marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Boleto de compraventa, cesión de derechos, notificación al deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salomón, Guillermo y otros c/ García, Ramón s/ Cumplimiento de contrato-Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Interesa la notificación al vendedor cuando tuviere causas legítimas para oponerse a la cesión, como por ejemplo, si la venta se concretó en consideración a la persona del comprador o por las modalidades de la venta (especialmente la garantía del pago). En los demás casos, o cuando se trata de pago del precio al contado, el comprador aparece con relación al vendedor como fungible, de manera que no tiene causa seria para oponerse y cuestionar la cesión, desde que sus derechos permanecen incólumes y la satisfacción de los mismos se hará íntegramente en el tiempo y modalidades programadas en el boleto.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Vanni, Jorge Raúl c/ Bansud S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-12

Durante años el daño moral ha estado a la zaga del daño patrimonial, sin merecer una valoración conceptual y jurídica autónoma. Su existencia en el mundo jurídico parecía más formal que real, y esto muchas veces se tradujo en decisorios marcadamente injustos y desnaturalizantes de aquella figura. Los tiempos han cambiado, y es otra la ponderación que hoy asume el daño moral. De nada sirve formular la construcción doctrinaria más perfecta si, a la hora de su aplicación práctica, por temor, desconocimiento o por preconceptos, el quantum indemnizatorio se traduce en una suma inapta para repararlo. Insistimos en que una indemnización simbólica es una burla para el damnificado y un motivo de enriquecimiento indebido para el responsable que el Derecho no puede concebir.
Inadmisibilidad del recurso, sobreseimiento, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Silveira, Ricardo Luis c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-17

Es inadmisible el RE deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución que -al declarar la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable- sobreseyó a los imputados, pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal ni la configuración de arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Delito culposo, accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-18

Existe inobservancia reglamentaria, a los fines del art. 94 del C.P., si el sujeto agente del hecho lesivo realiza en pleno cruce de calles un giro en "u" que determina la colisión con una motocicleta, habida cuenta que el Código de Tránsito sólo permite la circulación giratoria en derredor de rotondas, plazoletas, monumentos, refugios o construcciones análogas, mas no en las bocacalles o intersecciones.-
Juicios contra el Estado, objeto del proceso, escrituración, suspensión de juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cabral, Cándido c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-02

Cabe interpretar que los "procedimientos judiciales" a los que se refieren los Decretos 53/91 y 383/91 son aquéllos que tuvieron por objeto el cobro de una suma de dinero contra el Estado Nacional o alguno de sus entes, centralizados o descentralizados, habida cuenta de que precisamente a estos son a los que se refiere el art. 1 del Decreto 34/91, por cuya razón se deben considerar al margen de dicho régimen los reclamos de otra naturaleza como, por ejemplo, aquéllos en donde se persigue el cumplimiento de una obligación de hacer, como la escrituraria.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: Fribe La Rioja S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-09-09

La aplicación de la ley 24.283 a la prestación desindexatoria es de "articulación libre", porque el interesado tiene derecho a deducirla en cualquier estado del proceso aunque haya sentencia o liquidación firme, en tanto coincide con el momento del pago.

La preclusión procesal no entorpece la aplicación de la ley en estudio, que encuentra a la relación jurídica pendiente de cumplimiento; es decir, no consolidada por algunos medios extintivos de las obligaciones sustanciales.

El límite temporal que circunscribe la ley está determinado por el momento del pago, sin establecer plazo preclusivo para su aplicación
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C.P.I. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-11

El plazo para interponer recurso de apelación es de cinco días conforme surge del artículo 50 de la Ley de Procedimiento Contravencional y devienen inaplicables las normas del Código Procesal Penal de la Nación a su respecto. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: ORIENTAL S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de apelación Causa 34977
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

1- Los funcionarios de la Dirección General Impositiva se encuentran facultados para verificar y fiscalizar el cumplimiento de las normas tributarias, pudiendo citar al contribuyente o responsable y exigirle la presentación de comprobantes y justificativos (ley 11683 (t.o.1978), Art. 40 y 41).- 2- No se vulneran garantías constitucionales si ante el requerimiento de la (D.G.I.), la firma investigada entregó voluntariamente originales de boletas de depósito y aceptó recibir fotocopias autenticadas de estas, a posteriori de lo cual y como resultado de las tareas de verificación y fiscalización, se habría detectado la comisión de un delito que fue puesto en conocimiento del juez.
Derecho administrativo, empleo público, beneficios sociales
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sindicato de Luz y Fuerza de La Rioja s/ Cumplimiento de Precepto Constitucional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-02-07

Los empleados públicos están sujetos a normas de Derecho Administrativo en su relación con el Estado; y si éste decide sustraerlos del mismo para ponerlos bajo el amparo de normas del derecho privado, está facultado para hacerlo; como también para incluirlos parcialmente en dicho campo, otorgándoles determinados beneficios que le es factible cumplir y no otros, más aún cuando ello tiene su razón de ser en la imposibilidad financiera en que se encontraba y se encuentra la provincia (en este caso). Con ello se satisface el propósito de mejorar, al menos en parte, las condiciones de trabajo de su personal.
Recurso de queja (procesal), gravamen eventual, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-21

El recurso de queja no puede traducirse en una vía oblicua para exponer agravios que no involucren razones constitucionales, sino que es un remedio excepcional para que el TSJ conozca sobre decisiones manifiestamente carentes de fundamentos y que, de esta manera, lesionen el derecho de defensa en cuanto incluye el derecho a obtener una sentencia fundada en el derecho positivo aplicable a los hechos de la causa. (Voto Dra. Ana María Conde).
Honorarios del abogado, domicilio real, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: RABBINO DE TOMAS s/ SUCESION - INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

El art. 62 del arancel exige que toda notificación al cliente debe ser realizada en el domicilio real de éste, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público. La finalidad del precepto se encuentra en la protección al cliente para resguardarlo de una eventual deficiente defensa.

De la aplicación de la norma comentada depende la garantía de defensa, asegurando su efectivo conocimiento de las bases de la regulación y no posterior resolución e impidiendo que pueda darse a ésta por conocida mediante la mera notificación en un domicilio constituido juntamente con el beneficiario de la regulación o en otro que éste arbitrariamente designara.

No obsta a ello la agregación de un poder irrevocable otorgado a dos letrados para la venta de un inmueble ubicado en otra ciudad ya que sus secuelas se circunscriben a las previstas por el art. 101 del Código Civil.

Trátase de un domicilio especial que la persona fija para la producción de ciertas consecuencias jurídicas, y no se lo puede identificar con el real puesto que éste es un domicilio general y el previsto en el art. 101 del Código citado es particular y sus alcances no pueden extenderse más allá del ámbito para el cual fue elegido, razón por la cual no puede considerarse hábil a los fines de la notificación del traslado de la estimación realizada en los términos del art. 23 de la Ley 21.839.

Tratándose del cumplimiento del mecanismo previsto en el art. 23 del arancel, es objetivo de la norma asegurar al obligado al pago la posibilidad concreta de estimar el valor de los bienes u oponerse a los estimados ofreciendo otros, por lo que el vicio en el que ha incurrido la diligencia ocasiona, ciertamente, una afectación al derecho de defensa del nulidicente.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, accidente de tránsito, riesgo recíproco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vasallo, Juan Alfredo y ot. c/ Gauna, Diana Edith y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

El riesgo creado regula la responsabilidad civil del dueño o guardián de las cosas cuando éstas intervienen activamente en la producción del daño, resultando inadmisible la supresión de esta teoría cuando se ha producido un encuentro entre dos o más vehículos porque el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad; la neutralización de riesgos, basada en una suerte de compensación, carece de todo fundamento legal; si ambas cosas presentan riesgo cada dueño o cada guardián deben afrontar los daños causados al otro) o, en otras palabras, el término "compensación" resulta extraño a la responsabilidad derivada del riesgo de la cosa (art. 1113 Cód. Civil).
Seguros, seguro de daños patrimoniales, acción de repetición, supermercado, responsabilidad del establecimiento comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: OMEGA  COOP.  DE  SEG. LTDA. c/ SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SAS/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-25

Voto del Dr. Peirano: En una acción por la cual una aseguradora -en los términos de la ley 17418 art. 80, persigue de una empresa de supermercados la restitución de lo que pago a su asegurada con motivo del siniestro de robo del automóvil de aquella acaecido en la playa de estacionamiento del complejo comercial, cabe precisar que el ofrecimiento de estacionar gratuitamente se realiza con miras a las ventajas económicas que la empresa puede obtener frente a otros establecimientos que carecen de esa alternativa, aun cuando en los hechos no se llegase a concretar, en ciertos casos, una compra de mercadería. Es decir, no constituye propiamente una liberalidad de su parte, cuando se trata de una empresa comercial cuya finalidad es el lucro, de manera que con tal servicio tiende a posibilitar una mayor afluencia de público, para obtener un mayor volumen de clientela. Es de presuponer que, en un mercado altamente competitivo y con constantes retos, el utilizar este tipo de técnicas de gestión empresarial para orientar sus recursos y esfuerzos, le permiten elevar el nivel de sus ventas y, consiguientemente, obtener una mayor rentabilidad de la explotación del emprendimiento, ámbitos en los que no resultan indiferentes los servicios y comodidades que pueden prestarse a los eventuales consumidores para alcanzar el reconocimiento de cualidades diferenciales y, como consecuencia, posicionarse conveniente y competitivamente en el mercado.
Ejecución de sentencia, intereses, tasas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Casoy Mónica Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-06

Aunque la sentencia que se ejecuta no haya aplicado intereses y, habida cuenta que los intereses moratorios constituyen una compensación por el uso del capital que la deudora no tenía derecho a retener (cfr. Art. 768 C. Civil y Comercial de la Nación), cabe hacer aplicación de aquellos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago debiendo estarse a partir del 01.04.91 a la tasa pasiva dispuesta por el art. 10 del Dto. 941/91 (Fallo 317:1991; 323:2930 y 2965; 324:15). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Beneficio de litigar sin gastos, gastos del proceso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL DE s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-28

El beneficio de litigar sin gastos constituye una franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en el concepto de costas, sea en forma definitiva o provisional (cfr. Luis Díaz Solimine, "Beneficio de litigar sin gastos", pág. 3 y 55).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Posse Silvia Graciela contra GCBA y otros sobre daños y perjuicios (excepto resp. médica) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-05

Corresponde rechazar la queja porque el recurrente no muestra comprometida una cuestión constitucional (cf. art. 26 de la ley n° 402) o federal (cf. CSJN, Fallos 311:2478) susceptible de habilitar esta instancia extraordinaria. Más allá del fundamento escueto de la sentencia objetada, el Tribunal debería haber recibido una demostración acabada del GCBA de que la solución a que arribó la Cámara era insostenible a partir de la apreciación de la prueba. A su turno, el GCBA tampoco invoca ni, por ello, muestra haber hecho una argumentación ante la Cámara que hubiera sido arbitrariamente desatendida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Leyes, interpretación de la ley, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, VILDO EUSEBIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACLARATORIA - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 116-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-01

Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma, y su congruencia con el resto del sistema del que forma parte, es la consideración de sus consecuencias. Es necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial. En tal sentido, no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Milagros Daniela Romero c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Es inadmisible el recurso de casación contra la denegatoria de excarcelación si la defensa no logró demostrar la existencia de agravio federal, sino que se limitó a cuestionar una fundamentación que no comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de lo resuelto, que tuvo en cuenta que se imputa el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado rescate, por la cantidad de intervinientes y el uso de armas de fuego, asimismo, se ha satisfecho el derecho al recurso.
Medida de no innovar, expendio de combustibles
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Marín Barrocas y Compañía c/ Y.P.F.   S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-06

Y.P.F. no ha demostrado en la causa - hasta ahora - tener facultades para decidir, por sí y ante sí, la suspensión de la entrega de combustible y la prohibición de comercializar sus productos durante 90 días, sanción que impuso a la peticionaria. En consecuencia, al menos en el estado larval en que se halla el proceso, y habida cuenta de los efectos negativos que la sanción aplicada podría proyectar sobre la subsistencia económica de la empresa corresponde concluir que se dan en el caso los presupuestos propios de la medida cautelar impetrada. Finalmente, no deja el Tribunal de valorar que impresionan como mucho más gravosas las consecuencias que para la actora tendría el rechazo de la cautela que para Y.P.F. adoptar la solución contraria.
Asociación ilícita, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Existen claros vínculos entre los conceptos de asociación ilícita, conspiración en el sentido del derecho anglosajón y conspiración para cometer crímenes de lesa humanidad como para considerar configurado un delito que consiste en el acuerdo para cometer crímenes de ese carácter o por la participación voluntaria en organizaciones cuyo objetivo es la persecución de opositores políticos (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Competencia federal, competencia por la persona, empresas del Estado, ENCOTESA
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieve, Elpidio Tomás c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Es competente la justicia federal, pues en la actual etapa de transición Encotesa es de hecho y de derecho una empresa del Estado Nacional, ya que todo su capital le pertenece y su directorio y administración se hallan a su vez en cabeza del Estado.
Indemnización, daño resarcible, beneficios previsionales
Materia: CIVIL
Carátula: BLANES DE SANCHEZ, ROSA M. c/ ECHEGARAY, JULIO A. Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-23

Los beneficios previsionales no influyen en la reparación del infortunio, entendiéndose que uno es independiente del otro por la distinta naturaleza y causa de las obligaciones.
Recurso extraordinario, cosa juzgada, excepciones procesales, bancos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Agnese, Miguel Angel c/ The First National Bank of Boston (Banco de Boston). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

El recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la excepción de cosa juzgada deducida como de previo y especial pronunciamiento por una entidad bancaria demandada, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial).
Apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: RUBO S.A. c/ Neder y Rojo S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-08

La actividad intelectual del juez para medir la fuerza probatoria de un medio de prueba, no está restringida, cobra peso superlativo cuando con él se demuestre la aptitud suficiente para lograr la certeza sobre un hecho controvertido. Si resulta útil al convencimiento del juez, tendrá valor probatorio pleno o completo.
Tarjeta de crédito, aplicación de la ley, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cía. Financiera Argentina S.A. c/ Coronel, Hilda Estela s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-03

Si bien el contrato de tarjeta de crédito hubo sido celebrado en fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley 25.065, la renovación del mismo debía llevarse a término obviamente con posterioridad a la misma, de lo que se deriva indefectiblemente que a partir de la renovación, el consabido instrumento debe sujetarse a las prescripciones de la nueva normativa, bajo "pena de nulidad e inoponibilidad al titular..." (art. 13, ley cit.).
Escribanos públicos, instrumentos públicos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ienaro, María T. F. y otro c/ Manni, Nicolás Francisco s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

La certificación notarial de firmas, en tanto acto cumplido en presencia del oficial público interviniente, con las formalidades legales, reviste el carácter de instrumento público y como tal hace plena fe mientras no se arguya de falsedad por acción civil o penal, de la existencia material de los hechos que aquél hubiese anunciado como cumplido por el mismo o pasado en su presencia (art. 979 inc. 2 y 993 del Cód. Civil). Es que la propia ley dispone para el instrumento público, la presunción de autenticidad, con el propósito de otorgar garantía de seguridad a los documentos en que interviene un oficial público, utilizando su firma y sellos y que sólo podrá quedar desvirtuada por la prueba de falsedad.
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad del conductor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Roberts, Ansel c/ Zabala, José Horacio y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-16

El dueño o guardián, como también el conductor, serán tenidos por responsables civilmente a título de riesgo creado si no prueban que en la producción del evento dañoso existió una causalidad que les fue ajena, se trate del hecho de la víctima o de un tercero por quien no deban responder.
Revocación de la condena condicional, unificación de penas, comisión de nuevo delito, cómputo de la pena, estupefacientes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PIVETTA, CLAUDIO R. s/ RECURSO DE CASACION Causa 597
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

No es oportuna la revocación de la ejecución condicional de la pena de prisión por el primer delito ni la unificación de las mismas. La norma del artículo 27 del Código Penal, establece que cuando cometiere un nuevo delito, sufrirá las penas correspondientes a ambos delitos. Reconociendo aún que la norma indica exclusivamente la comisión de un nuevo delito, sin distinción de naturaleza alguna, haciendo una interpretación sistemática de las normas de la ley 23.737 y del Código Penal, se entiende que para llevar a cabo el procedimiento de revocación y unificación de penas aplicadas por sendos delitos, primero hay que contar con la posibilidad de cumplimiento de la pena de prisión correspondiente al segundo delito.
Daño moral, daño material
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: GIMENEZ RICARDO P Y OTRA c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-12

La reparación por daño moral no tiene que guardar adecuada proporción con la importancia de los demás perjuicios materiales, desde que entre tales rubros no media una necesaria interdependencia, pues no hay motivo razonable que justifique medir un detrimento de orden espiritual menoscabo de la personalidad, inquietudes, angustias, dolores, padecimientos psíquicos, etc., en función del daño económico.