Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil siete, reunidos los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara Gabriela García, con el objeto de resolver en esta causa n° 7167 del registro de esta Sala caratulada "Martínez Bergara, Matías Leonel s/ recurso de casación", estando representado el Ministerio Público por el Sr. Fiscal General, doctor Ricardo G. Wechsler y la defensa particular por el doctor Martín A. Orozco.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Pedro R. David, y en segundo y tercer lugar los doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli, respectivamente (fs. 188).

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

I- 1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad resolvió -por mayoría- confirmar la decisión de juez de instrucción que no había hecho lugar al planteo de nulidad promovido por la defensa -fs. 50/52-.

Contra dicho decisorio interpuso recurso de casación la defensa -fs. 59/73 vta.-, cuya denegación por parte del a quo -fs. 90 y vta.- motivó la presentación directa de fs. 143/162 vta., a la que este Tribunal hizo lugar -fs. 168 y vta.-; el recurso de casación fue mantenido a fs. 173.

2°) Que el recurrente arguyó que es evidente de que el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Sra. Fiscal resulta nulo, porque la omisión del dictado del auto de procesamiento respecto de su asistido debe necesariamente acarrear la invalidez del pronunciamiento pretendido y de todo lo actuado consecuentemente.

Sostuvo en este sentido que la elevación a juicio sin el debido auto de procesamiento atenta contra principios de raigambre constitucional como la defensa en juicio, el debido proceso, el principio de congruencia y la doble instancia.

Asimismo, citó la defensa distintas decisiones jurisprudenciales que avalan la decisión que pretende.

3°) Que en la oportunidad prevista en el art. 466 del Código Procesal Penal de la Nación el señor Fiscal General, doctor Ricardo Gustavo Wechsler, solicitó -con cita de resoluciones de esta Cámara- que se haga lugar al recurso interpuesto -fs. 176/177-.

4°) Que a fs. 188 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa procesal prevista por el artículo 468 del código adjetivo, presentado el doctor Martín A. Orozco las breves notas glosadas a fs. 184/187.

II- La cuestión sometida a estudio consiste en dilucidar si una causa en la que se delegó la investigación al agente fiscal puede ser elevada a juicio sin el dictado previo del auto de procesamiento respectivo.

En trance a resolver tal cuestión, adelanto mi opinión concordante con lo sostenido -en mayoría- por la Sala III de esta Cámara in re: "Aizenstat, Luciano s/ recurso de casación", causa n° 6105, reg. n° 258/2006, rta. el 30 de marzo de 2006 -doctrina que adopta el señor juez que votó en minoría en la resolución atacada en estas actuaciones-, y las pertinentes citas doctrinales allí efectuadas.

En el fallo citado se sostuvo que "se debe destacar, en primer lugar, que el auto de procesamiento es una decisión jurisdiccional de mérito intermedio y signo incriminatorio, en la que se analiza la prueba que aún no ha sido confrontada. Es un juicio de probabilidad que estabiliza la imputación, atiende a fijar el suceso sobre el que versará la etapa contradictoria y a la individualización de su presunto autor, lo que permite determinar la pertinencia y utilidad de la prueba por un lado y la fijación de la situación del imputado respecto de su libertad (provisoria) pendiente el proceso, por otro. Es un paso previo a la inauguración del período de 'crítica instructoria' (cfr., en similar sentido, Almeyra, Miguel Ángel, "Elevación de la causa sin procesamiento", La Ley 2005, 539; y Báez, Julio C., 'No se olviden... del auto de procesamiento', Suplemento Penal de La Ley, 2005 (septiembre), 28).

Al respecto, se ha sostenido que "el objeto (o materia) del acto promotor de la acción penal (requerimiento fiscal de instrucción, sumario de prevención o simple comunicación policial) resulta reconocido por una expresa decisión jurisdiccional... el requerimiento fiscal de elevación a juicio debe circunscribirse al hecho delictuoso que determinó la decisión jurisdiccional... Antes del auto de procesamiento no hay más que una imputación que bien puede ser falsa o carecer de fundamento" (cfr. Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T.II, págs. 439/440, Bs.As., 1969).

Asimismo, se ha afirmado en el fallo citado que "la garantía de la doble instancia (arts. 8, apartado h, de la C.A.DD.HH., y 75, inc. 22, C.N.) no sólo ampara a la sentencia penal condenatoria sino a todo auto importante que agravie al imputado (CIDI, Informe 17/94, Caso Maqueda del 9/2/94). No se debe descuidar 'la posibilidad de acudir a un órgano de contralor resistiendo la persecución penal durante el curso de la instrucción mediante el arbitrio que otorga el art. 311 del C.P.P.N., discutiendo en segunda instancia el mérito del cargo', lo contrario implicaría, también, una violación a la garantía de defensa en juicio. 'Y no se diga que esto puede encontrar remedio en el curso del procesamiento intermedio, pues la oposición de la defensa al reclamo de la fiscalía respecto de que la causa sea elevada a juicio, que autoriza el art. 349, 2°, se decide, como es sabido, sin recurso alguno' (cfr. Almeyra, ob. cit.). 'Es que es imposible que el derecho constitucional a ser oído... que encuentra correlato en la facultad ulterior de apelar su eventual procesamiento, difiera según quien resulte director de la instrucción, incurriéndose en una desigualdad que atenta contra el principio recogido en el art. 16 de la C.N.' (cfr. Navarro y Daray, 'Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial', 2da. ed., T.I., p. 532 y sgtes., Bs.As., 2004)".

En este sentido se ha explicado que "la instrucción no sirve sólo a efectos de preparar el debate sino también para evitarlo, acudir a una interpretación literal del art. 215 implica una franca violación al 346 que regula como presupuesto indispensable para acceder a la instancia del contradictorio la existencia de un auto de procesamiento firme (cfr. Báez, ob. cit.). Sin procesamiento con respecto a cada uno de los hechos investigados, si el objeto procesal es múltiple, el acto previsto en el art. 346 se resiste en su validez y deviene nulo en cuanto al imputado por aplicación de lo prescripto por el art. 167, inc. 3°, del C.P.P.N. (cfr. D'Albora, Francisco J., 'Código Procesal Penal de la Nación', 5ta. ed., corregida, ampliada y actualizada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Bs.As., 2002, p. 734/735)".

Con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dijo que "las leyes deben interpretarse y aplicarse buscando la armonización entre éstas y teniendo en cuenta el contexto general y los fines que se informan de modo que no entren en pugna unas con otras y no se destruyan entre sí, por lo cual debe adoptarse el sentido que las concilie y deje a todas con valor y efectos (CSJN Fallos 309:1149, 307:518, 314:418). Del juego armónico de los arts. 196, 215, 306, 309, 346, 347 y cctes. de la ley ritual con las garantías de la Carta Magna, se desprende que, aún en la instrucción delegada, para que el fiscal pueda expedirse en los términos del art. 347 es condición imprescindible que el juez haya dictado el procesamiento del imputado (cfr. Cámara Federal de San Martín, prov. de Bs.As., Sala I, "Inc. de nulidad promovido por el Sr. Fiscal", rta. el 8/7/03)".

Se destacó además que el hecho de que "la sanción del art. 353 bis... permite prescindir de la indagatoria y del ulterior y potencial auto de procesamiento en los casos que recoge, viene por el contrario a respaldar nuestra postura, pues esa prescindencia no sólo ha tenido que ser motivo de una novedosa previsión expresa, sino que se la ha permitido tan sólo en aquellos casos de simpleza pesquisitiva y en tanto y en cuanto se cuente con la conformidad del imputado, manifestada a través de su deseo de no ser indagado". "La norma (art. 215), derivada de códigos provinciales reguladores de la 'citación directa' (así llamada porque el propio fiscal instruye y cita directamente a juicio al imputado; véase el art. 418 y ss. del C.P.P. de Córdoba, según ley 5606 y modificatorias, hoy art. 354, según leyes 8123 y 8658), no constituye excepción a la regla genérica del art. 346 en cuanto establece que el requerimiento de elevación a juicio del fiscal y el del eventual querellante sólo procederán cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado... porque so pretexto de criterios de celeridad procesal no puede justificarse el apartamiento de preceptos que regulan el proceso penal, modificando su estructura. Es que en el sistema del Código, a diferencia de cuanto sucede en aquellas legislaciones de las que fue extraído, el dispositivo no es integrante de un 'procedimiento especial' o instrucción especial, independiente del procedimiento general. Por otra parte, extender el precepto a hipótesis delictivas para las que ni siquiera opera en los códigos provinciales, que ciñen la 'citación directa' a los delitos de trámite correccional, implicaría prescindir del auto de procesamiento en delitos de extrema gravedad, para los cuales sería necesario adicionarle la prisión preventiva del imputado, pronunciamiento que quedaría así neutralizado u omitido en los casos en que fuera delegada su instrucción, importando un absurdo sostenimiento de procedimientos dispares según el ocasional instructor -conforme surge de la excepción planteada por el propio a quo a su excepcional interpretación del art. 215 del C.P.P.N.-. Marginar el auto de procesamiento equivaldría, además, a hacerlo respecto de otras medidas que deben integrarlo, tales como el embargo (art. 518), la inhabilitación (arts. 310 y 311 bis), la expulsión del hogar (art. 310), etc. O marginar del proceso la adecuada calificación jurídica que debe asignarse al hecho imputado (arts. 308 y 318, párr. 2°)... De allí que los códigos procesales que autorizan a prescindir del auto de procesamiento (así lo hagan absoluta o relativamente) contengan siempre alternativas compensadoras para el derecho de defensa del imputado y al debido proceso, traducidas en la facultad que le asignan de recurrir en apelación el auto de elevación a juicio que eventualmente dicte el juez (véase en tal sentido, art. 322 del C.P.P. de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur ?según ley 351?; también, el art. 337, último párrafo, del C.P.P. de Bs.As.), facultad, reiteramos, inexistente en este Código" (cfr. Navarro y Daray, ob. cit.).? En similar sentido, se expresó que en los casos previstos por el art. 353 bis y ter del C.P.P.N., cuando el imputado ejerza su derecho de solicitar ser oído en indagatoria, "se impone que la instrucción continúe tramitando bajo las prescripciones de las normas comunes, y en consecuencia se resuelva la situación del encartado mediante el auto de procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento (arts. 306, 309 y 334 de la ley formal)".

Con acierto se sostuvo en la causa de cita que "una grave violación a las garantías de doble instancia, debido proceso y defensa en juicio, saltaría a la vista con el dictado de un auto de elevación a juicio en estas condiciones (...) desde que no se brindaría oportunidad a la defensa de someter el tratamiento de sus agravios (o su omisión), a la revisión de un tribunal superior".

Se añadió que en el esquema de nuestro código adjetivo, "el auto de procesamiento aparece como una decisión jurisdiccional intermedia, que circunscribe -luego de haberse escuchado al imputado- el objeto procesal de la causa. El temperamento que al respecto pudiera adoptar el juez de instrucción, se encuentra sometido al contralor de la respectiva cámara de apelaciones, lo que resguarda el derecho de las partes a obtener la revisión por parte de un tribunal superior de un acto que ha de sentar las bases para el futuro debate. De esta forma, se asegura que la materia que posteriormente pueda ser -o no- objeto de acusación, haya sido suficientemente tamizada, de manera tal que sea el órgano jurisdiccional (y no la acusación) quien determine -insistimos, luego de escuchar al imputado, y con resguardo de la garantía de la doble instancia- si todos, alguno o ninguno de los hechos imputados se evidencian como contrarios a derecho, y aparecen prima facie como producto del accionar responsable del acusado".

Se ha fundamentado acertadamente en el precedente aludido que "en ese marco, el dictado del auto de procesamiento le permite a la defensa delinear los aspectos de su estrategia, pues al encontrarse consolidada la imputación puede centrar sus esfuerzos en aquellos hechos y circunstancias que efectivamente constituyan el objeto del proceso"; que "no podemos dejar de considerar el evidente interés que pueden tener los imputados de hacer valer ciertas defensas durante la instrucción, de manera tal que -fracasadas estas- pudieran legítimamente optar por modos alternativos de finalización del proceso (suspensión del proceso a prueba, cancelación de la deuda tributaria, en los casos del artículo 16 de la ley 24.769, juicio abreviado, etc.)"; y que "tampoco perdemos de vista, que el auto que dispone la elevación de la causa a juicio no resulta susceptible de ser controvertido mediante el recurso de apelación, de manera tal que en la coyuntura planteada, el sometimiento de una persona a juicio oral y público -con el evidente perjuicio en orden a la afectación a su honor, por publicidad de la imputación- quedará a criterio de dos únicos funcionarios estatales, uno de ellos, a cargo de la acusación".

En suma, he de sostener que la elevación de la causa a juicio sin que exista previamente un auto de procesamiento, en el marco de nuestro código adjetivo, es un acto nulo, razón por la cual corresponde casar la resolución que legitima tal procedimiento.

III- Por lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Matías Leonel Martínez Bergara a fs. 59/73 vta., sin costas, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 50/52 y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a los efectos de un nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina precedentemente sentada. Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli dijeron:

Que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 59/73 vta., sin costas, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 50/52 y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a los efectos de un nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina precedentemente sentada (arts. 471, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Eduardo E. Fégoli. Ante mí: Gabriela García.