Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-12


SENT Nro. 666 San Miguel de Tucumán, 12 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada en autos: "Banco Roberts S.A. vs. Jorge Luis Rougés s/Cobro ejecutivo cta. cte. Expte Nro. 11.850"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por la demandada en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 01/7/2003, por la cual se denegó la concesión del recurso de casación incoado en contra de la sentencia de fecha 08/4/2003.

II.- El Tribunal a quo considera que en la especie no existe sentencia definitiva en los términos del art. 813 procesal pues se trata de una resolución interlocutoria que no exhibe gravedad institucional en tanto lo resuelto no supera el mero interés individual del recurrente, sin proyección en los intereses de la comunidad ni de las instituciones.

Por lo expuesto, se concluye desestimando el recurso casatorio.

III.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea, depósito judicial suficiente y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia.

Esta Corte Suprema entiende, sin embargo, que no se ha llenado en la especie el recaudo exigido por el art. 813 del CPCC en tanto, de un lado, es evidente que la sentencia recurrida (que confirma la sentencia de primera instancia que no hace lugar a la revocatoria del proveído que dispone la innecesariedad de la apertura a prueba por ser los medios ofrecidos inconducentes para la resolución de la misma y declara la cuestión de puro derecho) no es definitiva; también lo es que no termina el pleito, ni impide su continuación.

A su vez, tampoco se advierte la gravedad institucional alegada por el quejoso. En efecto, éste considera que invocando los estrechos límites del cobro ejecutivo para plantear defensas, no se puede violentar la defensa en juicio, rechazando la apertura a prueba de una causa cuando se ofrece documentación judicial en donde se demuestra que no existe una mera disconformidad con el saldo deudor que arroja una cuenta corriente, motivo de la ejecución, sino que el título parte de un contrato insanablemente nulo, y ello puede verificarse en el material ofrecido como prueba, es decir, el juicio de aseguramiento de pruebas seguido por "Dolores Torres de Rougés y Jorge Rougés vs. Banco Roberts S.A.", tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la IVa. Nominación. Relata los hechos del caso, destacando que de los cuatro juicios que sigue el Banco, en dos de ellos se admitieron la apertura de las ejecuciones a prueba. Que no admitirla en el caso implica un menoscabo de la defensa y debido proceso legal, que altera la estructura esencial que proclama el art. 167 procesal. Que no se puede sostener que se trate de prueba ineficaz cuando no se la conoce en su totalidad. Que la defensa esgrimida, con sólidas bases constitucionales y un sistema legal específico en materia de defensa del consumidor, en este caos del sistema financiero bancario no fue tenido en cu enta, ni analizado, ni merituado los argumentos contenidos en la Carta Magna y su interpretación judicial. Sostiene la arbitrariedad de la sentencia que por este medio recurre en tanto, dice, carece de fundamentación, motivación, razonabilidad, legalidad (violando los arts. 33, 34, 40, 271/3 CPCCT); y afirma la supremacía de la CN (arts. 17,18,19,28 y 42) por sobre los límites de conocimiento que tiene el proceso ejecutivo. Señala que sobre un contrato nulo no puede emerger un título válido para iniciar ni una ejecución, ni un juicio ordinario, y eso podrá comprobarse con la apertura de la causa a prueba.

Sin embargo, no se advierte la existencia de la gravedad institucional que alega el quejoso pues, como bien lo expresara la Cámara, lo resuelto no configura indefensión para el recurrente quien podrá entablar posteriormente la acción ordinaria (en el caso que en definitiva la sentencia -no dictada aún- le sea desfavorable), pudiendo allí acreditar que se alteró el bloque de legalidad constitucional que protege al consumidor de dinero, echando mano a pruebas que son propias de ese proceso de conocimiento. Agrega que la prueba ofrecida -que hace a la composición de la cuenta corriente bancaria- desborda los límites del juicio ejecutivo.

De modo que la cuestión referida trae aparejado efectos que, en modo alguno comprometen, en su existencia, el derecho de defensa en juicio; ni causa gravamen irreparable; ni se advierte violado -sino más bien respetado en su naturaleza-, el juicio ejecutivo en tanto no se advierte, por parte del tribunal de alzada, una irrazonable aplicación de las normas procesales que subvierta sustancialmente su estructura procesal.

En definitiva, se observa que el quejoso presenta, por medio del recurso tentado, su discrepancia con la tesis sentencial la cual, pese al esfuerzo argumental con que la expuso, no llega a demostrar que confluyen, en el caso, los recaudos previstos por el art. 813 del digesto procesal civil de la provincia, por lo que el medio impugnativo directo deviene insuficiente para hacer penetrar al presente caso por la vía del recurso extraordinario de la casación.

Por ello, y conforme lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E:

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 01/7/2003, con pérdida del depósito.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA