marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.de C.T. c/ C.S. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

Si bien cualquiera de los cónyuges que reclame alimentos estando vigente el matrimonio o el inocente luego de la separación personal o el divorcio (art.207 del Cód.Civil), está eximido de probar su necesidad al respecto, ello no quiere decir que si el otro esposo acredita que no le son necesarios ello no impida la fijación de una cuota a su favor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, seguro de daños patrimoniales, pago por subrogación, procedencia del recurso, robo de automotor, playas de estacionamiento, shopping, prueba, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. c/ Coto CICSA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Resulta procedente el pedido de reintegro por parte de la aseguradora -LS 80- contra el propietario de la playa de estacionamiento del complejo comercial que explota, del dinero que abono a su asegurado por el robo del vehículo ocurrido en dicho estacionamiento. Ello así, en el caso, el fallo apelado ha aseverado la existencia de una operatoria del asegurado dentro del local comercial de la demandada - presentación de ticket, denuncia policial-, conclusión que se comparte. Así las cosas, se estima demostrado el presupuesto de hecho requerido para admitir la responsabilidad de resarcir que le cabe al ente demandado, pues solo puede concluirse en que debe desprenderse de autos la existencia de un contrato asimilable al depósito bajo las especiales modalidades de una oferta de este tipo, que se presenta como un beneficio adicional que la demandada ha procurado a sus clientes, más que le puede acarrear, en supuestos como el que se examina, las responsabilidades propias de tal propuesta, máxime, si se ha aceptado que el asegurado ha revestido el carácter de cliente del centro comercial accionado, frente a la existencia de un ticket de compra emitido en la misma fecha del acaecimiento del siniestro. Todo lo hasta aquí expuesto, permite concluir en que los centros comerciales son -en principio- responsables por los robos o hurtos acaecidos en las playas de estacionamiento contiguas a sus establecimientos comerciales, tal como ocurre en la especie.
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, conflicto de poderes, gobierno provincial, sanciones conminatorias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez. s/ Enjuiciamiento  y  separación  de  miembros de la Suprema Corte de la  Provincia de San Juan
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

Las autoridades provinciales no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación, teniendo la Corte facultades para disponer las medidas pertinentes, incluso conminatorias, a los fines del adecuado ejercicio de su competencia real.
Empleador, obligación de seguridad, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: Uboldi, Angela Irma c/ Las cañas S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

El amplio ámbito de la ley de seguridad e higiene (arts. 1 y 2, ley 19.587), ampara a los trabajadores rurales en tanto y en cuanto sus disposiciones no colisionen con las normas específicas del Régimen Nacional del Trabajo Agrario, o las que deriven de su reglamentación.
Sucesiones, apertura de la sucesión, escrito inicial
Materia: CIVIL
Carátula: BEITIA NEMESIA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-26

El escrito de iniciación de una sucesión, debe ir redactado en términos que reúnan la relación de todos los requisitos que permitan la consideración por parte del Juez de la legitimidad del reclamo y la competencia de sí mismo para entender en él (Conf. Goyena Copello, "Curso de procedimiento sucesorio", p. 421; "CNCiv. Sala F, E.D. 84-510).
Transporte de carga, depósito de la carga, robo, responsabilidad de la administración portuaria, eximentes de responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: FAVIER, ENRIQUE NORBERTO c/ A.N.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-24

Una sustracción realizada con violencia no autoriza a sostener, en términos absolutos, que constituye un acontecimiento inevitable e imprevisible. Ningún acontecimiento constituye por sí mismo fuerza mayor; son las circunstancias condicionantes, las que rodean el hecho, las que determinan, analizadas convenientemente, si ese hecho fue en realidad irresistible. Por ello, a la Aduana le incumbía probar las circunstancias que habrían de excluir su responsabilidad, ya que el principio general sentado por la ley es el de la responsabilidad por la guarda de las cosas depositadas y que las excepciones expresamente previstas, por ser tales, deben ser interpretadas con criterio restrictivo.
Honorarios del perito, pago, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL
Carátula: SITT ISAAC c/ GAMEN  S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

El perito designado en un expediente puede ejecutar el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, aún contra la no condenada en costas. Debe encontrarse en ello una garantía de imparcialidad, dado que así el experto se desvincula de cualquier interés en el resultado del proceso. La observancia de los principios enunciados está íntimamente vinculado a la recta administración de justicia cuyo afianzamiento tiene raíz constitucional, y en cuyo resguardo está claramente interesado el orden público.

Si se obligara al experto a perseguir su crédito sólo contra quien resultara vencido en costas en el proceso, se correría el enorme riesgo de afectar la imparcialidad aludida, pues esa situación podría gravitar en su ánimo al expedirse.

La obligación de pagar los honorarios del experto, aún cuando con posterioridad reembolso lo pagado de quien fue condenada en costas en el incidente, se impone.

La interpretación que cabe hacer del art. 23 de la ley 21.839 en cuanto al pago de los honorarios del perito guarda relación con los principios que rigen las costas en un proceso, y la exigibilidad del crédito contra cualquiera de las partes resulta aplicable tanto en un caso como en el otro.

Que el trámite previsto en el art. 23 se trate de un procedimiento especial, no excluye la aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Procesal, y de la interpretación que de ellas ha hecho en forma reiterada la jurisprudencia. A sí lo establece el artículo 63 de la ley 21.839 al contemplar la aplicación supletoria de la ley de forma.
Servicio público, Comisión Nacional del Transporte Automotor, sanciones administrativas, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUINTANA, Jorge c/ MIN. DE ECON Y O.S.P." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-06

Ante la carencia de una concreta y razonada fundamentación respecto de la sanción impuesta por la Dirección Nacional de Transporte Automotor, debe dejársela sin efecto y la autoridad administrativa dictar una nueva decisión conforme a derecho (confr.

esta Sala, "Cano", 15-3-90).
Ejecución de sentencia, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pacífico Annan, Juan Carlos c/ Martín Hnos. Sociedad de hecho s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

En los juicios de ejecución de sentencia si no se ha trabado embargo, al demandado le está vedada su presentación. Es que la apertura de la instancia provocada por la presentación de la demanda, no legitima su intervención espontánea.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Institutos de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Construcción (ISSPIC). s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-15

Los daños y su monto no son jamás el resultado de una ecuación, sino que debe ser la consecuencia de un razonamiento que analizando cada uno de los supuestos de hecho y de derecho que el caso presente -situación de la víctima y/o sus familiares, sea patrimonial, afectiva, etc; del causante del daño, consecuencias inmediatas y mediatas; futuro económico de los damnificados; impedimento a todo evento que el proceso signifique un enriquecimiento sin sustento fáctico y/o legal, etc., concluya una reparación adecuada y razonable.
Privación de justicia, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, principio de congruencia, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: L., R. F. c/ G., Q. C.; L., R.; M., V. s/ impugnación de paternidad P. T., M. B. c/ V., L. D. s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-29|2019-12-16

Se configura un supuesto de privación de justicia que coloca al recurrente en absoluto estado de indefensión, al privarle de toda posibilidad de obtener un pronunciamiento jurisdiccional sobre su pretensión.

Aún cuando los jueces no están obligados a tratar todas las cuestiones que les sean sometidas, sí deben examinar aquellas que sean convenientes para la adecuada solución del litigio, resultando descalificable, como actos judiciales válidos, las sentencias que omiten pronunciarse sobre las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del caso o que lo hacen mediante breves afirmaciones genéricas sin referencia a los temas legales suscitados en la causa y concretamente planteados en los agravios. De modo que lo decidido por la Cámara ha frustrado, sin razón valedera, el derecho del impugnante a obtener la tutela jurisdiccional de su pretensión, toda vez que no ofrece una adecuada respuesta a su específico planteo.
Subasta de inmuebles, compraventa, tradición, entrega del bien, incidentes, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Del Pino Selegante, Osvaldo Miguel c/ Amigot, Olga s/ EJECUCION DE HONORARIOS - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-05-28

El adquirente de un inmueble mediante una venta forzada donde la voluntad del dueño es suplida por el juez que ordena la subasta pública, se encuentra en las mismas e idénticas condiciones que la venta de un inmueble mediante los medios tradicionales y comunes en cuanto a sus obligaciones y derechos.

Así, quien adquiere en subasta pública un inmueble lo hace en las mismas condiciones que cualquier comprador, por lo tanto surge la obligación del vendedor de entregar la cosa y el derecho del comprador de exigir la entrega -art. 1409 C.C.- y por lo tanto tiene todas las acciones legales para lograr que la propiedad sea entregada libre de todo ocupante, ya sea por la vía incidental o por el trámite del juicio de desalojo que ha intentado la actora. Ese derecho de procurar la entrega de la cosa es un derecho personal y no real. Antes de la tradición el comprador tiene sólo un derecho personal a reclamar su entrega.

En consecuencia, el actor -actual comprador- tiene legitimación activa para exigir la entrega de la cosa, basada no en un derecho que emerge del dominio sino en las acciones que tenía la vendedora que no ha hecho tradición de la cosa.
Arma impropia, alicate, robo con intimidación en las personas
Materia: PENAL
Carátula: SAN JINES VIGO, Abraham J. y otro s/ ARMA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

El alicate no reviste el carácter de arma impropia, ya que a poco de advertir su poder ofensivo, no puede considerarse que la víctima se haya amedrentado por la portación de ésta, en manos de uno de sus atacantes.
Feria judicial, habilitación de feria, convencional constituyente, recurso extraordinario, acción de amparo, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Alsogaray, Alvaro Carlos c/ Honorable Convención Constituyente s/ amparo. Constituyente s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-19

Corresponde desestimar la habilitación de feria solicitada por los convencionales constituyentes a los fines de la tramitación del recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó su demanda de amparo si es de toda evidencia que la sustanciación de dicho recurso insumiría un lapso mayor que el indicado por los recurrentes.
Tratados internacionales, pesca, Unión Europea, Régimen Federal de Pesca
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Periópontis  S.A. c/ E.N. -M° Economía- SAGIP y A Resol. N° 2/99 s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

Las normas cuestionadas, a saber: el Acuerdo de Acta N° 14 del Consejo Federal Pesquero la resolución N° 2/99 de la SAGP y A y la disposición N° 2/99 de la Subsecretaría de Pesca, tuvieron como finalidad primordial la consevación y aprovechamiento racional de los recursos y constituyeron en definitiva el cumplimiento de un mandato constitucional de atención inexcusable para las autoridades nacionales, impuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional y receptado por los artículos 17, 19 y ccdtes de la Ley Federal de Pesca, tal como surge expresamente de la resolución N° 2/99. Por ello no se advierte por parte del Estado Argentino violación alguna a los preceptos del Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima, celebrado con la Comunidad Económica Europea (aprobado por ley 24.315 (Del voto del juez Márquez, cons. VII).
Recusación sin causa, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: HACENDADOS DE BANDERA c/ JULIO WADI RAFAEL s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-23

El derecho conferido a las partes o sus apoderados de recusar sin causa menta a la persona del Juez -persona física que integra el órgano- y no al órgano mismo que aquél integra. En consecuncia, frente a la nueva integración del tribunal en una causa en la que su composición se encontraba consentida, no puede considerarse precluído el derecho de recusar sin causa si dicha facultad no fue ejercida hasta ese momento y ello por imperio exclusivo de hermenéutica de las disposiciónes procesales referentes a ese derecho.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, honorarios del abogado, honorarios del procurador, acción civil en el proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: DE LA FUENTE, ALBERTO s/ Honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1955-04-12

La aplicación de la escala arancelaria de honorarios de abogados y p cuando se ha ejercitado la acción civil dentro del proceso penal, con la salvedad de que si mediare dicha acción, sólo será aplicable ese precepto en las causas por delito a los que pueda atribuirse valor económico directo. La apreciación del valor civil de la causa por el querellante no obliga, como índice de graduación a la otra parte.
Juicio correccional, homicidio culposo, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Mario Martín s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en contra de Sentencia Nº 80/12, de Expte. Nº 001/07 - Gutiérrez, Mario Martín - Homicidio Culposo - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28

El Juzgado Correccional aplicó al imputado por homicidio culposo una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores (arts. 84 segundo párrafo, segundo supuesto; 45, 40, 41 y cctes. del CP y arts. 407, 409 apartado tercero y correlativos del CPP).

Contra el decisorio aludido, comparece el de asistente técnico del imputado G. e interpone recurso de casación.

La pretensión recursiva se dirige a cuestionar la errónea aplicación de las normas previstas en los arts. 40 y 41 C.P. para individualizar judicialmente la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

No le asiste razón al recurrente cuando afirma que el a quo, al ponderar la extensión del daño causado, ha incurrido en doble valoración cuando dice: ".y como correlato la extensión del daño causado, nada más y nada menos, que la pérdida de la vida de un niño de trece años".

Ante ello, interpreta el casacionista que, cuando la norma refiere al daño y a su extensión, es evidente -argumenta-, que lo hace respecto a los delitos que pueden mensurarse como el robo o las lesiones, donde el daño se puede cuantificar mínimamente. Pero en el caso del homicidio (sea doloso o culposo), el daño es justamente la privación de la vida de una persona -enfatiza-. Esta aseveración de la defensa, resulta improcedente.

Así lo considero porque justamente el delito no sólo daña el bien jurídico protegido por la figura respectiva, sino que también, el delito produce consecuencias mediatas, que se pueden traducir por ejemplo: en el dolor sufrido por la madre que perdió a su único hijo de trece años de edad, con las repercusiones que ello puede ocasionar en distintos ámbitos de su vida.

Debo resaltar aquí lo manifestado en debate por la mamá de la víctima quien refirió que por el stress sufrido no logra quedar nuevamente embarazada.

En efecto, la pérdida de un hijo de trece años denota repercusiones y alteraciones en el nivel de vida de las personas directamente allegadas -de índole familiar, laboral, psicológica, psiquiátrica, etc.-.

Como se advierte, a diferencia de lo postulado por la defensa, existen distintas repercusiones que pueden tener influencia en la mensura de la pena y no sólo las que se limitan al menoscabo que el ilícito hace de modo específico en el bien jurídico protegido por la figura penal de que se trate.

Entonces, no se trata de que el tribunal haya ponderado doblemente la pérdida de la vida -el resultado letal producido-, sino más bien, denota que lo que puntualmente se ha valorado es la edad de la víctima, poniendo de resalto que al momento del hecho tenía tan solo trece años.

Por ello corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Prestación básica universal, derecho de propiedad, aportes previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Eduardo Raúl c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-17

Surgiendo de las constancias de autos que el titular ingresó al sistema aportes por un período mayor a 50 años, tener en cuenta para el cálculo de la Prestación Básica Universal (PBU) sólo 45 años, sería colocarlo en una situación desventajosa, y se estaría afectando el derecho de propiedad garantizado en el art. 17 de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del art. 20, inc. b) de la ley 24.241, y ordenar al organismo previsional que recalcule el haber inicial de la PBU del peticionante, todo ello hasta la sanción de la ley 26.417. (Del voto del Dr. Chirinos).
Pago, fallos de la Corte Suprema, liberación del deudor, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SILCA  S.R.L. c/ SEGBA  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-16

Sólo el cumplimiento exacto de la prestación confiera derecho a obtener la liberación correspondiente; habiendo exigido en ese sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema que se trate de un pago "serio", "referido y referible a la ley que rige el punto" -en el caso el contrato- y resuelto que el efecto liberatorio no es invocable en las hipótesis en que no media pago ninguno por el concepto que se reclama.
Empleo público, recurso directo, reincorporación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ACERBI, ROBERTO JOSE c/ E.N. s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-07

El fundamento del recurso previsto por los arts. 40 y 41 de la ley 22140 es proteger la estabilidad del personal comprendido en las normas del régimen jurídico aprobado por la ley citada, con el objeto de disponer, si así correspondiere, la reincorporación del actor. Consiguientemente su jurisdicción en esta materia se halla limitada a los supuestos contemplados por la ley y no queda, por lo tanto, perseguirse por esta vía el reconocimiento de otros derechos.
Recurso de queja (procesal), habeas corpus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mbaye, Ibrahima y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

El recurso de queja no puede triunfar si no logra desvirtuar las razones, brindadas por la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que determinaron la declaración de inadmisibilidad del recurso interpuesto contra la sentencia que confirmó el rechazo de la acción de habeas corpus intentada. (Voto en disidencia de los Dres. Ana María Conde y José O. Casás).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, exigibilidad del depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Aguado, Oscar y ots. c/ Jockey Club de La Plata s/ Demanda interruptiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

El recurso de inaplicabilidad de ley ha sido deducido contra la decisión del Tribunal del Trabajo que resolvió hacer lugar al trámite de ejecución de honorarios del perito contador, y no habiendo el recurrente efectuado el depósito que exige dicho artículo, resulta inatendible su planteo relativo a la aplicación de las normas del Código mencionado, toda vez que la presente se trata de una demanda laboral tramitada por las normas procesales del dec.

ley 7718/71. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, facultades del juez, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TULES, María Rosa s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Si bien la oposición del Ministerio Público Fiscal en principio es vinculante para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, también es cierto que se encuentra siempre sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, atento al deber que les compete de motivar las conclusiones con sus dictámenes. (del voto del doctor González Palazzo. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Caducidad de instancia, plazo, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: ELENA SAUZE DE GOWLAND ACOSTA. c/ PROVINCIA DE CORDOBA Y OTROS. s/ CADUCIDAD  DE  LA  INSTANCIA- PLAZO- TASA DE JUSTICIA- DESISTIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

El plazo de caducidad de la instancia comienza a correr desde la fecha de interposición de la demanda, razón por la cual debe rechazarse el planteo que considera que, a ese fin, es exigible el traslado de la demanda.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Respaldo S.A. c/ Fleitas, Roque s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La heladera de uso familiar reviste el carácter de bien inembargable en los términos del art. 219 del Código Procesal, por cuanto constituye un bien de uso indispensable, formando parte en la actualidad del moblaje normal de una casa, dado el nivel medio de vida alcanzado en la población. (MINORIA U OPINION PERSONAL)