Prisión preventiva, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Labraña, Román Sebastián c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-28

En el sub judice, la defensa no ha logrado demostrar la existencia de dicho agravio federal que permita hacer excepción a aquel principio general, toda vez que su crítica estuvo centrada en expresar su disenso con lo que califica de "defectos" de fundamentación en la resolución impugnada. La asistencia técnica del imputado Labraña solicitó, en efecto, que se disponga la prisión domiciliaria del imputado y agregó que, de ser necesario, se le imponga algún dispositivo electrónico de control u otras reglas de conducta a los efectos de descartar cualquier eventual riesgo procesal. En el presente caso, Labraña no puede ser incluido en ninguno de los supuestos contemplados en los apartados "a"-"e" del pto. 2 de la Acordada 9/20. Según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, tampoco se encontraría genéricamente dentro de la población de riesgo con probabilidad de sufrir consecuencias severas producto del contagio del virus COVID-19 (supuesto "f" de la Acordada mencionada). En efecto, el a quo ya había indicado que no integraba ninguno de los grupos considerados de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por la autoridad competente y no se observa que el nombrado se encuentre comprendido en el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado "Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)". En razón de lo antes expuesto, no surge de la resolución impugnada vicio alguno de fundamentación que lleve a su descalificación por vía de la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros); o de la verificación de graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o de la concurrencia de cuestión federal atendible (Fallos: 328:1108); por lo que no corresponde la intervención de esta jurisdicción. La disidencia sostuvo que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 CPPN y encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y, en consecuencia, fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado. Sin perjuicio de ello, menester es evocar que resulta ineludible principio de la teoría de los recursos el que ordena que sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición (Fallos: 285:353; 310:819; 331:2628, entre muchos otros). En este sentido, dable es señalar que el pleno de este Tribunal, con fecha 13 de abril ppdo., dictó la Acordada 9/20 mediante la cual se efectuaron recomendaciones a los tribunales de la jurisdicción a fin de que adopten medidas alternativas al encierro. Así las cosas, la situación del sub lite no fue analizada al amparo de la mentada acordada, toda vez que la resolución impugnada resulta anterior a su dictado. En consecuencia, con el propósito eventual de asegurar el derecho al recurso (art. 8.2.h CADH), postulo la remisión de las actuaciones a su procedencia a fin de que, con la celeridad que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento, lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto a la materia en trato. Dres Mahíques, Yacobucci -voto conjunto- y Slokar -en disidencia-.