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Daños y perjuicios, derecho a la integridad física, indemnización por incapacidad, daño material, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SOTELO DE DIEZ OJEDA PATRICIA LAURA. s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12

En materia de indemnización por daños y perjuicios derivados de la lesión a la integridad física de las personas, existen dos aspectos claramente diferenciables: uno referido a la incapacidad, en tanto se traduzca en pérdida de ganancias presentes o futuras, derivadas de la imposibilidad o disminución de la posibilidad de realizar las tareas habituales, lo que configura el daño patrimonial indirecto; y otra relativa al daño moral sufrido por la víctima, ante la lesión a su integridad física entendida como derecho de la personalidad.

El grado de certidumbre acerca de la pérdida de ganancias como rubro indemnizable, puede determinar un efectivo lucro cesante, o la pérdida de chances u oportunidades. Lo relevante es que de esa incapacidad deriven consecuencias patrimoniales; y el grado de certidumbre de tales pérdidas futuras incide en la cuantía de la indemnización a cargo del responsable. En suma, la procedencia del daño patrimonial implica valorar económicamente la repercusión de las lesiones sufridas en el patrimonio de la víctima -sea a título de lucro cesante o pérdida de chance-, como rubro diferenciado del daño moral admitido.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: AMARAL, Luis Ramón y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-03

Si de autos no surge que el perito armero carezca de título profesional y tampoco está acreditado que en el lugar donde se practica la pericia existiera un perito con título, no cabe objetar la validez de esa pericia practicada por un simple idóneo y cumplimentada para determinar si el arma de que se trata es apta para producir disparos. A todo evento, no es diligencia que exija conocimientos especiales determinar si un revólver funciona, puesto que basta cargarlo y apretar el gatillo para arribar a conclusiones al respecto.-
Contrato de obra pública, mora, intereses, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 303-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

El artículo 71 de la ley de obras públicas nro 5188 reproduce, en cuanto a la tarea de interés aplicable por mora en el pago del anticipo, el texto contenido en el decreto ley 4422 de abril del año 1956, ratificado por ley 4892-58 que a su vez coincide con lo previsto en artículo 48 de la ley nacional 13064-47 que establece ".

.Tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra". Y en la discusión parlamentaria de esa norma, se hizo hincapié en que "el interés a esa tasa, es el perjuicio real que sufre el contratista, ya que la tasa que fija el banco de la nación es la que adoptan los otros bancos, y es sabido que salvo casos excepcionales, las empresas financian sus contratos con instituciones bancarias". Se tuvo en miras así, al fijar la tasa a reconocer, lo que por lo general, costaba al contratista el financiamiento de la obra a causa de la demora de la administración en pagar, imponiéndose una pauta constitutiva de un límite para no reconocer más que el perjuicio real que según el normal acontecer, sufrían los co-contratantes, pero que a la vez guardaba relación con dicho perjuicio.
Seguros, falta de contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Valdez, Julio César  c/ Escudo Seguros SA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-14

La responsabilidad atribuida a la aseguradora demandada, tiene como presupuesto ineludible la previa celebración de un contrato de seguro que la vincule con el vehículo que participó en el siniestro, de tal forma que, sin su existencia, no hay obligación. Pues no se trata aquí de un contrato de seguro que perdió vigencia por alguna causa legal, o la invocación de una causal de exclusión de cobertura, o de no seguro, relacionada con el pago de las primas de seguro por el asegurado. No, lo que sucede en el caso es que no se pudo acreditar siquiera la existencia de un contrato que vincule a la accionada con el titular del vehículo siniestrado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: koszynski de López, Estela Gladys c/ Círculo Odontológico de Misiones s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-03-03

El cumplimiento de art. 297 del C.P.C.C. que se refiere a la autosuficiencia de los recursos extraordinarios y que establece que el escrito en el que se los deduce será fundado y autosuficiente e indicará con precisión la ley o doctrina legal que se repute aplicada o interpretada erróneamente. Es decir, en el mismo deben constar los antecedentes de la causa, cómo fue trabada la litis, en qué forma fueron introducidas y controvertidas, las cuestiones que motivan él ó los agravios. Si se entiende que existe violación o errónea aplicación de la Doctrina Legal, hay que mencionarla entiéndase por tal la emanada de este Superior Tribunal de Justicia, y no la de otros cuerpos, ni la opinión de los autores - , asimismo si se atribuye el carácter de arbitrariedad a la resolución recurrida o que la misma contenga el vicio de absurdo, debe señalarse con nitidez en qué consiste, no siendo suficiente la mera discrepancia subjetiva con la apreciación de la prueba realizada por los Jueces También es necesario que el apelante se haga cargo de todos los argumentos del fallo que hacen a la materia apelada, no siendo suficiente si queda alguno o algunos sin la demostración de vicios que impliquen la descalificación del mismo como acto jurisdiccional válido.
Falta de licencia de conducir, presunción de culpa, accidente de tránsito
Materia: PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Y. S.A. y Otras en autos "D.P. y Otros s/Acción de amparo" Expte. N° 126 /2015 s/Incidente de levantamiento de medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-01-20

Por más que la carencia de registro de conductor traiga aparejada la presunción de impericia en el manejo, no deja de ser primordialmente una infracción administrativa; y si en circunstancias de duda, puede adquirir relevancia decisiva como elemento de juicio, es intrascendente cuando de las características del caso puede inferirse que no hubo relación de causalidad entre esa transgresión o impericia presunta y la culpabilidad determinante del hecho dañoso, por poder atribuirse esta última al otro protagonista de la colisión.
Tráfico de estupefacientes, intervención de línea telefónica, derecho a la privacidad
Materia: PENAL
Carátula: Flores Castillo, Fernando y otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-16

No pueden darse por satisfechos los presupuestos de motivación exigidos en el art. 236 CPPN si a la época de disponerse las intervenciones telefónicas, sólo se contaba con datos de la existencia de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y afirmaciones de gendarmes de que habían detectado a un sujeto de acento extranjero que en un locutorio se había comunicado con dos teléfonos celulares y que respondía a un nombre parecido al proporcionado en la notitia criminis, todo lo cual constituye un material demasiado escaso para dar cabida a una intromisión a la privacidad.
Constitucionalidad, actos de los poderes públicos, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Deflorian, Rosa Cristina y otros s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-11

No puede suponerse por parte de los titulares de los poderes del gobierno municipal, un propósito preconcebido de ejecutar actos contrarios a la Alta Carta Provincial y a la Ley Fundamental del país. Es por ello que los Tribunales deben, en principio, presumir su constitucionalidad mientras no se compruebe clara y precisamente lo contrario.
Constitución de servidumbres, servidumbre de paso, fundo sirviente, fundo dominante, vía pública, reconocimiento de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: 37079 - MAGIS, ROBERTO FCO. Y OTS. c/ CIPORKIN, JULIO OSCAR s/ ACCION POSESORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-20

Para que pueda reclamarse el establecimiento de la servidumbre prevista en el art. 3.068 del Código Civil es necesario que la heredad esté destituida de toda comunicación con la vía pública por la interposición de otras heredades. Debe tratarse, en consecuencia, de un fundo encerrado o enclavado. Sin embargo, el mismo derecho es reconocido cuando hay una salida al camino o calle pública, mas la misma es insuficiente para la explotación de la heredad.
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Mignone, Francisco c/ Inafor S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

La doble instancia no es un imperativo constitucional.
Hurto, excusas absolutorias, concubinato, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Denti, Daniel R. s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

No puede trasladarse al derecho penal el reconocimiento de derechos a las partes que conforman el tipo de unión del concubinato acudiendo a la analogía, vedada por nuestro sistema jurídico, por lo que el concubinato no puede beneficiarse con la excusa absolutoria del art. 185 del C.P., ya que podría aplicarse el mismo razonamiento para los colaterales de cualquier grado, bajo única condición de convivencia, y así conformar - por vía jurisprudencial - una larga lista de excepciones a las penas previstas para el delito en cuestión.
Libertad condicional, régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: López Coto, F.C. s/ Libertad condicional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1955-09-09

Procede la libertad condicional cuando el condenado no ha sido sometido a régimen carcelario.
Honorarios, proceso judicial, regulación de honorarios, regla de prorrata, pretensión procesal, partes del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Raizen Argentina SA c/ Feferbaum, Isidoro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-16

Cuando, como en el caso, el rechazo de gran parte de la pretensión objeto de la demanda, motivó que las costas sean impuestas en un 70% a la actora y el resto al demandado; en ese marco, cabe señalar que el CCCN 730 último párrafo, establece que si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Se advierte entonces que sólo en el supuesto de que se identifique la existencia de una obligación cuyo incumplimiento haya derivado en litigio judicial o arbitral, correspondería la aplicación de la norma citada en cuanto dispone el acotamiento de la responsabilidad del deudor por las costas generadas en esos procesos.

Es decir que la norma busca un equilibrio entre la obligación reconocida en la sentencia con lo que el demandado debe afrontar por la condena en costas. Tal ha sido la solución adoptada por nuestro más Alto Tribunal, al señalar que la restricción sólo alcanza a los supuestos en que mediare "incumplimiento de la obligación" por parte del deudor, presupuesto que, por ejemplo, no ocurre si se ha rechazado la demanda (C.S.J.N., "Exologan SA c/ Distribuidora Química SA s/ Daños y Perjuicios.", del 16/08/05). En definitiva, el destinatario del beneficio del prorrateo es quien resulta condenado en una sentencia por una obligación que había incumplido, y no el actor cuya demanda resulta parcialmente denegada.
Contratos administrativos, licitación pública, actualización monetaria, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IPAREX S.A. c/ E.N. (Cdo. en Jefe de la Fuerza Aérea Arg.) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

En atención a que entre el perfeccionamiento del contrato -con la recepción, por la actora, de la Orden de Compra y la fecha de cumplimiento total o íntegro de la obligación a su cargo transcurrieron más de cinco días, no procede, en consecuencia, el ajuste del precio -por aplicación del art. 2° inc.a) de la ley 21.391- debido a que la actora no se ajustó al plazo pactado para el cumplimiento de su prestación.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buelga, María Jesus c/ Raffaaelli, Juan P. s/ Alimentos y litisexpensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

El juicio de alimentos no es atraído por el concurso o quiebra del alimentante, toda vez que la obligación de pasar alimentos o pagar litisexpensas por períodos anteriores o posteriores al concurso, puede ser reclamada por el acreedor sin sufrir las consecuencias procesales de la falencia, ya que origina un proceso fundado en evidentes relaciones familiares, quedando comprendido en la salvedad introducida por el artículo 136 de la ley concursal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servicio penitenciario, Servicio Penitenciario Federal, remuneración, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: Machado,  Pedro  José Manuel c/ E.N. - Mº de Justicia s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

No cabe admitir el carácter "bonificable" de la compensación creada por el art. 1° del decreto 2260/91, ni del adicional instituido por el art. 3° del decreto 756/92, porque una cosa es considerar que tales conceptos forman parte de la percepción normal, habitual y permanente, y que por su contenido es -pese a la terminología con que fue caracterizada- de esencia remunerativa, y otra, muy distinta, que por tal circunstancia deban automáticamente ser tenidas en cuenta para el cálculo de otras bonificaciones.
Honorarios, base regulatoria, acuerdo de partes
Materia: CIVIL
Carátula: FRANKE, Claudia c/ BERDOU, Daniel Eduardo y otro s/ SIMULACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-04

Si en un juicio de simulación en el que se declara la nulidad de la compraventa de un inmueble, las partes y sus letrados acuerdan en una audiencia el monto de la base regulatoria con anterioridad a la regulación de honorarios, no pueden cuestionarla en la oportunidad en que se fijan los emolumentos individualizando aquella cantidad.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Alejandro Oscar s/ Robo calificado Agüero Salas, Miguel Angel s/ Robo calificado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Pisani, Martín Gustavo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29|1998-03-03|1999-08-10|2000-04-12|2001-02-07

El empleo de armas en la etapa ejecutiva de un hecho puede acreditarse, en principio por cualquier medio probatorio admitido por la ley. Así, acreditada legalmente la utilización de armas en un hecho, la discusión acerca de su ofensividad deviene ociosa.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de suministros, orden de compra, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido Messia) c/ GCBA (Subsecretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. nº 2565/03 "Hotel Corrientes (Domingo Martín - Antonio Edgardo Messia) c/ GCBA (Sub-secretaría de Acción Social) s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-26

La orden de compra (en este caso, las órdenes de alojamiento) instrumenta la contratación directa y permite al contratista acreditar la existencia del acuerdo. Como tal, integra y perfecciona el contrato, pero esta decisión debe estar precedida de los trámites correspondientes a la adecuada selección del contratista que incluye la solicitud de la autoridad administrativa que requiere el servicio, la decisión de contratarlo con terceros, la intervención del área a cargo de realizar la contratación, el requerimiento de cotizaciones, la presentación de las ofertas, la decisión que las evalúa y el trámite administrativo de emisión del documento que da forma al contrato. La ex Municipalidad contrató la prestación de los servicios de Hotel sin atender las reglas de contratación pública aplicables. Ella no revocó por ilegitimidad ni solicitó la declaración judicial de invalidez de los contratos celebrados, y, finalmente, continuó contratando los servicios de los actores de la misma forma.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Guaminí c/ Pippo, María del Carmen s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

El incumplimiento de la carga de probar los hechos obstativos del éxito de la pretensión actora, coloca al accionado ante la perspectiva de un fallo desfavorable.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Retiro policial, haber de retiro, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, incorporación al sueldo, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DONDI, MARIO ALBERTO Y OTROS c/ Estado Nacional - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

A fin de determinar la naturaleza remunerativa de los adicionales creados por los Decretos 2133/91 y 713/92 ha de considerarse el criterio que, en casos análogos, utilizó el más Alto Tribunal de la Nación (cfr. Cavallo, Luis Enrique sent. del 28.03.95 y Susperreguy, Walter Jorge, sent. del 06.06.89). Dicho criterio encuentra su fundamento en la manda del art. 96 de la ley 21.965;

resultando indudable el carácter general y la naturaleza salarial de los mismos habida cuenta que son abonados a la totalidad del personal, sin necesidad de solicitud individual del interesado ni distinción respecto a su situación personal.
Medida de no innovar, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Chamosa, José María y otro. c/ Banco Hipotecario Nacional. s/ Incumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-02

La peticionaria pretende, mediante la cautela que impetra, impedir que el Banco demandado promueva eventualmente la ejecución hipotecaria derivada de la relación que motivó el "sub lite".

La medida tal como ha sido solicitada, sobrepasa los límites y modalidades propias de la prohibición de innovar, pues importa bajo el pretexto de un procedimiento cautelar impedir el ejercicio del derecho de ocurrir a la Justicia que garantiza nuestra Constitución Nacional.
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: Q.M.C.L. s/ Robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-16

Más allá de las dificultades mecánicas que tiene el revólver, éste es apto para disparar, tan es así que vestigios de restos de pólvora se hallaron en el interior del caño del arma. Arma que fue secuestrada cuando se hallaba en poder de ella el procesado.
Constitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ballivian Paredes, Adolfo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-07

La ausencia de un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la norma - art. 12 CP - emitido por el tribunal de la anterior instancia, impide la inspección casatoria que se pretende por ausencia del ineludible requisito que - para su procedencia -, contempla el catálogo procesal.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad, cuestión de derecho común, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante la preeminencia de ésta; máxime cuando el art. 1071 bis del Código Civil es consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad, consagrado en el art. 19 de la Carta Magna, así como también en el art. 11, incisos 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por ley 23.054.
Sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ZAURRINI JAVIER c/ BRUSCO JUAN ANTONIO Y OTRO s/ DESPIDO  -  RECURSO  DE CASACION - SENTENCIA - QUEBRANTAMIENTO DE LAS  FORMAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-10

Es contradictorio el pronunciamiento que manda a pagar los montos consignados en planilla adjunta a la demanda, respecto de los rubros gastos de transporte, vacaciones y sueldo anual complementario, determinados en base a la categoría que se pretende (oficial); si, por otra parte, rechaza el reclamo por la mentada recategorización Debe desestimarse el agravio por falta de fundamentación referido a la extemporaneidad e insuficiencia de la consignación declarada por el tribunal, ya que bajo el ropaje de un quebrantamiento formal se plantea en definitiva, una discrepancia doctrinaria con lo resuelto por la Cámara, en torno a los requisitos que eventualmente pueden volver inválida la consignación; como asimismo, se abunda en consideraciones respecto de su naturaleza. Estos aspectos sólo resultan revisables en casación, por la vía prevista en el art. 95, inc. 1ro., ley 4163, debiendo cumplimentarse con los requisitos que dicho dispositivo exige.-
Legitimación pasiva, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Guarino, Lucas Ezequiel c/ Banco Itau Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

La citación del sujeto pasivo de una pretensión se verifica cuando la parte que requiere la citación está habilitada en la hipótesis de ser vencida en el juicio, para interponer frente al citado una pretensión regresiva, sea de indemnización o de garantía (Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", ed. Abeledo-Perrot, t. III, p. 248).
Contratos administrativos, prueba del contrato, interpretación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carl Chung Ching Kao c/ La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado, si la legislación aplicable determina una forma específica para su conclusión dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia.