marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, cesantía, declaración de ilegalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Raul Benito. c/ Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán y otro. s/ Nulidad / Revocación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-02-22

Se ha señalado en doctrina que cuando la autoridad jurisdiccional correspondiente declara la ilegalidad de la cesantía -que trasuntó ruptura de la "estabilidad"- va de suyo que el efecto lógico de la referida declaración es el restablecimiento de la situación ilegítimamente extinguida, o sea que dicho efecto debe consistir en la reincorporación del agente que fue dejado cesante o en la reparación del daño respectivo, o en ambas cosas a la vez, si esto fuere lo requerido por el interesado; tal es la solución que cuadra en derecho, pues esa cesantía ilícita significa la violación de un contrato administrativo: el de la relación de empleo o función públicos.

En un mismo orden de ideas, este Cimero Tribunal tiene dicho que con motivo de la cesantía ilegítima nace a favor del damnificado un derecho subjetivo, entendido como la facultad reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir de las demás personas un determinado comportamiento, el que no se satisface únicamente con la restitución in natura en la situación o relación jurídica ilegítimamente conculcada, sino que requiere, además, la indemnización de todos los daños y perjuicios que aquel comportamiento antijurídico hubiera irrogado, por aplicación del principio que preside la responsabilidad civil de que todo aquel que por su culpa haya causado un daño debe repararlo.

Asimismo, cabe recordar que la pretensión indemnizatoria intentada en la especie encuentra respaldo normativo en lo dispuesto por el artículo 40, inciso 8, de la Constitución de Tucumán (ex art. 35, inciso 8, del texto constitucional de 1990, vigente a la fecha de la ruptura de la relación de empleo público), el cual en su parte final establece que toda cesantía que contravenga la garantía de estabilidad será nula con la reparación que fuere pertinente y su incorporación al escalafón vigente. Puesto que, de ordinario, el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum, que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento y que, por lo tanto, en principio, basta con que el demandante demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluido del cargo estable de que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción. Sin embargo, conocido es el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que salvo disposición expresa en contrario, no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas.

Ello es así por cuanto el sueldo es la suma de dinero que el agente tiene derecho a percibir del Estado como contraprestación por su trabajo en el desempeño de la función o empleo públicos y, por ende, supone necesariamente la efectiva prestación del servicio que le sirve de causa al pago efectuado.
Reincidencia, reincidencia múltiple, sentencia firme, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, recurso de apelación (procesal), recurso de revisión (procesal), unificación de penas, derechos y garantías constitucionales, principio de legalidad, debido proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Delano, Luis A. s/ Causa 19.951
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

Posee facultad, el Tribunal de Alzada, para intervenir, aun fuera del recurso extraordinario de revisión y dentro del ordinario de apelación, respecto de una decisión ya firme del juzgado de primera instancia, cuando ésta, sin haber sido debidamente fundada, declaró la múltiple reincidencia del condenado - que ahora apela una nueva sentencia -, haciendo sólo una vaga referencia a "las condenas" que éste registraba, con lo cual se generó confusión al dictarse la unificación de las distintas penas con la mención de dicha reincidencia, sin que fuera apelado el punto, convirtiéndolo en destinatario de dos pronunciamientos judiciales contradictorios recaídos sobre una misma cuestión, más con la agravante de que en los autos, que ahora sí son motivo de recurso, ya se había pronunciado el Tribunal en cuanto a la prohibición de efectuar dicha declaración viéndose obligado a confirmar ahora un pronunciamiento que sostiene lo contrario, lo que importaría un verdadero escándalo jurídico. El riesgo de tal contradicción, debe ser evitado, ya que deriva simplemente del procedimiento de unificación de condenas anteriores, pues de lo contrario se descalificaría como lógicamente inválida y jurídicamente arbitraria la posible sucesión de dos sentencias, que sobre los mismos antecedentes de un procesado, sostuvieron, en un pronunciamiento su calidad de reincidente y en el otro no, por lo que, aún dentro de los límites del recurso concedido, que no fue el de revisión, la cuestión debe ser resuelta, pues en el caso se expone al procesado a no gozar de la garantía constitucional del principio de legalidad de las penas (art. 18 de la C.N.) y, por otra parte, no se advierte que su amparo judicial pueda importar una violación del debido proceso.
Fuerzas de seguridad, uso de armas
Materia: PENAL
Carátula: M, C.A. s/ Lesiones culposas (Expte Nº 180-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-22

Teleológicamente el sentido de justificación coincide con este modo de ver las cosas: si la sociedad pone un arma en menos de la autoridad, aunque no signifique una licencia para matar, lo hace para que el agente se limite a defender su integridad personal.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campigli, Rosa Catalina c/ Carrera, Daniel Aníbal s/ Daños y perjuicios. Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Corresponde reducir la cláusula por la que se pactó un 6% (seis por ciento) mensual para la falta de pago puntual de los alquileres. La multiplicación de esta suma en el año da una suma excesiva en comparación con la falta que se debe sancionar (art. 656 del C.C.).

Sin embargo, el parámetro de la reducción es demasiado bajo. Se ha limitado la pena a la más baja de las tasas bancarias, la pasiva.

Corresponde limitar la pena en cambio, remitiéndose a la tasa que aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones activas (descuento) a treinta días, más los recargos que aplique dicha institución a los pagos en mora, sumándole a todo ello un 20% (veinte por ciento).
Indulto, jueces
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros s/ privación    ilegal  de  la  libertad,  tormentos,  homicidios,  etc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

El ordenamiento institucional se vería gravemente subvertido si los jueces tomaran para si el poder admitir o rechazar las finalidades de ese tributo de la soberania que es el indulto e invadieran, asi, una esfera en que la Constitucion quiso que imperara la discrecion razonable del Presidente de la Nación.
Indemnización, delitos informáticos, bancos, cajero automático
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BADARACCO, ELENA SUSANA C/ NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ SUMARÍSIMO (CIVIL)" - Expt. N° 7102/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-22

Frente al reclamo indemnizatorio de una víctima de un delito bancario, quien por engaño telefónico de un tercero se dirigió al cajero automático, gestionó clave de home banking y pasó su número para luego obtener el token y también brindárselo a ese tercero, el cual luego solicitó un crédito y además pudo efectuar transferencias a diversas cuentas no asociadas, no se puede desatender que ha sido la damnificada quien sabía, o debía saber, por su condición de usuario regular del servicio, que lo que estaba haciendo era peligroso. Todos los consumidores y usuarios tienen una responsabilidad, aunque sea mínima, de intentar conocer los productos que utilizan para evitar, en la medida de lo posible, situaciones perjudiciales. Ello no implica el conocimiento del funcionamiento del sistema financiero, sino de algo mucho más sencillo, como son las técnicas de fraude que usualmente emplean los ladrones comunes o cibernéticos.
Recurso extraordinario, concesión errónea del recurso, gravedad institucional, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Correo Argentino S. A. s/ concurso preventivo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-24

La concesión del recurso extraordinario por la causal de gravedad institucional es objetable porque la invocación genérica de la dicha doctrina, por el simple hecho de que sea el Estado Nacional quien recurre y sin precisar de qué manera la decisión pondría en juego principios esenciales de orden social, importa desconocer el riguroso principio establecido por la Corte por el cual la presencia de aquella situación no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso, y solo facultaría al Tribunal para prescindir de ciertos recaudos formales frustratorios de su jurisdicción extraordinaria, pero no para tomar intervención en asuntos en los que no se ha verificado la presencia de una cuestión federal.
Costas, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HIDALGO PILAR Y OTRO c/ GONZALEZ PIMENTEL GABRIEL MARCIAL s/ SUMARIO  POR  INSCRIPCION  DE  ESCRITURA  PUBLICA  E INDEMNIZACION DE  DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-15

La limitación resultante del artículo 66, segundo párrafo del Código Procesal Civil en tanto importa la restricción al derecho que tienen las partes de peticionar en el proceso, debe ser interpretada en forma estricta. En consecuencia sólo resulta aplicable cuando se está propiamente en presencia de un incidente.
Recurso extraordinario, proceso penal, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Giampieri, Héctor y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva aunque se invoquen garantías constitucionales o la tacha de arbitrariedad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Martinelli, Héctor L s/ Violación; robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

Es insuficiente el agravio del recurrente referido a que el indicio de mendacidad valorado por el tribunal -integrante de la prueba compuesta con la que tuvo por acreditada la autoría responsable del procesado- no "reposa sobre bases debidamente acreditadas", si omite denunciar y por ende demostrar qué normas habría quebrantado el tribunal al meritar dicho indicio como lo hizo (art. 355, C.P.P., según ley 3589 y sus modif.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Cugat, José Alberto s/ Tentaiva de robo - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Si la diligencia de secuestro del arma se ajustó a lo dispuesto por la norma aplicable (art. 97, C.P.P. n.a.) y si la misma ha sido reconocida como la usada en el hecho por las víctimas y por el propio imputado, es infundada la crítica a tal indicio realizada con fundamento en los incs. 4º, 5º y 6º del art. 256 del C.P.P. (n.a.).
Obligaciones solidarias, aplicación de la ley, estación de servicio, mercados, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Ansaldi, Rosa c/ Bernigaud, María de los Ángeles y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-11

El nudo a desentrañar en este litigio quedó circunscripto a determinar si el minimercado "Yamandú" existente en la explotación comercial de Barracas del Norte S.R.L. constituyó un "servicio correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento", y no dudo que la respuesta afirmativa dada por el sentenciante es correcta. La actividad "normal y específica" es la habitual y permanente del establecimiento. Es la referida al proceso normal de producción de bienes o servicios y resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares. Así, el minimercado funcionaba como complemento de la actividad principal de venta de combustibles; los hechos verificados en la causa encuadran a la perfección en la facti specie que contempla el art. 30 de la LCT (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Litisconsorcio necesario, integración de la litis
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cano Demetrio Luis c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-12

Aún cuando el acto impugnado pudiera presentar los vicios y vulneraciones a derechos constitucionales que denuncia el actor, el eventual progreso de la pretensión deducida comprometería inevitablemente los derechos subjetivos e intereses que emergen de la designación en ese cargo en beneficio de un tercero, los que no pueden verse alterados jurisdiccionalmente sin la intervención de éste en la causa, en salvaguarda de las garantías constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) y de propiedad (art. 14 ídem), por lo que la pretensión concebida deviene manifiestamente improponible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, subrogancia del juez, reenvío, sentencia arbitraria, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Demasi, Marcelo Arturo c/ Caja Previsión Social Agentes Civiles del Estado s/ Actualización. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 729-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-26

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y remitir la causa al tribunal subrogante que corresponda, cuando la desinterpretación que de los dispositivos legales efectuara la Sala, convierten al decisorio impugnado en arbitrario. En el caso, la Sala ha prescindido del encuadramiento legal, al entender que corresponde abonar un seguro de primera categoría del decreto 330/90 cuando el causante nunca pudo aportar para la nueva categoría primera de ese decreto de escalas porque, además de estar fallecido, nunca gozó del haber correspondiente a esa categoría y, por ende, tampoco contribuyó con el aporte personal por beneficio fijado a tal efecto. Tal criterio carece de razonabilidad, porque sin dar razón plausible para así decidirlo, se aparta de la télesis de la norma que tiende a asegurar una proporcionalidad entre el aporte personal por beneficio a acordarse y el monto del seguro. En este razonamiento, la Sala dejó a un lado que no es adecuado al sistema vigente producir una identificación entre las categorías de un decreto de escalas con las categorías de un decreto posterior. De ser ello así, se quebrantaría el equilibrio del sistema al no preservarse la necesaria equivalencia entre asegurados y aseguradores.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viveros, Hugo Homero c/ Livieri, Eduardo Nelson y Otros y-o Quienes Resulten Propietarios s/ Demanda por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-09

El concepto jurídico de propiedad es más extenso y comprensivo que el de dominio, ya que se considera propiedad y se le acuerda tutela constitucional no sólo al referido derecho real, sino a todo otro derecho de contenido patrimonial que esté consolidado en el patrimonio de una persona, debiendo considerarse tales todos los intereses apreciables que un hombre puede tener fuera de su vida y libertad.
Denegatoria del recurso, resoluciones irrecurribles, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, lesiones leves, cómputo de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en incidente de apelación en autos Arias, Matías Sebastián sobre 89 - lesiones leves c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar la queja porque la decisión cuya revisión el MPF persigue en último término -aquella que, cualquiera sea su acierto o error, ordenó practicar un nuevo cómputo de la pena impuesta al imputado (contabilizando el período en el que estuvo cautelarmente privado de su libertad en el marco de otras causas ante jueces nacionales y cuyas tramitaciones en paralelo a esta causa no vienen disputadas)- no es una definitiva, sino una posterior a ella, y la parte recurrente no muestra que corresponda equipararla a una de esa especie. El recurrente no atiende las categorías que esa norma contemplaría, no identifica el o los universos que estarían aquí en juego y, tampoco explica el supuesto "juego armónico" entre los artículos 24 y 58 del CP que, según señala, daría cuenta del invocado "exceso jurisdiccional" que denuncia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Cayunir, Luis y otro c/ Rasic Hnos. S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Las alegaciones referidas a pretensos errores in iudicando o a supuestas anomalías en la producción y apreciación de la prueba son ajenas al recurso de nulidad extraordinario.
Competencia, jueces, domicilio real
Materia: CIVIL
Carátula: Sociedad Conrado Gómez e Hijo Com. Ind. y Agrop. S.R.L. s/ Convocatoria de acreedores - Inhibición (Libro: A023A-154)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-08-16

Es juez competente para intervenir en la convocatoria de acreedores, el juez del verdadero y real domicilio del convocatario, de acuerdo a las pruebas de autos, y no el del domicilio legal del contrato social.
Defecto legal, saneamiento del vicio
Materia: LABORAL
Carátula: AYALA Diego Domingo c/ MIÑO Santiago y PINDAPOY S.A. s/ Accidente de Trabajo y Otros Rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-29

La excepción de defecto legal prevista en el inciso 5 del artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial, no es acogida por la ley ritual laboral, la que faculta al accionado a requerir al juez que se subsanen los defectos de forma, omisiones o imprecisiones que tuviere la demanda, lo que deberá se resuelto sin traslado a la contraparte.
Leyes, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bolonio, Hugo Enrique c/ Valente, Guillermo y otros s/ Incidente de ejecución de sentencia Diaz Nuñez DAustino c/ Fabregues Ricardo y otra s/ Desalojo Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28|1997-05-29

Dada la naturaleza y fines tuitivos que se persiguen con la sanción de la ley 8904, se considera que la misma es de orden público, encontrándose también, entre otros fines, el aseguramiento de los derechos de terceros. El orden público implica un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos a los que se considera estrechamente ligadas la existencia y conservación de la sociedad. Limita la autonomía de la voluntad y a él deben acomodarse las leyes y la conducta de los particulares. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho administrativo, fiscal de Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-05

Como principio general, la Administración Pública, para concluir el proceso por vía del allanamiento, desistimiento y transacción, debe estar autorizada por acto expreso de órgano competente y es imperativa, en el derecho público provincial, la participación procesal del Fiscal del Estado en esos actos.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maida, Juan Adolfo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Las cuestiones vinculadas con el plazo de caducidad de la acción de amparo deben ser interpretadas y resueltas con criterio restrictivo y, en caso de duda, estarse a favor de la apertura del remedio.
Ejecución fiscal, monto del juicio, inexistencia de deuda, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Banco Privado de Inversiones SA s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde revocar la sentencia que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título sobre la base de un acontecimiento sucedido en otro proceso en el que se dispuso la reliquidación de la deuda. Tal decisión prescinde de las formas al incorporar elementos provenientes del proceso de conocimiento pero luego se vuelve rigurosa al tiempo en que, pudiendo tomar conocimiento del desarrollo completo de dicho proceso de conocimiento y, a sabiendas de que en él se admitió parcialmente la determinación tributaria cuestionada, dispuso como lo hizo. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Revocación de sentencia, acción de amparo, derechos de la persona por nacer, aborto no punible
Materia: PROCESAL
Carátula: Asesoría De Incapaces Nº 2 en representación de NN por nacer c/ Espinoza, Cristina s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-12-27

Procede revocar la sentencia y rechazar la acción de amparo promovida por la Asesora de Incapaces en representación del niño por nacer hijo de una menor de 13 años de edad, con el objeto de resguardar el derecho a la vida del "nasciturus" y, por ende, dejar sin efecto la medida cautelar dictada tendiente a prohibir cualquier práctica que interrumpa la gestación natural del niño por nacer, pues el verdadero valor jurídico del fallo importa aceptar que el art. 86 inc. 2° del C.P. otorga preponderancia a la situación de la víctima en el conflicto de bienes jurídicos que se produce ante la existencia de un embarazo que es fruto de abuso sexual y, en virtud de esa determinada circunstancia, sin importar su condición mental, la autoriza a interrumpir la gestación; por lo que constituye una justificante específica que, como tal, excluye excepcionalmente la ilegalidad del acto; empero, no implica desconocer la afectación de otro bien preciado para el derecho, el cual sede ante la construcción positiva; ergo, debe ser aplicada del modo más adecuado posible, a efectos de evitar cualquier ejercicio abusivo que, al margen de la legalidad, importe menoscabar -con efectos irreparables- el derecho fundamental que atañe a la persona por nacer.
Interversión de título, tenencia simple, posesión, comodato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ghittino, Carlos Dionisio c/ Giacchi, Ana María Cristina s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-10

Desde el punto de vista subjetivo, la posesión importa no reconocer la titularidad del dominio en otro, razón por la cual, cuando ese reconocimiento se exterioriza, es evidente que no existe posesión sino tenencia, lo cual sucede en el caso, en el cual no puede tenerse por configurada la interversión del título alegada por la demandada, dado que siempre reconoció que el actor es el propietario del inmueble que le fuera entregado en comodato, circunstancia que también surge de la declaración de testigos que manifestaron que la demandada vivía en una casa prestada.