marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley penal más benigna, actuación de oficio, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: López Brítez, Pastor y otros s/ Asociación ilícita - Robos agravados reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Habiéndose derogado por el ordenamiento legal vigente la causal por la que se aplicó la reclusión por tiempo indeterminado, corresponde dejarla sin efecto.
Expropiación, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kraayenbrink de Beurts, María W. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular Frings de Canessa, María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07|1990-02-20

Aun cuando se pudiera entender que el acto público al que asistieron altas autoridades nacionales y provinciales haya tenido por objeto "entregar tierras fiscales", no puede sostenerse que ello constituyó una desposesión de hecho del propietario a los efectos de establecer el pago de intereses por la expropiación si de la causa surge que el titular de dominio había perdido la posesión de tales terrenos a manos de un tercero, con anterioridad a la promulgación de la ley de la celebración de dicho acto.
Convención de los derechos del niño, normas operativas, Derechos humanos, interés del menor, reclamación de la filiación, competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: C.G., A. c/ S., J.A. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La operatividad de la Convención de los Derechos del Niño permite la posibilidad de apartarse de las reglas generales de competencia y poder defender el interés derivado del derecho de familia ante el juez del domicilio del menor. Es que, mantener la aplicación de las pautas genéricas contenidas en el artículo 5º, inc. 3º, del Código Procesal, implicaría obligar al menor a incurrir en diligencias costosas para poder reclamar su filiación, realidad que no se compadece con la protección primordial de la que es sujeto, de acuerdo con lo establecido por la ley 23.849, de raigambre constitucional.-
Policía federal, reajuste jubilatorio, suplementos del haber jubilatorio, haber de retiro, adicionales de remuneración, carácter remunerativo, carácter bonificable
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Nordenstrom Juan Carlos y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-02

Los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09 y 2048/09, en su artículo 2° prevén la incompatibilidad de su percepción para aquellos que hayan visto reajustado su haber mediante una medida judicial. Sin embargo lo cierto es que no puede colocarse a quien ha obtenido judicialmente el reconocimiento de un derecho en peor situación de la que estaba antes de ello, en la medida que resultaría incoherente que otorgado lo que por derecho corresponde, culmine resultando una perdida, violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional. En el caso la actora al demandar manifestó que en estos autos solo se reclama el aumento dispuesto por el decreto 751/09 en atención que los anteriores aumentos otorgados por los decretos 1782/06, 871/07 y 1053/08 fueron reclamados en una demanda anterior. Por ende, al practicar liquidación final deberá contemplarse la situación de la actora de modo tal que se complemente lo aquí dicho, con lo allí resuelto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Charruti Curbelo, Luis Eduardo s/ robo seguido de homicidio -causa Nx 18.093-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Vacaciones, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ORLANDO Y OTRO c/ EMPRESA TRANSPORTES KO-KO SRL. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-12

El art.155 inc.C de la LCT -vacaciones, horas extras variables- dispone taxativamente que la opción entre el año calendario o los últimos seis meses, es un derecho del trabajador.
Quiebra, extensión de la quiebra, acción social de responsabilidad, prescripción, plazo, prescripción bienal
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. FINANCIERA DEL PLATA SA S/ QUIEBRA c/ CARLINO, REYNALDO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

La acción de responsabilidad prevista en la LC: 166 prescribe a los dos años desde que queda firme la sentencia de quiebra (LC:

167), debiendo comenzar a correr desde que la misma se halle ejecutoriada, esto es cuando apelada, el superior la confirme o revoque; mientras no hayan precluido los plazos de impugnación no puede hablarse de ejecutoria; por ende, para que la sentencia de quiebra se halle ejecutoriada corresponde que el plazo de cinco días en el que puede interponerse recurso de apelación se compute a partir del quinto día posterior a la publicación prevista en la LC:

97.
Beneficios previsionales, concejales, dieta parlamentaria, carácter remuneratorio, compatibilidad previsional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 67011 - PELLEGRINI JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE JUNIN s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-03

Si bien la Ley 24.241modificada por 24.347 adopta el principio de compatibilidad entre el goce de prestaciones previsionales y la actividad en relación de dependencia, el art. 34 limita la misma a los supuestos de beneficiarios provisionales en el régimen común o general y no a los incluídos en regímenes especiales o diferenciales.

Por lo tanto quien accede a una jubilación especial privilegiada por el desempeño de cargos electivos en el poder legislativo (ley 5077) y ejerce funciones como Concejal, queda comprendido en dicha incompatibilidad legal, máxime cuando se trata de las funciones que dieron origen al beneficio previsional.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parke Davis y Cía. de Argentina  S.A.I.C. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1973-07-31

El principio de la igualdad ante la ley consiste en que no se establezcan exenciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias.
Vejaciones, torturas
Materia: PENAL
Carátula: HAGELIN, Dagmar Ingrid c/ ASTIZ, Alfredo s/ QUERELLA POR PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-05

Los sujetos que trasladan en el baúl de un auto una persona con la finalidad inmediata de transportarla a un lugar determinado e ingresarla allí de la manera que ofreciera menos sospechas a los ojos de cualquier transeúnte que pudiese presenciar tal actividad, incurren en la figura de vejaciones y no en el concepto legal de tormentos vigente al momento de la producción de los hechos, ya que está ausente el deliberado propósito de hacer sufrir a la víctima porque sí.
Condiciones de detención, traslado de detenidos, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Bernard, Lucas c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

El voto concurrente agregó que el ingreso a una prisión, en calidad de persona privada de su libertad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y de la CN. (Dres. Gemignani, Hornos -voto concurrente-, Borinsky).
Devolución de objetos secuestrados, bienes inmuebles
Materia: PENAL
Carátula: GASPARRI de CASELLA, María L. s/ ENTREGA DE EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Corresponde hacer lugar a la devolución de un inmueble en el cual se hallaron los efectos referentes a la causa, a la persona titular del mismo, en tanto ésta es ajena al proceso, pues no existe disposición legal alguna que autorice al magistrado a mantener afectado al proceso bienes de terceros, y sin que medie razón de interés alguno para la investigación, pues el necesario resguardo de los efectos que se encuentran en el interior del local clausurado, en ningún caso deberá ser soportado por quien es un particular ajeno a la investigación.
Concesión parcial del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Reynoso, Raúl Juan c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

La disidencia parcial postuló hacer lugar al agravio relativo a la utilización de la pulsera electrónica por considerar que no se valoraron la totalidad de los antecedentes necesarios y conducentes para la adecuada solución del caso. (Dres. Ledesma -disidencia parcial-, Slokar, Figueroa).
Prueba pericial, puntos de la pericia, traslado, competencia contencioso administrativa, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Niederle, Eduardo Alejandro c/ Municipalidad de Huillapima - Departamento Capayan s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-20

La impugnación a la vista ordenada a la demanda de los puntos de pericial que realiza el recurrente sobre la clase de juicio a que pertenece el contencioso administrativo carece de efectos prácticos, tal como enseña Fassi en su obra -cualquiera sea la naturaleza del juicio, ordinario o sumario-, es objeto de vista a la otra parte, quien tiene ocasión de proponer otros puntos que también constituirán objeto de prueba y observar la procedencia de los mencionados por el que la ofreció. Por ello se rechaza la revocatoria interpuesta.
Hábeas corpus, orden de detención, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

No procede la acción de hábeas corpus cuando la orden de detención, arresto o prisión, fue expedida por algún juez nacional en ejercicio de sus funciones.

El hábeas corpus no es un sustituto de los recursos de que puede valerse el procesado contra las resoluciones del magistrado competente para el caso de disconformidad con las mismas por parte del interesado.
Financiamiento de los partidos políticos, celeridad procesal
Materia: ELECTORAL
Carátula: Alianza Acción Federalista por Buenos Aires (A.FE.B.A.) s/ ley 25.600 elección del 14 de septiembre de 2003 Incidente Alianza Unión por Córdoba Informes art. 54 y 58 ley 25.600 distrito Córdoba - elecciones 5-10-03
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-13|2010-08-26

En las causas destinadas al control del financiamiento partidario, debe predominar el principio de celeridad. Por ello tales procesos deben, en la teleología de la norma, finalizar antes de que se iniciase el próximo proceso electoral.
Representación procesal, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barolo, Norberto Oscar c/ Durante y Damonte s/ Usucapion Zepilli, Angel Mario c/ Tonin, Hugo José y otras s/ Resolución contractual Reche, Carlos A. y otros c/ Herbon, Juan José s/ Incidente violación medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05|1998-05-28|2001-10-25

La caducidad del mandato no se opera en todos los casos automática y simplemente por el fallecimiento del mandante, toda vez que el art. 1980 del Cód. Civil estatuye que dicho acontecimiento no pone fin al mandato cuando el negocio para el que fue otorgado debe ser continuado o cumplido después de la muerte del instituyente por sobrevenir peligro al demorarlo. En ese orden de ideas, es evidente que en un pleito en trámite cualquier demora puede producir consecuencias adversas a los intereses del mandante, de carácter irreparable. Y si bien existe para el mandatario el deber de poner en conocimiento del juez el deceso de su mandante -y en su caso denunciar nombres y domicilios de sus herederos- su incumplimiento voluntario no determina la nulidad de las actuaciones realizadas por gestor con posterioridad al fallecimiento de aquél, sino que esa omisión da lugar a otro tipo de consecuencias jurídicas. Mientras tanto, comprobado en debida forma el hecho de la muerte (o incapacidad) del mandante, el juez debe señalar la duración del plazo que corresponde conceder los interesados (herederos o representante legal), para que concurran a estar a derecho, facilitando la ulterior actuación procesal de quienes fueron citados a comparecer.
Orden de allanamiento, secuestro de bienes, objetos secuestrados, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, Daniel Osvaldo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

La letra de la ley dispone que el allanamiento y el secuestro de objetos debe ser ordenado por el juez (arts. 24 y 231, a excepción de las hipótesis previstas en los arts. 227 y 230 bis, todos del C.P.P.N.).

Si la orden de allanamiento dispuesta por el magistrado precisó algunos de los objetos a incautar, pero dejó abierto el secuestro a todo otro elemento que resulte de interés para la investigación; y, ante la imposibilidad de constatarse en dicho acto si la información requerida se encontraba registrada en las computadoras, el magistrado autorizó su secuestro, debe homologarse, con costas, el auto que rechazó el planteo de nulidad deducido por la defensa.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

El art. 2, inc. g) del estatuto de la Asociación Gremial no establece la potestad de actuar en resguardo del derecho a la salud de personas que no sean trabajadores de ese hospital; puesto que 'promover' no es sinónimo de ejercer derechos de otros. Así, el objetivo de promoción de la salud de la comunidad aparece ligado a la defensa del carácter público, gratuito e igualitario de los hospitales y; ni la demanda ni la sentencia de Cámara explican por qué el objetivo previsto en dicho artículo podría perseguirse por fuera del ámbito de representación personal de la AGIHM fijado en su estatuto. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, domicilio, correspondencia, allanamiento, buques
Materia: PROCESAL - PENAL - NAVEGACION
Carátula: Dalmao Montiel, Albertina Mabel y otro s/ almacenamiento de estupefacientes - causa N. 15.518.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

En una construcción flotante corresponde al capitán la titularidad del derecho de exclusión.
Cuestiones de competencia, competencia de menores, competencia nacional, competencia provincial, menor procesado, domicilio del menor, interés del menor, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Walter Damián s/ robo en grado de tentativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

Corresponde a la justicia nacional intervenir en el expediente tutelar de un menor, imputado en jurisdicción provincial de un delito penal, si la justicia local dio por finalizado el proceso y tanto él como su núcleo familiar se domicilian en la Capital, solución esta que entre otras cuestiones contempla el "superior interés del niño", principio consagrado en el art. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño y reconocido en el art.

75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
Prueba pericial, apreciación del juez, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Retamoso, Desiderio c/ Suc. Ana Feldman Hug. s/ Escrituración Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-06-27

Si bien por un lado, por categórico y unánime que sea el dictamen carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, aplicación de la ley penal, cómputo privilegiado de la privación de libertad, prisión preventiva, plazo, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Morales, Carlos Alberto s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El recurso extraordinario contra la sentencia que consideró que la ley 24.390 era aplicable a los condenados con sentencia firme es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Tasas de interés, libertad de contratar
Materia: CIVIL
Carátula: Esquenazi, Narciso c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-16

La jurisprudencia ha cumplido una tarea correctora, ya que basándose en lo preceptuado en los arts. 502 y 953, fue fijando una limitación a la libertad de contratar la cuantía de las tasas. Los factores que deben ser tenidos en cuenta para la admisibilidad de la cuantía de las mismas, como conforme a derecho son: las circunstancias económico-financieras cambiantes que influyen en la situación general del crédito, la depreciación monetaria, etc.
Indiferencia de la concausa, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez José María c/ Asociart ART s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-06

Aun cuando el magistrado de grado ha fundado principalmente su sentencia en la ausencia de los exámenes preocupacionales, lo cierto es que la supuesta omisión de aquellos o la no verificación de tales dolencias en dichos instrumentos, no resulta impedimento alguno para que si la ART acredita en juicio que la patología es inculpable o degenerativa, como sucede en este caso, quede desobligada de responder aún dentro del marco propio de la ley de riesgos del trabajo (Voto Romero, en minoría)
Indemnización tarifada, actuaciones administrativas, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Amadeo, Horacio Eduardo y otra c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

No existe cosa juzgada si la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo -dado el dictamen que procede el acto homologatorio, y que integra la resolución homologatoria-, sólo puso de resalto que la suma de dinero recibida por el ex empleado configura un pago a cuenta compensable hasta su concurrencia de cualquier reclamo indemnizatorio o salarial que pudiera formular el trabajador, sin expedirse efectivamente acerca de la procedencia o no de ninguno de los créditos peticionados.
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, inhabilitación (civil)
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: OMEGA  COOPERATIVA  DE SEGUROS LIMITADA c/ CARREFOUR ARGENTINA SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Del Dictamen Fiscal 109693:

Procede imponer a un productor asesor de seguros la pena de inhabilitación por el término de cuatro años cuando, como en el caso, surge que no rindió en tiempo y forma primas de seguros correspondientes a la cobertura emitida por una compañía de seguros a favor del denunciante. Cabe precisar que la ley 22400 art. 10-1 , ap. f), establece el deber del asesor de seguros de entregar a la aseguradora el importe de las primas correspondientes. Este deber viene impuesto por la necesidad de asegurar la solvencia del mercado asegurador, que impone -en lo que al tema respecta- el respeto irrestricto de esas normas que impiden el desvió de las primas abonadas por los asegurados. No juega aquí la autonomía de la voluntad, pues la mora en el cumplimiento de estas obligaciones puede incidir en la situación económico financiera de la sociedad, con la consiguiente afectación del interés publico comprometido en el seguro. Cuando un productor cobra lo hace por cuenta y orden de la aseguradora que lo ha autorizado al efecto, por lo que todo aquello que ha recibido es lo que debe girar a la compañía. No empece lo expuesto, que el sancionado alegue que la compañía de seguros finalmente cubrió el siniestro, pues las normas cuya infracción se atribuye al productor, prevén infracciones de peligro abstracto, que se consuma con la mera realización de la conducta prohibida, esto es, la falta de rendición de primas en los plazos legales y no requieren la demostración de un perjuicio concreto ni de una puesta en peligro concreta. Es que en el ámbito de control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general, en aras del cual han sido instituidas, en la especie, la solvencia del mercado asegurador.
Recurso de casación civil, denegatoria del recurso, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Velásquez Luis Alberto c/ Llanos Roque Esteban  y/u otro s/ Daños y Perjuicios - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-10-25

La sentencia de instancia anterior no es absurda y/o arbitraria, en orden a la valoración de las pruebas, ya que cuenta con fundamentos suficientes para avalar el criterio sustentado en la misma y para ponerla al abrigo de la tacha de arbitrariedad que se le endilga, los que, más allá de su acierto o error, permiten evitar su descalificación como acto jurisdiccional válido y por ende su revisión por este Máximo Tribunal.