Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 457 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 19 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Brandán, Gustavo Adolfo vs. Autoservicio Hnos. S.H. (Supermercado Bronco) s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 221/241 la representación letrada del actor plantea recurso de casación, contra parte de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, de fecha 11 de octubre de 2001, obrante a fs. 208/213 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 14 de noviembre de 2001 (cfr. fs. 242). Ninguna de las partes, conforme surge del informe actuarial de fs. 263, ha presentado la memoria facultativa prevista por el artículo 137 del CPT.

II.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, resulta arbitrario, violatorio del principio de congruencia y conculcatorio de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 17 y 18 de la CN, agraviándola en los siguientes aspectos:

a) la temática que aborda la sentencia (thema decidemdum) es materia extraña a la traba de la litis, pues investiga si el actor cumplió con la carga legal de notificar al empleador el accidente de tránsito sufrido el 08-8-96, cuando en realidad se trata de una hecho no controvertido por estar reconocido por el accionado. Sostiene que conforme documentación epistolar que menciona (fs. 103 y 106) surge que frente a la intimación del actor de fecha 27-02-97 de que le sean abonadas las diferencias de haberes desde enero de 1994 a febrero de 1997 y haberes devengados por accidente inculpable (artículo 208 LCT), la accionada responde que "...su intención de extinguir el vínculo contractual pone de manifiesto mala fe, ya que los haberes que Ud. reclama fueron oportunamente abonados", lo cual implica que el empleador tenía perfecto conocimiento del accidente sufrido por el trabajador el 08-8-96. Asimismo, con relación al reclamo indemnizatorio por despido en el responde, a fs. 41 vta., la accionada relata los hechos contrariamente a los fijados por el actor, afirmando que "...no obstante, y a fin de evitar problemas legales, en virtud de haber recibido nueva carta documento, se decide a abonarle al actor su indemnización. Es por ello que consideramos que la presente demanda es inmotivada y debe rechazársela." Consecuentemente, el fallo debió verificar si la demandada pagó los haberes devengados en concepto de licencia por accidente inculpable y la indemnización por despido, ya que la actora negó haberlos percibidos al interponer su demanda (fs. 32 vta y 33);

b) frente a la negativa de la demandada de la existencia del accidente, la sentencia considera que los certificados médicos presuntamente de fechas 07-01-96 (fs. 16) y 07-02-97 (fs. 15), son documentos de terceros, privados, no emanados del demandado, sin que aparezcan recibidos por el accionado y que no fueron materia de prueba en el juicio y tampoco se acreditó su entrega al accionado, por lo que no aplica la presunción del artículo 88 del CPT (como lo afirma el actor en el alegato). Sin embargo considera el recurrente que se trata de un hecho no controvertido, porque la demandada ha reconocido tácitamente su recepción, al no negarlo expresamente en el responde, cuando ha sido invocado por el actor en su demanda (certificado médico del doctor González de fecha 07-01-97, cfr. fs. 33 vta.). Por otro lado, destaca que ambos certificados tienen el membrete del Hospital Centro de Salud (organismo público), firmados por el doctor González como Jefe de Traumatología de dicho nosocomio (funcionario público), y por lo tanto constituyen documento público a tenor del artículo 979, inciso 2 del CC, con valor probatorio por sí mismos. Igualmente c onsidera que la circunstancia que los certificados de fs. 15 y 16 sean presentados en fotocopias no obsta a su autenticidad, habida cuenta que no han sido observados (artículo 334, 2do párrafo, del CPCC). Asimismo la sentencia omite considerar la Historia Clínica (fs. 121/126) y la pericial médica de fs. 180 que dan cuenta de la gravedad de las lesiones del actor y que las oposiciones de la accionada a los hechos planteados en la demanda, se contradicen con la defensa de pago, tornando dichas negativas en posiciones evasivas que deben ser consideradas como reconocimientos a tenor del artículo 60, 2do. párrafo, CPT;

c) la sentencia rechaza el reclamo de indemnización por despido indirecto, ya que las causales invocada por el actor no fueron probadas (1: falta de pago de haberes por enfermedad inculpable y 2: reconocimiento de diferencia de haberes). Sin perjuicio de lo ya expresado con relación a la primera causal, la demandada en el responde (fs. 41 vta.) expresa que para evitar problemas legales decide abonar la indemnización. Ello implica lo que en doctrina se denomina "confesión calificada", pues a diferencia de la carta documento de fs. 106 donde dice haber "abonado haberes" por el accidente inculpable, en esta dice haber "abonado la indemnización" derivada del contrato de trabajo;

d) en cuanto a la diferencia de remuneraciones, ante la negativa del demandado de reconocer la firma y validez de los recibos presentados por el actor, la sentencia sostiene que este último no probó la procedencia de lo reclamado, ni acredita que por convenio colectivo de la Industria Frigorífica debiera percibir $ 900, ya que el informe de la entidad gremial fue categórica en que el mismo no incluye a los trabajadores de la actividad comercial (supermercado). Sin embargo, no considera que la pericial contable de fs. 159 informa que la demandada no puso a su disposición la documentación laboral y contable, no obstante la intimación judicial de fs. 160/165, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 61 del CPT (sin considerar la presentación de fs. 167 por pertenecer a un tercero).

Estima que estos elementos debieron producir la inversión de la carga de la prueba a tenor del artículo 55 de la LCT y 61 del CPT, correspondiendo a la demandada probar el monto de las remuneraciones ante la falta de exhibición de la documentación a pesar de la intimación judicial. Cita jurisprudencia.

III.- La sentencia cuestionada, en lo que es objeto del recurso casatorio, sostiene que al actor no se le adeudan remuneraciones por accidente inculpable (artículo 208 LCT), por no haber probado en el proceso que notificó a su empleador del accidente de acuerdo al artículo 209 LCT.

Ante la negativa de la existencia del accidente formulada por la accionada (sostiene en el responde que "sorpresivamente el actor dejó de concurrir a prestar sus tareas habituales, sin prestar explicación de ninguna índole y transcurridos numerosos meses se recibe telegrama intimatorio al que se contesta intimándolo al actor al reintegro, al no presentarse se lo despide." cfr. fs. 41 vta.), la actora afirma haberle entregado el certificado de fs. 16.

Obra Historia Clínica del Hospital Centro de Salud donde consta que la internación se inicia el 08-8-96 y concluye el 29-8-96.

Afirma que los certificados de fs. 16 y 15, emitidos presuntamente el 07-01-97 y 07-02-97, respectivamente, son emanados de terceros con relación al pleito y no fueron objeto de prueba. Tampoco se acreditó su entrega a la demandada ni existe elemento que pruebe que ha sido recibido por alguien de la empresa, por lo que no opera la presunción del artículo 88 CPT, como lo sostiene el actor.

Considera por ello que el actor incumplió con la obligación impuesta por el artículo 209 LCT, pues no acreditó ni al momento del accidente, ni a la fecha que indican los presuntos certificados médicos la dolencia, por lo que no se le adeudan remuneraciones por accidente inculpable (desde el 08-8-96 hasta el 27-02-97 fecha esta última de su intimación de fs. 12).

Tampoco el actor probó la imposibilidad de cumplir con su obligación de notificar el accidente con posterioridad al 29-8-96, fecha hasta la que estuvo internado en el Centro de Salud. Asimismo corrobora la posición de la demandada la presunta fecha de emisión de los certificados médicos 07-01-97 y 07-02-97, cuando el accidente ocurre el 08-8-96 y la internación se prolongó hasta el 29-8-96 de acuerdo a probanza obrante en autos.

En cuanto al reclamo de indemnizaciones por el despido indirecto fundado en supuestas causas injuriosas, según el actor originadas en: 1) diferencias de haberes desde enero de 1994 hasta la fecha del distracto; 2) pago de haberes devengados por licencia por accidente inculpable, la sentencia estima no acreditadas tales causales. La segunda, por las razones expresadas precedentemente y la primera, diferencias de remuneraciones, porque ante el expreso desconocimiento de la demandada de la firma y validez de los recibos presentados por el actor, correspondía a éste acreditar lo contrario, al igual que demostrar que por convenio colectivo debía percibir un sueldo de $ 900, cuestiones que no probó, máxime cuando el informe de la entidad gremial que invoca el actor en su demanda (Industria Frigorífica), es categórico al excluir a los trabajadores de la Actividad Comercial, como es un supermercado. Estando a cargo del actor la prueba de la diferencia de haberes, tanto para el cobro de los 24 meses anteriores al distracto como para la configuración de justa causa de despido indirecto, que en este caso ha sido omitida, corresponde rechazar el reclamo de diferencias salariales y las indemnizaciones por despido indirecto al que el fallo reputa sin justa causa.

Igualmente rechaza los rubros SAC, vacaciones proporcionales 1997 e integración de mes de despido.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente, si el mismo ha sido correctamente concedido.

De las constancias obrantes en el cargo actuarial de fs. 241 y lo actuado a fs. 249, surge que el recurso ha sido incoado tempestivamente. Sin embargo, en relación al escrito que lo documenta, en puridad éste no satisface el requisito del articulo 132, inciso a del CPT ya que, de la mera confrontación del mismo con el contenido de la sentencia impugnada y constancias de autos (alcance en que quedara trabada la litis; pretensión y oposición, como así también hechos invocados y negados en la demanda y responde respectivamente; totalidad de las pruebas producidas), surge sin hesitación que el recurso casatorio adolece de una flagrante fundamentación aparente.

Los agravios se limitan, so capa de imputar al pronunciamiento el vicio de violación de las reglas de derecho y de los principios de la inversión del onus probandi, a una mera discrepancia de la demandante respecto a la valoración de las pruebas producidas y consecuente determinación de los hechos, que realizara el Tribunal.

En efecto, a partir de la negativa expresa de la demandada, en el responde, a reconocer la existencia del accidente sufrido por el actor, alegando que éste sorpresivamente ha dejado de concurrir al trabajo sin dar explicación alguna hasta la intimación por carta documento de febrero de 1997, el expreso reclamo del actor en dicho instrumento epistolar (punto 2) que se le abone de inmediato el pago de haberes devengados en concepto de licencia por accidente (ocurrido el 08-8-96) hasta el 27-02-97, conforme artículo 208 LCT, suponía la necesaria acreditación del trabajador de haber cumplido con la carga procesal de notificar el accidente a su empleador.

El derecho del trabajador a percibir su remuneración durante la suspensión de la prestación laboral por razones de accidente o enfermedades inculpables a que alude el artículo 208 de la LCT, se encuentra sujeto a las condiciones que expresamente dispone el artículo 209 de la LCT que expresamente dispone: "El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada." La obligación de avisar al empleador la enfermedad o accidente es ineludible y decisiva para que el trabajador conserve su derecho a percibir remuneración. Esta obligación sólo cede ante causas de fuerza mayor que impiden al dependiente cumplir con la misma y éstas deben derivar exclusivamente de la contingencia que motiva la ausencia. El aviso tiene el propósito de permitir al empleador reemplazar al trabajador en caso de necesidad y posibilita controlar su estado. Igualmente la norma establece la oportunidad en que tal aviso debe producirse (cfr. Sardegna, M.A.: "Ley de Contrato de Trabajo", Universidad, Bs.As. 1999, pág. 617).

La sentencia en crisis sostiene que el actor no acreditó haber avisado en tiempo oportuno a su empleadora el accidente ocurrido el 08-8-96, ni demostró que el certificado médico de fecha 07-01-97 fue comunicado al supermercado, ni tampoco probó que notificó el certificado de fecha 07-02-97, (ambos no acreditados en su contenidos) aludiendo fehacientemente a la contingencia recién a partir de la intimación del actor del 27-2-97.

Ello así, con fundamento en el tiempo transcurrido entre la fecha en que aconteció el supuesto accidente (08-8-96) y la ausencia de prueba de que estuvo imposibilitado de cumplir con la obligación de notificar el accidente con posterioridad al 29-8-96, fecha esta última en que finalizó la internación en el Hospital Centro de Salud, la sentencia tiene por corroborado los dichos de la demandada en el responde.

Desde esta perspectiva, debe descartarse por inexacta la afirmación del recurrente que la sentencia resulta incongruente y que se ha pronunciado sobre aspectos que no estaban integrados a la litis. Primeramente porque la procedencia de pago de las remuneraciones a tenor del artículo 208 LCT, parte del supuesto del aviso oportuno del accidente por parte del trabajador a su empleador, lo que no fue probado, o la existencia de fuerza mayor o situación excepcional reglamentada en el artículo 209 del mismo cuerpo legal, que tampoco fue acreditada.

En segundo lugar, porque la conclusión sentencial, tiene básicamente en cuenta la expresa negativa en el responde que el actor haya sufrido un accidente y el tiempo transcurrido sin notificación del mismo al empleador sin una causa que justifique tal omisión (por lo que le otorga credibilidad), habida cuenta que tiene por no demostrada la existencia del accidente, al restar validez probatoria a los certificados médicos acompañados en juicio.

No se trata, pues, de silencio o evasivas a los hechos en que se funda la demanda, sino que la accionada negó expresamente la existencia del accidente, sin que la actora acreditara haber avisado su existencia y gravedad al empleador. Mal puede entonces interpretarse que, con relación a ello, la carta documento de fs. 106, remitida con posterioridad a la intimación del actor del 27-02-97, implicó un reconocimiento ficto, a tenor del artículo 60, segundo párrafo, del CPT, como lo alega el actor.

Igualmente el recurrente pretende que los certificados médicos (por ser expedidos en membrete de hospital provincial y suscripto por médico dependiente del mismo) revistan el carácter de instrumentos públicos, en punto a rebatir un supuesto reproche sentencial a sus autenticidades y así soslayar el verdadero fundamento que es la falta de acreditación de su contenido. Al respecto, como claramente expresa Agustín Gordillo ("Tratado de Derecho Administrativo", FDA. Bs. As. 2000, 5 edic. T°. 3, VII, 14/15) el artículo 979 del Código Civil no incluye a los actos ni a las actuaciones administrativas entre los instrumentos públicos (salvo los expresamente así mencionados), pues dicho carácter no surge del Código Civil sino que para ello debe existir un fundamento normativo, y porque se reputan terceros las personas que resulten alcanzadas por tales instrumentos, incluso aunque lo hayan firmado (caso de actos unilaterales). Sostiene igualmente que aún en el supuesto hipotético que se le diera el carácter de instrumento público a las actuaciones administrativas, el efecto de tal naturaleza no es otro que el de hacer plena fe del otorgamiento y la fecha del instrumento, pero no de su contenido, ni de los hechos al cual se refiere.

Ello así, en esta cuestión, la presentación recursiva demuestra insuficiencia pues no rebate el fundamento sentencial esencial por el cual descalifica los certificados médicos.

En cuanto a la circunstancia que se trate sólo de fotocopias que no fueron observadas lo que no obsta a su autenticidad, la sentencia no hizo observación alguna al respecto, por lo que la argumentación del recurrente aparece desvinculada con lo sostenido por el fallo.

No resulta objetable que la sentencia no haya dispuesto la inversión de la carga de la prueba como reclama el recurrente.

Estas cuestiones sustanciales que articulan el razonamiento sentencial fueron soslayados por el recurrente, quién desentendiéndose de ellos insiste en ver en la respuesta epistolar de fs. 106, un reconocimiento del accidente que expresamente fuera negado por el accionado en el responde, y una prueba del mismo, en los certificados médicos acompañados por el actor y razonablemente descalificados por la sentencia.

Consecuentemente, al rechazar el reclamo de pago de remuneraciones a tenor del artículo 208 LCT por las razones expresadas, también la pretendida injuria alegada por el actor para justificar el autodespido con el mismo fundamento, fue adecuadamente descalificada por la sentencia en recurso.

En cuanto a la pretensión del actor de que se le abone diferencias de sueldo basadas en que debía aplicársele las escalas salariales previstas en el CCT nº 56/75, de la actividad de la carne, el fallo con fundamento en la negativa de la accionada a reconocer la firma y validez de los recibos presentados por el actor y la ausencia de pruebas al respecto, amén de reseñar el informe negativo de la entidad gremial aludida en la demanda, adecuadamente rechaza el reclamo.

Estos fundamentos sentenciales fueron soslayados por el recurrente a través de una aparente argumentación de derecho relativa a presunciones que cobran operatividad en supuestos distintos.

En efecto, estando la cuestión referida a la discusión del monto de las remuneraciones conforme convenio colectivo aplicable a la actividad del actor, el artículo 61, segundo párrafo, del CPT, resulta inaplicable en este aspecto, pues expresamente excluye dicho tema y remite a lo dispuesto por la ley de fondo. Tampoco ello es posible a tenor del artículo 55 LCT, pues lo discutido en el fallo es una cuestión de derecho referida a la remuneración prevista en un convenio colectivo que el actor pretende se le aplique, del que no se hizo cargo en el recurso y que fue descartado fundadamente por la sentencia y no a una cuestión relativa al contenido que debía constar en documentación laboral y contable del empleador y que no obstante requerimiento judicial (fs. 165), no fue exhibida en el caso.

Consecuentemente, también esta segunda causal de injuria invocada por el actor como justificante del autodespido, fue correctamente descalificada por el tribunal.

Ello así, descartadas las supuestas injurias invocadas por el actor como justa causa de su despido indirecto, tanto el reclamo indemnizatorio del actor como el supuesto pago voluntario de la indemnización expresada en el responde, carece de relevancia a los efectos de la resolución del caso, dejando sin sustento el recurso en este aspecto.

Como se advierte, pese al esfuerzo dialéctico del recurrente por demostrar la existencia de una cuestión de derecho, no logra mínimamente fundamentar que el pronunciamiento incurre en una transgresión normativa ni, siquiera, en arbitrariedad o absurdidad en la valoración del cuadro probatorio. Mediante un lógico razonamiento fundamentado en acreditaciones obrantes en el juicio, con la que se podrá disentir pero sin que, por ello, pueda tacharse al pronunciamiento de arbitrario ni, a fortiori, absurdo, el tribunal de grado rechazó la demanda, a excepción de las vacaciones proporcionales 1996.

En mérito a lo expresado precedentemente, considero inadmisible y, por lo tanto, mal concedido el recurso de casación articulado por la parte actora.

V.- Atento al resultado arribado, por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer en esta instancia casatoria las costas íntegramente a la parte vencida, actora en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE y por ende, mal concedido, el recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala V, de fecha 11 de octubre de 2001, obrante a fs. 208/213 de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO