marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones, prueba, verdad formal, orden público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Re, Oscar Benito c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 146-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

La Corte Provincial ha sostenido, con anterior integración, que la incontestación de la demanda en un Recurso Contencioso Administrativo surte el efecto del artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que los hechos articulados por el actor en aquélla son tenidos por ciertos, sin perjuicio de la prueba en contrario y de su evaluación conforme a derecho. Pero con posterior integración, abrió la posibilidad de no compartir la latitud de ese criterio en razón de que en estos casos el Tribunal examina la legitimidad de actos y hechos que conciernen al orden o interés público; y, más recientemente, ha señalado que el concepto de orden público es el que impone al Tribunal la determinación de la verdad real, y no de la verdad formal; también es el que explica la mayor amplitud de atribuciones del Tribunal de lo contencioso administrativo, a diferencia del juez del procedimiento civil, que en diversas situaciones procesales simplemente homologa, por así decirlo, lo que demandan, proponen o consienten las partes. En ambos recursos contenciosos administrativos (de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad) la jurisdicción se propone determinar la verdad real del actor, y no sólo la pretensión jurídica del recurrente.
Inconstitucionalidad, acceso a la justicia, filiación matrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: B. , A. c/ G. ,A. ;A. ,C. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-12

Es inconstitucional el artículo 259 del Código Civil (arts. 16, 18, 75 inc. 22, C.N.; 2, 3, 4, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 8.1, 17.4 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que priva de acceso a la justicia a quien invoca un genuino y respetable interés referido a la verdad biológica del vínculo paterno-filial cuya desconsideración absoluta no guarda proporción con los fines de resguardo a la intimidad y sosiego del grupo familiar; afecta o puede poner en riesgo el derecho a la identidad del menor; menoscaba la legítima aspiración de paternidad a formularse por quien procura asumir, no rehuir, las responsabilidades emergentes de tal condición y, a la par, denota un trato legal diferencial entre quienes reclaman instituir una relación de paternidad matrimonial y quienes lo hacen en un marco extramatrimonial, distingo que adolece de una razonable justificación.(doctor Soria, minoría)
Sentencia, principio de congruencia, juicio, integración de la litis
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., D. A. c/ G., D. A. s/ Recurso de inconstitucionalidad -Nulidad de matrimonio (Expte.:  C.S.J. Nro. 578 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Pedro Aragoneses insiste en que "la congruencia tiene que referirse únicamente a las actitudes adoptadas en el momento oportuno" y en que el requisito de oportunidad es integrante del concepto de congruencia, tal como se lee en una vieja sentencia del Tribunal Supremo español según la cual "las sentencias han de recaer precisamente sobre las cuestiones planteadas en el primer período del juicio, sin que, por lo tanto, deban decidirse en ellas otros puntos que posteriormente hayan traído al debate los litigantes, no siendo a éstos permitido variar los medios de defensa fuera de dicho período" (sentencia del 13-5-1884). En la tradición romana, "Non valet sententia lata de re non petita", "Sententia debet esse conformis libello in tribus, in re, causa et actione". (De los Fundamentos del Dr. Gutiérrez)
Resolución administrativa, nulidad del acto administrativo, vista de las actuaciones, falta de vista previa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARBONE, EDGARDO c/ CONET s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

La resolución administrativa emitida sin haberse permitido al actor el ejercicio de su derecho de defensa (art. 1 inc. f ap. 3 ley 19.549; art. 18 Constitución Nacional), por impedírsele obtener la vista pedida para mejorar los fundamentos de su recurso (arts. 38 y 76 decreto 1.759/72, modif. por decreto 3.700/77), es nula por violación de las formas esenciales (arts. 7 inc. d y 14 inc. b ley 19.549).
Juicio abreviado, defensa en juicio, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Diego s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-06

La declaración de reincidencia decretada por el a quo, sin la oportunidad de un debate adecuado previo, conculca el derecho de defensa en juicio y, en definitiva, el debido proceso legal, toda vez que no se ha garantizado al imputado el derecho a ser oído.
Depreciación monetaria, valor real, moneda
Materia: CIVIL
Carátula: Contreras Hnos.  S.A. c/ C.A.S.F.P.I. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-02

El reajuste por depreciación monetaria no importa un beneficio para el acreedor ni un perjuicio para el deudor, sino que sólo mantiene su valor económico real, frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, actualización monetaria, Poder Ejecutivo, leyes, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: YRADY, LUIS JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 284-83 SOUTULLO, JUAN JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 50-84 ITURRASPE, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 127-87 MARTINEZ, INES HORTENCIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 005-87 BALLARDINI, JUAN PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 003-87 GONZALEZ DE PRADO, FRANCISCO LUIS VENANCIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 493-87 BARINOTTO, ELVIRA CATALINA CHIAPPERO DE  BARINOTTO, ALICIA ELVIRA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-06|1989-03-01|1989-05-17|1992-03-24|1992-03-24|1992-04-22|1992-07-01

El Poder Ejecutivo en ejercicio de su atribución, debe respetar el marco de referencia dado por la norma constitucional y por las pautas que surgen del régimen legal, en tanto éste se ajuste a aquélla, por lo que en materia de remuneraciones jubilatorias, no podrá fijar coeficientes que desnaturalicen el sistema, que básicamente concede al jubilado el 82% del sueldo (artículo 11, jubilación ordinaria) y la movilidad del haber en función de las variaciones de las remuneraciones del personal activo.
Impuestos, deducciones impositivas, deducciones generales, créditos dudosos o incobrables
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Ascona S.A. CIA de Reaseguros (TF 14.761-I) c/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02

Los requisitos para la deducción de los deudores incobrables son los siguientes: que los créditos tengan origen en operaciones comerciales propias del giro del contribuyente, que se verifique alguno de los parámetros de incobrabilidad comprendidos en la normativa y que la referida incobrabilidad corresponda al ejercicio en que se produzca (Sala V "D.G.I. (en Autos BBVA TF 192323-I)", 3/10/2006) (Cons. V).
Constitución Nacional, libertad de prensa, derecho a la información, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Horacio Daniel s/ art. 109 del Código Penal - causa n. 18.839 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La Constitución Nacional confiere al derecho de dar y recibir información una especial relevancia que se hace aún más evidente para con la difusión de asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan trascendencia para el interés general.
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-08-11

En principio, cuando una de las partes del pleito es una persona jurídica de existencia necesaria, en el caso el Estado Provincial, no es razonable que puede verse afectada la ecuanimidad del juzgador, finalidad esencial de la normativa invocada. En el caso debe hacerse excepción a dicho principio, en virtud de las propias expresiones del juzgador en el sentido que no podrá actuar con la ecuanimidad referida; motivos éstos, referidos a la apreciación subjetiva del Juez, que no requiere otra prueba que su vocación y encuadre en las normas contenidas en los art. 17 inc. 10 y 30 del C.P.C. y C. (Dra. Catella: Según su voto).
Expropiación, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, competencia civil, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE BUENOS AIRES. c/ MARIA LUISA AUBERT ARNAULD (SUS SUCESORES) Y OTRO. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

La limitación del último párrafo del art. 21 de la ley 21.499,que desplaza a la justicia nacional en lo civil el conocimiento de los juicios de expropiación en que sea parte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, está evidentemente informada por el carácter local del ente público y no por la naturaleza del instituto de la expropiación.
Prueba, relación de dependencia, recibo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera, Amadeo Raúl c/ Diego, Jesús Fabián y otros s/ despido, rubros adeudados, certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-14

La ausencia de objeciones durante el tiempo de vigencia de la relación laboral, aceptando los contenidos esenciales asentados en los recibos de haberes obliga a una mayor exigencia probatoria, es decir, a una especial severidad en la valoración de los elementos de juicio contrarios a los contenidos que figuran en los mismos.
Quiebra, autorización para viajar
Materia: COMERCIAL
Carátula: PORCELANAS LOZADUR SAIC s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

Si el ex-directivo integro el "comite ejecutivo", que tuvo a su cargo funciones de administración de la sociedad fallida -aún cuando hubiera renunciado antes del decreto de quiebra- ello no impide ser alcanzado por la prohibición de ausentarse del país, por ser uno de los efectos personales que produce la quiebra y que involucra al fallido y sus administradores, efecto que cesa con la rehabilitación.
Ética profesional, tribunal de disciplina, archivo del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ Presunta Inconducta Profesional por denuncia de particular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-27

El Tribunal de Conducta tiene competencia para evaluar la conducta de los colegiados que transgreden normas disciplinarias, y para que se configure una infracción ética debe existir una conducta lesiva por parte del profesional en perjuicio del cliente, lo que no surge en el caso, pues la pretensión del denunciante se ha logrado en audiencia, alcanzando el objetivo propuesto y por otro lado, el letrado no puso reparo alguno en hacer saber qué era lo que firmó su cliente y hacer entrega de dicha documentación, correspondiendo por lo tanto el archivo de las actuaciones.
Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-13


///nos Aires, 13 de junio de 2013.

AUTOS Y VISTOS:

Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por las defensas de Patricio Rogelio Santos Fontanet, Christian Eleazar Torrejón y Daniel Horacio Cardell.

Y CONSIDERANDO:

Tal como lo apunta el señor Fiscal General en su dictamen de fs. 155/8, es de recordar que si bien es de competencia exclusiva de nuestro más Alto Tribunal juzgar sobre la existencia o no de arbitrariedad, corresponde a los demás órganos judiciales resolver si la apelación federal "prima facie" valorada, cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de carácter excepcional.

En ese orden de ideas, cabe poner de manifiesto que la presentación del apelante no puede prosperar toda vez que el auto en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa debiéndose puntualizar que la doctrina de la arbitrariedad, por su carácter excepcional, no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas según la mera apreciación de los recurrentes (Fallos: 215:199; 310:1014 y 2122; 290:95; 295:356; 295:658, entre otros).

Por lo demás, tampoco se observa que las defensas hubieran demostrado con éxito la concurrencia de una cuestión federal que habilite la intervención del Alto Tribunal; sumado a que la invocación por el impugnante de una cuestión de gravedad institucional, carece del fundamento que, inequívocamente, evidencie que aquélla se ha producido (CSJN Fallos: 308:1230; 303:1624; 303:1988; 305:1582; 305:953; 306:1074; 307:919; 307:770; 307:973, 329:1787, entre otros).

Es por ello que, tal como lo propiciara el Sr. Fiscal General, el Tribunal RESUELVE:

NO HACER LUGAR al recurso extraordinario deducido por las defensas de Patricio Rogelio Santos Fontanet, Christian Eleazar Torrejón y Daniel Horacio Cardell, con costas (artículos 257 del CPCCN y 530 y 531 del CPPN).

Regístrese, hágase saber, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y remítase al Tribunal de origen, que deberá notificar a los mencionados lo aquí resuelto.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.
Competencia federal, recomposición del daño ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Telefónica S.A. s/ Reclamo contra actos de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

Corresponde a la jurisdicción federal (conf. Art. 116, C.N.) entender en la acción de prevención y recomposición del daño ambiental (art. 36, ley 11.723) promovida por una organización no gubernamental contra la empresa de telefonía.(doctora Kogan, sin disidencia)
Aplicación de la ley, prueba, contrabando de estupefacientes
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Collahua Romucho, Luis Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

El voto concurrente señaló que surge de una interpretación armónica, integral y coherente del régimen normativo aplicable al narcotráfico -art. 30, in fine, ley 23.737- que la legislación vigente permite y procura la posibilidad de decomisar incluso bienes que pertenece a terceros no imputados por los delitos previstos en la citada norma, cuando estos bienes hayan sido empleados para cometer el empleo ilícito, o hayan resultado del beneficio económico obtenido del delito, con la condición de que las circunstancias del caso o los elementos objetivos acreditaren que había conocido su uso u origen ilícito y que el acondicionamiento practicado en el vehículo en donde se ocultó la sustancia estupefaciente, lo que a su criterio demostraba que la empresa titular del bien incautado o algún responsable del manipuleo y custodia de los vehículos, no podía desconocer la alteración estructural que presentaba el colectivo y el fin ilícito que se le estaba dando al rodado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: GARROTE, JOSE M. c/ EMPRESA HUAYQUI SA. DE CONSTRUCCIONES s/ SUMARIO S/CASACION MARINI, SERGIO G. c/ UCA SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY VILLABLANCA ALBERTO c/ VALVERDE JOSE s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-05-31|1993-12-01|1994-02-21

Si alguno de los elementos previstos en la Acordada Nro 9 de este Superior Tribunal del 1-2-84 (monto base, coeficientes utilizados, normas legales aplicadas y todo otro dato para recomponer y controlar la decisión del juzgador al regular honorarios) considerados indispensables por aquel, falta, y la omisión le es imputable al sentenciante, son las partes mismas las que deben requerir, por la vía de la aclaratoria, una decisión expresa de aquél. Ello, por cuanto la casación, en tanto instancia de legalidad, no tiene por finalidad establecer originariamente circunstancias fácticas -en el caso monto base lo es- sino verificar el ajuste jurídico del fallo en función de parámetros fácticos ya prefijados.-
Proceso penal, sentencia absolutoria, jueces, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: U., A. s/ Homicidio culposo (Expte Nº  255-00, Resolución Nº  22, Tomo 7, Folio  323)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Más allá de la discusión que se trabó en su momento respecto a la procedencia de la indemnización sólo en caso de condena, habida cuenta de lo establecido en el artículo 29 del Código Penal, atendiendo a la expresa previsión del artículo 17 de nuestro ordenamiento procesal penal que manda resolver la cuestión civil aún cuando hubiera mediado absolución penal, me considero habilitado legalmente para el tratamiento de la cuestión propuesta. Sin embargo, aunque procesalmente estemos habilitados para decidir sobre la cuestión civil, por imperio de lo normado por el Código Civil nos enfrentamos con una situación imposible de modificar. Es que aludiendo el artículo 1103 del Código Civil a que en la situación de que trata no puede discutirse "la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución", resulta que en el presente caso el "hecho principal" fue definido estableciéndose jurisdiccionalmente que no había culpa de la imputada porque había culpa exclusiva de la víctima y esto, así como nos impide en el tratamiento del aspecto civil de la cuestión llegar a una consideración distinta sobre quien fuera imputada afirmando que sí hubo culpa suya en la causación del hecho para atribuirle responsabilidad civil a título de culpa, inesperadamente también nos impide asignarle una responsabilidad objetiva por la cosa o vicio de la cosa como la tratada por el artículo 1113 del Código Civil. La situación expuesta es consecuencia de que en el tratamiento del problema penal de la culpa, la señora jueza de primera instancia ligó en forma inescindible la conducta cumplida por la entonces imputada y por la supuesta víctima , en modo tal que la razón de exculpación de la primera se encontró en la atribución de culpa a la segunda, con lo que, al momento de asumir una eventual responsabilización a tenor de lo preceptuado en el ya citado artículo 1113 del Código Civil, nos encontramos con que por una sentencia penal inmodificable resulta establecida la exclusiva culpa de la víctima, hipótesis que exime de responsabilidad al dueño de la cosa en las dos hipótesis tratadas por el artículo 1113 de marras. De conformidad a lo hasta aquí expuesto, resulta que aplicando lo establecido por los artículos 1103 y 1113 del Código Civil, no es posible asignar culpa en la causación del daño a la demandada, es forzoso aceptar que el daño fue consecuencia de la culpa de la víctima, de lo que se deriva que la demandada, como dueña de la cosa con que se produjo ese daño, queda eximida de la responsabilidad civil tratada en los dos supuestos del artículo 1113 del Código Civil.
Contratos administrativos, resolución del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Abbot Laboratorios Argentina S.R.L c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1979-09-11

Resuelto el contrato de suministro celebrado en los términos del dec. 3300/72 y resultando aplicable la sanción de pérdida de la garantía y responsabilidad por los mayores costos que resulten de una nueva contratación con un tercero, el plazo de 30 días para que la administración decida ese nuevo contrato debe computarse desde que queda firme el acto administrativo que dispone la resolución del contrato originario, pues de lo contrario podría darse el supuesto que la adquisición de los productos a un tercero sea realizada cuando aún la primera relación contractual permanece vigente, razón por la cual no puede imputarse responsabilidad a la administración por los mayores costos resultantes del tiempo transcurrido entre la resolución del contrato y la celebración de uno nuevo.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Juan de la Cruz y otros c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

La ilegitimidad que da lugar, en su sentido propio, al llamado "error judicial", aparece cuando el acto judicial dictado por el magistrado en ejercicio de su potestad juzgadora, resulta objetivamente contrario a los hechos comprobados en la causa, al derecho y a la equidad; o si se quiere, cuando entre la confrontación de la solución dada y la que corresponde de acuerdo a la apreciación de la prueba y la ponderación de las normas especialmente aplicables, resulta evidente, manifiesto e inopinable, la existencia de la equivocación productora de un daño cierto (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Entidades financieras, depósito a plazo fijo, estados contables, falta de registro de las operaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Posse, Nelly c/ B.C.R.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

La falta de registraciones contables de las operaciones y la situación irregular de la entidad financiera depositaria constituyen circunstancias que tornan a los depósitos, desde un punto de vista objetivo, dudosos, lo que hace necesario una prueba de los hechos invocados por los presuntos titulares del crédito, destruyendo la razonable duda creada por aquella omisión que impedía, en principio, al Banco Central, dar cumplimiento, con la obligación impuesta en el artículo 56 de la Ley 21.526.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA HECTOR GABRIEL c/ LABRIOLA VICTOR JUAN Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-18

En relación al lucro cesante, este Tribunal tiene dicho que, al igual que cualquier otro daño, no puede ser hipotético o conjetural, razón por la cual es exigible su acreditación mediante prueba directa y propia, en base a la cual pueda establecerse cuál es la actividad desplegada y su trascendencia económica, para poder así establecer las ganancias dejadas de percibir a consecuencia del accidente.