Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-22


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación interpuesto a fs. 91/5 contra la Disposición 4680-DGDYPC-2003 de fecha 10 de diciembre de 2003, en los autos caratulados: "CREDIL S.R.L. contra GCBA sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES", expte. RDC 1091, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la Disposición apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. En el presente caso, Credil S.R.L. interpone recurso de apelación- obrante a fs. 91/5- contra la Disposición 4680-DGDYPC-2003, dictada por el Director General de Defensa y Protección al Consumidor, solicitando se anule la misma y se deje sin efecto la imposición de la multa, su publicación y todo otro efecto derivado de dicha sanción. El referido acto resolvió aplicarle una sanción de multa de $ 2.000.-por infracción al artículo 12 de la Ley 24.240. Asimismo, ordenó la publicación de la Disposición condenatoria conforme lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 18 del Anexo I del Decreto Nº 17-GCBA-2003 en el Diario La Razón. II. Las presentes actuaciones se inician ante una denuncia efectuada por Pedro Antonio Santa Eugenia contra VENTURA (CETECO S.A.), por presunta infracción a la Ley 24.240 en la Dirección de Defensa del Consumidor. El denunciante manifiesta que llamó al servicio técnico y le dijeron que no tenían el repuesto del filtro de agua para el modelo de lavarropas (lavarropas Fuzzi 4 Kg. 500 RPM, marca Whirlpool XQB-4095) que habí a adquirido de la firma denunciada. A fs. 20 consta el acta de la instancia conciliatoria, de fecha 11 de abril de 2001, en la cual se deja constancia que se solicita la citación de Whirlpool Argentina S.A., de AJH (service oficial), y de Credil S.A. para la próxima audiencia. III. La Disposición Nº 4680-DGDYPC-2003 encontró a la parte apelante incursa en la infracción al art. 12 de la Ley 24.240. Para así decidir la administración advirtió que "el certificado de garantía de fs. 6 establece que Credil S.R.L. es el importador del lavarropas adquirido por el denunciante. En su descargo, la imputada no desconoce la documentación precedentemente aludida ni la falta del repuesto alegada por el consumidor al momento de formular su denuncia. Asimismo reconoce la ausencia del repuesto en cuestión, al comprometerse a buscarlo durante un mes y prever la posibilidad de que eso no suceda (fs. 36); Que la coimputada pretende eximirse de responsabilidad alegando que desde el 26 de junio de 2001 se puso a disposición del de nunciante el repuesto reclamado en autos. Sin embargo, entre esa fecha y la promoción de la denuncia, transcurrieron prácticamente cuatro meses sin suministro del repuesto, en infracción a la norma imputada. Al respecto, se ha resuelto: `...tratándose de una infracción formal no interesa la intencionalidad o no de quien la ha cometido, ni tampoco la supuesta adecuación posterior a la normativa vigente, bastando la simple comprobación de la misma para su configuración´ (Conf. `Plan Rombo S.A. c/ M. De Economía - DNCI s/ 24.240´C.N.A.C.A.F. Sala)." IV. Credil S.R.L. se agravia por cuanto el acto materia de impugnación carece de causa y motivación. Señala que contiene graves vicios en su causa, requisito éste previsto por el art. 7º inc. b) de la Ley 19.549. En segundo lugar sostiene que se encuentra viciada la motivación del acto administrativo (art. 7º inc. e) de la Ley 19.549). El apelante manifiesta que la Disposición deviene nula, por contener vicios en sus requisitos esenciales al haberse apartado de los h echos y antecedentes obrantes en las actuaciones. Finalmente, se agravia de la graduación de la pena. Hace notar que la Administración no diferencia entre las conductas de ellos y Ceteco S.A. Concluye en que no debe menospreciarse el hecho de haber cumplido con lo prometido en la audiencia de conciliación -art. 13 de la Ley Nº 757 de la Ciudad de Buenos Aires. Observa que debe valorarse su constante actitud de buena fe, como emana del espíritu de la propia Ley Nº 757. V. En primer lugar, atento a una cuestión metodológica, pasaré a analizar los agravios referentes a la existencia de vicios, que aduce la apelante, presentaría la Disposición Nº 4680-DGDyPC-2003 de conformidad con las normas relativas al procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, esta sala ha sostenido in re "Quiroga Estela Julia c/ G.C.B.A.- Secretaría de Hacienda y Finanzas- Dirección de Medicina del Trabajo s/ Amparo", expte. Nº 3906, que todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisit os esenciales enunciados en los arts. 7 y 8 de la L.P.A. El primero de ellos establece que: "son requisitos esenciales del acto administrativo: (...) b) causa. deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; ... ; e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo ..." VI. La causa es entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento al acto administrativo. Por lo tanto, cuando tales circunstancias fácticas son inexistentes, o bien distintas a las invocadas, el acto se encuentra viciado y corresponde su declaración de nulidad (conf. esta Sala in re "Auto Generali S.A. y Otros c/ GCBA s/ Otras demandas contra la aut. administrativa", expte. Nº 5740, de fecha 24 de junio de 2003). Credil S.R.L. se agravia por cuanto, según su entender, el acto materia de impugnación carece de causa y motivación. Se ñala que éste contiene graves vicios en su causa, requisito previsto por el art. 7º inc. b) de la Ley 19.549. En segundo lugar sostiene que se encuentra viciada la motivación del acto administrativo apelado (art. 7º inc. e) de la Ley 19.549). El recurrente manifiesta que la Disposición deviene nula, por contener vicios en sus requisitos esenciales al haberse apartado de los hechos y antecedentes obrantes en las actuaciones. En primer lugar, el recurrente manifiesta que no hay constancias en los actuados de violación alguna al art. 12 de la Ley 24.240. Agrega que la Administración basa su decisión en caprichosas interpretaciones de su actuar aduciendo que ello significa que no cuenta con un servicio adecuado. Aclara que la Autoridad de Aplicación parte de la presunción que no se cumple con el art. 12, sobre bases poco serias y poco sustentables, siendo que las audiencias de conciliación resultan al sólo efecto de arribar a un acuerdo sin significar que no posee un servicio técnico adecuado. Afirma que han dado cumplimiento formal al art. 12 toda vez que se encuentra habilitada una amplia red para brindar servicio técnico y suministro de repuestos. El apelante manifiesta que se cumple con el art. 12 de la ley 24.240 con el hecho de garantizar por sí, o contratar un servicio técnico adecuado (en este caso la empresa "AJH"), sin importar que lo contrate únicamente, por ejemplo, el distribuidor final. Confirmando lo sostenido por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, expresa que el cumplimiento del art. 12 es de carácter objetivo, siendo indiferente la intencionalidad de las partes. Aclara que ella se encuentra cumplida con el hecho de poseer un taller apto para brindar el servicio técnico y de repuesto. Agrega que la empresa posee una amplia red de autorizados a fin de cumplir con este artículo. Enfatiza en que el denunciante nunca manifiesta que no existe un servicio técnico autorizado, sino una negación a brindar el servicio; cuestión que obviamente niega. El recurrente aclara que la Administr ación en ningún momento comprueba que fuere deficiente o inadecuado el servicio técnico con el que se cuenta. El sumariado remarca que todavía se encontraba vigente la garantía acordada por ellos. El denunciado manifiesta que resulta erróneo una de las bases de la presunción de la Administración en cuanto manifiesta que transcurren cuatro meses desde la promoción de la denuncia hasta que se suministra el repuesto; en cuanto respecta a ellos. Expresa que se incurre en este error al no advertir que Credil S.R.L. se anoticia y se transforma en parte en la segunda audiencia de conciliación que se produce el 24 de mayo de 2001, habiendo transcurrido el término de un mes con respecto a la notificación fehaciente que realiza al consumidor manifestando poseer el repuesto. Reitera que anteriormente se avisó por vía telefónica y ante el hecho de no poder concretar y cumplir el compromiso acordado el 24 de mayo de 2001 en la audiencia de conciliación, enviaron la carta documento. Resume en que con respecto a la empresa sólo transcurrió un mes, sin perjuicio que poseían un service autorizado del cual el denunciante podía retirar dicho repuesto cuando quisiera. El apelante aclara que el artículo 12 en ningún momento establece que cada eslabón de la cadena deba poseer su propio sistema de servicio técnico. Entiende que el fin de la ley y de su análisis literal surge que debe estar garantizado el servicio técnico, pero no que cada actor de la cadena cuente con su propio servicio: algo que encuentra irracional y antieconómico. La Autoridad de Aplicación establece que "... la coimputada pretende eximirse de responsabilidad alegando que desde el 26 de junio de 2001 se puso a disposición del denunciante el repuesto reclamado en autos. Sin embargo, entre esa fecha y la promoción de la denuncia, transcurrieron prácticamente cuatro meses sin suministro del repuesto, en infracción a la norma imputada". V. Bien es sabido que la Ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jur ídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (conf. art. 1º ley 24.240). A su vez, la Constitución Nacional prevé que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios" (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local dispo ne en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). Sostenemos que así como existen normas que defienden y protegen los derechos de los consumidores; los valores y los términos del intercambio entre éstos y la empresa también deben ser estudiados a la luz de la equidad, entendida como manifestación funcional del conjunto de principios generales del derecho. La posibilidad de ser necesaria la aplicación de la equidad, a los fines de una adecuación, puede derivar de un precepto positivo, o bien de lo que cabe considerar como normas abiertas, tal como por ejemplo la relativa al principio de la buena fe. Por lo tanto, es dable una aplicación en base a equidad de parte del órgano jurisdiccional, tendiente al mantenimiento de la ecuación real y/o económica del contrato. VII. Ahora bien, entiendo necesario destacar que el deber de los fabricantes, importadores y vendedores previsto en el artículo 12 de la ley Nº 24.240, esto es, "asegurar un servicio adecuado y el suministro de partes y repuestos" no resulta únicamente aplicable durante el período de vigencia de la garantía, sino también luego de vencido éste. En efecto, si bien una vez concluido este término el importador y el vendedor se liberan de su obligación de reparar a su costa los desperfectos del bien adquirido no imputables al adquirente, continúan sin embargo obligados a prestar un servicio adecuado de reparación y provisión de repuestos, aunque obviamente, los costos de su pres tación serán, en tal caso, a cargo del propietario del bien. Hecha esta aclaración introductoria, cabe destacar que, pese a que la autoridad administrativa sostuvo que el sancionado había vulnerado el deber legal de proveer el repuesto reclamado en autos -artículo 12 de la Ley Nº 24.240-, en el expediente administrativo donde tramitó la sanción aplicada no existen constancias que avalen esta posición. Según constancias de autos el 08 de marzo de 2001 el consumidor entabla denuncia ante la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor (fs. 1). El 11 de abril del corriente año, abierta la instancia conciliatoria, el denunciante y Ventura (empresa a la cual le adquirió el lavarropas) solicitan se fije un nuevo cuarto intermedio para el 24 de mayo de 2001 y solicitan la citación de Whirlpool Argentina S.A., de AJH (Service Oficial) y de Credil S.R.L. para la próxima audiencia. A la audiencia de referencia, concurren, entre otros, el consumidor y Credil S.R.L. En la instancia conciliatoria se deja constancia qu e este último se compromete a buscar el repuesto necesario para el lavarropas, en el término de un mes, extendiendo la garantía por seis meses para el caso que se consiga. En su defecto, se obliga a hacerle entrega de un lavarropas nuevo, con su correspondiente garantía. A fs. 60 obra una fotocopia de una carta documento de fecha 26 de junio de 2001 remitida por Credil S.R.L. al consumidor en la cual le intima a este último al retiro del repuesto del lavarropas. Como puede observarse, y no habiendo prueba en contrario, Credil S.R.L. recién se notifica de la falta del repuesto en la audiencia de conciliación de fecha 24 de mayo de 2001. Cumpliendo con lo prometido, el 26 de junio de 2001 intima al consumidor al retiro del repuesto. Deseo remarcar que entre la notificación personal y la entrega del repuesto en cuestión sólo transcurrió un mes y no cuatro como establece la Disposición cuestionada. En cuanto al plazo transcurrido para obtener el repuesto, o en su defecto, entregar un lavarropas nuevo al consumido r, sostengo que el mismo no ha sido desproporcionado e irrazonable desde que el denunciante no manifestó oposición alguna al compromiso asumido por el recurrente en la audiencia de conciliación ni tampoco al plazo de entrega establecido por el apelante. Así las cosas, merituando las pruebas obrantes en el sub examine, entiendo que no ha quedado debidamente acreditado que Credil S.R.L. incumplió los deberes emergentes del art. 12 de la Ley 24.240. En este contexto, considero que, en relación con esta imputación, la multa impuesta, a la luz de los principios de la equidad ut supra mencionados, carece de adecuado sustento fáctico; puesto que la mera afirmación de la vulneración a un deber legal, sin adecuado sustento de hecho que la respalde, resulta insuficiente para considerar configurado, en este aspecto, la infracción que tornaría procedente la sanción aplicada a Credil S.R.L.. VIII. Las costas se impondrán al Gobierno vencido, atento la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62 del CCAyT).

IX. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se declare nula la Disposición Nº 4680-DGDyPC-2003. Las costas se impondrán a la administración en razón de la manera en que se resuelve la presente controversia (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. Adhiero al relato de los hechos efectuados por mi colega preopinante, Dr. Esteban Centanaro, así como a la solución que propone. II. Al respecto, cabe destacar que todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales enunciados en los arts. 7 y 8 de la L.P.A.C.A.B.A. En particular, el primero de ellos establece que: "son requisitos esenciales del acto administrativo: (...) b) causa. deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; ... ; e) Motivación.

Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo ..." La causa es entendida como las circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto administrativo. En consecuencia, la ausencia de tales antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto, así como la circunstancia de que los mismos fueran falsos, determinan la nulidad absoluta del acto (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo II, LexisNexis, Buenos Aires, 7º ed. actualizada, pp. 102 y 179). Del mismo modo, se ha dicho que cuando "El acto apelado fue dictado sin atenderse a las circunstancias acreditadas en la causa ... carece de causa (art. 7°, inc. b)" (CCAFed, SalaIII, A., M. R. c. Junta Central Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, sentencia del 16/02/2004). III. Ahora bien, de las constancias de esta causa surge lo siguient e: (i) el 08 de marzo de 2001 el consumidor presenta una denuncia ante la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor (fs. 1); (ii) el 11 de abril del corriente año, abierta la instancia conciliatoria, el denunciante y Ventura (empresa a la cual adquirió el lavarropas) solicitan se fije un nuevo cuarto intermedio para el 24 de mayo de 2001 y solicitan la citación de Whirlpool Argentina S.A., de AJH (Service Oficial) y de Credil S.R.L. para la próxima audiencia (fs. 20); (iii) a la audiencia de referencia concurren, entre otros, el consumidor y Credil S.R.L. En la instancia conciliatoria se deja constancia que este último se compromete a buscar el repuesto necesario para el lavarropas, en el término de un mes, extendiendo la garantía por seis meses para el caso que se consiga. En su defecto, se obliga a hacerle entrega de un lavarropas nuevo, con su correspondiente garantía (fs. 36); y, finalmente, (iv) el 26 de junio de 2001 Credil S.R.L. intima al consumidor a que retire el repuesto del lavarropas (ver carta documento de fs. 60). De lo expuesto surge claro que, por un lado, Credil S.R.L. recién se notificó de la falta del repuesto en la audiencia de conciliación de fecha 24 de mayo de 2001 y, por el otro, que cumplió con lo prometido el 26 de junio de 2001. Es decir, entre ambos momentos sólo transcurrió un mes y no cuatro como establece la disposición cuestionada (ver fs. 74). Así las cosas, entiendo que el acto en crisis adolece de un vicio en su causa toda vez que el antecedente de hecho que consigna como relevante para resolver del modo en que lo hizo no se ajusta a lo realmente acontecido, lo cual lo torna nulo, de nulidad absoluta e insanable el acto cuestionado en los términos del artículo 14, L.P.A.C.A.B.A. IV. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se declare nula la Disposición Nº 4680-DGDyPC-2003. Las costas se impondrán a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). En este sentido dejo expresado mi voto. El Dr. Horacio G. Corti, por los fundamentos expuestos por el Dr. Carlos F. Balbín adhiere al voto que antecede. En mérito a las consideraciones vertidas, y normas legales aplicables al caso; el Tribunal RESUELVE: a) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Credil S.R.L., y en consecuencia, declarar nula la Disposición Nº 4680-DGDyPC-2003, dejando sin efecto la sanción impuesta a Credil S.R.L.; b) Imponer las costas a la Administración vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62, primer párrafo, del CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara