Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-24


--- En la ciudad de Trelew, a los días de febrero del año dos mil once, se reúne la Sala"A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., G. D. c/ O., M. S. y/o q. rte. resp. de los comercios "M. B. y K." s/ diferencia de habers e indem. de ley"" (Expte. N º 554 - año 2010), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 92. ----- ----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó: - I.- Por efecto de la prescripción de acciones declarada en la sentencia interlocutoria de fs. 14/15, confirmada por esta Cámara a fs. 26/vta., el objeto de la pretensión deducida en este pleito quedó reducido a "las diferencias salariales en aplicación del convenio vigente...por el período que va desde octubre 2005 a febrero del año Dos Mil Siete", así como "las diferencias que en consecuencia deriven de los ítemes S. A. C., Vacaciones Proporcionales" y el rubro escuetamente denominado "Art. 80 de la L. C. T." (fs. 3, pto. II y fs. 4, pto. V, últ. renglón). - Tras la tramitación de rigor, el Señor Juez de Primera Instancia dictó sentencia donde expuso que "teniendo en cuenta las tareas desempeñadas, los horarios de trabajo y el tiempo en que P. puso su fuerza de trabajo a favor de la empleadora, es que considero ajustado a derecho los montos reclamados en concepto de diferencias salariales, SAC 2005, 2006 y proporcional 2007 y la multa prevista en el Art. 45 de la ley 25.345 por falta de entrega del certificado de trabajo", condenando a la demandada en consecuencia a pagar los importes hechos constar en la demanda. - II.- Apeló tal decisión la demandada, quien al fundar su recurso expresó, en síntesis, los siguientes agravios: - A) En relación a la indemnización especial del Art. 80 "in fine" L. C. T. (texto agregado por el Art. 45 de la Ley 25.345), señaló que el trabajador no alegó siquiera en su demanda el incumplimiento por la empleadora de su obligación de entregarle el certificado de trabajo, limitándose en cambio a consignar entre los ítems reclamados "Art. 80 de la L. C. T.). Añadió la recurrente que por lo demás al contestar la demanda de su parte expresó que el certificado de trabajo había sido oportunamente entregado y que al momento de absolver ella posiciones se ha colectado prueba acerca del cumplimiento de dicha obligación, lo que torna improcedente la condena al pago de la indemnización. - B) Respecto de las diferencias salariales, apuntó que ni en el escrito de demanda, ni en la sentencia que consideró ajustados a derecho los montos reclamados en aquélla, aparece explicado de dónde surgen tales diferencias, porque ni fue identificado el convenio colectivo supuestamente aplicable a la luz de cuya escala remuneratoria ellas habrían sido establecidas, ni queda en claro el período durante el cual las mismas habrían sido calculadas. Indicó la apelante en este último aspecto que el propio actor hizo constar en su demanda que había trabajado desde el 1/10/05 hasta marzo de 2006, retomando luego a finales de 2006 hasta febrero de 2007, de donde se sigue que en el lapso de la interrupción no se pudo generar diferencia alguna. - C) Tocante a la imposición de costas, expuso que si el fallo hizo lugar fragmentariamente a la demanda ello significa que medio vencimiento parcial y mutuo, de manera que no era dado cargar a la demandada con la integridad de aquéllas. - III.- Plena razón asiste a la apelante en el primero de los agravios que vertiera. - Padeció de oscuridad la demanda en punto al reclamo relativo al certificado de trabajo, pues en ninguna de sus partes fue alegado que la empleadora incumpliera la obligación de entregar tal documento, ciñéndose el actor a citar textualmente "Art. 80 de la LCT", expresión seguida de una suma de dinero (fs. 4, pto. V, último renglón). Mas aun si entendiéramos que esa expresión constituyó la afirmación tácita del incumplimiento -harto dudosa interpretación por entrar ella en colisión con las normas de los arts. 45 inc. 4 de la Ley XVI n ° 1 y 333 inc. 4° C. P. C. C., que imponían al actor, respectivamente, el plantear "las cuestiones de hecho..., expuestas en forma clara" y alegar en la demanda "los hechos en que se funde, explicados claramente"-, incluso si así lo entendiéramos, reitero, como afirmación implícita, tendríamos que de su lado la empleadora en el responde sostuvo haber oportunamente entregado el certificado de trabajo al ex dependiente (fs. 9 vta., pto. VII, Párr. 2°). Tal falta de conformidad entre las partes acerca de ese hecho conducente lo convirtió así en controvertido, de aquellos que han de ser comprobados para tenerlos por ciertos en el proceso (Art. 364 C.P.C.C.). Y hete aquí que la demandada logró acreditar el pago extintivo de dicha obligación, esto es el cumplimiento de la prestación que hacía su objeto (Art. 725 Cód. Civ.). - Tal probanza la aportó la propia parte actora al poner a la demanda a fs. 54 la 9na. posición: "para que jure como es cierto que se le entregó al actor el certificado de trabajo al finalizar la relación laboral". Bien sabido es que "cada posición importará para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere", según preceptúa el Art. 415 Párr. 2º C. P. C. C. Es que por virtud del principio de adquisición procesal, las afirmaciones de ese modo realizadas por el ponente poseen eficacia probatoria contra él (confr.: Alsina, "Tratado...", 2da. ed., III-346, n. 23, "b", nota 114; Díaz, "Instituciones de derecho procesal", Abeledo-Perrot 1972, I-387, n. 16, "b";). En efecto, en el sistema de absolución de posiciones la contestación del absolvente es provocada "mediante proposiciones afirmativas", las que proporcionan al proceso "no sólo la declaración de ciencia del confesante, sino también la de quien provoca la confesión: qui ponit, fatetur" (Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-353, "b"). Es que cuando se ponen posiciones a la contraria corresponde poner cuidado extremo en la forma con que son sometidas y luego la parte ponente debe "estar a las verdes y a la maduras" (confr.: Cám. Apel. Mar del Plata, J. A. 1964-II-41; este tribunal c. 305/08 S. D. L. 19/09). - Desde que la indemnización especial del Art. 80 "in fine" L. C. T. (texto añadido por el Art. 45 de la Ley 25.345) tiene por supuesto fáctico de aplicación el incumplimiento de la obligación puesta en cabeza del empleador por tal precepto y en la especie la satisfacción de ella fue demostrada, ese resarcimiento resulta improcedente y la condena a pagarlo debe ser revocada. - IV.- No menos razón lleva la recurrente en la segunda de sus impugnaciones al fallo. También en relación a las diferencias en los salarios mensuales, s. a. c. y vacaciones proporcionales la demanda adoleció de claridad. Quebrantado igualmente aquí las normas de los arts. 45 de la Ley XVI n ° 1 y 333 C. P. C. C., el actor reclamó "las diferencias salariales en aplicación del convenio vigente...por el período que va desde octubre 2005 a febrero del año Dos Mil Siete", así como "las diferencias que en consecuencia deriven de los ítemes S. A. C., Vacaciones Proporcionales", sin explicar cuál era esa convención, ni citar la escala remuneratoria de cuya comparación con las sumas percibidas surgirían diferencias en menos, haciendo constar sólo sumas globales. - Ayunos quedamos así acerca del convenio colectivo cuya aplicación era impetrada, cuyo texto el actor aseveró adjuntar con la demanda (fs. 3 vta., pto. IV, apdo. 1) pero que en verdad no agregó, cual surge de la propia enumeración de la prueba documental ofrecida a fs. 4/vta., apdo. 1 -"Carta poder (2); Recibos de Haberes (2); Telegramas Ley (3)- y del cargo de fs. 5 vta. donde no se cita el texto de convención alguna. Tampoco pudo identificársela mediante el informe solicitado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ente que pidió fuera especificado concretamente el número de convenio colectivo de trabajo (v. fs. 51),lo que en autos no se hizo. - Y en el caso no tiene rol a cumplir el brocárdico "iura curia novit". Las convenciones colectivas de trabajo no son leyes aplicables de oficio, sino instrumentos normativos emanados de la autonomía privada colectiva que deben ser expresamente invocados ante el juez por quienes intente valerse de sus disposiciones (confr. C. N. Trab., Sala VI, 29/4/1992, causa "Zenteno...", S. D. 36.843, cit. en "Manuales de Jurisprudencia La Ley - Ley de contrato de trabajo...", 2da. ed., Págs. 14, n ° 2). De allí que el Art. 8 L.C.T. releva de probarlas únicamente a aquellas "que hubieren sido debidamente individualizadas", individualización que no es lograda con la imprecisa referencia al "convenio colectivo vigente" (fs. 3, pto. II). - Ante tan desvaída alegación era en verdad impracticable establecer la existencia de diferencias salariales, que únicamente podían surgir de la comparación entre los pagos percibidos y la escala remuneratoria vigente, imposible de identificar ésta a consecuencia de la no individualización de la convención colectiva a la que pertenecerían. - Frente a ese panorama de la causa, sorprende ingratamente la sentencia en que el juez estampara que "considero ajustado a derecho los montos reclamados en concepto de diferencias salariales, SAC 2005, 2006 y proporcional del 2007". Como ese ajuste a derecho dependía en el caso de la concordancia de lo reclamado con las disposiciones de una convención colectiva no identificada ni probada, de la que el magistrado no pudo ni hizo finalmente mérito, la frase no pasa de ser una falacia y el fallo evidencia puro voluntarismo que lo torna arbitrario. - V.- Por los motivos expuestos propongo la íntegra revocación de la sentencia apelada, a fin de rechazar la demanda deducida en todas sus partes. - Las costas de ambas instancias deben ser impuestas al actor vencido finalmente en ellas (arts. 57 de la Ley XIV n ° 1 y 282 C. P. C. C.), adecuación esta que torna abstracta la cuestión propuesta por la recurrente como tercero de sus agravios. - Por adecuación a esta nueva decisión, considero que los honorarios de los Dres. C. H. A. e I. O. B., por sus tareas de primera instancia y vistas la extensión, calidad y resulta de ellas, deben ser fijados en las sumas respectivas equivalentes al 17 % y al 13 % del monto reclamado en la demanda y sus intereses -asimismo demandados a fs. 3 pto. II y fs. 4 pto. V- a liquidarse hasta la data de este fallo según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento (arts. 5, 6, 10, 18, 46 de la Ley XIII n ° 4; confr.: S. T. J., c. A 00070, 24/5/94, Jurisp. On line, sum. 02964, entre muchos otros; esta sala, c. 18.739 S. D. C. 45/03 c. 762/09 S. D. L. 3/10 y otras posteriores). - Los honorarios del Dr. C. H. A., por sus labores de alzada y atendiendo a las ya mentadas pautas de la ley arancelaria, así como a la sentada en el Art. 13 de esa normativa, propongo regularlos en la suma equivalente al 5,25 % del aludido monto del proceso. - Consecuentemente. me expido en esta cuestión por la NEGATIVA. - --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: --- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- --- Ingresando al abordaje del primer agravio, relativo al cuestionamiento de la procedencia en el grado del reclamo de la indemnización especial del Art. 80 "in fine" L.C.T. (texto agregado por el Art. 45 de la Ley 25.345), anticipo que el agravio debe acogerse. --- Aduce el apelante que el trabajador no alegó siquiera en su demanda el incumplimiento por la empleadora de su obligación de entregarle el certificado de trabajo, limitándose a incluir entre los rubros reclamados la mención "Art. 80 L. C. T.". Indica luego que al contestar la demanda su parte, se manifestó que el certificado de trabajo había sido ya entregado al actor, lo que fue corroborado luego por prueba colectada en la causa. ------ --- Es exacto la alegado en el memorial del apelante. La demanda no fue precisa en este punto, no incluyendo en segmento alguno la alegación de que la empleadora no hubiera dado cumplimiento a su obligación de entregar el certificado de trabajo. La escueta mención de "Art. 80 de la LCT" seguida de una suma de dinero (cfr. fs. 4, pto. V in fine) no alcanza para tener por introducido en debida forma el reclamo de este rubro.

--- Como dije en mi voto de la causa "C. c/ M.", "la noción de carga forma parte definitivamente de la teoría general del derecho, pero su principal aplicación ocurre en el campo del derecho procesal. Consiste en la posibilidad que tiene el sujeto, conforme a la norma que la consagra, de ejecutar libremente el acto objeto de ella, para su propio beneficio. En la carga, el sujeto se encuentra en absoluta libertad para escoger su conducta y ejecutar o no el acto que la norma contempla, y en la manera o no que la norma contempla, no obstante que su inobservancia puede acarrearle consecuencias desfavorables. Estas últimas son apenas el normal resultado de abstenerse voluntariamente de la conducta prevista en la norma como presupuesto para evitarlas. Las cargas, en suma, son imperativos del propio interés, sin un derecho del adversario, importan el peso de una necesidad pero por conveniencia propia, para evitar la consecuencia de perder la condición ventajosa que con el acto se obtiene; constituyen una oportunidad de hacer algo útil a su mismo interés (SCBA, 31/8/99, "Medina, Dina Trinidad c/ Bernasconi, Guillermo s/ Daños y perjuicios", en Juba sum. B25121, voto del Dr. de Lázzari; cfr. esta Sala, sentencia del 12/11/2008, "C. E. A. c/ M. A. N. s/ Desalojo"). ----- --- Entre las diversas cargas que tienen las partes en un proceso, sobresalen con claridad dos: la carga postulatoria y la carga probatoria. La primera, consiste en la carga de plantear correctamente la base fáctica del reclamo contenido en la demanda, demostrar los presupuestos habilitantes de la petición, así como de identificar debidamente el alcance del planteo introducido. La segunda, consiste en un imperativo del propio interés, una circunstancia de riesgo que supone no un derecho del contrario sino una necesidad para vencer (cfr. esta Sala, sentencia del 12/11/2008, "C. E. A. c/ M. A. N. s/ D."; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 9/11/95, "Forestadora Oberá S.A. v. Entidad Binacional Yaciretá", JA 1998-I, síntesis; C. Civ. y Com. Córdoba, Sal 2ª, 16/9/93, "Esso Servicentro Parque Latino y otro v. Osvaldo Patoco", JA 1994-III, síntesis).------- --- Siendo ello así, debe atenderse a que cuando no se dispone de medios suficientes acerca de los hechos controvertidos, el Juzgador debe acudir al principio que indica que es al actor a quien le incumbe la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 15/4/04, "FIJTMAN, CLAUDIO D. v. OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA, INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE OBRA SOCIAL", en AbeledoPerrot online).------ De tal suerte, por aplicación de la carga postulatoria la demanda debe bastarse a sí misma para proteger el derecho de defensa de la contraparte. Así, no corresponde, en principio, completarla con inferencias o interpretaciones implícitas. Es una carga procesal de importancia extrema. Fija la acción articulada, la cosa demandada y los hechos en que se funda. Todo ello es de influencia decisiva sobre la potestad judicial de entender en el juicio y sobre la autoridad de la cosa juzgada (mi voto en sentencia de esta Sala de fecha 30/10/08, in re "P. V. y otra c/ Municipalidad de TRELEW s/ daños y perjuicios" (Expte. N º 21.245 - año: 2006, registrada bajo el N 32 de 2.008 - SDC; Cám. Apels. en lo Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de Marcos Juárez, 4/7/96, "F.O.N.I.V.A. y otro c. Confecciones Bazán", LLC 1997, 1110).- Y en aras de la carga probatoria, cada parte debe probar los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende, ya que la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés y de esa actividad procesal depende producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos, pudiendo el litigante llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una conducta omisiva (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 1/6/00, "Mara, Juan v. Banco Central de la República Argentina", JA 2002-III-síntesis).--- --- Un magistrado a quien no puede calificarse precisamente de conservador, como el Dr. Jorge Galdós, ha postulado con acierto que dado que en el procedimiento civil rige el principio dispositivo, las partes tienen la carga procesal de ser precisos en el planteo de sus pretensiones, en la alegación de los hechos y en la invocación del derecho aplicable. El desarrollo del proceso no puede quedar supeditado a declaraciones de voluntad petitorias que se expresan en forma errática (Cám. CC Azul, Sala 2ª, 17/12/07, "G., R. O. c/ F., G. H. s/ Cobro Ejecutivo ", en Juba sum. B3101364).------ Desafortunadamente ello ha ocurrido en autos, siendo la invocación de hechos realizada en la demanda y el correlato probatorio posterior deficitarios respecto de la medida en que la actora debía cumplirlos (cfr. esta Sala, sentencia del 12/11/2008, "C. E. A. c/ M. A. N. s/ Desalojo"). Exactamente lo mismo ocurre en este caso.------- --- El actor no ha ingresado debidamente al ámbito de conocimiento del juez de grado, ni por ende de esta Cámara, los hechos base de disputa en torno al certificado de trabajo, motivo por el cual el magistrado no puede completar con inferencias ni hacer un ejercicio de adivinación sobre lo que el actor quiso decir con la escueta mención contenida en el reclamo, huérfana de las mínimos menciones para prosperar.------ --- En tal situación, ha incumplido la carga postulatoria con lo que debe modificarse este punto del decisorio, pues como fue planteada la cuestión, este rubro no podía ser concedido. --- --- En lo tocante al segundo agravio, relativo a las diferencias salariales reconocidas al actor, el apelante indica que ni en el escrito de demanda, ni en la sentencia que consideró ajustados a derecho los montos reclamados en aquélla, aparece explicado de dónde surgen tales diferencias; tampoco se identificó el convenio colectivo supuestamente aplicable a la luz de cuya escala remuneratoria ellas habrían sido establecidas, ni el período durante el cual las mismas habrían sido calculadas. ------- Afirma además el recurrente que el propio actor hizo constar en su demanda que hasta febrero de 2007, de donde se sigue que en el lapso de la interrupción no se pudo generar diferencia alguna. - --- Ingresando al tratamiento del agravio, es dable anticipar que el recurrente también acierta en este embate, ya que también en este punto la demanda infringió la carga postulatoria, por lo que por los mismos fundamentos dados supra procede modificar el decisorio en este aspecto, ya que no se sabe cuál es el convenio invocado, no surgiendo él de la demanda (fs. 3 vta., pto. IV, apdo. 1) ni de la documentación acompañada, ni del informe solicitado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.--- --- La violación de la carga postulatoria en este aspecto no puede ser salvada por el empleo del brocárdico "iura curia novit", por dos motivos: primero porque el adagio citado tiene por función reencauzar una pretensión fácticamente clara mal encuadrada en derecho pero no enmendar la plana de las partes completando sus alegaciones con inferencias. En segundo lugar, porque las convenciones colectivas de trabajo no son leyes, ni se aplican de oficio, sino que deben ser objeto de alegación oportuna y temporánea de parte. ------- --- En un caso con notorios puntos de contacto con éste, la Cámara Nacional del Trabajo en un caso donde resultaba imposible determinar por falta de invocación oportuna, si existe un convenio aplicable a ese ámbito, resolvió que esa omisión no puede ser suplida de oficio (C. Nac. Trab., sala 5ª, 06/10/2006 -Prestia, Juan C. v. Sistemas J.F. S.A. y otro s/ despido, en AbeledoPerrot online).

--- Faltando las menciones imprescindibles para la procedencia del reclamo de diferencias salariales, que no pueden surgir de una intuición sino que deben demostrarse documentadamente comparando los pagos recibidos y la escala remuneratoria vigente, resulta inviable el reclamo, pues es imposible identificar la escala comparativa, base de la eventual procedencia de la acción. - --- Ello basta para revocar también este punto de la resolución. --- Lo anteriormente expuesto patentiza un doble desacierto -no menor precisamente- del juez de grado, por lo que procede la revocación in totum de la sentencia apelada, debiendo rechazarse a continuación la demanda deducida en todas sus partes.--- --- Las costas causídicas de las dos instancias habrán de imponerse al actor, en su calidad de vencido (Art. 57 de la Ley XIV n ° 1). Tal nueva imposición de costas convierte en abstracto el tercer agravio del apelante. ------ --- Los honorarios de grado quedan sin efecto debido al nuevo pronunciamiento. En cuanto a los honorarios de los Dres. C. H. A. e I. O. B., por sus tareas de grado, visto el mérito, trascendencia, calidad y resultado de ellas, procede su determinación en las alícuotas respectivas del 17% y al 13% del monto del reclamado contenido en la demanda con más sus intereses, que se liquidarán desde el reclamo y hasta la fecha en que esta sentencia quede firme, a la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento (arts. 5, 6, 10, 18, 46 de la Ley XIII n ° 4).

--- Las labores de alzada del Dr. C. H. A., atendiendo a las mismas pautas referidas supra, habrán de ser recompensadas con el porcentaje del 5,25 % del monto del proceso (arts. 5, 6, 10, 13, 18, 46 de la Ley XIII n ° 4). ----- --- Por tales fundamentos, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió: --- Visto al acuerdo antes alcanzado, corresponde: - --- A) Revocar totalmente la sentencia apelada, a fin de rechazar en su integridad la demanda deducida por G. D. P. contra M. S. O.. - --- B) Imponer las costas de ambas instancia al actor. - --- C) Fijar, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. C. H. A. e I. O. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 17 % y al 13 % del monto reclamado en la demanda y sus intereses a liquidarse hasta la data de este fallo según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento. - --- D) Regular los honorarios Dr. C. H. A., por sus labores de alzada, en la suma equivalente al 5,25 % del aludido monto del proceso. ----- ASÍ LO VOTO. ---- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: ----- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. Tal mi voto. --- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V N º 17). --- Trelew, de febrero de 2.011. En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente: -- S E N T E N C I A: --- REVOCAR TOTALMENTE la sentencia apelada, a fin de rechazar en su integridad la demanda deducida por G. D. P. contra M. S. O.. - --- IMPONER las costas de ambas instancia al actor. - --- FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. C. H. A. e I. O. B., por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 17 % y al 13 % del monto reclamado en la demanda y sus intereses a liquidarse hasta la data de este fallo según la tasa utilizada por el Banco del Chubut S. A. en sus operaciones de descuento. - --- REGULAR los honorarios Dr. C. H. A., por sus labores de alzada, en la suma equivalente al 5,25 % del aludido monto del proceso. -- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. ----- MARCELO J. LOPEZ MESA CARLOS A. VELAZQUEZ JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL N º DE 2.011 - SDL.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.