Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-15


Salta, 15 de febrero de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "ROCA AGRO S.R.L. c/ FLOMAR S.A.; MARTÍNEZ ALFARO, Florián - EJECUTIVO - EMBARGO PREVENTIVO", Expte. Nº INC 545.642/1 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 2ª Nominación y de esta Sala Primera, Adscripción Nº 1, y CONSIDERANDO:

La Dra. Adriana Rodríguez de López Mirau, dijo:

I. Que vienen estos autos con motivo del recurso de apelación interpuesto por los demandados a fs. 137 en contra de la resolución de fs. 133/135 que rechaza el incidente de reducción de embargo deducido a fs. 107/111. El recurso fue concedido a fs. 138 en relación y con efecto suspensivo.

En el memorial de fs. 140/143 señalan los apelantes que, conforme surge del saldo de cuenta perteneciente a estos autos, antes del dictado de la resolución aquí recaída el embargo ordenado se encontraba cubierto casi en su totalidad y que el embargante jamás pidió su ampliación o actualización. Sostienen que les agravia la decisión del magistrado de grado ya que se aparta del espíritu de la ley y mantiene embargados tres bienes por una suma que -según dicen- es apenas el 10% del valor de uno solo de los inmuebles. Manifiestan que si bien es cierto que, a los fines pretendidos, es el interesado quien debe demostrar el extremo respecto al valor de los bienes y su disponibilidad, no lo es menos que el juez debe adoptar la decisión que considere más ajustada a los fines previstos en la norma, apartándose de los intereses particulares de las partes y sin atarse a formalismos que -como en el caso de autos- lo llevan a consagrar una injusticia.

Reiteran que les agravia el excesivo formalismo del a-quo al resolver, considerando que éste debió cuanto menos requerir la actualización del saldo o hacer lugar a la liberación del embargo trabado sobre uno de los inmuebles para no perjudicarlos. Señalan que necesitan la disponibilidad los fondos embargados a los fines de afrontar la producción de la campaña del año en curso (2016/2017). Por último exponen que se han afectado en exceso bienes de su patrimonio y que la petición de reducción se basa en el abuso del accionante solicitando en consecuencia que se mantenga la medida pero sólo sobre las sumas de dinero o sobre alguno de los bienes (fs. 143); luego (en el petitorio, fs. 148 vta.) pide que se deje vigente solamente el embargo sobre el 50% del inmueble identificado con Matrícula Nº 96.508 o sobre lo que se estime conveniente, disponiéndose la liberación de los restantes bienes afectados.

Corrido el pertinente traslado del memorial, a fs. 146/148 y vta. contesta la firma Roca Agro S.R.L. Sostiene que la pretensión del apelante devino abstracta por cuanto el juicio principal ya cuenta con sentencia definitiva y ella ya se encuentra en condiciones de solicitar la liberación de los fondos embargados a fin de cubrir los importes que adeudan los ejecutados, habiéndose transformado el embargo preventivo en embargo ejecutivo. Estima que al momento de resolver seguramente ya se habrán liberado los fondos a su favor.

Por otra parte sostiene que los recurrentes pretenden introducir en la Alzada cuestiones que no fueron oportunamente deducidas ante el Magistrado de grado ya que en el memorial de agravios solicitan que se mantenga el embargo sobre los fondos y al solicitar la reducción lo hicieron respecto al 50% del inmueble identificado con Matrícula Nº 96508.

Por último manifiesta que los recurrentes se limitan a reiterar lo ya expuesto al deducir la incidencia, con lo cual no dieron cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 255 Código Procesal Civil y Comercial; agrega que los ahora apelantes no especificaron al pedir la reducción el perjuicio que les irroga la resolución, que tampoco agregaron aún la valuación de los bienes ni acreditaron el levantamiento de las cautelares que también afectan a uno de ellos.

A fs. 168 se llaman autos para resolver, providencia firme conforme notificación que obra al dorso de dicho folio.

II. Que el recurso fue interpuesto en término conforme surge de fs. 136 y fs. 137.

III. Que liminarmente es menester destacar que esta Sala Primera ha sostenido en forma reiterada la conveniencia de aplicar un criterio amplio en cuanto a la valoración de la suficiencia de los agravios, por ser el que mejor armoniza con el derecho de defensa y con el sistema de la doble instancia. Mas aún, se ha dicho que en caso de duda sobre si el escrito tiene los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad (CACC Salta, Sala I, Tomo 1992:101; 2000:654; 2013-SD:7; Tomo 2014-I: 225, Tomo 2016-SD:136, Tomo 2017-SD:343, entre otros). Siguiendo tal criterio, puede afirmarse que la firma recurrente ha expresado aunque mínimamente los agravios que le produce la resolución de primera instancia (concretamente, que la decisión se adoptó sin considerar que existen elementos para hacer lugar con la pretendida reducción de embargo) los que habilitan su análisis por esta vía recursiva.

Para resolver como lo hizo, el a-quo analizó los parámetros a tener en cuenta a los fines de obtener la reducción de la cautelar trabada en autos y sostuvo, en primer lugar y respecto al valor real de la propiedad respecto de la que los apelantes requieren que se mantenga el embargo (Matrícula 96.508) que los incidentistas no acompañaron copia de su tasación, lo que era carga que recaía sobre su parte. Consideró, además, que si bien el valor del inmueble cubre el embargo ordenado en autos y sus accesorios, se encuentra afectado con dos embargos más y una medida de no innovar y que la suma depositada en autos no alcanza a cubrir el monto adeudado. En síntesis sostuvo que no es posible concluir que, haciendo lugar a la reducción de embargo solicitada por los ejecutados, quede intacta la garantía del acreedor. Por ello rechazó el pedido formulado a fs. 107/111, con costas.

IV. Que sabido es que la finalidad de las medidas cautelares es evitar que se tornen ilusorios los derechos de quien las solicita ante la posibilidad de que se dicte una sentencia favorable a su parte. Es decir que se trata de evitar la posible frustración de los derechos de los litigantes a fin de que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio. Así, la garantía cautelar aparece como puesta al servicio de la ulterior actividad jurisdiccional y deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho; la misma está destinada, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra (cf. Norberto J. Novellino, "Embargo y Desembargo y demás Medidas Cautelares", 5ª ed. La Ley, p. 8 y jurisprudencia allí citada; C.A.C.C. Salta, Sala I, T. 2014-AI:636; id., Sala IV, causa 444.475/13 de fecha 11/10/13).

Mercader, con cita de Calamandrei, ha sostenido que las medidas cautelares están inspiradas en el propósito de salvaguardar el imperium iudicis, porque tienden a impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la Justicia, se reduzca a un tardío e inútil verbalismo o a una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como la guardia de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde. Las medidas cautelares se disponen, más que en interés de los individuos, en el interés de la administración de Justicia (Mercader, Amílcar; "Estudios de derecho procesal", p. 196; CNFed, Sala Civ. y Com., 7/5/68, LL, 130-680; C.A.C.C. Salta, Sala I, T. 2014-AI:636).

Por lo demás, es dable señalar que uno de los caracteres específicos de las medidas cautelares es su mutabilidad y la conveniencia de que sean flexibles para adaptarse a todas las necesidades, por cuanto si bien ellas deben asegurar a ambos litigantes sus posibles derechos, deben evitar asimismo daños que no respondan a una necesidad propia de aquélla (cfr. Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", t. IV, p. 170).

En tal sentido, se ha resuelto que "Toda medida de embargo es de por sí grave, y no puede decretarse sino al amparo de las disposiciones legales que garantizan por igual los derechos de los acreedores, así como de los deudores. La justicia debe, pues, conciliar siempre el interés del embargante y del embargado, autorizando a este último para procurarse, por medio de la limitación o la sustitución del bien embargado, el mínimo de perjuicios posibles" (C.A.C.C. Salta, Sala I, Tomo 2016-AI: 949).V. Que en el sub lite los demandados solicitaron la reducción de los embargos preventivos ordenados sobre el inmueble Catastro Nº 92.017, sobre el 50% del inmueble Matrícula Nº 96.508 de su propiedad, como así también sobre los fondos a percibir del Fondo Especial del Tabaco (ver copia obrantes a fs. 17 y fs. 44 de estas actuaciones), fundando su petición con el alegato de que dichas medidas le ocasionen grave perjuicio y sosteniendo, además, que el embargo trabado sobre uno de los inmuebles cautelados resulta suficiente a los fines de garantizar el eventual crédito del acreedor (el que afecta la Matrícula 96.508) Ahora bien, tal como lo destaca la firma ejecutante, de las constancias obrantes en autos no surge que los afectados por la medida hayan acreditado el valor de los inmuebles embargados limitándose a formular manifestaciones apreciativas al respecto que no pueden ser valoradas en esta oportunidad como idóneas para que proceda la reducción de los embargos preventivos. Ello implica que le asiste razón al sentenciante al desestimar el argumento según el cual se hubiera acreditado la suficiencia de la medida dispuesta sobre los inmuebles para cubrir la deuda de los ejecutados.

A ello debe sumarse la particular situación del Catastro Nº 96.508, respecto del cual los apelantes son titulares respectivamente del 50% indiviso y que registra a su vez dos embargos preventivos más y una medida de no innovar (la parte del Sr. Florián Martínez Alfaro, fs. 123/125) con lo cual, y pese a que conforme surge del estado de cuenta obrante a fs. 139 de las presentes actuaciones en los autos principales se encuentra depositada la suma de $ 1.186.337,23 (pesos un millón ciento ochenta y seis mil trescientos treinta y siete pesos con veintitrés centavos), ante la cabal falta de información y acreditación sobre la suficiencia de los bienes inmuebles cautelados resulta imposible determinar que, de ser acogido el pedido de reducción, se pueda afirmar que la firma acreedora tendrá suficientemente cautelado su crédito.

No puede dejar de mencionarse que, aún cuando en estas actuaciones no se cuenta con constancias de las piezas necesarias para tener por configurada la sustracción de materia -como lo entiende la apelada-, resulta indubitable que el hecho de encontrarse confirmada la sentencia de fs. 62/63 vta. (cf. esta Sala I de la C.A.C.C. Salta, Tomo 2017-SD:122) torna aún más exigente la presentación de extremos que ameriten la modificación de la resolución de fs. 133/135.

VI. Que, en consecuencia, resulta imprescindible evitar que la ejecutante vea disminuida la garantía de cobro del crédito ya reconocido a su favor. Ello sin perjuicio de que con posterioridad eventualmente pudieran presentarse los presupuestos necesarios para poder restringir o limitar la medida cautelar dictada a fs. 17 y fs. 44 (fs. 16 y fs. 43 del principal), en virtud del carácter provisional de toda medida cautelar (arts. 202 del C.P.C. y C.).

En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación y en mérito a ello, confirmar la decisión impugnada.

VII. Que las costas de la instancia apelativa se imponen a los recurrentes, en virtud del principio establecido en los artículos 67 y 68 del Código Procesal Civil y Comercial.

El Dr. Ricardo Casali Rey, dijo:

Que, por sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I. RECHAZAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 137 y, en su mérito, CONFIRMAR la resolución de fs. 133/135. Con costas.

II. MANDAR se registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA VOCALES: ADRIANA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ MIRAU RICARDO CASALI REY - SECRETARIA: DRA. MA. LAURA SARMIENTO SALA I, T. 2018 - INTERLOCUTORIOS, Fº 36/38, 15/02/2018 - EXPTE. N° INC - 545642/1.