Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25


SENT Nro. 266 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 25 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por los letrados Arnoldo Allan A. Hagelstrom y Jorge Luis Rougés, ambos por derecho propio, en autos: "Rougés, Jorge Luis vs. Hagelstrom, Arnoldo Allan Alfredo s/Rendición de cuentas".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- A fs. 1287/1311 el letrado Allan Hagelstrom, actuando por sus propios derechos, interpone recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. del 14/12/2001, que confirmara, con las precisiones allí establecidas, lo resuelto por el inferior en grado en el pronunciamiento del 14/8/2000.

En su reseña de los antecedentes de la causa, expresa que el actor en autos lo demandó por rendición de cuentas, en virtud de la sustitución de un poder general para juicios que le había conferido la empresa Scania Argentina S.A. En particular, por los honorarios que el recurrente percibiera de esa firma durante el período 1993-1998, transcurrido entre la referida sustitución del poder y su revocación.

Pone de relieve que el thema decidendum consistía en determinar si tal obligación de rendir cuentas existía, como derivada de la mera sustitución "en el ejercicio del poder y/o contrato de mandato", respecto de las causas en las cuales la empresa aludida le abonó honorarios. En su posición, la sola sustitución no importa el deber de rendir cuentas, ni la existencia de un contrato de submandato; alegando que Scania Argentina S.A. le había encargado en forma personal y exclusiva, la realización de los trabajos profesionales involucrados en esta litis. Alegó además, que si la base fáctica de la pretensión fuera la relación nacida del Estudio Jurídico, debió intentarse otra acción.

Le agravia lo resuelto por el Tribunal de alzada, que confirmó la procedencia de la demanda de rendición de cuentas, con fundamento en la existencia de un contrato de submandato o un subpoder. Considera que el fallo desarrolló en forma correcta los principios del Código Civil en la materia, pero ha subsumido erróneamente los hechos de la causa, al concluir que la delegación del poder por sustitución sería fundamento suficiente para exigir rendición de cuentas (art. 1928, C.C.). A criterio de la sentenciante, la sustitución no implica extinción de la relación base original, y el subapoderado se encuentra vinculado al mandatario sustituyente por una relación mandante-mandatario, por lo que debe rendir cuentas. Ello en tanto el apoderado es responsable por los actos del subapoderado, y conserva la facultad de vigilancia y contralor, como la de revocación; señalando que en el caso, el poder otorgado a Rougés no designó la persona del sustituyente (art. 1909, C.C.).

2.- Alega el recurrente que el decisorio es arbitrario por errónea aplicación del derecho vigente, y deviene nulo al violar lo dispuesto por los arts. 32 y 34 del CPCC.

2.1.- En lo sustancial, afirma que el presente juicio no se funda ni en el contrato de mandato entre Scania y Rougés, ni el supuesto submandato celebrado entre el segundo y Hagelstrom, o en la relación base Hagelstrom-Rougés. Según expresa, este proceso tiene como finalidad, obtener de su parte el pago de un porcentaje de los honorarios percibidos de Scania, por su actuación profesional como "asociado" no socio del estudio jurídico Rougés y Asociados; lo cual no se habría acreditado en autos, ni puede ventilarse como rendición de cuentas porque corresponde a otro tipo de proceso.

Seguidamente, reseña los caracteres del contrato de mandato -entre ellos, su onerosidad-; destacando que puede o no ser representativo, a tenor de lo previsto en el art. 1929 de la ley sustantiva, y conforme a la doctrina que cita en su presentación. Destaca en este punto, que el mandato hace a la relación interna, llamada de base o básica en los términos utilizados por el Tribunal a quo; en tanto que el poder hace a la relación externa, que es la actuación frente a terceros. Dado que no existirían reclamos mutuos entre Scania y Rougés, postula que el proceso de rendición de cuentas se inicia por Rougés con relación a Hagelstrom.

Impugna el aserto de la Cámara, en cuanto a que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1928 del Código Civil, tanto el mandante como el submandante tendrían derecho a exigirle rendición de cuentas. A su criterio, la relación de submandato no autoriza al actor a exigir rendición de cuentas de los honorarios percibidos por su parte a título de contraprestación por los servicios profesionales desempeñados; pues su destino es ajeno al derecho del mandante a pedir rendición de cuentas. Tal razonamiento sería ilógico e incongruente, ya que en realidad la pretensión de autos no deriva del submandato sino de una hipotética relación base entre el titular del estudio jurídico y un asociado, regida por otras reglas.

Manifiesta coincidir acerca de la existencia de una relación entre Rougés y Scania, consistente en asesoramiento jurídico y atención de juicios, incluyendo representación judicial y asesoramiento; que en los términos del fallo, llevaría implícita una relación de mandato. Mas discrepa en que de ello pueda derivarse una base interna para explicar el vínculo entre esa empresa y su parte; confundiendo de este modo mandato y poder.

Postula que, admitida por vía de hipótesis la relación de mandato, la misma no habilitaba al actor a requerirle rendición de cuentas por los honorarios que Scania le abonara; lo que a todo evento derivaría de una fuente jurídica diversa. Puntualiza que todas las atribuciones conferidas por la ley al mandatario o submandatario refieren a las obligaciones asumidas frente al mandante, lo que no está discutido en autos; pues el reclamo se vincula a una distribución de honorarios.

En su versión de los hechos, el actor le otorgó subpoder en virtud de la relación jurídica que mantenía el recurrente con Scania; que no se tipificaría como una relación de submandato, sino directamente de mandato, y sería una cuestión ajena a la presente litis. Atribuye arbitrariedad al decisorio, en cuanto afirma que la delegación del poder por sustitución es fundamento suficiente para exigir la rendición de cuentas; cuando lo discutido en autos es la relación interna entre ambos profesionales. Postula, en este punto, que la sustitución del poder significa delegación del poder representativo, pero no un mandato; que cada abogado tenía mandatos distintos, aunque uno era apoderado y el otro subapoderado, y que la sustitución del poder no es causa de la obligación de rendir cuentas. Añade que el testimonio de sustitución de poder general para juicios sólo prueba el apoderamiento, pero no el contrato de mandato; y que Scania le encomendó en forma personal y exclusiva los trabajos profesionales, por lo que el actor carece de derecho a pedir rendición de cuentas o a percibir porcentajes de los honorarios que Scania le abonara.

2.2.- A su entender, el pronunciamiento es arbitrario por no valorar debidamente elementos probatorios que avalarían lo expuesto. Considera que de la misma demanda, y de las cartas-documento obrantes en autos, surge que Rougés desconocía cuáles eran las causas motivo de esta litis; con lo que también ignoraba las mandas concretas, cuya titularidad estima un presupuesto básico de esta demanda de rendición de cuentas. En particular, menciona la carta documento remitida por Scania al actor previo a la iniciación de este juicio; demostrativa no sólo de la ausencia de mandato para actuar en tales causas, sino de una expresa prohibición de intervenir en ellas (fs. 436 y 1039 vta. de autos).

Cita además el informe de la empresa agregado a fs. 1032/1033, donde se expresa que Scania Argentina S.A. elige libremente a qué abogados encarga la representación y patrocinio letrado en todos y cada uno de sus asuntos en litigio; que abonó al Dr. Hagelstrom los trabajos encomendados a él, y que este profesional continúa siendo apoderado de la empresa, en tanto que el Dr. Rougés ya no reviste tal carácter. Se informó además que la sustitución de poder fue otorgada con conocimiento de dicha firma; derivando de ello que habría existido indicación del dominus y no una liberalidad del actor, o una supuesta división interna de tareas en un estudio jurídico. Pone de relieve que inmediatamente después de revocada dicha sustitución, la empresa le otorgó un poder general para juicios, lo que estima importante presunción sobre la verdad de los hechos. Sostiene que invistió la condición de proveedor individual de Scania, a quien facturaba directamente sus servicios profesionales; lo cual también hacía el actor, y por montos superiores.

Destaca igualmente el contenido de la nota de fs. 441 remitida por el Sr. Alberto Hurtado, Gerente de Relaciones Industriales de la firma y encargado de tratar con los abogados durante el período controvertido en autos; que da cuenta de la locación personal y exclusiva de su actividad profesional, directamente retribuida en virtud de una relación contractual directa.. A su vez, el memo interno de fs. 208 probaría que Hagelstrom era abogado consultor, y que la empresa podía contratar otros consultores; lo cual excluiría un convenio de exclusividad con Rougés. El detalle de juicios obrante a fs. 404 y ss. probaría además que en Tucumán, dicha empresa contaba con tres letrados.

En cuanto al informe del Banco Robert's, entiende que su contenido surge que el Dr. Rougés dejó de pagarle los trabajos que realizaba. Expresa haber recibido cheques durante 1992 y 1993, y liquidado cuentas pendientes en octubre de 1994; pero que Rougés dejó de pagarle cuando Scania lo contrató directamente para asuntos determinados. Alega que mantuvo contabilidad separada de la del actor, con quien jamás intercambió facturas, salvo en épocas anteriores.

De otra parte, considera que en la instancia de mérito se han tergiversado las declaraciones del Dr. Frías Alurralde, incurriendo en arbitrariedad fáctica. Pone de relieve que el nombrado sostuvo a fs. 768 haber sido socio del Dr. Rougés y que trabajó con el Dr. Hagelstom durante varios años, como "compañero de estudio". Interpreta que conforme a sus dichos, el testigo no era asociado ni socio de Hagelstrom, sino que compartían el estudio, y que su vínculo con el Dr. Rougés era distinto del que mantenían actor y demandado. Al respecto, señala que el convenio de disolución de estudio le es inoponible, por no haber participado del mismo.

Le agravia el argumento del fallo, en cuanto concluyera, no obstante las pruebas que constan en autos, que de acuerdo a la nota agregada a fs. 208, 54 y 391, la relación era entre Scania y el estudio Rougés y Asociados. También cuestiona el encuadre de su relación con el actor, atribuyéndole la condición de asociado no socio de ese estudio, sin precisar las consecuencias jurídicas de esta última calificación. Reitera que no le es oponible el convenio firmado con Frías Alurralde; y que a todo evento, el actor debió ejercer sus pretensiones en un juicio ordinario. Que Scania pagó a Rougés cifras mayores a las que él percibió, por lo que en todo caso en realidad él sería su deudor y no a la inversa.

Relativiza la importancia que la sentenciante asignó al pago de todos los costos del estudio, a cargo del actor. Argumenta que parte de ellos eran trasladados a los clientes -incluida Scania Argentina S.A.-, y que su permanencia en el estudio importó la realización de otros trabajos con los que compensaba dichos gastos. Que Rougés también se benefició con su presencia, pues ello le permitió distribuir y dividir tareas, y atender a grandes empresas. Que no se trató de una sociedad accidental; y tampoco cabe considerar que medió un contrato asociativo como se infiere del fallo impugnado. En este punto, reitera la contradicción atribuida al decisorio, pues no quedaría claro si debe rendir cuentas por un supuesto contrato asociativo, o por las reglas del mandato o submandato.

Cita doctrina sobre la naturaleza de la agrupación de abogados; que puede fluctuar desde una comunidad de uso hasta la híbrida expresión "asociados". Manifiesta que las mismas no siempre son societarias, ni importan distribución de utilidades; añadiendo que nada habría probado el actor en este punto, y que de haber demandado en virtud de la relación interna entre ambos, debió haber acreditado que cumplió con las obligaciones asumidas (arg. art. 1201, CC), en el marco de un proceso ordinario, y realizando el pertinente balance especial para distribuir el resultado neto. Califica su relación con Rougés -en base a los hechos relatados en su demanda- como actuación agrupada (o conjunta) de abogados, donde se pacta en cada caso pues rige el principio de autonomía de la voluntad; y el cliente sabe y acepta que su caso es atendido por un grupo de profesionales como equipo, pero mediante atención personalizada. Que en tal hipótesis, el cliente mantiene un vínculo personal e independiente con el profesional, y sustituye la relación que éste tuviere con el grupo del que forma parte.

Como doctrina legal, postula que "Tratándose de actuación agrupada de abogados, los honorarios que se perciban corresponden al grupo en la proporción pactada, salvo cuando el servicio profesional haya sido solicitado en forma personal, pues en tal caso la relación con el cliente es eminentemente personal y sustituye la relación que el profesional tenga con la agrupación".

Atribuye ausencia de lógica al pronunciamiento, en cuanto establece que debe rendir las cuentas reclamadas, por el hecho de haber utilizado el estudio y su infraestructura; pues de ser así, su obligación cesó en septiembre de 1997, cuando se trasladó a otro inmueble. Que no existiría prueba por escrito del mandato y submandato, ni de las razones por las cuales debería compartir sus honorarios con el actor; cuando ello no se pactó, ni el Dr. Rougés le participó de los cuantiosos emolumentos por él percibidos de Scania. Y si se tratare de una relación base de agrupación o agrupamiento profesional, debió demandarse la disolución de la agrupación en el marco de otro proceso, por lo que este juicio no es apropiado para tal fin y así debió declararse, dada la improponibilidad de la demanda. En definitiva, al ser trabajos encomendados a él personalmente, la retribución percibida le pertenecería y no debe rendir cuentas, ni participar de ella al actor. Tal la solución correcta que reclama en esta instancia casatoria.

2.3.- Finalmente, cuestiona el criterio sentencial, de hacer extensivos a su parte los términos de un convenio en el que no intervino, ya que fue celebrado entre Rougés y Frías Alurralde. Aplicando sus pautas, la Cámara determinó que la participación de las ganancias obtenidas por Hagelstrom debe ser deducido el 22 % correspondiente al segundo -quien nada reclamó-, en tanto que al demandado le correspondería el 38%, y al actor, el 40% restante. Propone doctrina legal, en el sentido de que "Es arbitraria la sentencia que hace oponible el efecto directo de una convención a quien no fue parte sustancial de la misma, violando lo dispuesto en el art. 1195 del C.C." Expresa coincidir en que de acuerdo a la ley adjetiva, el juicio de rendición de cuentas presenta cuando menos dos etapas diferenciadas. La primera, exclusivamente destinada a establecer la existencia o inexistencia de la obligación de rendirlas, salvo que se hubieren acumulado pretensiones que supongan una respuesta afirmativa. La segunda etapa comienza luego de la condena, con el objeto de que se presenten las cuentas, y culmina por sentencia que las aprueba o no, y establece el saldo activo. Eventualmente, se abrirá una tercera etapa destinada al cobro del mismo.

A su entender, el fallo en recurso ha alterado la estructura del procedimiento de rendición de cuentas, al declarar no sólo que tal obligación existe, sino también el porcentaje correspondiente a favor del actor, que no fue materia del thema decidendum; en violación de la normativa del art. 34, CPCC, y privando a su parte del derecho a una doble instancia. Reclama se aplique como doctrinas legales, que "Es arbitraria la sentencia que reconoce un porcentaje de distribución de honorarios, en el marco de un juicio de rendición de cuentas, que no había sido solicitada por el actor, violando así lo dispuesto por el art. 34 del CPCT"; y que "Es arbitraria la sentencia dictada en el marco de un juicio de rendición de cuentas que en la primera etapa no sólo se limita a afirmar la existencia de la obligación de rendir cuentas, sino que determina porcentajes que le corresponde percibir al actor, determinando el saldo del activo, lo que no era tema de discusión en la etapa".

2.4.- De otra parte, le agravia el orden de imposición de las costas procesales, por haberse distribuido sin atender a lo dispuesto por el art. 106, CPCC. Destaca que fue eximido del pago de las mismas sólo en la segunda instancia, a mérito de que existieron razones probables para litigar; cuando tales razones también existieron ab initio, lo que autoriza a adoptar igual temperamento respecto de lo actuado en la primera instancia.

Al punto 5 de su memorial, propone en extenso las doctrinas legales cuya aplicación reclama, acordes a los agravios previamente reseñados. Como normas violadas, cita los arts. 32, 34, 106, 272 y 445 de la ley adjetiva; arts. 218, 1195, 1869, 1909, 1911, 1929 y cc. del Código Civil; y reitera reserva del caso federal, por violación del debido proceso legal que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional.

Corrido traslado de ley, a fs. 1376/1404 es respondido por la contraparte.

2.5.- El fallo fue también recurrido en casación por el actor; quien coincide en que la sentencia habría resuelto extrapetita, lo atinente a los porcentajes correspondientes a cada letrado. Alega que en la presente litis debía definirse únicamente si el accionado debe o no rendir cuentas, y en su caso, en virtud de qué relación jurídica. Que el Tribunal a quo se excedió al determinar proporciones de distribución, alterando la estructura del procedimiento previsto por la ley adjetiva, en violación de los arts. 166, 34, 272, 273 y cc. del C.P.C.C., art. 28 de la Constitución de la Provincia y arts. 18, 19, 28, 33 de la Constitución Nacional.

Pone de relieve que el tema presenta caracteres de definitividad, dado que los porcentajes establecidos no podrán discutirse en juicio posterior. Señala que en el responde, el accionado admitió haber percibido una remuneración mensual, por lo que resulta improcedente reconocerle el porcentaje mencionado en el contrato celebrado entre el recurrente y el Dr. Frías Alurralde. Que este convenio fue negado por Hagelstrom, quien lo calificó como de complacencia; como también ha negado la existencia de cualquier vinculación asociativa con el estudio del que es titular. A todo evento, postula que los porcentuales referidos en el acuerdo de disolución se aplican sobre el resultado neto -sin excluir a Frías Alurralde-, y no sobre el bruto percibido.

Simultáneamente, planteó recurso de aclaratoria, admitido en los términos del auto de fecha 21/3/2002 (fs. 1348/1349). A fs. 1360/1374 corre agregado el responde del demandado.

Por sendas resoluciones del 20/6/2002 (fs. 1408/1409), la Sala a quo concedió los recursos interpuestos. Corrida vista de ley, el Sr. Ministro Fiscal se pronunció por la admisión del agravio referido al porcentaje societario que la Sala a quo adjudicara al demandado; entendiendo que se trata de una decisión extra petita, y por ende violatoria de la estructura esencial del procedimiento.

3.- Al recurso del demandado:

Previo al análisis de los agravios fundados en la errónea aplicación del derecho sustancial, corresponde examinar la denuncia de arbitrariedad que plantea el impugnante, por errónea determinación de los hechos de la causa que conforman la base fáctica del pronunciamiento en recurso.

3.1.- La posición del demandado tiene como premisa esencial, la afirmada independencia de su relación con la empresa Scania S.A.; vínculo que reiteradamente sostuvo ajeno a su relación con el estudio de titularidad del actor.

La Sala a quo tuvo por demostrado que entre el actor y Scania S.A. existía una relación contractual interna básica, de antigua data, consistente en asesoramiento jurídico y atención de juicios; haciendo mérito del informe de fs. 208, y de los poderes generales para juicios cuyas copias corren agregadas en autos. Consideró que estos instrumentos no constituyeron ofertas de mandato, como pretendiera el accionado, "puesto que la relación contractual básica entre Rougés y Scania existía, referida a la atención profesional en sus distintos aspectos, incluyendo representación judicial y asesoramiento". Añadió que el poder conferido al actor en el caso concreto de autos, constituye el lado "externo" de la relación contractual, que legitima la actuación de aquel frente a los terceros en representación de Scania. Entendió la sentenciante que fue sobre dicha relación interna básica o causal, consistente en el acuerdo para la atención jurídica de Scania, de carácter representativa por haberse conferido poder a Rougés, que éste sustituyó el poder de representación en Hagelstrom, integrante de su estudio jurídico. De ello extrajo que medió sustitución de esa relación básica contractual, mediante la sustitución del poder general para juicios; y que Rougés estaba autorizado a efectuarla.

El Tribunal puso de relieve que la pretendida indicación de Scania, de sustituir el poder a nombre de Hagelstrom, no surge de la escritura respectiva (fs. 25/31), por lo que el acto fue efectuado en los términos del poder original (fs. 16/21), que faculta la sustitución pero sin indicar sustituto. Al respecto, destacó el contenido de la nota remitida por Scania (fs. 208, 54 y 391), informando que "la Empresa tiene contratado en Tucumán servicio de Asesoramiento legal con el estudio Rougés, siendo el abogado consultor el Dr. Allan Hagelstrom"; y que "la Empresa podrá contratar el servicio con otros consultores". Consideró que de ello resulta que la relación de Scania era con el Estudio Rougés y Asociados, aún cuando se entendían directamente con Hagelstrom en su condición de integrante del mismo, y sin perjuicio de su derecho a contratar otros asesores que no pertenecieran al estudio Rougés con el cual trataba Scania. Entre otras pruebas, valoró además que Hagelstrom elaboraba los informes del estado de los juicios, en hojas con membretes del estudio Rougés; y que las notas de fs. 55 a 58 fueron remitidas por la Empresa a dicho Estudio.

Los jueces de mérito desestimaron los argumentos y pruebas invocadas por el demandado, tendientes a demostrar que la Empresa le asignó personalmente los juicios o le requería asesoramiento. Entendieron que conforme al régimen legal, el mandante tiene acciones directas con relación al sustituto y viceversa, "por lo que la relación directa establecida no tiene el alcance de excluir al mandatario principal". Restaron relevancia por inoponibles a las manifestaciones de la Empresa, en cuanto expresó desconocer la relación existente entre los abogados; ya que dicha relación interna es ajena al mandante.

Al punto 9 de los considerandos, la Cámara tuvo por acreditado que Hagelstrom integraba el estudio de Rougés en calidad de asociado no socio. Tal conclusión se sustentó en que el propio demandado lo ha admitido; como también en el contenido de la publicación efectuada desde 1993 a 1997 en el Directorio Argentino de Abogados, el informe de la Caja de Previsión de Abogados y los dichos de la testigo Ana M. Maza. Puso además de relieve que en el convenio de disolución parcial de fs. 110/111 y 769/770, el Dr. Jorge Frías Alurralde manifestó que eran asociados con Hagelstrom, y el porcentaje de sus respectivas participaciones. Entendió probado que todos los costos del estudio se afrontaban con los ingresos del mismo; y que si el poder de Scania estaba conferido a Rougés, con la sustitución efectuada no puede entenderse que hubiera cedido o renunciado al mismo. Estimó carente de convicción lo expresado por el accionado, acerca de su actuación independiente del estudio, "por cuanto si no participaba en el mantenimiento del mismo y a la vez utilizaba un poder sustituido de Rougés, no tiene explicación su pertenencia al estudio" (cfr. fs. 1280 vta.).

3.2.- De la reseña precedente se infiere que las conclusiones del Tribunal, determinantes de la base fáctica de autos, cuentan con sustento suficiente en las constancias de la causa, y no han sido desvirtuadas en suficiencia por el demandado, con el alcance de evidenciar el déficit de arbitrariedad que invoca. La lectura del fallo en recurso muestra que el Tribunal de alzada expuso motivos que bastan para motivar tales conclusiones de hecho; en tanto que el recurrente se limita a sostener su propia versión, otorgando prevalencia a determinadas pruebas sobre otras, según su interpretación de la aptitud conviccional que cabría asignarles.

Contando con elementos para apoyar su decisión, la selección y valoración de las pruebas rendidas en autos resultan irrevisables en esta instancia de excepción. No cabe sino señalar, una vez más, que la instancia casatoria en relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Ha dicho reiteradamente esta Corte que, por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o arbitrariedad deben apreciarse con criterio restrictivo, pues los jueces de grado son soberanos en la selección de las pruebas que les permitan la adecuada y justa composición del caso, "a menos que se acredite la violación de las reglas de la sana crítica, o manifiesta arbitrariedad que implique un liso y llano apartamiento de la preceptiva adjetiva y de fondo que domina la cuestión sometida a juzgamiento", lo que no se acreditó en el sublite (CSJTuc., sentencia Nº 111 del 18/4/94).

Conforme a lo considerado, la lectura del fallo impugnado no revela arbitrariedad en la selección y valoración de la prueba conducente para la solución del litigio; sin que el impugnante logre acreditar un grave desvío de las reglas de la lógica o de la sana crítica racional, que descalifique lo resuelto. Al respecto, el memorial recursivo exhibe el mero desacuerdo con la fijación e interpretación de los hechos; advirtiéndose que la mera afirmación de un hecho, alegado como fundamento de su posición -en el caso, existencia de una relación profesional independiente-, no releva a la parte de intentar demostrar que los elementos apreciados por el Tribunal de mérito, carecen de idoneidad para arribar a la solución contraria. Si la sentencia encuentra sustento suficiente en aquéllos, y el litigante no logra poner en evidencia el absurdo o la arbitrariedad de ese razonamiento lógico, no procede la apertura de esta instancia excepcional para su revisión.

No puede soslayarse que, en la interpretación del Tribunal a quo, el trato personal entre Scania S.A. y el letrado demandado tuvo lugar en el marco de una relación asociativa entre éste y el actor; por lo que dicha circunstancia no demostraría, por sí sola, la vinculación profesional independiente alegada por Hagelstrom. Esta conclusión no se presenta arbitraria o carente de lógica; y tampoco bastan para desvirtuarla hechos posteriores como el apoderamiento a su favor, que invoca el recurrente.

En suma, los agravios expuestos son insuficientes para evidenciar absurdo o arbitrariedad en la fijación de la base fáctica del proceso, que cuenta con motivación suficiente, por lo que el agravio en examen no puede prosperar.

3.3.- Cabe además poner de relieve que la existencia y características de la relación jurídica profesional entre actor y demandado, ha sido invocada desde el escrito introductorio de la demanda, y por ende integró el thema decidendum.

En este punto, el planteo del demandado remite a establecer si la Sala a quo ha violado el principio de congruencia, que se vincula la garantía constitucional de la defensa en juicio, y configura una doble garantía: por un lado, establece las reglas a las que debe someterse el juez evitando su arbitrariedad y asegurando su imparcialidad y, por el otro, supone seguridad para los litigantes, desde que éstos saben de qué defenderse (cf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tº I, Bs.As. Ed. Perrot, 1967). Constituye una exigencia que obliga a establecer una correlación entre los dos grandes elementos definidores de todo proceso: la pretensión y la decisión. La necesidad de correspondencia entre ambos extremos funciona como condición del proceso verdadero (cf. Guasp, "Derecho Procesal Civil", Madrid, Ed. del Instituto de Estudios políticos, 1956, Tº I, pg. 1524 b; cf. Morello, A. M., "El principio de congruencia como límite a la decisión del juez en la sentencia", J.A., Doctrina, 1972, pg. 247, Colerio, Juan Pedro, "El principio de congruencia. La omisión de considerar pruebas y el tratamiento de cuestiones no sometidas a la alzada", LL., 1993-C-375).

La congruencia significa entonces, la adecuación a los hechos alegados y a la pretensión esgrimida, siempre sin alterar la causa del pedir, ni la acción ejercitada, ni otorgar nada que no haya sido instado. La lesión a este principio procesal puede ser cuantitativa (otorgar más de lo pretendido por el actor, menos de lo admitido por el demandado o cosa distinta de la reclamada), o cualitativa (pronunciarse sobre hechos no alegados por las partes, o sobre excepciones no opuestas u omitir decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas). Esta última es la aducida por la recurrente, en tanto afirma que la Cámara se ha pronunciado sobre hechos no alegados por las partes.

El Tribunal, respondiendo a los agravios del apelante, señaló que en el escrito inicial de fs. 3/12, el actor describió minuciosamente la relación de pertenencia del demandado en el referido estudio jurídico, y el carácter de su participación; con lo que el tema ha sido oportunamente propuesto. Expresó que corresponde a los jueces aplicar el derecho, dando a la relación sustancial la calificación que corresponda, y fijar la norma legal aplicable al caso (art. 34, CPCC). Para el caso de autos, hizo mérito además de que, por aplicación del régimen de los contratos asociativos, y a contrario sensu, de lo establecido por el Código de Responsabilidad Profesional adoptado por el Congreso de Delegados de la Asociación del Bar Americano, cuando media una sociedad o asociación con el estudio jurídico corresponde la división de los honorarios.

En el análisis de las cuestiones que le han sido propuestas, los jueces de mérito no pudieron prescindir de examinar la vinculación entre las partes; y que en la posición del actor, explicaría la sustitución del poder a favor del accionado. Este extremo fue negado por Hagelstrom, quien reiteradamente sostuvo haber mantenido una relación independiente con la empresa Scania S.A. Los agravios de las partes autorizaron al Tribunal, a indagar la naturaleza del vínculo que ligara a las partes, según lo alegado por ellas y las pruebas producidas en la causa. Por ende, en este aspecto no se advierte arbitrariedad, ni apartamiento de las cuestiones propuestas por las partes; resultando ineludible en la especie, el deber de los jueces de calificar dicha relación sustancial, esgrimida por el actor en su reclamo de rendición de cuentas.

Se concluye que sobre esta cuestión, la sentencia no ha incurrido en violación al principio de congruencia, ni por ende lesionado la igualdad de las partes o el debido proceso legal; por lo que en relación a este agravio corresponde desestimar el recurso en examen.

4.- Establecidos los hechos de la causa, la Cámara a quo analizó la procedencia del reclamo de rendición de cuentas, de acuerdo a las disposiciones pertinentes del Código Civil que consideró aplicables al sublite. Puso de relieve que su art. 1924 contempla la posibilidad de que el mandatario sustituya en otro la ejecución del mandato; regulando cuatro supuestos diferentes. Que en el sublite existió un poder general con autorización para sustituir a favor de Rougés, sin indicación de la persona del sustituto; en cuyo caso el mandatario continúa obligado en tal carácter frente al mandante, y debe mantener vigilancia y contralor de la actuación del sustituto; manteniendo además la facultad de revocar tal sustitución, atento a lo preceptuado por el art. 1925 del mismo cuerpo legal (cfr. fs. 1278 vta.). Destacó en particular, que su art. 1928 hace extensivas a la relación mandatario-sustituido, las reglas que rigen las relaciones entre mandante y mandatario.

La Sala a quo desestimó la posición del recurrente, en cuanto alegara que lo sustituido no ha sido el mandato, sino el poder. A su entender, las diferencias conceptuales entre la relación básica y el poder no impiden advertir que normalmente, poder y mandato o negocio básico surgen y se extinguen simultáneamente, y por lo común se otorgan en conjunto, según ha sostenido la doctrina. Destacó, en tal sentido, que el poder confiere la "facultad" o poder jurídico de representar, y la "obligación" de hacerlo deriva de la relación básica.

Para el caso de autos, puntualizó seguidamente la naturaleza multiforme o variable e la relación que vincula al abogado con su cliente, en cuanto puede configurar distintos tipos de contratos según la actividad profesional concreta que realice. Así, puede dar lugar a un contrato de mandato, locación de servicios o de obra, contrato de trabajo, empleo público o sociedad. Luego de valorar las pruebas que estimó relevantes, expresó que a mérito de lo dispuesto pro el art. 1928 del C.C., el sustituto -mandatario- debe rendir cuentas al mandatario -su mandante-, y entregar lo percibido en ejercicio de la sustitución, atento a lo expresamente establecido en el art. 1909 del C.C. Señaló que en el régimen legal, la actuación del subapoderado no es independiente respecto al sustituyente, quien conserva las facultades de vigilancia, contralor y revocación. Concluyó el Tribunal, en base a estas consideraciones y con cita de doctrina, que la delegación del poder por sustitución es fundamento suficiente para exigir la rendición de cuentas reclamada (art. 1928), y porque el apoderado es responsable de los actos del subapoderado el que debe actuar dentro de los límites del subapoderamiento.

En el considerando 10 reiteró que la sustitución operada no implica la extinción de la relación básica de gestión original, "el subapoderado se encuentra vinculado al mandatario sustituyente por una relación mandante-mandatario y por lo tanto debe rendir cuentas". Desestimó la postura del demandado sobre su actuación independiente, dada su condición de asociado; aclarando que si bien el contrato asociativo no fue instrumentado y debe probarse por escrito, se admiten toda clase de pruebas cuando ha mediado principio de ejecución, como aconteciera en la especie (arg. art. 1193, 1191, C.C.). Al respecto, adjudicó relevancia conviccional al aludido contrato de disolución parcial, las publicaciones en la revista DAB antes mencionadas y la testimonial de Ana M. Maza.

4.2.- En la doctrina emergente del fallo, la sustitución del poder a favor del demandado tuvo lugar en el marco de una relación de submandato entre Rougés y Hagelstrom; que se explica por las respectivas condiciones de titular del estudio jurídico y asociado al mismo. Tal vinculación sustancial, como mandante y mandatario respectivamente, es la que determina el deber de rendir cuentas; reiterando que el accionado no demostró la premisa esencial de su negativa, consistente en la afirmada actuación profesional independiente en relación a Scania S.A.

Los motivos de casación esgrimidos no demuestran los errores de derecho que el demandado atribuye al decisorio.

El Código Civil regula indistintamente el objeto del poder y del mandato; lo que no impide precisar que el primero, en tanto fuente de representación voluntaria, tiene como destinatarios a los terceros. A su vez, el mandato es un contrato que puede celebrarse expresa o tácitamente, y en principio no requiere formalidades. Cuando es general, puede referirse a varios encargos expresamente descriptos, o a una función que implica varios encargos, como sucede con el poder general para pleitos, para cobranzas, para administrar bienes, o dirigir un establecimiento, que se refieren a la función del abogado, del cobrador, del administrador, del factor (cfr. Lorenzetti, R.L., Tratado de los Contratos. Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, pg Tº II, pg. 205 y ss.). Agrega este autor que en el mandato, lo esencial es el encargo para la realización de actos jurídicos entre vivos; cuyo objeto es la colaboración en sí misma. Ese interés no puede faltar, porque ello quitaría sentido al encargo; y refiere a lo buscado mediante la colaboración de otro. Entre sus caracteres se destaca el ser un contrato de colaboración o mecanismo de cooperación, y de confianza hacia el mandatario. (Lorenzetti, p g. 223 y ss.).

Como principio, el mandato carece de formalidades especiales; puede ser expreso o tácito, escrito o verbal (arg. art. 1873, C.C.). Lo relevante es que el consentimiento exista y sea cierto, positivo, indubitable, sin hacerlo depender, para establecer su legitimidad, de ciertas manifestaciones privilegiadas (CnCiv., Sala A, 01/8/90, autos "Cattáneo, A.J. vs. Centro Suboficiales retirados del Ejército y Aeronáutica", LL 1990-E, 11, con nota de Spota, Alberto G."). A su vez, el objeto para el cual ha sido otorgado el mandato, determina las facultades que se han conferido al mandatario, conforme a lo que es de uso y según las reglas de la buena fe. Ello, aunque tales facultades no estén explícitamente mencionadas, y en cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida o sean inseparables de ésta. En tal sentido, el art. 1889 del C.C. es amplio al establecer que pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación o extinción de derechos.

4.3.- Estos conceptos se aplican a la relación de submandato; que si bien encuentra límite en la relación base mandante-mandatario, no importa sustitución del segundo, como destacara reiteradamente el Tribunal a quo: se trata de una modificación subjetiva que no releva al sujeto pasivo de la obligación de cumplir el encargo. Por ello, en el subapoderamiento no existe típicamente una sucesión sino accesión; es una delegación no liberatoria; toda vez que el mandatario permanece obligado frente al mandante por los hechos del submandatario, de quien es garante (Lorenzetti, R.L. ob. cit., pg. 266).

Ello así, cuando existe representación, el sustituto es representante del principal dentro de los límites del poder original: la cooperación material es el encargo. En este caso no hay modificación subjetiva alguna en la parte contractual, pero existe una persona que colabora con la otra en el cumplimiento. El mandatario es responsable por los actos de quien colabora con él: conserva la facultad de sustitución y el deber de vigilancia (art. 1925, C.C.). Esta sustitución puede ser total o parcial, y su fin práctico es facilitar la realización del encargo.

Ha señalado la doctrina que si bien el contrato derivado, celebrado entre el mandatario, ahora como mandante, y el submandatario, está condicionado a los efectos del contrato base, el mandatario puede derivar parcialmente las facultades recibidas, subcontratar parte del encargo; y en consecuencia, la retribución del submandatario, en el mandato oneroso, podría ser inferior a la suya, a aquella a la cual tiene derecho (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, Mandatos. Ediar, 1979, pg. 149). El mandatario está facultado para sustituir en otro la ejecución del mandato, con solo responder por la persona que ha sustituido; y aun revocar tal sustitución cuando lo juzgue conveniente (arts. 1924 y 1925, C.C.). Mas el sustituyente no pierde su calidad de mandatario, máxime cuando el citado art. 1924 establece que la sustitución no autorizada por el mandante, ni ratificada por él, no le obligará respecto de terceros por los actos del sustituto. Además tal sustitución tampoco está incluida entre las causas de cesación del mandato que contempla el art. 1963 del Cód. Civil; por lo que el sustituto actúa bajo la responsabilidad del mandatario, quien sigue siendo la garantía del mandante.

4.4.- Contrariamente a lo afirmado por el demandado, los jueces de mérito no fundaron la procedencia de la rendición de cuentas reclamada en la mera sustitución del poder, sino que el pronunciamiento describe además un vínculo asociativo entre las partes, distinto y diferenciado de la relación base entre la empresa y el actor; que configuró y dio contenido propio al submandato otorgado por el actor.

La realidad muestra que pueden existir otras formas de organización de una comunidad de intereses, que no necesariamente trascienden como sociedad. Esto significa que no sólo mediante las formas típicamente societarias puede satisfacerse el interés de un grupo de personas, que resuelvan asociarse haciendo aportes al servicio de una actividad en común, para la obtención de una finalidad. Tales relaciones se proyectan entre los asociados, imponiendo derechos y obligaciones; y se presentan cada vez con mayor frecuencia en las actividades profesionales, bajo la forma de contratos asociativos.

La Sala a quo destacó que la actividad del abogado frente a su cliente no siempre puede calificarse del mismo modo pues, tratándose de una profesión liberal, no es posible aplicar automática y genéricamente las reglas de figuras jurídicas tipificadas como la locación de obra o de servicios, o el mandato; aunque en determinados supuestos la relación profesional pueda tener identidad con algún contrato típico.

A su vez, la doctrina ha señalado las notables transformaciones operadas en el modo de ejercer las profesiones de abogado y procurador: "El abogado tradicional que ejerce en forma individual y abarca todos los campos del derecho, va dejando paso a la conformación de estudios jurídicos integrados por profesionales asociados y/o subordinados, donde la labor se subdivide por áreas (del derecho o funcionales). Resulta frecuente compartir la atención y servicio de un asunto específico. Por otra parte, estamos ante el auge de abogados de empresas, compañías de seguros, del Estado, y otros que prestan servicios de tiempo completo en relación de dependencia. Comienza también a diferenciarse cada vez con mayor nitidez la tarea de abogados que cumplen exclusivamente una función de consulta. Las interconsultas pagadas entre profesionales, antes extrañas a nuestro medio, son hoy moneda corriente y tienden a profundizarse ante la necesidad de un mejor y más eficaz servicio de justicia.... Se ha llegado a formas inéditas de remuneración como es la de facturar servicios profesionales, en función del tiempo empleado, o a los hoy frecuentes convenios de honorarios por atención global de un asunto, o la participación en el resultado del litigio" (cfr. Brito, Alberto J. y Cardoso de Jantzon, Cristina J., Honorarios de Abogados y Procurado res. Ed. El Graduado, 1993, pg. 3).

Cabe añadir que según postula el recurrente al proponer doctrina legal, demostrada la actuación agrupada de abogados, los honorarios corresponden al grupo en la proporción pactada. La excepción que propicia, referida al supuesto en que el servicio profesional fuera solicitado en forma personal, ha sido desestimada en las instancias de grado con razones bastantes que, según lo considerado precedentemente, excluyen la arbitrariedad fáctica invocada.

La rendición de cuentas es un elemento natural del contrato de mandato, cuyas reglas se aplican al submandato; por lo que desde este enfoque tampoco se verifica el error de derecho que denuncia el demandado. Establecido que ha mediado principio de ejecución del contrato entre las partes, ello hace procedente la rendición de cuentas reclamada; y no cabe admitir un criterio restrictivo, que libere al demandado de rendirlas, por pretensa falta de prueba del contenido de la relación asociativa, o de su eventual disolución.

Se trata de una obligación típica que pesa sobre los mandatarios (art. 1909, C.C.); y que se hace extensiva a cualquier persona que hay administrado bienes o gestionado intereses ajenos, aunque las correspondientes negociaciones no encuadren en alguno de los contratos nominados previstos por las leyes de fondo, y con prescindencia de que aquéllas comprendan, junto con intereses de terceros, intereses propios del gestor o administrador (cfr. Palacio, Lino E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº 10, pg. 464. Rubinzal - Culzoni, 1998).

Se concluye en la especie que el submandato conferido por el titular del Estudio jurídico a un asociado suyo, con las características señaladas por el Tribunal de alzada, es título legítimo para demandar la rendición de cuentas de tal gestión; llevada a cabo frente a terceros mediante la sustitución del poder de representación conferido al mandatario, conforme a los hechos fijados en la instancia de mérito.

5.- Ambas partes cuestionaron, por la vía casatoria, la determinación del porcentaje de participación de cada una de ellas en los honorarios sobre los cuales deben rendirse cuentas.

5.1.- La Cámara dejó establecido que de los honorarios cuyas cuentas deben rendirse, corresponde a Hagelstrom el 38% y a Rougés el 40%; debiendo deducirse el 22% que según el mentado convenio de fs. 110/111 correspondería a Frías Alurralde, quien nada ha reclamado. Ambas partes impugnaron esta determinación, alegando que no ha sido materia de la presente litis, según la reseña de agravios expuesta precedentemente.

A solicitud del actor, la Sala a quo aclaró el pronunciamiento en recurso, "en el sentido de que la rendición de cuentas debe ser sobre la totalidad de las actuaciones y retribuciones percibidas por el demandado en ejercicio de la sustitución del poder del actor a favor de Scania Argentina S.A., con la extensión y modalidades establecidas en la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de las observaciones y/o aclaraciones que el interesado desee formular, que -en su caso- se tramitarán y resolverán en la segunda etapa del juicio conforme se considera".

Esta resolución, de fecha 21/3/2002 (fs. 1348/1349) expresa además que las precisiones sobre porcentajes de los abogados del estudio jurídico resulta de una interpretación del convenio Rougés - Frías Alurralde, del cual ha inferido que a Hagelstrom le correspondería un 38% de los honorarios cuyas cuentas debían rendirse. No obstante, deja aclarado que "dicha determinación no incide en la obligación de rendir cuentas sobre el 100% de lo percibido, incluyendo el 22% que según el convenio mencionado le correspondería a Frías Alurralde, que aún cuando nada ha reclamado se trata de ingresos que le corresponden al estudio jurídico cuyo titular es el actor".

5.2.- El agravio en examen debe ser receptado. Conforme a lo expuesto, la pretensión del actor se limitó a la determinación de la obligación de rendir cuentas, circunscripta a las retribuciones que el accionado percibiera de Scania S.A. en ejercicio del submandato conferido. Del escrito de demanda no surge el reclamo de un porcentaje determinado; advirtiéndose que tal como ha sido trabada la litis, esta cuestión no fue propuesta a decisión del órgano judicial.

La vinculación de Hagelstrom con el estudio de titularidad del actor, fue correctamente examinada por el Tribunal a quo a fin de establecer si el demandado debía o no rendir las cuentas reclamadas; mas no correspondía avanzar sobre el contenido de las mismas. En autos las partes transitaron únicamente por una de las etapas que integran esta especie de proceso, destinada exclusivamente al debate sobre la existencia o inexistencia de dicha obligación.

Lo expuesto emerge de la normativa procesal vigente. El art. 445 del CPCC dispone que la demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumario, a menos que integrase otras pretensiones que debieren sustanciarse en juicio ordinario. No habiéndose configurado en la especie la excepción aludida por la ley adjetiva, el pronunciamiento debió limitarse -como quedara establecido en la primera instancia- a decidir sobre la procedencia de la pretensión del actor, sin ingresar en aspectos atinentes a la composición de las mismas, o a los derechos que puedan asistir a cada una de las partes.

El régimen legal no impide que en la demanda se acumulen otras pretensiones, cuya viabilidad esté subordinada a la exigibilidad de la obligación de rendir cuentas. Mas ello no ha acontecido en el sublite; advirtiéndose que el demandado tampoco articuló, por vía de reconvención, ningún reclamo vinculado a la disolución del vínculo que mantuvo con el actor. De allí que no procede, en esta instancia, analizar sus planteos sobre distribución de gastos del Estudio jurídico de titularidad del actor, o referidos a otros ingresos sobre los cuales no habría sido participado. Ello sin perjuicio de que eventualmente, las partes transiten en una etapa ulterior sobre otras cuestiones que hagan a su derecho, y cuya definición resulta ajena a esta controversia.

Así lo ha entendido el Tribunal a quo; quien en oportunidad de aclarar la sentencia del 14/12/2001, precisó que en autos únicamente se ha desarrollado una etapa esencialmente declarativa, "cuyo objetivo se agota en la declaración formal de la existencia o inexistencia de la obligación de rendir cuentas y en su caso, condenar al cumplimiento de esta obligación.....; indicando el plazo, los negocios jurídicos que abarca, el período y la extensión de la misma"; y "sin perjuicio de todas las aclaraciones y observaciones que el obligado a rendirlas efectúe en ocasión de dicha rendición de cuentas, que se tramitará en la segunda etapa del juicio", según aclarara la Cámara a quo.

Sin embargo, la sentenciante se extralimita al anticipar decisión sobre cuestiones no planteadas en esta litis; que las partes han limitado a la sola determinación de la existencia del deber de rendir cuentas. Esto, al fijar indebidamente porcentajes de distribución que, en cuanto tales, resultan ajenos a las pretensiones esgrimidas. Es claro que la rendición de cuentas debida por el submandatario, no determina por sí misma la existencia y entrega de un saldo. Será en oportunidad de presentarlas, cuando el mandandario justifique lo percibido por su gestión; pudiendo las partes discutir, con amplitud probatoria, los rubros que la integran. Esta segunda etapa tiene por objeto la presentación de las cuentas, su justificación y la formulación de eventuales impugnaciones; y puede ser judicial como extrajudicial.

De acuerdo a lo expresado en los considerados precedentes, la congruencia hace a la estructura esencial del procedimiento, al establecer las reglas a las que debe someterse el juez, evitando su arbitrariedad y asegurando su imparcialidad, y por el otro, supone seguridad para los litigantes. La congruencia asegura la garantía constitucional de la defensa en juicio, y constituye una exigencia que obliga a establecer la correlación entre la pretensión y la decisión.

Se concluye que la determinación de porcentajes de distribución de los honorarios percibidos por el demandado resulta extra petita, en violación al principio de congruencia, al exceder en este punto el decisorio, los hechos alegados y las pretensiones y defensas esgrimidas en la causa; en violación a los arts. 166, 167, 272 y 273 inc. 6º del CPCC. En consecuencia, corresponde casar parcialmente la sentencia en recurso, y su aclaratoria, y declarar su nulidad parcial, en cuanto determina porcentajes de distribución entre los litigantes; de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia del Tribunal de alzada que al confirmar la condena a rendir las cuentas reclamadas por el actor, excede los términos de la litis y determina porcentajes de distribución entre actor y demandado, que no fueron reclamados por las partes".

La presente decisión no significa emitir opinión sobre la fundabilidad y procedencia de los planteos que las partes pudieran efectuarse, con motivo de la ulterior rendición de cuentas.

6.- En lo atinente a las costas procesales, alega el actor que las correspondientes al recurso de apelación debían imponerse íntegramente al demandado; quien negó la obligación de rendir cuentas pese a tratarse de un deber legal. Cuestiona su distribución por el orden causado, dado que no existirían razones para litigar, y las pretensiones de la contraparte fueron rechazadas.

A su vez, el demandado reclama se modifique la imposición de costas dispuesta en la primera instancia, por entender que el criterio aplicado por el Tribunal de alzada, para el recurso decidido en su sede, se haría extensivo a lo actuado en aquélla.

6.1.- Es criterio dominante en doctrina y jurisprudencia que para resolver la imposición de las costas procesales resulta necesario tener en cuenta la conducta de las partes antes y dentro del juicio, a los fines de la condena respectiva. "Las costas no son una sanción al litigante, sino el resarcimiento de los gastos que debió realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho... (cf. Gozaíni, O., Costas Procesales, Ediar, pg. 169).

Esta Corte tiene dicho que en principio, el modo de imposición de los causídicos configura una cuestión fáctica librada al arbitrio prudencial de los jueces de mérito, insusceptible de revisarse en la instancia casatoria, excepción hecha en que se hubiera incurrido en arbitrariedad manifiesta o violación a los principios de la lógica (cc. CSJTuc., "Zelarayán, Julio C. vs. Bagley S.A. s/cobro de pesos", sentencia del 28/8/96); o cuando se da el supuesto de un caso novedoso, inédito o complejo, mas no cuando se trata de una distribución común (cfr. CSJTuc., sentencias Nº 219 del 23/6/92; autos "Cosiansi, Marcelo y otro vs. Mediterráneo s/daños y perjuicios", sentencia del 17/3/96). "La decisión al respecto requiere de una valoración prudencial que es propia y privativa de los jueces de mérito, y como tal una quaestio facti, insusceptible de impugnarse por el recurso de casación, que únicamente puede motivarse en cuestiones de derecho" (CSJTuc., sentencia Nº 372 el 04/7/94; autos "Deguer, Héctor S. vs. S.A. Azucarera Argentina s/accidente de trabaj o", del 07/10/96; "Diavil SRL vs. Municipalidad de S.M. de Tucumán s/contencioso administrativo", del 09/3/98).

El actor expone su propia valoración de la conducta asumida por el accionado; mas no rebate en suficiencia las razones expresadas por la Sala sentenciante, que no se presentan prima facie absurdas o arbitrarias. El planteo casatorio en análisis exige ineludiblemente un reexamen de los hechos de la causa, tendiente a verificar si el demandado pudo legítimamente considerar que no debía rendir cuentas, en base a la doctrina expresada en su memorial de agravios (arg. art. 108, CPCC), según afirmó el Tribunal a quo. Tampoco indica el recurrente la norma pretensamente violada, y aquélla cuya aplicación pretende.

En definitiva, lo cuestionado remite a la apreciación de los hechos que, a criterio de los jueces de mérito, justificaron la imposición de costas por el orden causado, lo que como principio resulta ajeno al remedio casatorio; por lo que en relación a este agravio, el recurso es inadmisible.

6.2.- El cuestionamiento del demandado tampoco puede prosperar. Según emerge de las constancias de la causa, en su memorial de apelación el recurrente reclamó la modificación del orden de imposición de los causídicos, como consecuencia del progreso de la impugnación deducida por su parte (cfr. fs. 1223). Rechazado el recurso, la Cámara no se encontraba habilitada para modificar la imposición de las costas de primera instancia, pues tal cuestión no le había sido propuesta de manera autónoma. Ello así, no se advierte la arbitrariedad denunciada en este punto; toda vez que la decisión de la alzada estuvo limitada a las costas generadas por lo actuado en la segunda instancia; y respecto a la primera, sólo por aplicación del principio objetivo de la derrota.

A mérito del modo en que se resuelve la cuestión; y atento a que el motivo de casación que se recepta ha sido invocado por ambas partes, las costas de la instancia casatoria se distribuyen por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 1419/1423, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos de casación interpuestos por el letrado Allan Hagelstrom (fs. 1287/1311), y Jorge Luis Rougés (fs. 1315/1343), ambos actuando por sus propios derechos, contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala IIIa. del 14/12/2001, y su aclaratoria del 21/3/2002 (fs. 1348/1349). En consecuencia, y conforme a la doctrina legal sentada en la presente resolución, se dejan parcialmente sin efecto dichos pronunciamientos, en cuanto determinan porcentajes de participación en las ganancias obtenidas por Hagelstrom, II.- DESESTIMAR, en lo restante, el recurso interpuesto por el demandado. Devuélvanse los depósitos efectuados.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA