marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Gonzalez, Luis Arnoldo. c/ Centenera Fábrica Sudamericana de Envases. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

De conformidad con lo normado por el art. 1107 del C.C. va de suyo que es la propia ley la que decide, conforme al supuesto fáctico específicamente delimitado, el régimen de la solución aplicable, derivando la extensión del resarcimiento, el plazo de la prescripción y en general todas las consecuencias conceptualmente identificables en uno u otro sistema de las notas características del hecho respectivo.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compagnoni, José c/ Vázquez, Isidro s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

Las instituciones jurídicas no dependen de la denominación con que se las designe por los otorgantes de los actos sino que deben analizarse de acuerdo con la realidad de su esencia, que prevalece, de no existir correlación, sobre el nombre con que se las haya designado.
Nulidad procesal, declaración del imputado, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: OTERO, RICARDO s/ Incidente de apelación de falta de mérito Causa Nro. 35673.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

Aún cuando no haya sido requerida, corresponde declarar la nulidad de la declaración prestada por el imputado ante el Juez, en la causa instruida a raíz de una denuncia de falsificación de constancias de pago de tributos si el acta labrada constata que luego del interrogatorio de identificación se lo invitó a declarar sin apercibirlo previamente de cuál era el hecho que se le atribuye.

Dicha omisión, además de transgredir la ley procesal, viola la garantía constitucional de defensa en juicio y supone una inobservancia de las disposiciones sobre la intervención del imputado.
Notificación, recurso jerárquico
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Akl de Dumit Najla c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Inconstitucionalidad (Libro: S054-051) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-07-13

El decreto del Poder Ejecutivo por el cual se resuelve un recurso jerárquico, debe considerarse notificado por su publicación en el Boletín Oficial, conforme el Decreto 65-G-1938, respecto de quien no lo interpuso y no fue parte en el expediente en que se dictó. En tal virtud, quien se encuentre en esta última situación para impugnarlo por demanda de inconstitucionalidad y contencioso administrativa, debe hacerlo dentro de los términos legales a contar desde la notificación en la forma referida.
Poder Judicial, remuneración
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Carlos Francisco RUIZ VARGAS y otros c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ RECURSO   EXTRAORDINARIO  -  CUESTION  FEDERAL  -  PODER  JUDICIAL  -  REMUNERACIONES  -  DERECHO PUBLICO LOCAL - INTERPRETACION DE LA LEY - RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Si la aplicación por la Suprema Corte de Tucumán de las normas que rigen las retribuciones de los ministros de la Corte Suprema de la Nación se imponía por la remisión que dispone el art. 1 de la ley 5663 local, con ello no se alteró la naturaleza del derecho público local, sino que aquellas normas nacionales se incorporaron al mismo por decisión de las autoridades provinciales y dentro de las facultades a ellas reservadas (arts. 104 y 105 y concordantes de la Constitución Nacional).
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Graciano J. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

La presentación efectuada por la reclamante en agosto de 1991, en la que pidió la baja de la jubilación nacional a los fines de la solicitud de una prestación ante el Instituto de Previsión Social -sin efectuar precisiones respecto al tipo de beneficio-, luego de detectarse que estaba percibiendo una jubilación nacional con servicios mixtos es una manifestación clara de su intención de impulsar las actuaciones, sin que obste a ello el hecho de el organismo provincial no pudiere expedirse, en tanto lo que la norma aplicable requiere a los fines de otorgar efecto interruptivo de la prescripción es que el peticionante tenga derecho al beneficio que solicita a la fecha de la presentación (art. 56 in fine del dec. ley 9650/1980).
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cambronera, Ismael c/ Miguetorena de Barbería s/ Inc. de nulidad de subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

El plazo para el planteo de nulidad es perentorio y su respecto como tal es obligatorio para los jueces, que, de oficio, deben rechazar cualquier pedido realizado fuera de él, supliendo la omisión o silencio de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, juicio político, tribunal de enjuiciamiento, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa s/ recurso en SCD-187/09 s/ denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

El agravio referido a que en el trámite preliminar previsto en la resolución del consejo de la Magistratura, al dársele traslado de los hechos que dieron origen a la denuncia del señor Ministro de Justicia, se omitió encuadrarlos en alguna de las hipótesis previstas como causales de destitución o de sanción disciplinaria y, con ello, que se afectó su derecho de defensa, sin conocimiento preciso de la causal que efectivamente se le iba a atribuir, fue resuelto oportunamente primero por el propio Consejo de la Magistratura y luego por el Jurado de Enjuiciamiento, y la argumentación que realiza la recurrente es una simple reiteración de la expuesta anteriormente, y trasunta la mera discrepancia con los fundamentos brindados por el Consejo y el Jurado en esas oportunidades, discrepancia que lejos está de constituir un nítido, inequívoco, concluyente, flagrante y grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Penas contravencionales, concurrencia de penas, multa contravencional, obligación de realizar trabajos comunitarios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V., E. s/ Obstrucción en la vía pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

El artículo 24 párrafo IV del Código Contravencional impide la aplicación conjunta de las penas de multa y trabajos de utilidad pública; para ello tenemos en cuenta que ambas son penas de carácter dinerario - directo en el caso de la multa e indirecto en el otro- por lo que el legislador ha vedado su imposición conjunta, lo que también ocurre con la otra pena de ese carácter -la reparación- que tampoco puede ser aplicada con alguna de las otras dos mencionadas.
Recurso de casación, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORTAROLO, LUIS Y SUCESIÓN ANGELINA VIUDA. c/ GRISANTI HERMANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-04-25

NO ES FUNDADO EL RECURSO QUE OMITE LA RÉPLICA CONCRETA DE LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO Y DE LAS CONSIDERACIONES EN QUE EL MISMO SE ESTRUCTURA.
Instancia administrativa previa, reclamo administrativo previo, excepciones dilatorias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Q., H.R. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-08

La reclamación administrativa previa configura un presupuesto procesal que podría dar lugar a la llamada excepción dilatoria, como defensa y de tratamiento previo.

Cuando es interpuesta, se ha admitido en el marco de la excepción de falta de legitimación y así, si la misma no es manifiesta, se considera al dictar la definitiva.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS JOSE ANTONIO, ACOSTA ESTEBAN ANDRES S.D ROBO, ROBO AGRAVADO CON ESCALAMIENTO E.P. MARTA PINEDA;AGUILERA NAHIARA Y JOSE RICARDO CHAYEP. s/ CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 365 DEL CODIGO PROCESAL PENAL -ELEVACION A JUICIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-09-08

El sistema acusatorio adversarial, preve un pool de jueces que no tienen bajo su dependencia ningún organismo jurisdiccional.
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, derecho penal de autor, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V. G, R s/ Articulo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-12

Resulta inaceptable que el mero hecho del ofrecimiento de sexo en los espacios públicos genere de por sí la alteración de la tranquilidad pública. Tal concepción peligrosista conduciría inexorablemente a la represión del agente no por lo que hace, sino por lo que es, en franca manifestación del derecho penal de autor, cuya aplicación en nuestro derecho positivo se encuentra expresamente fulminada por la disposición del artículo 13 inciso 9no. de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debe recordarse también, en tal sentido, lo que establece el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de aplicación en la especie conforme lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Angel, Luis Samuel s/ Robo y encubrimiento s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-26

Aplicar una norma jurídica a un caso que reclama la aplicación de otra implica siempre una inobservancia de esta última. Dentro de éste concepto se han comprendido, entre otros supuestos, el error en la aplicación cuando se aplica a un hecho no correspondiente con la norma. (En disidencia: Dr. García Osella).
Responsabilidad civil, Estado Provincial, indemnización, obligaciones concurrentes
Materia: PENAL -CIVIL
Carátula: NIEVAS FRANCISCO s/ RESPONSABILIDAD CIVIL - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-22

S i, son obligados por el daño resarcible nacido "ex delito", solidariamente,entre s i,los autores del hecho por el delito cometido,a la par,"in solidum" con el superior gobierno de la provincia por la relación de dependencia con uno de los autores de los homicidios; y a su vez, la entidad crediticia asumió su responsabilidad por el daño resarcible entendiendo que ella nacía de su relación laboral con las víctimas del suceso lo que generó por su relación contractual la intervención de la citada en garantía -la compañía de seguros-, de suerte que el banco quedó como un obligado "in solidum" con los otros, estos es los autores y el superior gobierno de la provincia, el pago efectuado por la citada en garantía en virtud del contrato de seguro existente con la entidad crediticia constituyó la extinción de la obligación por la que se responsabilizó a aquella, más no, la del superior gobierno de la provincia. Ello es así porque si los herederos forzosos de los empleados muertos a raíz del robo efectuado (entre otros) por el acusado se anticiparon a efectuar en los convenios (homologados judicialmente por ante el juzgado de conciliación de Río IV), la reserva por una mayor suma perseguible en contra de los otros sujetos obligados al pago y luego efectivamente demandaron, debe interpretarse que efectuaron una remisión parcial de la deuda en favor de la citada en garantía. Sin embargo, en las obligaciones "in solidum" la remisión de la deuda hecha en favor de uno de los deudores no aprovecha a los demás de tal suerte que el pago efectuado por la citada en garantía tuvo efecto extintivo para ella y naturalmente, para su asegurado: el banco, pero no para los otros obligados en contra de quien subsistió la posibilidad de ser demandados y la de acogerse a la demanda, si el juez competente para resolver el monto del daño resarcible, entendía que, con arreglo al cálculo razonablemente efectuado de lo que se debe, lo pagado por alguno de los obligados "in solidum" en favor de quien se efectuó una remisión parcial, no alcanzaba a satisfacer el principio de la reparación integral plena (c.C., 1078, 731, 3ro. "a contrario sensu", 707 "a contrario sensu").-
Pago de la remuneración, cesantía
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Zapata, Eliazer Froilán y Otros c/ Municipalidad de Rawson s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-22

No procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas, correspondientes al lapso que media entre la separación del cargo y su reincorporación, sin perjuicio del reclamo de los daños que pudo efectivamente causarle la ilegítima cesantía.
Requisa personal, estado de sospecha, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL
Carátula: Susic, Cristian Martín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-01-19

Prescindiendo del resultado de las medidas, no cabe considerar como una actitud sospechosa de la comisión de un ilícito la de quien en horas del mediodía intenta "cambiar el rumbo", pues para que la policía pueda efectuar requisas sin la orden judicial pertinente, de conformidad con lo dispuesto por el inc. 5° del art. 184 CPPN, debe hacerlo con arreglo al 230 bis CPPN. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Lesiones graves, recurso de casación, fundamentación suficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Espinosa, Diego Sebastián s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra de la Sentencia 46/12 referente al Expte. Letra 'E' Nº 30/10: Espinosa, Diego Sebastián p.s.a. Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-22

La Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en su conformación unipersonal, declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Lesiones Graves previsto y penado por los arts. 90 y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso (arts. 26, 40 y 41 del Código Penal).

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación invocando el motivo previsto en el inc. 2º del art. 454 del C.P.P.

En cuanto a la queja referida a que el juzgador no valoró la declaración del imputado, corresponde que la misma sea desestimada porque esa posición defensiva no encuentra sustento en el material probatorio incorporado, y por ello es correcto concluir que tales dichos no tienen entidad para hacer variar la conclusión condenatoria de la sentencia.

En efecto, la labor de integración del fallo no tuvo correlato en la argumentación del recurrente, quien se ha restringido a formular críticas que desoyen la convergencia que sustenta suficientemente la conclusión alcanzada.

En definitiva, ninguna duda cabe respecto a la existencia del hecho -la que no ha sido cuestionada- y a la participación punible del acusado Espinosa en el mismo.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Recurso extraordinario, competencia de la Corte Suprema, declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye una de las más delicadas de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que impone a la Corte la mayor mesura al ejercer el elevado control de constitucionalidad de las leyes, mostrándose tan celosa en el uso de su facultades, cuando en el respeto que la  Ley Fundamental asigna, con carácter privativo a otros poderes (Voto de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor y Guillermo A. F. López).
Postergación en el ascenso, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cozzi Jorge Alberto c/ E.N. -Min. de Defensa- Prefectura Naval Arg. s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

Procede la reparación del daño moral ocasionado por el acto administrativo que temporaria e injustamente postergó en el ascenso al Prefecto General, situación ésta que subsanó, después de una intensa acción impugnatoria, a través del dictado de un decreto del P.E.N.
Intereses, obligaciones de dar sumas de dinero, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: BLANCO DARIO JULIO c/ CNAS s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-22

En el nuevo artículo 623 del Código Civil, ha sido mantenido el principio sentado en el anterior, en el sentido de que -como excepción a la regla general que la prohíbe- en las deudas de dinero, la capitalización de intereses es posible si existe convenio entre deudor y acreedor, que no debe ser posterior al nacimiento de la obligación, o cuando liquidada la deuda judicialmente con los accesorios, el juez mandase pagar lo que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo (cfr. Sala III, Causa 5.151/93 del 22.9.93; Sala I, Causas 2.571/93 del 24.8.95; 2.021 del 31.3.92; asimismo CSJN, in re "Jucalan Forestal Agropecuaria SA c/Provincia de Buenos Aires", del 24.3.92 y "Santa Cruz, Provincia de c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) s/Ejecución Fiscal", del 2.2.83).
Procedimiento administrativo, domicilio constituido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. c/ Cortés Luis Alberto s/ lanzamiento ley 17.091
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-11

Del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (art. 21), surge que el domicilio constituido produce todos sus efectos sin necesidad de resolución y que "se reputa subsistente mientras no se designe otro".
Contrato de obra pública, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Constructora Enrique J. Alfaro c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

La modificación de las fórmulas de ajuste de precios establecida contractualmente constituye una cuestión que resulta ajena al ámbito del proceso contencioso administrativo.
Honorarios, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Expreso Nueve de Julio S.A. s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

De la misma manera que una regulación ínfima no sería válida por no guardar relación con una retribución justa de los profesionales conforme a las circunstancias económicas imperantes al fijarla, tampoco puede serlo establecer un honorario exorbitante, ajeno a toda proporción con los intereses controvertidos.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, acción civil, falsa denuncia
Materia: CIVIL
Carátula: MANGONE, MARCELO c/ WILSON, IRMA s/ CONTRATOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-26

Son requisitos para la aplicación del CCIV:1090: la denuncia ante autoridad competente de un delito de acción pública, la falsedad de la denuncia, la relación de causalidad, y el factor subjetivo de atribución, es decir, que la denuncia haya sido efectuada contra una persona que se sabe inocente.

La denuncia, debe ser falsa, mentirosa, bien porque el delito no se haya cometido, bien porque el imputado no haya participado en él.

La inocencia debe surgir de una resolución judicial; de ahí que la absolución del imputado o el sobreseimiento sea un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado; si esta resolución faltase, no habría posibilidad de plantear la cuestión en sede civil.

Al momento de sentenciar, el juez considerará que este presupuesto existe (adviértase que no es necesario que el juez penal haya procedido a la apreciación de calumniosa de la denuncia, pues ese juez ante quien se reclama el resarcimiento el que debe efectuar la calificación). Si no surge la inocencia del acusado, debe rechazarse la demanda, pues no hay ninguna disposición que permita suspender el dictado de la sentencia hasta que se pronuncie el tribunal en lo penal. El CCIV:1101 es inaplicable, pues no hay identidad de hecho investigados.

La acción de daños y perjuicios tampoco es procedente si falla un elemento esencial, cual es la relación de causalidad entre la conducta que se imputa a la demandada y perjuicio sufrido.

El CCIV:1090 no enerva el principio general según el cual "todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio" (CCIV:1109).
Fallo plenario, LEY DE CONCURSOS, depósito judicial, pesificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Industrias Alimenticias Copisi s/ Quiebra-Recurso Directo-Inconstitucionalidad-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2003-11-19

El banco debe restituir el dinero del modo ordenado por el tribunal. La pesificación a los valores dispuestos por la legislación de emergencia no se aplica a los depósitos en cuentas judiciales.
Recurso de apelación (procesal), recursos, nulidad absoluta, calumnias, falsa denuncia
Materia: PENAL
Carátula: ERICH MIGUEL KAYSSNER s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-02

Ya esta alzada se ha pronunciado sobre el particular en Causa Nº26.082/09 ocasión en que se sostuvo que es dable observar que existe dificultad de interpretación de los arts. 109 (calumnia) y 245 (falsa denuncia) del C.P.

Como bien lo advierte José María Orgeira (La doble persecución penal de las falsas denuncias calumniosas - La ley 2002- C, 449- Sup. Penal 2002 mayo, 25) la mayor parte de los abogados que no se especializan en derecho penal, piensan erróneamente que, comprobada la inexistencia del delito de acción pública referido en una denuncia o querella contra persona determinada, queda expedita la vía para imputar falsa denuncia, cuando sólo al agraviado por la falsa imputación puede promover querella por el delito de calumnia, que es de acción penal privada.

Por ello los delitos de calumnia y falsa denuncia involucrados se excluyen recíprocamente. Agrega el citado autor que, las denuncias falsas pueden consistir en la invocación de un delito inexistente: "me robaron", "mi automóvil ha sido sustraído", "personas desconocidas violentaron la puerta de mi domicilio, me agredieron, etc.". En todos estos ejemplos no se menciona ni se pretende atribuir el delito a persona determinada.

Estas denuncias falsas caen en la previsión del art. 245 del C.P.. En doctrina se las denomina "simulación de delito". Casi todas esas denuncias falsas se orientan a la posterior estafa de una compañía de seguros o al autoencubrimiento de una defraudación u otro delito anterior. Cuando a la denuncia falsa se le agrega la atribución del delito a personas determinadas -por la indicación de sus nombres o porque contiene los datos necesarios para identificarlas-, el hecho constituye calumnia del art. 109 del Cód. Penal.

En razón de ello, el único que está habilitado para accionar es el particular damnificado, por el delito de calumnia, mediante la promoción de una querella e inevitablemente, con el auxilio de un abogado que lo patrocine.

Por lo que,tratándose de un delito de acción privada la acción penal respectiva sólo puede ser ejercida a través de la querella respectiva y por el titular damnificado (art. 73 C.P. y art. 8 del C.P.P.), consecuentemente le estaba vedado al Ministerio Público su ejercicio.