Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-05-04


SENT Nº 375 San Miguel de Tucumán, 04 de Mayo de 2009.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Álvarez Jorge Benito y otros s/ Prescripción adquisitiva"; de cuyo estudio	R E S U L T A:

Que a fs. 8 se presenta la letrada apoderada de los Sres. Jorge Benito Álvarez, Silverio Espíritu Álvarez, Luis Beltrán Álvarez, Isaac Indalecio Álvarez, Andrés Avelino Álvarez, Patricio Leandro Álvarez, Aurelio Cipriano Álvarez, Crespín Rumaldo Álvarez, Miguel Oscar Álvarez, José Belindo Centeno, Pablo Guillermo Centeno, Juan Ramón Centeno, Demetrio Hilario Centeno, Oscar Guillermo Centeno, Ambrosia Francisca Centeno, Marcelino Cruz, Segundo Rosario Cruz, María Cecilia Olarte, Juana Rosa Olarte, Mario Facundo Méndez, Arcenio Muñoz, Ariel Marcelo Álvarez, de las condiciones personales que constan en autos y promueve juicio de prescripción adquisitiva de dominio por prescripción veinteñal contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán al figurar como titular de dominio de la superficie de mayor extensión del inmueble sito en Las Lomitas, El Mollar, Tafí del Valle, Ruta 355, de 131 Has., 7.628,68 m2, detallando las superficies parciales, conforme plano de mensura para información posesoria n° 40432/03, Expte. n° 13.701-P-03 de fecha 02.09.2003, inscripto bajo el Padrón n° 483.137, Circ. III Sección D, Lámina 287, Parcela 116 a (94), Matrícula 35234, Orden n° 425, bajo la Matrícula Registral: T-05424 con los siguientes linderos: al Norte, Camino Público; al Sur, Familia Guanco, Andrés, Miguel Patricio y Hugo Álvarez y Superior Gobierno de la Provincia, al Este Cosme Álvarez y Rosa Álvarez, al Oeste: ruta 355 y Ovidio Vecile.

Expresa que la posesión comenzó más allá de cincuenta años, anterior a la fecha en que la Azucarera Justiniano Frías S.A. hiciera entrega de ellas al Superior Gobierno de la Provincia mediante dación en pago. Que la posesión fue pública, pacífica e ininterrumpida comportándose como verdaderos dueños y conocida por el demandado quien en el acto público de fecha 23/4/73 se obligaba a respetar todas las fracciones de terreno que se encontraban ocupadas por viejos pobladores de aquella localidad, parceleros y arrendatarios. Que se publicó tal compromiso en el Diario La Gaceta, p. 12. Que en algunos casos comenzaron sus propios mandantes y en otros los ascendientes de ellos. Que se organizaron para explotar la tierra, sembrarla y cosecharla distribuyendo los frutos obtenidos entre todos. Que se fueron integrando comisiones con una actividad y/o finalidad distinta a tales efectos. Que se efectuaron así distintos actos posesorios: demarcación del terreno, alambrado, preparación del suelo, arado, siempre y cosecha de frutos; edificación de dos casas para elementos de siembra y cosecha y depósito de frutos y vivienda para el Sr. Jorge Álvarez y Ambrosia Centeno a quienes se les encomendó el cuidado y vigilancia de las tierras. Que se presentaron notas a Fiscalía de Estado y notas de integrantes del Poder Legislativo a sus mandantes las que detalla y acompaña en copias simples. Que se realizaron distintos proyectos de ley tendientes a obtener lo que mediante la presente acción se pretende. Acompaña copia del proyecto. Señala que se empadronó la propiedad y se abonó el impuesto inmobiliario a partir del año 2003, según boletas de pago DGR que se adjunta. Que recién allí se pagó el impuesto debido a que se logró empadronar la propiedad en una extensión menor a la que figura en el registro inmobiliario y se confecciona plano de mensura en igual año. Que la posesión está también reconocida por los vecinos según informe vecinal practicado en expediente 246/05. También por las reparticiones públicas ante las cuales abonaron impuestos y se presentaron notas tendientes a la regularización de su situación dominial y reconocimiento de poseedores.

Ofrece prueba documental. Funda la demanda en los arts. 2355, 3999 y demás concordantes del CC, Ley 14.159 y solicita se haga lugar oportunamente a lo solicitado.

La demanda fue incoada por ante esta Corte Suprema de Justicia. Corrida vista al Ministerio Fiscal, éste se expide por la competencia de la Corte según dictamen obrante a fs. 87 y así se declara mediante resolución de fecha 03/4/2006.

Corrido el traslado de la demanda, a fs. 127 y ss. contesta la accionada solicitando su total e íntegro rechazo. Niega en general todas las expresiones vertidas por el actor y la autenticidad de los instrumentos acompañados. Expresa que otras personas distintas a los demandados (sic) han presentado planos de mensura sobre el mismo inmueble que con posterioridad detenta la actora, y emulado actos posesorios sobre el mismo inmueble iniciando la Provincia medidas preparatorias de aseguramiento de prueba. Cita los expedientes indicando que oportunamente se solicitará las respectivas remisiones. Que la posesión supuesta nunca fue pública dadas las precauciones para ocultarla, por lo que fue viciosa ya que nunca llegó a conocimiento de su parte. Que el vicio de clandestinidad no desaparece por el conocimiento de vecinos si se mantiene la falta de publicidad respecto al verdadero dueño del inmueble. Que la causa de la posesión no puede ser cambiada ni por sí no por el transcurso del tiempo ni son mudables las calidades ni los vicios de la posesión. Que no se hace referencia alguna a cómo fue que tomó posesión del inmueble, ni una fecha razonable en que lo hizo. Que todo es vago y de escasa o nula suficiencia. Considera aplicables los arts. 2364, 2369, 2370, 2356 y 4006 CC. Que al pago de impuesto se lo hace recién a partir de 2003 lo mismo el Plano de Mensura. Que el inmueble es de dominio público e interés técnico y turístico estando entonces fuera del comercio y es imprescriptible.

Reconviene por reivindicación contra las personas que detalla a fs. 129 vta. y contra todo ocupante en cualquier carácter del inmueble objeto de la litis. Que su parte es legítima propietaria titular registral e ininterrumpida, pacífica y continua poseedora continuadora de la posesión de sus antiguos propietarios titulares registrales hasta que los actuales ocupantes la han tomado a la viciosa posesión de la fracción que se reivindica. Que el inmueble ha sido inscripto en el Registro Inmobiliario y lo ha recibido en plena tradición de su antecesor propietario y poseedor Justiniano Frías S.A. -dación en pago por escritura-, que detalla. Funda el derecho en los arts. 2758-2777 CC y ccdtes.. Ofrece como pruebas las constancias de autos y las que en su oportunidad tengan pertinencia. Reserva ampliación de reconvención en tanto se ha omitido acompañar copias del plano de mensura. Solicita se rechace la demanda de prescripción haciéndose lugar a la reivindicación, todo oportunamente.

A fs. 133 contesta reconvención la parte actora solicitando su rechazo, negando todos y cada uno de los hechos declarados por la contraria. Niega que el Superior Gobierno de la Provincia haya sido poseedor continuador en forma pacífica y continua de la posesión de los antiguos propietarios registrales, que no existen otros poseedores sobre la fracción de terreno que poseen; que sea aplicable a autos los arts. 2364, 2369 y 2370 y demás citados. Niega el dominio público e interés técnico y turístico del inmueble y que se encuentre fuera del comercio y sea imprescriptible. Que la verdad de los hechos es el expuesto en la demanda de prescripción, lo que reitera. Remarca que la posesión de su parte es anterior al título que invoca el reivindicante por lo que no pudo hacérsele tradición de la cosa por inexistencia de la posesión vacua (art. 2383 CC; 577, 2401 CC).

Se opone a la agregación de toda otra documental. Ofrece como prueba las constancias de autos y solicita se rechace la reconvención y haga lugar a la prescripción con costas a la contraria en ambos casos.

Abierta la causa a prueba, se producen por la actora: documental, informativa, reconocimiento judicial e informe ambiental, pericial agrónoma y ampliatoria y testimonial; la demandada: documental, instrumental y absolución de posiciones. A fs. 463/465 obra alegato presentado por la parte actora y a fs. 466/469 por la demandada.

Abonado el tributo correspondiente y previa vista al Sr. Ministro Fiscal, quedando los autos en condiciones de resolver, se llamó autos para sentencia; y	C O N S I D E R A N D O:

I.- En la especie, nos encontramos ante un proceso por prescripción adquisitiva de un inmueble perteneciente al dominio privado del Estado, empadronado en Catastro Parcelario, Nom. Catastral: C.III - S:D - M/Lám:287 - Parc.:116 a (94)- Padrón n° 483.137, Mat: 35234; Orden:425; coincidente dicha nomenclatura catastral con la que da cuenta el plano de mensura para información posesoria efectuado por la actora y debidamente aprobado (ver Medida Preparatoria fs. 10, fs. 188/190). La parcela forma parte de un inmueble de mayor extensión de propiedad del Superior Gobierno de la Provincia asentado en el Registro Inmobiliario bajo la Matrícula T-05424 (fs. 330/331).

Para obtener la declaración judicial de dominio del inmueble conforme a lo dispuesto por los arts. 4015 y 4016 del Cód. Civil -que consagran la adquisición del dominio por prescripción luego de transcurridos 20 años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, sin que sea necesario justo titulo y buena fe- el accionante debe acreditar en forma fehaciente los extremos de dicha pretensión. Por tanto, la prueba acerca de la posesión y sus elementos constitutivos (el corpus y el animus), su carácter público, pacífico e ininterrumpido y su extensión durante el tiempo previsto por la ley (veinte años) le es impuesta al actor de conformidad a los principios generales (art. 308 del CPCC). Desde esta perspectiva, debe tenerse presente que este medio de adquisición de dominio es excepcional, y la prueba debe ser contundente, clara y convincente" (CSJTuc., sent. 1023 del 23/12/1997 en autos "López de López, Ana María vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva").

El análisis de las constancias de autos y las pruebas producidas arrojan, a criterio de este alto Tribunal, un resultado positivo para la pretensión de adquisición esgrimida por la actora, en tanto aportó los elementos de convicción suficientes para el acogimiento de la demanda.

En efecto, del conjunto integrado por las pruebas documental, de informes, inspección ocular, pericial y testimonial ofrecidas y producidas por el actor aparece acreditado el comportamiento señorial respecto del inmueble, durante el lapso y condiciones legales exigidas para adquirir, por la vía intentada, el dominio; se configuraron los requisitos esenciales para tener por acreditada la posesión animus domini durante el término de veinte años.

No es un hecho controvertido que el inmueble del caso forme parte de uno de mayor extensión, inscripto bajo la Matrícula Registral T-05424. La demandada afirma, pero no prueba, que se trate de un inmueble afectado al uso y utilidad pública.

Ahora bien, los actores son personas que invocan directamente o por accesión la posesión del inmueble del caso desde tiempos inmemoriales, antes aún de que se instale la S.A. Justiniano Frías quien da en pago estas tierras al Gobierno de la Provincia en el año 1973 (fs. 9 vta.). Ya a esa fecha el Gobierno se compromete a respetar las fracciones de terrenos que se encuentren ocupadas por antiguos pobladores de aquella localidad (fotocopia autenticada, fs. 173/4). Esto es coincidente con la gestión que los actores efectuaron a los fines de regularización de la situación respecto de las fracciones objetos de la litis (presentación de fecha 12/9/2000 -fs. 56- en que solicitan regularización de la tierra que poseen en el marco de la Ley Nac. 24.374; carta al entonces Gobernador Julio Miranda del 04/3/2002 solicitando "documentos o títulos otorgado por autoridades correspondiente en donde conste y se tome en cuenta los 48 años de labores en dichas tierras -fs. 58- cuya autenticidad queda acreditada a fs. 163), obteniendo el reconocimiento y apoyo de diversas autoridades provinciales (Dip. Herrera -año 2000, fs. 57- y Pottaz -año 1974, fs. 55-), según copias adjuntas de cartas firmadas por ellos, no pudiendo producirse la acabada acreditación de su autenticidad pero que se advierten concordantes con el compromiso asumido por la Provincia en 1973, así como con la promulgación de la ley 7291 de regularización de las tierras fiscales en la zona de referencia y con las demás pruebas que se detallarán.

Por lo expuesto, no puede considerarse lo alegado por el demandado en el sentido de que en las absoluciones de posiciones los propios actores reconocen que Justiniano Frías le entregó a la Provincia las tierras que ocupan, o declararon que han deseado que la Provincia les transfiriera esas tierras, derivando -indebidamente- de ello la falta del requisito necesario para prescribir consistente en el animus domini y la afirmación de que son simples tenedores de la tierra. En este punto, cabe hacer notar el carácter de legos en la materia de los ocupantes de las tierras en litigio en el sentido de que de algunos de sus dichos -consistentes en estar dispuestos a pagar a la Provincia por esas tierras, o en el deseo de que la Provincia les transfiera esas tierras-, junto a lo expuesto supra respecto de la actitud de la Provincia accionada así como el tenor de las notas presentadas a la demandada consistente, esencialmente, en el reconocimiento de su carácter de poseedores y la obtención de un título sobre la tierra- y a una ponderación contextualizada en el conjunto de la traba de la litis y probanzas del caso, impide que se pueda derivar de ello la ausencia de animus domini en los actores. Tampoco es relevante el hecho de la posterior repartición de tierra entre los actores, al declarar no saber muchos de ellos, cuántas hectáreas le tocarían.

Al escrito inicial se adjuntan, entre otros documentos, plano de mensura debidamente aprobado, boletas de pago de impuestos correspondientes al inmueble (desde 2003, fs. 196); certificados de residencia, nacimiento, matrimonio, defunción en el lugar del caso, fotografías del lugar.

Como resultado de la medida preparatoria realizada surge que se trata de un terreno baldío, cercado con alambres de púa y lisos, postes de madera, portón de hierro cerrado con cadenas, desocupado. Que existen vestigios de sembrados anteriores y tierras removidas como resultado del levantamiento de la cosecha. Las fotos presentadas dan cuenta también de la zona, su sembradío, la construcción efectuada en la misma. El informe vecinal efectuado en la medida preparatoria arroja un resultado positivo respecto al hecho de la posesión por más de 20 años (3 sobre 4 personas interrogadas).

A fs. 220 obra inspección ocular que da cuenta de que el Sr. Jorge Benito Álvarez ocupa un predio de aproximadamente dos has. El que se encuentra totalmente cercado y dentro del mismo existen tres piezas de adobe, una de madera, precariamente construidas más precaria letrina de adobe más otra construcción a medio hacer en la parte sud; no posee luz eléctrica pero sí agua por cañerías. Que contiguo a este predio se encuentra un terreno de 4 has. el que también está totalmente alambrado y postes de cemento, nuevos, un terreno de 60x50 mts., una cancha de fútbol trazada, un vestuario de bloques de cemento y chapas de zinc y una letrina precaria. Que éste cuenta con aguas sólo en el vestuario y por mangueras. Que en otro sector del inmueble se encuentra una casa con puertas y ventanas de madera, en terreno de aprox. 60x50 mts. alambrado en su totalidad que ocupa el Sr. Patricio Leandro Álvarez y su esposa. Posee luz eléctrica y agua por cañería. Que camino de por medio se encuentra una pequeña casita de bloques de cemento y chapas de zinc y una pequeña casilla precaria de reciente construcción el que no se encuentra cercado, posee luz eléctrica y agua por cañerías en donde viven Jorge Miguel Álvarez y Alicia Yolanda Aibar. Que en el camino vecinal de por medio se encuentra un terreno cercado nuevo y cerrado en su parte norte por pircas.

De la pericia se puede extraer asimismo que en el inmueble sub examine los actores han estado ejecutando actos posesorios sobre el terreno del caso por el tiempo de ley, toda vez que de lo expuesto por el profesional actuante emerge que se trata de fracciones alambradas en su perímetro con un portón de entrada en el lado norte de la fracción 3, que existe un caserío en el límite sur ocupada por tres familias; que en la fracción 2 habita la madre de Jorge Álvarez y dos familias en el lado sur de la fracción 3. Que ésta y en la fracción 2 se observan que estuvieron afectadas al cultivo extensivo, por las características de la superficie del terreno en donde se muestra que fue limpiado -a través de sucesivas labranzas- de las piedras que comúnmente se encuentran en los suelos de la zona. Que presenta signos de haber sido arada con arado de reja en su último laboreo y por las demás razones que expone. Que en la fracción 2 se observan especies arbóreas forestales, álamos y nogales de una edad de más de 15 años, construcción de una antigüedad de más de 5 años. Infiere finalmente que por las condiciones descriptas puede decir que los terrenos estuvieron bajo cultivo agrícola desde hace 20 años, dando sus razones, y que la sistematización de los mismos data de 10 años (fs. 247 y ss.).

De la inspección ocular que se acompaña a la pericia se observa que la fracción tres está actualmente destinada a pastoreo de animales caballares, que existe una sistematización de terrazas de hace más de 10 año; que existe una construcción de más de 15 años y otra reciente de 5 años aprox. Que el lote 2 está destinado a pastoreo y corrales, no observándose canales u obra necesaria para el riego (fs. 251/252). La demandada solicita aclaraciones al perito y éste las da sin que existan posteriores observaciones o impugnaciones. Menciona el perito que en su informe da razones por las que concluye que las tierras han sido cultivadas por más de 20 años; que además los alambres del lado sudeste y norte son de una antigüedad de más de quince años por el estado de oxidación que se encuentran las maderas de las trabillas y de los postes y de los alambres, estando en algunos sectores deteriorados sobre todo en la cañada donde hay corrida de agua, en el lote tres. Que en el lote uno también el alambrado pudo haber sido construido hace quince años, lo mismo el lote 2.

A su turno, de la medida para mejor proveer obrante a fs. 492 y ss. se extrae igualmente que en la fracción 2 identificada como F2 en el plano de mensura -aprox. de 2 has.- se observa una vivienda de adobe de unos 50 mts.2, con una antigüedad de más de 20 años ocupada por la Sra. Francisca Ambrosia Centeno, de 73 años de edad. Que hacia el sur, misma fracción, se encuentra Jorge Benito Álvarez de 41 años de edad -quien habita según dice con su esposa e hijos-, en una vivienda de adobe de unos 12 mts.2 aproximadamente con techo de chapa de 6 años de antigüedad aproximadamente, una construcción de vivienda de madera prefabricada, techo chapa, de unos 80 mts.2 de machimbre y mampostería de 6 meses de antigüedad. En cuanto al lote F3 del plano de mensura, se destaca una construcción de bloque de cemento con techo de chapa de unos 60 mts.2 de construcción con una antigüedad de más de 10 años, ocupada por Patricio L. Álvarez, quien vive allí con su esposa e hijos. Hacia el oeste, otra vivienda de adobe y cemento, mampostería y techo de chapa, de seis años aproximados de antigüedad, de 30 mts.2 ocupada por Jorge M. Álvarez y su esposa Alicia Aybar e hijos. En el sector F3 existen zonas cultivadas en proceso de labranza, arados y zonas de cultivos sin labrar actualmente, con un cañadón en el medio al lado oeste del camino interno según consta en plano de mensura que acompaña a la medida, no siendo apto para cultivo y con una sup. de 40 has. aproximadamente. Que la zona cultivable y en proceso de labranza es de 70 has. Observándose distintas franjas donde se encuentran trabajadores en tarea de labranza. Alrededor de once personas, algunas con arado tirado a caballo y otros sectores cultivados con rastra de disco aradora tirada por un tractor. Toda la propiedad se encuentra alambrada con alambres y postes de quebracho de aproximadamente 50 años. Las casas cuentan con corrales internos para animales. La extensión de la propiedad concuerda con el plano de mensura lo que arroja un total de 130 has. aproximadamente siendo las características de la propiedad las ya detalladas y en la pericia presentada con anterioridad.

Sin perjuicio de no tomar en cuenta los testimonios de Mendes quien, a fs. 292 manifiesta que tiene interés en el juicio y es pariente lejana de los Alvarez; amigos y vecinos, así como de Ramón Nieva y Álvarez Fermina, quienes también manifiestan, a fs. 286 y 294, tener interés en el juicio, ser amigos y vecinos de la parte actora y tener permiso para tener animales, habiendo sido tachados oportunamente por la parte demandada, lo cierto es que los demás testimonios son concordantes y precisos respecto de la presencia con ánimo posesorio de las accionantes. Manifiestan que, desde hace 50 años, vivían y sembraban, trabajando la propiedad (Ilda Cruz -fs. 284-; Nicolás Álvarez: conocía que sembraban; el alambre lo alambraron ellos (los actores que cita), y trabajaban en la caña en el invierno y en el potrerillo en el verano; desde hace 40 años la siembran la gente que atiende el potrerillo -fs. 288-; Morales (al afirmar que es amigo "porque" son vecinos y no manifestar tener interés en el juicio no cabe la procedencia de la tacha efectuad a esta persona. A juicio de este Tribunal lo expuesto por este testigo no descalifica su testimonio como sospechoso de parcialidad o complacencia; no existe probada amistad íntima o vinculación tal que pueda influir en la objetividad de su testimonio) expresa que hace 50 años que trabajan ahí, la mayoría son Álvarez y Centeno; ellos siembran trabajan las tierras -fs. 290-; Juan Carlos Vernal, quien afirma no conocer los propietarios pero que los poseedores son los Sres. Centeno y Álvarez que cita a fs. 301, sabiendo esto por ser comerciante y comercializar en el Mercofrut. Da fe que siembran desde noviembre de 1969, siendo consignatario de la mercadería producida por los agricultores de las lomitas desde los años 70. Aclara que existen otros poseedores pero que desconoce quienes son.

El demandado tacha a la testigo Ilda Cruz por complacencia en cuanto a que, la pregunta sobre desde cuándo siembran, responde desde hace más de 50 años pero que tiene menor edad que dicha cantidad de años. Sin embargo, ello no es óbice para haber visto por sí -percepciones- o haber conocido -oído- acerca del hecho sobre el que testificó. En el caso, pudo conocer durante su vida, de forma directa y extender hacia tiempo atrás lo conocido en base a lo oído y conocido por sus mismos familiares y ocupantes anteriores.

En cuanto a que los testigos declararon -repreguntas de letrado apoderado de la parte demandada- que Justiniano Frías era el propietario de la tierra, tampoco es óbice para descartar el animus de los actores toda vez que, como queda claro en autos, Justiniano Frías cedió al Gobierno estás tierras permaneciendo los actores en la misma en su calidad de poseedores, según demandan y hacia donde se orienta su prueba. Ello sin dejar de tener en cuenta que de la características de los testigos, no siendo letrados ni peritos en la materia, no puede inferirse un juicio cierto sobre la situación jurídica de las partes o la existencia real o no del ánimo posesorio de la parte actora. No cabe olvidar que, en los juicios de usucapión, los testigos deben ser interrogados sobre hechos que traduzcan la posesión "animus domini", y no sobre la calificación jurídica de la conducta (sobre si es poseedor), pues ello corresponde al juicio de los jueces.

En definitiva, los testigos son concordantes en sostener que conocen a los actores y que ellos ejercen la posesión del inmueble en cuestión desde hace mucho más de veinte años; que la posesión es pacífica pues nunca supieron de ningún tipo de problemas; que existen siembras y construcciones en el lugar, etc..

Es decir que, los dichos de los testigos dan cuenta de la ocupación a título de dueño por la parte actora; de la falta de invocación o reclamo por un tercero de la titularidad del bien; de que se efectuaron actos posesorios consistentes en construcciones; etc. Cabe destacar el carácter de concordantes, categóricas, precisas y plurales de las testimoniales ofrecidas.

De allí que, si bien es cierto que por imperio de la ley 14.159 la sola declaración de testigos no es suficiente, ello no significa que la prueba testimonial carezca de valor, sino que debe encontrar corroboración objetiva en otros elementos que permitan inferir la realidad de lo ocurrido. En el sublite, esa prueba testimonial es trascendente ya que la misma encuentra apoyo fundamental en las boletas de pago de impuestos, medida preparatoria, en la inspección ocular, pericial, actos de gobierno respecto a la regularización de las tierras fiscales de El Mollar. Téngase en cuenta, por lo demás, que no es exigible que los vestigios y señales de antigüedad detallados en la inspección ocular se remonten a veinte años atrás -como, por otra parte, efectivamente ocurre en la especie-, sino que es suficiente que pongan de manifiesto que abarca un lapso considerable del plazo de prescripción. En este sentido, los resultados de las probanzas aluden a diez años de antigüedad respecto de la construcción a la que tuvieron acceso.

Así entonces, todo el conjunto de probanzas referidas logra, en el conjunto probatorio, acreditar el animus rem sibi habendi.

La escritura traslativa de dominio a la Provincia de Tucumán, el informe del Registro Inmobiliario sobre la propiedad del inmueble en cuestión no alcanzan para hacer procedente la acción reivindicatoria impetrada por la demandada toda vez que, como queda dicho, queda probada la posesión con anterioridad al título de la Pcia de Tucumán por parte de los ocupantes poseedores y pobladores de las tierras de El Mollar que por éste se reclaman (arg. art. 2790 CC). Es doctrina legal de esta Corte que: "Si el actor no presenta título anterior a la posesión del demandado, debe rechazarse la demanda por reivindicación" (cfr.: CSJT, sent. 326 del 13/5/1996, 685 del 31/8/2000).

Por lo demás, el hecho alegado por la demandada de la existencia de otros planos de mensura ingresados a Catastro para su aprobación, en tanto, no ha sido probado fehacientemente en autos que se trata de planos correspondientes a la misma fracción de terreno que aquí se reclama (ver contestación de oficio dirigido a la Dirección de Catastro -fs. 190/191-) no incide en el resultado del pleito.

En definitiva, cabe concluir en el suficiente mérito probatorio de las constancias de autos a favor de la usucapión peticionada en tanto revelan, en su conjunto, de modo eficiente, la existencia del corpus y del ánimo de poseer la cosa para sí, durante el término legal.

Por tanto, los resultados de las probanzas vertidas crean la convicción y certeza suficientes requeridas a los efectos de tener por reunidos los requisitos necesarios para la prescripción adquisitiva de dominio en tanto, más allá de su validez probatoria en forma aislada, también en conjunto concuerdan y convergen entre sí en torno a la hipótesis que conforma la pretensión contenida en el libelo de inicio, determinando claramente su procedencia.

En consecuencia, el Tribunal estima que se ha acreditado de un modo claro, preciso y convincente, y por el tiempo exigido por la ley, esto es: veinte años y con las modalidades requeridas, la posesión pacífica, pública, ininterrumpida y continua con ánimo de tener la cosa para sí (arts. 2373, 2379, 2384, 2351 y 4015 CC). Cabe destacar que la prescripción tiene un fundamento de orden público, como que ha sido regulada no sólo atendiendo el interés del poseedor, sino también al interés social (Borda "Tratado de Derecho Civil Derechos Reales" t. 1 pg. 310). La ley, al convertir en titular del derecho de propiedad, a quien durante muchos años se comportó como si verdaderamente lo fuera, da validez y seguridad a una situación de hecho, a la par que estabiliza las relaciones jurídicas. (José Levitán "Prescripción Adquisitiva de Dominio", pg. 44).

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la reconvención por reivindicación y hacer lugar a la demanda por prescripción adquisitiva de dominio, con costas en ambos casos a la vencida por ser ley expresa (art. 106 procesal).

II.- Por último, corresponde señalar que en razón de que promiscuamente los demandantes han formulado una pretensión única, sin discriminar la eventual parcela -y su extensión- que le pudiera corresponder de modo exclusivo a cada uno de ellos, la presente sentencia no abre juicio ni dirime cuestión al respecto, la que, de suscitarse, deberá ventilarse por la vía correspondiente.

De igual modo, dada la zona en la que se encuentra el predio usucapido, las vicisitudes de su empadronamiento e identificación, y la pluralidad de ocupantes, sumado a la antigüedad de la posesión, según se expuso, cabe declarar que si hubiere terceros que vieran afectados sus derechos de algún modo por la presente sentencia, se declara que la misma les es inoponible, debiendo dirimirse las cuestiones que se generen por las vías respectivas.

Por ello, y encontrándose excusado el doctor Antonio Daniel Estofán, se	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR a la demanda promovida por la letrada apoderada de los Sres. Jorge Benito Álvarez, Silverio Espíritu Álvarez, Luis Beltrán Álvarez, Isaac Indalecio Álvarez, Andrés Avelino Álvarez, Patricio Leandro Álvarez, Aurelio Cipriano Álvarez, Crespín Rumaldo Álvarez, Miguel Oscar Álvarez, José Belindo Centeno, Pablo Guillermo Centeno, Juan Ramón Centeno, Demetrio Hilario Centeno, Oscar Guillermo Centeno, Ambrosia Francisca Centeno, Marcelino Cruz, Segundo Rosario Cruz, María Cecilia Olarte, Juana Rosa Olarte, Mario Facundo Méndez, Arcenio Muñoz, Ariel Marcelo Álvarez, contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán titular de dominio de la superficie de mayor extensión del inmueble sito en Las Lomitas, El Mollar, Tafí del Valle, Ruta 355, de 131 Has., 7.628,68 m2, conforme plano de mensura para información posesoria n° 40432/03, Expte. n° 13.701-P-03 de fecha 02/9/2003, inscripto bajo el Padrón n° 483.137, Circ. III Sección D, Lámina 287, Parcela 116 a (94), Matrícula 35234, Orden n° 425, bajo la Matrícula Registral: T-05424 con los siguientes linderos: al Norte, Camino Público; al Sur, Familia Guanco, Andrés, Miguel Patricio y Hugo Álvarez y Superior Gobierno de la Provincia, al Este Cosme Álvarez y Rosa Álvarez, al Oeste: ruta 355 y Ovidio Vecile declarando adquirido a favor de la actora, por prescripción veinteñal, el inmueble citado, conforme se considera.

II.- NO HACER LUGAR a la demanda de Reivindicación incoada por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, en mérito a lo considerado.

III.- COSTAS de ambas acciones a la vencida.

IV.- TENER PRESENTE como integrante de esta sentencia lo expuesto en el punto II de sus considerandos, lo que se hará constar en el título que se emita.

V.- OPORTUNAMENTE, y previo cumplimentar los recaudos de ley, otórguese testimonio de la presente o protocolícese por escribano.

VI.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.