marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Poder de policía, habilitación del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riveros Rubén y Otros c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

La autoridad local es la que tiene asignada legalmente las potestades de reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales y su zonificación, mediante las normas que dicte el órgano legislativo local.

De acuerdo con la legislación vigente, la iniciación del trámite de habilitación en los casos de locales de espectáculos y diversiones públicas, no autoriza el funcionamiento de la actividad, hasta tanto no se cuente con la autorización pertinente y el certificado de habilitación (artículos 218, 219 tercer párrafo, de la Ordenanza Nro. 44.947).

El "Certificado de Permiso" otorgado por el Estado Nacional no tiene más efectos que los contemplados por la Ley Nro. 11.843, y su Decreto Reglamentario Nro. 92.767/36, artículos 17 al 22. La mencionada ley, publicada en el boletín oficial del 27 de julio de 1932, reglamentó lo relativo a la "Profilaxis de la peste". Refiere básicamente a la matanza de ratas y otros roedores y a la denuncia de cualquier caso de peste bubónica, septicémica o pulmonar (arts. 1 y 2). Asimismo, el Decreto Reglamentario en los artículos citados se refiere a la profilaxis de la peste en instalaciones portuarias, ferroviarias y urbanas, y a las habilitaciones que se otorgan en caso de locales a prueba de ratas (arts. 17 y sgts.).

Dicho certificado está lejos de resultar suficiente autorización para el funcionamiento de los locales, no pudiendo suplir la que compete otorgar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de la citada ordenanza.
Cesión de derechos, notificación al deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Plásticos Formosa S.A. c/ Víctor Murgan y Cía. S.R.L. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-07

Es idónea la notificación de la cesión resultante del traslado de la demanda, ya que la demanda en que el cesionario reclama el crédito, contiene una notificación cabal y el deudor no podrá oponer al cesionario la falta de notificación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Manico, Adolfo y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al pago de diferencias salariales por jornada insalubre y bonificación por conducción de automotores, si no obstante que los beneficios solicitados variaron durante el transcurso del tiempo como consecuencia de lo dispuesto por las leyes 21.476 y 23.126 y por el decreto 1933/80, la Cámara omitió referirse a dichas normas, a pesar de que ellas fueron invocadas por la demandada, siendo que ello tenía fundamental relevancia para la correcta solución del litigio ya que de su interpretación dependía el marco legal aplicable
Contienda negativa de competencia, ejecución de la pena, libertad condicional, aplicación de la ley, ley provincial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PELIZZARI, Ana Laura s/ EJECUCION DE PENAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-09

Ingresando al examen del conflicto negativo de competencia planteado en estos actuados, es menester puntualizar que la cuestión relativa a la competencia judicial es materia de orden público regida estrictamente por la ley (cfme.: arts. 122 -incs. 23 y 31-, 186, 187, 191, 206 y ccdts., Const. de E. Ríos) y, precisamente, la Ley Nº 9246 (Bol. Of., 9/3/2000) de creación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la Provincia de Entre Ríos, establece puntualmente el marco de competencia territorial (art. 2) y material (art. 3) de los dos organismos por ella creados y al enumerar las funciones comprendidas en esta última, no contempla las relativas al control de las condenas condicionales, reglas de conducta del art. 27 bis del Cód. Penal ni sus similares del art. 76 ter del mismo cuerpo legal para supuestos de suspensión del juicio a prueba, como sí lo hace el nuevo Cód. Proc. Penal (Ley Nº 9754) de vigencia actualmente suspendida para la jurisdicción de Paraná, donde se encuentra radicado el asunto motivante, colisionando con la expresa normativa vigente en ella.- Es evidente que los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad fueron creados para ejercer el imprescindible contralor judicial del régimen administrativo penitenciario de consuno con la impronta que emerge del derecho supranacional en la materia y del espíritu que preside la Ley Nº 24.660, limitando su función sólo al control del cumplimiento de las penas efectivamente privativas de la libertad y de las medidas de seguridad, no estando prevista en ellos una estructura acorde al cumplimiento de funciones diferentes, tales como las que emergen del caso en estudio, careciendo por completo de medios técnicos, humanos y materiales para tal cometido, las cuales deben quedar, conforme con la normativa vigente, bajo la competencia del órgano jurisdiccional que dispuso tales medidas.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, constitucionalidad, Salud pública, falta de fundamentación, in dubio pro reo, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Montano, Alberto Abel s/ recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-18

Resulta constitucional el penúltimo párrafo del art. 5° de la ley 23.737. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de Viena de 1988 (cfr. Ley 24.072 -incorporada al derecho interno) se acordó que cada uno de los Estados partes tipificará como delitos penales la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas destinadas para el consumo personal y que en los casos de infracciones de carácter leve podrá sustituirse la declaración de culpabilidad ola condena por la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción social. Es que el legislador -según surge del debate parlamentario de la ley- ha querido dar una respuesta penal más acabada al tema que nos ocupa distinguiendo el trato al iniciado o experimentador que no ha traspuesto los umbrales de una conducta personal, reservando un tratamiento tendiente a modificar tan malsano hábito (arts. 17, 18 y 21, ley 23.737) de aquellas conductas más relevantes que implican situaciones de mayor gravedad en relación al bien jurídico tutelado: la salud pública. (Dr. Madueño en disidencia parcial).
Pago parcial, deuda líquida, deuda ilíquida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESPINOSA RODOLFO I.F. c/ PRECURSOR S.A. s/ Ordinario (LIBRO: A132 - 375)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-06

"...aunque la deuda exigible por cierto, sea en parte ilíquida, el deudor está obligado a pagar la parte líquida, no pudiendo ampararse en la iliquidez de aquella otra, sin perjuicio de las futuras liquidaciones para establecer el monto exacto de ésta última. Correlativamente, el acreedor estará obligado a recibir el pago de la parte líquida, no pudiendo oponer al deudor su facultad de negarse a aceptar pagos parciales, debido a que precisamente ésta es una de las excepciones consagradas por la ley al principio de integridad del pago.
Declaración indagatoria, firma del juez, firma del secretario, nulidad procesal, robo de automotor, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA DAVILA. s/ DECLARACION INDAGATORIA. ROBO. ARMAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-29

1) La circunstancia de que la firma del Juez y del Secretario no se encuentre en cada una de las fojas de las indagatorias, sino sólo al final, no determina la nulidad del acto, Máxime que el procesado ha firmado todas las hojas de las respectivas actas.

2) Revocada la nulidad de la declaración indagatoria, el contenido de la misma importa la confesión del robo de automotor, la que se encuentra corroborada con el secuestro del bien y del arma en el interior del rodado, debiendo encuadrarse el hecho en la figura de robo de automotor, sin que proceda la otra calificante de robo con armas, pues no se acreditó debidamente si hubo empleo de arma cargada o descargada. (Conf. doctrina del plenario "Costas").
Indemnización por despido, trabajadores de la construcción, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Hermosilla Coronado, Carlos Enrique  c/ Ingeniería Sima S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-26

Coincido con el criterio expresado por la Sra. Jueza de grado al declarar la inconstitucionalidad del art. 5 del decreto reglamentario de la ley 22.250, N° 1342/81, por cuanto en un exceso reglamentario la norma excluyó de la base de cálculo del porcentaje del aporte las sumas correspondientes al sueldo anual complementario y los recargos legales sobre horas suplementarias, en detrimento del concepto de remuneración justa garantizado por la Constitución Nacional. (Del voto del Dr. José NOACCO, en mayoría).
Concursos, acción revocatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zoroza, Roberto Isidro (su concurso civil) c/ Zoroza, Isidro y otra s/ Acción revocatoria concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Las ulteriores transmisiones, si bien reconocen antecedente en aquél acto, no forman parte de él y mantienen su independencia; y si estuviesen afectados por algún vicio que afecte los intereses de la masa podrá ser objeto de las acciones ordinarias previstas en la legislación común.
Cheque sin fondos, competencia, estafa
Materia: PENAL
Carátula: TORANZO MONTERO s/ Cheque sin Fondos Causa 35486
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-09

Si el mismo denunciante manifestó que los cheques le fueron entregados por el denunciado en pago de una vieja deuda, quedaría eliminada la posibilidad de calificar la conducta con el tipo penal de la estafa, toda vez que por medio de cheques se efectuó el pago de una deuda preexistente.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, fundamentación insuficiente, excesos u omisiones en el pronunciamiento, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRIZO JUAN BAUTISTA Y OTROS c/ LV7- RADIO TUCUMAN DE LA SUC. DE LUIS PERICAS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-25

Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que con fundamentos aparentes, omite considerar una cuestión expresamente introducida por el apelante.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, obligaciones del tomador, denuncia del siniestro, incumplimiento del contrato, derechos del asegurado, indemnización, prescripción, plazo, ley de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIPELLI OSVALDO OMAR c/ C.N.A.S. s/ COBRO DE SEGURO C.N.A.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-27

La responsabilidad del tomador -por omitir la denuncia del siniestro-derivaría del incumplimiento de una obligación del contrato de seguro; incumplimiento que puede originar una acción resarcitoria en cabeza del asegurado según las reglas generales de la responsabilidad contractual, pero que, en materia de prescripción está sujeta a la normativa específica de los contratos de seguro: un año, según el art. 58 de la Ley de Seguros 17.418, que se refiere a las "acciones fundadas en el contrato de seguro".
Retractación del despido, denuncia del embarazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Parra Andrea Celeste c/ Corralon Comahue S.A. s/ Despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-19

La actitud de la trabajadora resulta atentatoria del principio de buena fe porque no solo conoció que la retractación del despido estuvo motivada en su comunicación del embarazo, sino que le era atribuible la inicial notificación del distracto -previa a que se conociera su estado- frustrada por haberse mudado. Por tanto, invocar el impedimento del art. 234 de la LCT, dejando evidenciado su manifiesta voluntad rescisoria, cuando el régimen de la LCT ha privilegiado la subsistencia de las relaciones laborales, obsta a que pueda responsabilizarse a la empleadora en los términos de los arts. 177 y 178 de la LCT
Competencia federal, querella, funcionarios públicos, expresiones anteriores al desempeño de la función
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: I.P.S.A. c/ Sofovich, G. s/ Querella
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-24

Es competente la justicia federal para la sustanciación de procesos relativos a delitos comunes y específicamente contra el honor, cometidos por o respecto de funcionarios federales, cuando el hecho se refiere o guarda relación con las funciones que cumpla, como así también a las demás expresiones vertidas con anterioridad al desempeño de su función, las cuales para un mejor tratamiento de la causa y por razones de economía y celeridad procesal resultan conexas por aplicación del artículo 37, inciso "e" del código ritual.
Homicidio calificado, menores, pena privativa de la libertad, delito de acción privada
Materia: PENAL
Carátula: F. c/ K. V. M. A. s/ homicidio simple doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-25

Respecto de los niños, las niñas y los/as jóvenes que no tuvieran cumplidos los dieciséis años, la ley 22.278 los reputa incapaces de culpabilidad y por ende no punibles. Se trata de hipótesis en las que la ley presume ipso iure que el/la menor no puede poner en tela de juicio la validez de la norma jurídica; en consecuencia, si se verificara que estos niños, niñas o adolescentes han intervenido en un hecho delictivo, la solución no podrá sino discurrir por la figura de la autoría mediata. Respecto a aquellos/as adolescentes que tuvieran entre dieciséis y dieciocho años que interviniesen en delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación, poseen capacidad de culpabilidad, pero no son punibles de acuerdo con criterios de política criminal.
Concursos, indemnización, delegado gremial, entidades financieras, continuación de la actividad
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSSA,  GRACIELA  ALICIA  Y  OTROS c/ BANCO CASEROS SA Y OTROS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-09

Cabe rechazar el reclamo del pago de la indemnización prevista por la Ley 23551 art. 52, efectuado por ex empleados de una entidad bancaria y delegados gremiales al tiempo del distracto laboral, contra dicha entidad -en quiebra- y contra otro banco como entidad continuadora de la primera; toda vez que en el régimen de reestructuración regulado por la Ley 21526 art. 35 bis y sus modificatorias, "los adquirentes de los activos y pasivos excluidos no son continuadores de la entidad reestructurada y, por lo tanto, no asumen responsabilidad respecto de acreedores de esta que no hayan sido objeto de exclusión" y, en consecuencia, resulta de aplicación al caso la norma contenida en la Ley 23551 art. 51 según la cual "la estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o suspensión general de actividades".
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), plazo, competencia contencioso administrativa, interés público, leyes, aplicación supletoria de la ley, ley procesal
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Malvicimo SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Revocatoria (EXPTE CSJ Nº   530-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

En el recurso contencioso administrativo, el plazo para la oposición del recurso de revocatoria es el de tres días que menciona el artículo 345 del Código Procesal Civil y Comercial, como surge de la exposición de motivos de la ley 11330, cuando al destacar las especialidades de la materia contencioso administrativa indica que las mismas se producen por tratarse de una materia impregnada de "interés público" y de la presencia en los términos subjetivos de la relación litigiosa de un particular litigante que encarna aquel interés, pero que en el desarrollo de su actividad está obligado a ajustarse a normas jurídicas que significan, a la vez, una efectiva protección de las personas con quienes entre en relación. La circunstancia de una remisión amplia a las reglas procesales comunes genera un efecto práctico ciertamente no despreciable y que consiste en el manejo del recurso con la facilidad que implica el manejo cotidiano de aquéllas, para los administrados y para los profesionales que los asisten.
Prescripción adquisitiva, hechos nuevos, prueba testimonial, rechazo de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sucesores de Medina Salomón Tránsito y otro c/ Figueroa Luis  s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-17

Considera que el hecho nuevo solicitado es inadmisible al no recaer sobre sucesos conducentes para la resolución de la causa, ya que este hecho no tendría la idoneidad necesaria para desvirtuar la valoración en conjunto de las pruebas efectuada por la sentenciante. Del hecho que la demandada alega como nuevo y del fundamento del rechazo de la excepción de prescripción surge que la citación del testigo no aporta nada nuevo al litigio toda vez que no se explicaría cómo la deposición de un testigo podría incidir sobremanera en el litigio con la virtualidad necesaria para producir la interversión del título, debiendo tenerse presente además que la testimonial no puede funcionar como única prueba a la hora de acreditar la usucapión, aunque sí pueda servir para complementar otras pruebas vertidas en el proceso.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal, falsificación de instrumento público, sujeto activo, tipo penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Carassale Carlos A. s/ Malversación de caudales públicos y falsedad documental s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-08

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condena al recurrente por el delito de falsificación de documento público -art. 293 del CP- en tanto el sentenciante ha cometido una inobservancia de la ley sustantiva respecto del delito imputado al condenar por dicha norma a un sujeto activo que no reunía las condiciones exigidas por el tipo penal.(Del voto de los Dres. Balladini y Lutz sin disidencia).
Retiro voluntario, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Schelover Juan Alberto c/ Banco del Chaco SEM s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-28

Es válida jurídicamente la figura de la renuncia negociada instrumentada mediante el sistema de adhesión a un régimen de retiro voluntario, ya que el trabajador, no obstante su mentada hiposuficiencia negocial, no es sin embargo un incapaz ni mucho menos, como para que no pueda sostenerse que en principio goza de pleno discernimiento para emitir declaraciones de voluntad jurídicamente válidas, en tanto no se encuentren viciadas por error, dolo o intimidación, se la considera un medio extintivo de la relación laboral, por asimilación al mutuo disenso por voluntad concurrente y recíproca de las partes, previsto en el art. 241 de la ley 20744; se trata de un medio autónomo de extinción de la relación laboral, que de consiguiente se diferencia nítidamente del despido que constituye una expresión derogatoria dispuesta unilateralmente por la empleadora.
Juicio por jurados populares, Constitución Nacional, homicidio culposo, producción de la prueba, jurado estancado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Roldan Jorge Armando -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 97.120 del Tribunal de Casación Penal, sala I, seguida a A.L.E. y T.A.D.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-03

Las instrucciones finales impartidas por el juez técnico al jurado popular no cumplieron con los requisitos necesarios para motivar debidamente el veredicto. Ello no significa que el veredicto del jurado clásico sea incompatible con nuestra Constitución nacional sino que las múltiples falencias constatadas en el proceso de elaboración de las instrucciones finales produjeron un vicio de tal magnitud que lo dejaron carente de sustento y fundamentación. Si bien las instrucciones finales deben ser el corolario del proceso de contienda entre las partes, ello no aconteció en el caso pues éstas sólo contemplaron la hipótesis de la acusación (homicidio simple y agravado por el vínculo, ambos con dolo eventual), dejando fuera del ámbito de discusión del jurado el análisis de los hechos a la luz de la figura de homicidio culposo, hipótesis que, según el fallo de casación, tenía sustento no solo en los dichos de los acusados sino también en la prueba pericial y testimonial producida durante el juicio.
Proceso penal, presentación extemporánea, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Orsi, Sergio Darío s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Ricardo A. Miranda y Enrique Lilljedahl en Expte. Nº 207/07 caratulado Orsi, Sergio Darío s.a. Daños - Sumalao - Valle Viejo - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-09

Interpuesto recurso de casación contra una sentencia condenatoria, los recurrentes pretenden introducir mediante esta vía recursiva extraordinaria cuestiones no planteadas en el curso del debate, como la invocación de dos nuevas causas de exclusión de la antijuricidad del hecho típico.

Dicho planteo resulta extemporáneo, puesto que la etapa procesal oportuna para hacerlo es el debate, no advirtiéndose constancia de las mencionadas justificantes en el acta respectiva, por lo que las mismas no resultan admisibles en la instancia casatoria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Padula, Francisco c/ Di Modugno, Norma Beatriz y otros s/ Daños y perjuicios Almada, Hugo Néstor c/ Copetro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Arriola, Alicia c/ Sarabia, Hugo Enrique y ots. s/ Daños y perjuicios Domínguez, Francisco y otro c/ Junarsa S.A., Illescas, Néstor s/ Daños y perjuicios Tartaglio, Sergio Roque y otra c/ Rivero, Roberto y otro s/ Daños y perjuicios González, Mauricio Enrique c/ Simionato, Edgardo Rubén y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29|1998-05-19|2001-09-05|2003-10-29|2005-04-20|2006-09-13

Tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Benvenuto y Aguirre, Emilse y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

La expropiación nace de la voluntad unilateral del Estado, declarada en una ley. Por mandato constitucional, la expropiación debe ser "previamente indemnizada" (arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia). Obviamente, esta indemnización previa es un deber que la Constitución pone a cargo del Estado. De este modo, cuando el particular afirma que el precio ofrecido no es el que corresponde al valor de la cosa, lo que está diciendo es que el Estado no cumple con el mandato constitucional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)