Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-05


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 5 días del mes de octubre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"A., C. A. c/ CLINICA S. S.R.L. s/ LABORAL", Expte. nro. 15.822/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la localidad de S. (Expte. nro. 04/03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 467), correspondió el siguiente orden para la votación:

Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 438/448 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 455) de la sentencia de fs 438/ 448 vta. que hace lugar a la demanda impetrada por el Sr C. A. A. y condena a Clínica S. SRL al pago de las sumas que resulten de la liquidación a efectuarse por los rubros:

despido incausado, insuficiencia de preaviso, integración de mes de despido, diferencias salariales por función y trabajo nocturno, vacaciones no gozadas, días laborados en el mes de enero de 2003, asignación no remunerativa del decreto 1273/02 con la modalidad que da cuenta el considerando respectivo, duplicación de rubros indemnizatorios del art. 16 de la ley 25561 e incremento indemnizatorio de la ley 25323 Art2°, ordena que la liquidación se efectúe por el perito contador U. M., en el término de 5 días de notificado, establece como plazo de cumplimiento de la sentencia el de diez días desde que la liquidación quede firme, impone las costas al demandado vencido y regula los honorarios.

A fs 458/459 se agrega la expresión de agravios.

El primero de ellos se refiere a la conclusión establecida por el sentenciante en el sentido de establecer como "grupo económico" a las firmas "Clínica S. SRL y Clínica d. V. SRL, ya que dicha conclusión y secuencia lógica se asienta en la voluntad del aquo y no en las probanzas de la causa.

Dice que el actor se desempeñó laboralmente para una y otra de las firmas y a partir de eso sin fundamento arriba a la conclusión que constituyen un grupo económico, resultando necesario acreditar la verdadera existencia de una comunidad empresarial.

Agrega que aún cuando tal conjunto empresario hubiera existido, se hizo un análisis sesgado y parcial del Art. 31 LCT, omitiendo uno de los requisitos esenciales contenidos en la misma, "maniobras fraudulentas o conducción temeraria", ya que no explicita la sentencia bajo que modalidad ni en qué términos su parte realizó maniobra fraudulenta alguna.

Menciona puntualmente una expresión de la sentencia, sosteniendo que el requisito de registrarse maniobras tendientes a evadir normas legales no debe "parecer" sino existir.

Indica que el sentenciante encuadra indebidamente el vínculo laboral del actor con la demandada, habiéndose acreditado que se encontraba regulada por el régimen especial de la ley 24.467.

Aduce que tanto el número de empleados como el número de facturación anual de la empleadora Clínica S. SRL habilitan para la aplicación del régimen de pequeña y mediana empresa.

Esto último es reconocido por la sentencia.

El segundo agravio surge como directa consecuencia del primero, y al no ser de aplicación el régimen de la ley 24467, se torna inaplicable la totalidad de los rubros.

Señala que el actor fue contratado para prestar tareas de conformidad a lo previsto por el Art. 1ero de la ley 25250 norma modificada por el Art. 22 LCT y de conformidad con lo establecido por el Art. 83 de la ley 24467, resultando acreditado que con fecha 10 de enero de 2003, expiraba el contrato de trabajo conforme las normas ya señaladas, comunicación que se efectuó mediante la carta documento.

No llega controvertido a esta instancia que el Sr A. prestó servicios para la Clínica S. SRL, ni tampoco que se haya desempeñado para la Clínica d. V., en la expresión de agravios que escasamente cumple con los requisitos del Art. 265 CPCCCh, embate contra la sentencia que ha dispuesto que entre las empresas mencionadas exista un grupo económico (Art. 31 LCT).

Se observa que al contestar la demanda se limita a negar que las firmas integren un conjunto económico.

He sostenido y son de aplicación en autos algunos principios doctrinales y jurisprudenciales, así la praxis judicial ha declarado que las negativas genéricas carecen de eficacia como impugnación concreta y relevan al demandante de la prueba, quedando excluido por la doctrina de los actos propios, toda vez que el demandado no sólo tiene la carga procesal de reconocer o negar categóricamente los hechos y los documentos a los que alude el art. 356 inc.1º del CPCCCh, sino que también tiene la de suministrar a la justicia los antecedentes necesarios para que ésta adquiera conocimiento exacto de los hechos, tal como surge del inciso 2º del mismo cuerpo legal.

El justiciable que es demandado tiene el deber de expedirse expresa y categóricamente sobre ello, no bastando una cómoda negativa que, comúnmente, sólo tiende a poner a cargo de la contraparte la prueba de extremos y de situaciones que, por un elemental deber de lealtad y buena fe en el proceso, corresponde sean inicialmente expuestos por las partes con claridad y veracidad (Luis Muñoz, "Los procesos ordinario, sumario y sumarísimo, pág.301) no bastando la mera negativa de los hechos y las consecuencias jurídicas pretendidas por el actor, sino que el demandado debe abonar, mediante afirmaciones claras y precisas, eventualmente acreditadas, cuál es el fundamento de la sinrazón de lo peticionado en la demanda, ya que el "onus explanandi" es el deber de plenitud al relatar los hechos, en el caso de autos, el demandado lo ha incumplido ya que se limitó a negar genéricamente, pretendiendo introducir a través de la expresión de agravios, argumentos, que más allá que puedan compartirse o no, no fueron alegadas en su contestación.

Admitiendo tales conceptos se ha expedido el Superior Tribunal de Justicia en S.D. Nº 6/02.

No obstante ello el actor produjo prueba que fue analizada minuciosamente por el sentenciante, para arribar a la decisión de la existencia de un conjunto económico, decisión que he de compartir y al sólo efecto de abundar señalaré las pruebas que entiendo junto con el aquo decisivas.

El informe de AFIP, especialmente a fs 321/324 señala las fechas en que se produjeron los aportes, en cuanto al período que nos interesa; y que fueron realizadas por Clínica del V. SRL, como empleador y a fs 322 y 323 consta el aporte de Clínica S., resultando ésta la empleadora.

Asimismo durante el período en que el Sr A. interrumpe sus tareas para Clínica S., es justamente cuando consta como trabajador de Clínica d. V., y que coincide con lo que surge de fs 373/374 de P. A. E. LLC, quien informa que el Sr C. A., enfermero estaba autorizado para ingresar a la obra en los vehículos mencionados en el oficio (interno .., furgón Ford Transit 2001 dominio ... ... tacógrafo: ...., interno .., FURGÓN Ford Transit 1996, FS 372), persona dependiente de Clínica d. V..

Ello en concordancia de las testimoniales y especialmente la de fs 86, la documentación acompañada por el actor y lo sostenido por el perito quien da cuenta que la documentación fue puesta a su disposición en la Clínica d. V. (fs 396) llevando firma de la misma clínica el informe de la Contadora S. de fs 391/392.

"Si un trabajador inició y mantuvo un contrato de trabajo con una empresa que ha estado bajo la dirección, control o administración de personas que luego han sido integrantes de otra sociedad para la que también trabajó el actor y que se dedican a la misma actividad, ambas empresas constituyen un conjunto económico de sociedades e integrantes, sobre todo si existe concordancia de actividades, seguimiento de un establecimiento con respecto a otro en el mismo ramo industrial y la integración de las personas que componen ambas sociedades vinculadas familiarmente, inclusive de padres a hijos", CNAT, Sala X, 31 1097, e igual Sala, 16.799. DT 2000A90.

Y más allá de las pruebas que lo confirman el apelante reconoce a fs 458 que el actor se desempeñó laboralmente para una y otra de las firmas mencionadas y, tengo presente lo sostenido por la Corte Suprema de la Nación en "Parke Davies y Cía. de Argentina SAIC" y "Compañía Swift de La Plata S.A. S/ Quiebra" (ED 49493 y 51223) a fin de brindar una idea de lo que entendió el mismo sobre grupo económico.

Y en considerando duodécimo se dijo que no desconocida la existencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado, ni tampoco la personería jurídica de la sociedad local, tales datos, asentados en los principios del Derecho común en materia de sociedades, no son óbices para establecer la efectiva unidad económica de aquellos y su continuidad de intereses a través de la "significación económica de los hechos examinados".

En autos a pesar de su aparente autonomía jurídica, ambas sociedades, se encuentran en relación orgánica de dependencia de acuerdo a la prueba analizada en esta instancia y en la instancia de grado que ningún reparo le produjo al quejoso.

Esboza el apelante que se omitió detallar de manera clara y expresa de que manera el último párrafo del art. 31 de la LCT es aplicable al caso concreto, y se agravia por que el sentenciante dice "parece".

De la lectura de los considerandos no se advierte que ese sea el alcance de duda que el Juez otorgó a la frase, ya que luego de entender probada la vinculación de las empresas, por las razones que enumera, "el requisito de registrar maniobras tendientes a evadir normas legales parece también estar presente", con la prueba que analizó y de la contestación de demanda.

Ninguna duda, reitero, se observa del sentenciante respecto a la decisión que arriba.

La Real Academia, vigésima primera edición, pág. 1084, lo define como juicio, dictamen, opinar, creer, juicio o dictamen que se forma en una materia, máxime cuando en autos no consignó me parece, sino parece estar presente...

Pero si ello no fuese suficiente el sentenciante marcó cuáles fueron las maniobras que encuadran en la norma en análisis.

Y es el art.14 de la ley de contrato de trabajo, el que pone luz a los requisitos del Art. 31, pues determina cuando un contrato será nulo "cuando las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley, aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio", y agrega que en cualquier otro caso la relación quedará regida por esta ley.

Y enseña Carlos Alberto Etala en Contrato de Trabajo, pág. 53, "Si bien la evasión normativa estará acompañada generalmente por un elemento subjetivo, basta para la existencia de fraude a la ley la mera comprobación del desplazamiento objetivo de las normas laborales imperativas".

Así pretender que Clínica S. era una pequeña empresa, cuando lo único que alegó fue ello, sin aportar prueba alguna que lo corroborara, y digo ninguna ya que el perito no tiene contacto con los libros para dar certeza sobre lo que informa la contadora S. a través de la documentación de fs 391 y 392.Así expresó "Los gastos totales de la demandada Clínica S. SRL y clínica d. V. SRL, durante el período Agosto 2002 enero 2003,según planilla aportada por la Cra S. S., se anexa al presente.

Incumbía a la demandada demostrar no sólo la inexistencia de toda vinculación entre ellas; al tratarse de dos sociedades dedicadas a la misma actividad, clínicas, que la registración laboral se encuentra en el mismo lugar, que el pago a la AFJP, fue realizada por una de ellas en parte del período que trabajó para la otra, que tiene al actor trabajando para ambas, así en noviembre de 2002, abruptamente, "pide licencia" Y comienza a trabajar para Clínica d. V., y es despedido por ésta el 5 de diciembre de 2002, tomando igual actitud Clínica S. a partir del 10 de enero de 2003; sino que se trataba de una mediana o pequeña empresa.

Ante ello y concluyendo que se trata de un grupo económico, los requisitos que establece el Art.83 de la ley 24.467, devienen irrelevantes.

Mucho más cuando se probó que existió al menos una evasión de las normas laborales, al contratar al Sr A. dentro de un régimen que no correspondía cuando el mismo ya venía desempeñándose en la Clínica d. V., establecer una fecha de ingreso en consecuencia que no era la real, y privar de todo derecho a la estabilidad del trabajador, permitiéndole como en el caso de autos el despido y el no pago entre otros rubros de preaviso, vacaciones, y derechos introducidos por otras leyes, evadiéndose la ley en perjuicio del trabajador.

Y como lo sostiene la jurisprudencia y ha hecho mención el sentenciante, "Si bien el fraude a la ley laboral es un recaudo esencial para que se configure la responsabilidad solidaria del Art. 31 LCT, ello no significa que deba probarse el dolo del empleador o su intención fraudulenta.

No se requiere una intención subjetiva de evasión respecto de las normas laborales, sino que basta que la conducta empresaria se traduzca en una sustracción de dichas normas" CNAT, Sala VII, 181093 DT 1994A537.

"Cuando se establece un conjunto económico, vale decir una unidad económica productiva, con uso común de los medios personales, materiales e inmateriales; la apariencia formal no impide la consideración de la real situación subyacente aún en ausencia de conductas fraudulentas (CSJN, Parke Davies y Cía de Argentina.

Fallos 268:97 y Frigorífico Swiff de Argentina de La Plata, Fallos 286:257).

Y a decir de Juan Fariña en "Sociedades Comerciales", pág 97/98, la naturaleza de la actividad y el grado de vinculaciones, son todas notas sobresalientes que confirman la relatividad de las personas jurídicas, actividad y grado de vinculación que ya se resaltara en el presente, emanadas de la documentación agregada.

El segundo agravio resulta inconducente, no sólo por lo resuelto sino porque no realiza una crítica concreta y fundada de los rubros indemnizatorios acordados, lo que se torna en una valla insalvable.

Las costas de esta instancia estarán a cargo del vencido, atento el principio objetivo de la derrota.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, tendré presente, la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los Arts 6, 14 y 47 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestimar los agravios del demandado de fs 458/459 y confirmar la sentencia de fs 438/448 vta.

2) Costas al demandado vencido A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A1) En cuanto a los agravios expuestos por demandada apelante a fs. 458/vta. como primer agravio, en principio advierto, después de la confrontación efectuada entre los argumentos en que basamenta su apelación con los fundamentos en que contestó la demanda (fs. 49/54), que los mismos son de diferente entidad jurídica.

Esto es así, ya que en dicho escrito, en cuanto a la temática planteada en esta instancia, se limita únicamente a negar a fs. 50 vta. que conforme un grupo económico no haciendo referencia alguna a dicha circunstancia cuando relata los hechos a fs. 51/53 donde arguye que el contrato de trabajo a prueba existente entre las partes se normaba por el art. 1ero. de la Ley nro. 25.250 y 83 de la Ley nro. 24.467., circunstancia que reitera en su segundo agravio (fs. 459).

A la situación apuntada le corresponde aplicar el criterio doctrinario y jurisprudencial que, desde larga data, determina que la expresión de agravios sirve para delimitar las atribuciones de la alzada en el conocimiento del recurso, en correlación con el postulado de congruencia (art. 34 inc. 4to. C.P.C.C.Ch. Procesal), desde que las causas deben decidirse "secundum allegata et probata".

En consecuencia, no puede modificarse, en las quejas ante la alzada, lo que se afirma en la demanda o contestación, ya que de acuerdo con la coordinación de los arts. 265, 271 última parte y 277 primera parte del ordenamiento procesal, el agravio no es un apartarse de lo invocado por las partes en sus acciones o respuestas, sino precisamente la afirmación de ello y el consiguiente razonamiento si cupiere de lo injusto de la decisión recurrida (conf. Morello Sosa Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.III, págs. 353/354; Cám. Nac. Esp.Civ. y Com., sala I, 18/06/79, BCNEC y C., 674, núm, 9792: ídem. Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219).

Sobre el piso de marcha precedentemente expuesto, se ha de subrayar, a mayor abundamiento, que el ámbito de los tribunales de Alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez de primera instancia, siendo inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites del objeto litigioso, y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes.

Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instancias, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de una expresa prohibición legal (conf. aut. cit., ob. cit., Tomo cit., pág. 413/414; arg. crit. Cám. Nac. esp.civ. y com., Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219; Cám. Nac. Civ., Sala C, 12/05/83, La Ley 1984, v. A, p. 489, 36.542 S).

Sin perjuicio de lo hasta aquí ameritado estimo, asimismo, que en casos como el presente, corresponde aplicar a la situación planteada el principio de primacía de la realidad (conf. crit. arts. 14 y 23 de la LCT) ya que el contrato de trabajo es un contratorealidad. En sentido coincidente a dicha conclusión ha establecido la doctrina que:

"El principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos debe darse preferencias a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (Valentín Rubio en "Derecho Laboral", Tomo I, Edit. Rubinzal Culzoni año 1999).

En cuanto a lo dispuesto por el art. 31 de la LCT es criterio expuesto en autos caratulados: "T., M. c/ F. S. S.A. y Otros s/ Demanda laboral", sent. def. nro. 48 del 03/07/03, que en casos como el de autos corresponde aplicar la directiva sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto señala que cuando se establece un conjunto económico, vale decir una unidad económica productiva, con uso común de los medios personales, materiales e inmateriales, la apariencia formal no impide la consideración de la real situación subyacente aún en ausencia de conductas fraudulentas (CS, "Parke, Davies y Cía. Arg", Fallos: 268:97 y "Frigoríficos Swift de La Plata", Fallos: 286:257; ídem DT. 2000A90, entre muchos).

El criterio transcripto es el reiteradamente expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con lo cual es de aplicación la doctrina del precedente obligatorio de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut se ha expedido en autos caratulados: "S., F. c/ S. S.A." (Expte. nro. 14.152S1993) respecto que:

"No puede desconocerse que ciertos valores jurídicospolíticos de gran significación, que constituyen materia federal regida por la Constitución requieren de pronunciamientos uniformes, que reafirmen la seguridad de las instituciones, ratifiquen la confianza del pueblo en la justicia y consoliden un sistema útil y efectivo (ver la doctrina del precedente obligatorio y el valor de los pronunciamientos de la CSJN Osvaldo A. Gonzaini Rev. JA, 28/4/93 pág. 2/61).

En aquellos casos en que así lo ha comprendido la Corte Suprema ha calificado como un deber "institucional" y no solo un deber moral de los tribunales inferiores, acatar sus pronunciamientos, sin perjuicio de atender las particularidades del caso, ni enervar el recto ejercicio de la libertad de juicio de los Magistrados.

Y la organización judicial ha aceptado que la lectura de los acontecimientos peculiares que en orden a aquellos valores efectúan las Cortes Superiores, merece continuidad cuando se reitera y constituye"; jurisprudencia constante e inveterada (doctrina legal).

Admitiendo este deber institucional señala Gozaini "no se priva a los Magistrados inferiores de expedirse conforme sus convicciones: simplemente se sugiere que existe una superioridad institucional, que maguer los inconvenientes de los sistemas de subordinación jerárquica, determinan una suerte de autoridad obligatoria".

En cuanto a la existencia de grupo económico, del análisis y confrontación de las testimoniales prestadas por R. V. P. (fs. 84 contestación a la 1era. a 6ta. pregunta); A. A. L. fs. 85 contestación a la 1era. pregunta y razón de sus dichos), A. M. D. R. S. (fs. 86, contestación a la 3era. pregunta y al interrogatorio efectuado por el aquo) y razones de sus dichos), C. E. M. (fs. 98/vta. contestación a la 3era. Y 15ta. pregunta) con la documental remitida por la AFIP (a fs.321/324), la informativa prestada por P. E.(fs. 374) y la pericia practicada por el perito contador (fs. 396/398), ha quedado acreditado que ambas Clínicas (del V. y S.) actúan como una unidad técnica de ejecución o un mismo establecimiento habiendo requerido la prestación de servicios del actor para llevar adelante sus fines específicos con lo cual ambas deben ser calificadas como empleadoras a los efectos del contrato laboral que vinculó a las partes, sin que el hecho de que el actor se encuentre registrado en una sola de ellas perjudique la real circunstancia acreditada para la causa de que el mismo también prestó servicios a favor de la otra (conf. crit., S. 53 "V. C. J. c/ P. S.A. y OtrosDda." Cám. del Trabajo de Córdoba Sala I 04/05/2004; elDial AA21).

A mayor abundamiento, y en relación a la existencia del conjunto económico, no soslaya la suscripta que, conforme a lo dispuesto en el art. 31 LCT Ley 20744 en el texto posterior a la reforma de la ley 21.297, para responsabilizar solidariamente a entidades con personalidad jurídica propia, por las obligaciones laborales de otra con la cual conforma un conjunto económico permanente, resulta menester la demostración de maniobras fraudulentas o conductas temerarias, pero estimo que, al menos en lo que hace al segundo de dichos extremos, las constancias de autos autorizan a tenerlo por configurado.

Es que, como tiene dicho tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, que no es necesario probar el dolo de los involucrados o un propósito fraudulento en los mismos, dado que no se exige una intención subjetiva de evasión de las normas laborales, bastando para cumplir la exigencia normativa estatuida en la nueva redacción del art. 31 LCT, que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales, con intenciones o sin ellas (conf. Justo López, en "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", en colaboración con Centeno y Fernández Madrid, 2da. ed. actualizada, T. I, p. 379; CNAT, Sala II, 10/3/84, en Leg. Trab. T. XXXIIB p.657); en ésta tesitura, encontrándose la relación habida entre el demandante y el grupo accionado regida por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, y acreditadas que han sido las maniobras ilegítimas llevadas a cabo respecto del actor, inclinan mi opinión en el sentido que, aún con prescindencia de toda intencionalidad aviesa, se ha configurado, objetivamente, un supuesto de evasión de normas laborales que torna aplicable lo dispuesto en el citado art. 31 LCT.

Son todas ellas razones por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por el apelante a fs. 458/vta. y confirmar la sentencia de fs. 438/448 vta. en este sentido.

I.A2) En cuanto al segundo agravio expuesto por la apelante demandada a fs. 459, carece de virtualidad jurídica expedirse sobre el mismo atento la decisión adversa que sobre éste se decidió.

IB) Las costas son impuestas a la apelante demandada vencida (art. 68 del CPCCh). Diferir para el momento del acuerdo la regulación de honorarios del profesional interviniente donde se los fijará teniendo en cuenta la materia puesta a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido (arts. 6, 7, 14, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCh, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios del demandado de fs 458/459 y confirmar la sentencia de fs 438/448 vta.

2) Costas al demandado vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. R. H. A. en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo regulado por su trabajo en primera instancia.

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse excusada de actuar la señora Jueza de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

NÉLIDA SUSANA MELERO Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 67 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS