Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-26


Buenos Aires, 26 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, Resulta: 1. El Fiscal de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso queja (fs. 52/58) contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 47/51) que denegó el recurso de inconstitucionalidad que, a su turno (fs. 43/46), esa parte había deducido contra la decisión (fs. 41/42) que confirmó lo resuelto por la jueza de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de la remisión de la causa, que el fiscal de grado había ordenado para que el Fiscal de Cámara revisara el archivo dispuesto en autos, en los términos del mecanismo implementado por la Resolución nº 16/10-FG (fs. 14/16).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, el Fiscal de Cámara señaló que la "confirmación de la resolución que dispone la nulidad de la remisión ordenada por el Fiscal a es[a] parte [.] [constituye] un obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción penal" (fs. 43), toda vez que el "temperamento adoptado por esa Sala trae como consecuencia que es[e] Ministerio Público Fiscal se vea impedido de ejercer sus funciones como órgano promotor de la actuación de la justicia [.] y de los intereses generales de la sociedad" (fs. 44 vuelta). En síntesis, el recurrente entiende que "[l]os sistemas de revisión intern[a] [.] emitidos por la Fiscalía General, tienen por objeto garantizar la igualdad de trato de los justiciables y establecen controles de gestión que están admitidos constitucional y legalmente [.] [para la] normal prestación del servicio de justicia" (fs. 45 vuelta) y tienen fundamento en los principios de "unidad de actuación y dependencia jerárquica (arts. 4 y 5 [ley nº 1903])", para cumplir, en consecuencia, "el mandato contenido en los arts. 124 y 125, inc. 1, de la CCABA" (fs. 46).

3. Frente a la denegatoria de ese recurso, fundada por la Sala III en la ausencia de legitimación de la recurrente (voto de los jueces Paz y Manes) y en la inexistencia de caso constitucional (voto del juez Franza), en el recurso de hecho se insiste en señalar el menoscabo de las funciones del Ministerio Público Fiscal, para justificar la admisibilidad y procedencia de sus agravios, a fin de obtener la revocación de la resolución atacada. 4. El Fiscal General, al tomar la intervención requerida por el Tribunal (fs. 75/78), sostuvo el recurso presentado, solicitó que se hiciese lugar a la queja, se tratase el recurso de inconstitucionalidad denegado por la Sala III y se dejara sin efecto el pronunciamiento recurrido en todo cuanto fue materia de agravio.

Fundamentos La Jueza Ana María Conde dijo: 1. La queja deducida por el representante del Ministerio Público Fiscal fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402), y, asimismo, denuncia de manera suficiente la existencia de serios defectos de fundamentación en las decisiones que recurre a través de la vía de excepción articulada.

En efecto, con relación al auto denegatorio el recurrente controvirtió el principal argumento que esgrimieron dos jueces del tribunal a quo, referido a su falta de legitimación para provocar la intervención de este estrado, y puso de manifiesto la falta de correspondencia entre ese criterio restrictivo y aquel otro que ha sostenido este Tribunal, al que -en última instancia- pretendía acceder mediante esa impugnación (según mi voto, en "Sabbatini", expte. nº 8740/12, resolución del 27/02/13). Por su parte, el quejoso también se ocupó de controvertir el otro argumento que, individualmente, utilizó el restante juez del tribunal a quo para denegar su impugnación, referido a la no acreditación de un caso constitucional, toda vez que volvió a denunciar fundadamente el desconocimiento del rol asignado al órgano acusador y el entorpecimiento al que, a causa de lo resuelto por los jueces de mérito, tuvo que enfrentarse en el marco del ejercicio de las funciones que constitucionalmente le incumben.

La fundamentación propuesta, entonces, alcanza para que esta queja prospere.

2. Ahora bien, entiendo que le asiste razón al Sr. Fiscal de Cámara en todo cuanto desarrolla en su recurso de inconstitucionalidad. Ello así, porque logra evidenciar -también- que el pronunciamiento del tribunal a quo que confirmó la resolución de grado, en cuanto a la declaración de nulidad de la intervención que en el caso le cupo a su Fiscalía de Cámara -respecto a la revisión del archivo, en los términos del mecanismo interno de consulta que fue implementado por el artículo 4° de la Resolución FG n° 16/2010-, pone en crisis seriamente las atribuciones y funciones del MPF. Dicha declaración de nulidad implica, en los hechos, que se mantenga archivado este proceso en desmedro de la voluntad expresada por el órgano acusador, para el cual, en realidad, concurrirían circunstancias que justificarían modificar el criterio con arreglo al que inicialmente se estimó infundada la persecución penal.

Concretamente, al margen de la terminología utilizada por el fiscal de primera instancia, en la disposición de fs. 2/3, que dio andamiaje a todo este debate, en cuanto decidió "ARCHIVAR" estas actuaciones y "REMITIR" a la Fiscalía de Cámara, a los fines establecidos en la resolución FG nº 16/10, lo cierto es que ese archivo quedó invariablemente sujeto a una condición muy puntual -es decir, a la "revisión" que debía hacer de aquella decisión quien, dentro de la estructura del MPF reviste una jerárquica superior-, condición sin la cual no podía hacerse efectivo. La pretensión de reconocerle validez al archivo exclusivamente y desconocérsela a la condición a la que ese archivo quedó supeditado, supone tanto como desnaturalizar la expresa voluntad de quien suscribió ese acto procesal e inmiscuirse en la distribución del trabajo y las funciones que, normativa o administrativamente, le han sido asignadas a los diversos representantes del MPF. A su vez, los jueces intervinientes no han logrado justificar que el MPF se haya arrogado, con ello, una facultad de revisión, de oficio, prohibida por la ley, puesto que recordar que los artículos 200 a 202 del CPPCABA establecen la posibilidad de revisión a instancia del damnificado, víctima o denunciante, no autoriza -per se- a considerar que resulte ilegítima una "revisión" como la que aquí se ha desarrollado. Ello así, toda vez que en el escenario descripto no puede sostenerse que una simple consulta como la que realizara el fiscal a su superior, exceda de algún modo los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica que guían el desempeño funcional de todos los magistrados que integran el Ministerio Público (art. 125.1, CCABA) o que ponga en vilo o desconozca las garantías procesales de los sujetos involucrados. Por el contrario, los desarrollos dogmáticos y abstractos sobre los que se pretenden respaldar las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en autos, le quitan toda virtualidad a las funciones constitucionales y legales fijadas al MPF (arts. 124 y 125, CCABA, 4, 5, 21.1 y 29.4, LOMP) y, en simultáneo, no tienen en miras los importantísimos propósitos que llevaron al Fiscal General a establecer ese mecanismo de revisión o consulta interna en los supuestos de "violencia doméstica" en los que se busca visibilizar la especial condición de "vulnerabilidad" que suele estar presente en las víctimas inmersas en esa situación. En ese sentido, el motivo que parece haber inspirado al dictado de la Resolución nº 16/10-FG y a la actividad recursiva incitada en autos por los distintos representantes del MPF -que en definitiva no es otro que lograr el mayor consenso posible frente a la determinación de si corresponde o no un "archivo"-, indudablemente puede ser leído como una forma de remover los obstáculos en los que suelen encontrarse las personas sumergidas en dicho contexto, que eventualmente puede influir en la toma de decisiones respecto de la continuación de una investigación de la que son protagonistas. Exigir o esperar incondicionalmente que aquella víctima promueva esa "revisión", sin hacerse cargo de los probables impedimentos que podría encontrar ni de las consecuencias que podrían derivarse a causa de su determinación, equivale a tratar de igual manera situaciones abiertamente dispares.

Al respecto, no puede sostenerse racionalmente que los mecanismos de convalidación, instaurados por el MPF para este tipo de asuntos, resulten en modo alguno contradictorios con los principios surgidos de la LOMP, con la finalidad del legislador al sancionar el CPPCABA o con algún precepto de la CCABA, cuando lo que se busca es -lisa y llanamente-: cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos; adoptar medidas positivas para evitar resoluciones equivocadas o estereotipadas en el abordaje de los casos de violencia doméstica, familiar o de género que deben ser examinados por los operadores públicos como una "violación de los derechos humanos" y de "libertades individuales"; y afianzar la efectiva protección y el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de las mujeres y los niños que usualmente son las principales víctimas en estos supuestos, protegiéndolos eficazmente de cualquier práctica que conlleve su discriminación o que perpetúe su abuso (objetivos, todos ellos contenidos en la CEDAW, en la CDN y en la "Convención de Belem do Pará", cf. art. 75.22, CN, y ley nº 24.632).

En suma, la argumentación expuesta en las decisiones judiciales que por la vía del recurso de inconstitucionalidad ha sido impugnada merece ser descalificada por este Tribunal, porque la peculiar interpretación con arreglo a la cual se ha concluido que el MPF tendría prohibido revisar o controlar su propia actuación o el modo en que su misión esencial fue llevada a cabo, en un supuesto como el presente, no encuentra fundamento normativo alguno y no es más que el resultado de intentar corregir o limitar -pretorianamente- las atribuciones que el Constituyente y el legislador local le han reconocido a ese Ministerio.

Obiter dictum, la paradójica solución dada al caso por el tribunal a quo resulta doblemente dogmática e injustificada, puesto que, al margen de que se omitió dar una explicación mínimamente convincente respecto al perjuicio concreto que -en todo caso- pudo haberle ocasionado al imputado aquel mecanismo de gestión interna, en autos se han soslayado por completo dos cuestiones que en mi opinión era menester cuanto menos considerar: a) por un lado, el cuestionamiento expreso contenido en el recurso de apelación de la fiscalía (fs. 108/115 de los autos principales) mediante el cual se denunció la inválida -o subrepticia- introducción del planteo de nulidad inicialmente articulado respecto de esa "revisión", por parte del Asesor Tutelar de primera instancia, que, si bien fue convocado al proceso para intervenir por las niñas involucradas (fs. 19, ib.), según parece optó voluntariamente por representar al imputado en virtud de algún problema de "adicción" que fue solitariamente mencionado por la propia denunciante (fs. 32, 35 y 75/76, ibidem); y b) por el otro, la opinión -favorable a la revocación de la nulidad decretada por la jueza de mérito- que la propia Sala III requirió a la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores, que, aquí sí, ejerció su ministerio en representación de las dos menores víctimas involucradas (fs. 136/137, ib.); opinión con arreglo a la cual "nos encontramos ante un caso de violencia doméstica, donde las principales víctimas (.) se encuentran en situación de vulnerabilidad y en desigualdad de condiciones tanto físicas como emocionales, respecto del denunciado" y por tal razón "el Ministerio Público Fiscal debe tomar mayores recaudos (.), a fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser sometidas a los maltratos de dichos círculos de violencia (.) para resguardar los derechos de (.) desarrollarse en un medio de armonía, paz, libertad y dignidad", todo lo cual la llevó a concluir que "es necesario continuar con el proceso penal, esto es, llevar adelante la audiencia de juicio oral y pública, a fin de arribar a un pronunciamiento judicial válido que determine el derecho aplicable y los hechos del proceso" (fs. 137, ibidem; el énfasis fue añadido).

3. Por lo expuesto, propongo: admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia objetada en cuanto fue motivo de agravio (art. 31, ley nº 402).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: Comparto los fundamentos y la solución propuestos por la jueza de trámite, Ana María Conde.

Así voto (cf. la opinión que expresara mutatis mutandi en el precedente Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: T., G. s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas CP (p/L 2303), expediente n° 9288/12, resolución de fecha 14/02/14).

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 1. La resolución impugnada -aquella que, buscando apoyo en el art. 202 del CPP, confirmó la sentencia de grado en cuanto había resuelto declarar la nulidad de la decisión de la Fiscalía de primera instancia de archivar las actuaciones (cf. lo previsto en el art. 199, inc. d de la ley nº 2303) y someter esa determinación al Fiscal de Cámara (cf. la Resolución FG nº 16/2010)-, por impedir la continuación del proceso, es la definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402.

2. En lo que respecta a la objeción formulada por la defensa relativa a la falta de legitimación de la parte recurrente (cf. fs. 166/168 vuelta de los autos principales), me remito a los argumentos que desarrollé al votar in re "Ministerio Público -Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Parga, Daniel Ezequiel s/ infr. art. 189 bis CP -portación de arma de fuego de uso civil-'", expte. nº 6165/08, sentencia del 20/10/2009, que doy aquí por reproducidos, para descartarla.

3. En cuanto al fondo, la Cámara sustentó la solución mencionada en que ".la reapertura de la investigación ordenada por el fiscal de cámara como consecuencia de la revisión de oficio de la decisión adoptada por el de grado, vulnera la garantía del debido proceso legal toda vez que a través de una norma que regula el control interno de los actos de los funcionarios del ministerio público fiscal (Resolución FG n° 16/2010), se viola el procedimiento expresamente establecido en una ley de carácter general (ley n° 2303)" (fs. 42).

4. Esa tesis se aparta de lo que ocurrió en el expediente. En efecto, el Fiscal de primera instancia se pronunció por el archivo de las actuaciones por falta de pruebas, pero, no lo ejecutó sino que, cumpliendo con el criterio general de actuación establecido en el art. 4 de la Resolución FG n° 16/21010, dio intervención al de Cámara, a efectos de que revise aquella decisión (cf. fs. 65 vuelta de los autos principales).

Ejecutarla habría sido continuar con lo dispuesto por el art. 202 del CPP que reza así "[c]uando el/la Fiscal disponga el archivo por no haber podido acreditar que el hecho efectivamente ocurrió, o individualizar al/la imputado/a o por el supuesto contemplado en el inciso a) del art. 199 [archivo de la denuncia y de las actuaciones de prevención], debe notificar al damnificado/a, a la víctima, al/la denunciante, quien dentro del tercer día podrá oponerse al archivo ante el/la Fiscal de Cámara indicando las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho.// Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución de la investigación con el cumplimiento de las medidas propuestas.// El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan probar la materialidad del hecho". Cuando esa decisión es revocada válidamente, tal como sucede en el sub lite, no cabe ya ejecutarla. En el caso, por lo pronto, la revocación es el natural mecanismo para concretar la relación jerárquica estipulada en la ley de ministerio público (cf. arts. 124 y 125 de la CCBA, y la ley n° 1903), máxime estando prevista en una instrucción de carácter general que no ha suscitado reacción en el Poder Legislativo al que cabe suponer ha sido comunicada (cf. el último párrafo de la Resolución FG n° 16/2010 y su publicación en el Boletín Oficial n° 3348, de fecha 26/01/2010, pág. 125).

Por lo dicho, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducidos y revocar la decisión de Cámara de fs. 41/42 vuelta.

La juez Inés M. Weinberg dijo: 1. El recurso de queja interpuesto resulta admisible en tanto el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para la interposición del recurso de inconstitucionalidad (cf. mi voto en "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Aman, Horacio Jorge s/ infr. art(s) 150 violación de domicilio'", expte. nº 9179/13, resolución del 4/12/2013).

Además la queja fue deducida en tiempo y forma (artículo 33 de la ley nº 402), y contiene una crítica concreta de la resolución apelada.

2. La Cámara decidió que la revisión de oficio por el Fiscal ante dicha instancia de la decisión adoptada por el fiscal de grado "vulnera la garantía del debido proceso legal toda vez que a través de un norma que regula el control interno de los actos de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (Resolución FG nº 16/2010), se modifica el procedimiento establecido por un ley de carácter general (ley nº 2303)" (fs. 42).

La recurrente sostiene que la decisión de la Cámara es contraria a las cláusulas constitucionales que le asignan competencias al Ministerio Público y lo dispuesto por las leyes que regulan la actuación de dicho organismo.

3. El progreso de la pretensión esgrimida por el Fiscal de Cámara exige determinar la inteligencia de diversas reglas constitucionales (arts. 13.3, 124 y 125, CCABA) y legales (leyes nros. 1903 y 2303) que estructuran el proceso penal y determinan las facultades del Ministerio Público Fiscal. Ello a fin de establecer si la interpretación formulada por la Cámara -al declarar la nulidad de la remisión que hizo el Fiscal de grado al Fiscal de Cámara (fs. 3 vuelta)- respeta aquellos postulados.

3.1 En el ámbito local rige el sistema acusatorio (cf. art. 13.3 CCABA) y la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad -conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica- velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. art. 124 y 125 CCABA).

La Ley Orgánica del Ministerio Público (ley nº 1903), dispone que el organismo "actúa conforme al principio de unidad e indivisibilidad, sin perjuicio de la especificidad de sus funciones y la diversidad de intereses que deben atender. Cada uno de sus integrantes en su actuación representa al Ministerio Público en su conjunto" (art. 4).

Asimismo la mencionada ley establece la organización jerárquica dentro de cada ámbito del Ministerio Público. En ese orden prescribe que: "los titulares de cada uno de los tres organismos que componen el Ministerio Público elaboran criterios generales de actuación de sus integrantes" (art. 5). Además, el artículo 31 inciso 4º de la Ley Orgánica faculta al Fiscal General a "fijar las normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Fiscal, y supervisar su cumplimiento".

Por otra parte, el Código Procesal Penal local establece que "el Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción pública, y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria (.). La promoverá de oficio, siempre que no dependa de instancia privada" (art. 4 CPP y, en el mismo sentido, artículo 17 inc. 3º de la ley nº 1903).

4. El plexo normativo enunciado permite afirmar que el Ministerio Público Fiscal, en tanto se rige por el principio de unidad de acción y se organiza de manera jerárquica, tiene competencia para revisar su propia actuación y definir el modo en que llevará a cabo la misión que le asigna la propia Constitución y el Código Procesal Penal local. Asimismo, de la normativa referida surge que es función del titular del organismo -el Fiscal General- distribuir el trabajo y ejercer la supervisión de lo actuado.

Por lo tanto es dable concluir que la Resolución del Fiscal General Nº 16/2010 fue dictada en ejercicio de las competencias que la Ley Orgánica del Ministerio Público le atribuye expresamente al titular del organismo (art. 1, 17, 5 y art. 18 inciso 4).

El artículo 4 de la mencionada Resolución establece: "como criterio general de actuación que en todos aquellos casos en los que se presente un contexto de violencia doméstica, de todo archivo que se dicte deberá darse intervención al Fiscal de Cámara respectivo, a efectos de que revise la decisión adoptada".

En autos, tanto el fiscal de grado como el de Cámara actuaron de conformidad con la Resolución General nº 16/2010 y con lo que dispone la ley nº 1903 -artículos 35 y 36-. En virtud de lo expuesto, asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que la sentencia de Cámara realiza una interpretación incompatible con los postulados constitucionales y legales que delimitan las competencias del Ministerio Público y con el esquema acusatorio bajo el que se estructura el proceso penal local.

En esas condiciones corresponde hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por el Ministerio Público Fiscal y revocar la sentencia de Cámara.

Así voto. El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. El recurso de queja deducido es procedente porque cumple con los requisitos formales para ser tratado y expone razones suficientes para considerar mal denegado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien se encuentra legitimado para ello (ver, entre otros, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454, resolución del 08/09/10, entre otros).

La decisión cuestionada, que confirmó la resolución de primera instancia por intermedio de la cual se declaró la nulidad de la consulta al Fiscal de Cámara dispuesta por el de grado en función de lo previsto en el art. 4° de la Resolución FG n° 16/10 (punto III) resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal, en tanto impide la continuación del trámite del expediente, con lo cual la pretensión sancionatoria del fiscal -rol esencial que le incumbe en el proceso- no podría ser ejercida. No existe, en consecuencia, otra oportunidad eficaz para que el recurrente haga valer sus razones constitucionales en torno a la invalidez del archivo en definitiva confirmado por la Alzada y pueda, de esta manera, llegar a disipar los agravios invocados de modo oportuno.

Además, el recurrente ha planteado un genuino caso constitucional, pues cuestiona de modo concreto y suficiente la interpretación que los jueces de la causa hicieron de las normas invocadas para resolver el caso, por considerar que tal hermenéutica lesiona las reglas constitucionales vinculadas al sub examine que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (arts. 13.3 y 124 y 125, CCABA).

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. El recurso de inconstitucionalidad debe ser admitido en razón de los argumentos expuestos en los fundados votos de las doctoras Ana María Conde (punto 2, párrafos primero, segundo y quinto) e Inés M. Weinberg (puntos 2 a 4) que, en lo sustancial, comparto y a los que me remito en homenaje a la brevedad (cf., mutatis mutandi, mis votos in re "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'T., G. s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas CP (p/L 2303)'", expte. n° 9288/12, resolución del 14/2/2014 y "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de apelación en autos Blanco Vallejos, Vidal s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC", expte. nº 9876/13, resolución del 20/11/ 2013).

Corresponde, en consecuencia, hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos y revocar la decisión de Cámara agregada a fs. 41/42.

Así lo voto.

Por ello,el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja (fs. 52/58).

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, cuya copia obra a fs. 43/46, y revocar la decisión de Cámara del 27/04/12, agregada a fs. 41/42.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas