Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-15


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95.525 SALA II Expediente Nro.: 8.953/06 (Juzg. Nº62) AUTOS: "TCHUKRAN, ENRIQUE c/OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS O.S.M.E.

s/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el ??15/02/08???., reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Angel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar en forma parcial a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. En cambio, rechazó el reclamo por diferencias derivadas de una reducción salarial; y, la indemnización prevista en el art.80 LCT.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en su respectivas expresiones de agravios (fs.130/133 y 136/141).

En principio, creo necesario puntualizar que, a mi entender, los recursos de apelación sub-exámine, en la medida que constituyen una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas, reúnen el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art.116 de la LO. Ahora bien, habida cuenta que se debe tener por cumplida la referida exigencia procesal, seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno de los agravios expresados por los recurrentes.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados por la parte demandada. Al fundamentar el recurso, la quejosa sostiene -básicamente- que no existieron causales de entidad suficiente para habilitar el despido indirecto -el que, además, se produjo en forma intempestiva-; y, que el Sr. Juez a quo no tuvo en cuenta la crisis económica y financiera de la empleadora, en los términos del art.247 LCT. Por último, se agravia en virtud de que el sentenciante de grado admitió el incremento dispuesto en el art.2 de la ley 25.323; el agravamiento indemnizatorio previsto en el art.16 de la ley 25.561; y, por la imposición de costas. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita que se revoque la sentencia recurrida y que, en definitiva, se modifique el fallo de grado anterior de acuerdo a su pos@HEn orden a ello, cabe señalar que está fuera de toda discusión y surge de las constancias de autos, que el actor ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada con fecha 4 de mayo de 1988, en calidad de médico (especialidad cardiología); y que, en el último tramo de la relación, se desempeñó como coordinador de la unidad especial de atención cardiológica, de lunes a viernes, de 12 a 20 hs.

Con relación al primero de los agravios vertidos, cabe señalar que, conforme se desprende de los términos del escrito inicial y del intercambio telegráfico acompañado por el accionante a fs.3/5 -reconocido implícitamente por la demandada, por no haberlo desconocido en forma concreta al contestar la demanda (cfr. fs.35/38 y 46)-;

la accionada -por motivos que el actor dijo desconocer a ciencia cierta- comenzó a restringir la prestación de servicios a sus afiliados, al punto que el actor fue el último de los médicos del servicio que cesó en sus labores. Concretamente, - sostuvo Tchukran- le negaron tareas en enero de 2005; y, a raíz de ello, el 13/01/05 remitió un telegrama en el que intimó a su empleadora para que aclare su situación laboral y los motivos de su negativa de trabajo; provea tareas; y cumpla con diversas obligaciones de índole laboral (cfr. fs.4). Más tarde, al persistir la negativa de trabajo y la falta de pago de la deuda salarial reclamada, el actor remitió el despacho telegráfico del 21/01/05, por medio del cual se consideró despedido (cfr.

fs.5). La accionada contestó tal envío a través de telegrama fechado el 28/01/05, en el cual le comunicaba al actor que se había iniciado un expediente administrativo de crisis por razones de disminución de trabajo y causas económicas de su conocimiento; que el objeto de sus intimaciones anteriores había sido tratado mediante negociación colectiva; y, que se procedía a extinguir su relación laboral a partir de esa fecha, de acuerdo a lo dispuesto en el art.247 LCT y en los términos y condiciones de pago establecidas en el expediente referido (cfr. fs.3).

La demandada nada argumentó sobre las circunstancias referidas al distracto al contestar la demanda -sólo se expidió sobre la reducción salarial-; y, en base a ello, el Sr. Juez a quo determinó que estaba fuera de discusión que la relación se había extinguido ante el emplazamiento del actor por la falta de dación de tareas; hecho que, además, no aparecía justificado en las particulares circunstancias del caso.

Contra tal conclusión se alza la quejosa, quien sostiene que la intimación referida a la negativa de tareas fue contestada a través del despacho telegráfico del 28/01/05, en el que se aclaró la situación laboral del accionante al informarle la extinción del vínculo en los términos del art.247 LCT. Explica que tal decisión fue adoptada en base a la grave situación económica y financiera padecida por la obra social, a la cual describe y califica como ?ajena? y de ?estado público?. Por esta última razón -es decir, debido a que el actor tenía conocimiento de dicha situación- arguye que constituyó un distracto abrupto e intempestivo, que no le otorgó la posibilidad de efectuar la comunicación del despido en los términos del art.247 LCT. Luego señala que el despido indirecto se dispuso "en forma abiertamente intempestiva, no otorgando plazos razonables, en abierta demostración de una actitud rupturista". Por último, aduce que el Sr. Juez a quo no contempló la situación económica de la obra social; y, que no puede sancionarla como a aquel que, pudiendo cumplir con sus deberes patronales, no lo hace.

Como ya he señalado, la demandada omitió expedirse con relación al distracto en el escrito de conteste;

por lo que sus actuales alegaciones devienen extemporáneas.

Creo conveniente memorar en este punto que la demanda y la respectiva réplica conforman el tema de debate sobre el cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia. Conforme lo señala Centeno ("El procedimiento en la Provincia de Buenos Aires"; pag.94 y sgtes.), la demanda determina la apertura de la instancia y deja fijados los límites de la acción y su naturaleza; y a éstos se debe supeditar la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que, de conformidad con el principio de congruencia que, en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso, el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en los que quedó trabada la litis porque allí quedan fijados en forma definitiva los temas de la controversia, que no pueden ser -luego- alterados (cfr. art.34 inc.4 y 163 inc.6 CPCCN).

Refiere Couture que la sentencia es el acto emanado de los agentes de la jurisdicción mediante el cual se deciden la causa o los puntos sometidos a su conocimiento. En una primera operación, deriva de los términos mismos de la demanda, y en definitiva, el Juez debe hallar ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos de demanda y contestación y las pruebas sobre esos hechos que se hubieran producido para depararle convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas posiciones (cfr. Couture, "Fundamentos del derecho procesal civil", Ed. Depalma, 1981, pags.277 y ss.), La decisión que adopte el juez para resolver el litigio debe ser congruente con la forma en la cual ha quedado trabada la relación jurídico procesal, sin que corresponda alterar o modificar en aspectos esenciales, las pretensiones o articulaciones formuladas por las partes (cfr. Colombo, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado", Ed. Abeledo Perrot, T.1, pág.281 y ss.; y doc. que informa el art.163 inc.6? del CPCCN).

En virtud de tales consideraciones, la pretensión introducida recién en oportunidad de expresar agravios, contraviene los principios que rigen el contradictorio (arts. 34 y 277 CPCCN).

Ahora bien, del análisis del intercambio telegráfico efectuado precedentemente -y teniendo en cuenta que, en nuestro derecho, la comunicación de voluntad reviste carácter recepticio-; se desprende que ha sido la comunicación resolutoria de Tchukran la que produjo la extinción del contrato de trabajo; y es ésta -entonces- la que debe ser analizada en orden a decidir si estuvo o no fundada en causa legítima (arg. art. 243 LCT). Contrariamente a lo expresado en el planteo recursivo, la demandada guardó silencio ante la intimación efectuada el 13/01/05 (ver fs.4) por Tchukran en pos de que se aclare su situación laboral y de que le fueran abonados los haberes que se le adeudaban; y, recién al recibir la comunicación resolutoria -a la que cita expresamente en su despacho del 28/1/05-, le contestó intentando producir un despido en los términos del art.247 LCT. Desde esa perspectiva, no cabe sino concluir que el silencio guardado por la empleadora durante el transcurso del plazo que el actor le había conferido en la intimación (48 hs.), tradujo un reconocimiento implícito de la negativa de trabajo y de la deuda salarial que aquél había invocado (conf. art. 57 LCT) y, por consiguiente, la existencia de una injuria que hacía insostenible el mantenimiento del vínculo (arg. arts. 74, 78 y 242 LCT). En ese orden de ideas, entiendo que la decisión resolutoria adoptada por Tchukran el 21/01/05 (ocho días después de cursada la intimación; ver fs.4 y 5) se ajustó a derecho; y, en esa inteligencia, corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto admitió la viabilidad de sus pretensiones indemnizatorias (arts. 232, 233, 245 y 246 LCT).

Tampoco pueden tener favorable acogida los agravios vertidos por la apelante con relación a la admisión del incremento dispuesto en el art.2 de la ley 25.323 y del agravamiento indemnizatorio previsto en el art.16 de la ley 25.561, en base a que -a su entender- en el caso existió una causa de despido acreditada. Dentro del estricto marco en el que fueron planteados estos agravios, tal argumento no alcanza a rebatir las conclusiones a las que arribó el Sr. Juez a quo porque -como se ha visto- la relación laboral que uniera a las partes quedó extinguida en virtud de la decisión resolutoria justificadamente adoptada por el actor ante la negativa de la accionada a otorgarle tareas y a abonarle los salarios que le adeudaba; y no con motivo de la comunicación de despido que intentó efectuar la demandada luego de recibir la comunicación resolutoria de Tchukran (es decir, cuando ya se encontraba extinguido el vínculo). En tales condiciones, propicio desestimar la queja vertida y confirmar el decisorio de grado también en este aspecto.

Corresponde analizar ahora los agravios expresados por la parte actora. Al fundamentar el recurso, sostiene -básicamente- que el sentenciante de grado consideró válida la reducción salarial porque la demandada invocó el inicio de un procedimiento preventivo de crisis y porque entendió acreditada la homologación ministerial; circunstancias de las que su parte tomó conocimiento recién con el traslado del responde. Argumenta que, si bien la ley 24.013 establece que el acuerdo homologado tiene la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo; dicha eficacia es relativa, en tanto no viole principios fundamentales superiores. En esa línea argumental, sostiene que, en el caso, se han violado el derecho de propiedad y el de protección laboral de los derechos del trabajador (principalmente, el de su remuneración); todos ellos de raigambre constitucional. Destaca que del expediente no surgen los términos del concurso preventivo que sirvió de base para rebajar las remuneraciones por medio de un acuerdo entre la empleadora y la representación gremial, en el cual el actor no tuvo intervención, ni dio su consentimiento para ser representado de manera alguna, ni le fue notificado, ni fue aceptado. Critica la falta de fundamento de las cláusulas cuarta y quinta pues, en la realidad, no se conservaron los empleos y se procedió a la tercerización del servicio. En definitiva, -sostiene- no hay pautas para determinar la legitimidad de las actuaciones administrativas; la demandada no ha probado la situación económico financiera que adujo (y que trasladó a los dependientes) y las medidas adoptadas fueron irrazonables e inapropiadas para la defensa de los intereses del conjunto de trabajadores.

Estimo necesario memorar en este punto que, en el escrito inicial, Tchukran denunció una remuneración mensual de $3.925,30.-; y, que en el despacho telegráfico cursado el 13/01/05 intimó a su ex - empleadora para que "?pague diferencias de haberes ya que los mismos me fueron reducidos por Uds. en forma unilateral?". Sostuvo el actor que no le correspondía soportar los presuntos problemas económicos de la demandada, sobre todo cuando en ningún momento fue informado de actuación administrativa alguna que pudiera oponerse a sus derechos. Concretamente, denunció la reducción de sus haberes desde el año 2001 por quita salarial sin su consentimiento; motivo por el cual -en el entendimiento de que su remuneración es un derecho adquirido irrenunciable-, reclamó el pago de la diferencia a razón de $1.560.- mensuales, por todo el tiempo no prescripto (cfr. fs.8/14).

Al contestar el reclamo, la demandada argumentó que la mejor remuneración del actor fue la de $1.950.-; que en mayo de 2001 se decretó su concurso preventivo; y, que tramitó el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa ante el Ministerio de Trabajo. Sostuvo que dicho trámite culminó en un acuerdo de fecha 29/05/2001, en el que participaron las entidades sindicales representativas de personal (con personería gremial y simplemente inscriptas);

razón por la cual -a su entender- las medidas acordadas y aplicadas lo fueron con conocimiento de los trabajadores.

Relató que, entre otras medidas, en dicho acuerdo se establecieron reducciones salariales para el personal de determinada categoría y nivel salarial, a fin de sortear la situación de crisis y conservar el mayor número posible de puestos de trabajo. Adujo que, si bien implementó tales medidas a partir de junio de 2001 (una vez transcurrido el plazo de diez días previsto en la norma respectiva para considerarlo homologado en forma tácita) el acuerdo fue homologado por acto expreso el 21/11/01 (cfr. fs.35/38).

Ahora bien, a fs.63/70 obra copia del precitado acuerdo y su homologación -remitida por el Ministerio de Trabajo-; de cuyo texto se desprende el establecimiento de una rebaja salarial con una quita del 40% para el caso de personal que percibiera una remuneración bruta total superior a $1.801.- (cláusula cuarta). En dicho instrumento, celebrado entre la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía y Servicios Públicos (OSME); la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Personal de Economía y Hacienda (ASPEH), consta también una manifestación por parte de los delegados de la Asociación del Personal de la Obra Social del Personal del Ministerio de Economía y Hacienda (APOSME), referida a la imposibilidad de poner en conocimiento del personal la propuesta de la empleadora a través de la asamblea respectiva -debido a la hora en que fue entregada-; y de debatir sobre la materia en atención a la gravedad de las medidas dispuestas. Asimismo, manifestaron que ello les impidió tomar una resolución respecto al tema y consensuar algún tipo de criterio más acorde con la gravedad de la crisis; razón por la cual solicitaron a las autoridades de la Obra Social que se abstuvieran de adoptar cualquier tipo de medidas contra empleados en relación a cargo / afiliación sindical y/o política.

De la prueba pericial contable que obra a fs.81/84 y 109/110 -informe no cuestionado por ninguna de las partes- surge que, efectivamente, a partir de junio de 2001, el actor sufrió una quita salarial de $1.560.- (sobre un salario bruto de $3.900.-); y que pasó a percibir, a partir de esa fecha, la suma de $2.340.-.

Sentado lo expuesto y en virtud de las consideraciones efectuadas precedentemente, entiendo que, en el caso, la rebaja salarial dispuesta por la empleadora no aparece como derivada de una real negociación de las partes de la que puedan considerarse ambas beneficiarias, sino de una imposición unilateral de aquella en función de una conveniencia propia. Me explico. Aunque el actor haya "aceptado" el pago del salario reducido luego de haber sido adoptada esa decisión de la Obra Social, lo cierto es que la rebaja no parece ser el fruto de una real negociación entre las partes, de la cual ambas resulten beneficiarias. En efecto, observo que no existe evidencia alguna de que el actor haya prestado conformidad expresa con la decisión patronal de reducir su remuneración a partir de junio de 2001 en función de una conveniencia propia, ni se aprecia que la reducción salarial prevista en el acuerdo de referencia haya implicado para el actor la obtención de algún otro beneficio. La demandada no invocó ni probó cuál habría sido el "beneficio" que habría importado para Tchukran ese supuesto acuerdo modificatorio, como para que quede evidenciado que éste, verosímilmente, pudo haber estado interesado en convenir una rebaja en su salario. Obviamente que el mantenimiento de la fuente de trabajo no puede considerarse un "beneficio" emergente del convenio celebrado con las entidades sindicales porque se trata de un derecho con el que el actor ya contaba en virtud de disposiciones de orden público y del sistema de estabilidad relativa impropia adoptado por la ley general (conf. arts.10, 62, 63 y 90, primera parte, de la LCT). No demostrada la existencia de una razón que hiciera verosímilmente aceptable la celebración de un acuerdo salarial oneroso (que implicara conmutación de prestaciones recíprocas para ambas partes), estimo que se trató de una rebaja unilateralmente impuesta por la demandada que no puede entenderse convalidada por un acuerdo en el cual el actor no participó en forma personal.

Por otra parte, es también evidente que la negociación que se llevó a cabo con la entidad sindical del sector en el plano colectivo, carece de eficacia para establecer una condición remuneratoria menos favorable que la emergente del contrato individual (arg. art.8 de la ley 14.250 y art.8 LCT).

Ahora bien, el derecho del trabajador a percibir su remuneración de acuerdo con el nivel alcanzado antes de esa imposición patronal se encuentra expresamente protegido por el Convenio sobre Protección del Salario de la OIT Nº95 (ratificado por Dec.-ley 11.594/56), aplicable a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario (art.2, ap.1º). El art.6? de dicho convenio internacional establece la obligación de prohibir a los empleadores que limiten "en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario"; en tanto que el art.8? sólo autoriza descuentos de acuerdo con las condiciones que surjan de la "legislación nacional", un contrato colectivo o un laudo arbitral, por lo que parece clara la imposibilidad de establecer una reducción remuneratoria por vía de una decisión unilateral o de un simple acuerdo con la entidad sindical. El convenio OIT Nº95, de acuerdo con lo previsto por el art.75 inc.22 (1er. párrafo) de la Constitución Nacional, tiene jerarquía supralegal. A su vez, el art.131 de la LCT, en consonancia con esa norma internacional, establece que no podrá deducirse o retenerse suma alguna "que rebaje el monto de las remuneraciones"; y como no se ha argumentado que se verifique alguna de las excepciones previstas en el art.132 LCT, parece evidente que una decisión de la empleadora o la formalización de un acuerdo con una entidad sindical no pudo disponer válidamente una mengua salarial en contra de disposiciones expresas contenidas en un convenio internacional y en una ley de la Nación que prohíben tal reducción unilateral. Obviamente, la prohibición no sólo alcanza a las escalas mínimas fijadas en los convenios sino a todo componente salarial que integre la remuneración normal y habitual del trabajador, incluso a aquéllos beneficios que hayan sido incorporados por vía de la voluntad unilateral del propio empleador -arg. art.1?, inc.d de la LCT- (ver Rodríguez Mancini, en "Tratado de Derecho del Trabajo" dirig. por Vázquez Vialard, T?4, pág.575). La doctrina que emerge del Acuerdo Plenario Nº 161 ("Bonet, Angel y otros c/ Sadema SA", del 5-8-71), no deja duda alguna acerca del derecho del trabajador a percibir íntegramente su remuneración, frente a supresiones o rebajas que pudiera decidir el empleador de beneficios salariales acordados al margen de la ley o del convenio.

Habida cuenta de la directiva que emana del principio de irrenunciabilidad, se ha debatido largamente en doctrina la posibilidad (o no) de que el trabajador negocie in peius condiciones que superen los mínimos imperativos (una síntesis de las diversas posiciones puede verse en el trabajo de Eduardo O. Alvarez, publicado en D.T. XLVIII-A-, pág.891); habiendo prevalecido ciertas posiciones intermedias que aceptan la reducción de un determinado beneficio (no emanado de fuente imperativa), pero siempre que ello sea fruto de un acuerdo expreso con el trabajador y no de una modificación impuesta unilateralmente por el empleador (ver: Vázquez Vialard, Antonio LT XXXIV, 241 y 481 y en D.T. XLVIII -A-, pág.545).

Tal extremo -según se ha visto- no se configura en el caso de autos, pues no aparece evidenciada la existencia de un real acuerdo con el actor del que surja convenida la reducción en función de una causa onerosa.

Desde esa perspectiva, no cabe sino concluir que la rebaja salarial mensual que surge de los instrumentos remitidos por el Ministerio de Trabajo a fs.63/69 y del informe contable (fs.81/84 y 109/110) resulta injustificada y que, en consecuencia, debe admitirse el derecho del actor a percibir las diferencias que se deriven de la quita salarial a razón de $1.560.- mensuales, por todo el tiempo no alcanzado por la prescripción. A efectos de determinar la cuantía del rubro, corresponde señalar que el actor reclamó las diferencias salariales por el periodo "no prescripto"; que las actuaciones tramitadas ante el Seclo fueron posteriores a la interposición de la acción (cfr. fs.21 - 03/07/06); y que, luego de opuesta la excepción de prescripción por la accionada (cfr. fs.37), Tchukran no invocó la existencia de algún acto suspensivo o interruptivo distinto de la demanda -iniciada el 08/05/06- dentro del plazo que otorga el art.76 in fine de la LO (cfr.

fs.44). Es obvio que la alegación de otras circunstancias que pudieran resultar suspensivas o interruptivas del curso de la prescripción corresponde a la actividad de la parte y no puede ser suplida de oficio. En tal contexto, por imperio de lo normado en los arts.256 LCT y 3986 del Código Civil, corresponde calcular la diferencia salarial a partir del 08/05/2004 y hasta el 21/01/2005 (fecha del distracto); lo cual arroja la suma de $13.156.- Desde esta perspectiva, propicio hacer lugar al reclamo en concepto de diferencias derivadas de la reducción salarial injustificada y condenar a la demandada a abonar al actor la suma de $13.156.- por tal concepto; a la que se deben adicionar los intereses que han sido fijados en el fallo dictado en la instancia de grado anterior y que arriban firmes a esta Alzada.

Por lo demás, es necesario destacar que el agravio de la parte actora se limita a cuestionar la desestimación del juez a quo del reclamo por diferencias salariales que había efectuado en virtud de la rebaja salarial oportunamente practicada por la empleadora. En cambio, no se ha expresado agravio concreto alguno respecto a los montos por los cuales se admitió la procedencia de los rubros que el a quo detalla a fs.126; ni con relación a la base de cálculo de dichos montos. En consecuencia, la decisión del juez de Primera Instancia referida a los importes por los cuales prosperó la acción (cfr. rubros detallados a fs.126) llega firme a esta Alzada y no puede ser modificada por este Tribunal, dado que su competencia se encuentra restringida a los límites impuestos por los términos del recurso analizado (conf. "Abrego, Jorge Eduardo c/Encotel s/demanda laboral - accidente de trabajo" CSJN A 1968 XLI y Fallos: 310:1371, 315:501, 317:1333, 325:657, 327:3495, 313:983 y sus citas).

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art.279 CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, con lo que los planteos efectuados al respecto devienen cuestión abstracta. En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la parte demandada, por haber resultado vencida en los aspectos principales de la controversia.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec.

16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la parte demandada en el 10%; y los de la perito contadora en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta el mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25% de la suma que corresponde a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. Nº 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. Nº 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Angel Maza dijo que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Angel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Declarar formalmente procedentes los recursos de apelación deducidos (art.116 L.O.). 2º) Modificar parcialmente el fallo apelado, y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100 ($129.438,40.-), a la que se adicionarán los intereses dispuestos en la sentencia de grado. 3º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y proceder a su determinación en forma originaria. 4º) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (art.68 CPCCN.). 5º) Regular los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora y demandada -por los trabajos realizados en ambas instancias- y del perito contador, de conformidad con lo dispuesto en los pertinentes considerandos. 6º) Hacer saber a las partes y sus letrados que deberán dar cumplimiento con lo dispuesto por la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA. 7º) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nº27 del 14.12.2000.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Dr. Miguel Angel Maza Miguel Angel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara