Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-25


SENT Nro. 79 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 25 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Alfredo Carlos Dato, -por recusación del señor vocal doctor Antonio Gandur-, y René Mario Goane, -por excusación del señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, y por el apoderado de La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales, en autos: "Brovia, Carlos Alfredo vs. Sergio Tata y Víctor Daniel González s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal los recursos de casación interpuestos por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, y La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales, contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 11/4/2001 que no hace lugar al recurso de revocatoria (art. 32, ley 5480) interpuestos por sendas partes contra su resolución de fecha 09/5/2000.

II.- Recurso del letrado Sancho Miñano: Comienza exponiendo que la sentencia que ataca es definitiva y existe gravedad institucional: a) por apartarse de la pauta dada por la CSJN, infringiendo el art. 14 inc. 3 de la ley 48, la garantía de propiedad, defensa en juicio y debido proceso; b) por violar la cosa juzgada, al declarar la CSJTuc., a fs. 628 vta. mal concedido el recurso de casación de la aseguradora y no expresar agravios en el recurso extraordinario; c) por apartarse de la obligatoria doctrina de la CSJN sobre la divisibilidad de la sentencia arbitraria, lo que implica el desconocimiento de la autoridad del Superior Tribunal, debiendo los jueces conformar sus decisiones a fallos del mismo en casos análogos; d) por la existencia de fallos contradictorios respecto de la misma cuestión en la misma Cámara y, peor aún, en la misma causa; e) porque la sentencia del 11/4/2001 viola el art. 273 inc. 5 y 6 procesal pues no resuelve las cuestiones planteadas, siendo un fallo infundado que vulnera las garantías de los arts. 1, 17 y 18 CN y 28 CP, importando una afectación a la estructura esencial del proceso; f) por infracción al art. 8 inc. 1 del PSJCR acerca de que no existe en marras un plazo ra zonable para que la justicia determine su derecho (21 años), no siendo la demora imputable al recurrente pues la misma CSJN se apartó primero de sus precedentes y ahora lo hace la Cámara respecto de lo dispuesto por aquélla. Solicita así, se resuelva la causa sin reenvío.

Expresa también que se infringieron expresas normas de derecho: arts. 33, 34, 40, 167 y 775 procesal; la regla tantum devolutum quantum apellatum, la pauta dada por la CJSN; la doctrina de la divisibilidad de la sentencia arbitraria; el debido proceso; los arts. 14 a 19 de la CN, el sistema de reenvío -art. 16 ley 48-; la prohibición de la reformatio in pejus; el art. 81 CPC y 14 de la ley 5480. De su lado, la sentencia del 11/4/2001 infringió los arts. 271, 272, 280, 273 inc. 5 y 6 del CPCC y arts. 1, 17 y 18 CN.

Sostiene sus agravios puesto que la Cámara se aparta de la pauta dada por la CSJN al establecer ésta que a fin de la regulación de honorarios debe tenerse en cuenta el máximo que habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción. Ello así porque, de los tres casos propuestos a fs. 946 y vta. para el rubro daño futuro, la Cámara -remitiendo a ellos, que fueron consentidos por la Aseguradora al no agraviarse- toma el caso que contiene el monto mínimo. Al hacerlo justifica su apartamiento en tanto los dos casos restantes, adicionándoseles la cuantía por daño moral e intereses superan o se acercan marcadamente al importa actualizado con intereses pretendido por el demandante originariamente, lo que haría incurrir nuevamente en el error que se pretendió subsanar. El recurrente entiende que el error de la Cámara es manifiesto por cuanto, efectuando la operación numérica que menta el tribunal de alzada para los dos casos, se concluye que ni se supera ni se acerca el monto obtenido en cada caso al reclamado en la demanda.

Le agravia el pronunciamiento en tanto resulta contradictorio pues, partiendo de la base de que se deberán respetar los parámetros establecidos por el demandante en su demanda, de conformidad con el principio de congruencia procesal, se aparta luego de ello y de tal principio -quebrantando las reglas de la lógica y de la sana crítica- al establecer el monto por daño moral en un 40% de lo fijado por daño futuro cuando el demandante lo reclamó en igual suma -o suma no menor- a la que se fijara por daño material emergente y daño futuro. Ad eventum, demuestra cómo, si la Cámara limitó al 40% la indemnización por daño moral porque fue el porcentaje establecido por el letrado Sancho Miñano en su presentación de fs. 946 y vta., debió haber seguido el procedimiento que éste mismo aplicara al así hacerlo y tomar en cuenta los ingresos obtenidos por la víctima en 35 años. El tribunal de mérito no lo hizo así sino que realizó el descuento sobre la suma que tenía realizada las deducciones por gastos personales y por equivalente pago de contado. Con ello se viola el principio de congruencia y la prohibición de la reformatio in peius.

Le causa agravio igualmente la violación a la cosa juzgada que efectúa la sentencia en crisis toda vez que se expide por la cuestión referida a la aplicación del art. 14 de la ley 5480 -regulación del profesional en caso de litisconsorte- cuando la misma estaba ya firme en tanto esta Corte Suprema declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la aseguradora contra el fallo de segunda instancia que resolvió este tópico y la misma no se agravió nunca más por ese motivo. Expresa que este error produjo que se revocara la dispositiva II de la sentencia de fecha 07/7/99, con directa repercusión en las dispositivas I y III al determinarse sus honorarios por una sola regulación y no de conformidad a las tres que le correspondían. Considera que es un gravísimo error en que incurre la Cámara estimar que la CSJN, al dejar sin efecto la regulación de fs. 400, lo hizo sin salvedades de ninguna especie, pues la competencia de la CSN es por apelación (arts. 117 CN y 6 de la ley 4055); los recursos se deducen respecto de los puntos que las sentencias resuelven y la sentencia de esta Corte resolv ió la cuestión del monto de la base regulatoria y, como queda dicho, la aseguradora no expresó agravios respecto a la cuestión de que se le regularan honorarios en forma independiente por las defensas de Tata, González y la Cía. citada en garantía, como hizo el juez de primera instancia y confirmara la Cámara. Y si la CSJN tiene un límite -los agravios- al conocer del recurso extraordinario interpuesto, con mayor razón los tiene el tribunal de reenvío que no puede expedirse sobre este punto que está firme. No puede, en fin, sostenerse como lo hace la Cámara, que el fallo haya sido anulado íntegramente y en su totalidad, cuando la CSJN acogió un agravio y otro no -el relativo a la actualización del monto desde la fecha del accidente, estimando que no había arbitrariedad (considerandos 3 y 8)-. Abunda en doctrina y jurisprudencia referida al tema y a demostrar el desconocimiento, en autos, de la doctrina de la divisibilidad de la sentencia arbitraria y la existencia de violación al principio de preclusión y de la prohibición de reformatio in pejus.

Ataca también el argumento de la alzada que sostiene que la triple regulación no puede ser receptada por cuanto la labor profesional no fue independiente, sosteniendo que ello viola el art. 81 procesal y 16 de la ley 5480 pues los litisconsortes pasivos facultativos son litigantes autónomos; que tan es así que el codemandado González fue declarado rebelde y no los otros; que el ofrecimiento y la producción de pruebas, así como los alegatos y control probatorio no fue común puesto que no era apoderado común de los codemandados y que las circunstancias mentadas por la Cámara sólo pueden influir como integrativos de la valoración del trabajo profesional en la aplicación de las pautas del art. 16 de la ley arancelaria. La realidad, dice, es que existieron tres contratos separados, tres partes autónomas que podían o no ser traídas a juicio, ser condenadas cada una por la totalidad del monto reclamado, oponer defensa diferentes; las causas de las obligaciones de sus apoderados eran distintas, etc., y que nadie exigió la unificación de personería o designación de apoderado común. Que entender lo contrario implicaría violar los arts. 1197, 499 CC.

De otro lado, sostiene que también viola la cosa juzgada el haberse pronunciado de oficio por la disminución de la tasa establecida para el período 29/6/78 a 30/4/91 porque esta materia tampoco fue objeto de apelación por la aseguradora. El juez de reenvío adiciona una tasa del 8% mientras que la Cámara, de oficio (esta cuestión recién la introdujo la aseguradora en el recurso de revocatoria), baja la misma al 6% anual lo que redunda en un 25,48% de la base regulatoria de sus honorarios e incide directamente en la determinación de ellos y la dispositiva I de sentencia de 09/5/2000.

Señala que le causa perjuicio la omisión del tribunal de alzada en considerar cuestiones decisivas sometidas a su juzgamiento, al no considerar por separado las planteadas en el recurso de revocatoria a las que desestima con afirmaciones dogmáticas carentes de fundamento. Sostiene tal aserto y añade que el marco discrecional a que hace referencia la Cámara no puede servir para apartarse expresamente de la sentencia de la CSJN.

Cita doctrina y jurisprudencia, propone doctrinas legales, hace reserva del caso federal y solicita se declare procedente el recurso tentado, se dicte sustitutiva a tenor de los arts. 30 procesal y 8 inc. 1° del PSJCR.

Corrido el traslado de ley, la contraparte contesta el mismo según libelo obrante a fs. 1172/1176.

Recurso de la aseguradora: En éste se afirma que las sentencias de Cámara han efectuado una errónea interpretación del derecho, de la sentencia de la CSJN. Discrepa con el criterio del sentenciante según el cual, a la pauta dada por el máximo Tribunal de la Nación en orden a que la regulación "debía tener en cuenta el máximo que habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción", le agrega "poniéndonos en la hipótesis de que todos ellos hayan progresado". Entiende que, de ser así, y sólo por mera hipótesis, debía haberse conjugado ello con todos los otros parámetros dispuestos por la CSJN en esa misma sentencia de 20/8/96. Sostiene que debía tenerse en cuenta "el real valor comprometido en el pleito" al que la Corte Suprema alude con un criterio protector del demandado vencedor -pues existe un monto arbitrario de demanda presentado al amparo del beneficio para litigar sin gastos que le exime de enfrentar la carga fiscal que dicha cifra demandada impone-, a fin de evitar "la aplicación mecánica de la norma arancelaria" que llevaría a "una regulación cuya magnitud no guarda relación con los intereses efectivamente debatidos en el pleito" (considerandos 5 y 7, que cita el recurrente). Agrega que lo que debe entenderse por "el real valor comprometido en el pleito" está dado por lo manifestado en el considerando 6° de esa sentencia pues ese máximo no puede ser otro que lo que surja de las constancias objetivas de la causa a punto tal que "a la aseguradora del demandado le habría convenido más ser condenada a pagar u na suma razonable -resultante de las pautas objetivas de la causa- que lograr el rechazo in totum de la demanda". De allí que el recurrente se agravia por la consideración del tribunal de alzada que entiende que debe tener en cuenta la hipótesis de que todos los rubros hubieran progresado, así como por la aplicación de intereses pues la aseguradora no tuvo ni tiene responsabilidad alguna por el transcurso del tiempo en ningún sentido. Expone también que el criterio del Superior Tribunal de Justicia es evitar que la regulación de honorarios se efectúe en una cifra alejada de la realidad económica de los intereses debatidos, lo que redunda en evidente menoscabo de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad.

Le causa gravamen que la sentencia de Cámara del 09/5/2000 haya tomado la cifra de $649.725,95 como monto por el que pudo prosperar la acción, pues dicho monto no concuerda con los precedentes jurisprudenciales nacionales ni los establecidos en la misma Cámara en casos similares, mencionando alguno.

Considera que es un agravante el hecho de que tenga que soportar el 176,82% de intereses cuando no es responsable de la mora ni en el principal -siendo vencedora en éste- ni en la regulación de honorarios que no están firmes. Que ello es incomprensible, absurdo, contrario a toda lógica.

Explicita que de admitirse la cifra regulatoria del tribunal a quo, con más las regulaciones faltantes, se llegaría al resultado absurdo consistente en que el Dr. Sancho Miñano recibiría casi un 100% más, no ya del importe de honorarios regulados, sino del capital de la indemnización fijada ($200.000) en el juicio citado como antecedente similar al presente, dándose palmariamente la situación que la CSJN trató de evitar, esto es: que le hubiera convenido a la aseguradora ser condenada a pagar una suma razonable que lograr el rechazo total de la demanda.

Menciona que parece mucho más congruente la interpretación efectuada por el juez de primera instancia que estableció por cuáles rubros hubiera prosperado la demanda de acuerdo al escrito introductorio de la instancia y al cuadro probatorio.

Propone doctrina legal, reitera reserva del caso federal y solicita la elevación de autos a esta Corte Suprema.

Corrido el traslado de ley, el letrado Sancho Miñano contesta conforme sus términos obrantes a fs. 1158/1171.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 26/6/2001 la Cámara concede los recursos de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia de fecha 11/4/2001, que resuelve las revocatorias interpuestas a tenor de lo dispuesto por el art. 32 de la ley arancelaria, se sustenta en el hecho que las quejas de los recurrentes no son en sí mismas relevantes para restar entidad al criterio que sobre el asunto asumiera la Sala al resolver la cuestión que trata; que los agravios más bien demuestran la disconformidad de los recurrentes con la solución dada al caso, pero no acreditan un error manifiesto del juicio de la Cámara sobre el particular. Que resulta evidente que ante las especiales particularidades del caso, lo opinable de la temática en debate, la posibilidad de determinar distintas soluciones es indiscutible. Que ello queda demostrado por la postura encontrada de los presentantes lo que llevó a la Cámara a adoptar un temperamento intermedio. Que la solución se adoptó en este marco discrecional y los recurrentes no demuestran que sea errada.

Concluye, así, no haciendo lugar a los recursos de revocatorias deducidos, con costas por su orden.

De su parte, la sentencia de 09/5/2000 interpreta la pauta dada por el fallo de la CSJN -en tanto se debía "tener en cuenta el máximo que habría representado la indemnización (pretendida por el demandante) en el caso de prosperar la acción..."- en el sentido que debía cuantificarse los resarcimientos reclamados por el accionante por cada rubro indemnizatorio, poniéndose en la hipótesis que todos ellos hayan progresado. Que no cabe ponderar -dentro de aquellos lineamientos- si se han acreditado o no en juicio la existencia de los mismos, sino que se parte del presupuesto de que ello es así y, en esas condiciones estimar el monto por el cual podría haber progresado la pretensión actora. Que el Dr. Sancho Miñano tiene derecho a que se consideren los distintos rubros pretendidos, pero a valores reales y no distorsionados por un reclamo judicial exorbitante.

Aclara que lo resuelto en juicios análogos de manera alguna es determinante para decidir el caso; que, en todo caso, ellos pueden dar un marco orientador para resolver el tema con razonabilidad y justicia.

Entiende que, para calcular el monto "máximo" debe estarse a los parámetros establecidos por el demandante al promover la demanda, pues estas pautas son parte del modo en que se trabara la litis y, de conformidad al principio de congruencia, deben ser respetadas al resolver en el supuesto de que se haya declarado procedente la acción. Menciona, entre ellas, que el período de daño futuro no puede ser menor a los 35 años, debiendo deducirse del total del resarcimiento un porcentaje que represente los gastos personales de la víctima durante el término probable de su vida. También debe tenerse, de alguna manera, en cuenta el hecho de que se pretendía un pago de contado por aquel concepto.

En relación a los gastos de sepelio y velatorio, mantiene la cuantía fijada por el juez a quo en tanto no se advierte un agravio concreto y razonado contra el criterio de éste al estimarlos.

Los gastos por atención médica del actor a raíz del accidente son prudentemente estimados teniendo en cuenta los elementos de juicio que menciona, la experiencia común que dice que los menoscabos -golpes, contusiones, traumatismos, etc.- debieron haber provocado gastos y erogaciones médicas y de farmacia y que la pretensión apuntaba sólo a la atención médica prestada pero no a eventuales gastos futuros, los estima en $1.000. Para fijar el monto por la pérdida de ingresos por cuatro meses tiene en cuenta el carácter de electricista o técnico electricista; que no se han probado los ingresos mensuales; lo que enseña la experiencia común y, tomando como pauta un ingreso mensual de $400, establece este rubro en $1.600. En cuanto a la desvalorización del automóvil, ponderando los desperfectos y el valor de un vehículo de similares características, lo fija en $3.000. Para calcular el daño futuro toma en consideración los ingresos que pudo haber percibido la cónyuge prematuramente fallecida y los antecedentes expedidos por la autoridad administrativa, en tanto que hubo pasado largo tiempo desde los valores informados y la categoría en la que había sido nombrada la víctima ha perdido vigencia. Por ello, toma el primero de los tres casos propuestos por el letrado Sancho Miñano a fs. 946 y vta. ($905.610 con más intereses) puesto que de adoptarse los otros criterios, especialmente el caso 3, y adicionándoles la cuantía correspondiente a daño moral e intereses, se supera o se acerca marcadamente al importe actualizado y con intereses pretendido por el demandante en su acción originaria que, en pronunciamientos an teriores, fuera tenido por abusivo pues no tiene sentido que en base a estos cálculos se incurra nuevamente en el error que se pretendió subsanar. Establece que a ese importe debe deducírsele lo que la causante hubiese retenido para satisfacer gastos personales, el que, conforme criterio jurisprudencial reiterado, constituye un porcentaje del 30% y, teniendo en cuenta que el mismo demandante remite a la percepción de un pago único y definitivo, el resarcimiento por este concepto se fija en $450.000. Igualmente, fija el agravio moral -tomando en cuenta el porcentaje establecido en la presentación del Dr. Sancho Miñano (40%)- en $180.000 (conf. art. 775).

A todos los conceptos tratados, el tribunal de alzada le adiciona intereses -que fueron peticionados en la demanda- desde la fecha del hecho (23 junio 1978) hasta el momento de su efectivo pago -mora legal o "ex re"- los que llegan al 176,82% (6% anual y tasa pasiva desde el 31-03-91). Aplicando estos intereses a los distintos rubros, concluye en la cifra sobre la cual debe regularse honorarios al letrado recurrente ($649.725,95).

Con respecto a la triple regulación pretendida por el Dr. Sancho Miñano, la Cámara entiende que no puede prosperar porque no existió una labor profesional independiente, con la consecuente deducción de defensas, excepciones o simple posicionamiento defensivo específico en relación a cada uno de los accionados que representara en el proceso, con lo que considera irrazonable la determinación regulativa en la forma en que el juez a quo lo hizo (art. 16, ley 5480). Al efecto, hace notar que con respecto al demandado González no hubo contestación de demanda en tiempo oportuno; que el responde por la aseguradora es transcripción textual del de Tata; que la producción y ofrecimiento de pruebas fue común, lo mismo que el control de los medios probatorios de la contraria y el alegato final. Sin embargo, considera que lo expresado no es óbice para considerar el máximo de la escala permitido en el art. 39 de la ley arancelaria. Que en este aspecto no puede alegarse que exista preclusión procesal pues, al dejar sin efecto, la CSJN el auto regulatorio de fs. 400 lo hizo sin salvedades de ninguna especie. Con el alcance que otorgó a su pronunciamiento las decisiones precedentes sobre honorarios de los tribunales locales quedaron sin efecto en su totalidad e integridad. Que el punto 8 del fallo de Corte está vinculado con el agravio de la aseguradora en la instancia extraordinaria: momento a partir del cual debían actualizarse los rubros reclamados por el actor, por lo que lo allí resuelto no puede servir de sustento a una solución distinta a la dada.

Por ello concluye en una regulación única al letrado recurrente y, sobre las pautas narradas, y con aplicación de lo dispuesto en los arts. 14, 15,16, 39, 43 y conc. de la ley nro. 5480, modifica el auto regulatorio del 07-07-99 y establece los honorarios del Dr. Enrique Sancho Miñano en la cifra de $200.000. Las costas las dispone por su orden en atención a la índole de la problemática en debate (art. 106 y 108 procesal) y procede a regular los honorarios correspondientes a las actuaciones en esa instancia.

V.- Al recurso del letrado Sancho Miñano:

a) El impugnante se queja por entender que la Cámara, en la determinación de la indemnización por daño futuro se aparta de la directiva dada por la CSJN en tanto no tuvo en cuenta el máximo que habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción pues, de los tres casos propuestos -consentidos por la Aseguradora al no agraviarse- tomó el caso 1 que indicaba el monto mínimo de la reparación. Entiende que son erradas las razones que para ello da el tribunal de mérito (que, de tomar los otros dos, con más el importe de daño moral e intereses la cifra se acercaría al monto solicitado en la demanda, incurriéndose nuevamente en el error que se pretende subsanar) y efectúa operaciones aritméticas por las cuales intenta demostrar porqué no es así.

Liminarmente cabe expresar que reiteradamente ha dicho esta Corte Suprema de Justicia, que la estimación del daño constituye una cuestión de hecho cuyo juzgamiento compete a los jueces de mérito; cuestión fáctica ajena al recurso extraordinario de la casación, salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo (cfr. CSJT, sent. nro. 1001 del 26/11/2001; 1088 del 29/12/2001). Asimismo, sobre la determinación del daño patrimonial ha expresado que éste se fija sobre los presupuestos fácticos que contiene el litigio. Los argumentos dirigidos a impugnar el procedimiento y parámetros seguidos en la sentencia para determinar el monto indemnizatorio, están aludiendo todos ellos a cuestiones de hecho, respecto de las cuales el recurso de casación está vedado ( conf. CSJT, sent. nro. 85 del 07/3/97).

Ahora bien, en la especie no se advierte la existencia del vicio de arbitrariedad, y ello porque, en primer lugar, la comparación que efectúa el recurrente -y por la cual pretende atacar el razonamiento de la Cámara- no es rigurosamente válida, ni su resultado, por ende, exacto, toda vez que las cifras de los tres casos que propone (ver fs. 1091 vta., 1092 y 1141, 1142 y vta.) y que intenta comparar con el monto de la demanda, han sufrido un descuento del 64,5% (30% en concepto de gastos personales y 34,5% por el pago de contado) mientras que a la cifra demandada no se le ha efectuado dicha operación. Ella debía hacerse a todas las cifras tomadas: Primeramente, para que la comparación resulte exacta (nótese que las cifras de los casos 2 y 3 indicadas a fs.946 por el propio recurrente que contienen los rubros daño moral e intereses, se acercan -caso 2- y superan -caso 3- el monto de la demanda con ambos ítems. Y éste fue el correcto razonamiento de Cámara). En segundo lugar lugar, porque así corresponde puesto que lo reclamado era precisamente el monto demandado con las deducciones referidas, como expresamente lo solicita el actor (fs. 11) siendo ello conforme a derecho.

Así entonces, la Cámara ha dado razones para fijar el monto por el que prospera el daño futuro y la cifra por la que definitivamente procede la indemnización en este rubro no aparece irracional. En efecto, más allá de la reflexión vertida acerca de la comparación entre los tres casos -y la exclusión del razonamiento del recurrente en este aspecto-, lo cierto es que no puede aceptarse su postura según la cual se debía haber tomado el caso 3 por él propuesto por resultar representativo del máximo por el que podía haber prosperado la acción, según las pautas de la CSJN. Y es que el máximo Tribunal de Justicia no dijo que, en el sub judice, debía computarse lo que conjeturalmente podría como máximo ganar en un determinado oficio la víctima del accidente sino "tener en cuenta el máximo que habría representado la indemnización en caso de prosperar la acción" (sic fs. 863 vta.). Así entonces, el agravio del impugnante en el punto parte de una premisa falsa (que el caso 3 es representativo del máximo por el que habría prosperado la acción) porque no es eso lo afirmado por la Corte, a quien no puede hacerse decir que, para fijar la indemnización del caso habría que estarse a l os supuestos de hecho considerados en el caso 3 presentado por el recurrente (tener en cuenta los sueldos como administrativa y como profesora de secundario por el máximo de horas: 42 hs. cátedra).

En precedentes de la CSJN se sienta el criterio según el cual es improcedente computar las ganancias frustradas que la víctima podría haber obtenido durante el lapso probable de su vida, ...Tal conclusión se basa no sólo en la circunstancia que el criterio propuesto por la recurrente fue desestimado por el codificador al establecer el derecho a la indemnización por muerte (art. 1084 CC) apartándose de la solución dada en ese sentido por Freitas (conf. art. 3643, inc. 2° Proyecto), ... sino también en el hecho que la ley ha querido acordar una reparación proporcionada a la pérdida sufrida, extendiéndola por ello a "lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto", sin que resulten viables criterios matemáticos para graduar el monto de los perjuicios por este concepto (Fallos: 300-1254; 301-717; LL, 1987-A, 93); y que deben considerarse y relacionarse las diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima (capacidad productiva, ingresos, profesión, edad, posición económica) como con los damnificados (asistencia recibida, cultura, edad, posición económica y social) todo lo cual debe ser apreciado mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales (CSJN, ED, 163, 70; LL 1988-A, 217) quedando todo ello, en definitiva, reservado a la adecuada y prudente apreciación judicial (CSJN, LL 1997-E, 121).

De allí también que la crítica al procedimiento sentencial seguido a fin de la determinación del monto del rubro tratado no puede limitarse a consistir en la propuesta de otros casos o, incluso, de otro método distinto, que tenga en cuenta el salario que habría obtenido en vida la víctima, toda vez que, por lo ya expuesto, el juzgador no está obligado a seguir parámetros predeterminados, rígidos e inmodificables en la operación mental y valorativa tendiente a fijar la indemnización por daños, ni es esto lo que ha fijado la CSJN en el presente caso.

En los casos en que el hecho dañoso produce la muerte de la víctima principal, quienes reclamen en razón de esa muerte no invocan el daño del difunto, sino el daño personal que ellos sufren en virtud de su muerte (Fallos: 300:1255). En este sentido, el actor ha perdido la asistencia de su esposa. Así, la indemnización a tenor del 1184 -que de ella se trata- debe sustituir las reales y concretas ventajas que el muerto aportaba a su familia; esto es no son todas las necesidades de subsistencia sino la medida en que el fallecido las satisfacía. Lo contrario importaría un enriquecimiento injustificado de quienes accionan, pues obtendrían luego de la muerte beneficios con los que antes no contaban o que no tenían perspectivas de lograr mientras el desaparecido vivía. Es de tenerse en cuenta, entonces, que los únicos lucros reclamables con un alcance completo son los que la víctima perdió antes de morir y cuyo resarcimiento es invocable por sus herederos en su carácter de tales; por el contrario, cuando la acción la ejercen los damnificados indirectos, el perjuicio personal que sufren se ciñe a la medida en que se beneficiaban con la productividad del causante, es decir, al efectivo aporte material que éste les brindaba y cuyo goce en adelante el hecho ha venido a frustrar (Zavala de González, Daños a las Personas, T. 2b, pág. 471/472). Esta tesitura, que limita el daño material a la efectiva ayuda perdida es absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia. Por consiguiente, se trata de adecuar la indemnización a la realidad del menoscabo, menoscabo que en el caso del daño patrimonial se centra en la pérdida del efectivo apoyo económico brindado por el muerto. El cómputo del monto indemnizatorio en esta esfera resarcitoria no puede, conforme a lo reseñado supra, por el máximo Tribunal de Justicia del país-, ser equivalente al que debería tenerse en miras si se gozara efectivamente de los cargos mentados, en la mejor de las probabilidades. Sin embargo, es esto último lo que parece proponer el letrado cuando centra su agravio en que la Cámara soslayó el caso nro.3 (caso máximo), en el que se computan salarios por el máximo de horas de un profesor (42 hs.) como si la víctima gozara de ellos en la realidad, al momento de fallecer -lo que no es correcto en el caso- o existiera el cien por ciento de probabilidad de obtenerlo seguidamente al enlace nupcial. Es por ello que el agravio, así expuesto no pueda mantenerse a lo que cabe añadir, que difícilmente surja de "las pautas objetivas de la causa" y de los "reales intereses en juego" que el caso 3 haya tenido probabilidades ciertas, serias y objetivas de darse en la realidad en tanto el mismo implica que una persona que había renunciado a su trabajo antes de casarse, inmediatamente después habría conseguido y se habría ocupado en un cargo docente por el máximo de horas otorgadas (cuando es de experiencia común que la cantidad de horas se va adquiriendo con los años) y que habría elegido trabajar durante todo el tiempo que insume la manutención de ambos trabajos.

Por lo demás, tampoco puede receptarse el agravio referido a la falta de consideración del caso 3 propuesto, y ello no bien se repara en que la suma demandada por daño material lo fue en $200.000.000 "o lo que resulte en más o en menos conforme a la prueba que se someterá a la consideración de S.S." (sic fs. 12 vta.), quedando librado, en definitiva, dicho monto, a la prudencia judicial lo cual excluye cualquier sometimiento a pautas rígidas o criterios matemáticos determinados, tal cual se expuso supra.

En definitiva, la conclusión del tribunal ha sido fundada desde que se apoyó en un juicio de probabilidad vinculado a la edad, condiciones, títulos, circunstancias y trabajo que realizaba la víctima; no desconociéndose ni ponderándose irrazonablemente las probanzas aportadas. Ello así, la conclusión cuenta con motivación suficiente, en base a un juicio prudencial que no alcanza a ser rebatido por la disímil consideración que, sobre esos títulos, circunstancias y trabajo, realiza el letrado Sancho Miñano.

De allí que, siendo la cuestión eminentemente fáctica y no advirtiéndose, por lo antes expresado, arbitrariedad en el resultado del rubro daño futuro el cual fuera suficientemente fundado por la Cámara, no corresponde admitir el agravio del Dr. Sancho Miñano.

b) Respecto al daño moral, se adelanta que el agravio del Dr. Sancho Miñano no puede prosperar. En efecto, el recurrente entiende que la Cámara transgredió las directivas dadas por la CSJN, el principio de congruencia y de contradicción al proceder a la fijación del daño moral. Ello así, en tanto el tribunal de alzada entendió que para proceder conforme lo indicado por la Corte Suprema, debían respetarse los parámetros establecidos al promover la demanda (considerando 3); que, no obstante, cuando considera el daño moral lo limita al 40% (considerando 9) apartándose de aquélla, la cual solicita que se lo fije en una suma no menor a la que resulte del daño material y daño futuro.

Sin embargo no existe la incongruencia alegada entre los considerandos 3) y 9) de la sentencia en crisis, por cuanto la demanda a fs. 12 vta. no sólo expresa que se reclama una suma igual por daño moral a la del daño material, sino que también precisa que su reclamo se sujeta a lo que en más o en menos resulte de la prueba. Por tanto, el considerando 3) del fallo en embate debe ser inteligido desde esa óptica; esto es: que en el monto reclamado para el daño moral, el demandante pretendía una suma igual a la del daño emergente o lo que en más o en menos se estime. Ese es el parámetro establecido por el demandante al que se refiere el considerando 3). Por consiguiente, al no tratarse de un monto fijo, que obviamente no lo puede ser por la naturaleza propia del daño moral, la suma a determinar es susceptible de resultar mayor o menor que la pretendida en la demanda.

Por otro lado, y más allá de lo expuesto, la cifra resultante no ha sido tachada de arbitraria por el recurrente el cual restringe sus agravios en el punto a lo anteriormente considerado (incongruencia sentencial). Respecto a lo que se menciona en el recurso casatorio en relación al agravio que refiere a aplicación del porcentaje del 40% sobre una suma respecto de la cual ya se hicieron las deducciones (por gastos personales y por pago de contado) y que esto no correspondería toda vez que el daño moral se reclama "iure propio" y no "iure hereditatis", cabe explicitar que este argumento -punto 2.II.b)- es recién introducido en esta instancia extraordinaria, toda vez que luce por su ausencia en el recurso de revocatoria, por lo cual deviene extemporáneo; más allá de que, por sí mismo, tampoco llega a tener virtualidad modificativa de la conclusión a la que se arribara (daño moral susceptible de ser fijado en mayor o menor medida de lo reclamado, de acuerdo a los mismos términos de la demanda) conforme las anteriores reflexiones ofrecidas supra.

No advirtiéndose violación al principio de congruencia o a las pautas dadas por la CSJN para el caso, no corresponde hacer lugar al agravio del letrado recurrente.

Al recurso de la Aseguradora tanto en relación al daño material "daño futuro" (inc. a) como al daño moral (inc. b):

Se observa que el mismo es insuficiente para atacar la solución sentencial toda vez que su libelo recursivo, el recurrente se limita a presentar afirmaciones e interpretaciones genéricas y dogmáticas acerca de lo que -a su criterio- la CSJN manda a través de su sentencia de fs. 863, pero no ofrece crítica alguna, concreta y puntual referida al modo, pautas y procedimientos por los cuales la Cámara ha sostenido su conclusión en los rubros analizados. Así, dice, respecto del monto fijado para la base regulatoria, que no existe una pauta objetiva en la demanda originaria que permita arribar a esa cifra y que tampoco existe antecedente en los archivos de nuestros tribunales que fije indemnización semejante para un caso como el de autos. Con proyección en las distintas regulaciones que corresponden en las distintas etapas del proceso, concluye en que la suma por honorarios profesionales resultante no es congruente con lo que dice la CSJN en tanto le habría convenido más ser condenada a pagar una suma razonable que lograr el rechazo "in totum" de la demanda y presenta las pautas que a su criterio habría que haber tomado para regular una suma justa y equitativa.

Desde este enfoque, se advierte que el parámetro referencial adoptado por el tribunal a quo para establecer el quantum indemnizatorio no ha sido puntualmente cuestionado por el impugnante, quien tampoco invocó irrazonabilidad en el criterio utilizado para su estimación. Se limita a decir que no se ha cumplido con las pautas objetivas de la causa pero no indica en qué medida esto ha sido así y cuáles pautas han sido olvidadas.

De ello se advierte la carencia de un embate eficaz y certero relacionado con los argumentos expuestos por la Cámara para llegar al resultado al que arriba, de donde, en el punto, el recurso incumple con los recaudos previstos por el art. 816 del CPCCT, por lo que debe ser declararlo inadmisible.

Dado el resultado del análisis de ambos recurrentes en relación al monto indemnizatorio determinado en concepto de daño material y moral, la solución sentencial queda inmodificada.

c) Respecto al agravio expuesto por el Dr. Sancho Miñano relativo a la aplicación de oficio de una tasa inferior a la estipulada por el juez de primera instancia, violando el principio de la reformatio in pejus y el de congruencia, en tanto la aseguradora no se hubo agraviado del tópico referido a los intereses en su recurso de apelación -aunque lo planteara posteriormente en el de revocatoria-, cabe expresar que el mismo incumple con el requisito de definitividad sentencial, toda vez que no ha sido expuesto en el recurso de revocatoria presentado de su parte a fs. 1091/1097. Por ello, se lo declara inadmisible.

En relación a este tópico, los recursos de la Aseguradora -tanto el presente como el de revocatoria- plantean expresos agravios relativo a los intereses, alegando que ellos no deben computarse y que, computados en el caso, abultan enormemente la base regulatoria apartándose de las pautas objetivas de la causa a las que debe estarse conforme la sentencia del máximo Tribunal de Justicia del país citando, para ello, su jurisprudencia y la de otros tribunales inferiores. Que resulta absurdo que la Aseguradora que no es morosa ni en lo principal -donde se rechazó la demanda-, ni en los honorarios - no firmes todavía-, tenga que pagar el 176,82% de interés que fija la Cámara. Da razones por las cuales entiende que la indemnización debe fijarse al hoy.

Sin embargo, cabe mencionar que no puede proceder el agravio de la Aseguradora en el punto, toda vez que surge claramente de autos que el juez de primera instancia contempló una tasa del 8% de interés anual desde la fecha del hecho hasta el 31/3/91 (fs. 976 vta.). Sobre este tópico nada dice la aseguradora en su recurso obrante a fs. 993/994, el que se limita a plantear el gravamen relativo a la triple regulación efectuada por el juez de primera instancia. Siendo así, la cuestión relativa a los intereses, para la Aseguradora, resulta improcedente en esta instancia por haber precluido su posibilidad de plantear agravios acerca de esta temática, al omitir hacerlo en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Esta estimaba y aplicaba intereses, por ende, el agravio planteado en el recurso de revocatoria y de casación, referido a que ellos no pueden aplicarse en la especie, o bien que su monto es exagerado, deviene extemporáneo por haber quedado firme la cuestión.

Por lo tanto, atento al resultado de ambos recursos en el tópico, permanece incólume la tasa del 6% de interés fijado por la Cámara.

d) El Dr. Sancho Miñano se agravia por la inaplicación del art. 14 de la ley 5480 por parte del tribunal sentenciante y en ello le asiste toda razón, en tanto se observa que la Cámara incurre en los vicios mentados el acápite II, punto 3 (incisos a, b y c) que refieren todos, esencialmente, a la inaplicación del art. 14 de la ley 5480; a la violación de la cosa juzgada existente en la cuestión de la triple regulación de honorarios por el litisconsorcio pasivo facultativo de autos y a la omisión de regular honorarios conforme a este criterio.

En efecto, el tribunal a quo, en el punto, excedió los límites de su jurisdicción, superando el marco decisorio al que debió ceñirse, toda vez que la mentada temática -triple regulación- no pudo constituir materia de impugnación pendiente. En efecto, asiste razón al recurrente cuando indica que este tópico quedó firme pues el recurso de casación contra la sentencia del 19/10/88 que incoara la aseguradora fue declarado mal concedido y contra este decisorio no se interpuso medio impugnativo alguno. De otro lado, si bien se impetró recurso extraordinario federal, de su lectura no surge que la aseguradora se haya agraviado expresamente por lo resuelto en este tema, no siendo suficiente, a tales efectos, la remisión que hiciera elípticamente a lo que hubo expresado en su recurso extraordinario que glosa a fs.534/545. Y ello por cuanto el recurso debe bastarse a sí mismo; no siendo viables este tipo de ratificaciones, adhesiones o remisiones a fin de cumplimentar ese recaudo de admisibilidad formal. Así, se ha establecido que no procede el recurso extraordinario cuyo escrito de interposición no ha cumplido con la exigencia de su fundamentación autónoma, exigencia que no se salva con la genérica remisión que efectúa a lo manifestado en escritos anteriores producidos en el pleito atento al carácter autónomo del remedio en examen (CSJN, Fallos, 303:374; 303:656; LL, 1979,D,6).

Así entonces, el tribunal de alzada yerra al considerar que recuperaba la plena jurisdicción sobre todas las cuestiones planteadas oportunamente por las partes pues el hecho de que la CSJN haya dejado sin efecto la sentencia de fs. 400, de modo alguno implica que se revierte a ella la totalidad de la jurisdicción sino que ésta le vuelve en la medida y con los alcances que surgen de la decisión que ha ejercido su control de constitucionalidad dentro de sus límites, a los que han de circunscribirse los tribunales respectivos (Fallos: 297:151). Si analizamos el fallo de la CSJN vemos claramente que refiere a dos agravios: a) la aplicación mecánica de la norma arancelaria sin tener en cuenta que el actor incurrió en pluspetición inexcusable la que sirvió de base para regular emolumentos profesionales y b) que se haya actualizado el monto del juicio desde la fecha del accidente y no desde el momento de la demanda. En su considerando 5) expresa que el beneficio para litigar sin gastos obtenido exigía del juez a quo una interpretación adecuada del art. 40 inc. 1º de la ley 5480 y concluye anulando por arbitrario el pronunciamiento en relación al monto exageradamente desproporcionado que se toma como base regulatoria de honorarios y deja subsistente las cuestiones que han sido materia del resto de los agravios. De lo expuesto, surge que no estaba incluido en el tema a tratar por la CSJN la cuestión contenida en el art. 14 de la ley 5480, esto es, la regulación de honorarios en el caso de litisconsorcio.

En definitiva, la anulación de la sentencia efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo pudo entenderse válidamente en los límites del recurso que abrió su jurisdicción y declarada, por ende, sólo respecto de la parte que estimó arbitraria sin afectar al resto de los agravios, tanto menos a aquéllos que se pretenden alegar o mantener con posterioridad. De allí que el fallo de Cámara debió versar sobre la determinación de la base regulatoria conforme las pautas dadas por el máximo Tribunal del país y no pudo revocar decisiones que se encontraban firmes y respecto de las cuales no cabía un nuevo pronunciamiento.

Por todo lo expuesto en este punto, corresponde se case el pronunciamiento en crisis, conforme la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido el fallo que revisa y se expide sobre cuestiones ya resueltas y firmes".

e) Por último, y atento al resultado del presente recurso, cabe expresar que se torna inoficioso el tratamiento del agravio del Dr. Sancho Miñano expuesto bajo el acápite II nro. 5.

VI.- Atento al resultado de los recursos interpuestos, corresponde que, sobre la base de todo lo considerado en el acápite anterior (V.-), los autos se remitan a la Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a regular honorarios aplicando el art. 14 de la ley 5480.

VII.- Las costas de los recursos de casación, atento al resultado parcialmente nulificante del fallo en crisis, ya que si bien se hace lugar al agravio relativo a la aplicación del art. 14 de la ley 5480 se desestiman los restantes agravios del recurrente, se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° y 108 procesal).

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, en contra de la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 11/4/2001 en relación al agravio relacionado con la inaplicación del art. 14 de la ley 5480. En consecuencia, se casa y anula parcialmente la sentencia recurrida, a tenor de la doctrina legal expuesta. Se declaran inadmisibles los restantes agravios. Los autos deben remitirse a la Cámara interviniente a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento, conforme se considera. Devuélvase el depósito.

II.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 11/4/2001, según lo considerado, con pérdida del depósito.

III.- COSTAS, conforme se consideran.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO RENE MARIO GOANE