Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-23


SENT Nro. 814 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 23 de OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida- y Enrique José Guibert -por excusación del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana y subsistir la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por las partes actora y demandada, respectivamente en autos: "Gianserra, Marino Alejandro vs. Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Nulidad de resolución".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur, Alfredo Carlos Dato, Alberto José Brito y Enrique José Guibert, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 378/385 y 370/377 de autos, las partes actora y demandada, respectivamente, plantean sendos recursos de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 5 de julio de 2002, obrante a fs. 360/362 vta., que son concedidos mediante resoluciones del referido tribunal del 17 de octubre de 2002 (cfr. fs. 413/414 y vta.), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos de casación incoados, corresponde entrar a su tratamiento.

Así, han sido deducidos en término, conforme surge de lo actuado a fs. 363 vta. y 364 vta. y de los cargos actuariales insertos a fs. 377 y 385, respectivamente; el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos de los artículos 813, inciso a y 814 (a contrario) del CPCC, habiendo la parte demandada dado cumplimiento con el depósito que marca la ley del rito (cfr. fs. 369), no correspondiendo hacer lo propio al actor en razón de que actúa con el beneficio de litigar sin gastos conferido por Resolución Nº 308, del 11-8-98 (cfr. fs. 271 y vta.).

No obstante ello, considero que el recurso del accionante resulta totalmente inadmisible, al igual que ciertos agravios formulados por la demandada, conforme lo paso a desarrollar a continuación.

En efecto; en lo que se refiere al daño patrimonial, manifiesta la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que la falta de pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la improcedencia de que las sumas no percibidas a raíz de la actividad ilegítima del estado no puedan constituir un parámetro de reparación pecuniaria del daño, no significa que implícitamente hubiera avalado tal temperamento, por lo que no pudo ser éste el fundamento de lo decidido.

Puntualiza que al adoptar como pauta los ingresos mensuales y habituales correspondientes al cargo de Secretario del H. Concejo Deliberante y el tiempo transcurrido desde la cesantía en sede administrativa, se prescinde de la circunstancia que el actor no gozaba de estabilidad en el cargo, es decir, que su permanencia en el mismo no estaba asegurada, en la medida que podía ser removido en cualquier momento, de modo que deviene arbitraria por excesiva la indemnización fijada, al haberse tenido en cuenta para su determinación una mera expectativa o chance de permanecer en el cargo.

Destaca también, luego de transcribir los artículos 22 y 23 de la Ordenanza 895/68, que si el demandante hubiese gozado de estabilidad en el cargo, de acuerdo a las previsiones de las mencionadas normas, le hubiera correspondido una indemnización equivalente a un sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, suma ésta notoriamente inferior a la fijada en la sentencia recurrida ($150.000); de allí entonces que no pueda justificarse que por un derecho precario como el que tenía el accionante al carecer de estabilidad, se le reconozca una indemnización superior a la que deriva de la titularidad de un derecho adquirido y garantizado por el ordenamiento jurídico.

En orden al tema del daño moral, se agravia de que se hubiera fijado la indemnización en $45.000, sin indicarse ni fundamentarse los parámetros tenidos en cuenta a tal fin, como por ejemplo, la situación económica, social, familiar y laboral de Marino Gianserra, su edad, expectativas de vida y de continuar en el cargo, grado de lesión, etc, de lo que resulta una evidente falta de motivación que transgrede lo preceptuado en el artículo 28 de la Constitución de la provincia. Agrega además, que la existencia de un padecimiento psíquico o físico que habilite el resarcimiento del daño moral debió ser establecida por profesionales idóneos en la materia y no por declaraciones testimoniales, y que la resolución por la que se dispone su cesantía no contiene sanción alguna ni imputación de hechos ni apreciaciones ofensivas, refiriéndose únicamente a conceptos ya fijados en las normas aplicables que el accionante conocía y bajo cuyo régimen asumió el cargo, sabiendo que del mismo podía ser removido en cualquier momento por decisión del H. Concejo Deliberante.

La parte actora, a su turno, se agravia de las sumas establecidas por la sentencia en concepto de daño material y moral, respectivamente.

En esta dirección alega, con relación al primero, que el tribunal dijo que nada obstaba al empleo de las sumas no percibidas en razón de la actividad ilegítima del estado como parámetro de determinación de la reparación pecuniaria del daño; sin embargo, llegado el momento de fijar la indemnización por el rubro daños y perjuicios, se apartó del parámetro que con anterioridad había adoptado.

Acompaña a su escrito casatorio la planilla de fs. 378/380, y señala que conforme al recibo de sueldo glosado a fs. 48 emanado del propio Concejo Deliberante y validado por el informe del Director de Administración del cuerpo corriente a fs. 204, en el período que va desde la cesantía a la fecha de la sentencia, los montos históricos que su parte dejó de percibir ascienden a la suma de $324.881,85; añade que, si el parámetro que receptó la Sala para fijar la indemnización fueron los haberes que se dejaron de percibir, no se advierte la razón por la que el monto determinado representa apenas el 46% de los importes que no cobro en el mencionado período.

Arguye que si a aquel valor se le agregan los intereses, calculados según tasa pasiva de referencia del BCRA, el importe de los haberes no cobrados se incrementa en $291.543, de tal suerte que la suma determinada en la sentencia ($150.000) representa apenas el 23% del total de los salarios caídos.

Por todo ello estima que la indemnización fijada se aparta en forma notoria del parámetro de cálculo adoptado, por lo que la Excma. Cámara debió explicar el porqué de ese inexplicable cambio de rumbo. Es que si para determinar el monto se recurrió a otros parámetros adicionales, era deber del órgano jurisdiccional señalarlos, explicando la incidencia de esos otros no expresados criterios. Por tales motivos, tacha al fallo de arbitrario por carecer de adecuada fundamentación, incurriendo en una insalvable autocontradicción.

Cita jurisprudencia e indica que prescindir de pruebas esenciales, renunciar a la verdad, efectuar valoraciones parciales y esquemáticas de las pruebas, y fundar las sentencias en forma aparente o mediante fórmulas dogmáticas, son distintos modos de arbitrariedad, siendo que al fallar el juzgador hizo caso omiso de los elementos de convicción obrantes en la causa (recibos de sueldos y el informe del Director de Administración del H. Concejo Deliberante), estableciendo una indemnización confiscatoria y ajena a sus constancias.

En lo vinculado al daño moral, apunta que la sentencia reconoció la existencia de una grave afectación a su honor y psiquis, haciendo mérito de las declaraciones de los testigos Ríos y París, y que por razones meramente formales -por el modo de ofrecimiento de la prueba-, no se admitió como tal el certificado e historia clínica confeccionados por el Psicólogo Salvador Liberti.

Afirma que del mentado cuadro probatorio se sigue que la cesantía ilegítima destruyó su vida: perdió el trabajo, familia y honra, su esposa lo abandonó, sus hijos no lo respetan ni valoran, no consiguió trabajo en nueve años, vive prácticamente de la caridad pública, y que antes de ello era un dirigente político acreditado y prestigioso, que pertenecía a la conducción del partido radical.

Y concluye expresando que a la luz de estos antecedentes, la indemnización establecida luce irrisoria y miserable, preguntándose si una vida destruida puede valer $45.000.

Ahora bien; en cuanto a los cuestionamientos vinculados al daño patrimonial, cabe poner de resalto, preliminarmente, que de la lectura sistemática de las consideraciones exteriorizadas por el fallo, se colige que el criterio dirimente adoptado para su determinación giró en torno a las sumas dejadas de percibir por el actor, sin receptar en ningún momento como daño a resarcir en definitiva en la presente causa, a la totalidad de los salarios caídos entre el acto de cesantía ilegítimo y la fecha de la sentencia. Ello surge claro de la lectura integrada de la referencia a la proscripción de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación del reconocimiento de salarios caídos por funciones no desempeñadas; de la consideración, a renglón seguido, de que tal doctrina no obstaba a que aquéllos constituyeran el "parámetro" para la determinación del daño (consideración ésta que, por lo demás, no se presenta absurda ni irrazonable a la luz de lo resuelto por el tribunal, desde que no existió impedimento legal a que la suma dineraria así concebida reflejara el perjuicio irrogado en la convicción del órgano judicial), y de su cuantificación definitiva en una cantidad que no se identifica con la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el mencionado concepto, lo que no significa que no se hubiera tenido en cuenta el sueldo del actor y el informe del Director de Administración del H. Concejo Deliberante , sino todo lo contrario, conforme se desprende expresamente de fs. 362 y vta.

Siendo ello así, entonces, mal puede agraviarse el demandante aduciendo que el tribunal incurrió en "...un inexplicable cambio de rumbo" que debió explicar, o "...en una insalvable autocontradicción", o que hubiera recurrido a "otros parámetros adicionales" a los salarios caídos para la fijación del monto del daño, toda vez que nunca adoptó un criterio que luego fuera dejado de lado inmotivadamente, como lo insinúa el impugnante, porque jamás dijo que la cuantía de la reparación consistiera en la totalidad de los salarios caídos circunscribiéndose, por el contrario, a considerar a aquéllos como un "parámetro" que constituía solamente el marco de referencia dentro del cual la Excma. Cámara, en ejercicio de facultades propias, debía fijar una suma prudencial en concepto de indemnización.

En suma, en el sub lite, el "rumbo", "parámetro" o criterio para cuantificar el daño material siempre fue único, y nunca se lo identificó con la "totalidad" de las sumas no percibidas en razón de la actividad ilegítima del estado, sino con la fijación de una suma prudencial obtenida a partir de aquella totalidad la que, en el caso, se fijó en la cantidad $150.000, sin que se aprecie que la misma sea manifiestamente arbitraria y sin que el recurrente hubiera aportado razones -que no sea la vinculada al importe total de los haberes dejados de percibir por el actor entre su baja y la fecha de la sentencia cuyo pago indiscriminado, a todas luces, no corresponde,- para evidenciar la presencia manifiesta del aludido vicio, todo lo cual viene a demostrar la insuficiencia del agravio en un tópico eminentemente fáctico librado al juicio prudencial del sentenciante y ajeno por principio a la vía extraordinaria local; mucho más aún, si se tiene en cuenta que el actor, tal como lo precisó el fallo Nº 186, del 22-3-2001, de esta Corte (cfr. fs. 336 vta.) y lo reprodujo el pronunciamiento ahora recurrido (cfr. fs. 361), carecía de estabilidad en el cargo.

Esta última circunstancia fue especialmente destacada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con el objeto de impugnar el monto de la indemnización fijada en concepto de daño material, sin advertir que la ausencia de estabilidad carece de entidad para tornar no indemnizable el referido daño, influyendo solamente en lo que concierne a su cuantía, lo que aleja toda posibilidad de fundar en aquella circunstancia la arbitrariedad que se imputa a la sentencia.

Lo mismo acontece con el argumento concebido por la accionada a partir de las previsiones del artículo 22 de la Ordenanza Nro. 895/68, desde el momento que de lo que aquí se trata no es de la extinción de la relación por razones de interés público, sino de una cesantía ilegítima, al haberse violentado el ordenamiento jurídico aplicable, por las razones expuestas en la sentencia Nro. 186, del 22-3-2001(cfr. fs. 338 y vta.). Asimismo, la situación aprehendida en el artículo 23 es distinta a la de marras, según se infiere de su texto, por lo que la ejemplificación a partir de ella no es adecuada, sin perjuicio de que en ningún caso la extinción ilegítima del vínculo, que cristaliza en un acto nulo de nulidad absoluta, puede dejar de generar el derecho del afectado a ser reincorporado y resarcido patrimonialmente conforme al daño efectivamente sufrido, y sin que tampoco constituya obstáculo a tal conclusión, el mentado artículo 23.

En lo que respecta al daño moral, y en especial en lo referente a la circunstancia que el municipio controvierte la decisión sentencial de tenerlo por acreditado en los términos de fs. 361 vta., interesa poner de relieve que es doctrina legal de esta Corte Suprema de Justicia que la casación no es una tercera instancia ordinaria, susceptible de provocar un nuevo examen de los hechos y las pruebas, cuya valoración incumbe definitivamente a los tribunales de grado; no tiene por función revisar el acierto o error de las decisiones de estos tribunales vinculadas al material histórico del proceso, sino que se erige en una instancia extraordinaria tendiente a corregir errores de derecho, limitándose a confrontar la aplicación correcta del mismo a los hechos definitivamente juzgados en la instancia inferior. La revisión del juicio valorativo de las pruebas de la causa efectuado por la Cámara, es extraña a la casación, cuya exclusiva finalidad es asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado a través de su control de legalidad. La admisibilidad de este recurso con relación a las cuestiones de hecho, exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable, o un grave atentado contra las leyes del raciocinio, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo (sentencias Nº 304, del 7-9-92; 219, del 3-4-96; Nro. 19, del 13-2-97; Nro. 65, del 25-2-97; Nro. 72 del 26-2-97; Nro. 85, del 7-3-97; Nro. 90, del 12-3-97; Nro. 519, del 8-7-97; Nro. 248, del 25-4-97, entre muchas más). También se ha dicho que es cuestión de hecho, no revisable en la instancia extraordinaria local, la apreciación, e n el caso concreto, de la existencia del daño moral, salvo el supuesto de absurdo o arbitrariedad (cfr. sentencias Nro. 262, del 2-5-97; Nro. 399, del 28-5-2001, entre muchas otras).

A mi modo de ver este último supuesto no tiene cabida en el sub examine, debido a que no aparece como manifiestamente arbitrario haber considerado acreditado el daño con los testimonios de fs. 209 y vta., que como bien se lo destaca en la sentencia recurrida, no fueron tachados por el municipio recurrente, por lo que lo expresado por éste sobre el punto no pasa de ser una mera discrepancia con la fuerza de convicción asignada a esta prueba, invistiendo también la misma condición, las aseveraciones de la recurrente contenidas a fs. 375 vta., último párrafo, de autos, más allá de que la remoción se produjo violando el "régimen legal bajo el cual el actor asumió el cargo".

De igual forma, tampoco debe perderse de vista que la cuantificación del daño moral constituye una cuestión de hecho librada al juicio del tribunal de mérito, en tanto la indemnización correspondiente se determina conforme a los presupuestos fácticos del litigio, por lo que este tema, en principio, resulta ajeno al recurso de casación, salvo el supuesto de manifiesta arbitrariedad o absurdo (CSJP: sentencias Nº 164, del 13-3-98; Nº 85, del 7-3-97, entre otras). Esta última situación no concurre en la especie.

Es que sobre el particular, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se ha limitado a aseverar que no se han precisado ni motivado las pautas tenidas en cuenta para su determinación en la suma de $45.000, sin proporcionar elementos que permitan patentizar que dicho monto resulta manifiestamente irrazonable en las peculiares circunstancias de la causa, a lo que cabe agregar que la cuantificación efectuada por el tribunal en el importe indicado, después de remitirse a los aludidos testimonios, no se presenta manifiestamente absurda ni irracional, atento a las constancias de autos.

Lo propio se puede sostener con relación a los agravios del demandante sobre el particular, ya que el mismo pretende se incremente el monto fijado -el que, según se vio, no resulta manifiestamente arbitrario-, invocando una serie de situaciones -como la pérdida de respeto por parte de sus hijos, que su esposa lo abandonó, que no consiguió trabajo en nueve años, que vive de la caridad pública o su condición de dirigente político acreditado y prestigioso perteneciente a los cuadros de conducción del partido radical- que no han sido adecuada y suficientemente acreditadas en autos, y mucho menos que la cesantía ilegítima tuviera la incidencia causativa que se pretende con relación a las mismas, en orden al aumento de la cuantía de la indemnización reconocida en el fallo por este concepto.

Por lo tanto, partiendo de la premisa que la fijación del monto de la reparación constituye una cuestión de hecho y se encuentra librada al prudente arbitrio del tribunal de grado, cabe concluir que no se advierte que dicha facultad hubiera sido ejercida con arbitrariedad en los presentes actuados, en la medida que la cantidad determinada, atendiendo a las constancias de autos, no traduce una desproporción grave, manifiesta o grosera, hasta el punto de convertir la sentencia en absurda o irrazonable, por lo que la simple discrepancia con su importe escapa a su revisión por la vía intentada.

Por lo considerado, corresponde declarar inadmisible, y en consecuencia mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 5 de julio de 2002, obrante a fs. 360/362 vta.. Lo mismo cabe predicar de los agravios formulados contra igual acto jurisdiccional por la parte demandada, que fueran precedentemente considerados, por las razones desarrolladas con anterioridad.

III.- En lo que se refiere a los restantes agravios esgrimidos por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán -que resultan admisibles-, corresponde realizar las siguientes consideraciones.

En efecto; sostiene la recurrente, luego de transcribir parte del voto minoritario de la sentencia Nº 46/2001, que la misma no resulta aplicable en el presente caso porque las razones allí expuestas parten de la existencia en cabeza del actor de la garantía de la estabilidad, con la que no cuenta en el sub iudice este último. Por tal motivo, dice, devienen arbitrarias e infundadas las expresiones de la Cámara contenidas en el punto II, primer párrafo de los considerandos, que proponen una decisión favorable a la luz de los argumentos vertidos por este Tribunal en la precitada sentencia.

En este orden de ideas, señala que de los fundamentos expresados y de la lectura de la sentencia atacada se desprende que se considera al demandante como titular de un cargo y función alcanzados por la garantía de la estabilidad no obstante que más adelante, contradictoriamente, afirma que se encuentra expresamente excluido de aquella garantía, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso c del artículo 2º de la Ordenanza Nº 895/68. Lo dicho, a su juicio, avalaría la desproporción, arbitrariedad y falta de motivación de la indemnización reconocida al actor, al sustentarse en un criterio jurisprudencial concebido para un caso diferente.

Aduce que la sentencia impugnada consagra una doble condena o condena desproporcionada, puesto que ordena la restitución del actor al cargo, más el pago de una indemnización y daño moral. A continuación, insiste en la condición y características del cargo de Secretario del H. Concejo Deliberante, y transcribe parte de un trabajo doctrinario todo lo cual, en su opinión, demostraría la ilegítima superposición o doble imposición de condenas, ya que una debe excluir a la otra.

Por último, se agravia del acto jurisdiccional en cuanto dispone la reincorporación del actor en el mismo cargo y funciones que desempeñaba al momento de su ilegítima cesantía. Añade que es de público conocimiento que el H. Concejo Deliberante cuenta actualmente con un Secretario, y acompaña al escrito casatorio copias certificadas de su designación y desempeño actual, y que el cargo es uno solo. En mérito a ello peticiona que, para el hipotético caso que se ordene la reincorporación del demandante, se disponga que lo sea en el mencionado cargo, pero dejando prevista la posibilidad que, si el mismo se encontrara cubierto, lo sea en otro similar.

Entrando a la procedencia de estos agravios, juzgo que no resulta acertada la crítica de la recurrente de estimar inaplicables en la presente causa las consideraciones realizadas por este Tribunal en la sentencia Nº 46, del 20-02-2001, a las que refiere la Sala a quo en el pronunciamiento en crisis.

A tal fin, conviene tener presente lo expuesto por esta última sobre el particular: "Pasando al análisis de las pretensiones sucesivas de reincorporación del actor en el cargo que detentaba con anterioridad al dictado de la Resolución de fecha 05-11-92 en los cuadros de dicho ente autárquico, como asimismo, de la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios patrimoniales articulada en la demanda, propongo una decisión favorable respecto de las mismas en razón de la ilegitimidad de los actos ponderados en el punto precedente y a la luz de los argumentos vertidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia en los autos 'Padilla, Gonzalo vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso Administrativo' (sentencia nº 46, del 20/02/01)" (cfr. fs. 360 vta./361).

Después de recordar pasajes del mencionado fallo de esta Corte, adujo que, "En la especie, el actor no tiene derecho a la estabilidad por encontrarse excluido expresamente de esa garantía (art. 2º inc. 'C', Ordenanza nº 895/68), por lo que el derecho a su reincorporación no le nace de la conculcación de la misma, sino porque su separación se consideró ilegítima por las causales que señaló la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, al removerse el acto separativo por ser nulo, es como si éste nunca existió, siendo lógica consecuencia su reincorporación" (cfr. fs. 361).

De lo que antecede se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la sentencia en ningún momento estimó que el actor se encontraba alcanzado por la garantía de estabilidad en el cargo, sino todo lo contrario; así lo expresó clara y contundentemente en la parte pertinente de la aludida transcripción, careciendo de todo sentido la pretensión de colegir lo contrario del hecho que se remitiera a ciertas consideraciones de la sentencia Nº 46, del 20-02-2001 de esta Corte. Es que, reitero, según se lo exteriorizara terminantemente y sin la menor duda en los considerandos, tal remisión lo fue al solo y único objeto de dejar perfectamente establecido que una cesantía ilegítima hacía nacer a favor de quien la sufría, no solamente el derecho a ser restituido en el cargo, sino también el de ser adecuadamente indemnizado, siendo ostensiblemente desacertado inferir de ello que se hubiera tenido al actor como titular de aquella garantía constitucional. De allí entonces que corresponda desestimar la contradicción que se atribuye al acto jurisdiccional en el tema.

En segundo término, tampoco la agraviada aportó ningún argumento válido para desvirtuar la conclusión sentada por este Tribunal en el citado fallo -que fuera reproducida por el a quo-, en el sentido que, con motivo de la cesantía ilegítima, nace a favor del damnificado un derecho subjetivo, entendido como la facultad reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir de las demás personas un determinado comportamiento, el que no se satisface únicamente con la restitución in natura en la situación o relación jurídica ilegítimamente conculcada, sino que requiere, además, la indemnización de todos los daños y perjuicios que aquel comportamiento antijurídico hubiera irrogado, por aplicación del principio que preside la responsabilidad civil de que todo aquél que por su culpa haya causado un daño debe repararlo.

Tal conclusión deviene inobjetable toda vez que, según lo destaca acertadamente la sentencia en recurso, al demandante en autos no le viene el derecho a ser indemnizado de la conculcación a la estabilidad -que no posee-, sino del carácter ilegítimo de la cesantía del actor que se traduce en un acto nulo, como fuera declarado expresa y categóricamente en las sentencias Nº 186, del 22-3-2001, de esta Corte (cfr. fs. 338 y vta.) y en la que es ahora objeto de impugnación (cfr. fs. 360 vta. y 361).

En esta línea de razonamiento, es del caso señalar que la doctrina está conteste en sostener, en punto a los efectos del acto nulo, que la nulidad, una vez declarada, actúa retroactivamente, produciendo sus efectos a la fecha del acto anulado, por cuanto se considera que este último nunca existió jurídicamente, es decir, que la invalidación vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes del dictado del acto que se nulifica (cfr. Marienhoff, Miguel S.: "Tratado de Derecho Administrativo", T. II, pág. 549; Cassagne, Juan Carlos: "Derecho Administrativo", T.II. pág. 214; Gordillo, Agustín A.; "Tratado de Derecho Administrativo", T. III, págs. XI-16 y XI-34; Hutchinson, Tomás: "Ley nacional de procedimientos administrativos", T.1, pág. 304).

Del mismo modo, se ha dicho que "Frente a un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta e insanable, corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 1050 del cód. civil, habida cuenta que no existe un precepto de derecho público que específicamente fije una consecuencia distinta y en la medida que las reglas de los arts. 1037 y sigtes. del cód. civil acerca de las nulidades de los actos jurídicos, si bien han no sido establecidas para aplicarlas al derecho administrativo sino al derecho privado, nada obsta para que representando aquellas una construcción basada en la justicia, su aplicación se extienda al derecho administrativo, cuyas normas y soluciones también tienden a realizar aquélla, con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última disciplina" (CNCont. Adm. Fed., Sala II, octubre 2-1980-ED-92-242).

Finalmente, la cita doctrinaria de un trabajo sobre la estabilidad del agente público también resulta desacertada e inaplicable en el sub lite, puesto que aquélla refleja la concepción del más Alto Tribunal de la Nación acerca de la naturaleza de la estabilidad consagrada en el artículo 14 de la Constitución nacional, cuando de lo que se trata en la causa no es de la violación de esta garantía (la que, por lo demás, en la doctrina de este Tribunal es absoluta), sino de un supuesto totalmente distinto en donde existe ilegitimidad en el comportamiento que da lugar a un acto nulo de nulidad absoluta, a raíz de la sanción irregular de una disposición normativa con relación a la situación de un sujeto que no posee estabilidad y que fuera dejado cesante por aplicación de la aludida norma.

Por lo antedicho, queda claro que la reincorporación ordenada por la sentencia cuenta con sustento legal, sin que constituya óbice a tal conclusión la circunstancia que trae a cuenta la recurrente el 08-8-2002, al presentar su recurso de casación, consistente en la designación de Néstor Angel Varela, el 14-11-2000, en el cargo de Secretario del H. Concejo Deliberante (cfr. fs. 365/368 y 376), y la posterior constatación que su nombramiento como Secretario de Gobierno del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, no implicó la renuncia al cargo sino la concesión de una licencia sin goce de haberes por parte del citado órgano colegiado mientras permanezca en ejercicio de sus nuevas funciones (cfr. fs. 402 y 411 y vta.).

Ello así por cuanto, de mantenerse a la fecha la situación de marras, esto es, ser de imposible cumplimiento la reincorporación ordenada, el mismo pronunciamiento ha previsto en su texto el camino a seguir en tal supuesto, al ordenar la reincorporación bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 583 del CPCC, resultando improcedente por tal motivo la petición formulada en el último párrafo del punto V-D, del escrito recursivo, a fs. 376. De allí que el interesado, en su caso, deberá adoptar oportunamente las medidas que estime pertinentes a tal fin.

Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar, con pérdida del depósito en la proporción de ley, en lo relativo a los agravios analizados ut supra, el recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 5 de julio de 2002, obrante a fs. 360/362 vta.; en tal sentido mi voto.

IV.- Las costas de esta instancia casatoria, por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas al actor, con relación al recurso de casación articulado por su parte, y a la demandada, en lo que respecta a la pretensión impugnativa por ella deducida, al resultar ambas partes vencidas en autos (artículos 106, primera parte, y 89 del CPA).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto del señor vocal preopinante doctor René Mario Goane, y me pronuncio por acoger el recurso de casación de la parte demandada, por los fundamentos que se exponen a continuación.

1.a).- La sentencia recurrida, dictada el 05/7/2002 por la Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (cfr. fs. 360/362 vta.) conforme a reenvío dispuesto por esta Corte en sentencia del 22/3/2001 (cfr. fs. 334/339 vta.), declaró nula la resolución del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que dispuso la cesantía del actor, a causa de la también declarada nula reforma del art. 32 del Reglamento Interno del año 1984 de ese Concejo. En consecuencia de la nulidad el Tribunal ordenó la reincorporación del actor al cargo de Secretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad demandada, y condenó al pago de la suma de $150.000 en concepto de indemnización de daño patrimonial, y $45.000 por resarcimiento por daño moral (cfr. fs. 362 y vta.).

1.b).- En su recurso de casación el demandado se agravia de que la sentencia llegó a una conclusión errada porque aplicó un criterio que corresponde a un caso diferente del presente -sent. C.S.J.T. del 20/02/2001 en "Padilla G. vs. Prov. de Tucumán"-, en el que el cargo tenía estabilidad, lo que no ocurre en este caso, como lo reconoció expresamente la sentencia. Destaca que el actor no gozaba de estabilidad, por lo que podía ser removido en cualquier momento. Manifiesta que la sentencia se contradijo, pues después de afirmar que el actor estaba excluido de la garantía de estabilidad conforme al art. 2 inc. c) de la Ordenanza 895/68, le otorgó una indemnización basada en salarios caídos, -a la que califica de desproporcionada, excesiva, arbitraria e infundada- como si se lo considerara titular de un cargo amparado con estabilidad. Se agravia de que se interpretara erradamente la jurisprudencia de la Corte de la Nación, que reiteradamente rechazó el pago de salarios por funciones no desempeñadas sin avalar la aplicación de parámetros para la reparación del daño consistentes en salarios. Señala que en este caso las pautas para la fijación de la indemnización fueron precisamente los salarios y el tiempo transcurrido desde la cesantía.

Señala la paradoja y el contraste que surgen de comparar que mientras al Secretario del Concejo se le concede una indemnización de $150.000 sin tener estabilidad, a un agente municipal con estabilidad declarado cesante por causas que no le sean imputables debería abonársele una indemnización equivalente a un mes de remuneración por años de servicio, conforme al art. 22 de la Ordenanza 895/68. De ello deduce que si el Secretario hubiera tenido estabilidad le habría correspondido una indemnización más reducida. Expresa que por ese motivo nunca podría justificarse una indemnización como la impuesta por la revocación de un derecho precario, muy superior a la que correspondería por un derecho adquirido y garantizado por el orden jurídico.

Se agravia de que la sentencia ordena una doble condena: a restituir al actor en el cargo, y el pago de indemnización y daño moral. Cita la doctrina de la Corte Nacional en "Tornesse Armando A." del 11/8/68 referida a que la estabilidad del agente público es impropia o relativa, y que el derecho queda satisfecho si la administración pública, al prescindir de personal le reconoce una indemnización suficiente.

Considera que la sentencia no fundamenta adecuadamente la indemnización por daño moral, porque se apoya sólo en una prueba testimonial. Enuncia una serie de circunstancias que debieron ponderarse para su determinación, y destaca que la cesantía no implicó sanción que debiera haber sido precedida de sumario, no contiene imputación de hechos que pudieran ocasionar desmedro de valores morales o espirituales, ni surgen de la cuestionada resolución conceptos ofensivos para el actor.

1.c).- Sintetizando los agravios propuestos, los mismos podrían resumirse en las siguientes cuestiones: 1) el agravio contra la condena a reincorporar; 2) la impugnación contra la indemnización por daños materiales, y 3) el cuestionamiento dirigido contra la indemnización por daño moral.

El recurso en relación a tales agravios cumple los requisitos de admisibilidad exigidos por los arts. 813, 815, y 816 CPCC siendo por lo tanto admisible, por lo que a continuación se analiza su procedencia.

2.- Corresponde hacer lugar al agravio que impugna la decisión que ordena reincorporar al actor, por las razones que a continuación se exponen.

El análisis de la naturaleza del cargo de Secretario del Concejo Deliberante lleva a concluir que el mismo carece de estabilidad. El Estatuto para el Personal Municipal aprobado por Ordenanza 895/68 establece en su art. 2 inc. c) que el Secretario del Honorable Concejo Deliberante está exceptuado de las disposiciones del Estatuto para el Personal Municipal, entre las cuales se encuentra reglada la garantía de estabilidad. El Reglamento Interno del Concejo Deliberante establece en su art. 32 que el Concejo "nombrará por mayoría y removerá por dos tercios de votos de los miembros en ejercicio, un secretario, el que deberá ser mayor de edad, quien prestará juramento de ley. Dependerá exclusivamente del H. Concejo e inmediatamente de su presidente".

Siendo tal la regulación del cargo de secretario del Concejo Deliberante, el mismo carece de estabilidad en tanto la remoción puede disponerse discrecionalmente, sin invocación de causa y en cualquier momento, porque el Reglamento no contiene ninguna norma que reconozca estabilidad a ese cargo, ni condiciones o causa legal para su remoción. Unicamente está reglada la forma de remoción, al exigir el art. 32 del Reglamento dos tercios de votos de miembros del Concejo en ejercicio. Se trata, en consecuencia, de un cargo desprovisto de estabilidad, sometido a un régimen jurídico especial independiente del régimen estatutario y escalafonario común de los restantes agentes municipales.

3.- Siendo nulo el acto de cesantía por el vicio formal generado al haberse trasgredido el ordenamiento jurídico administrativo en cuanto a la conformación de la voluntad del Concejo, -de lo cual el recurrente no se agravia-, la consecuencia jurídica de tal nulidad, en el caso a estudio no puede ser la reincorporación, y ello por lo siguiente.

Consta en autos que el Concejo designó un Secretario titular, como surge de las actuaciones agregadas a fs. 365, 366, y 400 a 413, por lo que el titular de ese Cuerpo manifestó que no puede designarse en titularidad a un nuevo Secretario en razón de que dicho cargo pertenece en titularidad al Dr. Néstor Angel Varela desde el 14/11/2000 (cfr. fs. 411 y 401). Se advierte de ello la imposibilidad fáctica y jurídica de reincorporar al actor en el cargo pretendido, habida cuenta de la manifestación de la Municipalidad demandada de que ha designado otra persona en el cargo (cfr. fs. 400 a 411). Tal circunstancia debe ser considerada por cuanto corresponde "hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados" (cfr. art. 40 segundo párrafo CPCC).

Resulta por ello arreglado a derecho, por ser de imposible cumplimiento la reincorporación, la fijación del resarcimiento de los daños que fueran consecuencia de ello, siguiendo las normas del Código Civil (art. 1056 y cc.). (cfr. C.S.J.T. en sent. del 04/9/1978 en "Falco, José R. vs. Municipalidad de S. M. de Tucumán s/ nulidad de acto administrativo"). En el caso, el derecho al resarcimiento se asienta en lo dispuesto en el art. 1056 Cód. Civil., así como en el principio genérico de que todo aquel que sufre un daño como consecuencia de un acto ilícito tiene derecho a la reparación del perjuicio (art. 1109 ib.).

Por lo expresado, corresponde casar parcialmente la sentencia recurrida en mérito a la siguiente doctrina legal: "Si la condena consistente en una obligación de hacer fuera de cumplimiento imposible, corresponde resarcir los daños y perjuicios que ello irrogase". Por ello, se deja sin efecto el punto II de la parte dispositiva de la sentencia recurrida del 05/7/2002 dictada por la Sala Ia. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (cfr. fs. 362). El resarcimiento que corresponde otorgar según lo expuesto, debe ser objeto de consideración conforme se expone a continuación.

4.- Corresponde hacer lugar a los agravios contra la decisión que condenó a pagar al actor la suma de $150.000 en concepto de indemnización de daño patrimonial por las siguientes razones.

La anulación de un acto de la Administración crea a favor del administrado una presunción "iuris tantum" favorable a la existencia de un perjuicio, pero no respecto de su medida. De ahí que el monto total de los sueldos dejados de percibir durante el lapso que duró la separación de las funciones, no debe reputarse "necesariamente" como la medida del daño sufrido que tal acto produce "per se". La reparación que en cada caso se reclame, debe hacerse sobre la base de la evaluación del perjuicio efectivamente sufrido, en tanto y en cuanto éste guarde con el acto que le dio origen una relación de causalidad adecuada.

La razón de ello es que el fundamento del derecho resarcitorio radica en que es preciso que exista efectivamente un nexo causal adecuado entre los perjuicios que se invocan y el acto administrativo impugnado. Ello así más allá del carácter objetivo de la responsabilidad estatal, y que en modo alguno implica que no resulte necesario probar la relación de causalidad jurídica entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se reclama. (cfr. C.S.N. en sent. del 24/8/1989 en "Maschio, William E. c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", LA LEY 1990-A, pág. 9-D.J. 1990-2, pág. 251). Por ello, la ilegitimidad del acto declarado nulo no juega de manera directa para calibrar la medida o extensión del daño, aspecto en el que entran a jugar otros factores ajenos que dependerán, en su caso, de lo alegado y probado por los sujetos de la relación jurídica.

La condena debe resarcir el daño causado, mas no constituirse en fuente de enriquecimiento para el acreedor, tal si como consecuencia del fallo su situación sería mejor que la que habría tenido de no mediar la cesantía ilegítima. No se trata de pagar servicios no prestados, sino de resarcir el daño ocasionado con el acto ilegítimo.

Por ello no corresponde -como regla- el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación. Asumida la conclusión de que la cesantía, aun la ilegítima, hace desaparecer el derecho al cobro de salarios, y que la indemnización debe resarcir el daño efectivamente causado por el proceder ilícito de la Administración, su cuantificación debe ajustarse a lo alegado y probado sobre la materia (cfr. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba Sala Civil y Comercial, 25/8/1998 en "Otero, M. y o. c. Municipalidad de Córdoba", publicado en La Ley 1998-F, p. 860).

5.- La fijación del resarcimiento debe efectuarse conforme a las circunstancias fácticas del caso y con arreglo a pautas de razonabilidad, con estricta observancia de las reglas fundamentales de la lógica y de la experiencia común, las que remiten a considerar las posibilidades del demandante de reconstruir su nivel de ingresos, sin que la reparación pecuniaria se constituya en fuente de enriquecimiento para el acreedor, de manera que como consecuencia del fallo su situación sea mejor que la que habría tenido de no mediar el acto viciado.

Si bien los argumentos esgrimidos por el tribunal a quo en orden a la cuestión que se analiza no son ajenos a la ley (máxime ante la ausencia de reglas uniformes que indiquen cuál es el parámetro que debe observarse a la hora de mensurar el daño en supuestos como el presente), no resultan suficientes por cuanto los jueces, a partir de las circunstancias fácticas del caso y con arreglo a pautas de razonabilidad, deben definir la existencia y quantum del resarcimiento, con estricta observancia de las reglas fundamentales de la lógica y de la experiencia común. Su inobservancia se traduce en ausencia de motivación legítima del acto decisorio y causa de su nulidad, cuando el vicio de razonamiento fuera determinante de lo resuelto y no existan otros fundamentos susceptibles de dar base legítima para justificarlo.

6.- Las reglas de experiencia imponen al juez la obligación de evaluar la prueba y los hechos de la causa conforme a las reglas de la sana crítica. Tales reglas, "aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, de los principios de la lógica y, por otro lado de las máximas de experiencia, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano". (cfr. Palacio -Alvarado Velloso: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t.8, p. 140). "La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida" (cfr. Couture en "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", p. 272, Nº 178). Es deber del juez "hacer uso de lo que su propia experiencia le indica, desde que sus conocimientos le devienen del hecho de vivir en sociedad y de poder apreciar los aconteceres que a diario le suceden y que en su reiteración aportan antecedentes de importancia" (jurisprudencia cit. por Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 4, p 488 y 499).

Frente a la falta de pruebas sobre el particular, e ignorando el juez qué hizo el actor para conseguir otro trabajo y cuál fue el resultado de ese empeño, no puede entenderse razonablemente que una persona con las condiciones y capacidad laboral que tenía el actor al tiempo de ser dado de baja, y tiempo de disposición para aplicarla a otra actividad productiva, no haya podido conseguir empleo alguno en el lapso de casi 10 años que transcurrieron entre el cese y la sentencia (cfr. similar criterio en sent. citada del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba).

La premisa consistente en la imposibilidad absoluta para trabajar durante el lapso de la cesantía, que está ínsita en la conclusión del fallo recurrido, resulta incompatible con la regla de experiencia que indica que toda persona que ponga un razonable empeño en desarrollar una actividad remunerada no pasa diez años sin lograr ingreso alguno. Obviamente una persona desocupada, aún ilegítimamente cesanteada, está obligada a comprometer un "razonable empeño" en desarrollar una actividad útil, sin que sea admisible el abandono de todo esfuerzo laboral a la espera de una indemnización. El daño emergente de esa culposa inactividad no tendría relación causal con la cesantía, lo que eximiría a la demandada de la obligación de indemnizarlo (art. 1111, Cód. Civil).

Por otra parte, en el caso debía ser objeto de consideración por ser elemento conducente para resolver la cuestión planteada, la circunstancia de que la cesantía, aún ilegítima, se produjo respecto de un cargo que no tiene estabilidad. Como se expuso en el considerando dos de la presente, el actor no podía albergar expectativa a permanecer en el cargo como si el mismo hubiera tenido garantía de estabilidad, ya que el Concejo, como se vio, tiene facultades discrecionales para remover el Secretario con la aprobación de los dos tercios de votos de miembros en ejercicio.

7.- En ese orden de ideas, no hay dudas que la decisión de la Cámara a quo de fijar el monto del daño patrimonial reclamado sobre la única base de los salarios no percibidos desde la cesantía hasta la fecha del pronunciamiento, no es sino el resultado de un razonamiento construido sobre pautas de excesiva latitud. La conclusión a que arriba la Cámara a quo para fijar la suma indemnizatoria ha sido obtenida sobre la base de una formulación genérica, e infringe el deber del juzgador de valorar las circunstancias fácticas particulares y de dar respuesta a planteos concretos de los litigantes con fundamentos idóneos.

Por tales motivos resulta carente de fundamentación la decisión que fijó el monto de la indemnización de daños materiales en la suma de $150.000 basándose en que "nada obsta al empleo de las sumas no percibidas en razón de actividad ilegítima del Estado como parámetro de determinación de la reparación pecuniaria del daño" (cfr. fs. 361), y considerando "el lapso total de tiempo que transcurriera entre el acto de cesantía en sede administrativa y su efectiva reincorporación al cargo". (cfr. fs. 361 vta.). La conclusión basada en tales pautas no atiende a la realidad práctica ni al curso natural y ordinario de las cosas en cuestiones como la presente.

La mención de tales parámetros para la fijación del resarcimiento, aun cuando la suma fijada no responda aritméticamente a los mismos, no constituye una adecuada fundamentación de la decisión, ya que las pautas constituidas por los salarios caídos y el tiempo corresponden a un concepto que no resulta per se indemnizable. Desde esa perspectiva, el citado reconocimiento resulta contrario a conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación según la cual no corresponde, como regla, el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación (Fallos: t. 144, p. 158; t. 172; p. 396; t. 192, p. 436 -Rev. La Ley, t. 27, p. 382-; t. 255, p. 9; t. 291, p. 406 -Rev. La Ley, t. 1975-D, p. 148-; t. 295, p. 318; t. 297, p. 427 -Rev. La Ley, t. 1979-A, p. 565, fallo 34.964-S-; t. 299, ps. 72, 73 y 74; t. 302, ps. 786 y 1544; t. 304, ps 199 y 1459; t. 307, p. 1220 -Rev. La Ley, t. 1983-B, p. 146; t. 1986-A, p. 42- y t. 308, p. 1795, entre muchos otros).

8.- Los agravios de la Municipalidad recurrente en lo que respecta a este rubro deben, en consecuencia, ser acogidos. Ello es así por cuanto la decisión no se ha sustentado en elementos obrantes en la causa que resulten aptos para deducir que hubiera existido efectivamente un nexo causal adecuado entre los perjuicios invocados en este aspecto por el actor y el acto impugnado. Carece también la decisión de bases aceptables para fundar el valor del resarcimiento, en tanto se ha omitido considerar las circunstancias particulares y comprobadas de la causa, y las reglas de la sana crítica en orden a la experiencia común, exigencias éstas esenciales para la procedencia de una determinada reparación (conf. arts. 1109, 1111, 1113, 1114 y 1124, Cód. Civil).

Por lo expresado, corresponde casar el punto III de la parte dispositiva de la sentencia de fecha 5 de julio de 2002 en cuanto se condena a la demandada al pago de la suma de $150.000 en concepto de indemnización por daño patrimonial (cfr. fs. 362 vta.), en mérito a la siguiente doctrina legal: "Corresponde dejar sin efecto la sentencia que incurre en arbitrariedad por no fundar la decisión en elementos comprobados en la causa y haberse apartado de los principios de la sana crítica, al haber sustentado lo resuelto en fundamentos dogmáticos y aparentes". En mérito a lo expresado, se deja sin efecto la sentencia respecto de la decisión indicada, correspondiendo que la Cámara en lo Contencioso Administrativo con otra integración dicte nuevo pronunciamiento.

9.- En cuanto a la condena al pago del daño moral, aun cuando se trata de una cuestión de hecho reservada a los jueces de mérito, corresponde hacer excepción al principio de irrevisibilidad, cuando como en el caso se advierte que la decisión, particularmente en relación a la fijación del valor del resarcimiento, está desprovista de fundamentación sustentada en los hechos comprobados de la causa, por lo que la tacha de arbitrariedad resulta procedente porque la solución se sustenta en afirmaciones meramente dogmáticas que descalifican el fallo como acto jurisdiccional.

La Corte Suprema de la Nación, autos "J. Q. c. Banco de la Nación Argentina", sentencia del 27/6/2000, expresó que por no ser el daño moral susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello representase un lucro que pudiese desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida.

En el caso, y con el único fundamento de las testimoniales no tachadas de fs. 209 y vta. (cfr. fs. 361 vta.), el Tribunal a quo fijó una indemnización por daño moral de $45.000. Tal fundamento resulta dogmático si no se precisa de qué modo el acto nulo habría contribuido a mortificar desmesuradamente la situación personal del actor originada por el acto de cesantía, considerándose que éste, aún ilegítimo, no implicó una descalificación personal contra el actor ni un desmedro de su imagen ante la opinión pública, al ser separado de un cargo desprovisto de estabilidad.

En consecuencia, debe casarse la sentencia en cuanto a la condena a pagar $45.000 por daño moral, en mérito a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido por falta de fundamentación, la sentencia que determinó la indemnización por daño moral sin considerar el modo en el que el acto que le dio origen, atendiendo a sus particulares características y al contexto del caso, incidió en la producción y medida del daño".

10.- No se trata el recurso de casación presentado por la parte actora obrante a fs. 381/385, atento al modo y fundamentos de la resolución que recae sobre el recurso de casación de la parte demandada, debiendo dictarse nuevo fallo, conforme lo considerado.

11.- En cuanto a las costas, atento al resultado al que se arriba y al fundamento de lo resuelto, -que resulta atribuible al Tribunal-, y a lo normado por los art. 106 y ss. CPCC, corresponde imponerlas por su orden.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Enrique José Guibert, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, votan en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y, por ende, mal concedido, el recurso de casación planteado por la parte actora, al igual que los agravios de la parte demandada tratados en el parágrafo II de los considerandos, en contra de la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 5 de julio de 2002, glosada a fs. 360/362 vta. de autos; y en lo relativo a los demás agravios formulados por la accionada, NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito de ley, al recurso de casación deducido por dicha parte contra el aludido pronunciamiento, todo de acuerdo a lo considerado.

II.- COSTAS, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO ENRIQUE JOSE GUIBERT