Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2008-12-16


Corrientes, diciembre 16 de 2008.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? A la cuestión planteada el Señor MInistro doctor Fernando Augusto Niz, dice:

I. La Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Curuzú Cuatiá (fs.228/236 y vta.) condenó al demandado Sr. Juan Carlos Jaime al pago, en concepto de indemnización por muerte del cónyuge de la accionante, del mínimo reducido a la mitad -$500- en los términos del artículo 73 de la Ley 22.248 -Régimen Nacional del Trabajo Agrario- y Resolución 11/2.003 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; contra lo así decidido la actora deduce recurso de inaplicabilidad de ley (fs. 239/241 y vta.).

II. Se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad del medio impugnativo en análisis (art. 102 ley 3540), corresponde entonces considerar los agravios que lo sustentan.

III. El tribunal "a quo", en lo que aquí concierne aplicó las normas del Régimen Nacional del Trabajo Agrario Ley 22.248. Para ello aclaró que no se hallaba controvertida la prestación de la víctima en la actividad rural; por el principio "iura novit curia" hizo lugar a la indemnización formulada a fs. 22 por la actora, siguiendo el artículo 73 de la ley antes citada -indemnización por muerte del trabajador-, a esos efectos fijó la suma equivalente -cuantitativamente- a la mitad de lo determinado en el artículo 76 del antes mencionado cuerpo legal.

IV. Los argumentos críticos que obran en la pieza recursiva aducen que la sentencia dictada por la Cámara es arbitraria e incurre en violación de la ley.

La recurrente arguye violación de sus derechos constitucionales, los contenidos en los artículos 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional.

A la vez, exhibe disconformidad, específicamente, en lo referido a la relación laboral habida entre la víctima -Sánchez- y el demandado.

Desarrolla sus agravios diciendo que el juzgador se apartó de la norma contenida en el artículo 2 de la ley 22.248 en violación del principio "in dubio pro operario" ya que la relación habida con el causante revistió el carácter de permanente.

Sostiene que la Alzada incurrió en error de derecho al no aplicar el monto indemnizatorio previsto en las leyes previsionales vigentes, decretos reglamentos y resoluciones que menciona, precisa que debió aplicarse la resolución Nº 4/2.004 dictada por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario la que se hallaba vigente al momento del deceso de Sánchez.

Seguidamente, reprocha la imposición de las costas a su parte, alega que se contraría lo dispuesto en los artículos 69 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, razona que su demanda progresó en un 50%.

También se queja por el rechazo del pretendido cobro del seguro de vida. Asevera que le corresponde a su parte, dada la índole -permanente- de trabajo del causante.

Por último interpreta la impugnante que hubo errónea aplicación del principio de indemnidad y que a consecuencia de ello se produjo el deceso de su esposo. Expresa que el causante ingresó sano a trabajar para la accionada, que contrajo infección generalizada en el ámbito de su trabajo a la que se sumó la ausencia de auxilio necesario, el previsto por las normas de seguridad y protección del trabajador, situación que contribuyó al desenlace fatal.

V. En causa, bajo sus particulares circunstancias, se centró la discusión en la aplicación de distintas disposiciones legales con fines indemnizatorios, más, la accionante no exhibe sustento suficiente ante la vía excepcional que deduce y ésta no merece atendibilidad. En el mencionado marco, adelanto que mi opinión será desfavorable al planteo recursivo formulado (cfr. Sentencia laboral Nº 13/08).

VI. Surge del escrito de demanda que la actora ejerció la opción de derecho común para perseguir el cobro de indemnización integral por responsabilidad civil y créditos laborales. Las pruebas colectadas, Hoja de internación del Hospital "Las Mercedes" -fs. 73 y 74 vta.-, el relato de la demanda -fs. 18 vta.-, el informe del Hospital Llano de esta ciudad que corre a fs. 119, el certificado de defunción con diagnóstico Shock Séptico y A.C.V. hemorrágico -fs. 13 vta. y 35- y las testimoniales de fs.96 y vta, 138 no resultaron convincentes para atribuir responsabilidad civil al demandado.

Así, las protestas vertidas lucen baladíes al referir que no se aplicó correctamente el derecho, cuando en rigor de verdad la recurrida respetó la plataforma fáctica -sin que medie apartamiento de los hechos fundantes-, determinó y calificó el reclamo dentro del marco normativo regulado por la Ley Nacional de Trabajo Agrario por tratarse de un trabajador rural no permanente.

A partir del encuadre jurídico dado por el tribunal "a quo" memoro a modo de ejemplo, que "El obrero como demandante debe probar los hechos que invoca, y las cuestiones suscitadas con motivo de los mismos corresponde resolverlas, no por aplicación de la máxima "in dubio pro operario", sino de acuerdo a los elementos de juicio aportados en autos" (LA LEY, t. XXVI, p. 329, sum. 533). "La regla "in dubio pro operario" sólo rige en tanto y en cuanto se trata de hermenéutica normativa, pero no juega respecto de la apreciación probatoria o fáctica" (conf. S.C.B.A., 7/5/74, LA LEY 156-692). "Ante la duda del hecho que origina la obligación, debe estarse a favor del presunto obligado, pues la prueba de la obligación debe ser plena. Este principio no se modifica porque las leyes sociales deben interpretarse a favor del trabajador, porque una cosa es la interpretación de la ley y otra muy distinta la prueba de los hechos." (LA LEY, t. XXVIII, 559, sum. 322).

A ello debo agregar que en esta instancia de excepción, este Alto Tribunal no puede suplir la actividad probatoria que la ley distribuye entre cada uno de los litigantes, desde que la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante tendiente a suministrar la prueba de un hecho controvertido mediante su propia actividad si quiere evitar la pérdida del proceso.

VII. Ahora bien, en orden a la crítica vinculada con la indemnización previsional, también se impone su rechazo.

Analizo los escritos de demanda y contestación y advierto que la cuestión de la normativa laboral previsional no fue planteada en esa oportunidad, es decir que no integró la litis.

Frente a tal circunstancia, el problema que introduce el recurrente deviene tardío. Ello tiene su explicación pues si las partes han justificado las afirmaciones al integrar la litis, el planteo en esta instancia respecto de una cuestión que no integró aquélla, pretendiendo se sentencie sobre el tópico, no es atinencia de este Cuerpo en las especiales circunstancias de hecho que dan cuenta el escrito postulatorio y el de responde.

En tal sentido, es doctrina de este Superior Tribunal y también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, no pueden ser objeto de tratamiento los agravios que, por no haber sido propuestos a la decisión de los tribunales anteriores, aparecen como fruto de una reflexión tardía en la causa (C.S.J.N. "Pérez Companc S.A. c/ D.G.A.", publicados en la Ley CS. Fallos: 323: 2395.-.ed 196, 27.Fallos: 323:2395. Este Superior Tribunal de Justicia en Sentencia Nº 104/07 Expediente Nº C01- 51014010/4, caratulado: "CENTURION SUSANA BEATRIZ C/ DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES -DISTRITO O DELEGACION PRINCIPAL SANTO TOME (CTES.)- S/ AMPARO"; Sentencia Laboral Nº 19/06 Expte. Nº 25980, caratulado "ENCINAS DE GAMON, NICEFORA C/ HOSPITAL ESCUELA "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN" Y/O Q.R.R. S/ACCIDENTE DE TRABAJO" entre otras).

VIII. No obtiene mejor suerte el disenso vertido en torno a la imposición de costas. Explico:

Para cargar a la impugnante la totalidad de los gastos causídicos la Cámara efectuó un profundo y razonado examen de las pretensiones de la parte actora. Dijo que la accionante reclamó el pago de la suma de $ 161.912 más intereses y costas -fs. 22- que la pretensión no prosperó en primera instancia y si bien, a través de la recurrida, se condena al demandado, lo fue solo por la suma de $ 500 -muerte del trabajador artículo 73 de la ley 22.248-. Esos argumentos están firmes porque no fueron rebatidos por la recurrente quien solo se limita a exponer su propia versión.

IX. En cuanto al cuestionamiento por el rechazo del pago del seguro de vida, tengo para mí que es improcedente desde que ha sido reclamado en función del carácter de trabajador permanente y esa condición no ha sido acreditada en el sub lite.

X. El último agravio pendiente de tratamiento que refiere a la errónea aplicación del principio de indemnidad, también debe ser desestimado.

Es que, advierto en el presente caso so pretexto de cuestionar el principio de indemnidad, la recurrente disiente con el inferior en el análisis de la cuestión de hecho -la demora en la prestación de los primeros auxilios al trabajador, su traslado inmediato a un nosocomio para la atención de los síntomas que impidieron la continuación de la tarea del causante- y dichas circunstancias no pueden ser reexaminadas en esta instancia extraordinaria.

XI. En definitiva, se ha de seguir que, en el "sub examine", no se advierte la existencia de una cuestión aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante este Alto Cuerpo y menos aún cuando se pretende introducir a esta vía meras disconformidades.

XII. Lo hasta aquí dicho me lleva a concluir que no luce arbitraria la aplicación de la Ley 22.248 en la exégesis dada por el tribunal sentenciante, toda vez que la judicatura cumplió la función esencial, esto es otorgó el encuadramiento legal a la acción indemnizatoria en virtud del principio "iura novit curia". Al respecto, es sabido que "Constituye materia propia de los magistrados ordinarios analizar y determinar los efectos de los actos celebrados, considerando los hechos expuestos y controvertidos y la estructura normativa que estiman aplicable. Ello así, pues conforme con la regla "iura curia novit", el juzgador tiene no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en los preceptos jurídicos que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes" (CSN, "Álvarez Thomas S.R.L. c/ Gitla Marozowski de Tuschnaider" 01/01/83 T. 305, p. 405. Lex Doctor 8.0). Habiendo cumplido la Cámara dicho laboreo, corresponde confirmar su decisorio y así rechazar el recurso deducido por la actora.

Por lo cual y de compartir mis pares el voto que propicio corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, para en su mérito confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la parte recurrente vencida. Regular los honorarios de los profesionales Dres. M.M. y J.L.G.B. intervinientes en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). Ambos profesionales en la calidad de Monotributistas frente al IVA.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR Guillermo Horacio Semhan, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR Eduardo Antonio Farizano, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente: SENTENCIA Nº 53: 1º) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, para en su mérito confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la parte recurrente vencida. 2º) Regular los honorarios de los profesionales Dres. M.M. y J.L:G.B. intervinientes en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). Ambos profesionales en la calidad de Monotributistas frente al IVA. - Fernando Augusto Niz. - Guillermo Horacio Semhan. - Eduardo Antonio Farizano.