marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, ley vigente, ley derogada, Constitución Nacional, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Radiodifusora Mediterránea S.R.L. c/ Estado Nacional -amparo-. s/ derogacion de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

La Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas esferas, podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras c/ Rinaldi, Roberto s/ Cobro ejecutivo Multicompras c/ Luaces, Jorge Aldo s/ Prep. via ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|1993-05-06

El resumen unilateral de cuenta emitido por la actora, sin la conformidad del presunto deudor, no es título ejecutivo porque no solo no prueba la existencia de una deuda exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables (arts. 518 y 521 CPCC), sino que carece de la firma del deudor, condición esencial para la existencia del título (art. 1012 Código Civil) y por consiguiente, ausente un reconocimiento de deuda, distan de abastecerse a sí mismos los formularios emitidos por la actora sobre saldos surgentes de la utilización de tarjetas de compras. Estos requisitos no pueden ser salvados mediante la preparación de la vía ejecutiva, pues el reconocimiento del instrumento está condicionado a que la deuda cuyo pago se persigue conste en un documento que de por sí apareje ejecución, atributos que, obviamente, no reúne un documento como el elaborado por la propia demandante sin la firma del presunto obligado.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dolceras Llenas Fernando Daniel s/ Adopción plena.Recurso de Queja. Favacard c/ Rodríguez Estela s/ ejecución (queja)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04|1998-11-24

Los autos que se remiten a lo ya decidido en otra providencia no son atacables por recurso alguno, ya que no contienen un pronunciamiento respecto al tema debatido. La expresión "...Estése a lo dispuesto a fs..." podría incluirse en la categoría de las resoluciones que "nada deciden", y por consiguiente, de acuerdo al reiterado criterio de esta Alzada corresponde denegar los intentos de revisión. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: "Defensor  del  Pueblo  de  la  Nación  -Inc Med- c/ E.N.-PEN-Dto120/03 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

El alcance de toda medida cautelar debe guardar simetría con la dimensión del conflicto de derechos cuyo cumplimiento se procura asegurar (Sala IV "Asociación Vecinal Belgrano C y otros -Cons Act-inc med- c/ EN-PEN Dto 577 y otro s/ amp.proc sumarísimo (art. 321 inc. 2 C.P.C.y C)", del 24-9-02) (Del voto del juez Coviello, cons. 13).
Competencia, hábeas data, competencia comercial, competencia federal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LENTINI  ALBERTO  CONSTANTINO c/ ORGANIZACION VERAZ SA s/ HABEASDATA (ART. 43 C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-13

No encontrándose reunidos ninguno de los dos supuestos que prescribe la norma, y meritando que la materia a decidir atañe a cuestiones y reclamos derivados de la actividad privada de la demandada (que no son registros nacionales, ni los datos se encuentran conectados en redes interjurisdiccionales ni internacionales), sometida preponderantemente al derecho comercial en función de su objeto societario y, finalmente, que las disposiciones que consagran la jurisdicción federal -que por su naturaleza es limitada y de excepción- deben ser interpretadas restrictivamente, descartando su aplicación analógica a situaciones que no sean expresamente contempladas en cada caso (conf. esta Sala, causas 12.843/06 del 10.5.07; 11.134/03 del 18.11.03; esta Cámara, Sala 2, causas 10.940/01 del 2.5.02 y 5.378/01 del 5-3-02), corresponde atribuir el conocimiento de la presente causa a la Justicia Nacional en lo Comercial (confr. art. 43 bis, decreto-ley 1285/58, t.o. ley 23.637, art. 10; esta Sala, causas 2728/02 del 7-10-03 y 15.743/03 del 11-5-04; esta Cámara, Sala 2, causa 5378/01 del 5-3-02; Sala 3, causas 4595/2001 del 30-8-2001, 1191/01 del 7/06/01, 9883/01 del 23-5-02 y 4434/03 del 8-7-03).
Derecho procesal, partes del proceso, costas, principio objetivo del vencimiento, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mantenimientos Integrales Errebe SRL c/ Consorcio de Propietarios Av. de Mayo 1302/40 s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Procede confirmar la resolución que impuso las costas al accionado por el rechazo de la excepción de incompetencia deducida por su parte, con fundamento del decreto ley 1285/58: 43-c), modificado por ley 23637: 10. Ello, en tanto, las sumas reclamadas en autos se habrían originado como contraprestación de los servicios y trabajos que se habrían realizado en beneficio del consorcio accionado. En este marco, cabe puntualizar que la "razón suficiente para litigar" que autoriza a apartarse del principio general de la derrota contemplado por el CPR 68, no importa la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para liberarlo de las costas (esta CNCom, esta Sala A, 7/11/89, "Angeba SA s/ quiebra s/ pedido de extensión de quiebra a Barleón SA"; íd. 18/06/06, "Torres Darío Raúl y Otro c/ Sanbro SRL Viviendas La Solución s/ Ordinario"; íd. Sala B, 25/2/93, "SA La Razón s/ conc. prev. s/ inc. de cobro de crédito"). Ello así, conclúyese que, en este caso, más allá de lo pactado por las partes, no se aprecia atendible apartarse del principio de la derrota reglado por el ritual. Adviértase que, tal como es sabido, la competencia en razón de la materia es improrrogable y el error de derecho no resulta excusable.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: El Cabildo Compañía Argentina de Seguros Generales c/ Krasnopolsky, Gabriel Alejandro s/ Cobro de australes devenido por subrogación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

El art. 17 de la ley 9688 vigente a la época de la muerte del dependiente establece que los obreros y empleados a que se refiere la norma podrán optar entre la acción de indemnización especial que les confiere la misma, o la que pudiere corresponderles según el derecho común, determinado que ambas acciones son excluyentes, y la iniciación de una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la renuncia "ipso facto" de los derechos que en ejercicio de la otra pudieran corresponderles.
Daños y perjuicios, daño psíquico, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: CARBONEL  NICANOR c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS s/ DAÑOSY PERJUCIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

La Sala entiende que el daño psíquico carece de autonomía conceptual, lo cual no significa en absoluto que se prescinda de indemnizarlo, sino que ha de serlo según su influjo en el ámbito material o espiritual y porque, en definitiva, no importa el capítulo en el que sea incluido el menoscabo, si el perjuicio recibe integral reparación (conf. causas: 12.371/94 del 4.4.95 y sus citas doctrinarias; 4433/92 del 7.11.95; 5062/92 del 27.5.97; 9179/94 del 9.9.97; 4058/97 del 31.3.98, entre otras). En el caso, la incapacidad psíquica se encuentra valorada e incluida en la suma otorgada en concepto de incapacidad sobreviniente.
Policía, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leonardi, Lorenzo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-09

El Jefe de Policía es el responsable de la administración y funcionamiento de la institución. Tiene a su cargo la distribución del personal atendiendo a las necesidades de la misma, sin perjuicio de la delegación que pueda efectuar en el Sub Jefe de Policía (art. 19 inc. "b" y "f", Decreto ley Nro. 9.551).
Regímenes jubilatorios especiales, jueces, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El régimen previsional de los magistrados del Poder Judicial reviste características propias y, por estar destinado a determinados agentes que desarrollan particulares tareas, debe ser diferenciado del régimen general impuesto por la ley 24.241 y su modificatoria, la ley 24.463.
Concurso de delitos, robo con armas, resistencia a la autoridad, fallo plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MORALES, Carlos A. s/ CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

El disparo efectuado por el acompañante del autor del robo tuvo como propósito oponerse por medio violento a la acción directa emanada del funcionario policial, por lo que en base a la doctrina del plenario "Palienko, B.", la resistencia a la autoridad concurre materialmente con el robo con armas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo, Superior Tribunal de Justicia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarra, Osvaldo Raúl y otro c/ Municipalidad de Granadero Baigorria s/ R.C.A. (Expte.: C.S.J. Nro. 66 año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Al disponer la ley 10241 que el escrito del recurso de queja también podrá ser presentado en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia en Rosario en los plazos del art. 356 del Código Procesal Civil y Comercial, obviamente se refiere al de tres días y no al de diez, pues para el fin propuesto por la norma (compensar con mayor tiempo la distancia), no se justifica -sin establecer una desigualdad inconstitucional- que los litigantes de Rosario resulten beneficiados sobre los de Santa Fe. Además ha tenido en cuenta esta circunstancia típica de esta Provincia, de una Corte que tiene "sede" en Santa Fe y "residencia" en la Capital y Rosario.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Caglieri, Idelberto E. c/ Mas, Oscar R. s/ Laboral (Expte Nro. 333-01, Resolución Nro. 257, Tomo 9, Folio 230/231)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-20

En caso de que el trabajador no estuviere registrado ni incorporado a la ART, dado un siniestro y no reconocida la relación laboral por el empleador, no corresponde a las Comisiones Médicas dar curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral (Art.11 Dec.717/96) las que deberán ser resueltas por la autoridad competente que es la justicia y el fuero correspondiente: el laboral.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Q., A.M. c/ A., A.H. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-26

Cabe preferir la tenencia de los menores a aquel de los progenitores que facilita el contacto de los niños con el no conviviente, por aquello de que quien impide a sus hijos desarrollarse en adecuado contacto con el otro padre afecta el derecho de aquéllos a un desarrollo armónico y pleno de su personalidad, pues el contacto continuo del menor con el progenitor no custodio, sin interferencias nefastas del otro, es una necesidad del niño.
Pagaré, aval, firma al dorso, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOMISA c/ BERESTIAN ISRAEL Y OTRO s/ PAGARE - FIRMA EN EL ANVERSO - PRESUNCION DE AVAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

El artículo 33, tercer párrafo del decreto 5965/63 (aplicable al pagaré en virtud de lo establecido en el artículo 103 de la misma norma) dispone que se considera otorgado el aval con la simple firma del avalista puesta en el anverso de la letra de cambio; aunque tal presunción no es absoluta, pudiendo, interpartes, demostrarse que corresponde a un suscriptor. En la especie, habiéndose afirmado que las firmas insertas lo eran en representación de la libradora, dicha circunstancia debió haber sido probada por los invocantes, porque el aval es una garantía adicional que da lugar a una obligación cambiaria autónoma, colocando al avalista en el mismo grado que el avalado y, en tal sentido, el acreedor tiene derecho a un solo pago y puede elegir entre varias obligaciones de un mismo contenido, pues hay tantas como firmas en el documento (pluralidad de vínculos y obligaciones) adquiriendo así carácter variable el cumplimiento de la obligación.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, régimen patrimonial del matrimonio, calificación de bienes, bienes gananciales, bienes propios, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PONS, MARCELA V. c/ SAGER, JORGE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-20

La recurrente intenta oponer su propia interpretación de la cuestión con apoyo fundamentalmente en el criterio del Juez de primera instancia, que había asignado otro alcance y valor a la compraventa efectuada sin mención del origen de los fondos con que se hacía la operación, lo que revela el fuerte disenso conceptual de la impugnante con la ponderación que de las cuestiones fácticas, probatorias y normativas efectuó la Cámara, cuestiones éstas que, en tanto no se demuestre arbitrariedad -lo que dista de acontecer en la especie- son ajenas al remedio intentado.

Máxime si se tiene presente que la interpretación efectuada por los Sentenciantes del artículo 1246 del Código Civil se enrola en la postura mayoritaria tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, según la cual "respecto de terceros el cumplimiento de los requisitos del art. 1246 es de orden público, su omisión trae como consecuencia que el bien se repute ganancial; mientras que entre los cónyuges siempre éstos o en su caso sus herederos podrían acreditar el carácter de los bienes por otros medios de prueba (A.A.V.V.: "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirigido por Bueres, Alberto y coordinado por Highton, Elena I., 1ra. Ed. 2da. Reimpr., Bs. As., Hammurabi, 2005, Tomo 3C, pág. 117)
Derecho laboral, prueba, reglas procesales, presunciones, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Edgardo Ramón c/ Cooperativa Tambera Gualeguaychú Limitada s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

La falta de exhibición de la documentación laboral nunca puede generar una presunción en favor de las afirmaciones del trabajador cuando este viene alegando, desde lo liminar el proceso, que estuvo "en negro" o i-rregistrado. ¿Si no estaba inscripto cómo puede deducirse que la no registración, en la fecha que se invoca, puede ser tenida como indicio? El indicio es una "huella", es decir un fenómeno o hecho que permite inferir la existencia de otro hecho que no se percibe. Esto impone, entonces, preguntarse: ¿Como puede ser que la omisión de registración, es decir un no-hecho, permita inferir la presencia -precisamente- del extremo fáctico cuya inexistencia aquel revela? Obró atinadamente el judicante al no presumir en contra de la empleadora, que no exhibió el libro especial del art. 52 LCT al perito, respecto del entredicho que giró sobre este asunto (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Preparación de la vía ejecutiva, absolución de posiciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa  de Crédito Consumo y Asistencia y Vivienda del Personal de Canal 9 La Rioja Ltda. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-03-09

Cuando se resuelve un caso de preparación de la vía ejecutiva, fundada en el art. 4º del art. 277 del C.P.C., donde se dispuso la absolución de posiciones en los términos del art. 190 del mismo código; no puede colegirse que para este acto no se necesitará de la acreditación de personería por no existir aún proceso de ejecución y no ser parte. Por el contrario, el art. 191 del rito, relativo a quienes pueden absolver posiciones, señala que en caso de personas jurídicas, es quien ejerce la administración quién debe deponer, siendo según la Ley de Cooperativas Nº 20.337 tal obligación a cargo del Presidente del Consejo de Administración o quién según el estatuto lo reemplace en el ejercicio de esas funciones; obviamente, en la audiencia respectiva, el absolvente debe presentarse acompañado de la documentación que lo acredite como tal; ya que lo de contrario, se lo tiene como no presentado, patentizándose el apercibimiento que dispone el art. 277 y disponiéndose la medidas del art. 280, todos del C.P.C..
Sentencia arbitraria, nulidad procesal, auto de sobreseimiento, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Álvarez, Francisco José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Cabe descalificar por arbitrario, el pronunciamiento que anuló el auto de sobreseimiento que se encontraba firme por no haber sido recurrido, pues significó dejar sin efecto una decisión que desvinculaba del proceso en forma definitiva al imputado, con evidente afectación a la garantía que ampara la cosa juzgada, si no se hallan reunidos los requisitos a los cuales se subordina la declaración de invalidez de las sentencias firmes. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Mutuo comercial, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Angel, Rafael Carlos c/ Ciancaglini, Liliana Ester s/ Sumario-Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-11-10

Quien invoca la existencia de un mutuo debe acreditar no sólo la entrega a la otra parte de una cantidad de cosas, hecho éste con el que se perfecciona el contrato sino, además, debe probar la obligación del receptor de devolverla en el tiempo convenido.
Derechos y garantías constitucionales, defensa del consumidor, deber de obrar con prudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dirección Defensa del Consumidor c/ S. "E.F" s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-08

El artículo 5 de la ley de Defensa del Consumidor viene a instalar una obligación legal de seguridad dirigida a todos los legitimados pasivos enunciados en su artículo 2, es decir a todos los "produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios", y el solo incumplimiento de dicha obligación preexistente a través de la presentación en góndolas de productos vencidos, genera la potencialidad de daño que habilita a tener por conculcado el sentido protectivo-prevencional de la norma.

Es decir, que el comercializador de los productos como lo es el sancionado recurrente, asume una obligación de origen legal acerca de la inocuidad del producto que se condice, además, con la teleología del derecho del consumidor y el artículo 5 de la ley 24240 expresa el sentido protectivo que informa como principio central a la Ley.
Beneficio de litigar sin gastos, despido, trámite jubilatorio
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz Daniel Horacio c/ Aerolíneas Argentinas SA s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-10

Adoptar un temperamento estricto en torno al instituto del beneficio de litigar sin gastos, podría indeseablemente llevar a la frustración del derecho del justiciable amparado constitucionalmente. En dicho marco la cuestión estriba en garantizar la prestación de los servicios de justicia sin perder de vista la realidad económica de los contendientes. Así, surge verosímilmente la carencia de recursos del accionante y más aún la imposibilidad de obtenerlos en el futuro cercano, por tratarse de una persona que se encuentra desocupada, tramitando su jubilación y desvinculada por decisión de la empresa sin indemnización alguna y sin cobertura médica. Todos estos elementos de juicio permiten apreciar la existencia de un estado patrimonial modesto y una carencia de los medios necesarios para afrontar los gastos del proceso y más aún la imposibilidad de obtenerlos en el futuro.
Despido, licencia por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Ciciliani Laura Hebe c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S080 - 483)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-06-03

Cuando la empleadora decide despedir a un empleado por reestructuración, conociendo que ha estado con licencia por enfermedad, debe extremar sus previsiones antes de proceder a su despido, porque nada obsta a que la empleada pruebe que la enfermedad subsiste y en ese caso, además de la indemnización que prevee el art. 245 de la L.C.T. y la indemnización sustitutiva de preaviso, el patrón debe abonar los salarios hasta el alta médica o hasta el vencimiento de las licencias pagas de acuerdo al art. 208 de la L.C.T.-
Constitución Provincial, ley de emergencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORTES ALBERTO R. J. y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-05-18

No corresponde al Poder Judicial el examen o corrección de las estrategias implementadas por los otros dos poderes para arribar a determinados objetivos mediante una tarea legislativa. No es función de los jueces participar en los actos de esa índole.

Calificada una situación como crítica, tampoco pertenece al ámbito de la gestión judicial, la evaluación y ponderación del modo en que esa crisis intenta ser superada, ni la equidad en la localización de las medidas rigurosas dispuestas con el fundamento habitual de las conocidas leyes de emergencia. Pero también es absolutamente cierto que precisamente el Poder Judicial es el que debe examinar la constitucionalidad de aquellas normas. Porque no constituye exceso el estricto control de correspondencia entre la norma menor y la superior.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O. R. c/ R. A. E. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-01

El daño es esencial extremo constitutivo de la acción resarcitoria, por lo que su demostración incumbe al actor.

"El daño no existe en el mundo del derecho sino cuando la sentencia acredita su existencia".
Contrato de trabajo en general, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: A. de M., M. c/ Y.P.F. SA y Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-19

Para hacer jugar la presunción del art. 23 LCT, no resulta necesario probar, además, la existencia de dependencia, mientras que, desconocida la relación laboral pero admitida la prestación de servicios, alegando que lo fue por una causa jurídica ajena a un contrato de trabajo, pesa sobre el excepcionante la carga de demostrar que dicha prestación no fue realizada bajo relación de dependencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Bai, Julio César s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la apreciación de la prueba en juicio oral fundado en una norma legal inatingente al mismo, ya que dicha tarea está regulada específicamente por el art. 286 del Código de Procedimiento, disposición ésta que, si bien es citada por quien recurre, no se la denuncia como transgredida (doct. art. 355, C.P.P.).