Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-30


AUTOS 75430 (C.C. - SALA IV - Nº 362) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "ATAMPIS, Hugo Ángel C/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios".- PROT.: L. DE SENTENCIAS - T° I - F° 184/196 - AÑO 2015.- En la Ciudad de San Juan, a los 30 días del mes de julio de dos mil quince, reunidos el presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería Dr. Juan Jesús ROMERO, y la Sra. Vocal Dra. María Josefina NACIF, a fin de resolver en los Autos Nº 75430 (C.C. SALA IV Nº 362) del Tercer Juzgado Civil, caratulados: "ATAMPIS, Hugo Ángel C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - Daños y Perjuicios", los recursos de apelación interpuestos por el representante de la Provincia y los apoderados del actor a fs. 722 y 723 respectivamente, contra la sentencia dictada a fs. 711/718 vta., los que fueran concedidos con efecto suspensivo por el decreto de fs. 724.

Que los recursos deducidos son formalmente admisibles, siendo su tratamiento y resolución de la competencia de esta Sala IV, cuya integración se encuentra consentida y firme como se certifica a fs. 807 de autos. Razones por las que se procederá a su consideración. La Dra. MARIA JOSEFINA NACIF, dijo: Habré de determinar en autos si la resolución dictada es ajustada a derecho; y, en su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar.

I. Antecedentes del caso. Surge de las constancias habidas en autos que por sentencia dictada en primera instancia se resolvió admitir la defensa de prescripción opuesta por la demandada al progreso de la acción; declarar prescripta la acción deducida por el actor, con costas a su cargo (636 a 641 vta.). Pronunciamiento que fuera resistido por la actora mediante la interposición de recurso de apelación, el que fue admitido por la Sala Primera de esta Cámara Civil mediante el decisorio de fs. 674 a 679 vta.. Contra dicha sentencia el apoderado de la Provincia dedujo recurso de inconstitucionalidad y casación, los que fueron resueltos por la Sala I del máximo tribunal provincial mediante sentencia de fs. 692 a 695 vta. y su aclaratoria de fs. 696, a cuyas consideraciones remito por motivos de brevedad. En definitiva dispuso la Corte hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionada, anular la resolución dictada por la Sala I de esta Cámara, devolviendo la causa al juzgado de Primera Instancia para que dicte nuevo fallo con arreglo a esta resolución (pronunciamiento sobre la procedencia de los daños y perjuicios); también declaró abstracto el recurso de casación interpuesto. Con la aclaración que el tema de costas debe ser tratado íntegramente, incluyendo la imposición que corresponda a la defensa de prescripción.

II. En ese marco, el juez titular del Tercer juzgado civil dicta la sentencia de fs. 711/ 718 vta., objeto de la presente apelación, por la cual resuelve: "1) Rechazar la demanda incoada por el actor Sr. Hugo Ángel Atampis en virtud de los considerandos que anteceden, con costas (art. 66 C.P.C.); 2) Imponer las costas por la excepción de prescripción rechazada por su orden (art. 20 Ley 7675); 3) Regular honorarios de los profesionales intervinientes en la forma ut-supra determinada".

Surge de autos que el actor inicia esta demanda reclamando a la Provincia de San Juan la reparación de daños y perjuicios, que aduce haber padecido con motivo de la denuncia penal formulada por el Servicio Penitenciario Provincial, repartición a la que pertenecía, en la cual finalmente resultara sobreseído. Reclama dicha reparación con sustento en los arts. 1067, 1068, 1068, 1078, 1090, 1109, 1112 y 1113 del C. Civil.

El sentenciante luego de un pormenorizado análisis de las probanzas aportadas a autos expresa su convicción en el sentido que no existe de parte de la demandada, Provincia de San Juan, responsabilidad que le pueda ser imputada a título de dolo, culpa o negligencia (arts. 1089 y 1109 del C. Civil) por el hecho de sus órganos dependientes -ya sea el Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, por la Policía de San Juan- o por el Juez de Instrucción. Concluye que ante la ausencia de causalidad entre el actuar de la administración pública y el hecho que generó daño al actor, no existe responsabilidad que pueda imputarse a su principal -Provincia de San Juan- por lo que la demanda de daños y perjuicios en su contra no puede prosperar.

Finalmente impone al actor vencido las costas en el juicio principal, adoptando el principio objetivo de la derrota, conforme el art. 66 del C.P.C; en tanto las de la excepción de prescripción rechazada por el Superior, siendo la excepcionante vencida la Provincia de San Juan las impone por su orden, por imperio de lo establecido por el art. 20 de la Ley Provincial Nº 7675. Regulando honorarios de los profesionales intervinientes en los términos previstos por el art. 222 de la ley 2150, modificado por el art. 800 inc 10 del CPC.

III. Agravios. A fs. 729/731 vta. luce memorial del representante de la Provincia quien manifiesta que le agravia que las costas hayan sido impuestas a la actora vencida en el pleito, sin haberse tachado de inconstitucional el art. 20 de la Ley 7675, legislación vigente al momento de dictar sentencia definitiva y aplicable a autos.

Destaca el apoderado de la Fiscalía de Estado que se agravia en su carácter de representante del Estado Provincial, y que hace al interés de la Provincia el que se reconozca la vigencia de sus leyes locales que componen el derecho público provincial.

Señala que le ley aludida establece que en caso de resolverse el juicio por sentencia definitiva las costas deberán imponerse por su orden, de conformidad al art. 20 de ese plexo legal. También indica que según las previsiones de los arts. 26 y 27 ibídem esta ley es aplicable en forma inmediata, habiendo sido declarada de orden público y aplicable aún de oficio. Pide se haga lugar al recurso y se disponga la imposición de costas por su orden y no al actor -por el rechazo de la demanda-, conforme el art. 20 de la ley 7675.

A fs. 733/750 presentan memorial los apoderados de la actora, Drs. Blanco y Vázquez, quienes alegan como primer agravio que la sentencia es arbitraria al decidir que no existe responsabilidad alguna de la Administración Pública, desconociéndose su relación contractual con el Servicio Penitenciario Provincial y que el hecho dañoso fue suficiente para enfermarlo. Formulando seguidamente un extenso relato sobre los antecedentes de la causa.

Como segundo agravio afirman que la relación de causalidad está debidamente acreditada por su parte con la prueba aportada, las que indican que el Servicio Penitenciario dirigió su accionar a investigarlo ilícitamente, surgiendo así la responsabilidad del estado. Alegan que esta investigación enfermó a su representado por la saña con que fue perseguido por los funcionarios del Servicio. Sustentan que se encuentra acreditado que la enfermedad que éste padece fue contraída en servicio, y fue producto del proceso penal que le imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del C. Penal), generando así la indemnización prevista por el art. 522 del C.Civ.

Como tercer agravio expresan que el sentenciante adopta una posición subjetiva arbitraria al sostener que las publicaciones en el Diario de Cuyo tienen escasa posibilidad de inferir daño alguno. Luego refiere extensamente a todas las constancias que obran en autos, formulando conclusiones propias sobre cada una de ellas y cuestionamientos al juez de grado sobre los criterios fijados sobre la valoración de la prueba. Como cuarto agravio señalan, en cuanto a las costas y honorarios, que les resulta agraviante que se haya regulado honorarios por el juicio principal a la Dra. Patricia Reyes siendo que no tuvo participación desde el 26/08/08, por lo que debió regularse su honorario por una sola etapa. También les ofende que se haya equiparado a su labor la tarea realizada por dicha profesional en la excepción de prescripción, siendo que no colaboró; y que las costas hayan sido impuestas en el orden causado, conforme al art. 20 de la ley 7675, cuyo pedido de inconstitucionalidad plantean por considerarlo violatorio del art. 17 de la Constitución Nacional. Finalmente apelan sus honorarios por bajos.

A fs. 754/759 vta. los apoderados de la actora contestan el memorial de agravios de la Provincia demandada sobre las previsiones del art. 20 de la ley 7675, norma que solicitan se declare inconstitucional por afectar el derecho de propiedad de su mandante y su labor como abogados defensores. Argumentan que esta norma anula la posibilidad de cobrarle honorarios al Estado perdedor en el pleito A fs. 766/787 vta. el representante de la Fiscalía de Estado contesta los agravios de la actora quien solicita se declare desierto el recurso impetrado, sosteniendo que los argumentos dados por ésta no constituyen una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas (art. 265 C.P.C.). Sin perjuicio de ello contesta los agravios por los argumentos que allí invoca, a los que remito en honor a la brevedad, pide el rechazo del recuso y que se confirme la sentencia de primera instancia. Formula reservas de interponer recursos extraordinarios.

IV. Tratamiento de las cuestiones a zanjar. Por una cuestión de orden lógico primeramente determinaré la procedencia de la petición del representante de la Fiscalía de Estado que se declare desierto el recurso impetrado por la actora; luego y en su caso, trataré el recurso deducido por la actora; para finalmente tratar la apelación formulada por el apoderado de la Fiscalía de Estado, que se centra únicamente en la cuestión de las costas del proceso.

Deserción del recurso. Con relación a la primera cuestión diré que nuestra ley ritual en su actual redacción prevé la sanción requerida -deserción- sólo en el caso de que el apelante no presente el memorial; en cuyo caso, el juez de primera instancia debe declarar desierto el recurso, conforme prevé el art. 253 3° párr. del C.P.C.. Este deber que estaba contemplado en el anterior art. 266 del C.P.C. derogado, para el caso en que los agravios no constituyeren una "...crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas..." (art. 265 ibíd), ha sido eliminado en el actual Código de Procedimientos.

"Debe advertirse inicialmente un evidente cambio en la redacción del artículo 253 del nuevo Código Procesal Civil de San Juan (ley 8037), y en tal sentido en forma expresa se ha excluido "la declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación suficiente", ello no constituye una cuestión meramente accidental, dada la gravedad de la misma, ha de interpretarse que el codificador ha querido a todo evento proteger el derecho de defensa del litigante recurrente y que el Tribunal ad quem deba analizar y pronunciarse sobre el contenido objetivo del exordio de agravios, por tanto, si luego de efectuar el mismo, concluye en que, los argumentos son inconsistentes o sus fundamentos no constituyen una crítica concreta y razonada de los posibles errores in judicando de la resolución judicial apelada, podrán en su caso desestimar liminarmente el recurso señalando el defecto contenido por la presunta fundamentación, pero en ningún caso aplicar de plano una sanción que objetivamente hoy el ordenamiento procesal no prevé expresamente". (Autos Nº 11152 - 4° Juz. Civil - Sala III 83099 - "Pérez Eduardo Héctor c/ Concentrado San Juan S.R.L. y otro - Cumplimiento de Contrato" - Prot. de Autos T° II F° 338/346 Año 2013).

Por tal virtud y en razón que la parte actora presentó memorial de agravios, no corresponde admitir este planteo. En consecuencia daré tratamiento a los agravios formulados por esa parte.

Agravios actora. Con relación al primer agravio diré que gran parte de las cuestiones formuladas por el apelante en este punto son una reiteración de los precedentes de la causa que ya fueran expuestos por su parte en los hechos de la demanda. El único aspecto susceptible de ser analizado en este acápite se circunscribe a determinar si la sentencia es arbitraria por decidir que no existe responsabilidad alguna de la Administración Pública, por desconocer su relación vinculante contractual con el Servicio Penitenciario Provincial, como así que el hecho dañoso fue suficiente para enfermarlo, como alega el apelante.

En tal sentido advierto que como claramente surge del libelo de la demanda, el accionante demandó a la Provincia alegando su responsabilidad extracontractual en los perjuicios que le había provocado la conducta culposa del Servicio Penitenciario Provincial, organismo en el que prestaba servicios, al ser detenido el 01/06/01 por encontrarse sospechado del delito de violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P.), lo que -según afirma- le ocasionó graves y enormes perjuicios que afectaron su salud física y psíquica.

Palmariamente demandó de la jurisdicción que la Provincia fuera condenada a resarcirle por los daños y perjuicios que le había provocado el accionar culposo de personal del Servicio Penitenciario; requiriendo la reparación de daños, atribuyendo responsabilidad a la demandada en las previsiones de los arts. 1068, 1069, 1078, 1090, 1109, 1113, 1112 y cc del Código Civil.

Resulta inadmisible desde el punto de vista del derecho de fondo y de procedimiento, que el apelante al expresar agravios intente modificar su primigenia postulación, achacando en esta instancia responsabilidad contractual de la Administración en el evento dañoso, con fundamento en las previsiones del art. 522 del C.Civ. En efecto ello implicaría una franca violación a derechos de raigambre constitucional, v.gr. debido proceso y defensa en juicio; y una evidente inobservancia de las disposiciones del art. 262 del C.P.C., ya que este tema excede la competencia de este Tribunal por cuanto no ha sido sometido a consideración del juez de primera instancia. Razón por la cual propicio el rechazo de este primer agravio. Habiendo fundado el accionante su posición en la responsabilidad extracontractual de la Administración de reparar los daños reclamados (arts. 1068, 1078, 1090, 1109, 1112, 1113 y cc del Código Civil), es que analizaré el caso en este contexto normativo, atendiendo que no existe en el derecho público local una normativa específica que contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por acción u omisión. ".No existe en nuestro derecho público un texto específico que contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado por daños ocurridos con motivo de sus hechos u actos de omisión o abstención que hubieran ocasionado perjuicio. Por lo tanto resulta razonable, a partir de la regla del artículo 16 del Código Civil, acudir a la analogía y a los principios generales del derecho, recurriendo así a los cánones que establecen los artículos 1.066, 1.112 y 1.113 de aquel digesto de fondo.". (cfr. C. Nac. de Ap. en lo Civ. y Com. Fed., Sala III° sentencia del 17/05/1995 causa "MANJON Víctor Hugo c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Fallo Nº: 95.030.329, SAIJ: U0006376 94; KHODER Zacarías c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Fecha: 27/09/2013, Sentencia Nº: 779, Cámara en lo Contencioso Administrativo - Sala 1).

Respecto del segundo agravio previo analizar el caso concreto diré que conforme las normas aplicables al caso para que prospere la responsabilidad generadora del deber de indemnizar, es preciso que la conducta antijurídica que se le atribuye a la Administración cumpla en forma conjunta y coetánea con los requisitos de: imputabilidad o incumplimiento material, ilegitimidad objetiva, daño cierto y relación de causalidad.

En tal sentido el artículo 1109 del Código Civil obliga a reparar el perjuicio a todo aquél que ejecuta un hecho y que por su culpa o negligencia ocasiona un daño, obligación que se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia (art. 1113 ibíd). En tanto la Administración se encuentra obligada a reparar el perjuicio por el daño ocasionado por el hecho u omisión de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por cumplir de manera irregular las obligaciones impuestas por la ley. Al respecto ha sostenido la jurisprudencia que: "Se trate de responsabilidad contractual o extracontractual, en ambos casos, para la procedencia del resarcimiento, es necesario que la pretendida conducta antijurídica imputada a la Administración, haya cumplido en forma conjunta y simultáneamente con los siguientes requisitos: imputabilidad o incumplimiento material, ilegitimidad objetiva, daño cierto y relación de causalidad". M. S. P. c/ S. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Fecha: 16/12/1999, Sentencia N°: 543, Cámara en lo Contencioso Administrativo Tucumán - Sala 3 Lex9. (el resaltado me pertenece).

También señala destacada doctrina administrativista que para que se configure responsabilidad estatal necesariamente deben concurrir los siguientes presupuestos: a) la imputabilidad material del acto o hecho a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) el cumplimiento irregular los deberes y obligaciones impuestos por la ley o el reglamento; c) la existencia de un daño cierto y; d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular (cfr. Cassagne, Derecho Administrativo, Tomo Iº, pág. 225 y sig.).

Entrando al tratamiento de la cuestión a dirimir y a fin de determinar si en el sub lite se configuran los requisitos aludidos en parágrafos precedentes para atribuir responsabilidad al Estado; del perjuicio que dice haber sufrido el apelante por el "accionar culpable y arbitrario" del Servicio Penitenciario Provincial; examinaré las actuaciones administrativas llevadas a cabo con motivo del hecho acaecido. Luego de un pormenorizado análisis de la prueba rendida en autos, que tengo a la vista para resolver; en especial las constancias obrantes en el Sumario Nº 17411/01 del 4° Juzgado de Instrucción, expediente en los que están incorporadas las copias del Sumario Administrativo Nº 021/00 (fs. 216 a 263); coligo legítimamente que el apelante no fue investigado ilícitamente, ni perseguido con saña por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario, como asevera, conforme seguidamente argumento.

En virtud del secuestro de armas y demás elementos que estaban en manos de algunos de los internos del penal, se inicia el Sumario Administrativo Nº 021/00 en el Servicio Penitenciario Provincial a fin de establecer la presunta responsabilidad administrativa del personal penitenciario en los hechos acaecidos. Hechos que debidamente comunicados motivan también la instrucción del sumario judicial aludido, tomando intervención el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción.

Como adelantara la investigación administrativa fue decidida por la autoridad administrativa para establecer la presunta responsabilidad administrativa del personal penitenciario en los hechos acaecidos, como surge de la Resolución Nº 130-SPP-01 (ver fs. 218 del expediente judicial).

Por tanto, claramente al momento de disponer la autoridad administrativa la instrucción sumarial ésta no fue dirigida a inquirir únicamente al actor, lo que podría indicar que existió un prejuicio o saña en su contra, por parte de aquellas; sino, como dije, a determinar posibles responsabilidades de todo el personal del servicio penitenciario en los hechos ocurridos. Hechos en los cuales quedara involucrado el apelante a raíz de las vicisitudes por las que atravesara la investigación judicial, causa en la que finalmente fuera sobreseído.

En tal sentido advierto que la investigación administrativa fue ordenada por la autoridad competente para ello, en el marco de sus facultades y en cumplimiento con las obligaciones que le son impuestas por los arts. 5, 6, 13 y cc de la ley 257-R (5154) y su decreto reglamentario, en virtud a los graves hechos sucedidos. "De primera vista se percibe que las atribuciones de la administración (en el caso el IPVDU) para disponer un acto con los alcances de la Resolución N° 3.330 de 2001, es decir de procurar el inicio de las investigaciones pertinentes a los fines de esclarecer el alcance de las conductas y hechos acaecidos, se condice o relaciona con las facultades que le son naturales, lo cual se traduce en la especie en la potestad de ejercer el control disciplinario sobre los agentes que actúan bajo su órbita". G. J. M. c/ I. P. D. L. V. Y. D. U. Y. O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Fecha: 15/05/2014, Sentencia Nº: 343, Cámara en lo Contencioso Administrativo. Prov. Tucumán - Sala 1 Lex9.

Por su parte de conformidad al régimen legal al que se hallan sometidos voluntariamente -en el caso la ley 257-R y su reglamentación- todos los agentes o funcionarios públicos están sujetos a diversos tipos de responsabilidades, entre otras la "administrativa", que se hace efectiva a través de la potestad disciplinaria de la Administración Pública previa sustanciación de un sumario, según el caso. Mediante tal responsabilidad tiéndese a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos.

En el sub examine el procedimiento llevado adelante en sede administrativa, a cuyas constancias remito, se ha desarrollado al amparo de las normas que lo rigen, con respeto al derecho de defensa y del debido proceso del apelante.

Concibo que el apelante no fue perseguido con saña, como asevera, ya que incluso estando aún en trámite tanto la causa administrativa como la judicial y revistando en disponibilidad fue ascendido por el Poder Ejecutivo de Ayudante de Tercera a Ayudante de Segunda, por lo que también le fue respetado su derecho a la carrera.

En cuanto a la denuncia penal, como bien señala el juez a quo, no hay constancia que las autoridades del Servicio Penitenciario hayan atribuido el hecho al actor, ni que éste haya sido denunciado como responsable de delito alguno, como afirma.

Claramente los funcionarios cumplieron con su obligación legal dando intervención al juez penal en turno de los hechos ocurridos en el ámbito de ese servicio carcelario; ya que dadas las circunstancias podía existir responsabilidad "penal" de los agentes del servicio; disponiendo el magistrado interviniente -en el marco de sus atribuciones y deberes funcionales- la instrucción de la causa penal en la cual el apelante fuera sobreseído.

"Dice Marienhoff que hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular. Por ejemplo puede no existir el delito de estafa o falsificación de instrumento público, pero administrativamente el funcionario puede ser sancionado por no prestar el servicio con efectiva capacidad y diligencia. Con ello quiero señalar que en la presente litis se dieron dos procedimientos totalmente distintos uno de otro, cual es el procedimiento penal para determinar la existencia de un delito y el procedimiento administrativo para investigar la conducta de los empleados públicos y determinar la sanción disciplinaria si así correspondiere". B. M. A. c/ M. D. S. M. D. T. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, Fecha: 23/08/2005, Sentencia N°: 480, Cámara en lo Contencioso Administrativo - Sala 1.

En definitiva considero que en este caso no se le puede atribuir responsabilidad a la Administración, quien a mi criterio ha desarrollado su actividad investigativa de manera legítima, correcta y razonable. El daño ocasionado por el Estado como derivación de su actividad administrativa debe necesariamente, para otorgar derecho a indemnización, exceder lo razonable, ya que todo agente o funcionario público está sujeto a la responsabilidad "administrativa", la que sólo puede determinarse mediante la sustanciación de un sumario administrativo; siendo por otra parte obligación de la autoridad instarlo para deslindar su propia responsabilidad.

Finalmente afirma el apelante que su padecimiento fue considerado como contraído en servicio y que fue producto del proceso penal que le imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que genera a su favor el derecho a ser indemnizado por daño moral.

En cuanto a esta postulación diré, que conforme la reglamentación que rige a ese personal de seguridad y a la cual se sometiera voluntariamente el apelante al asumir su cargo, se considera que una enfermedad se ha contraído en servicio cuando la consecuencia directa o inmediata provenga del ejercicio de las funciones como riesgo específico y exclusivo de la profesión (art. 87 inc. LXXIII, ap. 1 del Decreto Nº 1293-G-84).

Circunstancia que en todo caso hubiera dado lugar a que el administrado peticionara el resarcimiento de los perjuicios que alega haber sufrido según sus propias normas reglamentarias, en especial invocando las previsiones del art. 33 inc. j) de la ley 257-R (ley 5154) que prevé el derecho a percibir indemnización en los casos de gastos y daños originados en o por actos de servicio, y en otros supuestos que legal o reglamentariamente se dispongan. Derecho que no ejerciera el actor formulando el pertinente reclamo.

Ha entendido la jurisprudencia en un caso similar, citando doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al rechazar la pretensión de indemnización: "Si -en la mayor de las hipótesis para el actor- se considerara que su enfermedad incapacitante guardó relación con los actos de servicio, como él se hallaba obligado a prestarlos por su sometimiento voluntario a la carrera militar, el resarcimiento de los perjuicios consecuentes quedaría enmarcado en las respectivas normas reglamentarias (especialmente, leyes 19.101 y 22.511) -a las cuales se adhirió sin reservas al ingresar al ejército-, normas que constituyen un régimen específico que rige el estado militar, (conf. Corte suprema, causa "Valenzuela, r. C/ la Nación" del 25.8.92). Auto: PISTAN CARLOS ALBERO C/ ESTADO NACIONAL MIN. DE DEFENSA EST. MAYOR GRAL. DEL EJERCITO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS. - Sala 2. Contencioso Administrativo. - Fecha: 30/04/1993 - Nro. Exp. : 8.872/92. Lex 9.

En definitiva opino que en este caso no se configuran los requisitos que viabilicen la pretensión o tornen procedente el reclamo, conforme lo reseñado, razón por la cual me pronuncio por desestimar también este agravio.

En relación el tercer agravio no puedo dejar de advertir y señalar que los mismos no constituyen un verdadero agravio, ya que no son una crítica concreta y razonada de los yerros del juez, sino una mera discrepancia del criterio fijado por el magistrado en la sentencia, a cuyos conceptos y valoración me remito por su atino y por compartir plenamente lo allí expuesto (ver fs. 712 vta. a 717 vta.). En su consecuencia también propicio su rechazo.

Finalmente en cuanto al cuarto agravio trataré en este punto lo relativo a los honorarios regulados a la Dra. Patricia Reyes y la apelación de los honorarios por bajos planteada por los apoderados del actor. En tanto el cuestionamiento de que las costas hayan sido impuestas en el orden causado (por la excepción) y el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 883-A (7675) lo analizaré juntamente con la apelación del apoderado de la demandada.

Con respecto a la regulación de honorarios practicada por el Sr. Juez, en relación al juicio principal, diré que del detenido examen de los presentes autos y de lo expresamente manifestado por los apelantes -en el agravio en tratamiento- surge que la Dra. Patricia H. Reyes intervino en el presente proceso en representación de la parte actora hasta el día 26/08/08 (v. fs. 616/626 vta.) donde, junto con los Dres. Blanco y Vázquez, formularon presentación por la cual alegaron sobre el mérito de la prueba rendida en el juicio.

Posteriormente, mediante escrito de fs. 699, la letrada en cuestión denunció nuevo domicilio, manifestando que ya no pertenecía al estudio jurídico del Dr. Blanco -con quien llevaba la causa- atento a lo cual, solicitó regulación de honorarios. El Sr. juez por decreto de fs. 708 le hizo saber que al momento de dictar sentencia definitiva regularía los honorarios de todos los profesionales; lo que llevó a cabo como surge del pronunciamiento apelado.

Como expuse precedentemente la Dra. Reyes actuó hasta el momento de alegar sobre el mérito de la prueba, en carácter de apoderada de la parte actora, correspondiendo en consecuencia regularle honorarios a su favor por las tres etapas del proceso en las que intervino -como acertadamente lo hace el sentenciante- en un todo de acuerdo a lo normado por los incs. a), c) y g) del art. 19 de la Ley n° 56-O (ex Ley n° 2150).

Correspondiendo también tener en cuenta -como hizo el Sr. juez al establecer el porcentaje de los honorarios regulados- el carácter de vencida de la parte actora en el juicio principal y que los letrados actuaron en forma conjunta (cfr. arts. 11, 12, 14 y 15 de la Ley n° 56-O -ex Ley n° 2150-).

Teniendo en consideración las pautas aludidas considero -como expresé ut supra- acertado que el sentenciante haya regulado a favor de la Dra. Reyes honorarios por tres etapas y estimo ajustado a derecho el porcentaje establecido por el Sr. juez a favor de los tres letrados que actuaron en representación de la parte actora.

En relación a los honorarios regulados a favor de los Dres. Blanco, Vázquez y Reyes por la labor profesional desplegada en la incidencia de la excepción de prescripción rechazada se agravian porque sostienen que se ha equiparado su labor profesional desarrollada a lo largo de todo el proceso con la de la Dra. Reyes y que son bajos los honorarios regulados por tal incidencia.

Sobre el particular diré que como surge de las constancias de autos la Dra. Reyes a fs. 238/240 respondió -junto a los Dres. Blanco y Vázquez- el traslado conferido a fs. 231 de la excepción de prescripción opuesta por la demandada al momento de contestar la acción interpuesta en su contra (fs. 214/227); siendo ésta actuación la que debe ser considerada a los fines de la regulación de honorarios por dicha incidencia.

Teniendo en cuenta que se trata de un incidente sin contenido económico, de mero corte procesal, donde los tres letrados actuaron en forma conjunta como apoderados de la parte actora resultando vencedores, estimo que el monto regulado a favor de dichos letrados resulta ajustado a derecho en un todo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 13 y 22 de la Ley n° 56-O (ex Ley n° 2150). Por todo lo expresado, voto por rechazar el cuarto agravio en la parte que los Dres. Blanco y Vázquez se agravian de las regulaciones efectuadas en favor de la Dra. Reyes y en la que consideran bajos los honorarios regulados a su favor, las que propongo sean confirmadas. Agravios demandada. Sucintamente agravia al representante de la Provincia que las costas hayan sido impuestas a la actora vencida en el pleito por el rechazo de la demanda (art. 66 CPC), sin haberse tachado de inconstitucional el art. 20 de la Ley 7675, legislación de orden público, vigente al momento de dictar sentencia definitiva, y aplicable a autos por haber recaído sentencia definitiva.

Por su parte los apoderados del actor tanto al expresar agravios como al contestar los agravios planteados por la Provincia, piden que se declare la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 7675 (hoy 883-A) afirmando que esta legislación de emergencia menoscaba el derecho constitucional de propiedad de su mandante (art. 17 de la Const. Nac.) Piden se confirme lo resuelto en la primera instancia en cuanto a la imposición de costas, conforme el principio receptado por el art. 66 del CPC; se declare inconstitucional el art. 20 de la ley 883-A y se revoque esa parte de la sentencia de primera instancia.

Con respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado previo a considerar el caso a zanjar, precisaré los postulados que rigen en esta materia dada la gravedad institucional que implica tachar de inconstitucional una norma dictada por uno de los poderes del Estado facultado por la propia Constitución para cumplir con esa función.

Es por ello que toda petición de declaración de inconstitucionalidad de una ley debe ser analizada con gran cautela dado además el efecto sanción que conlleva.

En tal sentido se encuentra definitivamente establecido por la jurisprudencia y nuestro máximo Tribunal de la Nación, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe ser considerada como la ratio final del orden jurídico, y por tanto debe manifestarse nítidamente en el caso concreto, frente a los agravios expresados, y con efectos particulares para el caso. "La descalificación constitucional de una ley, decreto, ordenanza, etc., es considerada dentro del orden jurídico como ratio última, lo que implica que la función de control de los jueces debe ser ejercitado con extremo cuidado (C.S.J.N., fallos 242: 73; 14:432; 247:121). En consecuencia es dable exigir que el requirente demuestre acabadamente que existe una insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, que no podrá ser reparada de ninguna otra forma que con la declaración de su inconstitucionalidad...". GIOVANNIELLO GARCIA SERGIO ARIEL C/PROVINCIA DE TUCUMAN s/ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD, Fecha: 20/09/2011{F}, Sentencia Nº: 410, Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala 3.

Teniendo en cuenta estos principios, y que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe necesariamente sustentarse en una manifiesta oposición entre la regla cuestionada con el texto constitucional implicado, me centraré en el caso que me ocupa.

Para efectuar un adecuado razonamiento sobre la norma cuya inconstitucionalidad se peticiona, estimo necesario contextualizarla en el plexo legal al que pertenece, por lo que formularé algunas precisiones sobre ley 883-A (7675 y sus modificatorias).

Por dicha legislación se regula el "procedimiento" que deberá seguirse en las causas en que el "Estado" sea parte, como "demandado ó actor", siendo de observancia obligatoria para todas las partes que intervienen en el proceso, regulando también lo atiente a las costas, su imposición, y base regulatoria de los honorarios profesionales. Trátase de una ley de carácter procesal y no de emergencia -como afirma el apelante-. El art. 27 del plexo legal analizado dispone que esta ley es de "orden público y aplicable aún de oficio", siendo "inaplicable" toda norma que se contradiga o se oponga a lo dispuesto por ella, conforme prevé su art. 28.

Por tanto, estamos frente a un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés público, general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega el interés particular. Ha sostenido la Corte de Justicia de la Provincia respecto de normas locales que también revisten este carácter. "Más aún: la naturaleza de orden público de las disposiciones contenidas en las leyes 7965 y 7966, conllevan su aplicación inexcusable e inmediata, y su prevalencia respecto de cualquier otra legislación, incluso las normas del código de procedimientos en que el tribunal a quo se apoya para no aplicarlas" (Autos Nº 9359 - 81970 caratulados: "Yanzón de Graffigna Mónica y otros c/ Provincia de San Juan - Expropiación Irregular"; P.R.E. S.2ª 2012-V-905).

Indudablemente esta ley de orden público y aplicable aún de oficio tiene "preeminencia" o "prevalencia" por sobre toda otra legislación, como ha dicho nuestro máximo tribunal local; en este caso, respecto de las disposiciones del CPC en materia de costas, plexo ritual que por otra parte también prevé excepciones al principio general de la derrota. "El derecho administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto a las otras ramas del derecho, por consiguiente son de aplicación sus propias normas, tanto procesales como de fondo..." ("Fiorini", Que es lo Contencioso, p. 15).

El art. 20 tachado de inconstitucional, en la parte que aquí atañe, establece que cuando el juicio deba resolverse por sentencia definitiva -como en este caso- las costas serán impuestas en el orden causado. Disposición que según afirma el apelante violenta el derecho de propiedad de raigambre constitucional.

Si bien hoy no admite discusión el alcance constitucional otorgado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término "propiedad", en cuanto comprende todos los bienes apreciables en dinero; tampoco hoy admite debate que los derechos reconocidos por la constitución "no son absolutos", ya que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.

Lo que garantiza la Constitución es que los derechos por ella reconocidos no sean suprimidos o restringidos más allá de lo razonable. ".El principio de "inviolabilidad" del derecho de propiedad que emerge del texto constitucional importa, en definitiva, una aplicación específica del principio genérico previsto en el art. 28 de la C.N., extensivo a la generalidad de los derechos individuales amparados por la carta magna. Ello no quiere decir, obviamente, que los derechos patrimoniales no puedan ser reglamentados o incluso sufrir restricciones, ya que son susceptibles de reglamentación, más lo que la constitución garantiza es que esos derechos no sean suprimidos arbitrariamente ni restringidos más allá de lo razonable...". Autos: INDUSTRIA METALURGICA PLÁSTICA ARGENTINA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE ACTUACIONES SEPARADAS. - Ref. Norm: Constitución Nacional: 28. - Cámara Comercial: A. - Mag.:Kölliker Frers - Míguez - Uzal. - Fecha: 12/08/2010. Lex 9. (El resaltado me pertenece).

Siguiendo la doctrina sentada por la Corte de Justicia de la Nación, último intérprete de la constitucionalidad de las normas, concibo que esta disposición no quebranta el derecho de propiedad del obligado al pago ya que el hecho que tenga que abonar los honorarios del profesional que le prestó el servicio, no implica la confiscación de sus bienes.

En tal sentido sostuvo nuestro máximo Tribunal, al analizar una norma similar a la que me ocupa, que: "La circunstancia de que el art. 21 de la ley 24.463 (Adla, LV-C, 2913) disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantías de la igualdad y propiedad, pues, el régimen favorece a ambas partes por igual, y no se advierte que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique la confiscación de los bienes del obligado" (CSJN Flagello, Vicente c. ANSeS o 20/08/2008 Publicado en: LA LEY 03/09/2008 , 7 o LA LEY 2008-E , 285 o LA LEY 10/09/2008 , 11 o DJ 17/09/2008 , 1395 o DJ 2008-II , 1395 o IMP 2008 - 19 (Octubre) , 1703 o ED , 19 Cita Fallos Corte: 331:1873 Cita online: AR/JUR/5819/2008 )".

También dijo la Corte nacional al fallar en las causas "Vago Alicia C/ Anses" V. 111, XXXIII. R.O. y "Boggero, Carlos C/ Anses" B. 1524. XXXII, ambas de fecha 10/12/1997, que el tema relativo a las costas es de carácter procesal y puede ser tratado por las leyes locales de la forma más justa sin que sea menester que en todos los casos se impongan al vencido.

En este sentido, al contrario de lo sostenido por el apelante, encuentro que la norma analizada se presenta "razonable" o "justa" por cuanto el Estado no siempre resulta "perdidoso" y condenado en costas; también puede ocurrir que el litigante particular resulte "perdidoso", en cuyo caso éste se verá beneficiado por la norma, habida cuenta que no tendrá que cargar con los honorarios del apoderado de la Fiscalía de Estado ganancioso.

Hipótesis que justamente se configura en autos ya que el actor perdidoso fue condenado en costas en primera instancia, y la misma suerte correría en esta segunda instancia atendiendo el resultado arribado.

Por todo lo reseñado y en la convicción que la norma atacada es constitucional, propicio el rechazo de esta postulación.

Postura que además ya ha sido sostenida por este Tribunal con competencia especial, en Autos Nº 117888 (C.C. Sala IV Nº 223) caratulados "Lloveras Alberto Ventura C/ Provincia de San Juan - Contencioso Administrativo" protocolizado en Libro de Sentencias - T° I - F° 73/78 año 2014; Autos Nº 99550 (C.C. Sala IV Nº 137) caratulados "Bravo Oscar Horacio y otra C/ Municipalidad de Rivadavia - Daños y Perjuicios" protocolizado en Libro de Autos - T° I - F° 189/193 año 2014 -entre otros-.

En su consecuencia y en el convencimiento que le asiste la razón al representante de la Fiscalía de Estado en su planteo, en cuanto en autos resulta aplicable el art. 20 de la ley 883-A al haberse dictado sentencia definitiva, es que voto por admitir el recurso de apelación impetrado por su parte y rechazar el cuarto agravio de la actora en la parte que solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 20 de la Ley 7675 (hoy Ley 883-A). Ahora, en lo atinente al cuarto agravio de la actora en la parte referida a la imposición de costas por su orden por la excepción de prescripción rechazada, estimo que corresponde observar lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 7675 (hoy Ley Nº 883-A) y no, por el art. 20 ibid -como hizo el sentenciante-. Ello, porque es una incidencia que no pone fin al pleito y porque se trata de una cuestión no contemplada por la Ley 883-A (costas en los incidentes). El art. 1 de la Ley 7675 (hoy Ley Nº 883-A) dispone expresamente que en lo no contemplado por su normativa resultan de aplicación las disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial y Minería (Ley Nº 988-O), o el que en el futuro lo sustituyere y las otras normas que se indican.

Por lo expuesto, voto por la admisión del cuarto agravio en la parte que refiere a la imposición de costas por la excepción de prescripción rechazada, las que propongo se impongan a cargo de la demandada vencida en un todo de acuerdo a lo previsto por los arts. 66 y 67 del C.P.C..

De conformidad a lo dispuesto por la norma declarada constitucional opino que corresponde revocar la parte pertinente de la sentencia de primera instancia, y en su reemplazo imponer las costas del juicio principal en el orden causado, al igual que en esta instancia. En consecuencia, revocar la regulación de honorarios practicada a favor del apoderado de la Provincia por la sentencia apelada, conforme las previsiones del art. 20 de la ley de Fiscalía de Estado. Asimismo y en virtud a lo establecido por el art. 47 de la Ley nº 56-O (ex Ley nº 2150), entiendo que deben regularse los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora intervinientes en esta apelación -Dres. Blanco y Vázquez- por su actuación en la segunda instancia en el 30% de lo regulado en la primera instancia por el juicio principal, conforme las previsiones del art. 21 inc. a) de dicha ley. No regular honorarios por la labor desplegada en esta instancia por el apoderado de la Provincia de San Juan en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley de Fiscalía de Estado. Así voto.

El Dr. JUAN JESUS ROMERO, dijo: Por razones análogas voto en el mismo sentido.

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C..

En consecuencia y por el mérito de la votación que antecede: SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el punto 1) de la sentencia en lo que refiere al rechazo de la demanda, el que se confirma. Admitir el recurso interpuesto por esa parte en relación a lo dispuesto en el punto 2) de la sentencia, el que se revoca. En su lugar se resuelve: "Imponer las costas por la excepción de prescripción rechazada a cargo de la demandada vencida (cfr. arts. 66 y 67 del C.P.C.)". II) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el apoderado de la Provincia, y en su consecuencia revocar el punto 1) de la sentencia apelada en la parte que impone las costas a cargo del actor, las que se imponen por el orden causado, cfr. art. 20 Ley Nº 883-A (7675). Revocar la regulación de honorarios practicada a favor del apoderado de la Provincia por la sentencia apelada, conforme las previsiones del art. 20 de la ley de Fiscalía de Estado. III) Imponer las costas de esta instancia por el orden causado (cfr. art. 20 Ley 883-A ex Ley 7675). IV) Regular los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora intervinientes en esta apelación -Dres. Blanco y Vázquez- por su actuación en la segunda instancia en el 30% de lo regulado en la primera instancia por el juicio principal, conforme las previsiones del art. 21 inc. a) de la ley de aranceles. No regular honorarios por la labor desplegada en esta instancia por el apoderado de la Provincia de San Juan en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley de Fiscalía de Estado.

Protocolícese, notifíquese, y bajen los autos al juzgado de origen previa reposición del sellado si correspondiere.

FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO PRESIDENTE - DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF - VOCAL.- ANTE MI: MARCELA CARRIZO - PROSECRETARIA.