Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04


SENTENCIA Nº 38488 JUZGADO Nº 4 AUTOS: "GARCIA ARREBOLA PABLO ANDRES c/ PETROBRAS ENERGIA S.A. s/despido" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de	octubre	de 2011, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo sustancial a la demanda por cobro de indemnizaciones derivadas del despido y otros créditos salariales, viene apelada por la parte actora y por la demandada vencida, además de los peritos en sistemas y contador.

II.-Estrictamente, y en lo concerniente a la procedencia de las indemnizaciones por despido, el recurso de la accionada es insuficiente porque no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia (artículo 265 C.P.C.C.N. y 116 de la Ley 18.345). La apelante soslaya que la señora jueza "a quo" consideró que la comunicación del despido no satisfizo las exigencias previstas por el artículo 243 L.C.T. En efecto, la mera declaración en que se fundó la denuncia del contrato "Ante vuestros reiterados incumplimientos respecto de las obligaciones a su cargo ...", sin especificar circunstancias de modo y tiempo, y sin siquiera intentar aclarar su acusación aún después de haber sido negado el supuesto comportamiento reprochado, luce insuficiente y vago, ya que no permite conocer con certeza la motivación del denunciante posibilitando que éste acomode sus defensas, con cierta latitud, a los términos de la demanda. Al apelar, tampoco intentó explicar cuáles habrían sido los hechos irregulares a los que se refería, deficiencia que sella, indefectiblemente, la improcedencia recursiva (así me he pronunciado en autos "Colman, Mercedes Felipa c. Go Clean S.A. y otro s/despido" sentencia del 4-08-09 del registro de esta Sala).

Pero a ello cabe añadir que, de todos modos, esta conclusión de la sentenciante no ha merecido de la recurrente, no ya una crítica concreta y razonada como lo exige el mencionado art. 116 LO, sino ni siquiera una reflexión o comentario tendiente a demostrar el supuesto desacierto del fallo.

Sin perjuicio de ello y con el solo objeto de satisfacer la inquietud de la quejosa en punto a la valoración de la prueba producida, debo decir que comparto plenamente la aseveración de la señora juez de primera instancia en cuanto a que ninguno de los elementos obrantes en la causa permite establecer cuál habría sido la responsabilidad del accionante en la operatoria llevada a cabo con National Shipping a raíz de lo sucedido con el buque "Cabo Espíritu Santo". Es que no puede soslayarse, por un lado, que como informa la misma empresa contratante National Shipping SA, los contactos con Petrobras referidos a la contratación y/o cancelación de fletes se efectuaban con el señor Miguel Oberts a cargo de la Gerencia de Fletamento y con el actor y Lanne como integrantes de la misma. A este respecto destaco que no solamente no se invocó ni acreditó haber adoptado alguna medida disciplinaria con ninguno de ellos, salvo el actor sino que, incluso, el propio Oberts, superior directo del demandante, que declaró a fs. 295/302, explica que no existió mala gestión por parte de éste y que, en un momento, se reunió al personal superior y se le comunicó que García Arrebola había sido despedido, sin consultárselo a él ni requerirle ninguna información al respecto.

Por otro lado, a lo expuesto cabe añadir que, tal como se lo indica en el decisorio apelado, todos los que prestaron declaración en el expediente resaltaron la buena tarea, en general del accionante, que no se acreditó que García Arrebola hubiese enviado diversos "mails" vinculados a las operaciones que llevaba a cabo a casillas de correo ajenas a la firma y que, aún en el supuesto de que se hubiera producido un accionar equivocado o desaprensivo del demandante en el suceso de marras, no se ha identificado ningún otro suceso o tarea en la que mediara algún incumplimiento del demandante, contrastando con lo mencionado en la carta documento mediante la cual se notificó el cese, donde se habla de "reiterados incumplimientos" y "numerosas advertencias que le fueran efectuadas por vuestros superiores", extremos ambos sobre los cuales -insisto- no se ha concretado referencia alguna, En suma, por estas breves consideraciones y fundamentos propios del fallo apelado, estimo que en este aspecto debe mantenerse lo resuelto en primera instancia.

III.- El segmento del recurso mediante el cual se discute la sanción prevista en el art. 80 "in fine" LCT (ley 25.345) también resulta improcedente.

Lo considero así por cuanto tampoco en este aspecto el memorial presentado reúne los extremos exigidos por el art. 116 de la LO. En efecto, aún cuando, hipotéticamente, le asistiera razón a la recurrente en punto a que los certificados agregados a los autos se encuentran correctamente confeccionados, ello resultaría insuficiente puesto que, de todas maneras, se han dejado subsistentes los otros argumentos expresados por la juzgadora de grado, consistentes en que su parte fue intimada a entregar esos documentos y no hizo ni promovió una acción de consignación ni, tampoco los acompañó ante el SECLO, haciéndolo recién al contestar la demanda (ver fs. 659 segundo párrafo). Es que sobre este aspecto del fallo no se ha deslizado, no ya una crítica concreta y razonada en los términos de la norma citada sino ni siquiera alguna reflexión tendiente a demostrar el desacierto en que pudo haber incurrido la señora juez de grado; por este motivo, permaneciendo incólume el decisorio en lo referente a la conducta asumida por el empleador en esa oportunidad, no cabe otra alternativa que mantener lo resuelto en la instancia "a quo".

IV.- Igual solución cabe adoptar con relación al agravio referido al cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 LCT. Es que la queja pretende que se aplique la limitación a la remuneración prevista en dicha norma pero resulta evidente que el planteo formulado, no solamente no fue sometido en su oportunidad a la señora juez de primera instancia sino que, incluso, se contrapone a su posición inicial, todo lo cual obviamente impediría su examen en la Alzada (art. 277 CPCC); pero además de ello, ni siquiera en esta instancia brinda las bases mínimas para que pueda modificarse la cuantía de la reparación.

Al contestar demanda, y al tratar el tema del cálculo de la indemnización por antigüedad no solamente no invocó ningún convenio colectivo de trabajo que pudiera dar sustento a la limitación que ahora pretende sino que, además, solicitó expresamente que, de prosperar el rubro, se lo determinara en base a la remuneración del trabajador (ver fs. 45 ap. III segundo párrafo). En ese marco, se torna de aplicación el criterio establecido por esta Sala en composiciones anteriores, conforme el cual cuando no existe convención colectiva aplicable en un determinado establecimiento (la empleador no lo denunció ni en su oportunidad ni, tampoco, al expresar agravios) y al no poder aplicarse otra analógicamente porque lo prohíbe el art. 16 LCT, el resarcimiento previsto en el art. 245 LCT debe ser calculado sin sujeción a tope alguno (esta sala "Hauret Marcelo Daniel v. Orígenes A.F.J.P.", sentencia definitiva n? 30.129 del 19.10.01 DT 2002-A, 518 y "Moyano Adriana Cristina v. Siembra A.F.J.P. S.A.", sentencia definitiva n° 32.512 del 29.04.05 LA LEY, 2005/08/30 y "Muñoz, María Delia c. Orígenes A.F.J.P. S.A"12/07/2006 en DJ 22/11/2006, 885).

Esa tesitura es tanto más valedera en estas actuaciones en la cual, reitero, la empleadora no solamente pidió que la indemnización por despido se fijara en base al salario del actor y no denunció convención colectiva de trabajo alguna en su momento (según lo recuerda, atinadamente, la sentenciante en la nota 6 de fs. 674) sino que, para más, tampoco lo hace en el memorial recursivo y ni siquiera concreta cúal sería el tope a aplicar y a qué importe se reduciría esa reparación.

V.- En el decisorio apelado también se acogió la pretensión referida al pago de diferencias salariales derivadas de un injustificado trato discriminatorio del que fuera objeto el trabajador, circunstancia que motivó la queja de la empleadora, la cual, lo adelanto, no pueden ser receptadas en esta sede.

Lo entiendo así dado que, por un lado, cabe puntualizar que, prácticamente, arriba firme a esta sede que el único Gerente de área de la Dirección Programación y Logística que poseía categoría 56 era el actor, mientras que cuatro de ellos tenía categoría 57 y otros 58, al margen de que existe otros tres gerentes (Recondo, Roma y Herrera) respecto de los cuales la empresa nada le informó -sobre aspecto- al perito contador; tampoco existe discusión, a esta altura, en cuanto a que esa diferencia de categorización les otorgaba a todos ellos una sustancial ventaja, tanto en la remuneración habitual como en un "bono por desempeño" que se recibía en forma anual.

Ahora bien, según lo señalado por el perito contador y los testigos que declararon en autos (no por la demandada en el responde, como hubiera correspondido) la categorización del personal jerárquico se efectúa mediante una metodología denominada "HAY" proporcionada por una empresa contratada al efecto. Y como no invocó la existencia de ese planeamiento tampoco ofreció probar las características de los puestos a ocupar y/o de quienes se desempeñaban los mismos ni en la forma en que se determinaban la valoración de cada cargo y/o de quienes lo ocupaban; tampoco se le entregó al experto una explicación detallada acerca del mismo tema y, además, por las razones que fueran no acompañó -al ser intimada para ello- todas las evaluaciones relativas al desempeño del actor. Todo esto, como es obvio, constituye una presunción en contra de la posición de la accionada por aplicación de lo dispuesto en los arts. 163 inc. 5 segundo párrafo y 388 "in fine" del CPCC.

Asimismo, es dable destacar que si bien es cierto que algún testigo señaló que la jerarquización se efectúa en base al cargo que se ocupa y no a los méritos de quien cumple la tarea, esta aseveración no ha sido corroborada por ninguna prueba instrumental, según lo explicado precedentemente. En este mismo orden de ideas, cabe desestimar también el argumento expuesto en los agravios conforme al cual la categoría 56 se le asignaba al cargo antes y después de que el demandante lo ocupara; esto es así no sólo por lo dicho anteriormente sino porque, además, la accionada ni siquiera proporcionó al perito contador el cuadro salarial de los gerentes de área; menos aún, entonces, pudo acreditar con sus registros el extremo al que se refiere en la apelación.

En estas condiciones, debe tenerse en cuenta que no fueron invocadas con claridad ni, tampoco, explicadas en forma suficiente las razones por la cuales una sola gerencia tiene una jerarquía y responsabilidad inferior al resto de las que integran la Dirección Programación y Logística, máxime que quien la dirigía cumplía tareas que la propia recurrente ha calificado como de "alta responsabilidad" (fs. 691 vta. ap. "a)"). Es por esto último, entonces, que no puede ponerse el acento, como se lo hace en la queja, en que el subordinado no probó que se encontraba en igualdad de condiciones cuando fue la propia accionada quien no solamente omitió explicitar con precisión por qué existía esa diferencia sino que además, como ya se indicara, no aportó ningún elemento contable o registral vinculado a la estructura burocrática de esa Dirección y las tareas que debía cada una de las gerencias.

En suma admitida tanto la similar condición gerencial a cargo de distintas áreas de la Dirección ya mencionada por parte de todos los empleados superiores involucrados en la cuestión como el tratamiento "in pejus" de carácter salarial dispensado al demandante, al no haberse explicitado las supuestas diferencias existentes entre los integrantes de ese mismo elenco o, en su caso, entre las responsabilidades que le caben a uno y otro sector, cobran vigencia los principios desarrollados por la jurisprudencia.

En efecto, esta Sala tiene dicho que cuando el trato desigual y el perjuicio están acreditados, es la empleadora quien debe aportar y probar cuáles eran las circunstancias objetivas que, fundadas en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción al trabajo -y , agrego ahora, mayor responsabilidad funcional- tornaban razonable la distinción (CN Trab. sala VIII "Valmaggia, Juan Santos y otros c. Telefónica de Argentina S.A." del 19-2-10), tesitura concidente con la desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 311:1602.

En suma, no nos encontramos con el caso de uno o más trabajadores beneficiados con relación al conjunto de los que se encuentran en igualdad de condiciones (en cuyo supuesto los designios patronales serían incuestionables) sino de un gerente que percibía -reitero- cifras inferiores a las que, promedialmente, cobraba el resto de sus colegas de igual jerarquía y del mismo sector, vale decir un subordinado injusta e inexplicablemente segregado con relación a la comunidad laboral específica (ver, sobre el punto, CN Trab. sala X "Monsalvo, Jorge O. c. Cafés Chocolates Aguila y Productos Saint Hnos. S. A." 31-12-97, Fernández Madrid, en "Ley de contrato de trabajo comentada" en colaboración con López y Centeno, 2da. ed. actualizada, t. I, ps. 546/547).

Por todo ello y porque no se cuestiona la aptitud del titular de la empresa de abonar remuneraciones diferenciadas, en función de una escala de valores o de merecimientos que -en principio- no está sujeta a la intromisión de terceros, sino que lo que se pretende, y ésta es la situación que se da en autos, es impedir que se superen los límites de la irrazonabilidad o la arbitrariedad, propicio mantener también en este aspecto lo resuelto en la instancia de grado.

VI.- Se queja también la demandada por habérsela condenado a reparar el daño moral que, según la sentencia, le ocasionó al dependiente, sosteniendo que en ningún momento le provocó un perjuicio de ese tipo, pero tampoco en este punto la protesta puede ser admitida.

Son varias las razones que me llevan a coincidir con la señora juez de primera instancia.

En primer lugar, reitero lo ya expuesto en cuanto a que la empleadora ni invocó en la comunicación de la cesantía (art. 243 LCT) ni probó en estos actuados, ningún hecho injurioso por parte del trabajador que justificara la decisión de poner fin a la relación de trabajo. A eso debe añadirse que, prácticamente, todos los testigos que depusieron en autos, algunos de ellos superiores directos del actor (incluso los propuestos por la propia accionada) expresaron que el accionante no sólo efectuaba correctamente su tarea sino que, además, tenía muy buen comportamiento.

No corresponde atender al segmento de la memoria de la demandada referida a la conducta desplegada por el demandante como referente de sus colegas. Lo entiendo así toda vez que, tal como se lo destaca al contestar los agravios, la empresa, en su responde, negó la existencia de cualquier actividad del actor como representante de cualquier tipo (por elección, por sorteo o por designación del empleador), motivo por el cual no puede ahora argumentar en base a las características y alcances que tendría esa representación (fehacientemente acreditada mediante los testimonios transcriptos en el decisorio) ya que si el artículo 277 CPCC impide tratar articulaciones no sometidas al magistrado de primera instancia, con mayor razón se encuentra vedado ese examen cuando, en verdad, se sostuvo expresamente lo contrario.

Otro extremo que no puede soslayarse es que, como también se señalara, el dependiente había sido largamente postergado en materia salarial y de "bonus" sin causa justificada.

También ha quedado probado que reclamó reiteradamente por ubicación en el nivel gerencial 57 (que era el que poseían sus colegas gerentes), de manera respetuosa y correcta, apelando solamente a desarrollar sus tareas utilizando un gorro con el número "57" aunque con resultado negativo. A ello se suma que, como también quedó probado merced a lo dichos de los testigos que declararon a instancias de una y otra parte, encabezaba esos grupos constituidos a raíz de los datos emergentes de una encuesta llevada a cabo por la empleadora y que había dado como resultado la disconformidad general que reinaba en el ámbito donde se desempeñaba el accionante.

Ante ese cúmulo de datos, indicios y presunciones aportado al expediente, el despido, finalmente incausado, del que fuera objeto y la ausencia de toda prueba por parte de alguna motivación plausible para separarlo de sus filas, no permiten otra conclusión que aquélla que, acertadamente, expuso la señora jueza de grado: La presencia de un despido discriminatorio que debe ser especialmente reparado en los términos de los arts. 1° de la ley 23.592 y 1078 Código. Civil.

Es que ya al votar en los autos "Verón, Julio Héctor c. Spicer Ejes Pesados S.A." del 6-11-09 del registro de esta sala (DJ del 21-3-10, p.1060) señalé que "...esta Sala ha dicho a través del voto de la Doctora Gabriela Alejandra Vázquez, al que oportunamente adherí, en la causa "Cáceres Orlando c/Hipódromo Argentino de Palermo S.A." el 30/11/07I. que ".Constituye una cuestión central el tema de la carga de la prueba en los conflictos sobre discriminación ilícita o negativa, sea cual fuere la distinción vedada que haya sido alegada como verdadero motivo del despido - raza, religión, sexo, embarazo, opinión política, razones gremiales, etc. Es que de ordinario no resulta sencillo obtener prueba directa de la ilicitud ya que, por razones obvias, el empleador no pregona su subjetividad frente a terceros ajenos a su esfera privada y mucho menos exterioriza en las piezas postales rescisorias la causa real de la ruptura. En este sentido, no dudo que en conflictos como el de autos no puede marginarse la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas o de prueba compartida, como expresión del deber de cooperación y buena fe procesales y, en tal contexto, asignar el "onus probandi" a la parte que se encuentra en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de probar un hecho (Conf. Peyrano, Jorge W., "Doctrina de las cargas probatorias dinámicas", LA LEY, 1991-B, 1034), es decir, como lo ha dicho la Corte Suprema, hacer "recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva el deber de hacerlo" (Fallos 324:2689).

Este temperamento en modo alguno pugna con las bases sobre las que se asienta la directriz genérica del artículo 377 CPCCN, como lo ha venido aceptando de manera unánime la jurisprudencia de todo el país (Ver, CS, Fallos 324:2689) e incluso ha sido recogido de modo expreso en códigos procesales locales (Vg. el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa de 1998. Véase acerca de esta norma, el comentario de José Pablo Descalzi en "Prueba", obra dirigida por Augusto Morello, Ed. La Ley, Bs. As. 2007, Págs. 23/35).

Desde esta perspectiva de análisis, comparto lo razonado sobre el tópico por la Sala V de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso "Parra, Vera, Máxima c/San Timoteo S.A." [Fallo en extenso: el Dial - AA359C] (Sentencia del 14-6-2006, LA LEY, 2006-D, 217), en cuanto a que basta que el trabajador proporcione un cuadro indiciario que permita la sospecha del acto discriminatorio para que se desplace hacia el empleador la carga de acreditar que su actuación obedeció a causas absolutamente extrañas a la vulneración de los derechos fundamentales ofendidos..".

En base a lo expuesto y valorando las pruebas rendidas en la causa, es razonable tener por acreditado que el despido directo del accionante constituyó una represalia por su actividad constituida por persistentes reclamos por su discriminación salarial y la de sus compañeros por diversas cuestiones de índole laboral por lo que no cabe otra alternativa que desechar los agravios de la accionada.

VII.- Por su parte, el actor se agravia en razón de que la magistrada de primera instancia desestimó su reclamo tendiente a que se lo indemnice por el costo del curso de especialización en administración de empresas, que llevara a cabo en la Universidad Austral.

Adelanto que, en mi opinión, la queja debe prosperar toda vez que las propias alegaciones de la empleadora, tanto al responder una intimación del dependiente como al contestar la demanda, demuestran la pertinencia de la pretensión deducida, en las particularidades que exhibe la causa y dentro de una temática que tampoco permite consideraciones de tipo general o doctrinario sino, más bien, un tratamiento puntual de cada caso que se suscite.

En la carta documento de fs. 30 a la par que se negó categóricamente que hubiera solventado estudio de capacitación alguno, la accionada deslizó que, de haber sido así, era requisito "sine qua non" el mantenimiento de la condición de dependiente, cosa que en el caso no había sucedido por la propia responsabilidad del interesado. Posteriormente, en el responde, desconoció abiertamente que hubiera solventado una beca para realizar una Maestría Ejecutiva en Dirección de Empresas en la Universidad Austral y que hubiese efectuado algún pago con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo, destacando nuevamente que, de haberse comprometido a hacerlo, cuando la empresa otorga un beneficio en estas condiciones, el mismo se encuentra sujeto siempre a que no se pierda el vínculo laboral por la conducta del trabajador como sucedió en el caso de autos (fs. 48 vta./49); más concretamente a fs. 49 segundo párrafo, expresa en forma textual: "Se encuentra absolutamente justificada la actitud de mi mandante en no pagar la beca, ya que el trabajador había sido despedido con causa".

Sin embargo, el otorgamiento de la beca se encuentra debidamente acreditado mediante lo informado por la Universidad Austral a fs. 520/524 y lo expresado por el testigo Oberts a fs. 295/302; a ello se añade que por el mismo conducto se encuentra probado que la primer cuota de esa Maestría fue abonada por la demandada el 16-10-07, vale decir luego de producido el distracto. Por lo demás, todo ello resulta una conclusión del fallo que arriba firme a la Alzada (ver considerando IV, fs. 666 y ss.).

Ahora bien la sentenciante rechazó esta pretensión aduciendo que por tratarse de un "beneficio social" en los términos del art. 103 bis inc. h) LCT, una vez finalizado el contrato de trabajo y en ausencia de un acuerdo entre las partes con relación al punto, no había motivos para considerar que la accionada deba reintegrar las cuotas de la especialización efectuada por el trabajador luego de fenecida la vinculación, citando en apoyo de su postura un precedente de la sala VII de esta Cámara (fs. 667 cuarto y quinto párrafos).

No estoy de acuerdo con este razonamiento, toda vez que, como ya lo señalara, a partir de la posición asumida por la legitimada pasiva en el curso del proceso se advierte, sin esfuerzo, que la demanda debe tener acogida favorable.

Es que si, según lo entiende la demandada en la misiva de fs. 30 y en el responde de fs. 49 vta./50, no puede tener derecho al mantenimiento del subsidio aquel trabajador que debió alejarse por su propia responsabilidad (ergo: que o renunció al empleo o incurrió en un incumplimiento de tan entidad que justificó la denuncia por parte del principal), fácil es concluir que, (en el concreto caso de autos y al margen de cualquier consideración de carácter teórica o doctrinaria), la empresa debió afrontar el costo total del curso de especialización puesto que como surge del expediente y de lo expuesto precedentemente con relación a la queja vertida con relación a las indemnizaciones por despido, no se acreditó ninguna causal que legitimara la decisión empresarial de cesantear al demandante, el cual, está demás decirlo, tampoco dimitió a su puesto. Reconocida entonces por parte de la emplazada la existencia de una cláusula implícita consistente en la carga por parte del beneficiario del subsidio, de mantener su puesto de labor y no dar lugar a su despido, al haber cumplido éste con la misma, conforme lo que he venido exponiendo, no pueden caber dudas en que la empleadora deberá reembolsar al actor los pagos efectuados en tal sentido.

Por otra parte, la razonabilidad de ese requisito es indudable. No parece lógico que, por el hecho de que la misma no se hubiera hecho constar por escrito, se optara por la solución opuesta, es decir que la ruptura del nexo por cualquier motivo, aún los que fueran imputables a la firma demandada, liberaría a ésta de sufragar un estudio de posgrado al que se había comprometido. En otras palabras, el hecho de que el actor no haya continuado laborando para la demandada por el período durante el cual se desarrolló el curso no responde a una conducta endilgable a él y, por ende, no puede verse beneficiada la empleadora por el supuesto incumplimiento del requisito cuando éste se debió exclusivamente al actuar de la misma, aun cuando no haya tenido como fin inmediato eludir la obligación que aquí se analiza. Por otro lado, una condición de este tipo resultaría de carácter "potestativo" y, consecuentemente violatoria de lo dispuesto en el art. 542 del Código Civil que, como se sabe dispone que la obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor es de ningún efecto.

Por último, no puede soslayarse, tampoco, que en el concreto caso de autos, es conclusión firme del fallo que la empleadora abonó por este concepto a la Universidad Austral la suma de $ 51.275 (fs. 666 y 667) en fecha 16-10-07 (fs. 666 cit), lo que equivale a decir que fue posterior al distracto y por un importe superior incluso a lo que luego debió sufragar el actor y, por lo tanto, en una proporción mayor al 50% del costo total del curso; todo ello sin ensayar al respecto ninguna explicación plausible acerca porque razón primero pagó una porción mayoritaria de la Maestría que cursara el trabajador (conociendo ya que ella misma lo había desvinculado de su plantilla ejecutiva) y luego se negó a costear el saldo En suma, propicio revisar, en este aspecto, la sentencia de grado, viabilizando la reclamación referida al reintegro del costo del curso de capacitación que llevara a cabo. De acuerdo a lo informado por la Universidad Austral a fs. 521/524, el accionante pagó las sumas de $ 3.812 el 16-11-07, de u$s 1.300 el 17-12-07 y $ 34.160 el 19-3-08; como la suma en dólares debe ser convertida en moneda nacional a la fecha del pago, parece razonable estimar un cambio de $ 3,13 por cada divisa norteamericana por lo que la misma se convierte en $ 4.069. En definitiva, el rubro prosperará por la cifra de $ 42.041 que devengará intereses a la tasa aplicada en primera instancia y a partir del 19-3-08, fecha en que se produjo el mayor desembolso (ahora resarcido) por parte del actor.

VIII.- En razón de todo lo expuesto, el capital de condena se eleva a la suma de $ 440.726,20 la que llevará los intereses y desde las fechas establecidas en la sede grado y en el capítulo precedente.

Lo expuesto importa dejar sin efecto lo decidido en relación a costas y honorarios (artículo 279 del C.P.C.C.N.) lo que torna abstracto los recursos deducidos con relación a estos temas.

IX.- Por todo lo expuesto propongo se modifique parcialmente la sentencia apelada elevándose el importe total de condena a la suma de $ 440.726,20 con más los intereses fijados en primera instancia y en este voto, confirmándosela en lo demás que fuera materia de recurso y agravios. Se deje sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios (artículo 279 CPCCN) ; se impongan las costas de ambas instancias a la demandada, vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68 CPCC); se regulen los honorarios correspondientes a la representación letrada de la actora, la de la demandada y el perito contador en el 16%, 12% y 6% de la suma de capital más intereses; se regulen los honorarios por las tareas cumplidas por la representación letrada de cada parte en la Alzada en el 25% de lo fijado precedentemente (artículo 14 de la Ley 21.839).	El DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal en $ 440.726,20 al que acrecerá los intereses ordenados en grado desde que cada rubro fue debido y en este pronunciamiento a partir del 19/3/08 respecto de la suma incluida en la condena de $42.041 en concepto de reintegro curso de capacitación.

2)	Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios.

3)	Imponer las costas de ambas instancias a la demandada;

4)	Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de la actora, la de la demandada y el perito contador en el 16%, 12% y 6% de la suma de capital más intereses.

5)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo fijado precedentemente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

lac	LUIS A. CATARDO VICTOR A. PESINO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:	ALICIA E. MESERI SECRETARIA