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Daños y perjuicios, prescripción, cómputo del plazo, responsabilidad extracontractual del Estado, banco central, responsabilidad del banco, entidades financieras, control de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERINO, José y OTRO c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Cuando no existe contrato que vincule al Estado, la prescripción de la acción del particular para demandarlo por los daños causados por hechos o actos administrativos, e de dos años (art. 4037 C.C.), sin que quepa distinguir a tal fin sobre el carácter legítimo o ilegítimo de la actividad estatal generadora del perjuicio. (La actora pretende obtener el resarcimiento por el daño que -a su juicio- le ocasionó un hecho culposo de la demandada, fundando su pretensión en la responsabilidad del estado por la falta de vigilancia y ejercicio del poder de policía financiero del B.C.R.A.

sobre la entidad financiera en la que ella efectuara su depósito en dólares).
Honorarios del contador, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amicone Hnos. S.R.L. c/ Maggi, Amílcar s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

Cuando la auxiliar de justicia -perito contadora, designada de la lista de designaciones de oficio- ha aceptado el cargo, no obstante haberse desistido de la prueba pericial, corresponde la regulación de sus honorarios conforme lo dispuesto por el artº 221 de la ley 10620. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, tarjeta de crédito, consumos problemáticos, contrato de descuento bancario, banco emisor, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Drocchi, Alfredo Pablo c/ First Data Cono Sur SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda por los daños padecidos por el actor, en tanto no se encuentra controvertido que era titular de una tarjeta de crédito emitida por el banco coaccionado, y que en cierta época se cargaron diversos consumos efectuados desde Brasil que, luego de ser impugnados, fueron inicialmente devueltos y finalmente cobrados de nuevo. Es decir, tras proceder a descontar los consumos no realizados por el actor al mes siguiente al de su cobro, volvieron a cargarse el total de estos consumos en dos resúmenes en el lapso de cuatro meses. Ello así, tanto el banco emisor como la administradora no podían exonerarse de la responsabilidad atribuida en tanto cargaron consumos efectuados por persona distinta del titular de la tarjeta de crédito. Es que se encuentra probado que el accionante realizó un reclamo o desconocimiento de los cargos dentro del plazo de 30 días, caso contrario no habría existido en el resumen siguiente a aquel mediante el cual fueron éstos cobrados, su descuento. Ello así, no puede luego rechazarse sin demostrar la procedencia de los mismos. Adicionalmente, no resulta un dato menor que la Dirección Nacional de Migraciones informara que no surgían entradas y salidas a nombre del reclamante en el período en que fueron realizados los consumos cuestionados. A tenor de lo expuesto, el cobro de los consumos resultó improcedente. Sentado lo expuesto, resulta insoslayable que el daño sufrido por el actor resultó de la deficiencia del servicio prestado por ambas codemandadas, quienes deben responder solidariamente conforme lo dispone la LDC 40, máxime cuando no han demostrado que la causa del daño les ha sido ajena.
Prescripción, cómputo del plazo, indemnización expropiatoria, desafectación del inmueble (administrativo), abandono de la expropiación
Materia: CIVIL
Carátula: PETRUCCELLI Fidel P. y otro c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-23

Si la desafectación de un inmueble tuvo lugar el día 9 de junio de 1981, la prescripción de la acción de resarcimiento de los "daños y perjuicios derivados de la expropiación desistida" no puede empezar a calcularse desde la publicación de la ordenanza que lo desafectó pues en ese momento estaba en trámite el expediente de expropiación y se mantenía la controversia judicial del conflicto.

Hasta tanto no se tuvo por concluido dicho proceso, mediante el dictado de la respectiva providencia, no se podía ejercer acción por resarcimiento de los daños originados como consecuencia del desistimiento de la expropiación, por lo que es a partir de ese momento que pudo empezar a correr el término de la prescripción.

Cuando el art. 3956 del Código Civil dispone que: la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación, considera las relaciones jurídicas puras y simples, es decir las que no están sometidas a accidente alguno. Ellas acuerdan al titular la facultad de hacer valer su derecho desde su misma constitución. A partir de ese momento el titular está habilitado para ejercer la acción respectiva, y si permanece inactivo, paralelamente a su inacción la prescripción sigue su curso.

Pero, cuando el derecho del titular no está expedito, si está sometido a plazo u otra contingencia que traba el ejercicio actual de la acción, ésta no está en curso de prescripción, simplemente porque aún no ha nacido (conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil Parte General", T. II, p. 679, nro. 2134).
Tercerías, tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ROSSI, Pablo c/ ORGANIZACION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR S.A. s/ ART. 250 DEL CODIGO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Quien plantea una tercería de dominio, debe probar fehacientemente la titularidad del bien, el que tratándose de un inmueble, no se acredita con un boleto de compraventa, sino mediante la escritura pública exigida por el art. 1184, inc. 1º, del Código Civil y, además, por la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.-
Audiencia, planteo oportuno
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kischner ,  Cristina c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-13

Debe estarse a la fecha fijada para la audiencia de informes pues nada obsta, en atención al principio de unidad de acción que rige al MPF en el ejercicio de su función, a que ese órgano constitucional sea debidamente representado en ese acto procesal si el Fiscal General -oportunamente notificado- se encuentra en uso de licencia compensatoria, asimismo resulta infundado el argumento de la defensa relativo a que la audiencia en cuestión no habría sido fijada en la oportunidad procesal prevista, máxime teniendo en cuenta que los fundamentos desarrollados en el escrito en cuestión podrán ser expuestos oralmente.
Desindexación, interpretación de la ley, interpretación restrictiva, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: CENTRO MEDICO SAVIO c/ OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  INDUSTRIA  DEL  CUERO  Y  AFINES s/ INCUMPLIMIENTO PRESTACION DE OBRA SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

Es conveniente aclarar, teniendo en cuenta que la apelante emplea la palabra "indemnización", que las obligaciones instrumentales en las facturas cuyo cobro da lugar a este juicio, no son deudas de valor, supuesto que ha suscitado menos dudas en la exégesis de la ley. En segundo término, no habiendo necesidad de emitir pronunciamientos acerca de si la ley 24283 puede ser aplicada aún después de que haya sentencia firme, basta aquí decir que, hallándose recurrida la de primer grado, estamos en presencia de una de las situaciones jurídicas no consolidadas a que hace referencia el apartado segundo del art. 1 de aquélla. Los proyectos originarios de quienes promovieron la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación, sufrieron retoques que tornaran más confusos los alcances de la ley. Ello fue advertido durante su consideración en el Senado por varios integrantes de este alto cuperto. Frente a estas circunstancias y por razones de seguridad jurídica, entre las que se halla la necesidad de que los procesos judiciales, ya de por sí lentos conforme lo señalan repetidamente la opinión pública, la doctrina jurídica y los políticos, concluyan de modo definitivo, estimo que la citada ley debe ser aplicada con criterio restrictivo.
Despido por huelga, derecho de huelga
Materia: LABORAL
Carátula: ARRIETA, RAUL c/ LA PRENSA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

En nuestro régimen legal existe el derecho de huelga y no se justifica el despido de un trabajador que participa en un movimiento de fuerza, por más que se trate de un activista.
Cesión de derechos litigiosos, cedente, cesionario
Materia: PROCESAL
Carátula: CONGELAR SA E INTERNATIONAL BUSINESS PROMOTTION SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE  REVISION (CSJ EXPTE N 580-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-13

En casos de cesión de derechos litigiosos contemplados por la norma del art 28 del Cód Procesal Civil y Comercial, el derecho del cesionario es conexo con el del cedente, al punto que si éste resulta perdidoso en el proceso en trámite, se desvanecerán las expectativas de aquél.
Depreciación monetaria, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: MAGALLAN, RUBEN c/ LITAL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

La circunstancia de que la aplicación de la tasa de interés expresada en la res. de cámara nro. 6/91 resulte a la deudora más gravosa que la actualización que se aplicaba antes de entrar en vigencia la ley de convertibilidad no puede ser motivo de agravio.

Esa situación tiene su origen, en todo caso, en el hecho de no haber sido satisfecho el pago de la deuda, lo que no puede conferirle el privilegio de abonar menos de lo que fija el libre juego del mercado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, resoluciones recurribles, gravedad institucional, tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TEMPERINI, Elda c/ BALBARREY, HECTOR Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (CSJ EXPTE N.  387-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

Se configura la causal de gravedad institucional cuando - como en el caso- la sentencia de Alzada impugnada declara inconstitucional el recurso de apelación extraordinaria, y ello desborda el marco estrictamente reservado al pleito para comprometer el sistema recursivo local, con obvia incidencia en numerosas causas.
Sentencia, voto de los jueces
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Natalini, Carlos. c/ Lorente, Héctor. s/ Prescripción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-10-18

No existe sentencia autocontradictoria ni inconciliable oposición entre los dos votantes cuando, -como en el caso de autos- por más que los arts. 3980 y 3986 CC hayan sido interpretados con matices distintos, en su concreta proyección al "thema decidendum", es obvio que ambos han coincidido rotundamente, por variados y sólidos fundamentos relativos a los respectivos requerimientos y efectos de ambas normas en la conclusión de que el indicado plazo de prescripción no había transcurrido al momento de interponerse la demanda.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, locación, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Diez de Diez, Nisa y otros c/ Jacobo, Armando José y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Corresponde dejar sin efecto el fallo que rechazó la acción de desalojo y cobro de daños y perjuicios fundada en la violacion por los locatarios de la prohibición contractual de transferir la tenencia del inmueble, incurriendo en autocontradicción, al afirmar, por un lado, que los locadores tenían derecho a conocer la cesión, y por otro les negó la posibilidad rescisoria.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad, vicios
Materia: PENAL
Carátula: CARDOZO MIGUEL C., TAUB LUIS ALBERTO s.d HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL e.p de MENDOZA JOSEFA Y OTRA-CASACION s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-05

El vicio de arbitrariedad, invalidante del decisorio que habilita la pretensión recursiva, se presenta cuando éste se funda en la mera voluntad de los jueces, o no sigue una secuencia lógica de los hechos, o no aplica debidamente el derecho vigente.-
Recurso extraordinario federal, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Goizueta, María Fernanda c/ Campo, Rafael José. s/ Recurso Extraordinario Federal Contreras,  Raúl Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-17|2001-04-24

El requisito de la introducción oportuna sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte, último intérprete de las mismas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Domingo y otros c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín SA y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-01

La función revisora de este Tribunal -por regla- no es la de sustituir la apreciación llevada a cabo por el a quo.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cipolla, Amadeo c/ Piñero, Tomas s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

El fin último del proceso es permitir establecer la verdad jurídica objetiva, pero ello no puede implicar hacer tabla rasa con los principios que regulan su ordenada tramitación, entre los que se encuentran el de preclusión que impide volver sobre resoluciones o etapas que han adquirido firmeza; el de especificidad, que manda plantear las cuestiones por las vías instituidas al efecto; y el de oportunidad, que ordena introducir las cuestiones en tiempo propio.

De lo contrario, so capa de buscar la verdad objetiva, se introduciría el caos y la inseguridad en la tramitación de los juicios.
Robo de automotor, ley penal más benigna, aplicación de la ley, retroactividad de la ley penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guerediaga, Edgardo José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24

El "a quo" optó por contener típicamente el acontecer en las disposiciones del art. 167, inc. 4, en virtud del art. 163, inc. 6, del Código Penal, según la redacción ordenada por la ley 24.721. Esa norma -derogatoria del régimen anteriormente impuesto por el decreto ley 6582/58-, sancionada el 23 de octubre del año 1996, promulgada el 15 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial el día 18 de ese mismo mes y año, agrava la pena prevista para el robo simple por el art. 164 del ordenamiento de fondo, en los casos en que el objeto del desapoderamiento forzado fueren "vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público". Con miras a las fechas de promulgación y publicación de la ley adoptada por el Tribunal para definir la tipicidad del hecho y la pena finalmente aplicada en esta causa, disminuida de acuerdo a la regla del art. 42 C.P., surge sin hesitación que su obligatoriedad corresponde a una época posterior a la del tiempo de cometer el encausado la ilicitud que se le enrostra. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Quiebra, verificación tardía, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bustos, Imara c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de Miranda, Gonzalo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-25

Corresponde que en el marco de un incidente de verificación tardía se rechace la pretensión del acreedor que solicita que en virtud de lo dispuesto por la ley 27.423 su crédito debe ser verificado en UMA y no su equivalente en moneda nacional al tiempo del decreto de quiebra, toda vez que la decisión de convertir el crédito reconocido en unidades de medida arancelarias a pesos conforme la paridad vigente a la fecha de declaración de quiebra no se evidencia pasible de reproche alguno, máxime que, cuando dicha cotización también coincide con la vigente al tiempo en que se produjo la mora.
Prueba confesional, confesión calificada
Materia: PENAL
Carátula: Abalos, Federico Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

El beneficio de la indivisibilidad impone recoger el relato confesorio tal como éste es, apartando las meras opiniones discrepantes del juzgador, ya que es ilegítimo "incorporar a la narración del indagado conceptos ajenos a ella" (a la manera de la inferencia presuncional, en que de un hecho se extrae otro diferente).
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, asegurador, sentencia arbitraria, contrato de asistencia integral al viajero, carga de la prueba, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la citada en garantía en la causa Torres, Noemí Marta c/ Altube Viajes SRL y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Es arbitraria la sentencia que hizo extensiva la condena en los términos del art. 118 de la ley 17.418 a la aseguradora por los daños sufridos por la actora en un accidente de tránsito ocurrido en el exterior mientras se encontraba realizando un viaje de turismo, si la decisión se basa en documentación aportada por la demandante de la que solo surgen las condiciones generales del servicio de asistencia en viaje, pues no resulta razonable que una de las partes deba cargar con las consecuencias de la falta de producción de la prueba del contrato que debía encontrarse en poder de cualquiera de ellas, sobre todo cuando del examen integral de todas las probanzas de la causa, no resulta indubitable su existencia antes de la fecha del accidente ni su contenido, requisito esencial para la acreditación de responsabilidad, afectándose así el derecho de defensa al tener por existente un documento que, al no haber sido aportado a la causa, solo tiene virtualidad en el relato de la contraria, ajustado con precisión a sus intereses. El juez Maqueda, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN).
Impuesto de sellos, hecho imponible, mutuo, prueba, aceptación de la oferta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IPAKO  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - IMPUESTO DE SELLOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-18

En el impuesto de sellos los actos resultan gravados por la virtualidad jurídica y económica que surge de su instrumentación, en tanto ésta revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones en él consignadas, es decir que el aspecto objetivo del hecho imponible en este gravamen está constituido legalmente por el contenido económico potencial del acto jurídico según su instrumentación (art. 3 de la ley 18.524).

Aún admitiendo la hipótesis de la demandada, en el sentido que el acuerdo celebrado entre Ipako S.A. y Turimar S.A. es un mutuo, el documento que en copia obra a fs. 4, es una aceptación de oferta y carece de entidad para acreditarlo como tal.
Honorarios del abogado, regla de proporcionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fibiger, Juan José c/ Hofman, Víctor J. y otra s/ Div. de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

La Corte Suprema de la Nación ha declarado -con referencia a la retribución de tareas correspondientes a distintas profesiones- que no es admisible la regulación de honorarios que excede el treinta y tres (33) por ciento del valor en juego (ED, 28-46). En otras palabras resulta evidente que lo que se pretende es que los profesionales actuantes con la regulación de sus honorarios no perciban más del treinta y tres (33) por ciento de la suma que recibe la parte a la que representan. A ese respecto la ley 8904 en modo alguno resulta inconstitucional a poco que se repare en las escalas que ella establece. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de inconstitucionalidad, competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, acceso a la justicia, derechos del aborigen, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMUNIDAD MAPUCHE "LOF LEUFUCHE" s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEYES PCIALES Nº 279, 1138, 4096, ORDENANZAS MUNICIPALES Nº 92/75 Nº 2583/97, DISPOSICION ADMINISTRATIVA Nº 269 Y DECRETOS Nº 2094/75 Y 813/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

Sin perjuicio que en definitiva pudiere ser receptado ese criterio del Dr. BALLADINI si así se demostrare y correspondiese una vez sustanciado el "juicio de inconstitucionalidad", por el carácter de los actores y el derecho que invocan..., la situación es puntualmente distinta a "PALACIO" en orden a otros precedentes del STJ y en particular a fin de evitar una afectación al acceso a la justicia en la intelección de los numerales 31) y 32) de la CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA", anexada a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No comparto para el caso una visión restrictiva, en atención a los fundamentos de que se invocan de raigambre constitucional, federal y local, y del propio derecho supranacional.
Prescripción adquisitiva, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Roberta c/ Maglieri, Antonio y otro s/ Prescripción adquisitiva por posesión veinteñal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

En los juicios de usucapión la apreciación de la prueba ha de ser diferente según se trate de demostrar la adquisición de la posesión o simplemente de acreditar la subsistencia de una ya constituida, ya que en el caso de la simple conservación, el poseedor no necesita exteriorizar de modo permanente o contínuo la relación de señorío que lo une con la cosa, y la prueba de tal manutención puede apreciarse con un criterio menos riguroso.
Prescindibilidad, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez López, Juan Carlos c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administratia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

La mera invocación de "razones de servicio" en los términos del art.

1 del decreto ley 8596, no constituye un adecuado fundamento del acto que separa al agente del cargo, en tanto que la existencia de ellas no surja documentada de los antecedentes causales que justificaran su dictado. Por ello, no corresponde exigir a la actora la prueba de la existencia de causas reales distintas a las invocadas en la resolución que dispuso sus baja, sino anular esta decisión por ausencia de causa en tanto la mera motivación sin sustento en ella la torna ilegítima por carecer de los requisitos esenciales que hacen a su validez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)