Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29


Expte. N° 6747 "SARASUA MARÍA ETHEL y otra C/ Pósleman Estela Irene y otros - tercería de dominio- s/ Inconstitucionalidad y Casación" --- En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo preparatorio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Primera de la Corte de Justicia, doctores José Abel Soria Vega, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte actora contra la sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en autos Nº 11.611 (124.190 del Tercer Juzgado Civil), caratulados "Sarasua María Ethel y otra C/ Pósleman Estela Irene y otros - tercería de dominio-". Las cuestiones fijadas en el acuerdo preparatorio y que aquí deben resolverse son: ¿Resultan procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados en autos? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? -------------------- --- EL DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO: ---------------------- --- I. La resolución cuestionada. -------------------------- --- En la sentencia impugnada, el tribunal de alzada admitió los recursos de los accionados y denegó el de las terceristas (actoras). Como consecuencia de ello, revocó el fallo de primera instancia y rechazó las tercerías de dominio y de mejor derecho articuladas por María Ethel Sarasúa y María Angélica Bizzozero viuda de Sarasúa. ----------------------- --- Para así decidir, en primer lugar, el a quo sostuvo que en el fallo de primera instancia había una grave deficiencia en cuanto había admitido la tercería de mejor derecho y, en contra de lo previsto en los artículos 98 y 101 del Código Procesal Civil, había dispuesto el levantamiento del embargo trabado por los ejecutantes. El tribunal argumentó, en términos genéricos, que la tercería de mejor derecho tiene como efecto natural determinar el posible mejor derecho del tercerista para cobrar su crédito antes del ejecutante y que -en contra de ese principio- el juez de origen había dispuesto el levantamiento del embargo, efecto propio de la tercería de dominio que en el mismo fallo había sido rechazado. ------------------------------------------------------ --- A continuación, la alzada abordó la interpretación de las normas sustantivas implicadas, haciendo foco en la tercería de dominio, juzgando erróneo el criterio amplio con el que el juez de origen había aplicado el artículo 1185 bis del Código Civil (CC), precisamente, cuando asignó preeminencia al boleto de compraventa inmobiliario acompañado por las terceristas para fundar el levantamiento de embargo. Señaló que, conforme el artículo 2505 CC (ley 17.711), es necesaria la inscripción en el Registro Inmobiliario de todas las adquisiciones y transmisiones sobre inmuebles para que aquellas produzcan efecto respecto de terceros, norma que tiene fundamento en la protección de los terceros de buena fe (principio de la publicidad registral de los derechos reales). --------------------------------------------------- --- El tribunal de apelaciones consideró que de la conjunción del artículo 2 de la ley 17.801 con el artículo 2505 CC se infiere que los derechos sobre inmuebles, para ser oponibles a terceros, deben estar inscriptos. Que la excepción a esa regla está prevista en el artículo 1185 bis del mismo cuerpo normativo, que resulta una situación extraordinaria y que configura un verdadero privilegio para el adquirente de buena fe en el marco de un proceso falencial, quien -a ese efecto- deberá reunir determinadas condiciones frente al concurso del vendedor (art. 146, LCQ), pero que no puede ser extendido por analogía al supuesto de ejecuciones individuales. ------------------------------------------------------- --- A continuación, el a quo juzgó que tampoco resultaba admisible la tercería de mejor derecho. Con cita de reconocida doctrina, los sentenciantes sostuvieron que "fuera del procedimiento concursal, nuestro ordenamiento positivo no otorga preferencia al adquirente por boleto de compraventa, aunque hubiese abonado íntegramente el precio pactado y recibido la posesión del bien. Por ello, el conflicto entre el tercerista que invoca un boleto de compraventa anterior a la inscripción del embargo y el acreedor embargante, debe resolverse a favor de este último". En suma, el tribunal adoptó el criterio jurisprudencial y doctrinario que considera que el artículo 1185 bis del Código Civil es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva y, por tanto, no aplicable al sub examine. ---------------------------------- --- II. Disconforme con esa decisión, las terceristas plantean los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación. -------------------------------------------------- --- II.1. Recurso de inconstitucionalidad: ----------------- --- Al primero de los recursos lo encuadran en el artículo 11, inciso 3, de la ley 59-O. Aducen que el fallo carece de las formas necesarias para su validez y que vulnera la garantía de defensa en juicio al incurrir en contradicciones internas, apartarse de la ley aplicable y de las actuaciones procesales obrantes en autos, configurando el vicio de arbitrariedad. ------------------------------------------------- --- II.1.a. Como primer agravio, las terceristas invocan que la alzada aplica normas no vigentes cuando encuentra solución a la controversia en los artículos 2505 y 1185 bis CC (CC, ley 340). Afirman que ese cuerpo normativo fue derogado por el artículo 4 de la ley 26.994, perdiendo vigencia a partir del primero de agosto de dos mil quince cuando entro a regir el Código Civil y Comercial (art. 7, ley 26.994, según ley 27.007). Expresan que esa circunstancia ha sido ignorada en el fallo, sin que los sentenciantes hayan expresado alguna razón para fundar la ultractividad de la antigua legislación, omisión que importa violar el deber de fundar la sentencia (art. 165, inc.5, CPC). ----------------------- --- II.1.b. Como segunda causal de arbitrariedad, las impugnantes aducen que se ha resuelto la controversia en contra de lo dispuesto en la ley vigente. Sostienen que negar preeminencia al boleto de compraventa, frente al ulterior embargo del inmueble vendido, importa contradecir el texto expreso del nuevo artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante: CCCN), cuando establece que "el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido". Dicen que esa disposición es aplicable al sub examine por imperio del artículo 7, apartado primero, del mencionado cuerpo. Argumentan que aquí se discuten los efectos de un embargo trabado sobre un inmueble cuyo titular lo había vendido con anterioridad a la cautelar y que al dejar de lado aquella norma vigente, sin dar una razón que así lo justifique, el tribunal incurre en un grave defecto de fundamentación. ----------------------------------------------- --- II.1.c. En tercer lugar, las accionantes aducen que el fallo también es arbitrario por violación al principio de congruencia, cuando se soslaya el análisis de los planteos deducidos por su parte con entidad suficiente para variar el sentido de la decisión, a saber: a) ausencia de buena fe de los embargantes; b) planteos de usucapión breve (art. 3999, CC, ley 340), de regularización dominial (ley 24.374) y de dominio por prescripción veinteañal. ----------------------- --- II.1.d. Por último, las impugnantes le endilgan arbitrariedad al pronunciamiento por considerar que se erige sobre una interpretación excesivamente ritualista de las normas procesales implicadas. Dicen que ello ocurre, precisamente, cuando el tribunal de alzada juzga que "la sentencia de primera instancia es contradictoria cuando desestima la tercería de dominio pero, al hacer lugar a la de mejor derecho, dispone el levantamiento del embargo . que sólo en el caso de hacer lugar a la tercería de dominio podría ordenarse". En contra de dicha argumentación, las quejosas sostienen que el tribunal de alzada desconoce que su pretensión no es cobrar en este proceso crédito alguno, sino liberar el inmueble de la agresión de los terceros ejecutantes, evitando la subasta que ellos intentan. Asumen como cierto que las normas procesales prevén el levantamiento del embargo en la tercería de dominio y no en la de mejor derecho (arts. 100 y 101, ley 988-O); sin embargo, afirman que la pretensión que deducen como compradores del inmueble por boleto de compraventa incluye aspectos previstos en ambas tercerías, aunque sin identificarse íntegramente con ninguna. En su apoyo, invocan la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Banco de Crédito Argentino c/ Germanier y otros" (26/9/2006; LL 2006-F, pag. 637). ------------------- --- II.2. Recurso de casación: ----------------------------- --- A su turno, las terceristas encuadran el recurso de casación en los dos incisos del artículo 15 de la ley 59-O. Mediante esta vía, las recurrentes pretenden que se revoque el fallo de la alzada en cuanto desestimó las tercerías de dominio y la de mejor derecho, solicitando que -en su lugar- se otorgue preeminencia al boleto de compraventa inmobiliario por ellas acompañado. ---------------------------------- --- II.2.a. Las terceristas comienzan denunciando que el tribunal a quo ha aplicado indebidamente los artículos 2505 y 1185 bis CC, normativa que ha sido derogada por el artículo 4 de la ley 26.994, perdiendo vigencia a partir del uno de agosto del año dos mil quince (ley 27.007). En segundo lugar, se quejan de que el tribunal de alzada haya dejado de aplicar el artículo 1170 del CCCN, disposición que se encontraba vigente al tiempo de fallar y que dispone que "el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido". Destacan que en el caso se llegó a otorgar la escritura traslativa del dominio aunque su inscripción en el Registro Inmobiliario caducó al no haberse subsanado los defectos de la provisoriedad. Afirman que el artículo 1170 resulta de aplicación al sub examine por virtud de lo preceptuado en el artículo 7, apartado 1 del CCCN y que el tribunal a quo no ha esgrimido ninguna razón para apartarse de la norma legal vigente. --------------------------------------- --- II.2.b. A continuación, plantean que para el supuesto de considerar que el caso debe juzgarse por los artículos 2505 y 1185 bis CC, es erróneo el criterio rigorista y literal de interpretación que el a quo ha asignado a tales disposiciones. Señalan que lo relevante es la buena fe del tercero que pretende prevalerse de la inoponibilidad del título y que en el caso no se ha evaluado esa circunstancia ya que los embargantes -aquí demandados- estuvieron en condiciones de conocer la venta del inmueble mediante el desarrollo de una conducta diligente. ---------------------------------------- --- II.2.c. Por último, afirman que también resulta errada la interpretación restrictiva del artículo 1185 bis, cuando se la circunscribe estrictamente al ámbito concursal. En contra de esa exégesis, proponen una hermenéutica más flexible de aquella norma, aplicándola al supuesto de ejecuciones individuales con el argumento de que el actual código establece la solución expresa y específica en el sentido de que el boleto de compraventa es oponible a los acreedores del titular de dominio que pretendan embargar el inmueble. ----- --- III. Sustanciación: ------------------------------------ --- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fs. 199. Se corrió traslado a las partes recurridas, habiendo contestado los doctores Ernesto Raúl Usín y Josué Lozada (fs. 205/211), Estela Irene Pósleman por sí y en representación de Félix Roberto Vega Lecich (fs. 219/226) y Ricardo Walter Lozada (fs. 227/235). Sin embargo, no contestó el Consejo de Administración de la Sociedad Civil Consorcio Alameda (fs. 244). A su turno, se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado según constancias de fs. 245/248. ------------------------------------ --- IV. Objeciones a la admisión formal: ------------------- --- Previo a examinar la procedencia sustancial de las impugnaciones deducidas por las terceristas, me abocaré al análisis de los planteos de las partes recurridas tendientes a que se revise la admisión formal de los recursos, todas de idéntico tenor (fs. 205/206, Dr. Usín y Josué Lozada; fs. 219/221, Dra. Irene Pósleman y fs. 227/229, Ricardo W. Lozada). ------------------------------------------------------- --- IV.a. Los demandados afirman que el depósito efectuado por las recurrentes es insuficiente y que por ese motivo debe revocarse el auto de admisión formal a partir de considerar que las impugnaciones han sido deducidas por el letrado actuante en nombre de las dos terceristas, quienes tienen un interés distinto en el proceso. Explican que María Ethel Sarasúa se legitima para demandar invocando su condición de condómina del inmueble, mientras que María Angélica Bizzozero viuda de Sarasúa lo hace en carácter de usufructuaria del mismo inmueble. Aducen que, en esas condiciones, ambas terceristas podían efectuar sus planteos en forma autónoma o independiente y que conformaron un litisconsorcio activo facultativo. Invocan a su favor un precedente de este Tribunal (CJSJ, "Ganga c/ Juan Messina", PRE S.2ª, 2016-II-253), y plantean que el monto total del depósito abonado en esta causa, equivalente al máximo vigente al tiempo de recurrir ($4.500), corresponde atribuirlo en mitades a cada una de las impugnantes. De esa asignación en mitades se deriva -según exponen las recurridas- que el depósito resultaría insuficiente (menor al mínimo legal previsto), lo que indefectiblemente conduce a la desestimación de los recursos extraordinarios planteados ante este Tribunal. ------------------ --- IV.b. En respuesta a esta crítica diré que les asiste razón a las recurridas respecto del precedente citado en el que se estableció, en términos genéricos, respecto de la necesidad de sendos depósitos para el supuesto de tratarse de un litisconsorcio facultativo con intereses diferentes ("Ganga c/ Juan Messina"). No obstante ello, concurren dos razones para descartar la aplicación de esa doctrina al sub examine. En primer lugar, las aquí listisconsortes tienen un idéntico interés procesal en la causa, pese a que la legitimación de cada una de ellas se sustente en normas jurídicas diversas. En otras palabras: sin dejar de considerar que una de las terceristas invoca su condición de nuda propietaria y la otra de usufructuaria, ambas han introducido idénticas pretensiones y con idénticos fundamentos: tercería de dominio y, en subsidio, tercería de mejor derecho para obtener el levantamiento del embargo (única pretensión), a lo que agrego que el resultado de las sentencias de mérito dictadas en la causa (primera y segunda instancia) ha sido igual para ambas accionantes. De ello se deriva que las recurrentes, al tiempo de plantear los recursos extraordinarios, tenían el mismo interés procesal en la causa, resultando en consecuencia suficiente el depósito único efectuado. ---------------- --- Aún para la hipótesis de que se considerara que tienen una posición procesal diferenciada en este proceso, tampoco estimo procedente la postulación final de atribuir el depósito en mitades a cada una de las recurrentes, lo que -cabe destacar- no coincide con la solución del precedente citado. En efecto, in re "Ganga c/ Juan Messina", lo que esta Corte decidió fue atribuir la totalidad del depósito (art. 3, ap. 3, ley 59-O) a uno de los litisconsortes recurrentes, mientras que se tuvo por no abonado respecto del otro. Asignar -como proponen las demandadas- el monto de dinero depositado en mitades, derivaría en la inadmisibilidad de ambas impugnaciones por ser inferior al mínimo, lo que constituiría un exceso de rigor contrario a la garantía de acceso a justicia. ------------------------------------------------------- --- Conforme lo dicho, voto por ratificar la admisión formal de los recursos al considerar suficiente el depósito efectuado para ambas recurrentes. ------------------------------ --- V. Tratamiento sustancial de los agravios: ------------- --- Ingreso ahora al examen de fondo de las impugnaciones deducidas proponiendo invertir el orden de tratamiento de los recursos, esto es, comenzar la evaluación de los agravios planteados por vía casatoria. Asumo que ello contradice la modalidad habitual de esta Corte, cuyos precedentes indican que debe examinarse en primer lugar el recurso de inconstitucionalidad para constatar la validez de la sentencia (PRE S.1ª, 2000-II-402). Sucede que la regla sentada supone que las cuestiones propuestas en ambos recursos están en un mismo plano; sin embargo, hay ocasiones en que resulta conveniente -por cuestiones metodológicas- abordar en primer lugar el recurso de casación (CJSJ; expte. 4054; "Paez c /Provincia"; PRE, S.2ª, 2009-III-571), conforme paso a exponer. ------------------------------------------------------- --- En el caso que aquí toca juzgar, se advierte que los agravios que sustentan el recurso de inconstitucionalidad, en su parte sustancial, remiten a cuestiones normativas (aplicación de la ley no vigente, no aplicación de la ley vigente), y que -en tanto vicios in iudicando- corresponde que sean definidas en el marco del recurso de casación, por resultar ello coherente con los motivos y causales que pueden dar lugar a esta impugnación (art. 15, ley 59-O), máxime cuando idénticos agravios han sido desarrollados en este último recurso. De otro lado, las restantes críticas en que se apoya el recurso de inconstitucionalidad (rigor en la interpretación de normas procesales y omisión de pronunciamiento respecto de otros planteos sustanciales: usucapión, regularización dominial, buena o mala fe de los embargantes), resultan ser cuestiones cuya relevancia queda condicionada al resultado que se arribe en la solución normativa que corresponda dar al caso; incluso podrían tornarse abstractas. Por estos motivos, propongo ingresar derechamente al tratamiento del recurso de casación. ----------------------------------- --- VI. Recurso de casación: ------------------------------- --- VI.1. Antecedentes del caso: --------------------------- --- Para mejor comprensión de la solución a adoptar, estimo menester hacer un breve repaso de las actuaciones más relevantes del proceso principal que tengo a la vista. --------- --- VI.1.a. En ese cometido destaco que las terceristas, María Ethel Sarasúa y María Angélica Bizzozero viuda de Sarasúa, se presentaron por medio de un mismo apoderado invocando respectivamente su condición de condómina (escritura N° 18, con inscripción provisoria en el RGI, del 25/2/1992, fs. 3/8, expte. ppal.) y usufructuaria (escritura N° 19, con inscripción condicional en el RGI, del 28/2/1992, fs. 9/11), del inmueble ubicado en la Torre A, del Consorcio Alameda, identificado como unidad funcional N° 33, ubicado en el cuarto piso, departamento "C". Adjuntaron a su presentación inicial el contrato mediante el cual Noemí Rebecca Cercos de Diluciano les había cedido el boleto de compraventa a través del cual, a su vez, esta última lo había adquirido de la Asociación Civil Alameda (por operatoria del Banco Hipotecario Nacional). --------------------------------------------- --- En la demanda plantearon como pretensión principal la tercería de dominio y, en subsidio, la de mejor derecho; en ambos casos, con la finalidad de obtener el levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble descripto, y que fuera ordenado en el proceso N° 11.410/3, "Construcciones el Formidable c/ Consorcio Alameda-Incidente de Ejecución de Honorarios Dra. Pósleman". Explicaron que luego de adquirir la propiedad y constituir el usufructo mediante las escrituras antes aludidas, tales instrumentos no pudieron inscribirse definitivamente en el RGI por haber caducado la inscripción ante la falta de subsanación de un defecto formal (error en la nomenclatura catastral de la UF 33). Por tal motivo, solicitaron el levantamiento del embargo invocando que obtuvieron los derechos de propiedad y usufructo mediante título y modo (tercería de dominio, usucapión breve) o por regularización dominial (ley 24.374). En subsidio, pidieron que se ordenara en el levantamiento de embargo con fundamento en el artículo 1185 bis CC, al haber adquirido los derechos sobre el inmueble mediante boleto de compraventa privado y cesión. Agregaron que la frustración de la inscripción no puede impedir su derecho a invocar la compra del departamento y la posesión legítima obtenida. -------------------------------- --- VI.1.b. El juez de primera instancia declaró improcedente la tercería de dominio con el argumento de que las escrituras públicas no habían adquirido inscripción definitiva en el RGI. Sin embargo, el magistrado hizo lugar a la tercería de mejor derecho, enrolándose en la línea de interpretación amplia que admite esta vía para lograr la oponibilidad del boleto de compra venta frente a un embargo de fecha posterior, aplicando a ese efecto el artículo 1185 bis CC por analogía a las ejecuciones individuales. Para así decidir, apeló al principio de igualdad y agregó que el acreedor, en el supuesto de ejecuciones individuales, se encontraba habilitado para agredir otros bienes de su deudor. Dejó sentado que a ese efecto resultaba menester verificar que el boleto tuviese fecha cierta, que fuera anterior al embargo, que existiera posesión pública, pacífica y trascendente de las terceristas y que la adquisición del bien hubiese operado mediante un perfecto eslabonamiento de transmisiones. A lo anterior agregó que el tercerista debía demostrar su buena fe y el pago mínimo del 25% del precio. Pues bien, el magistrado juzgó que todos estos recaudos se encontraban cumplidos en el caso, conforme la valoración que hizo de las pruebas aportadas al proceso, haciendo lugar a la tercería de mejor derecho e imponiendo las costas por su orden. -------- --- VI.1.c. Apelada esa resolución por las terceristas y las demandadas, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones revocó in totum el pronunciamiento del juez de origen. En primer lugar, consideró que se había incurrido en contradicción cuando por un lado se hizo lugar a la tercería de mejor derecho y, en contra de la previsión legal (art. 101, CPC), se dispuso el levantamiento del embargo, efecto que resulta propio de la tercería de dominio. En lo sustancial, el tribunal rechazó las tercerías de dominio y de mejor derecho al considerar que ambas resultaban improcedentes por cuanto de la reforma introducida por ley 17.711 surgía la necesidad de inscribir todas las adquisiciones y transferencias de inmuebles para resultar oponibles a los terceros (art. 2, ley 17.801). Dicho ello, el tribunal de alzada se enroló en la tesis restrictiva de interpretación del artículo 1185 bis CC, entendiendo que la oponibilidad derivada de esa norma resulta ser una prerrogativa de excepción, un verdadero privilegio que se asigna al adquirente de buena fe, aplicable exclusivamente al proceso falencial. Con ello, descartó que pudiese aplicarse por analogía al supuesto de ejecuciones individuales (art. 2505 CC y ley 17.801). ------------------ --- VI.2. Cuestión a resolver: ----------------------------- --- Surge de la reseña efectuada que la cuestión a determinar mediante el recurso de casación es si resultan oponibles o no a los acreedores embargantes (demandados en las tercerías) los derechos -anteriores al embargo- invocados por las accionantes (terceristas), y derivados de la cesión de derechos sobre el inmueble objeto del litigio, con la particularidad de que en el caso los contratos fueron plasmados en escrituras traslativas del dominio cuya inscripción en el RGI caducó por no haberse salvado en tiempo las causales de provisoriedad y condicionalidad. Vale aquí destacar que este debate -preferencia entre el acreedor individual embargante y el adquirente por boleto, anterior al embargo- ha dividido a la jurisprudencia y a la doctrina, con numerosos argumentos que sustentaron una y otra postura. Agrego que la compleja discusión original se ha visto últimamente afectada por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) que expresamente ha previsto en el artículo 1170 una solución a la controversia suscitada. Pues bien, en orden a justificar la decisión que he de adoptar, estimo necesario hacer un breve repaso sobre la evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinaria existente sobre el asunto: ------------------------------------------------------- --- VI.3. Antecedentes legislativos, doctrinarios y jurisprudenciales: ---------------------------------------------- --- Conforme el texto original del Código Civil veleziano (ley 340), el boleto de compraventa carecía de toda validez ya que establecía la necesidad de la escritura pública bajo pena de nulidad para los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad (art. 1184, inc. 1, CC, ley 340). Con la reforma operada en 1968, se concretó la protección jurídica al comprador por boleto de compraventa. Por un lado, se abrogó la referida nulidad, modificando el artículo 1184, inciso 1 y, paralelamente, se introdujeron los artículos 1185 bis y 2355 in fine. El primero, rezaba: "Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio. El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio" (leyes 17.711 y 17.940). El segundo, en su última parte, establecía: "Se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe, mediando boleto de compraventa". ---------------------------------------- --- En paralelo, la misma reforma modificó el artículo 2505 ibid, el cual vino a disponer: "La adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas". Pues bien, esta dicotomía entre la protección derivada para el comprador por boleto (1185 bis y 2355) y la necesidad de inscripción registral (art. 2505 CC y ley 17.801) dividió a la judicatura y a la doctrina en dos posiciones antagónicas:

--- VI.3.a. Inoponibilidad del boleto de compraventa al acreedor embargante: --------------------------------------- --- Esta línea argumental se apegaba al texto literal del Código Civil reformado, sosteniendo la inoponibilidad del boleto para imponerse sobre los derechos del embargante, con énfasis en el artículo 2505 del Código Civil. Se descartaba así la incidencia del artículo 1185 bis al considerar que constituía una excepción para el ámbito de la situación concursal, y que -en tanto excepción- debía interpretarse con criterio restrictivo. Entre los más relevantes que sostuvieron esta posición, con distintos matices, encontramos: Alterini, Jorge H., "La tutela del adquirente por boleto de compraventa fuera del ámbito específico del art. 1185 bis de Cód. Civil", ED, 153-635; Rivera, Julio Cesar, "Conflicto entre acreedor embargante y poseedor con boleto de compraventa", ED, 159-246; CSJ Tucumán, "Albornoz, Jaime J. y otro c. Villagra, Juan J. c. Imprenta y Papelería Urueña y otro", 11/08/2005, LA LEY Nona, 2005, nov., 1340; CSJ Catamarca, "Zitelli, Silvestre c. Santillán Iturres, Oscar A.", 30/04/2008, LA LEY Nona, 2008, sept., 757. ----------------- --- Con similar resultado encontrábamos aquella jurisprudencia que, ponderando el principio de seguridad jurídica, daba prevalencia al artículo 2505 del Código Civil por sobre los artículos 1185 bis y 2355 del mismo cuerpo, al considerar que la inscripción registral generaba efectos erga omnes y que ellos no podían ser desconocidos sin alterar la estructura jurídica sobre la que se asienta la transmisión de inmuebles en nuestro régimen legal vigente. Se aseguraba que la prioridad del adquirente sólo resultaba admisible en situaciones excepcionales, como cuando se demostraba la mala fe del embargante, determinada por el conocimiento que pudiera tener de la situación del inmueble (STJ Córdoba; Auto N° 902/96 in re "Tercería de Aramburu Nemesio y otros en: Incidente de Regulación de Honorarios del Dr. M. en López Hugo Santiago y ots c. Virginia Cavaletti de Abib, Ordinario, Recurso Directo, hoy Revisión", Auto Interlocutorio N° 2/06; doctrina reiterada en Sentencias N° 30/09 y 261/09). Esta perspectiva conducía a la conclusión de que el adquirente de buena fe, aún habiendo abonado la totalidad del precio y ostentando la posesión del bien adquirido, no era titular de un mejor derecho que el acreedor embargante, salvo el supuesto de mala fe de este último. ----------------- --- VI.3.b. Oponibilidad del boleto de compraventa al acreedor embargante: ------------------------------------------- --- De otro lado, una corriente de hermenéutica más flexible daba preferencia al adquirente, inclinándose por la oponibilidad del boleto de compraventa con sustento el artículo 1185 bis CC (que establecía la protección del comprador frente al concurso o quiebra del deudor, en tanto hubiese mediado buena fe y pago del 25% del precio de venta), además de invocar el artículo 2355 CC. Se explicaba, por un lado, que el adquirente por boleto al que se le ha hecho la tradición del inmueble puede oponer su derecho al embargante y obtener de este modo su cancelación, en razón de que siendo un poseedor legítimo, los acreedores del vendedor del inmueble carecen de acción para privarlo de esa posesión. Y que si bien el artículo 1185 bis CC (similar al art. 146, ley 24.522) estaba previsto para el supuesto de concurso o a la quiebra del vendedor, igual solución cabía predicar respecto de otros acreedores individuales del vendedor, pese a que la norma así no lo hubiese expresado claramente. Primaba aquí la vigencia de un principio de igualdad de tratamiento y el carácter protectorio del adquirente. ----------------------- --- En este sentido: Borda, Guillermo A., Tratado de derecho Civil, Contratos, La Ley, T. I, 9° ed., p. 382; SCJ Buenos Aires, "González Escandon, Irenio del Carmen en: Banco Oddone S.A. c. Graetz, Rodolfo y otra", 03/08/1993, LA LEY 1994-B, 461; SCJ Mendoza, "Coviram Ltda.", 30/05/1996, JA, 1997-I, 83. Morello, en comentario laudatorio al fallo de la SCJBA y elogiando el voto del preopinante -Dr. Miguel A. Mercader- consideró que la aplicación extensiva de la norma no podía ser excluida sin malograr el propósito legal con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación; esto es: lo que cabe para el concurso también es eficaz en lo pertinente para la ejecución individual (Morello, Augusto Mario; "El boleto de compraventa como sostén legítimo de la tercería, un fallo de la SCBA", 3-8-93, en LL, 1994-B-461, comentario a fallo "González Escandon, Iranio del Carmen en: "Banco Oddone SA c/Craetz, Rodolfo y otra). ----------------------------------------------------- --- En esa línea, se desarrolló una corriente que daba importancia a la publicidad posesoria en conjunción con la buena fe del comprador, al tener en cuenta que la publicidad de la tradición había sido contemplada por Velez para manifestar los derechos reales que se ejercen por posesión (Gatti, Edmundo-Alterini, Jorge H., "Prehorizantalidad y boleto de compreventa, LL p. 45 y 48; Vázquez, Gabriela A., "Poseedor de boleto y embargo", LL, 2007-F, 499). De acuerdo también con la aplicación extensiva del artículo 1185 bis al supuesto de la ejecución individual, encontramos: Prevot, J.M., "El artículo 1185 bis del Código Civil y su expansión a las ejecuciones individuales", en DJ del 15-6-2011, p. 23; CNCom., sala C, 20-9-2005, "Emporio Gastronómico Argentina Sacufia c/ Waintrub, José A.", L. L. 2005-F-646, J. A. 2006-1-115, todos citados por AAVV, en obra dirigida por Lorenzetti; "Código Civil y Comercial Comentado", comentario al art.1170, CCCN). ------------------------------------------- --- Asumo que la falta de consenso existente en la materia encuentra justificación en la realidad -insoslayable- de que la dinámica de la transmisión de los derechos de propiedad sobre inmuebles, en la generalidad de los casos, en un primer momento se plasma en un boleto de compraventa; y desde entonces, transcurre un tiempo considerable hasta que aquel contrato se efectiviza en el otorgamiento de la escritura pública respectiva y su inscripción en el Registro General Inmobiliario. Este lapso de tiempo, sin inscripción registral, es el que genera el conflicto de intereses que aquí ha quedado de manifiesto, en tanto por un lado surge la necesidad de resguardar al comprador y, por otro, esa protección puede afectar intereses de terceros ajenos a la operación. A la disociación existente entre esa realidad de la dinámica de las operaciones inmobiliarias y la legislación, se suma la incongruencia interna del propio régimen normativo que no alcanzó a ser superada por la ley 17.711; es que si bien la reforma importó un avance en el reconocimiento de los derechos del adquirente por boleto, no concilió la confrontación generada entre los artículos 1185 bis y 2355 CC, frente al artículo 2505 ibid. y la ley 17.801. ----------------------- --- VI.4. Jurisprudencia de la CSJN: ----------------------- --- Un hito que considero de significativa transcendencia, en orden a la dilucidación del debate, fue el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en ocasión de resolver un recurso extraordinario federal, juzgó que no era arbitraria la sentencia del Superior Tribunal de Corrientes que había optado por proteger al comprador por boleto. Ese Tribunal se había posicionado en la tesis interpretativa amplia del artículo 1185 bis CC y, como consecuencia de ello, había admitido una tercería de dominio en un supuesto de ejecución individual, con base en un boleto de compraventa (CS, "Banco de Crédito Argentino S.A. c. Germanier, C. y otro", 26/09/2006, LL, 2006-F, 637; Fallos: 329:3979). ------------------------------------------------- --- El dictamen de la Procuradora, a cuyos fundamentos la CS aludió, señaló que si bien no podía afirmarse que se trataba de un criterio compartido por todos los tribunales, no era menos cierto que esa tesis había recibido numerosas adhesiones en el sentido de que si bien el artículo 1185 bis del CC se refiere al concurso o quiebra del vendedor, podía igualmente aplicarse la norma frente al acreedor en un proceso ejecutivo, en tanto quedaran acreditados los recaudos legales y que el crédito del comprador fuera anterior al del embargo. ----------------------------------------------------- --- VI.5. Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994): --------------------------------------------------- --- Más importante aún, a mi juicio, ha sido la sanción del CCCN que vino a plasmar -vía legislativa- la interpretación amplia del anterior artículo 1185 bis CC, consagrando la oponibilidad del boleto de compraventa a los acreedores embargantes del vendedor, aunque condicionado al cumplimiento de determinados recaudos. Es decir, la reforma ha terminado expresamente ampliando la protección jurídica del adquirente por boleto. ------------------------------------------------ --- En lo que aquí interesa, el nuevo régimen establece: "Artículo 1170: Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si: a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; b) el comprador pagó el veinticinco por ciento (25%) del precio con anterioridad a la traba de la cautelar; c) el boleto tiene fecha cierta; d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria". ------- --- VII. Precedentes de la Corte de Justicia de San Juan: -- --- Sentado lo anterior, corresponde en este estadio del voto hacer un breve repaso sobre los fallos dictados por este Tribunal sobre la cuestión a dilucidar. En un antiguo pronunciamiento se hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad al considerar verificado el vicio de contradicción entre la parte argumentativa y la decisoria de un fallo, lo que derivó en validar el rechazo de la tercería de dominio y el mantenimiento del embargo. Dejo a salvo que en ese pronunciamiento no se fijó posición -vía casatoria- respecto de la temática en ciernes (expte. 1761; "MARTÍN SOSA c/Gonzalez José Salvador - Escrituración - Sumario-Tercería de dominio-iniciado por Joaquín E. Martín- Inconstitucionalidad y Casación; 20/8/1999, PRE S.1ª, 1999-II-249). ------------------ --- En un fallo posterior, en ocasión de integrar la Sala Segunda de esta Corte, adherí al voto del preopinante y conformé la mayoría que resolvió rechazar un recurso de casación. En esta ocasión, la opinión mayoritaria adoptó una postura restrictiva de interpretación del artículo 1185 bis del CC, en el sentido de que la oponibilidad del boleto de compraventa a los acreedores embargantes del inmueble sólo resultaba aplicable para el supuesto de que el titular de dominio (vendedor) se hubiese presentado en concurso o se hubiese decretado su quiebra, excluyendo de tal modo su aplicación al supuesto de ejecuciones individuales (expte. 2750, "Automóvil Club Argentino c/ Pereyra"; PRE S.1ª, 2002-I-121; 20/5/2002). ----------------------------------------- --- VIII. Criterio a adoptar en esta caso: ----------------- --- VIII.a. Como consecuencia del fallo del 2006 de la CSJN in re "Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Germanier", y a partir de una interpretación dinámica y evolutiva de la legislación en ciernes, he de proponer al Tribunal que se adopte una exegesis extensiva del artículo 1185 bis CC, similar a la solución jurídica consagrada por el artículo 1170 CCCN. Ello, a partir de tener a la nueva legislación como pauta interpretativa del anterior régimen, que es el que aquí toca aplicar. Ello implicaría hacer lugar al tercer agravio deducido por las terceristas en el marco del recurso de casación. ----------------------------------------------- --- No desconozco que se ha propiciado la aplicación inmediata del artículo 1170 CCCN aún a los boletos de compraventa celebrados con anterioridad al 01/08/2015 (Iturbide, Gabriela A.; Pereira, Manuel J., "Efectos de la aplicación de la ley en el tiempo con relación a los derechos reales y a los privilegios", RCCyC, 2015 julio, 30, con cita de Sagarna, Exposición del 15/4/2015, del Curso de Actualización del Código Civil y Comercial de la Nación, Facultad de Derecho UBA; Taraborreli, "Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código", LL 2015-E-631, citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída; "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Segunda Parte-Análisis de doctrina y jurisprudencia; 1ª edición, Rubinzal-Culzoni, 2016; pág. 223.). ------------------------ --- Sobre el punto, resulta de interés destacar la opinión de Palacio de Caeiro para quien resulta imperativa la aplicación del artículo 1170 del CCCN con relación a situaciones conflictivas y/o procesos judiciales en trámite, sin sentencia definitiva que preexistan a la puesta en vigencia del CCC. Ahora bien, esta autora, para justificar su opinión, invoca dos razones: "La primera por cuanto el art. 1170 del Cód. Civil y Comercial recoge la importante tendencia jurisprudencial y doctrinaria, que fundada en el art. 1185 bis y 2355 del Cód. Civil derogado, había considerado la pertinencia de la publicidad posesoria como medio de oponibilidad de los derechos del comprador con boleto respecto al acreedor-embargante del vendedor (deudor). De ahí que tales discernimientos, anteriores a la vigencia del nuevo sistema civil y comercial instaurado en 2014, habilitan su observancia en las cuestiones pendientes no consolidadas. La segunda razón, que refuerza lo anterior, es la evidencia de que las nuevas disposiciones del Cód. Civil y Comercial deben ser consideradas como pautas valederas de interpretación para la resolución de situaciones controversiales no arregladas y procesos judiciales en trámite al tiempo de la vigencia del nuevo Código" (Palacio de Caeiro, Silvia B; "Boleto de compraventa y publicidad posesoria en el Código Civil y Comercial"; LL, 01/02/2016, 1; LL 2016-A, 912). ---------------------------- --- En sentido coincidente con la última de las alternativas esbozadas, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ha resuelto que la nueva legislación sirve para adoptar una interpretación dinámica acorde con la evolución de los tiempos, pues es la que mejor permite reconocer la función del derecho como herramienta de cambio social. Por otro lado, ese Alto Cuerpo ha juzgado que el nuevo precepto puede ser considerado una pauta de interpretación auténtica, emanada del propio legislador, tendiente a disipar las dudas que a nivel doctrinario y jurisprudencial existían sobre el tema (Trib. Sup. Córdoba; Sala Civ. Y Com.; "Luna, Luis Adrián c. Peralta, Daniel Walter s/ ordinario/cumplimiento/resolución de contrato - tercería de dominio Rosa Lina Sacerdote", 16/12/2015; LLC 2016; junio). ----------------------------- --- La doctrina también hace referencia a que "una importante regla interpretativa de carácter general sostiene que el Código Civil y Comercial es invocable, en todos los casos, como argumento de autoridad o como doctrina interpretativa de la normativa derogada, es decir las normas actuales constituyen valiosas herramientas de interpretación del Código Civil derogado. Esta regla tiene aplicación tanto para la interpretación de las normas anteriores, como para las nuevas regulaciones que cubren vacíos normativos de la legislación derogada (Galdós, Jorge Mario, "La responsabilidad civil y el derecho transitorio", LA LEY 16/11/2015, 3, citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída; "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Segunda Parte-Análisis de doctrina y jurisprudencia; 1ª edición, Rubinzal-Culzoni, 2016; pág. 223). ---- --- VIII.b. A todo lo expuesto corresponde agregar que la vía procesal idónea para ventilar el derecho del adquirente por boleto de compraventa en la ejecución individual es la tercería de mejor derecho ya que el boleto de compraventa no es suficiente para fundamentar la tercería de dominio, aspecto éste que no ha sido modificado por el novel Código Civil y Comercial (Mariani de Vidal, Marina Vidal Claypole, Pablo, "El boleto de compraventa de inmuebles, el acreedor embargante y el art. 1185 bis del Cód. Civil", LA LEY 2011-C, 42, citado por Trib. Sup. Córdoba; Sala Civ. Y Com.; "Luna c. Peralta", 16/12/2015; LLC 2016; junio). -------------- --- VIII.c. Por todo lo dicho hasta aquí, y según anticipara, concluyo que para resolver el caso debe aplicarse el régimen del Código Civil hoy derogado (art. 1185 bis), aunque teniendo en cuenta la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) como pauta interpretativa del artículo respectivo, lo que deriva en una exégesis amplia de esa disposición. Esta solución implica modificar el criterio con el cual se resolviera la causa "Automóvil Club". La solución también importa, según señalé, hacer lugar al recurso de casación (tercer agravio) en la medida que el criterio adoptado por el a quo no se ajusta a la doctrina desarrollada precedentemente, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser revocada. En estas condiciones, el recurso de inconstitucionalidad se torna abstracto. ------------- --- IX. Solución del caso: --------------------------------- --- IX.1. En función de la admisión del recurso de casación, mediante el cual se ha declarado cual es la correcta interpretación de la norma, restaría avocarse al conocimiento del litigio, decidiéndolo con sujeción a los hechos fijados (art. 17, ley 59-O). A ese fin, he de tener en cuenta que las partes demandadas -en oportunidad de apelar- no cuestionaron el mérito de los hechos efectuado por el juez de origen en relación al cumplimiento de ciertos recaudos fácticos (derivados de la aplicación del 1185 bis), a saber: a) que el boleto tuviese fecha cierta o certidumbre de su existencia anterior al embargo; b) la posesión pública, pacífica y trascendente de las terceristas; c) que se hubiese adquirido el bien del titular registral o que esté en condiciones de subrogarse en su posición jurídica mediante un perfecto eslabonamiento, y c) que el tercerista sea de buena fe y haya pagado como mínimo el 25% del precio (fs. 342/343 vta, expte. ppal). ---------------------------------------------- --- De este modo, habría quedado fijada la plataforma fáctica del caso y, en consecuencia, en principio, este Tribunal se encontraría en condiciones de juzgar el fondo del asunto, ordenando que rija nuevamente el pronunciamiento de primera instancia en cuanto hizo lugar a la tercería de mejor derecho. De compartirse esta opinión, propongo que las costas -en todas las instancias- sean impuestas en el orden causado, en razón de tratarse de un debate doctrinario y jurisprudencial que finalmente ha encontrado una respuesta con la reforma del Código Civil y Comercial, y que -por otro lado- ello ha provocado el cambio de criterio con el cual antes venía resolviendo este Tribunal. --------------------------- --- En definitiva: correspondería resolver la causa, haciendo lugar a la demanda, salvo que del contenido de las apelaciones de las partes, planteadas contra la sentencia de primera instancia, resultara que han quedado otras cuestiones fácticas pendientes de definición, que hubiesen recobrado vigencia a partir de lo que aquí se ha decidido mediante el recurso de casación, y sólo en la medida que no hayan encontrado respuesta en ese resultado. Si surgieran cuestiones pendientes, correspondería el reenvío de la causa para que un tribunal de apelaciones subrogante las decida. Sin embargo, anticipo que esa circunstancia no se verifica en el sub examine conforme el análisis que paso a exponer en los párrafos siguientes. Además, cuestiones de economía procesal aconsejan decidir el fondo del asunto atento el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso (cf. doctrina "Quinlan"). ------------------------------------------------ --- X. Verificación de agravios pendientes: ---------------- --- X.1. Las apelaciones de los doctores Ernesto Usín (fs. 354/358, expte. ppal) y Josué Lozada, ambas de idéntico tenor (fs.384/388), han recibido adecuada respuesta con lo resuelto en el marco del recurso de casación, en la medida que ellos cuestionaron la procedencia de la tercería de mejor derecho dispuesta por el juez de origen basándose en la improcedente interpretación del artículo 1185 bis CC. -------- --- X.2. De otro lado, las apelaciones de Ricardo Lozada (fs. 393/399) y Estela Pósleman (fs. 400/408), casi idénticas, tampoco pueden prosperar. En primer lugar, la presunta existencia de cosa juzgada, con sustento en lo decidido en otro proceso (11.410/3; "Construcciones el Formidable SA c/Soc. Civil Alameda-Juicio Ordinario-Ejecución de Sentencia"), no puede servir para fundar esta excepción ya que a ese fin debe tratarse de una resolución judicial decidida en la misma causa y en relación a idéntico asunto, lo que no se verifica en el caso. A su vez, el agravio apelatorio tendiente a mantener el embargo con el argumento de que las terceristas igualmente serían responsables por formar parte de la sociedad demandada (Sociedad Alameda), resulta improponible. Ello, en la medida que para poder ser ejecutadas en sus bienes propios, las aquí accionantes debieron ocupar el lugar de demandadas en el proceso principal, teniendo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, lo que no se ha verificado. A su turno, las críticas relacionadas con la procedencia/improcedencia de las tercerías, nuevamente obtienen respuesta con la solución dada al recurso de casación, deviniendo abstracta la definición respecto de la buena o mala fe de los embargantes. --------------------------- --- X.3. Por último, la apelación de las terceristas Sarasúa y Bizozzero de Sarasúa, se ha tornado abstracta a razón de lo antes decidido mediante el recurso extraordinario de casación. Por un lado, la pretensión de que se haga lugar a la tercería de dominio, invocando haber adquirido el dominio/usufructo por título y modo, ha quedado descartado con los argumentos expuestos al resolver el recurso extraordinario de casación. Y finalmente, la omisión de pronunciamiento endilgada al juez de origen respecto de la presunta adquisición de dominio por usucapión breve (art. 3999, CC) o por prescripción veinteañal (art. 4015, CC), se tornan abstractas a partir de la admisión de la tercería de mejor derecho.

--- Resulta pertinente aclarar, a todo evento, que en el marco de este proceso no corresponde la declaración judicial de adquisición originaria del dominio ya que la pretensión inicial siempre fue la del levantamiento del embargo. Y es en función de ella que el juez de origen determinó el trámite a seguir, dirigiéndose la demandada contra determinados sujetos (los embargantes), todo lo cual ha sido consentido por las terceristas. Sin embargo, la pretensión de prescripción adquisitiva del dominio sobre el inmueble tiene regulado un procedimiento especial que debe respetarse en orden a obtener un pronunciamiento válido, con efectos erga omnes (PRE S.1°, 2018-I-67). Ello, como digo, descarta la posibilidad de obtener una declaración judicial sobre la adquisición del dominio y torna infructuoso el vicio de omisión de pronunciamiento. Lo propio acontece en relación al pedido de regularización dominical (ley 24.374), en cuanto ello excede el marco cognitivo y el trámite dado a este proceso. ------- --- Por último, el agravio vinculado al monto de los honorarios regulados a los abogados demandados en la tercería no genera ningún perjuicio para las accionantes teniendo en cuenta la imposición de las costas por su orden que antes he propiciado y que resulta confirmatoria del modo en que el juez de primera instancia las impusiera, condena ésta que -así confirmada- libera a las actoras del pago de los estipendios cuestionados. Es decir, no se advierte cuál sería el gravamen que tal regulación les provoca. ------------------- --- XI. Solución final: vigencia de la sentencia de primera instancia. ------------------------------------------------- --- Dado que he propuesto hacer lugar al recurso de casación en los términos antes expresados (art. 15, inc. 2°, ley 59-O), al no restar cuestiones fácticas pendientes de definición en segunda instancia y descartada la procedencia de los agravios apelatorios pendientes, propongo decidir el presente litigio, ordenando que recobre vigencia la sentencia del juez de origen, con costas en todas las instancias por el orden causado. Así voto. ----------------------------------- --- EL DOCTOR ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA DIJO: ------------- --- Adhiero a la opinión del señor Ministro que me precede en el orden de votación, Dr. José Abel Soria Vega. Estimo necesario aclarar, a todo evento, que en ocasión de integrar la Sala que resolvió el caso "Automóvil Club Argentino c/ Pereyra Juan Antonio" (PRE S.1°, 2002-I-121), me aparté del voto mayoritario. Concretamente, allí juzgué que el recurso de casación debía admitirse formalmente porque la cuestión de fondo resultaba ser un tema de naturaleza típicamente casatoria, cuya complejidad imponía la realización de un estudio más profundo de la problemática planteada y de la interpretación de las normas sustanciales implicadas en el caso. Ahora, efectuado un examen exhaustivo sobre las disposiciones sustanciales en ciernes, con el análisis de la doctrina y jurisprudencia que se cita, a la luz de las modificaciones introducidas a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), fijo mi posición adhiriendo íntegramente al voto que antecede. ------------------ --- EL DOCTOR ADOLFO CABALLERO DIJO: ----------------------- --- Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. José Abel Soria Vega. ------------------------------------------------ --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar las objeciones formales a la admisión de los recursos extraordinarios. II) Hacer lugar al recurso de casación en los términos señalados en los considerandos respectivos y declarar abstracto el recurso de inconstitucionalidad. III) Al no restar cuestiones fácticas pendientes de definición en segunda instancia y descartada la procedencia de los agravios apelatorios pendientes, ordenar que recobre vigencia la sentencia del juez de origen haciendo lugar a la tercería de mejor derecho. IV) Costas en todas sus instancias en el orden causado. V) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales y disponer que estos bajen al Tribunal de origen a los fines pertinentes. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. José Abel Soria Vega, Ángel Humberto Medina Palá y Adolfo Caballero. Ante mí: Julieta M. Mercado -Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Ef-6747 cs- PRE S.1° 2018-I-159