Relación de dependencia, empleo no registrado, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrera, Aníbal Jaime c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-11

El actor ingresó a trabajar como odontólogo auditor bajo la dependencia del INSSJP demandado desempeñándose en sus oficinas, cumpliendo jornada de lunes a viernes a cambió de una remuneración mensual. Se le abonaba en efectivo los viáticos en caso de tener que desplazarse al interior del país para realizar auditorías, lo que sucedía una semana por mes y reportaba sus labores a la segunda línea de mando de la Gerencia de Auditoría Prestacional. El vínculo laboral siempre se mantuvo en completa clandestinidad, bajo el fraudulento ropaje de una supuesta "locación de servicios"; y, ante la negativa de tareas, intimó al instituto accionado para que regularizara su situación por lo que, al no recibir respuesta favorable, se consideró injuriado y despedido. La demandada si bien reconoció sus servicios como odontólogo, desconoció el encuadramiento laboral. La Sra. Jueza de primera instancia sostuvo que el vínculo habido entre las partes, no se trató de una "locación de servicios" regida por el derecho civil, sino de un contrato de naturaleza laboral regulado por la LCT sentenciando que la falta de registración de la relación de trabajo legitimó per se la decisión extintiva adoptada por el accionante por lo que hizo lugar a las indemnizaciones pretendidas con raigambre en los arts. 232, 233 y 245 del RCT. Aun cuando el actor sea un profesional con título certificante, ello no obsta a la aplicación de la mentada presunción en el entendimiento de que las tradicionales profesiones liberales han sufrido sensibles modificaciones en su desenvolvimiento e inserción en el cambio social, pudiendo afirmarse que la excepcionalidad que antes se asignaba al desempeño como dependiente de personas con esa capacitación o habilitación, hoy ya es un fenómeno común, por lo que la sola circunstancia de que el actor sea un profesional del "arte de curar", no permite inferir, per se, que no haya podido estar bajo las órdenes del instituto demandado, todo ello dado que la calificación en esta materia es de orden público absoluto y extraña a la voluntad de las partes. Los fines tutelares del derecho del trabajo no podrían cumplirse si bastase que, el tomador del servicio impusiese la extensión de facturas, la inscripción tributaria del trabajador, la contratación de un seguro por responsabilidad civil o la suscripción de un mero contrato de "locación de servicios", entre otras maniobras del estilo, para desbaratar con tan simples artilugios, todo el andamiaje protectorio que el legislador ha generado en cumplimiento del mandato constitucional, precisamente, en conocimiento de que ello puede y suele acontecer en este especial ámbito de las relaciones personales. Por ello, no se encuentra enervada la presunción contenida en el art. 23 LCT, sino que además, las pruebas recolectadas ratifican cabalmente que la prestación del actor fue ejecutada en favor y beneficio del INSSJP, siendo su causa en un verdadero contrato de naturaleza laboral.