marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conflicto interno municipal, medidas cautelares
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Juzgado de Faltas N° 3 del Municipio de Presidente Perón s/ Conflicto de Poderes art. 196 Const. provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-29

Presentado el conflicto local contra la determinación del Concejo o el Departamento Ejecutivo -en el caso, contra la decisión dictada por un juez de faltas- y planteada la suspensión que prescribe la ley, corresponde al Tribunal disponerla, a menos que del examen del escrito en que se la deduce resultare manifiesta su improcedencia. Ello, claro está, no enerva la posibilidad de resolver luego el cese de tales efectos suspensivos, por ejemplo, frente al planteamiento que fundadamente realizare la autoridad municipal requerida. Acordar a los arts. 261 y concs. de la L.O.M. la inteligencia antes señalada, al tiempo que respeta la voluntad legislativa, luce congruente con las características cautelares que pudieran atribuírseles. Es que, por un lado, las medidas precautorias deben pronunciarse y cumplirse inaudita parte (arg. art. 198, C.P.C.C.) y, por el otro, tales providencias son provisionales, flexibles y mutables; pueden ser dejadas sin efecto o modificadas a consecuencia de la petición que se formulare en tal sentido o de un cambio de las circunstancias que las determinaron (arg. arts. 202 a 204, C.P.C.C.).(del voto del doctor Soria)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Funes, Jorge Luis y otro s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

Es insuficiente el agravio dirigido a atacar una de las presunciones invocadas por la Cámara -extraída de las imputaciones judiciales que dirigieron al procesado y coimputados-, apoyando el reclamo en los arts. 3, 6 y 328 inc. 2º (n.a.) del Código de Procedimiento Penal, si se omite relacionar el planteo con el texto legal correspondiente al careo "entre los procesados" y con las normas constitucionales en que se fundaría el invocado agravio del derecho de defensa.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ley nacional, ley provincial, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: M., N. A. Y/O P. G. s/ COMPETENCIA - DENUNCIA - VIOLENCIA FAMILIAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 132 AÑO 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-10

Con posterioridad al decreto provincial 1842/2006,- el Estado provincial ha dictado la ley 12.967 de adhesión a la ley nacional 26.061.

El nuevo digesto provincial, en el artículo 51 establece que el organismo competente para la adopción de las medidas de protección excepcionales es la "Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y las Delegaciones Regionales" y que el control de legalidad de lo actuado debe ser efectuado por la "autoridad judicial competente en materia de familia".

Aclara que las actuaciones administrativas deben ser puestas a disposición del Juez o Tribunal Colegiado con competencia en materia de Familia a los fines de la realización del control de legalidad en el día siguiente hábil de adoptada la medida excepcional o de agotado el procedimiento recursivo si se hubiese planteado.(art. 63 y 65).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, título ejecutivo hábil, contrato de garantía recíproca
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Garantizar SGR c/ De Sanctis, Elena Raquel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-07

El contrato de garantía recíproca, al estar integrado con el certificado, es título hábil para la promoción de juicio ejecutivo en la medida que se reclama una obligación exigible de dar sumas de dinero líquidas (arg. CPR 520); deuda que, por cierto, no fue desconocida por la ejecutada. Ello, de acuerdo con lo previsto en la ley 24467: 70, conforma título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos aunque el crédito de la obligación a la que acceda fuera futuro, incierto o indeterminado. El único requisito que exige la norma es la justificación del crédito siguiendo el procedimiento del CCOM 793; es decir que se requiere la emisión de un certificado de deuda, el cual ha sido debidamente acompañado.
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. c/ V., T. y Otros s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-27

Es doctrina mayoritaria que únicamente es posible la retractación de la sentencias firmes, cuando existen fundados motivos para ello ya que sólo tales circunstancias permiten su alteración. La seguridad jurídica aconseja no modificar los fallos firmes y los motivos especialísimos que autorizan la revisión de la cosa juzgada son, en opinión unánime de las fuentes procesales, tan sólo dos: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto, y tales circunstancias no se dan de acuerdo al análisis efectuado. Corresponde por ende, el rechazo de la apelación.
Tasa de justicia, desistimiento de la acción
Materia: COMERCIAL
Carátula: PUBLICOM SA c/ INTERNATIONAL ENGINEERED SYSTEMS SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Esta sala en su actual composición, participa de la doctrina en punto a la cual la tasa de justicia grava la iniciación de las actuaciones judiciales sobre la base del valor cuestionado y con prescindencia de la suerte del proceso, y por ende, deducida una pretensión, el posterior desistimiento de la acción no puede operar retroactivamente. Desde tal perspectiva, cuadra sostener que la tasa de justicia debe ser abonada por el monto reclamado al demandar, es decir, en el acto de iniciación de las actuaciones (ley 21839: 9), independientemente de que el actor haya desistido de su reclamo, en tanto el hecho imponible esta constituido por la circunstancia del desistimiento posterior, pues el tributo exigido es consecuencia del requerimiento de la actividad del órgano jurisdiccional y no está condicionado a las alternativas procesales que acaezcan (cfr. sala b, 13.4.92, "antorcha cia. arg. de seg. SA c/ Martinez frieiro, manuel s/ Ord."; cnciv, sala i, 28.8.88, "malm green, carlos c/ barrionuevo, cecilia s/ sumarisimo; cnfed. civ.y com., sala i, 24.10.95, "fisco nacional dgi c/ consignaciones rurales SA s/ rec. de queja", entre otros).
Acción de amparo, personas con discapacidad, menores, obligaciones de la obra social, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C.M.L. c/ OSPE s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-13

La obra social demandada - Obra Social de Petroleros (OSPE) - tiene obligación de costear el tratamiento solicitado por una afiliada discapacitada menor de edad, con el profesional solicitado por ésta aunque no pertenezca a la cartilla de prestadores. Todo ello en virtud de que surgen acreditadas tanto las patologías que presenta la menor, la necesidad de contar con la prestación requerida y la conveniencia de mantener un tratamiento integral en ejecución (del voto del Dr. Tazza).
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: C., P.S. c/ A.C.E. "LFJ" s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-23

En el análisis de las relaciones trabadas por profesionales no cabe partir de premisas fijas, dado el carácter particular de cada caso, donde todo depende de las alternativas probatorias ocurrentes. Tales sujetos suelen vincularse con otras personas tanto mediante contratos de trabajo, como de locación de servicios profesionales en ejercicio libre de su profesión y el orden público laboral no queda comprometido por la libre elección de una de esas alternativas contractuales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: Muccigrosso de Delgado Liliana E. c/ Orfei Orlando Arturo e hijos s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

La mención genérica de que se han conculcado principios de la Constitución Nacional no es causa eficaz para fundar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Sentencia condenatoria, tenencia de estupefacientes para consumo personal, bien jurídico protegido, lesividad
Materia: PENAL
Carátula: Parissi, Daniel Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

Corresponde declarar la nulidad de la condena y absolver al imputado si lo resuelto tuvo por constatada la trascendencia a terceros precisando solamente para tener por acreditada la afectación al bien jurídico -salud pública- que el imputado convive con su pareja y sus tres hijos -que el mayor de cuatro años de edad-, y que las tres plantas se encontraban en el fondo de su finca, -cercado por pared de ladrillos- a la vista de los habitantes, sin atender los agravios relativos a de qué modo niños de corta edad puedan conocer de qué tipo de planta se trata y sus efectos nocivos, lo mismo respecto de la pareja del enjuiciado, al no aclarar cuál fue el razonamiento para colegir que por la única circunstancia de cohabitar con el imputado, pueda implicar un perjuicio concreto para ella.
Pago, aceptación sin reserva, intereses, pago extrajudicial, depósito judicial
Materia: CIVIL
Carátula: BUENDOME NORBERTO c/ RODRIGUEZ JUAN ALBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

La presunción del art. 624 del C.Civil sólo se aplica cuando se trata de pagos extrajudiciales y únicamente si los intereses son accesorios de obligaciones genuinamente dinerarias. Lo dispuesto por dicha norma no tiene vigencia si se trata de pagos realizados en juicio, caso en el cual la percepción del capital sin reservas respecto de los intereses no presume la renuncia del acreedor a recibirlos.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, tercería de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López de Alonso, Lucrecia c/ Rodríguez de Lagui, Nélida y ots. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-11

El valor del litigio en una tercería de dominio está representado, para el ejecutante recurrente, por el importe del crédito reclamado actualizado a la fecha de interposición del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, prueba documental, sentencia arbitraria, principio de congruencia, buena fe, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, Carlos Federico c/ ALTO MOLINO S.R.L s/ APELACIONES INTERPUESTAS FARFÁN, Erica Gabriela c/ CHAMORRO, José Fernando s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-05|2008-08-12

La sentencia recaída en autos, analiza los contratos celebrados por las partes y concluye "que la prestación del actor se correspondía con un contrato a plazo fijo al encontrarse cumplidos los requisitos de forma, como de orden material...", y que los contratos del actor no superan el tope (5 años) fijado por el art. 94 de la LCT.

La conversión del contrato en uno de plazo indeterminado, se produce por la falta de preaviso, y porque el actor continuó prestando servicios después del vencimiento del último contrato.

En efecto, la sentencia considera que el actor "cubría necesidades de la empresa producidas por ausencias del personal, tan es así que como surge de los recibos de haberes las unidades por las que la empresa le abonaba diferían en forma mensual
Personas jurídicas, socios, responsabilidad del socio, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro Jacinto c/ Empresa de Transporte de Pasajeros Libertad Sociedad de Responsabilidad y/o Sucesores de Aldo Perfecto Ermacora s/ Indemnización por Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-27

En orden a la Doctrina de la Carga dinámica, cuya aplicación reclama el apelante no ha de perderse de vista que la faena probatoria desplegada por la demandada se ajustó a los términos del pretensorio, de donde la extensión de condena al socio excepcionante no se centró, ni por cierto se invocó, en el uso desviado de la personalidad jurídica, supuesto en el que los codemandados hubieran tenido oportunidad de un mayor trabajo probatorio.
Beneficio de litigar sin gastos, jubilados, propietario de inmueble, realidad económica, prueba documental, certificación policial, valor probatorio, plena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: CERESA JUAN HERMINIO c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

La certificación de la que surge que el actor percibe un haber de $ 273,60 extendida por un funcionario de la Dirección de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, goza del valor probatorio que surge del art. 979, inc. 2, Código Civil. Su condición de jubilado no autoriza a presumir, sino todo lo contrario, que el actor es una persona que no puede afrontar los gastos de justicia (cfr. CNCiv. Sala G, in re "Crucci, A. J." del 4.7.89, LL, 1990-A, 263). El hecho de que sea propietario del inmueble que habita y de un automotor, no faculta a descartar el carácter de humilde del peticionante (cfr. esta Sala, Causa 5257/91 del 17.8.95; CNCiv. Sala K, in re "Ferro de Raimondi" del 5.4.90, JA, 1990-IV, 37). Teniendo en cuenta lo expuesto, y ponderando la importancia -y, por tanto, exigencia económica- de la demanda entablada (cfr. esta Sala, Causa 5257/91 del 17.8.95; CNCiv. Sala K, del 31.10.90, JA., 1991-III, 634; CNCiv. Sala D, del 3.4.91, ED, 146-454; CNCiv. Sala C, del 9.8.91, JA, 1993-I, 638), el beneficio de litigar sin gastos, en la realidad actual de la coyuntura socio-económica que afecta al país y de cuya consideración no cabe prescindir, debe ser otorgado no solo a quienes no pueden soportar los gastos del juicio con sus ingresos ordinarios, sino también a aquellos que por dichas erogaciones verían notoriamente menoscabado el patrimonio que poseyeran, especialmente si este puede ser calificado de exiguo con relación a los gastos probables del pleito (cfr. esta Sala, Causas 7899 del 26.7.91 y sus citas; 5257/91 del 17.8.95; etc; CNCiv. Sala K del 5.4.90, JA., 1990.IV, pág. 37).
Propiedad intelectual, derechos de autor, reproducción de fonogramas, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: AADI - CAPIF Asociación Civil Recaudadora c/ LU6 Radio Atlántica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

De la comparación del texto de los decretos 746/73, 1670/74 y 1671/74 con lo establecido en el art. 56 de la ley 11.723, no se desprende que el contenido de los primeros haya desnaturalizado o alterado la finalidad perseguida por el legislador que, en lo esencial, no es más que la protección de los derechos de los intérpretes y productores de fonogramas, asignándoles la percepción de una retribución por la difusión pública de sus obras intelectuales.
Daños y perjuicios, entidades financieras, obligación de seguridad, mora del deudor
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: Cardenas, Mauricio Alejandro c/ Banco BBVA Argentina S.A. - abreviado -  s/ daños y perjuicios - otras formas de responsabilidad extracontractual - tram oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-22

Corresponde hacer lugar a un reclamo incoado por una persona que pese a no haber prestado consentimiento para contratar con la demandada, poseía productos financieros a su nombre en dicha entidad financiera; circunstancia por la cual fue informado como deudor moroso al BCRA, toda vez que las entidades bancarias no resultan ajenas al deber jurídico de no dañar, por lo que al desarrollar su actividad comercial deben desplegar una conducta que cumplimente con el deber de seguridad, tanto respecto de sus clientes como de público en general.
Acción civil en el proceso penal, acuerdo de partes, delitos tributarios, aportes y contribuciones previsionales, evasión previsional, plan de pagos, extinción de las obligaciones, actos ilícitos
Materia: PENAL-CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: INCIDENTE DE EXCEPCIAN POR FALTA DE ACCIAN PROMOVIDO POR MAXIMO ELIZALDE s/ Causa nro. 11.538
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

El acogimiento a un plan de facilidades de pago no implica la suscripción de un convenio sobre el daño en los términos del artículo 1097 del Código Civil, sino un acuerdo referido a la modalidad del pago de la obligación. La norma de referencia debe ser interpretada dentro del contexto normativo en que se encuentra inserta, de donde se colige que ella se refiere a los juicios por daños y perjuicios que se derivan de la comisión de delitos. Con el acogimiento a un plan como el previsto por el Decreto 314/95, no se persigue indemnizar al fisco, sino tan sólo se pretende oblar con ciertas facilidades las obligaciones previsionales o tributarias.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, candidatos, prohibición de salida del país, difamación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay S/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-08-31

Durante el debate electoral para las elecciones presidenciales de 1993 en la República del Paraguay, un candidato a la presidencia cuestionó la idoneidad e integridad de su contrincante. Querellado y condenado a prisión por el delito de difamación, con más una restricción permanente de salida de aquél país, la Comisión Interamericana demandó ante la Corte la responsabilidad internacional del referido Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, honorarios, base regulatoria, fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia vinculante, competencia originaria, ley provincial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Fernández Alfredo Mariano y Otras s/ Ejecutivo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-29

No se configura en el caso el supuesto de arbitrariedad por inobservancia del criterio interpretativo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Banco de San Juan c/ Sucesión de Marcos Soto", ya que en tal oportunidad la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo del asunto sino que ordenó la anulación de la sentencia.

Asimismo, y aun cuando en dicho precedente el dictamen de la Procuradora Fiscal deja trasuntar el criterio adoptado por la Corte Suprema para un tema análogo (inaplicación de intereses cuando la demanda es rechazada, Fallos, 308:2257), no resulta vinculante para esta Corte local por tratarse de una decisión adoptada por la CSJN en ejercicio de su competencia originaria, por lo que no existen razones jurídicas para que tal pronunciamiento sea seguido por el resto de los tribunales del país, como no sea la presunción de verdad y justicia que emana de la calidad intelectual de sus miembros.

Por último, y a mayor abundamiento, la propia recurrente reconoce la aplicación al caso de una norma positiva provincial (art. 191 inc. "b" de la ley 2150), que rige -por ende- las relaciones de las partes mientras no sea impugnada con base constitucional. La eventual discrepancia interpretativa en torno a la misma -si contempla o no intereses- excluye la arbitrariedad del fallo, habilitando, en su caso, el remedio casatorio.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, obligaciones del conductor, reglas de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: URSOMANO, Ernesto I c/ LAMANNA, Fabio M s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

La prioridad de paso consagrada por la ley de tránsito no autoriza a los conductores que gozan de la misma a circular sin adoptar los recaudos mínimos tendientes a evitar un siniestro.
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mancini, Claudio O. y otro c/ Ricciardi, Domingo E. y otro s/ Desalojo Martin, Andrés c/ Stickar, Alberto s/ Daños y perjuicios Trucha Real S.A.I.I.C.A. y F. s/ Quiebra Iannuzzi, Rosana c/ Garritano, Mario s/ Cobro ordinario Becerra, Juan Carlos y ot. s/ Quiebra Pittofrati, Anquises y otro c/ Stefanoni, Edgardo u otro s/ Cumplimiento contractual Souto, Jorge Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Juicio sumarísimo Kerek, Eduardo Miguel c/ Alesandrini, Rubén s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31|1989-02-21|1991-09-10|2000-03-15|2001-11-28|2002-12-23|2004-04-14|2006-03-15

No constituyen cuestiones esenciales los meros argumentos de las partes en apoyo de sus pretensiones.
Homicidio preterintencional, golpe con elemento contundente, homicidio simple, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, A. s/ HOMICIDIO  PRETERINTENCIONAL  -  RAZONABILIDAD LETAL - MEDIO EMPLEADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

1) Encuadra en la figura de homicidio preterintencional, la acción del procesado que con un hierro, aplicó a la víctima un golpe en el abdomen, a resultas de lo cual le produjo una peritonitis, con ruptura de asas del intestino delgado y finalmente el deceso por congestión y edema del pulmón, todo lo cual ha de serle atribuído al autor del golpe, al tratarse de las consecuencias directas derivadas de su conducta.

2)El proceder reseñado ha estado signado por la directa intención del inculpado de lesionar a su hermano -el occiso-, pues un golpe como el propinado lleva en sí como resultado necesario el producir un daño en el cuerpo o en la salud, obrando en consecuencia con dolo de lesiones; no pudiendo admitirse con igual certeza que objetiva y subjetivamente, la acción se dirigiera a la muerte del damnificado.

Si procedió con dolo en el inicio, hubo culpa en el remate, ya que por un lado, la muerte de aquél no puede atribuirse a un caso fortuito ni tacharse de derivación incalculable, y por el otro tampoco puede demostrarse que el procesado haya querido la muerte de aquél o tuviera la representación de ella.

3) En cuanto a la razonabilidad letal del medio empleado, es de destacar que el homicidio preterintencional comprende, en principio, el uso de elementos que de por sí no son mortíferos de ordinario y este requisito en el caso puede tenerse por concurrente, esencialmente, a partir del golpe que el occiso habría recibido en la cabeza con el mismo objeto y que no le produjo la muerte y dado que se carece de toda precisión respecto a las características como fue usado el mencionado hierro; por imperio del art. 13 del C.P.C.

debe reputarse que se empleó ese objeto contundente sobre la persona del occiso, sin la concurrencia de los caracteres necesarios que llevarían al encuadre del hecho en la figura de homicidio simple.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domski, Alberto Fabian c/ Medinelli, Miguel s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Cuando se acciona en virtud de la responsabilidad contractual el perjuicio para que sea resarcible debe ser cierto, corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente. Para el derecho la prueba del daño es capital: un daño no acreditado carece de existencia.