marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Gestión de negocios, poder de policía, Municipalidad, intereses moratorios
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ SANLAU  S.A.A.G.C.I. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

Si nunca fue requerido el pago hasta la demanda y la Municipalidad actuó en la emergencia en ejercicio inmediato del poder de policía, para evitar un derrumbe no ocasionado por el propietario, sino por la demolición de un edificio vecino, no puede pensarse que no es aplicable el plenario que tiene como presupuestos situaciones obligacionales de distinto origen. Aquí todo indica que se trató del actuar lícito del ente público en beneficio de la comunidad al margen de la responsabilidad del particular.

No sólo sería necesaria la mora para que tenga derecho el acreedor a la actualización, sino que también ello se habrá de extender a cuando se pretende cobrar intereses moratorios, por virtud de lo dispuesto en los arts. 508 y 622 del Código Civil.

No es dable considerar desde la perspectiva del propietario si la deuda era de valor, pues como ningún valor debía la accionada, ya que la demolición no provino de su actividad ni fue requerido a efectuarla, el origen del cobro aparece como un gasto propio del poder de policía municipal en el cumplimiento de un servicio público de urgencia. Si bien el propietario no ha sido responsable sino víctima de una urgencia no producida por él, si la demolición parcial de dos pisos se produjo en su inmueble y es por ello que el cobro fue dirigido en su contra y admitido en lo principal por la propia accionada, es indudable que este propietario tendría derecho a reclamar de terceros, que provocaron el estado peligroso en situación de derrumbe, el cual hizo actuar a la Municipalidad, desde tal punto de vista, ha habido una gestión administrativa necesaria cercana a la de negocios que hace aplicable el art. 2298 del Código Civil (y arg. art. 1950 de dicho cuerpo legal), de donde los intereses deben cubrir los gastos a partir de su realización por el gestor.

Al margen de quien fue el verdadero responsable y contra el cual podrían invocarse derechos, exigiéndose la restitución correspondiente, el propietario se ve constreñido por una obra efectuada en su fundo, en virtud de las normas administrativas y del derecho privado aplicables por analogía, y sobre la base de esa configuración jurídica, "gestión de negocios", deben admitirse los intereses a partir de cada gasto.
Querellante, rechazo del querellante, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FERNANDEZ MOUJAN, JOAQUIN s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-20

A quien pretende constituirse en parte querellante y la resolución le es adversa, se le concede en el art. 84 C.P.P.N., la vía revisora ordinaria del art. 180 C.P.P.N. que le permite al pretenso querellante, quien no es parte, la posibilidad de apelar en los supuestos allí contemplados.
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cantarelli y Moguilianski S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

La paralización de los trabajos sin culpa de la contratista es generadora autónoma del reconocimiento por erogaciones que 'no producen' ni para el contratista ni para la Administración puesto que no existe ejecución de obra. Si esta paralización culmina en rescisión, es necesario, por imperio de la ley 6021, liquidar en favor de la empresa la suma que resulte de los conceptos enumerados en el art. 64 sin que exista derecho al reconocimiento de otros (inc. 'f'). Es decir que éstos procederán como consecuencia de la rescisión, de lo que se concluye que nada tienen que ver en este reconocimiento los gastos improductivos acaecidos con anterioridad, con motivo y ocasión de la paralización de la obra ordenada por la Administración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, jurisprudencia vinculante, sentencia, reenvío, Estado Nacional, sentencia condenatoria, intereses punitorios, astreintes, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO PREVENTIVO - PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 23256) - EJECUCION DE SENTENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 435 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Vueltos los autos en reenvío, corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad a fin de tratar los agravios de fondo de índole federal oportunamente introducidos por el Estado Nacional (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos), atento el pronunciamiento de la Corte nacional que declaró procedente el recurso directo y el extraordinario interpuesto y en consecuencia dejó sin efecto la sentencia apelada, con costas; por entender que el a quo - al resolver con excesivo rigor formal y sin conferir tratamiento adecuado a las constancias de la causa y a las normas sobre las que se sustentó el pedido de levantamiento de las sanciones conminatorias impuestas- no tuvo en cuenta , si existió reticencia del deudor a acatar la sentencia de condena, si el incumplimiento estuvo justificado o si la suma pretendida era desproporcionada en relación con la debida en concepto de honorarios.

De tal modo, al desatender la naturaleza del instituto y afectar el derecho de defensa del recurrente - a quien no podía endilgarse incumplimiento pues sostiene habría actuado al amparo de las disposiciones legales aplicables (régimen de consolidación de deuda pública -decretos 1639/93 y 483/95)- entendió mediaba un nexo directo entre lo resuelto y las garantías constitucionales invocadas que llevaba a que el pronunciamiento fuera descalificable como acto jurisdiccional.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


TS07I33425 SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 33425 CAUSA Nro. 54.312-2011 - SALA VII- JUZG. Nro. 43 Autos: "AYALA JUSTO RAMON C/ FRIGORIFICO MORRONE S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE -ACCION CIVIL Buenos Aires, 27 de abril de 2.012 VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la parte actora destinado a cuestionar la resolución del Sr. Juez "aquo" quien se declaró incompetente para entender en el reclamo vinculado al despido (fs.31/32 y 33/36).

CONSIDERANDO:

I) El actor inicia demanda por despido y accidente contra quien dice era su empleador "Frigorífico Morrone S.A." y en relación al accidente también contra "Liberty ART S.A.". El Dr. Magno aceptó la competencia territorial en relación al reclamo por accidente y se declaró incompetente con fundamento en que el domicilio de la A.R.T. no tiene ninguna incidencia en relación a la acción por despido.

Tal como lo destaca el Fiscal General se juzga conveniente que el magistrado entienda integramente en la causa fundamentalmente porque existe un reclamo derivado de irregularidades registrales y horas extraordinarias habituales (ver intercambio telegráfico fs. 7vta. y liquidación de fs. 12 p.D) por lo que no resulta aconsejable escindir las acciones acumuladas en el presente proceso (en igual sentido esta Sala en "Del Do Sebastián Alejandro c/ Distribuidora Don Juan S.R.L. y otro s/ despido " S.I. Nro. 29.802 del 29/8/08).

II) Declarar las costas de ambas instancia por su orden (art. 68 2da parte C.P.C.C.N.). Por lo expuesto y lo dictaminado por el Sr. Fiscal General a fs. 44 , el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente lo decidido a fs.31/32 y declarar la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la demanda vinculada con el despido. 2) Declarar las costas de ambas instancia por su orden.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Accidente de tránsito, daño por vicio o riesgo de la cosa, daños y perjuicios, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR, FRANCISCO L. c/ ORTIZ DE FASCETTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-04

Demandados por el peatón daños y perjuicios contra el conductor del vehículo que lo embistiera, es de aplicación el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil en los casos de accidentes en que han participado un rodado en movimiento y un peatón. Dicho sustento, adhiere, por otra parte, a la tendencia predominante, que entiende que tal hipótesis constituye un supuesto típico de daño provocado "por la cosa", o "por el vicio o riesgo", ya que el vehículo una vez puesto en movimiento, se torna una cosa peligrosa, generadora de un riesgo potencial.
Apreciación de la prueba, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vanni, Jorge Raúl c/ Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-18

Las resoluciones judiciales que omiten considerar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del litigio carecen de base adecuada para sustentarlas y deben descalificarse como actos jurisdiccionales.
Instrumentos privados, inexistencia del acto jurídico, firma falsa, falta de firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VALLEJO DE DISPARTE BEATRIZ c/ SAMUEL VALLEJO s/ Nulidad Acto Juridico (LIBRO: S133 - 181)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-26

La pericia caligráfica ha demostrado fehacientemente que estamos en presencia de un acto nulo de nulidad absoluta e insanable, o -para cierta jurisprudencia y doctrina- frente a un acto de los denominados inexistentes, por falsedad de firma o ausencia de ella; y me permito rememorar que se afirma que el acto jurídicamente inexistente es aquel que presenta sólo la apariencia de acto jurídico, pero que en realidad no reviste el carácter de tal por carecer de alguno de sus elementos esenciales, tratándoselo de distinguir del acto nulo sobre la base que funcionarían en dos planos jurídicos diversos: mientras la nulidad hace a la validez o eficacia, la inexistencia a la realidad misma del acto. Mas lo cierto es que, cualquiera sea la categoría que se acepte, la irregularidad es en el caso manifiesta. Ergo estamos en presencia de un acto nulo o jurídicamente inexistente, concluido en transgresión al orden público - en el que está en juego un interés que excede al de los particulares- y por ende, de nulidad absoluta, por lo que la pertinente acción puede ser deducida por cualquier persona interesada, e inclusive la nulidad (o inexistencia) puede ser declarada ( o constatada) "ex officio" por los jueces.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, base regulatoria, sentencia, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos "Ezrah" - Hospital Israelita. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

No existe razón alguna para que los auxiliares de la justicia obtengan una regulación económica distinta de la que resulta de la sentencia o transacción con la que hubiera concluido el pleito, ya que los aranceles vinculan el monto del honorario no sólo con el valor disputado, sino también con el modo de terminación del proceso (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Alpargatas  S.A.I.C. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

Ante la falta de explicitación del alcance con el que el legislador utilizó en el art. 5 de la ley 23.029 los vocablos "obligaciones que se regularicen", cabe acudir al criterio de hermenéutica conforme al cual el alcance de las leyes tributarias debe establecerse mediante una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo, computando la totalidad de las normas que lo integran para que el propósito de la ley se cumpla.
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso, razonabilidad tributaria, defensa en juicio, acusación alternativa, acusación fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Coria, E. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-18

El empleo de la acusación alternativa debilita el derecho de defensa de los justiciables por la imprecisión de la acusación ante la indeterminación de la conducta que se reprocha, pues no es lógico afirmar que el imputado intervino en un delito -imputación principal-, luego afirmar simultáneamente que no intervino en él -imputación alternativa-, violando todo principio de razonabilidad -Artículo 28 de la Constitución Nacional-, el derecho de defensa y garantía del debido proceso -Artículo 18 de la Constitución Nacional-, imponiéndole al imputado dar múltiples argumentos que hasta pueden resultar autocontradictorios, vulnerándose asimismo otras garantías constitucionales como el principio de congruencia y la igualdad de armas procesal, derivación del principio de igualdad constitucional (Del voto de la jueza Magdalena Laiño)
Juicio político, revisión judicial, jurisdicción y competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Quinteros, Ramón Reyes s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-07-12

Si los órganos jurisdiccionales franquearan el art. 131 de la Constitución Provincial, no solo incumplirán ese expreso mandato constitucional, sino que invadirán la esfera legislativa. En la valoración de la materia del juicio político la Constitución ha querido -por la categórica previsión de su art. 131- sustraerla de las manos de los jueces para reservar el control del acierto o desacierto de sus hacedores a la decisión del pueblo soberano a través del sufragio. Por ende en el marco constitucional provincial no puede jurisdiccionalmente conocerse la materia del caso subexamen sin previamente declarar la contrariedad constitucional del propio y aludido art. 131 de la Carta Fundamental de la Provincia.
Tasa de justicia, base imponible, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Samuel Gutnisky  S.A.I.C. s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-19

Los procesos cautelares carecen de autonomía desde el punto de vista del derecho sustancial, toda vez que su finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso, que es el que versará sobre la pretensión principal.

Por ello, a los fines de tributar el impuesto de justicia cabe tener en cuenta precisamente el valor de los créditos cuya percepción se intenta garantizar.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, exceso ritual manifiesto, juicio, trámites judiciales, plazo, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: P. DE M., M. T. s/ ABANDONO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 674-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

Si al analizar sobre la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se ha acudido a efectuar reflexiones que parecieran no corresponder a la materia de juzgamiento de esta Corte, es por la necesidad de enfatizar cómo y de qué modo se han transmutado en la sentencia impugnada, los valores en juego: en vez de enfocarse el proceso como una instrumentalidad útil que no se desentienda del resultado a alcanzar, se han canalizado todos los esfuerzos en aras de una nulidad estéril que aparece como la consumación total de un ritualismo incompatible con el derecho a la jurisdicción.
Filiación por técnicas de reproducción humana asistida, voluntad procreacional, registro del estado civil y capacidad de las personas
Materia: PROCESAL
Carátula: P. V. N. y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo - otros s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-28

La cuestión relativa al derecho de filiación que alegan los actores, en la medida en que pretenden desplazar la fuente de la filiación consagrada en el artículo 562 del Código Civil y Comercial, debe ser tratada por los jueces civiles con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas (conf. art. 4 de la ley n° 23.637). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Jurisdicción y competencia, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, Estado Provincial, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chubut,  Provincia del (Dirección General de Rentas) c/ ArgencardS.A. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

El respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de su derecho público.
Recurso extraordinario, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA DE SANCHEZ, Lidia Norma c/ O. S. DEL SINDICATO DE LA INDUSTRIA ACEITERA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

Lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituyen materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que la determinación del monto de litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos, la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son como regla insusceptible de tratamiento en instancia extraordinaria.-
Secuestro de bienes, automotor secuestrado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Borelli Ricardo Donato c/ Saieg Héctor Edgardo y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Habiéndose adquirido los derechos y acciones de un boleto de compraventa y no el automotor sobre el que recae, no corresponde el secuestro de éste, debiendo acudir el comprador a la vía pertinente a hacer valer sus derechos (arg. art. 563 del C.P.C.). (Minoría u opinión personal)
Transacción, homologación judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Alarcón, María Paula c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y pensionados (P.A.M.I.) s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-09

El art. 832 Cod.Civil establece que: "la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas". En el caso, la controversia se hallaba circunscripta a la existencia o no de presuntas diferencias salariales emergentes del cálculo de la bonificación por antigüedad, habidas a partir del mes de mayo de 2007 y hasta la fecha de la pericia. Dichos hechos litigiosos o dudosos han quedado sellados el 9/5/89 con el dictado del Plenario Nº 325 cuya doctrina reza: "la entrada en vigencia del CCT 697/05 "E "obsta a seguir incrementando anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de la vigencia de dicho convenio colectivo". Teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigencia del convenio referido - 1/12/2005 - y la fecha a la se refieren los conceptos reclamados - a partir de mayo del 2007 - resulta evidente que la litigiosidad o duda respecto de la materia a resolver había desaparecido. En consecuencia y de conformidad con lo establecido por el art. 303 CPCCN, la cuestión debe ajustarse a la interpretación establecida en el Plenario aludido, no correspondiendo la homologación de los acuerdos.(del voto del Dr. Zas en minoría)
Indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BOGGIANO, EMILIO C c/ PARK, JAE WAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-04

La indisponibilidad del vehículo está claramente referida no sólo a la actividad profesional, sino al uso normal que cualquier propietario dé a su vehículo.

El daño en cuestión es uno sólo e idéntico, resultando el derivado de la indisponibilidad del coche para su actividad profesional comprensivo del otro.
Interpretación de la ley, empresas del Estado, empresa privada
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Avellaneda c/ ENTEL  en liquidación s/ ejecuciónfiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Teniendo en cuenta que los destinatarios de la ley 22.016 son los entes y empresas estatales, lo dispuesto en ellas no importa la eliminación de las prerrogativas establecidas por los arts. 39 y 40 respecto de las empresas privadas prestadoras del servicio.
Prescripción, responsabilidad extracontractual del Estado, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Soto, Rubén y/u otro. c/ Estado Mayor Gral. de la Armada. s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03

La situación que se plantea ha sido concretamente considerara por la Corte Suprema en el Caso "Díaz" (en el que se resolvió que los reclamos por daños sufridos por ciudadanos que cumplen el Servicio Militar prescriban en el plazo de dos años previsto en el art. 4037 del Código Civil, porque se halla en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, siendo indiferente que el perjuicio sea consecuencia de una actividad lícita o ilícita).
Despido sin causa, relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Eliseo c/ Transporte Delssin y/o Delssin Francisco s/ Despido Indirecto.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-31

No prospera el agravio de la parte demandada contra la sentencia del a-quo que declara existente la relación laboral. Ello así, ya que si bien es cierto que estricto-sensu, el demandado no trató de probar la existencia de un contrato, eventual, propiamente dicho sino la existencia del vínculo, por existencia de un contrato ocasional que no generaría obligaciones recíprocas, la existencia del contrato surge del propio reconocimiento documentado, de lo contrario, si el vínculo era inexistente resulta inexplicable que haya existido una intimación a reintegrarse a sus funciones y luego un despido por abandono de trabajo, si el vínculo no existía no había funciones ni pudo existir abandono, por ello la conclusión de la existencia de la relación laboral es correcta y el agravio no puede prosperar.
Desistimiento, exención de costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzur, Sergio Isidro c/ B.C.R.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Lo dispuesto en el artículo 73 C.P.C.C.N. no es de aplicación automática, ya que si concurren circunstancias suficientemente serias - y distintas a las allí previstas - como para que la parte que desiste sea eximida de las costas, corresponde admitir la valoración judicial prevista en la 2da. parte del artículo 68 C.P.C C.N. .
Recurso de queja (procesal), morosidad del proceso, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Mónica Beatriz c/  s/ queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-16

Corresponde declarar abstracta la queja por retardo de justicia incoada por la abogada defensora oficial de los imputados ante la omisión del Magistrado de grado, de resolver el sobreseimiento total y definitivo de los encausados y sin proveer los prontos despachos presentados, toda vez que se dictó auto de sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Locación, depósito en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Herrera de Fernandez Elba del R. c/ Di constanzo Mario y otros s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-14

Si bien al momento de redactarse el contrato seguramente se pensó en la "conclusión" por vencimiento del plazo locativo a efectos de la devolución del depósito en garantía, ello no autoriza a interpretar que si el contrato concluye con anterioridad al término estipulado no exista la obligación de reintegrar dicho depósito (art. 1198 CCI, art. 4 ley 23091). (MINORIA U OPINION PERSONAL)