marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Funes, Ricardo D. c/ Mosqueira, Abel y ot. s/ Resolución contractual y daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

La decisión de la Cámara que ordena practicar regulación provisoria en el mínimo de la escala del art. 53 de la ley 8904 y declara que la consideración de las cláusulas del convenio de honorarios es prematura, pudiendo hacerse valer en oportunidad de pretender cobrar los honorarios regulados, no reviste carácter de definitiva en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Organismos previsionales, gastos del proceso, costas, abogados, honorarios, regulación de honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: VITALE, PEDRO OSCAR c/ A.N.Se.S s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-04

La ley de 23.489 previó un sistema para hacer frente a las eventuales costas y gastos causídicos a soportar por el organismo previsional, y dispuso la formación de un fondo de reserva que se integraría con los honorarios de los letrados, por lo que las obligaciones a sufragarse con dicho fondo no resultan incluidas en la ley 23.982. En razón de ello, resulta ajustado a derecho la tesis del apelante en cuanto afirma que la A.N.Se.S no puede negarse válidamente a cancelar los honorarios profesionales regulados a su favor, habida cuenta que dicho organismo sólo reviste la calidad de administrador de las referidas cuentas, cuya fiscalización la ley expresamente defiere a los propios beneficiarios. Lo contrario implicaría por parte del organismo previsional un indebido enriquecimiento sin causa, el que no es tolerado por nuestro derecho positivo.
Competencia, competencia por la materia, competencia comercial, mutuo comercial, cobro de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES c/ FERNANDEZ,  JOSE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-08

Del Dictamen Fiscal:

Es competente la justicia comercial para entender en una demanda interpuesta por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por la que persigue el cobro de una suma dineraria en virtud de un supuesto incumplimiento del pago de cuentas con retención de haberes atribuido al defendido, referidas a cierto préstamo personal otorgado por la unión de empleados de la justicia nacional en virtud del convenio celebrado con la entidad crediticia. Ello pues, atento el carácter de derecho común que reviste la relación habida entre las partes, obsta la aplicación del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arts. 1 y 2, pues independientemente del carácter que pueda revestir el banco ejecutante, lo reclamado no se encuentra enmarcado en el ámbito de aplicación de las potestades publicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
Delitos contra el honor, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, competencia
Materia: PENAL
Carátula: BORDON, Carlos Rubén y VACAFLOR, Horacio c/ BORDON, Juan Horacio s/ QUERELLA CRIMINAL y ACCION CIVIL  RESARCITORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-06

En primer término, en orden al control formal de admisibilidad que le cabe a LA Camara de Acusación, conforme lo previsto por el art. 454 del C.P.P, debo señalar que tratándose la causa en cuestión de una Querella Privada por el delito de Calumnias e Injurias debe declararse mal concedido el recurso de apelación toda vez que además de surgir evidente lo erróneo de la vía impugnativa intentada, no resulta la Cámara de Acusación competente para entender como Tribunal de Alzada en los casos tramitados por ante el Juzgado Correccional en dicha calidad, en virtud de las previsiones del art. 24 del C.P.P. que expresamente establece en sus tres incisos la competencia acotada y especial de este tribunal de apelación.

Por tanto, y teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales son recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley conforme lo prevé el art. 443 del C.P.P., normativa que debe conjugarse con las previsiones del art. 459 del C.P.P. que establece que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones de los jueces de instrucción formal y de menores, siempre que expresamente sean declaradas apelables o causen un gravamen irreparable, supuestos que no se encuentran configurado en el caso analizado.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A.P.I.E.F.I. S.A. c/ Casa Sferra S.C.A. s/ Quiebra/ revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-07

Respecto al conocimiento por parte del tercero contratante del estado de cesación de pagos, no cabe duda que es difícil acreditar fehacientemente que el tercero conoce aquella circunstancia, pues se trata de evaluar una situación subjetiva. Se requiere una prueba suficientemente idónea y una cabal apreciación de los hechos presuncionales que deben ser graves, precisos y concordantes; para ello deberá tenerse en consideración el detenido estudio de los hechos reveladores del estado de cesación de pagos.
Prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Berón, C. O. - Berón, G. B. s/ Homicidio - Juicio Oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-06

Normalmente una confesión se presume sincera si se presta o recibe en condiciones regulares. Se requiere una razón grave para que una persona sana de mente y consciente de sus declaraciones se reconozca culpable sin motivo; no es natural mentir en contra de uno y resulta contrario al instinto de conservación el acusarse falsamente.
Ejecución de sentencia, renta vitalicia previsional, recurso extraordinario, caución real
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "WOLHEIN,  DELIA c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. yotro s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-18

Tratandose de una renta vitalicia previsional pactada en dólares estadounidenses, corresponde fijar como caución real el depósito judicial del monto devengado en concepto de retroactivo, el que deberá ser depositado ante el juzgado de origen. (Del voto del Dr. Poclava Lafuente al que adhiere el Dr. Fasciolo).
Aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Provincia del Chubut c/ C. C.; N. J. F.; B. W. D. y T. A. C. s/ Robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda en grado de tentativa s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-13

Si acaso la nueva ley derogara un recurso contemplado antes, que favorezca al imputado, si se acortara el plazo para ejecutar un acto procesal que otrora fuera alongado, si se abrogaran los modos de caución o se sancionara un nuevo sistema de libertad probatorio que cambiara la libertad provisional que goza, allí resultaría razonable aplicar la excepción (retroactividad de la ley penal).
Costas, honorarios del abogado
Materia: PENAL
Carátula: Muñóz, Juan José s/ Estafa en grado de tentativa y hurto todos en concurso material
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-19

Es del caso señalar que, en modo alguno, el declarar las costas de oficio significa -en este supuesto- liberar al encartado del pago de los honorarios que por derecho corresponde percibir al letrado.

Simplemente se libera al procesado de los gastos causídicos ocasionados por el trámite en lo que respecta a la labor jurisdiccional en la incidencia de la prescripción de la acción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Firpo, Jorge Roberto y otro s/ Extorsión en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

Tratándose de un caso concreto de violación de la doctrina legal constituiría exceso ritual tener por insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa esgrimiera por toda fundamentación la transcripción de antecedentes jurisprudenciales y la cita de autores de doctrina que avalarían su postura.
Locación de inmuebles, convenio de desocupación, instrumentos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: BARCESSAT, JORGE SIMON c/ VERA, MARIO ENRIQUE s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

El convenio de desocupación cuyas firmas han sido certificadas por escribano público, constituye un instrumento público cuyas constancias hacen plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil y comercial (arts. 979 inc. 2, 993 y cc. del Cód.

Civil), por lo que corresponde que sea homologado.
Contrato de trabajo, trabajo insalubre, declaración de insalubridad, aplicación de la ley previsional
Materia: LABORAL
Carátula: Escalera, Orlando c/ Aceros Zapla S.A. s/ Diferencias de Salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

La declaración de la Dirección Provincial de Trabajo de la Provincia de Jujuy mediante Resolución N° 161/2001 en el sentido de que una tarea es penosa, riesgosa y/o determinante de vejez o agotamiento prematuro, dirigida a regir el ámbito previsional en los términos del decreto 4.257/68, no se aplica como declaración de insalubridad en el marco del artículo 200 L.C.T.
Personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración, operadores de equipos pesados, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANDEREGGEN RUBEN ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- RECURSO EXTRAORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 487 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

Que el agente deje de percibir el suplemento establecido en el artículo 64 de la ley 9286 (Anexo II), a raíz de que deja de desarrollar las tareas que dan derecho a su percepción, no constituy e un dato que, por sí mismo, implique la violación al derecho de estabilidad del empleado.
Apropiación indebida de tributos, aportes a obras sociales
Materia: PENAL
Carátula: Power S.A.I.C.F. e I. s/ recurso de casación. Causa: 1169
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

Si bien la remuneración de los trabajadores se integra con diversos conceptos, uno de los cuales es el denominado "aporte", este no es en realidad cobrado por el empleado, ya que el empleador en su carácter de agente de retención descuenta el monto de ese aporte y lo ingresa donde corresponda. Surge entonces el accionar ilícito "cuando el empleador, en su carácter de agente de retención de aportes, y habiendo mantenido en su bolsillo el monto que correspondía pagar a su empleado pero que amputó por mandato de la ley, no ingresa el dinero al sistema pertinente". En base a lo dicho, corresponde confirmar el criterio sentado en cuanto a que no puede afirmarse, sin riesgo de ampliar indebidamente el tipo de la norma en cuestión (art.

18 de la C.N.), que la conducta investigada encuentre adecuación típica en el artículo 173, inciso 2°, del código de fondo. (Voto Dr.

Hornos)
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: LEON, OSVALDO JULIO c/ CHEVALLIER S.A. TRANSPORTES AUTOMOTORES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Si bien es cierto que para fijar el quántum resarcitorio por incapacidad sobreviniente debe analizarse los aspectos de la vida de relación de la víctima, no corresponde evaluar la posición económica que la misma tiene ya que en definitiva quien ha sido víctima de un hecho ilícito en cuya producción no ha sido declarado culpable, tiene derecho a recibir una justa y equitativa indemnización, -independientemente de que se trata de una persona de altos recursos económico, de un obrero o de un jubilado-. Lo que si se tendrá en cuenta, evidentemente, es la edad, sexo, estado civil, etc. y serán esos parámetro los que harán variar la suma otorgada en concepto de resarcimiento.
Hábeas data, banco de datos, información crediticia, información errónea o desactualizada, responsabilidad del banco, rectificación del error
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MONTINI, Roberto R.L. c/ DINERS CLUB ARGENTINA SACT. s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Si bien es cierto que el responsable del tratamiento de datos -esto es, la persona física o de existencia ideal que es titular de un archivo o registro, base o banco de datos- tiene una obligación personal o directa de preservar la calidad de los que almacena y por tal razón debe realizar las diligencias apropiadas y exigibles -v. gr. verificar la exactitud y actualidad de la información-, carece de facultades para modificar, revisar o alterar la información que le fue suministrada por fuentes oficiales o por un tercero. Menos aún las tiene para dirimir las controversias que deben ventilarse y dirimirse en el Poder Judicial ante los tribunales competentes y por la vía pertinente.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, asistencia psicológica, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: CASCUDO, Carlos María c/ ROMANO, Héctor Gregorio y otros s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

El hecho de que los accionantes cuenten con una obra social, no significa necesariamente que ésta cubrirá el costo de la psicoterapia, por cuanto, además de que no todas brindan esa prestación, no puede desconocerse el derecho de los damnificados a elegir el profesional con el que pretenden atenderse, debiendo, los obligados, en principio, satisfacer los costos respectivos, en la medida en que éstos sean razonables.-
Mediación, intermediación de servicios, mediación obligatoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: Organización AC SA c/ Amancay SAICAFI s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-26

Corresponde revocar la resolución que rechazó la demanda por haber caducado el trámite de mediación previa, por haber transcurrido el plazo de un año que prevé la ley 26589: 51, desde su realización. Ello así, pues dicha postura importa un exceso de rigorismo que atenta contra principios legales, cuya finalidad no es otra que acelerar la decisión de ciertos conflictos (CNCom, Sala B, in re "Remolques del Oeste SRL c/ Helvética SA s/ Ordinario" del 5/10/16, idem Sala F, in re "Euro RSCG SA C/ First South American Investments SA s/ Ordinario" del 7/10/10).

Disponer el rechazo de la demanda obligaría a la parte a iniciar un nuevo procedimiento de mediación y la consecuente demanda posterior, cuando el ya realizado no tuvo una favorable recepción ni evitó la promoción de la acción judicial. En casos donde la mediación anterior fracasó en el intento de conciliar a las partes y evitar la promoción de la acción judicial, la reedición de ese trámite, importaría la realización de un acto ocioso, máxime ante la posibilidad de que las partes arriben a un acuerdo que finalice el juicio, ya sea en forma extrajudicial o mediante la proposición de diversas alternativas conclusivas en la oportunidad prevista en el CPR 360.

Esta postura busca evitar un dispendio jurisdiccional y conducir a una más ágil conclusión del juicio, con los consecuentes beneficios para la administración de justicia, los demás justiciables y las propias partes (CNCom, Sala B in re "Petrolera Argentina SA c/ GM Netcom Argentina s/ ordinario" del 31-10-06; id Sala D, 26-4-04, in re "Diners Club Argentina SAC c/ Pont Alberto s/ ordinario" del 24-4-2004). Voto del Dr. Barreiro:.

El rechazo in limine de la demanda con base en la previsión de la ley 26589: 51 constituye un excesivo rigor formal (conf. Sala "F", in re "Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales SRL c/ Detall SA s/ ordinario; del 25/10/16; ídem in re, "Asociart SA ART c/ HS Digitales SRL s/ ordinario", del 1/11/16, entre muchos otros).

Disidencia de la Dra. Ballerini:.

Considerando que se produjo la caducidad por no haberse iniciado el trámite judicial dentro del año que postula la norma, resulta necesario realizar una nueva mediación, en tanto la ley 24573: 1 instituye con carácter obligatorio su realización previa a todo juicio, con la finalidad de promover la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia, y la asignación al Tribunal allí consignado remitiendo el Juez interviniente en primer término las actuaciones archivadas para su ulterior tramitación.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D Ambrosio Pedro Roberto c/ Gallardo Adrian Javier s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

El rubro "gastos médicos y de farmacia" -a lo que cabe agregar las erogaciones derivadas de los traslados que ha debido procurarse la víctima- comprende aquellos gastos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica del damnificado, siendo su resarcibilidad expresamente consagrada por el art. 1086 del Código Civil; y no resultando necesaria la prueba acabada de su existencia, cuando su evidencia resulta de la naturaleza de las lesiones sufridas o de informes de historias clínicas emitidas por establecimientos hospitalarios y asistenciales.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, empleados públicos, cargo, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Yaggi, Baciliza Santamaría de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 77 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-26

El sistema de movilidad en base a coeficientes no autoriza en modo alguno a desvincular completamente, para la determinación del haber, el cargo desempeñado en actividad, en tanto sigan correspondiendo a éste similares funciones. En este orden, la Corte local ha insistido en que el contenido económico del cargo debe ser el mismo tanto para los empleados en actividad como para los pasivos, si éstos desarrollaron iguales funciones a las que desempeñan los primeros, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las previsiones normativas en punto a la movilidad y los principios vinculados a la igualdad de remuneraciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Guilmen, Ramón Armando s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desarrolla su argumentación con serios desórdenes de expresión que hacen aparecer al escrito en estudio como una especie de yuxtaposición de denuncias, opiniones, generalizaciones, transcripciones y disquisiciones, en medio de las cuales resulta difícil encontrar un hilo conductor, un aglutinante lógico.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telecomunicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Balbuena, Gabriel Darío c/ INTERPHONE   S.A.  y otro s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

La apelante -licenciataria de la prestación de servicios de comunicaciones- tiene como actividad efectiva dicha prestación, "gestionando la venta de esos servicios por sí y a través de terceros". Cuando, como en el caso, se vale de agentes para la contratación de los servicios que presta, la comercialización de éstos, configura la "unidad técnica de ejecución" -esto es, la cesión parcial de la explotación- entre ella y los agentes, que, según los alcances otorgados en el mencionado leading case al artículo 30 L.C.T., hacen operativa la responsabilidad solidaria, en los supuestos de tercerización, del empresario principal (esta Sala en "Glasman, Luis B. v. GRB S.R.L. y otro"; S.D. 28012, del 23.06.99.; "Dorado Cardoso, Mauro v. Soni Tel S.R.L. y otro"; S.D. 31436. del 29.08.03, entre otros).
Nulidad de matrimonio, causales de nulidad de matrimonio, impotencia, mala fe, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: T. DE N.N.B. c/ N.J.V. s/ NULIDAD DE MATRIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-02

Pretendida la nulidad de matrimonio por impotencia del marido, para que sea considerado de mala fe ésta debe demostrarse, vale decir que el cónyuge impotente, y por tanto, que causó la invalidación conocía el defecto al contraer matrimonio, pues bien puede ocurrir que tal defecto se ponga de manifiesto con motivo del acto jurídico.

Esta debe considerarse una directiva importante en el juego de las relaciones humanas en general y, en particular, en las que provienen del matrimonio, la cual no se aparta de tal esquema básico. Esta orientación principista reconoce la necesaria comprensión cuando a través de los hechos acreditados en el proceso, los antecedentes de la causa y las circunstancias que rodearon la vinculación matrimonial se asoma incontrovertiblemente la posibilidad cierta de ese conocimiento, tal el caso del bígamo que volvió a casarse sin elementos que le permitieran desconocer su estado anterior, lo que no es más que atender a uno de los principios recogidos en el ordenamiento procesal, el de las presunciones graves, precisas y concordantes.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Castillo de Montenegro, Jorge Rolando y otros c/ Tecniser  SRL.  y Gas del Estado - Sociedad del Estado s/ demanda laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Importa negar el principio de onerosidad de los servicios estatuido por el art. 3) de la ley 21.839, excluir los intereses de la condena, al determinar el monto del juicio a los fines de regular los honorarios del abogado.
Pena, cómputo de la pena, prisión preventiva, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Casal Muñiz, Pedro Andrés s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-03

Corresponde equiparar el cómputo de la prisión preventiva del  art. 24 del C.P., pues al margen de advertir hoy derogadas las diferencias que pudieron existir entre una y otra especie de pena, y hasta su necesaria equiparación a los fines de la ejecución penitenciaria, lo cierto es que el fiel respeto a la Constitución Nacional impone también adoptar este temperamento, sin que para ello resulte necesario acreditar violación alguna, pues de ser así, no se estaría sino consagrando la restricción constitucional que se pretende evitar. (Voto del Dr. Hornos, adhiere el Dr. Mitchell, Dr. Rodríguez Basavilbaso en disidencia).