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Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia, cambio jurisprudencial, empleados públicos, relación de dependencia, prescripción, Derecho laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

No cabe adoptar respecto de la aplicación retroactiva o prospectiva de los cambios jurisprudenciales una solución unívoca y de alcance general, siendo aconcejable una respuesta favorable a la aplicación del plazo de prescripción contemplado en la ley laboral, con base en las siguientes razones: i. no nos encontramos en el caso frente a una jurisprudencia consolidada y pacífica; ii. las razones que apoyan los precedentes "Alarcón", "Pisani" y "Arrighi" resultan débiles y muy discutibles, a la luz de jurisprudencia que la contradice y de la nueva legislación provincial en la materia; y iii. no se trata de una cuestión procesal ni penal que pueda eventualmente determinar por su naturaleza la operatividad de otra solución. Es por ello que ha de revocarse el pronunciamiento de la Alzada, en cuanto rechaza la defensa de prescripción fundándose en que el plazo aplicable al respecto era el decenal contemplado por el artículo 4023, primer párrafo, del Código Civil, sin perjuicio de imponer las costas por su orden en todas las instancias atento a la existencia de precedentes de la Corte que pudieron haber generado en cabeza de la actora una confianza ahora desvirtuada acerca de la subsistencia de la acción. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco. Fundamentos del Dr. Vigo)
Recurso de inconstitucionalidad, plazo
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional Nro. 6- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255 - Apelación" Contravencional Nro. 6- s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Oniszczuk, Carlos Alberto y Márquez, Sandra Rosana s/ Ley 255 - Apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

Jurídicamente -esto es, objetivamente-, el plazo previsto por el art. 28, párrafo I, de la ley nro. 402 (LPTSJ) es improrrogable y fatal. Se trata de un plazo legal, cuya prórroga judicial no está prevista en la ley, razón por la cual, a su vencimiento, la sentencia adquiere condición de cosa juzgada, regularmente, o, expresado de otra manera, como lo ha expuesto la fiscalía, ella no es más recurrible. Esto ha sucedido en los hechos del legajo, pero con la importante desviación de que la Cámara Contravencional, a contrario de lo expuesto en el párrafo anterior, consideró prorrogable el plazo y efectivamente prorrogó el plazo para fundar el recurso, a pedido del defensor que, dentro del plazo originario expresó su voluntad de interponer el recurso y así evitar que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada, con más sus razones sobre la imposibilidad de ajustarse al plazo previsto en la ley para fundarlo. A mi juicio, con esa decisión, en sí equivocada, provocó un error en el recurrente que se creyó con derecho a fundar el recurso en el plazo prorrogado y así procedió en favor de su cliente. Estimo, por ello, que cabe resolver en favor del facultado a recurrir, pues el error no le es atribuible a él exclusivamente, sino al tribunal que, por decisión formal, prorrogó un plazo improrrogable y fatal, decisión que, además, adquirió cierta firmeza propia de la preclusión procesal y de la inactividad recursiva. (Del voto del Dr. Maier).
Defensa en juicio, temeridad o malicia, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: SPINELLO, Nicolás c/ MORCILLO, Ernesto s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

La falta de actividad en el ejercicio del derecho de defensa no implica temeridad o malicia que autorice la imposición de sanciones procesales.
Acción contencioso administrativa, interés legítimo directo y actual, resoluciones recurribles, comuna, contribución de mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Deni, Hipólito Antonio c/ Comisión de Fomento de Casas s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   608-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

A los fines de la admisibilidad del Recurso Contencioso Administrativo de Ilegitimidad, resulta decisiva la dilucidación acerca de si el recurrente es titular de un interés legitimo, dado que este recurso procede contra las resoluciones ejecutorias que adolezcan del vicio de ilegalidad, aunque sean de carácter general "siempre que el recurrente acredite un interés legitimo, directo y actual" (artículo 13, ley 4106). En el caso, la invocación de la posibilidad de formular una oposición a la obra de pavimentación del acceso al cementerio, justifica concluir que el actor cuenta con suficiente legitimación.
Notificación automática, partes, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: MAS COLLS VDA. DE LATORRE Mercedes y Otro c/ Transportes San Marcos S.A. y Ot. s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-23

Todo litigante que deja un escrito o hace una petición en diligencia, tiene el deber de concurrir al Juzgado a enterarse del proveído que haya merecido quedando notificado del mismo por ministerio de la ley -aunque la providencia sea de las enumeradas por el artículo 140 del C.P.C..-
Seguro de vida, seguro colectivo, denegatoria del beneficio, exteriorización de la incapacidad, toma de conocimiento de la incapacidad, principio de congruencia, denuncia del siniestro, actuaciones administrativas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: NEMESIO, JESUS c/ CNAS s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Resulta incomprensible que la CNAS no haya contado con el expediente administrativo al contestar la demanda, pero también lo es que el actor haya desarrollado su argumentación sobre la base de la existencia de una incapacidad total y permanente, cuando la causa de denegación del beneficio había sido otra, y la notificación que oportunamente se le envió le hacía saber claramente que su incapacidad se había instalado antes de la incorporación al seguro, motivo que fue conocido por el demandante, a tal punto que remitió un telegrama rechazando tales términos. En tales condiciones el principio de congruencia no ha sido vulnerado.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, accidente de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gavio, Mario Alberto y otro c/ Rossi, Graciela Lucía y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-02

El riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil al dueño o guardián de las cosas cuando éstas intervienen en la producción del daño, resultando inadmisible la supresión de dicha teoría cuando se ha producido un encuentro entre dos o más vehículos, porque el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad y la neutralización de riesgos, basada en una suerte de compensación carece de todo fundamento legal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, Poder Judicial, personal subrogante, leyes, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

El artículo 192 de la Ley Orgánica de Tribunales no facultaba a la Corte para reemplazar jueces por funcionarios, pues el dispositivo solo establecía las condiciones que deben reunir los funcionarios que reemplazarán a Jueces, pero ella no creaba "el Juez de la Ley", que debe surgir de una norma clara y explícita. Creemos pues, que el precepto estaba destinado a resolver problemas de los juzgados seccionales, y que tal como lo calificáramos en esa oportunidad, es una "supervivencia histórica" que no puede convalidar un nombramiento defectuoso. Por estas razones, entiendo que el procedimiento adoptado por la Excma. Corte Suprema de Justicia para investir como Juez al actuante no resulta admisible y que en consecuencia, no resulta válido el ejercicio de la jurisdicción por él asumido. (De los Fundamentos del Dr. Saus -En Disidencia-). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quien ha sido investido como Juez por disposición de la Excma. Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas sobre subrogación previstas por la Ley Orgánica de los Tribunales?
Beneficios previsionales, vales de consumo, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Patto, Ernesto Daniel c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-20

Si sobre las nuevas sumas remunerativas reconocidas, -como los vales alimentarios o canasta- existe un crédito a favor del organismo en razón de las cotizaciones omitidas, deberá procederse a efectuar el cargo por los aportes omitidos correspondientes a la Seguridad Social, los que una vez liquidados serán descontados del haber que en definitiva se liquide (CSJN Fallos: 334:210, "Rainone de Ruffo, Juana Teresa c/ A.N.Se.S s/ reajustes varios", sentencia de fecha 02.03.11)
Proceso judicial, principios procesales, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Padovani de Marchan, Graciela Patricia y otro c/ Municipalidad de La Plata y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-29

Uno de los cinco principios básicos que rigen al proceso para sostener el esquema constitucional, es el de imparcialidad del juzgador que indica- que el tercero que actúa en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio debe ostentar claramente ese carácter: para ello, no ha de estar colocado en la posición de parte (imparcialidad) ya que nadie puede ser actor o acusador y juez al mismo tiempo; debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes (independencia). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, ejecución de sentencia, interposición del recurso, facultades del juez, licencia de conducir
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, MARIA CELIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-01

No importa un caso constitucional el agravio de la recurrente en torno a la arbitrariedad de la ejecución de la pena impuesta -retiro del carnet de conducir- cuando la condena aún no se encuentra firme por estar pendiente de resolución el recurso extraordinario federal.

Es que, tal como lo afirma la Alzada, es el artículo 9 de la ley 7055 el que contempla la ejecutoria de la sentencia -sin que la misma se encuentre firme- cuando el recurso de inconstitucionalidad no es concedido. En relacion a ello, debe merituarse que en el caso se registra una condena de primera instancia confirmada por la Cámara, con un recurso de inconstitucionalidad rechazado, una queja declarada inadmisible y un recurso extraordinario federal no concedido por este Cuerpo, sin que se logren desmerecer las consideraciones vertidas por la Alzada.

Por lo demás, aún en el caso de que no pueda estimarse ejecutable la sentencia, el juez dispone de la facultad cautelar para retirar la licencia de conducir al imputado, circunstancia a la que el propio magistrado inferior hizo referencia en su decisión.
Empleados públicos, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVA, ORLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 472-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

La relación de empleo público es una relación voluntaria y éste es un carácter muy importante para distinguir la relación de empleo de otras relaciones publicísticas que pueden decirse obligatorias o necesarias.
Cheque sin fondos, interpelación, prueba, acuerdo de partes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VINTROB, LEONARDO; PENSYLVANIA S.C.A. s/ Cheque sin  fondos, incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-10

1 - El conocimiento de la imposibilidad legal de pago del cheque exigido por el tipo penal del art. 302, inc. 2 del Código Penal, mediante la expresión "a sabiendas" puede ser acreditada por cualquiera de los elementos de prueba previstos por el ordenamiento adjetivo y no exclusivamente por la comunicación bancaria del cierre de la cuenta corriente.- 2 - Ningún convenio que hubieran celebrado las partes sobre la presentación al cobro o no de los cheques, o a las relaciones entre los intervinientes en el convenio, como tampoco la entrega en garantía o el cumplimiento de los compromisos contraídos entre aquéllos, pueden incidir en la naturaleza o en las características que por la ley se otorga al cheque como orden de pago pura y simple.- 3 - El motivo de la entrega de los cheques no le quita a aquéllos la calidad de documento de pago - en el caso, se adujo que fue en garantía -, al que no se le pueden alterar su naturaleza o modificar sus características.
Quiebra, acciones societarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Resulta procedente la demanda promovida contra una entidad bancaria por el síndico de la quiebra actora en los términos de la LCQ 119, declarando en consecuencia la inoponibilidad a la masa falencial del gravamen prendario constituido sobre una acción del Mercado de Valores Sociedad Anónima de propiedad de la fallida, con el fin de garantizar un contrato de locación de títulos LEBACS entregados por la demandada en favor de la ahora fallida.
Juicio ejecutivo, moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kroh, Salomón Eduardo c/ Rocha Julio Antonio y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-11

De conformidad con la ley 23.928 y su decreto reglamentario que establece la paridad de nuestra moneda con el dólar estadounidense un peso igual un dólar), no empece demandar en pesos cuando la obligación cartular ha sido establecida en dólares, máxime que al haber sido reformado asimismo por las disposiciones mencionadas en el artículo 617 del Código Civil permite estipular obligaciones en moneda que no son de curso legal en el país no perdiendo por ello la calidad de obligación de dar sumas de dinero.-
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Milton René c/ Clínica Central; Dente, Horacio Martín y Alonso, Cristóbal s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Resulta inidóneo el examen pericial apoyado en versiones de testigos y en la declaración del inculpado.
Transporte, daños y perjuicios, reglas de tránsito, prioridad de paso, cruce de calles
Materia: CIVIL
Carátula: H. U. J. c/ A. G. y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-04

Relativizando la regla, se ha declarado que la expresión de "absoluta" que utiliza la ley específica y a la cual ya he hecho referencia aquí, se relaciona con el que aparece o circula desde la derecha, y requiere de la necesaria demostración de los presupuestos fácticos que hagan a la razonabilidad de la aplicabilidad de la norma, ya que la violación de las normas del Código de Tránsito, no son determinantes por sí mismas de la atribución de responsabilidad.
Coronavirus, sentencia firme, personas privadas de la libertad, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LAS CARCELES DE LA CIRCUNSCRIPCION NRO 2 (UNIDADES PENITENCIARIAS III, V, VI Y XI) c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-29

Sin desconocer los efectos que la pandemia de COVID-19 tuvo en la obra pública en general y en nuestra Provincia en particular, corresponde requerir al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Servicio Penitenciario provincial, cumplimente en cuatro etapas trimestrales y de manera progresiva el cupo judicialmente establecido para la Unidad Penitenciaria en cuestión, informando trimestralmente a esta Corte y al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia las medidas que haya adoptado en el marco de esta solicitud, detallando las que se hayan efectivizado al momento del informe y las que se encuentran pendientes de ejecución, y encomendar al Magistrado que designe el Colegio el monitoreo de la ejecución de la sentencia mientras persistan las condiciones carcelarias en exceso del cupo judicial; asimismo, dar solución a la situación de las personas privadas de su libertad que se encuentran a disposición de la Justicia Federal y están alojadas en Unidades Penitenciarias de la Provincia de Santa Fe, por cuanto se ha demostrado que ello agrava la sobrepoblación general de las cárceles de la Provincia; y disponer que el Servicio Penitenciario provincial cumpla con las condiciones de sanidad, habitabilidad y limpieza, en igual proporción de la excedencia del cupo, mediante la provisión de todos aquellos servicios y bienes que hagan al estricto respeto de los derechos fundamentales de los internos allí alojados. (Del voto del Dr. Erbetta)
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.P. DE G., R.M.B.R. c/ DE B. , G y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Si bien es cierto que los tratamientos médicos encierran un riesgo que a veces excede de lo previsible, no lo es menos que el facultativo asume la obligación de poner al servicio del paciente el cúmulo de conocimientos científicos y técnicos que presupone el título universitario alcanzado, en un ejercicio prudente y diligente de la actividad. Si falta a los deberes especiales que ésta le impone, omitiendo las diligencias exigidas por la naturaleza de su prestación asistencial, por impericia, imprudencia o negligencia, se coloca en la situación de deudor culpable al incumplir su obligación (art. 512, Cód. Civil).
Autoría, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

Al hablar de la relación que debe mediar entre el aporte del cómplice y el hecho del autor, una parte de la doctrina defiende que dicho aporte ha de ser causal (en el sentido de la causalidad natural) para la realización por el autor del hecho principal. Tradicionalmente se viene afirmando que el aporte del cómplice tiene que haber sido causal en relación con el resultado del hecho realizado por el autor principal. Así Welzel señala que la complicidad tiene que favorecer, y esto significa "prestar una colaboración causal para la comisión del hecho principal, luego en los delitos de resultado también una colaboración para el resultado".
Pago, cheque, acreditación del cheque, cancelación del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: STORERO DE DAPONTE MARTA BETI Y OTRO c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Y OTRO s/ VARIOS SEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

Los cheques se entregan "pro solvendo" y no "pro soluto", por lo que el pago, en rigor, no se produce sino en el momento que el documento es realmente satisfecho por el banco contra el cual se lo libró (cfr. CNFed. Civ. Com. Sala I, Causas "Metalúrgica Surmet S.C.

c/Hierro Patagónico de Sierra Grande" del 24.7.79; 1582 del 22.2.83;

Fontanarrosa, R. "El nuevo régimen jurídico del cheque", N° 6, pág.

27, Bs. As., 1965).
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catz, Uble s/ Incidente de rendición de cuentas y partición
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

No basta la manifestación de la parte de que la demandada se ha desprendido de un inmueble y la prueba que al efecto ofrece, ya que si bien no es necesaria la plena acreditación, el simple temor del peticionario es insuficiente. Debe derivarse, por lo tanto, de hechos que puedan ser apreciados, en sus posibles consecuencias, aún por terceros (art. 270 Cód. Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago, efecto extintivo del pago, principio de integridad, reservas
Materia: CIVIL
Carátula: Nesci, Diego Vicente José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso Administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 230-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-21

Aunque la parte no haya efectuado observaciones ni reservas al pago realizado, la mera recepción en tales condiciones, -sumas recibidas inferiores a las debidas- de ningún modo autoriza a inferir una renuncia de derechos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, Liliana Soledad c/ Empresa Distribuidora del Sur S.A. s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

Si bien los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para abrir el recurso cuando se ha omitido la consideración de elementos apropiados para decidir el grado de responsabilidad que cupo a las partes, o cuando la valoración de los elegidos carece de la racionalidad que exige una debida fundamentación.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: PIETRANTONIO ARMANDO c/ ANDRADA OSVALDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Para determinar el daño derivado de la privación de uso de un rodado a raíz de un accidente de tránsito no cabe computar la totalidad del tiempo que el rodado pudo estar detenido hasta concluirse la reparación, sino únicamente, el lapso requerido por ésta, más el que pudo insumir la búsqueda del taller y la espera del turno, ya que sólo el perjuicio así provocado guarda relación causal con el hecho ilícito en los términos de los arts. 904 a 906 del Código Civil.
Mediación, defensa, presentación extemporánea, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  "Sierra Frías y otros s/ inf. 181 CP, inc. 1'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

Si uno de los jueces considera innecesario expedirse sobre la adecuación del instituto de la mediación a las normas constitucionales nacionales y locales, pues entiende que la solicitud para iniciar el trámite que pretende la defensa es extemporánea, y el otro juez, sin negar esta última circunstancia, considera que la mediación no puede proceder en el caso, pues entiende que su regulación contraría previsiones constitucionales, y la defensa no demuestra que los votos exhiban una contradicción insalvable que impida sustentar el pronunciamiento, se trata de argumentaciones que, si bien contienen fundamentos diversos, no resultan autoexcluyentes y arriban a una misma conclusión: que, en el caso, no es aplicable la previsión del art. 204, CPP, que posibilita una salida alternativa al juicio; ello tal cual se predica en la parte resolutiva común de la sentencia.