Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28


SENTENCIA Nº 38856 JUZGADO Nº 3 AUTOS: "DELLISANTI EDGARDO NESTOR c/ TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. SUC. ARGENTINA s/ DESPIDO" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la pretensión inicial, suscita la queja de ambas partes a tenor de los memoriales presentados por la demandada y el actor a fs. 1.353/1.357 y fs. 1.358/1.369, respectivamente. Asimismo, el perito contador cuestiona los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos.

II.- En lo que atañe al planteo de la parte demandada, es dable destacar que el monto de capital nominal objeto de revisión asciende a la suma de $ 1.050 y por ende, resulta inferior al tope contemplado en el art.106 de la L.O. -modificado por la Ley 24.635- que a la época de concesión del recurso (21/12/2009; ver fs. 1.373) era de $ 4.500 ($ 15 de bono arancelario conf. art.51 inc.d) Ley 23.187 x 300). Ello así, la suma aquí cuestionada resulta inapelable por el monto por lo que corresponde declarar mal concedida esta parte del recurso.

III.- Ahora bien, lo cierto es que el sentenciante "a quo" consideró que el cese dispuesto por el demandante no se ajustaba a derecho, rechazando su pretensión indemnizatoria. Para así resolver, sostuvo que la prueba producida -en particular, la testifical- era demostrativa de que el propio actor con su proceder había impedido que el telegrama de emplazamiento por él mismo enviado, a fin de que empleador aclarara su situación laboral y le otorgara tareas, llegara a su destinatario. Por lo demás, ponderó la conducta procesal del demandante, quien había omitido denunciar en el escrito inicial la obtención del beneficio jubilario en el año 2004; es decir, un año antes de los hechos que se ventilan, lo que permitía concluir que su actitud había estado reñida con el principio de buena fe y direccionada a provocar un despido indirecto, al que tachó de injustificado.

Contra tal decisión se agravia la parte actora y, mi criterio, le asiste parcialmente la razón.

El aspecto medular del debate se ciñe a dilucidar si ingresó en la esfera de conocimiento del empleador el emplazamiento cursado por el trabajador a fin de que se aclarara su situación laboral, y en el caso, si la respuesta fue extemporánea por tardía justificando la ruptura contractual, de no verse desvirtuada la presunción que emana del art. 57 de la L.C.T.

Tal como lo anticipé, considero que el análisis cronológico de los hechos que se ventilan permite delinear un escenario fáctico que no puede ser relativizado y lleva a concluir, a la luz del principio de primacía de la realidad, la falta de respuesta en tiempo y forma a la intimación cursada por el trabajador -aún en el contexto en que tuvo lugar; me refiero al cierre de la sucursal Argentina de Transportes Aéreos Portugueses S.A.-, con las consecuencias que de ello se derivan.

En efecto, no se discute que el 12 de setiembre de 2005, el actor remitió la C.D. Nº 726285009: "Ante inminente cierre del establecimiento y cese de operaciones en la Argentina y habiendo Ud. omitido proveerme tareas conforme mi antigüedad, categoría y jerarquía laboral, intímole para que dentro del plazo de 48 hs. me otorgue tareas efectivas, me dé instrucciones de trabajo claras y precisas y asimismo garantice mis eventuales créditos salariales e indemnizatorios frente a posible insolvencia de su parte, todo ello bajo apercibimiento, en caso de silencio o respuestas ambiguas, de considerarme gravemente injuriado y despedido por su exclusiva culpa.". El informe de Correo Argentino anejado a fs. 657, da cuenta que dicha pieza postal -hago hincapié, remitida al domicilio donde la requerida tenía el asiento de sus negocios y sede donde funcionaba la empresa (Cerrito Nº 1.136 EP; ver contestación de demanda a fs. 301)- fue entregada a su destinatario con fecha 13 de setiembre de 2005, recibida por una persona que dijo llamarse "Alcides".

Tampoco se cuestiona que el 17 de setiembre de 2005, el actor envió la C.D. Nº 738740266: "En atención al silencio por Ud. observado frente a mi anterior intimación, considérome gravemente injuriado y despedido por su exclusiva culpa. Intímole plazo 48 hs. me abone indemnizaciones leyes 20.744, 25.323, 25.345 y 25.561, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales en procura de su cobro...". Asimismo, a fs. 657, el Correo Argentino informó que dicha cartular había sido entregada el 19 de setiembre de 2005 y recibida por una persona que dijo llamarse "Alcides".

En concreto, se advierte que en ambas oportunidades fue la misma persona (Alcides) la que recepcionó los telegramas envíados por el actor y no el propio remitente, tal como alega la demandada en el responde (ver, fs. 308, primer párrafo), y lo cierto es que no se ha indicado, frente a las características de lo sucedido y la cuestión sustancial que nos convoca, quién era y la calidad que revestía en el organización empresaria -o no- el receptor de ambas piezas postales.

Por otra parte, surge del instrumento público agregado a fs. 149/155 que desde el 25 de agosto de 2005, el Dr. Pedro Nolasco Valiente Noailles fue designado para actuar en nombre y representación de Transportes Aéreos Portugueses S.A., invistiendo amplias facultades de administración y entre ellas, el ejercicio de la defensa de los intereses de su mandante como empleador.

Fue precisamente en tal carácter que Valiente Noailles remitió la C.D. Nº 721766349 con fecha 20 de setiembre de 2005 (ver, fs. 168) al actor y cuya parte pertinente transcribo, pues me persuade en sentido favorable a la posición del demandante, ante la notoria contradicción que se advierte entre los términos de la epistolar y de la contestación de demanda: "Me dirijo a Ud. en mi carácter de apoderado de la sucursal Argentina de Transportes Aereos Portugueses S.A. en relación a la carta documento Nº 726285009 por Ud. enviada con fecha 12/9/05 que recién fue recibida por el suscripto con fecha 16/9/05 cuando en oportunidad de reunirse Ud. con el suscripto me hizo entrega de la misma, pese a que dicha carta documento había sido recepcionada en el domicilio local de Transportes Aéreos Portugueses con anterioridad.y que Ud. retuvo en su poder la carta documento antes referida desde que fue notificada el 13/9/2005 hasta el momento en que me la entregó el 16/9/05 en el domicilio de mi estudio..Carlos P.N. Valiente Noailles.- (la negrita me pertenece).

Ahora bien, en el escrito de responde (fs. 299/394), la versión vertida por la demandada con relación a lo sucedido en orden a las circunstacias que rodearon la entrega de la mentada carta documento remitida por el trabajador no se compadece con lo afirmado en el telegrama precedentemente transcripto y ni siquiera con lo que surge asentado por la Escribana González Victorica de Dolhare en el Acta Notarial de Constación y Notificación que obra a fs. 156/157, de cuya autenticidad da cuenta el informe evacuado a fs. 622.

Digo esto, toda vez que la demandada refiere que el 16 de setiembre de 2005 se encontraban presentes en el estudio del Dr. Valiente Noailles (Cerrito Nº 1154, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): la Escribana Victorica de Dolhare -requerida por este último para certificar los hechos que tuvieron lugar en ese acto- , el Dr. Valiente Noailles y el actor, a quien se le notificó que debería iniciar los trámites jubilatorios. A reglón seguido, la demandada afirmó que luego que la Escribana cerró el Acta y se retiró, el hoy accionante habría dejado en forma maliciosa sobre el escrito del Dr. Valiente Noailles el telegrama intimando a que se aclarara su situación laboral, una vez vencido el plazo para su contestación (recordemos que el Correo Argentino informó que la recepción de la pieza postal había sido 13 de setiembre de 2005) (ver, contestación de demanda a fs. 307 vta/308).

Sin embargo, el Acta Notarial del 16 de setiembre de 2005 echa por tierra las afirmaciones del empleador. Ello es así, habida cuenta de que, contrariamente a lo argüido, la Escribana Victorica de Dolhare a solicitud del propio Valiente Naoilles se constituyó en el domicilio de la demandada; es decir, en Cerrito 1136, entrepiso y no en el domicilio de Valiente Noailles.

En síntesis, la demandada incurre en graves contradicciones a la hora en que pretende explicar por qué no respondió en tiempo y forma al emplazamiento cursado por el trabajador, intentando atribuirle la responsabilidad por su inobservancia de la obligación de expedirse cuando requerida en tal sentido; ora invocando que el actor le habría entregado tardíamente la epistolar en mano a Valiente Noailles el 16 de setiembre (versión de la C.D. Nº la C.D. Nº 721766349; ver fs. 168); ora que éste la habría dejado maliciosamente el 16 de setiembre sobre el escritorio de Valiente Noailles localizado en Cerrito Nº 1154, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (versión de la contestación de demanda); no obstante, reitero, el Acta de Constatación y Notificación labrada por la Escribana Victorica de Dolhare da fe que los hechos del 16 de setiembre de 2005 (entrega de llave del establecimiento y demás documental) tuvieron lugar en el domicilio legal y sede operativa de la empresa (Cerrito Nº 1.136, EP), y por ende, descarta ambas versiones de la demandada.

A partir de lo expuesto, en mi opinión, concurren circunstancias que impiden cohonestar con la posición del empleador y me llevan a concluir que la falta de contestación en forma temporal al telegrama remitido por el trabajador (C.D. Nº 726285009) se trata de una negligencia atribuíble a la destinataria, debiéndosela tener por notificada del mismo el 13 de setiembre de 2005, por cuanto el deber de diligencia y buena fé (arts. 62, 63, y cctes. de la L.C.T.) imponía que extremara los recaudos a fin de recepcionar las notificaciones que le fueran remitidas en el marco de las relaciones laborales vigentes a la fecha de los hechos que se ventilan.

Desde tal perspectiva, es evidente que la intimación del trabajador resultó hábil y por ende, se torna aplicable al sub examine las disposiciones del art. 57 de la L.C.T., toda vez que la respuesta del empleador (C.D. Nº 721766349; de fecha 21 de setiembre de 2005) sobrepasó holgadamente el plazo de dos días hábiles previstos en el dispositivo legal (ver, fs. 167).

Ahora bien, el "silencio del empleador" sólo constituye una presunción "iuris tantum" en su contra, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, pero no importa, por sí sola, una pauta definitoria para la resolución del conflicto. No resulta ocioso recordar que las presunciones legales no constituyen otra cosa que ficciones técnicas que permiten exonerar de cargas probatorias a los sujetos beneficiados con ellas y que pueden ser desvirtuadas por prueba en contrario.

En el particular supuesto, el actor solicitó que le otorgaran tareas y le dieran instrucciones de trabajo claras y precisas (ver, C.D. a fs. 164). Ello tuvo lugar, en el marco del cese de operaciones de Transportes Aéreos Portugueses S.A. sucursal Argentina (cuestión no controvertida en estos actuados) el 31 de agosto de 2005, según surge -entre otros- del informe evacuado por la Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos de la República Argentina Fiscalización Empresas de Aeronavegación (ver, fs. 38). Desde tal perspectiva, era carga de la parte demandada acreditar que efectivamente le había otorgado tareas y así demostrar que la intimación resultaba infundada. En este sentido, si bien a fs. 306 vta. /307, la demandada informó cuales habrían sido las mentadas tareas, no hay prueba concluyente en el expediente que me permita formar convicción en orden a que el actor había sido fehacientemente informado de las mismas, y para más, el telegrama enviado por el empleador el 20 de setiembre de 2005 (ver, copia a fs. 239) tampoco da respuesta a ese interrogante, pues se limita a afirmar en forma dogmática que el actor habría recibido "instrucciones claras y precisas" sin indicar, tal como se le había solicitado y en concreto, cuáles eran.

Aclaro que sobre los correos electrónicos que la demandada dijo haber remitido al actor con instrucciones de trabajo, no se produjeron evidencias forenses de esta información para su utilización como medio probatorio, y para más, los dichos de Nascimento y Sandra Giulito (ver, fs. 1.321/1.326) se advierten débiles, imprecisos e inclusive se contradicen entre sí, a punto tal que Nascimento declaró que el actor "no necesitaba de ninguna orientación directa de los superiores en Argentina y que al momento del cierre (el testigo) no había participado directamente del proceso, y Giulito manifestó que "no sabía informar la fecha en que se le habían otorgado tareas precisas al actor relacionadas con el cierre de la actividad comercial en la Argentina" (arts. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.).

En concreto, del plexo probatorio reseñado se colige que la demandada no ha logrado desvirtuar la presunción que emana del art. 57 de la L.C.T., y por ende, sólo cabe concluir que la rescisión contractual impulsada por el actor (Gerente Financiero de TAP en Argentina; ver informe a fs. 59/61) ), luego de esperar un tiempo más que prudencial por la respuesta del empleador, fue ajustada a derecho, resultando acreedor de las indemnizaciones derivadas del despido (arts. 242 y 246 de la L.C.T.).- IV.- Zanjado este aspecto, advierto que en el escrito de demanda, el actor reclamó las reparaciones tarifadas sobre la base de los siguientes parámetros: 35 años de servicio (computando el ingreso el 10/2/71) y una remuneración de $ 2.816,67 (ver, fs. 4).

A fs. 721, la demandada denunció como hecho nuevo y sobre la base del informe evacuado por la perito contadora a fs. 519/573, que el actor había obtenido el beneficio jubilatorio en octubre de 2004. Corrido el pertinente traslado, el sentenciante "a quo" tuvo presente lo manifestado por las partes para la etapa prevista en el art. 95 de la L.O.

A fs. 1.281/1.284, el informe de la ANSES corrobora que el actor se encontraba efectivamente jubilado desde octubre 2004 como dependiente de la demandada.

La perito contadora aclaró que el actor había prestado servicios para Transportes Aéreos Portugueses S.A. Suc. Argentina desde el 10/2/1971 hasta abril de 1976 inclusive, y percibido la correspondiente indemnización, para luego reingresar en mayo de 1979 hasta el despido en setiembre de año 2005, cuestión que arriba firme a esta Alzada.

Desde tal perspectiva, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 163, inc. 6º, 2º párrafo del C.P.C.C.N. , lo prescripto por el art. 253, último párrafo de la L.C.T. y la doctrina que emerge del Fallo Plenario nº 321 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en tanto dispone que: "Es aplicable lo dispuesto por el art. 253 último párrafo L.C.T., al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio jubilatorio", corresponde practicar la liquidación de los rubros de condena, computando a todos los efectos una antigüedad en el empleo de un (1 año). Asimismo, el perito contador informó a fs. 597 -sin merecer objeción de la parte actora por lo menos en este aspecto (ver, fs. 689/690)- que la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada y percibida por el actor durante el lapso computable había sido de $ 2.771 (art. 386 y 477 del C.P.C.C.N.). Ello así, en la medida que no existe en la litis elemento probatorio alguno de mayor eficacia que desvirtúe sus conclusiones, he de adoptar el salario indicado como módulo de cálculo de las reparaciones tarifadas.

V.- Ahora bien, en su escrito inicial, el actor adujo la aplicación del CCT Nº 130/75 y a partir de ahí, reclamó el reconocimiento de la asignación complementaria establecida en el art. 40, por el período no prescripto. Asimismo, cuestionó la razonabilidad del tope indemnizatorio contemplado en el art. 245 de la L.C.T. y solicitó que se valorase la conducta de la demandada en los términos del art. 275 de la L.C.T.

En ese orden, cabe recordar que el ámbito de aplicación de los convenios colectivos de trabajo se rige, en principio, por la actividad principal de la empresa donde presta servicios el trabajador.

Por ser ello así, en mi opinión y teniendo en cuenta la finalidad económica de la requerida en su aspecto principal (empresa de navegación aerocomercial) surge pristina la aplicación del CCT Nº 271/75, cuya partes intervinientes son la Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados y las Compañías Privadas de Aeronavegación Comercial, entre las que cabe incluir a la hoy demandada. El hecho de que esta última se valiera de la venta de pasajes para cumplir con sus objetivos, reviste carácter meramente instrumental y en modo alguno conlleva a la aplicación del convenio de comercio, lo que me permite desestimar, sin más, el reclamo del beneficio contemplado en el art. 40 de este último.

La cuestión relativa a la inconstitucionalidad del tope deviene abstracta pues, en virtud de la antigüedad computable, le corresponde al accionante la indemnización mínima establecida en la norma legal aludida.

En orden a los alcances del art. 275 de la L.C.T. sobre el particular supuesto, llega firme a esta Alzada lo resuelto por el sentenciante "a quo" en la etapa anterior, por lo que no corresponde expedirse al respecto.

Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, me permito agregar que en modo alguno observo un uso desaprensivo de la jurisdicción -litigar con la conciencia de la sin razón- o la articulación de defensas claramente obstruccionistas con el fin de controvertir o dilatar una situación clara de derecho. El demandado hizo ejercicio regular de un legítimo derecho como es el de defensa y debido proceso (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional), circunstancia que excluye per se la sanción prevista en el art. 275 de la L.C.T. VI.- Por otro lado, con relación a la antagónica postura adoptada por las partes en orden a la procedencia o no de ciertos rubros reclamados al demandar (haberes a la fecha del distracto, sueldo anual complementario proporcional 2º semestre y vacaciones proporcionales; ver liquidación a fs. 4, ptos 1.- 4.- y 5.-), si bien el perito contador informó a fs. 597 pto. 6.- y fs. 834 Pto.4.-, que la demandada había abonado las partidas mencionadas, lo cierto es que estimo atendible los reparos opuestos por la parte actora a fs. 689/690. Los recibos acompañados por la demandada (ver, copias a fs. 268 y 269) fueron específicamente desconocidos a fs. 359 vta., sin que se hubiera impulsado la producción de la prueba percial caligráfica ofrecida a fs. 321. Ap. d).

No resulta ocioso recordar que todo pago en concepto de salario debe instrumentarse mediante recibo firmado por el trabajador (art. 138 de la L.C.T), y que dicho instrumento constituye la prueba idónea para acreditar la cancelación de las obligaciones laborales. Ello así, corresponde hacer lugar a la pretensión en tanto persigue el pago de los haberes devengados durante el mes de setiembre de 2005, SAC y vacaciones proporcionales 2005, cuyo cálculo se difiere al momento de practicar la liquidación.

VII.- Por su parte, la demandada planteó la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561, art. 4º del decreto 264/02 y del decreto 883/02.

Respecto del artículo 16 Ley 25.561, cabe memorar que esta Sala, en su anterior composición y con fundamentos que en lo principal comparto y a los que me remito, se ha expedido reiteradamente por la razonabilidad de la norma, entre otros, in re "Grobas Jesus v. Macegui S.A. y otro" (sentencia definitiva nº 32.959 del 28.12.05).

Con relación al planteo de inconstitucionalidad de los sucesivos decretos que prorrogaron la vigencia del artículo 16 de la Ley 25.561 y del decreto 264/02, considero que su tratamiento resulta inoficioso.

En efecto, al momento del despido (19/9/2005; cf. fecha de recepción de la C.D. Nº 738740266; ver. fs. 648 e informe de Correo Argentino a fs. 657) se encontraba vigente la Ley 25.972 (18.12.04), cuya petición de inconstitucionalidad no fue planteada. Esta normativa dispuso en su artículo 4º que "...en caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el P.E.N. por sobre la indemnización que les correspondiera conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo...".

Asimismo, se encontraba vigente el decreto 2014/2004 que estableció ".a partir del 1º de enero de 2005 los empleadores, en caso de producirse despidos en contravención a la suspensión dispuesta en el art. 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, deberán abonar a los trabajadores afectados un ochenta por ciento (80 %) adicional por sobre los montos indemnizatorios que les corresponda". El art. 2º dispuso: "A los efectos del cálculo de las sumas referidas en el artículo precedente, el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo.".

Ahora bien, aun cuando el art. 2º del dec. 2014/2004 extendió la incidencia a los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo con una fórmula similar a la contenida en el art. 4º del dec. 264/2002, lo cierto es que el art. 16 de la ley 25.561 toleraba dicha interpretación por vía reglamentaria en función de la amplitud de la norma que aludía a "la indemnización que les correspondiese", criterio que no puede ser trasladado al art. 4º de la ley 25.972, que taxativamente remite a la indemnización establecida por el art. 245 de la L.C.T. y sus modificatorias. En efecto, tal como ya tuve oportunidad de expedirme como Juez a cargo del Juzgado del Trabajo Nº 28, el texto de la ley es claro, por lo cual es válido concluir que el adicional debe calcularse exclusivamente sobre la reparación prevista por el citado art. 245, lo cual ciñe el incremento a la llamada indemnización por despido y excluye los demás resarcimientos que el trabajador percibe como consecuencia de la cesantía (indemnización sustitutiva del preaviso, la llamada integración del mes de despido, así como otras reparaciones previstas por estatutos especiales).

En consecuencia, declararé en el caso en concreto la inconstitucionalidad del decreto 2014/2004, limitando la reparación prevista en el art. 4º de la ley 25.972, al 80 % de la suma que corresponda en concepto de indemnización por antigüedad. Así lo voto.

VIII.- En otro orden, llega firme a esta Alzada que acaecido el distracto, el empleador no abonó las indemnizaciones legales, dando motivo al inicio del presente reclamo. Por ende, verificados los requisitos sustancial y formal (ver, C.D. Nº 739973430, a fs. 335 e informe de Correo Argentino), propongo hacer lugar a la indemnización prevista en el art. 2º de la ley 25.323, ya que la reparación no se vincula con la causa del cese sino con la conducta dilatoria del obligado al pago.

Para más, la disposición legal no excluye a los despidos indirectos y mal podría hacerlo porque, de ser así, bastaría que el empleador obligue al trabajador a colocarse en situación de despido para negar el derecho a su cobro. En concreto, cuando la ruptura del contrato de trabajo es justificada la sanción es procedente.

IX.- Igual temperamento sugiero adoptar con relación a la indemnización del art. 80, 3º párrafo de la L.C.T.

En lo que interesa, la norma bajo análisis prescribe que al momento de extinguirse la relación laboral el empleador debe entregar dos certificados (el destacado me pertenece). Uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y otro -precisamente el que se ha omitido- con las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social (apartado tercero).

Toda vez que no se discute que el empleador omitió la entrega del "Certificado de Trabajo", sugiero hacer lugar a la reparación prevista en el tercer párrafo de la norma, conforme la modificación introducida por el art. 45 de la ley 25.345.

X.- Como correlato de todo lo expuesto, corresponde diferir a condena la suma de $ 23.306,50 -con más los intereses fijados en la etapa anterior que llegan firmes a esta Alzada-, según los siguientes parciales: a) Indemnización por antigüedad = $ 2.771; b) Indemnización sust. de preaviso = $ 2.771; c) Indemnización integración mes de despido= $ 1.016; d) SAC s/ preaviso= $ 230,91; e) Sac s/ integración= $ 84,66; f) Art. 2º ley 25.323 = $ 1.385,50; g) SAC prop. 2005= $ 607,35; h) Vacaciones proporcionales 2005= $ 1.105,36; i) días trabajados en setiembre 2005 (19) = $ 1.755; j) Art. 80 L.C.T. = $ 8.313; k) Art. 4º ley 25.972 = $ 2.216,80; sub total = $ 22.256,58 más la suma de $ 1.050 (cf. lo resuelto en el pronuncimiento de grado) .

XI.- A influjo de las solución propiciada y conforme a las directivas contenidas en el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios, por lo que deviene inoficioso expedirse respecto de los agravios introducidos en su relación.

Las costas del proceso se impondrán a la demandada vencida en lo sustancial (art. 68 del C.P.C.C.N.), a cuyo efecto, estimo adecuado regular los honorarios de las representaciones letrada de la parte actora y demandada, por la totalidad de los trabajos realizados, y los emolumentos del perito contador en el 20 %, 15 % y 8 %, respectivamente, sobre el monto de condena (capital más intereses) (cf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19,37, 39 y cctes. de la ley 21.839; t.o. ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

EL DR. LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Revocar la sentencia de grado en lo principal que decide y fue materia de apelación y agravios, y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 23.306,50, la que se verá incrementada con los accesorios dispuestos en la etapa anterior;

2)	Imponer las costas de ambas instancias a la demandada;

3)	Regular los honorarios de las representaciones letrada de la parte actora y demandada, por la totalidad de los trabajos realizados, y los emolumentos del perito contador en el 20 %, 15 % y 8 %, respectivamente, sobre el monto de condena (capital más intereses) Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- D.S.

VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA Ante mí:	ALICIA E. MESERI	SECRETARIA