marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, prueba, rechazo de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ZACCONE, GLADYS MABEL P/ SI Y EN REP. DE SUS HIJOS MEN. MARCELO A., SANTIAGO J. Y AHAHI S. LARRABURU c/ CAMSOL S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

La resolución que sin fundamento alguno declara innecesaria la totalidad de la prueba, en contravención a lo dispuesto en el art. 94 de la ley 18.345, que únicamente admite resolver de esta manera respecto de la prueba informativa, afecta el derecho de defensa y el debido proceso garantizados por la constitución Nacional -art. 34 inc. 4 del CPCCN y art. 18 de la C.N.
Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, interpretación de la ley, derecho penal de autor
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Iglesias, Verónica Carola s/ s/art. 81 CC (Ley 1472) -Apelación-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

En el caso, cabe destacar que el suceso traído a conocimiento de esta Alzada, esto es, ofertar en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados, no se practicó de manera "ostensible", requisito que exige el artículo 81 del Código Contravencional, pues la norma no restringe la sola oferta de servicios sexuales, como corolario del artículo 19 de la Constitución Nacional sino aquélla oferta y demanda de servicios sexuales que se desarrollen con aquella modalidad.

En el caso analizado, del video agregado a las actuaciones y de las restantes pruebas incorporadas al debate, sólo puede deducirse que la imputada estaba vestida acorde a la época, hablando por celular y parada en una esquina, razón por la cual no puede considerarse acreditada aquella exigencia normativa. Además, es dable resaltar que la propia ley establece que en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "(s)i la ley emplea determinados términos, la regla de interpretación más segura es la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador" (CSJN "Rossi Sarubi, Maximiliano José c/Cielos del Sur S.A. y otro s/ daños y perjuicios", del 16/4/1998).
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bollaert de Perkins, Susana E.A. s/ sucesión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

No procede el agravio vinculado con la disminución a los efectos arancelarios del valor de uno de los inmuebles integrantes del acervo sucesorio, ya que la mera aseveración expuesta en el memorial de agravios en el sentido de que el valor fiscal resultaba inferior al real, pudo razonablemente ser considerada por el a quo como insuficiente a la luz de lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial.
Pobreza, derecho a la vivienda digna, emergencia habitacional
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

La sola circunstancia de que la CCBA (art. 31) prevé prioridades -personas que padecen pobreza crítica, necesidades especiales con pocos recursos, viviendas precarias o marginación- implica que el constituyente asumió que los recursos son escasos y, por tanto, deben ser distribuidos según criterios transparentes que brinden apoyo antes a quienes tienen más necesidad. (Voto en disidencia Dra. Ana María Conde).
Alimentos, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNOZ DE ZULETA c/ F. ZULETA s/ Alimentos (LIBRO: A106 - 317)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-12-18

La causa de la obligacion alimentaria entre conyuges no es otra que el vinculo matrimonial: ella fluye directamente del matrimonio, como uno de los elementos propios del estado de casados.- Por lo tanto no hace falta que la esposa acredite ningun otro elemento que la existencia del matrimonio, para poder reclamar el cumplimiento de la obligacion alimentaria; y este aun mediando separacion de hecho, en la cual la obligacion alimentaria solo cesa en caso de conducta gravemente irregular de la mujer.-
Remuneración, fondo de estímulo, prescripción quinquenal
Materia: CIVIL
Carátula: CROSETTO, OSCAR LUIS Y OTROS c/ SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

Concretada la demanda a un reclamo de haberes que debían ser pagados conforme a una distribución anual, según pautas que surgían de la ley, parece adecuada la aplicación, al sub examine, de la prescripción prevista en el art. 4027 CC,inc. 3, por tratarse de créditos de vencimiento periódico, que nacían en función del tiempo "fluyentes", susceptibles de renacer indefinidamente. No cambia su naturaleza la circunstancia de que la existencia y el monto de aquéllos, en su caso, haya dependido de variables, recaudaciones, que podían concurrir en mayor o menor medida.
Competencia civil, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL
Carátula: Inversiones y Análisis SA c/ TGLT SA s/ medidas precautorias s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

En este proceso ninguna autoridad administrativa local es parte, razón por la cual no es una causa contencioso administrativa (artículos 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y 42 de la ley n° 7).
Excarcelación, caución real, pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: Ramón Roberto Ampuero s/ Solicita Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-21

Han sido reiterados los casos en que se observo que detenidos excarcelados bajo caución real vieron largamente dilatada la recuperación de su libertad personal, por carecer de bienes para ofrecer. Asimismo el monto que se establecia iba siendo objeto de reiteradas reduccionnes que al recuperar la libertad el detenido no aseguraba su fin último, como es, asegurar la comparencia del incusado.

El obstaculo se centra en que es materialmente imposible generar bienes desde el confinamiento y si se carece de vínculos externos, la situación del detenido es irresoluble.

Por todo ello, es que, en el caso de autos esta Cámara encuentra apropiado concederle al procesado la libertad pero sujeta al pago posterior, dentro de los 30 días corridos, de la caución establecida bajo apercibimiento de ser revocada en caso de incumplimiento.
Intereses, tasa pasiva, convertibilidad
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Martini, Omar Domingo c/ Compañía de seguros Unión de Comerciantes  S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-09

"La tasa de interés aplicable a sumas adecuadas deberá ser del 6% anual hasta el 1/4/91 (tasa de interés activa cobrada por el banco de la nación argentina en sus operaciones de descuento). A partir de esa fecha y hasta el momento del efectivo pago deberá aplicarse la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (artículo 10 dec. 941/92)".
Acción de amparo, facultades jurisdiccionales, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La constatación de la concurrencia de los presupuestos constitucionales del amparo, para admitirlo o para rechazarlo, exige de los jueces un juicio equilibrado que tenga en cuenta, principalmente, si la tramitación de la demanda mediante otro tipo de proceso (con las medidas cautelares que en ellos puedan requerirse) puede llevar a frustrar (y no meramente demorar) la tutela judicial del derecho o interés sobre la base del cual se acciona. (Voto de los Sres. Jueces Julio B. J. Maier, Ana María Conde y José O. Casás).
Concursos, fuero de atracción, procesos de conocimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALOESTE  S.A. c/ BANCO DE CREDITO RURAL ARGENTINO s/ CONCURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Resulta excesivo forzar la promoción de un incidente de verificación, siendo que lo pretendido en la litis es la declaración de nulidad de ciertas cláusulas contractuales, materia cuya complejidad supera el marco del proceso de insinuación al pasivo, aún cuando pueda tener como consecuencia el surgimiento de una acreencia contra la fallida.

El trámite ordinario acordado a la causa debe ser suspendido, sustituyéndoselo por el procedimiento incidental. Más para tal fin no es necesario imponer la deducción de un nuevo incidente por separado: ese proceder impondría reproducir instancias ya acontecidas, lo que revela un rigorismo desvinculado de los propósitos del recordado LC.136. La suspensión del procedimiento es dispendiosa, en tanto es viable la adecuación del trámite según el estado de la causa principal, ello es, juicio de conocimiento o vía incidental.
Régimen de consolidación de deudas, ley de consolidación de la deuda pública, bonos de consolidación, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "REBECCHI, OSCAR ARMANDO c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-23

El Alto Tribunal, en una causa en la que se planteaba una temática similar a la debatida en autos, puso de relieve que la ley de consolidación 23.982 no estableció norma alguna que permita exceptuar de la entrega de bonos a las personas de edad avanzada pues, por el contrario, sólo estableció una prioridad de pago para los "acreedores de mayor edad" (cfr. considerando 9 in re "Iachemet, María Luisa c/ Armada Argentina").

Sin embargo, en dicho precedente la Corte Suprema concluyó que la referida ley de consolidación no respeta la exigencia de que la restricción al principio constitucional de la cosa juzgada sea sólo "temporal", de modo de no "degradar su sustancia" si se la aplica a una jubilada de 93 años de edad, pues conforme al desenvolvimiento natural de los hechos, resulta virtualmente imposible que llegue a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada.

Estas conclusiones permiten afirmar que las circunstancias y normativas del caso de autos (los créditos del titular que quedaron comprendidos en las disposiciones del Decreto de necesidad y urgencia 1873/02), determinan que el pago mediante bonos de la deuda reclamada ocasiona idéntico perjuicio en desmedro de la cosa juzgada judicial y del derecho de propiedad (art. 17 C.N.). Ello así, por cuanto se trata de un crédito de carácter alimentario reconocido en sede judicial por sentencia definitiva (en el caso, dictada en 1990), cuya ejecución fue iniciada cuatro años más tarde y su cancelación está prevista efectuar sólo a partir del 03.01.2010, vale decir, en un lapso posterior a los 20 años del reconocimiento de la acreencia, y en un momento en que el titular de la causa alcanzaría la edad de 91 años.

(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hilman, Jorge Alberto c/ Ravaioli, Carlos Alberto s/ Cobro ordinario de pesos Goncalves, Onesino Felipe c/ Sueño Estelar S.A. s/ Daños y perjuicios Tarca, Aldo Alfredo c/ Carnevale, Eusebio Arístides s/ Cobro de pesos Ostoja, Pedro c/ Calderón de Castellini, Adela s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03|2003-09-10|2004-03-24|2005-11-23

Cuando el actor peticiona en función de un contrato verbal, a él le incumbe la prueba de su existencia y la extensión y alcance de las respectivas contraprestaciones.
Muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización civil
Materia: LABORAL
Carátula: Barreca Hnos. S.A. c/ Nuñez, Salustiano s/ Consignación de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

De conformidad con el texto del art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo en su correlación con el ordenamiento legal vigente, la concubina que reclama la indemnización por fallecimiento del trabajador anteriormente casado, tiene a su cargo la prueba relativa a la separación o divorcio y a la culpa de la esposa o de ambos cónyuges, en su caso.
Responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, culpa in vigilando, deber de obrar con prudencia, obligación de seguridad, caso fortuito
Materia: CIVIL
Carátula: MORALEJO, JORGE GERMAN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUC. Y JUSTICIA SECRETARIA DE EDUCACION s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

De la diligencia de las profesoras y el preceptor dependía, nada menos, que la integridad física de 42 adolescentes -lejos de la vigilancia y el cuidado paterno- y de allí que no aparezca como una actitud caprichosa o arbitraria exigirles la máxima de las diligencias, como las circunstancias lo imponían. Y es que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902 del Código Civil). Las profesoras dormían. Pero como no se preocuparon del cierre de las puertas ni de controlar a los alumnos ni de vigilar el acceso al hotel no se enteraron de la presencia de un degenerado. Solo despertaron por la angustia y el terror expresado en gritos. ¿es posible sostener, en tales condiciones, que ejercieron el máximo deber de vigilancia que exigían las circunstancias de tiempo, modo y lugar?. La respuesta negativa es clara. Y esto compromete incuestionablemente la responsabilidad del Estado Nacional (art. 1112 del código civil), desde que esa falta de vigilancia guarda indudable nexo causal con los daños. Y la concurrencia de culpa y previsión, privan del mas mínimo sustento a la defensa de caso fortuito invocada.
Personal militar, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Enrique Gustavo y Otros c/ Estado Nacional s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

Los adicionales creados por el decreto n° 2769/93, el decreto n° 1104/05 y modificatorios y complementarios son suplementos de carácter general y benefician a la totalidad del personal en actividad de cada una de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin importar que los incrementos establecidos en los decretos involucrados recaigan sobre suplementos particulares o compensaciones, pues tales incrementos constituyen parte de un mecanismo mediante el cual se garantiza aumento a todo el personal en actividad de todos los grados por los porcentajes fijados en cada una de las normas que los instituyen, atendiendo además a que los suplementos de carácter general abonados al personal se acordarán en todos los casos con el concepto sueldo -art. 54 Ley Nacional 19.101-, correspondiendo apartarse de la doctrina sentada por la CSJN en los fallos Bovari de Díaz y Osirís Villegas, toda vez que las circunstancias que el Alto Tribunal ha ponderado para resolver se han modificado sustancialmente con el dictado de los decretos mencionados.
Administración Pública, organismos del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asaro, María Silvia y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa -Diferencias Salariales-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-02

El régimen jurídico de la Administración -como dice Cassagne- no se caracteriza por su homogeneidad. Existen distintas categorías, y las distinciones que acusan cada una de las existentes obedecen a la propia naturaleza y conformación del respectivo régimen, el cual a su vez tiene que respetar las peculiaridades propias de la función regulada. Existe un dato finalista, cual es que toda la actividad administrativa debe hallarse orientada a la satisfacción del bien común, pero ello no impide formular las precisiones jurídicas conceptuales basadas en la realidad de la actuación que desarrollan los órganos del Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, horas extra
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LITVAK, IVAN DANILO c/ CONSTRUCCIONES INGENIERO EDUARDO C. OLIVA S.A.I.C. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

Corresponde admitir parcialmente la queja respecto del agravio relativo a la condena al pago de horas extraordinarias, toda vez que -en una apreciación mínima y provisoria de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación- la postulación del recurrente cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos.
Fianza, locación, acuerdo de partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Felender, Gregorio c/ Ceballos Hnos. S.R.L. y otros s/ ejecutivo particular p.v.e. cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-29

Con relación a la duración de la garantía otorgada por el fiador en la relación locativa, el nuevo artículo 1582 bis del Código Civil, introducido por ley 25628, vino a poner punto final a la discusión existente sobre dicha cuestión, pues establece que todo fiador, incluso el obligado hasta la restitución de la cosa, dejará de ser responsable de las obligaciones del locatario posteriores a la expiración del contrato de locación, aunque ésta continúe en los términos del artículo 1622 del mismo cuerpo legal. Ello significa, que el criterio de la novísima legislación, es exigir el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga del contrato una vez concluido éste. Dicho consentimiento expreso, no debe confundirse con manifestación escrita, pues la expresión positiva de la voluntad puede ser considerada como tal cuando se pone en evidencia también por signos inequívocos con referencia a determinado objeto (art. 917 Ib).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Osvaldo J. c/ Almuina, Nestor E. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-09

Encasillado el caso como daño derivado del riesgo o vicio de la cosa, la culpa, la negligencia o falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad al dueño o guardián, a tal punto que su ausencia no lo exime de ella.Resulta por ello impropio acudir a los conceptos de "exclusividad", "concurrencia" o "presunción" de culpas.Para liberarse total o parcialmente de responsabilidad tanto al dueño como al guardián deben acreditar que al accionar de la víctima o del tercero ha excluido o limitado esa responsabilidad.-
Procedimiento laboral, prueba del contrato de trabajo, inversión de la carga de la prueba, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Quintana, Sebastián Rodolfo c/ Empresa Frontera Norte S.R.L. y otros s/ Acción común S.R.L. y otros s/ Acción común
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-05-04

Acreditada la prestación efectiva de servicios por parte del trabajador y la existencia de contrato de trabajo en el marco de la Ley 20.744 y sus modificatorias, debe considerarse muy especialmente el artículo 56 de la Ley 639 que expresa en el párrafo final que "en los casos que se controviertan el motro o el cobro de remuneraciones en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponde al empleador", consagrando con ello el principio de la inversión de la carga de pruebas, diferenciándose sustancialmente el proceso laboral del civil en la materia, por cuanto en el sistema que adopta nuestro procedimiento laboral es el empleador quien debe probar en contrario a las afirmaciones del trabajador, inversión que tiene por finalidad establecer la igualdad entre las partes en el proceso. Fundamento de la Dra. Zorrilla.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez Alvarez c/ Barrionuevo de Garro, Nora s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

En el juicio ejecutivo las apelaciones en la etapa anterior al cumplimiento de la sentencia de remate deben concederse en efecto diferido con excepción de las que procedieron contra la sentencia de remate y la providencia que denegare la ejecución. Siguiendo el criterio expuesto, el recurso contra la resolución que recae en un incidente de nulidad, debe concederse con el efecto aludido.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reordenamiento del sistema financiero, emergencia económica, decreto de necesidad y urgencia, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, depósito bancario, pesificación, pago en bonos, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: Pape, Mariela Susana c/ PEN - Dtos. 1570/01 - Mº E -Resol. 9/02 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

La inconstitucionalidad del sistema que dispuso la conversión compulsiva a pesos de toda obligación de dar suma de dinero expresada en dólares u otras monedas extranjeras, y la relación de cambio para los depósitos existentes en el sistema financiero, no puede considerarse salvada con la opción de pago en bonos del Tesoro (prevista en el art. 9° del decreto 214/02, y el decreto 905/02), ya que lejos de reforzar el derecho de los depositantes, implica para el ahorrista la liberación del deudor originario (la entidad financiera) y su sustitución por otro distinto (el Estado Nacional), que ha declarado públicamente su estado de insolvencia.
Pueblos originarios, derechos del aborigen, tratados internacionales, Organización Internacional del Trabajo
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La Ley N* 14932, aprueba los convenios adoptados por la Confederación Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, abolición del trabajo forzoso y protección e integración de la población indígena.

Su art. 1* aprueba los siguientes convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo: N* 87 (libertad sindical y protección del derecho de sindicación); N* 105 (abolición del trabajo forzoso); N* 107 (protección e integración de las poblaciones indígenas, tribales y semitribales en los países independientes).

El Proyecto del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Diputados en las sesiones del 25-09-59 y 30-09-59 y por el Senado en la sesión del 10-11-59 expresa:

I.- En su mensaje al Congreso del 24-09-58, el Poder Ejecutivo señalaba que "los principios contenidos en el Convenio N* 87 en materia de libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el Convenio N* 107 en materia de protección e integración de las poblaciones indígenas, coinciden totalmente con lo que sustenta nuestra Constitución Nacional en esas materias y no contrarían ninguna disposición de la legislación vigente.

En cuanto al trabajo forzoso, que considera el Convenio N* 105, institución que no existe en nuestro país, la República Argentina debe ratificarlo por elevadas razones de solidaridad internacional"