Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-26


ACUERDO NRO.55.- En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiséis (26) días de diciembre de dos mil siete, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia, con la Presidencia de su titular doctor EDUARDO J. BADANO, integrado por los señores vocales doctores RICARDO T. KOHON, JORGE O. SOMMARIVA, ROBERTO O. FERNÁNDEZ y ALEJANDRO T. GAVERNET, con la intervención de la titular de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS, para dictar sentencia en los autos caratulados: "EPULLÁN, OCTAVIO CONTRA FATTORELLO S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nro.33 - Año 2004) del Registro de la mencionada Secretaría de dicho Tribunal.

ANTECEDENTES: A fs.453/472 la actora deduce recursos de casación por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala II, de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 448/450vta., en cuanto confirma la resolución recaída en la instancia de grado a fs. 385/387, que declarara la improponibilidad de la demanda, en función de lo dispuesto por el art. 39 de la L.R.T.

Con cita de los arts. 15°, incs. a), b), c) y d), y 18º del Rito, por los carriles de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario, alega que el pronunciamiento de Cámara viola, aplica e interpreta erróneamente la ley, la doctrina legal, es arbitrario y contradice la jurisprudencia uniforme imperante en la materia.

Afirma que resulta absurdo y arbitrario entender que el Máximo Tribunal en la causa "Gorosito" se hubiera expedido de una vez y para siempre sobre la constitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Por la vía del recurso de Nulidad Extraordinario, conforme art. 18º, Ley 1.406, argumenta que el pronunciamiento ha violado la cosa juzgada, pues en las instancias anteriores se soslayó la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T., que se encuentra firme y consentida.

Denuncia la existencia de gravedad institucional.

Corridos los pertinentes traslados, sólo contesta la codemandada ASOCIART S.A. A.R.T. a fs. 475/488, solicitando el rechazo de los remedios incoados, con costas.

A fs.504/505, el Sr. Fiscal ante el Cuerpo considera que el art. 39 de la Ley 24.557 quebranta la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, en sus arts. 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 y 121, amén del Preámbulo. Señala que a igual conclusión llegó la C.S.J.N. en la causa "Aquino".

A fs. 506 se excusa de intervenir el Sr. vocal Dr. Eduardo F. Cia, en virtud de las causales previstas por el art. 17, inc.7º, en concordancia con su similar nº 30, ambos del C.P.C. y C., la que es aceptada.

A fs. 509/511vta., a través de la Resolución Interlocutoria N° 287/05, se declara admisible el recurso de Nulidad Extraordinario, inadmitiéndose el remedio de Inaplicabilidad de Ley.

Firme la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia, por lo que este Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de casación de Nulidad Extraordinario? 2) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 3) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión planteada el Dr. JORGE O. SOMMARIVA dijo:

1) Que Octavio Epullán inicia las presentes actuaciones, a efectos que se declare la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557, y, luego, se condene al pago de la indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo, con fundamento en las normas del Código Civil.

De dicha presentación inicial, tan solo se ordena correr traslado a la demandada respecto del planteo de inconstitucionalidad, el que tempestivamente es respondido sólo por ASOCIART S.A. A.R.T. a fs. 59/67.

Previa vista al Ministerio Fiscal, el Sr. Juez a-quo resuelve el planteo y acoge favorablemente la inconstitucionalidad del art. 39, inc.1°, de la Ley 24.557, recurriendo en apelación la aseguradora citada. Elevados a la Cámara de Apelaciones y agotada la vista al Sr. Fiscal de Cámara, se expide la Alzada a fs. 91/92vta., mediante la confirmación del decisorio de la instancia de grado inferior.

Vueltas las actuaciones a origen -ya firme y consentida la inconstitucionalidad decretada-, se despacha y se corre traslado de la pretensión indemnizatoria, la cual es respondida solo por la aseguradora codemandada.

Luego de agotada la etapa probatoria y en oportunidad de dictar sentencia, el Sr. Juez a-quo reanaliza el tema, a la luz del antecedente "Gorosito", sentenciado por la Corte Suprema Nacional y de las distintas corrientes interpretativas que fluyeron a esa fecha, siguiendo en el caso -pero salvando su opinión personal contraria- la adoptada por su Alzada en los autos caratulados "Aguilera Luis B. C/ Pecon Energía S.A. (Grupo P.C.) y otro s/Accidente Acción Civil" (Expte. N° 56-CA-2), en cuanto disponía la improponibilidad de la demanda, en virtud de no encontrarse habilitada la instancia para expedirse por la reparación de los daños por la vía civil, dado que no se había invocado el supuesto de dolo. Todo ello, en función de la interpretación que correspondía conferirle al precedente "Gorosito", en cuanto se pronunció por la constitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Disconforme con lo resuelto, el demandante apela y se elevan nuevamente las actuaciones a la Alzada. En su fallo, la Cámara mantiene el criterio sustentado en la causa "Aguilera" que sirviera de antecedente al A quo, desestimándose la apelación.

El vencido llega en casación por las razones ya resumidas en los antecedentes.

2) Que corresponde ingresar al tratamiento de los agravios vertidos por el actor, en los que sostiene el recurso de Nulidad Extraordinario. Por medio de ellos se endilga a la Alzada haber resuelvo sobre cuestiones ya juzgadas -firmes y consentidas- y extra petita.

3) Que los motivos esgrimidos se encuentran contemplados por la Ley ritual, en el segundo párrafo del art. 18º, que declara la procedencia del recurso de Nulidad Extraordinario, entre otros, en caso de incongruencia, o cuando el decisorio resolviere cuestiones que se hallaren firmes.

A través de dicho precepto quedan comprendidas, según la célebre clasificación de Genaro Carrió, las causales de arbitrariedad susceptibles de descalificar el acto jurisdiccional y que dicho autor aglutina de la siguiente forma: a) concernientes al objeto o tema de la decisión; b) concernientes a los fundamentos de la decisión; y c) concernientes a los efectos de la decisión (aut. cit. y Alejandro D. Carrio, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, 3ª Edición actualizada, Abeledo Perrot, pág. 57/59, Buenos Aires, 1983).

4) Que, según lo ha afirmado reiteradamente este Cuerpo, dos son los vértices que, como mínimo, deben tenerse en cuenta en este juicio de procedencia de un recurso que persigue la nulidad.

Por un lado, no perder de vista que la nulidad es el último remedio al que debe apelarse entre las múltiples soluciones que brinda el mundo jurídico. Y que por ello, es pasible de un análisis riguroso a la luz de una interpretación restrictiva.

Y, por otro, la finalidad misma del recurso extraordinario de nulidad, que consiste en resguardar las formas y solemnidades que constitucionalmente deben observar los jueces en sus sentencias, de modo tal que ellas no sean deficientes o nulas por poseer algún vicio o defecto procesal que así las torne (errores in procedendo, según la clásica distinción de Calamandrei, cfr. Roberto O. Berizonce, Recurso de Nulidad Extraordinario, en la obra Recursos Judiciales dirigida por Gozaíni, Edit. Ediar, 1991, pág. 193, citado en Ac. Nros. 176/96, 57/06, entre otros del Registro de la Actuaria).

5) Que su finalidad, como lo explica Hitters, "es asegurar la observancia de algunas reglas constitucionales atinentes al pronunciamiento final, con total prescindencia del contenido de la providencia, pues esto último se inspecciona por mediación del recurso de inaplicabilidad de ley, y por ende constituye materia ajena a esta vía impugnatoria" (aut. cit., Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2ª Edición, Librería Editora Platense, pág. 633, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2002).

6) Que dentro del marco jurídico señalado, y de la lectura de la pieza sentencial impugnada, a la luz de las constancias obrantes en los presentes, se evidencia la concreción del vicio denunciado.

Para así pensarlo, es adecuado resaltar que la improponibilidad de la demanda se fundamentó en la constitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557, sentada por la Corte Suprema Nacional en el antecedente "Gorosito". Ahora bien. La resolución con sustento en tal argumento esquivó que ya había quedado firme y consentida, para todas las partes, la anterior declaración de repulsa constitucional del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pretendida por el propio demandante, en primer término y como paso previo para su reclamo indemnizatorio.

Era precisamente con la prematura declaración de inconstitucionalidad -firme para las partes-, donde surgía el principal obstáculo para declarar -en ocasión de dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión-, la improponibilidad de la acción, dado que con la primera se hallaba, sin trabas, expedita la vertiente civil en la que se sustentara el reclamo reparatorio.

7) Que, a esta altura, resulta apropiado indicar que la Cámara de Apelaciones, a diferencia de lo afirmado -entre sus agravios- por el hoy disconforme, no pasa por alto la existencia del resolutorio que se pronunció por la inconstitucionalidad, pero, aun así, sólo lo aborda dogmáticamente y avanza -sin más- con la reafirmación de la improponibilidad.

La firmeza adquirida por el pronunciamiento anterior, impide prima facie su revisión, desde que, más allá de toda consideración de índole valorativa que al respecto pudiera hacerse, ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada que supone "su inatacabilidad [...]una vez que ha quedado firme [...] y la convierte en inimpugnable, inmodificable y coercible" (conf. Hitters Juan Carlos, Revisión de la Cosa Juzgada, L.E.P. pág. 122, La Plata, 1977).

Esta afirmación no implica desconocer que el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada tiene carácter relativo, pues tolera la revisión del fallo en supuestos puntuales. Ésta podía plantearse pero no por intermedio de este canal -aun cuando hubiere sido propuesta por la parte-, sino sólo a través de la vía técnica idónea prevista al efecto, es decir, la acción autónoma de revisión, como pretensión de igual índole que abriría un proceso de conocimiento pleno para debatir los elementos que harían factible su reexamen. Sobre este aspecto ya ha tenido ocasión de expedirse este Cuerpo, aunque en otra composición, en fallo al que, para más detalles, me remito en obsequio a la brevedad (cfr. Ac. n°112/93 del registro de la Secretaría de Demandas Originarias y Recursos Extraordinarios).

8) Que tal como se pusiera de relieve supra, la lógica consecuencia que se derivaba de la inconstitucionalidad previamente declarada, de cara a la expresa, clara y concreta pretensión deducida por el accionante en su escrito inicial, era la apertura al reclamo resarcitorio articulado en las normas del derecho civil, y llegar, sin óbices, a una sentencia definitiva que hiciera mérito.

Queda en evidencia, por ende, que el camino seguido por los sentenciantes de las instancias anteriores ha vulnerado las formas legalmente exigidas, en desmedro del derecho al debido proceso del impugnante, configurándose el vicio nulificatorio por él denunciado.

Por ello, se propone al Acuerdo declarar la procedencia del recurso articulado por la parte actora, nulificando el fallo recurrido.

9) Que a tenor de afirmado precedentemente, corresponde recomponer el litigio, de conformidad con lo expresamente dispuesto por el art. 21 de la Ley 1.406.

El cumplimiento de este cometido impone atender los agravios expresados a fs. 433/439vta., en los que el actor sustentó su recurso de apelación, contra la resolución de la instancia de origen que declaró la improponibilidad.

A través de ellos, el impugnante pone en discusión las mismas cuestiones en las que sostuviera su recurso casatorio.

Por tanto, cabe remitirse a los argumentos más arriba expuestos, y en su consecuencia, hacer lugar al recurso de apelación impetrado, y revocar el pronunciamiento dictado a fs. 385/387.

10) Que la propuesta efectuada implica, por lógica derivación procesal, la necesidad de dictar una sentencia definitiva que haga mérito, tanto de los hechos como del derecho comprometidos en la litis.

Ello así, por cuanto, cabe recordar -según se indicara ut supra- la improponibilidad fue declarada por el A quo ya sustanciado el proceso y en ocasión de tener que dictar la sentencia definitiva.

Por su parte, tal desenlace, en rigor, sólo ha juzgado la imposibilidad objetiva del trabajador de demandar la reparación civil de los daños sufridos por un infortunio laboral.

O sea que, removido el auto que impedía el reclamo, queda aún pendiente una resolución sobre la cuestión de fondo traída por el actor.

11) Que llegados a este punto, se torna indispensable reflexionar sobre el efecto disvalioso que acarrearía para las partes -de este proceso- que este Tribunal Supremo sea quien dicte una sentencia definitiva, en orden al derecho de aquellos a recurrirla ante un superior, para así obtener una revisión cierta y, en caso de corresponder, su ulterior reparación.

Según lo sostiene la jurisprudencia y doctrina especializada (cfr. -entre otros- Osvaldo Alfredo Gozaíni, Derecho Procesal Constitucional. El debido proceso., Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2004), el derecho al recurso queda comprendido dentro de la garantía constitucional al debido proceso legal (arts. 21º, 63º y ccdtes. de la Constitución Provincial; 75º, inc. 22, Constitucional Nacional, y 8.2, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

En el ámbito local, el legislador ha estructurado el proceso civil sobre la base de una doble instancia ordinaria y una extraordinaria.

A través de la primera, los litigantes tienen derecho, entre otros, a una sentencia definitiva que examine la totalidad de los hechos, pondere el valor de las probanzas, califique jurídicamente el factum, y de razón suficiente de todas sus conclusiones.

Finiquitada esa etapa, mediante los recursos correspondientes, las partes tienen derecho a impugnar lo decidido. Su alcance puede derivar a un amplio reexamen por el superior, comprensivo tanto de los hechos fijados como del derecho aplicado y las formas que debe cumplir el pronunciamiento.

El proceso revisorio puede continuar con la instancia extraordinaria, a través de los recursos casatorios -según las causales y motivos previamente tipificados en la Ley 1.406-, ante este Cuerpo.

Si la reglamentación legal del derecho a recurrir la sentencia definitiva ha contemplado este derrotero, no agotarlo -en la especie- conllevaría una lesión al derecho de las partes a un debido proceso. Ello, se reitera una vez más, dado que en el particular supuesto de autos -improponibilidad objetiva de la demanda-, las instancias anteriores nunca hicieron mérito sobre la pretensión de fondo. De hacerlo en esta ocasión, se privaría a las partes de impugnarlo según el mecanismo dispuesto en el ordenamiento procesal civil.

12) Que otra poderosa razón lleva a la solución que en definitiva se propone al Acuerdo. De seguirse una alternativa contraria, también se provocaría un menoscabo al derecho de las partes a un trato igualitario ante la ley (arts. 22 y 7, de las Constituciones Provincial y Nacional, respectivamente).

En efecto. Si, según se afirmó en el anterior capítulo, cualquier litigante del fuero civil cuenta con la facultad legal de impugnar la sentencia definitiva, ante una instancia ordinaria y extraordinaria, para que pueda ser revisada, y en su caso enmendada, igual derecho le cabe a las partes de este proceso. De lo contrario, se comprometería el derecho constitucionalmente resguardado.

13) Que no puede cerrarse el debate sin plasmar algunas advertencias relevantes, que pongan en sus justos límites los argumentos y solución propuesta hasta aquí.

A través de una de ellas, se quiere dejar bien en claro que la singularidad y particularidad del caso lo diferencia de los supuestos en los que al Cuerpo le corresponde recomponer el litigio, y, conforme a ello, se revoque una sentencia que ya venía fallada en igual sentido en las instancias anteriores.

En tal hipótesis no se verían, al menos en principio, conculcados los derechos a recurrir e igualdad ante ley, según ya se expusiera, dado que en tal caso, la actuación de este Tribunal Superior, estaría dada como consecuencia del ejercicio de tales derechos.

Por otro lado, también cabe señalar que, lo sostenido no pone en tela de juicio los casos en los que al Cuerpo le corresponde intervenir en instancia originaria y exclusiva, por imperio del art. 241 de la Constitución Provincial.

14) Que, con relación a las costas, en virtud del resultado propuesto, deberán imponerse al recurrente perdidoso, tanto las de la Alzada como las devengadas en esta instancia (arts. 68, C.P.C. y C., y 17° de la Ley 1.406). VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor Vocal doctor ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Por compartir los fundamentos expresados por el distinguido colega preopinante doctor Jorge O. Sommariva, es que emito mi voto en el mismo sentido que el suyo. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor Vocal doctor RICARDO T. KOHON dijo: Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término doctor Jorge O. Sommariva, por lo que emito el mío en idéntico sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor Vocal doctor EDUARDO J. BADANO, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Jorge O. Sommariva, en su bien fundado voto, por lo que expreso el mío en igual sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor Vocal doctor ALEJANDRO T. GAVERNET, dijo: Por compartir los fundamentos y conclusiones a las que arriba el doctor Jorge O. Sommariva, me pronuncio en idéntico sentido. VOTO POR LA AFIRMTATIVA.- De lo que surge del presente Acuerdo, de conformidad Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de Nulidad Extraordinario deducido por el actor OCTAVIO EPULLÁN, y en su consecuencia, NULIFICAR el decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén -Sala II-, obrante a fs.448/450vta., en virtud de lo expresado en los considerandos y lo dispuesto por el art. 18º, 2º párrafo, Ley 1.406 2°) RECOMPONER, el litigio, de conformidad a lo previsto por el art. 17° inc. c) de la Ley de Rito, mediante el acogimiento del recurso de apelación impetrado por la parte revocándose, en su mérito, la resolución de fs.385/387, y remitiendo los autos al Juzgado de origen, a fin de que retome las actuaciones y dicte sentencia definitiva. 3°) Atento el modo en que se resuelve, y por imperio del art. 279 del rito, readecuar la imposición de las costas de las instancias anteriores al nuevo pronunciamiento y determinar las devengadas en esta etapa, imponiéndolas todas al demandado perdidoso (Arts. 68 C.P.C. y C. y 17º de la Ley 1.406). 4°) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad de contar con bases para ello. 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse los autos.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica. Dr. EDUARDO J. BADANO - Presidente. Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. JORGE O. SOMMARIVA - Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET Dra.MARIA T. GIMÉNEZ DE CAILLET-BOIS - SECRETARIA