Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18


TS07D44412 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44412 CAUSA Nº 1702/10 -SALA VII- JUZGADO Nº 48 En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2012, para dictar sentencia en los autos: "PALAU, CLAUDIA DANIELA C/ COMPAÑÍA METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.A. S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA DIJO:

I.- Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda recurre la accionante a tenor de la presentación de fs. 143/146, mereciendo la réplica de la contraria a fs. 153/154.

También apela el perito contador por considerar reducidos los honorarios que le han sido regulados (fs. 148).

II.- La parte actora se agravia porque se rechazó la demanda en lo principal.

Sostiene que la notificación con preaviso de su renuncia no obsta a su derecho de denunciar la relación a causa de injurias producidas durante el plazo del preaviso.

Analizadas las constancias de autos, en mi opinión le asiste razón a la quejosa.

En efecto, de la misiva del 27/8/09 obrante en el sobre de fs. 3 surge que la actora comunicó a su empleadora su decisión de renunciar al empleo, y le hizo saber que dejaría de prestar tareas el 30/9/09.

Llega firme lo resuelto en torno a los cuestionamientos que esgrimiera la accionante respecto a los motivos que la llevaron a remitir la renuncia.

Sin perjuicio de ello, cabe tener en cuenta que la trabajadora otorgó a la accionada el preaviso establecido en el art. 231 LCT, lapso durante el cual subsisten todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato de trabajo (confr. art. 238 LCT), entre ellos el de no causar injuria a los intereses de la parte contraria. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de las partes transforma la renuncia avisada por el trabajador, en injuria que reune los requisitos del art. 242 LCT y autoriza a la parte a denunciar el contrato.

En autos quedó acreditado y también llega firme que la actora cumplía tareas administrativas, habiendo sido incorrectamente categorizada como "vigiladora".

En ese contexto, se debe analizar el cambio de lugar de trabajo que la demandada reconoce haber decidido según relato de contestación de demanda de fs. 21 donde afirmó que la actora "fue trasladada de objetivo".

En primer lugar, es necesario señalar que en tanto la actora no cumplía tareas de vigiladora sino administrativas, no existiría a su respecto el "objetivo".

Pero además, probado y firme que era empleada administrativa la modificación del lugar de tareas no se encontraba avalada por el CCT 194/92 que invocara la accionada (ver sobre obrante a fs.3) ni por el CCT 507/07 que mencionara al contestar demanda (ver fs. 21).

En consecuencia, esa decisión de la accionada constituyó un uso abusivo de la facultad conferida por el art. 66 LCT, y en tanto no revisó su conducta luego de intimada, el despido indirecto en que se colocó la actora estuvo justificado, por lo que propongo revocar el decisorio cuestionado y condenar al pago de las indemnizaciones legales por despido.

III.- La accionante además cuestiona la base salarial considerada.

En sustento de su postura aduce que debió considerarse la remuneración correspondiente a la categoria de "Administrativo" que ascendía a $1.725.

En mi opinión el recurso debe ser acogido.

En efecto, toda vez que llega firme que la actora cumplía tareas administrativas corresponde considerar la remuneración de la categoría de "Administrativo".

En ese contexto, no corresponde considerar, como hizo el Sr. Juez "a quo", la remuneración efectivamente percibida por la accionante sino aquella que fuera dispuesta para la categoría mencionada por el convenio colectivo aplicable.

En consecuencia, propongo revocar este aspecto del fallo cuestionado y considerar la remuneración de $1.725 que surge de la cláusula tercera del anexo B del CCT 507/07, que se encontraba vigente al momento de la desvinculación (incremento dispuesto a partir del 1/7/09 y despido del 4/9/09).

IV.- Sobre la base de lo expuesto precedentemente y lo decidido por el "a quo" que llega firme, la accionante resulta acreedora de las sumas que ha continuación se detallan.

Asimismo procederá la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323 toda vez que la relación no se encontraba correctamente registrada al momento de la extinción del vínculo.

-Indemnización Art. 245 LCT $1.7259 -Indem.sust.de preaviso omit. $1.725 -Sac s/indem.sust.de preaviso omit. $ 143,75 -Integración del mes de despido $1.495 -Sac s/integración del mes de desp. $ 124,58 -Días trabajados $ 230 -Sac proporcional $ 625,55 -Vacaciones proporcionales $ 381,10 -Diferencias salariales $ 981,83 -Art. 80 LCT $5.175 -Art. 1 de la ley 25323 $1.725 Total $14.331,81 Sobre dichos montos se liquidarán intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo, aplicando para ello la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (conf. art. 622 C.C. y Acta CNAT Nº2357), de acuerdo a lo dispuesto en grado que llega firme.

V.- El nuevo resultado del juicio que dejo propuesto me inclina a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, siendo necesario un pronunciamiento originario, y por lo tanto resultando abstractos los recursos deducidos sobre dichos aspectos del decisorio (conf. art. 279 CPCCN).

Propongo que las costas sean soportadas en ambas instancias por la parte demandada vencida y que se regulen honorarios a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el 15%, 12% y 7% respectivamente del monto total de capital e intereses de condena (conf. art. 68 CPCCN, ley 21.839, Dec. 16.638/57 y art. 38 LO).

Por las tareas cumplidas en la alzada, propongo fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% para la demandada y 30% para la actora de lo regulado para primera instancia (conf. art. 14 ley 21.839).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente el fallo recurrido elevando el monto de condena a la suma de $14.331,81 (catorce mil trescientos treinta y un pesos con ochenta y un centavos), mas los intereses que se liquidaran desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo, aplicando para ello la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (conf. art. 622 C.C. y Acta CNAT Nº2357). 2) Costas de ambas instancias a la demandada. 3) Regular honorarios a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contador en el 15% (QUINCE POR CIENTO), 12% (DOCE POR CIENTO) y 7% (SIETE POR CIENTO) respectivamente del monto total de capital e intereses de condena. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y de la actora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) y 30% (TREINTA POR CIENTO), respectivamente, de los determinados para la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.