Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-10-03


Expediente: --7312-2010 Tribunal: Superior Tribunal de Justicia Competencia: Recursiva Fecha: 03/10/2011 Libro de Acuerdos: 54 N° de Registro: 547 (Libro de Acuerdos Nº 54 Fº 1893/1895 Nº 547). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los tres días del mes de octubre de dos mil once, los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Sergio Ricardo González, Clara D.L. de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y Sergio Marcelo Jenefes, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. 7312/10 caratulado: "Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº B-219084/09 (Sala I Tribunal del Trabajo) Incidente de tercería de dominio en expte. Nº B- 150852/05: Lamas, Hugo Raúl c/ Coca, Ernesto Alfredo" El Dr. González dijo:

Por decisorio del 30 de diciembre de 2009, la Sala I del Tribunal del Trabajo rechazó el incidente de tercería de dominio deducido por el Sr. Hugo Raúl Lamas en contra de Daniel Felipe Ortega, Carpintería Coca y Ernesto Coca.

A su respecto, la Dra. María Eugenia Nieva, en representación de Hugo Raúl Lamas, deduce recurso de inconstitucionalidad.

Expresa que no pretende una revisión de cuestiones de hecho y prueba mas, al momento de sentenciar, el a quo calificó como elemento probatorio insuficiente una copia certificada por el mismo Tribunal, sosteniendo que la misma era copia simple y carecía de fecha cierta, obviando la certificación que produjera él mismo.

Oportunamente, con el objeto de demostrar la propiedad de los bienes que diera en locación a Coca, adjuntó documentación que da cuenta de que, en fecha 31 de mayo de 1996, la Sra. Sara Udelia Coca de Coronel adquirió maquinarias, entre ellas una sierra sinfín cuyas características detalla (factura de fs. 2 de los autos principales).

El 18 de febrero de 2004 la Sra. de Coronel vendió todas las maquinarias a su representado (contrato de fs. 3/4). En el carácter de propietario, Lamas celebró con Coca el contrato de locación de fs. 5/6 de autos.

Expresa que corrido traslado de la tercería a la contraria, esta última opuso como defensa que el demandado en los autos principales al momento del embargo "nada dijo de la propiedad de los bienes" destacando que en modo alguno debe su mandante responsabilizarse por los actos de Coca.

Estima inadmisible la consideración de que nada demuestra que Lamas sea el verdadero dueño de los bienes embargados, toda vez que las facturas demuestran, sin duda, que se trata del mismo objeto que constituye, por lo demás, el de la venta que invoca.

En relación al lugar donde se encontraban los bienes, adjuntó el contrato de locación celebrado entre Coca y Lamas y señala que la sola tenencia no supone la propiedad más aún si se demuestra con documentación fehaciente a quién pertenecen aquéllos.

Tratándose de bienes no registrables, la prueba de la propiedad se refleja en la factura y/o contrato de venta.

Indica que las constancias de fs. 2;3 y 4 de autos fueron certificadas por el Tribunal.

Repuestos el depósito y tasa de justicia que fueran intimados a la recurrente, se tuvo por interpuesto el recurso, disponiendo su sustanciación con Daniel Felipe Ortega y Ernesto Alfredo Coca.

A fs. 25 obra acta celebrada ante la Defensora de Ausentes interviniente en la que consta que puso en conocimiento de Ernesto Alfredo Coca tanto el estado de las actuaciones cuanto el traslado conferido, revocando el mismo en la oportunidad el poder otorgado a la Defensoría e indicando que comparecería al pleito con abogado de la matrícula.

A fs. 35 contesta traslado el Dr. Jorge Mauricio Voltolina en representación de Daniel Felipe Ortega, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Afirma que en los autos principales los bienes fueron embargados en la carpintería de Ernesto Alfredo Coca sin que éste declarara en momento alguno que no le pertenecían.

Que de la prueba agregada en el incidente no surge que el bien embargado sea de propiedad del recurrente.

Que el contrato de locación obra en copia simple, carece de fecha cierta y por tanto le resulta inoponible y, además conforme su cláusula 5ª, su vigencia expiraba el 20 de febrero de 2006 habiéndose trabado el embargo tres años y ocho meses más tarde, con lo que concluye que los bienes se encontraban en poder del Sr. Coca sin prueba alguna que demuestre que poseía para otro.

A fs. 38 se dio por decaído el derecho a contestar el recurso a Ernesto Alfredo Coca.

Superada la dilación que impuso a la causa el incumplimiento del pago de aportes profesionales por el Dr. Voltolina y de la multa que en consecuencia le fuera impuesta, los autos fueron llevados a conocimiento de los restantes miembros del Tribunal.

A fs. 54/55 se expide el Sr. Fiscal General por el rechazo del remedio tentado.

Habida cuenta de la posterior incorporación de la Dra. Clara D.L. de Falcone a este Superior Tribunal, los autos fueron llevados a su conocimiento notificándose a las partes su integración, que quedó consentida.

Corresponde, entonces, emitir pronunciamiento.

Adhiero a los términos del dictamen de la Fiscalía General que transcribo a continuación.

"El recurso de inconstitucionalidad debe ser desestimado, toda vez que la causal de arbitrariedad que justifica el remedio extraordinario sólo comprende desaciertos de gravedad extrema que traduzcan absurdidad en el resolutorio motivo de embate, sea por incurrir en una errónea valoración de la prueba o por constituir una derivación no razonada del derecho vigente conforme las constancias acreditadas en la causa. No ocurre ello en el presente caso ya que las objeciones planteadas constituyen simples discrepancias con lo decidido por el a-quo con sustento en el material convictivo relevante para dirimir el conflicto." "Se ha dicho en reiteradas oportunidades que `no puede apelarse a la causal de arbitrariedad para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el inferior en la ponderación de la prueba y en la aplicación del derecho. Los fallos judiciales, es cierto deben ser fundados y constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias acreditadas en la causa´ agregando que `la tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinaria sentencias equivocadas o que considera como tal el recurrente por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas de derecho común aplicable al caso. Esta causal no se refiere a tales discrepancias sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial.´ (L.A. Nº 29, Fº 398/404, Nº 140)." "Tal lo que acontece en el presente, en tanto el recurrente insiste en sostener la procedencia de la tercería de dominio en su favor, impetrando una nueva revisión de los hechos y de la prueba documental incorporada. Sin embargo la verdad real que surge de las actuaciones cumplidas en el principal indica que el embargo sobre la sierra circular en cuestión se efectivizó en el domicilio asiento de la carpintería y radicación de los demandados principales (fs. 114 principal). Que en tal oportunidad el demandado solo aludió a la existencia de gravámenes, pero no negó su titularidad sobre las cosas. Que el contrato de locación (fs. 5 y vta. del incidente de tercería) a que se alude y en virtud del que se pretende justificar la posesión de los bienes por el embargado a favor del supuesto propietario tercerista, aún en caso de considerarse, efectivamente (conforme cláusula quinta) había perdido su vigencia tres años y ocho meses antes de la cautela efectivizada. Dado ello, y tratándose de muebles, obvio es colegir que su posesión en cabeza del accionado principal al tiempo de la cautela, autorizan a presumir su propiedad en los términos del art. 2412 del C. Civil y tornan improcedente el incidente tentado." Agrego a lo expuesto que ese contrato de locación no fue certificado y se ha incorporado en copia simple conforme consta también en el cargo de fs. 10 de los autos principales, prueba desconocida expresamente por su contraparte que, en los términos expuestos, carece de todo valor probatorio resultando inoponible a su contraria (fs. 28).

Por lo expuesto, postulo el rechazo del recurso de inconstitucionalidad tentado, con costas al recurrente.

Por aplicación de la acordada sobre montos mínimos los honorarios profesionales de los Dres. Jorge Mauricio Voltolina y María Eugenia Nieva habrán de establecerse en las sumas de un mil pesos ($ 1.000) y ochocientos ($ 800) pesos, respectivamente, a las que habrá de aditarse el Impuesto al Valor Agregado, de corresponder.

Los Dres. de Falcone, del Campo, Bernal y Jenefes adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por Hugo Raúl Lamas respecto de la sentencia de la Sala I del Tribunal del Trabajo del 30 de diciembre de 2009.

2º) Imponer las costas al recurrente vencido y regular los honorarios profesionales de los Dres. Jorge Mauricio Voltolina y María Eugenia Nieva en las sumas de un mil pesos ($ 1.000) y ochocientos pesos ($ 800), respectivamente, a las que habrá de aditarse el Impuesto al Valor Agregado, de corresponder.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. José Manuel del Campo; Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes.

Ante mí: Dra. Alejandra María Luz Caballero - Secretaria Relatora.