marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción contencioso administrativa, legitimación procesal, entes autárquicos, descentralización hospitalaria, personería jurídica, capacidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPTE. N° 88.421 OVIEDO, ELVECIA LADIS C/ HOSPITAL PERRUPATO-GOBIERNO DE MENDOZA S/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-04-06

En los hospitales públicos de mediana y alta complejidad cuando se demanda a la Provincia de Mendoza es procedente la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva si se demanda al Gobierno de la Provincia y no al Hospital, porque éste es un ente público descentralizado y autárquico que tiene plena capacidad jurídica para actuar pública y privadamente y por ende para actuar en juicio ya sea como actor como demandado.

Ello así, constituyendo el Hospital demandado una entidad con personería jurídica y patrimonio propio, no puede oponer válidamente a los actores sus tramitaciones ante la Administración Central para procurar eludir su responsabilidad ante ellos, ya que la obligación del Hospital ante su personal en materia salarial no es de medios sino de resultado; no es posible para la entidad estatal agotar su responsabilidad mediante la acreditación de haber realizado trámites administrativos ante la Administración central.
Sistema federal, jerarquía constitucional, ley federal, autonomía provincial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en caso de que esta contradicción ocurra, al verificarse el ejercicio de una atribución a extramuros de la Constitución Nacional, no podría válidamente concluirse la prevalencia de la norma federal en los términos de los arts. 5 y 31 de Norma Fundamental.
Infracciones aduaneras, multa aduanera, actualización monetaria, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACERIA BRAGADO  S.A.I. Y C. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANA s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

La tacha de inconstitucionalidad invocada contra la ley 21.898, resulta precedente, toda vez que conforme reiterada jurisprudencia, resulta susceptible de ella, en cuanto manda actualizar el importe de las multas que debieron imponerse en primera instancia administrativa o judicial, con posterioridad a su entrada en vigencia por ilicitudes cometidas con anterioridad a dicha fecha o a la vigencia de la ley 21.281, puesta que modificó el régimen de penalidades, incorporando un reajuste de las multas no contemplado por las normas vigentes a la fecha de comisión de la infracción, sin que, pueda entenderse un supuesto de retroactividad de dicha ley.

Con arreglo a las disposiciones de las leyes 21.281 y 21.369, la sanción impuesta a la accionante, sólo podría ser revalorizada en el supuesto de incumplimiento de la obligación de pagarla, luego que la sentencia quede firme.
Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, corte interamericana de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Trata de personas, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Estela y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-27

Está debidamente fundada la condena impuesta por los delitos de trata de personas si el conjunto de pruebas reunidas dan sustento a la atribución de responsabilidad efectuada, pues el testimonio de la víctima, que se compone de varios textos repetidos, exhibe coherencia, espontaneidad y certeza de los datos aportados, aparece corroborado por otros elementos -relativos a la captación engañosa de la menor- que desvirtúan las explicaciones de los imputados, asimismo la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima fue aprovechada por su madre y el coimputado, y frente al uniforme relato de la menor, aparecen las contradictorias versiones de los encartados, ya que la madre reconoció haberla conducido al prostíbulo, aunque con el objeto de cuidar un niño, pero luego aceptó que el coimputado se lleve a su hija, se probó la disconformidad de la niña de tatuarse el nombre de su tratante al haber superpuesto otro tatuaje, la alegación de que el lugar estaba destinado al juego clandestino se desvirtuó por declaraciones relativas a que funcionaba un prostíbulo; también se demostró que cuando la víctima regresó a su provincia, la madre mandó buscar a sus dos hermanas menores. El delito del art. 145 ter CP no contiene la exigencia de que sea el agente quien obtenga los beneficios de la explotación sexual; asimismo tipifica un delito de los llamados de resultado cortado y por lo tanto su consumación no requiere la verificación de la efectiva explotación sexual de la víctima, sino que el agente actúe con esa finalidad.
Emergencia económica, reducción salarial, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Giuliano, Jorge H. y otros c/ Tribunal de Cuentas y ots. c/  s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

A la luz de una Constitución que regula establemente las relaciones entre gobernantes y gobernados, frente a la colisión de los arts. 15 y 23 de la ley 12.727, 29 y 30 de la ley 12.874; 27 y 28 de la ley 13.002 con el texto de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 10, 31 y 39.1 y 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica-; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquéllos han de ser declarados inconstitucionales, desde que entraron en vigencia.(doctor Negri, minoría)
Ejecución comercial, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DELFINO NAVISEAS MARITIMA S.A.C. c/ ANTONIO DE ARZA S.R.L. s/ EJECUTIVO - COBRO DM.54.698
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-03

La certificación aduanera que prevé el artículo 589 de la ley 20 094 tiende a demostrar que el consignatario mencionado en el conocimiento de embarque se ha hecho parte en el contrato de transporte. Por ello, debe considerarse cumplida la exigencia legal si media el reconocimiento de la deuda formulado por el consignatario en otro instrumento] (s1,1862,030583)
Peritos, honorarios, ley vigente, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, EDUARDO c/ SBA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

Si los trabajos cumplidos por los peritos intervinientes lo fueron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.432, que limitó el alcance del art 40 de la ley 18.345, dicha reforma no debe ser eventualmente oponible a los beneficiarios de las regulaciones que retribuyen esas tareas, de conformidad con la jurisprudencia sentada por la CSJN en autos:"Francisco Costa e hijos Agropecuaria C/ Pcia de Bs As" (12/9/96).
Licitación pública, adjudicatario, conducta de las partes, crisis económica, concesión administrativa, caducidad, transporte de pasajeros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rolando, Ana María c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 129 Año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

No puede ser aceptado el plateo de la actora, que alude en diversos pasajes de la demanda a la crisis económica ocurrida durante el año 1987 para postular la ilegitimidad de la caducidad de la concesión de la línea de transporte urbano dictada por la Municipalidad demandada por no haberse tenido en cuenta aquella circunstancia a la hora de evaluar sus pedidos de prórroga, desde que no se ha producido por parte de la recurrente ninguna prueba que permita fundamentarlo de modo satisfactorio; y, para lo cual, resulta manifiestamente insuficiente el agregado a la causa de las planillas de índices remitidas por el IPEC y el INDEC.
Actividades subversivas, daños y perjuicios, prescripción bienal
Materia: CIVIL
Carátula: PONCE, RODOLFO Y OTRO c/ E.N.  Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-16

La prescripción de la acción de resarcimiento por daños a la propiedad causados por actos terroristas comienza a computarse desde la fecha de ocurrencia del mismo y no mediando ningún acto interruptivo de su curso, aquél se cumple a los dos años, art. 4037 CC.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, secuela de juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

La locución "secuela de juicio", que fue introducida en el ordenamiento penal sustantivo argentino, mediante el art. 1 de la ley 13.569, en el año 1949, ha sido una formula legislativa poco feliz, y ha motivado a partir de su creación, una complicada y para nada pacífica tarea de Jueces y doctrinarios para desentrañar su sentido, justificando o criticándola, como también, fundamentalmente, para establecer su comprensión y extensión, y su interpretación y alcance. Pocos antecedentes registra nuestro ordenamiento jurídico, como el continental, del cual somos herederos, advirtiéndose que es una novedad de data reciente, traída por las leyes napoleónicas, posiblemente sobre la base de la analogía con la prescripción civil, analogía no del todo feliz o satisfactoria por la diversa naturaleza de los intereses comprometidos en una u otra disciplina. El proyecto Tejedor no lo comprendía, y aparece por vez primera en el proyecto de 1881, cuando se establecía que "todo acto directo del procedimiento contra la persona del delincuente, dentro del término de prescripción, la interrumpe", o sea, dicha fórmula acogía la interrupción de la prescripción por actos directos del procedimiento contra el imputado, expresión que alcanza sanción legislativa con idéntico giro, en el Código de 1886, en su artículo 93. Sometido a revisión ese ordenamiento en 1903, la ley 4.189 mantuvo incólume esa norma, pero posteriormente, los proyectos de 1906 y 1917 eliminaron toda causa de interrupción, supresión que perduró en el Código de 1921 hasta la ya citada incorporación de la ley 13.569. (Del Voto del Dr. Crippa García)
Recurso contencioso administrativo, sentencia, liquidación, Estado Provincial, deuda previsional, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zivkovich, Domingo Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 190-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-01

En lo que hace al pago de deuda previsional establecida judicialmente, la falta de liquidación de los intereses por indisponibilidad del capital fruto de las amortizaciones vencidas no resulta un vicio o defecto que obste a la aprobación de la liquidación del saldo de capital a abonar en títulos públicos. En efecto, liquidada que sea la acreencia a abonar de esa forma y conocido, por ende, el monto que debió percibirse en cada rescate, deberá practicarse la correspondiente liquidación de los intereses por privación de uso de ese capital.
Contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, Miguel Angel c/ MUTUAL PERSONAL DE AGUA Y ENERGIA E.R. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-20

Tortura las reglas de la sana crítica hasta el absurdo evidente la interpretación efectuada por la Cámara en el sentido que las certificaciones en las que consta la antigüedad de la dependiente, extendida por la accionada, era sólo al efecto de acreditar solvencia para la obtención de créditos y no hubiera sido tenida en cuenta para la liquidación de la indemnización por despido incausado. (Voto en disidencia del Dr. Herrera)
Competencia nacional, competencia criminal y correccional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, desobediencia, violencia familiar
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos "Espinola, Alan León sobre 149 bis - amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Los ilícitos que encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar, presentan características específicas en tanto se prolongan a lo largo del tiempo, en el marco de una situación conflictiva continua, muchas veces cíclica, por lo cual resulta ineludible conocer las circunstancias que rodean las conductas típicas. En consecuencia, razones de mejor y más eficiente administración de justicia y la importancia de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tornan necesario que sea un único tribunal el que intervenga en todas las actuaciones. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Beneficio de litigar sin gastos, falta de prueba, bienes inmuebles, informe registral, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Yapur, Mabel Edith c/  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-06-08

Se deniega el beneficio de litigar sin gastos ya que quien lo solicita se domicilia en otra jurisdicción, que es el lugar en que reside. La peticionante debió traer informes que acrediten la carencia de bienes de su lugar de residencia. Además, la prueba de testigos, en principio que en este tipo de procesos es un complemento de una prueba más certera para acreditar la titularidad de los bienes, ya que si bien es cierto que los testigos se domicilian en el mismo lugar que la peticionante y que brindan información sobre el nivel de vida de ésta; sin embargo sus dichos no son suficientes, si no está corroborada por un informe registral.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, procedimiento laboral, excepción de incompetencia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRETO, JUAN c/ LAMINFER S.A. s/ Demanda obligación de hacer (Expte.: Nº 559 Año 1998) (Tribunal  Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-27

Si se aceptara la tesis de que la excepción de incompetencia debe ser resuelta como todas las demás, podría darse el supuesto de que -si se ofreciera prueba- la resolución recién recaería con la sentencia definitiva (art. 51 punto II inc. c) lo cual además de un desgaste jurisdiccional innecesario podría acarrear una pérdida de tiempo irreparable y la necesidad de cumplir todas las etapas procesales con el consecuente aumento de gastos causídicos. Tales riesgos quedan aventados con el simple cumplimiento de la norma contenida en el art. 8 de la ley 7945 que -por su especialidad- constituye una excepción a la general que dimana del art. 51. No se conculca con tal solución, el principio de celeridad que debe ser prioritario en materia de juicios laborales. Resulta en todo caso más rápido resolver previamente la cuestión de competencia antes de avanzar en un trámite que podría no ser el que se corresponda con la causa. (Del Voto de la Dra. Burde). En el caso la cuestión a resolver es: ¿En el procedimiento reglado por el Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe, Ley 7945, corresponde que la excepción de incompetencia se substancie como de previo y especial pronunciamiento?.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Barrios, Miguel Angel s/ Infracción art. 96 inc. f) del dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

La referencia del procesado a su situación económica en la declaración indagatoria - constituya o no una alegación de estado de necesidad- no fue tratada en la sentencia del Juez de Paz Letrado y los recurrentes omitieron someterla a conocimiento del tribunal a quo al apelar ese pronunciamiento de modo que no puede luego ser traída a la instancia extraordinaria.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, vicios del acto administrativo, desviación de poder, prueba, empleados públicos, personal adscripto, Administración Pública, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSINI, REYNALDO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 238 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19

Resulta improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto señalando el actor que la adscripción implicaba una sanción disciplinaria encubierta para la cual, a su juicio, debió habérselo oído previamente. Ello por cuanto la mera invocación de una sanción encubierta no basta, es menester que quien afirma ese extremo produzca la prueba que acredite su existencia, puesto que en definitiva dicha aseveración importa alegar desviación de poder, o sea un supuesto de ilegitimidad en el fin del acto por vicio de la causa o de los motivos, y de las actuaciones administrativas no surgen elementos que permitan siquiera presumir que la adscripción dispuesta persiga un fin diverso al invocado en dichos actos y al tenido en cuenta por las normas que regulan la cuestión. Por otra parte, carece de asidero el planteo basado en la afectación del derecho de defensa por no haber sido oído previamente antes de la medida, siendo que la situación está regida por el régimen de la adscripción y no por el disciplinario como pretende el actor, no invocándose norma alguna que imponga la obligación de que la Administración escuche previamente al agente antes de disponer la adscripción, ni siendo irrazonable el proceder administrativo toda vez que con dicho instituto se atienden razones de servicio que son evaluadas exclusivamente por la Administración.
Acción penal, finalidad de la pena, daño resarcible
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., C. S. s/ Homicidio agravado por el uso de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14

....es la reparación la meta deseable para ubicar adecuadamente a la víctima en el proceso penal.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, cosa juzgada administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "REYES,  NARCISO  EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/ Inconstitucionalidadesvarias".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

El Tribunal tiene dicho que es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones (art. 82, ley 18.037 y art. 168, ley 24.241), y que la movilidad de las prestaciones tiene jerarquía constitucional (art. 14 bis de la C.N.). En ese marco normativo, cuando el beneficiario de una prestación considera que su haber resulta incorrectamente liquidado, ejerciendo el derecho de peticionar -también de jerarquía constitucional- está habilitado para, en el marco de las normas procesales de aplicación, reclamar ante el administrador del sistema y si lo allí resuelto no lo satisface, plantear la controversia judicial (art. 15, ley 24.463). (Cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 13.04.00, "Hanzic de Bezus, Estefanía").
Cuenta corriente mercantil, cuenta simple o de gestión
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANTIAGO SALVANESCHI SA c/ DESIDERIOSCIOLI, MARTA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-02

La existencia de saldos acreedores que se determinan al efectuar lo que se califica de adelantos, precisamente distingue al contrato de cuenta corriente mercantil regulado en el ccom 771 al 790, de la cuenta simple (ccom 772).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, medidas cautelares, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Vila, Alfredo Héctor s/ 73 - violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Las resoluciones referentes a medidas cautelares, entre las que se encuentra la clausura judicial de un establecimiento o actividad, no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria; y el recurrente no ha brindado razones que permitan otorgarle ese carácter. Estos reparos también impiden considerar la existencia de un agravio irreparable proveniente de la denegación del allanamiento del inmueble, del censo, desalojo y reubicación de los pasajeros, que autorice a equiparar esa decisión con una definitiva. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Bonadero Alberdi de Inaudi, Martha Angélica y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

La idea de "subsistencia" que se menciona en el art. 1084 del Código Civil debe asemejarse a todo lo que la víctima ha podido representar para las personas a que se refiere, es decir a todo lo que la ley supone que la víctima hubiera podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a una adecuada y prudente apreciación judicial.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia, cuestión constitucional, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Lowe SACIFI de cinematografía y televisión s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado cinematografía y televisión s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

Las afirmaciones realizadas por la actora sólo reflejan sus discrepancias con los fundamentos utilizados por el tribunal a quo, sin aportar, como en el resto de su recurso, argumentaciones fundadas de índole constitucional. La circunstancia de que la recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia, más allá de su acierto o error, devenga infundada y, por ende, arbitraria.
Estafa procesal, juicio ejecutivo, prueba falsa
Materia: PENAL
Carátula: Fabis, Vicente s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-05

Aún sin aportar documento alguno, la falsa aseveración de una deuda inexistente para lograr su cobro judicial por vía ejecutiva, también configura, en principio y sin perjuicio de su demostración, el delito de estafa en su modalidad procesal, al menos en grado de conato, pero siempre que para sustentarla se aporte algún otro medio de prueba falso: por ejemplo, testigos, peritajes (Voto del Dr. Mitchell).