Tratados internacionales, delitos contra la humanidad, incendio y otros estragos, montoneros
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "N.N. s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-21

El concepto de delitos contra la humanidad reconoce como antecedentes el Preámbulos de los Convenios de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de las Guerras Terrestres de 1899 y 1907), en su moderna significación se acuñó por primera vez en la Carta del Tribunal Militar Internacional que funcionó en Nüremberg. El 8 de agosto de 1945 se concluyó el Acuerdo de Londres firmado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, mediante el cual se dispuso la creación de un Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento de los criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieren localización geográfica particular (art. 1). Estos principales criminales de guerra -major war criminals- debían ser juzgados según las disposiciones del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo, que en su artículo 6° tipificó al delito de lesa humanidad en los siguientes términos: asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido realizados. El proceso de codificación de estos crímenes culminó con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Se estableció la jurisdicción del Tribunal Internacional respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional (art. 1°), entre los que se enumeró al crimen de lesa humanidad (art. 7°). Dicha norma establece: 7.1.A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2. A los efectos del párrafo 1: a) Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política. Su origen sobre esto no hay discusión- se relaciona con la dominación totalitaria y con los órganos del Estado, actuando por sí o través de individuos a ellos vinculados ("nace como respuesta a las manifestaciones más terribles del poder estatal pervertido e infractor de los derechos humanos más básicos" (del dictamen del Procurador en Derecho, René). Tanto la jurisprudencia del Tribunal de Nüremberg como la emergente de la aplicación de la Ley 10 del Consejo de Control Aliado, contemplan la actuación del Estado en contra de la población civil (v. Ambos, K y Wirth, S. El derecho actual sobre los crímenes contra la humanidad, en Temas de Derecho penal internacional y europeo, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 173).