Prisión preventiva, excarcelación, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: Cinto Courteaux, Marcelo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-30

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la decisión y remitir las actuaciones a la instancia anterior, a fin de que se dicte una nueva resolución, puesto que el tribunal de grado omitió valorar debidamente lo concerniente a la aplicación de alguna de las medidas alternativas previstas en el art. 210 del nuevo CPPF. La simultánea formación del legajo de prisión domiciliaria no relevaba al tribunal de la obligación de expedirse acerca de aquella medida coercitiva acorde a la situación planteada y que, a la vez, consultase la efectividad y menor severidad, con ajuste al principio constitucional de ultima ratio. En acuerdo con lo resuelto por el a quo, puede inferirse que no procede la excarcelación -puesto que el encausado permaneció prófugo durante tres años y se encuentra en pleno desarrollo el debate oral y público desde hace ya un año-, sin que, por ello, quede eximido el tribunal de la obligación de evaluar la viabilidad de un mecanismo morigerador del encarcelamiento, solicitado expresamente por la parte. Además, cabe tener presente los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas mayores de edad. Esta Cámara, destacó la particular situación en la que se encontraban aquellas personas privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios en el marco de la emergencia previamente declarada y se encomendó tener especialmente en consideración aquellos supuestos comprendidos en los grupos mencionados en el punto 2. "a"-"f" (Acordada 9/20). Cinto Courteaux, es una persona de 72 años que padece hipertensión arterial, dislipemia y tabaquismo. Se impone adoptar pronunciamientos que resguarden adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, por su situación de vulnerabilidad, para hacer cesar la actual y excepcional situación de riesgo. La disidencia consideró que el recurso debía ser rechazado, pues el pronunciamiento del tribunal se ajusta a los parámetros establecidos en el art. 366 del rito, en tanto procura asegurar la sujeción del encausado al proceso y así garantizar la prosecución del debate, más aún ante los riesgos procesales corroborados en la especie y la complejidad, extensión y naturaleza de la causa. La implementación de las normas previstas en el nuevo CPPF tampoco puede desatender los compromisos asumidos por el estado argentino de investigación, juzgamiento y -de corresponder- adecuada sanción a los responsables de delitos de esta laya. Asimismo, conforme los alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan en la especie pautas de estricta ponderación que exigen "meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso" (punto 3) y que "las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados" (punto 2. f). A ello se suma, la Resolución N° 1/2020, en la que la Comisión IDH (recomendación 46) específicamente sindicó que "En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables". Por último, resulta menester destacar que el sector donde se encuentra alojado, se encuentra subpoblado, de acuerdo a lo que surge del informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (registrando la Unidad N° 31 uno de los guarismos más bajos: 55.02%) y que del informe suscripto por los profesionales de la salud de la unidad penitenciaria surge que las patologías de base que presentan se encuentran siendo tratadas dentro de la Unidad carcelaria. Dres. Mahiques, Yacobucci -por su voto- y Slokar -en disidencia-.