marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, carácter resarcitorio, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALACIOS VIDELA IGNACIO LUIS. c/ VISANI CARLOS ALBERTO Y OTRO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-04

La reparación del agravio moral, que ostenta carácter resarcitorio, opera aun cuando no hubiere dolo del autor del hecho dañoso.
Ejecución fiscal, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Choele Choel c/ Ostergag, Ricardo A. s/ Ejecutivo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-03-28

Los certificados de deuda para la ejecución por vía de apremio remiten en cada caso (aún respecto de los intereses aplicados) a Ordenanzas cuya existencia y vigencia no han sido puestas en cuestión. Sólo se ha dicho que las tasas liquidadas no se adecuan a la ley 23.928 con una notoria inexactitud, habida cuenta que la citada normativa no fija tasa alguna (prueba de ello es que el STJ pudo establecer lo que se conoce como tasa "mix"). (En disidencia: Dra. Flores).
Acción de amparo, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: JIMENEZ JUAN SALVADOR Y OTRA c/ COLEGIO NUESTRA SRA. DE LA MISERICORDIA Y/U OTROS s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-29

El comienzo del término de caducidad de la acción de amparo no puede sujetarse a la discreción de los amparistas porque, el mismo corre a partir del momento en que el afectado toma conocimiento del acto lesivo de sus derechos, por lo que resulta evidente que la pretensión pudo ser ejercida ni bien conoció el agravio, si se trata de dar remedio rápido, para que sea eficiente a un derecho que se dice conculcado.
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: O.,M.F. c/ G.A.R.T. S.A. s/ Accidente de trabajo (Sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2016-03-29

El art. 17 de la Reglamentación de la Ley 26.773 aprobada por Dec. 472/14 P.E.N., al ceñir el ajuste por R.I.P.T.E. a los pisos y sumas únicas previstos en la ley 26.773 en exclusiva, ha caído en un nítido exceso reglamentario, toda vez que avanzó sobre diáfanos textos los arts. 8 y 17 inc. 6° de la Ley 26.773, en tanto tales preceptos legales no consagran en modo alguno dicha restricción. Del voto del Carlos A. Velázquez.
Poder Judicial, jueces, remuneración, Estado, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

La intangibilidad de los sueldos de los Jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de modo que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, de modo similar a las que preservan a las Cámaras del Congreso, a sus miembros y a los funcionarios incluidos en el artículo 45 de la Constitución (texto de 1853); tal garantía está conferida en común al "órgano- institución" y al "órgano-individuo", no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados, sino para resguardar su función en el equilibrio tripartito de los poderes del Estado, de forma que su reclamo no tiende sólo a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares y a título privado, sino a la ya referida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judicial, cuya perturbación la Constitución ha querido evitar al consagrar rotundamente la incolumidad absoluta de las remuneraciones judiciales. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Honorarios del abogado, título profesional, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ EXPRESO VIA NORTE  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

No procede hacer lugar al pedido de regulación de honorarios solicitado por un apoderado municipal, que actuara en un proceso, y que no tiene título universitario habilitante, no obstante las diversas argumentaciones y disposiciones legales esgrimidas, dado que no rige la reglamentación de la ley 10.996 cuando se trata de la representación de las oficinas públicas de la Nación, Provincias o de las Municipalidades pero ello no implica, que dicha circunstancia otorgue derecho para obtener una regulación de honorarios como si se tratara de los profesionales amparados por la ley 21.839.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sueldia, Ricardo Néstor c/ Concejo Deliberante de Brandsen s/ Conflicto art. 196
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

Si se encuentran reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 263 bis del decreto ley 6769/58, corresponde suspender los efectos del decreto dictado por el Concejo Deliberante hasta tanto se pronuncia cumplimiento, por Secretaría.
Proceso penal, prescripción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto p/ Dra. Natalia Pérez Casanovas - Fiscal Penal en lo Correccional de 1ra. Nominación - en Expte. Nº 151/03 caratulado: "Vargas, Einer Rosario - s.a. Homicidio Culposo - Chañar Punco - Santa María"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-04

Con el instituto de la prescripción de la acción penal (C.P., art. 67) y a propósito de la modificación operada con la Ley 25.990, se ha reemplazado la fórmula abierta y sujeta a la interpretación, "secuela del juicio", que es equivalente a los actos de impulso del trámite o de exteriorización de la voluntad estatal persecutoria, por una enunciación taxativa de actos procesales, que impide asignarle ese efecto a otros actos no incluidos en el elenco legal.

De este modo, el artículo 67 del C.P. señala expresamente cuáles son los actos interruptivos en cada etapa del proceso, a saber: a) en la investigación penal preparatoria, la declaración indagatoria y el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio; y b) durante el juicio "el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente" y "el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme".

Por lo tanto, en este último apartado, la expresión "acto procesal equivalente", al ir precedida de la disyunción "o" refiere claramente a la forma en que cada normativa procesal vigente en el lugar de enjuiciamiento regula la citación a juicio, que en el caso de nuestra ley procesal, se trata del "decreto de citación a juicio" (art. 358 del C.P.P.).

Entender que dicha expresión se extiende a todos aquellos actos que impulsaron el proceso -como pretende la recurrente- desembocaría nuevamente en el problema de una fórmula vaga y ambigua sujeta a interpretación, que precisamente fue lo que la reforma pretendió erradicar.
Contienda negativa de competencia, fuero de atracción, acciones personales contra el causante, aplicación de la ley, código civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: PUCHOT, LEONILA CARINA c/ VISCARRA, CARLOS ALBERTO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-16

Corresponde que diga entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial ante el cual tramita el proceso sucesorio, toda vez que dicha solución, además de responder a los principios de universalidad jurídica, bien común, igualdad entre los acreedores, economía procesal y razonabilidad se complementa con la regla establecida en el artículo 2317 del Código Civil y Comercial que determina que "en caso de pluralidad de herederos, éstos responden con la masa hereditaria indivisa", lo cual demuestra la "innegable conveniencia de que el juez que entiende en el proceso universal en donde se involucra un patrimonio como único, conozca todas las causas que puedan afectar su integridad". - Jurisprudencia vinculada: Espíndola, AyS T 267, p 220/222.
Confesión ficta, plena prueba, valor probatorio, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: AREVALO c/ LASTRA s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-22

Aunque la confesión ficta no tenga valor de plena prueba genera una presunción de veracidad de los hechos insertos en el pliego cuando no existen en la causa otros elementos que la neutralicen.
Contrato de transporte, gobierno nacional, gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Gutiérrez  SRL c/ Catamarca, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Sólo el transporte entre puntos internos de una provincia está excluido del régimen nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, división de condominio, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O'Connor de Marioni, Nieves c/ O'Connor de Andreotti, Noris Gladys s/ División de condominio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ   Nº 324-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-05

Existe un óbice formal para la admisibilidad de la impugnación que condena de modo inexorable a rectificar el criterio provisorio que inspiró el acogimiento de la queja por ausencia del requisito de "oportuno planteamiento de la cuestión constitucional" cuando, habiéndose deslizado la contradicción entre actora y demandada en el terreno de la interpretación normativa común en torno a la divisibilidad del predio rural por debajo de la unidad económica, y habiéndose sometido las partes tanto a las disposiciones específicas del Código Civil sobre la materia, como a la reglamentación local, las objeciones constitucionales a esa normativa (o la lesión constitucional que de determinada interpretación de ella se derivaría) que la actora introdujo recién en la contestación de agravios, aparecen como el fruto de una reflexión tardía que impidió que se debatiera y resuelva en las instancias ordinarias.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Gualberto c/ Acuña, Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

La teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector de ese tema. Y se ha puntualizado, que la solución no varía en los casos de colisiones entre cosas que presentan riesgos o vicios: cada dueño o guardián debe afrontar los daños causados a otro. No existe norma ni principio jurídico que permita otra interpretación del citado art. 1113 de la legislación sustantiva.
Caducidad de instancia, orden público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carra, Víctor Hugo s/ Solicita Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-02

La perención de instancia es un instituto procesal de orden público, cuyo fundamento objetivo es la inactividad por un tiempo determinado de los litigantes, quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción. Así la finalidad de la institución excede el mero beneficio de los litigantes ocasionalmente favorecidos por sus consecuencias y propende a la agilización del reparto de justicia tendiendo a liberar a los órganos jurisdiccionales de la carga que implica la sustanciación y resolución de los procesos, evitando la duración indefinida de éstos, cuando las partes presumiblemente abandonan el ejercicio de sus pretensiones.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ITRI c/ IECSA y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

No puede determinarse una desvalorización del automotor tan elevada como la peticionada (32,56 por ciento) o, incluso, como la estimada por el Juez a-quo (25 por ciento), con la sola recurrencia al vago mecanismo sugerido por el perito (restar del valor de venta que tuviera en el mercado un automotor similar al del actor y restarle el precio en que este último enajenó su coche a un tercero), cuando nada acredita la venta recién denunciada tras la pericia del experto y, mucho menos, el precio que se dice haber percibido en tal operación o las condiciones en que el automotor habría sido vendido.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Argencard  SA. c/ Municipalidad de General Pueyrredón. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No son definitivas las decisiones en materia de competencia.
Sentencia, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ROJAS CARLOS SERVANDO s/ CASACION    PENAL   -  CONSTITUCION  EN  PARTE  CIVIL-  ADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-11-08

El acto jurídico procesal en que consiste la instancia de constitución en parte civil, solo exige bajo sanción de inadmisibilidad que se exprese "el daño que se pretende haber sufrido", el que se satisface con la sola mención del genero de daño que se reclama (material o moral). Será en el debate y al momento de formular conclusiones, cuando se completara la demanda de reparación especificando cada rubro integrativo del daño material, con sus respectivos montos, a fin de satisfacer el derecho de defensa y el principio de congruencia de la sentencia.
Daños y perjuicios, prioridad de paso, responsabilidad del conductor, reingreso a la circulación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ledda de Romano Norma Beatriz c/ Guaycochea Rosales Juan Bernardo s/ Ordinario (LIBRO: S155 - 193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-03-03

La prioridad derecha que tiene el demandado, unida a la mayor responsabilidad del accionante por la maniobra riesgosa efectuada -ingreso a una corriente vehícular- determinan su falta de responsabilidad en el evento dañoso.- La presunción hominis respecto a la responsabilidad del vehículo embistente, cede frente a la presunción legal de la prioridad del vehículo que circula por la derecha.-
Sentencia arbitraria, principio de legalidad, suspensión de la prescripción, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ZAVERUCHA IVAN RAÚL PASCUAL s/ EJECUCIÓN FISCAL - ABL - PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

La sentencia que con respecto a uno de los períodos fiscales reclamados resolvió que no correspondía aplicar la cláusula transitoria de la ley n° 6195 en cuanto disponía la suspensión por un (1) año del curso de la prescripción, resulta arbitraria y viola el principio de legalidad. Ello así, en tanto la referida ley entró en vigencia antes de que se cumplieran los cinco (5) años de prescripción del período reclamado. Por tanto, al sumarse un (1) año más, la ejecución fiscal fue promovida cuando dicho período no había prescripto porque a la fecha de su promoción todavía se encontraba suspendido el plazo original de prescripción de cinco (5) años. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Tribunal colegiado, voto mayoritario, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: R., L.A. y Otro c/ E.D. y Otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29

"La coincidencia en mayoría debe alcanzar, no solo al sentido en que finalmente se votan las cuestiones propuestas, sino también a las motivaciones sustanciales que las sustenta. No bastará que se concluya uniformemente, si en las opiniones que la fundamentan hubiere discrepancias irreconciliables que, como síntesis de una expresión razonada del derecho y fundada en los hechos de la causa, fracase en argumentos que se eliminan o invalidan entre sí. La motivación es parte indivisible con la decisión y sin vínculo lógico entre una y otra no hay fallo verdadero".
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lagger, Raquel Bossio de y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 237-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

Sin perjuicio de que los aspectos vinculados a la demostración de hechos y valoración de pruebas exceden -en principio- el limitado ámbito cautelar, puede señalarse, en un examen liminar propio de la instancia que, no habiéndose demostrado la concurrencia de las condiciones que justifican el pago de la bonificación por dedicación de tiempo completo y por guardias pasivas solicitadas por los recurrentes, no surge con evidencia que éstos deban abonarse.
Personal municipal, medida de no innovar, remuneración, reducción salarial
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Zamparo, Gladis Esther y otros s/ medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-02-03

Es procedente la medida cautelar de no innovar referida a las situaciones laborales de los actores en la Municipalidad demandada, condiciones laborales que, sin ningún instrumento legal posterior justificatorio, fueron modificadas pasando a percibir salarios inferiores a los que ya habían comenzado a percibir y que correspondían a las nuevas categorías a las que habían sido promovidos.
LEY DE CONCURSOS, ley vigente, preclusión, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: D. Gral. Impositiva en autos "Titos, Luis A., Aldo J. Titos yOscar A. Titos -Soc. de Hecho- Galaxia Hnos. s-Quiebra" s/ Incidente de Verificación Tardía
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-21

"...la aplicación de la nueva ley concursal debió haberse tenido en cuenta que la adecuación del procedimiento había de respetar el principio de la preclusión de manera que si la apertura del concurso preventivo se ha hecho con las modalidades fijadas por la Ley 19.551, ha consumado en autos la adquisición para el proceso todo, de una de sus etapas fundamentales con la impronta de aquel ordenamiento, que no puede retrotraerse so pena de hacer indebida aplicación retroactiva de una ley, cuyo espíritu iuspublicístico veda la disponibilidad de sus etapas por la sola voluntad de sus protagonistas. El juicio principal, y aún sus incidentes, deben sustanciarse conforme a los trámites previstos en la resolución de apertura que se dictó, teniendo en cuenta la ley vigente en ese momento.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, multa, exoneración
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BIGGEST BANK SA c/ LOPEZ BELLIZI, MARIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Para exonerarse del pago de la multa prevista por la ley 25323 art. 2, el empleador esta obligado a demostrar que actuó asistido de derecho al disponer el despido o bien que tuvo una razón al omitir el pago de las indemnizaciones previstas en la ley 20744 art. 232, 233 y 245 (T.O. en 1976) y ley 25013 arts. 6 y 7 (cfr. Cntrab, sala III, 18.6.02, "Martínez, María c/ Kapelusz editora SA s/ despido").
Cesantía ilegítima, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alegre, Graciela Beatriz y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Resulta procedente la reparación del daño moral ocasionado por un cese ilegítimo, pues no cabe duda acerca de que tal separación provocó en el afectado intranquilidad y sufrimientos injustos, circunstancia que debe tenerse por demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa-.
Extinción de la acción penal, declaración de oficio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Capdevilla, Benjamín Ramón s/ Recurso Extraordinario presentado en Expte. Corte Nº 48/05 "Recurso de Casación interpuesto por Benjamin Ramón Capdevilla en causa 91/05 'Inc. de falta de acción interp. por el Dr. Julio Federik, etc."
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-30

Conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual el instituto de la prescripción de la acción penal es de orden público, -constatada su existencia- debe ser declarada, aún de oficio (Fallos 186:289), ya que la misma se produce de pleno derecho (Fallos 323:1785) y debe ser resuelta en forma previa a decidir sobre el fondo del asunto (Fallos 322:300), a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario (fallos 186:396).
Peculado, funcionarios públicos, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Gaviglio, Sergio Gabriel s/ Peculado reiterado, usurpación y falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-17

El peculado requiere de un acto de disposición de los caudales y no de un acto de administración de ellos. En todo caso, la administración de caudales públicos perjudicial para el ente estatal de que se trate, para beneficio propio o de un tercero, es una conducta que deberá analizarse en el tipo de la administración fraudulenta calificada (arts. 173, 7° y 174, 5° C.P.).
Alimentos, competencia, arresto domiciliario
Materia: CIVIL
Carátula: V. Y. A. c/ P. B. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-11-10

Los jueces civiles no tienen competencia material para decretar medidas de carácter penal. La pena de prisión por incumplimiento de deberes alimentarios está prevista por la ley 13.944, que en su art. 4 incorporó la figura delictiva en el Código Penal, y en el art. 5 lo agregó al art. 73 de este código como delito de acción privada.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Speciale Patricia Claudia c/ Club Universidad del Nordeste y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-08-30

A fin de delinear el marco interpretativo en el que se analizará el tema en controversia, han de remarcarse algunas cuestiones que hacen a la esencialidad del contrato o relación de trabajo, tales como la dependencia en sus tres conocidos aspectos, técnico, económico y jurídico. La dependencia técnica puede verse desdibujada en ciertas actividades o profesiones donde las características del trabajo hacen que el principal no pueda, en general, impartir ordenes sobre el modo de realización del trabajo, aquí se fija el qué se quiere obtener, mientras que el como, depende del prestador del servicio. Pero lo que no puede faltar aún en esos casos inexcusablemente es la dependencia jurídica, que significa, en último análisis, la posibilidad de sustituir siempre la voluntad del que lo presta por la propia y la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias.
Regulación de honorarios, pautas, facultades del juez, monto irrazonable
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., H. J. y Otro c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-29

La justa retribución que reconoce la Carta Magna en favor de los acreedores debe ser, por un lado, conciliada con la garantía - de igual grado - que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar - con sus patrimonios - honorarios exorbitantes, además de que no puede ser invocada para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para tutela de las garantías reconocidas (art. 28).