Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-30


INGARAMO, Juan Carlos y otros contra SUC. JUAN CARLOS ARMANDO y Otros Reg.: A y S t 215 p 376-378.

Santa Fe, 30 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada y por su apoderado por su propio derecho contra la sentencia 401 del 5 de agosto de 2005 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela en autos "INGARAMO, Juan Carlos y otros contra SUC. JUAN CARLOS ARMANDO y Otros -Ordinario-Simulación y Revocatoria (Expte. 58/04)" (Expte. C.S.J. nro. 47, año 2006); y, CONSIDERANDO: 1. La resolución impugnada confirmó la del Inferior que, a su turno, había impuesto las costas a la parte actora y ordenado practicar liquidación de capital e intereses en el entendimiento de que la cuantía del juicio a los fines regulatorios era la suma de $70.000 que es el contenido económico de la pretensión que se denuncia (descartando que pueda tenerse en cuenta el quantum del juicio de simulación y revocatoria que asciende a los $3.090.000).

La recurrente afirma que en autos se configura la causal prevista en el inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055 desde que se plantea la discordancia con la congruencia de los preceptos constitucionales que protegen los derechos de propiedad, acceso a la jurisdicción y defensa en juicio, y la decisión ha sido contraria a dichos derechos o garantías.

Asevera que la lesión invocada se patentiza desde que la acción deducida tuvo por objeto la declaración de nulidad de los actos jurídicos relativos a inmuebles de la demandada y el reintegro a su patrimonio, pero, a la hora de establecer la base regulatoria para calcular los honorarios pertinentes se tergiversa la naturaleza del pleito y se toma como tal una suma de dinero objeto de un reclamo laboral, ajeno a la presente.

Sostiene que disconforme con tal postura, intenta recurrir a través de los mecanismos pertinentes pero el Tribunal de segunda instancia -en una interpretación equivocada de las normas que rigen la cuestión y escudándose en una errónea tesis doctrinaria- rechaza el acceso a la jurisdicción y niega tratamiento al tema propuesto.

Aduce que el núcleo de la cuestión constitucional en juego se vincula con la violación de derecho constitucionales: propiedad, defensa en juicio y acceso a la jurisdicción perpetrado a través de una desinterpretación de la naturaleza y objeto del proceso y normas jurídicas aplicables.

Por su parte, asevera que el A quo cae en arbitrariedad por apartarse del régimen normativo aplicable cuando resuelve sobre la legitimación para cuestionar los honorarios y la base regulatoria.

En punto a la falta de legitimación critica al Tribunal por negarla asimilando la cuestión al recurso de "la parte que tiene a favor de su letrado una regulación de honorarios a cargo de la contraria", apoyándose en doctrina -que a su vez remite a jurisprudencia- que desinterpreta; pues el citado autor reconoce al comitente legitimación para cuestionar los honorarios y en el caso los demandados -comitentes de los servicios- son quienes presentan el memorial.

Aclara además, que el escrito de apelación se encuentra suscripto por la parte comitente de la relación contractual (y por ello legitimada) y por el letrado, que no sólo lo hace en su calidad de patrocinante sino que además se identifica -asentando sus datos personales y de matriculación- lo que no hace más que traducir que el recurso es interpuesto también por su propio derecho.

Puntualiza que la cita es inaplicable al pleito porque en autos no se impugnan honorarios (que, conforme a la cita estaban regulados y habían sufrido vicisitudes procesales diferentes a la del "sub lite") sino la base regulatoria que dará origen, luego, a la regulación de honorarios.

Con relación a la base regulatoria achaca al Tribunal fallar en forma incongruente pues el actor inició una acción pauliana, de nulidad o simulación cuyo objeto involucraba a los bienes del demandado y no la suma reconocida en sede laboral.

La Cámara denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por entender que el auto atacado "reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción" pues al sostener que los accionados carecen de legitimación para recurrir no ha hecho más que aplicar principios básicos de derecho procesal.

Aseveró además, que no había arbitrariedad alguna en agüir la falta de legitimación de los demandados porque el decisorio afecta sólo al abogado que los patrocinó en tanto las costas del incidente de caducidad deben ser soportadas por los actores que se opusieron a la misma por lo que cabe interpretar que ello no puede causar agravios a los demandados; y aclaró que no se advierte qué perjuicio o gravamen puede ocasionar a los accionados no obligados al pago de las costas la no elevación del monto a tener en cuenta para regular honorarios al abogado que los patrocinó.

Tal denegatoria motivó que la perdidosa ocurriese en forma directa por ante esta sede.

2. Es carga de la quejosa atacar los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055). En el caso, de la confrontación de dicha resolución con el recurso directo, surge que si bien la impugnante intenta ante la Corte revertir la suerte adversa de su planteo, con lo argumentado, en modo alguno logra tal cometido.

En efecto, no consigue la recurrente demostrar irrazonabilidad en la fundamentación del auto denegatorio cuando la Sala dijo que al resolver sobre la falta de legitimación de los demandados no hizo más que aplicar principios básicos del derecho procesal, negándoles la posibilidad de recurrir.

Y es que si bien la achacada falta de legitimación de los accionados que no resultaron condenados en costas para solicitar la elevación de la base no puede ser erigida en principio universal -toda vez que pueden teorizarse hipótesis en que la elevación de la base regulatoria de los honorarios que debe soportar la contraria redunde en beneficio del comitente vencedor- lo cierto es que en este aspecto la quejosa no desarrolla ni demuestra la concreción de un gravamen concreto de la comitente misma lo cual sella la suerte adversa de sus planteos en este orden de consideraciones. Por otra parte, abordando las alegaciones relativas a que el recurso había sido deducido también por derecho propio cabe señalar que los argumentos que trae en apoyo de esta última afirmación -aludiendo a que cuando suscribió el libelo apelatorio lo hizo como patrocinante de los demandados (sus comitentes), pero también se identificó, constituyó domicilio legal y puso en conocimiento de V.E. sus datos de matriculación, realizando una presentación personal que no pudo ser entendido más que también recurría por su propio derecho- no pueden ser considerados idóneos, en tanto consignar dichos datos en los escritos judiciales es propio del estilo forense mas resulta insuficiente para exteriorizar la indudable voluntad de recurrir a título propio. Máxime cuando la exigencia de acreditar el carácter en que se actúa en un proceso no puede entenderse respondiendo a un mero ritualismo.

Finalmente, cabe señalar que el presente recurso no es subsumible en el inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055. Ello es así, atento a que dicho inciso requiere que se cuestione la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía en él fundado.

Sólo esto. De ningún modo admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales.

Entenderlo de otro modo importaría superponer el inciso 2) con el 3), o peor aún, tornar a este último innecesario o inoperante. Pues es, por lo demás claro, que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Además, el recurso se desnaturalizaría, porque difícilmente exista litigio en el que no se encuentre comprometido un derecho con reconocimiento constitucional, por lo que la perdidosa en las instancias ordinarias tendría siempre acceso a la vía excepcional, destruyéndose la finalidad del instituto.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Insértese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)