Tribunal: TRIBUNAL DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL (SAN ISIDRO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10


En la ciudad de Pilar, a los 10 días del mes de noviembre del año 2010, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces integrantes del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Alejandro Diego Flori, José Alberto VILLANTE y Mirta Angélica RAVERA GODOY, bajo la presidencia del nombrado en primer término y actuando como Secretaria la Dra. Silvina COTO, con el objeto de dictar resolución conforme lo disponen los arts. 371 del C.P.P., 56 de la ley 13.634, en la presente causa nº 5 seguida a G., M.N. en orden a los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en concurso real con homicidio criminis causae del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 1 Dptal. con sede en Pilar, según el orden establecido por la Excma. Cámara de Apelación y Gtías. a fs. 715: FLORI - VILLANTE - RAVERA GODOY, se plantean y dan respuesta a las siguientes;

C U E S T I O N E S PRIMERA: ¿Se encuentra probada la existencia del hecho en su exteriorización? SEGUNDA: ¿Se encuentra probada la participación del jóven G. en el mismo? TERCERA: ¿Concurren eximentes? CUARTA: ¿Se verifican atenuantes? QUINTA: ¿Existen agravantes? SEXTA: ¿Que calificación legal le corresponde a los hechos que se tuvieran por probados? SEPTIMA: ¿Corresponde decretar la cesura del juicio hasta el cumplimiento de lo previsto en el art. 4, incs. 2 y 3, de la ley nacional 22.278? OCTAVA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?	A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Alejandro FLORI, dijo:

Que con la prueba incorporada por lectura y/o exhibición al debate en el marco del decisorio de fs. 754/776vta., a saber: fotocopia certificada de certificado de nacimiento de la víctima de autos de fs. 9; fotocopia certificada de informe médico de fs. 33; fotocopia certificada de acta de allanamiento de fs. 34/36; fotocopias certificadas de los informes de fs. 51, fax de fs. 58, fs. 60 y original de fs. 61 del Incidente de Morigeración de la Prisión Preventiva que corre por cuerda en la presente causa; fotocopia certificada de D.N.I. perteneciente al Sr. García Walter Daniel de fs. 52/53; informe médico respecto de M.D.B. de fs. 62; declaración testimonial de Ariel Gustavo Rodrigues de fs. 117/118; evaluación socio-familiar realizada respecto de M.N.G. de fs. 260/261; informe social realizado respecto de M.N.G. de fs. 263/264; pericia de fs.359/364; fotocopias certificadas fs. 392/407; fotocopia certificada del certificado de defunción de la víctima de autos de fs. 522; informes institucionales de fs. 677/679; legajo tutelar del Joven M.N.; el descargo formulado por el co-imputado mayor, Sebastián Alejandro Soto, como así también la declaración en los términos del art.308 del C.P.P. prestada por el mentado, agregadas en fotocopias certificadas a fs.173/178 de estos actuados; la declaración prestada a fs.200/202 en los términos del art.308 del C.P.P. por el joven M.N.G.; informe psicológico realizado por el Lic. Alberto Ilief, respecto del jóven M.N.G. de fs. 812/814; informe social, realizado por la Perito Trabajadora Social del C.T.A. departamental, Lic. Cecilia Fiorito, con relación al grupo familiar del joven causante de fs. 815/837; informe socio-ambiental practicado por la Lic. Fabiana Conticello, perito Asistente Social del C.T.A. del Departamento Judicial de Pergamino, con relación a la progenitora del joven aquí imputado de fs. 838/848; Informe realizado por la comunidad Terapéutica Manatiales con relación a la evolución de M.N.G. de fs. 84/850; Durante el debate: informes agregados por la Fiscalía con relación a la licencia anual de la dra. Gloria Pellegrini, certificación de su domicilio de fs. 851/854; Pericia de autopsia de fs.285/301 con más la auditada durante la sustanciación del debate; testimonios de Walter Gabriel Garcia, Ramón Nicolás Lagraña, Ariel Adrián Sosa, Marcelo Martín Ianotta, Tolentina Acosta, Claudio Juan Manuel Esteban, Marcelo Miguel Papasidero, Emanuel Adrián Escobar, Cecilia Fiorito, Jorge Adrián Casas, María Laura Césare; tengo por acreditado con el grado de certeza que rige esta etapa del proceso:

"Que el día 25 de noviembre de 2009, siendo aproximadamente las 20:30 hs., tres sujetos del sexo masculino, mediando acuerdo previo para cometer un hecho ilícito, se constituyeron en la calle EL CHINGOLO nº 1719 del Barrio La Arbolada, de la localidad de Presidente Derqui, Partido del Pilar, e interceptaron a Sandra Verónica ALMIRON en momentos en que se encontraba abordo de su vehículo automotor marca Chevrolet, modelo Corsa, dominio HAL331, realizando las maniobras adecuadas para ingresarlo por la cochera a su casa y, previo intimidarla mediante la exhibición de armas de fuego, la desapoderaron ilegítimamente de los siguientes bienes: un celular marca Samsung color negro, anteojos de color negro con estrellas o perlitas pegadas, una cartera, bolso con útiles del colegio, documentación personal varia, tarjeta de caja de ahorro, una agenda azul y roja, una billetera color marrón, otra agenda color verde, un monedero, un saquito liviano color negro o marrón, un par de aros tipo argolla, una cadena con perlita, un anillo de matrimonio, una campera de jean, una blusa, guardapolvo color azul, chatitas marrones. Así las cosas, en momentos en que se perfeccionaba el atraco, se efectuaron al menos dos detonaciones con las armas de fuego señaladas, una de los cuales impacto en la víctima, produciéndole lesiones de tal entidad que desembocaron en su deceso momentos después. Tras ello, los sujetos activos se dieron a la fuga en el rodado propiedad de la víctima, junto con el resto del botín".-	Los distintos elementos conformativos del factum narrado encuentran principal sustento en las siguientes probanzas desarrolladas a continuación:

Primeramente, para seguir un orden cronológico, encuentro apropiado partir del testimonio del vigilador privado Ramón Nicolás LAGRAÑA, quien en la audiencia brindó detalles de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento. Contó que junto con otras cuatro personas se encuentran a cargo de la seguridad privada del barrio Los Robles del Monarca, ubicado en la localidad de Derqui, Partido del Pilar. El mismo es abierto y sus límites lindan con el barrio La Arbolada - también abierto - donde se encuentra la casa de la víctima. Es decir va desde Ruta nº 8 hasta la calle Las Golondrinas. Comentó que la recorrida la hace en bicicleta, que hay calles de asfalto y de tierra, que no son muy transitadas. También lo hacía con un teléfono Nextel por el cual se encontraba comunicado vía "handy" con sus pares y la policía. El día de los acontecimientos investigados, recordó que se encontraba recorriendo su sector y a las 20.10 horas aproximadamente observó a tres sujetos del sexo masculino sobre la calle Alem, los cuales se dirigieron hasta la arteria Casuarinas en sentido hacia El Ombú. Estos sujetos le llamaron su atención, por lo que decidió acercarse logrando reconocer a uno de ellos, el mas grande, a quien identificó como Sebastián SALTO - es su apellido materno, siendo el paterno SOTO -. Dijo conocerlo con anterioridad, describiéndolo como de mala fama, un ratero del lugar que tenía antecedentes. Continuó su relato señalando que dicho sujeto al verlo lo saludó y le dijo que lo deje trabajar. Lo señaló como la voz cantante del grupo de tres que conformaban. Recordó que Sebastián llevaba puesta una remera clara y un pantalón tres cuartos de jean. Manifestó que a partir de allí continuó observándolos y llamó a la policía. Que en ese momento el sujeto de menor estatura le intentó arrebatar la bicicleta, empero como escuchó que por el handy la policía había llegado al lugar - por la entrada de Robles del Monarca -, desistió del arrebato y continuó su marcha junto con sus compañeros, perdiéndolos de vista en las calles El Palenque y Cardenal, cercano ya a la Ruta 234 donde se ubica el barrio La Alborada. Con respecto al tercer sujeto, no tuvo diálogo, pero si aseguró haberlo visto con una mochila. Concluyó de todo lo vivenciado, que los tres sujetos tenían intenciones de robo. Que la policía tardó diez minutos en llegar, ingresando por el sector de su barrio.-	A esta altura, entiendo conveniente puntualizar que, tal como se documentara a fs. 809/vta., este Tibunal se constituyó en el lugar del evento en cumplimiento de la Instrucción Penal Suplementaria dispuesta. En dicha oportunidad he podido apreciar que ambos barrios: Los Robles del Monarca - La Arbolada, lindan, siendo una zona tranquila de casa quintas, con mayoría de calles de tierra y abiertos al público, en donde casi no hay veredas y la gente que circula lo hace por la calle. Los vecinos mayormente se conocen, como así sus movimientos cotidianos. El tránsito de personas y autos es poco a nulo, máxime al anochecer. Se puede avistar personas a larga distancia toda vez que nada se interpone en la calle, y dentro de las manzanas muchas contienen campos sin edificar.-	Esa impresión del lugar, emerge como un indicador de veracidad del relato del vigilador LAGRAÑA, puesto que en la zona no hay mas que casa quintas y descampados, a lo que se agregan calles de tierra en mal estado - muchos pozos y piedras - lo que lo hace de poco interés para el paseo. Por el sector del barrio Robles del Monarca las casas quintas son grandes, siendo los cercos perimetrales en su mayoría elevados lo que deja la calle de tierra en soledad. De ahí que resulta fácil advertir la presencia de gente extraña al lugar y poder efectuar un seguimiento, incluso a distancia sin temor a que se mezclen con otras personas. En este caso, además, el vigilador por ser de la zona conocía a uno de los tres sujetos y sabía que debía tener cuidado con él. No solo por reconocerlo como un ratero del lugar que tenía antecedentes, sino además porque el mismo le reclamó "que lo deje trabajar". Esta situación de por sí lo motivó a llamar a la policía, empero como si ello no fuera suficiente, el mas bajo de los tres sujetos intentó sustraerle su bicicleta. Todo esto motivó al vigilador a "escoltarlos" de alguna manera hasta fuera de los límites del barrio que vigilaba, lo cual los dejó "en la puerta" del barrio La Arbolada a las 20.10 horas. Es decir, minutos antes del hecho aquí ventilado.-	Este primer segmento nos arroja como resultado que tres sujetos del sexo masculino con intenciones de robo se encontraban a las 20.10 horas en el barrio La Arbolada a unas cuadras de la casa de la víctima. Uno de ellos, el de mayor ascendencia en el grupo, se trataba de Sebastián SALTO SOTO - mayor de edad e imputado en el hecho en el marco de la causa nº 13.152 del registro del Tribunal en lo Criminal nº 2 Dptal. -. Otro, el denominado mas bajo de estatura - intentó sustraerle la bicicleta a Lagraña -, y el tercero era el que llevaba la mochila consigo.-	A partir de allí nace la segunda parte de la trama en la cual dichos sujetos interceptan a Sandra ALMIRON en momentos en que llegaba con su rodado. Esta parte del relato, es cubierta por los dichos injurados del propio Sebastián SALTO SOTO, quien vivenciara todo el derrotero. Como consideración preliminar, es del caso referenciar que sus dichos, obrantes a fs. 173/178, han sido incorporados por lectura mediante el decisorio de fs. 754/776vta., por constituir uno de los supuestos de excepción previstos en el art. 366, tercer párrafo, del Rito Penal. Agrego que en el caso particular, su deposición durante el juicio no resultaba viable por cuanto podía verse comprometida su situación procesal en la causa nº 13.152 del Tribunal Criminal nº 2 donde se encuentra imputado por los mismos hechos. Es por ello que, habiéndosele receptado declaración oportunamente conforme a las reglas que tutelan el citado acto, se consideró acertada su incorporación por lectura al juicio.-	Sentado ello, he de abocarme a los elementos aportados por SOTO, quien en lo sustancial avaló los dichos de LAGRAÑA y fue mas allá. Si bien en su descargo siempre se coloca en la posición de no haber querido participar, lo cierto es que en todo momento contó que estuvo junto a los otros dos sujetos del sexo masculino, dando detalles de lo sucedido. Así señaló que el día de los acontecimientos concurrió al barrio La Alborada junto con dos amigos. Uno de ellos llevaba "dos fierros" en la mochila. En el camino se encontraron con un vigilador privado, al cual dijo conocer porque lo veía siempre en la chancha de Gerardo Toro en donde hacían campeonatos y lo conocía como "moncho". A su vez, a sus compañeros los conocía por haberlos visto varias veces con anterioridad. Dijo que cuando se cruzaron con el vigilador éste les dijo que se vayan, que no hagan cagadas que por ahí andaba la policía. Que aquél no pudo haber visto los fierros porque los llevaba en la mochila uno de sus compañeros. Continuó expresando que en momentos en que se estaban yendo se cruzaron a una señora que "dobló para adentro y estacionó en la puerta de su casa". De repente observó que sus compañeros, munidos con dos armas de fuego a las cuales describió como un 22 largo y un 38, se abalanzaron sobre la misma con intenciones de ingresar a la casa y robar. Mientras ambos le apuntaban con las armas, él se colocó como espectador en la esquina. Uno de ellos sujetó a la víctima, el otro subió al auto y la señora, que aparentemente se resistía, de pronto logró zafarse. En ese momento, escuchó un primer disparo "al aire o al piso". Luego, la señora forcejeó con el otro sujeto y es en ese momento donde escuchó un segundo disparo. Así las cosas, al percatarse que la gente salía de las casas decidieron huir en el auto de la víctima. Recalcó que las intenciones de sus compañeros era robar la casa. Que no pudo establecer quien disparó en la segunda oportunidad, que fue la que dió en la víctima.-	Entre las expresiones del vigilador Lagraña y Sebastián SOTO, encontramos denominadores comunes como ser: el conocimiento previo entre ambos; que los dos se vieron el mismo día y momentos antes del evento; que en total eran tres sujetos los que merodeaban por la zona, de los cuales uno era SOTO; que uno llevaba mochila; que en el barrio Robles del Monarca fue el encuentro entre ambos; y en el barrio La Arbolada - donde se dejaron de ver - fue donde se produjo el atraco; que tenían intenciones de robo.-	La trama culmina con la participación de las personas que inmediatamente llegan al lugar.-	Por un lado, los vecinos que escucharon desde sus casas lo sucedido y, por el otro, la policía que inicia el levantamiento de rastros y demás labores de investigación para determinar lo sucedido y dar con los autores del hecho.-	Dentro de ese marco, Walter GARCÍA, marido de la víctima, contó que inmediatamente de sucedido el hecho lo llamaron sus vecinos, le contaron lo que había acaecido y que llevaron a su esposa al Hospital Austral, distante a unos tres minutos del lugar del evento. En primer término llamó a la empresa de rastreo satelital "Lo Jack", quienes de inmediato comenzaron a seguir el auto. Tras ello se apersonó en la central de urgencias y le fue manifestado por el médico encargado que su esposa había llegado instantes antes a consecuencia de una herida producida por un proyectil de arma de fuego que ingresó por su espalda. Le explicaron que una vez fallecida intentaron reanimarla, pero que la sangre no circulaba y reingresaba a su corazón sino que salía, motivo por el cual dejaron de practicarle dichas maniobras.-	Los testigos Ariel Adrián SOSA, Marcelo Martín IANOTTA y Tolentina ACOSTA, depusieron en la audiencia y afirmaron ser vecinos - el primero lindero, y los otros domiciliados en la misma cuadra -, quienes escucharon los gritos de Sandra ALMIRON y luego al menos dos detonaciones de arma de fuego. ACOSTA y IANOTTA describieron que el día del evento escucharon varios gritos por parte de Sandra pidiendo auxilio. Acosta los adjetivó como "desgarradores". Tras ello escucharon una detonación de arma de fuego, luego mas gritos y finalmente un nuevo disparo. Que la víctima quedó tendida sobre la playa de ingreso a la cochera del auto de su casa, boca arriba, con los ojos abiertos y su cuerpo temblando. SOSA inmediatamente la cargó en su automóvil particular y la llevó junto con IANOTTA al Hospital Austral, al cual llegaron rápidamente (entre tres a cinco minutos). IANOTTA comentó que en el camino le iba tomando el pulso y constató que tenía, aunque no podía hablar. Que ingresaron por emergencias. Que mas tarde recibieron la noticia de su fallecimiento y que había sido a consecuencia de una herida de bala. Agregaron que no se percataron de que haya habido sangre en el lugar donde encontraron a Sandra. Si recordaron que en el auto no había.-	A las reveladoras y por demás ilustrativas declaraciones señaladas, debo agregar que la muerte de Sandra ALMIRON como consecuencia directa de la herida producida por un proyectil de arma de fuego calibre 38 viene acreditada a partir de:

El protocolo de autopsia obrante a fs. 285/292 en el cual la profesional interviniente concluyó que el mecanismo de la muerte ha sido a consecuencia de un shok hipovolémico irreversible, con lesiones en corazón, pulmón, hueso e intercostales, a causa de un proyectil de arma de fuego.-	Si bien dicho documento fue incorporado por lectura ante la verificada ausencia de la perito médica legista practicante Gloria Pelegrini de su trabajo y su domicilio particular - conforme surge del acta de debate -, y la Defensa formuló protesta con el fin de quitarle validez al citado instrumento, lo cierto es que la libertad probatoria imperante en el sistema procesal y la consecuente crítica razonada de la misma (arts. 209 y 210 del C.P.P.) hacen que me convenza de lo acertado de las conclusiones puntualizadas en la autopsia a partir de los hechos aportados a conocimiento por parte de los testimonios arribas citados, con mas:

La declaración brindada en el debate por el Dr. Marcelo Miguel PAPASIDERO, médico de guardia del Hospital Austral al día del hecho, quien contó que recibió a la víctima instantes después del hecho. Que la trajeron unos vecinos, quienes lo pusieron en conocimiento que había sufrido un robo y disparo. Que esa información la recordó por la trascendencia del hecho y porque eso siempre le sirve para comenzar a trabajar en la urgencia. Explicó que la paciente era femenina, llegó inconsciente, sin respuesta, sin respiración y sin pulso. Inmediatamente la intubaron e iniciaron masajes cardíacos para reanimarla. Que detectó que la mujer tenía un hematoma en región anterior del tórax, y un orificio compatible con herida de arma de fuego en la espalda, región lumbar. Que por su actividad - únicamente atender la emergencia - no se abocó a determinar si ambas lesiones resultan simultáneas o se encuentran relacionadas, por lo que no lo pudo afirmar categóricamente. Que las tareas de reanimación duraron aproximadamente entre 40 a 45 minutos. Que nunca lograron estabilizarla. También contó que él fue quien habló con el esposo de la mujer atendida. A preguntas que se le formularon, indicó que el protocolo señala que en estos casos el médico extiende un certificado médico con lo sucedido y el hospital por vía administrativa da aviso a la policía. Ante ello se le exhibieron los certificados obrantes a fs. 5 y 6 de la causa nº 13.152 del T.O.C. nº 2 Dptal., reconociendo como propias las rúbricas allí existentes.-	El perito médico Legista Dr. Jorge Adrián CASAS, convocado por la Fiscalía ante la ausencia de la Autopsista Dra. Pellegrini, explicó que el hematoma que presentaba la víctima en la región anterior del tórax, detectado por el médico Papasidero, resulta perfectamente compatible con la herida de arma de fuego ubicada en la espalda. Desarrolló el punto indicando que si un proyectil ingresa por la zona lumbar de abajo hacia arriba, el mismo ingresa con una energía que arrastra a la sangre en su dirección, lo que explica el hematoma en el tórax. Máxime cuando no hubo orificio de salida. Por la misma razón, la sangre no suele salir por el orificio de entrada, lo que valida nuevamente los relatos de los testigos que indicaron no ver sangre.-	Desde lo formal, tanto la identidad de la víctima como su deceso vienen acreditados con las copias certificadas de su partida de nacimiento de fs. 9 y su certificado de defunción obrante a fs. 522.-	No sobra agregar que hasta el propio certificado de defunción de fs. 522 hace referencia a que la causa de la muerte de Sandra ALMIRON ha sido a consecuencia de un proyectil de arma de fuego.-	Finalmente, la labor pericial llevada a cabo se ha encontrado a cargo del Jefe de la Policía Científica de Zona Norte, Comisario Claudio Juan Manuel ESTEBAN, quien comentó en su deposición que vivía cerca del lugar y al enterarse de lo sucedido se apersonó y dirigió la labor en persona. Que no hayó rastros de interés, pero que enseguida - a la hora aproximadamente - le fue alertado que se encontró el automóvil de la víctima cerca de la plaza de José C. Paz. Tomaron fotos, hicieron planimetría y balística, todo ello con resultado negativo. También levantaron huellas dactilares del interior del auto y de una lata de cerveza arrojada próxima al automóvil. El cotejo de las mismas con la de los imputados a ese momento arrojó su compatibilidad con dos de ellos. Una corresponde a Sebastián SOTO y la otra a D.B. (menor no punible, registra causa nº 16 del Juzgado de Garantías del Joven de Pilar). Este hallazgo continúa reforzando la deposición de SOTO quien no solo se colocó en la escena y en particular dentro del auto, sino que también había hecho referencia a que uno de los tres que estaban con él lo conocía como "E. D.".-	Resulta compatible también el calibre de las armas utilizadas - 22 largo y 38, según la versión de SOTO -, puesto que de la pericia de autopsia, como de la declaración auditada del citado Jefe de la Policía Científica de Zona Norte, se desprende que del cuerpo de la víctima se extrajo un proyectil calibre 38, el cual estaba deformado por dar contra la estructura osea de la mujer. Asimismo, señaló que la Fiscalía les entregó otro proyectil más para peritar y determinaron que era del calibre 22 largo. Ante preguntas de la Defensa, Esteban dijo que no solo se colocó al frente de la labor pericial en el lugar de los hechos, sino que además auditó personalmente los avances de cada una de las labores, dando presiciones a ese respecto en la audiencia.-	Solo me resta decir que el devenir de los acontecimientos traídos a conocimiento por cada uno de los testigos, en los segmentos en los que les tocó participar, han sido contestes y compatibles entre sí, aún en los detalles. Ello me convence acerca de la veracidad de cada una de las expresiones, no habiendo advertido en ninguno de ellos animadversión ni parcialidad alguna.-	En virtud de todos los argumentos dados, se conforma mi íntima, sincera y razonada convicción sobre la existencia del hecho en su exteriorización material con los alcances dados, dando el sentido de mi VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 209, 210, 371, 399, del C.P.P. y 56 de la ley 13.634).-	A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. En consecuencia, VOTO por la AFIRMATIVA (art. 209, 210, 371, 399, del C.P.P. y 56 de la ley 13.634).-	A la PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. En consecuencia, VOTO por la AFIRMATIVA (art. 209, 210, 371, 399, del C.P.P. y 56 de la ley 13.634).-	A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Alejandro FLORI, dijo:

Considero suficientemente acreditado que M.N.G. resulta coautor material del obrar delictual precedentemente descripto y analizado; ello en mérito a las probanzas previamente enumeradas, y en especial de:

Sebastián SOTO en su relato de fs. 173/178 lo individualizó como M. alias "P.", adjudicándole haber participado en el evento, junto con él y "E.D.". En particular lo señaló como quien llevó consigo la mochila con los "dos fierros", es decir, con las armas de fuego calibre 22 largo y 38. Ya me explayé en la cuestión anterior acerca de la credibilidad de este relato, por lo que aquí me limitaré a decir que las identidades aportadas por el nombrado respecto del grupo de tres sujetos se han visto corroboradas, ademas, por la pericia de levantamiento de rastros que indicó a SOTO y a "E.D.".-	El tercer sujeto, señalado por SOTO como aquél que llevaba la mochila con las armas de fuego no es otro que M. "P.", el cual fue descripto por el vigilador privado LAGRAÑA como el más gordito, de un metro con setenta centímetros - los cuales tomó en base a su propia altura, ya que mide 1,66 mts. y dijo que era un poco más grande que él -. Además, relató como participó en las ruedas de reconocimiento de personas, reconociendo sus firmas, recreando el acto y afirmando que el allí indicado - G. - era el que cubrió el rol de llevar la mochila negra. Ambos relatos, lo afirmo una vez mas, resultan plenamente contestes, amalgamándose uno con el otro.-	La deposición de Emanuel Adrián ESCOBAR, quien en la audiencia comentó domiciliarse en Derqui. Que conocía de allí a "E. D." y a M. "P.". Que el concepto de ellos en el barrio era que se trataba de personas que salían a robar. Comentó que a la noche del día del evento, en momentos en que se encontraba en la Plaza Antonio Toro de la localidad de Derqui, escuchó que el comentario de la gente era que momentos antes habían matado a una mujer del lugar en la puerta de su casa, y que los autores eran D. y P. Agregó que al día siguiente "D." le mandó un mensaje de texto manifestándole si quería comprar un celular. Escobar le contestó que no, que se fijara por San Miguel. Inmediatamente recibió contestación de D. quien le expresa que había matado a una persona: "maté a la doña" sic. A esto Escobar le contestó bardeaste, por qué la mataste a la doña si no había necesidad. A preguntas que se le formularon indicó que "la doña" a la que se referían en los mensajes de texto era la víctima de autos, no había duda de ello dado que era el único caso que había sucedido la noche anterior en la localidad de Derqui, lo cual tenía conmocionado a todo el lugar. De este relato vuelvo a extraer credibilidad en la deposición de SOTO puesto que no solo D. participó en el evento, sino que además quería desligarse de un celular, justamente uno de los elementos robados a la víctima. Además, en cuanto a M. "P.", si bien resulta un testigo de oídas de su participación en el evento, no deja de ser un elemento mas que en forma armónica converge en la misma dirección que el resto de los indicadores de fuste desarrollados anteriormente.-	En resúmen, el vigilador LAGRANA reconoció a G. en oportunidad de llevarse a cabo el reconocimiento en rueda de personas, y le adjudicó el rol de llevar la mochila. SOTO por su parte dijo que G. efectivamente formó parte del grupo de tres e indicó que fue quien llevo la mochila con los fierros. ESCOBAR, testigo de oídas corroboró con su versión la participación de G..-	Todos los indicadores desarrollados son graves, precisos y concordantes, los cuales pasados por el tamíz de la sana crítica razonada conforman mi íntima, sincera y razonada convicción en cuanto a la coautoría que le cupo al imputado M.N.G. en el evento que diera por probado en la primera cuestión, dando en consecuencia el sentido de mi VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 209, 210, 371, 399, del C.P.P. y 56 de la ley 13.634).-	A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 209, 210, 371, 399, del C.P.P. y 56 de la ley 13.634) .-	A la SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 209, 210, 371, 399, del C.P.P. y 56 de la ley 13.634) .-	A la TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Alejandro FLORI, dijo:

Las partes no han señalado ninguna causal de eximición de la responsabilidad, no encontrándola tampoco el suscripto.-	Tales argumentos constituyen mi íntima, sincera y razonada convicción, para dar el sentido de mi VOTO por la NEGATIVA (arts. 2 de la ley 22.278; 210, 371 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la NEGATIVA (arts. 2 de la ley 22.278; 210, 371 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la TERCERA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la NEGATIVA (arts. 2 de la ley 22.278; 210, 371 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la CUARTA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Alejandro FLORI, dijo:

Como atenuantes la Fiscalía no ha indicado ninguno, mientras que la Defensa solicitó que se ponderen los siguientes: la minoridad, la historia de violencia e inestabilidad familar y la ausencia de condenas anteriores.-	Entiendo que las tres circunstancias postuladas deben ser admitidas como diminuentes por las siguientes razones:

La minoridad si bien ya se encuentra enmarcada dentro del fuero de excepción - responsabilidad penal juvenil -, con el consecuente plus de derechos que le otorga la legislación nacional e internacional, lo cierto es que el grado de autodeterminación que un joven tiene se ve menguado dada su corta edad, de lo que resulta lógico sostener que a menor edad se corresponde menor autodeterminación. La punibilidad de los jóvenes enmarcada en el art. 2 de la ley 22.278 señala a los de edades comprendidas entre 16 y 17 inclusive. G. tenía 16 al momento del hecho por lo que sus posibilidades o facultades de comprensión de su conducta resultan objetivamente más escasas que la de quienes tienen más edad.-	En cuanto a la historia de violencia e inestabilidad familar, los profesionales que intervinieran en autos e interactuaron con la familia de G., han dado cuenta de ello. En particular, la Licenciada María Laura Césare, sicóloga del C. M. donde se encuentra alojado el jóven indicó "marco de inestabilidad familiar y falta de límites". Por su parte la Asistente Social Cecilia Fiorito coincidió con la testigo anterior y agregó que el domicilio del padre era un desorden. Era un lugar de tránsito, trabajaba todo el día, que no lo tenía como un hogar. La madre tiene antecedentes siquiátricos. Los recursos contenedores familiares son escasos.-	Finalmente, la carencia de antecedentes penales pretéritos viene acreditada con el informe de fs. 706 - aunque no se encuentra incorporado por lectura, el principio favor rei debe operar en sentido de ausencia de antecedentes -, resultando un parámetro objetivo de conducta primaria.-	Tales argumentos constituyen mi íntima, sincera y razonada convicción, para dar el sentido de mi VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 210, 371, 395 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la CUARTA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 210, 371, 395 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la CUARTA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 210, 371, 395 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la QUINTA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Alejandro FLORI, dijo:

La Sra. Fiscal solicitó se tengan en cuenta como agravantes: la nocturnidad, la superioridad en números de los sujetos activos, la no resistencia de la víctima, el modo comisivo al efectuarse el disparo por la espalda, y la circunstancia de que no pasa gente por el lugar.-	La nocturnidad al igual que el lugar con poca circulación de gente han sido especialmente seleccionadas por los sujetos activos. En efecto, de la ilustración efectuada en la primera cuestión por el testigo Lagraña, como así la impresión que tuvo el Tribunal al momento de realizar la inspección de visu (en día y horarios próximos al día del evento), es que se trata de una zona de casa quintas y descampados, a lo que se agregan calles de tierra en mal estado - muchos pozos y piedras - lo que lo hace de poco interés para el paseo. Por el sector del barrio Robles del Monarca las casas quintas son grandes, siendo los cercos perimetrales en su mayoría elevados lo que deja la calle de tierra en soledad. Como se puede deducir fácilmente, circular de a tres personas con intenciones de robo por un lugar con dichas características de ninguna manera puede ser asimilado al centro de San Isidro, por ejemplo, puesta que esta zona les ofrecía un manto de protección y a la vez un mayor grado de indefensión en la víctima.-	La pluralidad numérica es otro parámetro aceptable, puesto que tres sujetos intimidan y aseguran el producido con mayor probabilidad que menos, aumentando proporcionalmente la indefensión de la víctima.-	Con relación al modo comisivo, nuevamente entiendo aceptable por cuanto la sumatoria del resto de aumentativas como el abordaje por parte de tres sujetos, nocturnidad, etc., además se ha visto incrementado por el disparo innecesario de dos proyectiles de gran calibre - como lo es un 38 -, generando un plus de violencia inusitado.-	Con respecto a la no resistencia de la víctima, únicamente contamos con los dichos de los vecinos ACOSTA, IANOTTA y SOSA que describieron gritos de auxilio, calificados como "desgarradores" por la primera. Sin embargo, su "no resistencia" como indica la Sra. Fiscal en realidad se encuentra íntimamente relacionada con el alto grado de indefensión en que la colocaron los sujetos activos y que ya fuera objeto de otras agravantes, por lo que la presente se encuentra contenida en aquellas.-	Finalmente, la utilización de armas de fuego no será objeto de análisis aquí, puesto que en el caso entiendo que forma parte de la tipicidad - lo que trataré en la cuestión pertinente - y por lo tanto no puede ser objeto de múltiple valoración.-	Tales argumentos constituyen mi íntima, sincera y razonada convicción, para dar el sentido de mi VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 210, 371, 395 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la QUINTA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 210, 371, 395 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la QUINTA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. VOTO por la AFIRMATIVA (arts. 210, 371, 395 y sgtes. del C.P.P.; 1 de la ley 13.634).-	A la SEXTA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Alejandro FLORI, dijo:

Entiendo que el hecho que diera por probado en la primera cuestión debe subsumirse jurídicamente como homicidio en ocasión de robo en los términos del art. 165 del Código Penal, descartando la aplicación del agravante contemplada en el art. 41 bis de igual cuerpo legal, como así el concurso real con los delitos de robo calificado por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (arts. 166 inc. 2 segundo párrafo y 167 inc. 2 del C.P.), propiciados por la Fiscalia.-	Conforme surge de los relatos del vigilador Ramón Nicolás LAGRAÑA y de Sebastián SOTO, la finalidad con la que llegaron los tres sujetos activos al lugar era la de cometer un robo, aunque no tenían una víctima predeterminada. La casualidad hizo que en momentos en que se encontraban próximos a la casa de la víctima, ésta llegó con su automóvil. Es allí cuando, aprovechando el número de tres y utilizando dos armas de fuego aptas para el disparo, la abordaron, la redujeron y efectuaron al menos dos disparos, uno de ellos contra su humanidad, el cual a la postre le ocasionó su deceso, y se llevaron el botín.-	La aptitud para el disparo de las armas de fuego vienen aportadas por las escuchas que de las detonaciones hicieran los vecinos del lugar: ACOSTA, SOSA y IANOTTA. Asimismo, se incautaron dos proyectiles, un 22 largo y un 38, lo cual nos informa de la existencia de dos armas y de que ambas fueron detonadas.-	Por lo hasta aquí dicho, la muerte de Sandra ALMIRON - acreditada en la cuestión primera - sin lugar a dudas ocurrió en el marco del delito contra la propiedad, primigéneo designio criminal de los sujetos activos. Durante su transcurso, no bastando el mayor poder intimidante que supone que tres sujetos del sexo masculino aborden a una mujer por sorpresa, la intimidaron con la exhibición de dos armas de fuego, las cuales estaban tan dispuestos a utilizar de uno u otro modo que finalmente lo hicieron y en exceso: en dos ocasiones. El dolo se infiere entonces de estas circunstancias y en particular de la repetición de los disparos con varias armas, de lo cual no resulta posible inferir imprudencia sino más bien consecuencia con un resultado buscado, máxime a la altura y dirección de los disparos. Ello se extrae indudablemente de la descripción de la operación de autopsia de fs. 285/301 - de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba -, de los dichos del médico del Hospital Austral que intentó reanimarla, y finalmente de los relatos de los vecinos en cuanto escucharon primero los gritos de la víctima y luego las detonaciones de las armas.-	En ese sentido, la jurisprudencia ha dicho: "La figura contenida en el art. 165 del CP constituye un robo y no un homicidio y basta que la muerte se produzca con motivo u ocasión de aquel para que queden incursos en la figura todos los partícipes en el desapoderamiento violento, siendo irrelevante el grado de participación en el homicidio puesto que la misma sólo debe analizarse con respecto al robo; debiendo sólo excluirse de la citada figura aquellos supuestos en que el resultado calificante aparezca como un hecho accidental subjetivamente desvinculado del autor pues lo contrario implicaría violar el precepto contenido en el art. 19 de la Constitución Nacional al prohibir la causación de un resultado que no se haya podido siquiera prever. TC0002 LP 4116 RSD-1040-1 S 27-12-2001 , Juez CELESIA (SD) CARATULA: D.,H. s/ Recurso de Casación, MAG. VOTANTES: Celesia-Hortel-Mancini, TRIB. DE ORIGEN: CP0002QL.-	Asimismo, si bien no puede saberse a ciencia cierta cuales de los tres sujetos dispararon, sí sabemos que al menos fueron dos, como así también que el atraco ha sido ejecutado en forma conjunta, de manera mancomunada, con las dos armas de fuego puestas al servicio y provecho del grupo, con un fin común de despojar a la víctima ilegítimamente de sus bienes, motivo por el cual el grupo actuó como uno, siendo todos funcionales a ese acuerdo planificado de antemano, por lo que los tres sujetos actuaron en calidad de coautores.-	Sentado ello y a fin de dar respuesta a los requerimientos de la acusadora, he de decir que:

En cuanto a la aplicación del art. 41 bis del Codigo Penal, considero acertada su desaplicación toda vez que en la reforma impetrada por la Ley 25.882 al Código Penal se ha introducido la calificante del robo con la utilización de un arma de fuego, comprendiendo por tal, en sentido técnico y jurídico, a aquel adminículo con efectiva capacidad ofensiva, no puede más que significar que deviene inaplicable la agravante del art. 41 bis C.P. a la figura del art. 165 del Cód. Penal, cuando el acto sustractor mismo es cometido con el empleo de un arma de fuego; y para ello, en primer lugar, debe diferenciarse la acción típica del delito, sin duda alguna el "apoderamiento ilegítimo" (de cosa mueble total o parcialmente ajena), de otros elementos también contemplados en el tipo objetivo, como lo es el resultado muerte.-	Siendo entonces que la figura contenida en el art. 165 del C.P constituye un robo y no un homicidio, en el que la muerte se produce con motivo u ocasión de aquel, por ello es que la participación sólo debe analizarse con respecto al acto sustractor, el que, bueno es recordarlo, en las condiciones en que ha sido recreado para este juicio, devendría típico de la novedosa figura ya mencionada del robo con arma de fuego, art. 166 inc. 2, segundo párrafo del C.P., la que ya contiene en su acción típica (y reitero que sólo en ella se da la participación criminal del art. 45 y ss. del Cód. Penal) el empleo de dicho adminículo ofensivo de aquellas especiales características consistentes en poder propulsar un proyectil al exterior por medio de la deflagración de los gases de la pólvora.-	En cuanto a los concursos reales pretendidos, creo ha quedado harto evidenciado en la primera cuestión que todo lo actuado por los sujetos activos se corresponde con un obrar único, no escindible. Asimismo, en el marco de lo perceptuado en los párrafos anteriores, las agravantes "armas" y "poblado y banda", ya se encuentran contenidas en el tipo del art. 165 del C.P., por lo que su concurso solo puede ser del tipo aparente.-	Tales razones constituyen mi íntima, sincera y razonada convicción, sobre la calificación legal seleccionada. ASI LO VOTO (arts. 209, 210, 371 del C.P.P.; 45 y 165 del Código Penal).-	A la SEXTA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. ASI LO VOTO (arts. 209, 210, 371 del C.P.P.; 45 y 165 del Código Penal).-	A la SEXTA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. FLORI, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. ASI LO VOTO (arts. 209, 210, 371 del C.P.P.; 45 y 165 del Código Penal).-	A la SEPTIMA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. Alejandro FLORI, dijo:

Que hubo acuerdo entre las partes en cuanto a la aplicación del art. 4, incs. 2 y 3, de la ley 22.278 en relación a que se difiera la cesura del juicio a resultas de que el joven cumpla 18 años de edad y al menos un año de tratamiento tutelar.-	A esta cuestión, tal y como ya lo he expresado con anterioridad a partir de la causa nº 4 "N.R.N. s/robo calificado y otros" del registro de éste Juzgado, y de conformidad con lo que reclamaba por ése entonces el Ministerio Público Fiscal, entiendo inaplicable el art. 4 de la ley nacional nro. 22.278 en sus incs. 2 y 3, por los motivos que seguidamente expondré.-	En efecto, la Constitución Nacional le ha reservado al Congreso Nacional la atribución de dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería (art. 67 inc. 1, C.N.), con la idea de mantener el principio de legislación básica uniforme para todo el país. Sin embargo, su aplicación corresponde a los tribunales federales o provinciales según las cosas o personas recaigan bajo sus respectivas jurisdicciones, de lo que se concluye que corresponde a las provincias dictar sus códigos de procedimiento, por referirse al régimen del proceso, a la aplicación de la ley, y caer aquella atribución dentro de las facultades de las provincias no delegadas en el gobierno federal (art. 104 C.N.).-	De ello se sigue que las hipótesis fácticas previstas en los tipos penales como así la especie y quantum de las sanciones a imponer, son materia propia de la legislación de fondo penal, uniforme en todo el país.-	Por el contrario, el art. 4 de la ley 22.278 prevé un régimen de aplicación de aquélla en el cual no se niega la aplicación de la pena sino que se dan pautas, requisitos y se imponen momentos para culminar en su aplicación, todo ello de evidente incumbencia de legislación procesal.-	Bajo ese marco, la provincia de Buenos Aires ha dictado la ley 13.634 que reglamenta el proceso penal en lo que hace puntualmente a los jóvenes punibles que entran en conflicto con la ley penal, remitiéndose al Código de Procedimiento Penal en cuanto no se opongan a la misma (art. 1). Es por ello que el gobierno local no solo no ha delegado en la nación la facultad de reglamentar el proceder con los jóvenes punibles en las condiciones señaladas, sino que ha hecho uso de ella en consonancia a lo perceptuado en Nuestra Carta Magna Nacional, por lo que su aplicación resulta obligatoria para éstos Estrados.-	Con ese norte, la ley 13.634 junto con su reenvío al Rito Penal, establecen como debido proceso legal (art. 18 C.N.) la celebración del juicio previo, tras lo cual el órgano de juicio debe dictar sentencia definitiva de acuerdo a la legislación de fondo (arts. 68 ley 13.634 y 371 del C.P.P.). Asimismo, se establece en dicho régimen la posibilidad de diferir el debate sobre la pena, ello a condición de que se verifiquen circunstancias que así lo aconsejen y solo por el término de un mes (art. 372 del C.P.P.). Todos estos conceptos, vale remarcarlo, armonizan debidamente con los principios rectores en materia procesal de inmediatez, concentración, continuidad, contradicción e identidad física del juez y las partes.-	Como corolario, subrayo que dicho régimen procesal local (ley 13.634 con mas el C.P.P.), reitero, resulta de aplicación obligatoria en la Provincia de Buenos Aires, regulando sobre los mismos tópicos que los tratados en el art. 4 de la ley 22.278, por lo que para aplicar éste último como se requiere debe necesariamente declararse la inconstitucionalidad del primero, circunstancia absolutamente inviable por adecuarse la legislación local a los estándares constitucionales (67 inc. 1 y 104 de la C.N.).-	Sentado mi criterio, y aún cuando no he de hacer uso de la manda en cuestión - art. 4, ley 22.278 - por los fundamentos dados, no desconozco que otros órganos jurisdiccionales sí la han utilizado y de hecho las partes en el alegato así lo peticionaron, por lo que no puedo dejar de expresar mi opinión en cuanto a su inconstitucionalidad, como lo he venido sosteniendo.-	La cuestión planteada encierra uno de los puntos más controvertidos del sistema de judicialización de menores, que oscila entre: dar prevalencia a un modelo tutelar, en el que el juez actúa como un padre (propio del régimen tutelar instaurado por la ley 22.278), o dar preeminencia a los derechos que los diferentes instrumentos internacionales les otorgan a los jóvenes.-	A esta cuestión, la Provincia de Buenos Aires mediante la sanción de las leyes 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños y 13.634 de los principios generales del fuero de familia y del fuero penal del niño, ha resuelto en favor de la segunda de las opciones apuntadas.-	La legislación nacional encierra un grave defecto: no logra distinguir entre la atención de situaciones de desprotección, desamparo o abandono y la persecución y juzgamiento de hechos calificados como delitos por la ley penal. Esta confusión es la responsable de que se vulneren las garantías de las que gozan, sin importar la edad, toda persona sujeta a proceso penal.-	Los parámetros de todo el "tratamiento tutelar" signado por dicha ley - en lo que aquí interesa art. 4 incs. 2 y 3 -, a saber: características personales del menor, su peligrosidad y su situación familiar, como resultado del proceso, echan por tierra el principio de culpabilidad inherente a todo estado de derecho y lo desplazan por un derecho penal de autor.-	La utilización de eufemismos tales como "tutelar" o "institucionalización" distorsionan la verdad y esconden verdaderas privaciones de la libertad de plazo incierto, independientemente de su responsabilidad penal. Así lo señala taxativamente el art. 4 inc. 3 en cuanto indica "que haya sido sometido a un tratamiento tutelar no inferior a un año" (el subrayado me pertenece), lo que equivale a decir - "a contrario sensu" - que el tratamiento tutelar puede ser mucho más prolongado, sin ningún parámetro limitador para el Juez. Es decir, totalmente discrecional o arbitrario.-	Es que la la ley 22.278 no tiende a responsabilizar, al contrario, coherente con una ideología pretérita de Patronato pretende tener disponibles a las personas imputadas tratándolos como objetos y no como sujetos de derechos y obligaciones.-	En otras palabras, dicho sistema no protege sino castiga; y castiga sin garantías ni derechos, porque la intervención estatal sobre menores imputados de delitos se justifica sobre la base de argumentos tutelares en lugar de argumentos represivo-sancionatorios, propios del derecho penal liberal (Conf. Mary Beloff, "Revista jurídica de la Universidad de Palermo, "Los adolecentes y el sistema penal. Elementos para una discusión necesaria en la Argentina Actual", p. 102).-	La internación y toda disposición del menor en general, entran en colisión con el derecho al debido proceso que exige que la imposición de una pena esté precedida por una sentencia de condena.-	Los requisitos previstos en los incs. 2 y 3 del art. 4 antes señalados, se encuentran íntimamente vinculados por cuanto han sido concebidos - dentro de una ley de escencia paternalista - con el único propósito de mantener la situación irregular ya apuntada, como mínimo hasta el límite de edad allí remarcado - 18 años -, y no como una capacidad o aptitud para ser juzgado o penado puesto que para ello corresponde el instituto de la imputabilidad, resuelto en el art. 2 de la misma legislación, sin el cual ni siquiera deberíamos tener un proceso penal en el que un joven se encuentre imputado de un delito.-	De igual manera se vulnera el principio de legalidad (art. 18 de la C.N.) en cuanto las escalas penales previstas en el Código Penal cumplen la función de erigirse en un límite inquebrantable para el ius puniendi del estado. El tiempo indeterminado de tutela violenta tal garantía, constituyendo penas anticipadas sobre las cuales el Juez se convierte en un verdadero legislador, puesto que el período de tiempo al cual se somete en dicha legislación a un menor punible a privación de libertad puede ir mucho más allá del límite fijado por el Código Penal. Cabe recordar aquí, que debe entenderse por privación de la libertad a toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad (art. 7 de la ley 13.634; 11. b) de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad).-	También se lesiona la garantía constitucional a ser juzgado en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas (arts. 18 C.N.; 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 inc. 5 del Pacto de San José de Costa Rica; 9 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A poco que se repare en la sistemática de la nueva legislación de responsabilidad penal juvenil se podrá apreciar que los plazos son sumamente breves para la actividad procesal, a guisa de ejemplo: 12 horas para la conversión de la aprehención en detención; 5 días para el dictado de la prisión preventiva; 180 días prorrogables por un máximo de otros 180 días la duración total de la prisión preventiva, etc. A tanta celeridad se le oponen los diferimientos injustificados de la ley 22.278 que frena el proceso y lo coloca en un lugar de indecisión que conspira contra la garantía y torna ilusoria la celeridad procesal remarcada; generando una brecha prolongada entre la comisión del hecho y su sanción - si la hubiera -, privando de este modo la función socioeducativa de la pena. O, por el contrario y lo que es peor aún, se demoraría injustificadamente una decisión del tipo liberatoria de toda responsabilidad penal.-	Es por ello que el nuevo Rito Bonaerense asimila mejor el cambio de paradigma, ajustándose al reconocimiento de los derechos aceptados por los distintos instrumentos internacionales y a la legislación de fondo nacional, los cuales aplica en forma irrestricta, despojándolo al Juez de la discrecionalidad que la ley 22.278 le otorgaba para disponer de menores sin necesidad de acreditar hechos delictuales, autorías, responsabilidades, determinación del quantum sancionatorio, todo ello escondido bajo el eufemismo del "tratamiento tutelar".-	En el mismo sentido se ha expedido el Tribunal de Responsabilidad Juvenil nº 1 de La Plata en causa nº 1278/10, señalando entre otras conceptos:".. por ello es que entiendo que los requisitos mencionados en dicho art. 4 de la ley nacional de facto nº 22.278/80 -que el jurista Raúl Eugenio Zaffaroni ha calificado como régimen autoritario y arbitrario (Diario Página 12 ed. 4/12/08) y sobre el que la misma Corte Suprema Federal ha entendidio necesario que el Congreso lo sustituya por otro sistema enmarcado en la Convención (G 147 XLIV recurso de hecho "García Mendez y otra" causa 7537)- que contrarían la normativa internacional incorporada por la Constitución Nacional y los principios rectores de la misma no son válidos, por lo que, conforme he sostenido en sentencias de juicio abreviado.. también aquí corresponde declarar inconstitucionales y por lo tanto inaplicables al presente caso, los incs. 2 y 3 del art. 4 de la ley nacional de facto 22.278..".-	En suma, el nuevo sistema de la protección integral se basa fundamentalmente en la negación de la intervención del Estado a través de organismos tutelares. Esta posición se traduce en lo que se denomina desjudicialización o administrativización de los servicios, con la convicción de preservar a los jueces en una función meramente técnica y apartada de toda connotación de tutela. (Cfr. D'Antonio, Daniel, "La protección de los menores de edad como función estatal subsidiaria e indelegable. Acerca de la sanción de la ley 26.061", ED nº 11.401, año XLIII, 7/12/2005).-	Finalmente, del art. 4 de la ley 22.278 pasan el test constitucional la facultad que se le otorga al Juez de reducir las escalas de los delitos en la forma prevista para la tentativa puesto que claramente ello modifica las escalas punitivas del Código Penal, circunstancia sobre la cual el Congreso Nacional resulta competente (art. 67 inc. 1 de la C.N.); como así la posibilidad de eximir de pena, facultad que encuentra correlato en la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing (art. 17.4), ello por imperio del art. 75 inc. 22 de la C.N..-	No sobra agregar, que el "plus de derechos" de los jovenes no solo radica en la posibilidad de ser eximidos de pena y partir de escalas penales reducidas (tentativa del art. 42 C.P.), sino además en la flexibilidad de la etapa de ejecución, en donde - a mi criterio - continúa rigiendo la regla 17.4 de Beijing en cuanto permite suspender el procedimiento en cualquier momento.-	De acuerdo a la totalidad de razones brindadas, resulta claro que la no aplicación del art. 4 de la ley 22.278, en sus incs. 2 y 3, es la solución que satisface el equilibrio entre los derechos y garantías de los jóvenes y las exigencias de una sociedad justa y democrática, teniendo a aquellos como sujetos de derechos, parámetros éstos de especial ponderación para determinar el principio rector del interés superior del niño (art. 4 incs. a), b), c) y d) de la ley 13.298).-	Por las razones antes citadas, es mi opinión que la cesura del juicio debiera realizarse seguidamente, conforme lo manda el Rito Bonaerense, y no diferirse en el tiempo hasta el cumplimiento de lo perceptuado en el art. 4, incs. 2 y 3, de la ley nacional 22.278.-	Tales argumentos constituyen mi íntima, sincera y razonada convicción, por lo que doy el sentido de mi VOTO por la NEGATIVA.-	A la SEPTIMA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que respetuosamente me aparto del voto que me precede por los siguientes fundamentos.-	Que como ya lo he expresado en diversos pronunciamientos, según mi criterio el art. 4 de la ley 22.278 implica un límite jurídico al sistema penal juvenil, y entiendo que forma parte del derecho de fondo y no de forma al fijar la edad de imposición de pena respecto de quien contara al momento del hecho entre 16 y 18 años, como así bajo que condiciones es posible imponer dicha pena, a saber: cuando previamente se hubiera declarado la responsabilidad penal y la civil si correspondiere, una vez que haya cumplido 18 años y luego de haber sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.

Cumplidos tales requisitos, la sanción se aplicará sólo en los casos en que resulte necesaria. En caso contrario el encausado puede ser absuelto de cumplimiento de pena, cualquiera fuese el delito del que se trate y aún en aquellos casos en que los jueces actuantes estimen inevitable la imposición de una pena, esta puede ser reducida en la forma prevista para la tentativa.

Este es un mandato constitucional y no una facultad discrecional del juez, emanado de la normativa supranacional de jerarquía constitucional en función de lo normado por los artículos 31, 75 inciso 22 de la CN. y 37 inc. b, 39 y 40 de la CIDN.

Que el estatuto de la protección integral se estructura en una hermenéutica jurídica integrativa, humana y específica en la que deben privilegiarse los criterios guías en la materia, internacionalmente aceptados, a saber:

1) Principio de excepcionalidad de restricción de la libertad conforme lo establecen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, denominadas Reglas de Beijing nro. 13.1, 17.1 b y c, Directrices 1, 2 y 17 de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, también conocidas como Directrices de Riad, y el artículo 37 inciso b de la CIDN.

2) Necesidad de un cuidadoso estudio y reducción al mínimo posible de la restricción de libertad, conforme la regla 17.1 b de Beijing.

3) Imposición respecto a que la respuesta punitiva para los jóvenes en conflicto con la ley penal debe basarse en la consideración, no sólo de la gravedad de la ofensa, sino en las circunstancias personales, status social, situación familiar, el daño causado por el crimen, el esfuerzo por indemnizar a la víctima o su voluntad de alcanzar una vida fructífera.

Las Reglas 6.1, 6.2 y 6.3 de Beijing combinan algunos rasgos importantes de la administración de justicia juvenil efectiva, justa y humana. Así el ejercicio de facultades discrecionales en todos los niveles significativos del proceso de modo que aquellos que realizan determinaciones, permita a los operadores tomar acciones consideradas como las más apropiadas en cada caso individual	4) Principio de control y balance a efectos de impedir cualquier abuso en el poder discrecional y para salvaguardar los derechos del menor en conflicto con la ley penal. La consideración y el profesionalismo son los instrumentos más aptos para controlar la decisión amplia.	Así la capacitación profesional y el entrenamiento experto son enfatizados como medios valiosos de asegurar el ejercicio juicioso del poder de decisiones en temas penales juveniles, conforme Reglas 1.6 y 2.2 de Beijing.

Según mi humilde punto de vista, no es posible otorgar legitimidad a una sanción que no responda a un análisis jurídico diferenciado. Así las previsiones del artículo 5, inciso 5º de la CIDDHH centra el objeto del sistema penal juvenil en el tratamiento del menor procesado, complementa los principios anteriores y fija la especialización. Idéntica solución adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10 inciso 3º.

Todo entramado tutelar se transforma mediante la inclusión de criterios hermenéuticos de derecho internacional que supera los marcos teóricos y prácticas tradicionales, enraizados en un derecho penal de mínima intervención y orientado por el paradigma del Interés Superior del Niño.

En este órden de ideas, tiene dicho nuestro Máximo Tribunal Nacional (CSJN, "Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ recurso de hecho, publicado en fallos 328:4343) que la ley 26.061, que establece un sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes únicamente deroga la ley 10.903. Por lo tanto, la interpretación de la ley 22.278 no debe ser efectuada en forma aislada sino en conjunto con el resto de la normativa aplicable, como parte de una estructura sistemática, y en forma progresiva, de modo que mejor se concilie con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia, allí previstos.

A mi entender la ley 13.634 en su artículo 34 remite a la ley nacional 22.278 al consignar expresamente que "el presente régimen es aplicable a todo niño punible, según la legislación nacional, imputado de delito en jurisdicción territorial de la provincia". En igual sentido, el artículo 68 de la ley provincial aludida refiere expresamente que: "Comprobada la participación del niño en el hecho punible y declarada su responsabilidad, o en los casos de inimputabilidad, el Juez o, en los casos que corresponda el Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación de fondo podrá disponer las siguientes medidas."	A mi modo de ver, el artículo 4° de la ley 22.278 debe interpretarse en clave proteccionista. Por ello el diferimiento de la aplicación de la sanción penal determina el objetivo específico del Derecho Penal Juvenil que no es otro que el diseño de medidas orientadas a lograr la reinserción social, que el joven sometido a proceso alcance una función constructiva en la sociedad, y orientarlo hacia un proyecto de vida digno, dado que la imposición de pena importa el efecto conclusivo que el tratamiento arroja.

La ley 13.634 en su artículo 33 indica que son principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal juvenil la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidariedad, la solución de los conflictos y que el joven asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.

Así las cosas, en cuanto a la interpretación de las normas que rigen el sistema penal juvenil, entiendo debe estarse por la que maximice la protección, integrando el artículo 372 del CPP. con el artículo 4° de la ley 22.278.

En este orden de ideas, el artículo 4° de la ley 22.278 integra y complementa el objetivo de protección señalado por la CIDN toda vez que exige de una sentencia de responsabilidad, una edad específica para la que se ha contemplado la especial situación madurativa del menor, y un tratamiento en aras al beneficio de los propósitos a lograr ya referidos en cumplimiento con los estándares internacionales.

En este tratamiento se contemplan las medidas judiciales de integración social, el monitoreo y revisión constante que permita el análisis de la evolución, a fin de alcanzar el objetivo previsto por las normas citadas.

Resulta evidente entonces, al menos a mi criterio, que lejos de ser contradictorio el artículo 4° de la ley 22.278 con la ley 13.634, ambas normas se complementan e integran, toda vez que asegura la concreción del ´plus´ de derechos que cuentan los jovenes en conflicto con la ley penal por tal condición, adecuando de este modo la legislación vigente en pos del beneficio que propugna el Derecho Penal Juvenil y en cumplimiento a las obligaciones asumidas al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En tal sentido: "que todos los órganos del Estado deben asumir los roles de garante (art. 1.1 Convención Americana), que a cada uno, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales, les corresponde. Así, entre "las medidas de otra índole" que el Estado debe arbitrar para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención (art. 2) se inscriben las sentencias judiciales. Los tribunales están obligados a atender como consideración primordial al interés superior del niño, sobre todo cuando es doctrina de esta Corte que "garantizar" implica el deber de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la Convención (Fallos: 318:514)."	En coincidencia, entonces, con los estándares internacionales ya señalados, según mi entender, le corresponde a los jueces, en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción, que implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacer efectivos sus derechos (conf. arts. 12.2 y 40.2.b de la Convención sobre los Derechos del Niño)" (CSJN, "Garcia Mendez Emilio y otra s/ causa Nº 7537, 2/12/2008, publicado en fallos 331:2691)	Por los motivos expuestos es que, como ya fuera expresado, entiendo corresponde diferir imposición de la pena que pudiera corresponder hasta tanto se cumpla con los requisitos previstos en el art. 4, incs. 2 y 3, de la ley 22.278.-	VOTO por la AFIRMATIVA.-	A la SEPTIMA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. VILLANTE, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción (art. 210 del C.P.P.).-	VOTO por la AFIRMATIVA.-	A la OCTAVA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Alejandro Flori, dijo:

Que sin perjuicio de haber dejado a salvo mi criterio en la cuestión anterior, habiendo la mayoría del Tribunal establecido que debe cumplirse con un año de tratamiento tutelar para con G., así como debe esperarse a que cumpla 18 años para celebrarse la audiencia de cesura del juicio, es que entiendo debo enmarcar mi actuación en adelante - en lo que a esta causa se refiere - de acuerdo a esos parámetros.-	En ese sentido, ambas partes se encontraron de acuerdo con que el tratamiento tutelar sea cumplido por G. en la C. T. M. en donde actualmente se encuentra alojado, hasta que cumpla 18 años de edad.-	Se diferenciaron en cuanto al "Status Jurídico" bajo el cual se debe disponer la medida: para la Sra. Fiscal en el marco de la prisión preventiva que viene cumpliendo y, para la Defensa, sin dicha imposición, con la participación de los Servicio Zonales de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños.-	Analizada la cuestión, entiendo que el marco jurídico bajo el cual debe analizarse es el de las medidas cautelares de coerción personal, puesto que la "internación" o como quiera llamársele a la imposición a G. para que viva y particípe de las actividades en la C. T. M., importa una detención. (Conf. art. 7 de la ley 13.634; 11. b) de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad).-	En ese marco, habiéndose establecido en las cuestiones anteriores la responsabilidad penal del joven encartado en orden al delito de homicidio en ocasión de robo, entiendo que los peligros procesales han ido en aumento, máxime teniendo en cuenta el principio de certeza que emana de una resolución jurisdiccional de carácter definitivo como la presente y la magnitud de la pena en expectativa como parámetros objetivos a tener en cuenta (art. 148 del C.P.P.).-	Es por ello que considero que la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público debe prosperar, y en aras del procedimiento acusatorio debe serlo con el límite propuesto.-	En consecuencia, propongo al acuerdo que M.G. continúe su prisión preventiva - morigerada - en la C. T. M., bajo la misma modalidad con que lo viene haciendo, hasta tanto cumpla con un año de tratamiento tutelar y los 18 años de edad, momento en el cual se fijará audiencia de cesura del juicio y se decidirá en definitiva.-	ASI LO VOTO.-	A la OCTAVA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. José VILLANTE, dijo:

Que debo disentir nuevamente con los argumentos vertidos por mi distinguido colega preopinante.

A mi entender, atento al resultado alcanzado por mayoría al tratar la cuestión séptima del presente acuerdo, y conforme ya lo he resuelto en diversos pronunciamientos, corresponde resolver en orden a las medidas resocializadoras previstas por el art. 68 de la ley citada con determinación específica de las mismas en cuanto a su duración, finalidad y condición en la que deben cumplirse, de conformidad con lo establecido en el art. 4 inc. 2 de la ley 22.278 y art. 56 inc. 2 de la ley 13.634.

Con relación a los extremos de legalidad del art. 70 de la ley 13.634, tengo en cuenta que se ha tenido por comprobado el hecho imputado, sus circunstancias y la gravedad del mismo, como así la magnitud del daño, toda vez que se ha tratado de un hecho cometido con extrema violencia, utilizando armas de fuego, con pluralidad de autores, en plena nocturnidad y del cual resultara la muerte de una persona.

Vale decir también, que amén de lo expuesto, el delito por el cual ha recaído sentencia en contra del joven imputado, prevé una pena en expectativa de magnitud.

Es por ello que a mi criterio, la medida de encierro solo resulta admisible si se concluye que sería efectiva para modificar la estructura impulsivo - motivacional criminógena del sentenciado, para favorecer su resocialización. Es por ello, que disiento con mi estimado colega preopinante en cuanto a la naturaleza de la medida que se aplicará al joven encartado. A mi criterio, entonces, no se trata de prisión preventiva -como sostiene el Sr. Presidente- sino de un tratamiento resocializador en los términos del artículo 4 de la ley 22.278.-	En tal sentido: "El llamado "auto de responsabilidad" legislado en el art. 4 inc. 1º de la ley 22.278 tiene las características propias de una sentencia. En él, una vez firme, quedan fijados irremisiblemente en el proceso de los extremos referidos a la materialidad del hecho la autoría responsable y la calificación del delito.- Resulta así, como consecuencia necesaria de la imposibilidad de renovación de tales cuestiones en etapas posteriores el carácter de definitiva de la resolución que los involucra (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, RSD-48-81 S 11-6-1981, Juez Pagliere SD)".- Tal es -según mi humilde entender- el estándar que la normativa internacional con jerarquía constitucional y la legislación vigente exigen, de modo que es en este momento cuando corresponde resolver sobre el destino de los jóvenes en cuanto al régimen de vida y tratamiento resocializador a adoptar.

Por ello, encuentro conveniente mantener al joven G. en su actual situación de encierro en su actual lugar de alojamiento hasta tanto se cumpla con los requisitos de los incs. 2° y 3º del art. 4° de la ley 22.278, debiendo abordarse de manera integrada e interdisciplinariamente su problemática, de conformidad con los arts. 3, 37 y 40 de la C.I.D.N., y Regla 17.1, A, B, C, y D de las Reglas de Beijing.

Por ello, propongo al acuerdo que se resuelva mantener a M.N.G. en calidad de sentenciado en su actual lugar de alojamiento a disposición de este Tribunal, a los fines de cumplimentar con el tratamiento resocializador previsto por el inciso 3° del artículo 4 de la ley 22.278.-	ASI LO VOTO (art. 210 del C.P.P.).-	A la OCTAVA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Mirta RAVERA GODOY, dijo:

Que compartiendo los fundamentos del voto emitido por el Dr. VILLANTE, adhiero al mismo por ser ello mí íntima, sincera y razonada convicción. ASI LO VOTO (art. 210 del C.P.P.).-	En atención al resultado obtenido en las cuestiones tratadas precedentemente, es que el Tribunal dicta;

FALLO:

Por unanimidad:

I) DECLARANDO PENALMENTE RESPONSABLE al joven M.N.G.,... en el hecho por el que fuera juzgado en la presente causa, en orden al delito de homicidio en ocasión de robo en calidad de coautor, ocurrido el día 25 de noviembre de 2009, y del que resultara víctima la Sra. Sandra V. Almirón (arts. 5, 12, 40, 41, 45 y 165 del Código Penal; 210, 375 del C.P.P.).-	Por mayoría:

II) DIFERIR la CESURA del JUICIO respecto del aludido M.N.G., hasta tanto cumpla con las exigencias del art. 4, incs. 2 y 3, de la ley nacional nº 22.278.-	III) MANTENER a M.N.G., hasta tanto se cumplan los extremos referidos en el punto II en calidad de sentenciado en su actual lugar de alojamiento a disposición de este Tribunal.-	IV) Regístrese, notifíquese, comuníquese a los organismos pertinentes y devuélvase la causa nº 13.152 al Tribunal en lo Criminal nº 2 Dptal..- ANTE MI: