Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-03


RAWSON, 3deMayo de 2007.- VISTOS: -- Estos autos caratulados: "C, A N s/ Recurso de Apelación c/ Resolución N° 1717/06 I.S.S. y S." (Expte. N° 20.783-C-2007).-- DE LOS QUE RESULTA: - Que a fs. 5/9 el Señor A N C interpone para ante este Superior Tribunal de Justicia, el recurso jurisdiccional de Apelación previsto por el art. 9 -conc. 33 de Ley Nº 3923 (T.O. Ley Nº 4251) en contra de la Resolución N° 1717/06 del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia que le deniega el beneficio de Jubilación por Invalidez, a resultas de la evaluación que se le realiza en Junta Médica Plenaria, la que dictamina que no presenta porcentaje invalidante que le permita acogerse al beneficio.

Solicita la revocación de aquel acto administrativo y que se ordene a la Caja Provincial que dicte una Resolución ajustada a derecho, concediéndole la prestación peticionada.-- Manifiesta el recurrente que en el mes de octubre del año 2005 da inicio al trámite de Jubilación por Invalidez previsto en la Ley Previsional (fs. 1 y vta. Expte. Adm. N° 3295/05 - I.S.S. y S.) "... por encontrarse absolutamente incapacitado para desempeñarse eficazmente en cualquier tarea por más liviana que fuere" dada su enfermedad de base - Esclerosis Múltiple.-- Relata que desde el año 1984 es empleado del B de la P del C- Casa Matriz - desempeñándose en la actualidad en el cargo de programador, pero que debido a la patología que padece, se vio obligado a ausentarse de sus tareas en forma continua ante la imposibilidad física y mental (aduce dificultades motrices, fatiga constante, problemas para mantener la atención, somnolencia, entre otras) para afrontar una jornada laboral completa, debiendo sumarse a ello el traslado diario a su residencia familiar en la ciudad de Trelew.

Refiere que en el mes de marzo de 2006 es citado por el I.S.S. y S. a concurrir ante una Comisión Médica a fin de evaluar la admisibilidad del otorgamiento del beneficio solicitado.

Dicha Comisión, mediante Dictamen de fecha 17/03/06 (fs. 47/49 - Expte. Adm.) califica su enfermedad de base como esclerosis múltiple con secuelas leves a moderada, determinando un porcentaje de incapacidad laborativa del 40,3%.

Que impugnó este Dictamen -fs. 61/62 del Expte. Adm.- requiriendo la conformación de la Comisión Médica Plenaria establecida en la Ley Previsional (art. 33), presentando un examen médico privado realizado por un perito (fs. 57/60 - Expte. Adm.), aduciendo que la Comisión se fundó en exámenes médicos que no le fueron practicados, tales los referidos al aparato genito-urinario y análisis psicopatológicos.

Respecto del aparato genito-urinario, que no fue -insiste- examinado por la primera Comisión Médica, el Dictamen de ésta estableció "sin particularidades, genitales externo acorde a sexo y edad", cuando según el análisis realizado por el perito de parte -que acompañó al escrito de impugnación- este aparato presenta notorias particularidades que debieron tenerse en cuenta al momento de establecer el grado de incapacidad, esto es: pérdida de esfínteres y disfunción eréctil.- En cuanto a los análisis psicopatológicos se refiere, si bien el Sr. C reconoce que fueron practicados, estima que se consideraron sus resultados de manera general, obviando la repercusión que tienen las disfunciones señaladas anteriormente sobre el aspecto psicopatológico.- También señala el recurrente que no se le realizó el psicodiagnóstico completo tal lo prescripto en el art. 32 ter. de la Ley Previsional, y afirma que si se hubieran llevado a cabo todos estos exámenes, hubiera obtenido el 66 % de incapacidad exigido por la norma previsional.

La Comisión Médica Plenaria se constituyó el 22 de Junio de 2006, presentándose el recurrente sin médico de parte (pese que en el escrito impugnatorio había solicitado este derecho - fs. 66) a la Junta Médica Plenaria, cuyas conclusiones obran a fs. 73/79 del Expte. Administrativo, y fundan el acto administrativo que se recurre.- Aduce que se notificó de la Resolución que opugna el 15/12/06, mas el Dictamen de la Junta Plenaria no le fue notificado, y en tanto aquélla se apoya en el mismo, y desconoce su contenido, adolece de falta de motivación.- Expone que se presentó a la sede del Organismo a fin de poder tomar vista del Expediente y conocer ese dictamen pero "el mismo fue negado por la Asesora Médica Previsional del I.S.S. y S. Dra. L F".- Todo lo cual -acusa- le causa indefensión.- No obstante esto dicho, más adelante en su libelo criticará el Dictamen de la Comisión Plenaria (fs. 6 vta. y 7) la que dice "intenta convalidar algunas evaluaciones correspondientes a resultados que jamás fueron realizadas" por la primera Junta efectuada.- Hay omisión total de los análisis de las patologías -afirma- lo cual descalifica el acto técnico como debidamente fundado, y por ende la Resolución Nº 1717/06. la que a su vez se limita a ratificar el grado de incapacidad determinado por la Junta Médica Plenaria, sin especificar por qué no se tuvo en cuenta lo prescripto en el examen médico realizado por el perito de parte y aportado como prueba, sin especificar cuáles fueron los análisis realizados y los fundamentos para rechazar el beneficio.- Comenta que la resolución cuestionada no hace referencia a la evaluación médica privada aportada como prueba al impugnar el Dictamen de la primer Comisión Médica.

Considera que hubo una evaluación e interpretación errónea de la patología y por ende en la determinación del grado de incapacidad, ya que se la consideró de manera aislada, sin relacionarla con la actividad cotidiana que realiza en su trabajo y cómo repercuten sus consecuencias (dificultades motrices, mareos, visión doble entre otras) con sus compañeros y con el público.

Alega que es un riesgo para él y para terceros tener que trasladarse diariamente hacia su trabajo, debiendo concurrir a un ambiente laboral que no está preparado para recibirlo con su patología.- Finaliza su exposición manifestando que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad que avanza por lo que inexorablemente se produciría el desenlace en que el I.S.S. y S. deberá otorgar el beneficio solicitado.

Señala que del examen médico privado realizado por el perito de parte surge que están dadas las condiciones para obtener el beneficio solicitado, evitando así más perjuicios a su deteriorada salud, e incluso situaciones de riesgo para él y terceros.

Siente que el otorgamiento del beneficio sería un acto de humanidad que le permitiría dedicarse a ///combatir la enfermedad y a poder disfrutar de su familia por el mayor tiempo que la salud se lo permita.-- Que a fs. 14 y vta. de autos se corre el pertinente traslado al I.S.S. y S., quien se presenta a fs. 19/21 y vta., objetando los argumentos que expone el apelante.- En primer lugar, respecto a la nulidad de la Resolución solicitada por el recurrente en el entendimiento que se ha dictado solo teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad laboral determinado por la Junta Médica Plenaria, transcribe el art. 32° de la Ley N° 3923 (T.O Ley N° 4251) señalando luego cuáles son los requisitos para obtener el beneficio, exponiendo a continuación que el porcentaje de incapacidad que padezca el solicitante de la prestación por invalidez es uno de los factores determinantes para evaluar su procedencia; y que es a las Comisiones Médicas - la inicial y luego la Plenaria - a quienes compete de manera exclusiva y excluyente determinar el grado de incapacidad del solicitante.- Explica el I.S.S. y S. que "... dentro del Régimen Previsional Provincial, dichas Comisiones Médicas, para la evaluación, calificación y cuantificación deben sujetarse a las normas aprobadas mediante Decreto Nacional N° 478/1998 por el que se aprobó el denominado BAREMO que fija las pautas y porcentajes a adjudicar según las distintas afecciones y su gravedad ... ", cuya normativa resulta aplicable a nuestro régimen en ///función de lo dispuesto en la Ley Previsional y en la Resolución N° 1418/99- I.S.S. y S.-- Transcribe el primer párrafo del art. 33° de la mencionada Ley donde se establece que es competencia de la Comisión Médica determinar la disminución de la capacidad laborativa del afiliado, debiendo contemplar, al momento de evaluar el porcentaje de incapacidad, los estudios y diagnósticos necesarios que deben practicarse al afiliado para arribar a un dictamen fundado tal lo prescripto por el art. 32 ter. de la misma norma.- En cuanto al dictamen del perito de parte (fs. 57/60 del Expte. Adm.) aportado como prueba por el apelante al momento de solicitar la impugnación de lo dictaminado por la Comisión Médica, manifiesta el Instituto que "... la Comisión debe merituar los estudios y diagnóstico presentados por el afiliado, y ante la impugnación debe tener en cuenta la critica razonada que efectúe el presentante y los elementos de prueba conducentes a la determinación del mismo ... el Dictamen de un médico privado consistente en una descripción de las características de la dolencia del afiliado y en la determinación del porcentaje de incapacidad que el profesional establece, no resulta apto para atender en la impugnación ...". -- Expone que la Comisión Médica Plenaria al dictaminar efectuó las rectificaciones que consideró procedente respecto al producido por ///la Junta Médica inicial, pero tal modificación -expresa- no fue suficiente a fin de variar el porcentaje de incapacidad determinado por aquélla dado que el BAREMO establece para la Esclerosis con secuelas leves una incapacidad de entre el 30 - 40%, y para las moderadas del 40 al 50%.

Al encuadrar la patología del Sr. C en esclerosis múltiple con secuelas leves a moderadas, la Comisión Médica Plenaria confirma el porcentaje de incapacidad del 40% determinado anteriormente.

Respecto a la falta de notificación del Dictamen de la Comisión Médica Plenaria denunciada por el recurrente, el Instituto admite que fue incompleta si a "ésta no se acompañó a la Resolución...".- Sin embargo, dice, esta circunstancia no torna al acto irregular, ya que el interesado puede retirar copia de ella en cualquier momento.

No se hace cargo de la negativa a que alude el apelante de parte de la Asesora Médica de la vista de la misma. -- Finalmente, respecto a la crítica generalizada del ocurrente en cuanto -según su criterio- al momento de evaluar el grado de incapacidad se desvinculó su dolencia de las consecuencias que la actividad laboral cotidiana le produce, reitera que las pautas valorativas de la enfermedad incapacitante son las establecidas por el Decreto Nacional N° 478/98 (BAREMO).

"... Dicha normativa - señala - fija los criterios para la evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez de los trabajadores, es decir, determina las pautas y porcentajes a adjudicar según las distintas afecciones y su gravedad.

A ellas deben ajustarse ///las Comisiones Médicas.

El BAREMO vigente se inclina por una valoración de la incapacidad genérica, ponderando y calificando como inválido solo a aquel trabajador que por su afección, se ve imposibilitado de desarrollar cualquier tipo de actividad laboral, aun pensando en alternativas que supongan un cambio respecto de su tarea habitual.

Sin embargo, el criterio a seguirse en la evaluación médica no se atiene exclusivamente al aspecto puramente físico de las afecciones invalidantes, puesto que también el propio BAREMO contempla e incluye los llamados factores complementarios que incorporan elementos de posible incremento en la incapacidad, los que en el caso han sido tenidos en cuenta tal como se desprende del Dictamen de la Junta Médica Plenaria obrante a fs. 73/79 del Expte. Administrativo....".- Aclara que "... los factores complementarios que puedan adicionarse al porcentaje de invalidez son los taxativamente enunciados en la normativa, limitando su cuantificación y no permitiendo la declaración de invalidez solo porque el trabajador se vea impedido de continuar en el desempeño de sus tareas habituales... .

El método de incapacidad genérica que contiene la actual legislación supone rehabilitar al trabajador inválido, a fin de que pueda reinsertarse en el mercado del trabajo".- Haciéndose eco de las palabras del apelante en cuanto solicita el beneficio previsional como un acto de humanidad que le permitiría dedicarse a combatir su enfermedad, advierte el I.S.S. y S. que según surge de los Dictámenes de la Comisiones Médicas realizadas, el ///impugnante no ha accedido a realizar la totalidad de los tratamientos que se le han recomendado.- Que atentas las constancias del Expediente Administrativo agregado por cuerda, se cita al Sr. C a la Comisión Médica prevista por el art. 33 de Ley Nº 3923 el día 17/03/06.- El Acta respectiva luce a fs. 44/49, y sus resultados -que determinan un 40,3% de incapacidad- se notifican, con copia del Acta, el día 31/03/06, según está acreditado a fs. 50.-- Desde que transcurrió el plazo previsto por la norma -5 días- sin que medie impugnación- el 7/4 y 18/4/06, el Director de Previsión y Asesora Legal del I.S.S. y S. respectivamente, determinan que corresponde no hacer lugar a la Jubilación por Invalidez solicitada.-- Ínterin -el 10/4/06 sin que el cargo consigne hora- se presentó C impugnando los resultados de la valoración dada por la Junta, acompañando resumen de Historia Clínica y opinión de un "perito médico" - fs. 53/62.- La Asesoría legal -fs. 64- por haber ingresado "el día hábil siguiente al vencimiento..." estima que podría procederse a una nueva evaluación.- Así es que se lo cita a Junta Médica Plenaria para el 22/6/06, expidiéndose la misma en el sentido que consta en el Acta a fs. 74/78 confirmando el grado de incapacidad que estableciera la Junta primero constituida.- De allí la Dirección de Previsión, y Asesoría Legal, estiman debe dictarse el acto administrativo denegatorio de la prestación - fs. 83/84- que es el ///recurrido, de fecha 4/12/06.- Se notifica -de estar a las piezas de fs. 85 y 85 vta.- sólo la Resolución.-- CONSIDERANDO:

Que conforme tiene sentado este Superior Tribunal en casos análogos (S.I. N° 162/90, 225/92, 25/94, 56/96, 90 y 119/SCA/97, 31 y 70/SCA/98, 7, 78 y 89/SCA/01 entre otras), el recurso que nos ocupa es limitado y se satisface en la medida que constituya un control judicial suficiente de la decisión emanada del órgano administrativo -Instituto de Seguridad Social y Seguros - exigencia asegurada en tanto el Tribunal actúa como de "derecho"; decidiendo sobre la correcta aplicación de las normas jurídicas; poseyendo, asimismo, la facultad de revocar o anular aquella decisión, si no fuera suficientemente razonable o se apoyara tan solo en la voluntad arbitraria o caprichosa de los funcionarios, o implicara la denegación de la defensa en juicio, control que podrá ser más extenso o profundo según las modalidades de cada situación jurídica, previo análisis de los aspectos específicos que singularizan la materia litigiosa.

Dentro de este marco, verifica la legalidad en el obrar del órgano competente, adjetiva - en cuanto a la garantía del debido proceso - y sustantiva - en cuanto a la aplicación de las normas de fondo que rigen la cuestión en conflicto que se somete al conocimiento del órgano judicial.- Que en este marco, merece considerarse en primer lugar la indefensión que acusa el recurrente, en tanto manifiesta que no se le notificó el Acta de la Comisión Médica Plenaria que es fundamento de la Resolución Nº 1717/06 que deniega el beneficio que vino tramitando, lo cual, aunque no abiertamente, es admitido por el I.S.S. y S., y así resulta de las constancias detalladas en las resultas.

Que si bien manifiesta que se presentó al Organismo y la vista del antecedente le fue negado por la Asesora Médica Previsional -circunstancia ésta soslayada por el Instituto al responder- no es menos cierto que tal como quedó expuesto, efectúa críticas a lo resuelto por la Comisión Plenaria que inducen a establecer que de algún modo conoció del Dictamen.

La doctrina y jurisprudencia destacan que - sea que se considere como recaudo de validez o simplemente condición de eficacia - el derecho a ser notificado fehacientemente de los actos que los afectan, es una garantía de los administrados, integrante de las propias del debido proceso adjetivo, emanados del art. 18 de la CN, desde larga data admitido que se aplican al procedimiento administrativo (CASSAGNE - Derecho Administrativo - Tomo II - pág. 393).- Y en el curso de ese procedimiento este acto es crucial, porque el administrado deberá elegir el camino a seguir para la defensa de sus derechos, en las distintas opciones que le confiere el orden jurídico, dentro de los plazos previstos a tal fin (Beltrán GAMBIER - Las ///notificaciones en el procedimiento administrativo - en ///Procedimiento Administrativo - Ed. Ciencias de la Administración - Jornadas de la Universidad Austral - pág. 321).- La notificación integra la garantía del debido proceso adjetivo, ya que nadie puede defenderse de lo que no conoce, y ello debe ser considerado a efectos de evaluar cualquier solución que se adopte con relación al acto de comunicación de otro, dentro del procedimiento administrativo (Conf. Armando CANOSA - La notificación en los procedimientos administrativos especiales - RAP - Circularletter - 6/4/04).

Sin embargo, la regla es la de que las nulidades procesales son relativas y susceptibles de confirmación, pues es inadmisible la nulidad por la nulidad misma, y entonces, si bien "Constituye un principio recibido que los actos administrativos de alcance particular sólo adquieren eficacia a partir de la notificación del interesado" (SCBA "Fassolo - 1/9/81, "JLRP Publicidad ...", 20/6/82, "Durán...", 20/4/83, "Rodríguez ...", 2/6/92, "Caporal ...", 2/8/00), y "... en caso de duda acerca del conocimiento por el interesado de la resolución administrativa por mediar una notificación que no satisface los recaudos exigidos por la legislación procedimental aplicable, debe estarse por la inexistencia de la notificación (SCBA "Balmaceda ...", 28/11/86), así es "a menos que concurra en el caso algún tipo de circunstancia que demuestre que el actor ha tenido conocimiento del acto que lo agravia ..." (SCBA "Samaja...", 18/7/01).- Así expresamente lo estipula el art. 61 inc. 3 del Dto. Ley Nº 920, y ///queda evidenciado el conocimiento por la crítica aludida, por lo que ///el cuestionamiento al acto derivado de la falta de notificación, es inoperante.-- A partir de allí, puede decirse que no se dan en autos los presupuestos necesarios para abrir la jurisdicción revisora, como se pretende.

En este sentido se expuso en S.I. N° 33/SCA/00 y 18/SCA/07, que "este tipo de recurso, instrumenta el control jurisdiccional de los actos de la Administración, cuando ésta decide respecto de derechos subjetivo de los particulares, por lo que su inscripción dentro del trámite de la pretensión, en este caso previsional, no debe afectar la debida distinción entre los actos que hacen al proceso dentro de cada esfera de los poderes del Estado.

Es por ello que esta vía, conforma un recurso o acción directa contra las decisiones firmes y definitivas del I.S.S. y S., que debe fundarse expresamente (Conf. S.D. N° 9, 10/80 y S.I. N° 197, 217/92)".- "Este recaudo objetivo de fundabilidad - aclara el fallo citado - implica la exigencia de que se exprese en forma clara y concreta en qué consiste la infracción alegada, cuáles son las disposiciones legales que han sido infringidas, estableciendo la relación causal entre norma objetiva transgredida y derecho subjetivo afectado.

No basta la cita normativa, sino que debe demostrarse cuál es la ley o doctrina legal aplicable (Enciclopedia Jurídica OMEBA - Recursos en Materia de Previsión Social - pág. 157 - Conf. CNtrab. Sala VIII - 22/04/81 "Angelome ...")".

Ello indica que el simple disentimiento, no constituye expresión de agravios por ser insuficiente, y es inoficioso como sustento de la apelación en tanto no se fundamente eficientemente la oposición, o no se den bases jurídicas a un distinto punto de vista.- En los fallos citados se dijo, que "al igual que en materia de Recursos Procesales, aún considerando la cuestión sin el rigorismo propio de las impugnaciones de esta naturaleza, las afirmaciones genéricas, el mero desacuerdo con lo resuelto o las simples consideraciones subjetivas o digresiones inconducentes, no satisfacen la exigencia de fundamentación que debe conducir a los jueces a la revisión, integrados a las apreciaciones del recurrido, la opinión y aporte del recurrente para determinar la injusticia o error del acto que se opugna y así lograr su modificación y la satisfacción del derecho que se dice lesionado."- Y se añade "Así debe inteligirse - la letra del art. 9 de la Ley N° 3923, en cuanto al recaudo de fundamento exigido.

Pues como inveteradamente ha resuelto la CSJN, la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la voluntad del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos 299:167; 306:1747) y la norma debe aplicarse como el legislador la concibe (Fallos 295:376), máxime cuando del texto resulta claro el espíritu, y su inteligencia común se acomoda a la finalidad que la informa ... (CS LL 130-683; LL 1977 - A - 540; ///1976 - A 463; LL 151-649; 197 - D - 14; 1979 - B - 242, entre otros)".- Que -obiter dicta- ha de decirse que el dictamen de la Comisión Plenaria, reúne las condiciones propias de una peritación completa, se encuentra ampliamente fundado y no se observa que haya omitido considerar debidamente las patologías como acusa el opugnante, pues se lo valoró desde el punto de vista clínico, neurológico y psicopatológico, coincidiéndose con la opinión de la Comisión Médica, con el agregado de una patología psiquiátrica que no es tratada desde el inicio de su enfermedad, arribándose a una conclusión razonable, que no fue objeto -como se dijo- de crítica razonada.- Que en consecuencia, a tenor de lo expuesto corresponde desestimar por inadmisible el Recurso de Apelación intentado.-- Que si bien los Recursos Jurisdiccionales de la índole del tratado no generan costas, procede regular honorarios profesionales del Apoderado de la apelante de acuerdo a la manda del art. 47° del Dto. Ley N° 2.200 (T.O. Dto. N° 138/99).

Atento que el art. 8° del citado cuerpo legal no ha previsto mínimos para este tipo de actuaciones, corresponde estar a lo dispuesto por el art. 6°, y determinar los estipendios teniendo en cuenta la labor desarrollada por el Dr. M R C fijándolos en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) con más el I.V.A si correspondiere.-- Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;- R E S U E L V E:

1º) DESESTIMAR por inadmisible el Recurso de Apelación incoado por el Sr. A N C ante este Superior Tribunal de Justicia en contra de la Resolución N° 1717/06 del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia, la que se confirma.- 2º) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. M R C en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200) (Art. 6º y 8° Dto. Ley 2.200 - T.O. Dto. 138/99), con más el I.V.A. si correspondiere.-- 3º) REGÍSTRESE y notifíquese.

La presente se firma con dos miembros de la Sala por encontrarse el Sr. Ministro Dr. Fernando S. L. Royer en uso de licencia.

Fdo. Dres. CANEO y PASUTTI.- Recibida y registrada por Secretaría el 03/05/07 bajo el N° 32/SCA/07