Proceso penal, prisión preventiva, revocación de la prisión preventiva, cuestiones procesales, derecho a la salud, coronavirus, pandemia, crímenes de lesa humanidad, recursos
Materia: PENAL
Carátula: VAPORE, Néstor Omar s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular la resolución impugnada -en cuanto dispuso el cese de la prisión preventiva de Néstor Omar Vapore y ordenó su inmediata soltura- y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad con los parámetros aquí expuestos, en atención a que la decisión recurrida no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido, por carecer de motivación suficiente. Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por las partes, las manifestaciones de las víctimas y las constancias incorporadas, se advierte que el "a quo" no ha brindado fundamentos suficientes para sustentar que, en las actuales circunstancias, ya no existen riesgos procesales y que la detención cautelar en la modalidad domiciliaria ha dejado de ser necesaria y proporcionada (cfr. art. 319 del C.P.P.N. y arts. 210, 220, 221 y 222 del C.P.P.F), según lo oportunamente afirmado al rechazar el anterior pedido de cese de prisión preventiva, que originó el recurso de casación de la parte declarado inadmisible por esta Sala. Ni la defensa ni el sentenciante de mérito han logrado demostrar que ello se desprenda del estado procesal actual de la causa (proximidad del debate), teniendo en cuenta que varias partes han cumplido con el ofrecimiento de prueba y que el 28 de abril próximo pasado el "a quo" dispuso: "En atención al estado de autos, sin perjuicio de la feria extraordinaria dispuesta por la CSJN (Ac. N° 6/20, 8/20, 10/20 y 13/20), en línea con lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal (Ac. 10/20 del 27/4/20) a fin de no dilatar el trámite del proceso en curso -en la que se encuentran varios imputados detenidos y más de sesenta presuntas víctimas con la expectativa de que sus casos sean ventilados en debate-, con el objeto de brindar celeridad y ante la incerteza respecto al plazo en que el sistema sanitario se normalice cesando así el aislamiento social obligatorio, contando con respaldo digital de todo lo actuado, HABILITASE la feria judicial en las presentes actuaciones y, en consecuencia, cítese nuevamente a las partes en los términos del art. 354 del CPPN". En ese específico contexto, corresponde que sea evaluado el riesgo de obstaculización de la investigación, al que alude el Ministerio Público Fiscal, con referencia a las víctimas y familiares ofrecidos como testigos para declarar en el debate a realizarse, quienes residen en la misma ciudad que el encausado. Máxime, teniendo en cuenta que oportunamente una de las víctimas de los hechos que se investigan denunció al imputado por amenazas. Circunstancia admitida por el "a quo" en la sentencia. Tampoco la defensa ni el sentenciante han logrado evidenciar que la situación de emergencia sanitaria, decretada en el país por la pandemia, haya afectado el derecho a la salud del imputado, quien ha recibido la oportuna atención médica que requiere la patología que padece (cáncer de próstata), con las correspondientes autorizaciones de salida otorgadas en el marco de su detención domiciliaria. En cuanto al tiempo que lleva detenido, computable con relación a la imputación por la que se encuentra requerido a juicio, ni la defensa ni el "a quo" ha brindado argumentos suficientes para descartar la aplicación al caso de los lineamientos establecidos por la CSJN en el caso "Acosta", en cuanto a que "el plazo razonable debe medirse exclusivamente respecto del hecho que fue objeto de la prisión preventiva que se quiere limitar, y no respecto de otros ajenos a ese auto, aunque sean conexos con aquél" (con remisión al dictamen del P.G.N.), criterio que fuera invocado por el Ministerio Público Fiscal. Además, esta Sala IV tiene dicho que no corresponde adoptar un sistema por el cual las detenciones preventivas sufridas en otros procesos anteriores o paralelos, que concluyeron con la absolución o sobreseimiento, operen como 'créditos' en favor de quien resulte condenado, de modo que puedan convertirse en beneficios en abstracto aplicables a cualquier supuesto de pena impuesta posteriormente. Asimismo, la defensa no ha fundado debidamente que el precedente "Bayarri" de la Corte Interamericana rija el caso aquí en estudio, a la luz de lo establecido para su aplicación por la CSJN en el caso "Acosta", ya que conforme lo admite la parte, resulta aplicable la ley 24.390 en su versión modificada por la ley 25.430. Así, cabe concluir que el "a quo" dispuso el cese de la prisión preventiva, sin fundamentos suficientes que revelen un examen conglobado de las circunstancias relevantes del caso, que concilie los derechos y garantías constitucionales del imputado con los derechos de las víctimas -y sus familiares- (atendiendo a su particular situación de vulnerabilidad y evitando su revictimización), a fin de garantizar al Ministerio Público Fiscal la promoción y ejercicio de la acción pública en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, que le compete por mandato constitucional, en pos del cumplimiento de la obligación internacional del Estado argentino de investigar y, eventualmente, sancionar delitos de lesa humanidad como los imputados en autos al nombrado. El voto concurrente remarcó que en el caso cobra vocación aplicativa el criterio de la CSJN en cuanto a la necesidad de evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación con las obligaciones de juzgamiento y sanción de quienes resulten responsables por crímenes contra la humanidad, de acuerdo con el derecho internacional vinculante para nuestro país (Fallos: 328:2056; 330:3248 y "Vigo"). Agregó que, sin perjuicio del análisis que cabe realizar respecto del cómputo del plazo de detención que lleva padeciendo el acusado a la luz de la jurisprudencia del Máximo Tribunal, tampoco correspondía, de considerarse superado el plazo legal previsto en la ley 24.390 -extremo que se ha materializado en oportunidad de emitir la presente resolución- soslayar las pautas expuestas por aquel tribunal para resolver estos últimos casos. Adicionó que la cuestión relativa a la salud del encausado se hallaba debidamente garantizada mediante el otorgamiento de la detención domiciliaria y, en consecuencia, el análisis de los diversos factores de riesgo procesal debía ser analizado con sujeción a las pautas expuestas por la consolidada doctrina del Máximo Tribunal. Dres. Borinsky y Carbajo -voto concurrente-.