Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-06-12


2º instancia. - Junín, junio 12 de 2008.

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

En la sentencia dictada a fs. 372/382 se decidió el rechazo, con costas, de la demanda que por daños y perjuicios derivados del fallecimiento de A. J. C. dedujeron M. A. y D. P. C. y S. R. H. por sí y en representación de su hija menor R. S. C. contra M. A. D. y E. SA.

Consideró la sentenciante de grado que la causa del accidente que provocó el deceso fue el uso en forma ineficaz e imperita por parte de la víctima de una soldadura eléctrica suministrada por un tercero (P. C.) por quien no deben responder los accionados; al tocar A. J. C. con su dedo índice la pieza de soldar y cerrado el circuito a través de su cuerpo al hacer contacto con otra parte metálica, recibiendo de esta forma una descarga eléctrica que lo desequilibró, haciéndolo caer del andamio al suelo, sin cumplir ninguna de las medidas de seguridad adecuadas al caso y actuando por cuenta propia y no en relación de dependencia. En tal sentido señala que el accidente se habría evitado de haber obrado con la debida atención y conocimiento del oficio, cuidándose de no tocar partes electrizadas con las manos desnudas, utilizando casco, guantes protectores, cinturón inercial, calzado aislante y finalmente un andamio seguro con suficiente plataforma y baranda y que tales omisiones no son atribuibles a negligencia del dueño o guardián del local donde trabajaba - respecto de los cuales tampoco se ha logrado acreditar que fuesen quienes realizaron la conexión clandestina de electricidad- sino a la actividad que él desplegaba como contratista.

Apelaron los actores. Declarado desierto el recurso deducido por M. A. C. (ver fs. 446), los otros litisconsortes activos expresaron sus agravios a fs. 434/444, recibiendo la réplica del codemandado D. de fs. 457/460 y de la Fiscalía de Estado (dado la asunción del patrimonio residual por parte de la Provincia a raíz de la liquidación de E. SA - ver fs. 301 y 302-) de fs. 461/463vta. Oído que fue el Sr. Asesor de Menores por la representación promiscua que ejerce (ver fs. 465) y firme la providencia de autos para sentencia de fs. 466, las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC).

La queja transita en primer lugar por la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado a fs. 59 con fundamento en que la titularidad dominial del inmueble y carácter de dueño de la obra y contratista recae en "M. A. D. SA" y no en forma personal.

Esa defensa, digo liminarmente fue tratada en forma confusa en el pronunciamiento en revisión. En efecto, la Sra. Jueza señaló que en virtud de "la situación acreditada de la propiedad y de la adquisición de materiales de construcción de la sociedad" "no puede menos de considerarse la falta de legitimación de M. A. D.", aunque luego al considerar no acreditado que se "le explicitara claramente que lo hacía en carácter de representante legal de una sociedad que llevaba su nombre, amén de lo cual, dada su actividad desplegada en torno a la realización de las obras, puede considerárselo como guardián de la cosa", para finalizar (en el último tramo en que trata esta cuestión a fs. 378 vta. in fine) afirmando que "la demanda se dirige contra M. A. D., entonces, como guardián del inmueble donde estaba trabajando la víctima al sufrir el accidente. Entendiéndosele responsable por una cosa peligrosa ¿el inmueble? Evidentemente no reviste tal carácter, siendo - a todo evento- atribuible la causa del daño, no a éste, sino tan sólo -en todo caso- al golpe de electricidad de la conexión clandestina atribuida como realizada por el dueño o guardián...".

La crítica de los apelantes se apoya en que "para la víctima de autos no existía duda alguna de que estaba contratando con el demandado".

Cuestiona luego la eximición de responsabilidad decidida respecto de D., sosteniendo a) que la atribución del carácter de guardián de la cosa está referido a la energía eléctrica; b) que existía subordinación, una locación de servicio no de obra y que "en virtud de lo dispuesto por el deber de seguridad era D. quien, en todo caso, debió haberle provisto a la víctima de los elementos de seguridad", entre ellos el interruptor termomagnético, disyuntor diferencial de corriente, puesta a tierra de la instalación en general, agregando que en ningún momento se demostró que la conexión clandestina hubiera sido realizada por Conde y que es imposible sostener que D. desconociera su existencia; c) que como guardián de una cosa riesgosa no demostró acabadamente la existencia de culpa de la víctima o la de un tercero por la que no debe responder y d) que la cadena causal no se abrió por el uso de una soldadora eléctrica suministrada por un tercero, sino por la conexión clandestina y por ende insegura instalada por D.

Respecto de E. SA, su reproche se ahínca en que como empresa prestataria del servicio generador de riesgo debe supervisar y extremar el mantenimiento y cuidado de las redes, no quedando exenta de responsabilidad porque sea una conexión clandestina, ya que medió tolerancia de su parte al no impedir por descuido o negligencia el empleo de la cosa por otro, sin que esto sea imprevisible o inevitable.

Ya en tarea decisoria, estimo conveniente señalar de inicio que más allá de que la parte actora cuando formuló su pretensión respecto de D. la fundamentó acumulativamente y en violación a lo dispuesto por el art. 1107 C. Civil, en el doble régimen de responsabilidad extracontractual (subjetiva con factor de atribución en la culpa y objetiva por el riesgo de la cosa a tenor de lo dispuesto por el art. 1113 C. Civ) y contractual (por infracción al deber de seguridad) - ver fs. 7vta/8 y 20-, la cuestión debe ser dilucidada bajo la normativa de aquella ya que "el reclamo indemnizatorio con sustento en la obligación de seguridad sólo puede ser efectuado por la víctima (acreedor de la obligación principal). Los damnificados indirectos se encuentran fuera de la órbita contractual y, en consecuencia, su reclamo podráá-según el caso- tener sustento en las normas que regulan la responsabilidad aquiliana, mas no en el contrato que vinculaba al deudor con la víctima; es el supuesto en que acaece la muerte de una de las partes, en el que los herederos no pueden accionar iure hereditatis sino iure proprio y, en consecuencia, la reparación de los daños causados a ellos por incumplimiento de la obligación de seguridad sólo puede fundarse en las normas atinentes a la responsabilidad extracontractual" (Susana E. Lambois "La obligación de seguridad "publicado en "Derecho privado. Libro homenaje a Alberto J. Bueres", pág. 1123/1124; doctrina C. N. Fed. Civ y Com en pleno 30/6/82 JA 1982-III-460, idem Roberto A. Vázquez Ferreyra "La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual" en RDPC nº 17 " responsabilidad contractual-I" p. 87) Hecha esta aclaración, no existe ningún obstáculo, sin mengua de las diferencias respecto de la carga de la prueba, en que la postulación resarcitoria se asiente en los dos distintos factores de atribución, autónomos y no excluyentes (culpa y riesgo), aunque adelanto que por cualquiera de esos andariveles arribamos al mismo resultado desestimatorio.

En lo que hace a la órbita de responsabilidad objetiva del 2do párrafo segunda parte del art. 1113, si bien no cabe duda de que la línea portadora de energía es cosa riesgosa per se, es decir por su propia naturaleza (SCBA AC. 85.552, "A. d. E. , V. y otros contra Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. Daños y perjuicios" S 22-8-2007), "pero ello no implica concluir que todo tendido eléctrico -por el solo hecho de serlo- configure la causa adecuada de cualquier daño originado por el contacto con el fluido que dichos tendidos transportan. Tampoco podría afirmarse que en tales situaciones el dueño o guardián de tales instalaciones siempre resultar ser el responsable civil de tales perjuicios" (Andrés F. Varizat "Causas ajenas frente a la cosa inerte riesgosa (tendido eléctrico)" LNC 2006-8-763). Es que quien acciona en función de dicho régimen necesariamente debe probar la relación causal, aunque dicha carga se vea aligerada en tanto le basta con acreditar la intervención "activa" de la cosa riesgosa o viciosa en el hecho dañoso, o la demostración del daño causado y el contacto con la cosa riesgosa en el caso de una cosa inerte, a partir de la cual se establecerá la presunción de causalidad referida (Juan Manuel Prevot "Electricidad, riesgo, eximentes y responsabilidad" LLLitoral 2006 (noviembre), 1274 y doctrina citada en nota 39). En otros términos, si bien "abstractamente" puede afirmarse que el cableado y la energía eléctrica que éste transporta configuran una cosa riesgosa, a partir de tal tipificación a priori de sus características no puede predicarse automáticamente y desinteresándose de la mecánica del hecho a la luz de las pruebas arrimadas, que en el caso "concreto" resultaron causalmente activos e idóneos para producir el daño. La causalidad puede quedar comprobada por medio de presunciones, pero ello no implica aceptar que la causalidad en sí misma pueda ser presumida (Mosset Iturraspe-Novellino "Derecho de daños" Tercera parte p. 354) Un análisis retrospectivo que superficialmente se limitara a dicha comprobación resulta tan desacertado como el que en sentido opuesto propone el representante de la Fiscalía al sostener como causa del suceso no la descarga eléctrica sino la caída al vacío (ver fs. 462vta.) ya que, independientemente de la interferencia de este hecho en el iter causal y en las consecuencias, es innegable que aquella fue el factor desencadenante inicial y condictio sine qua nom, determinante - no mera ocasión o antecedente- de la desestabilización y su nociva secuela tal como se desprende del examen cadavérico de fs. 7/8 de la causa penal: "Quemadura de electrocución en el tercio distal de la primera falange del dedo índice de la mano derecha"; "Mecanismo probable de muerte: La víctima sufre una electrocución en mano derecha y cae de un andamio de aproximadamente cinco metros golpeando con el cráneo en el piso de cemento, provocándose así la fractura de la base de cráneo" (doctr arts. 901, 904 y 906 C. Civil).

Las actoras se disconforman con la aseveración de que fue el uso incorrecto de la soldadora lo que abrió la cadena causal. Ello sin embargo no es más que la lógica derivación de la conclusión pericial de fs. 287 en dictamen no impugnado por ninguno de los litigantes. En efecto el Ing. Electricista Medialdea explicó que "seguramente el operario de la máquina ha tocado la pinza de soldar con su dedo índice como se describe en fs. 8 de causa penal 24576 y cerrado el circuito con otra parte de su cuerpo al hacer contacto con otra parte metálica, produciendo esto un cierre del circuito a través de su cuerpo. Esto desencadena en un gran sacudón lo cual con seguridad lo desbalancea de la parte superior del andamio produciendo su caída". Ello por otra parte se compadece con los materiales del techo y andamio de estructura metálica (ver acta de fs. 2, corte planimétrico de fs. 30 y fotografías de fs. 11vta y 12 causa penal) y con los términos de la denuncia de fs. 1vta y declaración testimonial de fs. 14vta de la causa penal a la vista por parte de Alberto José Conde quien manifiesta que probablemente o aparentemente su padre recibe una descarga eléctrica de la máquina de soldar, sin hacer referencia alguna al enganche clandestino y sin mencionar él ni la otra persona presente en la ocasión A. A. R. al declarar a fs. 165/167 de estos obrados de que la víctima hubiese tomado contacto con la línea de provisión eléctrica.

La circunstancia de que dicha máquina - propiedad de un tercero P. C. y no provista por los aquí demandados - no sea viciosa tal como se desprende del dictamen de fs. 15 de la causa penal, a la que se aferran las recurrentes, en modo alguno enerva su condición riesgosa ni el imperito o negligente uso que de la misma se hiciere (arts. 512,902 y 1111 del C. Civil). Repárese que el perito al indicar que existían tres riesgos a cubrir: trabajo con energía eléctrica, trabajo con soldadura y trabajo en altura, destaca como medida de seguridad referida al segundo "Aislar la superficie exterior de los porta electrodos a mano y en lo posible sus pinzas de agarre".

Que fue la manipulación inadecuada de tal herramienta lo que produjo la electrocución y la ausencia de elementales medidas de seguridad lo que derivó en su fatal caída, son conclusiones razonadas y acordes a la sana crítica derivada de lo que objetivamente acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de los sucesos. En tal sentido, llega firme al no haberse rebatido recursivamente, la ausencia en dicha oportunidad de cuidados o precauciones mínimamente exigibles según las circunstancias de persona dedicada a la construcción y lugar; esto es no realizar trabajos eléctricos con las manos desnudas, utilización de guantes, casco, cinturón inercial, calzado aislante y un andamio seguro con suficiente plataforma y baranda.

Estéril es la pretensa justificación de dicho comportamiento omisivo para privarlo de su eficacia genética; valiendo la pena destacar que según la interpretación mayoritaria y que se juzga correcta, estando en juego la autoría y los requisitos para establecerla, para el eximente en cuestión es suficiente el "hecho" de la víctima, resultando irrelevante que sea culpable o siquiera voluntario.

Entronca esto último con el endilgamiento de responsabilidad con base en lo dispuesto por los arts. 1109, 512 y 1074 del Código Civil, en cuanto abstención, inactividad u omisión contraria a una obligación jurídica de obrar. Se aduce que existiendo una locación de servicio (no de obra como se la reputó) esos elementos y medidas se seguridad debían ser provistos por D.

Independientemente de que no está probada la locación de servicios alegada, sin que la modalidad remunerativa aisladamente permita así calificarla (Parry "Diferencia entre contrato de trabajo y locación de obra" ED 9-8; Belluscio-Zannoni Código Civil To. 8 p. 4/8), y aún cuando se visualizan elementos indiciarios adversos a ese encuadramiento, estimo innecesario dilucidarlo, ya que desenvolviéndose la relación en el ámbito de la contratación civil y no en el de una relación laboral comprendida en el decreto 911/96 (Adla, LVI-C, 3635) no le eran exigibles al dueño de la obra y/o locatario la provisión de dichos implementos y demás medidas de seguridad que el decreto establece, por cuanto como dijo el Dr. Zannoni ( CNCiv Sala F "L RE c. Consorcio de Propietarios Pacheco de Melo 2695" 28/12/06 La Ley 7/5/2007) en un caso de muerte realizando trabajos de pintura en altura por deficiente armado de la silleta, "se contrató a quien, en razón de su oficio, debía conocer los peligros y como conjurarlos; no parece verosímil que las partes entendieran que los copropietarios se obligaban a neutralizarlos". La obligación y responsabilidad por medidas de seguridad genéricas, no llegan incluso "al extremo de liberar a cada gremio de su propia obligación de tomar aquellas que requiere su trabajo, en la inteligencia de que las mismas no están comprendidas en el gobierno genérico de la obra"(CC0102 MP 111832 RSD-270-00 S 4-7-2000 JUBA B1403160). "Si se acepta que en la locación de servicios no hay una relación de dependencia, como se presenta en el contrato de trabajo, frente a la cuestión de saber si el locatario de servicios responde por los daños sufridos por su locador de servicios con motivo de accidentes u otras circunstancias ocurridos mientras cumplía su prestación, la respuesta debe ser negativa. La posibilidad de que el locatario deba responder no surge del contrato de locación de servicios, sino, en caso de acreditarse su existencia, cuando ha habido culpa del locatario" (Código comentado citado p. 16). Además de los usos y costumbres, el sentido común indica que elementos personales- como el calzado, guantes y casco- o directamente relacionados con la propia tarea para la cual fue contratado - estructura del andamio, sujeción de la plataforma de apoyo y demás medidas para evitar caídas de altura- escapan a la obligación de provisión, colaboración e incluso advertencia del comitente.

Sella la inconducencia del planteo al fin revocatorio perseguido, la circunstancia paradójicamente esgrimida con pie en lo declarado por R. (primera repregunta fs. 166vta): si habitualmente C. usaba guantes de goma y casco, no es la falta de provisión justificativo de que no los tuviera puestos, sino el propio descuido e imprudencia, que aunque ocasional fue suficiente para el desenlace siniestral.

Yendo a los dispositivos de protección eléctrica, si bien habrían servido en gran medida para evitar las consecuencias (ver punto 7 pericia de fs. 287) ello no significa que su ausencia haya provocado el suceso ni que la conexión clandestina - independientemente de la ilicitud que apareja y de quien la haya realizado- fuese la causa cierta y concreta de la electrocución (en correctas instalaciones los mismos también podrían faltar).

De ningún reproche es merecedora su no colocación cuando todavía no existía provisión de energía y los trabajos que la requerían iban a ser provistos por un grupo electrógeno (ver declaración de M. de fs. 201/203; art. 456 CPCC).

Aquella carencia en lo que hace a la cobertura del riesgo, que como dije lógicamente se corresponde con el hecho de que el galpón no tenía el suministro eléctrico instalado, lejos estaba ser desconocida por el occiso. Dijo R. (fs. 165 y vta) que el mismo Conde para quien trabajaba lo había mandado a E. para averiguar si se podía instalar la corriente.

Por otra parte (y a diferencia del manto de incertidumbre que no ha sido categóricamente despejado siquiera en cuanto a la previsibilidad de un posible daño por parte del dueño, guardián y/o locatario por saber del "enganche") no puede aducirse ignorancia de la víctima y sus auxiliares de las condiciones de la provisión con que se manejaban. Las respuestas del mismo operario a la pregunta novena indicando como era la línea de bajada y a la primera ampliación dando cuenta de como el hijo desconectó el alargue de la soldadora, revelan un conocimiento acabado del asunto.

En suma, aunque el tendido de cables era anormal, entre ellos el del propio alargue de la soldadora -lo que por otra parte no escapaba a la guarda del occiso ya que se servía material y autónomamente de los mismos teniéndolos a su cuidado-, la causa del infortunio se encuentra el uso imperito e imprudente de la máquina, en condiciones de inseguridad que adicionalmente agravaron sus perjudiciales consecuencias.

Ello sin siquiera entrar en el análisis de si existió una utilización contraria a la voluntad expresa del aparente responsable; defensa ésta que cuenta con el aval de lo declarado por el Sr. M. a fs. 201vta/202 respuesta novena.

De compartirse este criterio, coincidente con el de la a-quo, ocioso deviene el esclarecimiento de la legitimación pasiva - si se trataba de la sociedad o su representante a título personal-, ya que medió una causa ajena al comportamiento de cualquiera de ellos y a las cosas por las que responden, consistente en el hecho de la víctima fracturario total de un nexo de causalidad adecuada con el daño (arts. 1113 y 1111 del C. Civil; 384 y 375 del CPCC).

Por último, y aún cuando con lo dicho se impone como forzosa derivación también el rechazo de la demanda contra E. SA, me permito agregar como argumento corroborante a su respecto que si bien contrariamente a la doctrina sentada en el fallo de la C. Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 1º, 30/04/2001 "Arias, Alfredo M. y otra v. Garrote, José M. y otros" JA 2001-IV-308 (" La empresa prestataria del servicio eléctrico no es responsable de la muerte por electrocución de una persona, si el nexo causal fue interrumpido por la intervención del tercero que realizó la conexión clandestina"), se han alzado otros pronunciamientos que sólo la exoneran parcialmente (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 8º Nominación de Córdoba, 02/10/2007 " Núñez, Raúl Mario c. EPEC - Empresa Provincial de Energía de Córdoba " La Ley Online "La existencia de una conexión clandestina de electricidad que provoca un accidente, responsabiliza a la empresa proveedora de energía, aunque en forma parcial atento a que la mentada conexión proviene del hecho de un tercero por quien no debe responder") o son contrarios a su liberación (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala II 19/02/1999 " Diple, José y otra c. Dirección Provincial de la Energía "LLLitoral 1999, 533, con nota aprobatoria de Jorge Mosset Iturraspe "La condena como "guardián" a la Empresa Provincial de la Energía..."), este último criterio ha dependido de circunstancias particulares de cada caso (tramo exterior del tendido en el que se produjo el accidente, contacto por parte de extraños desconocedores de la instalación y tolerancia de la empresa ) por cierto muy disímiles a las del sub-lite, en el que no se evidencia una dejadez o no control prolongado por parte de la prestataria del servicio, la víctima estaba usando del suministro y la electrocución fue en un tramo interior del inmueble, fuera de la línea de bajada, por la utilización de un artefacto.

Propicio así la confirmación de la sentencia recurrida, con costas de Alzada a las apelantes vencidas (art. 68 del CPCC).

TAL ES MI VOTO Los doctores Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- 2º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I.- Rechazar el recurso actoral, confirmando el rechazo de la demanda decidido en la sentencia apelada. Con costas de Alzada a las apelantes (art. 68 del CPCC).

II- Atento los recursos de apelación deducidos a fojas 392 y 394, lo preceptuado por los arts. 16, 21, 22, 28 y ccs. del Dec. Ley 8904; SE FIJAN los honorarios de primera instancia, como sigue: al Doctor R. F. O. en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) y los del Doctor J. P. F. en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), con más las sumas el 10% que establece el art. 12 inc. a) de la Ley 6716.- En cuanto a los honorarios de los Peritos intervinientes; SE REGULAN al Perito Ingeniero G. M. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800), con más sus aportes de ley.- Y los de la Perito Calígrafa N. F. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800).- III-En cuanto a los honorarios correspondientes por las tareas ante esta Alzada; SE FIJAN los honorarios de la siguiente forma: al Doctor R. O. F. M. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800), al Doctor J. F. G. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800), al Doctor R. O. N. en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS ($8.700), y los del Doctor J. P. F. en la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (8.250), con más las sumas el 10% que establece el art. 12 inc. a) de la Ley 6716.- (Art. 31 del Dec. Ley 8904).- ASI LO VOTO.- Los doctores Rosas y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí. - Juan José Guardiola. - Patricio Gustavo Rosas. - Ricardo Manuel Castro Duran.

Junín (Bs. As), junio 12 de 2008.

AUTOS Y VISTO:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, SE RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso actoral, confirmando el rechazo de la demanda decidido en la sentencia apelada. Con costas de Alzada a las apelantes (art. 68 del CPCC).

II- Atento los recursos de apelación deducidos a fojas 392 y 394, lo preceptuado por los arts. 16, 21, 22, 28 y ccs del Dec. Ley 8904; SE FIJAN los honorarios de primera instancia, como sigue: al Doctor R. F. O. en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) y los del Doctor J. P. F. en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), con más las sumas el 10% que establece el art. 12 inc. a) de la Ley 6716.- En cuanto a los honorarios de los Peritos intervinientes; SE REGULAN al Perito Ingeniero G. M. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800), con más sus aportes de ley.- Y los de la Perito Calígrafa N. F. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800).- III- En cuanto a los honorarios correspondientes por las tareas ante esta Alzada; SE FIJAN los honorarios de la siguiente forma: al Doctor R. O. F. M. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800), al Doctor J. F. G. en la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800), al Doctor R. O. N. en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS ($8.700), y los del Doctor J. P. F. en la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (8.250), con más las sumas el 10% que establece el art. 12 inc. a) de la Ley 6716.- (Art. 31 del Dec. Ley 8904). - Juan José Guardiola. - Patricio Gustavo Rosas. - Ricardo Manuel Castro Duran.