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Instrumentos públicos, escritura pública, plena fe, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: IZCOVICH J. S. c/ MIÑONES H. C. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Cuestionada por redargución de falsedad la cláusula de una escritura pública que establece que se ha recibido en calidad de préstamo "...el importe de ocho mil dólares estadounidenses...", con fundamento en que se entregaron australes, debe rechazarse el planteo si las pruebas producidas no desvirtúan la afirmación contenida en el instrumento. Ninguna incidencia tiene si la escritura se confeccionó y firmó en la escribanía o en la inmobiliaria a que hace referencia, pues la exigencia impuesta por el art. 980 del Cód. Civil tiene importancia para determinar si el escribano actuó dentro de los límites de su competencia territorial.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, selección de causas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Favilla, Humberto José y otra c/ Piñeyro, José Ricardo y otros. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La desestimación de un recurso extraordinario con la sola invocación del art. 280 del Código Procesal no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida, sino implica que la Corte ha decidido no pronunciarse sobre la presunta arbitrariedad invocada, por no haber hallado en la causa elementos que tornen manifiesta la frustración del derecho a la jurisdicción en debido proceso.
Beneficios previsionales, pensiones, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pinto, Angela Amanda c/ ANSES s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-06

La regularidad de los aportes no debe ser evaluada sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por la muerte del causante, sino que debe ser valorada de modo proporcional con los lapsos trabajados y el periodo de afiliación.
Instrumentos públicos, carta documento, plena fe, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Kirschbaum, Gabriela c/ Arias, Francisco y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05

El servicio fedatario que presta el correo argentino en el servicio de carta documento, no queda limitado a su entrega ante el hipotético receptor sino que también alcanza a la identificación del remitente y la constatación del contenido del texto emitido que debe ser idéntico al texto que habrá de ser recibido. Frente a ello, debe entenderse que es carga del impugnante demostrar la falsedad de los dichos allí insertos (art. 377 del Código Procesal). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Emili, Carlos Rene c/ Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-08

En casos similares al presente, este Tribunal ha desechado indemnización por estabilidad gremial (artículos 241 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo), al considerar que el contrato de trabajo se había extinguido por mutuo acuerdo. En igual sentido: "Baptista Villamil c/Martín Fierro", 10/7/92 y "Aloy c/Frig. Reg. Sta.Elena", 15/11/94.
Derecho administrativo, carrera administrativa, categoría administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREA, RAUL ERNESTO Y OTRA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-07

El Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública (ley 3816), distingue entre carrera y categoría. La primera, denominada también en doctrina cargo, es la función o tarea que cumple el agente.

En consecuencia, el art. 4 señala que, cada carrera se determinará atendiendo a la naturaleza de la función respectiva y comprende a los agentes que realizan tareas similares.

Conforme al art. 5, las categorías representan las distintas situaciones de revista, que puede alcanzar el agente en el transcurso de su carrera y, determinan su jerarquía y el sueldo que le corresponde dentro del escalafón. Establece 24 categorías. Las carreras establecidas comprenden diversas categorías (art. 6), con diferentes remuneraciones.

El funcionario y el empleado pueden cumplir su actividad en un cargo distinto de aquel para el cual ha sido designado; por consiguiente, revestir una categoría distinta.
Prueba compuesta, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Domoñi, Marcelo Juan s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

Es inatendible el reclamo contra uno de los complementos de la prueba compuesta si la impugnante desinterpreta su carácter de elemento directo de prueba.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Guerrero Ocampo, Arnulfo Eladio s/ robo agravado por el uso de armas en concurso con violacion agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

Lo dispuesto en el inc. 3 del art. 343 del C.P.P. -n.a- no excluye que el recurso de inaplicabilidad de ley sea interpuesto con fundamento en los incs. 1 y 2 de la misma norma.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, gravamen irreparable, interés público, crédito fiscal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D y B Asociados S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos As. s/ Impugnación Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

La jurisprudencia nacional ha sido conteste, en general, en requerir para la procedencia de la suspensión del acto, además de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, la concurrencia de otros dos presupuestos específicos, a saber, la existencia de perjuicios graves o irreparables y la condición de que la medida no afecte el interés público.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y de conformidad con el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, la procedencia de la medida solicitada por la actora requiere como presupuesto ineludible que la ejecución o cumplimiento del hecho, acto o contrato administrativo causare o pudiera causar graves daños al administrado -y siempre que de la suspensión no resultare grave perjuicio para el interés público-, o bien que el hecho, acto o contrato ostentare una ilegalidad manifiesta o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que en materia de reclamos y cobros fiscales, y tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recaudos necesarios para la adopción de medidas cautelares deben apreciarse con mayor estrictez, por la presunción de legitimidad que tienen los actos de la Administración y la consideración del interés público involucrado.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JAURE, Adriana Antonia c/ IAPV y SGPER s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-08-06

De la simple lectura de la sentencia atacada es posible verificar que se encuentra suscripta solamente por los dos vocales, ambos integrantes de la Sala Penal de Concepción del Uruguay, habiendo omitido hacerlo el vocal de tercer orden, quien no emitió opinión, cuestión que se intenta justificar a través de una norma perteneciente al Código Procesal Penal, la que resulta inaplicable al caso, por no ser ese régimen el que debe guiar a una acción de esta naturaleza, no resultando ajustado a derecho la abstención de participación en el acuerdo sentencial del tercer magistrado, lo que constituye un grave defecto acerca de la debida integración del cuerpo colegiado habilitado para sentenciar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto-Ley 6902/83, ratificado por Ley 7504 y modificado por Ley 9234, que establece: "Para dictar sentencia definitiva se requiere la asistencia de tres vocales, tomándose la resolución por mayoría, siendo potestativa la emisión del voto para el último vocal, cuando sean coincidentes los dos primeros", declarándose la nulidad de la sentecia, debiendo remitirse los autos al Tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo procedimiento ajustado a derecho.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, sustitución de medidas cautelares, procedencia del recurso, restitución de sumas de dinero, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lacarta, Guillermo Andrés c/ Goberman, Ernesto s/ ejecutivo s/ incidente de sustitución de embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar parcialmente la resolución que admitió la sustitución del embargo de dinero, por un inmueble de un tercero, ofrecido por el deudor en garantía. Ello por cuanto, el actor consintió una resolución anterior por la cual, el magistrado habría considerado que el valor de dicho inmueble era suficiente a los efectos que nos ocupa. A ello se agrega que, dado el estado procesal de la causa, el cobro del crédito reclamado no parece inminente, por lo que la demora que podría aparejar una subasta tampoco puede justificar la inmovilidad de los fondos durante un lapso, que, en esas condiciones, no se puede estimar con certeza.
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PAEZ, LEONOR ESTELA c/ JIMENEZ, CESAR INCA s/ FILIACION DE LA MENOR:ESTEFANIA M. PAEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-11

Desde hace ya largos años, cuando sólo se contaba con la prueba hematológica -que permite excluir la paternidad, pero no afirmarla positivamente-, nuestros autores y jueces han sostenido que la negativa a someterse a la prueba biológica crea una presunción en contra de quien asume tal actitud procesal. Pero a partir de la década de los años 70, en que se suma la posibilidad de contar con una prueba asertiva concluyente, como es la de histocompatibilidad H.L.A. - Human Lymphocyte antigen, ofrecida por la actora) y la prueba de A.D.N. que comenzó a practicarse a comienzos de la década del 90, el sentido de esa presunción se robustece y, salvo que medien justificadas y probadas razones, la expresa negativa del demandado hará presumir el acierto de la posición contraria a la que éste sostiene en el pleito. No es razonable adoptar otra actitud cuando lo que está en cuestión es el estado de familia de una persona.
Recurso de revisión (procesal), unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO, ROBERTO s/ RECURSO REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-04

Si con posterioridad a la sentencia de 2 instancia aparece que una de las penas unificadas por aquélla es inferior a la que, -por una errónea información suministrada al Tribunal-, fue la tenida en cuenta a los fines del art. 58 Cód. Penal, se torna ilegal el monto estimado conforme a los arts. 27 y 58 C.P., y se impone la revisión del fallo, por aplicación analógica del art. 551, inc. 4, C.P.C.
Movilidad del haber jubilatorio, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CUÑADO Raúl y otros c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-03-31

Para comprender por qué el cambio de sistema de movilidad no afecta ningún derecho adquirido se necesita distinguir dos conceptos: por un lado, el status de jubilado, y por el otro, el goce del beneficio o prestación.- Nuevamente recurrimos a Bidart Campos, quien ha detallado que el derecho jubilatorio se desglosa en dos aspectos: a) el status de jubilado; y b) el goce o disfrute en una cantidad dineraria. El primero de esos derechos es intangible e integra el patrimonio del beneficiario como un contenido del derecho de propiedad mientras que el segundo puede soportar reducciones siempre y cuando no sean confiscatorias, lo que demuestra conforme a una reiterada jurisprudencia de la Corte que no hay derecho adquirido a una suma determinada e invariable ("El problema de la presunta inconstitucionalidad de las escalas de reducción de las jubilaciones", J.A. 1967-VI, pág. 286).- En otro orden de ideas, merece destacarse que el gran principio previsional que regula la materia jubilatoria establece que el derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial por la ley vigente a la fecha de cesación en el servicio.- Sin embargo cabe precisar, en consonancia con lo expresado en anteriores párrafos, que la ley mediante cuya aplicación se concede la jubilación rige, sin posibilidad de alteración futura, el status jubilatorio revestido del carácter de derecho adquirido y rige todo lo que, en consecuencia, puede ser susceptible de mantenerlo o extinguirlo.- Pero no así lo referido al monto del haber jubilatorio, que como ya dijimos, no es intangible y puede ser modificado en el futuro siempre que exista fundamento de razonabilidad suficiente y no sea confiscatorio. Respetados esos recaudos "la inviolabilidad constitucional de la propiedad se conserva incólume" (J.A. 1965-III, pág. 225). 3.- Precisamente, en las causas "Vassia", "Calvo", "Crivelli" y "Hernando" -citadas por los demandantes para abonar su pretensión-, el Superior Tribunal de Justicia se ha pronunciado aplicando el art. 49 de la NJF. Nº 1170 (t.o. 1990) que dispone "El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario, para las jubilaciones vigentes a la fecha de cesación en el servicio y para las pensiones por la vigente a la fecha de la muerte del causante" pero adviértase que en tales casos, las disposiciones cuestionadas afectaban directamente el status de jubilado, que constituye sí, un verdadero derecho adquirido.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, exclusión hereditaria, indignidad, obligación alimentaria, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: GONZALEZ, MARIELA c/ GONZALEZ, JUAN CARLOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Si bien la recurrente aduce -en esencia- ausencia de motivación suficiente para rechazar la demanda de exclusión por indignidad, sus cuestionamientos lucen más bien genéricos y globales, sin lograr desmerecer desde una óptica constitucional la respuesta del Sentenciante, que -en base a las constancias de autos, y en materia que resulta propia del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa- juzgó que las testimoniales de que pretendía valerse la actora nada acreditaban y por el contrario existían pruebas que demostraban la asistencia económica brindada por el demandado; en particular, la Sala señaló que los testigos habían referido a la entrega de dinero, y la propia actora reconoció haber mantenido contacto con aquél, lo que no condecía con la alegada situación de abandono;

y finalmente, que existía una fuerte presunción a favor del accionado motivada en la falta de reclamo judicial alguno de la prestación alimentaria que se decía incumplida.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, decretos provinciales, ley nacional, jerarquía de las leyes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Disco Sociedad Anónima c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Procede el recurso extraordinario, cuando habiéndose impugnado el Decreto N° 4.861/84 de la Provincia de Mendoza como violatorio de la Ley Nacional N° 18.425, la decisión del Superior Tribunal de la causa ha sido favorable a la validez del primero.
Prueba compuesta, indagatorias separadas, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cepeda, José M. y otros s/ Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

La imputación extrajudicial del coprocesado no es invocable, en principio, como prueba de cargo y, en consecuencia, su inclusión en una prueba compuesta es violatoria del art. 256 "in fine" del C.P.P., ya que, por su naturaleza, generalmente carece del poder de convicción propio de los que en dicho texto legal se llaman "elementos de prueba".
Prueba, principio de adquisición, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Baracat, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-06

La garantía contra la autoincriminación no puede constituir obstáculo en la medida en que las diligencias de prueba que tienen por objeto la intervención sobre el cuerpo del imputado, tomen a la persona como objeto pasivo de la inspección. En definitiva es el control judicial de razonabilidad el que ha de garantizar la pertinencia de dichas diligencias fijando los límites en el mayor resguardo posible de la libertad de persona y en la dignidad humana.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grasso, Roberto y otro c/ Cardozo, Luis Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

No se ha de constreñir a la víctima a circular con el vehículo dañado, lo que puede afectar su estilo de vida o consideración social del círculo de actuación, aparte que no es permitido circular con un vehículo que no esté en condiciones reglamentarias de seguridad (arts. 3 inc. 1, 6, 11, 12, 13, 63 ley 5800).
Sentencia definitiva, sentencia interlocutoria
Materia: PENAL
Carátula: INFORMACION SUMARIA JUDICIAL A FIN DE ESTABLECER CAUSASA DEL FALLECIMIENTO DE PABLO EDUARDO VIDAL s/ RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO POR DR. JUAREZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-03

A los fines del recurso de casación la sentencia interlocutoria que resuelve dar por concluida una información sumaria, ante la falta de existencia de ilícito penal, ordenando el archivo de las actuaciones, debe ser equiparada en cuanto a su carácter de sentencia definitiva al sobreseimiento definitivo el cual se rige por los principios aplicables a la sentencia absolutoria con los efectos derivados de la cosa juzgada. (Minoría u opinión personal)
Prescripción de la acción penal, supresión del estado civil
Materia: PENAL
Carátula: C.M.G. y otros s/ supresión del est. civ. de un menor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

En atención a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "Landa" que implícitamente descartó que el cese de la comisión del ilícito opera al cumplir el causante los 10 años de edad - Landa Ceferino y Moreira, Mercedes B. s/rec. De casación C. Nº L.353.XXXIX-, y teniendo en cuenta el carácter pluriofensivo en lo que respecta al bien jurídico protegido en crisis, la acción penal a la fecha se encuentra vigente, toda vez que no se verifica en el caso el cese de la actividad criminosa, así como tampoco existen elementos objetivos de los cuales se de certeza suficiente respecto de la verdadera identidad biológica y jurídica del menor, circunstancias que en la hipótesis podrían habilitar el momento a partir del cual el plazo extintivo comience a correr.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosso de Basilico, Delia M. c/ Cannas, Alejandro y otros s/ Reivindicación Compañía Argentina de Cemento Portland S.A. c/ Onorato, Juan y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11|1984-09-21

Las decisiones de la Cámara que no fueron motivo de ataque concreto permanecen firmes en la instancia extraordinaria.
Seguros, asegurador, citación en garantía, obligaciones del asegurador, póliza, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS SA c/ SERVICIOS DE TRANSPORTES FUEGUINOS Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

La empresa aseguradora, una vez efectuada la citación, se encuentra alcanzada por los efectos de la sentencia, claro que en la medida del seguro (cfr. art. 118 de la Ley 17.418; esta Cámara, Sala II, Causa 5778 del 11.3.88; esta Sala en la Causa 4397 del 16.11.94 y la Causa 17.831 del 24.3.95, entre otras), por lo tanto, el monto máximo de la cobertura contratada marca el límite de la obligación indemnizatoria del asegurador (cfr. Halperin, I. -Morandi, J. C. F., "Seguros", 2° edición, T° II, pág. 559. La responsabilidad de la aseguradora citada en garantía, se limita a las eventuales obligaciones que pudiera contraer el asegurado hasta la suma de la póliza, que fija el límite máximo de su responsabilidad, porque la Ley 17.418 en su art. 118, sólo reconoce derecho a ejecutar la sentencia dictada, en la medida del seguro y de mantener indemne al asegurado en la proporción de cobertura del seguro contratado.
Contrato de trabajo, sociedad de responsabilidad limitada, empleo no registrado, socio gerente, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Bullrich  Lucía  Julia c/ Aviatel  Electrónica  SRL  y  otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-17

Aún cuando se hubiera comprobado la falta de debida registración del contrato de trabajo, sumado a otros comportamientos reprobables de la sociedad con lo cual se involucra a la persona física de quien se trate y permite inferir una actuación encuadrable en los supuestos que contemplan los arts. 59 última parte y 274, 1º párrafo de la ley 19550 para responsabilizar a los administradores, representantes y directores ilimitada y solidariamente,la medida de la responsabilidad de la persona física involucrada -en el caso el socio gerente- está dada por los daños y perjuicios que resultaren de su acción y/u omisión y a ello debe circunscribirse tal responsabilidad. (del voto del Dr. Fera, en minoría).
Recursos, recurso de apelación (procesal), apelación eventual
Materia: CIVIL
Carátula: TAGLIOTTI, GUILLERMO JOSE c/ NOEMI SUAREZ Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-05

La apelación eventual es la que se deduce sin que haya mediado resolución o acto procesal que cause agravio. El litigante se anticipa así, a un resultado adverso interponiendo el recurso para la hipótesis de que su intento fracase.-
Impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIPEN S.A.M.I.C. Y F. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S238 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-02

El convenio Multilateral, sobre el impuesto a los ingresos brutos, del 18-8-77, regula las pautas de distribución de ese tributo cuando concurren como acreedores los fiscos de la Provincia y la Nación, creándose para el caso de conflictos un tribunal arbitral.-
Derechos adquiridos, restricciones al dominio, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato.