marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estabilidad del empleado público, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caraballo, Williams Dardo c/ H.C.D. de la Municipalidad de la ciudad de Formosa s/ Acción contencioso-administrativa de la ciudad de Formosa s/ Acción contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-08-26

La garantía de la "estabilidad del empleado público" consiste en el derecho que tiene el agente estatal de no ser despedido (esto es, la ruptura de la relación de empleo por decisión unilateral del empleador), a menos que incurra en la comisión de un hecho que la norma respectiva prevé, como causa justificativa, que tal hecho sea imputable al agente imputable al agente y que haya sido acreditado mediante sumario en el cual el imputado haya tenido oportunidad de defenderse. Si la cesantía o exoneración se efectuara contrariando algunas de estas premisas, sería nula y el Estado está obligado a reincorporar al agente (Ekmekdjian, Miguel Angel, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, pág. 45, Ed. Depalma) (Fundamento del Dr.

Ariel G. Coll)
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Scala, Eduardo Alejandro c/ Asociación de Padres El Principito s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-21

La disposición ritual contenida en el artículo 269 del Código Procesal Civil y Comercial imposibilita al Tribunal fallar sobre capítulos no propuestos al Juez de la instancia de origen, toda vez que la actuación de aquél presupone la consideración previa de los hechos sometidos a la decisión de éste. Tal límite cognoscitivo viene impuesto por el principio de congruencia, reglamentado en los artículos 31 inciso 4,  160 inciso 6 y 318 del texto de rito, que amerita indudable raigambre constitucional por comprometer los derechos de propiedad y de defensa en juicio.
Intereses, aplicación de la ley, interpretación de la ley, imputación de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE CAROLI HERMANOS Y COMPA!IA SOCIEDAD ANONIMA c/ BORWARD ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

En materia mercantil, la presunción establecida por el artículo 624 del código civil debe interpretarse restrictivamente. Tanto más cuando como en el caso, se reciben valores para ser acreditados una vez hechos efectivos. El acreedor tiene un derecho adquirido a percibir los intereses y su renuncia debe ser expresa, siendo restrictiva la interpretación de los actos que la presuman (artículo 874, Código Civil); y cuando el deudor debe capital con intereses no puede -sin consentimiento del acreedor- imputar el pago al principal ( artículo 776, Código Civil ).
Habilitación de instancia, resolución denegatoria, declaración de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CORTINA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-12

Los jueces no pueden de oficio y sin que medie oposición de la demandada, declarar la inhabilitación de la instancia. (Del voto del Dr. Fernández)
Portación ilegítima de armas, abuso de autoridad, abuso de armas, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos NN c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde asignar competencia al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas toda vez que ambos jueces de esta contienda coinciden en que las conductas investigadas encuadrarían en ciertos delitos cuyo juzgamiento ha sido transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, Derecho laboral, despido, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: OJEDA, WALTER c/ SULFACID S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.:  C.S.J. 266 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la postura del recurrente, quien insiste en la supuesta omisión de valoración de pruebas, no refleja mas que su disconformidad con los alcances que el Tribunal a quo le otorgó al telegrama y su contenido y a los dichos aportados por los testigos, pero sin lograr demostrar que en esa labor los juzgadores hubieran incurrido en la arbitrariedad que argumenta.

Es de hacer notar en este punto que la circunstancia que decidió a la Alzada a entender justificado el despido no comprendió solamente los testimonios vertidos por los compañeros del impugnante -por cuanto, aclararon, no resultarían suficientes para meritar plenamente el distracto teniendo en cuenta la antigüedad del actor y la falta de acreditación de sanciones disciplinarias anteriores- sino y especialmente, la negativa del actor a notificarse de la suspensión que la empleadora pretendía aplicarle.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley de seguros, leyes, interpretación de la ley, daño, compensación económica, asegurado, asegurador, citación en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  Denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  La citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

A poco tiempo de sancionada la ley 17418 se señaló que las relaciones entre asegurador y asegurado son res inter alios acta, frente a la víctima de un siniestro cubierto por aquella, y no pueden ser invocados como defensa para eludir la indemnización que le es debida. La falta de comunicación del asegurado al asegurador constituye una defensa posterior al siniestro, que no puede ser invocada por quien ha sido citado en garantía. En efecto, los factores que eventualmente puedan haber determinado la caducidad del derecho del asegurado son irrelevantes a los fines de determinar la subsistencia del derecho del tercero amparado por la ley imperativa. El transcurrir del tiempo consolidó la doctrina jurisprudencial expuesta precedentemente, al punto de que a la fecha es pacífico el criterio expresado en el sentido de que la falta de comunicación del asegurado al asegurador constituye una defensa posterior al siniestro que, por tanto, no puede ser esgrimida por el segundo en el juicio en que ha sido citado en garantía. (Del Voto del Dr. Angelides). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Acción de amparo, personas con discapacidad, tratamiento médico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., I. c/ IPROSS s/ ACCION DE AMPARO S/ INCIDENTE PPAL. 26178/15 S/  APELACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-10-13

Se advierte que el Tribunal del amparo, al hacer lugar a la acción siguió el norte de los precedentes antes citados y fundó su decisión en los informes médicos obrantes en autos -fonoaudióloga, médico tratante y Cuerpo Médico Forense- y ponderó los beneficios que traería aparejados para el niño si pudiese contar con la tablet como herramienta para el tratamiento de su discapacidad, basando su decisión en las normas provinciales y nacionales, así como en los Tratados Internacionales, que son contundentes en cuanto al plus protectivo que los niños discapacitados tienen -en tanto sujetos de derechos- para el ordenamiento constitucional, la Convención Internacional de los derechos del Niño aprobada por Ley 23849, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por Ley 23545, entre otras normas que gozan de jerarquía constitucional de acuerdo con lo establecido por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Héctor s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

En una sociedad organizada, frente al derecho del individuo de obtener la revisión de la sentencia penal condenatoria a través de un tribunal superior, se halla el de los órganos de la comunidad de obtener justicia mediante la intervención de los tribunales de más alto nivel. Incumbe a la ley compatibilizar uno y otro derecho y con ese objeto ha organizado en la Provincia de Buenos Aires un sistema de pluralidad de instancias, cuyos estrados superiores están destinados al control de legalidad y razonabilidad de los pronunciamientos de los órganos inferiores.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, honorarios, leyes, derecho de propiedad, violación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Galante, Ernesto c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Regulación de honorarios (Expte. CSJ  Nº 448-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

Cabe hacer lugar a la tacha de arbitrariedad fundada en la aplicación retroactiva de la ley 24432, si dicha normativa no tuvo operatividad en el caso, y su aplicación bajo el pretexto de la "inexorable consideración" del actual artículo 1627 del Código Civil, ha supuesto una vulneración del derecho de propiedad amparado por los artículos 17 de la Constitución Nacional y 15 de la Carta Magna provincial, al haberse privado al actor de un crédito que estaba incorporado a su patrimonio con mucha antelación a la vigencia de la referida ley.
Apreciación de la prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Toro, José Segundo. c/ Fábrica de envases de madera Juan Pérez Fuentes e Hijos. s/ Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones Ajenas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-04-29

La asignación de potestad jurisdiccional plena al grado, responde al dimensionamiento y concepción de los procedimientos, máxime cuando el tribunal es colegiado y la oralidad concreta. Intentar un recurso excepcional debe ser una chance reservada para el especialísimo supuesto de error jurídico certeramente apuntado y demostrado o de arbitrariedad manifiesta.
Empleados públicos, ingreso a la función pública, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GIGENA, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 250-85 ALFOSO, ANGEL RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 249-85 DOBSON, EDGAR HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 245-85 GASPARINI, NESTOR JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 203-86 SESSA, JORGE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 85-85 HUERGO, PABLO MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 242-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-21|1989-12-13|1989-12-13|1989-12-21|1989-12-21|1989-12-21

Una correcta interpretación de la Ley Nacional 18586 y del artículo 52 de la ley 8711 en relación con la garantía del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, impone considerar que quienes accedieron al cargo en la Dirección Provincial de Obras Sanitarias por transferencia de Obras Sanitarias de la Nación, no necesitaron cumplimentar los recaudos establecidos por los artículos 7 y 8 del Decreto 791-80 que establecen el ingreso por concurso y en el nivel inicial de cada agrupamiento hasta cumplir con el requisito del año de antigüedad, respectivamente. No ocurre lo propio con quienes ingresaron directamente. Su ingreso constituye una flagrante violación de normas vigentes para toda la administración, dictadas en base al precepto constitucional citado y a la ley 8525.
Recurso de casación penal, denegatoria del recurso, homicidio, apreciación de la prueba, legítima defensa, agresión ilegítima, violencia de género, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Leiva, María Cecilia s/ homicidio simple.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Cabe dejar sin efecto la sentencia que denegó el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia que la condenó a doce años de prisión por homicidio simple de su conviviente y padre de sus hijos, pues la afirmación del a quo para descartar un supuesto de legítima defensa, que a partir del mero hecho de la permanencia de la imputada en el domicilio en que convivía con el occiso -a la cual asigna, sin más, un carácter voluntario-, deriva que aquélla se sometió libremente a una hipotética agresión ilegítima, no solo soslaya las disposiciones de las convenciones internacionales y normas internas que avanzan sobre la materia-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (aprobada por ley 24.632) y la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer (reglamentada por decreto 1.011/2010), sino que lisa y llanamente aparece en colisión con su contenido.

-Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco a lo que adhiere la jueza Argibay.-
Sumario administrativo, cesantía, nulidad del acto administrativo, reincorporación, salarios caídos, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuiza, Jorge c/ Ministerio de Trabajo s/ Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-03

Según surge del art. 34, 3er. párr. del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, la sanción de cesantía será aplicada previa instrucción del sumario, salvo cuando mediaran las causales previstas en el art. 32, incs. a), b) y h). La sanción de autos, impuesta por la causal del inc. d) del art. 32 cit., requería la previa instrucción del sumario y ante su inexistencia corresponde declarar la nulidad de la cesantía disponiendo la reincorporación del demandante y el pago de los haberes devengados (art. 42 de la Ley 22.140), con más su actualización e intereses (Leyes 22.3328, 23 928 y 23.982).
Contrato de trabajo, indemnización por despido, base imponible, fallo plenario
Materia: LABORAL
Carátula: Videla    Adriana    Cristina c/ Cargill   SA s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

La indemnización establecida por el art. 245 LCT no debe incluir en su base de cálculo la incidencia de rubros que, como el bonus, se pagan en forma anual. Si bien el concepto en cuestión es de indudable naturaleza salarial y es "normal", aún cuando pudiere atribuírsele -además- el carácter de "habitual", lo cierto es que la bonificación no reúne el carácter de "mensual" porque, no se paga todos los meses sino en forma anual.
Sentencia, principio de congruencia, acción de amparo, constitucionalidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: VIDEO VISION S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-23

Habiendo planteado el demandante, al promover la acción de amparo, la inconstitucionalidad del art. 2 Inc. D de la ley 4915 que prohibe juzgar la inconstitucionalidad de las leyes en esa clase de procesos, es nula por ausencia de motivación la sentencia que rechaza la demanda sin examinar esa cuestión en forma explícita. La afirmación del tribunal de que el texto de la norma impugnada es expreso en el sentido de que el amparo no procede si los actos que se atacan se han realizado en virtud de disposiciones legales, es apenas plantear la cuestión pero no resolverla, porque estando en tela de juicio justamente la constitucionalidad de aquella norma, no cabe apelar a ella misma para descartar el planteo, tampoco resuelve el problema la afirmación de que el texto legal cuestionado goza de la presunción de válidos que se reconoce a los actos de las autoridades legítimamente constituidas. Independientemente de que las leyes no gozan de presunción de validez sino que son válidas mientras no se resuelva lo contrario por que son leyes, lo cierto es que esta respuesta es tan tautológica como la anterior, pues rechaza el cuestionamiento de la actora apelando a la propia norma cuestionada. Ambos razonamientos dejan siempre juzgada la cuestión pues nada deciden sobre la constitucionalidad del inc. D del art. 2 de la ley 4915.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Schvintt, Alberto s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Resulta ineficaz la queja referida a que el relato del procesado no contiene confesión al argumentar que allí atribuye a la víctima haber ocasionado el hecho; pues cualquiera haya sido -según la versión del acusado- el aporte de la víctima respecto de la producción del hecho, el defensor no demuestra que, a su vez, según dicha narración el procesado no incurriera en la conducta de causar la muerte por imprudencia que el tribunal atribuyó, ateniéndose -en cuanto a la imprudencia- exclusivamente a sus indagatorias; porque tampoco evidencia que, en los términos de su declaración, el procesado careciera de las notas propias del concepto de autor.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMBON RAUL c/ BARRIOS MARIO ERNESTO s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-12-01

La Sala, a partir del precedente "Morelli c/Santana-Daños" L.A.S. 26-02-90, fijó la doctrina que reconoce la prioridad de paso de quien transite por una avenida, por sobre la de sus pares que hagan lo propio por otras calles aunque aparezcan desde el lado derecho de la intersección.- La calle de doble mano de circulación es equiparable al concepto de avenida contenido en la Ordenanza de Tránsito local (Confrontar "San Cristóbal c/ Gomez - Cobro de Australes" 28-10-92).-
Despido con causa, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Andrawos, Jorge Omar c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-11-07

El despido fue con justa causa de acuerdo al art. 244 de la L.C.T. toda vez que intimado el actor a reintegrarse a sus tareas una vez vencida la licencia, no lo hizo; no apareciendo justificada tal demora.
Menores, eximición de pena, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: A., A. A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-20

El art. 4 ley 22.278 permite eximir de pena o aplicarle una escala penal reducida a una persona culpable de un delito cometido cuando tenía entre dieciséis y dieciocho años de edad, y la gravedad del delito, por sí sola, no excluye esa posibilidad; sin embargo no puede interpretarse que la reducción de la escala es obligatoria y constituye una regla de la que sólo excepcionalmente cabe apartarse, ya que la ley no impone la modificación de la escala de modo imperativo y general para todos los casos, sino que establece un poder o facultad de los jueces. La disidencia sostuvo que la reducción de la pena para la tentativa es automática y obligatoria atento la culpabilidad atenuada en razón de la edad. (Dres. García, Yacobucci, Mitchell -en disidencia-).
Falsificación de documentos, filiación
Materia: PENAL
Carátula: Deussen, Annette c/ Oks, Carlos Hugo -Causa Nx 8964-. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

La jurisprudencia plenaria que considera punible en los términos del art. 293 del Código Penal la acción de hacer insertar en la partida de nacimiento respectiva declaraciones falsas tendientes a hacer aparecer como propio un hijo ajeno, no se refiere a la inscripción de un hijo por el marido de la que dio a luz, sí a la hecha por una mujer que no lo ha parido.
Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias, DEBIDO PROCESO, principio de congruencia, defensa en juicio, trata de personas, explotación sexual, insuficiencia del agravio, prevención del delito, requerimiento de elevación a juicio, NULIDAD PROCESAL, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: D. O., E. R. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-13

Cabe rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia que condenó al imputado por ser autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravada -arts. 145 bis y 145 ter incs. 1, 4 y penúltimo párr. del CP-, puesto que los planteos de nulidad del inicio de las actuaciones y nulidad del requerimiento de elevación a juicio que la defensa reedita ante esta instancia, deben contener una crítica razonada, y es que en el particular, no ha demostrado ni ofrecido elemento alguno que permita sospechar ni mucho menos corroborar la existencia de una irregularidad de las características que plantea, que haya afectado el derecho de defensa del imputado. Fácil es advertir, que en virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, el accionar prevencional se desarrolló dentro de las prerrogativas que se le confieren y sin que haya existido una vulneración a las garantías y a los derechos invocados por la defensa. A diferencia de lo manifestado por la parte recurrente, se trató de una noticia acerca de la posible comisión de un delito, que dio lugar a la autorización otorgada por el juez para que se lleven a cabo las tareas de investigación. Por otro lado, entender que en el requerimiento de elevación a juicio se amplió la acusación violando el principio de congruencia y las reglas del debido proceso, ya que el imputado no se pudo defender de las agravantes por las cuales acusó el fiscal y por las que finalmente fue condenado, se observa que no puede sostenerse una afectación al derecho de defensa en el sentido que se pretende, en tanto la plataforma fáctica sobre la cual versara la imputación se ha mantenido incólume a lo largo de todo el proceso, tanto en la indagatoria como en el procesamiento, el requerimiento de elevación a juicio, los alegatos y la posterior condena, por lo que el imputado pudo en todo momento, defenderse, producir prueba y alegar sobre ésta. No puede soslayarse que durante el proceso, la calificación legal es siempre provisoria y que es precisamente en el debate oral y público donde debe dilucidarse la que en definitiva corresponda -como ocurrió en la especie-, por ello, al no constatarse lesión a derecho o garantía constitucional alguna ni perjuicio concreto para el ejercicio de la defensa, el planteo examinado no puede prosperar.
Empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIPITI, CARMEN HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION ALONSO, BLANCA AMELIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION BOSSIO, LUIS ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14|1992-05-20|1992-05-20

No corresponde el pago del suplemento por inspección previsto en las normas regulatorias del régimen escalafonario del Personal Civil de la Administración Pública Provincial cuando, si bien ha mediado una designación para desempeñar una tarea determinada por parte del agente, la misma hace referencia al cumplimiento de funciones de "verificadora", más no como "inspectora", como lo requieren las normas citadas.