marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho contravencional, teoría del delito, culpabilidad, inimputabilidad, estado de necesidad, crisis económica
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: AVALOS, Evaristo s/ infr. art. 83 ley 1472-Apelación 1472-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-10

En el caso, no resulta aplicable el instituto del estado de necesidad disculpante respecto de la conducta reprochada al imputado, toda vez que el hecho de carecer de suficientes recursos económicos a fin de afrontar las necesidades básicas de su familia, si bien representa para el encartado una situación difícil, consideramos que no conlleva en manera alguna un mal inminente pasible de reducir considerablemente su ámbito de determinación en el momento de su obrar.

Ello en virtud de la cotidianeidad de la situación en que se encontraba el nombrado; lo contrario importaría la aplicación de una suerte de disculpa desde el momento en que el imputado comenzó a sufrir esas penurias y, peor aún, prolongarla sine die hasta que se revierta aquella. Por ende no opera una estrecha relación entre esta situación de su vida diaria respecto de la conducta por él desplegada, y como respuesta a ese mal acuciante.

Aun en el caso de analizar la cuestión desde la óptica de un eventual estado de necesidad justificante, previsto en el inc. 3, del art. 34 del C.P. "el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño" entendemos, por las razones ya esbozadas en el supuesto disculpante, que en el caso concreto no se reúnen los requisitos propios del estado de necesidad que resulta común a ambos, esto es: el mal grave e inminente e incluso, para la aplicación de la presente figura, la inevitabilidad del mismo por otro medio no lesivo o menos lesivo, extremo que no surge en la cuestión traída a revisión.
Contrato de trabajo, fecha de ingreso, apreciación de la prueba, in dubio pro operario, período de prueba, despido sin causa, indemnización por despido, remuneración, asignaciones familiares, ley de empleo, AFIP, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: COLOTTA ARTYSUK, CYNTHIA. c/ CATERINO, MIGUEL ANGEL. s/ COBRO DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-14

Toda vez que el medio idóneo para acreditar el pago de las remuneraciones es el recibo suscripto por el trabajador, careciendo de esta firma los acompañados por la demandada, corresponde confirmar el decisorio de grado que condena al pago de los salarios adeudados.
Debate, imputado, declaración policial, testimonio, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: HEREDIA, PEDRO LUCIO s/ IMPUTADO - TESTIMONIO - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-11-04

El principio formalista afirmado por la C.S. en otras materias, de que lo que no puede hacerse directamente, a causa de una prohibición legal, tampoco puede hacer de manera indirecta aplicable al tema del testimonio policial, cuando el policía que declara como testigo en el debate acerca de la autoría del imputado, no ha refrendado el acta donde consta la autoincriminación del imputado, pero tampoco es aplicable ese principio porque en el proceso penal rige el de la verdad real, de donde se deriva la regla de la libertad probatoria. La prohibición de leer en el debate las declaraciones policiales, no se traduce en una inhabilidad o incompatibilidad para testificar que afecte a los empleados de policía actuantes; así como la admisión de su capacidad no implica reconocer que sus testimonios no están exentos de los peligros propios de la prueba personal agravados por la posible pasión que se ponga en el ejercicio de su actividad.

Si bien es cierto que la declaración del imputado no tiene los efectos y consecuencias jurídicas de la indagatoria formalmente prestada ante el juez de instrucción, nada se opone a que pueda ser traída al debate y valorada a la luz de la sana critica, como cualquier otro elemento indirecto o indiciario (Voto de la Mayoría) -
Acción de amparo, medidas cautelares, costas, gastos médicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Zeheri  Eduardo  Rodolfo c/ Solidaridad  Obra  Social  BancariaArgentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Resulta improcedente la aplicación automática del principio establecido en la segunda parte del art. 14 de la Ley de Amparo cuando se presentan circunstancias concretas y específicas que tornan inicua en el caso a la aludida previsión legal (cfr. esta Sala, doctr. causas 5565/98 del 29.12.98, 3395/99 del 19.8.99, 3223/00 del 7.9.00, 6049/00 del 8.3.01 y 7982/99 del 19.4.01, entre otras; esta Cámara, Sala II, causa 7332/01 del 9.5.02 y Sala III, doctr. causa 10.586/00 del 7.2.02). En este caso se verifican esas particulares circunstancias, habida cuenta de que el actor, ante la demora incurrida por la demandada en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a su afiliado, y frente al riesgo de permanecer sin el implante de la prótesis indicada, se vio obligado a promover la presente acción de amparo e impetrar el dictado de una medida cautelar por la inoperancia de su reclamo extrajudicial (cfr. doctrina de esta Sala, causas 3223/00 y 7982, citadas y 6954/00 del 29.5.01; Sala II, causas 9144 del 3.2.95 y 7332/01, cit.; Sala III, causas 3440/00 del 24.10.00, 7813/99 del 7.11.00 y 10.586/00 cit.).

Ello justifica aplicar el principio general en materia de costas "art. 68, Código Procesal, al que reenvía el art. 17 de la ley de Amparo" (cfr. Sala III, causas 10.586/00 cit. y 298/02 del 5.11.02; esta Sala, causa 12130/03 del 14.12.04).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: CEJAS SANTIAGO REINALDO c/ TRONO SANDRO Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION ART. 76 LEY 22.248, ETC. - CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-17

Si bien el recurso extraordinario constituye en principio una vía impropia para el planteamiento de cuestiones de hecho y prueba, dicha regla cede en casos excepcionales en los que la sentencia se sustenta en afirmaciones dogmáticas y pautas de excesiva lasitud, a la vez que omite la debida valoración de elementos probatorios de la causa, lo que impide considerarla derivación razonada del derecho vigente con especial aplicación a las circunstancias de la litis.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, costas, Constitución Nacional, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Messing, Guillermo c/ Calomite, Alberto y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

Corresponde dejar sin efecto la resolución que imputo por su orden las costas de ambas instancias, si no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa y produce lesión al derecho de defensa en juicio, redundando en menoscabo del derecho tutelado por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Daño moral, filiación extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: M., F. I. c/ C., E. A. s/ ordinario - filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-09-16

Corresponde hacer lugar al reclamo por el daño moral en el marco de un juicio de filiación extramatrimonial, derivado de la omisión de reconocimiento tempestivo parental, pues si bien el demandado, inmediatamente de notificado, ofreció someterse a la prueba biológica (ADN) emplazando a la actora al efecto, negó insinceramente conocer que se le atribuyera la paternidad del actor, y no aportó elemento probatorio alguno, limitándose a cuestionar de modo infundado e insuficiente las testimoniales rendidas, todo lo cual permitió confirmar el conocimiento que éste tenía de la existencia del accionante y -consecuentemente-, su actuar tardío y la consecuencial mora.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: INC. DE EMBARGO PREVENTIVO "MALDONADO DORA.." c/ LA FLOR DEL ESPINILLO s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-05-04

No es la instancia extraordinaria la indicada para la revisión de la decisión procedimental - "o etapas del proceso"- previas al fallo definitivo, que llevó al dictado de la misma; m s aún cuando tenía la quejosa expedita la vía recursiva ordinaria en el momento oportuno, y por no haberla ejercido entonces, se encuentra precluida la instancia y perdido el derecho dejado de usar, sin que exista menoscabo a la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso.
Poder Judicial, facultades del juez, facultades jurisdiccionales, policía judicial, Ministerio Público, Derecho constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Barros, Luis Alberto y otros s/ Hurto- destrucción de documentación- malversación de caudales-  falsificación de documentación- fraude en contra de la  administración pública- asociación ilícita y encubrimiento- casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-18

En cuanto a la pertenencia la función judicial penal del estado no constituye un capítulo del derecho procesal, sino que, metodológicamente se ubica como un antecedente del mismo; y así, todo lo referido al concepto, naturaleza y caracteres de la función judicial penal del Estado se presenta como un presupuesto del derecho procesal y su elaboración pertenece realmente al Derecho Constitucional. Es el punto de partida que ilumina la trayectoria ulterior del sistema procesal. Su estudio doctrinario y su aplicación concreta requiere de una tarea estrictamente dogmática, y tal exigencia es mayor cuando se repara que históricamente la función judicial del estado ha estado conformada por una gran variedad de sistemas; generalmente condicionados por la organización política imperante en cada época. En cuanto al análisis dogmático, es esencial distinguir el aspecto estático del dinámico, trazando una línea divisoria nítida entre la función jurisdiccional y la función judicial. En definitiva la función judicial en lo penal es el género; es la actividad estática que exige la actuación concreta de la ley penal para asegurar su imperio y restablecer el ordenamiento jurídico alterado, imponiendo el estado de equilibrio anterior. El estado cumple con dicha función, a través de sus diversos órganos, que realizan el aspecto dinámico y que en nuestro sistema son: la Policía Judicial, el Ministerio Público y la Magistratura Judicial. Cada uno de estos órganos son especies del género y así la función jurisdiccional es únicamente ejercida por los jueces.

La Policía Judicial y los Funcionarios del Ministerio Público integran la función judicial con las actividades propias que le son asignadas; así por ejemplo la Policía Judicial realiza la instrucción policial; el Ministerio Fiscal promueve y ejercita la acción penal a través de requerimientos y requisitorias; pero ninguno de estos órganos pueden ejercer la función jurisdiccional.

Esta es la modalidad práctica y esencialmente dinámica que cumplen en nuestro derecho los diversos órganos predispuestos para actuar concretamente la ley penal sustantiva. (Del voto del Dr. Salvador Ana, mayoría.)
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: YOLANDA I. PECCIA c/ MENDEZ RAMON ANGEL, IRIBARME JORGE MIGUEL s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-05

La utilización de armas, agrava el robo porque disminuye las posibilidades de defensa del sujeto, lo neutraliza para cualquier posible reacción en ese sentido y poco importa si se trata de una auténtica arma de fuego, pues lo que produce este elemento en la víctima es una gran poder intimidatorio que anula la resistencia del sujeto pasivo, quién en el momento en que se comete el hecho, no discierne sobre el grado de peligrosidad de la misma.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, remisión del expediente, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barros, Mamerta Daniela Romero de c/ Estado provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-05-24

Cuando se plantea una cuestión de competencia en donde pudiera estar comprometida eventualmente la competencia de la Corte, el Tribunal inferior debe abstenerse de resolver, elevando los autos al Tribunal Superior a efectos de que este cuerpo se pronuncie al respecto; en consecuencia deviene acertada la decisión del juez A-quo de elevar los autos al Tribunal Superior. (Disidencia de la Dra. Chayep)
Prueba testimonial, ley procesal, apreciación del juez, principio de inmediación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SHERIFF, Mohammed s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

Los supuestos que autorizan la incorporación por lectura de las 'declaraciones testimoniales' contenidas en los incs. 3 y 4 del art. 391, del Código Procesal Penal de la Nación, o los casos donde la incorporación se disponga sin acuerdo de partes, según el régimen del ordenamiento vigente, deben ser interpretados a la luz de las disposiciones de los arts. 14.3.e PIDCyP y 8.2.f, CADH que consagran el derecho del imputado a confrontar a los testigos de cargo. La cuestión central radica en el esfuerzo adicional de fundamentación que debe hacer el tribunal para proceder de ese modo, en tanto conlleva la restricción del derecho a confrontar al testigo de cargo (y por ende, el de defensa en juicio) y, por otro lado, en la necesidad de analizar esas declaraciones con mayor cautela, en virtud de su menor valor epistemológico, producto de su falta de control a través del contra interrogatorio o interrogatorio cruzado) y su incorporación sin respeto al principio de inmediación (voto del juez Sarrabayrouse).

Cita de "Arrieta", CCC 73831/2014/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 421/2017, resuelta el 30 de mayo de 2017.
Sucesiones, legítima, donación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lavrih, Juan s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

En la hipótesis de que el inmueble fuera transmitido a un tercero por los donatarios -tal lo intentado en el caso de marras-, los adquirentes serían pasibles de sufrir los efectos reipersecutorios de la acción de reducción, debiendo restituir eventualmente el inmueble en la medida que excediese la porción disponible.
Entidades financieras, control de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Balbarrey,  Eduardo  Fernando  y  otro c/ B.C.R.A. -Resol 252/00(Espte 10001696 Sum Fin 866)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

La actividad que desarrollan las entidades bancarias -cualquiera fuere su envergadura- afecta en forma directa e inmediata a todo el espectro de la política monetaria y crediticia en la que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales, en razón de los cuales se ha instituido un sistema de contralor permanente que comprende el cese la autorización para operar hasta su cancelación.
Competencia federal, seguridad pública
Materia: PROCESAL
Carátula: FAIMBERG, MARCELO H. s/ DENUNCIA INF. LEY 23.592
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

No corresponde la intervención de la Justicia Federal cuando no se desprenda que los hechos denunciados afectan la seguridad de la Nación, conforme los términos establecidos para fijar la competencia de este fuero, tanto por el inc. 3 del art. 23 de la Ley de formas, como por el inc. 3 de la Ley 48.

En este sentido de dicha norma, en ningún momento se contempla el interés individual, sino que los intereses generales confiados a su cuidado.

Por ello, la sola invocación de que los derechos que se creen violados se encuentran garantizados por la Constitución Nacional, no resulta suficiente para que aparezca competente este fuero, ya que ello haría innecesaria e injustificada la actividad jurisdiccional propia de los jueces nacionales de esta ciudad, que son por imperio de la ley, los encargados de sustanciar las causas comunes.
Asociaciones sindicales, delegado gremial, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-09

Siendo que el presente caso guarda sustancial analogía con la materia tratada y resuelta por la CSJN en la causa A.201 XL "Asociación Trabajadores del Estado c. Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales", corresponde remitirse a dichas consideraciones y, en cumplimiento de la orden del Alto Tribunal, corresponde revocar la Resolución MTEySS Nº 62, del 03/02/2003, y reconocer a la Asociación Trabajadores del Estado el derecho a convocar a elecciones para la designación de delegados en el Hospital Naval Pedro Mallo, en la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA), y en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y Edificio Libertador - Estado Mayor General del Ejército -.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Obras Sanitarias Sociedad de Estado c/ Corpesca S.R.L y Carrasco Antonio s/ Ejecución de Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Si el reclamo inicial fue desestimado en parte como consecuencia de la recepción de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, corresponde distinguir dos bases regulatorias. Una estará dada por la suma en que progresa la demanda y a partir de ella se le regularán honorarios al letrado del actor como vencedor y al del demandado como vencido. La otra se fijará en la cifra por la que prosperó la defensa aludida, ya que en este aspecto es ese el "valor económico" comprometido, es decir el de la disminución de la condena. Para este segundo caso los roles de vencedor y vencido se invertirán.- (Minoría u opinión personal)
Privatizaciones, empresas del Estado, suspensión del contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, despido indirecto
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: CALOMINO, Raul c/ ENTEL RESIDUAL Y OTRA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

El caso de los contratos suspendidos a la fecha de transferencia de una empresa del estado a una licenciataria privada debe analizarse a la luz de las disposiciones de los arts 63, 224 y 226 de la LCT. En tal sentido, corresponde responsabilizar a ambas cuando el actor, después del sobreseimiento provisorio, intimó a las dos (en el caso Entel y Telecom) para ser reincorporado al no saber a cuál de ellas pertenecía y al obtener respuesta negativa, se dio por despedido (art 242 LCT).
Recurso de apelación (procesal), incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodriguez Gabriel c/ La Empresa General San Martín y/o contra la Sra. Teresa Lagier y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-19

No puede impugnarse por vía de apelación de sentencia cuestiones que son en esencia procesales como la que alude en el memorial citado, cuando en el transcurso de la litis se ha dejado consentir la misma. "...la promoción del incidente de nulidad, constituye de conformidad con el régimen constituido por el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación y de los ordenamientos que a él se han adoptado - tales las leyes 2335 y 2884 de la Provincia de Misiones - la única vía admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de la instancia con anterioridad al pronunciamiento de la correspondiente sentencia. ..".
Pago, cheque, hiperinflación
Materia: CIVIL
Carátula: Sur Cía. Argentina de Seguros  S.A. c/ Prop. y/o Arm. Bq. "Río Salado" y otros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El pago mediante cheque no extingue la deuda - lo que ocurre recién cuando es cobrado -, pues siempre se entrega "pro solvendo" y no "pro soluto". Amén de que no se discuta que el cheque hubiese podido ser cobrado en el día - lo que no parece habitual en estos casos ya que la praxis indica que, por lo general, se extienden para ser depositados en cuenta (y no simplemente al portador), lo que demanda a su vez el tiempo que requiere el "clearing" bancario, según el caso -, no parece justificada la actitud de la deudora de esperar los 26 días del mes de junio de 1989 - sumido en uno de los procesos hiperinflacionarios habidos -, para intentar el abono en esa forma. Dicha parte, por lo demás, no demostró - ni siquiera invocó - la emisión del cheque en forma tal que pudiera ser cobrado en ventanilla dentro del horario bancario.
Ofrecimiento de la prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: IANNICCARI, Bruno c/ Cielos del Sur S.A. Austral s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-03

Dice Morello, que la iniciativa probatoria de la Cámara será particularmente sorpresiva afectando el derecho de defensa, cuando sustituya a alguna de las partes relevándola de la carga de la prueba, al ordenar medios que debieron ofrecer y producir, y el apelante o apelado sustenten la expresión de agravios o la contestación en el incumplimiento de dicha carga...
Caducidad de la personalidad política, alianzas partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Compulsa en autos Nº 14.067 Partido Comunista s/ rehab. Personería jurídica (caducidad art. 50 inc. c ley 23.298)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-11

El art. 50 inc.c de la ley 23.298 es aplicable a los partidos políticos que participan en los comicios integrando alianzas. Una conclusión diversa conduciría a tornar inoperante la referida causal de caducidad frente a la constitución de alianzas transitorias para cada proceso electoral, burlando así la aludida representatividad requerida. La solución que aquí se adopta refleja, por otra parte, el criterio uniformemente sostenido por el Tribunal (cf. Fallos CNE 859/89; 1151/91; 1161/91; 1162/91; 1163/91; 1167/91; 1168/91; 1169/91; 1170/91; 1172/91; 1174/91; 1175/91; 1178/91; 1181/91; 1184/91; 1234/91; 1235/91; 1268/92; 2426/98 y 2588/99, entre otros).
Relación de consumo, tercer poseedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ercon S.A. c/ Leguiza, Sebastián Ariel s/ Ejecución Hipotecaria (Expte. N° 1407)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-04-12

Resulta procedente la aplicación de las disposiciones previstas en la ley 24.240 a un tercer poseedor de un inmueble objeto de ejecución hipotecaria, pues la condición de cesionario no hace perder el carácter de la adquisición con destino final a vivienda, por lo que habiéndose acreditado el nexo causal con la relación de consumo primigenia, la enajenación posterior se encuentra prevista en el ámbito de protección ampliado del art. 1 segunda parte de la misma norma.
Cuestiones de competencia, demanda, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: Zéneca SAIC. c/ Vázquez, Arnaldo Norberto y otros s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El juez competente para conocer en la demanda lo es también de la reconvención (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Emergencia económica, ejecución de alquileres, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

En las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses, no vinculadas al sistema financiero, corresponde pesificar al valor de U$S1=$1 (un dólar igual un peso) aún en caso de mora del deudor (ley 25.561, dec. 214/02 y dec. 320 /02).

A falta de coincidencia entre el acreedor y el deudor, los hoy vigentes arts. 8 del decr. 214 y 2 del 320 suministran una razonable plataforma para que los abogados y los jueces encuentren la mejor solución para cada uno de los casos comprendidos en la policroma realidad en que estamos sumidos.