Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-09


000677/2009 ----En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. Á. A. c/ G. S.A.I.C. s/ Cobro de pesos" (Expte. 677 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 308.-----	A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 288, que fuera concedido a fs. 289, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 277/286 y vta. que hizo lugar a la demanda instaurada por Á. A. S. y condenó a G. S.A.I.C. e I. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $29.001,95.-, con más sus intereses, en concepto de horas extras, diferencias salariales y también respecto de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más la integración mes de despido, e indemnización prevista por el art. 45 de la ley 25.345, y asimismo ordenó en igual plazo el depósito del certificado de trabajo contemplado por el art. 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de demora, con imposición de costas a la vencida.	El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 292/294, el traslado conferido a fs. 295 fue evacuado por su contraria a fs. 296/303 y vta., y sostiene la apelante que la demanda prosperó por el doble de lo solicitado. La sentencia en crisis le reconoció al actor la categoría prevista en el art. 13 del C.C.T. 130/75 en base al testimonio de un ex empleado de la firma que llegó a sostener que trabajaban normalmente 12 horas por día y hasta sostuvo que lo hacían hasta 16 horas. Considera que sólo tomó en cuenta partes del testimonio sin analizarlo en conjunto. Como lo hizo al momento de alegar señala que el testigo P. llegó a decir con gran precisión que el actor tenía personal a cargo y cantidad de horas ya aludidas. Pese a ello manifestó que conocía al actor desde diciembre de 2006 cuando volvió de un curso de capacitación y en realidad el actor dejó de trabajar en octubre de 2006. Esa afirmación al menos hace tambalear la veracidad de la declaración. Alude también a los dichos de A. quien afirmó trabajar desde octubre de 2003 a noviembre de 2005 y haber recibido instrucción de trabajo del actor, al que definió como encargado de depósito. Sin embargo, el actor comenzó a trabajar en octubre de 2005, con lo cual habrían compartido apenas un mes de trabajo. Ello le bastó para afirmar la categoría del actor, y respecto de cuanto días por semana mencionó los primeros cinco meses lo que no condice con el tiempo que pudo haber trabajado con él. Los testigos propuestos por su parte informaron sobre los horarios de trabajo y también que el actor se inició como cadete y que se estaba preparando para ascender de categoría. Sin embargo, el juez con dicha prueba le permitió tener por acreditadas las tareas descriptas por el actor y en definitiva que resultó inverosímil que S. se desempeñara como cadete. Se agravia de la jornada laboral establecida ya que el a-quo en forma parcial toma en cuenta los testigos ofrecidos por la actora sin analizar los propuestos por la demandada. Reitera las expresiones vertidas con relación al testigo P. en cuanto a la época del conocimiento del actor. Señala que igual razonamiento a lo ya expresado párrafos arriba cabe para las declaraciones de Á. y V.. No analiza la sentenciante los testigos de la demandada que informaron sobre una jornada de trabajo totalmente distinta. Sostiene que no se registraron las horas extras ya que no se hacían. Formula queja por estimar que no corresponde aplicar en su contra la presunción por la omisión en la presentación del Registro de Horas Suplementarias (art. 6 ley 11.544) cuando del primer punto de la documental acompañada surge que se agregó tal planilla. También que considerara un promedio de 60 horas extras mensuales de lunes a viernes, lo que daría una jornada diaria de al menos 12 horas por 12 meses de trabajo. No tuvo en cuenta el tema de los francos compensatorios que los mismos testigos acreditaron que se cumplían, por lo que la liquidación resulta entonces errónea. Se agravia ya que se declara procedente la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T., y si bien se discutió el envío de su parte al actor de un telegrama O. del 30/10/2006 por el cual se notificaba que se prescindía de sus servicios, la jueza tuvo por acreditado que la actora tuvo conocimiento del despido con la recepción del telegrama del 06/11/2006. En la segunda imposición postal se ratificó los términos de la comunicación anterior, y al percibir la actora la liquidación final retiró de la sucursal local el certificado de trabajo que luego acompañó en su demanda. Por eso no se da el supuesto contemplado por el último párrafo del art. 80 de l L.C.T. Menciona que de las pericias contables surge que lleva los libros y documentación laboral y contable en debida forma, realizándose los aportes previsionales, pese a lo cual y obviando estas cuestiones le impuso la multa. Peticiona la modificación de lo resuelto en la sentencia de primera instancia en cuanto fuera materia de agravios.	A su turno, al contestar el traslado conferido manifiesta el actor que la demandada intenta explicar la razón por la cual interpretó la Jueza a-quo partes del testimonio de P.. Sin perjuicio de ello reconoce que S. tenía personal a su cargo. Considera que es la accionada la que realizó una errónea interpretación de los dichos de ese testigo y alude a la respuesta brindada acerca de la época de su conocimiento y también a la razón de sus dichos. Además, la fecha hasta la cual trabajó S. es uno de los hechos controvertidos en autos y estima que se acreditó que trabajó hasta noviembre de 2006 y no hasta octubre. Menciona la declaración de V. ya que da cuenta de la real categoría de trabajo del accionante, en especial las respuestas a la 1ª, 4ª, 6ª, y 7ª pregunta, y que permite tener por acreditados los extremos afirmados en el escrito de inicio. Respecto de la crítica que se efectúa al testimonio de A. por haberle resultado suficiente un mes formula interrogante acerca de cual es el agravio o en todo caso cuanto tiempo hubiese sido necesario para afirmar la categoría laboral. En lo que hace a la alusión a cinco meses la referencia lo fue en cuanto a la distribución de la jornada de trabajo conforme lo organizado por la accionada, y además hace expresa alusión a los dichos expuestos a fs. 122 y 123. Sobre la omisión de los testigos propuestos por la demandada señala que el sentenciante valoró correctamente la prueba rendida en autos, y es la propia accionada que omite referirse a la declaración del testigo por ella propuesto: A. E. de la R., testimonial que obra a fs. 127, 128 y vta. También destaca la declaración de B. de fs. 139/140. Respecto de la jornada laboral se remite a las consideraciones ya efectuadas con relación al testigo P.. Sostiene que las declaraciones de A. y V. fueron correctamente valoradas por la Jueza de grado, sumado a la falta de fundamentación del presunto agravio de la accionada. Afirma que no es verídica la afirmación de la accionada en el sentido que los testigos de esa parte informaron una jornada de trabajo distinta. V. fue propuesto por la demandada y su declaración dista de la denunciada por esa parte. Así también de la R., y no hay más testigos de la accionada ya que en el caso de H. se tuvo por desistida su declaración. Expresa que con las testimoniales rendidas resulta la acreditación de la real jornada de trabajo cumplida por S. a las órdenes de la accionada. Al afirmar la demandada que el trabajador no cumplió con horas extraordinarias y luego sostener que cumplió con la exhibición del Registro de horas suplementarias incurre en contradicción. En lo que hace a los francos compensatorios, tal circunstancia fue denunciada en el escrito de inicio por lo que se tuvo en cuenta al momento de efectuar el cálculo de las horas extraordinarias, y de ese modo si bien los testigos han sido contestes en la existencia de los mismos no agrega nada al respecto. En cuanto a la fecha del despido, lo cierto es que la comunicación es recepticia por lo que la anterior comunicación al telegrama del 06/11/2006 jamás llegó a conocimiento de S.. El retiro de la sucursal local del certificado de trabajo no importa cumplimiento ya que es necesario que la documental sea veraz, completa y exacta. No estuvo discutido la entrega sino el contenido de dicha documental. Sobre ese aspecto hace referencia al fallo de la anterior instancia. También cita jurisprudencia de esta sala "B". Finaliza sosteniendo que la accionada no efectuó una crítica concreta y razonada de los fundamentos en que se apoya el decisorio de grado, y solicita se confirme la resolución apelada, con intereses y costas.	2. Sostiene la apelante que la demanda prosperó por el doble de lo solicitado.	En tal sentido, esa parte admite previamente que el actor solicitó un "monto provisorio" y así resulta del escrito de inicio al manifestar el accionante que la determinación correcta será objeto de la prueba pericial por lo que la liquidación es provisoria (p. IV, fs. 32).	En ese contexto, no se visualiza crítica concreta alguna por lo que nada corresponde agregar a ese respecto.	A continuación manifiesta que el juzgador tomó en cuenta parte del testimonio de P. en lugar de analizarlo en conjunto.	Al respecto, existe una evidente confusión de esa parte pues ninguna regla impone la indivisibilidad del testimonio por lo que corresponde rescatar la porción del mismo que tiene fuerza de convicción, conforme a las reglas de la sana crítica.	Es criterio de esta sala "B" en diversos pronunciamientos, uno de los más recientes en c. 285/09, S.D.L. 79/09.	Tocante a que el testigo P. conoció a S. en diciembre de 2006, época en la que ya no trabajaba el actor, lo cierto es que si bien así lo expresó al responder por las generales de la ley, a renglón seguido manifestó que"entró a trabajar en Septiembre y cuando volvió de la capacitación lo conoció a S." (fs. 120), por lo que es evidente que no se trató de un testigo de referencia pues su conocimiento lo adquirió durante el período que compartió tareas con el actor, lo que así aprecio conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).	En cuanto a que al testigo A. le bastó apenas un mes de trabajo para definirlo como encargado de depósito, no se alcanza a comprender cual es la crítica.	En efecto, el examen del contenido del testimonio se reduce a cuatro aspectos: que lo expuesto por el testigo no exceda los límites del objeto de esa prueba; que el hecho sea verosímil; que la manera como dice el testigo que lo conoció (tiempo, modo y lugar) sea creíble y pueda aceptarse su sinceridad; que no esté en oposición con otras pruebas de igual o mejor calidad (Devis Echandía, Hernando, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal - Culzoni Editores, 2000, T. II, pág. 94).	Y la circunstancia de haber compartido sólo un mes de trabajo (respuesta a la 4ª pregunta, fs. 122) en forma cotidiana, aspecto sobre el cual nada dice la quejosa, no permite restarle fuerza de convicción a esa declaración.	Por lo demás y sin perjuicio de lo antes expuesto, resulta relevante destacar la insuficiencia de la crítica pues a su vez con relación a los dichos de los restantes testigos de un modo genérico sostiene que los propuestos por su parte informaron que el actor se inició como cadete de la sucursal y que se estaba preparando para ascender, con cita de la respuesta a la 1ª repregunta de fs. 127 vta. (en realidad corresponde a la 1ª pregunta, fs. 127).	Con ello evita hacerse cargo puntualmente de las declaraciones prestadas por P. A., B., de la R., y V. que fueran objeto de ponderación en forma conjunta por el sentenciante a fs. 280/vta. y que le permitió concluir a fs. 281 que con la prueba testimonial reseñada se acreditan las tareas descriptas por el actor en su demanda a fs. 29/30 y su encuadre dentro del art. 13 del C.C.T. 130/75.	Y en reiteradas oportunidades señalé (c. 268/09, S.D.L. 58/2009, c. 355/09, S.D.L. 74/2009, c. 285/09, S.D.L.79/2009) que la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 2, pág. 357).

La prueba debe así ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos, resultando censurable la descomposición de los elementos, disgregándolos para considerarlos aislada y separadamente (SCBA, D.J.B.A., v. 135, p. 138).	Y en ese direccionamiento, la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).	Nótese también que la afirmación vertida a fs. 293, segundo párrafo, en el sentido que los testigos propuestos por su parte informaron que era cadete y que se estaba preparando para ascender no se ajusta a las circunstancias comprobadas de la causa.	En tal sentido, debe señalarse que de los testigos que ofreciera sólo declararon dos de ellos, de la R. y V., toda vez que se tuvo por desistido el testimonio de H. (ver informe de la Actuaria, fs. 257).	Y V. expresó que el actor se desempeñaba "como auxiliar o 2º como quiera llamarlo, S., A." y que S. desempeñaba todas o la mayoría de las tareas y que "cuando el quedaba a cargo el se hacía cargo de todo" (respuesta a la 5ª y 6ª pregunta, fs. 124 vta.). También que en el depósito de la calle Colón la mayoría de las veces recibía la mercadería S. (7ª repregunta, fs. 125) (la cursiva me pertenece).	Y en cuanto al testigo de la R., si bien manifestó que "de arranque era cadete" y que "estaba preparándose para ocupar un puesto superior" (sic) también declaró que " a veces en ausencia del jefe de depósito, digamos que S. hacía el trabajo que hacía normalmente el jefe de depósito" (respuesta a la 1ª pregunta y 1ª repregunta, fs. 127 y 127 vta., respectivamente, la cursiva me pertenece).	Por lo demás, ninguna referencia efectuó de la declaración de B. quien expresó que "el era 2º encargado de expedición" y que "cuando faltaba el jefe de depósito quedaba a cargo él" (por S.) (respuesta a la 9ª pregunta, fs. 139 vta.) (el subrayado me pertenece).	De tal modo, al apreciar en conjunto la prueba testimonial rendida en la causa pondero conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69) que el actor acreditó las tareas que alegara en su escrito de inicio, por lo que resulta evidente que no se desempeñaba como "Cadete de Sucursal" como figura registrado en el Libro Especial art. 52 de la L.C.T. (ver p. 2, fs. 166, pericial contable).	En tales condiciones, dicha prueba permite concluir que la categoría de revista del accionante era la de jefe de segunda o encargado de primera ya que así se considera "al empleado que secunda al respectivo jefe de sección en las obligaciones del mismo, y lo reemplaza en caso de ausencia por cualquier motivo" (art. 13 del C.C.T. 130/75).	Tales razones conducen a desestimar el agravio vertido en ese aspecto.	3. Se agravia la recurrente por la extensión de la jornada de trabajo establecida por el sentenciante al sostener que sólo tomó en cuenta los testigos ofrecidos por la actora sin analizar los propuestos por su parte.	Desde ya que tal expresión evidencia un claro desajuste con las constancias que resultan del fallo en crisis pues el juzgador a fs. 282 vta. valoró la declaración de V. conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), testigo ofrecido por esa parte (p. V. C., fs. 66 vta.).	Por lo demás, la queja resulta inaudible pues sabido es que la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes. Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1991, T. V-A, págs. 255/256, y cita de fallos).	Respecto de las manifestaciones efectuadas en torno al testigo P. nada corresponde señalar ya que fue materia de tratamiento al punto 2 que antecede.	En cuanto a que igual razonamiento le cabe para las declaraciones de los testigos A. y V., es evidente que se trata de una expresión genérica que incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., por lo que no hay agravio que atender.	Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica. Tal suficiencia se relaciona a su vez con una necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de la sentencia, no pudiendo considerarse agravios en los términos exigidos por esta norma, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 354 y cita de fallos).	A su vez, se advierte que las genéricas expresiones volcadas a fs. 293/vta. eluden hacerse cargo de la ponderación que en conjunto efectuara la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 282 y vta. de la prueba testimonial cumplida, por lo que las mismas sólo denotan el particular punto de vista de la recurrente al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.	En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 371, y cita de pronunciamientos).	Por lo demás, la expresión vertida en el sentido que no argumenta la sentenciante "la razón de no analizar o tener en cuenta lo dicho sobre el punto por los testigos de la parte demandada que informaron sobre una jornada de trabajo totalmente distinta" (sic) es una mera generalización sobre la prueba testimonial. En efecto, en definitiva no concreta cual es el error en que incurriera el juzgador, y menos aun puntualiza cual es el horario de trabajo que a su entender brindaron de una forma distinta otros testigos, por lo que tampoco hay agravio que atender.	Por eso, el mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 355, y cita de fallos).	Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "Cufre, Héctor N. y otro c. Bravo, Julio J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.	En lo que hace a la presunción que resulta de la falta de presentación del Registro de Horas Suplementarias y error cometido por el sentenciante ya que se agregó con la contestación de demanda, lo cierto es que la queja resulta inconducente toda vez que el razonamiento seguido a ese respecto no fue dirimente (fs. 283, penúltimo párrafo) ya que no era necesario ingresar a la prueba de presunciones ante la existencia de prueba testimonial.	Por lo demás, si según "los registros de la demandada el actor nunca realizó horas suplementarias" (p. 4, fs. 166, pericial contable), lo cierto es que tales registros en su cotejo con la prueba testimonial permite concluir la insinceridad de los mismos por su evidente desajuste con la realidad.	Y la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial . La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ª. ed. act., 2007, T. I, par. 2.7.18., pág. 323).	Asimismo, cabe destacar la íntima relación que existe entre la primacía de la realidad y la buena fe pues la realidad refleja necesariamente la verdad. La documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito. Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333) (la cursiva me pertenece).	Por lo tanto, en la "discordancia" entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja tal vez de documentos o acuerdos, hay que dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que acaece en el terreno de los hechos. A tal efecto, el juez debe investigar para descubrir el hecho real. Así pues, lo "escrito" no tiene validez, cualquiera sea el motivo que le de fundamento a su discordancia con la realidad (simulación, error, fraude, etcétera). En el caso, priman los hechos sobre lo documentado (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", 1982, T. 2, par. 60, págs. 271/272).	En ese contexto, no se advierte de que modo tales registros llevados en forma unilateral y de modo deficiente por la patronal pueden aportar elemento alguno favorable a la posición de la demandada, lo que conduce a señalar que la queja resulta inaudible por inconducente.	Sostiene finalmente que en la liquidación de horas suplementarias no se contemplan los francos "lo cual hace que la liquidación arroje sumas exageradas y sobredimensionadas".	Al respecto, ninguna pauta brinda en apoyo de tal posicionamiento como para verificar el supuesto error que aduce, por lo que en definitiva se trata de una apreciación personal, o dicho de otro modo una afirmación enfática que sólo contiene una simple generalización, por lo que tampoco hay agravio que atender.	Y no constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso, o las apreciaciones personales, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 354/355 y cita de fallos).	En tales condiciones, la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99).	Por tales fundamentos, la apelante incurrió en este tramo de la queja en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69).	4. Formula agravio la quejosa por considerar equivocado el razonamiento por el cual se declara procedente la indemnización prevista por el art. 80 de la L.C.T.	Para ello cuestiona en primer lugar que se tuviera por acreditado el conocimiento del actor del despido directo dispuesto con la recepción del telegrama del 06/11/2006 por existir una comunicación anterior (telegrama del 30/10/2006).	En tal sentido, el juzgador destacó a fs. 284 y vta. que de la informativa producida a fs. 188 informa O. P. que el telegrama O. **************-2 impuesto el día 30/10/2006 fue devuelto a su remitente ante la imposibilidad de ser entregado a destino por causa "desconocida". Aunque huelga recordarlo el hecho de la extinción de la relación produce efectos cuando la voluntad de extinguirlo llega a la esfera de conocimiento de la otra parte es decir el carácter recepticio del despido impide que pueda perfeccionarse la extinción sin la debida notificación del mismo. Advierto además y resulta lógico que tal como lo destaca la parte actora en el Alegato de bien probado fs. 265 vta., la razón por la cual no fue recepcionado el despacho telegráfico en cuestión se debe al error en el domicilio consignado del actor, situación esta sin duda imputable a la empleadora, y que surge del simple cotejo de los domicilios a los que se remitieron las piezas postales, la de fs. 57 al Barrio ***UNI. *** y la de fs. 55 M. *** Dto. * que es el correcto y al que se dirigieron todas las demás de fecha posterior. En suma frente a estos elementos ponderados surge evidente que el trabajador tomó conocimiento de la decisión rupturista con el telegrama remitido por la empleadora el 6/11/2006 y que luce glosado a fs. 5/8. Es por ello tomó conocimiento de la decisión rupturista el actor del despido directo con la recepción del telegrama del 6/11/2006 fs. 5/8.	Tales fundamentos no fueron objeto de agravio alguno por la apelante.	Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).	Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).	Por ello, la apelante en este aspecto incurrió en deserción parcial del recurso lo que conduce a tener por acreditado que el actor tomó conocimiento del despido al recibir el telegrama de fecha 06/11/2006.	En lo que hace a que la actora retiró el certificado de trabajo de la sucursal local, lo cierto es que con ello nuevamente elude el fundamento que resultó dirimente para la dilucidación de la causa.	Para ello pongo de relieve que la cuestión no pasa por haber entregado la empleadora el certificado de trabajo, aspecto por demás obvio ya que el mismo fue acompañado con el escrito de demanda (ver fs. 28), sino que con la entrega de esa documental no dio cumplimiento a la obligación legal impuesta por el art. 80 de la L.C.T. toda vez que la información es incompleta y carente de veracidad.	En este último aspecto cabe destacar que el certificado que luce a fs. 28 indica que el actor se desempeñó " ... hasta el 30/10/2006 como Cadete ...", cuando se encuentra acreditado que por las labores realizadas le correspondía la categoría de jefe de segunda o encargado de primera (art. 13 del C.C.T. 130/75) con evidente incidencia a su vez en la remuneración, sin perjuicio de que el despido llegó a conocimiento del trabajador con el telegrama cursado el 06/11/2006 por lo que la fecha de egreso no es la consignada en dicho instrumento.	Y el trabajador dio cumplimiento a la intimación en tiempo oportuno según telegrama del 27/04/2007 que obra a fs. 12, en atención a la fecha de extinción del vínculo y plazo fijado por el art. 3 del decreto reglamentario 146/2001, debiendo destacarse además que el requerimiento no sólo está referido a la entrega de la "certificación de servicios, trabajo y remuneraciones", sino también a la "constancia documentada del pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social" (ver términos de la citada pieza postal).	Y es criterio de esta sala "B" en diversos pronunciamientos, los más recientes en c. 332/09, S.D.L. 71/2009, y c. 430/09, S.D.L. 78/2009, que ante el alcance de la intimación dos son las obligaciones a cargo del empleador establecidas por el art. 80 de la L.C.T., a saber: a) extender constancia documentada del cumplimiento de su obligación de ingresar los fondos sindicales y de seguridad social; y b) entrega de un certificado de trabajo.	Esto es, el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, establece una indemnización a favor del trabajador en caso que el empleador incumpliera, a saber: a) con la obligación de dar consistente en la entrega de la constancia documentada de los aportes y contribuciones que deben ingresar a los organismos de seguridad social; o b) con la obligación de hacer referida a la entrega de un certificado de trabajo.	Y el art. 80 de la L.C.T. impone al empleador dos obligaciones que se diferencian por su objeto. El primer párrafo, luego de atribuir carácter contractual al deber del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, sea como obligado directo o como agente de retención, le impone el deber de entregar al trabajador constancia documentada de ello subordinado a su requerimiento expreso. El objeto de esta obligación de dar es la entrega de copia de los comprobantes de depósito de las contribuciones debidas como obligado directo por el empleador y de los aportes y cuotas a cargo del trabajador retenidas por aquél con destino a la seguridad social o sindicales. El segundo párrafo establece una obligación que consiste en otorgar al trabajador un certificado de trabajo. El otorgamiento del certificado es así comparable a la locación de obra, cuyo objeto no deja de suponer principalmente una obligación de hacer, aunque lógicamente ella presuma su entrega al comitente (Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t.o.)", D.T. 2001-A, 544/545 y 546, respectivamente).	Y aun cuando el análisis se limitara al segundo supuesto (otorgamiento de un certificado), cabe precisar que una de las obligaciones del empleador que nacen de la extinción del contrato de trabajo, es la de otorgar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre: el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, calificación profesional obtenida. El empleador cumple, en este caso, suministrando, por escrito, la información que corresponda a estas circunstancias. En el caso del certificado de trabajo, si bien el cumplimiento se perfecciona con su entrega, lo relevante es la información que el empleador debe incluir en él, lo que supone un hacer. No habría cumplimiento, en cambio, si la información fuera inexacta o incompleta (Ackerman, comentario citado precedentemente, D.T. 2001-A, 545/546 y 550, respectivamente) (la cursiva me pertenece).	En este direccionamiento, no cualquier certificación cubre la obligación impuesta por el art. 80 de la L.C.T, por lo que cabe tener por insatisfecha la obligación si la información volcada no resulta veraz y exacta.	Es criterio de esta sala "B", c. 19.766, S.D.L. N° 54/2004, c. 19.783, S.D.L. 58/2004, y c. 332/09, S.D.L. 71/2009.	De tal modo, el fallo de la anterior instancia siguió dicho criterio al precisar a fs. 285 que el instrumento en cuestión no satisface las exigencias impuestas por la mencionada norma legal, y la información volcada en el mismo resulta incompleta e inveraz, por lo que se constituye el presupuesto de hecho para la procedencia de la indemnización contemplada en el art. 45 Ley 25.345 que se reclama en demanda habiendo cumplido el trabajador con la intimación fehaciente a la entrega del mismo según surge de la copia del telegrama de fs. 8 de fecha 7 de noviembre de 2006.	Telegrama que en realidad luce a fs. 9, y con la salvedad ya señalada que la intimación cursada en tiempo oportuno es la obrante a fs. 12.	Sólo agregaré que la incompleta información contenida en dicho documento no queda subsanada por una eventual falta de cuestionamiento de la parte actora al momento de su entrega, toda vez que los recaudos exigidos por el art. 80, segundo párrafo, de la L.C.T. y la sanción contemplada en el último párrafo de la citada norma no es materia disponible para el trabajador por ser alcanzada por el principio de irrenunciabilidad, una de las manifestaciones del orden público laboral (art. 12 L.C.T.).	Es criterio sentado por esta sala "B", c. 20.321, S.D.L. 26/2005, c. 19/2009, S.D.L. 38/2009, y c. 332/09, S.D.L. 71/2009.	Y el fundamento de la sentencia de primera instancia antes expuesto y que resultó dirimente para la dilucidación de la cuestión no fue objeto de ataque concreto por la recurrente, por lo que no hay agravio que atender.	Y en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).	Por tales razones, la apelante también incurrió en este aspecto en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69).	5. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).	Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudente regular los honorarios del Dr. A. F. v. P., letrado apoderado de la parte demandada, y de los Dres. F. A. y M. A., letrados patrocinante y apoderada de la parte actora, en este último caso en forma conjunta, en el 25% y 30%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.	Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.	A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:	La claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante respecto de la sentencia de fs. 277/286 vta., así como de la expresión de agravios que vertiera la demandada recurrente a fs. 292/294 y de la contestación de los mismos por parte de la actora a fs. 296/303 vta., me eximen de realizar nuevamente dicho relato, por lo que me remito a la misma en homenaje a la brevedad.-	I.- Comparto el criterio utilizado por el Dr. Vergara en cuanto al orden de tratamiento de los agravios, el que por lo demás reviste cierto orden lógico, por lo que seguiré el propuesto por el colega preopinante.-	1) Se queja en primer lugar la apelante de que el actor hubiera incoado demanda por la suma de $ 14.532,18, y que en la sentencia se condenara por el doble de lo requerido. Sin perjuicio de ello es de recordar que el monto que la actora establece en su escrito de demanda resulta de practicar una liquidación provisoria (ver fs. 32/vta., pto. IV), aclarando que la determinación correcta de las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas serán objeto de la prueba pericial contable a sustanciarse en la etapa procesal oportuna. En consecuencia y más allá de lo aclarado, comparto lo expuesto por el colega preopinante en que no se vislumbra una crítica concreta y razonada al decisorio en el punto en cuestión.-	Seguidamente, y en punto al reconocimiento de la categoría pretendida por el actor, la recurrente sostiene que la jueza se basó en el testimonio de P. (ver fs. 120/121), mas lo tomó en forma parcial, cuando si lo hubiera considerado en conjunto se habría advertido una clara intención del testigo de favorecer al actor. En principio he de decir que nada impide a que se tome parcialmente la declaración del testigo si ello no importa inadvertir graves contradicciones de la declaración. Es que debe recordarse que la libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la "sana crítica", expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas (conf. art. 386 del CPCC). La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las "máximas de experiencia", es decir, el "conocimiento de la vida y de los hombres" que posee el juez; simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación (conf. SCBA, 3/6/75, LL, 1975-D-89; ídem, 15/10/68, LL, 134-1108, 20.510-S). El límite, claro está, es que si esa interpretación es irrazonable, arbitraria o absurda, la cuestión merece el amparo de los recursos extraordinarios correspondientes (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 2, págs. 341/342).-	En base a ello cabe decir con relación a la fecha en la cual el testigo P. conoció al actor, que es cierto que manifestó conocer al actor desde diciembre de 2006 (ver respuesta a generales de la ley), época en la que el actor ya no laboraba, mas justamente de la propia valoración en conjunto -como lo pide la quejosa- de las respuestas del testigo, se desprende que en la misma respuesta manifiesta que el mismo entró a trabajar en septiembre y cuando volvió de la capacitación lo conoció a S.. A ello cabe añadir que las respuestas en las cuales hace alusión al trabajo compartido entre ambos (ver respuestas segunda a décima), son demostrativos de que no se trata de un testigo de referencia, sino que presenció los hechos sobre los que declara. En cuanto al testigo A. (ver fs. 122/123), la recurrente objeta que sólo trabajó un mes junto al actor y que ese tiempo le bastara para declarar acerca de la categoría que el mismo revestía. El propio testigo manifiesta que compartió un mes de trabajo con S. (ver respuesta cuarta), y ese tiempo, en principio, no parece insuficiente para declarar acerca de las funciones que cumplía el actor.-	Continúa expresando la apelante que no se tuvieron en cuenta las declaraciones de los testigos propuestos por su parte. Dicha objeción carece de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para que se configure una crítica concreta y razonada. Al respecto es sabido que crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, se debe trasuntar un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442). La crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia, sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 941). En el mismo sentido se ha sostenido que carece de contenido la expresión de agravios que contiene afirmaciones genéricas sobre las pruebas, sin precisar el yerro o desacierto en que incurrió el sentenciador en sus fundamentos o la referencia, también genérica, a prueba insuficiente o imprecisa (conf. CN. Civ., Sala C, 4/7/85, LL, 1986-A-184; íd., Sala D, 4/7/80, LL, 1980-D-412; íd., Sala G, 29/7/85, LL, 1986-A-288; entre otros). Es claro que no resulta suficiente para atacar el razonamiento de la jueza expresar genéricamente que no se consideró lo declarado por los testigos propuestos por la parte apelante, sin hacerse cargo de las declaraciones de los restantes testigos. Y al respecto la juzgadora de grado tuvo en cuenta, además de las declaraciones de P. y A., las de B., de la R. y V. (ver fs. 280/vta.), sobre lo cual nada dice la quejosa, las que fueron valoradas en conjunto, debiéndose recordar que la Corte reiteradamente ha casado sentencias por omitir valuar en conjunto las pruebas, o bien al interpretarlas parcialmente o en forma aislada de los elementos aportados a la causa; es decir, sin integrarlos ni armonizarlos en su totalidad, al expresar que "la valoración de la prueba exige una apreciación global e integradora de los elementos de juicio incorporados al proceso" (conf. CSJN, 2/10/90, LL, 1991-B-280). A ello cabe añadir que los testigos V. y de la R. fueron propuestos por la demandada (ver fs. 124/125 y 127/128 vta.), y manifestaron que el actor era el segundo del jefe de depósito, que se hacía cargo de todo, lo administrativo, etc. (ver fs. 124 vta., respuestas quinta y sexta), y que a veces en ausencia del jefe de depósito hacía el trabajo que normalmente hacía éste (ver fs. 127 vta., respuesta a primera repregunta).-	Si tenemos en cuenta que ninguna mención se efectúa en el memorial acerca de la declaración de B. (ver fs. 139/140), quien coincide con los testigos antedichos (ver respuesta novena), resulta claro que la conclusión de la sentenciante resulta ajustada a las probanzas rendidas en autos. En consecuencia de ello es que comparto lo postulado por el colega preopinante en cuanto corresponde desestimar el agravio.-	2) En relación a la extensión de la jornada de trabajo, la apelante nuevamente se queja de que se hubiera considerado solamente lo declarado por los testigos ofrecidos por la contraria sin analizar los dichos de los propuestos por su parte. Dicha manifestación obvia que el testigo V. fue ofrecido por su parte y sobre este aspecto fue expresamente considerado por la sentenciante, en cuanto respondió que el actor laboraba entre 10 y 11 horas cuando no había camión y si lo había la jornada se extendía un poco más (ver declaración a fs. 125, respuestas a cuarta y quinta repreguntas y sentencia a fs. 281 vta., 2do. párrafo). A lo expresado cabe añadir que el juez no está obligado a considerar todas las pruebas, los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso (conf. CSJN, 23/4/91, JA, 1991-III-901; CN. Civ., Sala C, 30/7/90, LL, 1990-B-302; íd., Sala M, 10/12/89, LL, 1989-C-286; entre otros); pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (conf. SCBA, 3/6/80, DJBA, 119-518; ïd., 1/4/80, DJBA, 118-303; entre otros). Es que la selección del material probatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias de mérito y tal prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la litis (conf. SCBA, 16/5/89, DJBA, 136-4459).-	Seguidamente la apelante objeta que la jueza se volviera a hacer eco de la declaración de P., basando su objeción en los mismos argumentos expuestos al tratar el primer agravio, por lo que me remito a lo argumentado al tratar el mismo. Expone lo mismo acerca de los testigos A. y V., reiterando que no se tuvo en cuenta lo declarado por los testigos de su parte. Lo referido vuelve a incurrir en una objeción genérica y sin fundamentación, amén de obviarse que V. fue propuesto por la accionada, como se dijera "ut supra". Al respecto cabe reiterar que la crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia, sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 941) ; debe demostrarse el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D, 12/9/79, ED, 86-442); careciendo de contenido la expresión de agravios que no ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100).-	Siempre dentro de este segundo agravio la recurrente entiende que la jueza aplica mal la presunción en su contra por la omisión en la presentación del registro de horas suplementarias de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 de la ley 11544, cuando su parte agregó tal planilla. Comparto al respecto lo razonado por el Dr. Vergara, en cuanto a que dicha presunción no resultó dirimente, atento que para resolver la cuestión de la extensión de la jornada laboral la jueza ya se había basado en la prueba testimonial analizada (ver sentencia a fs. 283, antepenúltimo y anteúltimo párrafos). A ello cabe añadir que no resulta decisivo que de los registros de la accionada se desprendiera que el actor no realizó horas extras (ver pericia contable a fs. 166, pto. 4), ya que en virtud del principio de la primacía de la realidad, frente a la prueba documental adquiere relevancia la testimonial. Y debe recordarse que la primacía de la realidad es un principio típico del derecho del trabajo (conf. Rodríguez Mancini, Jorge, en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, pág.

75), por lo que resulta inatendible lo expuesto con relación a la prueba instrumental unilateral de la demandada. La primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial...La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (conf. Fernández Madrid: "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3era. Ed., act., 2007, Tº I, pár. 2.7.18, pág. 323). Es criterio de esta sala "B" en reiterados pronunciamientos, entre ellos y recientemente SDL 23/09, SDL 27/09 y 55/09).-	Por último, en lo que se refiere a este agravio, se indica que al cuantificarse las horas extras se liquidaron sumas exageradas y sobredimensionadas sin consideración de los francos compensatorios. Dicha manifestación no importa una crítica al razonamiento de la juzgadora de origen, por cuanto no se explica por qué la liquidación resulta sobredimensionada. Debe recordarse que a tal fin, la jueza consideró el informe pericial (ver fs. 166 vta. y Anexo A de fs. 167, y sentencia a fs. 283 vta.), por lo cual la apelante debió al menos, indicar los errores del informe pericial. Con relación a ello debe tenerse presente que si bien el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen pericial, se le ha señalado una valla, ya que deberá aducir razones de entidad suficiente (conf. CN. Civ., Sala F, 6/11/91, LL, 1992-D-327) para apartarse de las conclusiones, "razones muy fundadas" para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (conf. CN. Civ., Sala B, 19/7/9, ED, 85-709; íd., Sala D, 14/2/80, LL, 1980-B-143; íd., Sala E, 19(7(82, LL, 1983-A-472; entre otros).-	En síntesis, amén de lo expuesto, cabe reiterar que esta parte de la queja no contiene una crítica concreta y razonada a la conclusión de la magistrado, por lo que comparto lo postulado por el ministro prevotante en establecer la incursión en deserción parcial en este aspecto del recurso, por insuficiencia técnica en los términos del art. 265 del CPCC (conf. remisión del art. 76 de la ley 69).-	3) La apelante se agravia de que procediera la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT, señalando que si bien se discutió la fecha en que se notificó el actor del despido, la sentenciante concluyó que ello aconteció recién el 6/11/06 con el segundo telegrama enviado. Y arguye que en dicho telegrama se ratificaron los términos de la comunicación anterior, según el cual se ponía disposición de S. la liquidación final y el certificado de trabajo, de allí que entienda que no se da el supuesto contemplado en el art. 80, último párrafo incorporado por la ley 23345.-	En cuanto a la fecha de recepción del telegrama de despido, la juzgadora de origen concluyó "En suma frente a estos elementos ponderados surge evidente que el trabajador tomó conocimiento de la decisión rupturista con el telegrama remitido por la empleadora el 6/11/2006 y que luce glosado a fs. 5/8" (ver sentencia a fs. 284, 3er. párrafo). Ese punto no fue atacado por la recurrente, ya que sólo refiere que en la segunda comunicación, que fue la considerada por la sentenciante, se volvió a poner a disposición el certificado de trabajo y la liquidación final. Es así que debe recordarse que la parte del fallo no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al recurrente, quedará consentida, pues, la demanda de impugnación viene a determinar los agravios y capítulos que se someten a la Cámara (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., Tº 1, pág. 942).-	A lo expuesto debe añadirse que el certificado de fs. 28 adjuntado por el propio actor no cumple los requisitos suficientes como para tener por cumplida la obligación del art. 80 de la LCT. He de manifestar que en un antecedente de esta Sala ya me he expedido sobre la cuestión traída a decisión (ver mi voto en CANE, Sala "B",SDL Nº 73/07 del 28/12/07, in re: "A-, A- M- c/ I- S.A. s/ cobro de pesos. laboral"). En dicho precedente consideré que el art. 3 del decreto 146/01, que reglamenta el art. 45 de la ley 25345, que a su vez modifica el art. 80 de la LCT reza: "El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los aps. 2 y 3 del art. 80 de la LCT 20744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modif., dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". El actor cumplió con la intimación referida en el plazo legal, esto es luego de los 30 días de extinguido el vínculo, tal como surge del telegrama de fs. 12 del 27/04/07, esto es luego de pasados 30 días del despido notificado el 06/11/06.-	Es del caso señalar, como lo dijera en el antecedente citado, que en el art. 80 de la LCT se regula lo que a nivel doctrinario y jurisprudencial se afirma que son dos obligaciones del empleador a las que se refiere la citada norma: a) la entrega de la constancia documentada del depósito de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social y sindicales y b) la entrega de un certificado de trabajo, con las indicaciones que prevé el segundo párrafo del mismo artículo, a las que debe adicionarse la información sobre la formación profesional adquirida por el trabajador, de acuerdo con la modificación introducida por la ley 24756 (conf. Livellara, Carlos A., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº II, págs. 1024/1025).-	Con relación concreta a la entrega de la constancia documentada del depósito de aportes y contribuciones, se ha dicho que junto a la obligación principal de ingresar los fondos destinados a sindicatos y organismos de la seguridad social, el art. 80 de la LCT estatuye a cargo del empleador el deber accesorio de entregar al trabajador, si éste lo solicita, al extinguirse el contrato, constancia documentada de haber realizado tales depósitos; y durante el tiempo de la relación, se debe otorgar dicha constancia, sólo cuando medien "causas razonables" (art. 80, parte 2da. LCT) (conf. Livellara, op. cit., ídem, pág. 1028). En cuanto a la vigencia de esta obligación y la dificultad del empleador de cumplirla, la tendencia jurisprudencial mayoritaria, que sigue opiniones doctrinarias relevantes, indica que cuando se reclama la entrega de una constancia documentada, ello significa que se debe dar al trabajador "copia de los comprobantes de depósitos" (conf. SCJ Mendoza, Sala II, 16/10/03, in re: "Millán, Viviana c/ Máxima AFJP", DT, 2004-A-371).-	Y en cuanto a los requisitos que debe reunir el certificado de servicios, expresamente la juzgadora razonó que el mismo no satisface la exigencias impuestas por la norma en cuestión ya que la información volcada resulta incompleta e inveraz (ver sentencia a fs. 285, 2do. párrafo), lo cual surge evidente ante la categoría referida en el certificado de fs. 28. Por lo demás la recepción del mismo por parte del actor no sanea los defectos e insuficiencia de la documental en cuestión. Es que debe tenerse presente el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador contenido en el art. 12 de la LCT, por lo que razonó acertadamente la juzgadora al respecto.-	La recurrente nada dijo acerca de tales argumentos vertidos por la sentenciante. Y nuevamente aquí habré de reiterar que la expresión de agravios debe contener una crítica de los fundamentos de la sentencia. Es que así como es deber del juez el fundar sus decisiones, el recurrente tiene la carga de demostrar con argumentos adecuados la posible equivocación en la que aquél incurrió para evitar que quede desierto su recurso (conf. CN. Civ., Sala C,18/6/96, ED, 172-147; id., Sala G, 4/3/97, ED, 176-87). Los agravios deben referirse concretamente a los fundamentos que movieron al sentenciante a decidir en la forma en que lo hizo (conf. CN. Civ., Sala F, 24/7/79, ED, 82-263), es decir, deben rebatirse los argumentos del juez de primer grado (conf. CN. Civ., Sala B, 28/12/78, Rep.ED, 13-754, nº 57).-	En síntesis por las razones expuestas coincido con el Dr. Vergara en la deserción parcial del recurso también en lo que a este agravio se refiere (conf. arts. 365 y 266 del CPCC, conf. remisión del art. 76 de la ley 69).-	II.- Por los motivos expuestos y en base a todo lo razonado, corresponde confirmar el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas a la demandada apelante, en virtud del principio objetivo de la derrota (conf.a rt. 68 del CPCC).-	A tal efecto, teniendo en cuenta las tareas realizadas por ante la Alzada, su extensión y mérito, así como el resultado del pleito, estimo ajustado a derecho regular a los letrados patrocinante y apoderada del accionante, Dres. F. A. y M. A., en conjunto, en un 30%; y al letrado apoderado de la demandada recurrente, Dr. A. F. V. P., en un 25%; en ambos casos a calcular sobre los emolumentos establecidos a los mismos en la instancia anterior (conf. arts. 6 y 14 de la ley 2200), y con más el IVA pertinente (leyes 23349 y 23871).-	A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.-	A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:	Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios de los Dres. A. F. V. P., y F. A. y M. A., en el 25% y 30%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. que pudiera corresponder.	Así lo voto.	A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:	En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del mismo.-	Así lo voto.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoria (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A: ---------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE:	--- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios.	IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida.	REGULAR los honorarios de los Dres. A. F. V. P., y F. A. y M. A., en el 25% y 30%, respectivamente, de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. que pudiera corresponder.-	--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------	REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDL.- Conste.-	CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA