Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-18


Esquel, 18 de diciembre de 2006.- VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos: por la Sra. S N T -cesionaria de los derechos del coheredero A A R-, representada por el Dr. L A R (fs. 186); por las coherederas L R y C E R, representadas por el Dr. C E D (fs. 193); y por los coherederos J T R, B A R, M I R, S R R y J C R, representados por el Dr. H A Sarquís (fs. 198), respectivamente, contra la Sentencia N° 649 de fecha 26 de septiembre de 2006 (fs. 184/185); y CONSIDERANDO:

1. Que en lo fundamental, la sentencia recurrida resuelve hacer lugar al levantamiento de la medida de no innovar decretada en autos, conforme a lo considerado.

2. Que contra tal decisión, a fs. 200/201, el Dr. L A R expresa agravios en representación de la Sra. T, solicitando que se revoque la sentencia apelada por entender que tanto la postura del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural como la del a quo son equivocadas porque implican una violación C, terminante e indiscutible del Código Civil, agregando que se ha obrado en contradicción a las disposiciones de los arts. 3262, 3263, 3279 del citado código y a todo el régimen del derecho sucesorio.-- En segundo término, refiere que más allá de cualquier disposición de la ley provincial 3.765, ésta no puede eludir las disposiciones de las leyes de fondo, puesto que el dictado del Código Civil es prerrogativa del Gobierno Federal y a ese código debe conformarse el Gobierno Provincial, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes provinciales.

Agrega que, más allá de los "permisos precarios" que otorgó el IAC a Don M R, éste y su esposa eran reales poseedores de la tierra a título de dueño y tenían el derecho a prescribir que surge del art. 4015 y ccdtes. del Código Civil, y que ese derecho a prescribir existe más allá de que las tierras ocupadas pertenezcan al Estado, pues los inmuebles que integran el dominio privado de éste pueden ser usucapidos (arg. art. 24 Ley 14.159, ref. decreto 5.756/58).

Expresa que no hay precariedad cuando han transcurrido casi cincuenta años entre el comienzo de la ocupación y la muerte de los causantes Expone que la posesión ejercida por el causante y el derecho a prescribir, son derechos transmisibles y corresponden a todos los herederos del matrimonio R, por lo que levantar una medida precautoria que permita al I.A.C. burlar los derechos de los herederos es contraria a todo derecho.

Analiza la tesis sustentada por el fallo que discute, concluyendo que la misma es arbitraria y que se debe revocar el auto apelado y por ende mantener la medida de no innovar dictada oportunamente.

3. Que por su lado, las coherederas representadas por el Dr. C E D, al expresar a fs. 203/205 sus agravios, señalan que el dejar sin efecto la medida de no innovar les cercena el derecho a la tierra fiscal que por ley les corresponde (derecho sucesorio), como asimismo la invocación errónea que se hace del art. 2342 del Código Civil, puesto que las tierras en litigio tienen dueño conforme al título jurídico otorgado por el IAC y lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 3.765.

Refieren que se hace una interpretación equívoca del alcance normativo que fija la ley 3.765.

Entienden, en principio, que el IAC con su decisión en el expediente administrativo vulneró el principio constitucional de la igualdad ante la ley, ya que en iguales circunstancias y con iguales derechos prioriza la solicitud encubierta de un solo heredero en detrimento de los demás.

Analiza dicho expediente y concluye que con sus actuaciones el I.A.C. está violando las disposiciones del Código Civil en materia sucesoria y contradiciendo las decisiones que tomara años anteriores.

Examina la ley 3.765 y concluye solicitando se revoque la sentencia interlocutoria atacada.

En suma, sintetiza su agravio expresando que el I.A.C., más allá de su carácter de administrador, no puede desconocer las normas de fondo de nuestro derecho privado, anteponiendo a su antojo a uno u otro heredero si todos tienen los mismos derechos y están en igualdad de condiciones frente a este organismo.- 4. Que, en ocasión de expresar sus agravios (fs. 205/208), los coherederos representados por el Dr. H A S sostienen que el resolutorio atacado "...merece su total revocación por haberse dictado en contradicción con los hechos y el derecho aplicable" (fs. 205).

Afirman que el pronunciamiento atacado "...respalda su decisión compartiendo el criterio del IAC en el sentido que las normas legales que rigen toda la materia vinculada al derecho sucesorio deben, en nuestro caso, ser desplazadas por la Ley Provincial Nº 3.765..." (fs. 205).

Sostienen -asimismo- que "...si la ley 3765 fuera interpretada como lo hace el IAC y el decisorio impugnado -ya vimos en detalle los yerros de tal interpretación- su aplicación resultaría contraria a las normas del Código Civil planteándose, en consecuencia, un motivo claro de inconstitucionalidad que el a quo, aún de oficio, debió resolver por imperativo del art. 10 de la Constitución Provincial" (fs. 207).

Hace reserva del Caso Federal (fs. 208) y solicita la revocación de la resolución recurrida.

5. Que a fs. 209/211 vta. y 220/223, el Dr. C V A, por la representación invocada del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (I.A.C.), contesta los agravios impetrados, y luego de formular una aCción, sostiene que esta cuestión "...no puede ser resuelta dentro del Derecho Sucesorio por pertenecer al ámbito del derecho Administrativo..." (v. fs. 220).

Defiende la logicidad y legalidad del interlocutorio atacado, para solicitar -finalmente- se confirme el auto atacado.

6. Que, entrando a resolver la cuestión planteada, ante todo, debe tenerse en cuenta que: "El sucesorio es un proceso especial cuyos fines exclusivos son la determinación objetiva y subjetiva de los bienes dejados por el causante y de las personas que revisten el carácter de sucesores (conf. art. 3279 y concs., Cód. Civil).

Como proceso no concluye con un pronunciamiento que satisfaga pretensiones resistidas o insatisfechas, pues las demandas de los terceros contra la sucesión o los herederos, como la de éstos entre sí o frente a terceros, se deben intentar en un proceso aparte, de conformidad con el derecho que alegaren los interesados.

En suma, el juicio no está dirigido a dirimir controversias" (FENOCHIETTO, C Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 585, Astrea, Bs. As., 1999).- En consecuencia, siendo el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (I.A.C.) un tercero en el presente sucesorio, cualquier disputa dominial o administrativa sobre tierras fiscales bajo su administración (Ley N° 3.765) excede el ámbito propio de este proceso, debiendo dirimirse mediante una acción autónoma y previo agotamiento de la vía administrativa, en su caso.

7. Que sentado ello y teniendo en cuenta los caracteres esenciales de los actos administrativos, esto es su "presunción de legitimidad" y "ejecutoriedad" (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. II, p. 367 y ss., n° 426 y ss., Abeledo - Perrot, Bs. As., 1966), la medida de no innovar dispuesta a fs. 135 no puede convertirse en un obstáculo para la actuación del I.A.C., entidad autárquica del Estado Provincial, por lo que cabe confirmar la resolución recurrida.

8. Las costas en esta Instancia deben ser impuestas a los incidentistas vencidos (art. 68 CPCC) y teniendo en cuenta que el presente caso se trata de un recurso planteado en un incidente dentro del incidente de la traba de una medida cautelar, los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada se deben fijar en un 0,05% para el Dr. V A, en un 0,01% para cada uno de los Dres. C E D y H A S y en un 0,006% para el Dr. L A. R, con más el IVA pertinente, los que se calcularán sobre el monto del bien en disputa (art. 23 del Arancel), por la labor desarrollada en esta Alzada. (arts. 6, 7, 9, 33, 14 Dec. Ley 2.200).

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, -R E S U E L V E --1º) CONFIRMAR la Sentencia N° 649 de fecha 26 de septiembre de 2006 (fs. 184/185).

2º) IMPONER las costas en esta Instancia a los incidentistas vencidos (art. 68 CPCC), regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada en un 0,05% para el Dr. V A, en un 0,01% para cada uno de los Dres. C E D y H A S y en un 0,006% para el Dr. L A. R, con más el IVA pertinente, los que se calcularán sobre el monto del bien motivo de litigio que se determinará conforme lo establece el art. 23 del Arancel, por la labor desarrollada en esta Alzada. (arts. 6, 7, 9, 33, 14 Dec. Ley 2.200).

3º) TENER presente la reserva de caso federal planteada.

4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

JORGE L FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASSBENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N°179 DEL AÑO 2006.

CONSTE.- Norma Marrero Secretaria