marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, multa administrativa, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Otros procesos incidentales en autos Sequeira, Augusto Luciano sobre 23 - ejecución multa determinada por controlador c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-26

En atención a lo establecido por el artículo 14 de la ley n° 6192 (publicada en BOCBA n° 5711, el 01/10/2019), que modifica el art. 23 de la ley n° 1217, corresponde a la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario la competencia para entender en la presente ejecución de certificado de deuda que instrumenta una multa impuesta por la Unidad Administrativa de Control de Faltas. No obsta a lo afirmado lo que dispone dicha ley en la Cláusula Transitoria Primera, toda vez que las presentes actuaciones no han tenido radicación, en razón del conflicto de competencia negativo suscitado entre los juzgados intervinientes (conforme con el precedente "Incidente de competencia en autos Pérez Avilés, Esteban s/ 23 - ejecución multa determinada por controlador s/ conflicto de competencia", expte. n° 17107/19, sentencia del 21/10/19). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Hipoteca, escritura pública, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Rio de La Plata S.A. c/ El Salvador S.A. s/ Ejecución Hipotecaria (LIBRO: S089 - 111)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-11-25

La hipoteca solo puede ser constituída por escritura pública (art. 3128 C.C.). El mismo Código Civil indica la vía del proceso ejecutivo para el cobro del crédito garantizado con hipoteca (art. 3162 C.C.). La forma del título -escritura pública- en el cual se hace constar el crédito con garantía hipotecaria es un motivo coadyuvante para la simplificación del trámite, acelerando el cobro de los créditos hipotecarios. Esto no implica confundir el crédito con la garantía hipotecaria ni con el instrumento público en que están contenidos.-
Proceso penal, acción civil, acción penal, prescripción, bigamia
Materia: PROCESAL PENAL-CIVIL
Carátula: TOLEDO, JORGE HUMBERTO s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL - ACCION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1955-12-27

Si se declara prescrita la acción penal, lógicamente, el tribunal debe abstenerse de condenar al imputado, en lo que a la acción penal por el delito de bigamia atañe; la condenación se referirá, pura y exclusivamente,a la acción civil ejercida por la cónyuge del imputado a los efectos de la reparación de los perjuicios que el delito le ha causado; basta esto para negar que la cuestión pueda ser resuelta con arreglo al art. 1104 del C.C.

Es verdad que se podría interpretar que siendo la finalidad del art 1104 del C.C. preservar el juzgamiento de la validez o nulidad del matrimonio mediante la exigencia de un juicio civil especial, esa idea sería que ese juzgamiento fuera siempre el objeto o cuestión principal de una litis, sin que se lo pueda realizar en forma incidental, como consecuencia, en el supuesto de su realización a los efectos de la acción civil reparatoria emergente del delito, pero esa tesis no es admisible.-
Accidentes de trabajo, superintendencia de riesgos del trabajo, responsabilidad del asegurador, obligaciones del asegurador, incapacidad laboral, denuncia del accidente de trabajo, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO c/ PROVINCIA A.R.T. s/ APELACION DE SANCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

Cabe la sanción de multa (en el caso, equivalente a $40.000) impuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a la aseguradora, en virtud de no haber comunicado en el plazo de 24 horas el acaecimiento de un accidente de trabajo grave, conforme lo prevé el art. 3 de la resolución 79/96, toda vez que -en el caso - la aseguradora tardó veinte días en hacer la comunicación correspondiente, lapso este en el que se procedió a amputar un miembro al trabajador accidentado, existiendo por lo tanto, dos razones que justifican la severidad de la pena aplicada, en primer lugar: porque la omisión en que incurrió la sancionada es de particular gravedad, pues se presentó a la nombrada Superintendencia el hecho consumado de la mutilación de un trabajador, sin que dicha superintendencia pudiera supervisar los trabajos que condujeron a ese resultado; y en segundo lugar: porque no es la primera vez que la conducta de la aseguradora impide el ejercicio normal de las tareas de Superintendencia, debido a que con anterioridad a tal situación, se le había aplicado sanción por haber omitido también producir la información que se le había requerido.
Daños y perjuicios, embargo, ejecución de sentencia, ejecución de sentencias contra el Estado, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Dimensión   Integral   de  Radiodifusión  S.R.L. c/ San Luis,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

La Corte no puede adecuar el embargo trabado de forma tal que le permita a la provincia afrontar en forma fraccionada los efectos de un pronunciamiento judicial por medio del cual se ha determinado que se deben reparar en forma integral los perjuicios que el actuar ilegítimo de aquélla le ha causado a la sociedad actora.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, cuestiones de competencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Descalzi, Aldo Omar c/despegar.com.ar SA s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Cabe declarar mal concedido el recurso contra la resolución mediante la cual el a quo se declaró incompetente. El recurso es inaudible, pues a estar a la ley procesal vigente, la apelabilidad depende exclusivamente del monto comprometido en el proceso y no de la magnitud del error atribuido a la providencia apelada (conf. esta Sala, 22/12/09, "Tarshop SA c/ Burgos Bárbara Noemí s/ ejecutivo s/ queja"; en igual sentido, 30/12/09, "Tarshop SA c/ Ause Selva Claudia s/ ejecutivo s/ queja"; 21/4/10, "Agrimarketing SA c/ Marcobank SA y otro s/ ordinario s/ queja", entre otros).
Trámites judiciales, reincorporación al servicio, medidas cautelares, trabajadores de la construcción, improcedencia del recurso, despido sin causa
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Garay, Diego Simón c/ Creaurban SA s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-13

El actor interpone una medida cautelar a fin de que se lo restablezca a su lugar de trabajo. Señala que ingresó a trabajar para la empresa demandada, dedicada a la actividad de la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales y que realizó tareas que encuadran en el Estatuto de la Construcción y en el CCT N° 76/75. Alega que los despidos sin causa se encuentran prohibidos por el DNU 329/2020 y sus prórrogas, y que la demandada dispuso su despido sin causa invocando la finalización de la etapa de hormigón, lo cual sostiene que es falso ya que su contrato de trabajo no estaba sujeto a la terminación de ninguna etapa. La jueza de grado hizo lugar a la medida cautelar, lo cual es apelado por la accionada. Cabe establecer si un trabajador regido por la ley 22.250 y el CCT 76/75 se encuentra amparado por el Decreto 329/2020 y sus prórrogas. Se trata de un régimen especial que prevalece sobre la normativa general en todo lo que específicamente regula y sólo se prevé la aplicación subsidiaria de la LCT en lo que no esté regulado por aquél y resulte compatible (art. 35 ley 22.250). Así, la duración del vínculo entre trabajadores y empleadores de la construcción se encuentra marcada por el comienzo y la terminación de la obra encomendada al constructor o, incluso de una etapa de esta. De ello se sigue que son vínculos por tiempo limitado, pues su vocación de permanencia está sujeta a la existencia de una obra y su duración. Es característico de este régimen la implementación del fondo de cese laboral, sistema adoptado por el art. 15 de la ley 22.250, norma que expresamente sustituye al régimen de despido contemplado por la LCT. Su función es formar o constituir un capital a percibir por el trabajador una vez finiquitado el contrato de trabajo y que es independiente del motivo de la extinción. Es decir, no está destinado a reparar los daños derivados del despido arbitrario y por tanto es independiente del motivo de la extinción. La desvinculación del trabajador de su empleo puede tener como causa eficiente, no sólo la decisión del empleador sino también la intención del obrero de ingresar a otro puesto de trabajo, con lo cual la percepción del fondo no atiende a su condición de desempleado, es decir es una compensación por tiempo de servicio y no una indemnización. Por lo tanto, ante la ausencia de estabilidad derivada de la transitoriedad de los trabajadores de la actividad, no puede predicarse que estos se encuentren comprendidos en la protección que otorgan los DNU del PEN. Cabe concluir que el DNU 329/2020 no resulta aplicable a los vínculos comprendidos en el ámbito del estatuto de la construcción, lo cual impide considerar acreditada en la especie la verosimilitud en el derecho necesaria para la admisión de la pretensión cautelar incoada.
Intereses, tasas de interés, Poder Judicial, jurisprudencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simonet, Mario Armando c/ La Primera de Ciudadela S.A. Línea 289 s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Si se tiene en cuenta la manifiesta disparidad de criterios que en relación a la determinación de la tasa de interés asumieron los tribunales inferiores, parece imprescindible que la Corte, en el ejercicio de la alta misión a ella concedida, reafirme las pautas liminares que guían la cuestión, mientras no se aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición defendida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corallo, Rodolfo c/ Troyano S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 1763 Año 1996) Franco, Ruben y otros c/ Cametal S.A.I.C. s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 401 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13|2003-08-13

Sabido es que, como regla general, la interpretación de las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales son cuestiones de derecho común cuya decisión corresponde a los jueces de la causa y ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria.
Estado Provincial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Resoaglí, Luis c/ Provincia de Corrientes s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-07-21

De acuerdo con expresas cláusulas constitucionales, no es objetable la facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 de la Constitución, siendo la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción, del resorte propio de las provincias, sin que los tribunales puedan declararlos ineficaces a título de ser opresivos, injustos o inconvenientes, si no son contrarios a la Constitución. La autonomía económica o de cualquiera otro género del gobierno propio de las provincias no autoriza a dar a sus leyes de impuestos ni de otra cualquier clase, la virtud de sustraerse al legítimo contralor del Poder Judicial de la Nación para que éste declare si son o no constitucionales y válidas, toda vez que se haga un caso judicial impugnándolos como atentatorias a un derecho o garantía consagrado por la Constitución.
Procedimiento laboral, concursos, remisión del expediente, caducidad de instancia, declaración de oficio, notificación, falta de notificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ACUÑA, NORMA c/ HILANDERIA BORGOSESIA SA s/ ACCIDENTE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-28

Si un juicio que originariamente se encontraba radicado ante el fuero del trabajo, fue remitido a un juzgado comercial por consecuencia del concursamiento preventivo de la accionada, y, entre el proveimiento que acepto la radicación del expediente en sede concursal y dispuso colocar "los autos a los efectos de la ley 24522: 21", y la declaración de perención pronunciada, transcurrió objetivamente el plazo previsto en el cpr 310-1º, resulta improcedente -como aconteció en el caso- que se declare oficiosamente la caducidad de la instancia. Ello, pues atento que aquel proveimiento implico la asunción del conocimiento de la controversia por el magistrado del concurso "hasta el dictado de la sentencia", cupo notificar mediante cedula la radicación de la causa en sede mercantil y quien seria el magistrado interviniente (argumento del cpr 135-15º). Por tanto, la ausencia de tal notificación pudo razonablemente obstar a la formulación de peticiones conducentes para el avance del procedimiento, mediante cualquiera de las dos vías previstas en la lc 21-1º.
Prueba, confesión extrajudicial
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PETITTI A. c/ BRACHETTA G. V. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-30

La confesión extrajudicial y puramente verbal es aquélla que, producida fuera del proceso jurisdiccional, no ha sido otorgada a la otra parte mediante atestación suscripta por el confesante sino de viva voz y ante testigo; por esto mismo, será admisible y eficaz únicamente cuando lo sea la prueba testimonial y con sujeción a sus preceptos (doctrina art. 220 C.P.C.).-
Contratos administrativos, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PLEGADOS PILAR  SRL c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA    ACCION ADMINISTRATIVA - DAÑOS Y PERJUICIOS ADMINISTRATIVA - CONTRATO DE OBRA PUBLICA    ACCION ADMINISTRATIVA - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-06-22

Por "hecho de la administración" como impeditivo para el cumplimiento de sus obligaciones por el co-contratista y justificante de la resolución contractual impetrada, entiéndese todo comportamiento o conducta de ésta que ocasione una razonable imposibilidad para aquél de cumplir el contrato. Debiendo exceder la simple dificultad o la mera desinteligencia entre contratista y administración. Es decir, debe tratarse de una imposibilidad que no pueda superar el co-contratante después de haber realizado un diligente esfuerzo.
Derecho constitucional, inamovilidad de los jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Costa Mario G. y Otros c/ E.N. (C.S.J.N.) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

Expresó Hamilton en ("El Federalista" LXXIX) que: "Además de la permanencia en el cargo, no puede contribuir más a la independencia de los jueces una provisión establecida para su mantenimiento... En el curso general de la naturaleza humana un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad...

Las fluctuaciones del valor de la moneda y el estado de la sociedad harían inadmisible una tasa fija de retribución". Concluye que:

"...el sueldo que puede ser suficiente al tiempo de la asignación puede tornarse insuficiente durante su desempeño, debiendo observarse prudencia y cuidado para mantener con eficacia la independencia de los jueces".
Acto administrativo, efectos del acto administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALESSANDRO, Carlos Rosario c/ E.N. s/ MEDIDA PRECAUTORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

La suspensión de los efectos de un acto administrativo no puede disponerse por vía judicial, como objeto autónomo de un proceso especial, sin previamente acreditar que tal suspensión ha sido pedida en sede administrativa y denegada por ésta y que el perjuicio invocado es susceptible de ser reparado por los cauces ordinarios (confr. C.S., 7-3-85, Hughes Tool y esta Sala, 2-4-85, Romero , L.L.

1985-C-140 y 146).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vocobelli, Osvaldo c/ Pepe, Maria Rosa s/ Daños y perjuicios (acumulante) y "Pepe, M.R c/ Vocobelli, O. s/Ds.  Ps." (acumulado) perjuicios (acumulante) y "Pepe, M.R c/ Vocobelli, O. s/Ds.  Ps." (acumulado) perjuicios (acumulante) y "Pepe, M.R c/ Vocobelli, O. s/Ds.  Ps." (acumulado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

Resulta disvalioso y contrario a la finalidad propia y específica de los reglamentos de tránsito (Art. 1071, 2do. párrafo del Código Civil), concebir la prioridad de paso del Código de la materia como un derecho tan absoluto que importe un "bill" de indemnidad jurídica a quien le asista, de forma tal que pueda actuar con total prescindencia de las circunstancias imperantes, pudiendo llevarse ciegamente por delante todo cuanto se interpusiera a su prerrogativa. De este modo, las reglamentaciones de tránsito no pueden ser soslayadas y deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en qué extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado del Art. 1113 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, gravamen irreparable, divorcio, medidas cautelares, exclusión del hogar
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: P., E. c/ V., R. s/ EXCLUSION DEL HOGAR     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 342-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-14

Si bien la exclusión del hogar prevista por el artículo 68 de la Ley 2393 (y ahora por el artículo 199 de la ley 23515), no es sentencia definitiva por no existir cosa juzgada en sentido material respecto de lo acordado en el incidente respectivo, constituye una medida que puede originar agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Impuestos provinciales, Impuesto sobre los ingresos brutos, agente marítimo, estiba
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - NAVEGACION
Carátula: AGENCIA MARITIMA SAN BLAS S.R.L. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ IMPUESTO REPETICION.    FACULTADES IMPOSITIVAS DE LA NACION Y PROVINCIAS.    COMERCIO EXTERIOR E INTERPROVINCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

No procede la defensa opuesta por la provincia demandada fundada en la omisión de acreditar el empobrecimiento que la actora habría padecido a raíz de los pagos efectuados en concepto de impuesto a los ingresos brutos originado en el desenvolvimiento de su actividad como agente marítimo y prestadora de servicios de estiba.
Prescripción tributaria, aplicación de la ley tributaria, pago de tributos, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Claro, Zulema Haydee y otros c/ AGIP y otros s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Corresponde descalificar la resolución recurrida como acto jurisdiccional válido a la luz de la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, si de los hechos de la causa analizados a la luz de los artículos 3991 y 3987 del Código Civil (ley n° 340) y de la jurisprudencia citados por el juez de primera instancia conjuntamente considerados, no se sigue la conclusión a la que el magistrado arriba en la sentencia cuestionada. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Embargo, depositario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cueros Krochen S.A. c/ Prado de Cantero, Irma Lidia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-12-22

Si bien en principio es el deudor quien debe ser designado depositario de los bienes sobre los cuales recayó la medida de embargo, teniendo en cuenta que los instrumentos con los cuales se promovió la ejecución son cheques rechazados por "cuenta cerrada", lo que "prima facie" hace incurrir a su librador en ilícito penal- no resulta aquél persona idónea para desempeñar tal función, de modo que procede designar a un tercero. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, excepción de espera, responsabilidad solidaria, fiador, propuesta de acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO c/ JORGE TRIULZI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Debe desestimarse la excepción de espera del codeudor solidario (CCIV 2005) fundada en el acuerdo preventivo alcanzado con el obligado principal, la remisión o espera concedida al concursado no aprovecha a los codeudores o fiadores, porque el concordato no puede interpretarse como una renuncia a la exigibilidad de la deuda con respecto a éstos: la quita o espera en el concurso no es voluntaria sino coactiva (no hay "animus donandi"), y se concede exclusivamente al deudor que se somete a las disposiciones preventivas, no a los demás responsables para quienes resulta inoperante.
Expulsión de extranjeros, derechos de los migrantes, derecho a la reagrupación familiar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

La perturbación de las relaciones familiares per se, como consecuencia necesaria de la orden de expulsión del migrante, dictada en un procedimiento legítimo con las debidas garantías procesales, no alcanza para considerar afectado el derecho de reunificación familiar (artículo 29 in fine de la ley 25.871) (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Lucro cesante, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Motor Once,  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO Motor Once  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09|1989-05-09

Es admisible la indemnización del lucro cesante en los supuestos de actividad lícita del Estado.
Cuestiones de competencia, privación ilegal de la libertad, personal militar, funcionarios públicos, competencia federal, justicia militar, competencia por participación con civiles
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALFREDO ANTONIO GIORGI s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Justicia Militar, corresponde la división de la competencia en la causa seguida por privación ilegal de la libertad sufrida por un técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y atribuir a la justicia federal el enjuiciamiento de los funcionarios del mencionado Instituto.