Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-04


Salta 4 de octubre de 2.010.

Vistos estos autos caratulados: "Sivila, Ladislao Humberto c. Agrotécnica Fueguina SACIF, Sumario por Incumplimiento de Contrato, Embargo Preventivo, Prueba Anticipada", Expte. N° 290.314/09 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 6ª Nominación del Distrito Judicial del Centro y CAM 302.713/10 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y, C O N S I D E R A N D O:

I) En contra de la sentencia interlocutoria de fs. 49/51, en cuanto no hizo lugar a la prueba anticipada solicitada en el escrito de demanda, apeló el actor a fs. 52 y expresó agravios a fs. 54/56. Luego de reseñar su petición y los fundamentos para su desestimación, expresa que la resolución no lo exime de expresar el monto de su demanda y, contradictoriamente, tampoco admite la prueba necesaria para la cuantificación de su pretensión, cuyo resultado es la posibilidad cierta que la contraria le oponga la excepción de defecto legal, por no estar reconocida la imposibilidad de presentar la documentación que solicita y que obra en el Expte. P-5413, en la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Se refiere luego al contenido de la carta documento que le enviara la demandada desconociendo el convenio que invoca como la existencia de obligación alguna y dice que la documentación presentada en el concurso, podría perderse o sería de dificultosa presentación en el período ordinario de prueba, de lo que concluye que la defensa en juicio de su parte se encuentra afectada por lo que pide se ordene la prueba anticipada solicitada.

II) En primer término, debe precisarse que no existe la contradicción atribuida a la sentencia apelada, porque en el código procesal, son cosas distintas sujetas a diferentes recaudos, la exención judicial de indicar el monto de la demanda prevista en el artículo 330, y la posibilidad de producir prueba anticipada según el artículo 326. Por consiguiente, como cada una es independiente pueden, según los casos, ser procedentes ambas o no serlo, o proceder solo una y no la otra. _ Hecha esa precisión, debe notarse también que no ha sido materia específica de apelación, la dispensa de cuantificar la pretensión, sino la denegación de la prueba anticipada, por lo que en principio sólo corresponde analizar ese punto. Al respecto el artículo 326 del código procesal establece que "Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieren motivos justificados para temer que vayan a desaparecer elementos de prueba o que la producción de ella pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente..." Surge de la simple lectura del texto que el requisito objetivo de la pretensión debe ser el temor de que la prueba desaparezca o que sea imposible o dificultosa su producción en el período de prueba. Además, ese temor no debe ser declamativo, sino derivar de motivos fundados que deben expresarse y justificarse como dice la norma. La finalidad es salvaguardar o conservar prueba en peligro, no buscar hechos configurativos de la pretensión. Para el caso, el recurrente expresa que parte de la documentación "podría perderse" y que "a simple vista resulta ... dificultosa su obtención..." pero no explica o justifica porque cree que pueda perderse ni cuales son las dificultades existentes para su obtención. Por tanto, al no reunirse los requisitos exigidos por la ley, el recurso no es procedente. III) Sin perjuicio de la conclusión expuesta, si se entendiera por el principio "iura novit curia" que la imposibilidad alegada no es en realidad de la prueba sino de determinar el monto del juicio, el resultado sería el mismo. El artículo 330 del código procesal en su penúltimo párrafo dispone que "La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando el actor no le fuere posible determinarlo al promoverla por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción..." Por consiguiente, el principio general es que la demanda debe precisar el monto demandado. Como excepción, se admite la omisión de hacerlo, siempre que se acrediten dos circunstancias. La primera, es la imposibilidad de hacerlo. La segunda, que sea imprescindible interponer la demanda para evitar la prescripción de la acción. Sobre esta última exigencia, nada ha dicho el demandante, lo que por si solo impide apartarse del principio general y liberar al recurrente de la carga procesal establecida.

Pero tampoco se ha acreditado la primera. En efecto, se da por existente una imposibilidad que no se encuentra probada. No relata el actor ninguna gestión tendiente a obtener los elementos que ahora pretende. En efecto, si pudo verificar su crédito arrimando todos los elementos para determinarlo al Juzgado del concurso preventivo de la demandada, no se entiende porqué no puede conseguir las constancias del mismo que estima necesarias para esta demanda. Además, han pasado más de diez años de la celebración del convenio invocado, con pagos realizados hasta septiembre de 2.007, lo cual descarta una imposibilidad de saber que períodos y porque monto aproximado por cada uno se le adeuda. Además no se trata una exigencia de indicar un monto absoluto y único, porque la jurisprudencia ha admitido también supeditarlo razonablemente a la prueba que se produzca. En consecuencia, tampoco desde este aspecto, procede el recurso intentado. Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. Y C.:

No Hace Lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 52. Dispone se Registre, Notifique y Baje.