marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, facultades discrecionales, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, principio de legalidad, razonabilidad tributaria, sanciones administrativas, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salinas Dante Francisco c/ Sup. Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ Plena jurisdicción - Rec. de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-05-09

1- No existen las sanciones implícitas, es decir que sólo deben imponerse las que se encuentren taxativamente señaladas por la normativa estatutaria aplicable. Las sanciones sólo pueden imponerse mediante un acto administrativo que así lo disponga cumpliendo las formalidades impuestas por los preceptos constitucionales, la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normativas específicas aplicables. Esta es la única forma de expresar la voluntad del Estado. De allí que sea antijurídico sancionar solapadamente a un agente expresando como razón para ello, un motivo distinto al que verdaderamente impulsó la expresión de la declaración de voluntad administrativa, mediante la invocación de normas que prevén el ejercicio de una facultad discrecional de organización administrativa (art. 17 incs. "y" y "z" de la Ley 7233), que mutó su ejercicio regular por el ejercicio abusivo y arbitrario de esa potestad, que produjo como consecuencia de ello, un perjuicio concreto para el administrado, consistente en la pérdida de la jerarquía alcanzada por el agente con la correspondiente disminución de su retribución, por la pérdida de un complemento de su retribución. Por lo que la Administración no puede sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo del artículo 18 de la Constitución Nacional, artículos 5 y 9 de la anterior Constitución de Córdoba y artículo 23 inciso 13 de la actual. Solo así la actuación de los organismos administrativos y judiciales podrán tener una doble fuerza de convicción: legalidad y razonabilidad. La primera, a través del correcto encuadre normativo de la cuestión. La segunda, por medio de una vivencia de justicia.

2- La reconstrucción histórica de los antecedentes anteriores y posteriores a la declaración de voluntad administrativa de gravamen, no tiene otra justificación que la de comprobar una desviación teleológica entre los fines objetivos previstos por el ordenamiento jurídico y la actuación administrativa concreta. Es que la apreciación acerca de un vicio que incide sobre la finalidad del acto administrativo, puede muchas veces implicar un juicio comparativo entre el fin específico, siempre de interés común, a que va encaminado el precepto del ordenamiento jurídico que reconoce una determinada potestad, y el fin que persigue el órgano administrativo al ejercitar esa potestad de tal modo que si ambos fines no coinciden y por ello no se alcanza el de la ley, el acto administrativo aún acorde con la legalidad extrínseca, es nulo.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ MARTA JORGELINA s.d. HOMICIDIO e.p. JULIO CESAR SANTOS s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-22

La defensa propia, requiere como presupuesto básico la agresión ilegítima, consistiéndo esta última en la lesión o amenaza a un bien jurídicamente protegido. Esta agresión o amenaza que se repele debe ser ilegítima e injustificada. Al respecto no deben entenderse como equivalentes las expresiones ilegítima y delictiva, sino que se trata de una acción emprendida sin derecho, en tanto existe agresión antes que el bien atacado sea violado y que el ataque constituya delito.
Suspensión del juicio a prueba, sentencia condenatoria, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Andrés Maximiliano s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-28

Corresponde casar la resolución que dispuso revocar la suspensión del juicio a prueba si la sentencia condenatoria por el segundo delito se dictó cuando ya había transcurrido el plazo de la probation. El voto concurrente agregó que se afectó el derecho a ser oído al no haberse cumplido con el trámite previsto en el art. 515 CPPN y que el a quo no se encontraba legitimado para adoptar la decisión impugnada, toda vez que es facultad exclusiva del juez de ejecución. La disidencia consideró que lo determinante a los fines de un pronunciamiento en los términos del art. 76 ter CP, es la fecha de comisión de un nuevo delito por parte del imputado y no la fecha del dictado de la sentencia firme por la que se determine que ello ha sucedido.
Notificación del acto administrativo, domicilio social
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA c/ ANGEBA S.A. s/ EJECUCION FISCAL - PROCEDIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-06

Del expediente administrativo surge que tanto su iniciación como la vista que se le otorgó en los términos del art. 60 del decreto 1759/72, y la resolución dictada, fueron notificados a la actora en el domicilio del negocio que explota, de conformidad con lo previsto en el inc. a) art. 41 del decreto reglamentario de la ley de procedimientos administrativos.

Al haber sido suscripta por terceros la recepción de los avisos, no puede restarse fuerza probatoria a tales notificaciones, ya que no se ha aducido ni intentado probar la inexistencia de vinculación del Complejo Multicine, ni de aquellos con la sociedad ejecutada, por lo que corresponde rechazar los agravios que sobre el punto mantiene la demandada.
Acto administrativo, obligatoriedad del precedente, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casabal, Ricardo Titto y otros c/ Banco Hipotecario Nacional s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Si bien la doctrina de los actos propios puede aplicarse en materia de derecho público, lo es con las necesarias adecuaciones (Fallos: 294:220; esta Sala "Marle", 10/7/84, J.A. 1985-II-103 y ED. 112-368) pues no podría quedar vinculada la Administración a un precedente que no se ajusta a la ley. (Del voto del Juez Argento, consid. 3º).
Sociedad de hecho, mandato, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fortunato Bonelli y Compañía Sociedad Anónima c/ Tauterys Sociedad Anónima y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23

Para establecer si una persona es factor de una sociedad comercial de hecho es suficiente que de la prueba surja el carácter de la relación, no siendo requisito indispensable el mandato escrito e inscripto.-
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanson de Splinder, Sara c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido-Cuestión de Competencia art. 6 CCA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Aunque la actora pretenda que se condene al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonarle una suma en concepto de indemnización por despido de conformidad con las disposiciones de la ley de contrato de trabajo, la cuestión es de la competencia originaria del Tribunal si su situación con esa entidad se encuentra comprendida en la norma estatutaria en calidad de agente público contratado, en tanto resulta evidente la falta de adecuación de la norma de derecho que se invoca. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T.R. c/ M.B. s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S083 - 182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-31

Con o sin ánimo de difamar, la imputación de prácticas masturbatorias, como consecuencia de las casi nular relaciones sexuales... constituye una injuria grave para cualquier persona, atentatoria contra la dignidad más aún cuando dicha circunstancia no va a poder ser probada. Constituye, sin lugar a dudas un exceso, una agresión innecesaria a la dignidad del cónyuge.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba confesional, retractación de la confesión
Materia: PENAL
Carátula: Dimaro, Héctor Hugo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cuestiona lo resuelto por el sentenciante en cuanto entendió no haberse acreditado los extremos en que el procesado había fundado su retractación de la confesión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delito continuo, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: RODRÍGUEZ, LUIS MARIA P.S.A. s/ CORRUPCION DE MENORES REITERADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-10

El referido delito fue concursado idealmente con el de suministro de material pornográfico a menores de catorce años (arts. 54 y 128 últ. párr. C.P.).

Sin embargo, esta última figura prevé una pena más leve en cuanto a su máximo y su mínimo (esto es, de uno a tres años de prisión), en comparación con la establecida por el art. 125 inc. 2do. del C.P. (según ley 11.179).

Por ello, dicho tipo penal no incide en modo alguno en cuanto a la conformación de la escala penal considerada por el tribunal de mérito, ya que, frente a un concurso ideal de delitos, a fin de establecer la escala penal aplicable, cabe considerar la pena más grave, esto es, en el caso la prevista por el art. 125 inc. 2do. del C.P., según ley 11.179.
Honorarios, medidas cautelares, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: MANZANO NICOLAS c/ ONOFRI CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-13

Frente a un pedido de cancelación de embargo, sea por la invocación de la Ley 8067, del art. 58 de la Const. Provincial u otra razón, no modifica ello su substancia, como es la de ser la cancelación de una medida cautelar, y por lo tanto, la subsunción normativa, corresponde que sea efectuada en el art. 82 Ley 8226. No entra en colisión ninguna la regulación que así se efectúe puesto que, es posible realizar regulaciones independientes por las medidas cautelares, en este caso su cancelación, cuando ella no queda alcanzada por la tramitación propia del proceso principal, puesto que cuando la cautelar es pedida y ordenada dentro del proceso principal o del trámite de ejecución no genera una actividad distinta de la que ya es remunerada a través de los honorarios del juicio, de modo que una nueva regulación carecería de causa (T.S.J., in re "Vernet Camila M. c/ Antonio Caccioppolis -Desalojo-Recurso de Revisión", Sentencia Nro. 2 del año 1986. Obra citada por Andruet A., Bustos Argañarás M., Fernández R.; Código Arancelario para Abogados y Procuradores, Lerner, Córdoba, 1989, pág. 233). La base económica para la determinación del quantum regulatorio, indudablemente que es el que corresponde al valor que se ha pretendido asegurar, vale decir el monto de la precautoria.-
Delitos contra la propiedad, delito imposible, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: COZZETTI, Horacio s/ DELITO IMPOSIBLE. TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-04-08

Puesto que fue la detención lo que impidió que el procesado sacara el efecto del ámbito de custodia y no existió idoneidad del medio, no puede hablarse de tentativa de delito imposible.
Consejo de la Magistratura, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, remoción de jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Faggionatto Márquez, Federico Efraín s/ pedido de enjuiciamiento - expediente Consejo de la Magistratura 170/2005 y sus acumulados (ref. (expediente 28/09 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) -causa N 2841/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

La circunstancia de que la decisión que rechazó el recurso contra la resolución que instó la apertura del procedimiento de remoción del juez haya sido suscripta por el presidente del Consejo de la Magistratura no invalida el acto, pues más allá del modo en que está redactado el pronunciamiento, lo decisivo es que al haber sido considerada y decidida la inadmisibilidad del recurso por el pleno de los consejeros del cuerpo, el presidente fue expresamente instruido para otorgar la resolución denegatoria, además de que está habilitado para firmar los pronunciamientos que instrumentan decisiones de esta índole tomados por el consejo en pleno, según lo expresamente previsto en el art. 9° del reglamento general vigente para dicho cuerpo.
Competencia, demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Míguez, José Fernando y otra s/ Inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

La disposición del art. 5° del Código Procesal Civil y Comercial - después de la reforma introducida por la ley 22.434 - sienta como regla general que la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la acción y no por las defensas opuestas por el demandado, debiendo tal criterio ser compatibilizado con lo dispuesto por el art. 1° del código citado y, asimismo, corresponde estar a dicho fin a la exposición de hechos que el actor haga en su demanda y sólo secundariamente en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARQUARDT, CARLOS SEGUNDO c/  s/ ROBO CALIFICADO, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, ASOCIACION ILICITA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

No puede tener favorable acogida el cuestionamiento que introduce la impugnante en su remedio directo en cuanto a la imposición de costas a su parte en el auto denegatorio, toda vez que -según criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación- implica una materia procesal, de derecho común, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, al remedio contemplado en la ley 7055, salvo aquellos casos en que tal aspecto procesal hubiera sido resuelto con manifiesta arbitrariedad, lo que no ocurre en el caso; máxime si se colige del auto denegatorio que las costas fueron impuestas a la recurrente conforme la regla general de costas a la parte vencida del artículo 448 del Código Procesal Penal, y no -como parecen entenderlo la quejosa- al representante legal; circunstancia reservada para los casos excepcionalmente dispuestos en el artículo 449, última parte de tal cuerpo normativo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 448 y 449, última parte. - Jurisprudencia concordante con Goiriz, AyS T 300, p 308/314, sumario J0046727
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Divorcio Vincular, Tenencia, Alimentos y Administracion de  patrimonio de la Sociedad Conyugal y Administracion de  patrimonio de la Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-06-07

Si bien el abandono debe ser voluntario y malicioso, el alejamiento del hogar por uno de los cónyuges presume "iuris tantum" la voluntariedad y maliciosidad e incumbe al cónyuge que se aleja probar que no tuvo causas legítimas para adoptar esa actitud. Fundamento de la Dra. Copes.
Empleo público, AFIP, ius variandi, razonabilidad, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Vieiro, Ana María y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

Las disposiciones 327/14 y 328/14 de la AFIP son razonables en tanto no se encuentra probado que los cambios instrumentados mediante las normas impugnadas impliquen la asignación de tareas impropias de la posición escalafonaria de los agentes, pues mantienen sus funciones jurídicas, orientadas principalmente al cobro de acreencias fiscales, como así tampoco se halla acreditado el perjuicio material o moral ocasionado a los trabajadores. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Pérdida de la vocación hereditaria, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: I.S. c/ C. Y S. M. s/ Divorcio vincular por presentación conjunta presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

Aún en el supuesto de que la sentencia de divorcio se haya decretado por conversión de la sentencia de separación personal, la decadencia de la vocación hereditaria se produce, prescindiendo de la inocencia allí declarada, o de que el ahora excluído sea enfermo, alcohólico o droga- dependiente, y aunque fuese el cónyuge culpable en la separación quien solicitase unilateralmente la conversión de ésta en divorcio vincular.
Expropiación, declaración de utilidad pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Formica, Juan c/ Gobierno de la Prov. de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

El art. 3 de la ley 5708, sienta un principio general: no hay expropiación sin ley especial. Esta debe determinar explícitamente el alcance de cada caso, conteniendo la calificación de utilidad pública o interés general.
Policía Provincial, adicionales de remuneración, digesto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: F. P., A. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-07

La controversia que se trae a la Sala ha de resolverse verificando la vigencia de los preceptos en los que los actores fundan dos de las pretensiones -actual artículo 147 y zona-. Ya han sido explicadas sobradamente las variaciones producidas en los sistemas remunerativos de la Policía provincial, que tornaron incompatibles los originarios con los que los sustituyeron. Es que del análisis normativo surgen los elementos que me habilitan a coincidir con la solución propiciada por el colega prevotante, ya que el Decreto Ley N° 1700/79 derogó el mecanismo instaurado por el art. 148, segundo párrafo del Decreto Ley N° 1561/77 y lo propio ocurrió con el art. 151, primer párrafo in fine de este último, al sancionarse la Ley N° 5718. La solución a la pregunta acerca de la procedencia de estas pretensiones quedó anotada en la SD N° 119/SCA/2016.
Concurso preventivo, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina c/ Urbanotec S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-06-03

En la etapa eventual de verificación, tanto incidentes de revisión, verificación tardía o cualquier otro incidente o trámite de incorporación de créditos al pasivo concursal, como funcionario imparcial y técnico, el síndico cumple un rol de asesor del juez respecto de la procedencia o improcedencia del crédito insinuado, sin que se lo pueda colocar en una posición de contradictor, pretendidamente representante del fallido -o acaso coadyuvante suyo o del deudor concursado-, porque permanece invariable su función de asesorar al juez respecto de la procedencia o improcedencia de la verificación pretendida o la revisión, y el hecho de ser el insinuante el que debe asumir la carga de alegar y acreditar los extremos que hacen a su posición creditoria, no tiene la virtualidad de convertir al síndico en contraparte de esa pretensión, ni se modifica su deber de dictaminar imparcialmente acerca del crédito insinuado.

En igual sentido: "Obra Social del Personal de la Construcción c/ Urbanotec S.A. s- concurso preventivo s/ incidente revisión", Expt. Nº 6476/C, del 6/06/2019.
Alimentos provisionales, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE R.,D. c/ RMA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-25

La determinación de los alimentos provisionales, que resultan viables a tenor de lo dispuesto por el art. 375 del C.Civil, no tiene un procedimiento específico, siéndole aplicables las disposiciones referentes a las medidas cautelares, en lo pertinente, solución que se adapta a las características que presenta la fijación provisoria de una cuota alimentaria. Por ello son apelables las providencias que fijan una cuota provisoria de alimentos con efecto devolutivo.
Sucesión testamentaria, interpretación del testamento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garriz, Anibal Pedro s/ Sucesión AB Intestato y Testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La revocación es un acto por el cual el testamento queda sin efecto en virtud de una voluntad del causante expresa o presumida por la ley. Cuando aquél se casó con su concubina, no hizo sino ratificar su voluntad de dejarle sus bienes; resulta, pues, inconcebible que precisamente ese acto sirva para despojar a la persona a quien quiso asegurar su herencia por dos vías distintas. Tiene lógica presumir la revocación cuando el testamento favorece a otras personas, pero si la beneficiaria es la misma con la cual el testador se casó, es obvio que no hay revocación, sino ratificación.
Error material, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ALVAREZ RICARDO DAVID c/ FIAT DIESEL SA s/ ENFERMEDAD  -  RECURSO  DE  CASACION  - ACLARATORIA - NULIDAD - ERROR  MATERIAL -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-07-20

Al meritar el juzgador, en su integridad la pericia practicada en autos y frente a la legislación que estima aplicable en la especie, distinta a la tenida en cuenta en la anterior regulación, resulta claro que la modificación que se produce con la nueva, encuentra su sede en la idea, en cuanto la misma es alterada sustancialmente en relación al criterio adoptado con anterioridad. Se advierte, entonces, que el criterio adoptado por el sentenciante, rebasa los límites y posibilidades del remedio procesal previsto en el art. 362 del C. de P.C., en cuanto, que, el error material solo capta el equivoco en la expresión o en la construcción de la idea.

Corresponde casar el pronunciamiento de que se trata declarando la nulidad del auto interlocutorio que modifica sustancialmente el criterio sostenido en la anterior resolución.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, indemnización por muerte, valor vida, separación de hecho, legitimación activa, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BALDRATI, Alberto M. c/ VENTURA, Francisco Javier s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-15

La sola circunstancia de la separación de hecho de ningún modo torna improcedente la indemnización pretendida por un cónyuge por la muerte del otro en un accidente de tránsito. Pero a los fines de la fijación del quantum indemnizatorio habrá de computarse, entre otras circunstancias, el lapso de la separación, la mayor o menor independencia económica de los cónyuges, la obligación alimentaria del otro esposo o la simple pérdida de la chance de obtenerlos en caso de necesidad, la circunstancia de que existan o no hijos, con la consiguiente incidencia en la dedicación que el otro cónyuge les brindaba, tanto en lo material como en lo espiritual, aliviando de este modo la carga marital en el mantenimiento del hogar, ello además de las pautas que en la generalidad de los casos cuadra computar.-
Proceso penal, doble instancia, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Homicidio (Expte.: C.S.J. Nro. 476  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

Si se entendiese a la garantía de la doble instancia como posibilidad de acceder a una revisión de la condena penal ante un tribunal superior, lo cierto es que el diseño del sistema judicial santafesino ya permite asegurarla mediante el recurso de inconstitucionalidad local, reglado por la ley 7.055