marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trayecto, domicilio, accidente in itinere, trabajador, asegurador por riesgos del trabajo, lugar de trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vinisky, Martín Gerardo y otros c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

La expresión domicilio no debe ser entendida en el sentido técnico jurídico de los arts. 89 y 90 del Códi-go Civil, sino en el más amplio de residencia -que puede o no coincidir con el de domicilio-, y que crea entre la persona y el lugar una relación de hecho, análoga a aquel que constituye el sustrato material -corpus- del domicilio real o voluntario. Incluso la mera habitación -lugar donde se fija transitoriamente la residencia- basta para caracterizarlo, porque lo relevante para el art. 3 de la ley 24.028, es que el ac-cidente haya ocurrido entre el lugar desde donde el trabajador inició su traslación hacia el estableci-miento y éste, o entre el lugar de trabajo y aquel al cual se dirigió al finalizar la jornada (cfr. C.N.A.T., Sala VIII, sent. del 29.06.01, "Licantica, Isabel c/ B y C Asociación SRL y otro"). Consecuencia de ello, el do-micilio no es único e inmutable, sino que puede variar; motivo por el cual debe concluirse que el acci-dente que provocara el fallecimiento del trabajador reviste carácter laboral en los términos del art. 6, ap. 1 de la ley 24.557, si el mismo acaeció durante el trayecto entre el lugar de trabajo y la casa de veraneo en la que se alojaba los fines de semana (en el caso, según lo denunciado tanto administrativa como judicialmente -y que no fuera refutado por la demandada- el trabajador todos los días viernes del mes de enero, con autorización de su empleador, se retiraba del establecimiento aproximadamente a las 17 hs. para dirigirse para dirigirse a Pinamar; y el accidente de tránsito donde perdió la vida ocurrió a las 18.30 hs., en una ruta nacional que conduce a aquel destino). (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Medidas cautelares, embargo preventivo, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACION ARGENTINA c/ DAVANCENS LUIS ESTEBAN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-02

Merituando que resulta más salomónico proteger la acreencia del actor con la medida cautelar del embargo preventivo, pero surge desmedido viabilizar la inhibición general de bienes del deudor, ello atendiendo a los intereses contrapuestos aquí debatidos, considerando que si bien se deben resguardar los derechos del acreedor y garantizar su efectivización, tampoco y en pos de ello, se debe ocasionar un perjuicio mayor al deudor.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rada Tilly c/ Antonio, Luis Alberto s/ Ejecución Fiscal Gómez Carrasco, Víctor c/ Guilford Argentina S.A. s/ Daños y Perjuicios G., O.A. c/ G., J.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-31|2000-06-29|1998-07-17

La parte que da vida a un proceso debe asumir la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión, porque de lo contrario expone a la otra parte a la pérdida de tiempo y dinero que implica una instancia indefinidamente abierta e impone a los órganos judiciales una actitud de incierta expectativa, con respecto a los deberes que les conciernen.
Nulidad del acto jurídico, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ PEDROZO JESUS s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-31

Las nulidades reconocen en una admisión plena, dos presupuestos que se consideran liminares al intentar el camino, primero: no hay nulidad por la nulidad misma y segundo: que deberá indefectiblemente declararse la nulidad cuando "se ha violado la garantía de la defensa en juicio", la indefensión es la máxima nulidad en que puede incurrirse en un proceso.
Certificado de trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: A., G. A. c/ M. S.A. s/ SUMARIO -Cobro de Pesos e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-18

Si "en el mismo telegrama se alude a un despido sin justa causa ocurrido pocos días antes y se reclama el pago de la liquidación final y la entrega de la constancia y certificados previstos en el art. 80 L.C.T., no puede considerarse dicho requerimiento como válido a los efectos de la aplicación de la sanción de la última parte de dicha norma, porque no transcurrieron los treinta días corridos exigidos por el Decreto 146/01 supra referido.-La improcedencia de la indemnización no es ya porque su condena no fue solicitada por la interesada, sino porque para su procedencia no se cumplió el presupuesto previo previsto por la norma reglamentaria.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, accidentes de trabajo, prueba testimonial
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: González, Nélida Esther c/ Soprano, Miguel Angel y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al reclamo deducido con apoyo en las disposiciones de la ley 9688 si efectuó un examen parcial de las declaraciones testificales mediante consideraciones genéricas y carentes de rigor, con renuncia a la apreciación de circunstancias decisivas para juzgar acerca de su valor probatorio.
Acción, extinción de la acción
Materia: PENAL
Carátula: Prefetto, Juan Carlos s/ Infracción artículo 249, CP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

El pago voluntario de la multa sólo extingue la acción penal en aquellos delitos que se encuentran reprimidos exclusivamente con esa especie de pena.
Acción de amparo, personas con discapacidad, perito médico, tratamiento médico
Materia: PROCESAL
Carátula: BONGIORNO  PELLEGRINO  AGUSTINA c/ OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DELA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

El perito médico designado -especialista en psiquiatría infantil- hizo referencia a los informes psicopedagógico (en el que se menciona que el progreso de Agustina es continuo y altamente satisfactorio) y fonoaudiológico (donde se afirma "que desde que Agustina asiste a dicho establecimiento ha manifestado grandes cambios actitudinales y educativos") y señaló que la actora "podría beneficiarse con continuar su proceso educativo en una institución educativa como la que concurre actualmente" y que "el cambio de institución podría ser perjudicial, toda vez que la menor impresiona como bien integrada a esta institución, y su adaptación a los cambios podría estar reducida".
Acción de amparo, obligaciones del asegurador, gastos médicos, gastos de sepelio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torres, Manuel Orlando c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-07-04

La acción de amparo interpuesta por la víctima de un accidente de tránsito a fin de obtener el cobro de los gastos sanatoriales es procedente, pues tales erogaciones originan la obligación de pago inmediato, lo que significa que no puede dilatarse ese pago invocando alguna causal liberatoria, sin perjuicio de la repetición, en caso de no corresponder que tales daños sean soportados por la aseguradora. Es que se trata del pago de una obligación autónoma, cuya causa fuente inmediata no es el hecho dañoso sino la norma jurídica, que por lo tanto no implica reconocimiento de la responsabilidad del asegurado. De allí que la negativa de la demandada se presenta como manifiestamente ilegítima o arbitraria, violatoria de la obligación legal establecida en el art. 68 de la ley 24.449 que impone el deber de abonar de inmediato los gastos de sanatorio "sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego".
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, rechazo de la demanda, seguros, seguro por invalidez
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Rivas, Rosalía c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Cobro de Seguro por invalidez
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda deducida con el objeto de obtener el cobro de un seguro por invalidez (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación),
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicios contra el Estado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CAS TV. SA. y otras c/ EN. -Poder Ejecutivo- s/ NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

Tratándose de una demanda contra la Nación y una provincia, corresponde declarar la competencia de la Corte, sobre la base del derecho de la Nación (o una entidad nacional) al fuero federal y el de la provincia al de la jurisdicción originaria de la Corte: arts.

100 y 101 de la Constitución Nacional.
Contratos civiles, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, escritura pública
Materia: CIVIL
Carátula: HALKAC ENRIQUE c/ PEDACI VICTOR FRANCISCO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-09

El beneficiario de una promesa de venta (con boleto de compraventa), a quien se le hizo la transmisión del bien pero no lo escrituró, ante el tercero que si lo hizo, no le puede oponer dicha posesión, ya que se trata de cuestiones suscitadas entre el y el vendedor, careciendo de eficacia y validez ante terceros. Hasta tanto no se produzca la transferencia del dominio al adquirente - mediante la escritura publica e inscripción registral - la ocupación del inmueble tiene solo el carácter de tenencia a nombre del titular no el de la posesión.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRIONUEVO, JESUS c/ EMPRESA CONSTRUCTORA CONORVIAL s/ INDEMNIZACION-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-02-07

Si la expresión de agravios es una disconformidad que se limita a calificar de arbitrario el fallo, sin dar ni demostrar los motivos que justifiquen dicha calificativa, corresponde declarar la deserción del recurso.
Costas, costas al vencedor
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantero, José Tomas c/ Noguera, Gladys Jesús s/ Divorcio Vincular Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-10-03

Debe revocarse el fallo que impone las costas a la parte vencedora con fundamento en que la vencida intervino con patrocinio del Defensor Oficial, toda vez que partiendo del principio de que la responsabilidad por el pago de las costas ocasionadas por el proceso pesa sobre las partes distribuyéndose de acuerdo al principio objetivo de la derrota, no existen razones para discriminar entre un vencido asistido por letrado o apoderado, de otro representado por el funcionario oficial.
Prueba confesional, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Ciliento, Norberto Mario y otros s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

Cuando el art. 235 inc. 1 del C.P.P. -n.a.- exige que para que la confesión produzca plena prueba debe ser hecha ante juez competente no fija una disposición especial que prevalezca ante la norma general del art. 18 inc. 17 -n.a.- del mismo cuerpo respecto a que todas las actuaciones que se hubieren practicado durante el sumario hasta la decisión de la competencia, serán válidas sin necesidad de que se ratifiquen ante el juez que sea declarado competente. Lo que se desea asegurar es la intervención del juez natural -evitando el juzgamiento por "comisiones" o "tribunales especiales" (art. 15 de la Const. Prov.)- utilizando la denominación que a aquél le otorga la Ley Fundamental.
Derecho procesal, litisconsorcio activo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Contreras, Milton y otros c/ Swift Armour SA s/ Cobro de pesos. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº  601-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-29

La voz litis consorcio refiere a un litigio con comunidad de suerte entre diversas personas que integran una de las posiciones procesales de actor o demandado. Ello no puede ocurrir siempre en todo supuesto de existencia de varios sujetos integrando un mismo bando procesal, sino sólo cuando entre los colitigantes medie una propia vinculación jurídica de tal entidad que requiera una decisión judicial uniforme para todos. Por eso es que entre los conceptos de pluralidad de partes y litis consorcio haya una relación de género a especie: todo litis consorcio supone una pluralidad de partes pero no ocurre lo propio a la inversa. Esa vinculación jurídica -entre colitigantes- se presenta sólo en tres casos: cuando entre las distintas pretensiones que se sustentan en un mismo pleito haya conexidad causal, o conexidad mixta objetivo- causal, o afinidad.
Proceso judicial, debido proceso, formalidades procesales, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Si bien la preservación de la garantía del debido proceso no exige una mecánica traslación de las normas vigentes en el marco de los procesos judiciales, cabe exigir como presupuesto de validez el respeto de los principios que hacen a la estructura de todo tipo de juicios y que revisten condición de axiomáticos para nuestra Carta Magna.
Competencia federal, estupefacientes, medicamentos, expendio de medicamentos, expendio bajo receta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N. N. s/ venta de sustancias medicinales sin receta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El determinar si los componentes de los medicamentos que requerían receta podrían considerarse "estupefacientes", no altera la regla contenida en el art. 34 de la ley 23.737, que dispone la competencia federal para los delitos previstos y penados en ella.
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL
Carátula: C., E. del C. s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-22

La notificación del auto que contiene la regulación efectuada al obligado al pago constituye un medio idóneo para determinar la exigibilidad del crédito, cuya mora se producirá a los diez días de adquirir firmeza.
Nombre comercial, dominio público, calzadas, uso indebido de nombre, cese de uso de nombre comercial, domicilio social
Materia: COMERCIAL
Carátula: SA. LA NACION c/ BARTOLOME MITRE 1384 SRL. s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

El nombre elegido por la accionada es el medio identificador e individualizador de un bien de dominio público artificial y municipal, en los términos del art. 2340, inciso 7°, Código Civil (confr. CS., en ED., 22-1079). Ello es así porque el nombre de una calle por accesoriedad sufre la suerte del principal ("accesio cedit principali"), pues el acto administrativo u ordenanza municipal denominando una vía pública es un "alto honor" que se brinda con el fin de honrar u homenajear al personaje, país, hecho histórico, libertad pública, etc., que pasa a ser patrimonio común de la sociedad toda. Los bienes del dominio público pertenecen al Estado, en su carácter de órgano político de la sociedad y, como tales, son inalienables, imprescriptibles (arts. 2337, 3952 y su nota, Código Civil) y de uso común que hace toda persona por su condición de tal (art. 2341, Código citado). Por otro lado. la elección realizada no contraría los arts. 953 y 1071, Código Civil, debiendo encuadrarse en el art. 1066 del mismo cuerpo normativo, ya que en efecto, lo contrario importaría tanto como negarle la posibilidad de tener una sede legal a la persona jurídica, pues su dirección es similar a la que en realidad posee y utiliza como nombre social.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paneto Susana Isabel c/ Breide de Sarquis Illeni y Otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Asimismo, cabe destacar, que el sobreseimiento provisional recaído en el expediente correccional, que obra por cuerda, sólo implica que la causa queda abierta porque, desde el punto de vista penal, existen dudas sobre la conducta del implicado.- De allí que las apreciaciones efectuadas en el sumario, en nada coartan la libertad del juez para pronunciarse sobre la responsabilidad civil del sobreseído valorando esas constancias y las que se aporten en el juicio con su propio criterio.-
Derecho a la imagen, daños y perjuicios, publicación de fotografía, programa de televisión, cámara oculta, responsabilidad periodística
Materia: CIVIL
Carátula: Mena, Rosa Eugenia c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios y Arcángeli de Cañete, Graciela Beatriz c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Aunque las imágenes de las actoras fueron captadas en el marco de una investigación periodística sobre un tema de interés público, es imposible soslayar que dicho registro fue efectuado subrepticiamente, mediante el mecanismo de una cámara oculta, lo cual se colige fácilmente al observar la grabación, y el ángulo desde el que fueron obtenidas las imágenes de las actoras. Es decir que no solo no se obtuvo el consentimiento de las demandantes, sino que ni siquiera se les informó que se estaban captando sus imágenes. La circunstancia de que se haya empleado una cámara oculta no implica necesariamente la ilicitud en la utilización de las imágenes, pero, para que su empleo sea pertinente, se deben reunir ciertos requisitos estrictos que, en el caso, no están configurados.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, fecha de corte, prescripción, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ABACA, JUSTA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Desde la fecha de corte establecida por el Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de San Luis al Estado Nacional (30.09.96) y hasta la actualidad, es la A.N.Se.S. quien tiene a su cargo la aplicación, control y fiscalización de las prestaciones que fueran otorgadas en su oportunidad por el Instituto de Previsión Social de la referida provincia. En consecuencia, respecto de la petición del reajuste del haber formulado por el titular con posterioridad a la fecha indicada, han de subrayarse dos cuestiones: la primera, que el pedido de reajuste sea original, es decir, no se trate en la especie de la continuación de un trámite previo que amerite apreciar la solicitud al amparo de la legislación que con anterioridad a la fecha de corte regía la materia; y segundo, que el propio accionante reconoció la competencia de la A.N.Se.S. para resolver respecto de su petición, puesto que fue en sede de ese organismo dónde hizo efectivo su reclamo. Por ello, la pretensión únicamente puede ser tratada por el órgano previsional nacional a la luz de las previsiones de las leyes 24.241 y 24.463. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Nulidad del acto administrativo, nulidad absoluta, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

Supuesta la irregularidad de un acto por poseer un vicio que determina su nulidad absoluta, resulta en principio legítima la actividad revocatoria de la propia Administración, salvo que el acto se encontrara firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, supuesto en el cual solo se podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos pendientes mediante declaración judicial de nulidad.

Fuente del sumario: SAIJ
Contratos civiles, oponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONDON SUPPLY SA c/ ALIMAR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-05

Si bien, como principio general (cciv: 1199), los contratos no pueden ser invocados por terceros, cuando tienen repercusión económica y jurídica sobre los acreedores, en tanto puedan verse afectados (beneficiados o perjudicados) por actos del deudor que importen un ingreso o egreso de bienes, les son oponibles; no se trata de los derechos y obligaciones nacidos del acto, sino de su incidencia económica respecto de terceros (cfr. Borda, "Tratado de derecho civil. Obligaciones", t. ii, p. 204 y sig., Perrot, 1976).
Medidas cautelares, intervención de sociedades
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dos Santos, Alfredo Lauro c/ Dos Santos e Hijos S.R.L. s/ Medida Cautelar -Intervención de Sociedad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-10

Las medidas cautelares inherentes a intervención de sociedades comerciales, conforme la doctrina y la jurisprudencia imperantes, deben apreciarse con un criterio restrictivo.
Rehabilitación (penal), inhabilitación absoluta, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: SALES, Ricardo y Otros c/  s/ Asoc. ilícita y delitos continuados de peculado, administración fraudulenta, abuso de autoridad y estafa s/Incidente de rehabilitación s/Apelación s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-10-17

En relación con el instituto de la rehabilitación -restitución al uso y goce de derecho y capacidades-, se propone la discusión solo sobre uno de sus requisitos, vinculado con el transcurso de un determinado período de tiempo, para los fines de su solicitud. En el caso la inhabilitación absoluta perpetua impuesta se trata de una pena principal y conjunta a la de prisión que se aplicó por fuera del supuesto reglado por el art. 12 del Código Penal atento, en lo que interesa, al art. 261 segunda parte -del mismo código-; sobre el requisito aludido, el tribunal resolvió la cuestión conforme una ponderación de la ley que atiende a su texto y que no da lugar a otras posibilidades interpretativas. El -art. 20 ter CP-, cuyo párrafo primero permite la restitución al uso y goce de los derechos y capacidades de los que se hubiera privado al condenado a inhabilitación absoluta perpetua si se hubiera comportado correctamente durante diez años, lo que debe conjugarse con el último párrafo, según el cual para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad. Entonces, ninguna observación puede hacerse a lo resuelto por el a quo, que distinguió tal cómputo del de la inhabilitación absoluta accesoria del art. 12 del Código Penal ya citado. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL