Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-07


Buenos Aires, noviembre 7 de 2006.

La doctora Sirito dijo:

I. Que a fs. 88/99 AR.C.A. S.A. interpone recurso de apelación contra tres intimaciones de pago suscriptas por el Jefe de Agencia Corrientes (provincia de Corrientes) de la AFIP- Dirección General Impositiva, todas ellas de fecha 8 de junio de 2005, mediante las cuales se declara la caducidad de los planes de facilidades de pagos solicitados en los términos del dec. 93/2000 y del dec. 1384/2001 y sus reglamentaciones, intimándola a ingresar las sumas de $167.215,45, $12.301,70 y $24.085,51 correspondientes todas a obligaciones relativas a aportes de la seguridad social con más intereses de los períodos 1999 a 2001.

Relata la recurrente, cuya actividad principal es la construcción, que en el marco del régimen de facilidades de pago dispuesto por el dec. 93/2000 y sus reglamentaciones, decidió regularizar obligaciones pendientes relativas al sistema único de la seguridad social devengadas en los períodos 1999 y 2000, y en el año 2001 procedió de la misma manera regularizando tres períodos del año 2001 acogiéndose al régimen del dec. 1384/2001 Afirma con cita de abundante doctrina y jurisprudencia la competencia de este Tribunal para entender en el recurso incoado.

Expone las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su pretensión y solicita se declare la nulidad de las intimaciones de pago recurridas, con costas. Hace reserva del caso federal.

A fs. 106/109 vta. contesta el traslado del recurso la representación fiscal quien opone como de previo y especial pronunciamiento excepción de incompetencia de este Tribunal Fiscal para entender en el recurso interpuesto en autos.

Destaca que los actos impugnados por la recurrente se limitan a comunicarle que se ha operado la caducidad del plan de facilidades de pago al que se acogiera e intiman el pago de las obligaciones adeudadas y por lo tanto no son asimilables a una sanción.

Después de argumentar sobre la jurisprudencia que avala la incompetencia planteada se refiere a otros aspectos de los actos apelados tales como los relativos a la liquidación y cuantificación de la deuda. Expone luego las consideraciones de hecho y de derecho referidas a la cuestión de fondo.

Por último, solicita se revoquen los certificados recurridos, con costas. Formula reserva del caso federal.

A fs. 111 se le corre traslado a la recurrente de la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional, el que fue contestado a fs. 112/113 reiterando los fundamentos expuestos en el recurso respecto de la competencia de este Tribunal para entender en autos.

A fs. 119 se elevan los autos a consideración de la sala D a fin de tratar la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional.

II. Que corresponde entonces examinar la excepción incoada, puesto que -como he venido sosteniendo desde larga data- el pronunciamiento de este Tribunal sobre el alcance de su jurisdicción constituye un presupuesto esencial para otorgar validez a toda otra decisión posterior.

Respecto de los actos obrantes a fs. 6 y sus anexos de fs. 7/1.4, fs. 15 y sus anexos de fs. 16/19; y fs. 20 y sus anexos de fs. 21/23 -que también conllevan la caducidad del plan de facilidades de pago al que se acogiera la recurrente a tenor de lo previsto por los decs. 93/00 y 1384/01 y la consecuente intimación del ingreso del saldo adeudado, con más intereses resarcitorios- por referirse a obligaciones provenientes del régimen de la Seguridad Social, prevalece el tratamiento de la incompetencia en razón de la materia sobre la que se fundamenta en el análisis del contenido y objeto del acto apelado.

Estos actos -como se dijo- están vinculados a obligaciones derivadas del sistema de Seguridad Social no importando en un primer análisis cuál es la causa legal por la que se intima su ingreso.

Siendo ello así, en lo concerniente a la competencia de este Tribunal Fiscal para entender en materia de obligaciones relacionadas con el sistema de Seguridad Social, me he pronunciado en sentido negativo -entre otras- en la causa Nº 13.962-I "Frigorífico Oneto y Cía S.A. s/ amparo", sentencia del 11 de abril de 1994, a cuyos fundamentos corresponde remitirse.

Con criterio análogo al expuesto he votado al resolver en autos "Ruggiero, Aldo Fabio. s/ apelación" Expte. Nº 20.854-I, sentencia de esta sala D del 27 de mayo de 2003.

En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia en razón de la materia para entender en los actos apelados.

II. Que, sin embargo, vale considerar también el fundamento otorgado por el Fisco a la excepción que articulara en autos y pronunciarnos una vez más sobre si el acto administrativo por el cual se declara la caducidad de un plan de facilidades de pago habilita la intervención de este Tribunal.

Así planteada, la cuestión resulta en esencia análoga a la resuelta por la sala B en autos "Dopchitz, Alberto", sentencia del 11/5/90, confirmada por la Alzada el 16/10/90 y en "Márquez, Guillermo César", sentencia del 25/8/92, donde, en lo pertinente se estableció: "El decaimiento de un régimen de facilidades de pago constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuesto contemplados por los arts. 141 y 147 de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modif.), como habilitantes de su competencia, circunstancia reafirmada por el hecho de que las llamadas leyes de moratoria no configuran sino especies del género "Medios de extinción de las obligaciones tributarias", materia ésta reiteradamente declarada ajena a su conocimiento (Piedra Grande S.A., B-1632 del 14/5/85; más recientemente "Lamponi, Heraldo Hugo" sentencia del 30/10/89)." "Que, por otra parte, no puede en modo alguno confundirse la caducidad de un plan de facilidades con una sanción porque tal caducidad no es "sino la consecuencia de no haberse observado los requisitos establecidos por la norma para la realización de un acto o un hecho (...), esto es la consecuencia riesgosa o adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés. De este modo, incumplidas las formalidades del plan de pagos, del objeto del vínculo jurídico entre el responsable y la administración fiscal no surge un incremento cuantitativo sino tan sólo las consecuencias ordinarias de la mora como resultado objetivo de aquella inactividad o incumplimiento debido del plan de pagos." (En el mismo sentido, "Fernández, Eduardo Horacio s/apelación", Expte Nº 14.569-I, sentencia de la sala B del 5/9/95)".

La sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha reafirmado el criterio expuesto, al resolver en la causa "Ferrochio y Cía S.A. s/apelación" Expte del Tribunal Fiscal Nº 12.832-I, sentencia del 11/12/98, en donde en lo pertinente se sostuvo que "el decaimiento de un plan de facilidades de pagos no es una sanción de carácter penal comprendida en el art. 14 de la ley 11.683, sino la consecuencia necesaria del incumplimiento del contribuyente a las condiciones establecidas en el plan al que se acogió voluntariamente, por lo que la caducidad se produce de pleno derecho sin que sea necesario, ni el reconocimiento por parte del contribuyente, ni el dictado por parte de la DGI de una resolución que lo declare", y posteriormente, también en la causa "Bellespin, Hebe Carolina s/apelación", Expte. del Tribunal Fiscal Nº 16.236-I, sentencia del 7/10/99.

Asimismo, la sala 4 de la misma Cámara confirmó con fecha 29 de junio de 1999, la sentencia de esta sala D de fecha 20 de marzo de 1998, recaída en la causa "Constructores Asociados S.A." Expte. Nº 15.551-I donde, por mayoría, se resolvió en el mismo sentido.

Por lo expuesto, voto por declarar la incompetencia también en razón de la naturaleza y contenido de los actos agregados a fs. 6, 15 y 20.

III. Que por la forma en que se resuelve resulta inoficioso atender los planteos de nulidad efectuados por la recurrente.

IV. Las costas se imponen a la recurrente V. Que, en consecuencia, procede intimar a la apelante para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la tasa de actuación en la proporción dispuesta por el art. 5º de la ley 25.964, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda.

VI. Que, asimismo, corresponde remitir la causa a la AFIP-Dirección General Impositiva para que se le dé el trámite que corresponda El doctor Brodsky dijo:

I. Que corresponde establecer en primer término si los actos recurridos son de aquellos que abren la competencia asignada a este Tribunal por la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).

Que para ello debe determinarse si la caducidad dispuesta por el organismo recaudador al plan de facilidades de pago establecido por el dec. 93/2000, participa de la naturaleza jurídica sancionatoria que haría viable la competencia cuestionada conforme a lo establecido por el art. 159 inc. b) de la ley 11.683 citada.

Que al respecto cabe señalar que ya tuve oportunidad de pronunciarme sobre el tema traído a resolver, en ocasión de sentenciar la causa "Silberman y Cía. S.A.C.I.F. s/recurso de apelación" (Expte. Nº 12.911-I) fallada en la sala B, con fecha 21 de marzo de 1994 y "Tejidos Gulfi S. A. s/recurso de apelación" (Expte. Nº 14042-I), sala C de fecha 24 de abril de 1995, por haberme desempeñado como Vocal Subrogante de las Vocalías de la 6º y 9º Nominación respectivamente, a cuyos fundamentos y conclusiones me remito por razones de brevedad.

Que en dichas ocasiones se trataban de resoluciones emanadas de la DGI en las que se había declarado la caducidad de planes de facilidades de pago de los cuales los contribuyentes habían cancelado algunas o la totalidad de las cuotas comprometidas, sin mediar la previa constitución en mora ni la concesión de plazo para subsanar la omisión, lo que en opinión del suscripto, resulta equiparable a una sanción. Que esa situación es la que se verifica en el presente caso.

Que en consecuencia, la sanción es el proceder impuesto a la infracción de un deber jurídico; en este sentido, la caducidad se presenta como la consecuencia de una conducta contraria al derecho objetivo entendido en plenitud. Precisamente, una concepción genérica de ilicitud como lo contrario al orden jurídico, lleva a considerar la caducidad como sanción; en igual sentido se ha pronunciado el Dr. Guillermo P. Galli al resolver la causa "Constructores Asociados S.A. c. DGI", CNFed. Contencioso Administrativo, sala IV, del 29/6/99 (Rev. Impuestos Nº 17 -LVII-B- págs. 57/65).

Que al resolver con fecha 7/3/2005 la causa "Pedro Ehrenbock S.C.A. s/recurso de apelación" (Expte. Nº 23.455-I) al adherir al voto del Dr. Urresti en ocasión de desempeñarme como Vocal subrogante de la Vocalía Nº 9 - sala C, sostuve -en su parte pertinente- que:

"Efectuando un somero análisis respecto de los regímenes de facilidades de pago, cabe concluir en lo siguiente: el contribuyente que decide acogerse a un plan de tal naturaleza, exteriorizando manifiestamente una clara voluntad de cumplir con sus obligaciones tributarias, y que posteriormente se ve inmerso en una situación económicamente crítica que no es capaz de superar, recibe a manera de castigo la notificación del acto administrativo que lo excluye del régimen en cuestión, por lo cual todos los elementos que éste pueda oponer, tendrán lugar recién después de aplicada la sanción, vulnerándose de esta manera las garantías constitucionales del "debido proceso" y de efectivo ejercicio del "derecho de defensa".

"Asimismo, es dable señalar el carácter objetivo de estos castigos, dado que para su aplicación no se efectúa análisis alguno acerca de la existencia de un accionar doloso o culposo por parte del contribuyente. Es decir que, aún cuando -por hipótesis- un hecho fortuito o de causa mayor hubiera desencadenado el incumplimiento, la sanción será aplicada sin perjuicio de la revisión posterior de la misma conforme al procedimiento recursivo." "La primera consecuencia legal prevista en todo incumplimiento a un plan de pagos está dada por la obligación de abonar los intereses por la totalidad de los días en que se incurrió en mora -consecuencia automática aplicable a todo contribuyente moroso-.""La otra consecuencia prevista es la posibilidad de que los responsables incluidos en dichos planes pierdan los beneficios obtenidos a partir de su acogimiento -consecuencia excepcional denominada "caducidad del plan"-." "Esta pérdida de beneficios ocurre, en general, en forma automática, es decir, sin intimación administrativa previa al interesado, a quien sólo se le comunica la caducidad dispuesta en el acto administrativo por el cual, además, se le reliquida e intima al pago de la deuda originaria, con más los accesorios devengados hasta dicha fecha, calculados como si el plan de facilidades nunca hubiera existido." "La caducidad así legislada, cuyas liquidaciones administrativas llegan en algunos casos a duplicar e incluso a triplicar los montos por los que se acogiera el contribuyente, constituye una medida típicamente sancionatoria, que agrava notoriamente el status quo ante, reuniendo en sí todos los elementos que le dan naturaleza de pena." "La Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que: "El instituto de la caducidad de derechos, por afectar la subsistencia de los derechos constituye una excepción al principio general que tiende a la conservación de los actos jurídicos, por lo que su interpretación y aplicación deben ser restrictivas; participando dicho instituto de la naturaleza de una sanción, no puede aplicarse sin ley, pacto o pronunciamiento judicial que la haya impuesto" (Dictamen Nº 19/98, febrero 20 de 1998, Expte. 090-000426/97, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, publicado en el B.O. Nº 28.976, 2º sección el 9/9/98)." "Dado que la estructura normativa de la sanción se compone de un precepto, de la descripción de la antijuridicidad formal (significación normativa del disvalor ético-social), de una sanción y del procedimiento, en las figuras donde esta estructura no aparezca, la situación se torna anómala." "La desproporción existente entre el incumplimiento de la norma y la consecuencia que el mismo acarrea, así como la imposibilidad de realizar un descargo previo al dictado de la caducidad, denotan la existencia de una sanción que busca únicamente, infligir un menoscabo en el patrimonio del sujeto autor de la violación, con independencia del daño causado." "Si bien la forma en que la caducidad se verifica a nivel administrativo -automáticamente y sin necesidad de intimación previa, a consecuencia de lo cual el organismo recaudador nunca da la posibilidad de una intervención o descargo previo por parte del contribuyente, y en algunos casos, no dicta acto alguno declarando caduco el plan, y se limita a intimar directamente el saldo liquidado administrativamente, manifestando que es la consecuencia de que el plan de pagos se encuentra caduco-, esta circunstancia no puede hacer desaparecer los caracteres sancionatorios del acto, dado que los aspectos formales que revisten los hechos y actos jurídicos, aún cuando estén previstos por la ley, no califican la naturaleza de aquellos sino que, por el contrario, es la naturaleza de estos últimos la que exige la utilización de las formas jurídicas adecuadas a derecho." Debe destacarse que la ley 11.683 en su art. 159 inc. b), expresa que este Tribunal es competente para entender en los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que impongan multas o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto. Resulta imposible restringir la competencia del Tribunal solamente al conocimiento de aquellas resoluciones que impongan multas, dada la claridad del texto citado, por lo que debe entender en la apelación de cualquier sanción que imponga el organismo fiscal, so pena de introducir una limitación que no resulta del espíritu ni de la letra de la ley, con la excepción que dispone la propia norma aludida.

II. Que el hecho de que los actos apelados se relacionen con el régimen de recursos de la seguridad social, cabe puntualizar que sobre dicha cuestión me he pronunciado al votar con fecha 11/4/94 la causa "Frigorífico Oneto S.A. s/ amparo", expediente Nº 13.962-I y el 11/12/96 la causa "Cía. Omnibus Pampa S.A. de Transporte s/recurso de apelación", expediente Nº 14.742-I, a los que me remito en mérito a la brevedad para admitir la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación.

III. A mayor abundamiento, si bien las resoluciones apeladas no son determinaciones de oficio en los términos previstos en los arts. 16 y 17 de la ley ritual, nada impide que las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional sin observar el procedimiento indicado en los citados artículos puedan ser juzgados por este Tribunal, por lo que debe concluirse que el caso traído a decisión encuadra sin esfuerzo en la previsión del inc. b) del art. 159 dado que el acto que se apela debe considerarse equiparado a una sanción en los términos del art. 165 de la ley 11.683 -t.o. citado-.

Que ya he venido sosteniendo en diversas causas que un exceso de ritualismo en la interpretación de las normas que rigen la competencia de este Tribunal, se encuentra en pugna con una adecuada exégesis, incompatible con los postulados de razonabilidad y justicia, ya que en palabras del Alto Tribunal "... la potestad jurisdiccional no se agota en la aplicación mecánica de la norma sino que exige discriminar los distintos aspectos del litigio a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreta del caso" (Fallo 304:1919).

Atento las consideraciones que anteceden, estimo que el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para entender en la presente causa, debiendo rechazarse la excepción opuesta por el Fisco Nacional, con costas.

IV. Que en atención a lo decidido en los considerandos precedentes corresponde adentrarse a resolver la nulidad articulada por la recurrente.

Que una cuestión análoga a la presente se suscitó en la causa a la que hice referencia en el Considerando I-, donde el Dr. Urresti sostuvo en su voto -al que adherí-, que:

"III. Que en cuanto a la nulidad articulada por la recurrente debe señalarse que este régimen produce efectos jurídicos perjudiciales, así como también que, en este sentido, la Constitución Nacional confiere a los contribuyentes ciertas garantías fundamentales, las cuales de ninguna manera pueden verse soslayadas so color de la supuesta sujeción a un "pacto comisorio" en función del cual, en un régimen de tales características, el hecho que traería aparejado el efecto resolutivo consistiría siempre en que una de las partes no dé cumplimiento a la prestación que es objeto de la obligación." "Toda vez que de la realidad de las cosas se desprenda la existencia de un efecto jurídico-fiscal perjudicial para el contribuyente, proveniente de un sistema normativo al que se halla sometido en virtud de las particulares circunstancias de hecho y de derecho que lo rodean, existirá sanción en términos jurídico-fiscales; y toda vez que exista sanción en tales términos, nacerá un sistema de garantías ineludible, en términos constitucionales." Para más adelante agregar:

"Que, ello así, y como resolviera esta sala en la causa "Juan Bracho García e Hijos S.A. s/recurso de apelación", sentencia del 1/12/98, el dictamen jurídico constituye un requisito esencial del acto, debiendo el art. 10 del dec. 618/97 (B.O. 14/7/97) interpretarse "...en el contexto integrado de la normativa procesal vigente y, en este aspecto, el art. 7º de la ley de Procedimientos Administrativos dispone: "Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:...d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de los que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos".

"Que conforme, al art. 14 de la ley 19.549: "El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos:...b) Cuando fuere emitido mediando....violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado" y teniendo en cuenta que con el dictamen previo se persigue como finalidad fundamental que la administración asegure y mantenga la juridicidad de sus actos, dicho requisito resulta necesario para el tipo de cuestiones que aquí se ventilan" "Que asimismo, el organismo fiscal no fundó detalladamente su pretensión, no surgiendo de manera expresa cuáles han sido los incumplimientos imputados y ha negado al recurrente el derecho a un debido proceso adjetivo, al no habérsele otorgado la posibilidad de exponer los fundamentos de sus pretensiones y defensas, habiéndose visto la recurrente, de igual manera, imposibilitada del derecho a ofrecer y producir pruebas (cf. "Resinfor S.A." T.F.N, sala C, 8/4/99)...".

Que al no haberse emitido el dictamen jurídico previo al dictado de las resoluciones, siendo éste un requisito esencial, conforme lo dispone el último párrafo del art. 10 del dec. 618/97 (funciones y facultades de dirección y de juez administrativo), enerva necesariamente y en razón de tal exigencia, la validez de los mismos.

Por todo lo expuesto, la carencia del dictamen legal se torna en valla insalvable para la eficacia del acto apelado, por lo cual voto por hacer lugar al planteo de nulidad articulado por la actora, con costas.

El doctor Buitrago dijo:

I. Que siendo el estudio de la competencia para intervenir en la causa previo al de cualquier otra cuestión por ser, como expresa Chiovenda, el más importante de los presupuestos procesales, corresponde que el suscripto se pronuncie respecto de la excepción que en tal sentido opuso la representación fiscal en el acáp. IV. de su escrito de responde.

Que apela la recurrente de tres resoluciones, de fecha 8 de junio de 2005, por las que se declara la caducidad del Régimen de facilidades de pago establecido por el dec. 93/00, al que se acogiera para regularizar su situación frente a aportes de la seguridad social por los períodos 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 y 12 de 1999 y 01 de 2000 (actos administrativos obrantes a fs. 6/14 y 15/19 de la causa) y por los meses 06, 07 y 08 de 2001 en virtud de la declaración de caducidad respecto de su acogimiento a los beneficios del dec. 1384/01 por los mismos conceptos (resolución acompañada a fs. 20/23).

Que la sala A ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas en las que se debatía una cuestión sustancialmente análoga a la planteada en esta litis, entre otras, en las que son dos las cuestiones de competencia a dirimir: a) si este organismo jurisdiccional debe entender o no, respecto de resoluciones del organismo fiscal relativas a aportes de la seguridad social y b) si es competente para entender sobre la declaración de caducidad declarada por el ente recaudador respecto de regímenes de facilidades de pago.

Que respecto de la primera de las cuestiones, si bien corresponde puntualizar que la misma no fue planteada por la representación fiscal, procede de todas maneras su tratamiento de oficio. Al sentenciar con fecha 3 de noviembre de 2004, la causa: "Carnes Seleccionadas S.A. s/Recurso de apelación", (Expte. Nº 23.578-I), entre otras, al seguir el precedente sentado por la sala B al fallar en la causa; "Visus, Eduardo" del 7/12/94, dijo en la parte pertinente: "Que del juego armónico del art. 29 del dec. 597/93, el que textualmente dice: 'serán asimismo de aplicación, con relación a los recursos de la seguridad social, las normas de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, que por vía reglamentaria determine el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los ciento ochenta días. No serán de aplicación supletoria otras normas de la citada ley', y del art. 1º del dec. 2102/93, el que expresa: 'serán de aplicación en relación con los recursos de la Seguridad Social...los arts. 16, 17, 18 -excluido el inc. f)- 39, 55, 56, 58 -en lo que correspondiere-, 92 -excluido el séptimo párrafo y la remisión al art. 82 del noveno párrafo-, 95, 96, 98, 99, 103, 105 y 109 -excluido el tercer párrafo de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus modif..)-; cabe concluir que se excluyen de la competencia de este Tribunal las cuestiones relativas a los recursos de la seguridad social, no siendo de aplicación supletoria ninguna otra norma de la ley 11.683, si no ha sido prevista en los precitados decretos".

En relación a la cuestión de incompetencia basada en que se trata de actos administrativos por los que se declara la caducidad de regímenes de facilidades de pago, argumento sobre el que el Fisco Nacional sustenta la excepción previa, también la sala A, al sentenciar los autos: Albayda S.A. s/recurso de apelación -impuestos al valor agregado, a las ganancias y Seguridad Social-", sentencia del 29 de diciembre de 1997, sostuvo: "III. Que decisiones del tipo de las apeladas en autos constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 141 y 147 de la ley 11.683 como habilitantes de su competencia." "Ello es así a poco que se advierta que las llamadas leyes de moratoria o los regímenes de facilidades de pago y/o presentación espontánea, no son sino especies del género "medios de extinción de las obligaciones tributarias", materia ésta reiteradamente declarada ajena a su conocimiento (cfr. "Piedra Grande S.A.", sala B, del 14/5/82, entre muchas otras)." "IV. Que, por otra parte, resulta inatendible el argumento del apelante sustentado en cierta jurisprudencia del Tribunal que habilitó la instancia al considerar que el decaimiento de regímenes de pago importaba una sanción." "Baste decir, en contestación a dicho fundamento, que no se discute aquí un acto de tales características, sino resoluciones que se han limitado a rechazar solicitudes de acogimiento al sistema implementado por el dec. 493/95." II. Que en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde hacer lugar a la excepción opuesta por la representación fiscal y declarar la incompetencia del Tribunal para intervenir en la presente causa, con costas.

III. Que atento la declaración de incompetencia vertida en el considerando II, corresponde ordenar que por Secretaría General de Asuntos Impositivos se remita la causa a la AFIP-DGI para que se le imprima el trámite que corresponda.

IV. Que finalmente procede intimar a la apelante a que, en el término de cinco (5) días, ingrese la tasa de actuación -ley 25.964- en la proporción que surge de aplicar su art. 5º, bajo apercibimiento de ordenar que se libre boleta de deuda conforme lo prescribe el art. 7º de la citada ley.

Atento al resultado de la votación que antecede, por mayoría, se resuelve: 1º) Hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional, con costas. 2º) Por Secretaría General de Asuntos Impositivos remitir la causa a la AFIP - Dirección General Impositiva, para que se le dé el trámite que corresponda. 3º) Intimar a la apelante para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la tasa de actuación en la proporción dispuesta por el art. 5º de la ley 25.964, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conf. art. 7 de la ley citada). - Sergio P. Brodsky. - María I. Sirito. - Ignacio J. Buitrago.