marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pensiones, denegatoria del beneficio, nulidad de matrimonio, impedimento de ligamen
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OTALORA DE PANTI, OTILIA CARMEN s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-15

Corresponde denegar el beneficio de pensión por invalidez del vínculo matrimonial si el de cujus se encontraba inhabilitado para contraer matrimonio posterior por impedimento de ligamen, atento no haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 31 de la ley 14394, (que el matrimonio celebrado fuera disuelto vincularmente).
Sentencia absolutoria, cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, dictamen pericial, falta de prueba, relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

Resulta aplicable la doctrina sentada por la CSJN. al resolver "Isaac Tissembaum vs. Héctor Ignacio Racich y otro" - Fallos 303: 1265: "Corresponde rechazar el agravio referido a que el a quo, al prescindir de las constancias de la causa criminal, ha dejado de aplicar los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, ya que no habiendo recaído sentencia condenatoria en aquella sede no puede existir violación de los preceptos citados, y tampoco el recurrente demuestra que el peritaje constituya, frente a los argumentos por los que el Tribunal descartó sus conclusiones, un elemento esencial capaz de imponer una solución diversa al sentenciante, de modo que su preterición pudiera equipararse a un desconocimiento de la verdad jurídica objetiva".

Estas reglas de relación causal adecuada, se aplican tanto en orden a la culpabilidad subjetiva "estrictu sensu" (arts. 512, 1109 y sgtes. C. Civil.), como a los de responsabilidad objetiva donde juega como eximente la acreditación de una causa ajena (art. 1113, 1ra. parte), o la culpa de la víctima o de un tercero por quién no deba responder (art. 1113, 2da. Parte).
Empleados públicos, prestación de servicios, prueba, remuneración, recibo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VANRELL, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 641 Año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

Más allá de la razonable duda que pueda existir en orden a la autenticidad del recibo de sueldo agregado a la causa y de su vinculación o no con la prestación de servicios, no puede ser acogid a la alegada prestación de hecho de servicios por el actor desde que, hubiera o no cumplido tareas, ello no le otorgaba legitimidad a tal desempeño, porque no había acto administrativo alguno que así lo dispusiera.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Fernández   Homero  Wenceslao c/ PEN  Ley  25.561 Dtos 1570/01214/02 (Citi) s/ Medida Cautelar (Autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-02

El fundamento de la caducidad de las medidas cautelares es la necesidad de evitar que una de las partes pueda presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional en violación al principio de igualdad, sin darle oportunidad de entrar en la controversia (Confr. Falcón, E. "Cód. Proc. Civ. y Com. Anot. Com. y Conc.", tomo II, 1988, pág. 256 pt 207. 9.1, nota n° 1) y el hecho de que el transcurso del tiempo demuestre "prima facie" la falta de interés o derecho del peticionario lo cual lleva a evitar que se mantenga indefinidamente una medida que en si misma carece de finalidad y que causa ataduras y perjuicios (confr. Palacio, L. "D. Procesal Civ. y Com." T. VIII, 1989, pág 59; Morello, Sosa y Berizonce "Cód. Proc..." tomo II-C, 1986, pag 623 y Sala IV "Hisisa Arg. SAICIF c/ BCRA", del 24/8/94) (Cons. 5°).
Apelación de honorarios, honorarios del abogado, trabajo inoficioso, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: DAGUM, ADELA REGINA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-26

El derecho a percibir honorarios se origina con motivo de los trabajos efectuados por el profesional a lo largo del juicio, de manera que cuando se realiza una tarea inconducente o inoficiosa, en el caso la iniciación del juicio sucesorio cuando aún no correspondía se inicie, sin proseguir su trámite por el cual se ordena su acumulación al presente por encontrarse más avanzado, no puede pretender que se le regulen honorarios, menos a cargo de la masa.

El carácter común de los trabajos en un sucesorio deriva de la índole de loa trámites que satisfacen, es decir, que debe surgir del valor intrínseco del mismo.- El único supuesto que no corresponde que se regulen honorarios es cuando la actuación realizada fue innecesaria o inoficiosa.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LILLO HUGO O. c/ COMPAÑIA DE PERFORACIONES RIO COLORADO SA s/ ORDINARIO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-30

El art. 8 de la ley 9688 con el texto establecido por la Ley 23643, comienza del siguiente modo: "Para determinar el monto de la indemnización se tendrá en cuenta...". La expresión determinar" o "determinación" alude a una mecánica de cálculo y no a la etapa temporal en que dicha mecánica se aplica, ya que la indemnización es una consecuencia de una incapacidad de la que deriva la exigibilidad de aquélla, con su consiguiente inescindibilidad.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Acosta, Cristian y otros s/ s/ Inf. Art. 189 bis C.P.-Incidente de apelación  en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

Sin perjuicio de no constituir sentencia definitiva los distintos autos por los que de una forma u otra se insta la impugnación por eventuales lesiones a la garantía de plazo razonable, hemos sostenido el criterio de revisar la razonabilidad en cada asunto sometido a examen a fin de no afectar garantías fundamentales.

Ninguno de los derechos invocados, sustanciación ante el Juez Natural (artículo 18 de la Constitución Nacional) y juzgamiento dentro de un plazo razonable ( a la luz de los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional a través de su artículo 75 inciso 22) se ven violentados.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, Municipalidad, personal contratado, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORDOÑEZ, DARDO ARNOLDO Y AGUIRRE, ROQUE DELMECIO c/ COMUNA DE FORTIN OLMOS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 193 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

No puede prosperar el recurso contencioso administrativo interpuesto por los recurrentes desde que las consecuencias jurídicas previstas en el artículo 134 del Anexo I de la ley 9286 resultan inaplicables a la situación de hecho por ellos invocada. Ello por cuanto los contratos adoptados entre las partes no presentan continuidad temporal, sino que -en todos ellos- existen períodos de tiempo entre la finalización de uno y la celebración del siguiente. Tal criterio restrictivo se impone particularmente en los aspectos atinentes a la constitución y ruptura de la relación de empleo público.
Medidas cautelares, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Córdoba Clemente Domingo y Córdoba, Desideria Elba Morales de s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-06-04

A los fines de determinar el porcentaje correspondiente a la regulación de honorarios por el trámite de una medida precautoria, debe interpretarse que cuando la norma del art. 27 de la ley de Aranceles de Abogados 3956 que fija un 33%, y remite a las pautas establecidas en el art. 7, el legislador quiso referirse al 33% aplicable sobre el rubro o porcentaje establecido en esta última y que va del 11% al 20%; de allí que los Magistrados al regular honorarios deben manejarse entre el 3,63% al 6,6%, o sea, un tercio de la escala y a partir de allí realizar las operaciones que correspondan. Ello así porque las pautas para determinar el monto del honorario están prescriptas en el art. 6, el cual no es susceptible de apreciación pecuniaria.
Exequátur, competencia, tribunales de familia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: D.S. s/ SOLICITA    INSCRIPCION    -  CUESTION  DE  COMPETENCIA  -  EXEQUATUR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-07

A partir de la vigencia de la ley 7676 y de la interpretación asignada a su art. 16, está fuera de discusión la competencia material del Fuero de Familia para entender en el trámite del exequatur de una sentencia de divorcio dictada en el extranjero, con el fin de ordenar su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Funcionalmente debe intervenir la Cámara de Familia por las siguientes razones: en primer lugar porque son, dentro del fuero, los únicos tribunales de juicios y porque conocen en única instancia de las causas de separación personal y divorcio (arts. 20 inc. 1 y 16 inc. 3). Pero el argumento fundamental radica en que el trámite del exequatur exige el análisis de tres categorías de requisitos: formales, procesales y sustanciales. El exequatur no es, la ejecución de una sentencia extranjera que se materializa de manera inmediata, ordenando su inscripción en el Registro. Exige de los magistrados la triple revisión formal, procesal y sustancial, y en especial la defensa de la jurisdicción Internacional Argentina exclusiva. Una vez resuelto el reconocimiento de la sentencia, recién se ordenará su inscripción. Por ello no es de aplicación al caso el art. 21 inc. 7 de la ley 7676, que atribuye a los jueces de familia la ejecución de sus propias decisiones y la ejecución de las sentencias dictadas por las Cámaras de Familia. para que esta disposición fuera aplicable, la Cámara debería primero otorgar el reconocimiento y luego el Juez de familia "ejecutaría" tal resolución afirmativa, ordenando la inscripción. Ello extendería la duración del trámite de una manera injustificada. Hay otra razón para unificar el trámite y por consiguiente para agilizarlo, el art 22 sobre Principios Generales contiene el principio del forum connexitatis, que ya ha sido invocado por la Cámaras de Familia cuando se trata de la inscripción de partidas de matrimonios extranjeras, como paso previo a la iniciación de una acción de divorcio de presentación conjunta. (Voto de la mayoría: Dra. K. de Orchansky, al que adhirieron los Dres. Moisset de Espanés, Carrera y Ayan).
Prueba pericial, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodrígo Alejandro Mirol y otro s/ Robo y Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-26

Advirtiéndose un vicio procesal como es la no aceptación del cargo por parte de los Peritos Médicos, aún de los forenses, acarrea como consecuencia, la nulidad del informe producido por estos expertos. La sola compulsa del legajo, permite constatar que en la especie el informe de la autopsia, no revista jerarquía pericial, por la circunstancia que tal como lo reconoce el Juez ha sido encomendado telefónicamente, y por ende sin cubrir las formalidades que el código de rito exige (por ej. no haber sido aceptado el cargo bajo juramento).

De tal suerte y por contravenirse las disposiciones expresas del art. 326 del Código Ritual el informe producido carece de toda eficacia, quedando invalidado de esta forma el análisis y las conclusiones correspondientes, precedentemente citadas.
Quiebra, recurso de nulidad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: MONTEVERDE JOSE ENRIQUE - QUIEBRA PEDIDA s/ RECURSO DE REPOSICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-03-06

La ley concursal ha contemplado un único medio impugnativo de alzada que es el recurso de apelación ( inc. 3 del art. 296 ley 19551). De modo que a través del mismo es posible denunciar la irregularidad procesal en que se haya incurrido en un pronunciamiento recurrido. Pero tal como está estructurado el sistema de los recursos concursales, la nulidad que es posible denunciar a través de la apelación que contempla el art. 296, es la nulidad del auto o de la sentencia recurrida, pero nunca nulidades procesales anteriores a la resolución de que se trata y que se hayan incurrido en el procedimiento o de trámite anterior a su dictamen.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, obligaciones del Estado miembro, medidas provisionales, medidas de seguridad y protección, COLOMBIA, desaparecidos, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, hostigamiento o maltrato, amenazas, represalias
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso 19 Comerciantes (Sandra Belinda Montero y familiares, Salomón Florez y familiares, Luis  José Pundor Quintero y familiares, Ana Diva Quintero de Pundor y familiares) S/ Solicitud de medidas provisionales respecto de la República de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-07-04

Es responsabilidad de los Estados Parte adoptar medidas de seguridad que en forma efectiva protejan a todas las personas sujetas a su jurisdicción, deber que se torna imperioso respecto de quienes se encuentran vinculados a procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana, tal como sucede en el caso de los familiares de los 19 comerciantes colombianos, desaparecidos luego de haber sido arbitrariamente detenidos -motivando la declaración de responsabilidad internacional de dicho Estado por violación a la Convención Americana, según Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C No. 109-, pues su vida, integridad y seguridad personal se han visto gravemente afectadas, habiendo padecido hostigamientos, represalias y amenazas de toda índole, después de rendir declaración ante el Tribunal.
Facultades de la autoridad de prevención, detención, estado de sospecha, secuestro de bienes, arma secuestrada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Duzac, Fabián A. y otros s/ Recurso de casación - Causa Nro. 2101
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-05

Los policías intervinientes en el caso de autos estaban legitimados, a detener la marcha del vehículo en el que viajaban los imputados a fin de verificar la identidad de esas personas y la identificación del automotor. Si al ejercitar esa función notaron que el conductor evidenciaba marcado nerviosismo porque no encontraba el documento identificatorio del vehículo;

que dichas personas hablaban a los gritos y desde lejos; que decían ir a un lugar del que estaban muy alejados; que el individuo que ocupaba el asiento trasero se negaba a descender y que, cuando lo hizo, avistaron -sin necesidad de requisa alguna- revólveres; la detención de los sospechosos estuvo ajustada a facultades propias del personal policial, en los términos del art. 5? del decreto-ley 333/58, sustituido por el art. 1? de la ley 23.950.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prescripción, relación de causalidad, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Jiménez, Héctor c/ Minetti y Cía. Ltda. S.A. s/ Cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 17-92) Zigolo, Ana María Gentile de c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 140-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-21|2000-09-27

En el caso de accidentes o enfermedades del trabajo, el plazo de prescripción comienza a partir del momento en que el trabajador tuvo posibilidad cierta de accionar, es decir cuando tuvo conocimiento de su incapacidad laborativa -ya que del accidente o enfermedad no deriva per se la obligación de reparar- y su origen.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, título ejecutivo hábil, certificado de saldo deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Santander Rio SA c/ Scorciapino, Carlos Jorge s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Cabe confirmar la resolución por medio de la cual el magistrado a quo desestimó las defensas propuestas por el demandado y sentenció de trance y remate la causa en contra de éste. En el caso, el apelante cuestionó la habilidad del certificado de saldo deudor de cuenta corriente al señalar que quien aparecía suscribiendo ese instrumento en calidad de contador, aparecía también como "jefe operativo" al firmar la carta documento que le había sido remitida. Ahora bien, no advierte la Sala que pueda existir contradicción en tal proceder, desde que no es posible descartar que el contador del banco desempeñe dentro del escalafón de la entidad otras funciones.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, subasta, nulidad de la subasta, subasta de inmuebles, inmueble hipotecado, acreedor hipotecario, falta de notificación, obligaciones condicionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: AYALA TORRES, M.B. c/ ANZEL, M.A. s/ ACREEDOR  HIPOTECARIO-  NULIDAD  DE  LA SUBASTA- INMUEBLES- MEMORIAL-  REMATE JUDICIAL-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

Es descalificable el pronunciamiento que -por entender que la publicidad ficta no constituía una pauta válida para considerar que el acreedor hipotecario de un inmueble subastado tuvo conocimiento del remate- declaró la nulidad de la subasta. Ello es así, pues el a quo omitió considerar que, al contestar el memorial del acreedor hipotecario, el adquirente del inmueble planteó la aplicabilidad en el caso del art. 3125 del Código Civil por el hecho de haberse constituído la hipoteca cuando el inmueble ya se encontraba embargado, y señaló que a la luz de lo dispuesto por el art. 3196 de ese cuerpo no correspondía declarar la mencionada nulidad, y tales argumentos resultaban conducentes para una correcta solución del caso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, empleados públicos, remuneración, adicional por subrogancia, Estado Provincial, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ, CAROLINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

La presente queja no ha de prosperar, desde que los agravios traídos a consideración de este Tribunal al interponerse el recurso de inconstitucionalidad, sólo revelan la mera discrepancia del compareciente con lo resuelto por la Cámara que -para denegar al recurrente el pago al suplemento por subrogancia- consideró que en en el período por el cual la recurrente reclama el pago del suplemento mencionado no existía el cargo cuyas respectivas funciones dice haber ejercido la agente, las cuales reputa superiores a las correspondientes a la categoría en que revista; lo que obsta a la procedencia del reclamo, puesto que, de acuerdo a las condiciones previstas en la normativa aplicable, para que la asignación de tareas superiores sea legítima se requiere una coincidencia entre el nivel de la función y la jerarquía escalafonaria y que la vacante se encuentre en el presupuesto, constituyendo ésta una valla infranqueable que impide disponer gastos cuyo crédito no se encuentre autorizado, según jurisprudencia de este Tribunal. - CITAS: CSJStaFe: Portugal, AyS T 171, p 389. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto acuerdo 2695/83, artículo 61.
Constitución Nacional, preámbulo, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viceconte, Mariela C. c/ E.N. -Mº de Salúd y Acción Social s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

En el Preámbulo de la Constitución ya se encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse, con prioridad indiscutible, la preservación de la salud.
Garantías procesales, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., M. s/ Trámite de preso s/ Ejecución de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-01-14

Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio deben respetarse en todo tipo de actuación, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, como lo prescribe el art. 44 de la Constitución Provincial.

El artículo que sigue al citado, el 45, dispone que: "Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica...

Los jueces son responsables de proveer lo necesario para la directa, efectiva e insustituible intervención del defensor penal designado, particular u oficial, en todos los actos fundamentales del proceso, que son nulos sin su presencia... Cualquier menoscabo a la intervención efectiva del defensor constituye una lesión a la defensa en juicio...".
Concursos, principios procesales, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRUJULA  COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ LIQUIDACION JUDICIALFORZOSA. (LL 9.4.09)*.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó la denegación -art. 273, inciso 3° de la Ley 24522- del recurso de apelación deducido por el Instituto Nacional de Reaseguros S.E. (e.l.) contra la resolución que intimó a depositar en la cuenta de la aseguradora una determinada suma por reaseguros adeudados, pues, no obstante reconocer que el procedimiento en que intervino el apelante estuvo enderezado a determinar la existencia del crédito y su cuantía, impartió la orden de depósito bajo apercibimiento de medidas compulsivas -argumentando que el trámite no presentaba ninguna anormalidad extrínsecamente perceptible-, sin advertir que, además de impugnar la vía utilizada por falta de contradictorio, el recurrente también objetó la resolución con base en normativa federal y de orden público, en particular, el régimen de consolidación de deudas -Leyes 23982, 25344 y 25565-, tema que excede el ámbito del procedimiento concursal y de las cuestiones debatidas. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo).
Contrato de trabajo, fraude laboral, responsabilidad solidaria, administrador de la sociedad, representación de la sociedad, culpa civil
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA, FLORES MIRTHA GLORIA c/ GLIMAR S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30

En las sociedades por acciones, el principio es que los directores no contraen responsabilidad personal ni solidaria por los actos realizados de conformidad con la ley, el estatuto y las resoluciones asamblearias, y en tanto hayan observado el cumplimiento del objeto social los que en tal caso han de considerarse válidos y legales. Para que tal responsabilidad opere es necesario la existencia de culpa, la cual se erige como funda-mento de la responsabilidad, siendo una noción adecuable a cada caso y persona en concreto a apreciar prudencialmente por el juez. Dicha apreciación debe hacerse a la luz de las pautas configuradas en los arts. 59, L.S.C. y 512 y 902, C. Civ. Para que se configure la responsabilidad civil es necesario que los hechos u omisiones hayan ocasionado un perjuicio, de donde resulta que no basta demostrar que el administrador incumplió sus obligaciones legales y estatutarias, o que incurrió en negligencia culpable en su desempeño, sino que, para que se configure su responsabilidad, deben concurrir los otros presupuestos de la teoría general o de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra el adecuado nexo de causalidad entre la inconducta y el daño causado.