Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08


SENT Nro. 118 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 08 de MARZO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del doctor René Mario Goane, -por la falta de votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte actora y por la parte demandada en autos: "Figueroa, Héctor Armando vs. E.D.E.T. S.A. s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia los recursos de casación interpuestos a fs. 251/262, por el apoderado de la empresa demandada E.D.E.T. S.A., y a fs. 264/271 vta., por el apoderado del actor Héctor Armando Figueroa; ambos, en contra de la sentencia de fecha 24/02/2003 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento recurrido (fs. 245/247 vta.) dispuso revocar la sentencia del juez a quo, acogiendo parcialmente la demanda interpuesta y condenar a la demandada a pagar al actor, la suma de $50.000 con más los intereses correspondientes.

A fs. 277 y 293, contestan la demandada y el actor respectivamente, los traslados de los recursos interpuestos, solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible los remedios planteados, por sentencia de fecha 08/5/2003 que glosa a fs. 297, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, y a fin de ponderar la cuestión de derecho propuesta por las partes en sus respectivos memoriales, los recursos serán objeto de un tratamiento diferenciado:

a.- Recurso de casación interpuesto por el actor:

Se agravia el actor de que la Sala a quo haya sostenido la existencia de una concurrencia causal en el accidente de autos (responsabilidad objetiva con fundamento en el riesgo creado/riesgo beneficio, por parte del demandado y culpa, por parte de la actora) y atribuyera responsabilidades por los daños sufridos en un 50% a cada parte.

Señala que existe una absoluta orfandad probatoria respecto de la culpa que se le imputa; extremo que mereciera un agravio concreto en la instancia de apelación y que no fuera atendido por la Cámara a quo (art. 779 del CPCC).

Expresa que en el memorial de agravios planteó al tribunal de alzada, la debilidad de la prueba ofrecida para acreditar la culpa que se atribuye a su parte. Afirma que además de omitir el tratamiento de la cuestión propuesta, la Sala a quo reprodujo la atribución de responsabilidad al actor (aunque parcial), formulando idéntico reproche de conducta (no haber colocado y/o fijado correctamente la escalera al momento del accidente).

Afirma que el pronunciamiento se desentendió de los agravios propuestos, soslayando toda consideración que le permitiera comprender las razones que justifican la culpa que se le imputa.

Reitera que la "culpa de la víctima", como causa eximente de responsabilidad en los términos del art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte del Cód. Civil, debe ser objeto de una prueba categórica e indubitable pues resulta de interpretación restringida. Considera que el pronunciamiento impugnado no respetó esta directriz interpretativa y vulneró por tanto, normas sustanciales (art. 1113 del Cód. Civil) y adjetivas (arts. 33 y 40 del CPCC).

Reproduce la impugnación a las pruebas ofrecidas por la empresa demandada y se agravia de que se pretenda acreditar la culpa de la víctima, en el testimonio del operario que acompañaba al actor al momento del accidente. Considera que tratándose de una cuestión estrictamente técnica -determinar si la escalera había sido correctamente colocada y/o fijada al momento de realizar las tareas- era necesaria una prueba calificada a tal fin. Señala que al valorar la eficacia probatoria de la prueba ofrecida, el juez a quo omitió ponderar que se trataba de un testigo único, dependiente (empleado) de la parte demandada y partícipe en la mecánica del accidente (el testigo sostenía la escalera a la que se hallaba subido el actor al momento del hecho).

Considera que en estas condiciones, era necesario corroborar el resultado de la testimonial cuestionada con otros medios probatorios; lo que no se hizo en autos.

Se agravia asimismo de que el pronunciamiento omitiera considerar la impugnación a la prueba de informes producida por la propia demandada, por medio de la cual el juez a quo intentó reforzar la eficacia probatoria de la prueba testimonial (informe de fs. 80). Entiende que la valoración de dicha probanza infringe la preceptiva del art. 299 inc. 4 y 362 del CPCC.

Destaca que contrariamente a lo alegado por la demandada, el actor utilizó la totalidad de los elementos de seguridad provistos por la empleadora y que no existen pruebas que permitan sostener lo contrario. Destaca que del único testimonio obrante en la causa, surge que al momento del siniestro, el actor observaba el uso de los elementos de seguridad (ropa, calzado, etc.) Alega la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido y considera que en mérito a los vicios denunciados, la sentencia recurrida es descalificable como acto jurisdiccional válido.

b.- Recurso de casación de la demandada:

Alega la demandada que el pronunciamiento impugnado infringe la preceptiva del art. 1113 del Cód. Civil, que en los supuestos de daños causados por el "riesgo o vicio de la cosa", considera entre las causas eximentes de responsabilidad, a la "culpa de la víctima". Entiende que si el tribunal de alzada tuvo por acreditada la culpa del actor en la causación del siniestro (al no haber colocado correctamente la escalera para evitar giros o desplazamientos y/o no haber amarrado la escalera en el sitio adecuado) no correspondía mantener a su respecto, la imputación de responsabilidad prevista por la norma citada.

Entiende que se acreditó en autos que no fue la cosa riesgosa -la electricidad- la que causó el siniestro sino la conducta humana negligente del operario, que incumplió las medidas de seguridad impuestas por el empleador. Y desde esta perspectiva, se agravia de que la Sala a quo atribuya a su parte, el 50% de la responsabilidad por los daños sufridos. Considera de aplicación al caso, el art. 1111 del Cód. Civil aplicable al supuesto de culpa exclusiva de la víctima.

Reitera que la conducta negligente del actor (derivada de la falta de utilización de los elementos de seguridad provistos por la empresa demandada para la realización de su actividad) fue debidamente acreditada por su parte y que frente a ello, el criterio adoptado desatiende la directriz impuesta por la norma sustancial. Cita en apoyo de su posición, jurisprudencia concordante.

IV.- Visto el recurso interpuesto por el actor, se advierte que el mismo debe ser acogido favorablemente.

En lo sustancial, el recurrente se agravia de la valoración practicada por el tribunal de alzada, al momento de pronunciarse por la concurrencia de uno de los presupuestos de la pretensión resarcitoria incoada; esto es, la determinación del nexo causal entre el hecho señalado como causa del evento dañoso y las consecuencias derivadas del mismo.

La jurisprudencia tiene dicho que la determinación de la relación causal constituye una cuestión de hecho (CNCiv., Sala C, 11/10/88, "Dalvarade, Julio U. c. Dillon, Susana", LL 1989-B, 274 - DJ, 1989-1-949) reservada a los jueces de grado y exenta por tanto del control casatorio, salvo el supuesto de arbitrariedad, que en el caso, se alega fundadamente.

La Sala a quo expresó que el actor había logrado acreditar en autos, los extremos fácticos que determinaban la aplicación del art. 1113, 2do, párrafo, 2da. parte del Cód. Civil. Destacó que se encuentra firme en autos, que los daños producidos resultaron de una descarga eléctrica sufrida por el actor al entrar en contacto con una antena de media tensión, mientras reparaba un transformador.

Sin embargo, al determinar la causa del contacto con la antena electrificada, el tribunal de alzada sostuvo que fue la conducta negligente del actor -al haber omitido la correcta colocación y/o fijación de la escalera- la que provocó el desplazamiento y el roce desafortunado.

Tal como surge de distintos pasajes del pronunciamiento, la Sala a quo se refiere a una concurrencia de causas en la producción del evento dañoso y al fundar la "culpa de la víctima", destaca la omisión antes mencionada. No se advierte sin embargo, cuáles son los extremos en que el tribunal de alzada funda la responsabilidad que atribuye al actor.

No puede soslayarse que en la instancia de apelación, el actor había impugnado la eficacia probatoria de la testimonial en la que el juez a quo había fundado la culpa de la víctima; agravios que fueron puntualmente reseñados en el pronunciamiento recurrido pero cuya consideración fue omitida por la Sala a quo.

La sentencia impugnada determinó la concurrencia causal en el siniestro, atribuyendo un 50% de responsabilidad a la empresa demandada, con fundamento en el riesgo creado y un 50% a la víctima, con fundamento en su conducta culposa. La "culpa de la víctima" -derivada de las deficiencias en la colocación y fijación de la escalera- es un extremo que no luce fundado en el decisorio; déficit que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

La Sala a quo estableció la mecánica del accidente y determinó la concurrencia causal atribuyendo responsabilidades a ambas partes en la causación del siniestro y en una proporción del 50%. En el caso, la culpa de la víctima -eximente parcial de responsabilidad en los términos del art. 1113 del Cód. Civil- aparece fundada en hechos cuya acreditación se da por supuesta, con prescindencia de las concretas impugnaciones del actor.

V.- Esta Corte tiene dicho que "es nula la sentencia que omite toda consideración de los agravios del apelante, cuya posición jurídica exhibe directa vinculación con la adecuada solución del litigio" (cfr. CSJT, sent. 540 del 26/6/2001, "Pereyra, Carlos Alberto vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo"; sent. 1071, del 18/12/2000, "Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda.. S.A. s/Quiebra (incidente de verificación de crédito y pronto pago)"; sent. 1104, del 21/12/2000, "Frigorífico Industrial del Norte S.A. vs.- Roberto Oscar Tapia s/Exclusión de tutela sindical"; entre otros).

El principio de congruencia constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce fundamento constitucional. Tal como ha dicho nuestra Corte Nacional, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 CN) las sentencias que omiten decidir explícitamente, y con expresión de motivación, las cuestiones oportunamente propuestas por las partes. Es por ello que se impone abordar y resolver los agravios sobre las cuestiones oportunamente propuestas puesto que la omisión del tratamiento de agravios que sean conducentes para la decisión de la litis, determina que esa resolución judicial carezca de fundamento suficiente para sustentarla (CSJN; LL, 150-725; 1975-B, 705, etc.) (cfr. CSJT, sent. 474 del 12/6/2001, "Nieto, Angel Nicolás s/Lesiones culposas").

VI.- De conformidad a lo precedentemente expuesto y al modo en que se resuelve el recurso interpuesto por el actor, no corresponde ingresar al tratamiento del recurso planteado por la parte demandada.

VII.- Corresponde por tanto, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido, conforme la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, a la sentencia que omite toda consideración de los agravios de apelante, cuando su análisis resulta ineludible para la resolución del pleito". Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, se dicte nueva sentencia.

Lo resuelto en esta instancia no implica sugerir el sentido del pronunciamiento a dictarse. La Excma. Cámara atenderá a los agravios propuestos por el apelante en la instancia pertinente a fin de resolver por la procedencia o improcedencia del recurso interpuesto y correlativamente, decidir la suerte de la pretensión esgrimida en autos.

VIII.- Atento a las razones que determinan la nulidad que aquí se declara y no siendo imputable a las partes, el vicio que se imputa al decisorio en crisis, las costas serán soportadas por su orden.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, vota en igual sentido El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto del señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, quien se pronunció en primer término, y me expido porque se declare mal concedidos a los recursos de casación del actor y el demandado, por los motivos que se exponen a continuación.

1.- La sentencia de primera instancia, partiendo de la base de que el daño fue causado por la electricidad producida por instalaciones de la demandada, enmarcó la situación en la responsabilidad objetiva atribuida al dueño o guardián de la cosa peligrosa o riesgosa del art. 1113 segunda parte del Código Civil. Tras merituar el testimonio del Sr. Luis Avellaneda y el informe de EDET de fs. 80, el juez concluyó que el accidente se había producido porque la escalera en la que trabajaba el actor se había desplazado y rozado una antena de media tensión, y que ello ocurrió porque el actor no cumplió con las normas de seguridad al no haber colocado y asegurado la escalera para que no pueda moverse. Con tales fundamentos el juez consideró probada la culpa de la víctima y configurada una eximente de responsabilidad del demandado.

En segunda instancia se hizo lugar al recurso de apelación de la parte actora, acogiéndose parcialmente la demanda. Para ello el Tribunal consideró que la circunstancia relativa a la colocación de la escalera no era causa suficiente para exonerar de responsabilidad al demandado, sino que hubo concurrencia de responsabilidades, por culpa del actor y por el riesgo creado por el demandado en los términos del art. 1113 del Código Civil, en proporción de 50% y 50% para cada parte.

2.- Sabido es que no puede examinarse en la instancia extraordinaria del recurso de casación el mérito asignado a cada elemento probatorio ni la selección realizada por el tribunal de juicio, pues su apreciación pertenece a su esfera exclusiva de actuación por imperativo de la ley procesal. Esa plena libertad de convencimiento le permite al tribunal arribar al conocimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades en orden a la pretensión demandada, para alcanzar el descubrimiento de la verdad real y la correcta aplicación de la ley sustantiva. El deber de motivar las resoluciones, es decir de explicitar la operación intelectual cumplida, describiendo los elementos probatorios y expresando su valoración crítica, al igual que el acato a las normas de la lógica y la experiencia común, garantizan que esa libertad no derive en arbitrariedad. El tribunal de mérito puede seleccionar los elementos que habiliten su convicción, y asignarle a éstos el valor que su razón le indique, sin transgredir las limitaciones que ciñen esa libertad en garantía de la racionalidad. Es por eso que en esta instancia extraordinaria del recurso de casación no puede examinarse el mérito asignado a cada elemento probatorio, ni la selección realizada por el tribunal de juicio, lo que pertenece al ámbito exclusivo de su actuación. El control de esta Corte sólo puede recaer sobre la verificación del cumplimiento de las limitaciones formales de esa tarea de convencimiento; es decir, si se han usado pruebas legales, si su incorporación fue regular, si se han acatado en su valoración las reglas del correcto entendimiento humano, etc.

Aunque es jurisprudencia de esta Corte que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del recurso de casación, con el mismo criterio rector de la Corte Federal, se debe interpretar restrictivamente esa causa en razón de la excepcionalidad del remedio extraordinario. Lo contrario significaría hacer de ésta una tercera instancia ordinaria contraviniendo todo el sistema recursivo.

3.- Examinada desde tal perspectiva la denuncia de arbitrariedad planteada por ambas partes en sus respectivos recursos respecto de la merituación de las pruebas, la determinación de hechos y atribución de responsabilidades, cabe concluir que los recursos de casación son inadmisibles, por proponer agravios ajenos al ámbito fijado por el art. 815 CPCC. Corresponde asimismo desestimar la tacha de arbitrariedad por cuanto la decisión sentencial está apoyada en fundamentos basados en constancias de la causa, que las impugnaciones formuladas no alcanzan para desvirtuar.

El actor no logra demostrar arbitrariedad en la merituación que el Tribunal efectuó sobre el testimonio del único testigo. Por el contrario, su eficacia probatoria fue ponderada y decidida por el Tribunal a quo en el ámbito de sus facultades, el cual admitió la validez del factor de producción del accidente considerado por el Juez de primera instancia, (la imprudencia del actor), aunque restándole eficacia como causa única, y atribuyéndole una eficacia de un 50% en la generación del daño, en concurrencia con la responsabilidad derivada del riesgo de la cosa. No son suficientes las meras objeciones a la merituación de una prueba testimonial a la que el actor calificó de débil, es necesario algo más que disentir, es menester probar fehacientemente, arrimar evidencias suficientemente sólidas para convencer al juez que lo dicho por el testigo es incorrecto, que sus apreciaciones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas. Cabe señalar que los agravios planteados en tal sentido por la parte actora no alcanzan para desvirtuar la ponderación efectuada por el Tribunal al avalar parcialmente lo resuelto en primera instancia acerca de que hubo por parte del actor una violación al deber jurídico de cuidarse de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por la empresa demandada. Igual reproche corresponde hacer a la denuncia de arbitrariedad formulada por la parte accionada respecto de que la única causa del accidente f ue la negligencia del actor. Tales objeciones, que no logran poner en evidencia la arbitrariedad que denuncian los recurrentes, resultan inadmisibles conforme al ámbito de impugnación establecido por el art. 815 CPCC.

Por lo expresado, corresponde declarar mal concedidos a los recursos de casación de ambas partes.

4.- En cuanto a las costas de los recursos, atento al resultado, corresponde imponerlas por su orden (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane,dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, vota en idéntico sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado del actor Héctor Armando Figueroa en contra de la sentencia de fecha 24/02/2003 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común. En consecuencia, dejar sin efecto la sentencia recurrida de conformidad a la doctrina legal antes mencionada y disponer el reenvío a fin de por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE