Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-11


(Libro de Acuerdos Nº 44 ,Fº 885/895, Nº 401). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los once días del mes de setiembre de dos mil uno, los Sres. Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti, Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo y Sergio Eduardo Valdecantos, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº 527/01, caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 149/99 (Sala I Cám. Penal) R., S. G.; G., J. A.; G., G. G. y C., E. A. s.a. Coautores de homicidio simple; D., A.F. R. s.a. Incumplimiento al Deber de Persecución y Represión de delincuentes y violación a los deb. de Funcionario Público....R. F. E. s.a. violación....y N. S. A. s.a. Falso Testimonio-Palma Sola".

El Dr. Arnedo dijo:

La Sala I de la Camara en lo Penal resolvió condenar: a) a F. E. R., como autor material y responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), a la pena de dos años de prisión, en forma de ejecución condicional, con más la de inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena b) a R.F. D., como autor material y responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), a la pena de dos años de prisión, en forma de ejecución condicional, con más la de inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena y c) a S. G. R., por resultar responsable penalmente del delito de homicidio simple (art. 79 del Código Penal), a la pena de doce años de prisión; absolver a: a) G. G. G., b) A. J. G. del delito por el cual viene acusado, c) E. A. C. y d) S.A. N. de los delitos por los cuales vienen acusados; rechazar la pretensión resarcitoria esgrimida por la Actora Civil, por haberse operado la prescripción de la acción tentada (arts. 4017, 4037 concordantes del Código Civil).

Contra esta decisión interponen sendos recursos de inconstitucionalidad los condenados, la actora civil y el Estado Provincial. Los condenados S. G. R., F. E. R. y R.F. D., expresan agravios a fs. 56/63, fs. 210/218 y fs. 285/297, respectivamente; contestados a fs. 351/377, 378/380 y 381/383. La actora civil expresa agravios a fs. 123/149, contestados a fs. 319/321, fs. 322/324, 328/344, 345/349, 394/396, 397/405 y 409/410. El Estado Provincial presenta memorial a fs. 303/305, contestado a fs. 325/327.

En relación a tales recursos, se corrió traslado al Sr. Fiscal habilitado, quien dictaminó a fs. 412/416 de autos.

El pronunciamiento emitido por la Sala I de la Cámara en lo Penal -también- motivó los recursos de casación interpuestos por el Fiscal de la Sala Primera de la Cámara en lo Penal (fs. 1897/1902 del Expte. Nº 548/00), la actora civil (fs. 1904/1938) y por el abogado defensor de S. A. N. (fs. 1940/1941). Concedidos dichos recursos, por la Cámara, el deducido por la actora civil no fue mantenido ante este Superior Tribunal de Justicia y el de N. no cumplió con tal requisito oportunamente, por ende, se los declaró desiertos (fs. 1973); mientras que el del Fiscal de Cámara, fué mantenido en esta instancia por el Fiscal General habilitado a fs. 1976, y contestado por E. A. C. a fs. 1994/2011.

Tramitados los recursos de inconstitucionalidad y los de casación por separado y según las normas rituales respectivas, se decreta su acumulación y se llama autos para resolver, quedando la causa en condiciones de ser examinada.

A) Los motivos de los recursos de inconstitucionalidad deducidos por los condenados pueden sintetizarse de la forma que se expone a continuación.

La defensa técnica de S. G. R. sostiene que: a) el tribunal sentenciante ha incurrido en arbitrariedad fáctica, toda vez que -a su entender- ha meritado defectuosamente la prueba incorporada en autos y rendida en vista de causa, condenándolo erróneamente como autor del homicidio de Tony Figueroa. En tal sentido, se agravia de la importancia otorgada a las declaraciones de A. Muchela, Gregorio A. Rojas, Máxima Vicenta Pereyra, Nilo Miguel Yscasate, Luis González Silvera y otros; b) la sentencia resulta contradictoria, ya que por un lado dice "eludiendo el portón de la entrada de la finca" y por otro nos habla de las llaves del portón y que le fuera fuera facilitada por Yscasate a R.. Esta inseguridad por parte del sentenciante -afirma el recurrente- nos pone en un verdadero estado de indefensión; c) los términos gramaticales empleados por el tribunal sentenciante, denotan probabilidad, y la probabilidad es una especie de duda, por lo que debe estarse a lo más favorable para el imputado (in dubio pro reo); d) conforme surge de la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio, se habla como lugar del hecho la Panadería de Telao en la localidad de Puesto Nuevo, cercana a Palma Sola, y la Cámara al fallar habla de un nuevo lugar del hecho, la finca de Iver Guerrero por lo que se ha vulnerado la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio; y e) el tribunal no ha respetado nuestro sistema probatorio, incurriendo en una defectuosa valorización, prescindiendo de datos objetivos introducidos en la litis, ha culminado con un censurable fallo, que debió haber sido absolutorio. Esto así, puesto que la incertidumbre que campeó en la sustanciación del proceso, no ha podido probar con el grado de certeza requerida, la autoría de Sergio Gustavo R. en el hecho. En todo caso, y por tales consideraciones, debió aplicarse el mínimo de la pena establecido por el delito por el que fuera condenado Sergio Gustavo R. (art. 79 d el Código Penal)	El abogado defensor de F. E. R. (Oficial Principal- médico de policía de la Unidad Regional Nº 2) se agravia porque la sentencia lo condena por resultar autor material y responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público, haciendo prevalecer el informe del Dr. Villagra sobre el efectuado por este. Afirma, por las razones que expone y a las cuales me remito, que el informe del Dr. Villagra es erróneo y, por ende, no puede ser el elemento para una condena como la que aquí se impugna. Sostiene -asimismo- que no se tiene en cuenta, en la sentencia, el elemento subjetivo necesario para que pueda darse un incumplimiento de los deberes de funcionario público: "la malicia del funcionario de sustraerse a sus deberes, no bastando su negligencia, por grave que fuera".

Los abogados defensores de R. F. D. (a cargo de la jefatura de la Sub-Comisaría Nº 36 de la Policía de la Provincia), por los argumentos que exponen en su pretensión impugnaticia de fs. 285/297 de autos, se agravian del rechazo de los planteos de prescripción de la acción penal y de nulidad opuestas por su parte. Alegan, asimismo, que la sentencia impugnada: a) ha sustentado la atribución de responsabilidad a D. en simples afirmaciones dogmáticas o aparentes, ya que en ninguna de las conductas juzgadas se verifica algún tipo de incumplimiento doloso de los dispositivos que rigen la materia, b) ha invocado prueba inexistente, ya que se entendió equivocadamente que D. se domicilia en Palma Sola y que desde allí hizo una llamada telefónica, cuando su residencia es en San Pedro de Jujuy, desde donde hizo la llamada en cuestión y que se arguye -en el fallo- para reforzar la asignación de responsabilidad un daño inexistente a la investigación de los hechos, y c) es autocontradictoria porque le asigna responsabilidad a D. por haber emitido un informe equivocado.

1º) Entrando al análisis de los argumentos contenidos en sus respectivas impugnaciones, reseñados precedentemente, cabe destacar que, contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, no advierto que la fundamentación del tribunal a-quo resulte insuficiente, contradictoria o que no se hubiese observado en ella las reglas de la sana crítica con respecto a los elementos probatorios de valor decisivo. Ello así, por cuanto los hechos investigados han sido correctamente analizados, expresando razones suficientes que determinan la decisión adoptada sin incurrir en contradición alguna y en conformidad con las reglas de la sana crítica, es decir, las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que tal decisiorio se encuentra motivado legítimamente.

b) En este orden, el fallo es claro en la atribución de responsabilidad a S. G. R. en la muerte de A. Viviano Figueroa (Tony Figueroa), no advirtiendo contradición ni vicio lógico alguno entre la referencia efectuada acerca de lo narrado por el testigo Yscasate; quién vió a R.en cercanías de su domicilio a horas 01,00 de la madrugada del día 30 de diciembre de 1.995 buscando unos caballos y que, también, lo vió a las siete de la mañana del mismo día cuando le pidieron las llaves del portón; con la precisión realizada en la sentencia respecto al lugar denominado el pozo en donde fue encontrado el cadáver de Tony Figueroa "a no más de un kilómetro de distancia del potrero y es de fácil acceso por el arroyo Santa Rita, eludiendo el portón de entrada a la finca".

Por otro lado, si bien el fallo descarta que la muerte de Tony Fiqueroa se haya producido en la panadería de Telao, situando como lugar del hecho la Finca de Iver Guerrero, habida cuenta de la garantía consitucional de la defensa en juicio que afirma -R.- menoscabada y no habiéndose denunciado los descargos o diligencias que hubieren podido producirse si el hecho se hubiese perpetrado en la panadería mencionada, el agravio -debe ser deshechado.

c) En cuanto al delito por el cual se condena a los procesados F. E. R. y R. F. D. se encuentra configurado al no haber ejecutado las leyes cuyos cumplimiento les incumbían (última parte del art. 248 del Código Penal), considero que se encuentra, en cada caso, debidamente acreditado con las constancias de la causa mencionadas por el tribunal a-quo en la sentencia recurrida.

En efecto, F. E. R. (Médico de la Policía), no obstante haber examinado el cadáver de Tony Figueroa y determinado como causa del deceso, "paro cardiorespiratorio traumático -asfixia por sumersión" (informe de fs. 6 de los autos principales) sostiene que "no considero necesario autopsia". Esta conclusión se contrapone con la labor investigativa que a R. le corresponde como funcionario policial especializado a los fines de determinar -como bien lo destaca el a-quo-, cuales fueron las causas de la asfixia por sumersión que provocó el paro cardiorespiratorio traúmatico, procediendo tal cual lo dispone el art. 225 del Código Procesal Penal.

Entonces, dejando de lado que en la sentencia se concluye que la causa de la muerte de Tony Figueroa fue asfixia por sofocación, el delito se configuró por el incumplimiento de la normativa citada en cuanto dispone que "en todos los casos de muerte cuando no se advirtiera en forma manifiesta o inequívoca la causa de su origen se hará la autopsia". Tratándose de una norma elemental, no existe argumento alguno que le permita eximirse de su cumplimiento, máxime cuando se advierte que la causa de muerte fue un paro cardiorespiratorio traumático, por ende, la actitud asumida por R., en franco incumplimiento de una norma que conoce, es suficiente para que surja su dolo y quede configurado el delito previsto por el art. 248 del Código Penal.

En lo que respecta	a D. (Jefe de la Sub-Comisaría Nº 36 con asiento en la localidad de Palma Sola), conforme las circunstancias que pormenorizadamente merita el tribunal a-quo, sólo cabe concluir que incurrió en el delito de violación de los deberes de funcionario público, al no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbían. Es que, habiendo tomado conocimiento de una muerte traumática -según el informe elaborado por el Dr. R.-, tenía la obligación de dar "inmediato aviso al Juez y al Fiscal en forma reservada" (art. 191 del Código Procesal Penal), pero no solamente no se informó a quienes debían prevenir la investigación inicial con la inmediatez requerida sino que, "disponiendo del cuerpo del delito" -como se dice en la sentencia-, entrega el cadáver al padre de la víctima, con las consecuencias que tal accionar trajo aparejadas en la investigación. En definitiva, dada su condición de funcionario público con obligación de proceder conforme a las leyes (art. 191 del código de rito), y no pudiendo ignorar tal circunstancia, resulta evidente su intención de desconocerlas -sin interesar el propósito tenido en miras-. Los intentos frustrados de comunicarse telefónicamente con el juez de turno -suntentados por el recurrente- ponen de manifiesto y en forma concluyente que era conciente de las particularidades que presentaba el hecho y como debía actuar en consecuencia. No puede, entonces, alegar la falta de dolo, cuando se ha querido obrar al margen de la ley, es decir, realizar el t ipo objetivo del art. 248 del Código Penal.

d) En lo que respecta a los planteos de prescripción de la acción penal y nulidad, que reitera la defensa de D. en esta instancia extraordinaria, opino que -también- deben ser rechazados.

Es que, tal como lo tiene decidido en reiterados fallos este Superior Tribunal, configura secuela de juicio en los términos del art. 67, párrafo cuarto del Código Penal, aquellos actos de carácter persecutorio que impulsen el procedimiento hacia una nueva etapa procesal hasta el dictado de la sentencia.

En la especie, se presenta tal entidad y, por ende, resulta apta para interrumpir la prescripción de la acción penal, el decreto de citación a juicio del 18 de abril del 2.000 (fs. 1299 del expediente principal) respecto de los imputados D., R. y N.. En consecuencia, no habiendo transcurrido en autos el lapso de tiempo previsto en los artículos 62 y 248 del Código Penal, como bien lo sostiene el tribunal sentenciante, sólo puede concluirse que no se ha extinguido el 14 de julio de 2.000 -como lo afirma el recurrente-, la acción penal por prescripción.

Por otra parte, no obstante argumentar el recurrente que el decreto de citación a juicio del 18 de abril de 2.000 no le fue notificado personalmente, lo que le ocasionó un notorio y eficente estado de indefensión, debe tenerse en cuenta que, según lo sostenido por el tribunal a-quo, "no existe error u omisión alguna de trascendencia procesal dinámica, en virtud de la cual se hubiera restringido la audiencia o la prueba del prevenido... Consecuentemente el pretendido vicio invalidante no resulta tal, por cuanto no se advierte perjuicio real alguno al derecho de audiencia o de prueba que se protege, en orden al derecho de defensa en juicio y al debido proceso legal (art. 18 de la C.N), máxime aún si tenemos en cuenta que en su momento, la defensa técnica del procesado fue debidamente notificada (fs. 1314) y que en juicio el Tribunal con un criterio amplio y discrecional admitió con cierta liberalidad la producción de cualquier medio probatorio tendiente a aclarar los hechos objeto del proceso". Ello así, y teniendo en cuenta el derecho de defensa en juicio que se afirma conculcado, sin mencionar expresa y precisamente las defensas que se vió privado de oponer y no supliendo tal exigencia la mera invocación genérica de haberse violado tal derecho, pues es preciso que la irregularidad que se alega haya colocado a la parte en un estado de indefensión concreta, el agravio centrado en el rechazo de dicho planteo nulificatorio -reitero- no puede tener favorable acogida.

2º) Por tales consideraciones, propongo rechazar los recursos deducidos por los condenados S. G. R., F. E. R. y R. F. D., debiendo cada uno de los nombrados cargar con las costas por la tramitación de sus respectivos recursos (art. 102 del Código Procesal Civil). Los honorarios profesionales se regulan, por aplicación del art. 11 de la ley 1.687, en las sumas de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. Juan Carlos Dávalos, de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. Marcelo Daniel Calvó, de cuatrocientos ochenta pesos ($ 480) para el Dr. Pablo Baca, de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. David Jorge Casas y de doscientos cuarenta pesos para el Dr. Alberto Miguel Matuk.

B) La actora civil recurre el rechazo de su pretensión indemnizatoria -por haberse operado la prescripción. Argumenta, en síntesis, que la sentencia es arbitraria puesto que: a) vulnerando lo dispuesto por el art. 3964 del Código Civil, declaró la prescripción de la acción resarcitoria sin que esta defensa haya sido opuesta -por los demandados- en forma concreta, en la oportunidad y modo fijados por el art. 3962, b) no consideró lo dispuesto por los artículos 3982 bis y concordantes del Código Civil, que autorizan a suspender los plazos para interponer la acción civil cuando la víctima se haya presentado en el proceso penal como damnificado, y hasta que concluya el mismo, c) no tuvo en cuenta que conforme el principio "acctioni non natae non praescribitur" la acción indemnizatorio no está prescripta, ya que el cómputo del plazo recién tendrá lugar cuando la sentencia dictada en el fuero penal -que determina los responsables del hecho- adquiera autoridad de cosa juzgada. Afirma que, en consideración de las circunstancias que relata, se desconocía la identidad de los autores del hecho (actualmente con el dictado de la sentencia recién se individualizó a sus autores y responsables).

Por las razones que expondré a continuación, diré que los agravios de la actora, reseñados precedentemente, no pueden prosperar en esta instancia extraordinaria.

1) Para poder responder lo argumentado -confusamente- por la actora civil, procede dejar sentado que, dada la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sólo habré de pronunciarme acerca de aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones que el caso requiere y resulten decisivas para la solución de la controversia (fallos, 307:2216 y precedentes allí citados).

2) Según los principios que emergen de los artículos 3964 y 3962 del Código Civil, la prescripción de la acción no produce efectos de pleno derecho ni puede ser declarada de oficio, sino que debe ser opuesta al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio de quién intente oponerla.

Tal articulación requiere, entonces, que se haya entablado judicialmente una demanda en los términos del art. 294 del Código Procesal Civil, y que la parte a quién esta -eventualmente- perjudique haya sido emplazada regularmente a contestarla, ya que es a partir de tal acto procesal que nace la carga de comparecer y oponer las defensas que hagan a su derecho.

Ahora bien, quién pretenda ejercer la acción civil en el proceso penal debe previamente hacerse parte de él, en otras palabras, debe constituirse en actor civil en dicho proceso (art. 69º del Código Procesal Penal). Si bien la instancia de constitución en actor civil debe formularse por escrito y cumplir con determinadas exigencias (art. 72º), no es necesario que dicho escrito exprese los fundamentos jurídicos de su pretensión ni que "consigne las peticiones finales del peticionante, pues la instancia de constitución no es la demanda sino tan sólo la solicitud del titular del derecho al resarcimiento de intervenir en el proceso a los efectos de demandarlo oportunamente. El escrito debe consignar la petición del interesado de ser admitido como parte civil en el proceso penal" (conf. Ricardo C. Nuñez, "La acción civil en el proceso penal", Marcos Lerner-Editora Córdoba, p. 119).

En base a tales conceptos y teniendo en cuenta que: a) a fs. 3vlta. y 4 del Expte. Nº 1216/98 (Incidente de oposición a la constitución de actor civil en el Expte. principal Nº 104/96) los damnificados por el delito solicitan durante la instrucción constituirse en parte civil, formulando expresamente reserva de "concretar la Acción Civil y de ampliar los fundamentos, ofrecer más pruebas una vez que tenga acceso pleno a las constancias de la causa", y b) que tal demanda civil -recién- se efectiviza en la audiencia de debate (conforme acta de audiencia de vista de causa, fs. 1799 del expediente principal), la invocación de la prescripción de la acción, en la misma audiencia, resulta oportuna. Esto así, ya que constituye -indiscutiblemente- la primera presentación a la cual se refiere el art. 3962 del Código Civil, con motivo del emplazamiento de la demanda civil.

3) En cuanto al momento a partir del cual debe empezar a correr el plazo de prescripción bienal reglada por el art. 4037 del Código Civil, coincido con el tribunal a-quo que se encuentra determinado por los autos de procesamiento dictados a los imputados D., R. (el 28 de octubre de 1.996) y R. (el 6 de setiembre de 1.996), ya que en dicha oportunidad los damnificados por el hecho ilícito se encuentran en condiciones de plantear su reclamo. No puede argumentarse que tal oportunidad no sea suficiente para el ejercicio de la accción civil de reparación integral, puesto que -como bien lo señala el tribunal sentenciante- el comienzo y el cómputo del plazo de prescripción no requiere que el damnificado tenga un conocimiento subjetivo y riguroso de la causa generadora del daño, la existencia de éste o quién es el responsable, sino que basta que haya podido tener una razonable posibilidad de información, "pues la prescripción no se puede sujetar a la discreción del acreedor, supliendo, incluso, su propia inactividad o negligencia" (conf. Salas- Trigo Represas-Lopez Mesa, "Código Civil anotado", t. 4-B, p. 345).

4) En este orden, coincidiendo -también- con el tribunal a-quo, correspondía rechazar la acción indemnizatoria que se hallaba prescripta al 5 de noviembre de 1.998, momento en que el damnificado, solicitando se lo constituya en actor civil en el presente proceso penal, exterioriza su propósito de perseguir el resarcimiento del daño sufrido por el delito, al manifiestar que deducirá su pretensión indemnizatoria reservándose "el derecho de indicar otros responsables que serán individualizados con el progreso de la causa, como así también de ampliar los fundamentos y pruebas ofrecidas, una vez que tenga acceso pleno a las constancias de la causa" (fs. 3 vlta. del Expediente Nº 1216/98, que corre agregado por cuerda).

5) Cabe aclarar que el beneficio de la suspensión de la prescripción que acuerda el art. 3982 bis del Código Civil, para el caso de que se haya deducido querella criminal, no resulta de aplicación en la especie. Es que, en nuestro ordenamiento procesal penal sólo puede asumirse el rol de querellante cuando la jurisdicción se abre por delitos de acción privada ( art. 68 del Código Procesal Penal). En los delitos de acción pública, el único acceso al fuero penal con el que cuentan quienes hayan resultado damnificados por el delito es la de constitución de actor civil. Por ende, no encontrándose permitido en los delitos de acción pública el ejercicio de querella criminal contra los responsables del hecho, el instituto de la suspensión del término de prescripción previsto en el art. 3982 bis del Código Civil, no tiene operatividad alguna en tales ilícitos.

6) Por las consideraciones expuestas, propicio rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora civil a fs. 123/149 de autos.

En cuanto a las costas de la presente instancia extraordinaria por la tramitación de dicho recurso, mediando en el caso razones que justifican apartarse del principio general en la materia, en razón de la complejidad de las cuestiones propuestas como las dificultades que presenta el caso, tanto en el aspecto fáctico como jurídico, propongo imponerlas por el orden causado (art. 102 del Código Procesal Civil) y regular los honorarios profesionales en las sumas de seiscientos pesos ($ 600) para el Dr. Pablo Baca, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. David Jorge Casas, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. Alberto Matuk, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. Juan Carlos Dávalos por cada una de las contestaciones efectuadas, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. Marcelo Daniel Calvó por cada una de las contestaciones efectuadas, de seiscientos pesos ($ 600) para el Dr. Gonzalo Ramón Puig, de seiscientos pesos ($ 600) para el Dr. Segundo Soria y de mil pesos ($ 1.000) para la Dra. Ivone Gareca Raldes, por aplicación del art. 11 de la ley 1.687.

C) El Dr. Juan Angel Cabezas, en su carácter de procurador fiscal, sostiene en su recurso (fs. 303/305 de autos) que la sentencia del tribunal a-quo, receptando la defensa opuesta por su parte, rechaza -por unanimidad- la pretensión resarcitoria entablada por la actora civil "por haberse operado la prescripción de la acción tentada". Sin embargo -sostiene- la Sala "omite la condena en costas de los perdidosos y la consiguiente regulación de honorarios de la representación letrada del Estado Provincial", agraviándose de tales omisiones.

Opino que corresponde el rechazo del recurso.

En primer término, suponiendo que la Sala sentenciante haya omitido (lo que no ocurrió en la especie) pronunciamiento acerca de las costas, tal omisión debió ser subsanada por la vía del art. 115 del Código Procesal Penal, "posibilidad que la recurrente no agotó debiendo entonces cargar con las consecuencias de su descuido, pues este Tribunal no puede suplir a través del presente recurso, el pronunciamiento al respecto (L.A. Nº 43, Fº 690/691, Nº 260).

Adviértase que, si bien el -ahora- recurrente solicitó aclaratoria en relación a la falta de regulación de honorarios (fs. 1885 del expediente principal), ningún planteo formuló -por el motivo que fuere- respecto del modo en como el tribunal impuso las costas.

Por lo demás y no obstante haber resultado compleja la tarea desplegada por cada uno de los abogados intervinientes en el proceso penal, en cuya audiencia de debate la actora civil introdujo su pretensión resarcitoria, el tribunal a-quo efectuó una única regulación de honorarios para cada uno de dichos letrados especificando que tales emolumentos "serán a cargo de sus representados, conforme art. 4º, 5º y 13º de la Ley Nº 1687/46 de Aranceles para Abogados y Procuradores", lo que, sin lugar a dudas, importa la imposición de costas por el orden causado.

Concluyo, entonces, que no cuestionado el modo en que el tribunal de la causa impuso las costas de la instancia anterior -por el orden causado- resultan inatendibles los agravios formulados por el recurrente en procura de lograr la regulación de sus honorarios profesionales por su actuación en defensa de los intereses del Fisco accionado, ya que en caso de fijarlos correspondería su pago al Estado Provincial de quién depende, lo que no resulta posible.

Por ende, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad tentado por el Dr. Juan Angel Cabezas en su carácter de Procurador Fiscal, con costas (art. 102 del Código Procesal Civil).

En cuanto a los honorarios de la Dra. Ivone Gareca Raldés propongo regularlos en la suma de mil pesos ($ 1.000), de conformidad a lo dispuesto por el art. 11 de la ley 1.687.

D) El Dr. Marcelo Eduardo Morales, en su carácter de Fiscal de la Sala Primera de la Cámara en lo Penal, promueve a fs. 1897/1902 del Expte. Nº 548/00 (que corre agregado por cuerda) recurso de casación por violación de la ley sustantiva. Argumenta que surge del fallo atacado violación e incumplimiento de lo dispuesto por el inciso 41 del art. 417 del Código Procesal Penal, al haber: a) absuelto por aplicación del principio indubio pro reo -art. 28, ap. 4 de la Constitución de la Provincia y 410, pár. 3º del Código Procesal Penal- a los procesados G., C., G. (acusados como coautores y partícipes necesarios del delito de homicidio) y N. (acusado como autor del delito de falso testimonio), y b) determinado una pena de 12 años de prisión efectiva para S. G. R. por el delito de homicidio simple, cuando se solicitó una pena de 18 de prisión efectiva.

Sostiene, el recurrente, que la solución brindada por el tribunal sentenciante transgrede las reglas de la sana crítica con respecto a elementos probatorios de valor decisivo, especialmente en la valoración de las testimoniales producidas en la causa.

Así introducida, se pone de manifiesto que tal impugnación se basa -en realidad- en una mera confrontación con el criterio que informa la valoración del juzgador respecto de los elementos incorporados en la causa, circunstancia que en el caso no merece objeción y por lo que consecuentemente resulta ajena a la instancia casatoria. Es que, contrariamente a lo sostenido por el señor Fiscal de la Sala I, no existe razón alguna que permita sostener la nulidad del pronunciamiento impugnado, ya sea porque faltare o fuere contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal o no se hubiere observado en ella las reglas de la sana crítica con respecto a los elementos de valor decisivo (inc. 4º del art. 417 del Código Procesal Penal), violando de tal modo la normativa de fondo.

Como dije al tratar los recursos interpuestos por quienes resultaron condenados, los hechos investigados han sido correctamente analizados, expresando razones suficientes que determinan la decisión adoptada sin incurrir en contradición alguna y en conformidad con las reglas de la sana crítica, es decir, las reglas del correcto entendimiento humano, por lo que tal decisiorio se encuentra suficientemente motivado.

Consecuentemente, no surgiendo del fallo atacado transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento al remedio tentado, y teniendo en cuenta que del escrito impugnaticio emerge en forma por demás evidente -reitero- que lo que pretende el recurrente es que se efectúe un nuevo examen de los elementos probatorios, tal planteo deviene inadmisible por cuanto escapa a la competencia funcional de este tribunal.

Siguiendo este criterio, este Superior Tribunal de Justicia en reiterados precedentes jurisprudenciales ha delimitado su competencia casatoria, atendiendo a la finalidad y naturaleza de este remedio extraordinario, explicitando que carece de potestad para examinar "ex novo" la causa y corregir todos los errores de hecho y derecho que pueda cometer el juez de sentencia, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo y procesal, tanto para evitar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva como la inobservancia de las normas procesales.

Por tales motivos, opino que el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de la Sala I de la Cámara Penal, Dr. Marcelo Eduardo Morales, debe ser rechazado sin más trámite. Los honorarios profesionales del Dr. Gónzalo Ramón Puig, por aplicación del art. 11 de la ley 1.687, se regulan en la suma de seiscientos pesos ($ 600), a cargo de su representado (artículos 169 y 170 del Código Procesal Penal).

Resta aclarar que, como los profesionales intervinientes no han deducido recursos en contra de la regulación de sus honorarios y, por el contrario, los han consentido, no corresponde en este caso, otra cosa que aplicar directamente lo que dispone el art. 11 de la ley 1.687, lo que se hizo.

Los Dres. Nocecti, Tizón, del Campo y Valdecantos adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,	RESUELVE:

1º) Rechazar los recursos deducidos por los condenados S. G. R., F. E. R. y R.F. D., debiendo cada uno de los nombrados cargar con las costas por la tramitación de sus respectivos recursos (art. 102 del Código Procesal Civil).

2º) Regular los honorarios profesionales por la labor desempeñada en esta instancia, en el recurso referido en el punto 1º) de la presente resolución, en las sumas en las sumas de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. Juan Carlos Dávalos, de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. Marcelo Daniel Calvó, de cuatrocientos ochenta pesos ($ 480) para el Dr. Pablo Baca, de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. David Jorge Casas y de doscientos cuarenta pesos ($ 240) para el Dr. Alberto Miguel Matuk, con más impuesto al valor agregado (IVA), si correspondiere.

3º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora civil a fs. 123/149 de autos.

4º) Imponer las costas de esta instancia, respecto del recurso referido en el punto 3º) por el orden causado.

5º) Regular los honorarios profesionales por la labor desempeñada en esta instancia, en el recurso referido en el punto 3º), en las sumas de seiscientos pesos ($ 600) para el Dr. Pablo Baca, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. David Jorge Casas, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. Alberto Matuk, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. Juan Carlos Dávalos por cada una de las contestaciones efectuadas, de trescientos pesos ($ 300) para el Dr. Marcelo Daniel Calvó por cada una de las contestaciones efectuadas, de seiscientos pesos ($ 600) para el Dr. Gonzalo Ramón Puig, de seiscientos pesos ($ 600) para el Dr. Segundo Soria y de mil pesos ($ 1.000) para la Dra. Ivone Gareca Raldes, con más impuesto al valor agregado (IVA), si correspondiere.

6º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad tentado por el Dr. Juan Angel Cabezas en su carácter de Procurador Fiscal, con costas.

7º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Ivone Gareca Raldés, por la labor desempeñada en el recurso referido en el punto 6º), en la suma de mil pesos ($ 1.000), con más impuesto al valor agregado (IVA), si correspondiere.

8º) Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 1897/1902 del Expte. Nº 548/01 por el Dr. Marcelo Eduardo Morales, en su carácter de Fiscal de la Sala Primera de la Cámara en lo Penal.

9º) Regular los honorarios del Dr. Gonzalo Ramón Puig, por la labor desempeñada en el recurso referido en el punto 8º), en la suma de seiscientos pesos ($ 600) a cargo de su representado, con más impuesto al valor agregado (IVA), si correspondiere.

10º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.