Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-11


SENT Nro. 19 En la Ciudad de San Miguel de Tucumán a Once 11 de Febrero de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, con más la integración del señor vocal de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "León Alperovich S.A.CLF.I. vs Flores, Reynaldo Alberto s/Cobro ejecutivo "~ Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala ha, de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 21/6/2001, que hace lugar al recurso de apelación deducido por el actor; revoca el fallo de primera instancia y manda llevar adelante la ejecución.

II.- Ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que la misma ha incurrido en infracción de las normas adjetivas de los arts. 779 último dispositivo, 272 ajustado al art. 34 2° párrafo y 167 in fine, 294 inc. 3° y 297 inc. 3° del CPCC. Expresa que también ha violado reiteradas doctrinas legales de la CSJT.

Le agravia que la Cámara se atribuya la competencia total, de ambas instancias, resolviendo las excepciones de inhabilidad de título y pago que no fueron resueltas en primera instancia; y ello, aún delante de la falta de agravios del apelante sobre las mismas. Que por ello el fallo en crisis no guarda congruencia al resolver cuestiones que no le han sido propuestas y que no fueron resueltas por el inferior. Cita jurisprudencia de esta Corte que establece que ni ella ni las Cámaras ni las partes pueden crear competencia al margen de la ley. Que se infringe también el Pacto de San José de Costa Rica el cual, en su art. 8 inc. h establece la doble instancia como garantía del debido proceso de la libre defensa en juicio, y con ello, el art. 18 y 31 de la CN. Que con todo ello se afectó asimismo la Administración de Justicia y el orden público procesal, causando gravedad institucional. Le causa gravamen, asimismo, que habiéndose cuestionado la inhabilidad del título, toda vez que no figura entre los mencionados por la ley y además no reúne los requisitos indispensables para ser dotado de fuerza ejecutiva, en tanto la obligación tampoco era líquida ni exigible y quedaba sometida a obligaciones o prestaciones bilaterales fundamentalmente de parte del vendedor al cumplimiento de las leyes 19724 y 13522, la sentencia entiende que son cuestiones que exceden el análisis de la aptitud ejecutiva del título que no resulta posible tratar enderezadas a planteos sobre la exigibilidad de las prestaciones, con lo que ha violado la normativa de los arts. 501 y 502 del CPCC.

Señala que la sentencia se basa en la cláusula 10 del boleto que concierta el pacto de ejecutividad y que éste ha sido descalificado por la doctrina legal de este alto Tribunal y por extensa jurisprudencia nacional. Agrega que en el caso no sólo se ha cuestionado esta aptitud del titulo, sino también se ha expuesto la iliquidez e inexigibilidad de la supuesta deuda que la propia sentencia se encarga de reconocer al mencionar que la liquidación carece de precisión, no establece la tasa de interés aplicada y la forma o metodología con la que han sido calculados estos intereses, faltando incluso la actualización con indices del costo de la construcción; añadiendo la deficiencia de la demanda en especificar qué rubros y sumas de dinero componen el monto reclamado; todo lo cual toma inviable, a criterio del recurrente, la presente ejecución.

Explicita que la Sala 1, con voto del Dr. Alonso, en juicio de idéntico contenido, objeto y causa que la presente ha fallado en contra de la ejecución, por lo que no logra comprender el cambio de criterio asumido sin fundamento alguno que lo avale. Señala que en dicha causa se reproducen las consideraciones de esta Corte Suprema de Justicia en otro precedente (sent. n0 110/98) denegando expresamente virtualidad ejecutiva al pacto de las partes litigantes.

Aduce que existen cuatro pruebas -que en copias se acompañan- que no fueron agregadas a los autos ni ordenada su producción; que esta gravísima irregularidad, sumada a la falta de resolución de la excepción de inhabilidad de título y de pago parcial en primera instancia, descalifica la posibilidad de emitir una resolución respecto a esas defensas y también sobre la de litispendencia, única en la que tenia competencia para decidir la Cámara. Requiere a esta Corte que, en virtud de lo dispuesto en el art. 167 in fine en concordancia con el art. 166 última parte, declare la nulidad de todo lo actuado por omisión de formas sustanciales del proceso, si el Tribunal encuentra tal violación a la estructuración procesal.

Sostiene la arbitrariedad sentencial y la violación de normas sustantivas toda vez que la propia sentencia en su última parte resolutiva admite que la supuesta deuda ejecutada no es líquida y suple las serias deficiencias apuntadas con pautas o correctivos que ordena cumplir en la ejecución de sentencias que son absolutamente arbitrarios y que en las pruebas de consultorias financiero-contable aportadas de su parte y desaparecidas del expediente se demostraba que la liquidación era inexacta. Que el sentenciante no leyó las mismas obrantes en el juicio de consignación ofrecido como prueba, violando los arts. 33 y 34 CPCC, expidiendo sobre el punto una consideración de tipo general en contra del art. 32 del digesto procesal. Que olvida la Cámara, al considerar que lo único cuestionado es el cumplimiento de la prehorizontalidad y que ello significa examinar la causa de la obligación, que el título está subordinado a los requisitos de ley que condicionan su fuerza ejecutiva. Viola con ello la ley 19724 pues el titulo y su fuerza ejecutiva están subordinados al cumplimiento de los recaudos y arts. 9, 1 1, 13 inc. a),b), c), d), y g) y cctes. arts. 14, 15, 16 y 18 así como su exigibilidad al expreso y categórico art. 12 que exige registrar los boletos o contratos poniéndose nota de esta registración, lo que no consta en el de autos; y tampoco repara en lo dispuesto por el art. 13 inc c). que exige la constancia de la escritura de afectación y de su anotación en el registro en el boleto y de que en poder del escribano obre copia simple certificada para el adquirente. Entiende que, del cumplimiento de esos recaudos sobrevendrá, como lo expone el plenario de las Cámaras Nacionales Civiles para todo tipo de procesos, la falta de acción del vendedor. Añade que lo dispuesto por las leyes 19723 y 13512 es de orden público y que aún limitada a las formas extrínsecas del titulo la excepción de inhabilidad del mismo seria procedente en tanto éste tenga causa ilícita. Que la sentencia ignora esas leyes y al boleto que las infringe extrínseca e intrínsecamente; ignora lo dispuesto por el art. 509 in fine (se ha probado la inimputabilidad de la mora)yelart.510 CC-cctes.con los arts. 1183, 1185, 1182, 1184,1201, 1203, 1204 CC- en tanto el boleto ejecutado consagra prestaciones reciprocas; y contrariando esas leyes de orden público y habiendo causa ilícita va de suyo que no puede hablarse de mora automática o pacto comisorio expreso a favor del vendedor, como lo pondera la sentencia, sin atender a ese cumplimiento reciproco que surge de sus estipulaciones así como a la falta de requisitos como título ejecutivo, patentizados como incumplidos de su sola lectura. El boleto queda, en definitiva, en estado de obligación natural, aplicándose, dice, el art. 515 inc. 3° y faltándole, en consecuencia, el tercer requisito de exigibilidad.

En punto a la litispendencia, entiende violados los arts. 297 inc 3°, 294 inc. 3°, 534 inc. 3° CPCC y 757 inc. 4° del CC. Estima que nuestro código procesal se inscribe dentro de las doctrinas que sostienen la tesis amplia en materia de juicio ejecutivo y respecto al mismo, de la litispendencia. Que, por el contrario, la sentencia exige la triple identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, inscribiéndose dentro de la tesis restrictiva que ha sido ya abandonada y superada. Que el art. 294 no exige esta identidad sino que habla disyuntivamente de la misma causa o de otra cuya resolución deba ser previa o conjunta así como su sucedáneo, art. 297 inc. 30 también distingue dos extremos y efectos; que para nuestra ley basta la mera conexidad o coexistencia para que se produzca la litispendencia. Señala que, siendo así, carece de importancia que las partes ocupen distintos lugares en el proceso cuando en definitiva se disputa la misma cosa. Agrega que también existe la litispendencia ante la sola posibilidad de fallos contradictorios. Que en el caso la consignación es anterior a la intimación de pago y la sentencia dice que no, aun cuando ha tenido a la vista la causa pendiente o continente de la presente, en la cual se aprecia claramente que inició la consignación en 19/4/93 y que luego de notificada ésta es intimado de pago. Siendo asi, no puede considerarse un arbitrio como afirma la sentencia pues fue anterior a la intimación; que la sentencia prejuzga que se ha tomado conocimiento desde mucho antes pero no valora que tal conocimiento sólo se refirió a la nulidad de las actuaciones declarada por el juez de la causa, por haber sido citado e intimado en un domicilio falso que diera el ejecutante; que tampoco puede hacer mérito de aquello que está viciado de nulidad. Esta postura no es la que predica la sana crítica, ni la lógica, ni la ley, resultando arbitraria pues se basa en la mera suposición.

Explicita que el monto no puede ser idéntico entre éste y el del juicio por consignación en tanto en ella el pago consignado de las veintiséis cuotas en tela de juicio ha sido condicionado al cumplimiento por el vendedor de las disposiciones de la leyes antes citadas por lo que resulta evidente que no puede haber similitud de montos ni que la mora automática haya acaecido, violándose el art. 757 inc. 4° del CC.

Cita jurisprudencia en su apoyo, doctrina legal; hace reserva del caso federal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado, con costas.

Corrido el traslado de ley, la actora contesta el mismo a fs. 283/290.

III.- Por auto interlocutorio del 28/12/2001 la alzada concede el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV. - La sentencia recurrida sostiene, en relación a la excepción de litispendencia, que la procedencia de ella en el juicio ejecutivo está condicionada al requisito de que la demanda por consignación se hubiera notificado con anterioridad a la intimación de pago realizada en el juicio ejecutivo y la identidad entre la suma consignada y la que el ejecutante reclama. Rechaza la excepción articulada entendiendo que en autos no se cumplen con tales presupuestos ya que la demanda ejecutiva se inició el 07/12/92 y si bien la intimación de pago de fs. 31 fue posteriormente invalidada, de las actuaciones surge que el accionado tuvo conocimiento de este proceso, antes de interponer la demanda por consignación y cumplimiento de contrato, toda vez que el incidente de nulidad fue deducido el 01/03/93 (fs. 23/26) y el juicio ordinario el 09/4/93, según surge de los autos "Flores, Reynaldo Alberto s/consignación y cumplimiento de contrato" que tiene a la vista. Valora que tampoco son coincidentes las sumas reclamadas y consignadas, destacando que en la consignación se sujeta el pago del precio al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la contraparte, que estima no efectuadas. De allí que no admita la consignación cuando es usada como un arbitrio para paralizar el juicio ejecutivo o discutir la causa de la obligación y con ello privar al acreedor de la utilidad que le brinda este tipo de procesos; que la sentencia ejecutiva no hace cosa juzgada material y que el vencido puede promover el juicio ordinario posterior.

En atención a la forma como resuelve los agravios del apelante en relación a la excepción de litispendencia, la Cámara se aboca al tratamiento de las demás excepciones opuestas, entendiendo que así corresponde.

En relación a la excepción de inhabilidad de título, considera que la misma fue opuesta sobre la base de que el boleto de compraventa no está de acuerdo a las disposiciones contenidas en las leyes n0 19724, 135 12 y 20276. Que la defensa sólo resulta viable cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del título porque no figura entre los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (obligación dineraria líquida y exigible no sometida a condición y prestación) o porque el ejecutante o ejecutado carecen de legitimación sustancial (legitimación para obrar) en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor. De allí que no resulte posible tratar -expresa la Cámara- bajo su invocación cuestiones que exceden el análisis de la aptitud ejecutiva del título y vayan a planteos sobre la exigibilidad de las prestaciones o la posibilidad de modificación de las obligaciones asumidas en el contrato que les dio origen. Explicita que en autos lo que el demandado hace es cuestionar lo atinente a las exigencias de prehorizontalidad y al cumplimiento de obligaciones contractuales lo que significarían examinar la causa de la obligación vedado en el proceso ejecutivo, ya que la defensa deducida debe limitarse a las condiciones extrínsecas del titulo. Por ello, concluye rechazando esta defensa.

Rechaza asimismo la excepción de pago, toda vez que no se admite aquí ninguna otra prueba del mismo que no sea la documental, por lo que no puede ser fundada en la mera promoción del juicio de consignación, siendo necesario que o en su defecto, el recibo o documento equivalente otorgado por el acreedor y que en el juicio de consignación no recayó sentencia existiendo planteos de caducidad de actor y demandado pendientes de resolución.

Impone las costas al demandado y, en cuanto al monto por el que debe prosperar la ejecución, destaca la imprecisión de la liquidación practicada, la falta de la tasa de interés aplicada, metodología con la que fueron calculados y actualización, a lo que agrega la deficiencia de la demanda en especificar qué rubros y sumas de dinero componen el monto total reclamado.

Frente a esas falencias pospone para la etapa de ejecución de sentencia la determinación exacta de la suma adeudada, fijando pautas que el tribunal especifica tomando en consideración lo estipulado en el contrato y en los términos de la demanda.

Concluye haciendo lugar a la apelación, revocando la sentencia del 08/3/99 con lo que no hace lugar a las excepciones de litispendencia, pago total e inhabilidad de títulos articuladas y, en consecuencia, ordena llevar adelante la ejecución.

V. - En orden al juicio de admisibilidad, se observan cumplidos los requisitos de depósito judicial, presentación temporánea por quien se encuentra legitimado para ello y definitividad de la sentencia recurrida. Esto último en atención a que si bien es doctrina pacífica y reiterada de esta Corte Suprema de Justicia, que la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante el juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC), pues existe una excepción restringida al supuesto del rechazo de una excepción de inhabilidad de título, en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material, y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (arg. art. 544 3° párr., CPCC), admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a) de la ley adjetiva (cfr.: CSJTuc., in re: "Banco de Galicia y Bs.As. S.A. vs. Cano, Mario Roberto s/ejecución hipotecaria", del 25/3/98; "Banco de Catamarca vs. Pío Marchetti Soc. de Hecho s/cobro ejecutivo", del 17/3/95; "León Alperovich vs. Sánchez, Maximiliano Juan s/cobro ejecutivo", del 8/11/2001; etc.).

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de los agravios que refieren a la habilidad del título que se pretende ejecutar, cabe considerar el gravamen del ejecutado referido a la ausencia de litispendencia en que concluye la Cámara. Al respecto, no asiste razón al recurrente en afirmar que el tribunal de mérito no pudo entrar a considerar las restantes defensas en tanto éstas no fueron resueltas por el juez de inferior instancia; no se expresaron agravios en el recurso de apelación ni pudieron ser sustentadas defensivamente por el apelado. No resulta correcto afirmar, entonces, que se han violado los arts. 34, 272, 294 bis. 297 procesal, ni el PSJCR, art. 8° inc. h) que establece la doble instancia como garantía del debido proceso.

En efecto, razones de economía procesal en tanto no se vea afectado el derecho de defensa en juicio exigen que al modificarse la sentencia, se haga mérito de las restantes cuestiones en debate para poner fin al litigio, sin que sea menester el recaudo de la doble instancia ya que las partes han agotado el debate y prueba con la amplitud necesaria (Morello-Sosa-Berizonce, CPCCN y de Bs. As., comentados y anotados; T.ll-C, pág. 127). De otra parte, el régimen de la doble instancia sólo requiere que existan dos sentencias que examinen las cuestiones propuestas en las oportunidades procesales correspondientes, pero no exige que tales cuestiones sean sometidas a un doble examen (Palacio, Lino E. "Derecho Procesal Civil", T.V., pág. 461).

En este sentido, el art. 775 procesal es claro y terminante en tanto dispone que el tribunal de alzada podrá resolver sobre las cuestiones que habiendo sido propuestas a decisión del inferior, no fueron resueltas por aquél en razón de la solución que dio al caso. Nótese que la dispositiva alude a que las cuestiones que limitan los poderes del tribunal se refieren a las que fueron propuestas a la decisión del juez inferior y no a las que fueron resueltas por éste.

Lo expuesto es perfectamente aplicable en el sub iudice, toda vez que el juez de primera instancia, al hacer lugar a la excepción de litispendencia, no se expide sobre las otras articuladas, remitiendo la decisión sobre las mismas a la oportunidad procesal y por ante el juez correspondiente. Sin embargo, y en tanto el tribunal de alzada revierte dicha resolución, denegando la litispendencia invocada, es correcto que se aboque al tratamiento de las restantes excepciones que fueron efectivamente propuestas a decisión del inferior habiendo gozado ambas partes de la oportunidad de su alegación, defensa y prueba.

Por ello, corresponde rechazar este agravio y pasar a analizar la forma en que la Cámara resuelve las restantes excepciones y que fueran también, motivo de agravios casatonos.

En relación a la inhabilidad de titulo la doctrina reconoce que la jurisprudencia es casi unánime sobre el rechazo de la vía ejecutiva directa, con sustento en el incumplimiento de los requisitos básicos que hacen al título ejecutivo; esto es, su exigibilidad, incondicionalidad directa, liquidez y precisión. Negándose, por otra parte, la posibilidad de la creación convencional de títulos ejecutivos especiales, aunque respeten los principios generales enunciados (CSJT, in re: "Caja Popular de Ahorros de la Pcia. de Tucumán vs. Molina, Armando César y otra s/cobro ejecutivo", sent. n0 686 del 30/9/96: "León Alperovich vs. Sánchez, Maximiliano, sent. n0 968 del 8/11/2001).

El instrumento privado reconocido por el demandado tendrá fuerza ejecutiva siempre que contenga una deuda líquida y exigible que no esté sujeta a condición o contraprestación. Reunidos los presupuestos de legitimación sustancial, causa lícita, objeto cierto y obligación pura o de condición cumplida o plazo vencido, el título resulta hábil en cuanto al crédito.

A su vez, el planteo de inhabilidad de título sólo es viable si se cuestiona la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, o porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (obligación dineraria, líquida, exigible no sometida a condición o prestación), o bien porque el ejecutante o ejecutado carecen de legitimación por no ser la persona que figuran en el título como acreedor o deudor.

La Cámara reproduce estos conceptos para concluir en que no le resulta posible tratar bajo esta excepción cuestiones que exceden del análisis de la aptitud ejecutiva del título y vayan a planteos sobre la exigibilidad de las prestaciones o la posibilidad de modificación de las obligaciones asumidas en el contrato que les dio origen. De allí que, afirmando que el demandado cuestiona lo atinente a las exigencias de prehorizontalidad y al cumplimiento de las obligaciones contractuales -lo que significaría examinar la causa de la obligación que está vedado en el proceso ejecutivo- concluye rechazando esta excepción.

A su vez, y en punto al agravio relativo a la iliquidez del crédito que se pretende ejecutar cabe observar que, conforme surge de los términos mismos de la sentencia recurrida, la deuda no ha sido considerada de fácil liquidación. Así, el tribunal considera que "la liquidación practicada (planilla de fs. 4) carece de precisión, no establece la tasa de interés aplicada y la forma o metodología con la cual han sido calculados estos..."; agregando a ello "la deficiencia de la demanda en especificar que rubros y sumas de dinero componen el monto total reclamado" y considera a todo ello como "falencias" que, a juzgar por el resultado sentencial, no impidieron estimar la liquidez de la deuda.

En efecto, la Cámara no valora conforme a la sana crítica aquellas aseveraciones, por cuanto concluye, a pesar de las mismas, en la habilidad del título y remite a la etapa de ejecución de sentencia "la determinación exacta de la suma por la que se llevará adelante la ejecución" (sic fs. 252).

Ello así, entiende esta Corte que la ponderación del tribunal acerca de la falta de precisión en la planilla y las deficiencias en la demanda por la falta de especificación de rubros y sumas de dinero debieron haber llevado a la conclusión, en un razonamiento lógico y conforme a las reglas de la sana crítica, de la falta de liquidez de la deuda en tanto la suma demandada no resulta fácilmente liquidable incumpliendo, así, con uno de los recaudos del art. 501 procesal. La liquidez es uno de los presupuestos de la ejecución y no parece, según los propios términos de la sentencia en crisis, que surja del titulo. La sentencia, por ende, no resulta coherente en tanto de las premisas de las que parte, en torno al tópico que se analiza, no emerge conforme a un razonamiento válido lógicamente la conclusión que de ellas se extrae.

Así entonces, el boleto de compraventa fundamento de la pretensión ejecutiva de autos, no constituye en los términos señalados, titulo ejecutivo válido en tanto implica para el juzgador realizar un análisis de las cláusulas contractuales y estipulaciones legales que lo regulan así como de la cuantía de la obligación que se afirma incumplida por el deudor, sistema de cálculo, tasa de interés, etc., lo cual excede el ámbito del proceso ejecutivo.

De allí que por la via de la falta de liquidez debe llegarse, a contrario de lo dispuesto por el tribunal de alzada, a una solución desestimatoria de la demanda ejecutiva.

Las costas de todas las instancias se imponen a la actora vencida (art. 106 y 572 procesal).

Por todo lo expuesto, corresponde casar la sentencia recurrida, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es inhábil como título ejecutivo el boleto de compra venta del cual no resulta una deuda líquida o fácilmente liquidable'; dictando como sustitutiva: "I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia rechazar la excepción de litispendencia opuesta por el ejecutado. II. - Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado y, en consecuencia, rechazar la demanda ejecutiva deducida en autos por León Alperovich S.A.C.I.F.I. en contra de Reynaldo Alberto Flores".

Por último, se advierte que lo considerado en los párrafos anteriores, en tanto la causa se ha dirimido en el sentido de desconocer habilidad al titulo que se ejecuta en razón de la ausencia de fácil liquidación de la deuda que se ejecuta, advertida por el propio tribunal de mérito, torna irrelevante analizar los restantes agravios del impugnante referidas a la falta de exigibilidad de la deuda o la vinculada con la excepción de pago (situaciones ambas que pueden recibir consideración exhaustiva en un eventual y ulterior juicio de conocimiento).

Lo propio acontece con los agravios referidos a la litispendencia a lo que debe añadirse su falta de definitividad sentencial, cuando ella se basa, como en la especie, en la conexidad de causas. Así, esta Corte Suprema se ha pronunciado ya en el sentido de que el requisito establecido por el art. 813 inc. a) del CPCCT, no se cumple cuando la sentencia recurrida desestima una excepción de litispendencia por conexidad al no revestir el carácter de definitiva, no recaer en una cuestión incidental que termine el pleito o haga imposible su continuación. La resolución atacada, entonces, en este aspecto, no pone fin al pleito, ni hace imposible su continuación, ni causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, ni priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, por lo que el recurso deviene formal y parcialmente inadmisible, en el tópico (cfr. CSJT, sent. n0 924, deI 21/11/97).

VI.- Atento al resultado del recurso las costas de todas las instancias se imponen a la actora vencida (art. 106 y 572 CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandu, dijo:

1.- Adhiero a los antecedentes del caso expuestos por el señor vocal doctor Alberto José Brito en los considerandos I. II, III y IV de su voto, como así también a lo expresado en el considerando V sobre el rechazo de los agravios referidos a que no se cumplió el requisito de dos instancias, y a la excepción de litispendencia. Disiento con el distinguido vocal preopinante en cuanto a la inhabilidad del título, y expongo a continuación mi voto sobre el tema.

II. - No fueron planteados al oponer excepciones, como se observa en el escrito de fs. 53/56, los siguientes agravios propuestos en el recurso de casación: la impugnación .de habilidad del título por no estar enumerado en el digesto procesal entre los instrumentos idóneos para habilitar la via ejecutiva, el cuestionamiento de que el pacto de ejecutividad no habilita el proceso de ejecución, y que no hay obligación líquida y exigible.

El demandado opuso tres excepciones: a) litispendencia (fs. 53 vta.); b) inhabilidad de título (fs. 55) fundada en el incumplimiento de las leyes 19.724, 20.276 y 13.512 y c) pago total (fs. 55 vta).

Los temas que no fueron materia de la excepción de inhabilidad de titulo que opuso el demandado son improponibles. Por ello el recurso es inadmisible respecto de los agravios en los que se cuestiona la aptitud ejecutiva del instrumento base de la ejecución por no estar mencionado en la ley procesal, por ser inidóneo el pacto de ejecutividad para habilitar la ejecución, y por falta de obligación líquida y exigible.

La pretensión de que se examinen cuestiones no planteadas al trabarse la litis transgrede el principio de congruencia establecido en el art. 34 CPCC, del que derivan los preceptos de los arts. 272, 273 inc. 4° 5° y 6°, y 280 CPCC. Por ello no corresponde que los agravios mencionados se introduzcan por primera vez en esta sede por haber precluído la oportunidad procesal para su planteo, como así tampoco que esta Corte examine de oficio cuestión ajena a la traba de la litis. como resolvió este Tribunal en sent. 179 del 24/3/2000 en "Banco Mayo Coop. Ltdo. vs. Ezquer, Emilio Alberto y otro s/cobro ejecutivo", sent. del 25/12/84 en "Tretau E. vs. E. Bleckwedel s/pensión"; "Amenta A. vs. Dip A.T. y o. s/restricciones y limites al dominio", y sent. del 21/3/97 en "Manes, M. A. y o. 5/sucesión", entre otras. Por lo expuesto corresponde declarar mal concedido el recurso de casación respecto de los referidos agravios.

III.- Como lo señaló la Cámara (cfr. fs. 253 y vta.), exceden el marco cognoscitivo del juicio ejecutivo los agravios que plantean que la liquidez y certeza del título están pendientes, condicionados al cumplimiento de la ley 19.724, por cuanto argumenta el recurrente que según el art. 12 de la misma, los contratos no registrados según el régimen de prehorizontalidad no dan derecho al propietario contra el adquirente pero sí a éste contra el enajenante.

Resulta acertada la decisión del Tribunal por cuanto no corresponde que en el ámbito de la excepción de inhabilidad de titulo se planteen cuestiones que excedan la aptitud ejecutiva del titulo que consistan en impugnación de la exigibilidad de la obligación por incumplimiento de prestaciones del vendedor derivadas de la ley 19.724.

Sin perjuicio de lo expresado, puede observarse que el contrato de compraventa tiene fecha 30/10/87 y que la inscripción del reglamento de copropiedad y administración se efectué el 19/11/87 (cfr. expte. "Flores, Reynaldo vs. León Alperovich S.A.C.I.F.I. s/consignación de pago y cumplimiento de contrato", a fs. 71 vta, consta inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración del edificio de calle Buenos Aires 288 en el Registro Inmobiliario el 19/11/87 en libro diario 10175/87, matrícula S-9721/1 al 14, esta última adquirida por el accionado).

El planteo formulado por el recurrente fue rechazado por la jurisprudencia, pudiendo citarse la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala B: "La posterior inscripción del reglamento de copropiedad y administración suple la omisión de afectación del inmueble al régimen de prehorizontalidad e inscripción de los respectivos boletos en el Registro desde que con aquélla quedó cumplida la finalidad tuitiva perseguida por el art. 12 de la ley 19.724 por lo que es inaplicable la doctrina del plenario Cotton" (sent. 31/10/83 en "Alvear 1850 S.R.L. c. Taub, L." E.D. t. 108 pág. 319). En el mismo sentido resolvió la Cámara 1 de Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata: "La inscripción del reglamento de copropiedad y administración suple la omisión de afectación del inmueble al régimen de prehorizontalidad, desde que con aquélla queda cumplida la finalidad tuitiva perseguida por el art. 12 de la ley 19.724", sent. 30/12/99 en "Arce, Daniel vs. Distribuidora Fer S.R.L.", la Ley Buenos Aires año 2000 pág. 1256).

Ello es así por cuanto inscripto el Reglamento de Copropiedad y Administración cesa la prehorizontalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimé una queja confirmando sentencia que declaró "que una vez otorgado e inscripto el reglamento de copropiedad, lo cual justifica que el bien esté íntegramente construido y dividido por el régimen de la ley 13.412, la compraventa no difiere de las promesas de venta de inmuebles extraños a la propiedad horizontal, donde no es preciso un régimen tuitivo especial". (C.S.N., marzo 24-981 en 'Tueran, S.R.L. c. Compañía Vitoral S.A., L.L. 1981-D, 131).

Atento a lo expresado, los agravios que pretenden que el titulo es inhábil porque no hay obligación exigible si no se cumplieron los preceptos de la ley de prehorizontalidad, resultan improcedentes en el caso, por lo que corresponde su rechazo.

IV.- Atento al resultado del recurso, corresponde que se impongan las costas al demandado (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, voto en el mismo sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, voto en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal RESUELVE:

1.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala ha, de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 21/6/2001 y, en consecuencia, CASAR la misma conforme a la doctrina legal enunciada, dictándose la siguiente sustitutiva: "I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia rechazar la excepción de litispendencia opuesta por el ejecutado. II.- Hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el ejecutado y, en consecuencia, rechazar la demanda ejecutiva deducida en autos por León Alperovich S.A.C.I.F.I. en contra de Reynaldo Alberto Flores.

II.- COSTAS, conforme a lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MALLDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR (en disidencia) RENE MARIO GOANE DISIDENCIA DEL DR. GANDUR: El demandado opuso tres excepciones: a) litispendencia; b) inhabilidad de título fundada en el incumplimiento de las leyes 19.724, 20.276 y 13.512 y c) pago total. Los temas que no fueron materia de la excepción de inhabilidad de titulo que opuso el demandado son improponibles. Por ello el recurso es inadmisible respecto de los agravios en los que se cuestiona la aptitud ejecutiva del instrumento base de la ejecución por no estar mencionado en la ley procesal, por ser inidóneo el pacto de ejecutividad para habilitar la ejecución, y por falta de obligación líquida y exigible. La pretensión de que se examinen cuestiones no planteadas al trabarse la litis transgrede el principio de congruencia establecido en el art. 34 CPCC, del que derivan los preceptos de los arts. 272, 273 inc. 4° 5° y 6°, y 280 CPCC.

HAGASE SABER ANTONIO GANDUR