marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, aborto con consentimiento, menores, prueba insuficiente, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: C. P. C. c/  s/ Violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-07

Resulta arbitraria la condena en orden al delito de aborto con consentimiento de la mujer, si pese a que el a quo arribó razonablemente a la conclusión de que la menor, en circunstancias en que se encontraba embarazada, sufrió posteriormente un aborto, y que existió efectivamente una maniobra por parte del imputado tendiente a producirlo eventualmente, no se ha podido reunir durante el juicio ningún elemento que permita acreditar, más allá de toda duda razonable, que el feto se encontrase con vida al momento de realizarse la mencionada maniobra abortiva, puesto que la admisión de esta última circunstancia no posibilita arribar a tal conclusión, de modo ineludible y razonable, como lo hizo el a quo, máxime cuando la única peritación con que se contó no descartó como hipótesis posible que la muerte del feto se hubiese producido de manera espontánea, y no provocada por un agente externo ni se explica de qué manera se acreditó que la droga utilizada por el imputado hubiese provocado el deceso del feto por lo que las deficiencias probatorias mencionadas imponen la aplicación del principio "in dubio pro reo" establecido en el art. 3 del CPPN (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus).
Alimentos, cesación de la obligación alimentaria, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: A.I.M. Y M. DE A.E. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

La obligación alimentaria emergente de un convenio cesa de pleno derecho al cumplir los hijos la edad de veintiún años, de suerte que no es necesaria presentación alguna para que cese la cuota respecto de ellos.
Proceso judicial, partes del proceso, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: "Boston  Compañía  Argentina  de Seguros S.A. c/ Superintendenciade Riesgos del Trabajo SRT 39/98 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-05

Sobre quien solicita la citación del tercero pesa la carga de demostrar que se trata de alguno de los supuestos que autorizan a disponerla (Fallos: 320:3004) (Cons. 3°).
Daño calificado, bienes públicos del Estado
Materia: PENAL
Carátula: CONDE, GUILLERMO s/ DAÑO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-28

La inscripción de una leyenda de considerables dimensiones, realizada sobre un vagón de ferrocarril, con un aerosol de pintura esmalte negro, requiere un gasto para su reparación, con lo cual constituye una conducta configurativa del delito de daño agravado, en razón de la calidad del bien dañado, que es de uso público.
DAÑOS Y PERJUICIOS, indemnización, automotores, valor venal, determinación del monto, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Giacinto, Yésica Maida c/ Francisco Osvaldo Díaz SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Cabe confirmar la resolución que desestimó el daño por "pérdida de valor venal del vehículo" solicitado por el actor, sustentado en que el automóvil entregado a fin de año, se encontraba rodando en el mercado desde el mes de marzo de ese año. Ello por cuanto, en el caso, se acreditó que la unidad era efectivamente nueva, a partir de la información que surgía de su título de propiedad, donde la actora figura como primera y única propietaria, y el hecho de que la demandada lo tuviera a la venta desde un año antes no cambiaba tal condición de auto a estrenar. A más, la accionante, a pesar de haber tenido posibilidad de cancelar o modificar los términos de la operación, continuó con la ejecución del contrato, consintiendo luego su culminación al recibir y retirar el vehículo del concesionario. Además, se debe subrayar que, más allá de la fecha de adquisición que figura en el título, la actora surge allí como primera titular registral del vehículo y que esta última no acreditó por ningún medio fehaciente que el bien haya sido utilizado para su circulación por la empresa accionada. De todas formas, se advierte que no se comprobó que efectivamente esa existencia en el mercado del vehículo mucho antes de su adquisición le hubiese generado un daño; es decir que ello haya impactado negativamente en el precio del rodado, ni al momento de su compra ni tampoco en la actualidad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

Cuando el artículo 28 de la ley 10160 dice que la interpretación plena obliga por el lapso de cinco años y que dentro de él sólo puede ser revisada por un tribunal plenario, se está poniendo el acento en esto último -la revisabilidad- que es la verdadera y explicable diferencia con el fallo plenario. Este nunca puede ser revisado en los primeros cinco años; aquél sí puede ser revisado aún dentro de ese primer período de vigencia. Después de los primeros cinco años, cualquiera de los dos -pleno o plenario- puede ser revisado. El plenario, a pedido de la mayoría simple de los jueces de las cámaras involucradas; el pleno, a pedido de parte o de la simple mayoría de los jueces de la cámara (artículo 28, encabezamiento). Pero mientras no se modifique expresamente el criterio adoptado en un fallo pleno, éste continúa siendo obligatorio después de los cinco primeros años (como el fallo plenario). La precedente interpretación es posible dentro de los márgenes del artículo 28; sobre todo, si se le compara con el artículo que le sigue en la misma ley, haciendo así una exégesis integral de ella.

(Del Voto del Dr. Rouillon).
Fallo plenario, abrogación implícita, fallos de la Corte Suprema, apropiación de cosa perdida, automotor sustraído
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Rubeldo s/ Apropiación de Cosa Pérdida
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

a) Toda vez que conforme el criterio de nuestro más alto Tribunal, los automóviles no integran aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación que incrimina el art. 175 inc. 1ro. del C.P , aún cuando esta Cámara sostuviera el criterio inverso en fallo plenario, seguir insistiendo en tal postura traería aparejado un desgaste jurisdiccional injustificado que afectaría necesariamente el debido servicio de justicia y el derecho de todo justiciable a que "la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, se aleje de la manera más rápida posible".

b) No corresponde aplicar el Fallo Plenario "González, Adrián", en la inteligencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus decisiones, ha abrogado implícitamente dicho plenario.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, amistad o vecindad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce Fabián c/ Daniel Alejandro s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S135 - 085)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-01

La amistad declarada e incluso el confesado interés en que el jucio sea ganado por el amigo, no logran amenguar en el caso la fuerza de convicción de los testimonios de marras; por el contrario, la lectura de los dichos de los testigos en trato revela que no han sido aleccionados, que se expiden con verdad y que, preocupados por se sinceros, se pronuncian sobre lo que saben y recuerdan
Ministerio Público, fiscales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, ENRIQUE RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Si bien los recurrentes describen distintas causales de arbitrariedad, lo cierto es que sus argumentaciones no logran traspasar el límite de la mera discrepancia en torno al encuadre jurídico que efectuó la Cámara en una materia que le es propia, juzgando que no correspondía reconocer a los actores -que desarrollaron sus funciones en un marco legal diferente a sus pares nacionales- el derecho a percibir su remuneración de acuerdo a lo que percibían estos últimos.
Restricciones al dominio, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GROSO, RICARDO c/ RAUL GALLEGOS s/ CESACION DE RUIDOS MOLESTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-06

No debe quedar sin reparación el daño moral en perjuicios derivados de las relaciones de vecindad pues en la mayoría de los supuestos se tratará de inmisiones inmateriales que no generan daños materiales sino morales, concebido éste como aquel que hace sufrir a la persona molestándola en su seguridad personal o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pretensión, pretensión administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Diego José c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-25

En el transcurso del proceso, el actor denunció el pago de la ART, sin embargo, ninguna readecuación del trámite (pretensión) se efectuó, lo que era moralmente exigible, frente a la libre elección y tramitación de la vía administrativa, que cuestionó al promover la demanda, pero no abandonó (fue y cobró lo ofrecido). Desde un punto de vista formal, sin detenernos en los matices del caso, el proceso podría resolverse muy estrictamente: existe una pretensión (demanda), el objeto de la misma ha sido cumplido luego del traslado de la acción, por lo que deberían imponerse las costas a la demandada que cumplió "tardíamente". Sin embargo, el derecho procesal moderno ha avanzado mucho más allá, introduciendo nuevas pautas de análisis, dando relevancia a principios moralizadores del proceso y, hoy día cada vez más, los jueces resuelven atendiendo las características especiales de cada pleito. En el tema de las costas, si bien el régimen es en esencia objetivo, no debe dejarse de lado el casuismo como elemento de ponderación para su aplicación, cuando las circunstancias del caso lo ameriten - Voto del Dr. Welp (mayoría: Dr. Welp, con adhesión del Dr. Ronconi)
Daños y perjuicios, contratos, comodato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LONIGRO c/ BARRAQUERO s/ Desalojo (LIBRO: S061 - 436)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-25

Es procedente el reclamo resarcitorio invocado por el comodante, ya que al no restituirle el demandado el inmueble en el tiempo convenido le ha ocasionado danos de índole patrimonial pues el propietario tenía proyectado obtener del mismo réditos económicos.
Competencia por el territorio, ejecución fiscal, sentencia, remisión a otro fallo
Materia: PROCESAL
Carátula: COMITE DE CUENCA CANAL PRINCIPAL SASTRE c/ RIBODINO, OSCAR RICARDO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

Las circunstancias relevantes de la presente causa resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por esta Corte en la causa "Comité de Cuenca Canal Principal Sastre c/ Berta s/ Competencia", a cuyos fundamentos corresponde remitir, en honor a la brevedad, y adoptar para la especie idéntica solución; sin resultar óbice a lo decidido, la circunstancia de que, en este caso, el apremiado se domicilie en la ciudad de Frontera, puesto que el artículo 131 del Código Fiscal -aplicable al sub lite- contempla la posibilidad de demandar, frente a la ausencia de domicilio fiscal constituido, ante el juez del lugar donde se encuentren sus bienes inmuebles, opción elegida por la apremiante en su demanda; por lo que corresponde ordenar que siga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Nro. 5 -Rafaela-. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal de Santa Fe, artículo 131. - Jurisprudencia vinculada: Comité de Cuenca Canal Principal Sastre c. Berta, AyS T 312, p 456, sumario J0048922.
Recurso contencioso administrativo, jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Varela, Beatriz Dalila c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 770-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-13

El sistema de movilidad en base a coeficientes -generales o sectoriales- no autoriza en modo alguno a desvincular completamente, para la determinación del haber, el cargo desempeñado en actividad, en tanto sigan correspondiendo a éste similares funciones. En el caso, liquidar el impuesto inmobiliario, controlar pagos, deudas, certificados de libre deudas y legajos - funciones algunas coincidentes con las que surgen de la testimonial- en la actualidad son cumplidas por un operador del sistema informático, y eventualmente si el sistema no funciona, por cualquier Auxiliar del Departamento Impuesto Inmobiliario y son independientes del coeficiente, nivel o grado, de donde surge que "los elementos objetivos" considerados para la constancia del cumplimiento de "funciones equivalentes" es el hecho que "la Administración Provincial de Impuestos cumple tareas similares a la ex Dirección Provincial de Rentas", pero ninguna precisión se ha dado en orden a tener por acreditado el supuesto fáctico que justificaría la procedencia de la acción en estudio.
Facultades del juez, excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. D. c/ P., A.M. s/ Cobro de pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-06

Utilizando certeras palabras de la Excma. CNCiv., Sala K, creemos conveniente que "se respete el escrúpulo del magistrado, dado que su misma invocación de motivos graves de decoro y delicadeza permite presuponer que la situación puede afectar el debido equilibrio que debe observar a la hora de tomar decisiones de fondo en la causa que se encuentra en trámite en su Juzgado...".
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tossi, Julia M. C. c/ Turco, Diego y/o Línea 518 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-04-18

Tampoco prospera la queja con basamento en que el "aquo" ha tomado como pauta para indemnizar el valor histórico del automotor -a la fecha del evento- y no el más cercano a la sentencia, toda vez que la destrucción total de un vehículo es un daño consolidado económicamente, por lo que no cabe "saltear" el tiempo transcurrido hasta la sentencia. El valor es el que históricamente tenía el vehículo. Valuar el automóvil con el valor más cercano a la sentencia sería injusto porque influye negativamente la depreciación por el modelo y la antiguedad en la vida útil, y puede haber inclusive una disminución drástica del valor, por otras razones, como en la hipótesis de automóviles que ya no se fabrican, o bien cuando son importados y es dificultoso conseguir repuestos en plaza.

En cualquiera de esas hipótesis, el rodado vale menos a la fecha de la sentencia y resulta inequitativo y contrario al principio de reparación integral mensurar la pérdida con un alcance inferior al que efectivamente tuvo cuando se produjo.
Habeas corpus, recurso de apelación (procesal), competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DR.OMAR JOSE DARIO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1985-05-28

El Superior Tribunal de Justicia es incompetente para entender como Tribunal de alzada en un recurso de apelación interpuesto respecto de la sentencia de Cámara recaída en un hábeas corpus, ya que no existe norma alguna que atribuya competencia a dicho Tribunal
Ley de contrato de trabajo, prueba del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: C. O. E. c/ C. E. J. y/o resp. de kiosko "B." s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-29

Desde la jurisprudencia se entendió que para que juegue la presunción dispuesta por el art. 23 de la LCT se requiere la acreditación en juicio de que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia para otro...; así como que la prestación de servicios que genera la presunción prevista en el art. 23 de la LCT es aquella realizada bajo la dependencia de otro, ya que los arts. 21 y 22 del cuerpo normativo citado sólo contemplan dicho tipo de relaciones.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Colonia Choele Choel c/ Toma S.A. s/ Sumario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-03

Sobre la base de una interpretación lógica y razonable del ordenamiento jurídico, puede colegirse que el abogado tiene derecho a sus honorarios, por ser ésta, la forma de retribución normal y habitual por su labor profesional. Sin embargo, si ese mismo letrado ocurre a la justicia encomendado por una labor que desempeña en relación de dependencia, remunerada y continua, y goza de cierta estabilidad en ese rol, no podría pedirle a su cliente que le pagara las costas obtenidas por el éxito, pues la contingencia del honorario está cubierta por la habitualidad de la remuneración.
Estupefacientes, medidas de seguridad curativas, rehabilitación de drogadictos, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "M.; L. M. s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-27

En este sentido, se debe señalar que si bien la ley de la que se trata, Arts. 18 y 21 de la Ley 23.737 no define el concepto de resultado satisfactorio a que se hace referencia, "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional".

(conf. C.S.J.N, E. 171. XXII "Estado Nacional c/Rudaz", del 5/12/92). Además, "...es la regla más segura de la interpretación la de que estos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, el que debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al entendimiento común" (conf. K. 50. XX "Kasdorf S.A.

c/Jujuy Provincia" del 23/12/93 citada por la C.N.C.P., Sala III, c.n° 2614 "Torres", reg. n° 317 del 20/6/00). En efecto, frente a la concepción del derecho penal como poder de coacción del Estado, se erigen los principios de inocencia y de defensa como baluartes del Estado de Derecho y, precisamente como emanación de ellos, se destaca una regla interpretativa de máxima importancia, la cual somete a interpretación restrictiva y siempre en favor del imputado las disposiciones de las normas penales como de las procesales (artículo 2 del Código Procesal Penal de la Nación; Maier, Julio "Derecho procesal penal Fundamentos", Del Puerto, 1996, pág. 229). En igual inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha referido a la interpretación y aplicación restrictiva de las limitaciones a los derechos individuales impuestas durante el proceso y antes de la sentencia, a fin de no desnaturalizar el estado de inocencia del que gozan todas las personas (conf.

C.S.J.N., 316:942). En esta dirección y con este alcance, esta Sala ha sostenido que el resultado satisfactorio exigido por el artículo 18 de la Ley 23.737, debe considerarse como un aceptable grado de recuperación, teniendo en cuenta que la personalidad adquirida por la dependencia no se extingue del todo ya que la vuelta al estado anterior no es plena sino satisfactoria física y psíquicamente (conf. c.n° 33.318 "Carneris", rta el 18/10/01, reg. n° 964 y Laje Anaya, Justo, "Narcotráfico y derecho penal argentino", Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1998, pág. 232).
Bienes inmuebles, valuación del inmueble, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ferraro, Violeta Bonnet; Ferraro, Leonardo Pedro; Marta Genoveva y Ferraro, Violeta Concepción c/ Haddad, Elias Jorge s/ Acción DE NULIDAD - ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-05

Apoyándose la apelación deducida por la demandada en la falta de consideración por parte del juez -previo dictamen del perito interviniente- de su posición respecto al valor de la hectárea objeto de discusión; se puede concluir que si bien el juez determinará el valor del bien previo dictamen pericial, debe también considerar la postura de los interesados, quienes se supone que han hecho sus propias estimaciones. En ese contexto surge que no existen grandes diferencias entre las tasaciones vertidas por las partes.

En cambio, la tasación que marca notable diferencia es la dada por el perito, que le asigna un valor por demás superior al estimado por la parte interesada en la determinación. En consecuencia, como solución a esta cuestión, que persigue como objetivo único final la regulación de honorarios y que lleva una tramitación por demás dilatada, se determina a precio de ley en $15 (quince pesos) el valor de cada hectárea, debiéndose calcular a partir de esta determinación el monto del proceso.
Admisibilidad del recurso, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: U.O.C.R.A. c/ J.A. Groselli SRL s/ ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-21

El recurso de apelación ha sido mal concedido; puesto que la sentencia resulta inapelable en virtud de lo dispuesto por el art. 554 del Código Procesal Civil y Comercial que establece en forma taxativa los casos en que es admisible el recurso; máxime considerando que los pretensos defectos en la consignación del monto de dicha sentencia pueden ser reparados al momento de efectuarse la liquidación, no existiendo menoscabo a la defensa en juicio que justifique atentar contra el principio de irrecurribilidad.
Incapacidad laboral, cambio de tareas, deber de ocupación
Materia: LABORAL
Carátula: GALEANO, EUGENIO c/ BERNARDO BERGAMASCHI  S.R.L s/ ART. 212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-18

La causa no imputable al empleador de la que habla el art. 212 de la LCT, ante la imposibilidad de otorgar tareas livianas al trabajador, debe ser más grave que la simple inconveniencia, consistiendo fundamentalmente en la inexistencia de tareas razonables útiles que el trabajador pueda desempeñar. El artículo mencionado le impone realizar un esfuerzo necesario para cumplir su obligación de ocupación, art. 78 LCT, y sólo podría argumentar inimputabilidad cuando dicho esfuerzo resulta imposible o sumamente dificultoso.
Acusación fiscal, falta de acusación, facultades del juez, sentencia condenatoria, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-17

Con todo el respeto que merece el pronunciamiento de nuestro más alto Tribunal, aquél no resulta obligatorio para los Tribunales inferiores, y en cuanto al fondo del asunto, los que abogan por tal tesis confunden el sistema acusatorio con la cuestión de la disposición de la acción, que son dos cosas muy distintas, por lo que, si bien es el Fiscal el representante de la acción pública, no tiene la libre disponibilidad de la misma y una vez celebrado el plenario el Tribunal decide, conforme el examen de las cuestiones planteadas, sobre el hecho motivo del proceso en el ejercicio pleno de su jurisdicción.