Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


D., M. G.; F., C. A. Reg.: A y S t 198 p 106-161. Santa Fe, 30 de junio del año 2.004.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de M. G. D. contra la resolución 38, del 30 de junio de 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal -integrada- de la ciudad de Venado Tuerto, en autos caratulados "D., M. G.; F., C. A. -Homicidio calificado por el vínculo y por alevosía-", (Expte. C.S.J. NE 410, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. La Cámara de Apelación en lo Penal -integrada- de la ciudad de Venado Tuerto mediante resolución NE 38 del 30 de junio de 2003 confirmó -por mayoría, y en lo que es de interés- el pronunciamiento inferior que, a su turno, había condenado a M. G. D. como coautora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y las costas del proceso (arts. 45; 80 incs. 1 y 2 y art. 29 inc. 3 del Código Penal) (fs. 112/412).

Contra dicho decisorio interpone el defensor de la condenada recurso de inconstitucionalidad (fs. 415/698).

Enuncia que a los fines de una mejor exposición de los planteos constitucionales, los dividirá en dos partes, referida la primera a la "inconstitucionalidad del proceso" y la segunda a la "inconstitucionalidad de la sentencia".

Reseña que los derechos desconocidos durante el proceso han sido: el de contar con jueces imparciales, la posibilidad de probar, la facultad de controlar la prueba, la carga de la prueba en la acusación, la consideración de la duda en favor del imputado, la igualdad ante la ley y la violación de la congruencia procesal, entre otros.

Plantea, antes de desarrollar en extenso los cuestionamientos, que también se incurrió en arbitrariedad en el transcurso del proceso al denegarse pruebas que provocaron un gravamen irreparable.

En un segundo orden, y con referencia a la "inconstitucionalidad de la resolución impugnada", postula que la misma, además de estar inficionada por los vicios acontecidos durante el proceso que le precediera y que de por sí la descalifican constitucionalmente, presenta a su vez, tanto en su conjunto como en los votos particulares, deficiencias esenciales que hacen que la misma no reúna las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Desarrollando los reparos que refieren al primero de los planteos -inconstitucionalidad del proceso-, esgrime la ausencia de imparcialidad de los diferentes Magistrados que han intervenido durante todo el proceso.

Indica que iniciada la investigación llevada a cabo por el doctor Risso -Juez de Instrucción de Melincué- lo recusó en razón de las distintas declaraciones que emitiera ante medios de comunicación que, en forma clara, constituían prejuzgamiento.

Señala que rechazada su presentación en las instancias ordinarias, la Corte provincial desestimó la queja con el argumento de que la resolución recurrida carecía del requisito de definitividad, pero sin adentrarse al "meollo" de la cuestión.

Es por esta razón, dice, que el tema se trasladó a la sentencia que ahora se impugna, en donde la Cámara vuelve a desatender su pretensión "contaminando el fallo hoy impugnado".

Consigna que la Alzada incurrió en un verdadero agravio constitucional por omisión porque nada dice de los planteos impugnativos sobre el particular, transitando el tema por consideraciones generales y abstractas respecto a la relación entre la prensa y los procesos penales, pero sin dar explicaciones sobre el "prejuzgamiento" en el que incurrió el Juez inferior.

En otro orden pone de manifiesto las cuestiones que refieren a la intervención de la Cámara Penal dentro de este proceso, las que para su mejor comprensión -dice- serán subdivididas en la tarea desplegada antes de la sentencia de primera instancia, para luego en un segundo momento, referir a lo desarrollado por dicho Tribunal con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria.

En lo que concierne al primero de los aspectos, expone que recusó a los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto por cuanto habían perdido la imparcialidad en razón de haber sido "testigos", de conformidad con el artículo 50 inciso 1) del código de forma.

Expone que su postura recusatoria obedece a que los aludidos miembros se encontraban en el domicilio donde se produjo el deceso en las primeras horas de la investigación, por lo que -destaca- debieron tener conocimiento de lo que estaba sucediendo.

Y es ahí, advierte, donde se dio origen a la "hipótesis fuertemente preferida" entre los operadores judiciales que por distintos motivos se hicieron presentes en el lugar, asumiendo roles funcionales en la investigación, en una "mezcla peligrosísima entre lo público y lo privado".

Refiere luego sobre los comentarios que -seguramente, dice- se debieron haber efectuado sobre el hecho investigado entre las distintas personas que se encontraban en el lugar, y que luego habrían incidido en el desarrollo de la causa.

Acota que, al contrario de lo sostenido por la Alzada, el concepto de imparcialidad es de raíz constitucional y una de sus manifestaciones operativas se expresa justamente a través de la capacidad de los magistrados para intervenir en determinado asunto.

La inobservancia de dicho postulado queda atrapada en la causal genérica de nulidad consagrada en el artículo 162 inciso 1) del Código Procesal Penal.

Dice que, por lo demás, su posición "no se enerva" con lo prescripto en el Código de Ética del Poder Judicial, pues aquí el testimonio ofrecido y denegado era necesario y que, si existe una gravísima situación objetiva que pone en crisis definitiva la imparcialidad de los magistrados ello no es porque fueron incluidos en nómina de testigos, sino "porque quedaron involucrados en los hechos que hemos referido precedentemente".

En otro orden, pone de manifiesto que tanto los integrantes de la Cámara de la Apelación en lo Penal como los de la Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto perdieron la "aptitud para intervenir en la causa", en razón de haberse anulado por la Corte provincial los autos denegatorios dictados en los recursos de inconstitucionalidad deducidos dentro de los incidentes de recusación.

Ello, dice, motivó su presentación solicitando que se proceda al sorteo de conjueces para integrar el Tribunal, los que -a su entender- debían intervenir en toda la causa.

Tal petición, aclara, fue denegada por esta Corte, pero no obstante reedita la cuestión en esta oportunidad, requiriendo se declare la nulidad de lo actuado a partir del 27.12.2000, extendiéndola a todos los actos conexos y/o dependientes de aquéllos, inclusive la sentencia que aquí se impugna y que suscriben cuatro de ellos.

Resalta que "cuando se compromete la imparcialidad respecto a una cuestión incidental en un proceso -en este caso por haber opinado en una resolución anulada- no solo se pierde aptitud para expedirse nuevamente sobre el mismo tema, sino que ello se extiende a toda la causa" (f. 473).

A continuación pone de manifiesto que en su oportunidad solicitó el apartamiento de la doctora Mir por haber perdido aptitud para integrar la Cámara Penal -en reemplazo del doctor Rosso quien se excusó- en razón de que la misma intervino firmando el decisorio NE 77/00 que fue anulado por la Corte provincial.

Alude que tal petición fue desestimada mediante un decreto de Presidencia de la Cámara Penal, es decir, sin habérsele dado el trámite legal correspondiente, por lo que entiende se ha violentado su derecho de defensa, por lo que solicita la nulidad del proceso desde ese momento, incluyendo la sentencia NE 38/03.

Añade que también planteó la recusación de la referida Magistrada bajo la causal de "prejuzgamiento" en razón de que cuando tuvo que decidir sobre la recusación de los integrantes naturales de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto "incursionó innecesariamente sobre la utilidad de las testimoniales ofrecidas de dichos integrantes", tema que luego sería materia de decisión por vía recursiva contra la denegatoria de esa prueba.

Advierte que el motivo de la recusación no fue que los Magistrados se hayan expedido sobre temas que necesariamente debían abordar, sino que incursionaron innecesariamente sobre otros aspectos del que luego debían expedirse, por lo que cabe concluir que prejuzgaron o emitieron opinión, debiendo apartarse en razón de lo dispuesto en el artículo 50, incisos 1) y 4) del Código Procesal Penal.

En otro orden, manifiesta que en su oportunidad ofreció distintos medios de prueba, algunos de los cuales fueron denegados por el Juez de Sentencia.

Impugnados los decisorios respectivos, los expedientes recayeron ante la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, cuyos integrantes precisamente figuraban entre los ofrecidos como testigos dentro de esos medios de prueba denegados.

Por tal motivo, expone, al tener que decidir sobre dicho planteo, es que se recusó a los referidos Magistrados.

Los mismos decidieron apartarse solamente para entender en los agravios de la apelación que referían a la utilidad de su propio testimonio, pero -dice- seguirían entendiendo en lo que refiere a otros medios de prueba, rechazando, por ende, la recusación.

Acota que girada la cuestión a la Cámara revisora (integrada por los jueces civiles), ésta asumió un criterio distinto, rechazando en su totalidad la recusación de los Vocales de la Cámara Penal, por lo que éstos debían resolver sobre todas las pruebas denegadas, incluso sobre la de su propio testimonio.

Señala, entonces, que sobre el punto existirían tres criterios encontrados:

a) el de la defensa, en función del cual los camaristas penales no podían entender en ningún aspecto de la apelación sobre la prueba denegada, es más deberían separarse de toda la causa;

b) el de los Camaristas Penales recusados, según el cual dividían la cuestión manteniéndose en la causa para resolver respecto de las pruebas denegadas, menos la de su propio testimonio que debía ser decidido por otro tribunal, y;

c) el de la Cámara Civil (revisora) que rechazó toda la recusación por lo que serían los camaristas penales los que debían resolver toda la apelación, incluso lo atinente a su propio testimonio.

Resalta que si bien con el criterio adoptado por la Cámara revisora los autos volvieron a la Cámara Penal a los fines de que decida sobre la apelación por prueba denegada, se vieron sorprendidos cuando se les notificó que la Cámara Civil entendería en la apelación respecto de la prueba testimonial referida, por cuanto, a su entender, esto contradice abierta y manifiestamente lo resuelto previamente con efecto preclusivo en el desarrollo del proceso.

Arguye que tal confusión tampoco fue aclarada en el resolutorio impugnado -NE 38/03-, por lo que la cuestión de la recusación con respecto a la apelación sobre la denegatoria de prueba nunca fue resuelta.

Concluye, sobre este particular, que los vicios apuntados afectan el debido proceso, la doble instancia y la imparcialidad del Tribunal y repercuten sobre la validez del juicio desde que operó esa restricción a sus derechos afectando todos los actos posteriores, incluso la resolución cuestionada.

Siguiendo con lo que considera la "inconstitucionalidad del proceso" refiere sobre la actuación del Tribunal de Alzada con posterioridad a la sentencia condenatoria de primera instancia.

Indica que luego de dictada la resolución por la que se condena a su defendida y en razón de que al apelarse la misma debía intervenir la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, es que plantea una nueva recusación contra sus miembros fundada en que sus integrantes ya habían intervenido en decisiones determinantes, tanto de la instrucción como del plenario (relativas a denegatorias de pruebas, confirmación del procesamiento, etc.) por lo que habían perdido la imparcialidad objetiva necesaria para entender en los recursos de nulidad y apelación.

Acota que rechazado el planteo en primer término por los integrantes originarios, el decisorio fue confirmado mediante auto NE 134/02 de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, contra el cual se promovió el pertinente recurso de inconstitucionalidad, que -expone- no fue resuelto a la fecha del dictado de la resolución NE 38/03, razón por la cual -dice- la cuestión como autónoma se convirtió en abstracta, trasladándose los vicios al decisorio NE 38/03 que aquí se impugna.

Sostiene que el fundamento legal de su postulación se encuentra en el artículo 50, incisos 1) y 4) del Código Procesal Penal, estatuidos en resguardo de derechos que reconocen y garantizan las Constituciones nacional y provincial, como así también el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que, al ser rechazadas dichas recusaciones, el fallo impugnado se impregnó definitivamente del vicio aludido.

Acota que como existen normas orgánicas y procesales que permiten la configuración de la situación que se viene cuestionando es decir "que quien haya intervenido previamente como Magistrado de un Tribunal de Apelación en cuestiones interlocutorias pueda hacerlo nuevamente en la apelación contra la sentencia definitiva", dichas normas violan tanto la Constitución nacional como la provincial en cuanto a las garantías referidas, por lo que solicita se declare su inconstitucionalidad, como así también de las acordadas y disposiciones complementarias.

Dice que tal planteo encuadra dentro de lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2) de la ley 7055 en cuanto se ha cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia (alcance de la garantía de imparcialidad y de doble instancia) y la decisión fue contraria al derecho o garantía fundado en él.

Sin embargo, aduce, la Cámara no contestó los planteos de inconstitucionalidad de normas inferiores, lo que a su entender implica el rechazo de los mismos.

Por esa razón, es que le agravia la resolución recurrida en cuanto se omite el tratamiento del tema.

Agrega que tal situación configura un supuesto de "gravedad institucional", teniendo en cuenta las particularidades del caso y que se trata de una condena a prisión perpetua que debe ser revisada en apelación, pudiendo incluso configurarse un caso de responsabilidad internacional para el país.

Añade que el motivo fundamental de la tesis de que "quien participó en la investigación no puede juzgar porque se compromete decidida e insalvablemente la imparcialidad objetiva" radica en que la tarea previa al juzgamiento los involucra en el caso de tal manera que luego no pueden abordarlo desde un sitial de neutralidad.

Por último, considera que "pretender que quien ha transitado ese camino, luego retorne al caso con total libertad intelectual y espiritual sin quedar condicionado por su obra pretérita, implica olvidarse de la condición humana".

Alude que el caso que se presenta en autos es similar al que se da cuando un juez de instrucción que intervino en la investigación, luego es designado juez de sentencia o miembro de un tribunal de alzada, por lo que no puede intervenir en dicha instancia.

Al respecto, entiende que las situaciones descriptas son totalmente análogas con la que se configura en autos, "porque es lo mismo dictar un procesamiento que confirmarlo".

Continúa diciendo que el Tribunal prescinde de la interpretación constitucional que se le dio al artículo 50, inciso 4) del Código Procesal Penal por el más Alto Tribunal de la Provincia in re "Marconeti".

En otro orden, se agravia el defensor de Graciela D. de los fundamentos esbozados en el auto NE 134/02 de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto en cuanto no resuelve la recusación planteada a la doctora Burrone de Juri y que se originó en las opiniones vertidas en un programa televisivo.

Dice que esa omisión en el aludido pronunciamiento, es porque el A quo se remite a un decisorio dictado en otro incidente de recusación que tenía como base el mismo programa televisivo, pero que fuera promovido por la defensa de F.

La arbitrariedad radica en que se prescinde de hechos decisivos que surgen del expediente y que impiden desde cualquier punto de vista sostener como razonable tal argumentación.

Consigna que no existe identidad subjetiva ni objetiva entre el aludido incidente promovido por la defensa de F. y la presentación que efectuara su parte para que luego sean relacionadas por la Cámara, tal como se lo hizo en la resolución NE 134/02.

Concluye que al no resolverse los planteos esgrimidos se violan principios jurídicos y éticos, trasladándose el vicio a la resolución ahora impugnada.

En otro acápite, el recurrente alega sobre la violación a su derecho de defensa por haberse cercenado su facultad probatoria, ya sea en lo que se ofreció como prueba y se le denegó, como lo relativo a la posibilidad de control al momento de la realización de alguna de ellas.

En cuanto al primero de los tópicos (es decir en la negativa a recepcionar distintos medios de prueba, cuestión que se relaciona -dice- con el denominado "principio de trascendencia" en materia de nulidades procesales), refiere que la Corte provincial se expidió en la causa "Zárate" considerando que debe tenerse presente que "el daño puede presumirse cuando de lo que se trata es de la restricción de audiencia o prueba", acotando que "...la invocación al desmedro del derecho de defensa por una afirmada restricción probatoria, implica que la trascendencia del perjuicio queda demostrada per se al impedirse la posibilidad misma de probar" (f. 532 v.).

Aclara que ciertas pruebas fueron denegadas con el argumento de que eran sobreabundantes o impertinentes, es decir que si se relacionaban con la utilidad debían interpretarse de manera restrictiva, cuando en la etapa del plenario, y por mandato legal, la regla es la más amplia libertad probatoria posible.

Sostiene que también en este aspecto penetró el efecto de la "hipótesis fuertemente preferida" y que todo aquello que podía afectarla era considerado "impertinente o sobreabundante".

Señala -con posterioridad- cuáles fueron los medios de prueba cuya producción se le denegó y que afectaron groseramente el derecho de defensa de su representada.

Enuncia que en forma arbitraria se rechazó la producción de la siguiente prueba: que se elabore una pericia por la Morgue del Poder Judicial de la Nación; que se realice un nuevo análisis macroscópico de los restos de la menor; que se solicite un pedido de ampliación del informe del doctor Cardoso; el pedido de una pericia internacional; la incorporación de una autopsia realizada por Petinari en otra causa; la eventual salida de la menor en la madrugada del día del hecho; las conversaciones telefónicas captadas en la intervención dispuesta por los Magistrados intervinientes y, por último, la testimonial de los integrantes de la Cámara Penal de Venado Tuerto.

Así, en lo que refiere a la causa de la muerte de N. F., consideró que debía pedirse a la Morgue del Poder Judicial de la Nación un informe más detallado, por cuanto el argumento de la Alzada en el fallo impugnado de que las respuestas a los interrogantes planteados están implícitas en el informe médico pericial obrante en la causa es una afirmación dogmática que no se condice con las constancias de autos.

Pone de resalto que el Juez Vidal primero y la Cámara después no entendieron su planteo en cuanto a que en la pericia llevada a cabo en la Morgue del Poder Judicial de la Nación faltó "el tratamiento de dos de los puntos que había ofrecido su parte en tiempo y forma y que consistían en determinar: a) si la autopsia realizada por Petinari fue bien efectuada; y b) si se debieron conservar otros órganos además de los guardados (f. 541).

Al respecto, comenta que del propio voto de la doctora Burrone de Juri surge la importancia de la cuestión relativa a los errores de la autopsia, tanto en su desarrollo como en cuanto a los órganos que se debían conservar.

Considera que el rechazo de la prueba resulta arbitrario porque ni remotamente lucía impertinente (se refería a uno de los temas medulares para la determinación de la causa de la muerte); ni sobreabundante, exhibiéndose por el contrario, una carencia probatoria sobre los temas cuyo informe se rechazara, por lo que -concluye- se ocasionó una indiscutible violación a su derecho de defensa.

Apunta luego sobre los cuestionamientos que hiciera el doctor Picena (perito de parte) al informe del perito anátomo-patólogo, doctora González García.

Ello motivó, dice, que frente a las discrepancias entre dichos profesionales se designara de oficio a otro perito, el doctor Monti.

Pero, acota, en el día en el que debía realizarse la prueba, si bien se llevó a cabo el análisis microscópico, en cambio no se pudo hacer la observación macroscópica porque justamente el Instructor en la causa F. había dispuesto la remisión del material a la Morgue del Poder Judicial de la Nación.

Expone que el material remitido luego fue destruido, por lo que la prueba se perdió definitivamente, ocasionándose un perjuicio irreparable que vicia definitiva e insanablemente el proceso y la sentencia.

Finaliza alegando que "la prueba cuya denegación la perjudica es la parte inconclusa de la pericia realizada por disposición del Juez de Sentencia frente al perito oficial Monti y ello es determinante respecto a establecer la causa de muerte".

Por otra parte, pone de manifiesto que el hecho de que hayan estado presentes en la realización de la pericia los representantes de F., no puede entenderse como una "compensación" a la ausencia de esta defensa que ignoraba -al igual que el Juez del plenario- que los restos se habían enviado a Buenos Aires.

Le agravia también lo argumentado por la Cámara al confirmar el auto de procesamiento de su defendida en cuanto encuentra coincidencias entre los informes del autopsista doctor Petinari, de la anátomo-patóloga y del médico policial doctor Cardoso para sostener categóricamente la existencia de estrangulamiento.

Opina que esa coincidencia no era tal, y por eso se solicitó una ampliación de informe al doctor Cardoso, lo que fue proveído de conformidad por el Juez del plenario, pero "omitiendo incluir como material a considerar los estudios anátomo patológicos de nuestro perito de parte, a pesar que estaban expresamente referidos en nuestro ofrecimiento de pruebas" (f. 550).

Añade que como se estaba desarrollando justamente la pericia con intervención del doctor Monti que tenía a esos estudios como uno de los puntos a considerar, se esperó a que ella concluyera, y cuando, con la limitación vista (sin análisis macroscópico) finalizó, se solicitó al Juez que amplíe el informe requerido al doctor Cardoso, incluyendo todo ese material vinculado a los estudios anátomo patológicos.

Expone que denegado por el Oficio, se apeló ante la Cámara, y que, al poder "molestar" el hecho de que los resultados a los que podía arribarse en el mismo informe irían en contra de la "hipótesis fuertemente preferida", la solicitud fue rechazada por "sobreabundante".

Ello, concluye, resulta normológicamente arbitrario en cuanto prescinde expresamente del artículo 387 del Código Procesal Penal, lesionando el derecho de defensa de su parte.

En otro aspecto, consigna que tampoco se hizo lugar a un pedido de la defensa de F. para la realización de una pericia que, por los escollos técnicos y por la exigencia de neutralidad, debía ser llevada a cabo por un organismo internacional.

Alude que la petición fue desestimada mediante auto NE 177/01, siempre con el mismo motivo: contradecir la "hipótesis fuertemente preferida", lo que constituye una nueva conculcación a su derecho de defensa.

Señala que dicho criterio fue confirmado en el resolutorio NE 38/03 que ahora se impugna, en lo que representa el ejercicio de un poder jurisdiccional que rebasa arbitrariamente los límites del artículo 387 del Código Procesal Penal, en abierta restricción al derecho de defensa.

En otro orden, continúa diciendo que no se acogió su pedido de acompañar las conclusiones de otra autopsia efectuada por Petinari que ponía en crisis el informe que dicho profesional presentó en el caso bajo examen, el que se "contradecía con los criterios presentados por el mismo autopsista en dos casos similares" (f. 563).

Advierte que el rechazo de esta prueba no es una cuestión menor por cuanto refiere a la crítica de la autopsia, comparando criterios presentados por el mismo autopsista en dos casos similares pero que llegaron a soluciones distintas.

Agrega que la Alzada en el decisorio impugnado nada dice sobre su planteo nulificatorio con base en la denegatoria de dicho medio de confirmación.

Siguiendo con las pruebas cuya producción se le denegó, alega que, con el simple argumento de que era impertinente, no se investigó la posible salida de la menor en la madrugada del día del hecho.

Le agravia -dice- que la Alzada no haya valorado que los testimonios brindados en sede policial reflejen la posibilidad de que la menor haya asistido a una fiesta de cumpleaños esa noche y que no la hayan dejado entrar porque no estaba invitada.

Expone que ante el pedido efectuado por la defensa de F., y denegado que fuera en un primer momento, la Cámara confirmó lo decido por el Juez inferior mediante resolución NE 177/01, considerando que la prueba era "impertinente", nuevamente con exceso de lo previsto en el artículo 387 del Código de rito y en manifiesta violación al derecho de defensa.

Señala que también le fue denegado su pedido de que se incorporen al proceso las conversaciones telefónicas gravadas y que fueran ordenadas desde el Juzgado interviniente.

Aduce que una vez que la prueba se produjo, pertenece al proceso y no al juez, motivo por el cual las partes pueden acceder a ella a los fines de desplegar el ejercicio de sus derechos, en su caso, el de defensa.

En realidad, dice, el tema se generó por dos cuestiones distintas: la primera referida al pedido de que se agregue al expediente una copia del contenido de las grabaciones reservadas en Secretaría; y la segunda (que se origina frente a la negativa de ese pedido), para que solamente se permita oír las grabaciones que -acota- tampoco le fue permitido.

Refiere que el criterio del A quo de que "solamente el juez podrá determinar qué información puede ingresar al proceso y cual no" resulta una arbitraria interpretación de las normas fundamentales que rigen el proceso penal y que responden a la más dura concepción inquisitiva, incompatible con los principios consagrados en la Constitución de la Nación y de la Provincia.

En último término, pone de relieve que resulta arbitraria la resolución impugnada que deniega la proposición como testigos de los integrantes de la Cámara Penal, donde el Sentenciante para desestimar su pedido, se remite a lo señalado en oportunidad de tratar el tema de la presencia de los mismos en la casa de F. con posterioridad al hecho.

Apunta que su parte siempre trató de diferenciar la situación de la recusación de los Camaristas por su calidad de testigos, del problema referido a la utilidad del testimonio de los mismos, siendo esta última cuestión la que se vincula con lo aquí en discusión, y que es lo que tendrá que analizarse a los fines de valorar la conculcación que se ocasiona a su derecho de defensa.

Se refiere luego, a diferentes pruebas que a su entender resultaban decisivas y que fueron inicialmente rechazadas pero luego producidas, en razón de los planteos recursivos esgrimidos por su parte.

Sobre tal cuestión señala que la prueba inicialmente denegada pero luego admitida refería a adjuntar como elemento probatorio una caja de Uxen Retard.

Postula que mediante auto NE 101/00 se aceptó su producción pero los gastos debían ser soportados por la defensa.

Igual situación -acota- se originó con su propuesta de que realice un informe técnico de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la U.N.R. a los fines de precisar si de fotografías del cerebro de la menor tomadas en la autopsia, el mismo podría corresponderse con el de una persona muerta por estrangulamiento.

Con posterioridad, el quejoso direcciona sus argumentos en referencia a la restricción que sufrió de "controlar" la prueba que se estaba produciendo.

Enumera, en tal sentido, la falta de notificación a su parte de la realización de una nueva pericia anátomo-patológica llevada a cabo en la Morgue del Poder Judicial de la Nación durante el desarrollo de la etapa instructoria seguida a C. F., privándoselo en consecuencia, del derecho de participar en ella a efectos de efectuar tareas de control.

Pero, resalta, lo realmente trascendente es que en esa audiencia se destruyó parte del material remitido para su análisis, por lo que se impidió la posibilidad de un nuevo examen, y lo que es peor aún -dice- ello ocurrió ante la presencia del Fiscal y de un perito que asistía a esa parte.

Dice que ello le produjo un perjuicio irreparable, para más relacionado a un aspecto determinante en el diagnóstico de la causa de muerte, cuya importancia en este proceso está demostrada.

Afirma que todos estos cuestionamientos fueron desestimados en el fallo impugnado en forma arbitraria, ya que, por un lado, la respuesta dada por la Alzada no se ajusta a las constancias de autos y porque además su parte "nunca compartió estrategias con la defensa de F.", configurándose un gravamen constitucional definitivo e irreparable.

En otro orden de consideraciones, estima que se ha violado el principio constitucional de "igualdad ante la ley", ya que la inquisitiva vinculación entre el actor penal y el Juez resulta absolutamente incompatible con el modelo acusatorio que nace del sistema constitucional argentino, lo que genera -dice- una real situación de desigualdad.

Tal situación -añade- además restringió su derecho de defensa, privándoselo de tribunales imparciales y de desplegar pruebas absolutamente pertinentes.

También se ha conculcado -añade- el "principio de inocencia", en razón de que desde el comienzo se investigó sobre la base de una "hipótesis fuertemente preferida", desvirtuándose elementos de prueba de tal suerte que se sobrevaloró todo dato o indicio que la favorezca directa o indirectamente a dicha hipótesis.

Precisamente, en lo que refiere a la "hipótesis fuertemente preferida" luego de relacionarla desde distintos enfoques (con los criterios de la Cámara, con la prensa, con el principio de inocencia) concluye en que todos sus agravios no fueron rebatidos por la Alzada, lo que configura una arbitrariedad por omisión en el tratamiento de los mismos.

Enuncia que el A quo sólo se limitó a inferir una afirmación dogmática como que "se ha cumplido el derecho a un juicio justo", precisamente -expone- cuando se han demostrado permanentes e irreversibles violaciones a las exigencias constitucionales del debido proceso.

Se avoca, luego, a puntualizar los agravios que convergen en lo que el recurrente denomina como "inconstitucionalidad de la sentencia" y que dirige contra la resolución NE 38/03, la cual considera debe ser descalificada constitucionalmente por diversos motivos.

Considera que el fallo se estructura sobre una aparente e ineficiente fundamentación, o directamente, en ausencia total de ella, configurándose vicios que se presentan no solo en el voto de la mayoría, sino también en la disidencia parcial.

Cuestiona que con tal criterio la Alzada ha conculcado los principios constitucionales de congruencia, inocencia, legalidad y reserva.

Advierte que en los aspectos primordiales del expediente, como son -por un lado- la "determinación de la causa de la muerte de la menor", y por otro, "la atribución de responsabilidad penal a los imputados", se incurre en una notoria apariencia de fundamentación.

Enuncia que, para una mayor comprensión de las causales de arbitrariedad que endilga al fallo, las dividirá en dos aspectos: en primer término abordará la cuestión relativa a la causa de la muerte, para luego aludir a la atribución de responsabilidad penal que se endilga a los padres de la menor.

Expresa que la primera de las cuestiones, esto es la relativa a la "causa de la muerte" en los distintos aspectos que la integran resulta ser "la piedra angular" del decisorio impugnado.

Sobre el particular aprecia que todo el razonamiento se apoya en la sola voluntad del juzgador, excediéndose incluso el poder discrecional del Tribunal en cuanto a la selección y meritación de la prueba para formar convicción, dado que esa libertad no debe ser, como sucede en la especie, arbitrariamente utilizada.

Pone de relieve que sobre la causa de la muerte de N. F. la "hipótesis fuertemente preferida" se vio reforzada a partir de la "equivocada autopsia" llevada a cabo por el doctor Petinari, que incorporó el estrangulamiento como factor determinante.

Afirma que desde ese momento su parte intentó derrumbar dicho criterio, pero que al no contar con un Tribunal de Alzada neutral, debió agraviarse frente a quienes ya habían opinado asertivamente en el expediente al momento de confirmar el procesamiento, privando a su defendida de la doble instancia garantizada constitucionalmente, menoscabándose su estado de inocencia, e invirtiendo además la carga de la prueba.

Pone de manifiesto que a partir de los estudios de las constancias de autos, su parte sostuvo que "N. falleció asfixiada por una crisis epiléptica desencadenada a partir de haber ingerido de 22 a 28 cápsulas de Uxen Retard".

Sin embargo, alega que el fundamento nuclear del fallo consiste en descartar la hipótesis de suicidio y, para ello, dice, la Sala apuntala su argumento exclusivamente en sostener que se han comprobado "hallazgos tanatológicos que condujeron al diagnóstico médico legal por compresión externa del cuello y orificio bucal, de clara etiología homicida" (f. 640).

De lo expuesto deduce el recurrente de manera indubitable que los dos puntos esenciales según el voto para descartar el suicidio son los "hallazgos tanatológicos y su clara etiología homicida". Sin embargo, alega, esta metodología implica una subestimación de otra posibilidad como causa de muerte, la que puede denominarse como "cuestión toxicológica-epiléptica" y que desplazaría a la escogida por la "hipótesis fuertemente preferida".

Opina que resulta sorpresivo que uno de los tres estudios que se realizaron en Buenos Aires -el toxicológico realizado por Lazcano que alude a "otras causas de muerte"- se halla visto influido por informaciones que el facultativo no tenía por qué conocer, y que con ese dato intentó insignificar tan categórica conclusión: que la amitriptilina y la epilepsia podían ser consideradas como causa de muerte invocando "otras causas de muerte" que, por un lado no identifica, y por otro, no señala la fuente de información de donde la adquiere.

Ello -dice- ratifica una vez más la existencia de un discurso no escrito, pero real y concreto, que contaminó incluso estudios tan objetivos como deben ser los toxicológicos" (f. 640 v.).

Arguye, siempre con referencia a esta cuestión, que el voto mayoritario prescinde de las constancias obrantes en la causa, o en todo caso se contradice con ellas (cronología de los estudios) desvirtuando el sentido objetivo que debían tener los estudios toxicológicos, confundiendo el Sentenciante lo dictaminado por la Junta Médica Forense (de los doctores Trezza y Navari) con los aportes complementarios de ella (toxicológicos y anatomopatológicos).

En lo que refiere a los "hallazgos tanatológicos" dice que lo único que se encontró fueron "micro hemorragias en el cuello y una lesión en la cara interna del labio superior", pero que ello, a juicio de la Alzada, resultaba suficiente para corroborar un accionar violento traumático y determinante de la muerte.

Ante esa definición aclara que nunca negó que la menor haya muerto asfixiada, pero lo que sí está en discusión es si esa asfixia se originó en una "agresión externa" o en las "crisis mioclónicas" que sufría, las que si se prolongan en el tiempo impiden respirar provocando una falta de ingreso de oxígeno que produce en los pulmones los signos hallados (fs. 641/641v.).

Añade, en lo que hace a un "análisis externo" del cuerpo de la menor, que en su momento puntualizó que no hubo absolutamente ningún signo que permita evidenciar un estrangulamiento, tales como son "la cianosis, la inyección conjuntival y las petequias, como así tampoco la denominada Máscara Equimótica de Morestain".

Y pone de resalto que si bien algunos de esos datos fueron encontrados por el autopsista Petinari en su equivocada descripción, luego fueron descartados no sólo por los videos, sino también por los informes del doctor Cardoso y de la Morgue del Poder Judicial de la Nación.

Señala que de una "observación interna" del cuerpo tampoco se encuentran lesiones en el cuello que afecten vasos, músculos, ganglios, glándulas, huesos, cartílagos, salvo las microhemorragias generalizadas detectadas en un amplio estudio microscópico de los tejidos de la zona cervical.

Por tal motivo, sostiene, viola las constancias de autos la Cámara cuando alude a que "en el sub exámine se comprobaron daños traumáticos en diversas estructuras u órganos del cuello, en sus efectos lesivos hemorrágicos".

Considera que ello es una apreciación arbitraria porque, en el mejor de los casos, lo que se exhibe es una idea confusa, puesto que lo único hallado son exclusivamente "micro hemorragias de grado leve y moderado generalizadas en la zona cervical".

Esta situación se agrava -dice- con el "manto de duda" que la Vocal de primer voto pretende introducir sobre "la rotura del hioides" por parte de Petinari cuando efectuó la autopsia, contra la opinión unánime de todos los peritos intervinientes -aún la del propio autopsista- de que esa ruptura se produjo en dicha ocasión.

Concluye, entonces, en que si la ruptura del hioides hubiera podido significar un signo indubitable de ahorcamiento, el hecho de que se haya reconocido que se "rompió" en la autopsia, es porque debe descartarse que haya habido estrangulamiento.

Por lo tanto, plantea que una interpretación diversa deberá ser descartada por ser manifiestamente arbitraria y derivarse sólo de la voluntad o deseo de quien la emite, en lugar de ser una valoración razonada de las constancias de la causa.

En cuanto al hallazgo de "micro hemorragias" expresa que solo fueron encontradas por la Morgue del Poder Judicial de la Nación y que, por lo demás, se agregaron luego de vencido el plazo de ofrecimiento de prueba.

Pero, resalta, nada tienen que ver esas micro hemorragias con las que equivocadamente describe el doctor Petinari en la autopsia y que fueron calificadas como grandes y profusas.

Se pregunta el recurrente qué significado tiene esa cuantificación cuando el especialista Caputi consideró que son micro hemorragias que "no implican alteración de los tejidos".

Arguye que sobre el particular fue notoria la restricción probatoria que le impidió ratificar frente al doctor Monti que esas hemorragias fueron ocasionadas por Petinari al momento de realizar la autopsia, al error sobre la metodología a utilizar para su realización, por cuanto como el mismo voto de la mayoría trata de explicar el error de Petinari respecto a la técnica de la autopsia "en el hecho de que cuando la realizó no habría sospechado de la existencia de estrangulamiento".

Concluye en este aspecto en que "el único signo tanatológico de la zona cervical son micro hemorragias leves y moderadas, que no comprometen los tejidos y que son generalizadas".

Refiere luego sobre "la lesión en el labio interno superior".

Este dato, alude, fue identificado por el doctor Cardoso, pero omitido totalmente por Petinari en la primer autopsia.

Expresa que a la Morgue nacional sólo llegaron fotos y videos, pero no los tejidos pertinentes que no se han conservado, por lo que debe restarse verosimilitud a sus conclusiones sobre este punto si se las coteja con el informe del doctor Cardoso que describe las lesiones como "erosivas" lo cual es compatible con el raspado, evidenciándose la arbitrariedad de prescindir de prueba directa y determinante en autos.

Pone énfasis en señalar que de lo expuesto se desprenden dos afirmaciones de la Alzada que por dogmáticas resultan arbitrarias:

La primera conclusión, que refiere a la ausencia de signos, precisa que en el estrangulamiento puede faltar alguno de los signos.

Pero, sostiene, ello no significa que puedan faltar todos.

Y expone que en el caso de autos es tan así la ausencia de datos, que la Morgue nacional debió recurrir a la "teoría del reflejo vagal" imaginando una muerte ocurrida a los pocos segundos (menos de un minuto) que es el tiempo necesario para que los signos comiencen a aparecer.

Es decir, en este aspecto, como viene ocurriendo hasta aquí, los argumentos expuestos, en el voto se contradicen con prueba determinante de autos.

En cuanto a la segunda de las afirmaciones, expresa que lo relativo a las micro hemorragias -que fuera informado por la Morgue del Poder Judicial de la Nación- fue introducido al proceso cuando había finalizado el período de ofrecimiento de prueba en el plenario, y máxime que se había denegado su pedido de realización de una pericia internacional.

Enfatiza que considerando las distintas pruebas referidas al tema, surge evidente la similar magnitud de las micro hemorragias halladas en el cuello, con las encontradas en el corazón, por lo que la consideración efectuada en el fallo resulta arbitraria por no ajustarse a las constancias expresas de la causa.

De lo expuesto, dice, no cabe sino concluir que "la causa de las micro hemorragias fue el propio proceso asfíctico originado en la crisis epiléptica desatada por la ingesta del Uxen Retard".

En otro orden, afirma que se ha violado el principio de congruencia en cuanto a la actividad defensista llevada a cabo por su parte.

Entiende en ese sentido que, cuando el eje de su defensa venía siendo la alegación sobre la ausencia de signos que denotaran estrangulamiento (que fue por lo que se procesó y acusó a D.) se les "corre la línea" y aparece la "sofocación".

Plantea, al respecto, que ese extremo viola el derecho de defensa de su asistida ya que el único elemento en que se funda es una lesión que pasó desapercibida hasta la clausura de la etapa instructoria y que, por lo demás, no tiene ni origen ni data cierta.

Apunta que lo que más llama la atención es que los forenses de la Morgue de la Nación, advirtiendo lo insostenible de una estrangulación sin signos, con una sofocación apoyada en una lesión en el labio, traen a colación la "teoría del reflejo vagal" como una nueva posibilidad que se suma a las anteriores, porque ellas solas no se adecuaban a los antecedentes de la causa.

Expresa que, por lo que se ve, "todo es posible", porque ahora se insinúa encontrar como causa de la muerte un reflejo vagal "que no deja ninguna clase de signos", por lo que -infiere- puede encajar en cualquier caso en donde no haya evidencias, como es el presente.

Entiende que ante la falta de hallazgos relevantes se quiere construir una acción homicida que, por el contrario y a la luz de lo encontrado, brilla por su ausencia.

Sostiene que por tal motivo es que en el fallo no se precisa cómo, de qué forma, o qué tipo de maniobra estranguladora se utilizó, si fue enérgica o con suavidad, si fue prolongada o no, lo que denota la arbitrariedad en este tema.

Por último, dice que "llegando al extremo de los extremos", se invoca para reforzar la idea del reflejo vagal la "patología cardíaca previa" que padecía la menor.

Alega que, más allá de que esa prueba llegó cuando había vencido el período probatorio, su parte acompañó un informe en donde se especifica que esa patología, además de no ser grave (por cuanto le permitía a N. ir en bicicleta), puede ser ambivalente porque tanto puede coadyuvar a un proceso originado en un "reflejo vagal" como en "una asfixia por crisis epiléptica mioclónica" que es la tesis propiciada por su parte.

Advierte, asimismo, sobre la arbitrariedad en la que se incurre respecto de las bolsas de plástico encontradas en la habitación, prescindiendo de valorar que quienes indicaron la presencia de las bolsas fueron los padres, más precisamente F., lo que a su entender, descarta su utilización homicida por aplicación del más puro sentido común.

Además indica que se efectúan referencias en el voto sobre las deformaciones de dichas bolsas, relacionándola cargosamente, con la posible presión de la palma de la mano para sofocar.

Ello -considera- resulta arbitrario porque además de "conjeturar" sobre una mecánica no probada en absoluto, prescinde de una prueba decisiva consistente en que se acreditó que las bolsas "las utilizaba F. para traer expedientes del juzgado a su casa, y de ahí la deformación".

Puntualiza, luego, diversos aspectos sobre los que la Alzada habría incurrido en arbitrariedad y que los cataloga como "elementos secundarios", haciendo especial hincapié en lo que refiere al "armado de la escena".

Sobre tal cuestión, sostiene que se le impidió probar la eventual salida de la menor que podría haber tenido trascendencia en el desenlace ocurrido.

Pero, advierte, que frente a una hipótesis de modificación de la escena del hecho, lo importante era investigar el cadáver para verificar qué era lo que se podía estar encubriendo: si un homicidio o un suicidio.

Enuncia a continuación los agravios que le ocasiona la valoración efectuada por la Alzada de la "cuestión toxicológica".

Señala que en cuanto a la cantidad de cápsulas ingeridas se prescinde de prueba decisiva incorporada en autos, como es el informe elaborado a su pedido por el doctor Grin donde se consignó que se había ingerido entre 22 a 28 cápsulas, dependiendo la hora de la ingesta entre cuatro a doce horas antes de la muerte.

Considera que por la cantidad de pastillas de que se trata, las mismas no pudieron ser ingeridas contra la voluntad de la menor.

Y, por lo demás, entiende que esa cantidad "resultaba -por un lado- suficiente para desatar una crisis epiléptica en N., y por el otro, era insuficiente para anestesiar de tal manera de producir un estado de indefensión ante un ataque de estrangulamiento como lo viene postulando la Cámara".

Consigna que el Sentenciante prescinde de valorar dos cuestiones fundamentales en torno al medicamento ingerido por la menor: por un lado omite arbitrariamente que la cantidad ingerida sea de 22 cápsulas; y segundo, prescinde de analizar el prospecto del medicamento Uxen Retard donde se establece una posología absolutamente distinta a la que arbitrariamente indica la Junta Provincial.

Por otra parte recalca que constituye una afirmación dogmática "adjudicar" a la madre que le haya suministrado el Uxen Retard por el solo hecho de que era la encargada de darle la otra medicación que habitualmente tomaba la menor, máxime, cuando se discurre sobre la posibilidad de que el suministro haya sido efectuado en forma diluida en líquido a los fines de pasar desapercibido.

Sobre la "epilepsia" señala que si bien en un primer momento el Sentenciante también adhiere a la postura defensista de que "la combinación de amitriptilina con esa enfermedad que padecía la menor, resulta mortal", luego se aparta sin argumentos hacia el homicidio en razón de los "hallazgos tanatológicos de etiología homicida".

Y ante el acercamiento del dato del pañuelo presionado sobre las manos de la menor, lo descalifica en forma dogmática, formulando un interrogante acerca de por qué no se tomó de la sábana.

Concluye sobre el particular afirmando que frente a una reflexión como la expuesta resulta imposible efectuar cualquier defensa.

Por último, dirige sus achaques contra la valoración que efectuara la Cámara del informe que sobre la cuestión psicológica realizó su perito de parte, minimizando las maniobras suicidas que se explican perfectamente en las pruebas aportadas , pero que se omiten en el fallo con el solo afán de "presentar una adolescente que es incompatible con una familia de padres homicidas de sus hijos".

Se introduce a continuación en el análisis de los fundamentos esbozados por el Tribunal para atribuir la responsabilidad penal.

Al respecto, apunta que el fallo se sustenta sólo en conjeturas, porque no se basó ni en prueba directa ni en prueba de indicios -que como tal tiene sus propias exigencias- ni en la teoría de la prueba compuesta que requiere de numerosas probanzas que puedan unirse entre sí para reconstruir un hecho.

Señala que su crítica constitucional de arbitrariedad se basa tanto en la ausencia total y absoluta de pruebas de cargo, como en la sistemática violación al principio de inocencia y su lógica consecuencia: el "in dubio pro reo".

Ello se observa, dice, en que la única razón que tuvo el Tribunal para determinar que los autores del homicidio fueron los padres reside en que eran los únicos que la noche del hecho pernoctaron en su casa.

Ningún otro dato objetivo ni prueba alguna puede hallarse que relacione la muerte de N. con sus padres.

Plantea que el sustento de esa responsabilidad penal se encuentra en lo que se dio en llamar el "indicio de presencia" pero que es tan débil que no puede ser siquiera catalogado como "indicio".

Y si bien en el decisorio se tiene por probado certeramente que no ingresaron terceros a la casa de la familia F., considera que no existe prueba alguna que haya determinado que la menor no saliera y/o facilitara el ingreso esa noche a terceras personas, impidiéndose a su parte la realización de pruebas orientadas a tal fin.

Por lo tanto, reseña que "el no ingreso de terceras personas a la casa no es un hecho cierto, y la duda -que jamás puede ser usada en contra del imputado- no puede convertirse en certeza de ingreso de terceros", por lo que al hacerlo se violó el derecho de defensa al impedírsele ofrecer pruebas sobre dicha cuestión".

En otro orden, se pregunta el recurrente por qué si se determinó que en la casa estaban los dos padres, se imputó la comisión del homicidio a D.

Entiende que tal atribución de responsabilidad es un mero producto de la imaginación del Sentenciante y no surge de hechos probados, pues no solo no se acreditó que existió homicidio, sino tampoco se demostró que quien duerme en la planta baja necesariamente se entere de lo que ocurre en la planta alta.

Y si en todo caso existiere duda al respecto, ella debe resolverse en favor de la situación de su defendida, nunca en su contra.

Añade que lo invocado por el A quo para acreditar dicha cuestión estriba en que los padres no estaban durmiendo en momentos en que, se dijo, pudo ser la hora de la muerte, por un llamado telefónico que se hiciera desde la casa, pero sobre el cual luego no se siguió investigando.

Asimismo sostiene que se acudió a los posibles conflictos de pareja que recaían en la infidelidad y que, según el Tribunal, podrían haber influido en el estado de ánimo de D. para llevar a cabo la conducta enrostrada.

Pero esas reflexiones -a su entender- merecen la misma descalificación constitucional que las anteriores al no ajustarse siquiera al sentido común, según el cual, si existe un conflicto conyugal no tiene ninguna lógica imaginar que esa misma pareja "en conflicto" se ponga de acuerdo para matar a su hija.

Consigna que en relación a cuál de los dos imputados realizó la conducta activa, la Cámara se inclina por D., pero sin brindar fundamentos serios y suficientes para determinar el por qué de su elección.

Comenta que en el fallo se reconoce la duda respecto a qué papel adjudicarle a cada padre, porque podía ser uno, u otro, o los dos.

Expone que, tal como había sucedido con la sentencia de primera instancia, el resolutorio impugnado también incurre en autocontradicción por cuanto en un primer momento imputa a D. la acción delictiva, para luego en otro apartado del fallo adjudicar a ambos padres las dos conductas de acción y omisión.

Dice que todos estos aparentes fundamentos constituyen la "antítesis de la certeza fundada en una valoración razonada de las constancias de la causa y, por el contrario, exhibe una total y absoluta subjetividad".

Sostiene que si lo que se adjudica es una acción de matar, todo el entramado que efectúa el voto mayoritario para tal determinación es porque no se tiene una certeza plena y total, además de no existir ningún elemento directo ni indirecto que apuntale la atribución de la acción homicida.

Pone de resalto que en el caso no se configura ni siquiera un supuesto de duda ya que no existen pruebas de cargo, que acrediten como sucedido lo que en el voto se consigna como acontecer histórico en la madrugada del día del hecho.

Sostiene, en otro orden, que el fundamento de responsabilidad atribuido con base en la omisión impropia resulta inconstitucional.

Apunta que al no saber qué es lo que se le adjudica a su defendida -porque no surge claro ni de la sentencia de primera instancia ni de la de Cámara-, la teoría utilizada para endilgar responsabilidad omisiva en base a una "posición de garante" es directamente violatoria de los principios constitucionales de legalidad y reserva, porque no existe ley penal previa que la consagre.

Eso significa, dice, que no probada la acción de matar, no puede existir condena constitucionalmente válida.

Expone que el problema que se plantea con esta clase de delitos es la falta de tipificación en el Código Penal, lo que a diferencia no sucede en otras legislaciones como la española y la alemana.

Considera que esto afecta gravemente al principio de legalidad regulado por la Constitución nacional en el artículo 18, el que establece no solo la necesidad de la ley previa, sino también exige que la ley describa de manera precisa la conducta prohibida, como así también la pena a imponer.

En ese sentido, manifiesta que lo que el ordenamiento penal argentino regula y prohíbe es el matar a otro, texto que no puede ser entendido literalmente como abarcando el "no impedir la muerte de otro".

Alega que puede resultar muy injusto, pero coincide con la doctrina en que "cualquier sentimiento humano acerca de la punibilidad de una conducta por fuerte que sea y por mucho que sea evidente el defecto legal, no nos puede llevar a violar un principio constitucional fundamental".

Consigna que como pilar básico de todo estado de derecho, rige el principio de ley previa, y que el mismo viene a resguardar libertades individuales, impidiendo asimismo que quede en manos de los jueces definir los presupuestos de la equivalencia de la omisión con la acción como inconstitucionalmente ocurre en el fallo bajo análisis.

Reseña a continuación los agravios que dirige contra el voto que hace disidencia parcial en el fallo impugnado y que fuera suscripto por la doctora Mir.

Aprecia que en dicha opinión no hay fundamentación alguna, limitándose a contener la expresión de la sola voluntad de quien lo suscribe.

Por otra parte, pone de resalto que el aludido voto no se expide sobre la primera cuestión, que es la nulidad de la sentencia.

Sigue diciendo que si bien en lo que refiere a la "causa de la muerte" el voto disidente se inclina por la asfixia, nada indica bajo que forma ocurrió, porque -señala- su parte también dice que fue por asfixia pero con base en una crisis epiléptica desatada por una ingesta de 22 a 28 cápsulas de Uxen Retard.

Sostiene, por otra parte, que la Vocal incurre en un alejamiento de las constancias de la causa, prescindiendo de ellas a tal punto que las contradice como por ejemplo cuando asegura que la Morgue del Poder Judicial de la Nación concluyó en que N. había muerto por estrangulamiento, cuando en modo alguno lo hace.

Por otra parte, dice que en el aludido voto se descarta la hipótesis del suicidio como también lo relativo a la ingesta del Uxen Retard, considerando que dicho fármaco se trata de un "ansiolítico", cuando en realidad es un "antidepresivo", lo que refleja -entiende- meras afirmaciones dogmáticas.

Considera que al igual que en el voto mayoritario, al no contar con la certeza suficiente para sostener una condena, se arriba a dicha solución utilizando la duda en perjuicio del imputado, violando de esa forma el principio de inocencia.

A la hora de abordar el tema de la atribución de responsabilidad a su defendida, expone que la propia Camarista consignó que sólo existen "indicios y presunciones", pero no repara en que esos "indicios deben ser probados concluyentemente y no dar motivo a interpretaciones equívocas".

Por lo demás, advierte, los denominados indicios no lo son en absoluto, porque más allá que muchos de ellos no están probados fehacientemente, no tienen relación alguna con la conducta de agredir mortalmente a N.

Concluye que tampoco se fundamenta en el voto por qué se consideró que su defendida fue autora y que F. solamente encubrió a su esposa.

2. La Sala, por auto NE 123 del 23 de setiembre de 2003 denegó -por mayoría- el recurso de inconstitucionalidad deducido (fs. 704/760); tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 762/778).

3. En primer lugar, corresponde destacar que el recurrente centra sus reproches sobre dos temáticas bien definidas: una, concierne a la garantía del juez natural e involucra toda una gama de recusaciones que se sucedieron en el proceso y, la restante, responde a planteos que encuentran su génesis próxima en la sentencia condenatoria de la Alzada.

En ese orden se analizarán los agravios endilgados por el impugnante.

3.1. La primera de las postulaciones debe examinarse a la luz del principio rector que rige en la materia, que no es otro que las resoluciones que deciden sobre excusación y recusación de los jueces involucran decididamente normas de derecho procesal, cuya interpretación corresponde a los jueces de la causa y no es controlable por esta Corte, salvo que se viole el derecho a la jurisdicción (A. y S., T. 94, pág. 25; T. 146, pág. 111; T. 159, pág. 269, entre muchos otros).

Y bien, el estudio particularizado de cada una de las articulaciones recusatorias determinará si acontece -o no- un supuesto de excepción a aquella regla sentada.

A esos fines se hace necesario recordar -aunque sea mínimamente- el origen de cada uno de los planteos de separación de los jueces.

3.1.1. Comenzando, entonces, con los achaques enderezados por el recurrente y que refieren a la recusación dirigida contra el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de Melincué con base en lo normado por el artículo 50, inciso 4) del Código Procesal Penal, se advierte, de la lectura de los diferentes expedientes que fueron solicitados por esta Corte como medida para mejor proveer de fecha 17.12.2003 que, ante la desestimación por parte del Juez instructor de la separación pretendida por la defensa de D., la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto confirmó dicha postura mediante decisorio N° 51 del 13.6.2000.

Ese auto fue impugnado por la vía de inconstitucionalidad prevista en la ley 7055, que denegado por la Alzada (auto NE 82, del 03.8.2000), el recurrente ocurrió en queja ante esta Corte, quien por decisorio registrado en A. y S., T. 168, pág. 308 anuló la resolución por haberse omitido el traslado previsto en el artículo 4 de la aludida ley (Expte. C.S.J. N° 627, año 2000).

Vuelto a fallar la cuestión extraordinaria por el subrogante legal, se decidió declarar inadmisible el recurso impetrado (auto N° 43 del 25.4.2001), dando origen a un nuevo recurso de queja ante esta Sede, que se rechazó -básicamente- por entender que la resolución impugnada no revestía el carácter de definitiva de conformidad con lo exigido por el artículo 1 de la ley 7055 (A. y S., T. 182, pág. 26; Expte. C.S.J. N° 283, año 2001).

El recurrente en su impugnación contra la sentencia N° 38/03 -objeto del presente remedio- dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, insiste sobre tal cuestión, reiterando los argumentos vertidos en su oportunidad acerca del prejuzgamiento en que habría incurrido el Juez instructor, postulando ahora que en este decisorio la Cámara ha omitido el tratamiento de sus agravios que refieren a la recusación oportunamente deducida y que tuviera como origen las declaraciones efectuadas por el doctor Risso en diferentes medios periodísticos.

Pone de resalto que en razón de la respuesta brindada por esta Corte en aquella oportunidad el tema cobra ahora la requerida "definitividad", por lo que deberá ser analizada su postulación y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de procesamiento y de todos los actos consecuentes con él.

El reproche -tal como ha sido formulado- debe ser desestimado.

Del expediente de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto N° 87, año 2000 surge que el A quo -por resolución NE 51 del 13.6.2000- rechazó el planteo recusatorio, circunscripto a las manifestaciones publicadas en los diarios "La Capital" de Rosario y "Clarín" de Buenos Aires.

Para así considerarlo afirmó, en primer lugar, que la concurrencia de las causales de separación de los jueces debía ser interpretada con criterio restrictivo conforme la jurisprudencia y doctrina imperante en la materia.

Luego su discurso se asentó sobre la hermenéutica que cabe asignarle al artículo 50, inciso 4) del Código Procesal Penal, en estos términos: ("...) se prevé que el Juez deberá apartarse de la causa cuando...ha emitido opinión sobre el proceso después de conocerlo....

De esto se deduce que no debería admitirse como causal de recusación, la opinión que no implique una valoración técnica o jurídica por la que se permita conocer, anticipada y extrajudicialmente, la resolución que habría de recaer en el proceso (...") (fs. 16/19, expte. cit.).

Este alcance asignado por la Cámara al precepto en estudio encuentra aval en jurisprudencia de alto nivel orgánico.

En tal sentido, la Corte nacional ha sostenido -como bien lo señala la Cámara- que el prejuzgamiento consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso, o bien que las expresiones permitan deducir la actuación futura de un magistrado por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcancen el conocimiento de la solución que se dará al litigo por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos (Fallos:313:1277).

Y sobre el particular, esta Corte ha afirmado que "la opinión constitutiva de prejuzgamiento es aquélla que permite inferir la solución que se dará al pleito efectuada de manera precisa, fundada y comprometida como tal, dado que no cabe fundar la recusación en supuestos preconceptos o inclinaciones subconscientes del juez" (A. y S., T. 139, pág. 443); y que "el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer específicamente sobre la cuestión de fondo a decidir; no se configura cuando el Juez se halla en la necesidad de emitir antes opinión acerca de un punto que resulta luego relacionado eventualmente con la materia controvertida, en tanto aquella fundamentación no enerve la defensa propia del proceso ulterior ni preanuncie de modo fatal la suerte de éste, donde pueden incidir múltiples otros temas y aun aquel aspecto que pudiera decirse reiterado, puede ser ponderado con virtualidad diversa" (A. y S.,T 92, pág. 90; T. 150, pág. 301).

Conforme a lo expuesto, cabe concluir que la exegética propuesta por el Tribunal no presenta fisuras que permitan su descalificación, antes bien se ajusta cabalmente a las normas constitucionales en juego.

Es que, en rigor de verdad, la interpretación brindada al artículo 50, inciso 4) del Código Procesal Penal no ha merecido crítica alguna por parte del quejoso, pues recién a partir de su aplicación a las concretas circunstancias de la causa es donde comienza a gestarse el reproche.

Precisamente es en este tramo del discurso de la impugnante donde su queja pierde consistencia.

En efecto:

La Cámara en ejercicio de atribuciones propias entendió que las expresiones vertidas por el Juez de Instrucción consistían en posibles hipótesis de trabajo a modo de manejo de la estrategia para alcanzar definición con miras a un resultado que podía ser positivo o negativo, pero que no trasuntaban una opinión de ciencia, precisa y fundada sobre la cuestión de fondo del asunto.

Para arribar a esa solución, el Tribunal se aferró a un criterio puramente objetivo en el análisis de los dichos del Juez y, dentro de ese contexto, consideró que las expresiones empleadas indicaban "meras conjeturas", "posibilidades", "líneas investigativas", en suma y como ya se dijo, hipótesis de trabajo a seguir.

Frente a esta postura argumental intenta oponer su particular criterio el recurrente respecto de que los dichos del Magistrado trasuntaban ni más ni menos que certidumbre acerca de hechos que adelantaba, pero sin lograr demostrar que la Cámara haya incurrido en algún supuesto de arbitrariedad en la tarea de evaluar la trascendencia que cabía asignarle a aquellas expresiones en relación a si éstas constituían una anticipación al momento de la sentencia de una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso o bien sus manifestaciones permitían deducir la actuación futura del Juez al haber anticipado su criterio.

Aquí lo importante es que las proposiciones formuladas por el Juez instructor se instalan decididamente en la esfera de la condición -entendida como un acontecimiento incierto o ignorado que influye en la perfección o resolución de ciertos actos jurídicos o de sus consecuencias- y que, a su vez, han sido receptadas por un medio de comunicación masiva que interpreta y enfoca periodísticamente las explicaciones brindadas por aquél, cuestiones estas últimas que le son absolutamente ajenas al Magistrado.

Pero además el recurrente no aporta ningún concepto que permita acreditar con cierto grado de convencimiento que la Cámara haya soslayado algún pasaje o tramo de la exposición del Magistrado o haya parcializado sus dichos o los saque de contexto de manera tal que pueda ponerse verdaderamente en crisis la respuesta jurisdiccional brindada.

En otras palabras, no se invocan otros elementos fácticos a los analizados por el Tribunal que permitan sustentar un temor de parcialidad frente al caso concreto por la existencia de prejuzgamiento.

Por otra parte, no puede dejar de ponderarse que fue la propia recurrente como el coimputado F. que, desde un primer momento de acontecer los hechos, aludieron a las distintas personas que concurrieron al domicilio de la familia, que la muerte de N. obedecía a una conducta homicida (vid. declaración del doctor Costa fs. 31/32 y 46/47; declaración de Viviana Crosa de Pautasso fs. 72/76 y 343/344, Expte. de la Cámara de Apelación en lo Penal N° 229/01), con lo cual mal puede invocarse prejuzgamiento frente a una hipótesis de investigación que expresamente había sido sugerida por los imputados desde el comienzo mismo del suceso.

Siendo ello así, la queja queda reducida a un disímil enfoque de la cuestión y ello de manera alguna autoriza a tener por configurado algún supuesto de arbitrariedad de sentencia.

Capítulo aparte merece la particular cautela que deben tener los jueces cuando efectúan manifestaciones públicas sobre los casos sometidos a sus estrados.

La buena marcha de los procesos impone la abstención, en principio, de emitir cualquier tipo de declaración que pueda tener el destino de convertise en el sustento mismo de planteos recusatorios, como ha ocurrido en el caso.

Se trata de evitar, así, el "strepitus fori" que inexorablemente traen anejas la decisión de los jueces de publicitar cuestiones atinentes a los procesos de su competencia.

De ahí que se reclame suma prudencia cuando por razones excepcionales, los magistrados tengan la real necesidad de formular algún tipo de manifestación ante los comunicadores sociales; prudencia que se traduce en suministrar la información preservando siempre su imparcialidad, impartialidad e independencia interna y externa, el respeto de los derechos fundamentales de las personas, la lealtad debida a las partes, la intimidad de las sujetos involucrados, todo ello en procura de arribar a un justo equilibrio entre la correcta y eficaz administración de justicia y la adecuada información para el ciudadano.

Finalmente, corresponde destacar que el reparo del impugnante en cuanto le atribuye al Sentenciante omisión de considerar como motivo de nulidad el prejuzgamiento del doctor Risso (art. 50, inc. 4 C.P.P.) no encuentra un mínimo de correspondencia con la sentencia impugnada.

Ello así, por cuanto más alla de que dicha cuestión -como ya se ha visto- fue resuelta en aquel estadio procesal, igualmente se aprecia que el A quo en el resolutorio ahora impugnado (N° 38/03) reforzó la respuesta brindada en aquella oportunidad aludiendo que si bien "el doctor Vidal -Juez de Sentencia que falló la causa en primera instancia- consideró en su resolución como móvil del hecho una de las posiciones que genéricamente coincide con aquella hipótesis apenas esbozada por el Instructor ante un medio periodístico, de ninguna manera es admisible sostener que esta postura ratifica que el Instructor había prejuzgado ante la prensa" (fs. 160/160v. de autos).

El planteo carece, pues, de matiz constitucional.

3.1.2. Con relación a los agravios vertidos por la desestimación de los planteos de apartamiento de los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Penal, también es necesario efectuar, antes de expedirse sobre la viabilidad de la impugnación deducida, una reseña sobre el origen del cuestionamiento.

En esa tarea, se advierte que los componentes de la referida Cámara de Apelación, doctores Burrone de Juri, Rosso y García Méndez fueron recusados con fundamento normativo en el artículo 50, inciso 1) del Código Procesal Penal ("haber sido testigos del hecho"); negada la causal de separación por los Jueces, el Tribunal se integró por los doctores Chasco, Ayuso y Mir a efectos de resolver en definitiva sobre el incidente creado; la Cámara confirmó el rechazo de las recusaciones mediante resolución N° 77 del 22.6.2000 (Expte. N° 95/00 de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto).

Ese decisorio fue impugnado mediante la vía prevista por la ley 7055 que denegada por el A quo, el apelante ocurrió en queja ante esta Corte, quien dispuso la anulación del auto denegatorio por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley citada (A. y S., T. 168, pág. 313; Expte. C.S.J. N° 680, año 2000).

Remitidos los autos al subrogante legal, el Tribunal -integrado por Conjueces- declaró inadmisible el recurso extraordinario local, dando origen así a una nueva presentación directa ante este Cuerpo, quien rechazó la queja por resolución registrada en A. y S., T. 182, pág. 41 (Expte. C.S.J. N° 549, año 2001).

En el presente recurso, el quejoso vuelve a reiterar aquella pretensión.

A esos fines afirma que los integrantes de la Cámara no fueron recusados "por ser incluidos en la nómina de testigos a declarar en la causa", sino que el origen del planteo estriba en que "al haber estado en el lugar del hecho, asumiendo roles funcionales, a las pocas horas de ocurrido el mismo, se >formaron= una >hipótesis fuertemente preferida= que los llevó a rechazar todo otro camino probatorio que pueda ponerla en crisis, lo que a su entender afecta la imparcialidad" (fs. 453/455 de autos).

Esta exposición del apelante -que es cabal reiteración de los conceptos vertidos desde su originaria pretensión recusatoria- no configura cuestión constitucional alguna.

En efecto:

Del decisorio ahora impugnado se observa que los cuestionamientos fueron analizados por el A quo con argumentos bastantes y suficientes, que se desprenden no solo de dicha resolución sino también de la remisión que efectúa a los fundamentos expuestos -en el auto N° 77 del 22.06.2000- por la Cámara de Apelación en lo Penal, integrada para resolver las recusaciones de sus miembros naturales.

Sobre este particular se observa que en este último decisorio el Tribunal considera que el desplazamiento no podría prosperar desde que los Magistrados recusados "...no pueden de manera alguna considerarse comprendidos en la causal invocada de haber sido testigos del hecho objeto del proceso, ya que ni lo han presenciado, ni tienen conocimiento directo y personal de las circunstancias en que el mismo se cometiera, no pudiendo inferirse su calidad de testigos por su sola presencia después de ocurrido el hecho, y no apareciendo prueba alguna de que tal presencia se haya debido a actividad funcional de los mismos como arguyen los recusantes (fs. 10/11, Expte. 170/2000 de la Cámara Civil y Comercial de Venado Tuerto).

A esa motivación , el A quo agrega -en la resolución que ahora se impugna- que "...no cabe aceptar planteos de apartamiento de los jueces cuando no se cuenta con sustrato básico mínimamente configurado que permita inferir que esos jueces han perdido la objetividad necesaria para juzgar en la causa..." (fs. 161/161v. de estos autos).

A esos sólidos argumentos a los que se hiciera referencia, se le opone la crítica del quejoso basada en que "en ese momento..., se formó la hipótesis fuertemente preferida".

Se advierte entonces con claridad que la impugnación carece de una apoyatura en hechos certeros y precisos que la respalde.

Por el contrario, responde al puro subjetivismo del recurrente que de manera alguna puede enervar el basamento del rechazo de las recusaciones, en esencia, "que no son testigos del hecho".

Precisamente, esta Corte en oportunidad de conocer por primera vez en este planteo sostuvo, además de la ausencia de definitividad del decisorio, que el impugnante con su discurso argumental no había rebatido el fundamento principal de la Cámara para denegar la causal de separación, que no era otra que los jueces recusados "...no son testigos del hecho investigado que es, concretamente, en qué circunstancias falleció la hija de los encartados".

Y bien, esa motivación sigue quedando en pie, enhiesta frente al presente planteo del apelante al ser cabal iteración del originariamente concebido.

3.1.3. Corresponde, ahora, adentrarse al tratamiento de la invocada "perdida de aptitud" de los miembros naturales de la Cámara de Apelación en lo Penal como la de aquellos que vinieron a integrarla tanto para resolver los distintos incidentes recusatorios como para dictar la sentencia de fondo (art. 27, ley 10160).

El fundamento radica en que los jueces carecen de aptitud para seguir entendiendo en la causa, en razón de la anulación dispuesta por esta Corte de los autos N° 82 del 03.8.2000 y N° 108 del 17.8.2000, que denegaron los recursos de inconstitucionalidad deducidos por el quejoso contra las resoluciones N° 51/00 (recusación del doctor Risso por prejuzgamiento) y N° 77/00 (recusación de los doctores Burrone de Juri, Rosso y García Méndez por ser testigos del hecho).

Pone de resalto que "cuando se compromete la imparcialidad respecto a una cuestión incidental en un proceso -en este caso por haber opinado en una resolución anulada- no solo se pierde aptitud para expedirse nuevamente sobre el mismo tema, sino que ello se extiende a toda la causa".

Tal como el propio recurrente lo reconoce, el planteo expuesto ha sido resuelto por esta Corte en A. y S., T. 182, pág. 26, en donde se precisó que "...el incidente de recusación es un artículo de características muy específicas; de hecho, se ha considerado que no se trata de un trámite del proceso sino de una derivación de carácter administrativo-judicial, tendente a regularizar la composición del órgano jurisdiccional (A. y S., T. 114, pág. 427), y el Código Procesal Penal de la Provincia reafirma ese concepto diferenciador cuando en el artículo 58 pone límites a la excusación e integración del Tribunal a esos efectos y acepta, de manera implícita, que un juez intervenga en el incidente aún cuando luego -quizás por las mismas causas por las que decide el apartamiento de aquél a quien suple- no pueda él intervenir en la causa principal".

Consideró así, este Tribunal "...que la inteligencia de la ley no indica que deban considerarse como una sola y misma cosa la tramitación de la causa principal y la del incidente de recusación; antes bien la ley les da un tratamiento diferente en atención a su distinta naturaleza y a la especificidad del 'thema decidemdun' que involucra la segunda, limitado a regularizar la composición del órgano jurisdiccional en un caso concreto".

Siguió diciendo esta Corte que "...declarada una nulidad en un supuesto como el que nos ocupa, el reenvío al >tribunal que corresponda= excluirá al magistrado que dictó un pronunciamiento nulo por considerar, como lo indica la propia recurrente con cita de doctrina, que ha prejuzgado; y cabe entonces preguntarse: sobre qué? Pues bien, sobre lo único que tenía para decidir en esa causa: la aceptación o el rechazo de una recusación y, en su caso, la concesión o denegación de los recursos respectivos.

A ese iter procesal, es decir, a ese incidente, se circunscribe la exclusión en el reenvío de la causa...".

Colofón de lo expuesto es que esta Corte ya ha brindado respuesta jurisdiccional al presente planteo por medio de la resolución citada supra y no habiendo constancia alguna de que ésta haya sido recurrida por la vía extraordinaria federal, debe concluirse que ha adquirido firmeza, circunstancia que impide sin más su revisión en el remedio de inconstitucionalidad ahora intentado sino a riesgo de incurrir en arbitrariedad por dejar sin efecto decisiones anteriores ya firmes.

3.1.4. También en la presente impugnación se dedica todo un capítulo con relación a la situación de la doctora Mir, que puede desdoblarse en dos temas: la irregularidad procesal en el trámite del pedido de separación de la Camarista y de arbitrariedad en torno al tratamiento de la causal propiamente dicha.

3.1.4.1. La irregularidad procesal.

En resumidas cuentas, el recurrente afirma que el pedido de separación de la Camarista citada por haber perdido aptitud para integrar el Tribunal no mereció el trámite legal correspondiente al haber sido rechazado mediante decreto de Presidencia con la consiguiente conculcación de derechos y garantías de raigambre constitucional.

La postulación debe ser desestimada.

Para así considerarlo, cabe recordar que la irregularidad procesal acusada fue expresamente tratada por el A quo mediante motivaciones que no han sido puestas en tela de juicio por el recurrente en su memorial recursivo.

Recuérdese, en tal sentido, que denegada "in limine" por el Presidente de la Cámara Penal la recusación de la doctora Mir por decreto del 28.02.2001, el recurrente interpuso revocatoria y el Tribunal -mediante resolución N° 30 del 14.3.2001- rechazó la impugnación con argumentos que pueden resumirse así:

a) Los reiterados planteos de apartamiento de los jueces, sin fundamento valedero que los haga procedentes, demuestran una desconsideración de la investidura de los magistrados como así también una actitud de claro menoscabo a la credibilidad de la justicia al insistirse sin razón en alegados temores de parcialidad.

b) Dada la trascendencia y gravedad que trasunta el acto por el que se recusa con causa a un juez, la jurisprudencia uniformemente ha señalado que su interpretación debe ser hecha con mesura, pues implica un desplazamiento anormal de la competencia.

c) En un contexto de reiteradas pretensiones recusatorias, de planteos de revocatoria a cada decisión jurisdiccional que se expida por proveído; de reiterada impetración de nulidades; de expresa manifestación de advertencia dirigida al Tribunal respecto a que no se aceptará como válida ninguna actuación que de él dependa, indican no solo la interposición de actos menoscabantes del buen orden del proceso, sino también la configuración de conductas abusivas que tienden a obstaculizar dicho proceso.

Por lo que ante estos actos es correcto que el Juez a cargo de la dirección y orden del proceso -en su caso el Vocal de una Cámara que lleva el trámite- desestime in límine -por el mérito de la instancia- o declare la inadmisibilidad del acto.

Pues, si a cada reiterada presentación se le diera el trámite que la ley prevé para la utilización normal de los medios que regula para que el proceso cumpla su fin, no caben dudas que ese abuso del proceso trae aparejado un serio obstruccionismo a la norma y a una ordenada marcha del mismo (fundamentos por remisión del Tribunal a la resolución N° 30 del 14.3.2001).

Estas justificaciones brindadas por la Cámara no han sido cuestionadas por el recurrente en sus presentaciones, quedando incólume la base de la decisión, cual es: que el rechazo "in límine" de la recusación se fundamentó en que la pretensión de separación constituía una alongadera indebida del proceso que una buena administración de justicia no podía consentir.

Siendo ello así, la postulación del impugnante queda reducida a un mero disenso acerca de la interpretación que cabe atribuirle a normas procesales, mas de manera alguna demuestra que en el caso los Jueces hayan quebrantado el trámite de ley; en rigor, el planteo tan sólo demuestra que éstos, frente a una recusación notoriamente improcedente, han hecho uso de sus deberes funcionales de rechazarla "in límine" con el fin de evitar un inútil desgaste jurisdiccional.

Repárese que esta Corte Suprema -y aun antes de la vigencia de la ley 11427- ha venido de modo terminante a consagrar, la viabilidad del rechazo "in limine" de recusaciones condenadas de antemano a su desestimación por ser palmariamente infundadas.

Así, ha dicho este Cuerpo -y sin bien con relación a pretensiones de separación contra sus propios miembros- que "según pacífica y añeja jurisprudencia de este Tribunal (A. y S., T. 41, pág. 207; T. 42, pág. 323;T. 55, pág. 52; T. 56, págs. 461, 471, 474, 477 y 488; T. 58, pág. 173, entre otros tantos) y de la Corte Suprema Nacional (Fallos:244:506; 247:285; 270:415; 274:86; 280:347; 303:1943, entre otros), las recusaciones manifiestamente improcedentes deben rechazarse de plano.

Ello es así por cuanto, como se sostuvo en A. y S., T. 101, pág. 351, la recusación de los miembros de esta Corte, en la medida que se plantee invocándose una causal notoriamente improcedente, debe asimilarse a la recusación sin causa, y de ahí que, en esos supuestos proceda el rechazo >in limine=.

Sostener que cualquier pretensión recusatoria aparentemente fundada, obliga al Tribunal a disponer su integración para resolver un pedido que luce en la lectura más superficial como una sinrazón, implica alentar o favorecer un dispendio jurisdiccional carente de toda justificación.

Cuenta este Tribunal con la facultad implícita del rechazo >in limine= toda vez que arribe a la conclusión inequívoca e inmediata del grave déficit jurídico que muestre el pedido recusatorio".

Palabras más o menos, los Magistrados han hecho aplicación de esta corriente jurisprudencial a partir de una determinada situación fáctica del proceso, que el quejoso no ha desmerecido en su libelo recursivo.

En consecuencia, no se ha acreditado en este estadio arbitrariedad alguna en el trámite procesal impuesto a la pretensión recusatoria y, por lo tanto, debe concluirse que los Jueces han actuado conforme a las atribuciones y a los deberes que el ordenamiento jurídico vigente les asigna como directores del proceso.

3.1.4.2. También con relación a la doctora Mir -como ya se ha anticipado-, el recurrente le imputa arbitrariedad al Tribunal al denegar la pretensión recusatoria contra esta Vocal de Cámara por la causal de prejuzgamiento, configurada -a su juicio- al momento de desestimar la recusación deducida contra los miembros naturales de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto (resolución NE 77/00), en tanto incursionó innecesariamente sobre la utilidad de llamar como testigos a dichos integrantes, tema que luego sería materia de decisión en la instancia de grado.

Sin embargo, estos argumentos no alcanzan a conmover los sólidos motivos expuestos por la Cámara para rechazar la separación, en tanto sostuvo que "no constituye prejuzgamiento que autorice la recusación de los Magistrados la decisión que ellos debieron necesariamente adoptar acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida.

Para que provoque la consecuencia requerida, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir, por lo que no se configura cuando el Tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida" (f. 164 v.).

Este criterio -como bien lo señala el A quo- se condice con las pautas valorativas con que esta Corte ha examinado la causal enunciada (vid., A. y S., T. 92, pág. 90 y T. 157, pág. 385).

No se advierte, entonces, que el Tribunal haya juzgado la cuestión con parámetros interpretativos que excedan los límites de logicidad y razonabilidad tolerados.

Pero además, el reproche imputado carece de correspondencia con las constancias de la causa.

En efecto, de la lectura de la decisión en que se sustenta la causal de separación no se desprende que la Camarista haya formulado alguna reflexión acerca de la conveniencia o no de que los integrantes del Tribunal pudieran ser eventualmente citados para atestiguar en la presente causa.

Por el contrario, se advierte que la resolución refiere estrictamente a lo que fue el "thema decidendum", esto es: si se encontraba configurada la causal recusatoria con base en "haber sido testigos del hecho" (vid. resolución, ya citada).

En consecuencia, los achaques efectuados por el impugnante en su escrito recursivo no logran traspasar el umbral de la mera discrepancia, pues no demuestran arbitrariedad normativa y no encuentran un mínimo de sustento en los hechos de la causa que acredite -en el caso concreto- el efectivo menoscabo de cláusulas constitucionales.

3.1.5. Otro reparo de la impugnante refiere a que la Cámara omitió pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria por el Juez inferior de la prueba ofrecida por la defensa de la encartada y consistente en el testimonio de los propios integrantes del Tribunal.

El análisis de este reproche impone repasar el iter procedimental de la causa en lo que atañe estrictamente a lo acontecido respecto de ese medio de confirmación.

Brevemente:

Ante el Juez en lo Penal de Sentencia, el impugnante ofreció diversos medios probatorios, entre ellos, testimonial de los integrantes de la Cámara Penal; el Magistrado inferior los denegó por considerarlos improcedentes; apelada esa decisión y elevados los autos al Superior, el quejoso recusó a los miembros del Tribunal con fundamento normativo en el artículo 50, inciso 2) del Código Procesal Penal.

Los componentes de la Cámara admitieron la causal de apartamiento invocada para conocer en la causa sólo con relación a la prueba testimonial y no así en lo concerniente a los restantes medios probatorios también ofrecidos (periciales y documental).

Integrada la Cámara Penal para resolver -en definitiva- sobre las recusaciones, ésta las rechazó mediante auto NE 164/01, por entender básicamente que la cuestión ya había sido resuelta en la decisión N° 77/01, en donde se había tratado pormenorizadamente la causal de separación esgrimida en su oportunidad y contra los mismos Vocales por haber sido "testigos del hecho".

Vueltos los autos a la sede de origen, por decreto de Presidencia se dispuso la extracción de fotocopias relativas a la prueba testimonial a los fines de su remisión a la Cámara -integrada- para que se expidiese acerca del recurso de apelación interpuesto contra su denegatoria.

Ese decreto de trámite fue impugnado por el quejoso aduciendo -en líneas generales- que no cabía escindir el tratamiento de la denegatoria de los medios de prueba, sino que todo lo relativo al rechazo de éstos debía ser juzgado por la Cámara Penal.

La Cámara Penal hizo lugar al remedio impetrado mediante decisorio NE 179/01, manteniendo, así, la jurisdicción de la Cámara de Apelación en lo Penal para resolver la apelación planteada respecto de la denegatoria de las pruebas pericial y documental, juzgando, además que devenía inoficioso el tratamiento de la prueba testimonial ofrecida, por considerar que dicha temática ya había sido resuelta.

Para así decidirlo se sostuvo -sobre el ofrecimiento de la prueba testimonial- que "...esta cuestión ya había sido planteada por la defensa a lo largo del proceso y que se resolvió -a través del reiterado planteo recusatorio- que no era pertinente hacer lugar a lo solicitado, por no investir la calidad de testigos los jueces de esta Cámara, por lo tanto no es la primera oportunidad que tal cuestión se pone sobre el tapete en el proceso; ello significa que la cuestión ya ha sido resuelta por la Excma. Cámara en lo Civil al rechazar la recusación intentada y por lo que, consecuentemente, no hicieron lugar al apartamiento que para esa cuestión, solicitaron los integrantes de la Cámara Penal, cuyo tratamiento -reiterado- deviene inoficioso...".

Finalmente, el Tribunal por auto N° 180 confirmó lo resuelto por el titular del Juzgado en lo Penal de Sentencia en cuanto había denegado las pruebas pericial y documental ofrecidas y respecto de las testimoniales volvió a sostener que su tratamiento devenía inoficioso por estar ya resuelta la cuestión.

Concretamente, dijo el A quo que "...pretender que por tal motivo debíamos ser considerados testigos en la causa penal..., no tiene el menor asidero y menos aún que se entienda que se tiene algún interés en el proceso; como no sea, en definitiva, que en el mismo se respeten las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio... para arribar a un decisorio como marca la ley.

Al ser oportunamente resuelta aquella cuestión, que consideró que los nombrados no investimos calidad de testigos de estos hechos (por lo que no se hizo lugar a la recusación intentada) la cuestión está resuelta y deviene inoficioso su tratamiento -reiterado en la presente incidencia-...".

Esta breve síntesis de lo sucedido en torno a la materia que la recurrente estima preterida, pone en evidencia que no ha quedado cuestión alguna por resolver en la instancia de grado, habida cuenta que -a contrario de lo afirmado por el quejoso- la apelación contra el auto que había denegado la prueba testimonial fue tratada y decidida por el A quo en los decisorios NE 179/01 y 180/01.

Además, debe quedar en claro que el rechazo de la probanza aludida se basó en que el ofrecimiento de la testimonial importaba reeditar una vieja temática aunque desde otra óptica procesal pero con los mismos efectos: la separación de los integrantes de la Cámara por ser testigos del hecho, cuestión que ya había sido resuelta por el A quo y cuya respuesta jurisdiccional no mereció reproche constitucional alguno conforme las razones expuestas en el parágrafo 3.1.2.

3.1.6. Siguiendo con el análisis de los agravios endilgados por el impugnante al decisorio de la Alzada, corresponde avocarse al planteo recusatorio fundado en la participación que le cupo desarrollar a los integrantes de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto con posterioridad a la resolución condenatoria dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Penal de Sentencia de Melincué.

El apelante sustentó la pretensión en que los Vocales habían perdido la imparcialidad objetiva necesaria para entender en el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de mérito conforme a lo dispuesto por el artículo 50, incisos 1) y 4) del Código Procesal Penal.

Alude que el caso es similar al que se configura cuando un juez de instrucción que intervino en la investigación, luego es designado juez de sentencia o miembro de un tribunal de Alzada, por lo que no pueden intervenir en dicha decisión, equiparando la situación de autos con lo resuelto por esta Corte in re "Marconetti" (A. y S., T. 99, pág. 368).

El presente planteo no tiene cabida en esta instancia excepcional. En efecto:

El cuestionamiento de que quién participó en la "investigación" (en el caso, la Cámara por haber confirmado el auto de procesamiento) no puede "juzgar" (entender en la nulidad y apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria) por cuanto se comprometería seriamente la imparcialidad objetiva, no depara cuestión constitucional en tanto no se advierte afectada en autos garantías de rango superior.

En tal sentido, esta Corte ha sostenido con relación a la causal enunciada en el artículo 50, inciso 4) del código de rito -en reiteradas oportunidades y en consonancia con un afincado criterio del más Alto Tribunal de la Nación- que "las opiniones vertidas por los magistrados en la debida oportunidad procesal, sobre los puntos sometidos a su consideración, de ningún modo implican prejuzgamiento, toda vez que no se trata de opinión anticipada, sino directa y claramente el cumplimento del deber de proveer a las cuestiones pendientes" (A. y S., T. 92, pág. 90; T. 157, pág. 385; Fallos:240:124; 246:159; 298:689; 300:380; 303:241; 306:2070; 311:578).

Esta línea de pensamiento ha sido seguida por el Tribunal en la resolución N° 134 del 21.8.2002 que rechazó la pretensión de separación de los Magistrados. Así, se sostuvo que la causa de recusación por haber emitido opinión luego de conocer el proceso incluye a la opinión expresada sobre el asunto, comprendiendo la que puede producirse judicial como extrajudicialmente; que opinión judicial es la que se da dentro de las actuaciones sobre la materia del proceso y antes de expedirse la sentencia; y que en la especie, conforme lo indican los recusantes y los magistrados recusados, las resoluciones fueron dictadas en base a imperativos legales dispuestos en la normativa procesal.

Ese discurso argumental también constituyó el basamento de la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, en tanto el Tribunal sostuvo, haciéndose eco de jurisprudencia de distintos tribunales tanto nacionales como internacionales, que "...si la circunstancia que un juez cumpla la función de instruir y de juzgar no significa per se una violación a la garantía del juez imparcial pues, en definitiva, la cuestión depende de las particularidades de cada caso concreto..., con mayor razón cuando, como en el caso, se trata de una Cámara de Apelación que cumple una función revisora en ambas etapas del proceso, es decir que no instruye, ni investiga y no juzga" (fs. 733v./734 de autos).

Con relación a la causal enunciada por el artículo 50, inciso 1) de la ley 6740, cabe destacar que el quejoso con sus reflexiones no desmerece la respuesta brindada por la Cámara en el sentido que dicha disposición exige con carácter restrictivo que el Juez pronuncie, en el mismo proceso, "sentencia".

Al respecto, esta Corte ha dicho que la ratio legis de tal causal de recusación debe hall Asimismo, el caso en estudio no puede asimilarse -como lo pretende la recurrente- con lo decidido por esta Corte en esta última causa citada.

Para así considerarlo baste con recordar que en ese caso la violación sustancial al procedimiento radicó en que uno de los Vocales de la Cámara que debía revisar la resolución condenatoria dictada por el Inferior, había intervenido como Juez instructor, mientras que en estos autos la situación es sencillamente distinta, pues aquí la Cámara despliega una actividad revisora que se da en el ámbito impugnativo -recurso de nulidad y apelación- previsto por la ley (arts. 32 y 34, ley 10160 y 24, C.P.P.).

Igual suerte adversa ha de correr el planteo de inconstitucionalidad atento a su ostensible falta de fundamentación, ya que ni siquiera se mencionan cuales serían los preceptos que vulnerarían cláusulas de rango superior.

Al respecto, no puede dejar de recordarse que tratándose de la delicada misión de eliminar del ordenamiento jurídico una norma, se erige con todo vigor la jurisprudencia de este Tribunal -en consonancia con la Corte Federal- respecto de que tachar de inconstitucional una ley impone una carga de fundamentar detallada y exhaustivamente la impugnación, por cuanto el resultado pretendido es nada menos que la declaración de inoperatividad de una ley dentro del ordenamiento esencial que rige en nuestra Provincia (vid. "Gómez", "Administración Provincial de Impuestos", A. y S., T. 51, pág. 13; T. 191, pág. 267).

Pues, constituye un principio democrático esencial que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley Fundamental, gozan de una pres 3.1.7. Corresponde ahora analizar los agravios que refieren a la endilgada omisión en que habría incurrido la Alzada en el tratamiento de la postulación recusatoria con motivo de las declaraciones efectuadas por la doctora Burrone de Juri en un programa televisivo.

Se adelanta, que la postulación no ha de traspasar el umbral de la admisibilidad.

En primer lugar, porque el imputado vicio de manera alguna se encuentra configurado en autos, ya que mediante resolución N° 134/02 la Cámara Penal -integrada- brindó respuesta jurisdiccional a esa pretensión recusatoria.

En tal sentido, no resulta ocioso destacar que el A quo consideró que la petición de apartamiento de la Vocal mencionada ya había sido juzgada; que si bien esa decisión fue adoptada como consecuencia del planteo promovido por la defensa técnica del restante imputado, la circunstancia fáctica en que se había fundado era idéntica a la invocada en estos autos; y que si el hecho objetivo resultaba común para cualquiera de los imputados no podía volver a analizar la cuestión so pena de vulnerar principios éticos y jurídicos.

Frente esta tesis del Tribunal opone la suya la impugnante sosteniendo, en esencia, que la remisión no constituye un verdadero juzgamiento a su pretensión de apartamiento de la Juez de Cámara por las diferencias objetivas y subjetivas de aquella decisión con esta postulación, pero sin lograr persuadir a esta Corte que las afirmadas desigualdades aparezcan irreductibles de manera tal que la remisión efectuada por el A quo resulte inadecuada y, por ende, carezca de la debida motivación suficiente exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial.

Recuérdese, que este Cuerpo -si bien con referencia a la argumentación de los actos administrativos- se ha pronunciado admitiendo, bajo ciertas condiciones, la validez de la motivación "per relationem", es decir, por remisión, en el caso, a propuestas, informes o dictámenes, entendiendo que ésta cumple los requerimientos del artículo 95 de la Constitución provincial, si los actos a los que se remite son señalados en forma precisa, son fácilmente individualizables y contienen, a su vez, motivación suficiente (vid. A. y S., T. 84, pág. 362; T. 125, pág. 307; T. 126, pág. 440; T. 135, pág. 1; T. 193, pág. 218, entre otros).

Más todavía: en rigor, el planteo recusatorio pierde consistencia a partir de que -como bien lo afirma el Tribunal en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad- las manifestaciones de la Vocal de Cámara en el programa periodístico no constituyeron un plus de aquéllas que fueron brindadas por los carriles legales correspondientes.

En palabras del A quo, no implicaron "ningún aporte subjetivo fuera de lo resuelto y ya protocolizado y notificado a las partes, en una resolución que ha sido indispensable en el momento que ha sido dictada y mantenida en los límites de la cuestión a resolver (fs. 737 v./738, de autos).

Claro está que son plenamente trasladables en este punto las reflexiones efectuadas en el parágrafo 3.1.1. en torno a la relación de los jueces con la prensa.

De todo lo expuesto hasta aquí, cabe concluir que no se advierte violación a la garantía de imparcialidad de los juzgadores -que haría excepcionalmente procedente el recurso de inconstitucionalidad (doctrina de Fallos:306:1392; 316:826), intentando el recurrente nuevamente reabrir un debate acerca de puntos que ya fueron considerados en las instancias ordinarias, brindando una respuesta jurisdiccional que encuentra sustento en los hechos comprobados de la causa y en las normas procesales pertinentes.

3.2. La segunda postulación refiere a la arbitrariedad en que habría incurrido el A quo en materia probatoria.

3.2.1. Así, afirma, en primer lugar, que se afectó groseramente su derecho de defensa al denegársele distintos medios de prueba, entre ellos un pedido de informe técnico a la Morgue del Poder Judicial de la Nación.

El estudio de los autos principales da cuenta que este reproche tuvo como punto de partida el pedido de la recurrente -en esta causa- de la realización del enunciado dictamen en la etapa del juicio plenario; por auto N° 101 del 12.12.2000 el Juez en lo Penal de Sentencia de Melincué ordenó la prueba pero a realizar por tres médicos forenses de la circunscripción judicial N° 1 (fs. 1792/1795, Expte. 231/00); ese decisorio fue impugnado por la recurrente por vía de revocatoria y apelación.

El primero de los remedios fue desestimado con argumentos que pueden resumirse así: Paralelamente a la concesión de la apelación, en la causa conexa con la presente, la Cámara de Apelación en lo Penal en feria dispuso -en la confirmación del auto de procesamiento del imputado F.- que se cumplimentaran diversos informes médicos a realizar "en centros de investigación del país y/o del extranjero de especial calificación en el tema" (fs. 2133/2146, Expte. de la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto N° 253/00).

Esta decisión de la Cámara en Feria derivó en que la defensa técnica de F. presentara ante el Juez Penal en feria de Venado Tuerto "...el diligenciamiento de los informes ordenados...y la urgente remisión de la documentación reservada -informes y fotografías de autopsia; informes y fotografías de levantamiento del cadáver; informe del perito de parte, doctor Picena, designado en el sumario D.- al cuerpo de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación..." (f. 2162, Expte. 253/00).

Esa petición del defensor técnico de F. tuvo favorable acogida por el Juez de feria; en consecuencia, dispuso "...exhortar al Juzgado Nacional de Rogatorias o su similar en feria con el objeto de solicitar informativa al cuerpo Forense del Poder Judicial de la Nación..." (f. 2747, Expte. 253/00).

Fue así como, en definitiva, los Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación practicaron el informe que se encuentra glosado a fojas 2271/2317 de los autos principales, en la causa "D.".

Formulada esta disgresión, la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto -a riesgo de reiteraciones: al resolver la impugnación concedida por el Inferior contra el auto N° 101 del 12.12.2000- precisó que el informe técnico de la Morgue del Poder Judicial de la Nación conformó finalmente una renovación total de la pericia, sobre los mismos puntos analizados en pericias anteriores, por otros médicos forenses, por lo que el ofrecimiento de nuevas ampliaciones deviene en superabundante en relación a la prueba pericial obrantes en autos, por lo que correspondía rechazar el agravio (Auto N° 180 del 27 de diciembre de 2001, obrante a fs. 2414/2418, Expte. 155/2001).

De esta breve reseña se desprende que la prueba que el impugnante estima arbitrariamente denegada fue finalmente realizada, tal como lo afirma la Cámara en esta última resolución y en el pronunciamiento ahora impugnado.

Precisamente, en este último, la Alzada puso de manifiesto que "...es también determinante para desestimar la pretendida afectación al derecho de defensa y el reclamo de nulidad, el hecho de que esta prueba ofrecida por la Defensa de G. D., finalmente fue producida en el organismo pretendido por la parte, respecto de que enfáticamente destacó su especialización en tanatología -única en el país, dijo- y cuya reconocida experiencia le aseguraba la idoneidad técnico-profesional, a tal punto que insistió en que por las razones a la calidad de la labor de ese Cuerpo Médico Forense de la Morgue del Poder Judicial de la Nación -por infraestructura y capacitación específica- era necesario que la causa contara con ese informe técnico que -afirmó- no puede ser reemplazado por otro..." (fs. 3419v./3420).

Queda claro, entonces, que el agravio carece de toda correspondencia con las constancias de la causa, las que por el contrario indican que la prueba fue producida en autos.

Y si bien la recurrente pretende cuestionar que ese informe, finalmente realizado, no aprehende los puntos que había propuesto como materia a evacuar por los expertos, cabe destacar que esa tibia crítica no desmerece la respuesta dada por el Juzgador, en el sentido de que "los interrogantes de la defensa encontraban su respuesta en el contenido del dictamen pericial elevado por la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, del que se deducen lógicamente -y sin mayor esfuerzo intelectivo-".

En tal sentido, debe quedar en claro que en esta instancia excepcional la apelante no aporta ningún elemento concreto que permita inferir que los puntos propuestos por la recurrente -en su oportunidad- no hayan tenido respuesta en el informe, con lo cual, su postulación recursiva carece de entidad constitucional al no evidenciar un mínimo de sustento con la realidad del caso.

3.2.2. Afirma que el perito de oficio designado en autos, doctor Monti, sólo pudo efectuar parte de la pericia ordenada en autos -la microscópica-, ya que el material indispensable para la macroscópica había sido remitido y luego destruido en la Morgue del Poder Judicial de la Nación, configurándose, así, una indebida restricción al derecho de defensa en juicio.

Como bien lo señala la Cámara en la sentencia impugnada, la temática propuesta encuentra su génesis en las discrepancias entre lo dictaminado por el perito de parte, doctor Picena, y las conclusiones arribadas por la perito oficial, doctora González García, respecto del estudio anátomo-patológico realizado en la causa, circunstancia que derivó en la designación de un perito de oficio a fin de realizar un nuevo examen.

La lesión constitucional estribaría en que ese análisis no pudo efectuarse "in totum".

Ningún menoscabo a garantías superiores se configura en la especie. En efecto:

Son varias las reflexiones vertidas por la Cámara que descartan de plano la presunta restricción probatoria, entre ellas, cabe destacar que en el caso antes de hablar de un cercenamiento de pruebas, existe una verdadera superposición de medios de confirmación sobre un mismo punto de análisis.

Concretamente, refiere el Tribunal a la pericia llevada a cabo en la Morgue del Poder Judicial de la Nación, que había sido ordenada en la causa conexa con ésta, y que comprendía los puntos de pericia que debían ser materia de análisis en la ordenada por el doctor Vidal y que tenía como perito de oficio al doctor Monti.

En otras palabras, el A quo descarta cualquier atisbo de indefensión probatoria en la producción de una probanza paralela que la propia recurrente había impulsado, esto es, la de los Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, que efectuaron un análisis macroscópico de la zona del cuello.

Se concluye, entonces, en que no se advierte configurado el invocado cercenamiento a la prueba, antes bien se corrobora que en la causa hubo un amplio y garantizado derecho de probar de la recurrente, que se proyecta a otras cuestiones conforme se verá seguidamente.

3.2.3. Se queja la recurrente de que se le denegara un ampliación de informe del doctor Cardoso a efectuarse con todos los elementos vinculados a los estudios anátomo-patológicos, esto es, con los dictámenes no solo de los doctores González García y Picena sino también con las conclusiones a la que arribó el doctor Monti.

El concepto de prueba sobreabundante (art. 387, C.P.P.) es la base para la desestimación del pedido de ampliación de informe del doctor Cardoso.

En efecto, el Tribunal sostuvo que existía en autos considerable cantidad de pericias médicas, originadas algunas de oficio y otras a pedido de parte y que, precisamente, el referido facultativo había tenido la oportunidad de expedirse a través de tres comunicaciones, por lo cual la aplicación de aquella norma no solo era razonable sino que se ajustaba a la realidad del proceso.

Esta respuesta jurisdiccional no es puesta en crisis por la impugnante que solo se limita a afirmar que en la denegatoria de la ampliación subyace la idea de que las conclusiones del doctor Cardoso contradice la "hipótesis fuertemente preferida" y todo lo que va en contra de ella -a juicio de la recurrente- debía ser rechazado.

Esta reflexión no deja de ser una afirmación estrictamente dogmática de la apelante que no encuentra sustento alguno con las constancias de autos.

Pues, aquí lo importante es que el doctor Cardoso contó con amplias posibilidades de dictaminar conforme su ciencia (vid. fs. 34, 228/229, 237/240, 455/459, Expte. de la Cámara Penal de Venado Tuerto N° 231/00); en consecuencia, la solución dada por los Jueces respecto de un eventual nuevo informe no luce arbitraria conforme lo estatuido por el artículo 387 del Código Procesal Penal.

3.2.4. En lo tocante al agravio vertido por la denegatoria de una pericia internacional solicitada por la defensa de F., debe señalarse que el planteo recursivo no logra desmerecer la solución dada por los Jueces, en tanto habían denegado esa probanza (Auto N° 177/01) en el entendimiento de que ésta resultaba sobreabundante a tenor de la última de las normativas citadas.

Para así considerarlo Señaló también que las defensas de ambos imputados destacaron las condiciones de capacidad e doneidad técnico-profesional que les garantizaba el Cuerpo Médico Forense de la Morgue del Poder Judicial de la Nación -su infraestructura y vasta experiencia en casos de gran resonancia- por lo que ahora parecen contradictorias las nuevas apreciaciones de la impugnante..., extendiendo también la descalificación a los Médicos Forenses que integraron la Junta de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, empece antes haber insistido en la necesidad de que la causa contara con un informe pericial de ese organismo que les garantiza seguridad y confianza en sus actitudes científicas, además de reconocerles tan calificada especialización siendo el único centro de tanatología que hay en el país (...") (fs. 191/192 v.).

Frente a estas argumentaciones de la Cámara, la recurrente vuelve a afirmar que la denegatoria de la prueba se sustentó en que los posibles resultados conseguidos irían, seguramente, en contra de la denominada "hipótesis fuertemente preferida" por los Magistrados, pero sin controvertir las circunstancias de hecho, en rigor, la cantidad de pruebas producidas en el proceso, detalladas al extremo por la Cámara, a fin de encuadrar la solicitud del peritaje internacional en el artículo 387 del código de rito en lo penal (prueba sobreabundante).

Idéntica respuesta merece la imputada restricción probatoria invocada por el recurrente, al denegársele a la defensa de F. la prueba testimonial -consistente en develar la posibilidad de que la noche previa a su muerte, la menor haya salido de su casa-, desde que la formulación de la impugnante no desmerece en ningún momento los presupuestos de hecho en que reposa la aplicación de aquella norma mencionada (prueba impertinente), cuales son: la ausencia de vinculación con el objeto del proceso en razón de no inferirse de la prueba referencias directas o indirectas con el mismo, o con un objeto incidental que sea menester resolver para decidir la cuestión, además de haberse rendido numerosas testimoniales sobre el punto en la causas F., D. y en el Jury de Enjuiciamiento del primero de los nombrados (fs. 193/194).

Es evidente, entonces, que los reparos formulados en los parágrafos "ut supra" expuestos, tan solo demuestran mera disconformidad de la recurrente con la aplicación y alcance asignado por el A quo a las normas procesales glosadas de conformidad a las concretas constancias de la causa, cuestión que, como es sabido, no depara caso constitucional, a menos que medie arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio, circunstancias que no acontecen en la especie.

3.2.5. También corre suerte adversa la supuesta restricción de prueba al rechazársele el pedido de adjuntar a la causa las conclusiones arribadas por el doctor Petinari en otras casos, que vendrían -a juicio de la recurrente- a contradecir el dictamen efectuado por este profesional en autos.

Aquí tampoco se advierte configurado el alegado cercenamiento al derecho de defensa, pues la afirmación de la recurrente respecto de que la denegación de la probanza se sustentó -al igual que en la mayoría de los medios probatorios no admitidos- en que la prueba contradecía la "hipótesis fuertemente preferida" por los Jueces, no basta para conmover la base expresa del rechazo, que no fue otra que su impertinencia por cuanto no guardaba relación con el objeto del litigio, entendiendo que cada causa cuenta con características propias (fs. 192v./193).

3.2.6. Con relación a la violación del derecho de defensa constituido por la negativa de que se incorporen a la causa las conversaciones telefónicas recabadas, corresponde destacar que el menoscabo a la garantía constitucional mencionada se desvanece con la categórica afirmación del Tribunal respecto de que dichos elementos nunca fueron "incorporados al proceso" como medio de confirmación.

Adviértase, en tal sentido, que las motivaciones brindadas por la Cámara, en tanto sostuvo que ("...) es bien sabido la protección de que goza En base a estos fundamentos no se avizora, pues, restricción al derecho de defensa sino más bien el uso de atribuciones conferidas por la ley a los jueces, que -en el caso- la recurrente no convence que hayan sido aplicadas transgrediendo los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados.

3.2.7. En lo atinente a la denegatoria de la prueba testimonial a valorar por los Jueces de la causa, cabe estar a los fundamentos vertidos en la presente en los parágrafos correspondientes.

3.2.8. Alega estado de indefensión al no haber podido controlar la pericia efectuada por el Cuerpo Médico de la Morgue del Poder Judicial de la Nación atento a la ausencia de todo conocimiento sobre ese acto procesal.

El planteo recursivo debe desestimarse.

Para así considerarlo se impone recordar que la Cámara rechazó el planteo de nulidad con argumentos que pueden resumirse así: a) si bien la realización de la pericia por el Cuerpo Médico de la Morgue no había sido notificado en un principio a la defensa de G. D., sí había sido comunicada a la defensa de C. F., quien ejerció el contralor a partir del primer examen del material En resumidas cuentas, por el camino de una común estrategia defensiva desplegada por ambos imputados, evidenciada claramente al coincidir en cuanto al organismo en dónde debía realizar la prueba en cuestión, del contralor ejercido de ésta por la defensa de F., de que la recurrente tenía conocimiento de la pericia ordenada como de su comienzo, de la subsanación posterior de la irregularidad procesal y, en fin, de la ausencia del principio de trascendencia, transitó el rechazo por el Tribunal de la pretensión de nulidad.

Estas consideraciones permanecen incólumes frente a las críticas de la recurrente, pues sus afirmaciones se instalan más en el presunto perjuicio irrogado que a criticar el razonamiento de la Sala para arribar a la conclusión basal de que había existido un efectivo "conocimiento" de la prueba, extremo que purgaba cualquier quebrantamiento de las formas.

Pero además la impugnante no demuestra que ese gravamen tenga correlación con el acta del 8 de marzo del 2001, en cuanto expresa -en lo que aquí es de interés- que: "...siendo las 11 horas se procede a la apertura de la caja que contiene piezas de macroscopía y preparados histológicos..., dando posteriormente entrada al material para su procesamiento histológico, asimismo, se tomaron vistas fotográficas de los distintos pasos periciales, se tomó una placa radiográfica de contacto del fragmento del hueso hióides remitido.

Todo el material extraído para el procesamiento histológico fue colocado en frascos debidamente rotulados y preservados en suspensión formólica, finalizado lo cual fueron entregados al señor Jefe del Laboratorio de Histopatología de la Morgue Judicial conjuntamente con la caja remitida rotulada como 'C' conteniendo 7 preparados histológicos con la denominación 'IML-00-81' para su estudio correspondiente.

El resto del material remitido no seleccionado para su procesamiento fue recolocado en sus frascos de caja de origen y sellado y firmado por todos los presentes....

En un todo de acuerdo con el procedimiento realizado se firma la presente a los 8 días del mes de marzo del 2001, siendo las 13.50 horas...".

Además, se observa que en dicha audiencia estuvieron presentes: los doctores Trezza, Navari y Caputi (Peritos Médicos Forenses de la Justicia Nacional), los doctores Héctor Di Salvo y Julio Ravioli (ambos Peritos de Parte), la doctora Graciela Mastrocésare (Fiscal interviniente en la causa), los doctores Aurelio Cuello Murúa y Carlos Edwards (ambos abogados defensores) y el doctor Sergio Vázquez (Director Interino del Instituto Médico Legal de Rosario, en calidad de observador) (vid., f. 2357, Expte. de la Cámara Penal de Venado Tuerto, N° 229/01).

Finalmente, el agravio pierde totalmente consistencia si se tiene en cuenta la circunstancia de que cuando la defensa técnica de la impugnante, al expresar agravios (5.11.2001) contra la decisión del Juez en lo Penal de Sentencia de Melincué que había denegado el pedido de que la prueba pericial fuese realizada ante la Morgue del Poder Judicial de la Nación, ya había concurrido a la audiencia pericial realizada el 23 de abril del 2001 en aquél Instituto con la presencia de su perito de parte doctor Tedeschi, que por otra parte, ninguna objeción formuló en la especie (f. 2511, Expte. de la Cámara Penal de Venado Tuerto N° 229/01).

De esta reflexión se deduce que si algún perjuicio le había irrogado el procedimiento llevado a cabo por la Junta de la Morgue del Poder Judicial en la audiencia del 8 de marzo del 2001 debió ser planteado en la expresión de agravios aludida en el párrafo precedente para que, así, mereciera tratamiento y decisión por la Cámara ya en esa oportunidad, pues en ese escrito recursivo, la impugnante, a más de sostener que devenían abstractas las razones invocadas por el Juez para fundar la denegatoria de la prueba solicitada en tanto ya se había expedido la Morgue Nacional, se quejó únicamente de que el instituto de la morgue no se había explayado sobre los puntos por él solicitados (cfr. fs. 2354/2375, Expte. Cámara Penal de Venado Tuerto NE 231/00), cuestión, esta última, que fue tratada por la Alzada en el resolutorio ahora impugnado, y que no merece reproche constitucional, conforme lo estipulado en el parágrafo 3.3.1.

De manera, entonces, que el recurrente en relación con el presunto gravamen invocado respecto de este vicio, carece de agravio, por haber omitido plantear en las etapas procesales pertinentes los reproches de los que hoy se queja, incumpliendo asimismo en esas oportunidades con el requisito que establece el artículo 1 "in fine" de la ley 7055.

En consecuencia, la falta de gravamen y de planteo oportuno de la cuestión constitucional sella de por sí definitivamente la suerte adversa del planteo expuesto.

3.3. La última de las postulaciones de la impugnante refiere a la arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal tanto en la valoración de los medios de pruebas producidos en el proceso como en la atribución de responsabilidad penal de los imputados.

3.3.1. En lo concerniente al primero de los planteos -ponderación probatoria-, el quejoso apunta a cuestionar el razonamiento empleado por el A quo al juzgar que los dos puntos esenciales para la determinación de la causa de la muerte son los "hallazgos tanatológicos y su clara etiología homicida", subestimando, así, la otra hipótesis de muerte: la cuestión toxicológica-epiléptica.

Le endilga al Tribunal prescindir de las constancias obrantes de la causa bajo la decisiva influencia de la "hipótesis fuertemente preferida", partiendo del análisis de la "equivocada autopsia" realizada por el doctor Petinari.

En primer lugar, cabe distinguir que una cosa es la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se prescinde de prueba decisiva, cuando se invoca una inexistente o se contradice con otras constancias de autos, y otra muy distinta es cuestionar los alcances y las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa.

Esto último es lo que acontece en la especie.

Pues, no hay arbitrariedad en la materia, sí disconformidad acerca de su valoración y ello no constituye "per se" cuestión constitucional alguna.

En efecto:

De los fundamentos que avalan el presente planteo se advierte con toda evidencia que la recurrente apoya más sus críticas en los yerros que -a su criterio- incurrieron los facultativos que a descalificar el razonamiento del Sentenciante.

Pero evidentemente el discurso argumental de la recurrente, pretendiendo desplazar la causa de la muerte de la menor (de homicidio a suicidio), no convence de que la solución arribada por la Cámara no encuentre sustento en los hechos comprobados de la causa.

Ello así, por cuanto -en primer lugar- la apelante ninguna objeción formula respecto a todo un acervo probatorio complementario al contenido de las pericias médicas y a los cuales el Tribunal le asignó significativa importancia.

Véase que la Cámara refiere a que la pericia -de estricto contenido científico- es una prueba más que integra el plexo probatorio que se reúne en una causa, debiendo ser todo ello valorado puntualmente y a la vez en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

A partir de esta introducción el Tribunal comienza a valorar los requerimientos de documentales en cuanto al lugar del hecho, las declaraciones de los imputados y los testimonios que aludían a cómo observaron el cadáver, como así también lo relativo a la escena del hecho y a las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo.

Adentrándonos un poco más en la cuestión.

El A quo ponderó los dichos del médico de la familia, doctor Costa, que requerido a instancias de los padres de la menor, describió en forma pormenorizada la situación en la que encontró a N., en estos términos: luego de examinar a la niña, constatar de que estaba muerta y considerar que pudo haber sido "muerte súbita" por algún aneurisma, los progenitores le explicaron la forma en que éstos habrían encontrado a la niña "con una bolsa de polietileno en la cabeza -que F.

le mostraba- una bufanda y un pañuelo con el que había tenido las manos atadas", ante lo cual consideró el facultativo que "esto puede ser un homicidio, yo no toco ni modifico nada de lo que hay acá, hay que llamar a la policía y al forense" (fs. 208/209).

También el Tribunal prestó particular atención a los dichos -entre otros- de Viviana Crosa de Pautasso, Javier Hurt, el comisario Villalba, los doctores Orso, Maggi y Bruchmann, en tanto refirieron a los primeros momentos en fue hallado el cadáver de la menor.

A partir de estas pruebas el A quo comenzó a descartar -en principio- la probabilidad de una muerte natural.

Asimismo, el Sentenciante consideró las constataciones llevadas a cabo por la labor policial, que no corroboran tampoco las manifestaciones de los integrantes del matrimonio a los varios testigos que fueron al domicilio llamados por ellos, acerca no solo de que las versiones expuestas en un primer momento sobre lo realizado por los integrantes de la familia distaban de resultar verosímiles, sino también que tendían a descartar que alguien extraño habría accedido al lugar donde guardaban el dinero.

Para luego sostener el A quo que la afirmación de los imputados, de "haber sido, además víctimas" de un robo que entonces explicaría el homicidio a manos del autor o autores de la sustracción ilegítima, fue -a medida que avanzaba la investigación- quedando en evidencia su falta de correspondencia con la realidad.

Por supuesto que las conductas de los integrantes de la familia de N. no pasaron desapercibidas para los Jueces de la causa:

Las aseveraciones de F., que no encontraban correlato con lo aseverado por D., en tanto el primero había afirmado que con posterioridad a su llegada al domicilio, revisó las habitaciones comprobando que su hijo no estaba y que la puerta del dormitorio de su hija no la abrió por temor a despertarla, mientras que la segunda aseveró que luego de mirar televisión junto a su hija en el dormitorio de Franco ésta se había quedado dormida, por lo que apagó el televisor y se dirigió a su cuarto.

Las conversaciones mantenidas entre los esposos ya sea, durante el sepelio de la menor, con posterioridad a la sepultura y aun en la clínica donde permaneció internado F., en tanto -en todas ellas- hacían alusión a la forma en que debía declarar D. en la causa penal.

Todas estas circunstancias y declaraciones permitieron apreciar al Sentenciante que la conducta de los padres de N. resultaba renuente, con el propósito de ocultar, de confundir.

Remató el Tribunal diciendo que cada dato conforma un elemento de prueba fragmentario pero si todo se dirige en una misma dirección pueden conformar una serie convergente que podría adquirir valor de verdadera prueba, en todo caso, no es la conducta por los F., a través de las distintas actitudes las que se espera de padres a quienes la muerte de la hija se les presenta -conforme a sus propios dichos manifestados a sus amigos- como el resultado de una acción criminal, de las que manifiestan ser ajenos totalmente.

Todas estas argumentaciones brindadas por el Tribunal no son cuestionadas por la recurrente, quedando absolutamente enhiestas, habida cuenta que les resta importancia por considerar únicamente decisivo en el caso la determinación de la causa de la muerte a través de las pericias médicas, cuando, en rigor, todos estos elementos referidos por la Cámara coadyuvaron al arribo de la solución: la existencia de un homicidio.

Postular lo contrario implicaría elevar a rango de verdad absoluta la opinión de los expertos siendo, en consecuencia, el único camino posible para desentrañar lo acontecido en un caso.

En este sentido, no puede dejar de señalarse que el propio Tribunal expuso que si bien la prueba científica realizada desde la obducción es en este caso de muy especial importancia no pueden ser evaluadas sin los datos que le preceden, esto es, las referencias al lugar del hecho, el examen del cadáver tal como fue hallado y la recolección de rastros y huellas en el escenario, los relatos que hacen los que concurrieron a la vivienda; esas circunstancias conducían indefectiblemente a realizar una valoración de este material probatorio, conformado con elementos de carácter objetivo, directo e indirecto, de importante utilidad e idoneidad para el esclarecimiento del hecho.

Ya entrando de lleno a los agravios que tocan a la valoración concreta que hiciera el A quo de las pruebas científicas, cabe destacar que la recurrente en ningún tramo de su discurso demuestra que el A quo haya incurrido -como ya se adelantó- en arbitrariedad probatoria, pues todos sus planteos "constitucionales" se circunscriben a cuestionar, en más o en menos, el alcance asignado a los medios de prueba.

Para así considerarlo es imprescindible recordar todo el iter del pensamiento del Sentenciante:

En primer lugar, la Cámara expone que al estimarse dudosa la causa de la muerte y sospecharse la existencia de un posible accionar delictivo se dispuso la realización de una autopsia a los efectos de comprobar la causa y el mecanismo de la muerte, examen que se llevó a cabo en el Instituto Médico Legal de Rosario por el doctor Petinari (fs. 226/227v. y 229/230v.).

A su vez, el Tribunal compulsó esos dictámenes con los informes del Gabinete Pericial Policial realizado por el doctor Cardoso (fs. 228/229; 237/240), como así también con el estudio anátomo-histopatológico efectuado por la perito oficial, doctora González García (fs. 233/234); e hizo merito de los informes elevados a la causa ya sea por el perito de parte doctor Picena y los elaborados por el doctor Monti, referidos, ambos, a la materia (estudios anátomo-histopatológico) (fs. 235/236 y 244/245v., respectivamente).

Además, el A quo analizó los informes -solicitados por la propia recurrente- llevados a cabo por las Cátedras de Farmacología y Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario atinentes, el primero -en líneas generales-, a precisar las concentraciones probables de amitriptilina en el cadáver de N. y, el segundo, a especificar -con el análisis de la foto del cerebro de la occisa- si éste podía corresponder a una persona que había muerto por estrangulamiento.

Seguidamente, la Cámara se avocó extensamente a considerar el informe de la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, el cual se llevó a cabo sobre los siguientes informes y estudios: pericial Finalmente, los Juzgadores ponderaron el dictamen de la Junta Médica Forense - compuesta por médicos forenses, integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, de las circunscripciones NE 1, 2, y 5- que efectuaron un análisis del informe -y sus respectivas ampliaciones- del doctor Cardoso y de todos los demás informes técnicos recabados en ambos sumarios penales, incluido, el dictamen de renovación total de pericial de autoría de la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación.

En base a este abundante plexo probatorio es que la Cámara apoya el reproche penal. No se trata -como afirma la recurrente- de subestimar una hipótesis de la causa de la muerte de la menor (la cuestión toxicológica-epiléptica), antes bien, se advierte que el Tribunal arriba a la respuesta jurisdiccional a través del examen pormenorizado de cada una de estas pruebas "ut supra" detalladas.

Es que, en rigor, el origen de este reproche -como de otros- es lo que ha dado en llamar la recurrente "la hipótesis fuertemente preferida". Ésta se instala en todo la argumentación del presente recurso, tal como si fuera un vicio que anida en cada uno de los partícipes del caso (principalmente, jueces, peritos, testigos, etc.) que arriban a algún tipo de conclusión no querida por aquél. Termina siendo, en rigor, una suerte de muletilla de la apelante que se traduce en que todo lo que no le es a favor está inficionado por esa suerte de idea -obviamente, harto negativa para aquella- ya preconformada de cómo sucedieron los hechos.

Ella solo responde a un mero criterio subjetivo de la recurrente puesto que ni siquiera en grado mínimo tiene roce con las constancias concretas de la causa conforme ya se ha enunciado en el parágrafo 3.1.2.

En este sentido, no puede dejar de recordarse las reflexiones más trascedentes vertidas por la Cámara sobre el punto.

Así, dijo: ("...) si bien en el orden de lo posible pueden articularse varias hipótesis, siempre surgirá una que se irá perfilando con más fuerza por la apoyatura que le den las connotaciones y particularidades que el caso presenta, a medida que se van reuniendo datos; esa >preferencia= a la que alude el apelante, es muy claro que no deviene por Continuó diciendo el Tribu Concluyó la Cámara su discurso -en este aspecto- en que ("...) el Juez de Sentencia realizó una actividad intelectual por la que enlazó la información incorporada en el proceso con las dos hipótesis que confrontaban (homicidio-suicidio) producto de la actividad de los sujetos procesales y el debate en el plenario.

Y como resultado de esa actividad intelectual -mediante la valoración de pruebas- optó por una de las hipótesis en juego, a la que le asigna valor de verdad, por encima de la voluntad de las partes, impelido como órgano del Estado a la obtención de la verdad histórica real...

Este ha sido el procedimiento empleado por el Juez al construir la solución jurídica del caso, sin que el control sobre esa operación intelectual del mismo permita advertir, como conducta direccionada, la sobrevaloración de datos o minimización de otros con el fin de 'producir una especial lectura y valoración de todo el acervo probatorio para servicio de ella (la hipótesis fuertemente preferida) aun a costa de graves distorsiones' (sic), como pretende la apelante (...") (fs. 201/206v.).

Hasta aquí no se advierte el grado de subjetividad pretendido por la recurrente en la valoración de las probanzas, solo se verifica en la especie examen de las constancias de autos.

3.3.2. A esta altura del discurso, la recurrente comienza a efectuar -como ya se adelantó- un análisis crítico de la pruebas producidas en la causa.

Así, refiere concretamente a que: de un análisis externo como interno del cadáver no se evidencian signos que pudieran dar por acreditada la existencia de una muerte como la reputada po Evidentemente estas aseveraciones contienen un tinte nítidamente interpretativo en cuanto al alcance asignado por los Jueces y por la propia parte de las pruebas producidas en la causa.

Repárese, en tal sentido, que pese afirmar la apelante que la hipótesis de homicidio por estrangulamiento por compresión manual adoptada por el Tribunal no se corresponde con las pruebas aportadas en la causa, cabe destacar que los informes que a continuación se detallan y que fueron ponderados por los Jueces de la causa, dan cuenta -precisamente- de lo contrario.

Sobre el particular, se impone recordar que el A quo desmenuzó el dictamen de la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación, remarcando -en líneas generales- estos aspectos de decisiva trascendencia en la causa: a) de los hallazgos del examen macroscópico, microscópicos anatómicos se desprende una "definición médico legal, señalando que surge de manera prioritaria la consideración diagnóstica de un cuadro de asfixia mecánica, instruyendo el organismo al tribunal sobre el tema para una mejor comprensión del cuadro", en el sentido que la asfixia mecánica, de interés para este caso médico legal en estudio es una causa violenta de muerte, caracterizada por un impedimento mecánico de la función respiratoria, siendo ésta una definición aproximada porque, en algunas variedades intervienen mecanismos complejos, relativizando el papel absoluto de la interrupción mecánica respiratoria en la producción del deceso; b) en la signología general asfística se acepta que la mayoría Pero además, la Cámara hizo un pormenorizado estudio del informe de la Junta de Médicos Forenses integrantes del Poder Judicial de la Provincia de las circunscripciones NE 1, 2 y 5, poniendo especial énfasis en estas cuestiones también de suma importancia: a) existen elementos concretos y certeza científica para establecer que la causa de muerte de N. se debió a asfixia mecánica por estrangulación (compresión extrínsica del cuello); b) resulta posible que hayan existido maniobras de sofocación o compresión buco-nasal, atendiendo a las razones observadas en la mucosa yugal; c) no puede descartarse, en la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello, la concurrencia de mecanismos reflejos inhibitorios; d) pudo haber contribuido, aumentando la vulnerabilidad de la víctima la existencia de patologías crónicas cardio-pulmonar previas; f) por tales razones los hallazgos toxicológicos pierden significación como causal de muerte, frente a la signología tanatológica (fs. 254/v.) Ante estas conclusiones de los organismos especializados, la Cámara sostuvo que el análisis reflexivo de estos dos dictámenes periciales recién referidos, confrontados y correlacionados con los demás informes técnicos producidos a instancia de la defensa habían ratificado la muerte violenta de la joven N. F., que reconoció como agente etiológico una asfixia mecánica por mecanismo de compresión extrínseca del cuello, a lo que se adunó el modo de sofocación por obstrucción de la vía aérea, y uso de la bolsa cefálica, y posiblemente -asociado a la patología cardíaca-pulmonar que portaba la víctima, la que reconoció el doctor Caputi en los profundos estudios histopatológicos que realizara- haya intervenido un mecanismo inhibitorio reflejo a partir de la estimulación por compresión de los senos carotídeos que, de actuar, determina rápidamente un cese circulatorio y en consecuencia una disminución de la respuesta de los tejidos a las violencias traumáticas.

Pero de todos modos, quedaba fuera de duda que los estudios anátomo-histopatológicos realizados, tanto en el Instituto Médico Legal de Rosario (por la doctora González García) como en la Morgue del Poder Judicial de la Nación (por el doctor Caputi) habían comprobado la respuesta de los tejidos de la zona del cuello a la violencia compresiva que padeció la niña en esa zona, quedando demostrado entonces que la forma de muerte reconoció un mecanismo homicida en su producción.

Se comprueba, así, que la postulación de la recurrente, en el sentido de que la causa de la muerte considerada por el Tribunal carece de apoyo en los medios de confirmación producidos en el proceso, no tiene ningún asidero en las constancias de la causa, quedando, así, reducido el planteo a una mera disconformidad de la apelante con la valoración y alcance que los Jueces de la causa otorgaron a las probanzas de autos.

3.3.3. La recurrente le imputa a la Cámara prescindir de prueba decisiva, esto es, del informe elaborado por el doctor Grin donde se consignaba la cantidad de pastillas de Uxen Retard que había ingerido la menor, en tanto -a juicio de la recurrente- resultarían suficientes para desatar una crisis mioclónica, que a la postre, sería la causa de la muerte.

Nada de ello ha acontecido en la especie.

A foja 312 vuelto el Tribunal alude específicamente a ese dictamen en el cual se sostuvo que: a) si la ingestión ocurrió cuatro horas antes de la muerte, habría ingerido 22 comprimidos; en cambio si la ingestión ocurrió 12 horas antes de la muerte habría ingerido 28 comprimidos; b) a esas concentraciones plasmáticas, un paciente puede presentar depresión marcada, alteraciones cardiovasculares, convulsiones (que pueden ser más frecuentes si se trata de un epiléptico), lo que podría dejarlo en estado de indefensión.

Pero además, la cuestión toxicológica no solo fue tratada por este experto sino que mereció un tratamiento amplísimo por parte de otros facultativos que también fueron meritados por el Tribunal.

En efecto: el A quo valoró el informe del doctor Berman de la Cátedra de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, quien sostuvo que la concentración hallada en sangre de amitriptilina (0,28 ug/ml) es cercana a la llamada ventana terapéutica, y entre tres o cuatro veces menor que la considerada sobredosis (f. 312).

También se ponderó el análisis efectuado por la Junta de Médicos Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación -doctor Roberto Lazcano-, en tanto había concluido que: a) la concentración sanguínea de amitriptilina (0,28 ug/ml) es cercana a la dosis terapéutica; b) de acuerdo a la bibliografía internacional resultaba posible descartar la intoxicación producida por esta concentración sanguínea; c) teniendo en cuenta las lesiones cardíacas halladas en la histología (doctor Caputi) es posible pero no probable la producción de arritmias cardíacas de diverso tipo, como consecuencia de la administración del antidepresivo tricíclico amitriptilina; d) la ausencia de otras causas determinantes de la muerte, podría permitir adjudica Finalmente, los Jueces de la causa también meritaron las conclusiones de la Junta de Médicos Forenses del Poder Judicial de la Provincia que en su informe -ent En base a todos estos informes, la Cámara brinda respuesta a la defensa de la recurrente respecto de si la cantidad de amitriptilina (0,28 ug/ml) dosada en sangre de la niña pudo haber producido la muerte, contestando por la negativa.

En consecuencia, no es que el Tribunal haya prescindido de prueba (concretamente, el informe del doctor Grin), antes bien ha meritado todo el plexo probatorio referido a la cuestión toxicológica, arribando a una conclusión diversa a la sostenida por la recurrente, pero no por ello arbitraria.

No está de más exponer -aunque sea brevemente- la conclusión final alcanzada por los Jueces respecto de esta temática.

Así, dijo el Tribunal que ("...) no está probado en la causa la crisis epiléptica que se conjetura habría padecido N. la madrugada de su muerte ni que el Uxen Retard ingerido haya provocado reacciones adversas de tan grave consecuencia que la condujeran a la muerte. Igualmente, la hipótesis de que la reacción a ese medicamento hubiere provocado una arritmia cardíaca mortal no hubiera determinado la existencia de lesiones como las halladas en labio, cuello y pulmones. Pues lo fundamental en el caso es que, frente a los hallazgos tanatológicos que probaron el accionar violento traumático de etiología homicida en la génesis del deceso de la víctima, los hallazgos toxicológicos por elemental consecuencia pierden la relevancia de determinante, no siendo entonces, la causa de la muerte (...")(fs. 325v./326).

También merece ser desestimado el agravio por el cual le imputa a la Cámara afirmaciones dogmáticas al juzgar que el medicamento fue suministrado por la madre de la menor; como así también la endilgada aucontradicción por esa afirmación ya que si el fármaco fue diluido en líquido pudo haber sido suministrado por cualquier persona.

Ello así, por cuanto la recurrente no demuestra que el Tribunal incurra en una ausencia de motivación en cuanto al aspecto fáctico de la cuestión, puesto que aquella conducta desplegada por la madre fue sustentada en que todas las pruebas de la causa (testimoniales, incluso, la de su hijo F. F.) referían a que "...la madre había asumido desde siempre la responsabilidad de la administración y suministro de medicación para la niña..." (f. 331).

Desde luego que esta conclusión está precedida de un extenso discurso argumental que efectúa la Vocal del primer voto (cfr. fs. 330/334).

Siendo ello así, otra vez se erige en este reproche disconformidad con la valoración probatoria efectuada por los Jueces de la causa, situación muy distinta a tener por configurado el vicio de ausencia de motivación que se le atribuye a la mayoría del Tribunal.

Y en lo tocante a la autocontradicción imputada es de toda evidencia que idéntico reproche y sobre la misma cuestión ya había sido formulado en la instancia de grado, mereciendo respuesta jurisdiccional a fojas 331/334 siendo que es doctrina del más Alto Tribunal de la Nación que no son aptos para abrir la instancia extraordinaria los cuestionamientos que reproducen dogmáticamente agravios ya vertidos sin plantear una crítica concreta y razonada de todos y cada unos de los argumentos dados para desecharlos (CS, 28.5.1991, "Toledo", citado por esta Corte in re "Cumino", A. y S. T. 147, pág. 291).

Asimismo, es doctrina de esta Corte que para que se configure el vicio de autocontradicción es necesario que el recurrente demuestre que el decisorio padezca irremediable incongruencia interna, de suerte que las proposiciones que lo integran resulten incompatibles entre si, de modo tal que para tornar inteligibles sus propias motivaciones, sea menester hacer aportes argumentales extraños a su contenido.

Dicha inconsecuencia lógica no es demostrada en la especie, a menos que se piense -sin duda, con error- que por el solo hecho de que el medicamento (Uxen Retard) haya sido diluido en líquido para su suministro prive de todo sustento a la conclusión del Sentenciante respecto de que el fármaco fue dado por la madre de la menor en esas condiciones.

Menos aun puede advertirse una fractura lógica en el pensamiento de la Cámara al tratar la "cuestión epiléptica".

Al respecto, la recurrente sostiene que en una primera línea de pensamiento los Jueces compartieron su tesis acerca de que la amitriptilina y la epilepsia constituían una "combinación mortal", mas luego -y sin fundamento alguno- se apartaron de dicha posición atento los hallazgos tanatológicos de etiología homicida.

En rigor, los Juzgadores nunca adhirieron a esa tesis (denominada por la apelante de "combinación mortal"), pues en ningún pasaje de la sentencia se alude a esa hipótesis de causa de la muerte de la menor, por lo cual el vicio lejos está de configurarse en autos.

Es más la Cámara brindó un expreso tratamiento a la "cuestión epiléptica" cuyos principales fundamentos pueden resumirse así: no se ha comprobado en autos que esa noche N. haya sufrido una crisis convulsiva terminal, que dice la defensa Todos argumentos no merecieron crítica alguna por parte de la recurrente en tanto solo se limitó a afirmar que era imposible efectuar cualquier defensa frente a una predisposición como la de la Cámara, donde todo se interpreta acorde con la "hipótesis fuertemente preferida" (cfr. fs. 661/662v.).

3.3.4. Por otra parte, cabe destacar que ninguna violación al principio de congruencia se avizora en la especie al referir el A quo al mecanismo de sofocación como uno de los factores coadyuvantes en la determinación de la causa de la muerte de la menor.

En ese sentido -y más allá de que sobre este particular achaque resulte trasladable lo expuesto en el parágrafo anterior respecto de que aparece como una cabal reiteración de los agravios expresados ante la Alzada contra la decisión del Juez de grado-, no puede dejar de señalarse que esta Corte ha sostenido in re "Valiente" (A. y S., T. 122, pág. 140), que ("...) la congruencia consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definidores del esquema contencioso: la pretensión y la decisión.

Se ha dicho que el fundamento de dicho principio radica en la garantía del debido proceso, del 'due process o law', del juicio previo constitucional como presupuesto de validez de la sentencia, y sobre todo, de la inviolabilidad de la defensa en el proceso.

De tal suerte que, lo que no pudo ser materia de contradictorio, aquello que sobrevino intempestiva y sorpresivamente sin estar en el marco de la enfrentada dialéctica de las partes, eso no puede ser materia de la decisión jurisdiccional pues lesionaría las reglas de la discusión franca, convergente y sin trampas.

Y, concretamente, el proceso penal exige que el núcleo fáctico sometido a juzgamiento sea esencialmente el mismo a lo largo de todo el proceso: desde su intimación en la indagatoria, su descripción en el procesamiento, su formulación en la requisitoria de elevación a juicio y su análisis en la sentencia.

Vale asimismo la pena recordar aquí las reflexiones de Vélez Mariconde al intentar precisar los alcances del principio de congruencia acerca de que 'la unidad esencial de objeto entre la acusación y la sentencia no se exige por amor a la simetría sino para asegurar la defensa del acusado, para evitar que a éste se lo condene por un hecho que no tuvo en cuenta' y que 'lo único realmente valioso para la actividad defensiva es que la sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de acusación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente' (...") (cfr. ant. cit. "Derecho Procesal Penal", T. II, pág. 236).

De acuerdo a esa doctrina constitucional de este Cuerpo, la recurrente no persuade que la imputación, procesamiento y posterior condena se sustente en hechos distintos a los inicialmente atribuidos y, muchos menos, que la sofocación no aprehenda esa plataforma fáctica.

Así, puede observarse que el Tribunal precisó que ("...) desde el inicial conocimiento de los hechos, siempre se manifestó que N. fue encontrada muerta con su cabeza cubierta o en el interior de dos bolsas de nylon verdes transparentes... circunstancias estas que formaron parte de los hechos imputados (vid. acta de indagatoria de G. D.).

Apelado el procesamiento, la Cámara no dejó de advertir que el A quo en su resolución refirió a elementos que podrían indicar la posibilidad que la niña hubiere sido asfixiada por sofocación.

Al confirmar el procesamiento, lo hizo atendiendo a la causa de muerte a que referían las pruebas que obraban incorporadas en autos.

Pero la Cámara advirtió también que por el momento no puede descartarse ni afirmarse el uso que habrían tenido las bolsitas de polietileno, porque bien pudieron utilizarse para coadyuvar a asegurar el resultado de muerte por la maniobra manual de compresión sobre el cuello (...").

Continuó la Cámara precisando que ("...) en el caso, el hecho descripto por la acusación se integró con la circunstancia de mención, aunque se acusó por homicidio por asfixica mecánica por estrangulación manual, calificado por el vínculo y alevosía.

Es cierto que la requisitoria al acusar por homicidio encuadró la causa de la muerte en la asfixia mecánica (bloqueo del sistema respiratorio) por acción mecánica externa a nivel cervical -estrangulación- sin extenderlo al posible mecanismo coparticipante de la sofocacción que -valga la explicación, aunque obvia- es también un bloqueo del sistema respiratorio (asfixia mecánica) también por compresión externa, pero a nivel de los orificios respiratorios.

Pero ello se explica porque ninguno de los Peritos oficiales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, había señalado la significación de las improntas dentarias halladas en la mucosa bucal de N. y su importancia para el más completo y correcto diagnóstico diferencial médico-legal; y que si bien el doctor Petinari no describió ni significó esas lesiones, fue la Junta de Forenses de la Morgue del Poder Judicial de la Nación la que refirió al hallazgo de lesiones contusas a nivel de la mucosa labial superior y gingival... que revisten las características médico legales de 'improntas dentarias' generadas como consecuencia de una violencia mecánica (compresión) externa de la mucosa labial contra piezas dentarias... que la llevaron a concluir que en el sub examine, en la génesis del deceso, intervino como primera modalidad médico legal, la acción de maniobras de sofocación (...").

Concluyó así el Tribunal que ("...) la sentencia que decidió sobre este tema nunca pudo ser >sorpresiva= para la parte en este aspecto, porque además lo que se imputa es un homicidio.

Las consecuencias de la calificación legal seleccionada no varían en el caso, toda vez que la causa a que se atribuye la muerte es la 'asfixia mecánica' por compresión externa, en niveles de bloqueo del sistema respiratorio.

Nada cambia en la imputación que el mecanismo empleado, actuando combinadamente, haya conformado dos modalidades médico-legales: compresión a nivel cervical (estrangulación) y compresión a nivel bucal (sofocación)(...") (fs. 298/301).

3.3.5. Finalmente, culmina sus achaques respecto de la valoración probatoria, aduciendo que se soslaya el informe que, sobre la cuestión psicológica, realizó su perito de parte.

Ello no es así.

Pues, se desprende de las constancias de la causa, concretamente de la sentencia impugnada que el Tribunal dedicó un capítulo bien definido a dicha temática, en donde analizó no sólo el informe del doctor Rathge -perito de parte- sino el de los doctores Sabev, Gómez y Ferrato (cfr. fs. 342/350v.).

Se advierte, aquí, nuevamente que no hay prescindencia de prueba sino más bien disconformidad con la ponderación que hicieran los Sentenciantes del plexo probatorio, sin que en esa tarea pueda acreditarse, en definitiva, que aquellos hayan trasgredido los límites que imponen las elementales reglas que rigen la sana crítica.

3.4. En otro orden, se queja la recurrente de los argumentos esbozados por el Sentenciante en la atribución de responsabilidad penal, endilgando arbitrariedad al fallo en tanto no se sustenta en pruebas directas, sino solamente en lo que se dio en llamar "el indicio de presencia", según el cual los padres son los responsables del hecho investigado por ser los únicos que esa noche pernoctaron en la casa.

Todo ello viola, a su entender, el "principio de inocencia" y su lógica consecuencia, el "in dubio pro reo".

Añade que en el mismo vicio incurre el A quo al considerar que esa noche la menor no salió de su casa o, en todo caso, que no haya entrado alguien extraño a la misma, por cuanto tales situaciones -dice- no fueron descartadas en forma certera por las pruebas recogidas en el expediente. Y, ante la ausencia de certeza, entiende que la Cámara no podía inclinarse hacia una postura condenatoria, sino que debió absolver a los imputados por el beneficio de la duda.

Otra vez aquí se alza una nueva fuente de disconformismo de la apelante con la ponderación de la pruebas efectuada por los Jueces de la causa, aunque ahora se pretende focalizar en torno a la imputación de la responsabilidad penal.

Pero debe quedar en claro que los Juzgadores no razonan, tal como lo propone la quejosa, en base únicamente al "indicio de presencia".

Por el contrario, se expone -ciertamente- todo un pensamiento que no podrá conformar a la recurrente, pero que se sustenta lógica y racionalmente en la valoración "in totum" de las pruebas producidas en la causa.

En este aspecto, cabe recordar que los Jueces parten de la premisa de que -tal como ellos lo reconocieron- ambos progenitores se encontraban en la casa en los momentos previos, concomitantes y post Puso énfasis también el A quo en la actitud de los progenitores al momento de "dar a conocer" el hecho a las personas que iban llegando al domicilio -doctor Costa, Javier Hurt, Bibiana Crosa de Pautasso-, respecto de la forma en que "habrían encontrado" a la menor, cómo habrían entrado y huido los autores del homicidio, la sustracción de dinero, y cómo a medida que esas explicaciones no encontraban corroboración en los resultados de la actividad investigativa fueron variando las explicaciones posibles -desde una venganza de un marido engañado, un psicótico novio que N, habría permitido el ingreso a la casa, hasta un kinesiólogo que habría atendido a D. y que mantendría relaciones con la misma vinculado a un dudoso manejo de dinero-.

Siguió la Cámara diciendo que no cabe duda que esos datos comprobados son fuente de prueba indiciaria que se concretan en la obtención del argumento probatorio mediante una inferencia correcta, datos que no son ni más ni menos que indicios, es decir detalles reales, ciertos, concretos, probados, con actitud significativa para conducir hacia otro dato aún por descubrir.

A lo que luego agregó el Tribunal que el conocimiento inferido no puede confundirse como pretende la defensa para menoscabar su valor con las suposiciones que constituyen meras conjeturas, pues contrariamente, los indicios presuponen la demostración de circunstancias indispensables, por las que se arguye indirecta, pero lógicamente, el hecho que hay que probar mediante un proceso inferencial, con la misma certeza que da la prueba directa.

En base a todo ello concluyó el Sentenciante que el Inferior había expuesto en el desarrollo de sus consideraciones el nexo lógico entre los indicios puntualizados y el significado de la prueba indiciaria.

La solución brindada por los Jueces podrá -como ya se dijo- no conformar a la recurrente, pero lo cierto es que luce suficientemente fundada en los hechos comprobados de la causa, por lo que no puede afirmarse válidamente que la sentencia atacada no resulte ser derivación razonada del derecho vigente.

En lo que respecta a la no aplicación del principio "in dubio pro reo", cabe señalar que el mismo no puede tener acogida, desde que no se advierte que el Sentenciante haya tenido duda alguna con relación al reproche penal formulado, a más de que a ese respecto esta Corte tiene dicho en numerosas oportunidades que tal cuestión, "...inexorablemente ligada a la valoración de la prueba, es materia propia de los jueces de la causa..." (A. y S., T. 110, pág. 262; T. 119, pág. 329, etc.) También debe desestimarse el planteo referido a que el Tribunal incurre en afirmaciones dogmáticas al sostener que D. fue quien desplegó una conducta activa, pues esa postulación se desvanece con la propia lectura de la sentencia atacada, que da cuenta que el A quo, a través de las razones recién resumidas, ha brindado razones adecuadas y suficientes a fin de justificar la imputación a la ahora recurrente de una participación comisiva.

Respecto de los agravios tendentes a cuestionar la constitucionalidad de la "omisión impropia" y de la "posición de garante" en que se funda la condena del restante coimputado, baste con señalar que -a más de no demostrar el perjuicio que le irroga a su parte, con lo que pierde sustento su postulación recursiva- esa cuestión ha sido abordada y decidida en la causa conexa (Expte. C.S.J. n° 413, año 2003, que se resuelve en el día de la fecha).

Por último, deben desestimarse los agravios vertidos contra el voto -también que hace mayoría con relación a la imputada- de la doctora Mir.

Ello así, por cuanto, en primer lugar, no se advierte configurada en la especie la ausencia de motivación atribuida, antes bien se exhibe un razonamiento que es producto de la valoración de la constancias de la causa sin demostrar, por otra parte, la recurrente, que exhiba fracturas en el pensamiento sentencial que permitan la descalificación del voto por contravenir la lógica formal.

Tampoco se compadece con este voto la afirmación de la impugnante en tanto le atribuye coincidir con la Morgue de la Nación en que la causa de la muerte obedecía a un estrangulamiento, habida cuenta que sobre ese aspecto la Magistrada expresó que "...existió asfixia y está probado con el informe de la Junta Médica Forense de la Nación que fuera analizado por la Vocal del primer voto, coincidiendo totalmente con ella...".

Igual suerte adversa corre el imputado dogmatismo en torno a la posibilidad de que la menor se haya suicidado a poco de considerar las explicaciones brindadas por la Camarista en tanto expuso que "...la única persona que se encargaba de suministrarle los medicamentos era G. D.... Además debemos recordar que N. no estaba en condiciones de entender si ese fármaco podía matarla. No debe olvidarse que era una niña que estudiaba peluquería.

Por lo tanto, considero que la tesis del suicidio sostenida con argumentos muy serios por la defensa no es posible, aún cuando sí estimo que le fue suministrada con algún alimento o jugo, etc...., y que le fue dada para colocarla en estado de indefensión y terminar el macabro suceso (f. 387v.).

Colofón de todo lo expuesto es que los planteos propuestos por la recurrente en relación a la apreciación que los jueces tuvieron de la causa, no demuestran que éstos utilizaran afirmaciones dogmáticas contrarias a las constancias de autos y al derecho vigente, ni menos aún que se incurra en apreciación irracional y prescindencia de la prueba rendida en autos; sino por el contrario, el planteo es muestra de la disconformidad de la impugnante con la solución arribada al valorar las pruebas colectadas y en mérito a ello precisar los hechos comprobados, su atribución subjetiva y la subsunción en la normativa aplicable; y esas cuestiones, en principio escapan a la materia del recurso intentado, salvo, claro está, la configuración de arbitrariedad, que no aparece configurada en el caso.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI Más allá de mi coincidencia con lo expuesto en el voto de la mayoría de este Cuerpo en lo que refiere a los agravios expresados en relación a las causales recusatorias, considero, en las especiales circunstancias de la causa, que los restantes planteos efectuados por el recurrente cuentan con suficiente entidad constitucional e importan -prima facie- articular con seriedad hipótesis de violación al derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

En consecuencia, entiendo que la presente queja debe ser admitida con los alcances que surgen del presente voto.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)