Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


GUERRERO, Teresita M. contra FARIAS, Andrea P. y otro Reg.: A y S t 206 p 46-50.

Santa Fe, 6 de abril del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado del co-demandado Juan Carlos Santoro contra la resolución nro. 37 del 19.6.2003 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, en autos "GUERRERO, Teresita M. contra FARIAS, Andrea P. y otro -Daños y Perjuicios- (Expte. 35/03)" (Expte. C.S.J. nro. 397, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad que resolvió casar parcialmente la sentencia y, en consecuencia, hacer extensiva la condena indemnizatoria a Juan Carlos Santoro, en forma solidaria con la co-demandada, en la forma y monto establecido en el fallo impugnado e impuso las costas de primera instancia a ambos coaccionados y en segunda instancia a cargo del hoy recurrente, deduce el compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055.

En el memorial recursivo expresa que le agravia lo resuelto por la Sala en tanto juzgó que el Tribunal Colegiado incurrió en una equívoca aplicación del derecho vigente, afirmando, que tal como lo sostuvo al contestar la demanda, la actora no realizó actos interruptivos de la prescripción que fueran de su conocimiento y/o acción penal pertinente derivados de actos y/o hechos relacionados con la responsabilidad extracontractual, por lo que no se cumplen los extremos previstos por el artículo 3982 bis del Código Civil. Sostiene que el supuesto vínculo obligacional de solidaridad, fundamento del fallo, no responde a ninguna de las fuentes reconocidas, es decir, no está dado por contratos o convenciones entre las partes, ni por testamento, tan siquiera por ley.

Considera aplicable el artículo 4037 del Código Civil en razón del presunto hecho ilícito, no obstante ello -dice-, de encontrarse ante una solidaridad legal resulta también irrefutable que se está ante una situación de dispensa del acreedor. Seguidamente aduce que el beneficio de la suspensión sólo beneficia a quien la tiene a su favor o en su contra, aunque la obligación sea solidaria, nunca puede ser invocada en relación a los otros cointeresados (artículo 3981, Código citado); lo contrario importaría desnaturalizar las disposiciones del código de fondo en tanto disponen la preclusión del ejercicio de acciones por inacción durante distintos períodos de tiempo, conforme los derechos tutelados.

Le agravia la condena solidariamente impuesta a su parte ante la determinación por el Tribunal Colegiado de un hecho ilícito, como así la carga en costas, condenas éstas respecto de las cuales no tuvo oportunidad de expresar su disconformidad atento a que se había admitido la excepción de prescripción.

Afirma que carece de sustento jurídico la calificación del principio de solidaridad empleado por la Alzada, pues en realidad se está en presencia de obligaciones concurrentes, tal como lo sostuvo el juez inferior. Manifiesta que su parte no suscribió contrato o convenio alguno, por lo que resulta inaplicable el artículo 713 del Código Civil. No hay posibilidad de solidaridad, desde que su parte no fue condenada por la comisión de ningún ilícito, por el contrario, ante su carácter de funcionario público -Presidente Comunal- se encontraba obligado legalmente a realizar las denuncias que estimare necesarias en resguardo de la comunidad, dentro de las facultades de representación política y administrativa, pues de lo contrario hubiese incurrido en lo prescripto por el artículo 249 del Código Penal. Con ello se demuestra -dice- que Santoro no actuó unilateralmente sino que lo hizo en representación del cargo y a requerimiento de sus conciudadanos y que ninguna injuria ha sido cometida por el mismo.

Sostiene que el decisorio incurre en manifiesta arbitrariedad "en la valoración de los actos procesales y/o la falta de ellos, como base fáctica y jurídica de ampliar la imputación y sus efectos ...", por cuanto los co-demandados han asumido distintas conductas procesales, destacando que Farías no contestó la demanda y no aportó pruebas en su favor, a diferencia de su parte, quien cumplimentó adecuadamente los diversos actos del proceso.

Le agravia finalmente, la imposición de costas en esta instancia, por entender que su parte no las ha provocado, pues ésta ha sido su primer y única intervención. Los jueces, afirma, incurren en contradicción al condenar, pues se fundan "en una presunta solidaridad obligacional de los codemandados fundamentando la extensión de la condena por la calificación del a quo sobre el hecho en cuestión y la falta de apelación de Santoro al respecto, cuando ... Santoro había conseguido su cometido al obtener la excepción de prescripción que por su propia naturaleza, de previo pronunciamiento, las demás consideraciones y calificaciones de hecho no le alcanzaban, para luego disponer una imposición de costas exclusiva, única y personal -con total prescindencia de la co- demandada- y a pesar de no ser parte en el recurso (artículo 251, C.P.C. y C.)".

La Sala a quo, mediante auto del 22.9.2003 denegó la concesión del recurso extraordinario, lo que motivó la presentación directa del quejoso ante esta sede.

2. Aún cuando se considere cumplido el recaudo formal juzgado insatisfecho por el Tribunal a quo (artículo 1 in fine de la ley 7055), cabe señalar que el presente remedio igualmente no ha de prosperar. Ello así, por cuanto si bien en el escrito de interposición del recurso se imputa a la sentencia algunos vicios que, formalmente, concretan supuestos de denegación del derecho a la jurisdicción, lo que aneja la introducción de cuestión constitucional bastante, no se demuestra de qué modo la recepción de aquéllos, frente a lo decidido por la Cámara, desencadenaría necesariamente una solución distinta a la resuelta.

En el sub judice, no obstante invocarse arbitrariedad, de la confrontación de los agravios mencionados con la sentencia impugnada surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el compareciente aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, y con el que valoró las pruebas y en función de ello interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste, que resulta ajeno a esta instancia de excepción.

En efecto, sucintamente la inteligencia del decisorio recurrido se funda en la existencia de obligación solidaria entre los coautores del hecho ilícito agraviante, tipificado como cuasidelito civil de afectación a la honra de Teresita Guerrero debido a injurias emanadas de la nota suscripta por Farías y Santoro, supuesto en el que la Cámara juzgó determinante y categórico lo dispuesto por el artículo 713 del Código Civil, en tanto refiere a cualquier acto que interrumpa la prescripción, por lo que la interposición de la demanda previa deducida por la actora contra uno de los coobligados solidarios, en el caso, contra la coaccionada Farías y ante su manifestación de promover demanda contra quien resulte corresponsable, resguardó su crédito respecto de todos quienes tienen responsabilidad solidaria, es decir, amparó su derecho en relación con los restantes coobligados.

A la luz de tales pautas doctrinarias, la Cámara concluyó en que el Tribunal Colegiado omitió aplicar el derecho que regula el caso concreto, apartándose del texto vigente de los artículos 1109, 713 y 3994 del Código Civil, no obstante haber determinado acertadamente, en base a las pruebas de la causa y los términos utilizados en la nota cuyo contenido diera lugar a la demanda, que se está en presencia de un cuasidelito civil por lesión al honor de la actora (artículos 1109, 1078 y ccs. del Código Civil). Sostuvo además, la Alzada, que la solidaridad imperfecta en que se sustentó el iudex a quo, en los hechos, carece de vigencia por ausencia de base normativa y porque en nuestro sistema la ley consagra la responsabilidad solidaria de los codeudores de un hecho ilícito doloso o culposo, es decir, en el derecho argentino hay un sólo tipo de solidaridad, la regulada por el artículo 699 y ss. del código de fondo, por lo que en autos asiste coautoría en la generación del ilícito y por tanto solidaridad entre quienes son coautores.

Agregó que la solidaridad obligacional puede emanar de la voluntad de las partes o de la ley y dentro de esta última, vinculada específicamente al caso concreto, se encuentra lo normado por el artículo 1081 del Código Civil que establece la obligación solidaria de reparar el daño causado por un delito respecto de todos los partícipes ya sea como coautores, consejeros o cómplices, solidaridad que luego de la reforma introducida por la ley 17.711 (1968) se aplica también a los cuasidelitos.

En definitiva, afirmó que la presencia de solidaridad entre ambos codemandados significa que la interpelación que realice el acreedor respecto de uno de los codeudores propaga sus efectos hacia los restantes, lo que vincula la cuestión relativa a la prescripción liberatoria invocada por el codemandado Santoro admitida, en su oportunidad por el a quo.

A esta línea conceptual opone el co-demandado Santoro su propio enfoque del caso afirmando la inaplicabilidad del artículo 713 del Código Civil como así la ausencia de solidaridad por entender que en el sub judice la actora no realizó actos interruptivos de la prescripción relacionados con la responsabilidad extracontractual (con lo cual no se cumplen los recaudos del artículo 3982 bis del citado digesto normativo), a más de no reconocer ninguna de las fuentes tradicionales de las obligaciones solidarias, considerando que en autos -por el contrario- debió aplicarse lo prescripto por el artículo 4037 del Código Civil, con lo cual la demanda habría sido desestimada ante la excepción de prescripción planteada -tal como lo decidió el sentenciante inferior-, trayendo en apoyo de su postura lo dispuesto por el artículo 3981 del Código Civil en relación a los beneficios de la suspensión de la prescripción. En definitiva, el quejoso pretende desobligarse de la condena solidaria impuesta por la Alzada, aduciendo que no actuó unilateralmente sino que lo hizo en representación del cargo y a requerimiento de sus conciudadanos, negando haber cometido injuria alguna.

El reproche relativo a la imposición de gastos causídicos tampoco ha de merecer favorable acogida, desde que bien sabido es, que de acuerdo a lo sustentado por este Cuerpo en numerosas oportunidades, la materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T. 49, pág. 296; T. 81, pág. 273, etc.). A este respecto, el más Alto Tribunal de la Nación tiene dicho que "... la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la Ley 48 ..." (Fallos 240:28); que "... lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la Ley 48 (Fallos 308:1076); que "... la imposición de las costas no es tema que quepa abordar en la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión al respecto aparece fundada y acorde con el resultado del pleito" (CS., febrero 11_988 "Avenida Santa Fe 1818 S.A. c. Petit Bar"); que "... los agravios vinculados con el orden de la imposición de costas no suscitan cuestión federal bastante (Disidencia de los doctores Fayt y Moliné O'Connor, CS. setiembre 28_993 "Banco Roberts S.A. s. rec. de rev. en los autos caratulados "Martínez Saravia, Miguel Angel s. conc. prev.").

Si bien dicha regla general reconoce excepción en los casos que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, o lo decidido puede prohijar una restricción indebida al derecho de defensa (Cfr. A. y S. T. 60, pág. 472; T. 63, pág. 267; T. 115, pág. 391, entre otros), lo cierto es que en el sub judice no cabe hacer lugar a ella, toda vez que de la lectura de la decisión en este aspecto no se advierte que la Alzada se haya apartado del sistema objetivo que preside en nuestro ordenamiento procesal la imposición causídica, en virtud del cual, habiendo un perdidoso o vencido en el litigio, deba ser él quien soporte el pago total de las costas.

Asimismo, los argumentos que ensaya el impugnante en torno a que su parte no provocó los gastos, a más de no ser parte en el recurso, resultan asáz insuficientes en orden a lograr persuadir a este Tribunal acerca de que en el sub judice debiera haberse fallado haciendo excepción a la regla "costas al vencido".

Las razones expuestas, determinan la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)