Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-14


SENTENCIA NUMERO: VEINTICUATRO En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cuatro, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Hugo Alfredo Lafranconi y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: FIERRO, CARMEN LUCIO C/ BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y ORMAS S.A. DEMANDA REC. DIRECTO a raíz del recurso concedido a la parte demandada en contra de la sentencia N° 56/00, dictada por la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo Secretaría N° 11, cuya copia obra a fs. 97/107 vta., en la que se resolvió: I. Hacer lugar a la demanda incoada por Carmen Lucio Fierro en contra de Benito Roggio e Hijos S.A. y Ormas, en cuanto pretende el pago de diferencias de sueldo básico por el período comprendido entre abril de mil novecientos noventa y siete y setiembre de mil novecientos noventa y ocho; de diferencias por horas suplementarias con el cincuenta por ciento y el ciento por ciento de recargo, por el mismo período; de indemnizaciones por daños y perjuicios por el subsidio por desempleo no percibido, por antigüedad y sustitutiva de preaviso y de la integración el mes de despido ( setiembre de mil novecientos noventa y ocho), a las que deberá descontarse lo percibido en concepto de fondo de desempleo; condenando a la demandada a abonar al actor, por los rubros reclamados, las cantidades líquidas señaladas al tratar la segunda cuestión y las ilíquidas cuyos importes se determinarán mediante el procedi miento previo a la ejecución de la sentencia, de conformidad con las pautas dadas al tratar las cuestiones propuestas, en el término y con los intereses que se indican al tratar la tercera cuestión. II.Imponer a la demandada las costas del pleito. III. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes... . Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Se han vulnerado normas prescriptas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores, Luis Enrique Rubio, Hugo Alfredo Lafranconi y Domingo Juan Sesín.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

1. La demandada afirma que la a quo incurre en contradicción al afirmar que los trabajos de recolección y tratamiento final de los residuos no se encuadran en la ley 22250. Argumenta que estos servicios no se vinculan a la construcción y luego expresa que sólo representan un tramo de la actividad principal y específica de la demandada.

2. El planteo es inadmisible. Lejos de poner en evidencia enunciados que se anulan entre sí el recurrente distorsiona y mutila expresiones del pronunciamiento para dar sustento a la denuncia. Es además deficiente el embate en cuanto soslaya el criterio del Sentenciante que encuentra incompatibles los requisitos establecidos en la propia ley 22250 con la actividad principal que realiza el empleador demandado. En esa inteligencia afirmó que es preciso que la actividad sea atinente a la construcción como condición de aplicación de ese régimen especial. Excepcionalmente se aplica a empresas dedicadas a cometidos complementarios o coadyuvantes únicamente respecto del personal destinado a ejecutar trabajos en las obras o lugares a los que se refiere el inc. "a" del art. 1ro. de la ley. Pero en el presente caso la accionada tiene a su cargo el servicio de tratamiento y disposición final de residuos de distintas clases y otros servicios complementarios (de acuerdo al régimen jurídico de concesión del Servicio Público, según el informe de la Municipalidad que menciona fs.51) por lo que no pertenece al ámbito de la ley 22250.

3. Agrega el impugnante que ambos emprendimientos son totalmente diferentes y están dotados de estructuras independientes entre sí, por lo que la prestación del actor debió quedar atrapada en el régimen de la construcción. La obra de ingeniería ambiental sanitaria que supone el enterramiento de los residuos es la obra principal a los fines de la citada normativa en su art. 1ro. inc. a). El a quo efectúa una errónea valoración de la pericia técnica al pasarlo por alto. Carece de fundamento cuando para fijar el haber correspondiente descarta el convenio colectivo de los mercantiles, prefiere el monto correspondiente al recolector en el convenio del SURBAJ tarea ésta con la que la del actor no tenía semejanza alguna, y finalmente acoge como correcta la suma propuesta por aquel en demanda porque es mayor la del SURBAJ.

4. El motivo anterior no demuestra el vicio de fundamentación que invoca. Opone una interpretación propia de las expresiones de la sentencia para sustentar su disconformidad. Como ya se viera, decidió que la labor principal de la demandada no se relaciona con la construcción. Luego, las consideraciones que plantea el recurrente sobre la prueba pericial tampoco ponen de manifiesto quebrantamiento alguno.

Lo mismo debe decirse respecto a la determinación de la remuneración a los fines de las diferencias reclamadas. La conclusión en este aspecto encuentra respaldo en la facultad otorgada al Juzgador por el art. 114 LCT, y en el erróneo encuadramiento asignado por la patronal, lo que el recurrente omite. Además, no concreta algún error respecto al monto establecido pues su crítica no define el guarismo supuestamente correcto, ni la base que lo sustentaría. La mera insistencia con el marco legal que descalificó el Tribunal no es suficiente para poner de manifiesto los errores formales que adjudica, ya que la argumentación esgrimida para la decisión permanece incólume.

5. Con sustento en idéntico motivo el impugnante denuncia que es arbitraria la condena al pago de daños y perjuicios equivalentes a las sumas del fondo de desempleo. Quien invocó ese daño cargaba con su demostración. Y no existe constancia alguna de que el demandante estuviera en condiciones de obtenerlo.

6. La Sala a quo hizo lugar al reclamo por la pérdida del derecho a percibir el fondo de desempleo (ley 24013) por entender que la calificación legal errónea de la relación imposibilitó que el actor gozara de un derecho consagrado por la ley.

7. Le asiste razón al impugnante en este aspecto pues el pronunciamiento no proporciona un fundamento eficaz en respaldo de esa solución. Aún cuando la sentencia estableció que la ley 22250 no era pertinente, nada demuestra que fuera este error lo que privara efectivamente al reclamante del beneficio. La manifestación unilateral efectuada por la empleadora sobre el régimen de la relación laboral no alcanza para constituir un impedimento concreto para ello, ni es en sí misma demostrativa de algún daño efectivo. Adviértase que bien pudo el trabajador encontrar empleo inmediatamente lo que se relaciona con los requisitos que impone la ley al efecto (arts. 113; 114 y 115 L.E.). Era pues ineludible la demostración de que el trabajador solicitó el beneficio y no lo obtuvo. Téngase en cuenta que la mencionada ley permite que en caso de duda sobre la existencia de la relación laboral se requiera actuación administrativa para que determine sumariamente la verosimilitud de la situación invocada, (Vé. "MOLINA MARIO H. C/ SIND. PETROLERO DE CBA. HOTEL DE LA CAÑADA DEMANDA RECURSO DE CASACION", sent. nro. 64/99). Debe concluirse que de la sola manifestación patronal respecto al régimen de la construcción no se sigue necesariamente la pérdida del derecho.

En tales condiciones debe acogerse el recurso en este aspecto. Entrando al fondo del asunto (art. 105 CPT) entiendo que la demanda de daños y perjuicios debe ser rechazada pues no se acreditó el menoscabo cuya reparación se persigue. El actor se limitó a sustentar su pedido en la sola circunstancia de haber sido incorrectamente registrado su contrato laboral, lo cual, como se dijera, no resulta hábil a esos fines.

Voto, pues, por la afirmativa en este punto y por la negativa en lo demás.

El señor vocal doctor Hugo Alfredo Lafranconi, dijo:

Considero que el señor vocal preopinante, da la solución correcta a la cuestión planteada. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde admitir parcialmente el recurso de la demandada y en consecuencia anular el pronunciamiento en cuanto impone la condena al pago del rubro daños y perjuicios por la falta de percepción del subsidio por desempleo, con costas. Rechazarlo en lo demás, con costas. Los honorarios de los Dres. Ricardo Agustín Giletta y Marcos J. Del Campillo, serán regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 37; 38 y 104 ib.), debiendo considerarse el art. 25 bis de la ley citada.

El señor vocal doctor Hugo Alfredo Lafranconi, dijo:

Es acertada la respuesta dada en el voto que antecede y me expido en la misma forma.

El señor Vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:

Adhiero a la solución a que arriba el señor vocal doctor Rubio y me pronuncio en igual sentido.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, R E S U E L V E:

I. Admitir parcialmente el recurso de casación deducido por la demandada y en consecuencia anular el pronunciamiento en cuanto impone la condena al pago del rubro daños y perjuicios por la falta de percepción del subsidio por desempleo, con costas.

II. Rechazarlo en lo demás, con costas.

III. Disponer que los honorarios de los Dres. Ricardo Agustín Giletta y Marcos J. Del Campillo, sean regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 25 bis de la ley citada.

IV. Protocolícese y bajen.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.