marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Alas c/ Gonzalez, N. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Habiéndose reconocido que la deuda es una obligación en moneda extranjera, la condena debe apuntar a la restitución de la cantidad de dólares estadounidenses pactada o su equivalente en australes al tipo de cambio oficial único que rige en la actualidad;

descartándose, en consecuencia, la posibilidad de utilizar el tipo de cambio "libre o marginal", por haberse suprimido dicho mercado.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: JULIETA A S. FARIAS Y MARCELO DIOSQUEZ c/ RIVAS, JOSE ALFREDO s/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA ALFREDO s/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-05-22

La figura típica de tentativa de homicidio se la define como el comienzo de un delito, con el dolo de consumación y medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor.
Querella, excepciones procesales, calumnias, injurias
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: I.P.S.A. s/ Querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-21

Si bien no existe en el código instrumental ninguna disposición expresa respecto a la introducción de excepciones de artículo previo en los juicios por calumnias e injurias, dicha orfandad jurídica debe suplirse con las normas generales del juicio criminal, correspondiendo la sustanciación y resolución de estas excepciones antes de la celebración de la audiencia de conciliación, de conformidad a lo previsto por el párrafo segundo del art. 456 del C P.M.P. . De lo contrario, ante la eventual procedencia de la defensa, nos encontraríamos ante una audiencia celebrada -en este caso concreto- por quien no tenía acción para querellar.
Costas, allanamiento
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FINETTI, Néstor Antonio c/ MONSERRAT S.R.L. y ASIPA S.R.L. s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-03-30

Si el propietario de los bienes embargados se vió forzado a litigar para defender su derecho sobre los mismos, el allanamiento del embargante no lo exime de costas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: G., A. N. c/ B., W. E. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-29

La temeridad es la conducta de la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad; de manera que para que la conducta sea calificada como temeraria, deben conjugarse factores objetivos y subjetivos. Y la malicia es la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o retardar su decisión.

De manera que ambas conductas requieren, inexorablemente, para su configuración la presencia del elemento subjetivo.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D., M.A. c/ V., J.D. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-11

"La simple disconformidad o disentimiento con lo expuesto por el a quo sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas no importa "crítica concreta y razonada".
Derecho contravencional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Bara, Sakho s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

Cabe tener presente que la voluntad legislativa ha sido no castigar al necesitado, tutelar la vía pública como bien colectivo y evitar una competencia desleal convirtiendo al uso de la vía pública en un privilegio inaceptable. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Daños y perjuicios, convertibilidad, indemnización, tasas de interés, mora del deudor, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: Ramires Ramón c/ Consorcio Urugua-i Sideco-Gade Iecsa Grupo Constructor Ute e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-05

Nada significa que el deudor alegue que las tasas activas son altas y que sufren la influencia de los costos de los bancos. Como nada significaría que el dañador diga que las prótesis o los medicamentos aplicados a la víctima han elevado su precio debido a medidas aduaneras que gravan su exportación en forma excesiva. Este hecho de la autoridad o las particularidades del negocio financiero, en el mejor de los casos, serían para él (el dañador deudor de la indemnización) un caso fortuito o una circunstancia de fuerza mayor o un hecho ajeno de terceros. El deudor moroso y el deudor culpable deben indemnizar aún cuando la prestación debida se ha tornado imposible (arts. 888, 889 Código Civil). Menos podrán invocar irresponsabilidades cuando el cumplimiento se ha tornado tan solo más oneroso y no resulta imposible su cumplimiento. (Dr. Diblasi en disidencia parcial).
Declaración de inconstitucionalidad, reajuste jubilatorio, revocación de sentencia, derechos del trabajador
Materia: PROCESAL
Carátula: Genesio, Nestor Jorge c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-06-25

Corresponde admitir la procedencia de demanda articulada en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, tendiente a obtener se revoque la resolución denegatoria del pedido de reajuste del haber jubilatorio que percibe el actor, toda vez que el mismo contrasta en forma desproporcionada con los ingresos que percibiría de continuar en actividad, por eso debe la ANSES reajustar sus haberes de pasividad y abonar la retroactividad correspondiente hasta la fecha de la sentencia. A mayor abundamiento, procede señalar que la demandada no actualizó los haberes quedando los mismos a valores históricos, a los fines del cálculo de la P.C., P.B.U. y PAP es que se ordena el reajuste mencionado conforme el índice salarios básicos de la industria y construcción personal no calificado. El tope legal impugnado -art.24 de la Ley 24241- resulta inconstitucional e inaplicable a la situación de autos, toda vez que una solución contraria implicaría convalidar una limitación cuyo origen tuvo lugar en una norma que no atiende a la finalidad de los derechos en juego y contradice las garantías que tutelan la protección del trabajo en todas sus manifestaciones y los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable -arts. 14, 14 bis, 17 y 28 de la CN-. La Ley 27426 también deviene inconstitucional en cuanto pretende aplicarse a las consecuencias de una situación jurídica cuya existencia es anterior a la fecha de su entrada en vigor, sólo a partir de esa fecha será válida la modalidad de ajuste de la movilidad que la nueva ley instrumenta. El derecho del actor a practicar el cálculo de la movilidad de su haber conforme al procedimiento establecido por la Ley 26417 ha ido devengándose mes a mes.

En consecuencia, es claro que el abandono de una pauta legal de movilidad, o lo que es igual, su suspensión con delegación en el Poder Ejecutivo de la potestad de disponer incrementos por decreto que no respondan a un lineamiento objetivo, trastoca el principio de legalidad. Sin embargo, ello no permite obviar la necesidad de demostrar que los aumentos, aun así dispuestos, resulten en un perjuicio para los titulares de los beneficios previsionales de que se trata. En su mérito, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 55 de la Ley 27541 y de los decretos dictados en su consecuencia, ordenando a la ANSES que aplique al beneficio del accionante, los índices de movilidad previstos por la Ley 27426, hasta el 01/03/2021. A partir de dicha fecha, se deberá aplicar la movilidad prevista por la Ley 27609. En cuanto a las inconstitucionalidades alegadas, en relación al art. 7 inc. 2 de la Ley 24463 y atento a lo manifestado ut supra corresponde su declaración.
Pagaré, presentación al cobro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carlos Giudice S.A. c/ Pedrosa, Elisa Haydee y otro s/ Cobro de sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-16

Es obligación del portador del documento su presentación al cobro, pero también la propia norma mercantil establece una presunción favorable al portador de que ha cumplido con tal exigencia. Se trata, por cierto, de una presunción "iuris tantum" que puede ser desvirtuada por una prueba en contrario, la que debe ser aportada por él o los obligados.
Propiedad industrial, modelos y diseños industriales, apropiación indebida de diseño industrial, mala fe, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, prueba testimonial, testigo único, valor probatorio, plena fe
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - CIVIL
Carátula: IURCOVICH NATAN LEON c/ INDUSTRIAS BRAVI S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS, DAÑOS Y PJ.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

De la prueba colectada es posible, en definitiva, tener por cierto:

1°) que el modelo N° 38936 fue copiado por industrias B. S.A.; 2°) que esas copias tenían como destino su venta al público; 3°) que, por su vasta experiencia en el rubro de los sillones para oficinas, el titular de la demandada no pudo ignorar -en términos de razonabilidad- el carácter creativo del modelo depositado N° 38936, como de inmediato lo calificaron en el sub examen los arquitectos;

sin embargo, el diseño fue ornamentalmente imitado y puesto a la venta, a menor precio por ser estructuralmente de jerarquía inferior; 4°) la mendacidad demostrada por la accionada, unida al intento imitativo y a la espuria intención de desviar en su favor la clientela del accionante; presunción derivada de la no colaboración en el esclarecimiento de la verdad ponen de manifiesto sin resquicio de duda que la demandada obró de mala fe; 5°) que importa poner de relieve que, no obstante la trascendencia de la respuesta del comerciante A. C. a la pregunta 8va. del interrogatorio de la actora, la parte contraria -que no pudo mediante sus repreguntas desvalorizar al testigo o a sus dichos- no dedicó al punto un sólo renglón de su alegato ni lo hizo tampoco en Alzada; 6°) que, aprovechando la similitud visual de los sillones y su menor precio debido a su inferior calidad, se produjo en 1985 una retracción en las ventas del legítimo modelo, concurriendo de este modo todos los presupuestos de la responsabilidad extracontractual: a) violación de la ley; b) daño resarcible; y c) relación de causalidad adecuado entre el ilícito y el daño; 7) que, adelantándome a una eventual objeción, señalo que el testimonio único -por su calidad de tal- no desmerece su valor (causas 8787 del 6.6.80 Y 12 del 22.12.80, entre otras), por lo que he reconocido poder convictivo al testimonio de A.C. tanto por el intrínseco mérito de sus dichos cuanto por su coherencia sustancial con el plexo probatorio restante (doctr. arts.

163, inc. 5°, 386, 388, 477 y 495, Cód. Proc.).
Concursos, quiebra, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, cesación de pagos, hechos reveladores, sentencia de quiebra, recursos, recurso de reposición (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: INVERCO CIA. FINANCIERA  S.A. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-18

Declarada la quiebra de una entidad financiera a solicitud del BCRA en base a hechos reveladores del estado de cesación de pagos y no en carácter de acreedora, no pueden rechazarse los recursos interpuestos por aquella en los términos de la LC: 98 y 100, con fundamento en la insuficiencia del depósito; ello así pues, no tratándose de un crédito carece de trascendencia el monto depositado, procediendo rechazar el levantamiento sin trámite de la quiebra, pero si corresponde abrir a prueba la reposición deducida, en tanto la fallida ofreció prueba tendiente a desvirtuar la insolvencia de la que se la acusa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, procedimiento laboral, aplicación supletoria de la ley, actos y diligencias procesales, incidente de nulidad
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

El recurso de rescisión es el remedio que otorga el C.P.C.C. al incompareciente involuntario contra quien se ha dictado sentencia, a los fines de obtener la anulación de lo actuado y la nueva tramitación del juicio, esta vez con su participación. El Código Procesal Laboral no contempla la situación, disponiendo el art. 128 que cuando resultaren insuficientes sus disposiciones, se aplicarán en forma supletoria los preceptos del C.P.C.C.. Descarto que pueda considerarse la suficiencia de la ley ritual laboral por el tratamiento brindado en el Título VII en cuanto a los recursos. Es que además de estar previstos para otros supuestos no asimilables, el de rescisión no es un verdadero recurso, sino un incidente de nulidad (Alsina, De Santo, Podetti, Palacio, Ibañez Frocham, Chiapini, etc.). Por su parte, puede provocar razonable duda lo dispuesto por el art. 38 del C.P.L., que remite en forma expresa en materia de nulidad de los actos procesales, a las disposiciones pertinentes del C.P.C.C.. Pero en el ordenamiento civil, la forma de atacar la sentencia que tiene el incompareciente involuntario una vez dictada y firme, es el recurso de rescisión. Entonces, se advierte la insuficiencia de la norma procesal laboral (título VII recursos),y por lo tanto resulta aplicable el remedio específico previsto por el C.P.C.C. (De la Disidencia del Dr. Angelides) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral
Acción penal, acción dependiente de instancia privada
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MALDONADO JOSE ALBERTO Y OTRO s/ CASACION  PENAL  -  ACCION  PENAL  DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA -  INSTANCIA  DE  CONSTITUCION  EN  ACTOR CIVIL  -  SISTEMA  DE  NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-03

El art. 72 del código penal condiciona el ejercicio de la potestad represiva del estado a la voluntad del ofendido por el delito quien debe provocar la promoción de la acción penal publica por parte de los órganos estatales predispuesto: el ministerio fiscal o la policía judicial (C.P.P.. 204).
Ejecución de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: MORIN FRANCISCO s/ EJECUCION DE PENA PRIVATIVADE LIBERTAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-07-26

Teniendo en cuenta la proximidad de una eventual solicitud de una libertad condicional y dado que el penado ha transitado toda su detención (desde el inicio del proceso) en forma de detención y prisión domiciliarias, es prudente canalizar el tiempo de cumplimiento en la producción de un tratamiento penitenciario, acorde a las condiciones del interno. Por eso considero que deberá disponerse el cumplimiento de la pena bajo la forma de prisión diurna.
Tercería de dominio, prueba, bienes inmuebles
Materia: PROCESAL
Carátula: Azzem, Raúl Salim c/ Provincia del Chubut y-o Bco. de la Provincia del Chubut s/ Tercería de Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-13

El boleto de compraventa en que funda el tercerista el pretendido título de dominio sobre el bien embargado en ejecución seguida contra el propietario registral del bien no resulta apto para fundar la tercería que deduce.
Prueba testimonial, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: FRANCO, Angel Eduardo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Se entiende que cuando el art. 246 del C.P.P. menciona al testigo "ausente" connota la institución civil "ausencia" con su esencial característica: "ausencia del lugar de su domicilio sin que de ella se tenga noticia (art. 110 del Cód. Civil y correlativos de la ley 14394). Por oposición, no hay lugar al trámite reglado por el artículo mencionado cuando se trata de un cambio de residencia, temporario o definitivo, con noticia del lugar en que se encuentra o posibilidad cierta para su determinación. En tales supuestos, si se insiste en la disconformidad, lo que cabe es recabar el testimonio por oficio o exhorto (arts. 228 y 229 del C.P.P.).
Sentencia, considerandos de la sentencia, parte dispositiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PETRICH, GABRIELA y PETRICH, SABRINA c/ PETRICH de DI BENEDETTO, MARIA NELIDA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD MEDIDAS PREVIAS Y CAUTELARES- ACCION  DE SIMULACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 339 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

Toda resolución judicial constituye una unidad lógico -jurídica, que debe interpretarse a través de los considerandos -"máxime si tales considerandos no consisten en meros desarrollos argumentales, sino que, virtualmente, anticipan de manera concreta la decisión"- por cuanto así lo exigen razones lógicas y de buen sentido.

Ya Chiovenda advertía sobre el riesgo de "aislar el pronunciamiento del juez de las razones sobre las cuales esta fundado" -por cuanto ello puede conducir a resultados absurdos e inaceptables- y admitía que en ocasiones es necesario acudir a los motivos.
Reajuste jubilatorio, relación de dependencia, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vega, Héctor Oscar c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-06

Habida cuenta que el titular no acreditó actividades simultáneas en el período a tener en cuenta para el cálculo de prestaciones de la ley 24.241, dado que en ese lapso sólo mantuvo una relación de depen-dencia (intermitente para varios empleadores sucesivos) por lo que realizó aportes con el tope máximo previsto por el art. 9 de ley citada, norma que lo benefició con un descuento acotado y cuya validez no cuestionó, ha de ser desestimado el planteo de inconstitucionalidad dirigido contra el art. 25 de la citada ley, mediante el cual pretende incluir en la determinación del haber inicial el excedente de remunera-ción mensual por el que no hizo cotizaciones a su cargo. En las condiciones descriptas, admitir la preten-sión de quien demanda que consiste en incluir para el cálculo de la PC y de la PAP las remuneraciones excedentes por las que no se realizaron los aportes respectivos, en base a la mecánica aplicación del art. 6 de la ley 24.241, contradice la teoría de los actos propios y conduce, en estos casos, a un enriqueci-miento indebido y desproporcionado al esfuerzo contributivo del afiliado. (Disidencia del Dr. Fasciolo).
Allanamiento, domicilio
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LUJAN, OSCAR E. s/ ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-01

La protección constitucional del domicilio se extiende a todos los espacios donde el titular puede ejercer su derecho de exclusión.

Si es legítimo el ingreso policial a un domicilio del cual se escuchan voces que anuncian que se está cometiendo algún delito, también procede la excepción si se advierten a simple vista actitudes que razonablemente permitan suponer idéntica situación, circunstancia que se conjuga con el deber que tiene el personal policial de detener a quienes sorprendan en in fraganti delito.
Prueba testimonial, prueba pericial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvador, Jorge c/ Sanatorio Panamericano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Testigo es aquella persona que conoce los hechos acerca de los cuales se le interroga, por haber caído estos bajo la apreciación de sus sentidos, no requiriéndose para ejercer este rol en el proceso mas que esa única condición , mientras que perito es aquella persona, profesional habilitado a tal efecto, cuya función en el proceso es la de asesorar al Juez cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. Para la producción de la prueba pericial debe seguirse un trámite especialmente fijado por los arts. 457 a 476 y 492 del CPCC, y que tiende a asegurar por un lado, la facultad del Juez de ser asesorado por quien reúna las mejores condiciones -y a tal garantía apunta la obligación de los peritos de inscribirse en las listas controladas por las Cámaras Departamentales- y por otro a asegurar a las partes y al Juez la imparcialidad del dictamen pericial, y a tal garantía apuntan las normas referentes al sorteo, a la forma de practicarse la pericia, a las impugnaciones, etc.
Aplicación de la ley, personas con discapacidad, situación de vulnerabilidad, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: H. C. E. y otra s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ H. C. E. y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Media un apartamiento de las reglas fijadas por el Tribunal en el precedente "KMP" respecto de la forma en que debe acreditarse la discapacidad de conformidad con el art. 23 de la ley n° 4036, si la Sala no tuvo en cuenta que la ley aplicable no excluye a las personas que carecen del certificado de discapacidad de la tutela consistente en el acceso a un alojamiento; y que por esa vía la ley ha decidido asistir de manera -en principio permanente- a quien está en una situación de vulnerabilidad que, presumiblemente, se irá profundizando. Voto de los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Civale, Patricia Verónica c/ SIAP SA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Si el empleador asegurado consintió la sentencia que lo condena deviene estéril el recurso autónomo del asegurador, desde que estando éste constreñido a cumplir con su obligación de indemnidad y no siendo un litisconsorte necesario de aquél, un eventual e hipotético éxito en su recurso no beneficiaría al asegurado.
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: Montaño Rojas, Miguel c/ Techint S.A. y otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-08

Si bien el asegurador debe mantener indemne al asegurado, esa obligación suya tiene la extensión que las convenciones contractuales incluidas en la póliza le hayan dado.
Quiebra, informe final y distribución, proyecto de distribución, honorarios del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Histap SA  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

Cabe revocar la resolución que dispuso que el importe a percibir por el síndico en concepto de honorarios con la preferencia prevista por la LCQ 244 no podía superar determinada suma. Ello por cuanto, en el caso, ninguna salvedad hace la LCQ 218 respecto al universo de los beneficiarios de la distribución, por lo que los honorarios del funcionario deben ser ajustados en igual medida en que aumentaron las sumas destinadas para su pago.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez, Alfredo Jorge s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-06

Los trabajos realizados por el abogado de dos herederos deben clasificarse como particulares si no han tenido la virtud de impulsar el procedimiento, beneficiando de tal modo a la comunidad.
Deberes del juez, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: PELEGRINA, AGUSTIN A. c/ CABLO SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-24

Hacer justicia, misión especifica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia (fallos 302:1611).