Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 14 de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La doctora Uzal dijo:

I) Los hechos de la causa.

a) Castorina del Rosario Bareiro demandó a Transportes Metropolitanos General Roca S.A. (en lo sucesivo 'Transportes Metropolitanos') por el importe de pesos ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ($ 153.400) -de los cuales $ 1.200 corresponden a lucro cesante, $ 1.000 a gastos médicos y farmacológicos derivados del accidente, $ 31.200 a incapacidad sobreviviente, $ 50.000 a daño moral y $ 70.000 a daño psíquico-, o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más los intereses y costas, como consecuencia de los daños padecidos en ocasión de caer desde la escalerilla del vagón de un tren de la demandada.

Relató que el 14/05/1999, mientras se aprestaba a descender del tren en la estación de Berazategui, fue víctima de un inesperado movimiento de la formación, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera de bruces a la plataforma, en una caída libre de aproximadamente 50 cm. Señaló que ello le produjo la quebradura del brazo derecho y fractura de la muñeca del brazo izquierdo, además de un fuerte golpe en las rodillas.

Añadió que ante semejante situación pudo, con la ayuda de un pasajero, sentarse en los asientos que poseía dicho lugar y cuando pudo ponerse de pie, se trasladó de andén para tomar el tren rumbo a su domicilio. Refirió que en el segundo tren se encontró con un vecino, que la condujo hasta la casa de su hijo, quien la llevó hasta el Hospital Evita, de Berazategui, donde le fueron practicadas las primeras curaciones debido a los daños físicos sufridos.

b) A fs. 22/25 se presentó 'Transportes Metropolitanos General Roca S.A.', y contestó demanda, impetrando su rechazo, con costas.

Luego de efectuar la negativa de rigor, dijo carecer de antecedentes sobre el hecho invocado, salvo el relato efectuado por la propia actora al personal de la estación dos (2) días después de acaecido el supuesto siniestro, sosteniendo que mientras bajaba del tren en movimiento sufrió las lesiones descriptas en la demanda.

Por último, pidió la citación en garantía de 'La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A.'.

c) A fs. 45/47 se presentó 'La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A.' en su calidad de citada en garantía y requirió el rechazo de la demanda, con costas.

Reconoció haber emitido la póliza a favor de la empresa de transportes -con vigencia desde el 30/06/1998 al 30/06/1999-, por la que se cubría la responsabilidad civil con una franquicia deducible de trescientos mil dólares (U$S 300.000).

Los términos de su responde son similares a los expuestos por su asegurada, por lo que a ellos cabe remitir brevitatis causae.

II) La sentencia apelada En su pronunciamiento obrante a fs. 309/315, el a quo: i) admitió parcialmente la demanda instaurada por Bareiro contra 'Transportes Metropolitanos', a quien condenó a pagar $ 39.200 a la actora, con más intereses calculados a la tasa activa ordinaria que emplea el BNA en sus operaciones de descuento, desde la fecha del evento dañoso hasta la presentación en concurso de la demandada (art. 19, ley 24.522), ii) extendió la condena a la aseguradora citada en garantía, en los términos del art. 118 de la ley 17.418, y iii) impuso las costas a 'Transportes Metropolitanos', parte vencida en el proceso (art. 68 CPCCN).

Más allá de la defensa opuesta por la demandada, el magistrado estimó que no cabía duda alguna de que el hecho denunciado en la demanda había tenido lugar efectivamente, más allá de que aquélla parte hubiese intentado desligarse de responsabilidad en su acaecimiento.

Ello surge -según el magistrado- de los testimonios aportados por González y Sanín, a lo que se sumaban como indicios coadyuvantes las constancias de atención médica a la actora el día del hecho (fs. 86) y el boleto o pasaje de tren adjunto a la demanda (fs. 1).

Sobre esa base, pasó a analizar la existencia de los presupuestos de la responsabilidad atribuida a la demandada.

En ese marco, el sentenciante determinó que, toda vez que el transportista asume la obligación de conducir sano y salvo al pasajero, existía entre el hecho generador del daño (la caída) y los daños alegados, el nexo causal que era dable requerir.

En consecuencia, luego de efectuar ciertas acotaciones relativas a la doctrina judicial del art. 184 Cód. Comercio -que dispone la inversión de la carga de la prueba, que pasa a recaer sobre la empresa de transportes-, señaló que no se había probado un proceder culposo de la víctima. A mayor abundamiento, y conforme se desprendía de la peritación de ingeniero, estaba acreditado que los escalones de la escalerilla por la que intentó descender la actora -y de la que finalmente cayó- eran inconvenientes para los pasajeros que bajaban en la estación Berazategui (v. fs. 186 y 203).

Consiguientemente, demostrada la responsabilidad de la demandada, el a quo otorgó a la actora: i) $ 1.200 por lucro cesante, ii) $ 1.000 por gastos médico-farmacéuticos, iii) $ 25.000 en concepto de incapacidad sobreviviente, iv) $ 10.000 por daño moral y v) $ 2.000 en concepto de daño psíquico.

III) El acuerdo con la citada en garantía A fs. 322/323 la actora y la citada en garantía arribaron a un acuerdo por el cual la primera reajustó el monto de su pretensión a la suma de $ 10.000, que la última se obligó a abonar, sin reconocer hechos ni derechos.

Corrido el traslado a la demandada, ésta no manifestó ninguna actitud procesal respecto al acuerdo referido, por lo que, a fs. 335/336, éste fue homologado.

Por último, a fs. 343 la accionante dio carta de pago por los $ 10.000 en cuestión, oportunidad en la que manifestó no tener nada que reclamar en las presentes actuaciones a la citada en garantía.

IV) El recurso Contra la sentencia de fondo se alzó la parte demandada (fs. 329). Su memorial, que corre a fs. 462/364, fue contestado por la sindicatura actuante en el concurso a fs. 366/367, y por la actora a fs. 369/370.

La accionada se agravió, primeramente, por la atribución de responsabilidad a su parte, concretada en base a la presunta valoración errónea de la prueba por el anterior magistrado.

Asimismo se quejó porque pese a haber invocado la actora la responsabilidad extracontractual que surge del art. 1113 Cód. Civil, el a quo optó unilateralmente por aplicar el art. 184 Cód. Comercio, agravando así la situación de su parte.

Finalmente impugnó la procedencia de los rubros "lucro cesante", "gastos médicos-farmacéuticos" e impugnó por elevados los montos otorgados por "incapacidad sobreviniente" y "daño moral".

V) La solución 1) Si bien la entidad de los agravios formulados por el quejoso justificaría tratar en primer lugar lo relativo a la atribución de responsabilidad efectuada a 'Transportes Metropolitanos', estimo conducente abordar, antes que nada, la cuestión relativa al derecho aplicable, pues ello ha de tener incidencia en el encuadramiento de la solución debida.

Es cierto, tal como manifiesta la demandada, que la actora fundó en derecho su acción invocando, entre otros, el art. 1113 Cód. Civil y que, no obstante ello, el a quo optó por aplicar el art. 184 Cód. Comercio.

Sin embargo, considero inatendible el desacuerdo de la accionada toda vez que, tanto el art. 1113 del Cód. Civil, como el 184 del Código de Comercio, parten de similar presupuesto, consistente en presumir -frente a la producción del siniestro- la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa (art. 1113, párrafo 2º Cód. Civil) o, como acontece en el sub examine, del transportista ferroviario (art. 184 Cód. Comercio), salvo que se demostrase la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debiese responder o, en su defecto, la existencia de caso fortuito o fuerza mayor.

A mayor abundamiento, no pierdo de vista que, tratándose del reclamo realizado por quien fuera pasajera del tren (v. boleto a fs. 1), indudablemente resulta acertado encauzar el análisis de la cuestión conforme a los parámetros brindados por el art. 184 y cc. del Código de Comercio.

Ello, pues la responsabilidad del transportista por los daños sufridos por sus pasajeros es de naturaleza contractual, toda vez que la causa-fuente de los derechos y obligaciones, por cuyo incumplimiento nace esta responsabilidad es, precisamente, el contrato de transporte. Se trata de un supuesto de responsabilidad legal, de naturaleza objetiva, impuesta por el legislador, por un lado, para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, buen estado y funcionamiento del material, capacitación y buen desempeño de su personal y, por el otro, en amparo de las posibles víctimas, para quienes el resarcimiento resultaría ilusorio, en la mayoría de los casos, si debieran acreditar la culpa del transportador.

En ese encuadramiento, la empresa de ferrocarriles que celebra un contrato de este tipo con sus pasajeros asume, en este marco, una obligación contractual de resultado consistente en conducirlo sano y salvo al lugar de destino (conf. Llambías J.J. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Ed. Abeledo Perrot., Buenos Aires, 1980, T. IV-B, nº 2891, p. 219).

De allí que la responsabilidad de los ferrocarriles encuentre su fundamento jurídico en la teoría del "riesgo profesional", que en materia de empresas tiene una sólida base de solidaridad social, de justicia y de equidad, toda vez que, desde que el empresario obtiene con su actividad un beneficio, se entiende que debe correr con los riesgos a los que están expuestos quienes usan sus servicios -y los terceros-, pues se trata de riesgos inherentes a la actividad que realiza (Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", T. III-B, p. 561; esta Sala, in re "Furtado Alba c/ Empresa 4 de Septiembre (Línea 37) s/ daños y perjuicios", del 07.09.90).

En esta línea, debe repararse en lo dispuesto por el art. 902 CC, según el cual "cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos." Vincula, pues, a empresas como la demandada la obligación de obrar con la mayor de las diligencias, tanto en la seguridad de los vehículos empleados en el transporte cuanto en su realización con los cuidados correspondientes.

Se ha dicho que la vigilancia debe involucrar todas las acciones destinadas a que la cosa que se halla bajo su guarda no genere una situación de riesgo impropio, es decir que el estado de la cosa y sus funciones no se alteren como consecuencia de la falta de servicios que sean requeridos por necesidad de uso o simplemente para evitar daños a terceros no usuarios. La vigilancia es, entonces, un concepto activo que implica hacer lo necesario para mantener indemnes a usuarios y no usuarios (conf. arg. Ghersi -Rossello-Hise, "Derecho y Reparación de Daños", págs. 124). De otro lado, el deber de seguridad conlleva poner los medios para prevenir incluso conductas imprudentes de las eventuales víctimas en punto a evitar un hecho como el que nos ocupa, por ejemplo, asegurar que los convoyes no se pongan en movimiento con pasajeros ubicados en lugares inadecuados procurando inducir al viaje con puertas cerradas mediante la acción de los propios pasajeros cuando esas puertas no son mecánicas. Ello puede conseguirse con carteles llamativos de advertencia sobre la necesidad de evitar conductas peligrosas o impropias y de cerrar las puertas, con advertencias por altavoces, con guardas y personal de control en los vagones y en los andenes, etc.

Como argumento adicional -y si todavía persistiese el desacuerdo de la demandada al respecto- recuerdo, una vez más, que todo conflicto debe ser resuelto según correspondiere por ley (art. 163, inc. 6º CPCCN), siempre, claro está, que no caiga en lo arbitrario, único límite puesto a su libertad en el derecho aplicable, situación que quedaría configurada cuando la modificación del derecho traiga aparejado el cambio de la pretensión, lo que no ocurre en el sub examine (arg. Art. 15 Cód. Civil, art. 34 inc. 5º CPCCN; CSJN, Fallos: 300.1034; 301:1211, La Ley, 1981-D, 599 -36.018-S; CNCom., esta Sala, 12/09/2006, in re: "Urre Lauquen S.A. c. Lloyds Bank (BLSA) Ltd. y otro"; cfr. Acuña Anzorena, Arturo, "El principio iura novit curia y su aplicabilidad en materia de prescripción", La Ley, 70-870).

Lo expuesto despeja toda duda sobre la precisión del encuadramiento normativo utilizado por el anterior sentenciante, quedando, entonces, allanado el camino para tratar lo concerniente a la atribución de responsabilidad dispuesta en la especie.

2) Aclarado lo anterior, la determinación inicial de la mecánica del hecho luctuoso adquiere primordial relevancia, en un contexto donde la adecuada ponderación de los medios probatorios acercados a la causa, apreciados en su conjunto, como un todo -sin que importe que su resultado sea adverso a quien los aportó- y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 CPCCN), termina por definir el encuadramiento de la cuestión (cfr. Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Ed. Víctor P. de Zavalía, t. I, Buenos Aires, 1976, p. 305).

Por un lado, la actora refirió que mientras descendía del tren, éste arrancó bruscamente, lo que ocasionó la caída de Bareiro al andén de la estación. Por otro lado, la accionada aseveró, al contestar demanda, desconocer -salvo por el relato efectuado por la accionante al personal de la estación dos (2) días después de la supuesta fecha del siniestro- cómo aconteció el hecho y, más aún, si éste efectivamente tuvo lugar.

Sabido es que la prueba, en principio, incumbe a quien afirma, no a quien niega ("ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat"). En tal sentido, conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (CNCom., esta Sala, 14/06/2007, in re: "Delpech, Fernando Francisco c. Vitama S.A.", entre otros).

La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (esta CNCom., esta Sala A, 12/11/1999, in re: "Citibank NA c. Otarola, Jorge"; id, esta Sala A, 06/10/1989, in re: "Filan SAIC c. Musante Esteban"; id., Sala B, 16/09/1992, in re: "Larocca, Salvador c. Pesquera Salvador"; id., Sala B, 15/12/1989, in re: "Barbara Alfredo y otra c. Mariland SA y otros"; id., Sala E, 29/09/1995, in re: "Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda." entre muchos otros; en igual sentido, CNCiv., Sala A, 01/10/1981, in re: "Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", id., Sala D, 11/12/1981, in re: "Galizzi, Armando B. c. Omicron S.A."; id., Sala D, 03/05/1982, in re: "Greco José c. Coloiera, Salvador y otro").

Obsérvase que la declaración testimonial brindada por Gustavo José Sanín resulta contundente para acreditar el extremo sostenido por la actora. Relató este testigo -quien también bajaba en la estación donde ocurrió el siniestro- haber visto que la accionante intentaba descender, mientras otras personas trataban de ascender a la unidad. Allí observó cómo Bareiro cayó, a una distancia aproximada de 1,50 mts. del tren, por lo que concurrió a ayudarla. Por último acotó que "había bastante gente y en ese momento justo el tren arrancaba" (fs. 112). Esto último se erige en elemento determinante para sellar la suerte adversa de la defensa de la demandada, máxime cuando la idoneidad del testigo -que presenció el hecho ilícito- no fue oportunamente observada por la representante de la empresa de transportes.

No paso por alto que ulteriormente la quejosa aludió a la existencia de una supuesta contradicción entre ese testimonio y los dichos de la demanda respecto a lo que ocurrió luego de la caída de la actora del tren. Sin embargo, no puedo sino desestimar la 'gravedad' que pretende denotar el apelante respecto a tal circunstancia, pues en autos no está en tela de juicio qué ocurrió luego del evento dañoso, sino cómo se produjo el mismo.

Así pues, estimo inalterada la integridad del testimonio ofrecido por Sanín a los fines probatorios de la postura de la accionante, sumándose también los dichos del testigo González, quien acompañó posteriormente a la actora -ya lesionada- a la casa de su hijo para ser trasladada al hospital (v. fs. 100).

Cabe concluir pues, en que mientras la demandante intentaba descender de un vagón de la formación de la accionada, el tren habría arrancado sin que las puertas estuviesen debidamente cerradas, por lo cual Bareiro trastabilló y se fue de bruces sobre el andén, sin que hubiese obstáculo que impidiese su caída.

A mayor abundamiento, de la peritación mecánica (v. fs. 185/186) solicitada por la misma accionada surge la peligrosidad de los escalones del tren en el que sucedió el infortunio, toda vez que presentaban alzadas de 30 cm. y ángulos de 51º, medidas éstas, superiores a lo recomendable (20 cm de alzada y ángulos de 45º), siendo admisible -según el experto- la caída de la actora aún estando el tren detenido (fs. 202/203).

No observados pues, los extremos de diligencia y de seguridad en el tráfico que el caso exige, la demandada deberá responder por el accidente de marras, estimándose suficientemente demostrado el nexo causal entre el accidente descripto y el daño probado por la accionante.

3) Los daños Aceptada la existencia del hecho cabe abordar la procedencia, o no, del "lucro cesante", y de los "gastos médicos-farmacéuticos", así como la determinación del quantum atinente a los montos otorgados por "incapacidad sobreviniente" y "daño moral", considerados excesivos por la quejosa. A ello me abocaré seguidamente.

a) Lucro cesante:

El lucro cesante consiste, en este tipo de supuestos, en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación y recuperación de la víctima (cfr. SCBA, 11/07/95, in re: "Alonso de Sella, Patricia Graciana y otro c. Dellepiane Angel"; idem, 10/07/2001, in re: "Appollonio, José c. Lavalle, Gabriel", entre otros).

Esta Sala ha dicho reiteradamente que para su procedencia es necesario probar en forma precisa el perjuicio real y efectivamente sufrido. En otros términos, se deben acreditar las concretas utilidades frustradas, resultando insuficiente una simple mención imprecisa de posibles ganancias que se dejaron de percibir (esta CNCom., esta Sala A, 29/10/1982, in re: "Calastroni, Ricardo c. Astilleros Voguecraft S.A.C.I.F."; idem, 20/10/1999, in re: "Monteiro, Domingo c, Manuel Tienda León"; bis idem, 10/07/2001, in re: "Jannazzo, Mario A., c. Caja de Seguros S.A.", entre otros).

Sobre esa base, -y pese al desacuerdo de la demandada- estimo que el testimonio del Sr. Pampón, de fs. 103, constituye un elemento suficiente para dar cuenta de las actividades laborales de la actora, quien ocupaba su tiempo prestando servicios domésticos en diversos hogares, entre otros, en el del mismo testigo, lo que le reportaba un ingreso aproximado de trescientos pesos ($ 300). Si bien no se aclara si ese ingreso es mensual, lo cierto es que de ese testimonio surgiría, incluso, que la accionante no habría podido realizar sus actividades durante siete (7) meses, y aunque ello no fuese así, la suma peticionada en la demanda ($ 1.200), resulta razonable para resarcir el daño padecido.

Si bien no obran en la causa otros elementos que permitiesen corroborar los dichos de este testigo, lo cierto es que no existen motivos para dudar de su veracidad, máxime cuando su idoneidad no fue observada por la contraria.

Consiguientemente he de proponer se mantenga la condena por este rubro.

b) Gastos médicos-farmacéuticos:

Luego de analizar la prueba producida, no advierto que se verifique la existencia o justificación de gastos derivados del accidente por los que reclama la actora. Estimo que respecto a tal concepto fue la damnificada -en su condición de interesada- quien debió tratar de establecer, en la aproximación que le fuera factible, la magnitud de los gastos, pues la deficiencia de la prueba referente al monto de los perjuicios gravita en contra de aquél que tiene la carga de acreditarlo (CNCom., esta Sala, 17/04/2007, in re: "Navais, María Adelita c. Calveira, Norberto"; CNCiv., Sala A, 19/09/1989, in re: "Pagano, Rosa c. Autolíneas Argentinas y otro").

Ergo, no acreditados en lo absoluto los gastos médicos y farmacéuticos de referencia, cabe desestimar su indemnización, correspondiendo revocar, al respecto, la sentencia de la anterior instancia.

c) Incapacidad sobreviniente:

Tengo dicho que para estimar la reparación por este concepto, no existen pautas fijas y el sentenciante, no debe ceñirse a cálculos matemáticos ni a porcentajes fijos, sino que debe dejarse sujeta al prudente arbitrio judicial, ponderando las particularidades del caso, importancia de las lesiones, la edad -en ese entonces Bareiro contaba con 58 años-, ocupación -empleada doméstica, v. testimonio de Pampín, a fs. 103- y condición socioeconómica de la víctima (modesta, conforme surge de los testimonios de Chavez, a fs. 51, Monzón, a fs. 52, y Di Tieri, a fs. 53) (CNCom., esta Sala, 17/04/2007, in re: "Navais, María Adelita c. Calveira, Norberto"; idem, CNCom., Sala D, 19/03/98, in re: "Ponce Víctor M c/ Turismo Vitar SRL y otros", entre otros). Debe evitarse, además, que se produzca un enriquecimiento indebido, tratándose de lograr una equitativa indemnización cuya renta, aun manteniendo el capital inalterable, permita al damnificado permanecer en situación económica semejante a la que tenían antes del accidente, procurando de esa manera una compensación integral, inherente a la plena capacidad, compensando la disminución de las posibilidades genéricas.

Es sabido que el daño físico o incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades no solamente en la productiva sino también en la social, cultural y, fundamentalmente, en la individual (CNCom., esta Sala, 04/04/2007, in re: "Villalba Juan Marcelo c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A."; CNCiv., Sala C, 21/03/1995, in re: "Arias Gustavo G. c/ Fuentes Esteban").

Ello así, del dictamen pericial médico traumatológico surge que la actora padeció: i) una fractura distal de radio derecho extra-articular, pero que ha incidido sobre la articulación en forma indirecta por desviar su eje y hacer ascender la carilla, hecho que determinó una debilidad permanente de la muñeca, roce repetido de los tendones sobre el reborde y limitación de la pronosupinación y flexoextensión, lo que ocasionó la disminución en la fuerza de aprehensión de la mano, ii) una fractura distal de apófisis estiloides del cúbito izquierdo con defecto de consolidación que determinó una leve impotencia funcional y dolor en la inclinación cubital con los restantes movimientos poco o nada limitados. Sobre esta base de análisis, el experto determinó la existencia de una incapacidad física parcial y permanente del 20% para el brazo derecho y del 5% para el izquierdo (fs. 143/146).

Corresponde, por ende, hacer aplicación del principio de la sana crítica (art. 386 CPCCN), por el cual cuando una pericia está fundada en principios técnicos y no existen argumentos científicos de mayor valor que logren desvirtuar las conclusiones vertidas en los informes técnicos cuestionados, ni existen pruebas que determinen que las conclusiones fueron irrazonables, cabe aceptar -pese a la impugnación de la quejosa- que las conclusiones vertidas en el informe son las correctas (arg. art. 477, Daray, Hernán, Accidentes de Tránsito, Ed. Astrea, tomo I, pág. 560).

En consecuencia, atendiendo a las consideraciones señaladas, y condiciones personales de la actora, aprecio prudente mantener el monto otorgado por este concepto por el anterior magistrado.

d) Daño moral:

Cabe recordar que se ha dicho que, para que resulte procedente la reparación moral, es necesario considerar la repercusión que la acción dañosa provoca en la persona afectada. Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no constituyen daño moral: para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa del espíritu, del querer o sentir de la supuesta damnificada para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (CNCom., Sala D, 26/05/1987, in re: "Sodano de Sacchi c/ Francisco Diaz S.A."). Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, aunque no cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (véase: CNCom., esta Sala, 17/04/2007, in re: "Navais...", cit. supra; CNCom., Sala B, 12/08/1986, in re: "Katsikaris, A. c/ La Inmobiliaria Cia. de Seguros").

En esta línea de ideas pues, no existe necesaria vinculación proporcional entre el daño moral y el perjuicio que afecte la persona de la víctima, pudiendo variar la indemnización en razón de las circunstancias de cada caso (CNCom., Sala D, 28/08/1987, in re: "Saigg de Piccione, Betty c/ Rodríguez, Enrique").

El daño moral existe cuando se lesionan derechos de las personas que son extraños a valores económicos y su reparación tiene un carácter resarcitorio y no meramente sancionatorio o ejemplar, en tanto que lo que se trata de lograr a través de la indemnización, es una compensación que, en alguna medida, morigere los efectos del agravio moral sufrido (CNCom., Sala C, 25/6/1987, in re: "Flehner, Eduardo c/ Optar S.A.").

Como consecuencia de lo expresado, la reparación del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio del juez, quien libremente puede apreciar su procedencia.

Así las cosas, además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuanto menos, las pautas de valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los arts. 522 Cód. Civ. y 165 CPCCN, de otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (CNCom., Sala E, in re: "Piquero, Hugo c/ Bco. del Interior y Buenos Aires").

A diferencia de lo que sucede con otros rubros indemnizatorios empero, la acreditación del daño moral no requiere, necesariamente, de elementos que objetiven, mediante pericias médicas o psicológicas, la existencia de un perjuicio (conf. CNCom., esta Sala A, 04/05/2006; in re: "Perez Ricardo Jorge y otro c. Banco Bansud S.A."). En esa inteligencia, por su naturaleza, el daño moral no requiere la producción de una prueba directa, sino que debe tenérselo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho pueda haber conformado un 'sentimiento lastimado' o un 'dolor sufrido' (Llambías, Jorge, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones". t. I, Ed Perrot, Buenos Aires, p. 331).

En este marco, no puede obviarse que el accidente acaecido debió, por necesidad, provocar en la persona de la actora -más allá de la incapacidad física y psicológica- un estado de zozobra, angustia, incluso de temor, que por ello merece resarcimiento, si bien, adecuado al caso. En efecto, de la prueba aportada puede inferirse que las consecuencias de las incapacidades detectadas en la accionante, suponen de por sí un padecimiento moral susceptible de alterar la tranquilidad de espíritu y la paz de la víctima por la concurrencia de angustias e inquietudes como las que puede causar el accidente que nos ocupa.

Ergo, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, evaluando la existencia y la entidad del sufrimiento padecido, considero justo mantener inalterado el monto correspondiente al resarcimiento otorgado por el a quo por este concepto.

VI.- Conclusión Por lo expuesto, propongo al Acuerdo:

a.- Receptar parcialmente el recurso interpuesto por Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

b.- En consecuencia, modificar la sentencia de la anterior instancia, únicamente en lo relativo a los "gastos médicos-farmacéuticos" cuya procedencia será desestimada, confirmándose el pronunciamiento en todo lo demás que se decide y ha sido materia de agravio.

c.- Imponer las costas de ambas instancias a Transportes Metropolitanos General Roca S.A. dada su condición de parte sustancialmente vencida en el pleito (art. 68 y 279 CPCCN).

He aquí mi voto.

Por análogas razones, la doctor Míguez adhiere al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve: a.- Receptar parcialmente el recurso interpuesto por Transportes Metropolitanos General Roca S.A. b.- En consecuencia, modificar la sentencia de la anterior instancia, únicamente en lo relativo a los "gastos médicos-farmacéuticos" cuya procedencia será desestimada, confirmándose el pronunciamiento en todo lo demás que se decide y ha sido materia de agravio. c.- Imponer las costas de ambas instancias a Transportes Metropolitanos General Roca S.A. dada su condición de parte sustancialmente vencida en el pleito (art. 68 y 279 CPCCN). El doctor Kölliker Frers, no interviene en esta Resolución por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).- María Elsa Uzal.- Isabel Míguez.