Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-01


Libro de Acuerdos Nº 53 Fº 83/87 Nº 28. En la ciudad de San Salvador De Jujuy, Provincia De Jujuy, a los un días del mes de abril del año dos mil cuatro, reunidos los Sres. Jueces del Superior Tribunal De Justicia, Dres. Raúl Octavio Noceti, José Manuel Del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, y Jorge Daniel Alsina -por habilitación- bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 1.471/2002, caratulado: "Acción Autónoma De Inconstitucionalidad: Asociación De Educadores Provinciales (A.D.E.P.) c/ Estado Provincial (Poder Ejecutivo)".

El Dr. Noceti dijo:

A fs. 2 y ampliación de demanda de fs. 142/147, se presenta la Asociación de Educadores Provinciales (A.D.E.P.), representada por el Dr. Ramiro Tizón con el patrocinio letrado del Dr. Ariel Omar Cuva, interponiendo la acción autónoma de inconstitucionalidad prevista en el Cap. I de la ley Nº 4.346, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad del art. 2º del Decreto Nº 5.835-H-2.002, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia el 23 de octubre de 2.002, reglamentario de la ley Nº 5.312.

Manifiesta que el dispositivo atacado, excluye directamente a su representada y por ello a los jubilados asociados a ella, para integrar a través de sus representantes el Consejo Administrador creado por el art. 2º de la ley 5.312, por el simple hecho de ser socios del gremio docente y sin ningún tipo de razón justificada.

Relata que la ley 5.312 crea el fondo fiduciario para la administración de los bienes patrimoniales del Instituto Provincial de Previsión Social, y cuyo producido se destinará a garantizar la asistencia social de los jubilados de la Provincia De Jujuy, como aportantes a ése Instituto y al pago de las deudas que la Provincia mantenga con ellos, o se les reconozca en el futuro en los términos del convenio de transferencia de la Caja Provincial a la Nación.

La creación de tal fondo significa que los bienes destinados al mismo serán transmitidos fiduciariamente a un ente para que cumpla con el fin previsto legalmente.

El art. 2º de la ley 5312 dispone que el Consejo Administrador estará integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo Provincial y un delegado por cada entidad que nuclee a los jubilados provinciales que se encuentren oficialmente reconocidos al tiempo de la sanción de la ley.

Asimismo que entre los objetivos del fondo, el art. 6º establece que serán beneficiarios del fideicomiso los jubilados que hayan prestado servicios en la administración pública provincial, entes descentralizados, organismos autárquicos, municipalidades, comisiones municipales, Poderes Legislativo y Judicial, retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy y que hubieran aportado al sistema previsional provincial.

Con el objeto de reglamentar la ley, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el decreto Nº 5.835, que entre otros fines específicos tiene el de dar acabado cumplimiento a la normativa, determinando la naturaleza jurídica del Consejo e instituyendo el procedimiento que permita su adecuado, ordenado y eficaz funcionamiento.

Concretamente el art. 2 del decreto Nro. 5835 cuya inconstitucionalidad se solicita dispone: "Determinase a los fines de la integración del Consejo Administrador, que las entidades a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 5312 son aquellas asociaciones civiles con personería jurídica que en conformidad a sus estatutos sociales tengan exclusivamente como asociados a jubilados, pensionados y/o retirados provinciales".

Afirma el Dr. Tizón que el dispositivo citado contraría abiertamente el art. 2º de la ley 5312 tanto en su letra como en su espíritu, toda vez que ésta última no dispone de condición alguna a las entidades que nucleen jubilados provinciales que se encuentren oficialmente reconocidos al tiempo de la sanción de la misma.

A.D.E.P. es una entidad gremial que cuenta con la correspondiente personería bajo el Nº 489 otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y por lo tanto una persona jurídica en los términos y con los alcances del art. 30 del Código Civil y el art. 23 de la ley 26.551.

Por otra parte, el estatuto de A.D.E.P. establece en su art. 2º "La asociación estará constituida por docentes en ejercicio de la profesión ya sean titulares o suplentes y jubilados en los establecimientos educacionales fiscales dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia, y su zona de influencia abarcará todo el territorio provincial".

En la actualidad, además la Asociación representa a 2.262 jubilados, e indudablemente es la entidad que nuclea a la mayor cantidad de pasivos en la Provincia y, a lo largo de los últimos cuarenta años, tiene la mayor cantidad de aportantes al Instituto Provincial de Previsión Social.

Con posterioridad a la sanción de la ley se conformó el Consejo Administrador, tal como lo establece el art. 2º, siendo designadas vocal titular primera Jackeline Campos de Reyna y vocal suplente Lidia Del Valle Silva, funcionando de tal forma durante mas de tres meses.

Sin embargo con la sanción del decreto Nº 5838, los representantes de los jubilados docentes fueron desplazados y de hecho se disolvió el Consejo Administrador conformado originariamente, ello con el único fin de constituirlo de acuerdo a los dictados del Poder Ejecutivo, a cuyo efecto, se convocó públicamente a presentar la documentación el día 19 de noviembre del 2.002.

Agrega el Dr. Tizón, que su mandante cumplió con la presentación de toda la documentación requerida y estuvo presente a la hora señalada, pero su pretensión fue rechazada por la Dra. Norma Alfonso afectada a la recepción de la documentación, quién no la recibió expresando que "recibió instrucciones precisas del Presidente del Consejo de Administración Fiduciario, Contador Francisco Cruz de recibir la documentación y proceder a la acreditación de las asociaciones mencionadas en el listado proporcionado por Fiscalía De Estado o bien de aquellas asociaciones que justifiquen fehacientemente mediante constancia de Fiscalía de Estado. Agrega que A.D.E.P. no figura en el mencionado listado y tampoco presentó la constancia de personería jurídica de Fiscalía de Estado, motivo por el que se ve impedida de recepcionar la documentación presentada por A.D.E.P." De lo consignado se sigue que la convocatoria no fue tal, en razón de que el Poder Ejecutivo ya tenía previsto cuales entidades integrarían el consejo y cuales no.

De hecho había confeccionado un listado de aquellas que serían admitidas y las que no, quedando excluida su mandante y sin representación en el Consejo Administrador para el Fondo Fiduciario del Instituto Provincial De Previsión Social.

Concretamente se solicita la inconstitucionalidad del art. 2º del decreto reglamentario Nro. 5835 de la ley 5312, en tanto y en cuanto introduce el término "exclusivamente" con el cual se produce una exclusión y discriminación de su representada que no había previsto el legislador, vulnerando así el principio de supremacía de las leyes, (art. 31 de la C.N.), la garantía de asociarse con fines útiles (art. 14 de la C.N.), incitándose con esa medida a asociarse a otras entidades produciendo así la renuncia a la entidad, y vulnerando además lo dispuesto por el art. 56 incs. a, b, y c, de la ley 23.551.

Solicita coetáneamente medida cautelar, cita jurisprudencia y doctrina, y ofrece prueba.

Corrido traslado, comparece a contestar demanda el Dr. Jorge Eusebio García en su carácter de Procurador de la Fiscalía De Estado con el patrocinio letrado del Dr. Juan Francisco Burgos.

En primer término plantea excepción de falta de legitimación activa.

Formula negativas generalizadas, y en particular que deba declararse la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 5835; que el mismo excluya directamente a A.D.E.P. para integrar a través de sus representantes el Consejo Administrador creado por la ley 5312 por el solo hecho de ser socios y sin ninguna razón que lo justifique; que sea evidente la inconstitucionalidad y la arbitrariedad del decreto cuestionado; que desde el Poder Ejecutivo se hubiera cuestionado la capacidad de A.D.E.P. por falta de inscripción en Fiscalía de Estado; que el dispositivo mencionado vulnere el principio de supremacía de las leyes (art. 31 C.N.) o la garantía de asociarse con fines útiles (art. 14 C.N.); que se vulneren derechos constitucionales de la actora, que en modo alguno se afecte a la misma. Destaca que la actora en ningún momento ha cuestionado la facultad del Jefe de la Administración local para ejercer facultades reglamentarias las que afirma han sido ejercidas regularmente.

Al contestar demanda enfatiza que el art. 14 de la Constitución Nacional establece que el preámbulo podrá ser invocado como fuente de interpretación, citando en apoyo de su derecho los arts. 38 y 43 de la misma.

Respecto del medio elegido por el actor solicita se tenga en cuenta especialmente parámetros de razonabilidad a los fines de evaluar la acción llevada a cabo por el Estado.

Bajo el título de control de constitucionalidad cita jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando en conclusión que el art. 2º del decreto Nº 5835-H-02 es absolutamente constitucional.

En oportunidad de llevarse a cabo la audiencia que prescribe el art. 6 de la ley 4346 -cuya constancia rola a fs. 210-, corrido traslado a los fines de que la actora se expidiera sobre nuevos hechos no considerados al demandar, el Dr. Ramiro Tizón manifiesta que respecto de la excepción de falta de legitimación activa, al momento de demandar se ha expuesto cual es el interés que tiene su representada, como así también que esa legitimación fue reiteradamente aceptada por el Estado Provincial en la actuación de la propia Comisión como surge de las actas agregadas a fs. 187/194, y de las actuaciones administrativas que ofrece como prueba.

Celebrada la audiencia, se expidió el Ministerio Público, estimando que la pretensión de inconstitucionalidad interpuesta por la actora debe prosperar, por cuanto el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley Nº 5312 mediante el Decreto Nº 5835-H-02 y establecer como condición de las asociaciones la exclusividad de jubilados como asociados, ha alterado su espíritu con una excepción reglamentaria (arts. 137.4 de la C.P. y 99.2 de la C.N.).

Así cumplido su trámite, la presente causa se encuentra para sentencia.

Una es la cuestión a resolver en estos autos, si el art. 2º del Dec. Nº 5.835-H-2.002 reglamentario de la ley Nº 5312, al disponer que las entidades a que se refiere el artículo 2º de la ley "son aquellas asociaciones civiles con personería jurídica que en conformidad con sus estatutos sociales tengan "exclusivamente" como asociados a jubilados, pensionados y/o retirados provinciales", la contraviene resultando inconstitucional.

Digo ello, en razón de que la falta de legitimación activa endilgada a A.D.E.P. por la demandada, ya ha sido analizada y resuelta por éste Superior Tribunal a fs. 169/170 juntamente con la excepción de incompetencia, al momento de disponer la medida cautelar solicitada por la actora, por lo que no cabe nuevo pronunciamiento al respecto.

Aclarado ello, y adelantando opinión la inconstitucionalidad endilgada al dispositivo en crisis debe prosperar.

La Asociación de Educadores Provinciales ha acreditado que nuclea a 2.262 asociados jubilados (fs. 47/132) en conformidad con lo dispuesto en el art. 2º de su estatuto que se encuentra agregado a fs. 10/31-; que el Estado Provincial ha convocado a todos los centros de jubilados con el objeto de constituir el Consejo Ejecutivo y Consultivo del Fondo Fiduciario del Instituto Provincial de Previsión Social (fs. 32); que en la fecha establecida ha concurrido a fin de presentar la documentación requerida (fs. 136/141); y que les ha sido negada la recepción de las mismas así como la inscripción en la convocatoria (fs. 33/35).

Por otra parte el Estado Provincial demandado no ha cuestionado que los afiliados jubilados nucleados en A.D.E.P. hubiesen realizado aportes a ése Instituto.

Asimismo de la exposición de motivos de la ley 5312 agregados a fs. 38 y no desconocidos, puede extraerse que la misma "...se encuentra motivada en principios fundamentales garantizados por nuestra Constitución Provincial, que en su art. 59 inc. 5 prevé la intangibilidad del patrimonio del organismo de previsión y la prohibición absoluta de utilizar sus fondos en inversiones no redituables".

Conforme tales antecedentes su finalidad expresa "...es preservar el patrimonio inmobiliario del Instituto Provincial de Previsión Social fruto de los aportes de todos los trabajadores estatales, a los efectos de incrementar la rentabilidad del patrimonio y así brindar mayores beneficios sociales a sus reales beneficiarios" (fs. 38, exposición de motivos, segundo párrafo).

Además en párrafo aparte se deja sentado que la finalidad del Fondo Fiduciario "...es garantizar la asistencia social de los jubilados de la provincia" (fojas 38 cuarto párrafo).

Asimismo se otorga la conducción de los asuntos del Fondo a un Consejo de Administración en el que "...está garantizada la representación del sector pasivo estatal de la Provincia y que el Fiduciario del Fondo solo podrá administrar los recursos del Fondo de conformidad a las instrucciones que le imparta éste Consejo" (fs. 38 quinto párrafo).

Por último el objetivo del fondo "...es afectar el producido de los bienes a la asistencia social, la atención de programas de salud, y en general al mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios es decir los jubilados" (fs. 38, sexto párrafo).

Entonces del texto de la ley 5.312 surge con absoluta claridad que el producido del Fondo fiduciario se destinará a garantizar la asistencia social de los jubilados de la Provincia de Jujuy y al pago de las deudas que la Provincia mantenga con ellos o se les reconozcan en el futuro, en los términos del convenio de transferencia de la Caja Provincial a la Nación (art. 1).

Y, de los objetivos enunciados por la propia ley en su art. 6, demás está decir que todos los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia tienen interés en la buena conducción y marcha del mentado Fondo Fiduciario, como también que el Consejo Administrador del Fondo Fiduciario se integrará con dos representantes del Poder Ejecutivo Provincial y un delegado por cada entidad que nuclee a los jubilados provinciales que se encuentren oficialmente reconocidos al tiempo de la sanción de la ley (art. 2).

De lo expuesto, se concluye que la voluntad del legislador al sancionar la ley, fue la representación en el seno del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario de los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia, por lo que no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo se ha excedido en sus atribuciones al disponer mayores requisitos que los establecidos por la propia ley, generando una excepción por vía reglamentaria que no existía en el texto ni en el espíritu de la ley. (arts. 137 inc. 4 de la Constitución Provincial y 99 inc. 2 de la Constitución Nacional). En el ejercicio de la atribución de expedir reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes, el Poder Ejecutivo debe actuar cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

Por lo expuesto propicio se haga lugar a la acción interpuesta por A.D.E.P.. para declararse inconstitucional el art. 2º del decreto Nº 5835-H-2002, reglamentario de la ley 5.312, en tanto establece a los fines de la integración del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario, que las entidades que pueden integrar el mismo -a través de sus representantes- son aquéllas que tengan "exclusivamente" como asociados a jubilados, pensionados y retirados provinciales.

Las costas deben ser impuestas a la demandada vencida (art. 102 del C.P.C.).

Por último y en relación a los honorarios por la labor profesional desarrollada en relación a la cuestión principal aquí debatida, en atención al interés comprometido en el proceso, así como la naturaleza y complejidad del asunto, mérito, eficacia y calidad de la defensa (art. 5º y 4º incs. b) y c) de la ley 1687) y la participación que le cupo a cada letrado, estimo los del doctor Ramiro Tizón en la suma de novecientos pesos ($ 900,00) y los del doctor Ariel O. Cuva, en la suma de mil ochocientos pesos ($ 1.800,00).

Por aplicación del artículo 26 de la ley citada, los honorarios por la medida cautelar, resueltas a fojas 169/171, que fueron impuestos a cargo de la demandada, en la suma de ciento ochenta pesos ($ 180,00) y trescientos sesenta pesos ($ 360,00) respectivamente.

En todos los casos, a los montos consignados se les adicionará el impuesto al valor agregado si correspondiere y devengarán el interés a tasa pasiva (uso judicial) que publica el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290).

Los Dres. José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo y Jorge Daniel Alsina adhieren al voto que antecede.

Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo, el Superior Tribunal de justicia de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

1º) Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Educadores Provinciales, A.D.E.P., en contra del Estado Provincial, para declararse inconstitucional el art. 2º del decreto Nº 5835-H-2002 reglamentario de la ley 5.312, en tanto, establece a los fines de la integración del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario de los bienes del Instituto Provincial de Previsión Social, que las entidades que pueden integrar el mismo son aquéllas que tengan "exclusivamente" como asociados a jubilados, pensionados y retirados provinciales.

2º) Imponer las costas a la demandada vencida.

3º) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Ramiro Tizón y Ariel O. Cuva por la cuestión principal en las sumas de novecientos pesos ($ 900,00) y mil ochocientos pesos ($ 1.800,00.-) respectivamente. Por la medida cautelar resuelta a fojas 169/171, en la suma de ciento ochenta pesos ($ 180,00) y trescientos sesenta pesos ($ 360,00) respectivamente. Tales cantidades hasta su efectivo pago devengarán el interés a tasa pasiva (uso judicial) que publica el Banco Central de la República Argentina (Comunicado 14290) y se les adicionará el impuesto al valor agregado (I.V.A.) si correspondiere.

4º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.