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Control de constitucionalidad, voluntad del legislador, defraudación, delito experimental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., N. G. p. s. a. defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-11

El delito de defraudación se configura en grado de tentativa cuando, iniciada su ejecución mediante el ardid, la consumación del perjuicio patrimonial se frustra por causas ajenas a la voluntad del autor. En el marco de un procedimiento de "delito experimental", ello ocurre cuando, tras el aviso de la víctima, la autoridad policial permite que el autor avance en su accionar hasta un punto determinado para reunir prueba, evitando luego la consumación del ilícito. Dicho proceder atiende a la finalidad de la investigación penal preparatoria, que debe impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores (art. 302, Código Procesal Penal). En estos supuestos, el funcionario interviniente no actúa como agente provocador o encubierto, sino que colabora en la acreditación de la existencia del hecho frente a actos ya iniciados.
Actos impugnables, aplicación de la ley, contestación de la demanda, excepciones procesales, recursos, contratos, seguros, automotores, robo, pago, bien asegurado, plazo, indemnización, intereses moratorios, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Sergio Gabriel  c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de Contrato - Tramite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

La fijación de la tasa pasiva más el 1% mensual desde la fecha de la sentencia, sostenida en la proyección inflacionaria a partir de los guarismos del último cuatrimestre, en tanto arroja un excedente por sobre la inflación de casi el 8% anual, responde a parámetros de razonabilidad tanto para mantener actualizado el crédito como para resarcir los perjuicios de la mora desde la sentencia en adelante. Sin embargo, no puede interpretarse como un criterio único y definitivo, aplicable retroactivamente, ni mucho menos inalterable si las circunstancias económicas y las variables monetarias resultan modificadas en el tiempo.
Control de constitucionalidad, voluntad del legislador, estafa, ardid
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., N. G. p. s. a. defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-11

Los tres elementos constitutivos del delito de estafa son el engaño, el error y la disposición patrimonial perjudicial. La idoneidad del ardid o engaño debe evaluarse en el caso concreto, atendiendo las condiciones personales del autor y de la víctima. Ello ocurre cuando el autor omite deliberadamente información relevante o realiza afirmaciones engañosas sobre el destino del dinero, generando un error en la víctima que la lleva a realizar una disposición patrimonial perjudicial. La deliberada omisión o el ocultamiento de información relevante por parte del autor a la víctima, especialmente cuando tiene un deber de informar por su profesión, constituye un ardid revelador de la intención de lucro en el delito de estafa.
Control de constitucionalidad, voluntad del legislador, agente encubierto, aplicación de la ley, autorización judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., N. G. p. s. a. defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-11

La Ley federal 27319 de investigación, prevención y lucha contra los delitos complejos, establece un catálogo de ilícitos de magnitud en los que procede la utilización de agentes encubiertos o provocadores. El mecanismo habilita la intromisión de un agente policial en la esfera personal de los sospechados de ciertos delitos de especial gravedad en pos de desarrollar la tarea investigativa. Su designación requiere autorización de un juez, dado que implica permitir la infiltración en organizaciones delictivas de gran escala para obtener datos o pruebas vinculadas con determinados delitos como la comercialización de estupefacientes, trata de personas, secuestros extorsivos, entre otros. Si bien el catálogo previsto en la norma no es taxativo, su aplicación queda excluida cuando el hecho investigado no se corresponde con la naturaleza y magnitud de los delitos contemplados en la referida ley.
Control de constitucionalidad, voluntad del legislador, declaración de inconstitucionalidad, prueba, delito experimental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., N. G. p. s. a. defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-11

La instrumentalización del procedimiento de delito experimental, como todo medio probatorio, es plenamente constitucional siempre que sea utilizado dentro de los cánones legales establecidos y sin vulnerar principios y garantías de jerarquía constitucional. Pues de la Carta Magna y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional no surge prohibición alguna para su aplicación, así como tampoco contradice ni produce conculcación alguna a los principios y garantías reconocidos y tutelados por ella.
Audiencia, actos impugnables, aplicación de la ley, contestación de la demanda, excepciones procesales, recursos, contratos, seguros, automotores, robo, pago, bien asegurado, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Sergio Gabriel  c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de Contrato - Tramite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

Según lo pactado en el marco de un contrato de seguro contra robo de automotor, el plazo para el pago de la indemnización debida empieza a correr desde el momento en el que la aseguradora recibe la documentación de parte del asegurado y todo, como se dice, "está en orden". Luego, si hay objeciones por incumplimientos del asegurado, la compañía así se lo debe comunicar, y no comenzará en ese caso a correr plazo alguno. Por lo tanto, si luego de recibida la documentación que no es cuestionada por la aseguradora, ésta no paga en término, y luego el automotor sustraído aparece, ello forma parte del riesgo contractual determinado en el contrato y en modo alguno puede afectar los derechos del asegurado. Ello así, ya que la situación jurídica se encuentra consumada: el asegurador deudor debe pagar la indemnización y el asegurado cumplir con las cargas correspondientes.
Actos impugnables, aplicación de la ley, contestación de la demanda, excepciones procesales, recursos, contratos, seguros, automotores, robo, pago, bien asegurado, plazo, indemnización, intereses moratorios, tasa de justicia
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Sergio Gabriel  c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de Contrato - Tramite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

Mandar a pagar, de manera mecánica, para créditos en donde los intereses han comenzado a correr a mediados del año 2024, el criterio fijado por el TSJ en "Seren" (tasa pasiva + el 3% mensual), sin análisis alguno de la situación, sino de manera casi automática; va a contrapelo de la realidad económica subyacente. Además, no todos los créditos merecen el mismo tratamiento. No sólo ello queda reflejado en la multiplicidad de tasas que el BCRA fija para distintos créditos voluntarios, sino también debería ser lo que impere en sede judicial. No es lo mismo un crédito resarcitorio, o un crédito laboral (en donde están en juego, en favor del acreedor, importantísimos derechos de raigambre constitucional, como el de reparación plena, o los derechos del trabajador), que un crédito puramente financiero, derivado de un mutuo efectuado por un banco o un prestamista, con deudores vulnerables (que, generalmente, no se defienden en procesos judiciales). Estas diferentes situaciones debieran plasmarse en tasas judiciales diferenciadas, lo que pocas veces es tenido en cuenta.
Actos impugnables, aplicación de la ley, contestación de la demanda, excepciones procesales, recursos, contratos, seguros, automotores, robo, pago, bien asegurado, plazo, indemnización, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Ortiz, Sergio Gabriel  c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Cumplimiento/Resolución de Contrato - Tramite oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-10

Pese a lo señalado por el BCRA en su comunicación emitida el 17/09/2024, los jueces conservan la tarea de fijar la tasa de interés por mora del art. 768 inc. "c" del CCC, no siendo necesaria, a tal fin, la declaración de la inconstitucionalidad de la norma.
Registro de la propiedad inmueble, inscripción catastral, inscripción declarativa, publicidad registral, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: March, Armando Vicente y otro  c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Córdoba - Expropiación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-16

La inscripción registral de un inmueble en el Registro de la Propiedad no convalida títulos nulos ni subsana defectos de fondo (art. 4, Ley 17801). Los registros públicos tienen un carácter declarativo, no constitutivo. Sin embargo, ello no exime a la parte que invoca una realidad extra registral diferente de la carga de acreditar con prueba suficiente. La inscripción no convalidante ofrece al titular del derecho registrado una protección defensiva, que le da cierta inmunidad, basada en la apariencia jurídica, pero que puede eventualmente perderse o modificarse por situaciones anteriores a la registración que no lo libera hacia el futuro de posibles nulidades que causen la pérdida del derecho por una situación del pasado (del voto en disidencia de la jueza Gabriela Lorena Eslava).
Error judicial, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Martín, Ava y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia y otros s/ responsabilidad extracontractual del Estado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-19

Para generar responsabilidad estatal el error judicial debe representar una grave equivocación habida cuenta de la naturaleza, por lo general, opinable de la práctica jurídica; así la reparación solo procede cuando la materialidad de la equivocación resulta manifiesta y grave, lo que presupone un resultado erróneo, abiertamente ajeno a la ley (Voto del juez Rosatti).
Representación procesal, renuncia del patrocinante, cese del patrocinio, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabellieri, Verónica María c/  s/ Quiebra propia simple - Incidente de remoción de la sindicatura (art. 280 y sig. LC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-25

El conocimiento de la renuncia de su letrado patrocinante, manifestado por la propia parte en una actuación procesal, reviste el carácter de confesión judicial. La inobservancia del deber de comparecer con un nuevo letrado en la causa, permite concluir que son válidas las notificaciones de las resoluciones que fueran cursadas al domicilio constituido durante el patrocinio, el cual se mantiene vigente hasta la constitución del nuevo domicilio procesal (art. 89, CPCC).
Amparo ambiental, bien jurídico protegido, tutela diferenciada, principio de congruencia
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa María y otro s/ Amparo ambiental
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-27

No es posible contemplar rígidamente el principio de congruencia cuando se someten asuntos ambientales a la decisión de un tribunal. Ello se debe a que la caracterización consolidada del ambiente como un bien colectivo, de pertenencia comunitaria y uso común e indivisible, cambia sustancialmente el enfoque (cfr. CSJN, Fallos 329:2316). Es decir, los jueces no solo deben atender a las pretensiones de las partes. Además, es necesaria una consideración de intereses que exceda los límites de un conflicto bilateral clásico y promueva una visión policéntrica (propia de los derechos colectivos).
Prescripción, contratos, relación de consumo, seguros, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Oscar  c/ Caruso Compañía Argentina de Seguros SA - Abreviado - Otros - Tram. oral s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-03

Si el art. 50 de la LDC ya no rige la prescripción de las acciones nacidas de la relación de consumo, y el CCC no contiene un plazo especial para las obligaciones nacidas del contrato de consumo, debe entenderse que rige el "genérico" que el mismo cuerpo contempla con carácter residual. Esta circunstancia no le quita singularidad. La especialidad del seguro no puede menoscabar ni, menos aún, suprimir, la especialidad del contrato de consumo; cuyo núcleo duro de protección debe ser observado por tratarse de un régimen legal de orden público y fuente constitucional. Esta tesis no implica despojar de todo contenido al art. 58 de la Ley 17418. El plazo anual conserva intacta su vigencia y aplicabilidad a los seguros que no califiquen, también, como de consumo.
Habilitación de instancia, excepción de incompetencia, control de razonabilidad, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Zamarbide, Antonio Ernesto c/ Provincia de Córdoba s/ Ilegitimidad - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-19

El control judicial de una facultad constitucional discrecional no se encuentra vedado si existe afectación individual, un interés legítimo y la actuación de la Administración al dictar un acto administrativo se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico. Asimismo, no se advierte conflicto de poderes cuando lo que se pretende es simplemente que el órgano jurisdiccional controle la legalidad de un acto administrativo.
Quiebra, verificación de créditos, regulación de honorarios, sentencia de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Edilicia S. A.  c/  s/ Quiebra pedida simple. Verificación tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-06

Corresponde reconocer en el pasivo falencial un crédito proveniente de honorarios regulados en juicio ordinario cuando, pese a que el auto regulatorio es de fecha posterior a la declaración de quiebra, obedece a tareas profesionales realizadas con anterioridad a la sentencia de quiebra y contiene una condena en costas a cargo de la fallida. Esa circunstancia es la que constituye la causa de la verificación, de conformidad al art. 200 LCQ
Honorarios, peritos, coadministrador, base regulatoria, costas, recurso de apelación (procesal), efectos entre partes, silencio
Materia: PROCESAL
Carátula: Marchisone, Fernando Raúl c/ Reciclar Ingeniería Ambiental SA y otros s/ Acción ordinaria - otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-17

La mera notificación del llamamiento de autos no anticipa el criterio de imposición que el juez debe decidir conforme la manda adjetiva. Por lo tanto, el silencio de la codemandada, frente a la notificación del decreto de autos no puede ser interpretado como consentimiento al pedido de costas por el orden causado que incluye un acto procesal del que no ha sido parte, porque la voluntad de renunciar no se presume y cualquier interpretación acerca de la existencia o no de un acto abdicativo, es estricta (doctrina que informa el art. 948, Código Civil y Comercial de la Nación -CCC-).
Ejecución de sentencia penal, prisión domiciliaria, visitas carcelarias, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kirchner, Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-13

Resulta ajustado a derecho que, frente a un incumplimiento verificado en el régimen de visitas, el juez de ejecución adopte una respuesta gradual consistente en la fijación de límites temporales, de frecuencia y de cantidad de concurrentes, sin revocar la modalidad domiciliaria, en tanto tal decisión constituye una medida razonable y proporcional destinada a asegurar el adecuado control de la ejecución de la pena.
Acceso a la información pública, deber de transparencia, expropiación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonetto, Alberto Julio c/ Provincia de Córdoba y Otro s/ Amparo Ley 8803 - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-05-06

La solicitud en sede administrativa de vista y copias certificadas del expediente en el que se tramita un procedimiento de expropiación por utilidad pública de terrenos de particulares por parte del Estado Provincial, reviste la naturaleza de información pública en los términos de la Ley 8803, que entiende por tal a ".cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo" (art. 2).
Control de legalidad, menores, derechos y obligaciones de los padres, conflicto de intereses, personas con discapacidad, adopción, estado de adoptabilidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. A. I. - I. A. M. J. - A. A. M.  c/  s/ Control de legalidad (Ley 9944, art. 56)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-13

La familia tiene un rol primordial para el desarrollo de los NNA, es por ello que, el ordenamiento jurídico consagra el derecho fundamental de todo NNA a vivir, ser resguardado y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen (art. 14, Ley n.° 9944). Conforme lo establece el art. 7 del decreto reglamentario de la Ley n.º 26061, se entiende por "familia o núcleo familiar de origen", "grupo familia", "grupo familiar de origen", "medio familiar comunitario" y "familia ampliada" además de los progenitores a las personas vinculadas a los NNA, a través de líneas de parentesco por consanguinidad por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada. Además, contempla que podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la comunidad que represente para la NNA, vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección.
Código procesal civil y comercial, rechazo in límine, acción meramente declarativa, perjuicio directo, estado de incertidumbre, agravio hipotético
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Juan Cristóbal y otro c/  s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2025-12-29

Tal como el art., 304 del Código Procesal Civil y Comercial dispone bajo el acápite Acción de Sentencia Meramente Declarativa, sólo procede para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y no contase con otro medio legal para ponerle término en forma inmediata, de allí que ineludiblemente se requiera la incertidumbre sobre el derecho aplicable a una relación jurídica concreta, tratándose siempre de una acción de carácter subsidiario o residual.
Poder de policía, control sanitario, código alimentario Argentino, autoridad de aplicación, autonomía municipal
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: Wal-Mart Argentina SRL (Hoy Dorinka SRL)  c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-26

El Decreto nacional n.° 815/1999 tiene por fin fortalecer el sistema de control sanitario a través de una adecuada distribución de las competencias entre los organismos de las jurisdicciones involucradas que asegura el efectivo cumplimiento de las normas regulatorias y prescribe que las autoridades sanitarias de cada provincia, el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios serán responsables de aplicar el Código Alimentario Argentino (CCA) dentro de sus respectivas jurisdicciones y que las autoridades sanitarias provinciales, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios serán las encargadas de realizar los controles en bocas de expendio (arts. 16 y 19). De tal manera, se incluye puntualmente a los Municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el sistema como consecuencia del reconocimiento expreso de la autonomía de estos niveles de gobierno en el texto de la Constitución nacional a partir de la reforma de 1994 (arts. 123 y 129).
Colegio profesional, ingenieros, potestad disciplinaria, notificación, domicilio procesal, domicilio constituido, subsanación de la falta, principio de eficacia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Blessio, Sergio René  c/ Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-02-13

El plazo de prescripción de la acción disciplinaria previsto en el art. 3.31 del Decreto n.° 2299/1997 comienza a correr desde que se comete la falta disciplinaria. Así y a tenor del dispositivo aplicable debe definirse el momento en que el profesional incurrió en aquella. En ese marco, cuando el incumplimiento reside en la falta de diligencia y probidad de los asuntos de su cliente (arts. 2.46 y 2.47 ib.) al no realizar el trabajo encomendado, no es de recibo el argumento defensivo del actor quien sostiene la inexistencia de plazos expresos para su conclusión, ya que no es posible concebir que el obligado mantenga su tarea inclusa por un extenso período después de celebrado el acuerdo con el comitente. De este modo, resulta razonable computar el plazo de prescripción desde el momento en que se adquiere conocimiento fehaciente de la inconducta, es decir, desde que el colegiado reconoce no haber finalizado el cometido para el que fue contratado tras un largo tiempo desde la aceptación del encargo; y no desde la fecha del último pago como pretende el accionante.
Imputado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, interpretación de la ley, defensa
Materia: PENAL
Carátula: Oposición de Gáname al decreto del 7/5/25 - Para agregar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-30

Una interpretación conjunta de las normas relativas a la designación de la defensa técnica en el proceso penal no excluye la posibilidad de que dos defensores públicos intervengan simultáneamente en representación de un mismo imputado. Si bien el art. 118 del CPP al establecer que el imputado tiene derecho a nombrar a su defensor se refiere en plural a "abogados de su confianza" y en singular al "asesor letrado", no existe ninguna disposición que limite a un solo defensor público la representación de un imputado. Restricción que el legislador sí realizó respecto del patrocinio de querellantes y partes civiles, quienes sólo pueden "hacerse representar por un solo abogado" (art. 125 del CPP). Tal distinción resulta consecuente con el rol que le compete a cada parte en el proceso: mientras que el imputado es parte esencial, los querellantes y partes civiles son partes eventuales. Además, cuando el art. 119 del CPP limita el número de defensores simultáneos del imputado, si bien habla de "abogados", bien podría interpretarse que hace alusión a letrados particulares u oficiales. No se observa ningún impedimento para ello, en tanto dicha norma restrictiva encuentra razón en el buen orden del proceso, lo cual se vería igualmente resguardado si se tratara de una defensa privada o pública.