Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07


BOSIO, Jorge R. contra BANCO DE SANTA FE S.A.

Reg.: A y S t 211 p 87-92.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BOSIO, Jorge R. contra BANCO DE SANTA FE S.A. -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 16, año 2005). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Contra la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que confirmó el pronunciamiento del Inferior -que, a su turno, había rechazado la excepción de incompetencia y acogido la pretensión actora basada en el pago de la indemnización prevista en el artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo- interpuso el Banco Provincial de Santa Fe S.A. recurso de inconstitucionalidad.

Básicamente, la recurrente le imputó al Tribunal omitir considerar el "status de empleo público del agente" en el tratamiento de la incompetencia planteada; asimismo, le atribuyó arbitrariedad fáctica al examinar la pretensión sustancial.

El Tribunal a quo concedió el remedio extraordinario.

Posteriormente, la entidad bancaria desistió parcialmente del remedio consagrado por la ley 7055 con relación a la temática referida a la competencia del fuero laboral para entender en la presente causa, manteniendo su impugnación respeto del restante planteo.

Delimitada, así, la materia recursiva y en el examen de admisibilidad que corresponde efectuar a este Cuerpo por imperio del artículo 11 de la ley 7055, cabe concluir que la impugnación carece de matiz constitucional conforme se expondrá seguidamente.

1. Sucintamente, el caso.

Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N 2 de Rosario, Jorge Raúl Bosio promovió demanda contra el Banco de Santa Fe S.A., pretendiendo -en lo que aquí concierne- el cobro de la indemnización por cesantía por incapacidad inculpable prevista en el artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.

Afirmó que había ingresado sano a la institución bancaria en fecha 26.4.1971; que debido a las funciones desempeñadas tenía que permanecer sentado la mayor parte del tiempo, cargando -asimismo- con el "latón" de numerario diariamente; que comenzó a sufrir severos dolores lumbares a partir de 1979, siendo intervenido quirúrgicamente por hernia discal lubosacra en 1980; que padeció como secuela de esa operación parestesia en la pierna derecha y serios dolores cervicales que recrudecieron a mediados de 1990 con un nuevo síntoma: parestesia en la mano derecha, razones por las cuales dejó de trabajar.

Señaló que el Banco de Santa Fe S.A. siempre supo de sus dolencias. A esos fines - dijo- que el servicio médico de la institución -en fecha 15.11.1991- le reconoció una incapacidad laboral absoluta para sus tareas; que el Ministerio de Salud de la Provincia practicó dos dictámenes médicos: uno en julio de 1992 que hizo referencia a una pérdida del 35% del total orgánico y otro, en agosto de 1993 que finalmente le determinó una incapacidad total y permanente, no imputable al servicio, equivalente al 66% del total orgánico.

Destacó -finalmente- que el Directorio del banco por Acta n 840 del 11.4.1994 dispuso su cesantía en razón de la incapacidad total y permanente que lo aquejaba (fs.

3/6).

La demandada resistió la pretensión negando -en líneas generales- cada uno de los hechos afirmados por el actor en su demanda (fs. 12/21).

Ofrecida y producida la prueba, las parte actora alegó sobre su mérito (fs. 130/131).

El Juez de baja instancia hizo lugar a la indemnización consagrada por el artículo 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, con fundamento en que "...si bien el actor obtuvo en la pericia médica de autos un porcentaje invalidante del 40%..., lo cual en absoluto es la incapacidad total y permanente que se exige..., ya que aplicando las pautas dadas en materia previsional conforme el artículo 11 del mismo cuerpo legal, la incapacidad total y permanente se asimila a la pérdida de las dos terceras partes de la capacidad de desarrollar una actividad compatible con las actitudes profesionales....Que atento ello y la teoría de los actos propios, cabe admitir la demanda en relación al referido 212..., habida cuenta que la demandada consideró imposible la prosecución del vínculo por el estado de salud del dependiente..." (fs. 132/133).

Apelado ese decisorio por la accionada, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral lo confirmó (fs. 194/196).

2. Contra este pronunciamiento interpuso el Banco de Santa Fe S.A. su recurso de inconstitucionalidad.

Sostuvo que el Tribunal le otorga a la actora la reparación por cesantía por incapacidad inculpable (art. 212, cuarto párr., L.C.T.) valorando a las pruebas incorporadas al proceso de manera incongruente con las constancias de autos.

Afirma que los Jueces brindan un argumento reñido con la realidad, esto es, que el servicio médico del banco le había dictaminado al actor una incapacidad absoluta como también que el representante legal del banco aceptó y ratificó la minusvalía determinada por la junta médica especial del Ministerio de Salud. Antes bien, afirma que el servicio médico soló informó que el actor no podía reintegrarse; que el abogado jefe del banco había actuado en el sumario interno como un mero funcionario asesor del directorio y no como un representante legal, careciendo, entonces, de facultades para aceptar o ratificar lo resuelto por la junta médica especial.

Aduce que la Sala distorsiona el contenido de las pruebas y contradice sus propias afirmaciones vertidas en un caso idéntico, en donde juzgó que "...el Banco empleador fue ajeno al trámite y no tuvo ninguna oportunidad de impugnar el dictamen fundante del otorgamiento de la jubilación, razón por la cual aparece como mucho más ajustado a derecho el dictamen pericial de autos, en el que se respetó el derecho de defensa..." (fs.

199/240).

3. Puedo desde ya adelantar, que los vicios endilgados carecen de idoneidad suficiente para operar la apertura de esta instancia de excepción.

En efecto, aun cuando la recurrente acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad y lesión al derecho constitucional de defensa en juicio, del desarrollo de los agravios enderezados a la luz de las constancias de la causa y en confrontación con la sentencia atacada sólo se infiere la mera discrepancia de aquella sobre cuestiones fácticas, probatorias y de derecho común que -en principio- escapan a la órbita del remedio intentado, a menos que se demuestre arbitrariedad, situación que dista de acontecer en la especie.

Para así considerarlo, debe advertirse que el Tribunal estimó la pretensión actoral en el entendimiento de que la condición a que se subordinaba la determinación de la incapacidad absoluta y permanente era siempre relativa a un imposible reintegro a tareas habituales, haciendo constar que en el "sub júdice" esa imposibilidad estaba claramente demostrada con la cesantía del trabajador dispuesta por el directorio del banco por razones de salud, circunstancia ésta última que había sido ratificada por el representante legal de la entidad bancaria dentro del sumario interno, en el cual se hacía constar que Jorge Bosio tenía una incapacidad total y permanente conforme al dictamen de la Junta Médica Especial del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia y el informe del servicio médico del banco.

A esta ponderación de las pruebas rendidas en el proceso se opone la impugnante con sustento en que el servicio médico del banco sólo había informado que el actor no podía reintegrarse a sus labores.

Empero, esa argumentación carece de correspondencia con las actuaciones de la causa.

Ello es así, por cuanto el servicio médico de la institución bancaria no sólo informó -en fecha 9.11.1993- la imposibilidad del trabajador a reincorporarse a sus tareas por padecer de una enfermedad inculpable (vid. f. 39) sino que anteriormente -en fecha 15.11.1991- había determinado la incapacidad absoluta del agente para el desempeño de sus funciones (vid. f. 112).

Idéntica respuesta merece la restante crítica relativa a que el representante legal de la entidad carecía de facultades para aceptar y ratificar la determinación de la minusvalía constatada en el actor, pues fue por Acta del Directorio del Banco Provincial de Santa Fe que se dispuso la cesantía -en fecha 11.04.1994- por esa causal conforme al dictamen de la Junta Médica Especial del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia y al informe del servicio médico de la entidad (fs. 50/52).

Es que, en rigor de verdad, la apelante con este cuestionamiento intenta traer al debate el valor confirmatorio que cabe asignarle a la jubilación por invalidez a los efectos de juzgar la indemnización por cesantía por incapacidad inculpable prevista en el ordenamiento laboral.

Sobre el particular, esta Corte ha sostenido que integra el elenco de posibilidades hermenéuticas posibles y razonables desde el plano constitucional, tanto aquellas tesis doctrinales y jurisprudenciales que pregonan que la jubilación otorgada por invalidez es una pauta categórica, a los efectos de conceder la pretensión basada en el artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, como las otras que, en cambio, insisten en su evaluación independiente, ya que el empleador no participa en el trámite y en los recaudos previsionales (vid. "Andrighetto", R. A. y S., T. 149, pág. 66).

De cualquier manera corresponde aclarar que la Cámara no adoptó como pauta excluyente para el acogimiento de la indemnización pretendida (art. 212, cuarto parr. L.C.T.) la incapacidad reconocida en el orden previsional para obtener el beneficio jubilatorio.

Antes bien, el Judicante le otorgó mayor fuerza de convicción a todo el sumario interno practicado por el Banco demandado que culminó con la declaración de cesantía del agente por incapacidad (postura que, por lo demás, se acerca a lo sostenido por este Cuerpo en tanto considera que la concesión del beneficio de jubilación por invalidez opera como un indicio o presunción, cfr. "Díaz" y "Rodríguez ", R. A. y S., T. 84, pág. 88; T. 174, pág. 218).

Lo expuesto echa por tierra el atribuido apartamiento de la Sala con otro precedente idéntico al caso de autos por otorgar jerarquía probatoria al dictamen fundante del otorgamiento de la jubilación por sobre la rendida en sede judicial, debiendo destacarse, además, que esta Corte tiene dicho, con invocación de jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, que la doctrina de la arbitrariedad "...no cubre el alegado apartamiento de precedentes jurisprudenciales, aunque hayan provenido del mismo tribunal..." (Citas: CSJN, Fallos:270:429; 279:16; 301:970; 297:29; 297:117; 297:291; 300:1039; 301:1062; 302:1030; 302:1564; 306:143; 306:282; 307:716; 307:234; CSJPSF, R. A. y S., T. 99, pág. 102; T. 99, pág. 179; T. 100, pág. 251; T. 101, pág. 408, entre muchos otros).

Aquí lo importante es que el A quo acogió la pretensión en base a las pruebas rendidas en el proceso.

En esa tarea -a riesgo de incurrir en reiteraciones-, los Jueces consideraron que, si bien el perito médico de autos había estimado que la incapacidad del trabajador ascendía al 40%, supuesto no comprendido en la indemnización contemplada en el artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, había otros elementos de juicio con mayor fuerza de convicción para apartarse fundadamente de ese medio de confirmación, cuales eran: el dictamen del servicio médico interno del banco -que le reconoció una "incapacidad laboral absoluta para sus tareas"-, las constancias del sumario interno seguido al trabajador y su consecuente cesantía por incapacidad total y permanente dispuesta por resolución del Directorio del Banco de Santa Fe S.A (fs. 51/52).

Frente a dicha subsunción de las circunstancias fácticas en la norma en cuestión, la impugnante no logra demostrar que el razonamiento argumentativo del A quo se aparte, por un lado, de los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados en la tarea de interpretar el derecho y, por el otro, de las reglas de la sana crítica judicial en la ponderación de los medios probatorios, de modo tal que merezca lo decidido reproche constitucional.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Coincido con la solución y sustancialmente con los fundamentos que se vierten en el voto que antecede. En particular, por considerar que la Sala confirmó la sentencia inferior que a su turno, y con invocación de los propios actos, hizo lugar a la indemnización reclamada en virtud del artículo 212, párrafo 4° de la Ley de Contrato de Trabajo, en el entendimiento "que la condición a que se subordinaba la determinación de la incapacidad absoluta y permanente era siempre relativa a un imposible reintegro a tareas habituales, haciendo constar que en el 'sub júdice' esa imposibilidad estaba claramente demostrada con la cesantía del trabajador dispuesta por el directorio del banco por razones de salud", tal como se señala en el punto 3 del voto al que adhiero.

Estas argumentaciones que constituyeron el núcleo central de lo sentenciado, no han sido cuestionadas idóneamente por la recurrente, circunstancia que sella sin más la suerte adversa de la presente impugnación.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art.12, ley 7055) Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art.12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)