marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores viales, ley de contrato de trabajo, interpretación de la ley, ley especial
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad Zárate, Enrique s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Teramoto, Francisco s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-02-12|1993-03-05|1993-03-15|1993-08-17|1993-08-20|1993-09-03

La norma general contenida en el apartado cuarto del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo es desplazada en el caso de los trabajadores viales amparados por la ley 20320, por la específica que regulaba el supuesto de autos, artículo 36 de dicho ordenamiento.
Proceso contravencional, sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: REITOVICH, Saúl Pablo y otra s/ inf. Arts. 116 y 117 Ley 1472 (Lavalle 3299)- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

Una sentencia se considera arbitraria si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personales. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Rojo  Julio  César c/ Siembra  Seguros  de  Retiro  SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

La finalidad que el decreto 146/2001 persigue es evitar contratiempos o dificultades que pudieren impedir al empleador cumplir la obligación a su cargo, relativa a la entrega de los certificados del art. 80 L.C.T. dentro del reducido plazo que normalmente los trabajadores le otorgan para su confección y entrega. La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación. La intimación fehaciente a que alude tanto la norma originaria como su reglamentación, sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador regularice su situación administrativa. (Del voto del Dr. Zas, al cual adhiere el Dr. Arias Gubert).
Crímenes de lesa humanidad, sentencia absolutoria, falta de prueba, presunción de inocencia
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Mendez, Emilio Felipe c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Aun cuando hayan existido diversos indicios que hayan permitido la formación de una sospecha que motivara el avance del proceso y la realización del juicio en contra los imputados, lo cierto es que dichos indicios no resultan suficientes para conformar un estado de certeza sobre la culpabilidad de los aquí enjuiciados. En efecto, los argumentos del tribunal no lucen determinantes para inferir que los imputados supieran que su finca estaba siendo utilizada para la comisión de delitos de lesa humanidad, cometidos en perjuicio de la víctima, y menos aún tener por comprobada su cooperación en esos hechos criminales.
Hurto, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: F., M. C. s/ procesamiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-30

En el caso, la víctima de la sustracción de una mochila, luego de observar la cámara de seguridad del supermercado en donde ocurrió el hecho, sin realizar la denuncia, ubicó el lugar en el que se encontraban sus bienes a través del GPS de los celulares, logrando ingresar a la habitación en donde se encontraban algunas de sus pertenencias gracias al propietario del hotel. Asimismo, luego de obtenerlas, un vecino de la habitación llamó a la esposa de quien llevara a cabo la sustracción y cuando ésta se presentó, la revisó secuestrándole otros objetos que tenía en su mochila. Con posterioridad, el damnificado llamó a la policía quien detuvo a la imputada y labró el acta correspondiente. Finalmente, al día siguiente, ya con la denuncia materializada, el damnificado volvió al lugar y, cuando observó en las inmediaciones al imputado, requirió la presencia del personal policial quien lo identificó y lo detuvo.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, competencia contravencional, CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q, Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-13

Deviene obvio que existiendo un fuero especializado en el juzgamiento de conductas reprochadas como contravenciones, sea este quien intervenga en su juzgamiento.

Asimismo, la cláusula transitoria duodécima de la Carta Magna local establece que "La Justicia Contravencional y de Faltas será competente para conocer en el juzgamieno de todas las contravenciones tipificadas en leyes nacionales y otras normas aplicables en el ámbito local, cesando toda competencia jurisdiccional que las normas vigentes asignen a cualquier otra autoridad... una vez sancionado el Código Contravencional, todas las normas contravencionales quedarán derogadas" y el artículo 49 de la Ley Nº 7 prevé la intervención de esta Justicia para conocer en las leyes de aplicación en la Ciudad. Así, no existe conflicto jurisdiccional.
Empleados de banco, inconstitucionalidad, libertad de contratar
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: AGNESE, MIGUEL c/ THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON s/ ACCION DE REINCORPORACION LEY 23523
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

Hay casos en los que por imperio de la ley 23523, la libertad de contratación, implícita en los derechos enunciados en el art. 14 de la CN se ve, para la demandada condicionada por una voluntad ajena a la propia. Tal es el caso del ex-empleado bancario que fue despedido en el año 1959 y 29 años después, basándose en la norma expresada pretende ser considerado para reincorporarse a la que fuera su empleadora, o caso contrario, percibir una suma de dinero igual a la que hubiera obtenido por despido incausado, sumándole además el período trabajado desde su vinculación inicial. En tal caso, el pago del cuantioso importe, (art. 8 de la ley 23523) se halla desprovisto de una contraprestación que lo justifique, y nace con claridad la sola voluntad del legislador. Pero tal situación es incompatible con las garantías constitucionales, arts. 14 y 33 CN, y en consecuencia corresponde declarar la inconstitucionalidad de dicha norma.
Reglas procesales, sobreseimiento, voto de los jueces
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Las reglas de deliberación sobre el sobreseimiento -arts. 336 y 337 del Código Procesal Penal de la Nación- no son automáticamente extensivas a la fijación del orden de las cuestiones en la deliberación de la sentencia final sobre el mérito de la acusación, pues aquellas se aplican en un estado del proceso en el que el juez o tribunal no están habilitados a pronunciarse de modo definitivo y con fuerza de certeza acerca de la existencia del hecho y de la participación del imputado, ni sobre su configuración concreta, y, por ende, sólo es posible en esa etapa asignar una calificación jurídica sobre una base meramente hipotética, que puede estar o no rayana en la certeza.
Sociedades comerciales, representación de la sociedad, representación conjunta, títulos de crédito, principio de apariencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSCAR LORENZO CABRERA c/ JUAN CARLOS RUIZ s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26

La organización plural estatutaria por la que se autoriza al "gerente" a suscribir, con el presidente o con el tesorero, cheques u ordenes de pago, no es aplicable a obligaciones contraídas mediante títulos valores (ley 20.337: 73).

La norma citada tiene como fuente la ley 19.550: 58, 1 párr. -2 parte-, y esta se funda en la celeridad y eficacia de la apariencia imprescindibles en el tráfico comercial y, por tanto es oponible al ente la obligación asumida mediante títulos valores aún en violación a la representación conjunta.
Retrocesión, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pisano Costa, Lilia Angélica L. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación. Incidente de retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

No procede rechazar la retrocesión por la mera circunstancia de que el ex propietario no hubiese realizado el depósito exigido por el art. 45 de la ley 5.708 con su actualización, correspondiendo en tales casos cursar una intimación a aquél para que proceda a su integración.
Bienes inmuebles, dominio público, restitución del inmueble
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación s/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

El pretendido ejercicio de la opción de compra del predio por parte del recurrente, en el año 2004, resulta completamente ineficaz a tal fin, pues en aquél momento el inmueble, por su condición de bien del dominio público de la Ciudad, se encontraba fuera del comercio de derecho privado, y en consecuencia su dominio no podía ser transferido a un particular. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, recurso extraordinario, tribunales de instancia única
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. D. c/ L., H. M. s/ FILIACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 23-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-05

Deviene inadmisible el recurso de inconstitucionalidad y debe rechazarse la queja si de los agravios del quejoso en confrontación con el auto que se impugna, surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el impugnante aspira a otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal analizó lo atinente a la admisibilidad de la apelación extraordinaria interpuesta e interpretó y aplicó las normas del de forma, conforme las constancias de autos, materia de derecho procesal y por ende, reservada a los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, empleador, responsabilidad civil, cosa riesgosa, prueba testimonial, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL
Carátula: FLORES, MARCELO ALEJANDRO c/ DIVISION AGRICOLA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

La Cámara confirmó la responsabilidad civil de la empleadora que determinara el juez de grado, por entender que el hecho siniestral se produjo por el riesgo o vicio de la cosa (máquina roladora) cuyo titular y guardián consideró que era la empresa demandada, sin acreditarse la existencia de alguna causal de eximición (es decir, que dicho accidente haya sido ocasionado por culpa de la víctima o de un tercero para liberar total o parcialmente de responsabilidad al imputado), y para así decidir, la Alzada valoró los elementos de prueba que a su entender -y en consonancia con la sentencia de primera instancia- resultaban conducentes para la resolución del caso, arribando a la conclusión de que todos los testimonios expuestos en autos -que acreditaban los hechos alegados en la demanda- resultaban concordantes entre sí, los testigos no lucían enmarcados en ninguna causal de inidoneidad y sus dichos, en una apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, fueron brindados en forma espontánea y sin contradicciones ni lucían tendenciosos, en tanto observó que los declarantes no agregaron ni omitieron datos que pudieran reflejar el ánimo de perjudicar o favorecer a alguna de las partes. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 224
Denuncia, denuncia prohibida, guardador, violación
Materia: PENAL
Carátula: PONCE, Alfredo O. s/ Causa 2.665
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Es admisible la denuncia formulada por la guardadora de una menor por el delito de violación a ésta, cometido por el nieto de la denunciante, pues obedeció a su obligación de velar por la salud e integridad física de la menor, dado su calidad de guardadora, que supera al ligamen sanguíneo que la emparenta con el imputado, por lo que no resulta de aplicación el impedimento previsto en el art. 178 del C.P.P.
Concesión parcial del recurso, remisión del expediente, sentencia arbitraria, defensa en juicio, in dubio pro reo, inversión de la carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Bieliauskas, Linas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-17

Corresponde casar parcialmente el punto III. de la resolución criticada, y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que adopte las medidas necesarias para proceder a la inmediata devolución de las sumas dinerarias previstas en los acápites "b" y "c" del considerando XIV de la sentencia recurrida, toda vez que la decisión impugnada -en lo referente al aspecto observado- no satisface la exigencia de motivación expresamente requerida por los arts. 123 y 404, inc. 2, del CPPN. En el caso, el tribunal fundó el decomiso del dinero secuestrado en el marco del allanamiento del hotel y el dinero incautado al momento de la detención del encausado únicamente haciendo extensivos los argumentos brindados en el acápite "a" del considerando XIV de la decisión impugnada, e indicando que ".no se ha logrado demostrar que tuvieran otro origen distinto o fueran utilizadas para otros fines que el vinculado al quehacer de la organización delictiva; máxime si se tiene en cuenta el activo rol que el nombrado tenía en aquélla". Dichas manifestaciones únicamente prestan un sustento meramente aparente a la decisión, puesto que no se ha evaluado ningún elemento de convicción ni se expusieron mayores argumentos que permitieran sustentar el carácter "instrumental" o "de producto" de la actividad delictiva de ambas sumas dinerarias -acápites "b" y "c" del considerando XIV de la sentencia recurrida-, conforme se desprende de la doctrina supra evocada. Asimismo, la sola afirmación respecto de que no se demostró que las sumas dinerarias tuvieran otro origen distinto o que hubieran sido utilizadas para otros fines que el vinculado al quehacer de la organización no resulta suficiente para fundar la medida, sumado a que se evidencia una inversión de la carga probatoria, lo que supone una clara violación al derecho de defensa en juicio y a los principios de inocencia e in dubio pro reo. Dra. Ledesma.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, admisibilidad formal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VAYO MIGUEL ENRIQUE y otros  c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

El recurso de inconstitucionalidad del GCBA, que fuera parcialmente concedido por la Cámara, satisface las condiciones de admisibilidad formal. Ha sido interpuesto en tiempo y forma ante el tribunal superior de la causa contra una sentencia definitiva, y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jurisdicción y competencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Pefow  S.A c/ Y.P.F. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

A fin de la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su acción y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Propiedad intelectual, obras literarias, fraude a la propiedad intelectual, perjuicio económico, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: NAJERA, Raúl A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02

La reproducción de partes de libros, sin la debida autorización de sus autores, en perjuicio del derecho de propiedad intelectual de éstos, cuando la actividad se ejecuta en pluralidadde oportunidades obteniendo un rédito indebido, podría quedar encuadrada en el art. 72, inc. "a" de la ley 11.723 y no en la ley 25.446 de Fomento del libro y la lectura (B.O. 26/07/2001), ya que esa norma no contempla la posibilidad de que se trate de una conducta económicamente rentable por colocarla dolosamente a disposición del público en general, atiende exclusivamente a casos particulares. La ley de propiedad intelectual está enderezada a castigar el fraude ocasionado al autor de una obra intelectual por medio de su reproducción clandestina .

Si al practicarse el allanamiento se secuestraron reproducciones de obras literarias y al prestar declaración indagatoria el imputado refirió que el local se dedica a la reproducción de fotocopias por pedido, demuestra que lucraba con esa actividad al obtener un rédito económico.

En consecuencia, corresponde revocar la resolución mediante la que se sobreseyó al imputado y dictar el procesamiento del imputado en orden al delito previsto en el art. 72, inc. a) de la ley 11.723.
Secuestro de bienes, automotores, relaciones consulares, inmunidad de jurisdicción, tratados internacionales
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: López Caballero, Tomás Bernardino s/ su planteo de inhibitoria de competencia. inhibitoria de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

La diligencia del secuestro de un automóvil no afecta la inmunidad de jurisdicción alegada con fundamento en el art. 43 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares que dispone tal inmunidad por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.
Retiro policial, adicionales de remuneración, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TERUEL, HECTOR OSVALDO c/ CAJA  DE  RETIROS,  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE LA POLICIA FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06

El dec. 1866/83 PEN , reglamentario de la ley 21965, define cuáles son los suplementos particulares dentro de los conceptos y condiciones del mencionado art. 77, y los regula.
Jurisdicción, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de San Juan (Dirección General de Rentas) c/ Gallerano, Juan Carlos s/ Ejecutivo - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-06

En nuestro sistema procesal civil, dispositivo y de doble instancia, la jurisdicción de los tribunales de alzada le es atribuida en grado de revisión de las sentencias dictadas en primera instancia y sujeta a la regla tantum devolutum quantum appellatum.
Abogados, recursos de la seguridad social, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, facultades reglamentarias, resoluciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FORNASARI NORBERTO FABIO c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

La Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA) es titular de potestad reglamentaria. El reglamento de la Ley Nro. 1181 (Resolución Nro. 4-A-05) establece que los órganos de gobierno del ente se expresan por medio de resoluciones y disposiciones.

Las resoluciones contienen normas de carácter general, reglamentarias o interpretativas, o de carácter individual, donde se resuelven una o más peticiones.

Las disposiciones, por su parte, contienen normas referidas a la actividad interna relacionadas con el régimen administrativo, el personal y los procedimientos de adquisición de bienes y servicios (art. 3).

Las resoluciones de carácter general, reglamentarias o interpretativas, dictadas por la Asamblea o el Directorio y publicadas en el Boletín Oficial, son obligatorias a partir de su publicación. El Directorio puede, a su vez, emitir textos ordenados de la reglamentación (art. 4).
Responsabilidad médica, médicos, intervención de terceros, culpa civil, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NOVARA, Antonio c/ HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

No obstante que cabe excluir de la condena a los doctores Abal, González King y Piñero por la calidad de terceros que revisten, corresponde examinar la culpa que se les atribuye, no sólo porque en ella se ha hecho especialísimo hincapié, sino también porque el asunto merece ser definido con vistas a la procedencia o no de una acción futura de la Universidad contra los médicos que tuvieron a su cargo la operación del menor Novara.

La carga de probar la existencia de culpa de los demandados recaía sobre el actor, conclusión válida tanto para el caso de que la cuestión sea encuadrada en el ámbito de la responsabilidad aquiliana o en el de la responsabilidad contractual, ya que es este último supuesto, por ser la obligación del médico de "medio" y no de "resultado", la prueba del incumplimiento -siempre necesaria en ese plano se identifica con la de la negligencia.-
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Godfrid, Mario Alberto c/ Citibank N.A. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación (Expte. CSJ Nº 646-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

Cabe denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la impugnante cuando el fallo traído en recurso ante esta Corte, más allá de su acierto o error, conjugó razonablemente las normas y principios (entre otros, el principio consagrado en el artículo 37 L.C.T.) en juego con una visión de la relación existente entre las partes en litigio que encuentra sustento en un examen posible de las constancias de autos (cuyo valor probatorio no aparece forzado o extralimitado), no habiéndose apuntado -ni siquiera en esta postrer instancia- elemento alguno que por su decisividad pueda sugerir aún en grado liminar que la sentencia consagra -por su pretendida parcialidad o ausencia de fundamentos- una verdadera conculcación de derechos o, menos aún, que ella represente un acto judicial que por la gravedad de sus defectos pueda ser calificado como "algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia" (según la conocida expresión del Chief Justice Oliver W. Holmes en "Chicago Life Insurance Company et al. v. Cherry", 244 U.S. 25 -vide Fallos, 247:713-). En tales condiciones, y no habiéndose demostrado siquiera prima facie la existencia de vicios descalificantes del pronunciamiento atacado, cabe concluir en que no concurre razón alguna que habilite a apartarse de los principios antes apuntados.

Lo contrario importaría habilitar el acceso a una nueva instancia ordinaria, extremo que excedería los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes a la jurisdicción conferida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.