Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-22


Causa n° 4.146/2013/CA1 "SIREX MÉDICA SA C/ LG DERMOESTÉTICA Y OTROS s/ medidas cautelares". Juzgado n° 8, Secretaría n° 16.

Buenos Aires, 22 de mayo de 2014.

Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 295/299 vlta., cuyo traslado fue contestado a fs. 301/306, contra la resolución de fs. 293/294, y CONSIDERANDO:

1°) La sociedad actora -dedicada a la representación, importación y equipamiento médico de marcas internacionales líderes en tecnología para dermatología, cirugía estética y plástica-, invocando la titularidad de los signos SOPRANO XL y METODO SOPRANO XL (n° 2.217.077 y 2.527.359) y la inscripción ante la ANMAT del producto médico "laser de diodo", nombre comercial SOPRANO/SOPRANO XL, cuya comercialización realiza, solicitó el dictado de una medida precautoria con fundamento en los arts. 50 del ADPIC y 38 a 40 de la ley 22.362, contra LG Dermoestética, Lorena García y Adrián Alberto Vargas.

Básicamente, pidió que se ordenara el cese del uso del término SOPRANO -en forma aislada o dentro de un conjunto marcario más amplio- como marca de productos y/o de servicios, debiendo abstenerse de toda utilización, a cualquier efecto, así como el cese de la publicación y promoción de los servicios de depilación definitiva a realizarse con equipos de laser SOPRANO; además, requirió que se ordenara a las firmas indicadas a fs. 63 (Groupon, Big Deal, Agrupate, etc.) que se abstuvieran de promocionar y/o vender a través de sus páginas web servicios de depilación definitiva con equipos laser SOPRANO y/o SOPRANO SHR y/o SOPRANO XL ofrecidos por los destinatarios de la manda (confr. fs. 62 vlta./63, 64 punto V, 64 vlta. y constancias de fs. 25/32 y 54/60). En rigor, la medida tuvo un objeto más amplio (ver fs. 62 vlta./63), pero la síntesis precedente es suficiente a los fines que aquí interesan.

Al fundar su pretensión explicó que había advertido que LG Dermoestética, a través de distintos sitios web de venta de cupones de descuento, promocionaba y vendía tratamientos de depilación definitiva con el sistema SOPRANO, lo cual no era cierto pues había constatado -con la participación de una testigo- que el equipo empleado era apócrifo, y además, había verificado no haber vendido el aparato para que pudiera brindarse el tratamiento anunciado. Sostuvo entonces que mediaba un uso indebido de su marca, aprovechamiento del prestigio ajeno y engaño al público, todo lo cual avalaba la cautela solicitada (ver fs. 64 vlta./65).

2°) El magistrado de primera instancia admitió la medida fijando, respecto del cese de uso, una caución real de $ 150.000, que fue integrada mediante un seguro de caución (confr. nota de reserva de la póliza pertinente, a fs. 84), y respecto del resto de las diligencias (secuestro, inventario, etc.), caución juratoria, que fue prestada a fs. 80.

3°) A fs. 107/113 vlta., se presentaron Adrián Alberto Vargas (en carácter de titular de la explotación comercial llevada a cabo bajo el nombre de fantasía LG Dermoestética) y Lorena Angelina García (responsable de la atención al público) y solicitaron el levantamiento de la medida.

Señalaron que a través de LG Dermoestética se ofrecían tratamientos de belleza en general y que conforme surgía de la factura acompañada (ver fs. 100) en junio de 2008 -es decir, antes de que la accionante obtuviese los registros marcarios que invocó en sustento de su posición- se había sido adquirido un equipo laser de diodo SOPRANO XL usado, fabricado por Alma Lasers LTD. De ahí que, según sostuvieron, la actora -quien ni siquiera había acreditado ser distribuidora exclusiva de la marca SOPRANO-, no podía pretender prohibir la publicidad de los tratamientos que brindan con el artefacto lícitamente comprado, siendo evidente que ese uso de la marca era meramente descriptivo. En suma, argumentaron la inexistencia de la verosimilitud en el derecho y del peligro en la demora.

4°) Contestado el traslado pertinente (ver fs. 114 y 166/175), el juez desestimó el levantamiento de la cautelar. Para así decidir, ponderó que la medida había sido consentida por los afectados y que por eso debían desestimarse los cuestionamientos esgrimidos en torno a los fundamentos en base a los cuales aquélla se había adoptado. Añadió, a mayor abundamiento, que el derecho marcario contemplaba un aspecto preventivo que permitía la toma de decisiones como la objetada, tanto para evitar que se produzcan infracciones a cualquier derecho de propiedad intelectual, así como cuando se estuviere frente a una "marca similar" o "ilegítimamente empleada" (confr. arts. 50 del ADPIC y 40 de la ley de marcas). Finalizó destacando que para garantizar al titular el derecho exclusivo de explotación, la normativa también autorizaba el inventario, secuestro e inclusive el embargo de los bienes en infracción, y que los argumentos concernientes al uso descriptivo de la marca y demás cuestiones planteadas no podían ser juzgadas en el marco de un examen preliminar, sino que necesariamente imponían el ingreso a la discusión sustancial del caso, lo que en este estadio no era admisible.

5°) Esta decisión originó la apelación aludida. La lectura del memorial evidencia que los recurrentes han obviado la crítica concreta y razonada de la cuestión procesal que constituyó el fundamento esencial por el que el magistrado desechó su reclamo, a saber, que habían consentido la medida y que los argumentos invocados para que se dispusiera su cese importaban una suerte de apelación extemporánea contra aquélla, lo cual era improcedente. Tal falta de fundamentación deja sin sustento el recurso bajo examen (confr. art. 265 del Código Procesal).

De todos modos, cabe recordar que este Tribunal ha remarcado que pese a su carácter provisional no procede dejar sin efecto medidas cautelares cuyo levantamiento se requiere por la vía incidental cuando el interesado no recurrió oportunamente la resolución del juez y no han variado las circunstancias que determinaron su adopción (confr. esta Sala, causa 1.855/09 del 20/5/09 y sus citas de doctrina). Y que la modificación o cesación de las medidas cautelares solamente puede pedirse en base a circunstancias posteriores a la resolución que ordenó su traba; las anteriores debieron haber motivado el correspondiente recurso, por lo que a su respecto, existe preclusión (confr. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Librería Editora Platense Abeledo-Perrot, 1986, t. II-C, pág. 595 y jurisprudencia allí citada).

En función de lo expuesto, corresponde declarar desierta la apelación de fs. 295/299, sin perjuicio de señalar que los interesados no han invocado ninguna variación de la situación de hecho existente al momento en que la medida fue decretada, presupuesto ineludible establecido en el art. 202 del Código Procesal en orden a peticionar su levantamiento.

Por ello, SE RESUELVE: declarar desierto el recurso interpuesto, con costas (arts. 68, primer párrafo, 69, 265 y 266 del Código Procesal).

Hágase saber a los letrados que deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (confr. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13, BO 17-10-13).

El doctor Guillermo A. Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo Graciela Medina