marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, patrocinio letrado, divorcio, autonomía de la voluntad, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL
Carátula: R. A. G. y otro/a c/  s/ divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-10-19

Debe revocarse el proveído por medio del cual se ha exhortado a las partes a presentarse con patrocinio letrado individual, pues el Código Civil y Comercial de la Nación regula el instituto del divorcio en los arts. 437 y 438, en los cuales si bien establece diferentes requisitos y ciertas pautas referidas al proceso, nada estatuye en torno a la necesidad de que el patrocinio letrado deba ser individual. Surge como un elemento esencial del nuevo proceso de divorcio, el respeto por la autonomía de la voluntad de los solicitantes. Es decir que, en aquellos procesos de divorcio en los cuales no se adviertan conflictos entre los peticionantes ni se observen posibles perjuicios a los intereses de alguno de los integrantes del grupo familiar, no se justificaría -en principio- la exigencia de un patrocinio letrado individual. En el caso, las partes han manifestado que la separación se produjo en términos cordiales, que sus hijos son mayores de edad y que en forma privada dividieron el patrimonio perteneciente a la comunidad, presentando únicamente un convenio de compensación como único punto que requeriría homologación. Es por eso que en este contexto particular, no corresponde exigir un patrocinio letrado individual.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coradazzi, Abel Antonio c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Cooperativa Agrícola Ganadera La Defensa Ltda. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13|1988-02-23

Tratándose de decretos reglamentarios, los jueces deben admitir, en principio, la interpretación asignada a ellos por los órganos ejecutivos, apartándose tan solo en casos extremos de clara irrazonabilidad, grave error, falta de fundamentos o arbitrariedad manifiesta.
Embargo, bienes inmuebles, terceros, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO PROVINCIA DE CORDOBA c/ P. R. ALLENDE s/ EMBARGO-CLAUSULAS DE ESTABILIZACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-15

La garantía que el bien gravado presta al acreedor no se extiende más allá del valor del embargo. Frente al deudor, el ejecutante podrá ciertamente obrar fuera de ese límite y percibir del precio de venta una cantidad mayor que el monto del gravamen, pero no ya como embargante sino como acreedor, actuando sobre la garantía genérica del patrimonio en su conjunto.- Pero este derecho no existe frente al adquirente del bien gravado, quien no siendo deudor, responde por el bien adquirido no con todo su patrimonio sino únicamente en los límites del embargo. En el caso de inmuebles, el valor del gravamen por el cual debe responder el tercero, no es otro que el que resulta de las inscripciones registrales de acuerdo con las disposiciones de los arts. 2 y 22 de la ley 17.801.-
Cuestiones de competencia, competencia federal, acción de amparo, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Canto Uson, María del Pilar c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

Al requerir el juez federal, en el marco de una acción de amparo, el informe previsto en el art. 8º de la ley 16.986, tácitamente admitió su competencia, circunstancia que impide volver sobre el tema, y al elevarse la causa a la cámara con motivo de la medida cautelar que aquél había denegado, la alzada debió expedirse únicamente sobre ello y no pronunciarse sobre la competencia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Nulidad de sentencia, fuero de responsabilidad penal juvenil, solicitud de libertad condicional, debido proceso, defensa en juicio, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., L. D. s/ Recurso de Queja c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-08

Corresponde anular el decisorio de la Cámara de Apelaciones que confirma la resolución del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, que no hizo lugar a la incorporación del encartado en el régimen de libertad condicional prescindiendo de la audiencia prevista en el artículo 60 de la Ley N° 13.634, pues transgrede las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso legal y derecho de ser oído. (KOHAN SD).
Recurso extraordinario, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallardo García, Ramón Carlos y otro s/ hurto de automotor - causa n? 1601 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Cuando en el trámite recursivo ante la alzada ha mediado un menoscabo a la garantía constitucional de la defensa en juicio del acusado de tal entidad que - más allá de cualquier imperfección en la habilitación de la competencia de la Corte para conocer en el caso -afecta la validez misma del proceso, esa circunstancia debe ser atendida y resuelta con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiese planteado.
Adopción, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: Villordo, Miguel Angel y Bravo Patricia Isabel s/ Adopción Plena del menor David Emanuel Villordo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-10-30

Cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño se refiere a aquel interés superior del niño apunta a mucho más que preservar su identidad biológica.De otra manera no se explica que en su art.7 inc.1 de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, por ejemplo, se les reconozca el derecho a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos en la medida de lo posible o verbigracia, cuando en su art. 9 se determina que el niño no será separado de sus padres, excepto cuando se considere que tal separación es necesaria en el interés superior del menor, o bien cuando en el inc.3 del mismo precepto se habla del derecho que le asiste al niño de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres -cuando esté separado de uno o de ambos- salvo si ello es contrario al interés superior del menor.
Cheque, cheque sin fondos, falta de pago
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Otero, Rubén Alberto c/ Mauro Decandia s/ PROMUEVE QUERELLA S/ DEFRAUDACIóN S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-20

Procede el recurso de casación penal, correspondiendo casar la sentencia por violación del art. 302 inc. 1ro. CPE y absolver de culpa y cargo al procesado, cuando -como en el caso- está plenamente probado por declaración del imputado y reconocimiento del denunciante, que el llamado cheque ingresó al tráfico comercial un mes antes de la fecha cartularmente consignada y el pago fue exigido al librador luego de los sesenta días de la fecha real del libramiento. Ello así, en tanto no hubo un cheque propiamente dicho, -obligación de pago pura y simple- ni tampoco hubo fe pública digna de protección, ya que nadie pudo haberse sentido engañado.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guerrero Lopez Julio s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Los honorarios del letrado del acreedor peticionario de la quiebra constituyen un gasto de justicia realizado en beneficio común de los acreedores, al que debe atribuirse la preferencia del art. 240 de la ley 24.522. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falta de fundamentación, principio de congruencia, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aluar Aluminio Argentino s/ Incidente de Revisión en autos "Servicoop s/ConcursoPreventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-04

Media causa bastante para anular una sentencia, cuando v.gr., se omitió absolutamente la fundamentación de lo decidido, o si la sentencia adolece de vicios de construcción que impiden su cabal entendimiento, o ya si violando el principio de congruencia resuelve cuestiones extrañas a la litis o elude otras planteadas y conducentes.
Pensiones, extinción del derecho, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GODOY, MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 74-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-05

La ley 4800, que entró a regir a partir del año 1958, no resulta aplicable si no era la ley vigente al momento en que nació el derecho a pensión por parte de la actora, o al momento de presentar la misma su solicitud de recupero del beneficio provisional cancelado.

En el caso, fallecido su padre en 1938, vigente la ley 2722, se otorgó pensión a su hija soltera en ese año. Tal beneficio fue declarado caduco en 1952 -por aceptar la beneficiaria un puesto público rentado- solicitándose la recuperación del mismo en 1978, vigente la ley 6915-73, no obstante ello, la ley 4800 no contempla el caso de autos.
Proceso penal, instrucción, plazo, ley procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., C. s/ Presentacion referida articulo 208 codigo procesal penal (Expte Nº  55- 00, Resolución Nº  47, Tomo 5, Folio 365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-18

El propio texto del artículo 208 (C.P.P.) que refiere a los plazos de sustanciación de la instrucción, comienza indicando como norma general que ella no deberá durar más de noventa días, precisando que ese tiempo debe contarse "...desde la recepción de la indagatoria...". En los tres párrafos que siguen al inicial y que es al que antes hiciéramos referencia, se tratan excepciones al principio general, con lo que queda en claro que el término inicial de los plazos sigue siendo el mismo, esto es, el de recepción de declaración indagatoria. Al llegar a su cuarto y último párrafo, la norma establece otro principio general que es el de que en ningún caso la instrucción podrá exceder de dos años, y, aunque no refiera expresamente ese plazo a su primera disposición, por la continua remisión que a él hiciera en sus parágrafos anteriores, pareciera que debe entenderse que también aquí está aludiendo a dicho punto de partida. Los plazos de la investigación a que estamos aludiendo, no parece sensato entenderlos como dirigidos a poner límites a la persecución estatal sin ninguna otra finalidad, sino que han de interpretarse como encaminados a tal fin pero en aras de la seguridad de los ciudadanos, reconociéndoseles como garantía que no podrán ser objeto de una investigación que pueda extenderse desmesuradamente en el tiempo, siendo claro que esta situación de persecución personal comienza formalmente con la recepción de declaración indagatoria. En un entendimiento como el apuntado, no solo resulta conciliado el interés de la sociedad en que se esclarezcan los hechos afirmados como delictivos con el interés del individuo perseguido en que se ponga límite a su situación de incertidumbre frente a la persecución, sino que además se armoniza la norma procesal penal con la garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) respecto al derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, puesto que este derecho sólo podría ser reclamado desde el momento en que esa persona ha sido objeto específico de persecución estatal y no antes. Acorde con lo hasta aquí razonado, ha de entenderse que el plazo máximo de duración señalado por el artículo 208, parte final, del Código Procesal Penal, debe comenzar a contarse desde el momento en que se recibió declaración indagatoria.
Juicio político, sistema republicano, publicación de la sentencia, inamovilidad de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La publicidad de las razones por las cuales son removidos - por el juicio político - los funcionarios que gozan de inamovilidad en sus cargos, constituye un principio que no puede soslayarse sin afectar el contralor de los actos de gobierno inherente al sistema republicano.
Costas, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Corones, Gladys María. c/ Marval y O'Farrell Sociedad Civil. s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Corresponde imponer las costas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal) si ambas aprtes vieron afectadas sucesivamente sus garantías de raigambre constitucional en el curso del proceso y una y otra, tambien defendieron en las respectivas instancias la solución que mejor convenía a sus intereses.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagella, Roberto A. c/ Felice, Jorge H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Aún cuando se establecieran "valores actuales", esto es, adecuados a la realidad económica en que se pronuncia el fallo, sin acudir a la "actualización", "reajuste" o "indexación", términos que suponen una operación aritmética, no hay razón para variar la forma de liquidar intereses dispuesta para estos últimos supuestos.
Recurso de queja (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIÑO CARLOS ENRIQUE c/ PROKOPIJ YAROSLAD s/ EJECUTIVO RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL SR.GUSTAVO PROKOPIJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-14

Que atento la manifiesta inoficiosidad del recurso interpuesto y de conformidad a los reiterados fallos dictados por esta Sala y que fueron citados por la Cámara, corresponde no aplicar costas por no haber sustaciación y lo dispuesto por el artículo 74 , 3er párrafo última parte del Código Procesal Civil y Comercial y omitir regular honorarios -artículo 9 de la Ley de Aranceles.
Estado Provincial, deuda pública, títulos ejecutivos, pagaré, acción cambiaria, contratos administrativos, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

Resulta esencial para la determinación del pronunciamiento en una causa donde se discute la competencia contencioso administrativa para la ejecución de pagarés suscriptos por la Provincia para el pago de deudas por obras públicas que, desde su comienzo, el litigio se haya orientado hacia el análisis de hipotéticas anomalías generadas en la contratación pública que causó los respectivos instrumentos (pagarés); análisis que por mandato constitucional no puede ser realizado sino por este Tribunal. (Del Voto en Mayoría del Dr. Barraguirre).
Contrato de trabajo, excepción de prescripción, suspensión del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Moraglio, Evelyn Priscila  c/ Exclencia y Management S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-05

Corresponde confirmar una resolución que hizo lugar a una excepción de prescripción interpuesta por ambas demandadas en los términos del art. 256 de la LCT, toda vez que la interposición del reclamo ante la autoridad conciliatoria "suspende" el curso de la prescripción, pero no lo "interrumpe", es decir que no corresponde tener por no sucedido el tiempo transcurrido con anterioridad al reclamo, sino que debe entenderse que el tiempo que inicia y concluye con un acto suspensivo detiene la prescripción durante ese lapso de tiempo, pero al concluir se reanuda el transcurso del plazo prescriptivo y aprovecha al lapso anterior (cfr. 3983 CC y actual 2539 CCyCN).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: ACEROS SAN JUAN SACI c/ Nader Solfagharian y Cadeco S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-02-10

La excepción de compromiso documentado, mas allá de las disidencias que genera el estudio de su naturaleza, parte de la doctrina afirma que se trata de un acto jurídico complejo consiste en un acuerdo que puede ser arbitral planteándose en consecuencia como excepción procesal ya que las partes han acordado someter sus diferencias a un Tribunal determinado extraño a la jurisdicción, o puede ser un compromiso sustancial que importa un pacto de no pedir y se emparenta con la remisión de la deuda.

El elemento esencial que perfecciona el nacimiento de la relación procesal arbitral, dando plena relevancia y completo desarrollo al acuerdo de las partes compromitentes, es la convergente y manifiesta voluntad de los árbitros nombrados: la aceptación por parte de ellos del encargo conferido" y agrega "si no hay proceso arbitral mientras falta la aceptación de los árbitros, quiere ello decir que, gracias a esta última, produce el compromiso todos sus efectos.
Moneda, actualización monetaria, pago, conversión de la deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANDRES, OSCAR V. c/ MASSICOT MENDOZA, CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-06

Corresponde hacer lugar al pedido de indexación de una deuda no solo hasta el 15/6/85, sino hasta su efectivo pago en razón de que:

a) en caso de ser "negativo" el interés, sería de aplicación el plenario del fuero del 13-4-77, que admite el ajuste según índice de precios, y b) en el caso inverso, el recurrente estaría resignando derechos creditorios suyos.
Empleados públicos, transferencia del personal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CHIESA, GLADYS NOVOA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 702-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

En rigor, "pase", "traslado" o "adscripción" no son términos equivalentes. En la práctica administrativa provincial el "traslado" -en principio- implica el pase a otra dependencia y, consecuentemente, el sueldo se paga en esta última, dejando de pertenecer el agente a la originaria, lo que no ocurre en la adscripción.

En el orden nacional aflora la distinción a nivel del derecho objetivo. En la adscripción, el agente es desafectado de las tareas inherentes al cargo en que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar, con carácter transitorio, en el ámbito nacional, provincial o municipal y a requerimiento de otro organismo o dependencia, funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales propias del área solicitante. En cambio, el traslado de un agente de una dependencia a otra dentro de la misma jurisdicción presupuestaria, solamente podrá tener lugar para la prestación de servicios que correspondan a su situación escalafonaria.
Empleados públicos, traslado, Administración Pública, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fornero, Edelberto Jacinto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 431 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

El traslado es, por un lado, un derecho condicionado del empleado y, por otro, una facultad también condicionada de la Administración a la efectiva existencia de las razones de interés del servicio, como regla general, y a la no violación de derechos adquiridos del agente.
Competencia civil, actos y diligencias procesales, diligencias preliminares, amparo colectivo
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur - Proconsumer c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ diligencias preliminares
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

La diligencia preliminar en el proceso colectivo, consistente en obtener precisión respecto a la consistencia de los cargos cobrados por la entidad financiera que se alegan ininteligibles y que permitirán dar fundamento normativo para encauzar correctamente la demanda, excede la naturaleza de la medida, pues éstas son útiles para conocer datos cuando no existe otra manera, situación que evidentemente no encuadra en el presente, ya que todos los clientes del banco pueden requerir personalmente lo que aquí se pide judicialmente. Además, la diligencia preliminar que se peticiona incluye aspectos ajenos a lo que sería prueba anticipada, ya que comprende cuestiones ajenas a una mera diligencia al requerir una explicación de una conducta.
Cuestiones de competencia, hábeas corpus, economía procesal, resoluciones judiciales, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ambrosino, Miriam G. y ot. c/ Obra Social del Personal deRefinerías de Maíz s/ pago de diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

La falta de una correcta traba de la cuestión de competencia no obsta al pronunciamiento de la Corte Suprema cuando razones de economía procesal así lo aconsejan tal como ocurre en una acción de hábeas corpus.
Infracciones aduaneras, autodenuncia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUANTICA EDITORA  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Lo relevante para constituir autodenuncia en los términos del art.

178 de la ley de Aduana (t.o. 1962) es la conducta del interesado a fin de llevar a conocimiento de la Aduana los hechos constitutivos de la infracción.

En el caso en cuestión, la presentación espontánea de la actora manifestando fielmente los hechos permitió al fisco tomar conocimiento de las circunstancias señaladas. El breve lapso transcurrido entre la fecha de embarque y la presentación espontánea, y ello no es en principio revisables dados los límites del recurso previsto o por el art. 86 inc. b) de la ley 11.683, análogo al actual art. 1180 del código de la materia (ley 22415);

este modo debe declararse, cuando, no se advierte que se haya apartado al a-quo de las formas legales o incurrida en error en la apreciación de los hechos, máxime teniendo en cuenta la latitud de la norma contenido en el art. 1057 de las OOAA.
Régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bake S.A. c/ Municipalidad de Olavarría s/ Daños y perjuicios Ramos, Claudio Gabriel c/ Empresa Social de Energía de Buenos Aires S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11|1998-06-11

La garantía de igualdad ante la ley impone la obligación de tratar de un modo igual a los iguales, en iguales circunstancias, lo que no impide la distinción razonable entre quienes no se encuentran en las mismas condiciones. Por lo tanto el diferente tratamiento dado en la ley 11.192 a los créditos laborales según su monto no importa un desconocimiento de la garantía de igualdad.