marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrabando de estupefacientes, disminución de la pena, arrepentido, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RENGIFO ALVAREZ, KARINA s/ Contrabando de estupefacientes,  incidente de excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-02

Teniendo en cuenta la reducción de la escala penal prevista en el art. 29 ter de la ley 23737, corresponde conceder la excarcelación de la imputada, acusada del delito de contrabando de estupefacientes, si el aporte realizado por la imputada permitió, principalmente, un significativo progreso de la investigación, toda vez que el avance en el conocimiento del hecho histórico que constituye el objeto procesal de esta causa y la detención y el procesamiento de quien aparece como coautor o partícipe necesario de aquél, es la derivación de los datos suministrados en las declaraciones indagatorias prestadas en esta etapa de instrucción. (Del voto en disidencia del Dr. Pizzatelli).
Sentencia definitiva, ejecución fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Constructar SA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no constituyen como regla la sentencia definitiva a la que alude el art. 14 de la ley nro. 48, en el caso cabe hacer excepción a dicho principio, pues el pronunciamiento recurrido desestimó la defensa de prescripción articulada por la ejecutada, lo que supone dar curso a la ejecución fiscal, sin que el agravio que de ello resulte pueda ser revisado en un trámite ulterior.
Contratos comerciales, prueba del contrato, usos y costumbres
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARCADIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ RADIODIFUSORA DEL PLATA SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-08

El uso es un elemento de interpretación de los contratos, pero no es un antecedente para probar la concertación de estos; porque los primeros están mencionados en el ccom 218 pero no aparecen en el ccom 208.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pinto, Valeria Beatriz c/ Zago, Armando Antonio y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

Lo decidido por la Cámara no puede adquirir validez jurisdiccional en tanto se advierte la incongruencia y el dogmatismo en la exigua argumentación que se le imputa e importa -en lo sustancial- desatender las particulares circunstancias procesales de la causa, toda vez que la Sala al resolver consideró sólo de manera parcial las alegaciones de los recurrentes en su expresión de agravios, en relación a la valoración contradictoria de la judicante, limitándose a señalar el tratamiento que había efectuado el inferior respecto del juicio de desalojo, mas desatendiendo que el dictado de cada pronunciamiento en juicios, si bien con actores e imputaciones diferentes (diversas relaciones laborales) aunque derivados del mismo hecho causal (la ocupación de una misma vivienda), contra los mismos demandados y con la misma producción de prueba, importa cierta conexidad que merecen todos ellos ser tenidos en cuenta con la finalidad de evitar veredictos contradictorios en razón de preservar la seguridad jurídica. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Declaración informativa, incidentes, imputado no procesado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BENEGAS, PEDRO J. s/ INC. DE NULIDAD DE LOS ACTUADOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-08

El imputado no procesado, que no ha sido escuchado en declaración informativa siquiera, no está autorizado legalmente para promover incidentes.
Divorcio, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOBOLENCIO MARIO c/ MONICA R. ZALAZAR s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S149 - 434)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-15

En cuanto al objeto, el principio de congruencia requiere que el Juez emita pronunciamiento total o parcialmente positivo o negativo, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cuantitativos y cualitativos. En el sub-lite el esposo promovió demanda de divorcio contra la esposa por las causales de abandono voluntario e injurias.- La accionada contestó solicitando el rechazo con costas, pero se abstuvo de reconvenir solicitando el divorcio por culpa exclusiva del marido. Ello así, la sentencia que declara el divorcio vincular por culpa del esposo viola el principío de congruencia, ya que el Juez se expidió sobre una cuestión no pedida por la parte demandada.-
Amparo por mora, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: "Viviano  Francisco  Pablo c/ E.N. -Mº del Interior- DNM. Ex Adm.217.109/01 760910/95 s/ amparo por mora".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-25

Además de la específica norma del art. 28 de la ley 19.549 el régimen jurídico supletoriamente aplicable al amparo por mora es, como principio, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ("De Esteban", del 29/7/88; "Gaitán", del 7/12/90 y "R.Q. Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la Rep.Arg.", 26/6/91; "Reschini", 24/11/92), salvo que, según el caso, se encuentre firme o consentida la decisión que ordenase la aplicación de otro tipo de proceso, como ocurre con el regulado en la ley 16.986 ("Flores", del 14/5/93).
Suspensión de la prescripción, reconocimiento de las obligaciones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ariotti, Ermelinda Zoppi de c/ I.A.F. s/ Impugnación de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

El reconocimiento implícito de la obligación importa una confesión de la subsistencia del derecho del reclamante e inutiliza al lapso transcurrido hasta ese momento, aniquilando el curso precedente de la prescripción.
Defraudación, estafa
Materia: PENAL
Carátula: IBARGUEN, NESTOR H. s/ TENTATIVA DE ESTAFA MEDIANTE USO DE INSTRUMENTO PRIVADO FALSIFICADO  -REMON, MARIANO A. s/PART. CRIM. PRIMARIO EN TTVA DE ESTAFA EN C.  IDEAL c/FALSIF. DE INTRUMENTO PRIVADO TODO EN C. REAL CON TTVA DE ESTAFA EN C. IDEAL CON FALSIF. DE INSTRUM. PRIVADO s/CASACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-07

No se puede imputar un delito de estafa por cobrar de más indebidamente, cuando no se encuentra determinado el monto de la deuda, máxime que en el caso al procesado se le reconoce, conforme constancias de autos, que invirtió dinero y que tenía derechos en la liquidación de la sociedad de hecho, surgiendo claramente su condición de acreedor. No sólo ha manifestado serlo, sino que dicha calidad emerge fehacientemente probada de los términos de la sentencia, lo cual revela la inexistencia de perjuicio . Mal puede hablarse de beneficio indebido si no existe previa y clara determinación del monto a que cada parte tenía derecho.
Competencia de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E., M. y otros s/ Art. 10 dec.ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Aún cuando los menores vivan con su madre en el lugar que fijó ésta como residencia, después de su separación de hecho, el domicilio de los representantes legales está dado por el domicilio del padre (art. 89, 90 inc. 9 y cc. del C.C.), por lo que debe estarse al mismo para determinar la competencia del Juez de Menores en materia asistencial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Etapas del proceso, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J.J. c/ C.* P. -H., F.- s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-19

La demanda debe suministrar al juez, mediante afirmaciones de hecho y consecuencias jurídicas concretas, el material necesario que eventualmente integrará el objeto del proceso. Constituye, un proyecto de sentencia solicitado por el actor.
Prueba testimonial, apreciación del juez, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: N.N. c/ Taborda, J.O.; Pratti, S.R.; Gallo, J.C. y otros s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

Las declaraciones de los testigos deben valorarse conjuntamente con las diligencias de reconocimientos en rueda de personas que aquellos realizaron, pues ambas especies de actos poseen la misma naturaleza jurídica: se trata de la imputación, concretada mediante el reconocimiento, de haber realizado aquello que el testigo narra en su declaración.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Orden y Justicia c/ Estado Nacional s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

La gravedad institucional puede ser invocada en el supuesto de utilizarse la vía recursiva del art. 14 de la ley 48, solamente con el objeto de superar obstáculos de forma a la procedencia del remedio federal y no cuestiones sustanciales.
Hurto simple, hurto calificado, hurto de mercaderías, bien jurídico protegido, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PENAL
Carátula: BITAR, Nelson Adrián
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

Si el plan se limita a la sustracción de una camioneta, es improcedente calificar la conducta como hurto de mercaderías en tránsito (art. 163, inc. 5°, C.P.) ya que éste se vería ampliado injustificadamente a todos aquéllos casos en que el rodado transportara mercadería en forma accidental, lo que no está contemplado en el espíritu de la ley 23.468 que fue dictada para proteger las mercaderías transportadas desde el momento de la carga hasta su depósito en el lugar donde fueron remitidas.
Adopción, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., F. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-19

El artículo 10 inc.f. de la ley 19134 expresa con toda claridad lo que el legislador ha querido decir, admitiendo la posibilidad de dictar sentencia antes de cumplido el año de guarda o tenencia del menor por parte de los adoptantes, cuyo cumplimiento habría de quedar supeditado a una condición suspensiva.-
Notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL
Carátula: ZOTTA DE MENO LASINA c/ GALBASTRO Y/O GOBIERNO NACIONAL s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

La omisión o defectuosidad de los presupuestos de la notificación-se refieran tanto a la actividad de la parte interesada en la citación como a la ejecución o diligenciamiento por el oficial notificador- acarrea la nulidad; pero siempre debe analizarse si la notificación ha cumplido o no su finalidad, si ha causado perjuicio, si ha mediado o no convalidación y, su definitiva, si se dan los presupuestos esenciales.
Dictamen pericial, perito arquitecto, perito de oficio, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Giachero, Eduardo Daniel c/ Vit, Adrián Marcelo y otros s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-09-07

Los cuestionamientos de los accionados -en sus respectivas apelaciones- al valor probatorio de la pericia realizada por la perito arquitecta designada de oficio respecto a la existencia y cuantía de los daños en la vivienda del actor son inaudibles, pues dicha pericia ha sido sólidamente fundada en consideraciones y principios propios de su disciplina y los daños detallados en la misma, objetivamente previsibles según el curso natural y ordinario de las cosas (conf. arts. 901 del cód. civil vigente al momento de interposición de la demanda y 1726, 1727 y concs. del cód. civil y comercial), resultan consecuencias inmediatas y necesarias del evento por el cual se reclama: la obra lindante.
Tarjeta de crédito, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MULTICREDITO S.A. c/ GABRIEL IBAN LOPEZ Y OTS. s/ Prepara Vía Ejecutiva (LIBRO: S133 - 043)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-10

En el supuesto de considerar que se pretende ejecutar un título complejo creado convencionalmente por las partes, no puede sostener el actor que por el hecho de prepara la vía ejecutiva, queda expedita la vía elegida al existir liquidez y exigibilidad de la deuda. Para que ello suceda, el título tendría que ser autosuficiente y bastarse a sí mismo, debiendo contener todos los elementos necesarios para que el proceso de ejecución sea admisible, reseñados por Podetti en "Tratado de las Ejecuciones", Tomo VII-A, pág. 125, punto 58"... pues la fuerza ejecutiva del título depende y proviene, de que la obligación documentada en el instrumento reúna los caracteres y recaudos para que extrínsecamente resulte apto para traer aparejada ejecución, extremo que no acontece en el sublite.
Pueblos originarios, derechos del aborigen, competencia, Constitución Nacional, competencia provincial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

También con anterioridad la CSJN, y luego de la vigencia del art. 75 inc. 17 CN., se dijo en el Dictamen del Proc. Gral. al que adhiere la CSJN que "sin perjuicio de la facultad reiteradamente reconocida por vuestra excelencia a los Jueces locales de aplicar la Constitución y las leyes de la Nación como fin supremo y fundamental de esta autoridad jurisdiccional corresponde a la justicia provincial y no federal la resolución de este tipo de controversias".
Recurso de casación, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Tur, Ricardo M. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Las instancias originarias y de apelación abastecen sobradamente la salvaguarda de las garantías durante el proceso, por lo que, de tal suerte, salvo absurdo o arbitrariedad, allí se agota la vía recursiva.
Contratos innominados, contrato de franquicia, juicio ordinario
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Travel Cba SRL c/ Samsonite Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-27

Normalmente y por su propia naturaleza, el contrato de franquicia es de adhesión (v. Heredia, "El contrato de franquicia en el Código Civil y Comercial", La Ley, Suplemento Especial, Contratos en Particular, 2015, pág. 362). Véase, que la particularidad del vínculo supone a los franquiciados, en general, la aceptación de un contrato, dotado de condiciones generales, requiriendo la franquicia la fijación unilateral por el franquiciante, como contratante dominante y coordinador del sistema, de las principales condiciones del futuro ejercicio negocial, como son la imagen uniforme, la presentación de local, los procesos de producción o comercialización, inversiones mínimas, stocks, pagos a la red, política de precios, etc.
Concursos, sociedad constituida en el extranjero, Inspección General de Justicia, concurso en caso de agrupamiento, garante del concursado, sociedad de socio único
Materia: COMERCIAL
Carátula: GREAT BRANDS INC. s/ CONCURSO PREVENTIVO. (ED 19.5.03, Fº 52030).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

Cabe hacer lugar al concursamiento, en carácter de garante (L.C. art. 68), de una sociedad regularmente constituida en el extranjero que tiene otorgada una garantía (con gravamen prendario) en el país, constituida conforme con la ley del país de origen, e inscripta en la inspección general de justicia (L.S. art. 123) -en atención a la habitualidad de sus actos y a la posición de control ejercida sobre la sociedad participada instalada en el país-, dada su calidad de sujeto de derecho, ya que aún las adecuaciones que eventualmente pudieran ser requeridas (L.S. art.

124), no la privan de personalidad, y como tal, persona de existencia ideal, que tiene abierta la vía de instar el concurso preventivo; ello así, aún cuando se tratase de una sociedad de un solo socio, ya que en caso de no poder suplirse esa situación en el lapso previsto con ese propósito (L.S. art.94-8°), el desenlace final sería un proceso liquidatorio, y la sociedad en liquidación conserva su personalidad (L.S. art.101), siendo como tal, igualmente sujeto concursable (L.C. art.5); máxime considerando que la  L.C. art. 68, al aludir a "quien por cualquier acto jurídico garantizase las obligaciones del concursado", parece abrir un amplio campo de aplicación que no repara tanto en el sujeto que formula la solicitud de concurso, sino más bien en su rol de garante y en el propósito de que su pedido "trámite en conjunto con el de su garantizado".
Acción de amparo, organización de la justicia, ingreso a la función pública, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, concurso de antecedentes, concurso de oposición, idoneidad para la función, secretario de juzgado, funcionarios judiciales, igualdad ante la ley, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ambrosetti, Alicia María y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

Mientras los secretarios de la Justicia Municipal de Faltas son agentes administrativos -igual que los agentes dependientes de Intendente y del Consejo Deliberante-, los Secretarios del nuevo fuero son funcionarios judiciales.

En efecto, los Tribunales Municipales de Faltas fueron concebidos como órganos enmarcados "en los ámbitos de las normas que regulan el funcionamiento de la Administración Municipal", conforme a la nota de elevación al Poder Ejecutivo acompañada oportunamente al proyecto luego convertido en Ley Nro. 19.690.

En cambio, el fuero Contravencional y de Faltas es integrante del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta modificación sustancial justifica el cese de un órgano -los tribunales municipales de faltas- y de los respectivos cargos. No se advierte que ese criterio normativo puede entrañar una irrazonabilidad o responder a un propósito persecutorio. En consecuencia no existe violación a la garantía de igualdad amparada por los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, o al principio de razonabilidad que contemplan los artículos 28 de la Constitución Nacional y 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Concurre respecto a los actores un motivo de distinción objetivo y razonable, que justifica la solución normativa, y que radica en la naturaleza judicial de las funciones constitucionalmente encomendadas al fuero Contravencional y de Faltas, lo cual conlleva una diferencia esencial respecto a las funciones cuasi jurisdiccionales anteriormente ejercidas por un órgano de naturaleza administrativa.
Competencia contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunas, Claro Eugenio c/ Poder Ejecutivo s/ Acción contencioso administrativo de plena jurisdicción, ilegitimidad  o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-11-27

Habida cuenta la disimilitud existente en el tratamiento del agotamiento de la vía administrativa entre el art. 118 del cód. de proced. administrativo y las normas correspondientes del Código Contencioso Administrativo, ésta última debe primar sobre la norma administrativa, en lo que respecta al cómputo de los plazos para el ejercicio de la vía administrativa, al tratarse del análisis de una acción contencioso, procedimiento eminentemente judicial. Resultando incompetente la Corte de Justicia para entender en la acción de Plena Jurisdicción interpuesta cuando el acto cuestionado se encontraba ya consentido y firme. (Disidencia Dr. Díaz)
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, Ministerio Público Fiscal, plan de pagos
Materia: PENAL
Carátula: SIRSA SAN ISIDRO REFRESCOS S.A.I. Y C. s/ Régimen penal tributario, Incidente de nulidad, falta de acción e  inconstitucionalidad, Causa: 35302.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

1 - La acción penal por delitos que no son dependientes de instancia privada debe ser ejercida por el Ministerio Fiscal y no cesa sino en los casos expresamente previstos por la ley. Así la instrucción del proceso obedece al requerimiento del Ministerio Público y no a la denuncia de la repartición administrativa, aunque tal denuncia haya sido la causa del requerimiento.- 2 - Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, dictados de conformidad con las atribuciones que le acuerda el art. 111 de la ley 11683, no tienen el alcance de extinguir la acción penal. Si en ellos se alude a la exención de intereses, multas y sanciones, debe entenderse que éstas son las de carácter pecuniario cuya recaudación le incumbe al poder administrador, y no a las sanciones penales cuya amnistía es atribución del Congreso.- 3 - Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, dictados de conformidad con las atribuciones que le acuerda el art. 111 de la ley 11683, no tienen el alcance de extinguir la acción penal. En todo caso, el decreto podría valer para los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, vedándoles la posibilidad de hacer denuncias o de actuar como querellante, pero no para los tribunales, que deben atenerse a la Constitución y a las leyes.
Derechos reales, costas en el orden causado, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BEAS JESUS c/ PEDRO BONIL Y OTROS s/ Titulo Supletorio (LIBRO: S152 - 422)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-02

Las costas deben aplicarse en el orden causado, por el carácter de orden público que rige en las normas reguladoras de los derechos reales, y que hacen que el allanamiento no baste para declarar la existencia del derecho pretendido con carácter erga omnes.

En el caso de autos en que los accionados no contestaron la demanda, ni se opusieron a la pretensión, las costas deben imponerse por su orden.
Titular del automotor, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: SPEDALETI MARIA EDITH c/ AIELLO CARMEN Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-08-19

"La norma en estudio creó a favor del titular registral un expeditivo procedimiento para exonerar su responsabilidad- que consiste en efectuar unilateralmente la denuncia de que ha hecho tradición del vehículo al adquirente- con el propósito de conferirle protección legal frente a la desidia o negligencia del comprador que omite registrar la transferencia (CSJN, cons.4, causa S.637 XXVI, "Seoane Jorge O. v. Entre Ríos, Provincia de y otro s/daños y perjuicios", sent. del 19-5-1997. Ref. a la falta de legitimación pasiva y los fundamentos por los cuales se rechaza en la sentencia-.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente, suficiencia, principio de congruencia, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: OLMEDO SANTILLAN DE ECHEGARAY PINTO, MARIA c/ CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-12

La expresión de agravios constituye la delimitación de la Alzada en el conocimiento del recurso, en concordancia con el principio de congruencia, por lo que la insuficiencia de los mismos no pueden sino llevar a la declaración de deserción del recurso y consecuentemente la confirmación de la sentencia recurrida.