Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28


"Buenos Aires, 28 de marzo de 2003.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

El Sr. Agente Fiscal interpone recurso de apelación a fs. 12 contra la resolución de fs. 10/11 por la que la Sra. juez de grado no hace lugar a la desestimación de la denuncia, a la incompetencia solicitada e instruye el sumario con noticia fiscal.

Con respecto a la desestimación rechazada y a la consecuente instrucción oficiosa, este Tribunal entiende que tal decisión deberá ser anulada por la consideraciones que a continuación se formulan.

Conforme al ordenamiento procesal y al nuevo diseño del Ministerio Público dado por la Constitución a partir de la reforma del año 1994, el único sujeto procesal que se encuentra habilitado para impulsar la acción penal en los delitos de acción pública, es el Agente Fiscal. Consecuentemente, se encuentra vedada cualquier posibilidad de investigación de oficio por parte del Órgano Jurisdiccional sin un requerimiento de instrucción que así lo permita.

Ello se desprende del art. 5 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone que la acción penal pública se ejercerá por el ministerio fiscal y del art. 180 del mismo cuerpo normativo, que establece que ante una denuncia el agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá que...sea desestimada.

Por otro lado, debe tenerse presente que, conforme la nueva estructuración establecida a partir de la reforma constitucional del año 1994, el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120 de la C.N.). Así , más allá de reafirmarse que el Agente Fiscal es el encargado de ejercer la acción pública, esta nueva estructura deja de lado aquellos cuestionamientos en cuanto al peligro que acarrearía dejar librada al arbitrio de este funcionario la determinación respecto de si el hecho constituye o no delito, ello en virtud de su dependencia con el Poder Ejecutivo que no garantizaba una actuación imparcial por parte del mismo.

Por ello, desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 24.946 promulgada el 18 de marzo de 1998; B.O. 23/3/98), y habiéndose mediante ella asegurado este nuevo "status" legal que se le otorga en la Constitución Nacional (independencia funcional y autárquica financiera), no existen actualmente motivos para entender aquélla crítica y habilitar así una actuación de oficio por parte del Órgano Jurisdiccional que la ley no establece.

Por todo ello, la resolución dictada por la a-quo implica un exceso en su límite de actuación, iniciando una investigación sin el debido impulso del Ministerio Público, que es el único autorizado por la Constitución y la ley para darlo.

En consecuencia, la resolución impugnada resulta nula al haber inobservado las disposiciones concernientes a la intervención del ministerio fiscal en el proceso, debiendo la Sra. juez de grado proceder conforme a derecho.

Por otro lado, en lo que respecta a la determinación de la competencia en la investigación del resto de los delitos que podrían surgir de la denuncia de autos, se advierte que el dictamen del Agente Fiscal carece de la debida fundamentación que la ley procesal exige.

En este sentido, los requerimientos fiscales deben cumplir con el requisito constitucional de motivación o fundamentación (art. 69 C.P.P.), que deriva de la forma republicana de gobierno y tiene el fin de preservar el respeto por esenciales garantías constitucionales que tutelan al individuo sometido a la potestad jurisdiccional del estado, tales como el derecho de defensa del imputado y la necesaria existencia de un proceso previo legalmente cumplido (arts. 1 y 18 CN.).

Así, del escrito de fs. 9 no surge mínimamente ninguna descripción de los posibles hechos a investigar ni la calificación que podría caber, como así tampoco los tribunales por competencia y jurisdicción que se entienden deberían intervenir.

En consecuencia, la motivación deficiente del dictamen del requerimiento fiscal afecta a la participación del Ministerio Público de conformidad con lo normado por el artículo 167, inc. 2, del Código de rito.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

1) DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución de fs. 10/11 en cuanto no hace lugar a la desestimación de la denuncia y ordena instruir el sumario con noticia fiscal.

2) DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del dictamen de fs. 9 en lo que respecta a la solicitud de incompetencia.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Sirva la presente de atenta nota de envío."