marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Licitación pública, procedimiento licitatorio, igualdad licitatoria, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eco Sistemas -Empresa de computación- c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   168-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

Resulta ilegítima la modificación del precio ofertado por la firma adjudicataria que el ente territorial efectuó al margen de las etapas previstas en el Pliego de la licitación al utilizar un mecanismo incorrecto para la comparación de las ofertas, desde que dicho mecanismo escapa a las garantías que otorga a los demás oferentes la solución prevista en el mismo Pliego de Bases y Condiciones en virtud del cual en caso de producirse igualdad, coincidencia o semejanza de condiciones, plazos, precios totales, financiación, etc. en las ofertas, la Municipalidad podrá llamar a quienes se encuentren en tales situaciones para que dentro de los cinco días corridos posteriores al llamado procedan a mejorar la oferta. La decisión de la Municipalidad supuso una modificación unilateral sin intervención de ningún otro oferente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Narvay, Hugo César s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna la utilización de una pericia y excluye de su reclamo el correspondiente art. 252 (numeración anterior) del C.P.P., no obstante señalar que el juzgador lo había invocado.
SOCIEDADES COMERCIALES, sociedad anónima, PARTICIPACION SOCIETARIA, distribución de dividendos, pago, intereses, acción de repetición, tasa diferencial, distribución de utilidades
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Administración Nacional de la Seguridad Social c/ Grupo Clarin SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Además, también es considerada "ganancia líquida", aquella que, sin haber materialmente entrado en la caja de la sociedad, es lo suficientemente realizable a corto plazo y suficientemente segura por la solvencia del crédito, como para no significar una aventura judicial (ver Verón, Alberto Víctor: "Sociedades Comerciales" T. 1, pág. 699 y sus citas, ed. Astrea, Bs. As., 1998). Sobre esto se ha dicho que poco importa que la ganancia sea ordinaria o extraordinaria, ya que las utilidades deben tratarse con un sentido de unidad en relación con los dividendos (ver Sasot Betes, Miguel Á. y Sasot, Miguel E., "Sociedades anónimas. Los dividendos", pág. 17, Bs. As, 1977).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia, cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, jurisprudencia no aplicable, seguridad jurídica, declinatoria, inhibitoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/ SANTILLAN LUIS ALBERTO s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Un nuevo examen de los argumentos esgrimidos y, fundamentalmente, la diferencia existente en las cuestiones fácticas, llevan a la Sala a apartarse del precedente "GCBA c/ Ovejero Domingo s/ otros", Expte. Nro. 3891.

En efecto, en el presente caso, la cuestión de competencia ha sido planteada por el actor en la Justicia Nacional del Trabajo y su decisión se encuentra pendiente en la Cámara de Apelaciones de aquel fuero.

Por consiguiente, elementales pautas de seguridad jurídica y de respeto a las jurisdicciones de otros magistrados tornan aplicable la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos de "cuestiones de competencia" en cuanto a que escogida una vía -declinatoria o inhibitoria- no puede en lo sucesivo utilizarse la otra (confr. CSJN, doctr. de Fallos: 315:156, entre otros).

Por lo demás, la solución propiciada es la que mejor se condice con el carácter de orden público de la competencia, ya que con ella se intenta evitar una colisión en el ordenamiento jurídico provocada, paradójicamente, por quienes tienen que velar por su estricto cumplimiento.
Juicio correccional, recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nuñez, Arnoldo Aníbal s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro en Expte. Corte Nº 85/08: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro en contra de Sentencia Nº 66/08 de Expte. Nº 008/05 Nuñez, Arnoldo Aníbal - Homicidio Culposo - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-04

Contra la sentencia que condenó al imputado a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y de inhabilitación especial de seis años para conducir cualquier tipo de vehículo automotor como autor del delito de Homicidio Culposo, le ordenó someterse al cuidado del Patronato de Liberados, una vez cada tres meses por el término de tres años y a realizar trabajos no remunerativos enana escuela, durante dos horas semanales y por el término de dos años, la defensa técnica articuló Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

La arbitrariedad de la sentencia es de aplicación excepcional y sólo procede si el recurso pone de manifiesto el compromiso constitucional que involucra lo resuelto; y no si, como en el caso, el fallo impugnado dio tratamiento exhaustivo a los reparos articulados contra la sentencia condenatoria y el recurrente no demuestra que las penas que cuestiona como excesivas sean injustas por vulnerar el principio de culpabilidad.

Así, aunque el recurrente acusa vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, no da razones suficientes de su queja en tanto no señala restricción alguna al derecho a alegar o probar.

Además, sus objeciones tuvieron la debida atención en la instancia anterior y fueron resueltas con fundamentos que excluyen el mero voluntarismo judicial y le dan adecuado sustento a lo decidido, sin que quepa admitir lo contrario sólo porque lo hizo en sentido distinto al esperado por el recurrente.

Por ello, la mera disconformidad de éste con el criterio del tribunal no suscita cuestión que justifique la intervención de la Corte, menos aún considerando que los argumentos que presenta no demuestran la relevancia de los puntos que lo agravian, por su decisiva influencia en la decisiones que impugna, las que, además, se apoyan sobre otros cimentos, no cuestionados en esta oportunidad ni en la casación, que aun con prescindencia de los elementos de juicio cuestionados, le dan adecuado sostén a lo resuelto.

Por ello, corresponde rechazar el Recurso Extraordinario deducido.
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA "DOWEL SCHLULNERGER ARG. S.A. c/ Y.P.F. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

No cabe apelar la providencia que deniega un recurso sino que el litigante perjudicado debe recurrir directamente al Tribunal Superior de la causa mediante la interposición de la queja pertinente, por cuanto las providencias que conceden o deniegan recursos son por su naturaleza inapelables.
Cheque, presentación al cobro, presentación extemporánea del cheque, acción de regreso
Materia: COMERCIAL
Carátula: HECTOR EDUARDO CHRESTIA c/ FRANCISCO TORRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-08-31

La presentación tempestiva del cheque es uno de los dos recaudos principales exigidos por la ley para tener derecho a la acción cambiaria de regreso (principal contra el librador y de garantía contra los endosantes) y a la consiguiente vía ejecutiva. El artículo 38 del Decreto-ley 4776-63 pena con la caducidad del derecho a la acción cambiaria, el hecho de la no presentación en el plazo legal del cheque al Banco. Es decir que el documento presentado tardíamente es inhábil como título ejecutivo. El legítimo tenedor del cheque asi perjudicado, deberá recurrir a la acción causal o de enriquecimiento según corresponda.
Designación de defensor, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Zanín, Beatriz Luisa s/ Deduce Nulidad -Solicita libertad- libertad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-08-31

Si bien el imputado manifiesta que prestará declaración aún en ausencia de su abogado defensor (art. 271 del C.P.P.) ésta situación en ninguna medida sanea el acto procesal, toda vez que el profesional elegido por el imputado no suscribe el acta de indagatoria, tampoco consta acta de aceptación del cargo con anterioridad a la audiencia señalada. Por lo tanto su voluntad de prestar declaración aún en ausencia de su abogado, en estas circunstancias, carecen de significación procesal y es nulo todo lo declarado, es decir hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: G., E.L. c/ G., D.B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-07

Si bien a veces, la sola infracción a las normas de tránsito no es suficiente para considerar probada la "culpa" de la víctima y exonerar al que la embiste, no es adecuado no aceptar que su conducta no haya contribuido a provocar el evento dañoso.
Jubilaciones, jueces, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martiré, Eduardo  F.A. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Ni de las circunstancias que determinaron la sanción de la ley 23 199 ni del pertinente debate parlamentario puede extraerse que fuera intención del legislador alterar, por esa vía, el régimen jubilatorio de los magistrados y funcionarios judiciales.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, violencia de género, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, fallos de la Corte Suprema, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: K., F.H. c/  s/ Lesiones leves agravadas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-25

Según fueron descritos los hechos reprochados, nos encontramos ante una conducta que ha causado sufrimiento físico y psicológico a una mujer, en una relación desigual de poder, y que, por lo tanto, resulta constitutiva de violencia de género, extremo que ninguna de las partes ha puesto en cuestión en el caso. En virtud de ello, resultan plenamente vigentes y aplicables las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, sin restricción alguna en el sentido alegado por la Defensa. En efecto, la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Góngora" no hace distinciones entre diferentes supuestos del art. 76 bis del Código Penal, sino que, para todos los casos de violencia de género, niega expresamente la posibilidad de que se conceda la suspensión del juicio a prueba. Igual temperamento se ha adoptado en las instrucciones de la Procuración General -invocadas por la señora Agente Fiscal en su dictamen (Resolución 01/11)- y en la doctrina legal de este Cuerpo sentada en numerosos precedentes. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia).
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vargas, Horacio c/ IOMA s/ Recurso de amparo. Cuestión de competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Es de la competencia originaria del Tribunal (art. 149 inc. 3 Const.

Prov.) la demanda por la que se cuestiona una resolución del IOMA que prescinde de los servicios del accionante como prestador de dicha entidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pagaré, acción cambiaria, prescripción, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARTOLOMEI, ALDO c/ QUARTERO, CARLOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA EJECUTIVA- (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 513 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-12

La Corte Suprema de Justicia in re "Cornes G. c. Massuh S.A." decidió que la suspensión de la interpelación extrajudicial prevista en el artículo 3986 del Código Civil resultaba aplicable en materia comercial, fundando su decisión en los argumentos que en disidencia habían sostenido los Ministros Petracci y Belluscio en "Hilandería Santa Rosa c. Olan".

En dicho antecedente, se dijo expresamente que "...en el derecho comercial la suspensión del término de prescripción corre contra omnes".

Esto hace que, salvo el caso prescripto en el artículo 845 in fine del Código de Comercio, no existan en el derecho mercantil acreedores cuya inacción resulte justificada por la ley mediante el instituto de la suspensión de prescripción".

Además, se resolvió que "el artículo 3986, segunda parte, del Código Civil, lejos de referir a un acreedor que no actúa, tiene en consideración una conducta totalmente opuesta, cual es la del acreedor que interpela y requiere el pago a su deudor, lo que evidencia que ambos preceptos no se excluyen ni contraponen y tienen cada uno su ámbito propio de aplicación, relativo a la inactividad del acreedor en el primer caso y a su actividad en el segundo.

Posteriormente, in re "Jakim, Horacio" reiteró su doctr ina y sostuvo que no existe razón suficiente con apoyo en lo dispuesto por el artículo 845 del Código de Comercio, para excluir a las interpelaciones extrajudiciales de los alcances de la remisión genérica consagrada por el artículo 844 y no considerarlas en cambio, como una de aquellas manifestaciones de la actividad del acreedor consentidas por el legislador mercantil en la norma sub examine, susceptibles de incidir en el curso de los plazos.

De tal forma, el criterio que ha ido delineando el Alto Tribunal a través de la evolución de sus fallos pone el acento en la actividad del acreedor inequívocamente destinada a mantener intacto su crédito como el punto de partida para excluir la procedencia de la defensa de prescripción, haciendo referencia a la "interpelación" como manifestación de la actividad del acreedor.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, Dirección Nacional de Importaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: SALOMON, NORBERTO s/ COMPETENCIA FEDERAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-13

Es competente la justicia federal, por cuanto la Dirección Nacional de Importación dependiente de la Secretaría de Comercio excede el marco meramente local, por tener incidencia y repercusión en todo el país, siendo de estricta aplicación lo establecido por el artículo 3, apartado 3 de la ley 48.

Además, la ley de ministerios 22.450 y sus modificatorias: 22.520, 22.641 y 23.023 establecen en su artículo 4 funciones de neto corte Federal, entre las que se destacan las dispuestas por el artículo 20 apartados 9 y 50, especificando este último que es resorte del Ministerio de Economía del cual depende la Secretaría de Comercio, entender en la fijación y en la fiscalización de todo tipo de mecanismos de regulación y promoción de las exportaciones e importaciones en las áreas de su competencia.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Volonte, Arturo Carlos c/ Pastorino, Carlos A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Corresponde, en el caso, adjudicar la culpa en forma exclusiva al conductor del camión que imprudentemente invadió la mano contraria a la que circulaba y embistió allí a quien marchaba correctamente por la suya.-
Costas, exención de costas, legitimación pasiva, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: HYATT INTERNATIONAL CORPORATION Y OTRO c/ PARKHOUSE SA s/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

Entre las excepciones al principio objetivo de la derrota figura el allanamiento, más solo cuando reúne los requisitos exigidos por la ley en los incisos 1. y 2. del art. 70 del Código Procesal. La actora debió obrar con mayor diligencia y cerciorarse antes de iniciar demanda (mediante la vía prevista en el art. 323, Inc. 1.), acerca de a quien efectivamente debía demandar. En tales condiciones, no corresponde eximirla de sus costas pues hubo culpa de la actora en dirigir una acción contra quien no resultaba legitimado (art. 70, Inc.

1. del Código Procesal; cfr. CNFed. Civ. Com., Sala II, Causa 4254 del 28.2.86; CNCiv., Sala F. del 30.8.82, en LL 1983-B, pág. 750, N.

36.306-S; etc.).
Sentencia, tribunal colegiado, voto mayoritario, costas, litisconsorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palacios Valladolid Vicente y otro c/ Eduardo Nuciforo s/ ordinario - Recurso de Revisión".
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-09-28

Si en el acuerdo previo a dictar sentencia no se ha obtenido la mayoría necesaria con relación a la imposición de costas, lo que corresponde es que se convoque a dos Vocales de otra Cámara y, previo avocamiento de los mismos a la causa y notificación a las partes para que -eventualmente- hagan uso del derecho de recusar sin expresión de causa se efectúe una nueva deliberación entre los miembros naturales del Tribunal de apelaciones y, de subsistir la falta de mayoría, los Vocales convocados voten sobre ese punto en particular y decidir, de ese modo, cuál es la mayoría sobre el punto.

Se emitió directamente la sentencia sin haberse obtenido la mayoría sobre la imposición de costas. Al tratarse de un Tribunal colegiado donde las decisiones corresponden a la de los votos coincidentes de al menos dos de sus Vocales, puede concluirse que no ha existido jurídicamente sentencia sobre la imposición de costas, si los tres vocales emitirán sus votos en forma disidente, por lo que corresponde su anulación sobre el punto.

Si los actores componen un litis consorcio activo facultativo por lo que los autos de cada uno de ellos son, en principio, independientes, esta situación procesal se plantea durante todo el desarrollo del juicio tanto en el ataque como en la defensa de tal manera que los alcances de la sentencia pueden ser distintos con respecto a cada litis consorte.

En consecuencia, si la sentencia desestima la demandada respecto de la actora y la considera procedente respecto de su esposo, cada decisión debe llevar su propia condena en costas siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 130 del C.P.C.. Al ver el resultado del pleito diverso por cada litis consorte el tratamiento de las costas debe hacerse por separado.
Responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, riesgo recíproco
Materia: CIVIL
Carátula: Pappier, Federico Rolf. c/ Gobierno de la Provincia de Santa Fe s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

La sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación del art. 1113, 2 párrafo, del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y en los casos de accidentes protagonizados por dos o más automotores se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otros salvo que prueben la existencia de circunstancias eximent
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Maradei, Marcelo Fabián s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna los testimonios que originaron informaciones de abono si la Cámara resolvió, por mayoría, que no eran necesarios para fundar su resolución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, personal adscripto, traslado, leyes, aplicación analógica de la ley, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 595-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-07

Pese a que la adscripción -a diferencia de lo que acontece en el orden nacional (artículo 46 de la ley nº 22140, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública)- no está específicamente prevista en el Estatuto General del Personal de la Administración Pública Provincial (ley 8525), no podría soslayarse que guarda cierta similitud con el traslado y el cambio de funciones, por lo que puede resultar de interés examinar las normas y criterios jurisprudenciales vigentes respecto de ambas situaciones, como así también las atribuciones que son propias de la Provincia para regular las relaciones con sus empleados públicos, por cuanto, no estando prohibida por el ordenamiento, la circunstancia de que no haya norma en el Estatuto que expresamente la autorice, no es obstáculo para reconocer esa facultad.
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista, responsabilidad del contratista, falta de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingefor S.R.L. c/ Municipalidad de Estanislao del  Campo s/ Acción contencioso-administrativa Campo s/ Acción contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-08-29

Le asiste razón a la actora al solicitar judicialmente la rescisión del contrato por cuanto sabido es que el pago del precio convenido es la obligación principal de la Administración y responde, a su vez, a la obligación principal del empresario de hacer y entregar la obra, siendo lógico que el comitente tenga que hacerse cargo de las consecuencias derivadas de su incumplimiento cuando incurre en situaciones como las del presente en las que claro ha quedado que desde el inicio de la relación contractual no cumplió cabalmente con la obligación contenida en la cláusula sexta del convenio, esto es, no se efectuaron los pagos en término y de acuerdo a lo pactado (en relación a los rubros variaciones de costos, intereses por mora etc.) conspirando de tal forma contra el normal desarrollo de la obra, por lo cual el contratista se vio compelido a ejecutar aquellas con lentitud, llegando incluso a la suspensión de la misma.

Fundamento del Dr. Jorge Talagañis Urquiza.
Daños y perjuicios, Comunicaciones, publicación de fotografía, redes sociales, derechos personalísimos, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: R., T. c/ Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

No debe interpretarse que la eventual autorización para filmar una reunión privada conlleva la de difundir dichas imágenes por las redes sociales y la televisión porque, en el caso de derechos personalísimos, en caso de duda si existe o no la autorización, la cual es siempre revocable, la interpretación debe ser restrictiva.
Publicación de edictos, apertura del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Smud Jacinto c/ Concurso Preventivo s/ Incidente De Verificación (Por Banco Israelita De Cordoba S A)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

La publicidad emanada de los edictos hace presumir erga omnes y con carácter iure et de iure la toma de conocimiento de la apertura del proceso concursal.