marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de dependencia, propiedad industrial, concesión de patente, derechos del inventor, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley, solicitud de patente, retroactividad de la ley, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Yorbandi, Eduardo Segundo c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Beneficios Laborales - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-12-05

En el caso, el actor reclama el pago por el uso que hace la empresa demandada del equipo muestreador de materiales granulados y/o molidos que inventara durante la relación laboral que mantuviera con la demandada y que comenzó a funcionar para la empresa a fines de la década de 1980. Extinguida la relación laboral en 1995, al año siguiente el actor solicita el patentamiento de su invento, el que le es otorgado en el año 1999.

Centrándose la cuestión en el derecho aplicable, todo indica que la situación quedó agotada en el marco del Art. 82 apartado 2do. de la LCT, y la Ley 111, ya que el inicio de la explotación del invento de la actora se remonta a fines de la década del año 1980 cuando el ordenamiento legal vigente en esa época establecía diferentes derechos y obligaciones a las del régimen actual.

En consecuencia, no corresponde en este caso concreto la aplicación de la Ley 24.481 por el hecho de que con posterioridad, bajo un nuevo régimen, el actor haya solicitado y obtenido la patente del invento.

Aplicar el régimen de la ley 24.481 que el recurrente pretende, significaría ir en contra del principio general de la irretroactividad de la leyes y de la seguridad jurídica.

En conclusión, la función del recurso de casación no es habilitar una tercera instancia que deba atender las denuncias de injusticia traídas por los litigantes, movidos tan sólo por un criterio distinto al que adopta el Tribunal de Alzada para resolver las cuestiones sometidas a su decisión, razón por la cual corresponde rechazar el recurso de casación intentado y confirmar el Fallo de Cámara en todo lo que fue materia de agravios.

(Del voto del Dr. Oviedo-Por la Mayoría)
Accidente de tránsito, víctima menor de edad, bocacalle
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Marisa s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Obra imprudentemente el conductor que al llegar a una bocacalle y ante la presencia de un menor de edad montado en una bicicleta, no detiene por completo su automóvil. Tal precaución resulta exigible al considerar que el principio de confianza no rige cuando uno de los actores resulta un menor impúber conduciendo una bicicleta.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SIPROSALUD s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-02

No ha sido fácil determinar si corresponde conceder el Recurso Ordinario de Apelación en los casos en los que la recurrida es una sentencia definitiva que contiene una regulación de honorarios.
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares, mediación
Materia: PROCESAL
Carátula: CPN SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

La argumentación que propugna el apelante acerca del contenido del art. 207 del Código Procesal y la ley 24.573 de Mediación Obligatoria, no resulta admisible. En ese sentido, el carácter de "demanda" atribuido a la "mediación previa" no surge de la normativa que rige el instituto (v. arts. 1, 14 y concordantes de la ley 24.573 y del decreto reglamentario 91/98), ya que se trata de un procedimiento extrajudicial previo a la iniciación de todo juicio (conf. esta Cámara, Sala II, causa 4199/01, "Productos Sanitarios Cancela SA c/ Kcar SA s/ cese de oposición al registro de marca", del 5-11-2002). En consecuencia, no es una instancia judicial como pretende el accionante. Teniendo en cuenta que el trámite de mediación finalizó en las presentes actuaciones el 15-12-06, y que la medida cautelar fue trabada con fecha 28-11-06, es claro que al momento en que se dedujo la acción principal (28-2-07), el plazo previsto por el art. 207 del Código Procesal ya se había cumplido, por lo que la caducidad planteada resultó procedente y bien decretada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, interdicto de recobrar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cataldo, Marta Luján c/ Capodacqua, Ofelia Carlota s/ Intedicto de recobrar Pérez, José c/ Recofsky, Osvaldo A. s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-11|2001-09-26

El pronunciamiento de la Cámara que desestima el interdicto de recobrar, no reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que nada obsta al recurrente el ejercicio de las acciones pertinentes para hacer valer sus derechos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demanda al Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en la instancia originaria de la Corte, cualquiera sea la materia del pleito (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).
Acumulación de procesos, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: COOP. CRED. CONS. SER. ASIST. CTRO. URB. RANELAGH c/ CONSEJO LIQ. DE GREMIOS MARITIMOS s/ ESCRITURACION - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que, demandándose en ambos expedientes a la misma persona como consecuencia de un mismo hecho y cuando entre ambas causas existe con evidente conexidad que aconseja una tramitación conjunta a los fines de evitar decisiones contradictorias, la acumulación de procesos constituye la medida adecuada para asegurar la unicidad de decisión a los efectos de un ajustado servicio de justicia.
Acción de amparo, licitación pública, obras públicas, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LOPEZ GONZALEZ, JORGE JAVIER (PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE HUILLAPIMA) c/ PROVINCIA DE CATAMARCA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-22

Por una parte, si la autoridad administrativa por excelencia -Poder Ejecutivo- ha generado actuaciones administrativas para concretar una licitación pública para la construcción de una obra pública- materia administrativa-, no corresponde que La Corte de Justicia en la presente acción de amparo, renuncie a su competencia material, originaria, improrrogable, de orden público y atribuida explícitamente por la propia Constitución Provincial en materia contencioso administrativa.

Por otra parte, el voto de la mayoría, para declarar la incompetencia de este Tribunal, y atribuírsela a los jueces inferiores, sostiene que los derechos afectados resultarían de rango constitucional, por lo que tal materia primaría sobre la materia administrativa en la cuestión que se debate.

En tal sentido considero que dicho argumento confunde el acto impugnable con su efectos, en tanto, si bien como resultado del mismo podrían vulnerarse Derechos Ambientales de rango constitucional, por supuesto, también va de suyo que el origen de tales potenciales resultados derivarían de actos esencialmente administrativos, por su objeto, causa, finalidad y sujetos, razón por la cual corresponde declarar la competencia de este Tribunal para entender en la presente acción de amparo. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva .En Disidencia
Honorarios, acuerdo de partes, transacción, fraude
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GONZALEZ, RAUL E. c/ COMPAÑIA GILLETTE DE ARGENTINA  S.A. s/ DEMANDA RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-20

El análisis de la causa me lleva a sostener que, no obstante que formalmente el presentante no aparece suscribiendo el controvertido convenio, el mismo no le es en absoluto ajeno, ni ha sido suscripto con la intención de vulnerar sus intereses, que es -precisamente - el valor que ha pretendido resguardar el art. 19 de la ley 7.269, dicha norma persigue en su letra y en su espíritu -conforme la interpretación auténtica que lo corrobora -, esencialmente, evitar el "fraude", que significaría alejar a un letrado de un pleito en el que ha venido interviniendo, a fin de arribar a un acuerdo con el patrocinio de otro abogado. En tal caso, sus término no alcanzan a quien no ha intervenido en él, por aplicación de los principios generales del contrato.
Financiamiento de los partidos políticos, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista s/ Presentación de estado anual patrimonial 2010 - art. 23 ley 26.215
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-09

Corresponde que un proceso dirigido a determinar responsabilidades personales por infracciones al régimen de financiamiento partidario prosiga con arreglo a lo establecido en el Fallo CNE 4887/12, pues surge de las constancias de la causa que no habría mediado participación personal de los afectados, siendo que a los fines de la defensa en causas de esa naturaleza resulta necesaria la intervención personal de aquéllos, además de resaltar que éstos tampoco se encontraban individualizados por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien tiene a su cargo la función acusatoria.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BELDOMENICO, HUGO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.   IMPUGNACION A LA LIQUIDACION DE LA DEUDA.     CSJ EXPTE NRO 309-80 BALDASARRE, MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.   IMPUGNACION A LA LIQUIDACION DE LA DEUDA.     CSJ EXPTE NRO 308-80 MOLEON ANDREU, ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ IMPUGNACION DE LIQUIDACION    RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-30|1984-05-30|1990-10-18

El tribunal debe determinar lo adeudado por la parte condenada en el juicio Contencioso Administrativo, de conformidad a las disposiciones legales y a lo resuelto por sentencia firme.
Recurso de casación penal, sentencia, iura novit curia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LLORET, VICENTE s/ RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1969-03-20

Si la cita del artículo, hecha por el tribunal a quo, es equivocada, ella debe ser corregida, aunque, en el caso no produzca modificación en la pena.-
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Gustavo David s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

No viola la Cámara la regla non bis in ídem al considerar que la declaración de reincidencia derivada de una condena no impide su valoración como circunstancia agravante, pues el hecho de que esa declaración importe la pérdida del beneficio previsto en el art. 13 del Código Penal en nada obsta a que tal conducta también traduzca mayor peligrosidad en los términos del art. 41 inc. 2 del Código citado.
Dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Curruman, Elvira Evarista c/ García, Argentino s/ Dif. de Haberes e Ind. de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-31

Sobre la valoración posible de una pericia como medio probatorio de un litigio, ya se ha decidido que su apreciación, de conformidad a las reglas de la sana crítica, es facultad de los jueces, los que tienen respecto de la pericia judicial, la misma libertad de apreciación que para el examen de las medidas probatorias, pudiendo hacerlo con la latitud que a su ciencia y conciencia les adjudica la ley.
Cheque, multa, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kum, Daniel Gregorio s/ Recurso de Apelación (art.64 de la Ley 24452). Kum, Daniel Gregorio s/ Recurso de Apelación (art.64 de la Ley 24452).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-13|1996-05-13

Con relación al monto de la multa, en caso de ser rechazado el cheque por falta de provisión de fondos o sin autorización para girar en descubierto, la multa ser equivalente al cuatro por ciento del valor del cheque, con un mínimo de cien pesos ($100) y un mínimo de cincuenta mil pesos ($50.000) (art.62, ley 24452), y en caso de ser rechazado el cheque por motivos formales, la multa ser equivalente al 2% de su valor (del cheque), (art.2do, ley 24452).
Acción penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: R., M.A. y Otros s/ Lesiones y Resistencia a la Autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

El juzgador en la interpretaci¢n de la ley no puede dejar de tener en cuenta la política criminal encarnada en la finalidad del instituto. No admitir un criterio amplio que posibilite la suspensión del juicio a prueba en cualquier etapa del procedimiento es quitarle vida al instituto, es limitarlo de tal forma que no satisfaga su fin último, dejándolo acorralado bajo una función secundaria en el ámbito del proceso técnica e indiscutiblemente denominada plenario, juicio o debate.
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Juan D. A. s/ Infr. artículo 292  C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria que pretenda llevar a cabo el personal policial, no resulta por sí sola equivalente al consentimiento de aquél, en la medida que tal actitud debe hallarse expresada de manera que no queden dudas en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización.

Cuando el prestar declaración indagatoria en la que se dejó expresa mención de no haberse opuesto al procedimiento policial, resulta dudosa la libre expresión de voluntad manifestada ante los funcionarios policiales.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cajal, Julio Luciano c/ Argen Carne S.A. y otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Para la determinación del tope máximo a que se refiere el art. 8 de la ley 9688 debe estarse al salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo en que el trabajador adquiere conocimiento de su incapacidad.
Usufructo, reservas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cufre de Echavarri, Eugenia A. c/ Cufre de Bessega, María Inés s/ Revocación de donación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

La reserva de usufructo consiste en limitar la transmisión del derecho a la nuda propiedad manteniendo quien la enajena el derecho real de usar y gozar de la cosa en su propio patrimonio.
Prueba testimonial, buena fe procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Hugo Elbio c/ Acevedo, Juan Alberto y-o quien resulte propietario y-o responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-28

La buena fe se presume en todos los ámbitos del derecho y ese principio es extensivo para apreciar el valor de la declaración del testigo cuya imparcialidad es puesta en duda.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Elía, Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

La ley 10.869 -que derogó la ley 4373-, y a su vez, fue modificada por la ley 10.876, preven una nueva forma de ejercicio de la acción judicial impugnatoria de los fallos dictados por el Tribunal de Cuentas (art. 31, ley 10.867) que regirá, conforme a las disposiciones de derecho transitorio que consagran, "a partir del ejercicio 1990" (art. 46, ley 10.869, texto según ley 10.876), puesto que la frase "...se observará el procedimiento y los plazos previstos en la presente ley" (art. cit. última parte), debe interpretarse como comprendiendo no sólo al trámite que se lleva a cabo ante el Tribunal de Cuentas, sino también a la subsiguiente acción judicial. Por tal razón es que la ley 10.876, al modificar a la ley 10.869, dispone que las normas derogadas seguirán rigiendo para los supuestos comprendidos en el art. 46 (art. 47, ley 10.869 texto según ley 10.876). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Extradición, cooperación internacional, pedido de extradición, requerido, pena de muerte, Estado requirente, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Villavicencio, César Octavio  c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-28

Si, aunque el Estado requirente aseguró que la pena de muerte no será solicitada ni impuesta, se advierte que de hacerse lugar a la entrega, la pena máxima que eventualmente se le impondría al imputado sería de cadena perpetua y no surge de las actuaciones el régimen de ejecución de esta pena a la que quedaría sometido, ello resultaría contrario al orden público internacional argentino ya que un encierro de por vida resulta incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo que resulta necesario que el país requirente esclarezca si esa pena que eventualmente se le impondría al imputado admite alguna posibilidad de libertad (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento
Materia: CIVIL
Carátula: P. c/ B. s/ RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Las causales de recusación previstas en el Código Procesal son de carácter taxativo y deben ser entendidas y ponderadas con criterio restrictivo. El art. 20 del CPCC exige que en la presentación del recusante sea imprescindible señalar concretamente los hechos demostrativos de la existencia de las causales que pongan en peligro la imparcialidad del magistrado (cfr. Fassi, "Código..." t° I, pág. 109).

No se advierte que el Juez haya adelantado indebidamente opinión sobre el fondo del litigio, cuando las particulares circunstancias de tener que resolver sobre un régimen provisorio de visitas imponen la emisión de ciertas consideraciones que se relacionan con la cuestión sustancial, pero que no constituyen sino la expresión del fundamento necesario, exigido por la ley,para sustentar la decisión requerida.
Contrato de garaje, depósito comercial, precio, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTA ANA <S.R.L.> c/ JUAN PERALTA Y OTRO s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-10

El vínculo que relaciona a quien contrata un espacio en algún garaje, configura un convenio de tipo innominado porque participa de las características de la locación de cosas, de la de servicios y prevaleciente de las del depósito.

En ese orden, dentro de las reglas del depositario se ha considerado al propietario del garaje. El depósito nace o tiene por objeto un acto de comercio, si es realizado por un comerciante, aún cuando la actividad de guarda no será la principal, ese acto (accesorio a su actividad principal) tiene un fin de lucro; por lo que se verifica el elemento objetivo y el subjetivo que distingue el depósito comercial. En el régimen comercial la falta de convenio sobre retribución del depositario, no excluye la existencia del depósito comercial, sino que la falta de estipulación expresa concede el derecho a exigirla (art. 573, C. de Comercio), por cuanto los servicios del depositario comercial se presumen onerosos, salvo prueba sobre el precio convenido, la renumeración queda determinada por el uso de la plaza (art. 573, 1ra. y 2da. parte del C. de Comercio). El contrato de depósito comercial es un contrato unilateral, y por cierto excluido de la órbita de la ley de convertibilidad 23928.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SÁNCHEZ BUSTOS Carlos M. c/ La Torre Carlos Iván s/ Ejecución de sentencia (ejecución de sentencia de honorarios) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-07-25

Si la impugnante invoca la errónea interpretación del artículo 21 de la LCQ y la omisión de aplicar dicho artículo, sumado a los artículos 32 y 56 del mismo ordenamiento pero sin embargo, lo que en realidad pretende es que se revise la cuestión fáctica de si la obligación por honorarios nació o no con anterioridad a la apertura del concurso; corresponde desestimar el recurso de casación. Tiene dicho el Tribunal que la revisión de cuestiones fácticas y probatorias es notoriamente ajena a la finalidad específica de la casación. Y que el recurso es inviable cuando, aunque se pretexten objeciones normativas, en realidad se insta dicha revisión (PRE 1981-313; 1982-87; S.2ª, 1989-77; etc.).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: O., J. G. y Otra c/ G., S. y/u Ocupantes s/ DESALOJO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-06

El juicio de desalojo no es la vía adecuada para debatir y dilucidar cuestiones que desbordan su objetivo, tales como son las relativas a la posesión o al mejor derecho a la misma.

Así, cuando el litigio se refiere a cuestiones propias de acciones posesorias, petitorias o contractuales, ajenas al ámbito de dicho proceso, aunque la calidad de poseedor del demandado presente visos de seriedad, tales cuestiones deben ventilarse por otros medios procesales creados para ello.
Acción de amparo, representación legal, grupos vulnerables, menores, responsabilidad de la Municipalidad, Estado Provincial, Estado Nacional, certiorari, Programa de Nutrición y Alimentación Nacional, inadmisibilidad del recurso, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Esquivel, Roberto y otro c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social y otros  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2022-12-21

Frente al amparo iniciado por los actores, en representación de sus hijos menores de edad para reclamar al Estado Nacional, la provincia y el municipio para que cesen en las conductas que habían conducido al grave estado de desnutrición de aquellos y adopten acciones de asistencia alimentaria, es improcedente la pretendida exclusión de responsabilidad del Estado Nacional basada en que con la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional se habría cumplido con los mandatos que impone la normativa vigente, pues debe requerirse cuanto menos un adecuado control en el cumplimiento de las políticas públicas adoptadas en la materia; máxime cuando se ha erigido en la autoridad de aplicación y control del programa en cuestión (Disidencia del juez Lorenzetti). -La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Sistema inquisitivo, nulidad procesal, competencia
Materia: PENAL
Carátula: G. J. R. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-16

Una de las características del proceso inquisitivo reformado, y que lo ha llevado a su crisis actual, es el planteo continuo de nulidades con la intención de impedir que la causa avance. En este aspecto, el tribunal debe evitar que el proceso se transforme en una verdadera competencia para anularlo (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirieron los jueces Morin y Días).