marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nombre, inscripción de nombre, nombre extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: G.T.L. Y OTRO s/ RESOLUCION REGISTRO - ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

El hecho de que un nombre no registre antecedentes o que no posea traducción en nuestra lengua, no es suficiente para denegar su imposición si se adapta por su forma a las leyes que rigen la ortografía castellana (Cristofer) y no encuadra en las prohibiciones contenidas en el ordenamiento que regulan la materia. De lo contrario, sujetando los nombres a una lista común y limitada, se impediría el enriquecimiento natural de nuestro acervo idiomático, cercenándose el principio de libertad de elección que consagra el art. 3 de la ley 18.248. Esta, debe interpretarse en forma amplia, ya que de lo contrario se corre el riesgo de menoscabar ese derecho consagrado, el que debe, según el artículo mencionado, ejercerse libremente. Siempre que no comprometa el interés superior, violentando los motivos de convivencia social, que han determinado al legislador a establecer limitaciones y prohibiciones en tal sentido (conf. CNCiv. Sala C, R. 14.735, "Molina, R. s/ apel. Reg.", del 26/12/85; id. R. 24.593, "Tabis, Lorena s/apel. reg.", del 13/4/87).

El "prenomen" con el que se intenta inscribir al menor tiene traducción en idioma nacional: "Cristobal" su nueva formulación gráfica es un modo de permitir castellanizarlos, pues según prescribe el art. 3, inc. 2, ley citada, "...no podrán inscribirse nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso...".

A ello se suma que no vulnera su fonética, tampoco resulta extravagante, ridículo o contrario a nuestras costumbres, es de fácil pronunciación y no produce inconvenientes respecto de la individualización del sexo de la persona que lo lleve.

Se realiza, así, una acomodación, amoldamiento, modificación o ajuste para que "Christofer" suene en estructura gráfica y fonética castellana.

La evolución de las costumbres, que con el correr del tiempo enriquecen el lenguaje con la introducción de nuevas palabras, o, nombres, pasan a formar parte de las modalidades de un pueblo, circunstancia que no puede dejar de tenerse en cuenta (conf. C.N Civ. Sala C, R. 14.735, citado).
Competencia contencioso administrativa, competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Misiones s/ Cuestión de Competencia contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-04-11

La materia procesal administrativa est constituída por el conflicto jurídico que crea el ejercicio de la función administrativa...

El conflicto jurídico resulta del agravio a una situación jurídica subjetiva, cometido por un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, cualquiera que fuera la forma jurídica por la que ella se expresa: acto, hecho, decreto ordenanza, reglamento, contrato, etc.. En la especie, estamos frente a las consecuencias de un acto administrativo, por lo que se dan las condiciones que habilitan la competencia especial establecida en el Art. 145, Inc.

3 de la Constitución Provincial y Art. 5 de la Ley 3.064
Locación de cosas, reserva de locación, seña, acción de repetición
Materia: CIVIL
Carátula: MARLETTA ANGEL c/ LOS MIMBRES S.A.C.I.A s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Las sumas entregadas por el futuro locatario en concepto de reserva de locación no tienen el carácter de seña y por lo tanto el propietario debe restituirlas al no concretarse el contrato de alquiler objeto del convenio de reserva, si de ese acuerdo no surge que fue intención de las partes atribuirles tal carácter y no se estipuló que en caso de arrepentirse el propietario se obligaba a devolverlas dobladas.
Prueba testimonial, ofrecimiento de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ ROLANDO ALBERTO Y OTROS c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA S.A. Y OTROS s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-14

Cabe descartar las declaraciones efectuadas fuera del presente proceso que, constando por escrito, han sido hechas por terceros citados a autos al sólo efecto de reconocer firmas, ello por cuanto si al demandada pretendía hacer valer sus testimonios en el presente proceso, debió hacerlos deponer a través del procedimiento normado en los artículos 84 y siguientes del Código Procesal Laboral, lo que hubiera permitido al Juzgado y a la contraria -ejerciendo ésta su derecho de defensa- el adecuado contralor de tales probanzas formular preguntas, etc.-, lo que en el caso no se ha posibilitado.

Cfr. "Dato c/Greco Hnos.S.A." LAS 10/4/89, "Kloster c/Schroeder" LAS 26/11/84 y "Alvarado de Orzuza c/CACER" LAS 16/10/81. (Del voto en minoría del Dr. Reviriego).
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO ROOSVELT 2506/40 c/ OLMOS ORLANDO s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-16

No se ajusta a derecho la postura del copropietario que, no obstante conocer el reglamento de copropiedad al cual se integraba al comprar la unidad, pretende que por medio de una situación de hecho impuesta por él, se modifique el destino establecido a las unidades.-
Contraorden indebida para el pago del cheque, extravío del cheque, prueba
Materia: PENAL
Carátula: PAEZ, MIGUEL s/ Cheque sin fondos Causa 28935-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

1- La pérdida de los cheques constituye una causal de aquellas que la ley autoriza; más no basta alegar la causal invocada, sino que es menester acreditar su existencia real y el hecho de que su invocación no constituya artimaña hábilmente urdida para obstaculizar su pago. (Del voto del Dr. Riggi).- 2- El artículo 302 inciso 3° abarca tanto los casos de contraorden fundada en una causal ilegal como aquellos en que la revocación se asienta en un motivo admitido legalmente, aunque falsamente invocado. (Del voto del Dr. Riggi).
Prueba testimonial, testigo único, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: ORLANDO CUTULI c/ HECTOR ROMERO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-15

El derecho procesal moderno ha superado la eliminación del valor probatorio del testimonio único; por el contrario existe copiosa jurisprudencia que lo admite, por lo que excluir el mérito probatorio de la declaración testimonial única resulta injustificable, toda vez que implicaría una limitación a la libre valoración que es propia del juez de la credibilidad que le merezca el testimonio.
Tentativa, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, Miguel Causa 29.049
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-11

En caso de delito tentado debe efectuarse la reducción del tope legal en un tercio del máximo a los efectos de computar el plazo en la cual opera la prescripción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Miguel, Norberto F. c/ Pintarelli, Carlos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no demuestra como se habrían violado las reglas que gobiernan la carga probatoria.
Lesiones culposas, imprudencia
Materia: PENAL
Carátula: BEATRIZ T. FOGEL s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-08-19

El imprudente maniobrar de la víctima con un arma de fuego que sabía cargada -apretando el gatillo- aporta lo necesario para la producción del resultado dañoso que debió preveer, conformándose el nexo de causalidad necesario para el reproche culposo de la figura del artículo 192 del Código Penal.
Recusación, cesantía
Materia: PROCESAL
Carátula: Giardelli,  Martín  Alejandro c/ Estado Nacional  -Secretaría deInteligencia del Estado. s/ control de constitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Corresponde rechazar la recusación en los términos del art. 17 inc. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, si el firmante de la resolución que dispuso la cesantía del actor actuó en cumplimiento de sus deberes (art. 30 de dicho ordenamiento).
Recursos administrativos, caducidad, fuerza mayor, procedimiento administrativo, impuestos
Materia: PROCESAL CIVIL - TRIBUTARIO
Carátula: WEIS, FEDERICO CARLOS ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 129-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-22

No puede entenderse que existió "fuerza mayor" o el equivalente a paralización por "disposición de la ley" -excepciones al instituto de la caducidad de instancia-, si el recurrente contribuyente no demostró en modo alguno que la mera falta de las planillas bancarias que acreditaban el pago del impuesto, en la división de repetición de impuestos, haya constituido durante todo un año, obstáculo no susceptible de ser superado mediante el pedido de remisión de ellas o de informes específicos sobre esos pagos a las entidades bancarias receptoras o a través de constataciones. No siendo tampoco equiparable a detención por disposición de la ley, el que se haya dispuesto "retener" el expediente por falta de tales planillas, ya que estaba en manos del interesado objetar una detención inadecuada o pedir lo necesario para hacer desaparecer lo que la provocaba, o, incluso, para solicitar a la asministración que se pronunciara en base a las constancias por él presentadas si no se lograban los elementos de juicio requeridos.
Prueba pericial, perito de parte
Materia: CIVIL
Carátula: Cardozo, Nicomedes Jorge y Otro c/ Albertus, Fernando Andrés y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-18

Ante la discrepancia planteada entre el criterio del perito oficial y un consultor técnico, ha de prevalecer, en principio, el del primero, pues las garantías que rodean a su designación hacen presumir su imparcialidad y, consecuente, mayor atendibilidad; en tanto el consultor técnico constituye una figura análoga a la del abogado, en la medida que procura aportar los fundamentos científicos o técnicos que favorezcan el progreso de la pretensión de la parte que asesora, lo cual denota, contrariamente al perito, su postura esencialmente parcial que obliga a evaluar sus razones como si provinieran de las partes mismas.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras, Elba Beatríz y otro c/ Vignau, Lía Elena y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

La supresión de la vida humana se traduce en una afectación patrimonial respecto de quienes comparten una comunidad espiritual y económica, o sea la familia orgánicamente considerada, y no sobre personas apreciadas individualmente, por lo que no resulta aconsejable deslindar lo acordado para la cónyuge y respecto de cada uno de los hijos. Máxime cuando el deslinde o distribución no ha sido ni siquiera peticionado por los interesados, que se limitaron a formular el reclamo globalmente (arts. 163 inc. 6º y 330 inc. 3º, C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, dictamen pericial, defensa en juicio, incapacidad, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, BEATRIZ c/ MURABITO, MARIA CARMEN Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-24

Los judicantes destacaron que el informe de los profesionales delegados de parte fue incorporado al sub judice sin el debido contralor de la contraria ni el anoticiamiento del perito, y que al basarse en el mismo la jueza de grado -denominándolo contrapericia- se vulneró el derecho de defensa; mas los cuestionamientos efectuados por la quejosa no persuaden de la decisividad de los mismos en el resultado de la causa, desde que, permanece incólume lo argüido por la Sala respecto a que no se desvirtúa lo razonado por el tribunal en cuanto a que la actora no logró acreditar que padezca de incapacidad producida por el ruido existente durante la relación laboral, no resultando el informe de parte elemento acreditante de la minusvalía, fundamento que, en definitiva, es el que da sustento al fallo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, responsabilidad de la Municipalidad, falta de vigilancia, servicio público, transporte de pasajeros, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PRONO, MANUEL EDUARDO c/ BOURQUIN, JULIO ARMANDO, LOS CONSTITUYENTES S.A., MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 539 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-27

Debe desestimarse la queja interpuesta por la Municipalidad, la cual, entiende errónea la concepción del Tribunal atinente a la existencia de un "ilícito por omisión" para imputarle responsabilida d por omisión de control, desde que no logra demostrar que el razonamiento seguido por la Sala deba tacharse de ilógico o irrazonable. Así, comenzó la Cámara por señalar como obligación legal para circular con un automotor la de contratar un seguro de responsabilidad civil frente a terceros (artículos 40 inc. c; 65 inc. b y 68, de la Ley Nacional de Tránsito, nro. 24.449; y artículos 118 y 119 de la Ley de Seguros, nro. 17.418).

Determinado ello, a continuación dilucidó si por parte de la Municipalidad existió o no la responsabilidad pretendida por el actor.

En este orden analizó que a la luz de la norma del 1074 debía examinarse si existía o no una disposición legal que imponga la obligación de cumplir con el hecho que se alega incumplido, aquello que se erige como un deber jurídico.

Advirtió entonces que tal normativa existe: la Ordenanza municipal nro. 9833 y su Anexo (artículos 13, 27, 33 inc. b y 34) que establece las exigencias que los vehículos destinados al transporte público de pasajeros deben reunir; la obligación para el adjudicatario de la respectiva concesión de contratar seguros; el otorgamiento a la Municipalidad de determinadas facultades ante incumplimientos de las prestatarias (imponer sanciones, rescindir el contrato).

Y en este punto entra en juego el ejercicio del poder de policía estatal que en el caso consistía en hacer cumplir la ordenanza citada, y/o ante su incumplimiento aplicar las sanciones previstas en la misma normativa o prohibir la circulación del rodado, de modo de preservar el bien común y la seguridad pública. (De los Fundamentos del Sr. Ministro Dr. Gutiérrez)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., E. S. c/ M., A. C. s/ Disolución de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios que excede de manera manifiesta tanto el monto del juicio, como los trabajos cumplidos por el letrado, como el marco legal específico.
Seguros, asegurador, autorización para funcionar, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: COMERCIAL
Carátula: FEBO  COMPA/IA  DE  SEGUROS  SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ OBSERVACIONES AL BALANCE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

Basta con comprobar la deficitaria situación financiera de la aseguradora, que no permite considerarla con aptitud económica para operar en el mercado asegurador en condiciones que garanticen el cumplimiento de la finalidad del seguro, tanto en sus aspectos técnicos como en su función social, y que la entidad aseguradora no ofrezca plan alguno de regularización en tiempo propio, para que la superintendencia de seguros de la nación en uso de sus atribuciones y conforme a la finalidad de controlar el ejercicio de la actividad aseguradora, disponga la revocación de la autorización para funcionar de la aseguradora.

Es que debe excluirse del mercado a la aseguradora infractora y cesante en sus pagos.
Contrato de trabajo, despido del delegado gremial, trámite jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: PAMI  Instituto  Nacional  de Servicios Sociales para Jubilados yPensionados c/ González, Roberto s/ juicio sumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-01

Tal como lo sostuviera el Fiscal General, la existencia de una representación sindical no significa la derogatoria del art. 252 de la L.C.T. y el hecho de que un trabajador haya sido electo candidato o delegado no le otorga ultraactividad a un contrato que está llamado a regir hasta el acceso a la pasividad, de acuerdo con lo expresamente dispuesto por el art. 91 de la L.C.T.. Por otro lado el art. 48 de la ley 23551 alude a cualquier motivación extintiva que sea jurídicamente admisibles, milita el despido que el principal puede disponer -previo cumplimiento del aviso del art. 252 L.C.T.- cuando el dependiente ha alcanzado la edad y los requisitos necesarios para obtener un beneficio jubilatorio.
Matrimonio, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: LUCERO ANGEL EDUARDO c/ GOMEZ LLAÑE MARIA DOLORES s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-15

Ser fiel en el matrimonio, es palabra que está ligada estrechamente al amor y a la esperanza, ya que no solamente se relaciona a la ligazón sexual única que existe entre el marido y mujer, en cuanto a pensamiento y obra, sino también en cuanto a la actitud de servicio permanente que debe prestar al otro cónyuge: en definitiva, el amor se ve en la actitud de entrega del uno para el otro. El sentimiento lleva al estado amoroso permanente y la razón al servicio. En cuanto se quita este último, el estado amoroso ser a una situación que puede ser permanente mientras sirva al yo, de allí que cuando no sirve de este modo, pueda descartarlo, como se descartan una cantidad de productos en esta sociedad consumista. No ha existido hogar, porque no ha existido voluntad de integrarlo...

De allí que el abandono voluntario del mal llamado en este proceso hogar conyugal (ya que sólo era un cobijo nocturno), fue una consecuencia lógica y no maliciosa de esa vida desamorada y derrumbada que llevaban los cónyuges.
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Ricciardi, Hugo Omar s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-11-20

Los presupuestos sustanciales establecidos por la ley para la procedencia del recurso de casación que se sostiene en la causal de violación u omisión de formas procesales, encuentra estrecha vinculación con el sistema de nulidades procesales establecidas por nuestra ley de práctica, de manera que existe una perfecta sistematización orgánica entre ambos institutos.

Para que la queja extraordinaria pueda tener andamiento, será preciso que el reproche satisfaga los recaudos establecidos por el rito para promover incidente de nulidad.
Libertad de cultos, jornada de trabajo, ius variandi
Materia: CIVIL
Carátula: B., R. E. c/ Asociación Bancaria (S.E.B.) s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-03

Es justificado el despido indirecto dispuesto por una trabajadora ante las reiteradas medidas disciplinarias tomadas por el empleador, luego de que se abstuviera de concurrir a laborar los días sábados por no permitírselo la religión que profesa -Adventista del Séptimo Día-, pues tal exigencia impuesta a la trabajadora se hubiese justificado si hubiera respondido a impostergables necesidades funcionales, o que fuera el producto de exigencias de producción que no pudieran ser sufragadas de otra forma, máxime cuando le fue ofrecida por la dependiente, a modo de compensación, el cumplimiento de horas extraordinarias.
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, recurso extraordinario, Ministerio Público Fiscal, prescripción de la acción penal, sentencia arbitraria, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario deducido por el Ministerio Público Fiscal y dejar sin efecto la sentencia apelada -que hace lugar al planteo de prescripción articulado por la defensa, en orden al delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas-, pues le niega al requerimiento fiscal de elevación a juicio -que no fue anulado-, el carácter interruptor de la prescripción que el Código Penal reconoce, y si bien la cuestión planteada versa sobre el alcance de un pronunciamiento que resuelve acerca de la procedencia del recurso de casación y de la declaración de nulidad de un acto del proceso que resultaría ajena, por regla y dado su carácter procesal, al conocimiento del Tribunal, corresponde hacer excepción a tal principio, dado que como resultado de consideraciones rituales suficientes y de una interpretación literal y aislada de una providencia anterior del tribunal, se dejan sin efecto actuaciones realizadas de manera regular, lo que no se compadece con la buena marcha de las instituciones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, decretos, empleados públicos, escalafón, reescalafonamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Degano, María Susana c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   N  145-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-22

En los vistos y considerandos del decreto nro. 4448/92 - mediante el cual se aprueba la estructura orgánica funcional de la API (artículo 1), la asignación de niveles y grados del personal (artículo 2), y se fija el sueldo básico inicial a que refiere el artículo 92 del decreto nro. 4447/92 (artículo 3)- se menciona "la necesidad de dotar a la Administración Provincial de Impuestos de una estructura orgánica funcional que le permita alcanzar los objetivos para los que fue creada"; "que la estructura orgánico funcional resulta indispensable para la utilización racional y la mejor aplicación de los recursos humanos y materiales disponibles y aun de los que se dispondrá en el futuro"; "que dicha estructura conlleva la asignación de funciones del personal y su consecuente encuadramiento en los niveles y grados contemplados en el Estatuto Escalafón del ente"; "que cabe señalar, asimismo, que nos encontramos frente a la creación de un nuevo organismo autárquico y ante una nueva estructura orgánica-funcional, compatible con los fines y objetivos del mismo, no obstante lo cual es conveniente evitar la generación de conflictos que puedan afectar la prestación de los servicios cuando aquéllos se deriven de situaciones jurídicas complejas, estableciendo el mecanismo adecuado para preservar el nivel salarial alcanzado por cada agente, según criterios pacíficamente admitidos y que han sido recogidos por el decreto nro. 2269/92 (decreto que resuelve la puesta en vigencia y funcionamiento de la Administración Provincial de Impuestos y la disolución y liquidación del ENFIRE SAPEM y de la Dirección Provincial de Rentas)". Este decreto es el que le asigna a la recurrente el cargo de "Auxiliar 25 a 29 años" (Nivel D, Grado 4) -con su respectivo coeficiente-, y el que ésta impugna .Sin embargo, no se advierte que este encasillamiento vulnere las garantías que -según se expuso- asistían a los agentes que pasaban a desempeñarse en la API.