marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo en poblado y en banda, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ, FERNANDO A. Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 978
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-26

A los fines del agravante previsto en el inciso 2° del art. 167 del C.P. es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte en la ejecución del hecho, y ello así porque la intervención de varios sujetos en el apoderamiento de una cosa ajena asume una particular gravedad por la mayor vulnerabilidad en que el grupo coloca al bien jurídico. (Del voto del Dr. Mitchell).
Recurso de apelación (procesal), acta de secuestro, nulidad procesal, prueba confesional, retractación de la confesión, retractación tardía
Materia: PENAL
Carátula: SINIGALLO, OSCAR. s/ RECURSO  APELACION.  ACTA  SECUESTRO.  PRUEBA CONFESION. RETRACTACION  TARDIA. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

1) Aunque la elevación recursiva no alcance a los puntos del fallo que disponen varias nulidades, el Tribunal tiene jurisdicción devuelta para abordarlos, ya que se trata de decisiones declarativas sobre cuestiones propias de los considerandos valoradores de la prueba, debiendo el judicante, al dictar sentencia, limitarse a condenar o absolver, conforme se lo impone el inc. 5) de la regla cuarta del art. 495 del C.P.P.

2) Aunque se reputan formalmente nulas las actas de secuestro de los bienes sustraídos, esa invalidación puede ser suplida con prueba remanente que, independientemente de aquéllas, den sustento al veredicto inculpatorio, porque la constatación del cuerpo del delito y de la conducta autoral no requiere obligatoriamente el hallazgo en poder del sujeto activo del producto delictivo, máxime en el caso de autos, referido a bienes fungibles (dinero) y cosas muebles de procedencia ignorada.

3) Rechazada la impugnación a las actas de secuestro, es innegable que la confesión indagatoria reúne los requisitos del art. 316 del C P.M.P. y surte las consecuencias del art. 321 del mismo código, teniéndose en cuenta que el procesado declaró ante juez competente con todas las garantías constitucionales, razón por la cual la tardía retractación producida un año después de su última confesión, aparte de no satisfacer las previsiones del art. 319 del C.P.P., no encierra ningún valor exculpatorio.
Acto administrativo, vicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Conde, Leopoldo Eugenio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-08

Para demostrar la desviación de poder, resulta necesario acreditar la existencia de un fin distinto mediante pruebas claras y evidentes.
Aportes previsionales, regularidad de aportes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "JUÁREZ  DE  CALOSO,  MARÍA  CRISTINA c/ A.N.Se.S. s/ Jubilación yretiro por invalidez".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-09

Resulta acertado afirmar que los Decretos 1120/94, 136/94 y 460/99 no han agotado todas las situaciones susceptibles de configurarse en torno al art. 95, inc. a) ap. 1 y 2 que reglamentan, de modo que corresponde al juzgador establecer en cada caso las soluciones que conjuguen la verdad jurídica objetiva con el principio de justicia que debe presidir la decisión particular correspondiente al litigio en análisis. Y esta es, en el caso, considerar que el cómputo del plazo de la regularidad en los aportes ha de efectuarse a partir del momento en que el trabajador se encontró incapacitado para prestar servicios, situación que se mantuvo inalterada -más allá de su progresivo y lento agravamiento- hasta la fecha en que se produjo la extinción de la relación laboral.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez, facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio en autos Espina, Juan Carlos. s/ Infr. art. 1, Ley 13.944.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

Así como los jueces no pueden obligar al Fiscal a consentir la suspensión del ejercicio de la acción penal ni reemplazarlo en el ámbito que le es propio, tampoco los representantes del Ministerio Público Fiscal se encuentran habilitados a subrogar el cometido de los jueces (voto del Sr. Juez José O. Casás).
Hurto simple, robo con fuerza en las cosas, accesorios del automotor, prueba, falta de prueba, menores, inimputabilidad, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: MEZA, EDUARDO s/ ROBO. Fuerza en las cosas. PRUEBA. HURTO SIMPLE. MENORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-04

No puede tenerse por acreditado el delito de robo, sino el de hurto simple, pues si bien el acusado había intentado apoderarse de una radio que se hallaba en el interior de un automóvil y surge que fue ejercida violencia tanto para ingresar al automotor, como para desconectar la radio, las pruebas reunidas no tienen entidad suficiente como para responsabilizar al imputado.

Teniendo en cuenta la edad del inocente a la fecha del hecho, corresponde aplicar el art. 1 de la ley 22.278 reformado por la ley 22.803, puesto que la sanción aplicable para el tipo del hurto no excede los dos años de prisión, declarándose en consecuencia inimputable al menor y absolviéndoselo del delito mencionado.
Tarjeta de crédito, facultades del banco, cupón de tarjeta de crédito, resumen de cuentas, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ DE ROSSI, AMERICO ERNESTOS/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-09

Si la sentencia de primera instancia hizo lugar "parcialmente" a la demanda -pues admitió las pretensiones de cobro del banco accionante, pero excluyó de la condena los importes de ciertos cupones de compra, respecto de los cuales el usuario de la tarjeta de crédito probó no ser suyas las firmas que obran en los mismos-, e impuso las costas en un 70% a cargo del defendido y en un 30 a cargo del pretensor; resulta improcedente -como en el caso- que el reclamante se oponga a lo decidido en cuanto a las costas. Ello pues, si bien en principio -y en abstracto-, cabría adoptar el criterio sincrético de la derrota, según el cual la imposición debe definirse con base en el resultado de los temas conceptuales y jurídicos debatidos, y no a partir del aspecto puramente numérico o cuantitativo, constituido por la diferencia entre el monto reclamado y el reconocido por la sentencia; sin embargo procede hacer excepción de tal principio cuando, -como en la especie- se verifica que dados los términos del litigio, el tema conceptual y jurídico debatido "se confunde" con el aspecto numérico; incluso, puede decirse que en la hipótesis no hay una real discusión conceptual ni jurídica, pues el tema se reduce en verdad a determinar que cupones son falsos -en el sentido de no haber sido suscriptos por el reclamado- y a precisar, por consecuencias, "la cuantía" de la deuda. De modo pues, que así discutida "la cuantía" de la deuda, el tema "cuantitativo" adquirió una particular relevancia, lo cual obsta a la aplicación del mentado "criterio sincrético de la derrota".
Accidente de tránsito, distancia de frenado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Monetta, Ramón Horacio c/ Galeano, Tiburcio Filomeno s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-12-21

La calidad de embistente adjudicada al demandado deja ver que, a su turno, no respetó la necesaria distancia que debió mediar entre los vehículos para permitir su frenado sin violentar el deber de conservarse dueño del control de la cosa. La detención del rodado conducido por el actor en proximidades de una bocacalle es una situación harto previsible para el demandado puesto que involucra una contingencia inherente al tránsito urbano. Es común y corriente que los automovilistas frenen en las esquinas por motivos derivados de la mecánica propia del tráfico vehicular.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, patrimonio, acción revocatoria concursal, tercero adquirente de buena fe, síndico del concurso, LEY DE CONCURSOS, arraigo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Manto Negro SA y otros c/ Banco de las Comunidades s/ Quiebra. Acción revocatoria concursal. Cuestión a resolver: ¿Procede  el arraigo en los juicios seguidos contra un tercero por el síndico  del concurso? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-24

Los artículos 296 inciso 8 y 175 in fine de la Ley Concursal revelan que el "fin-social" buscado por el legislador concursal no es otro que el de evitarle cortapisas a la Sindicatura en su accionar. Si ello es así, surge prístino que no está en el espíritu del legislador concursal darle injerencia a la institución local del arraigo, que -claro está- dificulta y entorpece el cumplimiento de la misión encomendada a la Sindicatura. Tal interpretación se ajusta al axioma jurídico interpretativo que da plenitud a cualesquiera ordenamiento (también al concursal), conforme al cual debe concederse preferencia a la interpretación normativa que da primacía a lo permitido. Es que de aceptarse la procedencia del arraigo en los juicios seguidos contra un tercero por el Síndico se estaría privilegiando una postura de sentido inverso al no permitírsele el accionar desembarazado para que así pueda cumplir adecuadamente sus deberes funcionales. (Del Voto del Dr. Peirano).
Compraventa inmobiliaria, inmueble hipotecado, embargo, levantamiento del embargo, tercero adquirente de buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIA VAZQUEZ CONORT DE CARDINALE c/ CARLOS MONTENEGRO s/ COMPRAVENTA DE INMUEBLES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-02

La doctrina plenaria del 10.10.83 "Banco de Italia y Río de La Plata c/ Corbeira Rey" no es aplicable al supuesto en que el comprador sabe del embargo al tiempo de firmar el boleto de compraventa. La decisión plenaria calificó de "tercero inocente" al adquirente del inmueble embargado, cuya calificación partió de la base de resultar éste sorprendido al momento de escriturar por la existencia de un embargo que desconocía. Quien contrata sabedor del gravamen no puede considerarse "tercero inocente" pues no es sorprendido por una situación registral ignorada; y en dicha hipótesis no procede el levantamiento de la cautela con el depósito de su importe nominal porque el comprador pudo merituar la conveniencia de efectuar la compra, y al hacerlo asumió in totum el gravamen que pesaba sobre el bien.
Incidentes, beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Dos Santos, Alfredo Lauro s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-26

Al incidente de beneficio de litigar sin gastos le son aplicables, con carácter supletorio, las normas establecidas para los incidentes genéricos o innominados.
Demanda, determinación del monto, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tucci, Marcelo Guillermo c/ Caminos, Oscar Norberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Si bien es exacto que la praxis judicial tiene sentado que el hecho de no contar con el vehículo dañado, durante el lapso razonable de las reparaciones, configura un daño material que debe ser resarcido, y que las pautas valorativas suelen variar en atención a las circunstancias particulares del caso, nunca pudo supeditarse la reclamación al resultado que arrojare la prueba de informes sobre cuál era el costo de alquiler del automóvil sin chofer, similar al dañado, sino que dicha pretensión debió concretarse indicándose el daño real sufrido, y que no fueron otros, que los desembolsos hechos por el actor, a raíz de que no pudiera utilizar su locomóvil, mientras se lo reparaba. Como corolario de ello resulta totalmente infundado diferir el monto indemnizatorio a la prueba a producir, como se peticionara en la demanda, pues ello no se adecua con el criterio de la justa reparación que se deriva del art. 1083 del Cód.

Civil, en correlación con lo que edicta el art. 1094 del mismo cuerpo legal. Y desde luego, con lo que sienta el segundo apartado del art. 330 del Cód. Procesal.
Concursos, principios generales del Derecho, competencia, excepciones procesales, desplazamiento de la competencia, competencia por conexidad, quiebra, fideicomiso, separación de patrimonios, dictamen jurídico
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ali, Paula Andrea c/ Pilar Business Center s/ liquidación judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

2 - La nueva legislación de fondo reafirma el principio de separación patrimonial de los intervinientes, lo que implica que la presente acción resultaría ajena al proceso falencial de la fiduciaria (cfr. dictamen nro. 150151, en autos "Novo Delta SA s/ quiebra s/ Incidente de revisión de crédito por Malagrino Juan Carlos", de fecha 10/04/17).
Derecho constitucional, derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, habeas corpus, derecho a la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Las garantías jurídicas de los derechos fundamentales de libertad que la Constitución de Santa Fe contempla son los denominados "recursos" de "hábeas corpus" y de "amparo" (artículos 9, 2da parte y 17). Trátase de garantías jurisdiccionales que se recaban y obtienen de los tribunales de justicia, regidos por procedimientos propios de éstos y con decisiones dotadas de la eficacia peculiar de las resoluciones judiciales, de trámite sumario es decir, rápido y expeditivo, por lo mismo que se trata de proteger los derechos fundamentales del hombre, que, por serlo, no toleran la dilación de un régimen procesal ordinario. Puede hablarse por ello de "tutela judicial sumaria". El "hábeas corpus" tiene por objeto la tutela del más esencial y preciado de los derechos de libertad: la libertad corporal; el recurso de amparo está dirigido a la tutela de todos los demás derechos fundamentales de libertad con excepción de la libertad corporal. (Del voto del Dr. Ulla).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, pagaré, defensa en juicio, Constitución Nacional, prueba, cláusula sin protesto
Materia: PROCESAL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DANILLO DE PELEGRIN S.A. c/ TERMAS VILLAVICENCIO S.A.I.C. s/ IMPROCEDENCIA   DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  PAGARE-  CLAUSULA  SIN  PROTESTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-07

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que había dispuesto el reajuste y cómputo de los demás accesorios legales de un crédito emergente de dos pagarés con cláusula sin protesto desde la fecha de su vencimiento. Ello así, pues ante la ausencia de toda actividad probatoria a su respecto, tampoco logra justificar el recurrente que las conclusiones del a quo se traduzcan en una lesión efectiva de su derecho de defensa sobre todo cuando no son objeto de una crítica concreta y razonada de las aseveraciones contenidas en la sentencia respecto de la exigibilidad al librador de esta clase de títulos de una mayor diligencia en punto a munirse -a su vencimiento- de un medio idóneo para afrontar la carga de la prueba de su no presentación por el ejecutante y que pudo concretarse mediante la consignación cambiaria (art. 45 del decreto-ley 5965-63).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Martín, Raúl Alberto c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios (Proceso Sumario)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-10

En caso de accidentes de tránsito, se deberá condenar a pagar los daños sufridos por los automotores, aunque las reparaciones no se hayan efectuado ni menos aún pagado.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, rechazo de la demanda, prescripción adquisitiva, interversión de título, actos posesorios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramos, Lucio Ceferino y otros  c/ Puebla, Isabel s/ posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-04-04

Procede hacer lugar a la apelación deducida por la parte demandada, y en su mérito, revocar la sentencia rechazando la demanda incoada por los actores, dado que son varios herederos de una sucesión, es de aplicación el principio sentado en el art. 3449 del CC -la posesión de la herencia por alguno de ellos aprovecha a los otros-. Es justamente esta premisa de nuestro ordenamiento jurídico la que debe ser rebatida por el heredero que pretende revertir su título, cuestión que no ha logrado la parte actora. En el caso, a pesar de no existir un acto posesorio concreto el a quo tuvo por intervertido el título de la posesión por parte del padre de los actores, y en virtud de lo antes mencionado, le correspondía a los accionantes acreditar la existencia de actos posesorios con ánimo de dueño realizados sobre el bien objeto de la causa, es decir, que esos actos puedan caracterizarse como un ejercicio directo del derecho de propiedad -art. 360 del CPCC- y la continuidad de la posesión que ejercía su padre.
Huelga, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Municipalidad de Calingasta c/ Sindicato de Empleados y Obreros Municipales s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-30

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice que no procede el pago de salarios, correspondientes a períodos de huelga, sin previa comprobación judicial de la legalidad del movimiento. Por eso, sostiene el carácter suspensivo, que generalmente se reconoce a la huelga, mediando escrupuloso cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por el empleador, no justifica la subsistencia de la obligación del pago de salarios, pues éstos tienen carácter de contraprestación. Tal conclusión es consecuencia de la igual jerarquía reconocida a todos los preceptos constitucionales.
Regulación de honorarios, síndico del concurso, homologación del acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: Línea Expreso Liniers SAIC c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

La regulación de honorarios del síndico por el control del cumplimiento del acuerdo homologado deberá efectuarse con base en el monto efectivamente pagado a los acreedores.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, recursos, recurso extraordinario, improcedencia del recurso, actos jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Correo Argentino SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-13

Corresponde rechazar el recurso extraordinario opuesto por la procuración general del tesoro y por la Sra. Fiscal General ante la Cámara Comercial contra la resolución de segunda instancia que admitió la suspensión del concurso preventivo, a resultas de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que resuelva el conflicto jurisdiccional planteado entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pago, dación en pago, cheque
Materia: CIVIL
Carátula: KLADNIEW, JULIO BORIS c/ ANASCO  C.C.C.  LTDA. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

La entrega, al vencimiento de la obligación, de un cheque por el valor de lo adeudado constituye un pago por entrega de bienes o dación en pago previsto en el art. 779 del Código Civil que produce los efectos del cumplimiento de la obligación mediante la entrega de una cosa que no sea dinero y además diferente a la prestación originaria debida.
Incidentes, propuesta de acuerdo preventivo, período de exclusividad, propuesta de prórroga, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Mapu Vial SRL c/  s/ quiebra s/incidente art 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Procede rechazar el pedido de prórroga del período de exclusividad solicitado por la deudora y declarar su quiebra. Ello por cuanto ya ha transcurrido casi un año adicional desde aquella primera fecha límite para el acompañamiento de las conformidades y aún así la doble mayoría sigue sin ser reunida. No se trata de adoptar o convalidar un temperamento en extremo riguroso que desatienda los principios que inspiran la solución preventiva a la que ha acudido la deudora, dado que se ha concedido la prórroga del plazo en dos oportunidades y en ese contexto es claro que la apelante ha contado con un plazo mucho más que suficiente para reunir adhesiones a su propuesta, por lo que prolongar los términos de la negociación, es temperamento que se exhibe en la especie falto de la prudencia que es necesaria en tal delicada materia, y claramente refractario del principio que manda respetar los plazos fijados en la ley (LCQ 273 in fine, 278).
Administración de vialidad provincial, empleados públicos, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: NUÑEZ, IRENEO ECTOR c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ Recurso de Inconstitucionalidad-Cobro de pesos Laboral (Expte.: C.S.J. N  432 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

La ley 4908 (reformada por la 6336) establece que "la Dirección Provincial de Vialidad constituirá un organismo descentralizado con carácter autárquico... Será una persona jurídica de derecho público con capacidad para actuar privada y públicamente de acuerdo con lo que establezcan las leyes generales de la Provincia y las especiales que afecten su funcionamiento" (art. 1). Tratándose de una autarquía institucional -tal como define la ley a la Dirección Provincial de Vialidad- habrá de recordarse que es el Estado Provincial quien aparece dotado de personalidad jurídica. Se vale de aquélla sólo para conseguir sus propios fines, con el único propósito de no complicar innecesariamente su ya compleja estructura. Pero bien entendido que con ellas se manifiesta la subsistencia de intereses propios suyos, íntimamente ligados. El carácter estatal del ente deriva del análisis conjunto de sus características y del régimen jurídico, uno de cuyos aspectos más importantes consiste en su pertenencia a la organización administrativa. Siendo ello así, no cabe sino concluir que la relación que vincula al personal con la entidad autárquica -en el caso, Dirección Provincial de Vialidad- es la de empleo o función pública. (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario, acordadas, oportunidad procesal, presentación extemporánea, planteo en corte
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

Cualquier juicio sobre la validez de la acordada 20/96 significaría introducirse en una relación jurídica extraña al pleito, cual es la que liga en esta materia a los jueces nacionales y a la administración fiscal del Estado, relación establecida y fijada por un proveimiento administrativo de carácter general emanado de la Corte Suprema de Justicia.
Embargo preventivo, sustitución del bien, cédulas hipotecarias
Materia: PENAL
Carátula: SIDIGG, J.C. s/ EMBARGO - SUSTITUCION CEDULAS HIPOTECARIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-27

Es procedente la sustitución solicitada por el procesado, de la suma dada a embargo por importe equivalente de cédulas emitidas por el Banco Hipotecario Nacional.