marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, indemnización por muerte del trabajador, accidente in itinere
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C- 104.832/2017 (Tribunal del Trabajo -Sala II- Vocalía 5) Enfermedad/ accidente de trabajo: Reynaga, Sofía Lorena  c/ Estado Provincial s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-06-23

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que admitió la demanda en reclamo de indemnización por muerte de un trabajador policial en un accidente in itinere, quien se dirigía desde su domicilio al trabajo, en motocicleta, y fue embestido por un automovilista en estado de ebriedad. Rechazó la eximición de responsabilidad requerida por la demandada quien invocó dolo eventual por exceso de velocidad y falta de uso de casco de la víctima. Señaló la Corte que ambas situaciones no surgen acreditadas en la causa y si bien la falta de casco es una conducta que puede calificarse como negligente o imprudente, el planteo carece de relevancia porque en el ámbito de la Ley de Riegos del Trabajo solo opera como eximente de responsabilidad la conducta dolosa del trabajador (art. 6.3.a ley 24557). Subrayó que dadas las circunstancias del hecho, el uso del casco no hubiera evitado el accidente. Por otra parte y por mayoría, declaró la inconstitucionalidad del art. 64 de la Ley 6368 de aranceles profesionales y dispuso que los honorarios regulados solo devenguen intereses a tasa activa.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, procedencia del recurso, admisibilidad del recurso, examen de admisibilidad, código procesal civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Brizuela, Enzo Gastón c/ Segovia, Juan Emilio y otro s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-08

El recurso de queja por apelación denegada, también denominado directo o de hecho es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para entender en segunda o tercera instancia ordinaria, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare a ésta por consiguiente admisible, y disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan, debiendo exigirse ineludiblemente atento lo previsto en los arts. 282 y 283 del Código Procesal, el cumplimiento de los recaudos allí previstos.
Confirmación de sentencia, acción de amparo, reincorporación, salarios caídos, intereses
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte Nº C-251.480/ 2024 (Tribunal Contencioso Administrativo, Sala I Vocalía 1) Amparo genérico: Vilte Fabiana Rosa y otros c/ Municipalidad de El Aguilar s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-10-02

Confirmó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que admitió la acción de amparo genérico interpuesta y ordenó a la Municipalidad de El Aguilar que, en un plazo de diez días, reintegre a las actoras en sus cargos y categorías originales -como personal de planta permanente-, mas el pago de los salarios caídos con los intereses correspondientes. Destacó la Corte que la actuación estatal cuestionada constituyó una conducta material ilegítima que vulneró los derechos y garantías constitucionales de las agentes de la administración municipal, lo cual justifica la procedencia de la acción de amparo y hace innecesario agotar las instancias administrativas antes de acudir a la vía judicial. Señaló que se trató de la extinción de una relación laboral pública realizada por vías de hecho, y por tanto carente de la presunción de validez propia de los actos administrativos. A su vez remarcó que en el proceso de amparo rige el principio de las cargas probatorias dinámicas, y su incumplimiento genera la posibilidad de estimar la conducta del demandado como un fuerte indicio contrario a su postura. Descartó las impugnaciones formuladas por el recurrente por constituir u na reiteración de argumentos ya analizados al momento de resolver en la instancia anterior.
Regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Becco, Nicolás Hernán c/ Ethiopian Airlines Enterprise s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-25

En el caso, la regulación de honorarios debe atender las pautas mínimas arancelarias previstas para los diferentes profesionales en la ley 27423: 58. Disidencia de la Dra. Vásquez
Declaración de inconstitucionalidad, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: García Olga Susana, Nassr Adriana Karina c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Recursos Hídricos s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-06-17

Declaró la inconstitucionalidad del art. 64 de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy Nº 6368/2023, por legislar sobre un tema de derecho común - régimen de los intereses-, en pugna con la Constitución Nacional, al tratarse de materia de competencia exclusiva del Congreso de la Nación.
Revocación de sentencia, responsabilidad del banco, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL-BANCARIO
Carátula: Picchioni, Gustavo Carlos  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

Cabe revocar la resolución que condenó al banco accionado a abonar al actor cierta suma de dólares estadounidenses que se encontraban en la guantera de su automóvil estacionado en una de sus sucursales y que fuera sustraída del interior del vehículo. Ello por cuanto, lo primero que llama la atención en el sub lite es la decisión del accionante de dejar un sobre con la cantidad de dólares reclamados (U$S 13.000) en ocasión de detenerse a realizar un trámite en la sucursal de un banco y dejar estacionado dicho vehículo en una playa anexa al edificio de la mencionada sede bancaria. Es que, abocados a evaluar presunciones, la referida conducta no parece ajustarse a la que en principio sería esperable en una persona medianamente responsable, sino que, por el contrario, se revela como un acto de imprudencia manifiesta como lo fue detenerse a realizar un trámite bancario -sobre cuya urgencia o perentoriedad nada se informó- cuando uno se encuentra camino a entregar -en una inmobiliaria ubicada a treinta y dos (32) kms de distancia de la sucursal bancaria y en nombre de otra persona- la ya referida suma de dinero. Sentado ello, contrariamente a lo estimado por el juez de grado, las pruebas recolectadas no resultan suficientes para tener por demostrado que el actor tenía en su poder la referida suma de dinero, momentos antes de que se produjese la intrusión de su vehículo.
Regulación de honorarios, escala arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Sendrowicz Abraham c/ Molina Daniel Oscar  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-11

En el caso, la regulación de honorarios debe atender las pautas mínimas arancelarias previstas para los diferentes profesionales en la ley 27423: 58. Disidencia de la Dra. Vásquez
Denegatoria del recurso, defensor de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de apelación en C-268830/2025 autorización por internación involuntaria: Hospital Dr. Wenceslao Gallardo p/ B., C.J. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-06-12

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial rechazó el recurso interpuesto contra la providencia que dispuso no hacer lugar al cese de la intervención de la Defensora Oficial Civil. Se trata de una adolescente internada por crisis de salud mental, de lo que surge una situación de alta vulnerabilidad, por cuanto además de tratarse de una persona menor de edad, se agrega su situación de usuaria del sistema de salud mental, lo que nos impone maximizar su protección. Las internaciones por crisis de salud mental que afectan la libertad ambulatoria, deben contener todas las garantías constitucionales, y tratándose de menores de edad, el defensor de niños y adolescentes no puede sustituir dicha función, por lo que la misma debe ser misión del Defensor Oficial Civil, siendo éste quien tiene el deber de velar porque la internación se lleve adelante conforme a la ley y no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta participación lo es en carácter de Defensa Técnica conforme el Art. 22 de la LSM y su decreto reglamentario 603/2013
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, logística, lucro cesante
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Transportes Ascencio SA c/ Softys Argentina SA (antes: La Papelera del Plata SA) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-26

Cabe confirmar la resolución que responsabilizó a la demandada por la adopción de conductas que contravenían lo pactado y que podrían configurar un abuso de posición dominante merecedor de reproche y suficiente para hacerla responder por los daños y perjuicios provocados al actor. Ello en el marco de un contrato de logística (transporte y distribución) de larga duración. Así, cabe acceder al reclamo por lucro cesante, en tanto los servicios prestados por la actora a la demandada constituían una parte sustancial de su actividad comercial, de allí que requería de cierto tiempo para reestructurarse. El presupuesto del resarcimiento que ha sido reconocido a los contratos de duración, es la existencia de una relación continuada y duradera dentro de un marco contractual en el cual una de las partes se ha visto obligada a montar una significativa estructura empresaria para cumplir con las prestaciones que esa relación demandaba y luego repentinamente se encontró con que esa relación de la que dependía había concluido, circunstancias que se verificaron en el caso. Así las cosas, el lucro cesante se configura como una indemnización sustitutiva del preaviso que, si bien no pudo ser otorgado por haber sido la parte actora la que puso fin al convenio, resulta procedente en tanto la finalización del vínculo respondió a una imposibilidad de continuar con la prestación de los servicios por las demoras e incumplimientos en los pagos y en la actualización de las tarifas que verosímilmente pudo provocar un ahogo financiero a la reclamante.
Factura, reaseguro, siniestro, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NRE Compañía de Reaseguros SA c/ Alba Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-27

Cabe hacer lugar a la acción por cobro de algunas de las facturas reclamadas. Ello por cuanto, en el caso, del contrato de reaseguro suscripto entre las partes, surge que las cuentas se liquidaban en forma trimestral y que el reclamado saldo de cuenta corriente estaba compuesto por subcuentas individuales integradas por las facturas reclamadas, a cuyos montos se restaron o sumaron otros conceptos como siniestro, reservas e intereses sobre reservas. En este sentido, se ha dicho que no existe cuenta corriente si las obligaciones que vinculaban a las partes sólo consistían en los diversos contratos de seguros celebrados entre ellas, debitándose el importe de las primas impagas y acreditándose pagos a cuenta de la deuda, desde que faltaría el requisito de la remesa del dinero en propiedad, sin aplicación a empleo determinado. Ello es lo que, en definitiva, aconteció en la especie. Así, las presiones respecto de las presentaciones trimestrales no hacen más que reforzar la inacción del actor en el reclamo de su crédito. Pues éste bien habría podido, al cumplirse los lapsos sentados en el contrato, haber reclamado el envío por parte de la accionada de la mencionada cuenta trimestral (art. 8 de las condiciones generales), situación que -sin dudas- habría suspendido el curso prescriptivo. Lo expuesto permite abordar la prescriptibilidad de las facturas de manera independiente, destacando que la actora no ha cuestionado el plazo de prescripción anual aplicado por el magistrado de la instancia anterior. Sentado ello, el análisis del caso y de los documentos presentados permite concluir que resulta innecesario expedirse sobre el posible carácter interruptivo que podría atribuirse al asiento en los libros de comercio del deudor. Esto se debe a que el planteo de la demandada está limitado a seis facturas que fueron emitidas con más de un año de anterioridad al cierre del ejercicio contable reflejado en el balance, el cual registró la deuda y fue considerado por el magistrado de grado como un acto interruptivo de la prescripción. En este contexto, cabe señalar que el primer acto suspensivo de tal lapso estuvo dado por la carta documento remitida en 2017. Ello así, ciertas facturas ya se encontraban prescriptas, puesto que fueron emitidas en el 2015. Por consiguiente, no es posible que existan actos de suspensión o interrupción respecto de estas, ya que el plazo de prescripción había operado. En virtud de lo anterior, corresponde hacer lugar al agravio presentado por la demandada y, en consecuencia, excluir del monto de condena las facturas mencionadas.
Derechos del consumidor, ley de defensa del consumidor, prenda con registro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FCA Compañía Financiera S.A. c/ Pachongo Garzón, María Fernanda s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-27

Más allá de la invocación de los derechos del consumidor y de las normas de la LDC, que se pretenden aplicables a este proceso, lo cierto es que el legislador no sólo remite a la ley especial en los supuestos de prenda con registro, sin ningún tipo de salvedad (CCCN 2220) y sin derogar su art. 39, sino que parecería que adoptó parte del espíritu de la norma objetada para extender y profundizar su aplicación frente a cualquier operatoria que involucre la ejecución de una prenda sobre un bien, y por cualquier acreedor, requiriendo sólo una convención en tal sentido. Siendo además que media acogimiento del deudor al régimen de la prenda con registro, y debe repararse en particular, en lo convenido en cierta cláusula, en donde expresamente se otorga al acreedor la posibilidad, en caso de mora, de solicitar el secuestro del bien prendado sin necesidad de interpelación previa. Además, no puede dejar de señalarse que la solución adoptada en la instancia de grado incluso desnaturaliza el criterio adoptado por el Máximo Tribunal sobre el particular, pues en el precedente citado "CSJN en autos "HSBC Bank Argentina SA c/ Martínez Ramón Vicente s/ secuestro prendario" (reg. de Cámara n° 25194/2015/1) no se estimó improcedente el procedimiento de secuestro prendario cuando se encuentra involucrado un consumidor, sino que solo se consideró necesario notificar al deudor del inicio del trámite, cuestión ciertamente diversa y, en el caso incluso, dicho recaudo podría aparecer, en principio, cumplimentado con la carta documento acompañada con el escrito inaugural.
Actividad riesgosa, daños y perjuicios, daño estético, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Altintop, Birgul c/ HR-ARG SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-25

Corresponde hacer lugar a la demanda a fin de indemnizar los daños ocasionados a raíz de un procedimiento estético -depilación láser-. Ello por cuanto tratándose de una actividad riesgosa (CCCN 1757) y encontrándose, por ende, a cargo de la demandada la ruptura de la relación de causalidad, omitió demostrar que el perjuicio se produjo por caso fortuito (LDC 10 bis; CCCN 1734 y 1736); tampoco acreditó cual fue la causa del daño -a saber: la falla en el aparato de depilación láser, la impericia en su uso o el consumo de cierta medicación- porque la pericia médica no fue determinante, y no fue ofrecida otra prueba al respecto.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, interventor de la sociedad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Barbagallo, Mónica Beatriz c/ Atilio O. Barbagallo SA y otro  s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-18

Corresponde confirmar la medida cautelar decretada consistente en la designación de un interventor coadministrador en la sociedad demandada. Ello por cuanto, por un lado, se trata de una medida accesoria que requiere como recaudo previo para su procedencia -entre otros-, que se haya promovido la acción destinada a obtener la remoción del órgano de administración de la sociedad (LGS 114), lo que se verifica en la especie. Por otro lado, el profundo conflicto existente entre las socias, las recíprocas denuncias e incumplimientos que éstas se formulan entre sí, así como las sucesivas presentaciones efectuadas en la esta causa, demuestran la conveniencia de mantener la medida dispuesta por el juez a quo, quedando así debidamente resguardados los diferentes derechos en pugna.
Daño punitivo, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez, Jorge Ricardo c/ Orbis Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

Corresponde condenar por daño punitivo a la aseguradora accionada quien frente a la destrucción total del automotor taxímetro explotado por el asegurado rechazó injustificadamente y sin respaldo técnico el aludido siniestro, a lo que se añade la retención de fondos destinados a la reparación del daño sufrido. Tal conducta evidencia una culpa grave y un enriquecimiento indebido, al haber impedido que el damnificado perciba la indemnización correspondiente; situación que incluso persiste en la actualidad, al continuar dilatando el cumplimiento de su deber contractual.
Facultades del Poder Judicial, temeridad o malicia, sanciones procesales, defensa en juicio, ofensas vertidas en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Pose, Fernando Pablo c/ Gómez, Gabriela Marcela s/ denuncia por violencia familiar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-07

Corresponde a la tarea judicial analizar la medida y alcance de las expresiones vertidas por las partes en el proceso valorando la trascendencia que asumen en cuanto a determinar si quien las ha introducido lo hizo para aportar elementos de convicción o simplemente tienen como finalidad manifestar infundadas ofensas a la parte contraria, pues se encuentran en pugna el derecho de defensa en juicio y el deber de no ofender injustificadamente.
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alvarez, Francisco Baltasar c/ Celsur Logística SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-24

La decisión asamblearia aprobatoria tiene una "eficacia meramente interna", en cuanto se propone determinar la situación patrimonial de la sociedad, tal cual la exponen los administradores, no dando cuenta de una declaración de voluntad, sino solamente de una declaración de ciencia esto es, una declaración representativa o enunciativa de una determinada situación de hecho, en cuanto se dirige a constatar la situación patrimonial de la sociedad; por la cual toma conocimiento del proyecto de balance imprimiéndole al mismo la condición de acto social. Así las cosas, la aprobación del balance no declara ni atribuye derechos, ni importa ratificar actos en exceso de atribuciones.
Procedencia parcial, intereses compensatorios, honorarios, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-244.023/ 2024 (Tribunal Contencioso Administrativo - Sala II - Vocalía 3) Ejecución de Honorarios: Contreras, Ariel Fernando c/ Estado Provincial s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2025-06-30

La Suprema Corte de Justicia, Sala III, por mayoría revocó parcialmente la sentencia recurrida, en tanto fijó intereses compensatorios a los honorarios regulados al letrado actor en los autos principales. A pedido de parte, declaró la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley Nº 6368 regulatoria de los honorarios profesionales de abogados y procuradores. Argumentó que dicha disposición invade competencias del Congreso Nacional, al tratarse de una materia regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN). Sostuvo además que los honorarios no generan intereses compensatorios, solo moratorios, ya que no implican el uso de capital ajeno, y aplicarles dichos intereses otorgaría un privilegio indebido a los profesionales. Citó el artículo 15.2 de la Constitución Provincial, que faculta al Poder Judicial a ejercer el control de constitucionalidad. En disidencia, el voto minoritario consideró que el planteo de inconstitucionalidad resultó expuesto en términos genéricos y no se demostró una violación concreta a la Constitución. Señaló que -a su criterio- no existe contradicción normativa entre la ley provincial -ley especial- y el CCyCN -ley general-, por lo que propuso el rechazo del planteo.
Honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/ Lulas SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-12

Corresponde excluir los honorarios de la mediadora del cálculo del prorrateo previsto por el CCCN 730. Ello por cuanto el límite allí previsto en materia de responsabilidad por las costas, resulta operativo para los profesionales que intervinieron en la denominada "única instancia" por el propio artículo, mientras que el trabajo de la mediadora fue realizado en una instancia "previa" al juicio, aunque sus honorarios se encuentren incluidos en las costas del proceso.
Honorarios, regulación de honorarios, confirmación de sentencia, denegatoria del recurso, honorarios del perito, aplicación analógica de la ley, monto del juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Celie, Leticia Haydee Nazarena y otros c/ Clínica La Esperanza (CELSO SRL) y otro s/ daños y perjuicios - resp. prof. médicos y aux.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-21

Cabe rechazar los agravios de la Defensora de Menores en orden a los honorarios regulados en favor de los peritos intervinientes confirmando en consecuencia la decisión del a quo pues no corresponde efectuar diferencia alguna como pretende dado que el interés económico del proceso como pauta cuantitativa a considerar a los fines de establecer la retribución de todos los profesionales es única evitando así incurrir en diferenciaciones injustas, debiendo remitirse en aplicación de una interpretación análoga al art. 22 de la Ley 27.423 que determina que la base regulatoria está constituida por el monto que resultare de la sentencia.
Registro de la propiedad inmueble, bienes inmuebles, prueba documental, Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, código civil y comercial, usufructo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Patiño Aroz, Carlos Alberto c/ Registro de la Propiedad Inmueble s/ recurso directo a Cámara
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-03

El Registro de la Propiedad Inmueble actúa con sujeción al principio de rogación según establece el art. 6 del Régimen de Registro de la Propiedad Inmueble, Ley 17.801 por lo que debe proceder en función del requerimiento formulado por parte interesada y atenerse a lo que surja de los documentos presentados por aquella para su registración sin que pueda considerar el conocimiento que pueda tener respecto de la realidad extrarregistral.