Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-12


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil cuatro, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la Presidencia del Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C. SRL c/ G., R. O. s/ ORDINARIO", Expte. No. 14.288/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería No. 2 (Expte. No. 843/01)), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 264), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 233/241? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

I. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 233/241, hizo lugar a la excepción de prescripción, declaró prescripta la acción y rechazó la demanda incoada por C. S.R.L. contra el Sr. R. O. G., en todas sus partes.

El pronunciamiento fue apelado, a fs. 242, por la actora; el recurso concedido a fs. 243 y los agravios expresados a fs. 255.

II. Reseña de los agravios.

Alega el actor que le genera gravamen la negación del carácter interruptivo de la prescripción que ha tenido la citación del demandado como tercero en la causa "C. SRL c/ C. del P. de Y. Ltda. s/ ordinario", Expediente de origen nº 962/87, en trámite por ante ese mismo Juzgado y Secretaría. A fin de fundar ese aserto transcribe las conclusiones de esta Sala, en autos "C. SRL c/ B., C. E. s/ ordinario", Expte. de Cámara nº 13803/03, en relación a ese puntual extremo y solicita la revocación el fallo en lo que ha sido materia de agravio.

Impugna, luego, la afirmación del juez de grado relativa a la falta de acción de la demandante contra G. -conforme lo resolviera mediante sentencia dictada en noviembre de 1992 en lo autos en los que se produjo la citación- advirtiendo que tal decisión no se encuentra firme por haber sido apelada y suspendido el proceso ante la declaración de quiebra de la demandada.

Corrido el traslado de ley la demandada no hizo uso de la facultad de contestarlo.

III. Tratamiento de los agravios.

1. La excepción de prescripción.

Esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación al tema sometido a debate, en precedente que individualiza y cita el recurrente. En tal oportunidad, se dejó claramente sentado que "la citación de los demandados como terceros en los autos "C. S.R.L c/ Cooperativa del P. de Y. s/ ordinario", Expte. nº 962/87, Sec.nº 3, en el que se reclamó entre otros el crédito que aquí se reclama ha tenido el efecto interruptivo previsto por el citado artículo 3986 del Código Civil" (Cfr. S.I. nº 223/03). Tal conclusión es plenamente aplicable al supuesto de autos en el que se presentan idénticas circunstancias fácticas y jurídicas.

Tal como se afirmara en ese precedente es considerado interruptivo de la prescripción todo acto judicial encaminado a la defensa del derecho invocado por la parte interesada. La condición única para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor y basta para interrumpirla una manifestación de voluntad suficiente para desvirtuar el abandono. En función de ello "la aceptación de la traba de la litis con el tercero citado y la continuación del pleito con esa parte es suficiente a tales fines, máxime cuando la sentencia le alcance plenamente a las partes en el proceso".

Por lo expuesto corresponde hacer lugar al agravio y revocar la sentencia en lo que ha sido materia de apelación.

El rechazo de la excepción de prescripción permite que el tribunal de Alzada pueda emitir decisión respecto de cuestiones involucradas en la demanda que no fueron objeto de examen en primera instancia por haber prosperado una defensa previa deducida por el demandado (Cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. V., Ed. Abeledo Perrot, reimpresión, Bs. As., 1979, p. 462/463). En este orden de ideas, continuaré analizando los tema que integran la relación procesal; que -en definitiva- guardan íntima conexión con el planteo que da sustento al segundo tramo de la fundamentación del recurso.

2. La existencia de litis pendencia.

Tal como sostuviera esta Sala, en el precedente ya citado, los mismos argumentos que autorizan el rechazo de la excepción de prescripción son los que determinan la procedencia de la litispendencia.

En autos, esta defensa fue opuesta por el demandado a fs. 135/139 vta. al comparecer al proceso; de modo tal que el pronunciamiento sobre este tema deviene procedente por una doble vía. Por un lado porque como hemos dicho el tribunal de alzada debe resolver -en ejercicio de su potestad plena- todos los temas que integran la relación procesal; así no debe acudir al reenvío de la causa al juez a quo a tales fines; por otro la litispendencia puede y debe ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso. Hecha esta aclaración es dable señalar que las actuaciones judiciales interruptivas de la prescripción corresponden a un proceso que se sustancia por el mismo trámite que el presente -ordinario- y que aún no ha concluido al encontrarse suspendido por resolución judicial en virtud de la declaración de quiebra de la Cooperativa demandada; tal como lo expresan la demandada al fundar la defensa opuesta al progreso de la acción y el actor al fundar el recurso concedido. Es decir, se trata de un extremo en el cual son contestes las partes, además de resultar de las actuaciones agregadas por cuerda al presente.

Se da, además, la triple identidad entre los sujetos, causa y objeto de las pretensiones que constituyen los presupuestos primordiales de la litispendencia. Ésta queda verificada en el proceso comparativo de los mencionados elementos en base al criterio flexible que ha de presidirlo (Cfr. Palacio- Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", Tomo Séptimo, Rubinzal-Culzoni editores, p. 360). La actora C. S.R.L. asumió idéntica postura jurídica en ambos procesos; en éste y en el que demandado ha sido citado como tercero. Se persigue el cobro del mismo crédito -originado en la construcción de la vivienda. En cuanto a la causa, ha de señalarse que se ha invocado una misma situación de hecho a las que se le asignan determinadas consecuencias jurídicas. Por todo lo expuesto, propicio declarar la excepción de litispendencia que por efecto de la eliminación de este proceso, debe archivarse (Cfr. Palacio, ob. cit. T. VI. P. 111).

III. Las costas y los honorarios.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas de la primera instancia serán distribuidas en un 80% a cargo de la parte actora y en un 20% a cargo del demandado. Las costas de esta segunda instancia se imponen en el orden causado atento la falta de controversia (arg. arts. 71 y 68 del CPCCCH). A los fines de la regulación de honorarios se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada, todo de acuerdo a las previsiones de ley arancelaria (arts. 6, 7, 19, 38, 47, 14 y ccs. de la Ley 2.200, t.o. Ley 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

En un todo de acuerdo con lo manifestado propongo como fórmula decisoria la siguiente: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 242 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 233/241.

2) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

3) Hacer lugar a la excepción de litispendencia opuesta por el demandados a fs. 135/139 y vta., ordenando el archivo de las presentes actuaciones.

4) Costas de ambas instancias en un 80% a cargo de la parte actora y en un 20% a cargo de la parte demandada. Regúlanse los honorarios profesionales correspondientes a la primera instancia del Dr. C. I. J. en la suma de pesos quince mil y los correspondientes al Dr. M. A. O. en la suma de pesos diez mil. Los honorarios de esta instancia se fijan a favor del Dr. M. A. O. en la suma de pesos tres mil ($3.000).

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Se alza la accionante en contra de la resolución de fs. 233/241, por resultarle desfavorable a tenor del informe de fs. 255/260.

Superado el examen de admisibilidad formal y reseñada la queja por quien preside el debate evita su mera reiteración sin mengua de la normativa que rige esta etapa del proceso.

En cuanto al replanteo de la interrupción del curso de la prescripción en los casos de citación de terceros, tal como se plantea en autos, no hemos acompañado la doctrina que funda el decisorio desestimatorio tal como se expone a fs. 239vta. p. 10 de los considerandos del fallo impugnado. Contrariamente hemos adherido a la postura opuesta con sobrados fundamentos tal como se lee en la causa antecedente que señala el recurrente (RSI Nº 223/03). Ante idénticas circunstancias corresponde la misma solución.

El acogimiento del primer planteo defensivo, por parte del sentenciante, le impidió la consideración del segundo, esto es, la denuncia de litispendencia, y en razón de su naturaleza se nos impone su tratamiento aún cuando la parte no refiera a ello.

Tal como recuerdan Lino E. Palacio y Adolfo A. Velloso en "Código Procesal Civil y Comercial e la Nación", Ed. Rubinzal Culzoni 1997, t. 7, pág. 360, tal excepción es de orden público procesal y de allí que resulte imperioso en primera instancia agotar el trámite relativo a la averiguación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, por sus consecuencias.

Pero, si como surge de autos no pudo afrontarse la tarea, salvado el obstáculo impeditivo, se impone hacerlo de oficio en Alzada (letra y doctrina del art. 347 últ. parte).

Casualmente la causa que da lugar a la interrupción de la prescripción alegada conforma el cúmulo e circunstancias que tornan admisible ésta otra defensa, por idénticas razones que fundaron la misma solución en los autos antecedentes.

Si para la procedencia de tal defensa se debe verificar la existencia de dos procesos que tengan como objeto pretensiones idénticas; la pendencia del proceso iniciado en primer término y la identidad de trámites a que ambos procesos se hallan sujetos, del cotejo del presente con la causa con la denunciada a fs. 136vta. que obra ante mí, no quedan dudas en cuanto a su acogimiento, consecuentemente el presente queda extinguido y se ordenará su archivo (ver auts. cits. y ob. cit., pág. 366).

En atención a lo propuesto entiendo que corresponde la distribución de costas prevista en el art. 71 CPr. tal como opina la colega preopinante y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo en el que se tomarán en consideración las pautas arancelarias de la ley 2200 y su reforma por ley 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con la Dra. Silvia N. Alonso e Ariet, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 242 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 233/241.

2) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

3) Hacer lugar a la excepción de litispendencia opuesta por el demandados a fs. 135/139 y vta., ordenando el archivo de las presentes actuaciones.

4) Costas de ambas instancias en un 80% a cargo de la parte actora y en un 20% a cargo de la parte demandada. Regúlanse los honorarios profesionales correspondientes a la primera instancia del Dr. C. I. J. en la suma de PESOS QUINCE MIL y los correspondientes al Dr. M. A. O. en la suma de PESOS DIEZ MIL. Los honorarios de esta instancia se fijan a favor del Dr. M. A. O. en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000).

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse inhibido de actuar el señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Presidente SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL No. 88 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS