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Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa, publicidad registral
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREDEROS DE CAMPI DE SCHIAVI c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN C/ATENCIA ANTONIO PASTOR Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA S/TERCERIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-09

Es evidente que el Código Civil, con el propósito de afianzar la seguridad en las negociaciones inmobiliarias ha instituido un régimen de publicidad registral. El artículo 2.505 establece en forma categórica la obligación de inscribir en los Registros Inmobiliarios, los títulos que tengan por objeto la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, agregando en su último párrafo que "esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. La prevalencia de la publicidad registral surge también de los artículos 2 y 3 de la ley 17.801.

Si bien el boleto de compraventa no constituye el título idóneo para la adquisición o transmisión de los derechos reales, el artículo 14 de la ley provincial 3.690 establece la posibilidad de su inscripción. Refuerza este criterio lo dispuesto por el art. 19 de la ley 17.801 que sienta el principio de prioridad de la registración conforme a la fecha y número de orden de los documentos que ingresan al Registro Inmobiliario.

En los autos "Melgarejo Adrián y otro c/ Guerra Méndez Adán y otro- 12/03/04" el alto Tribunal provincial, sentó la siguiente Doctrina legal "El conflicto entre el acreedor embargante y el poseedor del inmueble afectado por la cautelar, que sólo cuenta con un boleto no inscripto, debe ser resuelto en favor del primero.

Si el ordenamiento jurídico reconoce al poseedor por boleto el acceso a la publicidad registral, deberá soportar los riesgos de haber omitido la inscripción del instrumento en cuestión". Las consecuencias de la falta de inscripción del boleto solo puede recaer sobre el adquirente y no sobre el tercero acreedor del vendedor.
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez Gonzalo Fabián c/ Acuña Pascual Rolando y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

El hecho ilícito del agente da origen a una responsabilidad refleja encuadrable en el art.1113 del C.C., 1º apartado. Así, cuando tal ilícito es cometido por un agente de policía provisto de un arma de la repartición y que -como obligación- debe portar permanentemente, constituye un acto efectuado con motivo de su incumbencia porque ese deber es el vínculo de causalidad adecuado del perjuicio que causó.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia criminal y correccional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, comercialización ilegal de estupefacientes, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Veneziano, Lautaro y otros c/  s/ comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción/tenencia con fines de comercialización s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde asignar la competencia al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para investigar la presunta comisión del delito previsto en el art. 5, inc. c) de la ley n° 23737. Ello así, en tanto al momento de resolver la cuestión planteada, la justicia local es competente para intervenir respecto de la figura penal vinculada al conflicto, y el presente caso resulta escindible de aquel que se investiga ante la justicia nacional. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Indemnización por despido, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, JORGE c/ CIA. DE TRANSPORTES RIO DE LA PLATA s/ DESPIDO DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

El art 245 LCT se refiere a la "...mejor remuneración mensual, normal y habitual..." y el sueldo anual complementario, aunque "normal" (conforme a las normas), y "habitual" (acostumbrado), no es mensual, ya que no se paga todos los meses, aunque se gana en cada momento. Con tal limitación, el legislador ha buscado que el resarcimiento por antigüedad se calcule sobre el haber que mensual- mente tiene a su disposición el trabajador como retribución por su desempeño, con exclusión de asignaciones no mensuales y de premios o remuneraciones extraordinarias (en el sentido de no habituales) (Conf.

Sala III 18/7/78 "Angiolini, Juan C/ Frigorífico Tres Cruces SA" D.T.

1978-pág 675).
Regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacios, Juan Alberto, y Tort, Daniel Roberto c/ Sindicato  de  Obreros  y  Empleados  Municipales  de  Salta    SOEM s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

La resolución que reguló los honorarios debidos por la asociación gremial directamente sobre la base del monto total de las diferencias salariales reconocidas a los trabajadores municipales en el convenio suscripto con la comuna omitió ponderar que la entidad intervino en las respectivas negociaciones en defensa de intereses colectivos, por lo que no cabe identificar la medida de su interés en el asunto con el beneficio económico obtenido por los dependientes en favor de quienes fueron admitidas las diferencias de retribución reclamadas.
Empleo público, cesantía, medidas cautelares, personas con discapacidad, queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pietranera, Lucía c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pietranera, Lucía c/ GCBA s/ incidente de medida cautelar - recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art.464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Corresponde hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de la Sala del fuero y ordenar se conceda la medida cautelar tendiente a lograr la suspensión de los efectos de la cesantía impugnada y su inmediata reincorporación como empleada de planta permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ello así, en tanto la parte recurrente tiene razón atendible, desde la óptica constitucional, en impugnar la sentencia de la Sala del fuero por los agravios traídos a este Tribunal invocando el apartamiento del corpus de protección internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por afectación al debido procedimiento adjetivo. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: ISMAEL NUÑEZ Y OTRO c/ VIVIENDAS TARZAN  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Es inatendible el cuestionamiento del fallo basado en la ausencia -por estar en uso de licencia- de uno de los integrantes de la Sala, si la recurrente sólo destaca la inconveniencia de ese hecho pero no demuestra que el tribunal haya infringido las normas que rigen su funcionamiento.
Cuestiones prejudiciales, sobreseimiento, culpa civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIRANDA DE ZARATE, MARIA LUISA c/ FERRER,FEDERICO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-10-27

La absolución del acusado en el fuero penal, por estimarse que no medió culpa o imprudencia, no impide, en el juicio civil, declarar la existencia de estos extremos a los efectos de la reparación del daño, porque la culpa se aprecia con criterios distintos, de tal modo que la irresponsabilidad penal no lleva a la exención de responsabilidad civil.
Intereses, ejecución de alquileres, intereses convencionales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: De Agostini, María Teresa c/ Arsa y Alberto Enrique Rodríguez s/ Cobro ejecutivo de alquileres. De Agostini, María Teresa c/ Arsa y Alberto Enrique Rodríguez s/ Cobro ejecutivo de alquileres.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-09-29|1994-09-29

La aplicación de las cláusulas pactadas, en los términos que surgen del contrato llevaría a una condena de intereses del orden del 90% mensual -o del 1080% anual-, lo que a todas luces excede el debido rigor que debe contener esta pena y que en el juzgador debe morigerar, sin quitarle fuerza de compulsión. Máxime cuando, como quedara dicho, se ha autorizado el cómputo de la depreciación monetaria operada, la aplicación literal de las cláusulas elevaría el capital, ya actualizado, a una suma realmente desproporcionada en términos contractuales, con evidente lesión a la moral y a las buenas costumbres. La ley no ha revisto pautas específicas al redactar la segunda parte del art. 656 del Cód. Civ., por ello los Tribunales haciendo una interpretación analógica, han acudido en casos como el de autos, al criterio fijado por el legislador para los casos de inconducta procesal maliciosa del deudor, tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de dar sumas de dinero y que faculta a los Jueces a imponer como sanción la obligación accesoria del pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrían llegar hasta dos veces y media la tasa de los Bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarias (art.622 c.c.ref.por la Ley 17711 del Código Civil). Entendemos que dicha pauta señala un límite razonable a las cláusulas punitorias (traducidas en tasa de interés), traspasado el cual se entraría -salvo circunstancias excepcionales- dentro del ámbito del abuso reprochable, que no debe ser convalidado por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, habiéndose condenado hasta el 31 /03/91 un interés puro del 8% anual junto con la depreciación monetaria, (a fin de no imponer un doble cómputo de ésta, contenida en la tasa común de interés), corresponde fijar un porcentaje para el período aludido,del 20% anual, -comprensivo del 8% de interés puro que se toma como base para calcular las dos veces y media- que deber computarse desde que cada mensualidad de alquiler se hizo exigible hasta la fecha señalada. A partir de entonces, y siguiendo la misma orientación, corresponde el cálculo de intereses comunes a razón de dos veces y media la tasa de descuento ordinario, condena que comprende tanto los intereses moratorios como los punitorios en cuestión. A ello cabe agregar que el cálculo deber ser realizado conforme el método de interés en línea recta, vale decir, sin capitalizaciones periódicas, que violentarían la prohibición de anatocismo consagrada en el art. 622 del Cód. Civ. por no darse ninguno de los supuestos excepcionales previstos en esa norma.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: López, Fabio Omar c/ Municipalidad de Merlo s/ Acción sumarísima
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es inatendible el planteo formulado en el juicio por violación de estabilidad gremial relativo a la inaplicabilidad de las disposiciones de la ley 23.551 a los agentes comunales si la legitimidad de los derechos sindicales invocados no fue cuestionada con anterioridad no obstante estar en conocimiento el municipio de la celebración del acto eleccionario como de su resultado y permitió al trabajador el desempeño de su mandato gremial.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, diputados, jubilados, reajuste jubilatorio, Sistema único de la seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Daud, Ricardo c/ E.N. (H. Cámara de Diputados de la Nación y S.U.S.S.) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Corresponde acoger el recurso contra el rechazo que de la falta de legitimación pasiva hace la señora juez, habida cuenta que -como surge del pronunciamiento del a quo- la única persona jurídica sobre la que podrá recaer la condena en caso de prosperar la pretensión del actor -dirigida a obtener, con sustento en lo establecido en la ley 22.994, el incremento del haber de pasividad que percibe en su condición de legislador nacional jubilado-, será el Sistema Unico de la Seguridad Social instituido por el art. 85 del decreto 2284/91 y encomendado a la Administración Nacional de la Seguridad Social, creada como ente descentralizado por el decreto 2741/91 (ratificado por el art. 167 de la ley 24.221), teniendo en cuenta -además- que el planteo de inconstitucionalidad del art. 34 de la ley 24.018 -como medio de viabilizar la procedencia de esa pretensión que la vigencia de esta norma se considera que impide- no debe ser dirigido contra los órganos que intervinieron en el proceso de su formación y sanción.
Rendición de cuentas, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R.M. s/ Sucesión Ab Intestato y Testamentaria s/Incidente de Rendiciónde Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-04

"...el proceso por rendición de cuentas puede integrarse mediante una tercera etapa tendiente al cobro del saldo activo por el procedimiento de ejecución de sentencia". "En la tercera etapa se persigue el cobro del saldo que pueda arrojar la rendición de cuentas " "...y se cumple en ocasión de la ejecución de la sentencia que aprueba las cuentas y fija saldo debido".
Recurso contencioso administrativo, actos impugnables, vicios, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Noriega, María del Carmen c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte CSJ Nº 547-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-17

Debe declararse inadmisible el recurso interpuesto por no ajustarse a las formas legales (artículos 4, 10 y 12 de la ley 11330), desde que si bien en la demanda la recurrente cuestiona el procedimiento que culminó con el dictado de la resolución municipal atacada, omite postular vicio alguno de ilegitimidad, con suficiente asidero en las circunstancias de la causa, que "haya influido o podido influir en la emisión" del acto impugnado (artículo 4, ley 11330), sin alegar -tampoco- ningún vicio de ilegitimidad propio de este último.

Antes bien, se limita a efectuar genéricas alegaciones que en modo alguno resultan suficientes en orden al ejercicio, por parte del Tribunal, de su jurisdicción contencioso administrativa.
Recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Chirou Hnos. y Cía. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Es inconducente todo pronunciamiento de la Corte sobre el alcance que cabe asignar al decreto 679/88, pues se encuentra suspendido en su cumplimiento a raíz de la observación del Tribunal de Cuentas de la Nación.
Principio de congruencia, daños y perjuicios, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: Magra Acosta, Alan Alexis c/ Moriames, José Alberto y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de una adecuada demostración del absurdo.(doctor Negri, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad médica, mala praxis, parto prematuro, tratamiento médico, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: DE LA RUA, NAHUEL c/ LETO, DANIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

En relación al reproche de la recurrente relacionado al inadecuado control de oxígeno que haría responsables a los galenos, la Alzada destacó que no se acreditó la falta de diligencia de los profesionales de acuerdo a la lex artis vigente al momento del nacimiento, sin obrar pruebas que demuestren que a esa época hubiese un tratamiento más adecuado que el efectivamente aplicado; y en tal sentido, la Cámara restó decisividad al extremo relativo al período de tiempo durante el cual se habría suministrado el oxígeno mientras el recién nacido se hallaba en la incubadora -concediendo al quejoso que fueron 9 días-, puntualizando que la inexistencia del nexo causal no se focalizaba en dicho aspecto sino en que el suministro de oxígeno no se trataba en la época del hecho una práctica contraindicada y mucho menos se exigían estudios preventivos que hubiesen evitado la lesión padecida por el damnificado, no siendo tampoco estas consideraciones replicadas debida y acordemente a esta instancia, quedando los reparos del compareciente en un intento por revertir la decisión tomada y, por ende, en el plano de la disconformidad, sin lograr acreditar que la sentencia resulte ser inválida como acto jurisdiccional.
Despido, tasa activa
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Cocaro, María de los Angeles  c/ Video Drome S.A  s/ despido y cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-03

Como primer punto relevante, debo reiterar, tal como lo hizo la vocal preopinante, que nuestro Máximo Tribunal Nacional en el fallo [García, Javier Omar c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)] dejó sin efecto la "doble tasa activa" en vistas de que la decisión examinada no fundamentó adecuadamente las razones por las cuales se apartó de la solución legal. De tal manera, la extensa fundamentación efectuada en el voto previo respecto del presente caso resulta ser un aspecto central al momento de diferenciar la solución adoptada por la CSJN con esta decisión. (del voto del Dr. Pablo G. Furlotti, en adhesión).
Municipalidad, personal municipal, empleados públicos, Estado Provincial, facultades concurrentes, ley provincial, leyes, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORIVE, DANIEL HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE PEREZ s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CSJ EXPTE NRO 85-81 POLILLO, MARIA DEL CARMEN POCHETTINO DE c/ MUNICIPALIDAD DE PEREZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 84-81 POLILLO, SANTOS CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE PEREZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CSJ EXPTE NRO 83-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-17|1984-04-17|1984-04-17

La regulación del régimen de empleo de los dependientes de una persona jurídica pública territorial, por estar relacionado con su funcionamiento y su estructura orgánica, pertenece exclusivamente a la esfera del poder local; pero aun si se aceptara que es materia de concurrente trato entre la nación y la provincia, e hipotéticamente fueran imcompatibles la norma nacional y la provincial, debe darse preeminencia a la ley provincial.

En el caso, la celebración de un contrato transitorio de servicios profesionales celebrado entre un particular médico y una municipalidad de segunda categoría, se rige por la ley provincial 6954, que establece el estatuto para el personal de las municipalidades de segunda categoría.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lilli María del Carmen c/ Guardamagna Carlos A. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

Una de las fuentes de convicción, equiparable a un indicio presuncional que puede ser recabado por el Tribunal de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, lo constituye la conducta de las partes en el juicio, a los fines de generar una presunción en contra de quien, violando el deber de cooperación, hubiera retaceado el aporte de elementos idóneos para dilucidar el caso.
Proceso judicial, recurso de apelación (procesal), efecto diferido del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: COMELLI ZULEMA DORA c/ BANCO RIO DE LA PLATA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Para que sea factible el tratamiento de las apelaciones concedidas con efecto diferido, debe existir apelación contra la sentencia definitiva, cualquiera sea la parte que haya apelado en una u otra oportunidad. En caso contrario, la apelación diferida carece de sustento legal y se torna manifiestamente improcedente, impidiendo considerar su admisibilidad (art. 260 del Código Procesal; Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. 1, pág. 282 y nota al pie nº 111 y t. 2, pág. 102 y nota nº 71; Fassi-Yáñez, "Código Procesal Comentado", t. 2, pág.466, parágrafo 2, y pág. 467, parágrafo 6, Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. V, pág. 276; esta Sala, causas 2433/97 del 12.2.98, 20.466/96 del 11.3.99, 4658/98 del 9.4.02).
Régimen de visitas, suspensión del régimen de visitas
Materia: CIVIL
Carátula: G. de A., G.G. c/ D. s/ VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-13

El derecho de visitas puede ser restringido o aún suprimido, cuando de su ejercicio derivaren evidentes y notorios perjuicios para el menor. La apreciación de la concurrencia de estas circunstancias debe efectuarse con criterio riguroso, con el fin de no llegar a soluciones que causen al niño severos trastornos de conducta, cuyos alcances pueden ser irremediables.
Daños y perjuicios, daño resarcible, responsabilidad del Estado, proceso penal, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Crispi  José  Alberto c/ EN  -Poder Judicial de la Nación y otro s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-27

Corresponde revocar la indemnización de los daños y perjuicios otorgada al actor con motivo de su sometimiento a proceso, detención y prisión preventiva, toda vez que merece una consideración especial el hecho fundamental de que la prisión preventiva -dispuesta como medida cautelar- haya sido consentida por el afectado quien no dedujo recurso de apelación contra el respectivo auto; omitió utilizar el medio procesal ordinariamente previsto para hacer cesar las consecuencias perjudiciales de la detención, al no dar oportunidad a la revisión de la prisión preventiva. No cumplió así un requisito básico para poder imputar error al proceder de la justicia que justificase una atribución de responsabilidad (Del voto del juez Márquez).
Competencia laboral, higiene y seguridad del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, HORACIO c/ ALPARGATAS  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

La acción que busca reparar el daño por el incumplimiento del deber de seguridad, surge del negocio jurídico laboral y ha de discurrir ante los jueces en lo laboral, por exigencias tanto de la causa material como de la formal. Su estructura es idéntica a la de un reclamo por salarios adeudados, por despido injustificado o por cualquier otro incumplimiento del empleador o del trabajador. Siendo estructuralmente laboral el reclamo, la competencia para resolverlo es laboral.
Aclaratoria (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Contreras Hnos.  S.A. c/ C.A.S.F.P.I. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Si la Corte omitió en su pronunciamiento decidir en materia de costas, corresponde hacer lugar a la aclaración solicitada y expedirse sobre el punto.