Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-10


C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Mayo de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la representación letrada de Frigórifico Alto Perú S.R.L. y por el apoderado común de los restantes codemandados, respectivamente en autos: "Najara, Ramón Francisco y otro c/ Gómez, Mario Fancisco y otros s/Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, los recursos de casación deducidos a fs. 110/117 y a fs. 124/132 por la representación letrada de Frigorífico Alto Perú S.R.L. y por el apoderado común de los restantes codemandados, respectivamente; ambos, contra la sentencia de fecha 20/11/2002, dictada por la Sala Ia. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 102 y vta.) dispuso revocar la sentencia de Ia. Instancia, rechazando las excepciones de incompetencia, nulidad de la ejecución e inhabilidad de título opuestas por los accionados y ordenando asimismo, llevar adelante la ejecución promovida en autos.

A fs. 138/142, la parte actora contesta el traslado de los recursos interpuestos, oponiéndose a los mismos y solicitando su rechazo.

Esta Corte, por sentencia de fecha 05/6/2003 que glosa a fs. 198/199, dispuso la apertura provisional de los recursos articulados, por lo que corresponde en la instancia, el reexamen de admisibilidad pertinente y, en su caso, analizar la procedencia de los mismos.

II.- En orden al recaudo impuesto por el art. 813 del CPCC, debe considerarse satisfecho en relación a ambos recursos. Resulta aplicable al caso, la interpretación según la cual la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto proceda una vía posterior mediante juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC); pues existe una excepción restringida al supuesto de rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC), el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto -confirmando el rechazo de la defensa de inhabilidad de título-, admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a de la ley adjetiva" (CSJT, sent. 469, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución Hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 473, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución Hipotecaria", del 12/6/2001; sent. 669, "HSBC Banco Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/Cobro Ejecutivo" del 22/8/2001; entre otros).

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, se invoca de un lado, la infracción de normas sustanciales y adjetivas, como así también, la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado. Pese a la similitud de los memoriales respectivos y en mérito a las puntuales diferencias entre ellos, se abordarán separadamente los argumentos expuestos por los recurrentes.

a.- El recurso de casación interpuesto por los codemandados Mario Francisco Gómez, Oscar Guido Gutiérrez y José Manuel Prado:

Se alega la infracción y errónea interpretación de la preceptiva de los arts. 501, 502, 33, 34, 40, 272, 273 y 280 del CPCC, como así también los arts. 1197 y 1198 del Cód. Civil y los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán.

Se agravian los recurrentes de la deficiente motivación del pronunciamiento impugnado, de la ausencia de respaldo doctrinario y jurisprudencial y de lo escueto de la fundamentación sentencial.

Señala que el tribunal de alzada omitió el análisis y la consideración circunstanciada de la causa, adoptando una resolución basada en el mero voluntarismo judicial.	En relación a la excepción de incompetencia opuesta oportunamente por su parte, se agravia de que la Sala a quo haya omitido fundar su decisión, limitándose a expresar que compartía lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara, a donde remitía la fundamentación respectiva. Considera que el planteo debía analizarse a la luz de lo previsto por la ley orgánica del Poder Judicial y a lo dispuesto por el código ritual de la Provincia.

En referencia a la excepción de inhabilidad de título, se agravia de que el tribunal de grado haya sostenido que el contrato celebrado por las partes constituía título hábil a los fines de la ejecución promovida en autos.	Afirma que la interpretación practicada, esto es, considerar que los contratantes acordaron como contraprestación por la cesión de cuotas sociales, un pago en dinero (dólares) y que en caso de incumplimiento, el contrato constituiría título ejecutivo válido, importa desconocer lo dispuesto por los arts. 1197 y 1198 del Cód. Civil. Señala que en virtud de lo previsto por la cláusula tercera del contrato de cesión, los cesionarios se habían comprometido a entregar "kilogramos de cuero vacuno" y que la asignación de un valor a las cuotas mensuales asumidas ($2.000), tenía como única finalidad, valuar dinerariamente la cantidad de mercancía a entregar por su parte en dicho período. Expresa que así debía ser interpretada la voluntad de los contratantes, que acordaron el cumplimiento de la prestación a cargo de los cesionarios, como una "obligación de dar cosas" y no como una obligación de dar sumas de dinero. Sostiene que aún cuando los contratantes hubieran atribuido fuerza ejecutiva al contrato celebrado, el tribunal de alzada no podía reconocer eficacia a una disposición contractual que asignaba tal virtualidad a un contrato que no preveía una obligación dineraria líquida y exigible (condición impuesta por el art. 501 del CPCC).

Afirma que el pronunciamiento recurrido resulta autocontradictorio pues de un lado, el tribunal a quo reconoció que el pago debía hacerse en cueros vacunos, aunque la obligación contractual había sido convenida en dólares estadounidenses. Entiende que el razonamiento sentencial deriva de una construcción intelectual que carece de bases lógicas aceptables, y que ello descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido.

Se agravia asimismo de que se ordene llevar adelante la ejecución por la suma de $154.000; monto que no se corresponde con el saldo deudor que surge de los considerandos del propio pronunciamiento.

Cuestiona también que en la parte resolutiva se omita consignar en contra de quiénes prospera la presente ejecución y destaca que en autos, la presente acción fue deducida contra de cuatro demandados que asumieron su defensa en forma separada y con su propia estrategia; lo que desde su perspectiva, imponía un tratamiento diferenciados de las respectivas situaciones procesales. Plantea asimismo, el déficit de motivación en relación a la imposición de las costas.

b.- El recurso de casación interpuesto por el apoderado de Frigorífico Alto Perú S.R.L.:

Se denuncia asimismo, la infracción a la preceptiva de los arts. 501, 502, 33, 34, 40, 272, 273 y 280 del CPCC, como así también los arts. 1197 y 1198 del Cód. Civil y los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional y el art. 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán.

Se agravia de que el tribunal de alzada no haya considerado en forma diferenciada la situación de las distintas partes demandadas y los fundamentos que se esgrimieron en las respectivas defensas. Expresa que al revocar el pronunciamiento de Ia. Instancia (que oportunamente resolviera rechazar la ejecución promovida en autos), el tribunal de alzada debía abordar la totalidad de las cuestiones propuestas al juez a quo. Destaca que su parte fue demandada como eventual garante solidario, de las obligaciones contraídas por los restantes codemandados; situación que fue concretamente impugnada al oponer la defensa de inhabilidad de título pertinente. Expresa que el pronunciamiento recurrido omitió considerar las razones que fundaban la excepción oportunamente articulada y que ello descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido. Señala que la Sala a quo ordena llevar adelante la ejecución promovida en autos, sin precisar en contra de quiénes prospera; extremo necesario en el sublite, de conformidad a los diferentes sujetos que asumieron el rol de demandados y de las razones que en que se fundaba la legitimación pasiva.

Se reproducen asimismo, los agravios vertidos en relación a la habilidad del título esgrimido en autos. Entiende que los cesionarios asumieron como contraprestación, una obligación de dar "cantidades de cosas" y no dinero; lo que impedía la configuración de un título ejecutivo en los términos del art. 501 procesal. Comparte la idea de que la interpretación sentencial infringe la preceptiva que asigna valor normativo a la voluntad privada expresada en los contratos (art. 1197 del Cód. Civil) y determina el modo en que los mismos deben ser ejecutados (art. 1198).

Impugna la validez del pronunciamiento señalando la autocontradicción que deriva de admitir que el pago debía hacerse en cueros vacunos, aunque la obligación contractual fuera convenida en dólares estadounidenses. Considera que el razonamiento sentencial carece de bases lógicas aceptables, y que ello descalifica al decisorio como acto jurisdiccional válido.

Marca la discordancia entre el monto por el que prospera la ejecución y el que resulta de los considerandos del propio pronunciamiento, agraviándose del vicio denunciado. Impugna la imposición de las costas, con idénticos fundamentos a los expuestos por los restantes recurrentes.

Propone doctrinas legales y solicita se haga lugar al recurso intentado, con costas.

IV.- Vistos los recursos interpuestos, corresponde analizar separadamente la suerte de los mismos:

a.- El recurso de casación interpuesto por los codemandados Mario Francisco Gómez, Oscar Guido Gutiérrez y José Manuel Prado:

a.1.- En relación a los agravios que cuestionan el modo en que fue resuelta la excepción de incompetencia, los mismos deben ser desestimados.

Esta Corte -siguiendo el criterio sustentado por la Corte Suprema de la Nación- tiene dicho que la sola circunstancia de que el tribunal a quo haya basado su pronunciamiento en el dictamen de la Fiscal de Cámara -ampliamente fundado- manifestando compartirlo y dándolo por reproducido brevitatis causa, no justifica la tacha de arbitrariedad que formula (CSJT, sent. 615 del 20/8/2003, "Véliz, Rosa Amalia vs. Aurelia Eugenia Vildoza s/Cobro ejecutivo de pesos"; cfr. arg. sent. 782 del 17/10/2003, "Olaz de Cabrera, María Rosa del Valle vs. José Rodolfo Budeguer s/Ejecución hipotecaria").

Pese a las observaciones que pudiera merecer este modo de construir la fundamentación sentencial, no puede admitirse la existencia de un déficit de motivación que justifique la nulidad del pronunciamiento. "Este proceder no priva de la debida fundamentación a la decisión, ni vulnera el derecho de las partes al debido proceso y defensa en juicio, dado que, por el carácter público que poseen esos actos procesales, nada impide a los interesados el tomar conocimiento de los mismos" (CSJN, Fallos: 298: 355 entre otros).

a.2.- En orden a los cuestionamientos que se formulan al decisorio que desestimara la excepción de inhabilidad de título y admitiera la demanda ejecutiva, el remedio interpuesto debe ser acogido favorablemente.

A fin de analizar la procedencia de la defensa oportunamente opuesta, resultaba de consideración inexorable, el título esgrimido por la parte actora; esto es, el contrato de cesión de cuotas sociales agregado a fs. 36/38.

A tenor de la posición asumida por las partes, la cuestión central era determinar si en el caso de autos concurrían los presupuestos necesarios para que el título base de la presente ejecución pueda ser considerado "título ejecutivo" en los términos del art. 502 procesal; extremo que debía ser satisfecho sin exceder la particular naturaleza y caracteres del proceso en que se desarrolla la acción intentada.

Se advierte que en el sublite, la determinación de los elementos que necesariamente debe contener el título para que pueda reputarse hábil a los fines de la ejecución incoada, impone imprescindiblemente al juzgador, remitirse a los términos del contrato de cesión y efectuar una interpretación de las cláusulas contractuales. Todo ello, a fin de establecer el contenido y los alcances de las obligaciones asumidas por las partes, la conducta desplegada en la ejecución, el cumplimiento o incumplimiento del contrato analizado y la posición adoptada frente al reclamo de los cedentes.

Este análisis aparece reñido con el trámite propio del juicio ejecutivo y con las limitaciones del proceso de conocimiento abreviado que él supone; lo que conduce a sostener la inhabilidad del título esgrimido en autos.

La discusión quedó centrada en torno al contenido de la cláusula tercera del contrato mencionado, respecto de la cual las partes discreparon al momento de establecer si la prestación a cargo de los cesionarios ejecutados consistía en una "obligación de dar sumas de dinero" o bien en una "obligación de dar cantidades de cosas".

El tribunal de alzada, en una valoración diametralmente opuesta a la de la juez a quo, interpretó contrato celebrado por las partes y consideró que el precio de la cesión se convino en dólares estadounidenses U$S120.000, pagaderos en 60 cuotas mensuales de U$S6.000 cada una, que debían ser cumplidas hasta el día 10 de cada mes. Y señaló que aunque la operatoria de pago consignada en dicha cláusula, mencionara la entrega de cueros vacunos y su modo de liquidación, en nada alteraban la naturaleza de la obligación asumida (dar dinero). Valoró asimismo, el contenido de las intimaciones cursadas por los cedentes y la conducta asumida por los cesionarios, para concluir que existía un reconocimiento de la obligación convenida. Desde la perspectiva apuntada, y atendiendo a la circunstancia de que el contrato presentado era un instrumento privado firmado por los accionados, con las firmas certificadas por escribano público y que el mismo consignaba la obligación de dar sumas de dinero líquidas y exigibles, se pronunció por la habilidad del título esgrimido.

La doctrina y la jurisprudencia son contestes en sostener que el instrumento privado tiene fuerza ejecutiva en los términos de los arts. 502/503 CPCC, siempre que de él se derive la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible. La determinación acerca de la concurrencia de estos extremos debe emerger con prístina claridad del título acompañado a la demanda pues si la indagación supone una investigación que excede la consideración del título y requiere un marco de debate que exorbita las previsiones del juicio ejecutivo, la vía procesal incoada debe ser rechazada.

El modo en que la cuestión planteada aparece resuelta en las sucesivas instancias, revela que la determinación de los recaudos que condicionan la existencia del título ejecutivo, no emerge con certeza, de las constancias del instrumento acompañado a la demanda y que su dilucidación impone una indagación que excede el marco del proceso incoado.

La existencia y habilidad del título constituyen presupuestos para la habilitación de la vía ejecutiva (cfr. Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T.VII, pág. 391; Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, T. III, pág. 78; Falcón, Enrique M., Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, pág. 847; Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, T. II, pág. 674), lo que impone al juez examinar la concurrencia de los recaudos legales pues el control de oficio de los presupuestos de admisibilidad, es característica del juicio ejecutivo (cfr. Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T.VII, pág. 391).

Es que aun cuando las partes hubieran convenido el "pactum ejecutivum", su sola voluntad resulta insuficiente para provocar la apertura de la vía ejecutiva (cfr. arg. CSJT, 30/9/96, "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán c. Molina, Armando C. y otra", LL 1997-C, 937, con nota de Verónica Pérez Vinaccia) si el título acompañado a la demanda impide per se, concluir positivamente acerca de la existencia de los recaudos que condicionan la vía intentada.

a.3.- Atento al modo en que se resuelve la cuestión, no corresponde ingresar al tratamiento de los restantes agravios.

b.- El recurso de casación interpuesto por el apoderado de Frigorífico Alto Perú S.R.L.:

Sin perjuicio de que el recurrente, fue demandado como "garante solidario, liso y llano pagador de todas las obligaciones emergentes del contrato de cesión" suscripto por las partes, y que ello mereciera una estrategia defensiva particular y diferenciada -que se reproduce en el memorial casatorio- atento a que se hacen propios los argumentos encaminados a cuestionar la vía ejecutiva intentada, corresponde acoger el remedio interpuesto, con idénticos fundamentos.

V.- De conformidad a los considerandos precedentes, corresponde casar el pronunciamiento impugnado, de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "Si la determinación acerca de la concurrencia de los recaudos que condicionan la existencia y habilidad del título ejecutivo (doct. arts. 502/503 del CPCC) supone una investigación que excede la consideración del título y requiere un marco de debate que exorbita las previsiones del juicio ejecutivo, la vía procesal incoada debe ser rechazada". En consecuencia, se dicta como sustitutiva la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27/7/2001. Confirmar por tanto, el pronunciamiento objeto del recurso incoado; II.- Costas, al apelante vencido (art. 572 procesal).

Lo resuelto en esta instancia -y con los concretos límites que se señalan- no supone emitir juicio respecto de las acciones que se pudieran hacer valer por la vía y en la oportunidad que corresponda, de conformidad a lo previsto en el contrato de cesión celebrado por las partes.

VI.- Las costas de la instancia serán soportadas por el vencido, por ser ley expresa (art. 572 del CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Por sus fundamentos adhiero al voto del señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, y me permito agregar lo siguiente: el propio accionante expresa a fs. 7 vta.: "Estas cincuenta y nueve cuotas se debían abonar, hasta el día 10 de cada mes siguiente a la primera cuotas, mediante la entrega de kilos de cueros vacunos, situiación totalmente incumplidas por los accionados, y el saldo que pudiere resultar de cada cuota, en dólares estadounidenses, pago tampoco concretado". Ello coincide con lo pactado en la cláusula tercera del convenio (fs. 36). Resulta, entonces, muy claro que no se satisfacen las exigencias del art. 501 CPCC. A su vez, la deuda ha sido negada en sede judical, según surge de la oposición de excepciones a fs. 22 vta..

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, vota en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente, al recurso de casación interpuesto por el apoderado común de los co-demandados Mario Francisco Gómez, Oscar Guido Gutiérrez y José Manuel Prado, en contra de la sentencia de fecha 20/11/2002, dictada por la Sala Ia. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. En consecuencia, se dicta como sustitutiva la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27/7/2001. Confirmar por tanto, el pronunciamiento objeto del recurso incoado; II.- Costas, al apelante vencido (art. 572 procesal).

II.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación letrada de Frigorífico Alto Perú S.R.L. en contra de la sentencia de fecha 20/11/2002, dictada por la Sala Ia. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. En consecuencia, se dicta como sustitutiva la siguiente: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27/7/2001. Confirmar por tanto, el pronunciamiento objeto del recurso incoado; II.- Costas, al apelante vencido (art. 572 procesal).

III.- COSTAS, conforme se considera.

IV.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA