marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, juicio ejecutivo, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: ORTIZ Y CIA S.A. c/ MASQUIJO OCTAVIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-09

La decisión de resolver la cuestión con los únicos elementos obrantes en autos, sin aportes de otros nuevos, de ninguna manera configura indefensión para las partes, que se encuentran facultadas para, entablar la pertinente acción ordinaria, cualquiera sea la solución a que se arribe en el proceso sumarial la sola invocación de excepciones enumeradas por la ley no es suficiente para abrir a prueba el juicio ejecutivo, pues la economía procesal exige que el juzgador examine los hechos y razones que apuntaban la petición, con ahorro de energías de la jurisdicción.
Procedimiento tributario, pago de tributos, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUENOS  AIRES  BUILDING  SOCIETY   S.A.  DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA. s/ IMPUESTO DE SELLOS - LETRAS DE CAMBIO SIN FECHA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-26

Aunque mayor claridad formal habría logrado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal si se hubieran dividido las cuestiones por decidir, no es dudoso que el vocal que votó en segundo término y al hacerlo no se expidió sobre aspectos que a la sazón reputó superfluos, al quedar luego su opinión en minoría y resultar necesario pronunciarse sobre los puntos omitidos, adhirió a lo expuesto sobre ellos en el primer voto. Así resulta de haber suscripto los tres jueces el dispositivo en que explícitamente se acogieron las conclusiones de quien habría iniciado la votación.

Adicionalmente el objeto que persigue la declaración de nulidad limitada a la actualización del saldo del impuesto- puede obtenerse mediante el pedido supletorio, es decir, la revocación del pronunciamiento si así correspondiera (conf. art. 253 segunda parte del Código Procesal y art. 179 de la ley 11.683 t.o. 1978 y modif.).
Prenda comercial, prenda con registro, ejecución prendaria, subasta, designación de martillero
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES  SA c/ PRIETO, MAGDALENA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-22

Con fundamento en la vigencia del principio dispositivo y en lo establecido en el cciv 1197 no corresponde al órgano jurisdiccional introducir limitación al ejercicio de la facultad de proponer el martillero pactada en el contrato prendario, en tanto no resulten incumplidos los requisitos de matriculación y no aparezca afectado de otra forma el orden público.
Cuestiones de competencia, hábeas corpus
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Freire, Jorge A. s/ rec. de casación.rec. de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

No se advierten defectos de logicidad del decisorio ni transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a los argumentos invocados mediante la acción impetrada, en tanto la resolución ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta. (Dres. Ledesma, David y Slokar).
Estado Provincial, facultades no delegadas, empleados públicos, indemnización, aplicación de la ley, ley especial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DORIGON DE KLOSTER, ADRIANA MARCELA c/ SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

En nuestro sistema federal las Provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal y poseen la plenitud normativa correspondiente a su calidad de estado autónomo, que incluye la atribución de darse sus propias instituciones y de regirse por ellas y legislar sobre la organización de su administración.

En el marco de dichas atribuciones se dictó la ley 8525 del personal que presta servicios remunerados en la Administración dependiente del Poder Ejecutivo y por otro lado, se dictó la ley 10921 de creación del Servicio de Catastro e Información Territorial, que aprobó el régimen laboral para sus empleados y en su reglamentación contempla algunas indemnizaciones mas no prevé la indemnización pretendida en autos.
Recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rieb,  Néstor Oreste (queja en autos: Sandoval, Nélida c/Rieb, Néstor Oreste). s/ Queja   por  Casación  Denegada.  Sentencia  Definitiva.  Régimen  de  Visitas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-10-22

Aún cuando no se haya acompañado en el recurso de queja la copia del depósito previo corresponde tener por cumplimentado tal requisito con la manifestación expresa del profesional en tal sentido.
Revocación de sentencia, delitos tributarios, falta de facturación, clausura del establecimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Logitex  S.A. s/ apelación ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Corresponde revocar la sentencia que dejó sin efecto la clausura dispuesta por la Dirección General Impositiva por infracción al art.

44 de la ley 11.683 fundada en que no había existido peligro de que se afectara la renta fiscal, pues las omisiones detectadas en la facturación comprometieron los valores tutelados en la norma.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen eventual, derecho electoral
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Cullen, Ivan José M. y Mayoraz, Nicolás Fernando s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Presentación amparo electoral. Medida cautelar (Expte. CSJ Nº 364- 99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-04

No puede prosperar la postulación recursiva si deja sin demostrar la conexión que ella guarda con las particularidades concretas del caso, exigencia ésta que no puede considerarse satisfecha con la enunciación genérica e indiscriminada de normas y principios constitucionales que se estiman conculcados. Más aún si a ello se suma que los impugnantes ni siquiera utilizaron el propio procedimiento estatuido por la ley 11627 (párrafo 6, artículo 2) para reparar el gravamen que les generaba el carácter de electores "impugnados" en las listas provisionales, lo que conlleva la falta de agotamiento de los medios legales tendentes a resguardar sus derechos, acarreando, asimismo, la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado.
SECLO, obligaciones del empleador, certificado de trabajo, intimación fehaciente
Materia: LABORAL
Carátula: OSPER, ANA c/ LENS EXPRESS S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

El art. 80 LCT establece, como requisito ineludible, para la procedencia de la sanción por falta de entrega del certificado de trabajo, un requerimiento previo y fehaciente que en forma alguna puede tenerse por cumplido con la demanda, ya que lo que se persigue es que la interpelación sea "previa al reclamo administrativo o judicial.
Empleo público, AFIP, ius variandi, convenios colectivos de trabajo, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Vieiro, Ana María y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

La disposición de la AFIP 327/2014 cuestionada por los actores es válida, pues encuentra sustento en el artículo 34, punto 3.3, del convenio colectivo aprobado por Laudo n° 15/91 que establece que en el supuesto de que el agente judicial sea relevado de su cartera, se le asignará el grupo inicial de la función de abogado cualquiera haya sido el nivel escalafonario alcanzado con anterioridad (Voto del juez Rosenkrantz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: El Molino S.R.L. c/ Peruch, Dante O. s/ Consignación de haberes. Añon, Luis Roberto c/ ESEBA y DEBA s/ Indemnización por enfermedad del trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-23|1997-10-07

La denuncia de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, es tema ajeno al recurso de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad extraordinario.
Honorarios del perito, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: EXPE. Nro. 38.336ENTE DE FONDOS RESIDUALES DE LOS BCOS. DE MENDOZA S.A. Y DE PREV.SOC. S.A. c/ COMPAÑIA PETROLERA S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-15

La validez constitucional de los honorarios no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca, por su complejidad o la responsabilidad profesional que comprometen.
Aborto, denuncia, médicos, derechos y garantías constitucionales, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Si la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Americana (también de Derechos Humanos) son el marco que limita a los "derechos humanos", con mayor razón también operarán para todos los derechos subjetivos. Consecuentemente no puede sorprender que se establezca -en algunos casos- el deber de denunciar aquello que ha sido confiado; precisamente, es la "justa causa" o las razones que justifican esa exigencia las que tornan a ese deber como ajustado al derecho y a la ética profesional. (Del Voto del Dr. Vigo)
Concursos, fuero de atracción, honorarios del abogado, patrocinante, subasta
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MATADERO Y FRIGORIFICO ANTARTICO  S.A. c/ DIAZ DE PALACIO, ROMANO s/ CONCURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

La quiebra no ejerce fuero de atracción en el aspecto activo de la relación procesal, por lo que la pretensión del letrado del ejecutante -hoy fallido- de obtener el cobro de sus honorarios con el producido de la subasta realizada, deberá ser resuelta por el juez de la causa, con la intervención de la sindicatura, incumbiéndole al mismo determinar la prelación de los créditos a satisfacer con el producido de la subasta.

La circunstancia que el ejecutante haya sido declarado en quiebra no modifica tal principio, pues el precio del bien rematado sólo será objeto de desapoderamiento en la porción que se asigne al cobro de su crédito.
Actos y diligencias procesales, proceso judicial, incidentes, nulidad del acto jurídico, plazo, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERCHESSI J.TACO c/ NAVARRO. s/ (LIBRO: A069 - 101)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-09-20

Si la feria judicial se encuentra habilitada,se computa el plazo para interponer el incidente de nulidad.
Seguros, concursos, efectos de la apertura, asegurador, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: REPETTO  DE  GARAVILLA,  MARIA c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Si bien la presentación en concurso de una asegurada produjo la suspensión de los intereses de un crédito reconocido mediante sentencia dictada en su contra (ley 24522 art. 19), tal solución resulta inaplicable a la aseguradora citada en garantía, a quien se hiciera extensiva la condena, pues encontrándose esta in bonis, esa extensión debe hacerse en los límites y con los alcances del contrato de seguro (ley 17418 art. 118).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, incidente de nulidad, rebeldía, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Guerra, Eusebio c/ Servitec S.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Es arbitraria la sentencia que rechazó el incidente de nulidad de lo actuado a partir de la notificación de la demanda si incurrió en un examen excesivamente formal e irrazonable de las constancias del caso, prescindiendo de elementos objetivos que debían ser ponderados con arreglo a las pautas propias del curso natural y ordinario de las relaciones humanas, como derivación propia de las reglas de la sana crítica.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido sin causa, trabajador, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ZELAYA, ANA ROSA c/ ANTONIAZZI HNOS.S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L.  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 256 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Corresponde rechazar la queja desde que toda la argumentación recursoria se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis, valoró las pruebas e interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno a la instancia extraordinaria.

En el caso, el agravio de la recurrente puede sintetizarse en la arbitrariedad del decisorio impugnado, en tanto reconoció la existencia del hecho (faltante de caja), mas sin considerar al mismo injuria grave suficiente para rescindir el contrato, es decir, la queja radica, en esencia, en la valoración que efectuaran los jueces de la causa respecto del hecho generador del distracto (art. 242 L.C.T.), desde que la Alzada entendió que el iudex a quo, al analizar prudencialmente la injuria, determinó la inexistencia de proporcionalidad entre el hecho y la sanción, atento la falta de antecedentes disciplinarios, como así la ausencia de dolo (art. 931 C.C.) e imputación de delito penal, pues el hecho cuya autoría reconoció la propia trabajadora se encuadra en una típica situación de culpa, de naturaleza inconsciente ( art. 512 C.C.), restándole virtualidad para denunciar el vínculo frente a la trayectoria de la empleada, considerando así que aquélla no vulneró los deberes de fidelidad y buena fe, al mediar absoluta sinceridad al asumir personalmente la responsabilidad por el faltante.
Delitos contra el honor, calumnias, injurias, derecho al honor, daño resarcible
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. E. c/ B., M. L. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-08-28

El Código Civil en su art. 1089 contempla las consecuencias resarcitorias de injurias y calumnias, comprendiendo las injurias todo atentado contra el honor sea considerado en su aspecto subjetivo cuanto objetivo. En tal sentido, expresa R. D. Pizarro que se comete injuria cuando se deshonra, desacredita o menosprecia a una persona, mediante palabra oral o escrita, gestos, dibujos, representaciones, difusiones, o cualquier otro medio.

Deshonrar es "ofender a una persona mediante una referencia hiriente. Importa una conducta lesiva de la autovaloración y, en muchos supuestos, es independiente de que lo imputado sea o no verdadero.

Desacreditar, en cambio, significa "tratar de restar crédito y reputación" a una persona, lo que pone de manifiesto que el bien jurídicamente protegido (y lesionado) es el honor en su sentido objetivo. Para que este último ilícito se produzca basta con que la acción tenga idoneidad para poner en peligro la reputación de una persona, sin que sea necesario que efectivamente la alcance".
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, tarifa de servicios públicos, servicio público, teléfono, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones - resol. 2926/99 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-31

Es formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que -al admitir la presentación del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires- dejó sin efecto la resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que autorizó el cobro del servicio de informaciones a los usuarios del servicio telefónico, pues se ha puesto en cuestión la validez de un acto de la autoridad nacional y la decisión final del pleito ha sido contraria a ella (art. 14, inc. 1°, ley 48).
Libros de comercio, estados contables, omisión de registración de operaciones, transporte de carga sin respaldo documental, apreciación de la prueba, deber de llevar contabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: PESCE, JUAN CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

La omisión de la registraron de un hecho existente (v.gr.: Un determinado pasivo) o la registraron de un hecho inexistente (v. gr:

cierto activo), constituiría en "directamente" ilícita la contabilidad de que se trate, pues ella no satisfaría la exigencia del C.COM.

art. 43, según la cual de la contabilidad debe resultar "un cuadro verídico" de los negocios. Igual ocurriría con la registraron de una partida por valor distinto del real (exageración de un activo o disminución de un pasivo).
Explotación sexual, niños, niñas y adolescentes
Materia: PENAL
Carátula: Morales Mamani, Marcela Gladys c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-18

La circunstancia de que la menor haya ido al cine con la imputada en alguna oportunidad o que saliera de su domicilio para cumplir con las demás tareas laborales que le eran impuestas (en el puesto de flores y al hacer las compras), que no haya sido encontrada en estado de desnutrición y que la imputada goce de buen concepto vecinal no obstan a la configuración del delito por el cual la encartada fue condenada.
Personas jurídicas, representación procesal, personería, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY c/ QUERO JUAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-12-05

Las personas jurídicas no pueden ejercer la procuración, la representación en juicio sólo puede ser ejercida por las personas de existencia visible, profesionales a la sazón, que mencionan las leyes locales que regulan el ejercicio de la abogacía y la procuración, todo lo cual significa que, salvo el caso de la representación legal, nadie puede en los tribunales locales actuar en justicia en nombre y representación de otro sin ser abogado o procurador de la matrícula. Por lo tanto no puede actuar ante los tribunales un abogado que se presenta en nombre y representación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pretendiendo justificar tal personería adjuntando copia juramentada de sustitución de poder especial otorgada a su favor por una persona jurídica, firma que a su vez lo recibiera del mencionado municipio, ya que las autoridades comunales no pueden acordar facultades correspondientes a las de los procuradores judiciales a una persona jurídica, que como tal, no reúne las exigencias previstas por la legislación provincial. En consecuencia, dicho poder resulta manifiestamente insuficiente para que la sociedad actúe judicialmente en nombre y representación de la Municipalidad, tal carencia no puede ser subsanada a través de una sustitución del mismo, poder especial, a un profesional letrado, por una razón elemental, la sociedad no puede conferir facultades ínsitas a una posición jurídica que no ostenta.-
Juicio correccional, notificación, falta de notificación, fiscales, intervención fiscal, nulidad procesal, nulidad de sentencia, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: BALOI, M s/ JUICIO  CORRECCIONAL. OMISION NOTIFICACION FISCAL. NULIDAD SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

La omisión en el juicio correccional de notificar al fiscal las diligencias de prueba afecta el derecho de concurrir a las diligencias de prueba acordadas y de intervenir en ellas, comprometiendo seriamente la garantía del debido proceso.

No suple la omisión señalada la actividad plena en el período probatorio de la parte querellante, pues la actuación del fiscal representa al interés de la sociedad toda y no puede verse cabalmente interpretada por la actuación del particular damnificado;

correspondiendo dictar la nulidad de todo lo actuado a partir del mencionado vicio, incluyendo la sentencia recurrida.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defensa en juicio, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Moltedo, Eduardo Guillermo c/ Municipalidad de Pinamar s/ competencia - demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Es descalificable la sentencia que, sin dar argumento alguno que lo justifique, se aparta de la doctrina de la Corte según la cual las cuestiones de competencia tienden a proteger a los litigantes a fin de asegurar la mayor eficiencia y celeridad de las decisiones judiciales, y si para ello es indispensable remover los obstáculos que puedan encontrar los jueces para desempeñar eficazmente sus funciones, no caben interpretaciones que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que se instrumentan para alcanzar dicha finalidad, que a ésta en sí misma.
Empleados públicos, relación de dependencia, derechos adquiridos, cargo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARQUEZ, LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 49-90) ROSSI, GUIDO MARTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 473-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29|1996-10-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función sino, un derecho al cargo presupuestario.

Esta doctrina surge de la armónica interpretación del artículo 14 nuevo frente a los artículos 67, inciso 17 y 86, inciso 10, de la Constitución Nacional. En síntesis, la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: GASCUE, Sonia Andrea c/ TRANSPORTE SERRANO S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-24

El transporte benévolo no origina una responsabilidad menos plena, como para permitir una reducción automática de la indemnización. Por el contrario, deben apreciarse en cada caso las circunstancias que rodearon al suceso. Tampoco basta para sustentar la disminución del monto del resarcimiento la previsión del segundo párrafo del art. 1069 del Código Civil, pues aunque esta norma impere también en supuestos de transporte benévolo, sólo resulta aplicable si se presentan las circunstancias contempladas en ella, que tiene en miras la situación económica de las partes y no la gratuidad de la prestación.-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Valle  Gonzalo,  Crescente  Carmelo c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Por asunto o causa civil debe entenderse aquél para cuya decisión resultan sustancialmente aplicables disposiciones del derecho común emanado del Congreso Nacional de acuerdo a la competencia legislativa que le asigna el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.