marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asegurador, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: TOLEDO HUGO RICARDO c/ CON SER S.A. s/ DEMANDA - DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-08

En el caso la compañía aseguradora compareció al juicio como parte principal, citada en garantía por la demandada, actuó por propio interés y en ejercicio de un derecho propio, soportando como contrapartida todas las cargas procesales (de la razón del hecho, del hecho, etc.) a cuyo fin contestó la demanda ofreció pruebas y alegó, convirtiéndose en un principal contendiente del actor. Por todo ello, la sentencia que dictó como acto jurisdiccional tendiente a la composición de la litis, como objeto esencial del proceso, debía resolver y así lo hizo, sobre todos los capítulos que conformaban el contenido de la relación jurídica procesal. La aseguradora se colocó pues en situación procesal de demandada, como en rigor técnico correspondía, contestando a un requerimiento del asegurado a base de un contrato de seguro que les unía, el que por virtud del art. 7 de la ley 9688 beneficia al actor víctima del siniestro.

En tales condiciones la condena a la aseguradora no será consecuencia de la demandada, porque no existió acción directa del actor en su contra, pero sí lo es de la citación en garantía que le formuló su aseguradora. El proceso se ha hecho extensivo a ella como tercera interesada para que coadyuve o adhiera a la posición del asegurado. También pudo traer su propio pleito discutiendo como interventor principal con el asegurado la existencia misma de su obligación de tomar a su cargo la responsabilidad por el resultado del siniestro pero no lo hizo, limitándose a oponer defensas acerca de la procedencia de la demanda actora.

No cabe por tanto dudar, de su calidad de parte desde un punto de vista estrictamente jurídico procesal, de su interés legítimo y de su razón común con la demandada en este caso. Por todo ello, queda parificada por ésta en orden a la condena, no en forma solidaria, sino cada una por el todo, porque sus respectivas obligaciones aunque reconocen distintas fuentes tiene el mismo objeto: indemnizar a la víctima del infortunio. (Voto del Dr. Petitto).
Acción de amparo, indemnización tarifada, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL
Carátula: BARBIERI, MARIA EUGENIA Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (I.P.V.U.) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-18

Cuando la materia de la controversia, es la protección de un derecho económico, existe otro medio expresamente reglado para discutir el derecho que se dice vulnerado, cual es la vía contenciosa administrativa, que es la típica para debatir la cuestión, prevista en la Ley Provincial Nº 2.297. Esta acción es la típica para discutir la omisión administrativa cuestionada en orden a la composición salarial de los agentes administrativos, conformando un procedimiento que por su naturaleza y finalidad resulta idóneo para la tutela de los mismos. Consecuentemente es inadmisible la vía elegida del amparo, atento a la falta de encuadramiento de la situación base de la litis con el presupuesto fáctico de la hipótesis normativa del amparo.
Juicios contra el Estado, daños y perjuicios, reclamo administrativo previo, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, ABEL c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

El art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo autoriza a prescindir del reclamo administrativo previo en las demandas contra el Estado, cuando los particulares accionaren por indemnización de daños y perjuicios y medie una inequívoca conducta de aquel que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento -un verdadero "pedaleo en el aire" consumidor vano de tiempo- (Fallos 298:87).
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, facultades del juez, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corrao, Raquel Margarita s/ Recurso de casación - Causa:544
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-05

No obstante la falta de expresión o concreción de una petición formal del recurrente, o de demostración de cuál o cuáles de sus derechos constitucionalmente protegidos se verían vulnerados, no puede olvidarse que la apertura del recurso casatorio autoriza al tribunal a realizar el control de todo lo actuado a fin de verificar si el proceso se ha cumplido con arreglo a derecho;

o si, por el contrario, se ha violado en su trámite alguna norma cuya observancia, por su esencialidad, torna írritos los actos cumplidos sin acatamiento a ella.
Medidas cautelares, medida de no innovar, Estado Provincial, impuestos provinciales, Impuesto de sellos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pluspetrol  Energy  S.A. c/ Salta,  Provincia de y otro (EstadoNacional) s/ acción declarativa de certeza - incidente de medidacautelar - IN1.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Corresponde decretar la prohibición de innovar y ordenar a la Provincia de Salta que se abstenga de ejecutar el cobro del impuesto de sellos por los contratos sobre las ofertas de gas natural efectuadas sin mediar, a juicio de la actora, instrumentación alguna que justifique tal conducta, pues la particular situación descripta por la actora referente al quantum de la deuda por la aplicación del impuesto en cuestión, y las graves consecuencias que podría traer aparejada su ejecución hacen aconsejable acceder a la medida pedida.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, indemnización, relación de causalidad, consecuencias inmediatas
Materia: CIVIL
Carátula: GRANADOS DAVILA, RICARDO Y OTROS c/ E.N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

Unicamente son resarcibles aquellos daños que, vinculados causalmente con la acción u omisión de órganos o agentes estatales, resultan constituir consecuencias inmediatas de aquellas acciones u omisiones, arts. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1109, 1112, 1113 Cód.

Civil y que, naturalmente, se encuentren demostrados, arts. 165, 377 del CPCCN.
Concursos, rehabilitación del fallido, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUIXA, HECTOR GUSTAVO s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-09

Cuando -como en el caso- este Tribunal:. a) Resolvió que el cese de la rehabilitación del fallido no tenía efectos retroactivos al año de la fecha del decreto de quiebra, efectuando una interpretación armónica de lo previsto en los arts. 107 y 236 LCQ. b) Señaló que la LCQ: 236 prescribe que la inhabilitación del fallido cesa de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra, salvo que se dé alguno de los supuestos de prórroga previstos en la propia norma y, también, que la inhabilitación puede ser reducida si, "verosímilmente", el inhabilitado -a criterio del magistrado- no estuviera "prima facie" incurso en delito de tipo penal. c) Indicó también que podía ser prorrogada -vgr. si el fallido es sometido a proceso penal, supuesto en el cual duraba hasta el dictado de sobreseimiento o absolución o cumplimiento de la condena y mientras dure la accesoria de inhabilitación que imponga el Juez Penal. Se señaló que el art. 237 dispone, asimismo, que dicha inhabilitación es definitiva, salvo que medie conversión o conclusión de la quiebra. d) Entendió que ello no predicaba sobre la automaticidad de la rehabilitación que parte de la doctrina predica, pues su declaración requiere necesariamente de un breve trámite. En este marco La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la resolución con base en que, en virtud de lo regulado por el artículo 236 LCQ, la inhabilitación del fallido operaba automáticamente, salvo que se configurasen los supuestos de reducción o prórroga, circunstancias que no ocurrió en ese caso, toda vez que el recurrente no había sido sometido a proceso penal alguno. Ahora bien, habida cuenta el criterio adoptado por la CSJN y, más allá de mantener este Tribunal su criterio, se considera pertinente por razones de economía procesal asumir el temperamento sentado por aquella en punto a que la declaración de rehabilitación opera de pleno derecho al año de la fecha del decreto de quiebra en función de una interpretación literal de la LCQ y que el efecto de dicha resolución jurisdiccional revestirá entonces un mero carácter declarativo y su efecto será retroactivo al día del vencimiento del plazo de inhabilitación. Ello así, cabe acoger el planteo efectuado por el fallido y desde tal sesgo, corresponde rehabilitarlo con efecto retroactivo al año del decreto falencial y disponer el levantamiento de la inhibición general de bienes.
Concursos, proceso de verificación, derechos creditorios, privilegios (comercial), aplicación de la ley, quiebra
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Periopontis SA c/  s/ quiebra s/ inc. de verificación de crédito por villarreal guillermo enrique
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Cabe admitir parcialmente el recurso del incidentista en el sentido que, del monto verificado, la suma que corresponde a salarios caídos por seis (6) meses, será acogida con el privilegio especial y general de la LCQ 241-2° y 6°, conf. ley 20094: 476-b) y LCQ 246-1°; y que del monto reconocido como quirografario, la suma que corresponde a SAC como así también el Bonus insinuado, gozan del privilegio especial marítimo de la LCQ 241-6° y de la ley 20094: 476-b) y del privilegio general por seis (6) meses de la ley concursal en lo pertinente, previsto en la LCQ 246-1°, solicitado por el incidentista. Ello por cuanto, en el caso, el recurrente había prestado tareas para la fallida con la categoría de contramaestre en cierto buque, de modo que las acreencias aquí reclamadas -salarios, SAC, bonus y salarios caídos- derivan específicamente del contrato de ajuste, de las leyes laborales y de los convenios colectivos de trabajo, razón por la cual, no puede sino concluirse en que esos créditos gozan del privilegio marítimo señalado en el art. 476 de la Ley de la Navegación en el que se enumeran aquellos créditos que gozan de privilegio especial sobre el buque. Innecesario es recordar la diferencia entre un privilegio especial y uno general, el primero se asienta sobre un bien del deudor en particular, mientras que el segundo lo hace sobre todos los bienes de aquél. La LCQ 241-6° recogió, por su lado y de modo coincidente, que tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indican, los créditos indicados en el título III del Capítulo IV de la ley 20094 (LN) y no puede soslayarse que los privilegios especiales contemplados en la Ley de Navegación que nacen como consecuencia de la aventura marítima o a fin de hacerla posible, afectan a su pago los bienes que fueron necesarios para llevar a cabo esa aventura, o que procuraron obtener de ella un beneficio o servicio (conf. Ray, José Domingo "Derecho de la Navegación", T. I, pág. 440 y sgtes.), de modo que el asiento del privilegio, en estos casos, es el buque, de cuya venta el producido que se obtenga será afectado al cobro preferente de dichas acreencias.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anza, Monica Beatriz Mingarini de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso   de revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 494 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

Corresponde rechazar el pedido de revocatoria contra el auto de presidencia que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo, si la recurrente ni siquiera menciona las normas que regulan el procedimiento administrativo aplicable al caso concreto, y los argumentos sustentado consisten en una genérica mención de que en el caso se habría incurrido en un excesivo rigor formal y en denegación de justicia, y en la postulación de expresiones tales como que el recaudo del agotamiento de la vía administrativa debería ser "facultativo", y que "la exigencia de una revocatoria previa, en los términos bajo los cuales quedara planteada la problemática en la instancia administrativa, obviamente no habría tenido objeto ni otra finalidad que no lo sea proyectar el tratamiento y la elucidación de la temática en esa sede a varios años más...". En definitiva, no hay alusión alguna a que habría concurrido un supuesto de dificultad o de imposibilidad de articular los recursos administrativos correspondientes.
Intereses, anatocismo, capitalización de intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Villarino, Daniel Francisco y otros c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-19

Toda vez que al dar por iniciada la ejecución de la sentencia, y al tiempo de resistir la impugnación a la cuenta practicada, la actora no requirió la capitalización de los intereses, no puede pretender su reconocimiento en los términos que ahora pretende. En rigor, lo que requiere la recurrente es la aplicación de lo dispuesto en el CCCN 770 inc. c. Esa norma prevé que no se deben intereses de los intereses, excepto que la obligación se liquide judicialmente en cuyo caso la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Cierto es que la ejecución de la sentencia se inició tras haber sido intimada la demandada al pago de lo debido, sin que este requerimiento mereciera oportuna respuesta. Tal circunstancia fue puesta de resalto por el juez a quo al considerar que el anatocismo verificado en la cuenta de la actora no había sido ordenado y ni siquiera invocado. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el código de rito en el CPR 271 y 277, este aspecto del recurso no ha de prosperar.
Competencia, Tribunal Fiscal de la Nación, moratoria impositiva, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: "Obra  Social  del  Personal  de  la Ind. Vidrio (TF 21.523-I) c/ D.G.I."
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

El Tribunal Fiscal resulta incompetente para entender en una causa en le que se discute el decaimiento de un régimen de facilidades de pago ya que éste constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por los arts. 141 y 147 de la ley 11.683 como habilitantes de su competencia. Las leyes de moratoria son una especie del género medios de extinción de las obligaciones tributarias, materia ajena a su conocimiento y no puede confundirse el instituto de la caducidad con una sanción dado que aquélla es la consecuencia adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés.
Régimen penal tributario, delitos tributarios, dolo, apropiación indebida de recursos de la seguridad social
Materia: PENAL - TRIBUTARIO
Carátula: CACERES BERTODANO, Isidoro M. s/ inf. Ley 23.771 Causa nro. 26.780
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-20

Si bien en la presente norma no se establece que el proceder omisivo deba ir acompañado de ardid, engaño o malicia, es razonable exigir que haya mediado dolo en la falta de depósito de lo percibido o en el mantenimiento en su poder de lo retenido por el agente, ya que el móvil inspirador de la sanción de la ley 23.771 ha sido el castigo de las conductas tributarias intencionalmente dirigidas a la defraudación fiscal; la simple negligencia culposa no es suficiente a fin de sancionar las omisiones que la tengan como antecedente causal.
Cuestiones de competencia, contratos administrativos
Materia: PROCESAL
Carátula: Somazzi, Guido c/ c/Muncipalidad de Posadas. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

Es contrario al principio de la competencia jurisdiccional, someter a tribunales civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o cumplimiento de un contrato administrativo. Tanto por el objeto (ratione materiae) como por ser parte la Administración Pública (ratione personae), la competencia debe ser de los tribunales contencioso-administrativos.
Contrato de obra pública, mayores costos, derechos del cocontratante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E.A.R.C.O. S.C.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1987-09-18

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1198, 2° parte del Código Civil y art. 52 y sig. de la ley n° 533, la razón de ser de esta obligación que tiene la Administración de mantener incólume el equilibrio económico-financiero del contrato, emerge, fundamentalmente, de los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional cuya aplicación es prioritaria. En efecto, el principio de igualdad ante las cargas públicas se vería violado en perjuicio del contratista si se le hiciera soportar los mayores costos de una obra pública, que por ser tal beneficia a la comunidad; así como también su derecho de propiedad, pues su patrimonio se vería menoscabado, expropiado, sin pago alguno.
Honorarios del abogado, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garcia, Claudia Elizabeth c/ Diez, Hector Lorenzo s/ incidente de ejecucion de sentencia Dr. Bernhardt Matinati, Angel su sucesion s/ incidente de ejecucion de honorarios Dr. Bernhardt
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-30|1996-04-10

Habiendo ejercido la parte la opción del art. 54 de la ley 8904, inciso b), los mismos, hasta su efectivo pago, deben liquidarse a tenor de la tasa que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento. ( art. 622 C.C. )
Delito de acción pública, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-27

Corresponde al Congreso de la Nación la facultad de definir el universo de los delitos de acción pública (Título XI, art. 71 del CP), y es privativo de las jurisdicciones locales regular el modo de organizar los procesos mediante los cuales se resolverán tales acciones. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, personas con necesidades especiales, acompañamiento terapéutico
Materia: DERECHOS HUMANOS-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BURGOS Silvina Beatriz c/ Dirección de Obra Social de la Provincia de San Juan y Otro s/ Satisfacción Inmediata de la Pretensión
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-03

La Ley 24.901 establece un sistema unificado de prestaciones básicas en habilitación, y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura integral de sus necesidades y requerimientos especiales a través de acciones de prevención, asistencia, promoción y protección.

La amplitud de las prestaciones previstas en dicho texto legal resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (arts. 11, 15, 23 y 33).

Y por ley 7064, nuestra Provincia adhiere a la Ley Nacional 24.901 y su Decreto Reglamentario 1.193/98, como por ley 7850 se instruye un sistema provincial de protección integral de las personas con capacidades especiales, en conformidad con lo previsto en el Art. 27 de la Ley 22431, estableciendo normas y condiciones que permitan asegurar su plena integración en la sociedad y velar por el ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen, que justifican la legitimación pasiva de la DOS y la Provincia.

En tal sentido se prevé: ". . . el Estado Provincial tomará las medidas preventivas necesarias, para garantizar a la madre y el niño desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico, social, conforme lo estipula el Artículo 14 de la Ley 24901, Ley Provincial 7710 de Ácido Fólico, Ley Provincial 7793 Integral del recién nacido y Ley Provincial 7645.

A tal efecto deberá implementar, coordinar políticas y programas pertinentes, con la finalidad de disminuir y en lo posible eliminar, aquellas circunstancias que pudieran ocasionar cualquier tipo de discapacidad limitante de las personas.

Las medias preventivas que se adopten, de ninguna manera afectarán el derecho a la vida, salud e integridad física del embrión humano, consagrado constitucionalmente".
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BATTISTA, JULIO PEDRO Y OTRO. s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso extraordinario debe ser promovido ante el tribunal que dictó la resolución que la motiva, sin que en el caso su ulterior remisión a la alzada subsane dicha exigencia, pues el a quo tomó conocimiento de la apelación federal una vez vencido el término de ley para interponerlo.
Acción de amparo, medicina prepaga, Estado Nacional, declaración de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica c/ E.N. -Ministerio de Salud de la Nación- y Otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-10

Corresponde desestimar los recursos de apelación interpuestos por el Estado Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo incoada por la empresa de medicina prepaga, pues la expresión de agravios debe constituir una exposición que contenga el análisis razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas, porque el solo hecho de disentir con la interpretación dada en el pronunciamiento apelado o de reiterar planteos anteriores, no es suficiente para sustentar el recurso, de tal modo que, que el mero desacuerdo manifestado por los recurrentes, sella la suerte de la cuestión materia de apelación.
Improcedencia del recurso, medidas autosatisfactivas, cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: LEGAJO DE APELACION EN AUTOS: F., N. DEL C. c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL CORRIENTES s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA (CONOCIMIENTO) INSTITUTO DE OBRA SOCIAL CORRIENTES s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA (CONOCIMIENTO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2017-02-20

Resulta improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la accionada, y en consecuencia confirmar la procedencia de la acción autosatisfactiva, pues se desprende de las constancias del expediente administrativo que la pertinaz negativa de la obra social demandada de proveerle a la afiliada la prótesis con las características solicitadas por su médico para poner fin a su dolencia, se exhibe como irrazonable e injustificada, de modo que la solución dada por los jueces de las anteriores instancias constituyen una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las concretas particularidades del caso.
Suspensión de la prescripción, violencia
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Botana, Helvio Ildefonso y otros c/ CADEPSA. y otros s/ nulidad de actos jurídicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

No es admisible que la violencia o el miedo impongan la postergación del comienzo del curso de la prescripción hasta que haya cesado el orden institucional durante cuya vigencia actuaron los funcionarios quienes se imputan los actos, porque la genérica posibilidad de abuso o arbitrariedad de las autoridades no basta a esos fines.