Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-28


SENT Nro. 958 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 28 de Noviembre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Morales, José Rodolfo vs. Empresa de Transporte Urbano Oran S.A. s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 16/5/2003, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha 31/5/2002.

II.- El recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria al emerger de la misma un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley; ostentar carencia de fundamentación por basarse en un razonamiento argumentativo que se aparta de las reglas de la sana crítica judicial, prescindiendo de pruebas traídas regularmente al juicio y sostiene que el fallo ha violado los arts. 30, 40, 273 y 280 CPCC.

Le agravia la desestimación de los reclamos por la lesión funcional en el hombro -discapacidad de un 4%- y daños odontológicos (apartándose del dictamen de la perito odontóloga, prueba pericial en que la demandada formuló observaciones y solicitó aclaraciones) sobre la base de que tales daños no fueron reclamados en el escrito de demanda inicial. Expresa que su parte, en dicho escrito, solicitó como medida previa el libramiento de un oficio al Sanatorio Pasquini de esta ciudad para que remita al Juzgado la totalidad de la documentación médica vinculada al actor y relacionada con el accidente, y que la Historia Clínica remitida consigna claramente las lesiones sufridas en el omóplato y traumatismos dentarios con pérdidas de piezas dentales, fractura de tabique nasal y maxilar inferior, lo que fuera confirmado por el certificado de alta expedido por el mentado Sanatorio con intervención de la Coordinadora Médica de la ART, agregando que el traslado de la demanda se realizó con toda esta documentación. Manifiesta que, sobre la base de las lesiones reflejadas en la Historia Clínica, su parte ofreció por sendos cuadernos de prueba dos tipos de periciales (traumatológica y odontológica) que fueron debidamente admitidas y sustanciadas, por lo que el apartamiento que los fallos inferiores hacen de estas periciales los hace incurrir en arbitrariedad, violándose el principio de reparación integral, las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio. Explicita que resulta arbitrario no merituar esta indemnización cuando tanto el Juzgado como la accionada conocieron acabadamente la existencia de las lesiones al tiempo del traslado de la demanda.

Señala que por lo dicho, y contrariamente a lo sostenido por el tribunal a quo, no está violado el principio de congruencia y que tal criterio infringe lo dispuesto en los arts. 33 y 40 procesal.

Alega sobre la base del principio "favor victimae" y del exceso ritual manifiesto, con cita doctrina que entiende aplicable al caso.

Propone doctrina legal; hace reserva expresa del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado y se case la sentencia.

Corrido el traslado de ley, la parte demandada contesta según los términos expuestos en su libelo obrante a fs. 349/351.

III.- Por auto interlocutorio del 17/9/2003 se concede el recurso, correspondiendo en esta instancia el análisis de la admisibilidad y procedencia.

IV.- La sentencia en crisis, luego de estimar acreditado que el daño sufrido reconoce su causa en una cosa productora de riesgo de propiedad o bajo la guarda del demandado y que la causa es el obrar imprudente y culpable del conductor de la empresa demandada en exclusividad (extremos ex art. 1113 CC) hace lugar a la procedencia del daño emergente en concepto de medicamentos, rechazándoselo por el arreglo de bicicleta por no haber sido probado. Respecto al lucro cesante expresa que no corresponde su progreso toda vez que según lo informa el socio gerente de su empleadora, el actor estuvo de licencia a raíz del accidente por el tiempo que determina, reintegrándose al trabajo habiendo percibido sus haberes durante la licencia, por lo que el lucro cesante no se ha operado. En relación al reclamo por incapacidad, sostiene que el mismo no resulta viable en tanto el corrimiento de la retina que alega como secuela del accidente es inexistente acorde a la pericia correspondiente producida en autos. Añade que respecto a las dos pericias más que se han practicado (fs. 105/106 y sus aclaraciones de la audiencia de fs. 125/126) brin dadas por el traumatólogo Jorge Alejandro Lembo quien concluye que el actor tiene una limitación funcional en el hombro del 4%, y la restante, realizada por la odontóloga Gabriela Eugenia Pasteris, que indica que la función masticatoria, estética y fonética de Morales están comprometidas, cabe señalar que el actor no peticionó dichos resarcimientos en su demanda, razón por la cual concluye no acordando suma alguna por tales incapacidades, considerando bien desestimados por el a quo tales rubros. Entiende el fallo que acorde al principio dispositivo, son las partes exclusivamente quienes determinan el "thema decidendum" pues el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas; que ello está consagrado en las leyes adjetivas positivas, a través del principio de congruencia, según el cual la sentencia definitiva debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las acciones deducidas (art. 273 inc. 6° conforme a lo cual está vedado a los jueces otorgar algo que no ha sido pedido (extra petita) o más de lo pedido (ultra petita). Que esta limitación inviste garantía constitucional habida cuenta que los pronunciamientos judiciales que desconocen derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes, conculcan las garantías de los arts. 17 y 18 CN. Hace una distinción entre la entidad del daño y su valor y expresa que lo que no puede modificar es lo primero, es decir, si se afirmó o no la existencia del daño, si se reclamó o no indemnización por la existencia de un determinado daño y que en la especie, por los daños pretendidos objeto de las pericias traumatológica y odontográfica la actora no dejó abierta puerta alguna en su demanda, y no puede mutar la litis tal como fue trabada.

De allí que concluya que el fallo de primera instancia se ajusta al principio de congruencia al desestimar -por no articuladas- las pretensiones de incapacidad física y que ni con criterio de amplitud se puede interpretar que Morales las haya articulado, como surge de la simple lectura del escrito de demanda y de su escrito de expresión de agravios. En cuanto al daño moral confirma la sentencia del juez a quo. Concluye imponiendo las costas al apelante vencido por los arts. 106 y 108 procesal.

V.- De la confrontación de los argumentos sentenciales, con los agravios expuestos en el memorial casatorio, emerge que debe confirmarse la sentencia. Ello, en razón de la aplicación del principio de congruencia y del respeto de las garantías constitucionales en que aquél encuentra sustento (propiedad, defensa en juicio, debido procesal legal).

En efecto, las sentencias de los jueces inferiores han desestimado los rubros indemnizatorios materia de agravios en la casación por entender que los mismos no fueron reclamados en la demanda.

A su vez, el recurrente se agravia por entender que los daños han sido reclamados, acreditando tal aserto con el hecho de haberse solicitado en la demanda una medida previa consistente en un oficio dirigido al nosocomio en que recibiera atención la víctima del accidente a fin de que envíe la totalidad de la documentación respectiva, agregando que en el traslado de la demanda se encontraba ya incorporada tales instrumentos y que ellos refieren a las lesiones objeto luego de las periciales traumatológicas y odontológicas que fueron soslayadas en las sentencias de ambas instancias.

Sin embargo, de un examen de las constancias de autos, se advierte que corresponde sostener la sentencia en embate pues ella hace debida aplicación del principio de congruencia. Así, es bien sabido que la decisión de la causa debe versar sobre los hechos y cuestiones planteados en los escritos constitutivos del proceso, no pudiendo alterar, la sentencia, los términos de la litis contestatio. Esto sucedería si, en el caso, el fallo hubiera otorgado al actor lo que éste no solicitó en su demanda; de hacerlo así se excederían los límites de su actividad jurisdiccional violándose el principio de congruencia y afectándose el derecho de defensa de la parte contraria quien elaboró el responde y la estrategia probatoria a partir de lo reclamado en el libelo de inicio.

Básicamente, la congruencia alude a la conformidad entre la sentencia y el pedimento; conformidad que debe existir entre aquélla y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones y teniendo en cuenta sus elementos individualizadores de tal objeto: sujetos, materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila, en cuanto delimitan ese objeto. Se vincula con la forma como ha quedado constituida la situación procesal y se correlaciona con las pretensiones concretadas en la debida oportunidad mediante las peticiones correspondientes. De allí que el principio analizado queda satisfecho siempre que el pronunciamiento no otorgue mayores ventajas que las que derivan de una inteligente interpretación del pedimento.

La interpretación que la sentencia de Cámara y la de primera instancia han otorgado a la demanda, en cuanto a los daños y perjuicios efectivamente reclamados por la accionante se observa correcta y congruente. El actor no ha reclamado la incapacidad derivada de las lesiones traumatológicas y odontológicas y el hecho de haberse producido una medida previa al traslado de la demanda tendiente a incorporar la documental citada supra, o prueba sobre ella y que el demandado no las haya impugnado o lo haya hecho, no tiene la virtualidad de modificar el deber sentencial de sujetarse a los términos de la constitución de la litis. La prueba debe recaer sobre los hechos que sustentan la acción y delimitan el objeto del litigio, siendo admitida "en cuanto por derecho hubiere lugar". La existencia del principio y de las garantías antes citadas impide que el juzgador meritúe la misma a punto tal de otorgarle el efecto de alterar el "thema decidendum" determinado en la demanda y contestación que es lo que constituye la materia del litigio. De allí que la decisión debe ser con arreglo a las acciones deducidas, resolviendo los temas sometidos a su juzgamiento en los términos en q ue ha sido trabada la relación procesal, con prescindencia de toda defensa o reclamo que se haya planteado con posterioridad (a excepción, obviamente, de los hechos sobrevinientes, la que no es de aplicación al caso).

En definitiva, el fallo no debe sobrepasar las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, no pudiendo conceder o negar más de lo peticionado por los litigantes (no puede fallar "ne eat iudex ultra petita partium") so pena de lesionar las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio, debido proceso e igualdad. En el caso, si las sentencias inferiores hubieran receptado los daños analizados en las pericias producidas, aquél vicio habría existido al exceder la sentencia, desde el punto de vista cualitativo, el objeto de la pretensión. En efecto, ya la CSJN tuvo ocasión de decir que existe violación al principio de congruencia (sentencia ultra petita, desde lo cualitativo) si se condena por rubros que no han sido objeto concreto de la demanda, aunque hayan surgido en el pleito por vía de peritaje (conf. Fallos: 292: 269). Es que por más que la existencia del perjuicio haya quedado acreditada no es admisible recoger un rubro que no fue pedido en su debida oportunidad sin atentar contra el principio citado.

De este modo se comprueba que la resolución impugnada por vía casatoria respeta las garantías constitucionales en que se basa el principio de congruencia -expresamente establecido en el art. 34 CPCC, y del que se derivan las preceptivas de los arts. 272, 273 inc. 6, 280, 775 y 779-, no alcanzando el libelo de casación a demostrar la alegada violación a los mismos. Así, las citas jurisprudenciales referidas a fallos que fijan el monto resarcible con apartamiento de las constancias de autos, o en forma irrazonable (fs. 342 vta., 343) o a que todo daño injusto debe ser indemnizado -y esto integralmente- no son aplicables al caso de autos pues en éste, la discusión no es sobre el monto de los daños y perjuicios, a la vez que nada se dice en ellos respecto a que los mismos, para ser reconocidos en juicio y determinarse procedente su indemnización, deben ser previamente reclamados en la oportunidad procesal correspondiente. Tal premisa está implícita en estos fallos y es ésta y no otra, la que debía haber atacado el recurrente. Lo mismo cabe predicar de las alegaciones referidas a la regla "favor victimae" o al excesivo rigor formal pues ninguno de ellos alcanza a socavar los cimientos del principio de congruencia correctamente respetado en autos.

En consecuencia, por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de casación impetrado, con costas al vencido, por ser ley expresa (art. 106 procesal) Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, del 16/5/2003, en razón de lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA