Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-18


Salta, 18 de Marzo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "NAVARRO COLLAO, MIGUEL ANTONIO -vs.- GOLISCIANO, LUCIANO S/SUCESORES Y/O ; MIRANDA, NORMA INES Y/O Y OTROS POR ORDINARIO" - Expediente Nº 136.753/05 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1° Nominación (CAM 143413/5), y, CONSIDERANDO:

I.- Que contra la sentencia de fojas 47/48 vuelta, que rechazó in limine la acción autónoma de nulidad promovida por el señor Miguel Antonio Navarro, éste interpuso recurso de apelación a fojas 49.

La actora relata en su demanda que la señora Norma Miranda, en representación de su hijo menor -Juan Franco Golisciano-, promovió demanda de alimentos en contra del señor Antonio L. Golisciano, pero que llegaron a un acuerdo respecto del monto de la cuota alimentaria, convenio que fue homologado por la Sra. Juez interviniente. Manifiesta que ante el incumplimiento, la señora Miranda inició la ejecución de sentencia, en donde se ordenó subastar el inmueble matrícula Nº 9140 del Departamento General Güemes, de propiedad del alimentante, el que fue adquirido por los señores Federico Dávalos, Juan Dávalos y Estela Cornejo.

Sin embargo, sostiene que en los edictos publicados se identificó incorrectamente el inmueble a rematarse dando a conocer características correspondientes al catastro Nº 9639 y de otros más, todos ellos correspondientes a la Finca Los Toldos y Monte Grande, de su propiedad.

Cuenta que en el remate se presentó el señor Eduardo Héctor Marcalain, propietario anterior de la Finca Los Toldos y Monte Grande, y ante todos los presentes advirtió que la descripción formulada por el martillero era incorrecta, dando la correcta descripción del inmueble que se estaba rematando (el Nº 9140).

A pesar de ello, los adquirentes se sintieron dueños de tierras que en realidad son de su propiedad, y obtuvieron un mandamiento de la Sra. Jueza de Familia interviniente, y mediante el uso de la fuerza y coacción ingresaron a su finca, despojándolo injustamente de sus tierras.

Alega que tanto el juicio de alimentos como el juicio de ejecución de sentencia, constituyen una simulación dolosa efectuada por la señora Miranda y el señor Golisciano, a los fines de sanear títulos respecto de su propiedad. Afirma que ello se debe a que el señor Golosciano tuvo serios enfrentamientos con los antiguos dueños de la Finca Los Toldos y Monte Grande, y a pesar de ello nunca pudo tomar la posesión, la que siempre fue ejercida por los señores Buitrago y Marcalain.

Sostiene que el remate efectuado es nulo, de nulidad absoluta, por haber sido efectuado en el marco de un juicio simulado, y por haberse llevado a cabo sobre una incorrecta identificación del inmueble rematado. Solicita la nulidad de la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de alimentos iniciado por la señora Norma Miranda, en su consiguiente ejecución, y en el remate llevado a cabo.

La resolución recurrida resolvió el rechazo in limine de la demanda. Para así decidir, la señora Juez de la anterior instancia consideró que el actor no se encuentra legitimado para intentar invalidar un proceso en el que no fuera parte ni que le afecta directamente, y señaló que, como la finalidad perseguida tiende al ejercicio de derechos derivados del dominio o la posesión, el apelante tiene a su disposición las acciones que específicamente la ley sustantiva le acuerda en tutela de sus derechos.

Se queja el apelante, en memorial presentado a fojas 51/56, porque entiende que los fundamentos utilizados por la Sra. Juez de grado son equivocados.

Con relación a la falta de legitimación, sostiene que para promover una acción autónoma de nulidad no se requiere haber sido parte en los procedimientos impugnados de nulidad, sino que solamente se requiere haber sido afectado por las resoluciones dictadas en los procesos en cuestión. Así, expresa que se vio seriamente afectado en su derecho de propiedad a partir del remate realizado en la ejecución de sentencia, y afirma que el hecho de que no sea titular de derecho alguno sobre el inmueble catastro 9140, objeto del remate cuestionado, no implica necesariamente que no haya sido afectado por dicho remate ni por los procedimientos que los originaron.

En relación a lo expresado por la señora Juez en grado sobre la existencia de otras acciones dispuestas por el ordenamiento civil, aun cuando no hace mención de cuáles son, entiende que se trata de las acciones reales, entre las que se encuentra la de reivindicación; y opina que tal razonamiento es errado porque el objeto de la acción intentada no es la desocupación de un inmueble, sino la declaración de nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio de alimentos, en la ejecución de sentencia y sobre todo del acto de remate en donde fue subastado el inmueble matrícula Nº 9140 del Departamento General Güemes de esta Provincia.

Afirma que sostener lo contrario implica confundir el objeto principal de la acción incoada, cual es la declaración de nulidad de determinados actos procesales, y que tratándose de actos jurídicos pasados en autoridad de cosa juzgada, claramente la acción correspondiente para su declaración es la acción de nulidad intentada y no la reivindicación como equivocadamente se sostiene en el fallo impugnado. Y afirma que la acción de nulidad intentada no es excluyente de una posible acción real que pueda intentar.

Añade que no existe norma alguna que prohíba intentar, en casos como éste, la acción autónoma de nulidad, y señala que conforme el principio constitucional consagrado en el artículo 19 "lo que no está prohibido está permitido", de modo que no entiende cómo se puede concluir lo contrario.

Por último, objeta que el criterio restrictivo utilizado por la señora Juez de la causa importa una denegación del derecho constitucional de acceso a la justicia. Formula reserva del caso federal.

II.- La acción incoada persigue la declaración de nulidad de todo lo actuado en dos expedientes judiciales en donde se tramitó un juicio de alimentos iniciado en el año 1997 y se ejecutó la sentencia respectiva para el cobro de la deuda alimentaria en cuestión.

Es sabido que la res iudicata no es absoluta y que cuando la decisión resulta de tal índole que su injusticia sea socialmente intolerable, la justicia puede prevalecer sobre la certeza hasta excluir la inmutabilidad.

En esa inteligencia, nuestra Corte Federal, a la par de reconocer jerarquía constitucional a la inalterabilidad de los pronunciamientos, rescata del Preámbulo la exigencia de afianzar la justicia, por lo que en determinadas ocasiones la seguridad cede a la razón de la justicia. Se sostuvo así que la inalterabilidad no es absoluta y que para la configuración de la cosa juzgada es menester la existencia de un juicio regular (debido proceso), fallado libremente (CSJN, Fallos, 254:321; 279:54, 281:421, 283:66, 328:2773.).

Por otro lado, tal como refiere el quejoso, si bien la acción autónoma de nulidad no está legislada en nuestro país, tampoco está prohibida. Y por vía pretoriana viene siendo admitida, mas con carácter excepcional y con la exigencia de determinados recaudos, a fin de no menoscabar la seguridad jurídica que el principio de cosa juzgada tiende a resguardar.

Téngase presente que nuestro más Alto Tribunal Federal, en la causa "Banco Central c/ Centro Financiero" (CJSN, Fallos, 326:67843) reconoció jerarquía constitucional a la cosa juzgada en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad señalada. También sostuvo allí que pretender que el tribunal revise si los jueces intervinientes incurrieron en errores de hecho y de derecho importaría virtualmente desconocer los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes.

Sin dudas, la excepcionalidad de esta extraordinaria pretensión justifica, con mejores razones que en las de un juicio común, el rechazo liminar de una demanda improponible.

En efecto, no cabe poner en andamiaje un proceso que coloca en estado de fragilidad derechos definitivamente adquiridos por sentencias firmes dentro de un proceso regular, cuando se advierte de manera preliminar y manifiesta que no se encuentran reunidos los recaudos de admisibilidad de la acción. La acción autónoma articulada no procede en cualquier supuesto, sino que es indispensable que se encuentren reunidos los requisitos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delineado desde el caso "Tibold" (Fallos, 254:321), entre los cuales se halla la exigencia de que los vicios que se imputa para obtener la revisión de la cosa juzgada sean descubiertos luego de que el fallo ha quedado firme.

Al mismo tiempo, se advirtió que para que tales déficit tengan aptitud para derribar la cosa juzgada debía tratarse de un verdadero "novum", es decir, de cuestiones no originadas o no advertidas por las partes con anterioridad, ya sea que se trate de un "novum" de conocimiento o de existencia, porque nacen sólo después de la firmeza.

Ahora bien, en el presente caso se observa que la propia parte en su escrito de inicio admite que quien la precedió en la titularidad del inmueble vecino al subastado ha advertido el supuesto vicio y ha efectuado las objeciones del caso en el mismo acto del remate, y que no fueron acogidas, lo cual implica la pretensión de reeditar planteos ya desestimados. Pero, asimismo, el acto que objeta la parte accionante está referido al ingreso a su finca de los adquirentes del inmueble vecino, con uso de la fuerza, coacción y mediando despojo, hechos que debieron ser planteados en el expediente de ejecución o, en su caso, por la vía de una acción posesoria o real, al surgir de su relato la existencia de una discrepancia sobre los límites y deslinde de ambos inmuebles (el subastado y el de propiedad del accionante), lo cual va claramente más allá del error en que pueda haber incurrido el martillero en la descripción de la finca objeto de la subasta judicial. Y resulta evidente ab initio que a través de la nulidad del proceso de alimentos no podrá lograrse la finalidad perseguida, esto es, la resolución de la cuestión de límites, deslinde o posesión que plantea la accionante.

Por ende, la demanda resulta improponible, y en tales condiciones, resultó acertado su rechazo liminar, tal como ha sido resuelto por la Corte Suprema de la Nación en la causa "Provincia de San Luis c/Dimesión Integral de Radiodifusión s/acción autónoma de nulidad" (CJSN, Fallos, 323:1222) del 16 de mayo de 2000, en la cual rechazó in limine un planteo de nulidad de una sentencia en la que la actora alegaba que mediante ardid se había inducido maliciosamente al tribunal acerca de su competencia originaria, lo cual habría determinado la tramitación y juzgamiento del caso por un tribunal inhábil.

La Corte desestimó el planteo de la actora, por considerar que la sentencia impugnada había sido precedida de un proceso contradictorio en el que la provincia había tenido adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba. En razón de ello, y por considerar que no se trataba más que de la reedición de una cuestión de competencia ya resuelta, consideró que no se encontraban reunidos los requisitos a los que se encuentra subordinada la acción autónoma declarativa de invalidez de la cosa juzgada írrita de acuerdo con la doctrina de los precedentes citados más arriba.

Por su parte, siguiendo los mismos lineamientos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, en la causa "Mercado, María Elsa, c. De la Calle, Nadia Magalí" (LA LEY, 18/02/09), rechazó la acción declarativa porque no es posible utilizar la figura de la cosa juzgada írrita como sucedáneo versátil de los planteos defensivos que teniendo oportunidad de deducir, no lo hizo.

En síntesis, no se verifica supuesto alguno de injusticia notoria, ni violación a la garantía del ejercicio del derecho de la defensa en juicio o alguno de los supuestos elaborados por la praxis judicial o la doctrina, sobre los cuales pudiera tener andamiaje y sustento la acción intentada. Adviértese, por consiguiente, que su improponibilidad objetiva se aprecia palmariamente, pues "ab initio" carece de sustento para alcanzar el fallo que se pretende.

En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar el fallo impugnado con costas el vencido.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 49 y CONFIRMA, en cuanto fue materia de agravio, la sentencia interlocutoria de fs. 47/48. Con costas.

II.- ORDENA la devolución del expediente sucesorio Nº 106936/04 al Juzgado de origen mediante oficio de estilo.

III.- REGÍSTRESE, notifíquese y baje.