marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, intereses, realismo económico, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, ABELARDO E. c/ EXPERTA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Es de notar que en el agravio respectivo la impugnante se limitó a mencionar el decreto 669/19 -el cual no fue objeto de debate ni de condena en autos- y a citar precedentes tanto de esta Corte provincial como de la nacional, mas sin lograr plasmar en concreto la hipótesis de arbitrariedad enarbolada, por lo que, con la totalidad de las constancias a la vista, y efectuados los cálculos pertinentes, cabe concluir que, en el caso concreto, los accesorios confirmados por la Sala a quo han sido fijados en base a una exégesis posible de las normas en juego y a la situación económica reinante y, por ende, acorde a las pautas postuladas por esta Corte Provincial in re Olivera y el Máximo Tribunal nacional en Bonet, razón por la cual, no aparece disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida, por lo que la conclusión a la cual arribó la Alzada podrá ser o no ser compartida por la quejosa pero, en la medida en que no implica un apartamiento del derecho a la jurisdicción, no corresponde que sea descalificada por inconstitucional. - CITAS: CSJN: Bonet, Fallos:342:162; CSJStaFe: Olivera, AyS, T 278, p 295/308. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto Nacional 669/19
Revocación de sentencia, AFIP, secreto fiscal, orden público, procedimiento tributario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Masell SRL c/ Fernandez, Laura Inés s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Procede revocar la decisión que ha dispuesto el levantamiento del instituto reglado por la ley 11683: 101, ordenando a la AFIP que se agregue copia, en el caso, de las facturas emitidas por la empresa actora durante cierto periodo, con base en que ambos justiciables prestaron conformidad con el levantamiento del secreto fiscal. Ello por cuanto, en el caso, la disconformidad de la AFIP se ha ceñido a que el levantamiento del secreto fiscal ha sido impuesto a los efectos de obtener ciertas facturaciones que revelarán información económica, también, de terceros ajenos a la controversia, quienes no han brindado su consentimiento expreso para la divulgación de sus datos. Sobre el particular no puede obviarse que el organismo fiscal es el que debe guardar celosamente la información que posea contenido patrimonial de contribuyentes y que, por cierto, son ajenos al juicio cuando -como ocurre aquí- no se advierten configurados ninguno de los supuestos de excepción mencionados en la ley 11683: 101. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el secreto fiscal conjuga principios de orden público, que en la especie y en este estado de la causa deben considerarse prevalecientes cuando está en juego la confidencialidad de los datos aportados por los contribuyentes (cfr. arg. esta CNCom, esta Sala A, in re: "Erke SRT s/ quiebra s/ inc. de revisión por Zelarrayán maría" del 17/10/06). Por lo tanto, visto que no se configuran las excepciones legalmente previstas, que podría verse afectada la privacidad ofrecida por el Estado en protección de la garantía de inviolabilidad del secreto fiscal y que no existe consentimiento de los contribuyentes que pudieran encontrarse afectados a resultas del contenido de la información pretendida por los justiciables (cfr. arg. CNCom, esta Sala A, in re: "Trigoria SRL s/ inc. de extensión de quiebra" del 28/11/17); la dispensa del secreto fiscal del modo impuesto en la anterior instancia no debe mantenerse. Lo expuesto no constituye valladar alguno, claro está, para que la parte actora como la demandada soliciten -previa orden judicial- al Fisco Nacional, la remisión de sus propias declaraciones juradas mediando su expreso consentimiento
Concurso preventivo, concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: NAVARRO GIL, ALFONSO s/ QUIEBRA POR TERAN VEGA DE PAZ, ZULEMA ANTONIA - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-29

La doctrina y jurisprudencia ha establecido una casuística en materia de apelación de ciertas medidas en los concursos, y en cuanto a las resoluciones apelables, se ha dicho que la ley 24.522 determina las excepciones a la regla de la inapelabilidad en treinta casos, entre otras, la declaración de ineficacia de pleno derecho de ciertos actos realizados por el deudor en el período de sospecha (art. 118 in fine).
Contrato de obra pública, mayores costos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 77-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-14

En materia de obras públicas el cobro de los mayores costos determinados por el álea administrativa o por el álea económica (hechos del príncipe o teoría de la imprevisión, según los casos) hállase expresamente contemplado en las leyes nacionales 12910 y 15285.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, Aerolíneas Argentinas, propiedad participada, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, JUAN DOMINGO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ PART. ACCIONARIADO OBRERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La fijación de la reparación pecuniaria por la "pérdida de chance" derivada de la privación de acceso al régimen de participación accionaria, torna procedentes los intereses que deben integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no poder disponer del capital, se vio privado de invertirlo. Los intereses corren desde la fecha de notificación de la demanda, pues la adhesión al PPP es voluntaria y depende de una expresión de voluntad individual (conf. art. 6 del decreto 584/93), y en el caso los demandantes no manifestaron su voluntad con anterioridad a la promoción de las actuaciones.
Responsabilidad objetiva, obras sociales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLEGAS PEDRO c/ O.S.E.P. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S005 - 074)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-26

La responsabilidad de las Obras Sociales es objetiva toda vez que no se refieree al actuar propio del ente a través de sus órganos sino al actuar culposo de sus dependientes y aquellos no dependientes (médicos) que ejecutan las prestaciones.
Concurso preventivo, verificación de créditos, fuero de atracción, caducidad de instancia
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Bernardini Ricardo Livio c/ Aerolineras Argentinas SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-05

La causa laboral remitida al juzgado comercial donde tramitaba el concurso preventivo de la demandada y donde se declarara la caducidad de instancia ante la falta de impulso, su regreso al fuero del Trabajo por la vigencia de la ley 26086 no habilita al interesado a volver a discutir lo reclamado puesto que la verificación del crédito como así también la producción de las pruebas en sede comercial han caído bajo el efecto de la perención de la instancia. Toq. 1238.
Poder de policía, reglamentación de la ley, exhibición de película
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

El artículo 2 de la ley nro. 23.052, modificado por ley nro. 23.076, en su parte objetada, permitió al Poder Ejecutivo establecer sanciones que no superen los 30 días de clausura y los quinientos mil pesos argentinos -actualizables- de multa. Este diseño legal no permite al poder administrador "vagar a voluntad entre todas las materias posibles" sino que, por el contrario, pareciera que el poder habilitado para reglamentar ha sido encauzado "entre taludes que le impiden su desborde".
Martillero, sumario administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Garrido, Horacio Enrique s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

Corresponde dejar sin efecto la exclusión del sumariado de la lista de martilleros si la decisión de la cámara, adoptada sobre la base del dictamen de la Comisión de Síndicos, Peritos y otros auxiliares de la justicia, no se ajustó al espíritu del esclarecimiento de la verdad que impone el art. 15 del Reglamento de Investigaciones de la Secretaría de Auditores -acordada 8/96-, pues no permitió la producción de prueba y se atuvo sólo a una parte de la declaración del martillero, no tuvo en cuenta la declaración prestada por dos testigos en sede penal y otorgó la validez de una confesión expresa a declaraciones que el sumariado calificó como "recuerdo defectuoso".
Robo con armas, arma simulada, arma de juguete, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, E. s/ ROBO - DELITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

1) La violencia psíquica producida mediante un arma de juguete no requiere que se apunte con ella a la víctima, como sí, lo necesita el arma de fuego, toda vez que esta última implica también un riesgo objetivo para la persona amenazada, mientras que el juguete surte efecto intimidatorio con la sola exhibición, aún en la cintura, coincidentemente con las miras del autor de anular, mediante el miedo, toda resistencia posible en la víctima.

2) El acuerdo previo de voluntades para la concreción del hecho delictuoso, basta para atribuir a cada uno de los participantes en el accionar delictivo, el dominio final del hecho íntegro, considerándose a todos aquellos coautores, aunque hayan sido realizados por uno u otro.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DEMBOS S.A. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-04

Procede el recurso extraordinario cuando se controvierte la interpretación y legitimidad de normas federales, y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria a la pretensión que la apelante funda en ellas y a su validez (art. 14, incs. 1 y 3, de la ley 48).
Recurso de casación, sentencia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ ANTONIO MARIO c/ EMPRESA CONTRERAS HNOS. S.A. y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-03-19

Se invoca arbitrariedad en el decisorio por entender que el pronunciamiento confirmatorio de Segunda Instancia no advierte que la sentencia no determina el monto de condena, puesto que el mismo queda sujeto a las ... diferencias que pudieran surgir de una mayor retribución, de resultar favorable a los intereses del actor el reclamo por diferencias salariales que tramita en otras actuaciones, ofrecidas como prueba instrumental. Dicho planteo había sido introducido en oportunidad de interponerse el recurso de apelación y analizado el mismo en la instancia ordinaria recursiva. No advirtiéndose en esta vía casatoria la configuración de la violación alegada, toda vez que la parte cuenta con la oportunidad procesal para el ejercicio de su derecho de defensa, y se encuentra establecida la mecánica para proceder a los eventuales cálculos, con lo cual está a resguardo la garantía de defensa en juicio y el debido proceso que persigue la doctrina de la arbitrariedad.

VOTO: DRA. BALLESTER
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, prueba, relación de causalidad, daño, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, culpa de terceros, caso fortuito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. G. c/ TREN PATAGONICO S.A. y Otros s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-06

Por mi parte comparto la solución adoptada de forma mayoritaria por la jurisprudencia y la doctrina en general, a través de la cual se califica a un tren en circulación como "cosa o actividad riesgosa", lo que lleva a la aplicación del principio objetivo descripto, contemplado en el segundo párrafo del citado art. 1113.

Es decir que existe riesgo de la cosa en supuestos atribuibles a su naturaleza o por su forma de utilización, cosas cuyo empleo genera permanentes riesgos o posibilidades de daños para terceros. Y conforme lo dispuesto en la norma citada (art. 1113), la víctima sólo debe probar la existencia del daño, el riesgo de la cosa, la relación de causalidad entre ambos y que el contrario litigante es dueño o guardián de aquélla; por su parte el dueño o guardián de la cosa riesgosa (empresa ferroviaria) para liberarse de responsabilidad que en forma objetiva le viene impuesta por la Ley, debe demostrar que la causa del hecho dañoso es por la conducta de la víctima y/o de un tercero ajeno por quien no deba responder, o el caso fortuito ajeno al riesgo de la cosa.
Responsabilidad de los padres, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Alicia Luisa c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios (Excepto Resp. Médica) perjuicios (Excepto Resp. Médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-03

Cuando un menor resulta lesionado por un compañero mientras se encuentra dentro de un establecimiento educativo, la sola circunstancia de hallarse bajo la guarda y vigilancia de las autoridades del mismo es suficiente para eximir de toda responsabilidad a los padres de aquél, ello por cuanto se trata del supuesto contemplado en el art.

1115 del Código Civil como causal exonerante de la responsabilidad de los padres al haber transferido la guarda de sus hijos al establecimiento.
Locación de obra, remuneración, enriquecimiento sin causa, trabajos adicionales
Materia: CIVIL
Carátula: TAFFONI, ALFREDO RICARDO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE CERVIÑO 3979 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

Corresponde admitir, una remuneración especial por tareas extras o adicionales, si son de poca significación o importancia o están comprendidas implícitamente en el contrato y no afectan la unidad de la obra convenida, inclusive fundándose en las teorías del enriquecimiento sin causa y del empleo útil.

Al no existir en la relación contractual una prohibición a la no admisión de los trabajos extras o adicionales, el empresario puede probar su relación y cobrarlos si el dueño de la obra los concedió y consintió, y debe presumirse el conocimiento y el acuerdo para realizar trabajos adicionales, si el dueño de la obra la visitaba, si vivía en la misma finca. Admitir lo contrario sería consentir un enriquecimiento indebido del propietario.-
Indemnización, daño material, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: HEINZ CARLOS JOSE s/ DAÑO MORAL - ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-27

El usuario del vehículo dañado tiene derecho a reclamar el costo de la reparación, aún cuando no haya efectuado la restauración del vehículo dañado.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Radziwill, Carlos s/ causa Nro. 9439.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

La competencia originaria de la Corte, de raigambre constitucional, es de naturaleza restrictiva, no siendo susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse mediante normas legales.
Médicos, obligaciones del médico, relación con el paciente, derecho a la privacidad, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

No resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento y no afectara directamente derechos de terceros, ya que una conclusión contraria significaría convertir al art. 19 de la Constitución Nacional en una mera fórmula vacía, que sólo protegería el fuero íntimo de la conciencia o aquellas conductas de tan escasa importancia que no tuvieran repercusión alguna en el mundo exterior.
Política educativa, nombramiento, funcionarios políticos, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brian, María Eugenia y otros. c/ Consejo Provincial de Educación. s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-26

De las funciones asignadas a la unidad administrativa (Programa Educativo Provincial para la Población Judicializada) se advierte que su principal objetivo es proponer la política educativa para la población judicializada, monitoreando su implementación y desarrollo, y contando para ello con facultades tales como administrar recursos, elaborar la normativa correspondiente, y formular estadísticas.

De ello se sigue que, siendo la fijación de políticas de estado una atribución excluyente de los funcionarios políticos electos a tal fin, todo lo relacionado con esta área, incluidos aspectos tales como la implementación y el control puede ser asignado a personal que integre la planta política, y que el jefe del Poder Ejecutivo considere de su confianza y consustanciado con la ideología y línea de gobierno que aquél tenga.

Por tanto no se encuentra configurado un fraude legal por el hecho de haber designado en planta política al personal de la Unidad Ejecutora Provincial.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: CEJAS, PEDRO ALEJANDRO c/ GRAFA GRANDES FABRICAS ARTENTINAS S.A. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE-LEY 9.688-OFICIO LEY-BUENOS AIRES-JUZGADO NAC.  DE 1RA. INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 45
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-30

La ley 22.172, establece que la regulación de honorarios por las tareas realizadas ante el tribunal oficiado queda a cargo de éste.
Pago, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: CIVIL
Carátula: MEDISUR S.R.L c/ U.O.M.R.A s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-06

El efecto liberatorio del pago es un derecho adquirido inalterable, sobre el cual no podrá volverse sin afectar el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional como imperativo de la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas.
Extinción del contrato de trabajo, ius variandi, daño moral, docentes
Materia: LABORAL
Carátula: BELLATTI, SILVIA c/ SOC. PROTECTORA DEL HOGAR MILTAR DR. DAMASO CENTENO JARDIN DE INFANTES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-20

El sólo agravio de índole moral justifica la ruptura del contrato de trabajo dispuesta por la trabajadora, ya que las condiciones de legitimidad del ejercicio del "ius variandi", en orden a evitar que se cause daño material o moral al trabajador (art. 66 de la LCT) no son acumulativas; valen por sí solas, cualquiera de ellas, indistintamente. (En el caso la actora se desempeñaba como Secretaria Docente de un establecimiento educativo y la demandada pretendía pasarla a desempeñarse en un cargo meramente administrativo).
Código procesal penal, proceso penal, recurso de queja (procesal), sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales, vicio de irrazonabilidad, Convención Americana sobre Derechos Humanos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vertone, F. S. c/  s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-17

Resulta admisible la queja deducida contra la resolución que denegó la apelación interpuesta por la defensa de dos imputados, planteada contra el auto que dispuso que las presentaciones deben canalizarse a través de la casilla de correo electrónico de la Fiscalía y no a través del Sistema de Gestión de Causas Lex 100 -artículo 196 del Código Procesal Penal-, pues afecta los derechos y garantías de los justiciables - artículos 18, 19, 28, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, por cuanto les impone una carga impropia al exigirles presentaciones digitales en aquél sistema cuando son los juzgados quienes deben remitirlas digitalmente a la fiscalía que tenga a cargo la investigación.
Actos jurídicos, consentimiento, intimidación, ejercicio del derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO MENDOZA c/ LITAL S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S084 - 415)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-06

La intimidación capaz de conducir a la anulación de un acto, debe ser inspirada al agente por "injustas" amenazas, lo que no ocurre, de conformidad al art. 939 del C.C., cuando el que las hace se redujese a poner en ejercicio sus derechos, tal el caso del acreedor que requiere a su deudor bajo apercibimiento de solicitar su quiebra, ya que ello no importa otra cosa que el ejercicio regular de un derecho.-
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.G. SA c/ Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-16

Para discernir la competencia en materia de Responsabilidad del Estado, en particular la extracontractual, doctrina y jurisprudencia no han podido establecer reglas rígidas, más aún en situación, en que la relación jurídica debatida está sometida en parte al Derecho Administrativo, y en parte al Derecho Civil.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, preclusión, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: Gilberto AGUILERA y otros s/ CUESTIONES  DE  COMPETENCIA  -  DECLINATORIA - PRECLUSION - SEGURIDAD  JURIDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

Si bien el régimen de preclusión es ajeno al debate entre magistrados judiciales sobre sus respectivas competencias, las razones de seguridad jurídica y de orden procesal que sustentan esa institución valen para proscribir los debates manifiestamente extemporáneos. Ello es así, pues admitir que un magistrado adopte en la misma causa y sobre los mismos hechos comprobados, criterios jurídicos sucesivos y contradictorios, conspira contra las mencionadas razones de seguridad jurídica y buena administración de justicia.
Régimen de consolidación de deudas, obras sociales
Materia: ECONOMIA
Carátula: BARCELO DE INTRIERI, Adriana c/ INST. SERV. SOCIALES BANCARIOS y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

No resultan aplicables las disposiciones de la ley 23.982, cuando la Obra Social no ha invocado ni acreditado que sea total o mayoritariamente estatal y no se advierte que lo sea, de acuerdo a los aportes que la conforman (art. 17 de la ley 19.322).