Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-05


Fojas: 76 En la Ciudad de Mendoza a cinco días del mes de junio del año dos mil seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones, Dra. Ana María Viotti, Dr. Alfonso Boulin y Dr. Ricardo Catapano Mosso trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 38.187/126.380 caratulados "BBVA Banco Francés S.A. Fiduciario Fid. Diagonal c/Sciardis de Espinoza, Gloria y ot. p/Ejecución cambiaria", originarios del Vigésimo Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 48 y en contra de la sentencia de fojas 44/45.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteáronse las siguientes cuestiones a resolver:

1ª Cuestión: Es justa la sentencia? 2ª Cuestión: Costas.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Catapano, Boulin y Viotti.

Sobre la primera cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

I.- Que, en oportunidad de fundar recurso, a fojas 60/66 el Dr. Carlos Arturo Sanchi, por la actora, denuncia errónea interpretación del art. 96 del Decreto 5.965/63, que, luego de establecer el plazo de prescripción de tres años de la acción directa (contra el aceptante), dispone que la acción del portador contra los endosantes y contra el librador se prescribe al año, contado desde la fecha del protesto formalizado en tiempo útil o desde el día del vencimiento, si la letra contuviese la cláusula "sin gastos"; señala que el art. 104 del mismo decreto establece que "el suscriptor del vale o pagaré queda obligado de la misma manera que el aceptante de una letra de cambio." Sostiene que la acción intentada en autos no es la acción de regreso, sino la acción directa; que su mandante, en calidad de endosatario y portador del título, accionó contra los suscriptores del pagaré quienes revisten la condición de obligados directos del nexo cartular, según la expresa remisión contenida en el art. 103 y lo establecido por el art. 104 del Decreto Ley 5.965/63; que la acción cambiaria es directa o de regreso, según el sujeto pasivo de la misma, con total independencia de la posición que el acreedor cambiario ocupe en la relación cambiaria; el término que rige en el caso es el de tres años dispuesto en el primer párrafo de esta norma.

Critica el fallo de primera instancia pues estima que el decisorio aplicó el plazo anual con fundamento en la calidad de endosataria de su parte; cita jurisprudencia en apoyo de su posición.

Agrega que, tal como fue planteada la excepción de prescripción, el fallo apelado incurre en errónea aplicación del principio "iura novit curia" con respecto a la prescripción aplicable, lo que ha redundado en una violación del derecho de defensa de la parte actora.

II.- Que a fojas 67 la Cámara dispone correr traslado de la fundamentación del recurso a la contraria, por el plazo de ley (Art. 142 del C.P.C., providencia que se notifica a fojas 70.

A fojas 71/72 los demandados contestan el traslado conferido, solicitando, por las razones allí expresadas, la confirmación de la resolución de fojas 44/45.

III.- Que a fojas 75 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 76 el pertinente sorteo de la causa.

En autos, según surge de la copia de fojas 10, el actor ejecutó un pagaré a la vista sin protesto, suscripto por la Sra. Gloria Sciardis de Espinosa en calidad de deudor y por Emilio Espinosa, en calidad de avalista, a favor del Banco Transandino; el título de crédito en cuestión se suscribió en fecha 20/8/1.999, por la suma de $ 2.750, con más un interés anual del 26 %.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 36 del Decreto 5.965/63, las partes ampliaron el plazo de presentación a cinco años a contar de la fecha de libramiento de dicho instrumento.

Al dorso del instrumento, obra la siguiente leyenda: "Páguese a BBVA Banco Francés S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Diagonal Mercobank (Sociedad Absorbente del Banco Transandino S.A.)".

La demanda se inició en fecha 17/08/2.004; según surge de las expresiones vertidas en el escrito inicial, el anterior tenedor del pagaré presentó el instrumento al pago en fecha 10/05/2.000..

A fojas 27/28 la demandada opone la excepción de inhabilidad de título; al final de dicha presentación, opone la excepción de prescripción, invocando que el instrumento ejecutado nunca fue presentado al cobro, y que se cumplió el término de 5 años que refiere la cartular, contados a partir de la fecha de libramiento; agrega que dicho plazo se cumplió en fecha 20/08/2.004.

La juez a quo, en la sentencia apelada, acogió el planteo de prescripción. IV.- Que la prescripción es una verdadera excepción, ya que no se discute la legitimidad jurídica del reclamo, sino que manifiesta la existencia de un impedimento de hecho (el transcurso de un determinado plazo) que invalida el reclamo.

Pero la excepción de prescripción es una excepción perentoria, enervante de la pretensión ejercida por al acreedor, a la que extingue.

Conforme al art. 3.947 del Código Civil, "la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere"; en tanto que el art. 4.017 del mismo cuerpo legal, dispone que "por sólo el silencio o inacción del acreedor por el tiempo designado por la ley queda libre de toda obligación".

Los elementos de la prescripción liberatoria, son el transcurso del tiempo y la inactividad del titular del derecho. El primero de ellos es un elemento común a todas las prescripciones, aunque su duración varía según los distintos supuestos contemplados por la ley.

La pasividad del acreedor es el otro elemento fundamental, y de ahí que el ejercicio del derecho o de su acción correspondiente, obsten a que la prescripción liberatoria se concrete y produzca sus efectos propios.

La prescripción es una institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las incertidumbres. Requiere el transcurso del tiempo y la inactividad imputable al acreedor.

En este orden de ideas, no puede soslayarse que "la prescripción persigue y tutela valores tales como el orden y la seguridad jurídicos, y tiende a sanear situaciones cuya prolongada indefinición atenta no sólo contra los derechos patrimoniales como el de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional, sino también contra los principios generales que desde el derecho romano consagran los deberes de no dañar al otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo". (SCBA, 26-7-94, "Pefaure, Pablo Marcelo y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Expropiación inversa", DJBA 147, 115; JA 1996-I, 318) V.- Que las obligaciones cambiarias, al igual que las demás, están sujetas al efecto extintivo del devenir temporal, que las reduce a la mínima eficacia de una obligación natural, inexigible, por definición, aún cuando su pago es irrepetible (Art. 515 y 516 del Código Civil) Si bien las acciones cambiarias comparten buena parte de las soluciones generales del Derecho Privado, las particularidades derivadas de la concurrencia potencial de múltiples obligaciones en un único documento, el título valor, imponen soluciones que se apartan de las reglas comunes.

Así, el Derecho Cambiario parte de considerar a las obligaciones de los firmantes del documento como independientes (art. 7, Decreto ley 5.965/63), lo que a su vez se refleja en algunas notas propias de la denominada solidaridad cambiaria (Art. 51).

En particular, y a diferencia de lo que ocurre con el vínculo solidario en el Derecho Privado (art. 699, Código Civil), la solidaridad en materia cambiaria no supone una causa fuente única, sino claramente diferente, representada por las suscripciones individuales incorporadas al título valor.

De esta circunstancia se sigue la solución propia de la legislación cambiaria, plasmada en el artículo 97 del Decreto ley 5.965/63: "la interrupción de la prescripción sólo tiene efectos contra aquél respecto del cual se cumplió el acto interruptivo." A lo dicho se agrega que, en virtud de la distinción entre obligados directos y de regreso (art. 46), por una parte, y entre la acción de regreso originaria o de reembolso, por otra, resulta imposible identificar en abstracto la prescripción de las obligaciones cambiarias, ya que está dependerá de múltiples variables: a) la existencia de actos interruptivos y eventualmente, suspensivos, del término de prescripción, b) el carácter de obligado directo o de regreso del deudor cambiario, y c) si se trata de una acción iniciada por el portador legítimo al tiempo del vencimiento, o por un obligado cambiario que pagó. (Bergel, Salvador - Paolantonio, Martín E., "La prescripción en las acciones cambiarias", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2.000, "Prescripción liberatoria", N° 22, pág. 205 y sgtes.) VI.- Que el plazo de prescripción debe computarse desde el instante en que la acción nació; es una fórmula abarcativa de todos los supuestos posibles, incluso para los casos que no caen dentro del campo obligacional, de modo que siempre resulta preciso establecer el día en que se pudo comenzar a ejercer una demanda ante la justicia. Ello es coherente con lo sostenido en torno al efecto liberatorio de la prescripción, pues una vez verificada, se extingue la acción.

Conforme al art. 3.956 del Código Civil, "la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación"; una vez creado el vínculo, la prestación podrá ser requerida por el acreedor, pudiendo ocurrir ante la Justicia para requerir su cumplimiento.

Cuando el artículo citado alude a la "fecha del título", se refiere al día en que el nexo ligó al acreedor y al deudor, independientemente del documento que le sirva de soporte. La palabra título debe entenderse en señal de derecho. A partir del día en que se adquiere un derecho y se lo puede hacer valer se habrá de contar el plazo contemplado para el caso. (Salerno, Marcelo Urbano, "Prescripción liberatoria y caducidad", Buenos Aires, La Ley, 2.002, pág. 41 y sgtes.) VII.- Que las letras de cambio y los pagarés tienen como característica distintiva la autosuficiencia, en el plano cambiario, de su marco normativo.

El art. 96 del Decreto Ley 5.965/63 establece: "Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante se prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. La acción del portador contra los endosantes y contra el librador se prescribe al año, contado desde la fecha del protesto formalizado en tiempo útil o desde el día del vencimiento, si la letra contuviese la cláusula "sin gastos" (.) La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado por acción de regreso, contra los otros endosantes y contra el librador se prescribe a los seis meses, contados desde el día en que el endosante pagó o desde aquél en que se le notificó la demanda." En lo que respecta a la acción directa, con independencia de que se trate de una acción ejercida por el portador que ha pagado (acción directa de reembolso), el plazo de prescripción es de tres años, y el dies a quo depende del tipo de vencimiento del documento. (Bergel, Salvador - Paolantonio, Martín E., "La prescripción en las acciones cambiarias", op. cit., pág. 219/221) Sobre esta cuestión, señala Gómez Leo en el caso del pagaré a la vista, cuyo vencimiento opera contra la presentación al pago que haga el portador legitimado (art. 36, ap. 2° del Decreto Ley 5.965/63), si se levanta protesto por falta de pago, el término de prescripción corre a partir de la fecha del protesto. Si el pagaré incluye la cláusula sin protesto, hay que distinguir dos supuestos distintos:

si el portador manifiesta haberlo presentado al pago y el accionado no enerva esa manifestación por prueba contraria (arg. Art. 50, ap. 5° del Decreto Ley 5.965/63), el término de prescripción comienza a correr desde el día que se dijo fue presentado al pago; y II) si nada se manifiesta, el término de prescripción comienza a correr una vez finalizado el año que tenía para presentarlo al pago (art. 36, ap. 1° del Decreto Ley 5.965/63), año que se cuenta a partir de la fecha de creación del titulo y que puede ser ampliado o restringido por el suscriptor y sólo restringido por los endosantes (Art. 36, ap. 2° del Decreto Ley 5.965/63);

en tal caso se presume que ha sido presentado el último día que había para presentarlo al pago, de lo que se sigue que en el pagaré librado a la vista, sin cláusula que modifique el término de presentación al pago, la acción directa prescribe a los cuatro años de la fecha que lleva como de libramiento, período de tiempo éste que se integra con el año de plazo que había para presentarlo y con los tres años siguientes que, en rigor, son el término de prescripción de la acción directa. (Gómez Leo, Osvaldo R., "El pagaré", Buenos Aires, Depalma, 1.989, pág. 362/363) Para la acción de regreso, originaria o primaria, el plazo de prescripción es de un año y el diez a quo es la fecha del protesto formalizado en tiempo útil, o para el caso del documento sin protesto, el día del vencimiento.

En el caso de la acción de ulterior regreso (reembolso), el plazo es de seis meses y el término de la prescripción se computa desde el día del pago (en la hipótesis de requerimiento extrajudicial satisfecho) o desde el de la notificación de la demanda (para el caso de la cancelación de la obligación cambiaria luego de promovida la demanda judicial).

La acción de regreso, en cualquiera de sus variantes, puede ser ejercida aún luego de transcurrido el plazo de tres años, siempre dentro de los términos correspondientes al tipo de acción regresiva.

Para todos los casos, la interrupción de la prescripción opera individualmente. (Art. 97, Decreto Ley 5.965/63). (Bergel, Salvador - Paolantonio, Martín E., "La prescripción en las acciones cambiarias", op. cit., pág. 219/221) VIII.- Según surge del escrito inicial, el pagaré que en copia obra a fojas 10 fue presentado al pago en fecha 10/05/2.000; es desde este momento desde el cual debe contarse el curso de la prescripción.

Está claro que el plazo de prescripción aplicable es el de tres años que corresponde a la acción directa (art. 17, 1° párrafo del Decreto Ley 5.965/63) que dirige el endosatario en contra del librador y avalista, a tenor de lo dispuesto por el art. 96 1° párrafo del Decreto Ley 5.965/63.

Es necesario mencionar que la presentación al pago del pagaré, en tanto título constitutivo y dispositivo del derecho en él representado, deviene necesaria en tanto título de presentación o exhibición, constituyendo una conditio sine qua non para actualizar la eficacia del derecho cambiario, como promesa a favor de persona indeterminada que el suscriptor formuló al crear el título.

La inobservancia de la carga en tiempo y forma útil produce la decadencia de ciertas potestades cambiarias, que ya no pueden ser ejercidas con posterioridad sobre la base del pagaré que ha sufrido tal caducidad. (Gómez Leo, Osvaldo R., "El pagaré", op. cit., pág. 258 y sgtes.) En la jurisprudencia, se ha resuelto que "en los pagarés con cláusula "sin protesto" exigibles "a la vista", la carga de probar la omisión de la presentación para su cobro pesa sobre el ejecutado que invoca tal carencia, aún cuando el lugar de pago sea el domicilio del deudor.

Ello, en tanto carece de toda lógica imponerle al acreedor la carga de la prueba de la presentación, siendo que se lo ha eximido de la utilización del medio idóneo establecido por el legislador para acreditar tal extremo".

(Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, 1998/09/23, "Nuevo Banco del Chaco S. A. c. Bodoira, Albino A. y/u otros", LLLitoral, 1999-743) y que "tratándose de un pagaré con cláusula sin protesto, quien invoque la falta de presentación del documento al pago tiene la carga de la prueba de tal inobservancia en los pagarés con fecha de vencimiento determinada, igualmente a los pagarés a la vista; siempre el que afirma la falta de presentación debe probarlo". (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, 1990/12/26, "Bessone, Norberto c. González Di Luca, Néstor", JURIS, 89-171).

Para el título a la vista, el periodo de tres años comienza su curso desde el vencimiento del término de un año establecido para la presentación al pago. (CNCCom, Sala VI, 6/6/74, ED 60-182); en el presente caso, el propio actor manifiesta que presentó al pago el pagaré en la fecha indicada, de manera que los tres años del plazo de prescripción debe contarse desde ese momento.

No se discute que las partes ampliaron el plazo de presentación al pago a cinco años, de manera que el endosatario tenía ese plazo para exigir el cumplimiento de la obligación instrumentada en el pagaré del caso; sin embargo, al haber manifestado el propio actor que presentó al pago el título en fecha 10/05/2.000, está reconociendo que ése es, precisamente, el momento a partir del cual empieza a correr la prescripción. Al momento de plantear la demanda (17/8/2.004), el plazo de prescripción de tres años estaba cumplido.

Ahora bien, cabe analizar si ha habido indefensión del actor al haber la juez a quo recurrido al iura novit curia para aplicar el plazo de prescripción invocada por los demandados.

En este orden de ideas, la Corte de la Provincia ha sostenido que "cuando el interesado invoca una prescripción que se cumple en determinado tiempo, el juez sólo debe pronunciarse sobre su procedencia o no, pero no puede sustituirla por otra de diverso plazo, porque, fundamentalmente, podría afectarse el derecho de defensa en juicio". (Fallo Nº: 95199282, Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala: 1, 24 11 1995, expediente Nº 56.625, "Sucesión de Ricardo Santos Hurtado en jº Sucesión de Ricardo Santos Hurtado c/Club de Pescadores de San Rafael p/Ordinario p/Casación", LS 261-341) Con posterioridad, agregó en otro precedente que "para determinar si corresponde o no aplicar el principio del iura novit curia a la excepción de prescripción, resulta imprescindible analizar si, en el caso concreto, se vulnera o no el derecho de defensa en el juicio". (Fallo Nº: 98199209, Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 05 08 1998, expediente Nº 62153, "Gutierrez, Manuel Sergio en jº Gutiérrez, Manuel Sergio c/Luis A. Anaya y otros p/Ordinario- Casación", LS 281-439) En el caso, los demandados al efectuar el planteo de la excepción de prescripción no tuvieron la claridad deseada; cabe preguntarse, entonces, si la actora pudo defenderse, realmente, de la defensa opuesta y la respuesta debe ser afirmativa: los demandados invocaron un plazo de prescripción inexistente (5 años), confundiendo el plazo de presentación al pago con el plazo de prescripción de la acción, de manera que, siendo el plazo de prescripción del que se defendió la actora es mayor que el plazo que, en realidad, corresponde aplicar a este caso, fácil es concluir en que la juez a quo, al calificar la defensa y en ejercicio del iura novit curia (Art. 46 inc. 9 del C.P.C.), no dejó indefenso, en manera alguna, al actor.

IX.- En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 48, debiendo confirmarse, en todas sus partes, la sentencia de fojas 44/45, que hace lugar a la excepción de prescripción de la acción intentada en autos X.- Las costas deben imponerse a la parte apelante que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) Sobre la primera cuestión, los Dres. Boulin y Viotti adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión el Dr. Ricardo Catapano Mosso dijo:

Las costas deben imponerse a la parte demandada que resulta vencida. (arts. 34 y 35 C.P.C.). Así voto.

Sobre la primera cuestión, los Dres. Boulin y Viotti adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 5 de junio de 2.006.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fojas 48, y en consecuencia, confirmar, en todas sus partes, la sentencia de fojas 44/45.

II.- Imponer las costas de alzada a la apelante que resulta vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.) III.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. MARÍA BELÉN GUERRERO en la suma de PESOS NOVENTA Y TRES CON 36/100 ($ 93,36) y CARLOS ARTURO SANCHI en la suma de PESOS SESENTA Y CINCO CON 35/100 ($ 65,35). (Art. 2, 3, 4, 15 y 31 de la Ley 3.641) CÓPIESE, NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE Y BAJEN.