marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

El carácter secundario que el recurso ordinario asigna a la administración del FCF respecto al servicio de tesorería, a partir de los importes que por cada uno factura SANTMA, no tiene relevancia.

En efecto, según se señaló en el punto a), el llamado servicio de tesorería incluye varios servicios (por ejemplo, obtención y administración de créditos y negociación de títulos valores, entre otros) por lo tanto es razonable que los importes de ingresos difieran en uno y otro caso. Esa circunstancia no altera la exigencia legal de cancelar el tributo por la naturaleza de las actividades en cuestión, mediante la tasa agravada.
Corte interamericana de derechos humanos, violación de derechos humanos, acción penal, daños y perjuicios, simple damnificado
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL-PENAL
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland c/  s/ Recurso art. 445 bis C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-08

El monopolio estatal de la acción penal para la mayoría de los delitos es un principio largamente establecido que "conviene retener", sin perjuicio del interés de la víctima que en su caso puede contribuir a la profundidad de las investigaciones y a la eficacia del sistema en general. En cambio para el eventual procedimiento ante la Corte Interamericana la participación de la víctima se reserva -y con limitaciones- a los casos de desistimiento o solución amistosa y a la etapa de la compensación de daños y perjuicios, en un proceso que es de responsabilidad estatal por violaciones de los derechos humanos (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Quiebra a pedido del acreedor, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Campagna, Mario Pablo s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-06-27

Los honorarios de todos los funcionarios y profesionales intervinientes en el trámite del proceso concursal tienen que regularse de conformidad a los criterios de oportunidad y límites establecidos en la LCQ, dado que es de aplicación imperativa en la materia. No asiste razón a los profesionales en cuanto el abogado peticionante de la quiebra debe llevar regulación aparte, las leyes arancelarias locales se aplican únicamente en los supuestos no reglados específicamente, por ejemplo el supuesto previsto en el art. 287 LCQ.
Libertad condicional, revocación de la libertad condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Espinoza Gómez, Eligio E. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-05

El art. 17 C.P. impide al penado, sea o no reincidente, volver a obtener el beneficio que alguna vez le hubiere sido rescindido, ya que la revocación, que produce un efecto prohibitivo permanente, demuestra que la corrección no se produjo. En tal sentido, el impedimento contenido en la norma, rige no sólo para la condena que se está ejecutando, sino también para todas la que se impongan en el futuro. Por lo tanto, una vez que ya obtuvo tal beneficio y le fue revocado, aunque ello fuera en otro proceso, no corresponde otorgárselo nuevamente. El voto concurrente agregó que el justiciable no cumplió con una de las condiciones que el ordenamiento penal enumera taxativamente para la procedencia de la soltura que impetra, cual es haber observado con regularidad los reglamentos carcelarios durante el tiempo de detención. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli -voto concurrente- y Madueño).
Nulidad de sentencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sosa, Tomás Eduardo c/ Nazar y Cía S.A. y otros s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-24

No es posible calificar como de vicio nulidificante de la sentencia la actividad interpretativa del juez actuante por la sola circunstancia de equivocar o entender erróneamente el cómputo del término prescriptivo por más que aquélla sea de toda evidencia, porque ello simplemente comporta un error de juzgamiento que de existir puede repararse por vía de apelación. En efecto, no es viable juzgar por la vía del recurso de nulidad la correcta o incorrecta aplicación de la disposición legal que fundamenta la resolución pues ello hace al fondo del asunto y sería susceptible de ser atacado por vía de la apelación, pero no por la del recurso de nulidad sólo procedente respecto de los vicios extrínsecos de la sentencia.
Jueces, instrucción, allanamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "KELLER SARMIENTO A. s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

No acarrea la nulidad de lo actuado la intervención de representantes designados por el Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Seguros de la Nación en tanto en el marco de la investigación dirigida por el juez, sin que la haya delegado en ellos, su intervención se fundamentada en la complejidad y especificidad del objeto procesal y a fin de profundizar la investigación sin que ello haya sido en detrimento del derecho de defensa que siempre tuvo la posibilidad de ejercer la correcta asistencia de imputado.Con respecto a lo establecido en la ley 25.246 en orden a la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) su colaboración en la causa no invalidad la de otros organismos oficiales, decisión que recae en el magistrado que lleva adelante el proceso.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, nulidad procesal, sanciones disciplinarias administrativas, superintendencia, paro de actividades
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dragonetti de Román, Haydeé c/ Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Corresponde anular las actuaciones promovidas ante un tribunal de primera instancia por una juez con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones por las cuales la Corte la había sancionado por negarse a suministrar la información requerida acerca del personal que había adherido al paro de actividades y había denegado su solicitud de que se declarara la nulidad de lo actuado.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba crítica, acción de amparo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., O. D. Y OTROS c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-14

Para descartar el humo de buen derecho los magistrados se limitaron a sostener que la obra social accionada ya está brindando al menor un tratamiento convencional para su padecimiento y que existen dos opiniones médicas que se contradicen, omitiendo considerar que una de estas opiniones es la de la médica tratante del menor, pediatra y especialista en nefrología infantil, quien considera imprescindible que inicie el nuevo tratamiento a la mayor brevedad posible, con base en el seguimiento específico del paciente y en la intolerancia que presenta a la medicación actual, que se manifiesta en gastritis de jerarquía por las altas dosis y requiere para apalearla escalonamiento de dosis y medicación antigástrica, además de referir que el menor, con el tratamiento actual, presenta incipientes deformidades óseas y problemas odontológicos severos, evidenciando así que la cobertura del tratamiento con la medicación actual a la que la Cámara alude para desechar la verosimilitud en el derecho, es al menos insuficiente para atacar la enfermedad del niño y mejorar de manera completa las deformaciones óseas que le genera, lo que según los informes médicos sí podría hacerse con la droga peticionada. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri)
Delito de omisión, responsabilidad penal, fianza, bien jurídico protegido, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: ALI, WALTER ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-15

La exigencia de encontrarse en posición de garante para poder ser autor del delito omisivo tiene una clara función de limitar los deberes jurídicos que pueden generar eventuales efectos penales, de manera tal de evitar que comprenda a toda la antijuricidad. Es por ello que su determinación resulta de gran trascendencia en orden a fijar los alcances de la responsabilidad penal.

Si bien no existe unanimidad en la doctrina nacional en cuanto a los posibles orígenes de esta posición de garantía, en general los autores tradicionales han adherido a la teoría formal de las fuentes del deber de actuar y, de este modo, han reconocido como tales a la ley, el contrato y la conducta precedente (injerencia), sin perjuicio de que, en la doctrina moderna, se apele a una teoría funcional que más que a la fuente formal atiende al contenido material de los deberes que surgen de una función de protección del bien jurídico o de una función de vigilancia de una fuente de peligro. (Del Voto del Dr. Erbetta que hace Mayoría)
Lealtad comercial, leyenda engañosa, multa, monto de la pena, reducción de la multa
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-26

1 - Corresponde confirmar la resolución que impusó una multa a la aerolínea infractora de los Art. 5 y 9 de la Res. SIC 434/94, reglamentaria de la ley de lealtad comercial, por publicar un aviso omitiendo consignar el precio de contado en dinero efectivo que deberá abonar el consumidor sin incluir la DNT ni tasas de aeropuerto (Del voto del Dr. Pizzatelli).- 2 - La ley de lealtad comercial tiene como uno de sus objetivos que el consumidor conozca en forma inmediata el monto que deberá desembolsar por la adquisición del bien o servicio publicado y permitirle una rápida comparación con los valores de otros oferentes del mercado, pues el precio publicado debe corresponder al importe que efectivamente deba abonar el consumidor final, resulta transgredida la normativa vigente cuando se anuncia un valor que es el mínimo posible de la escala tarifaria correspondiente al no incluir los rubros que integran el precio total (en este caso, impuestos y tasas) (Del voto del Dr. Pizzatelli).- 3 - Con respecto a la alegada desproporción del monto de la multa aplicada cabe señalar que por la ley 22802 se establecen los parámetros - máximo y mínimo - de la sanción de multa, cuyo monto debe ser graduado por el juzgador atendiendo a las circunstancias del caso, al patrimonio del sancionado y a los eventuales antecedentes que aquel pudiera registrar y de las constancias de autos surge que la sancionada registra un único antecedente en la Dirección Nacional de Comercio Interior que no permite considerarla reincidente, por lo que el monto de la multa aplicada debe reducirse (Del voto del Dr. Pizzatelli).
Estupefacientes, sujetos del proceso penal, arrepentido, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Durán, Juan Miguel y otros s/ recurso de casación". Causa n. : 2219.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-25

El informador debe suministrar datos de tal entidad que: a) basten para decretar el procesamiento de los coautores, partícipes o encubridores de los hechos mencionados; o, b) permitan "un significativo progreso de la investigación". En el caso de la alternativa sub a), esos datos deben consistir en el aporte de pruebas suficientes que posibiliten al juez declarar la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado en él (art. 306 del C.P.P.N.), declaración que efectúa mediante el auto de procesamiento, el que se considerará que satisface la exigencia del art. 29 ter, apartado a), de la ley 23.737 cuando, decretado, no hubiese sido recurrido, o cuando, apelado, hubiere sido confirmado, sin que deba reconocerse influjo alguno a su revocación posterior debida a circunstancias sobrevinientes o a su falta de confirmación por ilegalidad en la incorporación de la prueba achacable a la actuación de la autoridad policial o judicial.
Acción meramente declarativa, Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos provinciales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BRIDAS SOCIEDAD ANONIMA PETROLERA INDUSTRIAL YCOMERCIAL c/ NEUQUEN, PROVINCIA DEL s/ ACCION  DECLARATIVA (ORT. 322 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y  COMERCIAL).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-20

Los argumentos vinculados a la repercusión del estado de incerteza alegado -en materia de un impuesto provincial a los ingresos brutos, aplicados en el caso a la explotación y producción de hidrocarburos-, sobre los riesgos empresarios y los costos operativos, por su carácter genérico y conjetural, no autorizan a tener por satisfecha la exigencia de daño actual irreparable, ya que en las acciones declarativas no sólo es necesario probar los hechos concurrentes a la existencia o no del derecho, sino los que en concreto dan nacimiento al interés para plantear el pedido de declaración de certeza y, en la especie, ese interés jurídico no se presenta, suficientemente demostrado.
Lealtad comercial, publicidad engañosa, sorteos, facturación de servicios públicos, débito automático
Materia: PENAL
Carátula: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-06

1 - Configura infracción al art. 10 inc. b) de la ley de Lealtad Comercial la acción de la empresa que en un aviso publicitario promocionó el sorteo de un automóvil en el que era posible participar si se pagaban en término las facturas telefónicas y si se adhería al servicio de débito automático, sin preverse la posibilidad de una participación en el mencionado concurso en forma gratuita, y en el que solamente podían participar los clientes de la firma que fueran titulares o usuarios de líneas telefónicas que hubieran pagado tres facturas consecutivas antes o a la fecha de vencimiento original, o los que se adhirieran al servicio de débito automático; lo que implica que necesariamente había que ser cliente de la sumariada o contratar sus servicios descartando así la gratuidad de la participación y limitando, de este modo, la participación del público en general. Cabe agregar que, en el aviso publicado por la sumariada no se difundieron las bases del concurso promocionado, ni tampoco se señalaron los lugares y horarios donde se podían retirar los cupones para participar gratuitamente del mismo, ni se especificó que la participación en el sorteo no exigía la obligación de compra o contratación alguna, lo que implica una clara transgresión a la normativa vigente (Del voto del Dr.

Hornos).- 2 - Infringe el art. 9 de la ley 22802 la empresa que, en el cuestionado aviso señaló que quien se adhería al servicio de débito automático, además de participar automáticamente del sorteo, recibiría gratis el servicio de información detallada, pero no consignó que éste abarcaba únicamente las llamadas interurbanas y a celulares, omitiendo información respecto a los alcances y características del servicio promocionado, lo que podía inducir a error, engaño o confusión a los eventuales usuarios o consumidores al momento de decidir adherirse o no al servicio (Del voto del Dr. Hornos).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros, pasajero damnificado, responsabilidad civil, carga de la prueba, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez, Stella Maris c/ La Cabaña SA y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-26

Sabido es que a tenor del artículo 377 del CPCCN, a cada parte incumbe la carga de probar los hechos que son el presupuesto para la aplicación de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, excepción o defensa. En este entendimiento, es claro que correspondía a la actora demostrar que el accidente se produjo durante la ejecución del contrato de transporte, puntualmente al descender por la escalera delantera del colectivo que había quedado muy alejado del cordón de la vereda. La falta de elementos probatorios que logren persuadir de la veracidad del relato de la actora impide tener por configurados los extremos necesarios para la aplicación del art. 184 del Código de Comercio y 5 y concs. de la ley 24.240.
Contratos, compraventa de automotores, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, reparación de la cosa, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Padula, Marcelo Nestor c/ Sauma One San Isidro SA y otros s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Corresponde admitir la demanda promovida por el propietario de un automóvil contra el fabricante automotriz, y un taller oficial, con motivo de la reparación deficiente efectuada por la codemandada sobre el vehículo, que causó posteriormente la fundición del motor, según surge de la pericia mecánica y la apreciación judicial de las demás pruebas (CPR 163-5°, LDC 53). Consecuentemente, corresponde condenar solidariamente a ambas codemandadas, a entregar un automóvil de las mismas características al actor -modelo y kilometraje- (cfr. LDC 17), contra entrega del vehículo afectado en un plazo de diez días de quedar firme la resolución, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de silencio o incumplimiento; o, subsidiariamente, en caso de imposibilidad de entregar el automóvil sustituyente referido, pagar la suma dineraria por el valor del automotor dañado a la fecha de la reparación defectuosa contra su entrega, más intereses según la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (tasa activa) a treinta días sin capitalizar desde la fecha de la reparación hasta la de efectivo pago, o pagar la suma para reparar el vehículo más su desvalorización, según cuantificación a realizarse en etapa de ejecución de sentencia.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Ramoscelli, Italo Jorge y otro c/ Fraga, Marcelo Alejandro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-02

La omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con la nulidad del fallo el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fue resuelta (art. 168, Const. prov.) (doctor Genoud, sin disidencia)
Recurso extraordinario de nulidad, sentencia, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Daneri, José a. c/ Cattorini S.A.I.C.F.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

La alegación de que el tribunal a quo no respetó los plazos para el dictado del veredicto y la sentencia es impropia del recurso extraordinario de nulidad, pues no importa violación al art. 168 de la Constitución provincial que el fallo haya sido dictado fuera de término por el Tribunal de Trabajo, ya que los plazos procesales son fijados a las partes para plantear sus cuestiones y no a los tribunales para pronunciar sus sentencias.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, tercera instancia, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: V, L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  la prescripción de la acción penal (Expte. CSJ No. 74-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

Si de la argumentación recursiva se trasunta la sola disconformidad del quejoso con el criterio con que los jueces de la causa determinaron cuáles eran los actos procesales que debían considerarse secuela de juicio en ejercicio de funciones que le son propias, sin lograr demostrar que en dicha labor hubieran desbordado aquéllos el ámbito propio de sus atribuciones la queja no debe prosperar.
Demanda laboral, examen previo de la demanda, demanda defectuosa, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BOTTIROLI, ALFREDO J. c/ BANCO ODONE SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-30

Ante la falta de los recaudos establecidos en el artículo 65 de la LO. El juez que conoce de la demanda no esta autorizado sin mas, para ponderar su aptitud jurisdiccional en base a esa presentación defectuosa sino, que previo a ello, debe utilizar el mecanismo previsto por el artículo 67 de la LO.
Quiebra, pedido de quiebra, medidas cautelares, inhibición general de bienes, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIGUEROA, EDUARDO ANTONIO s/ PEDIDO  DE QUIEBRA PROMOVIDO POR: MARTINEZ RAIMUNDO Y OTRO S/ INC. DE  MADIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Las medidas cautelares dictadas en pedido de quiebra promovido por acreedor conforme al art.92 de la LC, están orientadas, no a asegurar el resultado del cobro individual del crédito esgrimido como fundamento del estado de cesación de pagos que se atribuye a la demandada, sino a mantener incólume el patrimonio de la presunta deudora - prenda común de sus acreedores - para la eventualidad de sobrevenir el estado de falencia.

Se sigue de ello la impertinencia del ofrecimiento de sustitución de la medida cautelar de inhibición general de bienes por la de embargo sobre determinado inmueble,por cuanto no se trata de mecanismos comparables. Aún cuando el bien raíz ofrecido garantice suficientemente la acreencia del acreedor peticionante,no alcanza a satisfacer la finalidad a que la cautela se encuentra orientada,que es la protección de la universalidad patrimonial en su conjunto,y no uno y otro bien integrante del acervo,para su aplicación al pago de determinado crédito. No empece a la conclusión señalada el hecho de que el acreedor peticionante pudiera ser el único acreedor de la recurrente, pues la declaración de quiebra no requiere de la presencia de pluralidad de acreedores (art.85 in fine LC).

Tampoco lo hace la detentación de activos patrimoniales cuya entidad pecuniaria pudiera exceder "prima facie" el quantum integro de la acreencia fundante del pedido, pues la titularidad de bienes muebles e inmuebles no excluye la posibilidad de insolvencia o la configuración del estado de cesación de pagos, que bien se pueden manifestar ante el simple incumplimiento de una obligación.
Escritura pública, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dominguez, Luisa y otra c/ Vega, Juan Venerando su sucesión y otro s/ Nulidad de escritura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

El escribano no cumple con su deber de asesoramiento profesional en debida forma al no verificar adecuadamente la legitimación del transmitente ya que consignó expresamente que del título antecedente surgía que el causante era casado y la declaratoria de herederos no alcanzaba a la cónyuge premuerta, ese error lo hace parte esencial en la responsabilidad del acto por la nulidad de una compraventa pasada por escritura pública.-