marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Quiebra, honorarios, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE  DE  VERIFICACION DE HECTOR E.FUNES EN: ORO LONDON- QUIEBRA PEDIDA s/ HONORARIOS  -  CONCURSOS  -  INCIDENTE  DE  VERIFICACION CADUCIDAD DE  INSTANCIA - RECURSO DE REVISION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-09

Producida la caducidad de la instancia de verificación, después de recibidas las únicas pruebas admitidas por el juez, la escala del art. 34 debe aplicarse sin reducciones puesto que ninguna otra actividad profesional es necesaria para que la causa quede conclusa para sentencia. La circunstancia de que no se hayan producido alegatos no impide al abogado percibir la totalidad del honorario puesto que la ley ha prescindido de esa actuación en esta clase de procesos (L.C. Art. 305).
Responsabilidad del Estado, proceso penal, antijuridicidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Blanco   Eusebia   y   otros c/ E.N.  -M°  Interior s/ daños  yperjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Tal como surge del juego de los arts. 1101, 1102 y 1103 del C.C. y de la nota de Vélez Sarsfield a estos dos últimos, la jurisdicción civil se halla subordinada a la penal en todo lo concerniente al hecho principal que constituye delito -faz objetiva- y a la autoría de ese hecho -faz subjetiva-. Ello así, si se ha decidido con autoridad de cosa juzgada que el "hecho principal" no es antijurídico porque se constató una causa de justificación que excluye tal carácter, tampoco puede serlo en esta nueva revisión de naturaleza civil y, por ende, ese hecho jurídicamente declarado legítimo no puede generar responsabilidad del Estado Nacional por los daños causados por su dependiente.

La absolución fundada en la causal de justificación prevista por el art. 34, inc. 6 del Código Penal, que equivale a negar la existencia de antijuridicidad, hace cosa juzgada en lo civil e impide que se impute por el mismo hecho a quien repelió la agresión, un delito, o cuasidelito civil a los efectos de la reparación pecuniaria del daño (Fallos: 314:1855) (Del voto del juez Buján, cons. VII).
Juicio de desalojo, legitimación activa, adquirente en subasta, bienes inmuebles, posesión, derechos reales, dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: Aceros Zapla S.A. c/ Cañete, Benicio y Otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-16

Dada la finalidad de la norma - art. 2505 Cód. Civil y art. 1893 CCyC -, la inoponibilidad por falta de publicidad suficiente para determinar la falta de legitimación no procede respecto de los demandados que se han opuesto a la demanda y finalmente han reconocido la propiedad del inmueble en cabeza del actor; sin que a su vez se observe que detenten un interés legítimo que pueda verse afectado por la transferencia del dominio.
Constitución Nacional, sistema de gobierno, democracia, derecho de peticionar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

La profundización del sistema democrático de gobierno, en nuestros días, pasa por asegurar con canales jurídicos idóneos la articulación de la voluntad ciudadana, y por promocionar una expresión más de ella. (Del voto del juez Uslenghi).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUNEO ALBERTO A. Y FAGETTI CARLOS H. c/ HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO" EXPTE. N 6728/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-10-07

Habiéndose dictado la resolución N° 1897/89, objeto del litigio, la cual dispone a solicitud del bloque de Senadores del Partido Justicialista, la cesantía de los agentes que revistan en esta jurisdicción, unidad de organización 01, categoría 140, planta permanente, según se detalla,, se ha violado así lo preceptuado por el art. 97 y 98 de la Ley 3460; el derecho a ofrecer y producir pruebas, de hacerse patrocinar y representar profesionalmente, pero sobre todo el derecho a una decisión fundada y que el acto de decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en cuanto fuesen conducentes para la decisión del caso. Que, en el caso, ello no fue subsanado en la Resolución N° 1924/89 donde se rechaza el recurso e revocatoria y nulidad, lo que conlleva a la aplicación de lo preceptuado en el Código de Procedimientos Administrativos,art. 175 incs. e),m), y n), esto es ante la presencia de vicios graves corresponde la sanción de nulidad del acto dictado.
Abordaje de buque, riesgo de abordaje, responsabilidad por abordaje de buque
Materia: NAVEGACION
Carátula: Agrano Abel Donato c/ Cap. y otro del buque Don Grato Censi s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

La excepcional creciente, la velocidad del agua, la oscuridad de la noche, jurídicamente se convierten en agravantes, cuanto más si se tiene en cuenta que la regla 4 del Reglamento Internacional (ley 21.546) especifica que las reglas de la parte B-Reglas de Rumbo y Gobierno- se aplicarán en cualquier condición de visibilidad. La regla 5 obliga al Patrón a tener una eficaz vigilancia visual (vigía), y la regla 6 a mantener una velocidad de seguridad que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a distancia que sea apropiada a la circunstancias y condiciones del momento. La regla 7-Riesgo de abordaje- preceptúa:

a) Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si existe riesgo de abordaje. En caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo existe. Y en la sección III -Conducta de los Buques en condiciones de visibilidad reducida-, en el inc. b) se regula que todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento. Los buques de propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente.
Pensiones militares, conviviente, retroactividad de la ley, concurrencia de beneficiarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ceriani, Irene c/ E.N.  (Ministerio de Defensa) s/ Nulidad de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-21

Los derechos que no se pueden afectar con la inclusión de la conviviente en los beneficios de pensión por el artículo 6 de la Ley 23.570 son los de los integrantes del grupo familiar que los hubieran obtenido con anterioridad; no podrá por lo tanto la inclusión de un nuevo beneficiario desplazar totalmente a uno anterior, situación que no se da cuando se comparte el beneficio previsional a partir de la nueva situación, y ésta es la interpretación que se compadece con los principios más amplios que hacen a la solidaridad que debe existir entre las personas que conforman un grupo familiar que llega hasta el deber legal de asistencia.
Daño ambiental, responsabilidad objetiva
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: A. A. A. S.A.I.C. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-08-21

Hay situaciones en que el daño es inherente a una determinada actividad específica y resulta inseparable de ella, de modo tal que por su solo ejercicio el perjuicio deviene inevitable (ejemplifica con la minería, la recolección de residuos domiciliarios, la generación de energía nuclear), es intrínseco, y solo puede evitarse.evitándola.- Y en tales casos, la posibilidad de daño debe determinarse ex - ante, cuando no ha empezado, a los fines de prevenir o precaver sus efectos, ya que una vez comenzadas, el daño será lógica y forzadamente su consecuencia fatal e irreversible.
Falsedad ideológica, funcionarios públicos, instrumentos públicos, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL
Carátula: LANAO VILLENA, Omar. s/ FALSEDAD IDEOLOGICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

El autor del delito de falsedad ideológica puede ser tanto el funcionario fedatario -ya que tratándose de instrumentos públicos es el único que tiene competencia para "insertar"- como el particular que "hace insertar" al funcionario declaraciones falsas, es decir, manifestaciones que no revelan la verdad pasada. Lo que se hizo "insertar" se refiere a un hecho que el documento está destinado a probar (*).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, falta de regulación, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: BORGONOVO, FELIX JUAN c/ ASUVAL  S.R.L. s/ ORDINARIO - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-07

El art. 4032, inc. 1, del Código Civil se aplica a la prescripción de la acción de cobro de honorarios devengados en juicio y no regulados.

Los trabajos extrajudiciales, están sometidos a la prescripción decenal ordinaria.

El abogado o procurador, están en situación similar al locador de obra intelectual, por lo que no existe razón alguna que justifique darle un tratamiento distinto, pero aún cuando se entendiera que la solución es dudosa, habría que aplicarle el principio que establece que frente a ella debe prevalecer el criterio más favorable para el acreedor en el caso la prescripción decenal.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mamani, Raúl Enrique c/ Basal, rubjén O. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-20

Resultando necesario determinar en la causa civil la posible responsabilidad de los accionados en la producción de las lesiones padecidas por el actor y estando el mismo tema simultáneamente sometido a la decisión del Juez en lo Penal, resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 1101 del Cód. Civil. Ello significa que no puede caer pronunciamiento en el expediente civil "antes de la condenación del acusado en el juicio criminal".
Recurso de casación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: San Antonio S.R.L. y otro c/ Baza, José David s/ Acción de Exclusión social s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-30

En innúmeras causas este Tribunal se ha pronunciando respecto a la posibilidad que existe de que, llegados los autos a este estadio procesal, se verifique si, desde el punto de vista formal, el memorial recursivo satisface los requisitos formales intrínsecos conforme a la exigencia contenida en los Arts. 288 y 299 del C.P.C.C., luego de la admisión formal provisoria, declarada mediante resolución circunscripta al examen de los requisitos formales extrínsecos contemplados en el Art. 292 del Código Procesal Civil.

La circunstancia de haberse llamado autos para sentencia no impide que, avocada a decidir en definitiva la causa, la Corte de Casación reexamine los requisitos de admisibilidad del medio de impugnación sometido a su conocimiento, verificando su cumplimiento.

Debe advertirse que este riguroso control que verifica la Corte, no solo en una etapa preliminar sino al tiempo de dictar sentencia final, se redobla en este recurso extraordinario, en razón de que constituye un deber ineludible del Tribunal evitar que en la práctica se lo desvirtúe, porque recién en esta oportunidad el Tribunal hace pleno uso de su facultad jurisdiccional.
Partidos políticos, nombre partidario, escisiones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Socialista Democrático s/ reconocimiento de personería jurídico política
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-21

El artículo 16 de la ley 23.298, in fine, contempla dos supuestos. El primero, concebido como una prohibición genérica dirigida a todos los partidos, impone que el nombre de éstos se distinga del de otros razonable y claramente. El segundo, de carácter específico, considera que, dado el caso de una escisión partidaria, el grupo desprendido carece de derecho a emplear total o parcialmente el nombre originario del partido o agregarle aditamentos.
Transporte marítimo, conocimiento de embarque, cláusula fiot, responsabilidad del transportador
Materia: NAVEGACION
Carátula: OCEANO CIA. ARG. DE SEGS. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "HEWELIVSZ" s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

Una firme jurisprudencia del Tribunal tiene decidido que el alcance de la cláusula FIOT, en el conocimiento de embarque consiste en poner a cargo de los cargadores y consignatarios los gastos de las operaciones de embarque y desembarque, pero que los riesgos subsisten en cabeza del transportista marítimo.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Francisconi, Hugo c/ Estornell SACIFI s/ Ejecutivo-Reconstruido
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-08-28

En cuanto a la posibilidad de discutir en el proceso ejecutivo, la causa de la obligación, si bien las razones son principistas, en numerosos casos se admite el debate sobre la causa de la obligación, si sustancialmente se debate si el título no es hábil, si no contiene deuda líquida y exigible, o en el caso, si dicha deuda o su determinación parte de una base errónea y comprobada, resultando ineficaz y atentatorio del derecho de defensa en juicio, si dicha formalidad se refiere a la discusión del juicio ordinario posterior.
Competencia por la materia, sindicatos, conflicto intrasindical
Materia: LABORAL
Carátula: Ferrer, Vicente c/ Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

Por su naturaleza el planteo tendiente a que se dirima un conflicto intrasindical, suscitado entre un afiliado y la asociación gremial a que pertenece, resulta ajeno a las facultades que tienen los jueces locales sobre la materia.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Musumeci, María Angela c/ González, Fabián Esteban s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Si no se ha demostrado la existencia de una relación causal adecuada no funciona la responsabilidad civil extracontractual (arts. 901, 903, 1068, 1113, Código Civil).
Derecho de réplica, Comunicaciones, prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Muy herido quedaría el intercambio comunicativo, y hasta dejaría de ser tal para convertirse en un monólogo de los medios de prensa, si estos últimos no admitiesen, a su propio costo, que terceros afectados por informaciones agraviantes o inexactas tuvieran acceso a la difusión de su réplica, en los casos en que así proceda, sea por iniciativa directa del medio ante el reclamo del replicante, sea por sentencia judicial dictada en forma sumarísima tendiente a evitar la extemporaneidad de la contestación del afectado (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

El juez, que no debe gozar del consenso de la mayoría, debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial.
Mora, constitución en mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de los Arroyos cooperativo limitado c/ Fernandez, Mariano Victorio s/ Cobro ejecutivo Banco de Italia y Río de La Plata S.A. (en liquidación) c/ Giménez, Ramón Francisco y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24|1994-03-08

De la naturaleza ejecutiva del título y de la exigibilidad de la obligación no deriva necesariamente la mora del deudor.
Daños y perjuicios, culpa concurrente, seguros, subrogación en los derechos del asegurado, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: Patria  CIA  de Seguros  S.A. c/ Gas del Estado s/ Daños y Perjuicio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-07

Por actuar la actora en mérito de la subrogación y entendiendo que para que ésta se configure es necesario la existencia de un tercero responsable del siniestro extraño al contrato de seguro; un asegurado damnificado que sufrió daños y que debe ser resarcido; y un aseguramiento que soportó las consecuencias económicas del daño por el que es responsable el tercero y los asumió como consecuencia de la obligación de indemnizar que nace del contrato de seguro, surge de ello que nadie puede subrogado. Conforme a lo expuesto y atento a la culpa concurrente determinada en un 20% respecto de su subrogada, se condena solidariamente a los codemandados hasta cubrir el 80% de los daños probados y que surgirá de la liquidación a practicarse en autos.
Contratos, depreciación monetaria, cláusula penal, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: CARCANO MARIO c/ PETRELLO OSVALDO s/ CLAUSULA PENAL- MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-11

La cláusula penal desempeña dos funciones: una compulsiva, que tiende a asegurar el cumplimiento de la prestación y otra resarcitoria, orientada a prefijar anticipadamente los daños y perjuicios. Dado lo dispuesto por el art. 655 de CC la doctrina ha sostenido tradicionalmente la inmutabilidad de la cláusula penal, negando su reajuste aunque el monto aparezca insuficiente. "El acreedor no puede pretender una indemnización adicional alegando la insuficiencia de aquélla para enjugar el efectivo daño sufrido" así se excluia explícitamente de la posibilidad de revalorización judicial de las deudas dinerarias a partir de la mora, al caso en que se hubiesen convenido las consecuencias de esta, según ocurre en el supuesto de existir una obligación penal para el caso de retardo. Estas objeciones no impiden en términos absolutos el reajuste de la cláusula penal que aparece notoriamente insuficiente para cumplir sus funciones propias. La actualización de la deuda en función de la depreciación monetaria no es verdaderamente un resarcimiento de daños y perjuicios materia a la que exclusivamente se refiere el art. 655 CC sino un sistema tendiente a asegurar el principio de integridad del pago, de modo que se conserve la intangibilidad sustancial de la prestación debida a través del tiempo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la actualización del importe correspondiente a la cláusula penal bajo la comprensión de que no importa aumentar, sino mantener la indemnización pactada, de manera que sólo se adapta la misma obligación primitiva tal como fue la intención de las partes convenidas. As i como en beneficio del deudor el juez cuenta con la facultad de morigerar las penas de monto desproporcionado, debe poder ejercer la misma atribución en sentido inverso cuando la desproporción no sea en exceso sino en defecto.
Extradición, ejecución de la pena, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Horacio Alberto c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

La mera referencia de pretender atribuirle al a quo, que en el marco de una extradición rechazó la excepción de prescripción de la pena opuesta por la defensa, falencia argumental, al afirmar que el tiempo de detención en este país debe considerarse como pena, se considera crítica bastante para descalificar la solución dada al caso, toda vez que esa circunstancia fue invocada por el juez como elemento integrador de la pena por la cual se lo sancionó al requerido y, por ende, alcanzada por el principio según el cual mientras la pena se está ejecutando, en virtud de su efectivo ejercicio, el Estado mantiene vivo su derecho por haber actuado en tiempo útil, razón por la cual no puede prescribir.
Acción de amparo, existencia de otras vías, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABONDANDOLO FERNANDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION ACUÑA NORMA ELENA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-17|2002-06-06

Existen razones suficientes que ameritan el rechazo de la acción de amparo contra actos y omisiones del Poder Administrador, cuando no se evidencia la base de comprobación inmediata ni el daño grave e irreparable que se causaría remitir el examen de la cuestión a procedimientos ordinarios (Contencioso Administrativo), ya que el mismo cuenta con el dictado de la medida cautelar conocida en Doctrina como "Suspensión Especial", por la cual se consagra la atribución especial del Tribunal de suspender los efectos del acto administrativo impugnado judicialmente. De esta manera se evita desnaturalizar la institución del amparo poniendo a consideración una materia que resulta extraña a este remedio excepcional de carácter sumarísimo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, aplicación de la ley penal, Estado, política criminal, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

La interpretación de la ley no puede prescindir de las consecuencias de sus resultados ni tampoco pueden éstas resultar totalmente indiferentes a los postulados mínimos de una política criminal racional propia de un Estado de Derecho que prioriza la seguridad de todos sus ciudadanos antes que un ejercicio ciego del poder de retribución no exento de ciertos resabios vindicativos.

Encauzar la criminalidad hacia modos notoriamente menos ofensivos respecto de las víctimas, u ocasionales terceros, aún cuando no pueda considerarse un desideratum político criminal, constituye sin duda una fórmula de compromiso hacia un fenómeno que ninguna sociedad ha podido erradicar y que en, algunas sociedades en crisis, como la nuestra, ha adquirido una magnitud que impacta profundamente a todos los ciudadanos. (Del Voto En Disidencia Del Dr. Giménez)
Empleados públicos, cesantía, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fontanel, Enrique Jesús s/ Apel. Art. 40 Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

Aún de considerarse que no se encuentran suficientemente probadas las circunstancias por las cuales se declaró la cesantía, no puede dejar de señalarse que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia de la C.S.J.N., cuando el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con que presta el servicio, la separación del cargo, mediante la debida aplicación de las normas estatutarias, no puede calificarse de manifiestamente arbitraria.