Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-26


SENT Nro. 165 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 26 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, presidida por el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación deducido por el letrado Oscar Antonio José López, por derecho propio, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal Sala VIIa., del 23/10/2001 obrante a fs. 23/26, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 6/5/2002 (cfr. fs. 81). En esta sede, la parte querellante presentó memorial casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por la procedencia del recurso intentado a fs. 87/88. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur y Alberto José Brito. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 28/33 por el letrado Oscar Antonio José López, actuando por sus propios derechos, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 23/10/2001, que declaró inadmisible la querella interpuesta por su parte.

Invoca inobservancia de la normativa contenida en el art. 427 del CPP, por arbitrariedad en su aplicación. En lo sustancial, afirma que el relato contenido en el escrito de interposición de la querella, y la prueba documental e informativa ofrecida, mostrarían con claridad cuál es el hecho que, como injurioso, ha atribuido al querellado. A su entender, ello permite la adecuada intimación al acusado, en resguardo del ejercicio de defensa que le asiste, garantizado por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional; toda vez que su presentación -cuyo contenido transcribe- hace posible el conocimiento del injusto atribuido. Considera arbitraria la afirmación de la Sala a quo, en cuanto sostuvo que la querella efectuó una indicación generalizada a medios escritos, radiales y televisivos, sin especificar su contexto, programa o circunstancias; cuando la reseña de su presentación inicial mostraría la falsedad de este aserto. En tal sentido, puntualiza que los medios escritos fueron acompañados en original; indicando los programas televisivos que debían requerirse, al punto que el Tribunal libró oficios solicitando su reserva.

Como doctrina legal, postula que "El examen de admisibilidad de la querella que impone el art. 427 procesal no puede ser transformado en una sentencia definitiva que desestime la acción. Los requisitos establecidos por la norma deben ser interpretados razonablemente, evitando el excesivo rigorismo formal y cuando del escrito y la prueba surja con claridad el injusto y el autor del mismo, se le debe dar curso".

En la misma presentación, planteó recusación con causa de las Sras. integrantes de la Sala a quo, la que fue desestimada por resolución del 15/3/2002 (fs. 77).

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 06/5/2002. Corrida vista al señor Ministro Fiscal, se pronuncia por la procedencia del recurso intentado, a mérito de la doctrina legal sentada por este Tribunal en los precedentes que menciona.

2.- De la lectura de la sentencia impugnada (fs. 23/26) surge que luego de reseñar principios generales en la materia, la Sala a quo sostuvo que en el caso, la pieza acusatoria no exhibe una relación circunstanciada y concreta del hecho atribuido, con los detalles descriptivos que hagan a la definición del mismo. Estimó que la falta de delimitación del objeto procesal, y de la cuestión sometida a decisión del tribunal, contraría las garantías de legalidad, reserva y debido proceso consagradas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Sostuvo el Tribunal que pese a la prueba ofrecida y documental acompañada por el querellante, su presentación no cumple el requisito de determinación del hecho; y que el mismo no se ve satisfecho con la enunciación de una frase o juicio de valor atribuidos al acusado, "sin expresar dónde, cuándo y en qué circunstancias se efectuaron". Que tales omisiones del particular que se dice ofendido no pueden ser suplidas por el Tribunal o la propia defensa. Puntualmente, valoró que "la indicación generalizada a medios escritos, radiales y televisivos sin especificar en qué contexto, programa o circunstancias fueron vertidos los dichos que atribuye al querellado, o en el segundo supuesto qué dijo concretamente respecto a su actividad como denunciante de un delito de acción pública, no resulta suficiente para satisfacer el requisito legal" (cfr. fs. 25). Previamente, la sentenciante destacó que las circunstancias del hecho eran conocidas por el denunciante, quien estaba en condiciones de precisar o describir el hecho en la forma que prescribe la ley.

Por último, y a mayor abundamiento, la Sala a quo observó el incumplimiento de otros requisitos que, aun cuando no fueren sustanciales, serían insubsanables en este proceso, en mérito de las razones previamente expresadas. En tal sentido, aludió a la ausencia de copias para traslado, falta de requerimiento de certificación de autenticidad de las pruebas que acompaña como integrativas del escrito de presentación, falta de forma del escrito, y la improcedencia de solicitar el rol de querellante, cuando lo requerido en este tipo de proceso es la interposición de la querella conforme a la ley. Puso además de relieve la no interposición en forma de la demanda civil anexa al proceso penal, concretada en el escrito de fs. 11, en inobservancia de los recaudos exigidos por el art. 285 del CPCC, de aplicación supletoria por imperio de lo normado en el art. 4º del CPP.

3.- De la reseña precedente resulta que en la valoración de la Sala a quo, el escrito introductorio de la querella incoada en autos incumpliría el recaudo exigido por el art. 427, inc. 3º del CPP bajo pena de inadmisibilidad; esto es, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha y hora que se ejecutó, si se supiere.

Como principio, la apreciación crítica del contenido de los escritos judiciales es tarea privativa de los jueces de mérito, y por tanto ajena al control casatorio. La excepción se configura cuando lo denunciado es la pretensa arbitrariedad del Tribunal a quo en el ejercicio de esa tarea valorativa. Desde este enfoque, procede examinar los agravios del recurrente, en cuanto atribuye tal déficit de motivación al decisorio.

La detenida lectura de la presentación obrante a fs. 6/7 advierte que asiste razón al querellante. En primer término, cabe señalar que la exigencia sustancial contenida en la ley adjetiva es la expresión clara, precisa y circunstanciada del hecho (art. 427, inc. 3º del CPP); lo cual hace a la vigencia del principio de congruencia. De este modo, la ley adjetiva garantiza al acusado el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.

En el caso, el querellante sostuvo que el denunciado "ha vertido por medios masivos de difusión, radio, televisión y gráficos, imputaciones ofensivas con la intención de menoscabar la reputación..." Le atribuyó la aseveración de que "el Dr. Oscar López es capaz de trompear al Papa, con tal de aparecer en los medios" (cfr. fs. 6 de autos); expresión que entendió lesiva y difamante. Sostuvo además que ha sido injuriado su honor, "interpretando difamatoriamente el ejercicio que he efectuado del derecho que como ciudadano me asiste, a denunciar la posible comisión de delitos de acción pública de los que he tomado conocimiento por publicaciones periodísticas..., imputándome el acusado haber efectuado la denuncia motivado por un fin espurio, bastardos intereses electoralistas..." (cfr. fs. 6 vta.). Seguidamente, detalla la prueba ofrecida, consistente en ejemplares de los diarios "La Gaceta" y "Siglo XXI" que adjuntó en originales y corren agregados a estos autos (fs. 8 y 9 respectivamente); con indicación de la fecha de publicación; transcribiendo además los títulos, subtítulos y contenido vinculados a los hechos expuestos en la querella. Solicitó también, se oficie a Canal 10, Canal 8, ATS y CCC, para que remitan los videos correspondientes a los informativos matutinos y nocturnos y/o notas periodísticas transmitidas en las fechas que indica en su presentación. Puntualmente, aludió a la transmisión del día viernes 10/8/2001, "al culminar la presentación del acusado ante el Sr. Fiscal Anticorrupción, en el que el citado individuo se refiere a la posibilidad de que el suscrito trompee a Su Santidad el Papa"; y a las transmitidas el día lunes 13/8/2001, "en las que el acusado imputa al suscrito haber efectuado la denuncia por corrupción con el fin bastardo de beneficiar a una fórmula política" (cfr. fs. 7) Cabe destacar que en la misma providencia del 10/9/2001 se dispuso poner a consideración del Tribunal la admisibilidad de la acción privada deducida (punto 1); y el libramiento de oficios a los medios mencionados por el querellante para que se reserve el material "a los fines que hubiere lugar, por la naturaleza de la cuestión" (punto 2). El querellante acompañó constancias del diligenciamiento de los oficios librados (fs. 18/21).

Los antecedentes referidos muestran que el recurrente ha descripto el hecho que atribuye al acusado, con suficiente indicación de las circunstancias en que el mismo habría tenido lugar, en la perspectiva de lo normado por el inc. 3º del art. 427 procesal; y acompañó la prueba documental en la que basa su acusación, solicitando la reserva de los videos que vincula con los hechos imputados. La norma es precisa al distinguir la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho -descripción ineludible para la admisibilidad de la querella-, de la indicación del lugar, fecha y hora en que se ejecutó, "si se supiere". Por ende, es arbitraria la conclusión de que la prueba ofrecida por el querellante demostraría que estaba en condiciones de precisar o describir el hecho en la forma que determina la ley, por tratarse de hechos "producidos en circunstancias de lugar, fecha y hora por él conocidas" (cfr. fs. 25).

En suma, las menciones contenidas en el escrito introductorio de la querella satisfacen las exigencias impuestas por la citada disposición legal, dado que individualizan suficientemente los contenidos que el querellante considera vulnerantes del bien jurídico tutelado; por lo que su rechazo carece de motivación suficiente de acuerdo a los principios de la lógica y de la sana crítica racional. Tal conclusión en modo alguno significa emitir opinión sobre la procedencia de la querella, pues en esta etapa sólo procede un análisis liminar de dicha presentación, en miras al cumplimiento de los requisitos estructurales que exige la ley adjetiva, vinculados la posibilidad de respuesta del acusado.

4.- En cuanto a los restantes requisitos pretensamente insatisfechos -que el Tribunal a quo señalara a mayor abundamiento-, se advierte que aun cuando no constituyen razón decisiva para el rechazo de la querella, su mención es igualmente ineficaz para arribar a dicha conclusión.

Esta Sala Civil y Penal ya se ha pronunciado en torno a los alcances del juicio de admisibilidad de la querella, por incumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 427 del CPP; destacando la improcedencia de extender indebidamente, la sanción con que la ley adjetiva conmina la falta de presentación de los documentos que contienen las calumnias o injurias (art. 427, inc. 5°, ap. b del CPP).

Es verdad que las exigencias legales en torno a la forma y contenido de aquella presentación, enumeradas en los diferentes incisos de la norma citada, están dirigidas a resguardar el derecho de defensa que asiste al querellado, puesto que la causa inicia directamente el juicio; y al concurrir a la audiencia de conciliación previa, el mismo debe conocer las razones de su citación. Mas, como tiene dicho el Tribunal, la ausencia de copias para traslado no ha sido sancionada con la inadmisibilidad de la querella (cfr. CJSTuc., sentencia Nº 605 del 06/8/2001, en autos "Rodó, Rubén s/Calumnias e injurias). En el precedente citado, se puso también de relieve que la inadmisibilidad sólo alude a los requisitos estructurales del acto promotor, y al acompañamiento de la prueba documental; en tanto que la falta de copias únicamente determina la aplicación de la normativa pertinente por integración homogénea en sentido amplio.

Así, la falta de requerimiento de certificación de autenticidad de las pruebas que acompaña como integrativas del escrito de presentación; la pretensa falta de forma del escrito genéricamente afirmada sin otras precisiones; como la improcedencia de solicitar el rol de querellante, aludidas en la sentencia impugnada, no han sido previstas por la ley procesal como hechos que determinen el rechazo in límine de la querella intentada. No se trata de transformar al Juez en un mero reparador de omisiones de las partes, sino del uso prudencial de la facultad y correlativo deber propios del juzgador, de dirección y ordenamiento del proceso, apuntando a la subsanación de simples omisiones que no resulten lesivas del orden público procesal, ni conculcatorias del derecho de defensa del oponente.

Finalmente, es del caso señalar que los defectos en la concreción de la demanda civil, también señalados a mayor abundamiento -sobre lo que esta Corte no emite opinión en el subexamen-, sólo habrán de incidir en la suerte de la pretensión resarcitoria, por lo que tampoco justifican la declaración de inadmisibilidad de la querella penal.

5.- Por las razones expresadas, propongo se haga lugar al recurso en examen, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que declara la inadmisibilidad de la querella fundada en el art. 427 del CPPT, cuando el escrito introductorio contiene razonablemente la descripciones indispensables del hecho exigidas en su inciso 3º". Los autos deberán ser restituidos a la Excma. Cámara a fin de que, por quien corresponda, prosiga la causa según su estado.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 28/33 por el letrado Oscar Antonio José López, actuando por sus propios derechos, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 23/10/2001, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En consecuencia, se deja sin efecto el pronunciamiento, debiendo restituirse los autos a la Cámara de origen a fin de que, por intermedio de quien corresponda, prosiga según su estado.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR