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Recurso extraordinario, confirmación de sentencia, personal militar, rebeldía, sanciones militares, destitución
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Azzaretti, R. Juan Domingo c/ La Nación y/o Gobierno Nacional s/ Reincorporación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

Corresponde confirmar la sentencia que entendió que la rebeldía a que alude el art. 20, inc. 6, de la ley 19.101 es una causal autónoma de baja, vinculada de modo directo a la conducta en sí inadmisible del militar, retirado o del cuerpo permanente, que de manera voluntaria se sustrae a la acción de la justicia; y tal inconducta impropia de la condición militar es igualmente reprochable - nada en la ley permite sostener lo contrario - cuando la rebeldía se produce en un proceso regulado por la justicia militar o cuando acontece ante los tribunales jurisdiccionales de naturaleza ordinaria o federal.
Inconstitucionalidad, delegación legislativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barcos de Ferro, Patricia-Queiroz o Quiroz, Humberto y otros c/ Sup. Gno. de la Pcia. de E. Ríos s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-19

La ley 8706, entre otras medidas, faculta al Poder Ejecutivo a disponer a partir de enero de 1993 la supresión de hasta dos mil seiscientos cargos previstos en los artículos 11 y 17 de la Ley 8659 de la Planta Presupuestaria y, en tal concepto, entra en juego el artículo 81 inciso 14 de la Constitución de entre Ríos que atribuye al Poder Legislativo la facultad de suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, y el artículo 2 de la Ley 8706 faculta al poder Ejecutivo a disponer la supresión de cargos, con un único límite meramente cuantitativo.

Esa amplitud dispositiva que emerge de la ley en favor del Poder Ejecutivo y que se traduce en una real y efectiva delegación de expresas facultades constitucionales propias del legislativo, excede las atribuciones ejecutivas de aquél, previstas en el artículo 135 inciso 2 de la Constitución Provincial, desde que sus actos evidencian la concreta y palpable realización y ejercicio de facultades dispositivas constitucionalmente reservadas a la Legislatura, resultando repugnante a la expresa disposición consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna, lo cual excluye la aplicabilidad de la norma citada, declarando su inconstitucionalidad.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: HILANDERIAS OLMOS  S.A. s/ SOLICITUD   DE  INTERVENCION DEL  ORGANO  JUDICIAL  -   INCIDENTE  DE  REGULACION DE  HONORARIOS  DE  LOS SEÑORES ESCRIBANOS INVENTARIADORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

No procede el recurso extraordinario de apelación si la suma debatida en último término, es decir los honorarios definitivos regulados en segunda instancia, no alcanza al mínimo fijado para el art. 24, inc. 6, ap. a), del decreto-ley 1285/58, por resolución 1073/82 de la Corte Suprema.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Machuca, Ismael Ramón y otros c/ Santa Cruz, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo ley 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

La Corte no puede asumir jurisdicción originaria y exclusiva sobre una causa si el asunto no concierne a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, no es parte una provincia, o no se dan las circunstancias que legalmente lo habilitan, de conformidad con los arts. 1° de la ley 48, 2° de la ley 4055 y 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Responsabilidad civil, responsabilidad contractual, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: M., S. c/ P., C. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-09

"El vínculo entre el establecimiento asistencial y el paciente, como la relación médico-paciente, es de naturaleza contractual, sin perjuicio de algunas situaciones que hagan presumir una relación extracontractual o mixta, según el caso. La letra del artículo 504 del código civil, que determina la estipulación a favor de tercero, se adecua al tríptico: clínica-médico-paciente en una interacción que permita la determinación de la culpa por la conjugación de las normas establecidas en los artículos 512 y 902 del código civil, sin descuidar "la condición especial de los agentes" marcada por el artículo 909 de este cuerpo legal".
Acumulación de beneficios, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FLORES, RODOLFO BERNAVE c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-20

La inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 18.037 se hace manifiesta si se advierte "que los servicios civiles no son idóneos para mejorar la pasividad castrense, pues el sistema de retiros militares constituye un orbe cerrado que no se comunica con los beneficios civiles por no aplicársele el sistema de reciprocidad del decreto 9316/46" (cfr. dictamen del Sr. Procurador Fiscal in re "Schweizar, Héctor, Fallos 306:536). (Del voto del Dr. Fasciolo).
Tribunal Fiscal de la Nación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Rec. de queja: Siderurgia del Litoral  S.A. s/ Apelación T.F. 11.082-I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-24

La finalidad del artículo 63 del reglamento del Tribunal Fiscal está vinculada a la celeridad del desarrollo del proceso y a la eliminación de medidas que pudieran resultar dilatorias, objetivo también tenido en miras por el legislador al postergar la apelación de las sentencias que deciden cuestiones previas que no ponen fin al litigio, hasta el momento de recurrirse la sentencia definitiva, lo que no implica que en su oportunidad esta Cámara no sea competente para declarar la nulidad de las actuaciones o resoluciones del Tribunal Fiscal si considerara que hubo violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante dicho organismo jurisdiccional.
Medidas cautelares, embargo, peligro en la demora, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: ROCATTI, Luis H. s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

No obstante la inexistencia de amenaza cierta de que el imputado pudiese hacer desaparecer algún bien de su patrimonio y torne ilusoria la posibilidad de concretar la medida cautelar, procede revocar la decisión que no hace lugar a la efectivización del embargo por cuanto el ordenamiento aplicable, a partir de lo dispuesto por los arts. 520, C.P.P.N. y 198, C.P.P.N, sostiene que el recurso de apelación en caso de admitirse será al solo efecto devolutivo.
Transporte de estupefacientes, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Mañapira, Patricia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-20

Asiste razón a la defensa en que la diferencia de $130 no resulta exorbitante ni permite forzosamente colegir que respondería a la realización de una actividad ilícita. Resulta infundada la consideración en orden a que la encartada "no podría desconocer" la existencia de una modalidad de "microtráfico" y parece plausible que la mujer no tuviera conocimiento acerca de ese tipo de maniobras, si nunca había estado involucrada en un episodio de ese estilo. No resulta suficiente la afirmación del a quo acerca de que uno de los gendarmes declaró que los bultos eran observables a simple vista, pues el mentado testigo explicó que primero sacaron los cordones de las zapatillas y luego se observaron esos objetos.
Obras sociales, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestadores médicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marsiglia, Elsa Beatriz s/ Inconstitucionalidad art. 39 del decreto 7881/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

El Poder Ejecutivo abusa de su potestad (art. 144 inc. 2, Const. prov.) al alterar con la disposición del art. 39 del decreto 7881 el espíritu de la ley 6982, ya que la misma sí respeta el derecho de defensa a través de diversas disposiciones que regulan el procedimiento disciplinario, mecanismo previsto por el legislador para alcanzar o lograr los fines propuestos, esto es preservar el sistema de salud.
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Cervanty , Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-29

El voto concurrente consideró que más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo 463 CPPN. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-).

En la misma fecha, dictóse idéntica resolución en las siguientes causas: Causa 10954 -Cervanty, Alberto- Sala IV - reg. 1778/16 - 29/12/2016.Causa 10945 -Paz, Walter- Sala IV - reg. 1777/16 - 29/12/2016.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso, valor cuestionado en último término, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Bereta, Ermidio Héctor y otro c/ Termas Villavicencio SAIC. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El incumplimiento de la carga de demostrar que el monto del agravio exceda el mínimo legal a la fecha de interposición del recurso ordinario de apelación trae aparejada la improcedencia formal de la apelación ante la corte por ausencia de uno de los presupuestos esenciales de admisibilidad del recurso, sin que obste a esa decisión el hecho de que la cámara lo haya concedido.
Insuficiencia del agravio, suspensión del juicio a prueba, asistencia técnica, presentación extemporánea, oposición del fiscal, sustitución de la pena, revocación de la condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: MIÑO, Claudio Rubén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde desestimar el agravio vinculado con el rechazo de la suspensión del juicio a prueba toda vez que conforme surge del acta de debate y de la propia sentencia, la asistencia técnica requirió la aplicación del referido instituto durante el desarrollo del juicio, en concreto, en ocasión de formular su alegato (art. 393 del ritual). Sobre este aspecto, debemos recordar que llevamos dicho que el derecho a solicitar el beneficio en trato subsiste hasta la fijación de la audiencia de debate oral y público (art. 359 CPPN). De este modo, y en sintonía con lo resuelto por el a quo, queda al descubierto la manifiesta extemporaneidad de la solicitud, pues fue formulada en el decurso del juicio y por ende, claro está, en evidente exceso del término aludido. Por lo demás, y atento las restantes críticas defensistas, hemos de agregar que sólo resulta vinculante para la decisión de los jueces la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal debidamente fundada, no así su consentimiento, con el cual, una vez prestado que sea, el tribunal podrá o no suspender la realización del juicio. Por último, el requerimiento de sustitución de la pena por trabajos no remunerados en beneficio de la comunidad no puede ser sino descartado, a poco que se repare que las previsiones de la norma invocada -art. 50 de la ley 24.660- no resultan de momento aplicables al caso de autos. Efectivamente, aquella disposición (que habilita al juez de ejecución a sustituir la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajo comunitario) rige, por ejemplo y en lo que aquí interesa, para el supuesto de que se revocare la condenación condicional por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el art. 27 bis del código sustantivo (inciso "c" del art. 35 de la ley 24.660); circunstancia que no sólo no se verifica en la especie por cuanto la condicionalidad de la condena no ha sido modificada, sino además porque el a quo no aplicó regla de conducta alguna al condenado.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

En delitos de lesa humanidad las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin que ello importe una merma del principio de legalidad, conforme surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los precedentes Priebke, Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo.
Expresión de agravios, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL
Carátula: ITURRIAGA S.C.A c/ IGLESIAS, Adolfo s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

El escrito de expresión de agravios debe autoabastecerse. No cabe remitirse a los argumentos sostenidos en primera instancia pues ello no cumplimenta la carga de realizar la crítica razonada y concreta de las cuestiones resueltas por el juez a quo, no constituye una fundada réplica a fin de que el tribunal de alzada tome conocimiento de los pretendidos errores del fallo, pues el agravio es la medida del recurso.
Confirmación de sentencia, juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Monsanto Argentina SRL c/ Cazanave Hermanos SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

Procede confirmar la resolución que rechazó la excepción de falta de personería. Ello por cuanto, si bien asiste razón a los apelantes en cuanto a que la certificación anexa al poder judicial inicialmente acompañado en copia refiere a otro instrumento público, dicha circunstancia no es apta para justificar ninguna de las defensas propuestas, dado que con posterioridad el poder original acompañado subsanaron aquel error y, por ende, se tuvo por acreditada la representación invocada. A más, la falta de personería es un defecto esencialmente subsanable en los términos del CPR 254-4°, por lo que forzoso es concluir que las defensas deben ser rechazadas, tanto como la nulidad planteada, desde que, por lo dicho, no hay -tampoco había- ningún vicio susceptible de invalidar lo actuado.
Despido por imputación de delito, sobreseimiento, temeridad o malicia
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPORA, CARLOS c/ GARCIA, BONIFACIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

El art. 275 LCT no refiere solamente a conductas del empleador asumidas durante el proceso, impera dado que el deber de buena fe rige siempre, también en la extinción de la relación laboral, art.

63 LCT. En tal sentido, la conducta culpable de la empleadora al atribuir la comisión de un delito a quien no lo ha hecho, se tiñe de temeridad una vez que ante la demanda que ha manifestado el sobreseimiento, se insiste en la posición justificatoria del distracto, de allí que el art. 275 ya citado, refiere a la conducta procesal asumida.
Declaración de inconstitucionalidad, nombre, nombre extranjero
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ofmann, Mario Jorge y otra s/ Res.    Reg.  Estado  Civil  de  las  Personas  (R.C.A.  Nx  27.686).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

La declaración de invalidez del art. 3°, inc. 2° de la ley 18.248 constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como "ultima ratio" del orden jurídico, cuya procedencia requiere que se encuentre violado algún derecho concreto a cuya efectividad aquel obstare.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Urgencia del Niño S.R.L. c/ Aguzzi, Norma Liliana s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

La luz verde no constituye un título de indemnidad que permita -a su amparo- el abandono de toda norma de seguridad y el incumplimiento de un deber preciso establecido por la ley que regula el tránsito.
Violencia de género, mobbing
Materia: DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: C. M. E. c/ Municipalidad de Crespo s/ violencia de género
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-11-07

Corresponde revocar la sentencia que desestima el reclamo de una empleada municipal que fue removida de su lugar de trabajo luego de denunciar situaciones de violencia de género, mobbing y violencia institucional por parte de un superior, y condenar al municipio a reintegrar a la actora a su lugar originario de trabajo en la Dirección de Tránsito Municipal, toda vez que los informes y testimonios agregados a la causa permiten concluir que el apartamiento de la mujer de su lugar habitual de trabajo es consecuencia directa de la denuncia realizada por violencia de género a su compañero, y que de no haber existido esa denuncia, no habría sido traslada a otro lugar en desmedro de las condiciones laborales, además cabe resaltar que el Municipio no ha podido demostrar que el traslado fue consecuencia de reiteradas quejas de maltrato y de falta de respeto hacia la gente por parte de la actora.
Incumplimiento del contrato, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Gariochi, Celia Rosa c/ Fázquez, Eduardo y/u otro s/ Daños y Perjuicios Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-07-03

Al conferir la actora un mandato para la venta de la camioneta por no poder pagar las cuotas prendarias, lo que no podía ignorar el mandatario, la responsabilidad de éste consistía en efectuar los trámites para que el nuevo adquirente se hiciera cargo de esta deuda, al omitir dicha tramitación incurrió en incumplimiento del mandato y debe responder por los daños y perjuicios que ello causa a su representada, en este caso el pago de las cuotas que -al no haberse hecho el trámite pertinente- tienen que ser abonadas por la actora en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 12.962.

Fundamento de la Dra. Belkys D. de Cardona.
Acción de amparo, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado provincial s/ Solicita avocamiento en los autos caratulados "Martínez, Juan Carlos  s/ Acción de Amparo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-05-12

La competencia originaria de este Alto Cuerpo se reafirma en tanto los alcances que en principio se han establecido, no se limitan a actos relacionados con un conflicto o controversia concreta, sino que se proyectarían 'erga omnes' otorgando a la sentencia el carácter de norma general. En consecuencia, las manifestaciones de este conflicto se encuentran sometidas al tribunal competente que es este Cuerpo, recordando que los principios de orden público que determinan la competencia en razón de la materia y el carácter absoluto de la misma, imponen que cuando el órgano jurisdiccional verifica, a través de la demanda, -como en el caso, que no es competente- así lo declare 'ex officio' o "se limite a elevar los autos a la Corte para que ella resuelva definitivamente la cuestión".
Alegato, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Urbina Chumpitaz, Jimmy Santis y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-18

Corresponde anular la resolución que declaró la nulidad del alegato formulado por el fiscal general durante el debate, pues si bien el tribunal de mérito tiene habilitada la jurisdicción y en consecuencia puede, sin cambiar los hechos, calificarlos de manera distinta, el control del fundamento del alegato fiscal no importa reconocer a los integrantes de un determinado poder del Estado la potestad de avasallar la actividad de los demás o arrogarse facultades expresamente reservadas para los otros, sino que debe ser ejercido en la forma y con el alcance que las leyes acuerdan. El voto concurrente agregó que constituye un exceso jurisdiccional la decisión del tribunal oral que anuló el alegato acusatorio del fiscal basándose solamente en una mera discrepancia con la significación jurídica del hecho. La disidencia consideró que el tribunal de juicio señaló con claridad los defectos de fundamentación que presentaba el alegato fiscal y los motivos por los cuales la base fáctica que tuvo por acreditada desconocía de manera manifiesta los elementos de cargo legalmente incorporados al debate. (Dres. Catucci, Borinsky -en disidencia- y Riggi).
Compraventa inmobiliaria, escrituración, plazo suspensivo
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, RAMÓN BENJAMIN c/ QUEL SOCIEDAD ANONIMA s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

El plazo para escriturar, contenido en un boleto, implica un plazo suspensivo durante el cual las partes no pueden exigirse el cumplimiento, y sólo tras su vencimiento, pueden los contratantes exigir el cumplimiento de la obligación, y colocar, a través de la interpelación practicada en forma, en mora la otra parte (conf.

Llambías, "Obligaciones de escriturar", E.D. 2-1065, C.N.Civ. Sala F, E.D. 7-552; íd. íd. E.D. 37-654; íd. íd. E.D. 60-240; íd. Sala G, E.D. 93-739; íd. íd. E.D. 95-225; íd. Sala D, E.D. 88-789; íd. Sala A, E.D. 86-284).
Proceso judicial, litisconsorcio facultativo, recurso de apelación (procesal), monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: "Olmos  Fernando  Fabián  y Otros c/ E.N. -CSJN- Ac.57/92 s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-13

Dada la autonomía e independencia que caracterizan al litisconsorcio facultativo -simple acumulación de procesos-, el monto a tener en cuenta a los fines del art. 242, último párrafo del C.P.C.C.N. (con las modificaciones introducidas por la ley 23.850) es, en forma individual el de cada una de las demandas a los fines de determinar la procedencia o no del recurso de apelación (cfr. esta Sala, "Hoffman", 27/10/92).