Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-10-26


2º Instancia. - Córdoba, octubre 26 de 2007.

Considerando: 1) No existe controversia acerca de que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo desde 29 de Noviembre de 1982 hasta el 4 de Marzo del 2003 en que se desvincularon mediante acuerdo ante notario público con invocación del art. 241 LCT.

El actor sostiene que se desempeñó como viajante de comercio con comisiones sobre ventas y cobranzas y que luego se le fijó un básico que se fue incrementando mientras que las comisiones fueron disminuyendo hasta desaparecer en Noviembre de 1995. Reclama el pago de comisiones sobre ventas y cobranzas con apoyo en la ley 14.546 y CCT 308/75. La demandada argumenta que el régimen remuneratorio fue convenido sucesivamente con el actor y que negaba que a partir de 1995 el actor haya tenido merma en su nivel remuneratorio, no correspondiendo la aplicación de la conversión del art. 21 de la CCT. Niega montos y plantea subsidiariamente la compensación con el monto abonado al momento del cese de la relación laboral.

2) No se encuentra controvertida la descripción de la actividad laboral que el actor realiza en la demanda. No obstante ello, la prueba testimonial aporta datos al respecto que resultan necesarios para la solución del caso. Jorge Antonio Cubas dijo que era comerciante, kiosco, librería, juguetería en Bario Urca; que conocía al actor como vendedor de Bagley, le hacía ventas; que Danone la conoce porque compró Bagley en la época que el testigo compraba, es la dueña; que el actor fue muchos años; que pasaba una vez por semana, levantaba pedidos, por bulto cerrado; que a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas llegaba el camión y dejaba el pedido; que había promociones y ofertas; que la cobranza la hacía el fletero; que reconocía el informe de fs. 147, la firma y el contenido; que Bagley; que tenía un gerente conocido, Di Paola, le hablaba por teléfono; que actualmente no es cliente de Bagley, le compra a Arcor. Héctor Aldo Visintini dijo que trabajó para Bagley y Danone desde 1978 hasta el 2004; que fue vendedor y gerente regional; que Solari estuvo a su cargo; que el testigo primero fue jefe de ventas, luego gerente regional; que en un principio le pagan un porcentaje sobre ventas del tres y medio por ciento, desde 1978; que luego fue del dos y medio por ventas y medio por ciento por cobranza; que no recordaba que Solari hubiera hecho reclamos por las comisiones; que después fueron bajando las comisiones hasta terminar no pagando más; que la última fue del cero y pico. Se exhibió documentación obrante en la causa: fichas de cálculo de kilómetros recorridos, se pagaba por kilómetro recorrido, había vehículos propios de los vendedores y de la empresa; planillas de gastos, eran por los peajes, combustibles, estacionamiento, hotel, Solari usaba su propio vehículo; notas de créditos, se usaban para devolución o bonificaciones; planilla de resúmenes de ventas, eran usadas en la empresa; recibos de sueldos, eran los que se usaban en la empresa; actas notariales, se hicieron con varios vendedores; contratos por comisiones, se hacían con los vendedores, se fueron bajando (ver documental); listado de clientes, corresponden al vendedor Solari; fichas de evaluación de desempeño, la hizo el jefe de ventas del 2001 (2?), cuando el testigo era gerente regional; talonarios de recibos de cobranzas, se usaban con los clientes de cuenta corriente; planillas de devolución de mercadería e instructivos, eran procedimientos para personal de venta; fondos fijos, se entregaba dinero para gastos, se presentaban facturas y se reponía el fondo. Se le exhibió la documental de la empleadora, dos convenios sobre comisiones de venta y cobranzas, las reconoció como las que se usaban entre empresas y vendedores, y agregó que las comisiones en 1994 subió al uno por ciento; que en 1993 eran del cero setenta centésimos al contado y cuarenta centésimos en cuenta corriente y treinta centésimos por cobranzas. Manuel Rey Romero relató que era comerciante en ramos generales desde hacía treinta y siete años; que el actor era viajante de Bagley; que mantiene relación actualmente con los productos Bagley por intermedio de Arcor; que se le pagaba al camión cuando venía a entregar la mercadería, el testigo compraba al contado; que el actor fue durante varios años, no recordando cuántos. Norberto Speziale dijo que era comerciante y que el actor era vendedor de Bagley, lo visitaba, lo asesoraba y le vendía, que tiene negocio en Cosquín y actualmente distribuye Arcor; que reconocía la firma de la informativa de fs. 125; que no recordaba la planilla; que no tenía presente quién cobraba las facturas. Sebastián Eduardo Pérez manifestó que explotaba un supermercado y casa de comidas; que el actor le atendía como vendedor de Bagley, le hacía pedidos; que Bagley lo vende ahora Arcor; que pagaba sus compras al contado, por lo general al camionero, al vendedor no le pagó nunca; que en una época tuvo cuenta corriente y le pagaba a otro vendedor, a Gustavo. Roxana del Valle Toranzo dijo que tenía un almacén con su esposo en Avenida Capdevila, Bario Ampliación América; que el actor la atendía como vendedor de Bagley; que Arcor compró a Bagley; que no hacía cobranzas, pagaba al contado cuando el fletero le entregaba la mercadería. Jorge Néstor Ramírez manifestó que el actor lo visitaba en el negocio de autoservicio en la Recta Martinoli, él era cliente; que reconocía la informativa de fs. 123; que no recordaba quien hizo el escrito o si se lo trajeron; que el actor hacía la venta semanalmente, tomaba los pedidos; que después le llegaban la mercadería y le pagaba al contado al camionero; que a Solari no le pagó; que lo visitó varios años. Rafael Molla refirió que el actor levantaba pedidos de Bagley en el autoservicio del testigo, en Ricardo Rojas, Villa Rivera Indarte; que fue más de seis años; que levantaba pedidos y le pagaba al camionero si era contado; que al actor no le pagaba. Reconoció la firma del informe de fs. 124; que lo firmó no recuerda como lo llevaron. Gabriel Angel Di Paola dijo que fue gerente de la sucursal Córdoba de Bagley; que lo tomó al actor como empleado desde 1978; que el testigo estuvo hasta Octubre de 1999; que en alguna época se pagaba comisiones a los vendedores; que al ingreso del actor era el dos y medio por ciento en cuenta corriente y el medio por ciento de cobranzas y el tres por ciento por venta al contado; que eran las comisiones para vendedores minoristas; que no se mantuvieron, se modificaron con el tiempo, se aumentó el básico que era reducido y se bajó la comisión, variando según el potencial de cada zona; que con Danone desde 1995 se cambió todo el sistema, se estableció el SACT, servicio al cliente por teléfono, se prescindieron de los vendedores, Solari quedó en otras funciones; que el sistema no funcionó y se volvió a armar el equipo de ventas, con un básico, sin comisiones, desde 1995 ó 1996; que ya no fue por zona sino por tipo o categoría de clientes; que había vendedores de grandes clientes y de minoristas ya seleccionados; que Solari era vendedor de campaña y algo de ciudad; que cuando se les sacó el porcentaje no recuerda que hubiera reclamado; que había inconformismo; que se trató de compensar lo que ganaban antes, quizá no se compensaba el cien por ciento. Le fue exhibida la documentación aportada por el actor y la reconoció como perteneciente a la empresa; que reconoció el contrato de 1983 con el dos y medio por ciento sobre ventas y el medio por ciento sobre cobranzas; que si no firmaban el contrato tenía que tomar medidas concretas, prescindir del empleado, pero siempre firmaban; que se trataba de no perjudicar al trabajador, a veces se afectaba y a veces se beneficiaba, se pagó viáticos y antes no; que los porcentajes variaban según la zona, las comisiones que figuran en los contratos que reconoció eran las regulares; que fueron las últimas las de 1993 ó 1994 hasta que se cambió; que después no se hicieron contratos.

La documental que se les exhibió a Visintini y De Paola, ex dependientes de la demandada y que fue reconocida por ellos, deben considerarse como pertenecientes a la demandada y utilizados por el actor en su actividad laboral. Según dos convenios sobre comisiones presentados por la demandada, que deben tenerse por reconocidos por el actor según constancias de fs. 78 vta., éste debía atender el "listado de clientes" que se le entregaba, siendo también responsabilidad del actor "proponer nuevos clientes". A su vez la empresa se reserva el derecho a determinar mediante circulares internas "las modalidades, regularidad del régimen de visitas, su periodicidad y toda otra circunstancia vinculada a la forma o manera con que deberá realizar su tarea".

3) Surge de tales elementos probatorios que la actividad del actor consistía en visitar los clientes de la demandada en la ciudad de Córdoba y alrededores, ofrecerles sus productos según precios establecidas por ésta y concretar las ventas. La demandada luego enviaba esos productos facturando al cliente los mismos. En los casos de los testigos clientes que depusieron, el actor no realizaba las cobranzas. La actividad del actor se cumplía en la zona asignada por la accionada, y estaba inserta dentro de la organización empresarial de ésta cumpliendo los fines de comercialización de sus productos bajo sus directivas.

La concertación de ventas por cuenta de la demandada, en carácter de subordinación laboral, en zona y con clientes asignados, bajo instrucciones y precios indicados, más el empleo de sus documentos comerciales, bajo cuenta y riesgo de Danone Argentina, permiten ubicar la modalidad contractual dentro del Estatuto del Viajante, ley 14.546, según pautas establecidas en los incisos a) a f) del art. 2º.

4) Corresponde analizar la procedencia de los rubros reclamados a la luz de la legislación de aplicación: LCT, Estatuto del viajante y CCT 308/75.

a) Comisiones por ventas directas. Señala el art. 7º del Estatuto que la remuneración del viajante estará constituida en todo o en parte por comisiones sobre ventas. La comisión sobre ventas es un aspecto esencial de esta modalidad contractual. El art. 8º también tiene un mandato expreso sobre este aspecto cuando establece que "los comerciantes o industriales no podrán exigir a sus viajantes la venta de ninguna clase de artículos por los que no reciba comisión". El art. 5º de la ley establece las pautas de la "remuneración del viajante" y detalla sobre qué base se han de liquidar las comisiones sobre ventas. Acerca del rubro bajo análisis, se ha sostenido que "si bien en principio las partes pueden libremente pactar el monto de la comisión, corresponde tener en cuenta que, en el caso de un viajante de comercio, la comisión es el medio necesario de su retribución y, por ende, su remuneración debe estar integrada esencialmente por comisiones" CNTrab. Sala III, Abril 19 de 1996 en autos "García Ricardo A. c. Bagley S.A." DT, 1997-A, 307. Estas disposiciones encuentran un respaldo que las hace insoslayable dentro del propio estatuto toda vez el art. 4 dispone que la ley 14.546 es de orden público y será nula toda convención por la cual el viajante renuncie a los beneficios consagrados. Concurren a sostener dicho amparo los arts. 7º, 12 y 13 LCT.

De la prueba testimonial relevada y de dos contratos de los años 1993 y 1994 surge que desde un comienzo el actor fue retribuido, de manera principal, por comisiones sobre ventas y cobranzas. Luego las comisiones fueron disminuyendo y el sueldo básico fijo fue aumentando, celebrando las partes periódicos contratos donde se pactaban los porcentuales. Hasta que en 1995 ó 1996 la empresa dejó de pagar comisiones.

El sistema retributivo adoptado por la accionada desde ese momento, eliminando las comisiones por ventas, representa una lesión grave a la normativa de aplicación. El derecho a comisión de parte del viajante no puede ser alterado por convención de partes habida cuenta de las normas de orden público citadas. En tal dirección, corresponde declarar el derecho del actor a ser reparado con el reconocimiento de esta modalidad durante los meses del reclamo (del 30 de Marzo del 2001 a Febrero del 2003). Abona esta interpretación la doctrina establecida en los plenarios de la Cámara Nacional del Trabajo: "Simula c. Esso SAPPA" y "Armada Modesto c. Esso S.A.". Este último estableció la aplicación retroactiva del pago de comisiones como forma de garantizar el efectivo reconocimiento de este derecho que la ley consagra. Lo contrario importaría admitir que el derecho a comisión es "renunciable" durante el tiempo que estuvo vigente y no hubo reclamos, conclusión que colisiona tanto con la letra como con el espíritu del estatuto.

Corresponde determinar el quantum de dicha comisión y sobre qué operaciones debe aplicarse. Según lo actuado a fs. 77, 264 y 265, la demandada no ha presentado el libro especial de viajantes de comercio (art. 10 del Estatuto) y la actora prestó la declaración jurada establecida en el art. 11 (fs. 98/98 vta.) con detalle de ventas mes a mes por el período reclamado. En su demanda, luego ratificada en el acto de la declaración jurada, sostuvo que le corresponde una comisión del tres y medio por ciento por operaciones al contado y dos y medio por ciento por operaciones en cuenta corriente más comisión del medio por ciento por cobranzas. Rige, en principio, la presunción del art. 11 sobre este punto ya que el "por ciento en concepto de comisión" es dato de inexcusable registro según manda el art. 10, y produce la inversión de la carga probatoria. Pero esta presunción no es absoluta toda vez que al admitirse prueba en contrario, debe valorarse su alcance dentro del marco probatorio integral que obra en el proceso. Según el convenio de fecha primero de Diciembre de 1994, último celebrado entre las partes por el tema comisiones, se pactó el uno por ciento sobre ventas al contado y medio por ciento por ventas en cuenta corriente. También se pactó además del básico de convenio un adicional remunerativo. Considerando que ésta fue el último convenio expreso en el que las partes determinaron el valor de tales comisiones, encuentro que representa razonablemente, a ese momento, el porcentaje que le debió ser mantenido al actor en virtud de las normas citadas. Se ha sostenido que "la declaración jurada establecida en el art. 11 de la ley 14546 no constituye una prueba plena ni obliga al juez siempre que existan elementos suficientes para demostrar la inexactitud de lo jurado, pudiendo el juzgador apartarse de su contenido cuando las demás probanzas producidas en el expediente acrediten su falta de veracidad" (CCiv. Com. y Lab. Rafaela "Gazzera Darío H. c. Gomasa S.A.").

Por todo ello, en base a la probanza destacada y considerando las facultades que disponen los Tribunales para determinar las remuneraciones, conferidas por los arts. 114 y 56 LCT, los alcances de la presunción relativa del art. 11 ley 14.546 y el principio de equidad que aporta el art. 11 LCT, aprecio como ajustado al caso concreto determinar que la comisión que debió recibir el actor con posterioridad al último acuerdo celebrado es del uno por ciento (1,00%) sobre las ventas al contado en base al precio de venta, excluido el impuesto al valor agregado.

Finalmente cabe desechar que la nueva modalidad remuneratoria adoptada mediante la eliminación de comisiones no haya causado gravamen al actor como se defiende la accionada, toda vez que no se han aportado datos contables e históricos que evidencien esa situación y que pudieran justificar el apartamiento de las normas de aplicación obligatoria.

b) Comisiones por cobranzas. En cuanto a las cobranzas, éstas deben ser remuneradas en caso de que efectivamente se hayan realizado. Es condición sine qua non para que ser acreedor a ellas que la actividad de cobranza haya sido prestada por el actor ya que no es un rubro que necesariamente integre la actividad del viajante de comercio (art. 8º del estatuto). La prueba al respecto no respalda la pretensión del actor. En efecto, los testigos Cubas, Romero, Pérez, Toranzo, Ramírez y Molla -todos clientes atendidos por el actor- fueron coincidentes en señalar que pagaban de contado al camionero que les traía la mercadería y que no le pagaban al actor. Speziale no recordaba a quién le pagaba. Por ello, si bien surge de los convenios de 1993 y 1994 que se le asignaba al actor una comisión por cobranza, la prueba permite establecer que al menos en los últimos años de trabajo el actor no realizaba las cobranzas. La presunción de la declaración jurada, en este caso, queda desautorizada por la prueba receptada. El rubro debe rechazarse.

c) Incidencia de lo adeudado en "días feriados", "aguinaldos", "vacaciones". Corresponde acceder la petición ya que los rubros se apoyan en la mayor remuneración declarada a favor de la actora, con fundamento en los arts. 260, 150/6, 121/3 LCT. En el caso de feriados, el art. 169 LCT establece el modo de considerar la remuneración del día feriado cuando el trabajador se encuentra retribuido con salarios variables. Además comparto la doctrina que señala que "podemos responder entonces que los días feriados obligatorios deben pagarse a los viajantes de comercio y trabajadores asimilados, cuya retribución única o principal es la comisión, es decir, el porcentaje del monto de la operación concertada, porque es indudable que en ese día feriado no podrá realizar operación alguna, ni preparar esas operaciones con visitas, exhibición de muestrarios, etc. Ese feriado indudablemente afecta el salario del viajante. Y si bien él puede recuperarlo, será sólo a costa de un mayor esfuerzo que deberá realizar..." ("Viajante de Comercio y Trabajadores Asimilados" Carlos Gilberto Villegas - Lexis Nexis, págs. 100/102, con cita jurisprudencial C. Trab. Cba. Sala 2 "Martínez Carlos A. c. Montero y Cía. y/u otros" LLC, 1995-614. Se aplicarán las diferencias reconocidas al sueldo anual complementario 1º y 2º cuota 2001, 1º y 2º 2002 y primer semestre 2003; vacaciones 2001, 2002 y 2003, y a los feriados indicados en la planilla de la demanda.

d) Indemnización por clientela. Reclama el actor el pago de este rubro establecido en el art. 14 Ley 14.546. Sostiene la accionada que la desvinculación fue en los términos del art. 241 LCT, en acuerdo donde se dejó expresa constancia de que la actora "nada tiene que reclamar al empleador por ningún concepto emergente del vínculo laboral que los uniera", agregando que abonó al momento del distracto la suma de cincuenta y cinco mil novecientos veinte pesos. Subsidiariamente plantea compensación de ese pago respecto de éste o de cualquier rubro declarado a favor de la actora. Hay prueba instrumental de tal acuerdo, según escritura Nº 28 del 4 de Marzo del 2003 que obra en copia certificada.

La indemnización por clientela es debida por el empleador a todo viajante cualquiera sea el motivo de la desvinculación. Surge de la escritura celebrada que ambas partes dieron por concluido el vínculo con fundamento en el art. 241, norma ésta que admite la forma jurídica adoptada. Siendo ello así, en principio le corresponde a la actora el equivalente a un cuarto de la indemnización conjunta de los arts. 245 y 232 LCT.

e) Compensación solicitada. En cuanto al acuerdo celebrado, debo señalar en primer lugar que el pago realizado nunca puede extenderse a cualquier crédito que pueda surgir de la relación laboral que finaliza, ya que ello importaría una transacción en los términos del art. 15 LCT y sólo puede instrumentarse en sede judicial o administrativa con posterior homologación fundada, bajo pena de nulidad atendiendo al principio de irrenunciabilidad ya citado (art. 4º del Estatuto y 7º y 12 LCT). La autorización del art. 241 a que la disolución por mutuo consentimiento pueda instrumentarse mediante escritura pública, queda limitada a ese supuesto, careciendo de todo efecto jurídico la renuncia que se pretende hacer valer, para todo otro rubro en general o del art. 14 en particular. En el caso de autos, si se pretende que dicho acuerdo privado mediante el cual se pactó una suma por el cese de la relación por mutuo consentimiento, abarcara el rubro indemnización por clientela, o cualquier otro en particular, debió consignarse expresamente que dicha suma incluía la indemnización por clientela.

Se ha sostenido: "La fórmula 'nada más tendrá que reclamar' en un convenio que no fue normalizado ante la autoridad administrativa o judicial, ni cuenta con la debida homologación (art. 15 LCT), implica una renuncia de derechos en violación de normas de orden público (arts. 7º, 9º, 12, 14, 15 y cc. LCT)" (CNT, Sala I, Marzo 31/1993. "Rodríguez Rosario c. Consorcio Carlos Calvo 1305" DT, 1994-A, 37).

Por ello, no puede compensarse, en principio, con ningún otro crédito que no sea aquél que motiva el acto y específicamente no es oponible al reclamo del trabajador en este juicio.

5) Los montos de la condena devengarán -desde que cada suma es debida- el interés de la tasa bancaria pasiva promedio mensual, según encuesta del Banco Central de la República Argentina y que es lo que el trabajador hubiera obtenido de habérsele abonado el capital en tiempo oportuno, con más el dos por ciento nominal mensual, conforme criterio establecido por a la doctrina establecida por la Sala Laboral del Excmo. Tribunal Superior de Justicia en autos "Hernández Juan Carlos c. Matricería Austral S.A. - Demanda - Rec. de Casación", Sentencia Número Treinta y Nueve.

Las costas serán a cargo de la vencida en los rubros procedentes y a cargo del actor en el rechazado (ley 7987 art. 28). Los honorarios de los letrados y peritos intervinientes se regularán conforme los arts. 120, 121, 94, 29, 34, 47 y cc. de la ley 8226 y considerando el tope previsto en los arts. 505 CC y 277 LCT.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda por comisiones sobre ventas, incidencia sobre días feriados, sueldo anual complementario y vacaciones, e indemnización por clientela (Arts. 2º, 7º, 8º y cc. Ley 14.546, arts. 103, 260, 121/3 y 150/6; arts. 22 y CCT 308/75 y condenar a la demandada a abonar el capital e intereses, conforme las pautas y normas legales citadas, realizándose la liquidación (art. 333 CPCC) en la etapa previa de ejecución de sentencia según el procedimiento del art. 564 CPCC, debiéndose abonar las sumas líquidas dentro de los diez días de notificado el auto aprobatorio. Con costas (art. 28 LPT). II) Rechazar la demanda en cuanto pretende comisión por cobranzas, con costas. III) Diferir la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes para cuando haya base económica líquida y actualizada de capital e intereses la que se practicará conforme la ley 8226 (arts. 120, 121, 94, 29, 34, 47 y cc.). Emplázase a los letrados por el término de tres días para que hagan la manifestación del art. 25 bis ley 8226, bajo apercibimiento. - Hugo Felipe Leonelli.