Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31


Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III .Ríos, Héctor P. c. Simpro S. R. L. y otros.

Buenos Aires, mayo 31 de 1996.

El doctor Eiras dijo: Contra la sentencia de la instancia anterior, que acogió el reclamo de autos, se alza la parte demandada a mérito del memorial que luce a fs. 197/99, mereciendo réplica de la contraria a fs. 201/202. Se queja la recurrente, porque la sentenciante hizo extensiva la condena al codemandado Navarrete, fundando su pronunciamiento en que uno de los testigos declaró que éste era dueño de la demandada -Simpro S. R. L.-. Sostiene que en autos se encuentra debidamente acreditado que tal codemandado es socio gerente de la accionada y que además no se encuentra acreditadq que el actor hubiera desarrollado tareas bajo su relación de dependencia y en una actividad distinta a la que desempeñaba para la sociedad. Cuestiona el monto de condena, en tanto que para éste se tomó el salario denunciado por el actor, pues entiende que con los recibos agregados en la causa debe tenerse por acreditado el salario en ellos consignado, razón por la cual quedaría desvirtuada la presunción del art. 55 del régimen de contrato de trabajo (DT, 1976-238). Por último, sostiene que no puede proceder la indemnización prevista en la ley nacional de empleo (arts. 8o, 9o, 10 -DT, 1991-B, 2333-), porque el actor no dejó transcurrir el plazo establecido en el art. 11 de dicho cuerpo legal, ya que se consideró despedido antes de los 30 días de cursada la primera intimación.

En punto al primer tema, considero que le asiste razón al recurrente y en tal sentido fundaré mi voto. Del contrato social obrante a fs. 23, se extrae que Navarrete es socio de Simpro S. R. L. junto con Stefanolo y que la administración y dirección de la misma estará a cargo de cada uno de ellos indistintamente en calidad de gerentes. La testigo Misiul, declaró que tal codemandado era dueño, pero ello, no implica que éste no mantuviera su calidad de socio gerente, sino que como usualmente se interpreta, es posible que se llame dueño a aquel socio que aportó la mayoría del capital social, circunstancia que no implica necesariamente una modificación en la responsabilidad asumida como integrante de la sociedad. A su vez, debo señalar que de las pruebas aportadas en la causa, no surge la calidad de empleador en forma individual de Navarrete, ni que el actor hubiera desempeñado tareas exclusivamente bajo su relación de dependencia, sino que lo hizo para la sociedad. Por ello, considero que de ningún modo Navarrete, deberá responder con su patrimonio en forma solidaria conjuntamente con la sociedad que integra, por lo que propicio que se revoque el fallo recurrido y se libere de responsabilidad a Navarrete en tanto fuera condenado como persona física. En cuanto al monto de condena, los recibos acompañados a fs. 49/110, no cumplen los recaudos mínimos exigidos por el art. 140 del régimen de contrato de trabajo, por lo que si bien dichos documentos fueron oportunamente reconocidos por el actor, toda vez que la parte demandada no exhibió los libros exigidos por el art. 52 del régimen de contrato de trabajo, y los recibos acompañados no pudieron ser cotejados con dicha documentación laboral, en virtud de la presunción que establece el art. 55 del régimen de contrato de trabajo, considero que corresponde confirmar lo decidido.

Respecto del cuestionamiento vertido por la accionada en relación a la indemnización en los términos de la ley nacional de empleo, tal como lo sostuve al votar en la causa "Hurtado, Stella M. c. Marto, Daniel y otros s/despido" (sent. 69.189 del 31/3/95), el deber de buena fe impone al empleador la obligación de dar respuesta al reclamo del trabajador ante la intimación que curse para la regularización de los aspectos de la vinculación contemplados en los arts. 8o a 10 de la ley de empleo. Mediando silencio, su actitud importa, al transcurrir el mínimo plazo legal, una injuria justificante de la decisión del dependiente de denunciar el contrato, y en modo alguno puede exigirse al trabajador que mantenga la ruptura en suspenso por treinta días para hacerse acreedor de las multas de la ley 24.013, pues el silencio guardado ante el reclamo importa la clara decisión de no regularizar la relación laboral. En consecuencia propicio, confirmar sentencia apelada en este aspecto. En atención al resultado del pleito que propicio respecto del codemandado Navarrete, y lo normado por el art. 279 del Cód. Procesal corresponde dejar sin efecto la imposición de costas de la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria. Ello así, considero que las costas respecto de dicho demandado correrán a cargo de la parte actora vencida (art. 68, Cód. Procesal), a cuyo fin propicio regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de dicho codemandado en la suma de $ ..., calculados en valores actuales.

Por ello propicio, confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, modificándola en el sentido de liberar de responsabilidad al codemandado Navarrete personalmente por la condena de autos. Imponer las costas respecto de tal codemandado a la actora vencida (art. 68, Cód. Procesa]) y regular los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado de éste en la suma de $ ... calculados en valores actuales. Declarar las costas de la alzada a la demandada vencida y regular los honorarios de los firmantes de fs. 197/99 y fs. 201/202, en las respectivas sumas de $ ... y $ ..., calculados en valores actuales.

El doctor Guibourg dijo:

Por ser el criterio mayoritario de la sala adhiero al voto que antecede, pero dejo a salvo mi opinión en relación con lo expuesto sobre el plazo de 30 días dispuesto en el art. 11 de la ley 24.013 en autos "Velázquez, Pedro E. c. Sociedad Entrerriana de Electrificación Sedelec S. A. s/despido" (sent. 68.339 del 28/10/94). Por ello, el tribunal resuelve: I. Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, modificándola en el sentido de liberar de responsabilidad al codemandado Navarrete personalmente por la condena de autos. II. Imponer las costas respecto de tal codemandado a la actora vencida (art. 68, Cód. Procesal) y regular los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado de éste en al suma de $ ... calculados en valores actuales. III. Declarar las costas de la alzada a la demandada vencida y regular los honorarios de los firmantes de fs. 197/99 y fs. 201/202, en las respectivas sumas de $ ... y $ ..., calculadas en valores actuales. - Roberto O. Eiras. - Ricardo A. Guibourg.