Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02


2º Instancia. - Junín, octubre 2 de 2007.

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Primera cuestión. - El Señor Juez Doctor Juan José Guardiola, dijo:

I.- A fs. 356/367 se dicta sentencia haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios por María Florentina Grassis contra Jorge Enrique Natti, Provincia Leasing SA y su aseguradora Provincia Seguros SA y Logística Integrada SA, condenándolos al pago en la medida de su responsabilidad declarada -80%- a pagarle la siguiente indemnización: $12.000 por incapacidad sobreviniente + $10.000 por daño moral + $ 2500 por daño psicológico + $ 1.000 por gastos médicos y farmacológicos. Fija intereses a la tasa pasiva desde el día del hecho y hasta el efectivo pago e impone las costas a los demandados, difiriendo la regulación de honorarios profesionales.

Referido el pronunciamiento a un accidente de tránsito ocurrido el 5 de abril de 2000 en la intersección de las calles Italia y Cervantes de la ciudad de Chacabuco, protagonizado por el Sr. Natti conduciendo un camión Mercedes Benz, cuyo semirremolque marca Vulcano, colisiona lateralmente, durante el desarrollo de una maniobra de giro hacia la derecha, con la bicicleta de la actora que iba circulando en el mismo sentido, la sentenciante de grado -sobre la base de la pericia mecánica rendida a fs. 224/225, declaraciones testimoniales de Lenciza y Veleche de fs. 347/348 y declaración de la víctima de fs. 9 I. P. P. entendió que si bien la causa efectiva del siniestro ha sido mayoritariamente la actuación del demandado al doblar (lo que exigía de su parte la máxima precaución y cuidado por las características -peso y tamaño- del vehículo y circunstancias del lugar -calles urbanas-) también hubo de parte de la víctima un factor concausante ya que advertida de la luz de giro no arbitró ningún recaudo, continuando con la marcha. Así establece como porcentuales correspondientes a la coparticipación causal en un 80% y 20% respectivamente.

Desestima la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Logística Integrada SA, en razón de haberse demandado al responsable a cualquier título por el semirremolque Vulcano y aquella como tomador del leasing según lo establecido en la cláusula novena apartado d se ha responsabilizado de los daños causados con o por la cosa. Por ello el propietario al momento del hecho y dador en leasing Provincia Leasing SA -y su aseguradora Provincia Seguros SA- y la tomadora y actual titular registral Logística Integrada SA. Respecto a la aseguradora citada en garantía dice que no ha hecho reserva alguna relativa a los límites de la cobertura por lo que resulta responsable en forma solidaria de todas las indemnizaciones que correspondan.

En materia indemnizatoria valoró las lesiones físicas sufridas y secuelas de la misma naturaleza dejadas, determinantes de un 19,5% de incapacidad según pericia médica, edad y actividades de la actora, al igual que la necesidad de ayuda psicoterapéutica por acrecentamiento de irritabilidad e hipersensibilidad para cuantificar el dato de esta índole en el costo de la asistencia durante un año a razón de una sesión semanal de $50. Para el daño moral también computó la convalecencia y al momento de analizar el reclamo por gastos médicos, conjugando los criterios de procedencia y valoración del rubro y recetas, ordenes y comprobantes allegados estimó aceptable el monto de $1000 pretendido.

Apelaron todos menos el codemandado Natti (fs. 374/376). En las correspondientes expresiones de agravios, el apoderado de la actora cuestiona el fallo en lo que a la responsabilidad por estimar improcedente la limitación parcial por el eximente del hecho de la víctima ya que según sostiene está probado que exclusivamente ha sido la negligencia e imprudencia de Natti la causa del siniestro y respecto a la cuantificación de los daños por incapacidad sobreviniente, psicológico y moral, al reputarla insuficiente (ver fs. 396/397); el representante de Logística Integrada SA dirige su ataque a 1) la no recepción de su defensa de falta de legitimación pasiva, siendo que no es responsable a ningún título por no registrar al momento del hecho la calidad ni de propietaria ni de guardián tenedora de la cosa, 2) el no haber desestimado íntegramente la demanda por la fractura del nexo causal debido a la imprudencia de la ciclista que intentó adelantarse al camión por la derecha, sabiendo que éste giraría, 3) subsidiariamente, por no establecer la proporción de responsabilidad de los demandados ya que el remolque carece de autopropulsión y el camión Mercedes Benz pertenece a un tercero por el que no debe responder y 4) por el exceso de las sumas otorgadas indemnizatoriamente y la improcedencia del daño psicológico (ver fs. 388/390) y el mandatario de Provincia Leasing SA y de Provincia Seguros SA, por su parte también objetando la responsabilidad hallada cuando exclusiva y excluyentemente el accidente se debió a la conducta de la actora, y la procedencia de los rubros indemnizatorios, la aplicación de intereses y costas. Se aduce igualmente que no se ha respetado el límite de cobertura ya que contractualmente cuando en un siniestro interviene una unidad tractora y una remolcada, la última sólo carga con el 20% de la indemnización (fs. 391/394).

Habiendo todos ellos ejercido su derecho de réplica, resistiendo las impugnaciones y firme el llamado de autos para sentencia de fs. 416, las actuaciones están en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).

II.- Comenzando con la responsabilidad establecida, "estimo útil recordar algunos conceptos: "... Con criterio que comparto se ha dicho que "Los (presupuestos) que deben estar presentes necesariamente para que se configure la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, son los siguientes: "a) Intervención activa de una cosa; "b) daño sufrido por la víctima; "c) que el daño se haya producido por el riesgo o vicio de la cosa; "d) relación de causalidad entre el riesgo de la cosa que interviene y el daño.

"La carga de la prueba de dichos elementos pesa sobre el actor, que reclama el resarcimiento de los daños sufridos. Sin embargo, pensamos que probada la intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño producido, es dable presumir -hasta tanto se pruebe lo contrario- que el detrimento se ha generado por el riesgo o vicio de la cosa. De tal modo, incumbir al dueño o guardián demostrar lo contrario.

Creemos que esta solución se impone por varias razones: "1) En primer lugar, por resultar más beneficioso para la víctima; "2) Por ser el riesgo creado el principio general que debe regir la responsabilidad civil por los daños causados por el hecho de las cosas.

Existe en esta materia, absoluta libertad de medios probatorios, incluido el indiciario. Por lo general, la prueba pericial suele constituir un medio idóneo para esos fines; es frecuente, además, acudir a presunciones hominis que prestan gran utilidad a los magistrados, no siendo descartable que, por aplicación de los principios generales de la prueba, ciertos hechos sean considerados 'notorios', resultando innecesario incorporar al proceso una actividad probatoria vinculada con ellos" (Ramón Daniel Pizarro, Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa, págs. 442/443).

Con matices diferenciales más aparentes que reales como admiten quienes advierten una presunción legal referida al vínculo causal, también se ha expresado que la misma no alcanza a los extremos que él conecta, es decir el actor debe siempre probar:

a) La intervención de la cosa en el contexto perjudicial b) Que ella presenta un vicio o que es riesgosa (esta característica surge a veces de la propia naturaleza de la cosa) c) La producción misma del daño.

Por otra parte, para que funcione la presunción, no basta en general acreditar la mera "presencia" de la cosa en el contexto en que ocurrió el daño, sino que es menester poner de relieve una intervención activa. Por ejemplo, si se trata del daño derivado de un automotor o de otra máquina, debe probarse que ellos estaban en movimiento o funcionando" (Zavala de González Matilde" Resarcimiento de daños" To. 3 "El proceso de daños" p. 212/3)" (de mi voto en causa nº40.404 caratulada: "Fernandez Néstor Fabián c. Ugrotte Aníbal s/ daños y perjuicios", sent del 12/5/2005 LS 46 nº 144).

"Acreditados tales extremos (imputatio facti o causalidad física v. Cifuentes Cód. Civil Belluscio-Zannoni Comentado, Anotado y Concordado, Tomo 4 p. 53/56), incumbe al dueño y/o al guardián la prueba de la culpa de la víctima o del tercero por quien no deban responder, o la existencia del otro factor excluyente de responsabilidad no enumerado en la norma pero aceptado por la doctrina, el caso fortuito o fuerza mayor.

Es que si la responsabilidad civil supone la atribución de un resultado a un sujeto por haber constituido su acción la causa eficiente del daño será indudable que si se acredita que el perjuicio ha tenido un origen distinto, es decir reconoce una causa extraña a é, el presunto responsable se liberará en la medida de la incidencia causal del hecho ajeno sobre el resultado final (Isidoro Goldenberg, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, p. 134/135).

Para dilucidar esta cuestión, resulta necesario determinar la mecánica del accidente sobre la base de los elementos probatorios aportados, siendo de señalar que por el peso mencionado de la carga de probar cualquier déficit al respecto operará en perjuicio de quien pretende exonerarse enervando la incidencia del riesgo de la cosa de la que dimana su responsabilidad. Es que "... la culpa de la víctima debe ser acreditada certera, claramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien la alega, constituyendo una excepción al régimen de la responsabilidad. En tal sentido, se ha resuelto que el art. 1111 funciona para una situación de certeza, por lo que se incurre en errónea interpretación, cuando se lo aplica sin que se de este elemento; los presupuestos deben ser claramente acreditados y es insuficiente un estado de duda" (Aída Kemelmajer de Carlucci, ob citada To. 5 p. 393). En el mismo sentido expresa Zavala de González: "...aún cuando pesa sobre el actor la prueba genérica sobre el hecho, no siempre soporta esa carga respecto de sus circunstancias. Por el contrario, muchas veces, sobre la base de la primera demostración se traslada al demandado la de circunstancias aptas para excluir la responsabilidad. Así se verifica, por ejemplo, en el supuesto de daños derivados del riesgo o vicio de una cosa (art. 1113): el actor debe demostrar un hecho en que haya tenido intervención activa la cosa riesgosa o viciosa, y el demandado, si quiere enervar la imputación, tendrá que acreditar las circunstancias fácticas que evidencien que el daño reconoce su origen en una causa ajena al riesgo o vicio" (...) "la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto" (Resarcimiento de daños to. 3 p. 156/7 y 214) (de mi voto en expte. Nº 41.107 "Borroni Vda. de Talledo María y otro c. Cardozo Vda. de Roggero Norma y otros S/ Daños y Perjuicios, sent del 7/3/2006 LS 47 nº 49), debiendo tenerse presente que "en el examen objetivo retrospectivo no opera como eximente al riesgo de la cosa o el peligro de la actividad la causa concreta ignorada sino la esclarecida como ajena a tales extremos (autora y ob citada t., 4 " Presupuestos..." p. 613 y voto del Dr. de Lázzari en la referida causa - L. 80.406-)" (también de la sentencia en causa nº 40.404, Fernández...).

Siendo que "... inexcusablemente quien invoca alguna causa exonerativa, eximente o más propiamente dicho el hecho extraño -en el caso el del propio afectado- como impedimento de la responsabilidad que le cabe como propietario o guardián de la cosa cuya participación activa haya generado el resultado dañoso corre con el cargo de la prueba de su existencia y de su alcance. Es el agente a quien se atribuye el perjuicio quien debe acreditar que el mismo es extraño total o parcialmente a su conducta, que se enlaza, liga o relaciona con otro comportamiento por el cual no debe responder, que ha tenido un origen distinto liberándose en la medida de la incidencia causal de dicho factor sobre el resultado final. (Expte. Nº 37395 Bugallo Osvaldo c. Pérez Rodríguez Norberto Andrés y otra s/ Daños y Perjuicios" LS 43 nº 427; Goldenberg, ob cit. p.134/5)" (...), "no se puede olvidar que precisamente frente a la insatisfacción de la demostración acabada de una fractura causal que opere como eximente es cuando la concepción objetiva muestra su verdadera trascendencia y utilidad jurídica y que la carga de la prueba -en el caso el hecho de la víctima invocado- no solo constituye una imposición de la referida relación jurídica sustancial o procesal a las partes para que observen determinadas conductas, sino que al mismo tiempo aparece como un regla para el juzgador indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (Morello y colab. "Códigos..." to. V-A p. 142)" (mi voto en Expte. Nº 37.397 Monacci Gustavo Horacio c. Alvarez Jorge Oscar y otros s/ Daños y Perjuicios LS 44 nº 6)" (según dije en Expte. Nº 38.471 Perachia Aníbal Juan y otro c. Ferreyra José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios, sent del 4/12/ 2003 LS 44 nº 656; el subrayado es actual)" -de mi voto en Expte. Nº 41078 LS 47 nº 80 sent. del 4/4/2006.

A la luz de tales consideraciones es que entiendo debe ser modificada la sentencia en revisión, dejando sin efecto la limitación de responsabilidad decidida en base la fractura parcial del nexo causal que se consideró configurada por el hecho de la víctima, en tanto el mismo no se advierte acreditado como causa eficiente cierta del suceso.

Es que el informe pericial del Ingeniero Peroni de fs. 224/228, si bien ilustrativo en cuanto a la probable mecánica del accidente a través de las dos hipótesis que analiza, de ninguna manera permite inferir que el accionar de Grassis en la ocasión haya contribuido a su producción. Que la ciclista haya tenido tiempo de frenar o tirarse a la vereda antes de impactar, es decir que haya tenido una reacción tardía y no haya frenado a tiempo, insisto es sólo una de las variables considerada, sin que ella tenga el mínimo grado de certeza como para reputarla operativa. Repárese que no se ha controvertido que la actora iba circulando por la derecha, manteniéndose en su carril y en este sentido observando la prescripción del art. 55 inc. 6 ley 11.430, con lo cual queda descartado cualquier "adelantamiento" de su parte, con lo que en el mejor de los supuestos lo único que puede imputársele es que haya proseguido. Ahora bien, estando acreditado que el protagonista activo de la colisión ha sido el semirremolque por el encerramiento que produjo, aún cuando el embestidor hubiera sido el biciclo ( ver respuesta 2º fs. 226) y dadas las velocidades probablemente desarrolladas por ambos rodados, quienes soportan la carga de acreditar que aquella continuación de la marcha permita ser calificada como imprudente o desajustada a las normas conductivas son los responsables por el riesgo de la cosa actuante; y ella no ha sido satisfecha. Es que la advertencia con luz de giro exigida por los arts 53 inc. 1 y. 55 inc. 3 de la LT, y dada por Natti, aún advertida por la reclamante tal como fue por ella misma reconocido, no puede erigirse aislada y suficientemente como factor revelador de un comportamiento inadecuado de Grassis, ya que se exige que sea "con suficiente antelación", "anticipadamente", entendiéndose por tal con el tiempo necesario para que sus destinatarios puedan frenar, desacelerar o desviar la marcha y esto no fue demostrado. Además y esto es importante, tal señal de ninguna manera hace perder la prioridad de situación y por ende de avance de quienes van circulando a su lateral por el espacio que se quiere atravesar. El que intenta hacer una maniobra de giro en tal situación debe esperar que el lugar está despejado, con un margen o brecha espacio-temporal que asegure que la interposición en la línea de marcha de aquellos, además de no entorpecer la fluidez del tránsito sea en condiciones de indemnidad. Tal precaución debía ser extremada y era ineludible cuando las dimensiones del vehículo con remolque y físicas de las arterias en cruce (ver plano de fs. 224 inspección ocular y croquis de fs. 7/8 IPP acollarada) obstaban al estricto acatamiento de lo dispuesto por el inc. 2 del art. 53 LT (arts. 512 y 902 C Civil). Y claramente fue inobservada por el Sr. Natti quien no advirtió la presencia del biciclo.

Así las cosas, reitero no se encuentra configurado en mi opinión un caso de concurrencia causal que haga procedente la limitación de responsabilidad receptada por los arts.1113 y 1111 C Civil.

III.- Pasando a la cuestión de la falta de legitimación pasiva del tomador en leasing del semirremolque Logística Integrada SA, cabe decir que según lo dispuesto por el art. 33 de la ley 24.441 -vigente al momento del hecho- ninguna duda cabe que es responsable "La responsabilidad del tomador, usuario del bien, es plena y responde a las reglas generales" (Lavalle Cobo en Código Civil de Belluscio-Zannoni, t. 7, p. 661). La posterior ley 25.248 (art. 17) no ha innovado a su respecto aunque ha liberado al dador. Por otra parte, como bien dice Pizarro ("Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa", p. 395) nuestro Código brinda dos directivas fundamentales que no necesariamente tienen que coincidir, pudiendo admitirse en ciertas hipótesis, que una cosa tenga dos guardianes (responsables) con total independencia -por cierto- de la obligación de resarcir que pesa sobre el propietario y a la cual no hacemos referencia en este punto. Ellos son el que se sirve de la cosa y el que sin hacerlo, tiene la custodia de la misma". Por ello su defensa ha sido bien desestimada.

Tampoco ha de prosperar su queja en lo referido a la omisión de establecer en el marco de este proceso su porcentaje de contribución causal en relación a la participación de la cosa tractora, esto es el camión. Siendo la suya en este sentido una responsabilidad solidaria (arts. 1109 y 1081 C Civil), frente a la víctima responde por el todo (lo mismo que en la concurrente o in solidum emergente del art. 1113 C Civil) siendo innecesario establecer en el juicio que aquella le siguiera la proporción en que definitiva debe soportar la obligación indemnizatoria. Si bien ello por economía procesal puede ser establecido, es a condición de que el derecho de defensa de los implicados haya podido ser efectivamente ejercido. Y en el caso tal extremo no se cumple ya que por un lado la prueba rendida no ha versado sobre la actuación de aquella diferente unidad en el suceso y lo que es insoslayable porque el titular del camión (Transporte Nicolini SA -ver informe de dominio de fs. 97-) no ha sido parte en el juicio.

Igual suerte adversa debe correr la pretensión recursiva de la aseguradora de que se recepte cualquier límite de cobertura contractualmente establecido ya que como expresamente se encargó la A-quo de resaltar ella no fue una cuestión sometida a su conocimiento, por lo que en razón del principio de congruencia excede los límites o marco de la competencia de este tribunal (doctr. art. 266 del CPCC; fenochietto-Arazi "Código Procesal...", t. 1, p. 957 y ss).

IV.- Ya en materia indemnizatoria, las respectivas fundamentaciones se revelan inconducentes para lograr revertir la decisión en cuanto a la procedencia y cuantificación de los daños reclamados, ya que aunque en sentido obviamente contrario todas ellas se limitan a traducir una mera disconformidad, sin aportar argumentos o razones que conlleven una crítica puntual y razonada de los elementos fáctico-jurídicos tomados en consideración por la sentenciante o de su valoración, de suerte tal que logren evidenciar la injusticia de lo resuelto. Por ello y teniendo presente que los pronunciamientos judiciales no están destinados a hacer doctrina o cátedra, formulando reflexiones abstractas de acuerdo a lo planteado, es que resulta innecesario referirse a nociones conceptuales, elementos y criterios de los diferentes daños.

Sólo estimo pertinente destacar en relación a los pretendidos agravios actorales que los elementos y pautas enarbolados (secuelas físicas, porcentaje de incapacidad determinado e informe de la psicóloga Bruno) para lograr el incremento montal de los rubros objetados, han sido debidamente ponderados en el fallo, chocando en algún caso su actual descontento con la propia estimación que aunque provisionalmente efectuara al reclamar. Inatendible también resulta el reproche que formula Logística Integrada SA al daño psicológico receptado, ya que aunque su definición general como daño moral agravado no sea compartible sin algunas disquisiciones que no son del caso aquí tratar (vgr. en su incidencia con relación al daño patrimonial por afectación de actividades productivas, que la actora no desarrollaba), lo cierto es que al establecerlo -más que por una autonomía inexistente por claridad expositiva- se ajustó únicamente al costo de una asistencia terapéutica para lograr el restablecimiento de la salud en este sentido afectada, cuya procedencia resulta de la lógica derivación de las secuelas constatadas según el curso ordinario de los sucesos en función de lo vivido; sin que por ello sopesando la suma otorgada por daño de naturaleza espiritual pueda mínimamente correrse el riesgo de una doble indemnización por el mismo perjuicio o exista el peligro de un enriquecimiento indebido que supere el objetivo de toda reparación de colocar a la víctima en la medida de lo posible en la situación en que estaba previo al hecho.

Por último, y dadas las generalizadas observaciones que se le dirigen, es de mencionar que obviamente que en la apreciación del daño moral, por no corresponder como aconsejaba Aristóteles hacer exigencias o demandas ajenas a la propia naturaleza de las cosas, existe un margen de discrecionalidad imposible de superar. Pero ello de modo alguno permite adjudicarle arbitrariedad por demasía o insuficiencia en tanto como en el caso se apoye en circunstancias objetivas comprobables (fenómenos cervicobraquiálgicos con manifestaciones periféricas en miembro superior y desviación nasal con insuficiencia ventilatoria, dejados como secuelas, además de los padecimientos inferibles de las lesiones mismas sufridas y su curación) que permitan razonablemente visualizar los trastornos que a este nivel lógicamente se padecen, y se traduce monetariamente con criterio de prudencia.

En síntesis, al respecto nada propicio modificar.

V.- Voluntarista es la queja de Provincia Leasing SA y Provincia Seguros SA en relación a los intereses y costas, que viene desprovista de cualquier razón que la avale.

Ninguna vacilación pueden suscitar tales accesorios discernidos conforme al estado de mora por el principio de reparación integral a la tasa judicialmente aceptada en un caso y siguiendo el criterio objetivo de la derrota en el otro (arts. 1069, 1083, 622 y conc. C Civil y 68 del CPCC).

VI.- Las costas de Alzada, en razón del éxito obtenido en las respectivas pretensiones postulo sean soportadas en un 75% por los demandados recurrentes y en un 25% por la actora (arts. 68 y 71 del CPCC).

ASI LO VOTO Los Señores Jueces Doctores CastroDurán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron su voto en igual sentido.- Segunda cuestión. - El Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I.- MODIFICAR la responsabilidad atribuida, dejando sin efecto la limitación decidida por concurrencia causal del hecho de la víctima, receptando así en este aspecto el recurso actoral, debiendo por el ello los demandados responder por el 100% de la indemnización fijada.

II.-DESESTIMAR los recursos de los demandados y los restantes agravios de la reclamante, manteniendo el fallo en cuanto a las otras cuestiones resueltas.

III.- Las costas de Alzada se distribuyen en un 75% a cargo de los demandados recurrentes y en un 25% a cargo de la actora. Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.- Los Señores Jueces Doctores CastroDurán y Rosas, aduciendo análogas razones dieron su voto en igual sentido.

Por los fundamentos consignados en el Acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -Artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C. P. C. C., SE RESUELVE:

I.- MODIFICAR la responsabilidad atribuida, dejando sin efecto la limitación decidida por concurrencia causal del hecho de la víctima, receptando así en este aspecto el recurso actoral, debiendo por el ello los demandados responder por el 100% de la indemnización fijada.

II.-DESESTIMAR los recursos de los demandados y los restantes agravios de la reclamante, manteniendo el fallo en cuanto a las otras cuestiones resueltas.

III.- Las costas de Alzada se distribuyen en un 75% a cargo de los demandados recurrentes y en un 25% a cargo de la actora. Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). - Juan José Guardiola. - Ricardo Manuel Castro Duran. - Patricio Gustavo Rosas.