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Títulos ejecutivos, contrato de garantía recíproca, firma electrónica
Materia: COMERCIAL
Carátula: Crecer S.G.R. c/ RJ Viñedos S.A.  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-14

Resulta prematuro el rechazo in límine de la ejecución de un contrato de garantía recíproca por carecer de firma ológrafa o electrónica de carácter validable, porque si bien la firma electrónica no es equiparable a la firma digital, ello no implica que resulte insuficiente para exteriorizar la manifestación de voluntad de una persona en la medida en que ninguna norma exija una formalidad específica para ello (art. 262, Código Civil y Comercial de la Nación). El reemplazo de la firma ológrafa por la firma electrónica es una realidad en las prácticas comerciales cotidianas, que quedarían sin sustento si no se aceptara que esta última goza de presunción de autenticidad, de lo que se deriva que, según el art. 319 del Código citado, debe reconocerse a la firma electrónica una eficacia, al menos inicial, similar a la que tiene la firma ológrafa.
Horas extra, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: G., P.C. c/ C., A.B. s/ Demanda Laboral -Haberes Adeudados e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-27

Las horas extras deben ser probadas por quien las invoca, en forma exhaustiva y fehaciente, acreditando su número, modalidad, frecuencia y lapso de las mismas; prueba que debe ser asertiva, categórica, relacionada al quantun de horas extras de labor, fecha, término, trabajo y duración, y si bien no puede exigirse una faena probatoria extraordinaria, deben cumplirse mínimamente tales extremos, pues como repetidamente se ha dicho, estamos en presencia de un hecho que escapa a la relación laboral normal.
Emergencia económica, ejecución de alquileres, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

En las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses, no vinculadas al sistema financiero corresponde su "pesificación" al valor de un dólar estadounidense = un peso aún en caso de mora del deudor con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561.

Esto es as¡ por disponerlo el art. 1 del dec. 214/02 al referirse a todas las obligaciones de dar sumas de dinero -expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de la ley 25.561.

En consonancia con ello el art. 2 del decreto 320/02 aclara que el art. 8 del dec. 214/02 es de aplicación exclusiva a la relaciones jurídicas existentes ( y no sólo a las exigibles) a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, acción cambiaria, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Cuando el sujeto pasivo de la ejecución, es el Estado, es decisivo en la consideración de las bases substanciales de la misma -para establecer la competencia común o contencioso administrativa- tener en cuenta que el actor es el beneficiario tomador del título ejecutado; es decir, parte en el negocio subyacente. No es él un tenedor, endosatario o tercero extraño al ligamen de fondo del que se desprende la emisión del título. (De los Fundamentos del Dr.

Donati)
Adopción, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., M. B. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

El pedido de adopción es de competencia del Juez de Menores. (Minoría u opinión personal)
Servicio telefónico, interrupción del servicio, abono telefónico, restitución de sumas de dinero, pago indebido, derechos del usuario
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOYENA, RAUL H. c/ TELECOM ARG. STET FRANCE s/ INCUMPL. SERVICIO TELEFONICO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Si la controversia se trae a un proceso judicial, lo percibido de más por Telecom, importe correspondiente a un servicio que no prestó, debe ser restituido, como principio, por la vía ordinaria de la ejecución de la sentencia, esto es, condenándose a pagar lo indebidamente recibido, en efectivo y no por deducción en futuras liquidaciones.
Viabilidad, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quiroga Conte Grand, Carlos c/ Banco de San Juan s/ Act. Formuladas para la tramitación de la apelacióm deducida con  efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-02-17

Según surge de los arts. 482 y 483 del C.P.C., para la ejecución de sentencias y de regulaciones de honorarios, éstas deben estar consentidas o ejecutoriadas, de lo contrario no son títulos hábiles para dichas ejecuciones.
Delito de incendio, cohecho activo, espectáculos públicos, República de Cromagnon, responsabilidad del encargado de seguridad, personal policial, falta de denuncia, clausura preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Chabán, Omar Emir y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-17

Debe elevarse la pena impuesta al funcionario policial, responsable de la seguridad de un espectáculo musical que fue condenado en orden al delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo -193 personas fallecidas y 1.432 heridas-, siniestro que tuvo su origen en el lanzamiento de una bengala desde el público durante el evento, pues, con sólo una orden suya, el local hubiese sido clausurado preventivamente dada la cantidad de contravenciones en las que incurría, pero no obstante, guiado por el cobro de sobornos omitió denunciarlas y permitió que el mismo siguiera funcionando durante varios meses.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Estado Provincial, responsabilidad solidaria, contratos administrativos, licitación pública, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ALTAMIRANO, JUAN CARLOS c/ SAPYC S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-18

Una correcta inteligencia de las normas aplicables en relación a las circunstancias comprobadas de la causa permite deducir que la condena solidaria a la Provincia al pago de la deuda salarial de la empresa codemandada, importa el desconocimiento de la naturaleza administrativa del contrato que ligó a las codemandadas en virtud de un proceso de licitación de obra pública, no susceptible, sin un acto expreso, de originar la responsabilidad solidaria atinente a las normas del contrato de trabajo, regulación incompatible con el régimen de derecho público a que, en la hipótesis de autos, se halla sujeta la recurrente.

Es que la actuación de los organismos administrativos está regida por un sistema jurídico diferente que se sustenta en principios propios, no compatibles con los aplicables en materia de derecho común, debiéndose recordar que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con la contenida en el artículo 30 de la L.C.T., que presupone una actividad de fraude a la ley por parte de los empleadores.

En tales condiciones, el A quo dejó de lado asentados criterios hermenéuticos que enseñan que las normas siempre deben interpretarse evitando darles un sentido que las ponga en conflicto y destruya unas disposiciones por las otras, pues se debe adoptar como verdadero el criterio que las concilia y deja a todas con valor y efecto y, además, que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan; y ello, supone no sólo armonizar sus preceptos, sino también conectarlos con las demás normas que integran el orden jurídico, de modo que concuerden con su objetivo y con los principios y garantías que emanan de la Constitución nacional y provincial.
Recurso de inconstitucionalidad, accidente de tránsito, incapacidad laboral, empleador, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: ORTOLACHIPE, GUSTAVO JAVIER c/ ASIR S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

El remedio interpuesto resulta parcialmente admisible desde que, a fin de demostrar irrazonabilidad en los fundamentos brindados por los Sentenciantes para confirmar el rechazo de la demanda de responsabilidad civil, el impugnante se limita a esgrimir genéricos argumentos que se centran en que, como la actividad del viajante es riesgosa, la empleadora debía asumir las consecuencias dañosas; mas en modo alguno logra derribar las consideraciones vertidas por el A quo cuando concluyó que no se advertía refutada la mecánica del accidente, en cuanto a que se hallaba configurada la culpa del tercero que circulaba por la mano contraria y había invadido el carril por donde transitaba el actor, por lo que cabía de eximir de responsabilidad civil a la demandada. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, debido proceso adjetivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Limarvia S.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

La acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere de una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquella.

Los jueces deben extremar la prudencia para no resolver materias de complejidad fáctica y técnica por la vía expedita del amparo a fin de no privar a los justiciables del debido proceso mediante pronunciamientos dogmáticos. Si bien el proceso de amparo no es excluyente de cuestiones que necesitan demostración, sí descarta aquéllas cuya complejidad o difícil comprobación requiere de un aporte mayor de elementos de juicio de los que pueden producirse en tal procedimiento.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EL MACOLLO S.A. c/ LAS BLANCAS DEL SUDESTE S.A. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

Si se persigue el cobro ejecutivo de alquileres, basado en el contrato de arrendamiento suscripto entre las partes, respecto del cual se planteó la nulidad de un juicio iniciado con anterioridad, corresponde suspender el juicio de ejecución a las resultas del juicio ordinario.
Ley de emergencia económica, administración financiera, control del sector público, empleo público, reducción salarial, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tobar, Leónidas c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa Contaduría General del Ejército - Ley 25.453 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

La reducción de los haberes del recurrente no resulta de la automática aplicación del art. 34 de la ley 24.156, modificada por la ley 25.453, sino de ulteriores disposiciones adoptadas por el presidente de la Nación o, por su delegación, por el jefe del gabinete ministerial, las cuales se han dictado en ejercicio de facultades propias (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Daño moral, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: PIRILLI FELIPE c/ MAZZEI LEONARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

En lo concerniente al daño moral, su importe es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación, sobre la lesión a las afecciones íntimas del damnificado, a los padecimientos que experimentara, en una palabra a agravios que se configuran en el ámbito espiritual de la víctima y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del Juzgador.
Derecho procesal, traslado, falta de copias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-05-23

Sobre la presentación de un escrito judicial, existen precedentes en los cuales, se ha entendido que basta un solo juego de copias en el caso de que exista un representante común a dos partes que sin saberlo ellas actúen de hecho en forma conjunta, con un mismo domicilio constituido en la causa.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esquibela, Ismael Francisco c/ Rivello, Nestor Raúl y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

Si la resolución que favorece a una parte es apelada por la otra, toda la cuestión material del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior.-
Concejo deliberante, cargos electivos, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Manente, Juan Carlos c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Monterrico s/ Acción de Inconstitucionalidad-Medida cautelar de no innovar  (L.A. Nº 44, Fº 275/281, Nº 102) Municipalidad de Monterrico s/ Acción de Inconstitucionalidad-Medida cautelar de no innovar  (L.A. Nº 44, Fº 275/281, Nº 102)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-04-24

La facultad, el derecho -y el deber- de someter a un funcionario electivo a juicio político, conforme a las normas legales que regulan la institución, hace a la esencia republicana, y esas facultades y derechos no pueden ser inhibidos, impedidos ni obstaculizados por poder de ámbito ajeno. El control de legalidad, como guardián último de la Constitución, que en el orden local está reservado a este Superior Tribunal, nunca podrá ser ejercido a priori, ni puede ser usado como modo de impedir el legítimo ejercicio de esa institución, so pena de que la institución misma quede desnaturalizada. Ello, claro está, sin perjuicio de que ésta Corte pueda pronunciarse ante el caso concreto de violación a normas constitucionales y a instancia oportuna de parte. Si se admitiera la equivocada tesis contraria sería tanto como arrogarse funciones y facultades que le están vedadas, cual sería la de substituir el órgano natural del juicio político, entrando a meritar pruebas y procedimientos que sólo a las instituciones municipales - desde que gozan de autonomía - les compete.-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: C., P.A. c/ J.C., R. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

La indemnización tiene por objeto, en la medida de lo posible, la reposición de las cosas a su estado anterior (art.1083 CC) sin convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativamente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando éste se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente.
Prestación de servicios, supermercado
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Pereyra, Pedro c/ Servicemaster SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-24

Si bien las labores del actor consistían en el mantenimiento y reparación de las máquinas que se utilizaban para hacer la limpieza de los distintos establecimientos que explotan las co demandadas Disco SA y Ekono SA, lo cierto es que prestaba servicios en dichos establecimientos lo que revela que aquellos eran coadyuvantes y necesarios para la efectiva prestación del servicio de limpieza que brindaba la empleadora a los supermercados codemandados, de manera que aún cuando fuera secundaria, la intervención del accionante era imprescindible para el cumplimiento de las otras tareas.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Guevara, Roberto Rubén s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

No existe omisión, por parte de la Cámara del tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas a su conocimiento, si, (sin perjuicio de recordar que la obligación de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes con apoyo de sus pretensiones) de la lectura de la sentencia recurrida se evidencia que sus planteos fueron implícitamente tratados.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, jueces, facultades del juez, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La suspensión del juicio a prueba que establece nuestro ordenamiento legal, sólo es posible de otorgar a pedido del imputado interesado y en relación exclusivamente a casos en que se imputan delitos cuyas escalas penales no exceden en su máximo los tres años de prisión o reclusión y además que medie consentimiento del Fiscal -motivado en un concreto juicio valorativo- y que el Juez o Tribunal interviniente, ponderando las circunstancias objetivas, y subjetivas propias de toda ilicitud, en relación con la personalidad integral del imputado en particular, realice también el correspondiente juicio valorativo con el fin de establecer la procedencia del beneficio que regula el artículo 26 del Código Penal. (Del Voto de la Dra. Burrone de Juri). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión? ; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Costas, concurso preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.I. EN J: FRIGORIFICO REGIONAL ANDINO S.A. s/ Concurso Preventivo Incidente Verificación (LIBRO: A153 - 233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-09-18

Sobre el pedido de verificacion del credito debe contener pronunciamiento sobre costas. Regla general se imponen al acreedor incidentante. Excepcion: Cuando media oposicion injustificada del sindico, o cuando el credito al momento en que debia pedirse la verificacion carecia de los caracteres de determinado y exigible. En el caso de multas, no estan firmes a la fecha de vencimiento del plazo para verificar, se imponen las costas de Primera Instancia en el orden causado.-
Iura novit curia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ JUAN BAUTISTA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL DE SGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-09

No resulta tan frecuente, el desarrollo y aplicación del principio iura novit curia en materia procesal, aunque es indudable que se expande y comprende dicha materia. En éste ámbito, el juez tiene la facultad-deber, de re-encuadrar las peticiones formuladas por las partes dentro de las previsiones de la ley ritual, como también puede llegar a soslayar el camino formal, la vía técnica o la calificación procesal elegida por los litigantes, si tal fuera el modo de hacer prevalecer la eficaz realización del derecho.-
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CHOQUE ACSAMA, Rosa c/ CARUSO CÍA. ARG. DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 58 de la Ley de Seguros, es dable advertir que la declaración de invalidez procede sólo cuando la oposición entre la norma impugnada y la Constitución es clara e ineludible, pues se trata de un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico (CSN en E.D.70-191; CApel Salta, año 1989, f° 991, íd. íd. año 1993, f° 328).

Bien es verdad que los jueces poseen la atribución constitucional de controlar la razonabilidad de las medidas de naturaleza legislativa cuando se conculquen las garantías constitucionales. Se trata de un derecho y de un deber de la judicatura; de una tarea fundamental en su ejercicio en tanto importa el control de la actuación de los demás poderes del Estado, circunstancia que confiere a tal quehacer matices político institucionales de índole gubernativa (Sagües en Derecho Procesal Constitucional, Tomo I, pág. 104).

Pero también es cierto que se está en presencia quizás de una de las más dedicadas de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, sólo apreciable cuando resulte de estricta necesidad.

Y en principio, no se advierte el gravamen constitucional invocado, pues si bien el plazo es breve, se trata de una norma general aplicable a todas las acciones fundadas en un contrato de seguro que el legislador ha fijado como modo de asegurar la seguridad jurídica y el equilibrio entre los intereses de las partes.

Se sustenta en un parámetro objetivo y no admite análisis de índole subjetivos, como pudiera ser la situación de pobreza del asegurado, que por lo demás no puede decirse se refleje necesariamente en una justificación de la demora en accionar.
Confirmación de sentencia, contratos de consumo, juicio ejecutivo, ley de defensa del consumidor, fundamentación de sentencias
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cetrogar S.A. c/ Lazarte Marcelo Iván s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2020-12-02

Procede rechazar la ejecución deducida por la actora, debido a que el título en cuestión no cumple con los recaudos del art. 36 LDC, atento a ello, cabe señalar que la providencia cuestionada debe mantenerse toda vez que la a quo hizo uso correctamente de las facultades conferidas por las normas de forma y de fondo que gobiernan la materia, máxime cuando, como en el caso, se presume la existencia de una relación de consumo subyacente -presunción hominis- teniendo el deber de actuar para evitar la configuración de una práctica abusiva que evidencia un posible fraude a la Ley de Defensa del Consumidor, transgrediendo la buena fe que debe primar en las relaciones negociales y violentando normas de carácter constitucional y tratados internacionales.

En suma, resulta necesaria la integración armónica entre los institutos del Derecho mercantil y del consumo involucrados en este conflicto normativo, en el cual propicia la hermenéutica que se adopta, desde que los caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor, con su claro objetivo protectorio.