marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, proceso penal, imputado, prueba de cargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: M., G. C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 459 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto pues si bien los agravios planteados remiten al examen de cuestiones vinculadas con la valoración de hechos y pruebas, ha supuesto transponer efectivamente el límite de razonabilidad a que está subordinada la referida valoración, con ignorancia de concretos principios de inequívoca concurrencia en el caso, lo que transgrede la adecuada fundamentación de los fallos judiciales como exteriorización del cumplimiento de la garantía del debido proceso y torna procedente la anulación del fallo por no reunir el mismo las condiciones mínimas necesarias para asegurar el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

En el caso la Alzada consideró que si bien no existía "testigo ocular que involucr e directamente al imputado" y que "una visión ligera y superficial de la cuestión parecería inferir un insuficiente acervo probatorio", debía reconocerse que "la certeza razonable puede derivarse o extraerse no sólo de pruebas directas, sino también de indirectas, circunstanciales o indiciarias, cuando éstas sean varias, se relacionen con el hecho principal, conduzcan a él de manera lógica y natural, sean concordantes y se funden en hechos reales", siendo erróneo el criterio del Juez inferior al dudar sobre el protagonismo del imputado en el evento, debiendo éste responder como coautor del delito.
Independencia del Poder Judicial, intangibilidad de la remuneración, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Montes de Oca, Alberto Horacio y otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La garantía constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces no implica desligar a éstos del deber solidario de sufrir los embates de la inflación en tanto la erosión salarial no sea tan significativa que pueda impedir el logro de la finalidad perseguida por el art. 96 de la Constitución Nacional.
Marcas, exclusividad, comerciante
Materia: COMERCIAL
Carátula: Compañia de Radiocomunicaciones Móviles  S.A. . c/ Casa Jorge Poel. s/ Cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

La demandada es un comerciante, y siéndolo, no cabe la menor duda que en cuanto a su conducta comercial también le es aplicable el art. 902 del Código Civil a su ámbito, y así, cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia (en el ejercicio del comercio), y pleno conocimiento de las cosas (que, en el caso, incluye los privilegios que emergen del derecho marcario -art. 4, según el cual la propiedad de una marca y la exclusividad del uso se obtienen con el registro.

Y además, como se expresa en la Exposición de Motivos, "el registro marcario es un derecho exclusivo del uso; en consecuencia hace a su propia esencia que no puedan coexistir dos marcas idénticas-) mayor sea la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Recurso de inconstitucionalidad, juicio, acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCESCHELLI, JOSE MARIA c/  s/ APELACION RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA 1&#778; CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA DE SANTA FE QUE IMPONE SANCION DE SUSPENSION DE LA MATRICULA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Se advierte en la argumentación de la Cámara un apartamiento de las constancias de la causa, puesto que el Tribunal relató que por providencia del 2013 se había ordenado la suspensión del trámite hasta tanto se resolvieran los autos relacionados, teniendo en cuenta que la cuestión planteada en el presente guardaba vinculación con la allí ventilada, y expuso que en aquélla se había solicitado tribunal pleno, el que fuera oportunamente denegado, ante lo cual se dispuso el cese de la suspensión y la continuación del proceso según su estado; mas en esta reseña de lo ocurrido -efectuada en la resolución impugnada- los Magistrados omitieron mencionar un decreto obrante en los autos principales, por el cual, en el año 2020, uno de los Camaristas había dispuesto nuevamente la suspensión del trámite de la presente hasta que se dictara resolución en el otro expediente; por lo que el dictado de la resolución en crisis, que importó en los hechos -y sin decisión expresa previa- el cese de la suspensión de la tramitación de la causa a pesar de no haberse resuelto el fondo de las actuaciones referidas -sino tan sólo la cuestión incidental de la solicitud de tribunal pleno-, se vislumbra incompatible con el contenido de tal decreto, contradicción que no puede pasar inadvertida en esta instancia. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: R., J. y otra c/ R., J. C. y A., A. s/ Medidas de Protección de Derechos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-28

"La obligatoriedad de la fundamentación legal de las sentencias constituye requisito ineludible de validez constitucional. Así lo impone el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y también lo consagra indirectamente la nacional.

Conforme a su artículo 17, la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley; según su artículo 18 nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley.

Asimismo es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18). Esta garantía comprende para el justiciable la posibilidad de obtener una sentencia que sea derivación razonada del Derecho vigente. Y una sentencia es derivación razonada del Derecho vigente cuando, entre otros recaudos, está fundada."
Derecho ambiental, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF SA c/ Municipalidad de Ensenada s/ Inconstitucionalidad Ord. 1887/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

En materia ambiental se ha producido una delegación a favor de la Nación en lo que hace a la determinación de los presupuestos mínimos para la protección ambiental, las provincias han renunciado así a importantes competencias originarias en excepción al principio anteriormente receptado en el art. 121 de la Constitución nacional, reservándose exclusivamente las facultades necesarias para dictar normas complementarias, conservando el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (conforme el art. 124).
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cónsul, Luis Marcos y otra c/ Nocetti de Carettoni, Esther s/ Cumplimiento de contrato y rescisión en subsidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

La facultad de reducir la pena pactada para asegurar el cumplimiento de una obligación es, sin duda, excepcional y debe ejercerse con suma prudencia y criterio restrictivo. Caso contrario no se evitaría el arbitrio judicial en la fijación del monto de los daños e intereses que es uno de los fines perseguidos mediante la estipulación de una cláusula penal.
Indemnización por accidente de tránsito, indemnización por muerte, separación de hecho, cónyuge separado, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: A., M.A. y otros c/ G. R. B. del V. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-14

La circunstancia de que la esposa se encuentre separada de hecho de su marido, quien murió a causa de un accidente de tránsito, no autoriza a negarle calidad para obrar.

Si sólo media separación de hecho, no hay juzgamiento sobre la culpa, ni él podría ser promovido por un extraño, el responsable del ilícito. La presunción del artículo 1084 del Código Civil rige pese a la separación, sin perjuicio de que se la desvirtúe mediante la prueba de que la esposa no era, en la realidad de los hechos, sostenida por el marido.

La presunción legal del artículo 1084 del Código Civil, juega siempre en favor de la viuda, aún divorciada o separada de hecho, pese a tales circunstancias, porque el divorcio o la separación no son hechos que impidan suponer que la subsistencia de la viuda ha estado a cargo del esposo. Juega a su favor una presunción de daños "iuris tantum", y es al demandado a quien le corresponde destruir esa presunción, probando que la viuda, de hecho, no vivía a expensas de su marido muerto.
Compraventa inmobiliaria, transmisión del dominio, heredero aparente
Materia: CIVIL
Carátula: ALDANA ACOSTA FULGENCIO c/ CAMBA FERNANDEZ, CONSUELO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

Cuando se juzga la oponibilidad de la transmisión del dominio hecha por el heredero aparente a favor de un tercero, respecto del heredero, debe analizarse la buena fe con mayor severidad, pues previo a la escrituración debe referenciarse el sucesorio para establecer los antecedentes dominales. Toda negligencia que se cometa en ese estudio afecta los intereses del heredero que no fue parte en el negocio cuyos derechos merecen igual protección que los del adquirente de buena fe.
Responsabilidad contractual, responsabilidad médica, prestaciones de la obra social, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, médicos, contrato a favor de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Lirola Galey, Angel c/ Sanatorio San Cristóbal  S.A.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Es difícil concebir que un médico pudiera ser considerado dependiente del establecimiento donde presta sus servicios profesionales, dado que ello supondría el derecho de éste de impartirle órdenes o instrucciones sobre la forma de efectuar las curaciones o las mismas intervenciones.

Todo gira dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, apareciendo una serie de contratos interrelacionados entre sí. Por un lado, existe uno entre el asociado y la obra social, para que ésta le proporcione atención médica; por otra parte, hay uno entre la obra social y el sanatorio, para que éste preste dicha atención a sus asociados y, por último, otro entre el establecimiento asistencial y el médico que presta servicios en él, siendo éste un verdadero supuesto de contrato en favor de terceros a que alude el art. 504 del Código Civil.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: P., R.A.M. c/ I., J.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-26

Para la fijación de la cuota, debe tomarse en cuenta el estado patrimonial o capacidad económica tanto del beneficiario como del alimentante, pues son siempre las necesidades del alimentado y el caudal del alimentante los factores que regulan el quantum de la obligación por alimentos.
Defraudación informática, delitos, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NN, NN c/  s/ 00 - presunta comisión delito (competencia) (art. 173 inc 15 CP) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Si bien la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas resulta competente para entender en el delito previsto en el art. 173, inc. 16 del Código Penal, como la maniobra defraudatoria habría sido en perjuicio de la empresa YPF S.A., corresponde remitir el expediente al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que decline su competencia a favor de la justicia en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal (cf. art. 33, inc. 1, punto c, CPPN). (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, mayoría de edad, readaptación del condenado, monto de la pena, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., C. S.Y C., J. C. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (APELACION SENTENCIA CONDENATORIA)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

El voto mayoritario de la Alzada, luego de reconocer la alongación del proceso -explicando que mas allá de que resultaba complejo se había dispuesto el archivo como paralizado por encontrarse prófugos los imputados- y valorar que los justiciables contaban ya con más de treinta años, que habían formado una familia y que se reinsertaron socialmente, entendió que ello no era lo único a analizar al momento de decidir acerca de la necesidad de aplicación de la pena, ponderando al efecto la modalidad del hecho y la extensión del daño causado; y en el entendimiento que esto no los hace merecedores de la alternativa máxima y más gravosa que tiene la jurisdicción respecto a la necesariedad de la aplicación de la pena -es decir, tal cual la misma surge de la norma aplicable para mayores-, pero igualmente tampoco puede soslayarse la forma en que decidieron matar a la víctima, planificándolo previamente y los motivos, insignificantes y desproporcionados en relación con el resultado, ante la necesidad de imponer una sanción, ponderaron especialmente -a fin de cuantificar la misma- la situación de minoridad de los imputados al momento de cometer el hecho, lo que precisamente motivó al A quo a reducir significativamente la pena impuesta en primera instancia de siete años y dos meses de prisión, fijándola en cuatro años y seis meses de prisión; premisas que la compareciente no alcanza a persuadir que excedan los márgenes razonables del ejercicio de la magistratura, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso. (De la disidencia del Dr. Falistocco, a la que adhieren los Dres. Netri y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 41; Ley 22278, artículo 4
Tribunal colegiado, sentencia, fundamentación de sentencias, voto de los jueces, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cañete, Carlos Eusebio y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

En el caso de los tribunales pluripersonales, el deber general de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones, pues de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión, es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo.
Ejecución prendaria, secuestro de automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Zinnio, Silvia Nora c/ Pellegrino, Silvia Gloria s/ Ejecución y Embargo Santandreu, Miguel Bartolo c/ Blanco, Joaquin Andres s/ Ejecución y embargo preventivo Amerio, José Juan c/ Talamonti, Victorio s/ Ejecución y Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20|1995-10-24|1980-04-10

La ejecutada se agravia, del rechazo del pedido de cese de la medida de secuestro. Si bien el contrato no habilita a promover ejecución prendaria al no encontrarse debidamente inscripto en el registro respectivo, ello no obsta a que tenga prima facie validez como instrumento privado. Atendiendo a los expresado y habiéndose cumplido en el expediente con los recaudos exigidos por los art. 195, 197, 198 y 209 inc. 2º del CPC, siendo que en el contrato se "faculta al acreedor para pedir el secuestro de los bienes gravados", y formando sus cláusulas una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, el secuestro del automotor debe mantenerse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asesor de menores, nulidad procesal, facultades del Ministerio de Menores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.,M.N. d C. y Otros c/ 17 de Agosto S.A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-22

Corresponde confirmar el rechazo del planteo de nulidad deducido por la Asesora de menores de todo lo actuado ante la Cámara de apelaciones, al no habérsele notificado que los autos estaban en secretaría en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representante legal de los menores involucrados y que fuera declarado desierto por no presentarse el memorial en tiempo y forma, pues aun cuando pueda entenderse que debió ser notificada del auto ello en nada modifica la actitud procesal que asumió en la instancia de origen en la que luego de las vistas conferidas optó por no expresar su voluntad recursiva, circunstancia que selló su posibilidad de cuestionar el pronunciamiento dictado en la alzada, máxime cuando tampoco logra explicar de qué modo se podría permitir la flexibilización de las reglas procesales al punto de admitirse el cumplimiento de una carga, como lo es la presentación del escrito de expresión de agravios, por un sujeto que no fue el apelante y por fuera de los plazos legales. (Del voto en disidencia del Dr.

Soria)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, abastecimiento, multa administrativa, error material, precio
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: "FRIGORIFICO Y MATADERO LA FORESTA  S.C.A. " s/ Ley 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó la multa impuesta por vender mercadería a precios superiores a los autorizados, omitiendo todo tratamiento de la cuestión relativa a la existencia de un error de facturación que habría sido inmediatamente subsanado.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peral, Ignacio c/ Arena, Osvaldo y otro s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

En atención a las pruebas documentales, cédulas y mandamientos, información sumaria, y pudiendo resultar perjudicial para la actora el estado de abandono del bien inmueble, hecho comprobado, aun cuando no se encuentre estrictamente cumplimentado el requisito legal del art. 676 bis C.P.C.C., que exige la traba de la litis, parece indudable que puede devenir dificultoso sino imposible el trabarla, atento al cambio de domicilio de la parte accionada, y ello traería quizá aún mas perjuicios. Corresponde, pues, otorgar la tenencia provisoria del bien al accionante, previa caución. ( arts. 1564, 1604 y cdts. C.C., ley 23091, arts. 195/208 y 676 bis - ley 11443 - C.P.C.C., éste último por analogía )
Alimentos, cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos, impuesto a las ganancias
Materia: CIVIL
Carátula: C.V. c/ F., R.H. s/ ALIMENTOS - PROCESO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-22

Para calcular la cuota de alimentos, debe excluirse el impuesto a las ganancias, en tanto del ordenamiento legal vigente -ley 20628 y sus modificatorias-, fluye que aquél responde a una obligación legal, que el alimentante se encuentra compelido a cumplir, debiendo considerarse un descuento de ley y no voluntario, por lo cual su ganancia no es tal si no se descuenta, previamente, el monto que la norma prevé para cada categoría; es así que las sumas retenidas en su propio origen no ingresan al patrimonio del alimentante al igual que las retenciones previsionales.
Derecho contravencional, sentencia, falta de fundamentación, nulidad absoluta
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Romero, Ramón Bonifacio c/ inf. art. 47 s/ Incidente de ejecución ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

La ausencia de fundamentación de la sentencia hiere a la intervención del juez en los términos del artículo 167, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación pues la motivación "constituye exigencia de funcionamiento del Estado de Derecho y de la forma republicana de gobierno, desde que a la condición de órgano de aplicación del derecho, va entrañablemente unida la obligación de los jueces de fundar sus sentencias para acreditar que son derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad de los magistrados (D.J, 1997-3, p. 814, f. 12.372).

La exigencia apuntada responde, además, a la garantía de juicio previo fundado en ley anterior al hecho imputado y a la inviolabilidad de la defensa en juicio.
Condena condicional, concurrencia de penas, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: MARINELLI, EMILIO s/ Condena Condicional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1964-08-13

No habiéndose obtenido mayoría necesaria declárase que continúa en vigor la doctrina sentada en el fallo plenario in re "Biondi, Roberto José" del 27 de noviembre de 1959 - Cuando concurren la pena de inhabilitación con otra de diferente clase, el otorgamiento del beneficio de la condena condicional con respecto a esta última no acarrea la suspensión de la primera -.
Medidas cautelares, buena fe lealtad, buena fe procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Muñoz  de  Canevaro  Elena  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-08

La buena fe, probidad y lealtad procesal con que deben proceder los litigantes son principios que constituyen el sustento de las medidas cautelares. (Consid. IX).
Menores, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: A. ,O. E. c/  s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-11

El tiempo constituye un factor esencial al momento de hacer operativo el "interés superior del menor". La exigencia de que ese interés sea analizado "en concreto", como también el situar que del "conjunto de bienes necesario" para el menor lo sean los más convenientes en "una circunstancia histórica determinada", responden al lugar e incidencia trascendental que el factor temporal tiene en la vida de los menores. Esa trascendencia también obedece al carácter "provisional" que poseen las circunstancias de los menores. La definición académica lo evidencia al expresar respecto del término provisional: "dícese de lo que se hace, se halla o se tiene temporalmente".(del voto del doctor Pettigiani)
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. D., M. c/ M., H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-11

Cuando ha mediado un lapso dilatado entre el momento en que se produjo la regulación de primera instancia y la época en que el auto regulatorio definitivo adquiere firmeza, esto es, cuando se rebasa el marco de previsiones normales de los artículos 54 y 57 del decreto arancelario, es posible la repotenciación de su cuantía, vigente el envilecimiento del signo monetario, so riesgo de desnaturalizar el espíritu, el contenido y los precisos objetivos que condujeron a la sanción de la mentada norma . Ello constituye por lo demás la forma más idónea de respetar el principio de la justicia conmutativa y el derecho de propiedad, ya que la corrección nominal de valores hecha con prudencia, lejos de causar agravio sustancial a los derechos de las partes, reafirma la garantía de propiedad, habida cuenta que admitir lo contrario importaría tanto como reconocer una retribución mermada o confiscatoria por los servicios prestados, con menoscabo del respeto por la tarea cumplida por los letrados y de la propia administración de justicia.