Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-02-17


AUTOS N° 82.857 (Cuarto Juzgado Civil) (SALA III N° 10.169) "MUZIO DE TINTO Maria Helena C/ Bahia S.A. - Cobro de Pesos - II Cpo." ///En la ciudad de San Juan, a 17 días del mes de Febrero de dos mil once, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Moisés Moya y los Dres. Humberto R. Caballero y Catalina Celia Cúneo de García como Vocales, para conocer sobre el recurso de apelación concedido a la parte demandada a fs. 324, contra la sentencia de fecha 27 de agosto de 2009, obrante a fs. 320/321 vta. de estos autos.

CATALINA CELIA CÚNEO DE GARCIA dijo:En la sentencia definitiva el Sr. Juez a-quo resolvió: "I) Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. María H. Muzio de Tinto contra Bahía S.A., y en consecuencia se condena a la demandada a pagar a la actora en el plazo de cinco días de quedar firme o consentida la presente, el monto reclamado de $9.000, con más los intereses legales desde que la fecha en que fueron abonados y hasta su efectivo pago; II) Imponer las costas a la parte demandada vencida; III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por la ley 4.072".

Contra dicho pronunciamiento apela la parte demandada a fs. 323, el recurso se le concede a fs. 324. Expresa agravios a fs. 336/337 vta. Formula reserva de los recursos extraordinarios de la Ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley 48. Los agravios fueron respondidos por la contraria a fs. 343 y vta..

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez a-quo en la sentencia apelada, diré que: La presente acción tiene origen en la demanda por cobro de pesos interpuesta por la Sra. María Helena Muzio de Tinto contra la empresa "Bahía S.A.".

Relata la actora que el 11/07/1997 suscribió una solicitud de adhesión con la empresa demandada, por la cual contrataba la incorporación al club Bahía de las Tablas, con derecho al uso de un tiempo compartido. El precio de lo contratado ascendía a la suma de $7.150, abonando el monto de $ 2.520 de contado y el saldo restante a pagar en cuarenta (40) cuotas. En garantía de pago de dichas cuotas firmó cuarenta (40) pagarés, los cuales serían devueltos a la libradora al abonar cada cuota respectiva.

De las cuarenta (40) cuotas sólo pagó dos (2) a sus vencimientos pertinentes. El 18/11/1997 presentó ante la accionada una nota de renuncia al derecho a uso del tiempo compartido. La accionada, le entregó una nota de crédito por la suma de $4.398,50, monto que representaba el saldo que restaba pagar por el precio pactado originariamente por el uso del tiempo compartido.

Agrega que en dicha nota, se dejó expresa constancia que se emitía por renuncia al tiempo compartido. En la nota de renuncia, se consignó que los documentos 3/40 al 40/40 inclusive le serían entregados antes del 31/12/1997, porque se encontraban en la sede de Bahía S.A. en la provincia de Buenos Aires.

-Expresa la actora, que los documentos nunca le fueron devueltos por la accionada, quien los endosó a favor de "LECCORP SOCIEDAD GENERAL S.A." quien a su vez, interpuso demanda ejecutiva en su contra. Por la presente pretende la repetición de lo que pagó sin causa a la sociedad referida.

-El derecho de reclamar, surge del incumplimiento doloso o culposo por parte de la demandada, al no devolver los pagarés suscriptos por su parte y endosarlos a favor de "LECCORP SOCIEDAD GENERAL S.A.".

Afirma la actora, que el accionar de las sociedades encuentra su explicación en que ambas están vinculadas societariamente. La demandada endosó los pagarés a sabiendas que su parte ya había renunciado al tiempo compartido. Entiende que resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto por los arts. 499 y 792 del Código Civil. - Reclama daño moral, atento que el accionar de la demandada hizo que afrontara un proceso judicial (juicio ejecutivo), en el que resultó perdidosa, con todas las tensiones y situaciones que un juicio acarrea, además de desembolsar una suma importante de dinero el que no pudo destinar a otras necesidades.

-Reclama la suma de pesos nueve mil ($9.000), con más intereses legales desde el día 30/09/03 hasta la fecha del efectivo pago, con costas.

Es la suma que la actora debió pagar por los documentos ejecutados en los autos N° 047/01 y 12.935/01, caratulados "LECCORP SOC-GRAL C/ MUZIO DE TINTO MARÍA HELENA-EJECUTIVO, que tramitaron ante el Juzgado Letrado del departamento Chimbas y que se tienen a la vista en este acto.

A fs. 204 el Juez a-quo da curso a la presente acción, ordenando se corra traslado de la demanda a la accionada. A fs. 217/222 vta. comparece la demandada, opone excepciones al progreso de la acción y en subsidio, responde la demanda.

Se ordena correr traslado de las excepciones a la actora quien las contesta a fs. 225/227 vta. Por resolución de fecha 17/04/06 (fs. 239/240) el Juez a-quo rechaza las excepciones de incompetencia y de prescripción planteadas por la demandada, difiriendo el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva para la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. -A fs. 241 se abre la causa a prueba. El informe en derecho de la parte demandada corre agregado a fs. 315/317.

El fallo recurrido le causa a la demandada los agravios que subsumiré de la siguiente forma: Primer agravio: Referido al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva. Sostiene la apelante que por los hechos, el derecho y la prueba existente, no se encuentra acreditada su legitimación para revestir el carácter de accionada en la presente causa.

Fundamenta en forma equivocada el a-quo al sostener que la sustitución de poder, presentada en el expediente, "le refiere un entramado comercial" entre las empresas "FINZA S.R.L.", "ALIADA CARD S.A.", "LECCORP AGENTE DE MERCADO ABIERTO S.A. SOC.", "LECCORP SOCIEDAD GENERAL S.A." y "BAHIA S.A.".

No señala el juez a-quo, de que prueba surge el fundamento jurídico para llevar a cabo dicha afirmación. No tiene en su poder los elementos de prueba de cada una de las sociedades a las que hace referencia y así probar el "entramado negocial" que aduce. La afirmación que hace lesiona su derecho de propiedad, de defensa en juicio e igualdad ante la ley.

-Agrega que su parte, no se encuentra legitimada para ser sujeto pasivo de una acción de cobro de pesos, basada en lo que la actora abonó en un juicio ejecutivo al tenedor legítimo de un pagaré. Tampoco puede pretender la repetición de lo pagado a "LECCORP SOC. GRAL. S.A." sin causa, atento no puede repetirse contra aquél que nunca ha sido deudor o principal pagador de los documentos ejecutados y esgrimidos como fundamento de esta demanda. - La sentencia carece de coherencia en los fundamentos de todos sus considerandos, tornándose en un pronunciamiento arbitrario. En definitiva pide se revoque el fallo, se admita la excepción de falta de legitimación pasiva y en consecuencia el rechazo de la demanda, con costas.

- Segundo agravio: Reitera la demandada, que le agravia la sentencia al admitir la procedencia de la acción contra una persona jurídica que no está legitimada para revestir el carácter de accionada. - Manifiesta que no está acreditado en autos que la actora haya cancelado la inscripción y la suscripción al Club Bahía de las Tablas como se expresa en la sentencia apelada. Sostiene que de acuerdo a las normas propias del derecho ejecutivo, el ejecutante no tiene obligación de probar a qué corresponden los pagarés que se ejecutan, como lo afirma el Inferior.

Agrega que el título, su adquisición y el derecho a él incorporado, es ajeno a las causas que le dieron origen. Dicha característica, tiende a dar seguridad jurídica al tercero adquirente del pagaré, ya que respecto del mismo existe la prescindencia legal de las situaciones personales de sus anteriores poseedores.

- Aduce que la cancelación de los documentos, ejecutados legítimamente por LECCORP SOC. GRAL S.A., no pueden repetirse contra Bahía S.A. porque no era principal pagadora ni deudora de los documentos.

Omitió considerar el Juez a-quo que, para que proceda una acción de repetición deben reunirse los requisitos que establece el Código Civil en sus arts. 727, 767, 768 y 771, para poder accionar.

No existe razón alguna para considerar probada la responsabilidad contractual, más aún si se tiene en cuenta que, la actora siempre estuvo legitimada para reclamar el pago documentado, mediante la nota de crédito obrante en su poder y emitida por Bahía S.A. Tercer agravio: Referido a la imposición de costas a su cargo. Solicita se admita el recurso y las mismas se impongan a la contraria.

- Pide en definitiva se revoque el fallo y se rechace la demanda. Formulas reservas para interponer los recursos de la ley 2275 y el caso federal del art. 14 de la ley 48.

-En respuesta a los agravios expuestos por la demandada diré que:Acerca de la legitimación pasiva este Tribunal en numerosos fallos ha señalado que: "Hay quienes la explican como la titularidad del derecho o relación jurídica: material objeto del juicio, respecto de aquellos que la distinguen del derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión con prescindencia de la titularidad del derecho. - - Según un criterio tradicional: "A través de esta excepción el Juez investiga si el actor, o el demandado están investidos de la "legitimatio ad causan" esto es, si existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede.

Es la demostración de la calidad de titular del derecho del actor, y de la calidad de obligado del demandado, lo que determina o no la admisión de esta excepción, que no es en consecuencia un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia." También se ha razonado que: "Cuando un litigante se encuentra legitimado para peticionar, significa ser titular de un derecho o de una relación que lo habilita para peticionar el objeto del juicio y solicitar del órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una sentencia favorable, o su rechazo según fuere el caso.

No está legitimado, por ende, quien es ajeno a la relación jurídica que se discute, porque la ley habilita a reclamar ante la justicia sólo a aquél que reviste la calidad de titular del derecho de que se trate. Cuando el recurrente carece de tal titularidad porque la ley no se la confiere, no corresponde dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión, debiendo el sentenciante inhibirse por tal motivo." "Lo esencial de la cuestión, se encuentra en distinguir entre la mera titularidad de una relación jurídica en que se funda una pretensión y la fundabilidad de ésta.

Solamente la primera se vincula con la legitimación para obrar y cumple una función procesal, a saber, que el proceso se desarrolle entre los sujetos que, respecto de la pretensión deducida, puedan ser los destinatarios de los efectos del proceso.

De ahí que la legitimación para obrar y para contradecir, se circunscriba al ámbito del vínculo entre las partes y, la relación jurídica sustancial, a la posición jurídica que concierne a los sujetos con relación al objeto del juicio, a las condiciones que hacen a la calidad de las partes, pero no a la legitimidad del derecho ni a la determinación de lo que es objeto de la tutela que ha de realizarse a través del proceso.

"Se concluye en que sólo cabe analizar a través de esta excepción si quien actúa es, en principio y para el caso, la persona habilitada por la ley para ello (Morello y Colaboradores. Códigos Procesales. Com. Tº IV-B-pág.341 y ss.). (PROT. DE AUTOS Tº I Fº 79/83 AÑO 2002).

La defensa de falta de legitimación pasiva prospera, cuando no es el demandado el titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión. Es decir, la persona especialmente habilitada por la ley para asumir la calidad de demandado, con referencia a la concreta materia sobre que versa el proceso. - En este caso, la sociedad demandada tiene legitimación pasiva en razón de haber contratado con la actora un tiempo compartido, reclamando ésta la devolución del precio de las cuotas que ha debido pagar, con posterioridad a su renuncia al mismo.

-El 11 de julio de 1997, la Sra. Muzio de Tinto suscribe con la Sociedad demandada, un contrato de "tiempo compartido", por un precio total de $7.150, del cual anticipó la suma de $2.520, conviniendo el saldo de $4.630 a pagar en 40 cuotas de $115,75 el vencimiento de la primera era para el día 20/09/97 (fs. 25).

Acuerdo reconocido por las partes. En garantía de dicho contrato, las partes suscribieron 40 pagarés por cada una de las cuotas, levantando la actora dos de ellos (fs. 28/29). - El 18 de noviembre de ese mismo año, la actora renuncia al tiempo compartido indicado, pero no a la suscripción familiar al Club Bahía de las Tablas (fs. 23), no oponiendo la demandada objeción alguna.

Documento que recibido por la empleada de ese Club, Verónica Vallejos, quien reconoce su firma y letra al prestar testimonio (resp. 2°- fs. 267).

La rescisión del contrato formulada por la actora, de carácter receptivo, extingue el mismo inmediatamente, opera para el futuro, careciendo de efecto retroactivo (art.1200 del Código Civil).

Al pié del escrito de renuncia y con letra manuscrita, que se presume de la testigo, dado su manifestación (resp.2°); se ha consignado que los documentos del 3 al 40 (40/40) se van a entregar antes del día 31/12/97, no constando a la testigo su entrega (resp. 3°).

- -De la compulsa del expediente no surge constancia de prueba alguna, de que los mismos hayan sido devueltos a la actora.

Respecto a la Nota de Crédito N° 0007-00000630, por la suma de $4.398,50 (fs. 27), según la mencionada testigo ha sido emitida el mismo día de la renuncia al tiempo compartido, siendo beneficiaria la actora (respuestas a las repreguntas 1° a 3°).

La nota de crédito, permite al beneficiario imputar el mismo a futura o futuras compras o servicios.

Se ha resuelto que "La nota de crédito no es crédito exigible sino simplemente una bonificación para ser imputada en nuevas operaciones y solo bajo esa condición. Si no se hacen nuevas compras, la nota de crédito queda por si sola cancelada" (C.N.A.Com.Sala A- "Finklstein Marcos c/ Frigorífico San Jorge S/ Ord." 31/07/90).

La demandada no acreditó ninguna imputación a un servicio que haya prestado a la actora, o al pago por ésta de las cuotas del Club. -Si bien, no ofreció prueba al respecto, este Tribunal ha dicho que la jurisprudencia y doctrina tiene entendido que:

"Desde diferentes vertientes se ha recogido el moderno criterio interpretativo que postula una percepción más flexible y funcional de las clásicas reglas de distribución de la carga probatoria, enfatizando la satisfacción del "deber de colaboración" que incumbe a cada parte en función de su postura en la relación o situación jurídica que se dilucida en el proceso -que se resume en una visión más solidarista del problema.

Sea que el acento se coloque en el aspecto funcional, o ya cuando se apunta a la demostración en cierto tipo de obligaciones, o al factor de atribución en la responsabilidad por culpa en el ejercicio de las profesiones liberales.

No es diverso lo que se predica, por otro lado, con sólido sustento doctrinario, en la interpretación de la conducta que las propias partes despliegan en el proceso, como cuando se sustraen deliberadamente al deber de colaboración para el esclarecimiento de los hechos decisivos para la suerte del litigio. - La aportación de la prueba no constituye una obligación procesal, sino una carga, desde que la omisión de probar, pese a la regla del "onus probandi", no lleva aparejada sanción alguna, y a lo sumo el litigante omiso se expondrá al peligro de no formar la convicción del juez, y a la perspectiva de una sentencia desfavorable.

La carga procesal funciona a doble faz, el litigante tiene la facultad de contestar, de no probar, y de no alegar con el riesgo consistente en que si no lo hace oportunamente, se falla el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas, o sin saber sus conclusiones.

La carga de la prueba es un imperativo del propio interés del litigante, que pone a cargo de este último el riesgo de obtener una decisión desfavorable (Morello y Colaboradores. Códigos Procesales Com. Tº V-A pág. 140 y ss.). (PROT. DE SENT. Tº I Fº 1/5 AÑO 2007). Es decir, que la carga probatoria dinámica es el principio en que ambos litigantes deben probar sus derechos, esto es, que tanto actor como demandado deben aportar los elementos de convicción para demostrar sus razones. (Jurisprudencia de esta Sala III: Prot.de Sent. T° I- F° 106/113-2002; T° II-F° 388/395-2006).

-Conforme a lo expuesto precedentemente, la Sociedad demandada no ha cumplido, al margen de la relación contractual, con su obligación de restituir a la actora, con motivo de su renuncia al "Tiempo compartido", los 38 pagarés suscriptos por ésta a su favor al formalizar el Convenio respectivo, los que fueron endosados a una tercera persona; hechos que generan responsabilidad extracontractual (art. 1109 del Código Civil.).

- En doctrina se admite uniformemente, que para que exista responsabilidad civil deben configurarse cuatro elementos comunes a ambos supuestos de responsabilidad (contractual o extracontractual), a saber:

Antijuridicidad; la existencia de un daño; relación de causalidad entre el hecho ilícito o el incumplimiento y el daño y la imputabilidad de aquellos al autor del daño o la concurrencia de un factor legal de atribución de responsabilidad.

Más concretamente, no hay responsabilidad civil si no se prueba el daño causado, pues no se puede imponer la sanción de resarcir donde no hay daño acreditado que reparar.

Lo antes manifestado configura el primero de los requisitos indicados; el endoso indebido de los pagarés y su posterior ejecución, como surge de los expedientes ejecutivos acompañados, le ha producido a la actora un daño patrimonial cierto, acreditado debidamente con el certificado de cancelación de las ejecuciones, de fecha 30/09/03 (fs. 99/100, repetido a fs. 190 y 192).

Así, ha quedado también demostrada, la relación de causalidad entre el incumplimiento de la demandada en entregar en el término convenido los documentos y el daño producido; siendo responsable aquella por el endoso de los mismos, lo que da lugar a la indemnización solicitada, por el pago de los mismos. Tiene dicho la jurisprudencia que: "Tratándose de daño emergente o lucro cesante y sea que se accione por responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio, para que sea resarcible, debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que los reclame y debe hacerlo fehacientemente, aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas (Cc0000 Tl 9304 Rsd-18-98 S -15/08/99- "Sierra, Nicanor C/ Gardes, Daniel Emilio Y Otro S/ Daños Y Perjuicios").

Además: "en función del principio de la reparación plena e integral que rige tanto en materia de responsabilidad extracontractual cuanto contractual, la indemnización debe colocar al comprador en la misma situación en que se hubiera hallado en el caso de que, por el puntual cumplimiento de la promesa, el bien hubiera ingresado a su patrimonio ( Scba, Ac 35162 S-29/11/1988-"Barbieri, Oscar J. Y Otros C/ Re, Norberto Y Otros S/ Cobro De Pesos"-Publicaciones: Ays 1988-iv-398)).

Por los fundamentos expuestos es improcedente el recurso de la demandada y conforme a los mismos deben ser rechazados los agravios. Atento al resultado obtenido, las costas de la alzada también deben ser impuestas a la demandada vencida. (art. 74 y conc. del C.P.C.).

LOS DRES. HUMBERTO R. CABALLERO Y MOISES MOYA, por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede. Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 323 por la demandada y concedido a fs. 324, contra la sentencia de fecha 27 de agosto de 2009, obrante a fs. 320/321, la que se confirma por los fundamentos dados en los considerandos.

Costas a cargo del apelante vencido (art. 74 del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO:DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA .

ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE SENT. T° I-F° 56/62- 2011