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Acción de amparo, admisibilidad del recurso, existencia de otras vías, agotamiento de la instancia administrativa, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, gravamen actual, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: J.C. Taxi S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-04

De acuerdo a la normativa constitucional, el amparo cabe siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, sin que el agotamiento previo de la vía administrativa resulte requisito para su procedencia (conf. art. 14 de la CCBA). En cuanto a la idoneidad del medio escogido, ella concurrirá siempre que la situación traída a juicio (acto u omisión de una autoridad pública o de un particular) resulte susceptible de ser calificado como manifiestamente ilegal o arbitrario y ocasione, asimismo, una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente, de los derechos y garantías a que alude la norma antes citada. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Balbín)
Escribanos públicos, Constitución Nacional, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MALIA MARZEL s/ RECURSO   EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  INCONSTITUCIONALIDAD  DE  NORMAS Y ACTOS NACIONALES - ESCRIBANO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-25

La restricción dispuesta por el art. 4, inc. d), de la ley 12.990, que excluye de la función notarial, entre otros, a los condenados penalmente, guarda debida proporción con el fin perseguido y la protección de la fe pública, y no aparece como irrazonable.
Partidos políticos, representación política
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Conservador Popular - orden nacional - s/ inscripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La constitución, autoridades y cuerpos orgánicos de los partidos políticos deben ser transparente expresión de representatividad a la vez que una clara manifestación programática de las corrientes de opinión que fluyan en el seno de tales agrupaciones.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Palomo, María Alicia. c/ Estado Nacional. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

El hecho fue cometido por el Ayudante de la Policía Federal Argentina con su arma reglamentaria, provista por la institución y respecto de la cual incumbe al agente el deber de portarla aun cuando no se halle cumpliendo servicios. Y según lo decidido en la causa penal -que proyecta en este proceso el influjo que deriva de lo que establece el art. 1102 del Código Civil-, cabe atribuir a aquél la disvaliosa conducta de haber manipulado en forma "desmañada, imprudente e imperita", un arma que sabía o debía saber que tenía defectuoso uno de sus seguros, el martillo montado y, además, una bala en la recámara, circunstancias que se debe ponderar a los efectos de resolver sobre la responsabilidad del Estado en asuntos como el sub lite. En tales condiciones, aun cuando obviamente el acto ilícito no fue cometido dentro de los límites específicos de la función propia del cargo ya que en el momento del suceso Marcos estaba "franco de servicio" existió entre su obrar culposo y la función la "razonable relación" que torna imputables al Estado las consecuencias dañosas de aquella conducta. Y si bien el concepto de "razonable relación" encierra en cierto modo una petición de principios, proporciona una herramienta útil para aclarar la ubicación de situaciones como la que aquí se juzga
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, falta de legitimación para obrar, cónyuge separado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: AGUERO DE RIGANELLI c/ CORVI, ALEJANDRO HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Si quien reclama por el fallecimiento de su cónyuge a raíz de un hecho ilícito no manifestó en la demanda cuál era su concreta situación conyugal y recién en la oportunidad de absolver posiciones admitió que se encontraba separada de hecho desde hacía unos diez años, el ocultamiento de este hecho al deducir su pretensión, constituye sorpresa o abuso por parte de la actora e importa la violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesales, que son una especie del principio genérico de la buena fe en el ejercicio de las relaciones jurídicas. Al actuar de esa manera ha impedido a la contraría ejercer eficazmente su derecho de defensa en juicio, privándola de proponer los medios probatorios tendientes a acreditar que los cónyuges se encontraban separados y la víctima no realizaba aportaciones económicos de trascendencia. Esta conducta reprochable debe volverse en contra de quien la ha obrado. Así, conjugando tal afirmación con otras circunstancias que hacen presumir que no mantenían trato frecuente, no es posible considerar a la accionante comprendida en la presunción del daño del art. 1084 Cód. Civ., debiendo probarlo en su calidad de damnificada indirecta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1079 del Código citado.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, proceso penal, prisión preventiva, sentencia absolutoria, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Cejas, Roberto c/ Estado Nacional s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

No corresponde habilitar la instancia extraordinaria, si el recurrente no efectuó una crítica concreta y razonada de la afirmación formulada por la sentencia apelada, según la cual, atento la raigambre constitucional que tendría la prisión preventiva, la sola circunstancia de haber sido absuelto en la causa no basta para responsabilizar al Estado Nacional por los daños sufridos por el procesado durante el término de su detención.
Litisconsorcio, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Schultz, Guillermo Alberto y otra c/ Suárez, Oscar Melitón y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

En los casos de litisconsorcio y en punto a la distribución de las costas, los actores habrán de responder, proporcionalmente, en la medida de sus reclamos individuales (art. 75, C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, responsabilidad penal, facilitación de evasión
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: VEGA, FABIO ANTONIO c/  s/ COHECHO Y FAVORECIMIENTO DOLOSO DE LA EVASION EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

La presente queja no ha de prosperar, desde que la Alzada brindó argumentos suficientes para desestimar todos los planteos defensivos efectuados en torno a las declaraciones del imputado y las causales de justificación que éste alegaba; y para confirmar su responsabilidad penal respecto del delito de favorecimiento de evasión analizó la conducta desplegada por aquél, descartando la configuración de legítima defensa y el eximente previsto en el artículo 34 inciso 2 del Código Penal con fundamentos legales suficientes y motivando su decisión en que un funcionario de la jerarquía, funciones y antigüedad del imputado (como máxima autoridad en la Alcaidía) tendría que estar preparado para lidiar y responder de una manera sustancialmente distinta a la que en definitiva procedió, liberando a un detenido.
Actos posesorios, consumación del delito
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Márquez, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-05

El poder que alguien tenga de destruir una cosa en modo alguno denota necesariamente su posesión, como tampoco la posibilidad de tomarla y arrojarla. Para que tales actos puedan ser considerados "posesorios" habrá que afirmar, previamente, que la cosa estaba sometida a la voluntad del agente, esto es, que él podía comportarse respecto de ella como su propietario. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Demanda, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Valenzuela, Segundo s/ Sucesión -Incidente de Rendición de Cuentas-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-02-04

"La falta de copias con el escrito de representación de la demanda no autoriza la aplicación del artículo 120 del Código Procesal, pues aquéllas deben acompañarse en oportunidad de notificarse el correspondiente traslado".
Sucesiones, competencia por el territorio
Materia: CIVIL
Carátula: ILLESCA HORACIO PETRONILO c/  s/ SUCESION AB INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-09-26

El último domicilio del causante es el que ha de fijar la competencia territorial de los jueces en materia sucesoria, principio objetivo receptado en los arts. 90 inc. 7 y 3284 primer párrafo del Código Civil (y que en similares términos reitera el art. 2336 primer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación). Para la determinación de ésta, el domicilio del causante es el que figura en el acta de defunción siempre y cuando coincida con el lugar de fallecimiento (o se encuentre próximo al mismo).
Alquileres, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ocampo Pedro J. c/ Retamal Rodolfo M. y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-31

A la denunciada violación del artículo 1609 del Código Civil en base a que de acuerdo a esta norma, de que el actor solo se encontraba legitimado para reclamar daños por la supuesta retención indebida y no alquileres, tal agravio aparece desprovisto de fundamentación suficiente tendiente a desvirtuar el argumento sentencial de la Cámara al sostener esta que "si el locatario continuó acupando el inmueble, natural es que subsista la obligación de pagar alquileres -como resarcimiento- hasta el momento de la desocupación, ya que se trata de la simpe contraprestación por el uso y goce de la cosa, y mientras no medie pronunciamiento judicial, la relación contractual perdura y debe ser cumpida en los términos estipulados". Deviene insuficiente el agravio dado que la Alzada entendió que la referencia condenatoria a los alquileres impagos lo era a título de resarcimiento, es decir, precisamente de daños y perjuicios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Laborde, Jorge Luis s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Es insuficiente el agravio relativo a la violación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal, si, más allá de la posibilidad de denunciar su quebranto en esta sede, lo cierto es que la situación que esta norma regula no fue padecida por el tribunal, el que adquirió certeza a través de la prueba pericial.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, honorarios del abogado
Materia: Procesal
Carátula: León, Victor Hugo c/ Empresa de Transporte Didier García Asociados s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-08-12

Si bien es jurisprudencia sostenida de este Cuerpo, que lo atinente a las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias, así como la determinación de las bases computables a tal efecto y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son, como principio, en razón de su carácter fáctico y procesal insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria, como excepción se ha admitido formalmente la vía recursiva casatoria cuando mediante argumentos serios se ataca la fundamentación del decisorio, o media variación sustancial entre los montos fijados en la primera y segunda instancia y no resultan claras las bases fácticas y normativas que apoyan la variación y ello sin que la declaración de admisibilidad liminar, suponga prevenir la opinión sobre la procedencia del recurso.
Doctrina legal, liquidación de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cohen, Amanda Sara y otro c/ Asset, Patricia Mónica y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

La doctrina legal a que se refieren los arts. 278 y 279 del Código Civil y Comercial es la que emana de los fallos de esta Corte, y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación.(doctora Kogan, sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrero, Alejandra Mónica c/ Melian, Juan Manuel s/ Indemnización. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto es inadmisible, desde que no basta -como lo hace el recurrente- con afirmar la existencia de violación de la doctrina legal para encuadrar el caso dentro de la excepción prevista por el artículo 55 del decreto ley 7718, si del escrito de interposición del recurso no surge concretamente cuál sería dicha doctrina. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación, recusación con causa, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANGEBA SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA  -  INCIDENTE  DE  EXTENSION  DE  QUIEBRA  POR  ROBLES  NORA-  INCIDENTE DE RECUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

No puede considerarse causal de recusación en los términos del Código Procesal: 17-10 el dictado de medidas precautorias contra el peticionante de aquellas a pedido del síndico o la resolución de incidentes producidos durante el desarrollo del proceso.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: LEGONE, Domingo Andrés s/ Robo y hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Asiste razón en su repulsa a que se computen como reflejo de proclividad delictiva los mismos hechos que se están juzgando.-
Traba del embargo, nulidad procesal, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: SAGREDO, EMILIO. s/ NULIDAD PROCESAL. NOTIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-15

Es NULO el auto que ordena se trabe embargo sobre bienes del procesado por considerarlo "prima facie" autor responsable de un ilícito, por no haberse dictado juntamente la orden de prisión preventiva, en un caso donde no se da la medida de excepción por razones de urgencia previsto en la última parte del art. 411 C.P.C En efecto, la omisión del dictado de la prisión preventiva priva al procesado de su derecho a que la alzada controle los motivos que la fundamentaron, requisito indispensable atento lo dispuesto en el art 367 C.P.C.

El dictado de esa medida cautelar no sólo es acto procesal que legitima la detención del encausado, sino que es el acto jurisdiccional por el cual el Juez instructor fundamenta la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado, sin el cual se llegaría a la etapa del plenario sin siquiera una mínima evaluación de las probanzas del proceso.- Por otra parte su dictado también es necesario a los efectos de computar el tiempo por el cual eventualmente se lo condenaría a una pena de privación de la libertad.
Leyes, constitucionalidad, Municipalidad, remuneración, paritarias, ingresos públicos, crisis económica, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

En lo que respecta al análisis de constitucionalidad del artículo 78 de la Ley 9286 (Anexo II) -cuya inconstitucionalidad plantea la demandada-, podemos decir que la misma consigna que la asignaciones de las categorías comprendidas entre la uno y la veinticuatro, ambas inclusive, serán las que resulten de aplicar sobre la de la categoría uno -fijada por política salarial- los coeficientes que para cada una de ellas se indican en el citado artículo, y en el sub judice, el limitado período en el cual se reconoce aplicable el artículo 78 cuestionado (febrero de 1984 a diciembre de 1986), autoriza a afirmar que tal aplicación no puede poner en riesgo la subsistencia del municipio, sin perjuicio, además, de que los mecanismos de consolidación de deudas -a los que adhirió la Municipalidad- pueden preservarla, por la elasticidad de los respectivos plazos de pago, de la fractura financiera aludida por la demanda. Tal circunstancia, por sí sola, podrá no ser suficiente a los fines de privar a la Corte de la posibilidad de ejercer el alto cometido de examinar la constitucionalidad de las leyes, pero es indudable que constituye un aspecto importante a la hora de analizar el efectivo impacto que su aplicación puede producir en orden a la subsistencia del municipio como entidad con vida propia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fiscal de Cámara
Materia: PENAL
Carátula: Amirebole, Eduardo Mario s/ Homicidio en ocasión de robo - Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Es inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal de cámaras si el agente fiscal consintió la condena originaria a pena de prisión (art. 342 -n.a.- C.P.P.).
Regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, plazo legal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., I.I. c/ H., B. s/ Ordinario -Divorcio Vincular-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-15

El artículo 244, in-fine del CPr., establece que toda regulación de honorarios será apelable y que el recurso deberá interponerse y podrá fundarse dentro de los cinco días de la notificación.

Ello significa que en el mismo acto procesal debe plantearse el recurso de apelación y en su caso fundarse, ampliando el espectro la jurisprudencia de modo tal que puede interponerse el recurso y luego fundarse si este último acto se efectúa dentro del plazo legal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente, Cámara de Apelaciones, recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, sentencia ultra petita, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SUAREZ, TILDA L. EN SU CARACTER DE CURADORA PROVISORIA DE ROBERTO R. SUAREZ c/ GIRAUDO, RAUL J. Y SUC. DE ALFREDO WILLINER S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 922 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

La Corte Suprema de Justicia de la Nación -en particular- ha señalado en reiteradas oportunidades que la jurisdicción de las cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los antes citados artículos 17 y 18 de la Carta Magna nacional. Así, el Alto Tribunal expresó que "los tribunales de alzada no pueden exceder la jurisdicción que les acuerdan los recursos concedidos para ante ellos, pues si se prescinde de esa limitación, resolviendo cuestiones que han quedado firmes, se causa agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad".
Jurisprudencia internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblos originarios, propiedad comunitaria de la tierra, obligaciones del Estado miembro, desplazamiento forzado de aborígenes, caza, pesca, investidura de la calidad de heredero, reivindicación de tierras, identidad cultural
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

Conforme lo tiene establecido a través de su jurisprudencia la Corte Interamericana, en tanto los pueblos indígenas mantengan relación con sus tierras tradicionales y no se vean impedidos a realizar las actividades que indican la persistencia de esa relación -ritos ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, caza, pesca o recolección estacional o nómada, uso de recursos naturales ligados a sus costumbres-, el derecho a la reivindicación de sus tierras permanece vigente y, por el contrario, se extingue, si esta relación deja de existir.
Recurso de casación, personas con discapacidad auditiva
Materia: PROCESAL
Carátula: LOZANO PEDRO HECTOR c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-06

El nivel sonoro general en el lugar de trabajo de la actora, el valor obtenido de Nivel Sonoro Contínuo Equivalente, para la medición practicada se ubica entre 95 y 96b dB (A) valor que supera a lo establecido por la Legislación Vigente, como dosis máxima admisible, es suficiente para que prospere la indemnización por incapacidad en virtud de hipoacúsia en los términos de la Ley 9688.
Estupefacientes, fotografía, videofilmación, prevención del delito
Materia: PENAL
Carátula: Camos, Carlos Darío s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

Las tomas fotográficas e imágenes fílmicas en la vía pública fueron autorizadas fundadamente por el juez ante el pedido efectuado por la prevención que le hizo saber que en una vivienda determinada un sujeto que vivía con su pareja y un niño vendía estupefacientes a jóvenes que concurrían al lugar y que la transacción se realizaba en la vía pública.
Transporte de carga, estiba, depósito de la carga, mercaderías en plazoleta de emergencia, hangar de tránsito, responsabilidad del depositario, Administración General de Puertos, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: IDEM S.A. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS Y OTRO s/ DEMANDAS CONTRA ANA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es dable anotar, desde este mismo orden de ideas (si bien discrepó con la Corte Suprema al respecto en tanto prescinde del cuerpo tarifario, servicios a las mercaderías, cláusula 12a., de indudable contenido normativo), que el máximo Tribunal de la República -revocando una decisión de esta Sala-resolvió, aunque la norma tarifaria establece expresamente lo contrario y su constitucionalidad no había sido cuestionada, que el cuidado de las cosas situadas en las "estibas" y "plazoletas" de emergencia estaba a cargo de la Administración General de Puertos, siendo ésta responsable por los daños y faltantes que se produjeren, a menos que prueben la concurrencia de caso fortuito (art. 514 C.C.) (cfr. Causa S.45 "Sampi, SACIF e I. c/A.G.P. s/Cobro de Pesos", del 4.10.88). Y más todavía, pese a que tradicionalmente y desde antiguo, la doctrina ha sostenido que "hangar de tránsito" es prolongación de bodega del buque, la Corte extendió la obligación de cuidado de la A.G.P. también a éstos recintos (cfr. A.487, "Arcadia c/bq. Río Cincel" y G.222 "Galicia y Río de la Plata c/bq. Hawaii y ELMA", sentencias del 28.9.89 y 19.12.91, respectivamente).
Acción de amparo, pueblos originarios, derechos del aborigen, normas operativas, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La pretensión de integrar la legislación local, comporta una interpretación de la amparista en el sentido de que hay omisiones del Estado en cuanto a reglamentar determinados derechos, aunque dable es puntualizar que el art. 14 de la C.P. dice textualmente: "...Los derechos y garantías establecidos expresa o implícitamente en esta Constitución tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación.- El Estado asegura la efectividad de los mismos, primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del hombre.- Tiende a eliminar obstáculos sociales, culturales y económicos permitiendo igualdad de posibilidades.- ...".