marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, multa laboral, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz  Antonio  Félix  y  otros c/ YPF  Yacimientos PetrolíferosFiscales S.A. y otros s/ Part. Accionariado Obrero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que si bien la ley 23.982 de Consolidación de Pasivos Públicos dispone la comunicación al Congreso de la Nación de todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 y establece el mecanismo al que debe someterse el acreedor para hacer efectiva su acreencia, no abarca las emergentes de sanciones impuestas por los jueces en ejercicio de las facultades que les acuerda el art. 37 del CPCCN, ya que de lo contrario, el instituto creado como vía legal de compulsión, para que el deudor procure al acreedor aquello a que está obligado, quedaría desnaturalizado y se neutralizarían sus efectos (Fallos 320:186 en autos "Ernesto Alfredo Iturriaga c/Banco Central de la República Argentina"). Sin embargo si el mandato judicial cuyo cumplimiento perseguía la imposición de astreintes (en el caso, pago de los honorarios de la perito contadora) ya ha sido acatado -conforme surge de la constancia emitida por la Caja de Valores-, este hecho indica que la sujeción del cobro de la deuda por astreintes al procedimiento diferido que contempla el art. 22 de la ley 23.982 no puede enervar la eficacia del instituto, toda vez que su finalidad -el cumplimiento de la resolución judicial- ya ha sido alcanzada (ver "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Palillo, Rubén (hoy Palillo, Juan Carlos) c/Ejército Argentino" -Fallos 328: 1156).
Quiebra, extensión de la quiebra, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EGAÑA CONSTRUCCIONES c/ EGAÑA, GUILLERMO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

Con prescindencia de la opinión que se tenga sobre su naturaleza jurídica (prescripción o caducidad regido por el derecho sustancial o de fondo; o que sea contemplado como un plazo estrictamente procesal), el plazo de la LC: 165 - 2 debe contarse por días corridos, incluyendo los inhábiles judiciales.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El derecho de propiedad del damnificado (su crédito indemnizatorio), es, en definitiva, el que le asigna la ley. Los topes indemnizatorios son una cuestión atinente a la política jurídica.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Melgarejo Marcelina y otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-10

El recurrente confunde "falta de valoración" con valoración no satisfactoria para los intereses de su defensa. El Tribunal no ha omitido valorar las declaraciones, sino que las ha valorado con un sentido inequívocamente adverso a las pretensiones de los encartados, con sujeción a las reglas de la sana crítica racional, que permite a los Jueces asignar primacía a unas declaraciones respecto a otras, explicando suficientemente los motivos que llevaron a dicha selección.
Escritos judiciales, firma
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de San Juan S.A. c/ Soria Hugo Gabriel y otros s/ Cobro de Pesos - Sumario - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-06-01

La firma en un escrito judicial es un requisito esencial para la validez de los escritos judiciales y su ausencia torna ineficaz el acto. La firma en el escrito judicial es esencial en todo instrumento privado, categoría que reviste el pedimento de los litigantes hasta el momento de la incorporación del mismo al expediente judicial. Dada la importancia que reviste la firma de un escrito judicial antes de su presentación al órgano judicial, se ha dicho que no es susceptible de convalidación ni puede ser reemplazada por la firma del letrado patrocinante.
Servicio público, empresa telefónica, derechos del consumidor, ley de defensa del consumidor, modificación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Unión  de Usuarios y Consumidores c/ CNC -Resol. 1763/99 y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-12

De cara a la modificación que fue introducida -por la ley 26.361- a la Ley de Defensa del Consumidor, mediante la cual ha sido consagrada -expresamente- la modalidad de atención personalizada que la actora reclamaba, con expresas obligaciones para las empresas prestadoras de servicios públicos, a través de una ley que -ahora- le resulta directa y específicamente aplicable, no es dable sino concluir que la pretensión articulada en esta causa ha devenido de carácter abstracto. La declaración pretendida por la actora, para que las empresas concesionarias demandadas procedieran "...a proporcionar una atención personal e idónea a los consumidores y usuarios del servicio de telefonía básica, extendiendo comprobantes de los reclamos efectuados..." emerge -ahora- de un reconocimiento legal y de las obligaciones establecidas en los arts. 25 y 27 de la ley 24.240 (según texto de la ley 26.361) (Cons. VI).
Juicio sumarísimo, contrato de prestaciones médicas, fertilización asistida
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garibaldi Agostina Celeste y otro c/ Swiss Medical SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

Corresponde imprimir a estas actuaciones el trámite de la acción de amparo, siendo, en suma, ésta la vía subsidiaria pero óptima para tutelar en forma acelerada los derechos a la salud que se demuestren vulnerados. Así, en el caso, debe destacarse que el aseguramiento que pueda provenir de una eventual sentencia en este amparo, dada la relación de familia que los actores manifiestan llevar y su objetivo de procrear, significará la protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, que debe ser protegido por la sociedad y el Estado (CN 14 bis; art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 10 del "Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales"; art. 23 del "Pacto Internacional de derechos civiles y políticos"). Hay que tener en cuenta el mandato que surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de respetar el derecho a la vida, primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (v. sentencia del 4.9.07, en "Reyes Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional"). Es deber de los jueces preservar la supremacía constitucional (conf. CN 31 y 116; ley 48: 21, y CPR 34-4°), y en función de ese deber corresponde acceder a la pretensión recursiva, sin perjuicio de lo que deba decidirse acerca de si la acción es o no admisible.
Competencia por conexidad, ejecución hipotecaria, cobro de expensas comunes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CASTEX 3448/50/54/56 c/ HELMAN, Gustavo Maximo s/ EJECUCION DE EXPENSAS / COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-22

No se configuran las circunstancias de conexidad sustancial con entidad suficiente para producir el desplazamiento de la competencia, entre el juicio por ejecución de expensas de un inmueble y el proceso por ejecución hipotecaria de aquél. Ello sin perjuicio de que oportunamente pueda acudirse a la solución contenida en el art. 376 del Código Procesal.
Responsabilidad médica, iatrogenia
Materia: CIVIL
Carátula: DIMURO, Miguel Angel c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Cuando, no obstante haber aportado el médico todos sus medios, oportuna y adecuadamente, con toda la diligencia que imponía el caso, se produce un mal resultado no querido, sobreviniendo -por distintos motivos- complicaciones extraordinarias, imprevisibles o irreversibles, aparece el concepto médico legal de "iatrogenia". Se trata de toda alteración o enfermedad imprevista e inevitable que nace de un acto del médico, correcto en su ejecución y habiendo aplicado los métodos usuales indicados. En esas condiciones, si se acredita haber actuado con la diligencia que era exigible según la oportunidad terapéutica, es decir, las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, queda descartada la imprudencia, impericia o negligencia -que, antijuridicidad mediante, configuran la culpa-, y el acto médico de efectos no queridos se traduce en "iatrogenia", resultando jurídicamente inculpable e inimputable para el profesional.-
Daños y perjuicios, indemnización, aplicación de la ley, clasificación de las obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alcaraz Rogelio y otro c/ Ocean Export SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

Procede confirmar la resolución que condenó al accionado al resarcimiento por el daño moral padecido por el actor, en el marco del incumplimiento del contrato que uniera a las partes. Ello por cuanto, en el caso, la conducta de la defensa debe ser juzgada de acuerdo a un "estándar" de responsabilidad agravada que es dable exigir al profesional a cargo de una empresa con alto nivel de especialización como lo es la aquí demandada. Es que la empresa prestataria del servicio de viajes es deudora de una obligación de resultados respecto del traslado, producto del precio abonado por los viajeros y está a cargo de la demostración de que su obrar se encontró signado por la debida diligencia en el cumplimiento de sus prestaciones. Conceptuó que es admisible que existan desperfectos en los motores que comprometan los horarios de traslado de la embarcación en cuestión, mas no que se desatienda el viaje. Consideró que la prestataria del servicio debió contar con una solución alternativa para subsanar en un tiempo prudencial el inconveniente. Así, en tanto fueron vulnerados los derechos del consumidor, deben repararse los perjuicios que provocó el obrar antijurídico repudiado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: César, Marcial Rosario s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

No resulta limitada la competencia de la Corte prevista en el art.

365 del Código de Procedimiento Penal por haberse sostenido en la expresión de agravios de la defensa que la autoría estaba probada, pues la limitación prevista en la primera parte del art. 342 del Código de Procedimiento Penal fue legítimamente desplazada por la Excma. Cámara (art. 342 cit. in fine) en tanto restringió el contenido del cuerpo del delito de un modo que favoreció al procesado.
Enfermedad profesional, comisiones médicas, acceso a la justicia
Materia: LABORAL
Carátula: Aulet Juan Ignacio c/ Asociart ART S.A. s/ Enfermedad profesional c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-03

No se puede predicar que el control judicial posterior previsto mediante la adhesión a la Ley 27348, en las condiciones establecidas en la ley provincial (arts. 1, 5 y 6), asegure en los hechos el control judicial "amplio y suficiente" exigido por la doctrina constitucional. Se prevé (art. 5º ley 10.532) que los recursos ante el fuero laboral deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 5315 (CPL), dentro del plazo de 15 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. El acotadísimo plazo que el legislador provincial introdujo y la exigencia de que se acompañe un certificado médico con el riguroso contenido impuesto, implica lisa y llanamente una obstrucción al acceso a justicia para quien alega ser víctima de un daño a su integridad psicofísica, todo lo cual torna en una mera declamación el supuesto "control judicial suficiente" (Voto Welp)
Procesamiento, insolvencia fraudulenta, compraventa inmobiliaria, procedimiento laboral, sentencia condenatoria, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Mazza, R. F. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Debe ser conformado el procesamiento, en orden al delito de insolvencia fraudulenta (art. 179, segundo párrafo, del Código Penal), del imputado que enajenó un inmueble de su propiedad luego de una sentencia laboral en su contra, en forma previa que la sentencia adquiriera firmeza, habida cuenta que al momento de realizar la operación de compraventa el encartado conocía la existencia del proceso laboral como también la posibilidad de que la condena dictada en primera instancia fuera confirmada.
Ministerio Público, Ministerio Público Fiscal, fiscal de Cámara, legitimación activa, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores, Aurelio s/ concurso civil s/incidente de pago de tasa de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Corresponde desestimar los reparos formulados respecto de la legitimación del fiscal de cámara para apelar la sentencia del a quo, ya que la ley encomienda al Ministerio Público la función de defender el orden jurídico en su integridad, conclusión que también encuentra sustento en el art. 120 de la Constitución Nacional.
Daño moral, discernimiento, falta de discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: SEGURA GODOY, Sergio Adrián c/ HAGELIN, Axel Iván y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Lo que califica al daño moral, es la actividad dañosa, en cuanto tal, el sólo ataque a intereses no patrimoniales de la víctima, sin que para definir su existencia deba requerirse que ella lo comprenda o lo perciba. Por cierto que, habitualmente, el agravio provocará en la víctima una modificación disvaliosa de su espíritu, pero, aunque no lo provocara, porque quien sufre el ataque no está en condiciones de experimentar esa modificación, el agravio menoscaba, siempre, una proyección existencial que es reconocida también a quienes están privados de razón o sensibilidad.-
Daños y perjuicios, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-13

Se debe tomar como parámetro a los efectos de la determinación del daño material la suma resultante de efectuar la reducción de los montos correspondientes a ítems que no son remuneratorios (aportes jubilatorios, asignaciones familiares).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, falsa denuncia, daños y perjuicios, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: MILICE, GABRIELA MARISA c/ SUCRE, MARIA DE LOS ANGELES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-23

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que la postulación recursiva no denota más que el disenso interpretativo con los argumentos brindados por el Judicante, que entendió que la absolución dictada en sede penal por la existencia de dudas respecto de la autoría del delito civil de acusación calumniosa por parte de la acusada es insuficiente para el reclamo de daños y perjuicios, ya que no concurre el elemento subjetivo del hecho ilícito, es decir el dolo o culpa en el agente, requerido por el artículo 1067 del Código Civil para que exista responsabilidad; y esas consideraciones no recibieron la réplica debida y acorde a esta instancia, quedando los reparos de la impugnante en un intento por revertir la decisión tomada y, por ende, en el plano de la disconformidad, sin lograr acreditar que la sentencia resulte ser inválida como acto jurisdiccional.
Sentencia, falta de fundamentación, indemnización, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recursos, recurso de queja (administrativo), recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ARMAS MARIA TERESA  c/ GCBA Y OTROS s/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja en tanto los planteos que en ella se vierten no logran conmover los fundamentos de la sentencia de la Cámara que declaró inadmisible su recurso de inconstitucionalidad con sustento en la ausencia de caso constitucional o de una sentencia arbitraria. En ella, los argumentos de la recurrente remiten exclusivamente a analizar la interpretación asignada a cuestiones de hecho y prueba; y de la lectura del recurso de inconstitucionalidad se advierte que la quejosa comparte la afirmación de que frente a un cese ilegítimo del agente dependiente del GCBA y bajo ciertas condiciones, resulta admisible el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios que incluya el daño moral, excluyendo los salarios caídos, supeditados a la comprobación del daño y sujeto a la ponderación de la prueba producida en autos. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: Frente Cívico y Federal UCR - CONFE EN Jº 607 Naman, María Alejandra s/ fórmula de reserva c/ cas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-21

El carácter obligatorio de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema en una causa correspondiente a su jurisdicción, comporta lo conducente a hacerlas cumplir.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, José D. c/ Municipalidad de San Isidro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Si bien es cierto que la potestad de la autoridad administrativa de valorar y calificar los hechos configurativos de una falta disciplinaria y determinar la sanción aplicable es propia de sus facultades, su ejercicio es revisable judicialmente cuando se demuestre que ha mediado arbitrariedad, lo que ocurre específicamente en el caso de una valoración irrazonable de la prueba rendida.
Proceso contravencional, penas contravencionales, graduación de la pena, facultades del juez, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, R.D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 70 Artículo 70
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

El procedimiento contravencional es distinto en sus fundamentos básicos al penal ordinario, y ello es así porque debe ser adecuado a la magnitud de los bienes jurídicos que se protegen y a las conductas que están en juego y en el mismo no está facultado el Fiscal a solicitar un aumento de la pena que ya fuera formulado en el requerimiento de juicio (art. 44 C.P.C.), cuando ha concluido la investigación, ya identificó al imputado, tipificó el hecho y reunió las pruebas de cargo.

Surgen claramente las diferencias con su símil penal, donde tanto el requerimiento de juicio (art. 347 in fine del C.P.P.) como el auto de elevación a juicio (art. 351 C.P.P.), no contiene pedido de pena alguna, facultad que solamente está reservada para el Fiscal de juicio.
Ejecución fiscal, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ PROP. S. FINOCHIETTO 611 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-29

Cuando la institución judicial es utilizada al acaso, dependiendo de que el pretendido deudor presente o no el comprobante de pago, queda habilitada la vía de sanción consagrada por el art. 45 del Código Procesal para castigar la temeridad.

Obras Sanitarias de la Nación incurre en conducta negligente al emitir certificados de una deuda sustancialmente inexistente, y el innecesario dispendio administrativo y jurisdiccional que generó la ejecución fiscal llevan a aplicar una pena más gravosa que la mera imposición de las costas.
Leyes, veto, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La Corte Nacional ha señalado las razones por las cuales determinó que la promulgación parcial de la ley 16881 era inválida.

El proyecto sancionado por el Congreso Nacional constituía un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no podían separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste. Como regla, las disposiciones que componen una ley están vinculadas entre sí. No se puede asegurar, pues, que el Congreso hubiere sancionado el proyecto en caso de excluirse algunas de sus normas capitales. De ahí que el Poder Ejecutivo no pudo, en su momento, proceder como procedió, sin invadir atribuciones propias del Congreso Nacional y sin asumir, en la especie, la calidad de legislador.
Accidentes de trabajo, prueba, cosa riesgosa
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: BOSSIO, MARIA LILIAN CANGIANO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 509-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

Es necesario valorar la incidencia que en relación a las cosas que debió manipular el damnificado pudieron tener las posturas adoptadas por este, para recién entonces proceder a calificar la cosa como riesgosa.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ZELAYA, Noemí del Valle; ZELAYA, Sandra Mónica y NIEVAS, Silvia del Milagro c/ WILDE, Oscar y CIRCULO AUTOHOGAR s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-09-18

La expresión de agravios debe contener una crítica concreta, clara y explícita de los fundamentos del fallo recurrido. Consecuentemente, si no se señalan los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento, fundando las quejas en criterios subjetivos, corresponde declarar desierto el recurso de apelación.
Locación, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Wechsler de Schapsis, Raquel c/ Juan Carlos Corvaln s/ Cobro de Alquileres. Wechsler de Schapsis, Raquel c/ Juan Carlos Corvalán s/ Cobro de Alquileres.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-11-15|1993-11-15

No obstante que la doctrina no es pacífica al respecto, esta Sala se inclina por la posición de Busso y otros, la cual se resume del siguiente modo: cuando de la ecuación, en términos de prestación y contraprestación a cargo de las partes surge en forma evidente y manifiesta, la existencia del abusivo aprovechamiento que señala el art. 656 del Código civil, los jueces aún de oficio, deben modificarla, dejando de lado el formalismo que requiere la necesidad de petición expresa de la parte o la mera insinuación petitoria, a modo de brindar con criterio de justicia, la solución adecuada que el caso requiere. Por eso, cuando el deudor nada dice, no comparece o es declarado rebelde, los jueces admitirían situaciones que no se compadecen con la moral y buenas costumbres, o lesivas para el patrimonio de una de las partes. Por ello, el principio de inmutabilidad como carácter del que goza la cláusula penal, no es absoluta. Si bien el Código Civil se enroló en esa corriente, tal principio fue morigerado con la sanción de la ley 17711 del año 1968, al reformar el art. 522 e introducir el segundo apartado del art.656 que permite, dadas ciertas condiciones, la reducción de la pena.