Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21


SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y SIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún días del mes de Octubre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para en-tender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 73/13, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Carlos R. Vera en Expte. Nº 578 - Colombre, Raúl Ramón s/ prisión domiciliaria - Capital", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado lo prescripto por los arts. 10 inc. d) del C.P. y 32 inc. d) de la Ley 24.660? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Entiende esta Corte que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el Dr. Carlos Roberto Rosales Vera, en su carácter de asistente técnico del condenado Raúl Ramón Colombre, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/11 "Finazzi"; S. Nº 44/11 "Londero", S. 01/12 "Delgado", entre otros).

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 17, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 223/13, de fecha 03/07/2013, la Jueza de Ejecución Penal, rechazó la prisión domiciliaria solicitada por el interno Raúl Ramón Colombre, ordenando al Servicio Penitenciario que arbitre los medios necesarios a fin de que regularmente el peticionante sea controlado por los médicos del penal, bajo constancia de firma, así como, se le practique todos y cada uno de los estudios que demanden las patologías que presenta, en el centro de salud de su confianza o estatal; debiendo el área salud informar mensualmente, el tratamiento recibido, evolución o involución de las patologías y toda otra cuestión relativa a la salud de Colombre (fs. 41).

II. Contra dicha resolución, recurre en casación el Dr. Carlos Roberto Rosales Vera, en su condición de defensor del penado Raúl Ramón Colombre, agraviándose de la denegatoria del beneficio solicitado (fs.1/6 - Expte. Corte 73/13).

Denuncia la interpretación que el juez a quo ha efectuado de los arts. 10 del C.P. y 32 inc. d) de la ley 24.660 modificada por 26.472. En tal sentido, sostiene que la Jueza de Ejecución Penal ha realizado un análisis de la solicitud de prisión domiciliaria que excede lo previsto por la ley y que argumentó sobre aspectos que resultan extraños al reclamo.

Sostiene que la función del sistema carcelario no es castigar, sino resocializar y que ello, no puede aplicarse a su defendido, por su avanzada edad.

Manifiesta que el tribunal ha obrado con notable discrecionalidad al emitir su fallo, argumentando que donde la ley no distingue no hay que distinguir. Que las condiciones son: que la sentencia esté firme y que el condenado tenga 70 años de edad. De este modo, refiriéndose a lo dispuesto en la ley 26.472, interpreta que en el caso de mayores de 70 años, la sola pertenencia a esa franja etaria hace beneficiario a su defendido, sin ningún otro requisito, y que se trata de un beneficio operativo que se efectiviza tan pronto se alcance la edad. En idéntica dirección, refiere que la expresión "podrá" del juez, de ninguna manera puede constituir una discrecionalidad, y que las facultades denegatorias del juez se reducen a la comprobación de la existencia de razones que hacen suponer que el condenado va a burlar la acción de la justicia o de que corre riesgo él o sus custodios, ocasionado por su propia conducta. Asevera que la Cámara Nacional de Casación Penal en todos los casos se pronunció sobre la procedencia de la prisión domiciliaria a favor del condenado.

Hace reserva del caso federal.

III. La cuestión medular traída a conocimiento de esta Corte importa establecer si han sido erróneamente aplicadas las normas que regulan la prisión domiciliaria, como afirma el recurrente; o si, por el contrario, tal de-negación constituye una razonable aplicación al caso del derecho vigente.

Como punto de partida, estimo oportuno recordar que, la prisión domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión, sino como claramente surge de su nombre y de su ubicación en la legislación, se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución. Resulta en definitiva, una atenuada modalidad de ejecución del encierro que implica la pena privativa de libertad (De La Rúa, Jorge, Código Penal Argentino, Parte General, Depalma, Bs. As., 2° ed., 1997, p. 143).

El instituto en cuestión, es uno de los que recepta el principio de trato humanitario en la ejecución de la pena, y tiene en el ámbito de la República Argentina expresa consagración normativa (C.N., art. 75 inc. 22; D.A.D.H., XXV; C.A.D.H. -Pacto de San José de Costa Rica-, art. 5°, 2; P.I.D.C.P., art. 10; Conv. contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - A.G., ONU, 10/12/84, Considerandos). La atenuación de los efectos del encierro ha sido fruto de un anhelo que viene modernamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Sentenciados (Ginebra, 1955) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General ONU, 19 de diciembre de 1966, aprobada por la Rep. Argentina por ley 23.313), principios que fueron plasmados ya en el decreto 412/58 ratificado por la ley 14.467, actualmente contenido en forma expresa y profundizado por la ley 24.660 y sus modificatorias, en consonancia con otros documentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, Dic. de 1990).

Bajo esa teleología, se ubica la regulación de la prisión domiciliaria efectuada en la última ley citada que constituye el régimen penitenciario vigente.

Y es en este marco conceptual que la juez a quo, aludiendo a las normas que regulan la cuestión a dirimir, destacó la reforma operada en materia de ejecución de la pena privativa de libertad (Ley 26.472 modif. Ley 24.660, B.O. del 20/01/09), a través de la cual se modificó el art. 32 de la ley 24.660, el que ha quedado redactado de la siguiente manera: "El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo".

En tal dirección, el tribunal aclaró que resulta evidente que el legislador al crear la citada disposición otorgó facultad al juez para aplicarla, y en consecuencia, éste deberá analizar en cada caso concreto, la particular conveniencia o no de disponer la excepción a la que se alude.

En este sentido, el peticionante dice que su representado tiene 78 años argumentando que la sola pertenencia a la franja etaria fijada por la norma (art. 32 inc. d) Ley 26.472 modif. Ley 24.660 y art. 10 inc. d) C.P. modif. Ley 26.472) hace beneficiario a su asistido de la prisión domiciliaria.

Con relación a esta única causal que menciona el recurrente como fundamento de su petición, debo decir que es desacertada la aseveración defensista en torno a que lo dispuesto en los arts. 32 inc. d) de la ley 24.660 (modif. Ley 26.472/09) y 10 inc. d) C.P., resulte de aplicación obligatoria para el magistrado a quo. La letra de dichas normas, en el punto específico, es suficientemente clara en cuanto a que la decisión de la detención domiciliaria es facultativa y no imperativa para el juez, en tanto la norma se construye con la acepción "podrá" y no "deberá". El juez, por tanto, aún frente al cumplimiento del requisito previsto en el art. 32, inc. "d" de la ley 24.660 y en el art. 10 inc. d) C.P., tiene la facultad de rechazar la concesión del beneficio, siempre que fundamente tal rechazo en razonables motivos justificantes, provenientes de las características personales del justiciable, y demás circunstancias del caso.

En efecto, el yerro en el que incurre la defensa radica en interpretar que es imperativo para el juez, conceder la prisión domiciliaria automáticamente, por el sólo hecho de haber alcanzado el condenado el requisito de la edad (mayor de 70 años). Considero acertada la postura sostenida por el juez a quo, en cuanto a que la norma en cuestión, de ninguna manera establece que por el sólo hecho de comprobarse alguno de los extremos exigidos, previstos en el artículo (32 inc. d) Ley de Ejecución Penal), deba la ejecución de la pena automáticamente cumplirse bajo la forma domiciliaria, sino que, la viabilidad de la misma queda sujeta a la apreciación judicial. En este orden de ideas, el judicante aclaró -contrariamente a lo sostenido por el recurrente-, que no se trata de una facultad discrecional del juez, argumentando en tal sentido, que toda decisión concediendo o denegando esta forma de ejecución debe estar fundada en las finalidades de ejecución de la pena y de protección, que subyacen a las disposiciones legales citadas y en consideración a las circunstancias particulares de cada caso. Por ello, aludió a la nueva redacción del art. 10 C.P., en cuanto establece que: "Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el estable-cimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El in-terno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo".

En función de estos paradigmas, estimo que en el caso la solución propiciada por la Juez de Ejecución es la correcta. El impugnante se restringe únicamente a invocar la circunstancia de que el interno posee la edad fijada por la norma como extremo que por sí solo ameritaría el encierro domiciliario, cuando en verdad la ley autoriza esta excepcional modalidad, facultando al tribunal a evaluar en cada caso particular, la conveniencia o no, de disponer la excepción a la que se alude, siempre teniendo en cuenta que la finalidad del instituto es la de garantizar al condenado un trato humanitario y evitar la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta (según Ley 26472) Concretamente, en relación al presente cuestionamiento, el proveyente estimó que no se presentan las particularidades que conlleven a aplicar el beneficio que se solicita, y que no se vulneraba el derecho a la salud del interno. Ponderó que de los informes incorporados al legajo se constata que el interno ingresó recientemente al sistema, es decir, el 25/02/2012 (Colombre fue condenado por el delito de homicidio simple a cumplir la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo) y que recibe el tratamiento adecuado para sus patologías en su lugar de alojamiento. Asimismo, consideró el informe de la división salud del servicio penitenciario, concluyendo que Colombre es una persona que convivió con las patologías que ostenta (artritis, prostatismo, gastritits, varices MMII.), pues se colige del informe glosado al momento de su detención que idénticas patologías ya padecía y que le permitían desempeñarse laboralmente como sereno. Sostuvo que tampoco se advierten, ni fue probado por la parte, que la situación en contexto de encierro agrave las patologías que padece, aclarando además, que ellas resultan propias a su edad. Pues no son aquellas de las que impidan recuperarse o recibir una adecuada atención en el servicio de salud penitenciario, tampoco implica que el nombrado reciba o vaya a recibir un trato indigno, inhumano o cruel; circunstancias éstas que descartan la hipótesis de los incs. a), b) y c) de la ley 26.472. Tampoco padece una enfermedad incurable o terminal, ni posee discapacidad alguna cuya privación de la libertad en el establecimiento carcelario resulte inadecuada, convirtiéndose en un trato indigno, inhumano o cruel.

Sumado a ello, la Jueza de Ejecución puso de resalto que el Servicio Penitenciario cuenta con el área destinado a emergencias, lugar que permanece con enfermeros las 24 hs. y una ambulancia permanente, que en caso de ser necesario y el interno lo requiera, se lo trasladaría al centro de salud más próximo o al de su confianza, si contara con obra social. Con este análisis, pretende dejar en claro que la privación de la libertad que Colombre sufre a titulo de ejecución de condena, no constituye un trato inhumano o degradante de la persona.

Refuerza sus argumentos en la parte resolutiva de la resolución atacada, en donde puntualmente ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que arbitre los medios necesarios para que regularmente, el peticionante sea controlado por los médicos del penal, bajo constancia de firma, así como, se le practique todos y cada uno de los estudios que demanden las patologías que presente en el centro de salud de su confianza o estatal; debiendo el área salud informar al Tribunal mensualmente, el tratamiento recibido, evolución o involución de las patologías y toda otra cuestión relativa a la salud de Colombre.

Otro de los factores considerados en el análisis integral efectuado por el tribunal, fue el aspecto psicológico del interno. Puso de resalto que de la evaluación psicológica, surge que Colombre realizó el abordaje ofrecido, pero que las entrevistas resultaron insuficientes, toda vez que se advierte que no resulta conciente de los señalamientos realizados, restando aún el abordaje de factores criminógenos que influyeron en su accionar delictivo. En idéntica dirección, consideró lo informado por la trabajadora social en oportunidad de visitar el domicilio propuesto, destacando en la oportunidad, la postura asumida por una de las hijas del interno y de la víctima, quien junto a sus hermanos asumen una actitud negativa ante la posibilidad de que su padre regrese al pequeño pueblo en el que viven las dos familias; mientras que los hijos fruto de una primigenia relación sentimental se mostraron conformes con la presencia del padre en el hogar.

En atención a los fundados argumentos brindados por la juez a quo, y teniendo en cuenta que la sola constancia de que el condenado sea mayor de setenta años resulta insuficiente para otorgarle de manera automática la prisión domiciliaria, estimo que la denegatoria de la jueza de ejecución penal resulta ajustada a derecho y debe confirmarse en esta Sede. Lo dicho es, claro está, en las condiciones operadas al momento de la resolución motivo de la presente y sin perjuicio de un nuevo examen en caso de que éstas muten tornando aplicable el beneficio solicitado.

Por lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma, A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Carlos Roberto Rosales Vera, en su carácter de asistente técnico del condenado Raúl Ramón Colombre. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Carlos Roberto Rosales Vera, en su carácter de asistente técnico del condenado Raúl Ramón Colombre.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste