marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, síndico del concurso, liquidación de entidades financieras, grupo económico, extensión de la quiebra, desistimiento de la acción, juez del concurso, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRECO HNOS. s/ QUIEBRA S/ INC. DE DECLARACION DE CONJUNTO ECONOMICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-20

Si el síndico oficial (conf. Ley 22334) promovió un incidente persiguiendo la declaración de conjunto económico, a fin de que se establezca una división de las masas pertenecientes a una entidad bancaria, por un lado, y por el otro, de la totalidad de los sujetos fallidos y a los que se les pueda extender la quiebra en el futuro, resulta improcedente que luego de notificada la demanda desista del juicio, aun cuando -como en el caso-, mediando traslado del desistimiento a los accionados, estos no se hayan opuesto, aunque si lo hayan hecho otros sujetos invocando su calidad de acreedores.

Ello así, pues es inaceptable que el síndico desista llanamente de una acción de la envergadura de la que ha promovido, con una manifestación lacónica que no explica los fundamentos de tal actitud. Si bien por su calidad de órgano del proceso el síndico actúa con facultades propias, éstas sólo pueden ser ejercidas en la esfera de sus atribuciones. A más no tiene la libre disponibilidad de los intereses ajenos, cuya custodia se le encomendó, y su opinión no es vinculante para el juez de la quiebra. No obsta lo expuesto, la aceptación expresa o tácita del desistimiento por parte de los accionados, toda vez que se encuentran en juego intereses de orden público que no son disponibles para las partes.
Remuneración, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gulías Walter Rubén c/ Gorvalán Ada Noemí y otro. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

Constando en el instrumento que sirve de título ejecutivo la cláusula enunciativa "por igual valor recibido en efectos" y siendo conceptuable éstos como " artículo de comercio" en singular o "bienes, muebles, enseres" en plural, según el Diccionario de la Real Academia Española, procede denegar el embargo sobre el salario del ejecutado en los términos del decreto ley 6754/63. Es que si bien, como se lo ha reiterado, no cabe investigar en un proceso ejecutivo la causa de la obligación cuando la misma no consta en el documento, ello no puede llegar al extremo de ignorar las referidas cláusulas enunciativas que, en el caso, no dejan marco para la duda.

- (Minoría u opinión personal)
Jornada de trabajo, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, FRANKLIN JOSE c/ LA FRATERNIDAD s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-07

La distribución del tiempo de trabajo es privativa del empleador (artículo 197 Ley de Contrato de Trabajo), por lo que puede disponer modificaciones al respecto, pero esta facultad sólo puede ejercerse a condición de que no se altere sustancialmente lo pactado.
Defensa en juicio, designación de defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, vista de las actuaciones
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabrera,  Sergio  Daniel s/ p.s.a.  robo calificado - causa Nº18/98 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La sola designación del defensor oficial sin que se le haya corrido vista para que funde la presentación de su pupilo o bien para que instrumente los recaudos necesarios para la interposición del recurso extraordinario, no satisface las exigencias de un auténtico patrocinio como el exigido por la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Acción de amparo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aserradero Clipper S.R.L. s/ recurso de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-03-02

El recurso de amparo no autoriza a sustituir la forma y vía elegidas por el legislador para la defensa de los derechos patrimoniales, por otras estimadas subjetivamente más aptas por los jueces de la Nación, sin violación del principio cardinal de la división de los poderes y de la preeminencia que debe reconocerse a las leyes del Congreso y a las normas reglamentarias del Poder Ejecutivo.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, bien jurídico protegido, carácter excepcional, empleados públicos, remuneración, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sommer, Rodolfo Daniel Ernesto y otros c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad- Amparo (Expte. C.S.J. Nro. 388 Año   1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Tratándose de un caso suscitado en razón de una relación de empleo público, la competencia contenciosoadministrativa se supone, lo cual pone en cabeza del Juez el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo, al realizar el examen que ordena el artículo 6 de la ley 10.456. En el caso, la ponderación realizada se ajusta inequívocamente a la efectuada por la Corte en sucesivos pronunciamientos, por lo que no cabe sino refrendar lo resuelto por la Alzada (y antes, por el Juez inferior) cuando concluyeron en la inidoneidad de la vía (y, con ello, en la incompetencia del fuero civil para entender en la pretensión planteada), respuesta frente a la cual los recurrentes se limitan a manifestar su discrepancia sin aportar razones demostrativas de la existencia de una arbitrariedad manifiesta y de un daño concreto y grave que merezca y necesite ser reparado por la vía urgente del amparo, o de que el tránsito por la vía contencioso administrativa les pueda ocasionar un perjuicio irreparable.
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, concesión de servicio público, Aguas Argentinas Sociedad Anónima, tasas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Núñez, Roberto c/ Aguas Argentinas S.A. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si el actor solicita, además de la declaración de inconstitucionalidad del art. 11.8 del Convenio de Privatizaciones de Obras Sanitarias de la Nación, el reajuste de la deuda que mantiene el inmueble de su propiedad en concepto de tasa retributiva derivada del servicio de aguas y cloacas brindado por Aguas Argentinas S.A., materia que se encuentra vinculada con aspectos que hacen a la interpretación y aplicación del régimen de tarifas vigentes, y con normas que regulan el contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y la citada empresa, su conocimiento compete a los jueces en lo contencioso administrativo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: VIDELA, Ricardo Javier c/ Vargas, Luis Gustavo y Otro s/ Daños y Perjuicios - III Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-16

"La regla establece en favor del que viene por la derecha una especie de autorización para avanzar como si tuviera el semáforo en verde y para el que viene por la izquierda una prohibición de hacerlo como si tuviera una luz roja, a no ser que el que venga por la izquierda advierta que, sin obligar a frenar al que viene por la derecha, pudiese trasponer el cruce sin riesgo alguno".

En cuanto a la aplicación de este principio de la ley de tránsito cuando existe un cruce simultáneo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones, ha sostenido que "de acuerdo con la ley, quien se aproxima a otra vía cuya mano de tránsito va de su derecha a su izquierda debe aprontarse a frenar y ceder el paso, aún a quien llega con notorio retraso".

Es que se debe respetar el derecho de paso no sólo cuando los vehículos llegan al mismo tiempo, sino cuando el obligado a esperar alcanza al cruce antes que el otro. No importa quien entre primero al cruce, el derecho preferente de paso no caduca".

"La regla de la prioridad de paso no deja de aplicarse por haber intentado primero el cruce o ir algo adelantado uno de los automotores, ya que dicha ventaja era mínima, por lo que no se justifica un apartamiento del mandato legal, preciosa regla de tránsito que de ser observada de buena fe evitaría muchos accidentes que la premiosa conducción moderna causa a los automovilistas.

Lo contrario podría conducir a la derogación indirecta de la velocidad de la esquina (donde precisamente debe reducírsela) a fin de lograr un adelantamiento, lo que no debe admitirse".
Prescripción, declaración de oficio, caducidad
Materia: LABORAL
Carátula: Jacquement, María A. en nombre y repr. de Fabre José c/ FEPASA s/ Indemnización y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-10

El vínculo laboral se extinguió el 31-7-95 y la demanda fue interpuesta el 7-9-01. El insano -en cuyo nombre su curadora demanda - fue declarado tal, nombrándose curadores a sus padres, en fecha 32 -10-00, los que aceptaron el cargo el 28-11-00.

Conforme la remisión del artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta innegable (artículo 3966 del Código Civil) que la cuestión debe ser resuelta a la luz de lo dispuesto por el artículo 3980 del citado cuerpo legal, el que es claro al disponer (fijándolo como plazo de caducidad) que la demanda debió articularse -por haber transcurrido el plazo bianual previsto en el artículo 256 de la Ley 20744- en el término de tres meses de obtenida la representación. Aún cuando se entendiera que corresponde atribuir algún efecto al reclamo administrativo efectuado, en éste también aparece vencido aquel plazo.
Inadmisibilidad del recurso, confirmación de sentencia, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Ortigoza, Agustín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-22

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que confirmó el decisorio que no hizo lugar a la excarcelación del imputado toda vez que no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara; la resolución ha satisfecho el "derecho al recurso" reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H.; y el tribunal a quo valoró, a efectos de fundar su decisión respecto del nombrado la cantidad de sustancia estupefaciente encontrada, el modo en que fue acondicionada, la gravedad del hecho investigado, circunstancias que aunadas a la expectativa de pena prevista evidenciarían que el imputado intentará eludir el accionar judicial.
Juicio de apremio, demanda, ampliación de la demanda, vista de las actuaciones
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: BALDASARRE, MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO     CSJ EXPTE NRO 308-80 BELDOMENICO, HUGO A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 309-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-21|1989-06-21

Con respecto a la ampliación del monto de la demanda de apremio, el artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial permite ampliar o moderar la petición después de contestada la demanda, siempre que se funde en hechos que no impliquen un cambio de acción, pero el artículo 136 pone un límite a esa facultad: "la ampliación autorizada por el artículo anterior no será sustanciada especialmente, y podrá hacerse en cualquier estado de la causa hasta la citación para sentencia".

En el caso, como el mismo actor lo reconoce al promover la ampliación, los autos quedaron a resolución al celebrarse la audiencia de vista de causa (artículo 27 del apremio). Por tanto, la ampliación resulta extemporánea e inoportuna, debiendo los actores haber iniciado un nuevo juicio de apremio, pues su derecho a hacerlo en éste, ampliando la demanda, había precluido.
Aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SAYAVEDRA, CRISTIAN c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-18

Corresponde admitir la queja interpuesta, desde que la arbitrariedad normativa invocada por el recurrente -por entender que la sentencia atacada aplicó el artículo 17 inciso 6 de la ley 26773 de manera retroactiva, cuando el hecho que dio lugar a la pretensión acaeció con anterioridad a su entrada en vigencia- cuenta con suficiente asidero en las constancias de autos e importa articular con seriedad planteos que puedan configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruozi, Edmundo Pedro s/ Inconstitucionalidad dec. ley 9963/83. Tercero: Caja S.S. Prof.  Ciencias Económicas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

El art. 56 del dec. ley 9963 no se ocupa de regular el trabajo fuera del ámbito bonaerense sino que se atiene a reglamentar en materia jubilatoria en la Provincia (arts. 3, 24, 32 in fine, Const. Prov.).

No se enerva el derecho de propiedad en tanto se trata de una regulación previsional que está razonablemente fundada en principios de la materia (art. 9 cit. texto const.) y es igualitaria respecto de quienes se hallan en situaciones equiparables (art. 10, Const.

Prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado, remoción de directores, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Shinya, Nicolás Augusto Germán c/ Espacio 53 SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

En los juicios de remoción de directores no se configura -en principio- un litigio con monto determinado en los términos del art. 6 inc. a) de la ley de aranceles. Por ello corresponde que, a los fines regulatorios, la revisión de dichos honorarios se haga bajo las pautas que establece el art. 6 incs. b) y siguientes de la ley 21839. Ello por cuanto el nuevo régimen legal no es aplicable a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas o que hubieran tenido principio de ejecución durante la vigencia de la ley antes mencionada (CSJN, "Establecimiento Las Marías SAICIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa", de 4/9/18).
Sociedad de responsabilidad limitada, responsabilidad del socio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vecchiola, Raúl Julio y otros c/ González, Jorge y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-28

Conforme lo establece el artículo 150 de la Ley de Sociedades 19550, los socios garantizan en forma solidaria e ilimitada a los terceros la integración de los aportes y, en virtud de los dispuesto por el artículo 56 de la referida ley, la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos previa excusión de los bienes sociales, según corresponda.
Estafa, contratos, prueba
Materia: CIVIL -PENAL
Carátula: TRAICO FABIAN s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-11

La prueba de un negocio jurídico contractual se encuentra sujeta a las limitaciones probatorias impuestas por la ley de fondo (código civil arts. 1193 y 1017).

El simple acto de la entrega de un cheque por una persona a otra, el que, cumpliendo con su destino circulatorio, puede movilizarse mediante el endoso o la simple entrega, según sea el título a la orden o al portador, no es una situación jurídica pura -el acto de entrega- sino, por el contrario, es una situación de hecho con consecuencias jurídicas, que como tal puede acreditarse por cualquier medio de prueba (repárese en la prueba de la tradición, cuestión eminentemente fáctica con singulares relevancias jurídicas).-
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Barbieri, Mariana, c/ Bustillo y Del Campo S.C.C. s/ Accte. de trabajo Falasconi, Rubén C. c/ Fisco de la Pcia. de Bs. As. y ot. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17|2000-07-05

Para la aplicación del art. 2 de la ley 24.028 se requiere que previamente se demuestre el nexo causal o concausal entre la dolencia y la consecuente minusvalía -o el deceso, en la especie- y el trabajo.
Sucesiones, demanda contra la sucesión, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GRAMAJO MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ IBAÑEZ MARIA MERCEDES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-14

Resultan de aplicación al caso las pautas interpretativas recientemente expresadas por este Tribunal en los autos "Cabrera, Rubén Ismael vs. Petech, Valerio Rodolfo s/ Despido", sentencia N° 1053 del 21/12/2010. En el precedente mencionado esta Corte dijo, "en relación a los derechos patrimoniales que se transmiten por el fallecimiento de una persona.al pasar mortis causa en cabeza de sus herederos todas las acciones y derechos que pesaban sobre el causante, el proceso debe continuar con aquéllos [Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, T. I, pág. 192], siendo de aplicación las normas referidas a las partes, tanto en relación a la contestación de demanda como al supuesto de rebeldía" (cfr. CSJT, "Cabrera, Rubén Ismael vs. Petech, Valerio Rodolfo s/ Despido", sentencia N° 1053 del 21/12/2010). Asimismo, que "es criterio doctrinario y jurisprudencial, que la sucesión no es una persona jurídica distinta de los miembros de la comunidad hereditaria [CSJT, sentencia Nº 1182 del 28/12/2005, "López Susana Antonia vs. Olmos de Jurado Mirtha Rosa s/ Redargución de falsedad" ; sentencia Nº 562 del 05/8/1999, "Banco Roberts. S.A. vs. Suc. de Faustino Fernando Maldonado s/ Embargo preventivo y cobro de pesos"; entre otras], 'por lo que no puede ser tenida como parte sustancial y quedar legitimada en la relación procesal para estar en juicio. Son los herederos y no la sucesión, los titulares de los derechos y obligaciones, resultante de los bienes individuales [cfr. arts. 3.415, 3.417, 3.264 y ccs del C.C.].', agregando que 'la demanda debe ser dirigida contra ellos como parte directa y personal en el juicio' [CSJT, sentencia Nº 1182 del 28/12/2005, "López Susana Antonia vs. Olmos de Jurado Mirtha Rosa s/ Redargución de falsedad"]. De allí que 'cuando se demanda a una sucesión, esté en trámite el sucesorio pertinente o el mismo hubiera sido ya liquidado, la acción habrá de entenderse siempre dirigida contra los herederos y la sentencia que en su base corresponda dictar, absolverá o condenará a los herederos y nunca a la sucesión, aún en la hipótesis en que hubiera un solo heredero' [CSJT, sentencia Nº 928 del 22/10/2002, "Sepúlveda, Ángel Rodolfo s/ Homicidio y lesiones culposas"] ". Corresponde agregar que en modo alguno el Tribunal podría haber condenado a la demandada fallecida desde que "termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas" (cfr. art. 103 Código Civil). Concluye, pues, de esta forma y con ella, la imputabilidad a la persona de derechos y obligaciones (Código Civil Comentado, Director: Julio César Rivera, Títulos preliminares. Personas, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pág. 421).
Comisión Nacional de Valores, sociedad anónima, responsabilidad de los directores, multa civil, portador del título, obligaciones negociables
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMISION  NACIONAL  DE VALORES c/ SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA SAS/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

Del dictamen fiscal 89758:

Procede imponer a una sociedad anónima un multa pecuniaria por aplicación de laLey 17811 art.10-b(modificado por la Ley 24241 art.

154 y hacerla extensiva a sus directores en forma solidaria por infracciones a lo establecido por el CCIV art.1071, 1197, 1198; Ley 23576: art. 29; Ley 19550 art. y art. 54 del capitulo VI de las normas (N.tT 1997); y a los síndicos por infracción constatada al art.

294-9° de la Ley 19550 cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) el pertinente sumario fue iniciado con motivo de la denuncia de un tenedor de obligaciones negociables emitidas por la sociedad imputada ante la falta de pago de intereses y la negativa a extenderle un certificado individual, conforme lo previsto en el respectivo contrato de fideicomiso, el cual había sido solicitado para ejercitar sus derechos mediante una acción judicial; y b) quedo admitido que se obstruyo el ejercicio legitimo de los derechos del tenedor por razones de "conveniencia", en violación a normas legales, reglamentarias y estatutarias que rigen la actividad y en especial, la emisión de obligaciones negociables. en tal sentido cabe precisar, que el canje de la participación en el titulo global por un certificado individual resultaba necesaria para que el tenedor contara con un instrumento representativo de sus derechos a fin de accionar judicialmente, según lo previsto por la Ley 23576 art. 29. Es más, fue justamente la habilidad de ese titulo para formular un reclamo judicial lo que persuadió a la sociedad de no otorgarlo.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: López López, Luis y otro c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ eximición de inversiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

La garantía de la igualdad en las cargas públicas no impide que la legislación considere de manera diferente situaciones que estima diversas, de modo tal que de no mediar discriminaciones arbitrarias, se creen categorías de contribuyentes sujetos a tasas diferentes.
Contrato de trabajo, fraude laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Urburu, Christian Maximiliano  c/ Promostar S.A. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-28

La codemandada Promostar SA. se agravia porque el sentenciante de grado desconoció su carácter de empleadora del actor y lo atribuyo a Nestlé Argentina S.A. Concluyó el sentenciante que corresponde la aplicación de la regla contemplada en la primera parte del art. 29 LCT. en tanto tuvo por acreditado que Nestlé Argentina S.A. resultó ser la verdadera empleadora del actor. Las constancias de la causa no autorizan a asignar a Nestlé Argentina SA. el rol de titular de la relación jurídica. Ello así porque de los hechos admitidos por las accionadas en sus respectivos respondes, por sí solos, no conducen a concluir que en la especie se configuró la situación que contempla el citado art. 29 en tanto que ambas codemandadas admitieron que se encontraron vinculadas a través de un contrato comercial, en virtud del cual Promostar SA. se comprometió a prestar a Nestlé Argentina SA. servicio de marketing y de reposición de mercaderías en las góndolas de supermercados. Esta situación no obsta a responsabilizar solidariamente a Nestlé Argentina SA. en los términos del art. 30 de la LCT. Ello dicho que las labores cumplidas por el actor complementan la actividad moral de Nestlé en tanto que el porcentual de ganancias facturados depende directamente de la venta de los productos por ella elaborados, y siendo que las tareas del actor consistían en la presentación de dichos productos para invitar al consumidor a adquirirlos, ello llevaba a acrecentar las ganancias de Nestlé Argentina SA.