Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-08


SENT Nº 690	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Paz José Nicolás vs. Colegio Santa Rita S.R.L. y otra s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala Vª, de fecha 9 de noviembre de 2007 obrante a fs. 491/494 de autos, la parte actora plantea recurso de casación, el que fue declarado inadmisible por resolución del referido tribunal de fecha 15 de agosto de 2008 (fs. 516). Ante ello, la parte, interpuso recurso de queja por casación denegada, que fue admitido por esta Corte por sentencia de fecha 3 de noviembre de 2008, glosada a fs. 552 de autos. Del informe actuarial de fs. 567 surge que ninguna de las partes ha presentado la memoria facultativa a que alude el artículo 137 del CPL.

I.- La sentencia en crisis dispuso: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor en contra del Colegio Santa Rita SRL por los conceptos de indemnización por antigüedad artículo 7 Ley 25013, indemnización sustitutiva de preaviso (un mes), haberes 5 días del mes de marzo/04, vacaciones proporcionales/04 y no gozadas/03, sanción artículo 2 ley 25.323, sanción del artículo 16 ley 25.561, sanción artículo 80 LCT (modificado por ley 25.345), haberes adeudados, diferencias de haberes, asignación decretos no remunerativos nº 1273/02, 2640/02 y cc., condenando a la demandada al pago de $15.301,95, por lo considerado.

Para llegar a tal conclusión, el tribunal de grado luego de realizar un breve relato de los antecedentes de la causa dijo que, de los términos en que ha quedado trabada la litis surgen que las cuestiones litigiosas a resolver son: 1) fecha de ingreso, tareas cumplidas e importe de la remuneración que le correspondía percibir al actor; 2) causas de la extinción de la relación laboral; 3) procedencia o no de los importes que por distintos conceptos se reclaman; 4) solidaridad de la codemandada y costas y honorarios.

Con relación a la fecha de ingreso, consideró que: "...si bien el actor acredita haber trabajado en el Colegio San José Obrero a partir del día 03 de Marzo de 1.996, no acredita que haya sido transferido al Colegio Santa Rita S.R.L. y que su representante legal sea titular del primero, y más aún si se tiene en cuenta que la co-demandada manifiesta que se trata de una Sociedad de responsabilidad limitada, no habiendo el actor pedido la correspondiente integración de la litis con la misma, razón por la que no se considera acreditada la fecha de ingreso que denuncia, debiéndose tener como tal la reconocida por la demandada es decir el día 14 de Marzo del año 2.002, con derecho a percibir la remuneración correspondiente al cargo de preceptor, que también se reconoce y acredita" (sic fs. 492 vta.).

En cuanto, a la desvinculación laboral entiende -el A quo- que la misma es "sin causa" conforme a la correspondencia epistolar remitida por la empleadora el 05/03/04, no teniendo en cuenta lo manifestado en el responde, conforme artículo 243 de la LCT (imposibilidad de modificar la causal de despido), haciendo lugar al progreso de los rubros citados precedentemente.

Con respecto, a la solidaridad de la codemandada Sra. María Teresa Anís en su condición de propietaria del Colegio San José Obrero, el sentenciante entiende, que si bien se tienen acreditados los servicios del actor en dicho establecimiento educativo, no se considera acreditado que su titular sea la codemandada, de acuerdo con lo considerado al tratar la fecha de ingreso, por lo que rechaza la demanda en contra de aquella. Por último determina que para el cálculo de intereses, sobre los montos por los que prospera la demanda, se debe aplicar el criterio seguido por esta Corte en el fallo "Galletini Francisco vs. Empresa Gutierrez S.R.L. s/ indemnizaciones".

II.- La recurrente, se agravia por considerar que la sentencia que ataca viola los artículos 33, 34, 93 del CPCyC, 61 y 91 del CPL, 59 y 274 de la LSC. y 1 de la Ley 25.323, el principio de congruencia, la doctrina de la arbitrariedad y el absurdo. Sostiene, que no se trata de una mera disconformidad con la sentencia, sino se funda en una quaestio iuris, y en los vicios de arbitrariedad y absurdo material.

Al fundar sus agravios sostiene, el fallo luce de una "falta de valoración razonada de los hechos", pasando a resumir la plataforma fáctica jurídica de la sentencia, es decir los términos en que quedó trabada la litis, para concluir que el fallo omitió su valoración, destacando: a) en relación a la antigüedad la sentencia valora lo manifestado en la introducción acerca de que trabajó con anterioridad en otro colegio, y que no se acreditó la transferencia; b) con respecto a las formalidades de la relación dice, se omitió valorar que el trabajador se desempeñó sin estar registrado, lo que es fundamental para la aplicación de sanciones.

Razona, la sentencia da por hecho que se encontraba registrado por la sola circunstancias de que -la accionada- reconoció la relación laboral y c) en cuanto a la solidaridad de la codemandada solo la analiza en virtud de lo manifestado, por ella, en su responde, inexistencia de transferencia y no sobre el fundamento dado en la demanda: artículos 59 y 274 de la LSC.

II.1) Entiende, existe en el fallo que ataca "Violación del Principio de Congruencia y de la Sana Crítica", por existir una incorrecta apreciación de los hechos invocados en la demanda en cuanto al ingreso del actor, y la prueba producida al efecto.

A continuación, para fundar sus dichos, transcribe los siguientes párrafos de la sentencia que ataca: "...el actor trabajó en el Colegio San José Obrero en la parte administrativa en horas de la mañana y en el Colegio Santa Rita como preceptor, en horas de la tarde, manifestando los testigos (...) que en el año 1999 ya estaba trabajando en el Colegio San José Obrero...que si bien el actor acredita haber trabajado en el Colegio San José Obrero a partir del 3 de marzo de 1996, no acredita haber sido transferido al Colegio Santa Rita S.R.L. y que su representante legal sea titular del primero, y (...) si se tiene en cuenta que la codemandada dice se trata de una S.R.L., no habiendo el actor pedido la correspondiente integración de la litis con la misma, razón por la que no se considera acreditada la fecha de ingreso que denuncia (...) debiéndose estar a la reconocida por la demandada 14/03/02".

Argumenta el recurrente, la transferencia del actor de un colegio a otro no ha sido invocada como causa de ingreso al Colegio Santa Rita, sino como antecedente de la relación entre uno y otro colegio y el papel que juega la codemandada. Lo relativo al Colegio San José Obrero y que se trata de una S.R.L. y su no integración a la litis carece de relevancia, resultando irrazonable determinar la fecha de ingreso en base a un hecho no invocado como determinante en la demanda.

Asimismo, considera que el fallo omite valorar que el trabajador no se encontraba registrado; si bien la relación laboral ha sido reconocida el actor se encontraba en "negro" sin que ello haya sido valorado por el tribunal.

Aduce, la operación intelectual que desarrolla la sentencia luce de "una falta de valoración razonada de la prueba". Considera que el fallo recepta y da como veraces los testimonios rendidos en autos en relación a la fecha de ingreso, dejando en claro que en el año 2001 el actor ya trabajaba en el Colegio Santa Rita como preceptor en horario de la tarde, sin embargo a la hora de sentenciar tiene por válida la fecha consignada por la demandada (14/3/02) sin la presentación, ni al contestar demanda o en la etapa de prueba, de la documentación respaldatoria que justifique dicha fecha de ingreso.

Afirma, resulta ilegítimo atribuir una fecha de ingreso por la sola afirmación del empleador, resultándole aplicable los apercibimientos del artículo 61 y 91 del CPL y 55 de la LCT.

II.2) En relación a la violación de la ley sustantiva razona: además de la violación del artículo 55 de la LCT en cuanto a la omisión de considerarlo, el A quo hace: 1) una incorrecta apreciación acerca de la procedencia de aplicar el artículo 1 de la ley 25.323 en orden a las pruebas aportadas en autos, declarando su improcedencia en base a requisitos no previstos en la norma; 2) aplica una norma no vinculada al caso en cuanto a la atribución de la responsabilidad de la codemandada y 3) la aplicación de la tasa pasiva con la fórmula Galletini viola el artículo 18 de la CN (sic fs. 545, último párrafo).

a) Con respecto, a la incorrecta aplicación del artículo 1 de la Ley 25.323 entiende que resulta improcedente su no aplicación, teniendo en cuenta que se ha acreditado, en autos, la fecha de ingreso y que el actor no se encontraba registrado.

b) En cuanto a la responsabilidad de la codemandada, en orden a la supuesta falta de prueba de que la Sra. Anís, fuera titular del Colegio San José Obrero afirma, además de demostrar incongruencia, y arbitrariedad manifiesta, omite aplicar la norma citada en la demanda, artículos 54 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales. En el sub judice debe merituarse la falta de registración laboral del actor, extremo no desvirtuado, lo que hace extensiva la responsabilidad al director, por falta de observancia de normas laborales por cuanto en defecto lesionan el principio de la buena fe (art. 63 LCT).

Cita jurisprudencia que considera abona su derecho, para concluir, en el caso de autos se encuentra probado y reconocido el carácter que ostentaba la codemandada e igualmente la contratación en negro. Concluyendo, es simplista la sentencia que descarta la responsabilidad de la codemandada basada en cuestiones no fundantes de la misma, e introducidos por la misma a título de excepción, sin fundamento alguno.

c) Con respecto a la violación del artículo 18 de la CN. sostiene, que la aplicación de la tasa pasiva con el método de la división ha generado una total afectación a los créditos de los trabajadores, por haber sufrido la misma un abrupto descenso en relación a años anteriores, lo cual no guarda relación con la inflación real de los últimos años.

Razona, la tasa aplicable en el caso en estudio desnaturaliza completamente el crédito que se incrementa desde marzo de 2004 a septiembre de 2007 en un 14,46%. Propone doctrina legal.

III.- Habiéndose efectuado el análisis de admisibilidad de la casación en oportunidad de resolver el recurso de queja planteado por la actora, corresponde abordar el examen de procedencia de los agravios formulados.

IV.- Los agravios del recurrente, se centran en que la sentencia en crisis ha realizado una incorrecta valoración de los hechos que integra la plataforma fáctica jurídica del fallo, en violación del principio de congruencia y sana crítica, por existir una incorrecta apreciación de los hechos invocados en la demanda, que luce de una falta de valoración razonada de la prueba y, por último afirma, además, que se ha violado la ley sustantiva, enumerando las normas de derecho que considera conculcadas por la sentencia recurrida Desde esta perspectiva, podemos decir que dichos agravios están encaminados a cuestionar la plataforma fáctica de la sentencia, por lo que conviene recordar, preliminarmente, que el cuadro fáctico fijado por el tribunal de grado es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para afirmar su certeza, mientras no aparezcan como irrazonables, porque pertenece a los poderes discrecionales de aquel órgano la valoración de la prueba que concurre a formar su convicción. Se debe tener en cuenta, que cuestiones de tal naturaleza solo pueden ingresar a la vía extraordinaria local, cuando se advierte que la ponderación efectuada en el fallo que se recurre luce manifiestamente absurda o arbitraria. En base a tal premisa, procederemos al análisis de los mismos.

IV.1) En cuanto a la falta de valoración razonada de los hechos, el recurrente se agravia de que la sentencia en crisis no haya considerado la real antigüedad del actor en el Colegio Santa Rita, la cual al presentar demanda sostiene fue el 01/03/2001, destacando que la prestación de servicios anterior para el Colegio San José Obrero (1996) no fue invocada como causa de ingreso, sino como antecedente de la relación entre uno y otro colegio. Ello resulta corroborado en autos, de la planilla practicada por la actora al demandar por los distintos rubros que reclama a partir de 01/3/2001 (ver fs. 38).

Razona, la sentencia en crisis, además, omitió valorar que el trabajador mientras duró la relación laboral se desempeñó sin estar registrado, lo que resulta fundamental para la aplicación de sanciones, dando por hecho de que se encontraba registrado, simplemente por haber reconocido -la accionada- la relación de trabajo. Por lo que entiende, existe una incorrecta apreciación de los hechos invocados en la demanda en cuanto al ingreso del actor, y de la prueba producida al efecto.

Revisado el cuadro probatorio aportado en autos, se advierte de las pruebas rendidas en la causa, que el actor en el año 2001 ya se encontraba prestado servicios para el Colegio Santa Rita SRL (ver testimoniales, fs. 189/191) y, que no se encontraba registrado, lo cual surge tanto de las pruebas rendidas por el actor (ver fs. 147 y 173) como de las aportadas por la demandada (fs. 234/330).

Desde este punto de vista, no luce acertada la afirmación sentencial cuando dice: "...si bien el actor acredita haber trabajado en el Colegio San José Obrero a partir del día 03 de Marzo de 1.996, no acredita que haya sido transferido al Colegio Santa Rita S.R.L. y que su representante legal sea titular del primero, y más aún si se tiene en cuenta que la co-demandada manifiesta que se trata de una Sociedad de responsabilidad limitada, no habiendo el actor pedido la correspondiente integración de la litis con la misma, razón por la que no se considera acreditada la fecha de ingreso que denuncia, debiéndose tener como tal la reconocida por la demandada es decir el día 14 de Marzo del año 2.002".

En realidad, el tribunal de grado con tal afirmación no realizó una construcción lógica en su sentencia, ya que la operación intelectual desarrollada por el A quo carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de la pruebas, o cuando se prescinde de prueba conducente para la solución del caso, tornándola -en este punto- arbitraria al haber realizado una valoración incorrecta de la prueba en orden a determinar hechos fundamentales para la solución del litigio.

Partiendo de la premisa de que en los párrafos precedentes hemos considerado arbitrario e incongruente el pronunciamiento sentencial en cuanto a la real fecha de ingreso del trabajador al Colegio Santa Rita SRL (14/3/2002), que el actor no se encontraba registrado y que la accionada no presentó ante el requerimiento judicial los elementos previstos en los artículos 52 y 54 de la LCT, solo cabe concluir que la sentencia ha violado la normativa citada por el recurrente y transcripta en esta sentencia en el acápite II.2) y II.2) a).

IV.2) En lo que se refiere a la responsabilidad de la codemandada transcripto en el punto II.2 b), se advierte de las probanzas de autos que la actora responsabilizó a la Sra. María Teresa Anís, por los servicios prestados por el actor para el Colegio Santa Rita SRL, en su carácter de socia gerente y representante legal de dicha institución en los términos de los artículos 54 y 274 de la LSC, y no como afirma el Tribunal de Grado cuando dice: "...responsabiliza solidariamente a...en razón de considerarla propietaria del Colegio San José Obrero,...no se considera acreditado que su titular sea la codemandada...razón por la que se rechaza" (sic fs. 493).

Del informe del Registro Público de Comercio de fs. 149 y 150 vta., surge en forma clara que ya en el año 2001 la codemandada resultaba ser socia gerente y representante legal de la accionada. Entiendo, que lo resuelto por el tribunal en lo relativo a la solidaridad de la codemandada, también luce irrazonable y por consiguiente arbitrario al no haber considerado la condición de la codemandada en el Colegio Santa Rita SRL.

Ello así, en relación a lo considerado precedentemente entiendo se ha configurado un supuesto de arbitrariedad fáctica originada en una deficiente valoración del cuadro probatorio, que descalifica la sentencia recurrida. Esta Corte, dentro de la doctrina de la arbitrariedad ha establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquel en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo al precepto legal que gobierna el caso. (CSJTuc., in re "Dirección Provincial de Vialidad vs. S.A. Justiniano Frías s/ expropiación").

Por lo expresado, corresponde casar parcialmente la sentencia en lo que se refiere a fecha de ingreso, incorrecta registración del empleo y responsabilidad de la codemandada en su condición de socia gerente y representante legal del Colegio Santa Rita SRL, en base a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria, la que se dicta sin considerar razonablemente y conforme a las reglas de la lógica pruebas que obran en el juicio, cuando éstas revisten el carácter de pertinente para la solución sentencial del litigio".

IV.3) En relación a su agravio, referido a la violación del artículo 18 de la C.N. (punto II.2) c), por aplicación de la tasa pasiva con el método de la división aplicado en la sentencia que recurre ha generado una total afectación de los créditos de los trabajadores, por haber sufrido la misma un abrupto descenso en relación a años anteriores, lo cual no guarda relación con la inflación real de los últimos años, por lo que la considera violatoria del artículo constitucional citado. Estimo, que en el caso de autos se ha aplicado la doctrina legal fijada por esta Corte en el caso: "Gallettini", sentencia nº 443 del 14/6/2004, (reiterada en los fallos dictados a partir de entonces). Por lo que corresponde, en este punto, el rechazo del recurso interpuesto, por ser el criterio adoptado por esta Corte (voto mayoritario) como doctrina legal en el tema en disputa, de obligatoria observancia para los tribunales inferiores.

V.- Atento a que el vicio que provoca la nulidad proviene de la actuación del órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia casatoria deberán ser soportadas por el orden causado (arts. 49 CPL y 106 inc. 1 del CPCyC.).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala Vª del 09/11/2007, obrante a fs 491/494, en consecuencia devolver lo actuado a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por la Sala que por turno corresponda dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo considerado en los puntos IV.1) y IV.2).

II.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala Vª del 09/11/2007, obrante a fs 491/494, por lo considerado en el punto IV.3).

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.