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Transporte de carga por agua, Ley de Navegación, ley imperativa, servicios portuarios, falta de prueba, responsabilidad del transportador, obligaciones del transportador, verificación de la carga, responsabilidad del armador
Materia: NAVEGACION
Carátula: PASA PETROQUIMICA ARGENTINA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. MANGURUYU s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSP. MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

El uso portuario que admitió el a quo y en cuya virtud rechazó las demandas no fue invocado en forma oportuna ni probado suficientemente; tampoco se trató de una práctica que reuniera indisputablemente los requisitos para ser fuente formal del derecho de la navegación; y, en todo supuesto, la conclusión que se extrajo de él choca contra las normas imperativas que rigen el transporte de cosas por agua (arts. 259, segundo párrafo, 268, 270, inc. "c", 271, 280 y 284, ley 20.094); ello, al margen de carecer de adecuado sustento la tesis de la existencia de un "mandato" entre el cargador y la sociedad de control de bodegas y carga. Cabe agregar que, según señala L. B. Montiel, la jurisprudencia extranjera también se inclinaría por afirmar que el acondicionamiento de las bodegas comporta una carga personal e indelegable del transportista. Desde otro enfoque, como la intervención de las sociedades de control se ha generalizado, el criterio que aceptó el sentenciante conduciría a derogar en los hechos la exigencia del art. 270, inc. c), Ley de la Navegación y a desplazar la responsabilidad del armador hacia los cargadores, transformando en letra muerta la norma del art. 280 de aquella ley.
Conflicto de poderes, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juri Luis Marcelo (Concejal del Municipio de Pomán) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pomán s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-31

Se plantea Conflicto de Poderes por la supuesta violación del derecho de defensa en juicio de un concejal que fue destituido del cargo por resolución aprobada por el Concejo Deliberante. Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que su intervención en casos como el presente se encamina a ejercer un control de juridicidad constitucional y legalidad de los procedimientos seguidos y que no actúa como un tribunal de apelación, ya que no puede entrar a tratar el fondo de la cuestión, por más que sea opinable, discutible o polémica e inclusive contraria al criterio de la Corte. Unicamente le corresponde auscultar la cuestión fáctica cuando la valoración ha traspasado los límites de la razonabilidad para convertirse en absurda o arbitraria. Es decir que el encuadre constitucional de los hechos y su análisis son cuestiones reservadas al prudente arbitrio y discrecionalidad de los órganos que dictan las resoluciones.

La omisión de aplicar el procedimiento por el cual toda persona debe ser oída en ejercicio del derecho de defensa hace que se invalide cualquier resolución que pueda tomar el Concejo Deliberante y, en autos, no se advierte ni remotamente que en el procedimiento llevado a cabo para aplicar la sanción cuestionada el ocurrente haya tenido la posibilidad de ser oído, lo que conculca principios básicos que se deben resguardar y vulnera la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa.

Puesto que se ha llevado a cabo un procedimiento inconstitucional, violatorio de las garantías constitucionales, es deber de esta Corte hacerlo cesar en forma inmediata. En consecuencia, corresponde declarar nulo lo actuado por el Concejo Deliberante, el cual deberá restituir en su cargo al Concejal en forma inmediata.
Tratados internacionales, extradición, libertad de circulación
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Manulaki, Andrés Agustín s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Los convenios y las leyes de extradición constituyen restricciones a las garantías de libertad y de seguridad y son normas reglamentarias que establecen una excepción a la libertad de entrar, permanecer y salir del territorio nacional.
Litisconsorcio pasivo, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Top Cars S.R.L. c/ Lasquera Raúl Alejandro y otro s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-05-24

En principio, no cabe el pronunciamiento de sentencias parciales, en el supuesto de existir pluralidad de ejecutados, resulta inadmisible que se dicte sentencia contra uno solo de ellos, sin que previamente se haya intimado al pago y citado para defensa a los restantes, pues dentro de un mismo juicio procede el pronunciamiento de una sentencia única que comprenda a todos los litis consortes pasivos, salvo que el ejecutante haya desistido parcialmente de su pretensión.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Mario Alejandro c/ EN - SPF s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

Es procedente la medida cautelar peticionada en la acción contra el Estado Nacional donde se reclama que se incorpore al haber mensual como sumas remunerativas y bonificables las asignaciones derivadas del decreto 2807/93 y sus actualizaciones posteriores, ya que se cumplen los requisitos de rigor como la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, pues la espera de obtener una sentencia definitiva traería graves perjuicios al accionante, máxime en consideración al carácter alimentario de los rubros reclamados.
Proceso penal, reformatio in pejus, multa penal, aumento de la pena, fiscales, recurso de apelación (procesal), prisión, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Fontana, Carlos Alberto y otros. s/ Proceso penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La sentencia que aumentó la pena de multa incurrió en una reformatio in pejus violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional si el fiscal apeló la sentencia condenatoria únicamente en lo referente a la pena de prisión.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soler, Julio c/ González, Néstor s/ Daños y perjuicios Daunis, Carmen Cristina y otros c/ Caradonti, Andrés s/ Cumplimiento de contrato, disolución y liquidación de sociedad Weisheim, Alberto y otra c/ Aspiazu, Juan Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07|1997-07-15|2002-02-19

Lo que se valora en la instancia penal es la conducta del imputado, y cualquiera haya sido la opinión del sentenciante allí respecto de la actuación de la víctima en el evento dañoso, no obliga al juez civil cuya tarea se mueve en una dimensión distinta.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, resoluciones irrecurribles, acción de amparo
Materia: PENAL
Carátula: Asesoría General Tutelar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ALJ y otros c/ GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales y otros subsidios y sus acumulados s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar las quejas presentadas por el grupo actor ya que los recursos de inconstitucionalidad que intentan sostener no están dirigidos contra la sentencia definitiva del proceso, ni un auto equiparable a tal (arts. 26 y 32 de la ley n° 402). Este Tribunal ha establecido que las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, como sucede en el presente caso, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad por no constituir sentencia definitiva, excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza (in re: "VPA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ VPA contra GCBA y otros sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales", resol. del 20 octubre de 2021 y sus citas; Expte. n° 18291/2020-2). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Reordenamiento del sistema financiero, depósito a plazo fijo, indisponibilidad de los depósitos, reprogramación de los depósitos, recursos, admisibilidad del recurso, agravio concreto, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: T.E. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Es requisito esencial para la admisibilidad de los recursos la existencia de un gravamen o perjuicio concreto, cierto y resultante de la decisión que se apela (CNCiv., Sala C, R.258.511, del 22-12-98; id.id., R.296.896, del 22-8-00 y sus citas, entre otros precedentes). Si no ha sido expuesto -siquiera en forma indiciaria- qué lesión o daño ocasiona al apelante la decisión que recurre, es evidente que la queja formulada es inatendible.

En este sentido, es válida la resolución que ordena la transferencia de fondos colocados a plazo fijo de una sucursal bancaria a otra, si el banco no demuestra que el cumplimiento de la medida le ocasiona agravio concreto. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Proceso penal, acusación fiscal, ley procesal, interpretación de la ley, fiscales, deberes del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Q., J. s/ Cohecho (Expte Nº83-96, Resolución Nº59, Tomo 4, Folio 179)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-24

En el ámbito santafecino y en cualquier etapa del proceso, en caso de duda el Fiscal tiene el deber de acusar y solo ante la obtención de certeza negativa sobre los extremos de la imputación puede resignarlo. La no satisfacción de tal imperativo viola el principio de legalidad y el constitucional de acusatoriedad, y tiene como consecuencia procesal la nulificación del acto.
Gobierno provincial, responsabilidad de la provincia, registro de la propiedad inmueble, mutuo, inscripción registral, falta de inscripción, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Vara, Norma Elida c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Mutuo. Es responsable la provincia si al no dejar constancia en el Registro de la Propiedad de una operación de mutuo, frustró la garantía con que contaba la actora constituyendo el daño cierto que debe ser indemnizado.
Rechazo al pedido de prisión domiciliaria, fundamentación de sentencias, secuestro de estupefacientes, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: DUTTIL ESCOBAR, Víctor c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-01

El a quo señaló diversos elementos que a su juicio fundan la continuidad de la prisión preventiva en la modalidad que viene cumpliendo el encausado "la gran cantidad de material estupefaciente secuestrada, el comportamiento del imputado al momento de la detención, las características de los hechos y su gravedad, como así también la portación de una escopeta, con un cartucho de bala en su recámara, y que la organización a la que supuestamente pertenecía aún se encuentra siendo investigada y que todos sus miembros no han sido habidos". Destacó además la actitud asumida por el imputado, quien -de acuerdo a la acusación- habría intentado frenar el ingreso del personal policial a la finca allanada "apuntándoles con una escopeta, aspecto que refuerza el riesgo de entorpecimiento probatorio o elusión de la justicia (art. 222 del CPPPF), como así también existe un evidente riesgo de fuga frente a la magnitud de la pena en expectativa (art. 221 inc b. del CPPF)".
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, cuestión constitucional, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMBROSINO, CRISTIAN c/ FARINA Y AMBROSINO S.A.I.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Admitida la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto oportunamente, por entender que la postulación de arbitrariedad por soslayarse constancias de autos relativas a un acuerdo transaccional con alto contenido económico y efectos de cosa juzgada y extinción del proceso, contaba prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa y justificaba el franqueamiento de la instancia de excepción, y oído el señor Procurador General, en el nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar con los principales a la vista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, no se encuentran razones para apartarse de aquella decisión. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 11
Querellante, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: Macri, Mauricio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14

La pretensión del representante de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior de ser tenido por parte querellante no puede recibir favorable acogida en esta instancia, al no haber logrado demostrar que el decreto local que cuestiona irrogue a sus representados un perjuicio real y concreto, pues la privación de un aumento salarial docente derivada del dictado de dicho decreto es presentada por el recurrente como un perjuicio que no supera el carácter meramente conjetural. (Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani).
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, derecho al beneficio, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cristófaro, Virgilia c/ Caja Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

En principio, la igualdad ante la ley no resulta afectada por la existencia de regímenes diferentes en las distintas Cajas, en orden a los beneficios que ellas acuerdan, pero sí se vulnera tal principio cuando a través de una norma contenida en un régimen especial, se conculcan principios esenciales instituidos con carácter general en el sistema previsional argentino.
Procedimiento administrativo, trámites judiciales, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, Derecho laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUÑOZ, ELECTRA JOSEFA SALVADOR DE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO DE  REVOCATORIA CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA (CSJ EXPTE Nº 0004-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-21

Las leyes específicas que estatuyen el procedimiento administrativo provincial son la Nº 4106 y la Nº 7334, que constituyen un régimen que no puede verse desvirtuado por una norma prevista para cuando la Nación sea responsable del accidente, contenida en una ley nacional (en el caso en la Ley 9688). DE LA DISIDENCIA DE LOS DRES BARRAGUIRRE Y ULLA.
Daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Morgan Roberto Horacio  c/ La Caja S.A. s/ Daños Y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

La propia Ley 26.994 (Código Civil y Comercial) a través del punto 3.4 de su Anexo II dispuso la sustitución del art. 50 vigente hasta ese momento para reemplazarlo por esta nueva redacción: "Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas". De la sola redacción emana que el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor reformado fija el plazo de tres años sólo a las sanciones propias de dicho régimen dejando fuera de su ámbito las acciones judiciales, como por el contrario antes establecía el texto previo de dicha disposición.
Pensiones, hijos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BELTRAME, ROSA c/ Caja Nacional del Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Conforme la última parte del art. 26 de la ley 18.038, la pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación del causante, que en ningún caso genera, a su vez, derecho de pensión. Por ello, corresponde denegar el beneficio solicitado por la hija cuando la madre no era jubilada ni afiliada con derecho a jubilación, sino pensionada en goce del beneficio que le fuera otorgado con motivo del fallecimiento de su esposo.
Recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, motivación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Tayeda, Marta Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Tayeda, Marta Susana c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)" Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Tayeda, Marta Susana c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-19

Por el contexto en el que se produjo el acto impugnado era mayor que lo habitual la exigencia relativa a la exteriorización de las razones que indujeron a emitir el acto y a la necesidad de expresar los hechos y antecedentes que le sirven de causa así como el derecho aplicable (art. 7 inc. b) y e) LPACBA). Es que, si las faltas cometidas eran tan graves como lo postuló la Junta de Disciplina, el Secretario de Educación debió fundar por qué aplico una suspensión de 60 días y no la cesantía recomendada. Por el contrario, si las irregularidades no estaban totalmente probadas y excluían la sanción propiciada por la Junta debió expresar las razones que a pesar de ello justificaban suspender a la Sra. Tayeda. Parece ser que el funcionario, entre opiniones contrapuestas y sin valorar -por lo menos de manera expresa- las constancias incorporadas al sumario optó por resolver salomónicamente y aplicar una sanción intermedia evitando dar las razones del caso. Si estuviera suficientemente motivada puede que la decisión fuera razonable. De la forma en que se concretó simplemente es ilegal. El propio art. 36 del Estatuto Docente exige que "[l]a sanción que se aplique [debe guardar] relación con la gravedad del hecho, los perjuicios causados, los antecedentes laborales del imputado y las atenuantes y agravantes de cada situación"; exigencias que no satisface la resolución 2306/01. (Del voto en disidencia del Dr. Muñoz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: LABORAL
Carátula: García, Ricardo c/ SASETRU S.A.C.I.F.I.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Es inatendible el planteo formulado en el Recurso de inaplicabilidad de ley que se basa en argumentos desarrollados en el escrito de demanda que no fueron consignados en el veredicto dictado por el Tribunal del Trabajo.
Relación de dependencia, socio comanditado
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación de Empleados de Farmacia de la Provincia del Chaco c/ Farmacia Santa Rita y/o propietario s/ Cobro de aportes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-04-27

La Ley de Sociedades 19550, establece la solidaridad subsidiaria, solidaria e ilimitada de los socios comanditados, para con las obligaciones contraídas por la sociedad. Se trata de subsidiaridad, no de obligación directa. En el caso se inició la acción como corresponde, la demanda lo fue contra la sociedad y ésta fue condenada. Mal puede alegarse falta de legitimación pasiva, siendo que el apelante no fue demandado ni condenado. Siendo la responsabilidad del comanditado subsidiaria, la condena contra la Sociedad recién se podrá perseguir contra el/los socio/s comanditado /s previa excusión de los bienes sociales. Es decir, el socio no es parte en el proceso contra la sociedad, sin perjuicio del derecho que podrá hacer valer cuando se ejecute la sentencia contra el mismo, de conformidad art. 56 -Ley de Sociedades-. Tampoco ha existido indefensión respecto al apelante, ya que la demanda se dirigió como corresponde contra la sociedad, ésta no hizo uso del derecho de defensa, lo que no significa de manera alguna que no haya tenido derecho a la misma y fue condenada.
Daños y perjuicios, gastos médicos, farmacéuticos, exhibición de comprobantes, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas, Walter Gastón c/ Maiztegui, Héctor Ariel y otros s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

La presunción de existencia de los gastos médicos, farmacéuticos y sanatoriales, no implica desconocer que la omisión de acompañar comprobantes constituye un déficit. Tolerado, pero déficit al fin. Ante ello, y en virtud del principio de certeza, es desacertado mandar a pagar intereses sobre un rubro desde la fecha del accidente cuando se desconoce su efectiva erogación, su real existencia, pues implicaría incurrir en un exceso. En tales supuestos, corresponde la adición de intereses a tenor de la TABNA pero desde la fecha de interposición de la demanda hasta su pago, siendo dicha fecha la primera de la cual se tiene certeza.
Medidas cautelares, objeto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: S., S. N. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-05-19

Conforme el alcance de la medida cautelar puede apreciarse "... la coincidencia sustancial del objeto de la demanda y de la cautela, el dictado de esta última tendría los mismos efectos que la sentencia definitiva, corresponde concluir en su improcedencia, dado que su admisión excedería ciertamente el marco de lo hipotético, dentro del cual toda medida cautelar agota su virtualidad, máxime si no se advierte que el mantenimiento de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCHOA JACINTO RAMON c/ IOZZIA JUAN C. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS DE MAYO DANIEL RODOLFO c/ BELTRAN CARLOS ALBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-26|1983-11-08

Debe presumirse la culpa del invasor de la mano contraria, sea por adelantamiento, por giro a la izquierda o por cualquier otra causa y en tales supuestos, la prueba de la contribución culposa de quién es embestido en su mano reglamentaria de tránsito, debe ser categórica, no pudiendo refutarse desvirtuada aquella presunción con hipótesis forzosamente extraídas de indicios imprecisos o equívocos, que cuanto más llevarían a admitir que el embestido no realizó la maniobra o no adoptó la medida que se supone habría evitado el accidente, en tanto ello bien podría atribuirse a la confusión o inhibición psicomotora emocional de quien se ve, de pronto, enfrentado a salvar la imprevisible contingencia creada por el invasor.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telecomunicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Zamora,   Víctor   Gabriel c/ BSA  S.A.  y  otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29

Si la firma BSA S.A. se dedica en lo sustancial a prestar el servicio de atención y asistencia de consultas técnicas a los usuarios de la firma C.R.M. S.A., siguiendo las instrucciones y utilizando medios operativos suministrados por esta última, debe considerarse que la actividad desarrollada por la primera nombrada es inescindible del servicio de la otra firma. En mérito a ello corresponde la aplicación de la responsabilidad normada por el art. 30 de la LCT.