Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06


Junín, marzo 6 de 2007.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

I. A fs. 120/124 se dicta sentencia desestimando el incidente de revisión promovido por los fallidos contra la resolución dictada en las actuaciones principales -v. fs. 251/153 del 2do. cuerpo expte 41286 pedido de propia quiebra- que declaró admisible con el carácter de quirografario el crédito de la Cooperativa Agrícola Ganadera Labor y Progreso Ltda (arts. 200 y 37 LCQ). Impone las costas a la parte incidentista vencida y regula honorarios.

Apeló el apoderado de los actores (fs. 130/131), fundando su recurso con el memorial de fs. 132/133. La crítica consiste en que se ha declarado verificado un crédito sin que se haya probado su causa, no pudiendo los juicios ejecutivos -en los que está fuera de discusión aquélla- sanear su falta de prueba. Sostiene que no bastan los indicios y presunciones, siendo necesaria una prueba acabada, documentada y plena que en autos no se logró. Señala que la denuncia de deudas es una cuestión formal que no guarda relación con la legitimidad sustancial en debate. Insiste con que la incompetencia del Juzgado donde tramitaron aquellos procesos puede ser aquí ventilada, al igual que la tasa de interés que en los mismos se dispuso.

Cuestiona finalmente que no se hayan computado las entregas de cereales denunciadas -lo que debió ser esclarecido por el síndico o el juez- y cual es el impacto ( compensación) sobre el crédito.

No habiendo la acreedora demandada ejercido el derecho de réplica y habiendo sido oído el Sr. Fiscal General quien argumenta en igual sentido que el fallo cuya confirmación aconseja ( fs. 151/152), las actuaciones están en condiciones de ser resueltas (arts. 246, 270 CPCC; 273 inc. 4, 276 y 285, LCQ).

II. Colocados nuevamente ante la remanida cuestión de la prueba de la causa de créditos provenientes de títulos abstractos, a los fines de su verificación, comienzo por recordar lo que expresé en Expte. Nº 39946, LS 45 nº 446, sent. del 7/10/2004: "La neutralidad científica obliga a estar atentos para restringir nuestras opiniones y conclusiones a aquellas que están sostenidas por evidencia suficiente de la disciplina que representemos.

Creer en algo no lo convierte por eso en un acontecimiento verdadero. Pero como en casi todo proceso de ormación de creencias, una vez instalada difícilmente es sacudida por la aparición de evidencias que la contradigan.

Y esto es lo que interpreto está en juego cuando contrariamente a la tendencia doctrinaria y jurisprudencial se aplica a rajatabla incluso más allá del ámbito propio de los plenarios Difry y Translínea, el criterio restrictivo para la admisión concursal de créditos de esta naturaleza.

En tal sentido Chevallier Boutell en su trabajo " Un alentador paso adelante" (ED, 132-837) elogia el voto del Dr. Alberti en ese último caso diciendo que destila sentido común y transcribe uno de sus párrafos que también aquí estimo útil recordar: " Los tribunales no deben juzgar sobre los derechos individuales de los litigantes movidos por consideraciones más o menos medrosas respecto de los artificios inmorales que los malos deudores puedan arbitrar. Cabrán en todo caso, utilizar los medios de punición previstos para el defraudador o proponer que sean establecidas normas en ese sentido, si el régimen sancionatorio adoleciera de vacíos. Pero es contrario a la razón vital negar a una generalidad de personas lo que les corresponda en derecho, porque hipotéticamente y en algún caso, la figura jurídica en juego pudiera ser empleada como medio para defraudar". Finalmente el autor dice "... en lugar de perseguir al delincuente se optó por la fácil fórmula de tratar a todos los acreedores como si fueran criminales. Por eso es que discrepo con la conclusión del doctor Maffía, porque el fallo que él comenta, en lugar de ser un retroceso pienso es un avance, pues nos muestra jueces que han actuado cabalmente como tales tomándose el trabajo de examinar cuidadosamente los casos planteados, estudiar los antecedentes, hacer las distinciones pertinentes y finalmente extraer la conclusión que en cada caso y fundadamente han estimado como más justa. Esto es bueno. Lo contrario, o sea la mecánica aplicación de una rígida doctrina, es más simple y fácil, pero también injusto, porque pagan justos por pecadores, ya que todos son tratados como delincuentes o como criminales en potencia. Es mi parecer que la cuestión está en lo siguiente: ¿la comunidad debe ser tratada por el legislador como si la mayoría de sus integrantes actúa de mala fe, o por el contrario, considerando que en su mayoría actúa de buena fe? Mi respuesta es que en su mayoría actúa de buena fe, a menos que la realidad demuestre otra cosa, en cuyo caso la cuestión es de extrema gravedad pues se trataría de una sociedad muy enferma, quizás mortalmente enferma. Un sistema que suponga la mala fe de la generalidad resulta asfixiante. En él la convivencia resulta insoportable, pues todos están sometidos a la necesidad de demostrar permanentemente su buena fe. Por el contrario un sistema que suponga la buena fe de la mayoría es lo propio de una sociedad sana. Que a veces esa buena fe no exista y que no se pueda acreditarlo, es solo un aspecto negativo de un sistema de intrínseca bondad". Que agrego fue el consagrado por nuestro magno legislador (v. art. 2362 del CCivil; STER 73-335).

Por su parte Junyent Bas- Molina Sandoval ("Verificación de créditos, fuero de atracción y otras cuestiones conexas. Ley 24.522 Ed Rubinzal Culzoni p. 200/207) recuerdan las enseñanzas de Rivera expresando que si se comprueba en el proceso concursal la inexistencia de consilium fraudis entre el deudor y los acreedores peticionantes de la verificación, la razón de ser del plenario caería. Y en consecuencia no sería menester una prueba acabada y puntillosa de la causa de la obligación; por lo que concluyen que su vigencia "debe flexibilizarse teniendo en cuenta las circunstancias especiales del caso. Debe ponderarse cautelosamente la situación " en concreto" para que una vez analizada se exija la prueba o no de la causa de los títulos cambiarios. Si se descarta de manera comprobable la existencia del consilium fraudis entre el deudor y los acreedores verificantes de una cambial, no sería menester una prueba exhaustiva de la causa del título valor. Por nuestra parte, siempre habíamos enseñado la necesidad de una interpretación de congruencia que respetase el Derecho Cambiario y que tuviese en cuenta las características del negocio. Hay casos en lo que la única prueba de la causa es el título mismo. A diario se observa que, con un modo malicioso, sujetos próximos a concursarse libran de manera irrestricta numerosos cheques u otros títulos de crédito con causas reales y verdaderas sabiendo que una vez presentados en concurso y por la vigencia de los fallos en estudio deberán caer en la diabólica actividad de probar la causa. Amén de ello, no puede propiciarse una derogación absoluta de dicho precepto jurisprudencial, ya que podrían reeditarse las mismas situaciones injustas que generaron la necesidad del plenario...Preconizamos la flexibilización del criterio para evitar la licuación del pasivo y dijimos que la prueba de la causa del negocio, o sea del mutuo, era el título cambiario". Rouillon ("La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos valores abstractos. Censura al dogmatismo judicial y al facilismo de ciertos dictámenes de la sindicatura" en LA LEY, 1999-D, 199) apuntala la nueva tendencia que según el sujeto concursal que interviene en esta etapa podría sintetizarse así: a) Acreedor: prevalece el criterio de exigir al insinuante la explicación del origen causal de su crédito y de aportar la prueba de la cual dispusiera b) Síndico: debe contribuir a esclarecer activamente el pasivo cumpliendo la labor instructoria y no amparar su desidia o comodidad en los famosos plenarios c) Juez: intentar llegar a la verdad jurídica objetiva, determinando quien es acreedor y quien no lo es, con especial consideración de las circunstancias de cada caso, valoración amplia y criteriosa de la prueba y puesta en mira de la verdadera teleología del plenario: evitar el abultamiento ficticio de pasivos mediante invento de seudo acreedores, y d) Concursado: se proscribe que quien arguya la deficiencia de la alegación de acreditación causal cuando, a la vez, no invocase la falsedad del título o algún vicio de la voluntad que invalide su rúbrica.

A este análisis amplio, en concreto y sin preconceptos esquemáticos adhieren no sin matices Trusso ("Concursos: la vuelta al buen camino", ED, 132-839; Fassi-Gebhardt ("Concursos y quiebras", p. 112/5, n º 8, 9 y 12); Martorell ("Sobre la causa de los títulos ejecutivos en la verificación de créditos", LA LEY, 1992-C, 23 y ss) quien además de recordar a Rubin en el sentido de que la solución rígida carece prácticamente de antecedentes en el derecho comparado, concluye que la lucha de Mafia, quien seguramente elogiaría el fallo en análisis a tenor de lo que sostiene en el capítulo VIII de su obra Verificación de créditos- no va a poder detener la vuelta al camino al correcto; Bonfanti-Garrone ("Concursos y Quiebras", 4º ed. nº 154 p. 232/237 y 5º edición nº 97 p. 176/7); Barbieri ("Nuevo régimen de concursos y quiebras. Ley 24.522", p. 124/5)." la luz de tales premisas y considerando que, tal como se expresa en los fundamentos del fallo en crisis y surge del informe individual favorable del Síndico, descartada la existencia de un acuerdo fraudulento entre las partes, se constata que 1) en uno de los procesos ejecutivos, tal como lo comprueban las copias no impugnadas de la respectiva sentencia, los incidentistas opusieron excepciones - pago y compensación- que implican la admisión de la deuda; 2) la denuncia al formular el pedido de quiebra trasciende el cumplimiento formal de los requisitos establecidos por el art. 86 LCQ, en tanto además de incluirla como " deuda que se mantiene con acreedores comerciales "se expresa con relación al importe idéntico al reclamado en una de las ejecuciones "causa saldo cuenta corriente" (ver fs. 10vta./11 del principal) y 3) la antigua data de dichos procesos, sin que habiendo sido desestimado los planteos defensivos, se haya promovido juicio de conocimiento ulterior (art. 551 del CPCC) para demostrar la ilicitud, exorbitancia o cancelación de la acreencia reclamada. En relación a esto último y a la entrega de cereales que supuestamente enervarían total o parcialmente la obligación, cabe señalar la subsistencia del déficit probatorio también en este proceso de nuevo juzgamiento en todo el alcance de la palabra.

En efecto, debiéndose tener por cierta la relación comercial que vinculara a las partes y que tal como destacó la sentenciante penal ( ver decisorio de sobreseimiento de fs. 142 vta. de la causa penal 3-23.690 acollarada) "de la misma denuncia surge el reconocimiento de la existencia de una deuda con la mencionada Cooperativa", aunado a la declaración de deuda con la Cooperativa para la obtención de un mutuo bancario en agosto de 1994 (ver informe individual del síndico), no puede ponerse en cabeza del acreedor la carga de la prueba -contrariando el régimen del art. 32 LCQ en concordancia con lo dispuesto por los arts. 500 a 502 del Código Civil- de la licitud y no falsedad de la causa de la acreencia. Por ello y ante la ausencia de elementos que desvirtúen su existencia o magnitud (de los procesos penales incoados y a la vista nada convincente se extrae sobre el particular, en estos obrados no se instó la realización de la pericia contable ofrecida y de la oposición de la sindicatura de fs. 58/59 y silencio posterior se colige que no ha encontrado en el cumplimiento de su función algún dato, información o documento en aval de la postura incidental) corresponde atenerse a la cuantía expresada en los respectivos títulos de crédito cuya ejecución fue judicialmente admitida (arts. 375 y 384 del CPCC), con más los accesorios a la tasa allí dispuesta que recepta el criterio jurisprudencial en la materia según la naturaleza e índole de la obligación comercial de que se trata.

Por último ninguna incidencia tiene sobre el tema de la causa de la deuda en debate la incompetencia jurisdiccional respecto de la tramitación de las ejecuciones, y siendo una defensa precluida tampoco tiene eficacia para controvertir la legitimidad de las sentencias respectivas ni por ende los accesorios que disponen que quedaron firmes y deben ser mantenidos.

Propicio en consecuencia, el rechazo del recurso.

Asi lo voto.

Los doctores Cognigni y Panizza, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I. Confirmar la sentencia apelada, con costas del Alzada a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC). II. Atento el recurso de apelación deducido a fs. 129, lo preceptuado por los arts. 16, 21, 28, 47 y cc. de la ley 8904 y art.287 de la ley 24.522, se regulan los honorarios de Primera Instancia como sigue: al Dr. J.O.M. en la suma de $3500, con más el 10% que preceptúa el art. 12 inc. a) de la ley 6716.

III. Fijar, los honorarios de esta Alzada de la siguiente manera: al Dr. M.P. en la suma de $840, con más el 10% que preceptúa el art. 12 inc. a) de la ley 6716. (art. 31, ley 8904).

Así lo voto.

Los doctores Cognigni y Panizza, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, SE resuelve:

I. Confirmar la sentencia apelada, con costas del Alzada a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC) .

II. Atento el recurso de apelación deducido a fs. 129, lo preceptuado por los arts. 16, 21, 28, 47 y cc. de la ley 8.904 y art.287 de la ley 24.522, se regulan los honorarios de Primera Instancia como si gue: al Dr. J.A.M. en la suma de $3500 con más el 10% que preceptúa el art. 12 inc. a) de la ley 6716.

III. Fijar, los honorarios de esta Alzada de la siguiente manera: al Dr. M.P. en la suma de $840, con más el 10% que preceptúa el art. 12 inc. a) de la ley 6716. (art. 31, de la ley 8904). - Juan J. Guardiola, Eduardo M. Cognigni. - Laura J. Panizza.