Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-16


SENT Nº 247	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Zelarayan Roberto vs. Embotelladora del Interior S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 265/290 por el actor Roberto Zelarayán, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia de fecha 08/4/2008 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo. El tribunal de grado dispuso la concesión del recurso por resolución de fecha 26/9/2011 (fs. 300) y del informe actuarial de fs. 307, surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido (fs. 253/258) hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta en autos, condenando a la demandada al pago de la suma total de $ 11.566,88 (pesos once mil quinientos sesenta y seis con ochenta y ocho centavos) por los rubros contenidos en planilla adjunta, en concepto de diferencia de indemnización por antigüedad, diferencia indemnización sustitutiva del preaviso, diferencias vacaciones no gozadas, diferencia SAC s/vacaciones no gozadas, diferencia SAC prop. mes despido integrado e indemnización art. 2 Ley 25.323. Al mismo tiempo, absolvió a la demandada del pago de las sumas reclamadas en concepto de horas extras (cinco horas diarias), indemnizaciones arts. 10 y 15 de la Ley 24.013, indemnización art. 1 de la Ley 25.323 e indemnización art. 80 LCT. Además, impuso las costas en proporción al éxito obtenido por cada parte y reguló los honorarios de los letrados intervinientes.

2. Invoca el recurrente el cumplimento de la totalidad de los recaudos formales impuestos al recurso deducido por su parte. Expresa que el mismo ha sido interpuesto en término, que el afianzamiento no resulta exigible, que la sentencia impugnada es definitiva y que se alega fundadamente la infracción de normas de derecho sustancial y formal, así como la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado. En tal sentido, denuncia la conculcación de los arts. 34, 264 y 265 del CPCC. y art. 106 de la LCT.

Se agravia de que la sentencia impugnada es arbitraria pues presenta -a su entender- vicios graves que impiden considerarla como un acto jurisdiccional válido. Denuncia "los siguientes vicios en la construcción del acto jurisdiccional: 1º.- Violar el principio de congruencia; 2º.- Apartarse de la solución normativa; y 3º.- No respetar las constancias de la causa".

Sostiene que la violación al principio de congruencia se presenta en el tratamiento de los "dos temas centrales" del litigio, esto es, el análisis y resolución del reclamo de horas extras y de los viáticos.

Respecto de lo primero, explica que luego de dar por acreditada "la existencia de la prestación de servicios en jornadas laborales entre cinco o seis horas extras más que la normal, la Cámara rechazó su pago basándose en lo dispuesto por el art. 3 inciso "a" de la Ley 11.544, en la inteligencia de que las tareas de supervisor de ventas que realizaba el actor eran jerárquicas, asimilables a los empleos de dirección mentados en la referida norma, y se hallan fuera del CCT 152/91.

Sostiene que tales circunstancias mencionadas en la sentencia atacada (el carácter de personal jerárquico del actor, y que las labores de supervisor son equiparables a las de dirección) son aspectos "que las partes nunca debatieron, ya que la demandada nunca lo invocó como defensa", con la particularidad de que "claramente se trata de 'cuestiones de hecho' que la actora "no pudo 'contradecir con prueba idónea', en el curso del debate, por no ser un 'tema contradicho'".

A juicio del recurrente, ello evidencia "una notoria transgresión al principio de congruencia, ya que falta la necesaria identidad entre lo resuelto y lo controvertido". Cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme a los cuales el principio de congruencia importa una limitación a las facultades del Juez quien "no debe sentenciar en más de lo debatido", en tanto que la sentencia incongruente "importa dejar al pronunciamiento apelado desprovisto de todo fundamento".

Se agravia de que la Cámara al haberse pronunciado "sobre cuestiones ajenas al objeto litigioso" colocó a su parte en una situación de "absoluta indefensión", excediendo la facultad de aplicar el derecho (principio "iura novit curia") y apartándose del "thema decidendum" propuesto por las partes al trabar la litis.

Alega que -conjuntamente con la infracción al principio de congruencia- "existe una nueva violación en la construcción del fallo, cual es que la sentencia se sustenta en 'afirmaciones meramente dogmáticas' vertidas por los jueces". Esta crítica se dirige expresamente a la asimilación de las tareas de supervisor de ventas desempeñadas por Zelarayán con los empleos de dirección y tareas jerárquicas mentados en el art. 3 inciso "a" de la Ley 11.544.

Agrega que otra muestra de dogmatismo se advierte cuando la Cámara sostiene que resulta aplicable al caso la doctrina del caso "Fassone, Ángela c/Cigra Internacional Holdin y otros" decidido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, el 22/02/1999. Al respecto, señala que el tribunal a quo "ni siquiera se toma la molestia de explicar" por qué la solución jurídica de aquél caso "donde existen presupuestos de hecho totalmente distintos a los debatidos y comprobados en autos" debe aplicarse aquí.

Sostiene que la interpretación y aplicación de la ley que "pretende introducir el Tribunal en la sentencia" resultan violatorias de lo establecido por el art. 11 LCT "ya que quebranta elementales reglas interpretativas", que a su entender son las siguientes: a) Las excepciones a una regla general -que en este caso sería el art. 3 inc. "a" de la ley 11.544- son de "interpretación restrictiva"; b) Principio "in dubio pro operario"; c) Principio según el cual la ley laboral debe ser interpretada y aplicada conforme a los principios de justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe (art. 11 LCT).

Concluye que, en función de la violación del principio de congruencia que atribuye a la sentencia de Cámara, existe a su criterio cuestión federal suficiente, "por lo que, a todo evento, se deja formalmente introducido el caso federal para acudir por la vía del recurso extraordinario por ante la CSJN".

Respecto del rubro viáticos, aduce el recurrente que allí también hubo violación al principio de congruencia por parte del tribunal "al momento de analizar y decidir" los reclamos respectivos.

Expresa que la sentencia, luego de dar por probado a través de la prueba pericial contable y de las testimoniales que la demandada: a) Abonaba habitual y semanalmente al actor un importe adicional en concepto de "gastos" (movilidad, alimentos, etc.); b) Que esos montos se detallaban en planillas de rendición de gastos semanales por conceptos de transporte, alojamientos y comidas (fs. 21/26) que no se incluían en los recibos de haberes mensuales; y c) Que dichos importes "variaban entre los meses de octubre y noviembre/99 de $130 a $142", dio por sentado que, conforme al art. 106 LCT, el dinero así recibido no tenía carácter remuneratorio por ser una suma "efectivamente gastada y acreditada y por ende no debe integrar la remuneración base para el cálculo de las diferencias reclamadas". Para arribar a tal decisión el tribunal se basó en que "el actor cumplía en presentar la rendición de gastos realizados semanalmente, sin que obste a ello la ausencia de comprobantes atento a que la declaración jurada de gastos que contiene esa planilla firmada por el dependiente suple ampliamente la exigencia de la presentación de comprobantes que en ocasiones resulta dificultoso obtenerlos cuando se prestan servicios de transporte y alimentos". La Cámara agregó que no consideraba aplicable al caso la presunción iuris tantum que asigna carácter salarial a los viáticos no acreditados por comprobantes "porque es el propio actor quien semanalmente rinde cuentas de gastos realizados mediante planilla que constituye una declaración jurada de esos gastos por estar firmada por su parte. Esos gastos luego fueron reconocidos y reintegrados por la principal como quedó probado en autos (testimonial y pericial contable)".

El recurrente indica que tal razonamiento viola nuevamente el principio de congruencia "por cuanto se quebranta la necesaria identidad entre lo resuelto y lo controvertido". Concretamente señala que la mención de "la supuesta rendición de gastos mediante declaración jurada firmada por el actor" recién fue introducida en la sentencia ya que la demandada "nunca esbozó esta defensa" que el tribunal trajo "unilateralmente a la litis" asignándole condición de declaración jurada firmada a "las simples planillas sin firmas" acompañadas por el actor como prueba documental de su parte.

Sostiene que la sentencia se aparta "notoria y ostensiblemente de las constancias comprobadas de la causa" valiéndose para ello de una afirmación "absolutamente dogmática" ya que la firma del actor no consta en ninguna de las planillas de fojas 21 a 26 ya que "a simple vista puede observarse que la única firma que existe en cada una de las planillas pertenecen a un tal 'José', la que es "claramente distinta a la del actor, estampada en el Poder ad litem", documento que constituye un instrumento público "razón por la cual, dicha firma resulta indubitable". Expresa asimismo que se está frente a "una irrazonable interpretación del Art. 106 de la LCT", que viene a "prescindir de la letra y del espíritu de la norma legal". Manifiesta que el tribunal se aparta del texto de la ley que exige -para que los viáticos no sean considerados parte de la remuneración- "rendición de lo efectivamente gastado por medios de comprobantes", puesto que la sentencia "determina antojadizamente una suerte de "excepción" a la exigencia legal, cual sería una supuesta e hipotética "declaración jurada que supliría la presentación de comprobantes". Con tal interpretación, insiste, el tribunal "claramente se aparta de lo dispuesto en el texto expreso y literal" del art. 106 LCT.

De conformidad a las consideraciones precedentemente reseñadas, propone doctrinas legales y pide se haga lugar al recurso interpuesto.

3. La Cámara destacó que, de acuerdo a la posición de las partes, resultaban hechos no controvertidos: 1) la existencia del contrato de trabajo que vinculó al Sr. Roberto Zelarayán con la firma Embotelladora del Interior SA; 2) la fecha de ingreso ocurrida el 01-9-1991 y las tareas desempeñadas como supervisor de ventas en localidades del interior de la provincia de Tucumán; 3) el cese de la relación laboral ocurrida por despido directo incausado; 4) el pago de la liquidación final percibida por el actor de la suma de $12.150,02 por los conceptos de indemnización por antigüedad, preaviso, vacaciones no gozadas, SAC s/preaviso, SAC s/vacaciones no gozadas y SAC proporcional. Consideró que ello permitía encuadrar la relación jurídica de las partes dentro del régimen de la Ley 20.744 (reformada) y del CCT 152/91.

Determinó, en consecuencia, que las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales el tribunal debía pronunciarse eran: 1) extensión de la jornada laboral e importe de la remuneración mensual, normal y habitual; 2) fecha del distracto; 3) excepción de prescripción liberatoria; 4) rubros e importes pretendidos; 5) calificación de la conducta de la demandada.

En lo que resulta materia de agravio, la Cámara tuvo por probado que la empresa demandada registró el contrato de trabajo del actor en la categoría profesional 3° del CCT 152/91 (Personal Administrativo) "bajo la cual procedió a liquidar la remuneración mensual durante su vigencia". Aclaró que dicho precepto "comprende a los empleados bajo supervisión que realizan tareas con amplios conocimientos de su especialidad", agregando que ".está admitido por ambos litigantes y además probado que el Sr. Zelarayán se desempeñó al momento del distracto como supervisor de ventas en el interior de la provincia, es decir que cumplía funciones superiores a la prevista en la categoría 3° del CCT 152/91 consignadas en los recibos de haberes (.)". El tribunal concluyó que correspondía hacer lugar al reclamo por diferencias salariales derivadas de la liquidación final, de acuerdo a lo establecido por el art. 260 LCT, en atención a que, según el informe pericial contable -cuyas impugnaciones fueron desechadas por la Cámara- la mejor remuneración promedio mensual percibida por el accionante fue la de enero/2001 por $ 1.066,84. Sin embargo, la liquidación final practicada por la demandada al cese del servicio se había calculado sobre la base de la suma de $848,09, por lo que procedía el reclamo por las diferencias que surgían entre ambas liquidaciones.

Con relación a los adicionales por viáticos, la Cámara tuvo por probado, en base a la pericial contable y a los testimonios vertidos en la causa -cuyas tachas opuestas por la demandada fueron rechazadas- que, además de la remuneración mensual, "la demandada abonaba habitual y semanalmente al actor un importe adicional en concepto de 'gastos' (movilidad, alimentos, etc.) y que esos montos se detallaban en planillas de rendición de gastos semanales por conceptos de transporte, alojamientos y comidas (fs. 21/26) que no se incluían en los recibos de haberes mensuales. Dichos importes variaban entre los meses de octubre y noviembre/99 de $130 a $142".

Sostuvo el tribunal que tales sumas de dinero no revestían naturaleza remuneratoria que debieran integrar la remuneración base para el cálculo de las diferencias reclamadas ya que "conforme al Art. 106 LCT el actor cumplía en presentar la rendición de gastos realizados semanalmente, sin que obste a ello la ausencia de comprobantes atento a que la declaración jurada de gastos que contiene esa planilla firmada por el dependiente suple ampliamente la exigencia de la presentación de comprobantes que en ocasiones resulta dificultoso obtenerlos cuando se prestan servicios de transporte y alimentos". Además -como ya se mencionó- sostuvo que no era aplicable la presunción iuris tantum que asigna carácter salarial a los viáticos no acreditados por comprobantes por entender que el propio actor rendía cuentas en forma semanal de los gastos realizados "mediante planilla que constituye una declaración jurada de esos gastos por estar firmada por su parte".

Con respecto al reclamo de horas extras, la sentencia recurrida tuvo por demostrado que Zelarayán "laboraba 5 o 6 horas extras más que la jornada normal según la Ley 11.544 (Art.1)". Sin embargo, consideró como un "obstáculo legal insalvable" para admitir la pretensión del actor lo dispuesto en el art. 3 inc. "a" de la Ley 11.544 que exceptúa de la jornada legal máxima de 8 horas diarias a los empleos de dirección "asimilable al de supervisión", según jurisprudencia que citó, señalando que las tareas de supervisor de ventas "son jerárquicas y se hallan fuera del CCT 152/91, pese a que en los recibos de haberes figura indebidamente encasillado en la categoría profesional 3° de la mencionada convención colectiva, porque esa categoría no prevé funciones de supervisión".

4. El recurso ha sido deducido en término, la impugnación se dirige contra una sentencia definitiva, se funda en infracción de normas de derecho y en la doctrina de la arbitrariedad, se basta a sí misma y el requisito del afianzamiento no resulta exigible en tanto es el actor quien recurre (arts. 130/132 del CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5. Visto el recurso interpuesto y confrontados los agravios que lo sustentan con el pronunciamiento impugnado y los antecedentes y constancias de la causa, se advierte que la impugnación recursiva debe prosperar.

Respecto de las horas extras reclamadas -cuestión controvertida que la Cámara tuvo por acreditada en autos- la sentencia rechazó su pago con el argumento de que las tareas que desempeñaba el actor -supervisor de ventas- eran jerárquicas, y que el art. 3°, inc. a, de la Ley 11.544 "exceptúa de la jornada legal máxima de 8 horas diarias a los empleos de dirección asimilable al de supervisión".

La asimilación entre "supervisión" y "empleos de dirección" que realiza la Cámara sin dar fundamentos valederos, implica un salto lógico del razonamiento que quebranta el principio de razón suficiente y, por lo tanto, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. En efecto, sostener que el actor tenía funciones de dirección en la empresa demandada implica contradecir abiertamente las constancias de autos; no solo la prueba producida sino también la propia postura de la empresa accionada quien, al contestar demanda, manifestó que Zelarayán, al momento del distracto laboral, "cumplía las funciones de Supervisor de Ventas cuya misión es coordinar las acciones comerciales del distribuidor en la zona (ventas, promociones, cobertura de distribución, controles de precios, etc.)" (fs. 50). En esa perspectiva, no cabe perder de vista que la propia demandada expuso en su responde que semanalmente "todos los supervisores tenían reunión con el Jefe de Ventas Interior" (fs. 50), lo cual permite razonablemente inferir que Zelarayán estaba bajo contralor y supervisión de tal Jefe de Ventas.

Abona también esta conclusión la prueba testimonial producida por el actor, respecto de la cual las tachas deducidas contra los testigos Assi, Lazarte, Varela, Díaz y Argañaraz -ex compañeros de tareas del actor en la empresa accionada, donde cumplían idénticas funciones-, fueron desestimadas por la Cámara "por falta de mérito y ser los testigos necesarios y sus testimonios coherentes, convincentes y concordantes entre sí" (fs. 254, tercer párrafo). La sola lectura de los testimonios dan cuenta que todos los testigos corroboraron que las tareas que desarrollaron para la demandada nada tenían que ver con la dirección de la empresa. Así, el testigo Lazarte al exponer las tareas que desarrollaban los supervisores, declaró que habitualmente a las siete de la mañana "entraban a la empresa, se hacía una reunión con el gerente, y de ahí una vez dadas las directivas a cada supervisor, salíamos a la zona que nos correspondía" (fs. 117).

A todo lo expuesto se debe añadir que el "supervisor" no figura entre los empleados de dirección enumerados por la norma del art. 11 del Decreto 16.115/33, reglamentario de la Ley 11.544. En efecto, dicha norma dispone: "Se entenderán comprendidos dentro de la denominación de empleados de dirección o vigilancia: a) El jefe, gerente, director o habilitado principal. b) Los altos empleados administrativos o técnicos que sustituyan a las personas indicadas en el inciso anterior en la dirección o mando del lugar de trabajo; subgerente; los profesionales liberales dedicados exclusivamente al ejercicio de las funciones de su competencia o que acumulen a su cometido, algún cargo de dirección o vigilancia; personal de secretaría que se halle afecto a la dirección o gerencia y que no sea meramente subalterno; jefes de sección, de departamentos, de taller, de equipos, de personal de máquinas, de personal de calderas o de personal de cuadrillas y subjefes, mientras reemplacen al jefe respectivo; capataces, apuntadores, inspectores, mientras reemplacen al titular y siempre que efectúen trabajos de dirección o vigilancia. Están comprendidos en las excepciones de la ley, los cobradores o investigadores de cobranzas y corredores que sean remunerados exclusivamente a comisión. Las personas enumeradas en este artículo se considerarán exceptuadas a condición de que ejerzan exclusivamente los trabajos inherentes a su denominación".

Sin embargo, la Cámara manifiesta compartir doctrina judicial "que tiene dicho que el artículo 3° de la Ley 11.544, comprende a los supervisores de ventas (CNATr. Sala VIII, 22-02-99, "Fassone, Ángela c/Cigra Internacional Holdin y otros" DT, 1999-B-1563)".

Amén de señalar que tal escueta referencia a un precedente jurisprudencial del cual solo se informan sus datos esenciales (partes, tribunal de origen, fecha, lugar de publicación) sin dar razones de por qué tal criterio sería aplicable al caso de autos, no resulta suficiente para fundamentar la decisión. Como lo pone de manifiesto el recurrente, en el caso "Fassone" los presupuestos de hecho fueron totalmente distintos a los debatidos y comprobados en autos, desde que el criterio sentado en aquél precedente obedeció al elevado sueldo que percibía la actora, superior a los previstos en convenio, razón por la cual resultaba plausible considerar que la mayor remuneración permitía compensar una dedicación de tiempo completo, obstando al reclamo de horas extras. Tal circunstancia -remuneración elevada- está ausente por completo en este caso, por lo que no luce adecuado basar la solución de este caso en aquélla jurisprudencia.

Sostiene Perugini que no se trata de que a un trabajador "se lo denomine, capataz, gerente, director o cualquier cosa que se le parezca", para que se lo considere incluido en la excepción del Art. 3°, inc. a, de la Ley 11.544. "Lo que importa -dice- es que gane una retribución adecuada al real horario cumplido, con prescindencia de la denominación que se le dé dentro de la organización empresaria porque, recién considerado adecuado el nivel remunerativo, podría analizar el intérprete otros elementos que hacen a la posición del trabajador en la empresa y a las condiciones en que presta su servicio (...)" (cfr. Perugini, Eduardo R., "Algo sobre las horas extras" D.T. 1994-B, 1374).

¿Cuáles son esos "otros elementos" que -sumados a una elevada retribución- determinan que un empleado sea de dirección o jerárquico? Sobre el punto, el criterio mayoritario de los tribunales nacionales considera relevante que el trabajador "posea reales facultades de dirección o ejecutivas" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VI, 31/03/2011, "Ramos Ruiz, José Antonio c. Envases del Plata S.A., LA LEY 2011-D, 343, con nota de Esteban Carcavallo), "organice y dirija el grupo de dependientes" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, "Coria, Juan M. c. Carrefour Argentina S.A." 18/10/2006, La Ley Online; AR/JUR/7615/2006), "supervise el personal" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, Simón, Pablo Gustavo c. Esso Petrolera Argentina S.R.L. 02/07/2009, La Ley Online; AR/JUR/29771/2009), "represente a la empresa ante las entidades financieras y los proveedores" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala V, Torres, Carlos Mariano c. Cercrin S.A. 18/04/2008, La Ley Online; AR/JUR/2811/2008), "tenga personas a su cargo, controle la disciplina de éstas, les de órdenes y sea el responsable del sector" (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III, Viltes, Juan Alberto c. Coto C.I.C. S.A. 30/06/2008, La Ley Online; AR/JUR/5174/2008).

Resumiendo tales pautas, De Diego señala: "En lo que hace a la expresión 'dirección' ésta fue claramente ubicada como la acción o función de dirigir y organizar la empresa, con lo cual, en el plano fáctico la jurisprudencia refirió a las actividades que importan las mayores responsabilidades en la conducción de la empresa; y cuando se trata de mandos inferiores, subalternos y medios, los mismos estaban comprendidos en la excepción si tenían mando, si impartían órdenes e instrucciones, si contaban con personal bajo su dirección control mando y vigilancia, principio de autoridad que importaba las atribuciones precitadas, y la facultad de hacer cambios -aun cuando éstos fueren menores- y la potestad disciplinaria, como mínimo para faltas menores" (cfr. De Diego, Julián A., "Régimen de horas extraordinarias para los mandos medios. Reforma de la ley 26.597", La Ley IMP 2010-12, 229).

De acuerdo a todo lo antes señalado, cabe concluir en que la interpretación de la Cámara acerca de que las tareas de supervisión que desarrollaba el actor "son jerárquicas y se hallan fuera del CCT 152/91, pese a que en los recibos de haberes figura indebidamente encasillado en la categoría profesional 3º de la mencionada convención colectiva, porque esa categoría no prevé funciones de supervisión" carece de fundamentos suficientes y, por ende, en lo pertinente el fallo recurrido no puede mantenerse como acto jurisdiccional válido toda vez que no explicita ninguna pauta razonable que responda a las circunstancias acreditadas en autos que permitan fundar, respecto del recurrente, la asimilación entre "supervisor de ventas" con "empleos de dirección". Consecuentemente, y sin que ello signifique emitir juicio acerca de la viabilidad del reclamo, corresponde casar parcialmente la sentencia impugnada, punto resolutivo I -en cuanto absuelve a la demandada de la suma reclamada en concepto de horas extras (5 horas diarias)- en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, nula la sentencia que se funda en una interpretación irrazonable de los hechos y pruebas de la causa", y remitir los autos a la Cámara para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

Respecto de los viáticos reclamados, se trata de cuestión controvertida que la Cámara tuvo por probada en base a la pericial contable y las testimoniales. Estableció en tal sentido que ".además de la remuneración mensual, la demandada abonaba habitual y semanalmente al actor un importe adicional en concepto de "gastos" (movilidad, alimentos, etc.) y que esos montos se detallaban en planillas de rendición de gastos semanales por conceptos de transporte, alojamientos y comidas (fs. 21/26) que no se incluían en los recibos de haberes mensuales. Dichos importes variaban entre los meses de octubre y noviembre/99 de $130 a $142" (fs. 255).

Sin embargo, desestimó en definitiva el reclamo por tal rubro por entender que las sumas así recibidas no revestían naturaleza remuneratoria, y en consecuencia no debían integrar la remuneración base para el cálculo de las diferencias reclamadas. Tal criterio se basó en que, a juicio del a quo, se trataba de una suma de dinero "efectivamente gastada y acreditada", conclusión que no se ajusta a las constancias de autos, por lo que el planteo del recurrente, como se anticipó, debe prosperar.

El art. 106 LCT establece: "Los viáticos serán considerados como remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo en lo que en particular dispongan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo".

Para la Cámara, el actor "cumplía en presentar la rendición de gastos realizados semanalmente" a través de una "declaración jurada de gastos", carácter que atribuye a las planillas acompañadas a fs. 21/26, las que, según la sentencia, están "firmadas por el dependiente". Tal supuesta declaración jurada, señala el fallo, "suple ampliamente la exigencia de la presentación de comprobantes que en ocasiones resulta dificultoso obtenerlos cuando se prestan servicios de transporte y alimentos" (fs. 255).

En primer lugar, carece de asidero fáctico la afirmación de que las planillas de fs. 21 a 26 constituyen declaraciones juradas firmadas por el actor: ni uno ni lo otro. A simple vista puede constatarse que las firmas que obran en aquellas fueron insertas bajo la leyenda "Aprobado a pagar", lo que no permite inferir que haya sido suscripta por el trabajador demandante, circunstancia que no ha sido reconocida por éste ni alegada por la demandada ni surge de prueba idónea producida en la causa. Tampoco consta en dichas planillas la presentación de comprobante alguno. Por lo tanto, como se dijo, este tramo de la decisión se basa en un presupuesto inexistente. Por otro lado, el criterio de la Cámara constituye una interpretación irrazonable de la prueba al admitir que es posible suplir los comprobantes por las planillas ("declaraciones juradas", en el lenguaje del fallo recurrido) supuestamente firmadas por el actor. Pacíficamente se sostiene: "Si los viáticos no contaran con los comprobantes emitidos por quien prestó el servicio (transporte, hotelería, etc.), se los considerará como parte del salario con todas sus consecuencias laborales y previsionales" (cfr. De Diego, Julián Arturo, "Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 5ª edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 312).

Tampoco cuenta con fundamentos probatorios de la causa la afirmación de que el actor "semanalmente rinde cuentas de gastos realizados mediante planilla". Lo que surge de las referidas constancias de autos (pericial contable y prueba testimonial) es que las sumas de dinero eran recibidas con anterioridad (sábado o lunes) y no se rendía cuenta de lo gastado.

Finalmente, la jurisprudencia que se trae a colación no hace sino abonar la posición jurídica del recurrente. La doctrina del caso "Rosales, Tomás c/Papelera Polar S.A." de la Cámara Nacional del Trabajo Sala IX, del 24/3/98 (DT, 1998-B-1856) establece que cuando los viáticos son pagados contra la comprobación de gastos, no integran la remuneración. En el caso, no consta en autos ningún documento emanado del actor que acredite que las sumas percibidas semanalmente en concepto de viáticos hubieran correspondido a importes efectivamente gastados, situación contemplada en "Rosales". Por consiguiente, tal precedente nada aporta al razonamiento del a quo, ni es aplicable al caso en estudio.

En mérito a lo expuesto, el fallo recurrido no puede mantenerse como acto jurisdiccional válido en este punto pues configura una interpretación arbitraria de las constancias de autos, apartándose de las reglas que gobiernan la valoración de las pruebas (art. 40 CPCyC) y del deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

Por ello, corresponde casar parcialmente la sentencia, punto resolutivo I -en cuanto no considera para el cálculo de diferencias de indemnización los viáticos abonados al actor- en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, nula la sentencia que se funda en una interpretación irrazonable de los hechos y pruebas de la causa"; y remitir los autos al tribunal de origen a fin de que, con la composición que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento. Asimismo, se dejan sin efecto la planilla de condena y los puntos dispositivos II (costas) y III (honorarios).

6. Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia extraordinaria serán soportadas por su orden en razón de provenir la invalidez de la actuación del órgano jurisdiccional (artículos 49 del CPL y 105, inciso 1° del CPCyCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido en autos cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que se encuentra fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuado por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habiltada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo del 08/4/2008 (fs. 253/258) en base a la doctrina legal expresada en los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente el punto resolutivo I -en cuanto absuelve a la demandada de la suma reclamada en concepto de horas extras (5 horas diarias) y no considera para el cálculo de diferencias de indemnización los viáticos abonados al actor-, la planilla de condena y los puntos dispositivos II (costas) y III (honorarios) que también se dejan sin efecto; y remitir los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.