Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, honorarios, honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas, cuestión constitucional, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RASSI, MARIA TERESA c/ ESTADO PROVINCIAL DE CÓRDOBA s/ - AMPARO POR MORA- RECURSO DE CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-03-07

La demanda en oportunidad de contestar la vista corrida con motivo del recurso de casación interpuesto por el abogado patrocinante de la parte actora, señaló que le asiste razón a la recurrente cuando indica que los honorarios regulados se encuentran excluidos de la consolidación establecida por el Decreto 2656/01, en virtud de la fecha de cote y el monto a que ascienden los estipendios profesionales.

Atento las conformidad expresa, incondicionada, efectiva y oportuna formulada por la demanda el planteo referida a la exclusión de los honorarios de la consolidación dispuesta por el Decreto 2656/01 ha devenido abstracto, máxime cuando en orden a dicha temática rige un principio de interpretación estricto y la solución que no varía frente a la resiente vigencia de la Ley 9078, pues no ostenta la fecha de corte establecida en esta ley (art.8), la conformidad de la demanda está condicionada al monto de los honorarios regulados, aspecto que no ha sido modificado por la normativa actualmente sancionada.

Con relación al planteo de inconstitucionalidad del Decreto 2656/01 incoado en el escrito de interposición del recurso de casación, corresponde indicar que el mismo, además de devenir abstracto, es inadmisible.

La cuestión constitucional se suscita entre la contradicción de una norma infraconstitucional con la constitución Provincial, abarcando en esa definición el concepto de Ley en sentido material.

Sólo el agravio concerniente a la aplicación de una norma se reputa inconstitucional puede ser atraído a través del recurso de inconstitucionalidad, mientras que la arbitraria disposición que deriva en la descalificación de la fundamentación de la sentencia que aparase como un acto jurisdiccional que inobserva disposiciones constitucionales, en materia propia del recurso de casación.

El referido planteo de inconstitucionalidad planteado por la impugnante es inadmisible desde la perspectiva de la casación, por cuanto persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma que reputa contraria a la Constitución, postulando una típica cuestión de inconstitucionalidad proponible bajo ciertas condiciones por la vía de aquel recurso y no de la casación, a lo que se suma que, al haberse concluido en el Decreto 2656/01 resulta inaplicable, el planteo de inconstitucionalidad de exhibe como una mera cuestión abstracta.

El art. 107 de la Ley 8226 concordante con el 103 de la Ley 7269 en tanto dispone que "Toda actuación destinada, a la determinación de honorarios, no devenga, a su vez, honorarios para ninguno de los abogados, ni procuradores actuantes, sin perjuicio de los convenios entre letrados y partes", es contundente y no deja lugar a dudas respecto a que las labores profesionales que se realicen en tales actuaciones no "devengan" honorarios.

Es decir que, conforme al significado que la Real Academia Española le asigna ha este vocablo "Adquirir derecho ha alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio o algún otro título", la aludida tarea profesional no genera derechos a su cobro a la parte contratante o a la parte contrataría.

El art. 107 de la ley 8226 interpretado en consonancia con los principios constitucionales y las normas pertinentes del derecho civil, prohíbe en su primer párrafo imponer las costas al litigante vencido en este tipo de articulaciones.

La privación del derecho a cobrar honorarios por todas las actuaciones profesionales destinadas a la determinación del monto de los honorarios, incluidos los recursos contra la regulación practicada en una instancia anterior, resulta inconstitucional si es aplicada inconstitucionalmente, en razón que violenta la presunción de onerosidad en la prestación de todo servicio que impone el art. 1627 del C.Civil y priva la abogado de una retribución justa por su trabajo (Art.14 C.N.).

En busca de una interpretación que compatibilice la interpretación del artículo con el ordenamiento jurídico integral, en particular la ley de fondo y la Constitución Nacional, la solución es entender que lo excluido no es la regulación de honorarios, sino la imposición de costas, cuestión esta que no compromete principio constitucional alguno, ya que no es indispensable que en todos los casos la ley procesal establezca que se impongan al vencido.

El Art. 107 de la Ley 8226 excluye la condena en costas en el proceso regulatorio, no la fijación de honorarios para los abogados que en el prestan su servicio profesional. (Voto Dr. Laffranconi, en disidencia)