Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-06


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 6 de 2009.

El doctor Pirolo dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo sustancial a la querella por práctica desleal iniciada por el Sr. Alari -por sí y en su carácter de Secretario General de la Federación Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos-, deducen recurso de apelación la empresa demandada y la entidad sindical actora en los términos y con los alcances que explicitan en sus expresiones de agravios.

La Dra. Etchevers tuvo por acreditado que en una reunión con el personal el Presidente de la demandada hizo pública su opinión contraria a la afiliación sindical de los trabajadores, como así también que luego de producirse una afiliación masiva de personal, la demandada despidió a 13 trabajadores -muchos de los cuales eran reconocidos en la empresa como promotores o activistas sindicales- y que, asimismo, los supervisores de la empresa le manifestaron al personal su opinión contraria al desarrollo de actividades de tipo gremial. En base a ello y de conformidad con lo dispuesto en los incisos c), e) y g) del art. 53 de la ley 23.551, hizo lugar a la sanción por práctica sindical peticionada, tomando en cuenta los parámetros fijados en dicha ley y en el art. 5 de la ley 25.212.

La parte demandada cuestiona que se haya considerado tipificada la práctica antisindical invocada. A tal fin señala que se ha evaluado en forma parcial la prueba testimonial aportada y que no se tuvo en consideración que el conflicto en la empresa se originó por cuestiones atinentes a la Obra Social y no a la afiliación sindical de los trabajadores (ver fs. 662/665).

La parte actora a fs. 667/675 cuestiona la sentencia de grado porque considera que la actitud obstruccionista observada por la accionada y las represalias adoptadas en contra de los trabajadores sindicalizados resultan merecedoras de una mayor sanción, por lo que cuestiona las pautas de ponderación consideradas por la Sra. Juez de grado para la fijación de la multa aplicada. Asimismo se agravia porque no se decretó la nulidad de las desafiliaciones operadas.

En primer término cabe referir que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala -con criterio que comparto-, las prácticas antisindicales en nuestro ordenamiento jurídico están constituidas por aquellas conductas taxativamente tipificadas en el art. 53 de la LAS, a las que la ley les atribuye una antijuridicidad especial que, sin constituir técnicamente delitos del Derecho Penal, se emparentan a ellos, requiriéndose por tanto la configuración de una conducta típicamente antijurídica y, cuanto menos, culpable (ver, entre otras, sentencia 93.973 del 1/12/05 in re "Manzini, Mario Rubén c/Derudder Hnos SRL s/juicio sumarísimo", sentencia 96057 del 24/9/08, "Basteiro Sergio Ariel c/Aerolíneas Argentinas S.A. s/juicio sumarísimo").

En efecto, como lo señala Carlos A. Etala (en Derecho Colectivo del Trabajo, Ed. Astrea, Bs. As. 2002, pág. 254), para el juzgamiento de las prácticas desleales deben aplicarse principios propios del derecho contravencional puesto que, como también lo apunta el Dr. Álvarez, se trata de una pretensión punitiva destinada a reprimir un proceder contrario a la buena fe en las relaciones profesionales, por medio de la imposición de una multa.

Desde tal perspectiva, la parte actora debía demostrar que, mediante determinados comportamientos Papelera San Andrés de Giles S.A. intentó impedir la afiliación de los trabajadores al sindicato, adoptó represalias en función de la actividad sindical y/o dispuso medidas para dificultar o impedir el libre ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical, tal como lo invocó en la demanda.

Un detenido y pormenorizado análisis de la totalidad de las testimoniales rendidas en la causa a la luz de los términos en que quedó trabada la litis (conf. arts. 386 CPCCN y 90 L.O.) me persuade que, en el caso, la parte actora ha logrado satisfacer tal carga probatoria puesto que, de los concordantes y coincidentes dichos de de Gremoli (ver fs. 479), Grasso (ver fs. 488), Maciel (ver fs. 511), Maira (ver fs. 610) y Serrano (ver fs. 614) surge acreditado que el Sr. Gagliardi en una reunión con motivo de la obra social a la que se estaba aportando (OSECAC y no la correspondiente al gremio de papeleros) sostuvo que no les convenía afiliarse y recordó que las personas que lo habían hecho no tuvieron suerte en la empresa; que al día siguiente fueron despedidos los Sres. Gremoli y Córdoba -personas que promocionaron la afiliación sindical del personal- y que, luego de los conflictos de carácter colectivo suscitados a raíz de los despidos, la demandada despidió a otras doce (12) personas más -todas ellas vinculadas al gremio- y, 37 trabajadores solicitaron su desafiliación al gremio.

En efecto, en su extensa declaración Gremoli a fs. 479/485 sostiene que era evidente que a la empresa no le gustaba que el personal participe en la actividad sindical porque así lo había manifestado el presidente en una reunión, que los despidos se dispusieron a manera de represalia y para disuadir al personal para que no se afilie y que luego, la accionada dispuso algunos cambios y previó incentivos para aquellas personas que se desafiliaran del gremio.

En idéntico sentido se expidió Grasso a fs. 488/496, quien asimismo puntualizó que quienes no querían ser despedidos o perjudicados por la empresa se desafiliaron.

Maciel a fs. 511 hace expresa referencia a las instigaciones de los supervisores para lograr la desafiliación de los trabajadores, y en igual sentido se expidieron Maira a fs. 610 y Serrano a fs. 614.

Los testimonios de Trippa a fs. 497, Ferreyra a fs. 501 y Vallejos a fs. 506 no arrojan luz sobre el tema en debate porque se limitan a efectuar consideraciones en torno a la calidad y eficiencia de los servicios prestados por la obra social, pero no logran justificar la reestructuración empresaria en la que la demandada intentó justificar algunos de los despidos dispuestos (el de Gremoli, Serrano, Maciel y Maira) y ningún elemento objetivo de juicio aportan a fin de demostrar que los despidos y demás actitudes adoptadas por la demandada pudieran responder a motivaciones diversas al conflicto que se suscitó en mayo de 2007 a raíz de la afiliación de 50 trabajadores al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos.

En consecuencia, por lo expuesto y de conformidad con lo sostenido por el Dr. Eduardo Alvarez en el dictamen que antecede -cuyos fundamentos comparto y doy aquí por reproducidos en mérito a la brevedad- corresponde en la especie considerar acreditadas las conductas tipificadas en los incisos c), e), g) y j) del art. 53 de la ley 23.551, por lo que las críticas formuladas al respecto por la parte demandada deben ser desestimadas.

En cuanto al modo de modularse la sanción y teniendo en cuenta su naturaleza (punitoria y no resarcitoria de los eventuales daños padecidos por los sujetos individualmente afectados), los parámetros considerados por la sentenciante de grado no se advierten manifiestamente irrazonables o desproporcionados si se tiene en consideración la envergadura del establecimiento y lo concretamente previsto al respecto en el art. 55 de la ley 23.551 y en el art. 5 de la ley 25.212, por lo que de prosperar mi voto, corresponde confirmar también en tal aspecto la sentencia apelada.

Finalmente, en cuanto a la nulidad de las desafiliaciones operadas se impone señalar que la entidad sindical carece de legitimación para accionar en tal sentido porque las desafiliaciones fueron decididas individualmente por los trabajadores afectados y, de obrarse de la manera pretendida por la quejosa, se estaría violentando seriamente un aspecto esencial de la libertad sindical que se dice proteger, toda vez que la desafiliación hace al aspecto negativo de la libertad sindical a nivel individual y por ende se trata de una decisión privativa de los trabajadores involucrados.

En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto de prosperar mi voto corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso.

En atención al resultado obtenido en la instancia, propicio imponer las costas de Alzada en el orden causado.

La perito contadora a fs. 658 y la representación letrada de la parte actora a fs. 678 apelan los honorarios que les fueran regulados por considerarlos reducidos. Al respecto, teniendo en cuenta el resultado obtenido, el modo de resolverse y el mérito y extensión de las tareas profesionales desarrolladas, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21.839, en el dec. ley 16.638/57 y en el art. 38 L.O, las regulaciones apeladas no resultan reducidas, por lo que se propicia confirmarlas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y de la parte demandada por su actuación en la Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por si intervención en la instancia previa.

El doctor Maza dijo:

Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios, 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado, 3) Confirmar las regulaciones de honorarios apeladas y regular los de la representación letrada de la parte actora y los de la parte demandada por su actuación en la Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.- Miguel Angel Maza.- Miguel Angel Pirolo