Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-27


L. DE S. Tº 99, Fº 81/93 En la ciudad de San Juan, a 27 días del mes de Diciembre del año dos mil siete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y el señor Vocal DR. GILBERTO A. RIVEROS, con ausencia por licencia del DR. PASCUAL E. ALFERILLO (art. 40 Ley 5854), a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 19.159 (54.443 - 3º CIVIL) caratulados "GARCÍA, RODOLFO Y OTRA C/ D`ANGELO DE FERREYRA, MARTA JOSEFINA Y OTROS - ESCRITURACIÓN", dictada en fecha treinta del mes de Marzo del año 2007, obrante a fs. 146-154, de estos autos originarios del Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

De los autos a estudio resulta que el Sr. Rodolfo Daniel García promovió demanda de escrituración del inmueble ubicado en calle Río Bamba nº 459 -Oeste-Bº Edilco, San Juan, contra Marta Josefina Dángelo de Ferreyra, Pedro Arturo Ferreyra, Carlos D. Ferreyra y Marta Graciela Ferreyra, quienes lo enajenaron a favor del actor mediante contrato celebrado el 26-01-95; en la operación se fijó el precio de U$S 48.000. En el acto pagó el actor adquirente la suma de 20.000; por su parte los vendedores entregaron la posesión del inmueble, obligándose a formalizar la escritura de dominio una vez efectivizado el total del precio, cuyo saldo fue de U$S 28.000, dividido en 14 cuotas mensuales. Afirmó el actor que se produce la cancelación, y para probarla acompaña el "Acta Declarativa" en donde la primera de las demandadas así lo reconoce; a la vez que se compromete a entregar el expediente sucesorio del Sr. Pedro Antonio Ferreyra (titular del dominio, ya fallecido). Ante el incumplimiento de los demandados son intimados por carta documento.

La demanda fue resistida por el Sr. Pedro Arturo Ferreyra (fs. 16 vta.) y la Sra. Dángelo de Ferreyra (fs. 74) oponiendo la excepción de contrato incumplido. Afirman al respecto que el saldo de precio, en su parte proporcional, no fue abonado, ni el capital, intereses moratorio y punitorios por lo que no pueden ser obligados a cumplir con la escrituración. En cuanto al instrumento con el que el actor pretende acreditar el pago, consistente en el "Acta Declarativa" dicen que es nula, que es un acto erróneo viciado de nulidad.

La Sra. Dángelo de Ferreyra afirma que en ese instrumento se ha consignado un hecho "...habiendo sido abonado por el comprador Señor Rodolfo Daniel García la totalidad del precio de venta....se compromete a entregar dentro de los ciento veinte días de la fecha, al Esc. Jorge Humberto Albarracín, en su domicilio legal, el juicio sucesorio..." constituyendo una declaración que le hace firmar el actor en el momento en que paga una suma de dinero a cuenta. La septuagenaria persona que es, no tuvo cabal conocimiento de lo que estaba firmando, que había sido redactado por un profesional del derecho, bajo una forma ambigua, y con la picardía de una frase incidental al principio en la que se deja constancia de una supuesta cancelación. Realmente entendió que debía llevar el expediente, pero nunca se percató, ni el notario la advirtió, que había firmado una constancia de un supuesto pago que no había recibido. Error que torna nulo el acto; que es declarativo y no constitutivo; y que agrava la obligación por lo que no es válido como reconocimiento. Reconviene contra el actor pidiendo se lo condene al pago de la suma de U$S 3.200, al no haber cumplido en término, con más intereses.

En su contestación, el Sr. Pedro Arturo Ferreyra agregó que aquel instrumento no es eficaz para acreditar la cancelación contraída por el actor a favor de la firmante y de tres demandados. Que no ha percibido la parte proporcional que le corresponde; no ha intervenido en el instrumento, ni le presta conformidad, sino que lo impugna formalmente y le niega eficacia probatoria. Además que conforme la ley 25.345, sancionada el 19-10-00, ese instrumento carece de todo valor y no surte efectos entre las partes y terceros.

La reconvención fue respondida por el actor a fs. 93 negando haber dejado de pagar; o haberlo hecho fuera de término, lo que se evidencia -dice- mediante la carencia de reclamaciones fehacientes al respecto.

El fallo de fecha 30-03-07 rechazó la demanda. La Juez encontró en el "Acta Declarativa", conque el actor pretende acreditar la cancelación del precio, reunidos los requisitos que hacen procedente la figura de lesión, esto es inexperiencia, desproporción en las prestaciones y aprovechamiento. Observando que hay desproporción enorme, considera que el actor debió justificarla, lo que no hizo; de ello concluye que se presume la inferioridad y aprovechamiento. También rechaza la reconvención de la Sra. Dángelo de Ferreyra porque no existe prueba que permita sostener el monto que reclama en concepto de saldo impago.

Apelada la sentencia por actora y reconviniente, observo los agravios del primero, que obran a fs. 181. En ellos se queja porque al declarar inválida el acta declarativa labrada ente el escribano Jorge Albarracín, la juez parte de un error de interpretación al entender que se encuentran cumplidos los requisitos para su anulación, ignorando la carga probatoria de los hechos, el procedimiento de redargución de falsedad y demás pruebas. El juzgador da por sentado que Marta Dángelo es una mujer de avanza edad con disminución de sus facultades mentales que le impedía comprender las consecuencias del acto, sin prueba alguna aportada por las partes que fundamenten tamaña conclusión.

No condice el obrar del juzgador con la jurisprudencia emanada de Tribunales Superiores de Justicia. El cuestionado razonamiento releva a la demandada, en forma injustificada del empleo de las formas legales pre-establecidas y de los medios idóneos para lograr ese cometido, agravándose cuando la dispensa de la producción de la actividad probatoria para dilucidar los hechos. Por ello resulta parcial y contradictorio el razonamiento del Inferior supliendo las omisiones y negligencia en que incurre la interesada en declarar la nulidad. Todo en contraposición a las pruebas obrante en autos, resultando subjetivas, arbitrarias e incongruentes las consideraciones que anteceden el resolutorio, por lo que solicita su revocación con costas.

Se agravia porque el inferior asegura que el Sr. García Rodolfo y Escribano Albarracín se apersonaron en el domicilio de la Sra. Dángelo de Ferreyra, logrando el actor el aprovechamiento de esta última. La sentenciante copia textual el falso relato que de los hechos hacen los apoderados de la Sra. de Ferreyra cuando fundan la nulidad. Resultan ser inexistentes las pruebas en autos, por lo cual el relato es solo presunción del Juzgador que fue inducido a error. De las constancias del acta se desprende que los otorgantes comparecieron a la escribanía del Dr. Albarracín. Resulta contradictoria a la luz de la realidad de los hechos cuando asegura "la evidente inferioridad frente a la presencia del actor y un escribano en su domicilio", más cuando estas circunstancias no han sido acreditadas en autos. Por ello sostiene la plena vigencia del acta que da cuenta del pago total del inmueble.

Refiriéndose a la codemandada Marta Dángelo de Ferreyra, la juez a-quo asegura que ha existido perjuicio cuando dice que "En la causa ha quedado demostrada la irritante ventaja patrimonial obtenida mediante la firma estampada en esa acta declarativa, por ello es el actor, excepcionado a quien correspondía probar que no existió de su parte aprovechamiento de tal situación, prueba que no ha sido producida".

Que tal como se deduce la piedra angular de los fundamentos para declarar la nulidad del acta es el hecho, no probado, que fue firmada bajo ardid. Dicha argucia, según la sentenciante, se materializó con la presencia del Escribano, quien concurrió al domicilio particular de la deudora, quien fue sorprendida en su buena fe y suscribe una documentación incomprendiendo la naturaleza del acto, dada su avanzada edad, lo que sin duda generó una ventaja patrimonial a favor de la compradora. De los considerandos se permite extraer que, sin perjuicio de los principios de apreciación de prueba, al juzgador le está vedado el convencimiento de la veracidad de los hechos expuestos por las partes con solo presunciones que no se apoyen en otras pruebas rendidas, todo bajo pena de configurarse el pronunciamiento en arbitrario e incongruente. Las conclusiones no se apoyan en una sola prueba rendidas por las partes.

Formula el replanteo de prueba intentando demostrar su buena fe con documentación que afirma era desconocida hasta esta instancia, por estar traspapelada. Ella, consiste en tres recibos de pago, que totalizan la suma de U$S 2.000; $ 2.000 recibidos por esta vendedora, y otro de $ 480 que abonó el actor a los fines que aquella cancelara la deuda que mantenía con su abogada, Dra. Mabel Crim, por la confección del contrato, pago a los que no estaba obligado, por lo que mal puede alegar la Sra. Ferreyra que el contrato se haya ejecutado de mala fe, y/o que no tenga derecho a exigir la escritura. También debió abonar los honorarios a la misma profesional por la tramitación del juicio sucesorio del Sr. Ferreyra Pedro Antonio, dado que los herederos no tenían dinero para hacerlo.

El segundo agravio es porque se lo condena al pago de las costas.

Los agravios son contestados por la demandada a fs. 193, rebatiéndolos y oponiéndose a la prueba que intenta introducir su contraria.

Los agravios de la reconviniente lucen a fs. 173 y consisten en que hubo de parte de la juez errónea interpretación sobre la carga de la prueba, respecto al cobro del saldo de precio; y que la sentencia es arbitraria y autocontradictoria. Cita los antecedentes del caso, y luego critica el fallo diciendo que en su parte final la juez, de modo dogmático y absolutamente arbitrario, aplica una regla respecto del omus probandi sosteniendo que es obligación inherente a cada parte aportar la prueba de los hechos en que basa su pretensión...y que no existe en autos prueba producida por la reconviniente que permita sostener el monto que reclama en concepto de saldo impago.

Sostiene que esta afirmación es falsa y autocontradictoria, porque la cuestión de la carga de la prueba se reduce a establecer cuáles son los hechos que considerados como existentes por el juez, deben bastar para inducirlo a estimar la demanda. El hecho constitutivo que dio origen a este proceso judicial es el contrato bilateral, conmutativo, sinalagmático de compraventa por un precio cierto y determinado cuyo importe era pagadero, una parte de contado, y el saldo en catorce cuotas de U$S 2.000 cada una. El comprador no agrega recibo alguno del pago de cuotas. El único punto contradictorio quedó establecido en la existencia de un saldo insoluto, dado que reconoce que hubo pago a cuentas, y que ascendía a U$S 3.200 más intereses. A la actora le correspondía acreditar el pago del saldo en las condiciones pactadas conforme al principio que quien afirma está obligado a probar. Su parte como reconviniente probó el contrato o hecho constitutivo; el Sr. García, como reconvenido, debía probar el hecho extintivo, conforme art. 360 del C.P.C. En consecuencia su parte estaba eximida de acompañar los recibos de pago que había otorgado, hasta la concurrencia del importe que afirma haber percibido, dado que sería una prueba negativa, porque tendría que probar que García no pagó, siendo que el único que tiene los recibos es García. La carga de la prueba cae sobre la deudora. El actor debe probar los hechos constitutivos y el demandado los impeditivos. El reconvenido, cuando contesta la reconvención, no agrega probanza alguna ni recibo expedido por todos los acreedores respecto del pago de U$S 3.200. Solo se limita a reiterar los términos de su demanda e invocar el acta declarativa que fue declarada nula, y que no constituye un instrumento extintivo de la obligación. Por tanto debe acogerse la apelación, haciéndose lugar a la reconvención, con costas.

Otro agravio es porque la sentencia es autocontradictoria y arbitraria, no siendo una derivación razonada del derecho en vigor. En el fallo se hace lugar a la excepción de incumplimiento porque el actor no acreditó el pago del saldo de precio, y rechaza la reconvención cuya pretensión es el cobro precisamente del saldo de precio reconocido en la misma sentencia. Rechaza la juez la demanda y reconvención aplicando los mismos principios jurídico adjetivos, sin advertir que son dos caras de la misma moneda, que se contraponen.

El tercer agravio es por la imposición de costas de la reconvención.

Estos agravios son contestados a fs. 198.

Tratamiento de los agravios En el caso de autos hay un tema previo que corresponde analizar y es el referido a la prueba que el actor intenta producir en esta instancia y consistente en recibos, parte de ellos referidos a la deuda principal y otros por gastos que hiciera en pos de obtener la escrituración; dijo que fueron desconocidos hasta este momento por habérsele traspapelado.

El planteo no es procedente. Es así, porque no se trata de documentación de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, lo que resulta de la consignada en ellos. A su vez tampoco puede admitirse que le eran desconocidos, desde que reflejaban actos propios, y se encontraban en su poder. Aun cuando haya estado traspapelada, la falta de disponibilidad en la oportunidad procesal correspondiente - al demandar o contestar reconvención - solo es atribuible a su conducta, por lo que no puede ser excusado. Además, que aquellos recibos por pago de honorarios no se refiere a hechos alegados o articulados por el actor en la demanda, o en la contestación que produjo, siendo improponibles conforme al art. 340 y 344 del C.P.C.

Sentada esta conclusión queda abordar los agravios conque la parte actora pretende modificar la resolución dictada por la juez a-quo.

En el caso en estudio pretende el Sr. García que se condene a los demandados a suscribir la escritura traslativa de dominio del inmueble que fue objeto de compraventa. No hay discusión respecto al negocio jurídico; ni en cuanto al precio, que fue de U$S 48.000; y la modalidad de pago, entrega de U$S 20.000 en el acto de suscripción del boleto, y el resto en 14 cuotas mensuales de U$S 2.000 cada una.

Discrepan los litigantes en cuanto al cumplimiento por parte del actor en la satisfacción de su obligación consistente en el pago total del precio pactado.

La prueba, con la que el actor pretende acreditar que dio acabado cumplimiento es el "Acta Declarativa" suscripta por la Sra. Dángelo de Ferreyra, ante escribano público, el 21-11-2.000, en donde dijo que "habiendo sido abonada por el comprador Sr. Rodolfo Daniel García, la totalidad del precio de venta...".

Ambos demandados, que concurren a la causa, coinciden en afirmar que el saldo de precio no fue abonado, ni el capital, intereses moratorios y punitorios.

Y refiriéndose al instrumento acompañado por García, la Sra. Dángelo de Ferreyra lo tacha de nulo, mientras que el co-demandado Pedro A. Ferreyra, dice - al contestar demanda y al responder a los agravios del actor (fs. 17 y 194 respectivamente) - no haber intervenir en él, no lo conforma, le niega eficacia probatoria; y que no ha percibido la parte proporcional que le corresponde, que sólo ha percibido pagos parciales; y que el saldo lo calculará en el momento en que el precio sea efectivamente cancelado.

El planteo que formula cada uno de los demandados, atinente a la eficacia probatoria del "Acta Declarativa", conduce a discernir la clase de obligación que asumió el Sr. García al momento de celebrar el contrato en donde la vendedora estaba conformada por sujetos múltiples.

El actor insistió en que se trató de una obligación mancomunada solidaria al momento de alegar (fs. 140 vta.) argumentando que son indicios de ella que el precio fue único, sin aclaración sobre proporción que le corresponde a cada uno; la inexistencia de distintos domicilios de pago, sino uno solo; y que todos autorizaron a la Dra. Mabel Crim a percibir la totalidad del saldo estipulado, fijan un solo domicilio legal.

Pero no ha de entenderse de esa manera, sino que ha de considerarse que la acreencia por el saldo de precio, que debía satisfacer el Sr. García, es simplemente mancomunada. No aparece como una acreencia solidaria ya que ha dicho la jurisprudencia que "No hay solidaridad tácita o inducida por analogía. Como claramente expresa el art. 701 Del código civil, para que la obligación sea solidaria es necesario que esté expresa la solidaridad por términos inequívocos, ya obligándose "in solidum" o cada uno por el otro, o el uno por los otros, etc., O que expresamente la ley la haya declarado solidaria". La regla en materia de obligaciones conjuntas de sujeto múltiple, es la mancomunación simple, por la cual, en caso de duda, debe estimarse que no existe solidaridad (conf. J.J.Llambías, Tratado de Derecho Civil Obligaciones-T.II, p.482/83, Nº1184; G.A. Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones-2a.Ed.,T.I., P. 406, Nº 587, r. A. Salvat, e. V.Galli, Tratado de Derecho civil Argentino-Obligaciones en General, 6a. Ed., T.Ii, p.67, Nº 890; H. Lafaille, Tratado de Derecho Civil; Argentino - Obligaciones, t.II, p. 223, Nº 1127; l. De Gásperi-A.M.Morello, Tratado de Derecho Civil Obligaciones en General - t.II, p.317, Nº 865, etc.. Es que "Teniendo en cuenta que la solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común (art. 701 del Cód. Civ.), no mediando expresa solidaridad es simplemente mancomunada..." (CNCiv., Sala C, 23-03-88, ED. 130 - 416).

En el caso de autos no hay, como bien dice el actor, partes diferenciadas en la acreencia de cada uno de los vendedores, pero aun siendo así ello no autoriza a pensar que estamos ante una acreencia solidaria ya que ese supuesto encuentra solución en lo previsto por el art. 691 del Cód. Civil.

La solución expresada en el párrafo precedente va a trascender por cuanto si la acreencia es simplemente mancomunada, cada uno de los vendedores es titular solo de la parte del crédito que le corresponde; y el comprador, deudor del precio a pagar, hasta ese límite.

Siendo así, la validez probatoria del reconocimiento de haber percibido el total del precio del inmueble, expresado por la Sra. Dángelo de Ferreyra en el Acta, no le será oponible al otro acreedor mancomunado, circunstancia que impone el análisis de la prueba rendida en autos en vista de los argumentos que cada uno de los vendedores formulan para rebatir la afirmación del actor de haber cancelado el precio.

Presentadas así las posiciones de ambas partes me ocupo de la defensa ensayada por la Sra. Dángelo de Ferreyra contra aquella "Acta Declarativa", que si bien no es un recibo, si es el reconocimiento de haberse recibido la prestación debida y permite establecer la cancelación total, con respecto a la acreedora que lo suscribiera.

Ahora bien, este instrumento fue tachado de nulo, e inválido como reconocimiento; por ser fruto de un error, pues fue otorgado en la inteligencia que comprometía la entrega, dentro de los ciento veinte días de la fecha, al Esc. Jorge Humberto Albarracín el juicio sucesorio; que por su condición de septuagenaria no tuvo cabal conocimiento de lo que firmaba, al redactado por un profesional del derecho, bajo una forma ambigua y con picardía de una frase incidental al principio en la que se deja constancia de una supuesta cancelación. Nunca se percató, ni el notario la advirtió, que había firmado una constancia de un supuesto pago que no había recibido.

Las partes en litigio, ya sea en los escritos iniciales como en la expresión de agravio, han puesto su acento en hacer recaer sobre la contraria la carga probatoria, y en ese sentido han criticado abundantemente la sentencia, acusando al oponente de incurrir en falta de prueba de los hechos.

Para despejar este tema, diré que no solo los recibos son evidencias de que el pago se ha cumplido, y el reconocimiento que formula la Sra. Dángelo de Ferreyra no puede tener una eficacia diferente. Tratándose de un acto jurídico emanado de la acreedora, si pretende restarle valor probatorio por mediar error o lesión, tiene la carga de demostrar que se dan los requisitos para que esas figuras prosperen "No olvidemos..que la lesión es una figura que juega en casos excepcionales, pues la regla sigue siendo que los contratos se hacen para cumplirse.." Enseña Julio C. Riveras en "Instituciones de Derecho Civil- Parte General, Tº II, pág.846. Entonces será la nulidicente quien tendrá que probar la existencia de los tres requisitos para que sea exitoso su ataque invalidante; o cuando menos uno de ellos que permita suponer la existencia de los otros (conf. art. 954 C.C.).

La juez observa en el reconocimiento estampado en el "Acta" que ha quedado demostrado una irritante ventaja patrimonial, y citando jurisprudencia afirma que cuando la desproporción injustificada adquiere una magnitud a la que quepa el calificativo de notable - grosera - insultante, saldo del precio pactado sin prueba documental que lo corrobore - se invierte la carga de la prueba y se presume tanto el estado de inferioridad como su explotación. Siguiendo ese pensamiento, resulta que la juez a-quo parte de considerar y concluir que hubo una desproporción injustificada e irritante.

Entiendo que ello no es acertado. Es que para concluir que la Sra. Ferreyra había otorgado una ventaja desproporcionada, la nombrada debió precisar, colaborando con la jurisdicción, cuál era esa ventaja.

Si nos atenemos a sus dichos resulta que el saldo impago, luego de suscribir el contrato, era de U$S 28.000. Pero también ha reconocido que existieron pagos por parte del deudor, lo cual está indicando que no es esa la suma que le adeuda el comprador, sino una inferior. Y si bien no es ella quien tiene los recibos para demostrar qué pagos se hicieron, no podía dejar de aportar alguna precisión para poder determinar la magnitud del saldo impago, a fin de poder decir si, tenerlo por cancelado, constituía una lesión "enorme".

Más confuso es el crédito que entiende impago si nos dice que su derecho "se reducía a una parte de ese total; que bien podría calcularse en fracciones iguales para cada uno de los acreedores, siguiendo la solución del art. 691 del C.C.; pero también podía ser una diferente si se tiene en cuenta que el objeto de la venta era un bien del sucesorio del Sr. Pedro Antonio Ferreyra.

Por otro lado afirmó que resultaba acreedora de un saldo de U$S 3.200" (fs.75); y que esa cifra surgía de haber reducido de los pagos percibidos, partes que imputaba primero a intereses por mora y el resto a capital.

La determinación de esa suma de dinero, U$S 3.200, hecha luego de imputar los pagos recibidos, parte a intereses y otra a capital, está indicando que sabe cuáles fueron los pagos a cuenta; y cuándo se hicieron, lo que calla al tiempo de contestar la demanda, lo mismo que al reconvenir. De donde, sin saber cuándo se hicieron los pagos de cuota, y su extemporaneidad, no podría decirse si aquellas imputaciones fueron justificadas o no. No satisface este deber de colaboración decir que hubo demoras de meses y años, y que se había fijado un interés diario del 0,25% por incumplimiento, si no ayuda indicando los datos que permitan al contrario defenderse, y a la jurisdicción analizar la situación, y definir qué parte de capital, o si todo el capital, estaba cancelado, de la forma que lo reconoce en el Acta; en su caso cuál la magnitud del perjuicio, ya que la norma en análisis, exige que la ventaja patrimonial resulte "evidentemente desproporcionada y sin justificación"; y el consiguiente perjuicio sea "evidentemente desproporcionado", ya que no cualquier diferencia en menos lo determina; pues debe ser "notable".

Sin estas determinación no puede afirmarse, que haya habido ventaja de parte del deudor; y menos aun que ésta sea enorme e injustificada.

No siendo posible decir que la ventaja es desproporcionada, entonces la oponente no queda relevada de probar su inferioridad por inexperiencia, necesidad o ligereza, ya que no cabe presumirlas por la falta del presupuesto indispensable para que así sea.

Los indicios de tal inferioridad los ha puntualizado en la circunstancia de ser una persona, a la fecha de la suscripción del Acta, de 70 años de edad. Este datos, por si mismo no es indicativo de disminución, incapacidad o inexperiencia. Además, que no puede olvidarse que los vendedores fueron asistidos por letrada. Así surge que en la redacción del contrato interviene una abogada, apoderada de los vendedores, que es quien tramita el juicio sucesorio de don Pedro Antonio Ferreyra; y quien es facultada para percibir el importe del saldo de precio (cláusula 3º del contrato); a su vez es quien la representa en este juicio mediante apoderamiento; en donde la Notaria interviniente manifiesta que la Sra. Dángelo es "hábil". Todos estos indicios hacen presumir que esta demandada dispuso - o pudo disponer - de asesoramiento legal que compense la supuesta incapacidad o inexperiencia.

Agrego a ello que en el "Acta" si bien el notario hace constar los dichos de la Sra. de Ferreyra, referidos a actos que no pasaron bajo su presencia, sí dejó constancia en su calidad de fedatario que la Sra. Ferreyra compareció ante él, y que "se ratifica de su contenido..." circunstancias diferente a sus dichos de que fue el actor quien concurriera al domicilio de la demandada, y que el actuante no la "advirtió".

En mérito a ello cabe concluir que el acto jurídico de "Acta Declarativa" es válido, debiendo rechazarse el planteo nulitivo, desde que no se observa error ni lesión en su contenido, por lo que constituye suficiente prueba que el crédito de la Sra. Dángelo de Ferreyra está cancelado.

Sobre la incidencia de este reconocimiento, respecto al crédito del Sr. Pedro Arturo Ferreyra, la solución será diferente.

Uno de los ataques que esbozó contra aquel instrumento es la ineficacia en virtud de lo previsto por la ley 25.345. Ello es inatendible ya que la norma está referida a los pagos totales o parciales de sumas de dinero efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8 de la presente. Y siendo que el documento cuestionado está referido a pagos anteriores a dichas fechas, no es aplicable la disposición legal.

Ahora, también el Sr. Pedro Arturo Ferreyra desconoce aquel reconocimiento como prueba - del pago de su crédito. Tratándose de un documento extendido por otra acreedora, que no ostenta representación ni actúa en nombre de este demandado, se concluye que no le es oponible. Entonces el actor, frente a la negativa del acreedor, debió probar haber saldado el precio, y con documentación suficiente a esos fines. Como resulta de autos, no ha producido dicha prueba ya que no hay en autos recibos otorgados por este acreedor, de donde la excepción de incumplimiento contractual por él opuesta al pedido de escrituración va a prosperar.

Resultando exitosa esta defensa, y al tratarse de un caso de litis consorcio pasivo necesario, el resultado afecta a los demás, y acarreará irremisiblemente el rechazo de la demanda.

Ello, porque la prestación requerida a los vendedores es insusceptible de ser cumplida parcialmente, ya que se trata de una obligación indivisible impropia o irregular, calidad que determina la actuación conjunta de las partes involucradas en el negocio de base. Tal, el supuesto del acto de escriturar, cuya indivisibilidad está consagrada por el art. 680 del C.C., y para cumplirla -como acto único-, deben concurrir todas las partes interesadas (art. 988 del mismo código).

Sobre la reconvención, debe analizarse los agravios de la parte constituída por la Sra. Dángelo de Ferreyra que pretende se condene al actor al pago de la suma de $ 3.200, que dice adeudarle del saldo del precio.

Según las conclusiones a las que se arriba al inicio de los presentes considerandos, y habiéndosele reconocido eficacia al "Acta Declarativa" en donde reconoce la nombrada haber recibido la totalidad del precio, la reconvención debe ser rechazada del modo que lo previera la juez a-quo.

Por ello, opino que los recursos deben ser rechazados con costas a las partes apelantes vencidas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde rechazar los recursos de apelación incoados, con costas a las partes apelantes vencidas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la actora (fs. 158) y reconviniente (fs. 156), con costas a las partes apelantes vencidas.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. PASCUAL ALFERILLO en uso de licencia (art. 40 Ley 5854).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.