marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Godoy, Amelia Teodora c/ Piano, Victorio s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

De conformidad con lo establecido por el artículo 1113, 2a.

parte, del Código Civil, el autor del daño debe destruir la presunción de culpa que sobre él pesa, pero no en base a meras inferencias, sino demostrado fehacientemente la culpa de la propia víctima o de un tercero por quien no está obligado a responder.
Cláusula penal, carácter resarcitorio, principio de inmutabilidad, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: AIMASSO, MARIO c/ BARMAK, IGNACIO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

La cláusula penal fijada en el contrato tiene una función resarcitoria, si las partes pretendieron liquidar por acuerdo de ellas y en forma anticipada, los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación causara al acreedor.

De manera que éste no tiene derecho a solicitar una indemnización mayor aunque pruebe que la cláusula penal es insuficiente y, a su vez, el deudor no puede solicitar su reducción, argumentando que el acreedor no sufrió ningún daño (arts. 655 y 656 del Código Civil).

La cláusula penal, en principio, es inmutable, pero esa inmutabilidad dista mucho de ser absoluta. Ello que fue avalado por una pacífica jurisprudencia, ha sido consolidado en el texto expreso de la ley con la derogación del anterior art. 522 y la introducción de un nuevo apartado al art. 656 del Código Civil -ley 17.711-, que expresamente prevé la posibilidad de reducción.

Tanto antes como después de la reforma, se sostuvo que aquél principio morigerador del rigor de las penas, sustentado en razones de equidad, debe ser aplicado con prudencia. Tal es así que el art.

656 del Código Citado en su actual formulación exige que las penas cuya reducción se impetra "configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor".
Principio de congruencia, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DUBROWSKY SERGIO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ ABREVIADO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-11-12

El imperativo de congruencia constituye el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes.

Con tal proyección, y tratándose de una acción de cobro de crédito arancelario planteada por un letrado, no vulnera el principio de congruencia el hecho que a los fines de revisar la regulación apelada el mérito asumiera ex oficio la recalificación del proceso como ejecutivo, pese haber quedado consentido el trámite de juicio abreviado que el Inferior imprimiera a la causa, pues en tanto el interesado fundara su apelación en la descalificación sustancial del criterio de selección y aplicación legal que presidiera la decisión arancelaria impugnada, se aprecia francamente ilevantable que, en trance de revisar el acierto o desacierto intrínseco de la premisa normativa que integrara el silogismo jurídico del Inferior, nada obstaba a que la Cámara interviniente, asumiendo la especial ponderación de las específicas tareas a retribuir en el caso concreto, dispusiera lo pertinente en orden a la correcta subsunción de las mismas bajo la normativa arancelaria que estimara de aplicación.

Por tanto, corresponde rechazar el recurso de casación en este segmento.
Coparticipación de impuestos, Impuesto de sellos, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Grafa S.A. c/ Fisco Nacional DGI s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La intención de evitar anticipadamente, por medio de la ley 23.548 que importa un límite para la Nación y las provincias la eventual superposición del impuesto de sellos con otros tributos nacionales coparticipados, no autoriza a exigir a quien pretende que se declare en pugna una ley de impuesto de sellos con el ap.

2 del inc. b) del art. 9 de la ley de coparticipación, la alegación o prueba de dicha superposición.
Derecho ambiental, acción de amparo, ombudsman, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensora del Pueblo de la Provincia de Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-28

No se pretende exigir de la accionante, aporte una "tipicidad" absoluta del daño ambiental. Pero ello no la exime de describir mínimamente en qué consiste el daño al ambiente, y cuál es la "afectación" que el perjuicio que invoca trae o traerá a sus representados, pues ello decidirá su legitimación activa.
Nulidad de sentencia, trata de personas, declaración de la víctima menor, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Mamani Cussi, Marleni c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-29

Corresponde anular la sentencia que -por entender que no se había configurado restricción a la libertad ambulatoria o de autodeterminación de la víctima, ni probado la participación de la imputada en la captación, traslado y acogimiento de la menor-, absolvió a la imputada del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, pues los testimonios de la víctima, de su madre, de la denunciante, del agente que participó en la inspección al domicilio y de los profesionales que acompañaron a la menor y llevaron a cabo las entrevistas elaborando los informes respectivos, se diluye la certeza afirmada por el a quo respecto de que las pruebas de cargo no permitieron tener por configuradas las figuras penales en trato ya que, analizadas en su conjunto, aquéllas dan cuenta del modo en que la imputada participó en la captación, en el traslado, en la recepción y en la explotación de la menor con fines de explotación laboral.
Divorcio, reconvención
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOBO, Juan Inocencio c/ MENDEZ, Beatriz s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-08-04

La parte a quien se opone la culpa de un hecho puede sin necesidad de reconvenir, pedir que se rechace la demanda y eventualmente que se declare la culpa de ambos, alegando contra el actor hechos que sean determinantes para decidir acerca de la culpa del uno, del otro, o de ambos, cuestión que el Juez ha de resolver de acuerdo a los hechos alegados y probados.
Juicio de apremio, Impuesto sobre los ingresos brutos, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Tosar, Angel Antonio s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás resolvió no hacer lugar a la demanda de apremio promovida por el Fisco contra el contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos Sr. TOSAR, porque el título ejecutivo es inhábil (art. 9 inc. "c", Ley 13.406) al haber sido emitido sin el cumplimiento del traslado al obligado al pago que exige el art. 58, quinto párrafo C.F., t.o. 2.011, deviniendo inoficioso expedirse sobre los fundamentos de inhabilidad esgrimidos por el demandado.
Concursos, acción revocatoria concursal, tasa de justicia, hecho imponible
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLORES, AURELIO s/ CONCURSO CIVIL S/ INC. DE PAGO DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-23

Si bien el hecho imponible para la tasa de justicia es la iniciación de la actuación judicial de que se trate, en el caso de una acción revocatoria concursal (l: 123) se oblará la tasa pertinente solo en caso de prosperar y estará a cargo del demandado.

Ello así en razón de que tal acción beneficia al activo de la quiebra, no al fallido, y si devengara la tasa por su sola iniciación se incrementaría el pasivo concursal, dificultando aún más la conclusión de la quiebra por parte del fallido que por ejemplo intentase levantar la quiebra mediante la obtención de cartas de pago de sus acreedores, o por avenimiento con los mismos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derivación razonada del derecho vigente, ley de contrato de trabajo, despido sin causa, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORDINAS, JOSE MARIA c/ ESTABLECIMIENTOS SAN IGNACIO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

El Tribunal de Alzada denegó el recurso extraordinario local interpuesto remarcando que las alegaciones expresadas en el memorial introductor relacionadas con la interpretación efectuada por la Sala de los artículos 243 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo no traducían más que el disenso de la interesada con lo decidido, destacando los judicantes -en lo atinente a la primera de esas normas- luego de analizar el intercambio epistolar cursado entre las partes y -en especial- la carta documento por la que la patronal comunicó el distracto, que los términos de ésta no cumplían con la exigencia contenida en dicha disposición legal (expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato) al resultar genéricos y carentes de todo rigor, impidiendo así el adecuado ejercicio del derecho de defensa del dependiente y el control por parte del juzgador de la conducta extintiva del vínculo laboral; sosteniendo la Sala, respecto de la valoración del abandono de trabajo, que lo resuelto en el punto demostraba un estricto apego a la norma vigente e interpretación doctrinaria y jurisprudencial sobre la misma, estimando los magistrados que la demandada no probó el cumplimiento de los recaudos legales para tener por configurado ese supuesto -en el caso, las inasistencias injustificadas y la falta de voluntad del empleado de reintegrarse- y coligiendo en consecuencia que el acto unilateral de despido habia perdido virtualidad, tornándolo en un despido incausado; y frente a tal línea de razonamiento, la compareciente insiste en su presentación directa en sostener la arbitrariedad del fallo inculcando a los sentenciantes haber incluido en el artículo 243 exigencias formales que no contempla, mas sin lograr desmerecer los fundamentos expuestos en el auto denegatorio en relación a que del fallo impugnado se infiere el preciso encuadre de la casuística en las referidas normas, resultando una derivación razonada del derecho vigente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículos 243 244.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, código civil, privilegios (civil), alimentos, honorarios del abogado, costas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mónica de BRAHSBOURGH de GARAY c/ Ricardo Horacio GARAY s/ HONORARIOS  DE  ABOGADOS  Y  PROCURADORES  -  GASTOS  DE  JUSTICIA  -  PRIVILEGIO - ALIMENTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Es descalificable el pronunciamiento que denegó el pedido de los letrados tendiente a obtener la reducción del embargo sobre el retiro del demandado, con el objeto de cobrar sus honorarios. Ello es así, pues la alzada -a pesar de reconocer la existencia de una cuestión de privilegio- descartó la aplicación del mejor derecho invocado por los abogados sobre la base de que obstaba al progreso de esa pretensión el carácter inalienable del crédito alimentario, y dicho fundamento no constituye razón plausible para obviar la aplicación de la norma que rige la cuestión planteada, ya que tal conclusión surge de la mera confrontación de los derechos de la actora a la integridad de los alimentos y al privilegio reconocido a los gastos de justicia hechos en el interés de los créditos que determinaron el pleito (art. 3900 del Código Civil), privilegio que la ley ha establecido expresamente y que no presenta graves dificultades de comprensión ni autoriza una interpretación que lo desconozca o juzgue sobre su posible injusticia o desacierto.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ MARIO E. Y JORGE FARES RUIZ Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-31

La notificación de un acto no idóneo para impulsar el procedimiento carece de aptitud para interrumpir la perención de la instancia.El cambio en la integración del Tribunal no es un acto propulsor del proceso y, por ende, tampoco lo es la notificación del mismo.
Recurso de casación, doctrina legal, Superior Tribunal de Justicia, efecto retroactivo, irretroactividad de la ley, jurisprudencia no aplicable, cuota alimentaria, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. E. c/ Z., G. A. s/ HOMOLOGACION (F) s/ CASACION. (Expte. NRO. 26554/13- STJ-),
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-21

Más allá de la dialéctica suscitada respecto a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, en autos se daría una clara afectación de los principios de certeza y de seguridad jurídica, por cuanto luego de establecerse la condiciones de pago de las cuotas alimentarias y cancelarse en base ello, se pretende una nueva liquidación anexando rubros que en aquel momento el demandado no estaba obligado a su pago.

Evidentemente, sostener lo contrario llevaría a un escenario donde el alimentante, a pesar de cumplir con sus obligaciones, siempre estaría sujeto a nuevos cambios que lo colocarían en una situación de incertidumbre permanente, ya que no existirían parámetros a los cuales ajustarse. (voto Dra. Zaratiegui y Dr. Apcarian)
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, libertad de prensa, delitos cometidos por medio de la prensa
Materia: CIVIL
Carátula: Perini,  Carlos  Alberto  y otro c/ Herrera de Noble, Ernestina yotro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

La circunstancia de que la información no pueda ampararse en la doctrina "Campillay", no determina que la condena al órgano de prensa sea inevitable, sino que, por el contrario, corresponde examinar si se configuran los presupuestos generales de la responsabilidad civil, circunstancia particularmente exigible cuando otros medios gráficos y agencias de noticias difundieron -con diferentes matices- la misma noticia.
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia, derivación no razonada del derecho vigente, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Giunti, Guido c/ Club Atlético 9 de Julio de Berabevu s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 358 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-06

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, si del cotejo de las razones vertidas por la Alzada, en su confrontación con el resultado final al que arriba, se advierte una contradicción interna en el pronunciamiento habida cuenta que niega en la conclusión lo que se sigue de sus fundamentos. En efecto, la Sala indexa el crédito reclamado tomando un punto de arranque (fecha en que el actor retiró el depósito efectuado en autos por la demandada, hasta la cual -por otra parte- aplica el estímulo pactado) que en modo alguno se compadece con el resto del discurso argumental, esto es: que dispuesto el bloqueo de los fondos, ello no autorizaba a la Mutual a devolver solamente las sumas depositadas a valores nominales, que la demandada adeudaba suma de dinero con interés (o estímulo), que el pago debía ser íntegro y que la consignación estaba bien desestimada por no reunir en modo y tiempo los requisitos previstos en el art. 748 del Código Civil. En consecuencia, la oposición conceptual que surge manifiesta, destituye al fallo impugnado de motivación suficiente y lógicamente correcta para sustentarlo, con la consecuente conculcación de derechos y garantías constitucionales. En definitiva, el sentenciante adopta una actitud judicial contradictoria, entre los fundamentos esbozados y lo finalmente decidido, ello basta para descalificara el decisorio por no ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación de sentencias, acción de amparo, carácter excepcional, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GIOIOSA, JAQUELINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - accion de amparo (Expte.: C.S.J. Nº. 462 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-07

No puede prosperar el recurso interpuesto, desde que -al contrario d e lo afirmado por la amparista-, la circunstancia de versar el pleito sobre materia administrativa no fue el factor determinante del rechazo de su pretensión. Antes bien, el fundamento decisivo de la solución se apoyó en la inexistencia de una conducta de la Administración que pueda ser considerada claramente contraria al ordenamiento jurídico. Es decir que el criterio sostenido por el A quo en la sentencia atacada aparece ajustado, en lo esencial, a las pautas elaboradas por la Corte local a la luz del nuevo artículo 43 de la Constitución nacional, desde que, en definitiva, sostiene la excepcionalidad del amparo en un caso de naturaleza administrativa y la consiguiente necesidad de que se demuestre por qué razón el tránsito por esa vía y la posterior interposición del recurso reglado por la ley 11330 serían ineficaces.
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, museos, trabajadores gastronómicos
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado Ezequiel Ricardo c/ Fricton SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-05

Las actividades culturales desarrolladas en el Museo Malba (exhibición de obras de arte, visitas guiadas, muestras de cine, espectáculos musicales y todas aquellas vinculadas al arte en general) se ven estrechamente ligadas, hasta fortalecidas, con el servicio gastronómico brindado por el concesionario, cuya actividad contribuye al fomento de tales actividades. De ahí que la Fundación Constantini resulte, frente al trabajador despedido por el concesionario, responsable solidariamente en los términos del art. 30 LCT. Se trata de actividades que si bien pueden parecer secundarias respecto de la principal, lo cierto es que se encuentran integradas al establecimiento y coadyuvan al objetivo final de las mismas.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luna, Ceferino c/ Castillo, Alberto s/ Cobro de australes por daños y perjuicios Di Nucci, Carlos H. Concurso civil s/ Incidente de complicidad de Eduardo Souza Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cabanas, Raúl Alberto s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|2001-09-12|2006-05-24

Infringe el art.272 del Código Procesal Civil, el fallo de alzada que modifica un aspecto del apelado que no había sido cuestionado por el apelante.
Concursos, emergencia económica, proceso de verificación, resoluciones judiciales, pesificación, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SOLDINI Y CIA. SAICE s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-07

Cabe revocar la resolución del juez concursal que rechazó el planteo de pesificación efectuado por la concursada, por considerar que, siendo la resolución verificatoria anterior a la entrada en vigencia del decreto 214/02, no correspondía su aplicación retroactiva. Ello así, toda vez que, la resolución verificatoria, de fecha anterior a la normativa de emergencia, contiene la conversión de la moneda extranjera a moneda de curso legal a la fecha de la presentación del informe individual de la LC art. 35 (LC art. 19), por lo que el valor nominal de los créditos allí fijados determina la participación de los acreedores en la base del cómputo para la obtención de las mayorías que debe tratar la propuesta de acuerdo y, en el estado en que se encuentra el trámite del concurso, no cupo emitir decisión respecto de la aplicación del decreto 214/02 a los creditos verificados, ya que la prestación a la que estará obligada la deudora será determinada, en definitiva, en la propuesta que debe formular en los términos de la LC art. 43 y 45
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Giacone, Raúl E. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Fijado el alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa por el tribunal del trabajo, en ejercicio de las prerrogativas que le incumben en forma privativa, para su revisión es requisito inexcusable citar la norma legal eventualmente violada para cumplimentar con la exigencia del art. 279 del Código Procesal CIVIL-COMERCIAL y su doctrina legal.
Derecho constitucional, inmunidades parlamentarias, facultades del juez, excusación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martinelli, Nicolás Bautista c/ Loffler, Ernesto s/ (Ordinario) Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-05-27

Si el codemandado que ostentaba la calidad de diputado nacional se encontraba en condiciones de invocar la inmunidad del art. 68 de la Constitución Nacional, no es posible al magistrado tomar una decisión sobre el fondo del asunto, debiendo cancelar la cuestión por encontrarse inhibido de hacerlo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHAMORRO, LUCAS DAMIAN c/  s/ ROBO CALIFICADO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-30

La defensa se queja de que la decisión de la Cámara de mantener la prisión preventiva del imputado implicaría convalidar un accionar ilegítimo de la policía, mas sin hacerse cargo de la fundamentación esgrimida por el Magistrado para afirmar que se verificaba en el caso el requisito de apariencia de responsabilidad para el dictado de la medida, que fundó no sólo en la probable participación del imputado en el hecho, sino también la expectativa de pena efectiva -por el cúmulo y gravedad de los delitos imputados- y la existencia de peligrosidad procesal.