marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: De Felippi, Héctor Pedro y otro s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Lo que el art. 357 del Código de Procedimiento Penal dice es que cuando la Cámara resuelve sobre falta de jurisdicción, o sobre cosa juzgada, sobre amnistía o indulto, sobre prescripción o sobre excepción de pena, aunque no sea en la ocasión de culminar el plenario, aunque sea un incidente, se está ante una sentencia definitiva, porque se ha decidido sobre el derecho que se intenta hacer valer y, al mismo tiempo, se ha cancelado toda posibilidad de reparación ulterior ya que la cuestión resuelta no es susceptible de renovarse en otra oportunidad o en otro juicio, pero para que sea recurrible por inaplicabilidad de ley, hacen falta los demás requisitos que establece la ley procesal al restringir, -como lo autoriza la Constitución- el alcance del recurso extraordinario. No hay que confundir sentencia definitiva con sentencia recurrible.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia criminal y correccional, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Otros procesos incidentales en autos NN  c/  s/ 173 inc. 16 - defraudación mediante técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional ya que en autos no está en discusión la subsunción preliminar de los hechos investigados en la figura de estafa contenida en el art. 172 del CP, de competencia nacional, llevada adelante por medio de la utilización de, al menos, fotocopias adulteradas del DNI de la víctima. En el caso, se investiga una serie de deudas contraídas a nombre de la denunciante que le habrían impedido sacar una tarjeta de crédito bancaria, instrumentadas por documentos en los que se consignan firmas de quien se hizo pasar por la denunciante, como también copias de un DNI con una fotografía y firma que aquella desconoce y que pertenecerían a la autora material de la defraudación. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contratos administrativos, permiso de uso, locación de inmuebles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS c/ CANOVAS, ANTONIO Y OCUPANTES s/ LANZAMIENTO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

No puede tratarse en un pie de igualdad al locatario de un inmueble destinado al comercio que a quien obtiene un permiso de uso de la Administración Pública, por la naturaleza esencialmente precaria de éste.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Derecho laboral, trabajador, abandono de trabajo, contrato de trabajo, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DOFFI, PABLO DANIEL c/ CASINO ROSARIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

El interesado debía hacerse cargo de demostrar con suficiente entidad -y no lo hizo- que sus agravios traspasaban el umbral de la simple discrepancia interpretativa con la decisión que -confirmando lo dispuesto por el magistrado de grado- tuvo por finalizado el vínculo contractual por la causal de abandono de trabajo, por considerar que en su oportunidad el actor no contaba con documentación alguna, ni había puesto a disposición del empleador el certificado que habría respaldado su alegada imposibilidad de reintegrarse a prestar tareas, a lo cual agregó, que dicha circunstancia no podía darse por superada mediante la mera comunicación del trabajador, ni tampoco por medio de un frondoso intercambio epistolar como el habido entre las partes, en razón de que ello no resultaba hábil por sí mismo para acreditar los hechos invo ados.
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, reincidencia real, reincidencia múltiple, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: VALLEJOS, J. s/ RECURSO. REVISION. REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión dejando sin efecto la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, porque con el actual sistema de reincidencia real, cada reincidencia debe haber sido declarada en la respectiva sentencia, no bastando con la simple acreditación de las condenas anteriores y siempre será la última sentencia la que acreditará las anteriores reincidencias a los efectos de la multi-reincidencia requerida por el art. 52 C.P.
Juicio ejecutivo, deber de información, consumidores, título incompleto, representación de la sociedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Previsora del Paraná SRL c/ Medina Lidia  s/ proceso ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-03-30

La sociedad accionante no solo tiene la obligación de informar las condiciones de la operación de crédito, sino también la de contar con la documentación relacionada con ella, en virtud del cual se libró el pagaré, base de esta ejecución, y por supuesto, de presentarlas en juicio en oportunidad de ser requeridas, pues el juicio ejecutivo sigue siendo la vía idónea para su integración. El incumplimiento o el cumplimiento deficiente hace que no se puedan verificar los extremos examinados, es decir, los datos relacionados con la financiación que dice estar expresada en el título, que le otorgue entidad suficiente para ejercer la acción ejecutiva. Por consiguiente, como en el caso no pudo verificarse el cumplimiento de la cláusula de divulgación con la documentación facilitada por la sociedad accionante ante la solicitud del juzgado, el título resultó incompleto y por consecuencia, carece de habilidad para la vía ejecutiva (Del voto de la Dra. Durand De Cassis)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, proceso penal, imputado, capacidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: T., A. O. c/  s/ ABUSOS SEXUALES SIMPLES AGRAVADOS (POR SER ENCARGADO DE LA EDUCACION) REITERADOS (TRES HECHOS EN CONCURSO REAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

No pueden prosperar las alegaciones en torno a la falta de informe psiquiátrico o psicológico establecido en el artículo 109 del Código Procesal Penal, desde que, al ser un agravio que no había sido debidamente introducido en la instancia apelatoria, la Alzada expresó en el auto denegatorio que la cuestión ya había sido resuelta -desestimándose la invalidez peticionada- en otras causas que, incluso, habían llegado a conocimiento de este Tribunal, exponiendo asimismo que el mencionado informe tiene como finalidad determinar la capacidad del imputado para intervenir en actos procesales, y en este sentido -y a pesar de la ausencia del mismo- se constata que el imputado al momento de cometer los hechos por los cuales resultó condenado se desempeñaba, sin limitaciones intelectivas o cognitivas, como docente de música, mostrando además lucidez en el debate y teniendo activa participación durante el desarrollo del proceso, especialmente en la audiencia de apelación, habiendo realizado un extenso relato en su defensa; circunstancias que permiten desechar cualquier hipótesis de inimputabilidad o falta de capacidad de compresión; y sobre tales consideraciones, nada dice la quejosa en el remedio directo, quien en su oportunidad para rebatirlas, se limita a transcribir una copia exacta del agravio plasmado en el recurso de inconstitucionalidad, donde afirmó -erróneamente- que el justiciable fue condenado a una pena superior a la prevista en el artículo 109 del Código de procedimientos y aludió genéricamente a que se desconocía si el mismo padece algún tipo de alteración mental, omitiendo cumplir adecuadamente con la manda impuesta por el artículo 8 de la ley 7055 y sellando la suerte adversa del planteo. - CITAS: CSJStaFe: Canonigo, AyS T 290, p 50 y Orellana, AyS, T 300, p 81. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8; Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, artículo 109.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, doctrina legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jauretche de Laborde, María c/ Prov. de Buenos Aries s/ Daños y perjuicios Trabucco c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27|1996-10-24

Tratándose de la interpretación de normas de carácter federal -en el caso, art. 17 de la Constitución Nacional- es discreto aceptar la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto, dejando a salvo, si fuere el caso, la opinión en contrario del Tribunal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ipucha, Eduardo y otro c/ Green, Federico Arturo y otros s/ Escrituracion y fijacion de plazo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

La imposición y distribución de costas es un tema excluido en principio de la casación.
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL - PENAL
Carátula: B, A A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 474-91 P, D R s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 465-91 M, C A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 472-91 V, P R s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 471-91 M., J. D. s/ QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 470-91 S, M A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 473-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24

Puede constituirse excepcionalmente un objeto procesal de la impugnación del recurso de inconstitucionalidad la denegación de la libertad que fuese arbitraria, en razón de la insusceptibilidad de reparación del gravamen provocado sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el derecho, cual es la libertad ambulatoria.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Dalmacio Lamolla, Ricardo Antonio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

La condición de víctima no implica la inhabilidad del testigo; ni el reconocimiento de serlo admisión de falta de objetividad en sus dichos ni obstáculo para su valoración por el juzgador.
Constitución Nacional, peaje, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: ESTADO  NACIONAL  - Mrio. DE ECONOMIA - Sec. DE INTERESES MARITIMOS Y BUQUE "FORTUNA" c/ ARENERA "EL LIBERTADOR SRL." s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

La ley N. 22.424 -al facultar al Poder Ejecutivo a establecer, modificar y adecuar el monto del peaje- no ha violado el principio constitucional de legalidad.
Cuestiones de competencia, quiebra, efectos de la sentencia penal en sede civil, fuero de atracción, síndico del concurso
Materia: PENAL
Carátula: " HARRISON WILLIAMS s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

Para decidir acerca de la competencia debe tenerse en cuenta de que si el actor en la causa penal no ha demandado en la acción civil al fallido, ni se ha abierto concurso o declarado la quiebra a quien es imputado, en vista de la extensión que pudiere promoverse de la situación de aquella a éste, no es dable sostener, de momento, que el juicio concursal aludido constituya un fuero de atracción de estas actuaciones (artículos 21, incisos 1° y 3°, y 132 de la Ley 24.522). Tampoco corresponde la adopción del temperamento en punto a una alegada existencia de litisconsorcio pasivo necesario entre la causa penal y la tramitada ante el fuero concursal, pues aún frente a tal posibilidad la normativa aplicable estableció que aquella continúe su sustanciación "...ante el tribunal originario...con intervención del síndico...", debiendo el acreedor "...requerir verificación después de obtenida sentencia..." (Artículo 133 de la ley citada). A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que la eventual vulneración al derecho de defensa en juicio que podría significar la remisión a otros estrados, dado el carácter vinculante de las decisiones que en sede penal se adopten con relación a la materialidad del hecho ilícito, siendo que éste justamente resulta ser la fuente legitimadora de la acción de responsabilidad patrimonial que en esta viene promoviendo el actor civil (artículos 1.101, 1.102 y 1.103 del Código Civil de la Nación). Por ello, en casos como el que nos ocupa, es necesario distanciar el momento de operatividad del fuero de atracción: hasta el dictado de la sentencia que correspondiere en esta materia, sin perjuicio de la intervención del síndico concursal durante su curso (confr. Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, Sala Penal, "Castro Briones, Jorge H. p.s.a. de lesiones culposas s/Recurso de Casación" del 2/11/2002, publicado en LLC 2002, 599).
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, esfuerzo compartido, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GADEA SOTERAS, Enrique Cayetano c/ LOBOS, Amadeo Enrique s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-03

Si a raíz de la modificación del sistema monetario dispuesta por las autoridades nacionales, fundada en la emergencia declarada como consecuencia de la grave crisis que se generó en el país al tiempo en que se dictaron la ley 25.561 y el decreto 214/02 que repercutieron directamente en aspectos esenciales de la relación contractual -en el caso un mutuo hipotecario pactado en dólares estadounidenses- con la consecuente modificación en los valores de los bienes, sin que se verifique culpa de ninguno de los contratantes, se juzga equitativo en orden al principio del esfuerzo compartido, disponer la distribución igualitaria del sacrificio que deberán soportar las partes, criterio que, sin ser perfecto, es el que mejor se adecua al caso a la luz del principio de buena fe que impera en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos.

Esta solución, obviamente, importa inclinarse por un criterio que armonice lo dispuesto por los arts. 11 de la ley 25.561 y 8 del decreto 214/02 con las garantías de nuestra Constitución Nacional e implica considerar razonable la regulación de la normativa de emergencia impugnada en consideración a la crítica situación institucional, social y económica creada en el país. De ahí que, si se ejecuta una deuda garantizada con hipoteca entre particulares, deberán convertirse los dólares uno a razón de $1 más el 50 por ciento de la brecha entre $1 y el valor del dólar libre a la cotización del día del pago.
Daños y perjuicios, indemnización, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ISOARDI HUGO ALFREDO s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-08

Cuando se considera un supuesto de responsabilidad ex delito, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios nace desde el hecho ilícito, por lo cual los intereses son siempre moratorios y no compensatorios (Cfrme. T.S.J., Sala Laboral, voto del Dr. Luis Moisset de Espanés en "Molina José Alberto c/ Boero y Manley", S.

nro. 137, 7/12/92). Es por tanto inherente a su naturaleza un plus que contemple la retribución por la mora del deudor. Dicho plus legitima que el interés moratorio se eleve por sobre la tasa pasiva que resulta inadecuada para dar satisfacción a su finalidad indemnizatoria, pero que tenga como límite la tasa activa, cuyos componentes espurios la muestran como contraria a la finalidad perseguida por la legislación que resguarda la convertibilidad como política económica del Gobierno Federal.

En efecto, se hace necesario fijar una tasa que, por un lado, mantenga incólume el contenido económico de la sentencia y, por el otro, no configure un factor de impulsión del proceso inflacionario.

Sólo puede ocurrir esto último si se trata de una tasa activa: es tal la fijada por los bancos para la operación de descuento de documentos. No lo es la tasa pasiva a la que se adiciona un plus que contemple la finalidad indemnizatoria inherente al interés compensatorio.

En consecuencia, analizada la composición de la tasa fijada por las otras Salas, y la establecida en la sentencia desde la vigencia de la ley de convertibilidad hasta el 1ro. de octubre de 1994, época en que los mencionados precedentes sentaron esta interpretación, resulta que esta última es arreglada a derecho. (Decretos reglamentarios de la Ley 23928, Nro. 529/91, 941/91 y 959/91). A partir de esa fecha hasta su efectivo pago, por la pública y notoria disminución de las tasas, corresponde reducir el plus al 0,5% mensual.

Todo ello será de aplicación, siempre que la suma de la tasa pasiva y el referido plus, no supere, el importe de la tasa activa correspondiente al mismo período.-
Caducidad de instancia, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TAHA EN J: GRANERO c/ TAHA s/ Ordinario (LIBRO: A067 - 419)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-09-27

Dado que el planteo de caducidad importe un incidente, para poder promoverlo el incidentante debio acreditar el pago de las costas de los anteriores, en los que fue condenado. Por ello, desde la preceptiva formal el incidente debe ser rechazado.-
Prescripción, dispensa de la prescripción, beneficios previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zucotti, Sofía Dominga c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Si la actora cesó efectivamente en la prestación de servicios, la sola demora en el dictado del acto de aceptación de su renuncia -que se produjo tres años más tarde-, no se muestra como una circunstancia de hecho que le imposibilitara reclamar el beneficio, puesto que aunque necesitara la decisión formal de baja para acceder a él, ella no le era indispensable para promover la gestión. En consecuencia, no configura una circunstancia atendible para liberarla de los efectos de la prescripción cumplida (art.3980, C.C.).
Municipalidad, servicio público, concesión comercial, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sucesión Werner Grassle c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 795 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

La recurrente concesionaria del servicio de atención y mantenimiento del alumbrado público pretende se condene a la Municipalidad al pago de una suma de dinero que -asegura- proviene de la falta de pago de materiales que proveyó, durante la vigencia de la relación contractual, para la instalación de servicios nuevos. Al respecto, cabe anticipar que no existe norma contractual expresa que regule la cuestión traída a consideración del Cuerpo. En efecto, ninguno de los instrumentos que rigieron la relación de los litigantes (Pliego de Bases y Condiciones Generales, contratos firmados por las partes y actos administrativos vinculados a la concesión) contiene una previsión explícita acerca de la obligación de proveer los materiales para instalar los denominados servicios nuevos. Y, si bien es cierto que el Pliego de Condiciones Particulares -que ambas partes citan- refiere a los servicios en cuestión, no lo es menos que tales previsiones abarcan otras facetas de este tema: por un lado, el relativo al sujeto encargado de la instalación y, por el otro, el vinculado a la ejecución del objeto contractual sobre los mismos (su atención y mantenimiento). Como se ve, parte de considerar que los servicios agregados se encuentran ya instalados y deja sin regular, en consecuencia, el punto discutido en autos, esto es: el vinculado al aporte de los materiales que insumiría su implementación, la que, naturalmente, es una cuestión diferente.

Dichas consideraciones permiten sostener, como primera conclusión y en abstracto, que la Administración estaba obligada a devolver y/o pagar los materiales que la contratista hubiera provisto para la instalación de los servicios nuevos que le encomendase. Es que, no puede soslayarse, la propia demandada así lo entendió en el curso de las actuaciones administrativas, de lo que se sigue que la Administración admitió el derecho al reintegro de los materiales utilizados en la instalación de servicios nuevos pero en la medida en que se encontrase probado que la concesionaria, efectivamente, los hubiera provisto.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, recursos, recurso extraordinario, improcedencia del recurso, actos jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Correo Argentino SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-13

Corresponde rechazar el recurso extraordinario opuesto por la Procuración Nacional del Tesoro, (y por los mismos fundamentos aplicables al recurso extraordinario promovido por la Sra. Fiscal General ante la Cámara Comercial) contra la resolución de segunda instancia que admitió la suspensión del concurso preventivo, a resultas de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que resuelva la situación de conflicto jurisdiccional planteada entra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Contrato de obra pública, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brave Construcciones S.A. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

El art. 38 de la ley 6021 al establecer un plazo de quince días para hacer efectivo por parte del contratista el requerimiento de la indemnización por obra certificada y deteriorada por hechos naturales, no indica a manera expresa la forma de computar dicho término, por lo que debe correr durante los días hábiles administrativos (conf. art. 68, dec. ley 7647/70), por lo que el reclamo ha sido interpuesto en término y corresponde acogerlo favorablemente, otorgando la indemnización del art. 38 citado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)