Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-13


SENT Nº 248	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Arreyes Manuel Enrique y otros vs. Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 1285/1291) contra la sentencia Nº 988 (voto mayoritario) de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 13 de octubre de 2011 (cfr. fs. 1.268/1.280 vta.), que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 07-6-2012 (cfr. fs. 1.299 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de Casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 1.281 y 1.291); la sentencia atacada es definitiva; se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 1.284); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; finalmente, la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos, entre otros planteos por los que se denuncia lesión a normas jurídicas.

Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero local la ponderación del referido material, ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras, se está en presencia de una cuestión jurídica, error in iuris iuidicando; por todo ello el recurso en estudio es admisible; por ende, queda expedita, a este Tribunal Supremo Provincial la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar su procedencia.

III.- Sostienen los recurrentes que la sentencia en crisis no realiza una interpretación coherente, orgánica y sistemática del ordenamiento jurídico, ya que el Programa de Propiedad Participada (en adelante PPP) resulta integrado con la declaración legal por la cual el Estado, titular de la propiedad pública, la "despublifica", habilitando de tal modo a la intermediación por las reglas del mercado y por gestión empresaria privada de la entidad "despublificada".

Expresan que, a más de esta declaración, es necesario se establezca la transferencia del capital público, o parte de él, a los empleados a través de la instrumentación del PPP, cuya finalidad es compensar a los empleados que prestaron servicios en la entidad pública, por dicha prestación de servicios. Alegan que resulta una mera afirmación dogmática, carente de fundamentación y absolutamente errada e ilegítima, la que encontramos en la sentencia en recurso, cuando indica que la Propiedad Participada es una ventaja para quienes optaron por la opción a) del artículo 8 de la Ley N° 6.692, sin aclarar cuáles son las ventajas supuestamente existentes para los que se decidieron por las opciones b) o c) del mismo artículo. Fundan la ilegitimidad de dicha aseveración dogmática en la circunstancia de que la intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (cfr. artículo 874 del Código Civil).

Manifiestan que los actores del juicio del rubro, en tanto cumplen con los requisitos de relación de dependencia al momento de disponerse la privatización de la entidad financiera y transformación de la misma en sociedad anónima, adquirieron en propiedad el derecho de formar parte del PPP del que luego, ilegal e inconstitucionalmente, fueron excluidos. Recuerdan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en una cuestión similar al resolver el caso "Antonucci", relativo a la constitución e integración del PPP de YPF S.A., que en el caso de autos el diseño normativo es mucho más rico y completo, y que la Ley N° 6.622 declara a la entidad pública sujeta a privatización y la modificación de su status jurídico a Sociedad Anónima. En consecuencia, la actividad desarrollada por los socios fundadores y promotores, a través de los directores designados originariamente para representar el capital social del Gobierno de la Provincia de Tucumán y de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, es en todo coherente con la normativa del PPP diseñado por las Leyes Nº 23.696, 5.995, 6.071 y 6.622, en cuanto ésta última al calificar de Sociedad Anónima a la nueva entidad, remite a los efectos de su constitución a las normas de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades.

Puntualizan que en el derecho argentino el acto constitutivo de la sociedad y el Estatuto Societario son partes inescindibles de la fase conclusiva del contrato plurilateral, cuando la constitución de la sociedad anónima se efectúa por acto único. Arguyen que el desarrollo del Estatuto Societario, aprobado por Decreto N° 496/3-95, integra y completa el diseño y arquitectura de la Propiedad Participada del Banco del Tucumán SA, razón por la cual, al haber nacido regular y válidamente el derecho de los empleados, tanto a hacer opción por la compra de acciones, como a efectivamente ser beneficiados con su suscripción e integración, constituye una inconsecuencia lógico-jurídica la posición del voto mayoritario al entender complementado el PPP con la sanción de la Ley N° 6.630.

Aducen que la errónea aplicación del derecho surge de la interpretación desafortunada del fallo de la intangibilidad, a los efectos de la creación o configuración del PPP con la sanción de la Ley N° 6.622, mediante la cual se declara la voluntad del estado local, a través de ley formal, de transformar una entidad pública (Banco de la Provincia de Tucumán) en una Sociedad Anónima, cuyo capital accionario, a la sanción de dicha ley, lo integraba el Gobierno de la Provincia de Tucumán con un 98% y la Caja Popular de Ahorros en un 2%".

Resaltan que este programa, en claro seguimiento de las disposiciones de la Ley N° 23.696, la adhesión por la Provincia de Tucumán mediante Ley N° 5.995 y la declaración de emergencia y reforma del estado, contenida en la Ley N° 6.071, habilitan a los socios accionistas (Gobierno de la Provincia de Tucumán y Caja Popular de Ahorros) a elaborar, como socios fundacionales y promotores, el Estatuto Societario de esta nueva sociedad anónima, donde se prevén (artículo 11) los elementos que el fallo en recurso erróneamente indica como no cumplidos: tipos o clases de acciones, sujetos habilitados para negociar el paquete accionario, sujetos que podían adquirir dichas acciones y condiciones para su adquisición.

Indican que la implementación del PPP, otrora facultativo para la entidad a privatizar, con la aprobación del Estatuto Societario, resulta obligatorio y configura íntegramente el derecho a la propiedad participada, y que el acta de nacimiento del PPP, en la privatización del Banco de la Provincia de Tucumán, surge de la interpretación orgánica y sistemática de las Leyes Nº 23.696, 5.995, 6.071, Estatuto Societario y Decreto Nº 496/3-95.

Exponen que párrafo aparte merece la situación del coactor Carlos Parajón Ferullo, respecto del cual denuncian que se hizo caso omiso de prueba documental merced a la que se demostraría la continuidad de su relación laboral con el Banco del Tucumán S.A., transcurrido un prolongado tiempo desde su privatización. Aclaran que se refieren especialmente a la carta documento por la que se revoca el poder al letrado Parajón Ferullo, acompañada en la ampliación de demanda que corre a fs. 183 de autos.	Finalmente, arguyen que tal situación, acreditada en autos y no contemplada al momento de dictar sentencia, pondría al coacciónate Parajón Ferullo en similar situación que la del codemandante Arreyes, de tal suerte que en el hipotético caso que se confirme el fallo impugnado en cuanto rechaza la demanda, respecto de Parajón Ferullo, debería hacerse lugar a ella por idénticos fundamentos a los dados en la sentencia atacada para hacer prosperar la pretensión con relación a Manuel Arreyes.

IV.1.- Para la recta composición, del recurso en análisis, conviene comenzar recordando los fundamentos centrales en que la sentencia cuestionada (voto mayoritario) sustentó el rechazo de la demanda con relación a los actores ahora recurrentes.

En esta perspectiva se advierte que la Cámara comenzó destacando la naturaleza jurídica y características del PPP, siguiendo para ello a un trabajo de doctrina que citó.

A continuación reseñó jurisprudencia relacionada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal, sosteniendo que en idéntico sentido que la normativa nacional, en nuestra provincia, a través de la Ley Nº 6.071, se estableció la ley marco que serviría a los fines de la implementación del PPP, más precisamente, con las disposiciones incorporadas en el Capítulo III de aquel cuerpo legal, en donde se estableció que el capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas sujeta a privatización, podía ser adquirido en todo o en parte a través de un Programa de Propiedad Participada.

Transcribió las normas pertinentes aplicables al caso y consideró que la cuestión principiaba por determinar en qué momento los trabajadores de las empresas, sujetas a privatización, adquirían el derecho a integrar el PPP. Recordó que de acuerdo a lo que el Cimero Tribunal Federal fijó en la causa "Antonucci," criterio seguido por nuestra Corte local en la sentencia Nº 1.244; tal derecho nació con la norma que disponía la transformación del ente a desestatificar en una S.A., facultaba a la Autoridad de Aplicación a adoptar las medidas tendientes a llevar a cabo dicha transformación y otorgaba, a los trabajadores de la empresa sometida a aquel proceso privatizador, una preferencia en la adquisición de un determinado porcentual del paquete accionario no obstante que, en los hechos, aún no se hubiese arribado a la conclusión del trámite de privatización.

El Tribunal se interrogó sobre cuál era la norma que estableció el PPP y en qué situación se encontraban los actores, al respecto, del programa implementado detallando, a renglón seguido, las etapas del proceso de privatización del Banco del Tucumán.

En esta dirección afirmó que la Ley Nº 6.622, al disponer la privatización del Banco de la Provincia de Tucumán y su transformación en una S.A., constituyó el primer paso en orden a concretar, respecto de dicha entidad financiera, la intención de reorganización del Estado que tuvo en miras la Ley Nº 23.396. Resaltó que si bien, tal normativa, dispuso la transformación de la entidad autárquica en sociedad anónima no hizo mención a tipos o clases de acciones ni a quienes se encontraban habilitados para negociar el paquete accionario o quienes podían adquirirlo ni en que condiciones, por lo que no podía sostenerse que con esta ley hubiera nacido el programa.

Puso de relieve que, con posterioridad, mediante el Decreto Nº 496/3 se aprobó, a partir del 01-4-1995 (artículo 1), el Estatuto Societario que habría de regir la entidad ya transformada en sociedad anónima y que, por último, el procedimiento privatizador se completó con la implementación mediante Ley Nº 6.630 del PPP. Enfatizó que fue recién a partir del dictado, de ésta última normativa, que se terminó de configurar en cabeza de los trabajadores el derecho a formar parte del PPP siempre, claro está, conforme los requisitos y alcances que tal normativa prefijaba. Apuntó que no obstaba, a esta conclusión, que dichas normas hubieran posteriormente sido dejadas sin efecto por la Ley Nº 6.763 por cuanto era, a partir del dictado de aquéllas que, de acuerdo a lo que dijo precedentemente, se había originado el PPP y el derecho de los sujetos que conforme ley estaban en condiciones de integrar las acciones destinadas a aquél.

Subrayó que el PPP, respecto de los empleados del Banco del Tucumán S.A., quedó perfeccionado a partir del dictado de la Ley Nº 6.630 y no, como erróneamente lo manifestó la parte actora, con la aprobación del Estatuto del Banco del Tucumán S.A. por el citado Decreto Nº 496/3, de fecha 28-3-1995. Ello por cuanto dicho acto administrativo, en lo que interesaba a la cuestión debatida, solamente determinó las clases de acciones en las que se dividiría el paquete accionario del Banco del Tucumán S.A. y cuáles de ellas serían pasibles de ser suscritas, entre otros, por el personal (ya sea pasivo o activo) de la sociedad privatizada; mas el programa con sus contenidos, alcances y requisitos fue recién estructurado por la Ley Nº 6.630 siendo de tal forma, al momento del dictado de ésta norma, en que fue adquirido el derecho de los trabajadores a integrarlo.

Estimó que la situación de los demandantes, en los hechos y de acuerdo a las particularidades que observó el proceso de privatización del antiguo Banco de la Provincia de Tucumán, evidenciaba ciertas peculiaridades que lo diferenciaban de los precedentes jurisprudenciales citados, en los cuales los actores continuaron perteneciendo a los cuadros de la empresa ya privatizada y que ello, era así, en orden a las posibilidades de opción que la Ley Nº 6.622 acordó a los ex agentes de aquella entidad autárquica.

Señaló que dicha ley concedió, a los empleados del Banco a privatizar, la posibilidad de elegir una de entre las tres posibilidades que acordaba su artículo 8, las cuales eran: continuar bajo la dependencia de la nueva sociedad anónima constituida (inciso a); pasar a los planos de la Administración Pública Provincial (inciso b) o, en el caso de alcanzar los extremos que la norma fijaba, inclinarse por el acogimiento a los beneficios de la jubilación ordinaria anticipada en los términos del artículo 40 de la Ley Nº 6.446 (inciso c), siendo posible ejercer estas alternativas solamente hasta el 30-3-1995 (artículo 8 in fine, Ley Nº 6.622), y que todos los coactores de autos (con excepción de Manuel Arreyes) se inclinaron por la opción del artículo 8, inciso b) de la Ley Nº 6.622, conforme se desprendía de la copia autenticada del Decreto Nº 1.435/3, del 24-7-1995 (fs. 1128/1135), emanado del Gobernador de la Provincia acto que, en su anexo I, daba cuenta de los agentes que, ya sea por haber suscripto a la mencionada alternativa o haber guardado silencio al respecto, pasaron a integrar los cuadros de la Administración Pública. Corroboró esta conclusión con lo comunicado, por el Ministerio de Economía, a fs. 1172/1173 informe que, puesto a conocimiento de los interesados (fs. 1.174), no mereció comentario alguno de las partes.

Para la Cámara, encontrándose acreditado que los actores, salvo Arreyes,-escogieron acogerse al beneficio antedicho era atinado precisar cuales fueron, los alcances, que la Ley Nº 6.630 prefijó para acceder al PPP. En tal sentido indicó que el artículo 2 de ésta última norma sentó que se concedería al personal en relación de dependencia, del Banco del Tucumán S.A., el 5% de las acciones clase "A" transferibles al sector privado, en el marco de aquel programa las cuales, a su vez, eran canjeables por acciones clase "B" único tipo que, los empleados del Banco, podían suscribir conforme expresas disposiciones estatutarias (artículo 11 aprobado por Decreto Nº 496/3).

Alegó que en mérito a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 6.630, la transferencia de las acciones clase "A", canjeables por acciones clase "B", solo podía efectuarse al personal en relación de dependencia del Banco del Tucumán S.A., que hubiese optado al momento de la promulgación de la ley por lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley Nº 6.622, es decir que hubiera decidido continuar prestando servicios en la entidad privatizada. Este fue el marco legal que se dispuso para acceder al programa y que rigió la situación de los actores.

Consideró que, tal directiva, lucía razonable pues si se tenía en cuenta que, el fin perseguido, era lograr que los trabajadores participaran de las ganancias de la empresa con control de su producción y colaboración en su dirección, dando así fiel cumplimiento de los postulados del primer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el PPP no podía sino acordarse respecto de quienes eligieron tal alternativa puesto que aquellos empleados que optasen, por las restantes posibilidades que la norma concedía (ingresar a los cuadros de la administración pública o acogerse a la jubilación ordinaria anticipada), habrían así puesto claramente de manifiesto su voluntad de excluirse del ente privatizado a cambio de acceder a aquellos beneficios.

Añadió que la solución prevista en el artículo 19 de la Ley Nº 6.630 encontraba apoyo en el siguiente razonamiento: los trabajadores, al acogerse a la opción de la jubilación ordinaria anticipada, evidenciaron su intención de no continuar su relación de empleo con el nuevo ente privatizado; ergo mal podían pretender participar en las ganancias y dirección de una empresa, respecto de la cual, habían manifestado claramente no querer pertenecer y más cuando, dicha manifestación de voluntad, fue efectuada con antelación al nacimiento del programa fijado por aquel cuerpo legal. Insistió en que tal era el concepto, en que descansaba el programa y sus condiciones de estructuración previstas por la Ley Nº 6.630, en cuanto, razonablemente, sólo brindaba la posibilidad de acceder a la propiedad participada a quienes hubiesen optado por continuar en relación de dependencia al ente privatizado. De allí entonces, dijo, que siendo éste el marco normativo en que nació el PPP el cual no fue cuestionado en autos, se deducía la imposibilidad de los peticionantes para acceder al programa, y que no les asistió el derecho de integrar el PPP en tanto se acogieron a la opción acordada por el inciso b) del artículo 8 de la Ley Nº 6.622, quedando de tal manera al margen del sistema implementado por la Ley Nº 6.630.

Por último, a fs. 1274 vta./1275 de autos, explicitó las razones por las cuales correspondía hacer lugar a la demanda con relación al coactor Manuel Enrique Arreyes; y en los términos de fs. 1.275/1.276, expuso los motivos por los que el plazo de prescripción era de 10 años y la pretendida inconstitucionalidad, de la Ley Nº 6.763, devenía inviable.

IV.2.- Dejo aclarado que, las cuestiones que se plantean en el recurso de casación en examen, ya fueron tratadas y resueltas por esta Corte en un caso similar (in re: "Medina, Ernesto Francisco y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Contencioso administrativo" sentencia Nº 720 del 31-8-2012) al presente, razón por las cual las consideraciones que, a renglón seguido, se vierten constituyen la reproducción, mutatis mutandi de las pertinentes y oportunamente formuladas en el precedente de marras, sin perjuicio de las apreciaciones que especialmente se esgrimen con relación a la situación particular del coactor Carlos Alberto Parajón Ferullo, a raíz del agravio formulado a su respecto en el recurso de casación.

Ello así, entonces, interesa poner de relieve que, en lo sustancial, los recurrentes sostienen que ".la errónea aplicación del derecho surge de la interpretación desafortunada del A-quo de la intangibilidad, a los efectos de la creación o configuración del Programa de Propiedad Participada, con la sanción de la ley 6622 mediante la cual se declarara la voluntad del Estado Provincial, a través de ley formal, de transformar una entidad pública (Banco de la Provincia de Tucumán) en una Sociedad Anónima, cuyo capital accionario, a la sanción de dicha ley, lo integraba el Gobierno de la Provincia de Tucumán en un 98% y la Caja Popular de Ahorros en un 2%" (cfr. fs. 1.290). Interpretan que ".el acta de nacimiento del Programa de Propiedad Participada, en la privatización del Banco de la Provincia de Tucumán, surge de la interpretación orgánica y sistemática de las leyes 23696, 5995, 6071, 6622, Estatuto Societario y Decreto n° 496/3-95" (cfr. fs. 1290).

La Ley Nº 6.622 (BO. 07-3-1995) declaró, sujeto a privatización, al Banco de la Provincia de Tucumán (artículo 1) y dispuso, a partir del 1° de abril de 1.995, su transformación en una sociedad anónima bajo la denominación Banco del Tucumán SA (artículo 2), cuyo paquete accionario fue asignado, en un 98%, a la Provincia de Tucumán y el 2% a la Caja Popular de Ahorros de la Provincia (artículo 3). De conformidad al artículo 4°, del referido texto legal, se creó una Comisión Especial para la Transformación y Privatización del Banco de la Provincia de Tucumán integrada por tres representantes del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo (artículo 4° primer párrafo) quedando a cargo, del Poder Ejecutivo, la implementación y dictado de los actos y procedimientos necesarios para hacer efectivo el mencionado proceso de transformación y privatización (artículo 4° segundo párrafo). Asimismo, el artículo 7°, estableció que hasta el 1° de abril de 1995 el Poder Ejecutivo debía "remitir, al Poder Legislativo, un proyecto de ley que dispondrá el marco regulatorio a que deberá sujetarse el mencionado proceso de privatización".

Se dispuso, en relación al personal del Banco de la Provincia de Tucumán, que los agentes que pertenecieran a la planta del Banco debían optar por pasar a prestar servicios, en la entidad financiera transformada, sujeto al régimen legal aplicable a ella (artículo 8, inciso a), quedar bajo relación de dependencia de la Administración Pública Provincial afectado, originariamente, al Ministerio de Economía de la Provincia (artículo 8, inciso b) o bien, en caso de contar con veinte o más años de servicios con aportes efectuados al régimen previsional de la Provincia, acceder a los beneficios de una jubilación ordinaria reducida (artículo 8 inciso c); y que cualquiera de estas opciones debía efectuarse a través de carta documento cursada, al Presidente del Banco de la Provincia de Tucumán, hasta el 30 de marzo de 1995 entendiéndose, en caso de silencio, que el trabajador había optado por pertenecer a la Administración Pública Provincial (artículo 8, último párrafo).

Mediante Decreto N° 496/3, del 28-3-1995 (BO 25/04/95), el Gobernador de la Provincia aprobó el Estatuto Societario por el que habría de regirse el Banco del Tucumán S.A. a partir del 1° de abril de 1995. El Capítulo V, de dicho Estatuto, detallaba las clases de acciones correspondientes al Banco estableciendo, en lo que aquí interesa, que "las acciones del Banco del Tucumán Sociedad Anónima, podrán ser de tres clases: 'A', 'B' y 'C'. Las acciones de clase 'A' podrán, solamente, ser suscriptas por el Estado Nacional, Provincial, Municipios y sus entidades autárquicas y descentralizadas. Las acciones de clase 'B' podrán, solamente, ser suscriptas por el personal activo y pasivo del Banco. Las acciones de clase 'C' podrán ser suscriptas, por cualquier tipo de personas, con exclusión de las que puedan suscribir acciones de la clase 'A'" (artículo 11).

Los recurrentes sostienen que ".la ley 6622 declara a la entidad pública sujeta a privatización y la modificación de su status jurídico a Sociedad Anónima. En consecuencia, la actividad desarrollada por los socios fundadores y promotores, a través de los directores designados originariamente para representar el capital social del Gobierno de la Provincia de Tucumán y de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán es, en todo, coherente con la normativa del Programa de Propiedad Participada diseñado por las leyes 23696, 5995, 6071 y 6622 en cuanto, ésta última, al calificar de Sociedad Anónima a la nueva entidad, remite a los efectos de la constitución, de ella, a las normas del art. 166 y ssgtes. de la Ley de Sociedades" (cfr. fs. 1.288 y vta.). Expresan que el desarrollo normativo del Estatuto Societario, aprobado por Decreto Nº 496/3-95, integra y completa el diseño y arquitectura de la Propiedad Participada del Banco del Tucumán SA razón por la cual, al haber nacido regular y válidamente el derecho de los empleados, tanto a hacer opción por la compra de las acciones, como a efectivamente ser beneficiados con su suscripción e integración, constituiría una inconsecuencia lógico-jurídica la posición del voto mayoritario al entender complementado el PPP con la sanción de la Ley Nº 6.630.

Cabe recordar que la Ley Nº 6.630 (BO 19-5-1995) dispuso "la privatización de hasta el cien por ciento (100%), del paquete accionario del Banco del Tucumán SA, conforme a las disposiciones vigentes dictadas por el Banco Central de la República Argentina y el Poder Ejecutivo Nacional para la privatización de entidades financieras oficiales de Provincia" (artículo 1) y prescribió que, "en una primera etapa, se transferirá al sector privado el sesenta por ciento (60%) del paquete de acciones clase 'A' reservándose, el Estado Provincial, el treinta y cinco por ciento (35%). El cinco por ciento (5%), restante, se transferirá al personal en relación de dependencia del Banco del Tucumán SA en el marco del programa de propiedad participada", estableciéndose en el artículo 19 las condiciones para efectuar la transferencia de acciones a los empleados.

En la mencionada ley, el fallo impugnado, fundó el rechazo de la demanda entablada por, la mayoría, de los actores. Consideró que el PPP, respecto de los empleados del Banco del Tucumán S.A., quedó perfeccionado a partir del dictado de la Ley Nº 6.630 y no, como erróneamente lo manifestaba la parte actora, con la aprobación del Estatuto del Banco del Tucumán SA por el citado Decreto Nº 496/3. Ello en virtud de que, dicho acto administrativo y en lo que interesa a la cuestión aquí debatida, solamente determinó las clases de acciones en las que se dividiría el paquete accionario del Banco del Tucumán SA y cuáles de ellas serían pasibles de ser suscriptas, entre otros, por el personal (ya sea pasivo o activo) de la sociedad privatizada; mas, el programa con sus contenidos, alcances y requisitos, recién fue estructurado por Ley Nº 6.630 siendo, de tal forma, al momento del dictado de esta norma en que fue adquirido el derecho de los trabajadores a integrarlo.

Surge de la reseña que antecede que, la cuestión traída en casación, refiere a si el PPP quedó perfeccionado con la sanción de la Ley Nº 6.630, como lo interpretó el Tribunal de Grado o, como afirman los recurrentes, con el Decreto Nº 496/3, del 28-3-1995.

Como se dijo en los autos: "Sucesión de Ávila, Luis Alberto vs. Provincia de Tucumán s/cobro de pesos", a fin del adecuado juzgamiento del caso, "es necesario establecer desde cuándo adquiere derechos, el trabajador, de acceder a este programa. Al respecto cabe aplicar también la doctrina vertida, por la CSJN, en fallo 'Antonucci, Roberto c. YPF SA y otro' (2001/11/20, LL 2002-A, 160 y DJ 2002-1-591). Allí ha dicho el Máximo Tribunal del País que el trabajador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Sociedad del Estado-, que cesó en sus tareas después de la fecha en que se dispuso su transformación en sociedad anónima -1991/01/01, Decreto 2778/90- y antes de la oferta pública de acciones -1993/07/07, tiene derecho a percibir un resarcimiento por no haber podido beneficiarse con el Programa de Propiedad Participada establecido por la ley de reforma del Estado 23.696 respecto de dicha empresa. Del fallo surge, efectivamente, que el derecho de los trabajadores de YPF de acceder al Programa de Propiedad Participada establecido por la ley 23.696 nace con el decreto 2778/90 en cuanto dispone la transformación, de dicho ente, en sociedad anónima, faculta al Ministerio de Economía para adoptar las medidas tendientes a dicha transformación y otorga, a los trabajadores del ente a privatizar, una preferencia en la adquisición de acciones, no obstante la falta de conclusión del proceso de privatización" (cfr. CSJT, sentencia N° 1.244, del 21-12-2007).

En ese mismo pronunciamiento, de esta Corte, se consideró también que, para que un empleado tenga derecho al PPP correspondiente a la empresa privatizada, "sólo basta la existencia de la relación de dependencia al momento de preverse legislativamente la privatización del ente y la decisión de aplicar, en este proceso de privatización, el programa de propiedad participada" y que, "una vez creado y puesto en marcha el Programa de Propiedad Participada, quienes revistieran la condición de empleados eran sujetos activos de la obligación legal, prevista en la norma, no necesitándose la conclusión del proceso de privatización".

Viene al caso señalar que la puesta en marcha de un PPP constituía, bajo el régimen de la Ley Nº 23.696 a la cual adhirió nuestra Provincia mediante la Ley Nº 5.995, una decisión discrecional del Estado, al momento de disponer la privatización de una entidad estatal. En lo pertinente, destacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Ley Nº 23.696 "en el capítulo III señala que, el capital accionario de las empresas, sociedades o establecimientos declarados sujetos a privatización, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un programa de propiedad participada según lo establecido en dicho acápite. Entre los sujetos adquirentes dispone que sean, entre otros, los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. Por su parte el art. 23 señala que el ente a privatizar, según el programa que se instituye, deberá estar organizado bajo la forma de sociedad anónima. Es decir que esta norma condiciona la declaración de sujeta a privatización de la empresa, a su organización como sociedad anónima y la eventual instrumentación de los programas de propiedad participada a la referida declaración" (CSJN: "Antonucci, Roberto", considerando 4). En la misma línea, el Máximo Tribunal de la Nación, interpretó que "el sistema instituido por la ley 23.696 no revestía carácter imperativo habida cuenta de que, la aplicabilidad de dicho régimen, se hallaba condicionada a ciertos pasos previos para lo cual preveía una serie de facultades otorgadas, al Poder Ejecutivo, quien quedaba en condiciones de decidir la modalidad, más adecuada, para llevar adelante el proyecto de privatización, la posibilidad de constituir un programa de propiedad participada, la selección de la clase de sujetos adquirentes a incluir en su diseño y la medida concreta de esta participación accionaria por lo que resultaba, indispensable, la adopción de medidas posteriores" (CSJN: "Antonucci, Roberto" considerando 5°).

Tal como antes se dijo, el proceso de privatización del Banco de la Provincia de Tucumán, comenzó con el dictado de la Ley Nº 6.622 que declaró, a la entidad financiera oficial, "sujeta a privatización" (artículo 1) sin expresar, en ese instrumento normativo, la forma o modalidad concreta bajo la cual se llevaría a cabo ni si es que se constituiría o no un programa de propiedad participada. Precisamente, dicha ley, estableció que sería el Poder Ejecutivo el encargado de elaborar, el marco regulatorio, que debía ser sometido al análisis y aprobación ulterior de la Legislatura de la Provincia (artículo 7). La aprobación del Estatuto Societario, mediante Decreto N° 496/3, tampoco permite afirmar que, con él, se hubiera establecido la aplicación del PPP porque, como bien señala el pronunciamiento impugnado, dicho decreto solamente determinó las clases de acciones en las que se dividiría el paquete accionario del Banco del Tucumán SA y cuáles de ellas serían pasibles, de ser suscriptas, entre otras por el personal (activo o pasivo) de la sociedad privatizada. En efecto el artículo 11 del Estatuto, transcripto más arriba, sólo indica la existencia de tres tipos de acciones (A, B y C) y establece, limitaciones, para la suscripción de ellas; las acciones clase A solamente pueden ser suscriptas por personas, de derecho público estatal; las acciones, clase B, por "personal activo y pasivo del Banco" y, las acciones clase C, por otros sujetos diferentes a los enumerados anteriormente. Como se advierte, de los términos de esta cláusula del Estatuto, no es posible fundadamente sostener que el Estado Provincial hubiera concretado la aplicación, de un sistema de participación de los empleados, en el capital de la empresa a privatizar. El decreto de aprobación, del Estatuto, se limitó a dividir el capital accionario en clases de acciones y a identificar, a los sujetos que podrían suscribirlas, pero no estableció si las acciones serían entregadas en el marco del PPP o se trataba, simplemente, de una preferencia de suscripción como, tampoco, el porcentaje que, en su caso, se asignaría a los empleados.

De esa sola circunstancia no puede inferirse, necesariamente, ninguna decisión estatal vinculada al programa de propiedad participada. El argumento de los recurrentes, en tal sentido, no alcanza para revertir las conclusiones de la Cámara al respecto, por cuanto no es cierto que, con la aprobación del Estatuto Societario, resulta obligatorio y configura, íntegramente, el derecho a la propiedad participada ya que, éste, no contiene mención alguna a este tipo de sistemas, de integración del capital, ni una indicación concreta sobre un mecanismo especial que permita inferir el comienzo o la puesta en macha del PPP. Téngase en cuenta, como ya se dijo, que se trataba de una decisión potestativa para el Estado que su aprobación no dependía de un acto del Poder Ejecutivo sino que era una incumbencia que, la Legislatura, se reservó para sí y que, de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación más arriba mencionada, resultaba indispensable una decisión positiva e inequívoca de la voluntad estatal de implementarlo. Y tal decisión estatal no surge del decreto invocado por los actores.

La implementación del PPP del Banco del Tucumán SA tuvo lugar, recién, con la sanción de la Ley Nº 6.630 que constituyó "el marco regulatorio" del proceso de privatización (artículo 7, Ley Nº 6.620) y contempló las pautas de la operatoria de participación del capital privado, en el paquete accionario del Banco del Tucumán S.A., al fijar los porcentajes a transferir, al sector privado, y las etapas para cumplirlo (artículos 2 y 4), la medida de la transferencia a los empleados (artículo 2), la forma de transmisión de acciones (artículo 5), el sistema de venta bajo licitación pública nacional e internacional (artículos 7 a 18), y el sistema de transferencia de acciones a empleados (artículo 19).

Siendo así, el acto jurisdiccional atacado, no merece ningún reproche y no se encuentra justificada la crítica, de los recurrentes, referida a un alegado error en la interpretación del derecho aplicable al caso.

Por otro lado sentado que fue dispuesta la aplicación del PPP, por el Estado Provincial, con la sanción de la Ley Nº 6.630 y no con la aprobación, del Estatuto Societario mediante el Decreto Nº 496/3, los restantes planteos efectuados, por el recurrente, devienen de inoficioso tratamiento. En efecto es innecesario analizar cuál fue, la ratio iuris, de la propiedad participada como, también, si la auténtica voluntad del legislador al crear este tipo de programas fue compensar a los empleados que prestaron servicios en la entidad pública, puesto que lo determinante es que, -antes de la sanción de la Ley Nº 6.630, el programa todavía no había sido puesto en marcha. De este modo cuenta con suficiente apoyatura en las constancias de la causa y en las disposiciones legales, que rigen el caso, las consideraciones del Tribunal en ordena que siendo la Ley Nº 6.630 el marco legal que se dispuso, para acceder al programa, y que rigió la situación de los actores, no les asistió el derecho de integrar el PPP en tanto se acogieron a la opción acordada por el inciso b) del artículo 8 de la Ley Nº 6.622, quedando de tal manera al margen del sistema implementado por la Ley Nº 6.630 (cfr. fs. 1.274 y vta.).

Finalmente, en orden al agravio vinculado a la situación del coactor Carlos Parajón Ferullo, considero que tampoco puede prosperar. Ello es así en razón de que, el criterio de la sentencia en crisis, fue claro en el sentido que lo dirimente, en el tema, era el ejercicio de las opciones en los términos del artículo 8 de la Ley Nº 6.622.

Así expresó que "En la especie, respecto de los actores que obtuvieron su ingreso a la Administración Centralizada si bien, ello, fue acordado por parte del Ejecutivo Provincial con posterioridad a la fecha de sanción de las normas que fijaron el PPP (24/07/1995, fecha del dictado del antedicho Dcto. Nº 1.453/3), lo que define la posibilidad de acogerse al programa en cuestión no viene dado, por la fecha, a la cual se otorgó o solidificó el ingreso a los cuadros de la Administración Pública, por parte de los co-actores, sino por el ejercicio de las opciones en los términos que da cuenta el artículo 8 de la Ley 6.622 (cfr. Artículo 19 de la Ley 6.630). Por lo tanto, en relación a los coactores Luis Aurelio Formoso, Miriam Graciela Gola, Carlos Alberto Parajón Ferullo, Pedro Miguel Yñigo, María de los Ángeles Borrelli, Mauro Gustavo Domínguez, Ana María Brondo, Humberto Emilio Méndez, Humberto Roque Sarmiento, Claudia Elba Tenca y Raúl Esteban Díaz, no puede sino concluirse que, contrariamente a la pretensión ejercida en autos, no les asistió el derecho de integrar el PPP en tanto se acogieron a la opción acordada por el inciso b) del artículo 8 de la Ley 6.622 quedando, de tal manera, al margen del sistema implementado por la Ley 6.630" (cfr. fs. 1274 y vta.).

Recuérdese que en la inteligencia, de la sentencia atacada, sólo las personas que hubieran optado por lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley Nº 6.622 (conforme se seguia del artículo 19 de la Ley Nº 6.630), o sea, que hubieran decidido continuar prestando servicios en la entidad privatizada, tenían derecho a las acciones de marras; situación, ésta, que no era la del coactor Parajón Ferrullo quien, conforme se desprendía de la copia autenticada del anexo I del Decreto Nº 1435/3, del 24-7-1995, ya sea por haber suscripto a la mencionada alternativa o haber guardado silencio al respecto había pasado a integrar los cuadros de la Administración Pública conclusión, ésta, corroborada por el informe del Ministerio de Economía de fs. 1172/1173. Ello así, entonces, carece de relevancia para revertir lo decidido respecto del coactor, en cuestión, la carta documento a que se hace referencia en la presentación impugnativa siendo del caso también, advertir, que no es similar la situación de Manuel Arreyes con la del coaccionante Parajón Ferullo toda vez que, aquél, para el Tribunal ejerció, en su momento, la opción que acordaba el inciso a) del artículo 8 de la Ley Nº 6.622 sin perjuicio de las contingencias que, después, se presentaron a su respecto (cfr. fs. 1274 vta./1275) mientras que, el último (Parajón Ferullo), como se vio, ejerció la opción del inciso b) del citado artículo. Por tales motivos cabe rechazar también este cuestionamiento.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar, al recurso de casación, incoado por los actores impugnantes contra la sentencia Nº 988 (voto mayoritario) de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 13 de octubre de 2011, obrante a fs. 1268/1280 vta. de autos.

V.- Atento a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa, la naturaleza y complejidad de la cuestión planteada, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105, inciso 1, del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por los actores impugnantes contra la sentencia Nº 988 (voto mayoritario) de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 13 de octubre de 2011, glosada a fs. 1268/1280 vta. de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.