Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-29


ACUERDO N° 48/2011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN e integrada por los doctores ANTONIO G. LABATE y OSCAR E. MASSEI, con la intervención del señor Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados "Z.,C.J. S/ HOMICIDIO SIMPLE" (expte. n° 78 - año 2008) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES: Que por sentencia nº 46/2.007 (fs. 495/506), la titular del Juzgado Penal del Niño y del Adolescente N° 2 resolvió, en lo aquí relevante, declarar la responsabilidad penal de C.J.Z. en orden al delito de Homicidio en Agresión, en carácter de coautor (art. 95 del C.P.).

Tal resolución fue recurrida en casación por la Fiscalía y por la Defensoría Penal del Niño y el Adolescente (fs. 515/523 y 524/546, respectivamente).

Dichas impugnaciones fueron declaradas admisibles por R.I. N° 23/2.009 de este Tribunal Superior de Justicia (fs. 572/578).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, los recurrentes no hicieron uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 598 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Llevado a cabo el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Antonio G. Labate, Dra. Lelia Graciela M. de Corvalán y Dr. Oscar E. Massei.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, la Sala se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: I.- La titular del Juzgado del Niño y Adolescente N° 2, por sentencia N° 46/07 de su propio registro, declaro la responsabilidad penal de C.J.Z. en orden al delito de Homicidio en Agresión (art. 95 del C.P.).

El pronunciamiento fue objetado, casación mediante, por la parte acusadora y por la Defensa.

Para una mayor claridad expositiva, entiendo necesario transcribir de forma separada dichas censuras: a) RECURSO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL:

La entonces titular de la Agencia de Delitos Juveniles, Dra. María Dolores Finochietti, cuestionó el pronunciamiento en análisis por ambos carriles casatorios (art. 415, incs. 1° y 2°, del C.P.P. y C.).

Siguiendo el orden de los agravios traídos en el documento recursivo, denuncia en primer lugar un supuesto de arbitrariedad de sentencia pues, desde su perspectiva, se analizó de modo parcial la prueba testifical rendida en el juicio.

Refiere en este aspecto que la magistrada de grado obvió una parte sustancial de los relatos de Garré, Dimarco, Muñoz, Díaz, Cavallotti, Lamilla, Cárdenas y Soto en cuanto a que, luego de dejar inconsciente a la víctima con un golpe de puño, Z. continuó su agresión pateándolo en la cabeza junto a los demás integrantes de su grupo.	En este tópico, hizo hincapié en que hubo al menos ocho testigos (con referencia a los nombrados en el párrafo anterior) que vieron a Z. golpear a Galar en la única zona donde se verificaron las lesiones (la cabeza), estableciéndose a través de los informes forenses que la causa del óbito fueron precisamente los golpes recibidos en dicha parte anatómica. Inclusive, se evidenció en el debate (a partir de esas declaraciones) que al llegar varias personas en auxilio de la víctima, el único que seguía al lado del cuerpo golpeando a Galar era Z., pues los otros huyeron antes.

Frente a esta prueba, dice la impugnante, ha existido la plena certeza de este extremo sustancial y no la mera "posibilidad" (como señala la magistrada sentenciadora) de que el imputado haya aplicado puntapiés en la cabeza a Galar cuando éste se encontraba inconsciente en el piso.

Concluye entonces que al no verificarse en el fallecido otras lesiones corporales más que en su cabeza, y siendo visto el imputado por múltiples testigos golpearlo de la forma ya narrada (aún aquellos no tachados de parciales por la propia jueza), la prescindencia injustificada de tales elementos de cargo han derivado en un defectuoso encuadre jurídico de su conducta.

Como segunda causal de casación alega un error de ley sustantivo por apartarse de las reglas de autoría y participación. Expresa en este punto que aún con el relato histórico plasmado en la sentencia, la conducta de Z. cuadraría en el tipo previsto en el artículo 79 del Código Penal.

Sostiene aquí (con evocación a múltiples citas doctrinarias y jurisprudenciales) que no es aplicable la figura del homicidio en riña o agresión cuando no ha existido una agresión tumultuaria y cuando se puede establecer de manera cierta quiénes fueron los autores de la muerte; añadiendo que la propia jueza dejó sentado que no hubo riña ni tumulto, sino una agresión de varios contra uno solo (que no se defendió) y que cuando la víctima se hallaba en el suelo ".en total estado de indefensión.", los agresores -entre los que se hallaba Z.- arremetieron contra él ".propinándole patadas, fuertes, intensas, todas en la cabeza, lo que le produce el óbito en forma casi inmediata.". (el restante entrecomillado también pertenece al fallo y fue destacado en el recurso).

Agrega que si bien la jueza parece atribuirle importancia al hecho de que se trató de un acometimiento súbito, espontáneo, sin preordenación, dicha rapidez no resulta central pues lo verdaderamente relevante es la convergencia intencional de ese grupo para causar el resultado letal, sin que sea dable exigir una preordenación, la cual -de haberse dado- podría incluso agravar más la figura del homicidio simple cuya aplicación se reclama.

Por último, afirma que también se encuentra presente el aspecto volitivo de la conducta (dolo de homicidio) en tanto Z. era consciente del peligro generado por su acción y actuó en consecuencia, realizando todos los elementos del dolo.

Conforme a lo expuesto, dejó expresamente pedido a esta Sala que modifique la calificación legal del hecho abonado al enjuiciado y que en su lugar se lo declare coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple.

Hizo reserva del caso federal b) RECURSO DE LA DEFENSA:

El señor Defensor Penal del Niño y el Adolescente planteó los siguientes motivos de crítica:	A) Entiende que si el golpe dado por su defendido a Galar -que es el único que está determinado y probado- produjo solamente su caída y no ha sido conceptuado como mortal por los forenses, no existirían razones valederas para responsabilizarlo por la muerte que sobrevino a partir de los puntapiés dados por el resto de los coimputados mayores de edad. En conjunción con lo anterior, agrega que si la fórmula legal aplicada requiere la verificación simultánea de dos extremos, estos son la certeza de que todos hayan ejercido violencia sobre la víctima y la duda sobre cuál ha sido el autor de la muerte, la inexistencia de este último requisito (por conocerse a ciencia cierta quiénes fueron los autores de la muerte, en el caso: "los otros" o "los mayores"), existiría un claro error en la pieza sentencial al aplicar la figura prevista en el artículo 95 del C.P..

Si bien la magistrada desliza la posibilidad de que Z. hubiera intervenido en aquella golpiza posterior, ello no ha sido categórico y da lugar a otras hipótesis opuestas, lo que implica que al resolver del modo en que lo hizo invirtió el beneficio de la duda.

B) Vinculado a este último agravio censura el sostenimiento de aquella hipotética intervención de Z. al amparo del siguiente razonamiento: 1) la magistrada concluyó que los golpes en la cabeza fueron dados con pies cubiertos con zapatillas; 2) el acta de requisa que incautó ese tipo de elementos sobre los pies de Z. resultó anulada; 3) ergo, si respecto del enjuiciado no se cuenta con tales zapatillas no puede la jueza (luego de declarar la invalidez de su incorporación judicial), colocárselas nuevamente en sus pies para reputarle una patada no probada y convertirlo en coautor. Dice, en definitiva, que si las zapatillas de Z. jurídicamente no existen y no constituyen una evidencia válida para ser utilizada en su contra, tampoco el pie desnudo constituye la superficie roma, afelpada y acolchada de la que habla la sentenciante y sobre la que opinaron los forenses. C) Denuncia la ponderación de prueba irregularmente obtenida y la falta de respuesta a planteos tempestivos de esa parte con relación a ello (vgr. adulteración del protocolo de autopsia y del libro de partes diarios de la Comisaría del Menor), a lo que suma una supuesta nulidad por falta de notificación a la Defensa sobre aquella primera diligencia (autopsia) y el desconocimiento de certificados médicos que probarían en Z. una intoxicación por alcohol a poco de ocurrido el hecho imputado.

En este punto, indica que el estudio pericial forense sobre el cuerpo de Galar padecería serias irregularidades que lo invalidarían y que si bien la Dra. Folone desestimó las objeciones de la Defensa en ese extremo al amparo de que el médico practicante evacuó las dudas planteadas durante el juicio, ello no sería exacto.

A guisa de ejemplo, destacó que el Dr. Flores no pudo especificar el horario en que se llevó a cabo el acto, a la vez que la cantidad de tiempo insumida en su realización -cuatro horas a cuatro horas y media, de acuerdo a lo mencionado por aquél en el juicio-, no tendría anclaje con los márgenes horarios atestados en el acta de autopsia que en copia corre a fs. 304. Cuestiona también que en aquella acta policial no consta la firma del galeno que la llevó a cabo; que no se hizo constar allí que se retiró el hueso hioides para efectuar una placa radiográfica y que no surja cuántas fotografías se tomaron en dicha diligencia, constando en el informe preliminar un número distinto al del protocolo. En torno a ello también pone en duda la veracidad de las fotografías en tanto el Dr. Flores no recordó si habían sido tomadas con una cámara común o digital -suponiendo lo primero-, mientras que el Dr. Losada, al ser consultado por el método y procedimiento declaró que las fotografías son digitales. Señala a este respecto que las placas fotográficas digitales son susceptibles de adulteración al igual que las fotos comunes, a menos que se aporten sus originales. Que el subcomisario Arcidiago, firmante del "acta de autopsia", no habría estado presente en otras dos diligencias posteriores a ese acto, lo que a su modo de ver pondría en duda su verdadera presencia en aquélla y confluiría con aquellas irregularidades ya destacadas.

Sumó más cuestionamientos a dicha acta policial: entiende que se ha falseado la fecha en tanto consigna el mes de mayo y el acto se practicó en junio, y que la fecha inexacta equivale a su inexistencia, por lo que sería nula de acuerdo a los artículos 122 y 123 del C.P.P. y C.. También tachó de falso el protocolo de autopsia porque habría sido suscripto en todos sus folios el día 20/06/06 y el mismo contenía una fotografía tomada el 23/06/06, lo cual importaba mostrar y confirmar cuan fácil es manipular una evidencia y alterar de cualquier modo el contenido del documento, por ejemplo, hematomas posteriores que el Dr. Flores no advirtió. También objeta que la magistrada sentenciadora no haya dado respuesta sobre cómo el Dr. Flores se enteró de los hematomas cuadriformes y de su cantidad y ubicación el 30 de junio de 2006 en su declaración testimonial, cuando aún dicho hallazgo no había sido solicitado por el juez de instrucción ni puesto de manifiesto por el Dr. Losada, pues tal descubrimiento lo hace este último profesional tres días después.

Igual énfasis pone en el certificado médico suscripto por la médica Carola Guzmán Campagnoli, quien a partir de una revisión hecha por otro médico residente habría certificado en el encausado "aliento etílico".

Cuestiona entonces que dos médicos -el que suscribió la constancia y el que efectivamente lo revisó- hayan notado a Z. alcoholizado y que la médica pediatra del poder judicial no haya encontrado esos vestigios cinco o seis horas después. Tampoco hubo respuesta en la sentencia sobre la consumición de pastillas por parte del nombrado, no obstante lo declarado en policía el día del hecho por la novia del coimputado Díaz. Asimismo, puso en duda que la Dra. Robato (quien descartó la intoxicación etílica) haya efectivamente revisado a Z. ese día (el informe tiene fecha 20/06/06 y consta que se procedió al reconocimiento de Z. "en el día de la fecha", y si bien refirió luego tal profesional que dicha diligencia se llevó a cabo el 17 de ese mes y año, volcándose un error material en la suscripción del informe, señala el Defensor que una persona con tanto tiempo de trayectoria no podría cometer semejante error, no una sino dos veces, al estar a los informes sucesivos realizados por ella y agregados a fs. 327/329.

También objeta que el psiquiatra forense, Dr. Jorge A. Massera, suscriptor de la pericia que consta a fs. 343, no haya explicado por qué el imputado nunca recordó haber sido revisado por una o más médicas, añadiendo que la indagación respecto de su asistido no fue completa porque no fue preguntado sobre lo que sucedió inmediatamente después del hecho, hacia dónde fue conducido, quién lo llevó, etc., lo que restaría eficacia científica a su informe. Por último objetó diversas actas de procedimiento policial. Expresó en primer lugar, que durante el debate la Oficial Valderrama manifestó haber constatado diversas circunstancias, como ser, por ejemplo, de que Galar ya había sido trasladado en ambulancia cuando arribó al lugar, que verificó el lugar donde habría ocurrido el hecho, que tomó nota de los presuntos testigos, etc.; sin embargo, dice el Dr. Bordón, nada de ello lo hizo constar en el "acta de procedimiento y demás diligencias policiales", careciendo a su vez de la rúbrica de dos testigos de actuación. Relata en el recurso que por ello en el juicio postuló la nulidad del acta, lo que fue replicado por la Fiscalía en cuanto a que se trataba simplemente de un parte informativo policial, argumento que finalmente acogió la jueza a-quo. Critica esto último en tanto, de ser así, no tendría razón de ser el título impreso a ese documento, a la vez que se le ha asignado otro carácter para sortear los extremos legales que aquél debió contener. Tacha de falsos los asientos contenidos en el libro diario de la guardia de la Comisaría del Menor, pues allí se dejó atestado que se comunicó a la Defensa Oficial sobre la formal imputación que pesaba sobre el enjuiciado, extremo que no concuerda con lo declarado oportunamente por la agente de policía Viviana Andrea Soto quien dijo no recordar tal detalle. Recuerda que para determinar dicho extremo se ordenó en su momento requerir el listado de llamadas de la comisaría sin que diera ningún resultado; medida esta última que, a su juicio, no tendría razón de ser si efectivamente se asentó esa circunstancia en el libro de parte de novedades. En base a lo anterior razona que esa anotación es falsa. Lo mismo en torno a la constancia de que Z. regresó de la revisación de la Dra. Robato a las 11.00 hs. de esa mañana (17/06/06), cuando del libro de la propia Dra. Robato se desprende que aquél fue atendido precisamente a esa hora. Denuncia que, no obstante haberlo mencionado en su alegato, nada de ello se dijo en la sentencia.

En base a todo lo anterior requirió de esta Sala que case el pronunciamiento apelado y lo sustituya por otro que desvincule definitivamente a su asistido.

Hizo reserva del caso federal. II.- Que luego de analizados los recursos, la sentencia cuestionada así como las demás constancias del legajo que se vinculan con los planteos de las partes, soy de opinión -y así lo propongo al Acuerdo- que la casación deducida por el Ministerio Fiscal debe ser declarada procedente, e improcedente la presentada por el señor Defensor Oficial Penal del Niño y el Adolescente.

Razones de sistemática casacional me obligan a invertir el tratamiento de los recursos interpuestos.

Como se recuerda, el Dr. Bordón postuló que su defendido resultó ajeno al hecho por el cual se declaró su responsabilidad penal (homicidio en agresión). Para fundar tal aserto afirmó que no participó de la golpiza con puntapiés contra Galar. Destacó que los golpes que derivaron en el fallecimiento de aquél fueron precisamente ese tipo de golpes y no el puñetazo que su asistido le lanzara previamente, tal como lo recoge la sentencia. Sugirió así, que esa conducta no sería típica.

Igualmente mencionó diversos vicios de actividad que, a su modo de ver, invalidarían la sentencia. Dichas causales fueron compendiadas en párrafos anteriores, a los que cabe remitirse por razones de extensión y a los cuales en los tramos siguientes de este voto se les dará respuesta.

En torno a estos últimos agravios, no sólo tachó de falsos diversos documentos judiciales y policiales agregados al legajo, sino que además dijo afligirse de la falta de respuesta dada en la sentencia a múltiples planteos de nulidad de su parte, efectuados en su alegación de clausura.

Al ser ello así, frente a las diversas censuras consignadas en el documento recursivo, corresponde atender en primer lugar las nulidades de carácter absoluto que denuncia, pues sólo a partir de una sentencia válida cabría realizar el juicio de subsunción legal que reclama en otro tramo de su recurso. A modo general cabe recordar, conforme a la consolidada jurisprudencia de este Tribunal Superior, que "la declaración de nulidad de una sentencia se halla subordinada al principio de interés. Ello es así, por cuanto nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino cuando lesiona el interés de las partes. Tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que, por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés. La exigencia de un interés directo estatuida para los recursos (art. 392 del C.P.P. y C.), no sólo es una condición para la procedencia formal sino también para la procedencia sustancial de la impugnación." (R.I. n° 26/2004, "Carrasco, Jorge Rodolfo...", entre otros) Trasladado este concepto al caso que nos ocupa, la llamada "acta de autopsia" a la que tanto refiere el señor Defensor Oficial, es simplemente un documento propio de la prevención policial, suscripto por los oficiales presentes en el acto de autopsia, donde habitualmente se atesta el día y la hora de la diligencia, así como la causal de muerte que suele adelantar el forense. No es otra cosa que un documento accesorio que forma parte del sumario de prevención o, si se quiere ser más preciso, un informe policial que refleja, en términos más o menos generales, las circunstancias de su realización y las conclusiones preliminares del forense.

Al tener ese carácter, ninguna obligación de suscribirla le cabía a dicho galeno; menos aún al señor Juez de Instrucción o a la señora Agente Fiscal que también estuvieron presentes en ese acto.

Por lo demás, el error material volcado en su datación ("mayo" en lugar de "junio") no produce la nulidad reclamada por la Defensa. En este sentido, la doctrina más calificada -en criterio que hago propio- señala que dicha sanción sólo opera ".cuando la fecha no puede ser establecida con certeza '.en virtud de los elementos del acto', expuestos en la misma, 'u otros conexos' [.], como puede ser la intercalación del acto entre otros dos realizados en la misma fecha." (cfr. Carlos Creus, "Invalidación de los actos procesales penales", 2° edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs. As., 1995, pág. 154). Y precisamente, a poco de reparar en los actos inmediatamente anteriores y posteriores de esa acta, ninguna duda cabe que fue levantada por los policías que la refrendan el 17 de junio del 2006.

Pero a todo evento, aún suprimiendo mentalmente dicha pieza por las razones que alega, la sentencia se mantendría invariable en tanto se nutre de elementos ajenos a aquélla; y, como se sabe, para que proceda el recurso de casación, el acto que se reputa viciado debe tener una influencia decisiva en la sentencia (cfr. Fernando de la Rúa, "La Casación Penal", Ed. Depalma, Bs. As., 1994, págs. 80 y 81), situación que en este caso no se verifica.

Asimismo, la duda sugerida por el Dr. Bordón a partir de la diferencia horaria en la extensión del estudio pericial: dos horas y veinte minutos (según el acta aludida) y cuatro horas a cuatro horas y media (de acuerdo a lo declarado por su practicante en el juicio), no tiene la influencia que le asigna pues esa discrepancia se muestra más bien como una imprecisión nimia de parte del forense, absolutamente comprensible por el tiempo transcurrido desde su elaboración.

Si bien en otro tramo del recurso intentó poner en duda lo verdaderamente actuado en la autopsia, ahora a partir de cohonestar las puntuales referencias del protocolo con aspectos omitidos en la mentada "acta de autopsia", como ser, por ejemplo, que en esta última no se documentó la extracción del hueso hioides para su ulterior pericia, o que no constó la cantidad de fotografías que se extrajeron, va de suyo que la propia naturaleza del acta hace que en su contenido se hayan podido omitir tales detalles. Al respecto, resultaría absurdo requerir, por ejemplo, para otorgarle crédito probatorio a un documento policial semejante, que éste refiriera de manera precisa cada una de las partes diseccionadas por el médico, el detalle de las fotografías tomadas durante cada paso, la denominación completa de todos los tipos de fluidos, tejidos y demás material orgánico extraído para los estudios complementarios, la mención de todos los órganos explorados, etc.; cuando quienes la confeccionan y refrendan son ajenos al campo de la medicina y de la ciencia forense.

Y continuando con este punto, el tenor de la crítica lleva a hacer notar que lo declarado por el entonces médico forense, Dr. José F. Flores, ante el juez de instrucción no difiere de lo apreciado por él en la autopsia, sino que remite a una descripción aún más precisa y abundante sobre la posible mecánica del óbito conforme la interrogación formulada por cada una de las partes durante dicha declaración, tal como se ocupó de marcar la sentencia.

Tampoco resulta de recibo las falencias apuntadas en el recurso en relación al estudio preliminar del Dr. Losada (el cual puso en duda a partir de considerar que no se sabría si el soporte fílmico utilizado por él fue el efectivamente extraído durante el acto de autopsia); ello así, en tanto surge de ese documento público -que no ha sido reargüido de falsedad- se ponderó, además de la declaración del Dr. Flores, el protocolo de autopsia y el anexo fotográfico conformado durante aquella última diligencia (ampliándose algunas de esas tomas fotográficas), sin que ello se vea empañado por la diferencia del número de fotografías (36 ó 37), o porque una de ellas (la que corresponde al estudio radiológico del hueso hioides), muestre en su margen inferior una fecha posterior a las otras, pues eso último, en definitiva, permitiría suponer que, a diferencia de las otras obtenidas el mismo día de la autopsia, la radiografía del hueso hioides se hizo en días subsiguientes, lo que igualmente resulta compatible con lo asentado en el protocolo: ".Se realiza la disección de la parte anterior del cuello [.] extrayéndose el hueso hioides para su mejor estudio radiológico.". Ya en torno a la falta de notificación de la diligencia de autopsia, corresponde advertir que, además de que tal omisión no acarrearía su nulidad, tal como lo resolviera el Cuerpo en casos análogos (cfr. Ac. 14/03), es evidente que, contrario a lo afirmado por la Defensa, dicha medida pueda considerarse como un acto no reproducible. Adviértase que, ante la hipotética necesidad de ampliar o reeditar ese estudio forense, es que se suele imponer a quien recibe el cuerpo las obligaciones que son de rigor en estos casos: prohibición de cremación e información fehaciente sobre el lugar de inhumación, tal como aquí ocurrió (cfr. fs. 307). Obsérvese a este respecto que ya el 16 de abril de 2007, el imputado y su defensa estaban anoticiados de los resultados de ese informe médico a partir de la formalización de la acusación del Ministerio Fiscal que lo ofreció como prueba (cfr. folios 1/4 y 5/9 vta.), sin que constara algún tipo de pretensión de su parte en torno a un nuevo estudio con un profesional a su costa y menos aún que haya requerido la evacuación de nuevos puntos de pericia por parte del mismo Cuerpo Médico Forense; situación que descarta un debilitamiento del derecho de defensa de su asistido y elimina a su vez el requisito de interés, imprescindible para la procedencia del motivo de crítica.

Tampoco he de considerar próspero el embate circunscripto a un supuesto estado de intoxicación etílica, aparentemente inestimado por la magistrado a-quo, a partir de las constancias dimanantes del certificado médico suscripto por la médica Carola Guzmán Campagnoli que referirían en Z. "aliento etílico". Ello así en tanto el casante pretende asimilar ese tipo de aliento a un estado propio de embriaguez, lo cual la misma médica ha descartado: ".buen estado gral., lúcido, orientado, suficiencia cardiorresp., normohidradato, colaborador [.] signos de intoxicación con alguna sustancia: No." (cfr. fs. 291).

No se me escapa que el ítem "6)" de ese informe resulta contradictorio, en tanto constan preimpresos en esa parte del formulario diversos supuestos susceptibles de provocar intoxicación, y figura allí marcado con una cruz el recuadro correspondiente al rubro "alcohol". Pero aún así: a) suponiendo que se atestó esa sustancia tan sólo para reforzar la presencia del aliento etílico que se verificó en el enjuiciado, quedaría plenamente descartada la situación de posible etilismo mentada por el recurrente a partir de las especificaciones que preceden tal anotación; b) si por el contrario, la firmante quiso señalar una efectiva intoxicación por alcohol, esa parte del informe resultaría abiertamente contradictoria con lo inserto inmediatamente antes, donde lo descartó de modo expreso, lo que le restaría todo rigor probatorio. Así, de una u otra forma, la Defensa no podría emplearlo eficazmente para afirmar categóricamente un supuesto de inculpabilidad por intoxicación etílica.

De allí que en autos tome mayor rigor probatorio el informe de la médica pediatra del Gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial, el cual se cohonesta (al menos parcialmente) con el anterior. Recuérdese el primero ".buen estado general [.] lúcido, orientado [.] signos de intoxicación con alguna sustancia: No.", y repárese ahora en el contenido del que suscribió la Dra. Robato: ".no se realiza extracción de material sublingual por encontrarse el mismo totalmente limpio [.] al momento de la pericia no tiene aliento etílico ni signos físicos de embriaguez por lo cual no se solicita alcoholemia. El menor al interrogatorio se encuentra totalmente lúcido consciente, coherente en sus respuesta." (cfr. fs. 328/9).

La única diferencia en uno y otro es simplemente la inexistencia del aliento etílico, perfectamente explicable por el tiempo transcurrido entre uno y otro examen. Si bien la contundencia de estas últimas conclusiones suscritas por la Dra. Robato las pretende atacar a partir de un error en la fecha del informe (debió atestar "17 de junio de 2006" en lugar de "20 de junio de 2006), poniendo en duda, por ese sólo hecho, su rigor científico, es claro que a dicha crítica le cabe la respuesta dada al ocuparnos del error de datación del "acta de autopsia". Obsérvese que el propio recurrente ha señalado (ya en otro motivo de censura) que según los propios registros de la Dra. Robato el menor Z. fue trasladado a su consultorio por el personal policial el día 17 de junio (cerca de las 11.00 hs.) y que, por lo demás, nunca lo pudo haber sido en fecha posterior (menos aún el 20/06/06), pues ya el 17/06/06, a las 11.45 hs. dicho menor fue entregado a su madre. En consecuencia, existiendo diligencias inmediatamente anteriores y posteriores susceptibles de reconstruir, sin margen de duda, la fecha de la diligencia, sumado a los registros propios de la referida profesional que confluyen en el mismo sentido, la incógnita sugerida por el Dr. Bordón, además de haber quedado definitivamente disipada, resulta inepta para desmerecer las conclusiones médicas allí atestadas por ser un mero error material. Por otro lado, el psiquiatra forense (Dr. Jorge A. Massera) ha señalado en su informe una ingesta moderada de cerveza previo al hecho que se le imputa, según lo señalado por el propio imputado en la entrevista, lo que guardaría congruencia con los informes anteriores, es decir, la presencia de aliento etílico (al menos en un primer momento), pero sin signos de embriaguez. Asimismo señaló que "(.) El nivel de alcohol en sangre, puede suministrar una idea aproximada del estado clínico en que puede encontrarse una persona en determinado momento, pero sobre la base de datos estadísticos. La alcoholemia, se cuantifica en gramos por litro y se divide en períodos que correlacionan nivel de alcohol y manifestaciones clínicas esperables, en términos generales. No obstante, las conclusiones acerca del nivel de conciencia en determinada situación, de una persona que ha ingerido alcohol, se basan esencialmente en: -el examen psiquiátrico. -la secuencia de los hechos, considerando las características y causalidades de las conductas manifestadas y la supuesta finalidad de las mismas. Los datos complementarios de laboratorio, si los hay, sirven para avalar una presunción diagnóstica o como eventual aporte para la explicación causal de una conducta patológica.". Y fue justamente a partir de su exploración profesional sobre C.Z. que descartó algún tipo de perturbación en su estado de ánimo por la ingesta de bebidas alcohólicas (cfr. fs. 367/8).

Este informe también fue criticado por la Defensa por el sólo hecho de no constar que dicha indagación psiquiátrica abarcara aspectos posteriores del hecho que motivó el juicio (se refiere, en específico, a la carencia de preguntas ceñidas a establecer si Z. podía evocar con detalle las diligencias que se le practicaron en sede policial y judicial). Y esta objeción, claro está, no resulta estimable en tanto no explica seriamente el Defensor -al menos con referencias bibliografías médicas o científicas- que este tipo de interrogatorio resulte indispensable desde el plano de la psiquiatría forense y, además, qué tipo de patología, propia de un estado de inculpabilidad, podría llevar a que dicho adolescente tenga plenamente vívido el recuerdo del suceso abonado y no los posteriores a su detención.

En síntesis: la posible intoxicación etílica de Z. resultó descartada con los diversos informes agregados al legajo fs. 291, 328/9 y 367/8 (que son los únicos obrantes en la causa que atienden a la acreditación del extremo que invoca) y al menos dos de ellos -practicados por funcionarios del Gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial- gozan de las exigencias de precisión y objetividad propias de su ciencia, siendo suficientes para apartar un supuesto estado de beodez.

Desde otro plano, si ninguno de los profesionales que intervinieron tampoco notaron en Z. una supuesta exaltación de su conducta, sea por drogas o por algún tipo de medicación específica que produzca alteraciones detectables, y si además la única declaración testifical de la que podría extraerse semejante inferencia resultó seriamente devaluada en el juicio por argumentos que no han sido refutados en la casación (cfr. fs. 504 vta. y 539 vta.), el motivo de crítica desarrollado por dicho andarivel casatorio tampoco resulta estimable.

Finalmente, en lo que hace al déficit del acta policial de fs. 287/288 por falta de firma de testigos o por no contener algunas diligencias propias de su actuación que mencionó en el debate, dable es apreciar que el recurso no demuestra de qué manera ello influyó en la sentencia; máxime considerando que dicha pieza, lejos de reputarla como una prueba sustancial fue tomada por la magistrado como un mero parte informativo, tal como el mismo recurrente admite, cobrando vigencia así el llamado "principio de interés" al cual me referí en párrafos anteriores.

La misma respuesta cabe respecto de las alegadas falsedades en los asientos policiales: a) por un lado, la superposición horaria del libro de parte de novedades de la Comisaría del Menor y del libro interno de "consultorio médico" (donde se desprende que a las 11.00 hs. Z. habría estado en uno y otro lugar) supone, en el caso, una imprecisión temporal de minutos en alguno de los dos cuadernos; cuestión que no alcanza de forma mínima para empañar la validez de la pieza sentencial.

Igual criterio resulta aplicable en torno a la supuesta falta de notificación a la Defensa sobre la imputación formulada en sede policial, pues entre una declaración testifical policial que la puso en duda y un documento público que específicamente lo acredita, es claro que debe estarse a esto último y no a las especulaciones sobre las dubitaciones del policía que no logró recordarlo o a las restantes medidas probatorias ordenadas tendientes a despejar dicha incógnita. Culminado este farragoso análisis, resta por examinar las cuestiones principales del recurso atingentes al supuesto de arbitrariedad de sentencia y al consecuente error de derecho sustantivo anidado en aquél, con base en la afirmada inocencia de su defendido respecto del hecho por el cual se declaró su responsabilidad penal.

Al no resultar posible escindir ambos agravios por su evidente interconexión, corresponde una respuesta común:

Como se recuerda, el Dr. Bordón señaló que el golpe en el rostro dado por su defendido a Galar no era apto para provocar la muerte, la cual sobrevino por un hecho ajeno a él, provocado por otros y sobre el cual no tuvo participación (se refiere, concretamente, a los puntapiés propinados en la zona de la cabeza por quienes lo rodeaban, inmediatamente después de que cayera al suelo desmayado). Dice entonces que si los verdaderos agresores ("los otros" o los "mayores de edad") se encuentran identificados, desaparece la incertidumbre sobre la autoría del homicidio que requiere el artículo 95 del C.P., al tiempo que razona que la violencia exigida en el tipo penal aplicado debe ser idónea para provocar la muerte, lo cual fue descartado por los estudios forenses.

Es cierto que el tipo previsto en el artículo 95 del Código Penal deriva de la dificultad de determinar con certeza quién ha provocado la muerte en los casos de riña o agresión, y no es menos exacto -tal como lo indica la Defensa en su recurso- que la certidumbre en este campo hace inaplicable dicha figura legal (aspecto sobre el cual me ocuparé en extenso al tratar el recurso de la parte acusadora). Pero lo que no comparto es que Z. haya resultado ajeno a esa muerte.

Si bien el señor Defensor Oficial pretende sostener que el fallecimiento sobrevino como consecuencia de un hecho posterior, independiente y del cual su defendido es completamente ajeno, ello no responde a las constancias comprobadas de la causa.

Como bien se apunta en la sentencia en análisis, ".Jorge Javier Galar falleció por las lesiones recibidas en la base del encéfalo, centrada en el tronco cerebral, lo que le produjo una hemorragia difusa en todo el cerebro, éstas se produjeron con elementos romos y afelpados, como podría ser una zapatilla. La víctima estaba en el piso, pero antes, fue golpeada en el rostro, con tal intensidad que le produjo una conmoción cerebral y cayó. El estado de indefensión provocado por la caída, se agravó con los golpes en la cabeza hasta matarlo. De los elementos probatorios referenciados, surge que ese golpe en el rostro que provocó el estado de indefensión fue propinado por C. Z., existiendo la posibilidad, considerando como sucedieron los hechos que también lo haya golpeado con el pie. De todo lo expuesto concluyo que el joven C.Z., participó en la producción de la muerte de Galar en carácter de co-autor del hecho delictivo." (cfr. fs. 504, el subrayado me corresponde). Destaco de este fragmento dos extremos que a mi criterio son sustanciales para el rechazo del embate casatorio: el primero, que los puntapiés aplicados al occiso fueron casi inmediatos al golpe de puño dado por Z., lo que impediría abstraer esta primera agresión y colocarla en un escenario temporalmente diferente, tal como propone el recurso; lo segundo, que la "posibilidad" a que refiere la sentencia (en torno a los puntapiés aplicados por Z.) no es una probabilidad a secas, sino concatenada a la manera en que sucedieron los hechos, que no son otros que los dados por probados en el fallo.

Así, para poner en su real dimensión el grado de probabilidad asignado por la judicante, resulta imprescindible destacar los siguientes pasajes que anteceden a su conclusión:

".Surge de las constancias de autos [.] que el día 17 de junio del año 2006 en horas de la madrugada, después de las 4 hs., Carlos Daniel Garre, Gabriel Eduardo Dimarco y Jorge Javier Galar Pulley, salieron del pub "Juanito", sito en calle Irigoyen entre Roca y Belgrano de esta ciudad, luego de tomar una cerveza para dirigirse al local bailable Eterno. Cruzan la calle por la mitad de la cuadra hacia la otra vereda, es en ese momento que pasa una camioneta Peugeot Blanca, dominio FCS-193, conducida por Nicolás Guillermo Chambla, que hace seña de luces y para no atropellar a los transeúntes [.] da un volantazo, no obstante lo cual, con el espejo retrovisor ubicado del lado del acompañante, golpea la mano a Eduardo Dimarco. Los muchachos que deben acelerar el paso para llegar a la vereda, continúan por ella hasta la esquina de Irigoyen y Belgrano, después de verbalizar algunos improperios mientras que la camioneta continúa por calle Irigoyen hasta llegar a Elordi y Diagonal 9 de Julio donde hay un semáforo, se detienen y al habilitarse el paso, doblan a la derecha por la diagonal [.] Los tres amigos observan esta trayectoria, y doblan por calle Belgrano hacia la Av. Argentina, caminando primero, y luego corriendo por Belgrano, cruzando hacia la vereda norte [.] el objetivo era reclamar al de la camioneta por su actitud, al menos eso aceptó Garré en su declaración [.] Garré va hacia el conductor y Dimarco se queda del lado del acompañante, le dicen entonces que tengan cuidado, que casi lo mata, el chofer les dice que si no quería que los choque caminen más rápido, 'levantan la voz', dice Z., cuando en el medio de ese intercambio poco pacífico de palabras Garré golpea a Chambla. En la camioneta mencionada venían Chambla manejando, Rocío Marquez en el asiento del acompañante, detrás de ésta Roxana Díaz, estaban también Cecilia Muñoz [.] Leandro Ariel Serrano y Esteban Martín Larrat [.] Aquí Rocío Marquez empieza a gritar 'bajemos, bajemos' [.] percatándose Garré en ese momento, que eran muchos más los que estaban en la camioneta, además de los dos sentados en el asiento delantero. Por eso va hacia atrás e intenta cerrar la puerta, que quería abrirse, no lo logra; finalmente la puerta de atrás de la camioneta se abre y salen todos los varones que estaban allí. Z. dice que salió de los primeros [.] También se bajó el chofer y Rocío Marquez. Mientras esto ocurre, Galar, estaba en un principio en el paredoncito de la pizzería Franz y Pepone, sin participar de este incidente [.] Garré corre hacia el local bailable Eterno, donde había policías de custodia para ponerse a resguardo, nadie logra alcanzarlo [.] En un momento, mientras corría se da vuelta y ve que a su amigo Javier Galar lo estaban golpeando, por eso al llegar al local le pide ayuda a Soto, que estaba haciendo adicionales en el lugar [.] Z., si bien corrió a Garré, como no lo alcanzó, no llegó hasta Eterno, se volvió antes [.] Al mismo tiempo Galar, se había movido de la esquina y también se dirigía a Eterno caminando con las manos en los bolsillos cerca de la pared [.] en un momento le dice a Rocío Marquez 'yo no tengo nada que ver' [.] lo que sin duda fue el disparador para que los otros lo descubrieran y fueran contra él, al tiempo que abandonan la persecución de Garre y Dimarco [.] Sobre la vereda, a la altura de la casa de familia con número catastral 36, cerca de la pared [.] Galar es golpeado con un certero e intenso golpe de puño que lo hace caer. Javier Galar, estaba con las manos en los bolsillos cuando esto ocurrió, en ningún momento y nadie lo dice, presentó pelea, o al menos tuvo una actitud de defensa. El golpe dado en el rostro que provoca la caída fue propinada por C.Z. [.] Por su parte Cárdenas, dice que vió a una persona que venía con las manos en los bolsillos, 'flaquito', que es golpeado por otra que era más grande, alto, corpulento, morocho, el primero cae al piso, y luego le siguen golpeando, dice también que la policía después redujo al chico que le pegó [.] También el testigo Lora se pronunció en similar sentido [.] La única persona que demoró la policía fue a C.Z., que es el más grandote, el más robusto, conforme señalan los testigos y a estar a la comparación antropométrica con el resto de los coimputados [.] Todos los testigos son contestes en que el desarrollo de toda la acción fue extremadamente rápida, surge además de los testimonios que no hubo un grupo compacto, sino que estaban dispersos [.] Pero en un momento todos golpearon a Galar, a estar a los dichos de Garré, Dimarco, Cavallotti, Soto. Rocío Márquez, que tiene un interés particular en el juicio, y así lo manifestó en la audiencia porque es amiga de Z. [.] se pronunció por la inocencia de su amigo [.] En cuanto al testimonio de Roxana Díaz y Cecilia Muñoz, es absolutamente inverosímil y se contradice con el resto de los testigos, cuando dicen que los varones a excepción de Z., estaban en la esquina, y sólo Z. golpeó a la víctima [.] Inmediatamente después se produce la huída de los adultos, y llega Soto el agente de policía de Eterno [.] Soto dice que '.cuando me pide auxilio un masculino . al darme vuelta me dice que hay una riña . cuando lo veo, veo una persona que sobresalía del resto, robusta, alta que sobresalía del resto y que lanzaba patadas y golpes de puño . por eso pido a mis compañeros que estaban adentro que colaboraran [.] Fui directamente a esa persona [.] lo reducimos, lo esposamos, me insulta, me dice que lo soltara porque es menor.' [.] Soto es ayudado por Carrasco, Castillo y por Jara. Soto además dice haber visto la persona caída al llegar, también señala que las personas que agredían eran un grupo, aunque admite que solo identificó a uno solo que es al que luego demoró, insistiendo en que sobresalía del resto por su robustez [.] En el mismo momento, prácticamente que Z. era detenido; los otros huían [.] unos en la camioneta blanca y otros corriendo hacia la Av. Argentina en dirección sur." (cfr. fs. 499 vta./502).

Esta larga cita que me permití transcribir, permite establecer el método en que la magistrado reconstruyó históricamente lo sucedido; esto es, con especial apego al orden cronológico y con particular detalle a cada uno de los testimonios recogidos, muchos de los cuales eran divergentes entre sí; problemática, esta última, que se encargó de destacar a modo de preludio al abordar la primera cuestión de la sentencia (cfr. fs. 499 vta.). Así, la "posibilidad" referida en su conclusión, no es más que la verificación de algunos testimonios encontrados a lo largo del juicio (que da lugar a diversas hipótesis sobre lo sucedido), lo que es en definitiva una cuestión habitualmente presente en la mayoría de los juicios orales que se sustancian. Sin embargo, ha sido a lo largo de ese análisis donde ha ponderado y fundado el crédito que le mereció cada una de las declaraciones rendidas ante su vista; valorando en especial los dichos de aquellos testigos ajenos a cualquiera de los implicados en la pelea, en conjugación con la categórica prueba médica obtenida y el relato de los propios forenses. De allí que ".la posibilidad [de que Z. también haya dado puntapiés a Galar], considerando como sucedieron los hechos.", no es otra cosa que una inferencia más allá de toda duda razonable, con base en el método de reconstrucción histórica realizado párrafos antes, en la que ubicó al mencionado Z. agrediendo a Galar no sólo con el golpe de puño que lo desmayó, sino con la aplicación de aquellos otros golpes reputados como mortales, de consuno con quienes a la sazón lo acompañaban. Aspecto que, a su vez, se cohonesta con la conclusión final ya transcrita: "participó en la producción de la muerte de Galar en carácter de co-autor del hecho delictivo".

Si bien el señor Defensor, ya desde otro ángulo, pretende negar los puntapiés de Z. por haberse concluido pericialmente que aquéllos se provocaron con zapatillas y no con un pie desnudo, y que un tipo de calzado semejante no puede serle imputado a su defendido porque el acta de requisa que las incautó fue declarada nula (cfr. fs. 529/532), tal razonamiento tampoco puede aceptarse. Esto lo sostengo en tanto la nulidad declarada no obsta a que aquellos golpes no puedan probarse -tal como se hizo en el caso- por otras pruebas válidas e independientes de aquélla, y porque además, suponer que las zapatillas se han desvanecido del mundo real y no simplemente del ámbito del proceso resulta un sinsentido argumental que llevaría a aseverar, por ejemplo, que una persona sería pasible de desaparecer físicamente por una nulidad procesal judicialmente declarada; lo que me exime de mayores comentarios. En base a todo lo dicho, y como ya adelantara, entiendo que el recurso interpuesto por la Defensa debe ser rechazado.

Queda por delante el estudio de la impugnación presentada por la parte acusadora:

La Dra. Finochietti planteó en primer lugar un supuesto de arbitrariedad de sentencia por absurdidad en la valoración de los elementos de cargo en tanto, según su punto de vista, se habrían desmerecido múltiples testimonios que habrían observado al menor Z. golpeando con puntapiés el rostro de Galar luego de que éste cayera al suelo inconsciente por el puñetazo que previamente le asestara.	Como ya me ocupé de analizar previamente, la Dra. Folone no sólo ponderó dicha prueba testifical, sino que lo hizo en la dirección que postula la parte acusadora, por lo que este agravio no lo entiendo procedente.

Resta entonces ocuparme del alegado error de ley sustantivo.

Al respecto, coincido con el Ministerio Fiscal en que el hecho debe ser subsumido en el artículo 79 del Código Penal.

Se acepta doctrinalmente, ante la falta de una definición legal de lo que se entiende por riña o agresión, que la primera es un "acometimiento súbito, recíproco, es decir de ataque y de defensa de los sujetos, en el que intervienen por lo menos tres personas, y sin concierto previo.", mientras que por la segunda se ha entendido ".el acometimiento de varios contra uno u otros que se limitan a defenderse pasivamente, ya que si lo hacen activamente ello se convierte en riña. Al igual que ésta debe ser espontánea ya que si hay acuerdo previo -tácito o explícito- se aplican las reglas comunes de la coautoría o participación." (cfr. David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", ed. hammurabi, Bs. As., 2007, tomo 3, pág. 895).

Según observo del detalle de los hechos enunciados previamente, no resulta verificado un ataque precipitado o repentino, pues desde que Z. descendió del rodado hasta que se produjo la agresión de Galar transcurrió un lapso suficiente para la reflexión; me refiero concretamente, al tiempo que demandó la persecución inicial encaminada hacia Garré y Dimarco, sumado al período que insumió su posterior regreso al sitio inicial y la ulterior localización del agredido, a pocos metros del lugar. Inclusive, existiría otro segmento temporal computable: me refiero al lapso en el que Galar alcanzó a explicarle a Z. y a sus demás acompañantes que era ajeno al motivo que generó su exaltación.

Aún cuando todos esos márgenes temporales, más o menos breves, resultaban por sí aptos para apaciguar su cólera y su frustración inicial por no haber alcanzado a Garré y a Dimarco, también tendía al aplacamiento de los ánimos la actitud calma y pacífica de Galar, quien con sus manos en los bolsillos atinó a señalarles que era ajeno a la acometida hecha por sus compañeros. Pero aún así, el adolescente de autos y sus mayores acompañantes aprovecharon su evidente desprotección y pasividad para provocar una rápida y furiosa agresión que culminó en su muerte y ello, claro está, no resulta captable en la figura prevista en el artículo 95 del Código Sustantivo.

Destaco una vez más que Galar se hallaba al momento de la golpiza con sus manos en los bolsillos y sin asumir una actitud de defensa o de ataque, lo que presupone que éste interpretó que su integridad física no peligraba y que su sola explicación sobre lo sucedido bastaba para solucionar el conflicto.

Esto lleva a la ineludible conclusión de que el ataque en grupo contra Galar, más que súbito o subordinado a una furia espontánea y plausible, fue sorpresivo y alejado temporalmente de aquella fricción física entre ambos bandos contendientes, lo que desplaza la adecuación típica del homicidio en agresión a la del homicidio simple.

El dolo en Z., a mi modo de ver, surge patente pues no sólo no se conformó con derribar a Galar de un preciso golpe en el rostro que lo dejó inconsciente, sino que además, lejos de contenerlo o preocuparle su estado inerte (que podía haberlo llevarlo a inferir una significativa lesión cerebral), aprovechó esa situación de desmayo para aplicarle a la víctima, en conjunto con sus otros acompañantes, numerosos y contundentes puntapiés en aquella zona corporal específica (el cráneo), ya sensible y vulnerable por el golpe anterior, agresión más que razonable para provocar la muerte de manera inmediata, tal como aquí ocurrió. En casos de cierta analogía al presente, concordantes con la tipificación que propicio, se ha dicho que "(.) Corresponde condenar por homicidio simple, con dolo eventual, en tanto la pluralidad de atacantes, la indefensión de la víctima y la reiteración de fuertes golpes de puño en un mismo lugar, que no cesaron pese a la aparición de señales de una importante lesión en la cabeza de la víctima, se muestran como un medio razonablemente apto para causar la muerte." (C.NCrim y Corr., Sala III, 20/08/91, "Pintos, Carlos A.", LL, 1992-A-68; DJ 1992-1-563).

El mismo criterio se destaca en el recordado caso "Antiñir" (C.S.J.N., Fallos 329:2367), en el que si bien se discutía otra problemática en torno a la figura del homicidio en riña, se dieron pautas señeras para establecer cuándo se estaba ante un homicidio de esas características y cuando se configuraba un homicidio simple. En tal sentido, con específica referencia al dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la H. Cámara de Senadores, expresó el voto mayoritario que "(.) en muchos casos tratados como homicidio o lesiones en riña o agresión hay más bien una coautoría dolosa de lesiones o muerte, como por ejemplo, cuando todos aplican puntapiés a la cabeza de la víctima, viendo que los demás también lo hacen, de modo que todos debilitan en común la resistencia del cráneo o del cerebro.". En torno a la pauta de distinción entre uno y otro, el voto del Dr. Zaffaroni, que en este tema no difiere del criterio sentado por los restantes Ministros de la Corte, expresó que ".en la riña o agresión tumultuaria no consta la autoría del homicidio porque no puede constar, dado que es prácticamente imposible establecerla. Cuando esa autoría conste [como en el caso de autos en el que se han identificado a su coautores], rigen las reglas de la autoría y de la participación." (del voto del Dr. Zaffaroni); ".Al respecto se ha aclarado que el homicidio en riña, nace 'sólo en el supuesto del desconocimiento no en el de ausencia o irresponsabilidad; de ser el autor un inimputable, niño o enajenado mental, por ejemplo, pero conocido, se destruiría inevitablemente el tipo del artículo [95 (Quintano Ripollés, op. cit., pág. 352). El elemento negativo 'no individualización de quienes causaron el resultado', aparece sin restricciones en la legislación nacional desde el proyecto de 1891 (art. 125). Su Exposición de Motivos no deja lugar a dudas sobre la teoría que adoptan los redactores al decir: 'la especialidad del homicidio o de las lesiones en riña consiste en no saberse quién fue el autor de las heridas o muerte' y añade 'desde que se sepa quién o quiénes fueron los autores, el caso especial desaparece y queda el hecho punible sometido a las reglas del homicidio o de las lesiones'. Del mismo modo, Soler señala que dicho antecedente revela la clara subsidiariedad del tipo de riña, bajo la condición de desconocimiento del real culpable, en tanto no era punible quien participaba, ni aun habiendo ejercido violencia, si se determinaba quién fue el autor del resultado lesivo (conf. Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, ed. TEA, Buenos Aires, 1992, tomo III, pág. 156) [.] no necesariamente debe determinarse quién causó la herida final para dar por subsumida la conducta en un caso de coautoría de homicidio. Tal fue la conclusión de esta Corte en el caso 'Rebolledo'. Allí se afirmó que 'todos los que hubiesen tomado parte en la ejecución del homicidio [y no quien hubiera causado el golpe mortal] debían ser considerados como autores del mismo' (Fallos: 149:171 (notas) sentencia del 29 de agosto de 1927, publ. en JA. tomo 25, pág. 822 1927 [.] Se precisó que 'ninguna duda puede haber de que [los imputados] tomaron igual participación en el hecho, y que ambos fueron los causantes de las lesiones que recibió aquél y de su muerte, faltando en consecuencia la condición exigida por el citado art. 95 para su aplicación en este caso'. Esto es, que no conste quiénes las causaron. Así, la cuestión se resolvió por aplicación de las reglas generales de la autoría y la participación (art. 45 del Código Penal) y no acudiendo erróneamente al art. 95 (en el caso, la víctima presentaba heridas mortales en el pecho y en las espalda, lesiones que habían causado uno y otro imputado, por lo que resultaron sujetos a la misma responsabilidad penal). Sin determinarse cuál fue la herida final, se estableció que a cada uno de ellos le eran atribuibles esas heridas mortales, por lo que la pena no se basó entonces en el mero ejercicio de violencia." (del voto en disidencia del Dr. Fayt) En síntesis, descartada la situación de confusión o de tumulto (común a la riña o a la agresión), al establecer la magistrado del debate de manera precisa y fehaciente quiénes atacaron a la víctima y cuál fue el aporte del enjuiciado a este luctuoso hecho; sumado a que por las condiciones en que se produjo, resultaba de fácil pronóstico la muerte derivada de esa actividad violenta y conjunta; no veo otra calificación posible que la prevista en el artículo 79 del C.P. -homicidio simple-, de la cual deberá responder en grado de coautor. Tal es mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN dijo: Por compartirlos, adhiero a los fundamentos del voto que abrió este Acuerdo en torno al rechazo del recurso de casación presentado por la Defensa.

Me permito, en cambio, disentir con ese sufragio en cuanto acoge similar impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal, pues a mi criterio el encuadre legal fijado en el fallo lo ha sido con ajuste a derecho.

El recurso de casación propuso como correcta la figura del Homicidio Simple previsto en el artículo 79 del Código Penal. En pos de fundar su aserto señaló, en lo medular, lo que sigue:

".aún con los hechos que se dan por probados la conducta de Z. encuadra en el Homicidio Simple (art. 79 C.P.) [.] no hubo tumulto sino un grupo compacto que se dirigió hacia uno que no se defendió y lo mató a patadas en la cabeza cuando yacía indefenso en el piso [.] la Jueza parece atribuirle importancia al hecho de que se trató de un acometimiento súbito, espontáneo, sin preordenación. No obstante, lo que resulta central no es la rapidez con que se dieron los hechos, sino la convergencia intencional del grupo para causar el resultado letal, sin que sea dable exigir una preordenación que, de haberse dado podría incluso agravar la figura del homicidio [.] Dada la conducta desplegada, no hay dudas de que Z. tuvo dolo de autor. Dice el Dr. Losada que por conocimiento popular se sabe que la cabeza es un centro vital y quien golpea con patadas en la cabeza a alguien caído, indefenso, sabe que puede matar y hacia ese resultado dirige sus acciones [.] en definitiva, Z. obró con dolo porque sabía lo que hacía, conocía el peligro concreto de su acción, e igual actuó." (cfr. fs. 521/523).

Como pórtico al estudio de los agravios expuestos, corresponde señalar que cuando se utiliza el cauce casacional previsto en el segundo supuesto del artículo 415 del Código Adjetivo, tal como lo referencia de modo expreso la impugnación en análisis (cfr. fs. 521 y ss.), es imprescindible el respeto de los hechos fijados en la sentencia. Y desde el ángulo desde el cual formula el agravio, el mismo no resulta de recibo en tanto algunas de las circunstancias que introduce la señora Fiscal resultan antitéticas con las consideradas del fallo.

Así, por ejemplo, al referir como eje de su argumentación que ".no hubo un tumulto sino un grupo compacto que se dirigió a uno que no se defendió y lo mató a patadas en la cabeza cuando yacía inconsciente en el piso." (fs. 521 vta., último párrafo), se advierte que la recurrente no ha respetado dicha regla (la cual no puede flexibilizarse cuando quien recurre es la parte acusadora, cfr. Acuerdo n° 27/10) en tanto esa afirmación resulta ajena al contenido del hecho probado, al punto de contrariarlo abiertamente, pues según se señala en la sentencia ".Todos los testigos son contestes en que [.] no hubo un grupo compacto, sino que estaban dispersos, unos corrieron hacia Eterno y otros quedaron atrás." (fs. 501).

Lo mismo en cuanto a la mecánica, pues lo sostenido por la entonces titular de la Agencia Fiscal de Delitos Juveniles tampoco atendió a su contexto, ya que al referir que existió una convergencia intencional de causar la muerte (fs. 522), desconoce que, según se estableció en la sentencia, el hecho fue ".súbito, espontáneo, sin preordenación." (fs. 505 vta.), sin que se haya despejado -contrario a lo afirmado en el recurso- el interrogante de quiénes participaron junto con el aquí imputado en la aplicación de puntapiés. Obsérvese en este punto que en el juicio oral (en el expediente que se sustancia respecto de los mayores) el propio Fiscal desistió de acusar a uno de los involucrados (cfr. fs. 1125 de dichos autos), criterio que también adoptó la parte querellante (cfr. fs. 1126, ídem); inclusive, además de la absolución dictada respecto de aquél con base en la doctrina "Tarifeño" de la C.S.J.N., los magistrados de Cámara también absolvieron a otro de los coimputados por el beneficio de la duda (cfr. fs. 1186 vta./1187), cuestión esta última que si bien ha sido rebatida por las acusadoras al interponer recurso de casación, pone en evidencia el difícil establecimiento de los hechos en este tramo.

Al ser ello así, no resulta ceñida a las constancias de la causa la afirmación de la recurrente, en cuanto a que ".no existió agresión tumultuaria y es posible establecer quiénes fueron los autores de la muerte de la víctima." (cfr. fs. 521 vta.).

No pierdo de vista que el Ministerio Fiscal también atacó el decisorio en base a una supuesta valoración absurda de la prueba testifical que, siempre desde su punto de vista, acreditaría el dolo de homicidio (fs. 518 vta./521). Sin embargo, también desde este plano, el recurso no puede ser acogido, ya que, como se sabe, para que haya dolo debe haber conocimiento y voluntad, y ese conocimiento debe recaer necesariamente sobre los elementos objetivos del tipo.

En este tópico se ha dicho que "(.) El comportamiento de quien obra con dolo debe aparecer no sólo como adecuado desde el punto de vista causal para producir el resultado prohibido por la norma penal, sino que ha de ser un comportamiento de tal entidad que cree un peligro para el bien jurídico protegido, riesgo éste a considerar partiendo de la experiencia recogida en casos semejantes." (Terragni, Marco Antonio, "Dolo Eventual y Culpa Consciente", Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 37).

Por otra parte, en lo que hace ya a su acreditación, el dolo del homicidio debe inferirse de indicadores externos conocidos a través de la forma de actuar del autor computándose para ello, por ejemplo, la zona hacia la cual fue dirigido el golpe (de forma que pudiera interesar un órgano vital), las frases proferidas, los instrumentos que pudieron haberse utilizado y cualquier otro dato de interés en función de las peculiaridades del caso concreto (cfr. Trib. Supremo Español, Sala Penal, rec. 10501/06, res. 229/07, y rec. 10.501/06 entre otros). Aplicado este marco teórico al caso que nos ocupa, si bien no existe duda que la agresión física sobre Galar ha sido la causa de su óbito (cuestión que la Fiscalía tiende a poner en obvia evidencia con el cúmulo de testimonios que parcialmente transcribe), según la prueba forense tal golpiza no dejó lesiones externas significativas, lo fue en muy breve lapso y no sobrepasó de dos puntapiés dirigidos a una zona protegida por los huesos cranianos, dinámica ésta que, por lo general, no lleva a provocar la muerte, lo que sumado a la probabilidad de fallecimiento (de 1,41% del total de casos de trauma en dicha zona), desvirtúa aquel "conocimiento popular" al cual refiere el recurso a fs. 523.

En mi parecer, aún cuando aquél resultó golpeado en el rostro y luego agredido cuando se hallaba en el suelo, no existe prueba plausible de que hubiera habido algún tipo de conocimiento o intuición por parte del enjuiciado de que ese resultado fuera a concretarse. En efecto, la víctima ".no presentaba signos externos de lesiones importantes, ya que las escoriaciones encontradas en el hombro derecho son compatibles con las marcas de las uñas al tratar de asir a una persona y la equimosis del labio inferior derecho pudo haber sido producida por un golpe de poca intensidad que no alcanzó a lesionar la zona externa del labio y produjo la impronta equimótica de los dientes en el lado interno del mismo." (cfr. consideraciones médico legales del informe de autopsia, fs. 341); el informe pericial preliminar (complementario del anterior), obrante a fs. 347, constató sólo dos golpes atribuibles a puntapiés y la pericia agregada a fs. 350/362 señaló que este tipo de agresión no causa habitualmente la muerte, sino la pérdida de conciencia (fs. 352 y 357). Por lo demás, si bien la lesión de los ventrículos laterales (con origen en aquella agresión) ".está gravada con un 87% de mortalidad por sí sola. Es de baja observación en la práctica clínica, con una prevalencia de 1,41% sobre todos los casos de trauma craniano.".

Estas conclusiones me parecen importantes pues, si conforme la ciencia médica una agresión con puntapiés (aún intensos pero escasos [dos ó tres]) llega infrecuentemente a causar la muerte (por su bajísima probabilidad en términos estadísticos), mal podría achacársele al incuso que intuyera, conociera o tuviera presente esa forma de ataque como un modo razonable de producir la muerte.

Tampoco entiendo probado el elemento volitivo. En este sentido, cabe señalar que el origen de la agresión remite a una espontánea discusión y posterior intercambio de golpes entre dos bandos contendientes por un incidente de tránsito sin mayores consecuencias.

Dicha "espontaneidad" en la "agresión", es lo que diferencia a esta figura del homicidio simple, ya que es lo que impide hablar de concurrencia de voluntades en el sentido de participación. El criterio dogmático que esgrimo, es sustentado por prestigiosa doctrina (Fontán Balestra, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", Ed. Lexis Nexis, pág. 105 y ss.).

Como correctamente lo señala Ricardo C. Núñez, el tipo penal aplicado al caso por el a-quo "no toma en cuenta [...] un caso de participación criminal. Si no se capta esto, la interpretación del precepto puede conducir a una alteración total de su sentido" (Núñez, Ricardo C., "Tratado de Derecho Penal", Ed. Marcos Lerner, Tomo III, Vol. I, pág. 243). En este tópico, resulta coincidente la doctrina en señalar que, respecto al tipo subjetivo del delito previsto en el art. 95 del Código Penal, se "requiere una conducta dolosa dirigida necesariamente a la participación en una riña [o agresión]. El dolo no abarca los resultados producidos (la muerte o lesión), pero sí las violencias ejercidas sobre la otra persona. En suma, el dolo es de riña [o agresión], nunca de lesiones o muerte" (Buompadre, Jorge E., "Derecho Penal. Parte Especial", Ed. Mave, Tomo I, pág. 245). En la misma dirección, se ha dicho que en este delito se encuentra "ausente en los corriñentes la intención específica de provocar los resultados producidos y que por lo tanto actuaron respecto de ellos con dolo indeterminado" (Laje Anaya, Justo - Gavier, Enrique Alberto, "Notas al Código Penal Argentino", Ed. Lerner, Tomo II, pág. 77, nota 55). De igual manera y con suma claridad, se expresa que "se exige una intervención dolosa en la riña o agresión, lo cual implica haber querido intervenir en ellas desplegando violencia sobre otro. La doctrina insiste en la indeterminación de la finalidad de los agentes, quienes deben actuar queriendo desplegar violencia pero sin proponerse en conjunto ningún resultado concreto" (D'Alessio, Andrés José, "Código Penal. Comentado y anotado", Ed. La Ley, Tomo II, pág. 69). Finalmente, y con toda sencillez, se puede decir que "el dolo es el de participar en una riña [o agresión] agrediendo, pero nunca el de homicidio" (Donna, Edgardo Alberto, "Derecho Penal. Parte Especial", Ed. Rubinzal - Culzoni, Tomo I, pág. 304).

Asimismo, cabe señalar que en dicha oportunidad no se utilizó contra el afectado algún elemento filo punzante o cortante, ni objetos romos (salvo la propia extremidad de los agresores), el ataque fue en extremo breve y no resultaba apto en la gran mayoría de los casos para llevar a la muerte. De allí que no pueda afirmarse, sin afectar la garantía del in dubio pro reo, que C.J.Z. haya tenido la voluntad de asesinar a Jorge Javier Galar. Por otra parte, no considero determinante para provocar el cambio de calificación legal que se propugna en el primer voto, que Galar no haya opuesto defensa al ataque del que fue víctima, pues lo que no debe existir para su procedencia, es una defensa o resistencia activa, lo que llevaría el hecho al concepto de "riña". En este sentido, se ha sostenido que "en la agresión [...] existe un acometimiento de las mismas características [que la riña] pero unilateralmente de un grupo formado por tres personas por lo menos, a uno o mas sujetos que no se defienden, o al menos no lo hacen en forma activa" (Laje Anaya, Justo - Gavier, Enrique Alberto, ob. citada, pág. 77, nota 56).

Tampoco resulta atendible, a fin de desechar la calificación legal aplicada por la jueza sentenciante, la circunstancia de que los agresores se encuentran identificados. La figura delictiva del art. 95 del Código Penal, exige que se individualice a los sujetos que ejercieron violencia sobre la víctima, extremo que en autos se encuentra satisfecho, pero lo que no se ha podido determinar, es quién fue el autor o los autores del o de los golpes letales. En este sentido, la doctrina es clara al señalar que lo que se requiere es "la identificación del que ejerció violencia sobre la víctima" (Buompadre, Jorge E., ob. citada, pág. 244), toda vez que "la nota característica de la figura es el desconocimiento de quién ha sido el autor del resultado dañoso" (D'Alessio, Andrés José, ob. citada, pág. 66). Ello es así, pues una vez "individualizado el autor de las lesiones o de la muerte, la conducta de los demás que participan en la riña es atípica" (Fontán Balestra, Carlos, ob. citada, pág. 105), ya que "la individualización del autor de los resultados previstos en la ley implica el desplazamiento de la figura hacia el homicidio o las lesiones (Buompadre, Jorge E., ob. citada, pág. 244).

En consecuencia, en el delito de trato, lo que resulta necesario es que se encuentre "determinado quiénes ejercieron violencia sobre la víctima" (Fontán Balestra, Carlos, ob. citada, pág. 110).

Para determinar con precisión cuál es la situación ocurrida en autos, resulta de utilidad acudir a prestigiosa doctrina, que expresa: "En muchas oportunidades es imposible determinar con certeza quién ha provocado el resultado lesión o muerte. Es muy frecuente, incluso, que el resultado mortal haya provenido por la superposición de varias lesiones que consideradas individualmente no podrían haber causado la muerte" (Donna, Edgardo Alberto, ob. citada, pág. 293).

De igual manera, la jurisprudencia ha entendido que corresponde calificar como lesiones leves [en nuestro caso homicidio] en riña [o agresión] el hecho de que la víctima fue atacada por varias personas que ejercieron violencia sobre ella, ignorándose cuál le causó las lesiones que padeció" (CcrimCorr Córdoba, 29/10/70, JA, 10-1970-753).

Asimismo, no acompaño la conclusión de que respecto de Galar haya existido un ataque premeditado, con reflexión previa. Por el contrario, tal como se fijaron los hechos en la sentencia, que resultan inconmovibles en esta instancia -máxime cuando se han desestimado los agravios ensayados por la vía casacional formal-, la agresión ejercida por el imputado resultó, a mi entender, súbita, precipitada, repentina, espontánea, todo lo cual, reitero, permite descartar la idea de una concurrencia de voluntades, de un acuerdo previo, propio de la participación criminal, que haga encuadrar el hecho en un homicidio simple (art. 79, C.P.), o en un homicidio calificado (art. 80, inc. 6, C.P.).

En este sentido, adviértase que desde el momento en que C.J.Z. -junto a los individuos que lo acompañaban-, desciende del rodado en el que se conducía, el itinerario se desarrolla en una fugaz persecución hacia Dimarco y Garré, quienes, cada uno por su lado, se dieron raudamente a la fuga, refugiándose en el local bailable al que ya se ha hecho mención, para luego, inmediatamente, dirigir su conducta violenta los agresores contra Jorge Javier Galar. En consecuencia, considero que no puede hablarse de la existencia de distintos segmentos temporales cuando se trata de una suma de actividades que se despliegan y desarrollan en un mismo contexto de tiempo y espacio. Además, tampoco existe elemento alguno que permita presumir un acuerdo de voluntades entre Z. y el resto de los delincuentes.

Lo dicho hasta aquí no le quita dimensión al hecho ni a la actitud del enjuiciado, cobarde desde varios planos en tanto no sólo aprovechó la propia negativa de la víctima a dar pelea, sino que además se escudó en la superioridad numérica de sus compañeros y en la desprotección que él mismo le provocó cuando lo tumbó al piso de un puñetazo; pero esto no alcanza para probar el ánimo necandi.

Al ser ello así, la calificación a la que arriba el fallo debe convalidarse. Atiéndase en este punto que el Homicidio en agresión -art. 95 del C.P.- (figura legal aplicada en el decisorio) subsume con exactitud los hechos probados. Esto lo afirmo pues, si se comparte (por los argumentos ya dados) que en el enjuiciado no hubo dolo de homicidio, tampoco podría sostenerse, desde el punto de vista lógico, que hubiera una "convergencia intencional para matar" entre éste y los restantes coimputados, tal como sugiere la Agente Fiscal en su recurso casatorio. Repárese además que tampoco podría validarse, al menos con la certeza que exige un pronunciamiento de este tipo, la afirmación de que el menor de autos y los demás coimputados hubieran aprovechado el desvanecimiento de Galar para aplicarle los intensos golpes que advirtieron los forenses, pues de estar a lo reconstruido en la sentencia con la prueba testifical rendida ante su vista, esas patadas fueron propinadas inmediatamente después de que cayera al suelo, es decir, sin apreciar de forma previa su estado de inconsciencia, en tanto se dieron en una fracción temporal "extremadamente rápida" (cfr. fs. 500 vta./501); lo que remite entonces a una agresión irreflexiva, violenta y espontánea, sin otro objetivo que el de procurar un irracional escarmiento físico por razones fútiles.

En síntesis, la Fiscalía introdujo en su recurso inocultables modificaciones a los hechos probados a partir de sus propias inferencias, en algunos casos ajenas a la prueba rendida; a la vez que los testimonios parcialmente transcriptos para dar cabida a una supuesta absurdidad probatoria, aún cuando remitan a la existencia de las lesiones que fueron comprobadas por los forenses, resultan insuficientes para asegurar, sin atisbo de duda, una intención encaminada a matar, máxime considerando -a fuerza de ser reiterativos- lo súbito y breve del ataque, lo que derivó a su vez en un escaso número de golpes, la inexistencia de cualquier elemento idóneo entre los atacantes para arremeter letalmente (sea romo, filoso, cortante, punzante o similar, habitualmente presentes en una arremetida de ese tenor), a lo que se suma la falta de precisión respecto de las personas que intervinieron en la golpiza, cuestión que torna incluso inaplicable la jurisprudencia que invoca como eje de su argumentación.

Todo lo expuesto, me lleva a concluir que la sentencia apelada ha subsumido correctamente los hechos en el tipo penal del artículo 95 del C.P. y que, como corolario, el recurso Fiscal debe ser rechazado. Tal es mi voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI dijo: por compartir las conclusiones y los fundamentos expuestos por el Dr. Antonio G. Labate, adhiero a su voto.

A la segunda cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: En atención al modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo se case (art. 428 C.P.P. y C.) la sentencia materia de recurso por errónea aplicación de la ley penal sustantiva (art. 415, inciso 1° del C.P.P. y C.); declarando mal aplicada la figura prevista en el artículo 95 del C.P., debiendo en su lugar declararse la responsabilidad penal de C.J.Z.en orden al delito de Homicidio Simple en grado de coautor (arts. 45 y 79 del Código Penal). Tal es mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN dijo: habiéndose decidido por mayoría la calificación del hecho materia de juzgamiento como "Homicidio Simple" (art. 79 del C.P.), adhiero a las consideraciones hechas por el colega que me precedió en la votación. Así voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Mi voto.

A la tercera cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Debe aplicarse al caso el principio objetivo de la derrota de acuerdo con el resultado obtenido por los recurrentes. Por consiguiente debe imponerse las mismas al impugnante perdidoso y eximirse de ese afronte al titular del Ministerio Público Fiscal. Mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN dijo: comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI dijo: adhiero a lo propuesto por el Dr. Antonio Labate. Así voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, por mayoría, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR parcialmente al Recurso de Casación deducido por la entonces Sra. Titular de la Fiscalía de Delitos Juveniles de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores Finochietti. II.- CASAR la Sentencia N° 46, de fecha 10 de diciembre de 2007, obrante a fs. 495/506, dictada por el Juzgado Penal del Niño y del Adolescente N° Dos de esta ciudad, por errónea aplicación de la ley penal sustantiva (artículo 415, inciso 1°, en función del artículo 428 del C.P.P. y C.). III.- DECLARAR la responsabilidad penal de C.J.Z., como COAUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE (arts. 45 y 79 del Código Penal), por el hecho perpetrado el 17 de junio de 2006 en contra de Jorge Javier Galar. IV.- RECHAZAR el Recurso de Casación deducido por el entonces Sr. Defensor Penal del Niño y del Adolescente de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Dardo Bordón, a favor de C. J. Z. V.- Con costas al recurrente perdidoso (arts. 491 y 492, del C.P.P. y C.).- VI.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dra. GRACIELA M. de CORVALÁN - Presidente. Dr. ANTONIO G. LABATE - Dr. OSCAR E. MASSEI Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario