Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., D.E. y L., Z.E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras Del Pino y Marcelo Brito, en causa Nº 259/09: P., D.E. y Otra - Aborto seguido de muerte, con consentimiento - Recreo - La Paz
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-13

La Cámara en lo Criminal declaró culpables a los imputados como autores penalmente responsables del delito de Aborto seguido de muerte (arts. 85 inc.s 2º y 45 del Código Penal) y condenó a P. a la pena de tres años de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, y a la de inhabilitación para ejercer la medicina por el término de seis años y a L. a la pena de un año y seis meses de prisión, cuya ejecución dejó en suspenso, haciendo lugar a la acción civil ejercida en contra de los nombrados, por la progenitora de la fallecida. Contra esa decisión, los defensores de los imputados interponen este recurso.

Denuncian la supuesta violación en la sentencia de las reglas de la sana crítica racional respecto de elementos probatorios de valor decisivo.

Después de estudiar los planteos efectuados concluyo que son ineficaces a los fines de lograr la modificación de lo decidido. Así lo considero debido a que constato en el fallo que todas las cuestiones relevantes fueron abordadas y resueltas con fundamentos que estimo suficientes y adecuados por su correspondencia con los elementos de juicio invocados y valorados con arreglo a las reglas de la sana crítica racional, los que no son refutados con los argumentos propuestos en el recurso ni con la crítica sobre el orden en que fueron tratados los distintos puntos.

Sobre la existencia del embarazo como presupuesto del aborto decía Ricardo Núñez que "La afirmación de que la pericia es el único medio de probar el embarazo puede cuestionarse con seriedad" y que, por el contrario, la ley y la doctrina admiten la prueba del cuerpo de este delito, como de cualquier otro, por cualquier medio de prueba, y que el juez hasta puede valerse únicamente de presunciones e indicios (Jofré, Tomás, "Manual de procedimiento", 5º ed., t.III cit., p. 104...".). Y aunque el autor aludía al sistema de prueba legal seguido por otro ordenamiento procesal (Conf. comentario de Ricardo C. Núñez, titulado "La prueba del aborto", La Ley, t. 1979-A, p.517), sus conceptos son también aplicables al caso debido a que en el rito local tampoco hay regla que establezca la restricción probatoria pretendida en el recurso.

En el caso, si bien el embarazo no quedó acreditado con una pericia ni con una ecografía, ni con informes médicos, bioquímicos u otros elementos de juicio con parejo rigor científico, su existencia surge indubitable de un conjunto de distintas circunstancias que concatenadas sustentan con suficiencia la convicción sobre el punto.

Computo como relevante en ese sentido, entre otras pruebas, la declaración del médico patólogo que tuvo a su cargo el examen del útero de la occisa, al que categóricamente describió como el útero de una mujer que estuvo embarazada.

Asimismo, la declaración del novio de la gestante, que dijo haber sido anoticiado por ésta del embarazo, de la decisión de ella de interrumpirlo, de la consulta médica efectuada con ese propósito y de las condiciones de precio, tiempo y lugar convenidas a ese fin; en tanto no observo motivo alguno que autorice sospechar de la mendacidad del testigo, menos aún considerando que al admitir ese conocimiento se exponía al reproche familiar y penal.

Similar observación es aplicable al testimonio de médicos del Hospital San Juan Bautista, a quienes I. les dijo que le había sido efectuado un aborto.

Así las cosas, dado que en el proceso penal el hecho del embarazo puede ser acreditado por cualquier medio de prueba, cabe concluir que el que presentaba la mujer inmediatamente antes de los hechos de la causa, ha quedado debidamente establecido con los testimonios reseñados, prestados por personas que en distintos momentos y circunstancias conocieron de su existencia y a los que no cabe atribuirles ningún interés deleznable en el resultado del proceso; los que son coincidentes sobre el punto, sin que concurran motivos para sospechar que acordaron maliciosamente declarar como lo hicieron; y que son, además, absolutamente compatibles con otros elementos de juicio ponderados en la sentencia y estrictamente vinculados con la existencia del hecho juzgado.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.