marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de garaje, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañia de Seguros del Interior c/ Crespo Martinez, Manuel y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

La falta de habilitación municipal como garage, no libera a los demandados de las derivaciones del contrato, pues no se trata más que de obligaciones legales puestas en cabeza de quien asume la de guardar bienes ajenos. Para un comerciante la profesionalidad de adquirir por la sola reiteración en la realización de actos de comercio, sin necesidad de contar con autorización de ninguna especie.
Sociedades comerciales, asamblea de accionistas, honorarios, intimación de pago, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Epel, Judith Viviana c/ Zele SA y Otros s/ convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

Cabe revocar la decisión tocante a la intimación al pago del 50% de los honorarios regulados dirigida contra la actora no condenada en costas. Por sobre cualquier consideración cabe apuntar que la imposición de costas a la sociedad demandada, hasta la fecha no luce cuestionada. En razón de ello, la pretensión de cobro de los honorarios del profesional designado para presidir la asamblea, debe dirigirse a quien se encuentra obligada a solventar las costas del proceso. En el caso, a la sociedad y no los actores como fue dispuesto; al menos hasta que se decida lo contrario.

Es que no corresponde la equiparación del profesional designado en la causa para presidir la asamblea como un auxiliar de la justicia en los términos dispuestos por el CPR 77, véase que tal artículo refiere expresamente en su último párrafo a los "peritos", es decir, auxiliares de la justicia que son designados de conformidad con las reglamentaciones vigentes.

Así, pues la intervención que le cupo al profesional que aquí se trata, no se encuentra fundamento suficiente como para equiparar su consideración como "peritos" vista la ausencia de dicha categoría dentro del sistema de peritos y martilleros de la Justicia Federal y Nacional (conf. Mutatis Mutandi Ac. CSJN 2/2014; v. en esta orientación, CNCiv, Sala B, 3/3/17, "Faucoppi SA c/ Banco Credicop Cooperativa Limitado s/ nulidad de cláusulas contractuales" H. N° 72.496/2003).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, robo con armas, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE EXCEPCION DE PREV. Y ESP. PRON. LITISPEND. s/ INCIDENTE DE EXCEPCION DE PREV. Y ESP. PRON. LITISPEND.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

En los casos en que un procesado es juzgado por robo calificado (justicia de Instrucción), y por tenencia de armas de guerra (justicia Federal), las dos infracciones penales son autónomas y concurren materialmente entre sí, cuando la detentación del arma en cuestión supera el tiempo en que se consuma el delito concurrente.

La figura encuadrada en el artículo 189 bis del C.P. es de peligro abstracto y de efecto permanente, tipificándose en todos los instantes en que dura la tenencia del arma. Si durante ese período se comete otro delito en que el arma juega un papel jurídico autónomo, concurre materialmente con esa tenencia que se venía consumando, con independencia y en momento distinto a éste último hecho.
Caducidad, carácter excepcional
Materia: PROCESAL
Carátula: Arancibia de Tito, Rufina c/ Peralta, Antonio y otra s/ Recurso de casación int. en Expte. Nº A-46658/90  (L.A. Nº 36, Fº 725/727, Nº 308) Recurso de casación int. en Expte. Nº A-46658/90  (L.A. Nº 36, Fº 725/727, Nº 308)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-08-20

Cuando se alega la caducidad o pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, la interpretación de tales alegaciones debe ser restringida y, en caso de duda, debe estarse por el mantenimiento del derecho y no por su caducidad o pérdida. De lo contrario, si se diera prevalencia ala caducidad en desmedro de los derechos subjetivos, el ordenamiento jurídico se vería seriamente afectado ante la alteración de las jerarquías normativas e institucional que de él dimanan.-
Despido del delegado gremial, exclusión de la tutela sindical, proceso judicial, estabilidad del delegado gremial, cierre del establecimiento
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: LORENZO, HECTOR c/ TURRI SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

El régimen sindical exige para todos los supuestos de despido de delegados un procedimiento judicial previo que levante la tutela y permita al empleador lograr su objetivo (RS art. 52). En dicho proceso, el delegado no puede hacer valer la estabilidad en los casos de cese de actividades o de suspensión general de las tareas (RS art.

51). No quedaría encuadrado en esta situación el delegado gremial que fue despedido cuando la fábrica que se dedicaba a la producción de herramientas, cambió su actividad por comercialización de material importado, pero dejó subsistente un servicio de service para las herramientas que vendía originariamente.
Contrabando de estupefacientes, tentativa, desistimiento voluntario, prisión preventiva
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: OELOFSE, AUBERY-FOURIE, LOUIS LUKAS. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de apelación del procesamiento de Aubery Oelofse.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-16

1 - Para que resulte aplicable el supuesto previsto por el Art. 43 del CP (es decir, la no imposición de pena si media desistimiento voluntario del autor del delito tentado) se requiere que el hecho ejecutado no se encuentre consumado y que el autor haya desistido voluntariamente de su ejecución y, según lo ha expresado la doctrina mayoritaria, la voluntariedad implica que el desistimiento no responda a obstáculos determinantes, sino que provenga de un motivo autonómo autoplanteado.- 2 - Corresponde confirmar el procesamiento con prisión preventiva del imputado dado que no se encuentra controvertido que el hecho investigado deba tipificarse como tentativa (Art. 871 del CA) del delito de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados inequívocamente a la comercialización, toda vez que el imputado no logró vulnerar las instancias de control aduanero y, en tanto el agravio se vincula exclusivamente con la existencia del desistimiento voluntario de la tentativa, lo cierto es que si bien el imputado declaró que al realizar el control del pasaporte voluntariamente dejó caer al suelo uno de los paquetes que llevaba adosados a su cuerpo asegurándose que el oficial de control lo viese antes de levantarlo, no existen en la causa otros elementos por los cuales se acredite que el mismo desistió de continuar con la ejecución del delito, así como tampoco para estimar que ese desestimiento fuese voluntario. Y aún cuando se admitiera que la caída del paquete haya sido intencional, por la forma en que se transportaba el resto de la sustancia estupefaciente, acondicionada bajo las ropas que vestía, aquella conducta no puede considerarse adecuada para desistir del intento delictivo, máxime cuando el imputado podría haberse acercado al personal de control para informar verbalmente o por nota de la mercadería que transportaba o haberla entregado directamente a la autoridad de prevención, de modo tal que el hecho examinado no parece ser el medio más indicado para desistir de la ejecución del delito expresando inequívocamente su voluntad al respecto.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jatamlasky, Alberto Bernardo c/ Superior Gobierno de Entre Ríos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-20

El punto de partida de esta prescripción, debe ubicarse en la fecha de existencia del tipo de responsabilidad de que se trata, es decir, desde que la misma se genera tornando expedita la acción que de ordinario ocurre cuando acontece el hecho ilícito que la motiva (Cfr. Borda, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", Tomo II; ED 39 -606 y 737) o, según palabras de Mosset Iturraspe, desde el momento en que puede ejercitarse la protección jurídica demandable (Cfr.

"Problemática liberatoria en derecho de daños", Rev. Derecho Privado y Comunitario, Tomo 22-33). Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos que el inicio del curso de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer y, como regla general, ello acontece cuando sucede el hecho que origina la responsabilidad aunque si por excepción el daño aparece después, la acción resarcitoria no nace hasta ese segundo momento, pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente.
Reforma del Estado, ley de emergencia, emergencia administrativa, privatizaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Tullio,  Nilda en autos: González, Carlos Sergio y Otros c/ ENTEL s/Cobro de Australes expte. 29542 s/ Incidente de Ejecucion de Sentencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La ley 23.696 expresa un verdadero sistema destinado a enfrentar la emergencia a través de un proceso de transformación del Estado y su Administración Pública, donde se destaca como elemento singular, la política de privatizaciones decidida y desarrollada por el legislador (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Recurso de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Irigoyen, María de los Angeles c/ Aguiar, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-18

No procede el recurso de inaplicabilidad de ley si los recurrentes se han limitado a reiterar argumentos esgrimidos en las expresiones de agravios, a citar las normas o doctrina legal que entienden conculcadas, y a invocar absurdidad o arbitrariedad de la sentencia sin cumplimentar los recaudos exigidos por el art. 280 del CPCC y sin atender que la mera enunciación, no libera al recurrente de cumplimentar los recaudos exigidos por la norma procesal supra citada.
Contrato de trabajo, empleo público, despido sin causa, indemnización por despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Rezett,  Fernando  Valentín c/ Instituto  de  Obra  Social  delEjercito IOSE s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Toda vez que el trabajador no fue designado como personal permanente del IOSE, sino que firmó sucesivos contratos de empleo público para tareas comunes y corrientes del demandado y teniendo en cuenta que la ruptura de la relación fue intempestiva, estamos en presencia de una hipótesis de despido arbitrario contemplado en la Constitución Nacional que debe ser equitativamente resarcido, para lo cual es justo aceptar como parámetros las disposiciones de los artículos 245 LCT y el art. 16 de la ley 25.561, en atención a que la ruptura se produjo en vigencia de esta última ley. (En el mismo sentido del registro de la Sala "Zabalza c/Instituto" sent. nro. 40.193 del 29/04/94).
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, prueba pericial, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NORIEGA, Jorge s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-26

El Tribunal es soberano en la valoración de la prueba aun cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos (art.

346, C.P.M.P.) y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, igualmente de que la prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones de los peritos si sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen.

A tenor de lo que establece el código de rito respecto a la valoración de las pruebas, testimonial -art. 305, C.P.M.P.- y art.

346 del mismo, referente a la pericial, el criterio de valoración de las citadas pruebas por el juez, será el de la sana lógica o sana crítica, lo que se traduce en una valoración amplia de todo el plexo probatorio, en base a las reglas de la lógica, experiencia y según el orden común en que los actos se producen.
Defensa del consumidor, consumidores, tutela legal
Materia: CIVIL
Carátula: TASSONE,  SERGIO  RICARDO c/ AGROSERVICIOS CHACABUCO SA Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

1. El artículo 2 de la Ley 26361 suprimió la exigencia que contenía -con discutible técnica legislativa- el precepto de idéntica numeración de la Ley 24240, concerniente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos. La significación de esta modificación legislativa es de suma trascendencia pues cabe estimar que la norma amplió, de esta manera, el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal. 2. La desaparición de ese texto del artículo 2, y por consiguiente de su decreto reglamentario, nos lleva a interpretar el espíritu del legislador por contraposición, entendiendo que la derogación citada implica un cambio de concepto de manera tal que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios, quedarán igualmente protegidos por esta ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa en la cadena de producción. De tal manera, las personas jurídicas y los comerciantes ven ahora ampliado el campo de supuestos en el que podrán revestir el carácter de consumidores y en consecuencia, bregar por la protección de la ley (Alvarez Larrondo, Federico M., "El impacto procesal y de fondo de la nueva Ley 26361 en el Derecho del Consumo", en Sup. Esp. Reforma de la ley de defensa del consumidor, La Ley 01.01.08, p. 25, y sus citas). 3. Ello permite sostener, que en el nuevo sistema la tutela se diseña de otro modo: a) se mantiene la noción de consumo final como directiva prioritaria para circunscribir la figura del consumidor; b) se extiende la categoría también al "destinatario o usuario no contratante" y c) se suprime un criterio de exclusión que contenía la versión anterior del artículo 2 en cuanto que no eran consumidores quienes integren los bienes y servicios a procesos productivos (Ariza, Ariel, "Más que una reforma. Desplazamientos del Derecho del Consumidor en el Derecho Privado", en Sup. Esp. Reforma de la ley de defensa del consumidor, La Ley 1.1.08, p. 49).
Adopción, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: CAPUANO MAURICIO ALEJANDRO s/ ADOPCION PLENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-30

La puesta a disposición del menor por sus padres de sangre con fines de adopción no constituye en rigor de verdad una renuncia a la patria potestad. Antes bien, configura uno de los supuestos condicionantes de la "adoptabilidad" del menor (art. 16 y 11 inc. "c", ley 19134), el cual, sólo en caso de concurrir las restantes condiciones legales y la decisión judicial pertinente, acarreará la extinción "ipso jure" de la patria potestad de los progenitores (art. 307, inc. 4to C.C.).
Contrato de trabajo eventual, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ZENTENO, José Rodolfo c/ HOTEL PORTEZUELO Y/O FLAMINGO SRL. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-10-22

Quien afirma la existencia de un contrato de trabajo eventual debe asumir la carga probatoria y acreditar de manera fehaciente que el trabajador satisfacía resultados concretos tenidos en vista por el patrón, en relación a servicios extraordinarios. Lo que otorga certeza a este tipo de contrato es la fugacidad de la prestación requerida. El carácter del vínculo, que debe surgir de las características de la actividad debe hacérselo saber al empleado al momento de su contratación y se tipifica porque no se puede repetir indefinidamente en el tiempo sin asumir la forma de la continuidad y la permanencia.Nada tiene de extraordinario dentro de un establecimiento gastronómico el lavado de copas o el trabajo de cocina, ni se concibe que éste forme parte de contratos sucesivos cuya realización consecutiva lo convierte en uno por tiempo indeterminado.
Exteriorización de capitales, crédito fiscal, IVA, declaración impositiva inexacta, factura falsa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Copparoni S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

El capital oculto al que se refiere la ley 26.860 puede originarse tanto en ventas omitidas cuanto a compras ficticias; pues por ambas vías -disminución del débito fiscal mediante ventas omitidas o incremento del crédito fiscal por medio de adquisiciones ficticias- el contribuyente declara un IVA menor al realmente adeudado (cfr. arts. 11, 12 Y ccdtes., ley 23.349, t.O. 1997), y obtiene así un capital que permanece oculto al Fisco y cuya exteriorización el régimen de la citada ley procura. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Delitos contra la propiedad, robo
Materia: PENAL
Carátula: A.L., O. y Otros s/ Robo Doblemente Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-08

"El propósito de los arts. 166 y 167 del Código Penal respecto de la figura básica del robo es proteger el bien jurídico de manera más eficaz, y se cumple mediante la aplicación de la agravante mayor, con lo que la circunstancia de que se incurra en más de un hecho de encuadre en las figuras referidas, sólo tiene relevancia para apreciar la peligrosidad del sujeto, conforme lo prevé el art. 41 del Código Penal, por lo que debe excluirse la concurrencia con el delito de robo en poblado y en banda, y calificarse el hecho como el de robo agravado por el uso de armas".
Falso testimonio de testigo, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: KOVALSKY, Daniel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Testigo es "la persona física, distinta de los sujetos de la relación procesal, que, con finalidad probatoria, declara ante el juez, positiva o negativamente, sobre modificaciones en el mundo exterior que pudieran haber sido percibidas, por intermedio de cualquiera de sus sentidos" ; "persona distinta de los sujetos procesales, llamada a exponer al juez sus propias observaciones de hechos acaecidos que tienen importancia en el pleito" ; "persona distinta de los sujetos principales del proceso, que presta declaración de verdad, positiva o negativa, ante el magistrado, sobre percepciones sensoriales percibidas fuera del proceso, relativa a un hecho pasado y dirigida a la finalidad de la prueba, o sea, el acercamiento de la verdad" ; "persona que comprueba, con sus propios sentidos, un hecho del que no participa y que refiere las percepciones habidas, con el fin de probar la verdad del hecho percibido ; "persona capaz, extraña al juicio, que es llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos" ; "persona llamada al proceso a declarar lo que conoce en torno a los hechos por los cuales se procede".

Es requisito para mantener la calidad de testigo la ajenidad que con el juicio debe guardar el deponente, de modo que "no corresponde considerar testigo en sentido propio a quienes deponen sobre hechos respecto de los cuales ellos mismos son actores y que pueden traerles aparejados algún perjuicio, razón porla cual las falsedades en que hubieran eventualmente incurrido en tales circunstancias no configuran el delito de falso testimonio" .

"Es preciso descartar del falso testimonio toda declaración inexacta dada por el testigo con referencia a hechos en los cuales él mismo ha sido actor, y de cuya manifestación puede resultarle un perjuicio, aunque no consista éste en la auto inculpación de un delito".

"La norma en cuestión (art. 275 del C.P.) no sanciona a la persona que hubiera depuesto falsamente con las formalidades de la declaración testimonial, sino concretamente, al testigo que hubiera incurrido en esa conducta".

En consonancia con ello, "...no somos testigos de lo que hicimos nosotros, por más que se nos pregunte por ello ... Por esa razón tampoco son testimoniales casi todas las preguntas formuladas a una parte, aunque sean bajo juramento.

Si el imputado depuso en un juicio civil respecto de hechos que lo tuvieron como protagonista, no puede ser considerado testigo en sentido propio, por cuanto no resultó un tercero ajeno al proceso ni conocedor de los hechos por percepción sensorial.

Por ello, corresponde confirmar la resolución mediante la cual sedecretó el sobreseimiento del imputado (art. 336, inc. 3°, C.P.P.N.).
Jurisdicción y competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Stilvelman, Claudio Adrián s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

La competencia del fuero federal es excepcional y está circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes, las cuales son de interpretación restrictiva. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cheque sin fondos, cheque de pago diferido, declinatoria, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LARRABURU, Jorge A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-02

Cuando el cheque, materia de la maniobra ilícita, no ha sido determinante de la contraprestación, sea porque tiene fecha postdatada o bien porque se otorgó tiempo después, el suceso resulta "prima facie" encuadrable en el art. 302, C.P., por lo que debe declinarse la competencia en favor de la Justicia en lo Penal Económico.
Enfermedad profesional, incapacidad laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos José c/ Encotel s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-04-29

Es procedente la indemnización por incapacidad laboral requerida por quien se desarrollaba tareas de telegrafista, pues según la minuciosa labor pericial médica presenta un cuadro típico de la enfermedad denominada calambre del telegrafista, y si bien la presentación del perito exhibe largos pasajes en los que informa sobre aspectos generales de afecciones como las que padece el actor, fue preciso a la hora de establecer las razones científicas para sostener sus conclusiones para elucidar el caso concreto que se presentó a su examen, no sólo apoyándose en sus conocimientos especiales sobre la materia sino además en los exámenes de diagnóstico que fueron complementarios de su inspección clínica.
Marcas, oposición al registro de marca, legitimación activa, transferencia de marca, terceros, interés legítimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASSALIN PARTICULARES  S.A. c/ ALFADER  S.R.L. s/ OPOSICION INDEBIDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-26

Como principio la sola titularidad registral hace presumir el interés legítimo en formular oposición a una marca idéntica o confundible. Mas esa presunción cede cuando la contraparte demuestra que, no obstante esa apariencia registral, los derechos sobre la marca base de la oposición han sido cedidos a un tercero, en cuyo caso es evidente que es este tercero el habilitado -titular del interés legítimo- para defender la pureza de su signo marcario.

Tratándose de la adquisición de una marca ya registrada, la transferencia de la marca se opera con la venta o cesión de ella, vale decir, se perfecciona dicha transferencia con la celebración del contrato y desde la fecha de éste produce entre las partes sus efectos. Desde ese mismo momento, aunque no se haya efectuado la anotación registral, el interés legítimo queda desplazado del cedente al cesionario. Es que, como señala Vélez Sarsfield, cada enajenante transfiere la cosa a su adquirente "Cum omni sua causa", es decir, con todos los derechos que le competían.