Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 18 de 2007.

El DR. Miguel Angel Maza dijo:

I. Contra la sentencia dictada en la instancia previa se alza la parte demandada, a tenor del memorial que luce anejado a fs. 551/556.

La empleadora cuestiona la valoración efectuada de la rebaja salarial dispuesta en el acuerdo de novación de condiciones suscripto por el trabajador. Critica la declaración de nulidad de dicho convenio. Objeta el rechazo de la excepción de prescripción oportunamente interpuesta. Se agravia del modo de imposición de las costas del proceso y apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y del perito contador, por estimarlos elevados. Cuestiona la condena a la entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la LCT. Finalmente critica el monto de condena.

II. Razones de orden lógico, imponen analizar en primer término el agravio que gira en torno a la excepción de prescripción opuesta.

Cabe señalar que la Dra. G. consideró nulo el acto que dispuso la rebaja salarial de García y en consecuencia, declaró imprescriptible la acción incoada por éste.

Creo necesario recordar que el acto nulo es un acto jurídico viciado por motivos que dan lugar a la privación de sus efectos normales.

En un supuesto en el que la demandada redujo unilateralmente la remuneración del trabajador indiqué que " no puede soslayarse que la retribución constituye una condición esencial del contrato de trabajo y que, por ende, no podía ser modificada por el empleador en forma unilateral pues ello escapa a las facultades que le confiere el art. 66 de la LCT. De ello se sigue que la reducción decidida por la demandada resultó un acto patronal prohibido por la ley 20.744 y nulo de nulidad absoluta, ya que, como bien lo explica el Dr. Horacio De La Fuente en su estudio "Invalidez del acuerdo que modifica condiciones esenciales del contrato en perjuicio del trabajador sin su consentimiento previo" (pub. Revista DT, 1999-B, 988), la modificación por el empleador de cláusulas esenciales del contrato constituye una violación a expresas normas imperativas que vedan tal potestad. Tal como señala, esa alteración contractual desprovista de todo fundamento resulta tildable de injusta, arbitraria y antijurídica, contradiciendo los más elementales principios generales del derecho ya que nadie puede modificar el contrato sin consentimiento previo de la otra parte (doc. Art. 1197 Cód. Civil), y menos aún en el ámbito del contrato de trabajo en el que el empleador detenta mayor poder negocial" (cfme. "Di Vagno Alejandro Augusto c/ Anuntis Segundamano S.A. y otro s/ Despido", sent. def. nro. 95407 del 27/11/07), sin embargo, en el caso de marras advierto una diferencia sustancial con el precedente trascripto.

En efecto en las presentes actuaciones la rebaja salarial de García no fue dispuesta unilateralmente por Nestlé, sino que por el contrario, las partes celebraron el acuerdo obrante a fs. 5/6.

En tal sentido, coincido con la judicante de grado en cuanto a que dicho es nulo pero la nulidad -a mi criterio- no es absoluta, toda vez que la modificación contractual no fue dispuesta unilateralmente por la empleadora, sino que, reitero, las partes celebraron un acuerdo, en tal sentido.

Por ello, el acto es nulo de nulidad relativa y en consecuencia no es imprescriptible, tal como sostiene la judicante de grado.

No obstante lo dispuesto precedentemente el rechazo de la excepción opuesta por la empleadora se impone, habida cuenta que el acuerdo celebrado entre las partes no se encuentra prescripto.

Digo ello, porque la pretendida aplicación de la accionada del art. 4030 del Código Civil a las presentes actuaciones y sus manifestaciones en torno a que "las diferencias salariales reclamadas se fundaron en la nulidad de cláusulas viciadas del acuerdo suscripto el 26 de febrero de 2002, recién fueron esgrimidas en la presentación recursiva.

Es decir, que no fueron invocadas en la etapa procesal oportuna y por ello resultan extemporáneas (art. 277 CPCCN).

III. Corresponde ahora analizar el planteo formulado en torno a la valoración del acuerdo celebrado entre las partes.

Si bien, argumenta la quejosa que "el actor con el objetivo de verse beneficiado con la prosecución de un vínculo laboral dentro del difícil cuadro ocupacional por el que atravesaba el país, aceptó la rebaja salarial propuesta", lo cierto y concreto es que, arriba firme a la Alzada que el acuerdo celebrado ante el Ministerio de Trabajo (fs. 131/132) no fue homologado por la autoridad competente por lo que carece de validez.

Asimismo, para que pueda admitirse como válida la novación objetiva de las condiciones de trabajo, ésta tendría necesariamente que ser negociada y documentada por las partes en forma previa a la instrumentación de los cambios y con un cuidadoso y estricto respeto por la equivalencia de las prestaciones contractuales recíprocas, lo que no se advierte acreditado en la causa.

En efecto el acuerdo en cuestión no sólo no fue homologado por la autoridad competente por lo que, reitero, carece de validez sino que también se advierte que la empleadora además de reducir la remuneración del trabajador en la suma de $1000, introdujo una serie de modificaciones a su contrato laboral, entre ellas, el lugar de trabajo.

Y en relación a dicho tópico observo que no se determinó en el acuerdo en cuestión cuál sería el nuevo destino del trabajador, ni tampoco se estableció nada acerca de una posible compensación por los mayores gastos que pudiera irrogarle el lugar de prestación de tareas.

En tal sentido cobran especial relevancia las declaraciones testimoniales analizadas en la sentencia de grado, cuya valoración no fue cuestionada por la apelante, las que prueban que: 1) Que antes de la firma del acuerdo glosado a fs. 131/132 el actor prestaba tareas en Carlos Pelegrini 887. 2) Que posteriormente García fue destinado a cumplir sus labores en Tortuguitas. 3) Que el actor debía recorrer 90 kilómetros para llegar desde su domicilio, sito en Lanús hasta el nuevo destino de trabajo (Tortuguitas). 4) Que ello le irrogaba un gasto mayor en combustible (10 litros diarios) y el pago de dos peajes.

Reiteradamente se sostenido que si se afectan aspectos esenciales del contrato, la revisión de éstos requerirá necesariamente de un acuerdo de voluntades, que en el caso de marras el esgrimido por la empleadora para justificar su postura resulta inválido.

Asimismo, el silencio del trabajador no debe interpretarse como expresión de consentimiento (cfr. art. 58 L.C.T.) puesto que la renuncia o la novación no se presumen.

No es suficiente como expresión de consentimiento ni el silencio del trabajador, ni la recepción prolongada y sin reservas, ni cualquier otra simple actitud pasiva.

A ello no obsta la circunstancia de que el empleado haya esperado a ser despedido para efectuar su reclamo, puesto que, atento a lo preceptuado por los arts. 256, 259 y 260 de la L.C.T. no estaba obligado a hacerlo, máxime cuando el pago insuficiente de las obligaciones originadas en las relaciones de trabajo debe ser considerado como pago a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas.

En consecuencia, por todo lo expuesto concluyo que el acuerdo celebrado entre las partes carece de validez y por lo tanto de operatividad, por lo que corresponde desestimar la queja de la accionada.

IV. Distinta solución cabe adoptar en relación a los certificados del art. 80 de la LCT, habida cuenta que le asiste razón a la apelante en cuanto a que su entrega no fue solicitada por el actor en el escrito introductorio.

Por ello, propongo dejar sin efecto la obligación de hacer dispuesta en el decisorio de grado, en tal sentido.

V. En lo que respecta al monto de condena sostiene la quejosa que " el actor en su escrito de demanda reclama la suma de $129.572,02 más los intereses que pudieran corresponder" ... "que la perito contadora entendió que la liquidación por la cual debía proceder la sentencia era de $169.292,90 monto al cual arriba sumando a la liquidación final los intereses correspondientes al 31 de julio de 2006" ..."que el a quo dispuso que el monto de condena asciende a la suma de $169.292,90 y que deben aplicarse los intereses correspondientes desde que cada suma es debida" ... "que se están aplicando intereses sobre intereses en una clara violación al principio establecido en el art. 623 del Código Civil que establece un principio general que veda el anatocismo".

En efecto, asiste razón a la recurrente.

Así, la liquidación practicada por la perito contadora (fs. 266) incluyó en el importe de condena los intereses por el período comprendido entre febrero de 2002 y julio de 2006, por lo que la tasa de interés fijada en el decisorio anterior -que arriba firme a la Alzada- debe aplicarse a partir del mes de agosto de 2006 y hasta el efectivo pago.

VI. En cuanto al modo de imposición de las costas del proceso no se advierten razones en el caso en particular que justifiquen un apartamiento del principio general que establece que las mismas se impongan a cargo del vencido.

En tal contexto, correspondería imponer las costas de Alzada en un 90% a cargo de la parte demandada y en el 10% restante a cargo del accionante (arts. 68 y 71CPCCN).

Asimismo, se propicia regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada por la actuación en la Alzada en un 30% respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en origen, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados (leyes 21.839, 24.432 y art. 38 L.O.).

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. Nº 6/05 (modif. por Ac.C.S.J.N. Nº 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

VII. A fs. 555 la parte demandada apela los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del perito contador, por estimarlos elevados.

En tal sentido, tomando en cuenta el resultado del litigio, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado por los art. 6 a 9, 19 y 39 de la ley 21.839, decreto ley 11.668/57 y art. 38 de la L.O., los honorarios cuestionados resultan adecuados, por lo que se propicia mantenerlos.

El doctor Miguel Angel Pirolo dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Angel Maza.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios, con excepción de la fecha a partir de la cual se aplican los intereses sobre el capital de condena. 2) Liberar a la parte demandada de la entrega de los certificados previstos por el art. 80 LCT. 3) Imponer las costas de Alzada en un 90% a cargo de la parte demandada y en el 10% restante a cargo del trabajador. 4) Confirmar los honorarios cuestionados. 5) Regular los honorarios de Alzada de la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada por la actuación en la Alzada en un 30% respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en origen, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados. 6) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. Nº 6/05 (modif. por Ac. C.S.J. N. Nº 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente. -Miguel Angel Maza. -Miguel Angel Piropo.