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Régimen penal tributario, fraude a la Administración Pública, falsificación de instrumento público, Fondo Nacional de Incentivo Docente
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: CORRAL, JAVIER O. s/ Régimen penal tributario, incidente  de apelación del auto de procesamiento de Javier Omar Corral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-19

1 - La presentación ante el Registro Nacional del Automotor de un comprobante apócrifo correspondiente al Impuesto establecido por la ley 25053 - Fondo Nacional Incentivo Docente - no configura fraude en perjuicio de la Administración Pública - art. 174, inc. 5 del Código Penal - debido a que no se afecta el derecho patrimonial del Fisco, elemento que resulta indispensable para la configuración del tipo penal, sino que hay una supuesta ausencia de percepción de un importe en concepto de impuesto que, eventualmente, puede afectar la actividad administrativa tendiente a lograr la integridad de la renta.- 2 - El art. 174, inc. 5 del CP, en cuanto sanciona a quien incurre en fraude en perjuicio de la Administración Pública, procura proteger lo que ya es patrimonio del Estado, pero sin embargo no protege la incolumidad o integridad del régimen impositivo nacional o provincial que constituye una defraudación fiscal tendiente a obstruir el poder financiero de la Administración.
Confirmación de sentencia, excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: B. T., F. S. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Por último, en la causa Nº 83.390/2019, "G.", del día de la fecha, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Pinto, confirmaron la resolución que rechazó la excarcelación. Analizaron la presencia de un riesgo de fuga (art. 221 de la ley 27.063) valorando que el imputado no posee arraigo ni domicilio cierto, las circunstancias y características de los hechos -desprecio hacia los bienes juridicos ajenos, violencia en el damnificado-, la cantidad de causas que registra el imputado y las detenciones sufridas. En orden al peligro de entorpecimiento, señalaron que a la luz de lo normado en el art. 222, no existían indicios a tener en cuenta. Concluyeron que las medidas de coerción sustitutas previstas en los arts. 310, 320, 321 y 324 eran insuficientes para evitar el riesgo ya descripto.
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Ramón Ángel c/ Juliano, José Luis y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-07

Corresponde confirmar la desestimación del pedido de desafectación de un bien de familia, puesto que, conforme el art. 38 ley 14394, el bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal y, el mero nacimiento de la relación contractual no generó en forma inmediata ni específica la "deuda" a la que alude la norma citada. Ello es así, por cuanto no se puede inferir que la causa de la obligación en cuestión encuentre su nacimiento en la celebración del contrato, sino que, la "deuda" tiene su origen como consecuencia del modo en que se produjo el distracto, acontecimiento que tiene fecha posterior a la afectación del inmueble como bien de familia.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aprigliano, Aldo Abel s/ Información Sumaria para librar oficio -cuestión de competencia art.  6 C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

No corresponde a la competencia que, en forma transitoria, la Constitución provincial atribuye a esta Suprema Corte si la pretensión actora se refiere a un tema procedimental, no sometiéndose a juzgamiento la cuestión de fondo allí ventilada (art. 215, 2da. parte Const. prov.). (Minoría u opinión personal)
Indemnización por accidente de trabajo, depósito judicial, fondo de garantía
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: LOPEZ, JULIO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

Con la modificación introducida por la ley 23643 al art. 9 de la ley de accidentes de trabajo, la demandada debe depositar judicialmente la indemnización y el aporte del 1,5% previsto por el decreto-ley 8064/57, y el juzgado disponer la entrega al actor de la primera y el giro a la Caja de Accidentes del segundo.
Legisladores, facultades reglamentarias, excarcelación, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: JAIMEZ EVARISTO S.D. ABUSO SEXUAL E.P. MALENA MAGALI DIAZ s/ APELACION CUADERNILLO DE APELACION TOTO LEANDRO DAVID Y OTROS s.d. ROBO CALIFICADO e.p. VARISCO JOSE OSVALDO s/ RECURSO DE APELACION LEIVA GABRIEL S.D HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA E.P BUSTAMANTE LUCIANA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-29|2007-10-29|2008-02-11

La Constitución Nacional da al Legislador la potestad reglamentaria para establecer en qué situaciones se genera la excepcional posibilidad de privar a una persona de su libertad durante el curso del proceso. En uso de dicha facultad se ha creado el instituto de la prisión preventiva; y para neutralizarla, los de la excarcelación y eximición de prisión, verificándose pautas permisivas e impeditivas que surgen de la ley procesal en plena armonía con las disposiciones contenidas en la Carta Magna.
Evasión fiscal, verificación de créditos, efectos de la sentencia civil en sede penal
Materia: PENAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Müller, Carlos Eusebio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

La decisión del fuero comercial no puede influir en al presente causa desde que de su lectura se colige que no se expidió acerca de uno de los elementos del tipo en el que el aquí sentenciante encuadró la acción reprochada al acusado. Mientras en la órbita privada, mediante el proceso de verificación de créditos se intenta declarar la calidad de acreedor del actor con relación al concursado y frente a los demás acreedores. En sede penal se procura desentrañar la existencia de un delito de evasión, defraudación o apropiación indebida de tributos que el imputado debía ingresar o depositar en determinado tiempo. En definitiva, la sentencia de sede comercial no hace cosa juzgada en sede criminal, tanto porque así lo determina expresamente la ley civil como porque no están dadas en el caso, todas las identidades que aquel instituto exige para su procedencia. Entre ambas actuaciones no media identidad de objeto y de causa, razón por la cual no hay impedimento para que en sede penal se determine la deuda y las omisiones delictivas de su ingreso al tesoro nacional, aunque no hubiese sido aquélla admitida ni declarada exigible en sede comercial. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Restricciones al dominio, actividades molestas, ruidos molestos, daños en el inmueble, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: ORLANDI, MARIO AUGUSTO c/ FELBRET  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

Del voto de la mayoría:

La norma del art. 2618 del Código Civil emplea infelizmente la expresión "daños", en dos oportunidades, incorporando así una complicación interpretativa, que saca de quicio el sentido del ordenamiento destinado a preservar en lo inmediato la convivencia pacífica entre vecinos contiguos y mediatamente el medio ambiente.

De lo que se trata es de impedir la perturbación del sueño, del descanso, de la tranquilidad o cualesquiera otra molestia que exceda la normal tolerancia, que dan lugar a acción para hacerlas cesar, o para que no cesen indemnización mediante.

Pero los daños, los perjuicios concretos que engendra tal o cual actividad, en vecinos mediatos o inmediatos, como rajaduras, deterioros o ruina de inmuebles, daños físicos, auditivos, etc., que pudieran experimentar las personas, serían materia del responder general, por vía de los arts. 1109 o 1113 del Código Civil.-
Divorcio, adulterio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C, M c/ S, de C N s/ Divorcio A. de S., M. c/ S, D. L. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23|1990-11-08

La violación del deber de fidelidad que impone el art. 198 del C.C.

y que da causa al divorcio requiere por su gravedad una prueba inequívoca, admitiéndose la presunciones cuando lleven al ánimo del Juzgador una certeza moral que excluya toda duda razonable; certeza que debe estar basada en hechos y no en interpretaciones subjetivas, debiendo ser las presunciones graves, precisas y concordantes (art.

198 Cód. Civil).
Empleador, silencio, contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cabaleyro, Pedro Carlos c/ Mongou, Arturo Hiber s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

No demostrada la relación de índole laboral entre las partes, no es de aplicación la norma del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo toda vez que la presunción que establece juega entre personas vinculadas por un contrato de trabajo.
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Madinaveitía, Alberto s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

La exención dispuesta por el art. 38 de la ley 18.360 se encuadra dentro de las atribuciones conferidas por el art. 67 inc. 27 de la Constitución nacional y debe interpretarse con el régimen general establecido para ellos por la ley número 18.310, sin que elemento alguno autorice a entender que haya sido propósito del legislador modificar para el caso particular de los ferrocarriles dicho régimen general.
Calificación legal, fundamentación de sentencias, confirmación de sentencia, escala penal, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: C. A. E. R. c/  s/ lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género y desobediencia judicial en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-07-20

La evaluación que han efectuado las partes en orden a la calificación legal de las conductas atribuidas, aparece razonable toda vez que del análisis de las evidencias surge claramente tanto la ocurrencia de los hechos, como la autoría material del imputado, y existe una congruencia entre los hechos relatados, las evidencias y la calificación legal que le han asignado, por eso debe confirmarse. En conclusión, de la interpretación sistemática y armónica de los arts. 40 y 41 del CP, la pena pautada y sus fundamentos, aparece dentro de la escala razonable, ajustada a derecho y proporcionada, toda vez que se tienen en cuenta los parámetros legales para su determinación.
Robo calificado, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: CANTERO, LEONARDO MAXIMILIANO s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-09

La conducta desplegada por el imputado en la emergencia, surgiendo dudas sobre si blandió el arma blanca secuestrada para amedrentar y causar mayor temor a la víctima, debe jugar en favor del mismo, a quien le asiste el estado jurídico con rango constitucional de inocencia (artículo 18 de la Constitución Nacional), por lo que debe subsumirse tal accionar en la figura descripta en los artículos 164 y 42 del Código Penal, como ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.
Carga de la prueba, apreciación de la prueba, hecho conducente
Materia: PROCESAL
Carátula: Báez, Héctor José c/ Poseedores o tenedores del lote Rural Nº 56, ubicado en Yala-Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 449/452, Nº 212) Rural Nº 56, ubicado en Yala-Jujuy s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 449/452, Nº 212)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1992-08-11

No debe perderse de vista que las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés. En tal contexto, los jueces no se encuentran obligados a tratar exhaustivamente todas las probanzas incorporadas a la causa, sino aquellas que estimen conducentes para fundar sus decisiones, es decir, que los jueces pueden establecer entre las diversas cuestiones que se plantean en una causa, cuales son las pruebas decisivas para resolverlas, pudiendo dejar de lado otras que no revisten tal calidad.-
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALLO ANTONIO EUSEBIO c/ ANA MARIA GALLO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-25

Las nulidades procesales deben ser deducidas y resueltas en la instancia en que se producen.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, títulos ejecutivos, cancelación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vanderhoeven Agrícola S.A. c/ Bussy, Delfin s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Juicio ejecutivo (Expte.: C.S.J.  Nro. 429 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-27

Aún cuando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto se endereza contra un pronunciamiento que, en principio, no ostenta carácter definitivo en los términos del artículo 1, ley 7055, en razón de la conocida regla según la cual las sentencias dictadas en juicio ejecutivo no resultan susceptibles del remedio extraordinario, por contar el demandado con la posibilidad de entablar el ulterior proceso de conocimiento (art. 483 Código Procesal Civil y Comercial), en la especie concurren razones que tornan aconsejable apartarse del aludido principio. En efecto, la postulación central del recurrente -falta de causa a raíz de la cancelación de la deuda originaria- importa articular, en las especiales circunstancias de esta causa, un supuesto asimilable a la "inexistencia de deuda exigible", el que ha sido tenido en cuenta para sortear el escollo formal citado, tanto por el más Alto Tribunal de la Nación como por la Corte local. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Gutiérrez)
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, derechos patrimoniales, derechos adquiridos, derechos y garantías constitucionales, decreto de necesidad y urgencia, control de constitucionalidad, emergencia económica, estado de sitio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: MURATORIO MARCELO LUIS c/ EN PN DTO 1570/01 Y OTROS s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALDONADO FANNY GRACIELA EN J: MALDONADO FANNY GRACIELA c/ MARIA RUIZ DE ZAFFUTO s/ Ordinario (LIBRO: A132 - 152)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-29

Al no encontrarse abierta la segunda instancia, por no haber concluido la primera toda vez que la sentencia no había sido notificada a todas las partes incluida la actora y su patrocinante, resulta inviable la caducidad articulada por la actora, respecto de la apelación impetrada por la demandada y concedida por el a-quo.-
Incumplimiento de resolución judicial, violencia de género, suspensión del juicio a prueba, principio pro homine
Materia: PENAL
Carátula: Pelaez, Santiago Oscar c/  s/ Amenazas agravadas (art. 149 bis) y extorsión - Impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-24

No se encuentra acreditado -en esta instancia- que los hechos atribuidos queden comprendidos por la Convención de Belem Do Pará, como así también, que resulta diferente el presupuesto fáctico respecto al que se expidió el Cimero Tribunal Nacional en el precedente "GÓNGORA", por lo que no corresponde su aplicación al presente legajo; consecuentemente, estimo que no se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado Argentino con la decisión adoptada por el a quo.
Privación ilegal de la libertad calificada, traslado de detenidos
Materia: PROCESAL
Carátula: Burgos, Luis y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-11-15

Corresponde procesar como partícipes secundarios del delito de privación ilegítima de la libertad agravada a quienes, en su carácter de Presidente y Director General de una sociedad anónima, habrían cooperado, con el plan criminal de las fuerzas de seguridad, consistente en las detenciones ilegales colectivas ocurridas durante las "Noches del Apagón", pues se acreditó la provisión de vehículos de la empresa para el traslado de los detenidos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), quiebra, falta de prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCI, JUAN C. Y OTROS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-04

Los argumentos del quejoso no logran conmover las conclusiones fácticas del A quo acerca de la insuficiencia de los elementos de prueba en orden a demostrar o incluso persuadir sobre la existencia de confusión patrimonial de los demandados con la fallida, o su actuar en interés personal, pues si bien las tilda de dogmáticas, lo cierto es que los magistrados ponderaron expresamente las probanzas desde la perspectiva de la sana crítica -aunque con un alcance distinto al postulado por el recurrente- y brindaron fundamentos que no lucen desmarcados de la normativa sobre la cual se subsume la controversia. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 161, incisos 1 y 3
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, honorarios, cuerpo de abogados del Estado, Municipalidad, expropiación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ ALEGRE, PEDRO s/ EXPROPIACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 205-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-03-02

No puede dispensarse el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso, por la invocada gravedad institucional, si ésta no aparece ni siquiera prima facie configurada, pues el litigio no excede de los intereses patrimoniales de ambos sujetos, respecto de una cuestión decidida en base a particulares circunstancias del caso.

En autos, se debate acerca del cobro de los honorarios que le corresponden al apoderado especial de la Municipalidad de Rosario, por su intervención en un juicio expropiatorio promovido por tal ente.
Proceso judicial, demanda, ampliación de la demanda, traslado, falta de traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA, OSVALDO E. c/ I.N.P.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Toda vez que la parte actora puede modificar la demanda antes que esta sea notificada, no puede entenderse que le esté vedado su ampliación previa al traslado (art. 333 C.P.C.C. al que remite el art. 486 del mismo ordenamiento).
Suspensión del juicio a prueba, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: B., J. G. A. c/  s/ suspensión del juicio a prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-04

Las circunstancias muestran la importancia y necesidad de optimizar los dispositivos de control para no atentar contra la propia vigencia y objetivos del instituto de la suspensión del juicio a prueba. No obstante, hasta tanto ello suceda, el Estado no puede hacer caer sobre el sometido a proceso las deficiencias que le impidan cumplir debidamente con su función de corroborar en tiempo y forma la observancia de las obligaciones bajo las cuales se dispuso el régimen.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: CORPUS LUCAS SEBASTIAN s.d. ABUSO SEXUAL e.p. REYNA MELCHORA SOSA DE ALBARRACIN s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-13

Existe un campo de control casacional en el que el enjuiciamiento de los hechos o la revaloración de la prueba se presenta como ineludible pero a condición de que ello no implique la desnaturalización del recurso. Pero no debe ocultarse que muchas veces el control fáctico se lleva más lejos de este límite, comprometiendo y desdibujando la tarea de los Tribunales Supremos como jueces de legitimidad y aproximándolos indebidamente a las tareas propias de un Juez de Instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, proceso penal, juicio oral, instrucción suplementaria, jueces, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámaras desde que la solución del Tribunal de sobreseer por estar agotados los plazos de instrucción original no satisface el parámetro de la razonabilidad, pues es de toda lógica suponer que una causa que ha arribado a juicio oral y en el estadio procesal de la instrucción suplementaria se encuentra por demás de avanzada y en algunos casos con aquellos plazos vencidos, por lo cual la apertura de una instrucción suplementaria impondría -en esas hipótesis- el sobreseimiento por la causal enunciada (art. 356, inciso 2 C.P.P.) (Del voto de la Mayoría)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, recursos, improcedencia del recurso, agravio concreto, trabajador, empleador, obligaciones del trabajador, derechos del trabajador, derechos del empleador, obligaciones del empleador, demanda, etapas del proceso
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, ARMINDA LELI c/ DEMURTAS DE TRIQUELL, GRACIELA BEATRIZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-23

Analizando los agravios, integrantes del recurso de apelación cabe reiterar la doctrina procesal que enseña: "La expresión de agravios es el acto mediante el cual el recurrente debe refutar total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas y no constituye expresión de agravios idónea aquella que no precisa y explicita el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre la prueba y el derecho aplicado" (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T VI, pág. 266/267).- "No constituyen una crítica concreta del fallo las meras discrepancias genéricas con el mismo (C.S.J.N. L.L. 127-581); o la simple manifestación de disconformidad con la sentencia por considerarla injusta (C.N.Civ., Sala C, E.D. 33-419); o las discrepancias con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista" (C. Apel. C.C. Salta, Sala III - Protocolo, año 1.998, pág. 303).

"Criticar, como lo exige el art. 255 del C.P.C. y C., es muy distinto que "disentir", toda vez que criticar significa un ataque directo y pertinente de la fundamentación formulando la demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiese contener; mientras que "disentir" es proponer meramente el desacuerdo con la sentencia" (Expte. Nº 7016/98 - "Ord. Corbalán, Felipe Dionisio c/ Cheda, Joaquín" - Sala II, T. I, cp. a fl. 54/58 sent.).

"La exposición de los hechos constituye una carga impuesta a la actora por el inciso c) del Art. 32 del C.P.L. que prescribe que la demanda contendrá: "La designación de lo que se demanda y los hechos, determinándose en el caso del trabajador, las tareas cumplidas y categoría desempeñada".