Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-28


En la ciudad de Trelew, a los 28 días de marzo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. J. G. c/ R. L. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22.434 - Año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 437.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:------ Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo de los recursos de apelación de la parte actora (fs. 393) y de la parte demandada (fs. 390), interpuestos en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 378/385) por la cual se hace lugar a la demanda entablada por el Sr. J. G. S. condenando al demandado, Sr. L. R. y a la citada en garantía "L. B A Cía. A de S S.A.", a que en el plazo que se fija, abonen al actor la suma de $ 33.371,55, en concepto de daño material y moral con más los intereses indicados en el considerando IV; con costas.

A fs. 391, se presenta el Dr. L. A. N. , por su propio derecho e interpone recurso de apelación en contra de la regulación de honorarios que mereciera por su actuación en el anterior grado por estimarla baja.

A fs. 392, interponen recurso de apelación la parte demandada y la citada en garantía, en contra de las regulaciones de honorarios efectuadas en la sentencia definitiva, por estimarlas elevadas.- Los escritos de expresión de agravios lucen agregados a fs. 421/426, el correspondiente a la parte actora; y a fs. 428/433 vta., el de la parte demandada.------- Ordenados los respectivos traslados a la contraria a fs. 427 y 435, ninguno fue evacuado.

I.- A) AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA: 1) Incapacidad sobreviniente: previa transcripción de la porción del fallo pertinente expresa que lo agravia el error incurrido por la Sr. Juez a quo al utilizar la fórmula exponencial destinada a determinar el quantum que le corresponde a su parte por resarcimiento de su incapacidad.

Indica que la a quo consideró como retribución anual de su parte la suma de $1574, lo que representa un valor mensual de $ 131,16. Para obtener esa cifra, explica, utilizó de manera inversa la fórmula detallada en el escrito de demanda partiendo de un monto de $ 20.000 que fue consignado con carácter provisorio y sujeto a la prueba de autos, resultando de ello el concepto "a" de $ 1.371,74. Esto es, considera el importe de $ 1.574 como resultado de la suma de $ 1.311,74 (valor anual) + 20% (incapacidad provisoriamente considerada). A ese valor le detrae el 58,2% de incapacidad justificada asignando al factor "a" de la fórmula un valor de $ 657,94, resultado que -insiste- es erróneo. Expone que en base del importe de $ 1.311,74 que la juzgadora le asigna al concepto "a" el valor del ingreso mensual sería de $ 546,45. En tal línea, tomando como base el valor obtenido en concepto de ingreso mensual, pasa a calcular el valor "a" considerando el 58,2% de incapacidad determinada arribando a la suma de $ 3.816,40. Interpreta que el error de la a quo en la obtención de la suma de $ 657,94, con la que valoriza el factor "a" de la fórmula surge de que sumó el 20% de incapacidad al monto de $ 1.311,74, cuando lo que debió hacer es dividir ese 20% de incapacidad al monto de $ 1.311,74 para luego aplicar el 58,2% de disfuncionalidad reconocida.

Concluye que el monto resarcitorio admitido por este rubro de $ 8.257,38 es producto de utilizar como valor de "a" el monto de $ 657,94 en la fórmula, en lugar de hacerlo con el importe de $ 3.816,40 que es -sostiene- el que matemáticamente corresponde conforme el criterio que explicara.

Pasa a efectuar el cálculo respectivo arribando a la suma de $ 47.897,27 utilizando un método de comprobación al que remito por razones de brevedad. Se agravia seguidamente del monto tomado por la juzgadora de la anterior instancia para calcular el valor "a" -ingresos de su parte-.

Previa transcripción de la porción del fallo respectiva expone que la sentenciante arbitrariamente desestima la prueba informativa producida por su parte que obra a fs. 206/212, mediante la cual fehacientemente se acreditan los ingresos brutos declarados durante el primer semestre del año 2004, producto de su actividad comercial y en base a los cuales ha pagado los correspondientes impuestos.

Refiere al argumento expuesto en el fallo relativo a que su actividad comercial no habría sido constante razón por la que se desestima promediar los ingresos, señalando que es contradictoria la Sra. Juez a quo, ya que primero manifestó que los ingresos mensuales no estarían acreditados y luego dice que la actividad no fue constante para terminar diciendo que promediar tales extremos de ingresos no sería razonable.

Indica de ello, que queda claro que los ingresos suyos existieron y si bien es cierto -dice- que la actividad comercial que realizara tiene la característica de ser variable y que en algunos períodos no genera ingresos, ello no es fundamento válido -asevera- para considerar que sus ingresos no están acreditados en razón de su variabilidad.

Efectúa cita doctrinal y jurisprudencial relacionadas a qué se entiende por sentencia arbitraria y a las cuales remito. Destaca que la prueba informativa de fs. 206/212 nunca fue cuestionada por la parte contraria demostrándose los ingresos que genera su actividad comercial y que tampoco hubo oposición de la contraria respecto de la determinación del quantum que realizó a fs. 290 en función del resultado de esa prueba informativa.

Efectúa citas jurisprudenciales vinculadas a la sana crítica racional y a la libre apreciación de la prueba para sostener que la Sra. Juez a quo no fundamentó jurídicamente ni utilizó adecuadamente la sana crítica puesto que -sostiene- de manera infundada se apartó de la prueba que demostraba sus ingresos utilizando a modo de salomónica solución la fórmula exponencial en forma inversa tomando el monto que consignara con carácter provisorio en el escrito de demanda.

Sin embargo, señala el error en que incurriera la sentenciante al tomar la suma estimada en demanda provisoriamente y sujeta a la prueba a producir ($ 20.000) y la que no fue indicada como ingresos suyos, recalcando que en el objeto de la demanda precisó que la suma consignada en su reclamo era provisoria sujeta a lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos. Se apoya en cita jurisprudencial a la que también remito.

Pone de resalto que sufre en la actualidad una incapacidad laboral permanente del 58,2% y que el informe del perito médico no es del todo alentador en el pronóstico de la lesión que padece, la cual se encamina a consolidarse en una gonartrosis en la zona afectada por lo que -augura- en un futuro cercano no podrá tener una vida normal en su faz laboral y personal aseverando que tampoco en la actualidad lleva una vida normal. 2) Lucro cesante: Previo transcribir el punto IV, apartado "e" de la sentencia indica que es erróneo el importe de $ 525 que a título de lucro cesante arribara la juzgadora en tanto se llega a él tomando como base el cálculo de los ingresos mensuales admitidos en el rubro anterior (incapacidad sobreviniente). Advierte que si se toma dicho monto de $ 525 y se le suma el 30% que se le dedujera por ser la porción destinada a gastos personales, se obtiene una suma de $ 682,50 el que tampoco se corresponde con los valores mencionados en el punto IV apartado "d" del fallo.

Es por ello que solicita se haga lugar a la suma que peticionara por este concepto la que asciende a $ 2.000. 3) Daño moral: Considera exiguo el monto de $ 5.000 fijado por daño moral en la sentencia. Precisa que con motivo de las consecuencias del accidente sufrido tuvo que ser operado para reubicarle los elementos óseos desplazados colocándosele varios clavos, estuvo enyesado durante varios meses, posee cicatrices claramente observables y le resulta doloroso no solo caminar sino también cuando realiza su actividad comercial.

Insiste en que quedó con una incapacidad del 58,2% añadiéndose el informe dado por el Dr. R. en cuanto predice que en el futuro padecerá en sus lesiones una gonartrosis (artrosis de rodilla). Advierte que si se tuviera que desempeñar en el futuro bajo relación de dependencia, su discapacidad se haría presente en el examen preocupacional lo que constituiría un antecedente que seguramente impediría su ingreso a cualquier empresa.

Es por eso, dice, que si bien es acertado el fundamento de la juzgadora para admitir el daño moral, no lo es para cuantificarlo en una suma que estima que no es equitativa respecto al perjuicio sufrido. Efectúa profusa cita doctrinal y jurisprudencial relativa a la cuantificación del daño moral a cuya lectura remito.- B) AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA: 4) Omisión de valorar la conducta del actor como concausa del accidente de tránsito: Indica que si bien por el art. 1.102 del Código Civil, no se puede discutir ni la existencia del hecho principal que constituya el delito ni impugnar la culpa del condenado, el juez civil está habilitado para estimar si ha mediado culpa concurrente del damnificado para apreciar la medida en que la culpa de la víctima ha de influir para disminuir la indemnización a su favor.

Efectúa citas legales y doctrinarias para apoyar su afirmación de que sobre ambas partes cabía el deber de evitar el daño conservando el dominio de su vehículo en todo momento "...teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito..."(sic).

Seguidamente expresa, que si bien admite que llevó a cabo una maniobra prohibida, el actor no respetó dichos extremos ya que ocurriendo el evento en una avenida ninguna prueba se produjo por la cual se acreditara su imposibilidad de observar la trayectoria del automotor conducido por su parte y, a partir de allí, que se le hubiera impedido efectuar una maniobra evasiva o simplemente frenar.

Alude a la confesional del actor en donde afirma que no tenía por qué frenar si venía con la onda verde, cuestionando lo que califica como falta de atención ya que resulta -dice- contrario a la lógica que se haya visto sorprendido por la aparición del vehículo según el lugar en el cual ocurrió el accidente, es decir, a 1,80 mts. de la línea de cruce peatonal y no a poco de atravesar el eje medio de la intersección de las arterias tal como lo afirmara en su demanda, agregándose que transitaba por el carril derecho de la mano de circulación oeste/este, es decir, alejado del lugar de giro del automotor desde donde deben contarse 8,50 mts. hasta el lugar del impacto.

Tales circunstancias, entiende, debieron haber sido valoradas por la juzgadora si bien no para eximir a su parte de responsabilidad sí para decidir que la conducta del actor incidió causalmente en la producción del accidente atribuyéndole un porcentaje de responsabilidad en su desenlace.

5) Daño material-falta de adecuación con los daños sufridos por la motocicleta: Sostiene que no es cierto que los daños individualizados por el mecánico policial Sr. N. P. al examinar la motocicleta según informe agregado a las actuaciones labradas en sede policial, no difieran de los consignados por el perito mecánico.

Afirma que del cotejo de la prueba documental aportada por el mismo actor se pone de manifiesto que en la pericia se hace referencia a aquellos daños que en forma inmediata al accidente fueran verificados por el mecánico policial incluyendo otros que al ampliar la pericia se dijo que guardarían relación "...o derivado..." con el accidente. Añade que a fs. 77 el mecánico policial dejó constancia de su verificación posterior al accidente que la motocicleta del actor sufrió abolladura tanque lado izquierdo; defensa y los dos apoya pies torcidos; faro giro delantero izquierdo, farol giro trasero derecho y farol delantero auxiliar.

Previo a efectuar transcripciones de opiniones doctrinales relacionadas a la necesidad de la demostración y adecuación de los daños cuya reparación se pretende, sostiene que en el caso ninguna prueba se ha llevado a cabo para que permita tener por acreditado un daño a la motocicleta en relación de causalidad con el accidente de tránsito más allá de aquél comprobado por el mecánico policial y del cual dejara constancia en su informe de fs. 77.

Afirma que la prueba pericial mecánica no aporta ningún elemento que de acuerdo al art. 477 del C.P.C.C. permita formar convicción sobre que la totalidad de los repuestos incluidos en el presupuesto aportado por el actor deban formar parte de la condena por ser gastos necesarios para la reparación del daño provocado a la motocicleta a consecuencia del accidente de tránsito; ni tampoco aquellos que restarían, detraídos los indicados por la Sra. Juez a quo en su sentencia.

Concluye que de acuerdo a ello el valor económico del rubro, siguiendo el presupuesto aportado por el actor no debería superar la suma de dólares estadounidense un mil doscientos sesenta y cinco (U$a 1.265). 6) Porcentual de incapacidad: Postula que por los mismos fundamentos dados por el perito médico en su dictamen conforme al juego armónico de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C., podría descartarse una incapacidad del 58,2%.

Explica que partiendo de la tabla de evaluación que el perito dice adoptar a los fines de obtener el grado de incapacidad que en definitiva atribuye al actor, esto es, la correspondiente a la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, el otorgado correspondería prácticamente a la pérdida funcional completa del miembro inferior.

Agrega, que el perito llega al grado de incapacidad del 58,2% computando la limitación funcional para la extensión de 0° a 10° (10%) y limitación funcional flexora de 0° a 105° (7%) cuando la tabla de evaluación de incapacidades laborales que aplica expresamente establece refiriéndose a "secuelas de fracturas" que "...A la incapacidad precedente no debe adicionarse la correspondiente a repercusión funcional y acortamiento de miembro.".

Arguye que la improcedencia del cómputo del 10% como "limitación funcional para la extensión" tiene a su vez decidida incidencia en el cálculo de lo que el perito indica como "dificultad intermedia para la realización de tareas habituales" (5,2%), en tanto se llega al porcentaje de incapacidad que se atribuye en este ítem aplicando el primer porcentaje sobre el grado de "Incapacidad parcial permanente subtotal" que se establece en un 52%.

En definitiva, expresa, siguiendo la tabla de evaluación de incapacidades que el perito médico dice utilizar pero aplicando la misma según su expresa letra el grado de incapacidad se reduce al 35%.

Asevera que la juzgadora efectúa afirmaciones que se contradicen no solo con las constancias de autos sino con el sentido común. Lo afirma, dice, porque contrariamente a lo consignado en la experticia ninguna prueba se produjo respecto a que el actor sea "...un empresario de la actividad minera que deba circular necesariamente por terrenos escabrosos, irregulares y accidentados..."; y, por otro lado, tratándose de una persona de 1,80 mts. de altura y un peso de 152 kg., como lo consigna el perito, en su vida de relación familiar quedara sistemáticamente limitado para compartir actividades recreativas tributarias de su locomoción, v.gr. correr, saltar, subir o bajar superficies en desnivel, etc..

Alude a doctrina relacionada a la valoración de la pericia. Concluye diciendo que la colisión del contenido del dictamen pericial médico con la propia referencia que utiliza para determinar el grado de incapacidad que le otorga al actor (tabla de evaluación de incapacidades laborales correspondiente a la ley 24.557) como con un criterio lógico de ponderación de las circunstancias personales del actor, permiten -asevera- a que la Sra. Juez restare eficacia probatoria a la pericia en tanto no se hallaba vinculada a sus conclusiones y debía ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

7) Lucro cesante: Cuestiona el resarcimiento económico admitido por tal concepto a partir de considerar datos objetivos que el actor se desempeñaba en el rubro marmolería, que debió permanecer postrado por sesenta días y que con posterioridad utilizó muletas por igual espacio de tiempo, permitiendo ello inferir que el infortunio le provocó una merma en su actividad comercial.

Contrariamente, arguye con cita jurisprudencial, diciendo que el lucro cesante no puede ser presumido sino que se debe demostrar la certeza del perjuicio afirmando que ninguna prueba se produjo en autos. Añade que ni aún por vía presuncional se puede tener por acreditada una circunstancia objetiva que permita inferir que de no haber mediado el accidente habría logrado una ganancia.

Indica que sus declaraciones mensuales ante el municipio de Puerto Madryn, respecto a sus ingresos brutos, no permiten acreditar tal extremo haciendo notar que en el período inmediato anterior en el que ocurriera el accidente hizo constar el actor que su actividad comercial no tenía movimiento abonando el importe mínimo correspondiente a la gabela municipal.

Ello obviando, puntualiza, que los datos consignados en esas declaraciones mensuales sean ciertos. 8) Gastos médicos, farmacológicos y sanatoriales: Se agravia que se condene a su parte al pago de dichos gastos sin comprobantes.

Plantea caso federal.--- II.- En los límites provistos por el contenido de los agravios formulados por las partes, ingresaré a su tratamiento siguiendo para ello, por razones de método, la misma manera de individualizarlos haciéndolo en conjunto con aquellos que por su identidad, conexidad o continencia puedan ser así examinados.

Asimismo, la cronología con la que se efectúe el análisis de los agravios planteados estará signada indefectiblemente por aquella que imponga el orden lógico propiciado por su propio contenido y las consecuencias que pudieran derivar de su potencial resultado.

B).- 4).- Omisión de valorar la conducta del actor como concausa del accidente: Obvio resulta que de tener éxito este planteo impugnaticio proyectaría sus resultados sobre los demás aspectos motivo del ataque dirigido al fallo, por lo que se impone su tratamiento en primer lugar.

No se pone en discusión que, por vía de lo normado por el art. 1.102 del Código Civil, dada la sentencia penal condenatoria respecto al co-demandado Sr. R. (vide: copia de fs. 363/364 vta.), no es viable discutir en autos ni la existencia del hecho, ni impugnar la imputabilidad fáctica (autoría) que en el hecho se le endilgue al condenado en dicha sede.

Y, allende de la interpretación que incorpora en el contenido de la cosa juzgada atribuible a la sentencia penal y, por ende, dentro de lo que resulta indisputable en sede civil, a la culpa del condenado (Conf. CNCiv., sala C, 28-8-90, LL, 1991-B-49; id. CCC de San Isidro, sala I, 15-6-99, LLBA, 1999-1225; id. C.S.J.N., 13-8-81, LL, 1982-A-517); tengo para mí, que en la especie tratándose de daños provocados con la participación de dos vehículos en movimiento, es de aplicación el art. 1.113, 2do. párrafo, 2do. apart. del Código Civil, por lo que se restringen las posibles defensas del demandado solo a la factibilidad de invocar y acreditar las eximentes legales que operan como factor de ruptura del nexo de causalidad presumido por la ley entre la intervención de la cosa de su dominio y el daño producido en el evento.-- Ya se ha dicho en supuestos análogos al presente que cuando el tribunal represivo juzga la causalidad, lo hace con la mira centrada en la conducta del imputado, sujeto de ese proceso. A dicho fin puede, en ciertos casos, serle útil determinar la causa a la que se debió la producción del hecho, más si en esa labor llegara a afirmar que obedeció a una causa extraña al procesado, esa determinación no operaría como auténtico fundamento de la sentencia absolutoria.

Los jueces penales, en estricto sentido técnico-jurídico, no absuelven al imputado porque el hecho se debió a una determinada causa ajena a él, sino porque el mismo no puso la causa. Esto no es un simple juego de palabras: no es lo mismo declarar que el actuar del imputado no fue causa del hecho que afirmar cual otra causa ajena a él promedió.

Efectuar la primera declaración es función específica de la justicia criminal; realizar la segunda roza el exceso de la jurisdicción atribuida por la Ley. Así se ha sostenido que cualquiera sea la opinión del juez penal sobre la conducta de la víctima, ella no obliga al juez civil; es función de la justicia del crimen juzgar la conducta del imputado, quedando reservado al fuero civil, en cuanto atañe a los daños, el juzgamiento de los demás protagonistas del hecho (Conf. S.D.L., sala única, Nro. 19/95 CANE)(Conf. Sala, Acdeel E. ""Influencia del proceso penal sobre la acción de responsabilidad civil", ponencia presentada en Jornadas Australes de Derecho -Comodoro Rivadavia-, ob. cit, pág. 220).

En esta misma dirección, es pertinente traer a colación el lúcido pensamiento de Augusto Morello, el que fuera expuesto en la memorable Asamblea de las "Jornadas Australes de Derecho" llevadas a cabo en Octubre de 1980 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en las que señaló que el juez penal no tiene porqué entrar, ni siquiera "obiter dictum", en supuestos o circunstancias complementarias que no hacen específicamente a la motivación de la condena o la absolución penal, añadiendo que todo aquello del fallo criminal que deba ceder por excesivo, no le quita al juez civil la posibilidad de entrar y verificarlo ulteriormente; indicando que en tal caso se trataría "...de una demasía, desde el punto de vista del juez penal sobre su competencia propia, una quiebra del principio de congruencia objetiva, lo que técnicamente llama Aragonese una demasía decisoria por abusar del límite objetivo del conocimiento y de su competencia funcional".

Y agregó: "frente a la demasía debe el juez civil, por razones propias de conocimiento y por este juego operativo funcional de los arts. 1096 y 1.103 -del Cód. Civil, agrego- , reservarse para sí todo lo que no concierne al hecho principal..."(Conf.: "Responsabilidad Civil", Jornadas Australes de Derecho, edición del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia 1984, pág. 241).

Entiéndaseme, no afirmo que el tribunal que sentenciara en sede penal incurrió en demasía, sino que en aquello que no le era dado juzgar -conducta de la víctima- no proyecta en su decisorio la cualidad de cosa juzgada prevista por los Arts. 1.102 -condena- y 1.103 -absolución- del Cód. Civil.- Es que, aún cuando pueda interpretarse válidamente que a través de tal hermenéutica se propicia una nueva evaluación de las conductas de los partícipes del accidente, es de mi opinión, que ésta es la correcta comprensión de la norma en juego.

Advierto que, inclusive, aún cuando la cuota de imprudencia puesta por el actor damnificado en autos fuera enorme, ello no excluye en ninguna medida la que le corresponde al imputado en sede penal puesto que, en materia de lesiones culposas, la probable concurrencia de culpa de la víctima carece de relevancia para determinar la posible responsabilidad penal del encartado en virtud que, en el ámbito penal, no se admite la compensación de culpas (Conf. Stiglitz Gabriel A.-Echevesti Carlos A. "Las relaciones entre la acción civil y la criminal", en "Responsabilidad Civil 9", dicr. Alberto Bueres, Ed. Hamurabi, 2da. reimpresión, año 1997, Cap. XXII, págs. 551/565; Llambías, Jorge J., op. cit. pág. 776, n° 11 y en "Obligaciones", T. IV-B, pág. 84 y sgtes; Bustamante Alsina, "Teoría general de la Responsabilidad Civil", Nro. 1664 y 1665; Salvat y Acuña Anzorena, "Fuentes de las obligaciones", T. IV, nro. 956).

Es que, de lo que se trata en la esfera de la responsabilidad civil es de establecer, a partir de un presunción legal de causalidad derivada de la intervención de una cosa generadora de riesgo -automóvil-, si opera algunos de los supuestos taxativamente previstos por la Ley sustantiva que producen la ruptura del nexo de causalidad presumido entre daño y cosa riesgosa aludido. Y para ello, habiendo sido dirigida la demanda en contra del conductor del vehículo Renault 12 partícipe del choque, opera ésta como una suerte de efecto cuasi-constitutivo -en su contra- de tal presunción.

Si el actuar del actor damnificado cortó o no la relación causal entre el resultado dañoso y el riesgo de la cosa, tal cual lo postula el demandado en autos al invocar como eximente "la culpa de la víctima" (rectius: hecho de la víctima), es materia de mérito en esta sede civil verificarlo.

Respecto al punto sujeto al análisis de este fuero civil, entonces, la juzgadora del anterior grado estimó que "...Las alegaciones de la citada en cuanto a la velocidad de la motocicleta, su ubicación y todo dato inherente a la circulación de S. , pierden toda virtualidad si su asegurado violó de manera temeraria las normas de tránsito provocando su conducta una alteración y obstáculo en la marcha normal del actor resultando exclusivo generador del daño que se le atribuye..."(sic)(fs. 380 Infine").

La parte demandada ahora recurrente postula en sustento de su impugnación, apoyada en el deber de cuidado y prevención conservando el dominio "...teniendo en cuenta los riesgos de la circulación y demás circunstancias del tránsito..."(sic) que se le exige en la Ley de tránsito a todo conductor de un vehículo (conf. art. 39, inc. b de la ley 24.449 y Ley de adhesión 4165), que el actor en la oportunidad no lo hizo.

Para efectuar tal aserto sostiene que no produjo ninguna prueba que acreditara su imposibilidad de observar la trayectoria del automotor de su parte y, a partir de ello, que se viera impedido de efectuar una maniobra evasiva o simplemente frenar. Resalta la confesional prestada por el Sr. S. quien en su confesional expuso que no tenía por que frenar dado que contaba con luz verde (ver respuesta a la 6ta. posición -fs. 241-).

Seguidamente cuestiona que se pudiera ver sorprendido por la aparición del vehículo según el lugar en el que ocurre el accidente pasando a ponderar la distancia indicada en el croquis policial como lugar del impacto y aseverando que la motocicleta circulaba alejada del lugar de giro del automotor.

He transcripto las porciones más relevantes vinculadas a la presente crítica toda vez que de su lectura y comparación se advierte fácilmente que la impugnante en puridad expresa un desagrado con la valoración que efectuara la juzgadora al emitir su veredicto.

Digo así, por cuanto no es cierto que no valorara las circunstancias de velocidad, ubicación o cualquier otro dato relacionado a la circulación de la moto del actor sino que las tuvo como irrelevantes a partir de la maniobra antirreglamentaria, a la que califica como "temeraria".

En tales términos, bien que pueda compartirse que la juzgadora incurrió en cierta circunspección en su tarea valorativa, ésta no se encuentra ausente tal como lo alega la impugnante sino que la realizó de manera resumida, esto es, en pocas palabras y sin circunloquio.-- ---- Por otro lado, añado de mi cuño, que no puede predicarse que de la confesional producida por el Sr. S. pudiera extraerse la inferencia que invoca la impugnante en su propio y particular mérito. Ello puesto que en los términos contemplados por el art. 424 del C.P.C.C., en el caso bajo análisis, no puede separarse las contestaciones que merecieran de parte del actor cada una de las posiciones adoptando aquellas que le fueron desfavorables a su posición y descartando las que le son favorables, siendo su confesional indivisible por lo que debe ser apreciada en su conjunto. Y en tal sentido, nótese que respondió afirmativamente que la moto impactó precisando de inmediato que el coche fue el que le pegó de costado.

Ante la afirmación de que previo a impactar omitió efectuar el frenado de la motocicleta, respondió que no tuvo tiempo, que lo sorprendió el coche añadiendo "...no tendría porque haber doblado ahí..."(sic). Ante la afirmación consistente en que el automotor del demandado iniciaba el giro al momento de impactar, respondió que no era cierto porque cuando lo vio lo impactó, agregando, que no tuvo tiempo de frenar ni nada.

Luego, al responder a la sexta posición adujo no tener porque frenar si venía por la onda verde, reiterándolo en la respuesta a la séptima (vide: fs. 240/241).- Es bien distinta la apreciación que emana del conjunto de respuestas dadas por el actor en su confesional que aquella que efectúa la impugnante valorándola parcialmente.

Pero, aún cuando se considerare que pudiera ser dicha confesional de aquellas que se engloban en los supuestos que habilitar a la divisibilidad en la apreciación de la confesional, por tratarse alguna de tales respuestas de los contemplados en los incisos 1° y ° del citado art. 424 del Código del rito, encuentro que las aseveraciones vinculadas a cuál fue el vehículo embistente, a si tuvo o no tiempo para frenar, o bien si tuvo oportunidad de hacerlo, se encuentra corroborado puntualmente por la pericial accidentológica producida en autos.

En dicha experticia el perito dictaminante, basándose en principios científicos, indica fundadamente en el punto 6.5 cuál fue el vehículo embistente y donde explica, además, la mecánica del accidente (la calidad de embistente del Renault 12 la reitera en la respuesta que da al punto de pericia 6.8); en los puntos 6.6 y 5 explica el experto con sobrados fundamentos técnicos porqué el conductor de la motocicleta no contó con tiempo de reacción suficiente para intentar maniobra defensiva alguna dada la imprevisibilidad de la maniobra del automotor embistente. Todo fue luego reiterado particularizadamente en sus conclusiones.

Destaco en cuanto al lugar en el que ocurrió el impacto que no existen diferencias, destacables al menos, entre aquel que puede observarse en el croquis ilustrativo confeccionado por la policía y agregado en las constancias de las actuaciones labradas en sede penal que se encuentra agregado en copia a fs. 73, y el que se indica en la pericia.

Es que en ambos supuestos se ubica el lugar del impacto en el sector central del cuadrante sur-este de la intersección de la Avda. Gales y calle 25 de Mayo (ver y comparar croquis de fs. 73 y la conclusión del punto 6.7) (Arts. 386 y 477 del C.P.C.C.).

--- No soslayo que dicha experticia fue impugnada por la parte demandada (fs. 314/315 y vta.) empero, a mi juicio, con argumentos que desarrollan un punto de vista meramente discordante, y que se sustentan no solo en yerros valorativos sino que, además, seleccionando parcialmente elementos probatorios inequivalentes en la ponderación final.------ Ello así, por cuanto, a partir de la afirmación del actor hecha en su confesional de que circulaba a una velocidad de entre 40 a 50 km/h (que cabe hacer notar no es exacta allende de la estimación hecha por el confesante y que se contradice con la que fundada en razones científicas indicara el perito), más la distancia del Renault 12, que el perito indicara del posible punto de impacto instantes previos a iniciar el giro antirreglamentario; y, sumado a la afirmación, errada también, de que existen diferencias entre el croquis policial y la pericia en la consideración del posible lugar en el que se produjo el choque tal como ya lo indicara "supra", compone una dinámica del evento que no se explica por sí misma sino que es la expresión de su mero interés en atribuir, en alguna medida, las consecuencias dañosas al actor damnificado.

-------Finalmente, puntualizaré que la violación, que la juzgadora del anterior grado calificara de "temeraria", de las normas del tránsito no es un presupuesto de hecho de menor cuantía en la valoración global de los elementos de juicio valorados precedentemente.

Ello habida cuenta que parto de la base de que toda violación a una norma de tránsito afecta a la seguridad vial, en la medida que potencian el riesgo propio que implica un rodado en movimiento. Desde tal perspectiva pues, es evidente que girar antirreglamentariamente en una avenida semaforizada y de doble mano hacia la izquierda es una falta grave a las reglas de seguridad básicas y que, como tal, puede ser calificada como productora de un peligro abstracto objetivo.

En tal hermenéutica se ha dicho que esta noción de "peligro abstracto objetivo", no constituye una pura abstracción jurídico-doctrinal, sino una realidad emergente de los hechos, ya que la trasgresión genera siempre un conflicto de tránsito, un "cuasi-siniestro" que, de no interrumpirse su secuencia causal por la acción de los sujetos involucrados o por un factor extraño, deviene en un siniestro.

Se añadió en esta dirección de pensamiento que la mayoría de los accidentes en las vías públicas ocurren, no tanto por la violación de las reglas comunes de prudencia, diligencia y pericia, como por la trasgresión de las normas específicas de la circulación, sancionadas como contravenciones (Conf. Tabasso Carlos, "Fundamentos del Tránsito", Ed. Julio Cesar Faira, año 1995, T. 2, págs. 540 y sus citas).--- En consecuencia de lo expuesto, propondré al acuerdo la lisa y llana desestimación del presente agravio. Así lo voto. A).- 1; B).-6).- Incapacidad sobreviniente-porcentual de incapacidad: Ingreso al tratamiento en conjunto de los agravios individualizados en el acápite toda vez que se tratan de distintos aspectos de una misma cuestión, cual es, el modo de determinar el quantum del daño emergente derivado de la afectación de la integridad física del actor con motivo de la incapacidad sobrevenida al accidente.

El actor cuestiona la manera de calcular sus ingresos anuales adoptada por la juzgadora, como también que omitiera considerar las sumas que como ingresos mensuales derivados de su actividad empresarial fueran por él denunciadas en demanda y corroboradas -dice- con la informativa producida en autos a fs. 206/212.-- De su lado, la demandada cuestiona el porcentual de incapacidad indicado por el perito médico dictaminante y que fuera considerado por la juzgadora a quo. Evaluadas las constancias de autos, tengo para mí, que ambas partes cuentan con parcial razón en sus planteos impugnaticios.--- -- Digo de tal manera puesto que, por un lado, le asiste razón al actor en cuanto que al demandar denunció, aún cuando para estimar la cuantía de su reclamo indemnizatorio por el lucro cesante que pretendiera, como ingresos derivados de su actividad en la minería, una suma oscilante entre $ 4.000 y $ 5.000 mensuales (vide: escrito de demanda, punto F) Lucro cesante -fs. 92-).

Pues, dicho hecho afirmado en demanda no mereció de parte de la aseguradora co-demandada en su contestación de la demanda la más mínima observación, remitiéndose en las negativas a negar que hubiera sufrido lucro cesante como consecuencia del accidente (ver negativa 9na. de fs. 109 vta. y cap. III -fs. 110 vta. "in fine"-) (Conf. Art. 356, inc. 1ro. del C.P.C.C.).

Aún cuando no se considerare suficiente la presunción de verdad de los hechos lícitos alegados en la demanda y que no merecieran en la contestación una negativa categórica y puntual de la demandada, hete aquí que tal dato fáctico no solo no se encuentra contradicho sino que con la informativa producida por el municipio de Puerto Madryn se arribaría a montos mensuales promedio mayores aún al denunciado por el actor.

Y, no puedo compartir la razón expuesta por la juzgadora del anterior grado para descartar la valoración de dicha informativa, centrada en puntualizar que existen períodos en los cuales no se denuncia base imponible alguna de lo cual induce a sostener que no existieron ingresos -lo cual de por sí no es exacto dado que pudieron existir ingresos por debajo de la base imponible- y por ello se infiere que la actividad no fue constante.

Tal inferencia es incorrecta máxime en actividades empresariales como las que desarrolla el actor damnificado en la que se puede imaginar como hipótesis perfectamente factible de suceder, que su producción se realice en períodos más extensos que los usuales para otras actividades acumulando stock hasta expedir la partida respectiva a fin de ser colocada en el mercado, lo cual explicaría quizás la irregularidad de los ingresos denunciados en las declaraciones juradas.

Empero, más allá de estas posibles hipótesis, no encuentro razón alguna que pudiera justificar excluir absolutamente la consideración de la información provista por el municipio, magüer que sólo como dato coadyuvante para tener por cierto el dato afirmado por S. en su demanda y que fuera admitido por el silencio que a su respecto adoptara la contraria, en relación a las sumas generadas, en promedio, mensualmente por su actividad empresaria (Arts. 356, inc. 1° y 386 del C.P.C.C.).--- Es por ello que, se tomará como una pauta de base del cálculo respectivo el 25% de la suma de $ 4.000, para considerar una renta por mes equivalente a la suma de $ 1.000 que se obtiene prudentemente de los datos con los que se cuenta como renta mensual; ello así, merced a la irregularidad ponderada de tales ingresos, por lo que estimo atinado reducir la renta mensual a resarcir a un cuarto de dicho monto. De tal suerte, que éste será el valor del factor "a" de la fórmula matemático financiera de aplicación en la especie.------- ------ En cuanto al cuestionamiento formulado por la demandada al porcentual de incapacidad parcial, permanente total padecido por el actor indicado por el perito médico dictaminante (58,2%)(ver: punto "d" de fs. 275 y vta.), también le asiste razón, aunque parcialmente.

Ello habida cuenta que si bien, los fundamentos por los cuales acompañaré su crítica no alcanzan para descartar "in totum" la pericia producida aún cuando sí para adecuar el porcentual indicado a los parámetros resultantes de aplicar la tabla de evaluación de incapacidades laborales seguida por el galeno dictaminante y en virtud de la cual no corresponde computar los porcentuales correspondientes a las repercusiones funcionales de la minusvalía que padece en el miembro inferior izquierdo el actor (Dcto. 659/96, -publicado en el B.O. 27/6/96-, reglamentario del art. 8° de la Ley 24.557).

En tal marco hermenéutico, entonces, corresponderá tener por incapacidad sobreviniente el 36% que resulta de suprimir en el cómputo realizado por el Dr. R. los porcentuales por limitación funcional para la extensión y la flexora (10% y 7% respectivamente), como así también, readecuar el correspondiente a la dificultad intermedia para la realización de las tareas habituales (5,2%) en tanto que si bien es un factor de ponderación añadido se encuentra vinculado a un porcentual sobre el total que se verá modificado (10% sobre el 52% resultante de la incapacidad parcial permanente computada).

De lo dicho, corresponderá tener por incapacidad parcial permanente total a computar a los fines de la determinación del monto indemnizatorio por el presente rubro el 38,5% de la total obrera.------ Con estos nuevos parámetros se efectúan los cálculos respectivos arribando al siguiente resultado, a saber:

i	0,06 a	$ 12.000,00 n	24 c	$150.604,29 Aplicando a la suma de $ 150.604,29, el porcentual de incapacidad sufrido por el actor e indicado como el computable (38,5%), se obtiene el monto del importe por el que finalmente prosperará el presente rubro indemnizatorio; esto es, por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos con Sesenta y Cinco Centavos ($ 57.982,65).--------- ---- En consecuencia de lo dicho, propondré al acuerdo se modifique parcialmente el monto del capital de condena computando este nuevo importe en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente. Así lo voto.--- A).- 2) y B).- 7) Lucro cesante: Ambas partes del litigio se agravian del monto admitido en concepto de lucro cesante.----------- El actor por cuanto, además de resaltar un error aritmético en el fundamento por el cual la sentenciante llega a la determinación del monto por el que admite su reclamo en una suma menor a la pretendida en demanda, aduce que la suma de $ 525 resulta exigua solicitando que se admita el monto que reclamara en demanda ($ 2.000).------ La demandada, en cambio, cuestiona el monto admitido por considerar que no se probó que el actor se desempeñara en el rubro marmolería y que debiera permanecer por 60 días postrado y por igual período con muleta para inferir una merma en su actividad comercial.------------- ----- Ahora bien, no obstante que el actor no da una concreta y razonada crítica que provea de la indispensable materia de análisis para que este tribunal ejerza su facultad revisora, y sin perjuicio de la certeza en el yerro aritmético que se destacara incurrió la juzgadora al realizar los cálculos respectivos según los parámetros numéricos que utilizara, encuentro que merced a que la a quo supeditó la estimación cuantitativa por la cual admite el resarcimiento pretendido por lucro cesante a los ingresos que computara y que ya merecieron tratamiento en el punto precedente, deducido en porcentual (30% ) que estimara como necesarios para afrontar sus gastos personales, bastaría con adecuar la base de cómputo a lo determinado como ingresos del actor para arribar a un monto inferior al pretendido en demanda ($ 1.000-30% = $ 700).------ Es por ello que, a todo evento, según sea el resultado al que se arribe del tratamiento y consideración del agravio formulado por la demandada, debería ingresarse a la evaluación de procedencia de la cuantía fijada en la cuenta liquidatoria de los daños emergentes por el conocimiento pretendido -lucro cesante-, y en su caso, si es susceptible de ser admitida la suma pretendida en demanda por el actor en concepto de lucro cesante de $ 2.000. Ello por razones de orden lógico toda vez que de prosperar el agravio planteado sobre el tópico por la demandada, en cuanto cuestiona lisa y llanamente su procedencia, no tendría caso siquiera ingresar a su tratamiento.----- -------- Ya refiriéndome a los fundamentos en los que sostuviera su impugnación respecto a éste rubro la parte demandada, los cuales se encuentran basados en la falta de prueba del daño cuyo resarcimiento se pretendiera en demanda y que se acogió -aunque en una suma menor- en la sentencia, compartiré que resulta diametralmente distinto probar la actividad desempeñada y las lesiones a la integridad física sufrida por el actor damnificado, con la consecuente inmovilización de la víctima que ellas aparejaran, aspecto éste que fue el considerado por la juzgadora; y, otra es la actividad destinada a la acreditación de las ganancias dejadas de percibir. Esto es, las lesiones padecidas y la convalecencia consiguiente a ellas son datos fácticos que por sí solos no permiten concluir en la producción del lucro cesante. El objeto de la prueba, reitero, en punto a satisfacer la carga de la prueba del daño que se denuncia, está centrado en las ganancias frustradas. Es decir, insisto, no es dable confundir el daño susceptible de acreditar con la situación lesiva que pudiera constituir su génesis.

--- Y, efectivamente, en la especie lejos se está de contar con probanza alguna que permita aseverar la existencia efectiva y concreta de frustración de ganancias que implica el lucro cesante.- En esta dirección soy de la opinión que, a diferencia del daño emergente -que constituye un menoscabo a los valores económicos ya existentes, un empobrecimiento del patrimonio-, el lucro cesante se genera cuando lo que se pierde es una ventaja económica esperada, un enriquecimiento patrimonial previsto (Conf. art. 1069 del Código Civil). Y, de allí, para que sea procedente la indemnización por lucro cesante no basta con probar la simple posibilidad de haber obtenido una ganancia, sino que es necesario demostrar la privación de un acrecentamiento patrimonial que el actor hubiera podido obtener verosímilmente, conformando de este modo un daño cierto. Por lo dicho, concluiré que procede admitir el agravio postulado por la parte demandada debiéndose detraer del monto del capital de condena del fallo en crisis la suma parcial admitida en concepto de lucro cesante ($ 525). Y, atento a tal conclusión, me eximo de ingresar siquiera al examen del agravio que formulara la parte actora tendiendo a obtener un aumento de la cuantía por la que se acogiera en el anterior grado dicho rubro. Así lo dejo propuesto al acuerdo se resuelva.

- B).- 5) Daño material-falta de adecuación con los daños sufridos por la motocicleta: Básicamente se cuestiona que se hubiera considerado a los fines de cuantificar el presente ítem los costos de repuestos necesarios para la reparación daños que exceden de aquellos que fueran consignados como derivados del accidente por el perito mecánico N. P. en sede policial (fs. 77) incluyéndose otros indicados por la pericia mecánica producida en autos.-------- La Sra. Juez a quo expresó al respecto que "La citada impugna la pericia en cuanto a la magnitud de los daños señalando que difieren de los expuestos en el informe técnico (fs. 77). Será desestimada y ello en tanto los daños indicados por el Sr. Porreta en su informe técnico son compatibles con los discriminados por el perito C. y no existe en definitiva prueba en contrario a la misma que amerite apartarme de sus conclusiones...."(sic)(ver sentencia -fs. 380 "in fine" y 381-). Como es de ver fácilmente del párrafo transcripto el agravio bajo análisis no resulta ser más que una reiteración de planteos que ya fueran formulados en la anterior instancia y que merecieron respuesta de parte del juzgador.-- En tal sentido, es de reparar que la sede de la apelación es una instancia de revisión crítica donde lo que se ataca o defiende, pondera, analiza, apuntala o demuele es el pronunciamiento del juez en función de sus impropiedades o desaciertos. No es una instancia para reiterar argumentos buscando ganar en su replanteo una suerte diversa de la obtenida en primera instancia; muy por el contrario, tiene por finalidad realizar la crítica concreta y razonada del fallo que se impugna. En tal dirección la impugnación del fallo reproduciendo los argumentos de actuaciones anteriores, para lo cual bastará con remitir a la lectura de los escritos de contestación de demanda (fs. 110 vta.), el escrito por el que se pidiera un nuevo traslado de la pericia mecánica (fs. 197), la impugnación que a la ampliación de pericia efectuara la recurrente en el anterior grado (fs. 216) y en el escrito de impugnación de la pericia accidentológica (fs. 314); no constituye expresión de agravios en los términos formales exigidos por el art. 265 del C.P.C.C..-- Sin perjuicio de lo antedicho, expondré a título "obiter dicta" que a todo evento era carga de probar que pesaba sobre la demandada impugnante el presupuesto de hecho que alega desde la traba de la litis y que reiterara al evacuar los traslados de las pericias producidas en autos (inadecuación de los daños sufridos por la motocicleta en el accidente con los presupuestados). Es así que los tribunales han sentado presunciones de causalidad que permiten, a partir de la prueba del daño, concluir en que es fruto del accidente si éste aparece como idóneo para haberlo causado y salvo prueba en contrario. En tal tesitura se ha precisado que en realidad más que una presunción de causalidad se trataría de un "juicio" de causalidad adecuada, porque éste se sustenta siempre en una valoración sobre la congruencia entre un hecho y los resultados que se le atribuyen, operación mental que es la que efectuara precisamente el perito accidentólogo al expedirse sobre el punto n° 6.1 (fs. 303) y que corrobora lo dictaminado en el mismo sentido por el perito mecánico (fs. 165 y vta. y 199 y vta.) no hallando elemento ni motivo alguno que permita apartarse de tales conclusiones periciales como bien lo indicara la juzgadora (Ver: jurisp. cit. por Zavala González, Matilde en "Resarcimiento de daños -1 daño a los automotores-", ed. Hammurabi, 2do. reimpresión, ed. año 1996, pág. 37).--------- n	Habida cuenta de todo lo expuesto, concluiré entonces, que corresponde tener por desierto parcialmente el recurso planteado en cuanto se vincula al pretenso agravio bajo examen (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto.- B).- 8).- Gastos médicos, farmacológicos y sanatoriales: En tanto que se arguye como único fundamento de este agravio que no se probó la realización de estos gastos desatendiendo, permítaseme la expresión, de manera grosera, que la sentenciante indicó como eje fundante de su admisión no solo que el perito médico dictaminante señaló que los gastos que se reclaman se ajustan a los requeridos para una lesión como las padecidas de acuerdo a los valores del mercado farmacéutico y sanatorial en el momento en que ocurrió destacando, marcando inclusive que al momento del siniestro el actor carecía de obra social; sino también, que pacífica y reiterada jurisprudencia entiende que no es imprescindible acreditar con comprobantes tales erogaciones cuando existe que se han debido afrontar por la propia naturaleza de las lesiones sufridas con motivo del accidente.------- Es por tal razón que encuentro que no hay crítica alguna que atender por lo que propondré al acuerdo se declare desierto parcialmente el recurso respecto al punto por carecer el mismo de suficiencia técnica (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto.------ A).- 3).- Daño moral: Postula que si bien el argumento expuesto por la juzgadora para admitir la reparación que reclamara por daño moral es acertado, no lo es para cuantificarlo en tanto indica que la suma por la cual lo admite no es equitativa respecto al perjuicio sufrido.----- n	--- Se ha dicho que el daño moral importa una concreta "modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial"(Conf. Pizarro, Ramón D., en "Daño Moral", Ed. Hammurabi, ed. año 1996, pág.47; ver Mosset Iturraspe, Jorge, en "Responsabilidad por daños", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. V, págs. 137 y vta.)(conf. S.D.C., sala B, Nros. 05/01 y 16/01 CANE).-- Y desde tal perspectiva encuentro indudable que habiendo el actor sufrido un menoscabo a su integridad psicofísica tal nocimiento se traslade e impacte como un concreto daño daño moral. Al respecto, cabe ponderar que las afecciones espirituales derivadas de lesión a la integridad física desencadenadas por un factor traumático (el hecho que obliga a responder) tienen siempre cierta relación, más o menos intensa, con la personalidad de la víctima. Igualmente ejerce influencia en ello la conformación y resistencia del sujeto, su mayor o menor fuerza de espíritu como también, la posibilidad de recuperación que se le augure. Es decir, es impensable que se pudiera denegar una pretensión resarcitoria por daño extrapatrimonial derivada de una lesión a la integridad física como la sufrida por el actor (con una discapacidad parcial y permanente como la que se dictaminara y con pronóstico desfavorable en su evolución) que, además, genere -como sucedió en la especie- una potencial pérdida de ganancialidad futura por la minusvalía derivada de dicha lesión aún cuando el actor continúe trabajando en la misma actividad comercial que antes.----- En tal dirección, tengo para mi que la cuantificación del daño moral, en última instancia, queda librada al prudente arbitrio del juzgador, allende de los parámetros subjetivos o pretendidamente objetivos que se utilicen; en el entendimiento que lo que se ha de ponderar para la fijación del resarcimiento por daño moral es si la suma que se admite es suficiente para posibilitar a la víctima acceder a actividades sociales, deportivas, culturales y familiares que tengan la virtud de distraerla de la afección que lo embarga. Y, en tal posicionamiento éste ha de ser, pues, el parámetro para justipreciar su cuantía. Y con tal propósito es útil recurrir a la misma fórmula matemática financiera que utilizara precedentemente, aunque aplicada inversamente, al solo efecto -reitero- de esclarecer tal parámetro de verificación.- n	-------- Es decir, a partir del capital admitido en la sentencia ($ 5000), se obtendrá la renta que él produciría mes a mes durante el lapso considerado de suerte tal que el capital se vaya agotando hasta extinguirse al finalizar el lapso resarcitorio. El mismo se representaría del siguiente modo:

c	$5.000,00 n	24 a	$398,40 Así, si se somete a tal revisión el monto fijado por la sentenciante a quo, esto es "c" -que es el capital ($ 5.000)-, computando como "n" 24 años-que es el lapso de vida útil considerado y que toma como tope la edad de jubilación ordinaria, dado que al momento del accidente el actor tenía 41 años y se hallaría en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios a los 65; e, "i" -que es el interés anual (0,06%)-; se arriba a una renta anual de $ 398,40.-------- -- Este importe divido por los meses del año arroja la suma mensual de $ 33,20. De ello es que, advierto, efectivamente resultaría exigua a tenor de las mismas circunstancias evaluadas por la sentenciante.---- Es por ello que propondré al acuerdo admitir el monto que por tal concepto pretendiera en demanda ($ 7000), la cual pondero que sería más ajustada (en la medida que no resulta para el peticionante ni excesiva ni exigua y en el marco fáctico subjetivizado bajo examen) atento a la finalidad o sentido "distractivo" o compensatorio que se propicia. Máxime cuando los límites de la congruencia no permiten admitir montos superiores a los pretendidos por el actor y que, quién mejor que el mismo damnificado ponderaría cuál es la cuantía de la indemnización por daño moral la más adecuada para compensarlo de los sufrimientos espirituales, siempre desde la óptica que permita evaluar que su resarcimiento le posibilite acceder por su intermedio a otros placeres, justipreciando de tal modo la cuantía de la reparación del daño moral que tal lesión le apareja durante el lapso indicado (24 años).--- -- Por tales consideraciones, concluiré, en que el presente rubro habrá de prosperar por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000). Así lo dejo propuesto al acuerdo. III. Apelación de honorarios:---- El Dr. N. plantea impugna, por su propio derecho, los honorarios que le fueran fijados en la anterior instancia, por estimarlos bajo. A su vez, por su representación, impugna las regulaciones de honorarios efectuadas en la sentencia de 1ra. instancia por estimarlas elevadas (vide: fs. 391 y 392 respectivamente). Entrando al análisis primero de la impugnación deducida por el Dr. N. en su propio interés, destaco que el mismo mereció como regulación por su actuación cumplida en primera instancia la suma equivalente al 23,40%, si bien distinguiendo las distintas representaciones que ejerce en la presente causa (11,7% por cada representación). Pues, adviértase al respecto que tratándose de un litisconsorcio facultativo el que conformara el polo pasivo de la relación jurídica procesal los demandados, cabe considerar que existió una única representación como, de hecho, aconteció en la especie donde lo actuado por el letrado apoderado de ambas en puridad produjo la totalidad de sus postulaciones e intervenciones por la aseguradora co-demandada toda vez que el Sr. L. R. fue primero declarado rebelde y luego, si bien cesó en su rebeldía por cuanto concurrió a estar a derecho en el proceso, no hubo presentación individual alguna por su sola representación. En consecuencia, cabría entender que se cumplió una actuación conjunta de la representación que permite computarla como que hubiera existido una única representación (Doct. del art. 11 de la ley 2.200). En tal dirección, encuentro que su regulación inclusive excede la alícuota que de común se fija en esta Circunscripción Judicial para el letrado apoderado de la parte vencedora en juicio, la que alcanza a la suma equivalente al 19,6% del monto de condena. Habida cuenta de ello, y destacando que dicha representación lo fue de la parte que resultó vencida en el proceso, no encuentro resquicio alguno que pudiera dar andamiento al recurso planteado. Así pues, propondré al acuerdo la desestimación del recurso de apelación deducido por dicho letrado por su propio derecho. En cuanto a la apelación planteada por la parte demandada respecto a todos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por altos adelanto opinión en cuanto que le asiste parcial razón.

Paso a explicarme.--------- Los honorarios fijados, en conjunto, para la representación de la parte actora, Dres. C. y C. , fue por la suma equivalente al 16,9% del monto de condena. Dicha regulación, adelanto, resulta menor de aquella que usualmente se establece para los letrados que intervinieran en representación de la parte vencedora en el pleito y que fuera ya indicada precedentemente no habiendo argüido razón alguna la Sra. Juez a quo para cuantificarla en tal alícuota menor. Empero, como los titulares del derecho no impugnaron por baja dicha regulación no cabe más que tenerla por consentida y firme a su respecto, no procediendo modificarla por alta dados los motivos antes expresados.-- En cambio, por lo que vengo de exponer, cae de suyo que sí procederá el recurso en relación a la regulación que mereciera su representación letrada ejercida por el Dr. L. A. N. , a quien como se indicara "supra" debió regulársele en un único porcentual, por su actuación conjunta en representación de los co-demandados, la suma equivalente al 19,6% (Conf. arts. 6, 7, 9, 11, 19, 37, 39 y 47 de la Ley 2.200).--- Finalmente, los honorarios fijados a los peritos, evaluada su incidencia o eficacia probatoria que se le atribuyera para la decisión de la causa y atendiendo a la calidad de su tarea, según los principios científicos y técnicos en los cuales se fundaran, estimo que los mismos no son elevados, por lo que propiciaré la desestimación del recurso a su respecto.-- Es por ello que propiciaré al acuerdo la desestimación del recurso de apelación interpuesto por su propio derecho por el Dr. L. A. N. respecto a los honorarios que le fuera regulados por bajo; y, admitiendo parcialmente el recurso de apelación planteado por la parte demandada en autos, para revocar parcialmente el fallo en cuanto a la regulación de honorarios del Dr. L. A. N. , fijándolos en la suma equivalente al 19,6%, con más el I.V.A. pertinente. Todo ello, sin costas atento que la apelación de honorarios no las generan. Así lo voto.----------- n	IV.- Conclusión:---- Por todo lo expuesto, corresponderá revocar parcialmente el fallo venido en apelación para elevar el capital de condena a la suma de Pesos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno con Ochenta y Dos Centavos ($ 84.571,82), con más los accesorios fijados en el anterior grado; modificando, asimismo, la regulación que mereciera el Dr. L. A. N. , fijándola en la suma equivalente al 19,6%, con más el I.V.A. pertinente.- Desde que el incremento del monto condenatorio no altera las calidades de vencedor y vencidos que el actor y los demandados presentan en la anterior instancia, mientras que los honorarios que le fueran regulados son alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente al nuevo importe, no será menester practicar las adecuaciones previstas en el art. 279 del C.P.C.C.. Prosperando dos de los tres agravios planteados por la parte actora -los correspondientes a la cuantía por incapacidad sobreviniente, aunque parcialmente, y por daño moral-; y prosperando solo dos de los cinco que formulara la demandada -prosperó parcialmente su postulación relacionada a la porcentualidad de la incapacidad sobreviniente a computar y totalmente el relativo a la improcedencia del lucro cesante- se delinea en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las costas, imponiéndolas en un 75% a la parte demandada y en el 25% restante al actor, por responder tales guarismos, a mi ver, a las porciones de éxitos y derrotas obtenidos en esta instancia por los litigantes (Conf. arts. 71 y 279 del C.P.C.C.). Los honorarios de los Dres. E. M. C. , letrado apoderado de la parte actora y L. A. N. , letrado apoderado de la parte demandada; por sus tareas de alzada , apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 30% y 28%, de las regulaciones que mereciera su respectiva actuación en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).---- n	Finalizo el tratamiento de esta cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.------ A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó: Dada la claridad con la cual el Sr. Magistrado antes sufragante reseñara la sentencia apelada de fs. 378/385, y los agravios que contra la misma expresaran la actora a fs. 421/426 y la demandada y citada en garantía a fs. 428/433, me remito a dicha reseña en homenaje a la brevedad. A fin de un más ordenado análisis seguiré el orden propuesto por el Dr. Lucero, amén de que el mismo responde a reglas de lógica en el examen de las diversas cuestiones planteadas.----------- I.- Comenzaré por tratar los agravios de ambas partes relacionados con el fondo de la decisión cuestionada.---------- 1) La demandada en su primer agravio se queja de que si bien por aplicación del art. 1102 del C. Civil después de la condenación penal no se puede contestar en sede civil la existencia del hecho principal ni la culpa del condenado, ello no obsta a que el juez civil indague si existió culpa de la víctima. En ese marco entiende que la sentenciante de grado debió valorar que sobre ambas partes cabía el deber de evitar el daño, dado lo dispuesto por el art. 39, inc. b) de la ley nacional de Tránsito. Concluye que, no obstante que el demandado llevó a cabo una maniobra prohibida, el actor no acreditó la imposibilidad de observar la trayectoria del automotor conducido por aquél ni que no pudiera frenar o evadir la colisión, señalando que al absolver posiciones S. manifestó que no tenía por qué frenar dado que venía con onda verde (ver fs. 428/429).-- Al respecto he de decir que el art. 1102 del C. Civil estipula: "Después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado". Es así que la sentencia penal condenatoria del acusado hace cosa juzgada en materia civil con respecto a la existencia del hecho constitutivo del delito, y a la culpa del condenado. Por tanto no cabe discutir en el juicio civil que el hecho no existió, o que el demandado no fue su autor, como tampoco que él no fue culpable, si sobre todos esos puntos existe un pronunciamiento de los tribunales represivos que no admite revisión por los juicios civiles" (conf. Llambías, J.J.: "Código Civil Anotado", Tº II-B, pág. 404, 2).

n	En lo que no hace cosa juzgada es en lo referente a la culpa concurrente, ya que el juez civil conserva libertad de apreciación con respecto a todo lo que no sea la existencia del hecho constitutivo del delito y la culpa de su autor. En consecuencia está habilitado el juez civil para estimar si ha mediado culpa concurrente del damnificado y ello aún cuando hubiese sido descartada por el juez penal para calificar el hecho delictivo, así como también apreciar la medida en que la culpa de la víctima ha de influir para disminuir la indemnización a su favor (conf. Llambías, op. cit., ídem, íd., 5). En sentido concordante se ha admitido que la declaración de culpabilidad del imputado no impide invocar en sede civil la culpa concurrente (conf. Belluscio-Zannoni: "Código Civil Comentado...", Tº 5, pág. 308, pto. b). La jurisprudencia ha reconocido que ante la sentencia condenatoria se pueda plantear la concurrencia de culpas de la víctima o de un tercero, sin embargo debe acotarse que ello también es posible de ser neutralizado por la parte damnificada invocando la complementación con el sistema objetivo de atribución de responsabilidad. De manera tal que hay que analizar el caso concreto y observar que existen amplias facultades del juez civil, pero éstas no deben invadir aquellas cuestiones en las que ya recibió sentencia penal firme y que refieren al hecho principal y a la culpa del condenado. Se abre la posibilidad de discutir la culpa de la víctima, o la de un tercero, pero también la posibilidad de que estos elementos sean neutralizados por la responsabilidad objetiva del autor del delito y causante del daño (conf. Piedecasas, Miguel A: "Incidencia de la sentencia penal en relación con la sentencia civil", en Revista de Derecho de Daños, 2002-3, Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 80/81).---- n	- Sentado lo anterior, cabe expresar que la Sra. Jueza "a quo" no omitió considerar la conducta del actor en el siniestro, ya que expresamente se pronunció en el sentido que "Las alegaciones de la citada en cuanto a la velocidad de la motocicleta, su ubicación y todo dato inherente a la circulación de S. , pierden toda virtualidad si su asegurado violó de manera temeraria las normas de tránsito provocando su conducta una alteración y obstáculo en la marcha normal del actor resultando exclusivo generador del daño que se le atribuye" (conf. fs. 380 "in fine"). La recurrente cita en apoyo de su crítica el art. 39, inc. b) de la ley 24449 -por adhesión de la ley provincial 4165-, la absolución de posiciones del actor y que resulta contrario a la lógica que éste se viera sorprendido por la aparición del otro vehículo, lo que revela su falta de atención (ver fs. 428 vta./429). Con relación a la norma legal mentada, la misma establece el deber de los conductores de "En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito".-En su absolución de posiciones (ver fs. 241), el actor expresó que no tuvo tiempo de frenar, que el auto lo sorprendió y que no tendría que haber doblado ahí (ver respuesta segunda), ratificando que lo vio cuando lo impactó (ver respuesta cuarta), agregando que no tenía por qué frenar porque tenía onda verde (ver respuesta sexta).- Por su parte la pericia accidentológica determinó la maniobra antirreglamentaria realizada por el demandado, esto es girar a la izquierda a pesar de la expresa prohibición para hacerlo y de esa manera invadir el carril de circulación de la motocicleta (ver pericia a fs. 304/305), siendo dicha maniobra imprevisible por ser prohibida, lo que no dio tiempo de reacción al actor (ver pericia a fs. 310). Es cierto que el ahora apelante impugnó la pericia, cuestionando básicamente que la maniobra del Renault hubiera sido imprevisible y sorprendiera a S. (ver fs. 314/315). Sin embargo no repara el recurrente que por ser una maniobra prohibida de por sí deviene en imprevisible y resulta creíble la sorpresa manifestada por el actor. Por lo demás de la confesional rendida por el actor se confirma dicha sorpresa e imposibilidad de reacción. En el marco del art. 39, inc. b) de la ley 24449, no parece serio que una maniobra realizada con un automotor prohibida con expresa señalización pueda ser considerada una contingencia del tránsito que el conductor promedio deba prever, por lo que no encuentro incumplimiento alguno de la norma referida por parte del actor. Encuentro sí un fuerte paralelismo entre la infracción cometida por el accionado con aquella que importa la violación de la señal lumínica, siendo copiosos los antecedentes jurisprudenciales en que en tales casos resulta indudable la exclusiva responsabilidad del infractor (ver jurisprudencia citada en Revista de Derecho de Daños 3, Accidentes de tránsito-III, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 336). Es así que fue correcto el análisis de la sentenciante de grado en cuanto a endilgar la total responsabilidad del evento al demandado, acordando la propuesta del vocal preopinante del rechazo del agravio.-- n	2) En lo que se refiere al rubro incapacidad sobreviniente, la actora objeta la forma de cálculo de sus ingresos que hiciera la jueza de la anterior instancia, dado que parte de los $ 20.000 que se peticionaran en carácter provisorio, lo que arroja un ingreso anual de $ 1.574 y por ende uno mensual de $ 131,16, puntualizando asimismo errores en la aplicación inversa de la fórmula matemático-financiera correspondiente (ver fs. 422 vta.). Reitera que estimó provisionalmente este rubro pero dejó librado el monto definitivo de este resarcimiento a lo que resultara de la prueba de autos (ver fs. 423 vta.), que existe prueba informativa que acredita sus ingresos (ver fs. 423, 1er. párrafo), expresando que resulta absurdo que se tome un ingreso anual de $ 657,94 (ver fs. 424, 3er. párrafo). En cuanto a la demandada cuestiona el porcentual de incapacidad que determinara el experto (ver fs. 431/432).-- Comparto lo expresado por el Dr. Lucero en lo relativo a que la actora estimó un ingreso mensual de $ 4.000 a $ 5.000 (ver fs. 92 "in fine"), así como que la contraria no cuestionó dicha cuantificación (ver fs. 109 vta. y 110 vta.). Por su parte, de las declaraciones juradas presentadas por el actor a los fines del pago del impuesto sobre los ingresos brutos se desprende (ver fs. 208/212), como bien dice el vocal que votara en primer término, que si se toma el promedio de las mismas se superaría dicho monto, aún cuando del contenido de las mismas se aprecia la irregularidad -al menos por períodos mensuales- de los ingresos denunciados. En consecuencia, tal como lo expusiera la sentenciante de grado no resulta atendible promediar los ingresos denunciados (ver fs. 382, anteúltimo párrafo), sin embargo ello no importa no considerar el monto denunciado como ingreso mensual. En tales condiciones aparece razonable la reducción del citado monto de $ 4.000 mensuales al 25% como lo propone el Dr. Lucero, siendo así la suma de $ 1.000 mensuales el valor correspondiente al ítem "a" -renta que en este caso se expresa en términos mensuales- para otorgar contenido a la fórmula matemático-financiera. No dejo de valorar para ello que si bien la suma requerida de $ 20.000 por este rubro era de carácter provisorio (ver reserva expresa efectuada a fs. 92, 4to. párrafo), la misma resulta relevante como pauta de apreciación de los ingresos a determinar. En cuanto al agravio vertido por este rubro por la demandada, la misma acusa de contradictorias las conclusiones del perito médico, dado que de acuerdo a la Tabla de Evaluación de Incapacidades que utilizara el experto, el grado de incapacidad se reduce al 35% (ver fs. 431 vta., anteúltimo párrafo). El experto, como dice la recurrente utilizó la tabla referida de acuerdo al Decreto 659/96 -reglamentario de la ley 24557- (ver fs. 275/276)-, por lo que le asiste razón a la quejosa en cuanto a que no deben sumarse todos los porcentajes que calculara en la pericia, ya que expresamente prevé el decreto antedicho que en caso de secuelas de fracturas no debe adicionarse la incapacidad correspondiente a repercusión funcional y acortamiento del miembro, correspondiendo la readecuación del porcentual por la dificultad intermedia para la realización de tareas habituales. Es así que comparto el porcentaje final al que arriba el Dr. Lucero del 38,5%.----------- n	---------- En base a los parámetros determinados, y cotejados los guarismos que resultan de la aplicación de la fórmula tal como la confeccionara el vocal prevotante, los mismos resultan correctos, por lo que, concordando con el mismo, concluyo en que el ítem aquí analizado prospera por la suma de pesos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y dos con sesenta y cinco centavos ($ 57.982,65), correspondiendo modificar en tal sentido la sentencia de origen.-- 3) En cuanto al lucro cesante, también resulta un tópico apelado por ambas partes. La actora endilga a la decisión en crisis un error de cálculo por haberse tomado un valor de $ 682,50 como ingreso mensual a considerar, el cual no se corresponde con los valores mencionados en el punto IV, apartado "d" del fallo (ver fs. 425, segundo agravio). Por su parte la accionada aduce que ninguna prueba produjo la actora, como para permitir derivar, aún presuncionalmente, la existencia del lucro cesante (ver fs. 432 vta. "in fine"/433, 1er. párrafo).

n	-- Dado que la demandada cuestiona la procedencia "per se" del reconocimiento del rubro cuestionado, mientras que la actora ataca la decisión exclusivamente en el aspecto cuantitativo que se admite, por cuestiones de orden lógico trataré en primer lugar el agravio de la accionada. El lucro cesante se define como la ganancia de la que fue privado el damnificado por el acto ilícito y es declarado por el Código Civil como resarcible dentro del daño patrimonial al lado del "perjuicio efectivamente sufrido" o daño emergente (art. 1069) (conf. Zavala de González: "Resarcimiento de daños", Tº 2 a, pág. 309). El mismo requiere de prueba categórica y concreta respecto de las ganancias dejadas de percibir (conf. aut. cit., op. cit., ídem, págs. 313/314). Al respecto he de compartir lo expuesto por la agraviada, por cuanto el actor acreditó sus ingresos y las lesiones que padeciera (ver pericia médica de fs. 274/279), mas no probó la frustración de ganancias. Es de destacar que de las lesiones referidas es dable inferir que el actor no haya podido desempeñar personalmente su actividad laboral, mas ello no importa de por sí la pérdida o merma de utilidades, dado que bien habría podido continuar dicha actividad sin que sea necesario su empeño personal en el desarrollo de las tareas que implican su fuente de ingresos. De hecho la sentenciante de grado expresó que no está demostrado que S. se desempeñara personalmente (ver fs. 383 vta, 1er. párrafo), lo que no fuera cuestionado, mas encuentro que yerra la "a quo" al hacer derivar de la acreditación de las lesiones y de la actividad desempeñada una merma de ganancias del orden del 30%. En consecuencia, y en un todo coherente con la ausencia de prueba fehaciente de las frustración de ganancias, tal como se dijera "ut supra", corresponde receptar el agravio de la demandada, debiéndose rechazar este rubro, detrayéndose el monto reconocido de $ 525.-- 4) Trataré seguidamente el agravio de la demandada con relación al resarcimiento de los daños causados en la motocicleta del actor. La queja está enderezada a destacar la disparidad entre los daños causados en el rodado como consecuencia del evento y que surgen del informe del mecánico policial correspondiente y los que consignara el perito mecánico en un dictamen que oportunamente se impugnara, atacando la decisión de la instancia de origen en cuanto no consideró la disparidad apuntada (ver fs. 429 vta./431). Al respecto cabe decir que esta disparidad ya fue referida en el escrito de impugnación de pericia de fs. 216 (ver 3 er. párrafo). La Sra. Jueza "a quo" se hizo cargo de dicha impugnación desestimando la misma por considerar que los daños indicados en el informe del mecánico policial son compatibles con los discriminados por el perito C., no existiendo prueba en contrario que amerite que se apartara del dictamen del experto (ver fs. 380 vta. "in fine"/381, 1er. párrafo).

n	-- Ante dicho razonamiento de la juzgadora, el quejoso se limitó a reiterar lo expuesto en la impugnación de pericia, denunciando la referida disparidad entre los daños enunciados en uno y otro informe. Es sabido que la expresión de agravios debe contener un análisis de la sentencia, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido y las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (conf. CN. Civ., Sala A, 12/11/81, LL, 1982-A-352; íd. Sala E, 07/02/86, LL, 1986-E-206, íd. Sala F, 14/02/85, LL, 1985-C-644, 36.876-S; íd. Sala G, 30/07/86, LL, 1987-E-149; CN. Com., Sala A, 22/08/79, ED, 85-197; entre otros). En el mismo sentido se consideró que no basta con remitirse a presentaciones anteriores (conf. CSJN, 02/05/89, LL, 1989-D-220; CN. Civ., Sala A, 23/10/88, LL, 1988-E-419; íd. Sala D, 16/12/85, LL, 1986-B-619, 37.237-S; entre otros), por ejemplo, transcribiendo pasajes de la demanda, contestación, impugnación de pericia, dado que se trata de un mínimo esfuerzo que carece de fuerza impugnativa pues se olvida que debe criticarse la sentencia y no replantear cuestiones ya examinadas ante el juez de primera instancia. Es que no reúne el carácter de una demanda de agravios si se reduce a una simple reedición de argumentos esgrimidos en primera instancia (conf. Costa: "El recurso ordinario de apelación", pág. 156), cit. en Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993; Tº 1, pág. 942). Es así que también acordaré con el Dr. Lucero que se declare la deserción parcial por insuficiencia técnica en el agravio tratado (conf. arts. 265 y 266 del rito), sin dejar de mencionar como lo hiciera el colega preopinante que la agraviada no se hizo cargo de demostrar en contra de la conclusión del perito, quien detalló los daños en la motocicleta a fs. 165 (presupuesto de fs. 164) y vinculó el origen de los mismos con el accidente de marras a fs. 199 (ver 3er. párrafo).- n	------ 5) La demandada ataca por último la sentencia en lo que respecta al examen de los gastos médicos, farmacológicos y sanatoriales, en cuanto se acoge este ítem más allá de lo que fue documentado, es decir admitiéndose una suma de dinero sin comprobantes (ver fs. 433, 2do. párrafo). Concordaré también en este punto con el Dr. Lucero en que el agravio no se hace cargo del razonamiento de la sentenciante, en cuanto citó jurisprudencia en el sentido que no es imprescindible acreditar con comprobantes determinados gastos médicos y farmacéuticos o de traslado cuando la necesidad surge de la propia naturaleza de las lesiones sufridas o tratamientos recibidos por la víctima (ver fs. 383 vta., anteúltimo párrafo), y en base a dicho fundamento estimó los gastos para los cuales no existe comprobante en $ 1.000 (ver fs. 384, 2do. párrafo). Sin perjuicio de que en consecuencia corresponde declarar la deserción parcial por insuficiencia técnica (conf. art. 265 y 266 del rito), es de indicar que es correcta la fundamentación que hiciera la "a quo", por cuanto es copiosa la jurisprudencia en el sentido de que los gastos médicos y de farmacia no exigen necesariamente la prueba acabada de su existencia, si luego de las pericias técnicas se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones experimentadas y del tratamiento al que se somete la víctima (ver jurisprudencia citada en Daray, Hernán: "Accidentes de tránsito", Ed. Astrea, 1984, págs. 469/476).- 6) El último de los agravios del actor se refiere a la indemnización por daño moral, radicando la queja básicamente en lo exiguo del monto reconocido como resarcimiento, arguyendo que no se condice con el grado de incapacidad reconocido (ver fs. 425/426). Es sabido que el daño moral ha sido reputado como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, como ser la paz, la tranquilidad de espíritu, la integridad física, la libertad individual, el honor, los más sagrados afectos (conf. SCBA, ED, 14-14). Resulta obvio que dado el hecho de haber resultado lesionado, es dable inferir en el actor el daño extrapatrimonial. Ahora bien para cuantificar este daño, que es el hecho que motiva el agravio, se ha interpretado que no tiene que haber vinculación porcentual con los daños materiales, y tampoco puede considerarse que sea un aspecto complementario y accesorio (CN. Civ., Sala C, ED, 61-520), habiéndose agregado en forma conteste que no existiendo ninguna relación forzosa entre el perjuicio material y el moral, la reparación de este daño debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos y molestias experimentados por el damnificado y no mediante una proporción constante que vincule los daños cuya reparación se reclama, razón por la cual, en función de las particularidades del caso, dicha proporción puede variar (CN. Fed. Civ. y Com., Sala III, Rep. LL, 1983-A-I, pág. 642). Esta Cámara ha entendido, en la misma línea de pensamiento, que no cabe someter a proporcionalidad el resarcimiento del agravio moral por ostentar un carácter autónomo (conf. CANE, SDL, 194/94 del 12/12/94).---- n	----- En cuanto a la suma que se fija como resarcitoria del daño moral, queda librada a la interpretación que hace el sentenciante, a la luz de las constancias aportadas, tratando siempre de analizar en cada caso sus particularidades (CN. Esp. Civ. y Com., Sala IV, RED 13-298, s. 74). Es decir que resulta constante la jurisprudencia que establece que en la materia, la fijación del monto resarcitorio se encuentra librada al prudente arbitrio de los jueces (conf. CN. Civ., Sala G, Doct. Judicial, 1986-2, p. 37, s. 125). Conocidas son las diez reglas sobre la cuantificación del daño moral debidamente enunciadas y explicadas por Mosset Iturraspe (conf. aut.cit.: "Diez reglas sobre cuantificación del daño moral", LL del 03/02/94). Entre ellas destaco la gravedad del daño (nº 6), y las posibilidades de pago dentro del contexto económico del país y el general estándar de vida (nº 10). Es de tener en cuenta que las lesiones fueron graves, y el porcentaje de incapacidad importante (ver pericia médica de fs. 274/279 e informativa del nosocomio de fs. 185/196). En base a ello coincido con el apelante en que la suma de $ 5.000 reconocida en la instancia anterior resulta exigua en atención a la importancia de las lesiones sufridas. Refuerza esta conclusión el cálculo efectuado por el Dr. Lucero que resulta de la aplicación inversa de la fórmula matemático-financiera, dado lo exiguo de la suma mensual que arroja el monto de $ 5.000 otorgado en la sentencia en crisis. Es por ello que acompañaré el agravio y en virtud del principio de congruencia (conf. art. 163, inc. 6 del CPCC) coincido con el colega preopinante en aumentar el monto resarcitorio por este rubro en la suma de siete mil ($ 7.000), suma requerida por el actor en la demanda (ver fs. 92 vta., pto. E, 7).-- n	------- II.- Resta por analizar ahora los recursos de apelación de honorarios. A fs. 391 el Dr. N. , letrado del demandado y de la citada en garantía recurre por sí los honorarios regulados en su favor por considerarlos bajos, y a fs. 392 en representación de sus representados apela todas las regulaciones por entenderlas elevadas.- Con relación a la apelación del profesional por sí, es de considerar que se le asignó un 11,7% del monto de condena por cada una de sus actuaciones, ya sea como letrado de la demandada y de la citada en garantía. Al respecto comparto lo explicitado por el Dr. Lucero en cuanto señala que la actuación del abogado en la primera etapa se redujo básicamente a representar a la aseguradora, ya que se decretó la rebeldía del demandado (ver fs. 127), limitándose a patrocinar y luego a representar en su primera presentación a R. antes de la apertura a prueba (ver fs. 129 y 133). En cuanto a la segunda etapa la actuación fue conjunta ya que no existieron presentaciones diferenciadas por la citada en garantía por un lado y por el accionado por el otro. En consecuencia y siendo lo usual que se regule un 19,6% para el letrado de la parte vencedora, no encuentro reducida la regulación atacada, desestimándose el recurso examinado.----- n	------- En lo referente a la apelación en representación de la aseguradora y el demandado, ya he dicho junto al Dr. Lucero que resulta usual la regulación de los letrados de la parte vencedora en un 19,6%, por lo tanto el 16,9% que se asignó a los letrados de la actora en conjunto no sólo no aparece excesivo sino que resulta incluso reducido, mas al haber sido consentida por quienes tenían legitimación para reclamar su elevación, no corresponde su modificación. Es así que se rechaza la apelación respecto de los honorarios de los letrados de la actora. Y en base a los mismos argumentos por los que se desestimó la apelación del Dr. N. que pretendía elevar la regulación efectuada a su favor, habrá de atenderse el recurso que estima altos los honorarios regulados a dicho profesional, por cuanto su actuación fue en verdad conjunta por ambas partes que representara, en consecuencia deviene equitativo que el total de sus honorarios que fueran cuantificados en un 23,4% se vea disminuido al 19,6% (conf. arts. 6, 7, 9, 11, 19, 37, 39 y 47 del arancel), con más el IVA correspondiente, admitiéndose así parcialmente el recurso analizado.----- Por último en lo que respecta a los honorarios de los peritos, dada la incidencia de los respectivos dictámenes periciales en la decisión de fondo, encuentro que los mismos no resultan elevados, rechazando la apelación en este aspecto (conf. art. 61 de la ley 2200).--------- III.- Por todo lo expuesto corresponde revocar parcialmente el fallo apelado para elevar el capital de condena a la suma de pesos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y uno con ochenta y dos centavos ($ 84.571,82), con más los intereses establecidos en la instancia anterior; modificando también la regulación del Dr. L. A. N. , determinándola en un 19,6% del monto de condena, con más el IVA correspondiente.-------- Considerando lo dispuesto por el art. 279 del ritual, no corresponde adecuar la imposición de costas dado que la elevación del monto de condena no modifica la condición de vencido del accionado, ni tampoco procede hacerlo con los honorarios de la anterior instancia, los que por otra parte fueron objeto de examen al tratar los recursos interpuestos en virtud de lo establecido por el art. 49 de la ley arancelaria.--- En cuanto a las costas de esta sede, dada la mayor proporción de progreso de los agravios del actor respecto de los planteados por los demandados, resulta apropiado la distribución de las mismas en un 75% al accionado y en un 25% al accionante (conf. art. 71 del CPCC).

n	Dado el éxito parcial de los recursos interpuestos, así como el mérito y extensión de la labor desplegada ante la Alzada, coincido con el vocal preopinante en regular los honorarios por las tareas desempeñadas en esta sede en un 30% para el letrado de la actora Dr. E. M. C. y en un 28% al letrado de la demandada Dr. L. A. N. , en ambos casos sobre lo regulado por la instancia anterior, con más el IVA correspondiente (conf. arts. 6, 7, 9, 14 y 47 del arancel, leyes 23349 y 23871).- A la luz de todo lo expuesto y razonado, a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:----- Atento a lo ya expuesto, corresponde dictar el siguiente pronunciación, a saber: 1) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación para elevar el monto del capital de condena a la suma de Pesos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno con Ochenta y Dos Centavos ($ 84.571,82), con más los accesorios fijados en el anterior grado; modificando, asimismo, la regulación que mereciera el Dr. L. A. N. , fijándola en la suma equivalente al 19,6%, con más el I.V.A. pertinente. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada en un 75% y al actor en el 25% restante. 3) REGULAR los honorarios de los Dres. Dres. E. M. C. y L. A. N. , por sus tareas de alzada, en las sumas equivalentes al 30% y 28%, de las regulaciones que mereciera su respectiva actuación en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente. ASI LO VOTO.---- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:--- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, fiel expresión del acuerdo alcanzado.--- Así lo voto.------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550),, pasándose a dictar: -------------- --- S E N T E N C I A: -------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: ------- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación para elevar el monto del capital de condena a la suma de Pesos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno con Ochenta y Dos Centavos ($ 84.571,82), con más los accesorios fijados en el anterior grado; modificando, asimismo, la regulación que mereciera el Dr. L. A. N. , fijándola en la suma equivalente al 19,6%, con más el I.V.A. pertinente. IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada en un 75% y al actor en el 25% restante.- REGULAR los honorarios de los Dres. E. M. C. y L. A. N. , por sus tareas de alzada, en las sumas equivalentes al 30% y 28%, de las regulaciones que mereciera su respectiva actuación en el anterior grado, con más el I.V.A. pertinente. Regístrese, notifíquese y devuélvase.------ Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL N° 09 DE 2008 - SDC.- CONSTE.--- CECILIA INES CORNEO - SECRETARIA DE CAMARA