marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Poder de policía, competencia por la persona, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Consorcio Av Corrientes 2978/82/96/3000 esq. Ecuador 475/81/87 c/ De Marco de Toscano, Ester s/ Cumplimiento de reglamento de copropiedad s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde declarar la competencia del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario para conocer en el presente juicio en la medida en que también se demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por nulidad de una habilitación (artículos 1 y 2 del CCAyT y 42 de la ley n° 7, texto consolidado según ley n° 6017). Independientemente de la discusión suscitada sobre la tempestividad de la ampliación de demanda, razones de economía procesal y las circunstancias de la causa aconsejan la continuación del trámite ante la jueza declarada competente. Ello así, en tanto en el caso, la ampliación no implica una modificación de la pretensión contra la demandada primigenia, sino que expresa la voluntad de incorporar un nuevo demandado al pleito, el GCBA, así como la existencia de cierta conexidad entre ambas pretensiones. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Contrato de trabajo, grupo económico, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: MENESES GUTIERREZ, OMAR c/ BRUGASTO S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-20

Toda vez que el conjunto económico está integrado por empresas con estrechos puntos de contacto, reveladores de intereses comunes , necesariamente llevan a concluir que deben responder solidariamente en las obligaciones laborales con su personal. Y la apariencia formal no impide la consideración de la real situación subyacente, aún en ausencia de conductas fraudulentas.
Honorarios del abogado, sucesión testamentaria, herederos, bien de familia
Materia: PROCESAL
Carátula: VERNO COSTA, LEONARDO Y QUEREJETA, NELVA G. s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-26

La indisponibilidad que crea la ley 14.394, tutela intereses de los integrantes de la familia, y no tiene, excepto en los aspectos relativos a proteger la incapacidad, la minoridad o el ente familiar, directa implicancia institucional.

Cuando el requerido a pagar el honorario no ejerce la facultad de limitarlo según la ley 14.394 prevé, nada obsta a que la deuda sea satisfecha omitiendo esa normativa, pues disponer de oficio lo contrario excede las facultades de la jurisdicción, máxime teniendo en cuenta que las normas arancelarias son, en principio, de orden público.

Si quien debe afrontar el pago de los honorarios profesionales del abogado interviniente es el heredero testamentario, que no ha invocado en su favor la inscripción del bien inmueble conforme a lo establecido por la ley 14.394 y respecto a quien no aparecen "a priori" dadas las condiciones exigidas para la aplicabilidad del régimen legal en cuestión, no cabe la restricción del derecho del abogado a percibir por su trabajo una adecuada retribución, en función de lo previsto en el artículo 48 de la ley 14.394, desde que no puede satisfacerse la finalidad asistencial que le dio origen y no se compromete el amparo de la familia, a la que resulta ajeno el interesado.
Obras sociales, afiliación a obras sociales, prestaciones de la obra social, opción de obra social
Materia: COMERCIAL
Carátula: D'ALESSANDRO NELLY MARIA Y OTROS c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

En el estudio simultáneo de las leyes 19.032, 18.010 y 18.980 es aceptable interpretar que con la creación del INSSJP no se produce un pase automático de la Obra Social a la que pertenecían al nuevo, sino que esa transferencia era posible merced a la opción que realizaran voluntariamente quiénes estuvieren interesados en ello, pues, caso contrario, mantenían su afiliación a aquélla. Con la sanción de la ley 23.660 han quedado comprendidos, entre otros, los Institutos de Administración Mixta, que teniendo como fines los establecidos en esa ley, hayan sido creados por leyes de la Nación (art. 1°). Y el decreto reglamentario -576/93 -, al referirse a dichos Institutos, señala que son aquéllos que fueron caracterizados como tales por sus leyes de creación, las que mantienen su vigencia con sus modificaciones posteriores -irrelevantes en este caso -y las que se detallan en los arts. 37, 38, 39 y 40 de la ley 23.660, refiriéndose el art. 39 al INSSJP.
Injuria laboral, apreciación del juez, prueba, interpretación de la ley, indemnización por despido, indemnización agravada, recurso de casación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Corte Nº 29/08 "López, Edison S. c/ Editorial Capayán S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-18

En términos de interpretación legal, resultaría absurdo que alegándose plurales conductas potencialmente injuriosas, deban ser probadas todas y cada una de ellas para legitimar el despido indirecto, porque la prueba de la injuria es una cuestión cualitativa cuya apreciación corresponde a los jueces de la causa, bastando la prueba de un solo hecho que por su gravedad impida la continuidad de la relación laboral.

Entenderlo de otra manera significaría confundir la prohibición de variación de las causales originariamente invocadas con la prueba de ellas, hipótesis procesales esencialmente distintas.

De lo expuesto se deriva que el despido indirecto por justa causa se encuentra plenamente acreditado y corresponden las indemnizaciones por antigüedad de la Ley de Contrato de Trabajo y la establecida por el Art.15 de la Ley de Empleo.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación intentado por este agravio.
Daño moral, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: LEDO MARIA ADRIANA c/ BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

El daño primero apunta a efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteran de algún modo la personalidad integral del reclamante y su vida de relación; se diferencia del daño moral que está dirigido a compensar padecimientos, molestias o angustias sufridas (CNCom, Sala A, 16.12.92, "Gómez Beatriz, c/ Giovannoni Carlos, s/ sumario"; Sala E, 13.5.97, "Winograd, Marcos c/ Calviño Alberto"; íd., 16.02.96, "Alucen, Marcelo, c/ Segurado Eduardo").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Pablo Eduardo c/ Peverini Hnos. y Cía. de Seguros La Agrícola s/ Actualización de indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

El intento de introducir articulaciones novedosas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se conforma con la garantía del debido proceso, en el sentido que las partes deben ejercer oportuna y plenamente sus defensas durante el trámite del litigio ante la instancia ordinaria.
Seguros, siniestro, denuncia del siniestro
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN C. BACK c/ FIDES COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ DENUNCIA DEL SINIESTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

La ley 17.418: 46 impone al asegurado la carga de informar el acaecimiento del siniestro. El único objetivo de esta denuncia declaración de voluntad para la cual la ley no prevé forma específica- es anoticiar al asegurador que ha ocurrido el siniestro contra cuya producción se aseguró. Por ello basta un simple aviso, pues si bien toda información adicional o monto estimado de los daños puede resultar útil, no es necesario para considerar cumplida la carga señalada. Unicamente surge la obligación de suministrar mayor información a pedido de la C.I.A. aseguradora (Ley 17.418:

46,2).
Actualización monetaria, intereses, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ADROVER, Teresa c/ CONS. DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO JUNIN 1265 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

A los fines de realizar la comparación de valores que requiere el art. 1 de la ley 24.283 no es menester adicionar los intereses al capital, sino que debe atenerse exclusivamente al importe actualizado del monto indemnizatorio, pues cuando la normativa se refiere a "la liquidación judicial o extrajudicial", hace mención a la determinación cuantitativa del daño que requiere dichas instancias y no al cálculo de intereses sobre el capital, que también puede efectuarse en la etapa de ejecución de sentencia o en el ámbito extrajudicial. Por cuanto la ley 24.283 debe aplicarse con criterio estricto, no cabe atender a la amplitud de criterio en una inteligencia que no resulta del articulado legal.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle, motocicleta, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Lescano Maria Antonia c/ Cruz Carlos Antonio y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-26

Surge de las constancias de autos que la parte actora ha logrado desvirtuar la presunción de responsabilidad que le cabía por circular de manera no preferente (por la izquierda), habiendo justificado que su ingreso a la ruta no fue en violación de las normas de tránsito relativas a la velocidad, que tenía factibilidad de cruce y que su ingreso no fue con la finalidad de ganar la calle, circunstancias que permiten eliminar la presunción legal de paso preferente. De este modo, sobre la base de informe de especialistas y constancias existentes en la causa penal, la motocicleta había avanzado considerablemente en la encrucijada cuando fue embestida por la camioneta de la demandada, que permite concluir que, aunque la conductora de la camioneta gozaba de prioridad de paso en la encrucijada, circulaba sin la debida atención (art. 39 LT) lo que le impidió evitar el impacto a la motocicleta conducida por la actora quien prácticamente ya había atravesado la ruta.
Acceso a la información pública, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

La interacción entre el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Estado se desprende, además, de otras finalidades generales reconocidas por el legislador; por ejemplo, contribuir al mejoramiento de la administración de justicia o colaborar con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general (art. 20, incs. e y h, ley 23.187); esa interacción luce más evidente aun a poco que se repara en que dicha entidad cuenta con representantes permanentes en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados (arts. 2 y 22, ley 24.937 y sus modificatorias), órganos constitucionales de indudable naturaleza estatal y fines públicos (arts. 114 y 115, Constitución Nacional). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Locación, recurso de casación, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Benz, María del Carmen s/ en autos Nº 23/00 Dra. Mariela Musri y Otros c/ María del Carmen Benz s/ Prepara vía Ejecutiva S/ Incidente de Cancelación de Embargo - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-19

En el sub lite, los actores inician en el año 1999 la preparación de la vía ejecutiva para que la deudora reconozca el carácter de locataria y exhiba el último recibo de pago de alquiler; ello se concreta en el 2002, oportunidad en que reconoce dicho carácter desde el año 1996, por prórroga del contrato originalmente pactado. Se promueve demanda ejecutiva y se ordena trabar embargo preventivo sobre un inmueble de propiedad de la otrora locataria a fin de asegurar el pago de los alquileres adeudados -medida inscripta con carácter provisorio en los años 1994, 1999 y 2000-.

Ésta plantea incidente de cancelación de embargo con fundamento en que el inmueble se encuentra automáticamente inscripto como bien de familia a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la ley Nro. 4809/94 y en que la deuda que se pretende ejecutar es de fecha posterior a la aludida -diciembre de 1995 a marzo del 2001-.

Dicho incidente es admitido en primera instancia ordenándose el levantamiento de la medida, decisión confirmada mediante la Sentencia Interlocutoria de la Alzada que se recurre en casación.

En autos, dado que el único contrato de locación cuya celebración ha sido demostrada es el que data del año l987, y habiéndose mantenido esa relación por espacio de más de 13 años sin haberse acreditado la existencia de un nuevo contrato, debe entenderse que la locación continuó bajo aquellos mismos términos, salvo en relación al tiempo de duración, pues ya no tiene plazo determinado, por lo que la permanencia del locatario en el inmueble locado y el pago de los alquileres después de vencido el plazo no bastan para presumir la celebración de un nuevo contrato.

En esa inteligencia, la jurisprudencia ha sostenido: "Para determinar si un crédito es anterior a la afectación del inmueble al régimen del bien de familia se debe atender al hecho o acto generador, y no a la del pronunciamiento que reconoce ese crédito preexistente (CNCom., sala E, 19-2-93, J-A. 1993- IV- 357). "En los casos de ejecuciones de alquileres, es inoponible al locador la afectación del inmueble del garante como bien de familia cuya inscripción es posterior a la celebración del contrato de locación, aun cuando los alquileres que se reclaman correspondan a periodos posteriores a dicha afectación " (CNCiv., sala I, 31/8/99, JA. 2000-III-590).

Por lo tanto, en la especie, la hipótesis de inscripción automática prevista por la norma local -Ley Nº 4809- no resulta aplicable, por ser la deuda que se ejecuta de fecha anterior a la de su entrada en vigencia. En conclusión, corresponde casar la sentencia atacada revocando el fallo impugnado y dejando sin efecto la cancelación de embargo dispuesta, con costas a la vencida.
Cosa juzgada, cosa juzgada administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Massa, Eduardo c/ Hart S.A. s/ Homologación - Acuerdo Conciliatorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-28

Debe distinguirse la cosa juzgada judicial de la "administrativa", recordando que en rigor sólo la primera es propia de la actividad jurisdiccional, en tanto que la segunda corresponde a una denominación técnica referida a la inmutabilidad de ciertos actos en sede administrativa, mas no puede asimilarse a los efectos y caracteres propios de la "res judicata" judicial.
Indemnización por accidente de tránsito, monto de la indemnización, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ MARIO ALBERTO c/ CABRERA SILVIA s/ Sumario (LIBRO: S154 - 431)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-19

No es admisible cuestionar el alto monto indemnizatorio fijado con el argumento de que el mismo supera el valor del automóvil, cuando lo que se reclama son sumas abonadas por las reparaciones, por cuanto en principio no cabe la idea de obligar al damnificado a sustituir la unidad aunque la reparación supere su valor.-
Prueba pericial, rechazo de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE GRAL. SAN MARTIN S.R.L. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-14

La impugnación de la pericia debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funde el dictamen.
Pagaré, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ HAIDAR, ROBERTO ANGEL s/ EJECUTIVO      EXPTE NRO 281-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-15

La inobservancia de la obligación de presentar el pagaré incumbe sobre quien la invoca contra el portador.
Acción de amparo, principio de prevención, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIGNANI M. E. Y OTRO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ACCION DE AMPARO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-07-05

El art. 4 seg. párrafo de la ley provincial de amparo, acoge el "principio de prevención" para el supuesto de que un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, disponiendo que deber a entender en todas las acciones que se susciten, el Juzgado que hubiere prevenido. De ese modo la competencia es desplazada hacia el juez que primero intervino en el tiempo, anticipándose a otro a quien pertenecía igualmente la causa, el que queda excluido para continuarla. Se ha procurado así satisfacer razones de conexidad, concentración y economía procesal, por mediar una única situación de hecho y para lograr un pronunciamiento judicial también único. La naturaleza de la acción de que se trata requiere evitar las cuestiones que atenten contra su celeridad y lograr la pronta solución del problema que se debate. Lo dicho se sigue del art. 16 de la ley 4.915 en tanto prohíbe articular cuestiones de competencia. Las razones que explican el principio de prevención receptado, no pueden ser desvirtuadas por la invocación de demandas interpuestas en distintas circunscripciones judiciales, la teleología de la norma persigue mantener la unidad de criterio frente a la identidad de objeto y causa que motivan los distintos reclamos.
Daños y perjuicios, daño moral, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Perret, Liliana María y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

Corresponde rechazar el reclamo por daño moral efectuado por los hijos de la esposa de la víctima, pues debe respetarse la regla establecida en el artículo 1078 del Código Civil en cuanto niega acción para reclamar daño moral por muerte de una persona a otros sujetos que no sean sus herederos forzosos y en la demanda no se ha ofrecido otro fundamento normativo serio para justificar su pretensión resarcitoria fuera de la cita del mencionado artículo 1078 del Código Civil (Disidencia parcial de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).
Acceso a la información pública, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mesa, Sabina c/ Municipalidad de Dina Huapi s/sumarísimo - mandamus c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-03-13

El derecho de acceso a la información tiene fundamento constitucional expreso, y conforme a el toda persona humana o jurídica -pública o privada- tiene derecho a conocer cómo se desempeñan los gobernantes. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Concursos, proceso de verificación, crédito laboral, costas, gratuidad del procedimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRUPO  PROVINCIAL  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INCIDENTE DEVERIFICACION DE CREDITO POR FRANCHINO, EDUARDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

El beneficio de gratuidad consagrado en la ley 20744: 20 sólo se limita a facilitar al trabajador el acceso a la justicia -eximición de sellados, tasas, etc.-, pero ello no implica de manera alguna que se lo exima del pago de las costas cuando resulta vencido en el juicio y el fallo le impone esa condena accesoria (cntrab, sala iv, 29.5.86, "avalos, maria helena c/ amplitone srl s/ despido").
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, juicio de desalojo, partes, integración de la litis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: DALLA FONTANA, LUIS ROBERTO c/ SPALLETTI, JORGE ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-15

Las genéricas alegaciones de arbitrariedad formuladas por la impugnante en su presentación extraordinaria con sustento en que no se le dio la participación legal que le correspondía invocando ser propietaria y poseedora del 50% indiviso de los campos objeto del presente, no traspasan el límite de la mera disconformidad con lo resuelto al respecto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones que le atañen, sin alcanzar a demostrar que en el marco propio del juicio de desalojo se hubiere afectado en verdad su derecho de defensa o violado el debido proceso garantizado constitucionalmente.

Máxime si se tiene en cuenta lo aclarado por los sentenciantes en cuanto a que al tiempo de deducirse la demanda de desalojo se hizo en contra de quienes comparecieron en la causa como demandados y contra terceros ocupantes, con invocación del artículo 520 del C.P.C. y C.; que quien ahora invoca la violación a su derecho de defensa tiene idéntico domicilio que el de los demandados que sí comparecieron; y que si bien no estaba mencionada por su nombre en la cédula de notificación por la que se le diera noticia de la iniciación del proceso, sí se encontraba incluida en la condición de tercero ocupante, sin que -pese a ello- compareciera a la causa.
Robo con intimidación en las personas, exhibición del arma, arma propia
Materia: PENAL
Carátula: ZAPATA, Walter A. y otro.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-19

Se agrava la conducta de aquél al que le fuera sustraída un arma entre sus prendas, ya que si bien no fue exhibida al damnificado, sí fue utilizada para amedrentar, al referir de su existencia y realizar ademanes de extraerla.
Relación de consumo, plan de ahorro previo, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIEDEL, NICOLÁS PABLO c/ Italy Cars del Norte SRL Y OTROS s/ INCIDENTE DE INHIBITORIA - RELACIÓN DE CONSUMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo local en los pleitos que tienen por objeto garantizar la reparación que el ordenamiento jurídico acuerda a los/las consumidores/as, si los daños reclamados fueron con motivo u ocasión de una relación de consumo y la reparación se planteó con sustento en las normas que regulan esas relaciones jurídicas (ley n° 24240 modificada por ley n° 26361). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, por remisión a los fundamentos brindados "Benítez, María Fernanda contra FCA S.A. de ahorro para fines determinados y otros sobre relación de consumo", Expte. SAOyRC n° 238316/21-0; sentencia del 22-12-2022).
Aclaratoria (procesal), recurso de apelación (procesal), plazos procesales, notificación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Estenssoro, José A. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

A los efectos de la interposición del recurso de apelación el tiempo hábil transcurrido con anterioridad al pedido de aclaratoria debe adicionarse el que se desarrolló a partir de la notificación de la resolución recurrida.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prestamo S.A. s/ Quiebra Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

El auto que deniega la declaración de quiebra solicitada por un acreedor es apelable atento que el concurso "no nació" y por lo tanto se deben aplicar las normas procesales referidas a la inadmisibilidad de una demanda o, lo que es lo mismo, al rechazo "in limine" de ésta, aplicación a la que se llega por remisión del art.

301 de la ley 19551. (MINORIA U OPINION PERSONAL)