Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14


////Mercedes, 14 de febrero de 2012 Autos y Vistos: Considerando:

I. Llegan nuevamente estos autos a conocimiento de este tribunal, en esta ocasión, en virtud de los recursos de apelación interpuestos (fs. 585 y 626) por el apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires contra las resoluciones de fs. 528/30 en cuanto se rechazó las impugnaciones formuladas respecto de las actualizaciones de los valores dispuestos en la sentencia definitiva (v. fs. 294/98, 316/19 y 345/49) y fs. 620/21. Respecto a este último, el quejoso limita sus agravios a la tasa de interés que contiene la liquidación practicada por la actora a fs. 589 que fuera aprobada por la Sra. juez de la instancia de origen mediante la mencionada interlocutoria.

En sus libelos recursivos direcciona el apelante sus argumentos a fin de cuestionar la actualización de las sumas adeudadas por su representada y los intereses correspondientes sobre las mismas. Dice al respecto que en tanto en la sentencia definitiva se establecieron en concepto indeminizatorio valores actuales y no valores a la fecha de la desposesión no cabe actualizar una suma ya actualizada con fundamento en la supuesta preclusión de la cuestión. Asimismo, cuestiona que los intereses deban computarse desde la desposesión del inmueble de figuración en autos, afirmando que los mismos se deben calcular desde la fecha de la sentencia de primera instancia (v. fs. 591/96).

En cuanto a la resolución de fs. 620/21 sostiene el recurrente que la misma resulta contraria al criterio sustentado por la Suprema Corte local respecto a la aplicación de lo dispuesto por el art. 54 inc. b del dto. ley 8904 (v. fs. 630).

Tales remedios procesales fueron oportunamente replicados. El primero de ellos mediante el libelo del apoderado de la actora que consta a fs. 606/09, mientras que los Dres. Laborde y Vita hicieron lo propio a través del escrito de fs. 632.

II. Sendas quejas deben a nuestro juicio ser rechazadas.

1. La primera de ellas por la sencilla razón de que la misma se dirige sobre cuestiones que, como acertadamente señaló la a quo (v. fs. 528vta. pto. 8), han pasado en autoridad de cosa juzgada (cfr. fs. 384, 368, 400, 407 y 500/01). Es que, como es bien conocido, la inalterabilidad de las decisiones judiciales firmes constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es existencia del orden y tiene jerarquía constitucional conforme a los arts. 14 y 17, C.N. (cfr. Cám. Civ. y Com., Sala 1, Azul, fallo del 30/04/98, JUBA). Por lo que nosotros, los magistrados, debemos velar en forma permanente por el cumplimiento de tales preceptos fundamentales (Hans Kelsen, "El defensor de la Constitución", Tecnos. España, 1995).

De todas maneras, llega firme a esta alzada lo dispuesto en el pto. 2) de la parte dispositiva de la resolución en revisión (v. fs. 530); es decir el rechazo de la liquidación que a fs. 420/21 practicara la actora y la declaración de que en autos habrá de aplicarse la ley de desindexación nº 24.283, por lo que, en tal situación (la imposibilidad de que la resolución de fs. 384 adquiera efectividad práctica), no advertimos que el apelante padezca del necesario perjuicio para erigirse en queja (cfr. drt. art. 242, CPC). 2. En cuanto al segundo de los recursos incoados por el letrado de la demandada, desde ya precisamos que la jurisprudencia que menciona el apelante no sólo no constituye "doctrina legal" de la Suprema Corte provincial sobre el tema en trato sino que, además, dos de los cuatro fallos mencionados (SCBA, causas C. 101.774 "Ponce" del 21/10/09 y L. 114.259 "Soria" del 7/09/11), como bien replicó el apoderado de la actora (v. fs. 631), no tienen absolutamente ninguna relación con la materia aquí debatida: la vigencia de la disposición arancelaria de mentas. Los restantes fallos del alto tribunal bonaerense citados por el recurrente son los casos "Governatori" (Ac. 54.968 del 12/05/98) y "Banco Comercial Finanzas S.A." (Ac. 77434 del 19/04/2006).

La doctrina de la "tasa pasiva" sustentada en el primero de ellos se fundaba en base a los siguientes argumentos:

a) Debía analizarse la naturaleza de los intereses fijados en el artículo 54, inciso b) del dto. ley 8904/77 b) El interés fijado por esa norma, dictada en un período inflacionario, no era moratorio puro, sino mixto, en parte moratorio y en parte compensatorio.

c) La disposición del inciso b) del art. 54 del dto. ley 8904 era una norma que consagraba la repotenciación de deudas correspondientes al precio de un servicio y, como tal, debía reputarse derogada por imperio del art. 10 de la ley 23.928.

En suma, tal doctrina se asentaba en la idea de que el interés contenía un segmento destinado a compensar la depreciación del signo monetario y que tal mecanismo se hallaba prohibido a partir de la desindexación consagrada por la ley 23.928.

Ahora bien, casualmente, este criterio fue modificado por el último de los pronunciamientos aludidos por el propio apelante.

En efecto en el caso "Banco Comercial Finanzas S.A" (publ. en L.L.B.A., 2006, 997 - D.J., 01/11/2006, 627, con nota aprobatoria de Ure, Carlos Ernesto, "Honorarios impagos: tasa activa y tasa pasiva") ese mismo tribunal, en un fallo con ajustada mayoría y con el voto de un juez subrogante que debió desempatar, expresó que si bien estaba prohibido todo tipo de indexación desde la redacción de la ley 23.928, el interés que excedía a las pautas inflacionales no lo convertía en una indexación encubierta.

No obstante, se aclaró que nunca se podría superar el obstáculo que receptaban los arts. 953 y 954 del Cód. Civil.

Asimismo, se puso de relieve que los aumentos de precios, como principio, no estaban vedados, pese a que recogían o generaban fenómenos inflacionarios ("el interés es el precio del dinero", dijo el Dr. Roncoroni en su voto); se destacó además que sólo las "operaciones a tasa variable" presentaban alguna semejanza con la indexación y que, sin embargo, dicha legislación declaraba expresamente la validez de tales operaciones (parte final del art. 623, C.C., modificado por la ley 23.928 cit.).

En síntesis, se afirmó que la tasa activa y la tasa pasiva podían subir o bajar, como cualquier otro precio, y que ello no resultaba violatorio de la ley 23.928.

En consecuencia, toda vez que corresponde adherirse a dicha doctrina, habida cuenta la fuerza obligatoria de la Casación (cfr. esta Sala, causas nros 98.490, 103.156 y 108.618, etc.), la pretensión revisora debe desestimarse.

Por ello, SE RESUELVE: Confirmar las resoluciones de fs. 528/30 y fs. 620/21 en todo cuanto fueron materia de recursos y agravios. Con costas a cargo de la apelante vencida (art. 68, CPC). Notifíquese y devuélvase.