Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-22


SENT Nro. 694 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 22 DE SEPTIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el apoderado del actor en autos: "Lajud, Rodolfo vs. FORD ARGENTINA S.A. y otro s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 255/259, por el apoderado del actor, en contra de la sentencia de fecha 16/8/2002 dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento recurrido (fs. 246/249) revocó parcialmente la sentencia de Iª instancia, en cuanto había ordenado la devolución del escrito de contestación de demanda presentado por el codemandado Manuel A. Rodríguez.

A fs. 265, el apoderado del codemandado Rodríguez, contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 20/02/2003 que glosa a fs. 268, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- Alega el recurrente que el codemandado Manuel A. Rodríguez, se apersonó en autos y al contestar la demanda, opuso excepciones pero no acompañó las copias para el traslado respectivo. Señala que advertido de ello, el juez a quo intimó al cumplimiento de lo preceptuado por el art. 129 del CPCC; providencia de la que el demandado se notificó en el propio expediente (cfr. fs. 125 vta.). Destaca que el plazo procesal previsto para el caso se cumplió sin que se adjuntaran las copias correspondientes. Expresa que a tenor de lo dispuesto por el art. 129 procesal, su parte solicitó a fs. 162, la devolución del escrito de contestación de demanda y que se proveyera lo pertinente; petición que fue acogida favorablemente a fs. 164 (cfr. punto 1 de la providencia de fecha 26/02/2001). Continúa señalando que el demandado Rodríguez planteó la revocatoria del proveído mencionado (fs. 178/180), que fue rechazado por el juez de la causa (199/200) y concedida la apelación interpuesta en forma subsidiaria.

Se agravia el recurrente de que la Cámara a quo revocara lo resuelto en Iª instancia por considerar que el art. 129 del CPCC sienta claramente cuáles son las consecuencias derivadas del incumplimiento de la carga de adjuntar las copias necesarias para el traslado de los escritos presentados por las partes, sin que corresponda distorsionar el texto de la ley por vía hermenéutica. Afirma que el tribunal de alzada desinterpreta la norma mencionada, en una franca afectación de sus derechos.

Se agravia de que el pronunciamiento considere que atento al tiempo transcurrido, le estaba vedado a su parte requerir que se hiciera efectivo el apercibimiento y se ordenara la devolución del escrito presentado por la contraria. Expresa que el art. 129 procesal fija un término (1 día a contar desde la notificación de la providencia que intima a la presentación de las copias correspondientes), vencido el cual el juez debe ordenar la entrega del escrito al interesado. Expresa que el plazo indica el momento a partir del cual el juez está facultado a proceder a la devolución del escrito pero no le impone el deber de cumplir la diligencia en ese tiempo. Entiende que tampoco su parte estaba obligada a observar ningún término para instar el apercibimiento previsto por la ley. Se agravia de que se invoque el instituto de la preclusión procesal para acoger la apelación del demandado.

Considera el recurrente que no puede imputarse ni al juzgado ni a su parte conducta omisiva alguna y que la única omisión relevante, es la que le cabe al demandado. Señala que en todo caso, tanto el juez como el recurrente fueron permisivos en dejar transcurrir los meses sin efectivizar la sanción prevista por la ley.

Entiende que no corresponde atenuar el rigor de la norma citada y que si bien la primera providencia de fs. 125 vta. tenía por cumplido el apersonamiento, la constitución del domicilio legal y la contestación de la demanda, el segundo proveído (en igual foja), condicionaba el traslado de las excepciones opuestas al estricto cumplimiento de lo prescripto por el art. 129 del CPCC.

Se agravia de que el pronunciamiento invoque la ambigüedad o posible confusión que tales providencias podían generar en el demandado, cuando tales extremos no fueron alegados por su parte.

Considera que lo resuelto carece de respaldo legal y descalifica al pronunciamiento por arbitrario.

Destaca que el decisorio impugnado irroga a su parte un perjuicio de imposible reparación ulterior, que justifica admitir el remedio interpuesto.

III.- En orden al recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado (art. 813 del CPCC), se advierte que el mismo no se encuentra satisfecho en la especie. En efecto, no se trata de la resolución que decide el fondo del asunto, ni de una interlocutoria que pone fin al pleito o impide su prosecución. Ello así, porque se trata de una sentencia que resuelve pronunciarse negativamente a la petición de que se ordene la devolución del escrito de contestación de demanda presentado por el demandado Manuel A. Rodríguez.

Pese a la forma en que se presentan los agravios, tampoco se logra demostrar que el pronunciamiento resulte equiparable a definitiva (art. 813 inc. a) del CPCC). El recurrente practica una fundamentación genérica sobre el punto, ineficaz para justificar el extremo mencionado.

Tampoco concurre en el caso el supuesto de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen a los de la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico o la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios de justicia (cfr. CSJTuc., "Juampera, Miguel Angel vs. Luis Vicente Gutiérrez s/Cobro de indemnización y otro", sentencia Nro. 303 del 3/5/99; "Gutiérrez, Héctor Gerardo vs. Cuezzo, Carlos Alberto s/Cobros" sentencia Nro. 412 del 4/6/99; sentencia Nro. 266 "Droguería Suiza vs. Héctor Jesús Gramajo Feijoo y otros s/Cobro ejecutivo y embargo preventivo" del 18/4/2000; entre otras).

La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres siendo insuficientes los argumentos ofrecidos por el recurrente en el sublite.

Es precisamente la insuficiencia en la demostración de los extremos exigidos por el código de rito (art. 813 inc. a y b), la que sella en forma adversa la suerte de recurso.

IV.- No puede soslayarse que no obstante los argumentos vertidos para justificar la cuestión de derecho propuesta y la nulidad que se alega, el recurrente consintió la presentación cuyo desglose y devolución peticiona. En efecto, tal como surge de fs. 165/168 -y antes de que el juzgado interviniente resolviera hacer efectivo el apercibimiento previsto por el art. 129 procesal (ver fecha del proveído de fs. 164 del 26/02/2001)- el recurrente contestó las excepciones de prescripción y falta de acción opuestas por el demandado.

La ratio legis de la carga de adjuntar las copias impuestas a las partes, es la de procurar el ejercicio del derecho de defensa; más aún cuando en la tramitación del proceso, se les confiere un traslado o vista de lo actuado por la contraria.

En el caso, el recurrente pese a no contar con las copias necesarias para el traslado pertinente, tomó conocimiento del contenido de la presentación efectuada por el demandado y contestó las defensas articuladas -no obstante la expresión "en subsidio"-, en respaldo de la posición jurídica asumida en la demanda. Desde esta perspectiva, no luce justificada la actividad procesal desplegada en pos de la devolución del escrito presentado por el accionado.

Tal como surge de las constancias de autos, el recurrente -casi en forma simultánea- solicita el desgloce y la devolución del escrito de contestación de demanda y contesta las excepciones articuladas en el mismo (cfr. fechas de las presentaciones de fs. 162 y 165).

La doctrina de los actos propios es aplicable al derecho procesal, cuando se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta en la conducta del litigante. Todo ello, en resguardo de los principios que informan el proceso.

V.- Las costas se impondrán al recurrente vencido, conforme los principios que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado del actor Rodolfo Lajud, en contra de la sentencia de fecha 16/8/2002 dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA