marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, seguros, reconocimiento tácito
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: León, Ismael David  c/ Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Ltda.  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Corresponde imponer una multa punitiva (LDC 52 bis) a una compañía aseguradora pues debe ser calificada gravemente la conducta consistente en haber reconocido tácitamente el siniestro y a pesar de que la asegurada cumplió con la obligación a su cargo de hacer entrega de toda la documentación solicitada y de haber remitido el formulario de pago del siniestro ya citado, la aseguradora omitió cumplir con su obligación de indemnizar. A ello debe aditarse su conducta displicente al no responder a la misiva remitida por el actor, donde se intimaba al pago de la indemnización.

Su comportamiento controvierte el deber de los proveedores establecido en la LDC 8 bis de garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. La actitud de la aseguradora conllevó, a su vez, un evidente beneficio dada la postergación en el tiempo del efectivo pago del siniestro, que es correlativo del detrimento patrimonial del asegurado; conducta que asimismo debe estimarse especulativa cuando ocurre en un período de desmesurada inestabilidad económica que repercute en una notoria pérdida del poder adquisitivo.
Recurso de inconstitucionalidad, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la  Cámara de Apelaciones en lo PCyF de la CABA Unidad Sudeste- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denega- do en: 'Capalbo, Luis Mariano s/ infr. art. 4.1.22, exhibición de documentación obligatoria, Ley 451.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-17

En cuanto a la interpretación de las normas locales que regulan la aptitud para instar la revisión extraordinaria local cabe remitirse a los argumentos desarrollados al votar in re "Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Parga, Daniel Ezequiel s/ infr. art. 189 bis, CP, portación de arma de fuego de uso civil, expte. no 6165/08, resolución del 20/10/2009", que doy aquí por reproducidos y resultan enteramente aplicables con las adaptaciones propias de la circunstancia de que en aquel caso se trataba de un proceso penal, mientras que aquí es uno de faltas, pero cuyo punto en común es que ninguno de los cuerpos normativos (penal para el primero, y faltas para el segundo) contienen una regulación expresa acerca de la legitimación para deducir el recurso de inconstitucionalidad del que se ocupa la ley 402, reglamentando la Constitución (voto del Sr. Juez Luis Lozano).
Sentencia arbitraria, administración fraudulenta, falsedad ideológica, peculado
Materia: PENAL
Carátula: Dalfaro, Carlos Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-07

Es arbitraria la absolución por los delitos de administración fraudulenta de fondos públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación material e ideológica de instrumentos públicos, malversación de caudales públicos y peculado, a raíz de la existencia de anomalías en el ámbito de la Universidad Nacional de Formosa, en particular en la FAEN, por entrega de títulos inválidos en el exterior (España), respaldados por supuestos convenios, también inválidos, si el a quo ha soslayado las particularidades que presentaba el caso, que imponía efectuar un especial y profundo análisis de las diferentes irregularidades cometidas, ya fuera por acción u omisión, durante la gestión del rector de la universidad y del decano, con la participación de otros altos funcionarios y particulares, sin que debiera obviarse la alta jerarquía de los cargos de los imputados, y la especial trascendencia que esa condición imprime a los hechos en los que se ha acreditado su intervención, en donde existieron numerosas infracciones de deber e institucionales.
Contrato de trabajo, empleo público, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: MORELLI, OMAR ALBERTO Y OTROS c/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS JUZGADO Nº 30
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

En el caso la sentencia de primera instancia hizo lugar a los reclamos de los accionantes, reconociéndoles su derecho a percibir diferencias salariales derivadas del pago del concepto "bonificación por antigüedad" sobre la base del equivalente al 6% de la remuneración normal y habitual de cada agente por el primer año de antigüedad y del 3% a partir del segundo año de trabajo en el instituto, tal como fue previsto en el convenio colectivo del año 1989 celebrado entre ATE, la UPCN y el PAMI, homologado por DNRT N° 5.629/89. El dictado de una doctrina plenaria puede excluir -respecto del juzgador comprendido entre los sujetos a los que se refiere el art. 303 del CPCCN- el carácter dudoso del crédito, pero mientras exista posibilidad de recurso el crédito se mantiene litigioso. En tanto no se expida la alzada no sólo concurre la duda sobre la sentencia a dictarse sino que, mientras ésta falte y esté pendiente la causa de resolución (aún así sea por recurso extraordinario), el fallo sigue siendo litigioso. En tales condiciones, corresponde prestarle homologación judicial, conforme a los arts. 69 LO y 309 CPCCN. (Del voto del Dr. Arias Gibert, en minoría).
Acción contencioso administrativa, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanchez Granel Ingeniería S.A. c/ Departamento Provincial de Aguas de Río Negro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-12

No es necesaria la reclamación administrativa previa, para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el Estado no la opone como defensa en la oportunidad procesal correspondiente -responde-. Ello, en tanto aquellas cláusulas no son de orden público, sino que constituyen un privilegio potestativo en favor del Estado que, como facultad que es, puede ser renunciado, y establecido al sólo efecto de no llevar innecesariamente a litigio en sede judicial.
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: L., H. y Otro s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-23

'... Firme que en los hechos referidos se emplearon armas, ello basta para aplicar la calificante reclamada por el recurrente... El empleo de armas en la etapa ejecutiva de un hecho puede acreditarse, en principio, por cualquier medio admitido por la ley. Así acreditada legalmente la utilización de armas en el hecho, la discusión acerca de su ofensividad deviene ociosa. El criterio que impone la necesidad de que se efectúe la pericia destinada a establecer la idoneidad del arma para cumplir su fin ofensivo, dejaría inmune la conducta de los malhechores a quienes se les prueba que las emplearon, pero las hicieron desaparecer, tratándose de delitos que se cometen a diario...'.
Constitución Provincial, defensa del consumidor, lealtad comercial, buena fe, interpretación del contrato, celebración del contrato, asociaciones de consumidores, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

En el art. 30 de la Constitución Provincial surge la facultad primigenia de las organizaciones del consumidor en defensa de sus intereses legítimos, estableciendo la lealtad como parámetro de comportamiento en la faz contractual.

Es decir, a nuestro entender, la buena fe (art. 1198, CC.), creencia, tanto al tiempo de celebrar, modificar o extinguir el contrato de consumo, principios que se trasladan a la Ley de Lealtad Comercial.

Como antecedente de la legitimación de las asociaciones cabe mencionar al Convencional Constituyente Rajneri cuando al fundamentar el art. 14 de la Constitución de 1957 expresa que queda garantizada la libertad de asociación para fines lícitos, tanto en el plano del trabajo en sindicatos y demás asociaciones profesionales como en el plano político, cultural, religioso, espiritual, económico, asistencial o meramente recreativo.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, trabajadores gastronómicos, Universidad Católica Argentina
Materia: LABORAL
Carátula: CUEVAS, ALEJANDRA BEATRIZ c/ FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

La actividad normal y específica de la codemandada es la educativa, pero no puede soslayarse que para el cumplimiento de sus fines debe realizar toda una serie de actividades complementarias de aquélla tenida por principal, entre las cuales sin duda debe contarse la existencia de servicios de gastronomía en los establecimientos donde desarrolla aquellas funciones propias. Estas tareas, si bien puede calificarse como secundarias, están integradas permanentemente al establecimiento y coadyuvan a su objetivo final. Por lo tanto, corresponde condenarla en los términos del artículo 30 de la L.C.T.
Principios procesales, principio de congruencia, requerimiento de instrucción, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Incd. de apel. de...en...FARAH, Elías y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

En función del principio de congruencia, se entiende que las sentencias sólo pueden expedirse respecto de los hechos y las circunstancias contenidas en la acusación por las que ha mediado indagatoria con la consiguiente oportunidad de ser oído. (Conf. Maier, Julio B. "Derecho Procesal Penal. Fundamentos", Editores del Puerto, Bs. As. 1996, p. 568). Así el dictamen fiscal anterior al llamado a indagatoria no es un acto al que procesalmente se le reconozca el efecto de fijar los límites de la imputación, o dicho en otras palabras, no constituye la "acusación" a la que alude el principio de congruencia. Se identifica, en cambio, con el requerimiento de elevación a juicio regulado por el art. 347 del C.P.P.N.
Poder de policía, seguridad pública, local bailable, interpretación de la ley, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALTROC BEATRIZ MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

La seguridad, que en materia de locales bailables debería ser entendida como el simple derecho de asistir al mismo sin sufrir daño alguno, es un propósito que debe constituir la máxima preocupación por parte de quienes organizan eventos que importan algún riesgo potencial para sus asistentes, así como también de las autoridades públicas encargadas de la respectiva fiscalización.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: FLORIDI, Pablo Augusto s/ Lesiones. Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

Las pericias sólo pueden impugnarse, en cuanto a la competencia técnica de los peritos, a los principios científicos en que las fundan y a las concordancias de sus conclusiones con las pruebas del proceso y las reglas de la lógica.-
Jubilaciones, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Márquez, Julio César s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

En la supresión o modificación de las denominaciones de categorías, cargos, oficios o funciones ha de establecerse la justa equivalencia con las antiguas denominaciones para no lesionar el derecho del entrado en pasiva. Tales supresiones o modificaciones, por lo demás, deben ser realizadas con un criterio razonable y, además, su proyección a los casos concretos ha de ser hecha de modo tal que no se encubra una retrogradación de hecho bajo las apariencias de un procedimiento regular.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interés para recurrir
Materia: LABORAL
Carátula: Aguero, Rolando y otros c/ Emeca S.A.I.C. y F. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

En materia de casación lo que legitima el recurso es el interés jurídico de quien lo deduce, no pudiendo afirmar su existencia la parte que denuncia omisión de tratamiento de cuestiones articuladas por la contraparte.
Quiebra, desapoderamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: CELEX TOUR SA. c/ TOPACIO SACIFIA. s/ COBRO DE AUSTRALES S/EJECUCION DE HONORARIOS S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-04

Los bienes del deudor que componen el patrimonio comun de los acreedores y de los cuales es desapoderado al declararse la quiebra, son los existentes en ese momento y los salidos indebidamente durante el período de sospecha por actos del deudor comprendidos en los arts.122 y 123 de la ley 19551 -Ley de Contratos-. Por ello, en el supuesto de quiebra decretada con posterioridad a la subasta pública judicial de un bien del deudor, lo que se incorpora a la masa no es el bien sino el negocio que con él se ha hecho antes de la quiebra y por el juez. Como consecuencia, si la operación de venta fracasa el bien se incorporará y en caso contrario lo que ingresará será el producido; pudiendo decirse que existe un reemplazo de valores que en principio deberían ser similares.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jelpa S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

No puede revisarse la condena en costas si las conclusiones del juzgador al respecto no aparecen como repugnantes a la razón.
Daños y perjuicios, mora del deudor, intereses, daño moratorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VITTAR, EDUARDO CALIM c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

El interés efectivamente pagado por el acreedor constituye propiamente el daño moratorio que el deudor debe asumir como consecuencia de su incumplimiento, y no un daño "adicional" cuya procedencia está condicionada a los supuestos de convención expresa, dolo o ley específica; habiendo reconocido la Corte Suprema la procedencia de indemnizar el daño financiero en un supuesto de marcada analogía con el de autos.

La medida por la que el rubro "daño financiero" debe prosperar es la diferencia entre lo que el acreedor tuvo que pagar a un banco oficial y a las tasas de plaza y lo que recuperó por la vía de la ley 21.391 (incidencia de la depreciación monetaria y un interés anual del 5%).
Derecho procesal, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: SUCESION CARREIRA c/ PONS, JUAN OSCAR s/ COBRO DE ALQUILERES-INC. DE RECUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

La recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial, de donde se desprende que esta dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no enturbie el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Por consiguiente, para apreciar la procedencia del planteamiento corresponde atender tanto el interés particular, como el interés general, que puede verse afectado por el uso inadecuado de este medio de desplazamiento de la competencia de los jueces que deben entender en el proceso.
Administración de vialidad provincial, empleados públicos, remuneración, ley nacional, ley provincial, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERRANDO, GUILLERMO DANIEL y FORCHETTI, ALICIA GLADYS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

En virtud del carácter facultativo del acogimiento provincial al régimen establecido por la ley nacional 20.320 -acorde con el sistema que surge del decreto ley 505/58 (art. 29) y normas modificatorias (art. 2, ley 16.657; art. 14, ley 17.597; art. 3, ley 20.320)- y en uso de dicha facultad, la Provincia adhirió al Estatuto Escalafón para los Agentes Viales, que a partir de allí rige dentro del territorio santafesino.

En efecto, en 1983 fue sancionada la ley 9217 por medio de la cual "La Provincia de Santa Fe adhiere al régimen establecido por la ley nacional Nro. 20.320" (art. 2), luego de derogar en su artículo 1 la anterior ley 8203
Divorcio contradictorio, medidas cautelares, liquidación de la sociedad conyugal, embargo, títulos de crédito, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: V.A.M. c/ P.G. s/ INCIDENTE - MEDIDAS CAUTELARES - DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-02

Las medidas precautorias que pueden obtenerse por medio del artículo 1295 del Código Civil tienden a proteger la integridad del patrimonio de la sociedad conyugal y los actos que eventualmente pudieren corresponderle al cónyuge que los obtuvo cuando se procede a su eventual liquidación. Asegúrase, en lo patrimonial, el proceso de liquidación de la sociedad conyugal a través de esta norma que reproduce, prácticamente a la letra, el art. 1408 del Esboco de Freitas.

No se pueden equiparar a las medidas cautelares que se dictan en los demás juicios dado que se trata del régimen patrimonial del matrimonio que se funda en la presunta armonía, confianza y afecto entre los cónyuges, pendientes cada uno de ellos de la buena fe del otro, y, por ello, resulta ser el más indefenso de los acreedores.

De allí que este tipo de medidas sean más severas y fulminantes que las acordadas por la leyes en otro tipo de relaciones patrimoniales.

Sin embargo, cuando se trata de valores y títulos, debe procederse a inmovilizar sólo un 50% puesto que, conforme lo dispone el artículo 1355, hasta allí llegaría la expectativa del cónyuge que peticionó la medida.
Construcción de viviendas, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: ABDELNUR, ALICIA INES c/ CONSORCIO EDIFICIO LILUMA SOCIEDAD CIVIL Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-13

Resulta responsable el consorcio de propietarios de un edificio por los daños derivados en la vivienda lindera tras su edificación, pues existe una suficiente y adecuada relación de causalidad entre la verificación de los daños y la construcción del edificio, ya que, aun cuando éste contara con supervisión profesional y administrativa, existe una probabilidad o previsibilidad objetiva suficiente, aunque no se llegue a certeza, que se han generado daños vinculados con la ejecución de la obra. Lo cual se condice con lo que las mentadas reglas de la experiencia indican, en cuanto a que, salvo casos excepcionales, la construcción de un edificio de propiedad horizontal en altura, normal y frecuentemente resulta ser idónea para provocar u originar no solo molestias a las viviendas circundantes o colindantes , sino daños a ellas.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, prescripción bienal, revocación del mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: SUCESION SILVASLIAN BASILIO c/ GARCIA LUCIO Y OTROS s/ MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-25

Desde la carta documento hasta el pedido de regulación de honorarios solo trascurrieron seis días, puesto que en este supuesto el plazo de prescripción bienal se cuenta desde la fecha en que le es notificada -al letrado- la revocación del poder. Ello, pues sólo a partir de entonces quedará expedita la vía para ejercer las acciones cuya prescripción se pretende (CNCiv, Sala A, 15/10/1979, La Ley, 1979-D, 540; ídem 31/10/1978, La Ley, 1979-A, 205 - R. DJ, 979-12-27, sum. 16). En este sentido esta Corte tiene dicho que la prescripción normada por el art. 4.032 inc.1 del Cód Civil, comienza su vigencia desde el momento de cese de la intervención del profesional actuante, independientemente de que exista a ese momento monto regulatorio (CSJTuc, sentencia Nº 45 del 25/11/1991, en "Esteves Juan Carlos s/ Sucesión. Incidente de nulidad y prescripción"); lo que determina la suerte negativa del planteo de prescripción liberatoria efectuado.
Doctrina de la arbitrariedad, defensa en juicio, debido proceso, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Delzzar  S.A.  - en formación - Marimón Importadora y Exportadora S A. s/ infracción a la ley 23.771. Exportadora S A. s/ infracción a la ley 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a circunstancias comprobadas de la causa.
Jubilaciones, reciprocidad jubilatoria, caja otorgante
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: S., E. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-25

Es inadmisible la interpretación de las prescripciones del Decreto Ley 9616/46 que instituyó el sistema de reciprocidad jubilatoria que llevaría al absurdo de aceptar que, por estar obligada la llamada "Caja Otorgante" a computar los servicios prestados bajo el régimen de otra u otras Cajas, deba hacerlo en forma mecánica, declinando así la facultad de evaluar si el cómputo de tales servicios permite, a quien los acredita, acceder o no al beneficio que pretende.
Daños y perjuicios, obligación de seguridad, buena fe contractual, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, Marcelo Rubén y otro c/ Guasconi, Juan Carlos y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-11

El deber de seguridad tiene sustento en el principio de la buena fe (art. 1198 Cód. Civil), en virtud del cual cada parte puede confiar a la otra parte la seguridad de sus bienes y de su persona durante la ejecución contractual, y en su ámbito específico, en el orden público de protección que impera en materia de defensa del consumidor.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSI, PEDRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

La verosimilitud del derecho invocado reconoce base de sustentación,en el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 17.091; siendo que, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N 1, Secretaría N 1, de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, se tramita el lanzamiento conforme a las prescripciones de la ley ahora cuestionada y en esas actuaciones se han planteado cuestiones que suspendieron el lanzamiento respectivo.
Habeas corpus, trámites judiciales, competencia, elevación en consulta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-22

Dado que el procedimiento de hábeas corpus dispone la intervención de los "jueces de sección, según las reglas que rigen su competencia territorial", es coherente con ello que el rechazo de la denuncia provoque la Consulta o pueda ser apelado, ante la Cámara de Apelación Instructoria.
Prueba, absolución de posiciones, síndico del concurso
Materia: PROCESAL
Carátula: TEVEZ, RAUL c/ TEUBAL  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

Si bien el Síndico, administrador de los bienes de la fallida, solo está obligado a absolver posiciones sobre hechos en los que haya intervenido personalmente, art. 86 LO, dicha situación no lo autoriza a liberarse de los efectos de la confesión ficta cuando no comparece a la audiencia.