Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26


Buenos Aires, septiembre 26 de 2007.

Considerando:

I. Que a fs. 72/82 vta. se presenta, por apoderado, la firma Petrobras Energía S.A., e interpone recurso de apelación contra las Res. 2350/05 (DI ADEZ) y 007/05 (DI ADBA), de fecha 31/10/2005, recaídas en el expediente Nº ADGA 425.627/03 (el cual se originó en las actuaciones administrativas ADGA Nº 425.471/02), en tanto deniega la devolución de sumas que considera abonadas en demasía en concepto de tasa de estadística en los despachos de importación nros.: IC04/97/153.421-F; IC04797/020271-B, IC04/971055454-M, IC04/97/069983-B, IC04/97/121619-J, IC04/97/008635-L, IC04/97/037023-E, IC04/97/018754-Y, IC04/97/002673-H, todos de la Aduana de Ezeiza y el IC05/97/006617-B de la Aduana de Buenos Aires. Manifiesta que la firma se vio obligada a abonar el 3% sobre el valor imponible en concepto de tasa de estadística, en virtud de lo establecido en el dec. 389/95, el cual regía desde el 23/03/95. Sostiene que el antedicho decreto viola lo dispuesto en el apartado a), párrafo 1 y apartado e), párrafo 4, del artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, ratificado por la República Argentina mediante ley 24.425. Expresa que en el seno de la Organización Mundial del Comercio (en adelante O.M.C.) se formó un grupo especial evaluador de la situación de la República Argentina, el cual se pronunció en el sentido de que "la tasa de estadística del 3% ad valorem que aplica la República Argentina constituye una violación al artículo VIII del GATT en la medida en que da lugar a la percepción de cargas que exceden los costos aproximados de los servicios prestados, así como ser una medida de carácter fiscal". Sostiene que nuestro país, con la finalidad de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales vigentes, dicta los decs. 37/98 y 108/99. Considera que el primero de ellos continuaba vulnerando la norma supralegal debido a que el mismo establecía un monto ad valorem (del 0,5%) y no fijaba topes máximos de percepción en concepto de servicios estadísticos, condición ésta última imprescindible para que la medida constituya el coste aproximado por la prestación del servicio y no una medida de carácter fiscal. Entiende, a contrario sensu, que el dec. 108/99 se ajusta a lo prescripto por el GATT, toda vez que fija montos máximos a percibir de los importadores en concepto de tasa de estadística. Agrega que el dec. 389/95 resulta inconstitucional, en tanto contraría una norma de carácter anterior y superior a él, como lo es la ley 24.425, por la que nuestro país aprobó el Acta Final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales -Declaraciones y Entendimientos Ministeriales- y el Acuerdo de Marrakech. Entiende que el informe realizado por la División Fiscalización Documental y el dictamen producido por la División Régimen Tributario y Asuntos Generales no son ajustados a derecho. Acompaña liquidación respecto a los montos que considera deben ser devueltos. Cita jurisprudencia en apoyo de sus argumentos y ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones recurridas, declarándose la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del dec. 389/95 y se proceda a la restitución de importes abonados en demasía en concepto de tasa de estadística.

II. Que a fs. 104/112 se presenta, por apoderado, la Dirección General de Aduanas contestando el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una breve reseña de los hechos acaecidos y niega en forma genérica los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la actora en su escrito de demanda. Considera que no asiste razón a la recurrente, esencialmente en la supuesta violación a la jerarquía normativa e incumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en el Acuerdo de Marrakech, por cuanto este último, a diferencia de lo que acontecía en los precedentes jurisprudenciales reseñados por la apelante, no estableció porcentaje alguno respecto de la tasa en cuestión, sino que a través del mismo y esencialmente, luego del procedimiento que tramitara en el ámbito de la OMC nuestro país se comprometió a reducir este tipo de cargas. Agrega que el compromiso asumido se fue cumpliendo paulatinamente y quedó plasmado en la Res. 37/98 (BO 16/1/98), luego del cual, y existiendo un concreto compromiso de establecer un límite en valor absoluto a las sumas de dinero cobradas a los importadores por tal concepto, se dictó el dec. 108/99 (BO 24/2/09). Destaca que ambas normas resultan muy posteriores a la operatoria en trato que data del año 1997, fecha en la que estaba vigente el dec. 389/95, que resulta ser la normativa aplicable. Señala que en la Res. 37/98 expresamente se consigna su vigencia para las operaciones de importación registradas a partir del 16/1/98. Entiende que la supremacía argumentada por la actora es inaplicable al caso. Agrega que la normativa vigente no prevé retroactividad alguna, la que por lo demás, no es admisible por regir los principios de legalidad e indisponibilidad del crédito fiscal. Destaca que no obstante el tema de fondo que se discute, el procedimiento de repetición no podía prosperar habida cuenta que se inició el 29/12/03, respecto de operaciones oficializadas en el año 97, es decir, transcurrido en exceso el término de prescripción previsto por la ley. También en "otro sí digo" opone la incompetencia por monto respecto de 9 de las 10 operaciones a que se refiere el recurso. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

III. Que a fs. 113 se produce la apertura de la causa a prueba, la que se encuentra producida a fs. 123/131. A fs. 138 se declara cerrado el período de prueba. A fs. 145 se elevan los autos a la sala F y se ponen a alegar, derecho del que hizo uso la actora a fs. 150/154 y la demandada a fs. 155/158. Finalmente, a fs. 160 quedan los autos en estado de dictar sentencia.

IV. Que de la compulsa del expediente ADGA 425.627/2003, surge que el mismo se inició como consecuencia de las solicitudes de devolución de tributos interpuestas por la firma Petrobras Energía S.A. respecto de diversos operaciones de importación. A fs. 13/72 obran copias de los despachos de importación en cuestión, y a fs. 73/148 el escrito de fundamentación de la solicitud de repetición incoada por la actora. A fs. 156/164 se agregan los sobres contenedores de la documentación respectiva. Producidos los informes pertinentes por la División Verificación, a fs. 168, y por la División Fiscalización Documental, a fs. 170, a fs. 173 se produce el dictamen jurídico correspondiente. Finalmente, a fs. 196, la Aduana de Ezeiza y la Aduana de Buenos Aires, resuelven, en forma conjunta, mediante la Res. 007/05 (DI ADBA) y 2350/05 (DI ADEZ), no hacer lugar al pedido de devolución de tributos solicitado. Contra dicho pronunciamiento, la firma Petrobras Energía S.A. interpone recurso de apelación ante estos estrados.

V. Que corresponde, en primer lugar, expedirse acerca de las defensas de incompetencia en razón del monto y prescripción de la acción para repetir, opuestas por la representante fiscal.

Que en cuanto a la primera de las cuestiones, cabe señalar que la limitación establecida en los incs. a), b), y c) del apartado 1, del art. 1025 del C.A., debe considerarse con relación a la resolución que se apela, cuyo importe controvertido debe exceder el importe de dos mil quinientos pesos ($2.500), de conformidad con la modificación impuesta por la ley 25.239 (B.O. 31/12/99). Es decir, no resulta relevante el importe de cada uno de los despachos que estuvieron involucrados en el procedimiento que se siguió en sede aduanera, sino que lo determinante es el importe que se cuestiona en el acto que viene en recurso por ante este Tribunal.

Que a mérito de lo anterior, y excediendo el importe cuestionado en la resolución en recurso el monto establecido en la normativa aduanera, corresponde rechazar el planteo de incompetencia opuesto por la representante fiscal.

Que resuelta la competencia de este Tribunal para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la Res. 2350/05 (DI ADEZ) y 07/05 (DI ABBA), dictada en forma conjunta por la Directora de la Aduana de Ezeiza y el Director de la Aduana de Buenos Aires, como ya se dijera, corresponde tratar la defensa de prescripción de la acción para repetir opuesta por la representante fiscal.

Que dicha acción prescribe por el transcurso de cinco años, con ajuste a lo establecido en el art. 815 del C.A., comenzando a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere efectuado el pago del importe objeto de repetición (art. 816 C.A.). En el caso, habiéndose registrado los despachos de importación IC04/97/002673-H, IC05/97/006617-B, IC04/97/008635-L, IC04/97/018754-Y, IC04/97/037023-E, IC04797/020271-B, IC04197/055454-M, IC04197/153.421-F; IC04/97/069983-B y IC04/97/121619-J, durante el año 1997, con fechas 7/1/97, 11/4/07, 22/1/97, 13/02/97, 25/03/97, 1802-97, 30/04/97, 23/10/97, 29/5/97 y 4/9/97, respectivamente, la prescripción comenzó a correr el 1/1/98 y operó el 31/12/2002, salvo que se hubiera producido alguna causal de interrupción o suspensión.

Que, en efecto, el art. 818, inc. a), del C.A. dispone que "la prescripción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por el reclamo de repetición interpuesto ante el servicio aduanero".

Que, teniendo en cuenta ello, si se considera que el reclamo de repetición fue el deducido mediante el expediente ADGA Nº 425.627/03, presentado ante el servicio aduanero el 29/12/03, en principio, la prescripción de la acción de la actora para repetir los tributos se habría operado.

Que, sin embargo, cabe destacar que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, el expediente Nº 425.627/03 se originó como consecuencia de la escisión que se ordenara, para dar cumplimiento con lo dispuesto en la Res. 3428/96, del expediente ADGA-2002-425.471, presentado por la actora el 23/12/02, solicitando la devolución de importes abonados en concepto de tasa de estadística en operaciones de importación registradas en 1997, entre los cuales se encontraban, conforme surge del listado anexo a la presentación, los despachos de importación que aquí nos ocupan (ver fs. 73/81 ant. adm.).

Que, en consecuencia, el plazo de prescripción de la acción para repetir importes con relación a los despachos aquí involucrados fue interrumpido con la solicitud interpuesta por la recurrente el 23/12/02, es decir, dentro del dentro del plazo quinquenal establecido por el art. 815 del C.A.

Que, por lo demás, así lo ha considerado el servicio aduanero, al dar curso a la acción de repetición respecto de la cual, habiendo recaído resolución sobre el fondo de la cuestión, se interpone el recurso de apelación que aquí nos ocupa.

VI. Que corresponde, entonces, expedirse sobre la procedencia de la repetición solicitada por la firma Petrobras Energía S.A. de lo abonado presuntamente en demasía en concepto de tasa de estadística en los D.I nros. 153.421-F/97; 020271-B/97, 055454-M/97, 069983-B/97, 121619-J/97, 008635-L/97, 037023-E/97, 018754-Y/97, 002673-H/97, todos de la Aduana de Ezeiza y el 006617-B/97 de la Aduana de Buenos Aires, por considerar que la alícuota establecida por el dec. 389/95 contraviene lo dispuesto en el artículo VIII de la ley 24.425, sancionada con fecha 23/12/94.

Que al respecto, los vocales que integran esta sala y suscriben la presente, ya se han expedido sobre la improcedencia de tal solicitud, entre otras, en la sentencia de fecha 16/5/2007, recaída en los autos "Petrobras Energía S.A. c. Dirección General de Aduanas s/ apelación" (T.F.N. 20.738-A), a cuyos fundamentos y solución cabe remitirse mutatis mutandi por ser de aplicación a la presente, por lo cual se agrega copia certificada de la misma, la que se considera parte de este pronunciamiento.

Por ello, se resuelve: 1.- Confirmar las Res. 007/05 (DI ADBA) y 2350/05 (DI ADEZ), dictadas en forma conjunta en el expediente ADGA Nº 425.627/03, con costas. 2.- Regular los honorarios profesionales de la representación fiscal, por su actuación en el doble carácter de letrado apoderado de la demandada, en la suma de tres mil trescientos pesos ($3.300.-), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. A dicho importe deberá adicionarse el 1% previsto en el art. 62, inc. 2º, de la ley 1181 (CASSABA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de contribución a cargo del obligado al pago de honorarios. - Silvia A. Crescia. - Ricardo X. Basaldúa.