Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-09


NEUQUEN, 9 de octubre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BRETZ OMAR ALBERTO C/ BAZAR AVENIDA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES", (Expte. Nº 375872/2008), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Fernando Ghisini dijo:

I.- El actor apela la sentencia de fs. 215/219 vta. que rechaza el despido incausado invocado por su parte. Expresa que se encuentra acreditado, conforme los dichos de la señora Elida Limon, que él junto a sus compañeros de trabajo siempre reclamaron en forma verbal por los descuentos denominados "otros adelantos", pero la patronal jamás hizo caso a dichos reclamos y amenazaba con que se quedarían sin trabajo.

Afirma que, luego al encontrarse suspendido por un hecho delictivo falsamente imputado, la intimación fue cursada por escrito y la sanción ante el rechazo de dicha intimación era considerarse injuriado y despedido sin causa.

Aduce que, la empleadora al ser intimada por la devolución de los descuentos salariales negó la existencia de los mismos, por lo que entiende que resulta improcedente lo dispuesto por la jueza en cuanto a que el plazo de intimación de 24 hs. es exiguo.

Sostiene que, en la actitud de la demandada se evidencia la clara decisión de no regularizar la relación laboral ni devolver los descuentos ilegales, por lo que deviene innecesario dejar transcurrir un plazo mayor.

Agrega que, no se consideraba despedido al término de 24 hs. sino que esperaba una respuesta de la empleadora y es allí que se considera injuriado y despedido sin causa.

A su turno, apela la parte demandada, agraviándose por entender que la señora jueza se ha pronunciado sobre rubros no sometidos a su decisión. En tal sentido indica que no se encuentra incluida la liquidación por días de enfermedad, al ser este item oportunamente reclamado por el actor no corresponde que la sentencia se pronuncie sobre el mismo.

Asimismo, expresa que la resolución con respecto al rubro "adelantos" representa un real perjuicio para su mandante, ya que de la documentación adjuntada a la demanda, se desprende que en el período comprendido de prescripción, abarca más allá de los dos años anteriores al momento de la desvinculación.

Por último, se agravia en relación a la forma en que se impusieron las costas.

II.- Ingresando al tratamiento de los agravios planteados por el actor en cuanto a que la sentencia rechazó la causal de despido invocada por él los descuentos efectuados por la patronal durante todo el transcurso de la relación laboral, diré que dentro del contexto en que se pretende hacer prevalecer este reclamo "suspensión preventiva art. 224 LCT", el mismo no resulta procedente.

En efecto: del intercambio epistolar efectuado en autos, surge que con fecha 3/09/07 (fs. 33) la demandada mediante CD comunica al actor que: ".a partir de la fecha suspendemos a Ud. preventivamente a raíz de que con motivo de haberse denunciado un faltante de dinero en nuestra sucursal de Neuquén, conforme actuaciones de oficio llevadas a cabo por la autoridad policial ud. se encontraría vinculado al mismo". La presente misiva es respondida por el actor, el: 5-09-07, en los siguientes términos: "Rechazo vuestro telegrama ZCZC 129241-2007-0005496 recepcionado el 04/09/07 en todo sus términos, por falso, malicioso e improcedente. A partir del 02-09-07 estoy imposibilitado para la prestación de servicios por razones de salud, lo cual fue acreditado con el respectivo certificado médico presentado en la sucursal de Neuquén de esa empresa conforme constancia en mi poder. Rechazo sanción disciplinaria aplicada- suspensión preventiva- la cual carece de sustento legal. Desconozco el faltante de dinero denunciado por ustedes. Intimo a ustedes para que en el término de 24 horas a partir de la recepción de la presente abonen los descuentos indebidos a partir del ingreso 19-05-05 por el concepto de "otros adelantos" efectuado sobre mis haberes mes a mes, todo bajo apercibimiento de considerarme injuriado y despedido.".

Esta última misiva recibe respuesta de la firma, de la siguiente manera: "Rechazo su TCL 66309068 por improcedente y no ajustada a derecho. Ratifico en todo sus términos comunicaciones anteriores. La cobertura por enfermedad acreditada mediante certificado médico fue por 72 hs. y dicha contingencia será liquidada. Sin perjuicio de ello se procedió conforme la normativa legal del caso (suspensión preventiva art. 224 de la LCT); sin que ello implique suspensión entendida como medida disciplinaria (art. 67-218-219 LCT).

Habrá notado que la finalidad perseguida en ambos supuestos es diametralmente opuesta, de ahí la facultad patronal de obrar en el sentido notificado. Como nota medida preventiva no hace juicio de valor sobre su responsabilidad en el hecho denunciado, para ello están los órganos jurisdiccionales.".

Finalmente, el actor, mediante telegrama obrante a fs. 36, expresa: "Habiendo dado cumplimiento al reclamo formulado mediante telegrama. hago efectivo el apercibimiento y me considero injuriado y despedido.".

De los términos de las misivas reseñadas, se desprende claramente que el accionante ha invocado como causal de despido, a los descuentos que habría efectuado la empresa durante el curso de la relación laboral y que formalmente, es decir, mediante telegrama ley, reclama por primera vez, luego que la empleadora le comunicara la suspensión preventiva, por aplicación del art. 224 LCT, a raíz de un hecho de índole delictual efectuado dentro del establecimiento en el cual podría estar involucrado.

Considero que este contexto no es menor a fin de evaluar si el reclamo que efectúa el actor tiene la trascendencia que en ésta oportunidad este pretende otorgarle para hacerlo valer como causal de despido.

Entiendo que la falta que el accionante atribuye a la patronal, y que según sus dichos, esta habría tenido lugar durante todo el transcurso de la relación laboral, no ha sido oportunamente invocada por éste a fin de contrarrestar los efectos de la suspensión preventiva dispuesta por la empleadora, pues nada impedía que con anterioridad a los hechos que invoca esta última con motivo de la suspensión o transcurrida ésta, el actor efectuara, bajo los apercibimientos correspondientes, el reclamo pertinente.

De allí que comparto las apreciaciones efectuadas en la instancia de grado en cuanto a la improcedencia del despido indirecto en que se coloca el actor, por lo que en tal sentido el fallo será confirmado.

Ingresando a la apelación interpuesta por la demandada, diré que le asiste razón, toda vez que el rubro: "días por enfermedad" no ha sido debidamente reclamado en la demanda ni forma parte de la liquidación allí practicada, por lo que no corresponde incluir de oficio un rubro que no ha sido peticionado por el accionante.

En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: "Es incongruente y por ende nula, la sentencia que condena al pago del rubro SAC por diversos períodos, cuando el mismo no fue reclamado en la demanda" (HERRERA EDMUNDO FRANCISO Y OTROS C/ GRAFA S.A. S/ DESPIDO ORDINARIO, Fecha: 22/12/2008 {F}, Sentencia Nº: 1317, Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y Contencioso Administrativo).

Por tal motivo, dicho agravio resulta procedente, por lo que corresponde deducir del monto de condena la suma de $287,99 correspondiente a días por enfermedad.

Con respecto al cuestionamiento del período que corresponde computar por la determinación del rubro "adelantos", el planteo recursivo del demandado resulta improcedente, en función de que pretende introducir recién en esta etapa la prescripción de los descuentos efectuados en un período anterior (2 años) a la causal de despido, lo cual en función del art. 3962 del Código Civil, resulta improcedente.

En tal sentido la jurisprudencia expresó que:"Del juego armónico de los arts. 3.962 del Código Civil, 31 in fine y 29 4º párr. de la ley 11.653, surge sin hesitación que la primer presentación en juicio idónea para que el accionado oponga la defensa de prescripción liberatoria en el proceso laboral local, es al evacuar el traslado de la demanda, que en este tipo de proceso debe contestarse de manera conjunta con la oposición de excepciones cuyo tratamiento se autoriza como previo". (SCBA, L 81217 S Caratula: Roncallo, María Angélica c/ Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por accidente de trabajo y otros).

Por lo tanto, corresponde rechazar el segundo de los agravios expuestos por la parte recurrente.

En cuanto a las costas, teniendo en cuenta los rubros por los que prospera la demanda y haciendo aplicación a lo dispuesto por el art. 17 de la ley 921, encuentro merito para modificar las mismas y establecer que se distribuyan en un 50% al actor y en un 50% a la parte demandada.

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo que se rechace el recurso de apelación del actor y se haga lugar parcialmente al recurso interpuesto por la demandada, en lo que hace a la improcedencia del rubro "días por enfermedad", reduciéndose el monto de condena a la suma de $6172, debiéndose proceder a adecuar los intereses a la suma dispuesta precedentemente y en lo que hace a las costas, las que serán impuestas en ambas instancias en un 50% a cargo de la actora y en un 50% a cargo de la demandada. Debiéndose regular los honorarios de Alzada de conformidad con lo dispuesto con el art. 15 de la Ley 1594.

Tal mi voto.

El Dr. Marcelo Juan MEDORI dijo:

I.- Habré de adherir parcialmente con el voto que antecede, y a disentir en relación al tratamiento del memorial del actor y de la demandada, propiciando que la condena comprenda los haberes correspondientes a los días del mes de septiembre de 2007 hasta que se concreta el despido indirecto, así como las indemnizaciones por antigüedad, integración, sustitutiva de preaviso y S.A.C., y la prevista en el art. 2 de la ley 25.323, modificándose también la imposición en costas, que conforme lo postulado, deberán ser cargadas en su totalidad a la accionada vencida.

II.- Que respecto a los puntos señalados, la sentencia de grado rechaza la procedencia de las indemnizaciones al no tener por configurado el despido indirecto con fundamento en:

". teniendo en cuenta la duración de las actuaciones referidas, en el caso se observa que el despido indirecto resuelto por el trabajador al intimar que se le abone en el término de 24 hs los descuentos, salariales durante el transcurso de la relación laboral resulta exiguo, toda vez que de las constancia del expediente no surge que con anterioridad el mismo haya efectuado una intimación en ese sentido y más aún transitado por una suspensión precautoria por lo que juzgado apresurado el despido dispuesto por el trabajador, en el marco de la medida dispuesta y en infracción de la norma del art. 10 de la LCT. " (fs. 217 vta).

A.- Liminarmente destacar que el objeto de la litis quedó circunscripto al despido indirecto en que se coloca el trabajador mediante telegrama de fecha 17 de septiembre de 2007 (fs. 36) por el incumplimiento en que incurre la empleadora a la expresa intimación que le formulara en los siguientes términos mediante telegrama enviado el 05 de septiembre de 2007: "Intimo a Ustedes para que en el término de 24 horas a partir de la recepción del presente abonen los descuentos indebidos a partir del ingreso 19-05-05 por el concepto de "otros adelantos" (fs. 34).

Que resultado de los postulados de las partes, resulta de los recibos agregados a fs. 38/52 que la demandada efectuó descuentos de diversas sumas de dinero bajo el rubro "otros adelantos", sobre los que no acreditó que respondieran a causa o justificación alguna.

Que el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé expresamente: "JUSTA CAUSA. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injurias y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso".(cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 38 inc. j de la Const. Prov.; 10, 62, 63 y 243 de la L.C.T.; y 377 y 386 del C.P.C.C.).

La injuria es todo acto u omisión de una de las partes del contrato que afecta intereses legítimos de la otra y la valoración de su importancia y de su aptitud para disolver el vínculo debe ser hecha prudencialmente por los jueces teniendo en consideración las modalidades de la relación y las circunstancias personales que se dan en cada caso. Al respecto pueden sentarse ciertos principios de interés para el caso en estudio: la gama de intereses legítimos que pueden ser afectados es amplísima y pueden ser tanto de orden material como moral; la injuria debe ser relacionada con situaciones concretas, pues el ambiente de trabajo y la naturaleza de las relaciones que allí se traban, han de dar la exacta medida de la gravedad de un hecho; la falta debe ser proporcionada a la sanción, debe ser grave al efecto y debe ser impeditiva de la prosecución de la relación laboral; los antecedentes desfavorables de un operario pueden servir de apoyo a un despido si existe un último hecho que pueda ser utilizado como causa inmediata y directa de la resolución; y quien invoca la existencia de injuria capaz de justificar la denuncia del contrato de trabajo debe aportar suficientes elementos de prueba para acreditar la misma (p. 497 y ss., Práctica Laboral, Férnandez Madrid Juan Carlos y Santiago).

En tal sentido: "La mora del dador de trabajo en el pago de los salarios configura injuria, después de previa intimación de pago cuya finalidad no es constituir en mora al deudor sino requerir el cumplimiento del contrato" (CNAT, Sala IV, 25/4/75, Sent. 39222).

Atento los elementos fácticos y jurídicos expuestos, ciertamente le asiste razón al actor que apela destacando haber acreditado los descuentos salariales que precisamente reclamó, mientras la empleadora responde su inexistencia, constituyendo suficiente injuria la negativa a restituirlos, llevando incluso a que se condene a la última por ello, tal como lo concluye y cuantifica en el punto 3 la sentencia de grado (fs. 217 vta/218).

B.- Que en relación al fundamento invocado por la sentenciante para eximir de las consecuencias indemnizatorias previstas, esto es el exiguo lapso otorgado inicialmente para que la empleadora cumpla -24 horas-, se acredita en la causa que lo realmente acontecido fue que el empleado recién efectiviza el apecibimiento y se considera despedido a través del telegrama fechado el 17 de septiembre de 2007 señalando "No habiendo dado cumplimiento al reclamo formulado" (fs. 36) luego del expreso rechazo que recibiera por telegrama del 13 de septiembre de 2007 (fs. 35), en el que se le contestó: "En relación a los descuentos indebidos, negamos la existencia de los mismos".

En definitiva, el distracto no resultó apresurado ni intempestivo, porque lo que efectivamente aconteció es que el trabajador lo concreta luego de esperar la respuesta que rechaza su planteo; de ello que la circunstancia del plazo de la intimación por 24 horas es absolutamente irrelevante, tanto como la situación de encontrarse sujeto a una suspensión preventiva; incluso, como bien cita el recurrente, dados los términos del intercambio epistolar, devenía innecesario esperar el transcurso del tiempo.

Por otra parte, mayor significación aún tiene en el caso que dicho argumento no fue invocado por la demandada en su responde de defensa (fs. 66/73), y si bien alude al autodespido como "resolución intempestiva del vínculo" lo hace en relación al episodio de falta de dinero en el local comercial contemporáneo, acaecido el 31 de agosto de 2007, por el que se suspendió preventivamente al trabajador -pretendiendo introducir que eran dos los hechos por los que se injuria el trabajador- cuando ello resulta inadmisible a tenor de los términos de lo postulado por aquel al accionar (fs. 2/3 punto III.-HECHOS).

Cabe abundar: En el telegrama del 05 de septiembre de 2007 lo único intimado bajo apercibimiento es la devolución de los haberes, mientras que sobre los restantes hechos comunicados, el trabajador se limitó a expresar su rechazo e inconformidad con la suspensión y responsabilidad en la citada actuación policial, solo haciendo reserva de reclamar daños y perjuicios.

Que como se anticipara, la accionada bajo la figura del autodespido pretende que fue el propio actor el que generó la injuria para colocarse en situación de despido con motivo de lo acontecido el día 31 de agosto de 2007 al no ser hallada una suma de dinero a la que habría tenido acceso aquel, que se derivó en denuncia penal y su momentánea detención en sede policial; sobre el particular, más allá de no tratarse de un hecho controvertido, se evidencia contradictoria la posición de ventilar en el proceso aquel episodio a través de las testimoniales (fs. 124/132), cuando lo cierto es que nunca estableció como causal de despido directo.

Por el contrario, mediante el telegrama del 13 de septiembre de 2007 le respondió al trabajador aclarando que la suspensión no implicaba medida disciplinaria del art. 67, 218 y 219 LCT, y que como toda medida preventiva no hacía juicio de valor sobre responsabilidad en el hecho denunciado y que para ello estaban los órganos jurisdiccionales.

C.- Atento la información reseñada concluiré en la procedencia de los agravios vertidos por la parte actora, teniendo en cuenta que: a) el despido indirecto se justifica en los términos del art. 242 de la L.C.T. ante el rechazo de la restitución de las sumas descontadas por la empleadora, luego de ser intimada; y, b) la devolución de los salarios ha sido acogida luego que la empleadora no acreditado su causa.

De esta manera, la accionada deberá asumir el pago del haber devengado y las indemnizaciones que se estiman procedentes a continuación, a cuyo fin se tomará como base el mejor salario en los términos del art. 245 de la L.C.T, ref. 25.877, correspondiente al mes de julio de 2007, según recibo de fs. 38, de $3.452,93, atendiendo a la modalidad de pago mensualizado y lo dispuesto en el art. 40 de la ley 921:

1.- Haberes de septiembre de 2007: $1.841,60 por 16 días.

2.- Indemnización integración mes de despido (art. 233 2do. párrafo LCT): $1.745,58 (14 días $1.611,33 más SAC prop. $134,25).

3.- Indemnización por antigüedad (arts. 242 y 245 LCT) $10.358,79 ($3.452,93 X 3 -2 años, 3 meses y 28 días de antigüedad).

4.- Indemnización sustitutiva del preaviso, y SAC proporcional (art. 232 y 233 LCT): $3.740,67 ($3.452,93 más $287,74).

5.- Multa por incumplimiento en el pago de la liquidación (art. 2 de la ley 25.323): $7.922,52 (50% de 2, 3 y 4), cuya procedencia deriva de haberse acreditado la reticencia en el pago de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto no obstante la intimación fechaciente.

6.- Multa por la extinción producida durante el plazo de rigor del art. 16 de la ley 25.561 -art. 4 Ley 25972- Decreto N° 1433/2005: Tales normas agravaron las indemnizaciones derivadas del distracto con el objeto de desalentar los despidos en un contexto de emergencia laboral que se mantuvo hasta el 11 de septiembre de 2007 en que se publica el Decreto 1.224/07 que expresamente dispuso "Declarase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4 de la Ley 25.972.

En base a lo expuesto, resulta lógico concluir que el pago del agravamiento corresponde a aquellos despidos ocurridos hasta dicha fecha, y en tal sentido me expedí en la causa "HERNANDEZ HECTOR FABIAN C/ PRIDE INTERNACIONAL SRL S/ COBRO DE HABERES" (EXTE Nº 350357/7).

Conforme a lo expuesto y que conforme el telegrama de fs. 36, el distracto operó a partir del 17 de septiembre de 2007, no procede reconocer al actor el crédito por este concepto.

7.- En relación al pedido de aplicación de la multa multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345, también se habrá de rechazar con fundamento en que la intimación requerida por su reglamentación, Decreto N° 146/01 debe ser remitida transcurridos los treinta días desde la fecha del distracto, lo que no acontece con el requerimientos de fs. 36, que se formaliza al concretarse el mismo despido indirecto.

Que el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la ley 25.345, dispone: "..Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo .. Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente".

Que el artículo 3 del decreto reglamentario N° 146/01 (B.O. 13.2.2001) establece expresamente que: "El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. por dec. 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo." (cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; y 37 de la Const. Prov.).

En definitiva, la intimación telegráfica formulada por el actor no cumple con el recaudo temporal estipulado, y de ello que no se devengue la indemnización sancionatoria, no pudiendo ser suplida tal intimación con la demanda, y al respecto la jurisprudencia ha dicho con tal orientación: "El art. 3 del decreto 146/01 ha extendido el plazo para la entrega de los certificados de trabajo a 30 días. Dicha extensión encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar. El mayor plazo se advierte destinado a otorgar al empleador un plazo mayor de 48 horas, a efectos de proceda a la confección de los certificados en cuestión, puesto que en numerosos casos (ej. trabajadores con gran antigüedad, diversidad de categorías y formas de remuneración, etc.) dicho lapso podría ser exiguo si se pondera que en el mismo debe recolectar toda la documentación e información necesaria para dar cumplimiento al requerimiento legal, so pena de, en caso de no satisfacerla en tiempo y forma, hacer frente a una sanción pecuniaria gravosa. No ha existido un excesivo reglamentarismo al disponer el plazo de 30 días, ni se ha violado el precepto del art. 99 inc. 2 de la Carta Magna, puesto que se mantiene incólume el derecho consagrado en el art. 45 de la ley 25345 relativo a la obtención de las constancias y certificaciones a que alude el art. 80 de la LCT, razón por la que no cabe considerar al decreto 146/01 inconstitucional." (Autos: Tocalli Carolina c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ despido. Art. 80 LCT. Decreto 146/01. Magistrados: González. Rodriguez. Sala: Sala II. - Fecha: 16/06/2005 - Nro. Exp.: 21240/02 Nro. Sent.: 93573 Tipo de sentencia: S/D) (ídem Autos: Itrube Carlos P. c/ Comisión Nacional de Telecomunicaciones s/ despido. Art. 3 del Dec. 146/01. Art. 80 L.C.T. Art. 45 de la ley 25345. Magistrados: Catardo. Lescano. Sala: Sala VIII: - Fecha: 31/03/2006 - Nro. Exp.: 24918/04. Nro. Sent.: SD. 33108; Autos: CHIRINO JUAN FACUNDO C/ BANK BOSTON S..A. S/ DESPIDO. Art. 3 del dto. 146/01 reglamentario del art. 80 LCT (modificado por la ley 25.345. Magistrados: Guibourg. Porta. Sala: Sala III. - Fecha: 30/06/2006 - Nro. Exp.: 14.026/05. Nro. Sent.: SD. 87.900-LDT).

III.- Por lo expuesto y disposiciones legales citadas propongo al Acuerdo se revoque parcialmente el fallo apelado, en lo que ha sido materia de recurso por el actor y demandada, debiendo hacerse lugar a la demanda también en concepto de haberes de septiembre de 2007, indemnizaciones por antigüedad, integración, sustitutiva de preaviso y S.A.C., y las prevista en el art. 2 de la ley 25.323, que totaliza la suma de $25.599,16 por lo que el monto de condena se eleva a $31.770,68 ($25.599,16 más $6.171,52), con más los intereses pautados en la sentencia de grado.

IV.- Considerando el voto postulado, deriva en abstracta la apelación honoraria y por las costas, procediendo imponer las últimas en ambas instancias a cargo de la demandada vencida, al prosperar en su mayor pare los rubros reclamados (art. 17 Ley 921 y art. 68 del CPCyC), resultando sin efecto las regulaciones de los profesionales intervinientes, cumpliéndose una nueva que considere el capital de condena e intereses, conforme criterio sostenido en la causa "RODRIGUEZ VERGARA, HUGO HECTOR C/ PROVINCIA DEL NQUEEUN S/ COBRO ORDEINARIO DE PESOS" (EXTE. 453.083/11 de esta Sala III), a cuyos fundamentos me remito, y fijarse el porcentual de los correspondientes a la Alzada (art. 15 de la Ley 1594).

Tal mi voto.

Existiendo disidencia en los votos que antecede, se integra Sala con la Dra. Cecilia Pamphile, quien manifiesta:

Adhiero al voto emitido por el Dr. Marcelo Medori.

No obstante el especial contexto en que se produjo la finalización del vínculo laboral, considero que el actor ha invocado una causal para darse por despedido indirectamente (descuentos indebidos en concepto de "otros adelantos") que, a la postre, la Sra. Magistrada encontró acreditada.

La demandada en su recurso no cuestiona el razonamiento de la sentenciante, en punto a que tales descuentos importan una reducción salarial que excede los límites previstos en el art. 131 LCT, sino que solo alude a que cierto periodo estaría prescripto, aunque de modo extemporáneo, tal como se remarca en el primer voto.

De forma tal que, la ilegalidad de los descuentos ha quedado firme y más allá de que el actor se encontraba suspendido preventivamente a raíz del suceso de faltante de dinero de la caja fuerte del local de la accionada, lo cierto es que invocó y logró probar una causal de despido -indirecto- objetiva e independiente a tal situación.

Y es claro que debido al carácter alimentario del salario, por tratarse de una de la principales obligaciones del empleador, el pago incompleto del mismo es un incumplimiento de tal gravedad que constituye injuria suficiente, como para impedir la prosecución del vínculo (cfr. CNATrab, sala VII, "Jaimes, Carlos Alberto c. Reynoso, Juan Ovidio s/ despido", AR/JUR/2795/2011).

Concuerdo también con el análisis que efectúa el Dr. Medori en torno al plazo de la intimación cursada por el trabajador y la efectivización del apercibimiento, así como con el resto de los fundamentos plasmados en su voto, por lo que adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, RESUELVE:

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 215/219 vta., de conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 17 Ley 921).

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), de conformidad a las pautas establecidas en el considerando IV, deviniendo abstracto el tratamiento del recurso interpuesto.

4.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que oportunamente se fije en la instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.).

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dra. Cecilia Pamphile Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.