Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-04-11


En la Ciudad de San Juan, a once ( 11 ) días del mes de abril del año dos mil once, se reúnen en sesión se-creta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

Contra la sentencia de unificación de condenas dictada por la Sala Primera de la Cámara Penal, en fecha 7 de diciembre de 2009, interpone recurso de casación el condenado Juan Carlos Balmaceda y su defensa técnica, ejercida por el Dr. Ricardo Esteban Moine.

El fallo cuestionado (fs. sub. 46/49 vta.) dispuso condenar al nombrado Juan Carlos Balmaceda, alias "Pito Juan", a sufrir la pena única de 18 años y 11 meses de reclusión, con costas y accesorias legales (art. 12 del C.P.), unificadora de las condenas impuestas en los autos Juicio Nº 263/98 caratulados "c/ Balmaceda Juan Carlos por homicidio simple en perjuicio de Héctor Gómez" (originarios de la Sala Primera de la Cámara Penal), y la pronunciada en los autos Nº 806 caratulados "c/ Balmaceda Juan Carlos y Aveiro Horacio Armando - Infracción a la ley 23.737" (del Tribunal Oral en lo Criminal Federal), y como autor responsable de los delitos "homicidio simple" (art. 79 del C.P.) cometido en perjuicio de Héctor Eduardo Gómez, y del delito previsto por el "artículo 5º inciso "c" de la ley 23.737, en la modalidad transporte de estupefacientes", conjugados por las reglas del concurso real (arts. 55/56 del C.P.).

Asimismo se declaró la segunda reincidencia del mencionado Balmaceda, en los términos del art. 50 del C.P..

Por su parte, en el recurso de casación incoado (fs. sub. 55/59) se esgrime inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal establecida bajo pena de nulidad, por lo que se solicita la revocación del fallo y el dictado de una nueva unificación de las penas.

Al momento de concretarse los agravios se precisan los siguientes:

1) Se habría aplicado erróneamente el art. 55 del C.P. e inobservado el art. 56 del mismo cuerpo normativo, ya que la primera de las normas hace referencia a los casos de concurso de delitos reprimidos con una misma especie de pena, y el caso de autos consiste en la unificación de dos penas de distinta especie (reclusión y prisión).

Al efectuarse la unificación se habría inobservado lo dispuesto por el art. 56, el que debió ser aplicado por tratarse de penas de distinta especie; y en ese sentido se debió aplicar la pena más grave (14 años de reclusión) teniendo en cuenta la pena menor (6 años de prisión), para lo cual siguiendo a Ricardo Núñez, en primer lugar se debió convertir la pena de 6 años de prisión en reclusión, pena que queda en 3 años de reclusión (art. 24 C.P.) y seguidamente proceder a la unificación.

Asimismo se deberá restar de la pena de 14 años de reclusión las sucesivas conmutas de las que fue beneficiado Balmaceda, y conforme a las rebajas la primer condena quedó reducida en 12 años y 7 meses de reclusión, por lo que al tener que unificar dos penas de reclusión (12 años y 7 meses más 3 años), la pena única debió ser establecida entre un mínimo de 12 años y 7 meses de reclusión y un máximo de 15 años y 7 meses de reclusión, procurando una justa composición, luego de revocar el fallo atacado.- 2) Asimismo, con lo actuado, se habrían vulnerado los artículos 18 de la Constitución Nacional, 33 de la Constitución Provincial y 155 del Código de Procedimientos, en cuanto consagran el derecho al debido proceso, la defensa en juicio y el deber de fundamentar las sentencias.

Se sostiene en este sentido que la fundamentación dada es sólo aparente, al no expresarse concretamente los motivos que habrían llevado a la determinación del monto de la pena única, restando sólo un mes de la suma aritmética de ambas, sin tener en cuenta las atenuantes.

Tras ser concedido el recurso por el A quo (fs. sub. 60/61), las actuaciones fueron elevadas a esta instancia, donde las partes fueron debidamente citadas para ser oídas.- A fs. sub. 68/70 vta. la parte recurrente reprodujo su pretensión casatoria y amplió sus fundamentos, agregando que Balmaceda fue beneficiado con 4 conmutas y sin embargo la Cámara sólo tuvo en cuenta 3 para unificar.- A fs. sub. 72/73 vta. el Sr. Fiscal General de la Corte tomó participación y se pronunció por la desestimación del recurso intentado, al sostener que las distintas sentencias dictadas contra Balmaceda son dos sentencias independientes, correspondiendo la unificación por la norma del artículo 58 del C.P., componiendo ambas conforme los artículos 55 y 56 del mismo cuerpo legal y los criterios de legalidad de los artículos 40 y 41 ibíd.

Sostiene el representante del Ministerio Público que lo que pretende el recurrente sobre la conversión de penas, es el llamado "sistema de absorción relativa", criterio doctrinal que no es compartido por todos, ya que una parte opina que debe aplicarse la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de la pena menor, como es el caso en examen.

Los ilícitos cometidos por Balmaceda son hechos independientes, reprimidos con penas divisibles de prisión o reclusión, debiendo entonces aplicarse la más grave, conforme el artículo 5 del C.P.; máxime cuando para la unificación de pena, lo que se exige a los sentenciantes es respetar los límites máximo y mínimo al aplicar las reglas del concurso, dentro de los cuales puede moverse el Juez que unifica, sin necesidad de especificar cuál es la pena que corresponde a cada delito.

A fs. sub. 75 se dispuso requerir del Servicio Penitenciario Provincial todos los decretos de conmuta de pena que fueron dictados por el Poder Ejecutivo a favor del interno penado Juan Carlos Balmaceda, con posterioridad al 24 de mayo de 1999; diligencia cumplimentada por la repartición a fs. sub. 77/83.

A fs. sub. 84 se llamó autos a estudio, por lo que resulta oportuno zanjar la cuestión traída a decisión.- Tras analizar el caso soy de opinión que le asiste total razón al recurrente en su reclamo.- Atendiendo a que las sentencias a unificar impusieron penas de reclusión por un lado y de prisión por el otro, la pena única a aplicar debe establecerse (por imperativo legal del artículo 58 en cuanto reza "las reglas precedentes se aplicarán .") conforme a las pautas brindadas por el artículo 56 del Código Penal, ya que el 55 alude sólo a hechos reprimidos con una misma especie de pena.

Dicha pena única, de acuerdo al citado artículo del Código Penal, debe necesariamente ubicarse dentro de la pena más grave, esto es la de reclusión (cfr. artículos 57 y 5 C.P.), pero el monto de la misma se configurará formando una escala penal única mediante la conversión de la pena menor a la más grave, atendiéndose a la equivalencia establecida por el artículo 24 del Código Penal, puesto que así lo manda el citado artículo 56 al aludir a que habrán de tenerse en cuenta los delitos de pena menor.

Al respecto, y refiriéndose al primer párrafo del artículo 56 del C.P., Fontán Balestra dice que debe tomarse como base la pena más grave, conforme al orden del artículo 5 del C.P. -al que remite el artículo 57-, acumulándose, reducida a esa especie, las penas que corresponden a los demás delitos ("Tratado de Derecho Penal", T. III, 2ª edición, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 1002).

"No puede pensarse -dice éste autor- que, por el hecho de que los varios delitos cometidos tengan fijada pena de distinta naturaleza, resulte beneficiado el delincuente aplicándosele una sanción igual a la que correspondería si hubiese cometido un solo delito" (op. cit. p. 99). En términos generales esa opinión es compartida por Núñez, quien aclara que el código optó por lo que él denomina un sistema de absorción relativa, que consiste en aplicar la especie de pena más grave (vale decir, la de reclusión) pero aumentada en su cantidad por la conversión a ella (según la equivalencia del artículo 24 C.P.) de las penas menores ("Tratado de Derecho Penal", T. II, 2ª edición, 2ª reimpresión, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1988, p. 512).

Soy de la idea que en estos casos el proceso mental del Juez para fijar la pena única debe ser el mismo que se realiza cuando varios hechos están subordinados a la relación concursal, en este supuesto la del artículo 56 del Código Penal.

El juez que dicta la sentencia única, si bien no puede alterar las declaraciones de los hechos contenidas en las sentencias cuyas penas unifica, tiene libertad para determinar la naturaleza y la medida de la pena única de acuerdo con los artículos 40, 41 y 55 a 57 del Código Penal.

De igual manera, le asiste razón al impugnante en la atinente a las rebajas de pena que fueron tenidas en cuenta, al momento de fijar el quantum punitivo. Ya que el Inferior alude a tres decretos de conmuta de pena, cuando en verdad existen cuatro decretos, el Nº 1078-02, el Nº 1760-03, el Nº 2360-05, y el Nº 2397/07, por los cuales se le rebaja la pena a Balmaceda en tres meses, cuatro meses, tres meses, y cinco meses, respectivamente (véase fs. sub. 77/82), lo cual hace un total de un año y tres meses, que deben ser restados.

No debe dejarse de tener en cuenta para la determinación del monto punitivo, las rebajas de pena oportunamente concedidas, ya que la unificación de penas debe hacerse en base a la pena rebajada o conmutada, y no en base a la pena originaria que la sentencia impuso, puesto que sería injusto privar al condenado de un beneficio que ha ganado evidenciando una recuperación social; dado que la institución de la conmuta se basa en una presunción de enmienda del penado.

Así entonces, ajustándonos a tales conceptos resulta evidente que de parte del A quo ha existido una errónea aplicación de la ley sustantiva, concretamente los artículos 56 y 58 del Código Penal, por lo que corresponde (cfr. art. 586 del C.P.P.) hacer lugar al recurso interpuesto y casar el fallo.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones -incluidas las cuatro conmutas de pena-, los agravantes y atenuantes valorados en los respectivos fallos condenatorios, y los criterios de penalidad previstos por los artículos 40 y 41 del C.P., considero justo que se le imponga a Juan Carlos Balmaceda como pena única, y comprensiva de las sentencias ya dictadas e individualizadas en párrafos precedentes, la sanción de 15 años y 8 meses de reclusión, con costas y accesorias de ley; manteniendo la declaración de su segunda reincidencia en los términos del artículo 50 del C.P..

Tal es mi voto.- EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO: Dando por reproducido todo lo referente a la relación de la causa y tras analizar el presente caso, el recurso articulado, pretensión ejercida por la defensa, y el voto precedente, debo sostener una posición distinta a las allí vertidas, tal como lo referiré seguidamente.-- Del cotejo de las presentes actuaciones surge claramente que la Sala Primera de la Cámara Penal, en fecha 24/05/1999, condenó a Juan Carlos Balmaceda a sufrir la pena de 14 años de reclusión, con costas y accesorias legales, por el delito "homicidio simple" (art. 79 C.P.).

Que esta sentencia se encontraba firme y durante su ejecución (cuando Balmaceda gozaba de salidas transitorias), en fecha 20/10/2007 cometió el delito previsto y reprimido por el artículo 5º inciso "c" de la ley 23.737, en la modalidad transporte de estupefacientes, por lo que finalmente el Tribunal Oral Federal, en fecha 31/10/2008, le impuso la pena de 6 años de prisión y multa.

Con este cuadro de situación fáctica, temporal y procesal cabe hacer algunas consideraciones particulares a fin de dejar perfectamente definida la cuestión, ya que como se verá el artículo 58 del Código Penal al resolver en una sola norma -de no buena técnica legislativa- distintas hipótesis, plantea dificultades interpretativas, desde que con una misma fórmula se describen tanto la unificación de condenas como la de penas.

Debe señalarse que el mentado artículo 58 prevé cuatro hipótesis (véase al respecto "Código Penal" dirección David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, editorial Hammurabi, tomo 2 - B, pág. 46).

Así tenemos las siguientes situaciones: a) Registrando una persona una condena por un hecho determinado, el tribunal debe juzgarla por otro hecho distinto, anterior a aquella condena; en esta hipótesis, la sentencia condenatoria por el hecho todavía no juzgado debe unificar su pena con la impuesta con anterioridad y con la condena misma que la impuso, aplicando las reglas de los arts. 55 a 57 (hipótesis de unificación de condenas y de penas).

b) En la misma hipótesis anterior, el último hecho juzgado es, en cambio, posterior a la primera condena; en este caso, la sentencia por el nuevo hecho debe unificar la pena correspondiente a este con la impuesta en la condena anterior -o con su parte aún no cumplida-, aplicándose las mismas reglas, pero manteniendo la vigencia de la condena anterior (hipótesis de unificación de penas).

c) Se han dictado varias sentencias condenatorias por hechos anteriores a la primera condena, de modo que esos hechos debieron ser juzgados en un único proceso aplicando las reglas de los arts. 55 a 57, pero no lo fueron, habiéndose violado esas reglas: debe dictarse, a pedido de parte, una sentencia unificadora, tanto de las penas como de las condenas, aplicando aquellas reglas (hipótesis de unificación de condenas y de penas).

d) Se han dictado dos sentencias condenatorias, siendo una por hechos posteriores a la primera condena y pronunciada cuando aquélla se encontraba aún pendiente total o parcialmente de cumplimiento, de modo que al dictarse la última debiera haberse unificado la pena del nuevo delito con la pendiente de cumplimiento por la condena anterior conforme a las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P., pero no ha sucedido así: debe dictarse, a pedido de parte, una sentencia de unificación de penas, aplicando aquellas reglas, pero subsistiendo la pluralidad de condenas (hipótesis de unificación de penas).

Evidentemente el caso de Juan Carlos Balmaceda encuadra en esta última hipótesis descripta, y su solución debe resultar acorde con ello.

Sentado esto, en el tema de unificación debe distinguirse los casos de simple unificación de penas, en que permanecen inalterables todas las condenaciones -lo que sucede cuando la última sentencia se refiere a uno o más hechos posteriores a las condenas subsistentes-, de aquellas hipótesis de concurso real en que los distintos hechos, cometidos todos antes de la primera condena, fueron juzgados por distintos tribunales o por el mismo tribunal en tiempos distintos, supuesto en el que la unificación de penas es consecuencia de la unificación de condenaciones (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino. Parte General, Tea, Buenos Aires, 1976, T. II, p. 139).

Es decir que en el concurso real se aplica una penal total, sea por una única condena (arts. 55, 56 y 57) o por una condena unificada conforme a las mismas reglas (art. 58).- La hipótesis de unificación de condenas se da cuando la persona habiendo sido condenada con anterioridad, debe ser juzgada nuevamente por otro hecho distinto, cometido antes de aquella condena.

Se trata de casos de concurso real en que, de no mediar una imposibilidad procesal o de otra índole, los diversos hechos delictivos independientes debieron ser objeto de juzgamiento en el mismo proceso y de una única sentencia condenatoria que impusiera una pena total (única), determinada conforme a las reglas de los arts. 55 a 57.

La característica fundamental de este grupo de casos es que no sólo se unifican las penas, sino también las condenas, desapareciendo los efectos de las anteriores. Y respecto de la graduación de la pena única a imponer, el tribunal que dicta la pena total tiene la más amplia libertad de apreciación, pudiendo obrar sin más límites que la escala penal resultante de la aplicación de los arts. 55 a 57 y 40 a 41.-- A diferencia de la unificación de condenas, la simple unificación de penas se da cuando la persona anteriormente condenada debe ser juzgada nuevamente, pero por un hecho distinto cometido después y no antes de aquella condena, más específicamente, mientras se encuentra cumpliendo pena.

Este supuesto, pese a estar regulado en la misma regla del art. 58 presenta peculiaridades resultantes de su diferente naturaleza. (véase al respecto "Código Penal" dirección David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, editorial Hammurabi, tomo 2, B, pág. 62 y sgtes.).

En este caso no se trata de un concurso real de delitos y la falta de juzgamiento simultáneo no se debe a un incumplimiento de las reglas ni a una mera imposibilidad procesal, sino material: ya que al momento de la primera condena el nuevo delito aún no había sido cometido, por lo que no pudo ser tenido en cuenta en aquella sentencia.

En estos casos la sentencia que juzga el segundo o posterior hecho, cometido después de la primera condena, sólo puede unificar las penas, subsistiendo plenamente y en forma independiente todas las condenas, produciendo éstas, todos los efectos que el ordenamiento jurídico les asigne.

En el caso de simple unificación de penas, en donde sólo se unifica la pena correspondiente al nuevo delito -con lo que queda por cumplir de la impuesta en la anterior condena al momento de la comisión del hecho posterior-, el juez no goza de la misma amplia determinación que tiene en casos de unificación de condenas (concurso) (obra citada pág. 69).-- Es decir que en los casos en que alguno de los hechos es posterior a la condena anterior no constituyen propiamente concursos reales y, en tales hipótesis, sólo se unifican las penas en una pena total, permaneciendo vigentes y autónomas todas las condenaciones (cfr. Zaffaroni, Eugenio R., Tratado de derecho penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 1982, T. IV y V, p. 395; y Zaffaroni, Eugenio R.- Plagia, Alejandro - Slokar, Alejandro, Derecho penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, ps. 965 y 972).

La doctrina es conteste en definir el concurso real como el que se da ante "varios hechos independientes -varios delitos- que son cometidos por una misma persona, sin que medien entre ellos sentencias definitivas, ni haya transcurrido el término para la prescripción de la acción penal" (Fontán Palestra, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t. III, p. 93); o como "una pluralidad de hechos independientes y en consecuencia, una pluralidad de delitos" (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tea, Buenos Aires, 1989, t. II, p. 361).

Así, si el caso en estudio no se trata estrictamente de un concurso real (puesto que esencialmente esto es imposible dado que una de las características de aquél es que los hechos independientes entre sí no hayan sido cometidos mediando sentencia firme que condena por alguno de ellos), no pueden aplicarse a rajatabla las reglas a las que el artículo 58 se remite.

Debe quedar claro que en la unificación de penas, por delitos cometidos después de la primera sentencia firme a un sujeto que se encuentra cumpliendo aquélla, la condenación no desaparece y no existe motivo alguno para que caiga. (véase al respecto "El sistema de pena única en el Código Penal Argentino" de Carina Lurati, editorial Rubinzal - Culzoni, p. 167/168). Y la razón es que la primera condena, en el momento en que fue pronunciada, no violaba ninguna regla de condenación única, puesto que el acto jurisdiccional condenó por el único delito cometido. Es la elemental razón material de que hay un único delito cometido al momento de sentenciar la que impide que la cosa juzgada ceda hasta hacer caer la condenación primera. En consecuencia, al quedar en pie la condenación, tampoco puede caer la pena, que se mantiene vigente hasta la sentencia firme que pronuncia la del segundo delito, impidiendo que en razón de la segunda se bifurque el ejercicio del poder punitivo y que el resto de pena por cumplir se acumule a la nueva pena hasta la iniquidad, pero no revisa la condenación que se pronunció sin violar ninguna regla, ni la pena que en función de la misma se cumplió conforme a derecho.

En situaciones como las del presente caso, por no tratarse de un concurso ortodoxo, el Juez competente para la unificación no sólo carece de atribuciones para disminuir la pena ya impuesta -pues la comisión de un nuevo delito no puede beneficiar al penado con el premio de una reducción de la condena- sino que tampoco podría dejar sin efecto la inhabilitación absoluta accesoria (art. 12 C.P.), la inhabilitación especial complementaria (art. 20 bis C.P.), la reincidencia (art. 50 C.P.) o la reclusión accesoria por tiempo indeterminado (art. 52 C.P.) cuando hubieran sido impuestas o declaradas en la condena anterior.

Así entonces resulta de aplicación aquella jurisprudencia que enseña que "la unificación de penas prevista en el artículo 58 del C.P. debe realizarse teniendo en cuenta la totalidad de la pena anterior (que el individuo está cumpliendo) con la pena impuesta en la sentencia posterior dictada por el hecho distinto" (CNCas. Pen., sala III, 4-3-99, "S., J.H. s/ Recurso de Casación", c. 1599, Boletín de Jurisprudencia).

Es que al no ser un caso de concurso real, no se dictaron dos condenas en violación a sus reglas (como lo exige el art. 58 C.P.), no es un supuesto de unificación de condenas. Simplemente es un supuesto de unificación de penas, porque un sujeto no puede cumplir bajo distinto régimen y juez de control distintas penas en un mismo tiempo histórico.

A partir de estas distinciones y conclusiones es que se justifican -y tienen su razón de ser- los dos sistemas o métodos de los que hablan tradicionalmente tanto la doctrina y jurisprudencia para la unificación de las penas.

Así para el proceso de unificación de la pena, se pueden utilizar dos caminos; uno llamado "aritmético" consistente en la mera sumatoria del monto de la pena, y el otro denominado "composicional" o "integrativo", que consiste en componer un monto que puede ser inferior al resultado del primero y que, permite al juzgador tener en consideración situaciones en las que el primero de los sistemas aparece como injusto por lo excesivo de su resultado.- "La aplicación de las normas del concurso real cuando se trata de unificación de penas supone la composición de la sanción con miras a una más justa dosificación de la pena, pero no se trata de una regla absolutamente rígida, ya que en casos especiales nada obstaría a que se sumen aritméticamente cada una de las sanciones a unificar" (SCJBA, 23/9/82, "A., P.E.").-- Considero que ésta es la solución ajustada al presente caso; puesto que pretender que la comisión de un segundo delito y su condena en el marco del cumplimiento de una pena impuesta anteriormente -y aún vigente- implique para el condenado algún beneficio; ello significaría una suerte de "rebaja" sin ningún fundamento más que la comisión de otro delito más.

Con lo que llevo dicho, entiendo que la solución pretendida por el recurrente no encuadra en la normativa penal aplicable, puesto que da el tratamiento del concurso real a supuestos que estrictamente no lo son.

En otros términos, la aplicación igual de las mismas normas acumulativas a los casos de unificación de condenas (concurso real) y unificación de penas sería equivocada; ya que mientras en los primeros casos se unifican las penas y también las condenas, en los segundos esto no ocurre, dictándose una pena única, pero subsistiendo la pluralidad de condenas a los fines previstos por el ordenamiento jurídico.

Tampoco encuentro fundamento jurídico alguno a la idea de que la pena de prisión (segunda condena dictada en el sub examine) deba convertirse totalmente según la equivalencia del artículo 24 del Código Penal, desde que dicha norma sólo alude al período de prisión preventiva, y no al plazo de pena firme; es decir, se refiere a una situación totalmente distinta de la que aquí nos ocupa de modo que su aplicación resulta inadecuada.

Por otra parte, el echar mano a dicha disposición significaría de alguna forma contradecir los términos del fallo plenario de fecha 22/11/2006 dictado por la Corte de Justicia de San Juan en Expte. Nº 3.924, donde se sentó por unanimidad que "el cómputo de la prisión preventiva, previsto en el artículo 24 del Código Penal Argentino, en caso de que se haya impuesto pena de reclusión, es inconstitucional e irrazonable"; por cuanto a un mismo tema se le estaría asignando un significado y efecto totalmente distinto y contrapuesto; ya que si el método de conversión es contrario a la constitución e irracional, debe serlo en todas las situaciones posibles.- De manera que, haciendo aplicación de los conceptos esbozados nunca puede llegarse al monto punitivo por el que brega la defensa.

En lo que respecta al tema de las rebajas de pena por conmutas, comparto, adhiero y doy por reproducido lo dicho por el Dr. Caballero Vidal en su voto.

Así entonces, con todo lo expresado, cabe concluir que en el sub exámine y tan sólo respecto al monto punitivo establecido -en el cual no se tuvo en cuenta una de las conmutas de pena dictadas a favor del reo ha existido errónea aplicación de la ley sustantiva, pero en lo demás y principalmente en el método utilizado el tribunal inferior procedió correctamente, por lo que corresponde (cfr. art. 586 del C.P.P.) hacer lugar parcialmente al recurso y casar el fallo solamente en cuanto al monto de la pena impuesta, confirmándose en todo lo demás.- Por ello, es que propugno que a Juan Carlos Balmaceda se le imponga como pena única, y comprensiva de las sentencias ya dictadas, la de 18 años y 7 meses de reclusión, con costas y accesorias de ley.- Tal es mi voto.- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Por sus fundamentos, adhiero al voto emitido por el doctor Ángel Humberto Medina Palá.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa de Juan Carlos Balmaceda, por haber existido errónea aplicación de la ley sustantiva solamente en lo que respecta al monto punitivo, al no haberse tenido en cuenta una de las conmutas de pena dictadas, y en consecuencia casar la sentencia obrante a fs. sub 46/49 vta. exclusivamente en ese aspecto; fijando como pena única y comprensiva de las sentencias individualizadas al comienzo de la presente, la de 18 años y 7 meses de reclusión, con costas y accesorias de ley, manteniendo la declaración de su segunda reincidencia en los términos del artículo 50 del Código Penal.- II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Cp-5116 E.B.T.

Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante mí: Héctor Fabián Meló, Pro-Secretario Letrado.- P.R.E. S.2ª.- 2011-I-169.