Medidas cautelares, interpretación restrictiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aragón, Fernando Ariel c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-03

Comparece la parte actora, por intermedio de letrado patrocinante, interponiendo sendas acciones contencioso administrativo en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la nulidad del Decreto GyJ Nº 1093/11, que le fuera notificado el 09/Agos/11, que resuelve rechazar el recurso de reconsideración interpuesto en contra del Decreto GyJ Nº940/10.

Solicita medida cautelar tendiente a que se ordene la suspensión del acto impugnado y sus antecedentes por adolecer de defectos legales que determinan su nulidad absoluta e insanable en los términos de los Arts. 27, 29 y 32 del CPA y violar derechos constitucionales Arts.14, 14bis, 16, 17, 18 y 33 de la CN.

Otorgada participación procesal, se ordena vista al Ministerio Público a fines de que emita dictamen acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos y de la medida impetrada; obrando el dictamen respectivo en sentido afirmativo, omitiendo la cautelar. Analizada la materia que involucra la pretensión se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, se impugna un acto emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, todo de conformidad a lo previsto en los Arts. 1, 5, 7 y 13 CCA., por lo que corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art. 3 de igual plexo normativo.

Con respecto a la tutela cautelar impetrada, tendiente a la suspensión del acto cuestionado cuya nulidad por vicios en sus elementos esenciales se impetra, debe destacarse que -como lo señala el accionante- constituye doctrina uniforme de esta Corte de Justicia, expresada en numerosos y reiterados pronunciamientos, que la procedencia de las medidas cautelares contra leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los poderes públicos, por lo que sólo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela concurren requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta e indudables razones de interés público.

En tal sentido, la CSJN ha expresado que "la presunción de validez de los actos de los poderes públicos impide disponer por la vía de no innovar, la suspensión de la aplicación de leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas... si no se justificare la irreparabilidad del daño" (Conf. CSJN 210:48; 195:383). - Siguiendo tal tesitura y analizadas las constancias de autos en relación al requisito de verosimilitud del derecho, corresponde señalar que la suspensión del acto solicitada por vía cautelar, con fundamento en los vicios que afectan el acto impugnado, y que conforme argumenta el escrito de demanda constituye la materia sustancial de la litis, no exhibe la concurrencia fáctica de este presupuesto, pues el fumus boni iuris alegado por la parte como fundamento de la medida impetrada no alcanza a crear el grado de posibilidad o certeza necesario respecto al derecho cuya declaración se pretende mediante este excepcional adelanto jurisdiccional y tal circunstancia obsta a que se tenga por configurado en el marco propio de las medidas cautelares el presente requisito. Asimismo la tipificación de los restantes requisitos enunciados en el considerando precedente no converge en autos a fin de acordar la excepcional tutela requerida. Y el hipotético daño que se ocasionaría puede encontrar debido reparo en las vías procesales ordinarias.

Por ello, corresponde no hacer lugar a la tutela cautelar peticionada.