Denegatoria del recurso, proporcionalidad de la pena, escala penal, tipo penal, monto de la pena, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VÁZQUEZ, César y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la pena previsto en el art. 5 inc. c) de la ley 23.737, pues no se advierte afectación a las exigencias de lesividad y proporcionalidad pues hay un mayor contenido de injusto en el transporte atribuido, por la ampliación de riesgos que ese traslado, en las condiciones y tendencias ya señaladas, ha provocado. Por lo demás, si se pretende discutir la entidad de la consecuencia jurídica, esa instancia responde a indicadores de responsabilidad personal -individual- y punibilidad, alcanzadas por estándares de merecimiento y necesidad de pena en el caso concreto. Estos pueden ser atendidos, sin desfigurar la dogmática propia de los tipos penales que reflejan legalmente una específica intensidad de antijuridicidad. Tampoco se advierte que exista, en abstracto, desproporción alguna entre la escala penal prevista y el monto de pena impuesta. En el fallo se impuso al condenado el mínimo de la escala penal contemplada para el delito enrostrado, tratándose de un hecho cuya responsabilidad fuera reconocida por el propio imputado en oportunidad de suscribir el acuerdo, y sin que hayan sido alegadas cuestiones que pudieran obstar a la validez del consentimiento prestado. Sin embargo, la hermenéutica jurídica contempla situaciones donde se verifica un conflicto entre el especial escenario del caso concreto y la rigidez impuesta por el carácter abstracto o la generalidad de los términos usados en el enunciado legal (Fallos 302:1284; 316:3043, entre otros). En esos supuestos, se recurre a la interpretación fundada en motivos de equidad -epikeya- que incluye lo relativo a cuantificaciones, números o medidas. De ese modo, frente a casos excepcionales, con su aplicación se logra la adecuación de lo resuelto con la justicia en concreto, sin desconocer la constitucionalidad de la previsión abstracta y respetando incluso la finalidad normativa. Esto incluye, por cierto, y de modo particular, la naturaleza, cuantificación y modo de cumplimiento de las sanciones y demás consecuencias jurídicas derivadas del injusto penal comprobado. La interpretación en equidad resulta procedente cuando se verifica que la literalidad del texto, por su naturaleza general, aplicada al caso concreto, produce un resultado injusto o irrazonable que obsta a su progreso. No se trata de que la norma en si misma sea injusta o irrazonable, o que las circunstancias del proceso no se correspondan con sus previsiones, sino que su improcedencia en términos materiales acontece en la instancia operativa. En ese nivel, se determina que la excepcionalidad del caso provoca, que la generalidad de la escala punitiva, colisione con los propios objetivos buscados por el legislador de cara a la situación particular. En el caso concreto, se observa como indicador relevante, el paso del tiempo entre el hecho comprobado, la concreción del juicio penal y, en definitiva, la pena impuesta al encausado, conforme lo expone la defensa. No es como pretende la parte, que la escala penal mínima lesione de manera evidente la culpabilidad del condenado. Lo que sucede es que las finalidades retributivas, preventivo generales y especiales entran en crisis frente al sujeto alcanzado por la pena, cuando han transcurrido casi seis años desde el ilícito y el culpable ha reconstruido su existencia personal en libertad, manteniendo la fidelidad al derecho y mostrando marcadores de integración social y laboral positivos.