marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, quiebra, compraventa, entrega del bien, bienes de terceros
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GRECO  HNOS.  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE RESTITUCION DE VINOS PORMORENO, RUBEN EDGARDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-19

Del Dictamen Fiscal 97134:

Resulta improcedente la pretensión del incidentista en cuanto a que se le entregue cierta cantidad de litros de vinos que compró a la fallida o su valor en dinero cuando, -como en el caso-, se verifica que la supuesta compraventa fue contratada con quien no tenía facultades para obligar a la fallida, fuera del marco de la quiebra, sin requerir la pertinente autorización del juzgado, resultando inoponible a la masa, máxime cuando ni siquiera se demostró el ingreso del dinero de la compra a las arcas de la quebrada.
Despachante de aduana, permiso de importación, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: In De Co H. Minoli c/ A.N.A. s/ recurso de apelación -T.F.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Cuando ha quedado demostrado que la "notificación" que consta en la carpeta del despacho de importación de que se trata, a la que alude el servicio aduanero, fue practicada a un dependiente del despachante de aduanas, cuyas facultades no pueden en modo alguno asimilarse a las de éste -cfme. Resol. ANA 2163/86- por lo que, aún de sostenerse una postura amplia respecto de las atribuciones del despachante, la que ha sido rechazada por esta Sala en la sentencia "Sisteco S.A.", del 26/9/95, entre muchas otras, aquélla no puede considerarse válida a los efectos de tener por notificado al importador mediante tal presentación (en este mismo sentido, ver sentencias dictadas por la Sala V in re "Atanor S.A.", del 19/9/95 y de la Sala II de esta Cámara, en "Sisteco S.A.", del 21/9/95, entre otras).
Proceso penal, sentencia condenatoria, notificación, notificación personal, notificación al condenado, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Vilar, Juan Carlos s/ estafa en grado de tentativa -Causa nx 20.126-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

No es conculcatorio de la defensa en juicio el auto que rehusó ordenar la notificación personal del procesado por considerar que una presentación suya revelaba que había tenido conocimiento de la condena.
Cambio de calificación legal, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MANGHESSI, MIGUEL A. Y OTRO s/ CAMBIO DE CALICACION LEGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-25

No existe óbice para modificar la calificación de un delito, en la medida que la acción se encuentre abarcada por la acusación y la defensa, habiéndose tratado de una unidad fáctica ya que el juzgador resulta ser omnímodo para establecer la existencia de un delito de contenido distinto del escogido por la acusación, siempre que no se conculque el principio de congruencia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez s/ Acordada nro. 2
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-01

Acertadas o no las sentencias de la Corte, el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y la paz social cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquellas se sustentan.
Policía, personal policial, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COASSIN, LUIS DAVID c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

Tratándose de ascensos del personal policial por "selección", es válido que ascienda personal más moderno (con menor antigüedad), si cuenta con mejor calificación numérica. Por lo que no es procedente el recurso en base a dicho argumento -ascenso de personal con menor antigüedad que el actor- si se tiene en cuenta que las pautas regían en ese entonces permitían la promoción de personal empadronado con tiempo mínimo, y que el recurrente no invoca norma alguna que privilegiase la antigüedad en la Repartición y en el grado frente a un mayor puntaje en la calificación, tratándose de ascenso por "selección". Es que conforme surge del artículo 99 inciso c), de la ley 6769, los ascensos al grado pretendido se confieren en un 50% por "selección", y el 50% restante por "antigüedad calificada" y el actor no cuestiona no haber sido incluido en esta última proporción (antigüedad calificada).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización por muerte, daño moral, muerte del cónyuge, valor vida, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: TORRICO GUARDIA, LUCIO c/ CULAK, CARLOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-13

Procede hacer lugar a la indemnización que, en concepto de "valor vida", reclaman el esposo y el hijo de una mujer de 66 años, fallecida a raíz de un accidente de tránsito, fijando a tal efecto la suma de $10.000 en atención a su edad, a su buen estado de salud que le permitía realizar trabajos de costura como cuentapropista, además de las labores cotidianas de ama de casa, lo que permite determinar aproximadamente los ingresos que pudo generar la víctima, así como el ahorro que representaba el trabajo domiciliario prestado por ella, y su expectativa de vida, ya que no existen elementos que permitan determinar con certeza el importe exacto de los ingresos y ahorro por ella generados.
Incapacidad laboral, incapacidad total, jubilación por invalidez, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: TORROBA, MELQUIADES c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

El haber obtenido la jubilación por invalidez no implica necesariamente la procedencia de la reparación establecida por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (Conforme Sala IV, sentencia del 24 de febrero de 1982, "Silva, H. c/ Tintorería Industrial Muller y CompaÑía S.A. ") ya que el concepto de "incapacidad absoluta" de esta norma es disímil del previsto por el artículo 33 de la ley 18037.
Derecho tributario, interpretación de normas impositivas, inconstitucionalidad, doctrina de los actos propios, contribuyentes, legitimación procesal
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa de Rojas, María Nelly c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción Declarativa de Certeza Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-23

Que por lo dicho en autos Casa Pepe c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y Hnos. Díaz Dian Soc. de Hecho c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, me permito disentir con los criterios de los Sres. Ministros preopinantes en relación a la cuestión de la habilitación procesal de la ocurrente para cuestionar la inconstitucionalidad de las normas tributarias municipales en cuestión, cuando hubo acto de acatamiento al réquiem jurídico de que se trata, en tanto, coincido con la Doctrina expuesta in extenso en las oportunidades citadas y a cuyas constancias me remito en honor a la brevedad, y que concluía que tal doctrina del acatamiento voluntario no ser de aplicación en materia específicamente fiscal, en la cual no rige el principio dispositivo, en tanto el car cter de orden público preside las obligaciones impositivas extrañas por esencia a toda noción contractual, pues el tributo -agregaba- es atribuido al ciudadano contribuyente en forma unilateral y con una fuerte imperatividad coercitiva que torna más que relativo el consentimiento como acto voluntario y libre emanado de un ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad, situación que también condiciona el oportuno o penoso an lisis por parte del contribuyente de la legalidad constitucional de la obligación tributaria que se le impone.

En este orden de ideas entonces, en tales precedentes y analizando la adecuación de las ordenanzas impositivas anuales y lo normado en materia de base imponible en la exacción de que se trata, tuve la oportunidad de demostrar la contradicción de criterios sobre la base imponible entre el Código Tributario Municipal y las ordenanzas en cuestión, que resultaban modificando una estructura normativa superior a ellas y bajo alegación de poder reglamentario, lo que me llevó a ratificar primero la constitucionalidad del Código Tributario Municipal y declarar la inconstitucionalidad de ambas ordenanzas impositivas anuales, criterio que debe repetirse en iguales términos en la presente causa, haciendo lugar a la petición de inconstitucionalidad intentada por la quejosa y en los límites en que se decide e imponiendo las costas -como en los precedentes citados en un 75% a la administración municipal y en un 25% a la actora.Del voto de la Dra. Sesto de Leiva -En Disidencia.
Cuestiones de competencia, defraudación, obras sociales, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MAGDALANI, Silvia y otros s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-17

Las maniobras fraudulentas merced a las cuales se vio afectado el patrimonio de una obra social (personal de Panaderías) que no afecta el patrimonio estatal ni involucra a funcionario público no es de competencia federal.
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marioli, José Osmar c/ Bacaloni, Hugo Abel s/ Nulidad de testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

Las reglas de distribución de la carga probatoria conforman un instrumento procesal funcional y utilitario. No se trata de fijar de una vez y para siempre quién debe llevar la prueba sobre sus espaldas, sino por el contrario de determinar quién asume el riesgo de que falte. No significa que la parte sobre quien recae ese peso deba necesariamente ser quien presente o solicite la prueba del hecho que constituye su objeto. En virtud del principio de la comunidad de la prueba ésta surte todos sus efectos quien quiera la haya suministrado o pedido, inclusive si proviene de actividad oficiosa del juez. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, examen de admisibilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOBET, EVARISTO ENRIQUE c/ FRIAR SA s/ INDEMNIZACION, INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 91-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-11

La ley 7055, al imponerle al tribunal a quo el examen de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, le requiere estime si el planteo del recurrente, tal como éste lo formula, encuadra en una hipótesis abstracta de arbitrariedad que no resulte manifiestamente extraña a la litis, sin que ello implique que el a quo decida sobre la arbitrariedad de su propio pronunciamiento.
Ejecución de la pena, salidas transitorias, inconstitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: BELIZAN, MANUEL LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

El artículo 56 bis de la ley 24660 resulta violatorio del principio de igualdad, pues si bien el legislador puede establecer distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, el motivo de la diferenciación no puede resultar irrazonable, lo que no ocurre si se priva de los derechos del período de prueba por el solo hecho de haber sido condenado por un delito determinado, elaborándose un régimen penitenciario diferente basado exclusivamente en tal pauta objetiva y sin considerar en absoluto lo ocurrido durante la ejecución de la pena (el esfuerzo personal, la forma de comportamiento y la evolución demostrada por el interno durante las distintas fases de cumplimiento). (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Ley del Nombre, ley derogada, irretroactividad de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/  s/ Recurso de hecho deducido en la causa D.l.P.,V.G. y Otro c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-06

No cabe considerar que la inscripción de un menor ante el registro pertinente según las pautas establecidas por una norma hoy derogada, configure una situación jurídica agotada o consumida bajo el anterior régimen que por el principio de la irretroactividad, obste a la aplicación de las nuevas disposiciones en tanto aquella obedeció a motivos de orden público, fuerza mayor y ajenos a la voluntad de los demandantes que siempre mantuvieron vigente su pretensión.
Contrato de trabajo, choferes, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: CARROZA, ALBERTO c/ NOEL Y CIA.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-08

Es lícito organizar la distribución y el transporte, fases terminales del proceso productivo en una economía de mercado, con medios propios o con el concurso de terceros, y la disposición de un medio material como el camión, define en principio al fletero como un pequeÑo empresario, art. 5 de la LCT, por lo que en cada caso las pretensiones de las partes deben ser juzgadas conforme a su particular configuración, para establecer qué calificación jurídica es la que conviene a los comportamientos observados.
Jubilaciones, contratos administrativos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEGUIZAMON PONDAL HECTOR c/ CAJA DE JUBILACIONES,PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-09-14

La jubilación es una proyección del sueldo en función pública, relación cuya naturaleza es contractual (contrato administrativo strictu sensu).Por lo tanto la jubilación continua rigiéndose por el plexo jurídico regulatorio del contrato administrativo.El actor tiene derecho a que se liquide el monto de su haber jubilatorio conforme a las normas que rigen su prestación.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, incapacidad sobreviniente, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral, ley de accidentes de trabajo, porcentaje de incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Reyes, Pascual Angel c/ Estado Nacional y/u otros s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas y psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, daños y perjuicios, escritura pública, mutuo hipotecario, cancelación de la hipoteca, nulidad de la escritura pública
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Filgueira, Carlos Jesús c/ Figueroa, Julio Enrique Angel y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la nulidad de una escritura de cancelación de una deuda hipotecaria (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mattarolo, Daniel Enzo c/ Dorrego, Isidoro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Cuando en la producción del daño interviene activamente una cosa son responsables su dueño o su guardián, salvo que se demuestre la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista.
Indemnización por despido, remuneración, publicación del convenio colectivo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: BRANQUICIO, Omar c/ PARMALAT ARGENTINA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

Si el Ministerio de Trabajo modificó el promedio de las remuneraciones establecidas por el convenio aplicable en el caso, pero no procedió a su publicación , tal situación no puede menoscabar los intereses de los trabajadores. Corresponde su utilidad para el cálculo indemnizatorio (art. 153 LNE) aún cuando la escala fuera publicada con posterioridad al distracto.
Juicio ejecutivo, locación de cosas
Materia: PROCESAL
Carátula: Afinco  S.A. c/ Sigal, M. s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

No sólo procede el juicio ejecutivo para el cobro de alquileres o rentas, sino también para cualquier otra deuda derivada de la locación (art. 1.581 del Código Civil). Se encuentran amparadas con este procedimiento las deudas por reparaciones de deterioros, pago de mejoras a las que el locatario se obligó contractualmente y que pagó el locador a costa de aquél, cláusula penal por retraso en el pago del alquiler, repetición de impuestos, suministro de luz eléctrica y servicio telefónico, etc. que estaban a cargo del inquilino.
Competencia, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, seguro de retiro
Materia: PROCESAL
Carátula: "Monroy  Silvia  Liliana c/ PEN-ley 25.561,  decreto  1570/01 y214/02 s/ amparo ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-04

Toda vez que las restantes Salas de esta Cámara en las causas en las que se debaten la constitucionalidad de unas normas que pesifican una obligación asumida en dolares por particulares mediante la instrumentación de un seguro de retiro declaran -por mayoría de votos- la competencia del Fuero en lo Comercial (Sala I "Fabricant, del 8/8/02; Sala II, "Domingo Adrian Santo", del 3/9/02; Sala IV, "Russi", del 13/6/02 y Sala V, "Pozzi", del 20/6/02 y de conformidad con lo decidido por esta Sala en autos "Olivera, Adolfo c/ PEN, ley 25.561, dto. 1570/01 y 214/02 s/ medida cautelar (autónoma), el 14/8/03), corresponde declarar que la competencia es de la Justicia Nacional en lo Comercial (Cons. III).
Libertad asistida, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Villegas, Juan Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

El artículo 54 de la Ley 24.660 establece en su último párrafo que el juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado al régimen de la libertad asistida, sólo excepcionalmente y cuando considere -por resolución fundada- que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad. Estos extremos se encuentran acreditados cuando en el acta de secuestro consta que el enjuiciado tenía en su poder dos hojas de afeitar cortantes, situación corroborada -además- en la Sala de audiencia del Tribunal, donde manifestó su voluntad de auto lesionarse. Además, del informe suscripto por el psiquiatra del establecimiento penitenciario surge que el nocente "demanda de manera inflexible e indiscriminada con amenazas y riesgo permanente de auto injurias" y la sanción que informara el servicio penitenciario por "autoagredirse o intentarlo", dan mayor envergadura al peligro de grave riesgo para el condenado al que se refiere el citado artículo (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Recurso de casación, ley procesal
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

No existe razón legal ni obstáculo alguno en el texto mismo de la ley procesal para excluir, de la materia de casación, el análisis de la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, o sea, para que el tribunal de casación revise la sentencia a fin de establecer si se aplicaron estas reglas y si la aplicación fue correcta.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación, defensa en juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frysberg de Guelman, Maria c/ Ucceli, Maria Cristina y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Es revisable la notificación e intimación efectuadas al inquilino en el domicilio especial constituido a los fines del contrato, luego de que el mismo devolviera el inmueble, pues afecta la buena fe que debe presidir el proceso, al tiempo de implicar una violación de la defensa en juicio.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASA DAMI EN J: CASA DAMI c/ EMILIO MANZUR Y OTRO s/ Ejecución Cambiaria Casación (LIBRO: S275 - 285)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-11-06

La segunda instancia, por su naturaleza, es divisible, pudiendo coexistir distintas instancias de apelación correspondientes a los distintos intereses recursorios. Los recursos de apelación son susceptibles de caducar independientemente.-
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad, caída en la vía pública, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: GONZÁLEZ,  José  María c/ GAVILÁN  300  SA  y  otro s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-16

1- No puede responsabilizarse al propietario frentista por los daños sufridos por una persona al tropezar y caerse al piso mientras caminaba por la vereda, producto del alto grado de deterioro de la misma. Ello, toda vez que si bien por medio de la ordenanza 33.721 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires e incorporaciones pertinentes de la ley 2069, la Comuna delegó la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas a los propietarios frentistas, para que la culpabilidad que supone el incumplimiento de la obligación impuesta se encuentre acreditada no basta que la acera presente deficiencias sino que es necesario que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de titular del dominio público sobre las calles y veredas, haya advertido a los propietarios frentistas de la necesidad de su arreglo, tal como surge de la normativa aplicable al caso (ordenanzas 33.721 y 33.930)que preveen una intimación al propietario y un plazo para su cumplimiento, lo que no ocurrió en el caso, toda vez que la existencia de dicha intimación municipal no ha sido invocada ni demostrada en autos.

2- El deber de conservación de la acera que tiene el propietario frentista no puede obviar la obligación que tiene la Municipalidad, en cumplimiento de sus fines específicos, de vigilar el estado de las calles y aceras de la ciudad, responsabilidad ésta de carácter primario y fundamental, que debe traducirse ante todo en advertencias y/o requerimientos a los propietarios para que procedan a efectuar las reparaciones del caso, tal como lo establece la legislación mencionada.

3- No resulta suficiente para atribuirle culpa a la víctima, el hecho que viva desde hace años al lado del lugar donde sufrió la caída y no haya realizado reclamos por el estado de la acera al propietario frentista ni a la Comuna, pues no está obligado a hacerlo y no se encuentra demostrado que la caída se debiera a dificultades motrices o a su propia torpeza.

(Sumario N°19020 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).