marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trámite jubilatorio, debido proceso adjetivo, ampliación del plazo en razón de la distancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Alarcón Vargas, Froilán c/ ANSeS s/ recomp. del haber cargo c/ benef. -medida caut.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-11

No puede estimarse que se ha respetado adecuadamente la garantía del debido proceso sustantivo cuando de las constancias acompañadas surge que se dejó sin responder el pedido del jubilado de que se ampliara el exiguo plazo que le habían dado para alegar y probar sobre las aspectos cuestionados, en razón de domiciliarse a más de 300 kms. de la sede del organismo, circunstancia que le impedía compulsar la causa con tiempo necesario para tomar una participación útil y ni siquiera se le entregaron las copias de la verificación que había pedido para poder ejercer aquella defensa.
Fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia no aplicable, reparación integral, acción indemnizatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-28

No cabe hacer una aplicación extensiva de la solución adoptada por la Corte Suprema -bien que con otra integración- en la causa "Larrabeiti Yáñez" (Fallos: 330:4592), desde que en ese supuesto más allá del criterio admitido en punto a la prescripción de las acciones, los daños invocados por los demandantes en sustento de su pretensión podían encontrar, de algún modo, una reparación mediante el beneficio contemplado en la citada ley 24.411, mientras que en el caso bajo examen la acción indemnizatoria resulta ser la única forma de reparación pecuniaria posible para la actora (Disidencia del Dr. Horacio Rosatti).
Daños y perjuicios, contratos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA c/ ASOCIACION MUTUAL VIAJANTES DE MENDOZA s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S068 - 007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-02

La inejecución del contrato no constituye de por sí misma una presunción de daño en favor del acreedor, y debe exigirse una prueba determinante, desde que la simple probabilidad de la existencia del daño no autoriza ni justifica una indemnización por ese concepto.
Impuesto sobre los capitales, títulos públicos en moneda extranjera, bonos externos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BANCO PLATENSE  S.A. s/ APELACION - IMPUESTO A LOS CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

No puede sostenerse que el art. 5, inc. f), de la ley de impuesto a los capitales no tenga objeto pues, aparte de los Bonos Externos, existen otros títulos de la deuda pública en moneda extranjera que no se cotizan en bolsa, tales aquellos autorizados por decretos 1334/82 y 1336/82 -ratificados por la ley 22.749- y por la ley 22 910, de manera que existen en circulación títulos públicos con las características mencionadas en cada uno de los presupuestos de la norma.
Cuestión abstracta, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mondragón, César Augusto c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de amparo y ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-08-05

El a quo omite pronunciarse acerca de lo pretendido por el actor por considerar que la cuestión ha devenido abstracta según el informe actuarial que antecede, constancia que las partes no conocieron antes de la notificación del pronunciamiento y que a posteriori fue rectificado. En virtud ello, la única razón que condujo a la declaración de abstracción de la cuestión debatida, conlleva a colegir que lo peticionado en la presente acción y la referenciada en el informe actuarial son prestaciones disímiles. Determinar que un planteo es abstracto significa sostener que el conflicto motivante de tal litis fue resuelto con anterioridad al momento de tal decisión, razón por la cual se le veda al juez la facultad de pronunciarse por haber perdido actualidad lo reclamado; se infiere que la única circunstancia motivante del resolutorio -identidad de pretensiones en la acción laboral y en este Amparo- ha perdido vigencia en virtud de la decisión posterior del a quo, lo que descalifica el pronunciamiento traido como acto judicial válido al quedar desprovisto el mismo del fundamento sobre el que arquitecturó el inferior su fallo.

Nos hallamos ante una grosera incurrencia en autocontradicción por parte del judicante ya que, no obstante expurgar mediante la rectificación al informe actuarial sobre el que sustentó su resolución sentencial, dejó subsistente ésta, la que debió caer por contrario imperio desde que el propio órgano jurisdiccional desmoronó el cimiento que la sostenía.

El resolutorio es descalificable como acto judicial válido al estar inficionado de un vicio invalidante insuperable.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, derecho de propiedad, intereses, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fabiani, Esteban Mario c/ Pierrestegui, Jorge Alberto. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Si bien lo relativo a la determinación del importe de la condena mediante el cálculo de accesorios constituye una cuestión fáctica y de derecho común, ajena a la intervención de la corte, ello reconoce excepción cuando lo resuelto se encuentra privado de apoyo legal suficiente y justifica su descalificación como acto jurisdiccional, pues implica un menoscabo de las garantías contempladas en los arts.

17 y 18 de la Constitución Nacional.
Juicio por jurados, Constitución Nacional, normas programáticas, Poder Legislativo
Materia: PENAL
Carátula: MARTELLOS, GINO ANTONIO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

1- Las cláusulas de la Constitución Nacional que aluden al juicio por jurados son de carácter programático, vale decir que requieren de implementación por el legislador y no pueden aplicarse autónomamente. Pero eso no quiere decir que no sean obligatorias e imperativas o que el Congreso pueda decidir discrecionalmente proceder o no a su instrumentación. (Del voto en disidencia del Dr.

Hendler).- 2- Las disposiciones del Art. 25 del Código de Procedimientos en Materia Penal, que fija la extensión de la jurisdicción criminal ordinaria de los tribunales de la capital, y del decreto ley 4933/63, que hace competentes a los jueces en lo Penal Económico para conocer en las causas instruidas por infracción al Art. 302 Código Penal, deben considerarse inconstitucionales en su aplicación al caso por transgredir el art. 102 de la Carta Magna (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, derivación razonada del derecho vigente, siniestro
Materia: PROCESAL
Carátula: NAPAL, HECTOR LUIS Y OTRA C /ORIENTE CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRAS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-10-21

Sin perjuicio del merituado obrar antijurídico del conductor de la moto -en cuanto se afirmara que lo hacía sin casco, sin carnet habilitante y a una excesiva velocidad- si consideramos que el argumento dirimente del Juez de Primera Instancia para atribuir responsabilidad a las demandadas fue el deficiente estado de conservación de la calle donde ocurriera el siniestro (cosa riesgosa) sumado a la total falta de señalización que alertara al público en general de tal situación, es fácil concluir que, no resultó satisfecho, sino en modo aparente, el requisito de que los fallos constituyan derivación razonada del derecho vigente aplicable a los hechos probados del caso, pues la sentencia en crisis no se halla dotada de la fundamentación suficiente que es dable exigir como condición de validez de los fallos judiciales. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, costas, interés concreto, Poder Judicial, jueces, remuneración, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Podesta, Sonia Beatriz Bellotti de y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Amparo (Expte. CSJ Nro. 797- 99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-18

Debe rechazarse el pedido de que las costas se impongan a la Provincia desde que si bien a la época en que se formuló por parte de la Provincia el pedido de avocación, esta Corte ya había emitido pronunciamiento en autos "Rogiano" (del 23.6.1999) y "Abalos" (26.7.1999), ello es insuficiente a los fines de considerar que razonablemente no existía motivo bastante para formular igualmente el pedido de avocación, por cuanto las decisiones recaídas en aquéllos -contrariamente a lo que al parecer entienden los amparistas- no implicaron el automático reconocimiento de que la vía del amparo es admisible siempre que meramente se invoque la garantía constitucional de la intangibilidad; en consecuencia, tampoco implicaron la automática improcedencia de todo pedido de avocación en amparos en que se invocan esas garantías, y menos aún tornaron inoficiosos a los sucesivos pedidos de avocación. Antes bien, la calidad personal de los actores podría no encuadrar en la garantía constitucional mencionada por tratarse de agentes con solo equiparación presupuestaria a los cargos amparados.
Constitución Provincial, reforma de la constitución, Convención Constituyente Provincial, acción de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

Cabe desestimar la queja interpuesta por denegación del recurso extraordinario deducido contra la sentencia del Superior Tribunal local que reconoció legitimación a la institución actora y admitió la impugnación constitucional respecto de algunas disposiciones incorporadas a la Constitución provincial por la convención reformadora de 2006, pues no concurre el recaudo de relación directa e inmediata que exige el art. 15 de la ley 48 para la procedencia de la apelación extraordinaria, ya que al haberse admitido la pretensión por los tribunales de provincia en lo que hace a la inconstitucionalidad de las disposiciones que reglan el procedimiento reformador por enmiendas y que establecen el consejo asesor de la magistratura en la órbita del poder ejecutivo, no está habilitada la intervención de la Corte Federal en la medida en que se encuentra satisfecho el objetivo perseguido por el recurso en la cuestión federal que regla el inc. 2° del art. 14 de la ley 48, al haberse preservado la supremacía de la Constitución Nacional por sobre las disposiciones locales declaradas inválidas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley Fundamental. -(En la misma fecha la Corte se pronunció en la causa CSJ 55/2009 (45-C), mismos autos, desestimando la queja remitiendo al presente, en lo pertinente)-.
Alimentos, cuota alimentaria, tarjeta de crédito
Materia: CIVIL
Carátula: L.M.I. Y OTROS c/ F.J.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Si el alimentante es titular de una tarjeta de crédito considerada en plaza como mas onerosa en lo que se refiere a la renovación anual y de mayor prestigio por el rigor de las exigencias para su otorgamiento (título de propiedad o propiedades, ingreso mensual determinado), ello configura un indicio mas a los efectos de la fijación de la cuota alimentaria.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, revocación de sentencia, Cámara Federal de la Seguridad Social, aplicación de la ley, conversión del proceso previsional, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCHIAFFINO MORTOLA, MARIA DORA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

La causa en la cual la C.S.J.N. dejó sin efecto el fallo dictado por la C.F.S.S., y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento que haga aplicación de un criterio sustentado en un precedente de aquélla (en el caso, "Gualdoni, Jorge Hambleto" del 13.04.89), no es susceptible de convertirse al procedimiento establecido en el art. 24 de la ley 24.463. Una decisión en ese sentido resultaría contraria al fundamento por el cual se estableció dicho procedimiento, que es el de darle a las causas "en trámite" una mayor amplitud de conocimiento, imprimiéndoles la tramitación de una demanda sumaria; mientras que en el caso se trata de la mera aplicación de las directivas establecidas por nuestro Tribunal cimero, correspondiendo en consecuencia al mismo Tribunal que produjo el decisorio atacado, dictar un nuevo pronunciamiento. (Del dictamen del Fiscal, al que adhiere la Sala).
Relaciones de familia, estado de familia
Materia: CIVIL
Carátula: C., D.N. s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-02

En el estado actual de la doctrina cuando se refiere al estado civil lo limita al concepto de estado de familia, es decir al emplazamiento de la persona en la familia, a la posición que se tiene en ella; y de la cual surgirán relaciones jurídicas familiares cuyo contenido serán derechos y deberes, lo que hace concluir que la cuestión planteada es materia de familia.
Querellante, admisión del querellante, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SOTOMAYOR, Pablo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-20

Si en la solicitud de la pretensa acusadora particular, para que se le reconozca el carácter de querellante se ha efectuado un relato del supuesto hecho ilícito que la damnifica, en el que se expresó, en líneas generales, sus aspectos esenciales y remite, en lo referente a cuestiones de más detalle, a la declaración testimonial prestada por la recurrente en sede judicial oportunidad en la cual brindó todos los datos necesarios para individualizar al imputado, cabe concluir que la postura asumida por el magistrado de denegar su pedido constituye un exceso ritual.

Por ello, corresponde revocar el pronunciamiento recurrido y tenerla por parte querellante.
Organismos del Estado, reclamos pecuniarios entre entes estatales, cuestión no justiciable, aplicación de la ley, código aduanero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS  S.A. c/ FISCO NACIONAL - ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ DEMANDA CONTENCIOSA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

En la causa 8-767 "Empresa Líneas Marítimas Argentinas c/ Dir.

Nac. de Aduanas s/anulación de multa, Buque Uruguay" del 6/7/1976, sostuve en minoría que la ley 19.983, dada la latitud de los términos empleados en su art. 1 engloba todas aquellas cuestiones entre reparticiones estatales, cuyo contenido sea pecuniario, cualquiera fuera su naturaleza o causa. Cabe por ello declarar la no justiciabilidad de la cuestión traída a conocimiento, toda vez que en el caso no resulta aplicable el código aduanero.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa Emilio c/ Manuel Tienda Leon s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La afectación de la capacidad laborativa no se mide por la imposibilidad de realizar un determinado trabajo, sino por sus posibilidades genéricas, hasta el punto de que resulta indiferente la falta de prueba de la labor desempeñada, aunque no ejerciera actividad lucrativa alguna (arts. 513, 514, 1113 Cód. Civil; 375, 165 Cód. Proc.).
Procedimiento administrativo, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castro Galván, Juan Sixto c/ Provincia de Buenos Aires (Cámara de Diputados) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Si se considera que entre las autoridades administrativas (el art.

1 del C.C.A. sólo habla de "autoridad administrativa" como eventual accionante mientras que enumera prolijamente a los sujetos de tal carácter que mediante sus decisiones pueden vulnerar un derecho de carácter administrativo) se encuentran las Cámaras Legislativas - y el Poder Judicial- no se advierte razón alguna para no aplicar las disposiciones del dec. ley 7647/70 que regula - sin exclusiones- el procedimiento para obtener una decisión de la Administración Pública de Buenos Aires (art. 1 cit.) cuyo agotamiento debe producirse a través de la deducción del pertinente recurso de revocatoria (art.

86 y sigtes., dec. ley cit.) conforme la doctrina que surge del caso "Lesieux". (Minoría u opinión personal)
Competencia, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación  Ntra  Sra  de  Loreto  Patrona  de  la Fuerza Aérea c/ Villalba Vega José y otro s/ interdicto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-18

La fundación actora promovió en autos un interdicto de recobrar inmuebles, instalaciones y bienes muebles en contra del concesionario del bar restaurant del Hospital Aeronáutico Central. También demandó al Ministerio de Defensa, del que depende la nombrada institución sanitaria, pues entiende que es partícipe necesario de los hechos denunciados. En autos la relación de derecho que vincula a las partes enfrentadas no está dada por un contrato administrativo de concesión, sea de bienes, servicios u obra pública -que el a quo trata en forma indistinta como si fueran una misma cosa-. De hecho, la actora no tiene relación contractual alguna con el adjudicatario de la concesión del establecimiento, que estaría usufructuando los bienes de su propiedad y sobre quien pesaría, eventualmente, la carga de restituirlos si llegara a prosperar la acción entablada.
Inhabilidad de título, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO ROBERTS S.A. c/ MUSALEM, Nélida del Valle (Nueva Argentina) s/ EMBARGO PREVENTIVO - EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-07-31

El certificado del saldo de una cuenta corriente bancaria expedido de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 793 del Código de Comercio constituye un título ejecutivo autónomo, que se basta a sí mismo, sin necesidad de complemento alguno; de ahí que no es procedente exigir para su ejecución que esos saldos hayan sido aprobados por el cliente del banco, o que deban tenerse por aprobados por haber transcurrido el término legal hábil para ser objetados, lo que supondría la prueba de que el banco remitió oportunamente los extractos de cuenta, y que fueron recibidos por el destinatario, lo que desnaturalizaría el carácter del documento, y lo privaría de eficacia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, jueces, facultades del juez, actuación de oficio, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Iuorno, Carla y Bressanelli, Mariana Silvia s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Recurso de  Apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados (Expte. C.S.J. Nro. 522 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

No alcanzan las recurrentes a acreditar la alegada violación del derecho de defensa en que habría incurrido la Alzada, pues como ésta lo expusiera en el fallo recurrido: "...Ha sido precisamente con el propósito de facilitar ese control tanto por la Defensa como por el Colegio de Abogados, a fin de superar la pura subjetividad de quien las aprecia, la decisión de incorporar en fotocopias certificadas a la causa, aquéllas que parezcan relevantes de modo tal que las partes puedan en la oportunidad contemplada por el artículo 434 del Código Procesal Penal, presentar sus propias conclusiones respecto del mérito que ellas tienen..."
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación, calificación del recurso, lanzamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Tambo, Ricardo s/ Desalojo Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

La acción de desocupación que contempla el artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario tiene un carácter sumarísimo, a punto tal que el lanzamiento se dispone sin previa intervención del accionado. Ante ello, carecería de sentido someter la apelación recaída contra ella a las previsiones de los artículos 230 a 243 del mencionado código, con la consiguiente posibilidad de replantear prueba en la Alzada, la multiplicación de traslados y la aplicación de los términos que para dictar sentencia establece el artículo 27 inciso 3 "b" del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Nada de ello se compadece con la naturaleza sumarísima de la acción contemplada por el referido artículo 463, lo que lleva a concluir que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ordena el lanzamiento en los términos de esa norma debe concederse en relación.
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EL ORIENTE c/ ABALOS ALCORTA, MARCELO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-28

Conforme al principio de convalidación, toda nulidad procesal queda subsanada por el consentimiento.
Régimen de consolidación de deudas, intendente, facultades del intendente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leila Burgos de Gurrieri c/ Municipalidad de Ciudad Perico s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nro. B- 39801/98 Incidente de Ejecución de sentencia en Expediente A- 82313/94 Ordinario.L.A. N 45 F 421/422 N 186. Perico s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nro. B- 39801/98 Incidente de Ejecución de sentencia en Expediente A- 82313/94 Ordinario.L.A. N 45 F 421/422 N 186.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-06-11

Conforme lo establece la Constitución Nacional reformada, los decretos de necesidad y urgencia, son de rigurosa excepcionalidad, pudiendo sólo ser dictados cuando concurran determinadas condiciones de extrema gravedad. En tal sentido, tal "referencia constitucional se vincula expresamente al mecanismo previsto en los arts. 77 a 84 de la Constitución Nacional, esto es, el procedimiento que debe seguirse en orden al dictado de leyes en sentido formal por parte del Congreso Federal.... La ordenanza, entonces, no queda comprendida dentro de la previsión del art. 99 numeral 3 de la Constitución Nacional, por lo que menos puede el titular del Poder Ejecutivo de una comuna dictar una normativa legal -de menor jerarquía a la señalada- pretendiendo instaurar un régimen de emergencia, para cuya determinación ni siquiera se halla dotado de tal facultad el órgano legislativo municipal respectivo.... Sólo los ejecutivos nacional o provinciales se hallan investidos de tal atribución, a los fines de sortear el excepcional obstáculo que -ante la emergencia de satisfacer una necesidad social acuciante- representa la imposibilidad de observar el proceso formativo de la ley fijado en la Constitución por parte de las correspondientes legislaturas".
Monto de la indemnización, incapacidad permanente, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CORREA STELLA MARIS c/ HORIZONTE ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-19

Por aplicación del método de la capacidad restante, la actora tiene una incapacidad total del 35,12% (20% por incapacidad psíquica y 15,12% por incapacidad física). Sobre el 35,12% de incapacidad han de computarse los factores de ponderación determinados en la pericia médica: 10% por dificultad para la tarea, y 0,5% por el factor edad. La incapacidad definitiva de la demandante, por adición de los factores de ponderación asciende al 39,13% (35,12% + 3,51% + 0,5%).