Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05


C.C.C. Fed. Sala II Cattani - Irurzun 5.2.2008 LOZANO, Santiago M. s/nulidad Causa 25.767 Reg. 28.023 J. 2 - S. 3.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2008.

VISTOS: Y CONSIDERANDO: I- Que las presentes actuaciones se elevan a conocimiento del Tribunal para resolver en torno al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Santiago Manuel Lozano, a cargo del Dr. Mariano Silvestroni, contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a fs. 26/7 de este incidente, mediante la cual resolvió no hacer lugar a la nulidad interpuesta. A través de esta vía, el imputado solicitó la nulidad tanto del decreto mediante el cual se dispone su citación a prestar declaración indagatoria como del acto mismo, por entender que el único elemento de cargo de que se valió el instructor fue la declaración testimonial prestada con anterioridad por Lozano en este sumario.

II- Que, sin embargo, esta Alzada no habrá de compartir la pretensión articulada, pues el análisis de los actuados permite advertir que, mas allá de las consideraciones efectuadas por el representante del Ministerio Público Fiscal en la presentación de fs. 4664/70, existen en el sumario aquellos elementos previos que sustentaron la sospecha que habilitó su convocatoria. De tal forma, obran a fs. fs. 7, 47, 100, 222, 1210/33, 1406/7, 1260/71, 1330/45, 1863/88, 2145/71 y 3723/4, entre otras, todas aquellas constancias que dan cuenta a esta altura que existió un desvío de fondos públicos que fueron utilizados para abonar complementos salariales a todos los funcionarios políticos de la administración pública durante los años 1989 a 1999 -entre los cuales se encontraba el imputado- y que, algunos, aprovechando la irregularidad que rodeó el sistema así implementado, sustrajeron sumas no compatibles con la citada finalidad. La circunstancia de que aún no se hayan escuchado a la totalidad de las personas que pudieron haber participado de una u otra forma en los hechos investigados, poco aporta al análisis de la cuestión aquí debatida. Con ello, habrá de rechazarse la pretensión introducida.

III- Sin embargo, se advierte que en oportunidad de efectivizarse su declaración indagatoria a fs. 5922/9 de las actuaciones principales, entre los elementos citados como de cargo se incluyó la declaración testimonial prestada por Lozano en anterior oportunidad en este proceso -ver fs. 1759/60-, circunstancia que importó una efectiva violación a principios procesales de raigambre constitucional y que conllevan a revocar el decisorio recurrido disponiendo la nulidad del acto. Es que se ha sostenido que constituye motivo suficiente para decretar la nulidad de la declaración indagatoria, la enumeración como prueba de cargo de los dichos que previamente había vertido el imputado en forma testimonial, aún cuando se lo relevó del juramento que oportunamente prestara (conf. causa n° 15.687 Portillo, rta. el 7/9/99, reg.n° 16.802). La trascendencia que el acto conlleva torna necesaria la adopción de todos los recaudos tendientes a resguardar debidamente las garantías procesales tuteladas por la Constitución Nacional, no pudiendo sostenerse válidamente -tal como lo hace la Oficina Anticorrupción y el Sr. Fiscal- que una violación como la verificada en autos constituya un Aerror material que no genera agravio, desde que importa una clara limitación al derecho de defensa del imputado. Menos aún puede afirmarse -como lo hace el Sr. Juez de grado- que el equívoco se produjo al haber consignado Apruebas existentes en su contra en vez de Apruebas obrantes en el expediente, pues no caben dudas en cuanto a que el objetivo de la declaración indagatoria, de acuerdo a las pautas fijadas por el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación, es poner en conocimiento del encausado aquellos elementos de cargo que conformaron el estado de sospecha al que alude el artículo 294 del citado código instrumental. Y, entre ellos, de ningún modo pueden incluirse los dichos prestados bajo juramento de decir verdad. A...[C]uando lo que se trata de asegurar es la plena vigencia de una garantía constitucional, cual es la del art. 18 de la Carta Magna -que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo-, toda actuación u omisión que de algún modo pueda invalidarla o disminuirla -al menos en el ánimo del declarante- debe ser evitada y proscripta de las prácticas judiciales... (Conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, en causa n° 2.471 Antolin, rta. el 30/11/00, reg. n° 765.00.3). De este modo, advirtiéndose una afectación en el ejercicio efectivo y libre del derecho de defensa de Lozano, corresponde declarar la nulidad de su indagatoria y de los actos que fueron su consecuencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 167, inciso 3ro., 168, segundo párrafo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación.

IV- A fin de evitar dispendios jurisdiccionales innecesarios, advirtiendo que las declaraciones indagatorias obrantes a fs. 5664/72, 5753/63, 5817/25, 5844/53, 5914/21, 5935/42, 5943/51, 5967/75, 5989/6000, 6012/9 y 6028/35 presentan el mismo vicio aludido en el Considerando precedente, por cuanto en ellas también fueron incluidas las testimoniales tomadas anteriormente a los imputados y prueba cuya valoración jurisdiccional se encuentra vedada, corresponde declarar la nulidad de las citadas piezas -artículo 441 del Código Procesal Penal de la Nación- y hacerla extensiva a aquellos actos que fueron su consecuencia. V- De acuerdo a ello, habrá de encomendarse al instructor que proceda a la inmediata renovación de todos los actos viciados de conformidad con lo señalado en los Considerandos precedentes. Es en virtud de lo precedentemente expuesto que este Tribunal RESUELVE:

I- CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 26/7 en cuanto NO HACE LUGAR a la nulidad del decreto mediante el cual se llamó a prestar declaración indagatoria de Santiago Lozano, de conformidad con lo señalado en el Considerando II.

II- REVOCAR la resolución obrante 26/7 de este incidente y DECLARAR LA NULIDAD de la pieza procesal obrante a fs. 5922/9 de las actuaciones principales y de los actos que fueron su consecuencia -artículos 167, inciso 3ro., 168, párrafo segundo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación-.

III- DECLARAR LA NULIDAD de las declaraciones indagatorias obrantes a fs. 5664/72, 5753/63, 5817/25, 5844/53, 5914/21, 5935/42, 5943/51, 5967/75, 5989/6000, 6012/9 y 6028/35 de la causa principal y de todo lo actuado en su consecuencia, de conformidad con lo señalado en el Considerando IV de este decisorio -artículos 167, inciso 3ro., 168, párrafo segundo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación-.

IV- ENCOMENDAR al Sr. Juez de grado que proceda del modo indicado en el Considerando V de la presente. Regístrese, déjese constancia de lo aquí resuelto en el incidente n° 26.054 que se encuentra en trámite en este Tribunal, hágase saber al Sr. Fiscal General y remítase a la anterior instancia, donde deberán practicarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar.