Daño moral, daño material, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: BORQUEZ JUANA FRANCISCA c/ CIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A. CTI MOVIL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-06

El daño moral puede ser definido como "la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud esp. iritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria" (cfr Bustamante Alsina, "Tratado General de la Responsabilidad Civil", Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989, pág. 208). De su lado, el daño punitivo ha sido definido como aquellos "otorgados...para castigar al demandado por una conducta particularmente grave, y para desalentar esa conducta en el futuro". También se los define como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (conf.: Pizarro, Ramón D., "Daños punitivos", en "Derecho de Daños", segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 291/292). Como queda dicho, este tipo de daño se convirtió en ley positiva en la Argentina, a partir de la reforma impuesta por la Ley Nº 26.361 que realizó sobre la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. El daño punitivo tiene un propósito netamente sancionatorio de un daño que resulta intolerable, siendo su finalidad punir graves inconductas, y prevenir el acaecimiento de hechos similares. La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y tam bién a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., "Reformas a la ley de defensa del consumidor", LA LEY, 2009-B, 949). Si bien la norma sólo exige el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob. cit.). Los daños punitivos son excepcionales, pues proceden únicament e frente a un grave reproche en el accionar del responsable de la causación del daño, frente a supuestos de particular gravedad. Importa una condena "extra" que se impone ante una conducta que se aparta gravemente de aquellos niveles de precaución deseables socialmente. En fin, a pesar del texto de la norma -que ha sido muy criticado al respecto- es unánime la doctrina al entender que no cualquier incumplimiento puede dar lugar a la fijación de daños punitivos. Algunos distinguen en él una función principal y otra accesoria. La función principal es la disuasión de daños conforme con los niveles de precaución deseables socialmente. Se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí, resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad. La función accesoria de los daños punitivos sería la sanción del dañador, ya que toda multa civil, por definición, tiene una función sancionatoria por la circunstancia fáctica de ser una c ondena en dinero extracompensatoria -la multa civil es sancionatoria en oposición a la indemnización por daños y perjuicios que es compensatoria- (conf.: Irigoyen Testa, Matías, ¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por daños punitivos?, publicado en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, Nº X, octubre de 2009). Consiste en una reparación que se concede al damnificado no para indemnizarlo por el daño padecido sino para disuadir al demandado, y a otros, de que intente conductas similares en lo sucesivo. De esta manera el Derecho interviene -indirectamente- sobre la conducta del sujeto para evitar la eventual ocurrencia del daño. En otras palabras, el instituto que estamos examinando trata de proteger a victimas hipotéticas antes que castigar daños concretos (Shina, Fernando, "Una nueva obligación de fuente legal: los daños punitivos. Su aplicación en el Derecho Comparado. La situación en la Argentina. La ley 26.361; La Ley On-Line del 30 de septiembre de 2009). En definitiva, los daños pun itivos son aquellos concedidos a la víctima de un daño más allá del efectivamente sufrido, o sea que se otorgan además del daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y del daño extrapatrimonial (daño moral) (ver Sánchez Costa, Pablo F., "Los daños punitivos y su inclusión en la ley de defensa del consumidor" LA LEY 2009-D, 1113). De lo dicho hasta acá, resulta evidente y manifiesto que no es idéntica cosa tener que responder y defenderse frente a un reclamo de daño moral que de daños punitivos y esta posibilidad, con el razonamiento de Cámara, le estaría coartada al demandado afectando su derecho de defensa. Asimismo se colige de lo expuesto que no se trata, por lo tanto, de que los daños punitivos sean "más adecuados a los fines sancionatorios" que el daño moral, sino que se trata de dos institutos particularmente distintos reiterando que no puede asimilarse uno a otro sin grave afectación al derecho de defensa en juicio. Así, el fallo en embate desconoce pronunciamientos de esta Corte en los que, re specto a las posturas que respaldarían la naturaleza sancionatoria de la partida indemnizatoria que se concede a título de daño moral en las acciones de daños, se dijo que "dicha posición se encuentra en franca retirada y que nuestro más Alto Tribunal Nacional, se enrola en la opinión ampliamente dominante, de que la indemnización por daño moral participa de la finalidad resarcitoria propia del sistema de responsabilidad por daños consagrado en nuestro ordenamiento legal" (cfr: CSJT, sentencia Nº 720/2007) . También expresó este alto Tribunal que "la doctrina civilista hoy dominante, sostiene que, ´...en principio, el daño moral siempre es resarcible, cualquiera sea su causa generadora o el factor de atribución aplicable. Participamos decididamente de la concepción que otorga a la indemnización por daño moral carácter resarcitorio y no sancionatorio, razón por la cual es irrelevante atender a la causa que lo genera.´ (cfr. Pizarro, Ramón David, "Daño Moral", Prevención. Reparación. Punición. Colección Respo nsabilidad Civil. Volumen 17. Dirección de Alberto J. Bueres, Hammurabí, Bs. As. 2000, pág. 321/322)" (cfr: CSJT, sentencia Nº 296/2002) . De acuerdo a lo expuesto cabe calificar de indebido el razonamiento de Cámara que parte de la asignación de una función represiva al daño moral para luego hacer ingresar indiferenciadamente sea por la vía del daño moral, sea por la vía del daño punitivo, el pedido de sanción ejemplificadora por parte de la actora. La indistinción, además de indebida, es peligrosa. No luce necesario explayarnos ahora sobre las distintas posturas referidas a la naturaleza jurídica de los daños punitivos o a las funciones del daño moral (si bien se reconoce, como se dijo arriba, que existe consenso ampliamente mayoritario por la tesis resarcitoria, que es la hoy sostenida pacíficamente por los tribunales y la doctrina en general y se entiende, por ende, superada la tesis sancionatoria, existiendo algunas eclécticas) pero sí considerar que, sea cual sea la postura que se tome, no pueden ind iscriminarse estos rubros en un reclamo de daños, como lo efectúa la sentencia en crisis, ya que según como se interpreten estos institutos, su extensión y funciones se puede correr el riesgo de condenarse dos veces por un mismo concepto, entre otros inconvenientes.