Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-08-06


2º Instancia.- Azul, agosto 6 de 2009.

1º ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación deducido a fs.333 por la codemandada María de Jesús Esquivel? 2º ¿Es justa la sentencia de fs. 281/292 vta? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Peralta Reyes dijo:

Contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 281/292 vta., la parte codemandada María de Jesús Esquivel deduce a fs. 333 recurso de apelación, habiendo sido concedido el mismo libremente por el Sr. Juez "a-quo" a fs. 340.

Elevados los autos a la Alzada se dicta la providencia de fs. 383, por la que se manda expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del Cód.de Proc.

El informe de Secretaría que obra a fs. 409, da cuenta del vencimiento del término legal en la cual el apelante debía dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho.

Sentado lo expuesto, atento a lo normado por el art. 261 del C.P.C.C., no habiendo presentado el recurrente el escrito de expresión de agravios dentro del plazo legal (conf. informe fs. 409), corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte codemandada María de Jesús Esquivel.

Así lo voto.

Los doctores Galdós y De Benedictis votaron en igual sentido.

2º cuestión.- El doctor Peralta Reyes dijo:

I. La demanda de autos fue incoada por Celia Cristina Sanzberro, por sí y en representación de su hija menor de edad L. P. F. V., reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios que a ambas les produjo la muerte de Luis Alberto Ferreira Vicente, esposo y padre de las accionantes, respectivamente. En cuanto al accidente de tránsito en el que falleció Luis Alberto Ferreira Vicente, se dice en la demanda que el mismo acaeció el día 15 de noviembre de 2000, aproximadamente a las 20,20hs., en la intersección de Avenida Colón y calle Laprida de Olavarría. Y se afirma en el escrito inicial de proceso que, en esa oportunidad, Julio César Rodríguez al comando de un automóvil marca Volkswagen, modelo Senda, dominio SEJ 635, que circulaba por Avda. Colón en el sentido N.O a S.E, embistió en su glúteo izquierdo a Luis Alberto Ferreira Vicente, quien en ese momento intentaba el cruce de la avenida, por la senda peatonal en sentido coincidente con la calle Laprida. Se destaca que, a raíz de la fuerte embestida, la víctima fue despedida y quedó suspendida en el aire, hasta que fue nuevamente golpeada por el parabrisas y el parante delantero derecho del rodado, impactando fuertemente en su cabeza; y se agrega que, como consecuencia del accidente, el peatón sufrió serios daños en su salud que, posteriormente, le causaron la muerte por shock séptico post traumático debido a traumatismo de cráneo (fs. 7 vta.).

La demanda en análisis fue promovida contra Julio César Rodríguez, Omar Luis Ramón Etchelet y María de Jesús Esquivel, el primero por haber sido el conductor del automotor en el momento del siniestro, y los restantes en el carácter de titulares registrales del vehículo. Asimismo, se solicitó la citación en garantía de Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. (fs. 7 vta. y 11 vta.). El reclamo indemnizatorio formulado por las actoras se centró en el daño material derivado de la muerte (denominado lucro cesante), en base a un ingreso de la víctima de $ 1.000, el que proyectado sobre quince años de capacidad laboral arrojó una cifra de $ 180.000. Se peticionó, concretamente, la suma de $ 60.000 para la cónyuge y la cantidad de $ 120.000 para la hija menor de edad (fs. 11/11 vta.). También se reclamó el daño moral derivado del fallecimiento del cónyuge y padre de las actoras, a razón de $ 100.000 para cada una de éstas, lo que hace un total de $ 200.000 (fs. 10/11). Todo ello con más los respectivos intereses (fs. 11 vta.).

II. A fs. 31/39 se presentó a los autos la citada en garantía Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Ltda., quien planteó las defensas de inexistencia de cobertura del seguro y falta de denuncia del siniestro, contestando en subsidio la demanda incoada. En torno a la falta de cobertura, sostuvo que al momento del siniestro se encontraba cancelada la cobertura del seguro, en virtud del incumplimiento del pago del premio por parte de la asegurada María de Jesús Esquivel (fs. 31 vta.). Ofreció prueba pericial contable a fin de acreditar dicho extremo (fs. 38 vta.). Respecto a la falta de denuncia, aseveró que no fue formalizado este requisito esencial del contrato de seguro, el que tiene por finalidad permitir que el asegurador ejerza sus derechos de verificación y control (art. 47 de la ley 17.418). Agregó que recién se notificó del siniestro el día 13-9-02, o sea cuando se le dio traslado de la demanda de autos (fs. 34 vta./35). En subsidio, la nombrada aseguradora contestó la demanda (fs. 35 vta. y sgtes.).

Cabe destacar, además, que mediante providencias de fs. 47 y 56, se declaró la rebeldía de Julio César Rodríguez y María de Jesús Esquivel; habiendo desistido la actora, con posterioridad, de la acción deducida contra Omar Luis Ramón Etchelet (fs. 70).

III. Transcurrida la etapa probatoria que tuvo su inicio con la providencia de fs. 71, se procedió al dictado de la sentencia de fs. 281/292 vta., la que fue aclarada mediante resolución de fs. 309, donde se precisó que el pronunciamiento no incluía a Omar Luis Ramón Etchelet, puesto que la actora había desistido de la acción a su respecto. Este es el decisorio que ha llegado apelado a esta alzada, únicamente por la parte actora, puesto que al abordarse la cuestión anterior se declaró la deserción del recurso interpuesto por la demandada.

En dicha sentencia se hizo lugar a la demanda promovida contra Julio César Rodríguez y María de Jesús Esquivel, a quienes se condenó a abonar a Celia Cristina Sanzberro la suma de $ 40.000 y a su hija L. P. F. V. la suma de $ 50.000, en concepto de indemnización de los rubros referidos en los considerandos XVI a XX, con más los intereses a liquidarse en base a las pautas sentadas en el considerando XXII, con costas a los demandados. Por el contrario, se rechazó la citación en garantía de Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Ltda., por inexistencia de la cobertura al momento del siniestro, en virtud de la falta de pago del premio en que incurrió la asegurada, con costas a la demandada vencida (fs. 292/292 vta.).

IV. Seguidamente, me referiré a los aspectos de la aludida sentencia que constituyen el objeto de la expresión de agravios de la parte actora, pues los restantes han devenido firmes en atención a la forma en que la cuestión litigiosa ha llegado a esta alzada (arts. 260, 261 y 266 del Cód. Proc.).

De este modo, arriba firme a esta alzada todo lo relativo a la mecánica del accidente, la cual fue sintetizada por la juzgadora a fs. 285, donde señaló que el día 15 de noviembre de 2000, Luis Alberto Ferreira Vicente se encontraba trasponiendo a pie -en el sentido S.O a N.E- el cruce de la Avenida Colón a la altura de su intersección con calle Laprida de Olavarría, por la zona de la calzada destinada a senda peatonal. Siendo en esas circunstancias, cuando el nombrado peatón fue embestido por el automóvil Volkswagen Senda, dominio SEJ 635 (conducido por Julio César Rodríguez, de propiedad de Omar Luis Ramón Etchelet y María de Jesús Esquivel, y utilizado como remís), el que circulaba por la avenida en dirección N.O a S.E. y sin advertir su conductor, con la suficiente antelación, la presencia de la víctima a fin de evitar la embestida (fs. 285). Así concluyó, más adelante, en que la causa única en la producción del evento dañoso se encuentra en la falta de atención y diligencia puesta en la conducción del automotor por quien lo guiaba, lo que le impidió, indudablemente, mantener el dominio de su vehículo y maniobrar correctamente a fin de evitar la colisión (fs. 287 vta.).

Incursionando, pues, en los puntos que han sido motivo de los agravios de la parte actora, cabe destacar que la a quo se refirió, en primer lugar, a la defensa interpuesta por la aseguradora de inexistencia de cobertura por falta de pago del premio. Y dijo la juzgadora, en esta parcela del litigio, que corresponde hacer lugar a la defensa en examen rechazando la citación en garantía, a mérito del dictamen técnico de fs. 172/174 y 187/189, donde el perito contador refiere que la póliza contratada por la demandada se encuentra registrada como anulada, por falta de pago, en el libro respectivo, con fecha 1 de agosto de 2000. Sostuvo, además, que en cuanto a la notificación fehaciente de la anulación, dicha circunstancia pierde relevancia en razón de haberse decretado en autos la rebeldía de la titular de la póliza María de Jesús Esquivel (fs. 288/288 vta.).

Se ocupó después la sentenciante de la indemnización de los daños y perjuicios derivados del accidente, fijando los resarcimientos por daño material y daño moral que ya he mencionado en el apartado III, con sustento en las distintas motivaciones vertidas en los considerandos XVI a XX del pronunciamiento en análisis (fs. 288 vta./291 vta.). En el capítulo pertinente de este voto me referiré a dichas consideraciones de la a quo, a fin de confrontarlas con las críticas que en la materia ha ensayado la parte actora apelante.

V. La sentencia indicada fue pasible del recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 296/296 vta. y concedido libremente a fs. 297. Luego de elevarse los autos a esta alzada, las actoras expresaron agravios en escritos separados pero de igual tenor que lucen agregados a fs. 388/397 vta. y a fs. 398/407 vta. A su vez, el recurso de apelación deducido por la demandada María de Jesús Esquivel (fs. 333), no fue fundado en esta instancia, razón por la cual al tratarse la cuestión anterior se declaró su deserción.

Los agravios de las actoras apelantes se entroncan en dos temáticas claramente diferenciadas y en base a argumentos que analizaré en los apartados siguientes, a los fines de ejercer la revisión del fallo de la anterior instancia. En el primer término en el orden lógico, las actoras se disconforman con respecto al rechazo de la citación en garantía de la aseguradora Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada, solicitando que se haga lugar a la misma en función de las motivaciones que esgrimen. Asimismo, las accionantes se agravian en orden a los montos de condena fijados en la sentencia apelada, por considerar -en base a distintos fundamentos- que los mismos son exiguos.

VI. A los fines de analizar la defensa de inexistencia de cobertura del seguro por falta de pago del premio, se detuvo la juzgadora en la pericia contable obrante a fs. 172/174 vta., la que se complementa con las aclaraciones que lucen a fs. 187/189 vta. Allí refirió la a quo que, según ese dictamen técnico, la póliza nº 20/021499 vigente desde las 12.00hs. del día 17-7-2000 hasta las 12.00hs. del día 17-8-2000, con renovación automática hasta el día 17-7-2001, se encuentra registrada como anulada en el Libro de Emisiones y Anulaciones de Pólizas de la aseguradora, con fecha 1-8-2000, por falta de pago. Hizo constar que esta última información, o sea el motivo de la anulación, le fue suministrado por el Departamento Contable de la aseguradora, en razón de no surgir de la documentación analizada (ver fs. 288/288 vta., considerando XV de la sentencia apelada).

Dicha conclusión de la sentencia se ajusta, con estrictez, a la pericia contable producida en autos, surgiendo de este dictamen que la póliza contratada por María de Jesús Esquivel, con relación al automotor Volkswagen Senda dominio SEJ 635, se anuló con fecha 1 de agosto de 2000, o sea que no se encontraba vigente al día 15 de noviembre de 2000, fecha en que ocurrió el accidente que ha dado origen al presente juicio. De manera que la sentencia apelada no puede merecer crítica alguna, puesto que se ha basado en una pericia contable concluyente y sin falencias de ningún tipo, que no se halla en contradicción con ninguna constancia de la causa. Por lo demás, la labor pericial se ha ajustado a la documentación de la aseguradora que el experto tuvo oportunidad de cotejar, sin que haya en el proceso ningún otro elemento probatorio que permita arribar a una conclusión diferente (máxime que la demandada asegurada ha quedado en rebeldía y, por ende, nada ha podido aportar en contrario). En este sentido, la pericia se muestra intachable y merecedora de plena eficacia probatoria, por lo que se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada en cuanto se ha basado en sus conclusiones (arts. 375, 384, 474 y ccs. del Código Procesal).

Según se expresa en la pericia contable, en la registración consignada en el libro respectivo se hizo constar que la anulación de la póliza se formalizó el día 1 de agosto de 2000 (fs. 187 vta.), no surgiendo de la documentación exhibida los motivos de la anulación; si bien en el Departamento Contable de la aseguradora se le manifestó al experto que la anulación de la póliza se debía a la falta de pago de la misma (fs. 188). En función de los elementos obrantes en la causa y del estado de rebeldía de la demandada asegurada, no existiendo ninguna otra versión sobre el motivo de anulación de la póliza, no queda otra alternativa que considerar la causal de anulación alegada por la aseguradora al contestar la citación en garantía (fs. 31 vta.), la que coincide con la manifestación reproducida por el perito a fs. 188 (arts. 60, 354 inciso 1 y ccs. del Cód. Proc.).

Y en este orden de ideas, cabe distinguir entre la anulación de la póliza por falta de pago y la suspensión de cobertura por la misma causal. La segunda, o sea la suspensión de cobertura, se encuentra prevista en el art. 31, primer párrafo, de la ley 17.418, y ha sido analizada en diversos precedentes de la Suprema Corte Provincial y de este tribunal (S.C.B.A., Ac.73.969 del 4-10-00, C.97.038 del 14-11-07, C.97.194 del 18-10-09, entre otros; esta Sala, causa nº 40.656, "Ardizzone de Lindner", sentencia del 21-9-99). Mientras que la primera, o sea la anulación o rescisión de la póliza por falta de pago, encuentra raigambre en el art. 32 de la ley 17.418, tratándose de un derecho del asegurador que viene a complementar el espectro sancionatorio que genera el incumplimiento del asegurado (conf. Régimen de Seguros Ley 17.418, Textos Legales Astrea, comentado por Jorge Osvaldo Zunino, Bs. As. 1994, pág. 102).

Ubicados, entonces, en la figura legal aplicable al caso, corresponde puntualizar que el art. 32 de la ley 17.418 no exige ninguna clase de notificación al asegurado para que se perfeccione la rescisión del contrato por falta de pago (Halperín, Derecho de Seguros, tomo II págs.367 y 368; Scolara y Scolara, en Código de Comercio Comentado y Anotado, Rouillon director, Alonso coordinador, pág. 58). En esta línea de pensamiento no le asiste razón a las apelantes, cuando afirman que la anulación debe ser notificada fehacientemente a la asegurada para tener plena validez y ser oponible a terceros (fs. 396 vta.), puesto que el ordenamiento legal aplicable no exige la aludida notificación. Se está ante un derecho del asegurador, ante el incumplimiento del asegurado, que se ejerce en el marco del contrato de seguro que liga a ambos y donde la norma legal no exige ninguna formalidad en orden a su operatividad (art. 32 L.S.; Halperín, ob. cit. págs. 367 y 368). Por lo demás, deviene acertada la reflexión de la juzgadora al haber ponderado la situación de rebeldía en que se halla la asegurada, pues dicho estado procesal le ha impedido a ésta el aporte de otros elementos de juicio que podrían haber conducido a una solución diferente (art. 60 del Cód. Proc.).

En virtud de las consideraciones antedichas, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto rechazó la citación en garantía solicitada por la parte actora.

VII. Corresponde adentrarse, ahora, en la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por las actoras. En lo tocante al daño moral, en la sentencia apelada se formularon diversas consideraciones de orden teórico, y en concreta referencia al sub caso se dijo que los padecimientos y aflicciones a que estuvieron sometidas las actoras como consecuencia de la muerte del padre y cónyuge de las mismas, las que se hallan avaladas por la pericial psicológica de fs. 113/115, constituyen daño moral que debe resarcirse. En base a ello, fijó el monto del daño en la suma de $ 20.000 para cada una de las actoras, con cita del art. 165 del código de rito (fs. 288 vta./299 vta.).

La referida cuantificación fue considerada exigua por las actoras apelantes, quienes requieren un mejoramiento de la misma en base a citas doctrinarias y jurisprudenciales que entienden aplicables (fs. 391 vta./393 vta.). En la parte final de esta parcela de los agravios, se menciona un fallo donde se fijó el rubro daño moral en la suma de $ 40.000, para cada uno de los hijos (fs. 393 vta.). Se observa así una discordancia con respecto al monto pretendido en la demanda, pues en esa oportunidad se reclamó la suma de $ 100.000 para cada una de las accionantes (fs. 10 vta.).

En lo atinente a este rubro, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha resuelto, en forma reiterada, que "tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos; no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante" (D.J.J., t. 172, pág. 342; Ay S., 1989-II-15; Ay S.,1989-II-391; esta Sala, Causa nº 37.202, del 9-5-96, "Morales María Luján c/Rostiburu Rubén Horacio y otros s/Daños y Perjuicios", D.J.J. t. 151, pág. 19, Causa nº 39.345, del 11-8-98, "Saloiña Miguel Angel c/ Facchini de Silvi Eny María y otros s/Daños y Perjuicios"; causa nº 44.533, del 2-9-03, "Giordano"). Con las bases analizadas en el decurso de este voto, a los fines de la determinación del daño moral deben apreciarse las edades de la víctima y de las actoras al momento del siniestro, la relación familiar existente entre la víctima y las damnificadas y, esencialmente, las conclusiones resultantes de la pericia psicológica producida en autos (fs. 113/115 vta.; arts. 384 y 474 del Cód. Proc.). En este trabajo pericial se dice que el deceso de autos provocó trastornos emocionales en la menor L. P. F. V., quien en ese momento se encontraba en plena adolescencia, habiendo evaluado la experta un daño psíquico sin secuela incapacitante (fs. 114 vta. y 115). Y con relación a la cónyuge Celia Cristina Sanzberro, se dice en la pericia que la muerte de su esposo le provocó cambios y/o modificaciones sustanciales, si bien la damnificada generó respuestas endopsíquicas que le permitieron adaptarse y adecuarse frente a la realidad que se le imponía (fs. 115).

Es por lo expuesto que, evaluando las distintas circunstancias de la causa y ponderando precedentes de esta Sala que juzgo aplicables en forma analógica (art. 16 del Código Civil), propongo modificar la sentencia apelada y elevar los guarismos fijados por este rubro indemnizatorio, cuantificando el daño moral derivado de la muerte de la víctima en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), para cada una de las actoras; considerando en punto al resarcimiento de la hija menor de edad, las mencionadas circunstancias que surgen de la pericia psicológica producida en autos (arts. 1066, 1067, 1078, 1083 y ccs. del Cód. Civil; arts. 163 inciso 5, 165, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.; esta Sala, causa nº51.466, "Abonjo" del 29-4-08, causa nº52.874, "Fernández" del 5-3-09, entre otras).

VIII. El daño material derivado de la muerte de Luis Alberto Ferreira Vicente fue establecido, en la sentencia apelada, en las respectivas sumas de $ 20.000 para su cónyuge Celia Cristina Sanzberro y de $ 30.000 para su hija L. P. F. V. Para arribar a esta cuantificación del daño material, se efectuaron varias consideraciones dogmáticas (fs. 289/291) y se merituaron las concretas circunstancias del caso (fs. 291/291 vta.).

Las actoras no se han conformado con los montos fijados en el decisorio en crisis, sosteniendo que en la demanda peticionaron la suma de $ 60.000 para la esposa y de $ 120.000 para la hija, poniendo de relieve que la juzgadora concedió poco más del 30% de lo reclamado (fs. 394 vta.). Señalan las apelantes que partiendo de la base del ingreso denunciado y de la edad la víctima ($ 1.000 y 56 años, respectivamente), y proyectando dicha retribución durante el tiempo que a la víctima le restaba de vida útil (haciendo una estimación hasta los 75 años de edad), se arriba a una cifra indemnizatoria de $ 228.000 (fs. 394 vta./395).

Las demandantes se encuentran comprendidas en la presunción de daño establecida en los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, y en atención a la forma en que ha llegado planteada la cuestión a esta alzada, sólo corresponde revisar si los montos establecidos en la instancia de origen son exiguos, como lo plantean las apelantes. Pero debo aclarar, desde ya, que el cálculo que las recurrentes han efectuado en su expresión de agravios presenta un doble error, a saber: Por un lado, se ha computado la totalidad del ingreso de la víctima, siendo que sólo cabe considerar lo que la misma destinaba a la asistencia de su familia, deduciendo lo que importaban sus gastos personales (art. 1084 del Cód. Civil). Por otro lado, se ha proyectado matemáticamente el ingreso estimado durante todo el tiempo de vida útil que habría tenido la víctima, sin tener en cuenta que si se coloca la indemnización a resguardo de la depreciación monetaria, la misma va a generar una renta perpetua; de allí que sea menester corregir este desfase y procurar que el ingreso asistencial que obtendrán las damnificadas, sea tomado en parte de los frutos civiles y en parte del mismo capital indemnizatorio, para que éste último se vaya reduciendo poco a poco hasta agotarse en un tiempo que coincide con el de la duración probable de la vida humana (conf. Mosset Iturraspe, El valor de la vida humana, tercera edición actualizada, pág. 88).

Habiendo quedado destacados, entonces, los errores que contiene el cálculo efectuado en la expresión de agravios, a los fines de la determinación del daño material hay que estar por las variables indicadas en la sentencia apelada, las que no han merecido observación de las impugnantes. Así debo considerar que la víctima contaba con 56 años de edad a la fecha del hecho dañoso; que era casado y padre de una hija de 12 años de edad; que se había desempeñado en "Servicios de Reparaciones" entre junio de 1992 y junio de 1998 (informe de la D.P.R. de fs. 142/143); que hasta su muerte se desempeñaba como chofer de un colectivo y tenía un taller de chapa y pintura (testimonial de fs. 171/171 vta.); que sus ingresos mensuales no se hallan acreditados, habiendo sido estimados por las actoras en la suma de $ 1.000; que la esposa de la víctima y coactora de autos, tiene como actividad la de empleada doméstica (fs. 291, considerando XX).

Es por todo ello que, evaluando los elementos de juicio reseñados, con sujeción a la prudencia judicial (arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil), sin apego a cálculos matemáticos, pero ponderando la incidencia de los factores económicos y financieros que he dejado expuestos, valoro los siguientes extremos de la plataforma fáctica de la causa: por un lado, la asistencia que la esposa pudo haber esperado de la víctima durante el tiempo que ésta realizara actividades lucrativas, computando la actividad de empleada doméstica que la cónyuge desarrolla; por otro lado, la asistencia que pudo haber esperado la hija de su padre, hasta el momento en que alcanzara la mayoría de edad y estuviera en condiciones de sostenerse a través de sus propios recursos (arts. 163 inciso 5, 165, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). A la luz de todas estas circunstancias, propicio la confirmación de la sentencia apelada en cuanto fijó la indemnización por daño patrimonial a favor de L. P. F. V. en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), y la modificación de la sentencia recurrida en orden al daño material a favor de Celia Cristina Sanzberro, el que cuantifico en la suma de pesos veintitrés mil ($ 23.000) (arts. 1068, 1083, 1084, 1085 y ccs. del Cód. Civil; arts. 163 inciso 5, 165, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).

Así lo voto.

Los doctores Galdós y De Benedictis votaron en igual sentido.

3º cuestión.- El doctor Peralta Reyes dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) Declarar desierto el recurso de apelación deducido a fs. 333 por la codemandada María de Jesús Esquivel (arts. 260 y 261 del Cód. Proc.). 2) Confirmar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., en cuanto rechazó la citación en garantía de Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada. 3) Modificar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., y cuantificar el daño moral derivado de la muerte de la víctima en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), para cada una de las actoras, elevándose de este modo los guarismos establecidos en la anterior instancia. 4) Confirmar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., en cuanto fijó la indemnización por daño patrimonial a favor de L. P. F. V. en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000). 5) Modificar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., en orden al daño material a favor de Celia Cristina Sanzberro, el que se cuantifica en la suma de pesos veintitrés mil ($ 23.000), elevándose de este modo el valor establecido en la anterior instancia. 6) Imponer las costas de la alzada en un sesenta por ciento (60%) a la parte demandada y en un cuarenta por ciento (40%) a la parte actora, en base al resultado del trámite recursivo (art. 68 del Cód. Proc.). 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8904/77).

Así lo voto.

Los doctores Galdós y De Benedictis votaron en igual sentido.

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Declarar desierto el recurso de apelación deducido a fs. 333 por la codemandada María de Jesús Esquivel (arts. 260 y 261 del Cód. Proc.). 2) Confirmar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., en cuanto rechazó la citación en garantía de Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada. 3) Modificar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., y cuantificar el daño moral derivado de la muerte de la víctima en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), para cada una de las actoras, elevándose de este modo los guarismos establecidos en la anterior instancia. 4) Confirmar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., en cuanto fijó la indemnización por daño patrimonial a favor de L. P. F. V. en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000). 5) Modificar la sentencia apelada de fs. 281/292 vta., en orden al daño material a favor de Celia Cristina Sanzberro, el que se cuantifica en la suma de pesos veintitrés mil ($ 23.000), elevándose de este modo el valor establecido en la anterior instancia. 6) Imponer las costas de la alzada en un sesenta por ciento (60%) a la parte demandada y en un cuarenta por ciento (40%) a la parte actora, en base al resultado del trámite recursivo (art. 68 del Cód. Proc.). 7) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 del dec. ley 8904/77).- Víctor M. Peralta Reyes.- Jorge M. Galdós.- Ana M. De Benedictis.