Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01


Libro S-66 Expte. Nº 27.201 Nº orden .... Juicio: RUBEN ALBERTO BIGONGIARI E HIOS SOCIEDAD DE HECHO S/ INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE HONORARIOS EN AUTOS: RUBEN ALBERTO BIGONGIARI E HIJOS S.H. S/ CONCURSO PREVENTIVO Juzgado: Civil y Comercial Nº 7 En la ciudad de Mercedes, a los UN días del mes de noviembre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, integrada al efecto, Dres. Tomás Martín Etchegaray y Emilio Armando Ibarlucía, con la presencia de la Secretaria actuante, se trajo al despacho para dictar sentencia el expediente número 27.201 caratulado "Rubén Alberto Bigongiari e Hijos Soc. de Hecho s/Incidente de prescripción de honorarios - (autos principales: Rubén Alberto Bigongiari e hijos Soc. de Hecho s/Concurso preventivo)".

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código de Procedimientos:

1ª) ¿Se ajusta a derecho la apelada resolución de fs. 17/19 en cuanto es materia de apelación y agravios? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Tomás Martín Etchegaray y Emilio Armando Ibarlucía.

V O T A C I Ó N Al la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Etchegaray dijo:

I)- Contra la resolución de fs. 17/19 dictada el 23 de setiembre de 2010, que desestimó con costas a la concursada su pedido de que se declarara la prescripción del derecho de la sindicatura a pedir la regulación de sus honorarios, interpuso el perdidoso recurso de apelación (fs. 22), el que concedido en relación (fs. 23) lo fundó mediante el memorial de fs. 24/38; el que a su vez mereció la réplica de la sindicatura de fs. 40/41. Llamados "autos" en los términos del CPC 270 (fs. 45), integrado el tribunal con los suscriptos a raíz de la excusación del Dr. Luis Tomás Marchió (fs. 46 y 47) y la licencia del Dr. Roberto Pedro Sánchez (fs. 54), consentido, y practicado el pertinente sorteo (fs. 54vta.), quedó la causa en condiciones para ser votada (CPC 34 inc. 3º - c, y 263).

II)- Antecedentes del caso. A fs. 3 de éste incidente, con fecha 5 de julio de 2010, el síndico del concurso preventivo de Rubén Alberto Bigongiari e Hijos Soc. de Hecho, C.P.N. Alfredo R. Cestari, pidió la regulación de sus honorarios, omitida en la ocasión de homologarse el acuerdo preventivo el 6 de abril de 2004 a fs. 485, para lo cual trajo como pauta la actualización de los valores del activo detallado en el informe general.

Al contestar el traslado que se le corrió del pedimento (fs. 9), el concursado se opuso fundado en que el derecho del síndico a la regulación de sus honorarios se encontraba prescripto por el transcurso del plazo para reclamarlo, con cita de los arts. 265 inc. 1 LCyQ y CC 4032.

Sustanciado el artículo, el síndico contestó (fs. 13 y sgtes.) que no había fenecido su actividad en el proceso por lo que permanecía vigente su derecho a reclamar honorarios; y que el CC 4032 no era aplicable al caso porque su profesión no está enunciada en esa norma, ni es empleado de la justicia.

III)- En la resolución apelada (fs. 17/9), la "a-quo" se planteó la alternativa -dentro de una aplicación analógica del CC 4032 al asimilar la tarea del síndico con la abogadil- de declarar si ocurrió la prescripción por haber transcurrido el plazo bienal del inc. 1º, o si no por estar ante un caso de plazo quinquenal porque el pleito no terminó y fue proseguido por el mismo abogado (o funcionario o síndico, en el caso). Se decidió por la segunda, para lo cual argumentó que si bien el síndico estuvo habilitado para reclamar su regulación desde la fecha de homologación del acuerdo preventivo el 6 de abril de 2004, también advirtió que ese funcionario había continuado con profusa y necesaria actividad en el proceso, mediante tareas con virtualidad para mantener vivo su crédito arancelario, por lo que -dijo- devino aplicable el plazo quinquenal de la última parte del inc. 1º del CC 4032, y que como la última tarea útil de la sindicatura fue realizada a fs. 970 el 5 de marzo de 2010, el plazo de prescripción habría comenzado a correr con la homologación del acuerdo estaba interrumpido. Por lo que concluyó que fue tempestivo el pedido regulatorio del 15 de abril de 2010. Así, rechazó con costas el pedido de prescripción.

IV)- El recurrente arguyó en su memorial de fs. 24/38 que la "a-quo" no aplicó la legislación vigente, ni la doctrina de los fallos de las Excmas. SCN y SCBA.

En cuanto a lo primero, sostuvo que la regulación de los honorarios de la sindicatura debe ser realizada indefectiblemente por el juez en el momento de homologar el acuerdo preventivo, conforme establece el art. 265 LCyQ. Que es responsabilidad del juez hacer cumplir estrictamente todos los plazos de la ley, y que su parte no tiene por que soportar la incuria de los demás. Que como en el momento oportuno se omitió realizar esa regulación, comenzó entonces a correr el plazo de prescripción del derecho a obtenerla. Que las tareas posteriores realizadas por el síndico podrán tener su propia e independiente regulación, pero no pueden tener el efecto de interrumpir el plazo de prescripción que estaba corriendo ya que el CC 3962 presupone la existencia de una acción judicial que aquí no existió.

En lo segundo, que el derecho a la regulación de honorarios por los trabajos terminados con la homologación del acuerdo está prescripto por el transcurso del plazo de dos años del CC 4032 inc. 1º, y no el plazo quinquenal adoptado en la resolución en crisis, es lo que surge -dice- de la sentencia de la SCBA C 97294 del 11 de marzo de 2009 en juicio "Banco Integrado Departamental Coop. Limitado (su quiebra) c/Vázquez de Maggiori Silvia Graciela s/Cobro ejecutivo", y también cita en su apoyo la doctrina de la CSN en Fallos 318:879, etc.

V)- Me anticipo a señalar que he de propiciar la confirmación de la resolución apelada, pero por muy distintos fundamentos de los que echó mano el "a-quo".

A mi ver, la solución jurídica del caso transita por el carril insinuado, tal vez intuitivamente, por la sindicatura -lo que me permito sospechar ya que no lo desarrolló con extensión ni extremó los efectos de su tesis- , que obviamente no es el que han seguido la "a-quo", ni tampoco el apelante.

Es decir, sostengo el criterio de la no aplicación al caso del art. 4032 del CC., y sí del CC 4023.

En efecto, en aquella primera norma se establecen una serie de plazos cortos (dos y cinco años) de prescripción para las acciones que una nómina cerrada de profesionales liberales tienen para el cobro de sus honorarios o la remuneración por sus servicios u obras, tales como los jueces árbitros o conjueces, abogados, procuradores, y toda clase de empleados en la administración de justicia (inc. 1º), los escribanos (inc. 2º), los agentes de negocios (inc. 3º), y los médicos y cirujanos, boticarios y demás que ejercen la profesión del arte de curar (inc. 4º).

En esa nómina no figuran los síndicos de los concursos ni de las quiebras. Ni los contadores.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que la lista del 4032 no es extensible por analogía, que es un numerus cluausus. O una enumeración taxativa. Ello así porque el principio general en la materia de la prescripción liberatoria es la decenal del CC 4023, siendo las de los demás plazos excepciones que ameritan, como tales, interpretación restrictiva (Salvat, "Tratado. Obligaciones.", t. 2, pág. 550, nº 2174, y pág. 551 nº 2178, etc.).

Dice Borda: "El art. 4032 enumera varios supuestos de honorarios profesionales . que están sujetos a la prescripción bienal. Ello no quiere decir que esto sea la regla general en lo que atañe a los que ejercen una profesión liberal; por el contrario, todos los profesionales no mencionados en el art. 4032 se benefician con el plazo de la prescripción decenal que es la regla (allí trae una cita al pie de página que menciona entre otras a la SCBA 3/11/1953, L.L., t. 74, p. 813) En esa condición se encuentran los arquitectos, ingenieros, agrimensores, contadores, martilleros, etc.". (Guillermo A. Borda, Tratado . Obligaciones.", t. II, pág. 68, número 1105).

La actuación del síndico no puede asimilarse, pues, en modo alguno, a la del abogado. Como lo hizo la "a-quo".

Tal vez sí, por la forma de designación, remuneración, responsabilidades, modos del cese de la función, su relación con el Poder Judicial, a la de los peritos designados por sorteo de la lista ad hoc. Y respecto de éstos últimos hay consenso en que no son empleados de la administración de justicia y por ende tampoco está sujeto su derecho a la remuneración, a la prescripción corta bianual del CC 4032 inc. 1º. Dice Borda respecto de la prescripción de los honorarios de los peritos que ". ésta fue una cuestión clásica en nuestra doctrina y jurisprudencia, pero hoy se la puede considerar zanjada. Los fallos de los tribunales se han uniformado en el sentido de que ellos no son empleados en la administración de justicia, por lo cual corresponde aplicarles la prescripción ordinaria del art. 4023 (allí hay una cita al pie de página que menciona, entre otros, a C.S.N., 7/10/1940, J.A., t. 72, p. 559, y L.L., t. 20, p. 205; íd., 29/11/1957, J.A., 1958-II, p. 170; SCBA, 30/11/1937, Ac. y Sent., t. 16-I, p. 12 . aunque también, en contra, SCBA, 22/5/1945, L.L., t. 39, p. 673).

Más reciente en el tiempo que los citados, dijo en fallo unánime la Excma. SCBA que ".a los peritos afectados por el planteo prescriptivo (se trataba de peritos de lista o sorteados y no de peritos oficiales) no se les puede siquiera insinuar que puedan ser "empleados de la administración de justicia" y, por lo tanto, están excluidos de la enunciación contenida en el art. 4032 del Código Civil, precepto que no admite aplicación analógica por tratarse de una norma de excepción (Argañaraz, "La prescripción extintiva", pág. 211; L.L. t. 8, p. 389, voto del Dr. Salvat; íd. 1984-A-124). No ha infringido el fallo las normas invocadas pues ha sido bien aplicado el art. 4023 del Código Civil." (del voto del Dr. Cabaña Martínez en la causa Ac. 41.471 del 29 de agosto de 1989 in re "Gómez c/Aprilia"; AyS 1989-III-152; E.D. 139, 591; JUBA B16019).

Esa jurisprudencia fue seguida por tribunales de Alzada en la provincia. Así, CC segunda, sala primera La Plata el 15 de junio de 1992, in re "Farmacia Campo c/Colegio de Farmacéuticos", votos de Dres. Crespi y Sosa (JUBA B250637); CC primera sala primera Mar del Plata, 15 de abril de 1993 in re "Barrios c/Amigos del Camino"; íd., 27 de abril de 1999 in re "Tiribelli c/Banco de Galicia"; íd., el 31 de agosto de 2004 in re "Manelli c/Adrada" (JUBA B1350357).

Lo expuesto es suficiente, a mi ver, para sostener con fundamento racional que tanto por la naturaleza de la actividad como en su remuneración con honorarios no son asimilables las funciones del síndico con las del abogado. Por lo que no se ajustó a derecho el auto apelado al examinar la prescripción de que aquí se trata con los parámetros del inc. 1º tercer párrafo del art. 4032 cuando establece la quinquenal, que solo y exclusivamente rige para el abogado, y no para ninguna de las demás actividades, estén mentadas en ese inciso (jueces árbitros, procuradores, empleados en la administración de justicia), o no (contadores, peritos, síndicos concursales, etc.).

Memoro y resumo, que en materia de honorarios de abogado (y solo para ellos), por expresas y reglamentarias disposiciones legales, rigen tres tipos de prescripción: a) La bianual que rige respecto de su derecho a pedir regulación y corre desde que feneció el pleito por cualquier causa (sentencia, transacción, caducidad de la instancia, etc.) o desde que el letrado cesó en su ministerio (renuncia, revocación del mandato, muerte, etc.) (CC 4032, inc. 1º, segundo párrafo); b) La quinquenal, aplicable también sobre el derecho a la regulación, pero en juicios no terminados y cuando el profesional no fue reemplazado por otro (CC 4032 inc. 1º, tercer párrafo), lo que implica un juicio paralizado durante dicho lapso, pues mientras haya impulso procesal la prescripción no opera; c) La decenal, cuando se trata de honorarios ya regulados, pues forman parte de la actio judicati (CC 4023).

Ninguna de esas precisiones y distinciones rigen para ninguna de las demás profesiones liberales.

VI)- Es de preguntarse, a ésta altura, que es lo que dicen los antecedentes jurisprudenciales citados por el recurrente, que no son sino la columna vertebral de su queja y agravio.

Al principal y único que los contiene a todos lo encontré en JUBA B30671. Su sumario reza: "Terminado el pleito y no regulados los honorarios en la sentencia, es aplicable la prescripción bienal del art. 4032 inc. 1 del Código Civil, sin que corresponda distinguir entre los supuestos de que ellos deban ser pagados por el mandante o por la contraparte, a raíz de la condena en costas. (SCBA, C 97294 S 11-3-2009, Juez Genoud (SD). Carátula: "Banco Integrado Departamental c/Vázquez de Maggiori".

Es claro que se trataba de un caso de honorarios de abogado. Y que la cuestión que dilucidaba era la de la distinción entre el plazo de prescripción aplicable al honorario del abogado, según los reclamara de su cliente o de la contraparte condenada en costas. Cuestión que había tenido variaciones jurisprudenciales en el tiempo.

La lectura del texto completo me lo confirmó. Leo allí, en el voto del Dr. Genoud, lo que sigue: ".Los antecedentes de autos son los siguientes: a) El juez de primera instancia hizo lugar a la excepción de prescripción de la acción, que fuera opuesta por la demandada; la actora fue condenada en costas aunque no se regularon honorarios. La sentencia se encuentra firme. b) La parte actora solicitó la prescripción de los honorarios devengados por haber transcurrido el plazo previsto por el art. 4032 inc. 1 del Código Civil. c) La demandada contestó el traslado que se le confiriera y manifestó que la prescripción bienal no puede ser invocada por el condenado en costas (en este caso el actor) frente al letrado de la contraparte (la demandada), pues en estos supuestos opera la prescripción decenal del art. 4023 del Código Civil. d) El juez de primera instancia dio por operada la prescripción para peticionar la regulación de los honorarios devengados e impuso las costas a la demandada vencida en la incidencia. e) El abogado Pablo Sebastián Del Litto (abogado patrocinante de la accionada), apeló la resolución que declaró prescriptos sus emolumentos. f) La cámara departamental revocó el fallo y dictó la sentencia ahora cuestionada.	5. Resolvió el a quo citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se dispuso que la prescripción bienal se limita a la acción del profesional sobre su cliente, no siendo aplicable cuando, como aquí acontece, es opuesta por la contraparte vencida en costas, pues su imposición determina no sólo el nacimiento del crédito, sino también la interversión del plazo, imponiéndose el propio de la actio judicati y el plazo decenal (Fallos 318:879).	Ahora bien, esta Corte en anterior composición resolvió que terminado el pleito y no regulados los honorarios en la sentencia, es aplicable la prescripción bienal del art. 4032 inc. 1 del Código Civil, sin que corresponda distinguir entre los supuestos de que ellos deban ser pagados por el mandante o por la contraparte, a raíz de la condena en costas (conf. causas Ac. 14.236, sent. del 10-IV-1969, "Sensus", II, 1969, pág. 143; Ac. 16.062, sent. del 10-IV-1970.)	En fecha más reciente, este Tribunal con cita de los mencionados antecedentes reiteró la doctrina allí señalada en cuanto a que la prescripción a computar es la bienal prevista por el art. 4032 inc. 1 citado (conf. Ac. 46.486, sent. del 10-VIII-1993).	El fallo fue apelado a la Corte Suprema por los abogados a quienes les declararon prescriptos sus honorarios.	La Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 4 de mayo de 1995 revocó el fallo consignado. Dijo en su sentencia "... la prescripción bienal se limita precisamente a la acción del profesional contra su cliente -respecto de quien cabe la posibilidad de solicitar regulaciones provisorias-, no siendo aplicable a supuestos como el sub judice, donde se persigue el cobro de la parte vencida en costas, ya que su imposición determina no sólo el nacimiento del crédito sino también la interversión [sic] del plazo, en tanto se impone el propio de la actio judicati". En virtud de ello, el superior Tribunal declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto y ordenó vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nueva resolución con arreglo a lo expresado (Fallos 318:879). Con posterioridad, la Corte Suprema en la causa "Provincia de Formosa v. Nación Argentina" (sent. del 5-XI-1996), cambió -por mayoría- el criterio hasta aquí apuntado ya que no discriminó entre honorarios cuyo cobro se persigue a su cliente o al vencido en costas. Dijo allí: "Que es doctrina de esta Corte que en materia de prescripción de honorarios debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen, dado que mientras en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal (arts. 4023 y 4032 inc. 1 respectivamente del Código Civil; Fallos: 270:91; 314:1503; causa P.494.XIX 'Patricio, Juan Carlos c. Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios', pronunciamiento del 5 de octubre de 1995) ... costas en el orden causado, toda vez que el pronunciamiento de esta Corte en Fallos: 318:879 pudo dar lugar a que los letrados resistieran fundadamente la citada defensa..." (Fallos: 319:2648). Luego, en la causa "Escotorin de Bosetto" el superior Tribunal reiteró la doctrina apuntada aplicando la prescripción bienal sin discriminar quién es el perseguido al cobro ("Jurisprudencia Argentina", 2000-IV, pág. 657; "La Ley", t. 2000-C, pág. 232).

Esta es la doctrina que nuestro más alto Tribunal sostiene en la temática de marras, la cual -como ya lo anticipé- es concordante con la que oportunamente sostuviera esta Corte.

En autos, entonces, la acción del doctor Del Litto, respecto de la actora condenada en costas se encontraba expedita con la sentencia de fs. 45/46 (12 de marzo de 1999) que adquirió firmeza (v. fs. 57 y 62), razón por la cual a la fecha del planteo prescriptivo: 14 de agosto de 2003 (v. fs. 67 vta.) habían transcurrido sobradamente los dos años necesarios para extinguirla." La tediosa transcripción que realicé tuvo por objeto mostrar que ninguno de los antecedentes citados por el apelante guardan relación alguna con el tema del recurso, circunscripto a la prescripción del derecho del síndico a pedir la regulación de sus honorarios, cuando el síndico no puede asimilarse al abogado.

No hubo tal violación de ninguna doctrina de los fallos de los tribunales superiores, ni de Nación ni de Provincia.

VII)- En cuanto al argumento normativo, baste para calibrar su desajuste con pensar que extremando su hipótesis, podría llegar a sostenerse que como los honorarios no fueron regulados en la precisa oportunidad que la ley establece, al consentir la omisión el síndico habría perdido sin más su derecho a obtenberla y a cobrar su remuneración.

VIII)- Resta examinar si puede considerarse que el síndico del concurso o la quiebra es un empleado de la administración de justicia mentado en el inc. 1º del 4032 como para verse comprendidos en la prescripción bianual.

Al analizar esa norma, Salvat dice que la ley se ha referido aquí a los secretarios a costas y los oficiales de justicia: en la época de la sanción del Código Civil, éstos empleados, en la Capital y todas las provincias, no gozaban de sueldo del Estado, sino que cobraban derechos que se liquidaban y pagaban por las partes en cada juicio o con motivo de cada diligencia. Hoy estos empleados han pasado a gozar de sueldo del Estado y los antiguos derechos ya no se aplican (Salvat, op. cit., pág. 582, nº 2229).

La CSN, siguiendo sin duda tales lineamientos, dijo que la locución "empleados en la administración de justicia" del 4032 inc. 1º se refiere a quienes prestan sus servicios de manera permanente en el Poder Judicial y cuya remuneración, en forma de honorarios o derechos, se halla a cargo de los litigantes, como ocurría en la época de la sanción del Código Civil, con los secretarios y oficiales de justicia (CSN, 7/10/1940, J.A., 72-558).

Es decir, estaríamos ante una letra muerta.

IX)- Pero como la letra sigue estando, cabe profundizar sobre el tema, no vaya a ser que el síndico sea un empleado o funcionario público (para la ley son sinónimos: art. 77 del Código penal), porque participa de algunas funciones públicas, o que podrían considerarse públicas.

Es antológica la contienda sobre la "naturaleza jurídica" de las funciones de la sindicatura, en especial -es lo que aquí nos interesa- entre quienes le confieren, y quienes no, el rango de funcionario público. O si es un "órgano del concurso" o un "órgano del Estado". Prevenidos, empero, que las afanosas pesquisas de los juristas por "descubrir" la naturaleza jurídica de tal o cual o institución o relación están de antemano y en forma irremisible destinadas al fracaso. Entre otras razones, porque lo que se busca, tal como se lo busca, no existe. Al preguntarse por la "naturaleza jurídica" de una institución cualquiera los juristas persiguen éste imposible: una justificación única para la solución de todos los casos que, ya en forma clara, ya en forma imprecisa, caen bajo un determinado conjunto de reglas. Es decir, aspiran a hallar un último criterio de justificación que valga tanto para los casos típicos como para los que no lo son. Por supuesto que no hay tal cosa. (Genaro R. Carrió, "Notas sobre derecho y lenguaje", Abeledo Perrot, 1968, pág. 75).

Argeri mencionaba dos grandes grupos de teorías: a) los que lo consideraban un representante (ya del deudor, ya de los acreedores, ya de la masa, ya del juez); b) o quienes lo consideraban un órgano del Estado que desempeña una función pública (Saúl A. Argeri, "El síndico en el concurso de quiebra", Ediciones Jurídicas, 1991, pág. 220).

Maffia trasladó el debate a sobre si la sindicatura es un "órgano" o un "funcionario" (Osvaldo J. Maffia, "El síndico. Órgano del concurso").

Discurrir sobre lo que infinidad de autores han dicho sobre el tema escapa al objeto de éste trabajo, por lo que me excuso de seguir.

Escepticismos aparte, y limitados a establecer que es la sindicatura en nuestro derecho positivo (jurisprudencia incluida), para ingresar (y agotar) al estado actual del tema recomiendo la lectura, en el "Tratado del Síndico Concursal", Abeledo Perrot, 2008, obra colectiva dirigida por Darío E. Graziabile, del capítulo III de la autoría de E. Daniel Truffat en las páginas 101 y sgtes., rotulado "Naturaleza de la Función. Responsabilidad". Tanto el autor del capítulo como el director de la obra polemizan con llamativa profundidad argumental.

Graziabile ("El carácter orgánico de la sindicatura concursal y su caracterización como funcionario público", L.L. 2002-F-1332) sostiene que es un funcionario público: es elegido por sorteo de una lista confeccionada por el Poder Judicial, dura en su cargo en el proceso hasta ser excluido de la lista, y si bien no son remunerados por el estado, es éste el que por ley determina la forma y montos en que se lo hará, sin otra intervención de los privados que para pagarles.

Truffat les niega el carácter de funcionario público, a partir de lo ambiguo y sobre todo difuso o vago del concepto de "funcionario público". Ya que los hay que no tienen "carrera" (vg., legisladores), otros que no pueden aspirar a la "promoción" (vg., el presidente de la república), otros que no reciben retribución por lo que hacen (vg., los convencionales constituyentes de 1898), otros que lo son absolutamente accidentales (vg., el simple particular cuando frustra la comisión de un delito), etc.. El concepto hace referencia, al menos habitualmente -dice- , a ciertos "agentes" del Estado que tienen alguna vocación de permanencia, que en general reciben su retribución de fondos públicos, que están sujetos a criterios jerárquicos de subordinación, y ninguna de éstas notas se dan en la sindicatura. Y la circunstancia que algunos particulares puedan llegar a ejercer ciertas potestades estatales "bajo su cuenta y riesgo" no los convierte en funcionario público: es dudoso que lo sean los escribanos públicos, y decididamente no lo son los concesionarios de servicios públicos o los entes corporativos (colegios profesionales) en los que el Estado delega facultades de control de matriculación. Y que es la propia conducta de quienes se desempeñan como síndicos lo que demuestra que éstos no tienen la convicción de ser funcionarios públicos: no sienten el deber de denunciar ante la justicia del crimen los delitos que conocen en su función sino que se limitan a informar al juez del concurso, ninguno de ellos pretendería ingresar a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, ni presentan la declaración jurada que exige la Ley de Ética Pública, etc. (E. Daniel Truffat en "Tratado del Síndico Concursal", Abeledo Perrot, 2008, pág. 132) X)- En nuestro tema es llamativa la cuasi absoluta ausencia de casos registrados por vía de jurisprudencia. Lo que era de esperar, ya que no es común que se omita regularle honorarios a un síndico concursal, ni que regulados no los pague el deudor, porque ese incumplimiento puede llevarlo a la quiebra (54 y 77 inc. 1º LCyQ) El único y excepcional fue un fallo aislado en el que se aplicó la prescripción bienal a los honorarios del síndico de un concurso (Cám. Civ. 2ª, 28/7/944, J.A., 1944-III-551; citado, con cierta extrañeza, (".sin embargo.") por Salas, "Código Civil . Anotados", t. III, pág. 1918, nota 2 al art. 4032). Asombro que se justifica pues está a contrapelo de toda la jurisprudencia que otorga la prescripción larga a los honorarios de los peritos.

XI)- La polémica sobre la naturaleza de la función sindical fue zanjada (¿por ahora?) por la CSN en el caso "Amiano c/Estado Nacional" (4 de noviembre de 2003). Se trató de un juicio indemnizatorio iniciado contra el Estado Nacional y un síndico concursal por un comprador de un inmueble en operación luego declarada inválida por haberse realizado sin autorización judicial (arts. 17 y 18 ley 19.551), lo que ocurrió por la negligencia del síndico que había omitido inscribir la inhibición del causante en el registro de la propiedad. En segunda instancia se abrió paso a la acción contra ambos, Estado y síndico. Con relación al Estado porque consideró al síndico un funcionario auxiliar de la justicia que con su conducta produjo un funcionamiento irregular del servicio de justicia que originó el daño. El Estado interpuso recurso extraordinario, abierto en la medida que mediante él se puso en tela de juicio la existencia de una comisión ejercida en nombre de la Nación en los términos del inc. 1º del art. 14 de la ley 48, y lo resuelto resultó contrario al derecho invocado por el Estado Nacional.

La CSN, en voto impersonal de la mayoría (jueces Fayt, Belluscio, Petracchi, y López) resolvió que el síndico no es un funcionario público por cuyos actos deba responder el Estado en los términos del CC 1112. Para así pronunciarse tuvieron en cuenta que la ley no lo menciona como "funcionario del Estado" sino "del concurso"; que el concurso y la quiebra son procesos colectivos que se inician por la exclusiva iniciativa de los particulares, lo que relativiza el carácter "público" que en doctrina se le asigna a las funciones del síndico; que la actuación del síndico no se desarrolla en protección del interés público sino de los intereses privados (considerando 5º); que el síndico no es un órgano mediante el cual el Estado exterioriza sus potestades y voluntad, sino un sujeto auxiliar de la justicia, cuya actividad en el proceso colectivo se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica, y en base a la idoneidad técnica que deriva de su título profesional; sus funciones están determinadas por la ley tanto en interés del deudor como de los acreedores, y del proceso colectivo en general, como sucede con otros auxiliares de la justicia; y que no obstante la significación que tienen las funciones de los procuradores, abogados, peritos, y demás auxiliares de la justicia al servicio del proceso, no cabe que por el solo hecho de su intervención en él, los transforme en funcionarios públicos o delegados del poder estatal (considerando 6º); que las precedentes actividades no pueden ser caracterizadas como "públicas", en el sentido que lo son las de los funcionarios y empleados del Estado, por las razones expuestas en Fallos 306:2030, considerandos 10, 11, 13 y 14 respecto de los escribanos de registro, y que la naturaleza del vínculo del síndico con el Estado resulta insuficiente para adjudicarle el rango de funcionario público a los efectos previstos en el art. 1112 del Código Civil (considerando 7º).

En su voto propio, el Juez Vázquez historió las leyes falimentarias para afirmar que jamás el legislador argentino entendió que el síndico concursal pudiera ser considerado un funcionario estatal, cuya responsabilidad quedara alcanzada por el CC 1112. Así, recordó que en el Código de Comercio de 1862 se conceptuó que la responsabilidad de los síndicos era personal y se regía por las reglas de la responsabilidad de los mandatarios. Que ello no varió en la ley 4156 de 1902, que llamó "contador" al síndico. Que Ramón S. Castillo, al explicar la ley 11.719 (1932), de cuyo texto fue autor, dijo en la exposición de motivos que ".la sindicatura que organiza nuestra ley participa de los caracteres de la sindicatura oficial por el origen de su nombramiento y la autoridad de quien dependen los síndicos, pero no se separa a las personas de sus tareas habituales para convertirlas en cada caso en un simple empleado más de la administración pública.", y en otra parte señaló las razones que tuvo para desatender a quienes recomendaban un régimen que emplazara al síndico en la condición de funcionario público. Que el anteproyecto de ley de concursos de 1969 tenía la figura del "síndico oficial", pero que el legislador de 1972 (decreto ley 19.551) lo erradicó (considerando 7º). Y finaliza sosteniendo que nada hay en la ley concursal ni en ninguna otra disposición del ordenamiento legal argentino que indique que el síndico sea un funcionario público. Y dice que tampoco es un órgano mediante el cual el estado exterioriza sus potestades y voluntad, sino un sujeto auxiliar de la justicia, cuya actividad en el proceso se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica, y en base a la idoneidad técnica que deriva de su título profesional. Por lo que su responsabilidad personal no compromete la estatal en los términos del CC. 1112.

XII)- Mutatis mutandis, si el síndico no es para nuestro derecho un "funcionario público" del art. 1112 CC. (o empleado público: art. 77 Código Penal), tampoco puede ser un "empleado de la administración de justicia" del art. 4032 inc.1º CC. En consecuencia, sus honorarios, tanto en el aspecto de su derecho a obtener la regulación respectiva, como la acción para reclamarlos una vez firme el auto regulatorio, no están comprendidos ni sometidos al plazo especial y corto de prescripción bianual, sino al general decenal del CC 4023.

XIII)- Descendiendo al caso, y toda vez que según los hechos de la causa al síndico del proceso CPN Alfredo R. Cestari se le debieron regular sus honorarios en el mismo momento en que se homologó el acuerdo (265 inc.1º), esto es con fecha 6 de abril de 2004, regulación omitida por el juzgado por razones que no fueron oportunamente controvertidas, es claro que es desde entonces que principió a correr el plazo de prescripción del derecho a obtenerla (Borda, op. cit., nº 1011 y 1012).

Para advertir que el plazo de prescripción (10 años) no había transcurrido para la fecha en que el obligado al pago de esos honorarios se opuso (fs. 9, 11 de agosto de 2010) a la regulación pedida por el síndico Cestari al invocarla, no es necesario discurrir sobre la existencia de actos de interrupción o suspensión, dado que el vencimiento lineal e incondicionado no había ocurrido, y es más, aun no ocurrió (será el 6 de abril de 2014).

Por tales razones propongo la confirmación del auto apelado.

XIV)- En consideración a la duda razonable de derecho que el tema podría presentar, sugiero que las costas de Alzada se distribuyan en el orden causado (CPC 69 y 274).

Con las salvedades expuestas, voto por la AFIRMATIVA.

A LA misma PRIMERA CUESTIÓN, el señor juez Dr.Ibarlucia por analogas razones que las emitidas por el señor juez preopinante dió su voto también por la AFIRMATIVA.

A la SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: el señor juez Dr. Etchegaray dijo: En mérito de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:

Confirmar la resolución de fs.17/19, por los fundamentos expuestos en la presente, con costas de esta isntancia en el orden causado ( doct. arts. 68, 69 y 274 del CPC) ASÍ LO VOTO.- A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: el señor Juez Dr. Ibarlucia aduciendo análogas razones, dió en su voto también en el mismo sentido.- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA:

Mercedes, de noviembre de 2011- Y VISTOS:

Que en el acuerdo que precede ha quedado establecido: que la resolución de fs. 17/19 y vta. se encuentra ajustada a derecho por lo que debe ser confirmada.- POR ELLO y demás fundamentos consignados, SE RESUELVE:

Confirmar la resolución de fs. 17/19, por los fundamentos aquí expuestos, con costas de Alzada en el orden causado ( doct. arts. 68,69,274 del CPC).

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.

Fdo: Dres. Tomas Martín Etchegaray y Emilio Armando Ibarlucia.