Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13


Buenos Aires,	13	de febrero de 2008.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El 5/10/2007 Norma Gladis Sayago, "de la Agrupación Trabajadores Parque Centenario (ATPC)", patrocinada por el Dr. Sebastián H. Legna, interpuso demanda de amparo y solicitó una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 1/5), contra el "accionar de la Fiscalía Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y personal de la comisaría Nº 11 y otras de la zona" para poder trabajar libremente en la vía pública como vendedores ambulantes de "baratijas" para procurarse su "mera subsistencia" (fs. 3).

En dicha oportunidad sostuvo que padecían "hostigamiento" por parte de los demandados, en especial las semanas previas al proceso electoral y con "perspectiva" de mantenerse en el tiempo, afectando indebidamente sus derechos "a la vida, a la salud, al honor y a la propiedad" (fs. 2).

2. El Fiscal Contencioso Administrativo y Tributario dictaminó a favor de la competencia del fuero contravencional y de faltas por razones de especialidad, al "inferir la existencia de al menos una causa iniciada" en dicho fuero al encontrarse demandadas las Fiscalías Contravencionales -"al parecer las nº 10 y 11"- y disipar de ese modo, "el peligro de adopción de decisiones contradictorias" (fs. 61).

3. La jueza subrogante a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5 compartió los términos del fiscal y, en consecuencia, declaró su incompetencia para intervenir en el caso (fs. 62).

4. A fs. 66 vuelta, el juez contravencional y de faltas nº 2 remitió la causa al juzgado contravencional y de faltas nº 31 por existir "conexidad objetiva entre la causa nº 31.254 y la presente".

5. A fs. 68 la Jueza a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 31 admitió la conexidad, ordenó la acumulación al expediente n° 31.254, dispuso estar a lo resuelto a fs. 68/70 de este último -declaración de su incompetencia- y remitir "ambas acciones" al magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 9.

6. Recibidas las causas acumuladas en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario nº 9, se ordenó el desglose del presente expediente, y su remisión al Juzgado nº 5 del fuero con copia certificada del decisorio de incompetencia citado en el punto anterior (ver fs. 69/72).

7. El 23/11/2007 (fs. 76) la jueza subrogante del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario nº 5, mantuvo su incompetencia declarada a fs. 62 y decidió elevar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia.

8. A fs. 80/83 el Fiscal General opinó que resulta competente para entender en el caso el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5, por estimar que "corresponde al fuero contencioso administrativo y tributario entender en todos los amparos dirigidos contra autoridades públicas de la ciudad" de conformidad con lo establecido por el art. 7, ley nº 2.145.

Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La cuestión traída a decisión del Tribunal es similar a la que se resolviera el día 19 de diciembre de 2007, en los autos "Arancibia Cuba, Noemí Cristina c/ Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 10 y otros s/ amparo (art. 14 CCABA", expte. Nº 5564/2007, la cual a su vez poseía notas análogas a las resueltas en los autos "Argañaraz, Mercedes Jesús y otros c/ GCBA (Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones) y otros s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 1187/01, sentencia del 13 de septiembre de 2001; "Silveira Urrutia, César y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 3373/04, resolución del 24 de noviembre de 2004; "Valle, Rubén y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 3839/05, resolución del 16 de marzo de 2005 y "Almeida, Marcelo y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. Nº 4756/06, resolución del 14 de julio de 2006.

En dichas oportunidades el Tribunal consideró correcto atribuir la competencia al juez contencioso administrativo y tributario cuando la "pretensión de los amparistas `no está relacionada con ningún procedimiento en particular (...) sus cuestionamientos no están dirigidos contra actos dispuestos por la autoridad administrativa que hayan derivado en la formación de algún expediente de faltas (...) sino que la petición está dirigida a obtener un pronunciamiento judicial que ordene a las demandadas abstenerse de seguir ejecutando supuestos actos ilegítimos en los lugares de trabajo de los actores´".

Agregó asimismo que "más allá de las faltas o contravenciones en que pudieran incurrir los actores (...), los interesados requieren al Poder Judicial local que los ampare en el ejercicio y desarrollo de sus actividades comerciales (...)".

2. En el sub lite todo indica que resulta aplicable una vez más dicha doctrina, en la medida en que la actora requiere amparo del poder judicial frente a la actividad desplegada indistintamente por la Fiscalía Contravencional de la Ciudad, personal de la comisaría Nº 11 y otras de la zona y la Dirección General de Fiscalización y Control de la Subsecretaria de Control Comunal, dependiente del Ministerio de Gobierno, porque "en forma actual e inminente lesionan, restringen, amenazan e impiden, con arbitrariedad e legalidad manifiesta" sus derechos a vender "baratijas" de "mera subsistencia" en la vía pública de la Ciudad (más precisamente, en la calle Leopoldo Marechal -Parque Centenario-).

Por otra parte, de la lectura minuciosa de la causa no se advierte la existencia de algún procedimiento contravencional o de faltas concreto en el cual la actora se encuentre involucrada como presunta infractora.

Por lo dicho y en atención a que la competencia debe decidirse en función de los elementos acreditados en la causa - y que estos no ameritan la excepción expuesta por el Tribunal al fallar en el expte. Expte. n° 5506/07 SAO "Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/ amparo (art.14, CCABA) s/ conflicto de competencia", resolución del 25/10/2007- la demanda introducida en autos corresponde al conocimiento de la justicia en lo contencioso administrativo y tributario, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1º y 2º, CCAyT y 7° de la ley n° 2.145.

3. Por todo lo expuesto, voto por atribuir la competencia para entender en estas actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Me adhiero al voto de la señora jueza de trámite, Dra. Alicia E. C. Ruiz.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz, en tanto expone acabadamente los motivos por los cuales corresponde atribuir la competencia para entender en estas actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5.

2. Sólo a mayor abundamiento, considero oportuno recordar que "(l)a actuación del Tribunal, suscitada para resolver una contienda negativa de competencia, supone analizar la pretensión de fondo articulada en la demanda y los argumentos brindados por los magistrados con la exclusiva finalidad de establecer cuál es el fuero competente. Pero una intervención con este alcance, claro está, en modo alguno puede implicar un pronunciamiento por parte de este estrado respecto de otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a determinar si el pedido formulado en estas actuaciones constituye un caso, causa o controversia judicial (cf. art. 106 CCBA)" que deba ser atendido por los magistrados a los que se les asigne la competencia [cf. voto conjunto del Dr. Luis F. Lozano y el suscripto in re: "Almeida, Marcelo y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. nº 4756/06, resolución del 14 de julio de 2006]. En aquella oportunidad también se sostuvo que "(e)l proceso de amparo, como cauce procesal que brinda soporte a la intervención judicial, no escapa a la necesidad de que el planteo formulado por esa vía configure un caso, la regla que impone su existencia procede, al igual que el amparo, de la propia constitución (arts. 106 y 14 CCABA)".

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Adhiero al voto de mi colega José Osvaldo Casás y, tal como allí se propicia, la competencia para intervenir en autos debe ser atribuida al fuero Contencioso Administrativo y Tributario.

2. El modo en que se resuelve, sin embargo, impone señalar que no son las previsiones de la nueva ley de amparo las que determinan la solución a la que aquí se arriba, como postulan el Sr. Fiscal General y el magistrado del fuero Contravencional y de Faltas. En efecto, nada permite suponer que modificar la asignación de competencia atribuida por la normativa específica, a los fueros que integran la judicatura en la ciudad, sea la finalidad perseguida por el art. 7 de la ley 2145. En tal contexto, la regla según la cual corresponde al fuero CAyT el conocimiento de los amparos dirigidos contra autoridades públicas, debe ser -bien entendida- referida a las autoridades públicas en ejercicio de las funciones cuyo control judicial prevé la ley 189 (ver mi voto en "Mercado Romero, Heriberto Román c/ GCBA s/ amparo (art.14, CCABA) s/ conflicto de competencia", expte. n° 5506/07 SAO, resolución del 25/10/2007). Al igual que el Código Contencioso Administrativo y Tributario, la ley de amparo, optó por definir el ámbito de actuación del fuero CAyT con un criterio subjetivo. Derivar otras conclusiones a partir de esa elección carece de respaldo y, al mismo tiempo, tiene aptitud para generar interferencias entre los procesos que tramitan en los fueros que involucra esta contienda.

En efecto, el criterio hermenéutico propuesto, preserva al sistema de padecer, y en realidad auto generar, una desaconsejable situación, como la que se verificaría al interpretar que la ley 2145 concede la garantía de litigar ante el fuero CAyT, por el simple expediente de elegir la vía del amparo y nombrar una autoridad pública, incluso para lograr decisiones en materia contravencional, y aún cuando ellas vinieran a interferir con los procesos en curso ante ese fuero.

Por otra parte, también desbordaría los límites de una interpretación válida del art. 7, aquella que asumiera que la mención de autoridades públicas, formulada por la norma en cuestión, borra el deber de analizar la aptitud que, para estar en juicio, exige la normativa pertinente. Empero, será el juez competente a quien corresponda, según fue dicho en el punto 2 del voto del Dr. Casás al que adherí, analizar si la pretensión esgrimida constituye una causa así como, para lo pertinente, expedirse en relación con la legitimación pasiva de los sujetos a los que se pretende demandar.

En este campo, restaría aclarar que el veto dispuesto por el decreto 2018/06, en relación con el art. 2 in fine de la ley 2145 -precepto según el cual "La acción de amparo no será admisible cuando el acto impugnado emane de un órgano del Poder Judicial"-, no buscó, según lo expresan los fundamentos del citado veto, admitido en definitiva por la Legislatura, habilitar el control de decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial por vía de amparo, sino que por el contrario, procuró asegurar tutela en relación con la actividad materialmente administrativa de esa rama de gobierno. El decreto mencionado, para lo que ahora importa, dice: "en el último párrafo de su artículo 2° se restringe la posibilidad de impetrar la acción de amparo: '...cuando el acto impugnado emane de un órgano del Poder Judicial' // Que en función de tal precepto, no sólo los actos del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional están exentos de control por el amparo, sino también los que dicte en ejercicio de la función administrativa, restringiéndose indebidamente la amplitud de la mentada norma constitucional".

3. Finalmente, cabe señalar que el planteo de autos no involucra una actuación concreta de un fiscal contravencional. En el supuesto de que una actividad tal hubiera sido desplegada, su control en sede judicial correspondería, según reglas aplicables (Ley 7, art. 49), al fuero contravencional. Ello así porque la actuación de los fiscales consiste en realizar actos preparatorios del proceso o formular peticiones e intervenir en el debate ante el juez que lo conduce. Naturalmente, si con ella pudieran generar alguna lesión de aquellas contra las que protege el art. 14 de la CCBA, nadie estaría en mejores condiciones que el juez contravencional competente en la investigación de las conductas reprochadas para expedirse en relación con la actuación del fiscal dentro del alcance propio de la función que a ese juez concierne como autoridad del proceso contravencional; y esto es lo que el derecho aplicable interpretado en su contexto y sin apartarse de su espíritu manda, sin que la vía del art. 14 citado sea necesariamente la más idónea, condición que dicho precepto pone como recaudo a la que instaura. Es la aplicación de estas reglas lo que impondría atribuir intervención al juez contravencional y no, en cambio, la posibilidad de calificar la actuación de los fiscales contravencionales como ejercicio de función materialmente jurisdiccional lo que aún en el marco de la CCBA, que ubica al Ministerio Público dentro del Poder Judicial, encuentro no puede ser sostenido.

En consecuencia, por las razones dadas y oído el Sr. Fiscal General, voto por atribuir la competencia para intervenir en estas actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 5.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de la jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz, y comparto los argumentos expuestos en el punto 2 del voto de mi colega José O. Casás.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 5 para intervenir en este expediente.

2. Mandar que se registre, se notifique al Sr. Fiscal General, se ponga en conocimiento de del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y Faltas nº 31 y se remita el expediente al juzgado declarado competente.