Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-02


Salta, 02 de agosto de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "CENTRAL TERMICA DE GUEMES S.A. vs. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A. - ORDINARIO" - Expte Nº 102.732/04 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 10º Nominación (Expte. N° CAM 139.688/5 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

En contra la sentencia dictada a fojas 846/855, interpone a fojas 856/860 la demandada, recurso de inconstitucionalidad, haciendo lo propio la Provincia de Salta, a fojas 862/869.

La primera luego de detallar los distintos puntos por los cuales se considera agraviada, expresa que el fallo de 1º instancia ya era arbitrario, al no ser congruente con lo expresado en sus considerandos, estableciendo lo allí expuesto, como supuesto de autocontradicción que importa arbitrariedad. Luego formula los argumentos por lo que torna a la sentencia de esta Sala en arbitraria, ya que no tiene en cuenta ninguna de las razones expuestas en los agravios sobre la cuestión de la autocontradicción del fallo de 1º instancia, del rechazo del planteo principal, y decir que se aplica el esfuerzo compartido para después resolver otra cosa. Además destaca que la sentencia carece de fundamentos siendo ello otro motivo de arbitrariedad.

La Provincia por su parte, luego de realizar una reseña de los antecedentes del caso (demanda, contestación, sentencia de primera y segunda instancia), manifiesta que se ha cumplido con los requisitos de admisibilidad formal, realiza un análisis de la naturaleza de la relación en base a la cual se acciona, destacando la presencia del Estado como contratante, ya que se trata de un "Contrato administrativo". Señala las distintas circunstancias que hacen concluir que resultan aplicables los artículos 8º, 9º y 10º de la Ley 25.561 y no el artículo 11º como lo dispone la Sala. Dice que la conclusión arribada, respecto a que la voluntad de las partes para fijar el precio es soberana no existiendo al respecto topes obligatorios, lo que no impide fijar el precio de la energía a través del principio del esfuerzo compartido, no constituye la derivación razonada del derecho vigente, lo que descalifica al fallo como acto judicial válido, expresando las distintas razones por las que así debe considerarse.

Manifiesta que se funda también el recurso, en la disímil interpretación de normas federales invocadas por ambas partes, violentándose a través de ello, la intención del legislador. Termina diciendo que la sentencia es arbitraria, afectando los derechos y garantías del debido proceso, defensa en juicio y de igualdad, sustentándose la sentencia solo en la opinión de los magistrados que la suscriben.

Entrando a analizar en primer lugar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada, resulta que a los fines de la concesión del mismo, es necesario analizar primero su procedencia formal. Así los requisitos que deben concurrir son dos: a) ser oportuno, es decir deducido en el plazo que fija el artículo 298 del C.P:C.C.; b) plantear caso o cuestión constitucional.

En ese sentido la Corte de Justicia ha sostenido que la cuestión constitucional que fundamenta el recurso de inconstitucionalidad local debe ser planteada en la primera oportunidad posible y mantenerse en todas las instancias, puesto que el acogimiento de las pretensiones como su rechazo, son eventos previsibles.

En autos, los recurrentes no han introducido en ningún momento la cuestión constitucional ni han hecho reserva al respecto y pretenden salvar tal omisión invocando "arbitrariedad sorpresiva", la que no se configura en este caso pues la posibilidad de que se confirme la sentencia de primera instancia en orden a las pretensiones del apelante, es un evento previsible y la tacha de arbitrariedad debió introducirse, cuanto menos, al expresar los agravios. Su articulación con el recurso de inconstitucionalidad resulta tardía y obsta a la procedencia de éste.

Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que el objeto del recurso extraordinario no es conseguir la rectificación de supuestos agravios o injusticias que pudieran existir a juicio del recurrente, sino el mantenimiento de la supremacía constitucional y no puede a través del mismo abrirse una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que estimen equivocadas por divergencias del recurrente en la inteligencia de los hechos y de las normas comunes que rigen el caso (CSJ de la Nación en E.D. 78-247; 71-520; 73-785 y 786; 74-316 etc.). En igual sentido hubo pronunciamientos de nuestra Corte local (Tomo 41-183; Tomo 43-1163; tomo 42-1661, entre otros).

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad deducido por la Provincia de Salta tenemos que los fundamentos que sustentan el recurso no tienen entidad suficiente para hacer procedente el mismo, ya que se advierte que la parte no comparte el criterio del Tribunal en cuanto a la forma de determinar el importe de la provisión de energía, invocando una interpretación diferente de la apreciación de los hechos, que a su entender, lesiona normas constitucionales pero que por si solos, no resultan suficientes para conceder el recurso.

La mera discrepancia con lo resuelto por el Tribunal no amerita la apertura de la instancia extraordinaria, ya que el presente recurso opera en caso de sentencias arbitrarias a fin de corregir errores gruesos y manifiestos que descalifican el acto como jurisdiccional.

Por otra parte el contenido de los agravios, en lo que respecta a los vicios que imputa al pronunciamiento, son una reiteración de los expuestos al formular el memorial y remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho propia de los jueces de la causa, y ajena en principio al recurso intentado, pretendiéndose de esta forma discutir nuevamente cuestiones resueltas en la instancia ordinaria. En este sentido se ha indicado: "Lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, no es susceptible de revisión en la instancia excepcional del recurso de inconstitucionalidad"(C.J.Salta, L.54, fs. 419/426).

La calificación de la sentencia arbitraria, sólo excepcionalmente puede dar lugar a la apertura de la vía extraordinaria y no alcanza a las sentencias que no prescinden, sino que aprecian los hechos de la causa y valoran la prueba, con el alcance que a juicio del Tribunal apelado corresponde (Ibáñez Frochan, "Tratado de los recursos en el proceso civil", pág. 447 y 452).

Por lo expuesto, se rechazan los recursos de inconstitucionalidad de fojas 856/860 y 862/869.REGÍSTRESE, notifíquese y baje.