Tribunal: JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nro 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14


Buenos Aires, febrero 14 de 2007.

CONSIDERANDO:

I) Que a fs. 32/48, se presenta el Sr. Andres Omar Marin y otros integrantes del Comité provincial de la Unión Cívica Radical del distrito Mendoza, planteando la nulidad de la intervención dispuesta por la Mesa Directiva del Comité Nacional, quedando también comprendidos por dicha medida el Congreso Partidario Provincial, la Junta Electoral y la Junta Disciplinaria.

En dicha presentación manifiestan que: "...venimos a plantear la nulidad de la Resolución del 31 de Octubre del 2006, emanada de la Mesa Directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical por la cual se interviene el distrito de Mendoza de ese partido, Comité Provincia, Congreso Partidario, Junta Electoral y Junta de Disciplina, solicitando se deje sin efecto la misma por ser contraria a derecho, desproporcionada, arbitraria e irrazonable...

...Asimismo, se solicita con carácter de URGENCIA se determine una medida cautelar de NO INNOVAR por la cual se suspendan los efectos de la medida cuestionada hasta tanto se resuelva el fondo del planteo formulado, atendiendo a los graves e irreparables perjuicios que se producirían en caso contrario...".

...Fundamos nuestra petición en lo prescripto por los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 38 y 75 inc. 22 ss. y cc. de la Constitución Nacional, la Ley Nº 23.298 de los Partidos Políticos, la Carta Orgánica Nacional y la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical del Distrito de Mendoza...".

Por otra parte, alegan que la resolución de intervención tomada por la Mesa Directiva del Comité Nacional, ha sido emanada de un órgano incompetente, ya que el art. Nº 8 de la Carta Orgánica Nacional dispone que "...La Convención Nacional tendrá las siguientes atribuciones: ...h) Establecer las infracciones y sanciones para castigar los actos de inconducta partidaria y disponer amnistías generales, debiendo las sanciones aplicarse por los organismos de distrito, los cuales crearán los Tribunales correspondientes. Hasta tanto la Convención dicte las normas se aplicarán las vigentes en cada distrito...".

Agregan que, "si el argumento utilizado para disponer dicha intervención ha sido la supuesta 'rebeldía' (o 'desacato', como afirmara públicamente el Presidente del Comité, Ing. Roberto Iglesias) de las autoridades locales, la función de intervención corresponde a la Convención Nacional y no a dicha Mesa...".

Por último, manifiestan que "...La Mesa Directiva es un ente que no se encuentra enumerado en el art. 4º de la Carta Orgánica Nacional que expresa: ...La Unión Cívica Radical será gobernada en el orden nacional por la Convención Nacional y el Comité Nacional. En el orden provincial, en la Capital Federal y en los territorios nacionales lo será por los organismos señalados en sus estatutos locales...".

Por otro lado, niegan que la actitud del gobernador contradiga la estrategia nacional partidaria y señalan que "...no es dable identificar al gobierno local y a sus funcionarios con el partido...en la gestión de gobierno de Mendoza, el Poder Ejecutivo debe velar por la mejor conducción posible y si para ello resulta importante concertar actos gubernativos con el Poder Ejecutivo Nacional, es su deber legal y ético impulsar los mismos...

...la carta de la que se agravia la Mesa Directiva es sobre una resolución adoptada en la reunión del Comité de la Provincia de Mendoza del día 20 de septiembre de 2006, que no es sino una manifestación política sobre una cuestión política efectuada dentro de los marcos legales y políticos adecuados...

...aun en el extremo supuesto que se pretenda avanzar en la confrontación entre las conductas y afirmaciones del Ing. Cobos o la nota del Comité de Mendoza y su supuesta confrontación con 'lo resuelto' por la H. Convención Nacional, nos encontraremos con el siguiente hecho: todo lo actuado no se opone a ninguna decisión concreta del máximo órgano partidario a nivel nacional...".

Asimismo, con relación a la inexistencia de causales suficientes, alegan que doctrinariamente la intervención es la figura que permite a los organismos centrales competentes de un partido nacional regularizar el supuesto desorden del partido en los distritos y que las causas de la misma surgen de las cartas orgánicas de los partidos.

Agregan que, "...toda vez que este instituto debe ser aplicado con suma cautela por la trascendencia del mismo, las causas pueden hallarse en aquellas situaciones que afecten la vida republicana interna, para mantener o restablecer el orden partidario, ya sea por vicios que invaliden elecciones partidarias impugnadas de donde surgieron los órganos partidarios que tienen a su cargo las funciones deliberativas, ejecutivas y disciplinarias, o porque desaparece cualquiera de esos órganos; ya sea porque por la razón aludida no pueden ser restituidos por los órganos mencionados...

La facultad legal de intervenir distritos, que es un mecanismo jurídico inherente a todo partido de estructura federalista...debe presumirse ejercida conforme a la ley y al estatuto partidario mientras no se demuestre su ilegitimidad ante el juez competente...surge claramente que este instituto es de naturaleza jurídica y política excepcional, si bien es una facultad privativa de los órganos partidarios competentes, sus causales estarán plasmadas en forma taxativa en la carta orgánica...".

Por último, señalan que el art. 230 del C.P.C.C.N. autoriza la interposición de la prohibición de no innovar en "toda clase de juicios", así como también fija los requisitos o presupuestos de su procedencia. Es por ello, que solicitan dicha medida con el fin de preservar la virtualidad jurídica de la sentencia, permitiendo durante el proceso, la tutela jurídica de esta, todo ello bajo caución juratoria (cfr. art. 203/204 del C.P.C.C.N.).

A fs. 50, se libra oficio al Juzgado Federal con competencia electoral del distrito Mendoza, a fin de solicitarle certifique la calidad invocada por los presentantes como así también certifique las copias de la documental acompañada en su escrito de presentación.

A fs. 67/68, se presenta el Sr. Marin, conjuntamente con el Sr. Albarracin, acompañando documentación referida al desarrollo del Congreso provincial de la UCR llevado a cabo el día 5 de noviembre de 2006.

A fs. 106, obra agregado el oficio del Juzgado Federal con competencia electoral del distrito Mendoza, en el cual se remite la documentación solicitada a fs. 50.

A fs. 108/112, este Tribunal resuelve: "...I) HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA A FS. 32/48. II) SUSPENDER, HASTA TANTO RECAIGA SENTENCIA DEFINITIVA SOBRE EL FONDO DE LA CUESTION PLANTEADA, LA INTERVENCION DISPUESTA POR LA UNION CIVICA RADICAL ORDEN NACIONAL, RESPECTO DE LA UNION CIVICA RADICAL DISTRITO MENDOZA...".

A fs. 118, se presenta el Dr. Gabino Tapia, en carácter de Apoderado de la Unión Cívica Radical Orden Nacional, interponiendo recurso de apelación contra el resolutorio que hace lugar a la medida cautelar.

A fs. 121/128, se presenta nuevamente el Sr. Apoderado Nacional, a efectos de contestar el traslado del fondo de la cuestión ordenada en el resolutorio de fs. 108/112 -Punto IV-, al que se lo tiene por no contestado por extemporáneo.

A fs. 129, se convoca a las partes y al Sr. Procurador Fiscal, a la audiencia establecida en el art. 65 de la ley 23.298, cuya acta obra a fs. 141/142.

A fs. 147, se corre vista al Sr. Procurador Fiscal, quien estima conveniente hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. Andres Marin, por las razones expresadas a fs. 163/166, a las que me remito en honor a la brevedad.

II) Que, primeramente, es preciso señalar que la litis en examen versa acerca de la validez o nulidad de la intervención al Partido Unión Cívica Radical -Distrito Mendoza-, dispuesta por la Mesa Directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical con fecha 31 de Octubre del año 2006.

Es preciso entonces, tomar vista de la Carta Orgánica Nacional, que en atención a la vasta jurisprudencia del Superior, tiene como característica principal ser la ley fundamental de todo partido político por el que se rigen los derechos y deberes de todos sus integrantes y órganos.

Debe tenerse presente que, en cuanto a la Carta Orgánica Nacional de la Unión Cívica Radical, no otorga la facultad de intervención a distritos ni a la Convención Nacional ni al Comité Nacional, pero sin perjuicio de ello, no puede soslayarse que dicha facultad se le confiere a cualquiera de los organismos centrales competentes de conformidad con lo establecido en la Ley 23.298 (art. 11).

Esos organismos centrales son, en la UCR, la Convención Nacional y el Comité Nacional.

Si bien puede deducirse que esta potestad le compete al órgano máximo partidario, es decir, la Convención Nacional (art. 4º y 8º C.O.), o al Plenario del Comité Nacional, dicha facultad no aparece mencionada como tal, entre las que competen a la Mesa Directiva del Comité Nacional, ni siquiera entre las atribuciones que el art. 21 otorga a dicho comité.

Por otra parte, de las constancias obrantes en autos, resulta que la intervención contra la cual se dirige la acción interpuesta fue dispuesta por la Mesa Directiva del Comité Nacional. Tal circunstancia permite advertir que la resolución cuestionada adolece de un vicio que enerva la presunción de legitimidad del que gozan, en principio, los actos de las autoridades partidarias reconocidas.

Ello así, por cuanto de la Carta Orgánica Nacional no surge artículo alguno referido específicamente al instituto de la intervención.

En efecto, es reiterada la jurisprudencia que ha establecido que las Mesas Directivas o Mesas Ejecutivas de un partido, no pueden decidir por sí la intervención a un distrito, sino, que en el caso, debe ser determinada por el plenario del órgano central, en este caso, el del Comité Nacional.

El Superior ha expresado en la causa "Barron, Miguel Angel s/amparo Partido Justicialista Santiago del Estero" (Exp. Nº 2160/92) que: ... Tratándose el derecho de intervención de una facultad de interpretación restrictiva en atención a su naturaleza (conf. Fallos CNE 929/90, 1024/91, 1047/91 y 1060/91) que la carta orgánica trata en una norma específica -el inc. g del art. 21, en forma exhaustiva y exclusiva, no puede razonablemente interpretarse que otra norma -el art. 24, en la cual se contemplan una diversidad de aspectos referidos al Consejo Nacional, sin para nada mencionarse el instituto de la intervención, autorice a un cuerpo directivo del consejo- ni, menos aun, a un cuerpo ejecutivo de dicho consejo, de cuya integración, por lo demás, nada se dice en el mencionado artículo ni en ningún otro, a disponer la intervención de distritos que la norma especifica únicamente confiere, en situaciones de excepción, al plenario del consejo...

Y como se ha visto la Mesa Directiva no constituye por ella misma el organismo central competente al que refiere el art. 11 de la ley 23.298, y por lo tanto no tiene la facultad que ha pretendido arrogarse de intervenir un distrito.

No escapa a la suscripta lo dificultoso que resulta para las autoridades nacionales reunir a los órganos centrales a efectos de adoptar la medida intervencionista, pero la Carta Orgánica no ha previsto la posibilidad de que esa facultad pueda ser delegada en otro órgano de menor envergadura y la excepcionalidad que se requiere como requisito para la procedencia de esta medida, no permite ampliar u otorgar facultades que no han sido previstas específicamente por su norma fundamental.

Cabe destacar que conforme lo establece el art. 19 de la C.O.N., el Comité Nacional está compuesto por delegados en número de cuatro por provincia y Capital Federal, lo que da un total de noventa y seis (96) delegados, mientras que la Mesa Directiva está conformada por apenas quince miembros (conf. Art. 21 C.O.N.).

Esta marcada diferencia entre ambos órganos, respecto del número de miembros que la conforman, permite concluir que la Mesa Directiva no constituye un organismo central y que su resolución resulta nula por carecer de competencia para disponerla.

La Excma. Cámara Nacional Electoral sostuvo en el Fallo 2152/96 dictado en la causa "Bousquet, Jorge Luis y otro s/promueven nulidad de la resolución de fecha 12-6-95 de la Mesa Directiva del Comité Nacional -UCEDE Orden Nacional", frente a una situación similar a la del sub judice, que "...en cuanto a la intervención dispuesta por la Mesa Directiva, la misma debe reputarse nula con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal, toda vez que dicho órgano carece de competencia funcional para adoptar tal medida (cf. Fallos nº 1426/92, 1488/93, 1692/93).

Por otra parte, en un caso sustancialmente idéntico, "Bousquet, Jorge Luis y otro s/medida cautelar UCEDE Capital Federal", Exp. 2656/95 CNE, el Superior hizo lugar -por los fundamentos contenidos en el fallo cuya parte pertinente se transcribió supra, a una medida cautelar tendiente a suspender la intervención dispuesta por la Mesa Directiva del Comité Nacional.

Los antecedentes mencionados bastan para concluir que la intervención dispuesta por la Mesa Directiva de la UCR resulta nula por ser dicho cuerpo un órgano que carece de competencia funcional para adoptar una medida de tal naturaleza.

Dicha conclusión encuentra también sustento en lo expresado en Fallos 220/85 y 929/90 C.N.E., en relación a la doctrina del Derecho Administrativo que considera nulos de nulidad absoluta los actos emitidos por órganos que carecen de competencia funcional. Allí, el Superior citando al Tratadista Bartolomé A. Fiorini, D. Administrativo T. I, p. 495 expresó que: "...cuando un acto administrativo vulnera las normas constitucionales sobre competencia se exhibe el vicio de incompetencia constitucional que lo fulmina con la ineficacia total. Y la carta orgánica constituye la ley fundamental del partido en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades deberán ajustar obligatoriamente su actuación (art. 21 de la ley 23.298), representando para la agrupación política reconocida lo mismo que la Constitución en la organización nacional...".

Consecuentemente con la medida adoptada surge un perjuicio real y concreto ocasionado a las autoridades desplazadas, y al cuerpo de afiliados del partido distrital, debiendo recordarse el principio que establece que la vida partidaria debe funcionar sin la intromisión del gobierno central del partido, garantizándose de esta manera a las autoridades del distrito, el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Tiene expresado el Superior: "...se ha dicho que la intervención constituye -como garantía de protección central- un remedio para graves y especiales circunstancias de la vida de los partidos políticos que debe ser aplicado estrictamente en el marco de las disposiciones de la carta orgánica, conforme a la naturaleza del instituto y con todas sus previsiones formales, ello con el fin de asegurar su legítima utilización, teniendo en miras el principio general de que la vida partidaria distrital debe funcionar sin la intromisión del gobierno central del partido. De esa manera, se garantiza -tanto a las autoridades de distrito como a las nacionales- el pleno ejercicio de sus derechos y potestades (conf. Fallos CNE 1024/91; 1276/92, 2966/01 y 3327/04).

Sobre la situación institucional del partido UCR Distrito Mendoza, debe tenerse en cuenta que según surge de las constancias obrantes en autos, mediante acta de fecha 14 de julio de 2005 se proclamó la única lista presentada en el proceso electoral que se encontraba en curso, mediante el cual resultaron electas las autoridades que hoy impugnan y que en su mayoría forman parte del Comité Provincial.

Asimismo, no resulta posible soslayar que el mandato de dichas autoridades, de acuerdo a la carta orgánica que se encontraba vigente en oportunidad de llevarse a cabo el referido proceso electoral era de dos años, por lo que al momento de decretarse la intervención los mismos no se encontraban vencidos.

Sentado ello, no surge que el referido partido se encontrara en un grave estado de anormalidad institucional, que justificara la medida intervencionista decretada.

Por todo lo expuesto, jurisprudencia citada y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador Fiscal, es que corresponde y así, resuelvo:

I) Hacer lugar a la demanda interpuesta a fs. 32/49 por el Sr. Andrés Omar Marín.

II) Declarar la nulidad de la intervención del partido Unión Cívica Radical -Distrito Mendoza- dispuesta por la mesa directiva nacional de la Unión Cívica Radical con fecha 31 de octubre de 2006.

III) Poner en conocimiento del Sr. Juez Federal con competencia electoral del distrito Mendoza lo resuelto precedentemente, a tal fin, líbrese oficio de estilo.

IV) Notifíquese, tómese razón y firme, archívese. -María Romilda Servini de Cubría.