marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, asignaciones familiares, pago
Materia: LABORAL
Carátula: MONTAÑA, Orlando Daniel y Otros c/ SUPERIOR GOBIERNO DE ENTRE RIOS s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-06

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo respecto a las asignaciones por ayuda escolar que se pagan anualmente en el mes de marzo de cada año o en el que comience el año lectivo, sólo en aquellos casos en que exista derecho a la percepción de la asignación por escolaridad primaria Art. 12 de la Ley 5729.
Daños y perjuicios, injurias, nota periodística
Materia: CIVIL
Carátula: Torres, Hugo Daniel y otro c/ Editorial Atlántida y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

El deber de veracidad no significa que el responsable de la publicación de una revista deba realizar una prolija indagación para asegurarse de la exactitud de lo afirmado por el articulista, ni que éste deba confiar ciegamente en quienes tenían a su cargo la investigación de los antecedentes sobre los que versaba la nota semanal, desde que si se vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero debía efectuarse una compleja consulta de una voluminosa causa penal, a la cual la sola condición de periodista no da acceso, sino "con motivo del fallo definitivo de la causa", cfr. art. 63 inc. c) del Reglamento para la Justicia Nacional.
Pacto de ejecutividad, reglamento interno, club de campo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mayling Club de Campo S.A.S.D.C. y DE A. de S. c/ Saccone Cristina N. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-11

Si bien las partes pueden pactar la vía ejecutiva, su procedencia queda condicionada a la acreditación de los recaudos de liquidez y exigibilidad que prevé el C.P.C.C.N. en los arts. 520, 523 y 524, siendo insuficiente a tal fin la previsión contenida en el Reglamento Interno del club de campo.
Daños y perjuicios, lucro cesante, incapacidad laboral, incapacidad parcial, prueba, indemnización, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SOLARI HORACIO FERNANDO c/ G.C.B.A s/ RESPONSABILIDAD MEDICA MEDICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-16

Cuando no se ha probado que la incapacidad de la víctima del daño sea total, resulta lógico entonces que, por un lado, se la indemnice por lucro cesante por los días en que se vio privada de trabajar durante su recuperación y que, por el otro, se indemnice la incapacidad parcial que padece.
Indiferencia de la concausa, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez José María c/ Asociart ART s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-06

Dentro del marco de la acción sistémica de la LRT, el trabajador goza de la presunción de autoría y causalidad laboral de su dolencia producida en dicho contexto, lo que pone en cabeza de la ART o empleador autoasegurado o sin seguro, en la necesidad procesal de acreditar o contradecir la misma aportando prueba que fulmine aquella presunción, y esto efectivamente es lo que ha sucedido en el presente pleito, a partir de la pericia médica obrante en autos (Voto Romero, en minoría)
Funcionarios judiciales, competencia federal, hábeas corpus, crímenes de lesa humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Petra Recabarren, Guillermo Max y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-05

El decreto-ley 21.267, del 24 de marzo de 1976, citado por las defensas como supuesto escudo contra la acusación que se les cursara, en realidad exigía deferencia de los jueces federales a la competencia castrense solamente en aquellos casos en los que verificaran que los cuadros subalternos se hubieran desviado de órdenes-misiones lícitas en su origen, impuestas por el comando militar respectivo y, en el caso, los funcionarios que actuaron como magistrados federales durante la última dictadura, juzgados en estas actuaciones, gozaban de plena competencia para promover la investigación de los aberrantes delitos perpetrados por integrantes de las fuerzas militares y de seguridad. En su faz objetiva, resultaría francamente irrazonable suponer -como sus defensas pretenden- que los ex funcionarios juzgados, frente a tamaño volumen de denuncias de delitos cometidos reiteradamente por las mismas fuerzas represivas, no albergaran la más mínima sospecha de lo que estaba ocurriendo frente a sus narices. Las víctimas que padecieron toda la brutalidad la dictadura dan cuenta del invalorable aporte que hicieron estos tres ex magistrados federales al aparato de represión estatal, pues cada una de las denuncias efectuadas por las víctimas de los hechos o sus allegados sistemáticamente ignoradas, cada una de las acciones de hábeas corpus masivamente rechazadas por motivos puramente formales, cada imputado arbitrariamente por alguna ficticia infracción a la ley 20.840, constituyó una señal inequívoca para los perpetradores directos y mediatos de los crímenes, una señal de que ellos contaban con la absoluta aquiescencia de los operadores de la justicia federal, constituidos en garantes definitivos de la impunidad.
Revocación del mandato, derecho de revocatoria popular
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: O., D.F. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09

La acción de revocatoria es de naturaleza especial política, por el cual el electorado como depositario de la soberanía popular ejerce su natural derecho de destitución, al revisar el desempeño de las autoridades cuando el ejercicio de su función ha generado la pérdida de confianza de sus representados respecto del manejo de la cosa pública. Con este instituto la ciudadanía ejerce una innegable función de contralor respecto del desempeño de los funcionarios de naturaleza electiva.

Y si son los electores quienes ejercen esa función de control, no podrán participar en el proceso de revocatoria quienes al tiempo del acto eleccionario no integraban el cuerpo de electores o no participaron con su sufragio, dado que nadie puede arrogarse la atribución de revisar la faena de un funcionario ungido popularmente si no acreditó haber participado en el acto que lo legitimó para el ejercicio de su función. Sólo quien otorgó un mandato puede revocarlo.

Quien no participó, ni emitió su voto en acto comicial respectivo -o bien no lo acredita en forma bastante- no puede invocar para sí el derecho a ser promotor de la destitución de un mandato de naturaleza electiva, ni participar con su voto en el comicio de revocatoria previsto en el art. 147 de la Ley Nro. 3098.
Excusación, excusación por denuncia o acusación
Materia: PROCESAL
Carátula: PARINI, Ernesto Alfredo c/ ALGAS S.A. s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-25

Disidencia del Dr. de Mundo:El criterio más amplio que preside la aplicación del instituto de la excusación respecto de las normas que regulan los supuestos de recusación con causa, tienden a hacer honor al escrúpulo siempre respetable de los magistrados, que es de presumir sincero, aconsejando admitir el apartamiento del juez de la causa en razón de los cuestionamientos formulados respecto de su persona por una de las partes litigantes.-
Divorcio contradictorio, liquidación de la sociedad conyugal, medidas cautelares, sociedades civiles, sociedades comerciales
Materia: CIVIL
Carátula: V.A. c/ P.G. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-04

Tanto el artículo 1295 del Código Civil como el art. 233 del mismo cuerpo legal, según el texto dado por la Ley 23.515, así como el derogado art. 74 de la ley 2393 aluden a medidas precautorias que pueden ser obtenidas judicialmente para asegurar, en lo patrimonial, el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. En este marco, los cónyuges están legitimados para obtener medidas precautorias respecto de los bienes que están en poder o bajo la administración de otros. Entre ellos cuéntanse las que pueden afectar a sociedades civiles o comerciales en las que uno de los cónyuges participa y haya realizado aportes, sean éstos gananciales o propios.

Por ser las sociedades personas extrañas al litigio debe actuarse con prudencia, y las dificultades con las que puede encontrarse el cónyuge no socio justifican su adopción cuando es preciso determinar aportes o utilidades devengadas.

Si la medida no importa aprobación alguna de dividendos ni, mucho menos, su distribución y su alcance se limita a una determinación preventiva de utilidades con un fin cautelar ajeno a cuestiones societarias, se trata de evitar que uno de los cónyuges pueda quedar privado de bienes que, eventualmente, puedan corresponderle y asegurar la transparencia del proceso de liquidación de la sociedad conyugal, por lo que no hay violación de norma cuyo objeto es asegurar una gestión empresarial responsable ya que mientras lo afectado es la utilidad o ganancia, el dividendo significa la parte de esos beneficios puesta a disposición de los socios, razón por la cual a través de su traba no existe aprobación ni distribución de dividendo alguno y, por ende, no se lesionan las normas que rigen el mecanismo de participación social.

La expresión ganancias debe entenderse en un sentido dinámico, configurando un valor positivo residual que, como consecuencia de un flujo de ingresos y costos, incrementa el patrimonio neto de una organización, medidas según ciertas reglas contables convencionales.
Defensa del consumidor, interpretación del contrato, in dubio pro reo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Citibank N.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones - Disp. DNCI 158/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La ley 24.240 prevé el principio "in dubio pro consumidor" (arts. 3 y 37, segundo párrafo) en la interpretación del contrato, precepto impuesto para su protección y de ineludible aplicación al caso.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: López, Alejandro c/ Suc. de Marenco, Amadeo Jacinto s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

El recurrente hace referencia a que el fallo de Cámara ha prescindido de los Art. 1124 al 1131 del Código Civil, aplicables a los daños ocasionados por los animales sueltos.

Manifiesta que al riesgo lo creó exclusivamente el animal suelto en la ruta, respecto del cual el conductor del vehículo no es su propietario ni guardián, y que si el actor no demandó a aquél es una omisión solo imputable a él, pues no puede trasladar a otros los efectos nocivos de su propio error conforme al Art. 1111 del Código Civil. No resulta de recibo el argumento del recurrente en cuanto al riesgo creado exclusivamente por el animal suelto en la ruta del que no es propietario ni guardián quien conducía el automóvil, ya que no es suficiente la mera invocación del hecho del tercero, que resulta ineficaz para lograr la exención de responsabilidad, si no se configuran los extremos propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho, como lo ha expresado la CSJN en reiteradas oportunidades (conf. Fallos: 313:1184), cualidades que no concurren en el "sub lite", atento a que el demandado no ha probado eximente alguna de la responsabilidad que le fuera atribuida por el accionante y que deriva de la propia ley (responsabilidad objetiva Art. 1113 del C.C.), de acuerdo al pormenorizado análisis del caso efectuado por los señores jueces de las instancias de grado sobre las circunstancias particulares de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho .
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gimenez Juan c/ Galazzo Juan s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Si bien es cierto que conforme la legislación de fondo, cuando se trate de la expedición de segundas copias de una escritura en la cual una de las partes de haya obligada a dar o a hacer alguna cosa, ello debe hacerse mediante procedimiento judicial, la omisión de este último no enerva su eficacia como título ejecutivo, ya que la citación solo tiene por objeto poner a los interesados en condiciones de que puedan comparar la exactitud de la copia con la escritura matriz, no estableciéndose ninguna sanción por la inobservancia de aquella formalidad (arts. 1007, 1008 del C.C.).

(Minoría u opinión personal)
Recurso de queja (procesal), sentencia extra petita, fraude laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DURE, CLAUDIA ANDREA c/ ESTUDIO JURIDICO OMAR BENABENTOS Y ASOCIADOS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-16

El reproche del quejoso referido a que la Alzada habría incurrido en incongruencia por decidir extra petita sobre un hecho que no conformó la litis, como ser el fraude laboral (artículo 14 Ley 20.744) ostenta entidad constitucional suficiente y resulta idóneo para operar la apertura de esta instancia de excepción.
Citación en garantía, asegurado, denuncia del siniestro
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: VEGA, ERICA GISELA c/ BERAZAIN, SILVANA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Corresponde rechazar la queja desde que la impugnante no hace hincapié ni intenta demostrar la verosimilitud de alta credibilidad de que la omisión o demora en la denuncia del siniestro no obedeció a su culpa o negligencia, ni que la compañía aseguradora conocía con anterioridad el tiempo en que debía hacerse la denuncia, la agravación del riesgo; pues tanto el derecho como los plazos a favor del tomador quedan extinguidos por el no cumplimiento de las cargas que la ley le impone y la carga impuesta al tomador de denunciar las agravaciones provenientes de hecho propio antes que se produzcan y las provenientes de hechos ajenos inmediatamente después de conocerlas, tiene su correlativa sanción de caducidad de los derechos del asegurado. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Cúneo).
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ PALMEYRO c/ BRANDAN NAPOLEON Y/O PROPIETARIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-04

Para que exista daño resarcible debe demostrarse la existencia de un nexo causal entre el hecho y el daño.
Accidente de tránsito, conducción de vehículo en estado de ebriedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mansilla, Damián c/ Fernández, Pablo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-22

Dentro de las formas clínicas de estados de inconsciencia se encuentran los estados de intoxicación por el alcohol y otras substancias tóxicas, de manera que siendo la ebriedad alcohólica una de ellas, es oportuno expresar que esos relacionados estados se caracterizan por: a) fugacidad de los síntomas; b) gravedad de la perturbación de la conciencia que llega hasta la supresión y que es muy profunda en comparación con su duración, y c) la concluyente confusión mental.-
Derecho civil, matrimonio, divorcio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: P.E.N. c/ S.P.M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

Las conductas adoptadas por la esposa, con las características que tuvieron en autos y que configuraron las causales por las cuales prosperó el divorcio, afectaron gravemente al actor y son suficientes en este caso como para hacer procedente el reclamo. Es que la relación extramatrimonial de la demandada con el Sr. D. C. se encuentra ampliamente probada, quienes además refirieron que desde la separación con el accionante la Sra. S. comenzó a convivir con aquél. Este incumplimiento a sus deberes de fidelidad, así como su inobservancia a sus deberes de asistencia de sus dos hijos menores de edad, de los cuales debió hacerse cargo el accionado, y su consiguiente abandono voluntario y malicioso del hogar sin duda afectaron a la integridad sentimental del cónyuge ofendido, provocando una lesión al espíritu del actor que en mi criterio no puede dejar de ser reparada.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cicutti de Azanza, Alicia Leonor c/ Postiglione, Luis s/ Recurso de inconstitucionalidad -Daños y perjuicios (contractual)   (Expte. C.S.J. Nro. 628 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-06

La omisión de tratamiento de planteos, peticiones, argumentos, agravios o temas insoslayables debidamente introducidos al debate y de importancia esencial para el resultado del pleito destituye al fallo de fundamentos e impone su invalidación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión federal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Real, Armando Julio s/ Formula impugnación. Recurso de queja Procuración General de la S.C.J. San Martín.Juez Crim. Dr. Sorondo s/ Eleva actuac.relativas a conducta de Dr. Fernando Bulcourf Sirochinsky, Pablo Aníbal. Exp. 5200-6080-1995 s/ Recurso de queja Finsur Compañía Financiera S.A. s/ Quiebra Cassino, Víctor H. c/ Tosiani, Félix R. s/ Cobro ejecutivo Novello, Rafael y ots. s/ Nulidad. Rec. de queja Heit, Zulma B. c/ Microomnibus Quilmes S.A. s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja Celi, Angel Luis y otro s/ Interponen recurso de apelación. Berisso. Partido Justicialista.  Recurso de queja. Vázquez, Manuel c/ Pivowarchuk, Armida Rosa s/ Divorcio contradictorio. Liquidación de la sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27|1990-08-14|1995-10-31|1996-09-10|1998-09-15|1999-12-22|2000-05-03|2002-02-19|2004-04-14

La doctrina -por cierto que irrefutable- referente a que todos los jueces deben aplicar la Constitución Nacional carece de la más mínima relación con otra doctrina según la cual todo caso federal planteado en cualquier proceso originaría la apertura de un recurso eventualmente inexistente apto para trasladar cualquier proceso a la Suprema Corte de la Provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), depósito previo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Bolo, Ciro Cristóbal y otros s/ av. contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

Con la traba de una inhibición general de bienes como medida cautelar subsidiaria, cuyo alcance territorial no se precisa, no puede darse por concluida la labor encomendada al fiscal federal de ejecutar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal, sino que deberá efectuar un seguimiento de las actuaciones, eventualmente obtener la reinscripción de la medida y, en general, agotar las diligencias tendientes a la percepción efectiva de lo adeudado.
Competencia de la Corte Suprema, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso Queja N° 1 - V. I., R. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-19

En la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado sin necesidad de abordar todos los temas propuestos sino aquellos que sean conducentes para una correcta solución del caso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Faustino Antonio c/ Empresa Libertador General San Martín S.A. de transporte s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a transcribir los preceptos legales que estima infringidos para contraponerlos a los fundamentos de la sentencia, pero sin dar sustento válido al cuestionamiento que exterioriza, ni demostrar los agravios.
Doctrina legal, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., R.O. c/ Municipalidad Trelew s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-29

La doctrina sentada en un plenario no es ley, sino una interpretación de un tribunal, de alcance obligatorio para el mismo y para los jueces de primer instancia respecto de los cuales aquél sea Alzada. El plenario al cual hace referencia el recurrente, en modo alguno obliga al Tribunal que pronunció la sentencia de autos; la obligatoriedad de aquel plenario no se extiende fuera de la jurisdiccional del Tribunal que lo emitió, carece así de fuerza vinculante para los tribunales de nuestra Provincia, podrán en todo caso valer como guía de la opinión que se quiere compartir en función del grado de certeza que le otorga una interpretación mayoritaria, mas no pueden implicar la vulneración del derecho de los magistrados de emitir sus juicios de valor sin imposiciones vinculantes extralegales.
Caducidad de instancia, procurador general de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: PLAYAS DEL FARO  S.A. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

No se ha operado la perención de la instancia, si habiendo sido remitidos los autos a la Procuración General, la actora se vio imposibilitada de formular peticiones.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puebla, Jorge Ramón c/ Salvatores, Oscar Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Deben descartarse las declaraciones del testigo que tratan de favorecer indebidamente a una de las partes, siendo significativo por demás que dicho testigo no haya declarado en la causa penal en donde el demandado resultó condenado en primera y segunda instancia.

Si pudo traer el accionado al testigo al juicio civil, es incomprensible que no lo haya llevado al proceso penal, lo que es razón bastante para sospechar de su sinceridad (arts.163 inc. 5 y 456 CPCC)
Falso testimonio, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: SEGURA, JUAN s/ FALSO TESTIMONIO. QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

En el delito de falso testimonio debe reputarse persona particularmente ofendida a aquélla en contra de cuya acción o defensa se haya producido el testimonio al que se atribuye falsedad.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, faltas del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Meza Desiderio c/ EN -Mº Interior- PFA s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

La comprobación de una falta de servicio imputable al ente estatal no excluye la posibilidad de que también se configure la falta personal del agente público (en igual sentido Cassagne. Juan Carlos; Derecho Administrativo; 7ma. edición; t. I ; pag. 502) (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VII).
Inconstitucionalidad, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAC CORMACK, ADRIAN EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-07

A posteriori de la sentencia recurrida -que declaró la inconstitucionalidad de la ley 13695 y su inaplicabilidad a los amparistas- y antes de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte de la Provincia de Santa Fe, la Legislatura provincial sancionó la ley 13807, que -en lo que aquí interesa destacar- estableció un sistema disciplinario tripartito modificatorio de la ley 13013 respecto de los Órganos Fiscales del Ministerio Público de la Acusación cuyas disposiciones serán aplicables a todos los procedimientos en trámite, en el estado en que se encuentren, derogando toda norma que se le oponga; e incorporando a la ley 13013 el artículo 62 bis que regula el camino a seguir respecto de las actuaciones y antecedentes por faltas graves que se encuentren en trámite. . REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 13695; Ley 13013, artículo 62 bis y Ley 13807