Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-19


BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Reg.: A y S t 210 p 197-202.

Santa Fe, 19 de octubre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los letrados del Banco Central de la República Argentina contra el auto 21 del 2 de marzo de 2004, dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Venado Tuerto en autos "Legajo de Fotocopias pertenecientes a los autos Banco Central de la República Argentina -Incidente de Revisión en BID -Quiebra- Expte 2205/96 -formado al efecto previsto a fs. 1027 (Expte.261/02)" (Expte. C.S.J. nro. 35, año 2005); y,CONSIDERANDO:

1. Surge de la causa que mediante auto 21 del 2 de marzo de 2004 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto confirmó la resolución del Juez de Primera Instancia que, a su turno, había rechazado la revisión incoada por el Banco Central de la República Argentina (fs. 11/23).

Contra dicho pronunciamiento, los apoderados de la incidentista deducen recurso de inconstitucionalidad (fs. 37/72).

Tras estimar cumplidos los recaudos estrictamente formales del remedio intentado, consideran que la cuestión ventilada en el sub lite encuadra en los incisos 2 y 3 de la ley 7055 por entender que se conculcó el derecho de propiedad y el debido proceso, y que se efectuó un apartamiento expreso de la ley aplicable.

Explican que la pretensión rechazada era obtener el reconocimiento de privilegio especial de la acreencia de su representada en la quiebra del Banco Integrado Departamental.

Luego de efectuar un relato del trámite seguido en la causa, indican sus reparos dirigidos a la resolución en crisis, los que se pueden sintetizar de la siguiente manera:a) Contradicción manifiesta entre las facultades que el A quo reconoce al Banco Central de la República Argentina en su carácter de órgano rector del sistema y lo resuelto.

Expresan que si bien el Judicante reconoció al Banco Central una función esencial como ente regulador del sistema financiero, soslayó considerar especialmente la crisis mundial de fines de 1994 y principios de 1995 -que afectó a la Argentina- y los elogios recibidos por el ente público referido a raíz de su actuación en esas particulares circunstancias.

En este sentido, atacan la resolución de la Cámara en cuanto sostuvo que la asistencia debía brindarse en caso de tratarse de problemas solucionables, y endilgan a la Alzada haber convertido -al negar el privilegio especial insinuado- dicha obligación de asistencia en una de resultado, sin asidero en norma alguna.

Luego de relatar algunas de las acciones desplegadas por su representada ante la situación del Banco Integrado Departamental, concluyen que la ayuda se brindó con la convicción de que la ahora fallida podía superar el estado de iliquidez, o bien podía llegar a un salvataje en los términos del artículo 35 bis de la ley 21526.

Señalan también que las asistencias financieras se otorgaron para cancelar deudas, por lo que si no hubiesen existido, el resto de los acreedores concursales se hubiera perjudicado con el aumento del pasivo.

b) Apartamiento de la normativa específica vigente.

Incorrecta interpretación de los alcances del decreto 290/95.

Aclaran que su parte no ha negado el incumplimiento del plazo de cuarenta y cinco días pues con el dictado del decreto 290/95 no había plazo que respetar.

Igualmente achacan a la Cámara que haya tenido por cierto que el Banco Central otorgó asistencia financiera sin respetar el plazo aludido precedentemente apartándose del informe pericial y de los dichos del testigo Guillermo Alejandro Zúccolo, cuando de estos últimos surge que las operaciones en cuestión fueron efectuadas legalmente.

Asimismo cuestionan la interpretación del A quo referida a la reforma introducida por el decreto 290/95 al artículo 17 de la ley 24144, pues -a su criterio- existe incompatibilidad entre el agregado y el mencionado plazo, dado que debe aplicarse el principio "ley especial deroga ley general" y que la interpretación de las normas no puede ser meramente exegética.

Agregan que la finalidad del referido decreto y de la ley 24485 fue dotar de recursos al sistema financiero en situaciones excepcionales, por lo que se permitió al Banco Central exceder los plazos y demás condiciones previstas en los incisos b y c del mentado artículo 17.

Entienden que de seguirse la tesis cuestionada se caería en el absurdo de que el Banco Central se encontraba facultado para otorgar redescuentos o adelantos a entidades financieras sin limitación alguna en un solo acto, pero se le prohibía realizar dicha asistencia por cifras menores sin poder renovarse hasta después de cuarenta y cinco días de su cancelación.

Concluyen que la única manera admisible de entender el decreto 290/95 estriba en sostener que el límite temporal aludido no resulta aplicable a la situación particular contemplada en el último párrafo del inciso c) del artículo 17 de ley 24144.

c) Desconocimiento de actos administrativos firmes que no fueron impugnados por la vía pertinente.

Tras dar cuenta del dictamen de la Sindicatura, afirman que los actos mediante los cuales se otorgó la asistencia financiera fueron válidos, existentes y eficaces, no configurándose abuso del derecho, violación a la normativa vigente, incompetencia del órgano, ni desviación de poder.

Asimismo, postulan que corresponde aplicar el artículo 51 inciso a) de la Ley de Entidades Financieras.

d) La sentencia de Cámara viola el llamado principio de congruencia y afecta la garantía constitucional de debido proceso.

Niegan que su parte haya efectuado el reconocimiento de un obrar antijurídico y que dicha proposición pueda inferirse de la prueba colectada.

Critican al Tribunal a quo por haberse referido a una presunta ineficacia e inoponibilidad que nadie articuló.

Le endilgan, también, haberse expedido sobre hechos que -a juicio de los comparecientes- constituyen objeto de otra litis "Sindicatura Bid s/ Quiebra c/ Banco Central de la República Argentina", en la que ni siquiera hay sentencia de Primera Instancia, por lo que la Cámara habría incurrido en prejuzgamiento de ese pleito.

e) La sentencia de Cámara mantiene la contradicción lógica interna que presentaba el auto verificatorio y el fallo de Primera Instancia.

Luego de reprochar que el Tribunal tuviera por cierto que el Banco Central no había cuestionado la aseveración del Sentenciante en primera instancia, consistente en que esa entidad sabía o debía saber la real situación por la que atravesaba el Banco Integrado Departamental -aserto que consideran violatorio del principio de congruencia-, sostienen que el pronunciamiento adolece de una contradicción interna: por un lado se reconoció la acreencia insinuada con un privilegio (el absoluto regulado por el art. 53 1er. párrafo de la L.E.F.) aspecto firme de la sentencia, mientras que, por otro lado, se rechazó otro privilegio (el especial originado en los incisos b y c del art. 17 de la ley 24144).

Y la única manera de brindar asistencia financiera -continúan relatando- era por la vía prevista en el artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, y si se entendiera que se incumplió con dicho artículo, también se debería haber rechazado el susodicho privilegio absoluto.

f) La sentencia de Cámara incurre en una nueva violación del principio de congruencia.

Extrae conclusiones en virtud de supuestas aseveraciones que no se compadecen con las constancias de la causa.

Se agravian de que en la sentencia recurrida se haya considerado que el Banco Central aceptó tácitamente la afirmación del Juez de Primera Instancia en cuanto a que sabía o debía saber la verdadera situación de la fallida al momento del otorgamiento de los redescuentos.

A tal efecto, transcriben parte de su expresión de agravios (f. 70).

g) Aplicación arbitraria del principio objetivo de la derrota en la imposición de las costas.

Critican la aplicación mecánica del artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial y que se haya prescindido de ponderar la trascendencia, complejidad y ausencia de antecedentes sobre el asunto debatido.

La Cámara a quo, mediante resolución 238 del 31 de diciembre de 2004, declaró inadmisible el remedio deducido por haberse intentado reabrir -mediante el remedio extraordinario- un debate fenecido en instancias ordinarias (fs. 134/136).

Ante tal denegatoria, la recurrente interpone queja ante estos estrados (fs. 147/179).

2. En primer término, corresponde efectuar algunas precisiones respecto del alcance de la impugnación intentada.

En el libelo recursivo, los quejosos encuadran el recurso en las hipótesis previstas por los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Sin embargo, la norma contenida en el inciso 2 de ningún modo admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales.

Se ha dicho también que entenderlo así sería superponer el inciso 2 con el 3, o peor aún, tornar a este último innecesario e inoperante.

Pues es por lo demás claro que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución de la Provincia no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción (A. y S. T. 155, págs. 141/148, entre muchos otros).

En virtud de ello, cabe tener por reducido el ámbito del presente remedio extraordinario a la previsión estatuida por el inciso 3 del citado artículo, esto es "violación del derecho a la jurisdicción".

Sentado ello, y entrando ya al análisis de los vicios descalificantes imputados, es dable señalar que de la lectura del memorial recursivo en confrontación con la sentencia atacada, surge que los agravios de los impugnantes conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho, los que han sido resueltos con fundamentos del mismo orden, que permiten descartar la tacha de arbitrariedad invocada.

Es que, la argumentación desarrollada en la pieza impugnativa -pese al matiz constitucional que los recurrentes pretenden otorgarle- se vincula con el criterio con que la Cámara interpretó el caso bajo examen y traduce, desde distintas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento de los impugnantes a la labor jurisdiccional cumplida por el A quo en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión en ejercicio de funciones propias, sin llegar a persuadir de que en esa tarea éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones.

Así, la Alzada consideró que para el reconocimiento del privilegio especial estatuido en favor de la incidentista por el artículo 53 inciso a de la Ley de Entidades Financieras, los redescuentos y adelantos debían ser efectuados en las condiciones previstas por el artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, para subsanar la iliquidez transitoria de la entidad de que se trate y siendo posible su renovación luego de transcurridos cuarenta y cinco días desde su cancelación.

Además, sostuvo que el agregado insertado por el decreto 290/95 al inciso c de la última norma citada no implicaba una derogación del plazo aludido, argumentando que dicho lapso fue recién suprimido expresamente mediante la ley 25562.

Frente a dicha postura intenta la recurrente oponer su particular apreciación del "sub lite" discutiendo el alcance dado por la Cámara a las normas mencionadas ut supra.

Empero, con lo alegado, no logra traspasar el límite de la mera discrepancia de criterios con respecto a la interpretación del derecho, pues no demuestra que el Juzgador haya excedido las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el punto de vista constitucional.

En este orden de ideas, el argumento de la incoherencia a la que se concluiría al entender subsistente el plazo de cuarenta y cinco días, desde que la entidad estaría facultada para otorgar redescuentos o adelantos en un solo acto evitando el cumplimiento de aquél, se basa en una particular interpretación de la normativa aplicable que en modo alguno desmerece la exégesis sustentada por el Sentenciante, ni logra descalificarla desde el punto de vista constitucional.

Respecto del pretendido desconocimiento de un acto administrativo, los quejosos - luego de dirigir sus reproches al dictamen del síndico (f. 59 vta.)- no logran convencer que el A quo -más allá de su acierto o error- se hubiera extralimitado en sus funciones en el ámbito de un procedimiento concursal, al determinar el alcance y privilegio de un crédito e interpretar las particularidades del régimen legal aplicable, por tratarse en el caso de una entidad financiera fallida y del Banco Central como acreedor.

Tampoco demuestran los impugnantes la decisividad de la supuesta tergiversación parcial de la prueba colectada -informe pericial y declaración testimonial de Zúccolo- al no acreditar cómo tales medios probarían que el Banco Central respetó el plazo señalado entre la cancelación del crédito y el otorgamiento de uno nuevo conforme a la normativa que el Tribunal juzgó aplicable.

De la misma manera, cabe desestimar el reparo relativo a la supuesta contradicción en que se habría incurrido al otorgar el carácter de órgano rector del sistema financiero al Banco Central y, luego, decidir cómo lo hizo.

Los quejosos atribuyen al Tribunal haber considerado que la función de asistencia financiera significaba asegurar un resultado positivo en la suerte del Banco ayudado, e imputan al A quo haber concluido que, frente a su quiebra -destino negativo-, no correspondía otorgarle el privilegio especial en cuestión, por reputar inexcusablemente equivocada o ineficaz la gestión de ayuda emprendida.

Empero, dicho argumento no se colige ni explícita ni implícitamente del fallo atacado.

Lo concreto es que en la sentencia en cuestión se expresó -en lo que aquí interesa- que "...al no existir "razones de iliquidez transitoria" sino "estado de insolvencia" tampoco se cumplió con la exigencia establecida al respecto por los incisos b) y c) del art. 17 C. O. que solo permite redescuentos y/o adelantos en cuenta a entidades que padezcan la primera de esas situaciones, y, con tal normativa queda desterrada la posibilidad de que las entidades con serias dificultades, insuperables objetivamente, sigan operando ficticiamente,... aumentando sus pasivos, y alongando el plazo de su segura liquidación, como ocurriera en el caso del ex BID." (f. 22); es decir, a criterio del Tribunal no se encontraba configurado el presupuesto que requería la norma para el otorgamiento de los créditos referidos.

Del mismo modo, tampoco se logra vislumbrar arbitrariedad por auto contradicción cuando la Cámara decidió reconocer el privilegio absoluto a la acreencia de la incidentista, rechazando el privilegio especial.

En efecto, dicha conclusión no aparece como ilógica -más allá de su acierto o error- desde que de la misma normativa surge que se establecen mayores requisitos para el otorgamiento de un privilegio especial y, además, el reconocimiento del privilegio absoluto -conforme lo manifiestan los recurrentes- se encuentra firme.

En consecuencia, este agravio se reduce -como ya se anticipó- a una fuerte discrepancia con la interpretación de las normas aplicables.

Al respecto debe recordarse que el alegado vicio de auto contradicción supone que el fallo adolezca de una irreductible oposición conceptual, de una verdadera fractura lógica entre dos o más aseveraciones (y no meras deficiencias expositivas que le resten claridad) (A. y S. T. 54, págs. 302/307; T. 55, págs. 5/8; T. 60, págs. 305/309; T. 65 págs. 424/428); defecto que los interesados no logran acreditar en autos.

Igual suerte correrá el agravio relativo al presunto prejuzgamiento del A quo.

Al respecto, cabe poner de relieve que no se demuestra que su decisión se haya apartado de los hechos ventilados en este incidente.

Y no constituye óbice para abordarlos la circunstancia de que eventualmente los extremos fácticos coincidan parcialmente con los debatidos en otro proceso.

Por último, y en orden a la condena en costas, no se acredita tampoco arbitrariedad teniendo en cuenta su carácter accesorio y que, en principio, no es susceptible de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por este Tribunal (A. y S. T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T. 81, pág. 273; T. 111, pág. 392, entre muchos otros).

Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre dicha temática, tiene dicho que la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho, no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la ley 48 (Fallos 240:28); que lo "...atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos 308:1076).

En suma, el asunto -tal como ha sido traído a estos estrados- no resulta idóneo para franquear la vía extraordinaria instaurada, por quedar comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho y derecho, propias de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, a menos que se demostrare arbitrariedad -circunstancia que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, no acontece en el "sub examine"- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

Lo expresado basta para sellar la suerte adversa de la impugnación intentada.

Por las razones expresadas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

(art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)