Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10


Expte. nº 7533/10 "Resp. Hogar El Huerto -Sra. Marta- s/ infr. art. 106 Código Penal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Buenos Aires, 10 de febrero de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La defensa particular de Marta Manuela Singer dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 310/317) contra la decisión de la Sala II PCyF que declaró desierto el recurso de apelación que aquélla había interpuesto (fs. 303) para cuestionar el rechazo de la excepción por atipicidad planteada ante el juzgado de primera instancia (fs. 278/285).

2. Según los defensores el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones es equiparable por sus efectos a una sentencia definitiva.

En apoyo de su posición dijeron que la decisión recurrida restringe de manera sustancial un derecho de rango constitucional, como lo es el derecho de defensa y que priva al apelante de una vía apta y prevista legalmente para obtener la revisión de lo resuelto en la anterior instancia, sin una apreciación razonada de los argumentos invocados.

Cuestionaron también el alcance que para declarar desierto el recurso, los jueces dieron al art. 282 CPPCABA. En este punto afirman que la obligación allí prevista (mantener el recurso) está dirigida exclusivamente a los magistrados del Ministerio Público en resguardo del principio de unidad de actuación, pero no pesa sobre el defensor particular, como lo exigió el tribunal a quo de modo irrazonable.

3. El Fiscal de Cámara contestó el traslado y dictaminó a favor de la procedencia del recurso de inconstitucionalidad por considerar arbitraria la exigencia requerida a la defensa de mantener la apelación ante la Alzada (fs. 321/322vuelta).

La Sala II, por su lado, lo declaró admisible en razón de que la parte recurrente había planteado un caso constitucional pues la interpretación que de la norma procesal se había efectuado podía resultar lesiva de la garantía del doble conforme (fs. 324/326vuelta).

4. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, estimó que se lo debía declarar mal concedido porque, si bien el recurso planteaba un caso constitucional, la decisión apelada no era equiparable a una sentencia definitiva (fs. 332/333).

Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 310/317 fue bien concedido. En efecto, el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que declaró desierto el recurso de apelación por aplicación del art. 282 del CPPCABA, es equiparable a una sentencia definitiva porque clausuró la vía prevista legalmente para que la imputada pudiera obtener la revisión de lo resuelto en su perjuicio en primera instancia.

2. La decisión de declarar desierto el recurso de apelación estuvo fundada en el art. 282 del CPPCABA que solo menciona a los miembros del Ministerio Público, y no a la defensa particular.

En esas condiciones, la Cámara, al fallar como lo hizo se apartó del texto legal aplicable, cercenando el derecho de la imputada a obtener de la Alzada la revisión de un auto procesal de importancia dictado en su perjuicio, como lo era el rechazo de la excepción por atipicidad articulada en la instancia anterior (conf. Informe 55/97, CIDH).

3. En consecuencia, voto por: 1º) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 310/317 por los abogados defensores de Marta Manuela Singer; 2º) dejar sin efecto el pronunciamiento de la Cámara de fs. 303; y 3º) devolver las actuaciones a la Sala II para que resuelva el recurso de apelación deducido a fs. 287/294.

La jueza Ana María Conde dijo:

Coincido en lo sustancial con la solución expuesta por la señora jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz.

El recurso de inconstitucionalidad fue deducido contra una decisión que si bien no reviste carácter definitivo, ya que no puso fin al proceso, debe ser equiparada a una de esta naturaleza por sus efectos conclusivos y por provocar a la parte recurrente un gravamen de insuficiente reparación ulterior, en la medida en la cual se la ha privado de la revisión de lo resuelto en primera instancia sobre la base de una excesiva e imprevisible interpretación rigorista que no encuentra sustento legal alguno.

La resolución del tribunal a quo, en consecuencia, vulnera el derecho de defensa en juicio de la recurrente y ello debe ser remediado en esta instancia de excepción.

La recurrente había apelado la decisión de grado relacionada con una excepción de previo y especial pronunciamiento que habría sido resuelta de manera adversa con respecto a una de sus asistidas y favorablemente con respecto a la otra.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones declaró "desierto" el recurso interpuesto, por considerar aplicable el art. 282 del CPP local que exige el "mantenimiento" del recurso a los funcionarios del Ministerio Público -en cualquiera de sus tres ramas- que se desempeñan ante dicha Alzada.

No obstante, tal como lo explica y desarrolla de manera suficiente la defensa particular de la imputada, la norma mencionada por la Sala II no se refiere ni a qué es lo que sucede cuando la defensa es ejercida por un abogado de la matrícula -es decir, si resultaba exigible igual "mantenimiento" o si aquél se encuentra previsto frente a la hipótesis de que los integrantes del Ministerio Público desistan los recursos o controlen la actuación de sus inferiores- ni parece permitir a la Cámara por sí sola declarar la "deserción" de un recurso ? eventualidad que sí se encuentra prevista ante la falta de concurrencia del apelante a la audiencia que corresponde sustanciar ante la Cámara (art. 284 del CPP local)-.

En todo caso, cabe conjeturar que si los colegas de la Sala II interpretaban que sobre el letrado particular pesaba idéntica carga relativa al "mantenimiento", más allá de su acierto o error, correspondía explicarlo de esa manera y dejar expuesto concretamente que su silencio sería entendido como su desinterés con la vía articulada y traería aparejada la consecuencia procesal de tener por desierto el recurso.

Ninguno de esos extremos pueden extraerse de la notificación cursada por el tribunal a quo a fs. 302 y, en estas condiciones, el pronunciamiento no puede ser mantenido.

Corresponde entonces: hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado y devolver las actuaciones a la Sala II a fin de que se resuelva el recurso de apelación de fs. 287/294.

Así lo voto. El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como lo sostiene la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz, el recurso de inconstitucionalidad fue correctamente concedido.

2. En primer lugar, como bien lo revela el pronunciamiento del tribunal a quo, la decisión impugnada resulta equiparable a una sentencia definitiva, en los términos del art. 27 de la ley n° 402, en tanto los efectos que se generan en cabeza del imputado son concluyentes y la cuestión planteada resulta de imposible revisión ulterior.

El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que declaró desierto el recurso de apelación deducido por la defensa de Marta Manuela Singer por aplicación del art. 282 del CPP, clausuró la vía legalmente prevista para que la imputada pudiera obtener la revisión de lo resuelto en su perjuicio durante el trámite de una excepción (arts. 195 a 198, CPP).

Al respecto, la defensa logra plantear un caso constitucional referido a la vulneración del debido proceso legal (arts. 18, CN, y 13, inc. 3, CCABA) al confrontar de manera suficiente la decisión que la privó de la revisión referida en razón del alegado incumplimiento de un requisito -el mantenimiento del recurso- que los jueces han reconocido como "no contemplado expresamente en la regulación del recurso de apelación" (fs. 326).

Dicha cuestión constitucional no podrá ser analizada por este Tribunal en ejercicio de la competencia que le confiere el art. 113, 3 CCABA, en ninguna otra oportunidad durante el proceso.

3. El recurso de inconstitucionalidad debe ser admitido.

Asiste razón a la defensa cuando señala que las previsiones del art. 282 del CPP, aplicado en el caso por los jueces de la Sala II, no establece expresamente el requisito del mantenimiento de los recursos para los supuestos en que éstos no fueron interpuestos por el Ministerio Público (mientras que el legislador local sí ha previsto que se tenga por desierto el recurso de la parte apelante que no concurriese a la audiencia fijada por la Alzada de acuerdo al art. 284, CPP).

A ello se suma la total ausencia de fundamentación de la decisión aquí recurrida, pues los jueces se limitaron a afirmar de manera dogmática que correspondía declarar desierto el recurso de apelación en razón de que los abogados defensores no lo habían mantenido (fs. 303).

Finalmente, como lo señala la doctora Ana María Conde en su voto, aquella interpretación resultó además completamente sorpresiva para la defensa, en tanto la intimación que se le cursara no la explicitó de manera alguna (fs. 298 y 302).

En las circunstancias descriptas, el planteo de la defensa triunfa pues excede la exposición de un mero desacuerdo con la interpretación de reglas procesales y demuestra la existencia en el caso de una vulneración a las reglas del debido proceso legal. En ese sentido, cabe señalar que los jueces no pueden abrogarse el papel de legisladores estableciendo por actos de pura autoridad exigencias adicionales para la habilitación de los estrados o la tramitación de acciones o recursos.

Actos de tal naturaleza no se exhiben como una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, y deben, por tanto, ser descalificados como actos jurisdiccionales válidos.

4. Voto, en consecuencia, por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 303 y devolver las actuaciones a la Sala II para que tramite y resuelva el recurso de apelación deducido a favor de la señora Singer.

Así lo voto. El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La sentencia de Cámara que declaró desierta la apelación ordinaria interpuesta por la hoy recurrente no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley 402, puesto que no resuelve el pleito. A su vez, la parte recurrente no ha demostrado que esa decisión, más allá de su acierto o error, deba ser equiparada a una definitiva.

A ese fin, debió establecer que constituyó un modo arbitrario de impedirle obtener de este Tribunal la revisión de cuestiones constitucionales o federales contenidas en la sentencia de primera instancia que resolvió el pleito y, por la vía relatada, quedó firme (cf. mutatis mutandi, la doctrina sentada por la CSJN en Fallos: 35:230, entre muchos otros, receptada en mi voto in re GNC S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GNC S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. nº 6039/08, sentencia de este Tribunal del 11 de marzo de 2009, y en los pronunciamientos que allí se citan, también, entre otros); y, la parte recurrente no se abocó a acreditar esto último.

En particular, tampoco ha demostrado la relación directa que existiría entre la garantía de doble instancia, por ella invocada, y lo que aquí se debate.

Esa garantía no otorga a quien es sometido a un proceso penal el derecho a obtener la revisión de toda decisión que sea adoptada en el proceso, sino, únicamente, la de condena; carácter que no guarda la decisión de primera instancia a cuya revisión aspira la defensa, toda vez que ella, en lo que ahora importa, se limitó a no hacer lugar a la excepción de atipicidad opuesta a favor de la Sra. Singer.

Por ello, voto por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad de fs. 310/317.

Por ello, emitido el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad intentado, dejar sin efecto la decisión recurrida y, en consecuencia, reenviar las actuaciones para que los jueces resuelvan el recurso de apelación de la defensa.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Expte. nº 7533/10 "Resp. Hogar El Huerto -Sra. Marta- s/ infr. art. 106 Código Penal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido".