marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado, prisión preventiva, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prórroga de la prisión preventiva
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

Resulta palmariamente violado por el Estado Argentino el artículo 8.1. de la Convención Americana -plazo razonable de la duración del procedimiento penal-, en perjuicio de quien estuvo en prisión preventiva por casi trece años, pues si bien la Corte Interamericana ha sostenido que para analizar la razonabilidad de un plazo procesal deben ponderarse: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales, no se requiere dicha evaluación frente a un retardo de tal envergadura carente de toda explicación razonada.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual, prescripción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Consolidar ART S.A. c/ E.N. -AFIP- s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-16

No existiendo contrato, para considerar la prescripción de la acción del particular para demandar al Estado por los daños causados por hechos o actos administrativos, no cabe actualmente -a diferencia de lo que ocurría estando vigente el texto primitivo del art. 4057 del C.C.- distinguir entre los supuestos en los cuales los resultados dañosos son producto de la actividad lícita o ilícita del poder público. En consecuencia, el término para interponer la acción es de dos años a partir del momento de producido el daño, conforme al art. 4037 del C.C., según la ley 17.711, que es aplicable supletoriamente en el campo del derecho administrativo (Fallos: 300:143 y 304:721).
Enfermedades inculpables, despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Bermúdez, Agustín c/ El Cóndor S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-03-18

A) Al haber extinguido el empleador el vínculo laboral por incapacidad definitiva del actor para seguir cumpliendo sus tareas habituales, no deben seguirse abonando salarios de enfermedad o reserva del puesto, como pretende el accionante, toda vez que existe una imposibilidad real de mantener el vínculo con el actor, incapacidad que fuera comprobada. B) Al haber el actor, negado su incapacidad en las piezas postales intercambiadas, pese a que la conocía, no permitió al empleador de dar cumplimiento al 1er. párrafo del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, y sólo resulta jurídico entonces exigirle el pago previsto en el 2º párrafo del mismo artículo, es decir el del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recusación por prejuzgamiento, ministros de la Corte Suprema, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Duhalde, Eduardo Alberto s/ nulidad Congreso Nacional Extraordinario del 17/7/98 - medida de no  innovar - Partido Justicialista.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-07

No constituye causal de recusación la intervención de los jueces de la Corte Suprema en un anterior pronunciamiento propio de sus funciones legales.
Mandato, obligaciones del mandatario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dayton Trade Company S.a. y otros c/ Penido, Jorge Marcelo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

La ley prohibe al mandatario que venda para su mandante y compre para sí -autocontrato- anteponiendo sus propios intereses al de su comitente, es decir, debe haber intereses encontrados entre ambos, en franca violación al deber de fidelidad sobre el que se asienta el contrato de apoderamiento (arts. 1908, 1918, del Código Civil y su doctr.).
Recurso de inconstitucionalidad, nulidad de sentencia, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BOJINE GUSTAVO OMAR s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-31

Falta motivación a una sentencia no solo por no existir materialmente, sino también si es solo si es aparente por inobservancia de las reglas de la sana crítica racional; esta tiene su límite en aquella, de lo que es forzoso concluir que la convicción del juez debe tener su demostración lógica en el fallo. Por ello, si éste contiene motivos contradictorios entre si , ello equivale a falta de motivación, porque aquellos se destruyen recíprocamente.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado, proceso penal, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arancibia  Clavel,  Enrique  Lautaro s/ homicidio  y asociación ilícita -causa nº 259-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

La ausencia de una descripción del hecho atribuido suficientemente específica lesiona el derecho de defensa consagrado por el art. 18, Constitución Nacional, y más específicamente, por el art. 8, inc. 2, ap. b, Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresamente exige la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada (Disidencias del Dr. Enrique Santiago Petracchi, del Dr. Augusto César Belluscio y del Dr. Carlos S. Fayt).
Cheque sin fondos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: VIDELA KARIN, ANDREA s/ Cheque sin Fondos Causa 34190
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-26

1- No corresponde rechazar el requerimiento fiscal de instrucción, fundado el juez en la inexistencia del delito del CP. 302, art. 3 por omisión de las formas que la ley comercial establece para que una orden de pago valga como cheque.- 2- Tal omisión no supone la pérdida de su valor obligatorio patrimonial.- 3- Cuando se produce una frustración intencional después de dar una orden de pago el objeto de tutela legal contemplado en el inc. 3) del art. 302 del Código Penal no es la confiabilidad de las formas de las que depende que esa orden valga como cheque. Es la buena fe comercial de la que se abusa con una verdadera maniobra y, en esas condiciones, no puede afirmarse que el hecho no constituye delito cuando el requerimiento de instrucción supone una maliciosa denuncia de extravío.
Extradición, pedido de extradición, prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL-PENAL
Carátula: Fabbrocino, Mario s/ pedido de extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Constituye "secuela de juicio" y por ende interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal, el pedido de extradición, el auto de prisión, el sometimiento del requerido al procedimiento de extradición e incluso el pronunciamiento en esta sede.
Recurso extraordinario, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: AZAR JUAN CARLOS c/ LIAL S.R.L. Y/U OTROS S/HOMOLOGACIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-07

Teniendo en cuenta que los vicios que invoca el recurrente en su memorial se dirigen a impugnar tanto lo decidido por el Superior Tribunal, como la solución que acordara la Alzada en el recurso de apelación y la del Juez de Primera Instancia, surge de manera indubitable la inoportunidad del planteo, el cual no emergió novedosamente en el dictado de la sentencia del recurso de casación, sino que, por el contrario, la pretensión del recurrente constituyó materia decisoria que la sentencia estaba llamada a definir. No puede, por ende, sorprender a la accionada tal resolución desde que el acogimiento de un recurso -al igual que su rechazo- no representa una contingencia aleatoria o fortuita sino, por el contrario, un resultado claramente previsible.
Acción de amparo, rechazo in límine, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: BRUSCA, Carlos Alberto y otro c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

La prerrogativa judicial de rechazar "ab initio" una demanda de amparo, se ha visto sensiblemente modificada por la reforma constitucional, en función de lo normado por el art. 43 de la Carta Magna, y toda vez que dicho texto no ha incluido como requisito de procedencia del amparo que no exista otro medio administrativo más idóneo, limitándose a restringir la improcedencia de los trámites judiciales, sólo cabe el rechazo liminar cuando se advierta la existencia de un remedio más idóneo, lo que claramente no ocurre cuando la acción se intenta frente a la urgencia de encontrarse secuestrados vehículos empleados como herramienta de trabajo del amparista.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Limido, Lidia Beatriz c/ García, Carlos s/ Cobro de honorarios Font, Luis Alberto c/ Chiodi, Eduardo F. s/ Daños y perjuicios Agrocereales Rawson S.A. c/ Angiorama, Carlos Juan s/ Cobro de pesos Tela, Aldo c/ Maffei, Haydée y otro s/ Escrituración V. H., S. F. y otro s/ Divorcio. Incidente de aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05|1988-09-06|1992-03-10|1994-03-22|1996-08-06

Juzgar el sentido, alcance, consecuencias jurídicas de las estipulaciones que integran el contrato, lo que hace, en definitiva, a la interpretación del mismo, constituye tarea reservada a los jueces de las instancias ordinarias y exenta de censura en casación, salvo absurdo.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ, MIGUEL ANGEL; SPAINI, OSCAR RAFAEL s/ HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO Y LESIONES CULPOSAS e.p.  DE ALVARADO HUGO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-09-12

Una vez sentado el criterio de la solidaridad cuasidelictual, corresponde establecer el rol que ha de desempeñar la compañía aseguradora. La ley 17.418 de Seguros expresamente establece en el art. 109, corresponde colegir la obligación de la compañía aseguradora de indemnizar a la víctima del perjuicio sufrido si se han cumplidos los requisitos exigidos por el art. 118 de la ley de seguros, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.-
Titularidad del dominio, marcas, prueba, proceso penal, valor probatorio, fotocopia autenticada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Botta, Oscar A. s/ Inf. Ley 22.362
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

La incorporación de fotocopias de los títulos realizado luego de la extinción de los originales al encartado de la prevención, conjuntamente con el juramento del representante legal de la empresa titular y sin que hayan sido materia de controversia alguna durante el proceso, cumple con la debida acreditación de la titularidad del derecho marcario vulnerado.
Pensiones, aplicación temporal de la ley, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ROVASTO, LUCIA s/ RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Dado que el derecho a las pensiones se rige, en lo sustancial, salvo disposición en contrario, por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante (artículos 27, ley 18037 to. 1976, 15, ley 18038 to. 1980 y 18, decreto 1645/78), la resolución 2569/81 de la CNPTA.

resulta inaplicable a los reconocimientos de servicios prestados con anterioridad a su vigencia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución citada, que deviene igualmente inaplicable por alterar el orden normativo establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional. (Del dictamen de la SGT. al que adhiere la Sala).
Excepción de incompetencia, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.G. SA c/ Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-16

Cuando la causa de la que deriva la responsabilidad del Estado Provincial reclamada, no es la nulidad del contrato -que trae la actora como prueba de la antijuridicidad- que sostiene-sino la conducta omisiva del cumplimiento de deberes estatuidos para concertar aquel negocio, a la que da paso al art. 1074 CC.- La causa de la responsabilidad endilgada -el obrar ilícito- reposa en la conducta omisiva, no en la nulidad del contrato, que claramente dice no le interesa.
Daños y perjuicios, servicio telefónico
Materia: CIVIL
Carátula: FLOMENBAUM, RICARDO c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-20

Es procedente la indemnización por daños y perjuicios deducida por un usuario contra una empresa de telefonía, pues se advierten molestias e incomodidades que exceden el mero incumplimiento del contrato, por cuanto el demandado no sólo no tiene instalada una línea en el domicilio del actor sino que intimó el pago de un servicio que debió saber que no realizaba, lo que ocurrió en forma reiterada, incluyendo al actor en el listado de morosos, todo lo cual excede la mera mortificación por la hipótesis de no ejecución del contrato de prestación del servicio, por cuanto resulta manifiesto de la causa que no estaba en ejecución.
Recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso, gravamen irreparable, herencia, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodriguez Beatriz Margarita c/ Antonio Cruz e hijos SRL s/ cobros (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-23

Debe rechazarse la apelación conforme art. 701 CPCC al no causar gravamen irreparable lo decidido, es decir que la actora probó ser adjudicataria del 100% de los bienes de la sucesión del causante, por lo que la exigencia de autorización judicial para demandar en autos no era necesaria. El apelante no demostró por qué aceptar y dar por acreditada la personería de la actora para demandar, heredera del 100% de los bienes del causante, le causa un gravamen irreparable.
Política cambiaria, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Argecom  S.R.L.  y Cambio Ortega  S.R.L. c/ B.C.R.A. s/ Artículo 5 de la Ley 18.924
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

"Razones de bien público y de necesario gobierno a que responde la legislación financiera y cambiaria encuentran base normativa en las cláusulas del artículo 67 incisos 5 y 16 C.N. ".
Fideicomiso, extinción del contrato, vencimiento del plazo, mora automática, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, JORGE c/ CIA. FINANCIERA UNIVERSAL SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-26

Si en un contrato de fideicomiso se especifica que el mismo tendrá una duración determinada, se extingue por cumplimiento de ese termino (art. 25 de la Ley 24441), produciéndose la mora automática, puesto que existe un plazo cierto que torna operante lo dispuesto por el art. 509 del C. Civil, siendo ello así, toda vez que el fideicomiso no se encuentra reglado legalmente por normas que preceptúen sobre el cumplimiento de las obligaciones en general y que, por lo tanto, debe recurrirse a la aplicación de la normativa general que a su respecto establece la legislación de fondo, no pareciendo como requisito previo, la obligación de interpelar por parte del fideicomisario, pues incluso el art. 26 de la Ley 24441, establece que "producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registrales que correspondan".
Recurso de inconstitucionalidad, ordenanzas municipales, contribución por ocupación o utilización del espacio público
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA c/ Obras Sanitarias Sociedad del Estado s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-09

La ordenanza mediante la cual se impone el pago de una contribución a las empresas del estado, privadas o mixtas, equivalente al 6% del monto bruto de la facturación, por la ocupación de inmuebles del dominio público municipal, es constitucional. La causa fuente de la obligación radica en el permiso de uso de los inmuebles de dominio público de la comuna; constituye un canon, razón por la cual no existe doble imposición tributaria (en relación al IVA y al impuesto a los ingresos brutos).
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ACOSTA H. J. c/ CUENCA A. F. s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-04

El valor en juego en orden a la determinación de los honorarios de los letrados intervinientes no puede tener mayor alcance que aquél que constituía el objeto de las acciones entabladas -demanda de reivindicación y reconvención por prescripción adquisitiva del inmueble involucrado- el cual, en el caso, se circunscribe a una extensión de cuatro metros lineales por todo el frente del mismo. Al respecto, no empece a ello el hecho de que la pericia efectuada importe mediciones de las propiedades linderas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fraccia c/ Elissondo s/ Rev. contrato - Ds. y perjs.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

Así pues en orden a los agravios y habiéndose puesto en juego de tal suerte principalmente la calidad de obrar, ello implica estar frente a un requisito para la admisión de la acción pues se relaciona mas bien con el fondo del asunto o con el derecho de entablar la acción.

De allí que el juez debe analizar de oficio el tema que constituye una típica cuestión de derecho y, pues la calidad del titular del derecho del actor es necesaria para la validez del pronunciamiento.

En tales términos la pretensión, si dos personas eran las locadoras, ellas dos o en el caso sus sucesores, debieron ser las accionantes pues: cuando se acciona reclamando derechos que emergen de un acto jurídico y en el tienen su fuente...se exige el concurso de todos los participantes del acto jurídico.
Hábeas data, cuestión abstracta
Materia: COMERCIAL
Carátula: López, Diana Mariela c/ Banco Boston N.A. y otro s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-10-08

Dado que de los registros de la empresa de información crediticia demandada por habeas data surge que la información relativa a la actora se encuentra saneada, no se encuentra dato alguno que sea pasible de rectificación y, por ello, debe declararse abstracta la cuestión, pues el proceso carece de objeto actual.
Marcas, registro de marca, caducidad del registro, plazo, uso efectivo de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: DORSAY INDUSTRIA FARMACEUTICA  LTDA c/ DISPROVENT  S.A.C.I.F. Y M. s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-12

La marca de la demandada "DOBIL" fue registrada durante la vigencia de la ley 3.975, que no exigía el uso de la marca como condición necesaria para mantener su titularidad. En 1985, es decir, después de la entrada en vigencia de la actual ley 22.362, ese registro fue renovado. La nueva ley de marcas dispone en su art. 5 que el registro (cuya duración es de 10 años) puede ser renovado indefinidamente si la marca "fue utilizada dentro de los cinco años previos a cada vencimiento" y en su art. 26 prescribe que "se declara la caducidad de la marca que no hubiere sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción".

Las partes discrepan acerca de la fecha a partir de la cual hay que contar los cinco años a que se refiere el art. 26: la actora sostiene que el plazo corre desde la fecha de la promulgación de la ley 22.362, y la demandada que el cómputo debe realizarse a partir de la renovación del registro.

La posición de esta Sala ha sido fijada en el voto del Dr. Tahier en donde se dice que "la exigencia del uso de la marca sólo puede ser legítimamente impuesta a los titulares de las que se concedan bajo el régimen de la ley 22.362". Ello así, el plazo de cinco años debe contarse a partir de la renovación del registro.
Deuda previsional, moratoria previsional, intereses moratorios, intereses punitorios, incumplimiento del deudor
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social. c/ Estímulo  SA s/ Ejecución  ANSS .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-25

Esta Sala ha decidido que los recargos y réditos aplicables en este tipo de ejecuciones no tienen por finalidad satisfacer intereses individuales sino allegar fondos para el cumplimiento de las prestaciones previsionales, motivo por el cual no concurren en el caso las razones de orden moral que la jurisprudencia ha valorado para reprimir la usura (conf. arts. 953 y 954 del Código Civil).

Pero lo que verdaderamente importa es que tanto los recargos como los intereses que aquí se analizan, tienen un carácter moratorio y punitorio, es decir, sólo son aplicables para el supuesto de incumplimiento del deudor, de manera que los agravios que éste invoca surgen de su propia conducta discrecional.
Juicio ejecutivo, domicilio constituido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ García, Jorge Raúl s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

En el juicio ejecutivo, la intimación de pago importa requerimiento para que el deudor constituya domicilio, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado en los términos del art. 41 del ordenamiento adjetivo. Si no lo hiciere dentro del plazo que dispone para oponer excepciones, aquél queda automáticamente constituido en los estrados del juzgado y siendo así, no corresponde notificar por cédula al accionado la sentencia dictada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, títulos de crédito, warrant, portador del título, inhabilidad de título, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA SA c/ OLIVARES Y VIÑEDOS SAN NICOLAS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

En tanto el cumplimiento de las especificaciones legales no constituye un mero formalismo, sino una exigencia para la conservación de los derechos del tenedor del título, el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 9643, art. 17, determina la pérdida de aquellos y que el instrumento de crédito quede perjudicado (cfr. Segal, "Warrants y Certificados de Depósito", E.D. 1994, Pág. 68, Parar. 6; Favier Dubois, ob. Cit.); por lo que no existiendo constancia "fehaciente" e "indubitable" acerca de la temporaneidad de la petición de enajenación, procede hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título -pues aun cuando la depositaria de los bienes ha corroborado que ello ocurrió en plazo -, "atento a su relevancia en la economía de la ley y los efectos de su omisión, el pedido debe ser formal, conforme la doctrina, sobre todo en miras a preservar la prueba de la temporaneidad con que se ha realizado", "resultando prudente exigir constancia de dicho requerimiento y la fecha, insertándola en el título" (Segal, ob, cit., pág. 114).