marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba compuesta, integración de la prueba, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: SALAZAR, Juan Ignacio s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-23

El artículo 259 "in fine" del Código de Procedimientos Penales valida plenamente la confesión extrajudicial, sin excluir medio probatorio alguno para acreditar su existencia, por lo que resultan aptas a tal fin las testimoniales de los funcionarios policiales intervinientes en la detención del inculpado.-
Integración de la litis, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lorenzo, Eduardo Alberto c/ C.J.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-04

Aún aceptando que los decretos de prórroga sean abusivos e ilegítimos, lo cierto es que no es la Caja de Jubilaciones y Pensiones quien los ha dictado sino el Poder Ejecutivo Provincial y, contra este, no se ha entablado acción alguna por parte del amparista. El accionar del ente no se presenta así como manifiestamente ilegítimo por cuanto se ha limitado a acatar las normas impuestas por el poder político, como no puede ser de otra manera desde que no está en su competencia y atribuciones pronunciarse sobre su legitimidad y/o desconocerlos.

No cabe duda que en relación al acto lesivo que aquí se ataca, el autor o responsable no es la demandada, por lo que la acción deviene inadmisible -art. 29 inciso a) de la Ley Nro. 8369-.
Subasta de inmuebles, informes sobre impuestos, ley vigente, publicación de edictos, acción de repetición
Materia: PROCESAL
Carátula: BID (EX ACISO BCO. COOP. LTDA.) c/ SAYEG, VIVIANA s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-11-13

En cumplimiento de lo que establece el art. 554 del C.P.C., previo a ordenar la subasta el Juez debe requerir los informes sobre impuestos, tasas, y contribuciones, que se deberán incluir en los edictos, puesto que el posible comprador debe contar con la información aludida, para deslindar su posición respecto de tales deudas, dejando hecha la aclaración del derecho a repetición de la persona que pague sin ser deudora.
Derecho ambiental, establecimientos penitenciarios, Municipalidad
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Expediente Nro. 80295 - MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-20

La D.I.A. nro. 2405/1999, emanada de órgano competente - Ministerio de Ambiente y Obras Públicas- se encuentra firme por falta de impugnación oportuna, como regla, sólo este organismo puede revocarlo, dejarlo sin efecto, declarar que perdió vigencia, o por uno jerárquicamente superior.

La DIA 2405/1999, es un acto que se basó en: estudios técnicos, por lo que no es lógico que después de todo un procedimiento de evaluaciones técnicas, el Municipio, per se, declare que todos esas aspectos técnicos ya no rigen, que la D.I.A. ha quedado desactualizada, desfasada en tiempo, conforme a una percepción unilateral, dicte un acto revocatorio de su primera autorización fundada en ese desfasaje; estableció condicionamiento, que la Provincia deberá cumplir, mas la mera invocación de no cumplimiento no justifica la revocación; estuvo precedido de un procedimiento de naturaleza participativa, la oportunidad y el lugar para que los vecinos se pronunciaran estuvo en el audiencia pública, en el ámbito del propio municipio involucrado.

Dado el "principio de continuidad jurídica del Estado", el cambio de autoridades comunales no justifica jurídicamente la revocación de la autorización concedida fundado en que se han modificado las circunstancias que fundaron la D.I.A, sobre todo porque fue el propio Municipio el que eligió y ofreció el terreno para la construcción. (Voto Dra. Kemelmajer de Carlucci)
Relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Segovia, Rodolfo c/ Pool Club y/u otros y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-08-28

El art.85 inc.5) de nuestra ley procesal (2383) se compadece, plenamente, con el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (20744), en tanto que ambos establecen la presunción a favor del actor, cuando el demandado (empleador) no exhibe o no lleva libros, se trata de una presunción legal juris tantum, que de consiguiente, dispensa a la parte a quien favorece (trabajador) de la carga de prueba del hecho inferido por ley, pero no impide la demostración en contrario para lo cual son admisibles todos los medios probatorios, incluso las presunciones judiciales, cuando siendo serias, se fundan en hechos reales y probados y se las valore, siempre de acuerdo con los principios de la sana crítica.
Costas, exención de costas, allanamiento, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL
Carátula: Candia, José Benito y otra c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-23

El allanamiento que la CMV dice haber efectivizado no es computable a los fines que persigue - la eximición del pago de las costas -, puesto que no reúne ni mínimamente los extremos exigidos por el art. 70 del Código Procesal. En efecto, no sólo media mora por parte de la CMV sino que además su allanamiento se expresó bajo condición - el cumplimiento de los "recaudos pertinentes" de la cláusula décimo cuarta del boleto de compraventa -, todo lo cual impide conferirle los alcances que la norma citada contempla.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: González, Héctor; Sosa, Carlos Alejandro s/ Secuestro extorsivo y privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Es insuficiente el cuestionamiento a lo resuelto por el juzgador en cuanto a que las presunciones utilizadas para acreditar la antijuridicidad sean legalmente aptas para también declarar divisibles las confesiones (art. 239, C.P.P.) si no menos de dos de dichas presunciones son impugnadas con meras afirmaciones de las que no resultan las transgresiones denunciadas.
Acción meramente declarativa, sentencia, cosa juzgada, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Egues, Alberto José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios (error judicial).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

No es óbice para el reconocimiento de la facultad de ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita la falta de un procedimiento ritual expresamente previsto, ya que esta circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que se impugnan.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, denuncia de venta, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MICHALIK FABIAN c/ ALEJANDRO GIAMPIERI REDONDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-07

La ley 22977 establece la responsabilidad del propietario del vehículo hasta tanto se modifique su condición de dueño. En ello no habría diferenciación con el régimen anterior. Dicha responsabilidad se mantiene en cuanto engloba ambas características:propietario y guardián de la cosa. La ley establece como novedad que permite al titular registral comunicar que ha transmitido y hecho tradición del vehículo a otra persona el que para la ley será de allí en más "un tercero por quien no debe responder"; y además consagra como presunción legal que el automotor "resulta utilizado en contra de su voluntad".

La ley 22977 establece las siguientes reglas: a) El titular registral es responsable, mientras no se inscribe la trasmisión; b) Si se vende el vehículo y entrega la posesión, el comprador tiene diez días para registrar la venta (art. 15); c) Si el comprador no anota la adquisición, el vendedor puede, transcurrido el plazo de diez días "denunciar la venta" (art. 27); d) La denuncia de venta actúa como eximente de responsabilidad respecto de daños que el vehículo produjera con posterioridad; e) El comprador o las personas a quien éste transmitió la guarda del coche, son considerados terceros "por quien el titular registral no debe responder".

Frente a la atribución objetiva de responsabilidad civil, la carga probatoria, de quien procura una eximición o exención de esa responsabilidad objetivamente atribuida, pesa sobre esa parte; razón por la cual debe acreditar, en forma fehaciente, la circunstancia eximente que invoca. No se ha observado esa obligación procesal si la denuncia ante el Registro de Propiedad Automotor fue formulada por el titular registral una vez vencido con creces el plazo acordado por la legislación y, lo que es más grave aún, después de haber acontecido el evento dañoso.-
Delitos cometidos por medio de la prensa, responsabilidad penal, responsabilidad civil, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones de La Urraca SA. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

La información falsa genera, como principio, responsabilidad civil y penal, según sea el bien jurídico afectado.
Regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación Mutual Paraná c/ C.O.V.I.A.L.E.R. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-06

La regulación de sus honorarios profesionales como perito debió efectuarse conforme a las disposiciones específicas de la Ley 4878 que establece los aranceles de profesionales en ciencias económicas, en el caso concreto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 en sus partes pertinentes de dicho texto normativo y no en base a los artículos 3, 30, 31, 34 y concordantes del Decreto Ley 7046 citados por el tribunal sentenciante.Resulta aplicable el artículo 21 del Decreto Ley 7046, ratificado por Ley 7503, dado que esta norma legal prescribe en forma clara que los honorarios de los abogados o procuradores no podrán ser inferiores al de o los peritos en casos como el presente, razón por la cual deberá la Cámara efectuar una nueva regulación, sin vulnerar lo preceptuado por el artículo 21 del Decreto Ley 7046.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del asegurador, suspensión de la cobertura, indemnización, incapacidad sobreviniente, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Moncada, García Sebastián A. y otro c/ Mora, Jorge Claudio y otro s/ D. y P. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

Que habré de adherir en su mayor parte al voto que antecede y disentir únicamente respecto al valor calculado para indemnizar la incapacidad física de la actora Margarita I. Garcia Obreque, la que conforme las prescripciones del art. 1746 del CCyC y fórmula de matemática financiera que estimo aplicable -"Mendez"- (del voto del Dr. Medori, en minoría).
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Correa , Marco Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-19

Analizada la sentencia en crisis, se advierte que ella no adolece de falta de fundamentación o que se haya realizado una arbitraria valoración de la prueba toda vez que en forma circunstanciada se ha descripto el accionar que le cupo al encausado en el hecho que se le imputa, asentándose el fallo condenatorio en una multiplicidad de elementos cargosos, y no habiendo la defensa aportado al debate elementos a fin de demostrar que los hechos acontecieron de otra manera, y a la vez que desvirtúe la convicción elaborada por el tribunal a partir de las probanzas obrantes en la causa.
Responsabilidad médica, servicio de cirugía, jefe del equipo médico
Materia: CIVIL
Carátula: CALCATERRA, RUBEN Y OTRA c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

No resulta fácil pretender que el poder de autoridad del médico jefe del departamento de cirugía alcance las horas de la noche y aún del día si está ejecutando otras tareas. De todas formas, si éste admite -más allá de que le fuera imposible salir del quirófano cuando fue requerido por la madre del menor fallecido-, que fue informado por los médicos de la evolución del niño, antes de que éste fuera a la sala de cuidados intensivos y que no lo revisó, ante la gravedad del caso el médico debió tomar cartas personalmente y revisarlo y, de otra parte, y en punto a su responsabilidad propagada o refleja, es claro que si así hubiera procedido, también habría constatado las irregularidades existentes en la historia clínica, máxime si el técnico que trasfundió al menor dijo que él realizaba las transfusiones en el servicio y que luego ellas eran controladas por enfermeras, circunstancia que constituye una violación a las normas en vigencia de las que sí es responsable el jefe de un servicio. Por tanto, éste debe considerarse integrante personal del grupo de riesgo, y, al margen, responsable reflejo, en lo concerniente, por el actuar de sus subordinados.-
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rubio, Ricardo J. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

En las modificaciones que se operan en la Administración en las denominaciones de los cargos funcionales como así también las variaciones de las categorías presupuestarias que a tales cargos corresponden, lo importante es que los elementos constitutivos del "status" jubilatorio resultante de la situación del agente al momento del cese, sean mantenidos y que no se opere en los hechos una retrogradación por obra de las modificaciones escalafonarias que alteren en pasividad el nivel jerárquico que se tuvo en cuenta al conceder el beneficio.
Derecho laboral, ley de accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, instancia administrativa, comisión médica central, derechos del trabajador, cumplimiento de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Carlos Antonio c/ Provincia ARTSA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Si bien el legislador tiene la potestad constitucional de dictar normas y esa potestad le viene dada por el Pueblo, aun así se encuentra constreñido por los límites que le impone la CN y, desde la reforma constituyente del año 1994, por los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales de las personas. En consecuencia, el imperio del legislador en materia del derecho del trabajo debe estar encaminado a la protección del trabajo y del hombre que lo realiza y si debe encarar una reforma legislativa, la misma debiera tener como norte esa protección porque así lo manda expresamente el art. 14 bis CN. Por consiguiente los jueces del trabajo no tienen como función la de proteger a los trabajadores, sino que deben velar por el orden vigente, garantizando su vigencia y cumplimiento. (Del voto del Dr. Pompa, en mayoría).
Honorarios, convertibilidad, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sasson Morhaim, Jorge c/ Pan American Wordl Airways Inc. s/ Cobro de australes - sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

Respecto a los intereses posteriores a la vigencia de la ley de convertibilidad, esta Sala estima adecuado aplicar el contenido normativo del Decreto 941/91, imponiendo la tasa de interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, solución ésta que se compadece con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en un caso reciente.

En tales condiciones, se deberá aplicar esa tasa de interés a partir del 1 de abril de 1991, para los honorarios de los profesionales y peritos intervinientes.
Abandono de trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Paz Claudio Roberto c/ La Floresta S.A. s/ Ordinario - Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-12-14

No resulta justificado el despido del actor fundado en el supuesto abandono de trabajo en que habría incurrido durante un tiempo superior a la media hora, pues no reviste entidad suficiente para generar una injuria de gravedad tal que imposibilite la normal continuidad del vínculo laboral -art. 242 de L.C.T.-, sino que se trata de una conducta impropia del actor que en función de los principios de razonabilidad y proporcionalidad pudo haber sido objeto de una suspensión más gravosa, pero de manera alguna puede justificar un despido con justa causa.
Daños y perjuicios, legitimación activa, concubinato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero Susana y otro c/ Ramírez Adolfo Martin s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Si bien es doctrina legal de Nuestro Superior Tribunal Provincial que la concubina se encuentra legitimada para reclamar los daños y perjuicios por la muerte de su compañero, lo que está regulado dentro de los términos del artículo 1079 del Código Civil el cual debe ser interpretado en función de la amplitud que emerge tanto de sus propios términos como de la situación existencial que define, no lo es menos que deberá acreditar en autos el perjuicio que el hecho en cuestión le ocasionó, toda vez que el derecho de la concubina, no es como tal, sino como simple damnificada, pero obviamente si acredita el perjuicio - art.375, CPCC-, en la medida del daño sufrido, vale decir que debe probar un perjuicio cierto y directo, verbigracia, que vivía del auxilio y recursos del muerto, reiterando que el que lo invoca debe acreditarlo, concluyendo que el daño en favor del cónyuge y los herederos forzosos es una presunción "iuris tantum", las demás personas que hubiesen sufridos daños materiales como consecuencia del homicidio deberán probarlos, no pudiendo ampararse en presunción alguna.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Hugo D. s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

La restricción para impugnar impuesta al Fiscal en el art. 351 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) en caso de absolución, no puede ser salvada por la circunstancia de que en el mismo fallo se haya condenado por otro delito ni de que existiera un pedido de pena superior a tres años de reclusión o prisión.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, ejercicio profesional, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

En torno a los requisitos previstos en el artículo 85 de la Constitución Provincial para ser magistrado, no caben dudas que las dificultades interpretativas se plantean en torno al sentido que corresponde darle a la fórmula "ejercicio de la profesión de abogado" y a la de "ejercicio de la función judicial". Es posible teóricamente perfilar cuatro modos característicos o paradigmáticos de ejercer la profesión de abogado, a saber: el abogar ante los órganos jurisdiccionales en favor del reconocimiento de ciertos derechos, el decidir imperativamente conforme al derecho establecido en cada caso lo suyo de cada uno, el enseñar el derecho a aquellos que se están capacitando para el futuro ejercicio profesional jurídico; y el asesorar a personas individuales o colectivas acerca de las conductas jurídicas posibles de ser adoptadas. Se trata indudablemente de cuatro arquetípicos destinos laborales factibles de ser adoptados por el abogado, que incluso pueden ejercerse con exclusividad uno de los otros a tenor de vocación, talentos, oportunidades, necesidades y características personales del profesional que se trate, no pudiéndose pronunciar con carácter universal cual de esas modalidades es la que asegura un mayor conocimiento del derecho y brinda la oportunidad para una mejor capacitación en orden al desempeño de la magistratura. (Del Voto del Dr. Vigo)
Alimentos, cuota alimentaria, sentencia definitiva, incidentes
Materia: CIVIL
Carátula: PILNIK DE BENDERSKY NORMA GRACIELA Y OTRO s/ DIVORCIO VINCULAR (PRESENTACION CONJUNTA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-01-01

El convenio por el cual se establece la forma de contribuir alimentariamente por parte de los padres, sólo tiene validez provisoria y puede ser denunciado no sólo por la alteración de las circunstancias tenidas en cuenta al otorgarlo sino también por no ser justo.

La imperatividad de las normas que establecen y regulan los deberes alimentarios queda suficientemente resguardados con el reconocimiento del derecho de impugnación, y autorizan a la fijación de una cuota alimentaria a cargo de la madre en los límites de sus posibilidades, y sin necesidad de acreditar que hayan sobrevenido nuevas situaciones, desde que el arreglo entre los cónyuges no puede importar una renuncia expresa o tácita al derecho alimentario; el hecho de que aquélla no esté obligada por sentencia o pago de una cuota en favor de sus hijos, no significa que no contribuya a su sostenimiento.

Téngase presente que como la prohibición de renunciar a los alimentos futuros que contempla el art. 374 del C. Civil es de orden público, los convenios que contravienen la norma prohibitiva son nulos de nulidad absoluta.

Desde esta perspectiva, no puede aceptarse la imposibilidad de modificar los efectos de la sentencia por medio de una resolución en un procedimiento distinto, ya que entre las consecuencias de la validez provisional del convenio se encuentra la posibilidad de la modificación de ese pacto por la vía incidental. Repárese en que la relación alimentaria familiar constituye una carga ex lege que exige una rigurosa y continua dependencia de la obligación y del derecho a las condiciones económicas del obligado y derechohabiente respectivamente; y a cada mutación en los estados patrimoniales de las partes convinientes, y de necesidad de los beneficiarios, debe corresponder una reforma en la convención formulada por la vía incidental aunque a la decisión se le niegue el carácter de sentencia.

Se trata de un derecho condicional y variable "intermitente", según la expresión de Demolombe, que renace de continuo, y por tanto puede cambiar cuando se modifican las condiciones de hecho en base a las cuales se estableció; la índole peculiar de la obligación, le comunica una fisonomía propia, de la que se desprenden, entre otros caracteres, el de ser eminentemente circunstancial y variable.

Ningún convenio, ninguna sentencia tienen en esta materia carácter definitivo aunque las posibilidades económicas de la madre pudieran ser menores, ello no excusa la contribución de ésta, porque es contrario al orden natural y legal de la familia, que por el hecho de quedar los hijos a cargo del padre, venga a quedar liberada de la obligación alimentaria en el caso de que tuviera posibilidades.

La resolución obtenida por vía incidental en cuanto impone una carga alimentaria a la madre resulta ajustada a derecho, quedando por examinar si el importe establecido resulta adecuada de conformidad a los antecedentes que informan el proceso.-
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, LUIS IGNACIO Y OTRO c/ ADOLFO BRADAS CHIA E HIJOS  S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

Si bien el art. 522 del Código Civil faculta al juez a condenar a la reparación del daño moral en casos de responsabilidad contractual, es necesario demostrar la existencia del perjuicio, que no puede suponerse de la mera deficiencia ni de la carencia de calefacción central en el inmueble. No se trata de un supuesto, por la índole de los efectos, en que pueda presumirse su existencia, a diferencia de los que afectan la vida, el honor, los seres queridos o, en general, los sentimientos primordiales del individuo.