Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-17


SENT Nro. 904 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Sahun, Raúl José vs. Praxair Argentina S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 346/349 vta., la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 20 de setiembre de 2002, obrante a fs. 326/328 de autos, aclarada por auto de fecha 28/3/2003 (fs. 340), que es concedido por resolución del referido tribunal de fecha 30 de abril de 2003 (cfr. fs. 353). Unicamente la parte demandada, según surge del informe actuarial de fs. 361, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Excma. Cámara, cabe pronunciarme en este aspecto.

El recurso casatorio es admisible pues ha sido interpuesto tempestivamente, habida cuenta la suspensión de términos operada por la aclaratoria, se incoa contra una sentencia definitiva, el afianzamiento resulta innecesario por recurrir la parte actora, el escrito recursivo se basta a sí mismo y se invoca infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, ha realizado una interpretación incorrecta y arbitraria del artículo 241 de la LCT al considerar que el mutuo acuerdo extintivo de la relación laboral celebrado entre las partes ante la autoridad administrativa de trabajo, se hace extensivo a los montos detallados en la cláusula segunda y a los pagos realizados conforme a la cláusula tercera, a pesar de que la partes sometieron expresamente la transacción de estas cláusulas a lo dispuesto por el artículo 15 de la LCT, motivo por lo que solicitaron homologación respecto a las mismas.

En segundo lugar, considera que el fallo erróneamente extiende el carácter de instrumento público a los montos expresados en el acuerdo, cuando sostiene que el único modo de cuestionarlos es a través de la "redargución de falsedad en que la voluntad de los suscribientes estuvo viciada y que se advierta en el acuerdo respecto del actor una evidente desproporción -lesión enorme- entre lo que percibe y lo que realmente debe percibir, sería factible la revisión del acuerdo", lo que en el caso descarta en base a las cifras percibidas y reclamadas por el actor, corroboradas por las dos pericias contables que obran en autos.

Sin embargo, el recurrente entiende que se ha violado el artículo 7 de la ley de fondo que prohibe pactar condiciones menos favorables al trabajador que las dispuestas en las normas laborales, y de ser así, serían nulas de acuerdo a los artículos 14, 41, 42 y cc de la LCT. Estima que en particular viola los artículos 12 y 260 de la LCT, al darle carácter extintivo no obstante la reducción de salarios sufridos por el actor y que demuestra la pericial del CPN Alú a fs. 194, cuando informa la existencia de diferencias no sólo en el cálculo de la base salarial sino también en el monto a percibir al momento del distracto de $ 52.423,02 y bien de $ 64.141,44.

Ello evidencia una "desmesurada desproporción" en menos de lo que le corresponde percibir al actor y el acta tiene un objeto prohibido -artículo 42 LCT- pues encubre en realidad un despido.

Admite que lo que se discute son las diferencias que debía percibir el actor y que la redargución de falsedad del acta carece de propósito, frente a las normas de orden público laboral conculcadas.

Por último, cuestiona que la sentencia sostenga lo innecesario de la homologación, cuando las partes expresamente sometieron a la misma a las cláusulas segunda y tercera del acuerdo, siendo que el organismo administrativo no lo hizo por no ajustarse al artículo 15 de la LCT, lo que además contradice lo decidido en autos "Ojeda vda. de Orellana, Celia Rosa" (sentencia Nº 567 de fecha 30-7-97). Consecuentemente entiende que corresponde el pago de diferencias al actor.

IV.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, en lo que es motivo de agravios, refiere que ambas partes suscribieron ante la autoridad administrativa de trabajo, un mutuo acuerdo rescisorio del contrato de trabajo que los unía, en los términos del artículo 241, LCT, estipulando en la cláusula segunda que el empleador ofrece abonarle al trabajador la suma de $ 49.138,22, en concepto: a) $2.276,77 correspondiente a liquidación final e indemnizaciones; b) $ 61.597,79 en concepto de gratificación extraordinaria compensable, sobre la cual se retiene la suma de $ 14.736,34 de impuesto a las ganancias.

Se estipula además, que el importe de la gratificación puede ser opuesto en compensación contra cualquier reclamo que el actor pueda realizar en el futuro por cualquier concepto, incluyendo, sin que ello implique limitación alguna, reclamos de indemnizaciones especiales, por accidente de trabajo y/o por enfermedades.

En la cláusula tercera, el actor manifiesta que acepta el ofrecimiento y que nada más tiene que reclamar por el rubro acordado precedentemente una vez que éste sea hecho efectivo.

Ambas partes solicitan homologación del acuerdo en los términos del artículo 15 LCT.

Consta también en el acta la calidad de dirigente gremial del actor.

Mediante cheque del Banco de Quilmes se formaliza el pago de $ 49.138, 22.

El actor reconoce haber percibido la suma precedentemente señalada, quedando reducido el reclamo judicial a la suma de $ 11.997,10, más lo que se calcule en la pericial contable a producir.

Sostiene el fallo que el acuerdo ha sido celebrado en los términos del artículo 241 LCT, ante autoridad administrativa del trabajo, habiéndose cumplido con los requisitos formales que bajo pena de nulidad dispone la norma, por lo que el documento por escrito así formalizado reviste el carácter de ad-solemnitatem y por lo tanto adquiere la envergadura de instrumento público, teniendo por objeto evitar el fraude laboral y dar seguridad y certeza a los derechos de las partes.

Afirma que a menos que se pruebe por medio de la redargución de falsedad que la voluntad de alguno de los suscribientes se encuentra viciada o se advierta una evidente desproporción en el acuerdo -lesión enorme- entre lo que percibe y lo que debió percibir el actor, sería factible la revisión de la validez del acuerdo.

Estos extremos son descartados por la sentencia, dando los fundamentos en los que apoya su convicción, y poniendo de relieve la calidad de dirigente gremial de vieja data del actor, por lo que estima poco probable que desconozca sus derechos laborales elementales, aventando los argumentos de éste relativos a la falta de asesoramiento adecuado en la realización del acuerdo.

Si bien admite que el convenio pudo ser homologado, sostiene que el actor tergiversa el dictamen jurídico de la autoridad de aplicación, pronunciándose, con cita de jurisprudencia, sobre la innecesariedad de tal homologación en el caso. Por lo tanto rechaza la demanda.

V.- De la reseña realizada se infiere que la cuestión de derecho presupuestada se vincula, básicamente, con la supuesta incorrecta interpretación del artículo 241 LCT, al considerar que el mutuo acuerdo extintivo de la relación laboral celebrado entre las partes ante la autoridad administrativa de trabajo, se hace extensivo a los montos detallados en la cláusula segunda y a los pagos realizados conforme la cláusula tercera, que debieron ser homologados y no lo fueron, a pesar de que la partes sometieron expresamente la transacción de estas cláusulas a lo dispuesto por el artículo 15 de la LCT.

Como acertadamente lo afirma el fallo examinado, cabe destacar primeramente que no se encuentra acreditado el aludido vicio de la voluntad alegado por el actor, como elemento invalidante del mutuo acuerdo rescisorio suscripto entre las partes. Antes bien, la sentencia considera poco probable que el accionante desconociera los términos del acuerdo que celebraba con su empleador, habida cuenta su calidad de dirigente gremial de larga data, resultando adecuada y ajustada a las reglas de la sana crítica la estimación de los hechos efectuada por el Tribunal de grado, al descartar la afirmación del actor que no tuvo el asesoramiento jurídico debido, máxime cuando en la absolución de posiciones (fs. 290), alegó haber sido llamado y presionado por la empleadora, no obstante lo cual manifestó que se puso de acuerdo con sus abogados quienes le aconsejaron que cobrara el dinero.

En mi criterio, también resulta irrelevante en punto a justificar la interpretación que realiza el recurrente en cuando a la validez del acuerdo, la circunstancia que el mismo no haya sido homologado. Este modo extintivo no requiere legalmente homologación ni de autoridad administrativa ni de autoridad judicial, por lo que vale por sí mismo, sino que se exige la actitud receptora (en este caso de la autoridad administrativa) de la voluntad conjunta de las partes, para dar autenticidad al acto y garantía de la libre expresión de dicha voluntad.

Al respecto se ha dicho: "El convenio de las partes ante la autoridad administrativa por medio del cual se pone fin al contrato por mutuo acuerdo es válido aunque no medie homologación por parte del órgano" (CNATr. Sala V, 12-12-80, LT, XXIX-381).

Partiendo de la premisa de que el acuerdo firmado entre las partes es válido, atento a que ha sido celebrado ante la autoridad administrativa del trabajo, cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 241 LCT, aspecto en el que coincido con la sentencia atacada, considero que debe tenerse presente primeramente, que el instrumento, consta de dos partes, a saber: 1) la rescisión contractual arribada de común acuerdo y respecto de la cual, como ya se dijo, no se encuentra sometido a condición alguna, (homologación) y, 2) rubros económicos (liquidación final, indemnizaciones, gratificación extraordinaria compensable), respecto de los cuales las partes arriban a un acuerdo.

Posteriormente el actor reclama los rubros integración de mes de despido, artículos 232, 245 LCT y artículo 48 de la Ley Nro. 23.551, predicando nulidad de las cláusulas segunda y tercera del acuerdo, atento a la falta de homologación, implicando ello la existencia de un despido encubierto, violatorio del artículo 14 de la LCT, pues no existió justa composición de intereses conforme al artículo 15 del mismo cuerpo legal, y que por lo tanto tornarían procedente el pago de los rubros reclamados.

Con referencia a lo primero (rescisión contractual de mutuo acuerdo), la cuestión aparece reglada por el artículo 241 LCT, y de este dispositivo surge, sin que quede lugar a ninguna duda, que el común acuerdo rescisorio no genera derecho a indemnización alguna. En este sentido los efectos son idénticos a los de la renuncia (cfr. Altamira Gigena, "Ley de Contrato de Trabajo", Edit. Astrea Bs. As. 1981, T° 2, pág. 419/421).

No habiéndose desvirtuado la validez del convenio respecto del cual, si bien se alegó supuestas coacciones o vicios en la voluntad, la sola documentación por ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, destruye tales alegaciones, por lo que debe concluirse, reitero, que el acuerdo rescisorio es válido.

Y si es válido no encubre otros modos extintivos del vínculo ni con él se incurre en "fraude laboral". Como lógica consecuencia de ello se desprende que el modo pactado de extinción de la relación de trabajo no da derecho alguno al trabajador a reclamar ninguna indemnización por tal motivo.

Producida la extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo, conforme a lo dispuesto por el artículo 241 de la LCT, la pretensión nulificante del mismo en cuanto a sus cláusulas segunda y tercera, argumentando un supuesto despido incausado, contradice lo que expresamente surge del acuerdo suscripto entre las partes, pretendiendo con ello encuadrar el caso en el artículo 15 LCT (homologación o no del efecto conciliatorio asignado a los importes abonados).

En lo atinente a lo segundo (rubros reclamados) cabe señalar que dado que la extinción pactada de mutuo acuerdo no genera derechos indemnizatorios, no es dable presumir de manera alguna que los diversos rubros contenidos en las cláusulas segunda y tercera del acuerdo, estén directa ni indirectamente vinculados a una supuesta indemnización por despido injustificado. Por el contrario, la presunción debe ser en sentido inverso. Dicho de otro modo, no puede presumirse que la falta de homologación del acuerdo a tenor del artículo 15 LCT, equivalga a un despido incausado, negando la licitud del acuerdo, celebrado válidamente conforme la exigencias del artículo 241 LCT, pese a haberse descartado la existencia de los vicios de la voluntad alegados por el actor.

En el caso la cuestión se resuelve claramente con la intención expresa de las partes plasmada en la cláusula segunda, in fine, y tercera, primer párrafo, del mismo instrumento. Allí se señala que las sumas acordadas en concepto de gratificación extraordinaria a modo de compensación están referidas a cualquier reclamo por cualquier concepto lo que incluye rubros salariales, convencionales e indemnizatorios, derivados de la "relación laboral mantenida" (cláusula 3, in fine) y no de su extinción.

Por ello ninguna duda cabe que no estuvo, de ninguna manera, pactada la indemnización por un supuesto despido incausado, cuando el propio actor en la cláusula 1 del acuerdo, admite que el contrato de trabajo se extingue por mutuo acuerdo conforme lo dispuesto por el artículo 241 LCT.

Desde esa perspectiva, la gratificación convenida, su monto y la manera de liquidarla, no tiene otra fuente jurídica que la voluntad de las partes, no jugando en el caso el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 12 de la LCT, referido a aquellos derechos laborales que la ley o los convenios colectivos garantizan al trabajador.

De modo que, independientemente de que no se hayan homologado los efectos conciliatorios del convenio, el objeto litigioso principal siguió siendo la pretensión actoral de que hubo despido sin causa, que el convenio era nulo y en fraude a la ley, (lo que le hubiera permitido cobrar las indemnizaciones reclamadas), aspectos estos últimos que, como se dijo, fueron desestimados.

Para concluir, adviértase que el actor pretendió, sin éxito, invalidar el mutuo acuerdo rescisorio, aduciendo coacción de la empresa laboral, para que, de prosperar estos planteos, proceda también el reclamo de los rubros contenidos en la demanda, rubros estos que suponen la existencia de un despido incausado, circunstancia esta que justamente ha sido rechazada de plano en el presente caso, por los fundamentos aludidos por el Tribunal de grado, a mi juicio, adecuadamente.

Por las razones expresadas resulta inoficioso pronunciarmiento respecto a los restantes agravios.

En mérito a los fundamentos expresados precedentemente, voto por que se rechace por improcedente el recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia atacada.

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, por el principio objetivo de la derrota, deben imponerse íntegramente a la vencida, actora en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación incoado, por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 20 de setiembre de 2002, obrante a fs. 326/328 de autos, aclarada por auto de fecha 28/3/2003 (fs. 340).

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios, para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO