Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-03


Buenos Aires,	3	de junio de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;	resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) interpuso queja ante este Estrado (fs. 84/89 vuelta) con el objeto de mantener el recurso de inconstitucionalidad deducido contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 204/206 vuelta de los autos principales, foliatura a la que se hará referencia en adelante salvo expresa mención), que confirmó -a excepción de la declaración de inconstitucionalidad del art. 5° del decreto 690/06 y la procedencia de la acción respecto de Brian Castillo Contreras-, la sentencia de grado que había ordenado al GCBA que garantizara alojamiento a la parte actora ". incluyéndolos en un programa habitacional que les permita acceder a una vivienda acorde con las necesidades actuales y costos reales, y mientras perduren las circunstancias que dieron origen a la presente acción." (fs. 113 vuelta).

2. Para resolver de ese modo, la Cámara hizo hincapié en la situación de hecho de la actora (mujer que al momento de interponer la demanda tenía 43 años de edad, a cargo de cuatro hijos menores de edad y que no puede afrontar su manutención con los ingresos que obtiene de su trabajo de empleada doméstica) a la luz de lo establecido en Pactos Internacionales, en la Constitución Nacional y en la local.

3. Contra dicha resolución, el GCBA interpuso el recurso de inconstitucionalidad (fs. 210/219) que se intenta sostener en esta instancia. Allí centró sus agravios en que el decisorio impugnado violaba la garantía del debido proceso legal adjetivo, los derechos de defensa y de propiedad, el principio de legalidad y la de división de poderes. En particular opinó, que la sentencia se apartó de la normativa aplicable en materia de subsidios habitacionales como así también de la doctrina del Tribunal in re "Alba Quintana", según la cual tanto los plazos como los montos allí establecidos son constitucionales. Por otro lado, sostuvo que el pronunciamiento había efectuado una equivocada inteligencia y aplicación de las normas constitucionales relacionadas con lo decidido (art. 31 CCABA/ art. 14 bis CN) y que era arbitrario. Señaló que la cuestión revestía gravedad institucional.

4. Para denegar el recurso de inconstitucionalidad, los jueces de la Sala II entendieron que el recurrente no había planteado un caso constitucional -en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA- y que sus agravios se reducían a la invocación de garantías y principios constitucionales realizada de modo genérico, sin conectarla razonadamente con el contenido del decisorio impugnado (fs. 307/308 vuelta). Ello motivó la queja de la que se da cuenta en el punto 1.

5. Requeridos sendos dictámenes, la Sra. Asesora General Tutelar propició el rechazo del recurso directo (fs. 137/143 de la queja). A su turno, el Sr. Fiscal General opinó que correspondía hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia recurrida y, debido a las deficiencias advertidas en relación a la valoración de las circunstancia del caso, reenviar las actuaciones a la Cámara interviniente para que dicte un nuevo fallo (fs. 145/162 de la queja).

Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde, José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402.

2. En el caso, el GCBA resiste la sentencia de la Cámara CAyT que confirmó -a excepción de la declaración de inconstitucionalidad del art. 5° del decreto 690/06 y la procedencia de la acción respecto de Brian Castillo Contreras-, la sentencia de grado que había ordenado al GCBA que garantizara alojamiento a la parte actora ".incluyéndolos en un programa habitacional que les permit[iera] acceder a una vivienda acorde con las necesidades actuales y costos reales, y mientras perdur[asen] las circunstancias que dieron origen a la presente acción." (fs. 113 vuelta de los autos principales).

Interesa señalar aquí que la Cámara CAyT, al confirmar la decisión de primera instancia, vino a decidir de manera implícita la inconstitucionalidad del tope del monto del subsidio habitacional instrumentado por el decreto 690/06 y sus modificatorios.

3. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora: i) es una mujer que se encuentra a cargo de cuatro hijos menores de edad (cf. fs. 205 vta. de los autos principales) y ii) se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Ello así, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Abdala, Analía Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014 y, más recientemente, in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 10073/13, sentencia del 03 de noviembre de 2014.

4. En ese marco, corresponde remitir a los fundamentos y a la solución que expusiéramos en el precedente "Blanco" recién mencionado -los que deberán ser incorporados mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente-.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).

Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.

En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General y de conformidad con lo concluido por la Asesoría General Tutelar, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.

2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Explicaron:

(i) que el recurrente no había relacionado los preceptos constitucionales invocados con los términos de la sentencia impugnada; y	(ii) que las cuestiones objeto de tratamiento en el decisorio atacado versaron sobre extremos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional.

Por lo demás, los camaristas descartaron la existencia de un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional.

3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.

4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir parcialmente la queja y, con el mismo alcance, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 204/206 vuelta de los autos principales y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantenga a la parte actora como beneficiaria del subsidio instrumentado por el decreto n° 690/06 (y sus modificatorios) mientras subsista la situación de hecho y de derecho sobre cuya base se resuelve.

3. Imponer las costas por su orden.

4. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 10073/13, el 3 de noviembre de 2014.

5. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.