Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10


2º Instancia.- Santa Fe, mayo 10 de 2006.

1º ¿Es nula la resolución recurrida? 2º ¿Es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? 1º cuestión.- El doctor Genesio dijo:

Dice de nulidad la actora, sosteniendo que el decisorio en crisis "ha limitado la producción de la prueba" afectándose así su derecho de defensa. Ello se vería configurado al hacer caso omiso a los efectos de los actos propios que dimanan de la actitud manifestada por la accionada en una causa similar traída como prueba, imputándole al juzgador haber efectuado una lectura "parcial" de los antecedentes obrantes en la aludida probanza (autos: "García Puente c. Círculo Odontológico Santafesino s/amparo"). Se cita asimismo otra causa -"Berruti c. Círculo Odontológico Santafesino s/amparo"- que guardaría especial similitud con la presente y que tampoco fue considerada por la a quo al valorar el cuestionamiento que aquí se concreta contra la conducta sancionatoria asumida por el Círculo.

Encuentro evidente que el cuestionamiento nulificatorio de la recurrente excede el marco propio de esta clase de recurso, limitado a los aspectos formales o adjetivos del decisorio. La crítica a la valoración probatoria que efectuó la actora se enrola más bien en la pretensión de introducir un debate sustantivo, reservado para la oportunidad del análisis de la justicia o no de la decisión de fondo o "in iudicando".

Por ello propicio el rechazo del recurso de nulidad votando a esta primera cuestión por la negativa.

Los doctores Saux y Cordini expresaron, a su vez, iguales razones en parecidos términos a los expuestos por el Dr. Genesio y votaron, por lo tanto negativamente.

2º cuestión.- El doctor Genesio dijo:

Que la sentencia de fecha 31/5/2005 (fs. 156 y sigtes.) rechazó la acción de amparo basándose para ello en que siendo que a tenor del art. 40 del Cód. Civil "los estatutos y los reglamentos constituyen las normas básicas fundamentales que regulan la actividad de la asociación y sus miembros, pues contienen sus derechos y obligaciones" y que los principios dominantes del derecho asociacional reconocen que sin una autonomía y la posibilidad de autogobierno las asociaciones no podrían fácilmente alcanzar sus fines, arribando el decisorio a que corresponde consecuentemente reconocérseles a éstas un importante margen de discrecionalidad como inherente al "espíritu asociativo, marco donde el contralor jurisdiccional es siempre restrictivo" limitado a la constatación de que la discrecionalidad ha sido utilizada razonablemente, es decir sin incurrir en abuso de autoridad o desviación de poder. Apunta la a quo no advertirse que la preferencia reglamentaria de la Comisión Directiva haya importado la configuración de tales vicios descalificantes de lo resuelto, más aún apenas se repare en la reincidencia del actor en la conducta antirreglamentaria que originó la sanción que resiste.

Siendo ya tiempo de expedirse la Sala sobre la cuestión de fondo, no puede menos que señalarse la riqueza de los elementos aportados por los asociados a lo largo de la extensa Asamblea Extraordinaria que tuviera lugar el 23/2/2006 a requerimiento jurisdiccional. Más allá de las distintas posturas y matices vertidos en ocasión de tal evento, surge prístino de lo actuado la particular "affectio" o adhesión de sus miembros a los fines asociacionales. Lo expuesto no es menor puesto que si, tal como se percibe, reina entre éstos una vocación por el interés común y un apego al andamiaje legal que ellos mismos confirieron al Círculo -sin perjuicio de admitirse, es cierto, que las normas estatutarias y los reglamentos son susceptibles de revisión y actualización- logrando desdibujarse así toda sospecha de arbitrariedad o encono para con el actor en grado tal de configurar un extremo que requiera de la tutela excepcional y acelerada del amparo por exteriorizar cierta, actual y evidentemente actos o conductas arbitrarias e ilegales, visibles al examen jurídico más superficial.

Porque resulta innegable que nada impide que la entidad pueda reglamentar el marco para el desarrollo de la actividad científico-docente de sus afiliados y establecer un régimen sancionatorio que responda con prudencia y moderación a los desvíos que ocurran en la prosecución de esos fines, tal como habría acaecido en la especie.

Siendo ello así no encuentro razones como para que jurisdiccionalmente se supla la voluntad de la asociación, por estar ello conteste con las facultades propias de la institución. Ello habida cuenta las particulares características del amparo y al restrictivo marco de admisibilidad que lo informa, como lo puntualicé supra. A esta cuestión voto por la afirmativa.

El doctor Saux dijo:

En oportunidad de expedirse esta sala con anterioridad dentro de la singular tramitación que ha tenido esta causa (ver fallo de fojas 198/203, cuando se entendiera y declarara que antes de someter el conflicto a decisión definitiva en sede jurisdiccional correspondía agotar las vías de decisión dentro del propio ámbito societario, siendo imperativo entonces que la Comisión Directiva del Círculo Odontológico Santafesino convocara a una asamblea extraordinaria de socios que ratificara o rectificara la sanción impuesta al amparista), se hizo una detallada reseña del contexto fáctico de la misma, incluyendo en ello la pretensión contenida en la demanda, lo expresado en el escrito de responde, la prueba rendida, los fundamentos del fallo a quo y los agravios que abonan el recurso de apelación articulado contra el mismo -confirmatorio de la sanción disciplinaria de que fuera objeto el Dr. Ives Guillermo Alisio-, así como del memorial presentado por la entidad demandada en oportunidad de llevarse a cabo en esta sede la audiencia conciliatoria documentada en acta de fojas 184 de autos. Siendo ello así, en homenaje a la brevedad me remito a lo entonces consignado en la inteligencia de que tanto los hechos debatidos como las pretensiones recíprocas y el marco normativo en juego están claramente allí explicitados.

En la propuesta del amparista, la sanción disciplinaria de que fuera objeto -tres meses de suspensión en su calidad de socio de la entidad demandada, lo cual le implica la prohibición durante ese lapso de facturar a obras sociales ni autorizar nuevos tratamientos odontológicos- resulta arbitraria, por cuanto aún estando sustentada en lo previsto por los arts. 6, 7 y 8 del Reglamento de la Actividad Científica del Círculo Odontológico Santafesino -que disponen que los cursos de enseñanza de posgrado dictados por socios del C.O.S. serán canalizados a través de esa entidad y bajo el auspicio y supervisión de ella; que los interesados en dictarlos gestionarán las publicaciones o cursos respectivos sometiendo su concreción a consideración de la Comisión Directiva de la entidad aquí demandada, quien resolverá la forma y oportunidad de llevarlos a cabo, y que si la Comisión premencionada rechazara la propuesta de realización del curso por razones "materiales" -debiera entenderse como prácticas o instrumentales- el interesado quedará en libertad de dictar el curso o concretar la publicación por su cuenta, pero si lo desestimara por razones vinculadas a su contenido o conveniencia, la prohibición será absoluta y su inobservancia generará los mecanismos disciplinarios del caso conforme al Código Deontológico del Ente según interpretación del Tribunal de Honor- tales normas resultan inconstitucionales en tanto resultan vulneratorias de la garantía de enseñar y aprender, así como los de ejercer su libertad de investigación, de opinión y de difusión del pensamiento por cualquier medio -tutelado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre- y por la garantía de libertad de expresión amparada en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional.

Estimo irrelevante como argumentación decisiva (y me refiero puntualmente a ello en cuanto la amparista lo incluye dentro de los agravios que pretenden sustentar su planteo de nulidad) la invocada no aplicación por la a quo de la doctrina de los actos propios, en el sentido de que en la tramitación de una causa similar (en la cual fuera sancionado otro colega del amparista, en el caso el Dr. C. G. P., quien reclamara también por la vía del amparo y en el decurso de la causa se llegara a una instancia conciliatoria que concluyera la tramitación del proceso por sustracción de materia) el C.O.S. habría dejado sin efecto la medida impuesta a otro colegiado por similar causal (dictar cursos de perfeccionamiento o posgrado para otra entidad legalmente reconocida, como lo es el "Instituto de Salud Bucal"), lo cual evidenciaría la sinrazón de la misma y la descalificación constitucional de las normas que la sostienen. Y digo que estimo sin relevancia el dato, por cuanto en dicha causa -acompañada como prueba a la presente- tal avenimiento tuvo, como corresponde a una transacción, concesiones recíprocas, y dentro de ellas, tal como consta en el acta de fojas 107 de dicha causa, el allí actor ofreció a cambio de que se dejara sin efecto la sanción "... proponer de ahora en más al COS la realización de actividades científicas en las cuales participe como disertante...", lo cual fue tenido en cuenta por la entidad de marras para levantar la suspensión impuesta. Ello entonces no implica un reconocimiento por parte de la aquí demandada de la sinrazón de la sanción objeto de la acción de amparo, sino simplemente aceptar una propuesta conciliatoria que no tiene por qué proyectar incidencias de ningún orden en situaciones análogas, tal como la ventilada en este proceso.

Para la demandada -y, en definitiva, para la juzgadora de anterior instancia e incluso hasta aquí para mi colega de sala a cargo del primer voto- la medida disciplinaria controvertida no resulta contraria a derecho en su formulación constitucional, por cuanto la entidad como asociación está en regular uso de sus facultades al prever su imposición cuando alguno de los asociados incurriera en la actividad punida (dictar cursos en o para otras entidades profesionales sin autorización o anuencia previa del C.O.S.), toda vez que se debe priorizar la voluntad asamblearia -corroborada por el resultado de la llevada a cabo como consecuencia del primer pronunciamiento de esta sala, en la cual luego de un prolongado debate del cual da cuenta la transcripción glosada a fojas 238/252 vta., se concluyera con la ratificación de la suspensión por 54 votos contra 41 con 2 abstenciones-, debiendo la judicialización del control constitucional de tales normas internas ser excepcional y restrictivo, y debiendo privar el "espíritu asociativo" (en terminología del fallo de anterior instancia) o la particular "affectio" o adhesión de los miembros a los fines asociacionales (conforme al voto precedente).

Debo anticipar que luego de una meditada reflexión sobre la controversia bajo análisis, arribo a la conclusión de que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el amparista, con lo cual propiciaré, disintiendo con el voto de mi colega preopinante, que así se lo declare y se revoque el fallo denegatorio de anterior instancia, acogiendo la pretensión del accionante por cuanto las normas estatutarias en cuya virtud el Círculo Odontológico Santafesino aplicara la sanción resistida en esta sede agravian garantías constitucionales y por ende deben ser descalificadas.

En la justificación -o al menos, en la intención de así lograrlo- de tal postulado debo principiar por dejar aclarado que desde mi punto de vista en principio la revisión jurisdiccional de normas o disposiciones estatutarias de personas jurídicas privadas -en el caso, una asociación civil- es absolutamente excepcional, y que la regla debe ser el respeto a la voluntad plural conformante de la estructura normativa estatutaria, salvo que la misma presente signos evidentes de vulneración de derechos con tutela supralegal singular. Se ha dicho con razón que el órgano jurisdiccional no debe sustituir a los órganos estatutarios competentes, para suplantarlos o constituirse en tribunal de Alzada en cuestiones que hacen a las potestades disciplinarias o de orientación profesional que los estatutos o los reglamentos internos les asignen expresa o implícitamente a ellos; así como que quien se incorpora a una asociación, aunque no se trate de los fundadores, realiza un acto de adhesión a los estatutos, y ello demuestra una relación jurídica de subordinación a la voluntad de donde nacen derechos y obligaciones (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, 27/9/89, "Griotti c. Círculo Odontológico de Chacabuco"). En tal sentido, cuando en base a lo que formalmente aparece como una infracción a esas normas estatutarias -en el caso, desde lo puramente textual, la supuesta infracción existió y no es negada, en cuanto el amparista admite haber dictado cursos para otra entidad como lo es el "Instituto de Salud Bucal"- se aplica una sanción, en la medida en que no se afecte la legalidad (la norma vulnerada existe y está vigente, y la sanción fue impuesta mediante la intervención sucesiva y conforme a los estatutos del Tribunal de Honor, de la Comisión Directiva y luego de la Asamblea Extraordinaria de socios), en principio los Tribunales no deben apartarse de esa voluntad societaria nítidamente evidenciada. Se ha dicho así que la revisión judicial de una decisión de una asociación que satisfaga el control de legalidad sólo cabe en el supuesto de arbitrariedad, o cuando media un supuesto de abuso de derecho, o se configure una injusticia notoria o un criterio no igualitario ante hechos semejantes (CNCiv., sala C, 6/5/82, "Fiorentini c. Asociación Argentina de Golf"; así como CApel. Civ. y Com. Rosario, sala IV, 14/4/94, "Abdelmalek, Raúl c. Bolsa de Comercio de Rosario"). E incluso sobre el mismo tema la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que en el caso de sanciones disciplinarias dispuestas por asociaciones civiles, la justicia debe limitarse a ejercer un control de legalidad y razonabilidad, y no mediando la exorbitación de tales pautas o un supuesto de injusticia notoria, no puede inmiscuirse en el análisis sobre el mérito o conveniencia del acto (4/5/00, "White Pueyrredón, Marcelo c. Jockey Club Argentino", LA LEY, 2001-B, 627).

Ahora bien -y siempre desde lo puramente dogmático-, es sabido que la doctrina autoral y judicial están contestes en admitir la perspectiva de impugnación por la vía jurisdiccional de las sanciones disciplinarias impuestas por las personas jurídicas a sus miembros, cuando el afectado logra demostrar el vicio de ilegalidad o de arbitrariedad en tal imposición, recurribilidad acentuada cuando la entidad de la sanción así lo amerita (como en el caso, una suspensión por tres meses que tiene incidencia directa en la percepción de honorarios profesionales) (conf. Adolfo Cahián, "Las asociaciones civiles en la República Argentina", Ed. La Rocca, Bs.As., 2004, p. 199). Y además, como lo puntualizara ya oportunamente Alberto Spota ("Tratado de Derecho Civil", Tomo I, Parte General, v. 6, Depalma, Bs.As., 1963, p. 781) y lo ratificara más recientemente Jorge Mayo ("Control judicial de las decisiones de los órganos de las asociaciones", en la obra Asociaciones y Fundaciones, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004-3, p. 82), ese control judicial en caso de ejercerse no puede ni debe circunscribirse sólo a la "forma" y no al "fondo", porque en la medida en que aunque se hayan respetado la letra de los estatutos y el procedimiento de aplicación de la medida con ella se encubren fines inconfesables, propósitos de proceder con arbitrariedad o móviles reñidos con una concepción sana y justa de las relaciones jurídicas que ligan a la asociación con sus miembros, el remedio judicial procede para evitar el abuso manifiesto por parte de la entidad. En tal sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro por su sala I, en 29.4.86 ("Vacas, Fabián c. Jockey Club de San Isidro", LA LEY, 1986-D, 259) ha declarado que el control judicial es la facultad de revisión que corresponde al Poder Judicial sobre los actos o hechos que generan recursos o acción, a los efectos de verificar si los mismos son legítimos, o si, por el contrario, tienen un fondo oscuro, tendencioso o injusto. Su ejercicio no vulnera la autodeterminación ni la independencia de las atribuciones de la asociación, toda vez que la intervención de los jueces no se propone sino el examen respecto de su legitimidad y de la equidad que subyace en el trasfondo de la decisión asociativa y los móviles que la decidieron.

También desde lo estrictamente conceptual, y sin pretender alongar demasiado mi voto, creo importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires inveteradamente ha declarado que la admisibilidad del carril del amparo se halla condicionada a la existencia de un acto, hecho u omisión, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de derechos o garantías constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas (art. 43 de la Constitución Nacional); y a ese respecto la ilegalidad puede describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal; mientras que la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas (21/5/02, "Nalpatian c. Club Atlético Quilmes"). La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos (Bartolomé Fiorini, "Acción de amparo - Graves limitaciones e incongruencias que la desnaturalizan", LA LEY, 124-1363).

En el caso bajo análisis, más allá de que coincido con quienes desde la teoría de la hermenéutica declaran que los estatutos de una entidad social les son aplicables las reglas de interpretación que contienen los arts. 217 y 218 del Cód. de Comercio -previstas allí para los contratos mercantiles, y que en ausencia de normas propias son transvasados a la interpretación de los actos y negocios jurídicos en general- (vide Ariel Ariza, "Interpretación de los contratos", Hammurabi, Bs. As., 2005, p. 100), creo que no se trata de "interpretar" lo que en el caso resultan las pautas conductistas en concreto (los arts. 6, 7 y 8 del Reglamento de la actividad científica del C.O.S.), ya que las mismas resultan de por sí suficientemente claras a la luz de lo que doctrinariamente se designa como la "parol evidence rule" (o prioridad absoluta del texto escrito) (v. Allan Farnsworth, "Contracts", 3era. Edición, New York, 1999, p. 432, citado por Ricardo Lorenzetti, "Tratado de los contratos - Parte General", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 464), sino de evaluar si las mismas resultan compatibles o conciliables con otras normas imperativas, de rango superior, como lo son las garantías con tutela constitucional.

Y es allí, dentro de ese contexto, en donde encuentro la asintonía valorativa que justifica a la postre mi voto.

Admitir -como lo hace el fallo a quo y también el voto de mi colega preopinante- que la pura voluntad mayoritaria de la asociación demandada, consagrada tanto en los estatutos como en el resultado de la asamblea extraordinaria convocada ad hoc por decisión previa de esta sala, convalide que se sancione a un odontólogo asociado al C.O.S. por el mero hecho de haber participado en una actividad científica de posgrado, de investigación o de difusión sin la anuencia previa del ente asociativo sancionador trae a la memoria las atinadas palabras vertidas por mi colega de la sala II de esta misma Cámara, Dr. Enrique C. Muller, al fundar su primer voto expedido en la causa "Berruti, Ricardo c. Círculo Odontológico Santafesino s/amparo", fallo del 24/10/03, Protocolo de fallos de la mencionada sala, folio 182, cuando citando a Zagrebelsky en su preclara obra "El Derecho dúctil", editado en Madrid en el año 1999 por la Editorial Trota, ps. 121 y sigtes., se planteaba los conflictos y las tensiones entre la "validez lógica" y la "validez práctica" de las normas, en el sentido de pensar si "el Derecho de los libros" coincide con "el derecho en acción", entendiendo el primero desde una pura concepción positivista y el segundo como su proyección o implicancia real en función axiológica y constitucional. Y entonces la pretensión estatutaria -interpretada de manera estricta por la entidad aquí demandada, al menos en su conformación mayoritaria de acuerdo al resultado de la asamblea- aparece como más afín a añejos criterios corporativos de cofradías medievales que a modernos y actuales conceptos asociativos de solidaridad, progreso intelectual, capacitación, pluralismo y eficacia.

No veo -a fuer de ser sincero- que el Dr. Alisio haya vulnerado esa suerte de "affectio societatis" que menciona el fallo a quo, o que su conducta objetivamente considerada pueda integrarse a cartabón alguno próximo a la deslealtad, aún en su pura visión técnica o científica. No puede razonablemente (y creo que en este calificativo está la clave de bóveda del disenso) aceptarse que el C.O.S. se erija, con tutela jurisdiccional, en dispensador monopólico de saberes profesionales de sus asociados, o en otorgador de gracias o dispensas para disertar, enseñar, difundir la práctica profesional o profundizar en la investigación, y que a partir de allí sancione a aquellos de sus miembros que cometan la herejía de transmitir sus saberes (que no los adquirieron en la asociación demandada, sino como fruto de la capacitación personal a través de años de estudio y trabajo) en ámbitos que no sean exclusivamente los propios de esa asociación. En el saber científico no hay traiciones, no hay cotos, no hay mercados cautivos, no hay monopolios, no hay vedas, no hay vallas. Si la actividad realizada se cumple con resguardo de las reglas que habilitan la capacitación del emisor, no debe haber entidad profesional, cultural, educativa o de ninguna índole que pueda impedir, constitucionalmente, que sus miembros aprendan y enseñen.

Derivo de ello entonces, e inexorablemente, que las normas estatutarias que imponen tales restricciones colisionan frontalmente con el derecho de enseñar y aprender (en su conformación bifronte, como Jano) que es reconocido sin fisuras por la doctrina constitucional como anidado en el texto amplio del art. 14 de la Constitución Nacional, siendo que el contenido mínimo del derecho de enseñar es la facultad que posee todo individuo de transmitir sus experiencias y conocimientos, y, correlativamente, el mínimo contenido del derecho de aprender es la facultad de recibir aquellos conocimientos mediante la prestación del servicio educativo (conf. H. Quiroga Lavié - M. Benedetti - M. Cenicacelaya, "Derecho Constitucional Argentino", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, tomo 1, p. 216).

En tal virtud, estimo entonces que el planteo apelatorio traído a esta sede revisora debe prosperar, y que en su consecuencia debe revocarse la sentencia de anterior instancia que desestimara la acción de amparo oportunamente promovida por el Dr. Ives Guillermo Alisio, haciéndose lugar a la misma por vía de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 7 y 8 del Reglamento para la Actividad Científica del Círculo Odontológico Santafesino, y en consecuencia dejando sin efecto la sanción de suspensión por tres meses que como asociado la impusiera dicha entidad al recurrente, todo ello con costas a la demandada en ambas instancias. Así voto.

El doctor Cordini dijo:

En la resolución que se apela, obrante a fs. 156/165, la jueza de primera instancia, luego de detallar las alternativas del juicio, resumiendo el requerimiento de protección inserto en el escrito introductivo y el contenido de la contestación defensiva, cuestiones que además son relatadas en la resolución de la sala de fecha 6 de junio de 1005 (fs. 198 y sigtes.) en la que resolviera como cuestión previa al dictado de la presente la necesidad de que se agote la vía asociativa interna mediante la convocatoria a asamblea para que ésta decida la suerte del recurso de apelación que interpuso el actor amparista, a los cuales cabe hacer remisión; en dicho decisorio decía, apartada la cuestión relacionada con la interposición tempestiva de la acción, se evalúa que no obstante haber afirmado el actor la inexistencia de vía judicial idónea para tutelar su derecho, para revisar las facultades disciplinarias, las cámaras de apelaciones civil y comercial y la penal tienen competencia; una cuestión es determinar la competencia material del tribunal y otra diferente consiste en establecer la vía procesal idónea para obtener la protección jurídica del derecho vulnerado y dice que bien podría haberse accionado por la vía del juicio ordinario, en el cual dispone el actor de medidas cautelares para obtener la suspensión del acto impugnado, concluye que no se cumple por ello el principio de admisibilidad mencionado.

Agrega luego la a quo que la sanción impuesta al actor tiene fundamento normativo en lo dispuesto por los arts. 3, 6 y 7 del Reglamento para la actividad científica; que el Círculo Odontológico Santafesino se reserva una preferencia en la organización y realización de cursos que si bien aparece de dudosa constitucionalidad, esa facultad de la Comisión Directiva de rechazar una propuesta de realización de curso, no puede predicarse lo mismo respecto de la preferencia que existe a su favor para esa actividad propuesta por asociados, concluyendo que ello no impide la difusión de las ideas ni el derecho a ensañar y aprender, sino que los somete a una regulación aceptada por los asociados. Rescata la jueza de grado los principios dominantes del asociacionismo que requieren como condición indispensable la autonomía y facultad de autogobierno y concluye que en el caso no se demuestra que la preferencia reglamentaria de la Comisión Directiva importe abuso o desviación de poder, advirtiendo que el actor es reincidente en la conducta antirreglamentaria.

Teniendo presente además el contenido de los agravios, resumidos como dijera en la resolución anterior de la sala, como asimismo que el paso previo dispuesto en dicha oportunidad fue cumplido habiéndose realizado la Asamblea General Extraordinaria de la que da cuenta el acta de fecha 23 de febrero de 2006, transcripta a fs. 238/252, que pone fin orgánico a la actividad de la asociación en orden a la sanción que motiva el presente amparo, habiendo ratificado dicho órgano de gobierno lo resuelto por el Tribunal de Honor, entiendo que la sentencia venida en revisión debe confirmarse, por lo que adhiero al voto del Dr. Genesio, sin dejar por ello de respetar la opinión contraria del colega Dr. Saux, quien se inclina emitiendo fundamentos atendibles, aunque no compartidos en su totalidad, por tachar de inconstitucional la previsión estatutaria que da apoyatura normativa a la sanción que motiva el amparo.

Entiendo que debe considerarse como cuestión primordial para suerte del recurso, la especial naturaleza del amparo y de los requerimientos de procedencia de este tipo particular de acción.

Al respecto esta sala en oportunidades anteriores ha dicho que las notas definitorias de la acción de amparo en orden a la admisibilidad de la pretensión consisten en la existencia de un acto u omisión que en forma inminente lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de cierto derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un Tratado o una Ley, con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas (art. 43, CN), constituye también por ello una condición de admisibilidad, la necesidad de una exteriorización cierta, actual y evidente de actos o conductas arbitrarias o ilegales. "Tanto la ilegalidad como la arbitrariedad, o si se quiere la ilegitimidad a que refieren algunas leyes o constituciones provinciales (vgr. Código Civil y Comercial de La Rioja, art. 379; Constitución de Santa Fe, art. 17) y a la que han aludido inclusive sentencias de la Corte Suprema, deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial." (Lino E. Palacio, "La Pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LA LEY, boletín del 7/9/956, p. 1; esta sala en "Gran Río SA. c. Municipalidad de Santo Tomé", Autos: 33-38; "Lescano c. Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. De Santa Fe", Fallos: 48-392, del 18/12/2000, entre otros). El carácter más amplio que otorga al amparo la reforma de la Constitución Nacional (art. 43), no significa dejar de lado la excepcionalidad del instituto, configurando un proceso reservado para situaciones extremas en que la carencia de otras vías legales aptas para dirimirlas pueda afectar derechos constitucionales, lo que importa la presencia de situaciones de excepción ante la previsible ocurrencia de daño concreto, grave y que sólo puede evitarse mediante el ejercicio de esa vía.

Asimismo se ha señalado por este cuerpo, con cita de Patricio Sanmartino y Rafael Canda ("El Amparo Constitucional y sus relaciones con los demás cauces formales de tutela - el núcleo vital de la Constitución reformada", JA, 1996-IV-840), que el difícil problema "del cuándo del amparo está sujeto a la confluencia de requisitos que, como se verá, se encuentran íntimamente relacionados entre sí: 1) que el amparista logre destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común; 2) que el amparista acredite la existencia de una situación de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela jurídica inmediata, y 3) que la actora logre demostrar que el amparo es un previsible factor de evitación del daño cierto, grave e irreparable, que previsiblemente sobrevendría si el caso se ventilara por las vías comunes." (Autos "Scaglia c. Asociación Civil Sociedad de Bioquímicos del Dpto. Las Colonias", del 23/11/05; "Pentamar c. Provincia de Santa Fe", del 6/10/97).

Presentes estos criterios de evaluación y en el examen particular del caso, entiendo que estando vigente el Reglamento al cual el propio actor admite conocer e incluso haber participado en su redacción, transitado además todo el camino asociativo que culmina con la rectificación de la sanción por la voluntad asamblearia, aun cuando en un análisis de tales disposiciones surja un justificable rechazo, estimo que los presupuestos de admisibilidad para que proceda el amparo no se encuentran totalmente presentes.

La ilegalidad o arbitrariedad no asumen un grado de evidencia tal que impongan acceder a la protección requerida en la demanda, por cuanto aún cuando pueda cuestionarse la norma que sirve de apoyo a la decisión sancionatoria, existen medios jurídicos e incluso institucionales para corregir o cambiar esas disposiciones, pero no mediante la vía elegida reservada para aquellas situaciones extremas anteriormente enunciadas.

Por ello, voto por la afirmativa.

3º cuestión. - Los doctores Genesio, Saux y Cordini manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde desestimar los recursos intentados confirmando el decisorio alzado. Costas a la actora perdidosa.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la sala primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: Desestimar los recursos intentados confirmando el decisorio alzado. Costas a la actora perdidosa. Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el art. 19 de la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.- Juan C. M. Genesio.- Edgardo I. Saux.- Raúl J. Cordini.