marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de sentencia, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRARIOS DE TUCUMAN LTDA. (COOPRATUC) c/ MALDONADO JORGE Y OTRA s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-23

Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que tiene por título ejecutivo hábil a la copia autenticada de la copia no negociable del contrato de prenda con registro sin ofrecer, para ello, fundamentación adecuada y suficiente.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, mensajería en moto
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kadabra S.A.S. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Envíos Ya S.A. y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación - amparo - otros" y su acumulado expte. n° 17958/2020-0 "Rappi Arg S.A.S. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Envíos Ya S.A. y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación - amparo - otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-29

Si bien establecer el alcance de las pretensiones de las partes es materia regulada por las leyes procesales y su determinación es, por regla, privativa de los jueces de la causa, dicho principio encuentra una excepción cuando se demuestra que los magistrados se excedieron en el ejercicio de esa facultad. Tal situación se configura si se ordenan medidas que van más allá del objeto de la demanda y de la cautelar solicitada por los actores. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto al que adhiere la juez Inés M. Weinberg).
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Cylp SA y Samai SA c/ Provincia de Buenos Aires (SPAR) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El decreto 1329/78 ha reconocido el derecho a la percepción del rubro gastos improductivos, tanto por disminuciones de ritmo, como paralizaciones parciales o totales en la ejecución de la obra.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, Poder Judicial, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

La circunstancia de no haberse autorizado por el Secretario la copia del poder agregada a autos, en nada puede obstar a la validez de la personería invocada y admitida, ni dar lugar a la declaración de nulidad en un proceso, máxime cuando la causa se encuentra en estado de apelación. A su vez, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 128 inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial, dicha irregularidad quedó subsanada ante la no impugnación, no obstante haber transcurrido con exceso el término legal para su planteamiento. Por otra parte -en el caso- resulta de estricta aplicación lo prescripto en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando en manera alguna aparece, de la deficiencia señalada, la existencia de perjuicio que determine la adopción de tan drástica medida. (Del Voto del Dr. Blank). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, Teatro Colón
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, JUAN CARLOS c/ FUNDACIÓN TEATRO COLÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30

Cabe considerar que ha existido un vínculo de carácter laboral no registrado entre un acomodador del Teatro Colón y la Fundación de dicho teatro, en razón de que si bien es cierto que el fin de esta última es la promoción y fomento de actividades artísticas y de artistas y que es función propia de las salas de teatro contar en sus filas con acomodadores de salas, también lo es que de su estatuto se desprende ".Las posibilidades precedentemente transcriptas son simplemente enunciativas y no limitan otras formas de cumplimiento del objeto de la Fundación, la que tendrá para la consecución de sus fines todos los derechos y capacidad que la ley acuerda a las personas jurídicas de su tipo". Esta enunciación abierta permite la posibilidad de que la Fundación contrate acomodadores para la sala del referido teatro. (En el caso, el actor aportó testimonios que prueban que se desempeñó como acomodador en el Teatro Colón, en tanto la demandada no logró controvertir dichos testimonios).
Desindexación, intereses moratorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Isidro Peña y Cia. S.R.L. c/ P.V.G. Montajes Industriales S.R.L. s/ Ordinario (LIBRO: A160 - 220)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-28

No cabe la aplicación de la ley 24283 para reducir el monto de los intereses moratorios, porque el reajuste del capital en función de la pérdida del valor adquisitivo del dinero tiende a compensar la depreciación monetaria, en tanto que los intereses procuran resarcir la privación temporaria del uso del capital.

El deudor que no cumplió en término con el pago de la obligación, dando lugar a que se devengaran intereses durante varios años, no puede pretender la reducción del monto de la liquidación , solicitando la aplicación de la ley 24.283, porque el capital con sus accesorios legales, excede el valor actual del bien que fue objeto del contrato originario.-
Automotores, compraventa de automotores, inscripción registral, inscripción de dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP  DGI  30003  -inc  med c/ Hochtief Argentina S.A. s/ Medida Cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

Ni el art. 1 del decreto-ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467, ni ninguna otra disposición legal hace excepción al carácter constitutivo de la inscripción, por causa de la buena fe del adquirente por acto no inscripto (Cámara Comercial, Sala "D", "Banco Baires S.A. c/ Coronel, Santiago s/ Ejecutivo s/ inc. de tercería de dominio Gómez, Luis", del 30/10/98; Sala "A" de ese fuero "Sciacca, Aldo s/ tercería de dominio en Torres, José c/ Garrón Díaz José s/ ejec", del 11/10/90; asimismo, respecto de tercerías de bienes registrables: Sala "C" "Rapa, Dardo c/ Full Plastic SA", del 18/10/98; "B" "Sarubbi, Héctor s/ tercería de dominio en Ialowski, Isidoro c/ Maruone, Jorge s/ Ejec.", del 8/4/88; y Sala "B" "Licon Decoraciones SA s/ tercería de dominio en autos Banco Credicoop c/ Varela, Enrique", del 9/5/83) (Del voto del juez Coviello, cons. 6°).
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Falaschi Oscar Ruben c/ Alende Luis Horacio y otro s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

Si existe un trabajo profesional debe fijarse la retribución correspondiente, sin que obste a ello la circunstancia de haberse concedido el beneficio de litigar sin gastos al condenado al pago pues la aludida franquicia lo que impide es la ejecución de los honorarios que se regulen, mas no el derecho a obtener su determinación (arts. 2 Decreto Ley 8.904 y 84 Código Procesal).

(Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, medida cautelar genérica
Materia: PROCESAL
Carátula: Ercoreca, Jorge Alberto c/ Provincia del Chubut s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-25

La procedencia de las medidas cautelares genéricas, amplía considerablemente el campo de las medidas cautelares, al permitirse la adopción de aquéllas que en función de las circunstancias de la causa fueren las más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yovine, Vicente R. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

El derecho a computar a los fines previsionales los períodos de inactividad forzosa por razones políticas, comprende a todos los que hubieran desempeñado cargos públicos -tengan o no estabilidad-, sin que quepa formular distinciones que el precepto de aplicación no realiza (art. 1, ley 8118).
Indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley laboral, retroactividad de la ley, ley más favorable, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAMAYOR, JOSE c/ LA FRANCO ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

La ley no necesita decir que se aplica retroactivamente a una situación jurídica agotada, si, por imperio del orden público laboral, establece una indemnización diferente y más beneficiosa para el trabajador, que debe ser implementada sin demora para que cumpla la finalidad que les es propia. En ese orden de ideas, disposiciones como las que impone la reforma de la ley 23643 relativas a una nueva forma de cálculo de la indemnización, es el resarcimiento que corresponde a los accidentes hoy, pero no necesariamente a los ocurridos hoy.
Daños y perjuicios, daño psíquico, procedencia del recurso, gastos médicos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Brik, Julieta Verónica  c/ Alra SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Siendo que, en el caso, del peritaje psicológico, se desprende la existencia de una incapacidad temporaria del 5% y que con un espacio de terapia con tramitación simbólica la actora podrá continuar con su vida sin mayores altercados; en esta inteligencia, cabe condenar a las codemandadas a afrontar los gastos que sean necesarios para que la accionante pueda concretar la terapia aconsejada por la experta o una similar, hasta tanto logre revertir su situación. Tal cosa no importa mutar la pretensión originaria -consistente en general en un importe dinerario-, desde que tiende a asegurar el fin último perseguido por la reclamante: esto es, la efectiva cura o remisión de la dolencia que la afecta.

Disidencia de la Dra. Tevez:

El CCCN 140, prevé que la víctima podrá optar por una u otra vía, es decir, por la restitución de las cosas a su estado anterior o por el equivalente en dinero. Pero la primera opción no será de aplicación cuando el cumplimiento "in natura" se haya vuelto imposible o cuando resulte excesivamente oneroso para el agente (Bueres, Alberto J., "Código Civil y Comercial de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", T. 3 F, Ed. Hammurabi, Bs.As., 2018, p. 427). Consecuentemente, la solución general es la entrega al damnificado, a su elección y en plena disposición, del capital del resarcimiento (Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1952, p. 152; Llambías, Jorge J., "Código Civil. Anotado. Doctrina- Jurisprudencia; T. II. B, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1992, p. 337 y ss.). Desde tal perspectiva conceptual, no cabe subordinar el pago de la indemnización por el tratamiento psicológico a la previa indicación de la demandante de su intención de efectuarlo y por ante qué profesional. Mucho menos adecuado parece exigirle que así lo haga bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho.
Honorarios del perito, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrios, Julio César c/ Amigos del Camino s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

Cuando los peritos actuantes no son los oficiales, sino aquellos que en el ejercicio de su profesión se inscriben voluntariamente en las correspondientes listas de sorteo, se hallan excluidos de la enunciación contenida en el artº 4032 del Código Civil, precepto que no admite aplicación analógica por tratarse de una norma de excepción, por lo que el supuesto debe encuadrarse en la prescripción larga del artº 4023 del mismo texto legal.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, graduación de la pena, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General De La CABA S/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Apelación en Autos Scillone, Hernán Carlos Saverio S/ 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 Y 91) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde desechar el planteo relacionado con la determinación e individualización de la pena pues la cuestión fue específicamente abordada por los jueces de mérito, de manera que carece de sustento lo alegado por la defensa sobre la falta de explicitación de los motivos y las operaciones lógicas para arribar a la pena impuesta. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Debe rechazarse el recurso extraordinario si el apelante no demuestra cuáles son las pruebas cuya no producción lo agraviarían y cuáles son los vicios que exhibiría la prueba tenida en cuenta por el tribunal de enjuiciamiento.
Trabajador, sociedad de hecho, socios, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Berberos Carlos Alberto c/ Distrinor Soc. de hecho y/o Gaglairdoni Liborio y/o Gagliardoni Luis Eduardo y/o Sansone Fabio s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-19

En orden a los alcances de la sociedad de hecho, debe precisarse que los socios y representantes son solidaria e ilimitadamente responsables por las obligaciones sociales, no pudiendo invocar el beneficio de exclusión, ni las limitaciones emergentes del Contrato Social. De manera que el tercer acreedor de una Sociedad de Hecho puede válidamente accionar contra uno o mas de sus socios sin que éste o éstos puedan oponerle defensa de ningún tipo por no haberse dirigido previamente contra ña sociedad. De modo que en este tipo de sociedad la responsabilidad es mucho mas grave que en cualquier otro tipo de sociedad, pues aquí los terceros se ven beneficiados al poder accionar a su elección contra la sociedad o contra los socios indistintamente, por lo que resulta correcta la condena respecto de la Sociedad de Hecho y sus integrantes.
Compraventa, transferencia de fondo de comercio, intermediación de servicios, martillero, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BELLEZE,   CARLOS   NORBERTO c/ N  &  I  SRL  (BARI  NEGOCIOSINMOBILIARIOS Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

En el marco de la transferencia de un fondo de comercio, surge -en el caso- con meridiana claridad, que la martillera no actuó como intermediaria, sino que lo hizo en representación de la demandada. En efecto, resulta prueba cabal y concluyente de ello, el boleto de compra venta suscripto y acompañado, en copia, por el actor a la causa. Y en este punto, creo útil precisar que el efecto típico de la representación consiste en que el negocio regularmente concluido dentro de los límites de sus poderes por el representante, produce efectos jurídicos y se considera como concluido directamente por el representado, como si este hubiese celebrado el negocio, en tanto que el primero queda desligado de todas las consecuencisa jurídicas y económicas (CNCom, Sala B, 03.04.02, "Waroquiers, Juan c/ Quintanilla de Madanes, Dolores s/ Ord.", Cciv: 1869). Así las cosas, al haber actuado la martillera en representación de la inmobiliaria defendida, debió probar el actor que la accionada obró antijurídicamente o en exceso de las facultades que le fueron conferidas. Sin embargo, no lo hizo, razón por la cual no puede responsabilizársela. Ello así, cupo al accionante demostrar que la martillera obró antijurídicamente. Sin embargo, no lo hizo, pues se limitó a cumplir con la tarea que le fue encomendada por la inmobiliaria demandada, que debe responder frente al actor.
Competencia de paz, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-31

El suceso de designación de un Juez de Paz provincial, reviste la naturaleza de un acto institucional y no de un acto administrativo, características todas éstas, en especial las funciones jurisdiccionales judiciales atribuidas por ley, que particularizan su situación jurídica haciendo ostensible que no se está en presencia de un mero contrato administrativo de función o empleo público.
Acto administrativo, habilitación municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rusconi, Oscar c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa. Coadyuvante: ESSO S.A.P.A
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

La habilitación municipal o autorización constituye un acto administrativo mediante el cual se reconoce a un interesado el cumplimiento de las condiciones impuestas por la reglamentación en razón del interés o la necesidad colectiva, facilitando el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad lícita. Con una decisión favorable el interesado queda facultado para desplegar esa actividad, implicando el acto autorizativo la remoción de un obstáculo legal para dicho ejercicio (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
Recurso de apelación (procesal), depósito previo, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SUCESION DE LUIS IGLESIAS c/ Instituto Nacional de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

Aunque se inserte dentro del recurso de apelación, para que sea viable el planteo dirigido a atacar la legitimidad del acto administrativo, es condición sine qua non el depósito previo que prevé el art. 15 de la ley 18.820 y el art. 12 de la ley 21.864, salvo que el interesado afirme y pruebe que el referido depósito resulte exorbitante y desproporcionado con su concreta capacidad económica.
Elecciones provinciales, reelección
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Evolución Liberal y otro c/ San Juan, Provincia de s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2023-06-01

Ocupar cargos de la mayor relevancia política e institucional, tales como el de gobernador y vicegobernador de una provincia argentina, supone el control de una serie de resortes estatales, variables en su concreta configuración pero fáciles de advertir, que brindan a dichos funcionarios una significativa ventaja a la hora de enfrentar una contienda electoral y esta asimetría en la competencia electoral produce necesariamente una alteración en las condiciones generales de igualdad que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos que aspiren a ocupar un cargo público (Voto del juez Rosenkrantz).
Proceso contravencional, prescripción de la acción contravencional, secuela de juicio, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

Es pacífica la jurisprudencia del Fuero en cuanto a que el instituto de la secuela de juicio rige en materia contravencional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, de aplicación supletoria según lo prevé el artículo 10 de la Ley Nro. 10.

Si bien se ha criticado acertadamente el alcance impreciso que tiene la voz "secuela de juicio", con el paso de los años los jueces han ido delineando y unificando criterios, de modo que hoy es posible afirmar que se entiende por tal todo auto con suficiente entidad para dar "...real dinámica al proceso manteniendo en efectivo movimiento la acción penal..." (conf.

Voto del Dr. Alberto S. Millán, Jurisprudencia Argentina, 1959-II, p. 79).
Caducidad de instancia, ejecución fiscal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL c/ Todo Gusto S.A. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

El instituto de la caducidad o perención de instancia, como un modo anormal de terminación del proceso, es susceptible de ser aplicado en el juicio de ejecución fiscal regido por la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones), atento lo establecido por el art. 92, quinto párrafo, que expresamente dispone que la ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos y lo dispuesto por el art. 91 de la referida ley, en cuanto prescribe la aplicación supletoria del C.P.C.C. (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 02.12.97, "Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Establecimientos Darje S.A.I.C.F." y C.F.S.S., Sala I, sent. del 30.09.99, "Fisco Nacional (D.G.I.) c/ ALA América Latina Autotransportes S.R.L.").
Divorcio contradictorio, exclusión del hogar, medidas cautelares, resolución inaudita parte, exclusión del marido
Materia: CIVIL
Carátula: S.M.T. c/ R.J.A. s/ EXCLUSION DE CONYUGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

El artículo 68 de la ley 2393 prevé expresamente la posibilidad de que uno de los cónyuges, incluso antes de promovida la acción de divorcio, gestione la exclusión del otro del hogar común.

Si bien, en general, resulta conveniente que previo a tomar decisiones se escuche a ambos esposos, cuando la cuestión se sustancia con el carácter de una medida cautelar urgente, dicho recaudo no resulta ineludible (arg. arts. 198 y cts. del Código Procesal). Pero no puede dejar de destacarse que de esa manera, y tal como sucede para las diligencias precautorias, el sujeto pasivo, de manera inmediata, tiene a su alcance los mecanismos procesales necesarios para defender sus derechos, incluso sin esperar a la sentencia de divorcio, lo que hace aconsejable que ante la gravedad de los hechos relatados por los testigos se admita el pedido de la cónyuge. De los males posibles, como son los de, eventualmente vulnerar el valor seguridad de la defensa o el de la integridad, sobre todo de menores, parece más adecuado inclinarse por privilegiar la salvaguarda del segundo que, de lo contrario podría verse definitivamente afectado, mientras que el restante tendría una posterior vía rápida de solución, por lo que corresponde disponer la exclusión del hogar conyugal del esposo, quien deberá dar cumplimiento a la medida dentro del segundo día hábil de anoticiado, bajo apercibimiento de lanzamiento.
Ejecución de la pena, sanciones penitenciarias carcelarias
Materia: PENAL
Carátula: Bianchi Alvarez, Miguel c/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

Es violatoria de la garantía de la defensa en juicio la sanción de cinco días de suspensión parcial de los derechos reglamentarios de visita y correspondencia, si no existió notificación oportuna al defensor, siendo éste anoticiado de lo acontecido varios meses después de cumplida la sanción. La disidencia parcial sostuvo que la sola circunstancia de la falta de notificación a la defensa de la imposición de la sanción, no resulta un dato suficiente para declarar la nulidad de su imposición en tanto del estudio del caso no resulte un efectivo perjuicio al interno (Gemignani, Borinsky y Hornos -disidencia parcial-).