Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-30


MARTINEZ, Agustín contra CHIAUDRERO, Adolfo J. y otros Reg.: A y S t 215 p 357-360.

Santa Fe, 30 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2005 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "MARTÍNEZ, Agustín contra CHIAUDRERO, Adolfo J. y otros -Cobro de Pesos- (Expte. 256/04)" (Expte. C.S.J. nro.

411, año 2005); y, CONSIDERANDO: Por decisorio de fecha 26 de mayo de 2005 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió revocar la sentencia dictada en Primera Instancia en cuanto no hace lugar a los rubros adicionales por cobranza y vacaciones no gozadas año 1991, impone al actor el pago del 20% de las costas y fija como fecha de consolidación del daño la de la pericia médica, debiendo estarse al respecto a lo explicitado al tratar los respectivos agravios; confirmando el resto de la sentencia recurrida. También dispuso tener presente que los intereses correspondientes al rubro indemnización por incapacidad se deben abonar desde la interposición de la demanda; y que las costas de ambas instancias serán soportadas por el codemandado Adolfo Justo Chiaudrero, con excepción de las originadas por el reclamo por solidaridad formulado a Nobleza Picardo S.A.I.C. y F., las que se habrán de imponer en el orden causado (art. 102 L.C.T.). Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Al relatar los antecedentes del casos recordó que la Sala Primera en anterior fallo interpretó que se daban las condiciones pertinentes para la procedencia del artículo 30 de la L.C.T.. Interpuesto recurso extraordinario por "Nobleza Picardo S.A." el mismo fue declarado inadmisible; en cambio -siguió- sí se hizo lugar a la queja de la empresa multinacional aludida "en tiempo récord, abonando así la idea que tiene la opinión pública en general de este país que la 'justicia' es para los poderosos y que los pobres son ciudadanos de segunda".

Manifestó además que "como resultaba previsible, admitida rápidamente la queja, también se admitió el recurso de inconstitucionalidad". Agregó que vueltos los autos a la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral, ésta siguió el erróneo criterio de la Corte. Sostuvo que la sentencia impugnada, en cuanto hace propios los argumentos del Máximo Tribunal local, resulta arbitraria y no logra cumplir los requisitos mínimos para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerdan las Constituciones de la Provincia y de la Nación.

Dijo que el fallo de la Corte es incongruente por cuanto admitió la existencia de una diversa interpretación de la norma del artículo 30 de L.C.T. , entre el criterio del juez de Primera Instancia, el de la Sala Primera y su propio criterio. Se dirá -siguió- que aquí estamos planteando una distinta interpretación de una norma común, mas reclamó que si a "Nobleza Picardo S.A." se le da el derecho de abrir la instancia extraordinaria, se violaría el derecho de igualdad si no sucede lo mismo con el trabajador. Expresó que su parte pretende un pronunciamiento distinto considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación posee una nueva integración. Agregó que quizás hasta que la queja sea tratada "en los tiempos normales -dos o tres años- para los justiciables sin privilegios" se dicte otro fallo atinente a la interpretación del artículo 30 de la L.C.T.

Destacó que sus afirmaciones no implican admitir que la actividad contratada por "Nobleza Piccardo S.A." a Chiaudrero no hayan sido las permanentes y habituales, propias de su objeto social.

Por otra parte, invocó prescindencia del texto legal sin dar razón plausible para ello. A su criterio, con pretexto de una diversa interpretación de la norma se ha terminado prescindiendo de ella al quitarle todo sentido y restringir insólitamente su ámbito de aplicación.

Afirmó que el análisis que ha efectuado la Corte ha sido muy lineal y simplista, ignorando que el transporte cumplido por Chiaudrero fundamentalmente era interno, es decir que nos encontramos ante un traslado de un ámbito a otro, ambos de la propia demandada, ello sin perjuicio de la distribución que también cumplía.

Insistió en que el transporte y la propia decisión de llevarlo a cabo desde la planta de fabricación de Miguelete (Buenos Aires) hasta Rosario indudablemente hace a su actividad normal y específica que no sólo es fabricar cigarrillos sino también distribuirlos y venderlos, aspectos que no pueden soslayarse.

Concluyó que las arbitrariedades en que incurrió el Tribunal a quo lo han llevado a dictar una sentencia autocontradictoria e incongruente, que ha prescindido de la normativa del artículo 30 L.C.T., configurando ello una clara transgresión a numerosos principios constitucionales. 2. Por decisorio de fecha 16 de setiembre de 2005 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto con fundamento en que el mismo fue deducido extemporáneamente.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte.

3. Ante todo, cabe aclarar que si bien la supuesta extemporaneidad del recurso fue el único fundamento del auto denegatorio, ello no representa obstáculo alguno para que la Corte analice si existen otras razones por las cuales el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible.

En tal sentido este Tribunal ha afirmado que tiene la facultad y, a la vez, el deber ineludible de controlar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso, por lo que no parece razonable entender que al pronunciarse sobre la queja se vea limitado por los argumentos del auto denegatorio y los que a su vez exponga el quejoso; por el contrario, su examen ha debe ser integral y si juzga incumplida alguna de las exigencias legales, debe rechazar la queja (A. y S. T. 72, pág. 329; T.155, pág. 303, etc.). De allí que corresponda afirmar que, aun cuando pudiera entenderse que el remedio excepcional intentado fue interpuesto dentro del término previsto legalmente, éste igualmente no ha de ser admitido.

En efecto, de la lectura del fallo atacado, en confrontación con los agravios esbozados en el memorial introductorio, solo surge la mera disconformidad de quien se queja con la suerte adversa de lo decido por la Sala -al seguir los lineamientos que esta Corte marcara en su anterior pronunciamiento en la causa, de fecha 01.09.2004, confirmando lo resuelto en Baja Instancia en cuanto al rechazo de la demanda en relación a "Nobleza Picardo S.A.I.C. y F." al considerar inexistente la solidaridad en los términos del artículo 30 de la L.C.T.-, mas sin lograr articular algún agravio con entidad suficiente como para lograr acceder a esta instancia de excepción.

La Sala, en el pronunciamiento ahora cuestionado consideró en relación al agravio vinculado con esta temática que, más allá de su propia opinión sobre el tema, habría de acatar la decisión de la Corte pues, como lo señalo en anterior pronunciamiento, sus directrices se imponen por razones funcionales, de celeridad y de economía procesal. Por ello, hizo valer al resolver los argumentos sostenidos por este Cuerpo y la interpretación por él efectuada del artículo 30 de la L.C.T., por lo que entendió que no ha existido solidaridad entre el empleador directo o principal del actor y "Nobleza Picardo S.A.I.C.

y F." en razón de las características que definen la actividad normal y específica propia de cada una de las demandadas en autos.

Y, frente a dicho razonamiento debidamente fundado en lo decidido por esta Corte, y en el leal acatamiento de sus fallos por los tribunales inferiores (cfr. criterio de "Leones" del 16.2.2005), el recurrente se empeña por lograr una revisión de lo ya resuelto, asentada en su particular visión del caso, mas sin aportar nuevos, concretos y fundados argumentos que autoricen una vez más el acceso a la instancia prevista en la ley 7055, razón por la cual no resultan vulnerados ningunos de los derechos de raigambre constitucional que se invocan.

Sus alegaciones, aun cuando invoca incongruencia y apartamiento del texto legal, resultan genéricas y escasas en orden a fundar la configuración de tales vicios, dejando solo traslucir su desacuerdo con lo decidido finalmente en torno a una cuestión que -como ya se señalara- fue resuelta con fundamentos suficientes de hecho y de derecho, lo que no depara cuestión constitucional. 4. Por otra parte, llama poderosamente la atención al Tribunal los términos utilizados por el recurrente, entrecomillados en el ordinal 1 de estos considerandos, desde que se exhiben como argumentos impropios, absolutamente injustificados y excesivos en el marco de la defensa dado que en nada contribuyen a mejorarla.

Asimismo, no resultan el estilo ni la vía los adecuados para formular aquellos planteos que, en su caso, hubiera considerado necesarios. Por ello, en ejercicio de las facultades disciplinarias previstas en los artículos 22 y 24 del Código Procesal Civil y Comercial y 222 y 223 de la ley 10.160 (t.o. dec. 46/98) corresponde imponer a su firmante, doctor Jorge Correa, la sanción de prevención. Reiteradamente se ha expuesto que la defensa de los derechos del litigante, por más apasionante que se asuma, no justifica extralimitaciones incompatibles con la seriedad y responsabilidad con que los curiales deben desempeñar su rol procesal (criterio de A. y S. T. 82, pág. 296), pues el derecho que -para fundar sus defensas- les asiste, no los exime de guardar la consideración que deben a los magistrados (C.S.J.N. Fallos 247:485).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta. Imponer la sanción de prevención al doctor Jorge Correa. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen y al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)