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Régimen penal tributario, evasión fiscal, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, suspensión de la prescripción de la acción penal, actos interruptivos
Materia: PENAL
Carátula: KOZIRA PEDRO-DKL HUECO OFFSET S.A. s/ Régimen penal tributario, incidente de falta de acción por extinción de la acción penal respecto de Pedro, Kosira.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

Como consecuencia directa de la doctrina judicial establecida por las cuatro Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el sentido que los diversos hechos criminales no tienen carácter interruptivo entre sí de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado, es menester considerar que los distintos hechos de evasión imputados en autos (IVA y ganancias por dos períodos fiscales sucesivos, 1997 y 1998) no resultarían actos interruptores entre sí del cómputo del plazo de la prescripción, en los términos del Art. 67 del Código Penal.
Emergencia económica, sentencia de trance y remate, tipo de cambio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCIAMMARELLA,   EVELINA c/ VALENZUELA,   RUBEN s/ EJECUCIONPRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-11

Resulta improcedente disponer la conversión de la moneda de la condena en los términos de la ley 25561 y el decreto 214/02, cuando -como en el caso-, se verifica que tal decisión fue dictada con posterioridad a la sentencia de trance y remate, que dispuso llevar adelante la ejecución por el capital reclamado en dólares estadounidenses. Ello pues, la potestad del tribunal luego del dictado de la sentencia, queda circunscripta a los trámites destinados a encauzar el procedimiento; empero, tal potestad no puede ser ejercitada para modificar pronunciamientos firmes con base en legislación inexistente al tiempo de su dictado (arg. Cod. civ. art. 3), sin mengua de derechos de raigambre constitucional (CN arts. 14 y 17). Corrobora dicha tesis, la previsión de la ley 25820 art. 3-ult. parr., que al modificar el art. 11 de la ley 25561, dispuso que "... la presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante ... sentencias judiciales ...". (En la especie, se hizo lugar al recurso deducido por el ejecutante).
Notificación, mora
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE VILLA GIARDINO c/ SRUR, JOSE O. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-16

El "domicilio comunal", suerte de estrado municipal donde todos los ciudadanos de la República se reputan fictamente domiciliados a los efectos de sus relaciones jurídicas con la municipalidad, no constituye un lugar válido para cursar notificaciones que tengan el efecto de colocar en mora al deudor. Racionalmente no puede pretender ninguna comuna, que los habitantes de la República concurran periódicamente a sus oficinas para verificar si son deudores de multas por infracciones de tránsito. Imponer este deber a los ciudadanos, es colocarse fuera del orden jurídico, porque importa crear una especial categoría de obligaciones en las cuales la mora se configurará según la voluntad del acreedor, sin que el deudor tenga siquiera la posibilidad de cumplir y liberarse espontáneamente.-
Acción de amparo, caducidad, cómputo del plazo, acto administrativo de alcance general, publicación del acto administrativo, acceso a la justicia, derechos y garantías constitucionales, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.A.I.T.P.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

Es menester efectuar algunas consideraciones respecto del cómputo del plazo de caducidad para deducir la acción de amparo prevista por el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, en el sub examine. Es que, el acto de alcance general impugnado -en este caso de origen legislativo- fue dado a conocer a través de su publicación, y comenzó a regir (a falta de una determinación expresa al respecto), luego de transcurridos ocho días de su publicación (art. 2 del Código Civil), momento desde el cual resulta de cumplimiento obligatorio y se reputa conocido por todos. Se trata, como es sabido, de una ficción legal, de una presunción iuris et de iure necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema jurídico. Ahora bien, tal circunstancia ha de tenerse presente al tiempo de expedirse respecto del acceso a la tutela judicial de quien alega la actual e inminente violación de sus derechos constitucionales. De este modo, no podría asignársele el mismo tratamiento al cómputo de plazos de caducidad de la impugnación de un acto de alcance general- cuyo punto de partida radica en un conocimiento ficto-, que al correspondiente a la de un acto particular que en la generalidad de los casos importa un conocimiento cierto de su destinatario. No resulta adecuada a los fines de una recta composición del ordenamiento jurídico una rígida y mecánica aplicación de breves plazos de caducidad, aislada de la valoración de las circunstancias del caso y con la potencial consecuencia de producir la privación del derecho a un acceso rápido y expedito a la justicia (con un profuso respaldo normativo en los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 43 de la Constitución Nacional y 10 y 14 de la Constitución de la Ciudad) frente a una actual o inminente lesión de derechos constitucionales. Máxime, cuando dichos plazos de caducidad provienen de una norma dictada sobre la base de un texto constitucional distinto al vigente en la materia desde 1994. Dicho de otro modo, ha de estarse por el derecho de acceso a la justicia de quien sólo se presume que ha tomado conocimiento del acto cuestionado y no ha manifestado ni una actitud convalidatoria del mismo, ni negligente en la defensa de sus intereses, frente al valor "seguridad jurídica" de una norma cuestionada como arbitraria o inconstitucional con entidad vulneratoria actual o inminente. Los vicios constitucionales que la actora endilga a la norma cuestionada, revisten aptitud para extender sus efectos en el tiempo, por lo que no resulta procedente la aplicación de plazos de caducidad al sub lite.
Extradición, principio de contradicción, culpabilidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición Embajada de la República de Chile.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Si bien en los casos de extradición el proceso judicial no va enderezado a determinar la inocencia o culpabilidad de la persona reclamada, no cabe prescindir del carácter contencioso del debate que se desarrolla en él, fruto de la contraposición de los intereses que subyacen.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ PALACIOS, CLAUDIO MARCELO c/  s/ EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

La presente queja no puede prosperar, desde que la A quo expuso las razones por las cuales no se advertían en el caso los presupuestos para la declaración de prescripción de la acción con base en la afectación del plazo razonable, al no haber logrado la apelante acreditar la configuración de los supuestos previstos en el artículo 289 del Código Procesal Penal de modo que se impusiera como solución el archivo de las actuaciones; y frente a esta argumentación, la interesada insiste en achacar excesiva duración a la tramitación de la investigación penal preparatoria, mas no logra con esos cuestionamientos desbaratar los fundamentos ensayados por la Sentenciante para confirmar la denegación del pedido de archivo y de sobreseimiento efectuados por su parte. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 289.
Empleo público, vacaciones, licencias especiales
Materia: LABORAL
Carátula: V., J. O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-29

El artículo 34 de este Estatuto del Empleado Público provincial expresamente establece el carácter obligatorio de la licencia anual reglamentaria, que se otorgue con goce íntegro de haberes y con la duración que la reglamentación fije. Al respecto, el artículo 3° del decreto reglamentario dispone que los agentes con más de quince años de antigüedad gozarán una licencia de treinta y cinco días corridos.
Plazos procesales, plazo de gracia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Diaz Graciela Mabel y otros c/ Pérez María Marina s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

El plazo de gracia previsto por el artículo 124 del ordenamiento formal, que encuentra sustento en la posibilidad de efectuar la presentación debida en las dos primeras horas del día siguiente al de expiración de un término que ha vencido no puede entenderse como un alargamiento que permita agregar un día adicional a un plazo que la ley fija diez días, para extenderlo a once (arts. 23 a 29 del Digesto Civil; arts. 124 y 365 del C.P.C).
Mandamiento de ejecución, concejo deliberante, concejales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bay, Hugo Eduardo y otro s/ Mandamus art. 33 Constitución Provincial Constitución Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-01-23

La acción de Mandamus es un remedio constitucional inapropiado para resolver la cuestión que agravia a los recurrentes, ya que precisamente a través del mismo se trata de conminar a un funcionario a una obligación, para el caso, de hacer, cuando en definitiva lo que lesionarían sus derechos son las razones en las cuales algunos miembros del Concejo fundaron el rechazo de sus diplomas. Así, aún cuando del escrito se denuncien nuevas reiteraciones de situaciones que como conflicto de poderes originaron, la vía escogida es contradictoria al pretender sus respectivos juramentos sin que haya modificado o cuestionado previamente la causa objeto de los mismos (negativa de aceptación de diplomas).
Impuestos, igualdad ante la ley
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Argentini, Héctor M. y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

El principio de igualdad como base del impuesto (art. 16 de la Constitución Nacional) sólo exige que en condiciones análogas se impongan gravámenes idénticos a los contribuyentes (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A.

Bossert).
Ejecución de sentencia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lapouble Laplace, Alberto c/ Trueba, Pedro Telmo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

Si bien no puede pretenderse alterar el contenido de la sentencia firme que dispuso la actualización de la deuda e, incluso, el rechazo de ésta, nada impide que pueda ser actualizado el capital por el período posterior al fallo, desde que ello no colisiona con la cosa juzgada, sino que permite amparar el resultado cierto del pronunciamiento y sus efectos económicos.
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Paoli, Jorge Osvaldo c/ Gabest S.A. s/ Revisión cláusulas contractuales Amores Quinteros, Oscar H. c/ Gabest S.A. s/ Revisión de cláusulas contractuales, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28|1992-06-02

Resulta ineficaz si no está firmada por separado, la cláusula que faculta al vendedor a resolver o rescindir el contrato, en los supuestos contemplados por el art. 14 de la ley 19724, sin previa intimación o comunicación al comprador.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Cadile, Arnaldo P. c/ Vazquez de LLorena, Ermenegilda s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

No existe absurda valoración de la prueba cuando el fallo evidencia un estudio lógico y razonado de los elementos que la integran, como así también la coherencia y ponderación inherente a la conciencia jurídica y profesional que la ley exige.
Daños y perjuicios, daño moral, indemnización por accidente de tránsito
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRENING, EMMA c/ VEDOYA, LUIS ALFREDO Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

Procede hacer lugar al reclamo por la suma de $6000, por el daño moral que sin duda debió padecer, a raíz de un accidente de tránsito una mujer de 61 años, jubilada, que realizaba tareas de costura, vivía sola con ayuda de un hijo, y que según informe del perito médico presentaba una fractura "antigua" en su mano -muñeca izquierda-, artrosis avanzada en una de sus rodillas, y una lesión estética -rinodeformación con desviación septal-, y que si bien no son todas derivadas necesariamente del accidente, si cabe concluir que se vio disminuida en un 5% de su capacidad.
Asegurador, liquidación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz, Ruth Inés c/ Martínez, Jorge Armando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Si la poderdante carecía de legitimación para ejercer el derecho por sí misma, mal puede entonces prevalerse de un mandatario para poder hacerlo pues, como es sabido, el mandato conferido antes de la declaración de quiebra o, en la especie, antes de la liquidación judicial de la aseguradora, queda revocado respecto de los juicios en que perdió legitimación para actuar (arts. 110, 252 ley 24522;

50, 51, 52 ley 20091; 1984 Cód. Civil).
Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., R.A. y P., H.R s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en Causa Nº 235/06 - G., R.A. y P., H.R. - Facilitación y promoción de la prostitución de menores en calidad de partícipe secundario y autor respectivamente - Chaquiago - Andalgalá
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-03

La Cámara en lo Criminal, por unanimidad, declaró culpables a los imputados G. y P. como coautores penalmente responsable del delito de Promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años en grado de tentativa, condenándolos en consecuencia a sufrir la pena de dos años y cuatro meses de prisión y a la pena de tres años de prisión, respectivamente, cuya ejecución se deja en suspenso.

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico de los imputados e interpone recurso de casación, denunciando la errónea aplicación del art. 42 C.P.

Este embate no puede tener acogida favorable. Y es que el recurrente no se hace cargo de expresar cuál es el agravio puntual, con lo cual no satisface el requisito de fundamentación técnica exigida por la ley de forma (arts. 460, sgtes. y cctes. del C.P.P), en lo que a este planteo se refiere. Tal proceder, en tanto se restringe a rotular agravios de los cuales no efectúa desarrollo alguno, impide a esta Corte la comprensión misma de la pretensión.

A fin de no pecar de reiterativo, sobre tal deficiencia me remito a lo sostenido por este Tribunal en precedentes A.I. Nº 19, 30/06/2010; A.I. Nº 34, 12/11/2010 y A.I. Nº 20, 29/06/2012, entre otros.

En el caso, no cumplen con tales resguardos las genéricas alusiones de que se ha omitido valorar prueba y que se ha dejado de lado las posiciones exculpatorias expresadas por ambos imputados.

En efecto, la fundamentación debe ser inteligible, autónoma y por tanto, bastarse a sí misma.

Es por ello que no es fundado el recurso de casación que no cumple con la carga que pesa sobre el recurrente de expresar clara, concreta y separadamente en qué consisten las violaciones que denuncia, demostrar el vicio o error, el modo que influyó en el dispositivo y cómo y por qué debe variar.

De tal modo, en el mismo escrito deben constar, debidamente expuestos, los motivos que configuran los agravios, de manera que por su sola lectura sean aprehensibles sin necesidad de acudir a otros documentos para integrarlos.

Consecuentemente, como lo adelantara, este embate no resulta procedente.
Cargos electivos, reelección
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Unión Cívica Radical s/ Acción meramente declarativa declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-11-10

La fórmula Insfrán-Bogado, puede entonces repetirse en la simple reelección por una vez, o invertirse en la sucesión recíproca, también una vez. Porque no se ha reiterado ni sucedido exactamente igual ni revertida, ni con igual correspondencia, ni por ende en forma recíproca. Joga no es el Vicegobernador actual, con lo cual no existe la necesaria bivalencia de una reciprocidad mutua que encuadre en el precepto constitucional. No se da el supuesto previsto en el segundo párrafo, segundo apartado, del artículo 129 de la Constitución. (Fundamento de la Dra. Arminda Colman)
Recurso extraordinario, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Aguirre, José Carlos c/ Rosmafer SRL s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

No corresponde que la Suprema Corte se expida sobre temas acerca de los cuales no medió decisión en la instancia ordinaria.
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fundamentación de sentencias, revocación de sentencia, sentencia absolutoria, dolo, inimputabilidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Marino de González, Adriana del Carmen c/ Mordacci de Alonso, María Cristina. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Si bien el tribunal de casación no puede modificar las conclusiones de hecho a las que ha llegado el tribunal de mérito mediante el estudio de las pruebas, ello no lo exime de dar los fundamentos autónomos de su decisión, en relación a las circunstancias de la causa, más cuando se revocó una sentencia absolutoria basada en la existencia de especiales circunstancias excluyentes del dolo.
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Danaluzzo, Alberto c/ Moreno, Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Si el monto de las remuneraciones a efectuar en un rodado, dañado en un accidente de tránsito sobrepasa el valor del mismo, cuando no se advierte en esto un abuso del reclamante, no hay obligación del propietario de adquirir por una suma menor otra unidad, pues puede preferir su auto arreglado a otro que, por fuerza, tiene que adquirir de los llamados usados.
Pensiones, matrimonio del cónyuge supérstite, concubinato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESOBAR DE ARGAÑARAZ, EDELMA LUCIA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

Aunque la cónyuge supérstite, desde el fallecimiento de su esposo legítimo haya realizado vida marital de hecho, corresponde concederle el beneficio de pensión dado que, con la vigencia de la ley 22611, aquella circunstancia quedó excluida -como hecho asimilado al nuevo matrimonio- como fenómeno extintivo de ese derecho.
Daños y perjuicios, legitimación pasiva, responsabilidad de los padres, responsabilidad solidaria, víctima menor de edad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALAMAN AGUSTIN DOMINGO c/ PEDRO GIMENEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S071 - 233)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-30

No corresponde la aplicación de la solidaridad dispuesta por el art. 1114 CCI, pues éste opera cuando el daño lo ha sufrido un tercero, no cuando la víctima es el propio niño.
Asociaciones civiles, convocatoria a elecciones, ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO, suspensión de la elección, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Tinelli, Marcelo Hugo c/ Asociación del Futbol Argentino y otro s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-06

Corresponde confirmar la resolución que determinó la suspensión de la convocatoria fijada para la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Futbol, y ordenar al presidente de la Asociación del Futbol Argentino que convoque a las elecciones para designación de la Mesa Directiva de la Liga Profesional de Futbol en un plazo de 90 días, dado que no puede coincidirse en que la comunicación enviada por el Presidente de la Liga Profesional importaba que se generaran algunas de las causales previstas en el art. 33, inc. 2, del Reglamento General, ni entender que el actor hubiera cesado en el cargo, puesto que dicha voluntad no puede ser interpretada de la actividad desarrollada como Presidente de la LPF. En consecuencia, se ha comprobado, con el grado de provisoriedad suficiente, la deficiencia en el proceder para la realización del acto eleccionario.
Resoluciones inapelables, sobreseimiento, resolución denegatoria, instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Inc. de apelación de CUVIELLO de MONIS Elena Beatriz Causa nro. 13.741
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-22

La negativa a disponer el sobreseimiento peticionado por la defensa es una resolución no susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación -arts. 432, párrafo primero, y 449 del Código Procesal Penal de la Nación -. Ello, en concordancia con el carácter limitadamente contradictorio de la etapa instructoria.
Recurso de casación penal, excepciones procesales, excepción de prescripción, resolución denegatoria, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TEXASTOR S.A. s/ Averiguación de Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-12

La resolución que rechaza una excepción de falta de acción por prescripción no constituye sentencia definitiva, no pone fin a la acción o a la pena ni tampoco hace imposible la continuación de las actuaciones o deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena por lo cual, en esas condiciones, no es susceptible del recurso de casación interpuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Serrano, Gladys Noemí y ots. c/ ESEBA S.A. s/ Difs. de liquidación final. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

A los fines del límite de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a su cuantía económica, el valor de lo cuestionado ante esta instancia se entiende referido a las sumas que resultan de aquello que ha sido materia de la controversia principal entre las partes y no lo que le es accesorio, por lo que resulta improcedente la pretensión del recurrente de incluir el monto de los intereses a los efectos de determinar dicho valor, si, como en el caso, habiéndose rechazado la demanda no existe un agravio concreto y actual sobre los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucanera, Raúl s/ Incidente de revisión en LLiteras Bartolomé.Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Si bien es verdad que el síndico debe realizar todas las compulsas necesarias con las facultades que le da el art.34 de la ley de concursos, ello no libera al pretenso acreedor de suministrar al órgano concursal las evidencias de la existencia y extensión del derecho invocado, cooperando con la investigación que aquel debe emprender.