Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


0.SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.779 CAUSA NRO. 18.832/10 AUTOS: "NUNES ROBERTO SAUL C/ SADMITEC S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" JUZGADO NRO. 66 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Mayo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.	La sentencia de fs. 327/329 ha sido recurrida por el actor a fs. 334/341.

II.	El recurrente se agravia, en primer lugar, porque el Sr. Juez de grado omitió expedirse sobre la indemnización por daño moral por el despido discriminatorio dispuesto por la demandada.	Al respecto, se observa que en el escrito inicial se denunció que a los pocos días de haber presentado el actor y un grupo de 15 trabajadores una nota solicitando incremento salarial, la accionada decidió su despido directo y sin causa, expresándose que tal despido devino en represalia a los justos y legítimos reclamos efectuados por el trabajador, por lo que esta injustificada actitud patronal configuró un comportamiento discriminatorio (fs. 9). Asimismo, al fundamentar el reclamo de la indemnización del derecho común fundada en el agravio moral sufrido, se ha hecho referencia a dicho despido (fs. 11vta./12). Estas circunstancias no han sido motivo de tratamiento en la sentencia de grado. Sentado ello, considero que el planteo aludido deberá tener recepción favorable. En tal sentido, observo que, tal como expresa el reclamante, la decisión unilateral de ruptura sin invocación de causa alguna fue comunicada por la empleadora el 22/5/2008 a los tres días de haber presentado el Sr. Nunes una nota solicitando un reajuste salarial junto a otros 15 trabajadores. Lo actuado ante el Inadi (ver sobre de prueba acompañado por la parte actora Nº 9917, que corre por cuerda) permite tener por acreditada dicha circunstancia (ver folio 4 y resolución del 31 de mayo de 2010). La contemporaneidad entre la fecha del reclamo y la comunicación postal de la ruptura del vínculo, permite captar como indicio serio que la resolución del contrato decidida por la empleadora obedeció a una represalia al reclamo del trabajador de un aumento salarial. Asimismo, al contestar el descargo que le efectuara el organismo aludido, el Sr. Leandro Bel, Departamento de Recursos Humanos de la accionada señala que la causa del despido estuvo basada en razones de desempeño (folio 9). Asimismo, se observa que el Inadi ha examinado la denuncia efectuada por el Sr. Nunes y la prueba que recibiera en las audiencias testimoniales productas, señalando que el actor, a diferencia de sus compañeros de trabajo, desarrollaba un rol singular en dicho reclamo por ser la persona que, debido a su mayor antigüedad, encabezaba el planteo colectivo, considerando que los hechos denunciados constituyen un acto discriminatorio en los términos de la Ley Nacional Nº 23.592, normas concordantes y complementarias (ver fs. 108 del sobre de prueba aludido). Estimo que estos indicios tienen virtualidad para trasladar la carga de la prueba hacia la empleadora quien, por otra parte, era quien se encontraba en mejores condiciones fácticas de acreditar que, efectivamente, el despido del trabajador resultaba ajeno a dicho reclamo conforme los lineamientos de la más reciente jurisprudencia emanada de nuestro más Alto Tribunal en el caso: "Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo" del 15/11/2011 (P.489, XLIV), a cuyos fundamentos me remito en homenaje a la brevedad.

En estas circunstancias resulta innegable la vinculación entre el despido y el reclamo del trabajador, máxime cuando se aprecia que los testigos que ofreciera la demandada en la causa tramitada ante el Inadi, dan cuenta de una reestructuración, constando que como resultado de ésta se despidieron a sólo dos empleados de quince que firmaron la nota, respecto de una nómina total de aproximadamente doscientos trabajadores.

Sentado ello, memoro que esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse acerca del despido como represalia a los reclamos del trabajador (ver autos "Niz Victor Hernán c/Tegnal S.A. s/despido". S.D. 86.763 del 27/6/11) donde mi distinguida colega Dra. Gabriela Vázquez, puso de manifiesto que la indemnización que prevé el Art.245 LCT se ubica fundamentalmente en el contexto del contrato de trabajo en su perfil de intercambio económico y la cuantificación que organiza sólo mensura el daño patrimonial que provoca la pérdida del empleo y el moral que naturalmente experimenta cualquier persona que ingresa en situación de paro, ante la incertidumbre que genera la posibilidad futura de obtener medios económicos de subsistencia. Pero en modo alguno puede verse en su ámbito una función resarcitoria de perjuicios, ya materiales, ya morales, que se relacionen con la lesión a los derechos personalísimos del trabajador que resulten afectados como consecuencia del incumplimiento de los deberes contractuales que los involucran. Desde ya, tampoco la tarifa comprende en su quantum a las derivaciones dañosas de antijuridicidades ajenas al contrato, es decir, de naturaleza extracontractual.

En este marco conceptual, queda claro que la cuantificación del Art. 245 LCT no comprende los daños que provoca la resolución contractual decidida como venganza o represalia a la persona trabajadora por el hecho de haber reclamado al empleador el pago de un crédito de cuya legitimidad estaba persuadido de buena fe. La conducta del empleador que provoca la ruptura del contrato como respuesta hostil a una pretensión que se estima justa, entraña un ilícito autónomo y diferente del que presupone el precepto citado.

Por último, no puede controvertirse que el despido en estas condiciones genera en la parte más vulnerable del contrato una clara sensación de atropello ya que el despido represalia entraña, en verdad, una especie de violencia. Como derivación, corresponde admitir el reclamo resarcitorio por las consecuencias nocivas de naturaleza espiritual (Arts.1078 del Código Civil) y con ajuste a las circunstancias del caso, entre ellos el tiempo de servicio, la edad del actor, remuneración, situación personal, y en uso de las facultades que me confiere el art. 165 del CPCCN, considero justo y razonable establecer la suma de $15.000, capital al que se adicionarán intereses a la tasa activa según Acta 2357/2002 y resolución N ° 8/2002, de esta Cámara, desde la fecha del despido hasta el efectivo pago.

III. También se alza el accionante porque se ha desestimado el reclamo por diferencias salariales por discriminación salarial y su incidencia sobre los rubros por despido y liquidación final.	El recurrente cuestiona la sentencia por entender que se ha desestimado la demanda en base a un análisis meramente reduccionista y en contradicciones argumentativas al señalar que hubiera sido de suma importancia traer a juicio el testimonio del empleado Spitarelli para desanudar la controversia, a quien el accionante sindicó como parámetro de la discriminación padecida. En tal sentido, señala este último que la discriminación salarial no era exclusivamente respecto de dicho empleado sino que era respecto de "algunas personas".

Sobre el punto, tengo en cuenta lo reiteradamente sostenido por esta Sala en el sentido que todo reclamo de diferencias salariales requiere, como punto de partida y de modo indispensable pautas mínimas suficientes para que el sentenciante pueda pronunciarse sobre la validez del pedido, exigencia insoslayable aún para el supuesto de que no se exhiban los libros y registraciones laborales del empleador porque la presunción iuris tantum a favor de las afirmaciones del trabajador (artículo 55 LCT) como la inversión del onus probandi sobre el monto y cobro de las remuneraciones no operan cuando dichos montos sólo son objeto de reclamo global (confr. autos "Romero, Nora c/ Siembra AFJP S.A. s/ Despido" S.D. 83.323 del 23/12/05).

Atento la índole del reclamo efectuado en el apartado 2 de la liquidación efectuada en la demanda (fs. 13vta.) y lo expresado a fs. 10vta./11 (diferencias salariales con SAC), se debieron precisar cuáles eran los empleados respecto de quienes se debía efectuar la comparación de remuneraciones, además del citado Alejandro Spitarelli, no bastando al efecto una simple referencia a otros dependientes del mismo sector o la mención genérica de "algunas personas".

Por otra parte, cabe observar que al referirse a la situación del empleado Spitarelli, no se ha indicado concretamente cómo se encontraba conformada su remuneración, es decir, cuánto era lo que percibía por cada uno de los rubros que integraban su retribución y cuánto era lo que percibía el actor, de manera de poner en evidencia que efectivamente existía una desigualdad. La referencia a un monto global de $ 100 mensuales (fs. 11) no aparece debidamente fundamentada y frente a ello no puede aplicarse la presunción del art. 55 de la L.C.T. dado que no existen pautas para valorar la razonabilidad del reclamo.

En tal inteligencia, no encuentro razones suficientes para que prospere el reclamo aludido, debiendo confirmarse el fallo en cuanto no hace lugar a las diferencias salariales reclamadas.

En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo sobre el punto, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente. Asimismo, cabe recordar que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en materia de selección y valoración de las pruebas, los jueces no están obligados a tratar una por una todas las producidas, bastando con que mencionen aquellas que a su juicio sean decisivas para fundar la solución que adopten (Fallos 310:1162) y que el hecho de que el sentenciante haya dado preferencia a determinado elemento probatorio respecto del invocado por el recurrente no configura causal atendible de arbitrariedad (Fallos 312:696).

IV. No surgiendo la existencia de diferencias en la liquidación final por despido, considero que no puede prosperar el reclamo de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323.	V.	Otro agravio del actor se refiere al rechazo del adicional previsto en el art. 36 del CCT 130/75.	El apelante considera que se ha realizado una interpretación forzada de la norma. Concuerdo con el sentenciante de grado en cuanto entiende que el actor, pese a movilizarse con un vehículo propiedad de la demandada, no puede catalogárselo como "chofer" o "ayudante de chofer", que son los únicos que tienen derecho al adicional aludido. Considero que el planteo del accionante en el sentido que realizaba dos tareas (técnico y chofer) carece de suficiente sustento. Conforme surge de la prueba citada en el memorial recursivo es posible inferir que el Sr. Nunes utilizaba un vehículo para trasladarse dentro de la zona de trabajo donde cumplía sus funciones de técnico sin que resulte que haya sido destinado a la tarea de traslado de otras personas o mercaderías de la empresa. Por ello, a los fines de la aplicación de la norma convencional, no puede admitirse que se lo deba encuadrar en la categoría de chofer y, por ende, tampoco tiene derecho a percibir el adicional previsto en el art. 36 del CCT 130/75, como se ha decidido en origen.	Consecuentemente, la jurisprudencia citada en la queja no resulta aplicable a la situación del reclamante. En tales condiciones, también cabe estar al rechazo de esta parte del reclamo.	VI.	Atento el nuevo resultado del pleito que propicio y lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde adecuar las costas y honorarios. Las costas deben imponerse a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) en ambas instancias.

Finalmente, también deberán ser dejados sin efecto los honorarios regulados en origen, fijándose los de los profesionales de la actora y de la demandada y los del perito contador, respectivamente, en el 16%, 16% y 7% a calcular sobre el monto total de condena incluyendo intereses (arts. 1, 3, 6, 7, 8, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y art. 3º inc. b y g del D. 16638/57). Los de alzada de los profesionales de la actora y demandada deberán fijarse, respectivamente, en el 25% y 25% de los que les corresponda por su actuación en la anterior etapa (art. 14 Ley 21.839).

VII. Por todo lo expuesto, propicio: 1º) revocar la sentencia apelada, condenando a Dalkia Argentina S.A. (continuadora de Sadmitec S.A.) a depositar, dentro del quinto día, la suma indicada en el considerando II, con más los intereses allí dispuestos y 2º) con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando VI.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia apelada, condenando a Dalkia Argentina S.A. (continuadora de Sadmitec S.A.) a depositar, dentro del quinto día, la suma indicada en el considerando II, con más los intereses allí dispuestos y 2º) Con costas y honorarios en la forma dispuesta en el considerando VI.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela A. Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.