Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-28


///nos Aires, 28 de noviembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en esta causa nº 16.618, caratulada: "Zaballa, Sergio César s/ recurso de casación".

Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe no hizo lugar a la excarcelación de Sergio César Zaballa.

Contra esa decisión (fs. 16/20), la defensora pública oficial del nombrado interpuso recurso de casación (fs. 28/37 vta.), que fue concedido a fs. 39/40.

2º) Que la recurrente no ha logrado rebatir -más allá de su disenso- los argumentos esgrimidos por el tribunal oral relativos a la existencia de riesgos procesales en la soltura anticipada de Zaballa.

Además, en este momento la causa se encuentra en la etapa de plenario y el plazo que el encausado lleva privado de su libertad (desde el 8 de mayo de 2012), no se aparta de los lineamientos de la ley nº 24.390 ni resulta irrazonable en función de los delitos que se le imputan (art. 5º inc. "c" de la ley 23.737, agravado por el art. 11 inc. "c" de la misma ley).

En tales condiciones, el recurso en examen no puede prosperar, por ello voto por declararlo inadmisible, con costas.

El señor Juez Mariano Hernán Borinsky:

Liminarmente corresponde señalar que adhiero a la solución propuesta por la distinguida colega que lidera el acuerdo en cuanto declara inadmisible el presente recurso de casación impetrado por la defensa, con costas.

Si bien las resoluciones que deniegan la excarcelación o la exención de prisión, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, resultan equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, entre otros) este aspecto por sí sólo resulta insuficiente para habilitar la jurisdicción de esta Alzada en su carácter de tribunal intermedio conforme la doctrina sentada en los precedentes "Di Nunzio", "Durán Sáenz" y "Piñeiro" (Fallos 328:1108; 328:4551; 333:677, respectivamente).

En efecto, además debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnaticia tiene un límite y ante esta instancia, ese límite en casos como el ventilado en autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.

Cabe recordar que el a quo sostuvo que se ha valorado en especial la naturaleza y la gravedad del hecho enrostrado al imputado como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos previsto y sancionado por el art. 5 inc. "c" y art. 11 inc. "c" de la ley 23.737, la pena establecida para el delito en que se encuadró su conducta, las particularidades características del delito aquí imputado, la sospecha vehemente respecto de la responsabilidad que al encartado le cupo en los hechos, resultan pautas válidas para denegar la excarcelación.

Por último señaló que los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes revisten una enorme importancia ay trascendencia a nivel internacional, lo cuál ha llevado a nuestro país a adoptar numerosos compromisos en dicho ámbito.(cfr. fs.19) Sentado ello, considero que en el caso bajo análisis, la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción al principio general mencionado ut supra, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de motivación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de los elementos concretos del caso que el a quo consideró relevantes para presumir que el imputado podría intentar eludir el accionar de la justicia y entorpecer las investigaciones; consideraciones que conducen a la parte a sostener una opinión diferente respecto de la hermenéutica de la ley adjetiva realizada por el tribunal anterior y que remiten a cuestiones que no son de carácter federal.

Tal discrepancia, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:262; 314:451) o en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), supuestos que habilitarían la jurisdicción de este Tribunal.

Por las consideraciones que anteceden, no habiéndose cumplido con los recaudos previstos en el art. 463 del C.P.P.N.,adhiero a la solución propuesta por la distinguida Dra. Catucci por cuanto el remedio recursivo interpuesto en autos deberá ser declarado inadmisible, con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo:

Que nos adherimos al voto del Dr. Borinsky y emitimos el nuestro en idéntico sentido.

Tal es nuestro voto.

Por ello, en mérito a la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).-	Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de procedencia sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.