Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-03-03


La Plata, marzo 3 de 2010.

1º ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuanto cuestiona los alcances de la indemnización reconocida por los bienes expropiados? En caso negativo: 2º ¿Es fundado el agravio subsidiariamente introducido en el recurso vinculado con las costas del proceso? 1º cuestión.- La doctora Kogan dijo:

La Cámara modificó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto al valor de las cosas expropiadas.

Basó su decisión, en lo que hace al recurso, en que:

La decisión del juez de grado que toma los valores fijados por el perito al mes de noviembre de 2002 se ha apartado de la ley y de la doctrina legal en cuanto establecen el valor del bien al momento de la desposesión (fs. 770).

Habiendo ocurrido dicho hecho en el mes de marzo de 1992, en plena vigencia de la ley 23.928, cabe acatar la doctrina legal del superior Tribunal y retrotraer los valores expresados por el perito De S. a esa fecha (fs. 770/770 vta.).

II. Contra esta decisión se alza el accionante, denunciando la conculcación de los arts. 2511 del Código Civil; 8, 37 de la ley 5708, 68, 384, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 de la Constitución Nacional y de la doctrina legal que cita. Aduce la existencia de absurdo en el pronunciamiento. Hace reserva del caso federal.

Expone en suma que:

1) Ninguna de las partes, ni la sentencia de primera instancia, ha negado que es en el instante en que se consumó la desposesión cuando el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario (fs. 780 vta.).

2) La Cámara al insinuar que el monto de la indemnización expropiatoria debe calcularse a valores de la época de la desposesión, está aplicando erróneamente la doctrina legal de la Suprema Corte y violando el principio de indemnización justa e integral (fs. 781/783).

3) La Cámara vulnera la doctrina legal que establece que la exigencia del art. 8 de la ley 5708 comprende el justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión, pues ella no impide que se tenga en cuenta el mismo al momento de la peritación (fs. 783).

4) También equivoca el fallo la conclusión relativa a que el perito yerra en cuanto toma el tipo de cambio a un determinado valor, siendo que al momento de la desposesión regía la ley de convertibilidad, pues presupone que es allí y no a los vigentes a la época del peritaje cuando debe fijarse el precio (fs. 783 vta.).

5) La Suprema Corte ha diferenciado nítidamente entre el reajuste o indexación que implican una actualización dineraria, y por lo tanto vedada, de la actualización de valores que es la operatoria llevada a cabo por el perito tasador, que no está prohibida (fs. 784/ 785 vta.).

III. Entiendo que el recurso es fundado.

a) Comienzo por señalar que, tal como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la expropiación es un fenómeno jurídico de conversión y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad, mediante el cual lo que se abona al expropiado no es el precio de la cosa expropiada, sino el resarcimiento de un perjuicio (conf. Fallos 306:1409, 312:2444 y 327:2584; entre otros).

Ello es así, porque el art. 17 de la Constitución Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confiscación de bienes, y es a partir de tales premisas que el alto Tribunal ha precisado el alcance del principio de la "justa indemnización", indicando al respecto que el mismo incluye las características de ser actual e integral.

De allí entonces, que la reparación sea justa cuando se restituye al propietario el mismo valor económico del que se lo priva, pues si bien es cierto que la expropiación se legitima por la necesidad que el Estado tiene de un bien, ello no cae en el ámbito prohibido de la confiscación gracias al inexcusable pago previo de la indemnización (Fallos 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782; entre otros).

Lo expuesto precedentemente, me convence de que indemnizar es, en síntesis, eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, idea que es ajena a la subsistencia de daño en alguna medida, pues tal como está legislada en nuestra Carta Magna la expropiación es un instituto concebido para conciliar intereses públicos con los privados; y esta conciliación no existe si éstos sacrifican sustancialmente a aquéllos y si no se compensa al propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente económico que permita, de ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del desapoderamiento (Fallos 268:238, 325, 489, 510, 269:27; 271:198).

Ahora bien, al aplicar estos principios al supuesto de autos, y tras analizar la especial naturaleza de los bienes que se transmiten al Estado por esta vía excepcional, que -precisamente- se caracterizan porque adquieren mayor valor con el transcurso del tiempo, dado que el carácter histórico de los mismos fue la razón para el desapoderamiento, considero necesario adoptar en estas actuaciones una solución particular que desplace la aplicación automática del art. 8 de la ley expropiatoria.

Así las cosas, entiendo que de mantenerse en la especie el pronunciamiento atacado, se vulneraría la manda constitucional del art. 17 de la Constitución Nacional, toda vez que la suma resultante no participaría del criterio de "justa indemnización", de conformidad con lo decidido por el Tribunal federal en los precedentes antes expuestos.

A lo dicho, cabe agregar que no se trata de una actualización monetaria prohibida en los términos que surgen de la doctrina que este Tribunal sentara en la causa "Fabiano", (resol. del 2-X-2002), sino -por el contrario- de permitirle al expropiado -de ser posible- adquirir bienes de similares características de los que se ha visto privado por la causa de utilidad pública, para asegurar el respeto irrestricto del art. 17 de la Constitución Nacional y del 31 de la Carta local.

Si lo que propongo es compartido, deberá revocarse el pronunciamiento recurrido y tomarse como base para la fijación del monto indemnizatorio el informado en el dictamen del perito De S., de cuyas conclusiones no encuentro mérito para apartarme (art. 474, C.P.C.C.).

Por todo lo expuesto, doy mi voto por la afirmativa.

El doctor Hitters dijo:

I. Disiento con el voto de mi distinguida colega, la doctora Kogan, ya que a mi juicio el recurso no puede prosperar.

II. Un breve resumen de los antecedentes que encuentro relevantes, facilitará el desarrollo de la solución desestimatoria que propongo.

1) Se debate en el sub lite la cuantía de la indemnización expropiatoria correspondiente a una serie de bienes muebles integrantes del patrimonio del ex Presidente de la República, Juan Domingo Perón, y que a su muerte fueran donados a la fundación accionante.

No existe discusión en autos sobre el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos para la procedencia de la expropiación inversa, siendo -como dije- el exclusivo objeto de la controversia, el monto resarcitorio debido a la actora como compensación por la desposesión de dichos artículos.

2) Resulta asimismo ajeno a la disputa que en el contenido de la indemnización se ha de computar el valor histórico de aquéllos (conf. art. 8, in fine, ley 5708, que permite contemplar dicha calidad del bien expropiado, cuando sea el motivo determinante de la expropiación, como ocurre en el sub judice).

3) Subsiste sin embargo el disenso entre las partes en lo relativo al modo en que dicho cómputo debe ser llevado a cabo.

En la labor pericial tenida en cuenta por los sentenciantes de grado se exteriorizaron las dificultades para encontrar elementos de juicio determinantes de un precio indubitado para los valores expropiados, dada la inexistencia de parámetros venales comparables o mercado de los mismos (v. fs. 240, pericia del Martillero Público C. P.).

En el caso del experto De S. (v. fs. 316), su valuación se llevó adelante tomando en cuenta el precio internacional de los bienes (estimado en dólares estadounidenses), por considerarlo el método más adecuado en atención al carácter histórico y artístico de los mismos. Partiendo de dicha base, fijó la cotización de la divisa en $ 2,10 por cada dólar, promediando la cotización correspondiente a la fecha de la tasación y la vigente al momento de confeccionar el informe. Arribó de este modo a la suma de $á 1.168.933, 50, que fue considerada en el pronunciamiento de primera instancia como "justa indemnización" en los términos de los arts. 17 de la Constitución Nacional y 8 de la ley 5708.

Apelado el decisorio por la Fiscalía de Estado, la Cámara redujo el monto aludido, considerando que el judicante de origen se había apartado de lo dispuesto por el art. 8 del referido cuerpo normativo, al tener en cuenta los valores vigentes al momento de la realización de la pericia y no al de la desposesión, como propone dicho precepto.

De este modo, adoptó el mismo valor en dólares estadounidenses fijado en la prístina sentencia, pero en pesos a la cotización $ 1 = U$S 1.

4) Finalmente, la accionante interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento, sobre la base de dos líneas argumentales:

a) En primer lugar, opina que el a quo hizo una falsa aplicación de la doctrina de este Tribunal correspondiente a la causa Ac. 48.195 (sent. del 18-V-1993) y una violación de la exteriorizada en Ac. 63.091 (sent. del 2-VIII-2000).

En tal sentido, considera que la alzada debió confirmar el monto determinado en la instancia de origen, que tuvo en cuenta para dicha valuación un momento posterior al de la desposesión propiamente dicha (sucedida en el mes de marzo de 1992), es decir, la fecha de realización de la pericia (noviembre de 2002).

b) En segundo término, entiende que si aún por vía de hipótesis se avalara la cuantificación a la época de la desposesión, como literalmente dispone el art. 8 de la ley de expropiaciones provincial, la sentencia atacada resultaría censurable, ya que no existe en autos ninguna tasación que haya realizado una estimación conforme los valores vigentes a dicha época (fs. 785 vta.).

Alega en tal sentido que el dictamen pericial propuesto por el Fisco "inventa una caprichosa metodología enfilada a depredar los guarismos dados por el señor Perito De S., [que fueran] receptados en la sentencia de primera instancia". Esto es -continúa- "el arbitrario operativo de aplicar al valor internacional actual en dólares de los objetos expropiados, el tipo de cambio uno a uno vigente a la época de la desposesión".

III. Como adelanté, el recurso no puede prosperar.

1) En cuanto a la primera línea argumental del quejoso (v. supra, par. II, ap. 4. a), de la detenida lectura de los antecedentes relatados y siempre teniendo en cuenta que la competencia casatoria de este Tribunal se abre en la medida del recurso deducido (doct. art. 279, C.P.C.C.), cabe concluir que el análisis sobre la procedencia del embate estará exclusivamente atada a la definición relativa al momento que debe ser tenido en cuenta para valuar los bienes expropiados.

Hago esta aclaración porque más allá de que el nudo del conflicto suscitado en autos ha sido enfocado en torno a la interpretación del art. 8 de la ley 5708 y la discusión sobre la valuación "al momento de la desposesión" o "a la época de la realización de la pericia", no puede dejar de advertirse que, en puridad, el trasfondo del debate no es tanto la cuantificación del conjunto, sino -repito- la época a considerar a efectos de la paridad cambiaria de dólar estadounidense. En otras palabras, no se cuestiona aquí si en dicha divisa los artículos de marras eran más o menos valiosos a la fecha de la desposesión (marzo 1992) que a la de realización de la pericia (noviembre 2002). Lo que importa para las partes es decidir si la cotización aplicada para la transformación de la unidad monetaria estadounidense en moneda nacional (procedimiento cuya necesidad no ha sido cuestionada) es la vigente a 1992 (momento de la desposesión) o a 2002 (fecha de la pericia).

Pero debe aclararse que en autos no se ha traído a conocimiento de esta Corte el debate sobre la pesificación de obligaciones nominadas en moneda extranjera de conformidad con la normativa sancionada durante la emergencia financiera disparada a partir de diciembre del año 2001 (ley 25.651, dec. 214/2002, etc.). Reitero, sólo se ha pedido a este Tribunal definición sobre el momento en el que, de acuerdo a la normativa expropiatoria, deben ser valuados los bienes sometidos a dicho modo de transmisión de la propiedad. Por lo que, dando respuesta a este tópico, quedará cumplimentada la función del Tribunal en el sub lite.

Dicho esto, corresponde ingresar en este primer punto que abre la competencia del cuerpo.

a) Como adelanté, el quejoso sostiene que el a quo incurrió en falsa aplicación de la doctrina de este Tribunal correspondiente a la causa Ac. 48.195 (sent. del 18-V-1993) y violación de la exteriorizada en Ac. 63.091 (sent. del 2-VIII-2000), ambas en relación a lo normado en el art. 8 de la ley 5708.

En resumidas cuentas, considera que el aludido precepto no obsta a que el juez pueda tener en cuenta un momento posterior a la desposesión para estimar el precio de los bienes expropiados.

b) No son de recibo los argumentos del impugnante en torno a la pretendida falsa aplicación de la doctrina sentada en Ac. 48.195 (sent. del 18-V-1993).

Por el contrario, en el citado precedente la Corte sentó una regla interpretativa relevante para explicar la ratio del art. 8 de la ley expropiatoria, ya que se desarrolló allí el fundamento de la opción adoptada por el legislador acerca de la época precisa en la que corresponde determinar el valor de los bienes respectivos.

En efecto, se expresó en el señalado precedente que cuando la norma de marras remite al valor del bien a la fecha de la desposesión, lo hace porque, respetando preceptos constitucionales y legales (arts. 17 y 9, Const. nac. y prov., respectivamente; 2511, Código Civil), es en el instante en que se consumó tal acto cuando el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario (justa indemnización) del bien del que es privado en el interés público, quantum que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (art. 9, ley citada).

Por lo que no asiste mérito a las afirmaciones del recurrente por las que pretende la inaplicabilidad de la citada doctrina, haciendo hincapié en las diferencias entre los antecedentes fácticos de dicha causa y de la presente.

Si en definitiva se trata de definir el momento al que la tasación debe remitir para fijar la cuantía de la indemnización, nada de incorrecto existe en que el a quo haya acudido a la norma que expresamente trata la cuestión (art. 8, ley 5708) y a la doctrina legal de esta Corte que explica las razones tenidas en cuenta por el legislador para justificar dicha opción por la época de la desposesión.

c) Descartada entonces la endilgada "falsa aplicación" de la doctrina sentada en la referida causa Ac. 48.195, resta verificar si ha existido, como se sostiene en el embate, violación del criterio jurisprudencial del precedente Ac. 63.091 (sent. del 2-VIII-2000).

Expresa el recurrente que en dicha oportunidad esta Corte modificó su postura, al afirmar que la exigencia del art. 8 de la ley 5708 sobre que la indemnización comprenda el "justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión" no impide que se tenga en cuenta su valor al momento de la pericia, máxime cuando el experto explica -circunstanciadamente- la metodología empleada para determinarlo.

Aquí puede advertirse que las circunstancias propias del precedente citado resultan diversas a las del presente, distinción que resulta relevante, como lo paso a explicar.

En primer lugar, debe señalarse que la transcripción del fallo es parcial, ya que de la doctrina extractada de la causa Ac. 63.091, puede advertirse que la Corte destacó que el hecho de tener en cuenta los valores al momento de la realización de la pericia no afectaba en el caso lo normado en el art. 8 de la ley 5708, en la medida que el recurrente no había demostrado que la determinación del precio de los bienes de ese modo, hubiera significado un desajuste con los montos vigentes al momento de la desposesión (cuestionando así la suficiencia del embate; conf. art. 279, C.P.C.C.).

Por otra parte, aun soslayando dicha diferencia fundamental, no debe confundirse la posibilidad de tener en cuenta en ciertos casos un momento distinto al de la desposesión para la tasación del bien (fecha de la pericia), con la necesidad de que esta última época sea la única que los jueces deban tener en consideración. De seguirse el criterio del recurrente la doctrina de la Corte no sería que "los jueces pueden -en determinadas circunstancias- tener en cuenta el valor del bien a la fecha de la pericia aunque sea posterior a la desposesión", sino que "deben considerar dicho momento en todos los casos", derogando así la regla especificada en el art. 8 del cuerpo legal al que venimos aludiendo.

Permítaseme la hipérbole: tener en cuenta el valor fijado al momento de la pericia no significa considerar que dicho momento sea el parámetro legal excluyente en la materia, ya que ello importaría derogar lo normado por el precepto traído a colación. Los peritos, al llevar adelante su misión, pueden encontrarse con dificultades para determinar el monto retroactivamente, para lo cual pueden partir de su tasación actual como una pauta para estimar técnicamente la que correspondía al momento de la desposesión. Ello importa "tener en cuenta" un valor distinto al determinado en el art. 8 de la ley 5708, pero no implica fijar una regla general e inmutable que torne inoperativo el deber -impuesto por tal disposición- de determinar la cuantía de la indemnización a la fecha en la que el bien sale del poder de disposición del expropiado.

En el sub lite no se ha planteado la problemática, presente en algunas hipótesis de expropiación, vinculada con la tutela del derecho de propiedad (art. 17, Const. Nac.) en los casos en que se produce una sustancial modificación del valor de los bienes entre el momento de la desposesión y de la sentencia (o del pago de las sumas respectivas). Por ello, no corresponde en la especie ingresar en la discusión relativa a si la suma reconocida por la sentencia en crisis permite o impide obtener un valor similar al que egresa de su patrimonio con motivo de la expropiación.

2) La segunda línea postulatoria del embate en tratamiento, como fue adelantado, gira en torno a la crítica de la tarea pericial, a la que se enrostra una "caprichosa metodología" que la transforma en arbitraria. Este argumento vendría a actuar en subsidio del anterior, es decir, para el caso que no se comparta la crítica que he abordado en el punto anterior, relacionada con la fecha respecto de la cual deben fijarse los valores de los bienes.

Ha dicho reiteradamente esta Corte que la valoración de toda la prueba rendida así como determinar si las conclusiones del dictamen pericial poseen o no fuerza convictiva, constituyen típicas cuestiones de hecho que sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando el recurrente evidencie que aquella apreciación resulta absurda (conf. Ac. 60.398, sent. del 27-XII-2000; Ac. 65.135, sent. del 19-II-2002; Ac. 83.855, sent. del 29-X-2003).

Es de recordar en tal sentido que no cualquier diferencia de criterio autoriza a tener por acreditado el absurdo que se endilga. Es inexcusable la demostración del error grosero, palmario y fundamental (conf. Ac. 87.935, sent. del 18-V-2005), no bastando cualquier error, ni la apreciación opinable o que aparezca como discutible u objetable porque se requiere algo más, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (conf. Ac. 65.754, sent. del 7-XII-1999; Ac. 84.210, sent. del 16-VI-2004).

No encuentro en autos satisfecha dicha carga por parte del quejoso, lo que sella la suerte del intento revisor. Más allá de lo opinable del método utilizado en las tasaciones (cuestionamiento que puede dirigirse a la tarea de los facultativos de ambas partes) y del modo en que dicho procedimiento técnico se explicó por los expertos en el informe respectivo, lo cierto es que el quejoso no especifica cuáles son los elementos de juicios que permitirían descartar las conclusiones de la experticia y reemplazarlas por otras distintas.

IV. En las condiciones señaladas y dentro de los límites que el recurso impone al ejercicio de esta Magistratura, no advierto conculcadas las normas denunciadas como violadas ni la infracción a la doctrina legal de esta Corte en la materia, como fue explicado supra.

Todo lo cual me lleva a proponer el rechazo del recurso deducido, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El doctor Soria por los mismos fundamentos del doctor Hitters, votó la primera cuestión también por la negativa.

El doctor Negri dijo:

Adhiero al voto del doctor Hitters. En el caso no se ha planteado una problemática vinculada con la tutela del derecho de propiedad (conf. art. 17, C.N.) y con sustento en que el valor de los bienes hubiera variado entre el momento de la desposesión y la sentencia. Lo que obsta, como señala mi distinguido colega, abordar la discusión relativa a si la suma indemnizatoria concedida permite o no, reemplazar el valor de la cosa en el patrimonio del expropiado.

Voto por la negativa.

El doctor de Lázzari dijo:

I. Propicio el acogimiento del recurso, instalando como punto de partida la especialísima naturaleza de los bienes comprendidos en la presente expropiación.

No estamos aquí indemnizando valores crematísticos corrientes, inmuebles, edificios, establecimientos industriales o cualesquiera otros bienes que integran el conjunto de elementos de la actividad económica en general. Nuestro material de trabajo es bien distinto.

Se trata de la enorme cantidad de objetos que pertenecieran al tres veces Presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, mobiliario, obras de arte, condecoraciones, pinturas, joyas, libros, etc., instalados en la denominada Quinta de San Vicente.

II. Aunque sea sobreabundante, corresponde poner de resalto la excepcional trascendencia y relevancia histórica que tales objetos poseen desde la perspectiva de la propia identidad nacional. A esta altura de los tiempos, la figura de quien fuera su titular aparece indiscutida como actor principal de profundas transformaciones sociales. A todo esto, por imperativo constitucional, la Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio histórico (art. 44).

III. En esas condiciones, no es posible abordar el tratamiento de los agravios desde el habitual y cotidiano vértice de las cuantificaciones comunes. Enfrascarse en el examen aritmético de las determinaciones periciales, utilizar índices o pautas matemáticas, realizar cotejos o confrontaciones con bienes similares o indagar sobre el valor de reposición en el mercado no constituye camino apto. Porque no hay parámetros idénticos, análogos o siquiera parecidos. ¿Qué precio atribuir a la cama donde pernoctara quien marcó un hito en el desenvolvimiento político y social del siglo XX en la República Argentina? ¿Qué valor fijar a las máximas condecoraciones que internacionalmente se le otorgaran? ¿Y al bastón de mando y la banda presidencial? Como ésos, a todos y cada uno de los ítem que configuran el larguísimo inventario existente en los autos.

Sin embargo, es tarea del juzgador fijar la indemnización expropiatoria, tal el tema en debate.

IV. La sentencia en revisión acepta que la estimación efectuada por el Perito de S. constituye elemento idóneo en tanto merita el valor histórico, precisamente el contenido específico de esta expropiación, a diferencia de la asignación que efectuara el martillero P., que soslayó aquel aspecto (fs. 770 vta.). Sin embargo, no acompaña en todos sus desarrollos la determinación de dicho experto -como lo hiciera el señor juez de primera instancia- pues reduce sustancialmente el importe al que arribara, teniendo en cuenta el siguiente dato: "Yerra en tomar el tipo de cambio a un dólar cotizado a $á 2,10, cuando en la época de la desposesión regía la ley de convertibilidad (el dólar era equivalente con el peso argentino, 1 U$S = 1 peso). Ergo, esta forma de determinar la indemnización por el experto (...) encubre una actualización prohibida por la ley" (fs. 770 vta.).

La experticia de de S. (fs. 269/317) contiene la valoración de cada objeto utilizando el signo monetario dólar. Esa mecánica es fundamentada en el hecho de que siendo los objetos valuados históricos y artísticos poseen tasación internacional (fs. 316). De allí que la sumatoria de todos los parciales es trasladada a moneda argentina tomando como tipo de cambio el de $ 2,10 por cada dólar, indicando que ese guarismo constituye el promedio entre "la paridad actual" (se entiende, al tiempo de realizar el informe) y la correspondiente a la fecha en que se hizo la tasación (fs. 316).

Sobre esta base, partiendo del concepto de que la indemnización debe ser fijada al momento de la desposesión, época en la que la cotización del dólar era idéntica al peso, la Cámara decide retrotraer los valores al año 1992. Así, "realizando la necesaria operación matemática y tomando el valor total de la indemnización establecida por el perito de S., $ 1.168.933,50, la que dividimos por 2,10 y la multiplicamos por 1,00, nos da la cantidad de $á 556.635, que es el justo valor de lo expropiado a la época de la desposesión" (fs. 771).

V. Coincido con el recurrente en que la indemnización expropiatoria así fijada es insignificante, desconoce el real valor histórico comprometido, es el producto de un razonamiento absurdo y quebranta las normas constitucionales y legales que cita.

A) En las circunstancias de autos, el art. 8 de la ley 5708 ha de ser aprehendido en conjunción con el art. 35 del mismo cuerpo legal, con el 2511 del Código Civil y con la garantía de la propiedad establecida en los arts. 17 de la Constitución Nacional y 31 de la provincial. El expropiador debe reparar al propietario el valor efectivo de la pérdida que sufre con la privación de su propiedad, para mantener intangible el principio de la justa indemnización.

B) La Corte Suprema de la Nación, en la causa "Provincia de Santa Fe c/Nichi Carlos" (26 de junio de 1976, La Ley, t. 127, p. 162 y sigts.), abordó la cuestión vinculada con la temporalidad de la cuantificación indemnizatoria. En este sentido entendió que para mantener intangible el principio de la justa indemnización debe procurarse remitir el valor del bien expropiado al tiempo de la sentencia definitiva, porque es allí en que se transfiere el dominio y el pago sigue a esa sentencia sin apreciable dilación. Ahora bien, en rigor, el alto Tribunal descartó la aplicación de índices generales de revaluación, estableciendo como necesario que los jueces ponderen en cada caso la naturaleza del bien de que se trate y sus características y aprecien su valor real. Entendió sin embargo que la aplicación estricta de este criterio obligaría a realizar una nueva peritación antes del pronunciamiento de cada instancia, lo que importaría un trámite enojoso, dilatorio y de gravosa incidencia en la litis. El problema por tanto -entendió- debe ser resuelto por aplicación del principio según el cual, probada la existencia de un perjuicio pero no su monto, corresponde al juez fijarlo prudencialmente (considerandos 9 y 10).

C) Munidos de estos conceptos, ha de reiterarse ahora lo que se dijera al principio. Lo expropiado en esta causa no es cualquier cosa. Es un conjunto de elementos y objetos de inusitada trascendencia, un acervo histórico incomparable, para cuya evaluación no caben los criterios tradicionales. En este sentido, la sentencia ha incurrido en cabal desconocimiento de tan trascendente aspecto, apartándose manifiestamente de aquella directiva antes transcripta de la Corte federal según la cual los jueces deben fijar prudencialmente los montos. Así, aplica a lo que es excepcional y atípico pautas y criterios que podrán en su caso ser válidos para cualquier otro bien pero que resultan decididamente ajenos a lo que aquí se controvierte. Y entonces, mediante la utilización de un método puramente mecánico y ritual hace prevalecer los puros conceptos (valor al tiempo de la desposesión), combinándolos con cotizaciones y tipos de cambio de determinada época, concluyendo en una determinación indemnizatoria de medio millón de pesos por la totalidad de los muebles y efectos personales que fueran del General Perón y que integran el acervo del Museo Histórico de San Vicente creado en su memoria. El resultado ofende al sentido común. Las enormes dificultades existentes para tasar la historia han de ser superadas con la prudencia de los magistrados (art. 165 del C.P.C.C.). En este sentido, en función de los elementos probatorios existentes, la sentencia de primera instancia ha receptado el valor a que arribara el perito de S. Paralelamente, hizo mención de otros hechos notorios: "Como corroborante y justificante de la decisión que se propicia, resulta de relevancia la difusión que tuvo en los medios de publicidad sobre la subasta de bienes de características similares (por haber pertenecido muchos de ellos al Gral. Perón) y de la que da cuenta, por ejemplo, la publicación del diario El Día de esta ciudad, edición del día 19 de marzo del corriente año, pág. 10, efectuada en Roma por la Casa Cristie's y donde una biblioteca personal fue adquirida en 120.000 euros, el uniforme de gala en 75.000 euros, el archivo fotográfico de la familia en 4.200 euros y el sobre todo que se utilizó en la última aparición pública en 4800 euros" (fs. 748 y vta.). El resultado al que arribara, conformado por el expropiado (fs. 758), ha de prevalecer (arts. 17 de la Constitución Nacional, 31 de la provincial).

D) En función de lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso, dejar sin efecto la sentencia de la alzada y mantener la de primer grado (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Pettigiani por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votó la primera cuestión también por la negativa.

El doctor Genoud por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

2º cuestión.- La doctora Kogan dijo:

1. La Cámara impuso las costas a la accionante, lo que fue materia de agravio en el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sosteniendo la fundación que al imponérsele las costas a pesar de ser vencedora en el proceso, se aplicaron erróneamente los arts. 37 de la ley 5708 y 68 del Código Procesal Civil y Comercial, por no ser el primero apropiado para decidir casos como el de autos (fs. 787 vta./788).

2. Entiendo que debe modificarse la sentencia en crisis. Ello así, pues resulta evidente a la luz de los fundamentos brindados en la primera cuestión que al prosperar el remedio intentado, la indemnización finalmente discernida -tal como sostuvo el magistrado de la primera instancia- se aproxima más a la pretensión de la actora, de suerte tal que en los términos del art. 37 de la ley 5708, los gastos causídicos deben ser soportados por la demandada.

Con relación a las restantes costas, soy de la opinión que debe tenerse en cuenta el resultado de los recursos interpuestos (conf. Ac. 80.105 y Ac. 80.003, ambas sent. del 1-IV-2004; Ac. 84.716, sent. del 28-IX-2005; Ac. 83.651, sent. del 8-II-2006; entre otras). En consecuencia, también deberán ser soportadas por la accionada toda vez que resultó finalmente vencida (art. 68 del C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Hitters dijo:

Disiento con la opinión vertida por la distinguida colega que me precede en la votación, en tanto entiendo que el agravio subsidiariamente introducido por el quejoso con relación a las costas procesales también debe ser desestimado.

Considera el impugnante que se ha incurrido en errónea aplicación del art. 37 de la ley 5708 y violación del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que -a su entender- la discusión concretada en el sub lite desbordó la mera puja en torno al valor de los bienes.

Como puede advertirse, la suerte de la crítica está atada a la apreciación de las circunstancias del caso, especialmente de las postulaciones de los protagonistas de esta litis, temática que resulta ajena -por regla- a la competencia casatoria de este Tribunal (art. 279, C.P.C.C.).

Tiene dicho esta Corte que los magistrados originarios tienen amplias facultades en la aplicación, regulación y distribución de las costas por tratarse de una cuestión de hecho que sólo es susceptible de examen en la instancia extraordinaria cuando ha mediado una irracional o burda meritación de las circunstancias de la causa, que conduzca a alterar la condición de vencido (conf. Ac. 86.726, sent. del 9-XI-2005), vicio grave y manifiesto que no ha sido denunciado ni -obviamente- demostrado en el embate (art. 279, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El doctor Soria por los fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votó la segunda cuestión también por la negativa.

El doctor Negri dijo:

En relación al agravio deducido respecto de la imposición de las costas determinadas por la alzada con sustento en la norma del art. 37 de la ley 5708, señalo que es mi criterio, expresado en reiteradas oportunidades, que dicha norma resulta inconstitucional y así debe ser declarada de oficio (por muchas, Ac. 42.491, sent. del 26- XII-1989; Ac. 47.341, sent. del 11-V-1993; Ac. 47.524, sent. del 29-XII-1994).

Ello en razón de que, la integralidad de la indemnización por la expropiación que la torna justa como compensación por el desapoderamiento, tiene en nuestro país rango de ley suprema en los términos del art. 31 de la Constitución Nacional tanto por su consagración implícita en el art. 17, como por su consagración explícita en el art. 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-. Y esta justicia quedaría específicamente agraviada si por la aplicación del art. 37 de la ley 5708 se resolviera la condena en costas del expropiado de modo diverso al que pudiera resultar de la normal incidencia del resultado jurisdiccional alcanzado (entre otras, Ac. 32.785, sent. del 14-V-1985; Ac. 47.524, sent. del 29-XII-1994).

Desplazada entonces la aplicación del art. 37 de la ley 5708, por razón de su inconstitucionalidad, corresponde aplicar la legislación procesal general, que consagra el principio objetivo de la derrota y que además autoriza al juzgador a pronunciarse según las modalidades de la causa, ponderando prudencialmente la calidad de vencidas que revisten las partes y exonerar, con fundamento en razones de equidad ajustables a cada caso, del pago de las costas (entre varias, Ac. 53.392, sent. del 12-VIII-1997; Ac. 75.413, sent. del 19-II-2002; Ac. 80.105, sent. del 1-IV-2004).

3. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, con costas -sólo en lo que respecta a esta instancia- en el orden causado en razón de los motivos tomados en cuenta para resolver (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

En atención a la forma en que ha sido resuelta por mayoría la primera de las cuestiones planteadas y dejando a salvo mi opinión contraria al respecto en punto a la imposición de costas adhiero al voto del doctor Hitters.

Voto por la negativa.

El doctor Pettigiani por los mismos fundamentos del doctor Hitters, votó la segunda cuestión también por la negativa.

El doctor Genoud por los mismos fundamentos del doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). El depósito previo de $ 25.000 efectuado a fs. 793, queda perdido para la recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).- Luis E. Genoud.- Hilda Kogan.- Héctor Negri.- Eduardo J. Pettigiani.- Eduardo N. de Lázzari.- Daniel F. Soria. - Juan C. Hitters.