Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-23


VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 23/09/09, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que des-estimó el reclamo inicial se alza la parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 163/5, mereciendo réplica de la contraria a fs. 177/8vta.

El Dr. Isola, en su pronunciamiento, concluyó que la relación laboral que unió a las partes se había extinguido con motivo de la re-nuncia del trabajador, por cuanto el mismo no había logrado acreditar haber sido "obligado" a renunciar, tal como afirmó en el escrito inicial. En su mérito, al no exis-tir consecuencias indemnizatorias en atención a la forma de extinción del vínculo, de-sestimó los rubros indemnizatorios reclamados.

Contra tal decisión se agravia el demandante, quien sostiene que el sentenciante de grado efectuó una incorrecta valoración de los hechos y del reclamo del actor por incorrecta registración y falta de aportes previsio-nes. Arguye que su reclamo estuvo dirigido a la falta de registración laboral por un espacio de ocho años con la consecuente falta de aportes previsionales y que por ello, nada tiene que ver -a su entender- si la relación laboral se extinguió por renuncia o de otro modo, o si la misma fue forzada o voluntaria. En definitiva, critica la forma en que el judicante de la anterior instancia abordó la cuestión.

Analizada la causa, en el marco de las alegacio-nes formuladas, adelanto que la queja será desestimada.

Ello por cuanto, de la lectura del escrito inicial surge que el accionante denunció haber trabajado para la embajada demandada duran-te once años, ocho de los cuales se habrían mantenido al margen de toda registración, que la demandada no cumplió con sus obligaciones previsionales, que fue obligado a renunciar y que se le abono una indemnización insuficiente por cuanto se le recono-cieron sólo tres años, cuando en realidad correspondía una antigüedad de once.

Empero, consignó concretamente como objeto de reclamo los siguientes rubros: 1) indemnización art. 1 de la ley 25.323; 2) indem-nización art. 2º ley 25.323; 3) indemnización art. 16 ley 25.561; 4) indemnización art. 45 ley 25.345; 5) multa art. 132 bis LCT; 6) daño moral (ver fs. 8vta/9).

Ahora bien, los conceptos individualizados bajo los números 1, 2 y 3 representan sanciones por distintos incumplimientos, ya sea la incorrecta registración en el caso del art. 1º de la ley 25.323, o la falta de pago de las indemnizaciones por despido en el caso del art. 2º de la citada ley, o la violación a la prohibición de despedir en el caso del art. 16 de la ley 25.561. Empero, para la proce-dencia de estas sanciones el vínculo debe haberse extinguido por "despido", tal como lo exigen expresamente las citadas normativas. Por ello, lo cierto es que aún conside-rando -por vía de hipótesis- que el demandante hubiese acreditado que existió la irre-gularidad registral denunciada, lo cierto es que su reclamo carece del presupuesto fác-tico necesario como causa fuente para la procedencia de las mentadas indemnizacio-nes, esto es, el "despido", tal como concluyera el judicante de grado.

Ello por cuanto, como surge de sus propios di-chos, el vínculo se extinguió por "renuncia", la que debe ser considerada válida por cuanto si bien manifestó haber sido obligado a hacerlo (fs. 6vta), tal extremo fue ne-gado por la contraria (Fs. 38), y no arrimó a la causa elemento probatorio alguno a fin de acreditar tal aserto.

En tal contexto, habiendo finalizado el vínculo por la renuncia del trabajador, no proceden las indemnizaciones previstas en los arts. 1º de la ley 25.323; 2º de la ley 25.323; y 16 de la ley 25.561, por lo cual coincido con el sentenciante de grado en cuanto dispone el rechazo de los reclamos efectuados, con fundamento en dicha normativa.

Lo expuesto denota que era requisito esencial pa-ra analizar la procedencia o improcedencia de los rubros reclamados, la determinación de la forma en que se extinguió el vínculo, razonamiento que efectuó el judicante de grado, por lo cual cabe rechazar la queja vertida por el accionante al respecto.

Reitero, en nada hubiera modificado la decisión de grado el hecho de que el accionante hubiese demostrado que había ingresado en la fecha invocada en la demanda, pues la improcedencia de sus reclamos estaba sellada por la forma de extinción del vínculo, antes aludida.

El pretensor reclamó también la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25.345 y la multa del art. 132 bis LCT, más tales rubros fueron rechazados en grado y ello arriba firme a esta alzada.

También reclamo una indemnización por el daño moral que denunció haberle causado la empleadora por la incorrecta registración (es decir, del período que afirmó haber trabajado en forma clandestina) así como por la renuncia obligada que refirió.

Ahora bien, no obstante que en la lid no quedó demostrado que el demandante hubiese ingresado en la fecha referida en el inicio y que el apelante no emitió crítica alguna concreta al fundamento expuesto en el deciso-rio para su desestimación, lo cual resultaría suficiente para desestimar el reclamo, ca-be memorar que las leyes que en nuestro sistema normativo sancionan la deficiente o falta de registración son las leyes 24.013 (arts. 7 a 15) y el art. 1º de la ley 25.323, no previéndose para estos supuestos la reparación del eventual perjuicio sufrido median-te el pago de una indemnización en concepto de reparación del daño moral. En efecto, tal consecuencia, conforme la jurisprudencia de este fuero, podría proceder cuando en el acto de despido acontezcan circunstancias por las cuales se produzca ilícita y cul-pablemente daños con respecto a derechos del trabajador distintos de la pérdida del empleo, hecho no acontecido en la especie.

Por tanto, debe confirmarse también este aspecto de la sentencia recurrida por cuanto no sólo no se demostró la irregularidad registral denunciada sino que, además, no procede frente a tal conducta la reparación por daño moral pretendida.

En cuanto a la sanción prevista en el art. 132bis de la LCT, aunque no fue objeto de crítica no resulta ocioso señalar que no se han acreditado en la causa los presupuestos fácticos para su procedencia, esto es: la falta de ingreso al organismo de la seguridad social de sumas retenidas en conceptos de aportes y contribuciones, previa intimación fehaciente en la forma indicada en la cita-da normativa.

A esta altura del análisis, ninguna duda cabe que el objeto de reclamo fueron las indemnizaciones señaladas y cuya improcedencia se ha propuesto confirmar, no existiendo otro reclamo concreto con fundamento en la incorrecta registración o la falta de aportes previsionales, como ahora pretende el re-currente.

Por todo ello, propongo confirmar el decisorio de grado en todas sus partes.

Para concluir, voto por imponer las costas de al-zada a la recurrente vencida, conforme el principio objetivo de la derrota contemplado en el art. 68 CPCCN.

Finalmente, en atención al mérito y extensión de las labores desarrolladas en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda a cada una de ellas por la tota-lidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2º parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recurso y agravios; 2º) Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida; 3º) Fijar los honorarios de la representación le-trada de las partes actora y demandada por los trabajos de Alzada en el veinti-cinco por ciento (25%) respectivamente de los que cada representación letrada deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.- Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González mff Juez de cámara Juez de cámara