marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cese de uso de marca, grupo económico, contenido de sitios de Internet, libertad de expresión, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Castaneda, Matías s/ Cese de uso de marcas / daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

El creador del blog denominado "quetepasaclarín" no debe reparar al grupo multimedios que tiene registrada la marca "Clarín" por el uso de la misma, pues no es posible suponer el perjuicio marcario cuando se compara el peso, la difusión pública y la importancia que tiene la marca en cuestión, con la situación de este blog, más aún considerando que se trata de un enorme grupo económico que opera en el mercado de las comunicaciones y que no sólo se limita a brindar información, sino que además realiza una actividad que conlleva una mirada y un posicionamiento respecto de la realidad, con lo cual es razonable que deba aceptar la existencia de opiniones divergentes e incluso absolutamente críticas.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SP S.A. - Relevamientos Catastrales S.A. - Recovery S.A. U.T.E. c/ Municipalidad de la Ciudad de Córdoba s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-02

La institución del silencio positivo debe ser interpretada en forma restrictiva y su procedencia exige que exista una cláusula contractual expresa o una norma que demuestre en forma indubitada la voluntad tácita de la Administración o que, en su defecto, ella pueda deducirse de su comportamiento según surja de las constancias de la causa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Enfermedad profesional, certificado médico, audiencia
Materia: LABORAL
Carátula: Heredia, Ladys Juanita c/ Barón María del Carmen s/ Apelación de Providencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-08-21

El Art. 112 del C.P.L. fija que la justificación de la enfermedad deberá hacerse con antelación suficiente, mediante certificado médico, el que deberá conformarse según requisitos: consignación de la fecha, lugar donde se encuentra el enfermo y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al tribunal.

La presentación deberá efectuarse con la antelación suficiente, siendo ello sin duda relativo al tipo de dolencia del enfermo.
Recusación, denunciante, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEMARIA, Jorge Luis y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

Aun cuando el presentante carezca de legitimación activa en la causa y resulte denunciante como lo requiere el inc. 8°, del artículo 55, C.P., por lo que la recusación sería inviable, si el recusante expone su desconfianza sobre la imparcialidad del juez, creencia que resulta irreparable e irreversible, debe darse preponderancia a la garantía constitucional de defensa en juicio, sobre la del juez natural, al sólo efecto de aventar cualquier sospecha de parcialidad que pudieran abrigar las partes.

Por ello, corresponde hacer lugar al apartamiento del magistrado.
Donación, revocación de la donación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Elia, María Josefina c/ Báez, Víctor Jaime s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-01

La revocación de la donación por ingratitud tiene un aspecto de pena civil, de sanción, cuyo objeto principal es la venganza de una injuria, en lo cual resulta accesorio el interés pecuniario -"actiones vindictam spirantes"-.
Establecimientos asistenciales, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Mo-lina Cesar Andres, Urios Paola Lorena c/ c/ Clínica Pellegrini SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-05-21

1. El deber de seguridad del establecimiento médico [en el caso, una clínica], consiste en el deber de hacer todo lo posible por evitar daños al paciente o a sus cocontrantes, tiene su fundamento en la buena fe contractual y es irrenunciable.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rota, Jorgelina Hebe s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

Los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. Se cumple así un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente por que lo han sido. Asimismo revisten singular importancia los motivos dados por los jueces en el decisorio, al ser el antecedente fundamental que tendrán los eventuales recurrentes para fundar sus agravios y así ejercer el debido control de la actividad jurisdiccional. (Voto del Dr. Tragant).
Homicidio culposo, individualización de la pena, doctrina de la arbitrariedad, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Núñez, Arnoldo Aníbal s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro, en contra de Sentencia Nº 66/08 de Exptye. Nº 008/05: Nuñez, Arnoldo Aníbal - Homicidio Culposo - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-31

La defensa técnica interpuso recurso de casación, invocando el motivo sustancial previsto en el inciso 3 del art. 454 del C.P.P., en contra de la sentencia que condenó al imputado por homicidio culposo a una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial de seis años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Asevera que no existen agravantes y sí atenuantes, motivo por el cual, a su entender, corresponde aplicar el mínimo de la escala sancionatoria del art. 84 -primer apartado- del C.P.

El juez, encontrándose legalmente limitado por una escala penal que va de un mínimo de seis meses a un máximo de cinco años de prisión (art. 84 -párrafo primero- del C.P.), consideró justo imponer al acusado la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso.

Esto evidencia que no ha sido para nada arbitraria -como pareciera ser lo interpreta el recurrente- la incidencia que han tenido en el juzgador las circunstancias agravantes al momento de individualizar el quantum de la pena a imponer, la cual se inclina más hacia el mínimo de la escala prevista para el delito, que hacia el máximo. De manera que, resultando razonable el monto, con arreglo a la figura atribuida, y el análisis de las circunstancia atenuantes y agravantes de la pena, no corresponde atender este cuestionamiento.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Z., G. C. c/ Ll., C. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

El pronunciamiento de la Cámara que no autoriza -momentáneamente- la radicación de las menores fuera de la jurisdicción provincial y establece un régimen de visitas, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, automotores, culpa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORREA c/ PERALTA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S060 - 314)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-03-03

La violencia del impacto y posterior desplazamiento de los vehiculos, es signo de velocidad.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, tipo penal, calificación legal, amenazas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BRUNO, MARCELO IGNACIO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS Y PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL Y COAUTOR DE HOMICIDIO EN OCASION DE ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Corresponde admitir parcialmente la queja interpuesta, desde que los agravios defensivos referidos a la calificación jurídica escogida por los Sentenciantes -aplicación del agravante previsto en el artículo 41 bis del Código Penal a la figura del artículo 165 y configuración en el caso del agravante del uso de armas en el delito de amenazas y del delito de portación ilegítima de arma de fuego- así como con el monto de la pena impuesta al encartado cuentan prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación a garantías constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria, dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 41 bis y 165
Expresión de agravios, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: J.G.F. SRL y Otros c/ AMOCO ARGENTINA OIL COMPANY s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-21

Los efectos conque la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios hace aconsejable que éstos sean considerados con criterio amplio favorable al recurrente. La tesis expuesta implica que si el recurrente ha individualizado, aunque sea mínimamente, los motivos de su disconformidad, no procede declarar la deserción del recurso.
Honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañía de Transporte Paso de Los Andes en j: Compañía de Los Andes S.R.L. s/ Recurso Revisión (LIBRO: S155 - 177)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-02

Si la expresión en esencia no cuestiona la expresión numérica sino sus garantías corresponde regular honorarios conforme el art. 10 de la ley arancelaria.-
Suspensión de obra pública, derechos del cocontratante, rescisión del contrato administrativo, rescisión por el cocontratante, reembolso de gastos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Constructora Conalsi S.A.I.C. y de Mandatos c/ Dir. Gral. de Fabricaciones Militares s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

Si la detención de la ejecución de los trabajos alcanza la duración prevista en el art. 53, inc. b, de la ley 13.064, el contratista tiene, a su exclusiva opción, el derecho a rescindir el contrato, con los efectos previstos en el art. 54; mas de la circunstancia de que él no ejerza ese derecho rescisorio -cuyo resultado, por lo general, es el más perjudicial para la Administración-, y opte por la continuación de la obra, no se deriva -como lo afirma la accionada- la ausencia del derecho a ser resarcido por "todos los gastos y perjuicios" que la suspensión le hubiere acarreado de conformidad con lo prescripto en el art. 34 de la citada norma legal. (Del voto del juez Buján, consid. IV.3).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, testigo presencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: B. J. A. c/ U.M.C. s/ Divorcio Vincular Contradictorio. Caballero de Duperrem Nirta c/ Microomnibus Quilmes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23|2000-12-29

Si el testigo declara que lo sabe por comentario del accionante le resta la obvia credibilidad que corresponde otorgar a quién conoce por propia percepción y no de mentas o de oídas, tanto más si los dichos provienen de la parte que quiere innovar en la posición de la contraria y así favorecerse.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUT Victor Fabio c/ Castro Jorge Rolando s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-07

"Una vez cumplido el plazo de caducidad, el eventual efecto interruptivo que puedan tener, ya sea un acto impulsorio de parte o bien alguna actuación del Tribunal, queda condicionado al hecho de que quien tiene la facultad de solicitar la perención, consienta la actuación del Tribunal o el acto impulsorio producido por la contraria, posterior al vencimiento.- "Vencido el plazo de caducidad, si el actor insta el procedimiento no por esa circunstancia queda ésta neutralizada mientras quien tiene la facultad de solicitar su declaración no haya consentido alguna actuación del Tribunal o el acto impulsorio producido por la contraria posterior al vencimiento.- Esta es la conclusión que cabe extraer del art. 299 del Cód. de Procs. Civil..".
Cobro de sumas de dinero, recurso de casación, oportunidad procesal, fundamentación del recurso, iura novit curia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Garcia, Haydee Maria c/ Horizonte Compañia Argentina de Seguros Generales S.A. s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-10-25

Este Cuerpo tiene dicho que el art. 286 "in fine" del CPCyC, establece como requisito para el acceso a la vía casatoria que el fundamento que constituirá la sustancia del recurso sea introducido en la primera oportunidad procesal, es decir, se debe plantear concretamente el argumento sobre el que luego versará el contenido del recurso local. Y esa crítica puntual no puede derivarse de la interpretación de otro planteo jurídico efectuado por el recurrente, ni de la simple alusión de la norma supuestamente infringida -en este caso contractual-, o de la genérica aplicación del principio "iura curia novit", porque de ser así evidentemente la norma procesal aludida (art. 286 "in fine") quedaría privada de toda validez (cf STJRNS1 - Se. N° 98/16, in re: "RAYEN CURA S.A.I.C."). (Voto de la Dra. Zaratiegui, Dr. Barotto y Dra. Piccinini sin disidencia)
Carga de la prueba, deber de colaboración, mala praxis, responsabilidad profesional, culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Susana Raquel y otro c/ Estado Provincial y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

Esta distribución de la carga de probar, tiene relación además con el deber de colaboración que tienen las partes del litigio, el que comprende el aspecto probatorio del mismo. En este sentido la Corte Suprema de la Nación, se expidió diciendo que "en materia de mala praxis, donde se trata de situaciones complejas que no resultan ser de fácil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo.
Denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, extinción de la acción penal, prescripción, sobreseimiento, escribanos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: De Carolis, Fernando. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-19

Corresponde, por mayoría, rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en cuanto confirmó la declaración de extinción de la acción penal respecto de Fernando De Carolis por prescripción y, en consecuencia, dictó su sobreseimiento (cfr. arts. 59 inc. 3°, 62 inc. 2° y 67 CP; y 336 inc. 1° CPPN). Ello así, por cuanto lo determinante para apreciar si una persona reviste el carácter de funcionario público es el encargo o delegación por parte del Estado destinada a expresar o ejecutar su voluntad con el objeto de alcanzar un fin público que le es propio, extremo que no se configura en el desempeño profesional de los escribanos pese a la trascendencia institucional de su labor. Si bien el escribano participa de una función estatal, que es la de otorgar fe pública de los instrumentos que pasan por ante él, lo hace como profesional que el Estado habilita para esa tarea, pero sin incorporarlo a la estructura de la administración pública, máxime si se tiene en cuenta que su condición no está sujeta a elección popular ni a un nombramiento por parte de una autoridad estatal. Esta interpretación se infiere del hecho que la relación escribano-estado no presenta las notas características de toda relación de empleo público y que por ende permiten responsabilizar al Estado por las consecuencias negativas de su desempeño. La actividad notarial no encuadra dentro de la categoría de los funcionarios públicos, sino que se trata del ejercicio de una profesión que, a pesar de estar controlada por el Estado, no participa strictu sensu de aquél carácter, más aún si se tiene en cuenta que la misma reviste características esencialmente privadas -al punto de realizarse a petición de particulares-, y sin vinculación, permanente o accidental, con un organismo público. La cuestión traída a estudio ha sido acertadamente definida tanto por el juzgado instructor como por el Tribunal a quo al considerar que el escribano no es un funcionario público. Desde el primer llamado a prestar declaración indagatoria del imputado -5 de agosto de 2011- transcurrió, a la fecha del dictado del decisorio recurrido, el plazo establecido en el art. 62 inc. 2 del CP, esto es, el máximo de duración de la pena señalada para el delito -seis años- (conf. art. 293 del CP), sin haberse producido alguno de los presupuestos interruptivos del curso de la prescripción, previstos en el art. 67 del mismo cuerpo legal.
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia criminal, Obras Sanitarias de la Nación, licitación pública
Materia: PROCESAL
Carátula: CASE, Cía. de Servicios s/ COMPETENCIA FEDERAL. COMPETENCIA CRIMINAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-04

Es competente la justicia federal y no la criminal, dado que la licitación pública efectuada por Obras Sanitarias de la Nación se efectuó para cubrir las necesidades de materiales para el uso dentro de la Cap. Fed. y distritos del Gran Bs. As., excediendo el carácter local del servicio, razón por la cual la competencia federal resulta incuestionable.
Caducidad de instancia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: CITIBANK NA c/ BONACOSSA, MARIA LETICIA AGUSTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-11

Es criterio de esta Corte que los únicos actos procesales susceptibles de interrumpir el plazo de perención son aquéllos idóneos para hacer avanzar la causa al estadio procesal siguiente, de modo que el proceso llegue a su modo normal de culminación; y a tales fines, no puede incluirse al pedido en préstamo del expediente como un acto procesal con aptitud para hacer avanzar al proceso, siendo criterio de este Tribunal que aquél no interrumpe el curso de la caducidad de la instancia, desde que dicha solicitud es un acto en el procedimiento cuya presencia o ausencia no produce efecto procesal alguno y es carente por ende de eficacia interruptiva, argumento que no se diluye por la circunstancia de que la solicitud de retiro del expediente haya sido proveída por el Tribunal de grado ni que la misma haya tenido como objetivo la confección de la planilla de elevación puesto que, tal como expuso el juez de primera instancia, no es necesario el retiro de los autos para la realización de dicha carga procesal, bastando la compulsa de las actuaciones -que puede cumplirse en la Mesa de Entradas del organismo- para recabar los datos necesarios para completar la planilla, más aún cuando el expediente fue devuelto posteriormente, sin que se acompañara la planilla mencionada. Tampoco puede catalogarse al pedido de búsqueda del expediente, suspensión de términos y el reintegro de los autos a la sede del tribunal deducido por la contraparte, como un acto idóneo que permita sustraerse a los efectos de la perención de instancia, dada la falta de relevancia de dicha solicitud desde el punto de vista de la dinámica del proceso. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 200, p 53; T 156, p 137; T 95, p 232. - DOCTRINA: Maurino, Luis Alberto, "Perención de la instancia en el proceso civil", Ed. Astrea, Bs. As., 2008, pág. 180.
Títulos de crédito, principios cambiarios, literalidad cambiaria, autonomía cambiaria, abstracción cambiaria, proceso penal
Materia: COMERCIAL - PENAL
Carátula: Comercio e Industria del Papel SACIFI. y A. c/ Miguel Angel Soprano S.A. s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Los principios cambiarios de literalidad, autonomía y abstracción, cuyo rigor tiene por objeto facilitar la circulación de los papeles de comercio asegurando el crédito y la confianza de los terceros, no pueden ser invocados sin reservas cuando están referidos a operaciones cuya legalidad ha sido puesta en tela de juicio en sede criminal (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de comisión, moneda extranjera
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Enrique Raúl LEGARRE c/ José NEHMAD s/ REVISION  DE  CONTRATO  -  CONSIGNACION - JUSTICIA CONMUTATIVA MONEDA  EXTRANJERA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

El pronunciamiento que hizo lugar a la demanda por revisión de contrato y reajuste de saldo de precio y la amplió declarando válida y con fuerza de pago la consignación efectuada por los actores, ha resuelto cuestiones de hecho y prueba y de derecho común, no susceptibles de tratamiento, en principio, por vía del art. 14 de la ley 48, como son las relativas a considerar que el reclamo directo de revisión del contrato permite llegar a soluciones valiosas desde el ángulo de la justicia conmutativa, que de la comparación de la variación porcentual del dólar con otros índices surge la necesidad de establecer el equilibrio contractual requerido por los demandantes, y que éstos con la consignación efectuada han cubierto satisfactoriamente el interés patrimonial del acreedor.
Reconocimiento en rueda de personas, robo, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: MILAN SOUZA s/ RECONOCIMIENTO EN RUEDA- ROBO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

1) Son válidos los reconocimientos en rueda practicados en autos, pues no se advierten irregularidades de tal magnitud que vicien el procedimiento, dado que ninguno de los declarantes sostuvo que les fue indicada la persona a reconocer, ni que hubieran percibido detalle que fuera suficientemente indicativo de la persona procesada 2) El delito de robo atribuible al procesado ha sido consumado y no tentado, porque entre su comisión y la aprehensión de aquél y secuestro de parte de lo sustraído hubo un lapso en que el nombrado pudo disponer del producto.
Accidente de tránsito, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: MATUS Carina Lorena c/ Mondaca Juan Antonio y Gil Sergio Raúl s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12

El derecho de los actores surge de las disposiciones de los arts. 1084 y 1085 del Código Civil.

La vida humana tiene por sí un valor económico que debe ser resarcido, con independencia de que se pruebe o no el perjuicio que ella pudo haber producido, quedando por tanto librado su monto al prudente arbitrio judicial.
Acción de amparo, existencia de otras vías, daño cierto, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARENAS, María y LORENZO, Karina s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ NADAL s/ (LIBRO: A068 - 127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-12-13

El pedido de reconstruccion del expediente por extravio no tiene entidad suficiente para enervar la caducidad porque no se da el caso de fuerza mayor contemplado en el art. 79 ap. II del C.P.C.-