Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Nélida Cristina c/ Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-16

En orden al control de constitucionalidad que compete al Poder Judicial, se ha dicho que para que proceda un planteo de inconstitucionalidad de una ley deben afectarse claramente los valores de la Constitución en su estructura normativa y conceptual, creándose un conflicto que lleve a semejante conclusión, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces, y que en dicho control debe imponerse la mayor mesura, decidiéndose la inconstitucionalidad solamente cuando no se pueda optar por una interpretación que conduzca a una solución favorable a la ley. Estos precedentes se encuentran en línea con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha expresado que la inconstitucionalidad es un remedio extremo, que sólo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que forman parte de ella, dado que siempre importa desconocer un acto de poder de inmediata procedencia de la soberanía popular, cuya banalización no puede ser republicanamente saludable y, además, por ser la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución.

A partir del caso "Nobleza Piccardo", y con respecto a las leyes provinciales esta Corte ha señalado que "lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes, al constituir una atribución propia de los poderes constitucionalmente encargados de ello, resulta, por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales, doctrina que sólo reconoce como excepción los supuestos en que se ha demostrado fehacientemente la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley". Así pues, el procedimiento de formación y sanción de las leyes, "al constituir una atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello", resulta en principio ajeno al control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial, pero cabe la posibilidad de exceptuar esa regla cuando no concurren los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley.

Esa doctrina es de aplicación a las ordenanzas del municipio de San Ramón de la Nueva Orán, por la autonomía que le garantiza la Constitución Provincial (art. 170) y por la división de poderes de su gobierno (art. 171) entre el departamento ejecutivo y un concejo deliberante.

Para la convocatoria, el quórum y las mayorías son justamente los recaudos esenciales que exige la formación de voluntad de todo cuerpo colegiado. La controversia radica en determinar si el voto por el presidente del cuerpo legislativo es válido para reunir la mayoría absoluta requerida.

Resulta errónea la postura de considerar que la condición de concejal del presidente lo habilitaba para emitir el voto, fuera de los casos previstos en la ley (empate o cuando se requiera una mayoría agravada de dos tercios). De modo que corresponde hacer lugar a la acción deducida y en su merito declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Tarifaria Municipal.