Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-08-12


AUTOS Nº 7787 - "CORTEZ RAUL ENRIQUE Y OTROS C/ A.M.E.COM Y OTROS S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" // la ciudad de San Juan, a los doce días del mes de agosto del año dos mil nueve, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. José Dionisio Castro, Miguel Ernesto Novoa y Hermes Francisco Carrera, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 7787, caratulados: "CORTEZ RAUL ENRIQUE Y OTROS C/ A.M.E.COM Y OTROS S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 295/300 de autos, el Sr. Juez del Segundo Juzgado del Trabajo, resolvió admitir parcialmente la demanda, con costas; y hacer lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por la codemandada Asociación Mutual Empleados de Comercio, con costas.

Que contra dicho fallo se alza la actora mediante el recurso de fs. 305/309, que no fue contestado por la contraria, como consta a fs. 315; por lo que luego de decidido el hecho nuevo denunciado por la demandante, se dio intervención al Ministerio Fiscal a fs. 321, se llamó autos para resolver a fs. 347 y se practicó el sorteo para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Castro y 3) Dr. Carrera.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la actora?	Segunda cuestión: Costas?	SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.-Que en la sentencia mencionada se hace lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por la codemandada AMECON, con sustento en que la misma no es la empleadora sino la propietaria de la obra destinada a vivienda (conforme surge de la documentación que se cita); no reúne la calidad de empresario de la construcción y, por lo tanto, está excluida del régimen de la ley 22.250, por el art. 2, inc. b) de la misma.

Que contra dicha parte del fallo se alza la actora en el recurso antes aludido, disintiendo con la decisión, en tanto entiende en lo sustancial, que la exclusión del art. 2 referida, comprende solamente al propietario que construya, repare o modifique su vivienda individual y contrata directamente al personal que trabaja; pero no al propietario que contrata a un tercero que es el que empleador de los dependientes, pues en dicho supuesto éste es empresario de la construcción y el propietario solo se libera de responsabilidad, si requiere del mismo su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunica a éste la iniciación de la obra y su ubicación.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la sentencia y del agravio sobre el punto, cabe recordar que el art. 32 de la ley 22.250, dispone que el que contrate o subcontrate los servicios de contratista o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción el Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación, bajo sanción de ser solidariamente responsables de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas, respecto del personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida en la misma.

Que comentando dicha norma sostienen Susana Marigo y Milton A. Rainolter, en su obra Personal de la Industria de la Construcción, nota art. 32: al individualizar quien es quien en la mención de la norma: "Quien, según creemos, es el sujeto que en el contrato de empresa (locación de obra) encomienda a otro la ejecución total o parcial de una obra de ingeniería o arquitectura...Este quien es el destinatario del deber de requerir a su co-contratante la exhibición de la constancia de inscripción que establece el art. 32. Pero además, este quien puede no ser un sujeto comprendido en el ámbito de la ley 22.250 (que hemos descrito en el comentario de los arts. 1 y 2), desde que para quedar obligado a requerir la exhibición, es suficiente con que sea el iniciador de la obra y por eso este deber se extiende al Estado y a sus entes personificados, al propietario...en cuanto no sean parte de relaciones contractuales de trabajo comprendidas en este régimen y por eso mismo, todos ellos quedan excluidos de la ley 22.250, salvo a lo que se refiere esta obligación de requerir la constancia de la inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción".

Que conforme las disposiciones legales y doctrina mencionados, entiendo que en el caso la solidaridad de la codemandada AMECON, resulta procedente, en tanto no se ha invocado ni probado por la misma, que cumpliera con las obligaciones a su cargo y que resultan del art. 32 de la ley 22.250 citado.

Que por ello, voto porque se haga lugar al recurso en este punto, condenando solidariamente a Asociación Mutual de Empleados de Comercio (AMECON), a pagar a los actores, en el término y con los intereses correspondientes, los rubros y montos admitidos en la sentencia.

II.-Que en la sentencia se desestima la indemnización del art. 8 de la ley 24.013, con fundamento en que no ser realizó por los actores la intimación del art. 11 de la ley, con las formalidades legales.

Que contra dicha parte del fallo se alza también la actora, disintiendo con el mismo, en cuanto entiende que las intimaciones legales fueron hechas por la autoridad laboral a fs. 200 y por lo demandantes a fs. 221/24; 25/28; 30/32;/33,35/37 y 44/46.

Que entrando al examen del agravio, advierto que en las intimaciones no se ha cumplido con los requisitos contenidos en el art. 11 de la ley 24.016, que exige que en la intimación (cuando hay ausencia total de registración),se debe requerir la misma e indicarse la real fecha de ingreso, sueldo y demás circunstancias propias y esenciales del vínculo. Al respecto he sostenido en autos 6366 - Campillay: "Que entrando ya en el tema concreto objeto de decisión de este Tribunal, cabe tener en cuenta que no debe perderse de vista que hay que hacer una distinción entre el "objeto" y los "requisitos" de la intimación. El primero, no está sometido a recaudos rituales y es suficiente cuando del texto de la intimación se interpreta claramente que su objeto, está contemplado en el primer párrafo del art. 11 mencionado, cuando dice expresa que aquélla debe realizarse "a fin de que se proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. Los segundos por el contrario, son los que la "norma exige" deben consignarse de acuerdo con el "tipo u objeto de la petición", para que las indemnizaciones sean procedentes y están contemplados en el segundo párrafo de la norma mencionada (ahora cuarto, luego de la modificación de la ley 25.345) cuando dice: "Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar la inscripción como defectuosa". (Gibert - Fernandez Madrid, Las Multas en la Ley de Empleo, Pags. 74/75).	Que siendo así, comentan los autores citados en la obra aludida, que el requisito exigido para la procedencia de la indemnización en el supuesto de posdatación de fecha de ingreso, se limita a indicar ésta pero no otras circunstancias, porque no es necesario e incluso pueden no existir; mientras que en el supuesto de registración insuficiente de las remuneraciones, se deben indicar las demos circunstancias que permitan calificar como defectuosa la registración, pero no es necesario indicar la real fecha de ingreso que ya se halla consignada. Finalmente, en el caso de clandestinidad total de la remuneración, se debe indicar la fecha real de ingreso y las demos circunstancias que permitan calificar como defectuosa a la inscripción. Que conforme lo expuesto, resulta claro, que en el caso de falta total de registración, se debe requerir ella (objeto de la intimación) y se deben indicar la "demás circunstancias", que no pueden ser otras que la fecha de ingreso, categoría, remuneración, etc.. En tal sentido también se expresa Etala en su obra Contrato de Trabajo, pág. 183, nota al art. 57, al decir: "Intimación del artículo 11 de la L.E. Este artículo, en su Párr. 2º (ahora cuarto), impone al trabajador que precise, en la intimación, todas las circunstancias propias y esenciales del vínculo que legalmente deben ser registradas".	Que sin perjuicio de lo expuesto, ninguna duda cabe que las opiniones doctrinarias citadas, encuentran sustento no solo en las normas de la L.E., sino también en la obligación genérica de las partes y en el principio de buena fe, que contemplan los arts. 62 y 63 de la LCT."	Que por todo ello, propicio se desestime este punto de la apelación.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que atento la solución que propugno, voto porque las costas se impongan en el 50% a la demandada. Art. 125 CPL y 77 CPC.

EL DR. JOSÉ D. CASTRO DIJO:

Adhiero por sus fundamentos al voto emitido por el Dr. Novoa, permitiéndome agregar, al agravio referido al reclamo proveniente del art. 8 LNE, lo siguiente: la procedencia de la multa por no haber sido registrada la relación laboral (art. 8 ley 24013), es la consecuencia de no haberse observado el cumplimiento de la intimación que debe cursar el trabajador (art. 11 LNE.) en pos de lograr su registración.

En el sub judice tal requerimiento no se encuentra cumplido como bien lo establece el sentenciante. Las actas de inspección de la autoridad administrativa obrante a fs. 197 y sgtes. no cumplen con la exigencia legal aludida como parece verlo la accionante, a raíz de que tales actuaciones tienen una finalidad distinta a la exigida por la mencionada ley de empleo. En concordancia con las disposiciones de aplicación al tema que nos ocupa, el rechazo de la multa pretendida por la accionante queda ajustada a derecho por lo que se impone el rechazo del agravio tal como lo decide el anterior voto.

EL DR. HERMES F. CARRERA DIJO:

Adhiero por sus fundamentos a las conclusiones en que arriba el Dr. Novoa en su voto, con las aclaraciones formuladas precedentemente por el Dr. Castro en su intervención. Así lo voto.	Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la actora, con costas en el 50% a la demandada, de conformidad con los considerandos precedentes.

II) Tener presente las reservas de derechos efectuadas.

III) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-