Insuficiencia del agravio, indemnización, facultades del juez, fundamentación de sentencias, trata de personas, responsabilidad internacional del Estado, violencia de género, igualdad ante la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, Gustavo Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Corresponde rechazar el agravio relacionado con la fijación de la indemnización a la víctima solicitada por el acusador, sin el pedido de la víctima o del Ministerio Público de la Defensa, toda vez que el art. 29 inc. 2 del Código Penal de la Nación, faculta al juez a ordenar una indemnización si así lo considerase, y que no surge de dicho texto que deba la parte damnificada constituirse en actor civil a fin de poder percibir dicha reparación. Por otro lado, considero que la decisión del a quo en este punto luce debidamente fundada, pues el pronunciamiento recurrido resulta respetuoso de la finalidad de asistencia a las víctimas de trata de personas que prevé el "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños" en el art. 2.b, consistente en "Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos", como así también a las medidas de asistencia y protección a las víctimas previstas en el art. 6 del citado protocolo. Asimismo, el pronunciamiento recurrido permite dar cumplimiento a los fines que fijó la ley 26364 -vigente al momento de la comisión del hecho- referidos a la implementación de medidas destinadas a asistir y proteger a las víctimas. Es que la decisión del tribunal oral consistente en otorgar una suma dineraria a la víctima en concepto de indemnización por el daño causado, por haber sido objeto de trata sexual, es la vía idónea para alcanzar el objetivo de asistencia y reparación a las víctimas de trata de personas, previsto en instrumentos convencionales, Constitución Nacional (artículo 75 incisos 22 y 23, como en nuestro ordenamiento interno, cuyo incumplimiento genera responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional a la que se encuentra obligado a prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de estos crímenes que violentan la dignidad y el derecho a vivir sin violencia por razón es de género.

Corresponde señalar además que debe tenerse especialmente en cuenta que en el presente caso el encartado fue condenado por hechos que se vinculan íntimamente con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos: la trata de personas, considerada la esclavitud moderna, que afecta en lo más profundo la dignidad de todo ser humano. Por ello, sin perjuicio de que lo hasta aquí sostenido luce suficiente para la resolución del caso sometido a análisis, corresponde efectuar un test constitucional y convencional en la presente causa, teniendo presente el género de la víctima. ".nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -Mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones".