Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-31


AUTOS Nº 8092 - "ESPINA Fabian Ceferino C/ Mulet Construcciones Electromec. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los treinta y uno días del mes de agosto del año dos mil nueve, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. José Dionisio Castro, Miguel Ernesto Novoa y Hermes Francisco Carrera, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 8092, caratulados: "ESPINA FABIAN CEFERINO C/ MULET CONSTRUCCIONES ELECTROMEC. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 129/134 de autos, la Sra. Juez del Quinto Juzgado del Trabajo resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas en el 70% a la actora y en el 30% a la demandada.

Que contra dicho fallo se alza la accionante mediante el recurso de apelación de fs. 140/144, que fue contestado a fs. 147/148; como también la demandada, a quien se le dio por perdido el derecho de expresar agravios a fs. 151.

Que a fs. 156 consta la opinión de Ministerio Fiscal; a fs. 159 el resultado del sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Carrera; y 3) Dr. Castro.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la actora?	Segunda cuestión: Costas?	SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia se desestiman las diferencias salariales, con fundamento en que en la demanda no explica el cómo se obtienen las que se pretenden, ni cuál es la causa de ellas; por lo cual el reclamo es improcedente, pues se impide al sentenciante pronunciarse sobre la validez de la pretensión y al demandado ejercer su derecho de defensa. Todo lo que hace aplicable la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte, que consta en P.R.E. 1979, T 1 , Folio 113/115 de aplicación obligatoria a los tribunales inferiores.

Que contra ésta parte de la decisión se alza la demandante en el recurso antes aludido, discrepando con la decisión, en tanto entiende que: 1) La causa de la obligación, es la diferencia entre lo devengado y lo pagado realmente y que resulta de una simple operación matemática, teniendo en cuenta el informe de fs. 54 y 55. 2) En los alegatos se aclaró como surgen las diferencias. 3) En el caso es de aplicación el art. 9 de la LCT.

Que en el responde, la demandada se opone a la procedencia de la pretensión hecha valer en el recurso, con sustento en que en la demanda, en el capítulo "Hechos", no indicó que existieran diferencias salariales, ni precisó si las mismas estaban originadas en un erróneo encuadre de convenio o de categoría, o de algún rubro concreto del salario que no se haya abonado totalmente o sencillamente que no se haya pagado. Todo lo que afecta el derecho de defensa.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes del fallo y de los agravios como su contestación, corresponde avocarse al exámen y decisión de los segundos.

Que con relación a los elementos de la pretensión este Tribunal ha sostenido en diversas oportunidades que: "La pretensión procesal se compone de tres elementos: sujetos, objeto y causa. El primero consta del sujeto activo, del pasivo y del órgano destinatario. El segundo está compuesto del objeto inmediato ( clase de pronunciamiento que se reclama ) y del mediato ( bien de la vida pedido: suma de dinero, inmueble, relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe declararse, etc. ). Finalmente el tercero, causa o título de la pretensión, consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica, sin que tal invocación actúe como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar el caso. ( Palacio, D.P.C., Tomo V, pags. 387/388 ). Paralelamente con lo expresado, la sentencia debe cumplir con el requisito de congruencia, esto es: la conformidad entre ella y la pretensión; la rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, objeto y causa que individualizan la pretensión y oposición. ( Autor y obra citados, T. V. pags. 429/435 ).

Que haciendo aplicación de la doctrina mencionada al caso de autos, se advierte que el actor no ha cumplido al demandar, con la obligación de indicar cuál es la concreta situación de hecho a la cual se asigna una determinada consecuencia jurídica y dentro de la cual, el Juez ha de resolver el caso. Es decir (independientemente de que indicara cuanto había percibido y cuanto debía recibir), no ha precisado de dónde surgía la diferencia, esto es: distinta de categoría, convenio, falta de pago de algún adicional, etc. A tal punto es así, que el propio recurrente a fs. 140 in fine/140 Vta., expresa que en los alegatos aclaró de dónde surgen las diferencias, esto es: que la omitió en la demanda.

Que por ello, el Sentenciante se encontraba en la imposibilidad de receptar favorablemente la pretensión, pues ignoraba cual es el sector de la realidad dentro del cual podía juzgar el caso, ya que las diferencias bien podían tener como causa cualquiera de las mencionadas.

Que, por otra parte, la imprecisión de la demandante en el tema de la descripción de los hechos, impide que su pretensión se resuelva con aplicación del art. 9, pues acceder a ello, importaría violar el principio de congruencia y el derecho de defensa, que por tener fundamento constitucional, debe prevalecer sobre la interpretación de la ley. Art. 31 Constitución Nacional.

Que por ello, propicio que este punto de la impugnación de la actora se desestime.

II.-Que en la sentencia se rechaza la indemnización del art. 18 de la ley 22.250, con sustento en que el actor, si bien ha acreditado enviar la intimación que la norma prevé como requisito para su procedencia, frente a la negativa del demandado de haberla recibido, no ha probado dicho hecho, pese a que le incumbía.

Que contra esta parte de la decisión también se alza la actora en el recurso de apelación ya indicado, discrepando con la misma, en tanto entiende que: la correspondencia ha sido dirigida al domicilio de la empleadora; su contenido no ha sido impugnado; las cartas documentos y telegramas colacionados son instrumentos públicos que hacen plena fe. Todo lo que resiste la contraria.

Que entrando al tratamiento del tema puesto a consideración del Tribunal, adelanto opinión en sentido contrario a la recurrente, en tanto entiendo que la que afirma un hecho (que la correspondencia en la que se intimaba como lo exige la ley, había sido recepcionada por el destinatario), es quién debe probarlo. De lo contrario, se incurriría en el absurdo de exigir a la contraparte la prueba de un hecho negativo. Art. 361 CPC, de aplicación, art. 161 CPL.

Que no es suficiente la circunstancia de que se consignara en la intimación el domicilio del empleador, pues ello no permite concluir afirmando que efectivamente el mismo la recibió. Tampoco que no se impugnara su contenido o que la carta constituya un instrumento público, pues ello no es lo que está en discusión o forma parte de la decisión, sino tan solo si llegó a esfera de conocimiento del demandado.

Que de todos modos, salvo la existencia de la correspondencia, no hay otros hechos que por su número, precisión, gravedad y concordancia, permitan extraer presunciones y formar la convicción conforme las reglas de la sana crítica, de que el intimación fue recibida por el patrón. Art. 461 CPC, de aplicación.

Que por ello, voto por el rechazo de este agravio de la demandante.

III.-Que en la sentencia se rechaza el reclamo por ropa de trabajo, con fundamento en que el art. 35 del CC 76/75, que exige que para gozar de este beneficio, es necesario que el trabajador cuente con una antigüedad de más de seis meses, lo que no acontece con el actor, conforme fecha de ingreso y egreso, no desconocida por las partes.

Que contra esta parte del fallo se alza la demandante en el recurso, en tanto entiende que la Juez ha omitido aplicar el nuevo art. 35, que consigna la obligación del empleador de abonar a los trabajadores con más de seis meses de antigüedad, cuatro jornales básicos...en concepto de asignación por vestimenta y una asignación proporcional en caso de ruptura del contrato de trabajo.

Que a poco que se analice el fundamento de la apelación sobre este punto , se advierte que en el caso no estamos en presencia de un agravio, pues no existe la crítica concreta y fundada sobre el principal y único argumento de la decisión, esto es: que el reclamo no es procedente por no tener el actor la antigüedad requerida en el CC, de aplicación, tanto según la redacción que el Magistrado indica, como la que trascribe el recurrente.

Que por ello, propicio el rechazo de este punto de la impugnación.

IV.-Que en el cuarto agravio, la recurrente se queja porque en el fallo se ha omitido resolver sobre un punto expresamente solicitado en la planilla de liquidación, esto es el pago directo de aporte de agosto de 2008.

Que a poco que se lea la sentencia, se advertirá que a fs. 132 vta. se dice que: "Este concepto he de tratarlo al referirme a fondo de desempleo" y que, a fs. 133 vta., tercer párrafo, expresa: "la demandada no acredita haber dado cumplimiento a esas obligaciones: pago de fondo de desempleo y entrega de la libreta...y sin perjuicio de corresponder el pago del fondo de desempleo por lo expuesto...no corresponde hacer lugar a la reparación...". En otras palabras, la omisión que se atribuye al pronunciamiento, no es tal, por lo que el rechazo de este punto de la apelación se impone.

V.-Que en el quinto agravio se cuestiona la imposición de las costas, que se considera debe modificarse en atención a los fundamentos del recurso. Siendo así y atento lo propiciado en los considerandos precedentes, voto por el rechazo de este agravio.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Atento la solución que propugno, voto porque se impongan las costas de esta instancia a la actora vencida. Art. 125 CPL.

EL DR. HERMES F. CARRERA DIJO:

Que por sus fundamento adhiere a las conclusiones a que arriba el Dr. Novoa.

EL DR. JOSE DIONISIO CASTRO DIJO:

Adhiero por sus fundamentos a la solución propiciada por el Dr. Novoa, excepto en lo que se refiere a la imposición de las costas a la actora, conformes a las razones que seguidamente expondrán. Siguiendo en esta materia el criterio sustentado por nuestro Superior Tribunal, cabe decir que, la imposición de las costas no debe ser el resultado de una operación aritmética entre lo que se demandó y el monto por el que progresa la demanda, sino que las mismas deben surgir de una prudente valoración, no sólo de la actuación de los litigantes, sino, fundamentalmente, sobre si el reclamante ocurrió al órgano jurisdiccional fundado en legítimo derecho (PRE. Sala I, 1991 "Domínguez c/SATA"; DT. 1999-2294, 1988-III- 1/3; E.D. 35-629; 34-775). En este sentido encontramos similitud de criterio con el pensamiento de la CNAT., Sala X, cuando se afirma que para la aplicación de las costas no debe adoptarse un criterio meramente aritmético derivado sólo del cotejo entre el monto reclamado y el deferido a condena, sino que debe tenerse en cuenta que es litigante vencido "aquél contra el cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial" (DT. 2001-B-1700). Por su lado, Morello (Cód. Proc. Tº II B, Comentario al art. 68 CPCN.), enseña que la noción de vencido, la cual indica que debe soportar las costas, ha de ser fijada con noción sincrética del juicio y no por el análisis aritmético de las pretensiones y los resultados. Con tal base, es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues, aunque el pedido fuese exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente máxima al no haber la demandada pagado aquello procedente (LL. 1982-I-465). Por lo tanto, el argumento del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro alguno por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospera en su totalidad (ED. 88-532). En el sub lite, aún cuando la demanda fué rechazada en parte de los reclamos, debemos señalar en favor de la actora que la misma debió ocurrir al órgano jurisdiccional para que su crédito fuese reconocido, lo que resulta así declarado. Por tanto y habida cuenta de que hay un vencimiento parcial y mutuo (art. 77 CPC.) coincido con el Sr. vocal preopinante en que el pago de las costas debe ser distribuido entre los litigantes, entendiendo razonable y por los fundamentos dados, que las costas la soporte la demandada en el 80% y la actora en el restante 20%. Así lo voto.- Por mayoria, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora, con costas, de conformidad con los considerandos precedentes.

II) Tener presente las reservas de derecho efectuadas.

III) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-