Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes septiembre de 2007, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo A.

Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Contra la resolución de fs. 76/77 dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado Contravencional Nº 17, Norberto R. Tavosnanska, que revoca el decisorio de fs. 47/48 por el cual homologara el acuerdo propuesto por las partes de suspender el proceso a prueba respecto del imputado Moscope, la Sra.

Defensora Oficial, Patricia B. López, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 80/85) y, ante el rechazo del primero, fue concedida la impugnación (fs. 88/89).

Escuchada en esta instancia la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, solicitó se rechace la apelación, conforme los argumentos vertidos en su dictamen a fs. 93/94.

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

CONSIDERANDO:

I.En torno a la admisibilidad del recurso a estudio, cabe destacar que la apelante ha respetado los recaudos subjetivos, contando con legitimidad para su interposición, presentó su escrito en tiempo y forma ante el Magistrado de grado.

En cuanto al presupuesto objetivo, es preciso tener en cuenta que "...la suspensión del juicio a prueba permite suspender el proceso penal evitando el dictado de una condena, mediante la asunción por parte del peticionante (imputado) de obligaciones cuyo cumplimiento, durante el lapso por el cual se impongan, determinaría la extinción de la acción penal, siendo éste su efecto mediato del cual -por otra parte- se extrae el carácter sustantivo del instituto en cuestión..." (Fallos J.A., 1996 - III - 432).

En el caso, si bien estamos ante un supuesto de "revocación" de la suspensión de juicio a prueba y no de un "rechazo" a su solicitud, debe sin embargo analizarse la decisión recaída a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, ya que, de otro modo, la tutela de los derechos que se invocan no podrá hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior -vgr. suspensión del proceso y extinción de la acción- (conf. causa nº 065-00-CC/2006, rta. 28/06/06).

Con el alcance dado, el auto cuestionado causa gravamen irreparable, lo que permite en consecuencia la apertura de la vía recursiva (conf. arts. 432 y 449 C.P.P.N y 6 de la ley 12).

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II- Sorteados exitosamente los recaudos de admisibilidad, nos abocaremos al análisis de las cuestiones enunciadas.

Como primer punto la defensa plantea la nulidad -generándose una contradicción ya que el recurso de apelación procede contra actos procesales válidos que causan agravio irreparable, mientras que la tacha de nulidad, contra actos viciados- de la resolución por la cual se revoca el beneficio de la suspensión del juicio a prueba debido a que -a su criterio- ella fue adoptada unilateralmente por el Sr. Juez de grado "sin conferir oportunidad a esta parte o al titular de la acción contravencional" (fs. 82 in fine) y sin convocar al imputado a la audiencia prevista en el art. 515 CPPN, aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto en el art. 6 LPC (v. fs. 82vta.).

Al respecto, cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: "Aún cuando el art. 6 del código procesal contravencional establece la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo cuanto no se oponga a sus previsiones normativas, esa aplicación subsidiaria, solo corresponde cuando la cuestión debatida no tiene regulación propia, pues en tanto no se verifique tal circunstancia, debe darse preeminencia a la disposición específica contravencional, generada en el ámbito legislativo local, por sobre la nacional; ello siempre que la solución no vulnere las garantías constitucionales que rigen en la materia. La determinación de los supuestos en los que procede tal aplicación de la norma federal debe efectuarse con carácter restrictivo, pues ese temperamento es el que mejor contribuye a un adecuado respeto de la autonomía local (art. 6 CCBA)"1.

1 Conf. T.S.J., del voto de la Conde en expte. nº 1526 carat. "Melillo, Carmen y Viera, Adrián s/ art. 72 - Apelación- s/ rec. de inconstitucionalidad concedido", rta. el 11/09/2002, citado en el voto del Fernando Bosch en la c/nº 5012-01/CC/2005 "Manfredi", rta. 21/8/07.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Causa Nº 30971-00-CC/2006. Sala II.

En la materia en trato, la normativa local -art. 45 del C.C.- no incluye como requisito previo al dictado de la revocación del instituto la comparecencia del probado para que efectúe el descargo pertinente; es decir, no establece como exigencia formal la participación del encartado para que explique las razones por las cuales incumplió el compromiso asumido al acordar la suspensión del juicio a prueba, lo cual en modo alguno significa que aquél tenga vedada la posibilidad de hacerlo, mediante las presentaciones pertinentes, frente a circunstancias que le impidieran hacerse cargo de la responsabilidad oportuna y libremente asumida, cosa que no ha ocurrido en la especie.

En tal sentido, tampoco puede obviarse que el argumento ensayado pierde fuerza en el caso de autos atento a que, como se verá seguidamente, ni siquiera hubiera sido posible notificar al imputado la celebración de la audiencia que su defensa reclama.

En efecto, las afirmaciones de la impugnante no se condicen con lo que surge palmariamente de las constancias del legajo. Nótese que el día 21 de febrero de 2007 se realiza la audiencia prevista en el art. 41 de la ley de procedimiento local, en la cual Luis Moscope constituye domicilio en la sede de la defensoría nº 1, surgiendo del acta su domicilio real en la Manzana 102, Villa 31 de esta Ciudad (fs. 44).

En esa oportunidad el representante del ministerio público fiscal y el imputado junto con su defensa imprimieron a la causa el trámite estipulado en el art. 45 de la ley 1472, suspendiendo el juicio a prueba por el témino de tres meses comprometiéndose el interesado a cumplir con las siguientes reglas de conducta:

1) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; 2) Cumplir con las citaciones o requerimientos que le hicieren el fiscal o el juez; y 3) La prohibición de concurrencia a menos de 200 mts. del lugar del hecho (fs. 44).

El 1º de marzo ppdo. el juez homologó el acuerdo y ordenó citar al imputado para notificarlo personalmente de lo resuelto (fs. 47/48). A tal fin se libró telegrama urgente dirigido al domicilio sito en Manzana 102 ó 3, casa 21 de la Villa 31 CABA y atento al resultado negativo agregado a fs. 59/60 el Tavosnanska corrió vista tanto al fiscal como a la defensa (fs. 61).

El Lapadú contestó que era prudente que se expidiera en primer lugar la defensa oficial del imputado a los efectos de mantener comunicación personal con éste y ajustarlo a derecho (fs. 62). La López manifestó que correspondía librar nueva citación ya que se había omitido hacerlo en la "Manzana 102" (fs. 63).

Del informe de fs. 67 surge que aquélla no existía y que compulsados los registros de la Comisaría 46ª de la PFA, el imputado registraba domicilio en la Manzana 28 casa 6 de la Villa 31 por lo cual se comisionó al lugar personal policial que entrevistado con el Sr. Villalobo manifestó no conocer al requerido.

Corrida nuevamente vista a la ahora impugnante, solicitó nueva notificación en base al informe de fs. 60 para consultar al Sr. Ayahachi si conocía el paradero de su prohijado procesal (fs. 69).

En cambio el fiscal Lapadú peticionó que se dejara sin efecto la suspensión del proceso a prueba y se lo declarara rebelde (fs. 71).

El Sr. Juez hizo lugar al pedido de la López a fin de no conculcar los derechos de su defendido y "agotar los medios disponibles para intentar la comparecencia" (fs. 72), pero una vez más el resultado fue negativo (v. fs. 75).

No obstante todo lo acontecido, el cotitular de la defensoría de la Fuente, solicitó insólitamente mediante escrito presentado el día 4 de junio de 2007 se tuvieran por cumplidas las reglas asumidas por el probado y atento al transcurso del plazo fijado se procediera al archivo de las actuciones por extinción de la acción contravencional (fs. 74).

El judicante entendió que resultaba manifiesto el incumplimiento del imputado por lo que revocó lo resuelto a fs. 47/48 en cuanto suspendía el juicio a prueba (ver fs. 76/77) sin que se advierta que la decisión en crisis haya violado el sistema acusatorio que rige en nuestra ciudad (art. 13.3 CCABA) o el derecho de defensa del imputado, por lo que habrá de rechazarse este planteo destacando, de adverso, el encomiable esfuerzo del Magistrado de grado para lograr la comparecencia del encartado.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Causa Nº 30971-00-CC/2006. Sala II.

Como segundo argumento para declarar improcedente la revocación del instituto, la López aduce que ha vencido el plazo de tres meses acordado oportunamente para que el probado sea supervisado y en consecuencia ha caducado el poder jurisdiccional de seguir sometiendo al encausado al proceso.

Contrariamente a lo sostenido por la defensora oficial, una vez homologado el acuerdo por el "a quo" éste ordenó en el mismo resolutorio que se notificara tal situación al imputado en forma personal -además de la notificación efectiva en su domicilio constituido- circunstancia que no pudo efectivizarse en ninguna de las oportunidades en las que se libraron las cédulas no sólo al domicilio que figuraba en la audiencia del art. 41 LPC sino en todos aquellos plasmados en las distintas constancias de la causa y en base al pedido de la defensa.

De lo expuesto se desprende que el Sr. Moscope no ha respetado dos de las reglas de conducta convenidas: la de cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el juzgado hiciere -en el caso, vgr. la de presentarse personalmente a pedido del juez para notificarlo de lo resuelto a fs.

47/48- y la referida a fijar residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de ésta -lo cual surge de los numerosos e infructuosos intentos de notificación a los domicilios declarados por el probado-.

Del forzado argumento de la López, pareciera concluirse que el mero transcurso del tiempo acordado para la "probation" extingue la acción, olvidando que es la conjunción del cumplimiento de las reglas de conducta y la no comisión de una nueva contravención durante ese intervalo lo que hace posible tal consecuencia. Ello surge claramente de la lectura del art. 45 de la ley 1472 en cuanto reza: "...El acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que no excederá de un año, una o más de las siguientes reglas de conducta... Cumplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se extinguirá la acción. En caso contrario, se continuará con el proceso...." Por lo expuesto y ante la constatación del incumplimiento en tiempo oportuno de lo acordado, se ajusta a derecho la decisión del magistrado de revocar la suspensión del juicio a prueba otorgada.

En último término, invoca la quejosa el carácter excepcional de la revocación que sólo debe darse cuando "no exista ninguna duda acerca del incumplimiento del imputado". Y agrega que, de una interpretación "más exhaustiva de la norma contemplada en el artículo 45, 5º pár. de la ley 1472...no basta sólo con el incumplimiento de las pautas de conducta...sino que además deberá resultar condenado con sentencia firme por la comisión de alguna contravención...se desprende de autos [que] el encartado no ha sido condenado y ni siquiera imputado...por una nueva contravención..." (fs. 84).

Como ya hemos expuesto, a pesar de los numerosos intentos de citar al Sr.

Moscope al Tribunal ello no fue posible verificándose por su parte el incumplimiento de dos de las tres reglas estipuladas en el acuerdo, agregándose que hasta el momento ni siquiera ha sido habido el nombrado.

En cuanto a la novedosa interpretación de la norma en cuestión cabe aclarar que el hecho de que el imputado no haya cometido una nueva contravención -lo cual no surge de ningún informe obrante en la causa- no es óbice para revocar el acuerdo si, como en el caso, no ha cumplido con el compromiso asumido en cuanto a fijar residencia y comunicar cualquier cambio de ésta y presentarse ante los requerimientos del fiscal o el juez. Por el contrario, aún teniendo por cumplidas las reglas, si comete una nueva contravención se seguirá con el proceso; consecuentemente, este planteo tampoco puede prosperar.

Por todo lo expuesto y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR el interlocutorio obrante a fs. 76/77 de las actuaciones en cuanto decide revocar la resolución de fs. 47/48 que dispuso la suspensión del proceso a prueba respecto de Luis Carlos Moscope y continuar con el trámite del proceso.

II. TENER PRESENTE las reservas formuladas en el punto V a fs. 85.

Tómese razón, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara bajo constancia en autos y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente donde Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas Causa Nº 30971-00-CC/2006. Sala II.

deberán practicarse las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe, Fernando Bosch. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.