Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 28 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 347/363? El doctor Sala dijo:

1. La sentencia de primera instancia -a cuyos resultandos cuadra remitirse en orden a la reseña de la cuestión litigiosa-, hizo lugar a la acción y condenó a Cocarsa Compañía Argentina de Carniceros S.A. y a la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. a abonar a los herederos del actor la suma de $ 30.000. Para así decidir, sostuvo que la demandada dedicaba su principal explotación a la industria frigorífica y que existe una presunción legal entorno al carácter riesgoso, de esa actividad. Tuvo por acreditado que el pretensor desarrollaba sus tareas expuesto al contacto con los productos animales que se faenaban, sin cumplir la accionada la normativa de higiene y seguridad del trabajo (entrega a sus dependientes de elementos eficaces para prevenir el posible contagio de enfermedades). En cuanto a los daños invocados, concluyó que el daño físico resarcible se encuentra vinculado a la dolencia de "brucelosis", cual es la única que reviste el carácter de enfermedad profesional contraída por el hecho o en ocasión del trabajo, atribuyendo una incapacidad del 25 % de acuerdo con lo establecido por el idóneo. Finalmente, cuantificó la indemnización en la suma de $ 25.000 por la capacidad parcial y permanente y en la suma de $ 5000 por daño moral, con más intereses.

El decisorio fue apelado por la demandada (fallida) y citada en garantía a fs. 364, y por el síndico a fs. 368. Los primeros mantuvieron su recurso en la alzada mediante la expresión de agravios que obra a fs. 378/381, contestada por el síndico a fs. 393. El funcionario hizo lo propio a través de la presentación que luce a fs. 386/387. La parte actora contestó ambos traslados con el escrito de fs. 389/390. Finalmente, a fs. 397 la representante del Ministerio Público contestó la vista conferida.

2.I. Se agravian por la procedencia de la acción con la atribución de responsabilidad de la demandada y la citada en garantía en la medida del contrato de seguro. Sostiene que de las constancias de autos no se ha acreditado el nexo causal entre el trabajo y la enfermedad del actor, y que de la sentencia resulta un criterio de interpretación, hipótesis o suposición, que no son propias para el fuero ni para la aplicación de la ley que se invoca. Indica que su parte es una empresa libre de brucelosis y el actor al optar por el fuero civil no acreditó que la enfermedad se produjo por su trabajo. En la hipótesis que la demanda prospere, se agravia en cuanto al monto de la condena. Como enfermedad profesional la brucelosis otorga una incapacidad del 25 % la cual es relativa ya que solo lo es para la actividad específica de tareas con los animales sin incidencia en otras actividades. También se queja por la procedencia y monto del daño moral, ya que si bien no debe acreditarse la existencia del mismo, deben aportarse elementos de prueba para su justa indemnización. Solicita, en cuanto a la aseguradora, que se limite su responsabilidad dado que luego de tratarla en los resultandos la ha omitido en la parte resolutiva. Finalmente, se agravia de los intereses establecidos en la sentencia, solicitando que la tasa sea del 6 % desde el momento del hecho hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva promedio del Banco Central.

II. Por su lado, el síndico solicita que se revoque la sentencia por entender que la misma se basa en los testimonios rendidos para establecer que el actor estuvo en contacto con partes orgánicas de animales enfermos, cuando las declaraciones se contraponen. La aplicación del art. 1113 del Cód. Civil impone al trabajador demostrar la cosa riesgosa, y no existe en la causa ningún medio probatorio que haya acreditado la existencia de animales enfermos en la planta de la fallida y resultan confusas cuáles eran las labores del actor. A ello debe sumarse que el sentenciante refiere a la ley 24.557, a fin de identificar la enfermedad profesional, cuando surge que al momento de promoverse la acción dicha normativa no se encontraba vigente, y son las normas del Código Civil las que deben aplicarse al caso en virtud de la opción del art. 16 de la ley 24.028.

3. Ambos recursos serán tratados conjuntamente, en tanto persiguen la revocación de la sentencia.

Incontrovertido que las partes estaban vinculadas laboralmente, que la accionada era una sociedad que operaba en la industria frigorífica y que con fundamento en la opción por la acción de derecho común (art. 16 de la ley 24.028), el reclamante debió acreditar la ilicitud genérica que atribuye a su contraria.

4. Asimismo no es materia controvertida que el actor padecía de "brucelosis, en fase crónica" (v. pericia médica de fs. 179/180, no impugnada).

Lo esencial, pues radica en determinar si está acreditado el nexo causal entre la enfermedad y el trabajo del actor.

I. La presunción "legal" contenida en el listado de enfermedades profesionales aprobado por el decreto 658/96, y confeccionado por el Comité Consultivo Permanente creado por la ley 24.557, resulta ser posterior a los hechos de autos. Empero y sin perjuicio de ello, lo cierto es que la brucelosis ya era una enfermedad considerada del tipo profesional, contraída por el hecho y en ocasión del trabajo en las plantas frigoríficas (v. informe del experto a fs. 179). Reitero que la pericia médica no mereció objeción.

Resulta así de aplicación las presunciones judiciales (art. 163 inc. 5to. del Cód. Procesal). Es sabido que indicio es el hecho real, cierto (probado o notorio) del que se puede extraer críticamente la existencia de otro hecho no comprobable por medios directos, según la prueba aportada a la causa. Presunción es el resultado de un análisis intelectual, por medio del cual se determina que otro hecho existió a través de la valoración de los indicios (conf. Carlos J. Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Concordado", t. I, ps. 286/287, Ed. Abeledo Perrot). Para que surja la presunción, es necesario que los indicios se hallen constatados por prueba directa (cfr. esta sala, 11.3.05, "Oberti Alejandro Aquiles c. Citibank N.A. s/ ordinario").

Por ello encuentro que el análisis efectuado por el sentenciante para atribuir responsabilidad a la demandada es acertado.

Valoro como indicios conducentes para acreditar el vinculo entre la enfermedad y el trabajo del pretensor, la prueba testimonial rendida en autos, de la cual se extrae que: a) el actor era albañil y realizaba tareas de mantenimiento (testigo Vivas, respuesta a la 1ra. pregunta, fs. 112); b) que hacia reparaciones, refacciones de cámara, reparación de corrales, arreglos del techo (respuesta a la segunda pregunta, testigo Vivas fs. 112 y testigo Campos fs. 112 vta.); c) que no le daban elementos de seguridad, solo pantalón, camisa y borceguíes (respuesta a pregunta tercera, testigo Vivas fs. 112 y testigo Campos fs. 112 vta. y 113); y d) que trabajaba en las cámaras, en la playa de oreo, en donde están las medias reses para secarse, y en todos lados (testigo Vivas, respuesta a pregunta séptima, fs. 112).

Tales conclusiones fueron debidamente ponderadas por el sentenciante y expresadas a fs. 355, 3er. párrafo.

Es sabido que las declaraciones testimoniales, en tanto se compadezcan con la restante prueba, permiten '...fundar las conclusiones de una sentencia acerca de la existencia o inexistencia de uno o más hechos controvertidos si aquella merece fe de conformidad con las reglas de la sana crítica...' (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. IV, p. 654, Ed. Abeledo Perrot 1977; en igual sentido, esta sala, 17.11.03, "Industrias Plásticas por Extrusión S.A. c. De Blas José Luis s/ ordinario"; ídem, 11.3.05, "Oberti Alejandro Aquiles c. Citibank N.A. s/ ordinario").

Señalo que, contrariamente con lo expuesto por el síndico al expresar agravios, los testimonios brindados no se contraponen, y destaco que los mismos son sustancialmente coincidentes, concordantes y coherentes, con conocimiento directo sobre los hechos que declaran. Además, ninguna prueba produjo la accionada a fin de contrarrestar su eficacia probatoria. De manera que juzgo idónea esta medida convictiva acorde con las pautas regladas en el art. 456 del Cód. Procesal.

En suma, la prueba testimonial acredita qué tipo de tareas realizaba el fallecido demandante en el frigorífico, y que al tener contacto con el ganado y/o vísceras de animales, resultaron riesgosas y encuadran en lo normado por el art. 1113 del Cód. Civil.

Lo hasta aquí expuesto permite concluir que la demandada, dueña o al menos guardiana de "la cosa" que generó la enfermedad, es responsable de que el actor se hallara incapacitado no solo para donar sus órganos o su sangre, sino también, que en las condiciones del mercado de trabajo y el ámbito de la actividad industrial donde se desempeñaba, no tenía la posibilidad de reinsertarse laboralmente en el futuro (v. además pericia médica fs. 179 vta.). Por ende, la accionada resulta responsable por tales perjuicios y en consecuencia debe resarcir al pretensor -ahora a sus herederos- los daños pertinentes (materiales y morales art. 1068 y 1069 del Cód. Civil). Remarco que no fue evidenciada ninguna causal exculpatoria de reproche.

II. Las quejas de la demandada por la admisión y cuantía de los daños reclamados, no cumplen con las decisiones del art. 265 del Cód. Procesal al no contener una crítica concreta y razonada de la sentencia objetada.

Las manifestaciones sobre la procedencia y cuantificación de los daños, no contienen los recaudos aludidos, por lo que conceptúo que debe estimarse desierto los agravios en el punto (art. 265 y 266 del Cód. Procesal).

Destaco que el recurrente solamente esboza su disconformidad sin referirse a los argumentos que expuso el sentenciante en los considerandos 5to. y 6to. para hacer lugar a las indemnizaciones solicitadas. Amen de ello, los montos otorgados son adecuados y justificados para resarcir los daños sufridos.

5. Asiste razón al quejoso en cuanto a la limitación de la responsabilidad de la aseguradora. Sin perjuicio de que tal situación fue expresamente tratada en el considerando 7mo. de la sentencia y omitida en la parte dispositiva, el Tribunal está facultado a tratarlo en virtud de lo dispuesto por el art. 278 del Cód. Procesal.

En consecuencia, la condena a la aseguradora procede, conforme el contrato de seguro oportunamente suscripto, sólo en la medida del riesgo cubierto: 90% de la indemnización y hasta el límite de 1000 salarios mínimos vitales.

6. Finalmente, en cuanto a los intereses establecidos en la sentencia, cabe remarcar que se ajustan a la doctrina plenaria establecida por este Tribunal in re "Sociedad Anónima La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago de los profesionales" del 27.10.94 - DJ, 1994-2-1196-. En base a ello, los agravios serán rechazados.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) Admitir el agravio en cuanto al límite de responsabilidad de la aseguradora, el que se fija en los términos del apartado 5to. de la presente, y rechazar los restantes agravios; 2) Imponer las costas de la alzada a las vencidas (art. 68 del Cód. Procesal); 3) Notifíquese a la Representante del Ministerio Público ante este Tribunal, a cuyo efecto remítanse las presentes actuaciones a su despacho; 4) Encomiéndase al a quo dirimir lo atinente al beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 373/375 y antecedentes de fs. 249 y 257).

El doctor Arecha dijo:

Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: 1) Admitir el agravio en cuanto al límite de responsabilidad de la aseguradora, el que se fija en los términos del apartado 5to. de la presente, y rechazar los restantes agravios; 2) Imponer las costas de la alzada a las vencidas (art. 68 del Cód. Procesal); 3) Notifíquese a la Representante del Ministerio Público ante este Tribunal, a cuyo efecto remítanse las presentes actuaciones a su despacho; 4) Encomiéndase al a quo dirimir lo atinente al beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 373/375 y antecedentes de fs. 249 y 257). El doctor Rodolfo A. Ramírez no interviene por hallarse excusado a fs. 4859 del expediente principal. - Angel O. Sala. - Martín Arecha.