Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-22


Expte. Nº 6183 "BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Lucero Miguel Ángel - Ejecución Hipotecaria - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, en autos Nº 21712 - 45095 caratulados: "Banco de San Juan S.A. c/Lucero, Miguel Ángel - Ejecución Hipotecaria; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- De los antecedentes del caso resulta que en 1997 Miguel Ángel Lucero y su esposa, Iris Ivañez, adquirieron un inmueble ubicado en la Ciudad de Caucete. El precio se fijó en 30.000 dólares, que los compradores abonaron en efectivo al momento de la escritura. En el mismo acto se dejó constancia de que el Banco Hipotecario Nacional y el Banco San Juan como minorista otorgaban a los compradores un préstamo de 27.000 dólares para adquirir el inmueble, el cual constituiría "vivienda familiar y permanente". El mutuo se otorgó por el plazo de ciento ochenta meses, con lo que la primera cuota vencía el día 1 de enero de 1998 y la última, el 1 de diciembre de 2012. En garantía de la devolución del mutuo, se gravó el inmueble con derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor del Banco Hipotecario Nacional. En 1999 el Banco San Juan inició ejecución hipotecaria. Adujo que los deudores habían pagado sólo las cinco primeras cuotas y reclamó el saldo impago más accesorios. Los demandados no comparecieron, por lo que se dictó sentencia que ordenó proseguir con la ejecución. En noviembre del 2000 comparecieron conjuntamente la actora y los demandados; estos últimos reconocieron adeudar la suma de 42.402,60 dólares y se comprometieron a pagarla en ciento cuarenta y cuatro cuotas de 603,30 dólares, con vencimientos sucesivos a partir del 15 de diciembre de 2000. El convenio fue homologado. Sin embargo, en noviembre de 2001 el apoderado de la actora denunció que los demandados tenían más de tres cuotas en mora y pidió que se diera por caído el convenio de refinanciación. En el año 2009, cuando la actora realizaba trámites tendientes a obtener la subasta del inmueble, los demandados solicitaron que se suspendiera el procedimiento, en virtud de lo dispuesto por la ley nacional 25.737 y las leyes provinciales 7530, 7583, 7641, 7743, 7860 y 7955. Se corrió a la actora traslado del planteo; al contestar, esta solicitó que se declarara inaplicable la ley 25.737, por haber vencido el plazo de suspensión que la norma fijaba; en cuanto a las normas provinciales, planteó su inconstitucionalidad. Tras una nueva sustanciación, la jueza de primera instancia rechazó el planteo de inconstitucionalidad, con costas, y suspendió la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2009. La ejecutante apeló y la Sala Tercera rechazó la apelación. Contra esa sentencia, la ejecutante planteó recurso de inconstitucionalidad, que fue receptado parcialmente en la sentencia dictada anteriormente por la Sala en este proceso (expediente Nº 5957 de igual carátula, PRE S.1ª 2013-III-450). Allí se receptó el recurso previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 y, como consecuencia, se anuló la sentencia impugnada y se dispuso que un tribunal subrogante juzgase nuevamente la apelación de la misma parte. También se declaró abstracto el recurso encuadrado en el inciso 1º del mismo artículo 11.-------------------------------------- --- Mediante la sentencia ahora impugnada, el a quo, actuando como tribunal de reenvío, rechaza nuevamente la apelación de la ejecutante, con costas. Al fundar su decisión, el a quo señala que anteriormente ya rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7530, basándose en la facultad de la Provincia de dictar leyes que toquen el ámbito de obligaciones y derechos reales. Agrega que no ha variado la situación de emergencia, acreditada con la sanción de la ley nacional 26.204 y la ley provincial 8095 que prorrogan la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2011, por lo cual el argumento principal de la recurrente no resulta idóneo para revertir el criterio del juez de primera instancia.----- --- Sigue diciendo el tribunal que, si bien las circunstancias económicas y sociales pueden haber cambiado, su dilucidación es cuestión de hecho que merece un debate formal y pruebas que el marco procesal del caso no admiten.------------------------------------ --- El a quo agrega que la Sala Primera de la Corte de Justicia ya ha dicho que la declaración de la existencia del estado de emergencia es materia exclusiva de la Legislatura y le está vedado al Poder Judicial inmiscuirse en ella, sea por la permanencia, extensión o gravedad. También señala que la solución no es diferente para el planteo que el letrado hace por sus honorarios, pues en el precedente citado ese fue el reclamo efectuado por el abogado de una de las partes, con el resultado antes referido.------------------------------- --- La recurrente encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 1º del artículo 11 de la ley 2275. Pide que se declare la inconstitucionalidad de la ley 8330 -que prórroga la ley 8095- y de toda otra normativa que en el futuro prorrogue la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.----- --- En primer lugar, se agravia de que el a quo considere que el planteo relativo a la facultad de las provincias de dictar normas referidas a obligaciones y derechos reales devino abstracto ante la prórroga (ley 26.103) de la suspensión de las ejecuciones de sentencias. De ello -agrega- se podría deducir que, si bien es facultad de la Nación legislar en materia de obligaciones y de derechos reales, como existe una ley nacional, el problema estaría resuelto.----------------- --- A continuación, el recurrente realiza una comparación entre la legislación nacional (leyes 25.798, 26.084, 26.103 y 25.798) y la provincial (leyes 7530 y prórrogas hasta la ley 8330). Concluye que: 1) la Provincia sí ha legislado en materia de obligaciones y de derechos reales, ejerciendo atribuciones que son del Estado Nacional; 2) el régimen nacional aplica la teoría del "esfuerzo compartido", a diferencia del sistema provincial que hace que sean las entidades financieras quienes tengan que soportar el peso de la crisis, lo que viola la garantía de igualdad ante la ley; 3) el sistema nacional suspendió las ejecuciones hipotecarias por un plazo razonable (cuatro años) y al sólo efecto de que las partes pudieran solucionar el problema, mientras que el sistema provincial suspende por diez años las ejecuciones sin propiciar solución alguna; 4) las críticas a la norma provincial no devienen abstractas, en tanto la normativa nacional perdió vigencia y el gobierno provincial continúa legislando en materias propias del Congreso Nacional.-------------------------- --- Dice que la jurisprudencia citada en la sentencia impugnada (Banco Hipotecario c/Olmedo Renzo) es inaplicable al caso, ya que la normativa actual difiere de la vigente a la fecha de dicha sentencia (2006), sumado a que las condiciones socioeconómicas han variado.-------- --- En segundo lugar, la recurrente se agravia de que el tribunal sostenga que la suspensión de las ejecuciones se relaciona con políticas de estado que tratan de defender la vivienda única como asentamiento de la familia y que se justifica por el sustancial cambio de moneda que llevó al desfase de la economía. Al respecto, manifiesta que el hecho de que una persona tenga derecho a una vivienda no implica que no deba cumplir con sus obligaciones y que ya han pasado más de once años de la salida de la convertibilidad, del desfase monetario y de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.---------- --- En tercer lugar, se agravia de que el a quo entienda que no resulta competencia del Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones de los otros poderes. Dice que dicha afirmación se aparta de los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de legislación de emergencia. Agrega que no ha solicitado que se analice la oportunidad, mérito o conveniencia de la legislación de emergencia, sino que se controle si las normas dictadas se adecuan o no a los cánones constitucionales; si cumplen con el principio de razonabilidad de las normas y los derechos de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.---------------- --- También se agravia de que el a quo sostenga que la Provincia tiene facultad para dictar leyes que de alguna manera toquen el ámbito de las obligaciones y los derechos reales. Al respecto, señala que las normas cuestionadas dejan sin efecto disposiciones del Código Civil en materia de obligaciones y de hipotecas, por lo que debe declararse la inconstitucionalidad de las leyes 8095 y 8330.-------------------------------------------- --- Asimismo, se agravia de que el tribunal considere que no viola los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y 62 de la Constitución Provincial la norma que hace extensiva a los honorarios profesionales la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Argumenta que los honorarios constituyen un crédito autónomo que surge como consecuencia de la labor profesional realizada en el proceso y tienen carácter alimentario.--------- --- Finalmente, la recurrente atribuye arbitrariedad a la sentencia por violar el derecho de defensa. Dice que no está debidamente fundada, en cuanto se basa en abstracciones, conceptos vacíos de contenido, sin evaluación de las circunstancias del caso. Agrega que el fallo impugnado desconoce los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, omite tratar el plazo que llevan suspendidas las ejecuciones, no trata el agravio de violación al principio de igualdad ante la ley, se aparta de la teoría del esfuerzo compartido y no considera el carácter alimentario de los honorarios profesionales.--- --- El recurso fue admitido formalmente a fojas 451. Se corrió traslado a la parte ejecutada, quien no contestó. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 457/459.------------ --- Paso a examinar la procedencia sustancial del recurso de inconstitucionalidad. Comenzaré por repasar el devenir histórico de las normas nacionales y provinciales vinculadas con el caso, reiterando algunos de los conceptos de la sentencia dictada en el expediente 5957.--- --- En el orden nacional, como producto de la grave crisis que vivía el país y, específicamente, de la salida de la convertibilidad y sus consecuencias respecto de los deudores, se dictaron en su momento una serie de normas paliativas. Mediante las leyes 25.563 de febrero de 2002 y modificatorias (leyes 25.589, 25.640 y 25.737) se suspendieron en el orden nacional, primero las ejecuciones, luego las subastas de inmuebles en los que estuviese la vivienda del deudor. La suspensión se mantuvo hasta fines de 2003. Con posterioridad, se emitieron una serie de normas que, más específicamente, aludían a las hipotecas contraídas en dólares. El denominado "sistema de refinanciación hipotecaria" fue introducido por la ley 25.798 de noviembre de 2003, modificado por la ley 25.908 y "aclarado e interpretado" por la ley 26.167. El sistema tendió a refinanciar los mutuos hipotecarios con destino a vivienda que se ajustaban a ciertas características, entre ellas, que la vivienda fuera única y familiar y que la mora del deudor se hubiera producido entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de setiembre de 2003. En dicho contexto, la leyes 26.602, 26.084 y 26.103, todas del 2006, suspendieron las ejecuciones de sentencias de los mutuos aptos para ingresar al sistema. La suspensión se mantuvo hasta principios del año 2007.---------- --- Paso a referirme a la normativa dictada en el orden provincial. Comienzo por la ley 7311 (publicada en enero de 2003), que suspendió ".con carácter transitorio, mientras se encuentra en vigencia el artículo 1º, de la Ley Nº 25.563, los procesos de ejecución de sentencias de ejecución hipotecaria para viviendas únicas de uso permanente del titular o su núcleo familiar del inmueble, cuyas hipotecas estén o no securitizadas bajo el imperio de la Ley N. 24.441." Cabe acotar que la citada ley nacional 25.563 había declarado la "emergencia productiva y crediticia" hasta el 10 de diciembre de 2003, con lo que hasta esa fecha duró la suspensión de la ley 7311. Posteriormente, la ley 7530 del año 2004 suspendió ".por el lapso de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente Ley, los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución de una hipoteca que no haya sido incluida en el fideicomiso establecido por la Ley Nº 25.798." (art. 1) y que recaiga ".sobre la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuyo importe de origen del crédito hipotecario no exceda la suma de pesos cien mil (.) habitada por el deudor." (art. 2). La norma invocó la ley 7459, expresando que dicha ley declaraba en su artículo 6 "la emergencia social".-------------------------- --- Sobrevinieron sucesivas prórrogas: la vigencia de la ley 7530 fue prorrogada por la ley 7583 del año 2005 (180 días), esta, por la ley 7641 del mismo año (365 días); la 7641, por la ley 7743 del año 2006 (150 días). Siguieron la ley 7860/2007 y la 7955/2008, que sucesivamente prorrogaron la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, la ley 8065/2009 prorrogó la vigencia de la ley 7955 hasta el 31 de diciembre de 2012 y además (art. 2) suspendió ".los procesos de ejecución por cobro de honorarios en los mismos términos que establece la Ley N° 7.955 y sus modificatorias." Actualmente, rige la ley 8330 de 2012, que prorroga la vigencia de la ley 8065 hasta el 31 de diciembre de 2014 y reitera la suspensión de los procesos de ejecución por cobro de honorarios.--------------- --- Cabe agregar, para completar este panorama normativo, que otras provincias también dictaron en su momento normas similares a la 7530. Por ejemplo, Buenos Aires (leyes 13.302, 13.902, 14.457 y 14.529 referentes a las ejecuciones hipotecarias, la última aun está vigente); Córdoba (9358 sobre "ejecuciones judiciales contra inmuebles", prorrogada por ley 9542, que rigió hasta el 31/12/2009); Corrientes (leyes 5783 y 5942, que establecían un procedimiento de reliquidación de la deuda en ejecuciones hipotecarias y, entretanto, la suspensión; el sistema rigió hasta el año 2013); Entre Ríos (ley 9574 que suspendió los remates de vivienda única en el año 2004 y fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal en 2007); La Rioja (ley 8214 referente a ejecuciones hipotecarias, prorrogada hasta el 31/12/2013 por ley 9317); Mendoza (ley 8182 de ejecuciones hipotecarias, prorrogada por ley 8518 y 8566, la última, hasta el 31/12/2013); Misiones (ley 4382 sobre desalojos de vivienda única, prorrogada por ley 4398, y las leyes XII-22, XII-24, XII-25, XII-26 y XII Nº 28; esta última suspende ".por única y última vez, hasta el 31 de mayo de 2016, las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar."); Río Negro (ley 4160 sobre ejecuciones hipotecarias, prorrogada por 180 días hábiles por ley 4204 de 2007); San Luis (ley V-0636/2008 que suspendió por 180 días hábiles los remates de viviendas); Santa Cruz ley 2885, de ejecuciones hipotecarias, prorrogada por leyes 2954 y 3008, que rigió hasta el 2008); Santa Fe (ley 12.284 de ejecuciones hipotecarias, ley 12.334 de ejecución de viviendas únicas, ambas prorrogadas por leyes 12.406 y 12.942, la última de las cuales mantuvo la suspensión hasta el año 2009).----------------------- --- Examinaré, ahora sí, la procedencia del recurso. Tras analizar detalladamente los antecedentes del caso, he llegado a la conclusión de que debe hacerse lugar al recurso y, por ende, declarar la inconstitucionalidad de la ley 8330.-------------------------------------------- --- Comienzo por señalar que, a mi juicio, la constitucionalidad de la ley 7530 del año 2004 era dudosa ya desde el origen. Ello, en función de las siguientes consideraciones:----------------------------- --- Inicio este análisis recordando el clásico reparto de competencias entre la Nación y las Provincias (Constitución Nacional, art. 75 inc. 12, jurisprudencia y doctrina elaborada al respecto), según el cual, aquella dicta los Códigos de fondo y estas los de procedimiento. En función de dicho reparto, el Congreso de la Nación ha regulado: en general, lo referente a la ejecución de los bienes del deudor y, en particular, lo concerniente a las hipotecas.--------------------------- --- Las consecuencias del mencionado reparto de competencias han sido minuciosamente analizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 58 "in fine" de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de la ley reglamentaria 8067 que declaraban inembargable la vivienda única, la Corte dijo:-------------------------- --- "Desde sus primeros pronunciamientos esta Corte ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc. 11 (actual art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional (Fallos: 322:1050, considerando 7° y sus citas). Ello alcanza -obviamente- a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos: 271:140, último considerando).- --- "Más aún, cuando el Tribunal examinó leyes que excluían del embargo a ciertos bienes (por razones que calificó "de humanidad"), consideró que las normas dictadas por el Congreso Nacional constituían, por la materia que regulaban y por el hecho de haberlas sancionado aquél, preceptos de fondo, o sustantivos, destinados a regir las relaciones entre acreedor y deudor y, por consiguiente, normas generales del derecho civil establecidas en virtud del poder conferido por el artículo constitucional citado supra (Fallos: 138:240, 244, 245).---- --- "Esto es así porque al atribuir la Constitución al Congreso la facultad de dictar el Código Civil, ha querido poner en sus manos lo referente a la organización de la familia, a los derechos reales, a las sucesiones, a las obligaciones y a los contratos, es decir, a todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en el aspecto de sus relaciones privadas (Fallos: 156:20, 36, 37).----------- --- "No debe extrañar -entonces- que esta Corte haya declarado que las normas de la ley 14.394 que instituyen el bien de familia eran de derecho común, sin que a ello obstara lo preceptuado en el art. 14 bis, última parte, de la Constitución Nacional (Fallos: 245:21). En igual sentido, Fallos: 267:142.------------------------------- --- "Como lo ha declarado el Tribunal, las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación y no les está permitido dictar los códigos después de haberlos sancionado el Congreso, precepto que no deja lugar a duda en cuanto a que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones privadas de los habitantes de la república, sean personas físicas o jurídicas, al ser del dominio de la legislación civil y comercial, están comprendidas entre las facultades de dictar los códigos fundamentales que la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso (Fallos: 150:320, 326).------ --- "Determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito. Ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencias no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental.------- --- "Con las ya citadas normas cordobesas se ha pretendido alterar ese diseño constitucional e invadir el terreno en el que corresponde a la Nación dictar las normas. Por eso debe declararse su invalidez (art. 31 de la Constitución Nacional)." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Banco del Suquía c. Tomassini", del 19/03/2002, LA LEY 2003-B, 245, Fallos: 325:428).------- --- Si, reitero, la Nación ha dictado las normas sustanciales correspondientes a la ejecución de los bienes del deudor y también a las hipotecas, sólo queda a las provincias el dictado de las normas procesales que aseguren la eficacia de aquellas normas sustanciales. En ese ámbito, nuestra Provincia regula en el Código Procesal Civil la ejecución hipotecaria. El interrogante es si una norma que suspende las ejecuciones tiene mero carácter procesal o bien se inmiscuye en la atribución del Congreso de la Nación de dictar los códigos de fondo (art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional).---------- --- No me expediré sobre el particular porque resulta innecesario, pero sí me interesa dejar en claro que la competencia legislativa provincial era dudosa aun originariamente. Adviértase que, aunque a primera vista lo que se suspende es el proceso judicial, en definitiva la norma tiene los efectos de una moratoria o una espera, ya que, suspendido el proceso, el acreedor no percibe su crédito. Máxime porque la suspensión se basa en razones vinculadas con la obligación en sí misma y no con la administración de justicia. De esta manera, la ley entra en tensión con el artículo 505 inciso 1º del Código Civil, que confiere al acreedor derecho de ".emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado".------------------ --- Al respecto, resulta útil citar un caso en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto 5875/63 de la Provincia de Buenos Aires (el cual establecía, como requisito para dejar expedita la vía judicial contra el estado provincial, una reclamación administrativa previa ante el Poder Ejecutivo y que este no se hubiera pronunciado en el plazo de nueve meses). Dijo allí la Corte: ".como lo puntualiza el señor Procurador General, esta Corte ha decidido desde antiguo que, por latos que sean los poderes inherentes al régimen político y administrativo de las provincias conforme con los arts. 104 y 106 de la Constitución Nacional, no llegan a autorizar sanciones legales que estén en pugna con la legislación de fondo dictada por el Congreso (Fallos 141:120; 146:122; 147:29 y 88; 150:320 y otros).--------------------------------- --- "Que, en tales condiciones, dada la naturaleza de la cuestión debatida -que sólo tendría expedita la vía judicial después de transcurridos nueve meses a contar desde la fecha de la reclamación administrativa- y por aplicación de la doctrina establecida en Fallos 186:531 -La Ley, 28-220-, sus citas y otros, debe concluirse que resulta inconstitucional una norma como la del decreto ley citado, que establece la excepción de espera opuesta en el caso, porque admitirla importaría convalidar disposiciones derogatorias de las que la referida legislación de fondo contiene en cuanto a la forma y medios de perseguir el pago de deudas."----------------- --- También destaco que esta invasión de las facultades nacionales no pasó desapercibida en el debate parlamentario de la que sería la ley 7530. Así, el diputado Capello dijo: "Esta es una suspensión en los términos del procedimiento, para la ejecución, y algunos tenemos la duda respecto de la constitucionalidad (.) Hay varios proyectos en el Congreso de la Nación y puede ser que esta ley signifique un retraso, no soluciona absolutamente nada, sino que demora el problema, porque reitero que el problema está en el Congreso de la Nación. .haciendo los mismos reparos que hicimos nosotros en aquel entonces respecto de la constitucionalidad de la medida frente a legislación de fondo, que es la que estamos afectando con esta modificación del procedimiento, vamos a apoyar el proyecto." Diputado Tomas: ".cuando se trae a debate este tema al recinto, tenía el despacho de la Comisión de Legislación y Justicia firmado por los propios integrantes, todos los integrantes de esta comisión. Recuerdo, incluso el propio diputado, -miembro del bloque del diputado Campos-, Muñoz Carpino, en el cual se rechazaba el proyecto por inconstitucional. .tiene que quedar claramente definido que es simplemente un paliativo de procedimiento y que la verdadera solución, como tal se hizo en otra oportunidad, pasa -en definitiva- por el Congreso de la Nación." Diputado Castillo: "Ahora para que esto sirva, me parece que nosotros tenemos que resguardarlo de la mayor cantidad de seguridad en el estado de inseguridad, para que en el caso concreto no ocurra lo que les anticipaba a los señores que se encuentran en bandeja, que iban a plantear la inconstitucionalidad de la ley como así ocurrió. Y digo esto, porque acá ni más ni menos adentrándonos instituciones bancarias, particulares y demás, estamos abortando la posibilidad de créditos contractuales reconocidos a tercera persona a través de relación contractual de hipotecas de deudor y acreedor." (versión taquigráfica de la 26ta.sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, 14 de octubre de 2004).------------ --- Para completar el tratamiento de este tema, cabe señalar que ha sido la Nación la que ha legislado al momento de establecer esperas en los créditos hipotecarios. Por ejemplo, en la ley 11.741 (Adla 1920-1940, 486) y sus prórrogas, e incluso normas restringidas a algunas provincias, como la ley 3188 de moratoria del Banco Provincial de Córdoba de 1889; la ley 3201 de prórroga de la moratoria del Banco de la Provincia de Buenos Aires de 1889, la 15.517 de moratoria para agricultores de la Provincia de Mendoza, etc. Incluso ante la situación de crisis que dio lugar al dictado de las normas aquí discutidas, el Congreso de la Nación dictó -como reseñé anteriormente- normas que suspendían las ejecuciones.------------------------------------------------- --- Abordaré a continuación el estado actual de la cuestión. Como se ha visto, era dudoso que la Provincia pudiera legislar sobre el tema, ya que la suspensión de las ejecuciones entraba en tensión con lo dispuesto en el Código Civil sobre ejecución de los bienes del deudor (art. 505 inc. 1º). Pues bien, han pasado casi doce años desde que entró en vigencia la ley 7530 (y casi catorce desde que el artículo 2 de la ley 7311 suspendió "los procesos de ejecución de sentencia de ejecución hipotecaria para viviendas únicas"). Si en un principio era dudoso que la Provincia pudiera legislar sobre el tema, es obvio ahora que la norma provincial perjudica seriamente lo dispuesto en el Código de fondo, ya que ha impedido al acreedor, durante más de una década, ".emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado". Cabe concluir que, mediante las sucesivas prórrogas de la ley 7530, la Cámara de Diputados de la Provincia ha contrariado el derecho de fondo, con lo que ha incursionado en un ámbito propio del Congreso de la Nación (Constitución Nacional, arts. 31 y 75 inciso 12).--------------------- --- Desde otro punto de vista, añado que las normas cuestionadas no cumplen con el estándar de "situación de emergencia definida por el Congreso" (estándar fijado desde antiguo por la misma Corte Suprema, Fallos: 173:65, 243: y 449 467, etc.). Memoro que una ley provincial anterior que también suspendió los remates y las ejecuciones (ley 7311) remitía a la "declaración de emergencia establecida por el Artículo 1º, de la ley Nº 25.563.". Ello resultaba válido, ya que mediante dicho artículo se declaraba "la emergencia productiva y crediticia (.) hasta el 10 de diciembre de 2003". Ahora bien, la ley 7530 remitió al artículo 6 de la ley provincial 7459: "En virtud de la Ley Nº 7459, que declara en su Artículo 6º la emergencia social." Sin embargo, el artículo en cuestión solo establecía que el Poder Ejecutivo daría ".prioridad en la inversión de los fondos públicos a la atención y mantenimiento del sistema de prestación alimentaria a grupos de población carecientes o con necesidades básicas insatisfechas...". Así, la relación del texto con el tema de "vivienda única" era remota e insuficiente.------------------------------------------- --- Cabe agregar que las suspensiones de las leyes nacionales eran instrumentales a un sistema de refinanciación. Pero las leyes locales no remiten a ningún sistema de ese tipo, por lo que la suspensión es un fin y no un instrumento.----------------------------- --- Por todo lo dicho, entiendo que corresponde acoger el recurso planteado y, por ende, declarar la inconstitucionalidad de la ley 8330. De triunfar mi posición, el Tribunal deberá avocarse al conocimiento del litigio (art. 14 1º párrafo de la ley 2275). En dicho ámbito, corresponderá revocar las sentencias de primera y segunda instancia, y disponer que prosiga la ejecución. En cuanto a las costas de esta y todas las instancias, entiendo que lo novedoso de la cuestión autoriza a imponerlas en el orden causado. Así voto.---- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Acoger el recurso planteado y declarar la inconstitucionalidad de la ley 8330.-------------------- --- II) Avocándose el Tribunal al conocimiento del litigio, revocar las sentencias de primera y segunda instancia, y disponer la prosecución de la ejecución.--- --- III) Imponer las costas de todas las instancias en el orden causado.--------------------------------------- --- IV) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al Tribunal de origen.------------------ --- Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Ef-6183 E.B.T.

PRE S.1ª 2014-II-211.