marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, carga de la prueba, jornada reducida, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Clotet García, Nadia Tamara c/ Spandrio, Fabricio Raúl s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-11

Si bien las planillas presentadas en el expediente no estaban rubricadas por la autoridad de aplicación, sí fueron confeccionadas por la accionada y agregadas a juicio, por lo que técnicamente no existe falta de exhibición que haga aplicable la presunción del art. 55 de la LCT, (la cual cotiza ante la ausencia), sino que omisión de las formalidades -art. 53 LCT-, que no implica presunción alguna y solo autoriza a los jueces a merituar ello en función de las particulares circunstancias de cada caso (Voto Romero. Adhesión Welp)
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ASUA, EUGENIO IGNACIO c/ MIGUEL  Y  COMPAÑIA  -  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L. s/ ENFERMEDAD DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-11-21

A los fines de establecer a partir de qué momento comienza a correr la prescripción con relación a las enfermedades accidentes, es menester expresar que estas dolencias, de tipo evolutivo y distintas a los accidentes, se diferencian de estos en que en lugar de estar fijado su comienzo con hechos o hechos ciertos y determinados, puede haber dudas respecto del momento en que se ha aparecido la enfermedad y más aún, en que fecha el trabajador y en su caso la patronal, toman conocimiento de ella y del grado de discapacidad que la misma ha producido. En el caso de las enfermedades accidentes, la fijación de la fecha cierta del evento dañoso se produce cuando la junta o perito médico se expide respecto de la calificación de la enfermedad y grado de incapacidad que ocasiona. Por lo tanto, es esta la fecha que indica a partir de qué momento comienza a correr el término de la prescripción .

Esta puede ser interrumpida por reclamación administrativa por un lapso máximo de seis meses.
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALDONADO, LUCIO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Corresponde acoger parcialmente el agravio de los letrados disponiendo que en la base regulatoria se incluyan los intereses devengados desde el hecho hasta la notificación de la demanda.
Prueba pericial, contadores públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Domínguez, Héctor c/ Lago Electric S.A.C.I.F.I s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

La eventual falta de tratamiento de la prueba pericial contable no constituye omisión de cuestión esencial, en los términos del art.

156 de la Constitución de la Provincia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, control de razonabilidad, concurso preventivo, apertura del concurso, crédito previsional, crédito laboral, LEY DE CONCURSOS, constitucionalidad, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

El derecho judicial emanado de la Corte Suprema tiene establecido que en el control judicial de razonabilidad los tribunales sólo meritúan la adecuación o proporcionalidad dentro el medio utilizado y el fin propuesto, pero que no pueden entrar a analizar si entre una variedad de medios posibles, el elegido es el mejor o el más eficaz; y ello porque, conforme a la Corte, los jueces no deciden sobre la bondad u oportunidad de las normas que aplican, ni sustituyen a los órganos políticos en la selección de las medidas y de los criterios adoptados en cuanto a su eficacia y conveniencia (social, política, económica, etc.). En supuestos como el del inciso 8) del artículo 11 de la ley 19551, Juan Francisco Linares recomienda "prudencia política" en los jueces en ciernes a la interpretación y eventual descalificación de una norma. (Del Voto del Dr. Chiappini).
Denuncia, denuncia repetida
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Darritchon, Luis Martín s/ Denuncia Repetida
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

La circunstancia de que se trate del mismo denunciante y que se involucre al mismo imputado, así como el lapso que media entre ambas presentaciones y el hecho que las calificaciones jurídicas no resultan abiertamente dispares, permiten presumir el supuesto de "denuncia repetida" al que alude el art. 106 del Reglamento para la Jurisdicción.
Contrato de trabajo, viajantes de comercio, televisión por cable
Materia: LABORAL
Carátula: MASOTTA, GUILLERMO c/ CABLEVISION  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Si el trabajador fue contratado para vender a los propietarios de televisores, los servicios que presta la demandada (televisión por cable), queda comprendido en el régimen previsto por la ley 14546 en tanto el trabajador que concierta contratos de compraventa y el que acuerda contratos de prestación de servicios no ven diferenciada su actividad por la naturaleza jurídica del bien que ofrecen a sus clientes (CCT 308/75).
Juicio ejecutivo, multa, falsedad de título, desconocimiento de firma
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MONTOTO, RAFAEL c/ FORCONI, MAURICIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29

Resulta procedente, la multa del 10% del valor del juicio impuesta al demandado por la demora en la tramitación normal de las actuaciones, en virtud del desconocimiento de la firma efectuado por este y la alegación de la excepción de falsedad fundada en tal circunstancia, sin ofrecer prueba pericial caligráfica que pueda develar la controversia suscitada, lo cual constituye la conducta reprochada por el CPCCN art. 551, que reprime la indebida dilación del proceso de quien se resiste indebidamente a una pretensión legitima con conciencia de la propia sinrazón.
Indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: W., E.E. c/ S.P., M.A. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-14

La privación del vehículo con motivo de un cuasidelito comporta en sí mismo un daño indemnizable sin que sea impedimento la falta de elementos probatorios.
Solidaridad previsional, quebrantos impositivos, crédito fiscal, moneda extranjera, aplicación temporal de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Allianz Ras Argentina S.A. de Seguros Generales c/ E.N. (Mº de E.O. y S.P.) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

Este Tribunal al resolver la causa "Cía. Minera Aguilar S.A.", 7/7/98 (vide especialmente consid. 8º), se expidió en lo relativo a que el art. 30 de la ley 24.463 establece condiciones que limitan el reconocimiento que autorizaba la ley 24.073, y a cuyos términos había adecuado la actora, tal como aquí acontece, su solicitud, por lo que aquélla no le sería oponible. (Del voto del Dr. Mordeglia, consid. 3º).
Sistema republicano, publicidad de los actos de gobierno, publicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Municipalidad de Junín c/ Akapol S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

El principio republicano de gobierno importa consagrar un orden social en el que las atribuciones de las autoridades públicas son limitadas y sujetas a diversos mecanismos de control; a su vez, resulta consustancial a dicho principio la publicidad de los actos de gobierno, como así también la razonabilidad de toda decisión estadual y tales lineamientos definen el marco institucional del gobierno federal y, además, de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales (arts. 1°, 5°, 123 y 129, Constitución Nacional) (Voto del juez Rosatti).
Denegatoria del recurso, IVA, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADUANERO-ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Niro Construcciones S.A. contra G.C.B.A. sobre Impugnación de Actos Administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde rechazar la queja articulada por el GCBA contra la sentencia de la Cámara en cuanto resolvió que las categorías de "construcción" y "servicios de la construcción" debían interpretarse de forma amplia e incluyó las tareas de refacción y ampliación, y la reforma o reparación de obras civiles o de edificios, además de las más diversas instalaciones que pueden emplazarse sobre inmuebles. El recurrente insiste en sostener que la sentencia atacada se basó incorrectamente en los términos utilizados por el Nomenclador de Actividades Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, el convenio multilateral y la regulación del impuesto al valor agregado, a pesar de que el Código Fiscal y la ley tarifaria brindaban la solución al caso. Sin embargo, no indica concretamente en qué cláusulas de estas últimas normas se definía el alcance y significado de los conceptos "construcción" y "servicios de la construcción", ni demuestra que la interpretación del a quo contradiga la letra o espíritu del beneficio tributario aquí cuestionado, lo que quita todo sustento a la denuncia de violación del principio de legalidad tributaria. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Reglas de Beijing, valor probatorio, conflicto de leyes
Materia: PENAL
Carátula: T., B. N. c/  s/ Legajo de Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

No cabe asignar valor probatorio a las Reglas de Beijing, puesto que las proposiciones de reglas del llamado soft-law, más allá de su utilidad práctica, no son proposiciones normativas obligatorias para los Estados que planteen un problema de concurrencia normativa que requiera de una regla de conflicto. Tampoco cabe pasar por alto que las citadas reglas han constituido un antecedente de peso en la elaboración del texto de la Convención sobre los Derechos del Niño; sin embargo, aunque resultaron fuente de inspiración, no fueron "incorporadas" a la Convención. En rigor, cualquiera que fuese el valor instrumental que quisiera reconocerse a esas reglas, no podrían dar un punto de apoyo a una cuestión de constitucionalidad, porque carecen de todo valor normativo obligatorio, y a fortiori, de una calidad normativa que obligue a los Estados en la emisión de sus leyes internas, de modo que falta el presupuesto del conflicto de disposiciones normativas, y por ende, la necesidad de resolver cuál de las obligantes y concurrentes sería la relevante para decidir el punto de conflicto. (voto del juez García)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Palmas Moneo, Federico Norberto c/ Sacella, Miguel Angel y Otro/a s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-11

El art. 1746 del C.C.C.N. establece que "En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. .", lo cual lleva a realizar cálculos o aplicar fórmulas matemáticas a fin de determinar el valor presente de una renta futura no perpetua, constituyendo un parámetro orientativo (de lo contrario no habría "evaluación") que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Morra, Luis Alberto s/ Infracción ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que se funda en una afirmación desprovista de toda demostración.
Juicio ejecutivo, falsedad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tarchini, Mario Ricardo c/ Pedro Maximiliano Arnedo y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-18

La falsedad es la excepción que puede oponerse a la pretensión ejecutiva fundándose en la adulteración, total o parcial, de los requisitos extrínsecos del título con el cual se pide la ejecución, siempre que no hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma del título del excepcionante.
Recursos, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Jorge y Orlando Paredes S.A. s/ apela clausura - Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Las decisiones de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno.
Accidentes de trabajo, interpretación de la ley, enfermedad accidente, indiferencia de la concausa, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GRANADOS, JORGE c/ AURELIA SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

La redacción del art 22 de la ley 23.643 (que reformó la ley 9688) reflejó la intención del legislador de reemplazar la figura de la enfermedad profesional, que había caído prácticamente en desuetudo, por la de la enfermedad accidente, en realidad, fue una creación de la jurisprudencia y la doctrina. Dicha reforma no sólo no excluyó expresamente la teoría de la indiferencia de la concausa sino que, implícitamente la admitió, precisamente en el párrafo final del inc a del art citado, al establecer la responsabilidad total del patrono en caso de agravamiento de una enfermedad causada por razones laborales.

Cuando el legislador quiso excluir la responsabilidad del empleador con relación a las causas "atribuibles al trabajador", lo dispuso así expresamente, en el art 1, 3º párrafo de la ley 24.028, al establecer el nuevo régimen de accidentes del trabajo.
Acto administrativo, leyes, presunción de legitimidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Teyma Abengoa S.A. c/ Salta, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Si bien, en principio, las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles.
Abogados, Tribunal de Ética Forense, sanciones civiles, suspensión de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEROLA, RUBEN ALFONSO. s/ SUSPENSION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-25

La suspensión provisional en la matrícula dispuesta por la Corte con base en el art. 8 de la ley 22.192 reviste carácter preventivo, y no resulta irrazonable en tanto tiende a asegurar el correcto y regular ejercicio de la procuración mediante una restricción impuesta a quienes, como consecuencia de su procesamiento, puedan ser objeto de detenciones que perturben el regular ejercicio de su actividad profesional. Ello no obsta, sin embargo, a que el tiempo de suspensión provisional sea computado a los efectos de la sanción definitiva; aceptar la tesis contraria implicaría frustrar el propósito de la ley 22.192 de limitar la potestad disciplinaria otorgada al Tribunal de Etica Forense fijando un máximo de dos años para el caso de suspensión (art. 17, inc. c).
Recurso extraordinario, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez Terán, Silvia c/ Rectificaciones Güemes s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-10

Las cuestiones de índole procesal son, como regla, ajenas al recurso extraordinario, principio al que cabe hacer excepción cuando lo decidido configura un daño grave e irreparable a derechos garantizados constitucionalmente, que deben ser alegados concretamente y demostrados por la parte interesada.
Exenciones impositivas, exenciones objetivas, LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, telecomunicaciones, servicio telefónico, servicio público, tasas, tasa municipal, espacio terrestre
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-08

Los servicios de acceso a internet, transmisión de datos y valor agregado y transporte de señales de radiodifusión, prestados por una empresa telefónica, se encuentran alcanzados por el gravamen por el uso y ocupación del suelo, subsuelo y espacio aéreo de la vía pública, ya que tales actividades no se subsumen en la categoría de "servicio público de telecomunicaciones", exigida por el art. 39 de la ley 19.798 para exceptuarlas del pago del gravamen, y la distinción entre servicio público de telecomunicación y servicio de telecomunicación no resulta contraria a la garantía de igualdad.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatori, Victorio c/ Gutiérrez López, Jorge Aníbal s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

En materia de costas el ordenamiento procesal adhiere al principio general en cuya virtud la parte vencida en el juicio debe ser condenada a pagar los gastos en que incurrió la contraria, entendiendo por parte vencida a la que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso y, desde que el vencimiento no requiere la existencia de una efectiva discusión o controversia, cuadra hablar de actor vencido cuando su pretensión es rechazada.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paolini, Eduardo Oscar y otro c/ Luz, Alberto D. y otro s/ Daños y perjuicios Romano de Martínez, Delia Noemi y otros c/ Elizande, Cándido José Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08|1995-05-11

El perito, como consultor técnico, auxilia con su ciencia, de modo que cuando va más allá de ese menester y da aviso de como ocurrió el evento, su aporte pierde eficacia, pues ni extrae la conclusión de su ciencia, ni goza de personería en el proceso para hacerlo en función de testigo, ni está habilitado para unir hechos y desprender de ellos conclusiones, ya que ésta es misión exclusiva del juzgador (arts. 457 y 474, CPCC.).
Escritos judiciales, copias, falta de firma, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: BONACORSO DE LEONE c/ FREDES s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-14

Es cierto que los escritos sin firma carecen de eficacia, no producen efecto alguno y ninguna trascendencia tiene la posterior ratificación del interesado (conforme Cámara Nacional Civil, Sala E, R. E. D. 11-380; id. Sala D, R. 1064, 12/9/83). Sin embargo si se admite que una copia glosada al expediente lo es en presentación de un escrito por el que se contesta la demanda y si no se desconoce la autenticidad de la firma inserta en la primera por la parte presentada ni la oportunidad del cargo puesto en el segundo, constituye un exceso en el orden puramente ritual, con grave detrimento a la garantía de defensa en juicio, entender que no se ha contestado la demanda por el emplazado, merced a su defecto de suscripción del ejemplar pretensamente principal.-
Acción de inconstitucionalidad, plazo, control de constitucionalidad, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sangüezo, Natalia Mabel; Cayo, Marcela Alejandra c/ Municipalidad de San José de Los Cerrillos s/ recurso de apelación Sr. Intendente de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, C.P. Gustavo Solis Monico c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-29|2019-12-09

A la luz del principio republicano de división de poderes, el pedido de informes aparece como una atribución otorgada legalmente al órgano deliberativo en ejercicio de la función de control de los actos de gobierno, y se trata de una facultad política propia del cuerpo, por lo que el Poder Judicial no puede intervenir para determinar el modo en que debe ejercerse esa atribución, siempre y cuando lo sea dentro de los límites impuestos por la Constitución. Al Poder Judicial no le corresponde juzgar acerca del acierto con que los restantes poderes ejercen potestades que les son privativas salvo arbitrariedad; ni puede salir de su esfera para entrar a revisar las facultades privativas de los otros poderes del Estado sin desnaturalizar su función específica y violar un principio básico del sistema republicano de gobierno: la división de poderes.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones del médico, riesgos quirúrgicos, fundamentación de sentencias, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DE LUCA, Marta Susana c/ MARCO, Marcelo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Cuando en la demanda sobre responsabilidad médica no se invoca la insuficiencia de información acerca de los riesgos quirúrgicos, tal cuestión, en principio, resulta ajena a la litis. De ahí que, al no haber sido propuesta al conocimiento del magistrado de primera instancia, excedería la materia sobre la que puede conocer el Tribunal de Alzada (art. 277 del Código Procesal).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Tocci, Juan Carlos s/ Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia que la Excma. Cámara al dictar sentencia omitió el tratamiento del cuerpo del delito, si el tribunal no estaba obligado a hacerlo ya que la apelación a la sentencia de primera instancia no lo cuestionaba (art. 342, C.P.P.) y sólo es mencionado por el señor defensor al final de su expresión de agravios en un párrafo dependiente de sus anteriores cuestionamientos que fueron tratados y rechazados.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Tosi, Mario Andrés; Sleidel, Daniel Ricardo s/ Lesiones culposas Figueroa, Rogelio s/ Lesiones culposas Pereyra, Dardo Aníbal s/ Lesiones culposas González, Miguel Angel s/ Lesiones culposas Asociación Empleados de Casinos Nacionales Delegación Mar del Plata s/ Denuncia Goméz, Julio Ernesto s/ Homicidio culposo Goméz, Julio Ernesto s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1998-12-01|1999-02-23|2000-02-09|2001-03-14|2002-02-19

El texto del art. 64 del Código Penal según la reforma introducida por la ley 24.316 permite aclarar, por vía de la llamada interpretación auténtica contextual (que se presenta con un ejemplo extremo de interpretación sistemática, que es de la esencia de la interpretación del derecho) el alcance del término "juicio" en el mismo nivel normativo del citado art. 67 del Código Penal en el que aparece: una cosa es la instrucción y otra el juicio, de modo que cuando se desarrolla la sola instrucción no hay juicio (pues éste no se ha "iniciado").
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana, Blanca Beatríz c/ Saborido, Diego s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-11-26

Si la actora no probó la relación de empleo con el demandado, no puede entrar a jugar la presunción sobre la existencia del contrato de trabajo contemplada en el art. 23 de la Ley 20.744.