marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, honorarios del perito, monto del juicio, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CORMORAN  S.A.  DE NAVEGACION c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. ALMTE. STEWART s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

Para la retribución de los profesionales de la actora se debe tomar como base la suma de la condena, habida cuenta de que se trata de una regulación que integra la condena en costas a la demandada perdidosa -aun cuando no deba cargar con la totalidad de ellas- y, por lo tanto, es de elemental justicia que ésta deba responder, con relación al letrado de la contraparte, en proporción al monto que la actora obtiene.

La situación no es igual con respecto a los profesionales de las demandadas, y por cierto también de los peritos, pues habida cuenta del rechazo de la acción -en un caso- y que la condena prospera por una suma muy inferior (A 236,998) a la reclamada (u$s 9.623,81) -en el otro-, se debe atender a la suma pretendida por el actor, según el valor que -a la fecha de la sentencia en recurso- tenía la moneda extranjera en que se formuló la pretensión.
Cuestión constitucional, competencia, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Toro de Galindo, Sylvia M. y otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-04-14

La acción de amparo articulada por integrantes del Ministerio Público, en contra de actos del Poder Ejecutivo -Decretos-, sosteniendo que lesionan con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta derechos protegidos por la Constitución Nacional referidos a la propiedad, a beneficios de la seguridad social e intangibilidad de la remuneración de los Magistrados Judiciales, constituye un típico caso en donde la materia administrativa es subyacente y lo principal es la cuestión constitucional.

En efecto, si el meollo de la disputa remite directa e inmediatamente a desentrañar la inteligencia de una norma de la Constitución Nacional o Provincial, en este caso el análisis del artículo 110 de la Constitución Nacional, cuyo sentido y alcance resulta esencial para la solución del pleito -qué alcance tiene la frase de la Constitución de que no podrán ser disminuidos de manera alguna mientras permanezca en sus funciones-, estamos en presencia de una cuestión constitucional y por lo tanto corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal de competencia originaria en lo contencioso administrativo para entender en el amparo, debiéndose, en consecuencia, remitir los autos al Tribunal de origen.
Víctima del delito, querella, Estados extranjeros, representación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique L. s/ recurso de casación". Causa n. : 2126.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-05

Compete a los jueces hacer efectiva en la legislación interna la protección acordada por esos tratados y convenios a las víctimas del delito que en este caso concreto han apoyado la participación del Estado chileno como querellante ya que estiman que su presencia defiende y protege sus derechos. (Voto del Dr.

David).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, inhibitoria, proceso penal, justicia militar
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: OSVALDO MIGUEL SOLIMINE s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA-  COMPETENCIA  MILITAR- JUICIO CRIMINAL-  COMPETENCIA FEDERAL- COMPETENCIA ORDINARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

El correcto planteamiento de una contienda negativa de competencia supone que los magistrados intervinientes se la atribuyan recíprocamente. En el caso en que el juez federal, pese a sostener la competencia militar, no remitió las causas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sino que las devolvió al juez que previno, se ha causado, con la demora consecuente, un daño a la buena administración de justicia, que requiere la pronta terminación de los procesos, especialmente cuando se trata de materia penal.
Revocación del acto administrativo, cosa juzgada administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OLIVERA JUAN ALBERTO Y OTRA. c/ ESTADO NACIONAL ( MINISTERIO DE DEFENSA). s/ COBRO DE PESOS-ACTO ADMINISTRATIVO-REVOCACION-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-18

La Corte Suprema en un primer momento admitió las facultades de revocar sus propios actos, pero este criterio quedó modificado a partir del caso " Carmen de Cantón", (Fallos:175:368), donde se estableció la existencia de "cosa juzgada administrativa", cuando se está en presencia de actos regulares dictados en ejercicio de actividades regladas, que causen estado y hayan creado derechos subjetivos.

La Corte amplió tales conceptos incluyendo entre los actos irregulares no sólo aquellos que adolecían de vicios de forma o competencia , sino también los que hubieran incurrido en un grave error de derechos (Fallos: 250:491; 255:231; 265:349; etcétera), o en los que se encontrara ausente algún presupuesto de hecho indispensable para la validez del acto (Fallos: 277:205).

A la fecha en que tuvo lugar la concesión del ascenso "post morten" se hallaba vigente el artículo 17 de la ley 19.549, en su redacción originaria, que disponía que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta debía ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa, salvo que "hubiere generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento", en cuyo caso debía recurrirse a la declaración judicial de nulidad.

Como no se liquidaron los haberes relativos al grado de voluntario 1ra. y tal jerarquía no hizo variar el monto de la pensión concedida nada impedía a la autoridad militar disponer su revocación, puesto que no se halla aquí en tela de juicio ni ha sido de debate judicial la irregularidad de que adolece dicho proceder administrativo (Conforme doctrina de Fallos: 302:545).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, declaración de insania
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., C. A. s/ Internación. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

La decisión que intima a la Asesora de Incapaces a iniciar un proceso de insania no tiene carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 278 del C.P.C.C. aún cuando esté hecho bajo apercibimiento de poner la eventual omisión en conocimiento del Procurador General.
Instrucción sumaria, condena condicional, reincidencia, antecedentes penales, unificación de penas, facultades del fiscal, excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SALVIO, Pablo L. s/ INSTRUCCION SUMARIA:IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-20

Cuando la procedencia del trámite de instrucción sumaria se fundó sólo en la posibilidad de una nueva condena condicional, esto resulta inviable si el imputado registra dos sentencias condenatorias, una en suspenso y otra de efectivo cumplimiento, luego unificadas, art. 27, C.P. Si esta anómala situación fue objetada por el fiscal, deberá revocarse el auto impugnado, sin que ello obste a una oportuna evaluación de la procedencia de la libertad provisoria, conforme a las pautas excarcelatorias, debiendo seguir el proceso según el trámite ordinario.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riestra, José Antonio c/ Cardinal Compañía de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contrato-Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-04

Si el testigo no explica cómo conoce el hecho sobre el cual declara, no basta remitirse a lo declarado anteriormente si de las precedentes respuestas no surge cuál es la razón del dicho (art.

456, CPCC.).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leonelli, Enrique Eduardo c/ Nesprias, Guillermo José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

Si bien se ha establecido que es necesario que el particular damnificado formule pretensión indemnizatoria en los términos del art. 29 del Código Penal, o por lo menos, anuncie que lo hará para que la misma produzca efectos con relación a la interrupción de la prescripción, debe refutarse que también resultan idóneos a esos efectos la realización de un conjunto de actos, tales como otorgar poder, hacer saber los daños al vehículo y requerir sobre el mismo una pericia mecánica.
Trabajadores de la salud, remuneración, adicional por tareas peligrosas, reescalafonamiento
Materia: Administrativo
Carátula: Suarez, Fabián Anibal y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Herrera, Griselda y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-09-04|1991-09-17

La ley entra en vigencia, siendo de aplicación al personal de salud el escalafón Dto. Ley 2049, cuya clasificación se estructura en base a niveles profesionales y no profesionales, hospitalarios y asistenciales, a cada uno de los cuales corresponden determinadas categorías. Pero sin perjuicio de advertir que la expresión legal se condice con esta clasificación, de ello no ha de seguirse su inaplicabilidad por cambio de escalafón. La expresión de Ley 2652 asume caracteres de generalidad no estableciendo subordinación expresa a una nominación escalafonaria determinada, y la Ley 2672 -carrera sanitaria- también prevé en su escala aunque con distinta identificación categorías no profesionales -Anexo I, Agrupamiento D, Clase II, Jerarquía O, y luego en Ley 2976, modificatoria de la Nº 2672 con retroactividad a Julio de 1987: Anexo I, Agrupamiento C, Clase II, Jerarquía O-.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Ana María y otros c/ Doumecq S.A. y otros s/ Indemnización daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

No obstante haberse desvirtuado la presunción de daño del padre de la víctima menor de edad establecida por el art. 1084 del Código Civil, aquél tiene el derecho a ser resarcido por la pérdida de la "chance" u oportunidad de que en el futuro, de vivir el menor, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para sus padres (art. 266, Cód. Civil).
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, impugnación de la liquidación, juicio, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Manuel Virgilio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso de  Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 667 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-25

La autorización a los profesionales para estimar sus emolumentos -lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 -inciso a- y 27 Ley 6767)-, no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de estimar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas sobre el particular al interponer revocatoria; vías, a las que si bien acudió el recurrente, no logran demostrar que el justiprecio efectuado sea erróneo.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valdez, Francisco c/ Delsastre, Marcelo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Si el accionado vio a la menor antes del accidente y no pudo evitarlo, sin perjuicio de la velocidad que desarrollara con su vehículo, en ese momento no estaba prestando la debida atención, infrigiendo de esa forma la regla contenida en el art. 64 del Código de Tránsito vigente a esa fecha, que le impone la conducción del vehículo con el máximo de atención y prudencia. Ello significa que no tuvo el pleno dominio de su rodado.-
Actualización monetaria, índices de actualización, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Ramirez de Fernández, María Cristina y otro c/ Palo, Bernardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

El índice que mejor se adecua a la naturaleza del reclamo de reparación de un vehículo es el de precios al consumidor nivel general que publica el INDEC, porque contempla el rubro transporte y comunicaciones, que incluye funcionamiento y mantenimiento de los vehículos.
Violación, violación calificada, violación calificada por el concurso de personas
Materia: PENAL
Carátula: Barrionuevo, Víctor Hugo s/ Robo - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

En los términos del art. 119 del C.P. la acción de violación se tipifica (si concurren los demás requisitos legales) con el mero "acceso carnal", de modo que si dos personas distintas accedieron carnalmente a la víctima se produjeron dos delitos de violación también distintos. Y en nada gravita respecto de tal doble carácter que ambas violaciones ocurrieron en unas mismas circunstancias de tiempo, lugar y modo; ni que los dos delitos resulten calificados en cuanto cada uno de ellos se haya cometido con el "concurso de dos o más personas", sean o no tales personas las mismas respecto de los dos hechos.
Recurso de casación, Derecho procesal, costas, costas en el orden causado, costas al vencido
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Banco Unión Comercial e Industrial Coop. Ltda. (BUCI) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-10-20

El quejoso alega que, al resultar vencedor en la excepción de inhabilidad de Título opuesta en la ejecución, la condenación en costas por su orden, resulta vulnerante del principio objetivo de la derrota o vencimiento, que a criterio del casacionista, inspiraría el transgredido precepto procesal, en cuya virtud, es responsable de su pago, aquella parte obtiene un pronunciamiento judicial adverso.

Contrariamente a lo manifestado, no se advierte el error de aplicación y menos aún, la violación de la norma invocada, dado que nuestro régimen ritual no adoptó para la condenación en costas el invocado principio objetivo de la derrota con sentido o carácter absoluto, como puede apreciarse en la misma exposición de motivos de los redactores de nuestro Código de forma.
Delito continuo, pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., C.A. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en causa Nº 32/08 caratulada: C., C.A. - Abuso Sexual con Acceso Carnal por cualquier vía en forma continuada
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-13

La Cámara en lo Criminal, en lo que aquí concierne, por unanimidad, resolvió declarar culpable a C.A.C. como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con acceso carnal por cualquier vía en forma continuada, condenándolo a sufrir la pena de catorce años de prisión, ordenándose, en consecuencia, su inmediata detención.

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

El recurrente considera intrascendente la valoración que efectúa el tribunal en relación a que los delitos sexuales siempre son cometidos a escondidas de terceros, argumentando que cualquier individuo que comete un delito trata de que el mismo no se descubra.

Una vez más el quejoso descontextualiza los fundamentos de la tercera cuestión. Digo ello, porque el a quo al valorar las circunstancias de que el imputado carece de antecedentes computables y que el socio ambiental no lo perjudica, aclaró que no debe desconocerse que los delitos de la especie que aquí se trata siempre son cometidos -y de hecho lo fueron, enfatizó-, a escondidas de terceros.

En cuanto a la omisión, por parte del tribunal, de valorar a favor de C. la falta de antecedentes penales computables, cabe seguir el criterio sentado recientemente por este Tribunal (S. nº 19/11, 11/07/11) en donde puntualmente se consideró improcedente dicho planteo, en tanto el monto impuesto no aparece como una conclusión ilógica en relación con las pautas de valoración y la significación jurídica asignada a los hechos que quedaron establecidos en la sentencia.

Adviértase, además, que el impugnante no ha logrado evidenciar que la pena decidida, aún ponderando como factor atenuante las circunstancias señaladas, importe un desajuste de las reglas de los arts. 40 y 41 en relación con la escala penal del delito atribuido, a tenor de la gravedad del hecho tal como ha quedado acreditado y el grado de culpabilidad del agente en relación con aquellos.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Recurso extraordinario, radiodifusión, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consejo  de  Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) deducido contra la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta a fin de que se ordene reponer un espacio semanal utilizado por una entidad radial
Pequeños concursos y quiebras, conversión de la quiebra, desistimiento, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: RAFAEL J. PEREZ S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-20

En el caso, a solicitud del recurrente se dicta sentencia de apertura de concurso preventivo bajo el régimen de pequeño concurso, a posteriori por sentencia interlocutoria se dispone la conversión en concurso preventivo ordinario, intimándose a la concursada a presentar en el plazo de diez días documentación complementaria y los dictámenes previstos en el art. 11 de la LCQ, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido en caso de incumplimiento.

Transcurrido más de un mes desde dicha intimación, se presentan terceros acreedores solicitando se declare el desistimiento, lo que es proveído mediante la sentencia que, apelada por el concursado es confirmada por la Alzada cuya resolución impugna en casación por arbitraria.

En su impugnación la recurrente no hace una critica concreta y merituada del fallo en recurso, limitándose a repetir alegaciones realizadas en el recurso de apelación, retornando a la cuestión de que la Juez de 1ra. Instancia habría declarado el desistimiento del concurso no de oficio o a petición del concursado sino por requerimiento de terceros acreedores, lo que resulta evidentemente baladí porque tal circunstancia no incide en la facultad - deber del Juez de pronunciarse de oficio en orden a la apertura o desistimiento tal como lo establece el Art. 13 de la L.C.Q.

En consecuencia, debe rechazarse el recurso de casación por este agravio en la medida que no se configura la arbitrariedad endilgada al fallo en crisis.
Seguros, seguro de caución, integración de la litis, prima, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: COSENA COOP. DE SEG. NAV. LTDA. c/ LA AGRICOLA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-23

La falta de integración de la litis con la beneficiaria de un seguro de caución, cuando el reclamo se limita a perseguir el cobro de ciertos saldos por primas adeudadas, no trae aparejada la nulidad del procedimiento, toda vez que en ello no se encuentra comprometido su interés.
Proceso de faltas, garantías procesales, non bis in ídem
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos Settimio, Martín Facundo s/ infr. art. 82 C.C. - ruidos molestos, expte. nº 14711/17
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

No se observa una lesión a la garantía del ne bis in ídem, si el procedimiento de faltas se dirige a determinar la eventual responsabilidad de una persona jurídica por infracción al art. 1.3.3. del Régimen de Faltas (Libro II, Sección 1ª., Capítulo III Ambiente) y en el procedimiento contravencional se condena por infracción al art. 82 del Código Contravencional (Ruidos molestos), a una persona física, como integrante de la persona jurídica mencionada. Ello así, en tanto no se verifica la identidad de persona, requerida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. (Del voto de los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz).
Asociación ilícita, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: OBREGON CANO, Ricardo s/ ASOCIACION ILICITA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-29

La calificación legal de un procesado como responsable en grado de jefe u organizador de una asociación ilícita se rige por los principios generales de la culpabilidad, es decir, que se satisface por el conocimiento por parte del sujeto activo de que se trata de una asociación de tres o más personas destinada a cometer delitos y a tomar parte de ella, cumpliendo funciones tanto desde el punto de vista ejecutivo, como de planificación y preparación
Juez de ejecución, competencia, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Di Leo, Ricardo Gabriel s/ Competencia - Causa n.: 2295.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-18

El juez de ejecución penal es el competente para designar el lugar de realización de los trabajos no remunerados que, como regla de conducta, se le impuso al condenado.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, declaración de puro derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: NACUL JOSE AMERICO c/ SLEIMAN MOISES s/ APERSONAMIENTO -RESOLUCION CONTRACTUAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-05

La sentencia contra la que se dirige el recurso de casación hizo lugar a la acción por reconocimiento de resolución contractual de un contrato de cesión de bolsas de azúcar, se condenó a pagar daños, y se rechazó la reconvención planteada por el demandado.

El accionado sostiene que los contratos eran unilaterales a título gratuito, sin obligaciones recíprocas, y que por eso no se aplica el art. 1204 CC. Alega que no se probaron los daños ocasionados.

Invoca los arts. 542 y 1447 CC, y sostiene que se confundió cosa futura con crédito futuro. Se agravia de la calificación que el tribunal asignó al contrato, pues se apartó de su contenido aplicando normas erradas.

Señala que las partes del juicio no son comerciantes, y se queja de que se imponga a su parte la carga de probar hechos negativos, y denuncia que se aplicó erradamente el art. 4030 del Código Civil.

La sentencia impugnada es definitiva, y en principio están satisfechas las exigencias rituales, por lo que planteándose, entre otras, cuestiones de derecho, corresponde admitir provisionalmente el recurso, sin perjuicio de la ponderación que luego se efectúe al respecto. (DISIDENCIA DEL DR. GANDUR).
Remuneración del juez, diferencias salariales, reordenamiento del sistema financiero, vacío legal
Materia: PROCESAL
Carátula: De Pinto, Silvia Noemí c/ EN - PJN - (dto. 5046/51) s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

Corresponde confirmar el pronunciamiento que rechazó la demanda iniciada por una secretaria de un juzgado civil -a cargo de una secretaría contencioso administrativa en virtud de la Acordada de la Corte N°11/02- contra el Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) por el cobro de diferencias salariales en razón de la mayor carga laboral por hacerse cargo de la tramitación de las denominadas "causas del corralito" ya que, más allá de la justicia o no del reclamo, no existe legislación hoy que permita encuadrarlo para hacerle lugar y el intento por normarlo en el ámbito del Consejo de la Magistratura no tuvo éxito (Plenario del 10 de junio de 2004).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.