Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-17


///nos Aires, 17 de febrero de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que declaró su incompetencia y elevó las actuaciones a esta alzada y, CONSIDERANDO: 1. Que, a fs. 138, la señora jueza de grado se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y ordenó su remisión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a los fines de su ulterior tramitación. Para así decidir, remitiendo al dictamen elaborado por el señor Fiscal de primera instancia, sostuvo que, en tanto la actora impugna un acto de la demandada por considerarlo contrario a una ley federal -la ley 19.798-, resulta de competencia la Justicia federal, pues, con remisión a antecedentes de la Corte Suprema que asimiló al sub examine, se encuentran en juego la tutela y el resguardo de atribuciones que la Constitución confirió al gobierno nacional. Ello, previo afirmar que la competencia debe decidirse sobre la base de los términos, los hechos y el derecho que contiene la demanda, también con asiento en jurisprudencia del Máximo Tribunal. 2. Que el decisorio es apelado por la parte actora, quien expresa agravios a fs. 144/147. Señala que lo resuelto en la instancia de grado se opone a la propia normativa de la Ciudad de Buenos Aires y a la jurisprudencia de la alzada del fuero local. Esto es, que la competencia se encuentra determinada conforme a un criterio su bjetivo, pues el ritual define como causas contencioso adminsitrativas a todas aquellas en que sea parte la Administración pública de la Ciudad. Luego, agrega que la pretensión inicial consiste en impugnar un acto de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la demandada resulta ser una autoridad administrativa en el sentido prescripto por el artículo 2° del CCAyT. Además, indicó que de aplicarse el criterio sostenido por el señor fiscal y la señora jueza de grado, el fuero local vería ampliamente limitada su competencia, en tanto todo cuestionamiento que se realice contra un acto administrativo de una autoridad de la Ciudad que se base en una norma federal, importaría el desplazamiento del conocimiento de la cuestión a los tribunales federales. 3. Que, elevadas las actuaciones a esta Cámara, se corrió vista a la Sra. Fiscal de Cámara, quien a fs. 151/152 vta. dictamina propiciando la revocación del pronunciamiento apelado. Manifiesta que, si bien la demanda incoada cuestio na un acto administrativo local por estimarlo contrario a la ley nacional de telecomunicaciones, ello no determina automáticamente la competencia federal. Destaca que los artículos 1° y 2° de la ley 189 adoptan un criterio subjetivo para atribuir la competencia de la justicia local. Recuerda, al efecto, jurisprudencia de la Corte Suprema que afirma la competencia de las jurisdicciones provinciales, cuando la materia del pleito versa sobre una cuestión de derecho público local. 4. Que la primera fuente de respuesta ante el interrogante por la compentencia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en el texto de los artículos 1º y 2º del CCAyT. El primero expresa qué se considera autoridad administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo dice: "Son causas contencioso-administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, t anto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La compentencia contenciosa administrativa es de orden público." La lectura del ritual establece con claridad un criterio subjetivo de atribución de competencia, basado en la presencia en juicio de cualquier autoridad administrativa, conforme la definición del artículo 1º. Esta regla, incluso, es antepuesta por la norma al contenido del debate de los casos litigiosos, cuando afirma "...cualquiera sea su fundamento y origen...". En autos, la parte actora cuestiona un acto administrativo local, en la inteligencia de que resulta contrario a lo dispuesto por la ley nacional de telecomunicaciones 19.798. Sin embargo, como señala en su dictamen la Sra. Fiscal de Cámara, ello no implica de manera automática la competencia federal para entender en el sub examine. Pues, al contrario, la atribución instántanea que se deduce de la ley ritual importa la presencia en juicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y si bien este principio puede sufrir excep ciones, cabe destacar que los fundamentos del dictamen de la fiscalía de grado, recogidos por la a quo, han hecho hincapié en la determinación de la competencia directamente con asiento en el objeto de la demanda incoada y en el derecho aplicable, lo cual contradice la pauta sentada por el CCAyT. Este criterio, interesa destacar, encuentra sustento en la autonomía que la Constitución Nacional ha reconocido a la Ciudad. La Corte Suprema, al respecto, ha dicho que: "El art. 129 de la Constitución Nacional (texto 1994) reconoce a la Ciudad de Buenos Aires facultades exclusivas y excluyentes de autodeterminación, autoadministración y autorganización, "status jurídico" que le otorga el derecho a la propia jurisdicción, es decir, a ser juzgada por su juez natural (art. 18 de la Constitución Nacional) garantizándose, de ese modo, el régimen federal de gobierno y el espíritu de la Ley Fundamental." (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, cf. Fallos 327:2950). 5. Que en autos se discu te la pertinencia de los gravámenes creados por el legislador local sobre el uso y ocupación de las superficies, espacio aéreo de dominio público o privado y subsuelo. Ello, con el argumento de que esta contribución se opone a las cláusulas exentivas previstas por normativa de carácter nacional. Conforme lo dicho en el considerando anterior, los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran facultados para revisar, a pedido de parte, la actuación administrativa y legislativa de las autoridades locales, aún cuando ello implique la confrontación de normativas de diferentes jurisdicciones. Aquí adquiere pleno sentido la afirmación del dictamen fiscal cuando anota que el criterio sostenido en la sentencia apelada limitaría de manera considerable la competencia de los tribunales de la Ciudad, cada vez que la impugnación de un acto de la administración local involucre el análisis de normas nacionales o federales. Esta tesis, además de colocar en un segundo plano el criterio rector adoptado por el artículo 2º de l CCAyT, atenta contra los principios de autonomía enunciados por la Constitución Nacional y recogidos intensamente por la Carta Magna local. La preservación de esta autonomía no depende de la sola voluntad del juzgador de turno, sino que tal intención viene formulada por la propia ley de rito, que, a su vez, encuentra coherencia en las disposiciones constitucionales que han modificado el status jurídico de la Ciudad. Esta postura se expresa plenamente en el siguiente argumento que esta Sala recoge y hace suyo, pues da plenamente cuenta del criterio que hasta aquí se ha sostenido y que funda la revocación de la sentencia de grado: "No basta para la intervención del fuero federal la única circunstancia de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren garantizados por la Constitución Nacional, porque cuando se arguye que un acto es contrario a las leyes provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar a la Corte por la vía del art. 14 de la ley 48" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Unilever de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 6 de setiembre de 2005, disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay). Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y declarar, en consecuencia, la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires para entender en las presentes actuaciones. El Dr. Esteban Centanaro no suscribre la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese en el libro de sentencias interlocutorias, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y devuélvase para su ulterior tramitación.