Abuso sexual calificado, víctima menor de edad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., V.E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de Sentencia Nº 020/2012 recaída en causa Expte. Nº 178//10 - R., V.E. s.a. Corrupción de menores agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-27

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima siendo la misma menor de dieciocho años (art. 119 cuarto párrafo inc. f) en función del Primer y Tercer Párrafo del C. Penal) (Dos Hechos Nominados Segundo y Tercero, en forma reiterada) y abuso sexual agravado aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima siendo la misma menor de dieciocho años continuado (art. 119 último Párrafo en función del Cuarto párrafo inc. f) y Primer párrafo del mismo artículo) (Hecho Nominado Cuarto), todo en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diecisiete años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

Reclama la vulneración del derecho de defensa porque no tuvo oportunidad de controlar la declaración-incorporada por su lectura-.

Estimo que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la garantía de la protección a la persona menor de edad de toda forma de abuso sexual exige investigar el delito de esa naturaleza del que haya sido víctima, con arreglo a un procedimiento judicial favorable a ella, y realizar el juicio para que, en su caso, el autor sea declarado culpable y condenado a sufrir la justa pena. En esa inteligencia, la recepción del testimonio de la menor víctima -acto procesal que se llevó a cabo con todas las formalidades exigidas legalmente y que no ha sido en ningún momento cuestionado por la defensa- asegura que al perjuicio padecido por ella como consecuencia del delito, no se sume otro derivado de la tramitación del proceso o del sistema procesal.

Las razones expuestas bastan para rechazar el agravio interpuesto. No obstante, estimo pertinente recordar que otras razones de entidad similar concurren en el caso para convalidar la resolución impugnada, en lo que a este tópico se refiere, y son las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso Nº 24.632, el 13 de marzo de 1996.

Entre otras acciones, el Estado argentino comprometió entonces su debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna las normas necesarias a esos fines y para erradicar esa violencia; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, y los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art, 7º), teniendo especialmente en cuenta la mayor vulnerabilidad en que pueda encontrarse en razón de ser menor de edad -entre otros motivos- (art. 9º).

En este orden de ideas, estimo oportuno también recordar en esta instancia, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, marzo de 2008), a las que esta Corte ha adherido mediante Acordada Nº 4102 (27/05/2009), puesto que en el art. 3 define a quienes se consideran personas en condición de vulnerabilidad, destacando que: ".a todas aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, se encuentren en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En su art. 5, establece que: "Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo". "Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales." (art. 11). De igual modo, se ha establecido que: "Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas (art. 12).

Por último cabe referir que en el art. 19 de las mencionadas Reglas, puntualmente se define lo que se considera violencia contra la mujer, prescribiendo que ella consiste en: "...cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica".

Si bien estas Reglas no son una norma ni forman parte de una ley; no obstante ello, considero importante citarlas en oportunidad de este fallo, a fin de poner de resalto su importancia, ya que las mismas han servido para establecer bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad -entre las que se encuentran las víctimas de violencia de género-; como así, recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también, al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y de quienes intervienen de una u otra manera en su funcionamiento.

Es por ello que, considero que las pretensiones del recurrente de citar a debate a la menor víctima de abuso sexual, por interpretar que la misma se encontraba en condiciones de declarar, sólo por el hecho de que su mamá refirió en la audiencia que tenía buenas notas en la escuela, olvida que nos encontramos ante una víctima de género, ante una víctima en condición de vulnerabilidad, la que además, a dos años y cuatro meses de sucedido el hecho continúa semanalmente con tratamiento psicológico. En consecuencia, y a la luz de la normativa analizada, concluyo que se deben evitar procedimientos que provoquen nuevos daños a los menores que resultan víctimas de lesiones o abuso sexual, sin que ello implique afectación al derecho de defensa del imputado.

Por lo expuesto y siguiendo el criterio sentado por esta Corte en diversos precedentes (S. nº 5, 24/02/12; S. n º 02/03/2011, entre otros), estimo que en el caso, la incorporación por lectura de la declaración de la menor no resulta ilegítima, toda vez que, teniendo en miras el interés superior del niño (arts. 3, 16, 19, 34, 39 y 40 inc. b., apartado IV) de la Convención de los Derechos del Niño), debe primar el derecho de ellos a no ser revictimizados con un nuevo interrogatorio.

En razón de ello, entiendo que los jueces debemos adoptar en estos casos las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (víctimización primaria) y también debemos procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria); en todas las fases del procedimiento penal, deben proteger la integridad física y psicológica de la víctima (Fallos Corte: 334:725 - del voto de la Dra. Highton de Nolasco).

Por ello, considero que este agravio no puede tener acogida favorable.