marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo por tiempo determinado, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Livieri, Jaquelina Alexis s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Livieri, Jaquelina Alexis  c/ GCBA s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

La anuencia de la trabajadora al suscribir los sucesivos contratos de tiempo determinado no puede interpretarse como una renuncia implícita de sus derechos laborales, pues estos resultan indisponibles. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho penal disciplinario, sanciones disciplinarias, Derecho penal, principio de legalidad
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHRETER, MIGUEL A c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 423-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-17

El distinto fundamento del poder punitivo penal y del disciplinario implica independencia de ambos, con la consecuencia entre otras- de que no todos los principios fundamentales que sirven para el ejercicio del poder punitivo general (penal) se aplican para el ejercicio del poder disciplinario, como, por ejemplo, la norma general del Derecho Penal "nullem crime sine lege, nullum poena sine lege". Y si bien se puede recurrir a los principios e instituciones del Derecho Penal para colmar las lagunas del Derecho disciplinario, ello no se hace, en virtud de la independencia existente, para integrar analógicamente el Derecho disciplinario con el penal, sino para encontrar principios e instituciones que son propios de todo poder punitivo y que, en consecuencia, pueden ser admitidos en el disciplinario como tales.
Mandato, representación procesal, abogados
Materia: PROCESAL CIVIL - LABORAL - PENAL
Carátula: VICINO, MARIA ROSA c/ LLOYDS BANK LTD s/ NULIDAD PROCESAL      EXPTE NRO 172-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-12

El artículo 13 del Código Procesal Laboral ordena a los abogados y procuradores que intervengan en los juicios que se tramitan en esta Provincia la inscripción en la matrícula respectiva, lo que es corroborado por el artículo 370 de la ley 10160; también del artículo 384 de ésta se infiere que la carencia de matrícula implica la prohibición del ejercicio de la procuración y asimismo el artículo 385 siguiente prescribe dicho recaudo, por lo cual surge como inevitable la inscripción en la matrícula local de todo aquel profesional que actúe en representación voluntaria de otro en juicio en trámite en esta Provincia. La presentación en juicio y contestación de la demanda por el profesional que carece de tal recaudo implica un acto de postulación procesal prohibido por la ley, en especial por la interpretación analógica que surge del artículo 384 de la ley 10160. Dado lo que dispone el artículo 124 del Código Procesal Civil, aplicable por la remisión del artículo 38 del Código Procesal Laboral, torna nulo el acto procesal de marras, no siendo óbice para ello el patrocinio letrado del abogado matriculado a quien ulteriormente se sustituyó el mandato pues el acto en cuestión es sólo atribuible al que estaba apoderado, siendo nulidad absoluta, insubsanable e inconfirmable, máxime que el vicio fue advertido tempestivamente por el abogado de la contraria. La representación en juicio se rige por las reglas del mandato en cuanto no se contrapongan a las contenidas en las leyes procesales Por la estructura del proceso laboral, en el cual la demanda se responde simultáneamente con el comparendo, siendo éste nulo, determina la preclusión de tal etapa por lo cual cabe tener por incontestada la demanda por vencimiento del plazo del traslado, no pudiendo retrotraerse el procedimiento.
Trabajadores de Luz y Fuerza, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: COLASURDO, JUAN R. Y OTROS c/ SEGBA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-28

El artículo 106 del RCT. dispone que los viáticos son remuneración excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada, por lo tanto no puede prevalecer sobre ella lo establecido en el artículo 52 inciso j del CCT. 78/75 (Trabajadores Luz y Fuerza) toda vez que tal conclusión resultaría violatoria de los artículos 6 de la ley 14250 y 9 del RCT. que acogen la teoría del conglobamiento por instituciones.
Querella, acción civil, suspensión de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Omar Nicolás y otro s/ Lesiones Culposas- Resistencia a la autoridad- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-16

El art. 3.982 del Código Civil, que dispone la suspensión de la acción civil cuando se promoviere querella criminal por la víctima del delito, se refiere exclusivamente a aquellos casos en que el responsable civil y el responsable penal (autor del delito) son una misma persona; quedando excluidos de la suspensión los otros responsables que pudieran haber, por cuanto no existe ningún impedimento para que la acción respectiva trámite en forma separada y desde que el hecho generador acontece, ya que los presupuestos de la responsabilidad del autor y del responsable civil son diferentes.

Por otra parte el art. 3.981 del Cod. Civil establece que el beneficio de la suspensión de la prescripción no puede ser invocado sino por las personas o contra las personas en perjuicio o en beneficio de las cuales está establecida, y no por sus cointeresados o contra sus cointeresados. Por ello, ningún efecto propagador hacia quien resulte civilmente responsable pude tener la suspensión del curso de la prescripción que opera respecto del querellado en sede penal; más aún porque aquél no es parte en el juicio penal.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestión federal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDOZA, RICARDO MANUEL Y OTRA c/ B.H.N. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

El examen de las circunstancias de hecho de la causa comporta una materia propia de los jueces ordinarios y ajena a la instancia del art. 14 De la ley 48, a lo que cabe agregar que si los aspectos fácticos del proceso han sido valorados -o no- según un fallo plenario, no suscita cuestión federal bastante para su examen en la instancia extraordinaria.
Querellante, menores, menores en situación de desamparo, representación legal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B.P s/ CORRUPCION DE MENOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-07

Si bien el art. 82 del CPPN veda la posibilidad del menor de edad de constituirse en parte querellante, dadas las circunstancias especiales del caso en cuanto a que el menor se encuentra en situación de abandono material y moral -situacion de calle- y sin perjuicio de que los progenitores asuman el rol de querellantes en el futuro en forma promiscua, dado que no existe virtualmente representación legal a la que acudir, debe permitirse al menor ser parte querellante acompañado del patrocinio del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sumario confeccionado por SAIJ).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MINERA AGUILAR  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS -  EXCESOS  EN  EL  PRONUNCIAMIENTO  -  CONTRATO  DE  TRABAJO - MINAS  -  SALARIO - VIVIENDA - APORTES JUBILATORIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

La determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes, son materias propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia de excepción.
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, rectificación de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIDOU, JUAN CARLOS c/ BANCO DE CREDITO ARGENTINO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26

La rectificación del saldo deudor por error de calculo, omisiones, artículos extraños o indebidamente debitados o acreditados en la cuenta, o de error al duplicar partidas (ccom 790), debe ser distinguida de la revisión de la cuenta en tanto esta implica la reapertura de la discusión sobre la procedencia de la inclusión o exclusión de determinadas partidas. A mas, esta ultima, deviene improcedente por extemporánea con posterioridad a su aprobación extrajudicial o judicial.
Viajantes de comercio, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña, Oscar Rubén c/ J. Llorente y Cía.S.A. s/ Indmenización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

No puede tener operatividad el juramento prescripto en el art. 11 del Régimen legal de Viajantes de Comercio si, negada la obligatoriedad del pago de viáticos, no acreditó la parte actora que los mismos se hubieren convenido entre las partes.
Facultades del gobierno nacional, facultades del Poder Judicial, partidos políticos, actos no revisables
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Aner, Andrés Adalberto s/ deduce acción de amparo - solicita medida cautelar (Unión Cívica  Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Los poderes del Estado, entre ellos el Judicial, tienen límites para evaluar las decisiones de los partidos políticos, cuyo ámbito de reserva ampara las opciones de eminente contenido político y encuentra una de sus formulaciones más claras en los arts. 1. y 21 de la ley 23.298 (Disidencia del Dr.Carlos S. Fayt).
Sanciones procesales, llamado de atención, gravamen irreparable, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Santa Teresa  S.A.C.I.F.I.  y otras s/ Cobro de Australes - Recurso de Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-23

Si bien la jurisprudencia de esta Cámara ha señalado que la aplicación por parte de los señores jueces de simples "llamados de atención" a los letrados de las partes, como principio, no resultan apelables, desde que no constituirían una sanción propiamente dicha, en el caso de autos, dado que el señor juez resolvió efectuar un "apercibimiento" y comunicar su decisión al Colegio Público de Abogados, es dable concluir que la sanción impuesta a al Dra. Risso Patrón es susceptible de provocarle un verdadero gravamen.
Regímenes jubilatorios especiales, facultades legislativas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUAREZ, OMAR ABEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ACCION SOCIAL) s/ ORDINARIO - PENSIONES Y JUBILACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

El dictado de regímenes diferenciales en materia jubilatoria es una facultad propia del Poder Legislativo y del Ejecutivo cuando aquél ha conferido a éste una delegación en tal sentido. Pero esta verdad no conduce a inferir que no pueda efectuarse una petición como la efectuada por los actores de sede administrativa.

La petición de implantación por parte del Poder Ejecutivo nacional de un decreto que establezca un régimen jubilatorio diferencial para el personal que se desempeña a bordo de las embarcaciones de la Administración General de Puertos, encuadra en la facultad que reconoce a todo acto administrativo el art. 3 del Reglamento de la ley nacional de procedimientos administrativos (Decreto 1759/72)., amén de ejercerse el derecho de peticionar a las autoridades, consagrado por el art. 14 de la CN. Satisface, además, con las razones sobre las que se funda, las exigencias establecidas en los arts. 15 y 16 de dicho ordenamiento reglamentario.

Los actores postulan la implantación de un régimen jubilatorio luego de los trámites del caso, fundados en razones convincentes, a su juicio, para decidir en sentido afirmativo, las que, debían ser ponderadas por la autoridad previsional para pronunciarse en un sentido u otro.

El dictado de regímenes diferenciales en materia jubilatoria es una facultad propia del poder Legislativo.

Lo que debe resolver en su consecuencia el M' de Acción Social, conforme con lo decidido, es "la petición, favorable o negativamente, con sujeción a pautas de oportunidad, mérito o conveniencia.
Inimputabilidad, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: C.S. s/ Homicido Simple E.A. s/víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-06

"Quien provoca un incidente, no puede ampararse en la legítima defensa, que es una excepción al principio de la responsabilidad por los actos objetivamente delictuosos y que requiere la prueba de una intención defensiva en todos los instantes, y no propósitos de lucha".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, nombramiento, Poder Judicial, personal subrogante, facultades jurisdiccionales, leyes, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, sentencia, nulidad de sentencia, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

En el sistema vigente en la época del "facto" no existía la posibilidad de reconocer poder jurisdiccional a un subrogante designado por la Corte, sin intervención de los otros Poderes del Estado y según los procedimientos constitucionalmente ordenados para el nombramiento de magistrados; y, lógicamente una designación tal no es válida, y ella vicia los actos de quien intenta ejercer la jurisdicción en base a la misma, produciendo una nulidad que tiene que ser pronunciada oficiosamente, la hayan mencionado o no las partes con anterioridad, porque surge de la violación de las normas constitucionales (artículos 162 inciso 1 y 164 segundo párrafo del Código Procesal Penal). Las garantías del debido proceso quedan desconocidas porque sentencia quien no puede hacerlo. Y, por supuesto, ni siquiera es posible pensar en una anormal ratificación del acto nulo por la circunstancia de que la misma persona que recibió la indebida designación fue luego constitucionalmente designada en el mismo cargo. El hecho de que la cuestión haya perdido trascendencia dado la reforma de la organización de los Tribunales no es óbice para que se acuda a la solución más exacta, no sólo porque puede plantearse en otros casos, pese a la taxatividad de las disposiciones de la nueva Ley, sino también porque es el único modo de resolver el caso concretamente justiciable. (De la Disidencia del Dr. Creus). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quien ha sido investido como Juez por disposición de la Excma.

Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas sobre subrogación previstas por la Ley Orgánica de los Tribunales?
Prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: Llompart s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24

La valoración de la prueba es acto sólo sometido a las reglas de la lógica y la experiencia, aunque precisa explicitación de los caminos constructivos seguidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: González, Claudio Miguel s/ Robo calificado - Privación ilegal de libertad calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

Los actos de procedimiento anteriores a la sentencia no pueden, en principio, ser motivo de recurso ante la Corte.
Historia clínica, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: TRINIDAD, Héctor Martín s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Si la historia clínica fue ratificada por su firmante, este testimonio, al no estar acompañado por otros elementos de prueba, resulta insuficiente.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Permiso administrativo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado Prov. de Bs. As. s/ Cuestión de comp. en causa: "Santos, Eduardo F. y otros s/ Amparo"   (Juzg. Crim. y C. nº 6 Mar del Plata)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Quedan comprendidos dentro de la competencia que esta Corte ejerce transitoriamente los casos en los que se pretende revisar decisiones adoptadas en el marco de una relación de naturaleza administrativa, como lo es la concesión para la explotación de agencias hípicas, sujeta a un régimen de derecho público (arts. 1, 3, 6 y 28 inc. 3 del C.P.C.A.; decretos 1444/84, 7595/87 y 1170/92). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, verificación de créditos, concurso preventivo, jueces naturales
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Pilar  c/ Luis y Miguel Zanniello  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Las actuaciones iniciadas a fin de obtener la ejecución de un crédito derivado de la sentencia verificatoria dictada a favor de la parte actora en el concurso preventivo de la demandada, no deben tramitar ante el juez concursal sino ante el juez "que corresponda", según la letra de la LCQ 57, que no es otro que el juez natural, en función de las reglas ordinarias de competencia.
Reapertura del procedimiento administrativo, prueba, medios de prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: FERREIRO, CONCEPCION CARMEN c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-06

El instituto de la reapertura del procedimiento en la instancia persigue reabrir el conocimiento y análisis de los hechos controvertidos, no obstante la existencia de una resolución judicial o administrativa firme en contra la pretensión del interesado, subordinando a éste a que aporte nuevos elementos probatorios que no hubieran sido propuesto o, en su defecto, que ocurrido esto último no se hubieran sustanciado. Así entonces, el interesado deberá acompañar prueba idónea conducente a la modificación de la denegatoria recaída, porque de no ocurrir así, su admisión resulta inoficiosa.
Seguro colectivo, seguro de vida voluntario, prescripción, cómputo del plazo, interrupción de la prescripción, actos no interruptivos, demanda laboral
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: STRUFFOLINO DE MARUSCHI IDA E c/ CAJA NAC AHORRO Y SEGURO s/ COBRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

El plazo de prescripción se debe computar desde que la acción ha quedado expedita y puede ser ejercida. Ello ocurre a partir de la producción del siniestro siempre que en ese caso el asegurado esté en condiciones de promover la demanda respectiva (Sala I, Causas 2224 de 3.12.91; 2488 de 6.3.93, ED 156, 509, F. 45.590). En este sentido la demanda laboral promovida contra la empleadora resulta ajena a la relación contractual con la aseguradora (Sala I, Causas 398 de 28.9.89 y 1220 de 11.6.93), de modo que la suerte de ese proceso no es indispensable para dejar expedida la acción contra la CNAS.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-27


Salta, 27 de Agosto de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MENDEZ VELASQUEZ, MARIA ENRIQUETA CONTRA PANTOJA, MARIA DEL VALLE POR ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION", ", Expte. nº 135.266/05 del Juzgado de Iª Instancia en lo Civil y Comercial 2ª Nominación; Expte. nº CAM -241.030/08 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) Advirtiendo que en la resolución de fs. 224 existe una discordancia entre la expresión en números y la en letras de la cantidad de pesos regulada en concepto de honorarios determinados a favor de la Dra. Candelaria Zenteno Núñez por su actuación en segunda instancia, corresponde aclarar que la expresión que corresponde es la de la cifra de $1.151 (pesos mil ciento cincuenta y uno), que equivale al 50% de la regulada en la anterior instancia.

II) Cabe expresar que la aclaratoria es un medio por el cual se trata de obtener que la sentencia cumpla la función de decidir el proceso, con arreglo a las acciones deducidas. No sólo posibilita la enmienda de errores materiales contenidos, sino también la aclaración de conceptos oscuros, y aún suplir omisiones acerca de las pretensiones en litigio siempre que la nueva resolución integrativa no venga a alterar o sustituir a la sentencia ni se coloque en contradicción con lo ya decidido. Asimismo que procede de oficio cuando la resolución que se pretende aclarar no ha sido notificada a las partes (art. 166 inc. 1º última parte del Código Procesal).

En mérito de ello, se deja establecido que la cantidad regulada en concepto de honorarios a favor de la Dra. Candelaria Zenteno Núñez por la labor desarrollada en la alzada asciende a la cantidad de $1.151 (pesos mil ciento cincuenta y uno). ASÍ SE RESUELVE.

III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.
Concurso preventivo, apertura del concurso, prueba, plazo legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gennero Eduardo Luis s/ Concurso preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

Debe declararse la apertura del concurso preventivo si el peticionante pese a no haber acompañado la documentación respaldatoria ni peticionado la ampliación del plazo para hacerlo, previsto en el último apartado del art. 11 de la LCQ, completó los recaudos requeridos dentro de los nueve días hábiles desde la misma -plazo inferior al de la prórroga previsto en la citada norma- y con ello satisfizo razonablemente las restantes exigencias de la disposición mencionada.
Locación de inmuebles, cláusula de alquiler ascendente, continuación de la locación
Materia: CIVIL
Carátula: SAMOBAR S.R.L. c/ SAAL, Eduardo David s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Pactada una opción de prórroga en una relación locativa, para cuyo uso se estableció un mecanismo de notificación por el cual el locatario debía comunicar su voluntad al locador con una anticipación de sesenta días a la conclusión del primer plazo, determinándose en tal caso el alquiler del nuevo período sobre la base de la tasación de un martillero público de la zona, es indudable que no se ha pactado el precio del contrato para el nuevo plazo locativo. En tales términos, ello no se contrapone a la resolución 144/93, cuya directiva está dirigida a otros casos, como si dentro del cumplimiento de un mismo contrato se fijen arrendamientos diferentes para distintos meses. Por lo tanto, resulta justificada la negativa a recibir el pago, en tanto se pretenda extender el canon vigente para el período contractual a la nueva etapa de locación, sin seguir las expresas estipulaciones contractuales sobre el punto.-
Caducidad de instancia, litisconsorcio necesario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B.P.S. c/ RAUL ABRAHAM Y OT. s/ ord (LIBRO: A076 - 077)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-31

Tratándose en autos de un litisconsorcio necesario, la caducidad se extiende a todos sus integrantes; ello es consecuencia propia de esta figura procesal, pues de lo contrario, de admitirse una caducidad parcial existiendo un litisconsorcio necesario, en definitiva se obtendría un fallo inútil, por no comprender a todos los sujetos que deben concurrir para satisfacer el interés demandado.