marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, Obras Sanitarias de la Nación, Estado Provincial, empresas del Estado
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN. s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Corresponde hacer lugar a la demanda de desalojo promovida por Obras Sanitarias de la Nación contra la Provincia del Neuquén, de un inmueble de propiedad del Servicio Nacional de Arquitectura que tenía en comodato y que transmitió a la demandada, por no encontrarse incluido en la sesión de los servicios a los estados provinciales a consecuencia del decreto 258/80.
Derecho laboral, empleador, Estado Provincial, facultades delegadas
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LABORATORIO BETA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-26

El artículo 12, párrafo segundo -concordante con el artículo 9 inciso 3 de la ley 9597- establece una restricción al derecho de control o supervisión del dependiente del laboratorio (agente de propaganda médica), contrariando de este modo las disposiciones de la Ley 20744 que otorgan al empleador facultades de dirección y organización de la empresa (artículos 64 y 65). En consecuencia, la ley provincial incursiona en el contenido del Código de Trabajo que por imperio del artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional fue legislado por el Congreso Nacional y es materia que las Provincias tienen vedada (artículo 108 de la Constitución Nacional).
Accidente de tránsito, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez Rodríguez, Luis y otra c/ Vuelta de Rocha  S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Habiéndose probado la relación de dependencia, la antijuricidad del hecho, la existencia de un factor de atribución con relación al dependiente, el daño provocado a un tercero y el nexo entre las funciones del dependiente y el hecho dañoso, el principal deberá responder por el hecho de su dependiente (artículo 1113 del Código Civil), acarreando todas las consecuencias jurídicas en el ámbito de la responsabilidad civil, que la conducta reprochable del empleado implica.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, competencia por el territorio, proceso penal, prueba testimonial, falso testimonio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUEZ DE INSTRUCCION DE LA SEPTIMA NOMINACION DE ROSARIO s/ CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 414-87 G., L. s/ DENUNCIA     CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-14|1990-12-20

Importa convertir en letra muerta el artículo 32 del Código Procesal Penal, extender el criterio sobre aplicación de normas de unificación de tribunal en razón de conexidad, a casos en que se trata de hechos singulares, coincidentemente encuadrados por los órganos entre los que se anudó el conflicto, donde sólo se trata de establecer la competencia territorial.

De la ampliación de fundamentos de los Dres. Alvarez e Iribarren.
Sistema interamericano de Derechos Humanos, objeto del proceso, declaración testimonial, testimonio, valor probatorio, fundamentos suficientes, argumentos de las partes
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Gelman c/ Uruguay s/ Resolución del presidente de la Corte
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-09-23

Es necesario que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de sus organismos competentes, asegure el conocimiento de la verdad y la más amplia presentación de hechos y argumentos por las partes, en todo lo que sea pertinente para la solución de las cuestiones controvertidas, garantizándoles el derecho a la defensa de sus posiciones por lo que, si bien la sustitución de un declarante no es, en principio, la práctica habitual, corresponde hacer una excepción cuando no se afecta el objeto de la declaración y se prueba, acabadamente, que el testimonio es relevante para el mayor conocimiento del caso.
Accidente de tránsito, presunción de culpa, responsabilidad del conductor, daños y perjuicios, prueba, daño delantero
Materia: CIVIL
Carátula: PER TOVT DE LOPEZ MARIA ELENA c/ CASTRO OSVALDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-02

Debe presumirse la culpa del conductor del vehículo que presenta daños en la parte delantera frente a otro que los presenta en su parte lateral o trasera (conf. C.N.Esp.Civ. y Com. Sala I, del 16/9/82; Sala IV, del 25/8/83; Sala III, del 30/12/82) por lo que era a él a quien correspondía desvirtuar esta presunción, no bastando la prueba producida por el otro para hacerla caer.
Delitos contra la integridad sexual, crímenes de lesa humanidad, violación, abuso deshonesto, participación criminal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Es arbitraria la sentencia que excluyó la condena impuesta a los acusados como autores mediatos de los delitos de abuso deshonesto y violación, argumentando que se trataba de aquellos delitos denominados como de propia mano, pues no brindó ninguna explicación compatible con las normas sustantivas que rigen los hechos juzgados para, aun en su propio entendimiento, ignorar las restantes posibilidades que ofrece el capítulo respectivo del Código Penal (Voto del juez Rosatti).
Hecho imponible, base imponible, impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, resoluciones, actividad industrial, industria de la construcción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en / Concimat SACIFYM y otros c/ GCBA  s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja porque no contiene una cuestión constitucional. Los agravios expuestos por el recurrente, al impugnar la sentencia de la Cámara que confirmó que a la actora le correspondía la exención o la aplicación de la "alícuota cero" con relación a los ingresos originados en la venta de inmuebles destinados a viviendas unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría "C" porque desarrollaba actividad de construcción, requieren interpretar conjuntamente las normas aplicables del Código Fiscal, del Código Contencioso Administrativo y Tributario, y de las leyes tarifarias y sus reglamentos, así como también valorar los hechos de la causa y la prueba producida en el expediente. Todas estas cuestiones, de derecho infraconstitucional y fácticas, resultan ajenas -en principio- a la instancia extraordinaria del Tribunal a través del recurso de inconstitucionalidad. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ESPINOSA, Tomás Antonio s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-21

Los elementos integrativos de la prueba prevista por los artículos 258 y 259, C.P.P. en cuanto a su mérito, deben ser examinados en conjunto y no individualmente.-
Nulidad procesal, secuestro de estupefacientes, requisa personal, falta de orden del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Corbalán, Juan Edgardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-19

Corresponde declarar la nulidad de la requisa y secuestro de estupefaciente si las circunstancias que precedieron al momento de la detención del vehículo de alquiler no eran suficientemente inequívocas o específicas para afirmar que se presentaban indicios objetivos que diesen sustento a la decisión de requisa, pues aun tomado por no refutado el hecho de la elusión a velocidad excesiva emprendida por el conductor del taxi al advertir la presencia del policía, que conducía un vehículo particular, no hay constancia de que hubiera impartido la voz de alto y ello hubiera sido desobedecido, tampoco la inspección se restringió al conductor, sino que se extendió al pasajero y a la "mochila" ubicada en el asiento trasero, que podía advertirse a simple vista, todo lo cual indica que la policía obró excesivamente al realizar la inspección del vehículo, de lo transportado en él, y de las cosas que llevaba el pasajero. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: González, Víctor Inocencio c/ Municipalidad de Gualeguaychú y otro s/ Indemnización accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-30

Media error al tomar las remuneraciones del año anterior al infortunio para el cálculo de la indemnización por incapacidad, cuando lo que corresponde es tomar la fecha de consolidación de la misma, según lo dispone el artículo 9 inciso c) de la ley 24028, la cual, según se expresa en el artículo 8 inciso b), se produce cuando la incapacidad se considera permanente. Si bien no se plantea expresamente dicho tema en la expresión de agravios que habilita la jurisdicción de la Sala, la modificación respectiva debe realizarse porque al estar cuestionado por la recurrente, el modo de calcular el salario diario para determinar la indemnización por incapacidad, la fecha que se tome a los fines de aplicar lo dispuesto por las referenciadas disposiciones legales, resulta comprendida en el citado cuestionamiento. Resulta improcedente actualizar cada uno de los períodos a tomar en cuenta para la fijación del salario diario, hasta la fecha en que él queda establecido, ante la clara disposición contenida en el inciso f) del art. 9 de la ley 24.028 que remite a lo estipulado por la ley 23.928, norma ésta que expresamente prohibe toda actualización a partir del 1/4/91.
Tribunales de familia, competencia, venia supletoria
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: A.N.R.L. s/ VENIA PARA CONTRAER MATRIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-10

La competencia de los Tribunales de Familia en materia de venia supletoria matrimonial les está expresamente asignada por el art. 16 inc. 2do. de la Ley 7676 y complementariamente, a contrario sensu, por la nueva redacción de los arts. 1 y 8 de la Ley 4873, conforme lo dispuesto por el art. 185 de la Ley 7676.-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, imputado, audiencia de conocimiento personal, debido proceso, Superior Tribunal de Justicia, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAGIANI, DANIEL FERNANDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El análisis de las vicisitudes de la causa permite comprobar la existencia de un vicio en el procedimiento previo al dictado del fallo por parte de la Cámara y que determina su nulidad, desde que no existe constancia de que los jueces que emitieron la condena -en este caso, se reitera, quienes integraron la Cámara- hayan tomado conocimiento directo y de visu del imputado en algún momento del proceso, tal como prescribe el artículo 41, inciso 2ø, in fine del Código Penal. La norma establece que "el juez deber tomar conocimiento directo y de visu del sujeto", disposición que tiende a asegurar un mínimo de inmediación entre el juez y el justiciable, particularmente en sistemas de enjuiciamiento escritos -como los vigentes en el país al tiempo de sanción del Código Penal y que subsiste, en gran medida, en la Provincia-.En orden a ello, tal como expuse en mi voto in re "Mordini" (A. y S. T. 245, p g. 251) a cuyos fundamentos remito in extenso, considero que un mínimo contacto directo e inmediato entre el imputado y el juez competente para dictar la condena resulta una exigencia que hace al debido proceso, al constituir un estándar mínimo que en el caso de no ser respetado, conduce a descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. No impide decidir así, el hecho de que el agravio no haya sido planteado por la parte defensiva, en la medida que la audiencia de visu integra la garantía del debido proceso y su omisión vicia de manera absoluta el procedimiento, con lo cual la nulidad puede ser declarada de oficio por este Tribunal. ( DEL VOTO DEL DR. SPULER) .
Interdicto de recobrar, despojo, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Coceres , Domingo Aníbal c/ Allegranza , Oscar Alberto - hoy sus herederos - s/ interdicto de recobrar , Expte. N° 6805
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-09

La acción prevista en el art. 595 del CPCC está dada a todo poseedor o tenedor de una cosa mueble o inmueble, contra todo aquél que amenazare perturbar o perturbare la posesión o tenencia del bien, mediante la realización de actos materiales -en consonancia con lo dispuesto por el art. 2469 Cód. Civil-. Conforme la norma ritual, dicha acción se encuentra sometida a dos requisitos de procedibilidad: 1) que quien lo intente hubiere tenido la posesión actual o la tenencia del bien y 2) que hubiere sido despojado en forma violenta o clandestina de ella, habiéndose extendido también jurisprudencialmente al supuesto de despojo por abuso de confianza, recaudos éstos cuya carga probatoria recae sobre el accionante, art. 363 C.P.C.C.
Daños y perjuicios, jueces, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLAR ESMERALDO EN J: "6906 ESTANCIA LUNA S.R.L. c/ SUC. LUIS SOSA Y OT. s/ Reivindicación Incidente Nulidad (LIBRO: A071 - 303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-01

El incidente de nulidad es una cuestión accesoria al trámite del principal contra el que se deduce, y por ende es de competencia del Juez que allí entiende- Siendo incompetente la Cámara de Apelaciones por razón de grado, y debiendo declarar su incompetencia de oficio, tampoco es posible la acumulación objetiva a la acción de responsabilidad de un magistrado.
Compraventa mercantil, seña
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIÑA, NORBERTO c/ NUÑEZ, JUAN s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-20

La norma del cciv 1202 no es aplicable en el ámbito mercantil, pues en la compraventa comercial rige la previsión del com 475, que descarta el carácter penitencial de la seña -salvo convención expresa por cláusula especial del contrato-.
Opinión consultiva, consulados, MÉXICO, asistencia a la víctima, debido proceso, detenido, extranjeros
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. Solicitante: Estados Unidos Mexicanos c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1999-10-01

El Máximo Tribunal Interamericano resuelve acerca de la trascendente cuestión relativa al derecho a la información y la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. En tal sentido analiza el rol de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y el de los dos Pactos de Derechos Humanos. La decisión muestra argumentos diversos a través de los votos concurrentes y la disidencia parcial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Carlos A c/ ITAR SRL s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-29

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe bastarse a sí mismo, para permitir advertir de su lectura el error o transgresión en la aplicación de la ley o doctrina legal en las motivaciones esenciales que contiene el fallo.
Estafa, ardid, cheque
Materia: PENAL
Carátula: CHAMORRO, CELIA FLORENTINA s/ Cheque sin fondos Causa 28122-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

La entrega de cheques contra dinero en efectivo no puede ser considerada por si sola como el ardid estafatorio destinado a lograr la contraprestación del damnificado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, derechos y garantías constitucionales, procurador general, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, JORGE ALBERTO c/  s/ ROBO SIMPLE -ENCUBRIMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

En razón de que las dilaciones señaladas por el A quo en la tramitación del presente proceso penal se tratan -en principio- de demoras injustificadas atribuibles a diversos operadores del sistema penal; y si bien se intentan explicar las mismas atendiendo a que la causa tramita ante un sistema procesal penal que se encuentra bajo proceso de cierre definitivo, ello no neutraliza la eventual responsabilidad de quienes -atendiendo a la trascendencia del caso considerando que todos los involucrados revestían a la fecha del hecho la calidad de funcionarios policiales y eran quienes debían investigar el importante robo de combustible cometido en perjuicio de la empresa YPF- tienen la responsabilidad funcional de comprometer todos sus esfuerzos para proporcionar una respuesta institucional en un plazo razonable, tanto para la sociedad que reclama que los casos como el presente reciban respuesta jurisdiccional, como para quien se encuentra inicialmente comprometido en su responsabilidad y espera la certidumbre de una decisión definitiva, corresponde se inste a la Secretaría de Gobierno de esta Corte Suprema de Justicia y, eventualmente, al señor Procurador General, para que inicie una investigación administrativa en el ámbito de Superintendencia para deslindar las eventuales responsabilidades del caso. (Del voto del Dr. Erbetta)
Recurso de casación, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PERALTA DOROTEA H. c/ CLINICA FRANCISCO VITTAR S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

La impugnación referida a la indemnización del lucro cesante, tampoco resulta eficaz a los fines del recurso casatorio intentado, ya que las argumentaciones del recurrente solo implican postular que debe prevalecer su evaluación de los elementos probatorios agregados al proceso sobre el análisis efectuado por los Camaristas en marco de una función que le es propia, por lo que, la solución otorgada en el tema, no habilita el recurso y solo plantea en el caso, la disconformidad del apelante con el fallo en el aspecto de que se trata.
Depositario infiel, embargo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: C, E A s/ MALVERSACION  DE  CAUDALES  EQUIPARADOS  A  PUBLICOS Y LIBRAMIENTO DE  CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS EN CONCURSO REAL     EXPTE NRO 85-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-06

El embargo otorga la custodia del bien en forma personal, pero no necesariamente fija el sitio real de su permanencia, al menos a los efectos del delito previsto por el artículo 263 del Código Penal, sin perjuicio de otras responsabilidades que pueden caber al depositario.

El artículo 263 del Código Penal remite al tipo de artículo 261 del Código Penal, y la acción de "sustraer" prevista por éste significa que el depositario tiene que quitar el bien de su propia custodia o transformar a ésta realizando actos de apoderamiento o de ocultamiento que impidan la afectación de aquél en la ejecución. Si esos extremos no están probados no se puede tener por acreditada la acción típica.
Jubilaciones, ejercicio profesional, profesionales de ciencias económicas, Estado Provincial, matrícula profesional, cancelación de la matrícula, actuación fuera de jurisdicción, falta de pago, derecho de trabajar
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Piatti, Carlos Alberto c/ Caja de Seguridad  Social para Profesionales  en  Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

La exigencia impuesta a un profesional en ciencias económicas de la Provincia de Buenos Aires de cancelar sus inscripciones en las respectivas matrículas de todas las jurisdicciones en que estuviese inscripto, inclusive las de fuera de la provincia, para la percepción de la jubilación provincial ya otorgada, no traduce una vulneración de los límites de las facultades de las provincias en la materia, ni viola el derecho constitucional de trabajar (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo, trabajador, despido indirecto, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: PEREZ, RUBEN EDGARDO c/ GONAR S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

No ha de prosperar la queja pues sólo denota mera discrepancia con la valoración que de los hechos, pruebas y derecho común aplicable efectuaron los jueces de la causa en ejercicio de facultades privativas al concluir que la sociedad demandada afectó el principio de indemnidad patrimonial o inmaterial del trabajador, el que se traduce en una evidente alteración de las modalidades o elementos sustanciales del negocio jurídico laboral que atento las particularidades del caso autorizó al dependiente a producir la extinción del contrato. Es que no se observa que la Cámara al pronunciarse se apartara del artículo 243 de la ley 20.744 -en tanto considera que la denuncia del contrato de trabajo efectuada por el actor se fundó en justa causa y que la patronal ejerció abusivamente el ius variandi- o que prescindiera del amplio plexo probatorio-al juzgar no demostrada la motivación argüida para cambiar la modalidad prestacional habitual en el actor- o que pondere elementos inexistentes o no acreditados en autos-al concluir que el accionante sufrió perjuicios patrimoniales e inmateriales.

En suma, la Cámara al resolver sobre la extinción del contrato de trabajo, en el entendimiento que medió injuria, que por su gravedad, no consiente la prosecución de la relación laboral, efectuó una valoración prudencial, teniendo en consideración el carácter de la relación que resulta del contrato de trabajo como así, las modalidades y circunstancias especiales del caso, las que hacían a la venta automotriz, pronunciándose a la luz de los alcances estatuidos por el artículo 242 de la L.C.T., no deviniendo aplicable la doctrina de la sentencia arbitraria ante el mero disenso puesto de manifiesto.
Partidos políticos de distrito, personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Autonomista s/ incidente de caducidad art. 50 inc. "c" de la ley 23.298 - Orgánica de los Partidos Políticos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-08

No es posible sostener que un partido de distrito "mantiene su personalidad si obtiene el porcentaje requerido de votos en los demás distritos en cuyas elecciones -de más está decirlo- mal puede participar", pues "ello importaría presumir que la ley admite o tolera la existencia de partidos de distrito sin representatividad alguna, en oposición a lo que ocurre con los partidos nacionales o con los mismos partidos de distrito que no actúan en el orden nacional, sin que exista razón alguna que justifique ese trato marcadamente diferencial [...].
Despido, indemnización por despido, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Cosgaya, Daniel Alberto c/ San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales s/ Reajuste de Indemnización por Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-03-05

No prospera el agravio de la parte demandada contra la sentencia del a-quo en cuanto al sueldo básico asignado, ya que afirma que la empresa tiene dispuesto por Junta Directiva otorgar aumentos de sueldos y gratificaciones al personal, el que se abona a cuenta de futuros aumentos. La supuesta disposición de la Junta Directiva no se encuentra acreditada en autos, lo que de existir tal resolución hubiese resultado fácil probarlo pues es de suponer que una empresa tan bien organizada ha de llevar algún registro de sus resoluciones y de las comunicaciones de tales resoluciones a su personal, lo que en autos no aparece.