Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


BATTISTELLI, Alberto Enrique Reg.: A y S t 206 p 119-124.

Santa Fe, 6 de abril del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Gladis Teresa Echevarne -por apoderado- contra la sentencia nro. 194 del 15.6.1999 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "BATTISTELLI, Alberto Enrique -Quiebra-Recurso de Revisión Crédito ECHEVARNE, Gladis Teresa- (Expte. 124/98)" (Expte. C.S.J. nro. 769, año 1999); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de autos que contra el decisorio que declaró admisible el crédito de la señora Echevarne por una suma de dinero, como lo había requerido en forma subsidiaria del pedido de la inscripción registral de los bienes inmuebles de la Hijuela Nro. 2 formada en los caratulados "Echevarne, Gladis Teresa / Battistelli, Alberto Enrique / Liquidación de la Sociedad Conyugal" (Expte. Nro. 479/89) del Tribunal Colegiado de Familia nro. 4 de Rosario; dedujo la compareciente recurso de revisión, el que fue rechazado.

La quejosa interpuso recursos de nulidad y apelación, haciendo lo propio el fallido. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario declaró desiertos los recursos deducidos por este último y rechazó los interpuestos por Gladis T. Echevarne, con costas (artículo 251 C.P.C. y C.).

Contra este pronunciamiento dedujo la compareciente el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055, por considerarlo violatorio de las garantías constitucionales de debido proceso; defensa en juicio; derecho de propiedad y de los principios procesales de congruencia y cosa juzgada.

Plantea la nulidad de la resolución cuestionada, con sustento en el rechazo formulado por la jueza de primera instancia de la recusación con expresión de causa (artículo 17, inciso 5 C.P.C. y C.) respecto del doctor Ricardo Dagotto; pese haberse excusado en otro expediente por resentimiento grave con dicho letrado (autos "Cooperativa Agrícola Mixta Limitada de Cañada de Gómez contra Strigilio Eduardo A. y/o Monteverde Eva Josefina sobre Ejecución Hipotecaria") y, además, por no haber ordenado la elevación de los autos a la Cámara para que resuelva.

Afirma que la sentencia antepuso la norma de procedimiento a una cláusula de raigambre constitucional, afectando el adecuado servicio de justicia (artículos 18, 116 ss. y concs. de la Constitución nacional; artículos 18 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobado por ley 23.054; artículo 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Refiere a lo sostenido por el inferior: "... estando los bienes registralmente a nombre del fallido, éstos integran su patrimonio, resultando inoponibles las demás circunstancias a los acreedores". Señala que no obstante manifestar que el patrimonio del fallido es la prenda común de los acreedores, nadie dijo cuál es el derecho de su parte sobre los bienes que posee por adjudicación judicial mediante resolución firme y consentida.

En oportunidad de expresar agravios, dice, planteó la falta de reconocimiento de la propiedad de los bienes incluidos en la hijuela número dos -los que describe- señalando respecto de los mismos, que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2505 y 3135 del Código Civil; 2 y 22 de la ley 17.801, merecen amparo los terceros de buena fe. Destaca que la sindicatura conocía la existencia de un condominio, como por ejemplo, el campo "El Carpintero" (según constancias del A.P.I.); condominio existente entre Battistelli y su parte.

Le agravia que tanto el juez de baja instancia como la Alzada sostuvieran la inoponibilidad de la adjudicación de las hijuelas como consecuencia de su falta de inscripción registral, siendo conocida tal situación por su parte.

Considera incorrecto que luego de ocho años se pretenda incluir sus bienes en el patrimonio del señor Battistelli, con el fundamento de no producir perjuicio a terceros, que son y fueron conocedores desde siempre de la realidad económica-patrimonial de ambos.

Aduce que el decisorio vulnera los principios de congruencia y cosa juzgada, tacha ésta -dice- que se configura "con la falta de consideración de cuál fue la acción y pretensión oportuna de ... (su) parte y la modificación de resoluciones firmes y consentidas emanadas del órgano jurisdiccional, en este caso, anteriores dictadas por el Tribunal de Familia Nro. 4 ...".

Expresa que peticionó el cumplimiento de las sentencias emanadas del Tribunal Colegiado de Familia 4, especialmente en el juicio de liquidación de la sociedad conyugal, es decir, la propiedad de los bienes de la hijuela nro. 2 y su anotación registral que viera demorada por cuestiones financieras, con lo cual la sentencia lesionaría el principio de congruencia, por ser citra petita, por no resolverse la cuestión.

Afirma que su planteo respecto de la cuestión de competencia ( artículo 22, ley 19.551) no fue resuelto con fundamento en que tal situación (liquidación de la sociedad conyugal) quedaba excluida, por ser de aquellas con contenido patrimonial, que se fundan en relaciones de familia.

La Sala a quo, mediante auto del 15.12.1999, denegó la concesión del remedio extraordinario planteado por entender que bajo la tacha de arbitrariedad y la invocación de la afectación de derechos constitucionales, la recurrente opone su criterio frente al del tribunal respecto de la inteligencia de normas de derecho común, que es propia de los jueces de la causa y; que más allá del acierto o error, en tanto no se haya optado por una interpretación que exceda las posibilidades interpretativas -aceptables desde el plano constitucional- que ofrecen las normas no habilitan la presente instancia.

Ello motivó la presentación directa de la compareciente ante esta Corte, insistiendo en la arbitrariedad de la resolución recurrida y solicitando la consecuente concesión del recurso.

2. La primer tacha esgrimida por la compareciente, quien aduce la nulidad de la resolución por haber sido rechazada la recusación con expresión de causa -pese a haberse excusado en otro expediente por resentimiento grave con su letrado, doctor Dagotto- y por no haber ordenado la elevación de los autos a la Cámara para que resuelva, carece de idoneidad. En efecto, sobre el particular, la Sala en la primera oportunidad que tuvo para pronunciarse acerca de este motivo señaló que en virtud del artículo 17 inciso 5 del C.P.C.

y C. -aplicable por la L.C.- no son recusables los jueces -y como consabida contracara, el juez carece de aptitud para excusarse- "en los concursos civiles y comerciales, salvo que medie causa legítima con el síndico, el liquidador o el deudor", y no distinguiendo la norma citada entre recusación con o sin expresión de causa, no cabe hacer distinción al respecto. Añadió que al haber desestimado la a quo la recusación por inadmisible en base a dicha disposición legal, al no darse así la situación prevista en el artículo 15 del C.P.C. y C. -de que el juez negase la causal de recusación invocada o denegase la recusación sin causa- no corresponde elevar el incidente al superior para que decidiese, por lo que esta circunstancia tampoco puede fundar válidamente la nulidad. Sostuvo además, que la inconstitucionalidad de la norma procesal antes citada no puede tampoco tener favorable acogida, brindando amplias razones al respecto, las que no fueron idóneamente descalificadas en el memorial recursivo. Lo expuesto deja sin sustento constitucional los reproches esgrimidos, los que no superan el ámbito de la mera discrepancia con lo decidido. En relación a los restantes planteos de la quejosa, los mismos evidencian mero disenso con el criterio del Tribunal a quo, el que expresó que no obstante la disolución de la sociedad conyugal en virtud del divorcio de la recurrente y el fallido y la adjudicación de bienes que se realizara, tendente a la liquidación -como apunta el a quo- de las pruebas documentales e informativas resulta que los inmuebles en cuestión estaban inscriptos en el Registro General a nombre del fallido, esto es que la liquidación no llegó a consumarse, cualquiera fuese la razón de ello.

Sostuvieron los sentenciantes que la adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles (artículo 2505, C.C.) se juzgará perfeccionada por la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios correspondientes, no siendo oponibles a terceros mientras no estén registradas, la adjudicación de bienes realizada que invoca la recurrente no puede hacerse prevalecer en el concurso de su ex cónyuge, frente a sus acreedores.

Agregaron que no habiéndose efectivizado la liquidación de bienes, si bien por la sentencia de divorcio, queda de pleno derecho disuelta la sociedad conyugal con relación al día de la notificación de la demanda (artículo 1306 C.C.), no obstante los cónyuges o ex-cónyuges continúan siendo erga omnes los titulares de los derechos que, antes de esa disolución, la ley les atribuía respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Así entonces, de existir algún bien inmueble ganancial de titularidad del marido, es decir, adquirido por él durante la vigencia de la sociedad conyugal (art. 1276 C.C.), disuelta ésta, se produce lo que la doctrina tradicional denomina la indivisión post-comunitaria, que si bien hace que dichos bienes dejen de estar sujetos a la exclusiva administración del marido -titular registral- y queden sujetos a la gestión de ambos cónyuges, para asegurar la liquidación, no obsta a que esos bienes sigan siendo del marido. Esto es, la sociedad conyugal está disuelta, pero los cónyuges continúan siendo erga omnes los titulares de los derechos que, antes de la disolución, la ley les atribuía respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Lo que significa que si la disolución crea, respecto de los bienes a liquidar, relaciones de comunidad entre los cónyuges, tales relaciones interesan fundamentalmente al vínculo interno que se establece a los fines de la liquidación -exigirse mutuamente las restituciones, compensaciones y finalmente la partición por mitades de los bienes, art. 1315 C.C.-, sin trascender externamente como co- titularidad de cada uno de los derechos que integran la comunidad. Finalmente, el Tribunal a quo expresó que el agravio atinente a la cuestión de competencia (artículo 22, ley concursal 19551), no ha de ser recepcionado, por cuanto de los considerandos resulta que tal cuestión fue debidamente analizada por el a quo, afirmando su propia competencia para decidir lo que constituía la pretensión indebida de excluir del concurso ciertos bienes acorde a ello, implicó pronunciarse sobre la incompetencia articulada. La propia recurrente, contradictoriamente, al sustentar la apelación dijo agraviarse que la a quo se declarara competente.

Agregó, que al margen de ello, la circunstancia que se esgrime no puede llevar a la invalidación del fallo, dado que por el artículo 246 del C.P.C. y C. la omisión sería susceptible de ser salvada en la alzada, si así se lo requiriese. Frente a lo aquí decidido, la compareciente, lejos de fundar los planteos esgrimidos, cae en el error común de enjuiciar el fallo desde el punto de vista de lo que considera sus desaciertos en relación a dichas imputaciones, limitándose así a manifestar una fuerte discrepancia con lo sostenido fundadamente por el Tribunal a quo, quien, en definitiva, concluyó que resulta incuestionable la competencia del juez del concurso para decidir la pretensión de exclusión de bienes inmuebles del mismo, y que tratándose de bienes gananciales, cuya titularidad se encuentra en cabeza del fallido, deben responder frente a sus acreedores, desestimando así la apelación deducida por la quejosa. Por último, con relación al planteo de que la resolución atacada vulnera el principio de congruencia al resolver "citra petita" y la cosa juzgada, debe señalarse que el mismo carece de consistencia para operar la apertura de esta instancia de excepción.

En efecto, al respecto cabe señalar que la quejosa -como ella misma lo manifestara- había requerido subsidiariamente la verificación del monto dinerario equivalente a la hijuela nro. 2 que le fuera adjudicada (ver f. 17 vto.), y que de la lectura del fallo impugnado surge -a su vez- claramente el fundamento por el cual no se verificó el cumplimiento de dichas sentencias -esto es porque se consideró que, por los motivos que se exponen, no eran oponibles a terceros-. De ello, se sigue que no puede sostenerse válidamente que se omitió la cuestión ni que se violó la cosa juzgada.

Y para concluir, baste señalar que el memorial en nada difiere de una simple expresión de agravios de una apelación con insistentes y contínuas referencias a la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido tanto el Inferior como la Sala al confirmar aquél, evidenciando tan sólo su disconformidad con la valoración de los hechos, pruebas de la causa y derecho común aplicable, materia que excede los límites de admisibilidad de la apelación extraordinaria. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ROBERTO HÉCTOR FALISTOCCO: Sin perjuicio de que comparto la solución y los fundamentos expuestos por los señores Ministros preopinantes, entiendo conveniente agregar -a mayor abundamiento- algunos conceptos vinculados con los agravios que la recurrente formula por haberse rechazado la recusación con expresión de causa que planteara; y por haberse incluido los bienes de la hijuela número 2 en el patrimonio del señor Battistelli, con el fundamento de no producir perjuicio a terceros que -según dice- son y fueron conocedores desde siempre de la realidad económica y patrimonial de ambos.

En primer término, cabe advertir que la aplicación e interpretación que realizó la Sala del artículo 17 inciso 5) del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable supletoriamente al trámite falencial- respeta los lineamientos sentados por este Cuerpo -si bien con distinta integración- en los precedentes "Banco del Interior y Buenos Aires S.A." (A. y S. T. 124, pág. 464) y "Marchetti" (A. y S. T. 159, pág. 269).

Por otra parte, aunque la impugnante sostiene que "... se ha probado que todos y cada uno de los acreedores conocían acabadamente la composición patrimonial ..." (f. 18), en apoyo de dicha afirmación se limita a mencionar "como ejemplo ... que los acreedores son en su mayoría los abogados intervinientes en el juicio de divorcio y sus derivados; los bancos acreedores han remitido las manifestaciones de bienes del Sr. Battistelli en la que denunciaba como patrimonio a los efectos de la toma de créditos, los componentes de la Hijuela 1, no incluyendo los adjudicados a la Sra. Echevarne..." (f.18), aseveración que -por no ser suficientemente detallada- carece de exhaustividad y deja en evidencia, en el punto, la falta de autosuficiencia del libelo recursivo.

Fdo.:FALISTOCCO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA MARÍA ANGÉLICA GASTALDI: 3. Entiendo que, en el caso, en estudio, el planteo de la recurrente invocando la violación de su derecho de propiedad, por haber omitido el decisorio considerar la "situación de hecho" (cfr. fs. 17vto., 24vto. y conc.) -refiriendo con ello a la adjudicación judicial mediante resolución firme y consentida y a la posesión efectiva de los bienes correspondientes a la hijuela de la señora Echevarne-, y en vinculación con esto mismo, la consecuente acusación de incompetencia del juzgado concursal para decidir sobre tales bienes, ostentan suficiente entidad y cuentan -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa. Asimismo importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por ello, considero debe admitirse la queja y, en consecuencia, concederse el recurso de inconstitucionalidad.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)