marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), honorarios, acuerdo de partes, juicio, pacto de cuota litis, criterio de razonabilidad, manifestación de la voluntad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NADALICH, ALCIDES LUIS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

La recurrente se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local -alegando, en esencia, que la Cámara otorgó validez a un pacto nulo o viciado por lesión de una de las partes; violó su derecho de propiedad marginando la ley de aranceles; y obligó a pagar honorarios exorbitantes a un profesional que realizó escasa actividad en el expediente-, mas sus alegaciones no pasan de ser una disconformidad con el criterio adoptado por la Cámara que, ante el reproche de falta de fundamentación por convalidar un convenio de honorarios que encubre un pacto de cuota litis inviable, explicó de manera exhaustiva que el convenio en danza no se trataba de un pacto de cuota litis sino de un convenio por honorarios para el cual se encuentran facultadas las partes por imperio del artículo 33 de la ley arancelaria; y que la suma regulada no lucía desproporcionada como para acreditar el elemento objetivo de la lesión, a lo cual agregó -teniendo en cuenta las constancias de autos y doctrina que citó- que tampoco se demostró el elemento subjetivo consistente en el aprovechamiento de la debilidad psíquica de la demandada consistente en que al momento de celebrarse el convenio habían pasado sólo días desde el fallecimiento de su padre. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767, artículo 33
Régimen penal tributario, regímenes de presentación espontánea, sanciones tributarias, eximición de pena
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: TARICO, CONSTANTE SALVADOR; INDUSTRIAS QUIMICAS OLEOSOL S.A. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-06

Debe entenderse reunidas las condiciones de la amnistía dispuesta en el art. 73 de la ley 25401 si la denuncia del hecho fue efectuada por los representantes del organismo de recaudación con posterioridad al momento en que el imputado se acogió al régimen de presentación espontánea establecido por el Decr. 93/00, y de la misma denuncia surge que la obligación fiscal incumplida había sido regularizada por acogimiento al plan de facilidades de pago del mencionado Decr. 93/00. Las inspecciones o verificaciones que pudieran haberse realizado anteriormente no le restan espontaneidad al acogimiento tendiente a regularizar esa obligación antes de que hubiera ninguna denuncia.
Cheque sin autorización para girar en descubierto, autorización expresa, error de hecho (penal), dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: MARTIN, SUSANA s/ Cheque sin fondos Causa 29543
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-03

1- La ley no exige que la autorización para girar en descubierto cumpla con alguna formalidad determinada, bastando que sea expresa.

(Del voto del Dr. Repetto).- 2- La autorización para girar en descubierto es un crédito en cuenta corriente, que es un contrato mediante el cual el banco se obliga a tener a disposición de su cliente una suma de dinero, con la facultad de éste de utilizar el crédito en varias veces mediante la emisión de cheques y de retomar, con sucesivas entregas, su disponibilidad. Ese crédito autoriza a librar cheques hasta un límite determinado y durante un lapso, pudiendo el cuentacorrentista hacer depósito para disminuir el monto del crédito adeudado o recomponer el saldo sobre el cual puede girar. (Del voto del Dr.

Repetto).- 3- La autorización verbal del gerente es una facultad que la usa un tanto discrecionalmente y bajo su responsabilidad, autorizando a cada cheque en particular, bajo la confianza de que al titular de la cuenta lo cubrirá en un plazo relativamente breve, a veces de horas y otras de días. Ello estrictamente no es un crédito en cuenta corriente, que es lo que la ley llama autorización expresa para girar en descubierto, aunque en ambos casos el saldo adeudado devenga intereses por el tiempo en que la cuenta permanezca en descubierto. Esta operatoria no permite afirmar, sin más, que la autorización en cuestión existe "sine die" y sin límite de monto alguno; la eventualidad de que el banco girado continúe con una irregular elasticidad en el tratamiento de la cuenta corriente, no puede dar al librador la certeza de que el cartular será pagado, y por lo tanto, si conociendo el riesgo, que de concretarse afectaría el bien jurídico protegido por la norma penal, el cuenta correntista lo afronta y produce el daño, existió conocimiento de la situación y actuó, aunque más no sea, con dolo eventual. (Del voto del Dr.

Repetto).
Recurso de casación penal, sobreseimiento, resoluciones anteriores a la sentencia, gravedad institucional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BARANELLO ARIANA Y OTRO s/ INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-06

A la luz de esta normativa, (Art. 469 CPP) no cabe duda de que las resoluciones que desestiman el pedido de sobreseimiento carecen de definitividad. En tal sentido, el impugnante elude la necesaria distinción entre las decisiones judiciales que admiten el pedido de sobreseimiento y las que lo rechazan; ya que sólo las primeras impiden la continuación del pleito y consecuentemente, encuadran en el supuesto previsto por el art. 469, primera parte de la ley procesal.

Por lo contrario, el pronunciamiento que resuelve desestimarlo no es definitivo, pues lo decidido importa que el juicio debe continuar con su trámite.Tal exclusión del control casatorio se encuentra justificada, en tanto el conocimiento anticipado de estas cuestiones pueden ser fuente de perturbación en la marcha de los procesos, antes del dictado de la sentencia que habrá de definir la situación de los querellados frente a la ley penal. De lo contrario, se convertiría a este carril excepcional en una tercera instancia ordinaria, admitiendo la revisión de toda clase de resoluciones judiciales.

Tampoco se advierte que el caso de autos presente caracteres de gravedad institucional; que ha sido delineada por esta Corte para aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y se proyectan sobre los de la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal. La cuestión planteada por el impugnante no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de lesión a garantías constitucionales para que se admita su configuración.
Jornada de trabajo, cambio de horario, despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MORAN, GLADYS c/ SANATORIO GUEMES  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-04

Si el trabajador ha cuestionado el cambio de horario, pero ha trabajado durante mucho tiempo ajustándose al mismo, no puede considerarse despedido por tal hecho, pues el requisito de contemporaneidad entre la injuria grave por parte del empleador y el despido indirecto así lo impone.
Fallos de la Corte Suprema, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: U., M. S. y otros c/  s/ defraudación a un menor o incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

No importa lo que establezca expresamente el código en cuanto a qué órgano debe evacuar la consulta: para ser coherentes con la doctrina sentada en "Quiroga", los jueces no pueden resolver impulsando la acción penal sin oír a la fiscalía (art. 5, CPPN, que consagra el principio ne procedat iudex ex officio). Entonces, los jueces de la cámara de apelaciones que reciben el caso, por tratarse de una cuestión de orden público inherente a la función constitucional de "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad" (art. 120, Constitución Nacional), deben otorgar una vista para que el fiscal opine, en el marco de la unidad y competencia jerárquica en que actúa, ofreciendo una solución a la discrepancia suscitada en la instancia. Esa debida intervención le permitirá corregir a su inferior, eventualmente apartarlo e indicar cuál es el criterio que debe seguirse para elevar la causa a juicio. Tras ello, los jueces de la cámara podrán ejercer el control que les corresponde (voto del juez Sarrabayrouse).
Hurto calificado, abigeato
Materia: PENAL
Carátula: TOCCOLI JUAN CARLOS s/ HURTO  CAMPESTRE - DAÑO - ROBO - CONCURSO REAL - RECURSO DE CASACION    REFORMATIO IN PEIUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-20

La razón del agravamiento propio del hurto campestre obedece al hecho de que esos objetos sean dejados en el campo siendo indiferente la necesidad o la incuria. La mayor protección de estos objetos reside en su situación y ello responde a un procedimiento que se reproduce frecuentemente en la ley penal; cuando un bien reviste considerable importancia y por las características de él, la protección privada es menos eficaz que en otros casos, la ley pone un cerco moral de protección elevando la pena contra los transgresores.

En igualdad de condiciones, el bien más expuesto es el más protegido y a fortiori debe ello ocurrir, por razones sociológicas, cuando esos bienes están directamente vinculados con las fuentes básicas de riqueza de la nación .-
Juicio de desalojo, demanda, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MATHIEU CLAUDIA c/ DEMETRIO RIVERO s/ Desalojo (LIBRO: A075 - 209)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-28

Si la actora inició este proceso por desalojo contra el demandado y lo hizo extensivo a todo otro ocupante, determinada la existencia de otros ocupantes a través del acta de notificación, a quienes no se les notificó la demanda por no estar presentes, debió la actora arbitrar los medios para notificarlos y no solicitar, como lo hizo, que se dictara sentencia. Dictada ésta, sólo pudo condenar a desalojar a quién se le había notificado en la demanda, es decir al demandado, y no hacerla extensiva a todo otro ocupante.-
Depósito previo, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-04

Corresponde intimar a la recurrente, para que en el término de cinco (5) días integre el depósito faltante, bajo apercibimiento de ley (art.289 del C.P.C. Ley 2335). (Dra. Poggiese de Oudín: En disidencia).
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Conti de Crivella, Alicia Isabel y otro c/ Sevel Argentina S.A. s/ indemnización por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

La citación dispuesta en el marco del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tiene por exclusiva finalidad que la sentencia a ser dictada produzca respecto del tercero, los efectos de la cosa juzgada y por ende pueda serle oponible en un eventual proceso ulterior de regreso.
Locación, entrega de llaves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Donatis, Eduardo Santiago José c/ Ledesma, Luis Alberto y otro s/ Desalojo y cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-20

No puede negarse el locador a recibir las llaves fundado en eventuales deterioros del inmueble por cuanto su derecho se limita a constatar su estado para posteriormente reclamar los daños ocasionados.
Derechos adquiridos, aplicación temporal de la ley, ley anterior, ley posterior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Para que exista derecho adquirido y, por tanto, se encuentre vedada la aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido - bajo la vigencia de la norma derogada o modificada - todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aún cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción  art.  139  bis del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La garantía de la igualdad exige que concurran "objetivas razones" de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad. Ello determina la existencia de alguna base válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo sustancial para que las propiedades o personas sean catalogadas en grupos distintos, considerando como tal aquél conducente a los fines que imponen su adopción e inválido el que se apoya en un criterio de distinción arbitraria.
Contienda negativa de competencia, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: COMUNA DE GENERAL LAGOS c/ SCARPECCI, ELISABETH s/ COMPETENCIA -CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL DE LA CUARTA NOMINACION Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA DECIMO SEXTA NOMINACION, AMBOS DE ROSARIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-03

La presente causa resulta del conocimiento del Juzgado laboral, pues del convenio cuya homologación se pretende, se observa que la plataforma fáctica en la que la misma se sustenta gira en torno de la existencia o no de una relación laboral;

y conforme el inciso j) del artículo 2 de la ley 7945 (modificada por la 13039), el Juez del fuero del trabajo tiene competencia para "la homologación de los acuerdos que entre empleadores y trabajadores celebren con motivo de una relación laboral y las controversias que deriven de los mismos", lo que determina que el caso sea de su órbita de conocimiento.
Competencia, declaración de insania
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M.A. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Es conveniente declarar que sea competente para entender en el proceso de incapacidad el juez del lugar donde el presunto insano se halla internado, pues es allí donde deben desarrollarse las tareas específicas, incluyendo las visitas del curador, y en consecuencia, dónde debe ejercerse el contralor jurisdiccional.
Daños y perjuicios, daño moral, daño psíquico, depresión, hijo enfermo, asistencia psicológica, gastos médicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCISCO CARLOS JOAQUIN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El perito psiquiatra describió el estado psicológico de los padres. Ambos, con distintos modos de exteriorización, evidenciaban al tiempo del peritaje (varios años después del accidente) un proceso de depresión reactiva, fruto de sentir como perdida propia el menoscabo vital de su única hija mujer y apenas una adolescente.

Ese proceso, como dice el perito, tiene sobre los cónyuges una incidencia que les impide (incapacita) llevar una vida normal. Ese deterioro de la integridad psíquica no ha significado una perdida de ingresos económicos (se ha visto ya que fue rechazada la existencia del lucro cesante y esto fue consentido), pero les da derecho a los afectados a que se les indemnice el costo de un tratamiento para superarlo; tratamiento que el experto considera necesario, a razón de dos sesiones semanales durante dos años.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pugliese Norma Vilma c/ Sposito Hugo Alejandro y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-08

Hecho físico de embestir, el mismo - por sí solo- en principio carece de idoneidad suficiente para determinar responsabilidades definitivas, demostrando la experiencia diaria que son numerosas las oportunidades en que un conductor se pone en situación de "embestido" realizando indebidas maniobras de adelantamiento - basta un golpe de acelerador -, lo cual me lleva a concluir que las respectivas calidades de embistiente y embestido, si bién válidas en algunos casos, no dejan de ser una concurrente más, porque en definitiva, de lo que se trata, especialmente en este caso, es de evaluar conductas.
Abogados, honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: VILLARROEL JOSE ELIAS c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-24

Rechazada la demanda, el porcentual determinativo de la medida de los honorarios será aplicado sobre la base del capital reclamado, actualizado en la misma forma que se hubiera procedido en el supuesto de prosperar la acción de exclusión de los intereses.
Levantamiento de medidas cautelares, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ FERNANDEZ Y CAMPO  S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Si el art. 104 del Código Procesal limita la apelación de la resolución que recaiga en un pedido de levantamiento de embargo sin tercería, al supuesto en que la pretensión formulada en tal sentido fuera acogida, no cabe inferir otra cosa que no sea que sólo el embargante se encuentra facultado a interponer el recurso (conf. C.N Civ. Sala G, R.27.266 del 11/12/86). No puede entenderse de otra manera si se tienen en cuenta los requisitos de admisibilidad de la apelación, uno de los cuales es la existencia actual de agravio, que no puede reconocérsele a aquél para quien no recayó resolución definitiva al encontrarse en la posibilidad de replantear la cuestión por la vía prevista en el art.97 del mismo código citado (conf. C.N.Civ. Sala G, R.283.085 del 23/8/82; íd., R.22.032 del 5/5/86) puesto que ello importaría violentar la inapelabilidad expresamente dispuesta sobre la base de meros agravios de futuro (conf. C.N.Civ. Sala G, R.28.543 del 17/4/86; íd., R.27.266 ya citado).
Legítima defensa, lesiones graves
Materia: PENAL
Carátula: MANSILLA, ALFREDO ALBERTO s/ CAUSA  DE  JUSTIFICACION  - LEGITIMA DEFENSA - EXCESO LESIONES GRAVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-03

Si el acusado disparó inmediatamente después que la víctima dañara la puerta, la agresión ya había cesado, porque el daño se encontraba consumado. Y, por tanto, su reacción fue extemporánea, pues ya carecía de todo poder de evitación del mal que es el fundamento de la reacción defensiva. Cabe acotar que el comportamiento asumido por la víctima y sus acompañantes luego que aquél arrojó los proyectiles, objetivamente, no entraña la amenaza de prosecución del ataque, ya que aquélla, cuando fue alcanzada por los disparos, junto a uno de sus acompañantes, se encontraba de espalda y "se disponían... a subir a la Pick up" en la que se conducían y la lesión fue en la zona lumbar, mientras que el otro sujeto que los acompañaba, ya se encontraba en el interior del auto.

Es evidente, entonces, que la inminencia de la agresión y la necesidad de impedirla o repelerla no se di o desde que el damnificado y sus acompañantes asumieron una actitud de retirada, que no entraña peligro para los bienes jurídicos que el acusado intentó proteger. Además, el comportamiento desplegado por la víctima luego de consumar el daño, no autorizaba a presumir al acusado, ciertamente, que aquéllos tenían el propósito de continuar con el ataque, sino que, por el contrario, trasuntaba en forma inequívoca que habían dispuesto de su actividad agresora.
Sistema interamericano de Derechos Humanos, deber de juzgar, daño resarcible
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland c/  s/ Recurso art. 445 bis C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-08

A la luz de las reglas de protección de los derechos humanos vigentes en el ámbito interamericano, el derecho a la reparación aparece separado del derecho de reclamar al Estado el cumplimiento de sus deberes de investigación y sanción de los responsables, y si bien es cierto que tales deberes incumben al Estado como una carga propia y no como una mera gestión de intereses particulares, no es posible desconocer que, excluidas las víctimas de intervenir e impulsar la investigación, se corre un serio riesgo de que, finalmente, su pretensión quede insatisfecha (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Pensiones, muerte, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: Gadea, Lorena Cecilia c/ A.N.Se.S s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-30

Quien aporta al sistema previsional en forma prolongada y que durante la última parte de su vida activa no pudo efectuar con regularidad sus aportes por causas ajenas a su voluntad, exhibe una situación que no puede ser soslayada por el juzgador, el cual, en esos casos, ha de declarar la inconstitucionalidad del art. 95 de la ley 24.241 y de su reglamentación contenida en el Decreto 460/99. Pero, si el causante solamente trabajó durante 3 meses y 16 días, la doctrina expuesta no resulta de aplicación.
Asegurador, liquidación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Melinao, Oscar Roberto c/ Cooperativa Eléctrica de Chacabuco s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

La liquidación judicial de la compañía de seguros declarada según lo dispuesto por la ley 20.091/73 determina su desapoderamiento (arts.

111, 114 ley 19.551), de manera que la única legitimada para actuar judicialmente en su nombre es la liquidadora Superintendencia de Seguros de la Nación en la persona de sus delegados designados.
Honorarios del abogado, medidas cautelares, regulación de honorarios, trabajo inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL c/ LEBAC SA s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-27

Debe estimarse, como principio, que el art. 27 de la ley 21839 sólo es aplicable cuando la petición cautelar se traduce en un resultado positivo para el acreedor y no cuando la tramitación no arrojó fruto alguno. Adviértese, en ese sentido, que el precitado art. 27 dispone que se tomará como monto, en las medidas cautelares autónomas, el valor que se asegurare, y prevé, además, una remisión que contempla la situación del letrado ganador del pleito. No puede sostenerse, en el caso, la existencia de valor asegurado mediante la cautelar y, por ende, tampoco podría justificarse la aplicación del art. 7, primera parte, de la ley arancelaria, desde que no hay aquí vencimiento de especie alguna, cabiendo agregar que no ha mediado imposición de costas a Lebac SA de manera que la regulación de honorarios es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del arancel.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, providencia simple, funcionarios judiciales, secretario judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ, FERNANDO GABRIEL c/ JAGER, EMILIO Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

La providencia suscripta por la secretaria del juzgado sólo es susceptible de ser revisada por el señor juez "a quo" y por la vía prevista por el art. 38 del Cód.Procesal, solución que no autoriza a interponer el recurso de apelación subsidiario, y sólo conforme al art. 242, inc. 3 del citado cuerpo legal.