Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30


SENTENCIA N° 92936 CAUSA N° 2.328/09. "MATURANO DOMINGO MARIO C/ ART INTERACCION SA S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL". JUZGADO N° 54.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a	30.12.11	, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. Diana Cañal dijo:

La parte actora, apela el fallo de primera instancia, en los términos del memorial de fs. 597/599. La accionada ART Interacción SA, a fs. 596/vta. cuestiona los honorarios de los peritos contadora, médico legista, e ingeniero, por considerarlos altos; mientras que el perito médico, a fs. 589/vta., apela los suyos por bajos. La recurrente se queja, porque la Sra. Juez no hizo lugar a la demanda por accidente. Afirma que existe vinculación entre los dos accidentes sufridos por el actor, y el trabajo realizado por éste para la empleadora Segurus SRL, citada en autos como tercero. Sostiene que respecto del accidente del 25.8.06, en el que desafortunadamente, cuando el trabajador iba conduciendo el taxi, explotó la manguera de la calefacción del vehículo y por la caída de agua en ebullición sobre sus pies, le produjo una incapacidad física. Indica que el taxi no estaba en condiciones para trabajar, y que la ART demandada, durante el transcurso de la relación laboral, no realizó ningún tipo de control sobre los vehículos.

Argumenta que el día 19.11.06, el reclamante sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV), debido al extenso horario de labor que realizaba de 5 a 17 hs. de lunes a lunes, sin descanso alguno. Indica que aquél trabajaba con estrés, y que la ART no realizó ningún control sobre las condiciones de seguridad en el trabajo.

Llega firme a esta alzada, que la demandada y la citada reconocieron los accidentes padecidos por el accionante (fs. 55/56, fs. 128), aunque negaron que el ocurrido en agosto de 2006 (con respecto al cual, no coinciden con la fecha denunciada en la demanda, indicando que fue el 29), le dejara secuelas incapacitantes; y respecto del padecido el 19.11.06, afirmaron que no tenía vinculación con las tareas. Ahora bien, el hecho de que la ART haya afirmado que no hay vinculación entre los accidentes y las tareas realizadas por el actor, no la exime de explicar claramente las circunstancias en que sucedieron los hechos, dado que estos datos pueden favorecer el progreso de la causa y la determinación de la verdad real. Cabe señalar que, aunque no sea la empleadora del actor, tuvo que tener consigo todos los datos que aquella le suministrara. Con lo cual, pesaba la carga de la prueba sobre la parte demandada.

En el mismo error, incurrió la empleadora, con lo cual tengo en cuenta que la demandada y la citada, no aportaron testigos a la causa, y al contestar la acción, si bien niegan cada uno de los hechos, no hacen un relato circunstanciado de los mismos, de la forma en que -según ellas- ocurrieron. Por lo tanto, concluyo que no cumplen acabadamente con lo dispuesto por el art. 356 inc. 2º del CPCCN, ninguna de las dos. En efecto, dicho artículo dispone que: el demandado deberá expresar en su responde, en la misma todas las excepciones o defensas de que intente valerse, y además en su inciso primero reza que deberá "reconocer o negar CAUSA N° 2.328/09.

categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda.......su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran...".

Sabiamente, el legislador así lo dispuso porque entendiéndose el proceso como un diálogo, quien se limita a decir "no", trunca toda comunicación y conspira contra el descubrimiento de la verdad, objetivo al que está destinada la producción de prueba, que de allí en más habrá de tener lugar.

Entonces, queda claro que al reconocer los dos accidentes, incumbía a parte demandada y a la citada la prueba de los hechos mencionados por ellas, en los respectivos respondes, quedando invertida la carga probatoria, lo que no cumplieron.

Así, la demandada y la citada niegan los horarios y los días de labor. Sin embargo, la empleadora Segurus SRL afirma, en forma genérica, que el CCT establece que el único límite a la jornada de trabajo es la existencia de 12 horas entre cada una. Indica que el trabajo del taxista es muy particular, que no existe posibilidad de la patronal de controlar la modalidad en que el chofer presta sus tareas, es decir, de cuánto descansa y de cuánto trabaja (fs. 128).

Al respecto, cabe señalar que el CCT Nº 336/01, aplicable a peones de taxi, en el art. 10 incs. a), b) y c), establece que el trabajador gozará de un franco semanal, luego de seis jornadas consecutivas de trabajo. Que el mínimo de la jornada es de 8 horas diarias, la que se puede extender a 12 hs. Asimismo, contempla que entre jornada y jornada, el trabajador debe tener un descanso mínimo de 12 horas. Tengo presente que la empleadora y la ART, no produjeron prueba testimonial en autos, y por ende, no lograron desvirtuar que el accionante no laboraba todos los días, es decir, de lunes a lunes. Entiendo que esta circunstancia constituye un claro indicio del estrés laboral sufrido, pues trabajaba en una extensa jornada y no gozaba del franco semanal establecido en el CCT citado. Todo ello, en una ciudad particular stressante, como lo es Buenos Aires.

El perito ingeniero, a fs. 523/528 vta., corrobora esto, pues informó que el actor estaba registrado en los libros de Segurus SRL con fecha 1.7.06, en tareas de peón-chofer de taxi. Que al momento de la pericia, no se le exhibió examen médico preocupacional del reclamante. La ART Interacción SA era la aseguradora contratada por Segurus SRL en el período 1.12.05 al 30.9.07, bajo el contrato Nº 25477. El accionante realizaba sus tareas habituales y permanentes, de conductor de un automotor por las calles y avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cobrar y dar vueltos del costo de los viajes a los pasajeros, tarea que realizaba durante 12 horas diarias (fs. 523 vta. puntos: a), b), c), d) y e).

Asimismo, indicó lo siguiente: Otros datos con influencia ergonómica del puesto de trabajo de la parte actora, es que tanto los asientos como las distancias desde el mismo hasta los pedales y volante de conducción son fijos, no poseen ventilación ni regulaciones especiales que los hagan aptos ergonómicamente para una tarea laboral (fs. 523 vta. punto f).

No le presentaron al experto, en Segurus SRL ninguna denuncia de accidente sufrido por el actor ante el infortunio laboral. Tampoco le entregaron documentación probatoria alguna, ni de parte de dicha firma, ni de la ART respecto de la realización de cursos de capacitación en los que haya participado el accionante (fs. 523 vta. puntos h), i).

Si bien la mencionada ART, realizó periódica y sistemáticamente, visitas a la planta de la firma Segurus SRL, surgiendo de las mismas, las denuncias de CAUSA N° 2.328/09.

incumplimiento a medidas de higiene y seguridad en el trabajo, por parte del establecimiento demandado (fs. 523 vta. punto g), lo cierto es que no surge de autos ninguna verificación del estado del vehículo por parte de la demandada.

Explicó también, que la ART no presentó estudios del puesto de trabajo del actor, por lo que no puede responder acerca del ritmo de trabajo, la carga física y mental. Según los dichos de aquélla, la duración de la jornada consistía en 12 horas de labor, realizando tareas de conductor de taxímetro (fs. 524). El perito médico legista, a fs. 363/371 vta., luego de realizar al actor un examen físico y estudios complementarios, informó que aquél padece un daño corporal de origen traumático, que le produce una incapacidad física parcial y permanente del 26,08% de la T.O.

Asimismo, a fs. 540/543, informó en el examen psíquico, que el reclamante revela trastornos del sueño, episodios de irritabilidad, disartria, dificultad en la comprensión, que no se pueden hacer técnicas proyectivas debido a su secuela de ACV, y que su diagnóstico de estrés postraumático crónico de grado moderado, le produjo una incapacidad del 15% de la T.O. Establecida la existencia de la minusvalía, corresponde verificar el obrar de las accionadas. En cuanto a la responsabilidad de la ART, advierto que no existen en la causa pruebas, que puedan demostrar que la misma, en cumplimiento de la acción de riesgos, le indicara a la empleadora las medidas de seguridad que debía adoptar, que verificara el cumplimiento de las mismas, y que en su defecto, la denunciara a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.). Todo lo cual, impide deslindar de la responsabilidad de los hechos a la aseguradora de accidentes laborales, que debe ser considerada responsable por las desafortunadas consecuencias sufridas por el trabajador.

Es que, el deber de seguridad proporcionado por la aseguradora, es de cumplimiento ineludible y su omisión significa responsabilidad "in vigilando" (art. 386 del CPCCN).

En efecto, cabe tener presente las anotadas falencias que permitieran el accidente, así como la carencia de un adecuado control, pues si bien la ART al contestar la acción (fs. 76 "in fine"), indicó que cumplió acabadamente con su tarea de control, detección de riesgos y asesoramiento en materia de prevención, no produjo ninguna prueba en la causa relativa a ello.

Luego, mal podría esta última verificar si la empleadora había cumplido o no con sus recomendaciones y eventualmente denunciar a la Superintendencia, cuando ella misma no habría satisfecho su obligación principal (art. 31, primera parte de la ley 25557).

La ART apelante, no logra desvirtuar estos razonamientos, porque no ha acreditado, ni siquiera menciona, la realización de alguna medida de seguridad, tendiente a proteger la salud psicofísica del trabajador.

El decreto 170/96 (BO 26.2.96), reglamentario de la ley 24557, impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en lo atinente a la determinación de la existencia de riesgos, y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores (art. 18).

Vale decir, que era obligación de la aseguradora detectar los posibles riesgos que presentaba cada puesto de trabajo, y cada una de las operaciones que debían realizar los trabajadores. No puede soslayarse que dicho decreto, también impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo la CAUSA N° 2.328/09.

obligación de realizar actividades permanentes de prevención de riesgos, y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y que para cumplir con sus obligaciones deben contar con personal especializado en higiene y seguridad o medicina del trabajo, de modo que asegure la atención en materia de prevención de riesgos de sus afiliados (arts. 19 y 20).

"Es la ART demandada la que se encuentra en condiciones de acreditar que, antes de la ocurrencia del infortunio, adoptó las acciones y conductas pertinentes a fin de evitar los accidentes que motivaran la acción promovida por el trabajador. La defensa de la ART no puede consistir en una prueba genérica, sino guardar relación específica con el caso concreto que se ventila judicialmente. En este sentido, no puede desconocerse su especialización y seguridad en materia de conocimiento de las normas de higiene y seguridad, lo que implica un obrar activo a fin de evitar, eficientemente, los riesgos del trabajo" (SCHICK, Horacio, en "Responsabilidad Civil de las ART en virtud del artículo 1074" en Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales, 3ª. Ed. Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 2010, pág. 319).

El deber de seguridad, excede el marco tradicional del contrato de seguro por accidente de trabajo, por lo tanto la empleadora y la aseguradora, están obligados a implementar todas las medidas preventivas de los riesgos, que la naturaleza de la actividad exija aplicar, para procurar la indemnidad de las personas que bajo dependencia de la primera trabajan.

Si bien no se pretende que la ART pueda evitar todo accidente, lo que es materialmente imposible, se trata de exigirle un comportamiento diligente en relación con sus obligaciones legales, es decir, actuar para procurar que los accidentes y las enfermedades no se produzcan. En concreto, se sanciona la inobservancia de la obligación general de conducirse con prudencia, cuidado y diligencia para evitar daños al trabajador, conforme la regla general establecida en el artículo 1109 del Código Civil.

En este marco, adhiero a la jurisprudencia que sostiene que "la ART está obligada al control de cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad y a brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores; tiene a su cargo la obligación legal de supervisar las condiciones del caso (conf. Ferreirós, Errepar Nº 212 de abril de 2002).

A su vez, la Sala II ha dicho, al confirmar la sentencia que firmé como Juez de primera instancia (sentencia Nº 1476 del 25.6.01, del registro del Juzgado Nº 74), que "los incumplimientos de las ART de las obligaciones impuestas por la ley 24557 constituyen una conducta encuadrable en los términos del art. 512 del Código Civil, ya que se trata de una omisión de diligencias tendientes a prevenir la configuración de daños a los trabajadores" (conf. Sentencia Nº 90169 del 6.3.02, en autos "Duarte Rodríguez, Lorenzo c/ Magire SRL y otro"). En igual sentido "Los compromisos concretos que deben asumir estos sujetos deben interpretarse ampliamente en función del objetivo de prevenir adecuadamente los riesgos de trabajo. La ineficacia de las acciones destinadas a prevenirlos, incluidos los controles que debe efectuar la ART, constituye un incumplimiento que contribuye en la cadena causal a generar un daño en la salud de los trabajadores" (conf. CNAT, Sala VI, sentencia Nº 55125 del 7.8.02, en autos "Gutiérrez, Rosenda c/ Todoli Hnos. SRL y otro s/ accidente").

Por lo tanto, y como fuera analizado "ut supra", la ART no cumplió, en el marco de la ley de riesgos del trabajo, con sus obligaciones, de modo que es CAUSA N° 2.328/09.

pertinente responsabilizarla por ello (arts. 3, 4 y concs. de la LRT).

En consecuencia, auspicio revocar el fallo recurrido en este aspecto y hacer lugar a las indemnizaciones por la incapacidad derivada de los accidentes sufridos por el actor.

Para ello, tomaré en cuenta el ingreso base de $ 1.450, informado por la perito contadora a fs. 352, que coincide con el denunciado por la parte actora en el inicio (fs. 7 vta.), el porcentaje de incapacidad del trabajador del 41,08% de la T.O. (15%+26,08%), indicado por la perito médica legista a fs. 371 vta. y fs. 541, el tipo de dolencias que padece y la edad al momento de las contingencias sufridas (65 años), el coeficiente de edad del (65 ./. 65 = 1) y lo dispuesto por el art. 14 inc. a) de la ley 24.557. Es decir: $ 31.569,98 (53 x $ 1.450 x 41,08% x 1).

Cabe señalar que, sin perjuicio de mi tesitura acerca de la aplicación del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 de la L.R.T., dicho monto no supera el mismo, de manera, que no es menester realizar ninguna consideración al respecto.

Asimismo, haré lugar a los gastos por asistencia médica y farmacológica, reclamados en el inicio (fs. 15), por la suma de $ 2.500.

En consecuencia, el monto de condena se eleva a la suma total de $ 34.069,98, al que deberán adicionarse los intereses fijados por esta Cámara en el Acta Nº 2357/02 del 7.5.02, es decir, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, desde la fecha de consolidación del daño y hasta su efectivo pago.

Asimismo, en mi opinión, se devengará además actualización (dada la diferente naturaleza de ambos institutos),utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos de tiempo (cfr. CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 55.238 del 6/9/202, voto del Dr. Capón Filas). Para así resolver declaro la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561.

Precisamente, por imperio de la misma realidad que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización indicado: la realidad económica del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una genuina depreciación monetaria.

Así se ha sostenido que, "derogada la ley 23.928, en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios: "mantener incólume el contenido de la pretensión" (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, in re "Rodriguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana y otro s/ demanda"). Con relación a la inconstitucionalidad de oficio, la considero pertinente por ser una de las funciones primordiales del juzgador resolver con ajuste a la Constitución Nacional. Luego, si en la aplicación al caso concreto una norma resulta lesiva a sus principios, en sencillamente su obligación declararla inconstitucional. CAUSA N° 2.328/09.

En consecuencia, auspicio dejar si efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestas en la instancia previa, y proceder a fijarlos en forma originaria (art. 279 del CPCCN).

Propicio imponer las costas de ambas instancias, a la demandada y a la citada, vencidas (art. 68 del CPCCN).

En atención al monto de condena, al mérito e importancia de los trabajos realizados por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 15, 19, 22, 37, 39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la L.O., ley 24.432, arts. 3, 6 y concs. del decreto-ley 16.638/57, dto ley 7887/55 y demás leyes arancelarias vigentes, se fijan los honorarios de la representación letrada de las partes actora, la ART demandada, la citada, y de los peritos médico, ingeniero y contadora, en un 16%, 13%, 12%, 8%, 8% y 8%, respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor agregado. Asimismo, propicio regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 598 vta., fs. 604 y fs. 606 vta. en 25%, 35% y 25% respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa.

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27.9.93, en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

En definitiva y por lo que antecede, auspicio: I.- Revocar la sentencia apelada y por ende, hacer lugar a la demanda entablada por Domingo Mario Maturano contra ART Interacción SA y contra Segurus SRL, por la suma de $ 34.069,98, con más la actualización e intereses, conforme las pautas establecida en la instancia previa. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestas en la instancia previa. III.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y citada, vencidas. IV.- Fijar los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandada, citada y de los peritos médico, ingeniero y contadora en 16%, 13%, 12%, 8%, 8% y 8% respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor agregado. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 598 vta., fs. 604 y fs. 606 vta. en 25%, 35% y 25% respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa.

El Dr. Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

Discrepo parcialmente con lo determinado en la condena en cuanto allí se ordena indexar el crédito que le asiste al trabajador.

En efecto, tengo dicho que la pérdida de valor adquisitivo del crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación CAUSA N° 2.328/09.

económica de conocimiento público y notorio ha sido suficientemente morigerada por la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, dispuesta en el fallo de grado, que a su vez se ajusta a lo señalado en el Acta N° 2.357 y la Resolución de Cámara Nro.8 del 30.5.02 (en sentido similar, v. Sala VII en autos: "Mignemi, Juan Carlos c/ Seguridad Grupo Maipú SA s/ Despido"; S.D. 37.951 del 13.10.04).

En consecuencia, voto por que al capital de condena se le apliquen los intereses que se indican en el compartido primer voto, pero sin la actualización de los créditos allí dispuesta.

El Dr. Luis A. Catardo dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Cañal, salvo en cuanto a la solución que propone indexar el crédito del trabajador, ya que considero que cualquier desfasaje que pudiera producirse esta suficientemente compensado con los intereses moratorios (tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, conf. Acta de esta Cámara Nro. 2357 del 7.5.2002). Por lo tanto, en este punto adhiero al voto del Dr. Rodríguez Brunengo.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la sentencia apelada y por ende, hacer lugar a la demanda entablada por Domingo Mario Maturano contra ART Interacción SA y contra Segurus SRL, por la suma de $ 34.069,98 (treinta y cuatro mil sesenta y nueve pesos con noventa y ocho centavos), con más los intereses, conforme las pautas establecidas en la instancia previa. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestas en la instancia previa. III.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y la citada, vencidas. IV.- Fijar los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandada, citada y de los peritos médico, ingeniero y contadora en 16% (dieciséis por ciento), 13% (trece por ciento), 12% (doce por ciento), 8% (ocho por ciento), 8% (ocho por ciento), y 8% (ocho por ciento) respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor agregado. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 598 vta., fs. 604 y fs. 606 vta. en 25%, 35% y 25%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Luis A. Catardo Néstor M. Rodríguez Brunengo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo G. Bloise 6 Secretario