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Actor procesal, prueba, ofrecimiento de la prueba, ampliación de la prueba, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Santa Cruz, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El ejercicio de la facultad que confiere al actor el art. 486 del Código Procesal, en el sentido de que podrá "ampliar su prueba con respecto a hechos invocados por el demandado que no hubiesen sido aducidos...", está subordinado a la circunstancia de que no pesara sobre el interesado la carga de afirmarlos en su primer presentación.
Derecho procesal, procesos especiales, rendición de cuentas, herederos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernandez, Mario Bernardo y otros c/ Gómez, Avelino (Fallecido) y otros s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

Tal como lo expresa el CPR 356-1° no pesa sobre los herederos la carga de expedirse de manera explícita en relación a los hechos expuestos en la demanda, debido a que, como es obvio, los mismos les son ajenos, por lo que la carga probatoria a los fines de acreditar la obligación de rendir cuentas derivada de la intervención que eventualmente le hubiese cabido al demandado fallecido, pesaba sobre la propia actora.
Otorgamiento de premios, Premio Nacional en Ciencias, pensiones, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PIRES, ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ACCION SOCIAL) s/ ORDINARIO - JUBILACIONES Y PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-11

La voluntad de la ley debe ser asumida como entidad objetiva, la cual es separable de la de los sujetos que la estatuyen, es decir de los autores materiales de la norma y de la intención de éstos, porque una vez forjada tiene vida propia. En el caso, el origen inmediato de la norma no arroja luz alguna al texto expreso atento la contradicción que exhibe el trámite parlamentario; de manera que el fin restrictivo que pretende atribuirles el art. 1 de la ley 16516, no quedó plasmado en su letra, de modo de impedir que quien obtuvo un primer premio en ciencias, aunque fuese junto con otros primeros premios en distintas especialidades, quede excluido del beneficio. Tal premisa debería estar apoyada en una redacción excluyente o concluyente, por parte de la norma.
Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., D. y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-16

El plazo para que opere la retardación en la ley 3098 fuere para la vía recursiva, o la reclamatoria. Idem el plazo de caducidad. Intentado recurso o reclamación, a los 30 días se impone ministerio legis la denegatoria tácita, y el particular estará obligado a impetrar la acción en el término de 30 días de vencido ese plazo.
Deudas impositivas, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: El Rápido Argentino Cía. de Micro Ómnibus S.A.  c/ Tribunal Fiscal de Apelación  s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Por constituir una desviación del exteriorizado propósito legislativo de olvidar las problemáticas deudas fiscales largamente perpetuadas que habían sido objeto de la novación de la ley 12.397, la interpretación de la excepción prevista en el art. 9 inc. "a" de la ley 13.244 debe hacerse con marcado criterio restrictivo. Esto es, considerando si existió, estrictamente hablando, una "determinación de oficio" sobre base cierta o presunta en los términos de los arts. 37 in fine, 38, 39, 101 a 104 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004). Dicha inteligencia encuentra respaldo en los fundamentos del proyecto de ley respectivo y en los arts. 48 y 50 de la ley 12.397, sin comprometer el alcance que a la noción de "determinación de impuestos" pudiera corresponderle en contextos y circunstancias diferentes de las referidas.
Recurso de casación laboral, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, DOLORES M. c/ EMPRESA GIULIANO s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-07

Si la sentencia motivadora del agravio es la que resuelve la impugnación de una planilla de liquidación, no cumple con los requisitos de admisibilidad para conceder la vía casatoria por no tratarse de sentencia definitiva.-
Aborto, tentativa inidónea, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA DE CAGNOLA s/ PENA. GRADUACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-08-15

Aunque no pueda concluirse que existió un aborto consumado o tentado -por no estar demostrado el estado de preñez-; las maniobras abortivas comprobadas fehacientemente permiten responsabilizar a la acusada por tentativa de aborto imposible, ya que sus antecedentes, entre los que figura una condena, todos por hechos similares al examinado, son reveladores de una peligrosidad que no la hace acreedora, en absoluto, al beneficio del art. 44 "in-fine" del código de fondo.
Confirmación de sentencia, acto administrativo, telecomunicaciones, conciliación, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. c/ EN- M° DESARROLLO PRODUCTIVO s/ RECURSO DIRECTO- LEY 24240- ART. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

Se confirmó el acto administrativo recurrido que había impuesto una sanción de multa de conformidad con el artículo 46 de la Ley N° 24.240, dado que la empresa de telecomunicaciones incumplió un acuerdo conciliatorio alcanzado con su cliente. Asimismo, el Tribunal de Alzada consideró que no resultaba aplicable el precedente "Losicer" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con la duración razonable del procedimiento administrativo.
Procedimiento administrativo, acción de lesividad, exención de la contracautela
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Estado Provincial s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-17

Declarada la admisibilidad prima facie de la acción de lesividad deducida por el Estado Provincial, este se presenta solicitando anotación de litis en los términos del Art.229 del C.P.C.C., a fin de resguardar los efectos de la eventual resolución judicial que habrá de recaer en la presente causa y su oponibilidad a terceros.

La medida solicitada persigue la anotación en el registro respectivo de la existencia de un proceso, por lo tanto la anotación de litis procede en aquellas causas en que se plantea una cuestión litigiosa relativa a la propiedad u otro derecho real sobre un bien.

En todos los casos la satisfacción de la pretensión plasmada a través de un proceso contradictorio, debe tener como consecuencia la modificación y/o alteración de una inscripción en el registro correspondiente, con independencia de la naturaleza de la acción de que se trate.

Por otra parte los alcances de la decisión cautelar dependerán del contenido concreto de la pretensión principal que en cada caso se haga valer, debiendo existir cierta congruencia entre el objeto de la acción contencioso administrativa y la medida provisional que se solicita en resguardo del derecho o interés jurídico invocado como fundamento de la demanda.

En el sub lite, el juicio de probabilidad de la verosimilitud del derecho del demandante, surge de las sucesivas transferencias privadas de las parcelas sujetas al Régimen de Colonización, que se detallan pormenorizadamente, en aparente contradicción con el derecho aplicable- Art.52 Constitución Provincial y Ley 4086 modificada por la Ley 4899, además de constancias instrumentales representadas por Sentencias Definitivas Nro. 08/07, 09/07 y 10/07 dictadas por esta Corte de Justicia, lo que justificaría, en principio, la posible existencia del derecho o interés jurídico en que se funda la pretensión de fondo contenida en la acción de lesividad instaurada.

En cuanto el peligro en la demora en la solicitud de anotación de litis debe entenderse presumido por la ley, por lo que no se requiere su acreditación especifica.

En conclusión, corresponde hacer lugar a la medida cautelar de anotación de litis solicitada por el Estado Provincial sobre los inmuebles que se detallan, oficiándose al Registro de la Propiedad Inmobiliaria a los fines de su registracion, sin contracautela -art.200 inc.) 1 del CPCC de aplicación supletoria- art. 74 CCA.-
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, robo, daños y perjuicios, cesión de derechos, apreciación de la prueba
Materia: BANCARIO - COMERCIAL
Carátula: GORDON, CLAUDIO c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-12

Resulta improcedente la acción por la que un usuario de una caja de seguridad reclama del banco accionado el resarcimiento de daños, como consecuencia del robo perpetrado en una sucursal de aquel, ocasión en la que alego le fueron sustraídos u$s90.000, provenientes de una cesión de sus derechos a la explotación de un kiosco de diarios -operación verificada un año antes de la perpetración del hecho delictuoso -, cuando -como en el caso - surge que si bien fue probada la efectiva percepción del dinero, sin embargo, el valor de convicción que de esa presunción se sigue, resulta en alguna medida degradado por: a) el tiempo corrido desde la adquisición de los fondos hasta el momento del robo, b) la circunstancia de que el accionante (comerciante) haya mantenido inactivo durante un lapso significativo un genero comercial -naturalmente productivo -, sin dar oportuna y razonable explicación de esa conducta.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, crédito laboral, obligaciones del empleador, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTIL  AMESUD  SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE PRONTO PAGO(PROMOVIDO POR GOMEZ, VICTOR).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

La omisión del empleador de cumplir con las normas de higiene y seguridad para los trabajadores, constituye un hecho ilícito que, unido al nexo causal que se encuentra acreditado respecto del daño (perdida auditiva) y su causa fuente (ruidos emanados de las maquinas "overflow"), admiten la verificación del crédito pretendido por la reparación del agravio moral ocasionado al incidentista. En este rubro no es posible producir prueba directa sobre el menoscabo padecido; la índole espiritual y subjetiva del perjuicio insusceptible de tal acreditación (conf. Pizarro, Ramón, "La prueba del daño moral", revista de derecho privado y comunitario, Vol. 13, "prueba - I", ED. Rubinzal Culzoni, Pág. 206, bs. As., 1977). para acreditar su existencia y entidad el juez debe apreciar las circunstancias del hecho y de la victima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral (Bustamante Alsina, Jorge, "Equitativa valuación del daño no mensurable", ll 1990-a-655). (En el caso, el incidentista de 46 años -al momento del examen, ex dependiente de la concursada- fue sometido a un nivel sonoro entre 85 dba y 90 dba, sin que se encuentre probada la provisión por parte del empleador de protectores auditivos, fijándose en concepto de indemnización por daño moral la suma de $ 1500).
Derecho penal, competencia, abuso sexual, material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Riveros, Víctor c/  s/ s/ Averiguación de delito s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

No es dudoso que la denuncia describe una conducta que encuadra claramente en el tipo penal previsto por el art. 119, CP, aún no transferido a la justicia local. Ello implica que incumbe al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional intervenir, con el alcance que le impone la ley nacional adjetiva -vale señalar, por lo demás, que investigar, como propone el magistrado nacional, no es función de los jueces en la CABA-. Esa competencia subsistiría aún si la causa evolucionara hacia una figura penal transferida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Prueba documental, agregación de la prueba documental, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL
Carátula: RUSSOMANDO, Ricardo José c/ GOIJMAN, Mario Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Si bien es cierto que el inc. 3º del art. 260 del Código Procesal, permite presentar documentos de fecha anterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia (si se afirmare no haber tenido conocimiento de ellos), no puede soslayarse que deben darse razones suficientes y verosímiles para poder agregar la documentación omitida, debiendo señalarse la relación que pueda tener con el litigio, y, si del escrito correspondiente no aparece la pertinencia como para ser acogida, corresponde su rechazo.
Resoluciones, tasas de interés, incumplimiento del contrato, error inexcusable
Materia: LABORAL
Carátula: OZAN, HECTOR L. c/ HERNANDEZ, ANGEL F. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Aún dentro del marco establecido por la res. CNAT nro. 6/91 modificada mediante acta CNAT nro. 2100 del 24.6.92, nada obsta a que puedan existir tasas diferenciales de interés para que rijan durante el lapso en que subsistiere el incumplimiento del deudor de un modo procesalmente inexcusable. En tal sentido, esta Sala a partir del caso "Heredia, Antonio R. c/Tiuc s.a. s/despido" sent.

50682, 19.10/93 estableció que mediando intimación del pago del crédito liquidado en ocasión del art. 132 de la ley 18345 sin que el deudor lo satisfaga, tal renuencia autoriza que a partir de ese momento y hasta que se produzca la cancelación íntegra y efectiva, el juez o tribunal pueda fijar la tasa diferencial de interés que sea estimulante de la finalidad del proceso y disuasivo de conductas pugnantes contra el principio de eficacia de la jurisdicción.
Pena, menores, Tribunal de Menores, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: G., M. N.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

Resulta procedente diferir la imposición de la pena que pudiera corresponder hasta tanto se cumpla con los requisitos previstos en el art. 4 incs. 2 y 3 de la ley 22.278. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-16


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 16 de 2008.

Y VISTOS:

1. Apeló el productor asesor de seguros Sr. Carelli la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación de fs. 89/91 que le aplicó una sanción de inhabilitación por tres meses. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 105/7.

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación sancionó al apelante al comprobar que el productor omitió comparecer con sus registros de uso obligatorio.

Los fundamentos vertidos por el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara que precede a este decreto, que esta Sala comparte y que por evidentes razones de economía y celeridad hace suyos, son suficientes para admitir en forma parcial el recurso interpuesto.

3. El art. 59 de la ley 20.091 establece una escala de sanciones, prescribiendo que la pena debe graduarse de acuerdo con las funciones del infractor, la gravedad de su falta y la reincidencia.

En el sub lite, tratándose de un incumplimiento a un deber formal, sin que pueda verificarse la ocurrencia de un daño concreto imputable al recurrente, corresponde modificar el tipo de sanción reduciéndola a un llamado de atención.

3. Con el alcance expuesto en el punto 2 de la presente, se admite en forma parcial el recurso de fs. 105/7 y se revoca la decisión apelada. Notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase. El doctor Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara. -Ana I. Piaggi. -María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. -Miguel F. Bargalló.
Prisión preventiva, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., C. D. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-26

No hay ilegitimidad fundante de "error judicial" cuando el acto jurisdiccional se dicta de un modo formalmente regular y con un contenido que enmarca dentro de un razonable criterio judicial de apreciación de los hechos y del derecho aplicable, aunque las personas a quienes dicho acto afecta puedan sentirse perjudicadas y objeto de una decisión arbitraria.
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Nicolás Terreri y otra. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

La regulación efectuada por la Corte no está determinada por el valor de los honorarios fijados en las instancias anteriores, sino por el monto disputado ante sus estrados.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, Derecho ambiental, contaminación de aguas, vertimiento de desechos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDURIA "LAS COLONIAS SOCIEDAD DE HECHO DE PACE Y PAPILLO" c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 304 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Previo a considerar el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por las actoras, debe disiparse la confusión en que han incurrido las mismas al mezclar dos órdenes distintos de planteos: por un lado están los agravios dirigidos al procedimiento propiamente dicho llevado a cabo por la Dirección Provincial de Obras Sanitarias al realizar los análisis físicos-químicos y bactereológicos de una muestra de líquidos residuales tomada del establecimiento de su propiedad (falta de participación de un representante suyo en los controles efectuados) y, por otro, están los vinculados a la falsedad de los datos de la constatación. Ello así, por cuanto la supuesta falta de control del procedimiento administrativo no conduce de modo inexorable a la falsedad de los datos del acta, tal como lo postulan las actoras en la demanda. Uno y otro agravio exigen esfuerzos argumentales y probatorios distintos e independientes, lo cuales no han sido llevados a cabo con éxito en autos.
Resoluciones judiciales, sentencia, monto de la indemnización, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL DELTA SA c/ RAMALLO SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

En la hipótesis prevista por el CCI 165 in fine, el órgano jurisdiccional, a quien le compete la dificultosa y delicada tarea de fijar el monto indemnizatorio, solo debe cuidar, y evitar, incurrir en el extremo del exceso -de modo de apartar la posibilidad de que la indemnización constituya un rédito o ganancia para el sujeto dañado- y en el extremo del defecto -de modo de no establecer una indemnización irrisoria, que desnaturalice el sentido y alcance de la reparación debida al dañado por el sujeto responsable por tal daño-. Entre ambos extremos el tribunal ha de actuar sobre la base de una prudente discrecionalidad.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cono Sur S.A. s/ Acción Administrativa c/Municipalidad de la Ciudad de Formosa (Inc.  Ejecución de Honorarios Ing. Sosa Pinilla) de la Ciudad de Formosa (Inc.  Ejecución de Honorarios Ing. Sosa Pinilla)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-09

El concepto de "gravedad institucional" ha sido construido pretorianamente por el más Alto Cuerpo de la Justicia Nacional y comprende "aquellas cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad". Asimismo la doctrina judicial sobre el tema especifica las pautas para delimitar su aplicación: a) que la cuestión comprometa las instituciones básicas de la Nación; b) que atente contra los principios fundamentales de la Constitución Nacional: defensa en juicio, propiedad, libertad de prensa, familia, progreso y bienestar general; c) que esté en juego la autonomía de las provincias; d) declaración de inconstitucionalidad de las normas; e) que la garantía conmueva a la sociedad entera; f) trascendencia de la cuestión debatida por las proyecciones que pueda tener en el futuro, etc. La Corte Suprema de Justicia de la Nación exige que la gravedad institucional sea alegada oportunamente y probada por la parte interesada debiendo ser inexorable la concurrencia de ese extremo.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS, OVIDIO. s/ ACCION CIVIL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-23

No corresponde en la alzada fijar indemnización por daños y perjuicios si no fueron motivo de decisión en la sentencia de primera instancia por no haberse reclamado en el momento correspondiente.

Si la querellante quería sostener que presentó bien y oportunamente la demanda civil, debió pedir aclaratoria al sentenciante, lo que no hizo, razón por la cual debe rechazarse su pretensión en lo referente a que la Sala decida sobre la indemnización de los daños
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Defensor General c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-23

La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad- de conocimiento deferido originaria y exclusivamente a este Superior Tribunal de Justicia, carece de regulación específica -como en numerosas oportunidades el Cuerpo lo ha puesto de manifiesto- en la Provincia. Por esta razón, se ha encausado procesalmente por la senda ritual dada por el artículo 322 del CPCC, siguiendo de este modo a la Corte Nacional, que ante la imprevisión normativa en el orden nacional de una vía directa y especial, la vino admitiendo pretorianamente por aquel cauce.
Servicio telefónico, interrupción del servicio, incumplimiento del contrato, daño moral, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARPENTIERI DE CHARLIN, MONICA LILIANA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICAC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Es razonable aceptar que la privación del teléfono durante prácticamente un año debió producir en la vida matrimonial de los actores -por la especial modalidad laboral del demandante- inconvenientes serios, capaces de alterar la tranquilidad del grupo;

conclusión particularmente apropiada si se tiene en consideración que los accionantes son padres de dos menores de edad, por lo que la incomunicación proyecta naturalmente un factor de zozobra tanto en quien sale a la calle a ejercer la profesión como en quien queda al cuidado del hogar. Cabe añadir que está demostrado que la actividad de esparcimiento del Doctor Charlin -como integrante de un núcleo musical de amigos-se vió continuamente perturbada por las dificultades de comunicación derivada de las fallas telefónicas. Así las cosas, turbada la tarea profesional del actor, la tranquilidad de la vida familiar y el modo habitual del Doctor Charlin en obtener su distracción -en una sociedad donde el stress laboral es causa de alteraciones patológicas psicosomáticas de alarmantes proporciones- tan prolongada privación de la línea telefónica debió necesariamente producir un menoscabo serio al derecho de llevar una vida dotada de adecuada serenidad, indispensable para la salud del grupo familiar.

Y como la indicada consecuencia perjudicial aparece como el resultado propio del incumplimiento de la empresa -según juicio de prudencia basado en lo que normalmente sucede según el curso ordinario de las cosas-la existencia del daño en estudio no requiere la producción de prueba específica.