marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad intelectual, patentes, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Materia: COMERCIAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

Como resulta del art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el art. 70.7 del Acuerdo ADPIC no puede ser comprendido aisladamente, sino en el contexto de las obligaciones internacionales asumidas y conforme a la intención de dar oportunidad a los Estados para adecuar sus legislaciones nacionales con la mínima conmoción interior.
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aciar, José Luis c/ E.C.A. S.A. s/ Haberes Adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-13

La caducidad puede ser declarada de oficio cuando se encuentran interesadas la moral y la ley, en función del bien común de la sociedad.
Sistema federal, energía eléctrica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Edenor S.A. s/ remoción de electroductos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

Las facultades provinciales no pueden amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional, ni justifica la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de la Nación toda. El sistema federal importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin; no debe verse aquí enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos en vista a meta comunes.
Indemnización por accidente de trabajo, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: MONRROY, PETRONA LYANA c/ CONSENTINO Y COMPAÑIA Y OTROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-16

La muerte del trabajador, que genera en favor de su familia una protección específica (artículo 269 LCT. hoy artículo 248 to. 1976), no puede encuadrarse en las previsiones de la Ley 9688.
Costas, fiador, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZANICHELLI MAGGI LEONOR PALMIRA c/ GRANADO GUSTAVO Y OTS. s/ Desalojo (LIBRO: S154 - 003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-19

El fiador no puede ser demandado a través del proceso de desalojo, aunque sea para el cobro de las costas, ya que las normas rituales expresamente establecen otro trámite para que el acreedor cobre sus acreencias. si el locador solicitara la incorporación del fiador, estaría pretendiendo el cumplimiento del contrato en lo relativo a costas. Intentaría gestar un litisconsorcio facultativo, acumulando a la pretensión resolutiva locativa, la de cumplimiento basada en el art. 1197 C.C. lo cual resulta inadmisible por cuanto las acciones no son conexas, ni por el título, ni por el objeto.-
Demanda, reanudación del plazo, notificación, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO Julio Héctor y Ahumada María c/ Paredes Elio s/ Ordinario - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-23

Teniendo en cuenta que los términos se encontraban interrumpidos, no suspendidos, lo que correspondía en el caso, no era decretar la reanudación de los mismos, sino, ordenar nueva notificación de la demanda, en virtud de la interrupción dispuesta y del acto procesal que se debía sustanciar.

Tanto más importante que la propia demanda, que produce la bilateralización del proceso y en consecuencia acuerda el ejercicio de defensa de la contraria.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOFRIO, GUILLERMO c/ GRAZIANI S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-16

La garantía consagrada en el art. 16 de la Constitución Nacional no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria, ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas, aunque el fundamento sea opinable, de manera que dicha garantía debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias y cuando estas son distintas, nada impide un trato también diferente, siempre que el distingo no sea arbitrario o persecutorio.
Plazos procesales, plazo perentorio, plazo legal, caducidad de instancia, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: D. F. E. c/ M. G.D. s/ abuso sexual" - impugnación extraordinaria - Art. 242
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-04

Es en ese marco que la respuesta jurisdiccional resulta correcta, en tanto no puede desconocerse que ha aplicado la normativa procesal penal vigente en materia de plazos procesales, que el legislador rionegrino -en uso de sus facultades constitucionales- ha diseñado de tal modo, esto es, asignándoles el carácter de perentorios y contemplando la caducidad como efecto provocado por su vencimiento, además de establecer en forma expresa el sobreseimiento como su directa consecuencia (arts. 69 y 153 CPP). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Sociedad conyugal, divorcio, pensiones, cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: Martini, Rosa Angélica c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 584-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

La separación basada en la petición conjunta de los cónyuges no importa por sí sola la exclusión del derecho a pensión, ya que dicha exclusión -impuesta por la ley de fondo- sólo es procedente si se prueba en forma categórica que la separación se produjo como consecuencia de la conducta de la interesada. Los efectos de la culpa de ambos esposos que el artículo 67 bis de la ley 2393 establece para la sentencia de divorcio obtenida por ese procedimiento, regula sus consecuencias civiles pero no trae aparejada la pérdida del derecho previsional.
Recurso de queja (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: TORRES, Emilio s/ S/Posesión Veinteañal - Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-11

El requerimiento del expediente previsto por el art. 276 del Código Procesal Civil y Comercial, es una mera facultad discrecional del Superior a quien no le cabe suplir las omisiones del recurrente, ni transformarse en parte activa asumiendo la tutela de quien no ha sabido velar por el cumplimiento de los recaudos esenciales de admisibilidad, sino juzgar tan solo en base a lo que haya ofrecido el propio interesado.
Derecho laboral, capitalización de intereses, improcedencia del recurso, cosa juzgada
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gutierrez, Cristian Daniel c/ Club de Gimnasia y Esgrima s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-28

Según lo sostuviera el Fiscal General en el Dictamen 34.494 del 29/8/2002 en la causa "Navata, Mario F. c/Intitutos Antártica SA", sentencia del registro de la Sala III, cuando los jueces fijan una tasa de interés al dictar sentencia definitiva, tratan de reparar el daño que provoca la privación del capital en el periodo de tiempo que va desde el vencimiento de la obligación al momento en que dictan la resolución definitiva. Respecto del perjuicio ocasionado en ese lapso hay cosa juzgada, pero no respecto del daño que surge posteriormente con el incumplimiento de la condena. El daño que se produce a partir de la mora no ha sido juzgado, de allí que no hay vulneración de la preclusión adjetiva que sólo se proyecta sobre el interés que el juzgador establece para el lapso sobre el que decide la sentencia definitiva.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RAGGI, GERMAN c/ TRANSENER S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-RECURSO DE  AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 90 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la parte actora desde que los argumentos en que se sustentan los agravios vertidos en torno al apartamiento del derecho federal invocado en que se habría incurrido al no incluir en la condena los "haberes devengados" como consecuencia de la nulidad del acto discriminatorio por no haber sido reclamados en la demanda, no trasunta otra cosa que la particular interpretación del recurrente respecto de temas de índole procesal y de derecho común, opuesta al enfoque sostenido por la Sala en ejercicio de funciones propias, la cual -en el voto de la mayoría- entendió que la acción instaurada persiguió el reintegro del actor a su puesto de trabajo no activándose ninguna otra cuestión a la resolución judicial, y que "...violenta el principio de congruencia la sentencia que excede las peticiones contenidas en la pretensión, como así también el derecho de defensa, de raigambre constitucional". Cabe recordar que lo referente al alcance de las peticiones de las partes como lo relativo a cuáles son las cuestiones comprendidas en la litis, son resorte exclusivo de los jueces de la causa y más allá del acierto o error de su análisis y sus conclusiones -en tanto no se demuestre arbitrariedad- escapa a la órbita de la revisión extraordinaria.
Transporte aéreo de carga, protesta preventiva, plazo
Materia: AERONAUTICO
Carátula: LA TERRITORIAL CIA. DE SEGS.  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

El requisito de la protesta dentro de plazos breves se ha impuesto en el derecho aeronáutico por sus modalidades y por la rapidez que singularizan al transporte aéreo, permitiendo al transportista procurarse rápidamente los elementos para esclarecer los hechos, subsanar errores en la carga y descarga y deslindar eventuales responsabilidades.
Abuso sexual calificado, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PENAL
Carátula: Scarcella, José Aníbal s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-19

La acción típica del ilícito acuñado en el art. 119 del C.P. es "tener acceso carnal" forzadamente logrado. Vale decir, en mi opinión, que se trata de la penetración del órgano sexual masculino en cavidad natural de la víctima, siendo indiferente que la penetración sea completa, que se produzca la desfloración en la mujer, o que el sujeto activo alcance la "seminatio" y, por consiguiente, que exista o no goce genésico.

(Voto del Dr. Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Sumario administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso penal, imputado, defensa, abstención de declarar, prueba, absolución de posiciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Santos Luciano c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 535-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las posiciones tomadas bajo juramento al procesado son contrarias al derecho constitucional de la defensa en juicio; que el juramento entraña una coacción moral que invalida los dichos del imputado, pues la exigencia del mismo es una forma de obligarle, eventualmente, a declarar contra sí mismo; y que la declaración de quien es juzgado por delitos, faltas o contravenciones, debe emanar de la libre voluntad del encausado, el que no debe siquiera verse enfrentado a un problema de conciencia, cual sería colocarlo en la disyuntiva de faltar a su juramento, pero también ha entendido que la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo, sólo rige en materia penal, por lo que la circunstancia de que una persona haya sido tenida por confesa a raíz de su negativa a prestar juramento al absolver posiciones, -en un juicio de carácter civil-, no autoriza el recurso extraordinario con fundamento en el artículo 18 de la Constitución nacional.
Debido proceso, defensa en juicio, deberes del juez, imputado
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ JUAN CARLOS s/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-06-12

La garantía de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Y si es obligación de los jueces arribar a un pronunciamiento definitivo lo mas rápido posible, ese deber se vuelve inexcusable, cuando por sujeción a las normas procesales pertinentes, el imputado debe permanecer en prisión durante el trámite del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procesos de conocimiento, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, deberes y facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUNPLEX  SA c/ MUTUAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  PREFECTURA  NAVALARGENTINA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

La adecuada ponderación de los medios probatorios arrimados al proceso, de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis, constituyen una conditio sine quanom de toda decisión jurisdiccional. Por tanto, salvo disposición en contrario, su apreciación debe efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica (cpr: 386 y  456), pautas que constituyen un criterio permanente y general del correcto entendimiento humano, extraídas del normal comportamiento social e individual, que por su propia naturaleza resultan contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar (Couture, Eduardo, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Depalma, 1974, Págs. 270 y ss). De allí que cabe sujetar dichas reglas a las leyes de la evolución cultural, técnica, científica, moral y económica, al igual que a las máximas de la experiencia que emplea el juez para conocer los hechos a través de la prueba aportada (ver esta sala, 23.4.97, "Sieba S.R.L. c/ Plus Ultra Cia. Arg. de Segs. S.A. s/ ord."; id., 15.6.01, "Cimid S.A. c/ Sade ICSA y otro s/ sum.").
Justicia municipal de faltas, audiencia, principio de publicidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Araujo, Francisco Marcelo s/ denuncia -causa Nx 36.268-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Corresponde advertir al juez municipal de faltas que celebró un número no determinado de audiencias en su propio despacho y no en la Sala de Audiencias que deberá proceder de modo que asegure real, efectiva y plenamente la publicidad del procedimiento, bajo apercibimiento de que, en su defecto, se hará pasible de las sanciones legales ajustadas a la gravedad de su falta.
Marcas, solicitud de marca, cesión de derechos, oposición al registro de marca, cese de oposición al registro de marca, interés legítimo, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Entesa  S.A. c/ Bagley  S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

La titularidad de la solicitud de registro hace presumir el interés legítimo a requerir que se declare infundada la oposición al registro de esa marca. Más esa presunción cede cuando la contraparte - en este caso el oponente - demuestra que, no obstante esa apariencia registral, los derechos sobre la solicitud de marca han sido cedidos a un tercero, y será este tercero entonces el habilitado - titular del interés legítimo el que pueda iniciar la correspondiente acción judicial.
Empleo público, carrera docente, control de constitucionalidad, control de razonabilidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Najmías Little, Luis c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-21

El artículo 14 inciso a) de la Ordenanza Nro. 40.593, que establece la obligatoriedad de ser argentino nativo, por opción o naturalizado para ingresar a la carrera docente, no resiste en la actualidad el control de razonabilidad constitucional. Esto es especialmente así en el caso presente, en que se trata de un docente de la asignatura "Producción Televisiva" de la carrera de "Productor Integral de Televisión" dictada por un instituto privado de nivel terciario, incorporado a la enseñanza oficial.

Nuestra composición social ha sufrido grandes modificaciones entre las últimas décadas del siglo diecinueve y las primeras del veinte, y en la actualidad. El país ha dejado de ser un destino de inmigración masiva. Por otra parte, el control administrativo sobre la enseñanza sistemática se halla plenamente asentado, de modo que su eficacia no requiere indispensablemente de la nacionalidad de los docentes como requisito de idoneidad, para cualquiera sea ella, aquel control, detallado y minucioso, podrá ejercerse por igual, incluirá exigencias sobre la formación y cualidades de maestros y profesores, lo mismo que sobre el modo en que desarrollen sus tareas (en este sentido, Carlos F. Fayt en su voto en autos "Repetto, Inés María", publicado en Fallos 311:2272).
Privación ilegal de la libertad, torturas, informante
Materia: PENAL
Carátula: Vergez, Héctor Pedro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-11

Si quedó establecido que era el encartado el interrogador de la víctima, que estaba al frente de los operativos y que las detenciones tenían una lógica, cual era la obtención de información para hacer caer la red de informantes del PRT-ERP, existe relación entre la privación ilegal de la libertad y tormentos de la víctima con las detenciones ilegales en perjuicio de quienes pertenecían a su red de informantes.
Régimen de consolidación de deudas, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAYUS, ARTURO ALFREDO JULIAN c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La tasa de interés que corresponde aplicar después del 1.4.91 es la del dec. 941/91, que modificó el texto original del art. 8 del dec. 529/91, tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central.
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, delitos comunes cometidos en actos de servicio, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, proceso de reorganización nacional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RAMON JUAN ALBERTO CAMPS s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA- COMPETENCIA MILITAR- MILITARES- DELITOS  COMUNES- PRIVACION  ILEGAL  DE  LA  LIBERTAD-  CONEXIDAD- COMPETENCIA  FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-30

Según el art. 10 de la ley 23.049, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas debe conocer en forma originaria en las causas en las cuales se ventilan delitos comunes imputados a militares o a miembros de las fuerzas de seguridad sometidas a control operacional de las Fuerzas Armadas que actuaron en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo en el período que va del 24 de marzo de 1976 hasta el 23 de setiembre de 1983, siempre que los hechos encuadren en los incisos 2do., 3ro., 4to. y 5to. del art. 108 del Código de Justicia Militar, anterior a la redacción actual establecida por la misma ley 23.049.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, derecho de propiedad, derechos adquiridos, poder de policía
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CALVO, HECTOR GUIDO c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES  Y.P.F. s/ EJECUTIVO FURBIA S.A. c/ BUQUE SANTIAGO DEL ESTERO s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08|1990-06-20

Los derechos declarados por sentencia firme se consideran adquiridos,y las nuevas normas que se dicten no pueden desconocer la autoridad de la cosa juzgada,sin hacerse pasible de impugnación como incompatibles con la garantía consagrada en el art.17 de la Constitución Nacional,de otro lado,el Congreso se encuentra investido de facultades para modificar o prescribir nuevas formas de procedimientos,ampliar o reducir plazos y esto aunque la nueva normativa aparezca menos conveniente que la sustituida.

Por ello,la Corte Suprema ha admitido en situaciones de emergencia que no son inválidas ni atentan con leyes que,sin desconocer la sustancia de la decisión judicial,se limitan,como en el caso,a postergar durante plazo razonable el instante en el que empezarán a producirse sus e a suspender transitoriamente la exigibilidad de la obligación reconocida o creada por sentencia firme.

Concurren en el sub examen los requisitos exigidos por la jurisprudencia de ese Alto Tribunal para justificar el ejercicio del poder de policía de emergencia que habilita al Congreso Nacional a dictar normas como la ahora examinada ya que resulta indudable que la emergencia efectivamente la ley y ello comporta un hecho público años a partir de la fecha de vigencia de la ley, no luce irrazonable ni arbitrario, a la vez que no c infranqueable establecido en el art. 28 de la Constitución Nacional.
Asegurador, cobertura, seguro de vida
Materia: LABORAL
Carátula: VIEYRA JESUS JULIAN c/ INDUSTRIAS QUIMICAS RIO TERCERO  S.R.L. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-20

La parte demandada insta la citación en garantía de su presunta aseguradora, invocando al efecto la cobertura emergente de la póliza de seguros, la citada en garantía resiste la convocatoria arguyendo que la póliza invocada no cubre el riesgo demandado, que solo contempla el caso de muerte e incapacidad total y permanente que le acarree al damnificado un estado de invalidez que no permita al asegurado desempeñar actividad remunerativa alguna, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. Que ponderando la póliza de seguros adjuntada, le asiste razón a la aseguradora y ello es así porque sin duda se trata genéricamente de un "seguro de vida" contratado, que extiende el beneficio a la "incapacidad total y permanente", conceptualizado como un estado de inhabilitación para desempeñar por cuenta propia o ajena toda actividad remunerativa, circunstancia que por su severidad, no cabe presumir siquiera ni del escrito de demanda, ni del dictamen del perito médico interviniente al asignarle el setenta por ciento de incapacidad, que en la medida de que el accionante en su escrito introductorio está reclamando las indemnizaciones previstas por la Ley 9688 para un presupuesto de "incapacidad parcial y permanente" está estableciendo un límite al decisorio en este sentido.

Consecuentemente por un principio elemental de congruencia no cabe extender por vía analógica la cobertura pactada en el contrato de seguro en función del grado incapacitante acordado por lo que la interpretación en el caso debe ser necesariamente restrictiva. Por lo expuesto debe excluirse la cobertura asegurativa al riesgo de que se trata y se declare indebidamente traída a juicio a la aseguradora con los alcances y efectos de ley.