marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: LAVACA, RICARDO JOSE c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

El derecho al recurso abarca la revisión de todos los autos procesales importantes, condición que fue otorgada por este Tribunal en el precedente "Palazzeci" a la decisión que rechaza la suspensión del procedimiento a prueba; por lo que al no haberse satisfecho el doble conforme o derecho al recurso respecto del auto de la Jueza de Primera Instancia que rechazó el pedido de probation del imputado, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la resolución impugnada, para que un nuevo Tribunal de Alzada evalúe los agravios de la defensa expresados en su apelación. (Del voto del Dr. Falistocco) - CITAS: CIDH, "Villalobos vs. Costa Rica", Informe 24/92, casos 9328, 9329, 9742, 9884, 10131, 10193, 10230, 10429, 10469 de 2 de octubre de 1992, párrafo 30; CSJStaFe: AyS T 244, p 287. DOCTRINA: Luigi Ferrajoli, "Principia Iuris", volumen I, pág. 649, Ed. Trotta, 2011.
Accidentes de trabajo, incapacidad permanente, porcentaje de incapacidad, fórmula de Balthazard
Materia: LABORAL
Carátula: SERRATE, JORGE FEDERICO c/ NUEVA CHEVALLIER S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

Cabe confirmar la sentencia de primera instancia que en cuanto a los fines de determinar el porcentaje de incapacidad por las dolencias física y psicológica resultantes del accidente de trabajo aplicó la fórmula "Balthazar". Ello sin perjuicio de según la doctrina emergente del pronunciamiento de la CSJN en la causa "Aróstegui" corresponda elevar la suma establecida como condena. (Del voto del Dr. Pompa).
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lommo, Gabriel c/ Municipalidad de Patagones s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

En caso de cesantía ilegítima no sólo cabe presumir la existencia del daño sino también su magnitud, que debe fijarse en la totalidad de los salarios de los cuales el agente se vio privado como consecuencia de la medida que se considera ilegítima, en razón de que, en principio, ése es el menoscabo efectivamente sufrido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de obra, derechos del dueño de la obra, desistimiento de la obra, derechos del empresario, reembolso de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: ALBERIO DE ZAZZANO, SUSANA c/ CONSORCIO DE COP. DEL COMP. URBANO DE VILLA ELISA TORRES 1 Y 2 s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-23

La facultad dada al dueño de la obra por el art. 1638 Cód. Civil, para desligarse unilateralmente del contrato de locación de obra constituye una excepción a la exigencia de acuerdo de partes por la rescisión que establece el art. 1200 del Código citado. Se trata de un derecho que puede ser ejercido discrecionalmente por el locatario de obra, aunque este, en rigor, no debe al empresario indemnización de daño, sino en resarcimiento "todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener con el contrato" (art. 1638 citado).
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ INZAURRALDE, ERNESTO Y OTRA s/ COBRO EJECUTIVO DE DINERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Que aplicando el principio de "integralidad" en cuanto a la interpretación o apreciación judicial de los hechos narrados por el ejecutante, de la documentación agregada y su reconocimiento, se infiere que se le acordó al demandado el plazo de 36 cuotas para cancelar su deuda; porque de la demanda y documentación acompañada por la propia actora y el reconocimiento de los hechos formulados por el ejecutado, me lleva a tal conclusión. Interpretar lo contrario sería escindir por un lado los hechos y por el otro la documentación, cuando todo ello responde a un todo integral.
Abogados, conducta procesal, poder, sustitución del mandato, presentación tardía de la oferta, falta de personería, costas, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ LARREA, FELIX CARLOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 457 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-01

En el caso, no puede dejar de considerarse la actitud del apoderado de la actora que -al no acompañar el poder especial que la entidad crediticia había otorgado oportunamente al profesional sustituyente del mandato- no sólo dio motivo a la interposición de la excepción de falta de personería, sino que, a lo largo de su tramitación en baja instancia, tampoco subsanó el yerro que se le imputaba y cuando lo hizo -ya en segundo grado de conocimiento- trajo una fotocopia simple del poder general. Ello, en definitiva, conducía a que en todas las instancias ordinarias del procedimiento se le impusieran las costas a aquél por la presentación tardía de los documentos a tenor del artículo 137 del Código Procesal Civil y Comercial, pero no a la confirmación del acogimiento de la excepción de falta de personería juzgada por el Inferior, en tanto esa defensa había perdido sustento en las constancias de la causa a partir de las copias del mandato presentadas en segunda instancia.
Proceso penal, acción civil, sentencia absolutoria, accidente de tránsito, automotores, conductor, daños y perjuicios, culpa
Materia: PROCESAL PENAL - CIVIL
Carátula: L, J L s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 773-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

Si la absolución penal se produce por otro motivo distinto al de la existencia del hecho principal, especialmente por considerar el juez penal que el acusado era inocente -o no culpable- del delito que se le imputaba, esa calificación no es vinculante para el juez civil que libremente puede concluir que aquél fue culpable a los efectos de reparar el daño que causó, pese a habérselo declarado inocente para eximirlo de una condena penal. (Doctrina: Llambias, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", T IV- B, p 85).
Promoción de la corrupción, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
Materia: PENAL
Carátula: Bernardi Juan Antonio y Antueque Julio César c/  s/ Corrupción de Menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2017-03-27

Corresponde condenar al imputado a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de promoción de la corrupción de menores -arts. 45, 125 C.P., y 372, 375, 377, 379 y cc del CPP-, dado el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, considerando la escala penal prevista por el tipo penal -3 a 10 años de prisión-, y con iguales consideraciones y precedente invocado -Brione-, teniendo en cuenta su instrucción, su condición de Juez de Cámara -que claramente le permitió advertir la situación de vulnerabilidad de la víctima-, y la pena solicitada por el Ministerio Publico Fiscal, se tiene como justa dicha pena.
Obligaciones concurrentes, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roman, Olga N. c/ Isnard, Raúl A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

En las obligaciones concurrentes que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudores, a diferencia de lo que sucede con las obligaciones solidarias, la prescripción actúa independientemente para cada deudor.
Instituto municipal de previsión social, acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, movilidad del haber jubilatorio, reducción del beneficio, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: D'MARTINEZ, ANGEL OSCAR c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

Resulta arbitraria la decisión del I.M.P.S. que, con posterioridad al acto administrativo que otorgó el beneficio, reubicó al jubilado en otro nivel de la estructura funcional, si dicha estructura fue hecha de acuerdo a una normativa que no fue la que tomó en consideración el organismo previsional para liquidar el haber del beneficio. Ello importa un desconocimiento de los derechos reconocidos al tiempo de obtener el beneficio previsional, con afectación de las garantías establecidas por los arts. 14 bis, 16 y 17 de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.09.90, "Magan Manuel" y sent. del 04.10 94. "Leverone, Atilio Francisco").
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rubio, Emilio c/ Ricalconi, Eduardo y otros s/ Falsedad de escritura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Media implícito reconocimiento a la suficiencia de la expresión de agravios si la alzada se ocupó del recurso.
Derecho penal, Derecho procesal, situación del imputado, suspensión del juicio a prueba, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: CARMEN, CESAR RUBEN s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-22

Otro tanto ocurre con la condicionalidad de la pena, sujeta a los parámetros que establece el art. 26 del C.P. como la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad, que debe ser objeto de valoración por parte del Sr. Fiscal, quien debe examinar esos extremos para concluir respecto a la posibilidad de una eventual condena de aplicación en suspenso.

En lo que hace al tercer párrafo del art. 76 bis del C.P. debemos determinar la razonabilidad del ofrecimiento resarcitorio efectuado por el imputado, y no existiendo pautas que permitan establecer el real monto del daño que el delito pudo generar al damnificado, debe efectuarse una apreciación eminentemente subjetiva tomando como base las constancias de autos, y asimismo considerarse, como lo refiere la norma penal, las posibilidades económicas del imputado.

En lo atinente a las reglas de conducta que el imputado deberá observar en dicho término, deben tenerse presente las condiciones personales del mismo, a los fines de cumplimentar mínimamente el fin preventivo especial de la Ley 24.316, cual es evitar o prevenir conductas disvaliosas futuras.
Derecho procesal, deberes y facultades del juez, facultades ordenatorias, facultades instructorias, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensoría del Pueblo de la Prov. de Santiago del Estero c/ Previsión del Hogar Sociedad Cooperativa de Seg. Ltda. s/ otros - liquidación judicial s/ incidente de tercería de dominio por la defensoría del pueblo de la provincia de santiago del estero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-27

Resulta prudente disponer una serie de medidas para mejor proveer a fin de encontrar solución al conflicto para preservar los derechos de las partes involucradas, entre ellos una comunidad originaria. Ello así, en tanto -en el caso- el juez de grado desestimó la tercería de dominio deducida por el Defensor del Pueblo de la Prov. de Santiago del Estero, en torno a un inmueble objeto de remate en cierta causa, invocando la propiedad de dicho inmueble y la representación de diversas familias, que conformarían una comunidad originaria allí asentada (pueblo indígena), donde desarrollarían su vida en todos sus ámbitos, tanto civil, social y cultural, como productiva (ganadería y agricultura), contando con una posta sanitaria, destacamento policial, escuela (nivel inicial y primario), iglesia, club deportivo y planta potabilizadora de agua. Es que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, de jerarquía supra legal, en su artículo 14-3° dispone, precisamente, que "deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados". En nuestro derecho interno, se encuentra actualmente vigente respecto de esta cuestión territorial, la ley 26160 (prorrogada por las leyes 26554, 26894 y 27400). Dicha norma declaró desde el año 2006 la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (art. 1), y puso en cabeza del INAI la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y la facultad de promover las acciones que fuera menester con la participación de los organismos que indica en su texto (art. 3). A su vez, el nuevo CCCN 18 establece que las "...comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano...".
Ejecución prendaria, excepción de pago parcial
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Zurso, Rubén Alberto s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-07-27

En la ejecución prendaria es admisible la excepción de pago parcial.

Esto es así, desde el momento que los Códigos procedimentales- nacionales y provinciales, fueron incorporando a sus estructuras la figura de pago parcial como defensa a las pretensiones de ejecutar el monto total de un crédito omitiendo la deducción de las entregas efectuadas a ese momento. En nuestra provincia el art. 518, inc. 6° del C.Procesal, prevé expresamente el punto.
Acción contencioso administrativa, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autos Corte N° 044/2014: "HERRERA, Marcelo Alejandro y Otros c/ MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-02-24

En concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, corresponde rechazar la acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad interpuesta por los actores persiguiendo se revoque la Resolución SOSP Nº 493/13, de fecha 21/08/14, dictada por el Secretario de Obras Públicas de aquél Municipio.
Recurso de apelación (procesal), cosa juzgada, sentencia firme
Materia: PROCESAL
Carátula: D., N.R. c/B., P.I. o cualquier otro ocupante s/Desalojo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-18

Es inapelable la providencia que es consecuencia de otra resolución anterior que se encuentra firme, pues lo contrario importaría tanto como consentir la revisión de decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, graduación de la pena, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Risso, Juan José y otro s/ recurso de queja. Causa: 470
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

Las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal para graduar la pena a imponer quedan fuera del control de la casación.
Cuenta corriente bancaria, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES  S.A. c/ PORCARDO, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

No es óbice que en la solicitud de apertura de cuenta corriente no resul te que haya sido presentada por dos personas, pues tal omisión no vicia el contrato de cuenta; y tampoco podría ello ser invocado por uno de los causantes del presunto vicio (CCIV:1047).
Defensa del consumidor, juicio sumarísimo, sorteos, premios de juegos de azar, competencia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SALDIVIA, MARIA FABIANA c/ SPRAYETTE SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

Procede imprimir el trámite sumarísimo a una demanda en la que el pretensor reclama, -como en el caso-, la entrega de ciertos bienes -o su equivalente en dinero en efectivo- en su calidad de beneficiario de ciertos sorteos organizados por su contrario. Ello así, toda vez que, en esta instancia liminar y sin que importe adelantar juicio sobre lo que corresponda resolver, en definitiva, la entrega de los premios reclamados aparece íntimamente unida a la comercialización y venta de productos de diversos rubros ofrecidos por el defendido. De modo pues, que lo expuesto sitúa -al menos provisoriamente- tal supuesto dentro del ámbito de la ley 24240, y justifica la adopción del proceso mas abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario pertinente (ley 24240, art. 53). (En la especie, se desestimó la pretensión del reclamante, en cuanto a que el objeto de la demanda no podía regirse por la citada ley, toda vez que refiere al cumplimiento de ciertos sorteos organizados "sin obligación de compra").
Facultades del Poder Ejecutivo, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Scursatone, Horacio Oscar c/ Estado Nacional - M° de Defensa - IAF s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

Si bien el Estado, en uso de prerrogativas emanadas de cláusulas exorbitantes, puede efectuar modificaciones en la relación de empleo público, tal facultad encuentra su límite en la imposibilidad de efectuar alteraciones sustanciales (Disidencia del juez Rosatti).
Seguros, seguro de daños patrimoniales, principios generales del Derecho, asegurador, vehículos, bienes importados, destrucción total del automotor, dólares, mora, desvalorización del automotor, recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sarotto, Anibal José c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

1 - A la luz de la causa fin del contrato de seguro, no es posible equiparar sin más la obligación del asegurador a una obligación dineraria. Es verdad que esa obligación de la compañía habrá de traducirse generalmente en la entrega de una suma de dinero. Asimismo, también puede afirmarse que -en definitiva- el asegurado no tiene obligación de aplicar esa suma a la reposición del bien objeto del siniestro. Pero ello no puede desdibujar la aludida causa fin del contrato, cuyo carácter esencialmente reparador demuestra que la intención de los justiciables no fue otra que la de preservar al asegurado de sufrir la pérdida de ese bien de su patrimonio sobre el cual recae la cobertura.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Vignoni, Antonio Sirio c/ Estado de la Nación Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Procede el recurso extraordinario respecto al momento a partir del cual debe computarse el comienzo del plazo de prescripción, si la decisión se ha fundado en afirmaciones dogmáticas que no consultan las particularidades del caso.
Recursos, improcedencia del recurso, recurso extraordinario, defectos en la fundamentación normativa, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Romero, Marcos Arnoldo c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Si bien es cierto que las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales no son - en principio - susceptibles del remedio federal del art. 14 de la ley 48, tal regla reconoce excepción cuando lo resuelto no constituye una derivación razonada de la legislación vigente e importa un exceso de rigor formal incompatible con el derecho de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional).
Recurso extraordinario, falta de fundamentación
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ ENRIQUE JOSE c/ GOTTI VICTORIO Y GOTTI  S.A.C.C.F.I.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-11

La instancia extraordinaria que se suscita deviene improcedente porque muestra una absoluta falta de fundamentación, ya que se desentiende completamente de los fundamentos y bases jurídicas de los fallos que recurrentemente ha ido impugnando; se desentiende especialmente de las argumentaciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales de la sentencia que resulta ser el fallo definitivo del Tribunal Superior de la causa, conforme monocorde doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional emanada entre otros del caso "Strada".
Municipalidad, personal municipal, salarios caídos, plazo, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Con relación a la pretensión de salarios caídos, debe señalarse que el estatuto aprobado por ley 9286 Anexo I en su artículo 48 prevé el pago de "los haberes devengados desde la fecha en que se dispuso el cese de la prestación de servicio". Pero esta norma no puede ser interpretada como concediendo el derecho a percibir los haberes caídos, sin límite temporal alguno, sino como lo interpretó la Corte en el precedente "Alcacer", adoptándose el criterio objetivo de los dos años. Tal criterio se extendió luego al ámbito municipal en el entendimiento de que los términos aplicables a las actuaciones administrativas en sede municipal y comunal no difieren sustancialmente de los previstos por el decreto 10204-58, por ende, corresponde condenar a la accionada a abonar al actor los haberes caídos desde el momento de la baja y por el término de dos años.
Sentencia, nulidad de oficio, competencia laboral, integración del tribunal
Materia: LABORAL
Carátula: Villavicencio, Saúl N. c/ Firestone de la Argentina S.A.I.C. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17

Son nulos el veredicto y sentencia del tribunal del trabajo que no se encuentran suscriptos por uno de los magistrados que figura en los respectivos acuerdos como integrante del tribunal y emitiendo su voto, teniendo en cuenta que la señalada anomalía constituye infracción a la cláusula del art. 156 de la Constitución provincial en tanto el pronunciamiento no emana del órgano jurisdiccional estructurado por la ley (arts. 53, ley 5827; 44 incs. "d", "e" y "f", dec. ley 7718/71).
Cuestión justiciable, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cámara  de  la  Industria  del  Petróleo  y  Cámara  de Empresas Petroleras  Argentinas s/ impugna  ley  290 de la Provincia de Tierra del Fuego -  instrumentalidad en el impuesto de sellos-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

Los casos o controversias contenciosos a que se refieren los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional son aquellos en los que se persigue, en concreto, la determinación del derecho o prerrogativa debatidos entre partes adversas ante la existencia de una lesión actual o, al menos, una amenaza inminente a dicho derecho o prerrogativa (Voto de los Dres. Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).