marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fraude a la Administración Pública, cuestiones de competencia, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-10

Si el ardid o engaño fue desplegado en perjuicio del Estado Nacional, y toda vez que conforme el ordenamiento civil de demostrarse un error en el pago por parte de éste, la Nación debería abonar nuevamente el importe correspondiente, se ocasiona el perjuicio requerido por la figura de estafa (art.

172 del C.P.).

Por tanto, corresponde asignar competencia a la justicia federal.
Excusación, jueces
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sajama, Daniel s/ Inhibición
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-10-21

La invocación de amistad de larga data manifestada en frecuencia de trato con uno de los letrados intervinientes en el proceso, resulta idónea para provocar el apartamiento del magistrado en razón de lo dispuesto por los artículos 51, inciso 11 y 52 del Código Procesal Penal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida, muerte del ama de casa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lacuadra, Ernesto Adolfo y otros c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La sentencia que rechazó el reclamo de los gastos derivados de la necesidad de contratar una persona para realizar los quehaceres domésticos por considerar que la fallecida desempeñaba esas tareas en su hogar sin percibir remuneración, omite valorar que, ante su definitiva ausencia, el núcleo familiar debió reorganizarse debiendo afrontar una erogación no prevista y que es consecuencia directa del infortunio.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eichmann, Mirta B. Gómez de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 528-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-01

En el caso, no puede prosperar el planteo de la demandada referido a la falta de reclamo en sede administrativa de la asignación de funciones reclamada por la recurrente. Efectivamente, es sabido que, respecto del carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa, la regla es que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido pedido en aquella instancia, y en ese sentido, en el caso, no se ha violado el precepto, en tanto la actora solicitó expresamente al reclamar que se indicaran "concretamente las funciones" que el correspondían.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bondanza, José P. en j: Escalante, María c/ Sucesión J. Bondanza s/ Filiación natural - Queja por apelación denegada (Libro: S054-198)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-08-29

El error en que el Tribunal de apelación pueda haber incurrido en la interpretación de la ley o en la valoración de las pruebas, no es en general suficiente para declarar arbitrario el veredicto.
Robo calificado, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Iglesias, Diego Alberto s/ Robo aut.tor Delgado, Luis Alberto; Márquez, Alberto Andrés s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29|1991-04-02

Las lesiones del art. 166 inc. 1 del C.P. (elemento normativo del tipo) pueden satisfacerse en cualquiera de los momentos de la realización del robo ya que son violencias que "realizan" el robo, pero a condición de que éste se perfeccione, pues tales "violencias" no satisfacen por sí mismas el concepto legal de robo consumado. El proceso ejecutivo del robo es otra cosa y, en consecuencia, admite la tentativa.
Ley sobre riesgos del trabajo, muerte del trabajador, indemnización, pago único, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: Leale, Angélica Mabel y otro c/ Administración Nacional de Seguridad social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-22

Corresponde imprimir el trámite sumarísimo o el del amparo (según si el sujeto pasivo de la pretensión sea un ente privado o público), a la causa en la que el cónyuge e hijo del trabajador fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo, reclaman que se les abone en un solo acto la prestación a la que alude la ley 24557, prescindiendo del sistema de renta que fuera juzgado inconstitucional por el Alto Tribunal en la sentencia dictada el 26/10/2004 en los autos "Milone, Juan Antonio c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente ley 9688" (Fallos 327:4607). La pretensión encuadra en lo previsto en el art. 43 de la C.N. y la esencia del reclamo justifica un trámite celérico, al estar vinculada a la incapacidad del trabajador y a un sistema que mediatiza el cobro del resarcimiento. (Del dictamen del Fiscal General, al cual adhiere la Sala).
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, días inhábiles, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Oropesa, Santos Eustaquia c/ Etchart, Matías s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-25

El sólo hecho de invocar exceso ritual manifiesto, en cuanto resulta de aplicar expresas normas vigentes, no impugnadas de inconstitucionales a su debido tiempo, no autoriza la procedencia del recurso extraordinario, ya que la aplicación de reglas jurídicas no inconstitucionales no es exceso rituario.
Accidentes de trabajo, decreto de necesidad y urgencia
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Brescasin Pablo Sebastián  c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-12

Considero que no se encontraban dados en el momento del dictado del decreto los extremos necesarios que habiliten su dictado y ello, no me parece cuestión menor, pues es el poder judicial quien debe velar por la división de poderes, y el respeto de la CN, reiterando que al poder legislativo, es a quien corresponde el dictado de la Leyes, normas, que regulan las relaciones interpersonales de las personas (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Poderes del Estado, bienestar general, derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Prieto, Carlos Alberto c/ A.N.S.E.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-05

"Todo lo que es necesario y esencial para la existencia, seguridad y bienestar nacional, está comprendido dentro de los poderes de reglamentación atribuidos al Congreso, que tienen en vista los altos propósitos y elevadas miras enunciadas en el Preámbulo de la Constitución, en el sentido de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad" (Fallos 319:3259). En igual sentido, excediendo el punto de la movilidad previsional en tratamiento en esa causa, el Superior Tribunal ha dicho en autos "Badaro, Adolfo Valentín" (Fallos 329:3089) que "no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego, teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, ya que en su art. 75, incs. 19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y promover medidas de acción positiva.". En ese contexto, por otro lado, constituye "la misión más delicada de la justicia . la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, ni suplir las decisiones que deben adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumplimiento a las disposiciones del art. 14 bis de la C.N. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal" (Fallos 308:1848). (Del voto del Dr. Fasciolo).
Incapacidad laboral, incapacidad total, capacidad residual
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, ALBERTO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-25

Aunque el artículo 212 Ley de Contrato de Trabajo no establece pautas numéricas para determinar lo que debe entenderse, en su contexto, por incapacidad absoluta, no puede exigirse que para alcanzar ese grado se requiera la paralización total de las funciones motoras, pues la existencia de una reducida capacidad residual puede valorarse útil desde el punto de vista médico, pero puede computarse como posibilidad seria de ejercer un trabajo según las condiciones físicas y psíquicas del dependiente.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, transporte de contenedores
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, Roberto Rubén c/ MARINO TURISMO S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-03

Un contenedor, cuando carece de los requisitos de seguridad que establece la normativa vigente (pintura reflectante y balizas), constituye una cosa riesgosa, máxime cuando se la ha colocado sobre la acera de estacionamiento prohibido.-
Suspensión del juicio a prueba, querellante, aclaratoria (procesal), efectos de la sentencia penal en sede civil, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: J.de A.L.A.-CH.D.D. s/ ESTELIONATO Y ESTAFA PROCESAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-06

Se presenta el representante de la querella deduciendo formal aclaratoria del auto interlocutorio del 22 de abril de 2.002, por el que se resolvió suspender el juicio a prueba, en el entendimiento de que se habría omitido pronunciarse sobre las reservas de acciones civiles planteadas. Considera asimismo el rechazo del monto indemnizatorio, solicitando la habilitación de la vía civil a tal efecto. En estado de resolver la cuestión planteada, entiende el Tribunal que la aclaratoria resulta inconducente, toda vez que el querellante y actor civil, aunque no se ha hecho una expresa reserva de accionar por la vía civil, tal situación en manera alguna puede cercenarle los derechos que le caben al reclamente, teniendo expedita la vía civil para ejercitar sus expectativas indemnizatorias, sin tener tampoco ninguna obligación de aceptar monto resarcitorio por el imputado, que tiene más un rol simbólico que indemnizatorio, con la implicante jurídica que este rubro tiene en materia civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Héctor Benjamín s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que el sentenciante no pudo legalmente utilizar los testimonios que cinco personas produjeron en el sumario si el juzgador no los invocó en su veredicto.
Carga de la prueba, horas extra, jornada de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Duarte, Julia Elena  c/ Finkelstein Mariana y otros  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-08

En lo atinente a las horas extras, cuando se encuentra discutida la extensión de la jornada de trabajo corresponde, en todo caso, suponer liminarmente que las partes se ajustaron a lo normal y habitual de la actividad y que si se alega una extensión corresponde al trabajador acreditar la realización del mismo, en el tiempo suplementario que invoca, sólo una vez probado este extremo puede, quien juzga, recurrir a la regla lógica fijada por el STJER en el precedente "Villalba c/ Hotelera Río Uruguay S.A.", que autoriza a asumir como cierta las alegadas en el promocional (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, conciliación laboral, homologación administrativa, competencia laboral, revisión judicial de actos administrativos, facultades del juez, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, FORTUNATA Y OTRO c/ FINEXCOR S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-14

Los jueces del trabajo tienen competencia para entender en todos los conflictos individuales de derecho (art. 20 ley 18345), lo que incluye la facultad de apreciar la validez o invalidez de los actos que incidan en la resolución de los referidos conflictos aunque los mismos hayan sido aprobados por actos administrativos. Por ello, si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. 12 LCT), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT) pueden ser declarados inválidos por el juez competente (art. 1047 del C. Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, daño moral, indemnización, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: V.A.  TUR AGENCIA DE VIAJES DE LILIAN B. GELLER c/ AUTOTRANSPORTES SAN JUAN  S.A. s/ SUMARIO - DAÑO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

En la órbita contractual es facultad de los jueces acordar una indemnización por daño moral - supuesto que no obrara el óbice de tratarse el demandante de un ente colectivo- según la gravedad del hecho generador de la responsabilidad. Y, en el caso, la culpa imputable a la demandada consiste en haber proporcionado el vehículo transportador con algunas horas de atraso, la cual no me parece suficiente para tener por originado un daño moral susceptible de indemnización.
Excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Atlántico III c/ Lavenia, José Antonio s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-23

No procede la excepción de pago parcial si la actora denuncia el monto percibido en el escrito de demanda -o bien lo descuenta de la pretensión- , ya que ello supone el reconocimiento de que no se pretende reclamar algo que ya está pago, y que se descontará en la liquidación respectiva.-
Retiro policial, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Napp, Raúl Horacio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

La exigencia contenida en el art. 41 del decreto ley 9538, debe circunscribirse a los supuestos en los que se pretende la obtención de un beneficio, mas no cuando se persigue el reajuste de un beneficio ya obtenido.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, subasta judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cons. Coprop. Edif. Av. Independencia 2383 c/ Rubio de Rosa, M. s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

El pronunciamiento de la Cámara que deniega la liberación de la deuda que pesa sobre el bien adquirido en subasta a los fines de la inscripción del dominio en tanto no se abonen los impuestos y las tasas pertinentes, no reviste carácter de definitivo en los términos de los artículos 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la seguridad de la Nación, actos materiales hostiles, guerra marítima, patentes de corso, modificación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: GARZON. B. s/ Desestimación denuncia -  Causa 30.505
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

Es claro que el texto del Art. 219 del Código Penal se refiere a aquellos actos hostiles que se desarrollen fuera del marco legal de la conducción estatal de hostilidades contra terceros Estados.

Así lo ha entendido la doctrina al vincular esta referencia a las disposiciones constitucionales relativas a la concesión de patentes de corso, represalias y presas, y a la conducción de la guerra, normas que prevén específicamente actos hostiles cometidos por el Estado Argentino o con su venia o autorización en perjuicio de otras potencias o de sus respectivos súbditos.

Se explica el concepto de "aprobación" haciendo referencia a las que legítimamente podía conceder -según la Constitución- el Estado Nacional: patentes de corso y represalias. O al menos lo que podía hacer hasta que adhirió a la convención de París de 1856, que abolió la práctica de la piratería mediante la Ley 90.

Ello inclusive fue modificado por la reforma constitucional de 1994, que en concordancia con lo señalado suprimió del texto la antigua forma de hacer la guerra en el mar armando corsarios y también la facultad de "conceder patentes de represalias", sustituyendo tal fórmula por la de "ordenar represalias".
Depósito judicial, depósito bancario, entidades financieras, disponibilidad de los depósitos
Materia: ECONOMIA
Carátula: S., C. s/ Sucesión s/Incidente s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-11-06

Los depósitos judiciales tienen un régimen propio, en atención a su especial naturaleza, que los hace diferentes de los depósitos realizados en el ámbito bancario a título de ahorro o como inversión, ya que estos depósitos no nacen de una libre negociación habida entre los particulares y la institución que recibe el dinero. En estas circunstancias, el banco al recibir los fondos presta una colaboración al servicio de la actividad jurisdiccional, convirtiéndose en custodio de las sumas de dinero que están a la orden de los órganos judiciales. Los fondos que ingresaron en la institución bancaria por vía de estos depósitos no se conciben sin la existencia de una causa judicial abierta, y el juez a cuyo nombre y orden han sido depositados tampoco es propietario de ese dinero, aún cuando su disponibilidad depende exclusivamente de él. En verdad, la única razón por la que los fondos van a los bancos legalmente autorizados es porque no existe otra forma de custodiar y a la vez de disponer de inmediato de ese dinero.
Derecho a la salud, acción de amparo, recurso de apelación (procesal), fundamentación de sentencias, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. L. G. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) s/ amparo - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-15

La decisión venida en revisión por la cual se ordena reajustar el valor de la ayuda para celíacos fijado en el instrumento administrativo señalado, no resulta incongruente. En efecto, existe una estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión de la actora y en la oposición del demandado. Ello, toda vez que la falta de mención de la resolución en cuestión en el escrito de interposición de la acción, en modo alguno implica que exista un apartamiento del objeto de la demanda; por el contrario, para así decidir el juez "a quo" tuvo en cuenta los extremos vertidos por el accionado respecto al origen de las prestaciones brindadas.

Al reconocer el juzgador la necesidad de conceder a favor de la accionante una suma superior a la otorgada por el organismo demandado, resulta una consecuencia lógica de ello el reajuste dispuesto, para el caso concreto, del "quantum" de la prestación fijada en la resolución administrativa, motivo por el que el agravio bajo examen carece de sustento, y debe ser desestimado.
Pago, Derecho procesal, carga de la prueba, obligaciones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vanguardia Seguridad Integral Empresaria y Privada SA-en quiebra- c/ Banco Macro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-13

Si bien la forma más frecuente de acreditar el pago consiste en la presentación del correspondiente recibo, la existencia de este instrumento no es indispensable y el pago puede ser demostrado por cualquier otro medio de prueba, ya que la restricción del CCIV 1193 no juega en materia de prueba del pago (CNCom, Sala D, 4.3.10, "García, José A. c/ Rodríguez, Eduardo s/ ordinario"). Ello se da en la especie, en tanto la demandada procuró acreditarlo a través de la pericia contable, pues -más allá de los acuerdos o cartas de intención a través de las cuales convinieron que los pagos se dirijan a abonar los salarios de los empleados del actor- no cuenta con otro elemento que permita acreditar el pago, ni siquiera una notificación fehaciente a la accionante luego de abonados los salarios.
Trabajadores rurales, despido, indemnización agravada, desempleo, ley de emergencia, prórroga del plazo, interpretación de la ley, aplicación de la ley, indemnización por despido, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: G. C., L. M. c/ C., E. S. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-08-02

El art. 16 de la Ley 25561 fue prorrogado por el art. 4 de la Ley 25972 que en su parte pertinente dice: "En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias".

Si tenemos en cuenta que la interpretación de las normas debe realizarse armónicamente, entiendo que la Ley de Emergencia Económica es la ley madre y las prórrogas sucesivas de esta ley sólo limitaron el porcentaje de incremento y los rubros indemnizatorios, pero de ninguna manera podemos arribar a la conclusión de que los trabajadores agrarios, por tener una normativa especial, se encuentran excluidos de la duplicación indemnizatoria.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, Grisolía ha dicho: "Se aplica a los casos de despido sin causa, despido con invocación de causa inverosímil, carente de sustento o manifiestamente falsa, despido indirecto con causa justificada, despido en período de prueba no registrado, plazo fijo y eventual antes de su finalización, temporada; se hace extensivo a los estatutos especiales (viajantes, futbolistas, periodistas) y convenios colectivos de trabajo, servicio doméstico y trabajadores rurales".
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rojas Lía c/ Consorcio de Propietarios Edificio calle Arenales 2368 s/ incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

Cuando se promueve el incidente de nulidad de una ejecución no es suficiente para demostrar el interés con invocar la violación genérica al derecho a la defensa sino que específicamente la ley requiere la realización de determinadas conductas. (MINORIA U opinión personal)
Obstrucción de la vía pública, tipo penal, contravención de peligro, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, E. F. s/ artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

De las constancias obrantes en autos surge que la conducta desarrollada por el imputado ha impedido o al menos obstaculizado, la libre circulación de los transeúntes por el lugar, utilizando la vía pública como continuación de la "obra" con tablones de madera y un volquete, tal como ilustran las pruebas fotográficas, a sabiendas de la prohibición que al respecto surge de nuestro ordenamiento contravencional; en consecuencia, la conducta reprochada encuentra su adecuación al tipo contravencional tipificado en el artículo 41 del Código Contravencional, encuadrándose la misma dentro de las contravenciones de mero peligro, toda vez que el bien jurídico protegido de la "libre circulación" se vio afectado por la obstrucción o impedimento a la circulación de personas, observándose que los elementos colocados, ocupan la totalidad de la vereda, circunstancia que hubo obligado a los eventuales peatones a bajar a la calle para continuar su paso. Del voto del Dr. Dessanti)