Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04


Causa Nº 2188-00/CC/2006 "VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Infr. Art. 83, ley 1472- Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5 Francisco Malini Larbeigt a fs. 46/49.

RESULTA:

1.- Que la defensa interpuso recurso de apelación contra la resolución del a quo -obrante a fs. 44/45- que no hizo lugar al planteo de nulidad y solicitud de revocatoria del auto de fs. 32/vta., que declara la rebeldía y dispone la averiguación de paradero y posterior comparendo por la fuerza pública de su defendida, Sabina VAZQUEZ CHACON, circunstancia que motivara la intervención de este Tribunal.

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 57/58, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, en su caso ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTIÓN:

Admisibilidad del Recurso 2.- En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por los arts. 449 y 450 del C.P.P.N. (art. 6, ley 12), y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, el Sr. Juez de Grado resolvió con fecha 15 de mayo de 2006 no hacer lugar a la declaración de nulidad ni a la solicitud de revocatoria interpuestas por el Sr. Defensor Oficial (fs. 44/45), resolución que fuera notificada a este último el día 18 de mayo del mismo año (fs. 45), quien interpuso recurso de apelación con fecha 24 de mayo de ese año a las 10:12 hs. (fs. 46/49), es decir, dentro del plazo de gracia otorgado por ley en el cuarto día desde su notificación, mediante escrito fundado y con indicación de los motivos de su agravio.

Este Tribunal ha dicho que si bien la ley 12 prevé expresamente la apelación de sentencia (art. 50) y hace otras referencias a dicha vía (art. 29 y 57 inc. 3), es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación, en atención a lo dispuesto por el art. 6 de la ley citada (in re Corjuera, María s/ Infr. art. 83 C.C., Apelación, expte. nº 5428-00/CC/2006, resuelto el día 15 de mayo de 2006).

De allí entonces que la temporaneidad del recurso de apelación en aquellos casos en que no esté estipulado un término especial, está prevista por el art. 450 del C.P.P.N. (tres días).

Por otra parte, las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley nº 12, como así también las previstas por el art. 449 C.P.P.N., entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen irreparable. Entendido tal, como el "perjuicio cierto para alguna de las personas vinculadas al proceso, que no pueda ser reparado en la misma instancia, con el avance de las actuaciones, o de tal gravedad que no admita demora" (confr. Luis Cevasco, Principios de Derecho Procesal Penal Argentino, ed. Oxford, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 237) y también "...puede inferirse que el gravamen irreparable resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar". (confr. Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

3.- Desde este punto de vista, considero que la decisión del Sr. Juez de Grado causa un menoscabo al libre goce del derecho de libertad ambulatoria del imputado y, por lo tanto, ocasiona un gravamen irreparable en los términos exigidos en esta instancia, siendo en consecuencia la resolución cuestionada de aquéllas que han sido indicadas como objeto de impugnación.

No ignora mas no comparte este Tribunal el criterio según el cual la declaración de rebeldía efectuada por el Juez de la causa carece de entidad suficiente para generar un gravamen irreparable en los términos del art. 449 C.P.P.N. de aplicación supletoria en virtud de lo normado por el art. 6 de la ley 12, pues admitirlo, significaría privar a la defensa de impugnar una decisión cuyo contenido formal y material autoriza a ser revisado.

El perjuicio que ocasiona junto con la orden de averiguación de paradero y posterior comparendo por la fuerza pública dispuesta en consecuencia, resulta palmario toda vez que restringe el derecho de libertad de una persona imputada de la comisión de un hecho contravencional, que no ha podido ejercer aún su legítimo derecho de defensa, al no tener conocimiento efectivo del hecho que se le imputa, de las pruebas existentes en su contra y de la posibilidad de elegir letrado defensor.

En tal sentido, se ha dicho que "Resulta pasible de apelación el auto que declara la rebeldía del encausado, debido a que tal declaración indefectiblemente perjudicaría la situación del imputado frente al análisis de los institutos de la excarcelación o la exención de prisión. Con la negativa de poder apelar se pone al imputado en estado de indefensión, de manera que se violan principios básicos constitucionales (art. 18 CN. y art. 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7 y 8 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, todos incorporados a la Constitución por el art. 75 CN.), ya que se lo coloca en una situación kafkiana en la cual, no es apelable la rebeldía, que pudo ser mal declarada, y no se lo exime de prisión porque es rebelde" (del voto del Elbert) (C. Nac. Crim. y Corr.,sala 5ª,30/06/2005- CALCATERRA, Josué R.). El subrayado nos pertenece.

En dichas circunstancias, concluiremos en la admisión del recurso interpuesto.

SEGUNDA CUESTIÓN:

De los agravios 4.- Se agravia la defensa en la escasa fundamentación brindada por el a quo para declarar rebelde a su defendida, sin haberle dado la posibilidad de intervenir para emitir su opinión. Asimismo, manifiesta que la notificación llevada adelante por el personal preventor nada comparte en cuanto a su naturaleza con la notificación llevada a cabo por un operador judicial.

Como primera cuestión de fondo a tratar, sin perjuicio de los agravios expresados por la defensa, debemos preguntarnos si la resolución del Juez de grado de fs. 32/vta. en cuanto declara la rebeldía y ordena la averiguación del paradero y posterior comparendo de la encartada se ajusta a derecho. Adelantamos que habrá de revocársela por las razones que se exponen a continuación.

Cabe señalar que a fs. 3 obra el acta contravencional labrada en el lugar del hecho por personal de la Comisaría 45 y que a fs. 4 luce una presunta trascripción mecanográfica de dicha acta en la que se consigna que "..es copia fiel del acta labrada en el lugar del hecho".

Si bien del acta contravencional de fs. 3 se desprende que la imputada fue intimada a presentarse ante "él o la Fiscal dentro de los cinco días hábiles siguientes bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública", lo cierto es que ello se deriva de una deficiente trascripción que allí se efectúa del art. 37 de la ley 12, en la que no consta que se le informara a la encartada en forma precisa dónde debía dirigirse (domicilio de la Fiscalía), así como tampoco surge que se le hiciera saber en forma fehaciente acerca de su derecho a ser acompañada por un abogado/a de su confianza y que, de no hacerlo, sería asistida por un Defensor Oficial.

En cuanto a la pretendida trascripción del acta (ver fs. 4), advirtiendo que no se corresponde con el acta manuscrita que le antecede y no habiendo sido firmada por la imputada ni por los testigos, entiendo que no se la puede considerar válida a los efectos descriptos en el párrafo anterior.

Es menester recordar que resulta del propio interés del Ministerio Público Fiscal la investigación e individualización de los presuntos contraventores y, en consecuencia, la evacuación de todas las medidas idóneas para concretarlo desde la iniciación del proceso.

Sentado ello, si bien la situación de la nombrada en el presente caso configuraría en principio uno de los supuestos que prevé el art. 288 C.P.P.N (de aplicación supletoria conforme el art. 6, ley 12), no se advierte que se hayan agotado todas las medidas tendientes a lograr la comparecencia de la imputada tal como lo exige dicho ordenamiento en su art. 150.

En efecto, la mentada norma prescribe: "Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo". Resulta claro, pues, que tal extremo opera como presupuesto de la declaración de rebeldía.

En ese sentido, se ha señalado que "Ante el desconocimiento del domicilio del imputado, debe publicarse la citación en el Boletín Oficial (art. 150 CPPN.) y oficiar a la Secretaría Electoral a fin de conocer el domicilio real del imputado, luego de lo cual, de no presentarse a las citaciones, debe procederse conforme los arts. 288 y 289 CPPN., decretando la rebeldía y captura de aquél". (C. Nac. Crim. y Corr., sala 1ª, 06/03/2003- FERNÁNDEZ, Gustavo). El subrayado es de nuestra autoría.

Resulta entonces que, si el imputado no fue notificado personalmente de la citación cursada, no corresponde declarar su rebeldía, sino, antes bien, buscar una medida menos gravosa que cumpla con la misma finalidad, como ser, la publicación de edictos o un requerimiento al Consulado de la República de Bolivia a fin de que informe sobre su paradero. Es que sin el conocimiento de la citación -en razón de las irregularidades que adolecen el acta de fs. 3 y su "trascripción" de fs. 4-, mal puede adjudicársele a la imputada voluntad de no comparecer.

Por otro lado, no debe apartarse el juzgador del principio que establece que, tratándose de la libertad individual debe estarse a la solución que menos perjudique tan valioso bien. Así, el art. 2 C.P.P.N. de aplicación supletoria establece que "toda disposición que coarte la libertad personal ... debe ser interpretada restrictivamente", mientras que el art. 10 de la ley 1472 postula que "En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable al contraventor".

En virtud de ello, la emisión de una orden que restrinja la libertad ambulatoria de una persona requiere siempre de un examen minucioso de las circunstancias del caso, con especial observancia de la razonabilidad que deben guardar las decisiones jurisdiccionales. En tal entendimiento se ha sostenido que "Al ser la detención una facultad casi exclusiva del juez, esta requiere un análisis cuidadoso en cada caso, pues, de lo contrario, podría incurrirse en un caso de abuso de poder. El derecho a no ser detenido arbitrariamente es de orden internacional, e incorporado a nuestra Constitución por numerosos instrumentos de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN., art. 7.2 CADH. y art. 9.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional para el estado argentino". (C. Nac. Crim. y Corr., sala 1ª, 20/08/2004 - GOMEZ, Luis E.).

Consecuentemente, no resulta ajustada a derecho la resolución puesta en crisis en cuanto declara la rebeldía de Sabina VAZQUEZ CHACON, por no reunir los presupuestos para su procedencia de conformidad con el art. 150 C.P.P.N. (art. 6, ley 12).

5.- Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 32/vta. en cuanto dispuso la rebeldía de Sabina VAZQUEZ CHACON y la consecuente orden de averiguación de paradero y posterior comparendo por la fuerza pública, para que se proceda en la forma indicada (arts. 123 y 150 C.P.P.N. - art. 6 L.P.C.).

Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia a fin de que se practiquen las demás notificaciones pertinentes.

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

Ante mí:

La Marta Paz dijo:

La resolución del Tribunal es unánime, con excepción, en el caso de la suscripta, a lo expuesto en relación a la temporaneidad del recurso (primera cuestión, punto 2).

En este aspecto, como ya he señalado en otras causas, comparto la jurisprudencia del fuero, de larga data a la cual me adhiero (v. mi disidencia en c.8710-01/CC/06 "Acosta Riveros s/art. 83 C.C.", entre otras), ya que otro temperamento podría sorprender a las partes y afectar su derecho de defensa, fundándolo además en lo dispuesto en el art. 2 del C.P.P.N. -idéntico a la misma regla en todos o en la mayoría de los códigos provinciales- que, a contrario sensu, manda interpretar extensivamente y hasta por analogía las disposiciones legales que establecen facultades para los sujetos procesales, en especial, para el imputado. "Toda disposición legal ... deberá ser interpretada restrictivamente o, del mismo modo, deberá ser interpretada extensivamente o aplicada analógicamente toda facultad concedida por el código la regla trascrita resulta aplicable en virtud de la remisión del art. 6 de la LPC (Nº 12)" (del voto del Julio Maier in re "Oniszczuk, Carlos Alberto y Marquez, Sandra Rosana s/ley 255 - apelación-").

Por lo que sostengo que el plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco días y no de tres.

Sólo en relación a ello formulo mi disidencia parcial.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Secretaría General de la Cámara de la remisión de los autos al Juzgado de origen. Conste.