Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-05-05


2º Instancia. - Santa Fe, mayo 5 de 2009.

1era.: ¿Es nula resolución recurrida? 2da. : ¿Es ella justa? 3era.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? El Dr. Saux dijo:

El recurso de nulidad que a fojas 232 de autos interpone la actora contra la sentencia expedida en la presente causa por la titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de Santa Fe no ha sido autónomamente sostenido al expresar agravios a fojas 252/259 vto., con lo cual, no advirtiéndose la existencia de vicios "in procedendo" que justifiquen su tratamiento de oficio, cuanto cabe es su desestimación, y por ende así voto.

El Dr. Cordini expresó a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

A la primera cuestión, el Dr. Müller dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

Propuesta la segunda cuestión, el Dr. Saux dijo:

Por intermedio de apoderado Norma Mafalda Delmonte de Carles promueve demanda de prescripción adquisitiva contra propietario desconocido, respecto al inmueble descripto como isla "La Bolsa L. 9", ubicada sobre el río Paraná a la altura de Puerto Gaboto, Departamento San Jerónimo, Provincia de Santa Fe, siendo sus linderos: al Norte arroyo "El Correntoso" que lo separa de la isla "El Tapao"; al Este río "Paraná" y arroyo "El Correntoso"; al Sud, arroyo "El Carpincho" y arroyo "Las Leñas" que lo separa de las "Islas de las sucesiones Gómez y Zabala", respectivamente; y, al Oeste, los arroyos "Las Cañas" y "Correntosito" que lo separan de las Islas "El Pantanoso" y "Los Laureles", a tenor de plano de mensura practicado para juicio de adquisición de dominio por posesión por el Agrimensor Marcelo De Elía, registrado como "duplicado Nro. 523", de acuerdo a dictamen Nro. 3162, Dpto. San Jerónimo Dpto. Topográfico de la Dirección General de Catastro de fecha 26/2/76. Expresa que hace más de cincuenta años la actora ocupa el inmueble que pretende usucapir a título de dueño. Señala que respecto de la posesión tiene el inmueble bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (art. 2351 del C.C.) en forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida y en cuanto al transcurso del tiempo refiere a que surge de los expedientes judiciales: "Pérez, Sixto A. c/ Sucesores de José Delmonte y Provincia de Santa Fe y/o Gobierno de la Pcia. de Santa Fe s/ Usucapión" (Expte. 1423/74 del Juzgado Civil y Comercial de la 6ta. Nom. Sta.Fe) junto con su prueba respectiva y los autos "Delmonte, Norma y otra c/ Sixto Perez s/ Desalojo" (Expte. 1041/82 del Juzgado Civil y Comercial de la 8va. Nom. Sta.Fe) y su prueba reservada. Agrega que el padre de la actora -José Delmonte- en el año 1917 adquirió conforme escritura pública Nro. 99 de fecha 02/06/1917 los derechos y acciones posesorios que tenía sobre el inmueble el cedente Sr. Jovino Rodriguez. Delmonte falleció en el año 1953 inscribiéndose su declaratoria de herederos en fecha 11/9/53 Nro. 42525, folio 1120, Tomo 85 Sec. Declaratorias del Registro General de la Propiedad y fueron declarados herederos su cónyuge -Sra. Rosa Angela Dotta Vda. de Delmonte -y la ahora actora-, su hija Norma Mafalda Delmonte de Carlés-, quienes continuaron con la posesión del inmueble. Continúa diciendo que Rosa A. Dotta falleció en el año 1992 y fue declarada como única y universal heredera su hija Norma Mafalda Delmonte de Carlés. Agrega que la posesión comienza a partir del año 1917 y continúa ya que practica en dicho inmueble tareas agrícolas-ganaderas. Explica que por expediente administrativo Nro. 43819/R/1972 "Re Carreras, Eduardo s/ deje sin efecto designación del cuidador de la Isla denominada "La Bolsa", Sr. Benjamín Armando Pérez" del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Pcia. de Santa Fe el inmueble de autos se empadronó para el pago del impuesto a nombre de "sucesores de José Delmonte" desprendiéndose de dichas actuaciones que se admitió por parte del Poder Ejecutivo de la Pcia. de Santa Fe que la isla es de propiedad privada y que se resolvió dejar sin efecto la designación del Sr. Pérez como cuidador "ad honorem" de la misma intimándoselo a la desocupación. Considera que se demuestra, además de que Delmonte venía poseyendo el inmueble desde 1917 por instrumento público, que el Poder Ejecutivo reconoce que Rosa A. Dotta Vda. del Delmonte y Norma M. Delmonte de Carlés toman posesión a partir de 24/8/72 y que por orden judicial en autos "Delmonte Norma y ot. c. Sixto Pérez s/ Desalojo" el Juez de Paz de Gaboto les entrega la posesión definitiva del inmueble. Por último refiere a que la Pcia. de Santa Fe no tiene interés fiscal en el inmueble objeto de la presente acción.

Que a fs. 45 se presenta por intermedio de apoderado, la Pcia. de Santa Fe y por proveído de fecha 9/12/03 (v. fs. 64) atento no haber manifestado interés fiscal se establece continuar la tramitación de la presente sin darse intervención a la Provincia ni a la Comuna de Barrancas.

Que habiéndose procedido al sorteo de Defensor de Ausentes, comparece la misma a fs. 76 y contesta la demanda a fs. 78/79, expresando que la actora promueve la presente acción acompañando plano de mensura para juicio de prescripción adquisitiva que había hecho confeccionar Sixto Audón Pérez inscripto como duplicado Nº 523 en Catastro Provincial pero que carece de acta de mensura lo que le hace desconocer si se cumplieron los recaudos de citación a los interesados negando que el documento satisfaga los recaudos del art. 24 inc. b Ley 14.159. Asimismo niega que la actora haya continuado por sí o conjuntamente con su madre la posesión originaria sin interferencia de terceros y que hayan ejecutado actos posesorios como lo revela el plano de usucapión que hizo confeccionar para sí Sixto Audon Perez el cual exterioriza la ocupación animus domini lo que demuestra que no es verdadero que la actora ejercite la misma ocupación desde hace 50 años. También niega que la actora haya tomado posesión libre y pacífica el 28 de abril de 1972 como el 23 de septiembre de 1972, ya que el 25 de octubre de 1972 en la isla no había personas ni animales y el 29 de marzo de 1976 administraba la isla Armando Benjamín Pérez. Sostiene que en 1982 y posteriormente, tampoco lo adquiere por cuanto la isla estaba ocupada por Sixto Pérez. Señala que es indiferente para la causa la falta de interés fiscal por parte de la Pcia. de Santa Fe y la admisión (si es tal) de que la isla es de propiedad privada, pues eso no es suficiente para reconocer el carácter de poseedor de la Sra. Delmonte. Considera que el empadronamiento del inmueble por Delmonte a los efectos del pago del impuesto inmobiliario en el API no autoriza a concluir que se trata de un acto posesorio y tampoco es un acto decisivo de la posesión, agregando que los pagos realizados a la oficina fiscal son de reciente data y no sirven para establecer el inicio de la ocupación de la isla por la actora, situación que la hace concluir que no es cierto que el Sr. Delmonte y la actora como heredera del mismo poseyeran el inmueble desde el año 1917 como así también que lo ocupa por mas de 50 años. Refiere a que no obstante la intención de la actora de someterla al ejercicio de su propiedad no surge con nitidez desde cuando empezó a poseer para el cómputo del plazo legal; como así también que la misma haya realizado actos posesorios que acrediten la explotación del terreno poseído como manifestación de actos propios y exclusivos de posesión con ánimo de adquirir el dominio.

Abierta la causa a prueba y producidas las mismas por actor y demandada, se agregan los alegatos formulados por las partes intervinientes; dictándose sentencia por la jueza a quo en fecha 4/10/07 (v. fs. 228/231) rechazándose la demanda e imponiéndose las costas del juicio a la parte actora. Expresa la Jueza de anterior instancia, que si bien a fs. 40 obra informe del Servicio de Catastro e Información Territorial de la Pcia. los datos consignados no fueron ratificados por la Sección Dominio del Registro General a pesar de haber sido requerido por el mismo organismo en el sello que obra en la ficha catastral, por lo que no está probado en forma definitiva que el inmueble carece de titular registral. En relación al plano acompañado confeccionado por el agrimensor De Elía a requerimiento de Sixto Audón Pérez para su acción de usucapión, considera que no necesariamente el inmueble que se pretende usucapir debe ser idéntico al que pretendió usucapir Pérez y que la jurisprudencia ha establecido que el plano de mensura es un requisito imprescindible para la procedencia de la acción de usucapión; si bien en el caso de autos lo que se pretende usucapir es una isla en su totalidad y a los fines que la ley ha tenido en cuenta para requerir como recaudo de admisibilidad el plano de mensura, esta exigencia ha quedado relativizada. No obstante ello refiere a que la parte actora no ha logrado demostrar la posesión corpus por el término legal ni individualmente ni uniendo su posesión a la que tenía juntamente con su madre. Agrega que del análisis de la documental acompañada surge que en el año 1974 Sixto Pérez promovió juicio de usucapión (Expte. 1423/74 Juz. CyC 6ta. Nom.) y que la isla primero fue fiscal y en el 20/02/71 fue empadronada en Catastro Provincial a nombre de la Sucesión Delmonte y que por sentencia ad quem se rechazó la demanda de usucapión promovida por Pérez; que de los autos Nº 1041/82 se desprende que en el año 1972 el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Pcia. dictó la Resolución Nro. 274/72 por la que se dispuso el cese de la designación del cuidador ad honorem de la isla que la Provincia le había hecho a Benjamín A. Pérez cuando era de propiedad fiscal y lo emplazó a desocuparla; no obstante ello se debió realizar el desalojo judicial por parte de la actora y su madre y en 1983 se puso judicialmente en posesión de la isla a Norma Mafalda Delmonte. De ello desprende la sentenciante que si bien se encuentra acreditada la posesión "animus" y "corpus" desde los años 1960 a 1983 por parte de la actora y su madre desde esta última fecha hasta el año 2000, si bien se puede tener por acreditada la posesión "animus" con el pago de impuestos no se ha demostrado la realización de ningún acto de posesión "corpus" que exteriorice un poder efectivo material de señorío sobre la cosa. Agrega que del análisis de la prueba aportada se desprende que, en las testimoniales rendidas los deponentes manifestaron que la isla posee pasturas naturales y que se utiliza para engorde de ganado pero que esta actividad nunca la realizó la actora personalmente sino a través de arrendatarios; respecto de la constatación judicial (fs. 202) considera que es coincidente con las testimoniales y en relación a los cuatro convenios de arrendamiento acompañados considera al más antiguo que data del año 2000; por todo ello entiende la juez a quo que, la posesión corpus que la actora debía demostrar que existió durante los años 1983 a 2000 (aclarando que suman 17 años y no 20 que son los que la ley exige para usucapir) no fue probada, a pesar de que se considere que el arrendamiento es un acto típico para acreditar esta clase de posesión resulta, insuficiente para demostrarlo en este caso las solas declaraciones testimoniales; concluyendo que no obstante haberse acreditado que tanto la actora como su madre han tenido el "animus" posesorio no han logrado demostrar la paralela existencia de la posesión "corpus" en forma continuada, al menos durante los veinte años anteriores a la promoción de la demanda.

Interpuestos recursos de nulidad y apelación, y radicados estos en esta Sala, se agravia la actora (v. fs. 252/259 vto.) sosteniendo que la sentencia recurrida no tiene por probado que el inmueble carezca de titular registral contra quién debió haberse sustanciado el juicio, ya que el mismo se encuentra registrado a nombre de los sucesores de José Delmonte, lo que fue corroborado por informe emanado del registro de la Propiedad, API y Dirección Provincial de Catastro, agregando que la única persona que podría haber manifestado interés en la isla era el Estado Provincial, cuestión evacuada en las presentes. Respecto del plano -en el sentido de que la sentencia a qua sostiene que fue confeccionado por un tercero y no por la actora-, argumenta que la ley 14159 art. 24 dispone que con la demanda se debe acompañar plano de mensura suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva pero nada dice respecto de que tenga que ser confeccionado por quien pretende usucapir y que el plano pertinente fue agregado a fs. 31 de autos con el certificado catastral de fs. 206/210, documentales de las que surgen plenamente identificados los linderos y medidas. Considera que la afirmación de la jueza a quo de tener por acreditado el corpus y el animus por 23 años por si sola justifica la revocación de la sentencia ya que el plazo legal para usucapir está cumplido y respecto de que no se tiene por acreditado el corpus en la posesión en el período comprendido entre el año 1983 y 2000 conforme lo establecido en el art. 2445 del C.C. y jurisprudencia que cita al efecto considera que estando acreditada la posesión con el "corpus" y el "animus", ésta se mantiene aún existiendo sólo éste último elemento y en la presente la jueza indica que la posesión comenzó en 1960 y al momento de presentar la demanda se cumplimentaron más de 20 años por lo tanto el término de usucapión se encuentra satisfecho, agregando que desde el año 1960 la actora continuó arrendando el inmueble habiéndose exteriorizado el animus de forma ininterrumpida. Señala que en el caso de que a la usucapiente le faltara a la fecha de iniciar la demanda un período de tiempo para completar los 20 años requeridos para usucapir la jueza debió haber computado el tiempo transcurrido hasta el dictado de la sentencia. Considera que de la documental acompañada se desprende que la actora es poseedora del inmueble desde el año 1917 refiriendo a cuestiones de hecho que sostienen sus dichos. Por último expresa que la sentencia a qua resulta arbitraria en tanto se aparta de la normativa aplicable al caso y contenida en el Código Civil como así también de jurisprudencia vinculante.

Al contestar agravios (v. fs. 262/263) la Defensora de Ausentes expresa que las deficiencias en cuanto a la omisión de confección de plano y acta de mensura resultan insalvables y que adhiere en un todo a los argumentos vertidos por la jueza a qua en su sentencia.

A fs. 267 como medida para mejor proveer se requiere la remisión de la documental perteneciente a las presentes actuaciones al Juzgado de origen, lo que es cumplimentado según constancias obrantes en autos.

Que liminarmente es menester señalar que la usucapión configura un modo excepcional de adquirir el dominio, y que como tal los recaudos acreditatorios de la reunión de los requisitos fácticos legalmente predeterminados para viabilizarla es necesario que estén fehacientemente documentados y estrictamente valorados (esta Sala, 26/4/00, "Renna c/ Woerz s/ Usucapión", Fallos 48-164), por lo cual el interés general comprometido exige que la prueba para acreditar la posesión larga (por la que se pretende crear un título con validez erga omnes) necesita inexorablemente reunir condiciones sustanciales de exactitud, precisión y claridad, imponiendo al juzgador una valoración extricta del material aportado por el poseedor accionante, y a este último no sólo la carga de afirmación, sino también la de la prueba (esta Sala, 29/12/00, "Paz c/ Propietarios desconocidos s/ Usucapión", Fallos 48-411), en la medida en que la actividad desplegada por el pretensor reúna tales condiciones, no hay razón jurídica alguna para denegar su otorgamiento, ya que de lo contrario por un exceso de celo de rango procesal se correría el riesgo de desvirtuar normas sustanciales que reconocen el instituto (esta Sala, 12/09/01, "Petrosino Vda. de Mercado, Estela María y otros c/ Bravo, Amaro Benito Martín y otro s/ Usucapión", Fº 93 Fallos Tº 49).

En la especie y en relación al primer agravio respecto de que la jueza a quo considera que no está probado en forma definitiva que el inmueble carece de titular registral contra quien debió haberse sustanciado el juicio, el accionante aportó como prueba impuestos inmobiliarios a nombre de "Delmonte, José - Suc.", fotocopia de plano de mensura donde consta como dato de empadronamiento del inmueble: propietario: Delmonte, José (Suc. de) Partida: 758.033 inscripto en el Departamento topográfico como plano Duplicado Nº 523 del Departamento San Jerónimo (v. fs. 20 vto.), este último dato también se verifica en lo informado por el Servicio de Catastro e Información territorial (v fs.26/36); no obstante que a fs. 35 se aclara respecto del "dominio: carece" y que el empadronamiento se encuentra a nombre de Delmonte, José suc según expte. Nº 22699-D-64 Resolución 59/71 Dictamen 2658 del 15/12/71 y a fs. 40 se consigna que el dominio se encuentra inscripto al Fº 26 Nº 58 en fecha 29/12/71 partida Nº 11-16-01-758033/0000 (v. fs. 40) obrando en el sello catastral que los datos deberán verificarse en la División Dominio del Registro General. Que en relación a ello debe merituarse que en la documental aportada por el accionante y que se tiene a la vista: autos "Delmonte, Norma y otra c/ Sixto Perez s/ Desalojo" (Expte. 1041/82), por expediente administrativo Nº 43819 Año 1978 cuyas fotocopias forman parte de los mencionados surge que la isla denominada "La Bolsa" Partida Nº 758033 se hallaba empadronada a nombre del Superior Gobierno hasta el dictado de la Resolución Nº 59 del 29/12/71 de la Dirección General de Catastro por la cual se procedió al cambio de empadronamiento de dicho inmueble a nombre de los sucesores de don José Delmonte (v. al efecto fs. 23, 30, 60), concordante con lo expuesto son las liquidaciones de impuesto inmobiliario de fs. 51,52, Resolución Nº 59/71 (v. fs. 128) la que da constancia del cambio de empadronamiento de la isla "La Bolsa" a nombre de los sucesores de don José Delmonte. Los datos expresamente consignados en la documental acompañada, corroboran lo expuesto por el impugnante en cuanto a que el inmueble que se pretende usucapir no estaba inscripto a nombre de ningún particular sino empadronado a nombre de "Delmonte, José Suc." y lo así acontecido no se encuentra en pugna con lo que establece la ley 14.159 ya que "la finalidad de acompañar los certificados otorgados por el Registro de la Propiedad como requisito de la demanda, no es otra que la de señalar al propietario a cuyo nombre figura inscripto el dominio y permitir su citación. El certificado otorgado por el Registro de la Propiedad donde conste la condición jurídica del inmueble era justificable, mas no puede desconocerse que puede ocurrir que un inmueble no se encuentre registrado, es por ello que el art. 24 de la citada ley no se limita a la información que pueda remitir aquella repartición" (Kiper, Claudio M.; Otero, Mariano C. "Prescripción adquisitiva", Editorial Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2007, pág. 273). No obstante y si se considerase eventualmente que se demanda contra persona o personas inciertas o herederos desconocidos o quienes puedan considerarse con derecho, se publicaron edictos (v. fs. 54, 55, 65, 66) y se designó Defensor de Ausentes (73, 76) lo que significa que el trámite impreso a la causa no conculcó ningún principio que afecte el orden público (v. Cám. Civ. y Com., Santiago del Estero, Sala 2da. , 02/06/1997, "Alvarez, Felipe O. de Jesús c/ Céliz, Benigno y ot.; ídem, 30/05/1997, "Veliz Meliton Aniceto c/ Céliz Benigno y otro"; Lexis Nº 19/6865 citado por Kiper, Claudio M., op. cit., pág. 279). En cuanto a la intervención que presuntamente le hubiera correspondido a la Provincia de Santa Fe en cuanto a su interés en este juicio de usucapión, fue saneado conforme constancias obrantes a fs. 60/64.

En cuanto al plano de mensura acompañado la finalidad que tuvo en miras la Ley 14.159 al requerirlo es la de individualizar el inmueble determinando la superficie, medidas y linderos, si bien en el presente el plano adjuntado (v. fs. 29/32) fue confeccionado para otro juicio de usucapión ello no afecta la pretensión de autos por cuanto "El plano de mensura se exige a los fines de la individualización geográfica y geométrica del bien objeto de la usucapión...sin que el nombre de la persona que lo mandara confeccionar o gestionara su visado ante la autoridad técnico administrativa resulte elemento decisivo para el juicio sobre la verdadera existencia de los actos posesorios que determinarán la adquisición del dominio, por lo que la titularidad del plano no puede constituir exigencia ineludible para la admisión de la demanda" (Cám. Apel. Civil y Comercial de San Martín, Sala I, 03/06/97, "La Unidad S.A. c. Auricelio o Auricchio, Juan y otra" publicado en LLBA, 1997-1329). En las presentes de la prueba documental aportada y teniendo en cuenta que lo que se pretende usucapir es una isla en su totalidad (cuestión tenida en cuenta por la juez a quo), se cuentan con elementos suficientes como para tener por individualizado el inmueble, sus linderos y medidas.

En lo que refiere al rechazo de la demanda por entender la sentenciante que no se ha demostrado la posesión corpus por el término legal; ni individualmente ni uniendo la posesión de la actora junto con su madre conforme surge de los agravios del impugnante, en primer lugar debe destacarse que la sentencia a qua tiene por acreditada la posesión animus y corpus desde los años 1960 a 1983 por parte de la actora y su madre ya que dicha situación se encuentra debidamente documentada en los autos Nº 1041/82 "Delmonte, Norma y otra c/ Sixto Pérez s/ Desalojo" y es a partir de 1983 hasta el año 2000 en que la juez a quo consideró que si bien se acreditó la posesión "animus" no se demostró la realización de ningún acto de posesión "corpus", considerando que la prueba testimonial aportada no resulta suficiente. No obstante tener por probados aproximadamente veinte años de posesión, del mérito de la documental acompañada en lo que respecta al período de tiempo por el cual la juez a quo no considera realizado ningún acto de posesión corpus se desprende el pago del impuesto inmobiliario y respectivos convenios correspondientes a los años 1988, 1984, 1985, 1990, 1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, (si bien los comprobantes aportados no abarcan la totalidad de los períodos); convenios de arrendamiento de la isla de fecha 1/11/00, 15/11/05, 14/06/04, 2/10/02, testimoniales de: Alfredo Arias (v. fs. 133) que conoce la isla desde 1983, reconoce como propietaria a la actora quien realizó mejoras en la isla -alambrados, bretes y puestos-, que actualmente está arrendada a un Sr. Gonen; de Gustavo Enrique Gonzalez (v. fs. 133 vto.) que la conoce desde 1975, quien reconoce como propietaria a la actora quien ha realizado bretes y ranchadas en la isla, y que la misma no realiza actividad personal alguna sino que la alquila; absolución de posiciones de Norma M. Delmonte quien adjunta en ese acto copia de acta de posesión de fecha 6/09/61 en la que consta que el Sr. Amaro Pérez ocupa el inmueble en carácter de arrendatario de Rosa Dotta de Delmonte en la que reconoce la titularidad de los derechos sobre el mismo y expresa que la familia de la misma realizó actos posesorios sobre la isla primero su padre y luego su madre, habiéndola alquilada en repetidas veces a varias personas y estando actualmente arrendada al Sr. Abraham Gonen; constatación judicial de fs. 202 que da cuenta del arrendamiento a Gonen, la extensión de la isla, la actividad que se desarrolla en ella y las construcciones realizadas. De los elementos colectados se desprende que la actora ejerció la posesión con ánimo de dueño, es así que "La norma del art. 4015 del Código Civil establece que la posesión que tiene aptitud para adquirir la propiedad por prescripción es aquella que se ejerce "con ánimo de tener la cosa para sí", y esa misma posesión que el artículo 2315 exige que se practique con intención de someterla al ejercicio del derecho de propiedad, resulta aplicable... puesto que para usucapir es menester el ejercicio de la posesión a título de dueño, dado que no sirven los llamados actos de tolerancia, ni la implementación de simples facultades legales" (Cám. Nac. Civil, Sala A, 2/10/89, Lexis Nº 10/507) y esto es reconocido por el sentenciante pero opone a ello el no haberse demostrado la posesión corpus. En relación a ello, debe referirse que en autos no se ha demostrado ningún hecho que haya permitido que varíe la situación de la actora respecto del inmueble (a excepción del fallecimiento de la Sra. Rosa Ángela Dotta lo que es acreditado por fotocopia certificada -reservada en Secretaría- de declaratoria de herederos que instituye a su hija Norma Mafalda Delmonte y Dotta como única y universal heredera de la causante, poniéndola en posesión de los bienes de la herencia), en el sentido de que continuó la posesión del mismo, habiendo pagado los impuestos y dado en arrendamiento; si bien son poco los convenios acompañados que acrediten el continuo alquiler de la isla, no debe dejar de señalarse que se trata de arrendamientos privados desprovistos de formalidad alguna, por lo cual es difícil de arrimar su probanza a la causa más que por los dichos de testigos como los aportados, que dan fe de ellos. Avalan estos dichos lo documentado en autos 1041/82 "Delmonte, Norma y otra c/ Sixto Pérez s/ Desalojo" iniciado por Norma Mafalda Delmonte y Rosa Ángela Dotta que promueven demanda de desalojo contra Sixto Pérez, en su calidad de poseedores a título de dueño que culmina con sentencia de desalojo favorable a las accionantes dictada en fecha 21/03/83; también la posesión de Norma Mafalda Delmonte se desprende de los autos 1423/74 "Pérez Sixto A. c/ Suc. de José Delmonte y Provincia de Santa Fe y/o Gobierno de la Pcia. De Santa Fe s/ Usucapión, etc.". En el caso de autos estaríamos en presencia de una accesión de posesiones, "instituto admitido en nuestro derecho a la luz de lo normado por el art. 2474 del Cód. Civil pudiendo el poseedor actual unir su posesión a la de su causante, siempre que exista un nexo jurídico válido, permitiendo con ello completar el plazo legal de prescripción (esta Sala, 1/6/99, "Martínez, Teresa c/ Martínez, Joaquín s/ Usucapión", Fallos 47-304; así como Marina Mariana de Vidal, comentario al mencionado art. 2474 en "Código Civil y normas complementarias", obra dirigida por A. Bueres y coordinada por E. Highton, Editorial Hammurabi, Bs. As., tomo 5, pág. 266; citado en fallo de esta Sala, 12/09/01, "Petrosino Vda. de Mercado, Estela María y otros c/ Bravo, Amaro Benito Martín y otro s/ Usucapión" Fº 93 Fallos Tº 49). Situación que permite concluir que el plazo legal dispuesto para el juicio de usucapión estaría debidamente cumplimentado.

En definitiva, se evidencia en autos una sucesión de pruebas que en su conjunto alcanzan para demostrar suficientemente la certeza de lo afirmado por la demanda. Sí bien por sí misma la prueba testimonial es insuficiente como también lo es pago de los impuestos y también la constatación judicial practicada (v. fs. 202); las probanzas arrimadas deben verse en su totalidad, de manera integral, compuesta y global, valoración integral que justifica acoger el recurso de apelación interpuesto y con ello revocar el fallo a quo y hacer lugar a la pretensión contenida en la demanda.

Por ello, voto por la negativa.

El Dr. Cordini expresó, a su vez, iguales razones en términos semejantes y votó, por consiguiente, en igual sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Müller dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

Respecto de la tercera cuestión, los Dres. Saux y Cordini manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde rechazar el recurso de nulidad y hacer lugar al de apelación, revocando la sentencia a qua y en su defecto hacer lugar a la demanda. Con relación a las costas, no osbtante la procedencia de la pretensión y por ende la aplicabilidad del principio objetivo de la imposición al vencido que sienta el art. 251 del CPCyC, siendo que no hay en la causa contradictor individualizado, atendiendo a la necesidad de soportar las mismas no pudiendo quedar ello supeditado a la aparición eventual de este último, y estimando que quien se beneficia con la declaración de la prescripción adquisitiva es la parte accionante, cabe imponer las mismas (entre las que se cuentan los honorarios del Defensor de Ausentes) a la parte actora, sin perjuicio de su derecho al reintegro si se identificaran a los demandados (v. esta Sala, 14/11/01, "Rivas, Jesús Alberto y otra c/ Herederos de Felipe Peralta y/u otros s/ Usucapión", Fº 149 Fallos Tº 49).

A la tercera cuestión, el Dr. Müller dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESOLVIÓ: Rechazar el recurso de nulidad y hacer lugar al de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 228/23, revocando la misma y en su defecto hacer lugar a la demanda de usucapión, con costas en ambas instancias a la parte actora, entre las que se cuentan los honorarios del Defensor de Ausentes.

Insértese, hágase saber, bajen. - Edgardo I. Saux, Raúl J. Cordini. - Enrique Müller.