Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-24


SENT Nº 405	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticuatro (24) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del Fisco Nacional (AFIP-DGI) en autos: "Sindicato de Obreros y Empleados Municipales s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión promovido por Fisco Nacional (AFIP-DGI)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del Fisco Nacional (AFIP-DGI) (fs. 533/546) contra la sentencia N° 142 de fecha 11/5/2012 dictada por la Sala III° de la Excma. Cámara Civil en lo Civil y Comercial Común (fs. 496/498). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por resolución de fecha 17/9/2012 (fs. 578).

II.- Los agravios:

El recurrente denuncia la infracción de normas de derecho señalando, en particular, la violación de los arts. 19 y 129 de la Ley de Concursos y Quiebras (que determinan la "suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella"), y del art. 10 y concordantes de la Ley de Convertibilidad, Nº 23.928. Tacha asimismo de arbitrario, al pronunciamiento impugnado.

Explica que con fecha 31/08/2005, la AFIP-DGI presentó un pedido de verificación de deuda impositiva y previsional por un monto total de $13.641.112,30 y que por resolución del 21/06/2006 se tuvo por verificado parcialmente el crédito insinuado, en la suma de $101.505,85 con privilegio general y $310.140,37 con carácter de crédito quirografario. Menciona que su parte dedujo incidente de revisión por los conceptos no verificados; planteo que fue rechazado por sentencia de fecha 19/09/2007. Expresa que apelada esta resolución, con fecha 10/11/2008 el tribunal de alzada dispuso hacer lugar parcialmente al incidente de revisión reconociendo a su parte un crédito total de $ 440.179,33. Señala que el recurso de casación deducido por su parte contra este pronunciamiento fue denegado por sentencia de fecha 24/08/2009, por lo que la resolución de la Cámara quedó firme.

Expresa que con fecha 25/03/2010, el Juzgado de primera instancia reguló honorarios por el trámite del incidente de revisión a los letrados apoderados de la concursada ($ 385.472 al Dr. Eduardo Palacio y $ 212.009 al Dr. Julio Cesar Palacio), y "la exorbitante suma de $1.284.907 para el Síndico Carlos Alberto Sirimaldi, todo calculado al 16/03/10".

Hace constar que con fecha 07/04/2010, la AFIP apeló el auto regulatorio cuestionando la base regulatoria tenida en cuenta por el tribunal, agraviándose asimismo de que el tribunal haya actualizado dicha base (dado que los arts. 19 y 129 de la ley concursal expresamente determinan la suspensión de los intereses desde la fecha de presentación en concurso), en un franco apartamiento de la doctrina legal sentada por esta Corte. Menciona que se agravió, por otra parte, de "la exorbitancia de los honorarios regulados al Síndico de la causa, violando principios constitucionales de equidad y proporcionalidad que debió aplicar el sentenciante".

Expresa que la Cámara rechazó el recurso de apelación confirmando el pronunciamiento recurrido y procedió a regular honorarios por las actuaciones cumplidas en la segunda instancia ($149.370,40 al letrado Julio Palacio (h) en el doble carácter, $ 96.023,75 a la letrada de AFIP Zelarayán de Medici y $321.226,75 al Síndico, Carlos Alberto Sirimaldi).

Explica que contra este pronunciamiento, interpuso el recurso de revocatoria previsto en el art. 32 de la Ley 5480, el que fue resuelto en forma adversa a sus intereses, con fecha 11/05/2012.

Cuestiona que la Cámara exprese que "el incidente de revisión rechazado no queda abarcado en la ley de concursos y quiebras, resultando aplicables las normas previstas para los incidentes en las leyes arancelarias locales". Sostiene que el tribunal "desconoce que los honorarios regulados tienen causa en un proceso determinado, el concursal, cuya ley de rito prevé expresamente la forma de determinarse los honorarios en los mismos y la remisión a la ley arancelaria local, en cuyo art. 66 inc. c) se establece la forma de determinar los honorarios en casos como el presente (incidente de revisión con verificación parcial del crédito insinuado)".

Cita doctrina legal de esta Corte, establecida en los autos "Citral Argentina S.A. s/ Concurso preventivo" (sent. Nº 983 del 07/11/2005) e insiste en que conforme este precedente, "cuando el incidente de revisión prospera aunque sea en forma parcial, la base regulatoria de los honorarios profesionales deberá ajustarse a las previsiones del art. 66 inc. c de la ley arancelaria local, Nº 5.480, conforme la remisión dispuesta por el art- 287 de la LCQ; esto es, al monto del crédito verificado en el respectivo incidente".

Señala que "el presente incidente de revisión culminó con la verificación parcial de créditos a favor de AFIP, en la suma de $440.179,33, monto sobre el cual, en virtud de la doctrina legal sentada por ese Alto Tribunal deben estimarse conforme a la ley de los honorarios debidos".

Se agravia de que la Cámara sostenga que la jurisprudencia citada en el punto 2 de la sentencia cuya revocatoria se plantea, resulta ajustada a la situación planteada en autos, y que ello justifica el rechazo del recurso deducido por su parte. Cuestiona que el pronunciamiento recurrido exprese que "no se observan en el fallo atacado, las deficiencias que apunta al recurrente más allá de la divergente opinión que manifiesta en torno a la forma de razonamiento y expresión del resultado al que en definitiva arriba este tribunal"	Insiste en que "no se trata de opiniones divergentes en cuanto a la forma de razonamiento, sino de la falta de aplicación de la normativa vigente, con las prohibiciones establecidas en cuanto a la suspensión de los intereses (art. 19 LCQ y art. 10 Ley 23.928) y la recepción de ello en la doctrina legal aplicable en nuestros Tribunales de Justicia".

Reitera que se computaron intereses conforme la tasa pasiva promedio hasta el 16/03/2010 arribando a una base de $18.355.825,35 y que esta actualización se encuentra prohibida por el art. 19 de la Ley Concursal; criterio sostenido por la doctrina legal de esta Corte (sentencia Nº 770 de fecha 13/08/2008).

Señala que "esta suspensión de intereses es un remedio para cristalizar o consolidar el pasivo concursal al momento de la prestación en concurso", que en virtud de ello, el crédito del acreedor no hubiese sido susceptible de actualización en caso de haberse admitido y que si AFIP-DGI no podía verse beneficiada por la actualización de la deuda más allá del límite temporal de la presentación en concurso, tampoco ahora pueden verse beneficiados los letrados apoderados y el síndico.

Con cita de otro precedente que estima de aplicación al caso, alega que "la base económica de la regulación de honorarios en el incidente de revisión, es la del monto del crédito verificado, sin que corresponda su reajuste ni adicionar intereses." (CSJT, sent. Nº 843 del 11/10/2000).

Destaca, por otra parte, que "el monto del crédito revisionado por AFIP comprende tanto deuda capital, como sus respectivos intereses resarcitorios, por eso el mismo se divide en crédito con privilegio general (capital) y crédito quirografario (interés)" y que "calcular intereses sobre el monto global revisionado implica incurrir en anatocismo prohibido por la normativa legal".

Menciona que "en idéntico sentido, mediante sentencia Nº 171 de fecha 14/05/2001, in re "Empresa El Trébol S.A. s/Concurso Preventivo incidente deducido por Roque Hugo Brizuela, la Sala II de la Excma. Cámara sostuvo "la presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca". Expresa que por imposición legal, "el importe del crédito verificado no devenga ningún tipo de intereses posteriores a la fecha de la presentación del deudor en concurso preventivo" y que los honorarios, que son su consecuencia, también deben ser regulados y fijados a la fecha indicada, conformándose en definitiva la base regulatoria por lo que efectivamente le corresponda percibir al acreedor". Destaca que ése "fue el criterio sostenido en reiteradas oportunidades por la Cámara en sus tres Salas".

Concluye que "calcular intereses por períodos posteriores a la fecha de de presentación en concurso, además de violatorio de las prohibiciones legales expresas (art. 19 L.C.Q.), resulta un exceso que no debe ser amparado por la justicia so pena de conculcar derechos de raigambre constitucional (art. 17 C.N.) y de incurrir en un enriquecimiento indebido (art. 1071 C.C.)".

Alega que "la cifra de $18.355.825,35. no refleja en ninguna medida el monto del crédito comprometido ni admitido en la presente incidencia.

Cuestiona que se entienda aplicable el precedente de la propia Cámara, "Legorburu Luis y otros s/ Concurso Preventivo", pues dicho pronunciamiento recayó en un incidente de verificación tardía de créditos con rechazo total del crédito insinuado. Expresa que la base fáctica de aquel caso difiere sustancialmente del presente incidente de revisión.

Tacha de arbitraria a la sentencia impugnada por falta de fundamentación, en tanto sin dar razón alguna de su decisión, desestima el agravio expresado vinculado a la elevada cuantía de los honorarios regulados a sindicatura.

Afirma que "en franca violación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el art. 16, los sentenciantes en inferior grado, determinaron la suma de $1.284.907 para el funcionario "auxiliar de la justicia" y de $385.472 y $212.009 para los letrados de la concursada".

Señala que "la jurisprudencia es conteste en considerar que teniendo en cuenta que el síndico es un auxiliar de la justicia, que cumple con una tarea de ayuda del juez, una misión de complemento, los honorarios regulados deben guardar una estimable proporcionalidad con la tarea realizada y con los honorarios de los abogados intervinientes".

Menciona que el propio tribunal de grado tiene dicho que "si bien los artículos 1 y 8 de la ley 7.887 que regulan el régimen arancelario de los profesionales en ciencias económicas, refiere expresamente a que la fijación de los honorarios de los contadores se regirá por las disposiciones de la ley (art. 1) . el caso amerita el apartamiento de tales normas" y que "como lo tiene dicho la jurisprudencia, los honorarios de los peritos contadores en materia judicial deben adecuarse además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los emolumentos de los demás profesionales que intervinieron en la causa" (cita el precedente "Rositto Víctor Miguel s/Concurso Preventivo s/inc. de verificación p.p. AFIP".- Expte. Nº 3620/01-i2", del 19/10/2011).

Afirma que "los honorarios de los peritos deben guardar relación con el monto y retribución de los profesionales del Derecho, por lo que se admitió que los jueces pudiesen apartarse de las leyes arancelarias que regulan la actividad de aquellos, para adecuar la regulación a la de los abogados, ello a la luz de lo normado por el art. 13 de la ley 24.432".-	Expresa que su parte no desconoce la facultad que inviste a los jueces de estimar los honorarios de los profesionales con cierto grado de libertad dentro de los parámetros legales establecidos, pero aún en uso de esa libertad deben respetarse y resguardarse los derechos de todas las partes involucradas, so pena de conculcar derechos de raigambre constitucional (art. 4, 16, 17 C.N.) como los que se ven afectados en autos".

Se agravia asimismo de que la sentencia recurrida omita motivar el planteo vinculado a la aplicación de la Ley 24.432. Señala que la Cámara rechaza el agravio "citando jurisprudencia que en nada contradice lo solicitado" por su parte.

Afirma que "la jurisprudencia habilita la aplicación de la ley 24.432 cuando exista una desmesurada desproporción entre el honorario regulado y la tarea efectivamente realizada" y que "las situaciones de injusticia por una regulación, que resulta excesiva en relación con la tarea realizada por el profesional, y más allá del monto en juego, deben solucionarse con una disminución arancelaria a los fines de armonizarla más con el trabajo efectivamente prestado, que con las sumas discutidas".

Entiende que la Cámara debió considerar que nos encontramos en un proceso concursal y que tratándose de un incidente de revisión, "el Síndico es el ayudante de la justicia, no tiene carácter de parte y su intervención lo es a los fines de emitir un informe al decisorio del juez". Considera que en virtud de las concretas circunstancias de la causa, "no resulta ajustado a derecho y a los principio generales de equidad y proporcionalidad, los montos de honorarios regulados en autos, en especial el del Contador Sirimaldi".

Menciona que "la Ley Nº 7894 sobre aranceles para profesionales en ciencias económicas, expresamente prevé que su aplicación tiene lugar en procesos que no contengan pautas ni bases regulatorias especiales", que "la LCQ en su art. 287 remite a la ley arancelaria local las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso" y que "por lo tanto la misma base regulatoria y la misma ley, es la que debe tenerse en cuenta para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, sean éstos abogados o contadores auxiliares del proceso".

Alega que "con el objeto de cuantificar lo excesivo de los estipendios regulados, basta con cotejar la documentación de autos y observar que $440.179,33 es el monto verificado por AFIP en el presente incidente de revisión, monto sobre el cual deben regularse los emolumentos conforme la doctrina legal precitada de "Citral Argentina", mientras que en la suma de $1.284.907 se determinaron los mismos para el Síndico".

III.- La sentencia recurrida en casación:

La Cámara hizo una escueta reseña de los planteos formulados por el recurrente en la revocatoria y, al analizarlos, concluyó señalando que el agravio fundado en la improcedencia de la actualización de la base regulatoria y en la inaplicabilidad del precedente jurisprudencial citado por el a quo (Legorburu Luis y otros s. Concurso Preventivo -inc.de verificación tardía de crédito), no podía ser admitido. Expresó que "sin duda alguna lo resuelto en la jurisprudencia citada en el punto 2 de la sentencia cuya revocatoria se plantea, resulta ajustada a la situación planteada en autos" y que ello imponía el rechazo de la misma.

El tribunal de grado señaló que "el incidente de revisión rechazado no queda abarcado en la ley de concursos y quiebras, resultando aplicables las normas previstas para los incidentes en las leyes arancelarias locales, de lo que se colige -como ya se dijo- que en virtud de lo normado por el art. 287 LCQ se aplica, a los fines de la determinación de la base regulatoria lo dispuesto por el art. 59 en concordancia con el art. 39 de la ley 5480".

Consideró que si bien en la revocatoria, el recurrente puede insistir en los agravios ya expresados en el memorial de apelación -por entender que la Cámara incurre en el mismo error que el juez de primera instancia- debe demostrar el error que atribuye al pronunciamiento impugnado; objetivo que no entendió satisfecho en el sublite.

Mencionó que no obstante insistir el recurrente en que no corresponde aplicar intereses de tasa pasiva sobre el monto respecto del cual no prospera la revisión, "no se observan en el fallo atacado, las deficiencias apuntadas.más allá de la divergente opinión que manifiesta en torno a la forma de razonamiento y expresión del resultado al que en definitiva arriba este Tribunal".

Con transcripción de precedentes jurisprudenciales que estima de aplicación al caso, rechazó asimismo el planteo vinculado al art. 13 de la ley 24.432.

IV.- Antecedentes de la causa:

Como cuestión preliminar, resulta oportuno pasar revista a los actos procesales que precedieron a la regulación de honorarios del presente incidente de revisión y que, por su relevancia y pertinencia, servirán para echar luz a la cuestión debatida en autos.

A fs. 3/21 la apoderada de la acreedora concursal AFIP-DGI promueve el presente incidente de revisión, tendiente a cuestionar la composición y cuantía de los créditos que la señora juez del concurso declarara admisibles por sentencia del 21/6/2006. Por resolución del 19/9/2007 (fs. 305/307) la incidencia es rechazada, con costas a la AFIP-DGI. Apelado este pronunciamiento (fs. 309) y expresados los agravios por el apelante (fs. 314/331) se sustancia el recurso y con fecha 10/11/2008, el tribunal de alzada resuelve hacer lugar al mismo, acoger el incidente de revisión en forma parcial, disponer que la sindicatura practique la liquidación de las acreencias allí reconocidas y modificar la imposición de las costas de ambas instancias en la incidencia, que debían ser "soportadas proporcionalmente al vencimiento producido" (fs. 367/371). Quedó allí explicitado que por la parte que prospera (créditos que se declaran admisibles), las costas serán soportadas por el concursado y por la parte en que es rechazada (créditos no admitidos del pasivo concursal), las costas serán soportadas por el acreedor vencido (cfr. punto V, último párrafo).

Este pronunciamiento quedó firme, al ser rechazado el recurso de casación interpuesto por la AFIP-DGI (fs. 376/393), por sentencia de esta Corte del 24/8/2009 (fs. 411/420).

A fs. 437/442, la Sindicatura dio cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de la Cámara antes mencionada, que le había impuesto liquidar el crédito verificado como consecuencia del incidente de revisión (punto II de la resolutiva de fs. 367/371); determinación que arrojó un total de $154.839,53. El mencionado informe fue puesto a conocimiento de los interesados conforme proveído del 10/3/2010 (fs. 443), notificado a la oficina con fecha 11/3/2010 (fs. 443 vta.).

Por resolución del 25/3/2010 se regulan honorarios a los letrados intervinientes (Eduardo Palacio, Julio César Palacio y María Elena Zelarayán de Médici ($ 385.472, $ 212.009 y $ 5.040, respectivamente) y al síndico Carlos Alberto Sirimaldi ($ 1.284.907). El auto regulatorio deja expresa constancia de que por aplicación del art. 65 inc. c de la ley N° 5480, la base regulatoria en el incidente de autos está dada por "el monto del crédito verificado por el incidentista", señalando que conforme el informe de sindicatura de fs. 437/442, la suma en cuestión era de $ 154.839,53. A renglón seguido menciona que a tenor de la imposición de costas dispuesta en autos, correspondía confrontar el importe pretendido en la revisión ($ 13.641.112,30) y el total efectivamente admitido en la incidencia ($ 154.839,53), lo que arroja un total de $ 13.486.272,77. El tribunal procede a calcular intereses a tasa pasiva y obtiene una suma de $ 18.355.825,35 al 16/3/2010 que serviría de base. Agrega que "determinada la oportunidad y el monto base" considera "la labor realizada, carácter de los profesionales, éxito obtenido, etapas cumplidas durante el trámite del presente incidente, el valor, mérito y eficacia jurídica de los escritos presentados, la diligencia observada y lo dispuesto en los arts. 14, 15, 24, 38, 39, 44, 59 y 65 de la ley N° 5480" en relación a los letrados: Respecto del síndico Sirimaldi, afirma considerar "la profesión del mismo", las normas propias que regulan el ejercicio de tal profesión" -integradas armónicamente con lo dispuesto por los arts. 59 y 65 de la Ley N° 5480- para así establecer las pautas generales a tener en cuenta. Destaca que en relación al síndico toma "el mismo monto base que el adoptado para los letrados, preservando de este modo la justa proporción que debe existir en la estimación de ambas tareas" y que "tratándose de auxiliares de justicia, la regulación debe realizarse en concordancia con la tarea realizada y teniendo en cuenta sobre todo la incidencia en el dictado de la sentencia" (cfr. sentencia de fs. 444).

El auto regulatorio aludido es apelado por la apoderada de la AFIP-DGI en los términos que surgen de fs. 460/467; recurso que es rechazado por la Cámara con fecha 17/3/2011 (fs. 496/498).

El tribunal expresó que la base estimada a efectos de la regulación de honorarios se ajusta al "monto por el que prospera la revisión" ($ 154.839,53) teniendo en cuenta asimismo el monto por el que no prospera ($13.436.272,77). En respuesta al agravio según el cual la revisión prosperó por la suma de $ 440.179,33, señaló que "del informe obrante a fs. 419/442 que realiza la sindicatura.surge claramente que el total de la deuda verificada por revisión asciende a la suma de $ 154.839,53 (fs. 440)" siendo "la cifra por la que prospera la demanda. Agregó que "el total de la deuda que solicitó verificar AFIP-DGI asciende a $ 13.641.112,30 (fs. 442)" a la que "se le debe restar el monto verificado y nos da la suma de $ 13.486.272,77 que es el monto por el que no prospera la demanda". Puntualiza el pronunciamiento que "el informe realizado por la sindicatura se efectúa en forma minuciosa y fue puesto a la oficina para conocimiento de las partes, no habiendo efectuado observación alguna a tal informe" y que haber "precluído la etapa procesal oportuna para observar el mismo" se encontraba "firme el monto por el cual se verifica el crédito revisionado".

Respecto del agravio vinculado a la aplicación de intereses a tasa pasiva al momento de establecer la base regulatoria, funda su rechazo en la aplicación de un precedente de la sala II de la Cámara (sentencia 167 del 24/8/2009, "Legorburu, Luis y otros s/Concurso preventivo.- Inc. de verificación tardía"; por lo que confirmó la estimación de la base (monto por el que no prosperó la revisión) en la suma de $ 18.355.825,35 al 16/3/2010.

Finalmente, respecto del agravio en el que se cuestionaba la exorbitancia de los honorarios regulados al síndico, el tribunal expresó que en razón de la confirmación de la base regulatoria establecida por el juez a quo y teniendo en cuenta que el porcentual aplicado se encuentra dentro de la escala legal, el planteo debía ser desestimado.

Notificada la sentencia del tribunal de alzada, la apoderada de la AFIP-DGI interpone la revocatoria prevista en el art. 31 de la Ley N° 5480 y en el art. 35 de la Ley N° 7897 (fs. 504/513), que es resuelta por resolución del 11/3/2012 (fs. 527/528), lo que motiva el presente recurso de casación.

V.- Admisibilidad del recurso:

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 546), se ha dado cumplimiento al depósito impuesto por el art. 752 del CPCC (fs. 532) y la sentencia recurrida satisface el recaudo formal impuesto por el art. 748 procesal. El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias del art. 751 del CPCC, invocando infracción de normas de derecho (art. 750 procesal) y arbitrariedad en la valoración de los antecedentes y pruebas de la causa, por lo que el recurso deviene admisible. Corresponde, por tanto, ingresar al análisis de procedencia del mismo.

VI.- Procedencia del recurso:

Confrontados los agravios de la impugnación recursiva con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y los antecedentes fácticos y normativos de la causa, se advierte que el recurso interpuesto debe prosperar en los términos que a continuación se exponen.

VI.a.- El agravio referido a la base regulatoria. Su consideración frente a las particularidades del caso de autos:

El auto regulatorio de primera instancia (fs. 444), confirmado por el tribunal de alzada (fs. 496/498), puntualizó que en mérito a la imposición de costas firme (fs. 367/371), la concursada soportaría las costas en relación a los créditos que fueron admitidos en el incidente de revisión y la acreedora AFIP-DGI, asumiría las costas respecto de los créditos no admitidos en dicha incidencia. Bajo esa premisa, distinguió la situación de las partes involucradas y procedió a regular honorarios a la representación letrada de la acreedora revisionista (AFIP-DGI) y de la concursada, como así también a la sindicatura.

Al determinar la cuantía de los honorarios del apoderado del acreedor, invocó la preceptiva del art. 65 inc. c de la ley arancelaria local (conforme la remisión impuesta por el art. 287 de la ley concursal) y concluyó que la base regulatoria a computar en dicho supuesto, era el monto del crédito verificado en el pertinente incidente. Dejó sentado que la suma resultante era la liquidada por la sindicatura en el informe de fs. 437/442. Dicho ello, mencionó las pautas consideradas y reguló honorarios a la apoderada de la AFIP-DGI.

A renglón seguido, respecto del apoderado y patrocinante de la concursada y del síndico, entendió que la condena en costas imponía determinar la base regulatoria atendiendo al "importe pretendido en la revisión" y al efectivamente admitido. Con este pie arancelario (la diferencia entre las sumas antes mencionadas) y en mérito a las pautas legales allí referidas, fijó los honorarios aludidos.

Ahora bien, el agravio vinculado a la base regulatoria computada para regular honorarios al apoderado y al patrocinante de la concursada y a la sindicatura, no puede prosperar.

El art. 287 de la ley concursal dispone: "Honorarios en incidentes. En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado".

En mérito a la preceptiva precedentemente citada, y a fin de cumplir con la remisión normativa dispuesta por la ley falencial, se imponía al sentenciante analizar el catálogo de disposiciones contenidas en la ley arancelaria local, a fin de aplicar la solución legal ajustada al sublite.

Resulta indudable que en el caso, la regulación de honorarios del letrado apoderado de la acreedora revisionista (AFIP-DGI) debía hacer pie en el art. 65 inc. c de la Ley N° 5480 que expresamente dice: "En los concursos civiles, quiebras y concursos preventivos, .el honorario del abogado patrocinante de cada acreedor, se fijará aplicando las pautas del artículo 38 primera parte, sobre: ...inc. c: el monto del crédito verificado en el pertinente incidente.

Como se advierte, la directiva legal contenida en la norma transcripta, resulta aplicable al supuesto allí previsto; esto es, a la regulación de los honorarios que corresponda a la representación letrada del acreedor que promueve el incidente de verificación o de revisión.

Haciendo aplicación del citado precepto legal, el auto regulatorio de marras dispuso que fuera el monto del crédito verificado en la incidencia, el que sirviera de base a la regulación de los honorarios de la apoderada de la AFIP-DGI. En efecto, la señora jueza de primera instancia tomó ese pie arancelario y ponderando las pautas que emergen de la normales legales citadas, reguló honorarios a la letrada María Elena Zelarayán de Médici; criterio que fue confirmado por la Cámara y que no es cuestionado en esta instancia.

No puede admitirse, sin embargo, el agravio de la recurrente encaminado a sostener que esta base regulatoria es la que correspondía computar para regular los honorarios de los demás profesionales intervinientes en el presente incidente (el apoderado y el patrocinante de la concursada y la sindicatura). Como se dijo, la directiva impartida por el art. 65 inc. c de la Ley Nº 5480 tiene un ámbito de aplicación acotado al supuesto normativo allí contemplado, cual es, la regulación de honorarios del abogado del acreedor, cualquiera sea el rol que asuma (cfr. Ure-Finkelberg, Honorarios de los Profesionales del Derecho, pág. 395. Los autores analizan el texto del art. 31 de la Ley N° 21.839, de redacción análoga al 65 de la ley arancelaria local). Ergo, tratándose de los honorarios de la representación letrada de la concursada y del síndico, a cargo del acreedor perdidoso en proporción a los créditos no admitidos (conforme la imposición de costas firme), la regulación escapaba a las previsiones legales de la norma ut supra analizada.

Tal como surge de la reseña de los antecedentes de la causa, en autos la acreedora AFIP-DGI dedujo el presente incidente (fs. 3/21) a fin de que se revisara la naturaleza y cuantía de la acreencia oportunamente insinuada, disconforme con el criterio adoptado al admitir parcialmente la misma. Conforme se señalara, rechazado el incidente de revisión en primera instancia y apelado dicho pronunciamiento, el tribunal de alzada resolvió hacer lugar al recurso deducido, acoger la incidencia en forma parcial, disponer que la sindicatura practicara la liquidación de las acreencias allí reconocidas y modificar la imposición de las costas de ambas instancias en la incidencia, que debían ser "soportadas proporcionalmente al vencimiento producido" (fs. 367/371).

Una vez firme la condena en costas y cumplidas las actuaciones procesales dispuestas por el fallo de la alzada (liquidación de las acreencias reconocidas por vía de revisión), el sentenciante consideró que el interés económico comprometido en la incidencia debía ser ponderado al momento de determinar los honorarios profesionales. Y concretamente, al regular honorarios a la representación letrada de la concursada y a la sindicatura, entendió que la base regulatoria estaba dada por la diferencia entre la suma pretendida por el acreedor en la revisión y la efectivamente admitida.

La doctrina autoral viene señalando desde hace décadas, las dificultades a las que se enfrenta el juez cuando debe interpretar la normativa legal vigente y regular honorarios profesionales en los incidentes concursales y, en particular, la problemática vinculada a la determinación de la base regulatoria en los incidentes de verificación tardía y de revisión, cuando la pretensión insinuatoria o revisoria prospera en forma parcial (cfr. Pesaresi-Pessaron, Honorarios en Concursos y Quiebras, pág. 496; Ure-Finkelberg, Honorarios de los Profesionales del Derecho, pág. 395). Luego de reseñar los precedentes jurisprudenciales que marcan la evolución en los criterios adoptados por los tribunales nacionales, se concluye que "si la pretensión es admitida parcialmente.no sólo cabe considerar el monto de la condena sino también la cantidad cuya procedencia se desestima" (cfr. Pesaresi-Pessaron, cit., pág. 498). Aún más, la doctrina autoral y la jurisprudencia dominante en los tribunales nacionales se han inclinado por considerar que al momento de establecer la base regulatoria, se debe computar "la pretensión inaugural del trámite de que se trate" (Pesaresi-Pessaron, cit., pág. 500 y fallos allí citados), advirtiéndose que "en caso en que las costas del incidente de revisión le sean impuestas al acreedor que intentó la verificación, el monto para la regulación está representado por la suma consignada al formular la presentación pues ésta marca el contenido y alcance de la pretensión (Ure-Finkelberg, cit., pág. 398).

Voces especializadas afirman que "según la postura más difundida", al momento de establecer la base regulatoria, corresponde computar la suma pretendida -en el caso, por el acreedor revisionista- independientemente del resultado de dicha pretensión, entendiendo que tal criterio coincide con la regla establecida por la Corte Nacional al postular que "no existe diferencia alguna en los valores en juego según la pretensión deducida en la demanda prospere o sea rechazada ya que, a esos efectos, las misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho incorporado al patrimonio del interesado, como la admisión de que el supuesto derecho no existe" (CS, 4/11/86, "Gómez, Humberto vs. Benini, Américo", LL 1987-A,400; ídem., 6/9/88, "Occidente Cía Financiera S.A. vs.- Construcciones La Caleta"; ídem., 11/5/89, Siam Di Tella Ltda. vs.- Coordinadora de Servicios", Fallos 312:682).

El art. 287 de la LCQ -que regula la temática de los honorarios profesionales en los incidentes concursales- luego de disponer la remisión al capítulo de los incidentes contenido en las leyes arancelarias locales, advierte que deberá computarse como monto del proceso principal "el del propio crédito insinuado y verificado".

Despejada la aplicación del art. 65 inc. c de la Ley N° 5480 ya analizado (destinado a los honorarios de quien ejerza la representación letrada del acreedor, estableciendo como base regulatoria "el monto del crédito verificado en el pertinente incidente"), no luce descaminado entender que para la regulación de los honorarios de los demás profesionales (en el caso, los abogados de la concursada y el síndico), el pie arancelario debe computar "el valor discutido en la contienda", "el interés comprometido en la incidencia", "el marco económico del debate". Calificada doctrina señala que, con acierto, este criterio es el que la jurisprudencia nacional dominante ha adoptado, (Pesaresi-Pessaron, cit., pág. 498 y jurisprudencia allí citada; ídem, "La retribución en los incidentes concursales", JA 2001-IV-1297).

La Corte Nacional, en un precedente que guarda relación con el caso de autos (donde los recurrentes alegaban que el pie arancelario debía considerar la suma pretendida en la revisión y la efectivamente admitida), no dio respuesta concreta a la inquietud planteada, en tanto descalificó el pronunciamiento impugnado por falta de fundamentación (cfr. voto mayoritario en CS, 6/3/2001, "Romero S.A. s/Quiebra.- Incidente de revisión promovido por DGI", LL 2002-B,375 con nota de Alfredo M. Condomí). Sin embargo, el aludido voto mayoritario mencionó que al regular honorarios, y en el ejercicio de las facultades legalmente conferidas, los jueces no pueden "ignorar por completo la cuantía económica del pleito".

Un sector de la doctrina, al comentar este precedente, entiende que se impone la adopción de un "criterio realista" que no desatienda el marco económico del debate y la suerte de la pretensión incidental (cfr. Condomí, Alfredo M., "Una interpretación realista sobre honorarios e imposición de costas en el caso Romero", LL 2002-B,375).

Cabe señalar que la aplicación mecánica de un dispositivo legal no debe conducir la determinación de honorarios profesionales que conduzca a resultados apartados de la realidad de los hechos, absurdos o injustos. Se impone admitir que la ausencia de alternativas legales para el establecimiento de la base regulatoria puede conducir a una rigidez extrema en el elemento normativo del acto jurisdiccional haciendo pensar que les está vedado a los jueces adoptar otras soluciones, aún cuando el quantum al que se arribe pueda lucir desproporcionado, irrazonable o injusto (cfr. arg. CSJT, sent. 179 del 12/3/2009, "Mendoza, Mirta Sonia vs. Mayer Hugo s/ Daños y perjuicios").

En autos, el tribunal confirmó el pronunciamiento que, al establecer la base de los honorarios de los abogados de la concursada (apoderado y patrocinante) y del síndico, estimó necesario considerar la diferencia entre la suma pretendida en la revisión y la efectivamente admitida (dada la imposición de costas firme y los vencimientos recíprocos allí establecidos). A la luz de la preceptiva legal aplicable al caso (art. 287 de la LCQ y art. 39 inc. 1 de la Ley Nº 5480) y de los antecedentes y constancias de la causa (cuantía de los créditos pretendidos por el acreedor revisionista, posición asumida por la concursada y la sindicatura y cuantía de las acreencias finalmente admitidas en la incidencia), el criterio adoptado no luce infundado; conclusión que sella en forma adversa la suerte del agravio sobre el punto.

VI.b.- El agravio referido al error en la cuantía de los créditos reconocidos en el incidente de revisión:

Asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el pronunciamiento recurrido en casación se desentiende del agravio conforme al cual la base regulatoria establecida por el sentenciante no computa la cuantía real de las acreencias admitidas en el incidente de revisión de autos.

Como se dijo, al imponer costas en el incidente de revisión, se dejó establecido que las mismas serían asumidas por cada parte en función de los recíprocos vencimientos, lo que imponía confrontar el monto por el que la incidencia había prosperado (créditos admitidos en la revisión) y la suma por la que no había prosperado (créditos no admitidos). Se puntualizó que el crédito verificado en la instancia de revisión ascendía a la suma de $ 154.839,53, conforme el informe de sindicatura 437/442. Tomando esta base (conf. art. 65 inc. c de la Ley Nº 5480), la sentenciante reguló honorarios a la apoderada de la AFIP. Por otra parte, como se dijo, el auto regulatorio determinó la diferencia entre la cuantía del crédito pretendido en el respectivo incidente y el crédito que fue finalmente admitido ($ 13.641.112,30 - $ 154.839,53), y a dicho resultado ($ 13.486.272,77) le adicionó intereses a tasa pasiva, obteniendo la base de cálculo para la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes y de la sindicatura.

La Cámara respaldó el criterio adoptado por la señora jueza de primera instancia y rechazó el recurso de apelación interpuesto, soslayando cuestiones que habían sido planteadas (el pretenso error en la cuantía del crédito admitido en la revisión) y que eran de ineludible consideración.

A la luz de las consideraciones vertidas en el apartado precedente, decisivo resultaba establecer la cuantía del crédito verificado en el incidente de revisión de marras, pues la suma en cuestión serviría de base para la determinación de los honorarios profesionales cuya regulación se cuestionaba.

Al apelar el auto regulatorio de primera instancia (cfr. memorial de fs. 460/467), la recurrente planteó como un agravio particular, el desacierto de sostener que el incidente de revisión había prosperado por $ 154.839,53, "cuando el realidad prosperó por $ 440.179.33". Advirtió, en esa oportunidad procesal, que "la confusión del sentenciante radica en el informe emitido por sindicatura" que así lo había señalado.

Como se mencionara ut supra, al resolver el recurso de apelación aludido, la Cámara sostuvo que "del informe obrante a fs. 419/442 que realiza la sindicatura.surge claramente que el total de la deuda verificada por revisión asciende a la suma de $ 154.839,53 (fs. 440)", que dicho informe fue elaborado "en forma minuciosa", que fue notificado a las partes, que no se formalizó observación alguna y que al haber "precluído la etapa procesal oportuna para observar el mismo" se encontraba "firme el monto por el cual se verifica el crédito revisionado".

En la revocatoria posteriormente planteada por la AFIP-DGI (fs. 504/513), la acreedora revisionista insistió con su impugnación sobre el punto, señalando que "la base tomada para estimar los honorarios es una cifra inexistente en esta contienda judicial", que la "Excma. Cámara se funda en los guarismos informados por la sindicatura contrariando los parámetros y montos resultantes de las sentencias recaídas", que "son estos pronunciamientos y no los consejos técnicos y opiniones los que deben primar" en la determinación la base regulatoria, que "son las sentencias judiciales las que determinaron cuándo y cuánto se admitió del crédito de la AFIP-DGI", que el síndico omite computar conceptos que recién fueron admitidos en el incidente de revisión, que "si el informe tiene errores no es vinculante", que se trata de una "situación fáctica comprobable por el tribunal", que "el equívoco en el trámite no genera preclusión", que la falta de impugnación no puede conducir a "dar carácter de inmutablidad . a un derecho que es sólo aparente y que "se trata de un error que la justicia no puede amparar so pena de conculcar derechos constitucionales".

Al resolver la revocatoria (fs. 527/528), la Cámara admitió que por dicha vía puede el recurrente insistir en los agravios ya expresados en el memorial de apelación -si considera que el tribunal de alzada incurre en el mismo error que la sentencia de primera instancia- puntualizando que es carga del impugnante demostrar las deficiencias denunciadas. Pero a renglón seguido, el pronunciamiento desestimó la configuración del error alegado, omitiendo un análisis circunstanciado de la cuestión planteada.

El recurrente explicitó en el memorial de agravios dónde radicaba el error que atribuía al informe de sindicatura (fs. 462, sexto párrafo), señalando que se tenía por verificado un crédito por deuda previsional (capital e intereses) en la sentencia verificatoria del art. 36, cuando sólo el capital ($ 92.602,69) fue admitido en esa oportunidad procesal, dado que el crédito por intereses ($ 285.339,80) fue admitido recién por vía de revisión.

Como se dijo, la Cámara omitió todo análisis del tema en el pronunciamiento recurrido en casación pese a la existencia de un planteo particular sobre el punto. Al hacerlo, el tribunal dejó sin respuesta los cuestionamientos formulados contra la sentencia dictada en la instancia de apelación (que el crédito por intereses de la deuda previsional fue recién admitido en el incidente de revisión, que el error deriva del informe de la sindicatura al momento de liquidar el crédito verificado en la incidencia, que este error no puede modificar la sustancia de la decisión judicial ya emitida, que aún a falta de impugnación el sentenciante puede y debe rectificarlo, etc.) y este comportamiento silente vicia al pronunciamiento recurrido.

Aún admitiendo que el tribunal de grado tomara como base regulatoria la diferencia entre la suma pretendida al promover la incidencia y la efectivamente reconocida, resultaba imperioso determinar la cuantía del crédito admitido en el incidente de revisión. Este último quantum fue objeto de cuestionamiento por el recurrente, que denunció una omisión en el informe de sindicatura, tomado como base por el sentenciante al momento de establecer la base regulatoria. Y tales observaciones debían ser analizadas por el tribunal de alzada.

Si bien el pronunciamiento que rechaza el recurso de apelación deducido contra el auto regulatorio (sentencia de fecha 17/3/2011, fs. 496/498) da respuesta al agravio en cuestión, los fundamentos ofrecidos no justifican lo decidido en la instancia. La Cámara se limitó a sostener que la deuda verificada por revisión asciende a la suma de $ 154.839,53, que ello surge del informe elaborado por la sindicatura en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal, que dicho informe fue notificado a las partes, que no se formalizó observación alguna y que al haber "precluído la etapa procesal oportuna para observar el mismo", se encontraba firme. El tribunal eludió así el análisis de la cuestión planteada, desentendiéndose del error que el recurrente atribuía al pronunciamiento apelado.

"Tiene dicho el más Alto Tribunal de la Nación, constituyendo por tanto derecho judicial vigente, que: a) es un principio jurídico incontestado en la legislación y en la doctrina, que no pueden subsistir en la sentencia un error aritmético o de cálculo, por el cual se genera o lesiona un derecho; b) dicho error material o cualquier otro que los magistrados advirtiesen al revisar las operaciones aritméticas utilizadas para determinar montos (capital, honorarios, etc.) deben ser corregidos aún de oficio; caso contrario incurrirían con la omisión en falta grave, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error; c) una sentencia informada por vicios semejantes, "... lejos de preservar conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquella busca amparar, más que el texto del fallo, la solución real prevista en él; d) un pronunciamiento que deniegue corregir un mero defecto numérico, alegando que no fue cuestionado por la parte afectada mediante la vía procesal oportuna, importa desconocer la unidad de las sentencias judiciales, amparar el predominio de una solución formal, apartarse de las circunstancias comprobadas de la causa y de la norma aplicable (CPN, artículo 166, inc. 1°, in fine), con agravio de la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional" (cfr. CSJT, sent. 496 del 6/7/2004, "Díaz, Alfredo Rafael y otros c/Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo"; sent. 599 del 29/7/2002, "Augier de Galera, Blanca Yolanda vs. Marzoratti, Miguel Ángel y/o. s/Restitución de cupos de producción de azúcar"; sent. 141 del 22/10/94, "Centeno, Víctor Enrique vs. Municipalidad de Concepción s/Enfermedad accidente"; sent. 163, del 27/4/94, "Gómez, Carlos Alberto vs.- Christie S.A. s/Indemnización por despido";). En sentido concordante, se ha dicho que los errores de volición del juzgador no pueden ser enmendados después de emitido el pronunciamiento -salvo por vía de apelación y, en su caso, de casación- pero que los errores de expresión de aquella voluntad, pueden ser aclarados o corregidos por el mismo juez en tanto no se modifica la sustancia del decisorio sino sólo se elimina la discordancia entre lo que se quiso decir y lo que ha dicho (cfr. CSJT, sent. 599 del 29/7/2002, "Augier de Galera, Blanca Yolanda vs. Marzoratti, Miguel Angel y/o. s/Restitución de cupos de producción de azúcar").

Pese a reeditar en la revocatoria el planteo vinculado al pretenso error en la base regulatoria (que el recurrente atribuye a los guarismos arrojados por el informe de sindicatura), la cuestión fue ignorada por el tribunal de grado, que omitió toda referencia en relación al punto.

Dado que el argumento sentencial referido a la preclusión procesal y firmeza del informe de la sindicatura resultaba inidóneo para eludir el tratamiento del planteo en oportunidad de resolver la apelación, y siendo necesario ingresar al tratamiento de la cuestión relativa a la base regulatoria (agravio de la apelación, reeditado en la revocatoria), el comportamiento silente del tribunal descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Como se dijo, la interpretación del art. 287 de la ley concursal y su remisión a las normas arancelarias locales imponía una labor de hermenéutica ajustada a las particularidades del incidente de revisión tramitado en autos (incidente de revisión en un concurso preventivo que prospera en forma parcial) y en cualquier caso, el primer paso era la determinación de la base regulatoria.

La Cámara debió tratar el agravio vinculado a la errónea fijación de la base regulatoria, sea para admitirlo o desestimarlo, analizando los argumentos en los que la revisionista fundaba su cuestionamiento; análisis que imponía confrontar la sentencia dictada por el juez de Iº instancia conforme al art. 36 de la LCQ (para constatar los créditos que fueron allí admitidos, su naturaleza y cuantía) y la sentencia dictada en la alzada en el presente incidente de revisión (sentencia del 10/11/2008, fs. 367/371). De dicho cotejo y confrontación surgirían los conceptos que dan contenido al crédito reconocido a la AFIP-DGI en el presente concurso y la oportunidad procesal de su admisión, distinguiendo claramente la cuantía del crédito admitido en el presente incidente de revisión. Oportuno es destacar que la sentencia de fs. 367/371 aludida, determinó los conceptos que daban la medida de la revisión admitida por el sentenciante (punto I de la resolutiva) y que la cuantificación fue delegada en la sindicatura, que debía liquidar esas acreencias en una instancia posterior (punto II de la resolutiva). Siendo así, un eventual error en el informe elaborado por el síndico no puede ser soslayado por el sentenciante al momento de regular honorarios en la incidencia. Resulta evidente que la determinación de la base regulatoria debe guardar correspondencia con la cuantía de los créditos reconocidos en el incidente de revisión y que un error en la liquidación practicada por el síndico no puede contrariar el quantum que corresponde a los créditos admitidos en la sentencia judicial que le sirve de causa.

La deficiencia apuntada descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido y determina su nulidad, por lo que la impugnación recursiva debe ser admitida. Ello, en mérito a la siguiente doctrina legal: "Es arbitrario, por falta de motivación suficiente, el pronunciamiento que omite considerar y pronunciarse sobre un agravio de necesario análisis para la resolución del debate propuesto en la instancia".

Los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda analice la cuestión planteada a la luz de los antecedentes y constancias de las presentes actuaciones, cotejando las constancias de los autos principales antes mencionadas, y se pronuncie por la procedencia o improcedencia de la impugnación vinculada a la base regulatoria. Todo ello, teniendo en cuenta la preceptiva legal aplicable y las particularidades de la causa (incidente de revisión en un concurso preventivo que prospera en forma parcial, con imposición de costas en función de los recíprocos vencimientos).

VI.d.- El agravio referido a la aplicación de intereses a la base regulatoria:

El agravio referido a los intereses a tasa pasiva que se aplicó a la suma que constituía la base regulatoria -computada para regular honorarios a los abogados de la concursada y al síndico- no puede prosperar.

Si bien es cierto que el art. 19 de la ley concursal dispone que la presentación en concurso produce la suspensión del curso de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, este dispositivo no autoriza a fundar el cuestionamiento del recurrente.

Se ha dicho, en efecto, que la suspensión de los intereses dispuesta por la norma citada constituye un remedio previsto por el legislador ante la existencia de un patrimonio impotente para hacer frente a las obligaciones que lo gravan y con la finalidad de encontrar una más fácil salida para el deudor aquejado por dicha situación (Heredia, Pablo D., Tratado Exegético de Derecho Concursal. Ley 24.552 Comentada, Anotada y Concordada, T. 1, pág. 497; en términos similares lo explica Martorell, Ernesto E. (Dir.), Ley de Concursos y Quebras T. I, pág. 737). Se destaca que la medida consagrada por el art. 19 de la ley concursal procura de la cristalización del pasivo a la fecha de presentación en concurso y que fuera de las excepciones allí contempladas, comprende "todo crédito.siempre que el concursado sea deudor", advirtiéndose que "la suspensión sólo tiene efectos respecto del concursado" (Junyent Bas-Molina Sandoval, Ley de Concursos y Quiebras Comentada, T. I, pág. 176).

En esa línea de interpretación se ha expresado que "los honorarios del síndico, de los profesionales que lo asistieron, de quienes patrocinaron al fallido y al acreedor y de los peritos devengados en los incidentes de verificación tardía y de revisión -así como tantos otros- que son naturalmente posconcursales pero que por la condena en costas al acreedor pueden perseguir a una parte in bonis, en estos casos es indudable que no rige el régimen concursal, regulándose las situaciones conforme a la ley local donde . los intereses es procedente" (Pesaresi-Pessaron, Honorarios en Concursos y Quiebras, pág. 513).

En mérito a las consideraciones vertidas al momento de analizar la normativa aplicable y las pautas para la determinación de la base regulatoria, permanece indemostrado el déficit que se imputa al tribunal en la resolución del tópico.

De la doctrina del pronunciamiento recurrido emerge que el tribunal respaldó el criterio conforme al cual a efectos de determinar los honorarios de la representación letrada de la concursada y del síndico -a cargo del acreedor revisionista condenado en costas- la base regulatoria no debía omitir el computo de los intereses correspondientes; criterio que guarda relación con la idea que es el marco económico del debate el que debe quedar representado en ese pie arancelario (arg. art. 39 inc. 1 de la Ley Nº 5480).

Si se entiende que el monto del proceso en el presente incidente de revisión debe ser conceptualizado como el capital reclamado en la demanda con más sus intereses, la inclusión de los mismos no luce apartada de la directiva legal aplicable al caso (cfr. Arg. CSJT, sent. 665 del 12/9/2011, "Azucarera Independencia S.A. s/Quiebra").

De conformidad a lo expresado, corresponde rechazar el agravio sobre el punto.

VI.e.- El agravio expresado vinculado a la cuantía de los honorarios regulados a sindicatura:

En mérito a que en la instancia se resuelve anular el pronunciamiento recurrido en cuanto omite analizar el error que existiría al liquidar los créditos reconocidos en la instancia de revisión (dada su incidencia en la determinación de la base regulatoria), no corresponde ingresar al tratamiento del agravio referido a la elevada cuantía de los honorarios regulados al síndico.

VI.f.- El agravio vinculado a la no aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432:

Asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el tribunal de grado rechazó la petición del apelante encaminada a la aplicación de los correctivos previstos en el art. 13 de la Ley Nº 24.432, sin la debida fundamentación.

En efecto, la Cámara reproduce casi en la totalidad del considerando 3, citas jurisprudenciales de otros tribunales, referidas a la finalidad perseguida por la norma y a los presupuestos que autorizan el ejercicio de la facultad judicial allí establecida, así como algunas pautas de interpretación del dispositivo legal. Pero en ningún momento el tribunal de alzada conecta tales consideraciones generales con el planteo formulado por el apelante y los antecedentes del caso. La ausencia de un análisis circunstanciado priva de motivación al decisorio y lo descalifica como acto jurisdiccional válido.

Es oportuno recordar que los pronunciamientos judiciales no se fundan en la íntima convicción del juzgador sino que de su texto deben poder extraerse las razones que sustentan la decisión del caso concreto. El deber de motivación impuesto al magistrado por el art. 30 de la Constitución de la Provincia y por el art. 264 del CPCC se traduce en una expresión del razonamiento crítico, valorativo y lógico, con que se ponderan las cuestiones propuestas y se explicita el sentido de su decisión. El déficit de fundamentación sentencial constituye una infracción al deber constitucional y legalmente impuesto, que tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento. Y es este vicio insalvable, el que conlleva la nulidad del pronunciamiento.

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto en relación al punto, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional al pronunciamiento que omite un análisis circunstanciado de la cuestión planteada, limitándose a ofrecer una fundamentación aparente".

Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que en el marco del recurso de apelación analice el planteo vinculado a la aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432 y decida fundadamente su procedencia o improcedencia.

VII.- Conclusión:

En mérito a las consideraciones ut supra desarrolladas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto, de conformidad a las doctrinas legales precedentemente expuestas, anular el pronunciamiento recurrido y disponer la remisión de los autos a la Excma. Cámara para que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo. El tribunal de reenvío analizará los fundamentos que sustentan la revocatoria oportunamente planteada -conforme lo considerado- y decidirá la suerte de la misma explicitando las razones de su decisión en relación a la determinación de la base regulatoria, a la adecuación o inadecuación de las pautas legales seguidas para la fijación de los honorarios y la procedencia o improcedencia del planteo vinculado a la aplicación del art. 13 de la Ley Nº 24.432.

VIII.- Costas:

Atento a los motivos que justifican la procedencia del recurso de casación interpuesto, las costas se imponen en el orden causado.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del vocal preopinante, doctor Antonio Gandur	II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de presentación tempestiva, depósito de ley, y definitividad de la sentencia recurrida, en los términos que expone el voto del señor vocal preopinante.

En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos". Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997).

En efecto, tal como vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley Internacional Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252).

III.- Con relación al juicio de procedencia, y a la imposición de costas, haciendo expresa aclaración de que -en la intención del suscripto- ello no importa variar las doctrinas legales que esta Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán viene sentando en las materias controvertidas, sino atender a las concretas particularidades de la causa -en especial, las de índole procesal, derivadas del principio de preclusión, habida cuenta de la firmeza de resoluciones que tienen que ver con la cuestión debatida- prolijamente expuestas en el voto del señor vocal preopinante, adhiero a las soluciones propuestas en ese voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación letrada del Fisco Nacional (AFIP-DGI) contra la sentencia N° 142 de fecha 11/5/2012 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, de conformidad a las doctrinas legales precedentemente expuestas. Los autos deberán ser remitidos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento a la luz de las consideraciones ut supra desarrolladas.

II.- COSTAS, conforme lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.