marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Elecciones, concejales, inhabilitación para ejercer cargos públicos, concejo deliberante, jueces naturales, cargos electivos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Agua de Oro -  Departamento Colón - Jouve María Luisa s/ Amparo - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-04-12

1- En la esfera del Poder Legislativo en cada una de las gradaciones de las que se compone el Estado Federal (Congreso de la Nación, Legislatura de la Provincia, Concejos Deliberantes de los Municipios), se regula como una de las funciones privativas, la de ser juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (C.N., 64; Const. de la Prov., 98 y Ley Orgánica Municipal Nro. 8102, 19). Dicha prerrogativa surge no sólo de la letra y espíritu que inspiraron las normas antes mencionadas, sino también en la necesidad de salvaguardar la cuota de independencia funcional que se debe reconocer a cada órgano de gobierno, por lo que las decisiones que adopten los respectivos Cuerpos Legislativos en esta materia, han sido calificadas como actos institucionales o políticos, denominación que, en principio, excluye la posibilidad de revisión por parte de otra autoridad.

2- El art. 19 de la ley 8102, L.O.M., ha incorporado el calificativo de "exclusivo" a la calidad de juez del Concejo, de lo cual se advierte que el legislador provincial ha pretendido acentuar y despejar toda duda respecto al carácter de ser el único órgano con atribuciones para juzgar sobre las calidades de los concejales electos, excluyendo toda otra alternativa revisora, pues dicha potestad se encuentra reservada sólo a su ámbito de competencia, sin posibilidad de control por parte de otra autoridad o poder, salvo el supuesto de advertirse una grave, ostensible e irrazonable lesión constitucional.
Dominio público, bienes de interés histórico provincial, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RIDLEY, FRANCISCO A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-02

Las cuestiones relativas al dominio público del Estado son regidas por el derecho administrativo a quien el Código Civil defiere el régimen del uso general y del uso especial por ser aquél a quien compete la regulación del mismo. Y si bien aquí se invoca la afectación por parte de la Administración del derecho de propiedad de los actores (a través de la inclusión del inmueble en el Programa Municipal de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico), el contenido legal de ese derecho no puede determinarse sólo con referencia a las limitaciones que el Código Civil establece (que solamente tiene en vista el interés privado), sino también mirando a las limitaciones que impone el Derecho Administrativo en razón del interés público. ( del voto del Dr. Netri )
Amparo por mora, causas de justificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.I.P.E.D.Y.B. (Sindicato del Personal de Dragado y B. c/ Dir.Nac. de Vías Navegables s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

No resultan atendibles las razones invocadas por la administración para dispensarla de la demora incurrida ya que ni la existencia de un cúmulo de presentaciones similares a la del accionante ni la intervención de distintos organismos administrativos se exhiben como causales de exculpación útiles a ese fin. (Consid. VI).
Principio de solidaridad, derechos de incidencia colectiva, realidad económica, equidad, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bruglieri, Nilda Adelina c/ I.P.P.S. s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2001-10-30

Desde la óptica de la equidad no puede admitirse que el interés particular prevalezca por sobre el interés general del resto de la comunidad. Ello no es justo y menos aún equitativo. Paradójicamente, no son necesariamente contrapuestos los intereses individuales y el general pues tanto pasivos y activos deben velar, sostener y contribuir solidariamente a dar continuidad en el tiempo al sistema financiero del organismo provisional.

La vigencia del principio constitucional de equidad, impide considerar la irreductibilidad como veda a la movilidad -en caso de rebaja- el interés particular jerárquicamente se situaría por sobre el interés general del resto de la comunidad.
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, contratos en curso de ejecución, locación
Materia: COMERCIAL
Carátula: I.B.M. ARGENTINA SA c/ MAZAWATTEE TEA CO. LTDA. SA (HOY DISTEAL SA) s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-04

La locación escapa a la previsión de la lc: 33, pues si bien ésta comprende todas las obligaciones de causa o título anterior al concursamiento, el juicio universal solo afecta los cánones vencidos hasta aquella fecha. La finalidad del concurso preventivo, es posibilitar -mediante espera o quita- la atención de la deuda generada hasta la presentación por el deudor, más no exonera de aquella que la continuación de la explotación genera. (En el caso, el uso por el deudor de máquinas locadas determina económicamente su deber de retribuir al locador).
Inadmisibilidad del recurso, habeas corpus, insuficiencia del agravio, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CARRIZO, Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación contra la sentencia que confirmó la denegatoria la acción de habeas corpus toda vez que el recurrente no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada por el tribunal de origen, y sólo evidencia una discrepancia con la solución brindada al caso por aquél. Tampoco se ha demostrado la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108).
Acción reivindicatoria, tenencia simple
Materia: CIVIL
Carátula: Suc. de Terenzi, Domingo c/ Peláez, Alfredo s/ Reivindicación -Ordinario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-11-12

El depositante tiene a su elección dos acciones para obtener la restitución: la del depósito y la de reivindicación, criterio que es perfectamente aplicable a la locación, al comodato, etc... y el concepto que puede técnicamente considerarse que desde el momento en que se produce la negativa de restitución amparándose en la relación existente, hace que la posesión de propietario se encuentre controvertida impidiéndole en la práctica el ejercicio de su derecho".
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, Ley de Punto Final, competencia federal, Cámara de Apelaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN s/ HOMICIDIO    CALIFICADO   -  TENTATIVA  -  INCIDENTE  DE  COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

No habiendo existido intervención previa de la justicia militar, las facultades de control otorgadas a las cámaras federales por el art. 10 de la ley 23. 049 deben interpretase teniendo en cuenta la nueva situación creada por aplicación del art. 2 de la ley 23.492.
Acción de amparo, cómputo del plazo, plazo horario, plazo de gracia
Materia: PROCESAL
Carátula: CERIANI CERNADAS, JUAN c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - PLAZO APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

Los plazos de horas comienzan a correr desde la hora en que se ha practicado la notificación y se computa hora a hora.

Corresponde aplicar el art. 124 del C.P.C.C. (dos primeras horas) en el cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación en una acción de amparo (art. 15 de la ley citada), cuando las 48 hs.

hubiesen vencido en tiempo inhábil.
Impuestos, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nobleza Picardo S.A.I.C. y F. c/ E.N. -D.G.I.- s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que atendiendo a la naturaleza de las obligaciones fiscales, rige el principio de reserva o legalidad (C.S.J.N. Fallos: 312:912 y los allí citados);

y concordantemente ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal enmarcada en los preceptos y recaudos constitucionales, ésto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (arts. 4, 17, 44 y 67 de la C.N. -en el texto anterior-; C.S.J.N. Fallos: 248:482, citado in re "Eves Argentina S.A.", del 14/10/93, Consid. 9º in fine y 10º D.Tributario T. 7, pág. 719). (C.S.J.N. "Video Club Dreams", del 6/6/95, consid. 12º).
Intervención federal, Poder Judicial, declaración en comisión, aplicación de la ley, remoción de jueces, reincorporación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Faubre, Emma del Valle c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-12-21

El art. 222 de la Constitución Provincial dispone que no podrá declararse en comisión ni removerse a jueces y empleados del Poder Judicial si la Intervención Federal no fue motivada por desórdenes o irregularidades en la administración de justicia.

Desde la hermenéutica de este artículo surge con claridad -a contrario sensu- que, configurados los presupuestos de la norma constitucional, el Poder Judicial de Catamarca puede ser declarado en comisión y, por ende, privado de la garantía de inamovilidad de quienes hasta entonces gozaban de ella.

Lo que esta norma estatuye está en contradicción con el art. 183 de nuestra Constitución,invocado por la accionante, que dispone que el Poder Ejecutivo Provincial reponga a los funcionarios y magistrados inamovibles que hubieran sido reemplazados por el delegado federal, una vez cesada la Intervención. Por esta razón, debe aplicarse la que se encuentra incluida en el capítulo que específicamente se refiere al Poder Judicial, por lo que debe rechazarse la demanda en todas sus partes.
Revocación de sentencia, concesión errónea del recurso, presentación extemporánea, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina Ezequiel Andrés y otr c/ Yapura Julio César y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-05-10

Cabe revocar el decreto que concedió el recurso de apelación incoado, y en consecuencia, declarar inadmisible y mal concedido el mismo por extemporáneo, pues las apelaciones quedan aprehendidas en los arts. 701 a 703 del CPCCT que regulan todo lo atinente al plazo y formas de la interposición del recurso y su procedencia en la Alzada. Ello así, la apelación luce extemporánea en tanto transcurrieron más de dos meses de la notificación de la sentencia de regulación de honorarios, excediendo el plazo legal de 5 días previsto en el art. 703 del digesto ritual, más el cargo extraordinario del art. 132
Sobreseimiento, extinción de la acción penal, cómputo del plazo, orden público, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Palomino Araoz Miguel Ángel -Loprette Ramón Miguel -Gutiérrez Sergio Nicasio - Palomino Peirone Miguel Antonio s/ Extincion Accion Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-27

Debe tenerse en cuenta, que el derecho del imputado a que se ponga fin al proceso penal encuentra tutela en el instituto de la prescripción de la acción. Es allí donde la potestad represiva del estado, encuentra límite en el transcurso del tiempo, cesando el poder punitivo con la extinción de la acción penal, con la que se pretende evitar que una persona sea sometida a proceso "sine die.-
Ejecución fiscal, sanciones tributarias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. c/ A.F.I.P. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Las sanciones previstas en las leyes 17.250, 22.161 y 24.769 resultan -utilizando las palabras del Dr. Sebastián Soler- del Estado como Poder; no tratándose de aquellas sanciones que son una forma específica de indemnización por el atraso del deudor en el pago de una obligación, con lo cual el legislador demuestra la diferencia que realiza entre interés de carácter civil de tipo resarcitorio o indemnizatorio que establece el art. 37 de la ley 11.683, del interés punitorio del art. 52 de la misma norma, que rige para el supuesto de ejecución fiscal; o sea la necesaria recurrencia a la vía judicial para hacer efectivos los créditos fiscales y las multas ejecutorias, de las multas de carácter eminentemente penal, consideradas como pena. En razón de ello, los principios del derecho tributario resultan perfectamente aplicables al derecho de la Seguridad Social.
Competencia, habeas corpus
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco Leonardo Alejandro c/ Abuso Deshonesto s/ Recurso de Habeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-05

Específicamente en materia de acciones de amparo, instituto constitucional de similar finalidad a la del habeas corpus, el tribunal sostuvo que: ...entre los asuntos de competencia originaria del Cuerpo establecidos por el artículo 157 de la Constitución de la Provincia no se encuentra el conocimiento en acciones o recursos de amparo. No habiéndose dictado en el ámbito provincial una ley que rija la materia corresponde aplicar la Ley Nro. 23.098 que en su artículo 8 inc. 1 establece la competencia para conocer en los procedimientos de hábeas corpus En la Capital Federal los jueces de primera instancia en lo criminal de instrucción. Adecuando dicha normativa a la organización judicial provincial establecida por la ley nro. 110 corresponde atribuir competencia para intervenir en el proceso al Juzgado de Instrucción en turno del Distrito Judicial Sur.
Accidente de tránsito, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: Orozco, Liana Alicia c/ Contreras Hnos. SACIFAG y M y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-08

Producido un menoscabo a la integridad sicofísica de la persona, resulta imprescindible recurrir a la asistencia terapéutica, lo que siempre implica un sacrificio económico. No siendo exigible la prueba precisa de los gastos, cuando de las características de las lesiones surgen indiscutiblemente que se han realizado gastos médicos y farmacéuticos. "No requiriendo prueba efectiva y acabada sobre la efectividad de los desembolsos y de su cuantía" "Los gastos detallados no siempre pueden ser suficientemente documentados".
Renuncia al empleo, escritura pública, consentimiento, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Oviedo Jorge Omar c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-15

El acuerdo disolutivo habiendo sido instrumentado mediante acta notarial, importó para las partes la disolución del vínculo laboral. Ninguna duda cabe entonces que las mismas tuvieron la plena conciencia de tal objetivo común. Mas allá del mundo de los abstractos conceptos, hay una expresión volitiva de neta y definida vivencia jurídica, donde el acuerdo formalizado de la manera indicada precedentemente jugó un papel fundamental, en orden a la concreción definitiva del consentimiento concurrente plasmado, mas allá de toda cuestión que previamente pudo haberse dado, art. 241 LCT.
Sentencia, contestación de la demanda, reconvención, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: Harvey Edith Carolina c/ Gómez Miguel Fernández s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-28

Si una acción no fue ejercitada en la litis, ni se puede calificar de tal a la contestación de la demanda en el contexto de los términos empleados, máxime la terminante negativa del accionado, no cabe ni siquiera entrar en la consideración de la hipótesis de darle un tinte de reconvención, dado que se vulnere el principio de congruencia, art. 34 inc.4 y 163 inc.6 del código de procedimientos.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: ZGAIB, LUIS A. c/ ZGAIB, PEDRO s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-05

No es grata a este Tribunal esta decisión de retrotraer todo lo actuado hasta determinado momento procesal, pero hace uso de esta chance en virtud de su aptitud y eficacia para sanear y volver a poner en madre el procedimiento, para que a partir del reinicio de las actuaciones las partes puedan dejar sentado lo suyo.
Seguros, siniestro, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERRARI O. c/ SEGUROS BERNANDINO RIVADAVIA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

La simple investigación preliminar y de determinación de la circunstancia del siniestro para establecer sus características y su encuadre en la cobertura, en tanto se trata de una medida indispensable para que el asegurador pueda pronunciarse, no implica aceptación.
Inscripción registral, inscripción de dominio, acción reivindicatoria, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: GARCÍA, Germán Esteban c/ FERRAZZI, Irma Leonor s/ REIVINDICACIÓN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-15

1- El comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado la pertinente escritura traslativa de dominio, realizado la tradición de la cosa es inscripto su dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble, ni tiene legitimación para ejercer la acción reivindicatoria del bien respecto de un tenedor después de transferir voluntariamente la posesión a un tercero que a su vez fue quien otorgó la mera tenencia al sujeto pasivo de la reivindicación en virtud de un contrato de locación o comodato. 2- La acción reivindicatoria es una acción que nace de todo derecho real que se ejerce por la posesión cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella y exige la restitución de aquel que tiene la actual. El despojo comprende toda desposesión, sea por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. De modo que si el desprendimiento de la posesión fue voluntario, la acción reivindicatoria es improcedente si previamente no se hace caer el acto jurídico que fue causa de la tradición mediante una acción personal y no real como la reivindicación. Y recién una vez declarada judicialmente la nulidad o la rescisión, procede la acción real, puesto que si no se devuelve la cosa se la retiene ilegítimamente. (Sumario N°20345 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Juicio correccional, recurso extraordinario federal, inexistencia de cuestión federal suficiente, monto de la pena, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Agüero, Julio Eduardo s/ RECURSO EXTRAORDINARIO presentado por el Dr. Pinto, Víctor Manuel en contra de Sentencia Nº 016/11 - en Expte. Corte 11/11 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas en causa Nº 116/09 - Agüero, Julio Eduardo - Homicidio Culposo Agravado - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-30

El Juzgado Correccional condenó al imputado, como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo agravado, a sufrir la pena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Contra esa resolución, el defensor técnico había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal.

El recurrente cuestiona el monto de la pena de pena de prisión. Dice que la sentencia impugnada es arbitraria al omitir la Corte de Justicia expedirse sobre una cuestión oportunamente planteada, cual es la no ponderación por el a quo, como circunstancias atenuantes, del informe socio ambiental y de falta de antecedentes penales del imputado; y que, de este modo, lo resuelto genera a esa parte el planteo no suscita cuestión federal suficiente y carece de fundamentación suficiente, en tanto no cumple con los requisitos exigidos en el art. 15 de la ley 48 y en art. 3º, inc d) de la Acordada Nº 04/2007 de la Corte Suprema y no refuta los argumentos expuestos como sustento del fallo impugnado.

La simple lectura del pronunciamiento condenatorio desvirtúa la denuncia de omisión de valoración del informe sobre los antecedentes penales del imputado.

Es que la sentencia contiene referencias a la pretensión de la defensa, deducida al tiempo de expresar sus conclusiones al cabo del juicio para que, al ponderar la pena, el Tribunal tuviera en cuenta que el imputado carecía de antecedentes penales. Ese alegato, presentado formalmente en la audiencia, en la oportunidad pertinente, fue atendido por el Juez Correccional que, confrontándolo con la entidad del daño causado y la gravísima imprudencia y peligrosidad manifestada por el imputado, desestimó el valor minorante de la pena que a dicho informe le asignaba el defensor.

Sin embargo, en la instancia anterior el recurrente no demostró la irrazonabilidad o absurdidad de esas respuestas, y tampoco lo hace en esta oportunidad, con lo que deja incólumes los argumentos expresados por esta Corte para rechazar su impugnación sobre el punto, considerando, además, que el monto punitivo respetaba el principio de proporcionalidad, que también rige en este tema, dado que resultaba acorde con la gravedad del hecho acreditado y con la culpabilidad demostrada por su autor.

Por ello, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Contrato de transporte, forma del contrato, perfeccionamiento del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Borgese, Héctor A. c/ Rabbione  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-02

El contrato de transporte es un contrato no solemne que no exige ninguna forma especial para su perfeccionamiento, bastando el respecto el consentimiento de los contratantes, toda vez que, según el art. 165 C. Com., las partes "pueden" exigir de la otra un documento escrito en el que constan las condiciones del acuerdo.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, eximentes de responsabilidad, relación de causalidad, fuerzas de seguridad, personal policial, procedimiento policial
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Toscano, Gustavo Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

No puede funcionar como eximente de responsabilidad de la provincia la invocación de una conducta que no guarda el adecuado nexo causal con la lesión sufrida por un peatón, ajeno por completo al hecho desencadenante, máxime si la actividad policial no pareció - ni aún en una situación de descontrol como la creada - ajustada a las circunstancias y ejercida con el aplomo que exige la necesaria preparación técnica y psíquica que deben ostentar sus integrantes.
Ejecución del contrato, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MR. FOOD SA c/ CENCOSUD SA s/ ORD. INC. DE APELACION (CPR 250).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

En el marco de una demanda por cumplimiento de contrato, resulta improcedente solicitar una medida cautelar -prohibición de innovar- con base en la alegada intención de la accionada de quedarse gratuitamente con la inversión constructiva, comercial y publicitaria realizada por la recurrente en función de tal relación contractual, cuando -como en el caso- no se aportaron datos que permitan inferir incumplimientos por parte de la defendida o el desbaratamiento del derecho del pretensor para continuar regularmente con la explotación del fondo comercial asignado. No empece lo expuesto, la alegación de referencias a ciertas "intimaciones y reclamos documentados", pues ello resulta insuficiente para dar base al reclamo cautelar.