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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, crédito fiscal, prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LUCIANO HNOS. S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-22

Corresponde rechazar la queja desde que la entidad fiscal no logra demostrar irrazonabilidad alguna en el pronunciamiento impugnado que no hizo lugar a la revisión planteada contra la sentencia de verificación de créditos. Es que si bien las certificaciones que emite el organismo fiscal gozan de la presunción de legitimidad que le acuerda el artículo 12 de la ley 19549, ello no importa que se deba directa sumisión a las constancias, si no se presenta una base documental y explicativa que desvirtúe la impugnación realizada por el funcionario concursal..." y, en el caso, surge de lo actuado que el Síndico informó que "...el órgano fiscal no acreditó su acreencia con los títulos originales de las declaraciones juradas presentadas, o en su caso, con determinaciones de oficio debidamente notificadas en tiempo y forma, sin expresar tampoco cómo llegó a la determinación de los rubros y montos que se pretenden verificar, constituyendo su inexcusable obligación la de acompañar todos y cada uno de los elementos necesarios que respalden los conceptos reclamados en los certificados...". Ello así ya que sabido es que el artículo 32 de la Ley de Concursos procura asegurar la "real existencia del crédito" insinuado, remarcando que la verificación de un crédito es un trámite que constituye una verdadera demanda de conocimiento, de naturaleza ordinaria y plena que hace cosa juzgada formal y material, donde el acreedor es el que debe probar la existencia de la obligación, con lo cual, siendo que estaba a cargo de la recurrente rebatir tal motivación, no puede considerarse cumplida la referida carga de demostración del vicio de arbitrariedad endilgado.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios Paez, Héctor J. c/ Cervecería Bieckert SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios Paez, Héctor J. c/ Cervecería Bieckert SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios Paez, Héctor J. c/ Cervecería Bieckert SA s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06|2002-10-23|2002-02-19|2001-10-17

El art. 39 de la ley 24.557 no puede eximir a priori al empleador de toda responsabilidad civil.
Cargos gremiales, vocal suplente, derechos y garantías constitucionales, libertad sindical, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: TOLEDO, OMAR c/ MINISTERIO DE DEFENSA. ESTADO NACIONAL COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-28

Las disposiciones legales que regulan las garantías constitucionales, entre las que se halla la libertad sindical, deben ser interpretadas con criterio amplio. Esta pauta interpretativa se proyecta necesariamente sobre las personas protegidas y por ello debe concluirse que si el actor ocupaba un cargo electivo aunque con carácter de suplente resulta igualmente amparado por esa garantía. No puede soslayarse que la propia ley 23551 protege con estabilidad en el cargo al simple candidato (conf. art. 50), por lo que no hay motivo para privar de tutela a quien efectivamente resultó electo y está llamado eventualmente a sustituir al vocal titular.
Sucesiones, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guccione, Miguel s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Es improcedente la caducidad de instancia en el proceso sucesorio salvo cuando en él se haya suscitado una controversia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, buques, multa administrativa, decomiso, nulidad del acto administrativo, Prefectura Naval, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - NAVEGACION
Carátula: Wu Reng Wen c/ Prefectura Naval Argentina s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Si bien los agravios deducidos contra el pronunciamiento que declaró la nulidad de la multa y decomiso impuestos a un buque por el Prefecto Nacional Naval, remiten a cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, ajenas al recurso extraordinario, éste procede cuando el a quo ha omitido la consideración de planteos oportunamente introducidos y conducentes para la correcta decisión del litigio, y ha efectuado una deficiente valoración de la prueba, que se traduce en una decisión de fundamento sólo aparente, con grave menoscabo de los derechos constitucionales de la recurrente (Disidencias de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López y del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Marcas, marcas confundibles, marca notoria, envase semejante
Materia: COMERCIAL
Carátula: WARNER LAMBERT COMPANY Y OTRO c/ ARCOR SAIC s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-17

Las marcas se confunden en todos los aspectos en que su cotejo pueda ser realizado. Así surge de la simple observación comparativa de los envases: identidad en el tamaño de las cajas, notoria semejanza de colores, celeste verdes, rosas y rojos, y muy parecidas inscripciones, adviértase que en ambos figuran, la palabra chicles y sobre un recuadro de fondo blanco la marca, Adams o Misky, elementos todos ellos, que en su conjunto llevan a cualquier consumidor desprevenido a engaño. A ello debe sumarse una circunstancia que por su envergadura resulta definitiva para la decisión del pleito. Tal es la notoriedad de la marca oponente. Es de publico la gran amplitud de penetración que en el mercado tiene Chicles Adams, no solo por su nombre sino también por sus envases, reconocidos a nivel publicitario.
Mobbing, falta de prueba, violencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Puita, María Mercedes c/ Parque S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-02

Existen casos de violencia laboral que no llegan a configurar mobbing, y son aquéllos en los que no se ha probado el componente subjetivo perverso e intencional que permita sostener la existencia del mismo; no obstante ello, esta situación no se encuentra presente en el presente caso, en tanto el hecho de impartir órdenes, asignar tareas y turnos, recargar de tareas al personal de limpieza en general aún de forma estricta o severa, no puede traducirse en maltrato, persecución, discriminación y, menos aún, en acoso laboral.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: RUMIE VITTAR CARLOS c/ ABDO SALUM Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - ESCRITURACIÓN - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-21

La determinación de los efectos de los contratos, la interpretación del momento en que los mismos comienzan a producirlos, etcétera; son típicas cuestiones de hecho irrevisables en casación, salvo el supuesto de absurdo notorio o perfectamente demostrado por el recurrente.
Leyes, interpretación de la ley, acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Koch, Guillermo Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 31-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-29

La complejidad propia de la organización administrativa, aconseja una interpretación amplia de la norma contenida en el inciso c) del artículo 54 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75, máxime si se considera el principio de Derecho Público según el cual la notificación de los actos administrativos se instala en el ámbito de la eficacia del acto y no en el de su validez. Y aún en el campo específico del Derecho Laboral se ha dicho, en relación a la condición de contemporaneidad en la imposición de la sanción que es admisible la demora lógica y necesaria para instruir los procedimientos o aun la que implica poner en funcionamiento los mecanismos de decisión de la gran empresa.
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Orona,  Alejandro c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. yotros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-12

Si la provincia es demandada por quien declara domicilarse en su territorio, la causa no puede tramitar en la instancia originaria de la Corte Suprema pues no se cumple con el recaudo de la distinta vecindad ya que se hallan enfrentados una provincia con su propio vecino.
Cheque sin fondos, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: VERSAILLES 1924 S.R.L. s/ Cheques sin fondos Causa Nro. 33625.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

1- Las órdenes de pago recibidas por el tenedor sin indicación del nombre del beneficiario son instrumentos que, cualquiera sea su fuerza obligatoria patrimonial, no tienen valor como cheques pues los requisitos que la ley comercial exige para eso, deben estar presentes al momento en que la orden es entregada al beneficiario.

2- La autorización para completar el nombre del beneficiario no lo invalidaría como cheque si fuera a un mandatario o dependiente del emisor, pero la supuesta autorización al beneficiario es una clara transgresión a lo que establecen los art. 2 y 3 del decreto-ley 4776/63 (con las modificaciones de la ley 23549).
Comunicaciones, prensa, diarios, Municipalidad, publicidad de los actos de gobierno, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Resulta infundada la posición de requerir la edición de la publicidad oficial a prorrata entre los diversos órganos periodísticos (art. 674 del Código Civil) ya que tal criterio no tiene en cuenta el grado de difusión de cada medio y podría producir hasta una peor distribución del caudal informativo entre los lectores de los diversos medios, que se hallarían forzados a comprar todos los diarios del ámbito municipal para acceder a un conocimiento fehaciente e íntegro de los actos y decisiones gubernamentales.
Empleo público, ius variandi, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Vieiro, Ana María y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

Si bien el principio del ius variandi -que rige tanto en la relación de empleo público como en la de carácter privado- permite al empleador introducir modificaciones en la forma y la modalidad de la prestación del trabajador, ello no debe importar un ejercicio irrazonable de tal facultad que ocasione un perjuicio moral o material al agente. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, subasta judicial, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FELDGOS, ROBERTO E. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- HOY QUIEBRA- INCIDENTE DE NULIDAD PROMOVIDO POR Leandro E. Feldgos (EXPTE.: C.S.J. NRO. 489 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Corresponde rechazar la queja desde que el recurrente pretende hacer prevalecer su propio enfoque de la cuestión tildando de arbitrario el decisorio en razón de que el Juzgador habría omitido la valoración de elementos probatorios de decisiva importancia en la solución de la causa, pero lo cierto es que con su desarrollo argumental no consigue demostrar que la Alzada prescindiera de valorar prueba que resultara trascedente para la decisión del caso, como así tampoco que haya optado por un criterio exegético que desborde las posibilidades interpretativas aceptables desde un punto de vista constitucional.

En tal sentido, precisó el Sentenciante que, si bien el quejoso no impugnaba las condiciones de subasta sino que se agraviaba de que las mismas no se hayan cumplimentado, para la Cámara tal argumento "resultaba simplista porque es el Juez el que fija las condiciones del remate mediante el decreto pertinente (art. 492 C.P.C.C.), y no estableciéndose en el mismo la posibilidad de pagar mediante cheque, en cuanto éste no extingue la obligación hasta que no se haga efectivo, no cabe suponer que encuadra en la exigencia de "pagar la comisión y la seña", concluyendo que "si el incidentista estaba advertido, primero por la actuaria y luego por la jueza, de la imposibilidad de pagar con cheques y no obstante ello, procedió a formular ofertas conociendo el presunto defecto del acto, lo consintió precisamente con su participación en el mismo y el silencio posterior, con lo que quedó subsanado ya que la iniciación del incidente ocurrió vencido el plazo legal pertinente( art. 128, inc. 2 C.P.C.C.)
Medios de prueba, dictamen pericial, víctima menor de edad, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, Raúl Arturo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

Los arts. 250 bis y ter que incorporó al C.P.P.N. la ley 25.852 fueron incluidos en el capítulo atingente a los "Testigos" y no al vinculado a los "Peritos", para evitar la interrogación directa del tribunal o las partes en los casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados.

El sentido de la reforma es proteger al menor, en coordinación con la Convención sobre los Derechos del Niño  y, desde la perspectiva instrumental, es un modo distinto de producir una declaración testimonial.

A diferencia de lo que ocurre con las pericias , no existe conminación de nulidad alguna en las disposiciones nóveles aludidas, observada la cuestión desde el principio de especificidad ; ello, independientemente del examen que bien puede realizar la defensa en torno al informe producido por el Cuerpo Médico Forense y de la proposición de inquietudes.

Por ello, debe confirmarse al auto por el que se rechaza la nulidad de la pericia.
Abuso de armas, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Gastón Gabriel c/  s/ robo de automotor con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

El tipo penal de abuso de arma de fuego (artículo 104 del Código Penal) abarca a aquellos comportamientos orientados a agredir a la víctima, mediante el disparo de un arma de fuego dirigido hacia zonas no vitales del cuerpo, y si sobre la plataforma fáctica correctamente fijada por el a quo solo puede predicarse la existencia de un "intercambio de disparos" entre el grupo agresor y la fuerza policial, sin una dirección establecida de modo cierto, se configura un obstáculo para tener por corroborada la tipicidad objetiva a la norma a estudio (voto del juez Magariños).
Directores de SA, régimen jubilatorio, remuneración del directorio, aportes previsionales, interpretación de la ley, trabajador en relación de dependencia, presunción juris tantum, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LINOTOL ARGENTINA S.A. c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-31

El ya derogado Dec. 333/93 establecía que no se considerarían remuneraciones sujetas a aporte los honorarios del directorio de sociedades anónimas que no excedan el 25% de las utilidades, debidamente contabilizados y que no se encuentren registrados como remuneración o gasto. Así, acreditada la concurrencia de las dos condiciones requeridas por la norma reglamentaria, sólo cabe presumir juris tantum que podría tratarse de una relación de dependencia, más no por ello deben entenderse acreditadas las funciones técnico administrativas cumplidas. Para poder afirmarlo, el órgano administrativo debió sustanciar la cuestión, a fin de evaluar la totalidad de los elementos que hacían a la realidad del devenir empresario, probando por todos los medios a su alcance que efectivamente se habían desarrollado tareas cuya remuneración se diferenciaba de los usuales honorarios del directorio.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, habilitación de instancia, agotamiento de la instancia administrativa, acto administrativo, acto administrativo tácito, facultades de la administración, licencia de conducir, reclamo impropio, pronto despacho, silencio de la administración, acto administrativo de alcance general
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benzi, Daniel Osvaldo c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios As. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-02

Ante la falta de declaración expresa de la administración, no corresponde inferir que estamos en presencia de un acto administrativo. Sólo puede hablarse de actos tácitos cuando existe un acto expreso del que surge necesariamente un efecto jurídico que no está explícitamente consignado en él. Es decir, el acto tácito sólo puede surgir de un acto expreso que necesariamente lo presuponga, hipótesis que no acontece en autos.

En el sub lite el actor interpretó que le habían denegado la licencia de conductor porque presuntamente en el departamento de exámenes médicos, en el momento de efectuarle el chequeo de visión, debido al problema que padece el accionante, se le habría informado la imposibilidad de otorgarle el registro. Explicándosele que no cumplía con los requisitos mínimos de visión previstos en la reglamentación vigente. No obstante ello, el acto que resuelve el otorgamiento o denegatoria de la licencia en cuestión, conforme a las constancias de autos, no ha sido dictado.

Así no podría interpretarse la presunta existencia de un acto administrativo, y como consecuencia, sujetar al administrado al régimen recursivo pertinente, que además implicaría en las circunstancias de este caso vedar o postergar el acceso a la justicia al actor.

Dentro de este marco, a la presentación efectuada por el actor "recurso de reconsideración" debe dársele el alcance de un reclamo impropio a través del cual se impugnó un acto de alcance general, la Resolución Nro. 122/97 de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, norma en la que se basan los informes del departamentos de exámenes médicos que pretenden fundar la eventual denegatoria de la licencia requerida (cf. art. 3 inc. 2 del CCAyT). Habiendo transcurrido más de sesenta días sin mediar resolución expresa del mentado reclamo, el demandante requirió pronto despacho y tras haber vencido el plazo de treinta días posteriores sin que haya recaído resolución, se ha configurado el silencio de la administración (cf. art. 8 del CCAyT). En razón de que la pretensión del particular incluye una demanda resarcitoria de los perjuicios ocasionados por un acto administrativo de alcance general que se reputa ilegítimo, no puede demandarse autónomamente la reparación de los daños, sin haberse impugnado en tiempo y forma, el acto que se pretende lesivo.

Las razones expuestas llevan a considerar que se ha agotado la instancia administrativa previa y no existe óbice para declarar habilitada la instancia judicial.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, jubilaciones, acto administrativo, prescindibilidad, reincorporación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALLAC DE COLOMBO, MARTA E. c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROV DETUCUMAN. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por cobro de pesos derivada de la baja ilegítima dispuesta por el Instituto de Previsión y Seguridad Social si, ha pesar de haber mediado una actitud ilegítima por parte de la demandada que -por no ejecutar un acto administrativo de mayor jerarquía- impidió la reincorporación de la actora a su cargo y entorpeció la posibilidad de obtener su jubilación por invalidez, beneficio este que obtuvo más tarde en el orden nacional, ninguna reparación se le ha otorgado que compense la privación injustificada de su empleo en circunstancias en que sufría graves quebrantos de salud.
Concursos, conversión de la quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franceschi, Humberto Francisco s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

La rigidez que sigue del art. 93 de la ley de concursos y quiebras en cuanto limita la facultad judicial de rechazar la conversión de la quiebra sólo en los casos de no haberse cumplido los requisitos del art. 11, indican que estos son presupuestos únicos de inexcusable cumplimiento. Habiéndosele acordado al peticionante el plazo necesario para cumplimentar los requisitos legales, y omitido en esa oportunidad indicar acreedores y bienes. Por consiguiente el rechazo de la conversión de la quiebra es ajustada a lo dispuesto en el art. 93 L.C.Q. y su rigorismo formal encuentra pleno sustento ante la notoria gravedad que supone dejar sin efecto la quiebra.
Competencia, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Keber, Juan Luis c/ Dirección Provincial de Vialidad de la Pcia. de Entre Ríos s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-04

Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo no son aplicables a los empleados públicos provinciales en tanto no existe acto expreso de inclusión en las mismas o en el régimen de convenciones colectivas.
Revocación de sentencia, rechazo de la demanda, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Noroeste Construcciones SA c/ EN-DNV s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

La disidencia de la jueza Liliana M. Heiland admite los agravios de la DNV, revoca el pronunciamiento apelado y rechaza la demanda, con costas de ambas instancias a la parte actora.
Estupefacientes, declaración autoincriminante, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Bertoni, Paolo s/ Infr. art. 5, inc. "c", ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

No se advierte correcto el planteamiento del problema en el sentido del dilema de vida o cárcel por que quien se presentó en un hospital público revelando haber cometido un delito, implique una autoacusación forzada para preservar su propia vida, es decir, si por la gravedad del problema de salud que lo aqueja se ve obligado a dar a conocer un delito que luego es materia de reproche - transporte de estupefacientes - en detrimento de sus derechos reconocidos en el art. 18 de la C.N. .

Ello por cuanto la autoincriminación solo resulta ser modificada cuando resulta derivada de una acción protagonizada por terceras personas a través de la coacción físico y/o psíquica, o quizás por algún otro elemento externo al imputado, pero no cuando es el desenlace de una acción ilícita realizada adrede por el mismo sujeto conociendo los previsibles riesgos que podría afrontar y el resultado no querido. De no ser así, contaría con un poderoso elemento para manejar a su antojo el resultado del proceso penal.