Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-05-03


SENT Nº 217	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Mayo de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte la parte actora en autos: "Simonetto Lorenzo y otro vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 218/222, la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 717 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 2 de octubre de 2009 (fs. 206/214), cuya concesión fuera denegada por dicho tribunal a través de la resolución Nº 102 del 3 de marzo de 2010 (fs. 230) y posteriormente admitida por esta Corte al hacer lugar al recurso de queja respectivo mediante resolución Nº 591 del 17 de agosto de 2010 (fs. 269/270).

II.- Habida cuenta que al resolver el recurso de queja ya se ha juzgado sobre la admisibilidad de la casación intentada en la especie, en esta oportunidad corresponde pasar directamente a considerar su procedencia.

III.1.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis no hizo lugar a la demanda que Lorenzo Simonetto y Daniel Donato Zottola promovieron en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 120 y 154 del Código Tributario Municipal (en adelante CTM), y repetir las sumas abonadas en concepto de Patente a la Actividad Comercial Industrial y de Servicios (PACIS), Tasa a la Actividad Comercial Industrial y de Servicios (TACIS) y Contribuciones que inciden sobre la Publicidad y Propaganda (PP).

Luego de señalar que, ante la negativa que formuló la demandada sobre la autenticidad de las boletas acompañadas a la causa y de la existencia de los pagos invocados, la parte actora había ofrecido como prueba informativa que la Dirección de Ingresos Municipales indique si Lorenzo Simonetto había abonado los tributos en cuestión y, en su caso, por cuáles períodos, los magistrados que suscribieron el voto en mayoría hicieron notar que el número de padrón indicado en el informe de fs. 89 y en las actas de fs. 111/114 (859.588) no coincide con el de las boletas que en original tuvieran a la vista (840.096). Sobre la base de tal disconformidad, concluyeron que no se encontraba acreditado en la especie el carácter de contribuyente de las gabelas que impugnan los demandantes, quienes, por ende, carecen del interés jurídico suficiente para cuestionar la validez constitucional de las normas tributarias respectivas. Asimismo, rechazaron la pretensión de repetición por encontrarse ésta condicionada al progreso de la de inconstitucionalidad.

III.2.- Afirma la recurrente que la sentencia atacada incurre en arbitrariedad por cuanto no advirtió que se trataba de un mero error en el informe emitido por la Dirección de Ingresos Municipales, que informó sobre un número de padrón perteneciente a una persona jurídica distinta de los actores en autos.

Sin perjuicio de ello, destaca que se han adjuntado a la causa las boletas que acreditan el pago de las tasas atacadas y que tales pagos no pueden ser negados por la defensa letrada del municipio demandado pues en los instrumentos respectivos consta el sello y la firma del organismo recaudador. Concluye que, por tratarse de recibos oficiales, constituyen prueba total y contundente de que los pagos fueron realizados, y que, por lo tanto, los actores revisten el carácter de contribuyentes y se encuentran legitimados para incoar la presente acción.

IV.- ¿Asiste razón a la recurrente? De la lectura de la sentencia impugnada se desprende que el a quo desconoció suficiencia probatoria a las boletas acompañadas por la parte actora, las cuales obraban reservadas en caja fuerte de la Secretaría de la Sala (cfr. cargo actuarial y providencia de fs. 42 vta.). Ello explica por qué, ante la mera ausencia de un informe al respecto por parte del organismo fiscal (la prueba producida en este sentido resultaba deficiente por estar referida a un contribuyente distinto al de autos), se tuvieron por no acreditados debidamente los pagos realizados por los actores y la consecuente legitimación de éstos para demandar su repetición, pese a que dichos desembolsos contaban con el respaldo de los comprobantes respectivos.

Cabe recordar que este Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que en materia tributaria los recibos constituyen la prueba por excelencia del pago y ha descalificado la sentencia que priva de validez probatoria a tales instrumentos sobre la base del mero desconocimiento por parte de la demandada en su responde de la autenticidad de las boletas de pago de tributos acompañados en autos por la actora (cfr. CSJTuc, 12-4-2006, "Malkind Manuel vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", sentencia Nº 306).

En esa inteligencia, ante la presentación tempestiva de boletas de pago de gabelas municipales, selladas por las instituciones bancarias autorizadas a recibir el importe en cada una de ellas consignado, en cumplimiento de la modalidad instrumentada por el propio Estado, mal puede procederse como se ha hecho en la sentencia atacada, desconociéndose sin más su eficacia o suficiencia probatoria y exigiéndosele a la parte presentante (actora en autos) otro tipo de acreditación al respecto (vgr. prueba de informes), siendo que ella ya cumplió con la carga de adjuntar la documental con la que de ordinario se instrumentan la cancelación de los tributos (cfr. CSJTuc, 28-9-2009, "Omodeo S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", sentencia Nº 871).

Los bancos y demás entidades autorizadas al cobro de tributos forman parte del procedimiento de recaudación establecido por el propio Fisco; ergo resulta paladinamente inicuo, y atenta contra la elemental seguridad del sistema y la fe pública depositada en él, pretender negarle al contribuyente la posibilidad de valerse del efecto natural de los comprobantes de pago que se emiten en el marco de dicha operatoria, máxime cuando la validez de los mentados instrumentos no se encontraba efectivamente controvertida en la causa dado que la demandada no había acreditado la falsedad o inexactitud de la documental de marras (cfr. CSJT, 23-12-2009, "Castro Matías José vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", sentencia Nº 1162).

Así las cosas, resulta inconsistente la explicación dada por el a quo para rechazar la demanda de autos; por ende, tal decisión infringe lo dispuesto por el artículo 40 del CPCyC, desde que prescinde de prueba claramente conducente y pertinente para la solución de la cuestión sometida a juzgamiento, como lo son las boletas que en originales obran en la causa, cada una de las cuales acredita adecuadamente el respectivo pago de la gabela, hecho este último que habilita para demandar la inconstitucionalidad de las normas tributarias y la sucesiva repetición de lo que se hubiere abonado de manera indebida.

En mérito a lo señalado corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 717 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 2 de octubre de 2009, sobre la base de la siguiente doctrina legal: "Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, en el marco de un juicio por inconstitucionalidad y repetición de tributos municipales, a los fines de la acreditación de los pagos que legitiman para la interposición de una demanda de ese tipo, niega suficiencia probatoria a las respectivas boletas acompañadas por la parte actora, siendo que en la causa no existen otros elementos de juicio que efectivamente desvirtúen la autenticidad de tales documentos".

En consecuencia, se deja íntegramente sin efecto la sentencia en crisis y se dispone la remisión de las presentes actuaciones a la Excma. Cámara a los fines de que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre las pretensiones esgrimidas en la especie, conforme a lo aquí considerado y a las constancias obrantes en la causa.

V.- En cuanto a las costas de la instancia correspondiente al recurso en examen, teniendo en cuenta la postura contestataria asumida en el escrito de fs. 226/228 y -fundamentalmente- en virtud del principio general que consagra el artículo 105 del CPCyC, se imponen a la parte demandada.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 279/280, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito de ley, al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nº 717 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 2 de octubre de 2009. En consecuencia, CASAR íntegramente dicho acto jurisdiccional, dejándolo sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando de la presente resolución, y REMITIR la causa a dicho tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la demanda de autos, acorde a lo aquí considerado y a las constancias de la causa.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para ulterior oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.