Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-03-17


SENTENCIA NÚMERO: NUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 107/13, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial en lo Penal Nº 1 - Dr. Nolasco Contreras, en causa Nº 295/2012 caratulada 'Mercado, Pedro Pablo s/ salidas transitorias - Capital, en contra del Auto Interlocutorio Nº 395/2013' ", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber aplicado erróneamente el art. 17 de la Ley 24.660? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Entiende esta Corte que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el Dr. Nolasco Contreras, Defensor Oficial Penal de Primera Nominación, como asistente técnico del imputado Pablo Pedro Mercado, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva De acuerdo a la votación efectuada (fs. 18), los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 395/13, de fecha 23/10/2013, el Juzgado de Ejecución Penal, resolvió: "1) No hacer lugar a la incorporación al régimen de salidas transitorias, solicitadas por el interno penado Pedro Pablo Mercado, por no reunir los requisitos establecidos en el apartado IV del art. 17 ley 24660 y por las razones expuestas en el considerando III) arts. 3, 4, 12, 13, 15, 16 y 17 de la ley 24660 Dto "G" y J Nº 1031/97 (.)".

II. Contra esa decisión, se agravia el defensor del imputado, invocando los motivos previstos en los incs. 1, 2 y 3 del art. 454 del C.P.P, aunque omite fundamentar separadamente cada uno de ellos.

Hace referencia a los informes emitidos por las distintas áreas del Servicio Penitenciario Provincial, enfatizando el progreso llevado a cabo por su defendido dentro del régimen de ejecución de la pena privativa de libertad.

Considera que Mercado está en condiciones de acceder al beneficio solicitado y que éste fue denegado de manera irregular, conculcando derechos de carácter constitucional. Agrega que, de mantener la decisión de no concedérsele este beneficio de salidas transitorias se estaría violando el principio de legalidad.

Hace reserva del caso federal.

III. Como primera observación, debo resaltar que el recurrente omite fundar concretamente los motivos de casación, en los cuáles refiere centrar su embate, limitándose sólo a manifestar al inicio y al final de su escrito que sus críticas encuadran en los incs. 1º, 2º y 3º del art. 454 del C.P.P., mas ninguna consideración efectúa al respecto. En efecto, de una simple lectura del memorial recursivo, se advierte que el mismo no está fundado de manera clara y precisa (art. 460 C.P.P.). Sólo se ha limitado a manifestar oposiciones a cuestiones que no fundamenta con precisión.

Esta Corte ya se ha expedido en numerosos precedentes al sostener que la fundamentación debe ser inteligible, autónoma y por tanto, bastarse a sí misma. Es por ello, que no es fundado el recurso de casación que en brevísimo escrito no cumple con la carga que pesa sobre el recurrente de expresar clara, concreta y separadamente en qué consisten las violaciones que denuncia, demostrar el vicio o error, el modo que influyó en el dispositivo y cómo y por qué debe variar. De tal modo, en el mismo escrito deben constar, debida-mente expuestos, los motivos que configuran los agravios, de manera que, por su sola lectura sean aprehensibles sin necesidad de acudir a otros documentos para integrarlos.

A pesar del yerro señalado, la lectura del recurso evidencia que el agravio impetrado encuadra dentro del marco normativo previsto en el inciso 1º del art. 454 del C.P.P., esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art.17 -Ley 24.660-). En razón de ello, más allá de las advertidas particularidades de esta deficiente presentación, con el único fin de salva-guardar las garantías constituciones y procesales del imputado, ingresaré al tratamiento del recurso, haciendo saber al recurrente que en presentaciones futuras deberá cumplimentar lo estatuido en el art. 460 del C.P.P.

Sentado lo anterior, con los límites señalados ingresaré al tratamiento de la cuestión traída a estudio.

Adelanto que las críticas expuestas no resultan eficaces para conmover la decisión puesta en crisis. Digo ello, porque el recurrente dirige su agravio reiterando idénticos argumentos a los vertidos al contestar la vista corrida por la juez a quo (fs. 62/62 vta.), los que fueron considerados y recibieron respuesta concreta por parte de la jurisdicción, no advirtiéndose nuevos fundamentos que demuestren el manifiesto error en la valoración efectuada por el juzgador, ni mucho menos, la denunciada vulneración al principio de legalidad (art. 18 C.N.).

Ingresando puntualmente al análisis del recurso promovido, cabe recordar en, primer lugar, que el régimen del que pretende valerse el condenado en autos tiene un carácter progresivo, para lo cual se prevén los períodos de observación, tratamiento y prueba, siendo esta última etapa la que, en caso de cumplirse con los requisitos exigidos por la ley, habrán de permitir al mismo hacer uso de los beneficios que aquella le otorga, atenuando paulatina-mente las restricciones a su libertad.

El instituto de las salidas transitorias corresponde justamente al período de prueba previsto por la ley de ejecución penal, y su objetivo consiste en que quien está cumpliendo pena de encierro pueda ir preparándose para lograr una adecuada reinserción social para el momento en que obtenga su libertad. Es por ello que resulta relevante para el juez que entiende en la ejecución de la pena contar con los informes del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional que menciona el inciso cuarto del artículo 17 de la ley de ejecución penal, pues los mismos proveen al magistrado los datos necesarios para establecer si el condenado se encuentra o no en condiciones de gozar del beneficio en cuestión.

Es cierto, como bien lo ha señalado la juez a quo en su resolución, que las salidas transitorias son un beneficio que la ley le acuerda a quien se encuentra cumpliendo pena de encierro. Sin embargo -aclaró- no se trata de un derecho absoluto que opera "ipso jure" una vez cumplido el plazo mínimo de encierro, sino que, por el contrario, la propia ley 24.660 establece en su artículo 17 los requisitos exigidos para su obtención, y para ello debe previamente cumplirse con un período de observación durante el cual debe determinarse el tratamiento concreto al que debe someterse el condenado y la implementación efectiva de dicho tratamiento con su respectiva evaluación para establecer la posibilidad de ingresar a la etapa de prueba.

Y es que, a los fines de la procedencia del Régimen de Semilibertad, se requiere, conforme el art. 17 de la Ley 24.660, tiempos mínimos cumplidos de ejecución, que el interno no tenga causa abierta, que éste observe una conducta ejemplar y que merezca concepto favorable del Organismo Técnico - Criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento.

En el sub examine, advierto, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, que el condenado Mercado no ha cumplimentado con todos los requisitos legales previstos para que proceda la concesión de salidas transitorias. Tal afirmación encuentra sustento en los argumentos brindados por juzgador quién fundó legalmente su denegatoria en los informes técnicos desfavorables (art. 17 apartado IV de Ley 24.660). De este modo, consideró que desde el punto de vista psicológico aún le restan lograr objetivos delimitados en el tratamiento psicológico, así como una reflexión acabada de sus conductas disvaliosas. De igual modo, puso de resalto que Mercado no manifiesta ansiedad ni sentimientos de culpa, ni arrepentimiento de su conducta disocial; observándose incluso, en los miembros de su familia una actitud tolerante a las situaciones de transgresiones sexuales a las que el interno los expuso. En tal sentido, destacó que estas cuestiones condicionan la posibilidad de significación del ilícito y de sus consecuencias; es decir, que no se ha modificado sustancialmente la plataforma fáctica que diera origen a la pretérita denegatoria.

Desde otro ángulo, también resaltó el informe social negativo, argumentando, en tal sentido, que la esposa y propuesta tutora del penado no dimensiona la problemática, por lo que, difícilmente pueda contribuir con un control comprometido del interno, toda vez que la misma asegura que su esposo es inocente, toma el hecho como algo natural y atribuye toda la culpa a su hija, víctima del delito, sumándose a ello el hecho de que la víctima reside a escasos metros de la vivienda propuesta para el goce del beneficio. En esta dirección, debo decir que, si bien la juez de ejecución argumentó que la circunstancia señalada podría ocasionar serios perjuicios al interno, considerando que lo colocaría en una situación de peligro y vulnerabilidad, razón por la cual resulta in-conveniente la procedencia de lo peticionado; estimo que otro fundamento de peso se impone considerar aquí, y es que se debe preservar a la víctima del delito de abuso sexual evitando su revictimización y estigmatización, ello se compadece con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino, bajo pena de hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscripta en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por Ley del Congreso Nº 24.632, el 13 de marzo de 1996; con la Ley Nacional Nº 26.485 (B.O. 14/04/2009) de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se encuentra en plena armonía con la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la mujer; con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; con la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica-; y con la Declaración de Derechos Humanos.

En consonancia con lo expuesto, la sentenciante resaltó que el hecho de cumplir con el requisito temporal, concurrir a la escuela y trabajar, no es suficiente para acceder inmediatamente a los beneficios penitenciarios, fundamentando que su abordaje debe contemplar también las características de su conflictiva delictual (abuso sexual) y de la individualidad del penado. Apreció el juzgador que no se habían revertido los indicadores de riesgos y rasgos negativos de su personalidad lo que le permitía prever dentro de las posibilidades de falibilidad humana, un riesgo objetivo de probable reincidencia delictiva en caso de concedérsele el instituto solicitado, circunstancia que fundamenta la necesidad de la intensificación del tratamiento penitenciario. Consecuentemente, el tribunal enfatizó que en el presente caso aún no se ha logrado el fin principal de la pena, esto es, "la adecuada y progresiva reinserción social, como así, el respeto y comprensión de la ley por parte del condenado".

De lo expuesto, se extrae que el penado Pedro Pablo Merca-do no reúne actualmente las condiciones personales que le permitan comprender y respetar la ley para procurar una adecuada reinserción social y familiar, que resulta conveniente para el interno continuar con su situación carcelaria, a fin de recibir continuo abordaje y asistencia psicológica, que le facilite la supe-ración de los obstáculos que hoy se presentan, en busca de lograr una correcta preparación para su vida en libertad -art. 1º de la Ley 24.660-.

Asimismo, lo resuelto se encuentra en plena sintonía con las circunstancias fácticas descriptas y con la normativa legal aplicable, sustentándose lo dispuesto en los arts. 17 ap. IV y 19 de la Ley Nº 24.660, no logrando el recurrente, como se adelantara ut supra, conmover a través de la vía recursiva interpuesta los fundamentos que abonan la decisión en crisis.

En consecuencia, considero que debe confirmarse la decisión que denegó al recluso el beneficio de salidas transitorias, ya que, para así decidir, el juzgador se apoyó en los informes técnicos desfavorables, de los que se desprende que el condenado Pedro Pablo Mercado no reúne las condiciones personales que le permitan comprender y respetar la ley para procurar una adecuada reinserción social y familiar y que resulta conveniente para él continuar con su situación carcelaria, a fin de recibir continuo abordaje y asistencia psicológica.

Por todo ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por las razones que él desarrolla y, por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Considero que el Dr. Cippitelli da las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, para evitar repeticiones innecesarias, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por el modo en que fueron votadas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Nolasco Contreras, Defensor Oficial Penal Nº 1, en representación del imputado Pedro Pablo Mercado. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Sin costas. IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

En tanto se compadece con las postulaciones precedentes, estoy de acuerdo con la solución propuesta por el Señor Ministro preopinante. Por ello, adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Atento al modo en que fueron votadas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde dictar la resolución propuesta por los Sres. jueces preopinantes.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Nolasco Contreras, Defensor Oficial Penal Nº 1, en re-presentación del imputado Pedro Pablo Mercado.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría Penal a mi cargo. Doy fe