Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-07


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los siete días del mes de junio del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma.

Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "V., H. R. c/ V.... S.A. s/ Laboral" (Expte. N° 75.07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- Practicado a fs. 491 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FRÜCHTENICHT - MOISÁ - FLASS.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 467/472 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Früchtenicht, dijo: 1. Identificación de la sentencia apelada: Que a fs. 467/472 y vta., luce agregada la sentencia de fecha 12 de marzo de 2007, registrada bajo el Nro. 11 del mismo año, dictada por el Sr. juez de grado Dr. Claudio Alejandro Petris, por la cual dispuso:

Hacer lugar parcialmente a la demanda laboral interpuesta por H. R. V., F. P., H. L., J. R. C., A. H. Á. y E. M. V. contra V.... S.A., y en su consecuencia condenó a la demandada a entregar a los actores mencionados el certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante LCT), como asimismo entregar al actor J. R. C. la Libreta de Aportes, en ambos casos de conformidad con lo establecido en el considerando cuarto de su sentencia y dentro del décimo día de quedar firme su pronunciamiento, bajo apercibimiento de astreintes por cada día de retardo en la suma que fija y a favor de la actora (art. 37 del CPCC); y abonar a J. R. C. La suma de $568,91; a A. H. Á. la suma de $172 y a E. M. V. la suma de $906 correspondiente a los rubros que detalla en su considerando primero -diferencias-, todo ello con más los intereses que percibe el B. d. Ch. S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días (considerando quinto) y las costas del juicio, dentro del décimo día de quedar firme su sentencia, bajo apercibimiento de ejecución y rechazando los restantes planteos formulados por los accionantes. B) Imponer las costas del juicio a cargo de los actores H. R. V., E. M. V., A. H. Á., F. P., H. L. y J. R. C., en un 75 % por los reclamos que no prosperaron y en un 25 % a cargo de la parte accionada por la demanda que prosperó parcialmente de conformidad con lo establecido en la sentencia; y C) Regular los honorarios de los profesionales actuantes en las sumas que fija.

2. Trámite posterior a la sentencia: Contra el acto jurisdiccional individualizado en el punto que precede, a fs. 476 interponen recurso de apelación los actores, siéndole concedido el mismo a fs. 478, expresando sus consecuentes agravios a fs. 479/482 y vta.

A fs. 477 la Sra. M. R. B. -Perito Calígrafa- apela por estimar bajos los honorarios regulados, recurso que le es concedido también a fs. 478.

En fecha 18 de abril de 2007 la presente causa registra su ingreso en esta Cámara (v. cargo de fs. 484), llamándose por Presidencia "autos para sentencia" (v. fs. 485). Efectuadas las notificaciones que impone el rito provincial y firme al llamamiento indicado, a fs. 491 se practica el sorteo establecido en el art. 268 del CPCC.

3. Los agravios deducidos: En ocasión de expresarlos, los actores se agravian, en primer término, por el rechazo de las diferencias salariales reclamadas en su favor.

Refieren que ".el a quo por un lado reconoce que el CCT 76/75 aplicable al caso, prevé una duración de la jornada legal de 44 horas semanales, pero como mi parte no ha podido demostrar la cantidad de horas laboradas, rechaza las diferencias de haberes, aún en aquellas quincenas que la patronal liquidó jornadas inferiores a las 44 semanales que establece el CCT." Estima que ".el magistrado invirtió la carga de la prueba soslayando por completo que todo contrato de trabajo se presume celebrado a tiempo completo y que por lo tanto es el empleador quien debe demostrar que la contratación fue con reducción de la jornada máxima legal o convencional para eximirse de abonar las diferen-cias reclamadas." Cita abundante doctrina y antecedentes jurisprudenciales e indica las omisiones en que -a su juicio- ha incurrido el sentenciante (v. fs. 479/480vta.).- Su segundo agravio (v. fs. 480vta.) deviene por cuanto el Sr. juez apelado rechazó la totalidad de las horas extras por falta de prueba, omitiendo evaluar que la propia accionada liquidó 100 horas de trabajo a L. por la 1ra. Quincena de junio del año 2004 junto a la liquidación final consiguiente.

Estima que el a quo debió reconocer 12 horas extras para L. en dicha quincena y así lo solicita.-Su tercer agravio (v. fs. 480vta./481vta.) está dado por el rechazo de las diferencias salariales reclamadas en relación con el valor hora.

Refiere las constancias de la causa e indica que: "Pese a todas estas irregularidades -el a quo- no hizo jugar las presunciones a favor de los trabajadores." (v. fs. 481 último párrafo -las negritas me pertenecen-)...- En cuarto término, se agravia -como consecuencia de sus agravios anteriores-, pues de hacerse lugar a su primer y/o tercer agravio, deberá hacerse lugar también a las diferencias por SAC proporcional 1er. semestre del año 2004, vacaciones, SAC sobre vacaciones y fondo de cese laboral (v. fs. 481vta.).- En ocasión de deducir su quinto agravio, la parte actora refiere que "Evidentemente, el a quo ha cometido un error en el punto A) de la parte resolutiva al condenar a la demandada a abonar al Sr. H. A. Á. la suma de $172 en concepto de Asignaciones familiares cuando en realidad debió condenarla a abonar $906." (v. fs. 481 vta.) y solicita en consecuencia se modifique la sentencia en su respecto.

Al expresar su sexto agravio, los actores se ofenden por cuanto el sentenciante rechazó las asignaciones familiares reclamadas por H. A. V. alegando que no se acreditó que el nombrado hubiera comenzado a laborar el 1º de enero de 2004 y que tanto de los recibos de haberes como de las hojas móviles del libro especial surge que el vínculo se inició el 24 de febrero del mismo año (v. fs. 481vta.).

Sostiene que el a quo atribuye el libro de sueldos y jornales efectos que no tiene por cuanto al ser documentación creada por la patronal no prueba en contra del trabajador ".y menos en este caso que dicha documentación presenta graves irregularidades.". Refiere asimismo diferentes probanzas que el juez apelado omitió considerar en ocasión de emitir su fallo.- Su séptimo agravio sobreviene por cuanto el senten-ciante no hizo lugar a la multa que dispone el art. 275 de la LCT, omitiendo considerar que la de-mandada hizo valer actos cometidos en fraude de los trabajadores, como lo son la extensión de los recibos comunes en blanco. Cita fallo que -estima- le asiste (v. fs. 482 y vta.).

En octavo término, se agravian los actores en orden a la imposición de costas parcial resuelta en su contra. Invocan el carácter alimentario de su reclamo y piden se modifique la sentencia en su respecto.- 4. Consideración de los agravios: Sostuvo el sentenciante en su fallo (v. fs. 469 vta. primer párrafo) que "Los testimonios rendidos en la causa no han podido dar cuenta acerca de la exten-sión de la jornada de los trabajadores reclamantes. (...).".

Y tal afirmación es compartida por el suscripto en su totalidad, pues tengo dicho que: "En el proceso laboral, la máxima inquisitiva contenida en el art. 44 de la Ley Nº 69 de Competencia y Procedimiento en Conflictos del Trabajo no impide la existencia y la eficacia de la regla de juicio sobre carga de la prueba: para hacerse operativa la manda que dispone el precitado art. 44: el actor deberá probar la existencia de una relación de trabajo o bien la naturaleza de las tareas desarrolladas para con el demandado y bajo su dependencia.

Ello así, pues en un procedimiento estructurado puede ocurrir que falte la prueba de un hecho controvertido.

Por consiguiente, el juez necesita también aquí alguna indicación sobre la manera cómo debe decidir, pues nuestro sistema le exige a aquél una decisión jurisdiccional de mérito que debe siempre acoger o rechazar la demanda, y tratándose de la acreditación de los presupuestos de hecho que son sustento de las pretensiones jurídicas invocadas rige, también en el fuero laboral, el principio general del onus probandi establecido en el art. 377 del ritual provincial, de aplicación supletoria por disposición del art. 45 de la propia Ley Nro. 69.- "Es así entonces que, del análisis de los elementos de juicio colectados en la presente causa, no existe a juicio del suscripto, suficiente acreditación, de manera asertiva, fehaciente, exhaustiva, concreta, categórica y rotunda acerca del modo y, principalmente, de la extensión de las horas extras que se invocan como presupuesto de hecho que darían sustento a las pretensiones jurídicas invocadas en la demanda, que permitan acoger de manera favorable el reclamo intentado.

A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que la procedencia de las horas extras reclamadas debe evaluarse con criterio restrictivo.

"En efecto, de las testimoniales de los clientes de la demandada, Sres. I. M. J. (v. fs. 150 y vta.), J. L. C. (v. fs. 152 y vta.), V. F. (v. fs. 154 y vta.), V. R. C. (v. fs. 155 y vta.), L. G. B. (v. fs. 159 y vta.) y C. O. C. (v. fs. 197 y vta.), y de los datos por éstos aportados, no puede determinarse con precisión la extensión de las tareas invocadas como fundamento de su pretensión y cumplidas en carácter de "guardias pasivas" que habilitarían un acogimiento positivo de esta Alzada.

Así, se ha resuelto, que "La prueba del desempeño de horas extras, a cargo del trabajador, debe ser terminante y asertiva, en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales y ajenas al desenvolvimiento común del contrato de trabajo, resultando insuficientes las presunciones." (in re "I., J. N. c/ P. S.R.L. y Ots."; CNAT Sala I, publicado en TySS, 2000-737)." (v. mi voto en "C. N. B. c/ B. M. T. s/ Laboral" (Expte. Nº 96/06 CANO).- Sin perjuicio de lo dicho, y existiendo prueba documental aportada por la demandada (v. sobre blanco que se identifica como "V.... S.A. Documentación demandada" que se aneja a los presentes autos) corresponderá estar a lo manifestado en ella, pues frente a la insuficiencia probatoria expuesta por la parte actora, aquélla documental adquiere virtualidad acreditativa.

Así, el primer y segundo agravios deducidos por los actores no pueden prosperar , pues a estar por el recibo que se aneja a fs. 7 del legajo personal del nombrado que se acompañó como documental en ocasión de contestarse la demanda y que se encuentra reservado en Secretaría, surge que el mismo se extendió en concepto de "Liquidación final" (v. ánglo superior izquierdo).

Idéntico criterio deberá seguirse en relación al coactor A. H. Á., en función que del recibo que luce a fs. 7 de su legajo personal acompañado como documental por la accionada surge también que el mismo fue extendido en concepto de "Liquidación final" (v. ángulo superior izquierdo).

En orden al tercer agravio deducido por los coactores (v. fs. 480 in fine y 482) y estimando que la diferencia salarial sobreviene por cuanto aquéllos pretenden se incluya el adicional por asistencia, debo señalar que, a mi juicio, siendo insuficiente la actividad probatoria de los actores en cuanto hace a acreditar el fundamento de sus pretensiones, y no surgiendo de la documental anejada el cómputo de días efectivamente laborados, debieron aquéllos extremar los recaudos acreditativos de la asistencia invocada.

Atento ello, el tercer agravio tampoco puede prosperar, y así lo voto.-Como consecuencia del no acogimiento del primer y tercer agravio deducidos, no puede prosperar tampoco el cuarto de ellos, y así lo voto.- En cuanto hace al quinto agravio, estimo que en el sub exámine se ha deslizado un involuntario error material, debiendo rectificarse la falencia indicada aclarando que la suma de $906 por asignaciones familiares y escolaridad, corresponde al Sr. A. H. A. y la de $ 172 al Sr. E. M. V. (v. liq. fs. 22/23).

En relación al sexto agravio, estimo que el mismo no puede prosperar por las mismas razones expuestas en ocasión de considerar el tercer agravio, y así lo voto.En orden al séptimo agravio (v. fs. 482 y vta.) entiendo que no se han arrimado elementos que permitan conmover lo resuelto por el Sr. juez apelado, atento lo cual dicho agravio no puede prosperar y así lo voto.- Similar suerte debe necesariamente correr el octavo agravio (v. fs. 482 vta.). Y ello es así por cuanto la imposición de costas dispuesta parcialmente contra los actores se me aparece justa, por cuanto si bien sus pretensiones han prosperado parcialmente, corresponde imponérselas en función del principio objetivo de la derrota (art. 68 último párrafo del CPCC en función del art. 76 de la Ley Provincial de Competencia y Procedimiento en Conflictos del Trabajo).

Por ello, el agravio no puede prosperar y así lo voto.

Relacionado con la apelación intentada por la Sra. Perito Calígrafo s fs. 476, por estimar bajos sus honorarios, entiendo que el art. 61 del Dto. Ley 2.200 determina las pautas que deben tenerse en cuenta para la regulación de honorarios de peritos, las que consisten en: a) un porcentaje que oscila entre el 1% y el 5% del monto de la sentencia de los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria; y b) que se evalúe la tarea profesional en base a lo dispuesto por el art. 6to. Del arancel.

En base a dichos presupuestos y efectuados los cálculos pertinentes, teniendo en cuenta a tal fin las pautas mensurativas del art. 6to. del Dto. Ley 2.200, en cuanto a la complejidad del asunto, la relación entre la gestión profesional y el resultado obtenido, el mérito de la labor desarrollada, entiendo que los emolumentos fijados a la Perito Calígrafo M. R. B., no resultan bajos, por lo que deben ser confirmados.- A la MISMA CUESTIÓN, el Dr. Moisá, dijo:

1. Por la Sentencia N° 11 de fecha 12 de marzo de 2007 (fs. 467/472 vta.), el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar parcialmente a la demanda laboral interpuesta por los Sres. H. R. V., F. P., H. L., J. R. C., A. H. Á. y E. M. V. contra V.I.A.C. S.A., distribuyendo las costas en un 75% a cargo de los actores y un 25% a cargo de la parte demandada.

Contra tal decisión, interpone recurso de apelación la parte actora (fs. 476) y, por estimar bajos sus honorarios, la perito M. R. B., Calígrafo Público Nacional. Concedidos ambos recursos, la actora expresa agravios a fs. 479/482 vta., sin que la contraria presente el informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley N° 69.- 2. En lo substancial, la actora apelante concreta su crítica en ocho agravios, algunos de ellos vinculados entre sí.

Primer agravio. El primer agravio de la parte actora está dado por el rechazo de las diferencias salariales reclamadas a favor de los trabajadores V., V., Á., P. y L., con fundamento en la mayor cantidad de horas trabajadas.

Argumenta que el a quo, por un lado reconoce que el CCT 76/75 aplicable al caso prevé una duración de la jornada legal de 44 horas semanales, pero, como su parte no ha podido demostrar la cantidad de horas trabajadas, rechaza las diferencias de haberes, aun en aquellas quincenas en las que la patronal liquidó jornadas inferiores a las 44 horas semanales que establece el citado CCT.- Segundo agravio. El a quo rechazó la totalidad de las horas extras por falta de prueba, omitiendo evaluar que la propia accionada liquidó 100 horas de trabajo a L. por la primera quincena de junio de 2004, junto a la liquidación final consiguiente. Entiende la apelante que, si la jornada máxima es de 44 hs. semanales, el a quo debió reconocer 12 hs. extras para L. en dicha quincena.

Tercer agravio. Está dado por el rechazo de las diferencias salariales reclamadas en relación al valor hora. En las liquidaciones de fs. 21/26 dice que su parte indicó que correspondía un valor hora de $3,26, especificando los rubros y montos que incluía: Básico $2,45 más 15% por zona ($0,36) más 20% de asistencia ($0,48).

En consecuencia, solicita que se haga lugar a las diferencias devengadas con motivo del rubro "Asistencia Perfecta".

Cuarto agravio. Sostiene la recurrente que es consecuencia de los anteriores y, por lo tanto, solicita que de hacerse lugar al primer o tercer agravio, se acojan la diferencias por SAC proporcional 1er. semestre de 2004, vacaciones, SAC sobre vacaciones y fondo de cese laboral.

Quinto agravio. Evidentemente, afirma, el a quo ha cometido un error en el punto A) de la parte resolutiva al condenar a la demandada a abonar al Sr. H. A. Á. la suma de $172 en concepto de asignaciones familiares, cuando en realidad debió condenarla a abonar la suma de $906.

Sexto agravio. Por los argumentos que esgrime, la apelante entiende que debe modificarse la sentencia apelada, acogiéndose las asignaciones familiares reclamadas a fs. 21 con respecto al Sr. V., y también que debe declararse que el vínculo se inició el 22/1/04 y no el 24/2/04.- Séptimo agravio. Estimando que la sentencia omitió considerar que la demandada hizo valer actos cometidos en fraude de los trabajadores, la recurrente se agravia por cuanto no se aplicó la multa del art. 275 de la LCT.

Octavo agravio. Finalmente, se agravia de que el magistrado de origen haya distribuido las costas en un 75% a cargo de los trabajadores y el 25% a cargo de la demandada en virtud del resultado obtenido, considerando la apelante que las costas debieron imponerse totalmente a esta última, ya que los primeros estaban convencidos de la seriedad de su reclamo.

3. Aclarando que los agravios vinculados serán tratados en forma conjunta, corresponde que me ocupe de su consideración y análisis con vistas a motivar mi voto en la cuestión traída a resolución.- a) Diferencias salariales. Cuando el salario se calcula en relación con el factor tiempo, Julio Armando GRISOLÍA, claramente dice: "el trabajador tiene derecho a percibirlo si presta la tarea en el tiempo convenido.

Para su cálculo se toma como módulo el mes, el día o la hora de trabajo". Y luego de señalar que hay dos tipos diferentes de remuneración-tiempo -jornal y sueldo-, observa: "Si el salario se computa por hora, la liquidación del día de trabajo resulta de multiplicar la cantidad de horas trabajadas por la retribución fijada como jornal horario" (GRISOLÍA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 362, LexisNexis, Buenos Aires, 2003).

Estando a ello, no deben confundirse los límites temporales máximos fijados por los arts. 10 -jornada diaria- y 11 -semana laborable- del CCT 76/75, de 9 horas diarias y 44 horas semanales, con el salario que debe pagarse.- Resultando de autos -tanto de la demanda como de las actuaciones de la Subsecretaria de Trabajo de fs. 169, invocadas por la misma apelante- que el horario que cumplían los trabajadores era de 8 a 12 y de 14 a 19, tengo para mí que tal horario se ajusta a la jornada máxima de 9 hs. diarias prevista por el art. 10 del CCT 76/75.

Esto por la sencilla razón de que, en el caso, la modalidad de pago adoptada es la de jornal horario con liquidaciones quincenales (cfr. arts. 104 y 126, inc. "b", LCT).

Ahora bien, no se puede, entonces, deducir que la remuneración del trabajador resulta de multiplicar los días de la jornada máxima -o la semana laborable máxima- por el jornal horario, sino que, como bien lo señala GRISOLÍA en el párrafo transcripto supra, para obtener el salario del trabajador debe multiplicarse este último -jornal horario- por las horas efectivamente trabajadas.

En consecuencia, el primer agravio no puede prosperar, pues, el salario -insisto- resulta de multiplicar el jornal horario por las horas efectivamente trabajadas, y no por la jornada máxima -o la semana laborable máxima-, como pretende la recurrente.- b) Horas extra o suplementarias. "Es trabajo extraordinario y debe ser pagado con los recargos legales el que se ejecuta en exceso de la jornada máxima legal determinada por la ley 11.544 o por el convenio colectivo de trabajo aplicable, pero no aquel que excede la jornada contractual que no supera esos límites" (ETALA, Carlos Alberto, Contrato de trabajo, p. 452, Astrea, Buenos Aires, 1999).

Pero, la parte apelante no ha demostrado haber trabajado en exceso de la jornada legal máxima fijada por el CCT 76/75, esto es, más de 9 hs. diarias o 44 hs. semanales.

Obsérvese que tanto el recibo de haberes de L. (fs. 10) -invocado por la recurrente como sustento de su agravio- como el de Á. (fs. 14) -no citado por la apelante-, en los que se consignan 100 y 91 "horas normales" respectivamente, no responden a una "liquidación quincenal" de haberes sino a la "liquidación final" con motivo de la compensación prevista por el art. 250 de la LCT. Ergo, obviamente, la diferencia con la "semana máxima laborable" no puede tomarse como horas extra ya que no lo fueron.

La expresión "horas normales" de trabajo inserta en tales recibos, no queda duda, tiene el único sentido de hacer referencia al módulo horario adoptado para la liquidación de los haberes.

Por lo demás, con razón se ha resuelto: "El trabajo extraordinario debe ser probado por quien lo alega, dado que lo que se presume es que la jornada no excede el máximo legal" (CNAT, Sala I, 17/9/93, DT, 1994-B-1977).

Luego, el segundo agravio tampoco es atendible.

c) Presentismo o asistencia perfecta. "La LCT no obliga al pago del presentismo ni de otro premio; su aplicación depende de lo establecido en los convenios colectivos o de lo fijado por cada empresa, y su percepción está sujeta a los requisitos establecidos para acceder a él" (GRISO-LÍA, Julio Armando, op. cit., p. 375).

Lógicamente, entonces, el premio por "asistencia perfecta" se pierde por las ausencias o impuntualidades del trabajador de conformidad con el art. 52 del CCT 76/75.

Sentado ello, se equivoca la parte apelante al sostener que la patronal no acreditó inasistencias en los trabajadores, pues, en la especie, la carga de la prueba pesaba sobre estos últimos en virtud de que, en principio, quien afirma debe probar (doct. art. 377, CPCC).

En otras palabras, el trabajador debe demostrar los extremos que hacen al premio por "asistencia perfecta" y que tornan injustificada la falta de liquidación del incentivo por parte del empleador.Por lo tanto, el tercer agravio no es procedente.

d) Al cuarto agravio. Siendo dependiente de los anteriores y atento a la suerte adversa de los mismos, el cuarto agravio queda sin sustento.

e) Al quinto agravio.

Habiéndose deslizado evidentemente un error material en la sentencia recurrida, el mismo debe ser corregido y, en consecuencia, aclararse que la suma de $906 en concepto de asignaciones familiares y escolaridad corresponde al Sr. Á. y la de $172 al Sr. V. (cfr. fs. 22/23).

Según lo recuerdo en la SD N° 15/05 CANO (P., N. C. c/ S. C. S.R.L. y Otra s/ Laboral, Expte. Nº 25/05 CANO), es doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con distintas composiciones- que: "Si los jueces, al descubrir un error aritmético en la sentencia, no lo modificasen, incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error, pues no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos" (CSJN, 09/10/1990, Alcaraz, Pascual y otra c. Bertoncini Construcciones S. A., LA LEY 1991-B, 373 - DJ 1991-2, 313, con nota de Juan J. Azpelicueta - ED); "El art. 166, inc. 1°, último párrafo del Cód. Procesal ha receptado el principio jurídico según el cual los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio, principio que se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla buscó amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él" (CSJN, 20/12/1994, Iglesias, Germán H. c. Estado nacional -Ministerio de Educación y Justicia-, LA LEY 1995-B, 249 - DJ 1995-2, 274.

En igual sentido, entre otros: CSJN, 20/04/1989, Estado nacional -Ministerio de Economía- Coop. Poligráfica Editora Mariano Moreno Ltda., LA LEY 1989-E, 77, con nota de Osvaldo Pedro Gozaíni - DJ 1990-1, 424).- f) Al sexto agravio. Voy a coincidir con el colega que me precede en el orden de votación en que la escasez probatoria de la parte recurrente me impide formar convicción sobre la veracidad de sus aserciones (doct. art. 386, CPCC), entendiendo que la sola acta intimatoria de la Subsecretaria de Trabajo (fs. 169/170) no tiene entidad suficiente para acreditar el día 22/1/04 como verdadero ingreso del trabajador H. V..

g) Conducta temeraria y maliciosa. Atento a todo lo expuesto, no encuentro suficientes motivos como para considerar que la conducta de la empleadora encuadre dentro de los términos del art. 275 de la LCT.

No obstan a ello las conclusiones del informe pericial obrante a fs. 433/446 vta., pues, de las mismas se desprende únicamente que las firmas obrantes en su legajo, "parcialmente no pueden ser atribuidas al señor H. R. V.", sin que tal circunstancia pueda ser atribuida a la empleadora y sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que puedan resultar en una sede distinta a la laboral.- h) Al octavo agravio. Considerando el resultado de la causa, la imposición de costas por parte del Sr. Juez de primera instancia encuentra sustento en los arts. 68 y 71 del CPCC, aplicables por remisión del art. 76 de la Ley N° 69, sin que la mera afirmación de que "los actores estaban convencidos de la seriedad de su reclamo" tenga entidad para conmover la decisión impugnada.- A la apelación de la Perito Calígrafo M. R. B.. Que la misma se agravia por entender que los honorarios que le fueran regulados resultan bajos.

Que analizada la cuestión en base a lo dispuesto por el art. 61 del Dto. Ley 2.200 y efectuados los cálculos pertinentes, teniendo en cuenta a tal fin las pautas mensurativas del art. 6to. del citado Dto. Ley, en cuanto a la complejidad del asunto, la relación entre la gestión profesional y el resultado obtenido, el mérito de dicha labor y su trascendencia, entiendo que los emolumentos fijados a la Perito Calígrafo M. R. B. no resultan bajos, por lo que corresponde sean confirmados.

4. En mérito a las consideraciones que anteceden, voto la cuestión por la afirmativa.

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Früchtenicht, dijo:Por lo expuesto, estimo que corresponde: I.- CONFIRMAR la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2007 obrante a fs. 467/472 y vta.; II.- CORREGIR el error material cometido en el punto A) de la sentencia apelada aclarando que en la condena la suma de $172 corresponde al Sr. E. M. V. y la suma de $906 corresponde al Sr. A. H. A.; III.- IMPONER las costas de esta instancia a la actora apelante; y IV.- REGULAR los honorarios profesionales de la Dr. A. A. en la suma de $ 195.- con más el IVA pertinente por su actuación en esta instancia.

A IDÉNTICA CUESTIÓN el Dr. Moisá dijo:Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) confirmar la Sentencia N° 11 de fecha 12 de marzo de 2007 (fs. 467/472 vta.); b) corregir el error material incurrido en el punto A) de la referida sentencia, aclarando que en la condena la suma de $172 corresponde al Sr. E. M. V. y la suma de $906 corresponde al Sr. A. H. A.; c) imponer las costas de la instancia a la actora apelante (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69); y d) regular honorarios a la Dra. A. A. en la suma de $195, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dto. Ley 2.200).- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:- 1º) CONFIRMAR la Sentencia N° 11 de fecha 12 de marzo de 2007 (fs. 467/472 vta.).

2º) CORREGIR el error material incurrido en el punto A) de la referida sentencia, aclarando que en la condena la suma de $172 corresponde al Sr. E. M. V. y la suma de $906 corresponde al Sr. A. H. A..

3º) IMPONER las costas de la instancia a la actora apelante (art. 68, CPCC, por remisión del art. 76 de la Ley N° 69).- 4º) REGULAR honorarios a la Dra. A. A. en la suma de $195, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dto. Ley 2.200).

5º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Günther Enri-que Flass de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, última parte, del C.P.C.C., texto según Ley 4.550.- BENJAMÍN MOISÁJORGE LUIS FRÜCHTENICHT REGISTRADA BAJO EL Nº 23 DEL AÑO 2007. CANO.- Norma Marrero Secretaria.- Rawson, dede 2007.- NOTA n°/07 S.I.J.