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Nulidad procesal, actos y diligencias procesales, agravio concreto, acción dependiente de instancia privada
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ ARANDA, Oscar Alejandro s/ NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-14

Nuestro ordenamiento Jurídico Penal distingue entre los delitos de Acción Pública, Pública de Instancia Privada y delitos de Acción Privada (arts. 71, 72 y 73 del Código Penal respectivamente). La acción pública se ejerce de oficio y está regida por los principios de legalidad, indivisibilidad e irretractabilidad.

La Acción Pública de Instancia privada no se inicia de oficio, sino que sólo corresponde formar causa a Instancia (denuncia o acusación) del agraviado por el delito, su tutor, guardador o representante legal. Finalmente la Acción Privada es aquella en la cual su ejercicio está reservado, en todo momento, al ofendido o agraviado por el delito.

Respecto de la segunda categoría de acciones enseña el Dr. Jorge A. Clariá Olmedo que queda perfectamente en claro que para formar causa la ley exige necesariamente una actividad del titular de la instancia en todas aquellas hipótesis previstas en el art. 72 del C.P. Si esto no se produce, le está vedado a la autoridad perseguir penalmente al autor de la infracción (El Proceso Penal, Ed. Depalma, 1994, pág. 119).

Los requisitos de procedibilidad previstos tanto por el art.72 del C.Penal como el art.7 del C.P.P., no permiten un accionar que los contravengan debiendo el Juzgador atenerse a las disposiciones legales so pena de desvirtuar el sistema de acciones establecido por la ley de fondo, inoculando -como en el caso bajo análisis- un vicio en la génesis misma de las actuaciones.

La ley no manda indagar sobre las razones que puedan motivar el silencio de quienes tienen el poder de instar la acción penal. Y la ley sólo permite actuar al margen de su voluntad cuando se compruebe de algún modo que concurren aquellas causas que excepcionan la norma: abandono del incapaz o intereses gravemente contrapuestos. Fuera de estos casos el Ministerio Público tiene vedado el ejercicio de la acción penal.

Así lo ha entendido también el Superior Tribunal de Córdoba en el siguiente Fallo "Si la constitución en actor civil por parte de la titular de la instancia, fue formulada en un procedimiento abierto y proseguido sin que se hubiese salvado el obstáculo condicionante de procedibilidad (la acción se promovió a pesar de la inexistencia del acto que constituye esa condición), se está en presencia de una nulidad virtual o implícita que implica la improcedencia del trámite (no obstante la ausencia de conminación de nulidad expresa y en la ley procesal), desde que se prohíbe iniciar el ejercicio de la acción penal cuando, dependiendo de instancia privada no media denuncia de quien tiene derecho a formularla (art. 72, Cód. Penal)" (03/03/1989 o Maldonado, José A. y otro o LLC 1990, 128).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Rangua S.A. c/ Intevu y otro s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

El criterio para apreciar el carácter de sentencia definitiva es más estricto en el ámbito del recurso ordinario de apelación que en el regido por el art. 14 de la ley 48.
IVA, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, débito fiscal, hecho imponible, inflación, valor del bien, valor nominal, valor real
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Autolatina Argentina S.A. (T.F.12463-I) c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Para atender a la caracterización del impuesto al valor agregado, la base de cálculo del débito fiscal debe expresar el valor real del bien en el momento en que se perfecciona el hecho imponible, pues si se computase el precio recibido por el vendedor con anterioridad a la entrega de la cosa en su expresión nominal, en épocas de alta inflación, es evidente que el importe que así se determinase no tendría relación con el valor que la empresa agregó al producto, lo cual supondría alterar la esencia misma del tributo (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Violencia de género, publicación de fotografía, videofilmación
Materia: CIVIL
Carátula: Q. C., E. S. c/ T., B. s/ denuncia por violencia familiar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-15

La difusión no consentida de material íntimo es una de las tantas formas de violencia de género digital que consiste en la divulgación, distribución, compilación, comercialización o publicación por cualquier medio de material digital íntimo que retrata, con o sin consentimiento, a una persona mayor de edad que no autorizó su difusión. El material puede haber sido obtenido con o sin consentimiento: el primer caso se da, por ejemplo, cuando la víctima intercambia material íntimo en una práctica de sexting; el segundo caso ocurre, por ejemplo, cuando la agredida es retratada sin que ella lo supiera durante una práctica sexual.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ucha, Héctor y otra c/ Marchesi, Guillermo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

Para la procedencia del daño por desvalorización del vehículo es necesaria la prueba pericial. Y si, producida ésta, no reúne los recaudos que permitan determinarlo, solamente queda desestimar el reclamo.
Despido, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Marichelar, Pedro Oscar c/ Frig. Pehuajó S.A. s/ Indemnización por despido García, Eduardo R. c/ Ituzaingó Cia. Financiera S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18|1993-12-28

El art. 93 de la ley 23697 sólo opera en caso de conflicto normativo relativo a la aplicación de dicha ley.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones del médico, riesgos quirúrgicos
Materia: CIVIL
Carátula: NARANJO, Francisco Antonio c/ ASOCIACION FRANCESA FILANTROPICA Y DE BENEFICENCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-30

Si de la pericia médica, que descarta fundadamente la existencia de negligencia, impericia o imprudencia, resulta que no se puede determinar una "mala praxis" a la fractura de una aguja para anestesia local, por tratarse de un episodio involucrado dentro de riesgos quirúrgicos y que la presencia de un cuerpo extraño de esa naturaleza puede ser obviada con una nueva intervención de sencillo trámite a la par de señalar la inocuidad de su permanencia, en tanto no existen manifestaciones relevantes que avalen la existencia de daño alguno actual o futuro; cabe concluir que al no existir bien jurídico lesionado no se dan los supuestos determinantes para la procedencia de un reclamo resarcitorio.
Delitos contra la Administración Pública, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Guardia Mendonca, Humberto s/ Ser tenido como parte querellante
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

No es necesario, entonces, que el querellante sea exclusivo titular del bien jurídico que aparece afectado en delitos que agravian inmediatamente a la Administración Pública, pues no deben excluirse aquellos bienes garantizados secundaria o subsidiariamente (ver D'albora F., "Curso de Derecho Procesal Penal", Ed. Abeledo Perrot, año 1982, pág. 80; Rubianes C., "La querella de acción pública", Bs. As., 1964, pág. 36; y de esta Sala I, "ARRIETE", ya citado).
Período de exclusividad, estado de insolvencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Edificio Migueletes 1268 SRL c/  s/ concurso preventivo s/recurso queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-31

La intransigencia que el legislador plasmó en torno a la extensión temporal del período de exclusividad y la sanción por la falta de obtención de conformidades de los acreedores, halla razón de ser en la necesidad de prevenir toda maniobra dilatoria por parte del deudor, quien ha confesado su propia insolvencia (cfr. esta Sala, 11/10/12 "Lozada Marcelo Adolfo s/ quiebra").
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: VEGA JOSE LUIS s/ ROBO: CONCEPTO, CONSUMACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-04-08

Si del hecho que describe la sentencia resulta que el propietario fue obligado, mediante la utilización de un arma, a sacar el vehículo del interior del domicilio donde lo había dejado, y conducirlo por el lugar y hasta el sitio señalado por el imputado, el ilícito penal quedo consumado en ese momento, porque el imputado asumió el poder sobre el vehículo, al transformarse su propietario en un mero instrumento de la voluntad de sus atacantes.
Lucro cesante, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Si bien el lucro cesante no se presume, siendo a cargo del interesado la acreditación de su existencia fundada en pautas objetivas, no se requiere para ello la absoluta certeza de que el lucro esperado se hubiera obtenido, bastando a los fines de su resarcimiento "una probabilidad suficiente de beneficio económico".
Accidente de tránsito, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: MATUS Carina Lorena c/ Mondaca Juan Antonio y Gil Sergio Raúl s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12

La muerte del esposo o del padre configura un daño que puede tener enorme significación patrimonial, pero lo que se debe por razón de él no es a título de lucro cesante, sino de reparación del daño emergente que el hecho ilícito produce al damnificado, al privarlo del sostén material que proveía al cuidado de su vida y remediaba las necesidades materiales y morales.

La indemnización por pérdida de vida humana está librada al prudente arbitrio judicial y su determinación no está sujeta a cálculo matemático alguno.
Daño futuro, accidente de tránsito, intereses moratorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Rubens c/ Natalio Chalub y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-24

Los intereses moratorios correspondientes a los gastos terapéuticos futuros, integrantes del daño emegente...devengan a partir de la sentencia, pues el daño en este caso no es el reintegro de desembolsos realizados, sino se trata de un perjuicio ya constatado, cierto, aunque el gasto no se haya efectuado, ya se conoce su existencia y su magnitud, reclamándose su resarcimiento, con independencia de la fecha en que se efectuará, si el daño existe y se ordena su indemnización, la falta de pago en término produce el devengamiento de intereses moratorios, precisamente por el retardo en el cumplimiento de esa obligación
Derecho civil, seguros, exclusión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: COSSO, RAFAEL GUSTAVO c/ TECHEIRA, DIEGO Y OTRO s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-15

La exclusión de cobertura por la conducción sin carnet habilitante, es un supuesto de "no seguro", cuya situación jurídica es la misma de quien no ha contratado ninguna cobertura, por ende, el asegurador nada debe al tercero-víctima. El "no seguro" en estas condiciones es consecuencia de la desaparición de la incertidumbre, que es la esencia del riesgo asegurado, ya que de admitirse en tal situación el seguro, el riesgo quedaría sometido a la voluntad potestativa de una de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, intereses, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PIAZZA, ANGEL JUAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-02

Resultan atendibles los agravios del recurrente cuando sustenta, en esencia, que la Sala debió dar respuesta concreta a su cuestionamiento relativo a fijar el valor actual del rubro préstamo de uso y la aplicación de intereses; pues más allá de las imprecisiones que pueden achacarse al recurso de inconstitucionalidad, lo cierto es que puede advertirse que subsiste en los sentenciados, incertidumbre sobre los conceptos que integran el valor actual para aquel rubro, respecto al cual el recurrente particulariza el achaque de repotenciación -por aplicación de los intereses- en su apelación. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, denuncia, carta documento, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, responsabilidad del funcionario público, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos
Materia: PROCESAL
Carátula: LLORENS, FRANCISCO JAVIER. s/ DENUNCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-15

El caso, en que por carta documento se reseña la actuación de un grupo de concesionarios de explotaciones petroleras, aunque pudiera entenderse que importa una denuncia, resultaría manifiestamente improcedente para habilitar la competencia originaria de la Corte;

sin perjuicio de ello, sugiriendo la misma el desempeño incorrecto de algunos funcionarios, corresponde sea girada a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
Medidas cautelares, medida de no innovar, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Conarsa S.A s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1984-07-19

Aceptar la procedencia de la prohibición de innovar referida a un juicio de distinta jurisdicción implicaría la interferencia de un juez sobre otro juez, vulnerando indirectamente las reglas de competencia, y dada la naturaleza de estas, el orden público.

(Bertolini: Según su fundamento).
Juicio de árbitros, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Las leyes arancelarias de abogados y procuradores son aplicables a los abogados de las partes en un proceso arbitral, cuando el procedimiento establecido es compatible con alguno de los contemplados en dicha ley.
Indemnización por despido, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: O., A. c/ ADOS TW. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-11

La ruptura unilateral del contrato de trabajo da derecho a las indemnizaciones tarifadas, con prescindencia del perjuicio efectivamente sufrido por el trabajador a raíz del despido.
Revocación de sentencia, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGNOLI, ALFREDO C/ RENAULT ARGENTINA SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

Corresponde revocar la resolución que declaró operada en autos la caducidad de la instancia, pues los antecedentes de la causa dan cuenta que, con posterioridad a la fecha de consumación del plazo perentorio, se realizaron una gran cantidad de actuaciones, las cuales, por referir a la prueba, deben considerarse impulsorias del proceso (por ejemplo: digitalización de oficios, y actuaciones relativas a la prueba pericial contable). Es claro que todas estas actuaciones resultan impulsorias del procedimiento en tanto refieren a medidas de prueba y, por ende, dan cuenta de la inexistencia del cumplimiento del plazo de caducidad invocado por las codemandadas.
Concurso preventivo, quiebra, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tescari, Juan s/ Sucesión. Concurso preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

El deudor es el causante de la sucesión y no los herederos, que aceptan la herencia con beneficio de inventario (art. 3467 C.C.) El art. 2 al enumerar los sujetos que pueden ser declarados en concurso, alude al patrimonio del fallecido, siempre que se mantenga separado del patrimonio de los sucesores. Ello implica que es requisito indispensable para la apertura del concurso, la indivisión hereditaria y consiguiente separación de patrimonios referida, por lo tanto si ello aparece cumplido y la apertura resulta procedente, mal puede considerarse deudor a los herederos, para que la medida cautelar recaiga sobre ellos. (art. 2, 14 inc. 7, 273 ley 24522;

3467 y conc. C.C.).
Simulación, contradocumento, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: MATHURIN DE ECHEVERRIA, L. T. C. c/ HUERTA DE E. A. s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-24

Como la redacción de un contradocumento no demanda fórmulas especiales, la referencia que contiene al negocio aparente es inequívoca para acreditar el acuerdo simulatorio. Aunque haya sido extendido dos años después, ello no desmerece su efectividad desde que no es la simultaneidad material la que caracteriza al contradocumento sino la intelectual que allí se verifica y que constituye la expresión del acuerdo entre las partes.
Derecho internacional privado, Contratos, compraventa internacional, aplicación de la ley, lugar de celebración
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  CENTRAL  DE  LA REPUBLICA  ARGENTINA c/ CASA BEATO DE  A. A. BEATO E HIJOS S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10

La moderna doctrina del derecho internacional privado ha concebido el principio de la localización del contrato para elegir la norma aplicable en caso de falta de voluntad expresa o implícita de las partes. Podría pensarse como lugar de localización del contrato el de celebración (lex loci celebrationnis); pero el principio no es seguro porque el lugar de celebración es fortuito. Se ha preferido acudir primero como punto de conexión al lugar de ejecución de las distintas relaciones a que da lugar el negocio (cuando es complejo, como en el caso, que es un crédito documentado, cuyo contrato base es una compraventa internacional) buscando siempre, en lo posible, unificar la ley aplicable para todas esas relaciones y hacerlas coincidir también con la jurisdicción.
Caducidad de instancia, incidente de caducidad, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ITAU BUEN AYRE SA c/ DUARTE, RAQUEL ELIZABETH s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-17

Si se declaró caduca la instancia en un proceso ejecutivo, resulta improcedente que posteriormente se estime la solicitud deducida por el ejecutante en cuanto a que se declare caduco el incidente de caducidad de la instancia principal, con el efecto de mantener subsistente el procedimiento. Ello así, toda vez que -como en el caso- la circunstancia de no haberse librado cédula para notificar la declaración de caducidad de la instancia principal, no habilitó al pretensor a instar el trámite al que refiere el CPCC art.310-4°. Es decir, la oportunidad para formular tal planteo precluyó con la contestación del traslado referido a la caducidad a la instancia principal.
Accidente de tránsito, inoponibilidad a terceros, franquicia de transporte, defensa del consumidor, ley de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Cimato, Antonio y otro c/ Morales, Omar y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

La aseguradora debe responder por el todo de forma concurrente, por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima del accidente de tránsito en el que intervino el transporte público de pasajeros, habida cuenta que el art. 118 de la ley de seguros no puede ofrecer resistencia válida desde que se considera la inadecuación del descubierto frente a normas generales que regulan el seguro obligatorio en el tránsito, como también la reforma a la ley de defensa de consumidores por la ley 26.361, que ha extendido explícitamente la protección a los dañados colaterales a una relación de consumo.
Recurso de reconsideración, silencio de la administración, amparo por mora, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Díaz, Gerardo Antonio c/ Estado Provincial (Ministerio de Hacienda y Finanzas) s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

El actor, mediante apoderado, promueve acción de Amparo por Mora de la Administración en contra del Estado Provincial, a fin de que se ordene pronunciarse sobre el Recurso de Reconsideración (Expte. L. "D" Nº 3012) interpuesto con fecha 26 de Enero de 2012, en contra del Decreto Acuerdo Nº 216 de fecha 20 de Enero de 2012.

En cuanto a los hechos, en lo que aquí atañe manifiesta que fue notificado del Decreto recurrido con fecha 26 de Enero de 2012 y ese mismo día presentó ante el Ministro de Hacienda y Finanzas Recurso de Reconsideración. Posteriormente, con fecha 19 de junio presentó Pronto Despacho y con fecha 06 de diciembre reiteró su reclamo sin que hasta la fecha obtuviera respuesta.

Previa vista al Ministerio Público, se declara la jurisdicción y competencia del Tribunal para actuar en la presente causa. Se notifica al Estado Provincial -Ministerio de Hacienda y Finanzas- y conforme al Art. 10 de la Ley 4795 modificada por Ley 4850 se fija el término de cinco días para que presente informe circunstanciado de los antecedentes del caso y la causa de la demora, bajo los apercibimientos previstos en el Art. 11 del mismo Cuerpo Legal.

La Administración requerida contesta el informe, y manifiesta que el expediente administrativo Letra D Nº 3012/12, se encuentra actualmente en la Secretaría de la Gobernación para la suscripción del decreto pertinente por parte de Ejecutivo Provincial, siendo éste el último paso administrativo pendiente.

Ahora bien, conforme a las consideraciones efectuadas, frente a la presentación del accionante, en busca de respuesta expresa al planteo recursivo y las respuestas brindadas por la administración, que si bien puede considerarse entendible el tiempo que lleva el trámite procesal administrativo a cumplir, agravado por el cúmulo de tareas de las reparticiones intervinientes, lo cierto es que hay plazos legales que la administración debe respetar y los mismos se encuentran vencidos, en consecuencia sin esfuerzo se advierte la mora objetiva que justifica la procedencia de la acción instaurada.

En virtud de ello considero corresponde hacer lugar a la acción entablada y en consecuencia, ordenar pronto despacho judicial para que en el plazo de 10 diez días, el Ejecutivo Provincial resuelva el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por el actor con fecha 26 de Enero de 2012, bajo los apercibimientos de ley -Art. 13 inc. e) de la ley de rito, y Art. 2 y 10 y concordantes de la Ley 4795.
Medidas cautelares, bienes del Estado, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gloria Kubiza de Agostini y otros c/ Banco de Acción Social s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. N° B-98448/03 Embargo Preventivo. L.A. N 47 F 337/338 N 156 Social s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-98448/03 Embargo Preventivo. L.A. N 47 F 337/338 N 156
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-06

Corresponde revocar la sentencia dictada por el tribunal a quo que ordenó trabar embargo preventivo sobre bienes muebles de propiedad del demandado Banco de Acción Social, apartándose de lo dispuesto en la Constitución de la Provincia en el artículo 11 inciso 1.