Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-17


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 17 de 2007.

Resulta: I. Que a fs. 3/vta., obra el acta contravencional labrada al imputado, el día 10 de junio de 2007 por la supuesta infracción al art. 111 del CC.

II. Que a fs. 9, luce acta de la audiencia prevista en el art. 41 LPC, donde el encartado hizo uso de su derecho de negarse a declarar. En el mismo acto, el Ministerio Público Fiscal y la defensa acordaron suspender el proceso a prueba por el término de seis meses sujeto a las siguientes condiciones: 1. Fijar residencia y comunicar el cambio de ésta por el término fijado; 2. Concurrir a las citaciones legalmente previstas por igual plazo; 3. Realizar Instrucciones Especiales consistentes en concurrir y aprobar al "Programa de Educación Vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito en la Dirección General de Seguridad Vial"; 4. Abstenerse de conducir cualquier clase de vehículo motorizado debiendo hacer entrega de su registro de conductor por el plazo de dos días.

III. Que a fs. 24/25, la Juez de grado, Dra. Natalia Molina de Harrington, aprueba la suspensión del proceso a prueba, modificando la regla de conducta nº 3, por entender que la condición de aprobación del curso del Programa de Educación Vial de la Dirección General de Seguridad Vial impuesto, por cuanto aquella resulta ser una condición ajena a la jurisdicción, ello en virtud de que la exigencia de aprobación es un requisito de índole administrativo, ya que el curso se enmarca dentro de un Programa de Educación Vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito.

IV. Que a fs. 28/29, el Fiscal de grado, Dr. C. A. G. R., apela la resolución supra reseñada. Indica que la Magistrada debió invalidar el acuerdo de suspensión del proceso a prueba conforme lo estipula el art. 45 CC, y no haber traspasado el límite de sus atribuciones al suprimir la condición de aprobar el curso de mención en base a una argumentación carente de sentido.

V. Que a fs. 33/34, obra el dictamen del Fiscal de Cámara, Dr. W. F., en el cual sostiene que la Juez de grado ha decidido sin fundamento alguno modificar unilateralmente las condiciones pactadas por las partes, que se ajustaban a lo previsto por el art. 45 CC, aun cuando había afirmado que se había arribado a un acuerdo en pie de igualdad y sin ninguna amenaza o coacción que lo invalide. Entiende que el control que debía realizar la Magistrada de grado estaba limitado a lo reseñado en el párrafo anterior, sin entrar en consideraciones sobre la naturaleza del acuerdo, adentrándose en aquél control de razonabilidad y oportunidad que como Juez de Garantías le está vedado. Asimismo, indica que el argumento respecto de que la aprobación del curso de Educación Vial es una cuestión administrativa que escapa al control jurisdiccional, ésta resulta ser una valoración que ignora por completo el fundamento básico de la suspensión de juicio a prueba en los casos de infracción al art. 111, además del significado de las llamadas instrucciones especiales que la ley 1472 en su art. 39, en tanto allí se establece que deben consistir en un plan de acción preestablecido que, ante todo, permita modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización de la conducta sancionada. Por ende, la aprobación del examen es una condición inseparable de la obligación de cursar en su totalidad el Programa.

VI. Que a fs. 36/37, la defensa contesta vista, manifestando que si bien su defendido acordó pactar no sólo la concurrencia, sino también la aprobación del curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del GCBA, dicha pauta resultaba ser un requisito sine qua non para que la Fiscalía aceptara la suspensión del proceso a prueba solicitado. Entiende además, que dicho curso excede holgadamente el objeto por el cual se supone que los presuntos contraventores se someten a su realización, puesto que posee gran cantidad de contenido normativo y que no hacen al objetivo principal del Programa.

VII. Que a fs. 38 pasan los autos a resolución de este Tribunal.

La doctora Elizabeth A. Marum dijo:

Primera cuestión El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que si bien no es una sentencia definitiva, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (arts. 55 LPC y 449 CPPN).

Ello así por cuanto la decisión de la Magistrada de grado que suprime una regla acordada por las partes en el marco de una suspensión del juicio a prueba, impide que el representante del Ministerio Público Fiscal continúe con el ejercicio de la acción en el proceso e impone una serie de condiciones (art. 76 bis y ter del CP) que, en caso de ser cumplidas, extinguen la acción penal. En base a ello, no existe una oportunidad posterior para que el Fiscal pueda ejercer su derecho a continuar la acción hasta el dictado de una sentencia final.

Segunda cuestión Se agravia el Sr. Fiscal, principalmente, por dos cuestiones: la primera, por entender que la Magistrada, al excluir de la decisión una regla de conducta que había sido acordada por las partes, se arrogó facultades que no son propias; y la segunda porque la aprobación del Programa de Educación Vial de la Dirección General de Seguridad Vial que había sido objeto del convenio era idónea para cumplir con los fines propios de la probation en la medida en que apunta a "lograr la concientización de los contraventores respecto de la incidencia en situaciones de riesgo de las conductas de manejo irresponsable".

En relación al primer punto, considero que el agravio introducido por el titular de la acción no resulta conducente. Si bien el art. 45 CC establece que frente al acuerdo de suspensión del juicio a prueba realizado por las partes, el Juez tiene la facultad de no aprobarlo en los supuestos que allí se indican, la ausencia de regulación expresa en orden a la cuestión que nos convoca, no permite deducir que carezca de toda posibilidad de intervención en cuanto a las reglas pactadas. Por el contrario, el magistrado debe analizar la legitimidad y razonabilidad de dichas pautas, pudiendo modificarlas, cuando considere que no resultan ajustadas a tales parámetros. En tal sentido, esta Sala ha decidido que "el Juez posee plenas facultades para modificar el acuerdo en resguardo de los derechos y garantías del imputado" (c. "Alí, Oscar Néstor s/infr. art. 83 CC", rta. el 12/12/06).

Sentado lo expuesto, cabe analizar si la modificación de la reglas suprimiendo una de las acordadas ha resultado razonable teniendo en cuenta el presunto hecho cometido, como así también la finalidad del instituto, o si por el contrario asiste razón al Fiscal cuando afirma que resultaba adecuada para lograr la concientización del peligro que generan conductas como la que integra el objeto procesal de autos.

El único fundamento que ha brindado la Sra. Jueza para resolver es que la aprobación del curso "resulta ser una condición ajena a la jurisdicción, ello en virtud de que la exigencia de aprobación es un requisito de índole administrativo, ya que el curso se enmarca dentro de un Programa de Educación Vial para suspensión del juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito" (fs. 24 vta.).

Tal escueta motivación ha invertido el orden y logicidad propios de un razonamiento, en la medida en que partiendo de la sola premisa de que se trata de un requisito administrativo arriba a la conclusión que es una condición ajena a la jurisdicción, cuando en realidad lo que constituía el objeto de la decisión es si esa condición -que es ajena a la jurisdicción hasta tanto no sea impuesta por un Juez- resultaba o no adecuada al caso, para en base a ello decidir si la imponía. Así, no se trata de que deba excluirse como regla por la circunstancia de ser un requisito administrativo, sino si dicha condición puede ser, además, establecida judicialmente a los fines de obtener los fines propios del instituto en juego. En otras palabras la circunstancia de que sea una exigencia fijada por el Programa de Educación Vial no es por sí solo un argumento válido para que deba ser excluido como regla de conducta. Su inclusión dependerá de las circunstancias cada caso y de la idoneidad para cumplir los objetivos inherentes al instituto. Dicho esto, se colige que la decisión es arbitraria, pues su fundamentación carece de logicidad.

Sin perjuicio de ello, resta analizar si, más allá de la arbitraria motivación brindada por la Juez, la solución ha sido acertada en base a otras razones o, en otras palabras, si la aprobación del curso pueda ser impuestas legítimamente como regla de conducta.

En tal sentido, la defensa considera que la decisión debe confirmarse invocando una doble argumentación, por un lado cita un caso donde el imputado había sido reprobado en el examen, pese a haber contestado correctamente las preguntas relacionadas con la contravención endilgada y, por otro afirma que la aprobación depende del hecho de un tercero, por lo que no le puede ser impuesta.

En primer lugar, cabe dejar constancia que desde la perspectiva del texto legal, la imposición de esta regla de conducta, no resulta violatoria del principio de legalidad. En efecto, el art. 39 expresa que "las instrucciones especiales consisten en el sometimiento del contraventor a un plan de acciones establecido por el juez. Las instrucciones pueden consistir, entre otras, en asistir a determinados cursos especiales, en participar de programas individuales o de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización de la conducta sancionada". Se desprende de la norma citada que las instrucciones enunciadas en la ley son ejemplificativas y no taxativas, no sólo porque cuando las enumera pueden ser "entre otras", sino también porque la regla general es que las instrucciones consisten en un plan de acciones que elige el Juez teniendo en cuenta los fines legalmente establecidos -modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización del hecho-, con las limitaciones que establece el segundo párrafo de la mencionada norma -que no sean vejatorias, que no afecten sus convicciones o su privacidad, que no sean discriminatorias o que no se relacionen directamente con la contravención cometida-. De modo que si se dan estas exigencias y partiendo de la base de que los supuestos enumerados son simplemente patrones normativos, aun cuando no se encuentre expresamente prevista, su inclusión como regla no excede el marco legal.

Corresponde abordar ahora la cuestión centrada en la vinculación de la pauta cuestionada con la contravención cometida y si resulta idónea para el cumplimiento de los fines propios de la probation. Ello así, teniendo en cuenta que el objeto de las reglas consiste en evitar que el imputado vuelva a cometer un hecho igual o similar al que se le atribuye en el proceso en el cual se dicta la suspensión (Bovino, Alberto, "La suspensión del proceso penal en el Código Penal Argentino", del Puerto, 2006, págs. 199/200, Devoto, Eleonora, "Probation e institutos análogos", Hammurabi, 2º ed. actualizada y ampliada, Bs. As., 2005, p. 209).

A tal fin, se deberán tener en cuenta dos parámetros, si es adecuada, es decir si presenta alguna relación con el tipo de hecho que se pretende prevenir, que le permita producir de manera cierta o probable un efecto preventivo y si es necesaria, es decir indispensable para la prevención (Bovino, cit., p. 192). Al respecto, se observa que la aprobación del curso se vincula a las especiales particularidades del hecho atribuido y aparece apropiada y coherente con la finalidad que se pretende ya expuesta en el párrafo anterior. En efecto, la hipótesis fáctica que dio origen al presente proceso -conducir en estado de ebriedad- es una de las conductas más graves que se puede encontrar en el repertorio de prohibiciones que presenta el Código Contravencional por la capacidad que ella tiene para poner en riesgo los bienes jurídicos más importantes del resto de los conductores y transeúntes de esta Ciudad. Se advierte entonces que el nexo o enlace con el hecho que se pretende prevenir es evidente, pues lo que se intenta que comprenda con motivo de la realización del curso y su aprobación, son cuestiones atinentes al peligro que ocasiona para la seguridad vial la conducción bajo los efectos del alcohol, como también todo lo atinente a una conducción responsable.

Asimismo, se cumple la segunda exigencia antes apuntada -necesariedad- pues, tal como señala el Fiscal, permite "lograr la concientización de los contraventores respecto de la incidencia en situaciones de riesgo de las conductas de manejo irresponsable", no vislumbrándose como se obtendría si bastara con una mera presencia pasiva en el Programa, sin ninguna exigencia en relación a la comprensión de lo que se quiere transmitir. Nótese en tal sentido, que la evaluación apunta a verificar de un modo objetivo la comprensión de los contenidos brindados en el curso, a fin de evitar que quien asiste a él se limite a concurrir, pero con una absoluta desatención del mensaje, o ni siquiera su escucha, pues entonces todo el despliegue institucional tendiente a la tutela de bienes jurídicos se transformaría en un aparato burocrático con un sentido meramente formal. Bastaría imaginar que, conforme la posición de la a quo, alguien que se colocara un auricular para escuchar música durante el curso, igualmente cumpliría con el requisito de mera asistencia.

Párrafo aparte merece el argumento defensista centrado en que la aprobación del curso depende del hecho de un tercero y no del accionar del imputado. Si bien es cierto que la aprobación requiere de la intervención de un tercero, no lo es que dicha aprobación dependa de ese tercero. En efecto, del mismo modo que no se puede afirmar que una decisión judicial depende del arbitrio del juzgador, tampoco se puede aseverar que la corrección o incorrección de un examen dependa exclusivamente del arbitrio y subjetividad de quien está encargado de evaluarlo.

En el caso del examen, la regularidad de los casos indica que si el cursante asiste a las clases, comprende el contenido haciendo un esfuerzo por internalizarlo (siendo este último un aspecto básico en el caso donde el objetivo de la regla de conducta, es que se tome conciencia acerca de los riesgos que la conducción en estado de ebriedad entraña para los bienes jurídicos más apreciables y merecedores de tutela), el mismo será aprobado.

Cierto es también que pueden existir casos anómalos o patologías del sistema, del mismo modo que disparidad de criterios o meros errores de corrección o apreciación. Pero ello no autoriza a excluir ex ante la aprobación del Programa como regla de conducta, aunque si se podrá invocar fundadamente ex post que la falta de aprobación se debió a una causa ajena a su voluntad. Desde esta perspectiva, este Tribunal ha decidido reiteradamente "... no cualquier incumplimiento de las reglas de conducta resulta suficiente para configurar una causal de revocación de la suspensión del juicio a prueba, sino que el mismo debe ser 'claro y flagrante... El incumplimiento debe ser de naturaleza tal de dar certeza de la voluntad del imputado de no someterse a las reglas impuestas...'" - García, Luis M., "Suspensión del juicio a prueba: Probation", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, Números 1-2, pág. 375, Ed. Ad Hoc, Bs. As, 1996 (causa nro. 186-00-CC/2004 "Flores, Juan Alberto s/inf. art. 68 CC", rta. el 17/02/05). Es por ello que resulta necesario indagar acerca de las razones del incumplimiento, de modo que en aquellos casos, donde el imputado no hubiere aprobado, pese a haberse demostrado la voluntad contraria, no corresponde su revocación.

En otras palabras, en la generalidad de los casos la aprobación del curso depende de un hecho que está en cabeza del imputado y no de un tercero: responder correctamente las preguntas que se le formulen en el examen, razón por la cual el argumento defensista no resulta convincente. Ello sin perjuicio de que si en algún caso no se cumpliere con la aprobación impuesta como regla, por un motivo ajeno a su voluntad, la probation no sea dejada sin efecto, tal como sucede con el incumplimiento de cualquier otra regla de conducta, pues ella se encuentra sometida a las mismas contingencias que cualquier otra acción humana. Cabe aclarar, sin embargo que si la aprobación no fue expresamente impuesta como regla de conducta en la decisión de suspensión, no podrá luego exigirse su cumplimiento como parte del deber de asistencia.

A partir de lo expuesto, es claro que no resulta aplicable el precedente de esta Sala "Calle García, Modesto s/inf. art. 73- Ley 1472 -Apelación", Causa Nº 27077-00-CC/2006 del 18/7/2007, pues la regla de conducta que se cuestionó en aquella ocasión consistía en obtener una habilitación comercial en un plazo determinado (aquél durante el cual se suspendió el proceso a prueba), lapso al que el imputado sí era absolutamente ajeno, pero además porque se entendió que una obligación que encontraba fuente en una norma de carácter general -art. 1.1.1 Código de Habilitaciones y Verificaciones- no podía superponerse a una obligación jurídica singular con fuente en una resolución judicial -sería como que una regla de conducta estableciera el compromiso de abstenerse de cometer un robo-.

Por las razones expuestas voto por: CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución de fs. 24/25, en cuanto aprueba la suspensión del juicio a prueba de Matías Mose Medrano, modificando el alcance de la regla de conducta impuesta en el punto 3 que será realizar instrucciones especiales consistentes en concurrir y aprobar el Programa de Educación Vial para suspensión de juicio a prueba y penas en suspenso de contraventores de tránsito en la Dirección General de Seguridad Vial, tal como fuera acordado (art. 45 CC).

Los doctores José Sáez Capel y Marcelo P. Vázquez dijeron:

Respecto de la admisibilidad del recurso interpuesto, adherimos a lo expuesto por la Dra. Elizabeth A. Marum. En cuanto la cuestión de fondo, disentimos por los fundamentos que a continuación se expondrán.

En primer lugar, es menester recordar que este Tribunal analizó en otras oportunidades la problemática atinente a la procedencia del derecho a la suspensión del juicio a prueba en virtud de las múltiples discrepancias interpretativas suscitadas alrededor de su regulación.

En dichas ocasiones, se advirtió la necesidad de recurrir al uso de distintas técnicas hermenéuticas con el objetivo de lograr una aplicación justa y razonable del instituto en cuestión, sin perder de vista su finalidad: básicamente la de evitar que el condenado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y lograr una administración más eficiente de los recursos judiciales (causas Nº 459-00-CC/2006 "Sánchez, Rubén Gerardo s/art. 189 bis CP-Apelación", rta. el 9/3/2006; Nº 70-00-CC/2006 "Schneider, Fernando s/art. 189 bis CP-Apelación", rta. el 12/6/2006; entre otros).

También se debe tener especial cuidado de no caer en interpretaciones que resulten más gravosas para aquellas personas a quienes eventualmente se pueda endilgar la comisión de un ilícito contravencional que para aquellas otras a quienes se imputa la comisión de un delito, en virtud de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y de trato igualitario a situaciones semejantes (arts. 16 y 28 CN y 13 CCABA).

En este sentido, cabe entonces analizar los agravios esgrimidos por el Fiscal de grado, esto es, si en primer lugar la a quo se encuentra facultada para excluir una regla de conducta estipulada por las partes y si la regla de conducta consistente en aprobar el Programa de Educación Vial de la Dirección General de Seguridad Vial resulta necesaria para concientizar al contraventor de los riesgos causados por el manejo de vehículos en forma irresponsable, cumpliendo de este modo, la finalidad de la suspensión del juicio a prueba.

Respecto del primer punto, cabe indicar que si bien el art. 45 CC establece que el Magistrado resuelve sobre el acuerdo de suspensión del proceso a prueba realizado por las partes y se encuentra facultado para no aprobarlo en caso que "tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza", no resulta posible colegir que dicha potestad se limita al acuerdo en general y no a las reglas que lo componen, más aún, cuando en el Magistrado recae la obligación de garantizar el proceso. Por ende, deberá analizar estas reglas, y podrá suprimirlas o modificarlas cuando sean contrarias a derecho. Al respecto, esta Sala ha dicho que "el Juez posee plenas facultades para modificar el acuerdo en resguardo de los derechos y garantías del imputado" ("Alí, Oscar Néstor s/infr. art. 83 CC", rta. el 12/12/06).

Por otra parte, las instrucciones especiales se encuentran reguladas en el art. 39 CC, el cual prevé que "las instrucciones especiales consisten en el sometimiento del contraventor/a a un plan de acciones establecido por el juez/a", por lo que se desprende que es el Magistrado de grado el encargado de establecer el modo de cumplimiento del acuerdo.

Respecto del segundo punto, en cuanto a la introducción de la obligatoriedad de aprobar el curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del GCBA como regla de conducta para la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, esta Sala ya se ha expedido sobre el tema al sostener que "... la ley, al definir las instrucciones especiales, como reglas de conducta, alude a asistir o participar en cursos o programas, pero en modo alguno contempla la posibilidad de exigir su aprobación. Por lo tanto, imponer otra regla no prevista en el art. 39 CC, perjudica la posibilidad de cumplimiento y agrava la situación del imputado, vulnerando el principio de legalidad" (causa Nº 28020-00-CC/2006 "Aguirre, Walter David s/inf. art. 111 CC - Apelación", rta. el 4/9/07).

Así las cosas, la regla de conducta cuya obligación radica en la aprobación de un curso, depende, parcialmente, de la voluntad de un tercero -como ser un organismo público-, pues la corrección del examen queda supeditada al arbitrio y subjetividad del encargado de ese fin (considerando que los puntos de examen no versan solamente sobre la incidencia de la ebriedad y el riesgo que produce ésta en la conducción de automóviles, sino también sobre normativa y otros puntos ajenos a la cuestión que se trata de concientizar).

De las presentes actuaciones surge que la Magistrada de grado resolvió aprobar la suspensión del proceso a prueba acordada por las partes pero modificando la regla de conducta nº 3, puesto que ésta obliga al imputado a aprobar el curso dictado por la Dirección General de Educación Vial del GCBA, y estableció como regla de conducta la mera participación a aquél.

En razón de todo lo expresado, votamos por: CONFIRMAR la resolución de fecha 22/08/2007 que obra a fs. 24/25 de la presente, en cuanto aprueba la suspensión del proceso a prueba acordada por las partes por el plazo de seis meses respecto de Matías Mose Medrano, sujeto a cumplir con las siguientes reglas de conducta: 1. Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía cualquier cambio de ésta; 2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; 3. Asistencia al curso del "Programa de Educación Vial para suspensión del juicio a prueba y penas en suspenso de contravenciones de tránsito", a dictarse en la Dirección General de Seguridad Vial; 4. Abstenerse de conducir por el término de dos días, haciendo entrega de la licencia de conducir a la Sra. Jueza.

Por ello, este Tribunal, por mayoría RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fecha 22/08/2007 que obra a fs. 24/25 de la presente, en cuanto aprueba la suspensión del proceso a prueba acordada por las partes por el plazo de seis meses respecto de Matías Mose Medrano, sujeto a cumplir con las siguientes reglas de conducta: 1. Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía cualquier cambio de ésta; 2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; 3. Asistencia al curso del "Programa de Educación Vial para suspensión del juicio a prueba y penas en suspenso de contravenciones de tránsito", a dictarse en la Dirección General de Seguridad Vial; 4. Abstenerse de conducir por el término de dos días, haciendo entrega de la licencia de conducir a la Sra. Jueza. - Elizabeth A. Marum. - José Sáez Capel. - Marcelo P. Vázquez.