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Contratos, prueba, factura, aplicación analógica de la ley, comercio electrónico, recepción de la mercadería, prestación de servicios, acción por omisión, rechazo del reclamo, resoluciones generales
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL-PENAL
Carátula: Evolucion Ar Group SRL c/ Editorial Amfin SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

1 - Corresponde revocar la resolución de grado en cuanto admitió la acción de cobro de ciertas facturas enviadas por correo electrónico por considerar aplicable el CCCN 1145 al no mediar impugnación de tales instrumentos, ello así toda vez que la demandada negó la emisión y recepción de las facturas, así como la efectiva prestación de los servicios facturados. Ello así, pues el peritaje informático constató que tales correos habían sido emitidos por la actora, pero no pudo constatar la recepción de los correos electrónicos.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, diferencias salariales, escalafón, ley vigente
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL-CIVIL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Cáceres, Héctor Hernán y otros contra Instituto de la Vivienda de la Ciudad De Buenos Aires sobre Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones) - Empleo Público-Diferencias Salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Los agravios en torno a la aducida arbitrariedad en que habrían incurrido los jueces a quo deben ser desechados toda vez que la recurrente pretende que este Tribunal corrija la interpretación que aquellos hicieron respecto de la normativa escalafonaria vigente; la que encuadraba el caso (acta paritaria n° 17/13, instrumentada por resolución n° 20/MHGC/14, y acta paritaria n° 10/14, instrumentada por resolución n° 1464/MHGC/14 y reglamentada, en lo correspondiente, por resolución n° 723/MMGC/14). Ello debido a que -además de ser reiteración de los vertidos en anteriores oportunidades- sólo ponen en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Accidentes de trabajo, asignaciones no remunerativas
Materia: LABORAL
Carátula: Faundez, Sebastian Jesus Emanuel c/ Prevención ART S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-06

La jueza de primera instancia ha fundado la inclusión de los rubros referidos -conceptos salariales no remunerativos- en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plasmada en la causa "Pérez c/ Disco", la que no es rebatida en el memorial de agravios. Por otra parte cabe recordar que la ley 27.348 ha modificado la redacción del art. 12 de la LRT, incluyendo en la base de cálculo del IBM el concepto de salario contenido en el art. 1° del Convenio n° 95 de la OIT, norma que constituye uno de los fundamentos del precedente citado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta modificación legal, si bien no es de aplicación al sub lite, en atención a la fecha del accidente de trabajo de autos, sirve, de todos modos, como pauta orientadora ya que es la solución querida por el legislador, conforme doctrina del Tribunal Superior de Justicia desarrollada en la causa "Mansur c/ Consolidar ART S.A." (Acuerdo n° 20/2013 del registro de la Secretaría Civil).
Procedimiento contencioso administrativo, régimen tributario, caducidad de instancia, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Echenique, Lorenzo s/ ej. fisc. - ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde revocar la sentencia que declaró la caducidad de la instancia a pesar de la solicitud del actor para que se dictara sentencia. Ello así en tanto creó un requisito no contemplado en la norma: que la conducta fuera efectiva para la consecución de efectos jurídicos determinados, concretamente, que hubiera importado un efectivo paso hacia la obtención de la sentencia en el juicio ejecutivo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Interés superior del niño, debido proceso, adopción
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Reservado c/  s/ adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-03

En el balance de derechos afectados y de derechos que se estiman proteger, al tomar la decisión para fincarla en el interés superior de la niña; no pudo soslayar la Cámara sentenciante que se desconoció el debido proceso legal, se prodigó tratamiento de objeto de entrega a quien debe ser tratado como sujeto de derechos, se vulneró el derecho a la identidad en sus dos vertientes y el derecho a la familia. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Prueba confesional, confesión ficta, valor probatorio, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., L. c/ B., A.P. y Otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-22

La confesión ficta produce los mismos e idénticos efectos que la expresa en cuanto al reconocimiento de la verdad de los hechos que han sido objeto de ella, estribando la única diferencia entre ambas especies en que mientras la segunda constituye plena prueba según el artículo 423 C.P.C.C., la primera crea una presunción "iuris tantum", desvirtuable por ende mediante pruebas en contrario, cual surge nítido de la referencia a "las circunstancias de la causa y demás pruebas producidas" contenida en el artículo 417 código citado.
Absurdo, determinación del monto, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: P. , M. G. y otros c/ Cardozo, Martiniano Bernardino y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-11

Incurre en absurdo (por arbitrariedad) el fallo que fija la indemnización absteniéndose de suministrar los necesarios elementos que permitan deducir las razones tenidas en cuenta al efecto, y carece de las pautas o criterios concretos sobre los que se sustenta (art. 289, C.P.C.C.).(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: LA EDITORIAL  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

El valor disputado en último término debe exceder el mínimo legal a la fecha de interposición del recurso.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Silva, Ernesto Roque y O. c/ Frigorífico Siracusa S.A. s/ Laboral Banesto en autos "Peroservice S.A. s-Concurso Preventivo" s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-18|1998-12-17

Para atacar a una sentencia por arbitrariedad, es necesario que se manifieste en ella una alteración de los contenidos esenciales del proceso, la arbitrariedad por el sólo hecho de existir es siempre desquiciante del debido proceso y del esquema de derechos y garantías constitucionales.
Tarjeta de crédito, defensa del consumidor, responsabilidad del banco, inhabilitación para cuentas bancarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, LUIS MARIA Y OTROS c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

En una acción por la que el titular de una tarjeta de crédito reclama del banco que la emitió y de la entidad administradora, el resarcimiento de los perjuicios que sufrió como consecuencia de la arbitraria inhabilitación de aquella, para establecer la responsabilidad de las accionadas resulta determinante su carácter profesional, toda vez que tal condición las responsabiliza de manera especial, en tanto la superioridad técnica que detentan, les impone el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento del negocio y les exige una diligencia acorde con su objeto haciendal, con organización adecuada para desarrollar su giro. La conducta de las defendidas no puede apreciarse con los parámetros exigibles a un neófito, sino conforme al "standard" de responsabilidad agravada que el profesional titular de una empresa con alto nivel de especialización tiene frente al usuario: puesto que en los contratos en los que una de las partes detenta superioridad técnica, la otra soporta una situación de inferioridad juridica. La complejidad del tráfico hace exigible una protección responsable del consumidor (C.N. art. 42 y Ley 24240) desde que la confianza como principio de contenido ético impone a los operadores un inexcusable deber de honrar esas expectativas. Y su quiebre implica la contravención de los fundamentos de toda organización, tornando inseguro el tráfico (conf.Rezzonico, Juan Carlos, "Principios fundamentales de los contratos", ed. Astrea, Bs. As., 1999, Pag. 376 Y ss.).
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrari Alfonsina Andrea y Otra c/ Fernandez Marcelo Javier y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-31

Respecto del agravio en contra de la tasa de interés aplicada, esta Sala, consciente de la necesidad de adecuar sus decisiones y criterios pretorianos a las distintas realidades y variaciones económicas por las que fue atravezando nuestra Nación en períodos recientes, luego de transitar por la aplicación de distintas fórmulas de interés, desde la activa BNA en "Wicky de Santa Cruz c/ Joannas", 22/2/96, pasando por el promedio de la activa BNA y pasiva BCRA en "Ciliberto C/ Maciel", 11/7/03, para llegar a la pasiva BCRA en "Monzón V. C/ Miño H.", 28/9/04- considera posible y conveniente armonizar posiciones arribando a una solución que componga ambos factores de realidad y sustento normativo aplicando -a partir del presente caso- sobre las sumas indemnizatorias estimadas a la fecha de la sentencia, un interés anual puro del 6 por ciento desde la fecha de producción del daño, y a partir de la misma, el promedio de la activa BNA y pasiva del BCRA.
Anatocismo, ley de orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Garces, Silvia Marilu c/ Marconi, Carlos Alfredo y otro s/ Ejecutivo-Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-08

El anatocismo es la capitalización de intereses o interés compuesto, de modo tal que agregándose estos al capital originario pasan a redituar nuevamente intereses. Dicha operación está prohibida atento el carácter de norma de orden público que inviste: salvo que se configuren algunos de los presupuestos de hecho que contempla el art. 623 del Código Civil (reformado por la ley 23.928).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia provincial, información sumaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Reyes, Alfredo Faustino s/ información sumaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

Es competente la justicia provincial para conocer respecto de la información sumaria tendiente a acreditar la convivencia en aparente matrimonio del actor, con el objeto de obtener un beneficio de pensión por parte de una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Competencia, competencia civil y comercial federal, hábeas data, bancos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Dalquie  Elsa  Alicia c/ BCRA  -BAse de Datos y otro s/ hábeas data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-29

Es de competencia de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal la acción de habeas data promovida contra un banco privado y el Banco Central de la República Argentina, con el objeto de que se ordene la exhibición de la totalidad de la información contenida en la Central de Deudores del Sistema Financiero del B.C.R.A., la justificación documentada de la misma por parte del banco privado y que, en caso que la misma resulte inexacta, se disponga su rectificación.
Licitación pública, publicidad de los actos de gobierno, sistema republicano
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Finmeccanica Spa Aerea Alenia Difesa c/ E.N. -Mº de Defensa- Licitación 12/97 s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-06

Uno de los principios rectores del procedimiento de licitación pública es el carácter público del mismo, como también lo es propio de toda la actuación estatal. Ello es así porque la publicidad de los actos de gobierno es una exigencia derivada de la forma representativa, republicana de gobierno adoptada por la Constitución en su artículo primero. (Del voto del juez Licht, consid. 10).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, inconstitucionalidad, tope indemnizatorio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: ALE, ERMENEGILDO c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ ACCIDENTE/LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

Para el cálculo de la indemnización por accidentes del trabajo, debe estarse a lo resuelto por el art. 8 de la ley 9688 según ley 23643, norma imperativa cuya aplicación es insoslayable para los jueces, salvo declaración de inconstitucionalidad, acto que exige petición de parte interesada.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L.A.O. c/ S.H.R. s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

El derecho reconocido por el art. 264, inc. 2 del C. Civil al padre que no ejerce la tenencia de tener una adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación, tiene mayor amplitud que el derecho de visitas, fue conferido más que como un derecho del progenitor, en beneficio de aquel que se halla en una situación que no produjo, el niño.-
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, acción civil, proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Méndez, Raúl Alberto y otra c/ Broda, Juan y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, desde que -más allá de las dudas que ofrece la respuesta brindada desde el plano teórico a la vexata quaestio de la incidencia del pronunciamiento penal sobre el proceso civil (aspecto no exento de crítica, atento a que la ausencia de reserva en el ofrecimiento como prueba del expediente penal solo autorizaba a entender que el actor no tenía reservas respecto a la eficacia probatoria de las constancias allí obrantes, más no a decir también que admitiría las conclusiones de la causa penal)- es indudable que la ulterior concreción o "puesta en juego" de las pautas sentadas en abstracto lejos está de compadecerse con la realidad de los autos, ya que estos -en una recta apreciación- nunca podrían haber habilitado a sostener que los actores incumplieron con la afirmada carga de controvertir en la oportunidad correspondiente "las conclusiones de la resolución penal"; por ello, puede razonablemente decirse que en el punto lo decidido se apoya en afirmaciones dogmáticas que le dan un fundamento solo aparente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo, agravantes de la pena, robo con armas, intimidación, bien jurídico protegido, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Si concebimos el arma de fuego como un objeto específicamente diseñado y fabricado para provocar daño corporal, convendremos en que su utilización durante un robo conlleva -eventualmente- un componente de peligro hacia la integridad física del sujeto pasivo; pero también en que esa potencialidad gravemente ofensiva que representa -de conocimiento generalizado- es justamente la que provoca en la víctima de la sustracción un bloqueo absoluto de sus alternativas de defensa, dado el comprensible temor a un eventual disparo letal.

Ambas vertientes doctrinarias no pueden en consecuencia ser tildadas de caprichosas o arbitrarias, puesto que tienen su raíz en datos ciertos de la realidad. Pueden reconocerse entonces en la generalidad de los robos con armas -en principio-ambos componentes protegibles por la ley: el peligro concreto hacia las personas, y el mayor estado de indefensión y consecuente intimidación que el arma provoca.

La cuestión radica en determinar cual de esas dos circunstancias es la que ha sido tenida en miras por la ley para fundar la agravante, o si lo han sido las dos. El alcance otorgado por la ley al vocablo debe determinarse tanto por su significado como por la funcionalidad que la norma le asigna.

En cuanto a lo primero, si le asignamos calidad de elemento normativo del tipo con la consecuente necesidad de recurrir al resto del ordenamiento jurídico para aprehender tal significado, advertiremos que el resultado de la búsqueda abona la postura afirmativa. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Defraudación, aportes previsionales, retención de aportes previsionales, interpelación, evasión previsional
Materia: PENAL
Carátula: SMULEVICE, Lissette Patricia s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

No constituye ilícito penal alguno el incumplimiento por parte de una firma comercial, en cuanto se relaciona con su obligación de incluir a sus agentes en el sistema social denominado con la sigla "O.S.E.C.A.C" e ingresar al mismo los aportes retenidos a su personal más la propia contribución patronal, cuando no se ha dado cumplimiento al requisito de la intimación previa establecida en el art. 42 de la ley 22.269 y que constituye requisito ineludible.
Facultades de la Municipalidad, empleo público, ejercicio profesional, incompatibilidad de ejercicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schmunk, Carlos Enrique c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Diferencias Salariales -Ordinario Contencioso Administrativo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-18

El Municipio puede regular la función pública de sus agentes, crear incompatibilidades y prohibiciones, o receptar las de las leyes de ejercicio profesional otorgando remuneraciones, suplementos, adicionales, y decidir a quién los paga -por cierto en un marco de razonabilidad que lo legitime- pero lo que no puede, es interpretar a su antojo el artículo 10 de la Ley 532, para decir qué funciones están comprendidas y cuáles excluidas de la incompatibilidad que la misma crea. Esta es potestad reservada al Colegio Profesional, por Ley de la Provincia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contrato de comisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fossati de Rumi, Rebeca c/ Pasquali y Cia. s/ Rescisión de contrato. Consignación alquileres. Instrucción prueba  anticipada Rosmetal S.A.C.I.F.I.A. y de M. y S. c/ Rossi, Leonardo s/ Consignación Salerno, Alberto Jacinto c/ Consorcio Galería Comercial Williams s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17|1991-08-27|1996-08-06

Establecer si la consignación satisface las exigencias legales constituye una conclusión derivada de los hechos y es inabordable en casación salvo absurdo.
Procedimiento monitorio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Nicolía, Cristina Beatriz s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-08

Es la actora quien tiene la carga de producir todos aquellos actos para que la sentencia monitoria pierda la condicionalidad y quede firme, ya que la demanda instaurada no finaliza con una sentencia condicional, es por medio de la adecuada y correcta citación de la ejecutada cuando el proceso ingresa a la etapa de bilateralización, siendo procedente el planteo de caducidad de instancia que aquélla deduce porque es incorrecto que se haya arribado a una etapa procesal de "ejecución de la sentencia monitoria". Por cierto, aquella resolución es provisoria y eventualmente puede convertirse en efectiva si la accionada no comparece o no formula oposición de ningún tipo al decisorio.

Fuente del sumario: OFICIAL
Reformatio in pejus, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Toledo, Néstor c/ Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos s/ Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-09-28

Teniendo en cuenta el principio de la reformatio in pejus que impide empeorar la situación del recurrente y al no haberse demostrado absurdo con relación a la imposición de costas en la alzada, corresponde mantener la decisión adoptada por el tribunal.(del voto del doctor Negri)
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AYALA LUIS RENE c/ DIRECCION DE NIVEL PRIMARIO Y CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-12

La violación de las normas sobre la competencia determina la nulidad del respectivo acto administrativo.Esto obedece a que la "competencia" representa un requisito o elemento esencial del acto administrativo.
Juicio de desalojo, simulación, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: Giordano, Myrna Esther c/ Pérez Redrado, Felix s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

El proceso de desalojo tiene como finalidad específica obtener la restitución de una cosa, por lo que se da contra tenedores precarios y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible (conf.

art. 680 del Código Procesal) y tramita como proceso sumario (conf.

art. 679), inclusive con limitaciones de prueba según la causal (conf. art. 685), de modo que no puede desvirtuarse con articulaciones ajenas a su contenido. La simulación, en cambio, requiere proceso ordinario, con amplitud de debate y prueba, por lo que no cabría reconvenir con tal objeto. (conf. doctrina del art.

487).
Acción meramente declarativa, facultades del juez, control de constitucionalidad, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

Desde su origen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de manera contundente la existencia de la facultad del control de constitucionalidad de las leyes como competencia de todos los jueces (doctrina de Fallos 10: 427; Fallos 32: 1887). Como señala el señor Fiscal General ante esta Cámara, en Fallos 14: 425, la Corte destacó que sólo una razón puede obstar a la aplicación de una ley y ella es que sea contraria a los preceptos de la Ley Fundamental o a los principios que le sirven de base. Tal atribución del Poder Judicial es una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (Fallos 33: 162). Deriva del principio fundacional del orden constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 31). La Corte Suprema de Justicia afirmó que el control de constitucionalidad es una de las funciones fundamentales y más delicadas que corresponde ejercer al Poder Judicial (doctrina de Fallos 316: 188; 318: 1154; 320: 2851; 321: 3620).