marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, detención sin orden, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V. M. A. G. s/ Incidente de nulidad a favor de V. M. A. G. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-19

El supuesto de excepción que prevé el artículo 337, segundo párrafo, del CPP no se encontraba configurado al momento de que la fuerza policial procediera a la detención de V.; como así también ninguno de los supuestos en los que la ley autoriza soslayar la orden escrita judicial (arts. 337 primer párrafo, 335, 336 ibid). En este sentido, se vulneraron abiertamente disposiciones constitucionales y los artículos 222, incisos 5º y 8º, 330 y 333 del código ritual penal, no resultando de aplicación en el sub júdice lo normado por el 331.

Por lo que necesariamente cabe concluir aplicando, en lo pertinente, las disposiciones sobre nulidades. Ya que el parámetro que habilita a las fuerzas de seguridad a detener a una persona sin previa orden judicial, entre otros y con carácter de excepción, es la presencia en su actitud de "indicios vehementes de culpabilidad", debiendo además concomitantemente existir riesgo de fuga o de entorpecimiento a la investigación que se cierne.

De manera que son dos los requisitos que deben confluir conjuntamente.

Uno de ellos vinculado a la materia a la cual debe referirse, necesariamente, el fundamento de la detención, esto es, que el sujeto sobre el cual ha de concretarse haya realizado, esté realizando o esté disponiéndose a realizar de modo inminente una acción tipificada como ilícito penal.

El segundo requisito que debe verificarse se refiere, en cambio, a justificar la omisión de recabar la orden escrita del juez competente, para lo cual es preciso que existan razones que indiquen que la aprehensión de la persona debe llevarse a cabo con urgencia.

Es por demás evidente que los dos requisitos deben deducirse de datos objetivos y hacerse explícitos por parte de quien haya realizado la privación de la libertad ambulatoria, pues de lo contrario la garantía constitucional en juego se tornaría ilusoria al imposibilitarse un efectivo control jurisdiccional de lo actuado.
Sentencia, fundamentación de sentencias, ejecución fiscal, efectos erga omnes, efectos entre partes, prescripción
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-CIVIL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Galcerán, María Alejandra
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-10

Respecto del agravio referido a la omisión de consideración de la sentencia firme dictada en la ejecución fiscal, el planteo del GCBA recurrente parte de una incorrecta apreciación del alcance de la sentencia dictada por la Cámara en estas actuaciones, pues la sentencia emitida en este tipo de juicios no tiene efectos erga omnes, y sólo alcanza a las partes en el proceso, de modo que al declarar prescripta la acción lo hizo sólo respecto de la actora en esta causa, que así lo solicitó en la demanda, y a cuyo respecto el GCBA desistió de la demanda de ejecución, sin que ello implique la nulidad de la sentencia de trance y remate dictada contra el ejecutado contra quien el GCBA enderezó la demanda. (Voto de la Sra. Jueza Ana maría Conde).
Proceso penal, libertad, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., G.; A., W.F. s/ Incidente Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-15

La privación de la libertad durante el proceso penal es una medida excepcional en vista al derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta en orden al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cohen Souza, Ramón c/ Cervera, Carlos Alberto Y otro s/ Juicio ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

"En la solución del litigio no se puede aplicar con rigurosidad el principio de que la ley actúa 'como si fuera el momento de la demanda'...", razones de economía procesal y el imperativo de "evitar la reiteración innecesaria de litigios, que podrían, además, verse perturbados por los efectos de la cosa juzgada de la primera sentencia", justifican la excepción. "Consecuentemente, si bien el juez debe fundar la sentencia considerando las acciones deducidas y los hechos afirmados en la demanda y en la contestación, ello no obsta a que por razones de economía procesal y sin que se resienta la justicia de la resolución, tome en cuenta las circunstancias ocurridas durante la tramitación del proceso que consolidan o extinguen el derecho invocado en la demanda, tal como lo preceptúa en el inc. 6 del art. 163 del cód. proc.", valorándose como tal "en vencimiento de un plazo".-
Concursos, medidas cautelares, síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Riggi, Ernesto Abel s/ Concurso preventivo. Incidente en recurso en relación con efecto  devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-12

La suspensión temporal de remates y medidas precautorias en la ejecución de créditos con garantía prendaria (art. 25 ley 19551), puede ser solicitada por el Síndico si advierte esa necesidad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto de sellos, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Coconor S.A. (UTE) c/ D.G.I. (T.F. 14.097-I)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-01

El impuesto de sellos se basa en los principios de instrumentación y objetividad, es decir que el gravamen se aplica por el solo hecho de la instrumentación del acto y con abstracción de su eficacia jurídica o de la verificación de sus efectos (confr.

arts. 1 y 7) o de otros sustitutos.
Daños y perjuicios, culpa civil, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Hotel Internacional Iguazú  S.A. c/ Estado Nacional s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

No se trata de que quien incumple soporte todo el daño, sino sólo aquellos que además de estar en una relación causal adecuada con el hecho antecedente, entren en la categoría específica que en cada ámbito de responsabilidad juegan: en el caso, las reguladas en los arts. 519 a 522 del Código Civil.
Iura novit curia, GUATEMALA, agravio extemporáneo, deber de esclarecimiento, investigación del hecho, centro clandestino de detención, privación ilegal de la libertad, secuestro de personas, responsabilidad internacional del Estado, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

Si bien la Corte Interamericana considera extemporánea la alegada violación a los derechos del niño -artículo 19 de la Convención Americana-, por no haber sido incluida en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, sino en los alegatos finales, el Tribunal admite su análisis en virtud del principio iuria novit curia reconociendo que la situación por la que atravesó el hijo de la activista política que fue secuestrada -luego de dejarlo en el colegio- y llevada a un centro clandestino de detención por agentes estatales, le produjo profundos sufrimientos y angustia morales y sicológicas.
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL PERSONAL FERROVIARIO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-05

Aquellas normas especiales que contemplan exenciones a la obligación de pagar sellado deben ser incluidas en forma expresa e interpretadas con criterio restrictivo, por tratarse de excepciones a las reglas generales (cfr.

Fallos 313:731; 314:1027, citados por la C.N.C. y C.F., en pleno, "Banade-patrimonio en liquidación-v. Pesquera Diego Primero S.A.", del 21.12.95, cons. 3º).
Ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, indemnización, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: Lumiera, Emilio Ezequiel c/ Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-14

Toda vez que aplicando el límite legal establecido en el art. 14, ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557, al trabajador le corresponde una reducción superior al 72% en el monto de la indemnización, no cabe aplicar la mencionada limitación ya que resulta confiscatoria a la luz de la doctrina de la arbitrariedad contemplada en el precedente "Vizzoti". La aplicación del tope legal previsto en el art. 14, ap. 2 inc. "a" resulta confiscatorio y pulveriza la indemnización por incapacidad permanente parcial igual o menor al 50%.
Excarcelación, denegatoria del recurso, pandemia, denegatoria del beneficio
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Jorge Ismael c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-28

OFICIAL
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE TUCUMÁN, contracautela, bienes litigiosos, litispendencia, buena fe procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Plaza Martín Ariel y Peñalvez María Cecilia  c/ Augier María Soledad s/ Acciones Posesorias - Expte. Nº 291/22.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-16

Conforme lo dispuesto por los artículos 305 y 306 del Código Procesal de la Provincia de Tucumán, la medida cautelar de no innovar tiende a mantener un estado de hecho o de derecho, mientras se resuelve definitivamente sobre la existencia de un derecho litigioso, en la pretensión de conservar el estado actual impidiendo que se modifique o altere -pendiente el juicio-, el estado de la cosa o derecho litigioso, evitando así los perjuicios que de ello pudieren derivarse, prohibición que asimismo se sustenta en la buena fe impuesta a los litigantes durante el estado de litispendencia, cual es la de no alterar el estado de hecho o de derecho de los bienes sobre los cuales versa la litis.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A. A. L.  c/ H. L. R.  s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-27

Cuando en un juicio de alimentos para menores de edad se habla de la parte actora, debe tenerse presente que quien reclama alimentos son los alimentistas, no su representante legal, en este caso la progenitora (arg. arts. 358, 359, 638, 641.b, 646.a, 661.a y concs. del Código Civil y Comercial), y cuando se postula que las costas sean impuestas por su orden, se está haciendo cargar las costas del proceso, en le medida en que les corresponde, a los hijos. Desde ese contexto es dable recordar que, en materia de alimentos, es principio general que las costas se imponen al alimentante, pues decidir lo contrario e imponerlas por su orden, desvirtuaría la esencia de la prestación, al gravarse cuotas cuya percepción se presume como una necesidad de subsistencia.
Daño calificado, daño en bienes de uso público, colectivo de línea, transporte de pasajeros
Materia: PENAL
Carátula: Sandoval, Ismael A. s/ Daño calificado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-25

Quien dañó deliberadamente un colectivo de línea, cometió el delito de daño agravado, art. 184, inc. 5, C.P., por ser aquél un medio de transporte de la categoría de "bienes de uso público" enunciada por el disposibitivo antedicho, que no comprende sólo los bienes del Estado (públicos o privados) sino también de los particulares, en tanto y en cuanto "estén entregados al uso y goce del público en general".
Proceso penal, recurso de casación, nulidad de sentencia, reenvío
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vega, Héctor Rubén s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en causa Nº 22/13 - Vega, Héctor Rubén - Coacción y encubrimiento agravado (2 hechos) en concurso real y en calidad de coautor - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-02-24

Por Auto Interlocutorio, la Cámara en lo Criminal, Sala Unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitado.

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

El art. 76 bis del Código Penal establece que el beneficio de probation se otorgará luego de un procedimiento que se halla reglado -al menos en sus aspectos fundamentales- no sólo en base al cumplimiento de ciertos requisitos determinados, sino también luego de dar intervención a los sujetos procesales que, conforme la normativa citada, tienen el derecho a ser oídos.

Con base en ello, opino que la falencia señalada, es decir la omisión de brindar una oportunidad para que el que el fiscal y las partes puedan expresarse (art. 355 del C.P.P.), se hizo patente en tanto el juzgador resolvió el rechazo del beneficio sin contar con el dictamen fundado del representante del ministerio público, lo cual implica que se prescindió recabar uno de los requisitos de procedibilidad del instituto y conculcó del derecho de defensa del imputado.

De manera que corresponde declarar la nulidad de la resolución que no hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el imputado. Lo decidido, exime el tratamiento del agravio contra la valoración de los motivos en los que el juzgador asentó la negativa a la concesión de la suspensión pretendida por la defensa.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y en consecuencia declarar la nulidad del Auto Interlocutorio que deniega la suspensión del juicio a prueba, y remitir las actuaciones a origen para que se dicte una nueva decisión previo cumplimiento del trámite establecido en el art. 355 del C.P.P.
Inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, cuestión federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: Bornemann, Jorge Alfredo c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-05

Es inadmisible el RE interpuesto contra el pronunciamiento que no hizo lugar al recurso de queja interpuesto por la defensa, pues la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema se aspira no constituye sentencia definitiva ni puede considerase equiparable por sus efectos, sin que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, ni se haya demostrado la existencia de arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ricciuto, Marcos y otro c/ Reffo, Juan José s/ po por consignación Fernández, Carlos Alberto y ot. c/ Angelini, Atilio Julio Antonio y ot. s/ Disolución, liquidación de sociedad, etc. Rodríguez, Guillermo Mario c/ Calzetta, Julio Antonio s/ Cobro de australes Ceballos Zenón, A. J. c/ Radeljak, Juan Carlos y otros s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13|1992-03-10|1994-03-15|1996-11-20

La alegación de absurdo en la apreciación de la prueba requiere cabal demostración de su existencia y no basta oponer a la valoración del material probatorio efectuada por el juzgador en función que le corresponde, argumentaciones que se basan en el propio criterio del apelante y que no traduce más que sus meras discrepancias subjetivas, insuficientes para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a las conclusiones fácticas del fallo.
Detención, orden de detención, oficios, declaración indagatoria, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Lupetti, Salvador Rafael y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

El indudable vicio advertido en la detención de uno de los imputados con el sólo proposito de lograr su comparecencia a prestar declaración indagatoria -que no fue ordenada por el juez por escrito, luego apareciendo en la causa la orden por oficio suscripto por la Secretaria- no se extiende ni transmite a las demás actuaciones y secuencias de la causa que involucraran al imputado en los hechos de contrabando que se investigan. Ello así, pues todo el plexo cargoso fue obtenido en circunstancias ajenas a la mencionada detención, siendo constatable su legítimo origen en un cauce independiente. En consecuencia, no advertimos que en el caso pueda invalidarse su declaración indagatoria, toda vez que esta última había sido oportunamente ordenada sobre la base del plexo de cargo autónomo generado en autos por el magistrado instructor, pues la posterior detención del imputado con tal fin -eventualmente anómala- carece de entidad por sí sola para provocar la referida nulidad; máxime si se repara que dicho acto procesal (la indagatoria) se cumplió con ajuste al debido proceso y particularmente sin desmedro del derecho de defensa, por todo lo cual el vicio aducido no se extiende a los otros actos procesales. Por otra parte, la norma contenida en el art. 283 del código de forma establece parte que, en caso de suma urgencia, el juez podrá impartir la orden verbal o telegráficamente, haciéndolo constar; y teniendo en cuenta que el señor juez no pudo oportunamente ignorar la comparecencia del imputado detenido en oportunidad de ser llevado a su presencia -cuando él supuestamente no lo había ordenado-, y de observar que nada se dijo ni actuó como consecuencia de tal situación, en rigor, todo ello sugiere pensar y sostener que, precisamente en esta coyuntura, la actuaria por error omitió dejar la debida constancia expresa en la causa de la orden verbal impartida (limitándose exclusivamente a librar el oficio, creyendo o interpretando quizás que con ello se cumplía suficientemente con lo estatuido sobre el particular en el descripto art. 283, en su última parte). (Voto de los Dres. Riggi y Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Fundamentación de la resolución, sana crítica racional
Materia: PENAL
Carátula: Polemann, Guillermo y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-19

Es prematura la resolución que dispuso el sobreseimiento ya que adolece de una fundamentación aparente, toda vez que no se ponderaron los elementos de juicio como constitutivos de una única maniobra defraudatoria llevada a cabo mediante la presentación al cobro de distintos documentos con los que, existiría semiplena prueba de que fueron librados para garantizar un único mutuo, y no cumple con las reglas de la sana crítica racional el señalamiento de que no se habría comprobado la relación de confianza entre los imputados y la querella por la sola circunstancia de que éste le había solicitado que se le extiendan recibos por los pagos efectuados. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli y Madueño).
Competencia, flagrancia, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Martinez, Federico Nahuel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-17

Corresponde que el juzgado en lo criminal y correccional reasuma el conocimiento de la causa seguida en el marco de un procedimiento de flagrancia, tras la declaración de nulidad de la clausura del procedimiento dispuesta en la audiencia del art. 353 quinquies del Código Procesal Penal de la Nación, por parte del juez del tribunal oral en lo criminal y correccional. Al respecto, el rechazo de la nulidad por parte del magistrado que previno no sólo es formalmente inadmisible porque la ley no prevé la posibilidad de que el primero revise la decisión del segundo sino que revela que no ha examinado de modo suficiente si el imputado estaba suficientemente informado de las consecuencias que acarreaba su incomparecencia a la audiencia mencionada, y de ese modo lo privó de esa información y, en consecuencia de la posibilidad de ejercer la facultad de pedir la suspensión del proceso a prueba. Así, se ha verificado un defecto de la jurisdicción de garantía por parte del juez en lo criminal y correccional, que tenía a su mano facultades ordenatorias para asegurar que el imputado adoptase decisiones sobre la base de una información idónea de las consecuencias de su incomparecencia a la audiencia.
Acta de secuestro, valor probatorio, firma del procesado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Trotti, Gustavo Rafael s/ recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

La firma del imputado o su ausencia puede constituir un elemento de juicio más para valorar el documento de conformidad con el sistema probatorio vigente.
Concursos, liquidación y distribución, bienes, realización de bienes, reserva de prioridad, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Terrón, Viviana Verónica c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede confirmar la resolución en donde la juez de grado desestimó las oposiciones que dedujeron la fallida y su cónyuge y dispuso la ejecución del inmueble. Ello por cuanto, la pretensión de aplicar al supuesto de autos la previsión contemplada en el CCCN 456 no resulta procedente. Respecto de los agravios esbozados en relación a que la realización del inmueble afectaría derechos del hijo menor de edad de la fallida, es menester distinguir entre la ejecución de un inmueble en el marco de un proceso falencial, del general reconocimiento del derecho de acceso a una vivienda digna que se encuentra reconocido por nuestro ordenamiento legal interno en la CN 14 bis y en la Declaración Universal de Derechos Humanos -CN 75-22°- que en su art. 25 contempla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ahora bien, en caso de que se subaste el inmueble en donde vive el hijo de la fallida y se ordene su desalojo de modo acorde a los procedimientos legales, cabe que se atiendan las necesidades de este último, procurando la armonización de la situación que pudiera plantear sus representantes con el ejercicio de los derechos de los acreedores falenciales y de la sindicatura en representación de la masa. En este contexto, estima esta Sala que sólo cabría ordenar, en resguardo de los intereses del menor, que frente a la subasta y posible desalojo del inmueble se realicen las gestiones necesarias ante organismos nacionales y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los fines de obtener una solución habitacional transitoria para que la fallida y su hijo no queden en situación de calle, si su familia no pudiese proveerles la indispensable y necesaria asistencia (arg. esta CNCom, esa Sala A, 19/11/19, Expte N° 25478/2008, "Erke SRL s/ quiebra s/ inc. de escrituración por Ruidias").