Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28


STJSL-S.J.N° 6 /08.

---la Ciudad de San Luis, a veintiocho días del mes de Febrero de dos mil ocho, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA, Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: ?SUÁREZ NELIDA REGINA Y OTRAS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS ? DEMANDA DE INCOSNTITUCIONALIDAD?, Expte. Nº 05-S-2004.

Conforme al sorteo practicado oportunamente con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Doctores FLORENCIO DAMIAN RUBIO, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, OSCAR EDUARDO GATICA Y OMAR ESTEBAN URIA.

Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal son:

¿Es procedente la Demanda de Inconstitucionalidad planteada? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? ¿Cuál sobre costas? A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. FLORENCIO D. RUBIO dijo: 1) Que a fs. 2/6vta. se presentan Nelida Regina Suárez, Blanca Margarita Quiroga, Myriam Beatriz Orellano, Claudia Andrea Jiménez Miranda, Graciela Hersilia Pasquín y Emma Alicia Liliana Cuello todas empleadas del Poder Judicial de la Provincia, con el patrocino letrado del Dr. Claudio F. Nieto, y deducen demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Provincial Nº 5.611 en particular del art. 13, con costas.

Fundamentan la presente demanda en el hecho de que la Ley Provincial Nº 5.611 -hoy Nº I-0020-2004 (5611 ?R?)- que establece el régimen de asignaciones familiares para todo personal de la Administración Pública Provincial, se encontraría en contradicción con el régimen de asignaciones familiares de alcance nacional, la Ley Nº 24.714, atento que ésta última en su art 10º establece el pago anual de una suma de dinero, en concepto de asignaciones por ayuda escolar, por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal; mientras que la señalada ley provincial establece ?en su art. 13º? que esta asignación por ayuda escolar solo corresponde a los trabajadores que tengan derecho a percibir asignaciones por pre-escolaridad y escolaridad básica; por lo que ha excluido la asignación anual por ayuda escolar a aquellos que sus hijos están cursando la educación polimodal.

Expresan al respecto, que la Honorable Legislatura Provincial al dictar este tipo de ley, no ha advertido la disposición contenida en el Art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional que a su vez se conecta con el art.126, que otorga al Congreso de la Nación numerosas facultades y potestades en el ámbito legislativo, entre ellos el dictado de leyes y códigos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Indican que la Ley Nacional Nº 24714, en su art.1º expresa que se instituye con un alcance Nacional y obligatorio, por lo que se puede advertir con claridad que la Seguridad Social es una competencia delegada por las provincias a la nación; no pudiendo en consecuencia ninguna provincia legislar en esta materia, y menos aún desconocer el alcance de una ley nacional.

Señalan, como muestra de claridad en cuanto al alcance nacional de la ley lo establecido por el art. 2º, que solamente exceptúa a los trabajadores del servicio doméstico; lo establecido en el Art.3 que hace mención a los diferentes departamentos de distintas provincias, y en igual sentido lo normado por el art. 24 referido a los trabajadores del sector público, en cuanto a los montos y topes que deben regirse por el presente régimen.

Por ultimo destacan el perjuicio producido por esta ley provincial que ha eliminado un derecho reconocido, concedido y otorgado por la Nación, al no reconocer la asignación por ayuda escolar a aquellos empleados del sector público con hijos cursando estudios en la educación polimodal. 2.

Que a fs. 69/72, se presenta Fiscalía de Estado a contestar demanda, realiza una negativa general y particular de los hechos que en su escrito se detallan, solicitando el rechazo de la demanda en su totalidad, con costas.

Así, afirma la existencia de argumentos constitucionales suficientes para extender a las provincias facultades legislativas en materia de seguridad social y asignaciones familiares.

Indica que los actores han ignorado dos artículos primordiales de la Carta Magna: el articulo 14bis y el art. 125, como así también numerosos artículos de la Constitución Provincial. Así al respecto expresa que las palabras ?Estado? y ?Ley? utilizados por los Convencionales Constituyentes en el art. 14bis, son generales, globales, no especifican si se trata de Estado Nacional o Provincial, ni de una ley Nacional o Provincial.

Por lo que sostiene: ?Lo que las facultades acordadas por los convencionales son amplias, comprensivas de distintos centros de poder con potestad normativa. Lo que significa que las provincias tienen competencia normativa en materia de Seguridad Social.? Por su parte se sostiene, que los actores también han olvidado el art. 125 de la Constitución Nacional que establece ?Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales? por lo que afirma, se está en presencia de un poder no delegado por las Provincias a la Nación.

Por último cita artículos de la Constitución Provincial que hace referencia a la facultad de legislar en materia de seguridad social, como los artículos 54, 55, 56, el art. 144 inc.7 y 14 que establecen las atribuciones y competencia del Poder Legislativo Provincial.

3.

Que, luego de haberse clausurado el período de prueba (ver fs. 92vta.) y habiendo las partes alegado a fs. 93/94 y a fs. 95/96; a fs101 se expide el Procurador General opinando por la no procedencia formal de la inconstitucionalidad planteada por la actora, al entender en primer lugar la existencia de facultades concurrentes entre la nación y las provincias en materia de seguridad social; y en segundo lugar que la parte actora no introdujo un caso constitucional, por lo que no basta una alegación vaga sobre la inconstitucionalidad, sino que es menester denunciar un perjuicio concreto o si se prefiere el agravio constitucional,- 4. En efecto, atento al relato expuesto por las partes y lo dictaminado por el Procurador General cabe advertir, que el eje central para dirimir el caso traído a resolver, radica en el determinar cuál es el Órgano Legislativo ?Nacional o Provincial? dotado con facultades constitucionales para legislar en materia de Seguridad Social, en especial, para dictar el régimen de asignaciones familiares a empleados de la administración pública provincial.

En esta línea se encuentran implicados los Arts. 75 inc. 12, 121, 122 126, en especial los arts. 14bis y 125 parr. 2º de la Constitución Nacional.

Así el Art. 75 inc.12 de la Carta Magna dispone: ?Corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, ... sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones....? Por su parte el art. 121 expresa ?... Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal...? como también ?Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas?(Art. 122); a su vez el art. 126 dispone ?Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación.

No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior;..., ni dictar Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso las haya sancionado...? Del juego de estos artículos no caben dudas que la Nación ejerce el poder delegado por las provincias para legislar en materia de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que el art. 126 -recién transcripto- ha omitido incorporarlas a este artículo.

Sin perjuicio a ello corresponde ahora analizar el nuevo art. 14bis parr.3º, que expresamente señala: ?El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados...; la protección integral de la familia...? Que a los fines de analizar el mencionado artículo, cabe citar los fundamentos expresados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se enuncian en un reciente fallo de fecha 24/04/2007, caratulado: ?Provincia de San Juan c. Administración Federal de Ingresos Públicos? (Publicado en: D.J. 12/09/07, 105) en el que se señala lo siguiente: ?El término ?Estado?, empleado en sentido genérico, alude tanto al Estado Nacional como a los estados provinciales, de tal manera que la reglamentación de este precepto no es privativa del Gobierno Federal (conf. dictamen del señor Procurador General en fallos: 302:721 y sus citas y 312:418).

En efecto la facultad de legislar en materia de seguridad social, jubilaciones y pensiones compete a la nación (art. 75 inc.12 de la Constitución Nacional) y a las provincias, por cuanto la obligación que impone el citado art. 14bis se extiende a los estados provinciales en lo atinente a la administración pública provincial y al propio del ejercicio del poder de policía.? (el resaltado me pertenece) Por su parte, en el fallo señalado, el Alto Cuerpo ha dicho: ?Que, asimismo, el art. 121 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias todas las potestades que no fueron delegadas por Ley fundamental al gobierno federal y todas aquellas que se reservaron en los pactos esenciales al tiempo de su incorporación.

A su vez, el art. 125, párrafo segundo, introducido al texto constitucional por la reforma del 1994, establece que las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y profesionales.

En el marco de las relaciones de coordinación de la distribución de competencias propias de la forma de Estado federal, los aspectos de la seguridad social referidos a los órganos de asistencia y previsión social y la sanción de régimen estatutarios correspondiente están en la órbita provincial con respecto al ámbito subjetivo definido por la Constitución Nacional?.

Ver: elDial ?AA3EC8.

En virtud de todo lo expresado, se puede advertir la existencia de facultades reconocidas constitucionalmente ? art. 14bis y 125 de la Carta Magna?, a las provincias para legislar en materia de seguridad social, jubilaciones y pensiones para sus propios empleados públicos.

Así Etala Juan José, luego de haber analizado varios artículos de la Constitución Nacional (entre ellos el art. 14bis) señala: ?De las normas constitucionales surge con claridad lo siguiente: La Nación debe dictar el Código de Trabajo y Seguridad Social, porque las provincias delegaron en la Nación tal facultad, no pudiendo ellas (las provincias) legislar dictando dicho código, ni en materia del contenido del mismo, cuando lo haya efectuado la Nación.

Por lo tanto, la legislación de fondo en materia de trabajo y seguridad social es facultad incuestionable de la nación. Las provincias no pueden legislar sobre esta materia de fondo, salvo para sus propios empleados públicos provinciales? (Publicado en: D.T. 18984-A, 530; título: Facultades de la Nación y de las provincias para legislar en materia jubilatoria -La Ley Online-).

Por su parte Maria A. Gelli en su obra ?Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada? (pag. 173) sostiene: ?A su vez, el art. 125 de la Constitución Nacional, después de una ardua negociación en la Convención Constituyente de 1994, aseguro a las provincias y a la Ciudad Buenos Aires, la posibilidad de conservar los organismos de seguridad social para los empleados público y los profesionales.

Así, pues aunque en virtud del art. 14bis, y la opción que otorga en la materia, la seguridad social se nacionalice en términos absolutos, la ley respectiva deberá respetar la atribución reservada por las provincias sobre la materia en el art. 125?.

Es así, que el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, la Ley Nº24714 -como bien lo indico el actor en su escrito- establece un régimen con alcance nacional y obligatorio, pero el mismo se encuentra basado (art. 1º inc. a) en un subsistema contributivo fundado en los principios de reparto de aplicación a los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de ?dependencia en la actividad privada? cualquiera sea la modalidad de contratación laboral.

En igual sentido el art. 24, respetando las atribuciones reservadas por las provincias en materia del art. 125, establece que se ajustará al presente régimen, las asignaciones familiares de los trabajadores del sector público, en cuanto -únicamente- al monto y topes; pero no respecto de las prestaciones que lo deja librado al régimen que regirá en cada caso a sus empleados del sector público.

Por último cabe recordar, que en igual sentido ocurre en materia de jubilaciones y pensiones; así la ley Nacional Nº24241 por la cual se creó ?con alcance nacional- el sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P), que comprende a todos los trabajadores en relación de dependencia y autónomos; reconociendo en las provincias la facultad legislativa en esta materia, invita -en su art. 2º, inc4º,punto a- a los gobiernos provinciales a adherir a dicha normativa.

Por todo lo dicho, podemos afirmar que la ley provincial Nº 5611 (hoy Nº:I-0020-2004) que establece el régimen de asignaciones familiares para todos los empleados de la administración pública provincial, en especial el ahora cuestionado Art. 13 que establece el pago anual de una suma de dinero para los trabajadores que tengan derecho a percibir asignaciones por pre-escolaridad y escolaridad básica, fue dictado y sancionado por el órgano legislativo provincial en el marco de las facultades que la misma Constitución Nación (14bis y 125) le ha otorgado en la materia; por lo que corresponde rechazar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los actores a fs.2/6.

Que a la luz de lo precedentemente expuesto, VOTO a esta PRIMERA CUESTION por la NEGATIVA.

Los Señores Ministros Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, OSCAR EDUARDO GATICA Y OMAR ESTEBAN URIA, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. FLORENCIO DAMIAN RUBIO, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTION.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Dr. FLORENCIO D. RUBIO dijo: Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde: Rechazar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº I-0020-2004 (5611 ?R?). ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, OSCAR EDUARDO GATICA Y OMAR ESTEBAN URIA, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. FLORENCIO DAMIAN RUBIO, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTION.

A LA TERCERA CUESTION, el FLORENCIO D. RUBIO dijo: Costas al vencido (Art. 829 CPCyC ). ASI LO VOTO.

Los Señores Ministros Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, OSCAR EDUARDO GATICA Y OMAR ESTEBAN URIA, comparten los fundamentos expuestos por el Dr. FLORENCIO DAMIAN RUBIO, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTION.

Con lo que se dio por finalizado el acto, disponiendo los Señores Ministros la sentencia que va a continuación, firmando por ante mí, doy fe.

FDO. Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.

SAN LUIS, Febrero veintiocho de dos mil ocho.

Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Rechazar la Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley Nº I-0020-2004 (5611 ?R?). Costas al vencido REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

FDO. Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.