marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecuciones especiales, ejecución prendaria, sentencia, recurso de apelación (procesal), plazos procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Seminara  SAI Ic. y F. s/ Recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

De conformidad con lo establecido por el art. 30 del Decreto 15 348/46, ratificado por ley 12.962 - marco normativo dentro del cual tramitó el presente pleito desde su inicio, el plazo para apelar la resolución que rechaza o manda a llevar adelante la ejecución es de dos días (confr. C. Fed. La Plata, en pleno, in re: "Banco Nación Argentina c/ Idra", J.A. 5-1970, pág. 595; Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial, t. 3, pág. 158; Falcón, Enrique M , Código Procesal Civil y Comercial, t. 3, pág. 846; Fassi, Santiago C., Código Procesal Civil y Comercial, 2a. Ed., t. 2, pág. 673), de modo tal que el recurso fue deducido extemporáneamente, conclusión que no resulta conmovida por las genéricas alegaciones formuladas por la recurrente puesto que aquélla no se hace cargo de que si bien no se debe hacer prevalecer el formalismo ritual por sobre la verdad jurídica objetiva - situación que en modo alguno se configura en la especie -, los procesos están sujetos a determinados plazos, y éstos son perentorios (esta Sala, causas 2064 del 14/2/89 y 1284 del 2/4/91).
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, ley de emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

No hay violación al art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad (Voto del Dr. Gustavo A.

Bossert).
Tribunal colegiado, integración del tribunal, asignación de causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosales, Nélson Darín c/ Baulde, Armando s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-21

La decisión de integrar la cámara con sólo dos miembros a los fines de cumplir con el precepto del art. 268 "in fine" CPC, debió ser anoticiada al recurrente, toda vez que tal supuesta falencia suponía una nulidad relativa y sanable por cuanto aquél bien pudo consentir dicha conformación colegiada.
Querellante, Constitución Nacional, tratados internacionales, delitos contra la humanidad, legitimación procesal, personas jurídicas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "ACOSTA, Jorge E. s/ excepción de falta de acción".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-03

En base a la doctrina de la Sala en cuanto se ha enrolado en una concepción amplia a fin de determinar la legitimación procesal activa al sostener que el bien jurídico protegido no resulta una pauta definitoria y que no existe óbice para que el afectado se incorpore al proceso como querellante si pudo derivar algún perjuicio directo y real para él, entendiéndose por tal la afectación inmediata de un derecho suyo.

De esta manera, resulta innegable que si los hechos atribuídos quedan comprendidos en la categoría de delitos de lesa humanidad , es decir, atentados contra bienes jurídicos fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político, justifican plenamente la intervención como querellantes de personas jurídicas que, entre sus objetivos, se encuentra la realización de actividades vinculadas a la defensa de la dignidad de la persona humana, de la soberanía del pueblo, la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos fundamentales, etc., valores todos ellos que se relacionan y que sólo pueden ser alcanzados con la plena vigencia de una acción estatal legítima.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENEGAS, MANUEL ALBERTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-01

Las alegaciones vertidas por los impugnantes no alcanzan a persuadir que se configure un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte provincial, en virtud que de la confrontación del pronunciamiento atacado con los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y el de queja, surge tan sólo la discrepancia de los recurrentes frente a la decisión de la Cámara de declarar que se ha producido en los autos principales la caducidad de la instancia, por considerar que se encuentran reunidos en el caso los elementos que la hacen procedente -esto es, el transcurso del plazo legalmente contemplado y la falta de actividad idónea para impulsar el procedimiento-; ponderar que la firma y diligenciamiento de una cédula carecía de efecto interruptivo, al haberse producido una vez transcurrido el plazo de caducidad; y observar -en torno a la naturaleza de la pretensión-, que la cuestión debatida -legitimidad de la sanción disciplinaria de cesantía- nada tenía que ver con los precedentes citados por los actores ya que no se ha ejercido una pretensión de carácter previsional.
Adopción, condiciones del adoptante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.S.A. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-25

Dispone el art.2 de la ley 19134 que "nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que los adoptantes sean cónyuges". Cuando existe una ley cuyo texto es claro y expreso debe aplicársela estrictamente y en el sentido que resulta de sus propios términos.

Sostienen las apelantes que la aplicación de dicha norma pugna con la finalidad de la institución al perjudicar los intereses del menor que se intenta adoptar. El planteo determina que deba verificarse si mas allá de lo que la ley parece decir literalmente es posible que los fines que la inspiran se vean contrariados con el apego estricto al texto legal. Ha sostenido el más Alto Tribunal Federal que por debajo de lo que las leyes parecen decir literalmente es lícito indagar lo que quieren decir jurídicamente y que si bien no cabe prescindir de las palabras de la ley, tampoco hay que atenderse rigurosamente a ellas cuando una interpretación sistemática lo requiere. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de desindexación, valor del bien, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CNAS c/ SEMINARA SAII Y F s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

La suma establecida en el convenio es el resultado de un acuerdo de voluntades celebrado entre acreedor y deudor, en una época en la que no cabía la aplicación de índices de actualización (a partir del 1.4.91. Según ley 23.928). La ley 24.283 no rige cuando el valor de la cosa ha sido determinado directamente. Determinación directa es la evaluación que descarta la utilización de cálculos para actualizar una tasación histórica por aplicación de índices de precios, o para proyectar mediante ellos una tasación actual a valor histórico (cfr.

Alterini A. A. "Aproximaciones a la Nueva Ley Desindexatoria Nro.

24.283", Publicado en ll, ejemplar del 3.6.94, Pág. 1), porque en esta ocasión las partes fijaron concretamente cual es el monto de lo debido y la forma en que se satisfacerá, que, por cierto, no contempla indexación de ningún tipo.
Depreciación monetaria, índices de actualización, índice del mes anterior, Instituto Nacional de Estadística y Censo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas, Alberto E. c/ E.F.A. s/ accidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-23

Para determinar el monto de un capital de condena actualizado, de acuerdo a la variación de los índices de precios al consumidor publicados por el INDEC, corresponde utilizar como divisor el índice correspondiente al mes anterior al de la exigibilidad del crédito y como dividendo el de marzo de 1991, y así se obtendrá el coeficiente de actualización aplicable (ver autos "Caballero, Roberto C/ Cerámica Martin SA s/ accidente" sent. 65968 del 20/9/02, entre otros). Tal es el criterio prevaleciente en la mayoría de las Salas que componen esta Exma Cámara. (Del voto del DR. Morell).
Excarcelación, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: B., D.A.-M., A.R. s/ Robo Calificado-Incidente de Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-08

En todo Estado democrático de derecho, la libertad es la regla y toda medida de coerción personal, máxime aún la de privación de libertad, debe ser un remedio excepcional, motivo de especial prudencia y de interpretación restrictiva, lo que no se aprecia en autos, toda vez que la privación de libertad no aparece justificada en forma real y concreta sino que, por el contrario, sólo tiene una justificación aparente, mediante una expresión dogmática, no acreditada en la causa, como lo es la sola mención de que la libertad de los imputados obstaculizaría la instrucción de la causa dado que restan comprobar los antecedentes penales que pudieran existir en su contra. Por otro lado, si bien es cierto que la conminación en abstracto del artículo 167 del Código Penal en el máximo excede la hipótesis del inciso 2 del artículo 313 del Código Procesal Penal, no es menos cierto que la situación de los imputados debe ser encuadrada en la segunda hipótesis del mismo artículo, que torna posible de la condena de ejecución condicional, o sea, la conminación de la misma norma en su mínimo de tres años de prisión.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Emergencia económica, sistema de refinanciación hipotecaria, igualdad ante la ley, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Las distinciones que hace el sistema creado por las leyes 25.798 y 25.908 y su decreto reglamentario 1284/2003, en lo que atañe a su ingreso de los distintos tipos de acreedores, no vulneran la garantía de igualdad ante la ley pues responden a una diferenciación entre situaciones jurídicas diversas.
Recurso de casación, sentencia definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Brugorello, Miguel Osvaldo s/ casación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-24

"Cabe mencionar la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha negado tal carácter a aquellas resoluciones que generan la obligación de continuar sometido a un proceso criminal (Fallos 295:504, 298:408;

308:1667; 310:195; 311:1781; 312:573; 312:575; 320:212, entre muchos otros)"."Así también lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal al afirmar que la decisión que confirma un auto de procesamiento sin prisión preventiva "no constituye ninguna de las resoluciones enumeradas en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese orden de ideas, no se trata de una sentencia definitiva que con su dictado dirima la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, ni ninguna de aquellas que el propio art. 457 del citado código instrumental ha equiparado, taxativamente, a sentencia definitiva por sus efectos". "Sobre este particular, nuestro más Alto Tribunal lleva dicho que no suple la ausencia de definitividad de la decisión impugnada la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas o de la arbitrariedad del pronunciamiento (Fallos: 307:2348, entre muchos otros)" -ver causa 10.085, "Bendini, Roberto s/recurso de queja", rta. 18/02/09, reg. 13.885, Sala II-". "En igual sentido se ha expedido este Tribunal en reiteradas oportunidades al rechazar la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que no truncan el desarrollo del proceso (vgr. c.

nro. 40.335 "Genou, De Santibáñez.", rta. 21/11/07, reg. 1385;

convalidada por la C.N.C.P. -Sala I- en c. nro. 9432 "Genou, José s/recurso de queja", rta. 27/02/08, reg. 11.640)".
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS S.A. c/ TAMAÑO ROQUE VICENTE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-03-07

El actor denunció la fecha y lugar de la presentación al cobro en el promocional y, ante tal afirmación, el demandado debe no solo negar sino probar la omisión, cosa que no realizó, por lo que -aplicando la doctrina citada- corresponden los intereses desde la fecha en que el pagaré fue presentado al cobro.
Transporte de carga por agua, derrame de la carga, responsabilidad del transportador, obligaciones del consignatario, transporte de contenedores, estiba, modalidad house to house
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA TERRITORIAL DE SEG. SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. SIRIUS s/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

Se trata de un transporte convenido con la modalidad "House to House", de tal modo que como el transportador no participa en la estiba de la carga dentro del contenedor (cfr. esta Cámara, Sala 2, Causas 6544, de 23.5.89 y 297/93, de 21.5.93, entre otras), si la causa del derrame hubiera sido una defectuosa estiba, las consecuencias dañosas deben ser soportadas por el consignatario de la carga, en tanto que si ellas se debieran a un inadecuado trato del contenedor, la responsabilidad le debería ser atribuida al transportador marítimo.
Costas, gastos del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Raul J. c/ Correa, Luis R. s/ Ejecutivo Díaz Lacoste, Alejandro c/ Ponce Cerutti, Hugo Ernesto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31|2001-08-14

Habiendo tenido lugar el diligenciamiento del mandamiento de secuestro en el ámbito de la jurisdicción de este departamento judicial, los gastos en consecuencia irrogados corresponden a la gestión a cargo de profesional del derecho y se subsumen en la regulación honorarios que a este último quepa fijarle. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, contenido de la demanda, amparo por mora, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Perdigón, Olga Elena c/ Dirección de Medicina Asistencial y/o Ministerio de Salud de la Provincia s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-12

Se deduce acción de amparo en contra de la Dirección de Medicina Asistencial y/o Subsecretaria de Salud Pública y/o Ministerio de Salud Pública de la Provincia, ante la omisión de resolver la solicitud de traslado de prestación de servicios, desde un departamento del interior provincial al departamento Capital, con fundamento en el Art.45 del Estatuto del Empleado Público, familiar enfermo e integración del grupo familiar.

Esta Corte de Justicia, en los casos que corresponden a su jurisdicción originaria y siempre que resulte pertinente, ha hecho aplicación del principio iura novit curia con el propósito de encausar la pretensión por alguno de los carriles de los procedimientos sujetos a su jurisdicción, prescindiendo del nomen iuris asignado por la parte a la acción y con sujeción a los hechos narrados en la demanda.

En el caso, la pretensión esgrimida no puede encuadrarse dentro de la normativa específica de la acción de amparo común, por cuanto la omisión de pronunciamiento de autoridad pública -ante la solicitud del administrado- no lesiona, restrinje, altera ni amenaza con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos constitucionales de la actora, sino que los hechos narrados en la demanda encuadran en las previsiones contenidas en el Art. 2 de la Ley 4795 -Amparo por mora de la administración-, por mediar el presupuesto fáctico de una situación objetiva de demora administrativa en cumplir el deber concreto de pronunciarse ante el requerimiento del administrado, conteniendo el escrito de demanda los requisitos previstos en el Art.7 de dicho cuerpo normativo.

En consecuencia, corresponde declarar, prima facie, la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la causa, reconducir la acción de amparo interpuesta como amparo por mora de la administración, y requerir de la administración el informe previsto en el Art.10 de la Ley 4795.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, certificado de deuda, Fondo de Promoción a la Actividad Lechera
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: FONDO DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD LECHERA c/ COOP. AGROP. E IND. DE LUJAN LTDA. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

El certificado extendido por el consejo técnico de administración del fondo de promoción a la actividad lechera, con motivo de la falta de pago en término de los aportes que correspondan abonar a las entidades adheridas a este régimen, constituye título ejecutivo "suficiente" para promover su cobro mediante el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el cpr: 604 y 605 (ley 23539: 18).

Si bien la deuda debe originarse en un acta de comprobación o en una estimación de oficio sobre los volúmenes adquiridos y consiguiente determinación oficiosa del aporte por parte de la entidad paraestatal, y la actualización de la acreencia debe hacerse sobre la base de la variación del índice de precios mayoristas elaborados por el i.N.D.E.C. , tomando el mes anterior al vencimiento de las obligaciones y el de emisión del certificado, con más un interés del 6% anual, no existe exigencia alguna en el texto legal que imponga la incorporación de ninguno de estos antecedentes al documento mentado, ni mucho menos que ello constituya un requisito de habilidad ejecutiva del título.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "FND s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en FND contra GCBA sobre Amparo - Habitacionales", expte. SACAyT n° 97382/21-1 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad ya que lo decidido por el a quo -citar al Estado nacional como tercero en el proceso-, en la medida en que obliga al amparista a litigar contra quien no ha elegido al momento de trabar la relación jurídico-procesal, no podrá ser motivo de debate en otro juicio o instancia posterior. Por los motivos señalados, la decisión impugnada debe asimilarse a definitiva. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Aguiar, José M. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Es ineficaz el agravio en el que se denuncia la violación del art.

107 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- alegando que las actas de los que se extrajo un indicio utilizado para conformar la prueba compuesta son nulas porque no cuentan con la firma de dos testigos imparciales si el incumplimiento de las reglas trazadas en el citado artículo no aparece sancionado de nulidad.
BARBADOS, fallos de la Corte Suprema, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, medidas urgentes, homicidio, pena de muerte
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Tyrone Dacosta Cadogan s/ solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Barbados - Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-12-02

Corresponde que la Corte Interamericana ordene al Estado de Barbados, haciendo lugar a la solicitud efectuada por la Comisión Interamericana, la adopción urgente de las medidas que resulten necesarias para proteger la vida e integridad personal de quien fue declarado culpable de homicidio y condenado a morir en la horca, por sentencia de la Suprema Corte del referido Estado, evitando, asimismo, obstruir la tramitación de su caso ante el Tribunal.
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

Si por medio de un DNU se fija un tope por la tasa de servicio de andén de la terminal de ómnibus, se invaden elípticamente por parte del Poder Ejecutivo atribuciones que son propias del Poder Legislativo lo cual, en el sistema republicano de gobierno diseñado en nuestra ley fundamental, lo torna inadmisible por inconstitucional. Por otro lado, el planteo de inconstituconalidad requiere en el caso que el interesado ponga en evidencia de modo concreto el grave riesgo que, a todo evento, el incremento establecido en las mentadas ordenanzas produzca en el desarrollo económico de la empresa dedicada al trasporte de pasajero.

Una situación originalmente compatible con el ordenamiento jurídico puede tornarse inconstitucional por hechos sobrevinientes (irrazonabilidad en el ejercicio de un derecho; y dentro de ésta el abuso del derecho). Por ello, el sometimiento a un determinado estado de situación -con mayor razón aún si es económicamente perjudicial-, no habilita, a priori, sin llevar un análisis global de la situación, a que se lo interprete como una aceptación en sentido genérico, a futuro o "para siempre", ya que, por circunstancias sobrevinientes o a partir de tomar la decisión de ejercer un derecho postergado -a raíz del cambio de circunstancias externas, por ejemplo-, se puede retirar válidamente el consentimiento otorgado
Accidentes de trabajo, sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: VIVAS, Roberto N. y otras c/ EMPRESA LINIERS S.A.I.C.T. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Si la responsabilidad de determinada empresa por el accidente ocurrido ha sido ya decidida en sede civil, mediante sentencia que se encuentra firme, existe sobre el punto cosa juzgada en sentido material. Por lo tanto, no es posible discutir en otro proceso la culpabilidad de la empresa y su dependiente, sin que obste a ello la circunstancia de que no haya sido alegada por ninguno de los litigantes, pues puede ser declarada de oficio por los jueces, al estar interesado el orden público.-