marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, solicitud del beneficio, prueba, hechos nuevos, reapertura del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Soto, Juan Gilberto c/ ANSeS s/ jubilación por invalidez.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

Si el período de trabajo reclamado estaba probado en sede administrativa no procede la reapertura del procedimiento (art. 1 de la ley 20.606 y 7 del decreto reglamentario 1377/74) por incorporación de nuevos elementos de juicio, desde que el pronunciamiento recurrido no se fundó en pruebas incorporadas a la causa sólo al presentar la demanda sino en otros que obraban en el expediente cuyo examen oportuno fue omitido por el organismo previsional sin expresar ninguna razón válida que lo justifique.
Estado Provincial, fiscal de Estado, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTEBAN VILLANUEVA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ EXPROPIACION INVERSA-INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-02-02

La ley 5558 en su art. 4 inc.a) apartado segundo, dispone un contralor final por parte del poder político de la marcha de los procesos que iniciare o fueren iniciados en su contra, con la finalidad de dejar a su decisión final, ( cuando no se trate del supuesto de una sentencia firme a la que fatalmente tendría que someterse), cuando y cómo puede concluirse un juicio en el que es parte el estado provincial. Esta decisión última que se reserva para finiquitar, por cualquiera de los modos anormales que legisla el C.P.C., es una facultad que evidentemente ha quitado a sus representantes judiciales para ejercerla en forma exclusiva y como parte de sus facultades decisorias de índole política que hacen a su labor de gobierno en cumplimiento de los fines de su gestión. Esto implica que la interpretación que sobre el tema se efectúa debe ser necesariamente restrictiva, precisamente para no cercenar, judicialmente esas potestades que ejercidas como acto de gobierno escapan, inclusive al contralor jurisdiccional.
Responsabilidad médica, negligencia, daño neurológico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IBARRA  ZULEMA BEATRIZ Y OTRO c/ O.S.P.E.D. Y C. Y OTROS s/ DAÑOSY PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-05

La incidencia causal de las impericias atribuidas a la codemandada Clínica Olivos debe atenuarse a un menor porcentual que el reconocido en la anterior instancia. Para arribar a dicho aserto, me impresiona como relevante el grave estado en el que se encontraba la víctima al momento de la derivación producto de la negligente atención dispensada en el Sanatorio San Cristóbal, y las numerosas concausas que contribuyeron a la producción del resultado dañoso. Tal circunstancia se colige no sólo del informe presentado por el Dr. SOLÁ, sino también con lo dictaminado por la perito médica neuróloga. A fin de disipar cualquier duda que pueda restar, viene al caso analizar que en su informe la Dra. PARADA MARCILLA sostiene que la producción del daño neurológico hallado en el actor presenta una causalidad múltiple, entre las que se encuentran el peso menor o igual a 1.500 gramos al momento de nacer; haber recibido fármacos ototóxicos; haber sufrido hipoxia e isquemia perinatal, sepsis, neuroinfecciones, desnutrición y alteraciones metabólicas; entre otras.
Accidentes de trabajo, ley de contrato de trabajo, derecho de propiedad, igualdad ante la ley, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Ayala, Mónica Cristina c/ Federación Patronal Seguros ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-09

El artículo 277 de la LCT violenta dispositivos constitucionales -propiedad e igualdad-, pues tal como se encuentra redactado por el legislador, sería el propio abogado que triunfó en el pleito o en su caso el perito actuante, los que deberán afrontar la pérdida de sus reales ingresos u honorarios, afectándose de esta manera el derecho a la retribución "justa" que les asiste, o de lo contrario deberá hacerse cargo el trabajador accionante, persona esta supuestamente protegida por el orden constitucional en los términos de los fallos de la propia Corte Suprema, in re "Vizzoti", quien se verá obligado a pagar el excedente de ese 25% que está establecido como tope (Voto Romero, en adhesión a Welp)
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.A.D. Y OTRO c/ M.N.F. s/ FIJACION REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Si bien no existe razón para cambiar el régimen convenido, lo que habla de la inexistencia de circunstancias obstantes del ejercicio del derecho de visitas de los abuelos, se hace necesario, -en cuanto el fijado implica el alejamiento del menor por un lapso prolongado y a lugar distante del domicilio de aquél con quién de ordinario se encuentra, lo que atenta a la posibilidad de actuar eficazmente ante el ingreso del menor en una situación de crisis que remita a esa separación- se preceda la plena actuación del sistema con un renovado trato entre el niño y sus abuelos de manera de hacer renacer el mutuo conocimiento y predisponer la confianza y disponibilidad del menor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Orefice, Horacio Armando y Otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia de la Cámara que resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, rechazar las defensas de inadmisibilidad de la instancia y de cosa juzgada deducidas por la demandada y los terceros. Ello así, toda vez que sus agravios no logran rebatir concreta y fundadamente las razones dadas por la Cámara al decidir el rechazo del recurso de inconstitucionalidad: i) que el pronunciamiento recurrido no reunía la condición de definitivo con relación a ninguna cuestión constitucional, ni las recurrentes habían logrado demostrar un perjuicio irreparable que permitiera equiparlo; ii) que los agravios remitían al análisis de normativa infraconstitucional y cuestiones de hecho y prueba sin que se hubiera logrado vincular de manera estrecha y directa la interpretación que dicho tribunal había efectuado del régimen procesal y la garantía de la defensa en juicio y; iii) que no se configuraba un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional. La ausencia de una crítica concreta sobre estos razonamientos hace que la queja carezca de la fundamentación exigible a ese tipo de recurso, por lo que resulta aplicable mutatis mutandis, la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -conf. Fallos: 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, entre otros-. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Seguros, culpa grave
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: KLIGMANN, DEBORA MYRIAM c/ CORREA, FERNANDO RICARDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

El Tribunal tiene dicho que la alegación de culpa grave del conductor del vehículo resulta insustancial, puesto que la culpa grave contemplada en el art. 70 de la ley 17418 es la del asegurado, y no la de terceros. La doctrina coincide con este punto de vista.

Así, señala Halparin que es improcedente invocar la culpa grave respecto del dependiente.
Accidente de tránsito, obligaciones del conductor, giros, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: CONFALIONIERI OSVALDO c/ JABLONSKY SERGIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

El viraje a la izquierda en una avenida de doble mano, especialmente en zonas de intenso tránsito exige una prudencia máxima puesto que el que lo efectúa debe invadir la mano contraria y por tanto deberá respetar la prioridad de paso de quien circula por su mano, y no basta para eximirse de responsabilidad por la eventual producción de un accidente, alegar haber hecho señales con las luces que habrían indicado su intención de girar a la izquierda, pues cabe destacar que el preaviso de una maniobra no autoriza a realizarla si previamente no se aseguro de que puede ser efectuada sin peligro.
Despido, indemnización por despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: RIVEROS, HUGO OSVALDO c/ FIRMA BODEGAS ESMERALDA S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-08

Para admitir el resarcimiento por daño causado por una denuncia penal, no basta para configurarlo la sentencia absolutoria, sino que es necesario analizar si hubo dolo, culpa o negligencia de los denunciantes.
Seguros, buena fe, celebración del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gimenez Chavez, Ignacia Daria c/ Galicia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

El seguro es un contrato que tradicionalmente ha sido calificado como de uberrimae bona fidei en donde las partes deben conducirse con buena fe en la celebración y en la ejecución de sus obligaciones, y si los principios de la buena fe hallan una aplicación más frecuente y rigurosa, se debe a la naturaleza del contrato y a la posición especial de las partes (HalperinMorandi en "Seguros", T° I, pág 50, ed. Depalma, Buenos Aires, 1986; Stiglitz, en "Derecho de Seguros", T° II, pág. 55).
Comerciante, conflicto de intereses, aplicación de la ley, competencia, bien jurídico protegido, competencia desleal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Davicom Comunicaciones SRL c/ Elv Comunicaciones SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Con relación a la configuración de los elementos subjetivos en estudio, la ilicitud se configura cuando media "instigación", rectius: inducción. Por ello, si un contratante resuelve un contrato para celebrar una relación con un competidor de aquel del que se desvinculó, no habrá competencia desleal, porque no habría prima facie incitación, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber al primero. En similar sentido, no configura este supuesto una mera oferta de ventaja. El comportamiento desleal se produce cuando el ofrecimiento persigue que el inducido infrinja una obligación contractual para con el competidor del instigador. Los medios pueden ser lícitos (mejora de prestaciones) o ilícitos (sobornos). Asimismo, no es necesario que se persiga el incumplimiento de la totalidad de las obligaciones contraídas, pudiendo afectar solo parcialmente la relación contractual, en la medida que sea un aspecto relevante (Junyent Bas, Francisco, "Ejes del nuevo ordenamiento sobre Lealtad Comercial", Sup. Esp. Comp. Desleal. DNU 274/2019, 2019 (agosto), 75, Cita Online: AR/DOC/2816/2019).
Concurso especial, crédito privilegiado, realización de bienes, pago con subrogación, allanamiento, costas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BOUZOS,  RUBEN s/ INCIDENTE  DE  CONCURSO  ESPECIAL  -POR ALEN,PATRICIO-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Procede confirmar el fallo que impuso las costas en el orden causado, cuando -como en el caso- se trata de un concurso especial, mediante el cual un acreedor con privilegio especial ejecuta el bien asiento de su garantía, dentro de un proceso falencial; y se presenta la conyuge del fallido -tercera- quien depositó una suma para cubrir la liquidación del crédito verificado del acreedor, más un plus para abonar intereses y costas, no resultando estrictamente un allanamiento a una pretensión judicial en los términos del cpr: 70, siendo tal norma inaplicable al caso. Asi, no se advierte que puedan imponerse las costas de la incidencia a la tercera interesada, como pretende el acreedor -quien no es parte, no puede allanarse en el expediente-, máxime que la propuesta de la tercera fue acogida y de ello se deriva beneficio para el acreedor, al menos sobre los fondos dados en pago.

(En el caso, habiéndose dispuesto la subasta del inmueble del fallido, el cual se encuentra inscripto como bien de familia y en donde habita la tercera presentada -conyuge del fallido- con sus hijos, esta solicitó la suspensión de dicho remate, a cuyo fin depositó una suma de dinero que dió en pago).
Prueba, carga de la prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: HERNANDO, JULIAN c/ PEÑALBA, DANIEL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-19

El juzgador debe recurrir a las teorías elaboradas acerca de la carga de la prueba, solo cuando se carece de los elementos probatorios necesarios como para decidir, de lo contrario, se valdrá de los medios probatorios a su alcance, sin verificar por quien fueron aportados.
Igualdad ante la ley, principio de no discriminación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

El fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir la situación de desventaja en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico en razón de muy variadas circunstancias como, por ejemplo, razones sociales, étnicas, culturales, religiosas, entre otras
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ BLANCA ANGELICA c/ AMIANO ORLANDO MARTIN s/ USUCAPION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-17

El "animus domini" en la prescripción adquisitiva es el elemento que por lo general ofrece mayores dificultades probatorias, inconvenientes que la propia ley atempera al permitir inducirlo de la realización de actos como los mencionados en el art. 2384 del Código Civil; actos que vendrían a constituir algo así como la prueba del "animus" por medio del "corpus", ya que demostrado éste, aquél se presume.-
Compraventa de automotores, transferencia del automotor, obligaciones del comprador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAVE DE QUIJANO LUCIA E. c/ AUTOMOTORES SAN MARTIN Y/O LUIS GIRARDELLI s/ Ordinario (LIBRO: S129 - 094)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-15

Por la documentación recibida por la actora, es a mi modo de ver incuestionable que la misma sabia o debía saber la condición legal del vehículo y lo que era menester para inscribirlo a su nombre, y si no obstante ello convino en hacerse cargo de la transferencia y trámites de cambio de dominio, es evidente que dentro de la amplia esfera de la autonomía de la voluntad, tomó a su cargo la obligación, que en principio corresponde sin duda al vendedor, de realizar por sí todo lo necesario para poder ejercitar el derecho de dominio, usando y gozando de la cosa y ejecutando todos los actos jurídicos de que ella es igualmente susceptible, lo que no habría resultado imposible estando al testimonio del titular registral del rodado.-
Responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuello Rosa c/ Olivieri Luis Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

No es la permanente y muchas veces imposible mirada sobre la prole, lo que enrostra la culpa de los padres, sino la omisión de aquellas diligencias enderezadas a la buena educación del menor y a saber que éste va a responder adecuadamente a las enseñanzas de su hogar (arts. 264, 278, 1111, 1114, 1116 del Código Civil).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Coronati,  Carlos  Gustavo c/ Sociedad  Argentina  de Autores yCompositores de Música y otros. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Tanto la tasa de justicia cuanto los depósitos que son requeridos en las instancias recursivas no deben ser exigidos como condicionantes previos del acceso a la jurisdicción sino que, por el contrario, para evitar todo tipo de cercenamiento de la garantía constitucional cualquier pago debe ser realizado al finalizar el pleito y por parte de quien ha resultado vencido (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Pacto de San José de Costa Rica, informe de solución amistosa, obligaciones internacionales, sistema interamericano de Derechos Humanos, pacta sunt servanda, buena fe, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, Sistema Universal de Derechos Humanos, solución de controversias
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Solución Amistosa No.197/20, Caso 13.011 - Graciela Ramos Rocha y familia. República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-07-12

De acuerdo a lo establecido en los artículos 48.1.f y 49 de la Convención Americana, el procedimiento allí contemplado tiene por finalidad, llegar a una solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención, y expresa la buena voluntad de los Estados para cumplir con sus propósitos y objetivos en virtud del principio pacta sunt servanda, reforzando asimismo la necesidad de poner fin a las controversias internacionales en forma no contenciosa.
Proceso penal, sistema acusatorio, facultades del juez, Ministerio Público Fiscal, sentencia ultra petita
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. A.; C., Y. M. y N., N. N. s/ Robo agravado s/ Inconstitucionalidad s/Casación. (Expte. Nº 26574/13 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

La exigencia de "acusación", si es que ha de salvaguardar la defensa en juicio y la imparcialidad como condiciones del debido proceso, presupone que la completitud de dicho acto provenga de un tercero diferente de quien ha de juzgar acerca de su viabilidad y que no pueda ser diluida (la defensa en juicio) mediante el reconocimiento al tribunal de poder modificar ultra petitum la acusación del Ministerio Público.

En síntesis: los principios procesales que reconocen raigambre constitucional exigen que a una sentencia preceda una acusación. Esta "completa con todos sus elementos esenciales-es el presupuesto de un debate válido y, de acuerdo con la estructura de nuestro juicio penal (exigida por el art. 18 C.Nac.), es la expuesta en la discusión final del debate. (Disidencia: Dra. Zaratiegui)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, daños y perjuicios, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Retondo, Francisco c/ Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Excma. Cámara Civil, Sala J. y Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil n° 63, Sec. n° 93, Capital Federal y Estado Nacional s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

No es de la competencia originaria de la Corte la demanda por daños y perjuicios contra los miembros de la Corte Suprema de la Nación.
Jubilaciones, pretensión, razonabilidad, ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PARMA, JOSE IGNACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 188-87 BUSIEMI, LAURA AURORA SCHMITD DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 636-83 FURNO, HECTOR ALEJANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 113-86 YORI, ENRIQUE RIGOBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 452-86 SERRAO, VICTOR PRIMITIVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 451-86 CARNELLI, RICARDO ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 180-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-02-08|1988-12-28|1988-12-28|1989-09-06|1989-12-28|1989-12-28

El alcance de la pretensión previsional debe interpretarse con amplitud para no frustrar "normas sobre seguridad social contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las cuales al propio tiempo que consagran derechos para los jubilados, encomiendan expresamente al Estado el otorgamiento de tales beneficios" ..

"mandato constitucional cuyo cumplimiento atañe a los poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas competencias".

En el caso, el análisis de la genérica petición de que "se reajusten los haberes...de nuestro mandante de manera tal que se mantenga una razonable proporcionalidad con la remuneración actualizada del activo con las mismas funciones, que surge del presupuesto provincial", expresado en el escrito introductorio del recurso, a la luz de lo actuado en sede administrativa, de la posterior actividad probatoria en el proceso contencioso y de lo expuesto en el informe sobre el mérito de la causa, permite concluir que el recurrente apoya su reclamo en dos aspectos: el referente al cambio de categoría, reconociéndose una superior a aquella en la cual se obtuvo el beneficio jubilatorio y el relativo al "suplemento no bonificable" establecido para el personal de la Caja de Asistencia Social de la Provincia -Lotería- en la que se desempeñó el pasivo.
Recurso extraordinario, cuestión federal, ley federal, interpretación de la ley, servidumbre de electroducto
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SEGBA  S.A. c/ Guillermo G. SOLER y otra s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA - INTERPRETACION DE LAS LEYES  FEDERALES - SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

Procede el recurso extraordinario cuando se trata de la interpretación de una norma de carácter federal -en el caso, ley 19 552-.
Marcas, competencia desleal, falta de prueba, protección de la propiedad industrial, doctrina
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: DEMIBELL SACIFI c/ DEVILLE SRL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

El motivo de toda publicidad lícita y/o leal ha de ser el "hacer público" o dar a conocer la presencia y/o bondades de una empresa y/o de sus productos en el marco de una "...Sana competencia..." (Fallos: 279:150), concepto que encierra el "...Derecho a la clientela..." (Belluscio "Código Civil Comentado", t. 5, Pág. 356). Esta última se verifica mientras no pueda considerarse que se llevó a cabo mediante un procedimiento que involucre actos contrarios a los usos honestos del comercio (Halperín, Marcelo, "la deslealtad comercial en los países industrializados, perfil jurídico", en l.L. 1982-D-1089), con efectos disvaliosos o lesivos con relación a sus competidores utilizando su prestigio, alcanzando eventualmente una captación o desviación real de la clientela en su beneficio (art. 10 del convenio de París, aprobado por ley 17.011). Se ha presentado como decisivo para descartar como elemento configurativo del comportamiento desleal imputado la falta de prueba concluyente que indique que las empresas demandadas hubieran tomado conocimiento de la subsistencia de la exclusividad pactada entre la srta. Mancini y la empresa actora al tiempo de formalizarse el contrato con aquellas. No es el caso de suponer que las accionadas desconocían la campaña de la competidora, sino que no existe prueba de que el pacto de "exclusividad" hubiera trascendido por la mera circunstancia de ser promocionados los productos por la modelo señalada. La actora no acreditó que el pacto de exclusividad sea una costumbre de plaza de este tipo de contrataciones. A la empresa accionante le pesaba la conveniencia de demostrar la practica supuestamente violada para atribuir la deslealtad comercial.