Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2004-09-30


Neuquén, setiembre 30 de 2004.

1º ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos? 2º En su caso, ¿qué solución corresponde adoptar? 3º Costas.

1º cuestión.- El doctor Otharán, dijo:

I. En contra de la sentencia Nº 122/2003 (fs. 1288/1305), de la Cámara en lo Criminal Segunda de esta ciudad, el fiscal de Cámara y los letrados de la parte querellante, dedujeron sendos recursos de casación. Sintéticamente expuestos, los agravios son los siguientes:

A) Por una parte, la querella, bajo un único carril casatorio (esto es: alegando vicios "in procedendo"), plantea dos agravios; a saber:

a) En primer lugar, se censura el decisorio por cuanto -dice- ha incurrido en motivación ilegítima "por exclusión arbitraria de prueba esencial". A tal efecto, a fs. 1343/1344vta., se mencionan las distintas probanzas que la Cámara de juicio tuvo como "inadmisibles", enfatizándose que, el tribunal a quo, no declaró la nulidad de ninguna de ellas. Para llegar a esta conclusión -continúa la querella- el tribunal de juicio "no expresó concretamente qué disposición legal (referida al modo de producción de la prueba y su incorporación al proceso) fue violada. Tampoco valoró las pruebas que eran consecuencia de las pruebas inadmisibles (...)". El problema central -continúa el impugnante- "es que esta querella no puede controlar la corrección de la exclusión de prueba ilegal por parte del magistrado, si éste no menciona en su voto cuál es la afectación concreta a las previsiones legales. Y es más, cuál es la previsión legal establecida para el ingreso al proceso de prueba que tenga por efecto su nulidad (ya que no toda afectación a las formas establecidas tiene por efecto la nulidad del acto). Para dejarlo más en claro: lo que debió hacer el tribunal es declarar la nulidad de toda la prueba producida en el proceso de forma ilícita y -luego- excluirla entre las pruebas a valorar. Esto exige la mención expresa de la norma afectada, lo que permite -luego- su control de las partes. De esta forma estaría cumplido el recaudo constitucional que exige motivar (con todo lo que ello implica) la sentencia".

b) Por otra parte -y a través de idéntico carril casatorio- el recurrente solicita la nulidad del decisorio por "motivación ilegítima"; en este caso por cuanto -expresa- no ha considerado prueba decisiva. En particular, pone énfasis en dos elementos de convicción: el ticket incautado a Vega Delgado (...) así como la denuncia de la víctima -fs. 164/172-. Ambos documentos acreditan suficientemente que en fecha 21 de mayo de 2002 Vega Delgado efectuó un llamado telefónico a S. Ruminot, manifestándole tex. '... estas dos piedras no son nada con lo que te va a pasar esta noche c... de tu madre' (...)".

B) Por su parte, el fiscal de Cámara, invocando, asimismo, vicios "in procedendo", reclama la nulidad del fallo. En tal sentido, el doctor Alfredo Velasco Copello sostiene que: "En la sentencia (...) no se ha observado lo dispuesto en el art. 363 del CPPC, pues se han violado las reglas de la sana crítica al no tenerse en cuenta prueba producida durante el debate deviniendo arbitraria la misma al realizarse afirmaciones contradictorias por no analizarse 'in totum' el plexo probatorio, lo cual, a criterio del suscripto, apareja la nulidad de la misma de acuerdo a lo estatuido por el art. 369 del código de forma y lo establecido en el art. 415, inc. 2º, del mismo cuerpo legal". En tal sentido, y luego de glosar distintos precedentes de este tribunal superior respecto al análisis del control de la motivación de las sentencias, el recurrente puntualiza en qué consistiría la omisión de las pruebas que califica como dirimente; vicio procesal que tornaría aplicable -siempre según su criterio- la máxima sanción procesal que aquí se invoca.

II. Que luego de analizados los recursos, la sentencia y las demás constancias del legajo que se vinculan con los agravios articulados, considero -y así lo propongo al acuerdo- que las casaciones deducidas deben ser declaradas procedentes. Doy mis razones:

1º) El decisorio cuestionado dispone la absolución de González y de Vega Delgado, en relación al homicidio en que resultara víctima Susana Soledad Ruminot. ¿Cuáles son los argumentos sobre los que reposa esa conclusión jurisdiccional? Metodológicamente, habré de ocuparme, en primer término de los que se vinculan con el imputado Vega Delgado. El vocal ponente, principia el tratamiento de este punto con una afirmación: "No se puede negar que prueba hay. La cuestión no es la cantidad, sino la calidad. Un cúmulo de prueba dudosa o irregular, por mucha que sea, no hace que las falencias de cada una, ni del conjunto, se neutralice. El número no neutraliza la ineptitud de ninguna, ni del total" (fs. 1295). Y luego de ello realiza el análisis de lo que denomina pruebas "objetivas" en contra de Vega Delgado. En particular, se detiene en el valor de dos elementos de convicción: "un anillo, que se supone hallado en su poder y que, se supone, también, pertenecía a la víctima, y una pañoleta, también supuestamente hallada entre sus pertenencias y de propiedad de S. Ruminot".

Ambos objetos -lo admite el juez de primer voto- son reconocidos como pertenecientes a la occisa tanto por el padre de la víctima como por su hermano.

En torno al anillo, acumula una serie de irregularidades relativas a su obtención que lo llevan a concluir en que resulta una prueba invalorable. Así, menciona: a) el acusado fue detenido el 25 de junio de 2002, en su domicilio, siendo conducido a la comisaría 5º; b) cuatro horas después que se lo llevan (a otra dependencia), personal de la unidad, encuentra el anillo; c) el efectivo Berra, sostiene que él fue quien se lo hizo quitar para alojarlo en el calabozo, pero que, en la urgencia, "omitió realizar el recibo usual"; d) el acta de secuestro de fs. 250, no está instrumentando una requisa judicial; "es una farsa que no puede suplir lo que no se hizo a tiempo"; e) como acto administrativo, tampoco es regular, "porque este acto usualmente, y es lo recomendable, no lo lleva a cabo el personal que está previniendo, sino el encargado de la respectiva alcaidía" y f) por fin, "Berra no da ninguna explicación satisfactoria de por qué se dejó esos efectos en el suelo y no en una mesa o una mesada (el acto supuesto se realizó en la cocina de la comisaría); ni mucho menos, por qué debajo de un calefactor, sitio bastante extraño para depósito".

En orden a la pañoleta, también el magistrado ponente, realiza severos cuestionamientos que lo conducen a descalificarla como prueba válida. Trataré -por lo importante que me parece este aspecto para dilucidar las impugnaciones- de reiterar, lo más íntegramente posible, la argumentación del juez votante, más allá de su extensión. Dijo el doctor Castro al respecto: "Vega Delgado fue detenido el 25 de junio, en su domicilio (...). En el acto del allanamiento se hizo un registro aparentemente minucioso, del cual se dejó detallada constancia en el acta respectiva, que obra a fs. 275/276vta. (...). La pañoleta fue hallada en otro allanamiento en el mismo domicilio, el día siguiente, según acta de fs. 312/313vta.; responde a otra O.A. (...), librada para secuestrar la pañoleta, otras prendas, todo otro elemento, etc., no es continuación del anterior; no consta a qué hora se inició, lo cual de por sí bastaría para ponerlo en duda, pero consta que concluyó a las 16.10; se encontró todo lo que se mandaba encontrar en forma expresa. Por entonces Vega Delgado estaba ya detenido (había sido detenido el día anterior), así que no pudo ponerla él allí, donde la encontraron. En el primer allanamiento, que, como decía, fue aparentemente minucioso y de cuyos resultados se dejó muy precisa y detallada constancia, no se informa de la presencia de ninguna pañoleta. Entre otras cosas, se examinó y detalló su dormitorio (...). En el segundo la pañoleta aparece, pero no escondida, sino expuesta a la vista de todo el mundo, sobre el respaldo de la cama. En esa primera vez revisaron y dejaron constancia hasta de lo que estaba pegado con adhesivos en las paredes, pero ni mención de la pañoleta. O los que hicieron el primer allanamiento fueron muy torpes, y vieron todo menos lo que estaba a la vista, o la pañoleta fue a dar allí después de que Vega Delgado fue detenido y, por lo tanto, no la puso él. No hay la menor constancia de que hasta el último minuto en que tuvo el dominio de lo que hubiera en su pieza, haya tenido en su poder la pañoleta" (fs. 1297 y vta.). Idéntica reflexión, realiza el magistrado respecto a otro objeto secuestrado en ese mismo allanamiento (el segundo) y que -según el mismo lo reconoce- podría tener "cierta importancia" (frente a la versión de la hija de la occisa); me refiero al "gorro azul y amarillo, con picos".

2º) A mi ver, el tratamiento globalizado realizado por el ponente en relación a la irregularidad en la obtención de estas pruebas, no se justifica. Por esta razón, advierto un primer vicio en el proceso argumentativo; vicio en el que, seguidamente, me detendré. En efecto:

A) Ha expresado Ulrich Klug, en opinión que también recuerda el fiscal del tribunal, que cuando en los fundamentos de un fallo "se constatan violaciones de las leyes de la lógica, ello tiene que conducir, por lo general, a la negación de la coherencia de la correspondiente argumentación". Ello así, en la medida en que la falla afecte a un aspecto de la motivación que tenga importancia decisiva para la decisión en cuestión (cfr. "Problemas de la Filosofía y de la Pragmática del Derecho", Distribuciones Fontamara, México, 1996, p. 83). En el presente caso, observo que, la afirmación del magistrado ponente vinculada con la invalidez del secuestro de la pañoleta y del sombrero, padece de tal defecto. Esto lo sostengo así, por cuanto -y aun cuando se comparta la desprolija incautación del anillo (fruto, a mi juicio, de una grave negligencia)-; no es posible construir, a partir de allí una serie de presunciones (porque de eso se trata) que se extienden y diseminan sobre otros elementos de convicción que han sido perfectamente adquiridos e incorporados al proceso.

Evidentemente, el juez de primer voto, se esfuerza por intentar censurar el descubrimiento (a través del segundo allanamiento) de pruebas que no habían sido ubicadas al practicarse el primero. El detalle con que se realizó e instrumentó la primera diligencia le hace nacer una hipótesis en el sentido de que, tales pruebas (la mentada pañoleta y el gorro) habrían sido puestas por la propia preventora.

A mi ver, esa afirmación, sólo deja traslucir una percepción subjetiva del juzgador que no sólo no se concilia con las constancias que se encuentran en el legajo sino que, además, tampoco se compatibiliza con las reglas de la lógica. Cuando en un proceso argumentativo -y la motivación de este extremo lo es- el juez se limita a desconfiar de una probanza sin explicitar racionalmente por qué descalifica tal elemento de convicción, ese proceder desmerece el decisorio. Y en mi concepto este intento de descalificación, ha quedado en eso; no logrando conmover en lo más mínimo la validez del procedimiento de adquisición de esas pruebas.

B) ¿Por qué sostengo esta postura? La sostengo por cuanto, el juicio realizado por el a quo al desmerecer la adquisición de estas pruebas (pañoleta y gorro) conculca la ley de derivación, ínsita en el principio lógico de razón suficiente. En virtud de este principio, "todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad" (cfr. Fernando De la Rúa, "La casación penal", Ed. Depalma, Bs. As., 1994, p. 155). En el presente caso, el magistrado ponente ha descalificado dichas pruebas; pero al hacerlo, no ha dado una justificación racional de su parecer. En efecto, repárese que, el segundo allanamiento -desde una estricta perspectiva procesal- resulta inobjetable. Pero además, del hecho que, en la primera diligencia, no se observaron y secuestraron esos objetos, no se puede derivar, lógicamente, que los mismos hayan sido colocados por la policía "a posteriori". Existen más que racionales respuestas que permiten arribar a una tesis distinta; incluso, alguna de ellas, insinuadas por el propio juez de primer voto. Desde una posible torpeza al realizar el primer acto (lo cual, en modo alguno, descalifica la prueba, luego, secuestrada [me refiero siempre a la pañoleta y el gorro]) hasta los distintos elementos de convicción incorporados entre la primera y la segunda diligencia que -como muy bien lo sostienen la Fiscalía de Cámara y el fiscal ante el cuerpo en su enjundiosa ampliación de fundamentos- orientaron la pesquisa posterior a través de la búsqueda de estos objetos específicos. En tal sentido no debe perderse de vista que, el primer allanamiento es solicitado el 24 de junio (fs. 221) en tanto que, el segundo, se lo requiere el 25 (fs. 238); en función de la declaración de Tapia (que se glosa a fs. 269/271). En otras palabras -y retomando de nuevo la argumentación de Klug- considero que, no se cumple con la tarea de valorar exhaustivamente las pruebas "si sólo [se] toma en cuenta una entre varias posibilidades fácticas", dejando de lado -sin motivo o razón justificable- otra u otras perfectamente posibles (cfr. "Lógica Jurídica", Ed. Temis, Bogotá, 1990, p. 218).

2º) También le asiste razón a las partes recurrentes respecto a que, en el proceso de motivación de la sentencia cuestionada, el tribunal a quo ha dejado de lado prueba indiciaria significativa. Me explico:

A) Refiere Ricardo C. Núñez que, la sentencia será nula por falta de fundamentación probatoria cuando, entre otros casos, haya incurrido en el vicio de fundamentación omisiva. Tal situación se verifica si, un elemento probatorio (no valorado o valorado insuficientemente por el decisorio) resulta fundamental, por sí o unido a otros, en relación a un punto decisivo que justifica una determinada conclusión. En tal sentido, se afirma, que esto ocurre cuando, la valoración de esa prueba (o su suficiente consideración) verosímilmente podría haber modificado la solución dada a la cuestión probatoria (cfr. "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Anotado", Ed. Lerner, Córdoba, 1986, p. 392).

B) A partir de estos conceptos, entiendo que, en el legajo en estudio, existe, al menos, una prueba que, el sentenciante, no le ha acordado trascendencia y que -ambas partes recurrentes-- se han encargado de señalar. Me refiero al secuestro, en el domicilio del imputado, del ticket expedido por un locutorio. En ese ticket (que obra a fs. 373) se puede apreciar que, el día 21 de mayo se realizó una llamada (cuyo ingreso se constata según el informe de fs. 360) al domicilio de la víctima. Dicha llamada tuvo una duración de un minuto con cincuenta y un segundos, a las veinte y treinta y siete horas. Este dato que por sí solo es sugestivo, adquiere un carácter de indicio cargoso fuerte si se tiene presente que, el mismo 21 de mayo, Susana Soledad Ruminot radicó una denuncia en donde puso en conocimiento de la autoridad policial que, esa noche, a las veintidós horas, escuchó un "piedrazo" en su casa y, minutos más tarde, recibió una llamada telefónica en la que, una voz masculina le decía: "(...) Susana, estas dos piedras no son nada con lo que te va a pasar esta noche, c... de tu madre...". (ver fs. 165 y vta.). Es cierto que, existe una discordancia horaria entre la realización de la llamada que registra el ticket y el que denuncia la víctima, pero ello también pudo deberse a la falta de precisión de la deponente al momento de radicarla. De cualquier forma, es un indicio que merece un análisis más exhaustivo, detallado; lo cual no ocurre en la sentencia en recurso.

C) Ahora bien: si por una parte, como ya lo sostuviera, la pañoleta y el gorro secuestrados, desde el punto de vista de su eficacia probatoria (en orden a su legalidad) son perfectamente valorables y, por otra, al imputado se le secuestra, además, un ticket en donde consta la realización de una llamada a la casa de la víctima (extremo que, también, puede vincularse con la denuncia que efectúa la occisa, un mes antes de que ocurriese el hecho); considero que existe prueba objetiva que -de ser incluida mentalmente con los otros indicios colectados- puede hacer variar la conclusión que se postula en la sentencia impugnada.

Con esto no estoy aseverando que, efectivamente, ocurrirá así. Sólo estoy diciendo que, la argumentación del a quo ha omitido valorar (o lo ha hecho en forma insuficiente) indicios de cargo (ticket) y ha partido de un juicio de invalidez en relación a la obtención de ciertos elementos de convicción, también cargosos (pañoleta y gorro) que, desde una perspectiva lógica, no se sostiene, al resultar violatoria de la regla de inferencia.

3º) La situación de la coimputada Marisol González no puede escindirse de la conclusión anterior. En el mismo fallo ha quedado claro la presencia de la prevenida, en el lugar del hecho, en circunstancias temporales coincidentes con aquellas en las que se habría producido el suceso. Circunstancia que, analizada aisladamente, quizá no tuviera una incidencia decisiva; pero que, no ocurre lo mismo si se repara en que, un testigo, la habría visto conversando con Vega Delgado (lo reconoce el propio ponente a fs. 1338, aun cuando restándole toda trascendencia [obviamente, no estoy diciendo, en absoluto, que, el encuentro testimoniado, haya sido el día del hecho; sino que, simplemente, lo menciono para ponderar una relación de conocimiento entre ambos coimputados]).4º) Para finalizar, no puedo dejar de señalar lo siguiente: en la actualidad nadie niega que, el proceso penal, no puede acceder a la reconstrucción de la verdad a cualquier costo. Felizmente, esas épocas nefastas ya han pasado. En la actualidad, resulta una verdad inconcusa la de que sólo "(...) un derecho procesal penal aplicado con respeto estricto a sus normas y con sus garantías profundamente enraizadas en la conciencia de los ciudadanos puede impedir que [la] producción del caso penal signifique también la vulneración de la ley. La formalización de la indagación de la verdad, su obstaculización y limitación por reglas estrictas constituye el "ethos" propio de la fase de producción del caso" (cfr. Winfried Hassemer, "Fundamentos del Derecho Penal", Ed. Bosch, Barcelona, 1984, p. 191). Sí he considerado conveniente recordar estas ideas es por cuanto, a lo largo de la sentencia impugnada, se han deslizado graves acusaciones en orden a la legalidad de la prueba. Si, en lo personal, tuviese un mínimo atisbo de duda respecto a la ilicitud del secuestro (me refiero, en especial, y según el desarrollado precedente, a la pañoleta y el gorro), no habría tenido ningún reparo en coincidir con el pensamiento del tribunal a quo. Sin embargo, tampoco es posible extender sospechas o realizar construcciones de fuerte tinte "conspirativo" sobre el actuar policial sobre aspectos que no merecen ningún reproche. Que pudo haber existido en el secuestro del anillo negligencias, lo admito; pero sostener, a partir de allí (y como plataforma de proyección de todo el razonamiento posterior), que todo está contaminado, que "se ha querido suplir con falsas pruebas lo que sólo resultaba de chismes y suposiciones bien o mal fundadas", es otra cosa totalmente diferente; y en la cual -como quedó demostrado- no coincido con los sentenciantes.

Por lo expuesto, considero haber fundado la razón por la cual -y como lo anticipara- las casaciones deducidas, deben ser declaradas procedentes. Mi voto.

El doctor Gavernet dijo:

Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos por el vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

El doctor García, dijo:

Por compartir las conclusiones dadas por el vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

La doctora Osti de Esquivel dijo:

Adhiero al voto del vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El doctor González Taboada dijo:

Que comparto la conclusión sustentada por el vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

2º cuestión.- El doctor Otharán dijo:

En mérito de la forma en que resolviera la cuestión precedente, propongo al acuerdo, se declare la nulidad del decisorio impugnado, por falta de fundamentación (arts. 415, 429 y 369, inc. 3º, todos del CPPC). Asimismo, y por aplicación de lo normado en el art. 155, 2º párr., del CPPC, deberá declararse la nulidad del debate que precediera a la sentencia; enviándose los actuados a la Cámara en lo Criminal Primera para que, previa audiencia, dicte nuevo pronunciamiento. Tal es mi voto.

El doctor Gavernet dijo:

Comparto la conclusión sustentada por el vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión.

El doctor García dijo:

Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión por el doctor Marcelo J. Otharán, voto en igual sentido.

La doctora Osti de Esquivel dijo:

Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El doctor González Taboada dijo:

Atento la solución dada a la primera cuestión planteada, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el vocal preopinante en primer término a esta segunda cuestión.

3º cuestión.- El doctor Otharán dijo:

Sin costas en la instancia (arts. 491, a "contrario sensu" [en lo que respecta a la parte querellante] y 493, CPPC). Tal es mi voto.

El doctor Gavernet dijo:

Adhiero a lo propuesto por el doctor Otharán. Así voto.

El doctor García dijo:

Corresponde eximir de costas como lo expresa el doctor Otharán. Así voto.

La doctora Osti de Esquivel, dijo:

Debe eximirse de costas a los recurrentes de conformidad con lo dispuesto por los arts.491 a "contrario sensu" y 493 del CPPC. Mi voto.

El doctor González Taboada dijo:

Comparto lo expuesto por el vocal que votara en primer término. Así voto.

De lo que surge del presente acuerdo, se resuelve: I. Hacer lugar al recurso de casación deducido por el fiscal de Cámara, doctor Alfredo Velasco Copello y la parte querellante, con el patrocino letrado de los doctores M. M., J. K., J. M. K., M. H. K., F. M. E. y G. N. G. II. Declarar la nulidad del punto I de la sentencia Nº 122, de fecha 18 de diciembre de 2003, obrante a fs. 1288/1305, dictada por la Cámara en lo Criminal Segunda, por falta de fundamentación (arts. 415, 429 y 369, inc. 3º, CPPC). III. Declarar la nulidad de debate que precediera a la sentencia (art. 155, 2º párr., CPPC). IV. Enviar los actuados a la Cámara en lo Criminal Primera para que, previa audiencia, dicte nuevo pronunciamiento. V. Sin costas (arts. 491 a "contrario sensu" en lo que respecta a la parte querellante, y 493 del CPPC). - Arturo E. González Taboada. - Marcelo J. Otharán. - Alejandro T. Gavernet. - Lorenzo W. García. - Isolina Osti de Esquivel.