marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, monto del juicio, división de condominio
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIDICHIMO, Héctor c/ FERNANDEZ Tomás s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-20

En los juicios de división de condominio, la litis se origina en la necesidad de los actores de llevar a cabo aquélla y disponer de la parte que les corresponde, y si nadie pretende el todo y la demandada se allanó, el objeto del juicio es, para cada uno, su propia porción sobre el bien o los bienes de que se trate. En consecuencia, aún cuando las costas hayan sido impuestas en su totalidad a una de las partes, los honorarios de cada profesional han de regularse sobre el valor de la parte de su mandante o patrocinado.-
Alimentos, obligación alimentaria, orden público, divorcio del 67 bis, reserva del derecho alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: S. DE A.O.V. y A.E.L. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

Los alimentos constituyen una obligación legal que deriva del parentesco (art. 367 del C.C.), del matrimonio (art. 51 de la ley de Matrimonio Civil), e indirectamente impuesta por la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar a los tutores.

No puede ser objeto de cesión (art. 1453 del C.C.), no puede ser compensada con obligación alguna, ser objeto de transacciones, ni puede renunciarse, ni transferirse, por acto entre vivos, o por muerte del acreedor o del deudor de dichos alimentos, ni constituir a terceros "derecho alguno sobre la suma que se destine a los alimentos, ni ser ésta embargada por deuda alguna" (art. 374 del C.C ).

Esto quiere decir claramente que la obligación alimentaria es de orden público, en virtud del artículo 21 del C.C., no pueden dejarse sin efecto sus previsiones legales por convenios que la contradigan.

La reserva del derecho de uno de ellos a recibir alimentos efectuada en la última parte del segundo párrafo del artículo 67 bis implica un reconocimiento probatorio de que "el otro culpable" debe recibirlos por serle "de toda necesidad" (art. 80, ley 2393).

Al cese de dicho estado (conf. Busso, tomo II, p.280 Nro. 6), el marido puede solicitar la cesación por vía de incidente (art. 649 y 650 del C.P.C.). Si no fuera así, de acuerdo a un plenario su obligación cesa "ipso jure" (L.L. 128-844 C.N.Civ. en pleno). Debe decretarse la cesación del derecho alimentario obligatorio con respecto a su marido, al no haber acreditado la esposa que le son de extrema necesidad.
Proceso contravencional, sistema acusatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: PIGHIN, FRANCISCO ALBERTO c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-25

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la Unidad Fiscal de Vera refiere que la decisión de esta Corte -que básicamente, ordena la necesaria intervención de un actor penal en el proceso de faltas y, en consecuencia, por la fecha de la causa analizada, dispone que corresponde intervenir al Ministerio Público de la Acusación- afecta garantías constitucionales y se aparta de las disposiciones legales, mas no aporta ninguna razón con aptitud para descalificar la motivación brindada por este Tribunal; más aún si se repara en este punto que frente a la proximidad de finalización del sistema de conclusión de causas, se irá concretando el traspaso de las distintas estructuras al nuevo sistema, aumentándose en consecuencia la del Ministerio Público de la Acusación.
Acción de amparo, empleo público, cesantía, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lobo, Héctor Anselmo c/ Municipalidad de Pomán s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-06-21

Los haberes caídos cuyo pago reclama el actor deben ser reconocidos desde el momento de su desplazamiento, ya que fue ese acto arbitrario el que le generó un perjuicio irreparable, siguiendo así el criterio expuesto por este Tribunal en autos Corte Nº 01/2016 "Quipildor, Cirilo Justo y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra".- (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría).
Extradición, cooperación internacional, interpretación de la ley, doble incriminación
Materia: PENAL
Carátula: Moshe Ben Ivgy s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

El articulo 6° de la ley 24.767, en su 1º parrafo, es suficientemente claro al consagrar el principio de la doble incriminación con Ia exigencia de que el hecho materia del proceso debera constituir un delito", presupuesto necesario para aplicar Ia excepción aI umbral minimo de gravedad que -bajo el sistema de Ia semisuma- consagra el 2º parrafo al señalar que si un Estado requiriese una extradición por varios delitos, bastara que uno de ellos cumpla con esta condición para que Ia extradición pueda ser concedida respecto de los restantes", sin que dicho precepto legal autorice a dejar de lado el principio de Ia doble incriminación respecto de alguno de los hechos en que se sustenta el pedido de extradición, y sólo habilita, en caso de que sean varios los delitos en juego, a prescindir de que todos ellos cumplan con el umbral minimo de gravedad, en cuyo caso bastara que Ia condición se cumpla al menos respecto de uno de los delitos.
Indemnización por despido, prueba confesional, mora del empleador, entrega del certificado de trabajo, certificado de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Stark, Cristian Rubén c/ Aguilera Juan R. y Stark, Juan sociedad de hecho s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2018-02-07

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que hizo lugar a la indemnización establecida en el artículo 80 de la LCT, ante la falta de entrega de la certificación de servicios y remuneraciones. Se queja el accionado debido a que mediante carta documento puso a disposición del trabajador el certificado de trabajo requerido por el mencionado artículo; pero para que ello quede reflejado y no sea un mero formalismo de la patronal el mencionar que lo "pone a disposición", la exigencia debe ser que el certificado de trabajo hubiese sido confeccionado en fecha anterior o concomitante con la puesta a disposición realizada mediante la respectiva misiva; y ello se acredita acompañando el certificado de trabajo emitido con la fecha de certificación de la firma inserta en el documento, lo que en este juicio no se comprobó, habida cuenta que en ningún momento se adjuntó el certificado de trabajo al expediente. Ello demuestra que dicho certificado no estaba listo para ser entregado al trabajador si éste hubiese concurrido a retirarlo en la fecha indicada por el empleador ya que el certificado no estaba confeccionado, por lo cual bajo esta circunstancia no puede configurarse mora en el trabajador.

Fuente del sumario: SAIJ
Obligaciones de dar cantidades de cosas, obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Suárez Bidondo, Carlos Gregorio c/ Ponce de León de Forciniti, Margarita s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

Tratándose de una deuda de valor, su cristalización se opera con el dictado del pronunciamiento judicial, y recién a partir de entonces su concreta determinación la convierte en deuda de dinero y, por tanto, no reajustable ya en lo sucesivo, conforme lo establece la ley 23.928 de convertibilidad del austral.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SAN FELIPPO, NORBERTO FRANCISCO c/ CHISTIK CONSTRUCCIONES SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

No se puede condenar al deudor accesorio obligado en virtud del artículo 30 del TORCT. si no se condena al deudor principal por que se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia.

Esta interpretación surge del juego de los artículos 523, 524, 525, 689 y 717 del Código Civil (conforme Sala IV, sentencia 43848, 14 de agosto de 1979, "Villalba, Felipe M. c/ El Chañar SA.").
Homicidio con alevosía, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La calificación de homicidio agravado con alevosía de la muerte de la víctima que se encontraba detenida ilegalmente en total estado de indefensión durante el último gobierno de facto, resulta procedente, atento a que el estado deplorable en que fue vista la misma en su intento de fuga, con signos evidentes de agotamiento producto de los tormentos padecidos, perseguida mediante disparos de arma de fuego y apresada nuevamente por sus captores, quienes la redujeron a golpes de pala, considerando además el modus operandi que fue utilizado de manera generalizada en todo el país como parte del plan de exterminio de presos políticos ocasionando la muerte en oportunidad de efectuarse traslados o disposiciones de libertad, montando falsos enfrentamientos o intentos de fuga.
Alimentos, cuota alimentaria, pago parcial
Materia: CIVIL
Carátula: A., G.M. y P., J.C. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-12

La especial naturaleza de la prestación alimentaria y su finalidad asistencial, hacen que ciertos efectos del pago que conducirían a la liberación por parte del obligado, como en el caso del recibo sin reservas de la suma adeudada, no puedan ser aplicados.

La aceptación del pago por cuota alimentaria que no alcanza a cubrir la totalidad de ella, no significa renunciar al derecho del cobro de las diferencias y de los intereses de ésta.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Alfonso, Anastasia Daniela y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ cobro sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

Es facultad de la Corte Suprema determinar los jueces competentes, aún en supuestos en que no han intervenido en la causa.
Error de hecho (penal), error excusable
Materia: PENAL
Carátula: C., A.E.; P., I. s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-10-22

El error de hecho..., para tenerlo como eximente de responsabilidad, debe revestir ciertas características o niveles mínimos, porque no cualquier error excusa sino aquél que es esencial, decisivo e inculpable de manera tal que determina irresistiblemente la conducta de quien crea defenderse.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Fluidmec SA c/  s/ quiebra s/inc. art 250 por prochap
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Una intimación sujeta a un apercibimiento no causa gravamen actual y propio en los términos del CPR 242, sino que será, en todo caso, la efectivización de dicho apercibimiento lo que puede ser susceptible de generar agravio, pudiendo en el caso, interponerse contra ésta los remedios expresamente previstos por el ordenamiento legal (CNCom, Sala B, in re "Fideicom Cía. Financiera SA s/ quiebra s/ incidente de revisión por Banco Central de la República Argentina" del 03/09/12, entre otros).
Revelación de secretos, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: C., G. s/ Violación de secretos s/ Apelación s/ Casación. (Expte. Nº 26407/13 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-28

Adentrándome ya en el análisis de la normativa que nos ocupa (Ley K 2756), digo que una atenta lectura de sus arts. 9, 11, 12, 15, 16, 18 y 36 permite diferenciar los sujetos particulares de aquellos que además son interesados.

Así, el mencionado art. 15 regula la actividad que podrán tener los particulares respecto de las actuaciones del Defensor del Pueblo y, por otra parte, el art. 36 prevé la no identificación de los interesados en el procedimiento investigado. La lectura integral de la ley -en especial de los artículos aquí citados- nos indica que, cuando menciona a los "particulares", hace referencia a todas las personas.

En algunos artículos sin distinción alguna; en otros, a personas físicas o que se encuentren en determinada situación (v.gr., testigos; ver arts. 9 inc. e, 11 inc. e, 12 inc. c, 15 y 23). Por otra parte, para la Ley K 2756, "interesado" es la persona (o pluralidad de sujetos) con relación a un derecho conculcado, violado o amenazado (los arts. 30 en concordancia con los arts. 16 incs. b, c y d, 18 y 36 dan esta acabada respuesta).

Es decir, es quien esté ante una situación aflictiva y cuyos derechos debe resguardar el Defensor del Pueblo frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial (cf. art. 167 C. Prov. y su correspondencia con el art. 9 de la citada).

De acuerdo con lo anterior, podemos válidamente sostener que la Ley K 2756 establece una relación de género a especie entre ambos, correspondiendo el de "particular" al primero (art. 15) y el de "interesado" al segundo (art. 36).

La delimitación de la amplitud conceptual señalada demuestra que los arts. 15 y 36 de la Ley K 2756 de ninguna manera se contraponen ni representan una incoherencia en el sistema jurídico, sino que, por el contrario, son normas que regulan distintas situaciones respecto de las mismas o diferentes personas.- El art. 15 establece la publicidad de las actuaciones para todos los particulares (salvo que se dispusiera el secreto, circunstancia no acreditada en autos respecto del listado publicitado), en tanto el 36 prevé que "no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigado" (el resaltado me pertenece).

En el caso que nos ocupa, los interesados -cuyos datos deben reservarse a la luz del art. 36- no son las personas incluidas en el listado dado a publicidad y por el cual se formula el reproche punitivo.

En dicha lista solo figuran aquellos cuyos datos fueron recabados por la Defensoría del Pueblo y, según la interpretación que propongo como válida, estaba sujeta a la publicidad de las actuaciones administrativas de la Defensoría del Pueblo. (Voto del Dr. Apcarían sin disidencia)
Superior Tribunal de Justicia, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA s/ incidente de queja por apelación denegada - amparo (Art. 14 CCABA) en Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución de la Cámara que rechazó la queja por apelación denegada, carece de uno de los requisitos indispensables para su admisibilidad ya que no se dirige contra el pronunciamiento del "superior tribunal de la causa" {conf. art. 26 de la ley n° 402, texto consolidado por ley n° 6017) dado que éste era, en virtud de la inapelabilidad de la resolución que en definitiva se impugna -el rechazo del pedido de conexidad-, el juzgado de primera instancia. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Arrepentido, nulidad procesal, circulación de moneda falsa, detención, estupefacientes, improcedencia del recurso, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Rafael Gustavo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-26

Corresponde rechazar los distintos planteos de nulidad de las declaraciones del "arrepentido", toda vez que si bien el nombrado se encontraba detenido por el delito de circulación de moneda falsa, los hechos denunciados por él ante la autoridad judicial estaban vinculados a la ley 23.737, generando de esa manera la pertinente intervención jurisdiccional, y que las declaraciones del nombrado se realizaron en el momento procesal oportuno previsto por el art. 29 ter para expresar el "arrepentimiento", a saber: con antelación al inicio del proceso judicial. Tampoco corresponde hacer lugar la planteo de la defensa de nulidad de las declaraciones por ser "autoincriminantes" pues no existen indicios de que las mismas hayan sido obtenidas mediante coacción, hipótesis que ni siquiera introdujeron las defensas y el nombrado fue llamado a prestar declaración indagatoria en esta causa, audiencia a la que compareció acompañado de su abogado defensor y en la que reconoció como propias las declaraciones que dieron inicio a la investigación, ratificando su contenido.
Recurso extraordinario federal, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Van Konijnemburg, Ernesto c/ Banco de la Provincia de Río Negro. s/ SUMARIO S/CASACIóN. REALY, MIGUEL Y OTROS c/ GALANTINI, RAFAEL MARIANO Y OTRO s/ SUMARIO S/CASACION. HUAYQUI SA. DE CONSTRUCCIONES c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS) s/ CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO  S/APELACION  (AGREGADO:  INCIDENTE  DE  NULIDAD Y OTROS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-10-03|1991-03-13|1991-11-22

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto contra la regulación de honorarios efectuada en las instancias ordinarias. Ello, en tanto la determinación del interés económico comprometido y bases consideradas a tal fin, así como la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias son, -en principio- atento el carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria.
Sentencia de trance y remate, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO TORNQUIST c/ GIGLIO, Horacio s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Conforme a los enunciados del art. 554 del Código Procesal, la sentencia de remate es susceptible de apelación, con las limitaciones propias referidas a los aspectos relacionados con el trámite del juicio. Por consiguiente, la admisibilidad del recurso, estará dada en la medida que se presente alguno de los supuestos contemplados en ella.
Honorarios, regulación de honorarios, cosa juzgada, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTA FELIX c/ JAVSCOVSKY PABLO Y OTRO s/ HONORARIOS - REGULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-23

El incidente regulatorio es un juicio de conocimiento que debe concluir forzosamente con una resolución definitiva susceptible de hacer cosa juzgada sobre el valor de los honorarios y de precluir toda discusión futura sobre esa materia.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, bonos de goce y de participación, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: "Alfaro,  Luis  y  otros c/ Ministerio  de  Economía  y Obras yServicios     Públicos     y    otro s/ art.    29    ley    23
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-07

Punto de partida del plazo: Del art. 29 de la ley 23696 surge inequívoca la disposición legal de crear en cabeza del empleador la obligación de emitir bonos de participación desde el mismo momento en que fuera declarado "ente a privatizar". Esto además resulta corroborado mediante el decreto 2778/90 vigente desde el 01/01/91, que en su art. 2 último párrafo establece que a fín de la transformación global de la misma, se declara a YPF SA comprendida en los términos de los arts. 8 y 9 de la ley 23696.

Esta participación también ha sido ratificada por la CSJN en el conocido caso "Antonucci" del 20/11/01. Por ello, la obligación de la empleadora surgía a partir de la ley 23696 sin hallarse condicionada a la instrumentación de ningún programa, en tanto nacía desde el momento en que se la declara susceptible de privatización. (Del voto del Dr. Scotti, en mayoría).
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: PISCHERA, Horacio Leonardo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-27

Resulta inadmisible que los jueces actúen impulsados por la teoría de la conspiración policial permanente, esto es, por el prejuicio de ver en el accionar de las fuerzas de seguridad una actividad mentirosa dirigida a perjudicar al sospechoso.-
Abigeato, caso fortuito
Materia: PENAL
Carátula: Avalo, Fernando Demetrio s/ Hurto de ganado mayor mayor
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-08

Si bien no se esclareció plenamente el modo en que el vacuno abandonó o fue sacado del campo, no procede la defensa de error o caso fortuito, ya que a diferencia de lo que ocurre en el art. 175 inc. 1 del C.P., la tenencia no procedió de una actividad anterior del agente (encontrar y tomar la cosa), sino de la actividad de terceros o de hechos acaecidos sin intervención de persona alguna, o sea de un errar de alguien o de un caso fortuito (vgr. inundación que deja una cosa en el patio de alguien).
Procedencia parcial, cobro de sumas de dinero, locación, multa, intereses, consignación de llave, reintegro de gastos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Domínguez, Emanuel David  c/ Montero, Stella Marina otro  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-05-24

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la demandada, y consecuencia, reducir el monto de la multa y fijar el monto de condena con más los intereses correspondientes, pues en virtud de la prórroga del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes y en ocasión de reunirse para recibir las llaves el actor -de manera unilateral- otorgó ocho (8) días para reparar el galpón y limpiar el predio, el plazo de mora comenzó a correr al día siguiente del vencimiento de dicho plazo y perduró hasta el día en que el actor recibió la carta documento con la consignación de la llave. Ello así, asiste razón a la recurrente, por lo cual no existe razón alguna para computar la multa desde el día en que vencía el contrato originariamente. En cuanto al reintegro de gastos por limpieza del predio que efectuó el actor, vale decir que el mismo se encuentra justificado y se confirma lo decidido por el a quo, debiendo abonar la locataria y su garante la suma correspondiente con más intereses.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez Terán, Silvia c/ Rectificaciones Güemes s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-10-10

La interpretación y aplicación de las normas de derecho común constituye un tema extraño a la órbita del recurso extraordinario, salvo caso de arbitrariedad.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia condenatoria, imputado, resistencia a la autoridad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Mendoza, Marcelo Adrián s/ atentado y resistencia a la autoridad causa n° 1072-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que condenó al imputado como autor responsable del delito de resistencia a la autoridad.
Títulos de crédito, pagaré, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO VELOX c/ MIGUEL FUCHILIERI s/ Ejec (LIBRO: S065 - 094)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-22

Todo acto cambiario puede ser extendido mediante el representante. En tal caso, la relación debe surgir del texto de la letra de cambio o pagaré, lo que se concreta en el documento mediante la inserción de la firma auténtica del representante acompañado de la causal "por poder" "p.p." o " por mandato" contemplada en los arts. 8, 9 y 103 del DLE 5965/63. La invocación de obrar en nombre de un tercero no exige fórmula sacramental, ni agregación del testimonio del apoderamiento. Cualquier indicación mostrando a los terceros que el suscriptor actúa por otro es suficiente, no interesando sea manuscrita, impresa o fijada en un sello.