Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-09-02


La Plata, septiembre 2 de 2010.

Antecedentes El 6 de octubre de 2009, el Tribunal en lo Criminal nº 10 de Lomas de Zamora decidió condenar a G. M. a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego de aptitud no probada.

Contra dicha resolución, el defensor particular, M. A. B., interpuso el recurso de casación que figura a fojas 47/57 del presente legajo.

¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto? El doctor Celesia dijo:

1) El recurrente plantea, en primer lugar, la inconstitucionalidad de la nueva redacción del artículo 22 del CPP, introducida por la ley 13.943, en la medida en que autoriza la integración unipersonal del tribunal en lo criminal.

A su criterio, ello importa una violación a la garantía del juez natural, contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Sostiene, en este sentido, que la imposición en el juicio oral criminal provincial de la intervención de un juez unipersonal a su vez integrante de un tribunal colegiado choca con el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que exige el voto de cada uno de los integrantes de los tribunales colegiados y mayoría de opiniones para que haya sentencia válida en los juicios en que intervengan.

Dice también que el consentimiento dado por la defensa oficial a la integración unipersonal del tribunal también es nulo, en la medida en que los sujetos procesales no pueden disponer de las formas esenciales del juicio, posibilitando la constitución de un tribunal en contrariedad con lo dispuesto por las constituciones de la nación y de la provincia.

A su vez sostiene que el procedimiento oral impone lógicamente la instancia única y el tribunal colegiado, en tanto la efectiva intervención de todos amengua los defectos, en tanto los ojos se suman y la colegialidad da al tribunal una mayor fuerza moral y una mayor independencia ante la opinión pública.

2) En segundo lugar, el defensor particular considera que la jueza violó las reglas para la valoración de la prueba y tuvieron por acreditada arbitrariamente la autoría del imputado en el hecho.

Sostiene que la sentencia se aparta y contradice abiertamente las constancias de la causa, pues soslaya numerosas pruebas que rechazan su apreciación.

En cuanto al testimonio de la víctima, quien habría afirmado haber reconocido al imputado dentro de la camioneta, dice que la sentencia pretende legitimar absurdamente un reconocimiento alejado de las prescripciones del artículo 259 del CPP.

Dice, además, que la sentencia no tuvo en cuenta que el testigo R. V. afirmó textualmente que cuando llegó la víctima al lugar ya se habían llevado al detenido.

A su criterio, la persona filmada por las cámaras de la empresa en la que tuvo lugar el robo no es G. M., contrariamente a lo que sostuviera el tribunal, cuya apreciación la considera arbitraria.

Dice que en el fallo se pretende mostrar una semejanza en orden al sexo, la juventud y la contextura corpulenta del imputado, lo que a su criterio es genérico, ambiguo, anfibológico y se contradice con lo que a simple vista se puede apreciar.

Agrega a ello que las zapatillas que llevaba puestas el imputado eran totalmente distintas de las que se pueden ver en el video. En cuanto en la similitud de la remera y la gorra que poseía el imputado, sostiene que no fueron secuestradas ni agregadas como prueba a la causa, destacando, además, que M. declaró que tenía puesta una remera blanca a rayas celestes, en tanto que uno de los testigos afirmó que la persona a quien perseguían los policías tenía una remera amarilla.

Finalmente, duda de que las filmaciones hayan sido aportadas con posterioridad a la confección del acta de procedimiento. Considera que el tribunal no ha tenido en cuenta cómo trabaja en verdad la policía, haciendo las actas en la comisaría con posterioridad a las detenciones, por lo que tranquilamente pudo haber labrado el acta luego de obtenida la filmación sin consignar tal adquisición.

Considera por todo ello que la sentencia es arbitraria, pues prescinde de suministrar razones plausibles y omite tener en cuenta elementos gravitantes para la solución del caso.

Dice que la sentencia, para condenar legalmente a M., debería haberse basado en pruebas que la fiscalía no produjo, pues no se secuestró la ropa del imputado para cotejarla con las filmaciones ni se consiguió el testimonio del conductor embistente o embestido por la moto del imputado, ni se buscaron datos sobre el dominio del automóvil accidentado, ni se le preguntó a peritos acerca de la similitud entre la motocicleta de M. y la que aparece en la filmación.

3) En su memorial presentado a fojas 81/83 del presente legajo, el agente fiscal adjunto ante este tribunal, J. A. R., considera que el recurso debe ser rechazado.

En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de la nueva redacción del artículo 22 del CPP, destaca en primer lugar que la defensa oportunamente consintió la integración unipersonal del órgano de juzgamiento.

En segundo lugar, sostiene que la integración unipersonal obedece a una expresa disposición legal, lo que no entraña ninguna violación a la garantía del juez natural.

En cuanto al agravio relacionado con la prueba de la autoría del imputado, sostiene que todas las quejas del recurrente resultan infructuosas.

Rechaza, en primer lugar, el planteo referido a las formalidades del reconocimiento del imputado que practicara la víctima en el lugar de la aprehensión, pues sostiene que la validez del reconocimiento impropio es aceptada pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia.

Por otro lado, considera que los hechos, tal como sucedieron, echan por tierra la pretensión de la defensa, pues la víctima, momentos después del robo, se dirigió con su motocicleta hacia la dirección en que habían huido los asaltantes y, al arribar a la intersección de las calles Aconcagua y Malavia, encontró la motocicleta de los asaltantes tirada sobre el asfalto y a quien la conducía al momento del hecho sentado dentro de un patrullero. Destaca, además, que M. y su compañero, en su huida, colisionaron con un automóvil y, pese a las heridas sufridas, intentaron darse a la fuga a la carrera en distintas direcciones.

4) El recurso interpuesto no puede prosperar.

Debe rechazarse, en primer lugar, el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 del CPP, en su actual redacción, según la ley 13.943.

Lo que apunta a impedir la garantía que el recurrente considera vulnerada es la constitución de un tribunal especial o la manipulación de los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa, con el fin de asignarle a alguno de ellos el juzgamiento de un caso o de una cantidad específica de casos. Nada de ello sucede cuando, como en el caso, la reforma no sólo obedece a cuestiones generales de organización judicial, sino que además subordina la alternativa de una diferente integración del tribunal al consentimiento del imputado (art. 22, inciso b, CPP).

Es, por tanto, excesivo sostener que se lesiona el principio de juez natural cuando una ley general relativa a la organización judicial incorpora una variante a la conformación del tribunal que en modo alguno tiene en miras manipular la asignación de los casos penales, con mayor razón aun cuando, como en el caso, la parte beneficiaria de la garantía conserva la posibilidad de mantener la integración originaria.

Por lo tanto, más allá de que personalmente pueda compartirse, o no, la preferencia expresada por el defensor particular de que en todos los juicios orales intervengan tres magistrados, debe rechazarse su planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 del CPP, desde que no se advierte en la aludida disposición legal ninguna posible vulneración a la garantía del juez natural, amén de destacar que en el caso la propia defensa técnica del imputado, a su debido momento, consintió la opción por la integración unipersonal del tribunal.

En relación con esto último resta aclarar, ante la afirmación del recurrente de que la defensa no podía consentir la integración unipersonal del tribunal, que más allá de la discusión relativa a si los principios y garantías previstos en la Constitución son o no disponibles por los particulares, la posibilidad que tenía a su alcance la defensa de optar por la intervención de los tres magistrados originarios no implicó la renuncia al principio de juez natural, sino una cabal demostración de que la reforma legal cuestionada no ha tenido en miras ni permite encubiertamente la manipulación de los tribunales por parte del Estado.

Por último, en cuanto al intento de la defensa de demostrar una vulneración del artículo 168 de la Constitución de esta provincia debido a la ausencia de mayoría de opiniones, es obvio que tal exigencia se limita únicamente a los casos en que intervienen en el juzgamiento varios magistrados, pero no cuando la integración del tribunal ha quedado conformada de antemano por un solo juez.

La ley procesal prevé actualmente dos alternativas para la conformación del tribunal que tiene competencia para el juzgamiento de las causas criminales cuando en ellas se imputan delitos que tienen prevista una pena en abstracto no superior a quince años. Cuando la defensa ejerce la opción por un tribunal unipersonal, es un error pretender que se apliquen al caso las normas previstas para los tribunales colegiados. Tribunal, a tales efectos, es el que ha quedado efectivamente conformado en el caso y no aquel que los jueces designados para desempeñarse en una determinada circunscripción judicial puedan integrar para el juzgamiento de otros casos penales.

Propongo, por estas razones, que se rechace este primer agravio del recurrente vinculado con la integración unipersonal del tribunal de juicio.

Tampoco pueden prosperar los cuestionamientos de la defensa vinculados con la prueba sobre la coautoría de M. en el hecho.

Como primera medida conviene aclarar que las formalidades rituales que la defensa reclama para la validez de los reconocimientos de personas hacen únicamente a la entidad convictiva de esas diligencias, pero su ausencia no necesariamente invalida sus resultados como elemento de prueba.

Lo que pueda declarar el testigo al identificar a una persona en cualquier contexto no es más que un extremo de su declaración que debe quedar sometido, como todos los demás, al análisis de su veracidad por parte de los jueces, cuyo resultado puede ser controlado a la luz de las reglas de la sana crítica, pero no tomando como base prescripciones formales que no se hallan conminadas con la nulidad y que, además, resultan extrañas al método legalmente previsto para la valoración de la prueba (arts. 209 y ss., CPP).

Ingresando ahora al análisis de la coherencia interna del razonamiento del tribunal y su adecuación a las pruebas del juicio, no se advierte ni la defensa ha logrado demostrar ningún déficit en los fundamentos del fallo.

Tal como lo ha destacado el agente fiscal ante este tribunal, las presunciones que condujeron a tener por acreditado este extremo del veredicto fueron numerosas y contundentes.

La víctima del robo, C. D. S., luego de haber sido desapoderada de sus pertenencias por dos personas que circulaban en moto, quienes la intimidaron con un arma de fuego, comenzó a circular en dirección al lugar por el que habían huido los asaltantes. Poco después, en la intersección de las calles Aconcagua y Malavia de Villa Barceló, la víctima alcanzó a ver que la motocicleta de los autores del robo se hallaba tirada sobre el asfalto. Logró ver, además, que quien conducía la moto al momento del hecho se hallaba sentado en el interior de un patrullero.

La aprehensión del imputado, de acuerdo con la reseña probatoria contenida en el fallo, tuvo lugar después de que él y su compañero colisionaran su motocicleta contra un automóvil Volkswagen Gol e intentaran huir a pie en distintas direcciones. M., en ese intento, logró ascender a un colectivo y, al ser perseguido por la policía, debió descender y fue aprehendido.

El comienzo de esta secuencia fue presenciado por el testigo R. V., vecino del lugar, quien dio aviso a la policía al haberle resultado extraña la conducta del imputado y su compañero, quienes, luego de la colisión con el Volkswagen Gol, intentaron darse a la fuga, previo dirigirle una seña amenazante al conductor del automóvil.

En este contexto, ninguna de las hipótesis sustentadas por la defensa adquiere vigor suficiente para controvertir los fundamentos del fallo.

El recurrente sólo se ha dedicado a criticar aisladamente el reconocimiento del imputado que realizara la víctima, aferrándose en sospechas carentes de sustento acerca de la actividad del personal policial en la confección del acta de procedimiento y atribuyéndole carácter determinante a la falta de secuestro de las prendas de vestir del imputado, desentendiéndose, en cambio, de los fundamentos concretos del tribunal y, en particular, de todas las presunciones antes señaladas, que conducen, sin ningún esfuerzo, a la conclusión de que M. fue uno de los coautores del hecho.

Tampoco pueden prosperar las críticas relacionadas con la valoración que hiciera el tribunal de la filmación obtenida por las cámaras de seguridad, por cuanto fue específico al señalar las coincidencias existentes con la motocicleta y la vestimenta del imputado. La jueza destacó, por ejemplo, que ambas motos tenían doble caño de escape cromado, ambas eran de similar tamaño o cilindrada, poseían el portaequipaje trasero calado, coincidía también el color bordó o rojo del tanque de nafta, al igual que el del asiento, destacando que no todas las Honda Transalp poseen el asiento del mismo color. Finalmente, puso de resalto que ambas motocicletas presentaban la faltante de las cachas y el frente (burbuja parabrisa), piezas que forman parte de esa clase de motos.

En cuanto a las características físicas y vestimenta del conductor de la moto, la jueza puntualizó que se trataba de una persona de sexo masculino, joven, de contextura corpulenta, pelo corto, que vestía remera de mangas cortas de color celeste, pantalón de jean tres cuartos color celeste o azul gastado, gorra y zapatillas claras. Tales características coincidían con las del imputado M., según lo ilustrado en las placas fotográficas agregadas a fojas 106/107 de los autos principales y lo que la magistrada pudo apreciar a través de la inmediatez del debate.

Si bien a criterio del recurrente todas estas similitudes resultan genéricas, ambiguas y anfibológicas, lo cierto es que, debido al número de coincidencias y al resto de las presunciones que se valoraron en el fallo, las similitudes entre las características físicas y la motocicleta del imputado completan un cuadro probatorio que demuestra claramente su participación en el hecho.

Por todas estas razones, no advirtiéndose ningún inconveniente constitucional derivado de la integración unipersonal del tribunal ni habiendo prosperado ninguna de las críticas de la defensa referidas a la prueba sobre la coautoría del imputado, propongo, en concordancia con lo dictaminado por el agente fiscal, que se rechace el recurso de casación interpuesto, con costas.

El doctor Mahiquesdijo:

Adhiero por sus fundamentos al voto del juez Celesia.

En mérito del acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal, por mayoría, Resuelve: I. Rechazar el recurso de casación interpuesto, con costas (arts. 22, CPP, 18, CN, 209, 210, 373, 421, 434, 435, 450, 454, 460 y 530, CPP). II.Regístrese, notifíquese a la parte acusadora y a la defensa técnica y devuélvase la causa al tribunal de origen para el cumplimiento de las notificaciones pendientes. - Carlos Alberto Mahiques. - Jorge Hugo Celesia.