marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ardohain, Julio Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa y su acum. B. 58090
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

Toda alteración en la remuneración del agente activo debe ser trasladada al jubilado (art. 50 del dec. ley 9650/1980), sin que quepa al organismo previsional hacer ningún tipo de discriminación o distinción al respecto que no sea la de determinar si las sumas en cuestión encuadran dentro del concepto de remuneración que contempla el art. 41 del mismo texto legal.
Recursos, resolución denegatoria, aplicación de la ley, jueces, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Obra Social del Personal Edificios Renta y Horizontal Capital Federal y Gran Buenos Aires (O.S.P.E.R.Y H.) s/ otros S.A.O. Y R.C. en Ochoa de Eguileor, Jorge E. c/ Obra Social del Personal Edificios Renta y Horizontal Capital Federal y Gran Buenos Aires (O.S.P.E.R. Y H.) S/ Acción de Amparo (Expte. N° 7874/2018) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-27

Corresponde desestimar sin más trámite la "queja por denegación del recurso extraordinario federal Ley 48", toda vez que no se dirige contra la denegatoria de alguno de los recursos que habilitan la intervención de este Tribunal -como podría ser el recurso de inconstitucionalidad- sino contra una resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada. En ese caso, el recurso directo debe interponerse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme lo establecen los artículos 285 a 287 del CPCCN. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).

Corresponde remitir el escrito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda vez que presumiblemente está dirigido a dicho organismo, en cuanto cuestiona la denegatoria de un recurso que solicitaba su avocación. (Del voto en disidencia de Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cheque
Materia: PENAL
Carátula: B, R R I s/ Cuestión a resolver: Un cheque librado sin fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ¨Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71) fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ­Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-03-18

La circunstancia que el cheque fuera emitido con fecha en blanco y no pagado por cuenta cerrada, no obsta a la validez del documento como instrumento cambiario, porque aún aceptado que la fecha haya sido puesta al presentarlo al cobro, no impide que la entrega del documento, con fecha en blanco, pueda considerarse como un mandato conferido al recibidor del documento, conforme lo disponen los articulos 1016, 1872, 1873 y 1874 del Código Civil, que ha cumplido con una exigencia formal de colocar la fecha, por lo que resulta írrito oponer esa omisión al contenido del documento, para desmerecer su esencia. (Del Voto del Dr. Araya). En el caso, la cuestión a resolver era si un cheque librado sin fecha, rechazado por falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por el tenedor denunciante, era o no título apto para configurar el delito previsto por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, honorarios del perito, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Benedetto, Luisa Leonor c/ Romano Larroca, José Gerardo. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que, por la circunstancia de que los letrados estaban legalmente facultados a estimar valores (art. 23 de la ley 21.839) el perito debía proceder del mismo modo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Derecho laboral, crédito laboral, naturaleza alimentaria, intereses moratorios, tasa activa, tasa pasiva, jueces, facultades discrecionales, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: XX s/ ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a  pagar a partir de la vigencia de la "Ley de Convertibilidad" nro.  23928? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-23

En cuanto al tipo de tasa para los créditos laborales, se considera justa y equitativa la aplicación de la tasa promedio. Centrado el anatema en la tasa activa y en todo interés desmedido que pueda acentuar nuevamente el proceso inflacionario con grave daño para la comunidad, y reconocido por otra parte por la Corte Nacional el carácter facultativo para los jueces de la tasa de interés prevista en el artículo 10 del decreto 941-91 y sobre todo su función referida a la realización efectiva del derecho en las situaciones reales (conjugación de lo fáctico con lo normativo), agregado ello a la ponderación de las consecuencias que normalmente derivan de sus fallos como patrón de control de razonabilidad de la interpretación y coherencia con el sistema normativo total, indicarían la posibilidad de otro método de fijación de la tasa del interés moratorio que sin ser la tasa pasiva y sin contravenir los fundamentos analizados, ni generar las peligrosas consecuencias que se pretende neutralizar, resultaría más adecuada a la específica naturaleza alimentaria de las deudas laborales y al mantenimiento del contenido económico de la condena ajustado al mandato del constituyente expresado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Tal es el método de remediar entre las tasa activa -esto es la que el Banco cobra en las operaciones por descuentos de documentos comerciales- y la tasa pasiva que es la que abona a sus ahorristas. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podestá -En Mayoría-).

La cuestión a resolver es: ¿Qué tasa de interés corresponde aplicar al capital condenado a pagar a partir de la vigencia de la "ley de convertibilidad" Nro. 23928?
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Otaso, Bonifacio s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Es insuficiente por su singularidad la existencia de un testigo hábil como prueba de cargo (art. 249 -n.a.- C.P.P.).
Suspensión del acto administrativo, ordenanzas municipales, presupuesto, remisión de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Palo Santo c/ Honorable Concejo Deliberante de Palo Santo s/ suspensión de la ejecución del acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-19

Es procedente, en los términos del artículo 22 del Código Procesal Administrativo, la suspensión de la ejecución de las Ordenanzas que dispusieron la eximición del pago del 80% del capital adeudado por todos los contribuyentes inscriptos y en mora con sus obligaciones fiscales con la Comuna y la quita del 100% de los intereses adeudados por todos los contribuyentes al momento del vencimiento de las deudas registradas, pues tal resolución implica un recorte en el presupuesto vigente que afecta de manera directa a los recursos originarios del Municipio, sin surgir de sus considerandos nada que permita advertir que se ha hecho un análisis de la incidencia presupuestaria de la medida dispuesta ni referencia alguna a los recursos con que habrán de cubrirse los montos que dejarán de percibirse por la exención y quita de intereses, todo lo cual lleva a considerar "prima facie" que las ordenanzas adolecen de un vicio que sellaría su nulidad, pues el Intendente Municipal es quien tiene a su cargo proyectar el cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.
Entidades financieras, fuero de atracción
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Zilito  Silvia  Haydee  y  otro c/ PEN  -Ley 25.561 Dto. 1570/01214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-17

En la exclusión de activos y pasivos del art. 35 bis de la ley de Entidades Financieras, unos y otros se transfieren por valores equivalentes, conforme las normas contables aplicables a los balances de las entidades financieras. En este régimen, los adquirentes de activos y pasivos excluidos no son continuadores de la entidad reestructurada. (Consid. XI).
Sistema republicano, debido proceso, Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, limitaciones a los poderes públicos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-01-31

El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal para cualquier órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder respecto de las demás personas, resultando ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención Americana, lo que se torna más crítico cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino que se impone el respeto a las garantías mínimas del debido proceso respecto de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
Modalidades del contrato de trabajo, contrato de beca, pasantías
Materia: LABORAL
Carátula: La  Morgia  Luciana  Carolina c/ Universidad  de  Buenos  AiresFacultad de Ciencias Económicas s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-31

No habiéndose configurado la pasantía educativa, tampoco corresponde aplicar al caso las previsiones de la L.C.T.. Ello así, toda vez que los dependientes del Estado Nacional, en sentido amplio, están excluidos del Derecho del Trabajo Privado. materializado en la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que se configure la hipótesis especifíca del art. 2 inciso a) de este cuerpo legal, o sea, la existencia de un acto expreso que los incluya o que exista una convención colectiva de trabajo. Si, como en el caso, no existe ese acto voluntario expreso o inequivoco, emanado del Estado receptor de la prestación o, en su defecto, de una ley, la cuestión sólo puede ser juzgada en el marco del derecho público y con ajuste a las preceptivas del derecho admnisitrativo (em este sentido Fallos 314:376 "Leroux". Fallos 300:1138 "Morante"). (Del dictamen del Fiscal General al que adhiere la Sala). Toq. 1180.
Derecho laboral, estación de servicio, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: González María Victoria c/ La Rotonda Combustibles S.R.L. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

No se advierte determinado claramente en autos que las actividades cumplidas por la actora -moza- compatibilicen con el concepto de operaria en los términos del art. 5 del CCT 521/07, pues técnicamente un operario no es un mozo, no obstante corresponde aplicar de todas maneras dicho convenio, teniendo en cuenta además que la demandada no logró acreditar que el minimercado situado en la estación de servicios constituya una unidad funcional diferenciada de aquélla, en consecuencia corresponde calificarlo como un anexo de la misma (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
IVA, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Laurini, Juan C. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Según el régimen para el pago del Impuesto al Valor Agregado adoptado por la ley 20631, modificada por la ley 23765, los sujetos responsables se clasifican en inscriptos y no inscriptos. En el supuesto de los responsables no inscriptos, su tratamiento es similar al del consumidor final, encontrándose excluidos del procedimiento de retención a que hacen referencia los arts. 1 a 3 de la Resolución General Nro. 3316 de la D.G.I. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento laboral, ejecución de sentencia, bonos de goce y de participación, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ABRAMOVSKY, ROBERTO ENRIQUE Y OTROS c/ ARGENTINA TELEVISORA COLOR  S.A.  E.L.  L.S.  82  T.V. CANAL 7 s/ ACCIÓN ORD. NULIDAD ADMIN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20

Cabe declarar la inconstitucionalidad los arts. 59 y 60 de la ley 26.546 u otros similares (v.gr., los arts. 64 y 66 de la ley 25.827, 51 de la ley 25.967 y 61 de la ley 26.198), en cuanto permiten la modificación de la serie de bonos, imponiendo condiciones más gravosas para la percepción del crédito. La emergencia no supone la eliminación de los derechos sino su reglamentación más severa, la cual está condicionada, en cuanto a su validez constitucional, a la pauta del art. 28 C.N., y ello significa que el legislador no puede alterar su sustancia, de forma tal que no quede nada de ellos (CSJN, Fallos: 322:2817). Existen casos en que cabe desestimar los planteos de inconstitucionalidad de las normas citadas, y ello, cuando dichos planteos son deducidos después de la íntegra cancelación de la obligación de plena conformidad por parte del acreedor.
Concurso preventivo, proceso de verificación, indicación de la causa, mutuo, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOPER SOCIEDAD ANONIMA - POR BANCO VELOX SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La falta de negativa de la existencia del mutuo por parte de la concursada es un elemento indiciario favorable a la procedencia de la verificación, cuando no se ha planteado la connivencia entre aquélla y la incidentista.

Máxime, si la pericia contable producida ha sido concluyente en cuanto a que el pagaré de marras fue emitido a raíz de la operación de mutuo celebrada entre incidentista y concursado y que éste finalmente no pagó. Y si bien en sus libros comerciales tal operación no se encuentra contabilizada, ello deviene irrelevante frente a las deficiencias que ellos presentan (Código de Comercio:

55) y a las constancias que sí exhiben los libros de la incidentista que no fueron pasibles de reproche.
Competencia por el grado, segunda instancia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mayo de Crasiuk, Ana Lía c/ Mario Crasiuk s/ Divorcio - Tenencia de Hijos etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-10

"No cabe considerar en segunda instancia cuestiones que no fueron planteadas en primera, ni tampoco las partes pueden proponer en alzada puntos no cometidos oportunamente al juzgamiento del a - quo, aunque medie conformidad entre ellas, pues se trata de competencia por grado, que es de orden público y, atento a este carácter no puede entrarse a la consideración de cuestiones que no fueron propuestas ni menos resueltas en la instancia inferior".
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, concursos, calificación de conducta
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miglino, Domingo y Miglino, José s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Tienen carácter de sentencias definitivas las decisiones recaídas en incidentes de calificación de conducta en los procesos concursales.
Notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Luis Belsor c/ Toia, Jorge e Ilce s/ Indemnización por despido (Expte. Nro. 154-99, Resol. Nro. 59, Tomo  26, Folio 467)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-18

Debe admitirse el recurso de nulidad de la notificación por lo previsto en los arts. 24, 26 y 46 y concordantes del C.P.L. y arts. 994 y 986 del Cód. Civil desde que si bien no se logró demostrar con plena prueba que la demandada había fijado nuevo domicilio al momento de la interposición de la demanda, no resulta lo mismo con relación al codemandado a quien, no obstante conocer su domicilio con anterioridad al inicio de la acción lo cita en otro en el cual la notificación no reúne los requisitos legales previstos ni el resultado que las normas pretenden.
Compraventa de automotores, venta directa, responsabilidad del fabricante, responsabilidad de la concesionaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRESAS GUERRA, JESUS c/ FORD ARGENTINA SA. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-15

El comprador que adquirió un automovil al concesionario carece de derecho para dirigir directamente contra el fabricante y/o concedente sus reclamos por el cumplimiento del contrato, debiendo ser considerado como tercero en relacion al contrato de concesión (cfr. Cncom, sala E, 24.9.96, "Carbajo Blanco, Antonio c/ Garcia Hnos. y Cia. SA s/ sum.").
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia condenatoria, plantas de marihuana, cobertura médica, tratamiento médico, ENTRE RÍOS, obra social provincial, cannabis medicinal, Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, decreto reglamentario
Materia: SALUD PUBLICA-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la actora en las causas A., A. F. c/ IOSPER s/ acción de amparo -causa nº 25.190
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-12-21

La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó a una obra social de la Provincia de Entre Ríos, a brindar la cobertura inmediata total, gratuita e integral del tratamiento compasivo con aceite de cannabis medicinal, recetado a un niño con epilepsia refractaria, conforme los términos del Decreto Reglamentario 883/2020, sobre Investigación Médica y Científica del uso medicinal de dicha planta y de sus derivados.
Atenuantes de la pena, violencia de género, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

La invocación de la aplicación de la regla de atenuación respecto de los hechos de violencia que el imputado habría realizado contra su pareja con anterioridad a la comisión del delito de homicidio agravado en los términos del art. 80, inc. 1° CP, con sustento en que aquellos no habían sido judicializados y por ende, no fueron probados a través de una sentencia firme, no puede ser considerada, en tanto más allá de haberse acreditado múltiples y variados episodios que quedaron perfectamente contextualizados, con referencias temporales y espaciales en cuanto a su producción, lo cierto es que si la intención del legislador hubiese sido la de requerir, para la aplicación de la atenuación, una sentencia judicial que hubiese tenido por cierta la comisión de un "delito" de "violencia contra la mujer", la locución seleccionada para el art. 80 CP se debería haber mantenido en dicha expresión, como se ha plasmado con claridad en otras normas del código de fondo (art. 67, inc. a, CP), o en todo caso, hubiese debido emplear la palabra "hecho" como sinónimo de "delito". Cabe señalar que no se utiliza en nuestro Código la expresión "actos de." para aludir a delitos o hechos judicialmente constatados, lo cual resulta demostrativo de que el legislador argentino, al momento de introducir la regla en análisis procuró, de forma consecuente con la ratificación de la Convención de Belem do Pará y la sanción de la ley 26.485, excluir de la atenuación del marco penal allí previsto los supuestos en los que hubiesen mediado alguno de los "actos de violencia" contra la mujer, descriptos en las normas internacionales y legales, con prescindencia de que sobre ellos hubiese recaído una sentencia condenatoria firme (voto del juez Huarte Petite, al que adhirieron los jueces Jantus y Magariños).

Cita de "Cardozo", registro interno 5272, del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1, resuelto el 31 de octubre de 2016
Prueba, cuerpo del delito, lesiones
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RODRIGUEZ MOSQUEIRA, DELFIN s/ PRUEBA - CUERPO DEL DELITO - HOMICIDIO - ALEVOSIA - DOLO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-03

Para acreditar que las heridas sufridas por el damnificado fueron producidas por un elemento punzo - cortante, resulta irrelevante que no se haya logrado determinar cuál fue el cuchillo que utilizó el acusado para herirlo, puesto que no debe confundirse el "corpus instrumentorum" con el "corpus delictum", el cual se construye suficientemente, en el caso, no sólo con la manifestación del procesado de haber herido con un cuchillo, sino también con los dichos de los testigos presenciales y con los informes médicos sobre el tipo de herida.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Compañía Productora de Alimentos del Sur S.A. c/  s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

Solamente corresponde observar las formalidades de acuerdo y voto individual en las sentencias de segunda instancia cuando las mismas resuelven cuestiones esenciales, no revistiendo tal calidad los planteos atinentes a honorarios profesionales.(doctora Kogan, mayoría)
Cuestiones de competencia, juicios contra el Estado, ley de emergencia, competencia contencioso administrativa, competencia por la materia
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por un Hogar en Argentina  c/ E.N.-DNU 70/23  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-25

Lo atinente al cuestionamiento de la constitucionalidad del dictado de normas con fundamento en la existencia de un estado de emergencia, no determina por sí la competencia del fuero contencioso administrativo, dado que lo determinante es la naturaleza de las relaciones jurídicas involucradas y las normas que se utilizarán para resolver la controversia. Ello así, pues no debe pasarse por alto que aquella circunstancia excepcional se proyecta por igual sobre relaciones regidas tanto por el derecho público como por el derecho privado y que la existencia de un estado de esa naturaleza -que supone el dictado de normas de igual carácter por parte de los poderes estatales, a fin de conjurarlo- no otorga automáticamente a la causa un contenido público que deba ser resuelto por los jueces en lo contencioso administrativo.