marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de testamento, pericia médica, valor probatorio, padecimientos mentales, testador
Materia: CIVIL
Carátula: V.J.G. Y OTRO c/ V.M.G. S-SUC. s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-24

Demandándose la nulidad de un testamento por padecer el testador una enfermedad mental, por más que la pericia médica "post mortem" tenga el inconveniente, por no brindar oportunidad del examen del testador, de basarse en otras pruebas, resulta excesivo reducirla al "aire de una conjetura", (conf. Fornieles, "Tratado de las sucesiones", 3a. ed., Bs.As., 1950, Ediar S.A., t.II, Nro.164, p 131; Spota, "Tratado...", vol. 4 de la numeración correlativa, p 284, nota 582; Vitali; "Delle successioni", Napoli, 1906)
Escribanos públicos, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N.N. s/ Divorcio y Tenencia de hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

La designación de escribano y su consecuente tarea genera un indiscutido crédito a su favor, pese a que el mismo no está demostrado cuantitativamente, sin embargo, habiendo excedido dicha tarea, la específicamente solicitada, el Juez debe regular los honorarios sobre el monto de los bienes sobre los cuales se ordenó el inventario.
Seguro marítimo, seguro de protección e indemnidad
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGUROS SA c/ CAP. Y/O ARM. BQ. SAN LUIS s/ FALTANTE DE CARGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

El óbice mayor que se ha esgrimido para impedir la acción del tercero damnificado contra el asegurador es que este tipo de seguro es de indemnidad y no de responsabilidad, por cuanto se contrata sujeto a la cláusula "paid to be paid", de tal modo que previo a que un club asegurador se encuentre obligado a indemnizar a un miembro, este no solo debe haber incurrido en una responsabilidad cubierta por la póliza, sino que debe asimismo haber abonado por esa responsabilidad. Siendo así cuando el miembro asegurado es insolvente, es obvio que no cumple con la regla "paid-to be-paid". Y precisamente en virtud de esta particularidad y ante la ocurrencia de dos casos similares, la Corte de Apelaciones de Londres resolvió que dicha regla debía ser dejada de lado basándose en los fundamentos de imposibilidad y futulidad. Por un lado, se admitió que el tercero damnificado ocupara el mismo lugar que el asegurado, en sus derechos y obligaciones, y como el presupuesto para reclamar al Club asegurador resultaba de cumplimiento imposible o bien fútil, esa condición contractual debía ser ignorada y, por lo tanto, el Club se hallaba obligado a pagar al tercero reclamante.
Competencia por el territorio, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: PEIRETTI, RICARDO PABLO y otro c/ EN - SPF s/ Ordinario (Incidente de Apelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

La Justicia Federal de San Martín es incompetente para entender en la acción por reajuste de haberes, si el actor se encuentra en situación de retiro y la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde deben cumplirse las obligaciones que se reclaman, pues en las acciones personales deber ser juez competente el del lugar que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, código procesal laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSITTO, GRACIELA ADRIANA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

La respuesta que brindó el Tribunal al evaluar si el incumplimiento del artículo 109 IV del Código Procesal Laboral endilgado a la recurrente para denegarle la concesión del recurso de apelación se verificaba o no en autos, arribando a la conclusión de que tal denegación era acorde a las constancias de la causa por no haberse realizado el previo depósito judicial de la acreencia -cuya cuantía no superaba las 40 unidades jus-, y que la recurrente no había siquiera cuestionado la normativa aplicada, se ubica dentro de un espectro de posibles respuestas adecuadas, sin que se torne al supuesto -per se- encuadrable en una causal de arbitrariedad que permita su descalificación por inconstitucional, como se pretende en el sub lite. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 109, incis IV.-
Empleo público, cesantía, encargado del registro, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, CAMILO c/ E.N.  (M. DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Si de las constancias probatorias se concluye que los cargos efectuados al titular de un Registro de la Propiedad del Automotor encuentran una circunstancia eximitoria de responsabilidad derivada del gran recargo funcional acaecido en el tiempo de los hechos imputado y las restantes faltas que no se exculpan carecen de entidad, no se justifica la gravísima sanción aplicada al actor.
Concursos, recurso extraordinario, acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, pesificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ROMI  SRL c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA SA s/ ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL S/ INC. DE RECURSOEXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-29

Procede el recurso extraordinario basado en: a) la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial (APE) por omisión y exageración del pasivo; b) la pesificación compulsiva de un crédito en dólares como consecuencia de un supuesto acuerdo de mayorías; y c) la quita abusiva y discriminatoria de tal acreencia.
Tarjeta de crédito, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Tarjeta Naranja SA c/ Taboada, Elsa Aurelia s/ Sumario: Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-23

Como consecuencia de las reglas de la carga de la prueba establecidas en el artículo 377 del CPCYC, le corresponde a la actora probar la existencia de la relación contractual controvertida, y para ello acreditar las tres condiciones que constituyen el presupuesto de hecho de las normas que fundamentan su pretensión.

Por tanto, la demandante debía probar tanto la suscripción del contrato, cuanto la emisión de la tarjeta de crédito y su recepción por la demandada de acuerdo a los preceptuado en los artículos 8 y 9 de la ley 25.065 citados.
Competencia penal, recurso de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Fusiman, Raúl Angel. s/ Recurso  de  Casación  en  Materia  Penal.  Legítima Defensa. Exceso.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-09-26

El recurso de casación en materia penal nunca tendrá por objeto la nueva consideración de los hechos, sino sólo la asignación de una nueva significación jurídica a los mismos hechos ya admitidos, reconocidos y aceptados por las instancias ordinarias.
Excepciones procesales, arraigo, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar -", expte. Nro.  1.757/05 STJ-SDO. y su acumulado "Supermercados Norte S.A. c/ Municipalidad de Río Grande - Concejo Deliberante s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar -", expte. Nro. 1.756/05 STJ-SDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-11-14

Corresponde descartar la excepción de arraigo interpuesta por la demandada, pues si bien la actora no ha denunciado domicilio real en el ámbito de la provincia, ha demostrado claramente que es titular de numerosos inmuebles en ella, (art. 361 del CPCCLRyM). La existencia de bienes raíces aventa, en consecuencia, cualquier peligro relativo a sus responsabilidades inherentes a la demanda.
Temeridad o malicia, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO Octavio; Isabel Vildozo y Nidia del Rosario A. de Castro s/ Declaratoria de Herederos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-26

El art. 44 del C.P.C. establece que "es temerario, el litigante inconsiderado, imprudente, carente de fundamento, razón o motivo". En suma la temeridad procesal es la conducta de quien debe saber que no tiene motivos para litigar, y no obstante lo hace abusando de la jurisdicción.

A su vez, la malicia en el actuar procesal está vinculada a la mala fe, pues es deber de las partes ejercer las defensas con lealtad y probidad. De allí que "la malicia que merece la nota de temeridad es la conciencia de la propia sin razón. El litigante temerario litiga sabiendo bien que no tiene motivos para litigar.

No es solo un litigante malicioso; es además, un temerario, vale decir, inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin meditar sus consecuencias, carente de fundamento, razón o motivo.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, rescisión del contrato, locación de obra, moneda, jueces, equidad
Materia: CIVIL
Carátula: Rosa María Juana MARTINEZ SUAREZ DE TINAYRE c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR L.S. 82 CANAL 7  S.A. s/ ADMINISTRACION  PUBLICA  -  SOCIEDAD ANONIMA - CONTRATO - RESCISION -  LOCACION DE OBRA Y SERVICIOS  -  CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - RECURSO  ORDINARIO DE APELACION - DAÑOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Las facultades concedidas a los jueces por el art. 1638 del Código Civil, en cuanto los autorizan a reducir equitativamente la utilidad a reconocer cuando la aplicación estricta de la norma conduzca a una notoria injusticia, deben ser ejercidas con amplitud en el caso en que se hizo lugar a la demanda por la indemnización de los daños y perjuicios causados a los actores a raíz de la ruptura unilateral del contrato de la sociedad estatal demandada, atendiendo a lo desorbitado de la remuneración pactada -en promedio, cuarenta mil dólares de los Estados Unidos mensuales durante el lapso que debía abarcar la actuación, suma prácticamente imposible de obtener mediante el desempeño de ninguna actividad socialmente útil- y a que ella recae en definitiva sobre el Estado, vale decir, que debe ser soportada por la comunidad sin que de ello pudiera derivar un concreto beneficio para ésta ni aun en el caso de que la actuación televisiva se hubiese llevado a cabo.
Responsabilidad parental, privación de la responsabilidad parental
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moronta, Cristian Alberto s/ Art. 10 ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

El inciso 2º del art. 307 Cód.Civil priva de la patria potestad al progenitor que hiciere abandono de alguno de sus hijos, aún cuando quede bajo la guarda del otro, extendiéndose la privación a todos los hijos menores ya nacidos al tiempo de la sentencia.-
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS VIRREY LINIERS 495 c/ SAFROMAITE DE MILESKA APOLONIA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-11

En el trámite del juicio ejecutivo no existen excepciones de previo y especial pronunciamiento y las que opusiere el ejecutado en los términos del art. 544 del Código Procesal deben resolverse en la sentencia de remate, que ordenará llevar adelante la ejecución si aquéllas no prosperasen o, caso contrario, la rechazará total o parcialmente (conf. art. 551 del mismo cuerpo legal).
Recurso extraordinario federal, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., J.C. c/ B.A. C.A.S. SA s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-10

Si se le atribuye a una sentencia en crisis, excesivo rigor formal por cuanto se declaró inadmisible la casación por haber sido interpuesta en subsidio del recurso de inconstitucionalidad. Es preciso recordar que para reputar de arbitraria a una sentencia, por exceso ritual manifiesto debe demostrarse cómo éste se produce, y además que es manifiesto o notorio e irrazonable.
Sucesiones, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCHOA AGUSTIN Y ARVAS ROSA s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Las costas en los incidentes de legítimo abono cabe imponerlas en el orden causado, cuando media disconformidad de algún heredero con la petición del acreedor, ya que la suerte de ésta queda enteramente a la voluntad del primero -arts. 68 y 69 C. Procesal-.-
Acción reivindicatoria, tenencia simple
Materia: CIVIL
Carátula: Suc. de Terenzi, Domingo c/ Peláez, Alfredo s/ Reivindicación -Ordinario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-11-12

La nota del artículo 2758 del Código Civil aporta fundamentos en favor de la posición favorable a que el juicio reivindicatorio procede también contra el tenedor.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUAREZ EMILSE BARTOLOME Y OTRA c/ OESTE VISION S.A. s/ COBRO EJECUTIVO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La iliquidez de la deuda afecta la habilidad del título, el que puede ser atacado por medio de la excepción de inhabilidad de título.-
Cuestiones de competencia, Municipalidad, expropiación
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ ORDEN  DE  ALLANAMIENTO  CONFLICTO  DE COMPETENCIA  CSJ EXPTE NRO 313  83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-02-29

Los jueces de paz letrados son competentes para entender en los desalojos de inmuebles urbanos, sin que importe la causa específica en cuya virtud se pretende la desocupación. (En el caso,no surge de las constancias de autos que se demande la desposesión de un inmueble vinculado a una expropiación sino sólo al desalojo de un bien que en su momento el municipio habría adquirido por vía expropiatoria, sin que modifique dicho criterio la circunstancia de que la pretensión se sustente en el art 22 inc c) Ley Orgánica Municipalidades).
Contratos, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villarino, Roberto c/ Maldonado, Néstor s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-26

La inexistencia de contrato escrito o recibos de pago no es óbice para que pueda acreditarse la locación de otra manera. El contrato de locación es consensual ( art. 1494 Cód. Civ. ) y su existencia puede ser probada por cualquier medio de prueba con la limitación del art. 1193, atenuada por la norma del art. 1191
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, sentencia, fundamentación de sentencias, comuna, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Petrecone, Victorio c/ Comuna de San Vicente s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-15

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Nacional, desde que el recurrente no esgrime argumentos que constituyan una critica razonada y concreta de los fundamentos que expuso el tribunal para decidir como lo hizo al entender que el recurrente no revestía el carácter de empleado municipal comprendido en el estatuto de la ley 9286, puesto que dicha norma -que no cuestiona el impugnante-, comprende únicamente a "todas las personas que en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en todas las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe y Organismos descentralizados y/o autárquicos de éstas ", por lo que "es necesario que la relación de empleo público se constituya con un acto formal de nombramiento previsto para cada una de las categorías de empleo por la ley... la relación es formal y exige la investidura del agente y, desde luego, es menester que esta se instaure por autoridad competente y en la forma prevista por el derecho objetivo", sin que el recurrente logre descalificar, en definitiva, lo aseverado en el fallo en cuanto a que no probó que su designación como empleado comunal hubiera sido dispuesta por un acto administrativo de la comisión comunal y mucho menos que, de haberla habido, hubiera sido dispuesta en el carácter de empleado de planta permanente.
Excarcelación, derecho al recurso, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Smaha, Eduardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

La Fiscalía no puede adherir al recurso de casación interpuesto por la querella, si previamente había ya interpuesto su propio recurso de casación -que fue denegado por el a quo- y no había interpuesto recurso de queja (arts. 476/478 del CPPN), única vía procesal para el progreso de la pretensión fiscal. El voto concurrente agregó que la omisión de la parte de interponer el recurso de queja por casación denegada hace precluir su derecho a impugnar, en razón del principio de cosa juzgada formal que adquirió aquella resolución que se pretendió impugnar. La disidencia expresó que la resolución que concedió la excarcelación al encausado resulta nula si no fundamenta ninguno de los elementos que menciona como indicadores de riesgo procesal y si, además, omite considerar la doctrina judicial emanada de nuestro máximo tribunal acerca de los motivos que pueden fundamentar el riesgo procesal en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura militar que sufrió el país. (Dres. Hornos -en disidencia- González Palazzo y Diez Ojeda -según su voto-).
Seguros, cobertura, elevación de la cobertura, oferta, aceptación, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICARDO MORENO c/ COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS TRANSPORTISTAS UNIDOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-09

Es dudoso que las reglas civiles sobre oferta de contratación, y su aceptación operen cuando la aseguradora ofrece -a un asegurado que cuenta ya con póliza para su rodado- una ampliación del monto de la cobertura, en otros términos, si la aseguradora hubiese enviado efectivamente una carta circular a sus asegurados, sugiriendo la elevación de la cobertura, la conducta del destinatario que concurriese ante un agente de la aseguradora para entregar el monto de la prima correspondiente a tal incremento habría configurado una aceptación de oferta y no apenas una propuesta de modificación contractual.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, litisconsorcio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Wentland, Paola F. c/ Carbajo, Jorge F. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

Tratándose de procesos acumulados, es carga del recurrente acompañar tantas boletas de depósitos como procesos comprende la sentencia única dictada y que afectan sus intereses, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 280 del CPCC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia por la materia, competencia civil y comercial federal, competencia contencioso administrativa, Reglamento de Contrataciones del Estado, Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos
Materia: PROCESAL
Carátula: SUMI TOT SA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

El art. 15, Ley 18.360, dispone taxativamente, refiriéndose a su régimen de contrataciones, que en sus relaciones con terceros la empresa Ferrocarriles Argentinos se regirá exclusivamente por el derecho privado. Por su parte, el art. 41 señala que "no será de aplicación a Ferrocarriles Argentinos las disposiciones de las leyes de contabilidad, de obras públicas, de empresas del Estado y normas reglamentarias o complementarias de las mismas". En consecuencia, por ser el derecho privado la órbita jurídica propia de la actividad de la demandada en sus relaciones con terceros, excepción hecha en lo que atañe en sí al servicio público, no cuadra aseverar, como regla, que el convenio de adquisición de bienes muebles que ellas suscriban configure siempre un contrato administrativo de suministro o algún otro negocio jurídico que deba regularse primordialmente por normas de derecho administrativo, y resulta adecuado atenerse a la directiva sentada por el legislador, incluso en caso de dudas razonables. En tal sentido, la mera existencia de cláusulas que puedan ser consideradas inusuales en el derecho privado no basta para tener por configurada una excepción a aquél principio, cuando median razonables dudas acerca de que tales cláusulas puedan cambiar la naturaleza del contrato (cfr. Corte Suprema, voto del Dr. Carlos S. Fayt, in re "Gas del Estado c/International Sales División General Electric Co." del 26.4.84). Además, también los contratos entre particulares suelen tener cláusulas en ocasiones más rigurosas que las aquí en análisis (cfr. Vásquez, Adolfo R. "Responsabilidad Contractual de la Administración Pública", ed. Abaco 1992, pág. 173 y sgtes.). Ponderando lo expuesto, no es la presente prima facie una causa contencioso-administrativa en los términos del art. 45, inc.

a) de la Ley 13.998. (Disidencia Del Doctor A. Vázquez).
Municipalidad, personal municipal, sanciones procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FASANO, ARMANDO LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 497 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

Si el artículo 65 de la ley 9286, en su cuarto apartado, exige que antes de aplicarse la sanción de suspensión, cuando medien las causales previstas en el artículo 62, inciso a) -incumplimiento reiterado del horario fijado por las leyes y reglamentos-, e inc. b) -inasistencias injustificadas que no exceden de diez días continuos o discontinuos en los doce meses inmediatamente anteriores-, se corra vista al imputado a efectos de que dentro de las setenta y dos horas de la notificación informe circunstanciadamente cómo se produjeron los hechos o las causas que lo motivaron; es lógico que tal regla -recaudo de la vista para una sanción correctiva- sea tanto más exigible para el caso de una sanción expulsiva. Por ello, cabe concluir que la no exigencia de sumario para estos supuestos no resulta violatoria de la Constitución en cuanto que recurrir a un complejo procedimiento sumarial no resulta imprescindible tratándose de la simple comprobación de inasistencias. Basta el descargo -mediante el cual se ejerce el derecho de defensa- para dar ocasión a que se justifiquen aquéllas y, desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en su disculpa. En definitiva, no se exige un procedimiento complejo, y de larga duración como el sumario, pero existe, esto es evidente, uno simple y breve. De lo expuesto se desprende que antes del dictado de la sanción expulsiva, no era necesaria la instrucción de un sumario -como lo plantea el actor-, pero sí lo era correr una vista al agente para permitirle efectuar su descargo.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: BOGGIA, Alba Elisa c/ LEMAI S.R.L. s/ Cobro indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-10

No corresponde, en principio, ampliar la actividad probatoria en la alzada cuando la especie de prueba se ha producido en la anterior instancia, el perito ha brindado las explicaciones requeridas sobre los puntos oscuros y la parte disconforme no opone argumentos científicos de valor que demuestren de modo evidente y objetivo que la opinión del perito se halla reñida con principios lógicos, técnicos o científicos de la especialidad, que impongan al tribunal la necesidad de su reproducción por otro experto.
Intervención federal, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Zavalía, José Luis c/ Provincia de Santiago del Estero y Estado Nacional s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Las intervenciones no se han instituido para cercenar derechos a los habitantes de las provincias sino para garantizarlos plenamente en su ejercicio, ni causan cesantía de la personería jurídica de los estados, que son de existencia necesaria.