Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-11-27


San Miguel de Tucumán, 27 de noviembre de 2017.- Sentencia Nro. 331 Y VISTO :

Los recursos de apelación concedidos en autos a las partes litigantes contra la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2016 (fs.200/204) que rechazó las excepciones interpuestas por el demandado, ordenando se lleve adelante la ejecución, con costas al ejecutado, declara prescriptos los intereses devengados cuatro años inmediatos anteriores a la interposición de la acción, y su aclaratoria de fecha 24 de febrero de 2017 (fs.213) y;

CONSIDERANDO Que a fs.219/224 (demandado) y a fs. 240/245 (actor) los apelantes expresan agravios.

Demandado: Cuestiona el fallo de grado en cuatro puntos. 1) el rechazo del planteo de prescripción liberatoria. Reprocha el argumento de la sentencia referido a la suspensión de la prescripción por la acción deducida en el fuero federal. Destaca la falta de oposición del actor. Denuncia falta de congruencia y motivación. Cita doctrina legal, y jurisprudencia. 2)Cuestiona el razonamiento relativo a la medida autosatisfactiva dictada por el Juez Federal. Entiende que no es de aplicación al presente proceso. Denuncia el pago total de la deuda en el año 2002. Cita el art. 3966 del Código Civil y 19 de la C.N. Cita jurisprudencia. 3)Ataca la valoración de las pruebas que efectuó el fallo de mérito sobre las defensas de pago total y parcial. Realiza un análisis de donde surge el monto abonado. Cita jurisprudencia. 4) Reitera los argumentos del planteo de aclaratoria, denegado en la instancia de grado.

Actor: Funda los reproches en dos puntos. 1) Cuestiona la contradicción del fallo en cuanto rechaza la defensa de pago parcial pero en los considerandos sostiene que debe descontarse el importe de $31000, que es el valor de los títulos públicos que el demandado transfirió con motivo de la sentencia en el fuero federal. Destaca que la resolutiva no hace mención al descuento indicado. Expone en cuatro puntos (a, b, c, y d) la diferencia entre el valor técnico/nominal y el valor de mercado de un título público, cita jurisprudencia. 2) Reprocha la declaración de prescriptos de los intereses devengados cuatro años inmediatos anteriores a la interposición de la acción. Resalta que los plazos se encontraban interrumpidos durante todo el tiempo que duró la tramitación del juicio de medida autosatisfactiva. Cita legislación. Entiende que el plazo se encontraba interrumpido hasta que la sentencia de la Cámara Federal adquirió firmeza. Hace reserva del caso federal.

A fs. 249/252 corre agregado el escrito de contestación de agravios del demandado, y a fs. 227/234, el del actor.

Siguiendo un orden lógico en la resolución de los recursos, trataremos en primer término la apelación del demandado, ya que cuestiona el rechazo de las defensas por su parte interpuestas, para luego analizar y resolver - solo si la apelación del demandado no prospera - el recurso del actor. Sin embargo, cabe aclarar que existen cuestionamientos recursivos coincidentes en algunos puntos, los que serán tratados en forma conjunta.

Recurso del demandado: Conforme lo expone el ejecutado apelante, los puntos 1 y 2 del memorial de agravios giran en torno al fundamento de la defensa de prescripción y su interrupción.

En referencia al tema, el embate del recurrente tiene centro en la falta de congruencia del fallo. Entiende que la Sra. Juez de grado se coloca en el lugar del ejecutor y resuelve una cuestión no deducida por la actora. Sostiene que al interponer la acción el pretensor demanda lisa y llanamente una ejecución hipotecaria, y solo ante el planteo de prescripción hace mención al pago efectuado por su parte.

Este agravio no puede ser receptado favorablemente.

El principio de congruencia es una manifestación o derivación del principio dispositivo, en virtud del cual debe existir conformidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional, es decir conformidad entre el contenido de las resoluciones judiciales y lo que ha sido objeto de petición por las partes" (El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil; Roberto G. Loutayf Ranea; pág. 1.154).

Advertimos que en el caso concreto no existe una violación a este principio, atento que el fundamento esgrimido por el recurrente no encuentra respaldo suficiente. El fallo de mérito no introduce de manera alguna una cuestión no propuesta por las partes, siendo que el ejecutante, al contestar el planteo de la defensa de prescripción, introduce en la litis la postura asumida en referencia a la defensa. Es decir que no se observa que la Sra. Juez se coloque "en el lugar del banco ejecutor", como afirma el recurrente.

La postura del apelante responde más a un cuestionamiento a la oportunidad que tiene el actor para contestar el planteo, reglada en el art. 519 procesal, que a la violación del principio de congruencia.

Es que en el presente juicio de trámite ejecutivo, rige en materia probatoria el art.519 del CPCC que establece que el ejecutante al contestar las excepciones debe ofrecer toda la prueba de que intente valerse. Norma legal que no colisiona con el art.286 del mismo digesto adjetivo (en cuanto determina la agregación de la prueba documental al tiempo de la demanda), siempre y cuando la que se ofrezca al contestar el traslado de la excepción, se limite a desvirtuar la defensa y no a introducir elementos de juicio que fueron omitidos en el inicio del proceso.

Por ello, no existe en el fallo atacado violación alguna al principio de congruencia.

En atención al segundo punto, referido ya en concreto a la excepción de prescripción, el ataque gira en torno al objeto de la medida autosatisfactiva iniciada en sede federal por el aquí ejecutado, quien entiende que dicha medida no impedía de ninguna manera la interposición de la presente demanda. Es decir que su postura recursiva estriba en la ausencia de relación directa entre la pretensión de la medida autosatisfactiva y el inicio de la ejecución hipotecaria.

No resulta atendible tampoco la postura del ejecutado.

Si bien, el art. 3.986 C. Civil establece que la interrupción de la prescripción es con la demanda, nuestra doctrina y jurisprudencia mayoritaria ha sentado la premisa de que el vocablo "demanda" se refiere a una actividad del acreedor ante los jueces, pero que no debemos ceñirnos al significado estricto que tiene en derecho procesal, sino que debe interpretárselo en forma extensiva y comprende a una cantidad de actos judiciales, aunque no constituyan estrictamente una demanda en el lenguaje del derecho procesal.

Así una jurisprudencia abundante y reiterada establece que el embargo preventivo, las inhibiciones y otras medidas cautelares tienen efecto interruptivo de la prescripción. Y dicho efecto se prolonga, cualquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso (conf. Bueres, Alberto J. (Dirección) - Highton, Elena I. (Coordinación), "Código Civil Anotado", tomo 6-b, pág. 686, Ed. Hammurabi).

Desde tal óptica, coincidimos con el fallo de mérito, en cuanto considera la gestión efectuada en sede judicial federal por el propio ejecutado como suspensiva del cómputo del plazo prescriptivo. Evidentemente, se trata de un reconocimiento de la existencia de la deuda por parte del aquí ejecutado.

El fundamento de esta causal de interrupción de la prescripción (por reconocimiento de la deuda) está dado porque tal actividad (el reconocimiento) implica la renuncia del deudor a adquirir un derecho por el transcurso del tiempo, e implica una reafirmación de su carácter de obligado, y una confesión del derecho del acreedor.

Explica López Herrera ("Tratado de la prescripción liberatoria", Ed. Ab.Perrot, pag. 293) que el reconocimiento es una causal de interrupción que se origina únicamente en la persona del deudor, pues su naturaleza jurídica es la de ser un acto jurídico unilateral, emanado del deudor si es expreso, o bien un hecho jurídico si es tácito.

Al ser un acto interruptivo proveniente del obligado no está sometido a ninguna condición especial de forma y puede ser exteriorizado por una manifestación de voluntad expresa o tácita.

El reconocimiento expreso debe contener la admisión de la deuda o del derecho del acreedor, no estando sujeto a ninguna formalidad. Asimismo el reconocimiento tácito es el que resulta de hechos del obligado que en forma clara, indubitable, inequívoca y sin necesidad de deducciones o razonamientos lógicos gramaticales, demuestran su voluntad de mantener viva la obligación o admitir el derecho del acreedor (López Herrera, ob. cit., pag.299).

En el caso, sin dudas, la interposición de la medida autosatisfactiva evidencia un reconocimiento de la deuda. Precisamente, interrumpe la prescripción porque al emanar del deudor, no se compatibiliza con el desconocimiento o negación de la deuda y no puede ser interpretado de otra manera que no sea el sometimiento voluntario de la obligación. Ello surge nítido de la lectura de la copia de demanda autosatisfactiva obrante a fs. 124/126, a cuyos términos nos remitimos, en honor a la brevedad.

A más, cabe señalar que el actor al contestar la excepción de prescripción expresa que la deuda no se encontraba cancelada, motivo por el cual no existió aceptación del pago efectuado.

Recordemos que la inserción de los títulos públicos por parte del demandado para el pago de la deuda responde a la resolución judicial dictada en la medida autosatisfactiva, que ordenaba a la entidad crediticia a recibir en concepto de pago cancelatorio los mencionados títulos. Es decir que no existió una aceptación voluntaria ni aprobación alguna por parte del banco, por el contrario, fue compulsiva - como ya lo dijimos - la recepción de los instrumentos.

Es decir que a la citada recepción del pago con la expresión de reservas o disconformidad en la forma en que era cumplido no corresponde asignarle el efecto liberatorio determinado en el art.505 C.C, que tiene efecto definitivo, constituyendo un derecho adquirido de naturaleza patrimonial garantizado por el art.17 C.N.

Y resulta elocuente la disconformidad del banco actor al cuestionar la decisión del Juez Federal en las distintas instancias, hasta el dictado de la citada sentencia de la Corte Nacional.

En conclusión, entendemos que existe un claro reconocimiento de la deuda por parte del aquí ejecutado, acto que debe ser considerado como interruptivo de la prescripción, y que desde la interposición de la demanda autosatisfactiva hasta el dictado de la sentencia definitiva en aquella causa, de fecha 09/12/2010, cuya copia obra agregada a fs. 149 de autos, los plazos para el cómputo de la prescripción se encontraba interrumpidos.

Como consecuencia de lo antes expuesto, y efectuados los cálculos pertinentes, observamos que en la causa no resulta aplicable el instituto de la prescripción.

En referencia a los argumentos expuestos en el punto 3, adelantamos que corresponde también su rechazo, pero por las siguientes razones. Lo resuelto en este aspecto es aplicable también al recurso del actor, en su punto I), sub a), b), c), y d).

Para dilucidar la cuestión observamos la existencia de un elemento esencial, cual es la sentencia de la CSJN agregada en copia a fs. 147 vta./148.

Allí, el Supremo Tribunal de la Nación, en fecha 23 de junio de 2009, y en referencia a la causa "Rojo Luis Marcelo c/ Banco Hipotecario Nacional SA", entre otras, hizo lugar a las quejas interpuestas, declaró admisibles los recursos extraordinarios, y revocó las sentencias apeladas, con fundamento en las causas citadas como análogas.

Ante ello, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, en fecha 09 de diciembre de 2010, revoca la sentencia de fecha 27 de julio de 2002, y rechazó el planteo de inconstitucionalidad y la demanda autosatisfactiva interpuesta por el demandado en estos autos.

Regresando al señero fallo de la Corte Nacional, observamos que en la causa citada como análoga al planteo de Luis Rojo, "Agüero Máximo José y Ovejero Cornejo de Agüero c/ Banco de la Nación Argentina" en su parte pertinente dice: "Cabe confirmar la sentencia que rechazó la acción declarativa de certeza tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 1387/01, así como del art. 61 de su similar 1570/01 (texto según decreto469/02) y de la comunicación "A" 3398 del Banco Central de la República Argentina, en cuanto exigen la conformidad de la entidad bancaria acreedora para cancelar deudas mediante la dación en pago de títulos públicos para los deudores 1, 2 y 3 de la comunicación "A" 3339 y, en consecuencia, que se les permita saldar su crédito hipotecario en las mismas condiciones que las previstas para los deudores 4, 5 y 6 de esa comunicación, pues no se afecta la garantía de igualdad, ya que dicha normativa distingue a los deudores de acuerdo a su ubicación en las distintas categorías que reflejan su situación de riesgo en el sistema financiero y tratan de modo distinto a situaciones diferentes- cumplidores o con riesgo normal, por un lado, y de difícil recuperación o directamente incobrables, por el otro-, distinción que se asienta en pautas objetivas y razonables, tanto en lo que respecta a sus destinatarios como en lo concerniente al fin perseguido por el régimen" (fuente: SAIJ SENTENCIA12 de Mayo de 2009 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Magistrados: Mayoría: Fayt, Petracchi, Maqueda Voto: Argibay Disidencia: Highton de Nolasco, Zaffaroni Abstención: Lorenzetti Id SAIJ: FA09000030).

Como consecuencia lógica de tal decisión, no cabe más que concluir que no corresponde considerar en este proceso de ejecución hipotecaria el pretenso pago efectuado con títulos públicos por parte del ejecutado, atento que, en definitiva, el Supremo Tribunal Nacional decidió revocar la sentencia que ordenaba al banco actor a recibir del demandado los mencionados títulos en concepto de pago, al considerar que la situación del ejecutado no resultaba análoga a los deudores en situación 4, 5 y 6. Es decir que no permitió la cancelación de la deuda hipotecaria de la manera que pretendió hacerlo el demandado Rojo.

Entonces, entendemos que la cuestión introducida por el ejecutado no puede ser motivo de estudio y tratamiento en este proceso, puesto que el fallo del Supremo Tribunal dispuso - por analogía - el dictado de una nueva sentencia, siguiendo los lineamientos de las causas allí citadas, en las que se denegó la pretensión de cancelar o pagar las deudas con los mencionados títulos públicos.

Por ello, todo lo relativo a los títulos públicos, ya sea la devolución de los mismos, al valor que debe asignarse, ya sea técnico nominal, valor de mercado, etc., exceden el ámbito de discusión de este proceso, y deberán ser discutidos por las vías y formas que corresponda.

Así, yerra la sentencia de mérito al sostener que ".constando en autos que el actor ha percibido la suma de $31.000 en títulos de la deuda pública, debe dejarse establecido que dicho importe - con el cálculo debido y en el importe que corresponda asignarle a los títulos - deberá ser tomado a cuenta del capital reclamado, es decir como pago parcial de la deuda contenida en el resumen de cuenta de fs. 70".

Resulta notoriamente contraria a la resolución dictada por la Corte Nacional la decisión de grado en este aspecto, siendo que considera como pago parcial la entrega de los títulos públicos, cuando el fallo del más Alto Tribunal de la Nación ordenó el dictado de una nueva sentencia siguiendo los parámetros del caso "Agüero", a cuyos términos arriba expuestos nos remitimos. Es decir que no podemos tener por validos los pagos efectuados con instrumentos que, en última instancia, no han sido reconocidos como válidos ni cancelatorios de la deuda aquí reclamada.

En otras palabras, si la Corte Nacional determinó que la situación del ejecutado no resultaba comprendida dentro de los parámetros legales que permitían la cancelación de la deuda con títulos públicos, y aquel decidió así cancelar su obligación, deberá perseguir por los medios aptos e idóneos la devolución de los títulos incorporados coercitivamente en la operación, pero no podrá pretender el reconocimiento como válido y eficaz del pago así efectuado en estos autos ejecutivos, siendo que existe sentencia firme de la Excma. Cámara Federal - que siguió las pautas de la CSJN - donde rechaza la pretensión del letrado Luis Rojo de cancelar la deuda de esa manera.

El ejecutado asumió un evidente riesgo al pretender la cancelación de la obligación con el banco mediante una maniobra altamente beneficiosa, cuál era la colocación de los títulos de la deuda pública. Y en definitiva, al no haber sido reconocida su situación como análoga a la de los demás deudores de alto riesgo, la pretensión de pago con los mencionados instrumentos no puede ser valorada en este proceso.

En cuanto al contenido del cuarto reproche del demandado - esto es que la resolución resulta contradictoria al disponer en los considerandos que debe descontarse el pago efectuado con títulos públicos pero condena por el total reclamado en la parte resolutiva - queda también despejada con lo expuesto en los párrafos precedentes, siendo que, tal como lo dijimos, no pueden ser tenidos en cuenta los presuntos pagos realizados con los instrumentos en cuestión. Este cuestionamiento es idéntico al efectuado también por el actor.

Recurso del actor: Resta ahora tratar el recurso deducido por el ejecutante, en las partes que no han sido tratadas en los párrafos precedentes.

En primer lugar, corresponde señalar que el primer embate queda resuelto favorablemente al apelante, siendo que el ataque radica en cuestionar la contradicción del fallo en cuanto rechaza la defensa de pago parcial pero en los considerandos sostiene que debe descontarse el importe de $31000, que es el valor de los títulos públicos que el demandado transfirió con motivo de la sentencia en el fuero federal. Niega el pago del demandado, y entiende que no puede discutirse en este proceso la composición del saldo.

Ataca también que la resolutiva no hace mención al descuento indicado, y expone la diferencia entre el valor técnico/nominal y el valor de mercado de un título público. Estos embates han sido ya tratados al resolver el recurso del demandado, a los cuales nos remitimos, en honor a la brevedad.

Solo resta tratar entonces la cuestión atinente a la prescripción de los intereses.

En este punto, la apelación del demandante no resulta atendible, siendo que la sentencia de mérito se ajusta a derecho y a las constancias de autos.

Tal como ya lo hemos advertido, en autos se produjo la interrupción del plazo de prescripción desde la interposición de la acción de medida autosatisfactiva por parte del demandado Rojo (27/6/2002, ver cargo de fs.126) hasta el dictado de la sentencia de la Excma. Cámara Federal, del 09/12/2010 (ver fs.149), notificada en fecha 02/02/2011 al aquí ejecutado (ver fs. 150).

Es decir que contando los términos a partir del 10/02/2011, fecha en la que adquirió firmeza la citada sentencia, conforme surge del único elemento agregado a la causa (fs.150), hasta la interposición de la presente demanda, en fecha 19/5/2015, según sello de mesa de entradas de fs. 01, el plazo de cuatro años legislado por el art. 847 inc. 2) del Código de Comercio, y aplicable al caso concreto, se encontraba cumplido.

Advertimos además que en el reproche concreto efectuado por el actor no existe un cálculo expreso que demuestre que el plazo no se encontraba vencido, por el contrario, el apelante se limita a exponer de manera genérica - sin aportar fechas precisas - que el plazo se encontraba interrumpido, y que desde la sentencia de la Cámara Federal corría un nuevo plazo. Nada más ingresa al reproche.

Y no caben dudas que al caso concreto resulta aplicable el plazo de prescripción de cuatro años, siendo varias las razones que concurren a formar convicción sobre el punto y que pasamos a desarrollar.

Para comenzar, es dable señalar que la aplicación del plazo cuatrienal que aquí se propone es la que mejor compatibiliza con una interpretación literal de la regulación vigente para el caso en materia de contrato de mutuo comercial.

Recordemos que la manda genérica del plazo prescriptivo (art. 846, CCom.) resulta de aplicación residual, esto es, ante la ausencia de una norma específica que contenga otro plazo para la situación jurídica de que se trate.

Y en lo relativo a los réditos del contrato de mutuo no existe vacío legal que torne operativa la directriz general ya que -antes bien- el art. 847, CCom., textualmente reza: "Se prescriben por cuatro años: [.] 2) los intereses del capital dado en mutuo.".

En efecto, corresponde hacer una diferenciación entre el plazo de prescripción relativo al capital y el correspondiente a los intereses, sin perder de vista que los réditos constituyen una obligación accesoria.

En aquellos supuestos donde se pactó el pago de intereses periódicos, resulta de aplicación el plazo abreviado previsto por el art. 847, inc. 2, CCom., que así lo establece expresamente. En tal caso, la aplicación del plazo decenal (residual) encuentra excepción en el rubro intereses, provenientes del mismo tipo de contrato, en tanto reconocen una pauta particular contenida en el art. 847 antes referenciado (Cfr.: C. Nac. Com., sala C, in re: "Espinosa, Susana N. E. v. Obregón, Mario A. s/Ordinario", Sent. del 27/9/2011, el Dial.com - AA18E).

Así se ha sostenido: "La acción tendiente, en el mutuo, a la devolución de los intereses prescribe a los cuatro, en virtud del ya mencionado art. 847, inc. 2, que empieza refiriéndose, precisamente, a 'los intereses del capital dado en mutuo' y agrega que 'el término para la prescripción correrá desde que la prestación se haga exigible' [.] la Suprema Corte tiene decidido que la prescripción del art. 847, inc. 2, comprende los intereses de cualquier deuda, sea cual fuere su origen" (Malagarriga, Carlos C., "Tratado elemental de Derecho Comercial", Ed. Tipográfica, Buenos Aires, 1952, t. IV, p. 492, citando jurisprudencia de la Corte Sup., 18/7/1938, LL t. 11, p. 418; en similar sentido: Fontanarrosa, Rodolfo O., "Derecho Comercial Argentino (Parte General)", Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1967, 3ª ed., p. 587).

Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que no cabe sino aplicar la norma especial contenida en el art. 847, inc. 2, CCom., que establece la prescripción cuatrienal de los intereses del capital otorgado en mutuo.

Sentado ello, cabe destacar que a la luz de un criterio de interpretación sistemático se puede arribar a la misma solución.

Recuérdese, en esta línea, que el método hermenéutico aludido, es aquel que permite interpretar las normas en relación a su contexto, armonizando su real sentido y alcance con el resto de las normas y principios que rigen la institución en análisis.

Lo valioso del mentado criterio sistemático, radica -entonces- en privilegiar la idea de que el derecho es un todo integrado y orgánico, no pudiendo sus disposiciones ser interpretadas aisladamente y en contradicción al resto de las reglas regulatorias de la misma materia.

Sobre el tópico, la Corte Suprema de la Nación tiene dicho que la ley debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente; en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos 296-432).

Pues bien, bajo el prisma del método sistemático referenciado, es dable asegurar que "La aplicación al mutuo del art. 847, inc. 2, CCom., provoca un resultado coherente con la regla general sobre lo principal y lo accesorio (art. 525, CCiv.).

El deudor resultará liberado en un plazo más breve, pero sólo del interés (que es un accesorio del capital otorgado en mutuo). La extinción de la prestación principal (la restitución de lo mutuado) ocurrirá cuando ya no subsista su accesorio, esto es, el interés.

De ese modo ".confluyen armónicamente en el mutuo las reglas particulares sobre lapsos de prescripción, con la regla general que extingue el accesorio por efecto de la extinción del principal pero conserva el principal a despecho de la extinción del accesorio" (Alberti, Edgardo M., "Tres cuestiones sobre la prescripción comercial: calificación del negocio para fijar su término, lapsos de extinción del capital y del interés, y momento de la liberación", LL 2001-B, ps. 285 y ss).

De esta manera, el dispositivo contenido en el estatuto comercial está en perfecta consonancia con el resto del ordenamiento jurídico positivo y en perfecto equilibrio con las previsiones de la ley común.

Memoremos que esta prescripción breve, para los intereses del capital conferido en mutuo, obedece en primer lugar al propósito de evitar que se asfixie al deudor, dejando transcurrir largos plazos, sin reclamarle los intereses o sumas accesorias, para requerirlo cuando después de varios años, se haya acumulado una suma extraordinaria (Conf.: Zavala Rodríguez, Carlos J., "Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados", Ed. Depalma, T. VI, p. 171).

Es que no podemos sino coincidir con la buena doctrina en cuanto advierte sobre los efectos perniciosos que necesariamente habrán de impactar en las convenciones jurídicas que se celebren y en la innegable afectación en el ámbito social y económico que consecuencialmente habrá de provocar una reclamación de la que, por su tardanza, válidamente podría haberse sentido liberado el solvens. "La ley -dice Colmo-, que en modo alguno puede tener la pretensión de modificar ni menos de reformar el temperamento del hombre y su condición de tal, con prohibiciones o castigos legales, no ha podido menos que venir en su protección evitando que el acreedor pueda con una reclamatoria tardía, causar la ruina del deudor exigiéndole el pago de varios períodos que ni éste tendrá cómo pagarle sin arruinarse, y que, por otra parte, aquél pudo reclamar en oportunidad si hubiera sido más diligente" (Colmo, Alfredo, "De la prescripción en materia comercial", cit. por Zavala Rodríguez, Carlos J., "Código de Comercio y Leyes complementarias, comentados y concordados", Ed. Depalma, T. VI, p. 171).

Siendo ello así, no puede tolerarse en justicia ese acrecentamiento de sumas dinerarias que se van formando por el vencimiento de los intereses que rinde el capital dado en mutuo que también se adeuda, y que coloca al deudor en una situación de imposibilidad de abonar la deuda que el silencio del acreedor ha contribuido a conformar.

Por ello se ha sostenido -con razón- que la finalidad implícita de la disposición contenida en el art. 847, inc. 2, CCom., consiste en evitar que la inacción del acreedor en la percepción periódica del interés derive en sorpresa para el deudor ante el fuerte incremento de los accesorios reclamados recién al aproximarse la extinción del principal.

Como puede advertirse claramente, resulta imprescindible fijar un plazo menor al ordinario de diez años para cumplir con la finalidad impuesta por el legislador.

Es necesario destacar también que la ley no distingue la clase de interés a la que hace referencia, por lo que cabe concluir que al no haber diferenciado se refirió a todo tipo de intereses, ya sea compensatorio, moratorio, punitorio, convencional, legal o judicial, tal como lo sostiene también el fallo atacado.

"En efecto, la norma del art. 847 comprende los intereses de todas clases (legales, compensatorios, moratorios, punitorios), siempre que fuesen líquidos y exigibles" (Conf. Fontanarrosa, Rodolfo O., "Derecho Comercial Argentino (Parte General)", Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1967, 3ª ed., p. 588).

En conclusión, y en atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde el rechazo del recurso de apelación deducido por el demandado Luis Rojo, y acoger parcialmente el recurso del actor, modificando los considerandos de la resolución de grado en referencia a los pretensos pagos parciales efectuados con títulos públicos, los que no serán considerados en la presente acción, conforme lo expuesto. En lo demás, corresponde la confirmación del fallo atacado, acorde lo considerado.

Las costas del recurso se imponen al demandado en un 80%, siendo el 20% restante a cargo del actor, atento al resultado del recurso.

Por ello, RESOLVEMOS I)NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el demandado Luis Marcelo Rojo en contra de la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2016 (fs.200/204), la que se confirma.

II)HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor First Trust of New York National Association en contra de la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2016 (fs.200/204), la que se modifica únicamente en los considerandos, en referencia a los pretensos pagos parciales efectuados con títulos públicos, los que no serán considerados en la presente acción, conforme lo expuesto. En lo demás, corresponde la confirmación del fallo atacado, acorde lo considerado.

III)COSTAS del recurso, como se consideran.

IV)RESERVAR honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER ARNALDO E. ALONSO ANA LUCIA MANCA