Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-29


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil trece, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 42/13, caratulados:

"RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Orlando del Señor Barrientos en contra de la Sentencia Nº 16/13 referente a Expte. Letra "J" Nº 127/12 - Jiménez, Jacobo Eliseo - psa Robo simple en grado de tentativa, etc.", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 16/2013, dictada en los autos principales, reúne mínimamente los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 9, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 16/13, dictada el 2/05/2013, la Cámara Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió:

"Iº) Declarar culpable a Jacobo Eliseo Jiménez, de condiciones personales relacionadas en la causa, como autor penalmente responsable de los delitos de Robo simple en grado de tentativa, previsto y penado por los arts. 164, 42 y 45 del Código Penal (Hecho nominado primero), conforme al decreto de fs. 193/193 vta. y de la Requisitoria Fiscal Nº 230/12 obrante a fs. 167/171 vta.; de Robo en calidad de coautor, previsto y penado por los arts. 164 y 45 del Código Penal (Hecho nominado segundo), conforme al decreto de fs. 193/193 vta. y de la Requisitoria Fiscal Nº 440/12 obrante a fs. 101/103 vta.; de Robo calificado por el uso de armas en calidad de autor, previsto y penado por los arts. 166 inc. 2º y 45 del Código Penal (Hecho nominado tercero) y de Robo en grado de tentativa en calidad de autor previsto y penado por los arts. 164 en función del art. 42 y 45 (Hecho nominado cuarto) conforme al decreto de fs. 330/330 vta. y de la Requisitoria Fiscal Nº 15/13 obrante a fs. 316/321 vta., todo en Concurso real, art. 55 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del Código Procesal Penal) (.)".

Los hechos que el tribunal dio por acontecidos son los siguientes: Hecho nominado primero: "Que el día 27 de marzo de 2011, siendo aproximadamente la hora 21:00, en circunstancias en que la Sra. Roxana Yance se encontraba en su domicilio, sito en Barrio Libertador II, Peatonal 23 casa Nº 69 de esta ciudad Capital, oye que llaman a la puerta de su domicilio; al salir a la calle, se da con la novedad que sus vecinos Ronald Nazareno Verón y Javier Juan Antonio Mercado, habían aprehendido al menor Jacobo Eliseo Jiménez, de 16 años de edad, a quien estos vecinos habían descubierto forzando la puerta del garaje del domicilio de la Sra. Yance, observándose la rotura de un vidrio ubicado en la parte inferior sur de la mencionada puerta.

Posteriormente se hace presente personal de la Comisaría Sexta, quienes proceden a la demora del menor Jiménez". Hecho nominado segundo: "Que el día 31 de diciembre del año 2011, siendo aproximadamente la hora 21:50, en circunstancias en que Gloria Isabel Ponce -empleada policial- numeraria de la Comisaría Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia, se trasladaba conduciendo su motocicleta marca "Motomel", modelo "Bit", de 100 cc, color azul, dominio 613 -GXK por Avda. Colón, en sentido Sur- Norte; al llegar a la intersección de calle Buenos Aires de esa ciudad Capital, una motocicleta tipo enduro, de color blanca, conducida por Jacobo Eliseo Jiménez (a) "Jacobino", de 17 años de edad -acompañado al momento por Manuel Eduardo Aguirre, de 20 años de edad-, y circulando en igual sentido, sobrepasa a Ponce, y aprovechando el acercamiento, Aguirre, violentamente arrebata el arma reglamentaria marca "Bersa", cal. 9 mm. Serie Nº 707864, color negra, con cargador conteniendo ocho proyectiles, arma que portaba en la cartuchera la empleada policial y asida al cinturón del uniforme, ejerciendo tal fuerza en la acción que hace perder el control y equilibrio del rodado a Ponce, para inmediatamente ambos darse a la fuga, a lo que Ponce procede a perseguirlos y al llegar a la intersección de la avenida aludida y calle Congresal Centeno, observa que tanto Jiménez como Aguirre, montados en la motocicleta en la que se conducían, se encontraban detenidos, por lo que Ponce da la voz de "alto, policía", a lo que los prenombrados responden intentando proseguir con la huida, circunstancia a la que Ponce reacciona y los embiste, impactando en la rueda trasera del rodado evadido, cayendo ambos ocupantes, resultando luego que Jiménez se recompone de la caída y rehuye con rumbo desconocido y Aguirre es aprehendido y oportunamente sometido a proceso".

Hecho nominado tercero: "Que el día 28 de noviembre de 2012, en un horario que no se pudo determinar con precisión pero estaría ubicado aproximadamente a horas 14:15 minutos, Jacobo Eliseo Jiménez, se hizo presente en el domicilio sito en calle Araón Daud, casa Nº 5 del Bº Círculo Médico de esta ciudad Capital, quien aprovechando la ausencia de su propietaria María Salomé Palacios, y previo sortear un portón de ingreso al inmueble, para luego violentar una reja perteneciente a una puerta ventana corrediza e ingresar hacia el interior del domicilio, e intentar apoderarse ilegítimamente de un televisor Plasma LCD 32 pulgadas juntamente con su control remoto, sacándolo del domicilio hacia el patio trasero, lugar donde fue sorprendido por la propietaria Palacios, quien lo increpó por su presencia en el domicilio, mientras Jacobo Eliseo Jiménez esgrimía un cuchillo tipo facón para luego darse a la fuga, saltando la tapia perimetral y a bordo de una motocicleta de color negra, llevándose consigo el control previamente mencionado".

Hecho nominado cuarto: "Que el día 28 de noviembre de 2012 en un horario que no se pudo determinar con precisión pero estaría ubicado aproximadamente a horas 14:30 minutos, Jacobo Eliseo Jiménez se hizo presente en el domicilio sito en calle El Mistol s/nº, dúplex Nº 3, Bº Lomas del Tala de esta ciudad Capital, propiedad de María de los Ángeles Nóblega y previo cortar el alambre de material de cañizo del cerco del inmueble, para luego violentar las rejas de una ventana del living y las rejas de la ventana de la cocina, procedió a ingresar hacia el interior del domicilio y en momentos que se encontraba registrando la planta baja con claros fines furtivos, fue sorprendido por la ciudadana María de los Ángeles Nóblega, quien estaba acompañada por su pareja, Pablo Exequiel Albarracín, por lo que Jacobo Eliseo Jiménez al verse atrapado, procedió a darse a la fuga a bordo de una motocicleta tipo enduro de color oscura, sin lograr sustraer elemento alguno del inmueble por razones ajenas a su voluntad".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Orlando del Señor Barrientos, en su calidad de asistente técnico del imputado Jacobo Eliseo Jiménez, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 1º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. El recurrente plantea como agravios la errónea aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 1º y 2º C.P.P.).

Cuestiona, en primer lugar, que el tribunal a quo no tuvo en cuenta ciertas disposiciones de la ley de fondo al momento de condenar a su defendido -art. 41 del CP; ley 22278 de minoridad; tratados internacionales-, y que no se aplicó la ley penal más benigna en beneficio de Jiménez.

Manifiesta que, en la sentencia atacada, existe una infracción a los principios de la lógica procesal y una falta de respeto del principio de igualdad ante la ley.

Finalmente dice que al aplicar la pena, el tribunal no tuvo en cuenta ni el principio pro homine ni el interés superior del niño.

Hace reserva del caso federal.

III. La lectura del recurso permite adelantar que el reclamo no debe ser acogido. Así lo creo, puesto que más allá del intento de la defensa de justificar el accionar de su defendido aludiendo a su historia personal de vida pasada, sus argumentos entremezclados y poco claros, no resultan idóneos para conmover la decisión del tribunal.

Y es que, denuncia genéricamente la errónea aplicación del régimen penal de la minoridad (arts. 4 y 5, Ley 22.278), así como la vulneración a la Convención de los Derechos del Niño, pero omite detallar los puntos de la decisión que provocan agravio, ni describe en forma clara en qué consisten los defectos del pronunciamiento y las disposiciones que considera inobservadas o erróneamente aplicadas, y no expresa cuáles serían los preceptos aplicables, con un desarrollo suficiente de los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales que la sustentan. Recuérdese que el recurso debe bastarse a sí mismo desde el momento de su interposición y las omisiones no habrán de ser suplidas por el tribunal.

En tal sentido, esta Corte ha sostenido (A.I. Nº 19, 30/06/2010) que, ".el carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la defensa.

Ello es así, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador" (C.S.J.N., "Casal", 20/09/05, del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

A lo dicho se suma, que si bien el recurrente denuncia que el tribunal a quo ha incurrido en una errónea aplicación del art. 41 C.P. argumentando que se han violentado los principios de "igualdad ante la ley" e "in dubio pro reo", así como, que la acumulación de causas perjudicó a su defendido por no haberse aplicado la ley penal más benigna, no dice cuáles son los defectos del juzgador.

Al respecto, esta Corte en distintos precedentes dijo que la sentencia deviene nula sólo cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, en el sentido que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna. La demostración del valor decisivo del vicio, ha sido requerida tanto para la procedencia formal del recurso, como para su procedencia sustancial.

En tal sentido, este Tribunal ha dicho que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (S. n 58, 12/11/2012; S. nº 35, 03/07/2012; S. nº 30, 29/06/2012).

Del mismo modo, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

En materia recursiva, dicho principio tiene expresa acogida en el artículo 430 del C.P.P., según el cual ".El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo".

Es decir, que el interés existe en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo, o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible.

En el caso, el presunto vicio denunciado, como lo adelantara, en modo alguno puede tener acogida favorable, puesto que se ha omitido su demostración y fundamentación.

En definitiva, estimo que no sólo la defensa ha omitido demostrar la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio -recuérdese que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros)-; sino que, deliberadamente denuncia como inexistente la valoración de las pautas contenidas en el art. 41 del C.P., siendo que tal análisis se encuentra desarrollado al tratar la tercera cuestión referida a la imposición de la pena.

En el punto, advierto que el juzgador tuvo en cuenta diversas circunstancias como atenuantes de la sanción que merecía Jiménez, como la juventud -18 años de edad- como un dato que autoriza esperar que en el futuro, Jacobo Jiménez pueda internalizar las normas de convivencia en la sociedad y actuar en consecuencia; también como atenuante la escasa educación -estudios primarios incompletos- como dato revelador de la menor capacidad de comprensión y sujeción a las normas de convivencia y, finalmente también lo benefició la falta de antecedentes computables.

Además, no es de recibo la petición de disminución de la pena atribuida, ya que la misma no resulta desproporcionada respecto del contenido del injusto de los diversos hechos atribuidos, considerando que la misma fue aplicada dentro de los márgenes de la escala penal aplicable y contiene fundamento suficiente con base en las constancias de la causa.

Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable.

En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por todo lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto los fundamentos expresados por el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a los mismos en un todo y voto de igual forma, en atención a que no se advierte, y mucho menos lo denuncia el recurrente, defectos en la motivación de la sentencia o su contradicción, que impliquen un apartamiento inequívoco de la solución prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/03, por el Dr. Orlando del Señor Barrientos, en su carácter de asistente técnico del imputado Jacobo Eliseo Jiménez.

II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/03, por el Dr. Orlando del Señor Barrientos, en su carácter de asistente técnico del imputado Jacobo Eliseo Jiménez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.