Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-29


(Tomo 216:565/572) Salta, 29 de diciembre de 2017.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "SANGÜEZO, NATALIA MABEL; CAYO, MARCELA ALEJANDRA VS. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 38.880/17), y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 27/28 vta. del Expte. N° CJS 38.249/16 esta Corte hizo lugar a la queja interpuesta por la actora contra la providencia de fs. 95 y en su mérito concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 96/97 en relación y con efecto suspensivo ordenando la remisión de los autos al juzgado de origen para su sustanciación.

Al expresar agravios la actora señaló que se ha coartado el derecho a la tutela judicial efectiva al impedirle tramitar la ejecución de sentencia bajo el argumento de que lo solicitado excede el marco de lo resuelto a fs. 83/85 vta. Indica que las decisiones judiciales quedarían reducidas a meras declaraciones de intenciones si no se permitiera ejecutar las resoluciones firmes.

Afirma que los procesos sumarísimos como la tutela sindical, por abreviados que sean, revisten las mismas características de un proceso pleno ya que permiten un adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes, quienes pueden invocar y acreditar todos los extremos conducentes a sus pretensiones. En ese contexto, alega que la sentencia definitiva recaída en el marco de una acción de tutela sindical adquiere la calidad de cosa juzgada material y formal y su incumplimiento trae aparejada su ejecución.

Expresa que en otro precedente de ese juzgado se admitió que la tutela sindical es susceptible de ejecución por lo que al apartarse de tal criterio se incurre en una violación de los propios actos. Concluye en que la providencia que le impide solicitar el cumplimiento compulsivo de lo decidido en autos importa una limitación a las facultades, deberes y jurisdicción del juzgado. Mediante la resolución de fs. 120/122 vta. la jueza de grado dispuso revocar por contrario imperio las providencias simples de fs. 112 por la que se había ordenado poner los autos a la oficina para que la actora funde el memorial y la de fs. 114 que declaró desierto el recurso por no haberlo presentado en término; y ordenó correr traslado del escrito de fs. 96/97 por el término de cinco días.A fs. 127 se declara decaído el derecho dejado de usar por la demandada para contestar el traslado del memorial de agravios.A fs. 139/140 vta., se pronuncia el Sr. Procurador General de la Provincia por la admisión del recurso de apelación interpuesto por la demandada por los fundamentos que allí explicita. A fs. 141 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que las actoras promovieron acción sumarísima de tutela sindical en los términos del art. 47 de la Ley de 23551 y art. 1º de la Ley 23592, solicitando que se declare la nulidad de la Resolución Nº 003/2015 de la Municipalidad de San José de los Cerrillos y, en consecuencia, se ordenara mantener las licencias con goce de haberes que habían sido dejadas sin efecto en virtud del referido acto administrativo.

En la demanda se precisó que por Resolución Municipal N° 146/06 se otorgó licencia gremial paga a la Sra. Marcela Alejandra Cayo a partir del 01 de marzo de 2013 y que por Resolución N° 021-A2007 se otorgó el mismo beneficio a la Sra. Natalia Mabel Sangüezo a partir del 10 de diciembre de 2007. Señalaron que con motivo de la actuación sindical que cumplieron durante el año 2014 la demandada dispuso, como represalia, privarlas del permiso gremial pago del que gozaban. Destacaron que la acción interpuesta no tenía por objeto el otorgamiento de una licencia gremial paga, sino la restitución de un derecho adquirido del que habían sido privadas de manera ilegítima y discriminatoria mediante la resolución impugnada.

3°) Que la sentencia recaída en autos a fs. 83/85 vta. hizo lugar a la demanda principalmente sobre la base de los fundamentos expuestos por esta Corte en el precedente registrado en el Tomo 162:421, invocando que se trataba de un supuesto análogo al presente. Agregó que con arreglo a lo decidido en ese caso y lo dispuesto por el art. 40 de la Ley Orgánica de Tribunales, correspondía seguir la doctrina allí sentada.

En ese entendimiento concluyó que la Resolución N° 003/2015, al dejar sin efecto la licencia gremial del que gozaban las actoras, provocó una disminución de sus ingresos y con ello una alteración sustancial de las condiciones del vínculo de empleo público que mantenían con el municipio sin que éste hubiera solicitado judicialmente la remoción de la tutela sindical que las amparaba. Destacó finalmente que en la especie se configuró "el supuesto que determina la necesidad de que se reestablezcan las condiciones de trabajo vigentes hasta el dictado de la misma".

4°) Que en el contexto reseñado precedentemente no se advierte que la ejecución solicitada a fs. 94 y vta. -en cuanto reclama que depositen en estos autos los montos correspondientes a los sueldos de las actoras con mas los intereses desde que fueron adeudados hasta su cancelación- exceda el marco de los derechos reconocidos en la sentencia dictada en la causa por la jueza de grado.

En efecto, la ejecución promovida guarda total correspondencia con el petitorio inicial ya que sólo en ese entendimiento se satisface el requerimiento sustancial de las actoras, es decir, que se restablezcan las condiciones laborales vigentes al momento del dictado de la resolución impugnada. Desde esta perspectiva no se constata una alteración de las bases fácticas del pleito ni una falta de congruencia con los términos de la demanda, de tal forma que lo solicitado hace al cumplimiento de la pretensión esgrimida.

Por lo demás, el pago de los sueldos adeudados no es más que la consecuencia propia del planteo de nulidad originariamente deducido y admitido en la sentencia, ya que los efectos de la invalidez determinada son retroactivos (art. 72 L.P.A.). Cabe recordar, al respecto, que es un principio general del derecho que el acto nulo, desde su nacimiento, ha de considerarse como si nunca se hubiere realizado.

En este orden de ideas se señaló que en derecho administrativo procede siempre, en principio, el efecto "ex tunc" de la invalidez, en atención a la presunción de buena fe que acompaña el accionar estatal y el interés público que con él se persigue. Parece ser ésta una consecuencia lógica de toda invalidez, habida cuenta de que ella, como factor causal de la extinción del acto, se configura en el momento de su emisión. Por ende, a una causa originaria deben, en principio, corresponder también efectos iniciales. (cfr. Comadira, Julio Rodolfo y Escola, Héctor Jorge, "Curso de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, Bs. As., 2012, Tomo I, pág. 432).

5º) Que además la providencia de fs. 95 resulta contraria a lo establecido en el art. 85 del Código Contencioso Administrativo, con arreglo al cual los autos ejecutorios de una sentencia no darán lugar a un nuevo juicio contencioso administrativo.

En definitiva, exigir la promoción de un nuevo pleito para obtener el pago de los salarios que se encuentran impagos cuando la sentencia se ha pronunciado sobre la ilegitimidad de la medida, implicaría irrogar a las actoras un perjuicio mayor al ya sufrido, además de un dispendio inútil de la actividad jurisdiccional.

6º) Que por ello corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, ordenar que bajen los autos al juzgado de origen a los fines de que se de trámite a la ejecución de sentencia promovida. Costas por su orden. (art. 15, C.P.C.A.).

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE I. HACER lugar al recurso de apelación interpuesto por las actoras y, en su mérito, ordenar que bajen los autos al Juzgado de origen a los fines de que se dé trámite a la ejecución de sentencia promovida. Costas por su orden.

II. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman y Sandra Bonari -Jueces de Corte y Juezas de Corte -. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-).