Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-14


TS07D44508 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44508 CAUSA Nº 13.426/2009 - SALA VII - JUZGADO Nº 55 En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2012, para dictar sentencia en estos autos: "SILVA, LUCAS ADRIAN C/ RATTO DE MARRODAN, TATIANA GRETEL MARÍA Y OTROS S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I- A fs. 563/567 vta. recurre la sentencia de primera instancia, el codemandado José Cristian Sánchez. Le agravia que en lo que a la acción civil se refiere, se lo haya condenado solidariamente, con base en los preceptos de la ley 25.169. Considera que conforme la calidad de propietarias del tambo, la condena por el accidente sufrido por el actor debería recaer exclusivamente sobre las restantes codemandadas, propietarias, además, de la "cosa" que produjo el evento dañoso, en este caso el tractor y el mixer. También le agravia que se haya tenido por acreditado que el tractor/mixer no contaba al momento del accidente con la protección en sus partes móviles, de acuerdo al art. 7 del inc. d) del dto. 617/97. Sostiene, asimismo, que dicho accidente se produjo por la culpa del propio actor, quien actuó con irresponsabilidad y negligencia al intentar depositar el "núcleo" con el tractor en marcha. Por otra parte, estima que el porcentaje de incapacidad reconocido resulta excesivo, al igual que el fijado en concepto de daño moral. De igual modo, entiende que el monto indemnizatorio es sumamente elevado. Por último, le agravia la condena al pago eventual de intereses a las tasas que se han fijado, las que considera confiscatorias.

La parte actora (fs. 568/573) se agravia por cuanto se hizo lugar a la demanda fundada en la LCT contra Cristian Sánchez solamente, rechazándose la acción contra el resto de las codemandadas. Desconoce el carácter de tambero asociado del codemandado Sánchez y considera que se trata simplemente de un encargado de la estancia. Manifiesta, además, que en el predio el actor realizaba todo tipo de tareas, por lo que, dice, no quedó acreditado que haya prestado su trabajo exclusivamente para el codemandado Sánchez.

En cuanto al daño moral, estima que la suma que se fijó en $ 50.000 resulta sumamente exigua y es, por tanto, meramente simbólica, por lo que solicita se fije una suma indemnizatoria por este concepto conforme las pautas de equidad y principios de la reparación integral, que no sea inferior al 30% del monto fijado por daño físico y psíquico.

Por último apela los honorarios regulados por altos y, por derecho propio, ambos letrados intervinientes por la parte actora, los apelan por bajos.

A fs. 574/579 presentan su escrito recursivo las codemandadas. Les agravia la condena solidaria en relación a la acción por accidente. Reconocen que el tractor y el mixer son de su propiedad, pero aclaran que fueron entregadas al tambero asociado para la explotación del tambo, desprendiéndose pues de la guarda de los elementos. Se agravian además de lo resuelto respecto de la supuesta "falta de protección" de la herramienta, lo que, a su entender no ha quedado demostrado. En cuanto a la culpa de la víctima, entienden que la evaluación de la prueba ha sido incorrecta, pues, a su criterio la culpa ha quedado fehacientemente demostrada.

El porcentaje de incapacidad es también motivo de agravios de esta parte, al igual que el quantum del monto indemnizatorio. Finalmente les causa agravio la condena al pago de intereses, pues aducen que las tasas que se han fijado revisten el carácter de confiscatorias.

A fs. 561 la perito psicóloga y a fs. 587 la perito contadora apelan por bajos sus respectivos honorarios.

II- RECLAMO POR ACCIÓN CIVIL No está discutido en autos que el actor padeció el accidente por el que reclama la correspondiente indemnización. Sentado ello, cabe tratar, en primer lugar, el agravio referido a la supuesta culpa de la víctima, cuestión que llega apelada tanto por el codemandado Sánchez como por el resto de las codemandadas. En tal sentido, sabido es que quien alega un hecho controvertido, carga con la prueba respectiva, máxime en este caso en que el art. 1113 del Código Civil, expresamente establece que si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, el dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Para probar que el accidente se produjo por culpa del actor, la demandada se remitió a la declaración del testigo Riva, ingeniero agrónomo, quien explicó como era el funcionamiento para cargar la máquina, la que, según este testigo, debe estar parada y el maquinista no debe pisar ninguna de las herramientas que rodean el mixer durante la carga.

En contraposición con esta declaración, a fs. 303 declaró Elisalde, de profesión mecánico y dijo que "conoce el tractor que arrastraba la mixer del campo...que no es un tractor moderno sino que tiene sus años de trabajo....que la mixer no tiene mezcladora, para mezclar y echarle sal hay que echarle manualmente, cosa que es algo engorroso porque está expuesto a riego de resbalarse, que el testigo esto lo sabe por sus conocimientos de mecánica, que la carga del mixer se renueva por medio de un elevador que va aportándole material y se carga por una batea que tiene, que la batea está en la parte superior y se accede a la parte superior por la parte trasera del tractor pisando al lado del cardan y se sube ahí, que no tiene de donde agarrarse...que para recargar la máquina mixer no es necesario detenerla y no se debe hacer porque si se detiene deja de picar, entonces hay que hacerlo en funcionamiento, que si la detiene la máquina se detiene y se llega a atorar y queda sin picar y sin mezclar el alimento...".

Frente a estas declaraciones contradictorias, obra asimismo la pericial técnica de fs. 337 en la que el profesional aclaró que no era de su incumbencia el funcionamiento y los procesos productivos del establecimiento, pero sí informó que la accionada no disponía de un servicio de higiene y seguridad, de acuerdo al artículo 5 del decreto 617/97 aplicable a la actividad agraria. Tampoco al momento del accidente se encontraba afiliada a una ART, de acuerdo al art. 27 de la Ley 24.557, ni tampoco entregó documentación respaldatoria de recibos de elementos de protección personal entregados al actor, de acuerdo al Art. 1 inc. c) del Dec. mencionado. Agregó además que comparando las fotografías obrantes en la causa penal y las tomadas por él al momento de la visita (ver fs. 334/335) hubo una modificación en la máquina que provocó el infortunio, pues aparece una protección mecánica (carcasa) sobre la caja de mando de la máquina mixel que no se observa en las fotografías tomadas por la autoridad policial. Finalmente concluyó que al momento del accidente el tractor/mixer no contaba con la protección necesaria en sus partes móviles de acuerdo al art. 7 inc. d) del Dec. 617/97 que hubiera evitado en el actor el atrapamiento, aplastamiento o corte de alguna de sus extremidades. Indica que al momento de la realización de la pericia, la protección está colocada tal como se observa en la fotografía de fs. 334.

Analizadas las pruebas precedentes de acuerdo con los principios de la sana crítica, observo que más allá del modo en que el actor utilizó la máquina que le ocasionó el daño, lo cierto es que la accionada no cumplía con las prescripciones del Dec. 617/97, desde que ni siquiera había otorgado al actor elementos de protección para evitar posibles accidentes.

Ahora bien, respecto a la culpa que las demandadas le endilgan al actor para eximirse de responsabilidad, en un caso similar esta misma Sala dijo que "Aún en el caso de que hipotéticamente se considerara que el hecho dañoso se debió a la imprudencia del actor en el manejo de los balancines, ello no anularía la responsabilidad del empleador. Ello es así, toda vez que el acostumbramiento del operario a desarrollar su actividad en forma imperfecta soslayando el riesgo que ello trae aparejado, se puede revelar sin que la víctima haya incurrido en el "propre dolum". El obrar culposo por imprudencia, torpeza, distracción o ligereza no enervan el derecho del damnificado de ser resarcido, pues no es él quien debe correr con las consecuencias negativas (S.D. 42.880 del 25.08.10, Expte. Nº 686/2006 "Mohammad, Claudio Antonio c/ Gestión Laboral S.A. y otro s/despido (votos de los Dres. Rodríguez Brunengo-Ferreirós).

Es por todo lo analizado que, de ser compartida mi opinión, voto porque se confirme el fallo apelado en lo que a este punto materia de agravio se refiere.

III- El codemandado Sánchez y las restantes codemandadas se agravian porque fueron condenados solidariamente. Sánchez argumentó en su favor que las propietarias del tractor y del mixer eran las restantes codemandadas y que él solamente tenía la guarda de los elementos por ser el tambero asociado. Es decir reconoce que si bien no era el propietario, los bienes se encontraban a cargo y bajo la guarda de él, que en calidad de tambero, es quien ejerce el contralor de dichos bienes, el poder de dirección hacia sus empleados y tiene la responsabilidad por los hechos que los mismos puedan generar. Por su parte, las codemandadas adujeron que las tareas necesarias destinadas a la explotación del tambo son inherentes a la figura del tambero asociado a quienes se le entregan los elementos necesarios para el cumplimiento de las tareas del tambo, conforme a la normativa del art. 3º inc. a) y art. 7 de la ley 25.169. De tal modo, dicen, al entregarle los elementos al tambero, se han desprendido de la guarda de los mismos, la que quedó en cabeza de aquél.

Ahora bien, debe estimarse guardián a la persona que tiene de hecho un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa, sin que interese saber si el guardián de la cosa tiene su condición de tal aprobado o no por el derecho, ya que la figura jurídica ha sido elaborada para imponerle deberes y no para atribuirle prerrogativas (ver CNTrab., Sala I, mayo 31-994.- Arce, Ernesto c. Industrias Ganaderas Inga S.A. y otro) D.T. 1995-A, 752).

En este sentido, resulta más que evidente que el codemandado Sánchez era el guardián del tractor/mixer en que se accidentara el Sr. Silva. En efecto y conforme surge del contrato asociativo de explotación tambera celebrado entre la codemandada Ratto de Marrodan y Cristian José Sánchez (fs. 59)el tambero asociado tiene entre sus obligaciones, la de mantener en buen estado de conservación la maquinaria y/o construcciones que estén a su cargo, donde realice los trabajos o habite, realizando los trabajos de conservación y mantenimiento que sean necesarios. Concordantemente con dicha obligación, también el art. 7 de la Ley 25.169 en su inc. b) impone al tambero asociado la responsabilidad de cuidar los bienes que integren la explotación tambera.

Por otra parte el guardián es quien tiene el poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa (ver Tratado de Derecho Civil de Llambías, Tomo IV - A pág. 500).

De este modo, no encuentro razón alguna para eximir de responsabilidad a este codemandado, quien reconoció tener la guarda de la cosa productora del daño, como así tampoco a las codemandadas, quienes en su escrito de expresión de agravios, reconocieron que el tractor y el mixer eran de propiedad de todas ellas (ver fs. 575 vta., primer párrafo), sin que resulten guardianas de la cosa productora del daño (ver fs. 575 vta. tercer párrafo). Al respecto, debo poner de relieve que la figura del propietario no se confunde con la del guardián, pues se trata de dos responsabilidades distintas, lo que significa que alguien puede ser obligado a la reparación de un daño, por razón de su calidad de propietario de la cosa que ha originado ese daño, sin ser guardián, como también puede serlo en cuanto guardián sin ser propietario (ver mismo Tratado Llambías, pág. 532.)	Para que el propietario sea legalmente responsable, son requisitos: 1º) que el daño haya sido originado por un hecho de la cosa; 2º) que el demandado haya sido propietario de dicha cosa, al tiempo de la causación del daño (fs. 540 del tratado). Ambos presupuestos se dan en el presente caso.

Por otra parte, dice el autor mencionado, con criterio que comparto, que nada hay en la ley que subordine la figura del propietario a la del guardián o viceversa. Ambos son considerados responsables frente a la víctima cuando están reunidos los requisitos condicionantes de la obligación de reparar respectiva, requisitos que son parcialmente distintos, pues uno hace al carácter de titular del dominio y otro al poder efectivo de dirección y control de la cosa. Es claro que ambas responsabilidades pueden funcionar acumulativamente en una misma persona que sea propietario y guardián de la cosa, al propio tiempo; y pueden mantenerse disociadas cuando la persona del propietario no es la misma del guardián: en este supuesto el damnificado puede elegir a quien demandar, si no prefiere entablar la acción resarcitoria contra ambos. (fs. 561 y 562 del Tratado).	Lo expresado, si se comparte mi criterio, me lleva a confirmar también la sentencia de grado, en cuanto condenó solidariamente a todos los demandados por el infortunio del que fuera víctima el accionante.

IV- El porcentaje de incapacidad fue fijado por el Sr. perito médico en el 61,5%, el que a criterio del codemandado Sánchez y las demás codemandadas es desproporcionado con relación a los baremos aplicables e incapacidades laborales. De igual modo, también encuentran exhorbitante y desmedido el 20% que se reconoce en concepto de incapacidad psíquica.

El agravio referido al porcentaje de incapacidad física deviene extemporáneo, toda vez que el informe médico no fue observado en tiempo oportuno, por lo que llega consentido. En cuanto a la incapacidad psíquica, el tratamiento de este agravio deviene abstracto ante la falta de fundamentación precisa.	V- El monto indemnizatorio es apelado por elevado y arbitrario, en tanto que los intereses son también cuestionados. Al respecto, cabe poner de relieve que "En lo referido a la cuantía de los resarcimientos (por daño psicofísico y moral), corresponde señalar que por la vía del derecho común, el juez se encuentra facultado para determinar tanto la reprochabilidad como el monto de la condena, ello de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, sin estar obligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos. De acuerdo con tal criterio deberá apreciarse el evento generado por el hecho y en ocasión del trabajo, la pérdida de la vida o bien la incapacidad que afecta al trabajador, su condición social, formación y capacitación, como también su edad y estado civil, los valores salariales y, finalmente, la vida útil que le resta. (Expte. Nº 9452/01 sent. 38.450 del 27/4/05 "Guiral, Ana c/ Laurenzano, Ernestina y otro s/accidente acción civil" (con votos de los Dres. Rodriguez Brunengo-Ferreirós).

En el caso que nos ocupa, encuentro equitativo el monto indemnizatorio fijado por el sentenciante en concepto de daño material, pues no debe olvidarse que el actor al momento de su gravísimo accidente sólo contaba con 26 años y debido a dicho infortunio perdió su miembro inferior, de acuerdo con las referencias obrantes en la pericial médica de fs. 499/500 vta., la que no mereció observación alguna de las partes.

En cuanto a los intereses, el agravio de los demandados sólo expresa una mera disconformidad con lo resuelto por el sentenciante, sin que los fundamentos expresados alcancen para rebatir sus fundamentos.

VI- Toda vez que considero que el monto fijado en concepto de daño moral es exiguo, en tanto encuentro atendibles las razones invocadas por la parte actora en su escrito de expresión de agravios, propongo elevar el monto establecido por este concepto y fijarlo en la suma de $ 120.000 (PESOS CIENTO VEINTE MIL). Cabe agregar asimismo que la valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quántum indemnizatorio, tomando en consideración para ello, la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad -(ver en igual sentido Cám. Nac. Cont. Adm. Federal Sala I 17.VIII.97: "Sández, Marta Susana c/ Consejo Federal de Inversiones s/ Empleo Público").-	En lo que respecta al daño moral, he dicho ya en múltiples fallos que:

"El daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños." (Isidoro H. Goldenberg: "El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo", en "Daño Moral", pág. 265 "Revista de Derecho de Daños", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

"En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo" (Goldenberg, loc. Cit.).

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo A. Guibourg, expresó: "Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable - aún en ausencia de una relación laboral - tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la indemnización tarifada. Encontrándose la conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales" (El Derecho, 29-07-80).

"La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad" (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-VIII-97:"Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/ Empleo Público").- Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que "esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez".

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de "daño moral" por el "daño a la persona", de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: "Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", en loc. Cit. pág. 7 y ss).

La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema " la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", cuyo Art. V dispone que "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar"; "la Declaración Universal de Derechos Humanos", cuyo artículo 2º - 1 reza: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición", y otras normas de específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22, C.N.).

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: "El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste" (Autos: "Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID:"Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos" 16/VI/88).

VII- Por todo lo expuesto, propongo modificar el fallo de primera instancia, elevando el monto de condena a la suma de $ 870.000 (PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL), la que llevará los intereses fijados en los considerandos respectivos de la sentencia de grado.

VIII- RECLAMO POR DESPIDO.

El agravio del actor se funda en la condena por la acción por despido, la que solamente recayó sobre el codemandado Sánchez, desestimándose la acción contra el resto de las codemandadas. En tal sentido, advierto que pese a los extensos argumentos vertidos por la agraviada, intentando convencer al Tribunal de que no quedó probado que el codemandado Sánchez hubiera revestido realmente el carácter de tambero asociado, lo cierto es que tales argumentos resultan extemporáneos desde que en el escrito de demanda claramente definió al codemandado Cristian José Sánchez como el tambero asociado, sin efectuar otras consideraciones (art. 277 CPCC).

En tal sentido la regla "venire contra factum proprium nulle conceditur" expresión latina que define sintéticamente la denominada "teoría de los actos propios", se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta anterior válidamente asumida por el litigante. Ello es así, porque el principio de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediara entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia según sus integrantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica" (ver CNAT - Sala II - SENT. INT. 39.847 - 28.03.96 "Cabrera, Carlos c/ Aballay, Mario s/ despido".

En cuanto al resto de las codemandadas, que no fueron condenadas, resulta de aplicación al caso el art. 8 de la Ley 25.169, en cuyo inc. b)dice que "En los casos en que cualquiera de las partes contratara personal para afectarlo en la explotación tambera...está obligada, en forma individual al cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y fiscales vigentes, sin que exista solidaridad entre las partes o ante terceros".

Por otra parte, la agraviada no logró desvirtuar mediante prueba en contrario, lo decidido en la sentencia de grado respecto de la prueba testimonial, de la que no surge que el actor hubiera realizado otro tipo de tareas, además de las propias del tambo, que pudieran tener por configurada una relación laboral entre él y las codemandadas.

Por lo expuesto, de compartirse mi criterio, voto por que se confirme la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda por despido contra las codemandadas.

IX- Considerando el mérito y la extensión de la labor desarrollada por los letrados y peritos actuantes, estimo que sus honorarios son equitativos, por lo que cabría confirmarlos. Cabe hacer la salvedad de que los porcentajes fijados se adecuarán al nuevo monto de condena (arts. 38 de la Ley 18.345, modificada por Ley 24.635 y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

X- Propongo que las costas de alzada se declaren a cargo de la parte demandada (art. 68 CPCC) y se regulen los honorarios de esta instancia en favor de los Sres. Profesionales intervinientes, por la parte actora, codemandado Sánchez y el resto de las codemandadas, en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que, en definitiva les corresponda, a cada uno de ellos por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 - modif. Por ley 24.432).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 -modificada por Ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede el TRIBUNAL resuelve: 1) Modificar el fallo recurrido y elevar el capital de condena, por los daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, fijándolo en la suma de $ 870.000 (PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL), a la que se le agregarán los intereses dispuestos en la sentencia de grado inferior. 2) Confirmar la regulación de honorarios practicada en primera instancia, con la salvedad de que los porcentajes fijados, se adecuarán al nuevo monto de condena. 3) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 4) Declarar las costas de alzada a cargo de la parte demandada. 5) Regular los honorarios de esta instancia en favor de los señores profesionales intervinientes por la parte actora, codemandado Sánchez y por el resto de las codemandadas, en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que, en definitiva les corresponda a cada uno de ellos por su actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.