Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-07-31


(Libro de Acuerdos Nº 44, Fº 710/713, Nº 327).- San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil uno, los señores Jueces Titulares doctores José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti y la Sra. Vocal de la Sala I de la Cámara en lo Civil y comercial, Dra. María Rosa Caballero de Aguiar, por habilitación, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. N° 519/2001, caratulado "Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. nº 5325/00 (Sala I Cám. de Apel. Civ. y Com.) Incidente de revisión promovido por Manuel Luis Gallego en el expte. nº B-29187/98 Concurso Preventivo: Kindgard, Eduardo Federico ".- El Dr. del Campo dijo:

A fs. 7/15 se presenta el Dr. Angel Alberto Lamas, en nombre del concursado, Eduardo Kindgard, deduciendo recurso de inconstitucionalidad en contra del fallo emitido por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el día doce de diciembre de dos mil.- Conferido el traslado de ley, comparece a responderlo, a fs. 34/37, el Contador Público Nacional Dante Aníbal Tico, en su carácter de Síndico Titular del Concurso preventivo de Eduardo Kindgard, solicitando el rechazo del remedio procesal instaurado.- Asimismo, a fs. 38/41, se presenta la Dra. María Rosa Jiménez Linares de Snopek, en su calidad de apoderada del acreedor, Manuel Luis Gallego, peticionando -también- el rechazo de la pretensión recursiva instaurada por el deudor, con costas a su promotor.- Luego de que se hubo pronunciado el Sr. Representante del Ministerio Público habilitado, la causa se encuentra en estado de ser resuelta, por lo que corresponde abordar los aspectos sustanciales de la impugnación sometida a conocimiento y decisión de este Superior Tribunal de Justicia.- El quejoso se agravia en razón de que, sostiene, el Tribunal A-quo, a los fines de dirimir el entuerto suscitado, echó mano de una presunción, a saber, que el crédito cedido por Gallego a Kindgard no era un crédito litigioso. El deudor reprocha lo decidido porque el incidentista desistió de la prueba de oficios para la remisión del expediente concursal en el que obraría el citado crédito. Agrega, por otra parte, que, participando el mismo de la naturaleza litigiosa, la cesión del mismo debió formalizarse con arreglo a lo preceptuado por el art. 1445 del Código Civil. Asimismo, expresa que el órgano jurisdiccional inferior incurre en arbitrariedad al invertir la carga de la prueba respecto de la interpretación que merece el instrumento de cesión que dió origen a la pretensión del acreedor.- También se afirma menoscabado el quejoso porque se tuvo por saneado el defecto de acreditación de mandato del representante del acreedor, sin que se le concediera al deudor la respectiva oportunidad de impugnación.- Por último, se agravia en virtud de la ponderación que el órgano jurisdiccional inferior hiciera de la denuncia del acreedor al solicitar la convocatoria.- Ciertamente que no se me escapa que el primero de los menoscabos referidos por el quejoso tienta emparentarse con el tema de la necesidad de demostrar la causa de la obligación cuya verificación se persigue en sede concursal.- Sobre dicho tema, este Superior Tribunal de Justicia tiene asumida posición mediante pronunciamiento recaído en el expediente nº 6530/98 (L.A. nº 42, Fº 587/590, nº 211). Allí se decidió "que para que la masa de acreedores represente una verdadera igualdad, a fin de que el patrimonio del deudor sea distribuído oportunamente en forma equitativa, de acuerdo a la ley, su ingreso a ella obedece a normas que hacen a la determinación exacta de la negociación habida con el deudor, y de qué manera los documentos otorgados la instrumentan". Asimismo, en la misma sentencia, con apoyatura en la opinión del Dr. Galíndez ("Verificación de créditos"), y siguiendo la doctrina sentada en los plenarios "Translínea c/ Electrodinie S.A." y "Difry S.R.L.", se expresó "que, en el trámite de verificación tempestivo, el acreedor debe observar la carga de 'indicar' la causa obligacional, esto es, explicar detalladamente las circunstancias que determinaron la realización del negocio jurídico, y luego es el síndico quien debe comprobar por medio de las medidas instructorias del caso, la existencia de tal negocio, a fin de descartar toda posibilidad de una connivencia dolosa entre el deudor y el supuesto acreedor".- Conforme ya se ha señalado, la finalidad perseguida por los plenarios arriba citados, fue la de poner coto a los fraudulentos entendimientos entre el deudor y algunos acreedores, a efectos de burlar los derechos del resto de la masa de derechohabientes, abultando las deudas a través del simple expediente de documentar créditos, en rigor, inexistentes. Para prevenir semejante inconducta, es que se exige la alegación y prueba de la causa de la acreencia esgrimida.- Cabe agregar que, son precisamente los redactores del proyecto de ley concursal, Rivera, Roitman y Vítolo ("Ley de concursos y quiebras", Ed. Rubinzal-Culzoni, T. I, p. 258) quienes se encargaron de poner en su quicio el verdadero alcance de la doctrina "Difry" al decir que la misma "está sustancialmente destinada a evitar el concilio fraudulento, pero no exige una prueba acabada y contundente de la causa de la obligación, aunque sí requiere un relato plausible de las circunstancias de en que se desarrollaron la adquisición del título y el aporte de elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos". Ante ello, cabe destacar que los elementos arrimados por el insinuante no satisfacen las exigencias arriba mencionadas debido, fundamentalmente, a la actitud procesal asumida en el evento por el mismo acreedor, a la sazón, desistir de la producción de probanzas enderezadas a acreditar la génesis de su crédito.- Aclarada, entonces, la télesis de la exigencia legal, no es posible olvidar que la decisión que al respecto se adopte, previo el fundado consejo del Síndico, sólo habrá de valerse de los elementos de convicción regularmente acompañados al proceso por el acreedor a los fines de su rigurosa meritación por el juez concursal. Siendo ello así, y a tenor de la ausencia de elementos convictivos indubitables y coincidentes en sentido contrario, aportados por quien tenía a su cargo acreditar tal carácter, concluyo que el crédito reclamado por el acreedor es susceptible de ser calificado de litigioso.- Asimismo, y por idénticos argumentos, cabe consignar que deviene irrelevante la denuncia que oportunamente, hiciera el concursado del crédito de marras, habida cuenta que, a la luz de las constancias de la causa, la propia existencia y actualidad del mismo no ha sido demostrada.- Por tales razones, considero que el primer y el tercer agravio invocados por el quejoso deben ser acogidos.- Resta tratar el segundo menoscabo enunciado, relativo a la personería del representante del acreedor.- Desde mi perspectiva, y como natural consecuencia de la solución que se propicia para los restantes agravios, este reproche ha extraviado toda virtualidad. En efecto, si se tiene en cuenta que, como derivación de lo anterior, he concluído en dar por no demostrada la causa de la acreencia cuya verificación se reclamara en los autos originarios, resulta manifiestamente innecesario emitir pronunciamiento sobre la personería invocada en el instrumento de cesión de fs. 2/5, en virtud del cual pretendiera esgrimirse el citado derecho.- En consecuencia, concluyo que el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Sr. Eduardo Kindgard debe ser acogido, imponiéndose las costas emergentes de la tramitación de esta instancia al recurrido, en su calidad de derrotado, conforme lo manda el art. 102 del Código Procesal Civil.- Asimismo, deberá diferirse la regulación de los honorarios profesionales a los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica firme para hacerlo.- Los Dres. Valdecantos, Arnedo y Noceti adhieren al voto que antecede.- La Dra. Caballero de Aguiar dijo:

Entiendo que la cuestión propuesta por el recurrente, se circunscribe a descalificar aspectos vinculados con la tarea valorativa de prueba efectuada tanto por el Tribunal de grado como por el juzgador de primera instancia, por lo que el recurso tentado deviene insustancial.

Sin perjuicio de ello, comparto los fundamentos vertidos por el Tribunal a-quo para confirmar la resolución del juez de primera instancia, por lo que voto por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad deducido por el Sr. Eduardo Kindgard, con costas a su parte, en su calidad de derrotado (art. 102 del C.P.C.), difiriendo la regulación de honorarios profesionales a los letrados intervinientes hasta tanto exista base económica para hacerlo.

Tal mi voto.

Por los fundamentos consignados precedentemente, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy RESUELVE:

1º.- Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Angel Alberto Lamas, en nombre del concursado, Eduardo Kindgard, en contra del fallo emitido por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el día doce de diciembre de dos mil.- 2º.- En consecuencia, declarar no verificado en el concurso de Eduardo Federico Kindgard, como quirografario, el crédito insinuado por Manuel Luis Gallego por la suma indicada en el apartado I de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 14 de marzo de 1999 (fs. 114/116 vta.).- 3º.- Imponer las costas al recurrido (art. 102 del Código Procesal Civil).- 4º.- Diferir la regulación de honorarios profesionales.- 5º.- Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese por cédula.