Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a instancia. Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2.009.

El Doctor Vilela dijo:

I. La sentencia de fs. 350/356 ha sido recurrida por la demandada a fs. 261/264 y por el actor a fs. 367/372. También apela el perito calígrafo a fs. 366 por encontrar reducidos los honorarios que se le regularan.

II. El accionante se agravia, en primer lugar, porque se consideró probada la conducta injuriante imputada al mismo en el desempeño de sus funciones como cajero y le atribuyó gravedad tal para justificar la máxima sanción disciplinaria.

Al respecto, cabe señalar que el sentenciante de grado valoró lo que surge del acta notarial de fs. 42 y siguientes, que da cuenta de la auditoría interna sobre cuya base la empleadora efectuó las imputaciones que fundaron el despido y lo que surge de la pericia contable de fs. 259/265, donde la experta constató las diferencias con los datos de la CRV y los datos enviados por el actor a la central de la empresa mediante el relevamiento del libro diario, así como los faltantes entre lo volcado en los registros y las sumas de dinero en efectivo y en notas de créditos por aquél remitidas. También se corroboró la coincidencia entre el detalle de los CRV adjuntos en autos (reconocidos por el actor expresamente a fs. 188 y en forma ficta a fs. 250) y los referidos en la auditoría de que da cuenta la escritura pública y los compulsados y que fueran exhibidos por la Administración Central. A ello se suma lo expresado por el testigo Deleu (fs. 300), quien estuvo presente en la auditoría y que recordó que se encontraron recibos corregidos, notas de crédito sin firmar y una cobranza ingresada varios meses después de recibida.

En la queja se critica el fallo porque el mismo encuentra basamento fundamentalmente en la auditoría practicada por la demandada, respecto de la cual el actor no ha tenido ninguna participación, aludiendo a la ausencia de asesoramiento letrado o sindical y posibilidad de efectuar descargo en relación a las imputaciones hacia su desempeño. En tal sentido, observo que no se ha atacado concretamente el contenido del acta notarial aludida ni los dichos del testigo Deleu que da cuenta de la existencia de irregularidades tales cono recibos corregidos, notas de crédito sin firmar y una cobranza ingresada varios meses después recibida, circunstancias estas que fueron materia de valoración en origen.

También se alude en el memorial recursivo a la pericia contable, que sólo reflejaría registraciones unilaterales confeccionadas exclusivamente por Shell Gas S.A., carentes de valor probatorio e inoponibles al trabajador. Sin embargo, ello no basta para descalificar el fallo pues esta prueba ha sido merituada teniendo en cuenta lo que surge del acta notarial y del reconocimiento del actor de las constancias de remisión de valores (fs. 188 y 250), lo que permite corroborar las diferencias antes aludidas.

Expresa el recurrente que de ningún elemento probatorio ha surgido que el actor debía respetar un determinado plazo de tres días para el ingreso de las cobranzas desde la fecha de la constancia de remisión de valores, dado que el sentenciante se basa en dichos de testigos que no efectuaban las tareas del actor y que no trabajaban junto a Chiariello. Asimismo, se alude a la falta de acreditación de que el actor haya sido notificado del procedimiento interno establecido por la accionada. Este planteo tampoco lo encuentro atendible pues el testigo Deleu, ofrecido por la parte actora, ha declarado haber realizado las mismas tareas que el actor pero "en la venta a granel" y se refirió al procedimiento que debía seguir el trabajador en su función de cajero, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto en el fallo de primera instancia y que no aparece controvertida concretamente en los agravios.

Por otra parte, el testigo González del Giudice (fs. 272/274) expresó que se le dio al actor un plazo de dos o tres días para buscar documentación que avale los hallazgos encontrados y que éste no aportó ninguna, lo que confirma Prado (fs. 277/280), por lo que el trabajador tuvo oportunidad de formular descargo sobre el particular.

De tal manera, concuerdo con el a quo en que se encuentra acreditada la conducta imputada por la demandada para despedir a su dependiente. Además, atendiendo a la índole de las tareas desempeñadas por el accionante, al cajero se le exige una extrema escrupulosidad en el manejo de los fondos de su empleador ya que se trata de uno de los pocos casos en los que el factor confianza es relevante para el contrato de trabajo (CNAT, Sala VI, in re "Zorzi, Héctor c/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito LTDA s/despido", S.D. 34.629 del 13/12/90) y tal como se destaca en el fallo apelado, la irregularidad constatada, adquiere suficiente magnitud en el marco de fidelidad y confianza mutuas que debe esperarse en la relación laboral, que alcanza para desplazar el principio de conservación del contrato consagrado en el art. 10 de la L.C.T..

Todo ello me lleva a propiciar la confirmatoria del decisorio en cuanto rechaza las indemnizaciones por despido reclamadas.

III. También se agravia el actor porque no se hizo lugar a la multa establecida en el art. 1º de la ley 25.323 porque, si bien el peticionario trabajó durante dos meses para la demandada a través de la agencia ADECCO, la existencia de aportes de ley hechos por dicha agencia de colocación no ha evidenciado el supuesto de relación deficientemente registrada y, por ende, evasora del fisco.

En atención a que el tema guarda analogía con el que motivara la convocatoria a plenario dispuesta por Resolución de Cámara Nº 13 del 19 de mayo de 2009, en los autos "Vázquez María Laura c/Telefónica de Argentina S.A. y otro s/diferencias de salarios" (Expte. Nº 1.338/2007 - Sala II- ), corresponde diferir el tratamiento de este agravio hasta que se fije la respectiva doctrina.

IV. La demandada, por su parte, se queja en primer lugar porque se admitió el reclamo de horas extras.

El a quo, luego de examinar la prueba testimonial, concluyó que existe coincidencia sustancial en que el horario era cuanto menos de 7 a 16 horas de lunes a viernes y los sábados de 7 a 11 hs, pero que por lo general se quedaban más por el cierre diario, aproximadamente una hora, por lo que tuvo por acreditado que sobre la jornada legal de 48 horas Chiariello cumplía regularmente 7 horas extras semanales.

En tal sentido, cabe señalar que la demandada negó el horario denunciado en el escrito inicial de lunes a viernes de 7 a 17 horas y sábados de 7 a 13 horas, señalando al efecto que la jornada se extendía de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 11 horas (fs. 123vta.). En tal inteligencia, no cabe admitir lo expresado por los testigos ofrecidos por la accionada que indican que el actor trabajaba desde las 8 horas. Por lo demás, pese a las impugnaciones que formulara el recurrente en relación a los testigos ofrecidos por su contraparte, se aprecia que no ha criticado en modo alguno lo expresado por Deleu (fs. 300), que expresó que el actor trabajaba de 7 a 12 y de 13 a 16 de lunes viernes y los sábados de 7 a 12 aproximadamente, que el horario de atención era hasta las 16 horas en días de semana y luego había que hacer el cierre diario de las ventas y cobranzas, lo que duraba entre media hora y una hora. De tal manera, valorando este testimonio con los demás elementos de convicción aportados a la causa, resulta razonable la estimación del señor juez de primera instancia, que establece siete horas extras por semana, por lo que también entiendo que cabe mantener esta parte del fallo.

V. El segundo agravio de la accionada se refiere a la sanción del art. 45 de la ley 25.345 que fuera objeto de condena al considerarse que la empleadora no probó su aserto de que el actor había retirado el certificado del art. 80 L.C.T. y dado que el instrumento que obra a fs. 69 expedido el 20 de octubre de 2005 constituye una pieza original.

El apelante reitera su defensa acerca de que, producida la ruptura del vínculo laboral, procedió a entregarle al actor el certificado de servicios y certificado de trabajo, los que fueron debidamente recepcionados por el trabajador. Sin embargo, no ha acompañado la demandada prueba alguna que acredite la entrega o recepción de dichos instrumentos, resultando insuficiente al efecto lo señalado en la queja respecto de la falta de mención de este rubro en el acta de cierre del procedimiento ante el SECLO.

Por lo demás, tampoco ha demostrado la demandada que haya confeccionado otro certificado con anterioridad al original que fuera acompañado al momento de contestar la demanda. En tales condiciones, no surge el cumplimiento en debida forma de la obligación que surge del art. 80 de la L.C.T., por lo que resulta procedente la condena a la sanción antes aludida.

VI. La condena proporcional en costas se ajusta al criterio establecido por los arts. 68 y 71 del C.P.C.C.N., que lleva a tener en cuenta por cuanto progresa la demanda, pero apreciando, además, circunstancias tales como los fundamentos que tienen los planteos ofensivos y defensivos y la razón o sinrazón que tienen para litigar y cómo se desenvolvió el pleito.

En virtud de ello, no encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia sobre el punto.

VII. Finalmente, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la L.O. y normas arancelarias de aplicación, considero que los honorarios regulados a la perito calígrafa resultan ajustados a derecho por lo que deberán ser mantenidos.

VIII. Por todo lo expuesto, propicio que se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y fuera materia de recurso y agravios, difiriendo el tratamiento del agravio referido a la multa del artículo 1º de la ley 25.323 de acuerdo a lo expresado en el considerando III. Con costas en la alzada en el orden causado, atento el resultado de los recursos (art. 68 y conc. C.P.C.C.N.), regulando los honorarios de los profesionales de cada parte en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fuera materia de recurso y agravios, difiriendo el tratamiento del agravio referido a la multa del artículo 1º de la ley 25.323 de acuerdo a lo expresado en el considerando III. Con costas en la alzada en el orden causado, atento el resultado de los recursos (art. 68 y conc. C.P.C.C.N.), regulando los honorarios de los profesionales de cada parte en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.Graciela A. González. Julio Vilela á á á Prosecretaria de Cámara En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Dra. Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria de Cámara