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Jueces, funcionarios judiciales, beneficios previsionales, derechos adquiridos, porcentaje del haber jubilatorio, interpretación de la ley, derecho de propiedad, derechos y garantías constitucionales, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARRASCAETA DE FELIX, ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES JAZAN, ESTHER Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11|1997-09-18

Si el beneficio de jubilación original fue otorgado bajo el amparo de la ley 18.464, que fijaba un haber de pasividad equivalente al 85% del de actividad y sin topes máximos, dicha normativa debe ser respetada por la Administración Pública, toda vez que ni el legislador ni el juez podrían en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema (cfr.

C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawetz, Alberto). Admitir la tesis contraria llevaría a una confiscación del haber de pasividad en un grado que sería lesivo de derechos adquiridos.
Delitos tributarios, pena, deberes formales, régimen de facturación y registración, IVA, regularización impositiva, regímenes de presentación espontánea
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Krill Producciones Gráficas  SRL s/ apelación de clausura. Morillas, Juan Simón c/ resolución de la Dirección General Impositiva. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1993-06-08

Tratándose de una pena por infracción al cumplimiento de deberes formales del régimen de facturación del impuesto al valor agregado, no procede la consideración de agravios basados en la aplicación del decreto 292/91, referido al restablecimiento del régimen de presentación espontánea (art. 111 de la ley 11.683) para la regularización de las obligaciones fiscales omitidas.
Empleados públicos, sanciones administrativas, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sandoval, Aurelio Roberto c/ Estado Provincial s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-01

Para establecer si lo resuelto administrativamente se ajusta a derecho, es necesario tener en cuenta que la expresión utilizada para calificar la conducta del agente sumariado -defraudación a la administración pública- no cabe sea entendida en sentido jurídico -penal; ello así, pues es lo que surge claramente de los considerandos de los decretos en los cuales se deslinda con toda precisión que la valoración de la conducta del mismo efectuada administrativamente no guarda relación con la correspondiente a sede penal para verificar la existencia o no de delito, por consiguiente, el encuadre en el artículo 6 del Estatuto de mención resulta indudablemente ajustado.
Juicio ejecutivo, excepción de espera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Forgue, Dardo Hector s/ Homologación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Para que proceda la excepción de espera debe fundarse en la existencia de un nuevo plazo otorgado al deudor -unilateralmente por el acreedor o por convenio entre ambos- y que conste en documento que se acompañe al oponerla.
Clasificación de los contratos, contratos de tracto sucesivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOMASINI RAUL A.V. c/ S.A.D.A.I.C. s/ CONSIGNACION - MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-04

Los contratos de ejecución continuada o periódica en los que no se han fijado el momento de extinción -contratos de duración indeterminada- cualquiera de las partes puede denunciarlo y poner fin a la relación en cualquier momento. Este régimen es propio del contrato de trabajo, de la cuenta corriente bancaria (Código de Comercio art. 792), de la sociedad civil ( C. Civil 1767),del comodato (C. Civil, art. 2285), de la locación (antes art. 1509 C. Civil; hoy después de transcurrido los plazos mínimos legales), y en general de todos los contratos de duración indeterminada, cuya prolongación en el tiempo depende de la voluntad exclusiva y unilateral de cualquiera de las partes. Son éstas y no los jueces quienes deben disponer el momento en que el contrato deja de producir efectos jurídicos (cfr. Messineo, "Doctrina General del Contrato" T. I., p. 434; T.II, p. 421).-
Voto electrónico, inconstitucionalidad, delegación legislativa, exceso en las facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Unión Cívica Radical c/ GCBA s/ Electoral - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-01-23

Cabe declarar la inconstitucionalidad de los Decretos Nº 441/14 y 513/14 de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto regulan la adopción de "tecnologías electrónicas", y en la medida que no han sido convalidados con las mayorías especiales necesarias por parte de la Legislatura, en tanto no hay constancia en las actuaciones de que el Poder Ejecutivo haya comunicado al Departamento Legislativo el Reglamento Electoral como proyectos, por lo que la normativa impugnada pierde todo sustento legal y virtualidad jurídica, máxime cuando en materia electoral, como en lo concerniente al régimen de los partidos políticos, se ha consagrado en la Constitución de la Ciudad -incluso con mayor calado que en la Constitución Nacional- el principio de estricta reserva de ley reforzada (del voto en disidencia del Dr. Casás).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Castro, Marcial A.H. y otros c/ Somisa s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

El valor del litigio, representado en el caso por las sumas reclamadas en concepto de diferencias salariales establecidas en la pericia contable y su ampliatoria debidamente actualizadas, no supera respecto de ninguno de los actores el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 11.593), no configurándose en la especie la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653 toda vez que lo decidido por el sentenciante lo ha sido conforme lo establecido por este Tribunal. (Minoría u opinión personal)
Decreto reglamentario, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Educadores Provinciales (A.D.E.P.) c/ Estado Provincial (Poder Ejecutivo) s/ Acción Autónoma De Inconstitucionalidad. L.A. N 53 F 83/87 N 28 Estado Provincial (Poder Ejecutivo) s/ Acción Autónoma De Inconstitucionalidad. L.A. N 53 F 83/87 N 28
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-01

La voluntad del legislador al sancionar la ley 5312 fue la representación en el seno del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario de los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia, por lo que no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo se ha excedido en sus atribuciones al disponer mayores requisitos que los establecidos por la propia ley, generando una excepción por vía reglamentaria en el art. 2 del decreto Nro. 5835-H-2002 que no existía en el texto ni en el espíritu de la ley (arts. 137 inc. 4 de la Constitución Provincial y 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, acto administrativo ilegítimo, cesantía, personal transitorio, incompatibilidad de cargos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Stutz, Oscar c/ PLN - Cámara de Diputados. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Es arbitraria la sentencia que -sin pronunciarse sobre la validez del DP 1002/02- declaró la ilegitimidad de la cesantía de un agente de planta transitoria porque al fundarse el acto en una causal de incompatibilidad -el goce de un beneficio previsional- creada con posterioridad al ingreso del agente, se violaban sus derechos de propiedad y de estabilidad, pues el agente que pertenece a dicho plantel no goza del derecho a la estabilidad del empleado legislativo como lo establece específicamente la ley 24.600. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) c/ Urquiza, María Ignacia s/ Expropiación Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires c/ Campos y Baiocco Omar s/ Expropiación Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Pico, Miguel A. y otra s/ Expropiación Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Benvenuto y Aguirre, Emilse y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14|1997-08-12|2002-02-19|2004-04-01

Desplazada la aplicación del art.37 de la ley 5.708, por razón de su inconstitucionalidad, corresponde aplicar la legislación procesal general, que consagra el principio objetivo del vencimiento y que además autoriza al juzgador a pronunciarse según las modalidades de la causa, ponderando prudencialmente la calidad de vencidas que revisten las partes y de exonerar, con fundamento en razones de equidad ajustables a cada caso, del pago de las costas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, cámara contencioso administrativa, competencia, sentencia, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: HERRANZ, OSCAR LEANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.NRO. 491 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-13

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que no puede ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias de la causa la sentencia impugnada, al adoptar como fundamento central para declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, que el actor no adecuó suficientemente su pretensión, insistiendo en encuadrar su acción como de daños y perjuicios por responsabilidad del Estado, la que no resulta susceptible de ser articulada por ante ese Tribunal, ya que al declarar la Cámara su competencia, se le otorgó al actor un plazo para que pretenda lo que era posible de ser solicitado en instancia contencioso administrativa, que no eran daños y perjuicios por responsabilidad del Estado de competencia -en nuestro sistema- de la justicia civil, sino salarios caídos como consecuencia de la ruptura de la relación de empleo. Al así decidir, el a quo prescindió de efectuar un tratamiento adecuado del asunto, omitiendo hacerse cargo de que frente a la remisión de las actuaciones por el Juzgado en lo Civil y Comercial quien se había declarado incompetente, fue la propia Cámara la que decidió que la materia en debate correspondía ser tramitada y resuelta en su sede, cuestión de la que ahora reniega, incurriendo, en consecuencia, en autocontradicción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, ley de accidentes de trabajo, fondo de garantía, caducidad, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARROYO, JUAN CARLOS c/ PORCELANAS VERBANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DECLARACIO N DE INSOLVENCIA- RECURSO PLANTEADO POR EL FONDO DE GARANTIA DEPENDIENTE DEL ANSES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 277 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-28

Es carga ineludible del quejoso que pretende acceder por vía de queja a la instancia de excepción, rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055). En el caso, dicha carga no ha sido asumida idóneamente por la compareciente. Ello así, desde que en su presentación directa no se hace cargo ni siquiera mínimamente de lo manifestado en cuanto al no cumplimiento adecuado del recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional. A mayor abundamiento, puede afirmarse que aun de no existir dicho obstáculo formal el remedio intentado igualmente no podría prosperar desde que a pesar de afirmar la impugnante que nos encontramos ante un supuesto de clara prescindencia del texto legal en cuanto a los plazos de caducidad que éste establece, su planteo sólo refleja su disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, a la hora de interpretar y aplicar la norma contenida en el artículo 14, ap. 2, inc. a) de la ley 24028.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, Juan Carlos c/ PANATEL S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-11

Cuando el accidente de trabajo se produjo con posterioridad a la promulgación de la ley 24.557, corresponde su aplicación.
Recurso directo, disolución de sociedades, aportes societarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sol Frut SA (Tf 79199011-I)  c/ Dirección General Impositiva  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-06

Se trató de una empresa que obtuvo un aporte irrevocable de su socio mayoritario, destinado a cubrir resultados negativos acumulados, en el marco de una situación de disolución de la sociedad por pérdidas (ley 19.550, arts. 94 y 206). La AFIP impugnó la declaración jurada presentada por la firma, por considerar que, en rigor, había obtenido un enriquecimiento a título gratuito. En la sentencia se analiza la operación, concluyéndose que generó un efecto matemático neutro, debido a que, desde la óptica contable, sólo importó una reclasificación permutativa de cuentas dentro del patrimonio neto, que no afectó el resultado contable del ejercicio.
Herederos, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL
Carátula: P., L. A. c/ Sucesores de A. E. R. y otros s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e Indemnización por despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-06

Cuando el vínculo es incuestionable (cónyuge e hijos) no se precisa declaratoria de herederos para que los acreedores puedan ejercer contra estos las acciones que le correspondan para percibir el importe adeudado por el causante.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, daños y perjuicios, poderes de guerra
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ASTILLEROS HERNAN CORTES  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

Hay actos que no son justiciables; entre ellos se encuentran los llamados poderes de guerra. Es claro, por tanto, que los administrados carecen de acción para cuestionarlos; mas ello no enerva la posibilidad de que ataquen las "consecuencias", entre las que deben quedar comprendidos los daños y perjuicios ocasionados a particulares a raíz del ejercicio de dichos poderes.
Retiro militar, haber de retiro, remuneración, adicionales de remuneración, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sgoifo Luis Vicente c/ Estado Nacional (Minist. de Def.) s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

El decreto 2769/93 de creación de los suplementos por cuya aplicación y percepción se reclama en autos, señala como destinatario excluyente al personal en actividad aclarando con precisión que dado el carácter particular de los adicionales que instituye éstos no podrán ser percibidos por la totalidad del personal que ostente un mismo grado o que se encuentre en una misma situación de revista. Por dicha razón, no corresponde el traslado al haber de retiro del suplemento reclamado pues la coherencia del sistema implementado se vería afectada si la pretendida extensión se efectuara indiscriminadamente a los agentes pasivos, no obstante haber sido creada para un número cuantificado de activos. (cons.

6º).
Recurso extraordinario, plazo, aclaratoria (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Suárez, Oscar c/ Maccarone, Francisco s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-12

No extiende el plazo para interponer los recursos extraordinarios la deducción de una aclaratoria rechazada por exceder los límites del art. 166 inc. 2º del C.P.C.C.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, incapacidad total
Materia: LABORAL
Carátula: DUREYCO DE GIACHELLO MARIA c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-26

Esta sala ha sostenido que existen tres teorías con respecto al concepto de incapacidad total, a saber a) que es aquella que le impide al trabajador realizar cualquier tarea, o sea, equipara la incapacidad absoluta a la invalidez total, b) que es la que le impide realizar las tareas que habitualmente desempeñaba, por lo que no es obstáculo para que el afectado reinicie otra actividad, acorde con su capacidad residual, y c) que es la incapacidad del 66% o mas, según el art. 32 de la ex ley 18037, derogada por la nueva ley 24241, art. 168, pero que a su vez en el art. 48 contiene una reglamentación respecto de los porcentuales para estas incapacidades, análogas a la anterior.
Falta de fundamentación, improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, defensa, condena penal, debido proceso, delitos contra la humanidad, tribunal oral, General Roca, jueces naturales, comisiones especiales, violación de derechos humanos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente, fallos de la Corte Suprema, Corte Penal Internacional, competencia, distribución de competencias
Materia: PENAL
Carátula: Codina, Rubén; LOBOS, Víctor; Navarrete, Elfio; Navarrete, Sixto; Pedernera, Raúl; Castelli, Néstor y Marasco, Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-03

No pueden acogerse los planteos de violación a la garantía de juez natural esgrimidos por la defensa de quienes fueron condenados a pena de prisión por el Tribunal Oral de la Ciudad de General Roca al considerarlos partícipes de hechos calificados como delitos de lesa humanidad, argumentando que fueron sacados de sus jueces naturales y sometidos a una comisión especial creada con posterioridad -los Tribunales Orales del año 1992-, a los hechos imputados - año 1976-, considerando que debería intervenir la justicia ordinaria en virtud de aquella garantía, pues la cuestión ha quedado definitivamente resuelta a través de los del Máximo Tribunal - "Nicolaides", Fallos: 323: 2035 y "Videla", Fallos: 326: 2805, entre otros-, estableciendo la ausencia de menoscabo al artículo 18 de la Constitución Nacional si intervienen nuevos jueces en juicios pendientes cuando se trata de reformas en la organización de la justicia o en la distribución de la competencia, máxime cuando en casos vinculados a la violación de -como el presente-, existe una norma que atribuye competencia expresa a los Tribunales Federales, tal como la ley 26.200 que implementa el de la Corte Penal Internacional.
Expropiación, cesión de derechos hereditarios, indemnización, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ GRIET,  MIGUEL  Y  JUAN  MARIA,  SUS  HEREDEROS O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION.     CSJ EXPTE NRO 124-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-20

Corresponde fijar la indemnización en la suma establecida por unanimidad por la comisión de tasaciones, atento que los demandados no concurrieron a la reunión del tribunal, no ofrecieron ninguna prueba tendiente a demostrar el valor del inmueble expropiado; y las objeciones del co-demandado cesionario de derechos hereditarios sobre el inmueble en su alegato no están sustentadas en prueba que permita modificar el criterio sostenido por el órgano técnico evaluador.
Despido, pérdida de confianza, injurias
Materia: LABORAL
Carátula: Tévez, Tito Samuel c/ Autolux S.A.; quien reulte legalmente responsable s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-03-05

La pérdida de confianza no constituye una causal autónoma de despido susceptible de ser admitida apriorísticamente y en abstracto, eximiendo a quien la invoque de acreditar su necesaria proyección en una conducta injuriosa, concreta y puntual cuya gravedad habilite la disolución directa del vínculo.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, demanda laboral, AFIP DGA, cesantía
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Caraballo, Alejandro Mario c/ ANA. y/o Aduana de la Ciudad de Puerto Madryn s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Corresponde al juez con competencia laboral en el lugar de prestación de tareas y domicilio del actor - en el caso, el Juez Federal de Rawson - entender en la demanda laboral deducida contra la Administración Nacional de Aduanas y/o Aduana de Puerto Madryn, tendiente a la reincorporación - art. 12 del Convenio Colectivo n° 198/75 - y pago de las remuneraciones dejadas de percibir por la cesantía.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley de seguros, asegurador, citación en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  Denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  La citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

No tiene entidad suficiente para invalidar el derecho del tercero damnificado, el hecho de que el asegurador fue citado en garantía no por el tercero, sino por el asegurado. Sea una u otra cosa, la citación se produjo, conforme los términos de la ley 17418 (artículo 118) y el asegurador tiene la posibilidad de ejercer su defensa con total libertad y amplitud. Cuando la ley 17418 impide invocar contra el tercero las defensas nacidas después del siniestro, no impide la defensa procesal de los derechos a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional. El artículo 118 simplemente deja a salvo el derecho del tercero frente a eventos que se hayan producido después de nacido su derecho por el daño sufrido. El legislador puede establecer que las causales de extinción debidas a la negligencia de un sujeto, no lo sean para el derecho del otro (su propia víctima) que nada tiene que ver con esa negligencia. La ley 17418 crea una causal de liberación del asegurador; pero al mismo tiempo que crea la causal (que es puramente legal), establece los límites y las personas frente a las cuales actuará. (Del Voto del Dr. Angelides). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Competencia, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: D, R C s/ RECUSACION. PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. COMPETENCIA (CSJ EXPTE   N. 921-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

El turno, que por disposición legal ha asumido en la Provincia el rango de competencia (artículo 1 inciso 8 ley 10160), no se encuentra en tela de juicio en la presente causa, en la que se ha formulado el pedido de inhibición de los tres integrantes naturales de una Sala, y por ende debe intervenir en la causa la misma Sala a la que se le efectuara el planteo de recusación (Acuerdos de superintendencia de fechas 16.10.91 -Acta N. 156, punto 13- y 20.03.80 -Acta 19, punto 9-) integrada, al efecto, por miembros suplentes de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 de la ley 10.160.