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Crédito documentado, comercio exterior, bancos, solicitud del préstamo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  CENTRAL  DE  LA REPUBLICA  ARGENTINA c/ CASA BEATO DE  A. A. BEATO E HIJOS S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10

Los créditos documentados por su naturaleza, resultan ser operaciones independientes de las ventas y los bancos no están vinculados por tales contratos, aún cuando en aquellos se incluya alguna referencia a estas, no estando sujetos a reclamaciones o excepciones resultantes de las relaciones del ordenante con el beneficiario, pues la intervención de instituciones bancarias se limita a garantizar al exportador la satisfacción de su crédito y financiar la operación (cfr. Albornoz, Jorge - All, Paula, "Crédito documentario", pág. 243). Así, el ordenante que ya ha realizado una importación o que la va a realizar, concurre a una entidad bancaria con la finalidad de que esta última intervenga en una operación de comercio internacional. El banco analiza la solicitud presentada, la que suele adquirir dos formas clásicas: a) con provisión de fondos por parte del ordenante: aquí el ordenante provee anticipadamente los fondos para cubrir con moneda extranjera el precio de la compraventa, o bien entrega moneda nacional que se aplica a la venta de cambio que el banco habrá de efectuar para atender la carta de crédito a su vencimiento; b) sin provisión de fondos: es decir, mediante un crédito que el banco debe abrir al ordenante. Una vez que el ordenante y el banco emisor se han puesto de acuerdo, se instrumenta el convenio que regirá las relaciones entre ellos; en virtud de este convenio el banco va a asumir obligaciones frente a un tercero (beneficiario) (cfr. Albornoz-All, ob. cit. p. 244-5). En este último supuesto, se encuentra dentro de las obligaciones del ordenante, el reembolso del crédito en el plazo pactado con más sus intereses. (cfr. Labanca-Noacco-Vera Barros, ob. cit).
Leyes, irretroactividad, bien jurídico protegido, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FORCHETTI, ALICIA GLADYS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-02

Si bien la irretroactividad de la ley es una garantía constitucional explícita sólo en el limitado campo del derecho penal - de suerte tal que retrotraer los efectos de una ley civil haciéndola regir hechos anteriores a su promulgación "no compromete por sí sola ninguna regla fundamental"-, no puede sostenerse lo mismo cuando se trata de la afectación de un derecho que había sido definitivamente adquirido antes de sancionarse aquélla, de un bien incorporado al patrimonio de la persona; en una palabra, una "propiedad" en el sentido de la Constitución.
Laudo arbitral, nulidad del laudo arbitral
Materia: PROCESAL
Carátula: Seven Group S.A. c/ ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-11

La impugnación por nulidad de un laudo arbitral no tiene por objeto habilitar la revisión del contenido del mismo en cuanto al fondo de lo resuelto por los árbitros, sino controlar que éstos hayan dado cumplimiento a determinadas condiciones que están contenidas en normas de orden público que deben ser respetadas bajo pena de nulidad.
Incapacidad sobreviniente, compensación económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRAVO, RUBEN ALBERTO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO LEON GALLO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARAS, OLINDA c/ SALOMON, VICTOR ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-12|2003-03-10

La resarcibilidad de la incapacidad sobreviniente tiene sustento en la incapacidad, que es la inhabilidad o impedimento, o bien la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales. La incapacidad entraña la pérdida o aminoración de potencialidades de que gozaba el afectado.
Caducidad de instancia, Salud pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Segovia de Sacu, Francisca c/ Elida Mabel Sacu de Martres y Adrián Alberto Martres s/ acción negatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-12-05

La sentencia que dispuso la caducidad de instancia debe ser revocada si la actora había solicitado la apertura de la causa a prueba al tiempo que pidió se intime al demandado para que abone las tasas de justicia, es que, una vez cumplida que fuera la intimación renacía la obligación del tribunal de proveer lo que había tenido presente "para su oportunidad", máxime cuando el accionante es una mujer de avanzada edad que se encuentra con graves problemas de salud, pues la Constitución Nacional impone en su Art. 75°, inc. 23, que en el caso de las acciones en relación a los ancianos y personas con discapacidad, se deben promover "acciones positivas" tendientes a la protección de sus derechos.
Indemnización, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: TETTAMANZZI, ALFREDO D. c/ TRANSPORTES DE COLECTIVO GRAL. SAN MARTIN S.A. s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

La afiliación a una obra social no es suficiente para no aplicar la facultad del art. 165 del Código Procesal, en virtud de que algunos remedios y gastos siempre deben afrontarse, lo que puede reconocerse sin prueba concreta, acorde con la índole de las lesiones.
Conjueces, honorarios de conjueces, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Nación c/ Industrial del Norte de Santa Fe Ltda. S.A. "Ingenio Arno" s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-22

La reclamación administrativa previa es requisito para la exigibilidad judicial del derecho, pero no para su génesis. No tratándose en el caso pedido de regulación de honorarios por un conjuez de una pretensión de cobro inmediato, ni habiendo el interesado deducido acción civil contra la Nación, no se desconocen las normas que establecen la reclamación citada.
Control de constitucionalidad, emergencia económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alberto M. Torres Construcciones Civiles S.R.L. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-20

La declaración de emergencia es un acto discrecional que le compete al poder político en ejercicio de facultades que le son propias, y no le corresponde a los jueces controlar la conveniencia u oportunidad de la finalidad de las leyes la determinan, en tanto las decisiones políticas instrumentales son ajenas al control judicial, pero ello no implica que estén exentas del control jurisdiccional de constitucionalidad ya que su declaración no suspende la vigencia de las garantías constitucionales.
Libertad de expresión, medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet, resolución denegatoria, fallos de la Corte Suprema, violencia de género
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R. A. J. c/ Facebook Argentina SRL s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Corresponde desestimar la acción de amparo interpuesta por el actor por medio de la cual solicitó una medida cautelar con el objeto de que se ordene a la red social Facebook el bloqueo de los enlaces de páginas en los cuales se lo denuncia de haber cometido actos violencia de género, habida cuenta que en el expediente no existen pruebas que desvirtúen los términos de las publicaciones y que el apelante solo se limitó a alegar el carácter calumnioso, injuriante y difamante de las mismas. En consecuencia, no cabe adoptar una decisión que prescinda de la doctrina de la Corte, que ha considerado en armonía con lo establecido en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y en la Ley 26.032, que la actividad desplegada a través de un blog está amparada por la libertad de expresión.
Acto administrativo de alcance general, contrato de obra pública, efectos del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Los actos administrativos genéricos, destinados a su aplicación por los funcionarios del poder administrador, en la órbita de las respectivas relaciones contractuales de los contratos de obras públicas comprendidas en sus disposiciones por regla, se impugnan cuando se aplican por cuanto -en principio- no surge de ellos mismos lesión directa y actual de un derecho subjetivo o interés legítimo. La excepción a este principio, puede verificarse ante la configuración de supuestos en que una disposición contenida en actos de esa característica proyecte efectos directos respecto de situaciones jurídicas subjetivas. Tal supuesto se da cuando de la misma disposición se deriva un efecto inmediato sobre la esfera jurídica del administrado, suficiente para justificar su directa impugnación, sin necesidad de actos complementarios o de aplicación. (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Seguros, perfeccionamiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Gabino Sixto Demetrio y otra c/ Pertini, Héctor Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

Si bien la forma común de exteriorizar el nacimiento del contrato de seguro es la emisión de la póliza, no debe olvidarse que el mismo legislador ha previsto en el ya recordado artículo 4 de la ley 17.418 que aquellos derechos y obligaciones recíprocos empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza. Y eso es inequívoco cuando se emite una nota de cobertura provisoria, que es bastante para tener por perfeccionado el contrato aunque limitado en el tiempo. No en vano la misma ley establece en su art. 30 que "la prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sanciones laborales, resoluciones recurribles, contrato de trabajo, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: Orsini Andres Eduardo c/ Estancia La Sofia S.A. s/ Daño Moral  E Indemnizacion Ley 22.248
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-05

Habiendo cuestionado el trabajador la procedencia de la sanción que le fue impuesta, corresponde al empleador la obligación de demostrar la existencia de las causas invocadas, no habiendo logrado cumplimentar tal carga, ya que la totalidad de los testigos son coincidentes en sostener que el actor era el encargado pura y exclusivamente de la sección ganadería y la suspensión disciplinaria estuvo referida a la putrefacción del cereal, amén que nada se menciona sobre un supuesto obrar negligente o abandono de guardia que acarreara perjuicios.

Por ello, no habiéndose acreditado de modo alguno las circunstancias atribuidas al actor que se pretendieran hacer valer como sustento de las sanciones disciplinarias impuestas, evidenciándose que la facultad correctiva que la ley le otorga al empleador no fue ejercida correctamente, resulta procedente el reclamo incoado tendiente al levantamiento de las dos medidas disciplinarias, procediendo la pretensión resarcitoria respecto a los salarios caídos.
Doctrina legal, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Tognoni, Hilda Luz c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Otro s/ Accidente de trabajo - Acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

En el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, corresponde confrontar el pronunciamiento en crisis con la doctrina legal vigente al momento de examinar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, toda vez que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a su interposición.(doctor Soria, sin disidencia)
Honorarios, determinación del monto, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bouza, Alicia Beatriz c/ Liderar Compañía General de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-05

La limitación del CCCN 730 no importa una modificación en los importes que corresponde establecer en concepto de honorarios sino que, de resultar aplicable y darse los supuestos allí indicados, deberá procederse conforme la misma disposición indica. No cabe entonces, en esta instancia, limitar las alícuotas aplicables conforme los respectivos aranceles profesionales, sin perjuicio de los derechos que pudieren asistirle a los condenados en costas.
Delito de incendio, estrago culposo
Materia: PENAL
Carátula: Altamirano, Domingo s/ Incendio Culposo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Constituye un proceder imprudente el dejar encendida una hornalla encontrándose sobre la misma un recipiente que contenía aceite, pudiendo el imputado prever las consecuencias de su accionar negligente, pues si bien la acción de por sí -dejar encendida una hornalla no es peligroso-, si lo es cuando a dicho elemento se le aneja otra condición o causa, como lo es dejar un receptáculo que tenía adherido elementos grasos, correspondiendo responsabilizar al acusado por el delito de incendio culposo.
Locación, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gelman c/ Faerman s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-22

Lo importante es determinar, en estos casos como fue recibido el bien por la locataria y el estado en que se entregó al finalizar el contrato, también si el deterioro que se denuncia se produjo durante la vigencia del vínculo; si el reclamo actoral, en base a los daños que describe en su demanda, se encuentran debidamente probados y quién fue el responsable de los mismos.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DARROL S.A. c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, IAFAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-10

Para que exista lesión resarcible se requiere no sólo la existencia de un detrimento patrimonial, sino además que ese detrimento sea antijurídico, no solamente porque la conducta del autor sea contraria a derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo. La antijuridicidad susceptible de convertir el perjuicio económico en lesión indemnizable se predica, pues, desde el efecto de la acción administrativa, a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio del administrado, que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto y en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trata. Las notas de efectividad y evaluabilidad económica del daño sufrido resultan comunes a las del derecho común, y requieren la individualización del daño que deber ser concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda de lo que puede considerarse cargas comunes. Además, para que surja responsabilidad del Estado, es menester que esa lesión pueda serle imputada, es decir, jurídicamente atribuida.
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, Constitución Nacional, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kronopios S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

Tal como surge del artículo 27 de la Ley Nro. 402, el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no constituye en la especie una tercera instancia ordinaria, abriéndose su jurisdicción únicamente cuando se advierten agravios de naturaleza constitucional, sea porque se encuentre controvertida la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o de la Ciudad.
Acción meramente declarativa, reglamento de licencias para servicios de telecomunicaciones, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

Este artículo procura prevenir mediante el sistema de la "previa autorización" mediante acto fundado, los excesos que se pusieron en evidencia en la práctica del régimen instaurado en 1999. En tal sentido, los medios implementados son conformes con la finalidad perseguida por la regla, esto es: evitar incumplimientos y fraudes (conf. argumentos del Estado Nacional) mediante sucesivas operaciones de transferencias y fusiones que impedían controlar al titular y responsable de la licencia en un momento dado. Además, debe considerarse que la posibilidad de transferir -previa autorización- una importante proporción del capital social, hace que el agravio relativo a la lesión indebida del derecho a la libertad de comercio no revista entidad suficiente. Puesto que se exige la motivación del acto administrativo que resuelva conceder o negar la aprobación, ello garantiza la tutela jurisdiccional posterior y descarta el riesgo de violación de derechos por negativas arbitrarias o discriminatorias. En suma: estimo que el precepto contenido en el artículo 41 de la ley 26.522 no es absolutamente incompatible con los derechos fundamentales de propiedad y de libertad de comercio que se hallan en juego, lo cual conduce a descartar la impugnación de base constitucional.
Impuestos, regímenes de promoción, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: La Rueca Porteña S.A. (T.F. 9861-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Las prerrogativas fiscales de los inversionistas en una empresa promocionada, no se originan en un derecho autónomo de éstos, sino que derivan del acto voluntario individual de inversión por cuenta y riesgo propio, a fin de obtener la finalidad que sustenta la promoción que se acordó a la empresa (Fallos: 314:1088).

Por ello, la actora debió extremar los recaudos para asegurarse que las sumas que entregó a la empresa promocionada que ella eligió fueran efectivamente recibidas y contabilizadas para poder entonces beneficiarse con el diferimiento establecido en la norma promocional.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valente, Orlanda c/ Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

La mera identificación de los conceptos legales de invalidez o incapacidad (la consecuencia) y de enfermedad (la causa), lleva a la descalificación de todo dictamen o resolución que sobre ella se base, desde que, como en el caso con el acto cuestionado, se torna imposible determinar a cuál de ambos se ha querido referir su autor.
Abuso sexual calificado, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PENAL
Carátula: Villavicencio, Eduardo Adan s/ Homicidio  Reit.  Calif. -2  hechos-,  Robo   Calificado   por   el  escalamiento,  por el uso de llaves verdaderas y por el uso de armas  y Robo Calificado  por  el  uso  de  armas  (en  concurso real) y en  perjuicio  de  Daniel Fernández, Francisco Emilio Quiroga  y  Miriam  Beatriz Seronello.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-11-22

El abuso sexual y acceso carnal, mediando violencia y amenazas, a más del sometimiento sexual gravemente ultrajante para la misma en virtud de la introducción de diferentes elementos -entre ellos el puño- lo cual implica un incremento de la criminalidad del hecho, por el mayor desprecio por la dignidad de la víctima, que subyace en las mencionadas conductas. Y si sumado a ello la prolongación vivida por varias horas, lo que implica una excesiva prolongación temporal, que va más allá del tiempo necesario para llevar a cabo el abuso sexual, imponiendo con ello a la víctima un nuevo vejamen para la dignidad, que se añade a los anteriores, implicando a mas un verdadero peligro para la salud y la integridad física de la víctima. En virtud de ello, estas conductas debe ser tipificada en la figura del art. 119, párrafo 1, 2 y 3 del Código Penal; hechos que deben ser conjugados por el concurso real (arts. 55/56 del C. Penal).
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: REGGIARDO, JUAN ALBERTO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 484 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25

Las decisiones adoptadas en materia de regulación de honorarios nada fijan sobre el derecho a percibirlos ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro , toda vez que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional.

La discusión del derecho a cobrar los honorarios cuya regulación se pide es inconciliable con el procedimiento sumarísimo establecido por la ley para fijar el monto de la retribución profesional, excediendo el ámbito de éste.
Prueba pericial, designación de perito
Materia: PENAL
Carátula: GUILLERMO JOSE TAGLIOTTI s/ DEFRAUDACION-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADA POR  EL PROCURADOR RENE OSCAR GOMEZ Y OTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-19

La pericia en sentido propio sólo puede ser ordenada por el órgano jurisdiccional, y queda en el marco de su discrecionalidad designar a los peritos que han de realizar la prueba. Más aun: debe dirigir la realización de las mismas, con la observancia de todas la disposiciones tendientes a garantizar la seriedad de las conclusiones periciales y los derechos del Ministerio Fiscal y de las partes. (Minoría u opinión personal)
Actos y diligencias procesales, notificación, domicilio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONSORCIO PROP.EDIF. SALTA 835 c/ SUCESION ROMAN VIDELA Y OT. s/ Ejecutivo (LIBRO: A071 - 180)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-10

No puede asimilarse la constitución del domicilio de elección con el domicilio ordinario del acreedor, supuesto en el cual la constitución no es eficaz. Frente al valor pleno del domicilio especial, propugnar la necesidad de notificar en el domicilio real del representante de un menor carece de justificación.

El domicilio especial donde los contratantes determinaron se cumplirían todos los actos relacionados con el contrato, desplaza al domicilio legal, que responde a la necesidad de otorgar seguridad jurídica en los casos en que el interesado no está en condiciones de fijarlo por sí mismo,con independencia de la residencia.