marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Nacional de la Seguridad Social, sentencia, liquidación, bonos de consolidación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MUÑOZ, VICTORIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Tanto la obligación de efectuar la liquidación ordenada en la sentencia dictada por el Tribunal a favor del titular, como el requerimiento posterior a la Oficina Nacional de Crédito Público de la entrega de los bonos de consolidación suficientes para responder a la deuda que surja de la referida liquidación, se confunden en la A.N.Se.S.; y resultaría carente de razonabilidad que, pendientes ambas, se desdoble el requerimiento. En consecuencia, no sólo corresponde intimar al organismo a efectuar la liquidación, sino también a que diligencie, ante quien corresponda, el requerimiento de los bonos, como asimismo la pertinente partida presupuestaria para afrontar la deuda líquida en el plazo previsto por el art.

1 del Dec. 1639/93, modificado por el art. 1 del Dec.

483/95.
Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Eduardo Samamé -Procurador General de la Provincia del Chubut- s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-30

La misión del Poder Judicial, que en el esquema constitucional de la Provincia integra junto a este Superior Tribunal el Ministerio Público, es una sola -administrar justicia- y a su cumplimiento deben estar enderezadas las relaciones, y en su realización comprometidas las funciones orgánicas.
Acción de amparo, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Tapia, José Edgardo c/ Administración General de Rentas s/ Acción de amparo-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-02

Corresponde rechazar el recurso de casación articulado por estimarlo formalmente inadmisible.En efecto,en autos el rechazo de la acción de amparo que motivó el presente recurso,se produjo por cuanto los sentenciantes,tanto de Primera como de Segunda instancia,entendieron que la misma resultaba formalmente inadmisible,por lo que tal decisorio únicamente adquiere el carácter de cosa juzgada en sentido formal,no alcanzando por ende la definitividad que exige el código de ritos para ser susceptible del remedio recursivo extraordinario de casación toda vez que la sentencia pronunciada en juicio de amparo posee una naturaleza jurídica y procesal completamente distinta a la sentencia definitiva,por cuanto no se adentra en los pormenores jurídicos que en todo caso deben ventilarse en un debate más amplio y que el trámite del amparo no lo permite.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos médicos, enfermedades, SIDA, prestaciones de la obra social, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ M.C.B.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-15

Frente al reclamo efectuado en concepto de gastos médicos por quien resultó víctima del contagio de H.I.V., y no acompañó ningún comprobante de gastos pasados que permitan establecer la cuantía de los futuros, cabe ponderar las prestaciones asistenciales obligatorias que las leyes 24.455 y 24.754 imponen a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga, respecto de las personas infectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el suministro obligatorio de medicamentos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme ordenanza municipal 45.381.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHERVO ISOLA, MARIA SOLEDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Los agravios que la Provincia vierte ostentan suficiente entidad constitucional como para habilitar la apertura de esta instancia extraordinaria y se encuentran conectados con la causa, en especial, los que refieren a la arbitrariedad en que incurre el Tribunal al sostener que debía considerarse procedente el amparo por el solo hecho de dar por superadas las mencionadas instancias de análisis que debieron ser transitadas por los juzgadores con apego a las directrices antes trazadas, aún teniendo presente el invocado origen constitucional de los derechos que la recurrente dice vulnerados con resolución impugnada, pues la petición de inconstitucionalidad no desplaza de por sí la concurrencia de materia contencioso administrativa ni la competencia de los tribunales a los que la Constitución y la ley les han confiado el conocimiento de dicha materia (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri) - CITAS: CSJStaFe: Haquin, AyS T 162, p 361; Andreoli, T 163, p 71; Aguirre, T 206, p 230. - Jurisprudencia Concordante con Cavallol, AyS T 261, p 495/506, s mario
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, privación de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción meramente declarativa-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-11

Cuando se plantea un conflicto institucional, o cuando de cualquier manera surge una cuestión que puede ser llevada ante la decisión jurisdiccional, el Poder Judicial está en la obligación de juzgar y de pronunciarse en el caso. La Corte Suprema, como intérprete de la Constitución, debe pronunciar la última palabra, decisoria y definitiva, dando fin al conflicto que originó la causa. Su abstención, por un pretexto u otro, no sólo empequeñece la dimensión de su función, sino que convierte a este acto en una denegación de justicia.
Arma secuestrada, detención sin orden
Materia: PENAL
Carátula: C. J., M. J.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-12

El procedimiento de requisa y detención realizado por personal de la prefectura naval, mediante el cual se secuestró un arma a la imputada, resulta nulo al no haberse acreditado la existencia de agresión ilegítima o motivo urgente o situación de flagrancia que autorizara a demorar a la encartada en la vía pública - el arma no era perceptible en ese momento-, siendo erróneo el criterio que pretende convalidarla ex post en base al hallazgo del arma, por lo que se resuelve declarar el sobreseimiento de la acusada.
Cheque, excepciones procesales, inhabilidad de título, cheque en blanco
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIGUEL ANGEL D'ALESIO c/ NORBERTO VISCIGLIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

Es posible aceptar la tesis de que el cheque debe nacer completo.

Pero no que tal tesis sea invocada por el excepcionante: si fuere cierta su versión de hechos, el mismo hizo nacer -ésto es: suscribió y entregó- un cheque en blanco o incompleto. No puede luego invocar su propio ilícito -ésto es: su propio acto contrario a la legislación cambiaria- para pretender obtener un beneficio, cual sería la exoneración de la responsabilidad patrimonial que le impone el decreto ley 4.776/63: 11; 41.
Impuestos, régimen penal tributario, deuda previsional, moratoria previsional, suspensión del proceso judicial, suspensión de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: AGRO INDUSTRIAS EL NIHUIL S.A.-BESTANI, ANTONIO ANGEL. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación del auto de procesamiento del imputado Antonio Ángel Bestani.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Toda vez que el imputado manifestó que la deuda previsional por la que fue procesado fue ingresada en la moratoria a la que se acogió la firma (Dec. 93/2000), corresponde encomendar al juez que corrobore si se ha cumplido el pago correspondiente a ese plan de regularización, a fin de proceder conforme el criterio sentado por la Corte Suprema in re "Bakchellian" que, por remisión al dictamen del Procurador General, entiende que corresponde dejar el proceso en suspenso en razón de entender que para la concesión del beneficio dispuesto por el Art. 73 de la Ley 25401 se establece como requisito adicional el pago total de las obligaciones tributarias omitidas y la previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones importa implícitamente una suspensión ministerio legis del trámite del proceso y de la prescripción de la acción, hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regularización, en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva, o se produzca la caducidad del plan de facilidades de pago por incumplimiento, en cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción pública penal.
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giaccio, Diego c/ Gómez, Eduardo y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-09

La del art. 120 del Código Procesal es una norma genérica, que debe interpretarse en armonía con los dispositivos específicos que rigen cada acto procesal (en el caso, con lo preceptuado en el art. 260 de la ley ritual). Pretender que las formas rituales sean sacralizadas, en lugar de aumentar el respeto hacia ellas provoca un paradojal efecto de resistencia a su aplicación, sobre todo si su acatamiento ciego hiere fundamentalmente derechos de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, deberes del juez, prueba documental, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: DONADONI, ABEL CONSTANZO c/ GOGON, LUIS JUAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIOS (CSJ EXPTE N. 810-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

El ejercicio de la función judicial impide la prescindencia de la prueba documental accesible de la verdad de los hechos a juzgar. El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales llevando a la frustración ritual del derecho.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: García, Ricardo Santos c/ Servicios Energéticos del Chaco, Empresa del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.) s/ Indemnización por Accidente de Trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-02-14

La ley 24028, contiene una norma de derecho transitorio referida a la vigencia temporal, la ley es de aplicación inmediata y no se rige por hechos y situaciones consolidadas bajo el imperio de la ley anterior, en la que no existen consecuencias pendientes, sino retraso en la determinación judicial de la indemnización. Se debe marcar una diferencia entre los accidentes y las enfermedades anteriores a la vigencia de la nueva ley y los posteriores, porque el hecho de haberse iniciado una demanda con anterioridad o posterioridad a la vigencia de la ley, no altera la determinación de la ley aplicable. Si se trata de enfermedades accidentes, la nueva ley no se aplicar a los procesos pendientes ni a las enfermedades anteriores, con juicio no iniciado, en que exista consolidación del daño. La nueva ley se aplica a los procesos anteriores y a los accidentes y enfermedades anteriores de cuya incapacidad el trabajador tomó conocimiento con posterioridad a la vigencia de la nueva ley.
Proceso de verificación, indicación de la causa, certificado de deuda, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: GAS  ARCO SA c/ CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE DE REVISION -PORAFIP-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12

Las multas previstas por la resolución general 3756 de la dgi deben calcularse sobre el capital solamente, no sobre capital e intereses (cfr. ley 17250: 15, pto. 1, inc. c) y rg 3756), lo que no obsta a la procedencia de intereses resarcitorios y otro tipo de penalidades (rg 3756: 4).
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, cuestiones prejudiciales, falsa denuncia
Materia: PENAL
Carátula: PEREYRO, OSVALDO s/ CUESTION    PREJUDICIAL   -  FALSA  DENUNCIA  -  PRESCRIPCION  ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

Se halla prescripta la acción en orden al delito de falsa denuncia, pues desde la fecha en que el acusado presentó su denuncia ante la Oficina de Sorteos del Tribunal para que se desvinculara el Juzgado que debía intervenir, hasta que se dispuso su procedimiento -acto que constituye el punto de partida de la "secuela del juicio"- transcurrieron los dos años que la Ley exigía para la extinción de la acción de referencia, sin que el plazo hubiera sido interrumpido por la comisión de un nuevo delito.

Es que si bien el Código Penal prevé la posibilidad de suspensión de la prescripción, cabe destacar que el trámite de la causa iniciada a raíz de la denuncia del procesado no es de las cuestiones previas o prejudiciales, no pudiendo ser tomadas en tal carácter las que no están expresamente establecidas en la Ley, quedando únicamente subsistentes en nuestro derecho positivo como prejudiciales o previas, la validez o nulidad de los matrimonios, el divorcio por causa de adulterio y el desafuero o antijuicio.
Interpretación de la ley, carácter remuneratorio, viáticos, rendición de cuentas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO BRAGADO S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-27

El art. 10 de la ley 18.037, al igual que el art. 6 de la ley 24.241 y, complementariamente, el art. 106 del R.C.T., consideran remuneración al rubro viático, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. En consecuencia, y ante la inexistencia de una norma expresa que exima la presentación de los referidos comprobantes, no puede prosperar el reclamo relativo a los viáticos sin rendición de cuentas.
Cargo, redargución de falsedad, fecha cierta, recurso de apelación (procesal), sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: NIEVAS, Jorge. s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-04

Hasta tanto sea reargüido de falso el cargo estampado en el escrito, conserva plena validez e indica que el recurso de apelación deducido por el representante del Ministerio Fiscal contra la resolución que dispuso el sobreseimiento del imputado, ha sido interpuesto en forma extemporánea (art. 337, segundo párrafo del C.P.P.N).
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL
Carátula: CORVALAN, JUAN CARLOS c/ CESCA, VICTORIO Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE JORNALES-INCIDENTE DE OPOSICION A LA EXCUSACION DE LOS  SRES. VOCALES DE LA EXCMA. CAMARA DE TRABAJO Y MINAS DE TERCERA  NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-27

Las causales previstas en los Arts. 17 inc. 5º) y 30º del C.P.C.C., sólo surten efecto entre las partes en litigio, entendiéndose por tales a quienes de hecho intervienen o figuran en aquel como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión, no alcanzando a los terceros del mismo.
Competencia por la materia, cuestiones de competencia, servicio público, servicio público telefónico, competencia contencioso administrativa, competencia comercial
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garibaldi, Oscar Enrique c/ Telefónica Argentina s/ Incumplimiento de servicio de telecomunicaciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

Por tratarse de aspectos contractuales relativos al uso por un particular de un servicio público "uti singuli", de utilización voluntaria o facultativa, prestado por "Telefónica Argentina S.A ", sociedad mercantil privada; no hallándose comprometidos preceptos de la Ley Nacional de Telecomunicaciones ni otros del derecho público, ni puestas en tela de juicio las facultades propias de la Administración, la causa resulta ajena al fuero contencioso administrativo federal. Y como la calidad de la demandada no surte el fuero federal en razón de la persona y tampoco compete la materia debatida es federal, su competencia compete al fuero comercial ordinario.
Intereses, intereses moratorios, tasas de interés, tasa activa, cambio jurisprudencial, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ LUQUE Y CIA. S.A. Y OTROS s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Tratándose de una operación de mutuo estrictamente comercial, por las razones expuestas por esta Sala en autos "Banco de la Nación Argentina c/Matadero y Frigorífico Río Luján S.A. s/Proceso de Ejecución", del 5.8.94, corresponde admitir el agravio. Sin perjuicio de ello, señálase que, en la actualidad, las tres Salas de esta Excma.

Cámara -aunque por motivos incoincidentes-han adoptado con criterio general la aplicación de la tasa activa a toda clase de deudores morosos a partir de la indicada fecha de corte (1.4.91) (Véase, al respecto, causa 6378/92 "Grossi, Juan José c/C.N.A.S.", fallada el 8.9.95 y autos N. 10.997/95 "Catania, Vicenta Angela c/C.N.A.S.", del 24.8.95). Es procedente la aplicación de costas por su orden dado el cambio jurisprudencial habido -fundado en estrictas razones de orden procesal-y del hecho de existir opiniones encontradas dentro del propio seno del Alto Tribunal (cfr. Causa 6970/92 "Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/Getino, Nicolás Froilán s/Ejecución Hipotecaria").
Recurso extraordinario, plazo, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Kinvox  S.R.L. c/ Nicolas Fabrittis s/ querella por inf. al art. 21 de la ley 16.478
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

El plazo del art. 257 del Código Procesal debe computarse desde el momento en que se planteó formalmente la nulidad de lo actuado, por implicar dicho acto una notificación tácita de la decisión impugnada.
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agosteguis, Gerardo c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

A los fines de la consideración de una licencia por razones de salud son insuficientes las certificaciones médicas agregadas en copia, sin siquiera cumplir con la carga procesal de la autenticidad mediante el reconocimiento de firmas de los profesionales intervinientes.
Privatizaciones, empresas del Estado, sociedad anónima, propiedad participada, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, relación de dependencia
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, Ignacio c/ YPF S.A. Y OTRO s/ Part. Acc. Obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

La oportunidad en la que debe considerarse la existencia de la relación laboral a la que alude el art. 22 de la ley 23696 es el 1/ 1/91, como requisito para ser sujeto adquirente del Programa de Propiedad Participada (Cfr. Sala VIII sent. 27508 del 26/2/99 "Milano, Hector C/ YPF SA"). La circunstancia de que a través de normas posteriores se regulara con mayor precisión aspectos relacionados con la mecánica de adquisición, pagos etc no constituye fundamento válido para limitar el universo de trabajadores, potenciales adquirentes del capital accionario de la empresa a privatizar.
Indemnización, daños y perjuicios, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jure Construcciones S.R.L. c/ Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Fº 259/261, Nº 90) Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 41, Fº 259/261, Nº 90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1998-03-26

No debemos soslayar que en nuestro país el derecho administrativo es de naturaleza local. Ello es una consecuencia del régimen federal adoptado por el constituyente en cuyo mérito las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. Uno de aquellos poderes reservados y no delegados es el relativo a la legislación en materia administrativa pues según el art. 122 de la Constitución Nacional, las provincias por haberse reservado el respectivo poder, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas.

Consecuentemente con ese mismo criterio, el Superior Tribunal de Justicia decidió que la indemnización por los daños que fueran producto de los errores judiciales puede tramitar ante la Cámara Civil y Comercial ya que además pueden resultar de aplicación las normas del Código Civil. Pero ello es así no porque estemos en presencia de una cuestión netamente civil sino - y fundamentalmente - porque así lo permite expresamente la norma contenida en el art. 4 inc. f del Código Contencioso Administrativo.-
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Walter Marcelo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

No puede aplicarse la limitación contenida en el art. 56 bis ley 24.660, incluido por el art. 1° ley 25.948, toda vez que esta reforma al régimen de ejecución de las penas privativas de la libertad es más gravosa -en tanto restringe la posibilidad de ser incluido dentro del beneficio de salidas transitorias, entre otros, al condenado por homicidio en ocasión de robo- que la vigente al momento de dictarse la condena. El voto concurrente recordó que es prohibida la aplicación retroactiva de la nueva ley más gravosa para el condenado, y corresponde estar a la ley vigente al momento del hecho.
Jueces, deberes del juez, recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farnos Arturo Alberto y otro c/ Smigliani Armando s/ cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Si bien es cierto que, por regla, los jueces deben sujetarse a los términos estrictos de la ley, lo que abarca a la ley procesal, ello no es absoluto y dicha sujeción debe ceder cuando es manifiesto, palmario y evidente que de hacerlo se transgreden derechos de mayor raigambre o fines superiores, o se conculca la confianza depositada por los habitantes en el desempeño del Poder Judicial.
Sentencia, nulidad de sentencia, contrabando, denuncia anónima
Materia: PENAL
Carátula: BESSONE, ERNESTO CELESTINO; DA PONTE PEREZ, LUIS HUMBERTO s/ Contrabando, Causa: 34937.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-12

1 - La delación anónima es uno de los aspectos absolutamente indefendibles del sistema inquisitivo de procedimiento y no puede fundamentar la iniciación del proceso, debiendo entenderse en pugna con las garantías que emergen de la forma republicana de gobierno resguardada en el Art. 33 de la Constitución Nacional y en contradicción con el derecho de defensa en juicio consagrado por su Art. 18 (Del voto del Dr. Hendler).- 2 - No puede convalidarse el procedimiento ni tiene el carácter de una actuación de prevención, la información agregada por el funcionario policial que recibió el mensaje anónimo comentándole a su superior un dato circunstancial que podría tener vinculación con la denuncia. Una cosa es cuando la autoridad policial recoge datos, aunque sean de origen anónimo, que sirven a su misión preventiva y que la llevan a averiguar la comisión de algún delito, y otra muy distinta es dar curso a un proceso judicial a partir de delaciones anónimas de las que nadie se hace responsable (Del voto del Dr.

Hendler).
Hurto, estafa, ardid
Materia: PENAL
Carátula: Dubin, Isaac s/ Hurto - Encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-17

La estafa no se diferencia del hurto porque en aquélla medie ardid, puesto que pueden darse hurtos a través de ardides muy ingeniosos, sino porque en la estafa la víctima efectúa la dación perjudicial voluntariamente, aunque engañada, mientras que en el hurto el apoderamiento se efectúa siempre "invito domino".
Actos ilícitos, daño moral, legitimación activa, damnificado directo
Materia: CIVIL
Carátula: VALLEJO CORDOBA, María Flavia c/ GALFRE, Oscar Alberto s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-04

Toda vez que el art. 1078 del Código Civil sólo otorga derecho a obtener indemnización por daño moral a la víctima, salvo que del hecho hubiere resultado su muerte, corresponde denegar dicha indemnización cuando es requerida por los progenitores de un menor lesionado.-