Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-30


La Plata, setiembre 30 de 2003.

1º ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué decisión corresponde adoptar? 1º cuestión. - El doctor Mahiques dijo:

I. La norma contenida en el art. 149 bis, primer párr. del Cód. Penal, tiene por fin la protección de la libertad, entendiéndose por tal la posibilidad de hacer o no hacer lo que el ser humano quiera, en tanto no esté prohibido, y sin imposiciones ilegítimas (conf. Edgardo Donna; "Derecho Penal. Parte Especial"; t. II-A; Rubinzal - Culzoni Editores, p. 253). En el ámbito del delito de amenazas simples, dicha libertad tiene un contenido eminentemente psíquico, por cuanto las conductas atentatorias de dicho bien jurídico, que toman la forma de una violencia de tipo moral, afectan la libertad moral del sujeto, en el plano del derecho a autodeterminarse o desenvolverse libre de temores injustamente provocados (en similar sentido, Alfredo J. Molinario; "Los delitos", texto actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio; TEA; Buenos Aires; 1996; p. 32).

Ello así, debe consignarse que las amenazas, para ser típicamente relevantes, y, por ende, para poseer la suficiente entidad para lesionar el bien jurídico de referencia, deben en primer lugar ser graves, serias y posibles. Han de tener una naturaleza tal que las torne idóneas para provocar en el sujeto pasivo un fundado temor a que ocurra el mal anunciado por su agresor, afectando la libertad en los términos ya aludidos.

Dicha idoneidad, sin embargo, no puede ser establecida en abstracto, en un juicio normativo o valorativo que tenga en cuenta exclusivamente el carácter intrínseco de las expresiones vertidas. Dicho entendimiento contraría claramente los principios de lesividad y ultima ratio, en cuya virtud se consagra la necesidad de que la conducta desplegada afecte al bien jurídico protegido por la norma típica, para que pueda resultar jurídico penalmente relevante, justificando la intervención del Derecho Penal.

Ello se explica, en apretada síntesis, recordando que la Política Criminal, a través de su exigencia de racionalidad finalista, se encarga de individualizar cuáles son aquellos bienes e intereses que merecerán tutela a través de las herramientas del Derecho Penal, seleccionando además los comportamientos y conductas que serán objeto de incriminación. Surgen así de las decisiones tomadas desde el campo de la Política Criminal los concretos bienes jurídicos tutelados, cuya función primordial consiste en delimitar el "umbral" de la tutela penal: las manifestaciones subjetivas de infidelidad no pueden ser tomadas en consideración, hasta tanto no se constituyan en un peligro para los bienes protegidos (confr. Carlos A. Mahiques, "Cuestiones de Política Criminal y Derecho Penal"; Fabián Di Plácido Editor; ps. 49, 338 y concs.).

En consecuencia, y a efectos de asegurar el respeto de los mentados principios, el contenido de idoneidad de las amenazas debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina.

Esto no implica que el carácter lesivo, y por ello típicamente relevante de las amenazas, dependa exclusivamente del efecto que generen en la víctima, pues bien puede ocurrir que ésta no se vea afectada por dichas expresiones, en razón de ser una persona absolutamente desaprensiva, descuidada o ingenua. Dicha cualidad debe ser establecida en función de las propias expresiones, pero consideradas dentro del contexto específico en que fueron exteriorizadas, siendo éste el que, como se dijo, permite determinar la concreta potencialidad dañosa que las dota de la mentada idoneidad, justificando su punición.

II. Formuladas tales aclaraciones, debo señalar que el tribunal a quo, tras realizar una somera descripción de los hechos, marcando así el contexto dentro del cual fueron vertidas las presuntas amenazas, consideró que las manifestaciones proferidas por G. C. C. no resultaron de entidad suficiente, ni revistieron la idoneidad necesaria para encuadrarlas dentro de la figura penal en cuestión, teniendo en cuenta especialmente a tales efectos la situación psíquica del emisor del anuncio, y el efecto causado en el destinatario.

La recurrente critica la mentada conclusión, pero sin demostrar la irrazonabilidad de la misma, limitándose a expresar una mera disconformidad -en tanto considera que las expresiones causaron un estado de alarma en la víctima- que por su contenido, se reconduce a una cuestión fáctica, que es ajena a este ámbito casatorio, y resulta por ende insuficiente para conmover la decisión adoptada por la Cámara de Garantías.

III. En consecuencia, el recurso planteado resulta inadmisible, al no concurrir los supuestos establecidos en los arts. 448 y 449 del Cód. Procesal Penal, por lo que a esta primera cuestión voto por la negativa.

El doctor Borinsky dijo:

Que existe errónea interpretación del art. 149 bis del Cód. Penal, en cuanto se dice que son atípicas las expresiones tendientes a alarmar o amedrentar a un tercero, proferidas en un momento de enojo, como las manifestaciones lanzadas en un momento de ofuscación, y ello es producto de un transbordo incorrecto del sistema español de 1870 donde, por un lado, se establece la figura del delito de amenazas y, por el otro, se llama falta al hecho de amenazar de palabra y en el calor de la ira con causar un mal, cuando por sus actos posteriores los sujetos demostraren que no persistieron en la idea que significaron con su amenaza.

Más allí como acá el delito de amenazas puede hacerse de palabra, ya que su fin es provocar temor, y para ello vale lo mismo una amenaza verbal, escrita o gestual, mientras sea formal, seria y, por sus condiciones y circunstancias, propia para producir una agitación del ánimo, que restringe la formación de la voluntad de la persona a la cual va dirigida, impidiéndole determinarse a su placer tranquila y libremente (ver en lo pertinente Alejandro Groizard Gómez de la Serna, "El Código Penal de 1870, Comentado y Concordado", Esteban Hermanos, Salamanca, España, 1893, t. VII, ps. 695/696).

Y agrego, por esto que vengo expresando, que en el caso, nadie lanzó imprudentemente expresiones de desahogo ni participó de una riña o discusión, como el zumo de la prueba debió decir, a propósito del que concurre al domicilio de la víctima aplicándole un golpe de puño en el rostro sin motivo, para luego, ya en su vivienda, al concurrir el damnificado en compañía de sus progenitores, trató de repetir lo anterior al tiempo que decía que lo buscaría y mataría.

Así las cosas, abro mi respetuosa disidencia a fin de postular se case el pronunciamiento con reenvío para que los jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho y, en consecuencia, a esta cuestión voto por la afirmativa.

El doctor Domínguez dijo:

Adhiero al voto del doctor Borinsky por sus fundamentos. Conforme lo describiera, en el caso, los dichos del acusado, ante las explicaciones solicitadas por los padres de la víctima, luego de haber sido esta última golpeada sin causa aparente, resultaron idóneos para tener por cierto el anuncio de un mal inminente.

Voto por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Mahiques dijo:

En atención al resultado que por mayoría arrojó el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde declarar procedente el recurso de casación interpuesto, casar la resolución impugnada, y reenviar estos autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, a efectos que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, conforme lo dispuesto en el art. 461 del ordenamiento adjetivo. Así lo voto.

Los doctores Borinsky y Domínguez, dijeron:

Que por sus fundamentos votan en el mismo sentido que el juez preopinante.

Con lo que no siendo para más se dio por terminado el acuerdo dictando el tribunal por mayoría la siguiente resolución: I. Declarar procedente el recurso de casación obrante a fs. 29/33. II. Casar la resolución impugnada, y reenviar estos autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, a efectos que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (arts. 461, 465 y concs., Cód. Procesal Penal). - Carlos A. Mahiques. - Ricardo Borinsky. - Federico G. J. Domínguez.