marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores telefónicos, premio por producción
Materia: LABORAL
Carátula: SOSTE, FELIPE c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-17

La bonificación por productividad en la medida que se paga anualmente y en función de la retribución, no puede ingresar en la base de cálculo de otras remuneraciones, de lo contrario se duplicaría su percepción en la medida de su incidencia.
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, estafa, ardid, pagaré, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, tarjeta de crédito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ORICHER de RODRIGUEZ ORTIZ, Teresa s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Debe desestimarse la denuncia por inexistencia de delito en el caso de una persona que por dos deudas que mantenía con una entidad bancaria por la tarjeta de crédito, al no poder abonarlas le hicieron firmar un pagaré por ambas sumas, tiempo después se le inició un juicio ejecutivo por el cobro del pagaré y un juicio sumario por el saldo de la suma debitada a aquélla tarjeta. El hecho no constituye el delito de estafa por cuanto, el medio para lograr la disposición patrimonial es el fraude, el cual debe estar integrado por ardid o engaño que motive directamente la contraprestación dañosa, elementos éstos que no se advierten como previos en este caso. El cliente, al momento de la primitiva contratación, conocía los detalles de las operaciones que estaba efectuando, no medió ningún ocultamiento ni aseveración de hechos falsos por parte de los dependientes del banco que permitieran indicar la presencia de un hecho delictivo.
Competencia de paz, juicio ejecutivo, derechos del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Baetao S.A. c/ Leguizamon, Claudia Gabriela s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-06-27

Cuando una causa fuese remitida al juzgado de paz y el objeto del litigio debatido, como en el caso es la relación de consumo implicada en el cobro ejecutivo, estuviese -conforme la organización de la justicia de paz-fuera de su alcance en razón de su competencia restringida (conf. art. 61 párrafo I Ley 5827), la atribución de aquella debe recaer sobre el Juzgado Civil y Comercial que corresponda al domicilio del legitimado pasivo, haciendo efectiva la protección del consumidor así como la doctrina que surge de la ley 24240 (art. 36) y la jurisprudencia de este Tribunal, sentada en el caso "Cuevas".
Sentencia, nulidad de oficio, accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Aragón, Pedro Pablo c/ Complejo Textil Bernalesa S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Fundada la acción promovida en la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, segundo párrafo, in fine, C.C.) como también en la subjetiva del principal derivada de la obligación legal impuesta por el art. 75 de la L.C.T. y rechazado el reclamo basado en la primera fuente de responsabilidad, debe anularse de oficio el pronunciamiento del tribunal del trabajo que omite pronunciarse respecto de la responsabilidad subjetiva.
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Juairi, Alfredo c/ Velayos Hermanos SRL s/ Enfermedad Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-23

La demanda de indemnización de daños y perjuicios que se funda en el Código Civil y que invoca la existencia de un contrato de trabajo es de competencia de los tribunales de trabajo con arreglo a lo dispuesto por el art. 2 inc. "aú de la ley 11.653, no siendo obstáculo para ello el dictado de la ley 24.557 desde que no se ha modificado la competencia señalada.
Emergencia económica, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Giuliano, Jorge H. y otros c/ Tribunal de Cuentas y ots. c/  s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

Esta Suprema Corte ha fijado en el treinta y tres por ciento (33%) de la remuneración del personal en actividad el umbral que, traspuesto, convierte a la reducción en confiscatoria y por ende inconstitucional.(doctor de Lázzari, mayoría)
Mandatario, retiro de la personería
Materia: CIVIL
Carátula: G. H. O. M. Y Otros c/ Estado Nacional Y Otro s/ Otros. (Incidente De). Nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06

La unificación de personería es un instituto singular con reglas propias en lo que se refiere al acto de apoderamiento y al cese de la unificación (ver por caso, lo dispuesto en el art. 55 del ritual). Y esto implica que a diferencia de lo que sucede en la generalidad de los mandatos, la muerte o la incapacidad sobreviniente de algún litisconsorte no determina el cese de la representación unificada (conf.

Palacio, Lino E., op. y loc. cit., n° 232.E). Solución que, por lo demás, se compadece con la norma de derecho común que establece que el mandato continúa subsistiendo aun después de la muerte del mandante cuando ha sido dado en interés común de éste y de un tercero (conf. art. 1982 del Código Civil).
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: PEÑA, Virginia c/ BANCO QUILMES S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

La resolución por la cual se desestima un recurso de hecho no constituye sentencia definitiva a los fines del recurso de inaplicabilidad de la ley. Al respecto, cabe advertir que, tratándose de una cuestión de índole procesal en la que sólo debe apreciarse si una apelación fue bien denegada o no, el objeto de ese examen es comprobar la existencia de un gravamen irreparable, sin que sea menester entrar en la consideración de los fundamentos de derecho de la providencia recurrida, los cuales, precisamente, constituirían una de las materias sobre la que tendría que pronunciarse el Tribunal en caso de resultar procedente el planteo.

Entonces, el limitadísimo marco de juzgamiento que posee la queja por apelación denegada es aquello que, en principio, excluye la posibilidad de que se produzca la contradicción "de iure" sobre la que reposa la "ratio" de este recurso.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, empleados públicos, Derecho laboral, contrato de trabajo, in dubio pro operario
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramón Raúl RUIZ c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ EMPLEADOS  PUBLICOS  -  CONTRATO  DE  TRABAJO  - BANCO DE LA NACION -  DERECHO DEL TRABAJO - IN DUBIO PRO OPERARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

No constituye derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias concretas de la causa, ni otorga una respuesta adecuada a los reclamos de la afectada, la sentencia que decidió que existía una relación jurídica de empleo público a la que no le eran aplicables las disposiciones del derecho del trabajo, no obstante que las tareas del actor correspondieron a una actividad no cumplida por personal de los cuadros permanentes, pues no es admisible someterlo a una jurisdicción distinta a la que la naturaleza del contrato permitía prever, ante el sólo hecho de no estar incluido en el régimen laboral, pues en esta materia debe prevalecer aquel ordenamiento que sea favorable al trabajador (arts.

9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo) salvo que se demostrase que no existió contrato de trabajo.
Conflicto de poderes, medida de no innovar, presunción de legitimidad, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, MARIA ESTELA c/ CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JOSE (DPTO. SANTA MARIA) s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-13

En el marco de un conflicto de poderes -articulado por una concejal en ejercicio-dirigido a cuestionar la legalidad de una resolución del concejo deliberante que la afecta, solicita medida de no innovar tendiente a suspender los efectos del acto administrativo impugnado.

Ahora bien, en relación al tema esta Corte de Justicia de manera constante y uniforme ha sostenido y sostiene que la procedencia de la tutela cautelar contra leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio sumamente restrictivo, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los poderes públicos, por lo que, solo resultan admisibles cuando, además de la existencia de los requisitos legales comunes,- verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela-, concurran requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta o indudables razones de interés público.

En el caso, los fundamentos de la solicitud cautelar no alcanzan a explicar las razones de orden público que justificarían su otorgamiento en este fuero administrativo, ni la irreparabilidad del daño alegado, omisión que este Tribunal no puede remediar o inferir de oficio, por constituir una carga del interesado, razón por la cual la medida solicitada debe rechazarse.
Daños y perjuicios, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quilmes Neumática S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

El artículo 36 del decreto ley 4776/63, exime de responsabilidad al banco pagador en supuestos de falsificación cuando esta "no fuese visiblemente manifiesta", pero es de resaltar que tal consideración se atribuye exclusivamente a la firma estampada en el cheque, más no lo exige específicamente cuando se trata de la adulteración de otras enunciaciones del papel.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor, daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Desechando un criterio nominalista a ultranza, si bien resulta correcto afirmar que en el caso que el damnificado ha pagado los arreglos del automotor el daño que para él subsiste es el de las sumas de dinero empleadas, no es correcto dejar de computar la depreciación de la moneda habida entre que cada pago fue realizado y el día en que el responsable las reintegra al damnificado toda vez que lo que se trataba era de recomponer la cantidad desembolsada y se considera que el citado indicador es el más adecuado para la referida medida.
Derecho procesal, recursos, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: S., C. E c/ P., D. E. B s/ Sumario (Daños y Perjuicios - Rendición de Cuentas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-07

El recurso de apelación está sujeto a un doble examen el de admisibilidad y el de fundabilidad. El primero está destinado a verificar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de la apelación. Queda claro, entonces, que el juicio de admisibilidad es previo al de fundabilidad y que la ausencia de cualesquiera de los recaudos de aquella naturaleza, exime al órgano de apelación de emitir opinión sobre el mérito del asunto. En otras palabras, la admisibilidad se antepone al fundamento, de ahí que si el tribunal declara la inadmisibilidad no debe considerarse el fundamento
Obligaciones condicionales, obligaciones a plazo, plazo cierto, garantía de evicción, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Covello de Dieta, Haydé María. c/ Lafitte Bazterrica  de Baya M. s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-26

La regla del art. 3956 del Código Civil, determina el comienzo de la prescripción "desde la fecha del título de la obligación", abarca exclusivamente a las obligaciones puras, pero cuando el derecho del titular no está expedito, por estar sometido a un plazo u otra contingencia que traba el ejercicio actual de la acción, éste no está en curso de la prescripción en razón del principio "action non nata prescribitur". La prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica, y si bien normalmente se tiene acción desde que la relación jurídica se ha formado, en algunos casos pueden estar disociadas, como en el caso en que exista plazo o condición, pues entonces la relación jurídica existe desde la fecha de su constitución, pero la acción no, puesto que siendo ella un puro dinamismo, un medio de obrar "in jure", no ha podido existir mientras el titular de la relación jurídica carecía de posibilidades de actuar eficientemente, o sea, hasta el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición. Por esta razón el art. 3957 dispone que la prescripción de la acción de garantía o saneamiento de los créditos condicionales y de los que son a término cierto, no principia sino desde el día de la evicción, del cumplimiento de la condición o del vencimiento del término.
Administración Pública, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AYALA, ENRIQUE AMADEO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 688-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-08

No es necesario que el particular exprese y califique sacramental y rígidamente los términos de sus reclamos y recursos ante la Administración. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde atender a la "real sustancia de la solicitud".
Accidentes de trabajo, instancia administrativa previa, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Barduil Flavia Noel c/ Swiss Medical ART SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-26

La aplicación del art. 1 de la ley 27.348 no resulta inconstitucional. El procedimiento administrativo previo instaurado en la normativa cuestionada, asegura que el trabajador cuente con asesoramiento letrado y asimismo posibilita la revisión judicial de lo que decidan las comisiones médicas, incluida la Comisión médica Central. A su vez, impone a las comisiones médicas un plazo concreto para que se expidan, prorrogable solo por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, disponiéndose la perentoriedad de los plazos, a cuyo vencimiento queda expedita la vía judicial, en caso de existir agravio. Ello viene a descartar el peligro de una demora excesiva en la resolución de cada caso, así como el argumento de que estaríamos frente a una privación del acceso al juez natural. Se trata de una norma adjetiva que no restringe el acceso a la justicia, sino que la difiere por un lapso prudencial a una etapa procesal posterior en el supuesto de existir algún agravio. (Del voto del Dr. Catardo, quien adhirió a los votos de los Dres. González y Pesino).
Carga de la notificación, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, MIRTA c/ INSTITUTO SALESIANO COLEGIO SANTA CATALINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

Quien elige un medio para comunicar su voluntad asume la responsabilidad por los resultados de su elección. Así, si el Correo no entregó la comunicación, aunque dirigida al domicilio correcto, la responsabilidad por la no recepción del destinatario subsiste en la empleadora, sin perjuicio de las eventuales acciones que pudiese ejercer en su momento contra el Correo, por los perjuicios que la no entrega le hubiera ocasionado.
Derecho de propiedad, leyes, secuestro de bienes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: WILLINER, RODOLFO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-13

Si se acusa a una norma o situación como contraria al derecho de propiedad -art 17 de la Constitución Nacional- el planteo será atendible cuando se observe un desapoderamiento de bienes de una magnitud sin proporción con los valores comprometidos en el pleito o que se origine una situación que pueda configurar una auténtica confiscación.
Recurso de queja (procesal), efecto devolutivo, suspensión del acto administrativo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Pluspetrol S.A. c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) y otro s/ Ordinario s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-04-03

Es improcedente la queja tendiente a impugnar el efecto devolutivo en el que se otorgó la apelación deducido contra la medida cautelar que suspende los efectos de diversas disposiciones administrativas que regulan la percepción por parte del Estado de cargos sobre la facturación de la actora dirigidos a la creación de un fondo fiduciario destinado a solventar la importación y abastecimiento de gas natural, dado que el planteo y las circunstancias en que se inscribe son idénticos a los que el tribunal ha contemplado en los autos: "Apache Energía Argentina S.R.L. c/ Estado Nacional y otro s/ Ordinario s/ Recurso de queja" -CFAGR, sentencia del 03/04/2012- a cuyos fundamentos corresponde remitirse.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CREDENCIAL ARGENTINA S.A. c/ CRESTA SILVIA BEATRIZ s/ COBRO DE PESOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-23

El Tribunal de Alzada tiene limitada su potestad jurisdiccional no sólo por los temas del agravio sino también por las cuestiones sometidas a la decisión del Juez de Primera Instancia, lo que guarda relación con el derecho de defensa, pues el Juzgamiento de capitulos que no fueron planteados en la Primera Instancia privando a las partes de la oportunidad de réplica y prueba, conduce a la indefensión.
Honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO VENECIA c/ BERTARELLI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-07-27

Por ley, el límite máximo por las actuaciones de primera y segunda instancia es del 48% del valor del juicio, correspondiendo un 30% y un 18% a cada una de ellas respectivamente. Para los supuestos de incidentes, la ley arancelaria remite, independientemente del juicio principal, a la escala del art. 34 o a porcentajes de ella según su naturaleza (art. 79). Prescindir de dichas pautas objetivas sin una previa declaración de inconstitucionalidad, vendría a estar reñido con la propia función de los jueces, a quienes se les impone el deber de juzgar con justicia pero no el de arrogarse funciones legislativas.
Acción de amparo, doble instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Stoppa, Carlos A. c/ Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-19

La supuesta consagración de la garantía de la "doble instancia" carece de sustento normativo. Ninguna norma de la ley de amparo ni de la Constitución Provincial aluden a ella. Además, no existe garantía de doble instancia fuera de los casos en que ella se encuentra estatuida como tal; y los casos que nuestro derecho positivo registra como consagratorios del "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", son referidos al procedimiento penal, tal como expresamente dispone el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, liquidación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bernardo, Luis c/ Autolineas Argentinas s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-20

La citación en garantía del asegurador pedida por el asegurado (art.

118 Ley 17.418), es una acción que por su contenido se ve comprendida en el fuero de atracción establecido en la Ley 19.551. Este criterio es acertado por tratarse de un proceso con sentencia firme y en etapa de ejecución, debiendo remitirse los obrados al Juzgado Nacional de Primera Instancia donde tramita el Concurso.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, acto administrativo, impugnación del acto administrativo, actos consentidos, caducidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MULLER, Otto Julio c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD BUENOS AIRES s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

La aceptación por el interesado de las liquidaciones de sueldos durante un período prolongado, hace suponer su consentimiento tácito con las modalidades adoptadas, lo que impide que pueda volver sobre sus propios actos, para recién observarlas tardíamente.

Es que, tratándose de un acto de contenido general impugnable a través de actos individuales de aplicación (art. 100, inc. b de la ley 19987), resulta necesario interponer los recursos administrativos en los plazos pertinentes, que se computan desde que el decreto en cuestión se aplica al interesado, pues, de lo contrario, el acto anulable queda convalidado.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, animales sueltos en la vía pública, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Bertinat,  Pablo  Jorge y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

La Provincia de Buenos Aires, puede llegar a ser responsabilizada como consecuencia de la omisión de los deberes que le imponen las normas de su Código Rural por el daño causado por un animal suelto en una ruta, toda vez que tiene obligación de controlar si existen o no cercos adecuados en las adyacencias de los caminos públicos, y aun ejecutar por sí la obra cuando, previa intimación al responsable primario, este último no lo hiciera (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Medidas para mejor proveer, prueba, prueba de descargo
Materia: PROCESAL
Carátula: MIRYGLOOLOWICZ BUT, E. s/ MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-13

El juez, tanto de 1ra. como de 2da. instancia puede ordenar, conforme el art. 493 del CPC, como medidas para mejor proveer las pruebas que creyese oportunas para subsanar las deficiencias o lagunas de las reunidas hasta entonces, para aclararlas, mejorarlas o completarlas, y como no puede distinguirse dónde el codificador no ha querido hacerlo, no pueden limitarse aquellas medidas a las tendientes a favorecer al procesado.
Demanda contra Estado extranjero, inmunidad de jurisdicción, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c/ República Italiana s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

Si la contienda no se vincula con actos de gobierno sino con el cumplimiento del cargo contenido en un legado en favor del gobierno italiano, lo cual no resulta susceptible de afectar el normal desenvolvimiento de la embajada, cabe concluir que la ratio de la inmunidad jurisdiccional no se encuentra presente por lo que corresponde desestimar el planteo introducido por la demandada.
Accidentes de trabajo, competencia por la materia, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: Notta,  Débora Laura c/ Provincia ART SA s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

La Provincia de Buenos Aires a partir de la suscripción del "Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación Nº 46864 y de Administración del Autoseguro entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART", ha reasumido la responsabilidad por la cobertura, en caso de accidentes del trabajo, en forma integra y total respecto del personal de la administración pública provincial y asume integralmente la atención de siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato que se extingue. Por lo tanto si en la contienda que la actora inició contra Provincia ART es la provincia misma de Buenos Aires quien asume la representación judicial, al ser parte un estado provincial no es competente para entender en la causa la Justicia Nacional del Trabajo.