Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-06-02


ACUERDO N° 10: En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los dos días de junio de dos mil nueve, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, doctor OSCAR E. MASSEI, integrado por los señores vocales doctores RICARDO T. KOHON, EDUARDO F. CIA, ANTONIO G. LABATE y LELIA GRACIELA MARTÍNEZ de CORVALÁN, con la intervención de la Subsecretaria de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ PIONEER NATURAL RESOURCES (ARGENTINA) S.A. S/ COBRO EJECUTIVO" (Expte. N° 107 año 2007) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES:

A fs. 644/660 vta. la actora deduce recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario contra la sentencia de fs. 624/637 vta., dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala II- de la ciudad de Neuquén, que revoca la sentencia de Primera Instancia y, en consecuencia, rechaza en todas sus partes la demanda.

A fs. 683/702 vta. contesta la parte demandada el traslado de ley, y a fs. 713/715 vta., a través de la Resolución Interlocutoria N° 80/08, se declaran admisibles los recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, inadmitiéndose la causal prevista en el inc. c) del Art. 15°, de la Ley 1.406.

El Sr. Fiscal ante el Cuerpo contesta la vista a fs. 706 y vta. Considera que resulta improcedente el análisis de cuestiones de constitucionalidad en juicios de naturaleza como el presente.

Integrado el Tribunal y firme la providencia de autos, se encuentra esta causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este Cuerpo resolvió plantear y votar las siguientes CUESTIONES: a) ¿Resultan procedentes los recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario? b) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas.

VOTACIÓN: A las cuestiones planteadas el Dr. EDUARDO F. CIA, dijo:

I. Que a los fines de lograr una mejor comprensión de la materia traída a estudio de este Tribunal, realizaré una síntesis de los hechos relevantes para la resolución de los recursos.

1. La actora -PROVINCIA DEL NEUQUÉN- promueve, a fs. 5/7, demanda de cobro ejecutivo contra PIONEER NATURAL RESOURCES (ARGENTINA) S.A. por $ 874.637,86, más intereses, gastos y costas.

Manifiesta que esta suma surge del certificado de deuda que adjunta, fs. 4, emitido por la Subsecretaría de Energía de la Provincia, por el periodo enero/diciembre de 2003, conforme la facultad otorgada por los arts. 12° y 13° de la Ley 1.926 y que constituye título hábil para el cobro judicial de acuerdo al Art. 523 del C.P.C. y C.

2. Que la demandada contesta a fs. 385/394 vta. En primer lugar, informa sobre un pedido de inhibitoria formulado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicita la suspensión del proceso. Luego, requiere la citación del Estado Nacional -Ministerio de Economía - Secretaría de Energía de la Nación- en los términos del Art. 94 del C.P.C. y C.

Que, además, plantea excepción de inhabilidad de título por vicios en las formas extrínsecas del certificado de deuda. Sobre el particular, alega que falta la firma del funcionario facultado para emitirlo, que -entiende- es el Secretario de Energía de la Nación y porque carece de elementos esenciales en la liquidación, al no constar a qué yacimientos corresponde y los volúmenes de producción reales de la empresa.

En subsidio, deduce la misma defensa, pero la funda en la violación del debido proceso administrativo, dado que el documento carece de requisitos sustanciales para tener efectos jurídicos. Ésta al estar basado en una deuda inexistente, no liquidada ni determinada en forma correcta, ya que la actora no cumplió con el procedimiento previo establecido por la reglamentación. En consecuencia, el título no es definitivo.

Luego, también en subsidio, formula la misma excepción basada en la inexistencia de deuda porque la actora pretende la aplicación de un precio que no es el establecido por la Secretaría de Energía de la Nación, ni el contractual, debido a que los valores fueron modificados por el Acuerdo de Precios y que tampoco fueron percibidos por su mandante. Agrega, que la pretensión de la ejecutante implica, de manera encubierta, un aumento del precio de las regalías que fueron fijadas por actos administrativos del Estado Nacional.

La actora contesta el traslado de las excepciones a fs. 401/425.

3. Que, a fs. 438, la A-quo rechaza el pedido de suspensión del proceso. Decisión que es confirmada por la Cámara de Apelaciones a fs. 480/481.

Posteriormente, el Sr. Juez resuelve, a fs. 485/486 vta., no hacer lugar al pedido de citación. Entiende que no resulta admisible en un proceso ejecutivo como el presente. Para ello, considera la naturaleza de este procedimiento, la posibilidad de un juicio ordinario posterior, que no se aprecia de qué manera pueda verse involucrado el tercero citado por la sentencia de trance y remate a dictarse, además de la falta de consentimiento de la contraria y el carácter excepcional de la medida solicitada.

4. Que, luego de distintas incidencias en torno a un embargo ordenado en autos, a fs. 538/556, el A-quo rechaza las excepciones y, en consecuencia, dicta sentencia de trance y remate e impone las costas a la parte vencida.

Que para resolver así considera la naturaleza tributaria y fiscal de las regalías. Agrega que a partir de la nueva redacción del Art. 124 in fine de la Constitución Nacional, no hay duda en cuando al dominio de las provincias sobre los recursos naturales en su territorio y que en el título que se ejecuta se identifican los extremos del hecho imponible, los sujetos activos y pasivos, y la obligación tributaria.

Sostiene que la regalía hidrocarburífera, como tributo está en el plexo normativo provincial (Leyes 1926 y 2453, y la Constitución Provincial), y que el título que se ejecuta tiene sustento en la potestad legisferante, tributaria y fiscal de la actora en cuanto a regular y recaudar a dicho respecto.

También, en apoyo de su decisión, cita el fallo de la Corte Suprema dictada en autos "TECPETROL S.A. S/ INHIBITORIA EN LOS AUTOS CARATULADOS `PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ TECPETROL S.A. S/ COBRO EJECUTIVO" (Expte. T.271. XL).

En cuanto a la excepción de inhabilidad de título, considerando las atribuciones tributarias de la actora a partir de su derecho local y el Art. 124 de la C.N., no encuentra razón para apartarse del Art. 544, inc. 4º, del C.P.C. y C., en cuanto prescribe que a través de esta defensa está vedado introducir discusiones sobre la legitimidad de la causa. Y que el certificado de deuda que se ejecuta reúne los requisitos extrínsecos previstos, al haberse emitido conforme las facultades que confiere la Ley 1.926.

Entiende que la falta de firma del Secretario de Energía de la Nación, como el cuestionamiento del volumen de producción no resultan suficientes para desvirtuar la potestad tributaria de la Provincia para emitir el certificado, que deriva de la normativa analizada. Agrega, que no resultan oponibles a la actora los convenios y acuerdo por los que se estableció el precio para liquidar regalías, porque no participó de ellos.

Respecto del planteo subsidiario de inconstitucionalidad del Art. 544, inc. 4°, del C.P.C. y C., considera que para la admisión de esta defensa en un juicio ejecutivo se debe fácilmente comprobar la violación de garantías constitucionales -sin necesidad de debate y prueba- lo que no se configura en estas actuaciones. Además, tiene en cuenta la posibilidad de la accionada de iniciar un juicio ordinario posterior.

5. Que la demandada apela esta resolución expresando agravios a fs. 571/584 vta., los cuales son contestados por la contraria a fs. 587/598.

Al fundar su apelación, la accionada se agravia porque considera que es contradictoria la sentencia, al decir que en el marco de un juicio de apremio no puede discutirse la constitucionalidad o no del reclamo y al mismo tiempo trata de demostrarla.

Además, dice que el fallo es arbitrario porque no respeta las pautas del Art. 31 de la Const. Nacional al desconocer normas nacionales como el Código de Minería, la Ley de Hidrocarburos y resoluciones de la autoridad de aplicación, referidas a la liquidación y percepción de regalías. También, sostiene que omite considerar que lo reclamado era la diferencia entre el precio pactado a nivel nacional por los productores y la autoridad de aplicación y el precio internacional que no percibió.

Expresa, que el A-quo aplica erróneamente el precedente "Tecpetrol S.A. s/ Inhibitoria" de la Corte Suprema, porque de un incidente de competencia se pretende extraer la solución para una excepción de inconstitucionalidad.

Luego, dice que es admisible la excepción de inhabilidad de título por inconstitucionalidad, porque es insoslayable el tratamiento de la defensa de inexistencia de deuda, como excepción autónoma o como parte de la excepción de inhabilidad de título, en el marco de un juicio de apremio.

Que, abunda en cuanto al régimen jurídico aplicable al área concesionada y la irretroactividad de la reforma constitucional. Hace mención a que está en juego una materia de utilidad nacional y que se trata de una actividad para el desarrollo del país. En cuanto a la normativa federal, expresa que la Nación percibe regalías por cuenta y orden de las provincias y que la fijación de las políticas hidrocarburíferas es competencia del Estado Federal. Además de considerar que la Provincia es parte del Pacto Federal de Hidrocarburos y que la ejecución que se persigue produce un conflicto de poderes entre el gobierno local y el nacional.

También, entiende que la Ley 1.926 no contiene hecho imponible y no existen disposiciones provinciales que determinen el sujeto pasivo ni la base imponible para exigir la diferencia entre el precio del WTI a U$S 28,50 pactado en el acuerdo de bases y el precio de venta de los contratos a terceros. Por último, apela los honorarios y solicita su reducción.

6. Que la Cámara de Apelaciones, a fs. 624/637 vta., en fallo dividido, hace lugar a este recurso. En consecuencia, revoca la resolución de Primera Instancia y rechaza la demanda en todas sus partes. Para decidir así, la mayoría considera que la cuestión tratada en el presente es similar a la resuelta en autos "Provincia del Neuquén c/ Canadian Hunter Argentina S.R.L. s/ Cobro Ejecutivo", y se reiteran argumentos allí expuestos, que remiten a lo dicho en "Provincia del Neuquén c/ Total Austral S.A. s/ Cobro Ejecutivo" y "Provincia del Neuquén c/ Mobil Exp. and Development INC. s/ Cobro Ejecutivo".

7. Que, contra este decisorio, la parte actora interpone recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario.

Funda este último en que la resolución atacada omite decidir cuestiones esenciales sometidas por las partes de modo expreso y oportuno; además de incurrir en incongruencia por apartarse del contenido de la posiciones esgrimidas en el juicio y no expedirse en forma concreta acerca de la procedencia de alguna de las excepciones formuladas. Así, como carece de una verdadera motivación porque se limita a apreciaciones inconsistentes y remisiones a sentencias anteriores.

Que respecto del recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley, sostiene que la Alzada afectó la prohibición legal contenida en el Art. 98 del Código Fiscal y el 544 del C.P.C. y C, toda vez que admitió controversias sobre el origen del crédito ejecutado. Expresa que no se aplicó correctamente el Art. 124 de la Constitución Nacional -en tanto ha derogado parcialmente la Ley 17.319 por inconstitucionalidad sobreviniente-, la Ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos, además del Decreto N° 546/03 y la Resolución N° 435/03 de la Secretaría de Energía de la Nación. Y tampoco se respetaron las leyes provinciales Nros. 1.926 (Arts. 7°, 8°, 9°, 10°, l2, 13°, 14° y siguientes) 2.453 y 2.454, todas con sustento constitucional en los Arts. 95 y 189, inc. 7, de la Carta Magna Provincial y el 124 de la Constitución Nacional. Agrega, que en el fallo atacado no se analiza la sanción de la Ley 26.197, que avala su postura en cuanto precisa el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Además, dice que, de casarse el fallo recurrido, corresponde, por aplicación del Art. 558 del C.P.C. y C., imponer las costas en las tres instancias a la demandada.

8. Que, como ya se consignó, luego de la contestación de la contraria, a través de la Resolución Interlocutoria N° 80/08, se declararon admisibles los recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, inadmitiéndose la causal prevista en el inc. c) del Art. 15° de la Ley 1.406.

II. 1. Ingresando al estudio del tema debatido, cabe señalar que, cuestionado el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones mediante los recursos de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, se debe comenzar por el análisis de este último. Porque, en primer lugar, corresponde determinar la validez de la sentencia, puesto que si surgiera la ausencia de dicha condición sine qua non, la consideración y tratamiento del recurso de Inaplicabilidad de la Ley carecería en absoluto de sustento cierto (cfr. Acs. Nros. 71/05, 33/06 y 30/07, entre otros).

1.1 Que, como surge del relato precedente, mediante el recurso de Nulidad Extraordinario el recurrente sostiene que la sentencia de la Alzada omite decidir cuestiones esenciales sometidas por las partes de modo expreso y oportuno; además de incurrir en incongruencia por apartarse del contenido de las posiciones esgrimidas en el juicio, debido a que no se expide en forma concreta acerca de la procedencia de alguna de las excepciones formuladas y carece de motivación.

1.2 Que, los votos que conforman la mayoría en la resolución atacada coinciden en que las cuestiones planteadas en autos son similares a las resueltas por la Cámara en "Provincia del Neuquén c/ Canadian Hunter Argentina S.R.L. s/ Cobro Ejecutivo", y reiteran argumentos allí expuestos, que remiten a lo dicho en "Provincia del Neuquén c/ Total Austral S.A. s/ Cobro Ejecutivo" y "Provincia del Neuquén c/ Mobil Exp. and Development INC. s/ Cobro Ejecutivo", con relación a las facultades impositivas de la Provincia, la gravedad institucional de establecer un plus tributario y la aplicación del Pacto Federal de Hidrocarburos.

1.3 Que, si bien la Alzada abunda en la trascripción de precedentes referidos a la ejecución por apremio de regalías, la aplicación del Pacto Federal de Hidrocarburos y las normas nacionales, en ningún punto resuelve expresamente las cuestiones planteadas respecto de la excepción de inhabilidad de título y la inconstitucionalidad alegada. Esta omisión importa un desmedro del derecho de defensa que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Que, en este aspecto, puede comprobarse que el fallo atacado simplemente descartó la aplicación de la norma por la que se emitió el título. Tampoco trató los agravios y las excepciones planteadas.

Que la Corte Suprema de la Nación ha sostenido:

"[...] la prescindencia de la ley vigente, sin dar razón plausible para ello, pese a haber sido invocada por las partes, y haberse pronunciado sobre ella el juez anterior en grado, es uno de los supuestos que configuran la arbitrariedad y el consiguiente ataque al derecho de defensa [...] " FALLOS: 308:1892, 297:250, 301:978, entre otros).

Que, reiteradamente, también ha dicho que es arbitrario el fallo que omite tratar cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la concreta solución del pleito, toda vez que tal omisión importa un desmedro del derecho de defensa que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional (doctrina de FALLOS: 311:120; 318:634; 319:215; 323:2839, entre muchos otros).

1.4 Que en virtud de las consideraciones vertidas y del criterio formulado, debe declararse procedente el recurso de Nulidad Extraordinario, por haberse configurado la causal de omisión de resolver cuestiones esenciales sometidas de modo expreso y oportuno, prevista en el Art. 18°, párr. 2°, de la Ley 1.406. Por lo tanto, carece de virtualidad el tratamiento de las restantes causales, como así también del recurso de Inaplicabilidad de Ley.

2. Que, conforme el art. 21° del rito, corresponde recomponer el litigio, siguiendo las directrices trazadas en los precedentes de este Tribunal Superior: "Provincia de Neuquén c/ Total Austral S.A." Acuerdos 26/07 y 31/07 y "Provincia de Neuquén c/ Pan American Energy", Ac. 30/07, reiterando los argumentos allí vertidos en relación con los agravios y defensas planteados en el presente.

2.1 Que, en dichos antecedentes, se partió del marco dentro del cual se desarrolla el proceso ejecutivo y, consecuentemente, se analizó la procedencia de las defensas opuestas por la parte demandada. Así, se dijo que el juicio ejecutivo es un proceso especial, cuya pretensión consiste en el cumplimiento de una obligación documentada en un título extrajudicial que autoriza a presumir la certeza del derecho del acreedor. Por lo que se presenta como un procedimiento más reducido y con mayor celeridad que uno ordinario. La finalidad de este proceso no es una sentencia que declare la existencia de un derecho, sino la satisfacción de una obligación que se presume existente. Y de ello deriva que el conocimiento judicial se encuentra circunscrito a un número determinado de defensas. Por tanto, la sentencia, en principio, sólo tiene efectos de cosa juzgada formal.

2.1.1 Que, dentro del ámbito señalado Palacio y Alvarado Velloso sostienen:

"[...] constituye presupuesto inexcusable del tipo de proceso examinado la existencia de un título ejecutivo, los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión que configura el objeto de aquél deben determinarse, desde los puntos de vista subjetivo y objetivo, sobre la base de las constancias que figuran en el título respectivo y de los recaudos que, según la ley, condicionan su fuerza ejecutiva [...]" (Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 9, pág. 174, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999).

Que, como requisito subjetivo de la pretensión ejecutiva, la legitimación procesal resulta de la coincidencia entre quien interpone la pretensión y quien figura en el título como acreedor y, como requisitos objetivos, el título debe consignar la obligación de dar una suma de dinero, líquida o fácilmente liquidable. Obligación que debe ser exigible, esto es, que se trate de una deuda de plazo vencido y no sujeta a condición.

Que del certificado de deuda de fs. 4, emitido por la Subsecretaría de Energía de la Provincia del Neuquén, surge la indicación de las personas, tanto del sujeto activo y del sujeto pasivo, de la obligación, así como la suma que se reclama por el periodo enero 2003 a diciembre de 2003. Además, en el mismo certificado consta que es emitido conforme a la facultad otorgada por los Arts. 12 y 13 de la Ley 1.926 y que constituye título hábil para el cobro judicial de acuerdo al Art. 523 del C.P.C. y C. Por lo que el instrumento resulta suficiente y se basta a sí mismo, lo que conlleva el rechazo de las defensas basadas en la falta de firma del Secretario de Energía de la Nación y de elementos esenciales en la liquidación.

Que, en cuanto a la legitimación de las partes, dice Alsina:

"[...] La ejecución sólo puede iniciarse por el titular de la obligación (legitimatio ad causam activa) y contra el deudor de la misma (legitimatio ad causam pasiva). La primer condición, por consiguiente, que ha de resultar del título, es la indicación de las personas del sujeto activo y del sujeto pasivo de la obligación, o de quienes legalmente lo representen. Por ella y contra ella ha de iniciarse el juicio, aunque otros sean los verdaderos titulares de la relación jurídica, pues tal circunstancia no puede alegarse en el procedimiento ejecutivo sino en el juicio ordinario correspondiente." (Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, T. V, pág. 189, Buenos Aires, 1962).

Que, por lo tanto, resultan improcedentes en el marco de este proceso las defensas y agravios referidos a cuestiones ajenas a los requisitos extrínsecos del título como los que hacen al carácter de las concesiones, la legitimación de las partes, el procedimiento de determinación y el hecho imponible.

Ello, por cuanto los elementos necesarios para la ejecución surgen del propio título que se ejecuta y éste no es el proceso adecuado para discutir sobre la titularidad y origen de la relación jurídica, sino el juicio ordinario correspondiente (Arts. 544 y 553 del C.P.C. y C. y 98 del Código Fiscal).

2.1.2 Que, cabe agregar, como regla la excepción de inhabilidad debe limitarse al examen de los requisitos extrínsecos del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Esta limitación cede ante la posibilidad de que la condena se funde en una deuda inexistente, si se discute la causa fuente de la obligación con fundamento constitucional o en una ley que autoriza una exención fiscal (cfr. Palacio-Alvarado Velloso, ob. cit., pág. 356).

Que al resolver un pedido de inhibitoria en un caso similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo:

"[...] Que la cuestión de tal modo planteada se refiere a la percepción de uno de los recursos financieros previstos en los arts. 228 y 232 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, según los cuales todo lo contenido en el subsuelo del territorio provincial pertenece a su jurisdicción y dominio, inclusive las utilidades provenientes de la explotación del petróleo, las que forman parte del haber de la hacienda pública provincial. En tal sentido, cabe señalar que no es posible apegarse estrictamente a lo expresado en el dictamen del Procurador General de la Nación en Fallos: 301: 341, con relación a que el carácter local de la materia no puede ser derivado de la situación geográfica del recurso natural en cuestión, sino de la finalidad a que está destinado. Ello es así pues el art. 124 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que los recursos naturales existentes en el territorio de cada provincia pertenecen al dominio originario (es decir, ab initio) y exclusivo de ésta. En consecuencia, corresponde partir de la premisa de que el título que sirve de base a la ejecución promovida ante los tribunales provinciales (fundado, como se dijo, en el art. 12 de la ley provincial 1926, y el art. 7°?y concordantes de su decreto reglamentario), fue expedido a resultas de los actos administrativos dictados por la autoridad local en el procedimiento de determinación de oficio del importe del tributo de cuya ejecución se trata que, evidentemente, es reclamado por la provincia a título de derecho propio mediante una acción autorizada por el ordenamiento local." (C.S., T. 271. XL., Tecpetrol S.A. s/ inhibitoria en los autos caratulados: "Provincia del Neuquén c/ Tecpetrol S.A. s/ cobro ejecutivo", 17/05/05, T. 328).

Que, en consecuencia, al encontrar -prima facie- fundamento constitucional en el Art. 124 de la Constitución Nacional y los Arts. 95, 99 y 189, inc. 7°, de la Constitución Provincial (Arts. 101, inc. 7°, 228 y 232 del texto anterior) la competencia de la Provincia para emitir el título que se ejecuta, cabe desestimar la excepción fundada en la falta de firma del Secretario de Energía de la Nación y atenerse a la restricción, propia del proceso ejecutivo, de que la defensa de inhabilidad debe limitarse al examen de los requisitos extrínsecos del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa.

2.1.3 Que, por lo tanto, respecto de la desestimación de la excepción de inhabilidad de título, a partir del sustento constitucional ya enunciado en relación con las facultades de la actora, no cabe en el marco de este proceso ejecutivo discutir el origen, composición o forma de determinación de la deuda reclamada; es decir, incorporar al debate cualquier discusión referida a la causa de la obligación, sino que el análisis se debe limitar a los recaudos formales extrínsecos del título.

Que la abstracción del título impide, por la naturaleza y finalidad de esta clase de procesos, el planteamiento de cuestiones fundadas en la relación básica que constituyó la causa de emisión de aquél, lo que conlleva el rechazo de las defensas y agravios deducidos por la demandada con fundamento en la forma, el régimen jurídico aplicable al área concesionada y a los recursos naturales, la competencia y procedimientos para la elaboración del título, la determinación del precio y el hecho imponible, como se dijo anteriormente.

Que al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido:

"[...] Que el certificado acompañado con el escrito inicial, suscripto por el funcionario competente constituye título ejecutivo suficiente (art. 24, ley 23.660; arts. 5 y 7 ley 24.642) sin que sea posible revisar en este juicio su proceso de formación, máxime si se tiene en cuenta que la ejecutada omite mencionar y fundar los extremos que permitan concluir en la inexistencia de la deuda, cuya dogmática e inexplicada negativa de parte de la ejecutada es insuficiente para considerar satisfecho el recaudo legal que condiciona la admisibilidad de esta defensa (art. 544, inc. 4, in fine, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos: 326:3653 y su cita). En consecuencia, tampoco puede ser atendido el planteo en cuanto al incumplimiento de los trámites administrativos exigidos para la expedición del certificado." (C.S., S. 2028. XL., "Sindicato Argentino de Televisión (S.A.T.) c/ Misiones, Provincia de s/ ejecutivo", 29/11/05, T. 328).

"[...] Los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos [...]", (FALLOS: 327:4474).

2.1.4 Que, en otros puntos de su recurso, la demandada se agravia del rechazo del planteo de inconstitucionalidad.

Cabe destacar, que al momento de deducir excepciones, no se formuló una queja concreta, sino que, en subsidio, sostuvo la inconstitucionalidad de la norma provincial que legisla las excepciones admisibles en juicios de apremio (fs. 388). Y como fundamento de la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda, menciona que existen normas federales con jerarquía superior a las provinciales. Por otro lado, al expresar agravios, sostiene -entre otras- la defensa de inexistencia de deuda por inconstitucionalidad de las normas en que se basa la ejecución y solicita que se analice como excepción autónoma o formando parte de la excepción de inhabilidad de título (fs. 572 vta.).

Que, a pesar de las deficiencias señaladas, respecto del planteo de inconstitucionalidad dentro de un proceso ejecutivo, este Tribunal se expidió in re "Municipalidad de Neuquén c/ Casino Magic S.A. s/ Apremio", Ac. N° 36/98 (sentencia que revoca la anterior dictada por la Cámara de Apelaciones). Allí se sostuvo:

"[...] es dable advertir que, si bien doctrinaria y jurisprudencialmente se ha ido ampliando el marco ejecutivo, de tal manera que a las posturas tradicionales que impedían el planteo de la excepción de inconstitucionalidad en dichos procesos tanto por no encontrarse entre las excepciones enumeradas, como por la pretensión de discutir la causa de la obligación, se opone la moderna tendencia de admitir la misma (ver al respecto Bidart Campos "El control constitucional en el juicio ejecutivo" E.D. T. 139, pág. 502 y sgts.), el alcance consignado se encuentra aún limitado a ciertos y determinados supuestos.

"En efecto, tanto si la deuda que se intenta tiene su origen en la aplicación de normas declaradas inconstitucionales [...] como cuando, conforme la jurisprudencia ya reseñada, la cuestión reviste interés institucional, o cuando el análisis de la cuestión se ciña sustancialmente a cuestiones de derecho [...] la defensa aludida puede ser tratada en el marco de un proceso como el presente.

"Caso contrario, prevalece la aplicación de los principios generales, conforme los cuales, permitir la interposición de excepciones causales, desnaturaliza el tipo de procedimiento abreviado y sumario previsto por el ordenamiento ritual [...] "[...] En virtud de lo cual, si bien, como quedara consignado en los considerandos que anteceden, la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha admitido la defensa de inconstitucionalidad dentro de la excepción de inhabilidad de título en el juicio ejecutivo, limita su procedencia a los casos en que [ella] resulte manifiesta y surja fehaciente de las constancias de la causa, sin que por ello se desnaturalice el proceso sumario instaurado".

Que, este Tribunal en autos "Provincia del Neuquén c/ Total Austral S.A.", Acuerdo N° 26/07, se expidió acerca de un planteo de inconstitucionalidad de la Ley 1.926, que en sus Arts. 12 y 13 facultan a emitir el certificado de deuda que se ejecuta, y sostuvo:

"Que la norma cuestionada, si bien fue sancionada antes de la reforma constitucional de 1994 debe ser analizada conforme el texto actual de la Constitución Nacional, cuyo art. 124 establece que los recursos naturales existentes en el territorio de cada provincia pertenecen a su dominio originario y exclusivo (cfr. C.S., "Tecpetrol S.A." arriba citado). Y a partir de esta disposición constitucional no se vislumbra en autos, con la certeza requerida, la trasgresión constitucional que se imputa. Ello equivale a sostener que no surge con la fehaciencia necesaria, en tanto no aparece manifiesta, la inconstitucionalidad invocada.

"Que este precepto constitucional, citado supra, reconoce el derecho de que se trata, sin perjuicio de la ulterior reglamentación legislativa del Congreso, porque no debe entenderse como una negación del derecho hasta tanto la reglamentación sea dictada. Así, la superioridad de la Constitución implica, además de que las leyes comunes no pueden derogarla, que tampoco pueden incumplirla, sea por acción u omisión (cfr. Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, 5° ed., pág. VII-5, Buenos Aires, 2000).

"Que, cabe agregar, el Congreso Nacional mediante el dictado de la Ley 26.197 sustituye el art. 1° de la Ley 17.319 con la finalidad de eliminar la incertidumbre y cumplir con el mandato de la Constitución Nacional." Que esta postura fue reiterada en autos Provincia del Neuquén c/ Pan American Energy", Acuerdo N° 30/07.

Que, en conclusión, no se aprecia en estos autos la existencia de un caso en el que la inconstitucionalidad resulte manifiesta y surja fehaciente, de manera que permita su tratamiento en el ámbito reducido de un proceso ejecutivo.

2.1.5 Que, en cuanto al agravio referido al monto de honorarios, realizados los cálculos correspondientes, le asiste razón en tanto resultan elevados por las razones que expone. En consecuencia, deben ajustarse prudencialmente a las pautas establecidas por los Arts. 7, 10, 15 y 40 de la Ley 1.594. Con costas a la parte perdidosa (Arts. 68 y 558 del C.P.C. y C. y 12° de la Ley 1.406).

3. Propicio, por todo lo expuesto, hacer lugar al recurso de Nulidad Extraordinario interpuesto por la actora y, en su mérito, nulificar la sentencia de Cámara de 624/637 vta. Luego, en virtud de lo dispuesto por el Art. 21° de la Ley ritual, y sobre la base de los fundamentos desarrollados, confirmar parcialmente la sentencia de Primera Instancia, modificándola solamente respecto del monto de los honorarios que se reducen conforme a las pautas arancelarias vigentes. Con costas a la parte perdidosa (Arts. 68 y 558 del C.P.C. y C. y 12° de la Ley 1.406), debiendo adecuarse los honorarios de la segunda instancia (Art. 279 del C.P.C. y C.) y proceder a la regulación de los devengados en esta etapa conforme el Art. 15 L.A. Asimismo, corresponde ordenar la devolución del depósito realizado (Art. 11, Ley 1.406). MI VOTO.

El señor vocal doctor RICARDO T. KOHON, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Eduardo F. Cia en su bien fundado voto, por lo que expreso el mío en igual sentido. MI VOTO.

La señora vocal doctora LELIA GRACIELA MARTÍNEZ de CORVALÁN, dijo: Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término doctor Eduardo F. Cia, por lo que emito el mío en idéntico sentido. MI VOTO.

El señor vocal doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: Coincido con los argumentos expuestos por el doctor Eduardo F. Cia, como así también con las conclusiones a las que arriba, por lo que voto en el mismo sentido. MI VOTO.

El señor vocal doctor ANTONIO G. LABATE, dijo: Adhiero in totum al voto emitido por el doctor Eduardo F. Cia, pronunciándome en consecuencia en idéntico sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, de conformidad con el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de Nulidad Extraordinario, interpuesto a fs. 644/660 vta. por la actora -PROVINCIA DEL NEUQUÉN- y NULIFICAR el decisorio dictado a fs. 624/637 vta. por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala II, de la ciudad de Neuquén, por haber mediado la causal prevista en el Art. 18°, párr. 2° de la Ley 1.406. 2°) En virtud de lo dispuesto por el art. 21° de la Ley ritual, RECOMPONER el litigio y confirmar lo resuelto en la sentencia de Primera Instancia por los fundamentos expuestos en el presente, modificándola sólo en cuanto al monto de los honorarios. 3°) Imponer las costas de la etapa casatoria y de la Alzada a la demandada perdidosa (Arts. 68 y 558 del C.P.C. y C. y 12° de la Ley 1.406). 4°) Regular, por la actuación en primera instancia, los honorarios de .... Y de conformidad con lo establecido en el Art. 279 del C.P.C. y C., adecuar los honorarios de los doctores ..., por la labor desempeñada en la Alzada; regular los correspondientes a esta etapa casatoria, Arts. 7°, 10°, 15°, 20° y 40° de la Ley 1.594 y 12° Ley 1.406. 5°) Disponer la devolución del depósito, cuyas constancias se encuentran a fs. 641, 642, 709 y 710 (Art. 11° L.C.). 6°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.

Con lo que se dio por finalizado el acto, que previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica. Dr. OSCAR E. MASSEI - Presidente. Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. EDUARDO F. CIA - Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. LELIA G. MARTÍNEZ DE CORVALÁN DRA. MARÍA A. JORDÁN - Subsecretaria.