marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo, hurto
Materia: PENAL
Carátula: Sepulveda, Nelson A. y otro. s/ Robo en banda y con escalamiento s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-27

El escalamiento agrava el hurto o robo cuando es el medio empleado para acceder a un inmueble, o sus dependencias, donde se encuentra la cosa substraída, pero no cuando, aun mediando escalamiento, lo sustraído es precisamente parte del cerramiento (que constituye el obstáculo a la codicia invasora). (En disidencia: Dr. García Osella).
Sentencia, voto de adhesión
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MORENO, SEGUNDO Y OTRO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1962-04-10

El análisis y armonización de las opiniones de los jueces (Proyecto de Reformas de la Constitución de la Provincia de 1870, Ed. Of. 1882, p. 125) que puede hacerse privadamente, no debe confundirse con la acordada en público de la sentencia, la que debe efectuarse mediante la lectura o expresión en público de los votos.

Ello surge del alcance previsto para el art. 136 del C.P.P., por su propio autor y redactor, quien expresaba que dicho artículo no impide que los miembros de un tribunal colegiado estudien separada o conjuntamente un pleito y discutan privadamente sus opiniones respecto de la resolución que hayan de dar.-
Culpa in vigilando, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. V. c/ Sanz, Eugenio Rafael s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-11-17

Corresponde declarar la responsabilidad concurrente por los daños ocasionados por un menor que disparó un proyectil con una honda que impactó en el ojo del hijo de la actora, mientras estaban jugando solos en la vereda, pues cabe eximir de responsabilidad a los padres del menor dañador en un cincuenta por ciento, en tanto se advierte que existió culpa in vigilando de parte de la madre de la víctima, de cortísima edad, quien no advirtió que estaban desarrollando un juego peligroso, omitiendo cumplir con su obligación de velar por la seguridad, salud y protección del menor.
Aportes previsionales, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Harretch, Horacio Jesús s/ su solicitud.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

El art. 25 de la ley 18.037, no resulta violatorio de derecho alguno garantizado por la Constitución Nacional.
Indemnización por despido, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Callejas, Elena Nancy c/ Cabrera, Walter Hugo s/ Ordinario - Despido - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-29

Cuando el empleador dio sobradas muestras de que no proporcionaría la documentación pedida, pierde total relevancia el plazo del art. 3 del mentado Decreto. Debe entonces responsabilizarse a la demandada por el rubro, el que se fija en un importe equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año de la relación, ya establecida en el sub examen. A la suma resultante se le aplicarán los intereses fijados por el a quo, para el aspecto admitido, hasta su efectivo pago Por ello, hace lugar a la demanda en cuanto pretende el pago de la indemnización del artículo 80 LCT
Impuesto inmobiliario, traslación de impuestos, sentencia arbitraria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Y.P.F. c/ Poder Ejecutivo de Mendoza s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-02-02

"El legislador, no puede incrementar arbitrariamente el valor de la vasija petrolera, si de acuerdo a las condiciones del mercado, el valor de éstas permanece fijo o estable. Por el contrario, pudo la Provincia buscar otro gravamen, diferente al inmobiliario, gravando la vasija petrolera, teniendo la Provincia autonomía para su creación, con el lógico cuidado de no generar una doble imposición. Empero, la Provincia no implementó un nuevo gravamen; y sí modificó las bases de la fórmula polinómica, con lo que desnaturalizó el tributo a ser aplicado tornándolo inconstitucional."
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, hiperinflación, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

La hiperinflación provoca la imposibilidad de otorgar trabajo. La realidad financiera que también impactó en el sector farmacéutico cuyo efecto lacerante fue la desvalorización diaria de los medicamentos, la imposibilidad por objeto social de actualizar las deudas o créditos y el reembolso de las ventas a valores históricos, torna inimputable a la empleadora. La hiperinflación y sus efectos fueron imprevisibles lo que exime de la calificación de culpa o negligencia empresarial a la demandada, sin que ello importe un abuso del derecho desde el punto de vista del art. 68 de la Ley 20744 o que se haya violado el principio de conservación a que se refiere el art. 10 del mismo cuerpo legal.
Multa, cooperativa de crédito, información al consumidor
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Palmares Cooperativa de Créditos Ltda. s/ Apelación (Ley Pcial. Nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-09

Procede confirmar la multa impuesta a una Cooperativa de créditos con sustento en la Ley 24.240, dado que no se ha acreditado el cumplimiento de la obligación que surge de su artículo 36° y que, además, el recurrente confunde dicha obligación, con la que se establece en el artículo 4° de la misma ley.
Superior Tribunal de Justicia, empleados públicos, relación de dependencia, nombramiento, comuna, personal no permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLA, WALTER ADAN c/ COMUNA DE VILLA SARALEGUI s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 96 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-28

La relación de empleo público es formal, exige la investidura del agente, es necesario que se instaure por autoridad competente, con el contenido que le es propio, y en la forma prevista por el derecho objetivo. Además, es necesario que la relación de empleo se constituya con un acto formal previsto para cada una de las categorías de empleo por la ley; y es fundamental el carácter "esencialmente documentado" de dicha relación. En el caso, no existe acto administrativo de designación o nombramiento del agente como personal de planta permanente de la Comuna, ni contrato firmado entre ambos, ni cargo administrativo alguno que no sea el del Secretario administrativo, ni vacante para cuya cobertura se hubiera propuesto al actor, o creación de cargo en el período invocado, ni ordenanza o resolución o acta de reunión con antecedentes. Y, de las testimoniales vertidas aparece claramente que el recurrente no cumplía horario, por lo que, y aún cuando hubiera podido demostrarse una supuesta relación entre actor y demandada en virtud de la cual ésta le retribuyera la prestación de algunos servicios brindados de manera esporádica por aquél, esto no puede en modo alguno modificar la situación del actor transformándolo en agente de planta permanente, cuando no se han acreditado los extremos necesarios para que dicha relación pueda darse por cierta y encuadrada en los términos que la ley 9286 confiere al empleo público con estabilidad.
Delitos contra la integridad sexual, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: ARANDA RAMÓN S/SECUESTRO CALIFICADO ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO POR EL VÍNCULO Y DESOBEDIENCIA TODO EN C/R ENTRE SI Y ANIS HECTOR SEBASTIÁN S/SECUESTRO CALIFICADO", Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-03-08

El bien jurídico protegido de todas las figuras contempladas en el artículo 119 es la libertad sexual, entendida como la libre disposición del cuerpo y respeto del pudor sexual y abarca el pudor individual de las personas que sufren tales abusos, quienes ven afectada su integridad sexual y honestidad.

La objetividad jurídicamente protegida es, pues, la libertad sexual de la víctima, es decir, el derecho de la persona a un consciente y voluntario trato sexual, a un desarrollo de la sexualidad libre de ingerencias indebidas.

Existe pues un derecho garantizado a decidir libremente sobre los contactos sexuales, que integra desde una perspectiva que se puede conceptualizar como negativa, la facultad de exclusión de terceros de ese campo de organización, ejercicio y disposición de las personas.-
Ofensas cometidas por medio de la prensa, retractación, querellante, desistimiento de la acción, tipo penal, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: GUINSBURG, León s/ querella ".  Causa nro. 26.71995
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

La ausencia de retractación sumada a la decisión del querellante de declinar la acción, debe ser tomada como una aval demostración de la inexistencia de la ofensa, y por tanto, la ausencia de razón como para mantener la persecución sólo respecto de quien publicó las manifestaciones.
Pueblos originarios, Municipalidad, ley provincial, tratados internacionales, derecho de libre determinación de los pueblos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

El derecho de participación de los pueblos indígenas se traduce en una obligación positiva para los Estados, que deben establecer los medios para que los pueblos y comunidades puedan participar, por lo menos en la misma medida que los demás, en instituciones electivas y organismos administrativos o de otra índole (art. 6, inc. b, Convenio 169 de la OIT), y conjuntamente, el artículo 18 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Municipalidad, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lemba, Atilio Ricaro y otros c/ Becchio, Carlos Alberto y otros s/ Indemnización daños y perjuicios - Incidente de ejecución de  honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-28

No obstante ser el embargo de fecha anterior a la promulgación de la ley 12424, se encuadra el casus dentro de la previsiones de la ley, ya que la mencionada norma en su art. 4to dispone que suspende "el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas contra los municipios cualquiera fuere el estado en que se encuentre el juicio", de lo que claramente se desprende que se refiere a las medidas dispuestas con anterioridad, resultando errónea la interpretación que efectúa el recurrente, al no darse ninguno de los supuestos de excepción que la misma prevé. Sentado ello, y como lógica consecuencia de la suspensión, corresponde el levantamiento de la medida. (arts. 202, 203 y concs. del CPCC).
Competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, inspección municipal, derechos y garantías constitucionales
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Zolyomi, Griselda Ofelia c/ GCBA y otros s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-07

Corresponde atribuir la competencia al juez Contencioso Administrativo y Tributario pues del escrito de demanda se desprende inequívocamente que la pretensión formulada por la actora consiste en que la Dirección General de Fiscalización y Control de Faltas Especiales del GCBA y la Fiscalía UFI norte se abstengan "definitivamente" de enviar inspectores a su domicilio particular con "el falaz argumento que la casa es un comercio de hotel o pensión", por afectar, en su opinión, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, sus derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución de la CABA, las leyes dictadas en consecuencia y por tratados internacionales. (Votos de los Sres. jueces José O. Casás, Ana María Conde e Inés M. Weinberg).
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Massone, Héctor Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

El requisito de quince años continuos o veinte discontinuos de servicios pretados en forma efectiva en la Administración de Justicia cuestión (art. 3 inc. a, ley 7918), por consiguiente, no se cumple con los denominados "servicios fictos", en tanto no son servicios prestados en forma efectiva en la Administración de Justicia (inc. "a" del mismo artículo). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, partes, terceros, citación en garantía, responsabilidad del asegurador, póliza, cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GIANTI, RAUL c/ O.C.A. S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE AUSTRALES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 477 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que no cabe hacer lugar a la tacha atinente a que se resolvieron cuestiones no planteadas (la baja del seguro), habida cuenta que el tema de la responsabilidad de las aseguradoras integró la litis desde la citación en garantía que formuló en baja instancia la demandada, llamando a juicio a las dos compañías de seguro ante la indeterminación de la fecha de exteriorización del infortunio en el escrito de demanda. En el caso, la Sala entendió que, no estando vigente ya la póliza de una de las aseguradoras a la época de exteriorización de la incapacidad, correspondía eximirla de responsabilidad, pero omitiendo incluir en la parte dispositiva del acuerdo lo concerniente a la responsabilidad de la otra aseguradora, extremo que luego, por vía de aclaratoria, subsanó haciéndole extensiva la condena a esta entidad. Esta reseña demuestra claramente que ninguna modificación de la sentencia puede predicarse puesto que responde a la lógica más elemental que si para la Sala lo determinante era la fecha de exteriorización de la incapacidad que fijó en la promoción de la demanda y ello motivó la exoneración de la aseguradora, la contracara de ese razonamiento era la responsabilidad de la otra tal como lo aclaró en el auto ahora impugnado el que, por ello, se subsume en las previsiones del artículo 99 del Código Procesal Laboral. En tales condiciones, la extensión de la responsabilidad a la aseguradora aparece como una consecuencia o derivación necesaria de un punto discutido en la causa y contenido en los considerandos, que no altera el sentido primitivo de la sentencia, al contrario, la perfecciona y completa sin transformarla.
Procedimiento tributario, recurso de apelación (procesal), interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-10

Si bien el art. 86, inc. b de la ley 11.683, otorga carácter limitado a la revisión de la alzada y, en principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho, resulta evidente, como surge del último párrafo del mencionado artículo, que no se trata de una regla absoluta y que, por consiguiente la cámara debe apartarse de las conclusiones del mencionado organismo jurisdiccional cuando éstas presentan deficiencias manifiestas.
Prueba, delitos contra la integridad sexual
Materia: PENAL
Carátula: JORDAN DANIEL DOMINGO s/ ABUSO DESHONESTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-11

La pertinencia de la prueba se refiere a la relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar, con el elemento de prueba que se pretende utilizar para ello.

En el caso, la idoneidad conviccional de los informes periciales -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- permiten descartar "características fabulatorias" en las víctimas, no existiendo fundamento suficiente para su calificación, pese a que si bien son contestes en lo fundamental, incurren en algunas contradicciones.

Además, atendiendo a los principios que rigen el sistema de valoración probatoria (lógica, psicología y experiencia común: sana crítica racional), debe repararse también en las condiciones personales de las víctimas, pues la corta edad de los niños (siete y ocho años) es una circunstancia que asume particular importancia, atento las limitaciones de diverso orden que de su inmadurez cabe derivar, por ejemplo, de lenguaje (vocabulario) para describir con exactitud los hechos -aún cuando se observa especial preocupación en el instructor a los fines de superar la dificultad-; como asimismo, rememorar con precisión temporal la cronología de los hechos; sumado a ello, el impacto traumático de la vivencia personal -propio de la naturaleza de los delitos de carácter sexual-. En este sentido, son ilustrativas las apreciaciones vertidas por la profesional actuante en los informes psicológicos, al describir la conducta de los niños en tanto evidencian consecuencias postraumáticas y/o secuelas psicoemocionales.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, informalismo a favor del administrado, Municipalidad, personal municipal, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maumary, Federico Osvaldo c/ Municipalidad de San Cristobal s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 176-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-03

No puede prosperar la defensa de la Municipalidad demandada que plantea la inadmisibilidad del recurso con base en que la vía judicial no se encuentra expedita desde que el recurrente sólo formuló "pedidos" que no cumplían con los recaudos para ser considerados "reclamos", si el escrito con el que el actor solicitó al Intendente Municipal se le liquidara la indemnización por cesantía por incapacidad inculposa prevista en el inciso g) del artículo 23 de la ley 9286, si bien breve, permitió a la Administración conocer suficientemente el alcance de lo solicitado, como así también su sustento normativo, como lo revelan las actuaciones administrativas que fueron caratuladas por la propia Municipalidad en este sentido.
Actos voluntarios, discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Zanardi, Ocampo de Hogan, María Elina. c/ Hogan, Carlos Alberto. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

La regla de derecho material es que el menor de diez años es siempre inimputable y el mayor de esta edad es siempre imputable, cualesquiera sean la madurez mental de uno y otro y la índole del hecho ilícito, con la salvedad de la existencia de otras causas de inimputabilidad previstas por la ley, entre las que se encuentran la enajenación o la inconciencia.

Frente a esta regla, incumbe a quien invoca la excepción acreditar algunos de los supuestos de excepción admitidos por la ley. Dado un hecho humano, de acuerdo o en discordancia con la legislación, ella lo considera efecto de una causa inteligente y libre, que podía o no producirlo y manda que se le impute al agente; que tengan lugar las consecuencias, mientras no se probare, que el caso es de excepción involuntario. En el derecho positivo resulta clara esa presunción de voluntariedad, porque la ley indica cuando no se cumplen los requisitos de ella, en forma taxativa, en los arts. 921, 922, 931 y 936 del Código Civil.
Nulidad de sentencia, solicitud de excarcelación, prisión domiciliaria, sentencia arbitraria, comercialización ilegal de estupefacientes, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: RAGUZA, Marcelo Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Corresponde anular la resolución que confirmó la denegatoria de excarcelación y de la prisión domiciliaria, y devolver al tribunal de origen para que dicte una nueva resolución, toda vez que de la lectura del pronunciamiento atacado se advierte que la Cámara a quo no realizó una adecuada ponderación de las circunstancias particulares del caso. En efecto, si tomó en consideración la gravedad de la conducta atribuida al imputado, omitió efectuar un adecuado análisis de sus condiciones personales. En primer lugar, respecto a la gravedad del hecho atribuido al imputado, asiste razón al Fiscal General al señalar que las características del mismo señaladas por el a quo en la decisión sujeta a revisión (distintos lugares de guarda, diferentes tipos de droga -160 grs. de cocaína y 230 grs. de marihuana- y la utilización como pantalla de un kiosco), "(e)n modo alguno (...) contrarresta la valoración cualitativa formulada por el Ministerio Público Fiscal al entender precisamente que, aunque en efecto no se está ante un comercio rudimentario de droga, tampoco se advierte la presencia de una venta organizada que aumente significativamente el contenido de la antijuricidad de la conducta y que, si bien es cierto que se halló droga de dos características distintas en dos lugares, el presunto responsable es uno solo y la modalidad de venta no presenta particularidades en comparación con otras conductas antijurídicas similares". A su vez, de la decisión puesta en crisis se desprende que el tribunal a quo soslayó lo manifestado por el Sr. Fiscal vinculado al tiempo de detención que viene cumpliendo el imputado. En relación a ello, el representante del Ministerio Público Fiscal, señaló que "(V)alorarse en contra del imputado el tiempo que lleva detenido en prisión preventiva cuando éste se reduce a días o meses es un extremo que no solo no se encuentra previsto en la ley sino que desconoce los alcances que tiene para cualquier persona el hecho de estar privado de su libertad. Es decir, se hace volver en su contra un extremo que, de acuerdo a las nuevas pautas legislativas en materia coercitiva, o no deben ser coercitivas o, en caso de meritarse, deben ser siempre en favor del imputado". Lo cual resulta aplicable al sub examine en tanto el imputado fue detenido en fecha 7 de agosto de 2020". Por otra parte, asiste razón a los recurrentes en tanto el tribunal de mérito prescindió ponderar la carencia de antecedentes computables y el arraigo familiar y laboral del imputado, todo lo cual se desprende del informe socioambiental practicado en autos.
Prescripción, accidente de tránsito, transporte de pasajeros, responsabilidad contractual, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, responsabilidad extracontractual, delito penal
Materia: CIVIL
Carátula: AVALOS DE BIANCHI, HILARIA C. c/ ACOSTA, TOMAS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

En el contrato de transporte el dependiente-chofer representa al principal y su actuación queda comprendida en el régimen del art.

184 del Código de Comercio, correspondiendo contra ellos solamente la acción que emerge de ese precepto, a salvo la opción en la hipótesis prevista en el art. 1107 del Código Civil. El dependiente representa a su principal en la ejecución del contrato de transporte por estar al servicio del cumplimiento de las obligaciones emergentes de esa relación contractual, y en su consecuencia le es aplicable la prescripción anual del art. 855 del Código de Comercio.

La inexistencia de un pronunciamiento definitivo en sede penal, al haberse sólo dictado un sobreseimiento provisional en la causa incoada a raíz del accidente, no permite sostener que quede abierta la acción por responsabilidad extracontractual ante la posibilidad de que mediara, en verdad, delito culposo del derecho criminal que autorizara la opción respectiva (art. 1107 del Código Civil).