marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad de expresión, libertad de prensa, publicidad oficial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Editorial Perfil S.A. y otro c/ EN - Jefatura de Gabinete de Ministros - SMC s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-10

Que la editorial no dependa para su subsistencia de los aportes que realiza el Estado no es un argumento válido puesto que lo importante es comprobar si existe una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al gobierno de turno. Si se exigiera que el Estado debiera solventar a aquellas publicaciones deficitarias, se estaría violando con mayor intensidad la libertad de expresión, en tanto le quitaría a la prensa la credibilidad necesaria respecto de la veracidad de lo que informa, pues con ello se avalaría la creación de una prensa deficitaria cuya subsistencia dependería de su apoyo a las medidas circunstanciales del gobierno de turno, socavando de esa manera las bases mismas de la prensa libre, y resultaría negatoria de la libertad de expresión. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Acuerdo de solución amistosa, reconocimiento de la responsabilidad, CHILE, cumplimiento de la obligación, torturas, prueba confesional, antijuridicidad, adopción internacional, violación de derechos humanos, vivienda adecuada, pensiones graciables
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Solución Amistosa No. 138/18, Petición 687-11. G.B.B. y C.B.B. República de Chile c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-11-21

Corresponde declarar íntegramente cumplido por el Estado de Chile el punto del Acuerdo de Solución Amistosa relativo al compromiso de entrega de medios de subsistencia y vivienda adecuada, a la mujer indígena que fue sometida a torturas para obtener una confesión en base a la que fue condenada a diez años de prisión por considerarla autora penalmente responsable del delito de abandono seguido de muerte de uno de sus pequeños y privada de vincularse con sus otros hijos, perdiendo además a su hija menor por haber sido entregada en adopción internacional en un contexto de violación de derechos humanos, puesto que la pensión y vivienda entregadas lo han sido con criterio de definitivas.

Fuente del sumario: SAIJ
Recurso de casación penal, abogados
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ZARAGOZA LUIS C. s/ CASACION  PENAL  -  DEMANDADO CIVIL - SUJETO ACTIVO DE LA IMPUGNACION SOLYAN RAUL ENRIQUE s/ CASACION PENAL: ADHESION - SUJETO ACTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-26|1989-05-16

En la normativa del código procesal penal el derecho de recurrir en casación le corresponde al ministerio fiscal, al querellante, al imputado, al actor civil o al demandado, pero no a sus abogados, por lo cual el recurso del letrado por derecho propio y en relación a la regulación de sus honorarios, encuentra un limite subjetivo insuperable a su procedencia formal.
Accidentes de trabajo, legitimación activa
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: SANCHEZ, Ricardo y otro c/ SERRANO, Jose y SERRANO, Rosa s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-07-24

La facultad de los padres del accidentado para reclamar la indemnización que prevé el derecho común, se trata de una legitimación que se define por derecho propio y no por via de sucesión. Al declinar la parte actora la aplicación de la ley especial fundamentando su pretensión en el régimen ordinario de responsabilidad, no corresponde negar la procendecia de la acción fundado en que no se dan los presupuestos legales de la ley 24028 y de la ley 18037.
Abogados, relación con el cliente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maydana Jorge Ramon c/ Banco de Entre Ríos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-16

La vinculación entre abogado y cliente es una relación de confianza y no puede exigírsele a éste que continúe bajo el patrocinio de una persona en quien no confía (conf. Borda. "Contratos" T.II, p.57, nro. 1036 y p.53 nro. 1029)La elección del letrado y aún del procurador mandatario y también la voluntad de consentir en que ellos continúen en el ejercicio de sus funciones o de que cesen, es una facultad que puede estimarse con raíz en el derecho natural, por integrar como elemento fáctico una de las manifestaciones en las que se concreta el más preciado bien jurídico de nuestra civilización, cual es la garantía de la defensa que consagra nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. Para el caso en que por razones imponderables que no lleguen a concretarse en negligencia o mal desempeño del profesional, el cliente perdiera la confianza en él, debe conservar el derecho de disponer su reemplazo, sin obstrucción alguna.
Importación de automotores, nomenclatura arancelaria aduanera, aplicación temporal de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Alfacar S.A. (T.F. 8228-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

El AEC de 20 puntos establecido por el decreto 2275/94, a partir del 1º de enero de 1995, no alcanzaba a las operaciones de importación que en relación al sector automotriz se realizaran en nuestro país, toda vez que aquéllas se veían regidas, en virtud de los acuerdos bilaterales firmados con la República de Brasil, y a raíz de las expresas disposiciones de que aquél fue objeto en el ámbito del Mercosur, por los regímenes que al respecto se hallaban vigentes en ambos estados, siendo que recién a partir del 1º de enero del año 2000 entrará en vigencia el Arancel Externo Común para todos los estados partes. (Consid. 14º).
Ministerio de Menores, representación procesal, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Pastrana, María Cristina y otros s/ Municipalidad de Coronel Pringles.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-17

El art. 59 del Código Civil establece que a más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación -art. 494 del Código Civil-. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Pagaré, acción cambiaria, título ejecutivo inhábil, error en el texto
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOLLA, ENRIQUE c/ AGOSTO, JOSE s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

Si la cifra contenida en el título en ejecución aparece referida a dos signos monetarios diversos: "pesos" -ley 18188- y "$a", pesos argentinos, creados por la ley 22707, tal contradicción torna inhábil el pagaré.
Libertad condicional, justicia militar
Materia: PENAL-MILITAR
Carátula: Zapiain, Jorge L. s/ recurso Artículo 445 bis C.J.M. Causa: 128
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

Si bien este instituto no está contemplado expresamente en el Código de Justicia Militar, esta circunstancia no puede ser obstáculo para su otorgamiento ya que el ordenamiento penal castrense es un derecho especial al cual se aplican las disposiciones generales del derecho penal común, conforme lo establecen el artículo 4 C.P. y artículo 510 C.J.M.
Despido, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Bernardo y otros c/ A.S.E.S. S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-29

Respecto al plazo que establece el art.245 de la ley 20744 para ser acreedor a la indemnización por antigüedad, la ley nos dice mayor de tres meses y la doctrina y jurisprudencia pacífica ha establecido que los plazos se cuentan de acuerdo a las normas del Código Civil;

si se ha probado que ingresaron el 8 de agosto y fueron despedidos el 7 de noviembre, no se ha cumplido un plazo mayor a tres meses, por lo que esta indemnización tarifada no procede en estos casos, como en el art.24 de la ley de Contrato de Trabajo (20744), el obrero tendría derecho a una indemnización de daños y perjuicios civiles, debiendo en ese caso probar el daño causado, lo que en este caso no se ha reclamado.
Daños y perjuicios, contrato de transporte, accidente de tránsito, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: IUELE, Héctor c/ ABLO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-21

1- Aún cuando la víctima haya invocado normas relativas a la responsabilidad extracontractual y pretenda con ello ubicar en ese campo su acción contra la empresa de transporte de personas por las lesiones que sufriera, el art. 1107 del Código Civil veda tal posibilidad, salvo que el hecho degenere en delito del derecho criminal.

2- Salvo la excepción prevista en la parte final del art. 1107 del Código Civil, no es posible la acumulación ni la opción entre la responsabilidad contractual y extracontractual, pues mediando contrato de transporte, la existencia de responsabilidad de esa índole excluye de modo imperativo a la aquiliana.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, marcas, interés legítimo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VAL  S.A.C.I.F.I.A. c/ PEDRO VALENTE  S.A. s/ CESE DE USO O DESIGNACION DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-14

El ordenamiento marcario sólo requiere, para viabilizar las acciones como la de autos, la existencia de un interés legítimo en el actor. En este caso, la falta de legitimación acusada no reúne la característica de presentarse en forma manifiesta -requisito sine qua non para su tratamiento preliminar-, habida cuenta de que lo atinente a la determinación de la existencia o inexistencia de un verdadero interés legítimo, dependerá de múltiples circunstancias fácticas que deberán ser materia de actividad probatoria en la etapa procesal correspondiente.
Contrato de suministros, contrato verbal, prueba del contrato, intereses, intereses no pactados, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: AGA ARGENTINA SA c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOC. PARA EL PERS. FERROVIARIO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Por tratarse de un suministro no instrumentado de un contrato único sino solamente a traves de facturas emitidas por la actora no objetadas por la demandada, la determinación de lo que las partes acordaron cabe atenerse a lo previsto en cada factura, en la medida en que, aun partiendo de una fuente contractual única, exterioriza un acto de ejecución individual, al que la doctrina le ha asignado autonomía jurídica (confr. F. Messineo, doctrina general del contrato, trad. Española, Bs.As., 1952, T. II, pág. 433), que nuestro derecho positivo consagra, por ejemplo, al regular los efectos de la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente (art.

1198, Código civil). Con relación al régimen de intereses, no se trata de un supuesto en que la mayoría de las facturas se hubieren emitido con un cierto tenor, de modo que pudiera presumirse que en las otras se hubiere incurrido en alguna omisión involuntaria (conf., con respecto al plazo de pago, esta sala, causa 2094/92, del 26.5.94), sino que en las primeras veintinueve se contempló un interés punitorio, mientras que en las cincuenta y una restantes se omite toda referencia a ese tipo de intereses. En consecuencia, la actora debió haber probado que lo expresado en las primeras tuvo la virtualidad de proyectar eficacia para toda la negociación.
Acción de amparo, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ELVIRA A. RODIL c/ LOTERIA  PARA  OBRAS  DE  ACCION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ACCION DE AMPARO  EXPTE. N. R-3485-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1988-12-01

La acción de amparo aparece como manifiestamente improcedente al no detentar el actor ningún derecho individual protegido constitucionalmente, en orden al ingreso a la estabilidad pretendida.

No se ha producido el daño o lesión que el amparo requiere, como así tampoco existe el acto - positivo o negativo - ilegítimo emanado de la autoridad en detrimento de los derechos de la reclamante.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pugliese de Urciuli, Carmen c/ Guex, Roberto Exequiel y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

En el juicio ejecutivo el régimen de las costas sigue el sistema general del Código Adjetivo del principio objetivo de la derrota, más, el art. 556, 1er. párr. del rito, permite hacer cargar al vencedor del litigio las costas correspondientes a las pretensiones desestimadas.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, contrato de trabajo, novación, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: Dutto, José Matías y otros c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Incurre en excesivo ritualismo la sentencia que -al confirmar el rechazo del reclamo de la bonificación del art. 37, punto 1), del Convenio Colectivo de Trabajo N. 21/75, dejado de abonar a partir del dictado de las impugnadas leyes 21.476 y 23.126- estimó no renovados -en esa instancia- los planteos de inconstitucionalidad, cuando los actores expresamente dijeron que el fallo era nulo por la "falta de consideración de cuestiones sometidas a juzgamiento", y dedicaron sus agravios a sortear el obstáculo que representaban las conclusiones contenidas en la sentencia apelada (novación objetiva del contrato) para dejar de tal modo abierto el camino al examen de inconstitucionalidad alegada.
Daños y perjuicios, espectáculos públicos, responsabilidad contractual, responsabilidad del organizador, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: ARGENTO, Franco c/ SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

1- La responsabilidad que emerge de la organización de espectáculos públicos es contractual, cualquiera sea su finalidad:

deportiva, artística, cultural, etc. Su fundamento se halla en la asunción de una obligación de resultado (deber de seguridad) por las empresas organizadoras, respecto de la incolumidad de los asistentes mientras éstos permanecen en el lugar.- 2- El hecho de que la concesionaria del predio donde se llevaba a cabo el espectáculo público haya trasladado contractualmente la responsabilidad por accidentes de terceros al expositor o cesionario de parte del lugar no la libera frente al damnificado, a quien resulta incomponible tal cláusula (arts. 1195 y 1199 del Código Civil).-
Constitución Nacional, libertad de prensa, funcionarios públicos, jueces, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baquero Lazcano, Silvia c/ Editorial Río Negro S.A. y/u otros. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Corresponde desestimar el carácter difamatorio de la nota cuestionada si la semblanza de la jueza estaba vinculada con una noticia de indudable interés público -haberse presentado y ganado un concurso y rehusarse luego a aceptar el cargo en un tribunal donde tramitaba una causa de extrema repercusión pública- si el tenor de la misma no evidencia que hubiese sido redactada con el propósito de lesionar su honor o causarle daño y, más allá de algunos datos inexactos, la mayoría de los suministrados eran verdaderos.
Pago de la remuneración, prueba del pago, recibo, falta de recibo, pericia contable, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: BERNAL, ANA c/ ASESORES EMPRESARIOS SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Si bien del peritaje contable surgiría que al accionante le fue abonada la mencionada remuneración, debe señalarse que dicho medio probatorio no es idóneo para demostrar el pago de salarios, pues tal hecho debe instrumentarse por el recibo firmado por el trabajador, conforme lo disponen los arts. 138, 140 y 142 de la LCT.
Cuestiones de competencia, competencia por el grado, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GARLOMAR  S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ACCION SOCIAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

El otorgamiento del recurso de fs. 409 respecto de la regulación de honorarios contenida en la sentencia definitiva, importó el desprendimiento de la jurisdicción, pero sólo con referencia a la resolución impugnada, toda vez que mientras no se eleven los autos al Superior continúa ejerciendo dicha jurisdicción respecto de las cuestiones cuya solución no dependa o deba fundarse en aquélla. Por ello, nada obstaba a la concesión de la apelación deducida a fs. 415 pues ésta se interpuso contra una decisión distinta y posterior a aquélla.
Coautoría, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: RIESGO DE CLASEN ELENA SUSANA s/ DENUNCIA ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-12

El "campana" será normalmente un cómplice secundario, pero si fuera el agente de policía de facción en la zona o esperase a los asaltantes en un automóvil con el motor encendido, será indudablemente cómplice primario.

No existió en el presente caso por parte del imputado, participación primaria o secundaria, sino directamente coautoría.
Competencia federal, competencia penal, Ley de Marcas, falsificación de marca o designación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Basurto Lara, Rafael s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

Si los principales actos constitutivos del delito previsto en el art. 31, inc. "d", de la ley 22.362 - ofrecimiento y firma del contrato de actuación sin autorización del titular de la marca - se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde a la justicia federal en lo criminal y correccional conocer al respecto, aunque no haya sido parte en la contienda (art. 33, de la ley 22.362).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Esquivel, Dora Noemí c/ Truco, Roberto s/ Cobro de haberes GODOY, Héctor Domingo c/ Organización Clarín Argentina S.A. s/ Despido Lando, Luis Alberto c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/ Indemnización por despido, etc. Mangiarotti, Julio c/ Stronge, Francisco y otros s/ Indemnización Estalle, Guillermo c/ Puleston Cía. Marítima S.R.L. s/ Indemnización por despido, etc Chidini de Dhuart, Gladys c/ Consorcio Copropietarios (Edificio Edicon) s/ Cobro de haberes Lezcano, Roque F. y otro c/ Patrony S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21|1986-06-03|1992-10-06|1998-02-17|1989-04-04|1996-03-12|1993-04-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra demostrar que la valoración de la injuria haya sido realizada por el Tribunal del Trabajo sin la prudencia y razonabilidad que la ley exige.
Daño moral, indemnización, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pluckhi, Pedro c/ Competiello, Miguel Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Tratándose del desmedro de la integridad física, basta su comprobación para que sea razonable presumir tipificada una lesión espiritual, pues todo daño en la salud que revista alguna entidad, engendra a quien lo padece, explicables sufrimientos, angustias, preocupaciones, y los diversos trastornos de toda índole que supone tratamientos que se prolongan durante el tiempo (arts. 1078, Cód.

Civil).
Procedimiento administrativo, prueba, apreciación de la prueba, cómputo de servicios, excusación por prejuzgamiento, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CUBILLA, ANTOLINA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

Excede las disposiciones de la ley 20.606 y su Decreto Reglamentario 1377/74 la decisión del organismo administrativo que decide sobre la admisibilidad de una prueba haciendo "a priori" una implícita valoración negativa de ella sobre su eficacia para acreditar la prestación de servicios, ya que éste aspecto está referido a la cuestión de fondo cuyo análisis no procede efectuar en ese estadio de la causa, en el cual la aptitud decisoria del órgano administrativo, conforme el art. 5 del Dec. 1377/74, se halla limitado a apreciar sólo la conducencia o inconducencia manifiesta de la prueba con la que se peticiona la reapertura del procedimiento, estando vedado por el art. 6 del mismo cuerpo normativo es prejuzgamiento acerca del derecho peticionado.
Obligación alimentaria, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. C. c/ L., D
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-13

Dado que el propio demandado confesó espontáneamente que está unido con la menor hija de su expareja por "un fuerte vínculo afectivo equiparable al filial" , corresponde aplicar el principio según el cual, de conformidad con el deber de obrar y ejercitar los derechos de buena fe (art. 1198 Cód. Civil), quien asume una conducta jurídicamente relevante -que consistió, en el caso, en reconocer y tratar a la menor como una hija suya-, no puede pretender que se tutele una actuación posterior incompatible con aquella, como sostener que no tiene obligación alimentaria alguna con la menor nombrada.
Alimentos, violencia de género, interés superior del niño
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., L. E.  c/ C., G. A. y Otro s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2021-02-22

En definitiva, el incumplimiento alimentario es una forma de violencia de género en la familia ya que limita en este caso a L.E.B. de los recursos económicos que legalmente le corresponden a su hijo, privándolos de una vida digna, al tener que sustentar en forma única las necesidades del hijo de ambos.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz, Ricardo Martires c/ Cristalerías Cattorini Hnos. S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Es requisito previo para que se configure la responsabilidad refleja de alguien por el hecho de otra persona la existencia de un acto ilícito del dependiente, es decir debe incurrir en una actitud antijurídica, imputable a un subordinado que ocasione un daño a un tercero y luego que medie relación causal entre el actor y el daño.

Ello así porque la responsabilidad del comitente tiene como presupuesto legal la responsabilidad del trabajador, sin la cual no llega a existir la del primero (art. 1113, 1a. parte, Código Civil).