marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto, retractación
Materia: PENAL
Carátula: A.,C.S. s/ Recurso de Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-07-11

Corresponde condenar al imputado en orden al delito de hurto de documento y amenazas con arma, (en concurso real con coacción -dos oportunidades-, violación de domicilio, daño, abuso sexual con acceso carnal), pues sin perjuicio de que la víctima se retractara de las denuncias formuladas, los juzgadores confirieron credibilidad a lo expresado por ella en el primer momento, ya que cotejada secuencialmente con los términos de la denuncia efectuada por y su testimonio en la audiencia de juicio, permitieron reconstruir que efectivamente el imputado ingresó al domicilio y posteriormente la amenazó para evitar que esta última diera cuenta de su presencia a la policía.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Van Opstal, Oscar A. s/ Doble homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que tacha de absurda la apreciación de un elemento probatorio si no relacionó su denuncia con la transgresión de la norma legal correspondiente.
Acción de inconstitucionalidad, acto administrativo de alcance particular
Materia: PROCESAL
Carátula: VELIZ, ALFREDO ADALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE-R.N. S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD S/ COMPETENCIA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-04-04

Un acto administrativo que decide una cuestión individual, carece de los caracteres de generalidad y abstracción imprescindibles para ser susceptible de enjuiciamiento por vía de la acción directa de inconstitucionalidad, que excluye los actos administrativos y normativos de alcance particular. Este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que tanto el art. 207 de la Constitución Provincial como las normas procesales contenidas en los artículos 793 y ss. del CPCC, prescriben que la acción que se intenta recae exclusivamente respecto de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan de manera genérica sobre materia regida por aquélla. Es decir normas generales e impersonales, por oposición a las individuales o particulares destinadas a regir en casos determinados (cf. Camps, Carlos E., " CPCC de la Provincia de Buenos Aires, anotado, comentado y concordado, Ed. Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2004 - STJRNS4: AI 11/15, in re: "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALAS"; AI 20/15, in re: "LOPEZ"; AI 53/16, in re: "FONTAN TAPIA"; AI 20/17, in re: "PUEFIL"). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Juicio político, Cámara de Senadores, tribunal de enjuiciamiento, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trovato, Francisco Miguel Angel c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Ni aun la resolución que dispone el sometimiento a juicio político puede ser sometida a control de los jueces, habida cuenta de que su apreciación compete constitucionalmente al Senado de la Nación, constituido en tribunal (Voto del Dr. Guillermo A. F.

López).
Recurso extraordinario, cuestión federal, responsabilidad civil, interpretación de la constitución
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Baquero Lazcano, Silvia c/ Editorial Río Negro S.A. y/u otros. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Existe materia constitucional en los términos del inc. 3° del art. 14 de la ley 48, ya que si bien es cierto que el planteo se refiere a un supuesto de responsabilidad civil, la alzada decidió en forma contraria a las pretensiones de la recurrente el tema federal del litigio -restricción indebida de la libertad de expresión e información fundada en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional  y en el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica-.
Recurso de casación, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS PRESENTADO POR EL DR.LUIS GARCIA OLIVERA EN AUTOS:"QUERELLA PROMOVIDA POR EL DR LUIS GARCIA OLIVERA C/ SRAS. NILDA S. JULIAN DE DRUBE, ALIA S.ABDALA DE JULIAN S.D CALUMNIAS E INJURIAS s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-21

Si la decisión impugnada no trasciende el mero interés personal de la parte recurrente en la solución del caso y su reclamo se limita al mero intento de revertir el resultado desfavorable del pronunciamiento, el que se vincula sólo con cuestiones procesales y derecho común, que en principio, escapan a la esfera de actuación del órgano Superior a través de la vía casatoria, corresponde rechazar tal recurso.
Recurso de inaplicabilidad de ley, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Vialidad e Instituto Provincial de Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-05-31

Al no ser suficientemente tratado un agravio del apelante por el a - quo, referente a la temporalidad de los ingresos del actor tomada como base para la determinación del monto resultante, sin argumentos en apariencia valederos, es admisible el recurso de inaplicabilidad de ley. Ya que la búsqueda de la justicia del caso, "es siempre más alabable, aunque se empañe la prístina imagen de un modelo de casación, que en nuestros días, como todas las cosas del contorno, se ve presionado por otras exigencias o valoraciones..." (Bertolini: Según su voto).
Juicio ejecutivo, competencia penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mayer, Bruno Alberto c/ García, Oscar Perfecto y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-08

Frente a los incuestionables caracteres de autonomía, literalidad y abstracción del pagaré, quedan marginadas cuestiones ajenas a su validez formal, como acontece con las alegaciones que versan sobre circunstancias que eventualmente podrían llegar a configurar un delito, pues son temas que solamente pueden ventilarse en un juicio de conocimiento posterior (art. 551, Código Procesal).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Quintana, Ramón Andrés s/ Robo - Robo aut.tor Díaz, Carlos Alberto y otros s/ Robo agravado reiterados y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22|1995-12-12

La nocturnidad en sí misma no tiene por qué constituir una circunstancia agravante, debe ella evidenciar un índice de mayor peligrosidad en el agente, lo que implica que la hora debe haber sido elegida deliberadamente por éste para facilitar sus designios.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pasqua, María Cristina s/ Concurso preventivo (hoy s/quiebra)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Los casos para los cuales la norma no prevé expresamente su apelación (arts. 46, 47 y  54) deben ser considerados en pie de igualdad con aquellos para los cuales la ley contempla aquel remedio procesal (arts. 51, 61 y 63, ley 24.522).

Es que más allá de la vía por la que se arriba a la declaración de quiebra, es evidente que el auto que así lo hace es una verdadera sentencia que proyecta sus efectos tanto en el ámbito formal como en el sustancial, de modo que la afirmación de un criterio restrictivo en materia recursiva a su respecto afecta indefectiblemente las garantías constitucionales de defensa en juicio y del derecho de propiedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MORE, MARCELA VIVIANA Y OTRA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS SIN GASTOS SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-14

El plazo que el art. 21, inc. 12 de la Ley Provincial N° 6.345, establece para la tramitación del Beneficio de Litigar sin Gastos, es un plazo de Caducidad, es decir que se trata de un plazo para la tramitación de la exención impositiva. No pueden invocarse violaciones a derechos de raigambre constitucional, por cuanto el Código fiscal impone plazos por razones impositivas que deben cumplirse y que se enmarcan también en razones de orden constitucional. Este y no otro es el alcance que debe darse a lo preceptuado por la normativa aludida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, notificación por cédula, notificación automática
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Colussi, Astrid B. de y otros s/ Incidente de revisión del crédito de la D.N.R.P. Concurso   preventivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 731-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, a pesar de que el tema en estudio atañe a cuestiones procesales, si la situación entronca derechamente con la garantía de defensa en juicio atento a que, la Alzada no escogió -entre el abanico de posibilidades exegéticas que brinda la doctrina para interpretar la forma de notificación de resoluciones que ponen fin a un incidente concursal- la postura que mejor resguarda el derecho de defensa, sino que apeló a un fundamento teñido de ritualismo (e incompatible, por ello, con un adecuado servicio de justicia), dado que, obviando la ausencia de notificación idónea (por cédula) y soslayando abiertamente la que debe reputarse -por su prevalencia por sobre todo otro modo de comunicación de los actos procesales- como tal (personal), se atuvo a la regla del artículo 296, inciso 5, de la ley concursal y entendió por dicho motivo que los recursos -concedidos, a la sazón, por el Juez del concurso- fueron interpuestos extemporáneamente, frustrando así el derecho del justiciable de acceder a la instancia revisora.
Ejecución fiscal, juicio ejecutivo, ley supletoria, aplicación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ Comisión Municipal de la VIvienda s/ Ejecución fiscal VIvienda s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-06

El Código Contencioso Administrativo y Tributario en su título XII se refiere a "Procesos de Ejecución - Ejecución de Sentencias" indicándose en la Capítulo I las reglas para hacer efectivas las resoluciones judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, mencionándose en el artículo 392 las disposiciones ejecutables y su aplicación a otros títulos (artículo 393) entre los que no se encuentra el previsto por el artículo 51 del Decreto Nro. 999/92. Asimismo, en el Capítulo II se legislan las normas para la "Ejecución de la Sentencia en causas contra las autoridades administrativas" (arts. 395 a 400), en el Capítulo III "La ejecución de las sentencias en las restantes causas", y en el Título XIII de dicha codificación, en su Capítulo II, se regula el "Juicio de ejecución fiscal" (artículo 450).

No existen, pues, otras normas que establezcan la posibilidad de un juicio ejecutivo contra la Ciudad ni hay disposición de reenvío a normas supletorias. El legislador local, siguiendo criterios jurisprudenciales y normas aplicables al Estado Nacional (Fallos: 270:425; 175:242; 193:337) decidió no establecer el juicio ejecutivo contra la Ciudad en el Código Contencioso Administrativo y Tributario. Es decir que, si la acción ejecutiva no fue admitida para el Estado Nacional, aún existiendo las normas que preveían su regulación en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículos 520 y cctes.), resulta impropio pretender aplicar estas normas a la Ciudad de Buenos Aires.

Así también la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que no corresponde la aplicación analógica de otros ordenamientos procesales cuando el instituto procesal que se intenta se encuentra excluido . (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Sociedad conyugal, demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ ANTONIO c/ ANGELA IDA IRRUTIA Y CARLOS M. GROSMAN s/ Escrituración (LIBRO: S131 - 020)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-02

Se entiende: a) que el asentimiento del cónyuge en el momento de la escrituración, no siendo necesario en el de la firma del boleto de compraventa a la cual no tiene por que concurrir áquel, aunque se considere que es un acto de disposición, por lo cual no emerge ninguna nulidad del boleto, y b) que el comprador puede exigir la comparencia a juicio del cónyuge, el que podrá manifestar justa causa de oposición, y será el juez quien supla en todo caso dicho asentimiento si no media justo motivo. Bien se ha dicho que principios procesales imponen que el conyuge -como ha acaecido en autos- sea demandado, porque el derecho de obtener su asentimiento es también del accionante por no tratarse de un derecho personalísimo, sino de un derecho de neto contenido patrimonial y será el Juez en la sentencia, como dije supra, quien resolverá la cuestión. Es mas, tampoco existe obstáculo jurídico para que en la etapa de ejecución de sentencia, una vez condenada la escrituración, el acreedor promueve la citación del conyuge para la obtención del asentimiento, lo que el juez resolvera
Deuda pública, emergencia económica, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: VIDAL, CARLOS ALBERTO c/ LA NACION ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO s/ ACCIDENTE DEL TRABAJO - ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

En orden al tema de los intereses, la legislación de emergencia económica, admisible en tanto sólo modifique la forma de cumplimiento de la sentencia, no puede ser aplicada o extendida hasta el punto de desconocer los efectos jurídicos de un fallo ejecutoriado. Y en este sentido es oportuno recordar que, en fallos 243:467, se precisó la pauta distintiva entre las restricciones legítimas a los derechos provenientes de la cosa juzgada y las que no lo eran: "...la seguridad jurídica sería dañada si la ley alterara o degradara la sustancia de una decisión judicial, es decir, si anulara el pronunciamiento imperativo sobre el derecho litigioso contenido en la sentencia o privara a ésta de eficacia ejecutiva" No cabe duda que el régimen de los intereses comporta un capítulo significativo de la materia definida en la sentencia. Y en tanto ella ha pasado en autoridad de cosa juzgada, el efecto de esta última ampara también a aquel régimen, el que no puede ser alterado sin grave desmedro de la seguridad jurídica, que es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el estado de Derecho y que es condición vital del bien común. En el caso, no obstante ya hallarse en vigencia el decreto 941/91 y la ley 23982, el representante estatal consintió el fallo de primera instancia que ordenó liquidar intereses a la tasa activa. Consecuentemente, el derecho del actor, emanado de sentencia firme, es percibir esos y no otros intereses, de significativa menor entidad. Tal es su propiedad y tal es la sustancia de la cosa juzgada en autos, de manera que la tardía invocación de la ley 23982 no puede conferir sustento jurídico admisible para introducir una modificación de lo decidido, esto es, la emergencia económica no justifica de modo alguno que se degrade la sustancia de la cosa juzgada. La Corte Suprema sentó en un antiguo precedente el criterio correcto en la materia: la emergencia no puede alcanzar a la inmutabilidad de la cosa juzgada porque no hay bienestar general posible fuera del orden.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, arma de fuego, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VELAZQUEZ, JOSE LUIS c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

Respecto a la confirmación de la condena por el delito de portación ilegal de arma de fuego, no obstante las alegadas descalificaciones por insuficiencia probatoria y por haberse condenado por deducción, del acuerdo impugnado surge que los Vocales proporcionaron cuál fue el razonamiento que se siguió para confirmar el fallo -aludiendo al plomo extraído del cuerpo del occiso, periciales y testigos-.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, presentación extemporánea
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, DANTE ALEXIS Y GOMEZ, HECTOR DAVID c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO Y POR LA UTILIZACION DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO HA PODIDO DETERMINARSE EN GRADO DE COAUTOR Y ASOCIACION ILICITA EN GRADO DE INTEGRANTE EN CONCURSO REAL ENTRE SI CASO BANCO MACRO S.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

En esta instancia, la interesada expresa que la Corte no habría cumplido con los lineamientos del fallo "Casal" respecto a los alcances de la materia objeto de revisión, mas lo cierto es que -sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo, que no fue formulado en las instancias anteriores-, no logra con sus alegaciones demostrar que en el supuesto de autos -donde la Cámara luego de analizar los cuestionamientos efectuados por la defensa, confirmó íntegramente la condena dispuesta en primera instancia- no se hubiera satisfecho el estándar de revisión amplia de modo que esta Corte debiera garantizar su cumplimiento en la especie.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, medidas cautelares, medida de no innovar, entidades financieras, banco central
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: VIPLAN  S.A. c/ RESOLUCION 24/85 B.C.R.A (ART 32 LEY 22529) s/ MEDIDA  DE  NO  INNOVAR  - IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO - MEDIDAS  PRECAUTORIAS  - ENTIDADES  FINANCIERAS  -  BANCO  CENTRAL  -  LIQUIDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-11

Las resoluciones que se refieren a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan como principio el otorgamiento del recurso extraordinario; tal doctrina cede en los supuestos en que aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, ya que ello acuerda al fallo el carácter definitivo a los efectos del art. 14 de la ley 48. Así ocurre en el caso en que -con anterioridad al acto administrativo por el que se le revocó la autorización para funcionar y se dispuso su liquidación- una entidad financiera solicitó al Banco Central autorización para proceder a su liquidación, razón por la cual el rechazo de la medida de no innovar solicitada le causaría un gravamen de insuficiente o tardía reparación ulterior.
Concursos, reglas procesales, actos y diligencias procesales, defectos del procedimiento, fallido, pretensión, nulidad procesal, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOEING SA c/ ALTEÑO MONICA PILAR Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Siendo que lo que se pretende es la nulidad del decreto de quiebra cosa juzgada írrita ante una supuesta deficiencia en la representación de la sociedad -poder otorgado a la codemandada quien no reunía las condiciones necesarias para ser apoderada de una sociedad- y en tanto la intervención de la mencionada es de fecha posterior a dicho decreto, no puede sino concluirse en que no existió vicio alguno, al menos, en el tramo del procedimiento que derivó en la sentencia que decretó la falencia de la sociedad actora. A más, en tanto la fallida fue correctamente notificada del traslado previsto en el artículo 84 LCQ en su domicilio social inscripto, no habiéndose presentado a dichas actuaciones en la oportunidad procesal oportuna -por lo cual se le decretó laquiebra- y no mediando ningún accionar de la codemandada que hubiese motivado tal decreto, no puede sostenerse que existió un estado de "indefensión" o una violación al "debido proceso". En ese marco, ello resulta suficiente para desestimar la nulidad por "cosa juzgada írrita" pretendida; a mayor abundamiento, cabe señalar que tampoco se verifica el pretenso estado de "indefensión" en la tramitación del proceso posterior al dictado del decreto de quiebra, en tanto, tal como fuera puesto de manifiesto por el juez de grado, todas las presentaciones judiciales realizadas por la "apoderada irregular" -la codemandada- fueron acompañadas del patrocinio letrado, siendo todos los escritos suscriptos por ambas.

(En el caso, la accionante pretende la nulidad del auto de quiebra no por haber alegado "indefensión" por carecer de asesoramiento legal, sino por no haber participado en el proceso, toda vez que no estuvo representada en él, pues los actos procesales llevados a cabo por quién actuó como representante sin tener titulo habilitante para ello no poseían ningún efecto jurídico, tuviesen, o no, al lado la firma de un abogado, tratándose de una nulidad de carácter absoluto, insubsanable, insalvable y de imposible confirmación posterior).
Proceso judicial, acción meramente declarativa, estado de incertidumbre
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Petrobras       Energía      S.A. c/ E.N.-Dto.    1638/01y    Otro s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-22

Los requisitos de admisibilidad de la acción meramente declarativa establecidos por el art. 322 del C.P.C.C.N son: 1) la existencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, 2) que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual del actor y 3) que el accionante no disponga de otro medio legal para ponerle témino inmediatamente (Del voto del juez Fernández, cons. V).
Auto de procesamiento, acción de impugnación
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Fretes,Nicolás s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-03

Según lo normado por el art. 287 del C.P.P., el auto de Procesamiento puede ser recurrido por el imputado y/o por el Ministerio Fiscal, en este último caso, cuando lo haga en favor de aquél. En consecuencia, dada la naturaleza meramente cautelar de tal medida, su calificación jurídica, en principio, no es susceptible de impugnación procesal, salvo cuando están en juego la garantía individual de la libertad ambulatoria.
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, costas, AFIP DGA, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-PENAL
Carátula: Da Rocha, Osvaldo Eduardo c/ Estado Nacional (A. N. A.) s/ nulidad de resolución (Expte. 601.000/75).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-22

Si bien el régimen de imposición de las costas en las instancias ordinarias, es una cuestión procesal ajena a la vía del art. 14 de la ley 48, este principio debe ceder cuando el pronunciamiento en recurso contiene omisiones sustanciales para la adecuada solución del pleito o carece de fundamentación suficiente. Así ocurre en el caso en que lo decidido no atendió las alegaciones referidas a la actitud de la Aduana, que no declaró de oficio la prescripción de la acción penal cumplida en sede administrativa, colocando a la apelante en la necesidad de litigar ni evaluó la falta de allanamiento de la demandada ante la prescripción acusada, aduciendo causales de suspensión que resultaron importantes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scorcucchi, Brunero c/ Sagasti, Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

El escrito que funda el recurso extraordinario debe contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o doctrina que se reputa violada o aplicada erróneamente en la sentencia, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error.