Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08


[[p]]///MA, 8 de septiembre de 2014.[[/p]][[p]]Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Liliana Laura Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Enrique J. Mansilla y Sandra E. Filipuzzi, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: CHAZARRETA, Gustavo David c/PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ORDINARIO s/CASACION (Expte. N* 26476/13-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la demandada a fs. 274/286 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria.[[/p]][[p]]Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes CUESTIONES:- 1ra.- ¿Es fundado el recurso- 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde- V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio Mario Barotto dijo:- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la demandada a fs. 274/286 y vta., contra la Sentencia N* 3 de fecha 4 de febrero de 2013, dictada a fs. 258/269 y vta. de autos, que resolvió:[[/p]][[p]]I. No hacer lugar al recurso de apelación formulado por Gustavo David Chazarreta./// ///2.-II. Receptar parcialmente el recurso de apelación articulado por la Provincia de Río Negro respecto del quantum de los gastos médicos reconocidos a Gustavo David Chazarreta, estableciéndolos en la de $1.050 y confirmar en lo sustancial la decisión adoptada a fs. 194/197 y vta..[[/p]][[p]]Esto es, confirmó en lo sustancial- la sentencia dictada por la Jueza de Primera Instancia a fs. 194/197 y vta., que hiciera lugar a la acción interpuesta y condenara a la Provincia de Río Negro a abonar al actor, en concepto de daños e intereses, la suma allí indicada.[[/p]][[p]]En sustento de la pretensión recursiva articulada, la recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara ha incurrido:- a) En la errónea interpretación y aplicación de la ley (art. 286, inc. 2* del CPCyC.). Se imputa al decisorio fallar aplicando erróneamente los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.[[/p]][[p]]b) En la violación legal (art. 286, inc. 1* del CPCyC.) específicamente de los arts. 901, 902, 903 y 906 del Código Civil, aplicando erróneamente la teoría de la relación de causalidad adecuada, desconsiderando la interrupción del nexo causal.[[/p]][[p]]c) En la violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN. y las normas en que se funda la procedencia de este factor de atribución de responsabilidad, en detrimento del patrimonio del Estado Provincial y en definitiva de los intereses públicos involucrados.[[/p]][[p]]d) En la violación del debido proceso, del derecho de///.- ///3.-defensa y propiedad (arts. 14, 17 y 18 consagrados en la Carta Magna y 22 de la Constitución Provincial) de su parte, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad. e) En la errónea aplicación de la doctrina obligatoria emanada del Superior Tribunal de Justicia, por cuanto a criterio de su parte el caso encuadra en las previsiones del fallo Pérez Barrientos, referidas a la manera en que ha de calcularse el daño material susceptible de reparación (art. 286, inc. 2* del CPCyC.).[[/p]][[p]]f) En la violación de la ley adjetiva (arts. 163, inc. 6* y 34, inc. 4* del CPCyC.), por ausencia de motivación de la sentencia y existencia de sentencia arbitraria, al haberse resuelto con omisión flagrante de las circunstancias del caso, que hacen que al mismo no le sea aplicable la jurisprudencia arriba mencionada, en la procedencia del rubro indemnizatorio por lucro cesante incapacidad sobreviviente.[[/p]][[p]]g) En la violación del derecho de propiedad (art. 17 C.N.), al acordar indemnizaciones sin que exista daño resarcible.[[/p]][[p]]Que a fs. 289/292 y vta., obra contestación del traslado del recurso por parte del actor, en el que luego de expresar el rechazo formal del recurso sub examine, refuta los argumentos sobre la cuestión de fondo expresada por la recurrente. De tal modo señala que de toda la prueba ofrecida por su parte se ha podido comprobar de manera contundente la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños. Considera que el fundamento jurídico de la Responsabilidad del Estado se encuentra en la Constitución,///.- ///4.-ya que en la misma hay presupuestos fundamentales que consagran la reparación por los derechos ofendidos.[[/p]][[p]]Que, ingresando ahora al examen de la temática traída a debate, corresponde abordar en primer término, los agravios dirigidos a atacar la atribución de responsabilidad, por el hecho dañoso en cuestión, a la Provincia de Río Negro. Ello, toda vez que de prosperar tales cuestionamientos resultaría inoficioso expedirse acerca de la cuantificación de la indemnización reconocida.[[/p]][[p]]En primer lugar, cabe señalar que a los efectos de determinar la responsabilidad de los demandados, los Jueces de grado de conformidad con lo dispuesto en el art. 1102 del Código Civil, que establece que después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se puede contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituyó el delito ni impugnar la culpa del condenado-, tuvieron por ciertos los hechos que sirvieran de plataforma para condenar al señor Mauro Raúl Calvo a la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñarse como policía de seguridad y/o portación de arma de fuego por el término de dos años y ocho meses, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de disparo de arma de fuego en concurso ideal con lesiones graves (arts. 104, 90, 54 y 45 del Código Penal). En tal orden de situación, cabe tener por acreditado que el 10 de junio de 2006 a las 6.45 hs. Mauro Raúl Calvo, empleado policial, empuñando un arma de fuego (calibre 9mm marca Jericó, número 160216) a la salida del boliche denominado Kachaca///.- ///5.-y a la altura de la farmacia Crisol, en primer lugar habría apoyado el arma a la altura del abdomen de Darío Muller, para luego acercarse a Daniel Firmapaz contra quien, previo apoyarle el arma a la altura del cuello, le habría disparado impactándolo en esa zona, siendo que en la trayectoria posterior el proyectil habría impactado en Gustavo Chazarreta a la altura del abdomen, a cuyas resultas ambos debieron ser internados en el hospital Zatti, con pronóstico reservado y riesgo de vida.[[/p]][[p]]Tales circunstancias no se encuentran controvertidas en esta instancia extraordinaria por parte del recurrente, por lo que corresponde dilucidar, si la persona jurídica estatal es responsable de los daños sufridos por la actora.[[/p]][[p]]Al respecto en las instancias precedentes se determinó que el Estado debía responder por el daño provocado por el agente policial cuando se encontraba de franco. La Jueza de Primera Instancia justificó su decisión en que la Provincia había incurrido en un actuar culposo sea en la elección sea en el control del agente policial autor del hecho dañoso con un arma de propiedad de aquélla.[[/p]][[p]]Resaltó especialmente que no se había efectuado ningún control Psíquico a Calvo con posterioridad al mes de mayo de 2004; y que si la Provincia obliga a los agentes a portar el arma reglamentaria aun estando de franco, debía responder por el riesgo que introducía al suministrarla.[[/p]][[p]]Por su parte, la Cámara, al confirmar la sentencia de Primera Instancia, se inclina por la posición jurisprudencial que endilga responsabilidad al Estado por el daño provocado por el agente policial mediante el uso del arma reglamentaria, cuando ésta fue determinante para la entidad del daño///.- ///6.-sufrido. Es decir que considera que la exigencia que pesaba sobre Calvo, como integrante de la Policía de Río Negro de portar en todo momento y lugar el arma que aquélla le suministrara (art. 39 de la Ley 679), se constituyó en determinante de la producción del daño y hace nacer la obligación de garantía que pesa sobre la institución policial en función del riesgo creado con su organización; sin que, por tales motivos, pueda erigirse como liberador de responsabilidad de la Provincia la circunstancia de que el agente Calvo se encontraba fuera de servicio.[[/p]][[p]]También, en un segundo plano, advierte que el Estado para cumplir la función de seguridad se ha valido o patrocinado de un agente que en un corto lapso, prácticamente dos años (mayo/04-jun/06) ha mostrado una ineptitud manifiesta; y sobre el cual no se ha ejercido un control de aptitud médico psicológico más allá del relativo al ingreso operado en mayo del 2004.[[/p]][[p]]Evidentemente ambas sentencias han analizado la responsabilidad del Estado desde dos enfoques jurídicos diferentes, ya que por una parte se lo consideró responsable por ser propietario del arma y proveedor de la misma al agente, y por otra, desde la culpa in eligiendo o in controlando que debió ejercer sobre su dependiente. En cuanto a la primer cuestión analizada (responsabilidad de la Provincia por la entrega del arma), es preciso recordar que en el precedente: F., M. V. c/M., G. A. y Otra s/ORDINARIO s/CASACION (Se. N* 9/13-STJRN-), ya me he expedido respecto a esta materia, por lo que en el transcurso del presente examen reiteraré conceptos expresados en aquella oportunidad. En efecto allí sostuve que según///.[[/p]][[p]]///7.-conocida doctrina, la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos cometidos por sus agentes se funda en la idea objetiva de falta de servicio con base en la previsión del art. 1112 del Código Civil, sin necesidad de recurrir al art. 1113 del citado cuerpo.[[/p]][[p]]De tal forma, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, debiendo responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.[[/p]][[p]]Dicho criterio orgánico de imputación de conductas del Estado fue consagrado en la jurisprudencia nacional a partir de 1984 (CSJN, in re: Jorge Fernando Vadell v. Provincia de Buenos Aires, en Fallos 306: 2030, considerandos 5* y 6*; más recientemente y en un caso análogo, dictamen del Procurador General al que remite la Corte en la causa: Cossio, Susana Inés c. Policía Federal y otro, del 24/11/2004, en Fallos 327: 5295), desplazando a la anterior noción de representación legal.[[/p]][[p]]El paso de una figura a otra se debió, por una parte, a la elaboración por la doctrina alemana- de la teoría del órgano, como instrumento que habilita de capacidad de obrar a la persona jurídica; y, por otra parte, a la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los terceros que se relacionan con el sujeto inmaterial.[[/p]][[p]]En este sentido, la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes en el ejercicio de las funciones atribuidas es indiscutible, pero, precisamente, uno de los requisitos básicos que torna procedente ese deber de reparar/// ///8.-es la ejecución del acto dañoso en ejercicio u ocasión de la función propia del cargo (arg. arts. 43 y 1112 del Código Civil).[[/p]][[p]]Empero, como bien citara el Tribunal a quo, existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se entendió que los daños ocasionados por el uso de armas de fuego por parte de integrantes de la Policía Federal que no se encuentran en ejercicio de sus funciones, resulta atribuible al Estado y por ende compromete su responsabilidad extracontractual.[[/p]][[p]]Ello podrá derivarse de un actuar lícito (vgr. cuando una agente con franco se ve compelida a intervenir en la prevención de un delito y actuando con diligencia no puede evitar herir a un tercero que nada tiene que ver con el hecho) o ilícito (en los supuestos en que media una conducta negligente o dolosa del policía).[[/p]][[p]]En este último caso, se han ensayado distintos argumentos para sustentar tal posición, algunos son reiterados en todos los pronunciamientos, otros aparecen circunstancialmente. Así se ha dicho:- La portación del arma es obligatoria para el policía.[[/p]][[p]]Luego, si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la población y, en su consecuencia a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello se deriven sean soportados por la colectividad en general y no sólo por los damnificados. Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes se benefician con ella. (Fallos 317:1006).[[/p]][[p]]///.[[/p]][[p]]///9.-Si bien el acto imputado no fue realizado dentro de los límites específicos de la función propia del cargo, no hay duda que encontró fundamento en aquélla, toda vez que sólo fue posible en la medida en que derivó de sus exigencias\". Es preciso reconocer, se dijo: ...que la función guardó conexidad con el hecho producido al que contribuyó, asimismo, la irreflexiva actitud del codemandado que debe valorarse, con relación a la aquí tratada responsabilidad del Estado, con fundamento en la doctrina en Fallos 190:312 (Fallos 317:728, con cita de Fallos 300:639, reiterado en Fallos 317:1010). Vale decir, que el hecho dañoso no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión.[[/p]][[p]]Basta que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja la responsabilidad del principal, pues es obvio que el accidente no se habría producido de no haberse suministrado al agente policial el arma en cuestión (Furnier, Patricia M. c/Provincia de Buenos Aires, La Ley 1996-C, 558; Fallos 317:1006).[[/p]][[p]]Quien contrae la obligación de prestar un servicio en el caso, de policía de seguridad- lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular.[[/p]][[p]]No basta para excluir la responsabilidad de la provincia demandada la circunstancia de que en el momento del hecho el policía autor del daño se encontrará fuera de servicio, toda vez que el acto imputado sólo aparece como posible en la medida en que derivó de las exigencias propias del cargo, en cuanto el/// ///10.-arma utilizada había sido provista por la repartición en que aquél revistaba y que debía portarla permanentemente (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Izaurralde, Roque R. c. Buenos Aires, Provincia de y otro, del 31/08/1999).[[/p]][[p]]Con sustento en los arts. 512 y 902 del Código Civil, el ejercicio de la policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes (Fallos 315:2330, 318:1775, 322:2002).[[/p]][[p]]Si para llenar tales funciones el Estado se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, sean o no excusables, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (Fallos 190:312; 317:728; 318:1715). En este contexto se estaría invocando, como factor de atribución, la añeja noción de culpa in eligendo, propia de la responsabilidad indirecta consagrada en el art. 1113, primer párrafo, del Código Civil.[[/p]][[p]]Ahora bien, considero que deben distinguirse dos supuestos: a) cuando el uso incorrecto- del arma responde a una necesidad de servicio, en donde precisamente cabe imputar al Estado la falta de servicio que no excluye necesariamente la falta personal del agente; y b) cuando es utilizada en un contexto privado que nada tiene que ver con la función policial. De conformidad con la exposición de los hechos y lo resuelto por el Tribunal a quo, este último es el supuesto de autos.[[/p]][[p]]¿Debe entonces responder el Estado por el daño causado en el presente caso por un agente que actuó clara y completamente fuera de la órbita de las funciones que legalmente le estaban/// ///11.-impuestas.[[/p]][[p]]La respuesta es no. En autos la responsabilidad del Estado no puede ser aceptada, pues el señor Mauro Raúl Calvo autor del hecho- actuó completamente fuera de la órbita de las funciones legales que le estaban impuestas.[[/p]][[p]]Además de que no actuó en ejercicio de la función policial (arts. 43 y 1112 del Código Civil), el hecho ocurrió en el contexto de una discusión personal a la salida de un local bailable. Sería demasiado forzado concluir que las lesiones sufridas por el señor Gustavo David Chazarreta fueron consecuencia del ejercicio de la función policial, o en ocasión de ella.[[/p]][[p]]Como se aprecia sin mayor esfuerzo, el acto que se imputa al agente policial no tiene nada que ver con la función de policía de seguridad, ni con actividades facilitadoras de aquellas, ni con ninguna extralimitación dolosa o culposa de las atribuciones que se le asignan para el cumplimiento de las funciones estatales propias de esa fuerza, ni tampoco se trató de un incumplimiento o ejecución irregular de la función.[[/p]][[p]]En tal orden de ideas, la teoría de la falta de servicio (conf. C.S.J.N., Vadell, Fallos 306:2030) no me resulta convincente para fundar en este pleito la responsabilidad estatal, pues el uso desviado del arma confiada a Calvo se encuentra al margen de todo servicio y sólo se trata de una falta apta para comprometer su propia responsabilidad personal y no la de su empleador estatal.[[/p]][[p]]Asimismo, dadas las particulares circunstancias en que se desarrolló el hecho generador del daño, tampoco puede fundamentarse la responsabilidad que se atribuye al Estado///.[[/p]][[p]]///12.-en la entrega del arma y de la obligación de portarla en forma permanente que derivaría del artículo 36, de la Ley N* 679 del Personal Policial de la Provincia de Río Negro que establece que: El Personal con Autoridad Policial, a los fines del Art. 30, de la presente ley, está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan.[[/p]][[p]]Obsérvese que dicha obligación de portar el arma está prevista a los fines del artículo 30 de la citada ley, esto es: a) Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad y la propiedad; b) Adoptar en cualquier lugar y momento, cuando las circunstancias lo impongan, el procedimiento policial conveniente para prevenir el delito o interrumpir su ejecución.[[/p]][[p]]En tal orden de situación, resulta evidente que tal obligación no puede ser predicada en términos absolutos, pues ni siquiera la norma así lo prevé. Y que, en el caso en examen, los hechos se sucedieron en el contexto de una discusión personal (entre el agresor y la víctima), no encontrándose de modo alguno comprometidos los fines que prevé la ley para justificar la portación del arma.[[/p]][[p]]Sin perjuicio de lo expuesto, aún de considerarse aplicable el art. 1113 del Código Civil, estimo que tampoco puede acudirse al supuesto del daño causado con las cosas, por cuanto es evidente que aquí la cosa ha sido usada contra la voluntad presunta de su dueño (art. citado, párrafo final).[[/p]][[p]]En lo que hace al otro enfoque que abarca la sentencia recurrida en el análisis de estas actuaciones en las sentencias precedentes, esto es la pretendida subsunción del presente///.[[/p]][[p]]///13.-caso en el concepto de culpa in eligiendo o in vigilando, considero que tampoco resulta procedente su aplicación en autos.[[/p]][[p]]Ello así dado que si bien dicha culpa, por parte del principal, podría presumirse del daño ocasionado por el dependiente, lo cierto es que las pruebas rendidas en la causa no muestran una omisión negligente del Estado en el control de las aptitudes psíquicas y técnicas del señor Calvo, por lo cual pueda predicarse que aquél no fuera apto para portar un arma de fuego.[[/p]][[p]]En efecto, que no se halla ejercido un control de aptitud médico psicológico desde su ingreso operado en mayo del 2004 a la fecha del hecho, 10 de junio de 2006, no implica que se haya omitido la ejecución de controles psicológicos necesarios para determinar la continuidad de la mencionada aptitud, máxime aún cuando no existen o por lo menos no se han referenciado en la presente causa- señales de advertencia sobre la conducta del agente que hubieran dado motivo a la necesidad de un control permanente para determinar si estaba en condiciones o no de portar el arma reglamentaria. Tampoco es suficiente con expresar como sostiene la Cámara- que el agente Calvo en dos años (mayo/04-junio/06), ha mostrado una ineptitud manifiesta, si no se señala concretamente en que consiste la misma y cuáles son las pruebas que se valoran para llegar a tal aseveración.[[/p]][[p]]En conclusión, ante un supuesto de falta personal, el agente público responde directamente ante el tercero damnificado; cuando esa falta personal se vincule de tal forma con las funciones a su cargo, que permita denotar un funcionamiento irregular de la actividad estatal, nos///.[[/p]][[p]]///14.-hallaremos ante un supuesto de concurrencia en que el Estado resultará igualmente responsable, sin perjuicio de las acciones posteriores de repetición que le correspondan. Si esta vinculación no existe, toda construcción tendiente a obligar al Estado resulta injusta.[[/p]][[p]]La loable intención de sortear la insolvencia del agente para lograr que el daño causado encuentre la debida reparación impuesta por principios elementales de justicia- no puede conducir a responsabilizar a la Administración Pública ante cualquier evento.[[/p]][[p]]Pensemos en un caso extremo al que podría llegar una postura distinta, por ejemplo, el automovilista negligente e insolvente que atropella a un peatón, ¿puede sostenerse que el Estado resulta responsable por haberle otorgado el registro que lo habilita a conducir.[[/p]][[p]]Como no es posible en el estado de derecho sostener la irresponsabilidad estatal la que, por otra parte, indudablemente ha de ser objetiva y directa- tampoco es posible considerar al Estado como el eterno asegurador de todas las vicisitudes humanas.[[/p]][[p]]En conclusión, conforme a todo lo expuesto, considero que deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto condenó al Estado Provincial a reparar los perjuicios ocasionados por el señor Calvo, deviniendo consecuentemente abstractos los demás agravios atinentes al quantum indemnizatorio. MI VOTO por la AFIRMATIVA.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:- Traído a conocimiento y decisión de este Cuerpo el///.[[/p]][[p]]///15.-recurso de casación deducido por la demandada Provincia de Río Negro a fs. 274/286 y vta., poniendo en crisis la Sentencia N* 3 de fecha  4 de febrero de 2013, obrante a fs. 258/269 y vta. de autos, mediante la cual la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta Primera Circunscripción, resolvió:[[/p]][[p]]I. No hacer lugar al recurso de apelación formulado por Gustavo David Chazarreta. II. Receptar parcialmente el recurso de apelación articulado por la Provincia de Río Negro respecto del quantum de los gastos médicos reconocidos a Gustavo David Chazarreta, estableciéndolos en la de $1.050 y confirmar en lo sustancial la decisión adoptada a fs. 194/197 y vta..[[/p]][[p]]Fallo merced al cual se confirmara en lo sustancial- la sentencia dictada por la señora Jueza de Primera Instancia, que hiciera lugar a la acción interpuesta y condenara a la Provincia de Río Negro; desechando la Cámara el agravio de la demandada.[[/p]][[p]]En aquella ocasión, la Provincia de Río Negro se agravió por la errónea aplicación de los arts. 1113 y 1112 del C.C., con más la denuncia de haber violentado las disposiciones de los arts. 901, 902,y 906 del Código de Fondo y el equívoco en la teoría de la relación de causalidad adecuada, soslayando la interrupción del nexo causal y vulnerando en consecuencia el debido proceso legal, el derecho de defensa y de propiedad, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad.[[/p]][[p]]En sustento ahora de la pretensión recursiva articulada que nos ocupa, la recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara ha incurrido:- a) En la errónea interpretación y aplicación de la ley (art. 286, inc. 2* del CPCyC.). Se imputa al decisorio fallar/// ///16.-aplicando erróneamente los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.[[/p]][[p]]b) En la violación legal (art. 286 inc. 1º del CPCyC.) específicamente de los arts. 901, 902, 903 y 906 del Código Civil, aplicando erróneamente la teoría de la relación de causalidad adecuada, desconsiderando la interrupción del nexo causal.[[/p]][[p]]c) En la violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN y las normas en que se funda la procedencia de este factor de atribución de responsabilidad, en detrimento del patrimonio del Estado Provincial y en definitiva de los intereses públicos involucrados.[[/p]][[p]]d) En la violación del debido proceso, del derecho de defensa y propiedad (arts. 14, 17 y 18 consagrados en la Carta Magna y 22 de la Constitución Provincial) de su parte, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad.[[/p]][[p]]e) En la errónea aplicación de la doctrina obligatoria emanada del Superior Tribunal de Justicia, por cuanto a criterio de su parte el caso encuadra en las previsiones del fallo Pérez Barrientos, referidas a la manera en que ha de calcularse el daño material susceptible de reparación (art. 286, inc. 2* del CPCyC.).[[/p]][[p]]f) En la violación de la ley adjetiva (arts. 163, inc. 6* y 34, inc. 4* del CPCyC.), por ausencia de motivación de la sentencia y existencia de sentencia arbitraria, al haberse resuelto con omisión flagrante de las circunstancias del caso, que hacen que al mismo no le sea aplicable la jurisprudencia/// ///17.-arriba mencionada, en la procedencia de rubro indemnizatorio por lucro cesante incapacidad sobreviniente.[[/p]][[p]]g)En la violación del derecho de propiedad (art. 17 C.N.), al acordar indemnizaciones sin que exista daño resarcible.[[/p]][[p]]Del conteste de agravios (fs. 289/292 y vta.) practicado por el actor, se extrae liminarmente que puntualiza la interposición de agravios no adecuados a la vía que se impetra. Tal el caso de reedición de cuestiones de hecho ya resueltas y la ausencia de demostración de la arbitrariedad o el absurdo que alega la demandada.[[/p]][[p]]En cuanto a los agravios fincados en la cuestión de fondo, los refuta sosteniendo que la responsabilidad del Estado se encuentra prevista en la Constitución y si bien admite que no existe precepto que mencione la responsabilidad por el daño ocasionado, ello surge de los arts. 14, 20, 28, 43, 75, inc. 22* y 116 de la C.N..[[/p]][[p]]Cita en su abono jurisprudencia y doctrina. Señala que de toda la prueba ofrecida por su parte se ha podido comprobar de manera contundente la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños.[[/p]][[p]]Ponderando los agravios expresados y el conteste que los mismos merecieran, ha quedado definido el tema decidendum respecto del que corresponde pronunciarse en esta instancia.[[/p]][[p]]Ciertamente, tal como lo apunta el señor Juez que me precede en el orden de votación, la atribución de responsabilidad, por el hecho dañoso en cuestión, a la Provincia de Río Negro, resulta un agravio medular que se encuentra expresado y contrarestado por los contendores y de la///.[[/p]][[p]]///18.-definición de la suerte de dicha temática, dependerá la necesidad o no de pronunciarse respecto de los restantes.[[/p]][[p]]De manera que corresponde ingresar al análisis de los agravios expuestos en los puntos a), b), c) y d) a efectos de verificar si la sentencia de Cámara aplicó erróneamente los preceptos del Código Civil (arts. 1113 y 1112); si violó por errónea aplicación los artículos 901, 902, 903 y 906 del mismo cuerpo normativo; si incurrió en violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN.; anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad y por consiguiente vulnerando el debido proceso , la defensa en juicio y el derecho de propiedad.[[/p]][[p]]Puesta a realizar dicha tarea, debo adelantar que, si bien comparto el meduloso desarrollo que efectúa el distinguido colega que me precede, en tanto efectúa una correctísima referencia de los factores de atribución de responsabilidad extracontractual directa y objetiva del Estado frente al daño ocasionado por sus agentes, con cita y reseña de jurisprudencia adecuada al caso; no compartiré la diferenciación que culmina realizando para concluir categóricamente afirmando- que no puede ser aceptada la responsabilidad del Estado.[[/p]][[p]]En principio no puede perderse de vista que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado es de origen netamente jurisprudencial. Que la Constitución Nacional no contiene manda alguna que lo anuncie, no obstante ello, no ha sido óbice para formular pretorianamente su receptación en la Carta Magna (conforme arts. 14, 17, 19) el derecho de propiedad y el///.[[/p]][[p]]///19.-alterum non laedere, sumado al art. 16 que consagra el principio de igualdad, permitieron numerosos y constantes fallos de la CSJN. en los que se ha ido construyendo la responsabilidad del Estado por los daños causados injustamente por cualquiera de los Poderes Públicos.[[/p]][[p]]En cambio en nuestro Derecho Público la responsabilidad del ESTADO es de base constitucional. La Constitución Provincial, vanguardista y de avanzada, establece concreta y claramente la responsabilidad, no sólo de los agentes públicos por los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones (art. 54) sino que atribuye responsabilidad al Estado Provincial y al Municipal, por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o por el ejercicio de sus funciones (art. 55) y para mayor equidad y justicia- el art. 57 establece la obligación del Estado de citar a juicio a los agentes para integrar la relación procesal y determinar las responsabilidades conforme la manda del prenotado art. 54. Recayendo en el representante del Estado, la obligación de promover la citación a juicio del agente.[[/p]][[p]]No obstante el señalamiento precedente, que nos diferencia, cierto es que no existe a nivel nacional ni provincial un cuerpo normativo que regule el instituto de la responsabilidad del Estado y ello ha originado que se aplique el régimen de responsabilidad patrimonial de las personas jurídicas del Código Civil (art. 43 C.C.).[[/p]][[p]]Ello conllevó la aplicación de normas de derecho privado a una institución (responsabilidad del Estado) de estricto derecho público. La subsistencia de la ausencia normativa impone///.[[/p]][[p]]///20.-hasta hoy, la aplicación a veces- analógica de la normativa civil (Conf. CSJN. Cipollini, Juan Silvano c/Dcción. Nacional de Vialidad Fallos-300:143) a veces- subsidiaria (Conf. CSJN. Mosca Hugo Arnaldo c/Buenos Aires Pcia. de (Policía Bonaerense) y Otros s/Daños y Perjuicios Fallos-330:653 y LL.2007 B-261).[[/p]][[p]]En esa aplicación por analogía o también por subsidiariedad, se tiene presente que existen principios afines con el derecho privado, pero también median aspectos diferenciales, no menores que no permiten una aplicación homogénea. Sin ir más lejos, en el derecho privado sólo excepcionalmente correspondería atribuir responsabilidad al individuo por un comportamiento válido; sin embargo al Estado en claro está- que puede atribuírsele responsabilidad por actividad lícita.[[/p]][[p]]Tal como lo reseña el señor Juez que comanda este Acuerdo, en la construcción pretoriana del sistema de responsabilidad extracontractual del ESTADO, la responsabilidad es directa y no indirecta o refleja (CSJN., in re: Vadell), por aplicación de la concepción administrativista de la teoría del órgano, de manera que cualquiera sea la posición jerárquica del agente se identifica con la autoridad estatal.[[/p]][[p]]Luego, dicha responsabilidad es de base objetiva, esto es que el factor de atribución del riesgo creado es de índole objetiva, lo cual no admite discusión, se derive de actividad ilícita o lícita, en ambos casos está ausente la idea de culpa, o falta o reproche por una actuación irregular o defectuosa. En lo que atañe al deber de responder derivado de la existencia de una falta///.[[/p]][[p]]///21.-de servicio, la mayoría de la Doctrina sostiene la responsabilidad objetiva, dado que no es necesario indagar en la subjetividad del funcionario para que ella se configure, lo cual no necesariamente significa que se trate de responsabilidad desligada del obrar del agente que provocó el hecho dañoso, pues la responsabilidad por falta de servicio se predica de conducta y no de resultado; de allí que la CSJN haya dicho (in re: Mosca) que en la responsabilidad por falta de servicio no se efectúa un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio.[[/p]][[p]]Así respecto al factor de atribución de responsabilidad, en la jurisprudencia, el reconocimiento de una responsabilidad subjetiva (a título de dolo o culpa y con fundamento en el art. 1109 del C.C. e indirecta fundada en el art. 1113 del C.C. dejó paso a la responsabilidad objetiva (por falta de servicio, fundada en el art. 1112 del C.C. y directa (por aplicación de la teoría del órgano).[[/p]][[p]]Por la aplicación de la noción de falta de servicio, la teoría del órgano y la doctrina del ejercicio aparente de la función, se responsabilizó al Estado por actos en los cuales no pudo identificarse al agente público que causó el perjuicio, o cuando el daño fue ocasionado por el funcionario en abuso o extralimitación de las competencias asignadas, o bien en supuestos en los cuales el empleado estatal no se encontraba cumpliendo cometidos públicos, pero utilizaba instrumentos o cosas que le proveía su función pública.[[/p]][[p]]En el caso Vadell la CSJN. (1984) adoptó la noción de falta de servicio del derecho Francés y al respecto Graciela/// ///22.-Ritto (conf. La responsabilidad del Estado en la reforma del Código Civil con las observaciones del Poder Ejecutivo Nacional. La remisión a los principios del derecho administrativo nacional o local. La Ley. Doctrina Judicial Año XXVIII, N* 40, 3 de octubre de 2012, pág. 100.) apunta que: la expresión francesa falta (en alusión a la falta de servicio), que en francés es faute, tiene un significado mucho más amplio y más objetivo que el término culpa y tanto la doctrina como la jurisprudencia francesa asignan carácter objetivo a la falta de servicio (la apreciación de la falta es una apreciación de elementos objetivos).[[/p]][[p]]En este marco, resalta que, en el caso Blanco, que dio lugar a la aplicación de la noción de falta de servicio en el derecho francés, el Consejero de Gobierno manifestó que la responsabilidad del Estado por daños a los particulares no puede estar regida por los principios del Código Civil que regulan las relaciones entre particulares.[[/p]][[p]]La Corte Suprema admitió que la noción de falta de servicio, fundada en el art. 1112 del Código Civil, es el fundamento jurídico para validar el deber de indemnizar a particulares. La misma finca en la idea de que ... quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o irregular ejecución.[[/p]][[p]]En definitiva, la existencia misma de la obligación estatal de resarcir los menoscabos patrimoniales que ocasionan sus actos o sus omisiones deriva de la misma Constitución Nacional (arts. 14, 16, 17///.[[/p]][[p]]///23.-y 19).[[/p]][[p]]Ello así tal como lo hace ver Eduardo Mertehikian- por cuanto, no se debe analizar como castigo al culpable; sino antes bien como restitución a la víctima de aquello que fue privada por el obrar estatal, en la medida, claro está, que no exista el deber jurídico de soportar el daño (conf. Estudios de Derecho Administrativo, págs. 266/267).[[/p]][[p]]En la causa Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios, pronunciada por la CSJN el 12 de abril de 2011 (B. 140. XXXVI), también se abordaron los requisitos que configuran la responsabilidad extracontractual del Estado.[[/p]][[p]]En el referido caso la CSJN expresó: 3°) Que, para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita deben reunirse los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio; b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (Fallos: 328:2546).[[/p]][[p]]Con respecto al primero de los recaudos, este Tribunal ha expresado que quien contrae la obligación de prestar un servicio público, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329: 3065)....[[/p]][[p]]Esta idea objetiva de la falta de servicio por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del///.[[/p]][[p]]///24.-art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (causa Securfin S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios, Fallos: 330:3447) que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil (Fallos: 306:2030).[[/p]][[p]]En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 318:192, 1862; 321:1124; causa Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza, Provincia de s/ daños y perjuicios, Fallos: 330:2748)..[[/p]][[p]]En punto a la falta de servicio que hace nacer la responsabilidad estatal y respecto del uso de instrumentos o cosas provistas por la función fuera del cumplimiento de cometidos públicos; viene al caso lo resuelto por la CSJN en autos Furnier, Patricia María c/Pcia. de Bs. As. s/daños y perjuicios, sentencia del 27/09/1994(Fallos 317:1006) y Scamarcia, Mabel y otro c/Pcia. de Bs. As. s/daños y perjuicios sent. del 12/09/1995 (S.621.XXIII); en las que el címero Tribunal ha declarado: (...) en materia de responsabilidad estatal, esta Corte sostuvo, retomando el criterio expuesto en Fallos:190:312 que ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados y si para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan///.[[/p]][[p]]///25.-de una peligrosidad manifiesta, como la que acusa el hecho de que se trata, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (causa B.368.XXIII. Balbuena, Blanca Gladys c/ Misiones, Provincia de s/ daños y perjuicios, sentencia del 5 de julio de 1994).[[/p]][[p]]Súmase a ello, tal como lo reseña el Juez ponente que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: Izaurralde, Roque R. c. Buenos Aires, Provincia de y otro, del 31/08/1999) ha dicho: No basta para excluir la responsabilidad de la provincia demandada la circunstancia de que en el momento del hecho el policía autor del daño se encontrara fuera de servicio, toda vez que el acto imputado sólo aparece como posible en la medida en que derivó de las exigencias propias del cargo, en cuanto el arma utilizada había sido provista por la repartición en que aquél revistaba y que debía portarla permanentemente.[[/p]][[p]]Más cercano en el tiempo en el caso Cossio, Susana Inés c. Policía Federal y otro, del 24/11/2004, en Fallos 327: 5295.) la Corte Suprema de Justicia de la Nación al hacer suyos los fundamentos expuestos por el señor Procurador General en el fallo dictado el 24 de noviembre de 2004 sostuvo que si bien el agente policial usa el arma de fuego entregada por el Estado estando en franco de servicio y sin desempeñar tarea específica vinculada con la función policial, el Estado es igualmente responsable por ser quien provee el arma que los agentes están legalmente obligados a portar.[[/p]][[p]]Indica el Tribunal que, tal como prescribe la ley, los funcionarios policiales deben portar en forma permanente el arma reglamentaria y concluye, que el///.[[/p]][[p]]///26.-personal policial, quien por imperativo legal debe defender, aun cuando vistiera de civil y se encontrara franco de servicio, las personas y los bienes de los integrantes de la sociedad, está obligado a portar el arma en todo tiempo y lugar, pues tal conclusión está fundada en el estado policial permanente dado por su condición de policía de seguridad.[[/p]][[p]]Reseñada la Jurisprudencia y la Doctrina relativa a la responsabilidad extracontractual objetiva y directa- del Estado y aplicada merced a la teoría del órgano; no puedo más que disentir con el doctor Sergio M. Barotto, en cuanto a la ausencia de responsabilidad por los daños cometidos a un tercero utilizando un instrumento provisto por el ESTADO para la función del órgano.[[/p]][[p]]El funcionario policial, imputado y condenado por un hecho típicamente antijurídico y culpable bajo el prisma del derecho penal; es a los fines del reclamo indemnizatorio- el Estado mismo.[[/p]][[p]]Ello en virtud de que en la función de seguridad pública, el uniforme y el arma reglamentaria son los signos exteriorizantes e instrumentos de los que se vale el Estado para aplicar el máximo poder. Al extralimitar su uso y valerse del arma para cometer un ilícito penal, (aún en el marco de una reyerta privada), no por ello la responsabilidad directa y objetiva se diluye.[[/p]][[p]]La Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: PANIZA, Manuel N. c/Provincia de Buenos Aires y otros\" (fallos: 300:639, publ. en ed., 80-202), sostuvo que es conocida su jurisprudencia que reconoce la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes en el ejercicio de sus funciones (fallos: 219:641; 220:280 y 285; 252:22; 273:404), agregando que, aún/// ///27.-cuando el acto imputado no fuera realizado dentro de los límites específicos de la función propia del cargo, no cabe duda que encuentra fundamento en aquélla, toda vez que sólo es posible en la medida que derive de sus exigencias.[[/p]][[p]]En el caso, el arma utilizada había sido provista por la repartición y era obligación del demandado portarla permanentemente, siendo preciso reconocer, entonces, que la función guarda conexidad con el hecho producido, al que contribuyó la irreflexiva actitud del codemandado, que debe valorarse con relación a la aquí tratada responsabilidad del Estado, con fundamento en la doctrina establecida por el Tribunal en fallos: 190:312 (Cám. Civ. Com. Federal, in re: Craviotto Pérez Delgado Ismael Roberto Alberto c/Trentini, José Alberto y otros s/daños y perjuicios causa n* 23.109/94. 25/04/95).[[/p]][[p]]Deviene entonces necesario puntualizar que las personas que el Estado designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él.[[/p]][[p]]Por ello, no son dependientes en el sentido del art. 1113 del C.C.; puesto que cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones que les han sido encomendadas, actúan como órganos del Estado, o sea, actúa directamente el Estado a través de ellos.[[/p]][[p]]Los requisitos necesarios para que el Estado sea responsable son los siguientes: a) Existencia del daño, b) Hecho humano o de las cosas o acto administrativo legítimo o ilegítimo productor del daño; c) que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el daño que se alega; además, que el acto causante del daño pueda imputarse al órgano administrativo y por lo tanto a la administración.[[/p]][[p]]///28.-En el sub examine se está en presencia del hecho de un funcionario policial provocador de daño, realizado con el uso del arma reglamentaria, encontrándose en franco de servicio pero ostentando el estado policial. Todo ello de conformidad con la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro, L-679 8 texto consolidado).[[/p]][[p]]El Artículo 25 prescribe: Estado Policial es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos, para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de la Policía Provincial. Tendrá estado Policial, con los deberes y derechos esenciales que determina esta Ley, el personal policial de todos los Agrupamientos.[[/p]][[p]]En tanto el Artículo 34, entre las obligaciones que emergen de ese estado policial, establece:- El personal con autoridad policial, a los fines del artículo 28, de la presente Ley, está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan.[[/p]][[p]]El personal policial en situación de retiro está facultado a portar armas de fuego, adecuadas a su defensa; sea que las mismas le sean provistas por la Repartición o adquiridas de su peculio.[[/p]][[p]]El uso del arma de fuego con la que se provocó el daño, era ostentada merced a la obligación orgánica y fue blandida y ejecutada con extralimitación y en estado aparente de servicio.[[/p]][[p]]En consecuencia, sin hesitación, por aplicación analógica de los arts. 1109 y 112 del C.C. el Estado Provincial es directa y objetivamente responsable.[[/p]][[p]]No se trata aquí, como tantas veces ha sido advertido///.[[/p]][[p]]///29.-y expresado de responsabilizar al ESTADO de todo cuanto infortunio pueda ser sufrido por los administrados. Claramente el Estado se exime de responsabilidad ante el caso fortuito, la culpa de la víctima, el hecho de un tercero.[[/p]][[p]]Tengo presente un reciente fallo de la CSJN. (in re: Carballo de Pochat, Violeta Sandra Lueia C/ANSES s/ daños y perjuicios. C. 127. XLVII.), en el que se demandaba la responsabilidad del Estado por el homicidio de un Gerente Auditor en manos de un tercero que ingresó armado a la repartición.[[/p]][[p]]Allí, además de reiterar la doctrina de responsabilidad extracontractual directa y objetiva del Estado por los hechos y actos de sus agentes; la que declara aplicable sin cortapisas a los daños producidos por acción que evidencia falta de servicio; la Corte se declara prudente y restrictiva en el análisis de las conductas omisivas, aludiendo a la omisión de mandatos jurídicos indeterminados reiterando el Considerando 6) en Mosca- para finalmente declarar que en el caso no surge la responsabilidad del Estado.[[/p]][[p]]Razonable y justa decisión, teniendo en cuenta que se trató del hecho de un tercero (no agente ni funcionarios del ESTADO) quien ultimó al Sr. Pochat; que la ANSES no tiene otra función que la de proveer a la Seguridad Social (no a la seguridad pública).[[/p]][[p]]Tampoco advierto que la demanda dirigida al ESTADO, lo hubiere sido en pos de sortear la pretensa insolvencia del funcionario policial. Ello en razón de lo expuesto al inicio, al recordar nuestras mandas constitucionales; pues no es obligación del actor sino del representante del ESTADO el solicitar la citación a juicio del agente.[[/p]][[p]]En marras si bien el Fiscal de Estado al contestar la demanda solicitó se cite a///.[[/p]][[p]]///30.-juicio a Calvo, luego incumplió la carga de notificarlo. Ingresando ahora en el contenido de los fundamentos del fallo puesto en crisis, anoto que la Excma. Cámara de Apelaciones al analizar esta misma cuestión se formula el mismo interrogante que el señor Juez que me precede; esto es ¿Por qué debe responder el Estado si el daño fue provocado por el agente policial cuando se encontraba de franco, y para dar respuesta se inclina por atribuir responsabilidad al Estado por el daño provocado por el agente policial mediante el uso de arma reglamentaria cuando ésta fue determinante para la entidad del daño sufrido por el particular, es decir, cuando de no haber tenido ese instrumento aportado por la institución policial, el perjuicio sufrido no hubiera tenido la entidad que finalmente tuvo, para seguidamente acotar que el agente policial portaba el arma en orden a la obligatoriedad que impone la ley orgánica de la Policía, lo que considera determinante de la producción del daño. Con cita del fallo Furnier de la CSJN.. Y añade que si la protección pública genera riesgos, lo más justo, lo equitativo, es que estos sean afrontados por todos (Fallos 327:5295 y 317:1006).[[/p]][[p]]Cabe acotar que los fallos citados son Furnier y Cossio y que es éste último el que con mayor claridad tal como antes expuse- el que señala la responsabilidad extracontractual objetiva y directa del Estado.[[/p]][[p]]Luego de otras consideraciones la Cámara sentenciante fundamenta su decisorio en el precedente Insaurralde y culmina confirmando el fallo de la instancia inferior en cuanto atribuye responsabilidad objetiva a la Provincia de Río Negro por el daño provocado por Mauro R. Calvo a Gustavo D. Chazarreta.[[/p]][[p]]Tales/// ///31.-fundamentos devienen respetuosos de la Doctrina y la Jurisprudencia relacionada al tema, y de ellos se desprende que el aquo no incurrió en violación de la ley sustantiva.[[/p]][[p]]La recurrente aspira a la aplicación del art. 1113 del C.C. y por añadidura pretende e invoca los arts. 901, 902, 904, 906 de dicho corpus normativo; sin reparar que al sostenerse y aplicarse la responsabilidad extracontractual de carácter directo y objetivo se encuadra el caso en los arts. 43, 1109, 1112 del C.C..[[/p]][[p]]De manera que no puede pretender que si se ha encuadrado la atribución de responsabilidad directa, por aplicación de la teoría del órgano, se le permita argumentar en orden a la responsabilidad indirecta del dueño por los hechos dañosos cometidos por sus dependientes.[[/p]][[p]]Tampoco puede aspirarse al sostenimiento del criterio sustentado por Tribunales locales o de grado inferior a la Corte Suprema; por encima de los criterios por estos fijados. Y mucho menos claro está- puede asimilarse el hecho de marras al que recibiera tratamiento en el precedente de la CSJN in re: DECOA, puesto que el sable que fuera utilizado para dar muerte a la víctima habría sido un obsequio del Ejército Argentino y no un arma provista para el cumplimiento de la función. De donde, en claro está, que la entrega del sable no ha sido la causa eficiente o adecuada del homicidio, según el curso normal y ordinario de las cosas.[[/p]][[p]]En suma, por lo precedentemente explicitado tengo para mí- que deben ser desechados los agravios enunciados por la recurrente referidos a la violación e inobservancia de la ley sustantiva, la inobservancia de la doctrina y la Jurisprudencia, la falta de motivación de fallo, la violación del debido///.[[/p]][[p]]///32.-proceso, del derecho de defensa y propiedad.[[/p]][[p]]Seguidamente corresponde ponderar los planteos efectuados por la recurrente respecto al resarcimiento económico concedido a la actora.[[/p]][[p]]Así, acerca del rubro incapacidad sobreviniente, por una parte se agravia que para su cálculo se adopta un porcentaje que no se condice con las constancias de la causa; y por otra, que no corresponde aplicar la fórmula utilizada en el precedente Pérez Barrientos de este Superior Tribunal de Justicia, por cuanto en autos no se acreditó desarrollo laboral alguno del actor.[[/p]][[p]]Respecto a la primera cuestión porcentaje de incapacidad-, surge evidente que las argumentaciones sustentatorias de la invocada arbitrariedad de sentencia, resultan una discrepancia subjetiva con la selección y apreciación de los elementos de información reunidos en el proceso, y por medio de los cuales se pretende debatir nuevamente el porcentaje de incapacidad establecido por el grado, cuando dicha temática, por su naturaleza fáctica y probatoria, es propia de los jueces de grado y ajena a la casación.[[/p]][[p]]En otro orden, en lo que hace a la crítica por la aplicación del precedente Pérez Barrientos, la recurrente en sus alegaciones no sólo que reitera los argumentos expuestos en la expresión de agravios sin desvirtuar los fundamentos de la Cámara sobre la materia, sino que además confunde permanentemente el rubro en cuestión con el lucro cesante.[[/p]][[p]]En efecto, en el libelo en examen se puede advertir que para rechazar la aplicación del mencionado precedente, la demandada afirma que: Veamos, en autos no se acreditó desarrollo///.[[/p]][[p]]///33.-laboral del actor.[[/p]][[p]]Ergo, considero que indemnizar por lucro cesante o incapacidad sobreviniente en el caso de autos, resulta una cuestión meramente voluntarista.. Sin embargo, mientras la indemnización por incapacidad sobreviniente resarce no solamente la incapacidad física sino la merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros y cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado con las consecuencias negativas que se generen en el patrimonio; la indemnización por lucro cesante, se relaciona sólo con las pérdidas experimentadas durante el tiempo de convalecencia y se debe acreditar que durante este tiempo se vio privado de alguna entrada.[[/p]][[p]]Con lo cual, como bien lo ha señalado la Cámara oportunamente, en el rubro en cuestión a diferencia del lucro cesante- la víctima debe ser indemnizada aunque no tenga actividad remunerada.[[/p]][[p]]Ello así, ya que sabido es que para fijar el quantum indemnizatorio de esta partida debe valorarse la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también la edad del damnificado, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales, dado que la incapacidad sobreviniente comprende no solamente la minusvalía de la capacidad laborativa del individuo propiamente dicha, sino también todo menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en BELLUSCIO, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 219 nº 13 y pág. 220 y citas de la nota 87; LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil ///.[[/p]][[p]]///34.-Obligaciones, t. IV-A pág. 120). Y, que en autos, a los efectos de establecer el monto resarcible por incapacidad sobreviniente, se haya aplicado la formula financiera sentada en el precedente Pérez Barrientos, de ningún modo se contradice con el criterio antes expuesto, ya que para determinar el quantum del daño reclamado es necesario recurrir a parámetros objetivos que permitan estimarlo adecuadamente.[[/p]][[p]]Por otra parte, la crítica efectuada por la recurrente de que no corresponde abonar gastos de traslados porque los mismos no se encuentran peticionados por el actor, tampoco resulta procedente.[[/p]][[p]]Ello así ya que de las constancias de autos se puede advertir que en el escrito de interposición de la demanda en el rubro reclamado como gastos médicos expresamente se peticiona (a fs. 25) como gastos de movilidad la suma $2500; y, más allá de la diferencia terminológica utilizada en la demanda y en la sentencia de Cámara, cierto es que el concepto al que se refieren es el mismo.[[/p]][[p]]Por último, respecto al reclamo efectuado de que el daño moral acordado resulta excesivo, hay que advertir que cualquier intento de que este Superior Tribunal revise el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia de grado, sin que se haya invocado y probado la existencia de absurdo o arbitrariedad resulta inviable ya que sólo supuestos de gravedad extrema podrían habilitar la revisión extraordinaria que implica la habilitación de esta instancia.[[/p]][[p]]Lo contrario significaría merituar prueba y considerar cuestiones de hecho, transformando esta vía en una tercera instancia ordinaria, cuando el objeto en la casación, es el control de legalidad y la unificación///.[[/p]][[p]]///35.-jurisprudencial no el acierto estimativo de los fallo traídos a revisión. (Conf. STJRN., Se. N* 5/13, in re: P., H. H. y C. C., M. I.). MI VOTO por la NEGATIVA.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- Adhiero a la solución propuesta por la Jueza preopinante doctora Piccinini para cada uno de los agravios.[[/p]][[p]]En particular, y considerando la naturaleza de la actividad policial, los medios de los que dispone la Administración, y el grado de previsibilidad del daño, corresponde encuadrar el hecho dañoso en un supuesto de servicio defectuoso o irregular por el que debe responder la Provincia demandada.[[/p]][[p]]En efecto, de conformidad a lo prescripto en el artículo 25 de la Ley L N1 679 el estado policial no se agota en los días de servicio. Por el contrario el agente mantiene el estado policial deberes y derechos legales- y tiene la obligación concreta (artículo 34) de portar en todo momento y lugar el arma de fuego reglamentaria.[[/p]][[p]]Dicha particularidad impone sostener la responsabilidad del Estado en principios del derecho público (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional; 54, 55 y 57 de la Constitución Provincial), configurándose en la especie un supuesto de prestación defectuosa del servicio, y no de una falta personal del agente que excluya la responsabilidad estatal.[[/p]][[p]]La interpretación dinámica del artículo 1112 del C.C. que por analogía se aplica al hecho dañoso de autos, se independiza de la noción de culpa, dando lugar a la responsabilidad objetiva del Estado con fundamento en la prestación irregular o///.[[/p]][[p]]///36.-defectuosa del servicio de seguridad pública; en un todo de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde Vadell y, en particular, en Cossio.[[/p]][[p]]Precisamente las dos circunstancias que han influido para que el precepto del artículo 1112 del Código Civil adquiera un sentido diferente a la luz de esta nueva interpretación dinámica y sistemática fueron, por un lado la posibilidad de que las personas jurídicas sean declaradas responsables por actos ilícitos de sus dependientes y, por el otro, la reforma del artículo 43 C.C. que, en combinación con el artículo 33 del C.C., ha prescripto la responsabilidad directa del Estado como persona jurídica por los actos cometidos por sus representantes en ejercicio o en ocasión de sus funciones (conf. Juan Carlos Cassagne, Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Publicación de las Jornadas sobre Responsabilidad del Estado y del funcionario público; Ed. Ciencias de la Administración, Universidad Austral).[[/p]][[p]]En el caso de autos, el daño provocado por un agente de policía, en estado policial y utilizando el arma de fuego reglamentaria, debe ser considerado como hecho en ocasión o con motivo del servicio. La circunstancia de estar en un día de descanso no resulta suficiente para eximir de responsabilidad al Estado, pues es obvio que el accidente no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión (CSJN. Fallos 317:1006).[[/p]][[p]]///37.-Excluir la responsabilidad estatal, circunscribiéndola a la personal del agente policial porque el hecho no se cometió en ejercicio de la función propia del cargo, ...no sólo desatiende la racional comprensión del estado policial, sino que además, resulta írrita la limitación de responsabilidad del Estado por aplicación de un criterio de imputación que no se ajusta a los principios generales sobre la materia, desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal a partir de 1984, in re: Jorge Fernando Vadell v. Provincia de Buenos Aires Fallos 306:2030- donde se adoptó un criterio orgánico de imputación de conductas del Estado, a la vez que se dejaron de lado, expresamente, los fundamentos civilistas de su responsabilidad extracontractual (del Dictamen del Procurador General en autos. Cossio, Susana Inés c/Policía Federal y Otro; 08/07/2003; que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyo).[[/p]][[p]]En conclusión, si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en su consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados.[[/p]][[p]]Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos máxime ante situaciones como las del sub examine- sean soportados por quines se benefician con ella. (Fallos 317:1006 y SCJBA LL 1986-E-417, JA 1987-I-596; LL 1988-B-611).[[/p]][[p]]MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:- ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]///38.-A la misma cuestión la señora Jueza Subrogante doctora Sandra E. Filipuzzi dijo:- La dispar opinión vertida en los votos de los señores Jueces del Tribunal que me precedieron en orden de votación en la consideración de la cuestión traída a examen, específicamente en lo atinente a la atribución de responsabilidad a la Provincia de Río Negro por el daño provocado por el agente policial involucrado en el suceso, cuando se encontraba en franco de servicio, utilizando el arma de fuego reglamentaria y aún sin desempeñar tarea específica vinculada con la función policial, me obliga aquí a dirimir la disidencia suscitada.[[/p]][[p]]Adelanto mi adhesión a la solución propuesta para cada uno de los agravios en el voto de la doctora Liliana Laura Piccinini al que a su vez adhiriera el doctor Ricardo A. Apcarian sumándole a esa postura puntuales acotaciones en su sostén- en particular, en cuanto considera que el Estado Provincial es directa y objetivamente responsable (por aplicación analógica de los arts. 1109 y 1112 del C.C.) por los daños cometidos por el agente policial a un tercero mediante el uso del instrumento provisto por la demandada arma reglamentaria- en función de la teoría del órgano.[[/p]][[p]]Ello puesto que coincido con la señora Magistrada en tanto asume que las personas que el Estado designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él y, por ende, no son dependientes en el sentido del art. 1113 del C.C., sino que cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones encomendadas, precisamente, actúa el Estado mismo a través de ellos. Debe entonces encuadrarse el hecho dañoso analizado en/// ///39.- autos, en un supuesto de servicio defectuoso o irregular por el que debe responder la Provincia demandada.[[/p]][[p]]Y en tal sentido, considero que existen abundantes y trascendentes fundamentos para admitir la responsabilidad del Estado por el accionar del agente policial aunque éste se encontrase, en el caso, fuera de servicio. Preliminarmente, entiendo que ello se enmarca en el postulado que señala que la responsabilidad del Estado debe ser apreciada con cierta amplitud, pues está obligado a resarcir los daños causados tanto en la esfera contractual cuanto en la extracontractual, y en el ámbito del derecho público o del derecho privado. Y, en ese marco también debe responder en el plano de la responsabilidad extracontractual no sólo cuando su comportamiento (o el de sus agentes) ha sido ilícito, sino inclusive por sus actos lícitos.[[/p]][[p]]En este contexto, entonces, el Estado es responsable por las consecuencias dañosas producidas por la actuación de un agente público. Vale decir, en tanto presupone un hecho o acto propiamente del Estado, siempre que éstos no son ni mandatarios ni representantes de aquél, sino órganos suyos, integrando, en esta última calidad, su estructura (art. 43 del Código Civil).[[/p]][[p]]De este modo la responsabilidad del Estado por los actos u omisiones de sus órganos es directa y se encuentra fundada en la idea objetiva de la falta de servicio (art. 1112 C.C.) quedando subsumidos dentro de este concepto general, todos los elementos de la responsabilidad civil y, en particular, lo atinente a la ilicitud del acto de la administración pública por no ejecutar el acto a que estaba obligada por medio de sus agentes (Bustamante Alsina J., La Responsabilidad del Estado en el///.[[/p]][[p]]///40.-Ejercicio del Poder de Policía, en LL, 1990-C, pág. 429).[[/p]][[p]]Ahora bien, lo que más polémica ha despertado en la responsabilidad en examen, es precisamente, el nexo entre las funciones y el hecho. Así se puede apreciar que las soluciones de la doctrina, y por sobre todo de la jurisprudencia, han sido de las más diversas.[[/p]][[p]]Así, para unos se requiere que el hecho haya sido cometido en ejercicio de las funciones encomendadas, es decir, el daño se debe haber producido desempeñando el cometido ordenado dentro del género actividad indicada; otros por su parte admiten también los daños causados en el ejercicio aparente de las funciones; a su vez están quienes ampliando más el campo de responsabilidades en análisis- establecen que basta con que el daño se haya producido con motivo de las funciones, esto es, cuando existe relación de medio entre la función y el daño, de modo que la función haya sido el antecedente necesario o condición del perjuicio, por cuanto sin la función no se hubiese producido el daño; y, finalmente, hay quienes extienden aún más la responsabilidad del comitente propagándola a los actos realizados con ocasión de las funciones. Sin embargo, más allá de todas las distinciones que se efectuaran, hoy en día, en la doctrina civilista, predomina el criterio aceptado mayoritariamente por la jurisprudencia, que adhiere a la tesis amplia para tipificar la relación daño-función y la culpa en la elección como fundamento de esta responsabilidad. Se sostiene así en lo que aquí interesa- que si la reglamentación dispone la permanente portación del arma para atender a episodios de desórdenes o emergencias que///.[[/p]][[p]]///41.-pudieran darse en su presencia, aun no encontrándose en ejercicio de sus funciones, se ingresa a la nota de la facilitación del hecho. Juega la culpa en la elección, pues es razonable hacer gravitar sobre el Estado la responsabilidad si, por reglamentación institucional, arma de manera permanente el brazo del subordinado, brindándole ocasión para provocar el daño, aunque éste actuare con abuso.[[/p]][[p]]A modo de sostén de esta tesitura, resulta oportuno traer a colación en este examen, calificada doctrina con la cual coincido-, en tanto se ha expresado que: es indiscutible que un agente de policía es un funcionario del Estado y por ello es que debe responder tanto si ejerció las funciones en forma regular, o abusando de ellas, en ejercicio aparente e incluso en ocasión de las funciones (Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa, Daños causados por los dependientes, Ed. Hammurabi, pág. 116); o el Estado ha de responder en forma directa por los hechos ilícitos cometidos por los miembros de sus fuerzas de seguridad en ejercicio o en ocasión de sus funciones (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños T X, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2004, pág. 231).[[/p]][[p]]También Zavala de González sostiene que integran el contenido propio de la función no sólo los actos que constituyen su materia específica, principal o directa, sino también aquellos que aunque accesorios o complementarios conllevan a su mejor cumplimiento como la portación del arma impuesta obligatoriamente al policía aunque no esté de servicio (conf. Zavala de González, Matilde, Personas, casos y cosas en el derecho de daños, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, p. 115).[[/p]][[p]]Por su parte, Spota expresa que en caso de tratarse de/// ///42.-un acto de servicio concurre un doble título fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado de tipo objetivo, como dueño o guardián del arma, y la del agente administrativo como servidor de la posesión ajena.[[/p]][[p]]Ello no descarta que el ilícito cometido por el agente en sus funciones hace responsable extracontractualmente al Estado por los daños ocasionados por el funcionamiento irregular de los servicios públicos. (conf. SPOTA, Alberto G., Responsabilidad del Estado por el acto ilícito del agente administrativo ejecutado en ocasión de la incumbencia, cit. LA LEY, 148-114.105; citado por Galdós, Jorge Mario, en La relación de dependencia y la responsabilidad del Estado, como principal, por el hecho del policía. LA LEY 1996-C, 557).[[/p]][[p]]Igualmente existe sobre la materia en análisis una jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Panizo Fallos, 300:639; Furnier, LL, 1996-C, 558.); de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, 17/11/2007, E.J.C. c. Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Ley Online, AR/JUR/7418/ 2007); de la Corte Suprema de Mendoza (SCMendoza, Sala I, 8/10/2003, D\'Ulivo, Susana c. Ortiz Alvarado, Félix y otro, LLGranCuyo, 2004-190 (con notable voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci); ídem, Solavallol, Tomás A. c. Provincia de Mendoza, LLGran Cuyo, 2003-708.); de la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial (CNFed.Civ,Com., Sala II, 15/11/94, Cantelli c. González, LL, 1995-E, 327; ídem, Sala I, 27/6/96, Zorzoli c. Ministerio del Interior, LL, 1997-B, 225), entre otros tribunales, que se inclina decididamente por estas ideas.[[/p]][[p]]En suma, se advierte claramente que el criterio que///.[[/p]][[p]]///43.-prevalece es el que predica que la obligación de portar el arma constituye nexo causal adecuado del daño, pues no hay duda de que la lesión con el arma de fuego encontró fundamento en aquélla, toda vez que sólo fue posible en la medida en que derivó de las exigencias de la función policial.[[/p]][[p]]Es decir, trasladando esta tesitura al caso en análisis, basta que la tarea desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso, para que surja la responsabilidad de la Provincia, pues es obvio que el hecho no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión, con la que causó los daños al actor. Se asume que el estado policial implica el deber de velar adecuadamente por la integridad de los miembros de la sociedad y la preservación de sus bienes y, como consecuencia de tal condición, los agentes no sólo están autorizados, sino que se encuentran obligados a usar el arma reglamentaria para prevenir el delito, aun cuando vistieran de civil o se encuentren de franco de servicio, pues tal extremo se funda en el mencionado estado policial permanente (cfr. arts. 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Río Negro, L N* 679).[[/p]][[p]]Retomando puntualmente ya ahora las particularidades del suceso sobre cuya dilucidación y solución me toca dirimir atendiendo las posturas preopinantes a este voto, considero que la circunstancia de que al momento de cometer el hecho el agente no se encontrase cumpliendo funciones propias de su deber como dependiente de las fuerzas de seguridad, no resulta suficiente para excluir la responsabilidad estatal.[[/p]][[p]]En efecto, de un análisis de los antecedentes del caso, orientado a verificar/// ///44.-si el acto ocurrió en ejercicio o con motivo de la incumbencia, es decir, si medió un vínculo de causalidad adecuada entre el hecho dañoso del agente y el perjuicio ocasionado, hay que tener en cuenta que la responsabilidad actúa, cuando es el Estado quien crea el riesgo y el perjuicio resulta razonablemente vinculado a la función.[[/p]][[p]]En definitiva, aún cuando el agente policial no se hallaba en funciones o cumpliendo tareas específicas de su cargo, lo cierto es que utilizó la pistola provista por la Institución, con ella golpeó y la disparó e hirió a un tercero.[[/p]][[p]]Por ende se ha configurado el vínculo de causalidad adecuada entre el hecho dañoso provocado por el agente de policía y el perjuicio ocasionado, resultando entonces que la tenencia del arma fue, sin duda, la ocasión para abusar de ella y ésta se constituye en la causa del deber de responder que incumbe al Estado.[[/p]][[p]]Más allá de lo expuesto hasta aquí, considero que la responsabilidad del Estado en casos como el sub examine también se sustentan en una concepción humanista del derecho y en principios de equidad, los que postulan la real protección de la víctima mediante la efectiva reparación del perjuicio.[[/p]][[p]]En efecto, la provisión por parte del Estado Provincial, a través de la Policía de la Provincia, del arma reglamentaria, como la obligación impuesta a los agentes policiales de portarla inclusive cuando se hallaren de franco de servicio-, originadas en la necesidad de cumplimiento de los fines específicos del Estado, implican la inserción en el medio social, de elementos de peligro y actividades riesgosas que se encomiendan a los agentes comprometidos en esa actividad.[[/p]][[p]]///45.- Con lo cual, las consecuencias que se deriven de esta introducción de riesgos con aptitud para generar daños emanados de las exigencias de protección pública, deben ser soportadas por toda la colectividad que se beneficia con la prestación del servicio estatal de seguridad, y, consecuentemente, el fundamento de esta responsabilidad con base objetiva, debe hallarse en los principios de solidarismo jurídico y social.[[/p]][[p]]En este sentido, no se presenta como ocioso recordar que el Máximo Tribunal Nacional ha dicho que: si los agentes policiales están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados; si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes se benefician con ella (CSJN., Fallos: 317:1006, 318:385, 318:1715, entre otros).[[/p]][[p]]En definitiva, entiendo que si la pistola le había sido proveída al agente Calvo por la Policía de la Provincia de Río Negro y se hallaba en la obligación de portarla en todas las horas del día aunque se hallare de franco de servicio para posibilitar su intervención en un hecho delictuoso, no cabe ninguna duda que el siniestro se provoca por el manejo si bien irregular- que realiza el mencionado del arma que acarreaba.[[/p]][[p]]Con lo cual la razonabilidad de la relación entre sus obligaciones como agente policial y la producción del evento dañoso, surge con claridad, pues no se trata de un actuar independiente totalmente de las funciones como así lo entendieran los///.[[/p]][[p]]///46.-doctores Barotto y Mansilla, quienes hacen especial hincapié en que el hecho, para producir la consecuente responsabilidad del Estado, se debe producir a partir de la actuación del agente dentro de los límites de las funciones que le fueron encomendadas o en ocasión las mismas-, sino que tuvo evidente conexidad con la función del agente que lo causó, dado que remarco- si bien su productor no se encontraba cumpliendo sus actividades específicas, de alguna manera se vincula con su obligación de llevar permanentemente el arma reglamentaria.[[/p]][[p]]Por tanto, y ya a modo conclusivo, entiendo que siendo que el daño sufrido por Chazarreta fue producido por el actuar de un funcionario policial Mauro R. Calvo- a partir del uso del arma reglamentaria, la que como integrante de la Policía de la Provincia de Río Negro tenía la exigencia de portar en todo momento y lugar (art. 34 de la Ley N* 679), dicho elemento se constituyó en determinante no sólo en la producción sino también en el alcance y entidad del daño ocasionado, por lo que su desmedida utilización a partir de la obligación que orgánicamente le incumbía de portarla en forma permanente, hace nacer la obligación de la Provincia de Río Negro (Policía de la Provincia de Río Negro) respecto de la sociedad toda por el riesgo creado por su propia organización institucional.[[/p]][[p]]En ese contexto descarto entonces que pueda excluirse la responsabilidad de la demandada al acontecer el suceso dañoso estando el agente de policía autor en franco de servicio y sin desempeñar tarea específica con la función policial, pues el acto que motiva el daño insisto- sólo se vislumbra como posible a partir de la utilización del arma que le fuera suministrada/// ///47.-por la institución y que obligatoriamente debía portar en todo tiempo y lugar, a partir de la exigencia propia de su condición de policía de seguridad y de su estado policial permanente (arts. 25 y 34 de la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro L-679).[[/p]][[p]]En consecuencia, no puedo sino coincidir en que claramente en el supuesto de autos, el Estado Provincial resulta ser directa y objetivamente responsable del daño ocasionado a Chazarreta, pues se encuentra acreditada la conexidad entre el ejercicio de la función policial y la consumación del ilícito, no dándose ninguno de los presupuestos de eximición de responsabilidad del Estado (caso fortuito, culpa de la víctima o hecho de un tercero).[[/p]][[p]]Por último, respecto a los restantes agravios esgrimidos en el recurso sub examine- dirigidos a modificar el resarcimiento económico concedido en las instancias precedentes, en los rubros incapacidad sobreviniente, gastos médicos y daño moral, adhiero, como ya adelantara, en todos sus términos a los fundamentos expuestos en el voto de la doctora Piccinini, votando en igual sentido. MI VOTO.[[/p]][[p]]A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 274/286 y vta. de las presentes actuaciones. II) Revocar las sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones a fs. 258/269 y vta., y por el Juez de Primera Instancia a fs. 194/197 y vta. y, consecuentemente, rechazar la demanda promovida a fs. 6/29 de autos. III) Imponer las costas en///.[[/p]][[p]]///48.-todas las instancias, en el orden causado. Ello, atento la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la responsabilidad del Estado en casos análogos al presente (art. 68, segunda parte del CPCyC.). IV) Disponer que en las instancias de grado se readecuen los honorarios de los letrados intervinientes al resultado de la presente.[[/p]][[p]]V) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora Alina Luciana Valli, en el 25%; a calcular sobre los honorarios que se le regulen por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.). MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:- Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo:[[/p]][[p]]I) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 274/286 y vta. de las presentes actuaciones. II) Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.). III) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora Alina Luciana Valli, en el 30%; a calcular sobre los honorarios que se le regulen por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.). MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- ADHIERO en un todo a la solución propuesta en el voto de la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:- ADHIERO a la solución propuesta en el voto del señor///.[[/p]][[p]]///49.-Juez doctor Sergio M. Barotto.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza Subrogante doctora Sandra E. Filipuzzi dijo:- ADHIERO en un todo a la solución propuesta por la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini.[[/p]][[p]]---Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]](POR MAYORIA) Primero: Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 274/286 y vta. de las presentes actuaciones.[[/p]][[p]]Segundo: Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.).[[/p]][[p]]Tercero: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora Alina Luciana Valli, en el 30%; a calcular sobre los honorarios que se le regulen por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.).[[/p]][[p]]Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. SERGIO M. BAROTTO JUEZ EN DISIDENCIA LILIANA LAURA PICCININI JUEZA RICARDO A. APCARIAN JUEZ ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ EN DISIDENCIA SANDRA E. FILIPUZZI JUEZA SUBROGANTE ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-[[/p]]
[[p]]///MA, 8 de septiembre de 2014.[[/p]][[p]]Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Liliana Laura Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Enrique J. Mansilla y Sandra E. Filipuzzi, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: CHAZARRETA, Gustavo David c/PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ORDINARIO s/CASACION (Expte. N* 26476/13-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la demandada a fs. 274/286 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria.[[/p]][[p]]Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes CUESTIONES:- 1ra.- ¿Es fundado el recurso- 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde- V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio Mario Barotto dijo:- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la demandada a fs. 274/286 y vta., contra la Sentencia N* 3 de fecha 4 de febrero de 2013, dictada a fs. 258/269 y vta. de autos, que resolvió:[[/p]][[p]]I. No hacer lugar al recurso de apelación formulado por Gustavo David Chazarreta./// ///2.-II. Receptar parcialmente el recurso de apelación articulado por la Provincia de Río Negro respecto del quantum de los gastos médicos reconocidos a Gustavo David Chazarreta, estableciéndolos en la de $1.050 y confirmar en lo sustancial la decisión adoptada a fs. 194/197 y vta..[[/p]][[p]]Esto es, confirmó en lo sustancial- la sentencia dictada por la Jueza de Primera Instancia a fs. 194/197 y vta., que hiciera lugar a la acción interpuesta y condenara a la Provincia de Río Negro a abonar al actor, en concepto de daños e intereses, la suma allí indicada.[[/p]][[p]]En sustento de la pretensión recursiva articulada, la recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara ha incurrido:- a) En la errónea interpretación y aplicación de la ley (art. 286, inc. 2* del CPCyC.). Se imputa al decisorio fallar aplicando erróneamente los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.[[/p]][[p]]b) En la violación legal (art. 286, inc. 1* del CPCyC.) específicamente de los arts. 901, 902, 903 y 906 del Código Civil, aplicando erróneamente la teoría de la relación de causalidad adecuada, desconsiderando la interrupción del nexo causal.[[/p]][[p]]c) En la violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN. y las normas en que se funda la procedencia de este factor de atribución de responsabilidad, en detrimento del patrimonio del Estado Provincial y en definitiva de los intereses públicos involucrados.[[/p]][[p]]d) En la violación del debido proceso, del derecho de///.- ///3.-defensa y propiedad (arts. 14, 17 y 18 consagrados en la Carta Magna y 22 de la Constitución Provincial) de su parte, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad. e) En la errónea aplicación de la doctrina obligatoria emanada del Superior Tribunal de Justicia, por cuanto a criterio de su parte el caso encuadra en las previsiones del fallo Pérez Barrientos, referidas a la manera en que ha de calcularse el daño material susceptible de reparación (art. 286, inc. 2* del CPCyC.).[[/p]][[p]]f) En la violación de la ley adjetiva (arts. 163, inc. 6* y 34, inc. 4* del CPCyC.), por ausencia de motivación de la sentencia y existencia de sentencia arbitraria, al haberse resuelto con omisión flagrante de las circunstancias del caso, que hacen que al mismo no le sea aplicable la jurisprudencia arriba mencionada, en la procedencia del rubro indemnizatorio por lucro cesante incapacidad sobreviviente.[[/p]][[p]]g) En la violación del derecho de propiedad (art. 17 C.N.), al acordar indemnizaciones sin que exista daño resarcible.[[/p]][[p]]Que a fs. 289/292 y vta., obra contestación del traslado del recurso por parte del actor, en el que luego de expresar el rechazo formal del recurso sub examine, refuta los argumentos sobre la cuestión de fondo expresada por la recurrente. De tal modo señala que de toda la prueba ofrecida por su parte se ha podido comprobar de manera contundente la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños. Considera que el fundamento jurídico de la Responsabilidad del Estado se encuentra en la Constitución,///.- ///4.-ya que en la misma hay presupuestos fundamentales que consagran la reparación por los derechos ofendidos.[[/p]][[p]]Que, ingresando ahora al examen de la temática traída a debate, corresponde abordar en primer término, los agravios dirigidos a atacar la atribución de responsabilidad, por el hecho dañoso en cuestión, a la Provincia de Río Negro. Ello, toda vez que de prosperar tales cuestionamientos resultaría inoficioso expedirse acerca de la cuantificación de la indemnización reconocida.[[/p]][[p]]En primer lugar, cabe señalar que a los efectos de determinar la responsabilidad de los demandados, los Jueces de grado de conformidad con lo dispuesto en el art. 1102 del Código Civil, que establece que después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se puede contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituyó el delito ni impugnar la culpa del condenado-, tuvieron por ciertos los hechos que sirvieran de plataforma para condenar al señor Mauro Raúl Calvo a la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñarse como policía de seguridad y/o portación de arma de fuego por el término de dos años y ocho meses, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de disparo de arma de fuego en concurso ideal con lesiones graves (arts. 104, 90, 54 y 45 del Código Penal). En tal orden de situación, cabe tener por acreditado que el 10 de junio de 2006 a las 6.45 hs. Mauro Raúl Calvo, empleado policial, empuñando un arma de fuego (calibre 9mm marca Jericó, número 160216) a la salida del boliche denominado Kachaca///.- ///5.-y a la altura de la farmacia Crisol, en primer lugar habría apoyado el arma a la altura del abdomen de Darío Muller, para luego acercarse a Daniel Firmapaz contra quien, previo apoyarle el arma a la altura del cuello, le habría disparado impactándolo en esa zona, siendo que en la trayectoria posterior el proyectil habría impactado en Gustavo Chazarreta a la altura del abdomen, a cuyas resultas ambos debieron ser internados en el hospital Zatti, con pronóstico reservado y riesgo de vida.[[/p]][[p]]Tales circunstancias no se encuentran controvertidas en esta instancia extraordinaria por parte del recurrente, por lo que corresponde dilucidar, si la persona jurídica estatal es responsable de los daños sufridos por la actora.[[/p]][[p]]Al respecto en las instancias precedentes se determinó que el Estado debía responder por el daño provocado por el agente policial cuando se encontraba de franco. La Jueza de Primera Instancia justificó su decisión en que la Provincia había incurrido en un actuar culposo sea en la elección sea en el control del agente policial autor del hecho dañoso con un arma de propiedad de aquélla.[[/p]][[p]]Resaltó especialmente que no se había efectuado ningún control Psíquico a Calvo con posterioridad al mes de mayo de 2004; y que si la Provincia obliga a los agentes a portar el arma reglamentaria aun estando de franco, debía responder por el riesgo que introducía al suministrarla.[[/p]][[p]]Por su parte, la Cámara, al confirmar la sentencia de Primera Instancia, se inclina por la posición jurisprudencial que endilga responsabilidad al Estado por el daño provocado por el agente policial mediante el uso del arma reglamentaria, cuando ésta fue determinante para la entidad del daño///.- ///6.-sufrido. Es decir que considera que la exigencia que pesaba sobre Calvo, como integrante de la Policía de Río Negro de portar en todo momento y lugar el arma que aquélla le suministrara (art. 39 de la Ley 679), se constituyó en determinante de la producción del daño y hace nacer la obligación de garantía que pesa sobre la institución policial en función del riesgo creado con su organización; sin que, por tales motivos, pueda erigirse como liberador de responsabilidad de la Provincia la circunstancia de que el agente Calvo se encontraba fuera de servicio.[[/p]][[p]]También, en un segundo plano, advierte que el Estado para cumplir la función de seguridad se ha valido o patrocinado de un agente que en un corto lapso, prácticamente dos años (mayo/04-jun/06) ha mostrado una ineptitud manifiesta; y sobre el cual no se ha ejercido un control de aptitud médico psicológico más allá del relativo al ingreso operado en mayo del 2004.[[/p]][[p]]Evidentemente ambas sentencias han analizado la responsabilidad del Estado desde dos enfoques jurídicos diferentes, ya que por una parte se lo consideró responsable por ser propietario del arma y proveedor de la misma al agente, y por otra, desde la culpa in eligiendo o in controlando que debió ejercer sobre su dependiente. En cuanto a la primer cuestión analizada (responsabilidad de la Provincia por la entrega del arma), es preciso recordar que en el precedente: F., M. V. c/M., G. A. y Otra s/ORDINARIO s/CASACION (Se. N* 9/13-STJRN-), ya me he expedido respecto a esta materia, por lo que en el transcurso del presente examen reiteraré conceptos expresados en aquella oportunidad. En efecto allí sostuve que según///.[[/p]][[p]]///7.-conocida doctrina, la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos cometidos por sus agentes se funda en la idea objetiva de falta de servicio con base en la previsión del art. 1112 del Código Civil, sin necesidad de recurrir al art. 1113 del citado cuerpo.[[/p]][[p]]De tal forma, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, debiendo responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.[[/p]][[p]]Dicho criterio orgánico de imputación de conductas del Estado fue consagrado en la jurisprudencia nacional a partir de 1984 (CSJN, in re: Jorge Fernando Vadell v. Provincia de Buenos Aires, en Fallos 306: 2030, considerandos 5* y 6*; más recientemente y en un caso análogo, dictamen del Procurador General al que remite la Corte en la causa: Cossio, Susana Inés c. Policía Federal y otro, del 24/11/2004, en Fallos 327: 5295), desplazando a la anterior noción de representación legal.[[/p]][[p]]El paso de una figura a otra se debió, por una parte, a la elaboración por la doctrina alemana- de la teoría del órgano, como instrumento que habilita de capacidad de obrar a la persona jurídica; y, por otra parte, a la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los terceros que se relacionan con el sujeto inmaterial.[[/p]][[p]]En este sentido, la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes en el ejercicio de las funciones atribuidas es indiscutible, pero, precisamente, uno de los requisitos básicos que torna procedente ese deber de reparar/// ///8.-es la ejecución del acto dañoso en ejercicio u ocasión de la función propia del cargo (arg. arts. 43 y 1112 del Código Civil).[[/p]][[p]]Empero, como bien citara el Tribunal a quo, existen precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se entendió que los daños ocasionados por el uso de armas de fuego por parte de integrantes de la Policía Federal que no se encuentran en ejercicio de sus funciones, resulta atribuible al Estado y por ende compromete su responsabilidad extracontractual.[[/p]][[p]]Ello podrá derivarse de un actuar lícito (vgr. cuando una agente con franco se ve compelida a intervenir en la prevención de un delito y actuando con diligencia no puede evitar herir a un tercero que nada tiene que ver con el hecho) o ilícito (en los supuestos en que media una conducta negligente o dolosa del policía).[[/p]][[p]]En este último caso, se han ensayado distintos argumentos para sustentar tal posición, algunos son reiterados en todos los pronunciamientos, otros aparecen circunstancialmente. Así se ha dicho:- La portación del arma es obligatoria para el policía.[[/p]][[p]]Luego, si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos que pongan en peligro la seguridad de la población y, en su consecuencia a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello se deriven sean soportados por la colectividad en general y no sólo por los damnificados. Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes se benefician con ella. (Fallos 317:1006).[[/p]][[p]]///.[[/p]][[p]]///9.-Si bien el acto imputado no fue realizado dentro de los límites específicos de la función propia del cargo, no hay duda que encontró fundamento en aquélla, toda vez que sólo fue posible en la medida en que derivó de sus exigencias\". Es preciso reconocer, se dijo: ...que la función guardó conexidad con el hecho producido al que contribuyó, asimismo, la irreflexiva actitud del codemandado que debe valorarse, con relación a la aquí tratada responsabilidad del Estado, con fundamento en la doctrina en Fallos 190:312 (Fallos 317:728, con cita de Fallos 300:639, reiterado en Fallos 317:1010). Vale decir, que el hecho dañoso no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión.[[/p]][[p]]Basta que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja la responsabilidad del principal, pues es obvio que el accidente no se habría producido de no haberse suministrado al agente policial el arma en cuestión (Furnier, Patricia M. c/Provincia de Buenos Aires, La Ley 1996-C, 558; Fallos 317:1006).[[/p]][[p]]Quien contrae la obligación de prestar un servicio en el caso, de policía de seguridad- lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular.[[/p]][[p]]No basta para excluir la responsabilidad de la provincia demandada la circunstancia de que en el momento del hecho el policía autor del daño se encontrará fuera de servicio, toda vez que el acto imputado sólo aparece como posible en la medida en que derivó de las exigencias propias del cargo, en cuanto el/// ///10.-arma utilizada había sido provista por la repartición en que aquél revistaba y que debía portarla permanentemente (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Izaurralde, Roque R. c. Buenos Aires, Provincia de y otro, del 31/08/1999).[[/p]][[p]]Con sustento en los arts. 512 y 902 del Código Civil, el ejercicio de la policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes (Fallos 315:2330, 318:1775, 322:2002).[[/p]][[p]]Si para llenar tales funciones el Estado se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiesta, las consecuencias de la mala elección, sean o no excusables, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (Fallos 190:312; 317:728; 318:1715). En este contexto se estaría invocando, como factor de atribución, la añeja noción de culpa in eligendo, propia de la responsabilidad indirecta consagrada en el art. 1113, primer párrafo, del Código Civil.[[/p]][[p]]Ahora bien, considero que deben distinguirse dos supuestos: a) cuando el uso incorrecto- del arma responde a una necesidad de servicio, en donde precisamente cabe imputar al Estado la falta de servicio que no excluye necesariamente la falta personal del agente; y b) cuando es utilizada en un contexto privado que nada tiene que ver con la función policial. De conformidad con la exposición de los hechos y lo resuelto por el Tribunal a quo, este último es el supuesto de autos.[[/p]][[p]]¿Debe entonces responder el Estado por el daño causado en el presente caso por un agente que actuó clara y completamente fuera de la órbita de las funciones que legalmente le estaban/// ///11.-impuestas.[[/p]][[p]]La respuesta es no. En autos la responsabilidad del Estado no puede ser aceptada, pues el señor Mauro Raúl Calvo autor del hecho- actuó completamente fuera de la órbita de las funciones legales que le estaban impuestas.[[/p]][[p]]Además de que no actuó en ejercicio de la función policial (arts. 43 y 1112 del Código Civil), el hecho ocurrió en el contexto de una discusión personal a la salida de un local bailable. Sería demasiado forzado concluir que las lesiones sufridas por el señor Gustavo David Chazarreta fueron consecuencia del ejercicio de la función policial, o en ocasión de ella.[[/p]][[p]]Como se aprecia sin mayor esfuerzo, el acto que se imputa al agente policial no tiene nada que ver con la función de policía de seguridad, ni con actividades facilitadoras de aquellas, ni con ninguna extralimitación dolosa o culposa de las atribuciones que se le asignan para el cumplimiento de las funciones estatales propias de esa fuerza, ni tampoco se trató de un incumplimiento o ejecución irregular de la función.[[/p]][[p]]En tal orden de ideas, la teoría de la falta de servicio (conf. C.S.J.N., Vadell, Fallos 306:2030) no me resulta convincente para fundar en este pleito la responsabilidad estatal, pues el uso desviado del arma confiada a Calvo se encuentra al margen de todo servicio y sólo se trata de una falta apta para comprometer su propia responsabilidad personal y no la de su empleador estatal.[[/p]][[p]]Asimismo, dadas las particulares circunstancias en que se desarrolló el hecho generador del daño, tampoco puede fundamentarse la responsabilidad que se atribuye al Estado///.[[/p]][[p]]///12.-en la entrega del arma y de la obligación de portarla en forma permanente que derivaría del artículo 36, de la Ley N* 679 del Personal Policial de la Provincia de Río Negro que establece que: El Personal con Autoridad Policial, a los fines del Art. 30, de la presente ley, está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan.[[/p]][[p]]Obsérvese que dicha obligación de portar el arma está prevista a los fines del artículo 30 de la citada ley, esto es: a) Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad y la propiedad; b) Adoptar en cualquier lugar y momento, cuando las circunstancias lo impongan, el procedimiento policial conveniente para prevenir el delito o interrumpir su ejecución.[[/p]][[p]]En tal orden de situación, resulta evidente que tal obligación no puede ser predicada en términos absolutos, pues ni siquiera la norma así lo prevé. Y que, en el caso en examen, los hechos se sucedieron en el contexto de una discusión personal (entre el agresor y la víctima), no encontrándose de modo alguno comprometidos los fines que prevé la ley para justificar la portación del arma.[[/p]][[p]]Sin perjuicio de lo expuesto, aún de considerarse aplicable el art. 1113 del Código Civil, estimo que tampoco puede acudirse al supuesto del daño causado con las cosas, por cuanto es evidente que aquí la cosa ha sido usada contra la voluntad presunta de su dueño (art. citado, párrafo final).[[/p]][[p]]En lo que hace al otro enfoque que abarca la sentencia recurrida en el análisis de estas actuaciones en las sentencias precedentes, esto es la pretendida subsunción del presente///.[[/p]][[p]]///13.-caso en el concepto de culpa in eligiendo o in vigilando, considero que tampoco resulta procedente su aplicación en autos.[[/p]][[p]]Ello así dado que si bien dicha culpa, por parte del principal, podría presumirse del daño ocasionado por el dependiente, lo cierto es que las pruebas rendidas en la causa no muestran una omisión negligente del Estado en el control de las aptitudes psíquicas y técnicas del señor Calvo, por lo cual pueda predicarse que aquél no fuera apto para portar un arma de fuego.[[/p]][[p]]En efecto, que no se halla ejercido un control de aptitud médico psicológico desde su ingreso operado en mayo del 2004 a la fecha del hecho, 10 de junio de 2006, no implica que se haya omitido la ejecución de controles psicológicos necesarios para determinar la continuidad de la mencionada aptitud, máxime aún cuando no existen o por lo menos no se han referenciado en la presente causa- señales de advertencia sobre la conducta del agente que hubieran dado motivo a la necesidad de un control permanente para determinar si estaba en condiciones o no de portar el arma reglamentaria. Tampoco es suficiente con expresar como sostiene la Cámara- que el agente Calvo en dos años (mayo/04-junio/06), ha mostrado una ineptitud manifiesta, si no se señala concretamente en que consiste la misma y cuáles son las pruebas que se valoran para llegar a tal aseveración.[[/p]][[p]]En conclusión, ante un supuesto de falta personal, el agente público responde directamente ante el tercero damnificado; cuando esa falta personal se vincule de tal forma con las funciones a su cargo, que permita denotar un funcionamiento irregular de la actividad estatal, nos///.[[/p]][[p]]///14.-hallaremos ante un supuesto de concurrencia en que el Estado resultará igualmente responsable, sin perjuicio de las acciones posteriores de repetición que le correspondan. Si esta vinculación no existe, toda construcción tendiente a obligar al Estado resulta injusta.[[/p]][[p]]La loable intención de sortear la insolvencia del agente para lograr que el daño causado encuentre la debida reparación impuesta por principios elementales de justicia- no puede conducir a responsabilizar a la Administración Pública ante cualquier evento.[[/p]][[p]]Pensemos en un caso extremo al que podría llegar una postura distinta, por ejemplo, el automovilista negligente e insolvente que atropella a un peatón, ¿puede sostenerse que el Estado resulta responsable por haberle otorgado el registro que lo habilita a conducir.[[/p]][[p]]Como no es posible en el estado de derecho sostener la irresponsabilidad estatal la que, por otra parte, indudablemente ha de ser objetiva y directa- tampoco es posible considerar al Estado como el eterno asegurador de todas las vicisitudes humanas.[[/p]][[p]]En conclusión, conforme a todo lo expuesto, considero que deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto condenó al Estado Provincial a reparar los perjuicios ocasionados por el señor Calvo, deviniendo consecuentemente abstractos los demás agravios atinentes al quantum indemnizatorio. MI VOTO por la AFIRMATIVA.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:- Traído a conocimiento y decisión de este Cuerpo el///.[[/p]][[p]]///15.-recurso de casación deducido por la demandada Provincia de Río Negro a fs. 274/286 y vta., poniendo en crisis la Sentencia N* 3 de fecha  4 de febrero de 2013, obrante a fs. 258/269 y vta. de autos, mediante la cual la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta Primera Circunscripción, resolvió:[[/p]][[p]]I. No hacer lugar al recurso de apelación formulado por Gustavo David Chazarreta. II. Receptar parcialmente el recurso de apelación articulado por la Provincia de Río Negro respecto del quantum de los gastos médicos reconocidos a Gustavo David Chazarreta, estableciéndolos en la de $1.050 y confirmar en lo sustancial la decisión adoptada a fs. 194/197 y vta..[[/p]][[p]]Fallo merced al cual se confirmara en lo sustancial- la sentencia dictada por la señora Jueza de Primera Instancia, que hiciera lugar a la acción interpuesta y condenara a la Provincia de Río Negro; desechando la Cámara el agravio de la demandada.[[/p]][[p]]En aquella ocasión, la Provincia de Río Negro se agravió por la errónea aplicación de los arts. 1113 y 1112 del C.C., con más la denuncia de haber violentado las disposiciones de los arts. 901, 902,y 906 del Código de Fondo y el equívoco en la teoría de la relación de causalidad adecuada, soslayando la interrupción del nexo causal y vulnerando en consecuencia el debido proceso legal, el derecho de defensa y de propiedad, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad.[[/p]][[p]]En sustento ahora de la pretensión recursiva articulada que nos ocupa, la recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara ha incurrido:- a) En la errónea interpretación y aplicación de la ley (art. 286, inc. 2* del CPCyC.). Se imputa al decisorio fallar/// ///16.-aplicando erróneamente los arts. 1112 y 1113 del Código Civil.[[/p]][[p]]b) En la violación legal (art. 286 inc. 1º del CPCyC.) específicamente de los arts. 901, 902, 903 y 906 del Código Civil, aplicando erróneamente la teoría de la relación de causalidad adecuada, desconsiderando la interrupción del nexo causal.[[/p]][[p]]c) En la violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN y las normas en que se funda la procedencia de este factor de atribución de responsabilidad, en detrimento del patrimonio del Estado Provincial y en definitiva de los intereses públicos involucrados.[[/p]][[p]]d) En la violación del debido proceso, del derecho de defensa y propiedad (arts. 14, 17 y 18 consagrados en la Carta Magna y 22 de la Constitución Provincial) de su parte, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad.[[/p]][[p]]e) En la errónea aplicación de la doctrina obligatoria emanada del Superior Tribunal de Justicia, por cuanto a criterio de su parte el caso encuadra en las previsiones del fallo Pérez Barrientos, referidas a la manera en que ha de calcularse el daño material susceptible de reparación (art. 286, inc. 2* del CPCyC.).[[/p]][[p]]f) En la violación de la ley adjetiva (arts. 163, inc. 6* y 34, inc. 4* del CPCyC.), por ausencia de motivación de la sentencia y existencia de sentencia arbitraria, al haberse resuelto con omisión flagrante de las circunstancias del caso, que hacen que al mismo no le sea aplicable la jurisprudencia/// ///17.-arriba mencionada, en la procedencia de rubro indemnizatorio por lucro cesante incapacidad sobreviniente.[[/p]][[p]]g)En la violación del derecho de propiedad (art. 17 C.N.), al acordar indemnizaciones sin que exista daño resarcible.[[/p]][[p]]Del conteste de agravios (fs. 289/292 y vta.) practicado por el actor, se extrae liminarmente que puntualiza la interposición de agravios no adecuados a la vía que se impetra. Tal el caso de reedición de cuestiones de hecho ya resueltas y la ausencia de demostración de la arbitrariedad o el absurdo que alega la demandada.[[/p]][[p]]En cuanto a los agravios fincados en la cuestión de fondo, los refuta sosteniendo que la responsabilidad del Estado se encuentra prevista en la Constitución y si bien admite que no existe precepto que mencione la responsabilidad por el daño ocasionado, ello surge de los arts. 14, 20, 28, 43, 75, inc. 22* y 116 de la C.N..[[/p]][[p]]Cita en su abono jurisprudencia y doctrina. Señala que de toda la prueba ofrecida por su parte se ha podido comprobar de manera contundente la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños.[[/p]][[p]]Ponderando los agravios expresados y el conteste que los mismos merecieran, ha quedado definido el tema decidendum respecto del que corresponde pronunciarse en esta instancia.[[/p]][[p]]Ciertamente, tal como lo apunta el señor Juez que me precede en el orden de votación, la atribución de responsabilidad, por el hecho dañoso en cuestión, a la Provincia de Río Negro, resulta un agravio medular que se encuentra expresado y contrarestado por los contendores y de la///.[[/p]][[p]]///18.-definición de la suerte de dicha temática, dependerá la necesidad o no de pronunciarse respecto de los restantes.[[/p]][[p]]De manera que corresponde ingresar al análisis de los agravios expuestos en los puntos a), b), c) y d) a efectos de verificar si la sentencia de Cámara aplicó erróneamente los preceptos del Código Civil (arts. 1113 y 1112); si violó por errónea aplicación los artículos 901, 902, 903 y 906 del mismo cuerpo normativo; si incurrió en violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN.; anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad y por consiguiente vulnerando el debido proceso , la defensa en juicio y el derecho de propiedad.[[/p]][[p]]Puesta a realizar dicha tarea, debo adelantar que, si bien comparto el meduloso desarrollo que efectúa el distinguido colega que me precede, en tanto efectúa una correctísima referencia de los factores de atribución de responsabilidad extracontractual directa y objetiva del Estado frente al daño ocasionado por sus agentes, con cita y reseña de jurisprudencia adecuada al caso; no compartiré la diferenciación que culmina realizando para concluir categóricamente afirmando- que no puede ser aceptada la responsabilidad del Estado.[[/p]][[p]]En principio no puede perderse de vista que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado es de origen netamente jurisprudencial. Que la Constitución Nacional no contiene manda alguna que lo anuncie, no obstante ello, no ha sido óbice para formular pretorianamente su receptación en la Carta Magna (conforme arts. 14, 17, 19) el derecho de propiedad y el///.[[/p]][[p]]///19.-alterum non laedere, sumado al art. 16 que consagra el principio de igualdad, permitieron numerosos y constantes fallos de la CSJN. en los que se ha ido construyendo la responsabilidad del Estado por los daños causados injustamente por cualquiera de los Poderes Públicos.[[/p]][[p]]En cambio en nuestro Derecho Público la responsabilidad del ESTADO es de base constitucional. La Constitución Provincial, vanguardista y de avanzada, establece concreta y claramente la responsabilidad, no sólo de los agentes públicos por los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones (art. 54) sino que atribuye responsabilidad al Estado Provincial y al Municipal, por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o por el ejercicio de sus funciones (art. 55) y para mayor equidad y justicia- el art. 57 establece la obligación del Estado de citar a juicio a los agentes para integrar la relación procesal y determinar las responsabilidades conforme la manda del prenotado art. 54. Recayendo en el representante del Estado, la obligación de promover la citación a juicio del agente.[[/p]][[p]]No obstante el señalamiento precedente, que nos diferencia, cierto es que no existe a nivel nacional ni provincial un cuerpo normativo que regule el instituto de la responsabilidad del Estado y ello ha originado que se aplique el régimen de responsabilidad patrimonial de las personas jurídicas del Código Civil (art. 43 C.C.).[[/p]][[p]]Ello conllevó la aplicación de normas de derecho privado a una institución (responsabilidad del Estado) de estricto derecho público. La subsistencia de la ausencia normativa impone///.[[/p]][[p]]///20.-hasta hoy, la aplicación a veces- analógica de la normativa civil (Conf. CSJN. Cipollini, Juan Silvano c/Dcción. Nacional de Vialidad Fallos-300:143) a veces- subsidiaria (Conf. CSJN. Mosca Hugo Arnaldo c/Buenos Aires Pcia. de (Policía Bonaerense) y Otros s/Daños y Perjuicios Fallos-330:653 y LL.2007 B-261).[[/p]][[p]]En esa aplicación por analogía o también por subsidiariedad, se tiene presente que existen principios afines con el derecho privado, pero también median aspectos diferenciales, no menores que no permiten una aplicación homogénea. Sin ir más lejos, en el derecho privado sólo excepcionalmente correspondería atribuir responsabilidad al individuo por un comportamiento válido; sin embargo al Estado en claro está- que puede atribuírsele responsabilidad por actividad lícita.[[/p]][[p]]Tal como lo reseña el señor Juez que comanda este Acuerdo, en la construcción pretoriana del sistema de responsabilidad extracontractual del ESTADO, la responsabilidad es directa y no indirecta o refleja (CSJN., in re: Vadell), por aplicación de la concepción administrativista de la teoría del órgano, de manera que cualquiera sea la posición jerárquica del agente se identifica con la autoridad estatal.[[/p]][[p]]Luego, dicha responsabilidad es de base objetiva, esto es que el factor de atribución del riesgo creado es de índole objetiva, lo cual no admite discusión, se derive de actividad ilícita o lícita, en ambos casos está ausente la idea de culpa, o falta o reproche por una actuación irregular o defectuosa. En lo que atañe al deber de responder derivado de la existencia de una falta///.[[/p]][[p]]///21.-de servicio, la mayoría de la Doctrina sostiene la responsabilidad objetiva, dado que no es necesario indagar en la subjetividad del funcionario para que ella se configure, lo cual no necesariamente significa que se trate de responsabilidad desligada del obrar del agente que provocó el hecho dañoso, pues la responsabilidad por falta de servicio se predica de conducta y no de resultado; de allí que la CSJN haya dicho (in re: Mosca) que en la responsabilidad por falta de servicio no se efectúa un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio.[[/p]][[p]]Así respecto al factor de atribución de responsabilidad, en la jurisprudencia, el reconocimiento de una responsabilidad subjetiva (a título de dolo o culpa y con fundamento en el art. 1109 del C.C. e indirecta fundada en el art. 1113 del C.C. dejó paso a la responsabilidad objetiva (por falta de servicio, fundada en el art. 1112 del C.C. y directa (por aplicación de la teoría del órgano).[[/p]][[p]]Por la aplicación de la noción de falta de servicio, la teoría del órgano y la doctrina del ejercicio aparente de la función, se responsabilizó al Estado por actos en los cuales no pudo identificarse al agente público que causó el perjuicio, o cuando el daño fue ocasionado por el funcionario en abuso o extralimitación de las competencias asignadas, o bien en supuestos en los cuales el empleado estatal no se encontraba cumpliendo cometidos públicos, pero utilizaba instrumentos o cosas que le proveía su función pública.[[/p]][[p]]En el caso Vadell la CSJN. (1984) adoptó la noción de falta de servicio del derecho Francés y al respecto Graciela/// ///22.-Ritto (conf. La responsabilidad del Estado en la reforma del Código Civil con las observaciones del Poder Ejecutivo Nacional. La remisión a los principios del derecho administrativo nacional o local. La Ley. Doctrina Judicial Año XXVIII, N* 40, 3 de octubre de 2012, pág. 100.) apunta que: la expresión francesa falta (en alusión a la falta de servicio), que en francés es faute, tiene un significado mucho más amplio y más objetivo que el término culpa y tanto la doctrina como la jurisprudencia francesa asignan carácter objetivo a la falta de servicio (la apreciación de la falta es una apreciación de elementos objetivos).[[/p]][[p]]En este marco, resalta que, en el caso Blanco, que dio lugar a la aplicación de la noción de falta de servicio en el derecho francés, el Consejero de Gobierno manifestó que la responsabilidad del Estado por daños a los particulares no puede estar regida por los principios del Código Civil que regulan las relaciones entre particulares.[[/p]][[p]]La Corte Suprema admitió que la noción de falta de servicio, fundada en el art. 1112 del Código Civil, es el fundamento jurídico para validar el deber de indemnizar a particulares. La misma finca en la idea de que ... quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o irregular ejecución.[[/p]][[p]]En definitiva, la existencia misma de la obligación estatal de resarcir los menoscabos patrimoniales que ocasionan sus actos o sus omisiones deriva de la misma Constitución Nacional (arts. 14, 16, 17///.[[/p]][[p]]///23.-y 19).[[/p]][[p]]Ello así tal como lo hace ver Eduardo Mertehikian- por cuanto, no se debe analizar como castigo al culpable; sino antes bien como restitución a la víctima de aquello que fue privada por el obrar estatal, en la medida, claro está, que no exista el deber jurídico de soportar el daño (conf. Estudios de Derecho Administrativo, págs. 266/267).[[/p]][[p]]En la causa Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios, pronunciada por la CSJN el 12 de abril de 2011 (B. 140. XXXVI), también se abordaron los requisitos que configuran la responsabilidad extracontractual del Estado.[[/p]][[p]]En el referido caso la CSJN expresó: 3°) Que, para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita deben reunirse los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio; b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (Fallos: 328:2546).[[/p]][[p]]Con respecto al primero de los recaudos, este Tribunal ha expresado que quien contrae la obligación de prestar un servicio público, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329: 3065)....[[/p]][[p]]Esta idea objetiva de la falta de servicio por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del///.[[/p]][[p]]///24.-art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (causa Securfin S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios, Fallos: 330:3447) que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil (Fallos: 306:2030).[[/p]][[p]]En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 318:192, 1862; 321:1124; causa Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza, Provincia de s/ daños y perjuicios, Fallos: 330:2748)..[[/p]][[p]]En punto a la falta de servicio que hace nacer la responsabilidad estatal y respecto del uso de instrumentos o cosas provistas por la función fuera del cumplimiento de cometidos públicos; viene al caso lo resuelto por la CSJN en autos Furnier, Patricia María c/Pcia. de Bs. As. s/daños y perjuicios, sentencia del 27/09/1994(Fallos 317:1006) y Scamarcia, Mabel y otro c/Pcia. de Bs. As. s/daños y perjuicios sent. del 12/09/1995 (S.621.XXIII); en las que el címero Tribunal ha declarado: (...) en materia de responsabilidad estatal, esta Corte sostuvo, retomando el criterio expuesto en Fallos:190:312 que ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados y si para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan///.[[/p]][[p]]///25.-de una peligrosidad manifiesta, como la que acusa el hecho de que se trata, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (causa B.368.XXIII. Balbuena, Blanca Gladys c/ Misiones, Provincia de s/ daños y perjuicios, sentencia del 5 de julio de 1994).[[/p]][[p]]Súmase a ello, tal como lo reseña el Juez ponente que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: Izaurralde, Roque R. c. Buenos Aires, Provincia de y otro, del 31/08/1999) ha dicho: No basta para excluir la responsabilidad de la provincia demandada la circunstancia de que en el momento del hecho el policía autor del daño se encontrara fuera de servicio, toda vez que el acto imputado sólo aparece como posible en la medida en que derivó de las exigencias propias del cargo, en cuanto el arma utilizada había sido provista por la repartición en que aquél revistaba y que debía portarla permanentemente.[[/p]][[p]]Más cercano en el tiempo en el caso Cossio, Susana Inés c. Policía Federal y otro, del 24/11/2004, en Fallos 327: 5295.) la Corte Suprema de Justicia de la Nación al hacer suyos los fundamentos expuestos por el señor Procurador General en el fallo dictado el 24 de noviembre de 2004 sostuvo que si bien el agente policial usa el arma de fuego entregada por el Estado estando en franco de servicio y sin desempeñar tarea específica vinculada con la función policial, el Estado es igualmente responsable por ser quien provee el arma que los agentes están legalmente obligados a portar.[[/p]][[p]]Indica el Tribunal que, tal como prescribe la ley, los funcionarios policiales deben portar en forma permanente el arma reglamentaria y concluye, que el///.[[/p]][[p]]///26.-personal policial, quien por imperativo legal debe defender, aun cuando vistiera de civil y se encontrara franco de servicio, las personas y los bienes de los integrantes de la sociedad, está obligado a portar el arma en todo tiempo y lugar, pues tal conclusión está fundada en el estado policial permanente dado por su condición de policía de seguridad.[[/p]][[p]]Reseñada la Jurisprudencia y la Doctrina relativa a la responsabilidad extracontractual objetiva y directa- del Estado y aplicada merced a la teoría del órgano; no puedo más que disentir con el doctor Sergio M. Barotto, en cuanto a la ausencia de responsabilidad por los daños cometidos a un tercero utilizando un instrumento provisto por el ESTADO para la función del órgano.[[/p]][[p]]El funcionario policial, imputado y condenado por un hecho típicamente antijurídico y culpable bajo el prisma del derecho penal; es a los fines del reclamo indemnizatorio- el Estado mismo.[[/p]][[p]]Ello en virtud de que en la función de seguridad pública, el uniforme y el arma reglamentaria son los signos exteriorizantes e instrumentos de los que se vale el Estado para aplicar el máximo poder. Al extralimitar su uso y valerse del arma para cometer un ilícito penal, (aún en el marco de una reyerta privada), no por ello la responsabilidad directa y objetiva se diluye.[[/p]][[p]]La Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: PANIZA, Manuel N. c/Provincia de Buenos Aires y otros\" (fallos: 300:639, publ. en ed., 80-202), sostuvo que es conocida su jurisprudencia que reconoce la responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes en el ejercicio de sus funciones (fallos: 219:641; 220:280 y 285; 252:22; 273:404), agregando que, aún/// ///27.-cuando el acto imputado no fuera realizado dentro de los límites específicos de la función propia del cargo, no cabe duda que encuentra fundamento en aquélla, toda vez que sólo es posible en la medida que derive de sus exigencias.[[/p]][[p]]En el caso, el arma utilizada había sido provista por la repartición y era obligación del demandado portarla permanentemente, siendo preciso reconocer, entonces, que la función guarda conexidad con el hecho producido, al que contribuyó la irreflexiva actitud del codemandado, que debe valorarse con relación a la aquí tratada responsabilidad del Estado, con fundamento en la doctrina establecida por el Tribunal en fallos: 190:312 (Cám. Civ. Com. Federal, in re: Craviotto Pérez Delgado Ismael Roberto Alberto c/Trentini, José Alberto y otros s/daños y perjuicios causa n* 23.109/94. 25/04/95).[[/p]][[p]]Deviene entonces necesario puntualizar que las personas que el Estado designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él.[[/p]][[p]]Por ello, no son dependientes en el sentido del art. 1113 del C.C.; puesto que cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones que les han sido encomendadas, actúan como órganos del Estado, o sea, actúa directamente el Estado a través de ellos.[[/p]][[p]]Los requisitos necesarios para que el Estado sea responsable son los siguientes: a) Existencia del daño, b) Hecho humano o de las cosas o acto administrativo legítimo o ilegítimo productor del daño; c) que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el daño que se alega; además, que el acto causante del daño pueda imputarse al órgano administrativo y por lo tanto a la administración.[[/p]][[p]]///28.-En el sub examine se está en presencia del hecho de un funcionario policial provocador de daño, realizado con el uso del arma reglamentaria, encontrándose en franco de servicio pero ostentando el estado policial. Todo ello de conformidad con la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro, L-679 8 texto consolidado).[[/p]][[p]]El Artículo 25 prescribe: Estado Policial es la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos, para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía de la Policía Provincial. Tendrá estado Policial, con los deberes y derechos esenciales que determina esta Ley, el personal policial de todos los Agrupamientos.[[/p]][[p]]En tanto el Artículo 34, entre las obligaciones que emergen de ese estado policial, establece:- El personal con autoridad policial, a los fines del artículo 28, de la presente Ley, está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan.[[/p]][[p]]El personal policial en situación de retiro está facultado a portar armas de fuego, adecuadas a su defensa; sea que las mismas le sean provistas por la Repartición o adquiridas de su peculio.[[/p]][[p]]El uso del arma de fuego con la que se provocó el daño, era ostentada merced a la obligación orgánica y fue blandida y ejecutada con extralimitación y en estado aparente de servicio.[[/p]][[p]]En consecuencia, sin hesitación, por aplicación analógica de los arts. 1109 y 112 del C.C. el Estado Provincial es directa y objetivamente responsable.[[/p]][[p]]No se trata aquí, como tantas veces ha sido advertido///.[[/p]][[p]]///29.-y expresado de responsabilizar al ESTADO de todo cuanto infortunio pueda ser sufrido por los administrados. Claramente el Estado se exime de responsabilidad ante el caso fortuito, la culpa de la víctima, el hecho de un tercero.[[/p]][[p]]Tengo presente un reciente fallo de la CSJN. (in re: Carballo de Pochat, Violeta Sandra Lueia C/ANSES s/ daños y perjuicios. C. 127. XLVII.), en el que se demandaba la responsabilidad del Estado por el homicidio de un Gerente Auditor en manos de un tercero que ingresó armado a la repartición.[[/p]][[p]]Allí, además de reiterar la doctrina de responsabilidad extracontractual directa y objetiva del Estado por los hechos y actos de sus agentes; la que declara aplicable sin cortapisas a los daños producidos por acción que evidencia falta de servicio; la Corte se declara prudente y restrictiva en el análisis de las conductas omisivas, aludiendo a la omisión de mandatos jurídicos indeterminados reiterando el Considerando 6) en Mosca- para finalmente declarar que en el caso no surge la responsabilidad del Estado.[[/p]][[p]]Razonable y justa decisión, teniendo en cuenta que se trató del hecho de un tercero (no agente ni funcionarios del ESTADO) quien ultimó al Sr. Pochat; que la ANSES no tiene otra función que la de proveer a la Seguridad Social (no a la seguridad pública).[[/p]][[p]]Tampoco advierto que la demanda dirigida al ESTADO, lo hubiere sido en pos de sortear la pretensa insolvencia del funcionario policial. Ello en razón de lo expuesto al inicio, al recordar nuestras mandas constitucionales; pues no es obligación del actor sino del representante del ESTADO el solicitar la citación a juicio del agente.[[/p]][[p]]En marras si bien el Fiscal de Estado al contestar la demanda solicitó se cite a///.[[/p]][[p]]///30.-juicio a Calvo, luego incumplió la carga de notificarlo. Ingresando ahora en el contenido de los fundamentos del fallo puesto en crisis, anoto que la Excma. Cámara de Apelaciones al analizar esta misma cuestión se formula el mismo interrogante que el señor Juez que me precede; esto es ¿Por qué debe responder el Estado si el daño fue provocado por el agente policial cuando se encontraba de franco, y para dar respuesta se inclina por atribuir responsabilidad al Estado por el daño provocado por el agente policial mediante el uso de arma reglamentaria cuando ésta fue determinante para la entidad del daño sufrido por el particular, es decir, cuando de no haber tenido ese instrumento aportado por la institución policial, el perjuicio sufrido no hubiera tenido la entidad que finalmente tuvo, para seguidamente acotar que el agente policial portaba el arma en orden a la obligatoriedad que impone la ley orgánica de la Policía, lo que considera determinante de la producción del daño. Con cita del fallo Furnier de la CSJN.. Y añade que si la protección pública genera riesgos, lo más justo, lo equitativo, es que estos sean afrontados por todos (Fallos 327:5295 y 317:1006).[[/p]][[p]]Cabe acotar que los fallos citados son Furnier y Cossio y que es éste último el que con mayor claridad tal como antes expuse- el que señala la responsabilidad extracontractual objetiva y directa del Estado.[[/p]][[p]]Luego de otras consideraciones la Cámara sentenciante fundamenta su decisorio en el precedente Insaurralde y culmina confirmando el fallo de la instancia inferior en cuanto atribuye responsabilidad objetiva a la Provincia de Río Negro por el daño provocado por Mauro R. Calvo a Gustavo D. Chazarreta.[[/p]][[p]]Tales/// ///31.-fundamentos devienen respetuosos de la Doctrina y la Jurisprudencia relacionada al tema, y de ellos se desprende que el aquo no incurrió en violación de la ley sustantiva.[[/p]][[p]]La recurrente aspira a la aplicación del art. 1113 del C.C. y por añadidura pretende e invoca los arts. 901, 902, 904, 906 de dicho corpus normativo; sin reparar que al sostenerse y aplicarse la responsabilidad extracontractual de carácter directo y objetivo se encuadra el caso en los arts. 43, 1109, 1112 del C.C..[[/p]][[p]]De manera que no puede pretender que si se ha encuadrado la atribución de responsabilidad directa, por aplicación de la teoría del órgano, se le permita argumentar en orden a la responsabilidad indirecta del dueño por los hechos dañosos cometidos por sus dependientes.[[/p]][[p]]Tampoco puede aspirarse al sostenimiento del criterio sustentado por Tribunales locales o de grado inferior a la Corte Suprema; por encima de los criterios por estos fijados. Y mucho menos claro está- puede asimilarse el hecho de marras al que recibiera tratamiento en el precedente de la CSJN in re: DECOA, puesto que el sable que fuera utilizado para dar muerte a la víctima habría sido un obsequio del Ejército Argentino y no un arma provista para el cumplimiento de la función. De donde, en claro está, que la entrega del sable no ha sido la causa eficiente o adecuada del homicidio, según el curso normal y ordinario de las cosas.[[/p]][[p]]En suma, por lo precedentemente explicitado tengo para mí- que deben ser desechados los agravios enunciados por la recurrente referidos a la violación e inobservancia de la ley sustantiva, la inobservancia de la doctrina y la Jurisprudencia, la falta de motivación de fallo, la violación del debido///.[[/p]][[p]]///32.-proceso, del derecho de defensa y propiedad.[[/p]][[p]]Seguidamente corresponde ponderar los planteos efectuados por la recurrente respecto al resarcimiento económico concedido a la actora.[[/p]][[p]]Así, acerca del rubro incapacidad sobreviniente, por una parte se agravia que para su cálculo se adopta un porcentaje que no se condice con las constancias de la causa; y por otra, que no corresponde aplicar la fórmula utilizada en el precedente Pérez Barrientos de este Superior Tribunal de Justicia, por cuanto en autos no se acreditó desarrollo laboral alguno del actor.[[/p]][[p]]Respecto a la primera cuestión porcentaje de incapacidad-, surge evidente que las argumentaciones sustentatorias de la invocada arbitrariedad de sentencia, resultan una discrepancia subjetiva con la selección y apreciación de los elementos de información reunidos en el proceso, y por medio de los cuales se pretende debatir nuevamente el porcentaje de incapacidad establecido por el grado, cuando dicha temática, por su naturaleza fáctica y probatoria, es propia de los jueces de grado y ajena a la casación.[[/p]][[p]]En otro orden, en lo que hace a la crítica por la aplicación del precedente Pérez Barrientos, la recurrente en sus alegaciones no sólo que reitera los argumentos expuestos en la expresión de agravios sin desvirtuar los fundamentos de la Cámara sobre la materia, sino que además confunde permanentemente el rubro en cuestión con el lucro cesante.[[/p]][[p]]En efecto, en el libelo en examen se puede advertir que para rechazar la aplicación del mencionado precedente, la demandada afirma que: Veamos, en autos no se acreditó desarrollo///.[[/p]][[p]]///33.-laboral del actor.[[/p]][[p]]Ergo, considero que indemnizar por lucro cesante o incapacidad sobreviniente en el caso de autos, resulta una cuestión meramente voluntarista.. Sin embargo, mientras la indemnización por incapacidad sobreviniente resarce no solamente la incapacidad física sino la merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros y cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado con las consecuencias negativas que se generen en el patrimonio; la indemnización por lucro cesante, se relaciona sólo con las pérdidas experimentadas durante el tiempo de convalecencia y se debe acreditar que durante este tiempo se vio privado de alguna entrada.[[/p]][[p]]Con lo cual, como bien lo ha señalado la Cámara oportunamente, en el rubro en cuestión a diferencia del lucro cesante- la víctima debe ser indemnizada aunque no tenga actividad remunerada.[[/p]][[p]]Ello así, ya que sabido es que para fijar el quantum indemnizatorio de esta partida debe valorarse la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también la edad del damnificado, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales, dado que la incapacidad sobreviniente comprende no solamente la minusvalía de la capacidad laborativa del individuo propiamente dicha, sino también todo menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en BELLUSCIO, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 219 nº 13 y pág. 220 y citas de la nota 87; LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil ///.[[/p]][[p]]///34.-Obligaciones, t. IV-A pág. 120). Y, que en autos, a los efectos de establecer el monto resarcible por incapacidad sobreviniente, se haya aplicado la formula financiera sentada en el precedente Pérez Barrientos, de ningún modo se contradice con el criterio antes expuesto, ya que para determinar el quantum del daño reclamado es necesario recurrir a parámetros objetivos que permitan estimarlo adecuadamente.[[/p]][[p]]Por otra parte, la crítica efectuada por la recurrente de que no corresponde abonar gastos de traslados porque los mismos no se encuentran peticionados por el actor, tampoco resulta procedente.[[/p]][[p]]Ello así ya que de las constancias de autos se puede advertir que en el escrito de interposición de la demanda en el rubro reclamado como gastos médicos expresamente se peticiona (a fs. 25) como gastos de movilidad la suma $2500; y, más allá de la diferencia terminológica utilizada en la demanda y en la sentencia de Cámara, cierto es que el concepto al que se refieren es el mismo.[[/p]][[p]]Por último, respecto al reclamo efectuado de que el daño moral acordado resulta excesivo, hay que advertir que cualquier intento de que este Superior Tribunal revise el quantum indemnizatorio establecido en la sentencia de grado, sin que se haya invocado y probado la existencia de absurdo o arbitrariedad resulta inviable ya que sólo supuestos de gravedad extrema podrían habilitar la revisión extraordinaria que implica la habilitación de esta instancia.[[/p]][[p]]Lo contrario significaría merituar prueba y considerar cuestiones de hecho, transformando esta vía en una tercera instancia ordinaria, cuando el objeto en la casación, es el control de legalidad y la unificación///.[[/p]][[p]]///35.-jurisprudencial no el acierto estimativo de los fallo traídos a revisión. (Conf. STJRN., Se. N* 5/13, in re: P., H. H. y C. C., M. I.). MI VOTO por la NEGATIVA.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- Adhiero a la solución propuesta por la Jueza preopinante doctora Piccinini para cada uno de los agravios.[[/p]][[p]]En particular, y considerando la naturaleza de la actividad policial, los medios de los que dispone la Administración, y el grado de previsibilidad del daño, corresponde encuadrar el hecho dañoso en un supuesto de servicio defectuoso o irregular por el que debe responder la Provincia demandada.[[/p]][[p]]En efecto, de conformidad a lo prescripto en el artículo 25 de la Ley L N1 679 el estado policial no se agota en los días de servicio. Por el contrario el agente mantiene el estado policial deberes y derechos legales- y tiene la obligación concreta (artículo 34) de portar en todo momento y lugar el arma de fuego reglamentaria.[[/p]][[p]]Dicha particularidad impone sostener la responsabilidad del Estado en principios del derecho público (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional; 54, 55 y 57 de la Constitución Provincial), configurándose en la especie un supuesto de prestación defectuosa del servicio, y no de una falta personal del agente que excluya la responsabilidad estatal.[[/p]][[p]]La interpretación dinámica del artículo 1112 del C.C. que por analogía se aplica al hecho dañoso de autos, se independiza de la noción de culpa, dando lugar a la responsabilidad objetiva del Estado con fundamento en la prestación irregular o///.[[/p]][[p]]///36.-defectuosa del servicio de seguridad pública; en un todo de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde Vadell y, en particular, en Cossio.[[/p]][[p]]Precisamente las dos circunstancias que han influido para que el precepto del artículo 1112 del Código Civil adquiera un sentido diferente a la luz de esta nueva interpretación dinámica y sistemática fueron, por un lado la posibilidad de que las personas jurídicas sean declaradas responsables por actos ilícitos de sus dependientes y, por el otro, la reforma del artículo 43 C.C. que, en combinación con el artículo 33 del C.C., ha prescripto la responsabilidad directa del Estado como persona jurídica por los actos cometidos por sus representantes en ejercicio o en ocasión de sus funciones (conf. Juan Carlos Cassagne, Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Publicación de las Jornadas sobre Responsabilidad del Estado y del funcionario público; Ed. Ciencias de la Administración, Universidad Austral).[[/p]][[p]]En el caso de autos, el daño provocado por un agente de policía, en estado policial y utilizando el arma de fuego reglamentaria, debe ser considerado como hecho en ocasión o con motivo del servicio. La circunstancia de estar en un día de descanso no resulta suficiente para eximir de responsabilidad al Estado, pues es obvio que el accidente no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión (CSJN. Fallos 317:1006).[[/p]][[p]]///37.-Excluir la responsabilidad estatal, circunscribiéndola a la personal del agente policial porque el hecho no se cometió en ejercicio de la función propia del cargo, ...no sólo desatiende la racional comprensión del estado policial, sino que además, resulta írrita la limitación de responsabilidad del Estado por aplicación de un criterio de imputación que no se ajusta a los principios generales sobre la materia, desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal a partir de 1984, in re: Jorge Fernando Vadell v. Provincia de Buenos Aires Fallos 306:2030- donde se adoptó un criterio orgánico de imputación de conductas del Estado, a la vez que se dejaron de lado, expresamente, los fundamentos civilistas de su responsabilidad extracontractual (del Dictamen del Procurador General en autos. Cossio, Susana Inés c/Policía Federal y Otro; 08/07/2003; que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyo).[[/p]][[p]]En conclusión, si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en su consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados.[[/p]][[p]]Si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos máxime ante situaciones como las del sub examine- sean soportados por quines se benefician con ella. (Fallos 317:1006 y SCJBA LL 1986-E-417, JA 1987-I-596; LL 1988-B-611).[[/p]][[p]]MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:- ADHIERO a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Barotto, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.[[/p]][[p]]///38.-A la misma cuestión la señora Jueza Subrogante doctora Sandra E. Filipuzzi dijo:- La dispar opinión vertida en los votos de los señores Jueces del Tribunal que me precedieron en orden de votación en la consideración de la cuestión traída a examen, específicamente en lo atinente a la atribución de responsabilidad a la Provincia de Río Negro por el daño provocado por el agente policial involucrado en el suceso, cuando se encontraba en franco de servicio, utilizando el arma de fuego reglamentaria y aún sin desempeñar tarea específica vinculada con la función policial, me obliga aquí a dirimir la disidencia suscitada.[[/p]][[p]]Adelanto mi adhesión a la solución propuesta para cada uno de los agravios en el voto de la doctora Liliana Laura Piccinini al que a su vez adhiriera el doctor Ricardo A. Apcarian sumándole a esa postura puntuales acotaciones en su sostén- en particular, en cuanto considera que el Estado Provincial es directa y objetivamente responsable (por aplicación analógica de los arts. 1109 y 1112 del C.C.) por los daños cometidos por el agente policial a un tercero mediante el uso del instrumento provisto por la demandada arma reglamentaria- en función de la teoría del órgano.[[/p]][[p]]Ello puesto que coincido con la señora Magistrada en tanto asume que las personas que el Estado designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él y, por ende, no son dependientes en el sentido del art. 1113 del C.C., sino que cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones encomendadas, precisamente, actúa el Estado mismo a través de ellos. Debe entonces encuadrarse el hecho dañoso analizado en/// ///39.- autos, en un supuesto de servicio defectuoso o irregular por el que debe responder la Provincia demandada.[[/p]][[p]]Y en tal sentido, considero que existen abundantes y trascendentes fundamentos para admitir la responsabilidad del Estado por el accionar del agente policial aunque éste se encontrase, en el caso, fuera de servicio. Preliminarmente, entiendo que ello se enmarca en el postulado que señala que la responsabilidad del Estado debe ser apreciada con cierta amplitud, pues está obligado a resarcir los daños causados tanto en la esfera contractual cuanto en la extracontractual, y en el ámbito del derecho público o del derecho privado. Y, en ese marco también debe responder en el plano de la responsabilidad extracontractual no sólo cuando su comportamiento (o el de sus agentes) ha sido ilícito, sino inclusive por sus actos lícitos.[[/p]][[p]]En este contexto, entonces, el Estado es responsable por las consecuencias dañosas producidas por la actuación de un agente público. Vale decir, en tanto presupone un hecho o acto propiamente del Estado, siempre que éstos no son ni mandatarios ni representantes de aquél, sino órganos suyos, integrando, en esta última calidad, su estructura (art. 43 del Código Civil).[[/p]][[p]]De este modo la responsabilidad del Estado por los actos u omisiones de sus órganos es directa y se encuentra fundada en la idea objetiva de la falta de servicio (art. 1112 C.C.) quedando subsumidos dentro de este concepto general, todos los elementos de la responsabilidad civil y, en particular, lo atinente a la ilicitud del acto de la administración pública por no ejecutar el acto a que estaba obligada por medio de sus agentes (Bustamante Alsina J., La Responsabilidad del Estado en el///.[[/p]][[p]]///40.-Ejercicio del Poder de Policía, en LL, 1990-C, pág. 429).[[/p]][[p]]Ahora bien, lo que más polémica ha despertado en la responsabilidad en examen, es precisamente, el nexo entre las funciones y el hecho. Así se puede apreciar que las soluciones de la doctrina, y por sobre todo de la jurisprudencia, han sido de las más diversas.[[/p]][[p]]Así, para unos se requiere que el hecho haya sido cometido en ejercicio de las funciones encomendadas, es decir, el daño se debe haber producido desempeñando el cometido ordenado dentro del género actividad indicada; otros por su parte admiten también los daños causados en el ejercicio aparente de las funciones; a su vez están quienes ampliando más el campo de responsabilidades en análisis- establecen que basta con que el daño se haya producido con motivo de las funciones, esto es, cuando existe relación de medio entre la función y el daño, de modo que la función haya sido el antecedente necesario o condición del perjuicio, por cuanto sin la función no se hubiese producido el daño; y, finalmente, hay quienes extienden aún más la responsabilidad del comitente propagándola a los actos realizados con ocasión de las funciones. Sin embargo, más allá de todas las distinciones que se efectuaran, hoy en día, en la doctrina civilista, predomina el criterio aceptado mayoritariamente por la jurisprudencia, que adhiere a la tesis amplia para tipificar la relación daño-función y la culpa en la elección como fundamento de esta responsabilidad. Se sostiene así en lo que aquí interesa- que si la reglamentación dispone la permanente portación del arma para atender a episodios de desórdenes o emergencias que///.[[/p]][[p]]///41.-pudieran darse en su presencia, aun no encontrándose en ejercicio de sus funciones, se ingresa a la nota de la facilitación del hecho. Juega la culpa en la elección, pues es razonable hacer gravitar sobre el Estado la responsabilidad si, por reglamentación institucional, arma de manera permanente el brazo del subordinado, brindándole ocasión para provocar el daño, aunque éste actuare con abuso.[[/p]][[p]]A modo de sostén de esta tesitura, resulta oportuno traer a colación en este examen, calificada doctrina con la cual coincido-, en tanto se ha expresado que: es indiscutible que un agente de policía es un funcionario del Estado y por ello es que debe responder tanto si ejerció las funciones en forma regular, o abusando de ellas, en ejercicio aparente e incluso en ocasión de las funciones (Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa, Daños causados por los dependientes, Ed. Hammurabi, pág. 116); o el Estado ha de responder en forma directa por los hechos ilícitos cometidos por los miembros de sus fuerzas de seguridad en ejercicio o en ocasión de sus funciones (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños T X, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2004, pág. 231).[[/p]][[p]]También Zavala de González sostiene que integran el contenido propio de la función no sólo los actos que constituyen su materia específica, principal o directa, sino también aquellos que aunque accesorios o complementarios conllevan a su mejor cumplimiento como la portación del arma impuesta obligatoriamente al policía aunque no esté de servicio (conf. Zavala de González, Matilde, Personas, casos y cosas en el derecho de daños, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, p. 115).[[/p]][[p]]Por su parte, Spota expresa que en caso de tratarse de/// ///42.-un acto de servicio concurre un doble título fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado de tipo objetivo, como dueño o guardián del arma, y la del agente administrativo como servidor de la posesión ajena.[[/p]][[p]]Ello no descarta que el ilícito cometido por el agente en sus funciones hace responsable extracontractualmente al Estado por los daños ocasionados por el funcionamiento irregular de los servicios públicos. (conf. SPOTA, Alberto G., Responsabilidad del Estado por el acto ilícito del agente administrativo ejecutado en ocasión de la incumbencia, cit. LA LEY, 148-114.105; citado por Galdós, Jorge Mario, en La relación de dependencia y la responsabilidad del Estado, como principal, por el hecho del policía. LA LEY 1996-C, 557).[[/p]][[p]]Igualmente existe sobre la materia en análisis una jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Panizo Fallos, 300:639; Furnier, LL, 1996-C, 558.); de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, 17/11/2007, E.J.C. c. Policía de la Provincia de Buenos Aires, La Ley Online, AR/JUR/7418/ 2007); de la Corte Suprema de Mendoza (SCMendoza, Sala I, 8/10/2003, D\'Ulivo, Susana c. Ortiz Alvarado, Félix y otro, LLGranCuyo, 2004-190 (con notable voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci); ídem, Solavallol, Tomás A. c. Provincia de Mendoza, LLGran Cuyo, 2003-708.); de la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial (CNFed.Civ,Com., Sala II, 15/11/94, Cantelli c. González, LL, 1995-E, 327; ídem, Sala I, 27/6/96, Zorzoli c. Ministerio del Interior, LL, 1997-B, 225), entre otros tribunales, que se inclina decididamente por estas ideas.[[/p]][[p]]En suma, se advierte claramente que el criterio que///.[[/p]][[p]]///43.-prevalece es el que predica que la obligación de portar el arma constituye nexo causal adecuado del daño, pues no hay duda de que la lesión con el arma de fuego encontró fundamento en aquélla, toda vez que sólo fue posible en la medida en que derivó de las exigencias de la función policial.[[/p]][[p]]Es decir, trasladando esta tesitura al caso en análisis, basta que la tarea desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso, para que surja la responsabilidad de la Provincia, pues es obvio que el hecho no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión, con la que causó los daños al actor. Se asume que el estado policial implica el deber de velar adecuadamente por la integridad de los miembros de la sociedad y la preservación de sus bienes y, como consecuencia de tal condición, los agentes no sólo están autorizados, sino que se encuentran obligados a usar el arma reglamentaria para prevenir el delito, aun cuando vistieran de civil o se encuentren de franco de servicio, pues tal extremo se funda en el mencionado estado policial permanente (cfr. arts. 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Río Negro, L N* 679).[[/p]][[p]]Retomando puntualmente ya ahora las particularidades del suceso sobre cuya dilucidación y solución me toca dirimir atendiendo las posturas preopinantes a este voto, considero que la circunstancia de que al momento de cometer el hecho el agente no se encontrase cumpliendo funciones propias de su deber como dependiente de las fuerzas de seguridad, no resulta suficiente para excluir la responsabilidad estatal.[[/p]][[p]]En efecto, de un análisis de los antecedentes del caso, orientado a verificar/// ///44.-si el acto ocurrió en ejercicio o con motivo de la incumbencia, es decir, si medió un vínculo de causalidad adecuada entre el hecho dañoso del agente y el perjuicio ocasionado, hay que tener en cuenta que la responsabilidad actúa, cuando es el Estado quien crea el riesgo y el perjuicio resulta razonablemente vinculado a la función.[[/p]][[p]]En definitiva, aún cuando el agente policial no se hallaba en funciones o cumpliendo tareas específicas de su cargo, lo cierto es que utilizó la pistola provista por la Institución, con ella golpeó y la disparó e hirió a un tercero.[[/p]][[p]]Por ende se ha configurado el vínculo de causalidad adecuada entre el hecho dañoso provocado por el agente de policía y el perjuicio ocasionado, resultando entonces que la tenencia del arma fue, sin duda, la ocasión para abusar de ella y ésta se constituye en la causa del deber de responder que incumbe al Estado.[[/p]][[p]]Más allá de lo expuesto hasta aquí, considero que la responsabilidad del Estado en casos como el sub examine también se sustentan en una concepción humanista del derecho y en principios de equidad, los que postulan la real protección de la víctima mediante la efectiva reparación del perjuicio.[[/p]][[p]]En efecto, la provisión por parte del Estado Provincial, a través de la Policía de la Provincia, del arma reglamentaria, como la obligación impuesta a los agentes policiales de portarla inclusive cuando se hallaren de franco de servicio-, originadas en la necesidad de cumplimiento de los fines específicos del Estado, implican la inserción en el medio social, de elementos de peligro y actividades riesgosas que se encomiendan a los agentes comprometidos en esa actividad.[[/p]][[p]]///45.- Con lo cual, las consecuencias que se deriven de esta introducción de riesgos con aptitud para generar daños emanados de las exigencias de protección pública, deben ser soportadas por toda la colectividad que se beneficia con la prestación del servicio estatal de seguridad, y, consecuentemente, el fundamento de esta responsabilidad con base objetiva, debe hallarse en los principios de solidarismo jurídico y social.[[/p]][[p]]En este sentido, no se presenta como ocioso recordar que el Máximo Tribunal Nacional ha dicho que: si los agentes policiales están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados; si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos riesgos sean soportados por quienes se benefician con ella (CSJN., Fallos: 317:1006, 318:385, 318:1715, entre otros).[[/p]][[p]]En definitiva, entiendo que si la pistola le había sido proveída al agente Calvo por la Policía de la Provincia de Río Negro y se hallaba en la obligación de portarla en todas las horas del día aunque se hallare de franco de servicio para posibilitar su intervención en un hecho delictuoso, no cabe ninguna duda que el siniestro se provoca por el manejo si bien irregular- que realiza el mencionado del arma que acarreaba.[[/p]][[p]]Con lo cual la razonabilidad de la relación entre sus obligaciones como agente policial y la producción del evento dañoso, surge con claridad, pues no se trata de un actuar independiente totalmente de las funciones como así lo entendieran los///.[[/p]][[p]]///46.-doctores Barotto y Mansilla, quienes hacen especial hincapié en que el hecho, para producir la consecuente responsabilidad del Estado, se debe producir a partir de la actuación del agente dentro de los límites de las funciones que le fueron encomendadas o en ocasión las mismas-, sino que tuvo evidente conexidad con la función del agente que lo causó, dado que remarco- si bien su productor no se encontraba cumpliendo sus actividades específicas, de alguna manera se vincula con su obligación de llevar permanentemente el arma reglamentaria.[[/p]][[p]]Por tanto, y ya a modo conclusivo, entiendo que siendo que el daño sufrido por Chazarreta fue producido por el actuar de un funcionario policial Mauro R. Calvo- a partir del uso del arma reglamentaria, la que como integrante de la Policía de la Provincia de Río Negro tenía la exigencia de portar en todo momento y lugar (art. 34 de la Ley N* 679), dicho elemento se constituyó en determinante no sólo en la producción sino también en el alcance y entidad del daño ocasionado, por lo que su desmedida utilización a partir de la obligación que orgánicamente le incumbía de portarla en forma permanente, hace nacer la obligación de la Provincia de Río Negro (Policía de la Provincia de Río Negro) respecto de la sociedad toda por el riesgo creado por su propia organización institucional.[[/p]][[p]]En ese contexto descarto entonces que pueda excluirse la responsabilidad de la demandada al acontecer el suceso dañoso estando el agente de policía autor en franco de servicio y sin desempeñar tarea específica con la función policial, pues el acto que motiva el daño insisto- sólo se vislumbra como posible a partir de la utilización del arma que le fuera suministrada/// ///47.-por la institución y que obligatoriamente debía portar en todo tiempo y lugar, a partir de la exigencia propia de su condición de policía de seguridad y de su estado policial permanente (arts. 25 y 34 de la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro L-679).[[/p]][[p]]En consecuencia, no puedo sino coincidir en que claramente en el supuesto de autos, el Estado Provincial resulta ser directa y objetivamente responsable del daño ocasionado a Chazarreta, pues se encuentra acreditada la conexidad entre el ejercicio de la función policial y la consumación del ilícito, no dándose ninguno de los presupuestos de eximición de responsabilidad del Estado (caso fortuito, culpa de la víctima o hecho de un tercero).[[/p]][[p]]Por último, respecto a los restantes agravios esgrimidos en el recurso sub examine- dirigidos a modificar el resarcimiento económico concedido en las instancias precedentes, en los rubros incapacidad sobreviniente, gastos médicos y daño moral, adhiero, como ya adelantara, en todos sus términos a los fundamentos expuestos en el voto de la doctora Piccinini, votando en igual sentido. MI VOTO.[[/p]][[p]]A la segunda cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 274/286 y vta. de las presentes actuaciones. II) Revocar las sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones a fs. 258/269 y vta., y por el Juez de Primera Instancia a fs. 194/197 y vta. y, consecuentemente, rechazar la demanda promovida a fs. 6/29 de autos. III) Imponer las costas en///.[[/p]][[p]]///48.-todas las instancias, en el orden causado. Ello, atento la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la responsabilidad del Estado en casos análogos al presente (art. 68, segunda parte del CPCyC.). IV) Disponer que en las instancias de grado se readecuen los honorarios de los letrados intervinientes al resultado de la presente.[[/p]][[p]]V) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora Alina Luciana Valli, en el 25%; a calcular sobre los honorarios que se le regulen por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.). MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini dijo:- Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo:[[/p]][[p]]I) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 274/286 y vta. de las presentes actuaciones. II) Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.). III) Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora Alina Luciana Valli, en el 30%; a calcular sobre los honorarios que se le regulen por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.). MI VOTO.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:- ADHIERO en un todo a la solución propuesta en el voto de la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini.[[/p]][[p]]A la misma cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:- ADHIERO a la solución propuesta en el voto del señor///.[[/p]][[p]]///49.-Juez doctor Sergio M. Barotto.[[/p]][[p]]A la misma cuestión la señora Jueza Subrogante doctora Sandra E. Filipuzzi dijo:- ADHIERO en un todo a la solución propuesta por la señora Jueza doctora Liliana Laura Piccinini.[[/p]][[p]]---Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]](POR MAYORIA) Primero: Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 274/286 y vta. de las presentes actuaciones.[[/p]][[p]]Segundo: Imponer las costas a la recurrente perdidosa (art. 68 del CPCyC.).[[/p]][[p]]Tercero: Regular los honorarios profesionales por sus actuaciones en esta instancia extraordinaria, a la doctora Alina Luciana Valli, en el 30%; a calcular sobre los honorarios que se le regulen por su actuación en Primera Instancia (art. 15 L.A.).[[/p]][[p]]Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. SERGIO M. BAROTTO JUEZ EN DISIDENCIA LILIANA LAURA PICCININI JUEZA RICARDO A. APCARIAN JUEZ ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ EN DISIDENCIA SANDRA E. FILIPUZZI JUEZA SUBROGANTE ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-[[/p]]