Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, P del Chubut, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil cuatro, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la Presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de las señoras Juezas de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"R.O.I, c/ P A s/ DEMANDA LABORAL (Prestaciones dinerarias e indemnizaciones)", Expte. No. 13.927/03, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 6259/99), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 317) y autos de fs. 319, 329 y 331 correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Julio Antonio Alexandre, Dr. Fernando Nahuelanca, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 287/299? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia de fs. 287/299, es apelada a fs. 300 por la demandada a tenor del memorial de fs. 307/312 vta. Contrariamente, es sustentada por la accionante conforme el discurso obrante a fs. 304/306vta. Afirma la recurrente, al comienzo de su queja, que se ha rechazado, en la instancia anterior, la excepción de pago total oportunamente sustanciada, sin fundamento alguno.

Que no se ha considerado que de los elementos que obran en la causa surge el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas y a partir de la de receptar la denuncia del accidente sufrido por la accionante.

En cuanto a la afirmación formulada precedentemente, detalla de manera pormenorizada cada acto positivo tendiente a tal fin, como asimismo señala la prueba corroborante.

Que ajusto su proceder a la normativa vigente y desarrolla su opinión en cuanto al modo de determinar el salario base que difiere del utilizado por la sentenciante. El modo de determinación de las prestaciones durante el período que tuvo a su cargo y el modo de efectuar la liquidación y pagos. Informa que lo dicho se ajusto al dictamen pericial obrante en la causa.

Que en la sentencia no se consideró tal prueba, ni se contempló la compensación por las sumas percibidas efectivamente percibidas por el reclamante.

Tampoco justifica la condena por prestaciones en especie definidas por la Comisión Médica n° 19, cuando su parte dio fiel cumplimiento a todas ellas tal como surge de la documental que señala, que comprende derivaciones, traslados, alojamiento, atención y tratamientos médicos. Todo hasta la fecha del alta y sin que se verifique reclamo alguno, en el momento oportuno por parte del beneficiario de los mismos. En atención a las circunstancias antes señaladas queda sin fundamento la condena indemnizatoria impuesta en el decisorio impugnado, máxime cuando se funda en el supuesto incumplimiento del art. 4 de la ley 24557 que generaría la responsabilidad extracontractual en los términos del art. 1074 CCiv. Y menos aún, si como pretende la actora se invoque el art. 75 LCT., sin consideración a la modificación que introdujo aquél régimen legal.

Opina que se intentó, de la manera expuesta, superar la valla del art. 39 LRT., sin advertir que el art. 75 LCT., en su actual redacción remite a idéntica solución y no al sistema de responsabilidades del derecho común.

Que no existe, conforme la acción instaurada a la luz de la normativa vigente posibilidad de otras responsabilidades que las allí establecidas y cumplidas. No existe, así, posibilidad de cobertura por responsabilidad civil. Pero además, si la hubiere no existen en autos elementos objetivos para cuantificarla.

En consecuencia, del supuesto daño moral, nada se ha acreditado. Subsidiariamente, formula su crítica respecto al modo y tipo de intereses que devengará cada rubro que integra la condena ya que, por las razones que expone, implica un enriquecimiento incausado. Denuncia por altos los honorarios fijados en el fallo y formula reserva del llamado "caso federal".

No es la primera vez que se incurre en la omisión de expresar en la parte resolutiva la decisión respecto de todos las defensas opuestas a modo de excepciones, circunstancia que de acuerdo a su resultado incidirá en la comprensión de la solución de la litis y en la determinación de la condena en costas.

No obstante, al igual en anteriores oportunidades se ha configurado una resolución implícita a la luz de los argumentos que se brindan en los considerandos a fs. 295/295, se acoge parcialmente la defensa, compensando lo debido con lo percibido, por el mismo objeto litigioso, por una cifra menor que la intentada por la recurrente.

Que si bien existe en principio una reiteración argumental, insistiendo en el pago total del crédito que se generó en el siniestro de conformidad con la normativa vigente, a favor del actor, desde su articulación como excepción y alegatos de fs. 279/280, los críticas actuales satisfacen los requerimientos del art. 265 CPr., aplicable por remisión expresa de la ley adjetiva del fuero (art. 76 y concs.). Reinstalada tal pretensión en alzada, su suerte dependerá del análisis de la determinación de los componentes del salario base y de la prueba adquirida respecto de éstos como de las prestaciones en especie impuestas por la comisión médica respectiva y de manifestarse alguna transgresión, entrar al estudio de la viabilidad de la acumulación de una indemnización de derecho común derivada del incumplimiento y que haya repercutido negativamente en la faz espiritual del reclamante.

No se ha controvertido el hecho causal ni la obligación asumida ante tales infortunios, pero sí la determinación del monto de las prestaciones como la oportunidad de su cumplimiento.

En cuanto a la primera cuestión, esto es, la determinación del ingreso base, no existen elementos de prueba que otorguen absoluta certeza.

Es que la modalidad de pago a través de un mecanismo de horas de baremo de trabajo utilizado por la empresa(demanda fs. 31 p.2; contestación a fs. 110vta.), no permite obtener precisión en cuanto a la cantidad de horas diarias prestadas durante los meses que duró la relación, ante la falta de documental la necesidad de recurrir a la prueba indirecta. Así, a la remuneración pretendida en la demanda (fs. 4), sin base documental alguna, carece de la importancia presuntiva que se le da en el fallo, no tan sólo por no haberse invocado en la forma prevista por el art. 42, norma que incide en la aplicación del art. 44 ambos del régimen procesal laboral, sino también por existir en autos prueba informativa ofrecida (fs. 114vta. p.2d), adquirida fs. 217, y no cuestionada ni al momento de su agregación ni en tiempo propio, esto es al alegar sobre la misma, pese a referir a su contenido (fs. 283 3er. párr.) por parte de la actora e ignorada por la a quo no obstante la importancia que adquirió por las señaladas circunstancias.

En el memorial se insiste sobre el informe de la AFIP, pero sin atenerse a los datos allí consignados y es que no favorecen totalmente su postura inicial.

Pero no tan sólo deberá promediarse un salario mensual, a los efectos del art. 12 LRT, de acuerdo a los datos consignados en aquella documental, sino que además ha quedado consentido en la contestación de traslado de fs. 119/128vta., el descuento que debe formularse sobre dicho promedio de los rubros no remunerativos que lo deben integrar.

En consecuencia la de la suma de tales remuneraciones se obtiene el monto de pesos mil trescientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($257,25 + $257,25 + $832 = $1.346,50), y al dividírsela por tres arroja un promedio de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho con ochenta y tres centavos($1.346,80/3=$448,83), y al descontarse los rubros no remunerativos en la misma proporción que propone sin oposición la demanda queda un promedio mensual de pesos trescientos setenta y dos con cincuenta y cuatro centavos ($448,83 - $76,29 = $372,54).

Tal monto dividido por los días 23 días corridos aceptados en el fallo da dieciséis con diecinueve(16.19) que al multiplicarlo por 30.4 (art. 12 inc. 2), arroja un valor mensual de ingreso de pesos cuatrocientos noventa y seis con diecisiete centavos ($496,17).

Consentido el período durante el cual quedó obligada la demandada como se detalla a fs. 295vta., pero adecuándolos a la suma mensual obtenida, el reclamante debió percibir por los dieciocho días del mes de julio de 1999, la suma de pesos doscientos noventa y siete con setenta centavos ($297,70); de agosto a diciembre del mismo año la suma mensual de pesos cuatrocientos noventa y seis con diecisiete centavos, lo que hace un total de pesos dos mil setecientos setenta y ocho con cincuenta y cinco centavos($2.778,55). La sentencia se ha desentendido del informe pericial y su ampliación de fs. 239/240vta. y 245, a los efectos de formular la correcta compensación entre la suma realmente debida y lo percibido, así, se obtiene por prestación dineraria por la ILT, la suma de pesos dos mil ochocientos cuarenta y seis con 4 centavos ($2.846,04), esto es mas que lo adeudado. Consecuentemente no existe deuda pendiente por dicha obligación.

Respecto a las prestaciones médicas, tratadas a partir de fs. 295 p. b), de los considerandos, se dice en la sentencia que ocurrido el accidente el 03/07/99, la Comisión Médica se expide el 22/09/99 y recién el 02/12/99, la demandada la presta de modo inoportuno e insuficiente, circunstancia que funda la condena a su total cumplimiento.

En cuanto a esta cuestión, la recurrente en al p. II-2 de su memorial resiste tales conclusiones recordando toma conocimiento del accidente en cuestión el día 7 de julio del año 1999, y se le otorgan las prestaciones mediante tratamiento inmediato en el Hospital Militar. Pese a tal cumplimiento el actor denuncia lo contrario ante la Comisión Médica nº 19 y ésta el 22/09/99 ordena regularizar tal situación. No obstante, se otorga tratamiento derivado hacia el Centro de Medicina Integral, donde será atendido por los galenos que se individualizan, y se dispone el traslado aéreo y alojamiento en un Hotel de la ciudad de Bs. As. A tal fin. El 14/12/99 es dado de alta y se lo cita para el día 15/02/99 para control por el Dr. C . Se adjuntan constancias de liquidaciones a tal fin.

Tal defensa no ha merecido tratamiento alguno en el fallo en consecuencia y supliendo tal omisión se analizaran los elementos de autos que puedan referir a las mismas, y en su caso su grado de certeza.

Ni en la primer oportunidad de fs. 117/118, ni en la segunda de fs. 119/128vta., se impugnó la documental que acompañó la demandada a fs. 79/97, cuyo original tengo ante mí.

De la misma surge que efectivamente la denuncia no se formuló el día 7 de julio y no el mismo día del accidente como afirma la reclamante a fs. 31 vta. p. 3, 4º párr.

Reconoce la actora, sin brindar mayores detalles al respecto, en su escrito de presentación, que fue atendido de inmediato en el Hospital Regional y luego traslada al Hospital Militar, dando razón y coherencia al relato de la demanda.

Además, la A demostró el traslado, hospedaje y atención en una institución médica de la ciudad de Buenos Aires (fs. 81 y 83/86) y percibir durante su estadía prestaciones dinerarias (fs. 96/97). Por último, se acompaña la constancia del alta médica laboral que obra a fs. 80 y rubricada por el accionante del día 14/12/99, hecho omitido en la demanda, lo mismo que la prestación del control posterior del que da cuenta la documental de fs. 82, todo conforme el relato de la recurrente en su escrito inicial, reiterado en los alegatos e ignorado en la sentencia. Lo dicho se encuentra avalado por el dictamen pericial de fs. 239/240vta. en su p. 7.

En consecuencia no existe ninguna prestación adeudada ni a cumplir en el futuro cuando el mismo accionante a suscripto su alta sin formular reserva alguna.

Las presuntas prestaciones en tiempo impropio han sido alegadas extemporáneamente y sin que se haya observado el cumplimiento del camino señalado por el decreto 717/96. Todo sin perjuicio de los efectos positivos que se lograron a partir de la intimación de fs. 6 que obviamente no alcanzaban a las prestaciones ya percibidas a esa fecha a través del Hospital Militar local.

Las circunstancias particulares de la causa y conforme lo propuesta evita el mero tratamiento teórico de las bondades o vicios del régimen en cuestión ya que no existen elementos que permitan establecer daño espiritual indemnizable por las molestias alegadas, máxime dentro un sistema que recepta de manera excepcional la responsabilidad civil(ver Julián A. de Diego, "Manual de Riesgos de Trabajo", Ed. Abeledo Perrot 2001, pág. 269, p. IV).

En consecuencia con los argumentos expuestos propongo acoger los agravios de la demandada revocando en todas sus partes el fallo impugnado por efecto del acogimiento de la defensa de pago, sin que exista saldo pendiente o secuelas a cubrir con posterioridad al alta médica.

Por imperio de lo ordenado en el art. 279 CPr., las costas se imponen a la accionante vencida (art. 68 CPr.), difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en las distintas etapas del proceso y siguiendo las pautas de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

1) Hacer lugar a la apelación articulada por la demandada, en consecuencia se revoca en todas sus partes el decisorio de fs. 287/299, desestimándose la demanda conforme los considerandos pertinentes.

2) Costas en ambas instancias a la accionante difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo.

A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs.287/299. Hace lugar a la demanda y condena a la parte demandada P Art., a pagar a la parte actora R.O.I la suma de $ 25.302,68, con complementos de los considerandos, condenando asimismo a cumplir con las prestaciones en especie que dictaminó la Comisión Médica hasta la cura completa de la parte actora. Impone las costas del juicio a la demandada y regula los honorarios.

Apela la parte demandada a fs.300; el recurso se concede a fs.303.

La actora bajo representación letrada sostiene los fundamentos del fallo a fs.304/306vta.

La parte demandada expresa agravios a fs.307/312vta., cuyos núcleos fundamentales se conforman en la introducción del primer voto, y que se examinan. La demandada cita el art.116 de la Ley 18.345 como normativa que sigue para la crítica concreta y razonada, olvidando que es en el ámbito de la jurisdicción Pl en que se expide, cuyas exigencias dependen de la Ley 69 y el derecho procesal civil subsidiario en lo que no prevé, con lo que al respecto rigen los arts.265 y 266 del CPCCCh.

Se agravia de inmediato por lo que sostiene como falta de fundamentación de la sentencia, por no hacer lugar a la excepción de pago y afirmando que su parte, P A , ha cumplido acabadamente sus obligaciones.

El predicamento exige de inmediato esclarecer sobre la sinrazón de tal afirmación, atendiendo a las circunstancias procesales que se observan desde el inicio de la demanda, los actos intimatorios precedentes y el tiempo transcurrido hasta la constitución de la trama litigiosa.

Es que la demanda se acompaña con una intimación, la de fs.6 (confirmada su recepción con el informe del Correo Argentino, fs.168/169), no negada por la demandada ni demostrado su rechazo oportuno, en la que con fecha 29/9/99, la actora le reitera el accidente de trabajo del 3/7/99, que lo ha denunciado a la Comisión Médica Nº 019, por incumplimiento de las obligaciones dinerarias posteriores a las de cargo del empleador (10 días), conforme con lo normado en el art.13 inc.1 de la Ley 24.557 y oponiendo además el incumplimiento de tratamiento de rehabilitación y prestaciones médicas posteriores al accidente, traslado al centro asistencial para efectivizar las prestaciones médicas.

En primer término, P ART. no negó los contenidos de la intimación, quedando reconocidos los incumplimientos denunciados del accidente de trabajo ocurrido en 3/7/99 (art.919 C.C.), sobre el que contaba la Aseguradora con denuncia recepcionada el 7/9/99 (fs.79, form.denuncia acompañado por la A ).

Huelga señalar que el art.13 Ley 24.557 invocado señala que además de asumir a la primera manifestación invalidante las prestaciones en especie, mientras dure la incapacidad laboral temporaria, el plazo de pago de la prestación dineraria debía efectuarse de conformidad con la Ley 20.744 (t.o.1976), para el pago de las remuneraciones de los trabajadores, es decir, al vencimiento del mes calendario que corría, (art.126 inc.a. LCT.).

En segundo término, la demanda interpuesta en 23/11/99 (fs.41vta.), tuvo los avatares de la declaración de incompetencia con fecha 28/12/99, la elevación en recurso a la Cámara que resolvió por su revocatoria en mayo de 2000 (fs.69/70), con lo que al advenimiento de la contestación de la demanda en 24/11/2000 (fs.117/118), la demandada opuso el supuesto cumplimiento acabado de sus obligaciones, en tanto había transcurrido un año desde la interposición de la demanda, demostrativa del reconocimiento de mora en que se encontraba la demandada P A. En el transcurso del tiempo señalado hasta la traba de la litis tiempo, la accionada cumplimentó parte de las obligaciones de la Ley 24.557.

No hay razón en consecuencia para afirmar que cumplió acabadamente con sus obligaciones y oponer la excepción de pago total. La manifestación es entonces voluntarista cuanto afirma que denunciado el siniestro del 3 de julio de 1999, cuando al mes de setiembre reconocía el incumplimiento total de las obligaciones intimadas; resulta asimismo contraria a las constancias de los pagos invocados por incapacidad laboral temporaria, los de fs.89/91, que si se refieren a 8 días del mes de setiembre/91 (el accidente fue en julio), mes de octubre/99 y mes de noviembre/99, los pagos rezan que fueron recibidos por la parte actora bajo su firma, el 15 de diciembre de 1999.

Si la agraviada reconoce que la ILT se debía en forma de pago mensual desde la primera manifestación invalidante, con la salvedad ya señalada de los 10 primeros días, resulta de absoluta improcedencia que sostenga el cumplimiento de pago total con solo tres recibos abonados en la fecha del 15 de diciembre de 1999.

El fallo ha relevado precisamente a fs.292, 2do.párr., que los pagos de fs.89/91 son los únicos firmados como prueba de su efectivización, sin que la agraviada formule a su respecto agravio preciso demostrativo de error (art.265 CPCCCh.).

El memorial se desentiende del derrotero de la sentencia y elabora una nueva construcción defensiva, pero que no alcanzan sus propios objetivos, una "demanda de impugnación" contra el fallo, como lo dice cuando se introduce en los agravios.

Así sostiene a fs.307vta., dos últimos párrafos, que se acreditan otros pagos, transferencias bancarias por la suma de $ 1.183,08 (fs.87/88) y transferencias por $ 326,94 (fs.93), cuando son instrumentos fotocopiados o copias carentes de autenticidad, sin que tampoco prueben que se efectivizaron en pagos al actor R.O.I.

Afirma además la parte actora (fs.308, ler.párr.), haber reintegrado a la actora la suma de $ 516 (obra a fs.94/95, instrumentos por dichos montos, sin cita de foliatura por la oponente), advirtiendo en los instrumentos las mismas carencias de autenticidad o de prueba que acredite su pago al actor.

En cuanto afirma que con las cartas documentos de fecha 15/12/99 y 27/7/00 (no cita los folios de ubicación, se cotejan con fs.96/98), hizo saber al trabajador que se encontraban a su disposición la prestación dineraria por incapacidad laboral temporaria, la agraviada no prueba la recepción de las mismas por el destinatario.

Conexos con los pagos sostenidos, afirma la demandada la existencia de un alta médica de fecha 14/12/99, que termina de calificar como de "alta definitiva" (fs.308), que fundaría en la constancia de fs.80.

El documento formulario, fotocopia sin autenticar, se encontraría firmado por el Dr F.A.K , Especialista en Traumatología y Ortopedia y por el propio trabajador, define la fecha indicada como de "alta médica laboral" y "fecha de reinicio laboral" en el mismo día 14/12/99 y marcados con X los casilleros A: Actividad habitual y D: Sugerencia de recalificación".

La presentante no activó ninguna prueba determinante de la validez del instrumento por concordancia con su original y para su reconocimiento por los firmantes, ni oposición de los hechos que contiene. A fs.191 se la tuvo por desistida de la prueba confesional de la actora y de reconocimiento de firmas.

Pero a mayor abundamiento la sentencia, frente al pretendido significado de alta médica definitiva, le señaló que la misma debía provenir de la Comisión Médica respectiva, con constancia de la resolución de Alta Médica Definitiva o bien con Alta Médica sin incapacidad. El punto no se encuentra controvertido en esta Alzada por la agraviada.

Que el alta médica definitiva se hubiera resuelto con tal significado en la fecha señalada por la Aseguradora, queda desvirtuada por la explicación que suministra a fs.109vta.: ...No obstante ello, se lo cita nuevamente para el 15 de febrero de 2000, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a fin de ser evaluado por el Dr.C ".

La derivación es congruente con lo previsto en el art.20 L.24.557, ap.l, cuando se refiere a las prestaciones por asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia y rehabilitación. A su respecto prescribe el ap.3, que tales prestaciones se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes. No cesaron en consecuencia en la fecha sostenida por la parte P A , las obligaciones derivadas de la Ley 24.557.

Es que como también lo reconoce la apelante a fs.308, el 28/8/99 se solicita la intervención de la Comisión Médica Nº 19 de Comodoro Rivadava, la que determina que su parte debe continuar las prestaciones en especie para con el actor. Es por ello la conclusión correcta del fallo que la resolución de Alta Médica no la otorga en tal caso la A. en forma unilateral y depende de la intervención de la Comisión Médica.

Ya sobre otro punto, se agravia la apelante que el fallo en forma dogmática establece que el actor percibía la suma de $ 830 aproximadamente, en tanto la concepción quedaría desvirtuada por el informe de la AFIP. Al examen de la causa para individualizar el informe de la AFIP., ya que la parte no señala su ubicación, la incompleta información que contiene no respalda la afirmación de la parte demandada (fs.217).

Es que la prueba relevante no puede sino resultar de la directa de la empleadora respecto a los ingresos mensuales (art.13, ler.párr. Ley 24.557). La AFIP informa de tres retribuciones disímiles, de montos muy variables, en modo alguna determinantes de los ingresos de los períodos a considerar. El fallo, con razón, observa que no existe en autos -por caso- ningún recibo de haberes del operario.

Las A . son controladoras y reguladoras del sistema y receptoras de los fondos aportados por las afiliadas, con lo que mínimamente debía aportar sus propias constancias determinantes de la cuantía de las remuneraciones del art.12 y art.31 L.24.557, por el derecho de acceder a la información necesaria de las empresas. En todo caso la ley les asigna a las A . la facultad de repetir ante la afiliada cuando corresponda (art.47 Ley cit.).

En cuanto la apelante peticiona que de mantenerse el criterio se compensen las sumas debidamente acreditadas, no solo las de fs.89/91, no conforma las exigencias del agravio (art.265 CPCCCh.), desde que por definición son las sumas de dichas fojas las que conforman las exigencias de la prueba y no otras, cuestiones dirimidas en la sentencia y reexminadas precedentemente, sin que haya mérito para su revocación.

A fs.308vta., últ.párrafo, opone la demandada la prestación en especie cumplida en favor del actor, viaje, alojamiento a Buenos Aires e intervención en el Centro de Medicina Integral, todo a cargo de su parte. La prueba pertinente se rinde con la informativa de fs. 195/203. De sus constancias surge que R.O.I se internó en el establecimiento indicado en 2/12/ y egresó el misma día (fs.192vta.), por rigidez del hombro derecho postraumática, siendo el médico que internó el Dr.K (fs.196 y fs.198/198vta.).

A fs.201, el protocolo quirúrgico indica "movilización bajo anestesis gral. del hombro der. El cual recupera la rotación Ed. y abducción". A fs.203 informa el Gerente del Centro Médico Integral dicha intervención quirúrgica realizada al demandante en 2/12/1999, explicando que desconoce el tratamiento realizado al Sr. R.O.I fuera de la referida intervención, "pues solo facilitamos el quirófano y la recuperación posterior del paciente en consultorio externo ambulatorio. Los gastos derivados de esta intervención fueron abonados por P A.".

Queda esclarecido en consecuencia que la prestación en especie referida se produjo el 2 de diciembre de 1999, con lo que la agraviada no puede sostener que al 28/8/99, cuando la actora concurriera a la Junta Médica, denunciara falsamente el incumplimiento de los traslados a los fines del cumplimiento del tratamiento médico indicado en siniestro que provenía del 3/7/99, o el tratamiento oportuno del accidente.

Por otra parte, sin perjuicio de la prestación otorgada, se estableció precedentemente el débito de las prestaciones integrales no cesaban hasta la resolución de Alta Médica, según los recaudos señalados por el fallo, punto no controvertido en el memorial con los alcances del art.265 CPCCCH.).

Finalmente, la impugnación de la agraviada en razón del resarcimiento por daños moral en la suma de $ 20.000, tiene por base que carece de sustento fáctico y jurídico, que no hay incumplimiento en los términos del art.4 Ley 24.557 y art.1074 CC., rechazando que por vía del art.75 Ley 20.744, se desvinculen las reparaciones fuera del ámbito de la Ley 24.557 y de las prestaciones de la misma, que nunca la responsabilidad de la A puede ser superior a la que hubiera tenido afrontar. la empleadora, quien contrata determinada cobertura asegurativa. Sostiene las previsiones normativas de la ley, entre las que cita el art.39 y 26 de la Ley de Riesgos del Trabajo.- La sentencia, bajo el título "c) Indemnización por daños y perjuicios - daño moral" (fs.296), señala que de la lectura de la demanda emerge en forma global el fundamento del reclamo, por incumplimiento de las prestaciones a su debido tiempo, los deberes de vigilancia que la Ley 24.557 por a cargo de la ART, justificando la competencia del Juzgado Laboral por tratarse de la acción del dependiente contra el asegurador de su principal; que el incumplimiento contractual de la demandada es causa eficiente de la lesión espiritual padecida por el actor. Cita el art.1109 CC. y el art.1074 CC., principio que establece el deber de no dañar.

Es claro de lo que se ha dejado expuesto que por una parte, la parte demandada P A . no ha cumplido con la inmediatez y oportunidad de las prestaciones de la Ley 24.457, prestaciones dinerarias y de atención médica y rehabilitación y resultó necesario el presente juicio para demandarlas.

Es entonces que se advierte el fundamento de la demanda, sobre la base que el art.75 LCT. y el ap.2 del art.49 LRT., que solo establecen las responsabilidades del empleador y nada dice de la ART., sosteniendo que se aplican las obligaciones resultantes del art.4, ap.lro. y Dec.170/96, que e imponen a los empleadores y a las ART., adoptar medidas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y que deberán asumir compromisos concretos para cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19.587).

Agrega que la normativa permite atribuirles un específico deber legal de garantía y con ello su responsabilidad civil, frente al acaecimiento de un hecho dañoso por la inobservancia de disposiciones, en configuración al delito civil negativo o de omisión previsto en el art.1074 del Código Civil.

Las posturas de las partes se corresponden con lo ocurrido a nivel doctrinario y jurisprudencial, si todas las indemnizaciones previstas en la LRT. imponen la aparente limitación del art.75 LCT. introducida con la Ley 24.577 2do.párr.art.75 ("Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas) o, con los principios de la reparación integral, el ocurrimiento de otros daños ajenos a dicho 2do.párrafo (este solo contiene accidentes típicos y enfermedades enlistadas), pueden ser demandados, como los que resultan del incumplimiento de las contingencias del art.4 de la Ley 24.557.

Esta segunda postura en sentido positivo, ha receptado la jurisprudencia, entendiendo e que la incorporación del art.75 LCT. por la Ley 24.577 y formando parte de su sistema legal, libera a partir de la norma una acción de indemnización autónoma comprendiendo supuestos no previstos en dicho 2do.párrafo y además, en tanto manda al empleador al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incorpora como novedad la obligatoriedad del seguro y en su artículo 4 L.24.577, establece obligaciones para las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Estas incluirán en los contratos con el empleador la observancia de las norma de higiene y seguridad en el trabajo y la A. controlará la ejecución del Plan de Mejoramiento sobre tales puntos.

A su vez, el dec.reglam.170/96, del art.4º punto 3 de la L.24.557, establece que las Aseguradoras deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores, realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente, vigilar la marcha del plan de mejoramiento en los lugares de trabajo, brindar capacitación a los trabajadores, informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo, etc.

Recopilando, se producen daños derivados del incumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo del art.75 LCT., no todos comprendidos en el 2do.párr. de esta norma, desde que queda el campo de la prevención de los misma ley de higiene y seguridad del art.4 Ley 24.557, que comprende a la A., como sujeto activo de una actividad fiscalizadora.

La gran consecuencia de ubicar a las A. en codeudoras del deber de prevención es la posibilidad de obtener una reparación integral del daño y ello por estricta aplicación del art.75. Esta norma determina consecuencias indemnizatorias utilizando la técnica del reenvío y señala en el apartado 1 del art.39: "l.

Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a los trabajadores y a los derechos habientes de éstos, con la sola excepción del art.1072 del Código Civil...".

La disposición, el cierre de la vía civil determina expresamente el sujeto protegido, "el empleador", pero no comprende a las A "Así, el dependiente puede reclamar de la A la reparación del daño según los parámetros del Derecho común, es decir, al margen del supuesto de limitación cuantitativa de la responsabilidad que consagra la ley de riesgos, en tanto el texto que la instala determina de modo irrefutable al empleador como sujeto favorecido".

Los puntos precedentes, conforme la Revista de Derecho Laboral - Ley de Riesgos del Trabajo - II, Directores Vázquez Vialard-Rubio, Ed.Rubinzal Culzoni, año 2002, pág.248 y ss. y conclusiones de págs.260/262.

Con las mismas también establecemos, que el soporte del deber de prevención permanece en el art.75 LCT., pero se completa con la Ley 24.577, que para el efectivo cumplimiento de la obligación , exige la participación activa de la A., con lo que puede concluirse que como controladora y fiscalizadora, las incluye en la concreta ejecución del cumplimiento del objeto debido (el efectivo cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad).

Se explica que se trata de obligaciones concurrentes en pos de derecho tuitivo hacia la víctima, al modo como lo señala el Dr.M, la garantía prevista en el ordenamiento de seguros de la Ley 17.418, art.118. El asegurador hace de deudor del responsable directo., los deudores resultan mancomunados en virtud de diversas fuentes jurídicas.

Se cita al Dr.Alterini sobre el concepto de las obligaciones concurrentes: 1) Identidad de acreedor. 2) Identidad del objeto debido, al que están referidas las obligaciones que concurren. 3) Diversidad de deudores. 4) Diversidad de causas del deber, que son distintas e independientes entre sí. 5) Generación de deudas distintas, a diferencia de las solidarias en las cuales la deuda es única.

La demandada sostiene al contestar la demanda que no señala la accionante que norma ha incumplido, cuando es claro que el nexo vinculante queda citado a fs.33, el art.75 LCT. ya citado y las normas de prevención y control previstas en el Dec.170/96, sosteniéndose precisamente un deber legal de garantía, frente al acaecimiento del hecho dañoso, a cuyo respecto ya se señaló la exclusión del empleador.

Es claro que tratándose de obligaciones de hacer, la prueba del cumplimiento correspondía a la demandada, propio de la naturaleza de los hechos positivos previstos en la normativa.

No obstante, la parte P A. comprende los alcances de la acción y sostiene con el art.4 Ley 24.557 y Dec.170/996, que no se encontraba obligada a celebrar planes de mejoramiento, en virtud de lo previsto en el art.8 de este Decreto, que I.S SRL. es una empresa vinculada con la construcción y la Res.32/97 de la SRT. excluye a tales empresas de celebrar planes de mejoramiento.

La actora denunció el accidente de trabajo por caída desde altura con la escalera, en la vía pública, cumpliendo tareas de cableado telefónico para la empresa I.S SRL., contratista de S S.A y de T.A S.A., sin que surja que la actividad de la empleadora corresponde a la industria de la construcción.

Tampoco la demandada que interpusiera la cuestión al contestar la demanda, ha proveído la prueba respectiva que autorice la conclusión que sostiene, por lo que no cabe acoger tal defensa.

Pero a mayor abundamiento, la obligación de garantía prevista en la ley y su correspondencia en el Dec.170/96, no se ciñe exclusivamente al posible Plan de Mejoramiento, como resulta de todos los supuestos ya señalados correspondiente al art.11 del Dec.170/96.

Por lo demás y en cuanto se argumenta que es la empleadora la obligada directa y principal, solo cabe la remisión a lo expuesto precedentemente. Con todo, pudo citar a la parte que creía obligada, para dirimir los extremos que pretende.

La controversia no obliga a la accionante señalar el tipo de incumplimiento del empleador, sino como lo hizo, oponer a quien demanda el incumplimiento de las normas de garantía previstas en el art. 4 Ley 24.557 y el Decreto 170/96 citado, las que le impone la ley.

La ART. demandada debió probar el cumplimiento de los deberes de seguridad y vigilancia, como desplegó su deber de previsión, por lo que quedando silenciadas tales cuestiones, debe responder a título de arts. 75 LCT., art.4 de la Ley 24.557 y Dec.Reglam.170/96 y normas concords., arts. 512, 902, 1067, 1074, 1078 y concords.CC.

Por todo lo expuesto, se confirma la procedencia del daño moral condenado en la primera instancia. Para este supuesto, la agraviada opone que es un daño estrictamente espiritual y no patrimonial, del que debe extremarse su cuantificación, para no incurrir en arbitrariedad y enriquecimiento incausado. Cita jurisprudencia y lo considera excesivo y arbitrario.

Llama la atención las circunstancias del presente juicio que pone en jaque la finalidad de la Ley Nº 24.557, que tuvo en mira principalmente, que la persona víctima de un accidente tuviera una asistencia inmediata y constante hasta su recuperación; asimismo, la protección que se debía desde la primera manifestación invalidante, de las sumas de pago mensual a partir de los plazos ya señalados en autos.

Es evidente que ajeno a tales obligaciones, debió la A. ser puesta en mora, cuando ya transcurría notorio atraso en el cumplimiento de las previsiones señaladas.

No procede por ello sostener el caso arbitrario ni sentar cortapisas a la accionante, porque es propio en tales circunstancias sentir una enorme frustración espiritual, viendo paralelamente desestimado el ideal de la ley.

Precisamente, es el dolor moral, por su carácter autónomo, el que no vale en función de ingresos o cotizaciones como señala en forma comparativa con la jurisprudencia que se cita; la actora vio notablemente desvirtuado su derecho a la salud como derivación del derecho a la vida.

Es justo establecer un monto que ha de resultar significativo por lo señalado, aunque considerando la existencia de las obligaciones pendientes, considero debe establecerse en la suma de $ 10.000 por el daño moral, reparación integradora ajustada por las frustraciones señaladas.

En cuanto a la forma de condena de los intereses y en función de las cuestiones tratadas, va de suyo el rechazo del argumento que "jamás se estuvo en mora", con lo que no existe fundamento para modificarla.

Como se dejó analizado, la mora se produjo al vencimiento del mes calendario -abril/99 - ello es a partir del 1/8/99, de conformidad con el plazo de pago para las remuneraciones de los trabajadores previsto en los arts.137 y 128 LCT.

Por la tasa de interés condenada, el fallo establece, en función de la jurisprudencia de esta Cámara que cita, que la suma adeudada devengará un interés equivalente a la tasa activa del Banco S., desde que fue debida hasta su efectivo pago, sin que se capitalicen intereses. El agravio opone la calificación de confiscatoria de la tasa y que con la Ley Nº 23.928 no resultan aplicables los intereses, rechazando asimismo la aplicación de la tasa del Banco de la Nación.

La concepción del agraviado que se está en contradicción con la Ley 23.928 -Ley de Convertibilidad- y transcribe el art.7, no resulta demostrada, porque la norma citada no incluye a los intereses como prohibición al reajuste de deudas.

A contrario, ha de advertirse con el art.11 Ley 23.928, que la modificación parcial del art.623 CC., prevé singularmente la liquidación de la deuda con intereses, demostrativo que el rubro en sustancia no comporta el caso de actualización o repotenciación que prohibe la ley.

Por lo expuesto, no prospera el agravio precedente, sin perjuicio que la objeción contra la tasa de interés condenada alcanza "iura cura novit" a la tasa fijada en el fallo, aunque no a su oposición a la del Banco Nación, toda vez que la SRT. por Res.287/2001, art.6, sustituyó el art.1 de la Res.SRT. 414/99, estableciendo que el pago fuera de término de las compensaciones dinerarias por incapacidad permanente parcial, incapacidad laboral permanente total o por fallecimiento, devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, desde que la suma fue debida hasta el momento de su efectivo pago, a la tasa vigente al momento del cálculo.

En conclusión, debe rechazarse parcialmente el memorial de agravios de la parte demandada de fs.307/312vta., confirmando del mismo modo la sentencia de fs.287/299, por la revocación del monto por daño moral y la variante de la tasa de interés señalada y a partir de la mora (art.137 y 128 LCT.). La demandada apela los honorarios regulados por altos. De conformidad con las normas citadas de la ley arancelaria aplicada por el fallo y la modificación parcial resultante, si bien las costas se mantienen por la naturaleza indemnizatoria del juicio y su resultado, los honorarios deben reajustar de conformidad con el art.279 CPCCCh. Teniendo en cuenta el mérito de los trabajos profesionales, su resultado y lo previsto en los arts.6, 7, 9, 47 y concords., propongo los honorarios.

Las costas de la Alzada al no prosperar la apelación interpuesta en lo sustancial y en razón de la naturaleza del juicio ya señalada, se imponen a la parte demandada (art.59 Ley 69 y art.68 CPCCCh.), sin perjuicio de la consideración arancelaria en cuanto resulta la modificación parcial del fallo. Se aplican las leyes de aranceles Nº 2200/4335, arts.6, 9, 14 y concords., teniendo presente el mérito de los trabajos profesionales de cada una de las partes y su resultado.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada fundado a fs. 307/312 vta. y revocar la sentencia de fs. 287/299, en la forma que se expone a continuación.

2) Revocar parcialmente el punto 1 de la parte resolutiva del fallo de fs. 287/299 en la condena por monto dinerario, que se establece en la suma de quince mil trescientos dos con 68 ctvs. ($15.302,68), que la parte demandada P A S.A., debe pagar a la parte actora en plazo de 10 días, con más los intereses a la tasa activa para las operaciones de descuentos de documentos del Banco de la Nación Argentina, a partir del 1/8/98 y conforme con los arts.137 y 128 LCT.

3) Revocar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia aludida y en cuanto a los honorarios, propugnando para los Dres.S.M., J.J.E y M.E.F, una retribución de $5.000 y a los Dres. E.V e I H. D.P, en la suma de $3.500.

4) Costas de la Alzada a la parte demandada, proponiendo los honorarios de la Dra. M.E.F.V.R, en la suma de $1.500 y los del Dr. E.B, en la suma de $1.050.

5) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte demandada en el memorial de fs. 307/312vta.

A la primera cuestión la Dra. Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan a la Alzada, las presentes actuaciones, en apelación (fs 300) de la sentencia de fs 287/299 que hace lugar a la demanda y condena a P A a abonar en el plazo de diez días de firme la presente, la suma de veinticinco mil trescientos dos pesos, con sesenta y ocho ctvos, suma que se incrementa de acuerdo al considerando respectivo, impone las costas a los vencidos y regula los honorarios.

A fs 304/306 vta el actor sostiene la sentencia.

A fs 307/312 vta se agrega la expresión de agravios, donde solicita se revoque la sentencia por entender que sin fundamentación alguna se ha procedido al rechazo de la excepción de pago, y que P A., ha cumplido acabadamente con los mismos.

Enumera a continuación los pagos que efectúa. El otro agravio es respecto a la suma que la Sra. Juez determina que ha percibía el actor en forma arbitraria, sin valorar el informe de la AFIP y de la perito.

Insiste que ha cumplido con las prestaciones y se refiere al modo en que considera se ha acreditado.

La admisión de la indemnización y monto del agravio moral es motivo de agravio; así también como los intereses que se manda a pagar, el momento a partir de los cuales se debe, la regulación de honorarios por considerarlos altos.

Hace reserva del caso federal.

He tratado de sintetizar los agravios, ya que en los votos precedentes se ha hecho un acabado relato de los mismos, sin perjuicio que durante el tratamiento de los mismos, me referiré puntualmente a los fundamentos en que se basan los agravios.- Observo que el actor, envió el 29 de septiembre de 1999, TCL, al demandado, reclamando, ante el incumplimiento de las obligaciones legales de: pago de prestación dineraria posterior a los diez días a cargo del empleador de acuerdo al art. 13 inc 1 de la ley 24557, tratamiento por rehabilitación y prestaciones médicas posteriores al accidente del 3 de julio de 1999, traslado hacia el centro asistencial, todo en el término de 48 hs bajo apercibimiento.

Asimismo se acompaña, en copia fiel, dictamen de la comisión médica por incapacidad laboral, Nº 19, con fecha 22-9-99, donde se informa respecto de las prestaciones en especie que no "le están dando prestaciones o son incompletas.y que se debe continuar con todas las prestaciones necesarias por la patología secundaria.

El demandado guarda silencio ante el TCL, que fue recibido el 1-10-99 (fs 169) no desconociendo el mismo en la contestación de la demanda, aunque alegando que P ART. ha cumplido acabadamente con el otorgamiento de las prestaciones.

Y así relata que fue atendido en el Centro de Medicina Integral (Clínica L), y que se envió a tal fin un telefonograma al Sr R.O.I, con fecha 22-11-99, telefonograma que acompaña, de donde no surge el año de presentación, y no existen constancias de que el mismo fuese recibido. Agrega que con fecha 14-12-99 es dado de alta, acompañando a fs 80 fotocopia, con firma del trabajador.

Con posterioridad es citado el actor, el 15 de diciembre de 2000, por telegrama cuya copia es agregada a fs 82/83.

Se adjunta también liquidaciones de los gastos efectuados en concepto de viáticos y prestaciones médicas(fs 84,85,86, todo en fotocopia).

Respecto de la prestación dineraria sostiene que procedió inmediatamente a otorgarlas hasta el 14 de diciembre de 1999, fecha de alta médica.

Acompaña documentación 87/97.

La demandada en la audiencia de fs 117/118 nada dice respecto de la documentación acompañada por la actora, contesta demanda y acompaña documentación sobre la que la actora guarda silencio (fs 117/118 y 119/128).

La ley exige que se reconozca o se niegue la autenticidad de los documentos acompañados a la demanda . Pues la agregación a ese escrito de la prueba documental (art.333 CPCCCH) significa para el demandado una interrogación sobre la autenticidad y verdad del contenido de ellas, y el silencio de éste puede considerarse como una manifestación conforme al interrogatorio. "No desconocidos en forma expresa los documentos, "se tendrán por reconocidos o recibidos en su caso", Fassi Maurino. Código processal y Civil de la Nación. T3, pág.353.

De la prueba producida se desprende que se tuvo por desistida a la demandada de la absolución de posiciones de la actora y reconocimiento de firmas.

A fs 203 el Centro Médico Integral, acompaña HC con motivo de la intervención quirúrgica realizada el 2-12-99 e informa que desconocen tratamiento realizado al Sr R.O.I, fuera de la intervención, que sólo facilitó el quirófano y la recuperación posterior fue en consultorios externos y ambulatorio, así como que los gastos de la internación fueron abonados por P ART.

A fs 210 se tiene por desistida a la demandada de la prueba informativa del Banco S. Y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Al no producirse la prueba ofrecida, al Banco S. , las transferencias que P ART. pretende acreditar con la documentación acompañada no serán receptadas.

La perito contadora a fs 239,y 245 respecto al punto en estudio informó, que los libros no tienen ninguna irregularidad aparente, determina los pagos efectuados que surgen de los registros, por ILT y por prestaciones médicas.

De una atenta lectura de los agravios, con relación a lo debido en concepto de prestaciones por incapacidad, concluyo que el recurso debe ser desestimado, atento que los mismos no comprometen los fundamentos y conclusiones del juez de la instancia anterior, ya que entiendo que se ha arribado a una correcta solución, valorándose adecuadamente las pruebas producidas y aplicando de igual modo el derecho, con basamente doctrinario y jurisprudencial.- Del memorial observo, luego de lo reseñado anteriormente, que en gran parte se limita a reproducir argumentos ya dados y no ha rebatir los consignados por la Sra. Juez, así se observa que no aporta elementos para modificar el aserto de la a-quo respecto a que la única prueba; como es el de haber efectivizado pagos; son las de fs 89/91, que llevan insertas la firma del demandado y sobre el que tenía obligación de expedirse como lo ordena el art.919 del CC, el que remite a la ley de contrato de trabajo, para el pago; como tampoco efectúa una crítica concreta sobre lo señalado por la a-quo respecto el alta Médica que agrega (fs 80), más allá que le cabe a tal documentación los mismos motivos para no merituarla, atento a tratarse de fotocopias, que desarrollaré posteriormente.

No acercó a la causa elementos para convalidar la documentación presentada, pues no puede pretender que la documentación agregada en fotocopia adquiera relevancia jurídica.

Ya que los mismos no tienen por el hecho de ser presentados en fotocopia el carácter de documento privado y por tal motivo no puede ser objeto de reconocimiento por la parte, de allí que el silencio guardado al corrérsele traslado de la documental resulta inoficioso.

"Y he de sostener que ningún valor puede darse a una documental presentada no sólo en fotocopia simple, sino que porta una firma que no se ha acreditada que fuera de la actora, y sólo cabe juzgar la atendibilidad o poder convictivo de un documento cuando previamente se haya establecido su carácter de auténtico, lo que no acontece ,"La fotocopia de un documento no es un instrumento privado y, por ello, no puede ser objeto de reconocimiento alguno" DT 2000-A-1062; "Las fotocopias sin respaldo en la realidad carecen de valor probatorio, sino fuesen reconocidas", DT 1998-B-2421; "Carecen de fuerza convictiva las fotocopias no autenticadas y desconocidas" Suprema Corte de la P de Buenos Aires, LL1989-E- 248, sin perjuicio de lo que dispone el art.919 del CC y lo sostenido por la doctrina "Si en la contestación de la demanda no se menciona un documento que el actor acompaña y sobre el que realiza una afirmación, al no negarse esta última, corresponde aplicar el apercibimiento de tener por cierto lo afirmado y tal como lo señala la Sra. Juez Fs 291, estos principios son de aplicación para ambas partes.

Y si bien como lo señalara, la perito da cuenta que en los libros se encuentra asentada los pagos que dice el demandado haber realizado, no existen constancias de que el actor hubiese recibido los mismos, cotejo que el quejoso, ayudó a que no se concretara de acuerdo a lo que consta a fs 210. "De manera que la pretensión de que se tenga por acreditado un pago con respaldo sólo en las registraciones llevadas unilateralmente por la demandada, carece de asidero.CNTrab, sala II, julio 12-990.-.

Pero más allá de que no ha logrado acreditar los pagos, no es menos relevante los tiempos transcurridos, desde la intimación de fs 6, la contestación de demanda y la fecha de los actos y pagos que pretende acreditar, todos con posterioridad a la intimación e interposición de la demanda, lo que rebela el incumplimiento del art. 13, inc.1 de la ley 24557, que la demandada admite es de aplicación. "El pago de la prestación dineraria en el plazo y en la forma establecida en la ley 20744 (T.O.1976) para el pago de las remuneraciones a los trabajadores.

Con relación al monto de la remuneración que determina la sentencia entiende el apelante que ello no resiste el menor análisis, consignando que el pago fue realizado conforme el ingreso mensual del actor, que surge de la declaración de la AFIP y de lo informado por el perito contador.

Más allá de no refutar los argumentos de la sentenciante, no se hace cargo del informe de la AFIP,(fs 217)en cuanto a lo disímil de las sumas sobre las da cuenta, como tampoco que la perito (fs 240) no pudo evacuar el presente punto (determinar el ingreso mensual del Sr R.O.I y los topes indemnizatorios) (pregunta 5); al no contar con los elementos necesarios.

Tenía la demandada a su disposición elementos para determinar el monto de las remuneraciones, no obstante nada aportó, quejándose ahora porque "no había prueba alguna sobre el particular", de allí que entienda que la suma a la que arriba la sentencia en cuanto al salario base, debe confirmarse.

En punto al resarcimiento por daño moral, el actor en su demanda se refiere a las indemnización del derecho civil, entendiendo que la LRT les impone a las A.R.T. las medidas previstas en el art.. 4, inc.A, a lo que se debe unir el art. 19 decreto 170/96 y específicamente sobre el daño moral lo reclama con fundamento en el hecho mismo del accidente los menoscabos subsistentes luego del tratamiento y sentimiento de abandono, provocado por la desaparición de la empresa en nuestra ciudad y la falta de respuesta de la ART.

Por su parte el demandado, entiende que del art. 4 apartado 1, el primer responsable es el empleador. Asimismo sostiene que la accionante en ningún momento menciona qué medida de seguridad e higiene no se cumplía por parte de la empleadora que hubiese generado un deber de fiscalización y denuncia y más allá de negar las imputaciones de la actora se pregunta qué relación tendría tales incumplimientos con el accidente sufrido por la actora? La sentenciante, tiene presente que el fundamento de este reclamo es justamente el incumplimiento de la demandada con sus obligaciones de prestación dineraria y en especie- , y en ello funda la indemnización del daño moral que otorga, "la aseguradora ha causado un daño en el marco de sus deberes como asegurador del empleador., por lo que otorga el mismo con basamento en los arts 1069 y 1074 del CC.

El demandado en la expresión de agravios resalta que la sentencia omite todo tipo de consideración a lo planteado por las partes.

Agrega que la mención al art. 75 de la ley 20744 por parte de la actora lo sorprende pues ha sido modificada por el art. 49, el que no ha sido cuestionado de inconstitucionalidad.

No se podría exigir a la aseguradora una responsabilidad mayor que al empleador.

Y he de coincidir con la a-quo que lo reclamado es el daño moral, ante el incumplimiento por parte de la ART., incumplimiento que se confirma.

Pero, es cierto también que debió fundar el motivo por el que pese a lo que surge de los arts. 4 y 49 de la ley 24557, y las controversias interpretativas, ha admitida la indemnización del daño moral.

El legislador a decir de Julián Arturo de Diego, en Manual de Riesgos de Trabajo, pág 271 no le da cabida a una alternativa fuera de la LRT, salvo cuando el empleador incurre en un delito civil y lo hace al establecer que la LRT exime al empleador de toda responsabilidad civil y de inmediato agrega la excepción del art. 1072 del CC.

Y como bien lo sostiene el actor el sujeto protegido a través el apartado 1º del art. 39 , es el empleador, pero nada dice respecto a la ART., de allí que entienda que no puede extenderse tal disposición a la demandada.

El mismo autor señala, pág 273, que sólo se admite la alternativa del CC para el empleador que ha incurrido en dolo en la comisión del daño.

Máxime que en autos no se requiere indemnización por daño moral, como consecuencia de la falta del deber de previsión y custodia preventiva por parte de la ART., sino como consecuencia del incumplimiento del pago en tiempo y forma de las prestaciones dinerarias y en especie.

Y tal "omisión", cuando ocasiona un perjuicio a otro, torna responsable a quien ha incumplido cuando una disposición de la ley le impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido, art. 1074 del CC y entre la obligaciones que la ley le impone a las ART., es el pago en tiempo y forma de las obligaciones que se desprenden del contrato con el empleador.(art. 13 Ley 24557, 1.última parte) De allí que si nada dice la ley respecto de las ART.; "Cuando la ley no aclara, los jueces declaran" DT-2000-B-pág 1906) y si bien doctrina y jurisprudencia, han admitido la reparación en los casos en que se hubiese determinado incumplimiento con el contralor a fin de cumplir con la obligación primaria de reducir la siniestralidad y prevenir el riesgo, lo que en autos no esta en discusión, de allí que no tomaré decisión al respecto; es que admitiré el daño moral requerido y con fundamento como lo hiciera la Sra. juez en los arts 1109 y 1072 del CC.

Pues como lo señala el Dr H, la ley de Riesgo de trabajo tiene como punto de mira, de acuerdo a las discusiones parlamentarias y el Mensaje de elevación de la ley, reducir los costos administrativos y judiciales, AGILIZAR EL COBRO DE LA INDEMNIZACIONES, .. "C.H c/ Ente A.A.R.S. Accidente de Trabajo" SCBA-6-6-01.- La Dra Kemelmajer de Carlucci "La ley sobre Riesgo de Trabajo 24557 y los principios generales del derecho de daños desde la óptica del derecho constitucional" Revista de derecho Privado y comunitario, Ed. Rubinzal Culzoni, Nº 15, p.265 y sgtes), enseña que el derecho a ser reparado tiene base constitucional, y enumera los fundamentos:

a)La reparación de los perjuicios implica una prolongación de la seguridad jurídica, valor ínsito en el ordenamiento fundamental del Estado. b) El derecho a la reparación es la lógica consecuencia de la violación de un derecho; si éste está consagrado en la Constitución, también lo está el derecho a su reparación.

c) Se trata en definitiva de un desprendimiento conceptual del derecho de propiedad y del valor justicia. d) Antes de la reforma constitucional, el deber de no dañar se derivaba del art. 19, ahora se desprende de la consagración de los derechos humanos, desde que la regla alterum non laedere constituye el fundamento básico de los mismos.

En tal sentido, el art. 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ordena la reparación de los daños que pudiesen producirse a cualquiera de los derechos contenidos en el pacto a través de una indemnización ejecutable en sede interna, y su art. 5 dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. e) La protección constitucional del derecho de daños forma parte del fondo común legislativo. f) Esta garantía constitucional a la reparación de los daños ha sido reconocida por la Corte Suprema.

En el caso "S.C c/ F.A", ("El Derecho", 120-649) admitió expresamente que el mencionado principio de no dañar a otro descansa en el art. 19 de la Constitución nacional (cit. p. 270 y sigtes.).

A ello cabe agregar que el art. 75 inc. 23 de la Constitución nacional impone preservar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos".- Asimismo entiendo que no se requiere prueba para demostrar el daño moral, "la sola acción antijurídica es su fundamento", a lo que agrego que "las prestaciones de la seguridad social, de ningún modo pueden considerarse para disminuir cálculos indemnizatorios, pues el objeto de aquella lo impide.

Ello así, pues este sistema está pensado para amparar al individuo, no como plataforma económica de despegue para disminuir la reparación de daños originados en la responsabilidad de. o de las A.R.T." "Falta de certeza jurídica en la ley de riesgos de trabajo. Tres fallos demostrativos. María Cristina Etala, DT 2000 - "B".

Respecto al monto por el que prospera la indemnización en este rubro, he de coincidir con la suma fijada por el Dr Nahuelanca, toda vez que a las circunstancias de sufrir un accidente, debió sumar, el actor, el estado emocional, la incertidumbre y zozobra que toda situación invalidante trae aparejada, y se agrava al no contar con los medios y asistencia necesaria.

"El agravio moral tiene por objeto indemnizar.aquellos bienes que tienen valor precipuo, en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad de espíritu,...", TTrab. Nº 5, San Isidro, 2000-04-26 "B..A A. c/ C S.A.".

Se agravia también, el demandado por la forma en que se calculan los intereses, y entiende que en el caso que pudiera corresponder el pago de algún tipo de interés, el mismo de ninguna manera podrá devengarse desde que cada suma es debida ya que dichas sumas fueron debidamente liquidadas conforme a derecho y cualquier interés se devengará desde la fecha de la sentencia.

Agrega que nunca estuvo en mora, y se transformaría la decisión en un enriquecimiento sin causa.

Dirige los agravios, a la tasa de interés fijada, (tasa activa del Banco S.) por encontrarse en contradicción con la ley 23928, art. 7mo.

Agrega que la tasa activa aplicada por el Banco Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales, jamás puede aplicarse para compensar al acreedor por no disponer de un capital debido.

Y he de partir reiterando que de acuerdo a lo dispuesto respecto del incumplimiento por parte del demandado en el pago de lo debido, a lo que me remito, sustenta el rechazo del agravio sobre el modo en que se mandó a calcular los intereses.

Asimismo si bien la Sra. juez establece la tasa de interés con fundamento en jurisprudencia reiterada de esta cámara, y de acuerdo a que el STJ ha sostenido en la causa "S .. Que la imposición de la tasa de interés quedaba ubicado en el espacio de la razonable discrecionalidad de los jueces de la causa es que confirmaré la tasa activa, pero modificando la misma en cuanto al banco, determinando que la los intereses correrán desde la fecha que los impusiera la Sra. Juez a la tasa activa del Banco Nación de la República Argentina , atento lo que dispone la SRT por resolución 287/2001 (BO 23-10-01.Nº 29758) y por compartir los argumentos del Dr Nahuelanca.- En punto a los honorarios, deviene abstracta expedirse, ya que corresponde su adecuación (art. 279 CPCCH). A fin de regularlos, lo que difiero para el momento del acuerdo, valoraré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6, 7, 9, 19, 14 de la ley de aranceles.

Las costas las impongo al vencido, art. 68 del CPCCh, pues más allá de la decisión a la que se arriba, debió el actor a fin de lograr lo que por derecho le correspondía, transitar las instancias judiciales.

A la segunda cuestión la Dra. Reynoso de Roberts dijo:

1) Admitir parcialmente los agravios del apelante.

2) Revocar el punto 1) de la sentencia con relación al montos indemnizatorios de acuerdo a los considerandos respectivos, modificando la tasa de interés la imponiéndose la activa del Banco Nación de la República Argentina, desde el momento en que la fijara la Sra. Juez.

3) Costas al vencido, difiriendo la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

La sentencia de fs. 287/299, que hizo lugar a la demandada y condenó a P ART a pagar al actor la suma de pesos veinticinco mil trescientos dos con sesenta y ocho centavos, con más los intereses calculados a la tasa activa del Banco S. y a cumplir las prestaciones en especie que dictaminó la Comisión Médica hasta la cura completa del paciente, fue apelada por la demandada a fs. 300, presentando la actora memorial de sostén a fs. 304/306.

Con carácter previo he de señalar que al expedirme sobre las cuestiones traídas a estudio, no resultará necesario la descripción de lo que constituye el encuadre funcional de los agravios. Tales temas ya han sido afrontados por mis colegas preopinantes y la manda del artículo 169 de la Constitución Pl no exige la repetición de la fundamentación de los recursos en cada uno de los votos.

En este marco, sí cabe precisar que el núcleo central de la cuestión sometida a revisión por la demandada, conforme surge de la expresión de agravios presentada a fs. 307/312 y vta. es el cumplimiento de la totalidad de las prestaciones emergentes de la ley 24.557 a su cargo.

En relación a las prestaciones dinerarias, manifiesta que han sido debidamente abonadas conforme surge de la prueba rendida en autos que analiza. Así, concluye que carece de sustento fáctico jurídico el rechazo de la excepción de pago total articulada.

En cuanto a las prestaciones en especie, aduce que se ha acreditado el traslado a Buenos Aires y el tratamiento de rehabilitación hasta el alta tal como surge de las constancias documentales que oportunamente agregó a la causa.

En este contexto fáctico jurídico, alega -por último- que deviene manifiestamente improcedente la indemnización de daños y perjuicios acordada, invocando la reforma al artículo 75 LCT y sostiene que la eventual responsabilidad de las ART no puede ir más allá de las prestaciones establecidas por la propia ley.

El siguiente agravio nos remite a la procedencia y modo del cálculo de los intereses. Se alega que jamás se estuvo en mora y que, a todo evento, corresponde la aplicación de la pasiva tasa activa del Banco S. Por último, se apelan los honorarios por altos. Los agravios reseñados en apretada síntesis nos remiten, en primer término, al análisis del cumplimiento de las prestaciones a cargo de la ART tanto dinerarias como en especie.

Sobre este tópico coinciden los votantes en segundo y tercer término; ambos sostienen que la parte demandada P ART no ha cumplido con las prestaciones a su cargo basando su aseveración en el prolijo análisis de los hechos probados de la causa.

Previo a señalar los motivos por los cuales comparto esa conclusión estimo oportuno efectuar una breve consideración acerca del encuadre de la cuestión. En este orden de ideas, cabe precisar que la ley de riesgos de trabajo prevé y crea -art. 26- las aseguradoras como sujetos responsables de la asunción de riesgos de trabajo cuando se hayan celebrados los correspondientes contratos de afiliación.

Frente a contingencias tales como los accidentes laborales y las enfermedades profesionales generadoras de incapacidad total y permanente -arts. 6 a 10- se previeron prestaciones en dinero y atenciones médicas integrales y, entre las primeras, se privilegiaron las prestaciones periódicas sobre las de pago único -art. 11 a 20-, vinculándolas con el sistema previsional.

Se estableció la obligatoriedad de aportes periódicos del empleador a las aseguradoras para el financiamiento del sistema. Se encomendó a estas la gestión de las prestaciones bajo la supervisión de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Se estableció que la determinación y revisión de las incapacidades estarían a cargo de las comisiones médicas creadas para el sistema de jubilaciones y pensiones mediante un procedimiento gratuito para el damnificado y que sus conclusiones sería revisables judicialmente -arts. 21 y 22-. Dentro de los derechos y obligaciones de las aseguradoras -art. 31- se determina la de denuncia a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de los incumplimientos de los afiliados de las previsiones de higiene y seguridad del trabajo; la de acceso a la información necesaria para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo; la de promoción de la prevención informando a la Superintendecia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos; la de mantenimiento de un registro de siniestralidad; la de información a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de alícuotas, no pudiendo fijar cuotas en violación a las normas de la ley de riesgos de trabajo y realizar exámenes sicofísicos previos a la celebración de un contrato de afiliación.

De este marco jurídico, resulta -por un lado- que las aseguradoras de riesgos de trabajo son el sujeto central del nuevo sistema legal y las responsables directas del cumplimiento de las prestaciones en especie y en dinero. Ello por la generalización del financiamiento que estando a cargo de los empleadores se canaliza a través de éstas.

También que el régimen de prestación única a cargo del empleador al que se accedía generalmente mediante acciones judiciales alternativas fue sustituido por el sistema de la ley 24.551 una de cuyas notas características es la multiplicidad y automaticidad de las prestaciones sin litigio judicial.

Este último aspecto que constituye el eje central de la ley 24.557 ha sido puesto en crisis en el caso que nos ocupa. Es claro -así se ha remarcado en el segundo y tercer voto- que la aseguradora de riesgos de trabajo ha incumplido las prestaciones a su cargo; desvirtuando la automaticidad de las prestaciones que caracteriza al sistema creado y originando un reclamo judicial.

Repárese que, en orden al cumplimiento de las prestaciones en especie, ha quedado debidamente acreditado la falta de cumplimiento adecuado. Ello resulta del dictamen de la Comisión Médica -fs. 7/10- emitido el día 28 de agosto de 1999. No empece a esta conclusión lo argüido por la demandada al expresar los agravios con sustento en la atención médica otorgada en Buenos Aires, el día 2 de diciembre de 1999 conforme prueba rendida a fs. 195/203. Más allá de remarcar que la derivación fue efectuada después de la celebración de Junta Médica a la que he hecho referencia; también luego de la intimación cursada por la actora según constancia de fs. 6 -no desconocida por la demandada- e incluso después de promovida la acción -23 de noviembre de 1999, según cargo de fs.41 vta.-; ello es así porque la aseguradora tiene a su cargo la prestación integral hasta la cura completa del paciente. Este extremo no ha sido acreditado en autos, no obstante la expresa invocación de la demandada, repárese que sólo agregó una fotocopia simple de un formulario de constancia de alta médica -fs 80- y durante la etapa procesal idónea no generó ninguna actividad probatoria tendiente a acreditar su autenticidad.

En relación a la extensión de la cobertura -cura completa del paciente- que ha sido así precisada por la juez de grado -considerando II.- b)-, es un punto no controvertido en el memorial a cuyo respecto es aplicable la prevención del artículo 265 del CPCCCH, aplicable por expresa remisión del 76 de la ley 69.

Luego, en orden a las prestaciones dinerarias tampoco alcanza la crítica a conmover la decisión del fallo de primera instancia. Es que, tal como señalan los colegas preopinantes en el segundo y tercer voto, sólo ha quedado acreditado el pago con fecha 15 de diciembre de 1999 -es decir con posterioridad al inicio de la demanda- de sumas que se imputan al período de ocho días del 23 al 30 de setiembre de 1999 -fs- 89-; del 1º al 31 de octubre de 1999 -fs. 90-; 1º al 30 de noviembre de 1999 -fs. 91- y el accidente acaeció el 3 de julio de 1999; por lo demás en cantidades inferiores a las debidas, tal como se verá.

El apelante pretende tener por acreditados los pagos totales en base a las constancias de transferencias bancarias agregadas a fs. 87/88 y 93. La pretensión no puede prosperar porque se trata de copias o fotocopias carentes de autenticidad y a cuyo respecto no existía carga de la contraparte de pronunciamiento sobre su autenticidad. He de decir, nuevamente, que en la etapa procesal oportuna no se produjo prueba alguna tendiente a corroborar el efectivo pago de esas sumas.

La pericial contable -invocada por la demandada- no alcanza a acreditar el efectivo traslado patrimonial que caracteriza al pago como modo de extinción de las obligaciones. Incluso, las sumas y las fechas que se indican constan en los registros de la empresa no coinciden con las que resultan de las constancias de pago de fs. 89/91. En cuanto a las cartas documentos a las que se refiere el apelante, he de señalar la falta de acreditación de su recepción.

En este contexto, no se advierte que la valoración de la prueba efectuada por la juez de grado se aparte de las reglas de la sana crítica autorizando su revisión.

Por último, el agravio sobre el monto percibido por el actor como salario no puede prosperar porque el informe de la AFIP es insuficiente para tener por acreditada la afirmación de la demandada en tal sentido. Por lo demás, no puede soslayarse, a todo evento la omisión de gestión probatoria de quien se encontraba en óptimas condiciones para acreditar ese extremo. Es que, las aseguradoras de riesgos como he dicho tienen acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

Rechazada la pretensión revisora relativa al cumplimiento de las prestaciones en especie y dinerarias, corresponde el examen de la procedencia del daño moral y su monto. Adelanto que la pretensión revisora no ha de prosperar.

La demandada no ha cumplido con las expresas obligaciones a su cargo, en un todo de acuerdo a las previsiones de la ley 24.557.

Su proceder ha desnaturalizado y puesto en crisis todo el sistema previsto en el citado cuerpo legal que como reiteradamente ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo por fin disminuir la litigiosidad mediante la organización de un mecanismo, tendiente a que, dado un infortunio laboral, se brinde al dependiente o sus familiares en forma automática ?por medio de las aseguradoras o empleadores autoasegurados- las respectivas prestaciones en dinero o en especie (C.S., 3/5/2001 Lexis nº 60001579).

Este incumplimiento genera la obligación de responder y habilita válidamente la procedencia del daño moral porque la vigencia de la ley 24.557 no significa que las aseguradoras estén fuera del orden jurídico y del orden natural de las circunstancias propias de la causa ya remarcadas -alteración del sistema de riesgos de trabajo- se deriva como consecuencia lógica una enorme frustración espiritual que da sustento al reclamo por el rubro.

Si ha de prosperar la revisión en relación al monto fijado en concepto de daño moral ya que considero que la cuantificación efectuada, en el segundo y tercer voto, en la suma de pesos diez mil es la adecuada a la entidad de la lesión conforme los hechos probados de la causa a los que vengo haciendo referencia.

En lo relativo a la condena de los intereses, he de adelantar su procedencia en orden a la mora efectivamente comprobada de acuerdo a lo manifestado. Si, propicio la modificación de la tasa en el modo señalado por los colegas preopinantes en segundo y tercer término.

La vigencia de la resolución nº 287/2001 aventa toda duda en relación al tema que nos ocupa al establecer en su artículo 6 la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento. En virtud de lo expuesto debe ser rechazado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 300, revocando la sentencia de fs. 287/299 únicamente en el monto correspondiente por daño moral y en la entidad de referencia de la tasa de interés.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión, la apelación de los honorarios ha devenido abstracta desde que corresponde su reajuste de acuerdo a la previsión del artículo 279 del CPCCCH.

Las costas de la Alzada se imponen al demandado vencido en lo sustancial (arg. art. 59 de la ley 69 y art. 68 del CPCCCH).

Los honorarios profesionales se regularán teniendo presente las pautas que establecen los artículos 6 y 9 del decreto- ley 2200 modificado por ley 4335. En cuanto a los de esta instancia se aplicaran las mismas pautas y la escala prevista por el artículo 14 del mismo ordenamiento.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet Por concordar con los fundamentos y la solución del caso dada por la Dra. Reynoso de Roberts, propicio la fórmula decisoria por ella expresada en su voto.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

La sentencia definitiva nro.115/2003 del Juzgado Letrado en lo laboral de la Jurisdicción (fs.287/299) viene a conocimiento de esta Alzada por apelación deducida por la parte demandada (fs.303).- Atento tratarse mi voto del quinto en orden me siento eximida de efectuar la reseña de los agravios, en virtud que los Sres. Camaristas preopinantes los sintetizaron y en la convicción que la manda constitucional no esta destinada a repeticiones disvaliosas.? La ley 4550 modifica el art.271 del CPCCCh (art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios , y por mayoría , "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión; que resultando quien aquí vota precisamente sorteado en quinto orden, haciendo uso de la facultad de no emitir opinión ; sobre aquellos temas que existe mayoría de votos coincidentes en su resolución, se limitará el pronunciamiento a la cuestión de hecho y de derecho resuelta adversamente para el apelante por el juez de grado que hizo lugar a la demanda, relativa a la indemnización por daño moral, sobre lo cual hubo aparente discordia entre los prevotantes segundo, tercero y cuarto.- Digo aparente por cuando los Sres. Camaristas sentencian otorgando la reparación por daño moral al actor, señalando que el Dr. Nahuelanca en sus fundamentos hace una referencia vinculante entre el art.75 de la LCT y lo dispuesto por el art.39 y concs.de la ley 24557 que omiten en sus pronunciamientos los otros jueces intervinientes, sostienen que la indemnización obedece a los incumplimientos producidos por la demandada (Dras. Reynoso y Alonso).- Razones estas que me permiten hacer la una reflexión sobre la sentencia, en tal sentido transcribo la doctrina que claramente expone sobre el particular al referirse a los ataques que pueden efectuarse en un fallo, delimitando tres posturas," la primera, es aquella que afirma en forma amplia que, la sentencia es una unidad y por ello pueden atacarse tanto los fundamentos como la parte dispositiva.- La segunda, la autoridad de la sentencia reside en la parte dispositiva que crea una norma individual y solo ella puede ser atacada, pues el juez representa al Estado cuando decide y no cuando razona. Tercera la tesis intermedia, es generalmente la doctrina de nuestro país y del Río de la Plata.

La mejor explicación dada por Couture, quien expresa que si bien los fundamentos o considerandos no hacen cosa juzgada, excepcionalmente adquieren esa autoridad cuando lo dispositivo se remite a ellos en forma expresa o cuando constituyen un antecedente lógico absolutamente inseparable de lo dispositivo (Fundamentos, pág.431)" (cita Enrique Falcón: "Cod.Proc..", T.II, pág.377 Ed.Abelledo Perrot-88).- Frente a estas posturas, en particular la primera de las tesis expuestas, interpreto que la sentencia es un todo, y no existiría concordancia entre el segundo votante, si, entre la tercera y cuarta magistradas, quienes sostuvieron que la reparación del daño moral es motivada por el incumplimiento el legal forma y tiempo de la aseguradora.

Esta última circunstancia es corroborada, el reclamo por daño moral fue dirigido a la ART por su incumplimiento en legal tiempo y forma de las prestaciones debidas, que emergían del contrato celebrado con el empleador del cual el actor era beneficiario (art.13 de la ley 24557) por lo que considero procedente y he de coincidir con lo dicho en la instancia de grado (fs.297/8) corresponde el resarcimiento en el marco de lo dispuesto en los arts.1109 y 1072 del Código Civil, adhiriendo a la doctrina y jurisprudencia citada por la Dra. Reynoso que hago propio y fundamentalmente al objetivo primordial de la ley de agilizar los trámites para el cobro de las indemnizaciones, que lejos estuvo en el presente caso de cumplirse.

En el estado actual del derecho argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva.- Ello es así, evidentemente por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce.- Pero además debido a que falta todo un criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial (Bueres, A. "Código Civil ..." Tomo 3 A, pág.182, Ed.Hammurabi-99).- Encuentro que el monto resultante determinado por el Dr. Nahuelanca, seguido por las Dras. Reynoso y Alonso, es prudente y por ello corresponde fijar como indemnización por este rubro la suma de $15.000.- no me expido sobre la tasa de interés y momento de su aplicación por existir coincidencia.- Doy por transcripta la fórmula postulatoria de los votantes en segundo, tercero y cuarto orden.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias señaladas, la siguiente SENTENCIA:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada, fundado a fs. 307/312 vta., y revocar la sentencia de fs. 287/299, en la forma que se expone a continuación.

2) Revocar parcialmente el punto 1 de la parte resolutiva del fallo de fs. 287/299 en la condena por monto dinerario, que se establece en la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS con 68 CTVS. ($15.302,68), que la parte demandada P A. S.A., debe pagar a la parte actora en plazo de 10 días, con más los intereses a la tasa activa para las operaciones de descuentos de documentos del Banco de la Nación Argentina, a partir del 1/8/98 y conforme con los arts. 137 y 128 LCT.

3) Revocar parcialmente el punto 2) de la parte resolutiva de la sentencia aludida y en cuanto a los honorarios, los que se regulan para los Dres. S.M.M J.J.E y M.E.F.V.R, conjuntamente, en la suma de XXXXXXXXX ( ) y para los Dres. E.B e H.D.EP, conjuntamente en la suma de XXXXXXXXXXXXPESOS ($ ).

4) Costas de la Alzada a la parte demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. M.E.V.Rp, en la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXX ($) y los del Dr. E.B en la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXX ($) .

5) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por la parte demandada en el memorial de fs. 307/312 vta.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FERNANDO NAHUELANCA - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL No. 044 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS