Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05


2º Instancia. - Junín, febrero 5 de 2009.

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Castro Durán dijo:

A fs. 126/132vta. el Juez de primera instancia dicta sentencia, por la que hace lugar a la demanda entablada por Cristina Mabel Uazzi, Roberto Pascual Civitillo y Mauro Alejandro Carca contra Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN S.A.), condenando a ésta a abonar la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) a cada uno de aquellos, con más intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el día del hecho y hasta el efectivo pago. Impone las costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

De este modo, accede a la pretensión encaminada al resarcimiento del daño moral que alegan haber sufrido los accionantes, a raíz del corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble que habitaban, producido durante el lapso transcurrido entre el 14 y el 20 de marzo de 2006.

Para adoptar tal decisión, el sentenciante, enmarcando el presente caso en la órbita extracontractual, considera legitimados a los actores para reclamar el resarcimiento de los daños padecidos como consecuencia de la suspensión del servicio.

Seguidamente, teniendo en cuenta las constancias del expediente sobre amparo y las posiciones absueltas en rebeldía por EDEN S.A., el "a quo" tiene por cierto que ésta última, en fecha 14-3-2006, procedió al corte del suministro de energía eléctrica en el domicilio de los accionantes, restituyéndolo a los siete días, una vez que fue notificada del traslado de la demanda de amparo.

Sostiene que la demandada actuó con culpa, ya que interrumpió la provisión de energía eléctrica sin causa alguna, despreciando los más elementales derechos del usuario de un servicio imprescindible; por lo que accede a la reparación del daño moral solicitada por cada uno de los accionantes.

En cambio, desestima el reclamo por daño emergente formulado por Cristina Mabel Uazzi, tendiente a que le sea restituido el importe cuyo pago debió afrontar en concepto de honorarios regulados a su letrado patrocinante en el proceso de amparo, donde las costas se impusieron en el orden causado, a pesar del reconocido corte injustificado del servicio.

El sentenciante rechaza este rubro haciendo hincapié en que la cosa juzgada impide la reedición de la cuestión en el presente proceso.

Contra este pronunciamiento, a fs. 133 deduce apelación el Dr. Marcelo Macías, en su rol de apoderado de EDEN S.A.; e idéntica impugnación interponen los accionantes a fs. 135.

Concedidos libremente tales recursos, las actuaciones se remiten a esta Alzada, donde a fs. 143/148 se agrega la expresión de agravios presentada por el apoderado de la demandada, quien inicialmente impugna la legitimación reconocida a todos los accionantes. Argumenta que el presente caso debe encuadrarse dentro del área de la responsabilidad contractual, ya que la relación entre su mandante y la señora Uazzi nace de la instrumentación de un contrato. De ello, concluye que los demás actores carecen de legitimación para reclamar, por no ser titulares del servicio.

Asimismo, el Dr. Macías se agravia por la imputación de culpa a su mandante. Si bien reconoce que la suspensión del servicio se produjo por error de EDEN S.A., expone que la usuaria reclamó la reconexión por la vía judicial, cuando debía haberla pedido directamente ante la empresa o el organismo de control, lo que hubiera permitido aclarar la situación rápidamente. Por ello, continúa, al no haber cumplido aquella con ese paso, debe cargar con las consecuencias de su proceder.

Agrega que la causa del daño no está en la suspensión del servicio, sino en la conducta de la usuaria que se presenta como damnificada, y explica que su mandante restituyó el suministro de energía inmediatamente, después de la notificación de la demanda de amparo.

Denuncia que la sentencia omitió el tratamiento de esta defensa basada en la culpa de la víctima, con afectación del principio de congruencia.

Finalmente, cuestiona el resarcimiento otorgado por daño moral a los accionantes, afirmando que se hubieran evitado todos los inconvenientes con una sencilla gestión administrativa, y que tales molestias no revisten el carácter de graves alteraciones de bienes extrapatrimoniales causantes de un detrimento espiritual.

Paralelamente, a fs. 149/156 los accionantes acompañan la expresión de agravios. En dicha presentación, inicialmente señalan que el sentenciante no se expidió acerca del reclamo formulado por Sebastián Oscar Carca, solicitando la subsanación de dicha omisión.

A continuación, Cristina Mabel Uazzi impugna la desestimación del resarcimiento por daño emergente por ella requerido, argumentando que en la acción de amparo, EDEN S.A., una vez notificada de la demanda, restituyó el servicio, tornándose entonces abstracta la cuestión e imponiéndose las costas por su orden, lo que constituye cosa juzgada.

Sin embargo -sigue diciendo-, aquí no se persigue la modificación de esa cosa juzgada, sino la reparación de todos los perjuicios derivados del incumplimiento de la demandada.

Resalta que, a causa de ese incumplimiento, debió contratar a un abogado para iniciar la acción de amparo, al que le abonó la suma de $ 1.572 en concepto de honorarios, desembolso cuya restitución exige, puesto que, de haber cumplido EDEN S.A. con su obligación, no habría incurrido en el mismo.

Por último, los accionantes reputan insuficientes las indemnizaciones otorgadas por daño moral.

Corrido traslado mutuo de las expresiones de agravios reseñadas, a fs. 164/170 luce la contestación efectuada por el Dr. Muñoz Saggese, como apoderado de la parte actora, mientras que a fs. 171/172vta. se agrega la presentada por la accionada, solicitándose en ambas la desestimación de la apelación de la contraria.

A fs. 173 se dispone el llamamiento de autos para sentencia, quedando las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

En tal labor, comenzando por el agravio de EDEN S.A. referido a la legitimación activa para obrar, creo útil recordar que la relación de consumo, receptada expresamente en el art. 42 de la Constitución Nacional, abarca todas las circunstancias previas, concomitantes o posteriores, referidas a la actividad destinada a satisfacer el consumo final de bienes y servicios.

La relación de consumo excede el concepto de relación contractual, ya que en ella quedan incluidas también las vinculaciones derivadas de hechos o actos jurídicos conectados con el fenómeno del consumo, aunque no tengan su origen en un contrato.

Con este criterio, Ricardo Luis Lorenzetti dice que "La constitución actual se refiere a las relaciones de consumo, lo que significa normatizar un vínculo más amplio que el mero contrato, incluyendo actos unilaterales e incluso hechos. De modo que los comportamientos fácticos, las situaciones sociales típicas, las relaciones contractuales o extracontractuales pueden ser incluidas en las relaciones de consumo" (ver "Concesionarios viales: ¿En qué casos hay responsabilidad?, Revista de Derecho de Daños, Accidentes de tránsito III, pág. 166).

O sea que la noción de contrato de consumo (especie) es más restringida que la de relación de consumo (género), ya que en el marco de esta última quedan protegidos no sólo los consumidores o usuarios vinculados convencionalmente con los proveedores, sino también aquellos que sin haber sido partes en el contrato, son alcanzados por los efectos del mismo.

En esta última situación, se encuentran, por ejemplo: los acompañantes circunstanciales del contratante en el momento del cumplimiento de prestación a cargo del proveedor, o los integrantes de su grupo familiar o social.

Si a raíz de la provisión de cosas o de la prestación de servicios, esos no contratantes sufren daños, igualmente quedan comprendidos en la órbita de la relación de consumo, y consiguientemente, protegidos por la ley de defensa del consumidor.

Entonces, en la relación de consumo quedan incluidas distintas situaciones, con independencia del hecho generador de las mismas (incumplimiento contractual o acto ilícito) y de la naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad del proveedor.

Por lo tanto, la legitimación para reclamar la reparación de los daños ocasionados por los proveedores de cosas o servicios, también se extiende a los usuarios no contratantes.

Como corolario de ello, puede extraerse que la ley de defensa del consumidor aparea las órbitas de responsabilidad contractual y extracontractual, unificando sus efectos y sometiéndolas a las mismas reglas (conf. Celia Weingarten, "Derecho del consumidor", pág. 247).

Aunque en su versión original la Ley 24.240 sólo hacía referencia al contrato oneroso de consumo, como la noción de relación de consumo tuvo expresa recepción constitucional, no cabían dudas de que esta última tenía operatividad jurídica, en virtud de la superior jerarquía normativa de la Carta Magna. Y este criterio recibió contundente confirmación con la Ley 26.361 que, modificando el art. 1 de la ley 24.240, incorporó específicamente la relación de consumo al régimen legal de protección del consumidor.

No obstante ello, vale aclarar que la nueva versión dada por la Ley 26.361 al art. 1 de la Ley 24.240, no resulta aplicable al presente caso, puesto que entró en vigencia en abril de 2008, es decir, con posterioridad al hecho aquí debatido, que tuvo lugar en marzo de 2006.

En consecuencia, no es posible su aplicación retroactiva a un hecho acontecido con anterioridad a su entrada en vigencia (art. 3 C. Civil).

De cualquier modo, con la base normativa del art. 42 de la Constitución Nacional, cabe concluir que no sólo Cristina Mabel Uazzi, que contrató con la demandada la prestación del servicio, cuenta con legitimación para reclamar el resarcimiento de los daños que le hubiera generado la indebida interrupción del mismo; sino que también están legitimados al efecto los miembros del grupo conviviente con ella, quedando todos los reclamos sujetos a las mismas normas, a pesar de que uno de ellos está sustentado en un incumplimiento contractual y los restantes en un hecho ilícito.

Por todo lo expuesto, el agravio en tratamiento debe ser desestimado.

Ahora paso al análisis de la impugnación relacionada con la eximente de responsabilidad alegada por la demandada, basada en el obrar autolesivo de la usuaria.

Con ese objetivo, estimo conveniente remarcar que, tanto en la acción de amparo como en este proceso, EDEN S.A. reconoció que por un error de su parte, al tomar equivocadamente el número del medidor a retirar, interrumpió la prestación del servicio público de energía eléctrica en el domicilio de los accionantes.

Pese a este reconocimiento, sostiene que la causa de los eventuales daños alegados en la demanda, no radica en la interrupción del servicio, sino en la conducta de la usuaria contratante que escogió la vía judicial en lugar de efectuar un reclamo administrativo, alongando de tal modo el lapso de privación del servicio.

Adelanto que no encuentro configurada dicha eximente, puesto que no puede considerarse que los accionantes hayan incumplido con el deber de evitar el agravamiento del propio daño causado por la injustificada interrupción del servicio.

Así lo entiendo, ya que no exhibieron una pasividad que coadyuvara al mantenimiento de la situación lesiva en la que se encontraban; sino que, por el contrario, desarrollaron una actividad tendiente a evitar la continuidad de la misma.

Ello surge de las constancias del expediente acollarado, que demuestran que el injustificado corte del suministro de energía eléctrica tuvo lugar en horas del mediodía del 14 de marzo de 2006, mientras que Cristina M. Uazzi interpuso el amparo a la 9:50 hs. del día 16 (ver fs. 14vta.), incorporándose en la demanda una pretensión cautelar tendiente a la inmediata restitución del servicio, cuya desestimación no fue apelada -según explican los accionantes- para sustanciar el amparo rápidamente, conducta diligente que efectivamente aquella adoptó.

En conclusión, no se ha producido una violación del deber de no agravar el propio daño que opere como concausa posterior de los menoscabos originados en la injustificada interrupción del servicio; y por ello, este agravio tampoco puede prosperar.

A continuación, sigo con las impugnaciones expuestas por ambas partes, con finalidades diametralmente opuestas, contra la indemnización otorgada por daño moral.

Previamente a abordar tales impugnaciones, creo conveniente tratar el agravio asentado en la omisión del sentenciante con respecto a la pretensión deducida por Sebastián Oscar Carca.

En esa tarea, en respuesta al planteo de extemporaneidad efectuado por la parte demandada en la contestación de la expresión de agravios de la contraria, es dable resaltar que el art. 273 del CPC. autoriza a las cámaras de apelación a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque el apelante no hubiese deducido aclaratoria, siempre que el mismo lo solicite en la expresión de agravios.

Por ello, corresponde acceder a lo solicitado y subsanar la omisión de la sentencia apelada sobre el punto.

Con tal objetivo, es dable señalar que con las declaraciones testimoniales vertidas en autos, tengo por probado que Sebastián Oscar Carca vivía en el inmueble afectado por el corte del suministro de energía eléctrica.

Así resulta de los dichos de Norma A. Stutz (ver fs. 86, resp. a la 2º preg. ampliatoria), Víctor H. Zottico (ver fs. 87, resp. a la 1º preg. ampliatoria), Norma A. Minini (ver fs. 89, resp. a la 1º preg.) y Alicia M. Iturain (ver fs. 99vta. resp. de a la 1º preg. ampliatoria), quienes coinciden concluyentemente en que el aludido accionante vivía en dicho inmueble conjuntamente con sus litisconsortes (arts. 384 y 456 CPC.).

Entonces, formando Sebastián Carca parte del grupo conviviente con la usuaria contratante del servicio, cabe considerarlo inmerso en la relación de consumo; y por lo tanto, legitimado para reclamar la indemnización por daño moral (art. 42 CN.).

Sentado ello, y ocupándome ya de los agravios dirigidos contra el resarcimiento fijado en tal concepto, es menester recordar que este perjuicio puede definirse como una minoración en la subjetividad de la persona, ocasionada por la lesión a un interés espiritual.O sea, el daño moral se configura cuando se causa en el damnificado una alteración disvaliosa del espíritu o, dicho de otro modo, una perturbación anímica.

Como esta perturbación se mantiene en el fuero íntimo de la persona, se tornan dificultosas tanto la prueba del perjuicio como la cuantificación del monto resarcitorio.

En cuanto a la prueba, el accionante debe aportar elementos que convenzan al juez de la existencia de la alteración espiritual, es decir, de los pesares, dolores, amarguras o sufrimientos soportados.

Sin embargo, ante determinados hechos (por ejemplo: fallecimiento de una persona, afectación de la integridad física), esa perturbación anímica puede presumirse, aunque tal presunción admite prueba en contrario.

Con respecto a la cuantía del resarcimiento, su determinación no es tarea sencilla, ya que como el interés lesionado no es susceptible de mensuración económica, no tiene una equivalencia en dinero. Por lo tanto, para fijar la suma reparatoria debe atenderse a los costos que irrogarían determinadas satisfacciones compensatorias (por ejemplo: comodidades, descansos, diversiones, distracciones, etc.) que pueden ayudar a la víctima a sobrellevar el momento de aflicción.

Si bien el monto reparatorio queda librado al prudente arbitrio del juez, quien deber sopesar las concretas circunstancias de cada caso, no debe fijarse una suma simbólica que no permita a la víctima la obtención de alguna satisfacción compensatoria, ni tampoco una suma exagerada que dé lugar a su enriquecimiento (conf. Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Alberto Piedecasas, "Código Civil Comentado. Doctrina-Jurisprudencia-Bibliografía." vol. "Responsabilidad Civil", págs. 111/114).

De acuerdo a tales parámetros, considero que encontrarse privado de un servicio público esencial como el referido a la energía eléctrica, durante un lapso de siete días, con los innumerables inconvenientes que ello acarrea, al no poder utilizarse los artefactos más elementales para disfrutar de un básico nivel de vida: no pudiendo el grupo familiar contar con luz en las horas nocturnas, ni con heladera para mantener los alimentos y bebidas, ni con los cotidianos esparcimientos que reportan los aparatos de televisión, audio y video, entre muchos otros inconvenientes (imposibilidad de usar máquinas de coser, planchas, secadores de cabello, afeitadoras, multiprocesadoras, etc.).

A ello debe sumársele la lógica desazón que genera el desamparo del simple usuario frente a la gran empresa que, en forma absolutamente incausada e intempestiva, decide sin previo aviso y en ausencia de los moradores, retirar de la vivienda el medidor del consumo, generando en el barrio la falsa idea de que los accionantes eran deudores en el pago del servicio interrumpido.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, considero que los actores han sufrido una perturbación anímica que debe ser resarcida; por lo que, abordando la dificultosa labor de determinar la indemnización correspondiente, encuentro justo fijarla en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) para cada uno de ellos (arts. 522 y 1078 C. Civil).

No debe perderse de vista que, aunque la relación entablada entre la señora Uazzi y EDEN S.A. es de naturaleza contractual, la inejecución obligacional de esta última, generadora de su responsabilidad, derivó en consecuencias con suficiente entidad como para causar el detrimento espiritual alegado por aquella, ya que las mismas exceden el padecimiento y las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios (art. 522 C. Civil).

Finalmente, paso a ocuparme del cuestionamiento referido al reembolso de las sumas que Cristina M. Uazzi abonó al abogado que la patrocinó en el proceso de amparo.

Adelanto que, más allá del valorable esfuerzo argumental desplegado, este agravio no puede prosperar, ya que en dicho proceso las costas fueron distribuidas en el orden causado, quedando firme tal decisión, y por ende, revestida de los efectos de la cosa juzgada. Por lo tanto, no puede reeditarse en este proceso una cuestión precluida en otro anterior (art. 155 CPC.).

Por lo expuesto, propongo al acuerdo: modificar la sentencia apelada, determinando la indemnización por daño moral correspondiente a cada uno de los accionantes, incluyendo a Sebastián Oscar Carca entre ellos, en la suma de pesos tres mil ($ 3.000); y confirmar dicho pronunciamiento en los demás puntos que fueron objeto de agravio (arts. 273 C.P.C.; 522, 1078 C. Civil; y 42 C. N.).

ASI LO VOTO.

Los doctores Rosas y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Castro Durán dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I) Subsanar la omisión incurrida en la sentencia de fs. 126/132vta., incluyendo entre los accionantes a Sebastián Oscar Carca (arts. 273 CPC. y 42 CN.).

II) Modificar la sentencia de fs. 126/132vta., fijando en la suma de pesos tres mil ($3.000) para cada uno de los accionantes, las respectivas indemnizaciones por daño moral (arts. 522 y 1078 C. Civil).

III) En virtud del resultado arribado, las costas de Alzada se imponen en un 85% a la parte demandada y en el 15% restante a la parte actora (art. 71 CPC.), difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad en que sean determinados los correspondientes a primera instancia (arts. 31 y 51 Ley 8904).

ASI LO VOTO.

Los doctores Rosas y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí. - Ricardo Manuel Castro Durán. - Patricio Gustavo Rosas. Juan José Guardiola.

Junínn (Bs. As), febrero 5 de 2009.

AUTOS Y VISTO:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, SE RESUELVE: I. Subsanar la omisión incurrida en la sentencia de fs. 126/132vta., incluyendo entre los accionantes a Sebastián Oscar Carca (arts. 273 CPC. y 42 CN.). II. Modificar la sentencia de fs. 126/132vta., fijando en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) para cada uno de los accionantes, las respectivas indemnizaciones por daño moral (arts. 522 y 1078 C. Civil). III. En virtud del resultado arribado, las costas de Alzada se imponen en un 85% a la parte demandada y en el 15% restante a la parte actora (art. 71 CPC.), difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad en que sean determinados los correspondientes a primera instancia (arts. 31 y 51 Ley 8904). - Ricardo Manuel Castro Durán. - Patricio Gustavo Rosas. - Juan José Guardiola.