Prueba testimonial, tratados internacionales, defensa en juicio, recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), asistencia a las audiencias, defensor, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " DE LA RUA, Fernando ". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-16

La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica- consagra "el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal" -art. 8 inc.f)-, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza que "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad,...a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; ..." -art. 14.3 e)-. Los instrumentos legales de mención han reconocido expresamente el derecho de la defensa de participar en los interrogatorios de los testigos, sin supeditar el ejercicio de esta facultad a la etapa del juicio. Frente al expreso pedido de la defensa formulado en tiempo oportuno y con causa razonable durante la instrucción, su rechazo, meramente al amparo de que tales declaraciones no son definitivas y pueden ser reproducidas en el debate propiamente dicho, importa en el caso cercenar el derecho de control de la prueba de cargo o de descargo que puede servir de fundamento para la adopción de decisiones que, como el procesamiento, la prisión preventiva o el sobreseimiento, entre otras, no por ser materializadas en esa fase dejan de producir consecuencias respecto del imputado, alguna de ellas de tardía reparación en el proceso. En síntesis, los alcances de la norma contenida en el artículo 200 del CPPN no pueden establecerse en base a su sola literalidad, sino atendiendo a una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico que excluya la posibilidad de limitar el control de la prueba por parte de la defensa en el sumario solo a las medidas o diligencias definitivas e irreproducibles.Por otro lado, la experiencia judicial indica -sobre todo la que se adquiere del desempeño de la magistratura en juicio oral- que en muchos casos el ejercicio de esa facultad recién en la etapa del debate pone en evidencia situaciones o circunstancias que, de haber sido conocidas antes, hubieran determinado una más pronta y eficaz administración de justicia. (Del voto del Dr. Farah). La negativa del instructor a que la defensa asista a la declaración prestada por un testigo, no causa, en el marco de esta etapa instructoria del proceso -por naturaleza, escasamente contradictoria-, gravamen concreto a esa parte, en la medida que no se observa impedimento alguno que torne presumible la imposibilidad del testigo de concurrir al -eventual- debate en los términos del artículo 200 del código de forma (ver causa n° 22.848 "Dr. Fernando F. Castejón s/recurso de queja, reg. 24.090 del 30/8/05). Ello, sin perjuicio de señalar que en este caso un efectivo control de la defensa sobre la producción de la misma hubiera aparejado mayor celeridad y menor desgaste jurisdiccional a los fines de la prosecución de la investigación. (del voto del Dr. Irurzun)