marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la salud, fertilización asistida, orden público, elevación de la cobertura, deserción del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. G. B. c/ I.S.S.N. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15

La extensión de cobertura [en los tratamientos de reproducción asistida] debe ser integral, esto es, en un 100% en los términos dispuestos por el art. 8 de la ley 26.862 y art. 8 del Decreto Reglamentario N° 956/2013. (Del voto de la Dra. Pamphile).
Poder Judicial, funciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spina, Domingo Vicente c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

La tesis que sustenta la revisión judicial de los actos administrativos dictados por el órgano jurisdiccional ha sido receptada por autorizada doctrina, que sostiene como argumento esencial que todo habitante tiene derecho a la defensa en juicio y esta garantía comprende también la supervisión de los actos del Poder Judicial, cuando este actúa en ejercicio de la función administrativa, lesivos de derechos.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PIAZZA DE MONTOTO, ROSA MARGARITA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (PODER EJECUTIVO) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-28

La presunta verosimilitud del derecho, alegado por los recurrentes, resulta enervada con la presunción de legitimidad y validez de los actos emanados de la administración.-
Querellante, querellante particular, patrocinio letrado, patrocinio gratuito, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, beneficio de litigar sin gastos, interpretación de la ley, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. J. s/ Homicidio culposo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-14

Ya Navarro y Daray dijeron que la "... forma de proveer al patrocinio letrado del querellante que carece de recursos para acudir a un asesor de confianza no está contemplada en la ley procesal penal.

Una alternativa posible, entonces, pareciera ser la aplicación supletoria de la ley procesal civil y comercial en cuanto legisla sobre el beneficio de litigar sin gastos (arts. 78 al 86).

De su artículo 85 surge que la defensa oficial debe asumir el patrocinio de quien goce del beneficio (véase C.F. Paraná, LL 59 - 493; CS, LL 74 - 631) y por ella puede llegarse a subsanar la desigualdad de derechos para las personas carentes de recursos (esa ha sido la solución interpretada originariamente por la C.F. Comodoro Rivadavia en el antecedente de que se da cuenta en JPBA 90 - 66 -156, cuyo abandono ulterior fue declarado arbitrario por inexplicado, por la Corte Suprema)...".
Transporte de carga por agua, pérdida parcial de mercaderías, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTORCHA CIA. ARG. DE SEGUROS SA. c/ ANDREZ MERZARIO s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Las actoras han demandado bien a Merzario y ésta ha sido correctamente condena, a pesar de que el faltante se haya verificado luego de la desconsolidación del contenedor que traía la mercadería, pues en la relación actora-Merzario, la responsabilidad de ésta -que es la de un transportador- se rige por las normas del transporte por agua y, por lo tanto, sus obligaciones como tal se proyectan hasta la entrega de la mercadería al consignatario, que en el supuesto de autos opera con la descarga al depósito fiscal.
Concursos, costas, verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Félix s/ Incidente de verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Aún cuando los créditos laborales sean de causa anterior al concurso o quiebra, pues quedan determinados con posterioridad al plazo procesal para verificar; tal circunstancia obsta a que pueda imputarse tardanza en orden a imponer las costas del juicio, no existiendo negligencia, ni morosidad pues el incidentista debió necesariamente llegar tarde a verificar, lo que hace concluir que la demora no le es imputable y no tiene por que cargar con las costas.

Asimilando la situación del letrado cuyos honorarios fueron regulados en el juicio laboral, al acreedor principal, por mediar iguales razones de oportunidad.
Prueba, carga de la prueba, demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Mierez, Luis Alberto c/ Alberetti, Natalio s/ Diligencia preliminar, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

La posición evasiva del demandado en su contestación -al no mediar reconocimiento expreso ni negativa de la recepción de los telegramas que el accionante afirma haberle enviado- da lugar a la consecuencia prevista en el art. 29 in fine del dec.ley 7718/71 porque tal actitud no puede revertirse en perjuicio del actor, con una evidente e inadmisible fractura del principio constitucional de igualdad, en su actuación en el campo procesal.
Comercialización ilegal de estupefacientes, tenencia de estupefacientes, concurrencia de agravantes, delitos contra la salud pública, tenencia simple, tenencia de estupefacientes para consumo personal, iter criminis, almacenamiento de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, distribución de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Farias, Matías Gabriel y Offidani Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Fiscal General; Farias, Matías Gabriel, Maciel, Alejandro Alberto y Offidani Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado; Farias, Matías Gabriel y Offidani, Juan Pablo  c/  s/ recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-12

La tenencia y tráfico de estupefacientes, regulada por la Ley 23.737, reprime el tráfico estructurando varios tipos penales y los diferentes momentos de un mismo iter criminis, así pues, su artículo 14 establece primero, un tipo base -tenencia simple de estupefacientes-, y luego un tipo atenuado -tenencia para uso personal-, con figuras de tenencia agravadas, distinguiendo su artículo 5 inciso c, la tenencia de la comercialización, en tanto concibe al tráfico de estupefacientes como un proceso constituido por varios pasos sucesivos que van desde el cultivo o la producción, hasta la tenencia para su comercialización o consumo, constituyendo todos los pasos intermedios -almacenamiento, distribución, venta, etc.-, eslabones dentro de la cadena de circulación genérica llamada "tráfico".
Cuestiones de competencia, competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PROF. SALVADOR MAZZA s/ DERECHO CONSTITUCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-14

Es competencia originaria de la Corte de Justicia conocer en los conflictos entre los órganos ejecutivo y deliberativo de cada municipio, los que fueron definidos como "colisiones de carácter institucional entre estos poderes"; ello ocurre cuando dos poderes controvierten el ejercicio de atribuciones constitucionales de las que cada uno de ello se considera investido y pretende ejercer como inherente a sus propias facultades.
Competencia por la materia, competencia laboral, personal de casas particulares
Materia: PROCESAL
Carátula: LENNON, MARIA c/ INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-11

Corresponde declarar la aptitud formal de la justicia nacional del trabajo cuando se invocan disposiciones de la ley de contrato de trabajo, y la sola caracterización del sujeto demandado no excluye la pertinencia de su aplicación dado lo normado en el inc. 2 del art. 2 de dicha disposición legal. La norma referida ha dispuesto una novación que enmarca la relación en el régimen laboral que se invoca, circunstancia en sí que habilita la aptitud jurisdiccional.
Sentencia arbitraria, interpretación de sentencias, consentimiento del tercero, prescripción adquisitiva, adquisición del dominio, tercerías, facultades del tercero
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ C. Y B., F. y Otro s/ USUCAPION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-09

El obrar dogmático del sentenciante está dado por la manipulación de los silencios en un sentido no admitido por al normativa de fondo (arts. 919, 920 y cc. del C.C.) la introducción de dos presunciones contradichas también por las reglas de forma, una respecto a los efectos del consentir aquello que favorece el interés propio y tomar la ausencia de los titulares registrales como un desinterés de poseer a favor de otro, para el caso el actor.
Accidentes de trabajo, derecho de opción, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Eulogia c/ Clínica Gregorio Marañón S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Cuando se atribuye al empleador el quebrantamiento de un deber mucho más amplio, anterior y distinto a toda relación convencional según lo normado por el art. 1109 del Código Civil resulta indispensable que el actor haya efectuado la opción por las normas de la ley civil a que se refiere el art. 17 de la ley 9688 y demuestre la actitud de culpa u omisión culposa del empleador y la relación de causalidad entre el daño sufrido y las tareas desarrolladas, generándose una responsabilidad de naturaleza extracontractual.
Muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización civil, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Varino, Hilda Cesarea c/ Lavadero Lopettegui s/ Daños y perjuicio Sáez Suazo, Juan de la Cruz y ot. c/ Garmendia Raúl y ot. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15|1991-06-11

Cuando se trata solamente de establecer si son o no titulares de la acción especial que norma la ley 9688 no puede hacerse una interpretación estrictamente literal del art. 37 de la ley 18037 para la determinación de los derechohabientes del obrero fallecido, pues dicha interpretación no sería acorde con el sentido de tales leyes que deben ser analizadas a la luz de las circunstancias socio -económicas que tienden a regular.
Municipalidad, planeamiento urbano, Código de edificación, excepciones al Código de edificación, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Promenade  S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

La generalización de las excepciones a las normas generales del Código de la Edificación, aunque no resulten hábiles para fundar un derecho sobre precedentes administrativos donde la ley hubiese sido quebrantada, sirve sin embargo plenamente para evaluar la apariencia de legitimidad (regularidad) de las ordenanzas autorizatorias y la conducta asumida por la actora.
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reijenstein, Hugo R. c/ Corporación Médica de Gral. San Martín S.A. s/ Cobro de Pesos por incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09

La eventualidad de que la excepción de prescripción no sea de puro derecho por hacer falta la demostración de sus presupuestos de procedencia no influye en la oportunidad legal de su oposición, que sigue siendo la del art. 344 del Código Procesal, sino en que no pueda resolverse como excepción previa, difiriéndose la decisión para el momento de dictar la sentencia definitiva (art. 344, 2° párr. "in fine", del CPCC.)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, postulación como candidato
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la decisión del Tribunal Electoral que rechazó la impugnación formulada a una precandidata a legisladora en cuanto tuvo por acreditado que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Constitución -en particular, tener residencia en la Ciudad inmediata a la elección no inferior a los cuatro años, que era el requisito cuestionado por el impugnante-. Ello así, toda vez que las razones expuestas en el escrito de expresión de agravios no logran conmover la decisión del Tribunal de la causa. En efecto, no contiene una crítica concreta y razonada de las partes de la resolución recurrida que considera equivocadas. El recurrente no se hizo cargo de rebatir los fundamentos del fallo respecto de la valoración de la prueba efectuada, y sus agravios -además de ser reiteración de los argumentos traídos con la impugnación- sólo ponen en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para conmover la decisión del Tribunal Electoral. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz. Voto coincidente de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Responsabilidad del Estado, coacción, plazo, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: González, Lázaro Alberto c/ Estado Provincial s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-22

Teniendo en cuenta las particularidades y complejidad del hecho delictivo, así como la penalidad prevista por la ley sustantiva, la situación de la especie no encuadra en el marco de las pautas elaboradas por el máximo tribunal nacional para responsabilizar al Estado por la indebida prolongación de la medida cautelar de coacción personal, ni en el criterio expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual y teniendo en cuenta la analogía que guarda el presente con lo resuelto por esta alzada en autos -"Sturtz César Eduardo c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos S/ Sumario por Indemnización de Daños y Perjuicios" (12/5/2010)-, cabe concluir también que el tiempo de la medida cautelar en cuestión no ha sido irrazonable ni ha excedido los parámetros del art. 7.5 de la C.A.D.H., por lo cual tampoco corresponde atender al resarcimiento pretendido a dicho respecto.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ayuso, Marcelo Roberto y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26

El amparo constituye una herramienta prevista por el ordenamiento jurídico para prevenir o subsanar lesiones a derechos exigibles, ante actos u omisiones que presenten una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, por lo que aquellas pretensiones que requieren un debate amplio, no sólo de los hechos sino también del derecho, o que necesitan la producción de distintas medidas probatorias para su dilucidación, resultan inconciliables con la vía del amparo (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Demanda, defecto legal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VARGAS VICTOR c/ BRITOS MARTA Z. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-31

La falta de precisión de la cuantía de la indemnización pretendida en la demanda no permite al demandado allanarse a una cierta suma, ni discutirla, porque el monto resarcitorio se halla todavía ausente o preterido.

No obstante, no creemos que esta restricción sea significativa para su derecho de defensa, en tanto y en cuanto el sistema procesal le permite reservar aquella discusión para un momento posterior, lo cual supone la posibilidad actual de reconocer o impugnar la deuda de responsabilidad y la posibilidad diferida de discutir su concreta cuantía. No se debe confundir el tema de la certidumbre y bases para la identificación de una determinada obligación , con el problema de su liquidez; la iliquidez (falta de fijación precisa del "quantum") por nada repercute en la cuestión de la existencia e individualización de la deuda, por lo cual no puede decirse que queda eliminada la posibilidad del allanamiento, ni la de pagar.
Resoluciones recurribles, medidas tutelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Trupiano, Laura M.; Trupiano, Norma B.; Trupiano, José A.; Trupiano, Claudio M. s/ Su Situación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-03

La normativa inserta en el artículo 95 de la Ley 8490 consagra que las interlocutorias y providencias simples, dictadas durante la secuela del proceso, serán apelables cuando decidan artículos insusceptibles de ser reparados o subsanados por la sentencia definitiva, quedando expresamente excluídas de la materia del recurso las medidas tutelares dispuestas por el Juez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Juan c/ Instituto Superior Enseñanza en computación S.R.L. s/ Cobro pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-14

La demandada reconoció la relación laboral pero se la atribuyó a una locación de servicio, no habiéndose aportado elementos probatorios convincentes que autoricen a calificar al actor como empresario (prueba a cargo de la demandada). La jurisprudencia se pronunció sosteniendo: "El hecho de que el trabajador haya prestado servicios como chofer del taxímetro de propiedad del demandado que, a los fines del artículo 6 de la Ley de Contrato de Trabajo se asimila a "establecimiento" hace operativa la presunción del artículo 23 de la misma ley y conduce admitir, salvo prueba en contrario, que las prestaciones personales del actor tenían como fuente un contrato de trabajo". La presunción del citado artículo opera aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y que por las circunstancias del caso no sea dado calificar de empresario a quien prestó el servicio. En la especie tal presunción no ha sido desvirtuada, por el contrario, existen manifestaciones que importan un reconocimiento y conductas que caen en la denominada doctrina de los actos propios y pruebas que perjudican a la parte apelada.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, insolvencia fraudulenta, delito continuo, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Lehmann, Mario y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25

Corresponde declarar prescripta la acción penal sea cual fuere la calificación que en definitiva cabía para la conducta imputada toda vez que ha transcurrido el maximun previsto en las figuras tanto pretendidas por la querella -arts. 172, 174 inc.

6° ó 173 inc. 7° del C.P.- como la establecida provisionalmente en la investigación -art. 179, segundo párrafo del C.P.-, computables a partir de la medianoche en que se cometió el delito, sin que exista algunos de los actos que interrumpen el curso de la prescripción.

Los sucesivos cambios de razón social de la empresa comercial que explotan los coimputados -de acuerdo a las constancias de la causa- no constituyen delito per se y en consecuencia carecen de tipicidad autónoma e inhiben que se los considere como parte integrante de la pluralidad de acciones típicas que enlazadas por un común designio y un mismo deber jurídico satisfagan los elementos propios del delito continuado, pues es presupuesto que la pluralidad de acciones constituya cada una un delito. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Sociedad anónima, presidente del directorio, daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: MONELLA, A.V. c/ BARAVALLE, J.M. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

El guardián que menciona el art. 1113 del Código Civil alude a quien, en el ejercicio del poder efectivo sobre la cosa, ha asumido el riesgo por el uso y aprovechamiento de ella (conf. CNCiv. Sala D, R. E.D. 14-295 nro. 94). El presidente del directorio de una sociedad anónima, o aún este órgano, cuando resuelven y disponen sobre la utilización de los elementos que componen el acervo físico de la empresa, lo hacen para la sociedad. Es la sociedad la que tiene la custodia y poder de dirección respecto de dichas cosas, aunque deba expresarse, forzosamente, a través de personas físicas.

De manera que no es posible endilgarle la responsabilidad al presidente del directorio pretendiendo que es el guardián de la cosa de la sociedad. Distinto es el caso del dependiente que causa el daño con su acción, a quien se puede demandar, sin perjuicio de la posibilidad de demandar también a la sociedad propietaria de la cosa (doctrina del art. 1122).

El presidente de una sociedad anónima ejerce una representación orgánica, inherente al cargo que desempeña e inseparable de él (conf. CNCom. Sala A, R.E.D. 12-804 nro. 55; íd., R.E.D. 12-804, nro. 59).
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: B., J.C. c/ L.B.A. C.A.S. SA s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-22

Es dable recordar que en esta provincia del Chubut el recurso de inconstitucionalidad conforma un resorte de defensa de los derechos y garantías constitucionales cuando fueren vulnerados por una decisión judicial que dé valimiento a normas de menor grado que los afecten, o cuando el pronunciamiento jurisdiccional aparece en sí mismo violatorio de aquellas garantías.
Extradición, pedido de extradición, prueba, ofrecimiento de la prueba, apreciación de la prueba
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Green, Benedict o Benjamín s/ arresto preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Si el a quo consideró que la prueba aportada era insuficiente para acceder a la extradición solicitada pues no reunía las exigencias mínimas requeridas por el Código de rito para la adopción de una medida de coacción personal, no debió rechazarla sino pedir al país requirente - en el marco de lo dispuesto por el art. 13 de la ley 19.764 - la información adicional tendiente a corroborar el aserto de los testigos que habrían presenciado los delitos que dieron origen a la petición, para evitar así que las formas procedimentales frustren el fundamento de la petición.
Marcas, solicitud de marca
Materia: CIVIL
Carátula: Laboratorios Poen S.A. c/ Casa Rubio S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-16

Esta fuera de controversia que Laboratorios Poen SA solicitó el registro de la denominación DIARIS OMEGA para identificar "un producto oftalmológico antioxidante suplementado con omega 3". Tampoco cabe duda que la oponente posee registrado desde hace muchos años las marcas OMEGA y OMEGA con diseño, que comercializa productos ginecológicos y a cuyo amparo formó indudablemente una clientela. Esta situación no le confiere derecho a impedir que terceros utilicen un vocablo de uso común en un conjunto marcario. Sobre este punto, cabe hacer hincapié que la señora Jueza resolvió -sin que mediara agravio fundado de la recurrente- que la voz OMEGA se encontraba incorporada en numerosos registros marcarios, lo cual la convertía en común en la clase.
Ministerio Público, intervención del Ministerio Público, presupuesto, interés público, Consejo de la Magistratura
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Arriolo, Matías s/ s/infr. art. 72 CC Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

Ex ante y ex post a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público (sancionada el 6/10/05 y publicada en el BOCABA el 25/01/06), el Ministerio Público es el órgano competente para procurar el interés social ante la jurisdicción, a este respecto debe destacarse que lograda la operatividad de la autarquía financiera, es el Ministerio Público quien administra y ejecuta el presupuesto, y quien defiende el interés público respecto a éste último ante la judicatura. El Consejo de la Magistratura representa también a ese interés pero sus competencias para ello son distintas e incompatibles con la jurisdicción.