Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08


C. Nac. Civ., en pleno, 08/10/1998 - Arboyan, Vartuvar v. Transporte Patricios S.R.L. y otros).

Buenos Aires, octubre 8 de 1998.- Reunidos con el objeto de establecer la doctrina legal aplicable respecto de la siguiente cuestión:

"Respecto de la demanda deducida al solo fin de interrumpir la prescripción liberatoria, ¿es efectivo el beneficio de litigar sin gastos iniciado con anterioridad o contemporáneamente a su perfeccionamiento?" La mayoría, en forma impersonal, dijo:

A los fines de dar respuesta a la pregunta sometida a la decisión de este plenario, corresponde formular una serie de precisiones acerca de la índole de la demanda interruptiva de la prescripción liberatoria, con el objeto de determinar los alcances del beneficio de litigar sin gastos deducido con posterioridad a su presentación.

En ese marco, la demanda a que alude el art. 3986 CC. y la pieza que regula el art. 330 CPr. , difieren notablemente, en lo que atañe a su contenido, requisitos y finalidad.

En efecto, a los fines de interrumpir la prescripción liberatoria, basta solamente con la designación del demandado, la mención del hecho dañoso y manifestar claramente la voluntad de mantener vivo el derecho en cuestión, tratándose de un acto en el que la apreciación de sus requisitos formales no está sujeta a cánones estrictos en términos procesales, desde que puede tratarse de una presentación incompleta, sin definición de su contenido e, inclusive, ser planteada ante un juez incompetente (conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", 7° ed. actualizada, Ed. Perrot, Bs. As., 1994, t. II, p. 41, 1049 y sus citas jurisprudenciales; Llambías, Jorge Joaquín, Raffo Benegas, Patricio y Sassot, Rafael A., "Manual de Derecho Civil. Obligaciones", 10° ed. actualizada, Ed. Perrot, Bs. As., p. 519, 1261, b]; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., "Derecho de las Obligaciones", Librería Editorial Platense, Bs. As., 1975, t. 3, p. 577 y sus citas; Salvat, Raymundo M., "Tratado de Derecho Civil Argentino - Obligaciones en general", 6° ed., Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1956, t. III, p. 483 y ss.; Salas, Acdeel Ernesto y Trigo Represas, Félix A., "Código Civil y leyes complementarias anotadas", 2° ed., actualizada, Reimpresión inalterada, Ed. Depalma, Bs. As., t. III, p. 316).

Por el contrario, cuando se está frente a una demanda, como pieza constitutiva de la litis, cuadra exigir el cumplimiento de la totalidad de los extremos que contempla el referido art. 330 CPr. , en cuyo caso recién se está en condiciones de correr el traslado correspondiente (conf. Palacio, Lino Enrique, Alvarado Velloso, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1993, t. VII, p. 228 y ss.; Morello, Augusto Mario, Sosa, Gualberto Lucas y Berizonce, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As., 1992, t. IV-B, p. 6 y ss.; Fenocchietto, Carlos Eduardo y Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", Ed. Astrea, Bs. As., 1992, t. 2, p. 151, 8).

La palabra demanda que utiliza el mentado art. 3986 CC. , no tiene el sentido estricto con que se le asigna en el derecho procesal, sino que comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una clara manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho.

El art. 3986 CC. constituye una verdadera excepción al principio de que la demanda debe ser completa. Por lo tanto, en tales supuestos, existe una sola demanda que es integrada, completada o enderezada.

En suma, si se utiliza un criterio amplio para un efecto de enorme trascendencia, cual es la interrupción de la prescripción liberatoria, no cabe adherir a una fórmula estricta al evaluar los efectos de una cuestión secundaria, como el beneficio de litigar sin gastos.

Y si bien, de conformidad con lo establecido en el art. 9 inc. a ley 23898 , la tasa de justicia debe ser abonada en su totalidad al inicio de las actuaciones, y la ulterior promoción del beneficio de litigar sin gastos no puede retrotraer sus efectos a aquel momento, por cuanto no comprende actuaciones procesales alcanzadas por la preclusión (conf. Morello-Sosa-Berizonce, ob. cit., t. II-B, p. 293; Fenochietto-Arazi, ob. cit., t. 1, p. 334, 6; Palacio-Alvarado Velloso, ob. cit., t. 3, p. 237; Díaz Solimine, Omar Luis, "Beneficio de litigar sin gastos", Ed. Astrea, Bs. As., 1995, p. 108 y ss., 65 y sus citas; de Magalhaes, Mario y Poder Judicial de la Nación Rubinstein, María Josefina, "La preclusión procesal frente a la tasa de justicia en el beneficio de litigar sin gastos", ED 154- 1045/1046), no puede soslayarse que tal principio no resulta de aplicación cuando la promoción del beneficio resulta contemporánea a la integración de la demanda, en tanto recién allí se determina el monto de la pretensión.

Aunque no existe un concepto único de preclusión, en tanto ésta manifiesta sus efectos en distintas circunstancias y bajo diversas modalidades, su fisonomía no carece de individualidad por razón de las notas propias que valen para advertir su vigencia, como lo demuestra la misma práctica tribunalicia, la difusión del concepto y sus múltiples aplicaciones. Es que la ley quiere que el proceso judicial sea un mecanismo dinámico, a la par que seguro, mediante el cual pueda alcanzarse aquella finalidad. Se trata de que los actos sucesivos que componen su curso avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus efectos queden fijados irrevocablemente y puedan valer de sustento a futuras actuaciones.

La preclusión es, pues, la más segura garantía de fijación y respeto de los actos ya cumplidos en obediencia de tales fines imperativos (conf. Eisner, Isidoro, "Preclusión", Enciclopedia Jurídica Omeba, Bibliográfica Omeca Ancalo, Bs. As., 1973, t. XXII, p. 779; Couture, Eduardo J., "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", 3° ed., Ed. Depalma, Bs. As., 1993, p. 194 y ss.; Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1982, t. I, p. 282; Rosemblat, Héctor G., "Los plazos procesales y la preclusión", LL 1995-B-1346) y tal principio no se afecta con la postura asumida por esta mayoría, desde que recién al completarse la demanda, ésta queda integrada en los términos del art. 330 CPr. , y por ende, debidamente conformado el acto de iniciación de las actuaciones a que alude el referido art. 9 inc. a ley 23898 .

Por otra parte, recién con la integración de la demanda el accionante se encuentra en condiciones de conocer la cuantía definitiva del reclamo y evaluar si su estado patrimonial le permite, o no, afrontar el pago de la tasa de justicia y, por ende, iniciar el beneficio de litigar sin gastos respectivo.

La solución de la mayoría es la que mejor se compadece con la finalidad de las normas reguladoras del beneficio de litigar sin gastos, la cual consiste en asegurar una adecuada defensa en juicio a quienes, por la insuficiencia de sus recursos, no se hallan en condiciones de afrontar las erogaciones inherentes a toda actuación judicial. Acorde con tal principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de precisar que "el sistema regulado en el Cap. VI, del Tít. II del Código Procesal tiende a resguardar el efectivo y real ejercicio de los derechos, sin mengua ni limitaciones derivadas de la situación patrimonial de quien impetra justicia" (Fallos 388-382; ED 58-377).

Cuando el actor interpone el beneficio en forma conjunta con el escrito de integración de la demanda, cabe colegir que la exclusión del gasto de tasa de justicia del beneficio concedido, importaría una restricción que frustraría indirectamente el acceso a la justicia (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 CN. [5]; art. XVIII , Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [6], art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos [7]; Corte Sup., in re "Carrera, Octavio A. y otros v. Seijas, Ricardo M. s/sucesión y otros", del 15/7/97 [J C.980003]).

Concluir de otra forma implicaría la aplicación mecánica de principios procesales con excesivo rigorismo formal (conf. Corte Sup., 21/10/97, F.29 XXXIII, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires v. González Gowland de Gaviña, María" , 29/4/97, C.2075 XXXII, "Chareun, Raúl E. y otro v. F.F.A.A."; 27/10/94, C.669 XXIV, "Caprecom v. B.C.R.A." [8]; 10/6/92, A.286 XXIII, "Arauco S.A. v. Empresa SIR S.A. [9]; 18/6/91, G.229 XXIII, "Galmos S.A. v. Parking Náutico S.A." [10]; 19/9/89, F.81 XXII, "Ferrari, A.H.E. y otros v. Consejo de Administración del Instituto Politécnico Industrial de Berazategui"; 27/10/88, V.85 XXII, "Van Lint, Franciscus Stanislaus v. Méndez Grau, Lidia Susana y otro"; 7/11/87, Q.26 XXI, "Quesada, Pedro v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales", entre muchísimos otros), sin una adecuada ponderación de las circunstancias que rodean el tema objeto de convocatoria y la finalidad a la que apunta el instituto que nos ocupa.

En consecuencia, como doctrina legal obligatoria (art. 303 CPr. ), se resuelve:

"Respecto de la demanda deducida al solo fin de interrumpir la prescripción liberatoria, el beneficio de litigar sin gastos iniciado con anterioridad o contemporáneamente a su perfeccionamiento resulta efectivo".- Alberto J. Bueres.- Ana M. Luaces.- Hugo Molteni.- Jorge Escuti Pizarro.- Domingo A. Mercante.- Eduardo M. Martínez Alvarez.- Osvaldo D. Mirás.- Juan C. G. Dupuis.- Mario P. Calatayud.- Marcelo J. Achával.- Claudio M. Kiper.- Emilio M. Pascual.- Carlos H. Gárgano.- Carlos R. Degiorgis.

Los Dres. Ruda Bart, Alterini y Galmarini ampliaron y precisaron fundamentos:

El art. 83 CPr. dispone explícitamente que hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación, entre los cuales debe entenderse comprendida la tasa de justicia devengada en dicho lapso (conf. C. Nac. Civ., sala C, R. 193856, 30/4/96; ídem, íd., R. 193140, 30/4/96). De conformidad con la última parte del primer párrafo del mismo artículo, la sala ha decidido que una interpretación literal no permite concluir que puede reclamarse suma alguna en concepto de tasa de justicia por el período señalado, pues sólo sería exigible la satisfacción de esa tasa, así como la de las costas, en caso de denegación del beneficio (conf. C. Nac. Civ., sala C, R. 167044, 2/5/95).

No obstante que la sala que integramos ha considerado que no debe presumirse necesariamente que el reclamante contaba con bienes suficientes para afrontar los gastos del juicio (conf. C. Nac. Civ., sala C, R. 143060, 1/3/94; ídem, íd., L. 178603, 12/10/95), también puso de resalto que no interesa investigar si la parte ha tenido bienes en el momento en que debió abonar, sino si los tiene ahora. Resolver en ese sentido, no es aplicar retroactivamente el beneficio (art. 78 y concs. CPr. ), sino atender actualmente a la finalidad del instituto, que consiste en no cercenar el ejercicio del derecho de defensa por razones de pobreza o de falta actual de medios para satisfacer los gastos y costas que genera el proceso (conf. C. Nac. Civ., sala C, R. 165185, 8/6/95, entre otros).

La circunstancia de que el art. 9 inc. a ley 23898 prevea que la tasa de justicia debe pagarse en su totalidad al inicio de las actuaciones, no significa que la ulterior promoción del beneficio retrotraiga sus efectos a aquel momento, sino que la exención provisional consagrada por el art. 83 CPr. opera inmediatamente. Si no se había pagado con anterioridad, cuando se interpone el reclamo de la franquicia se produce tal exención, que perdura si se hace lugar al pedido y cesa si se deniega el beneficio.

Si la sala ha adoptado un criterio amplio al considerar que una vez promovido el beneficio para litigar sin gastos la sola iniciación produce el efecto de otorgar el beneficio provisional a la espera de la decisión final sobre ese pedido y si dicho pronunciamiento es favorable a la concesión del beneficio, el que lo obtuviere estará exento hasta que mejore su fortuna (art. 84 CPr. ), con mayor razón corresponde decidir en el mismo sentido en el supuesto en que no se solicitó el beneficio cuando se interpuso la demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción.

Sería incoherente considerar que nuestro ordenamiento jurídico admite una presentación con escasos requerimientos formales para que sea idónea, respecto del efecto principal que es interrumpir la prescripción, y al mismo tiempo exigir toda la estrictez para un efecto secundario, como es el litigar sin gastos.

Más allá de la concepción general que llevó a la sala a una postura muy amplia en el tema, para decidir la cuestión concreta sometida a plenario, juzgamos conveniente ser elásticos en la interpretación, en el marco del generoso instituto de la demanda al solo efecto interruptivo de la prescripción. Tal interpretación también resguarda debidamente la finalidad específica perseguida por el beneficio de litigar sin gastos:.facilitar a toda persona el ejercicio de su derecho constitucional a la defensa en el ámbito jurisdiccional.

Por las consideraciones expuestas y con el alcance señalado precedentemente, votamos por la afirmativa a la cuestión propuesta.

Los Dres. Ojea Quintana, Borda y Fermé dijeron:

A fin de dar respuesta a la pregunta sometida a la decisión de este plenario corresponde formular una serie de precisiones acerca de la índole de la demanda interruptiva de la prescripción liberatoria, con el objeto de determinar los alcances del beneficio de litigar sin gastos deducido con posterioridad a su presentación.

En ese marco, la demanda a que alude el art. 3986 CC. y la pieza que regula el art. 330 CPr. difieren notablemente en lo que atañe a su contenido, requisitos y finalidad.

En efecto, a los fines de interrumpir la prescripción liberatoria basta solamente con la designación del demandado, la mención del hecho dañoso y manifestar claramente la voluntad de mantener vivo el derecho de cuestión, tratándose de un acto en el que la apreciación de sus requisitos formales no está sujeta a cánones estrictos en términos procesales, desde que puede tratarse de una presentación incompleta, sin definición de su contenido e, inclusive, ser planteada ante un juez incompetente (conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", 7° ed. actualizada, Ed. Perrot, Bs. As., 1994, t. II, p. 41, 1049 y sus citas jurisprudenciales; Llambías, Jorge Joaquín, Raffo Benegas, Patricio y Sassot, Rafael A., "Manual de Derecho Civil. Obligaciones", 10° ed. actualizada, Ed. Perrot, Bs. As., p. 519, 1261, b]; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., "Derecho de las Obligaciones", Librería Editorial Platense, Bs. As., 1975, t. 3, p. 577 y sus citas; Salvat, Raymundo M., "Tratado de Derecho Civil Argentino - Obligaciones en general", 6° ed., Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1956, t. III, p. 483 y ss.; Salas, Acdeel Ernesto y Trigo Represas, Félix A., "Código Civil y leyes complementarias anotadas", 2° ed., actualizada, Reimpresión inalterada, Ed. Depalma, Bs. As., t. III, p. 316).

Por el contrario, cuando se está frente a una demanda, como pieza constitutiva de la litis, cuadra exigir el cumplimiento de la totalidad de los extremos que contempla el referido art. 330 CPr. , en cuyo caso recién se está en condiciones de correr el traslado correspondiente (conf. Palacio, Lino Enrique, Alvarado Velloso, Adolfo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1993, t. VII, p. 228 y ss.; Morello, Augusto Mario, Sosa, Gualberto Lucas y Berizonce, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados", Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As., 1992, t. IV-B, p. 6 y ss.; Fenocchietto, Carlos Eduardo y Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", Ed. Astrea, Bs. As., 1992, t. 2, p. 151, 8).

La palabra demanda que utiliza el mentado art. 3986 CC. , no tiene el sentido estricto con que se le asigna en el derecho procesal, sino que comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una clara manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho.

El art. 3986 CC. constituye una verdadera excepción al principio de que la demanda debe ser completa. Por lo tanto, en tales supuestos, existe una sola demanda que es integrada, completada o enderezada y recién a partir de allí puede aplicarse el beneficio de litigar sin gastos.

En suma, si se utiliza un criterio amplio para un efecto de enorme trascendencia, cual es la interrupción de la prescripción liberatoria, no cabe adoptar uno estricto al evaluar los efectos de una cuestión secundaria, como es el beneficio de litigar sin gastos.

Por otra parte, recién con la integración de la demanda el accionante se encuentra en condiciones de conocer la cuantía definitiva del reclamo y evaluar si su estado patrimonial le permite, o no, afrontar el pago de la tasa de justicia y, por ende, iniciar el beneficio de litigar sin gastos respectivo.

La solución de la mayoría es la que mejor se compadece con la finalidad de las normas reguladoras del beneficio de litigar sin gastos, la cual consiste en asegurar una adecuada defensa en juicio a quienes, por la insuficiencia de sus recursos, no se hallan en condiciones para afrontar las erogaciones inherentes a toda actuación judicial. Acorde con tal principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de precisar que "el sistema regulado en el Cap. VI, del Tít. II del Código Procesal tiende a resguardar el efectivo y real ejercicio de los derechos, sin mengua ni limitaciones derivadas de la situación patrimonial de quien impetra justicia" (Fallos 388-382; ED 58-377).

De ahí que, cuando el actor interpone el beneficio en forma conjunta con el escrito de integración de la demanda, la exclusión del gasto de tasa de justicia del beneficio concedido importaría una restricción que frustraría indirectamente el acceso a la justicia (conf. arts. 18 y 75 inc. 22 CN.; art. XVIII , Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Corte Sup., in re "Carrera, Octavio A. y otros v. Seijas, Ricardo M. s/sucesión y otros", del 15/7/97 [J C.980003]).

Concluir de otra forma implicaría la aplicación mecánica de principios procesales con excesivo rigorismo formal (conf. Corte Sup., 21/10/97, F.29 XXXIII, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires v. González Gowland de Gaviña, María" , 29/4/97, C.2075 XXXII, "Chareun, Raúl E. y otro v. F.F.A.A."; 27/10/94, C.669 XXIV, "Caprecom v. B.C.R.A."; 10/6/92, A.286 XXIII, "Arauco S.A. v. Empresa SIR S.A."; 18/6/91, G.229 XXIII, "Galmos S.A. v. Parking Náutico S.A."; 19/9/89, F.81 XXII, "Ferrari, A.H.E. y otros v. Consejo de Administración del Instituto Politécnico Industrial de Berazategui"; 27/10/88, V.85 XXII, "Van Lint, Franciscus Stanislaus v. Méndez Grau, Lidia Susana y otro"; 7/11/87, Q.26 XXI, "Quesada, Pedro v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales", entre muchísimos otros), sin una adecuada ponderación de las circunstancias que rodean el tema objeto de convocatoria y la finalidad a la que apunta el instituto que nos ocupa.

Por estas consideraciones, votamos afirmativamente a la cuestión propuesta.

La minoría, en forma impersonal, dijo:

La tasa de justicia es el precio que retribuye el servicio público de administración de justicia, ut singuli, de uso facultativo del eventual accionante. Su hecho generador está constituido por la presentación ante la justicia, por lo que dicha tasa debe abonarse por el solo hecho de recurrir ante el órgano jurisdiccional requiriendo su intervención, con prescindencia del resultado y de las ulterioridades del proceso, bastando que la petición sea susceptible de promover la actividad del Poder Judicial (conf. Villegas, Héctor B., "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", Depalma Editores, Bs. As., 1994, p. 661).

Por su parte, la ley 23898, en su art. 9 inc. a , establece que la tasa de justicia debe ser abonada en su totalidad al inicio de las actuaciones, a lo que cabe agregar que el art. 12 de dicha ley dispone que la tasa se aplica "a todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, de aplicación pecuniaria", por cuanto no podemos desconocer que el acto de interrumpir el curso de la prescripción liberatoria, en aquellos juicios en los que se ventilan reclamos de índole patrimonial, es una actuación judicial de contenido eminentemente pecuniario, cual es mantener vivo el derecho de quien vaya a litigar.

En ese marco, la circunstancia de que la demanda se plantee al solo efecto de interrumpir la prescripción no modifica esa conclusión, desde que, en tales condiciones nada impide que el beneficio se promueva junto a aquélla. Ello es así, desde que la ulterior presentación que se realiza completando los términos de dicha demanda, se retrotrae a su fecha de presentación, ya que, caso contrario, la cuestión se encontraría prescripta.

Y si bien el beneficio de litigar sin gastos puede pedirse en cualquier estado de la causa, los efectos retroactivos del mismo, previstos en el art. 83 CPr. , no comprenden los gastos devengados con anterioridad a la petición, en virtud del principio de preclusión (conf. Magalhaes, Mario y Rubinstein, María Josefina, "La preclusión procesal frente a la tasa de justicia en el beneficio de litigar sin gastos", ED 154-1045).

Vale decir que al contar el accionante con la posibilidad de articular en tiempo oportuno el mentado beneficio de litigar sin gastos, no se encuentran razones para eximirlo del pago respectivo en su defecto, sin que la peculiar naturaleza que pueda invocarse respecto de dicha demanda la coloque fuera del amplísimo marco conceptual de la referida noción de hecho imponible.

De adoptarse un temperamento contrario se trasladaría a la sociedad en general el peso impositivo de la actividad de la actividad jurisdiccional que se despliega en beneficio exclusivo del litigante, que es quien, en definitiva, debe afrontar los gastos por él generados.

En consecuencia, como doctrina legal obligatoria (art. 303 CPr. ), se resuelve: "Respecto de la demanda deducida al solo fin de interrumpir la prescripción liberatoria, no resulta efectivo el beneficio de litigar sin gastos iniciado con anterioridad o contemporáneamente a su perfeccionamiento".

El Dr. Bellucci dijo:

El art. 2 , en correlato con el 9 , ambos de la ley 23898, a mi juicio, no deja resquicio para un voto en forma afirmativa, conforme la quaestio sometida a este Plenario. Ello, porque la ley no distingue entre "demanda completa" como lo han sostenido varios de mis colegas en este Acuerdo, sino que, en forma explícita, habla y bien claro, de "todas las actuaciones cualquiera sea su naturaleza..." (textual).

Ergo, ubi lex non distinguere en non distinguere debemus. Es más, ¡¡vaya si tal demanda interruptiva tiene efectos !!, y por ende excita la intervención jurisdiccional, a punto tal que muchos de los colegas y el propio temario que nos convoca, habla de "demanda".

Más allá del acierto o desacierto de tal norma, su regimiento marca concretamente y delínea al "hecho imponible", y de allí, entonces, que no encuentro sustento legal para apartarme de sus términos.

Si se quiere, a mayor abundamiento, tal presentación, no puede negarse, constituye una verdadera "actuación jurisdiccional" que amerita el devengamiento del tributo judicial. Y nada impide zanjar el entuerto que suscitó llamamiento a plenario, que al pretensionar al mero efecto interruptivo, concomitantemente se solicite aquel beneficio que ninguna ciencia requiere para invocarlo.

Estas razones, simples por cierto, más la negada cabida en el ordenamiento procesal vigente de una suerte de "completividad" de aquella demanda interruptiva me convencen decididamente a emitir mi voto por la negativa. Sea permitido afirmar que el juez instalado en el imaginario de la sociedad como ultra ratio, como garante final del funcionamiento democrático, está sujeto a la ley, en cuanto la misma -tal el caso- sea válida al decir de Luigi Ferrajoli (1994), es decir, en cuanto coherente con la Constitución. Es en esta valoración que reposan la expresión tanto del Estado como, asimismo, también las reglas del mercado. Y si se apunta a no negar acceso al servicio de justicia a todo justiciable, loable inclinación y deber, por cierto, no es ello óbice para torturar la télesis de la respectiva ley de tasas, que bien vale recordarlo, apuntó a consagrar y complementar una suerte de "pseudoautarquía jurisdiccional". De modo que, haciendo caso omiso a ello, so capa de una suerte de "caridad en sentido amplio", contrariamente se llega a una segura imposición gravosa a todo habitante que, sin requerir los servicios jurisdiccionales, verá que, aún en mínima parte, su patrimonio se verá constreñido, ya por aumentos futuros, o por creación de nuevas gabelas, extremos éstos que, aunque hipotéticos, fuerza tenerlos presentes para desechar aquella declamada permisibilidad a outrance en gozar de la aquiescencia jurisdiccional, que se declama con fundamento en el principio magno de "afianzar la justicia", pero que -reflexión de por medio- lleva inexorablemente a extralimitar el fundamento y pensamiento prístinos del legislador en esta quaestio.

Ya lo ha dicho nuestro Cimero Tribunal: "Cuando la ley es clara y sus términos no dan lugar a equívocos, a ella ha de estarse, pues lo contrario, además de ilegal, enerva seriamente al orden jurídico vigente".

De allí que respetuosamente me he permitido disidir con el voto mayoritario que sentó jurisprudencia en contrario, y sea permitido entonces con pie en los predichos fundamentos, dar mi voto por la negativa al interrogante que motivara llamado a este plenario.

Tal mi parecer.

El Dr. Montes de Oca dijo:

La adhesión a las consideraciones de tipo metodológico expresadas por el fiscal de Cámara me lleva a coincidir que el núcleo de la cuestión a resolver se vincula con los efectos del beneficio de litigar sin gastos y no con los que son inherentes a la demanda articulada a fin de interrumpir la prescripción en curso. Definido de esta manera el thema decidendum, antes de analizar los efectos propios del beneficio, sea permitido realizar algunas breves reflexiones respecto de la entidad y características de la presentación interruptiva, que según se expresara en forma aislada en la oportunidad prevista por el art. 297 CPr. , carece de toda formalidad. En realidad no es así, porque al menos debe indicarse en dicha presentación la fecha y demás características del hecho considerado dañoso, tanto como la designación de las personas tenidas por responsables, precisamente contra quienes se pretende interrumpir el curso de la prescripción. Es de toda evidencia que si no se presentan estas mínimas formalidades, el resultado sería una interrupción erga omnes, conclusión no aceptada por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, más absurdo resulta negar efectos jurídicos a la apuntada presentación judicial, en tanto dichos efectos surgen ínsitos de la expresión misma y de la voluntad del interesado en mantener viva la acción. La cuestión, aunque obvia, no merece ser soslayada, aunque más no sea para articularla con la normativa que impone de manera clara y contundente el pago de la tasa judicial "a todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza..." (arts. 2 , 9 y concs. ley 23898); lógicamente la temática excluye las actuaciones comprendidas en las exenciones que prevé el mismo cuerpo legal. No es superfluo agregar que la convocatoria aludió a la "ampliación" de la demanda interruptiva, y no a su "perfeccionamiento" menciona ahora de manera inoportuna, de suerte que bajo aquella comprensión el tema se adapta a la expresión empleada por el art. 8 ley cit. Sea permitido señalar que el término "ampliación" corresponde a la determinación de la cuestión, fijada definitivamente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 296 del código citado, sin que se hubiere notificado alguna eventual modificación extemporánea. Aunque pueda considerarse que este aspecto es puramente semántico, el concepto de ampliación se encuentra utilizado en los antecedentes que dieron origen a la presente convocatoria y desde el punto de vista de la recta interpretación de la cuestión, cualquiera que sea el enfoque, siempre cae bajo la prescripción del art. 8 ya citado.

En tales condiciones, es preciso valorar igualmente la eventual buena fe del obligado al pago de la tasa, por lo que si, eventualmente consideraba imposible la determinación del monto del juicio, debió abonar a cuenta (art. 5) la suma insignificante prevista en el art. 6, sin perjuicio de la ulterior determinación cuantitativa. Precisamente por lo expuesto, es que mal puede preconizarse que la exención con efecto retroactivo contribuya a "afianzar la justicia" en el sentido constitucional, o que la exclusión del gasto de tasa de justicia del beneficio concedido importe una restricción que impida indirectamente el acceso a la justicia.

Por el contrario, tal modo de ver las cosas constituye un premio para el negligente quien, pese a tener a su alcance el medio legítimo y suficiente para lograr la exención, omite utilizarlo en el momento oportuno. Puede advertirse que el argumento de la mayoría prueba demasiado porque con el mismo razonamiento debiera admitirse la pretensión aunque la defensa de prescripción hubiera sido debidamente planteada y resultare procedente por haber transcurrido el plazo legal, o sencillamente derogar por vía pretoriana cualquier limitación a los efectos de la interrupción (vgr. art. 3987 CC. ), de la suspensión o cualquier otro efecto previsto por el ordenamiento jurídico. No deben dejar de advertirse los alcances distorsionantes de todo el sistema legal a que llevan interpretaciones, que con el argumento de permitir en cualquier circunstancia el acceso a la justicia, hacen tabla rasa con instituciones y normas jurídicas.

Al continuar el orden expositivo del razonamiento es preciso recordar también dos principios insoslayables: a) el beneficio de litigar sin gastos no puede retrotraer sus efectos al momento en que debió ser pagada la tasa judicial; b) tal conclusión se asienta en la circunstancia de que no comprende actuaciones procesales alcanzadas por la preclusión.

Bajo tales premisas surge inútil la referencia a "una sola demanda completada o integrada", concepto que presupone sendas presentaciones sucesivas, puesto que lo que la ley aprehende, como hecho generador de la obligación fiscal, según se ha visto, es toda actuación, cualquiera fuera su naturaleza, que se realice ante el órgano judicial y que produzca efectos jurídicos en los términos que regula la ley 23898 . Quizás sea conveniente recordar lúcidas palabras de Alfredo Orgaz, en el sentido de que para realizar una razonable tarea hermenéutica no es prudente cambiar el contenido de los frascos.

Asimismo, carece de toda significación oscurecer el concepto de preclusión, con variadas acepciones, porque lo que en el caso interesa es definir que la preclusión alcanza a aquellos supuestos en que teniéndose el libre ejercicio de una determinada prerrogativa no se la utiliza en el tiempo que el ordenamiento establece como oportuno. Claro está que la omisión imputable al interesado no impide su ejercicio posterior, sólo que el acogimiento del pedido excluye que queden afectadas retroactivamente actuaciones firmes, consolidadas al amparo de una anterior situación procesal. A fin de conceptualizar con mayor precisión lo expuesto, cabe recordar las enseñanzas de Chiovenda (citadas por Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", t. I, 2° ed., p. 282; ídem, Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado-concordado- comentado", t. II, p. 110 y t. I, p. 555) en el sentido de que la preclusión impide no sólo la facultad de renovar las cuestiones que fueron planteadas, sino también a la de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse de haberse actuado con la debida diligencia y previsión.

Realmente cuesta concebir que se distorsione el sentido de las instituciones y las normas jurídicas: que se diga que una demanda interruptiva no es una actuación judicial gravada, a pesar de la claridad de la ley; que una demanda integrada -que lógicamente implica una presentación anterior- destruya todo el sistema de la preclusión cuyo alcance acepta de manera uniforme la doctrina y la jurisprudencia; véanse las referencias contenidas en el completo estudio de Omar Luis Díaz Solimine, "Beneficio de litigar sin gastos", Ed. Astrea, Bs. As., 1995, esp. p. 109 y ss.; C. Nac. Civ., sala B, 4/6/93, res. 131572, "Tauz, Modesto v. Louro Romay s/daños y perjuicios" (inédito); íd., sala C, 10/6/92, LL 1992-E-604; íd., sala D, 11/8/81, ED 97-674; íd., sala E, 12/5/93, res. 130153, "Acosta, Antonia M. v. Ferrocarriles Argentinos s/daños y perjuicios" (inédito), íd. sala F, 28/12/93, rs. 131888, "Vargas, Aurelio F. v. Cardelle, Antonio s/daños y perjuicios", Secretaría de Jurisprudencia, sumario 2728 (inédito); íd. sala G, 28/2/84, rs. 143969, "Almendra, Roberto v. Poma, José s/beneficio de litigar sin gastos" (inédito); íd sala I, 30/12/93, rs. 86420, "Herrero v. Galeno Previsión Médida S.A.C. s/daños y perjuicios", Secretaría de Jurisprudencia, sumario 2803 (inédito); íd, sala L, 3/12/93, res. 47009, "Vignau, Rubén v. Robles, Valentín s/daños y perjuicios", Secretaría de Jurisprudencia, sumario 2588 (inédito); íd., sala M, 13/12/93, res. 139691, "Bonfigli v. Martuccio s/división de condominio", Secretaría de Jurisprudencia, sumario 2560 (inédito); C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2°, 20/8/91, LL 1992-D- 108; ídem, Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", t. I, p. 334; ídem, C. Nac. Civ., sala H, 1474/94, res. 143303, "García Díaz v. Gutman, C. s/beneficio de litigar sin gastos", Secretaría de Jurisprudencia, sumario 2830 (inédito); que se ampare la negligencia de no haber utilizado en tiempo propio del mecanismo legítimo e idóneo para no satisfacer la tasa de justicia, acordándosele al beneficio promovido con posterioridad un efecto retroactivo con afectación de situaciones ya consumidas. Huelga señalar que el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, según la gráfica expresión del fiscal de Cámara, en el supuesto que se analiza, implica un quizás no querido apoyo a la evasión fiscal y a la indisciplina tributaria, es decir, tolerancia con uno de los aspectos de la irresponsabilidad, cuando no de la impunidad, tan en boga en nuestros días. Es que negar virtualidad a las normas tributarias y a los derechos que corresponden al Fisco como representante de la comunidad organizada significa, en el caso particular, que recaiga en el resto de las personas que integran esa comunidad, la tasa que debió ser pagada por el negligente deudor, es decir, también con afectación al principio constitucional de igualdad y de proporcionalidad en las cargas derivadas de las actuaciones judiciales no ...

Por lo dicho, como lo expresado por el voto de la minoría y el fiscal de Cámara, me pronuncio en el sentido de que respecto de la demanda deducida al solo fin de interrumpir la prescripción liberatoria, el beneficio de litigar sin gastos iniciado con posterioridad a dicha presentación o contemporáneamente a su ampliación, no resulta efectivo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, como doctrina legal obligatoria (art. 303 CPr. ), se resuelve:

"Respecto de la demanda deducida al solo fin de interrumpir la prescripción liberatoria, el beneficio de litigar sin gastos iniciado con anterioridad o contemporáneamente a su perfeccionamiento resulta efectivo".- Alberto J. Bueres.- Ana M. Luaces.- Hugo Molteni.- Jorge Escuti Pizarro.- Domingo A. Mercante.- Eduardo M. Martínez Alvarez.- Osvaldo D. Mirás.- Juan C. G. Dupuis.- Mario P. Calatayud.- Marcelo J. Achával.- Claudio M. Kiper.- Emilio M. Pascual.- Carlos H. Gárgano.- Carlos R. Degiorgis.

Con ampliación y precisión de fundamentos: Javier M. Ruda Bart.- Jorge H. Alterini.- José L. Galmarini.

Con su fundamento: Julio M. Ojea Quintana.- Delfina M. Borda.- Eduardo L. Fermé.

En disidencia: Gerónimo Sansó.- Luis López Aramburu.- Ricardo Burnichón.- Elena I. Highton de Nolasco.- Ana María Conde.- Fernando Posse Saguier.

En disidencia y con ampliación de fundamentos: Carlos A. Bellucci.- Leopoldo Montes de Oca.- Ana María R. Brilla de Serrat.- Zulema D. Wilde.- Carlos R. Sanz.