Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 12 de 2007.

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

Contra la sentencia de fs. 418/421 se alza la parte actora, quien expresa agravios a fs. 499/511. Corrido el traslado de ley pertinente, fue evacuado a fs. 575/577 por la citada en garantía. Con el consentimiento del auto de fs. 581 quedaron las presentes en estado de resolver.

RESPONSABILIDAD.

1.- Se agravia la actora por el rechazo de la demanda interpuesta y solicita la revocación del fallo apelado y se haga lugar a la demanda, con costas.

Las quejas estuvieron encaminadas a destacar: la falta de aplicación de los principios que sustentan las relaciones contractuales; la incorrecta apreciación de la prueba que llevó al a quo a tener por no acreditado, el tiempo de detención del rodado, la existencia de acumulación de agua, endilgar haber impreso al rodado una velocidad inadecuada, haber hecho caso omiso de la obstrucción visual por la lluvia, y por último, no haber destacado la ausencia de las vías de escape y aspectos constructivos de la autopista.

Ahora bien, trataré cada una de las argumentaciones que dieron motivo a las quejas, pudiendo adelantar que ninguna de ellas prosperará.

1.1.- En cuanto al encuadre de la responsabilidad, volcaré los sólidos fundamentos aportados por la Dra. Zulema Wilde en un fallo del pasado año -la suscripta no formaba parte del tribunal- en el cual destaca que con el dictado de la ley 24.240 de la defensa de los consumidores y usuarios se cristaliza en nuestro sistema, el principio de protección al consumidor y con la reforma constitucional de 1994 el principio obtiene primera jerarquía al quedar categóricamente incorporado al art. 42 de la Ley Suprema.

La jurisprudencia de esta Excma. Cámara ha sostenido que, con independencia del encuadre en responsabilidad contractual o extracontractual, la relación entre el concesionario de una ruta y de quien transita por ella previo pago de un peaje es la de un usuario involucrado en una típica relación de consumo. Es así, que el particular que transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para trasladarse con un vehículo de un punto a otro. Si sale no puede reingresar en el circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que se ajusta a lo determinado por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240 y la empresa concesionaria es un típico proveedor de servicios (Farina, Juan M. "Defensa del consumidor y del usuario", Astrea, Bs. As., 1995, pág. 7; Vázquez Ferreira, Roberto A. "La demanda contra los concesionario de las autopistas", Revista de derecho de daños Nº 1, Accidentes de tránsito-I, Rubinzal-Culzoni, Bs. As.-Santa Fe, 1998, págs. 155/178; Rinessi, Antonio J. "La desprotección de los usuarios viales", Revista de derecho de daños Nº 3, Accidentes de tránsito-III, Rubinzal-Culzoni, Bs. As.-Santa Fe, 1998, págs. 111/137; Lorenzetti, Ricardo Luis "Concesionarios viales - en qué casos hay responsabilidad", Revista de derecho de daños Nº 3, Accidentes de tránsito-III, Rubinzal-Culzoni, Bs. As.-Santa Fe 1998, págs. 157/174; Boragina, Juan C. - Meza, Jorge A. "Responsabilidad civil de las empresas concesionarias de peaje en relación a los daños padecidos por el usuario" J.A. 1997-IV-858; esta bibliografía, entre otras, fue vertida por la mencionada colega, in re "Ciccone, Víctor A. c/Coviares S.A." 8/5/2006).

Al consumidor o usuario le son aplicables los principios in dubio pro consumidor, el deber de información y demás pautas de la Constitución Nacional y la ley 24.240 (en particular, arts. 5, 6 y 40).

Frente al usuario, la empresa asume claras obligaciones jurídicas, algunas en forma expresa y otras en forma tácita (Vázquez Ferreyra, Roberto A. "La demanda" ob. cit.). Pesa sobre la concesionaria una obligación tácita de seguridad, por lo cual asume el compromiso de hacer posible el tránsito en todo el recorrido del tramo concesionado en condiciones de seguridad, de acuerdo al principio de buena fe consagrado por el art. 1198 del Código Civil.

El concepto de obligación de seguridad es expuesto en la definición dada por Roberto A. Vázquez Ferreyra como "aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato. Tal obligación puede haber sido asumida expresamente por las partes, impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato, a través de su interpretación e integración a la luz del principio general de la buena fe ("Obligaciones de seguridad" J.A. 1987-IV, págs. 952/954).

El desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores viales no es una obligación accesoria, extraña a los concesionarios, sino muy propia de la índole del servicio. El deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones, tales como la vigilancia permanente de las rutas, la remoción inmediata de obstáculos, el control ininterrumpido de la conducción, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transitan por las rutas, y toda otra medida que dentro del deber de custodia puede caber a los efectos de resguardar la seguridad, el medio ambiente, la estructura y fluidez de la circulación.

En la tesis de naturaleza contractual, en la que me enrolo -compartida por mi colega Dra. Mattera in re "Elías, Jorge Alberto c/ Autopistas del Sol S.A. s/daños y perjuicios" expte. 108.094/99, 20/03/2005- su fundamento reside en la obligación de seguridad, de resultado cuyo incumplimiento genera responsabilidad objetiva, con factor de atribución basado en la garantía (conf. reciente fallo de la CSJN "Pereyra de Bianchi, Isabel del C. c/ Provincia de Buenos Aires y otra" 7/11/2006).

El responsable sólo puede eximirse acreditando el quiebre de la cadena causal, a través del caso fortuito, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

A continuación veremos que la ruptura del nexo causal se encuentra acreditada y por tanto bien fundado el rechazo de la acción instaurada.

1.2.- Tanto la demandada como la citada en garantía, negaron en las contestaciones a las demandas que se le dirigieran, la existencia del obstáculo -argumento troncal-, causa del siniestro y de la cual derivara el incumplimiento de la obligación de seguridad por parte de la concesionaria.

Ante todo recuerdo que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso. Y en sentido análogo, ha sostenido que no es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 274:113; 144:611).

No obstante la orfandad probatoria, considero que en la sentencia en crisis se ha efectuado una correcta ponderación de los elementos aportados.

Dirijo, primeramente mi atención al estudio pericial de fs. 356/358 -consentido por las partes- al cual valoro a la luz del art. 477 del código de rito.

En el desarrollo de los puntos de pericia propuestos por la actora, indica que no encontró datos técnicos que permitan determinar la existencia y ubicación del mentado auto detenido sobre la ruta, bajo la aclaración de que no tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales. A éstas las trataré, más adelante, pudiendo desde ya adelantar que no realizan mayor aporte sobre el particular.

Desprende de las fotos acompañadas por la demandada acumulación del agua, pero, sobre la colectora "lo que indicaría que al momento del accidente llovía o habría llovido" (pto. a). A lo cual añade, cuando responde al pto. e) propuesto por la demandada que "La acumulación de agua en una autopista puede ser determinante en la ocurrencia de un accidente".

La última reflexión del experto no fue acreditada.

Como adelanté los dichos de los testigos no aportaron datos clarificadores. Rosa del Valle Lindquist (fs. 258/vta.) quien al momento del accidente "estaba dentro de la casa y escuché, un ruido muy fuerte y salí a mirar y veo la camioneta sobre la colectora, que se había caído de la Panamericana hacia abajo" (preg. segunda), seguidamente en su exposición indica que "lloviznaba, llovía bastante" y "cuando llueve mucho se hace un charco de agua arriba, en la Panamericana" (pregs. séptima y novena). No puedo enfatizar esta declaración, porque se trata de quien no presenció el siniestro, tampoco en ese momento percató la acumulación de agua y respondió lacónicamente "sí, había un vehículo" cuando se le interrogó sobre la detención de alguno en la autopista (preg. décimo segunda), sin aportar ningún otro detalle que induzca a la convicción que el accidente ocurrió tal cual fue plasmado en el escrito de inicio.

No mayor luz echa Osvaldo Mauricio Sarotti (fs. 260vta./261) compañero de trabajo del actor, quien aportó: que fue al lugar del accidente, que llovía, y con respecto al sector de la Panamericana en cuestión "el pavimento estaba mojado y con mucho agua" (pregs. tercera, cuarta y quinta). No desprendo de la última respuesta la recurrente "acumulación", sumando a la incertidumbre, que el conocimiento que tuvo de los hechos fue por comentarios y que no vio otro auto parado en la autopista (preg. sexta y primera repreg. de la aseguradora).

El Concejo Deliberante de Escobar solicitó a la demandada (fs. 284/307 y fs. 208 el 23/5/2003 y 16/3/2004) que arbitre los medios necesarios para evitar la acumulación de agua los días de lluvia sobre la Ruta Panamericana a la altura del Puente de los Inmigrantes de Belén de Escobar. Reclamo desvirtuado por el informe de la Secretaría de Obras Públicas - Órgano de Control de Concesiones Viales, referido a que "Autopista del Sol S.A. cumplió y cumple con las normas disposiciones contractuales en punto al mantenimiento de la Autopista Panamericana a la altura del Km 51, Puente de los Inmigrantes de Belén de Escobar. Esta supervisión no posee nada que diga lo contrario." (fs. 216/218, pto c., fechado el 16/3/2004).

1.3.- Si bien el experto no pudo determinar la velocidad impresa (fs. 357, pto. 1), atribuye el siniestro a la falta de dominio en el control del vehículo (fs. 379, pto. 2). De tal conclusión echó mano la sentencia en crisis, robustecida con la inclusión de otros elementos: la exposición civil acompañada por la actora a fs. 11 que describe el camino "recto" y la lluvia existente en la hora y lugar en que sucedió hecho y la ausencia de aval probatorio que las condiciones atmosféricas impidieran la visibilidad.

1.4.- Por último, despejan toda duda atinente al control, medidas de seguridad en torno a la autopista, los restantes puntos evacuados por la Secretaría de Obras Públicas a fs. 216/218, la exposición del coordinador de seguridad vial Elvio Luis Rocchietti (fs. 259/260) y la respuesta en la experticia al pto. b) (fs. 357 vta.) de la cual no puedo desprender la atribuida falla constructiva en el guarda rail, "sino que se deformó lo que es correcto ya que así éste absorbe parte de la energía del vehículo produciéndose un golpe menos violento" (concepto textual del experto).

2.- Por todo lo que dejo expresado doy mi voto para que:

a) Se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravios.

b) Costas de la Alzada a cargo de la actora (art. 68 del Código Procesal).

La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere al voto precedente.

La Dra. Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE.

a) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravios.

b) Imponer las costas de la Alzada a cargo de la actora (art. 68 del Código Procesal).

c) Conforme el rechazo de la demanda decretado, a los fines regulatorios corresponde tomar como base la suma que se reclama en la demanda ($131.840, fs. 21) (cfr. CNCiv., en pleno in re "Multiflex c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2275", del 30/9/75, LA LEY, 1975-D, 297, ED 64-250, JA 1976-I-535).

En consecuencia, conociendo los honorarios regulados a fs. 421 vta. que por altos se apelan a fs. 427 y fs. 429 y por bajos a fs. 425, 427, 431, 433 y 450, en atención a la citada suma reclamada, naturaleza del proceso, cantidad de etapas, calidad y extensión del trabajo realizado y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, se confirman los honorarios regulados a favor de todos los letrados intervinientes por resultar ajustados a derecho.

Respecto a los honorarios de los peritos intervinientes, teniendo en cuenta la proporción que deben guardar los mismos con los demás profesionales intervinientes en autos (CSJN, 29/7/69, ED 6-614, Fallos 246:293, 243:96, 278:58; esta Sala, en autos "Rojas de Mullet, Claudia Alejandra c/ Romero, Carlos Alberto y otros s/ Ds. y Ps.", expte. nº 3842/01, del 11/6/04, entre otros) y en virtud de lo dispuesto por el art. 478 del CPCCN, se elevan a la suma de pesos un mil quinientos ($1500) los honorarios del perito médico Dr. R. A. D. M., a la misma suma ($1500) los del perito contador Dr. J. C. R., y a la suma de pesos dos mil ($2000) los regulados a favor del perito mecánico Ing. R. J. P.

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas fijadas por el art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. J. L. T., apoderado del accionante, en la suma de pesos tres mil doscientos cincuenta ($3250), y la de la Dra. S. E., apoderada de la citada en garantía, en la de pesos cuatro mil doscientos sesenta ($4260).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La Dra. Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). -Beatriz A. Verón. -Marta del Rosario Mattera.