marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Doctrina legal, obligatoriedad del precedente
Materia: CIVIL
Carátula: Laval, Ester c/ Asociart ART S.A. s/ indemnización enfermedad - accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-08-08

"La doctrina legal vigente debe ser necesariamente respetada mientras la misma no cambie, producto de visiones jurídicas superadoras por parte de quienes tienen la carga de elaborarla. Las reglas arriba citadas han estatuido lo que la doctrina nómina como el "stare decisis vertical", que implica la obligatoriedad para los Tribunales inferiores de seguir en su obrar jurisdiccional los precedentes dictados por sus superiores jerárquicos, bajo la prevención implícita de que el apartamiento del precedente conllevará -como primera sanción- la revocación del fallo así dictado, por parte del Tribunal superior que revise esa sentencia". (Voto de la Dra. Zaratiegui por la mayoría)
Pena, sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: ULLUA, MIGUEL ANGEL s/ PENA - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-28

La sola remisión formal a las circunstancias de los arts. 40 y 41 del Código penal no satisface la exigencia de la fundamentación de la pena, pues esa tarea requiere que el tribunal de sentencia señale en que medida las pautas contenidas en aquellas normas trascienden el juicio sobre la mayor o menor peligrosidad del condenado y, en definitiva, incidirán en la medida de la pena.
Locación, locación de inmuebles, plazo de la locación
Materia: CIVIL
Carátula: Ferrari, Otto Olmar s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-04-30

El art. 1507 del C.C. comprende todos los casos en que no hubiere contrato escrito que estipule un plazo mayor de dos años, aún aquellos en que no se hubiere establecido plazo alguno. Esta es la versión técnicamente elaborada de la norma que respeta su letra y se acomoda a su espíritu que si bien ha querido beneficiar al locatario con un término mínimo de protección legal (según el destino de la locación), no ha pretendido en manera alguna gravar al locador imponiéndole un juicio previo por fijación de plazo para lograr la restitución del inmueble cuando se contrató por tiempo indeterminado, como se desprende de su simple correlación con la disposición del art. 1604 inc. 2º del C.C. (Del voto del Dr. Angel Nicolás Agüero Iturbe)
Acumulación de procesos, sentencias contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Constantini, Patricia Beatriz c/ Bustamante, José y otro s/ daños y perjuicios (accidente trán.  lesiones o muerte).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Es procedente la acumulación de procesos, no obstante que no concurra la triple identidad del sujeto, objeto y causa, si es evidente que existe la probabilidad del dictado de fallos contradictorios.
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, remoción del administrador del consorcio, remoción con justa causa
Materia: CIVIL
Carátula: BALESTRA, CARLOS c/ ARIBAR S.A s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

Cuando existe justa causa no se requiere mayoría alguna para obtener la remoción del administrador del consorcio.-
Daños y perjuicios, culpa concurrente, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: Luis  A.  Buteler  Oliva  y Otra Marcelo Daniel Crosigniani y/o quien resulte civilmente responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-10

Se considera que ambos conductores fueron responsables en la producción del accidente y por ende, son responsables de los daños causados a la parte contraria (confr - arts - 1109 y 1113 del Código Civil), de modo que en orden al presente deberá resarcir el demandado los daños producidos a la actora en la medida que se contribuyó a causarlo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, costas al vencedor, sentencia arbitraria, violación de la ley aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivas Vda. de Fernández, Guillermina P/SI Y P.S.H.M./ Horacio M. Fernández y Otro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-11-29

La imposición de costas, que en principio no es materia de tratamiento en esta instancia, sin embargo en este caso el quejoso señala que el pronunciamiento viola la ley y afecta garantías constitucionales al imponérselas contraviniendo el principio normativo y legal de la derrota, sin fundamentación racional, ni normativo para su apartamiento, siendo vencedora en el juicio que le reconoce sus derechos.
Intereses, tasas de interés, doctrina, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Czechowiez, Eduardo Néstor c/ Transportes Metropolitanos Roca S. A. y Otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-11

Por aplicación de la doctrina sentada en el fallo plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios", del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento en que se causó cada perjuicio, pues no obsta a tal conclusión la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales, ya que ello no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Picasso)
Instrumentos públicos, redargución de falsedad, nulidad de la escritura pública, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., J.C. c/ S., M.I. s/ REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-18

Resuelto en el proceso de redargución de falsedad que la firma inserta en el instrumento público no es la del actor -demandado en la ejecución hipotecaria-, definir la nulidad absoluta o relativa de la escritura, es una cuestión abstracta y desprovista de objeto pues, considerada falsa la firma del ejecutado, se pone final al juicio de ejecución hipotecaria en virtud de que tanto la obligación como la hipoteca le son inoponibles.-Del voto de la mayoría (Dres. Sansó y López Aramburu)
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miranda, César Agustín. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-27

Habiéndose hecho lugar a la pretensión expuesta en demanda, respecto de la fecha desde la cual corresponde reconocer al reajuste del haber previsional, cabe hacer lugar a la desvalorización monetaria e intereses.
Ley de defensa del consumidor, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Espino Ojeda Veronica Adriana c/ Telecom Personal S. A. s/ especiales (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-06

A partir del dictado de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, de su reforma por la Ley 26.361 y de la reforma de la Constitución en 1994 con el art. 42 que eleva a rango constitucional los derechos del consumidor; las relaciones con el usuario de los servicios en general se rigen por estas normas, sin perjuicio de las cuestiones técnicas que involucren reglamentación específica en tanto no colisionen con la normativa específica del consumidor. De esta normativa sobre los derechos del consumidor derivan la aplicación de la Ley con carácter de orden público (art. 65); la interpretación más favorable al consumidor (art. 3) y las cargas probatorias dinámicas (art. 53) que obligan a los prestadores del servicio a probar, ya que se encuentran en mejores condiciones. A ello debe agregarse el deber de información (art. 4) y la prevención de riesgos. En esa relación que une a los contratantes, ambos deben responder con buena fe. La buena fe es un principio general de las relaciones obligacionales que hace, - además -, al orden público pues sienta las bases para que el contrato funcione adecuadamente como instrumento de justicia y se vincula con el deber de cooperación en la medida requerida por el tipo de relación obligatoria de que se trate. Esta obligación aparece como calificada y acentuada respecto de la parte proveedora del servicio, - en este caso la empresa de telefonía demandada -, por la marcada asimetría que existe en las relaciones de consumo, - y en ésta en particular -, donde el poder económico y las disponibilidades técnicas del proveedor obstaculizan, - cuando no impiden -, la relación en un plano de estricta igualdad. En consecuencia, el principio general de distribución de la carga probatoria cede cuando se lo aplica a una relación de consumo, debiéndose aplicar la normativa específica (art. 53 LDC), que impone la carga probatoria a quien se encuentra en mejores condiciones de probar. En análogo sentido : Sentencia Nro. 66 del 13 de Marzo de 2013 recaída en el caso "MATÍAS ADOLFO DE JESÚS C/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" - Expte. Nº 7779/04 - SALA Iª. DRES.: COURTADE - FAJRE.
Política criminal, contrabando, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Sanchez Carrasco, Fernando Andrés s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-13

La equiparación de las penas entre el contrabando y su tentativa no vulnera ninguna de las garantías que consagra nuestra Carta Magna, toda vez que obedece a la particular naturaleza de dicha figura delictual, en orden a su comprobación, tratándose en definitiva de una cuestión de política criminal, materia propia de la esfera legislativa.
Suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público Fiscal, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: " Fernández Leyton César s/ queja por apelación denegada ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

La necesaria conformidad del Fiscal, consecuencia de la naturaleza del rol que desempeña dentro del proceso penal, opera respecto de la concesión o denegatoria del beneficio y no puede ser cuestionada en la medida en que no resulte manifiestamente arbitraria y se encuentre debidamente fundada en ley (conf.

causa n° 13.014 "Lazo", reg. n° 14.006 del 6.3.07; c. n° 17.328 "Guzmán", rta. 10.4.01, re. n° 18.563; c. n° 24.647 "Ramírez Zapata", rta. 18.12.07, reg. n° 27.879; c. n° 28.014 "Mahomed", rta. 11.8.09, reg. n° 30.224).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, reparación del producto, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Spano, Mauro Sebastian  c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

Corresponde condenar a un fabricante automotriz a cambiar el motor de la unidad adquirida por el actor, e indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados, toda vez que se verifica el incumplimiento del deber de garantía, pues no efectuó una reparación satisfactoria de los desperfectos que presentaba el automóvil, por cuanto el mismo -si bien podía ser utilizado- no fue íntegramente reparado y la avería continúa.

En este sentido, la LDC 17 dispone que, la reparación no satisfactoria sucede cuando no reúne la cosa reparada "...las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada". Por ello, la reparación deberá ser realizada de modo que el vehículo quede en condiciones óptimas y necesarias para el uso normal.

Al respecto, el decreto reglamentario 1798/94 establece que se entenderá por "condiciones óptimas" aquéllas necesarias para un uso normal mediante un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante. Bajo tal óptica, el decreto citado habla de "uso normal" e idoneidad para el uso de la cosa, y si bien se pone el acento en lo funcional, lo cierto es que el bien debe reunir todos y cada uno de los atributos que se prometieron (rectius: garantizaron) al consumidor al tiempo de contratar y no solamente los que hacen al funcionamiento propio de ella (CNCom, Sala B, in re, "Bazan Felipe c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario", del 16/06/20).
Concurso preventivo, verificación de créditos, obligación tributaria, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: AFIP - DGI c/ Angel y Fco. Fontanet - Concurso s/ Incidente de revisión en concurso preventivo (Promovido por AFIP -  DGI) (Expte Nro.  926-99, Resolución Nro.  209, Tomo 9, Folio 162/163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

Es procedente la verificación del crédito derivada de una multa si la infracción es anterior al concurso, aunque el acto administrativo que la impone sea posterior, pues la apertura del concurso no impide la continuación de los procedimientos administrativos ante el órgano recaudador y la ulterior verificación de las multas, siempre que estén firmes.
Competencia federal, competencia por la materia, falsificación de marca o designación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pizzi, Roberto s/ Infr. art. 172 del Código Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Es competente la justicia federal para conocer en la adulteración de marcas y designaciones de cassettes, que constituiría infracción al art. 31 de la Ley 22.362.
Indemnización, pérdida de la chance, responsabilidad médica, parto
Materia: CIVIL
Carátula: M.C., E. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-27

"Lo que se indemniza ante la frustración del parto... en un proceso de gestación de 3 meses, es el daño material resultante de la frustración de la esperanza de que en el futuro la criatura por nacer pudiera ayudar económicamente a sus progenitores y prestarles apoyo personal, que no tiene solo valor ético sino también económico".
Acción declarativa de inconstitucionalidad, objeto de la demanda, orden jurídico, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

En la acción declarativa de inconstitucionalidad, el actor tiene la carga de identificar precisamente la o las reglas particulares del orden jurídico local cuya exclusión del catálogo que lo conforma pretende, y citar con absoluta precisión el texto o segmento normativo cuya pérdida de vigencia demanda, como efecto de la sentencia que dictará el Tribunal (art. 113, inc. 2, CCBA), pues no corresponde al Tribunal precisar su objeto. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Enfermedades inculpables, licencia por enfermedad, remuneración, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: GUZMAN, DIONISIO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Sin perjuicio de que el art. 6 inc. j del CCT 21/75 exceptúa el rubro 216, viáticos, del concepto de sueldo, el trabajador que goza de licencia por enfermedad, de acuerdo a lo determinado por el art.

208 LCT. no debe cobrar una remuneración menor a la que percibiría si hubiera prestado servicios.
Carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ORTIZ JUAN ALBERTO c/ DALMOLIN JOSE MARIA s/ COBRO DE PESOS. DIF. SALARIALES. INDEM. POR ANTIG. Y OTROS RUBROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-27

Cuando la existencia o no de la relación laboral se invoca en juicio y ella es desconocida por el demandado, tal como en el caso su demostración como por cuenta de la parte actora ya que en estos supuestos no opera la inversión de aquella. Es decir que el trabajador tiene que demostrar en todos los casos, el hecho de la prestación de servicios.
Empleo público, período de prueba, acción de amparo, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Miguel Fernando c/ Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-02

El amparista persigue su reincorporación al cargo que desempeñaba y del que fuera desplazado por decreto del presidente de la Cámara de Diputados de fecha 27/03/08, fundado en la provisoriedad del nombramiento del actor -dado que su incorporación a planta permanente se produce en el mes de Diciembre de 2007 luego de haber sido contratado por el período aproximado de 16 años- y en la falta de idoneidad para la función.

En primer lugar, no está en discusión la vinculación de la actora con la demandada desde el año 1992, y que el cargo -tal cual lo reconoce la demandada- no corresponde a la planta de personal no permanente con funciones políticas, sino al agrupamiento administrativo, según surge del informe del área de recursos humanos, elemento de prueba suficiente para tener por configurada en el caso la arbitrariedad manifiesta que la acción de amparo requiere para su procedencia.

En efecto, el art. 14º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública, en el que se sustentara el acto cuestionado, supedita la adquisición de la estabilidad en el empleo a que se acrediten condiciones de idoneidad para la función conferida durante el transcurso de un período de "prueba" de seis meses (6) de prestación de servicio efectivo. En caso contrario, se establece la facultad que tiene la autoridad administrativa para revocar el acto que dispuso el ingreso, resultando correcto interpretar que el objeto de tal potestad es la de brindar la posibilidad a la Administración para que evalúe la idoneidad del agente durante el período de prueba. Cabe preguntarse, entonces, si es correcto que dicha evaluación se lleve a cabo respecto de una persona que ha prestado servicios como personal contratado durante el transcurso de más de dieciséis años y también si no habrá tenido la demandada tiempo más que suficiente para evaluar el desempeño del agente. Alegar -como lo hace la demandada- la provisionalidad a que hace mención la norma aludida supra respecto de empleados que ya venían ejerciendo funciones en la administración, es desconocer el sentido y naturaleza del artículo, que a buen entendedor se refiere al ingreso originario en tal condición y no es aplicable en aquellos casos de cambio en la situación de revista, hipótesis en la que, como es obvio, la Administración ya tuvo oportunidad para merituar idoneidades.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción de amparo intentada, dejar sin efecto el acto administrativo impugnado y ordenar a la autoridad administrativa la reincorporación de actor en la categoría y condición que revestía con anterioridad al dictado del acto en cuestión, en el término de 10 días de quedar firme la presente.

Del voto del Dr. Cáceres (por la mayoría)
Trabajadores marítimos, Marina Mercante Nacional, inconstitucionalidad, indemnización por despido, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Bruera, Alberto Miguel c/ Esso S.A.P.A. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-28

Cabe confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del decreto 2733 -que dispuso la prórroga del decreto 1772/91, por el cual fue modificado sustancialmente el régimen legal de la marina mercante- e hizo lugar a la demnada por diferencias en el cálculo de la indemnización por despido, pues la situación de crisis oportunamente invocada en el año 1991 para justificar el dictado del decreto 1772 -sobre cuya validez constitucional no resulta necesario pronunciarse- fue superada en 1993, año en el que se emitió la norma cuestionada.
Estabilidad del empleado público, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pascuas, Diego Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

El personal designado en forma provisoria todavía no pertenece a la plante permanente (art. 12, ley 10430) y reviste una particular situación signada por la precariedad de su nombramiento y la consiguiente posibilidad del cese autorizado en los términos de los arts. 6 de la ley 10430 y 6 del Decreto 1227/87 (modificado por Decreto 304/87).
Hurto simple, remoción de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: TABACCHI, JOSE ANDRES s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1948-05-14

La sola remoción de la cosa ajena, no basta para consumar el delito de hurto. Ver Scheneider, Alfredo 29.3.57 (G0008873).
Verificación de créditos, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Manelli, María C. y otro s/ Inc. de verificación tardío (en autos "Quierolo, Juan C. s/  Quiebra")
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

Si bien es principio general que en el supuesto de verificación tardía de un crédito, las costas devengadas en el respectivo incidente deben ser soportadas por el acreedor, éste debe ceder cuando se invocan y acreditan circunstancias excepcionales que justifican la no concurrencia en término a la insinuación de la acreencia; hipótesis en la que deviene justa su imposición en el orden causado.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, personas con discapacidad, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F. M., A. M. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-22

Los eventuales condicionamientos que se pretendan ejercitar sobre el derecho a la salud, por motivos de índole económico-financiera, ponen en acción, como se anticipó, la vía expedita del amparo como instru-mento de garantía de los derechos humanos fundamentales.
Prueba, ofrecimiento de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Escudero, Oscar Ruben y otros c/ Sellos Ríos y otro s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-03

El replanteo de prueba requiere ineludiblemente el ofrecimiento de las correspondientes medidas probatorias en primera instancia, y que sólo es admisible cuando se alega que dichas medidas han sido erróneamente denegadas o declaradas caducas por negligencia.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Caccia, Marcelo Carlos s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

Es improcedente la denuncia de violación del art. 156 -n.a- de la Constitución provincial si los supuestos vicios que se plantean (violación del art. 330 del Código de Procedimiento Penal y ausencia de notificación de la resolución que deniega el recurso de apelación) no guardan relación con la norma constitucional invocada.
Prueba, apreciación de la prueba, instrumentos públicos, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LAZARTE, Berta y otras s/ apelación Causa 14.740
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

El sistema de apreciación de la prueba adoptado por el Código Procesal Penal en su art. 398, se suscribe a las reglas de la sana crítica para la ponderación de las probanzas incorporadas a un proceso penal. Por ello, la presunción "jure et de jure" que el Código Civil asigna a los instrumentos públicos, carece de virtualidad a los fines de asignarle ese valor a aquellos documentos.

Así la fuerza probatoria de aquellos instrumentos deberá ser atribuida indefectiblemente a través del tamiz interpretativo de la sana crítica que rige en la especie, merced a la cual puede restársele completamente la plena fe que el Código Civil asigna extra proceso penal.
Recurso de casación penal, cómputo de la pena, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nodar, Edgardo Matías s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-20

El cómputo de la pena es revisable, tanto en favor como en contra del condenado, por tratarse de una consecuencia del mandato contenido en la sentencia que ordena practicarlo y no de una parte integrante de ella. (Voto del Dr. Madueño, adhiere el Dr. Fégoli, Dr. David en disidencia).