Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20


Buenos Aires,	20	de diciembre de 2006	Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió ejecución fiscal contra la firma Tacural S.A. por cobro de la suma de $ 740.045,69 con más sus intereses y costas, en concepto de saldo adeudado debido a la caducidad del Plan de Facilidades normado por el Decreto 1708/1997 - Resolución Nº 801/SHyF/00 (fs. 3 y vuelta).

2. La ejecutada opuso la caducidad de instancia y las excepciones de espera y prescripción (fs. 29/31 vuelta). Corrido el traslado, fue contestado por el GCBA (fs. 55/63), quién articuló la caducidad del incidente de caducidad de la instancia.

3. El juez de primera instancia hizo lugar a la caducidad del incidente de perención de la instancia, rechazó la excepción de espera y ordenó llevar adelante la ejecución, con intereses y costas (fs. 110/11).

4. La ejecutada dedujo, entonces, recurso de apelación y dejó planteada la nulidad de ese decisorio (fs.115). La Cámara confirmó la sentencia apelada (fs. 132/133 vuelta).

5. Contra dicho pronunciamiento, Tacural S.A. interpuso recurso ordinario de apelación ante este Tribunal (fs. 135), el cual fue concedido por la Cámara (fs. 141).

6. El Fiscal General Adjunto propició, en su dictamen, el rechazo del recurso intentado (177/179).

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso ordinario interpuesto por la actora cumple con los recaudos de tiempo y forma exigidos.

En efecto, en este juicio la Ciudad es parte y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, es superior a la suma de pesos setecientos mil ($700.000).

Además, si bien, en principio, las decisiones recaídas en juicios ejecutivos no constituyen sentencia definitiva, la decisión que rechazó la excepción de prescripción no podrá ser revisada en un juicio ordinario posterior. Por tanto, tal como ya lo ha sostenido este Tribunal in re "Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG s/ ejecución fiscal", expte. nº 3137/04 (sentencia del 22 de diciembre de 2004), corresponde equipararla a un pronunciamiento de tal naturaleza, conforme lo tiene decidido el Máximo Tribunal, para quien, las decisiones que admiten o rechazan dicha defensa frustran cualquier planteo judicial ulterior (Fallos: 314:1656; 315:49 y 1916; 323:3401, entre otros).

2. No obstante haberse verificado la concurrencia de los requisitos procesales de admisibilidad enunciados, el recurso de apelación ordinaria ante estos estrados, debe ser rechazado.

3. A través de la presentación de fs. 148/150 vuelta, Tacural S.A. se agravia: a) por cuanto la Cámara se expidió acerca de la excepción de prescripción, cuando sólo debía hacerlo acerca de la nulidad de la sentencia de primera instancia, y b) por cuanto resolvió dicha cuestión de manera arbitraria, invadiendo normativa de orden federal.

4. En relación al primer agravio, la recurrente indica que en ningún momento solicitó que la Cámara se pronuncie sobre su planteo de prescripción de la acción, y que este Tribunal, al expedirse, incurrió en arbitrariedad y violó distintas garantías constitucionales. Sin embargo, no logra conmover los fundamentos dados por la Cámara para resolver del modo como lo hizo.

Para rechazar el planteo de nulidad de la sentencia de primera instancia, basado en la falta de tratamiento por parte del juez de grado de la excepción de prescripción, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, consideró que no correspondía decretar la mencionada nulidad, toda vez que por vía de la apelación el vicio podía ser subsanado, y, correctamente, justificó su competencia para expedirse en el art. 248 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Al respecto cabe recordar que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de sentencia (art. 229 CCAyT), por lo que este último resulta improcedente si el vicio de la sentencia impugnada es subsanable mediante la apelación, tal como lo ha expresado la Sala I a fs. 132/133 vuelta. En virtud de ello, es correcto afirmar que, el de autos, es uno de los casos en los cuales, por razones de economía procesal, los tribunales de alzada se hallan habilitados para resolver cuestiones que no han sido objeto de pronunciamiento en la instancia anterior.

Asimismo, el citado art. 229 CCAyT también avala la sentencia de la Cámara, en tanto le ordena resolver sobre el fondo del litigio cuando el procedimiento estuviere ajustado a derecho -como ocurre en el caso- y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa.

Por otra parte, la alusión genérica a la garantía de la "doble instancia", no puede interpretarse como una argumentación suficiente a tal fin y atento al carácter del proceso de autos -ejecución fiscal-, no resulta aplicable en la manera en que es pretendida. Tanto el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la doctrina de la CSJN (ver, entre muchos otros, CSJN, 05/09/2000, "Mallmann, Arturo J. y otro c. Ministerio del Interior", T.322 , P.2525) postulan la vigencia de esta garantía en cuestiones de índole penal y no para el supuesto de autos.

Por lo demás, cabe aclarar que en el presente proceso no se ha visto restringido ni conculcado ninguna garantía procesal y se ha satisfecho adecuadamente el principio de control judicial suficiente. El recurrente tuvo la posibilidad de acceder a una nueva instancia ordinaria, ante este Tribunal (art. 38 Ley nº 402).

5. En cuanto al segundo agravio, Tacural S.A. insiste en argumentar a favor de la prescripción de la deuda; sustenta dicha pretensión en que el Decreto nº 1708/1997 y la Resolución nº 801/ZIF/00 "no insinúan novación", por lo que ante la falta de "animus novandi" de su parte y atento el plazo transcurrido, la deuda reclamada habría prescripto. Agrega, asimismo, que la referencia a la Resolución nº 303/ZIF/99, es arbitraria y que, a su entender, constituye una invasión de materia legislativa propia del Estado Federal.

Resulta conveniente realizar una breve reseña del plexo normativo en base al que la Cámara determinó el rechazo de la excepción opuesta por Tacural S.A.

A través del dictado del Decreto nº 1708/97 el GCBA facultó a la Secretaría de Hacienda y Finanzas a "conceder facilidades para el pago de la deuda tributaria en mora y a dictar las normas que resulten necesarias para la aplicación del presente decreto". En ejercicio de tales atribuciones, la SHyF dictó, con fecha 9/3/1999, la Resolución nº 303, que en su artículo 6º, último párrafo, dispuso que "la deuda incluida en un acogimiento válido se considera extinguida por novación". Posteriormente, en el año 2000, se dictó la Resolución nº 801/SHyF/00, que consagró algunas modificaciones al régimen, sin alterar lo establecido en la anterior referido a la "novación".

Es indudable que los argumentos expuestos por la ejecutada no resultan idóneos para rebatir el decisorio atacado, toda vez que la Cámara fundamentó adecuadamente su decisión en base a las normas citadas. Mal puede afirmarse, entonces, que la sentencia que obra a fs. 132/133 vuelta, carece de sustento legal.

Además, y en virtud de la teoría de los actos propios, la apelante no puede válidamente alegar desconocer que el objeto principal y la causa de la deuda tributaria inicial ha variado, toda vez que prestó su conformidad para que ello ocurra. En efecto, del formulario de acogimiento al plan de facilidades de pago, suscripto el 28/7/2000 (fs. 25/26 vuelta), surge claramente que: "cuando la falta de pago o el pago fuera de término de alguna de las cuotas (capital e intereses) registre un atraso superior a los 60 días corridos caducará el plan de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna siendo exigible el saldo adeudado".

A fin de agotar el tratamiento de la cuestión, en cuanto al defectuoso planteo realizado a fs. 150 y vta. sobre la presunta invasión de materia legislativa propia del Estado Federal (Código Civil) en que habría incurrido la sentencia de Cámara, es menester señalar, que lo relativo al alcance que cabe asignar a las normas tributarias implicadas es una cuestión de derecho local, tal como lo sostuve in re: "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC (Res. nº 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)", expte. nº 2192/03, sentencia del 17/11/03.

6. En virtud de lo expuesto, voto por el rechazo del recurso de apelación ordinaria, con costas a la vencida.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de apelación ordinario interpuesto por Tacural S.A. y que fuera concedido por la Cámara cumple con los requisitos de tiempo y forma exigidos y corresponde tratar los agravios de la recurrente.

2. Coincido con la solución de la jueza Ana María Conde, en cuanto a que el recurso ordinario interpuesto no puede prosperar.

3. Adhiero a los argumentos expresados en los apartados 3, 4 a excepción del cuarto y quinto párrafo, y 5 del voto de la señora jueza de trámite.

Y, agrego que el argumento fundado en el supuesto desconocimiento de la resolución nº 303/SHyF/99 que la apelante introduce al agraviarse por el rechazo de la excepción de prescripción decidido en segunda instancia, por las razones que indico en lo que sigue, no tiene asidero.

En primer lugar, el artículo 1 del decreto nº 1708/97 (que Tacural S.A. manifiesta conocer), faculta a "la Secretaría de Hacienda y Finanzas con carácter general y permanente a conceder facilidades para el pago de la deuda tributaria en mora y a dictar las normas que resulten necesarias para la aplicación del presente decreto (...)" (el resaltado no aparece en el original). De la lectura del artículo citado surge, sin lugar a dudas, que el decreto 1708/97 sería reglamentado por lo que mal pudo entender la demandada que los alcances de sus obligaciones al suscribir el plan de facilidades de pago que motivara estos actuados, estaban únicamente establecidos en dicho decreto.

En segundo lugar, la demandada tampoco puede afirmar que ignoraba la existencia de la resolución nº 303/SHyF/99 (que en su artículo 6 establecía el efecto novativo de las deudas incluidas en un acogimiento válido a un régimen de facilidades de pago), toda vez que la resolución nº 801/SHyF/00, que Tacural S.A. sí admite conocer, es modificatoria de aquélla y expresamente remite en su articulado a la resolución nº 303/SHyF/99.

4. En conclusión, corresponde rechazar el recurso de apelación ordinario interpuesto, con costas a la vencida. Así voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso viene concedido por la Cámara y, como lo advierte la Sra. jueza de trámite, él cumple con las exigencias formales para provocar su estudio.

2. Más allá de la calidad de la sentencia en el caso -definitiva o no definitiva?, lo cierto es que: a) mis colegas han dado contestación correcta (novación) a la cuestión del transcurso del plazo de prescripción, fundamentos a los cuales me adhiero; y b) todas las normas de los tratados internacionales, regionales o universales (ver, especialmente, fs. 148 vuelta), que el recurrente menciona en aval de la necesidad de que el Tribunal se ocupe nuevamente de la prescripción de la deuda fiscal, no sólo se refieren únicamente al problema del condenado en materia penal, y, por ende, no tendrían aplicación al caso, sino que, además, la misma cuestión ha sido tratada por mis colegas, según lo menciono en el punto anterior, de modo que, en cualquier caso, el recurrente ha logrado la segunda instancia pretendida, aunque sin éxito.

3. Por último, importa advertir que el recurrente menciona la palabra "arbitrariedad" a fs. 150 vta., en el sentido de 'agraviante para la comprensión que él tiene del derecho vigente'; de ninguna manera la doctrina se menciona como motivo de un recurso extraordinario, precisamente porque lo interpuesto es un recurso ordinario y la motivación de ese recurso pretende hacer valer de nuevo, con razón, los argumentos que Tacural S.A. concibe como determinantes de la prescripción, argumentos que, como vuelvo a afirmar, han respondido adecuadamente, a mi juicio, mis colegas preopinantes.

Por las consideraciones que anteceden, concurro en la solución del caso que ellos han propiciado y, en consecuencia, me pronuncio por rechazar el recurso ordinario de apelación, con costas a la vencida (art. 62, CCAyT).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Adhiero al fundado voto de la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, así como a la solución que propicia en tanto rechaza el recurso de apelación ordinaria interpuesto.

2. Si bien in re: "Terminales Portuarias Argentinas S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago"), expte. nº 3107/04, sentencia del 8 de noviembre de 2004, reconocí en mi voto el carácter controvertido que se le asigna a la existencia y alcance de la novación en relación a los planes de regularización impositiva -con cita, incluso, de la doctrina emanada del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en los autos: "Sigra S.R.L." (Fallos: 320:1962), sentencia del 25 de septiembre de 1997, enmarcada en una discusión acerca de la procedencia de la extinción de la acción penal en casos de moratorias o planes de facilidades de pago-, las diferentes circunstancias fácticas y jurídicas que se observan en el sub lite, me permiten compartir plenamente los sólidos argumentos del voto de mi colega la doctora Ana María Conde.

3. Por lo demás, en punto al agravio referido a la "invasión de materia legislativa propia del Estado Federal" en que habría incurrido el tribunal a quo al encuadrar la situación ventilada en autos en el instituto de la novación con sustento en una resolución de la Secretaría de Hacienda de la Ciudad en tanto "el cumplimiento de las obligaciones es una cuestión contemplada por el Código Civil, reservada a la Nación y ajena a las Provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 75, inciso 12, Constitución Nacional)" -v. fs. 150-, doy por reproducidos aquí, brevitatis causae, los desarrollos que efectuara al pronunciarme en la causa: "Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR (Res. nº 1881/ DGR/2000 s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR [art. 114 Cod. Fis.])'", expte. 2192/03, sentencia del 17 de noviembre de 2003, en el sentido de hasta donde pueden proyectarse los efectos de la Cláusula de los Códigos por encima de la potestad normativa tributaria local sobre regulaciones tales como las relativas a la novación o a la prescripción, evitando, frente a la reconocida autonomía del Derecho Tributario en su conjunto -y en relación a todos los planos de gobierno-, hacer primar el unitarismo centralista del Código Civil sobre el federalismo de la Constitución.

Así, entonces, me pronuncio por rechazar el recurso de apelación ordinaria, con costas a la vencida (art. 62 CCAyT).

Así lo voto.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. Adhiero al voto de la Sra. jueza de trámite, la Dra. Ana María Conde. Si bien el recurso ordinario de apelación cumple con los recaudos de admisibilidad, los agravios que expresa no pueden tener acogida favorable.

2. En lo que hace a la defensa de prescripción intentada, considero pertinente hacer una salvedad. Para fundar dicha defensa, el recurrente sostiene que el acogimiento al plan de facilidades cuya caducidad derivó en la ejecución fiscal de autos no importó la novación de las obligaciones incluidas en él. En tales condiciones, sostiene que prescribieron las facultades del fisco para reclamar el pago de dichas obligaciones, toda vez que pretende computar el plazo de prescripción a partir del 1 de enero subsiguiente al vencimiento original de cada una de dichas obligaciones, sin que el hecho de la moratoria hubiera generado efecto alguno a ese respecto.

A su turno -interpretando el memorial de agravios del recurrente a la mejor luz posible-, para fundar la alegada inexistencia de novación presenta dos argumentos: (i) por una parte, sostiene que no conocía ni debió conocer la resolución 303/SHyF/99, que expresamente dispone los efectos novatorios que el recurrente desconoce y (ii), por otra parte, sostiene que la novación dispuesta en ella contraviene las disposiciones de los artículos 801 y 812 del Código Civil, las cuales tienen primacía sobre las disposiciones de derecho tributario local, según entiende la recurrente con cita de lo dicho por la CSJN en "Filcrosa".

En cuanto al punto (i), comparto las consideraciones de hecho y derecho efectuadas por la Dra. Ana María Conde y la Dra. Alicia E. Ruiz en sus respectivos votos, por lo que dicho argumento no es hábil para negar efectos novatorios a la moratoria. En cuanto al punto (ii) comparto la doctrina pertinente emanada del precedente, al que remiten mis colegas preopinantes, "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC (Res. nº 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)", expte. nº 2192/03, sentencia del 17/11/03; de hecho voté en el mismo sentido in re "GCBA c/ Constructar SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 3275/04, resolución de fecha 23 de febrero de 2005.

No obstante, creo que existen dos razones que lisa y llanamente impiden el tratamiento del mencionado punto (ii) en esta instancia. Por una parte, la cuestión de la supremacía del Código Civil sobre las disposiciones locales fue introducida en oportunidad de presentar el recurso ordinario de apelación contra la sentencia del a quo, esto es, extemporáneamente. Por la otra, no es correcta la afirmación del recurrente según la cual "[l]a novación debe importar un cambio en alguno de los elementos esenciales y constitutivos de la obligación para que se verifique, en efecto, una nueva obligación. La modificación de elementos accesorios de la obligación no produce novación. El artículo 812, Código Civil, prescribe que las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo lugar o modo de cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no que la extinguen" (fs. 149). Dicho artículo 812 reza: "[l]a novación no se presume. Es necesario que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva. Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo del cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación pero no que la extinguen". En cuanto enumera alteraciones que modifican la obligación pero no la extinguen, la disposición transcripta no es una norma imperativa, como parece pretender el recurrente, sino supletoria, y sólo debe aplicarse en ausencia de pacto expreso que determine la cuestión. Presente dicho pacto, no hay necesidad de recurrir a la segunda parte del artículo 812 del Código Civil, toda vez que existirá certeza en cuanto a la existencia o inexistencia de novación. En tales condiciones, aún cuando el recurrente destaque que en autos sólo se ha modificado el plazo de pago de las obligaciones, el efecto novatorio existe y es plenamente eficaz, toda vez que las condiciones del acuerdo de voluntades por el que se dispuso el acogimiento a la moratoria dispusieron expresamente la novación de las obligaciones originarias.

3. Por los fundamentos expuestos, voto por rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la sentencia del a quo. Con costas.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de apelación ordinario interpuesto por Tacural S.A., con costas a la vencida.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.