante de responsabilizar a los destinatarios de la carga transportada en un camión, por el daño causado por éste al vehículo de aquél).