marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Injurias, competencia
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INHIBITORIA PRESENTADO POR JORGE LANATA s/ INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-06

La competencia penal goza de indiscutible rango constitucional en cuanto atañe al juez natural y se determina específicamente por el criterio del lugar de comisión del delito (arts. 18 y 118 c. Nac. ).

La cuestión estriba, en consecuencia, en establecer el lugar de comisión en el caso concreto de la querella por ofensa al honor invocada contra los editores del diario "página 12" por la nota que aparece publicada en dicho medio invocándose la autoria del art. 113 del c. Penal desde rosario. El criterio estimativo si bien no puede prescindir de las consideraciones propias de la construcción y estructura del tipo delictivo del cual se trate para establecer cual es el lugar de comision, no debe olvidarse que lo que se dirime es una cuestión de competencia del órgano jurisdiccional que va a entender, por lo que interesa salvaguardar en lo posible los fundamentos que sostienen tal determinacion. Entre ellos, se encuentran los relacionados con una mejor administración de justicia mediante mayores facilidades para el juzgamiento y menor afectación de los intereses en juego (conjugación de los criterios sustanciales con los procesales, según terminología predominante).
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/ Gress Orlando y/o quien resulte propietario s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-19

En tanto no medien fondos disponibles en autos, supuesto que habilita la confección de la liquidación en los términos del art.

557 del CPCC, queda obstada la regulación de honorarios definitiva a que refiere el art.51 del Dec.ley 8904/77. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sustracción de menores, obediencia debida, dictadura militar
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Francisco Gomez, Jorge Luis Magnacco y Teodora Jofre s/ Sustracción Menor de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

Resulta inaplicable el art. 34, inciso 4to., del Código Penal, invocado por el médico que asistió el nacimiento de un menor que fue sustraído y luego entregado a una familia allegada a miembros de las Fuerzas Armadas, pues se acreditó que el médico prestaba habitualmente servicios de salud a las mujeres detenidas en un centro clandestino y no cabe eximir de responsabilidad a quien recibe una orden manifiestamente ilegal, como resulta el pedido de colaboración en la sustracción de menores de la que sería objeto el recién nacido, acaecida en el marco de la privación ilegítima de la libertad de sus padres.
Competencia, concursos, honorarios del perito, procedimiento laboral, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Espíndola, Plácido M. y otros c/ Imar SAIC s/ dif. salarial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Debe entender el juez del concurso del deudor, en la etapa de ejecución de los honorarios del perito en un juicio laboral (arts.

22, inc. 1., de la Ley de Concursos y 265 de la Ley de Contrato de Trabajo) regulados con posterioridad a la presentación en concurso pero devengados con anterioridad.
Beneficio de litigar sin gastos, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-12

La presente queja no ha de tener favorable acogida, por cuanto los reproches esgrimidos por la compareciente se reducen a plantear su disconformidad para con los argumentos vertidos en la sentencia que desestimó su petición de litigar sin gastos, desconociendo la naturaleza práctica de este proceso, cual es la demostración mediante las pruebas necesarias de la imposibilidad real de hacer frente a los gastos y costas judiciales, condición que los sentenciantes consideraron no acreditada conforme el examen desarrollado, conclusión que -más allá del grado de acierto o error en que pudieran incurrir los juzgadores- no luce infundada ni contradictoria, como pretende hacer ver la ocurrente.
Recurso de inaplicabilidad de ley, trabajo ad honorem, remuneración, Municipalidad, resolución administrativa, enriquecimiento sin causa, abuso del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

Si bien es cierto que la función pública se presume remunerada, también lo es que ningún empleado o funcionario puede - sin normativa que lo autorice o nombramiento - asumir en forma voluntaria una función atinente a otro cargo para el que no ha sido designado. Ese ejercicio irregular de la función no puede generar derechos en beneficio personal del actor. Esto es así toda vez que en el presente caso hace referencia a una vinculación administrativa, derivada de la específica finalidad de la norma que designó al actor para actuar en el ámbito de la Dirección municipal ad - honorem, y - no puede dejar de señalarse - a propuesta del ofrecimiento realizado por el actor para colaborar en forma gratuita. Según mi criterio, el argumento de la Cámara relativo a que correspondería una retribución por aplicación del principio de enriquecimiento sin causa no resulta aplicable al caso concreto. Ello es así por cuanto, sobre la base de los elementos aportados en autos, podría avizorarse una suerte de comportamiento abusivo o fraudulento por parte del actor que excluiría el resarcimiento pretendido con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa.
Quiebra, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOZA  MARCIAL Y OTRA - INCIDENTE DE REVISION EN: MELLADO INES MARIA - QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA PROPIA - VERIFICACION DE CREDITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-15

El pedido de regulación efectuado por el abogado de quien fue contraparte del fallido no es otra cosa que un pedido de imposición de costas, al cual, como es natural, no se puede responder diciendo que no hay condena en costas.

Lo que corresponde examinar en esos casos, para plantear la cuestión en su verdadero terreno, es si hay alguna razón que impida al juez de la quiebra hacer esa condenación. No sólo no la hay sino que, por el contrario, en el sistema organizado por la ley el conocimiento de esta cuestión está privativamente asignado al magistrado del concurso.

Los procesos de contenido patrimonial anteriores a la quiebra quedan atraídos y suspendidos por disposición del art. 136, y su decisión compete a partir de este momento -verificación mediante- únicamente al juez del proceso falencial. Siendo que las costas constituyen materia de resolución en esos juicios suspendidos, que se trata de pretensiones de carácter patrimonial deducidas contra el fallido, que su causa es anterior a la quiebra, no existe motivo para que el juez concursal se declare inhabilitado para decidir sobre ese tema frente a un concreto pedido de verificación del acreedor por costas. Si nadie discute que la cuestión de fondo debe ser juzgada en el concurso aunque no se haya resuelto en el juicio singular, del mismo modo debe quedar a cargo del Tribunal de la falencia la determinación de las costas de los procesos anteriores si esa cuestión no alcanzó a resolverse antes de la declaración de la quiebra.

Si, en el caso, se trata de las costas de una demanda de daños y perjuicios en la cual la propia sentenciante, al juzgar la verificación sobre el fondo, estableció la obligación resarcitoria del fallido, no puede dudarse de la legitimidad de la pretensión del recurrente. Dependiendo la responsabilidad por las costas del hecho objetivo del vencimiento (art. 356 C.P.C.), la admisión de la demanda en el fondo conduce directamente a la imposición de las costas cuando, como ocurre en este caso, no hay ninguna consideración especial en virtud de la cual pueda eximirse al perdidoso.-
Copaternidad, inscripción registral, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: B.F.M. y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-18

La justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es competente para entender en el pedido de inscripción de copaternidad registral igualitaria de dos bebés nacidos en México en los términos del art. 85 del Código Civil, con el objetivo de tramitar los pasaportes como hijos de argentinos nacidos en el exterior, dado que no se discute ni cuestiona la filiación sino que la pretensión tiene como exclusivo objeto la emisión de un acto administrativo emanado de la autoridad competente.
Prueba, carga de la prueba, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: López, César Amado c/ Alvarez, René y/o quienes resulten ocupantes. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-04-19

El principio elemental que la carga de la prueba de los hechos que se alegan como fundamento de la acción, corresponde a la actora (art. 355 del C.P.C.C. ) y el agravio del actor de que la omisión (incluso de propuesta) de prueba, debió ser subsanada por el a-quo mediante una medida para mejor proveer, resulta inadmisible puesto que, tratándose lo alegado el principal fundamento de la acción, sustituir el irresponsable silencio e inactividad probatoria del actor en un tema esencial de la acción, hubiese afectado seriamente el principio dispositivo del proceso civil, excediendo las facultades direccionales y ordenatorias del Juez (art. 36 del C.P.C C. ), transformando el proceso en inquisitivo.
Ley penal más benigna, robo, recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Manuel Marcos y otros s/ Robo de aut.tores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

La ley 23.077 es más benigna que la ley de facto 21.338 vigente al tiempo del hecho con referencia al art. 164 del C.P., y es más severa en tanto reanimó el art. 38 del decreto ley 6582/58, de modo que aunque globalmente aparenta ser la de mayor severidad, debe aplicarse por resultar más benigna si llega a esta Corte restringida a sólo el art. 164 citado, por resultar excluido el art. 38 del decreto ley 6582/58 por imposición del art. 310 -n.a.- del C.P.P..
Haber jubilatorio, prescripción anual, interrupción del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Godoy, Antonio Hugo c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Ordinario - cobro de haberes - Instituto Provincial de Previsión Social c/ Godoy, Antonio Hugo s/ Demanda de nulidad y restitución de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-05-27

Con la presentación de fecha 7 de febrero de 1989, quedó interrumpido el plazo de la prescripción anual, efecto que deriva de lo dispuesto en el art. 3.986 del Código Civil, pero especialmente también produce la suspensión del curso de la misma conforme al art. 1 e) 9) de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 que regía entonces para el Territorio Nacional de Tierra del Fuego (del voto del Dr. González Godoy).
Empleo público, exoneración, responsabilidad contractual del Estado, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEOANE, RAUL SANTIAGO c/ ESTADO   NACIONAL  -  MINISTERIO  DEL  INTERIOR  -  POLICIA  NACIONAL s/ REINCORPORACION - COBRO DE HABERES - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

El actor promueve la impugnación del acto administrativo por el que lo exoneró del cargo que desempeñaba en la Policía Federal. Las pretensiones de reincorporación, reconocimiento de antigüedad y pago de salarios caídos y del daño moral, constituyen formas de reposición de las cosas a su estado anterior.

Se persigue poner en juego la responsabilidad contractual de la Administración en cuyo caso el resarcimiento del lucro cesante por la inactividad profesional (abogado), así como el que se pretende por el padecimiento de enfermedades resultan, a priori, extrañas al desenvolvimiento de la relación contractual.

Tales resarcimientos han sido ya reclamados en causa anterior, su reiteración en estos autos traería aparejada una sobreactividad jurisdiccional, a la vez que la ruptura de la igualdad procesal de las partes, al permitir al actor mejorar situaciones procesales ya precluidas. No habiendo impedimento para que la exención sea admitida en forma parcial, justo es que prospere únicamente con relación a las pretensiones que guardan total identidad con las deducidas en el expediente agregado por cuerda separada.
Contrato de obra pública, mayores costos, gastos improductivos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mundo Construcciones S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 597 año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-09

El decreto 822/61, reglamentario de la ley provincial 5188, al reglamentar el artículo 59 de ésta, remite al ordenamiento administrativo nacional a los efectos de la procedencia del reconocimiento de gastos improductivos. En dicho ordenamiento, más precisamente en el decreto 3772/64, se define a los trabajos parcialmente paralizados como aquellos en los cuales durante el período equivalente al 30% del plazo contractual, el valor de los trabajos ejecutados a los precios contractuales debe ser inferior al 50% de la inversión que corresponda al mismo período en el plan de trabajos oportunamente aprobado por la Administración (art. 14, 2do. párrafo). Sin perjuicio de ello, el resarcimiento de los gastos improductivos se encuentra supeditado a la prueba de su concreta ocurrencia y entidad, es decir, que deben reconocerse en tanto y en cuenta la contratista acredite haberlos sufrido.
Caducidad de instancia, fotocopia autenticada, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: PARODI, ALFREDO M. Y VILLANUEVA, ELENA c/ B.C.R.A.  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

El pedido de certificación de fotocopias no reviste el carácter de acto interruptivo, pues no tiene por finalidad impulsar el proceso ya que es ajeno a las secuelas procesales del pleito.
Denuncia del accidente de trabajo, indemnización, comisiones médicas, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba Cristian Roberto c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

Las comisiones médicas no son independientes, no están integradas por funcionarios oficiales con sueldos pagados por el Estado. Se financian con una parte de la recaudación de las ART, es decir la subsistencia del empleo depende de manera prácticamente directa de la buena evolución del negocio de quien -al mismo tiempo- resulta ser el sujeto al que deben controlar y una de las partes en las controversias sometidas a su consideración. Y el personal afectado a su funcionamiento se vincula con el Estado mediante contratos regidos por la LCT (art. 38.3 de la Ley 24557) o sea carecen de estabilidad en el empleo, una característica esencial de la independencia (Voto Welp)
Jueces, facultades del juez, deberes del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubio, Nélida Virginia c/ Filippini, Víctor Hugo y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El juez no solo tiene la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes.
Industria automotriz, importación de automotores, derechos de importación, promoción industrial
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FORD MOTOR ARGENTINA S.A. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

Resulta ilegítimo el decreto 10.683/65, en cuanto dispuso que los recargos de importación de mercaderías introducidas al país en virtud del régimen de promoción de la industria automotriz debían liquidarse y abonarse sobre el valor que corresponda según el art. 2 de la ley 16.690. Ello así, pues si el decreto 3642/65 estableció un plan a regir durante los años 1966, 1967 y 1968, el Poder Ejecutivo no podía modificarlo a posteriori en la medida en que ello significara agravar la situación financiera de las empresas que se hallaban protegidas por las normas promocionales.
Municipalidad, ordenanzas municipales, caducidad de instancia, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tidone, Leda Diana c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El plazo establecido en el art. 95 de la Ordenanza General 267 de la Municipalidad de General Pueyrredón, con la consecuencia de caducidad que el a quo atribuyó a su vencimiento, no resulta aplicable al caso en que la pretensión de la actora - aunque con fundamento - en la ilegitimidad del decreto en que se fundó la decisión denegatoria en sede administrativa - estuvo dirigida a cuestionar los actos de aplicación individual de ese precepto que provocaban la diferencia salarial impugnada.
Adopción, actuación de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: P. J.; O. M.; O. M. y O. Y. c/  s/ DECLARACIÓN DE ESTADO DE ABANDONO Y GUARDA PARA FUTURA ADOPCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-07

Los principios generales que rigen en la materia y sobre los cuales se edifica la institución, enunciados en el art. 595 CCyC y que tienen su origen en la Convención de los Derechos del Niño, deben ser observados de oficio por el juez, conforme lo viene señalando con firmeza la CorteIDH ("Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas", sentencia del 24/02/2012, párr.282; "Fornerón e Hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas", sentencia del 27/04/2012, párrs. 48 a 51).

Observaciones: Kemelmajer de Carlucci, Herrera, LLoveras: "Tratado de Derecho de Familia", Rubinzal- Culzoni Editores, T.II., págs. 31 y sgtes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, concursos, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA COMPAGNUCCI S.A. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

Los argumentos desarrollados por la impugnante no resultan suficientes en orden a trasponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, a poco que se repare en que no aporta razones valederas demostrativas de que el A quo, al decidir la caducidad de la instancia, lo hubiese hecho sin fundamentación bastante, de modo arbitrario y lesivo de garantías constitucionales, toda vez que la recurrente no acredita por qué motivo se vio impedida de instar el procedimiento durante los tres meses establecidos por el artículo 277 de la ley 24522 desde que el expediente llegó a la Alzada, y más aún, cuando constituía su carga imponerse sobre el estado de las actuaciones e impulsar su trámite, puesto que ella misma fue la que promovió la instancia recursiva, al interponer el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que hizo lugar al pronto pago respecto de algunos acreedores y lo rechazó de otros. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24522, artículo 277.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Moyano, Jorge Humberto s/ Tentativa de robo agravado - Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que aduce que la confesión extrajudicial no puede ser utilizada como elemento base de la prueba compuesta en el caso que aquélla no satisfaga las exigencias del art. 235 inc. 3 del C.P.P., si el imputado alegó su obtención por medios delictivos y ante esa denuncia el señor Juez de primera instancia ordenó la formación de la causa respectiva.
Competencia, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Incidente de competencia e/ Titular Juzg. Cr. y Corr. 4, Quilmes y  titular J. Cr. y Corr. 5, Lomas de Zamora, doctor Marcelo Darío  Soukop
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Si en una causa anterior se dictó sobreseimiento definitivo, el que no se encuentra firme al tiempo de la declaración de incompetencia formulada en una causa posterior, desde que falta la notificación al defensor del procesado, resulta aplicable al caso lo establecido en los arts. 12 y 14 del C.P.P. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Coloma, María Teresa y otras c/ Aráoz, Jorge Santiago y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El pronunciamiento que consideró que el beneficio de litigar sin gastos promovido catorce días después de iniciada la demanda principal no alcanza para eximir al interesado del pago de la tasa de justicia devengada con anterioridad, aplicó mecánicamente un principio procesal fuera del ámbito que le es propio sin ponderar adecuadamente que, al no haberse notificado la demanda al momento de la promoción del beneficio, no podía considerarse agotado el acto de inicio procesal en tanto la pretensión era aún susceptible de transformarse en sus elementos objetivos (art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Responsabilidad objetiva, derechos y garantías constitucionales, subcontratación laboral, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CUEVAS, JUAN JAVIER c/ RAPOL S.A. Y OTROS s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-12

El criterio propio para abrir la esclusa de la responsabilidad objetiva en el cauce del art. 30 LCT -de interpretación estricta, para no viciar otros derechos y garantías constitucionales ajenos a la vinculación laboral que genere créditos consecuentes-, es el marcado por la CSJN con criterio ajustado al instituto en tratamiento, esto es, la cesión de actividad propia a un tercero ajeno al empleador -prevista en el art. 30, LCT-, enlazada con el concepto legal de "establecimiento" del art. 6 LCT: "unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa", resultando suficientemente claro que si la actividad de la empresa es producir artefactos para el hogar, no resulta la vigilancia en el transporte de sus productos parte de su unidad técnica de ejecución, y puede considerarse válidamente "escindible" de la misma. Se trata del criterio adoptado por este Cuerpo (cf. STJRNS3: "SURITA" Se 248/04), al advertir que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido en la interpretación estricta del art. 30 de la LCT en el fallo Escudero Segundo R. y otros c. Nueve A. S.A. y otro; del 14/09/2000; DT 2001-A; págs. 97 a 101), según el cual, si bien no puede negarse que la seguridad resulta un elemento de importancia, se trata de una típica actividad accesoria y conceptualmente escindible, ya que no se conforma una unidad técnica de ejecución entre ella y la de su contratista, pues, de hecho, podría no prestarse y en nada afectaría, en sí misma considerada, su esencial actividad, de producir electrodomésticos. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Amnistía, cancelación de deudas
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: S.M.A.T.A. s/ Régimen penal tributario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

No corresponde otorgar la amnistía comprendida en el Art. 73 de la Ley 25401 en caso de no existir cancelación total de la deuda, puesto que como segundo requisito de esa norma es necesario el cumplimiento "total" de las obligaciones adeudadas; por tanto, sólo resta suspender el proceso a las resultas del cumplimiento del plan de pagos (Del voto del Dr. Bonzón).