Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-11


AUTOS N° 19.787 (95.240 4° CIVIL) caratulados "MORILLA, Patricio C/ Provincia de San Juan Expropiación" L.S. T°103 F°175/190 En la ciudad de San Juan, a 11 días del mes de mayo del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. PASCUAL E. ALFERILLO, y los señores Vocales DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, a fin de conocer de los recursos de apelación que se interpusieran contra la sentencia recaída en autos N° 19.787 (95.240 4° CIVIL) caratulados "MORILLA, PATRICIO C/ PROVINCIA DE SAN JUAN EXPROPIACIÓN", dictada en fecha 29 del mes de julio del año 2008, obrante a fs. 252-255, de estos autos originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recursos que una vez concedidos tuvieran debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. En primera instancia se ha hecho lugar a la demanda de expropiación irregular promovida por el Sr. Patricio Morilla contra la Provincia de San Juan que afectó al inmueble de su propiedad ubicado en calle Mendoza N° 1064 -Sur debido al ensanche de dicha arteria, inscripto en el Registro General Inmobiliario, Zona Capital N° 1387, T° 14, F° 87, del año 1964, cuyos datos de medidas, límites y dimensiones están especificadas en el fallo apelado. La sentencia fijó el monto indemnizatorio en la suma de Pesos Quince mil ciento sesenta y dos ($ 15.162) a la fecha que lo determinó el Tribunal de Tasaciones, con más los intereses del 8 % anual desde la fecha de desposesión (29/03/1965) hasta el 31/03/2008 (fecha de la tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones), y a partir de allí la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento hasta su efectivo pago. El juez a quo declaró trasferido a favor de la Provincia de San Juan el inmueble en su extensión parcial reclamada en la demanda. Desestimó el pedido de inaplicabilidad del art. 20 de la ley 5639, como también el pedido de readecuación de la indemnización. Declaró la inconstitucionalidad del art. 8 de la Constitución de la Provincia.

2. Ambas partes apelaron el fallo. La demandada lo hace a fojas 257 y la actora a fojas 259. Recursos concedidos en forma libre y efecto suspensivo.

Agravios de la parte demandada:

a) La desposesión no puede equipararse a un simple pedido de fijación de línea. Por ende, no es correcto tomar como fecha de desposesión el 29 de marzo de 1965. No consta en el acta del Consejo de Reconstrucción de San Juan que en ese momento se haya privado a su propietario del uso y goce del inmueble, como tampoco que la fracción de terreno fuera librada al uso público. Además no hay un solo elemento de prueba que determine con precisión la fecha de desposesión, exteriorizada por actos materiales por los cuales se haya manifestado la indisponibilidad del inmueble. Esta apreciación la hizo también el Tribunal de Tasaciones.

Cita un precedente de este tribunal donde se desestimó el agravio de la actora que pretendía hacer valer como fecha de desposesión aquella en que fue fijada la línea de edificación. Se trata de los Autos N° 14.108, caratulados: "ALPUKE S.R.L. C/ PROVINCIA DE SAN JUAN EXPROPIACIÓN IRREGULAR (L. de S., T° 68, F° 150/159, Año 1996), donde fue aplicada la doctrina: "..En realidad la fijación de la nueva línea de edificación no configura en sí un acto de desposesión, en cambio sí lo es el desapoderamiento efectivo cuando se concreta con la ocupación privando al propietario del uso o explotación del terreno sujeto a expropiación. Bien se ha sostenido que los intereses que integran la justa indemnización corresponden al beneficio de la ocupación de la cual ha disfrutado el expropiante sin contraprestación (conf. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T° IV, p. 293, Ed. Abeledo-Perrot 1987)". Alega que la Corte de Justicia de San Juan tiene señalado que no corresponde el pago de intereses cuando el expropiante no ha tomado la posesión del bien. Así se ha expedido en Autos N° 399, "Edeguer Varela, Sara c/ Provincia de San Juan Expropiación Inversa Inconstitucionalidad y Casación" (P.R.E., T° 1, F° 185/9, Año 1990), donde señaló: "En lo que se refiere al pago de los intereses debe tenerse en cuenta que resulta imprescindible para la procedencia de los mismos que haya existido desposesión material del inmueble, es decir impedimento de uso y goce. Lo que estaría justificando el pago de la renta de ese capital que no se ha podido gozar". "El hecho de que la turbación o restricción de los derechos del propietario permita la iniciación del juicio de expropiación no implica que ese hecho deba ser tomado como desposesión con todos sus alcances e implicancias. Y ésta, la desposesión, es el fundamento del pago de intereses, etc. Así lo ha sostenido también para los supuestos de expropiación inversa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Fallos 199-279, etc.). Precisamente si no existe una real desposesión, y el propietario pudo seguir usufructuando el bien, no corresponde el pago de intereses, pues éstos se compensan con aquel uso. Y es que en la expropiación inversa también existe desposesión, que estará dada por la incorporación del bien al uso público, o por el real impedimento de usar el bien".

La determinación de la desposesión es una cuestión de hecho, no puede ser fijada arbitrariamente, sino que ha de surgir de las constancias de autos, del dictamen del Tribunal de Tasaciones, la legislación y la jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.

En apoyo de su postura menciona fallos de las Cámaras Nacionales de Apelación en la Civil: "Resulta improcedente otorgar intereses en caso de expropiación inversa en que no ha existido desposesión (Sala B, 03/09/1999, LL 1999, E-472; D.J. 1999-3-83). "En materia de expropiación, la inexistencia de desposesión del bien impide la procedencia del reclamo por los intereses" (Sala A, 04/12/1995, en autos Thonis, Luis c/ Municipalidad de Bs. As.). "En la expropiación los intereses corren desde el efectivo desapoderamiento" (Sala A, 08/12/1980). "Si no ha mediado desposesión, no corresponde computar intereses sobre la indemnización debida por expropiación (Sala F, del 07/12/1995, autos "García Omar y otros c/ Municipalidad de Bs. As."). "En la expropiación los intereses corren a partir de la desposesión, no existiendo con anterioridad daño consumado" (Sala G, del 14/06/82; L.L. 1983-C-602 -S.36.410). "En los juicios de expropiación inversa no corresponde el pago de intereses si no existe efectivo desapoderamiento, ni en consecuencia retardo en el pago en concepto de indemnización previa. El propietario conserva la posesión del bien y la posibilidad de utilización y explotación del bien, por lo que falla la razón de los intereses consistente en la compensación por falta de uso desde el desapoderamiento" (E.D. 91-378), Sala G. 18/09/80; en igual sentido E.D. 88-744).

Finalmente, la C.S.J.N. ha dicho: "Debe dejarse sin efecto la sentencia que en juicio de expropiación irregular, condenó a la Municipalidad demandada al pago de intereses a partir de la fecha de notificación del traslado de la demanda. Ello es así pues la mera existencia de una ley calificando de utilidad pública el bien o un acto administrativo que hace saber esa circunstancia ante una solicitud de parte, no traducen un supuesto equiparable a la desposesión material que prive a su propietario de las prerrogativas del uso y goce del inmueble emergente del dominio, así como tampoco ponen de manifiesto por sí solas una restricción que obste a su explotación económica y no es posible identificar los supuestos de desposesión jurídica con la privación material del bien, que justifica el pago de los intereses a que se refiere el art. 20 de la ley 21.449" (ADLA, XXXVII-a, 84; L.L. 1982-C-361). Y que: "En los juicios de expropiación indirecta donde no existe efectivo desapoderamiento ni, en consecuencia retardo en el pago en concepto de indemnización previa a aquél, no corresponde el reconocimiento de intereses" (C.S.J.N., 223/12/1992, "Inmobiliaria Posadas S.A. y de Mandatos c/ Entidad Binacional Yaciretá; L.L., 1993-C-189).

b) Consecuentemente, se agravia porque el juez a quo mandó a computar los intereses desde lo que fue considerado como fecha de desposesión (29/03/65), al 8 % anual hasta la fecha de la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones (31/03/08) y a partir de allí aplicar la tasa activa, conforme ley 4119, hasta el efectivo pago. El actor no ha probado la fecha de la desposesión, ni el daño producido por la no iniciación del juicio expropiatorio por parte del Estado. Tal como sostiene la jurisprudencia: "En la expropiación inversa o irregular, el particular que acciona debe siempre y en todos los casos demostrar: a) el daño que le produce la no iniciación de juicio por parte del Estado y b) la existencia de un determinado comportamiento u omisión que le resulta dañoso" (Expte. 43929 "Chocrón Jorge c/ Municipalidad de la Capital Expropiación Inversa Casación", fecha 06/07/1987, Ubicación: LS 199, Fs. 270, Magistrados: Kemelmajer de Carlucci Massimiani Mila, Tribunal: Suprema Corte de Justicia de Mendoza). Tampoco existe otro elemento que lleve a la convicción de que a esa fecha se produjo la desposesión. De modo tal que si la jurisprudencia tiene dicho que a partir ella recién corren los intereses, no corresponde concederlos en el sub lite. Este aspecto del fallo se muestra completamente arbitrario y genera a favor del expropiado un enriquecimiento sin causa.

c) En el último agravio, cuestiona el tipo de interés que ordena aplicar el juez a quo con posterioridad a la fecha de tasación del inmueble. Debiera ser considerada la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Provincia donde hay pautas dadas al respecto. En Expte. N° 3070, caratulado: "GRAFFIGNA DE BUSTELO, JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ C/ PROVINCIA DE SAN JUAN EXPROPIACIÓN INVERSA INCONSTITUCIONALIDAD", fallo dictado en fecha 01/11/2004, dijo que "el art. 20 de la ley 6539 dispone que una vez actualizado el monto indemnizatorio, los intereses se liquidarán a tasa del ocho por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago. Esa norma quedó luego dejada sin efecto por virtud de las leyes de emergencia que consagraron otra solución, pero sentado ya que en materia de expropiaciones las leyes de emergencia no resultan aplicables (P.R.E. S.2 1998-I-69) ello implica que readquiere vigencia el mentado artículo 20 y no existiendo declaración de inconstitucionalidad de esa norma, debe en consecuencia ser aplicada tal como fuera concebida por el legislador. También este Tribunal en el fallo recurrido, al considerar que el valor objetivo y real del bien expropiado queda resguardado por la indemnización estableciendo aplicar la tasa activa, llama poderosamente la atención, nada más distante de establecer una efectiva equidad. Evidentemente no ha tenido en cuenta cómo está integrada realmente la tasa activa que manda aplicar, dicha tasa se aplica a deudas dinerarias, no a las de valor como es lo que ocurre en la expropiación, según lo que expresamente ha sido reconocido: la indemnización debida en una expropiación es la traducción en dinero del valor del bien expropiado". Aplicando los intereses como lo resuelve el a quo da una suma absurda y confiscatoria, con evidente menoscabo del derecho de propiedad de la demandada. Se está en presencia no solo de un abuso del derecho, sino también de un enriquecimiento sin causa.

La tasa de interés activa tiene incorporado un mecanismo de actualización que tenía por finalidad compensar a los ahorristas y a las entidades crediticias la depreciación monetaria en época en que existía una fuerte inflación, y por esa razón, en sede judicial se le adicionaba en concepto de interés el 8 % en la Provincia, y el 6 % en la Nación, "pero en la época actual, si a un capital actualizado se lo vuelve a actualizar por la aplicación de la tasa activa se obtiene una suma exorbitante como la que nos encontramos en nuestro proceso que no aparece de ningún modo como resarcimiento adecuado del valor de la fracción expropiada..." "A diferencia de la tasa pasiva, la tasa de interés activa es la que cobran las entidades financieras por los préstamos que otorgan a sus clientes. Básicamente comprende el costo de la captación de depósitos (tasa pasiva), gastos operativos, riesgo de incobrabilidad, ganancia de la entidad, costo de oportunidad de las reservas legales y encajes...". Finalmente sostiene que la imposición de la tasa activa a los intereses implica vulnerar la norma del art. 10° de la ley 5639.

Agravios de la parte actora:

a) En lo principal, cuestiona la indemnización fijada en la suma de $ 15.162 porque la considera insuficiente. No comparte el apelante que el juez se haya atenido al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Provincia suscripto por mayoría y pone en tela de juicio que esa mayoría califique con acierto los valores a indemnizar, en tanto advierte serios yerros técnicos en el mismo.

b) Apunta que el proyecto de línea de edificación para la calle Mendoza, fue realizado por el Ex-Consejo de Reconstrucción de San Juan, en el mes de mayo de 1957 y aprobado por Resolución n° 2223. La fijación de línea consta en el plano de mensura aprobada en fecha 02/9/1960. Asimismo, en el Expte. n° 35986 del Registro de Reconstrucción de San Juan, iniciado en fecha 16/9/1957, se solicitó la aprobación del plano de subdivisión y de ello resultó que "la propiedad se ubica en una zona R2 de Trinidad y no interfiere el plano aprobado por la ley 1122. El fraccionamiento propuesto se ajusta a las exigencias del Código de Edificación por lo que puede procederse a su aprobación". Con el reconocimiento judicial quedó constatado que en el citado inmueble existe un salón comercial de venta de baterías, cuyo frente da sobre la calle Mendoza y está construido dentro de la nueva línea de edificación. Estuvo librada al uso público desde la fecha asignada y tomando la documentación aportada por OSSE (fs. 98 y vta.) está acreditado que la construcción que existía en el inmueble fue demolida en fecha 1 de enero de 1960. De modo tal que no cuadra desmerecer dicha desposesión. De ahí el equívoco del T.T.P. al entender que no existen elementos para determinar la fecha de desposesión, resolviendo la Sala I Urbano tasar el bien sujeto a expropiación a valores correspondientes de la fecha en que fuera emitido el dictamen.

c) Considera provechoso y relevante a la cuestión planteada, el criterio sustentado por la CSJN (Fallo 308:1172), cuando en la causa: "Nemirovsky, Nestor Omar c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", dijo: "Si el propietario se ha visto obligado a construir sobre la nueva línea de edificación dejando libre una fracción de terreno que, de hecho, pasó al dominio público comunal, ello equivale a una verdadera desposesión material, al no poder usar ni disponer de una parte de su propiedad". Fallo que reitera la doctrina de la causa: "Nodrid, José Mario y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (1982, T. 304:481), donde expresó: "No corresponde a la Corte revisar -como lo solicita la Municipalidad recurrente la aplicación hecho por el a quo del art. 20 de la ley 21.499, ley nacional de carácter local para la Capital Federal, atenta su naturaleza y siendo que la decisión cuenta con fundamentos suficientes que, no obstante ser opinables, la avalan como acto jurisdiccional, máxime cuando el propietario que demanda por expropiación irregular debió construir de acuerdo con la nueva línea municipal de ensanche de la Avda. San Juan, viéndose imposibilitado de hacer uso de una fracción de su propio bien, lo cual equivale a una verdadera desposesión material en favor del dominio público comunal".

d) Peticiona en cuanto a los intereses que manda aplicar el juez a quo con posterioridad a la fecha de tasación del inmueble, que se mantenga la decisión en tal punto, sin perjuicio del planteo recursivo. Se opone a la pretensión de la parte demandada que sostiene -luego de la tasación efectuada en los dictámenes periciales sea del 8% anual y no la tasa de descuento del Banco Nación, denominada tasa activa, pues la jurisprudencia citada ha sido dejada de lado por la Corte de Justicia de San Juan. Sostiene, según sus argumentos, que corresponde aplicar la tasa activa desde el 1/04/1991, sin perjuicio de la fecha en que se realizó la tasación".

e) El valor del bien sujeto a expropiación debe tomarse a partir de la desposesión del propietario y de esto hay suficientes elementos de prueba en autos para corroborarlo toda ella emergente de organismos oficiales dependientes de la demandada. Que el TTP ha hecho caso omiso de los dictámenes de los peritos de la parte actora y demandada al fijar el valor del terreno libre de mejoras en la suma de $ 15.162 al 31 de marzo de 2008. Que el TTP aplicó un coeficiente de frente y forma equivocado ($/m2 362,22 x 46,51 m2 x (cff) 0,90 = $ 15.162), ya que debería haberse tasado solamente la fracción expropiada y no conjuntamente con el remanente como figura en el dictamen del TTP. "De modo tal, que no corresponde para esa fracción expropiada aplicar un correctivo que la deprecia, en cuanto al frente y forma tal como hace el TTP, puesto que desaparece como lote por la expropiación y solo a efecto de este proceso adquiere un valor económico". Ahí se evidencia el yerro de la Sala Urbana, cuando en realidad debió aplicar un coeficiente de frente y forma (Cff) denominado neutro.

f) Tampoco evalúa las consecuencias directas de la expropiación que fueron el cambio del medidor y los trabajos realizados, daño estimado por el perito de la actora en $ 1.800. El argumento del juez a quo de que al momento de la desposesión no existía gas natural domiciliario se basa en una mera suposición, y aunque así fuera, existía suministro de energía eléctrica mediante un medidor. Las construcciones ya en el año 1930 contaban con el servicio de agua corriente y según las pruebas arrimadas (ver fs. 92) el inmueble a expropiar gozaba del servicio de agua y cloaca desde el año 1946.

g) El valor por depreciación del terreno fue negado con basamento de que la mensura refiere solo a un "lote baldío", lo cual contrasta con el expediente agregado por OSSE como el expediente de construcción glosado a la causa. Otro tanto ocurre con el "valor por reducción de superficie", desestimado por el TTP porque afirma no tener un valor de antes y después de afectado el terreno a expropiación, argumentación inconsistente que denota una clara negligencia de este organismo, si se tiene en cuenta que sí hay manera de establecerlo con la documentación adjunta, prueba que ha sido deliberadamente omitida.

h) Se agravia porque no fue considerado como integrante de la indemnización el valor de vereda y muro de cierre, desmereciendo los 182 m2 edificados con adobe antiguo a la época de la desposesión, que fueron demolidos conjuntamente con la vereda reglamentaria luego del cambio de la traza y posterior ampliación de calle Mendoza, tal como fue certificado a fojas 98 y vta.

i) Sin lugar a dudas la fecha de desposesión ha de fijarse en el 01 de enero de 1960, por cuanto desde entonces comenzaron las mejoras sobre la nueva línea de edificación al demolerse la vieja construcción antes de esa fecha y ser reemplazada por una sismo resistente donde está emplazado el negocio de venta de baterías y acumuladores MORILLA con largos años de actividad.

j) El modo de aplicar los intereses es todo un desacierto, aunque el juez tomó como antecedente la jurisprudencia de esta Sala en el caso "Ariza" y reiterada en la causa "Rossi", la misma se contradice con lo resuelto por la CSJN en la causa "S.A. Compañía Azucarera Tucumana d/Quiebra s/Inc. de Ejec. de Sentencia" de fecha 28/11/2006.

Reconoce el apelante que el tema no es pacífico ni siquiera en la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación que no ha seguido una clara línea sobre cuál sea la tasa de interés que corresponde aplicar a los casos de expropiaciones. En este sentido recuerda la causa "Estado Nacional (Sec. Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación) c/ Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal S.A. y Juntas de San Andrés S.A. s/Expropiación", fallada el 23/05/2006, donde la mayoría conformada por los jueces Elena Highton de Nolazco, Carlos Fayt, Juan Maqueda, Eugenio R. Zafaroni y Carmen Argibay, decidieron que la tasa de interés correcta era la pasiva. En el considerando 14 expresó el Alto Tribunal: "Que respecto de los intereses, corresponde hacer lugar los agravios de la actora y calcularlos hasta el momento del pago mediante la utilización de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. Fallos 326:2451, disidencia de los jueces Fayt y Maqueda y causa S.457. XXXIV " "Serenar S. c/ Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios", pronunciamiento del 19 de agosto de 2004. Pero el apelante le da gran trascendencia a las disidencias de los Dres. Ricardo Lorenzetti y Enrique Petracchi, quienes se inclinaron por la tasa activa al expresar: "14) Que respecto de los intereses y en relación con las quejas de la actora, esta Corte ha reconocido en otras ocasiones la procedencia de calcularlos hasta el momento del pago mediante la utilización de la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos 317:1921; 323:3564 y 326:1889, entre muchos otros)" 3. Ante nada discierno, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "la expropiación es un fenómeno jurídico de conversión y de sustitución de derechos del particular en favor de la comunidad, mediante el cual lo que se abona al expropiado no es el precio de la cosa expropiada sino -como lo señala expresamente nuestra Constitución el resarcimiento del perjuicio, que consecuentemente resulta accidental y no permanente" (Estado nacional c. Textil Escalada S.A. 1995-07-18).

Si el razonamiento ha de partir de esta base, la indemnización se justifica desde la época en que se produjo el perjuicio. En este sentido, es ajustado a derecho la invocación del apelante a lo dicho por la CSJN (Fallo 308:1172) en la causa: "Nemirovsky, Nestor Omar c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires": "Si el propietario se ha visto obligado a construir sobre la nueva línea de edificación dejando libre una fracción de terreno que, de hecho, pasó al dominio público comunal, ello equivale a una verdadera desposesión material, al no poder usar ni disponer de una parte de su propiedad". Tal como rememora, el fallo reitera la doctrina de la causa: "Nodrid, José Mario y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (1982, T. 304:481), donde expresó: "No corresponde a la Corte revisar -como lo solicita la Municipalidad recurrente la aplicación hecho por el a quo del art. 20 de la ley 21.499, ley nacional de carácter local para la Capital Federal, atenta su naturaleza y siendo que la decisión cuenta con fundamentos suficientes que, no obstante ser opinables, la avalan como acto jurisdiccional, máxime cuando el propietario que demanda por expropiación irregular debió construir de acuerdo con la nueva línea municipal de ensanche de la Avda. San Juan, viéndose imposibilitado de hacer uso de una fracción de su propio bien, lo cual equivale a una verdadera desposesión material en favor del dominio público comunal".

Consta en el Certificado N° 3392 Expte. de Renta N° 7356 (fs. 96) expedido por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, que a la fecha del 19/11/1956, existía en el predio de calle Mendoza 1270 Bajos-Barrio Trinidad, una construcción de adobe antiguo. También se demuestra con el Legajo del Expte., cuya copia certifica la Lic. Alejandra Potenzoni de Jofré, Jefe Div. 2° Sec. Administrativa de OSSE, que el día 05/05 de 1960 se constató la demolición total en la finca ubicada sobre calle Mendoza 1270, demolición que "corresponde a partir del 1/1/1960). De acuerdo a la doctrina referida por el recurrente, no cabe duda que la fecha de desposesión debe tomarse como esta última referida.

4. La parte actora incluye en su queja la disonancia de pareceres entre este Tribunal y la última postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice que nuestras sentencias no están a tono con los recientes fallos del más alto Tribunal del país en lo que concierne a la tasa de interés aplicable en materia de indemnizaciones expropiatorias y cita dos pronunciamientos de esta Sala I. Sin embargo, es precisamente el caso "Rossi, Aldo c/Provincia de San Juan Expropiación inversa" (L. de S. T° 100, F° 96/103, de fecha: 08/05/2008), donde quedó sentado que la tasa de interés más equitativa para las expropiaciones en la situación actual de nuestra economía y su impacto en la realidad social resulta ser la tasa activa desde el 31 de marzo de 1991 en adelante, fecha hasta la cual ha de correr el interés puro del 8% anual para compensar la mora en el pago de la indemnización. En una parte de este pronunciamiento, el primer voto del Dr. Pascual Alferillo expuso: "El nuevo criterio se basa en las siguientes premisas:

"1. La deuda por indemnización de la expropiación, es una deuda de valor, por lo cual tiene relevancia el momento en que se determina o individualiza la suma compensatoria del bien expropiado.

"2. En función de ello y hasta esa fecha, la mora en el pago del precio de la expropiación debe ser sancionada con la aplicación del interés puro del 8% dado que se actualizó el valor del bien.

"3. A futuro, para el tiempo posterior a la individualización del precio, corresponde aplicar la tasa de interés activa, que es la que mejor contempla la situación social, en la cual no se puede desconocer la existencia de un proceso inflacionario, satisfaciendo el sentido de justicia que actualmente debe imperar conforme el sentir medio social, como lo indica la SCJN en el caso "Santa Coloma...".

"En los autos de referencia se dijo que "en cuanto al tipo de interés que corresponde aplicar, el tema fue tratado recientemente en los autos Nº 19.283 caratulados "Gómez de Pastor, Lidia y otra c/ Provincia de San Juan Expropiación", en el cual la demandada realizó idéntico planteo.

"En ese fallo se dijo que "a partir de... reconocer la diferencia conceptual entre deudas dinerarias y de valor, la indemnización debida en una expropiación es la traducción a dinero del valor del bien expropiado, por lo cual resulta relevante para la jurisdicción conocer la fecha de la valuación del bien expropiado...".

"En este caso ha quedado firme que la tasación del bien expropiado fue realizada a fecha 30 de noviembre de 2006. "El fallo de cita continúa considerando que "en cuanto, a los intereses aplicables, este tribunal, como lo sostiene en el caso Nº 19.185 "Herrería Martínez Francisco c/ Provincia de San Juan Expropiación Irregular Sumario", 21/12/2007 (L. de S. Tº 99 Fº 69/80) ha venido sosteniendo que en los casos de expropiación se debe aplicar el interés del 8% sobre monto actualizado hasta el 31 de marzo de 1991 y a partir de allí, la tasa activa conforme el plenario "Huaquinchay..." Ese criterio, estimo que debe ser revisado en el presente fallo frente a la doctrina constante de la Corte de Justicia provincial fijado, entre otros, en expte. Nº 3070 "Graffigna Bustelo José Antonio de la Cruz c/ Provincia de San Juan Expropiación Inversa Inconstitucionalidad", 2/11/2004, que "el artículo 20 de la ley 6.539 dispone que una vez actualizado el monto indemnizatorio, los intereses se liquidarán a la tasa del ocho por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago. Esa norma quedó luego dejada sin efecto por virtud de las leyes de emergencia que consagraron otra solución, pero sentado ya que en materia de expropiaciones las leyes de emergencia no resultan aplicable (P.R.E. S.2ª 1998-I-69), ello implica que readquiere vigencia el mentado artículo 20 y no existiendo declaración de inconstitucionalidad de esa norma, debe en consecuencia ser aplicada tal como fuera concedida por el legislador...".

"Ahora bien no cabe la menor duda que en épocas de economías con procesos inflacionarios se pergeñó primero, pretorianamente y luego legalmente la idea de actualizar el monto del capital en forma permanente y hasta su efectivo pago. A ello se le adosaba el accesorio de un interés que se denomina puro del 8% anual.

"Evidentemente, este sistema (actualización + interés puro) satisfacía el principio constitucional de reparación integral que la Corte Federal lo ha precisado, entre otros, en el fallo A. 686. XXXV. "Agua y Energía Eléctrica S.E. c/ Montelpare, Gustavo s/ expropiación incidente de desindexación", 08/07/2003, T. 326, P. 2329, cuando dijo que "el art. 17 de la Constitución Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y prohíbe la confiscación y, sobre la base de tales parámetros, la jurisprudencia fue construyendo el principio de "justa indemnización", que incluye las características de ser "actual" e "integral". -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. ...".

"En función de este criterio superior al cual adherimos, se advierte que un interés puro es válido mientras el capital que abona la expropiación se mantenga incólume, por lo cual su aplicación (8% anual) hasta la fecha en que se llevó a cabo la tasación del bien expropiado,... es ajustado a derecho.

"Pero a partir de esa fecha, la realidad económica indica que los precios de los bienes no se mantienen incólumes sino por el contrario hay una pública y notoria incidencia del incremento en los valores que lleva a la disminución cierta de la suma compensatoria del bien expropiado que no logra remediar el interés puro.

"Es por ello y para hacer efectiva la equidad, estimo que a partir de la fecha en que se realizó la tasación del bien expropiado, se debe aplicar la tasa activa dado que la misma está integrada por una compensación por los índices de depreciación monetaria, con lo cual se lograría consagrar el constitucional principio de una reparación integral y actual..." Como fácil es apreciar, en cuestión de intereses aplicables a valores de la expropiación, este tribunal se afilia a los criterios de la CSJN. Por ello, la prolongación del interés puro en el fallo de primera instancia que ordena pagar intereses al ocho por ciento (8%) anual desde el día estimado de la desposesión (29-03-1965) hasta el 31/03/2008, fecha de la tasación por el Tribunal de Tasaciones, resulta una decisión errónea, teniendo en cuenta que el art. 20 de la ley N° 5639 en cuanto a la tasa de interés, quedó derogado por leyes de jerarquía superior del Congreso de la Nación (art. 31 C.N.) aplicables a la materia expropiación según lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una palabra, esta Sala I, en sintonía con la última doctrina del CSJN, que reitera fallos anteriores luego de un zigzagueo en esta materia, tiene por adecuado y justo aplicar el interés del 8% anual hasta el 01/04/1991 y de ahí en adelante la tasa activa (BCRA) hasta el efectivo pago, a todos los items que comprenda la indemnización.

5. Lo que sí constituye una nueva faceta que nos pone en la línea de considerar el valor real y actual del bien expropiado, como en su momento hizo el TTP, sin necesidad de remontar indefectiblemente a la época de la desposesión. Pienso que aquí hay una cuestión interesante, anticipada en fallos de la CSJN, que sostiene la aplicación de la ley de desindexación N° 24.283 a las expropiaciones.

La CSJN entendió en el caso Sociedad Anónima Compañía Azucarera Tucumana fallado el 28/11/2006 (del Sumario) lo siguiente:

1 Cabe revocar la sentencia cuestionada, ya que, al decidir la inaplicabilidad de la ley 24.283 (Adla, LIV-A, 30), que dispone que la liquidación a practicar cuando deba actualizarse el valor de una cosa, bien o prestación no podrá exceder el valor real y actual de dicha cosa, bien o prestación al momento del pago, acotó indebidamente el ámbito material establecido por la norma y desconoció, sin declarar su inconstitucionalidad, el art. 5° del decreto 794/94 (Adla, LIV-B, 1530); que expresamente dispone la aplicación de la desindexación a las indemnizaciones expropiatorias". 2 La voluntad legislativa ha sido comprender las prestaciones dinerarias en la ley 24.283 (Adla, LIV-A, 30).

3 La indemnización por expropiación, para dejar indemne al propietario, debe cubrir el costo de reproducción o de reposición, es decir, lo que habría que invertir para obtener, actualmente, un bien igual al expropiado, y ese costo bien puede asimilarse al valor real y actual al que alude el art. 1° de la ley 24.283 (Adla, LIV-A, 30), de modo tal que la reparación resulta justa y no se constituye en motivo u ocasión de lucro para alguna de las partes, expropiante o expropiado (arts. 17 de la Constitución Nacional y 2511 del Cód. Civil).

4 Si bien la ley 21.499 (Adla, XXXVII-A, 84) sigue el criterio de la "desposesión" del bien para determinar el momento al que debe referirse el valor de aquel -art. 20-, ello no impide aplicar el régimen de desindexación cuando el monto indemnizatorio definitivo es establecido en una etapa posterior -como la de ejecución de sentencia-, si se configuran los extremos previstos en ese régimen".

En el desarrollo del considerando dijo: "8) Que la indemnización en materia expropiatoria debe entenderse como el resarcimiento de todo lo necesario para que el patrimonio del expropiado quede en la situación que tenía antes de la expropiación, la que traduce un cambio de valores: el expropiado deja de ser propietario de la cosa o bien objeto de la expropiación y se convierte en titular de una suma de dinero.

"9) Que esta suma de dinero, para dejar indemne al propietario, debe cubrir el costo de reproducción o de reposición, es decir, lo que habría que invertir para obtener, actualmente, un bien igual al de que se trata. Ese costo de reproducción o reposición bien puede asimilarse al valor real y actual a que alude el art. 1 de la ley 24.283. De ese modo, la indemnización resulta justa y no se constituye en motivo u ocasión de lucro para alguna de las partes, expropiante o expropiado (arts. 17 de la Constitución Nacional y 2511 del Código Civil).

"10) Que si bien la ley 21.499 sigue el criterio de la "desposesión" para determinar el momento al que debe referirse el valor del bien (art. 20), ello no obsta a la aplicación del régimen de desindexación cuando el monto indemnizatorio definitivo sea establecido en una etapa posterior -como la de la ejecución de sentencia si se configuran los extremos previstos en ese régimen.

"11) Que de lo expuesto se deriva la irrazonabilidad de soslayar las injustas consecuencias que la aplicación de las pautas indexatorias provocaría en el caso, con desconocimiento de los principios generales en materia de indemnización expropiatoria y los imperativos de justicia que guiaron la sanción de la ley 24.283".

6. Deduzco de esta doctrina como propio y razonable aceptar valor real y actual del bien sujeto a expropiación a los fines de obtener una indemnización justa. Esto significa en el sub iudice que, manteniendo el valor estimado por el TTP a la fecha a la fecha de tasación del 31 de marzo de 2008, el monto indemnizatorio de $ 15.162 para el terreno libre de mejoras, deberá ser actualizado hasta la fecha del efectivo pago tal como vengo anunciando. No encuentro suficientes razones para que este tribunal se aparte del Coeficiente de Oferta (Cof = 0,85 a 0,95) aplicado por Tribunal de Tasaciones al terreno libre de mejoras, donde se dan explicaciones convincentes de esta determinación.

7. En cambio estimo erróneo que no haya tenido en cuenta las consecuencias directas de la expropiación por mal suponer que se trata de un lote "baldío". Ya hice referencia a la construcción de adobe que había en el predio en el año 1957 y su probada demolición que data del 01/01/1960. La existencia de la vereda y muro de cierre, no necesita de prueba documental si allí estaba emplazada una construcción de adobes en el predio sujeto a expropiación, pues el Código de Edificación que rige en la Provincia, tal como reconoce el perito de la demandada, Ing. Roberto José Nievas a fs. 216, "impone al propietario la construcción de la vereda reglamentaria como otro ítem de la obras, de la misma manera que la construcción del muro de cierre de la parcela..." Lo mismo afirma el TTP, pero este organismo ni la pericia de la demandada conceden los valores indemnizatorios por la vereda y muro de cierre, de modo que propongo tomar los que fueron propuestos por el perito de la parte actora, Ing. Fernando Videla (fs. 200). Es decir, corresponde indemnizar el valor de la vereda reglamentaria en la suma de $ 2.850, resultado que se llega tomando el valor de $ 150/m2 x 19,00 m2. De la misma manera el muro de cierre lo tengo por bien valuado en $ 3.676 (siguiendo esta operación: 9,50 m x 1,80 m x $ 250/m2). Estos últimos rubros han de considerarse consecuencia directa y forzosa de la expropiación debidos al ensanche de calle Mendoza que afectó al inmueble en cuestión. Otro tanto ocurre con el importe estimado en $ 1.800 por el traslado de medidores de energía eléctrica, desagües pluviales y llave de paso de agua corriente, servicios con los que sin duda debe haber contado el inmueble edificado a la época de los actos expropiatorios según las pruebas arrimadas.

8. Respecto al ítem del daño remanente considero que también debe entrar en la indemnización porque a mi juicio no basta con simplificar diciendo que la parcela no ha sufrido menoscabo que la torne difícil de aprovechar.

Tampoco veo razón suficiente en la observación del Arq. Adolfo Cravero cuando en el plenario argumentó que después de la expropiación el inmueble siguió siendo frentista. Sin duda, aunque no pierda la característica de "frentista", consecuencia directa del acto expropiatorio fue el desmembramiento de la superficie del terreno en 46,51 m2 menos, lo que disminuye el valor real del inmueble. En este aspecto, ante la falta de asignación de un valor por este rubro tanto en el dictamen del TTP como en la pericia de la demandada, habrá de servir el método ideado por el ex presidente del Tribunal de Tasaciones, Ing. López -referido en la pericia del Ing. Fernando Videla para llegar a la tasa de reducción de superficie aplicando esta fórmula: Superficie expropiada dividida en superficie total por el valor obtenido libre de mejoras por metro cuadrado. Es decir: 46,51 m2 / 361,92 m2 = 0,13. El valor por reducción de superficie será: $ 15.162 x 0,13 = $ 1971,06. Corresponde entonces indemnizar por daño remanente la suma de Pesos Un mil novecientos setenta y uno.

9. La imposición de costas a la demandada, debe mantenerse en segunda instancia dado que el recurso prospera casi en la totalidad de los cuestionamientos y el criterio es que comprenden la naturaleza indemnizatoria de la expropiación (conf. art. 74 CPC). 10. Expuestos de la manera vertida los fundamentos de mi voto, propugno la siguiente resolución:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, revocándose en lo pertinente el fallo impugnado.

II) Modificar los rubros indemnizatorios como también lo atinente al interés y la tasa que deberán aplicarse hasta el efectivo pago conforme ha sido expuesto en el considerando respectivo.

III) Imponer las costas de segunda instancia a la demandada expropiante.

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, en disidencia, dijo:

Si bien concuerdo en general con el voto que me precede, voy a disentir con algunos puntos conforme lo expongo seguidamente.

En primer lugar, en cuanto a la fecha de desposesión de la fracción del inmueble.

Ello porque entiendo que el acto de desposesión no se produce en el año 1.960 con la demolición de las construcciones existentes en el lugar, de lo que da cuenta el informe que obra a fs. 98, sino en el año 1.965.

Descarto la primera de aquellas fechas habida cuenta que la demolición no aparece vinculada con la decisión de expropiación, atendiendo que es recién en el año 1.965 que el Sr. Patricio Morilla pide que se fije la línea de edificación, según consta en actuación de fs. 30.

En atención a ello, la demolición producida en el año 1.960 pudo responder a otros motivos, pero no a un retiro forzado desde que en aquel momento no se había pedido ni fijado la línea actual.

En autos N° 19.687 (92.156 5° CIVIL) caratulados "Cornejo Pedro N. y Otros c/ Provincia de San Juan expropiación inversa", sentencia del 17-12-08 protoc. en L. de S. T° 102, F° 176/185 dijimos que, hasta que el actor no se encuentre en una situación de la que resulte alguna indisponibilidad o restricción que afecte el uso y goce normal de la propiedad, o impida transferir el dominio o gravarlo con derechos reales en toda su extensión no se produce la desposesión. Menos aún que haya habido turbación o restricción en forma continua o alternada a la propiedad, debido a la acción u omisión de actos provenientes de la autoridad provincial o municipal. "9. Los actos administrativos por los cuales se fija una nueva línea de edificación, son simplemente restricciones a la propiedad privada en interés público basados en el poder de policía del Estado, competen al ámbito del Poder Ejecutivo, pero no implican en sí mismas menoscabo al derecho de propiedad ni hacen perder de algún modo la posesión, porque el propietario conserva todo el poder de disposición sobre el bien y puede ejercer sobre él los actos posesorios legítimos que convengan a su derecho (art. 2452 y cc. del Cód. Civil). Tal como prescribe el art. 2611 del C.C. "las restricciones impuestas al dominio privado solo en interés público, son regidas por el derecho administrativo". Las restricciones son una especie del género limitaciones a la propiedad privada, aunque difieren de éstas que siempre requieren la ley formal para ser impuestas (así la expropiación). En el caso tratado, la restricción tiene por causa el urbanismo al que refiere la línea de edificación. De momento, la mera restricción de carácter administrativo, no se ha convertido en limitación a la propiedad privada, ....".

Si entiendo que el Sr. Morilla se ha visto condicionado en la construcción que inicia en el inmueble, que da cuenta la documentación incorporada a fs. 124 y siguientes (plano general de obra y otros), a partir de conocer y fijar la nueva línea, actos en donde se observa el acatamiento y real afectación al derecho de propiedad.

Por ende, los intereses correrán desde esa fecha y hasta el momento de tasación, a la tasa prevista por el juez a-quo.

Otro de los puntos en el que discrepo con el distinguido colega que me precede es por la indemnización de muro de cierre y vereda. Coincido con el juez a-quo que esta petición debe ser rechazada. El magistrado ha sido claro al decir que, para que proceda la indemnización, debe acreditarse la existencia de la mejora al momento de la expropiación. También, que la construcción del cierre es una carga que tiene todo frentista; obligación que es previa a la puesta en línea. Este argumento ha sido totalmente ignorado por los apelantes.

La construcción del muro de cierre es una obligación que tiene el actor, independiente del acto de expropiación. Deben construirlo, y conforme a los requerimientos de la autoridad de aplicación. La expropiación dará lugar a indemnizar al propietario que pierda tal mejora; pero no cuando ésta no existe. Tampoco debe indemnizarse más de lo que realmente pierde el propietario, atendiendo al tipo, y estado del cerramiento.

En ese sentido nada se ha probado. Ni puede presumirse con la contundencia que se requiere para tener por acreditado un hecho que existieran tales obras si en la propiedad se emplazaba una construcción de adobe antiguo, precario, y que consistía en dos habitaciones y un baño (según se desprende de la actuación de fs. 92), detalle que está lejos de ser indicativo que el inmueble contara con un cierre, del modo que lo requiere la legislación pertinente, ni una vereda de mosaico, aun cuando se pruebe que la calle era de hormigón. No estando acreditada la existencia de esas mejoras, no puede prosperar el pedido de indemnización.

Así voto.

El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos vertidos por el Dr. Gilberto Riveros, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación mayoritaria que antecede corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocándose en lo pertinente el fallo impugnado. II) Desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 257. III) Imponer las costas de segunda instancia a la demandada expropiante.

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocándose en lo pertinente el fallo impugnado.

II) Desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 257.

III) Imponer las costas de segunda instancia a la demandada expropiante.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.