Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-17


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS El recurso de apelación impetrado a fs. 172/177vta. por el Sr. Luis Alberto Fleitas contra la decisión de fs. 145/152 -suscripta por el Gabriel Eduardo Vega, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 10- que dispone no hacer lugar al planteo de nulidad de la medida cautelar de clausura dispuesta respecto del local sito en la calle Cañada de Gómez 5483/87 PB (1º, 2º y 3º) de esta Ciudad, y mantenerla hasta tanto se pueda constatar fehacientemente que han quedado definitivamente removidas las causas que la motivaron;

Y CONSIDERANDO El examen de adminisibilidad de la vía escogida para la satisfacción del derecho que pretende el impugnante debe estar regido por los principios de verificación que tienen por finalidad activar la competencia de estos Estrados; es decir: si ha sido interpuesto en la forma y términos prescriptos, por quien puede recurrir y si la resolución impugnada da lugar a él. A tal fin, se deberá constatar si concurren los siguientes extremos: 1) la existencia de un derecho impugnaticio, para lo cual es necesario que la ley le otorgue la posibilidad o derecho de recurrir una resolución determinada -impugnabilidad objetiva- y que el sujeto esté legitimado para hacerlo por tener un interés jurídico en la impugnación y capacidad legal para interponerla con relación al gravamen que el pronunciamiento le ocasiona -impugnabilidad subjetiva- y 2) la concurrencia de los requisitos formales de modo, lugar y tiempo que deben rodear a la interposición del recurso como acto procesal (conf. causas nº 1589-01-CC/2003, rta. el 05/02/2004; nº 040-01-CC/2004, rta. el 24/02/2004; 033-01-CC/2004, rta. el 11/03/2004, 111-00-CC/2004, rta. el 07/06/2004; 071-01-CC/2005, rta. el 05/04/2005; entre otras).

En el sentido expuesto, corresponderá examinar si en el procedimiento de faltas la decisión judicial que convalida la medida cautelar de clausura dispuesta por el Controlador administrativo es susceptible de ser atacada por el titular del derecho que se pretende vulnerado por su adopción o si, de adverso, no existe recurso alguno contra este resolutorio. Ello así, porque, de concluirse esto último, deberá sin más declararse mal concedida la vía y se tornará abstracto el tratamiento de las quejas traídas a estudio.

Sentado lo anterior, se advierte de inicio que la ley ritual aplicable al caso en estudio -la local nº 1.217- si bien estructura el derecho del administrado a que la decisión recaída en relación a una disposición cautelar sea revisada judicialmente, nada dice -de manera directa y explícita- respecto de si este control debe ceñirse a la actividad desplegada por el Juez de grado, o si también a ella alcanza el "doble conforme".

Incumbe remarcar en este análisis que el plexo infraccional de faltas encuentra su origen en el ejercicio del poder de policía conferido constitucionalmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad (art. 104 inc. 11 CCABA), correlato de su atribución de impartir "las órdenes necesarias para resguardar la seguridad y el orden público" (íd., inc. 14), de formular y dirigir las políticas públicas (inc. 2º) y de otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comerciales y para todas las que están sujetas a dicho poder, conforme a las leyes (inc. 21). En consonancia con ello, el art. 1º de la Ley 451 -Régimen de Faltas de la Ciudad- extiende su ámbito punitivo a: "a. las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales y todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad" y "b. las normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas por la legislación nacional en el Gobierno de la Ciudad como autoridad local de aplicación".

Es por esta esencial ubicación en el campo regulatorio propio del derecho administrativo, que la Ley de Procedimiento dispone un doble régimen de sometimiento del presunto infractor a la autoridad encargada de decidir la eventual aplicación de una sanción: uno obligatorio y de primera sustanciación -el Causa Nº 15794-00/CC/06. Sala II.

tramitado ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas, arts. 12 a 26- y otro, independiente del anterior, materialmente judicial, promovido a simple petición de la parte interesada, en el que gravita con especial influencia el principio dispositivo -v. g., la contundente manda del art. 42 relativa a la falta de presentación del citado a comparecer, que se traduce en un desistimiento ficto de la solicitud de pase-.

El sistema así diseñado "se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas" (art. 1º de la Ley 1.217). Labrada el acta de comprobación, se inicia el derrotero procesal que coronará en una resolución conclusiva de la vía administrativa, contra la cual no caben recursos "en esa sede" (conf. art. 26), sino sólo el requerimiento de juzgamiento ante el fuero Contravencional y de Faltas, mediante escrito no fundado o "formulario que le provee la administración" (art. 24). El legajo que en virtud de ese acto se eleva tiene "el valor de antecedente administrativo" a ese efecto (art. 25).

Claramente se advierte la naturaleza tanto de la materia en tratamiento como del "primer" esquema procesal previsto: un sistema de ilicitudes vinculado con facultades ordenatorias del órgano ejecutivo, de cuyo eventual quiebre detenta facultades de previsión y contralor, al que se adjudica un ritual de conocimiento sustanciado en aquella sede, frente al que sólo cabe la excitación de la competencia judicial por simple manifestación de voluntad del administrado.

En ese ámbito de legítimo desenvolvimiento de poderes constitucionalmente conferidos, "los organismos administrativos que controlan faltas (...) pueden (...) proceder a la clausura preventiva del/los locales y/u obras en infracción" (art. 7 de la L.P.F), y aun tomar otras medidas que correspondan en virtud de aquella atribución (íd.). Es la autoridad administrativa quien se expide acerca de su procedencia, y en relación a la resolución que respecto de ella recaiga, el art. 8º dispone que, a pedido de parte, "puede ser revisada judicialmente; en este caso debe formar incidente a efectos de dar inmediata intervención al Juez".

Llegados a este punto del análisis, cabe adelantar que aquella "revisión" prevista -única respecto de las decisiones emanadas del Controlador- se agota con la decisión del Magistrado de grado, frente a la cual no existe recurso alguno. Ello así, por varios motivos.

En primer lugar, como se ha adelantado, la ley procedimental prevé, respecto de las resoluciones recaídas en el juzgamiento "judicial" de las infracciones, remedios impugnaticios dirigidos sólo a enervar la sentencia definitiva. En efecto, el recurso de apelación -art. 56- designa sólo a éstas como objeto de la tramitación allí reglada; el de queja -art. 58- procede "cuando el/la Juez/a deniegue el recurso de apelación o para el caso de retardo de justicia"; finalmente, el recurso de inaplicabilidad de ley -art. 59-, "cuando la sentencia de una sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala...". Este escueto portal de acceso a la discusión de lo ya jurídicamente derivado y concluido carece, a diferencia del orden contravencional y del relacionado con las competencias penales del fuero, de una explícita remisión al Código Procesal Penal de la Nación o a otro cuerpo adjetivo que permita de algún modo integrar lo allí no reglado.

Tal especial carácter del ordenamiento en observación conduce a concluir que ha sido voluntad manifiesta del Legislador la de exigir, a efectos de la procedencia de la vía recursiva, concretos requisitos -delineados del modo descripto- y obviar las mentadas referencias normativas en su perfil de herramienta legal subsidiaria, pues, de haber meritado necesaria la conexión con el ceremonial nacional -o con algún otro, o aun diseñar otros aspectos del procedimiento- lo habría hecho.

La conclusión que antecede condice con la línea jurisprudencial emanada de nuestro más alto Tribunal, en cuanto "no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales o reglamentarias que equivalga a la prescindencia de su texto, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu". (Corte Sup.,11/10/2001- A.F.I.P. v. Povolo, Luis Dino s/ infracción al art. 40 de la ley 11.683); y ello en orden a la pacífica doctrina del mismo Alto Exégeta relativa a que "...no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador, razón por la cual las normas deben ser entendidas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, procurando adoptar como Causa Nº 15794-00/CC/06. Sala II.

verdadero el que las concilie y deje a todas con valor" (conf. doctrina de Fallos: 310:195; 312:1614 y 1849; 313:132 y 1149; 314:458; 315:727; 319:1131; 320:2701; 321:2453 y 324:1481, entre muchos otros; el resaltado es nuestro).

En esta orientación, no se advierten vulneraciones a la ordenada tutela de los bienes jurídicos en juego por la circunstancia de no preverse una vía de impugnación al ya de por sí ampliamente conferido cauce de revisión judicial -cuyo cuestionamiento bien podría haber quedado en el ámbito de la articulación recursiva administrativa-. Tal aseveración viene dada por la circunstancia de que, a pesar de su esforzada elaboración, el libelo ensayado por el quejoso -si se prescinde de las impertinentes consideraciones relativas al desconocimiento o ignorancia del derecho por parte del a quo- sólo permite traslucir como único agravio el efecto natural de cualquier disposición restrictiva de derechos, esto es, precisamente, que en orden a ella se vería impedida de ejercerlos.

Las consideraciones precedentes se proyectan, asimismo, a la manifestación del Sr. Juez de grado en su auto de concesión de fs. 178, quien entiende "...que la resolución atacada en cuanto convalida y mantiene la cautelar dispuesta configura agravio suficiente que hace viable el intento de la parte...", sin vincularlo con cualesquiera de las causales normativamente estructuradas para la apertura de la vía intentada: inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa, violación de la ley o arbitrariedad (conf. art. 56 L.P.F.). La expresión transcripta evidencia una patente incongruencia con el principal fundamento que cimenta su propia resolución. En efecto, si consideró puesta en peligro la seguridad pública frente a la eventual producción de un estrago por incendio de la planta, mal pudo haber concedido el examen de su elaboración si el basamento liminar de la queja consistió en una pretendida vulneración de un derecho patrimonial singular, que no resulta tal a poco que se vuelva sobre el ya referido efecto natural de toda disposición cautelar. Consecuencia de ello es la inadecuación a derecho del mentado auto de apertura, cuyo contenido aparece en franca tensión tanto con la ley procedimental como con la inobjetable ponderación de bienes jurídicos antes vertida por el Magistrado.

Tampoco resulta atendible, vistos la extensión y el profuso canal petitorio que abre el procedimiento de faltas considerado en su conjunto -estratos administrativo y judicial- la procedencia de la vía en orden al "aseguramiento de forma amplia del ejercicio del derecho de defensa", como sostiene el proveyente. Ello así, pues el carácter provisorio de la medida adoptada -dado por la posibilidad de su levantamiento no bien desaparezcan las causas que llevaron a su disposición-, el desarrollo paralelo del expediente en sede administrativa en tanto se sustancia el presente incidente y la descripta legitimación del eventual condenado para pedir el pase de las actuaciones al Fuero constituyen suficiente tutela procesal de la defensa contra la imputación vertida.

Se ha dicho en el sentido expuesto que "...esa función jurisdiccional a cargo de la administración es constitucional, a condición de que cuando los órganos de la administración obren como jueces haya siempre posibilidad de una instancia de revisión o recurso ante un órgano del poder judicial (control judicial ulterior suficiente)" -Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires, Ed. Ediar, 1986. Tomo II, pág. 314-. La citada doctrina concuerda con la elaboración jurisprudencial nacida de Fallos 247:646 -causa "Fernández Arias", rta. el 19/09/1960, conforme la cual: "Control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubieran elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial". En el mismo fallo -anterior a la reforma constitucional de 1994- quedó establecido que el art. 18 de la Constitución Nacional no imponía la multiplicidad de instancia, aunque sí exigía, al menos, "una instancia judicial". La posterior incorporación del Pacto de S an José de Costa Rica (art. 8º, inc. h) al "bloque constitucional" -art. 75 inc. 22 de la CN conf. su última reforma- y el dictado de la Máxima Ley local en 1996 (art. 13 inc. 3) en nada modifican en la especie el criterio aquí traído, toda vez que el ámbito procesal de gravitación del instituto es el trámite formalmente judicial, activado por el ejercicio de una acción que la ley ritual no niega, sino, como ya se dijo, prevé en forma expresa.

Sentado entonces que la resolución del Controlador constituye un acto administrativo frente al cual el único "recurso" legalmente diseñado está conformado por el pedido de revisión a que hace referencia el art. 8º del cuerpo adjetivo; que a efectos de expedirse sobre la "suficiencia" de este examen la doctrina y la jurisprudencia predican la exigibilidad mínima de una instancia Causa Nº 15794-00/CC/06. Sala II.

formalmente judicial -en tanto la decisión del Controlador participa de aquella naturaleza-; que ésta se ha sustanciado y, como resultado, se ha generado un acto jurisdiccional plenamente válido -derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de la causa; y, finalmente, que el recurso en tratamiento viene acotado estrictamente por las causales de procedibilidad del art. 56 de la misma norma, no cabe sino concluir que el a quo no debió haberlo concedido so color de existencia de agravios o vulneración alguna del derecho de defensa del peticionante. En este orden de ideas, cabe recalcar que la primera nota del debido proceso es su estructuración por canal estrictamente legal, carácter que, por simple inferencia, veda al juzgador la posibilidad de crear pretorianamente senderos procedimentales, aun bajo la apariencia de tender -oficiosamente- a una debida actuación del derecho. Lo contrario implicaría no sólo desconocer la garantía de marras -cuyo delineamiento objetivo aspectaría así ordenado por vía de exégesis- sino, además, dotar al Tribunal de una competencia que la ley no le otorga, lo que resulta repugnante a la e sencia de aquella tutela constitucional, a más de evidenciar una incorrecta invocación del principio iura curia novit, cuyo andamiento sólo resulta posible dentro de los límites de la jurisdicción ejercida y no más allá de ella -lo que se verificaría al atribuirse el órgano una facultad de conocimiento extraña al marco legalmente instituido-.

Cabe por último citar, en abono de la solución que se adoptará, la decisión recaída in re "Incidente de clausura en autos Hogar del Sol SRL s/falta de higiene y otras - Apelación", causa nº 013-01-CC/2006, rta. el 13/03/2006. En aquella oportunidad, la Sala I de este mismo Tribunal se expidió en idéntica orientación que la vertida en los presentes actuados, al afirmar que la revisión de resoluciones distintas de las sentencias definitivas únicamente podría proceder en supuestos excepcionales, pues el procedimiento de faltas no remite a norma alguna que expresamente consagre la impugnabilidad de decisiones que, sin ser definitivas, resulten susceptibles de provocar un gravamen irreparable, como sí se verifica en el ceremonial contravencional.

Por ello, y en virtud de lo hasta aquí expuesto, el Tribunal RESUELVE DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 172/177vta. por el Sr. Luis Alberto Fleitas contra la decisión de fs. 145/152.

Tómese razón, y oportunamente devuélvase, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.