marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia originaria, incompetencia, autonomía municipal, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente de la Municipalidad de Castelli c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa (art. 322 Cód. Procesal)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-10

Es ajena a la competencia originaria de la Corte la acción iniciada por un intendente - en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- contra la Provincia de Buenos Aires con el fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 190 a 197 de la Constitución local, sección titulada "Régimen Municipal", como así también de las normas y disposiciones dictadas en consecuencia, pues no solo requiere analizar prescripciones de la Constitución Nacional sino que comprende cuestiones de índole local y de competencia de los poderes provinciales, lo cual evidencia el incumplimiento del recaudo necesario para suscitar la competencia originaria de la Corte en los supuestos en que una provincia es parte, esto es, que la cuestión federal resulte predominante en el pleito (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Quiebra, crédito fiscal, prueba, subasta, tercería de mejor derecho, recurso de casación
Materia: LABORAL -COMERCIAL
Carátula: LOZA ALFREDO DAVID c/ ASOCIACION  MUTUAL  DE AYUDA RECIPROCA PARA OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL METAL Y AFINES DE LA PROVINCIA s/ QUIEBRA - CREDITOS FISCALES - PRIVILEGIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-20

En el subexámen no surge que el deudor se encuentre en estado de concurso. Aún en el supuesto de admitir que sin él es posible hacer valer privilegios y sin distinguir la preferencia según su clase general o especial-, lo cierto es que los acontecimientos de la causa revelan que los organismos considerados por la a quo como acreedores de mejor derecho, no se opusieron al beneficio compensatorio solicitado (Procuración de la Municipalidad de Córdoba), o bien guardaban silencio (Dirección General de Recaudación Tributaria de la Municipalidad de Córdoba y Dirección General de Rentas), resultando las presentaciones posteriores al remate extemporáneo. Por otra parte ninguna de las reparticiones citadas utilizó los recursos legales, que les hubiera permitido lograr sus pretensiones (tercería de mejor derecho). En consecuencia corresponde casar el pronunciamiento de la a quo en este aspecto y entrar al fondo del asunto según lo prescribe el art. 105 Ley 7987 -
Libertad de expresión, libertad de prensa, doctrina de la real malicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P. C. , M. c/ A. , G. R. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-07

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Ramos", consolidó la doctrina de la real malicia. En dicho precedente, nuestro máximo tribunal adopta por unanimidad "los estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema de los Estados Unidos, toda vez que alude a que tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en cuestiones de esa índole, aun si la noticia tuviere expresiones falsas e inexactas, los que se consideran afectados deberán demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad y obró con real malicia, esto es, con el exclusivo propósito de injuriar o calumniar y no con el de informar, criticar, o incluso, de generar una conciencia política opuesta a aquél a quien afectan los dichos".
Recurso de apelación (procesal), intendente, destitución, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruarte, Isidro Eleuterio s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-04

Corresponde declarar abstracta la cuestión suscitada en el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del cuerpo deliberativo que destituyó al intendente si, al tiempo de emitir pronunciamiento se dispuso, mediante la ley 6941, la intervención del departamento Ejecutivo Municipal y del Consejo Deliberante y la cesación en el cargo de sus autoridades.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Califfi, Angel Gabriel c/ Maderera La Loma S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

Los efectos normales de la aplicación del art. 415, son los que el mismo prevé, en tanto no se halle desvirtuado por elementos de juicio obrantes en la causa, que aconsejen una solución diversa. Si bien estos efectos, no obligan al juez pues carecen de valor absoluto, es totalmente inexacto que éste se encuentre facultado a hacer caso omiso de las presunciones señaladas por la ley de rito, cuando nada autoriza a hacerlo (doct. art. cit.).
Plan austral, desagio, depósito bancario, cláusula de actualización, inflación
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A. Cía. Azucarera Tucumana s/ quiebra - inc. cobro de crédito promovido por la sindicatura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Corresponde aplicar el desagio en los depósitos con cláusula de ajuste por índices combinados de precios, si la previsión inflacionaria no se cumplió por la desaceleración que produjo la puesta en práctica del sistema previsto en el decreto 1096/85.
Ejecución de sentencia, apartamiento de la doctrina de la corte, sentencia condenatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Litwinchuk, Emilio c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-13

Al trámite de ejecución de una sentencia firme y consentida, iniciado por el actor cuando el término concedido al organismo se encontraba largamente excedido, no le resulta aplicable el plazo de 120 días hábiles del art. 22 de la ley 24.463 -según texto corregido por el art. 2 de la ley 26.153- para el cumplimiento voluntario de las sentencias condenatorias dictadas contra A.N.Se.S.; correspondiendo fijarlo en 30 días contados a partir de quedar firme el presente fallo.
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

La cantidad de testigos deponentes por una y otra parte no es regla axiológica a tener en cuenta cuando se valoran declaraciones testimoniales; más aún cuanto en el proceso laboral no rige el principio testis unos, testis nullus y en tal caso el testimonio debe ser apreciado y relacionado con las restantes pruebas producidas.
Automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALLEJOS TERESA BEATRIZ Y OTRA c/ VARINI ESTEBAN LUIS O ESTEBAL LUIS s/ ACCION SUBROGATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-30

Contrariamente a lo sostenido por la actora apelante, la mera circunstancia de ser el accionado titular registral del automotor cuya transferencia gestiona, no conlleva al acogimiento de la demanda si no probó que estuviera obligado a otorgarla a la persona por la que se intenta actuar, vía subrogatoria mediante.
Banco Nación, Derecho laboral, contrato de trabajo, empleados públicos
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramón Raúl RUIZ c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ EMPLEADOS  PUBLICOS  -  CONTRATO  DE  TRABAJO  - BANCO DE LA NACION -  DERECHO DEL TRABAJO - IN DUBIO PRO OPERARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

La calidad de persona jurídica estatal del Banco de la Nación no implica que necesariamente deban aplicarse las normas del derecho público, y no del derecho del trabajo, a quien se hallaba dentro de los beneficios estatutarios, sociales y previsionales del personal administrativo.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Arce, Luis c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-15

La responsabilidad por el perjuicio debe quedar ceñida por la medida de la contribución causal del agente, sin que quepa poner a cargo de éste, sobre la base de la concausalidad, la totalidad del daño.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMI DOZO, BASILIO ARTURO. c/  s/ DECRETO 158/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

El control parlamentario de constitucionalidad es propio de cada una de las Cámaras del Congreso en el ámbito de su competencia funcional lo que se extiende a la determinación de sus efectos; se trata de un control preventivo, anterior a la sanción de una ley y no configura una indebida asunción de funciones judiciales ni un avance sobre el Poder Judicial, que es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano Legislativo (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Arresto domiciliario, permiso de salida, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: B. M., G. A. c/  s/ salidas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-12

En relación a todas las cuestiones relacionadas con menores, se debe estar al interés superior del niño, consagrado por la Convención de los Derechos del Niño y las Leyes 26.061 y 26.472. La vigencia y operatividad de los derechos fundamentales de los niños evaluados con un sentido que contemple su interés y conveniencia, debe prevalecer por sobre las razones de cautela que puedan justificar un encarcelamiento meramente precautorio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., R. M. c/ G., J. J. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

Si bien las cuestiones de índole procesal se encuentran por su naturaleza reservadas en principio a los jueces de la causa y excluidas del recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando -como ocurre en el caso- la Alzada -por mayoría- ha conferido un tratamiento irrazonable a la litis, adoptando una solución que traduce una interpretación que se aparta del texto de la norma procesal en juego, desentendiéndose a su vez de las particulares circunstancias que rodean al caso, desde que el voto de la mayoría de la Cámara invalida las declaraciones testimoniales de los familiares de la actora -en los que se basó la Jueza de grado para hacer lugar a la demanda- a partir de una hermenéutica que no se compadece con el texto mismo del artículo 217 del Código de rito local, que establece que no podrán ser presentados como testigos contra una de las partes, el cónyuge aunque esté separado, los parientes y afines en línea recta o en segundo grado de la colateral y los tutores, curadores o pupilos, y si bien la expresión contra una de las partes utilizada en la redacción de la norma puede no resultar feliz, ya que la prueba testimonial no se ofrece a favor o en contra de ninguna de las partes sino para confirmar ciertos enunciados sobre hechos, con todo, descarta la posibilidad exegética de que la inadmisibilidad de la prueba testimonial allí apuntada establezca como regla general que los sujetos comprendidos en la norma no puedan ser propuestos como testigos por ninguna de las partes, sino que la limitación comprende tan sólo a aquellos testigos que sean familiares de la contraparte de quien lo ofrece; mas el voto mayoritario, por el contrario, al extender el supuesto de inadmisiblidad a todas las partes, sin distinciones, confiere una amplitud a la norma que ésta no contempla, dirigiendo el énfasis interpretativo a la parte del precepto que dispone que "no podrán ser presentados como testigos", omitiendo hacerse cargo argumentalmente de la expresión que le sigue inmediatamente a continuación "contra una de las partes. - CITAS: CSJN: Fallos:308:1078, 2360; 311:341; 312:184. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial, artículo 217. - DOCTRINA: ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe", 1° ed, Rosario, Ediciones AVI, 2014, Tomo 2, págs. 1626/1627.
Responsabilidad médica, daño moral, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, extravío de material de biopsia
Materia: CIVIL
Carátula: Maone, Adelina María c/ Sanatorio Anchorena  S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

El daño moral persigue como finalidad, compensar los padecimientos físicos y espirituales de la víctima, los sufrimientos, las angustias derivadas de la incertidumbre sobre su grado de restablecimiento, como también toda lesión a las afecciones sentimentales.

Corresponde hacer lugar al daño moral demandado por la víctima contra el sanatorio, donde fue asistida como consecuencia de la pérdida del material extraído para una biopsia ya que no se puede dejar de ponderar el inmenso dolor que debió experimentar la damnificada como consecuencia de la gravísima falta cometida por los dependientes del hospital al perder el taco de la biopsia y con ello la posibilidad de efectuar un examen anátomo - patológico del tejido erradicado. Máxime si en lugar de arbitrar los medios para dar una rápida solución al problema planteado ante los requerimientos de ella con total desparpajo prolongaron la incertidumbre dilatando innecesariamente una respuesta que aclarara definitivamente la cuestión.

Ello revela una actitud de manifiesta temeridad desaprensión, rayana con el más absoluto desinterés por la vida de los semejantes;

comportamiento que no se compadece con la extrema diligencia y cuidado que es dable exigir a quienes presten un servicio de salud.
Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota, principio de legalidad, Constitución Nacional, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Los principios constitucionales invocados por la Procuración, hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la Ciudad (1/10/96), tenían jerarquía constitucional en el orden local por remisión al texto de la Constitución Nacional. Para la mayor parte del período fiscal por el que se reclaman diferencias en el pago del impuesto a los ingresos brutos tributado por Martínez y Lutz S.R.L serán aplicables estas últimas y para el anticipo 11 de 1996 lo será la Constitución local. De todos modos, la solución que corresponda, no se verá alterada en un caso y otro pues la ciudad en su estatuto reitera en materia tributaria los criterios consagrados en el orden federal. En lo que ahora interesa, en ambos supuestos, se garantiza la inviolabilidad de la propiedad y los tributos se someten fuertemente al principio de legalidad, especialmente considerado en la carta local (art. 17 CN, arts. 12 inc. 5 y 51 CCBA). (Del voto del Dr. Muñoz).
Recurso extraordinario, recurso extraordinario local, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Mariano Marcelo Bocazzi en la causa Bocazzi, Mariano Marcelo y otros s/ causa n° 34.126/10
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-12

Las resoluciones por las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios locales que se interponen ante ellos no son, en principio, impugnables por la vía del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 313:1045; 328:4597; 329:4775; 330:4211), principio que puede ceder, con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, ante supuestos de excesivo rigor formal susceptibles de menoscabar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal (Fallos: 315:356; 326:2759 y3334). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Contrato de trabajo, transferencia del personal
Materia: LABORAL
Carátula: CARSEN PITTALUGA, MIGUEL c/ CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

El art. 230 L.C.T. establece que lo dispuesto en el Título XI (relativo a la "transferencia del contrato de trabajo") "no rige cuando la cesión o transferencia se opere a favor del Estado", lo que determina que no se verifique, en tales casos, ni la transferencia de la relación, ni el traspaso de las deudas devengadas ni responsabilidad solidaria. Cabe agregar que, si el trabajador continúa laborando en el establecimiento cedido al Estado, habrá constitución de una nueva relación, con pérdida de la antigüedad, a menos que la normativa que la dispone prevea una solución distinta.
Medidas cautelares, Museo Histórico Nacional, clausura del establecimiento, división de poderes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " SECRETARIA DE CULTURA s/ apelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14

Resulta improcedente lo actuado por el juez instructor en cuanto dicta y mantiene en contra de lo solicitado por una repartición pública con objeto cultural (Museo Histórico Nacional) una medida cautelar de índole procesal fundado en la preservación de la prueba- que evidentemente si bien concierne al éxito del proceso- por cuanto su sola mención es insuficiente para justificar la medida excepcional que exige, como mínimo, la identificación de los elementos que se pretende asegurar (entre muchos otros) y la acreditación de que el medio escogido no sólo es idóneo sino también necesario, es decir, que no existan alternativas menos gravosas para alcanzar la finalidad buscada. Tampoco es argumento válido para ello el peligro de reiteración delictual. Vinculado al argumento precedente, este peligro o bien se asocia a los funcionarios imputados o bien emerge de la pura creatividad del instructor. Es que si se trata de lo primero, la violación del principio de inocencia y el apartamiento del derecho penal de acto a favor de un derecho penal de autor, lo hace intolerable desde el punto de vista constitucional. Si responde a lo segundo, es meramente un fundamento aparente. Y por último, que que la clausura es "la única y necesaria medida para la protección de las obras del Museo que se encuentran totalmente desprotegidas por las gravísimas falencias de los sistemas de seguridad (cámaras de seguridad, alarmas, guardianes de sala, etc.)" y "el único medio idóneo y necesario en este caso para asegurar derechos constitucionales de incidencia colectiva. Cabe señalar al respecto que el Tribunal, en coincidencia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado la necesidad de exigir el máximo grado de prudencia en la verificación de los recaudos de procedencia de las medidas cautelares para no caer en excesos jurisdiccionales que signifiquen un menoscabo de los poderes y funciones administrativas atribuidas por las leyes que las instituyen y les confieren sus competencias respectivas (c. 34.772 "BRAMUGLIA, Guillermo A. s/ medida de no innovar", rta. 20/10/2002, reg. 1117). Ese límite de prudencia ha sido excedido en el caso, donde la exorbitancia de la actuación del a quo no sólo ha dejado en el olvido el objeto procesal circunscripto por el titular de la acción penal sino que ha invadido competencias que le son evidentemente extrañas.
Medida de no innovar, marcas
Materia: CIVIL
Carátula: Puma Se c/ Primer Round Srl s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-27

En la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, por lo que no corresponde desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento. Es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. (Fallos: 320:1633).
Regulación de honorarios, segunda instancia, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOI ERNESTO c/ ANA SCORDO Y OTRO s/ des (LIBRO: S084 - 451)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-17

Si únicamente se apeló la imposición de costas de la sentencia, a los efectos regulatorios de los honorarios de Alzada sólo deberá computarse como monto de lo litigado en Segunda Instancia, la suma a que ascienden las costas de cuyo pago la recurrente pretendía librarse.-
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, colación, donación, reserva de usufructo, sentencia arbitraria, defensa en juicio, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Baca, Laura Mercedes c/ Baca, Osvaldo Marcelo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

La sentencia que computó solamente a los efectos de la colación de un bien, que había sido donado con reserva de usufructo, el valor de la nuda propiedad consagra una interpretación de las normas, con relación a las circunstancias del caso, en términos que equivalen a su prescindencia, lo cual autoriza a revisar lo resuelto, pues configura una lesión al derecho constitucional de la defensa en juicio.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, quiebra, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINDICO DE LA QUIEBRA DE ANDRES STERNI S.A. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD. s/ NULIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-16

No existe quebrantamiento de las cláusulas constitucionales referentes al debido proceso legal o a la garantía de la defensa en juicio por la circunstancia de que no se haya aplicado al caso el art. 149 de la ley 19551 como pretende el recurrente, si el perjuicio invocado es resultado de su propia conducta discrecional.