marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Vicios de la construcción, prescripción bienal, cómputo del plazo, excepción de prescripción, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: Ramadan, Camilo Ismael y otro c/ Saavedra, Enrique y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-12-11

El peligro eventual de una construcción de obra puede incluirse en lo denominado daño continuado que es aquel en donde el daño se produce en forma sucesiva, ininterrumpida, y continua. Este curso de la prescripción - daño continuado- recién se inicia cuando aparece el acto ilícito que provoca el daño y no cuando se inicia el acto del cual derivara el daño. En el presente, la manifestación del daño que reclama el actor se evidencia en el reclamo efectuado por carta documento en donde denuncia asentamientos y grietas en su casa como consecuencia de la construcción del demandado y desde esa momento empieza a computarse el plazo bienal (art. 4030 CC) el cual hasta la interposición de la demanda no ha transcurrido debiendo rechazarse la excepción de prescripción liberatoria.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, rutas, animales sueltos en la vía pública, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Bertinat,  Pablo  Jorge y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

La omisión de custodia de las rutas provinciales no hace responsable a la provincia de los daños y perjuicios causados por un animal suelto en el camino, del que no es propietaria ni guardadora.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guiragossian, Nélida c/ Miranda, Oscar A. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Acreditados que fueron previamente la naturaleza de los daños y su importancia (cualquiera sea ella), mientras mantenga la unidad un valor de reventa en el mercado y ese valor con relación a la situación inmediata anterior al ilícito se vea disminuido respecto a otra unidad similar pero sin daños, existe desvalorización, pues no obstante una reparación (por esa vía propiamente dicha y/o con reposición de elementos) se observa siempre a ojos de cauteloso adquirente que la unidad ha sufrido un siniestro, por lo que frente a la ignorancia de la magnitud del mismo y sus eventuales secuelas en el andar del móvil la tendencia es la de disminuir su precio.

Sobre la base de la acreditación de los daños y la antiguedad de la unidad, admitir dicho rubro resulta procedente aunque el perito no haya visto el móvil (arts. 1068, 1083 del C. Civil).
Concursos, emergencia económica, incidentes, proceso de verificación, ejecución hipotecaria, pesificación, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRIMUCCI,  EMI  ANGEL c/ COARBRA CONSTRUCCIONES SA s/ EJECUCIONHIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

La mora, ha sido contemplada en el marco de la ley de emergencia económica como condición que adquiere gravitación -en todo caso-, en los términos del Decreto 214/02: 8 al vedar o restringir planteos defensivos frente a la procedencia del reajuste previsto en dicho artículo, esto es, en conflictos planteados en el marco de relaciones entre particulares. En dicho contexto, no pueden considerarse excluidas de la "pesificación" las obligaciones en mora existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 25561, cuando existe una norma expresa que las menciona e, indudablemente, no fue derogada: el Decreto 214/02 artículos 2 y 8. Por ello, conclúyese en el sentido de que el decreto 320/02 no dejó sin efecto la "pesificación" de las deudas cuya mora fuese anterior al 06/01/02. Esta postura se vio luego robustecida por la sanción de la Ley 25820 (promulgada el 02.12.03 y publicada en el Boletín Oficial del 4.12.03), Es que, además, del párrafo duodécimo del mismo mensaje de elevación (973), cuando refiere que la Ley 25820 va dirigida a "establecer el procedimiento mediante el cual habrán de resolverse los efectos " de las reglas de emergencia, y del decimotercero, cuando refiere a "la cantidad de situaciones ya resueltas", sólo puede entenderse que esa ley va dirigida a consolidar los casos posteriores a esa emergencia cuyo efectos ya se hallaban establecidos a través de jurisprudencias muchas veces contradictorias. En consecuencia, pues, el alcance interpretativo que cabe a las normas de marras sólo puede ser referido a obligaciones que han sido dolarizadas por hallarse en mora, a través de sentencias judiciales firmes dictadas con posterioridad al dictado de las leyes de pesificación, y no con anterioridad, como es el caso. Ello así, procede aplicar las normas de pesificación al crédito hipotecario verificado en moneda extranjera.
Portación de armas, competencia por la materia, cuestiones de competencia, competencia correccional
Materia: PENAL
Carátula: BOZZOLO, Juan C. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-23

Si al momento de los hechos se encontraba vigente la ley 25.086, corresponde su aplicación, y toda vez que la penalidad allí establecida para la simple portación de arma de fuego es de seis meses a tres años de prisión, la declaración de incompetencia dispuesta por el juez correccional no se adecua a lo establecido por el art. 27 del C.P.P.N. En consecuencia, debe intervenir la justicia correccional.
Accidente de tránsito, licencia de conducir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quiroga, Rosa c/ Raciti de Basta, Nelba y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

La carencia de carnet de conductor por la demandada o los escasos días que ésta poseía el biciclo, pueden ser indicios de falta de aptitud conductiva, pero su carácter contingente y las declaraciones de los testigos en torno a la mecánica del suceso, no permiten coronar una presunción (como medio probatorio) sobre tal falta de idoneidad (arts. 163 inc. 5, 384, 456 CPC).
Recurso de inconstitucionalidad, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERNANDEZ, EDUARDO L. Y OTRO c/ MUÑECAS, JULIO s/ QUERELLA PRO CALUMNIAS E INJURIAS S/ CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-25

La inserción de la extinción de acciones es inconstitucional, consecuentemente así debe declararse el art. 394 en relación con el 393 inc 2 del CPP.. Ello dado que no cabe duda alguna de que las provincias no pueden legislar sobre aspectos que han delegado en la Nación y que expresamente se encuentran mencionadas en el Código Penal, normativa de fondo, conforme con el art. 67 inc 11 (actualmente art. 75 inc 12) de la Constitución Nacional, no le compete a las administraciones provinciales-que si están facultadas para dictar los Códigos de forma.
Corrupción de menores, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, consentimiento
Materia: PENAL
Carátula: Maciel Villalba, Anastacio; Maciel, José Luis s/ Corrupción    de    menores-prostitución  de  menores-consentimiento Corrupción    de    menores-prostitución  de  menores-consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-05-16

Si bien el encartado por vía directa o indirecta les decía a las menores que si no trabajaban más allí, les haría "meter presas" o llevadas al Instituto de Mujeres o lo más de las veces, le avisarían a sus padres de la actividad que llevaban a cabo, estos medios más allá que hubieran podido condicionar de alguna manera el consentimiento, no resultan lo suficientemente idóneos para infundir una sumisión o situación de grave daño para las menores; sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de ellas vivían con sus padres y luego de trabajar eran llevadas a sus domicilios, desde donde eran recogidas nuevamente al otro día.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de normas y actos locales, ley provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se ha puesto en cuestión la validez de una ley de provincia (ley 2813 de Río Negro, de instalación de medidores domiciliarios de pulsos), bajo la pretensión de ser repugnante a la normativa federal, y la decisión del a quo ha sido en favor de la validez de la ley de provincia (inc.

2 del art. 14 de la ley 48) (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, sentencia suficientemente fundada, tambero mediero, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mottier, Celestino José c/ Colla, Miguel Angel s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos laboral (Expte CSJ Nº 2-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-06

No conculca principios, derechos ni garantías de raigambre constitucional susceptible de habilitar la instancia de excepción el decisorio de la Cámara A-quo que, brindando abundantes razones, concluye que el Estatuto del Tambero Mediero -Decreto Ley 3750/46 ostenta una naturaleza asociativa no laboral. El disenso interpretativo que es, en definitiva, sólo lo que el impugnante deja traslucir en su memorial recursivo, no es ajeno a la doctrina y a la jurisprudencia que han elaborado distintas teorías para explicar la naturaleza jurídica del tambero mediero, otorgándole -a su vez- distintas consecuencias a cada una de ellas.
Recurso de revisión (procesal), ley penal más benigna, establecimientos penitenciarios, pena de inhabilitación
Materia: PENAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Lago, Manuel Antonio y otros. s/ INFRACCION    ART.   189  BIS  Y  LEY  20.840.  (SEGURIDAD  NACIONAL)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Es susceptible de ser considerada y resuelta por la vía de revisión del art. 551, inc. 4, del Código de Procedimientos en Materia Penal, la pretensión de que se deje sin efecto la inhabilitación del art. 12 del Código Penal, con fundamento en que la ley 23.070 constituye una ley penal más benigna.
Contratos administrativos, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCTORA ARRIGONE c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-08-27

Asimismo, debe tenerse en cuenta que " Quien contrata con la Administración Pública no es un contratista ordinario, sino un colaborador que coopera en la ejecución de cometidos públicos, " y que "La teoría de los actos propios tiene justa aplicación dentro de los contratos administrativos por cuanto por aplicación del art. 1198 del CC los contratos deben prepararse, celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. La teoría de los actos propios deriva del principio general del derecho de la buena fe, y éste con especial atención a los contratos se encuentra plasmado en la citada norma del Código Civil, no obstante ser un principio general del derecho y como tal, existe con independencia de su consagración en una norma jurídica positiva. Sin embargo, su aplicación no es limitativa al ámbito del derecho privado, sino que, por el contrario, resulta extensiva al derecho público y especialmente en el ámbito contractual donde el Estado es quien primariamente está sujeto a un obrar ético y transparente, sujeto al principio de la buena fe." (conf. DROMI, Roberto, "Derecho Administrativo", Ed. 2000, Cuidad Argentin a, pág. 340).-
Contratos administrativos, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Hípica Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (P. Ejec.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Si se acordaron los términos del complejo normativo al cual se sujeta la contratación, no puede legitimarse la posterior actitud de una parte de ponerse en contradicción con dicho dispositivo.
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo, dictámenes, carácter vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jauand, María M. y Trovatelli de Hernández, Nora c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa Solana, Norma Nelly c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1984-11-06

Los fundamentos del acto (sancionatorio), deben considerarse integrados con los dictámenes que le precedieron inmediatamente y que constituyeron su indudable antecedente.
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: AGUILERA GRACIELA c/ GIUSSANI JOSE s/ DESPIDO INDIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-07-01

Se establece un recargo indemnizatorio del 50% sobre las indemnizaciones que emergen del despido, cuando a pesar de la intimación fehaciente efectuada por el trabajador al empleador para el pago de tales conceptos, se ve obligado a iniciar la acción correspondiente para su percepción.

Si no se acreditan las causas que justifiquen la conducta asumida por la empleadora para no pagar las indemnizaciones, corresponde aplicar la multa establecida en el el art. 2 de la LNE.
Excarcelación, graduación de la pena, pena máxima eventual, condiciones personales, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mandaradoni, Antonio s/ recurso de casación". Causa n. : 2225.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-28

El texto legal no se limita a prescribirle al juez que si para determinado delito la escala abstracta parte de un umbral de tres años de prisión, entonces deberá hacer lugar a la excarcelación porque la condena condicional es posible según el art. 26 del Código Penal. Por el contrario, el art. 316 le ordena hacer una apreciación o estimación de si, a primera vista, procederá aquella condena, juicio en el que necesariamente habrá de tomar en cuenta las circunstancias del art. 41 de aquél Código y, por supuesto que estén reunidos los requisitos del art. 26.
Poder Judicial, cuestión política, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Aunque el Juez no crea o actúa con fines políticos, de su decisión puede depender que los efectos de los mismos se produzcan o no, se lleven a cabo de un modo antes que de otro, o bien que continúen o no. Esto es así, porque la producción del efecto, depende -en definitiva de la aplicación de la ley que es una decisión política- y, a su vez, la aplicación de la ley depende del modo en que ella es interpretada, no abstractamente, sino más bien en relación al hecho que se controvierte, por lo que el Juez inmerso en la realidad social en que vive y opera- se convierte él mismo, pero sólo de ese modo, en un operador político libre respecto de cualquier influencia o sugestión (o peor, de órdenes), que puedan realizar otros órganos o poderes, en particular, el Poder Ejecutivo.
Recusación, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-04-01

La Fiscalía de Estado consideró que no cabían dudas respecto a cuál sería el criterio del Ministro Subrogante, en la Resolución definitiva en estas actuaciones pues el mismo en su condición de Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial ha decidido con su voto en cuestiones de índole precautoria y procesales similares o semejantes a las discutidas en estos autos. Ello no configura causal de Recusación, puesto que en todas las causas ha decidido sobre cuestiones sometidas a su consideración en su condición de Magistrado en el momento procesal que legalmente debía expedirse, lo que no puede considerarse prejuzgamiento, como pretende la parte al citar el inciso 71 del art. 17 de la Ley 2335. (Según su voto: Piñero).
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MACHIAROLA, HECTOR ARMANDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROV. DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-03

La suspensión del curso de la prescripción debe probarla quien la invoque.
Impuestos, régimen penal tributario, personas jurídicas, notificación
Materia: PENAL
Carátula: LUXSA S.A.C.E.I. s/ Régimen penal tributario Causa 34697-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

1- Si bien de la interpretación de los art. 5 de la ley 23771 y 16 de la ley 11683 surge que en el caso de las obligaciones tributarias de personas de existencia ideal, sólo pueden incurrir en el delito de omisión de presentación de la declaración jurada los directores, gerentes y representantes de la entidad, no cabe imputarle dicha responsabilidad al presidente del directorio de la sociedad anónima a quien no le fuera notificada la intimación para la presentación de dicha declaración. Por ende, tampoco cabe imputarle que haya mantenido su incumplimiento después de vencido el plazo de treinta días contados desde la notificación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Escobar, Héctor Lorenzo s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en lugar de demostrar las premisas en que apoya las violaciones que alega, pasa a enunciar otras tantas afirmaciones a las que no sustenta con razonamiento alguno.
Acción de amparo, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: PLACENTI, CARLOS c/ P.E.N. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

La acción de amparo resulta admisible aún cuando no se hayan dado ninguno de los supuestos contemplados en los incisos del art. 2 de la ley 16986, siempre que no existan otros recursos o remedios procesales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho ogarantía constitucional afectado.
Funcionarios judiciales, remuneración, adicionales de remuneración, adicional por título
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema - Secretaría Letrada de Informática s/ haberes bonificación adicional por título Núñez, Omar Primitivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

No corresponde abonar el adicional por el título de analista administrativo universitario al agente que realiza tareas meramente administrativas, para cuya realización no son necesarios conocimientos específicos.
Acto administrativo, acto administrativo definitivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNÁNDEZ, Norberto Godofredo c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-12-19

En tal sentido, es exigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo para que un acto administrativo sea impugnable judicialmente, su definitividad y que cause estado, entendiéndose como tal " aquélla decisión administrativa individual; .. que decide sobre el fondo de los derechos de un particular o que decide sobre un aspecto incidental del asunto que ha[ce] imposible la continuación " (conf. VALLEFÍN, Carlos Héctor, "Proceso Administrativo y Habilitación de Instancia", Ed. Platense S.R.L., edición 1994, pág. 51/52).
Prueba confesional, notificación en el domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: Cassani, Fernando E. c/ Mazzoni, Rubén D. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

La audiencia de posiciones de la parte que actúa mediante apoderado, debe notificarse en el domicilio real, aún tratándose de extraña jurisdicción. La circunstancia de que en la diligencia llevada a cabo en otro domicilio el encargado de la casa dijere que el requerido vivía allí, no destruye los efectos de la denuncia de domicilio real del escrito de demanda (artículo 42 del Código Procesal). Esa manifestación no es prueba idónea del domicilio frente al denunciado al entablarse la demanda.
Intervención de terceros, compraventa inmobiliaria, Banco Hipotecario Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: MOROSINI JUAN FRANCISCO c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-17

No corresponde citar al Banco Hipotecario Nacional, en los términos del art. 94 del Código Procesal, si la entidad es ajena a la relación jurídica que vincula a las partes y si no ha tenido participación en la celebración del boleto de compraventa suscripto entre aquellas, por lo que mal podría ser alcanzada por el resultado del proceso tendiente a su cumplimiento.

La promesa de venta sólo produce efectos entre las partes contratantes, no así respecto de terceros (conf. art. 1195 del Código Civil), que -aunque sean titulares de dominio del bien prometido en venta-no se encuentran vinculados por la concertación de un negocio en el que no participaron.
Inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LONGO, Osvaldo c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Para que procede un planteo de inconstitucionalidad (en el caso art. 15 de la ley 23.473) el mismo debe hallarse suficientemente fundado, no bastando la simple afirmación de considerar violatoria de la C.N. una norma o cuerpo normativo, sino que es preciso demostrar la lesión alegada razonadamente y con referencia a las circunstancias concretas de la causa (cfr.

C.S.J.N., Fallo 252:328; 274:423).
Plan de ahorro previo, círculo cerrado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chifaldi, Sergio Francisco c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Los contratos de ahorro y préstamo establecidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires poseen un régimen singular, derivado -parece evidente- de sus fines específicos y del carácter oficial de la institución. Ellos se estructuran sobre condiciones ventajosas para el tomador, como son período de ahorro previo con accesorio de intereses a favor del ahorrista; largos plazos de devolución;

moderada tasa de interés activo; posibilidad de préstamos intermedios y ampliaciones; nominalidad; etc. Y equilibrio entre las partes en punto a sus derechos y obligaciones. No puede pensarse que el Banco oficial actúe filantrópicamente o vaya a pérdida. Pero resulta evidente que el sistema no se basa (como en la banca privada) en el lucro o acopio de fondos para beneficio de la empresa, sino que su objetivo principal es brindar un crédito accesible y de fácil pago al mayor número de tomadores posibles, con relación a inmuebles destinados a vivienda. Hay sentido social en el régimen establecido (art. l4 bis, Constitución Nacional).
Recurso de casación, apreciación de la prueba, doctrina de la arbitrariedad, razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: LUNA MATIAS GUSTAVO; GONZALEZ MERCEDES BEATRIZ; JIMENEZ RAFAEL ANGEL S.D. USURPACION DE PROPIEDAD E.P. CARACOCHE PEDRO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-09-12

En materia de hecho y prueba, no es tarea a cargo de la casación (por las razones expuestas en considerando V) reexaminar la plataforma fáctica recortada en las instancias ordinarias, salvo que en la apreciación de la prueba por los jueces de grado hayan incurrido en absurdo o la hubiesen realizado en forma irrazonable o arbitraria.