Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 87/89.

Santa Fe, 19 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal de Cámara N° 3, contra el acuerdo 806 del 23 de octubre de 2017, del Tribunal Oral Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "FENOUIL, EDUARDO NESTOR -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'FENOUIL, EDUARDO NESTOR S/ APELACIÓN - SOBRESEIMIENTO' - (CUIJ 21-07008127-7)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511767-1); y, CONSIDERANDO:

1. Por resolución 128, de 28 de junio de 2017, el Juzgado en lo Penal de Sentencia de Octava Nominación de Rosario, resolvió sobreseer a Eduardo Néstor Fenouil por prescripción de la acción penal peticionada por su defensa, en virtud de los artículos 356, inciso primero, item a), del Código Procesal Penal y 62, inciso segundo; 59, inciso tercero y 67, inciso c), del Código Penal (fs. 2/4).

Apelada dicha resolución por la Fiscalía, el Tribunal Oral Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelaciones, por resolución 806, del 23 de octubre de 2017, confirmó la decisión apelada en cuanto fue materia del recurso (fs. 5/6v.).

2. Contra éste último decisorio, la Fiscalía de Cámara interpone recurso de inconstitucionalidad achacando "arbitrariedad", fundamentación aparente y "gravedad institucional" (fs. 7/16).

Se agravia esa parte, que tanto el Tribunal de grado como la Alzada al confirmar la prescripción de la acción penal, tomaran para el cómputo del plazo la calificación jurídica y participación por la cual se procesara al justiciable (partícipe secundario del delito de administración fraudulenta). Acto que considera provisorio, para prevalecer por sobre la requisitoria de elevación a juicio en la cual se le atribuyó el carácter de coautor del delito de administración fraudulenta.

Endilga a la Alzada extralimitarse de su labor, alegando que ninguna norma, doctrina, ni jurisprudencia avala la postura de tomar un auto provisorio de procesamiento para declarar la prescripción de la acción penal. Cuando debería prevalecer la requisitoria fiscal admitida y respetuosa de la congruencia al efectuar la misma atribución fáctica y jurídica que en la indagatoria; siempre en carácter de coautoría (art. 45, C.P.).

3. La Alzada, por resolución 25 del 7 de febrero de 2018, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Fiscalía (fs. 20/24); lo que motivó la presentación directa ante esta sede (fs. 26/31).

4. Adentrándonos en la consideración de los presentes, se adelanta que el recurso queja impetrado no ha de prosperar. Ello así, por cuanto las alegaciones recursivas de la Fiscalía no logran demostrar la arbitrariedad achacada al pronunciamiento y solo traducen su mero disenso y particular enfoque del caso.

En efecto, dichas postulaciones -a pesar del matiz constitucional que aspira otorgarle la Fiscalía recurrente- encierran tan sólo la discrepancia de la impugnante con la hermenéutica propuesta de las apreciaciones de los extremos del caso y las normas comprometidas. Cuestión que -por regla- queda exenta de revisión por esta Corte por vía del recurso extraordinario, a menos que se demuestre arbitrariedad. Lo cual, tampoco logra evidenciarse.

En tal sentido, las alegaciones de la recurrente carecen de entidad para invalidar lo decidido cuando reprocha que debió tomarse para el cómputo de la prescripción la figura y participación acusada por la Fiscalía -administración fraudulenta en carácter de coautor-. En este aspecto echa de verse, que a su hora, tanto la Jueza de grado como la Alzada para confirmar fundamentaron sus resoluciones en los alcances interpretativos del plazo según la figura y participación por la cual se procesara al justiciable. Esto es, administración fraudulenta en carácter de partícipe secundario; considerando que la misma no fue rebatida o cuestionada. Puntualizando el Tribunal "los actores de esta causa en la audiencia de apelación no se hicieron cargo de los argumentos del suscripto que aplica la A quo en este sentido, que más allá de la estrategia defensiva de reservar la oposición de la excepción referida para recién cuando se le corriera traslado para expresar la defensa, la única decisión sustanciada jurisdiccional en torno a la calificación fue el procesamiento y que en consecuencia, al quedar firme no habiendo apelado tampoco la fiscalía, si se hubiera interpuesto luego de ese trance la prescripción, la misma debía acogerse como siempre sucedió bajo el amparo del viejo sistema procesal penal que prevé precisamente el procesamiento previo a la requisitoria fiscal" (f. 6).

Asimismo, la Alzada meritó que "tampoco se agraviaron en la audiencia de apelación que bien pudo la instructora declarar la prescripción de oficio al estar convencida del rol actual atribuido a algunos imputados ni lo sostenido por el defensor técnico en la misma que en todo caso entre los roles dispares referidos entre procesamiento y acusación le asiste a su defendido el beneficio de la duda artículo 5 del C.P.P. ley 12912 inmerso en cualquier grado e instancia del proceso" (f. 6), citando por otro lado jurisprudencia con una interpretación "in malam partem" respecto de la cual la Alzada concluyó que "tampoco son felices las citas" (fs. 2/6v.).

Con estos lineamientos, el Tribunal revisor confirmó el criterio por el cual tomando el plazo de la figura y participación secundaria dispuesta en el procesamiento firme, concluyó la prescripción de la acción penal, puntualizando que "entre la fecha del hecho (14.12.2008) y el llamado a indagatoria (9.12.2013) habían transcurrido casi cinco años, excediendo el máximo de la pena prevista para la participación secundaria" (vide Resoluciones a f. 3v. y en igual sentido a f. 5v.).

Que ante tales fundamentos, la Fiscalía impugnante se conforma con alegar su propia postura interpretativa sobre la cual pivotean todos sus reproches, mas sin indicar siquiera, cómo a su hora hubiera en todo caso cuestionado la referida participación por la cual se procesara a Fenouil. Auto éste de cuya firmeza partió el Tribunal al fundamentar el cómputo del plazo de prescripción de la extinción de la acción penal. De tal modo, la recurrente se conforma en insistir con su tesitura, según la cual debía tomarse la figura penal y participación de su propia acusación fiscal. Quedando de tal modo incólumes los fundamentos del A quo al considerar extinguida la acción penal por prescripción para el caso concreto en el plazo que transcurre desde la fecha del hecho al llamado a indagatoria; cesando desde ese momento el poder punitivo como contenido del proceso.

Conforme lo expuesto, debe rechazarse el recurso de queja impetrado por la fiscalía recurrente.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Tribunal Oral Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelaciones de Rosario, doctor Carlos Alberto Carbone.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado en lo Penal de Sentencia de la Octava Nominación de Rosario, doctora Marisol Usandizaga.