Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-27


--- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "Q., F. S. c/ F. S.R.L. s/ Cob. de haberes e indemn. de ley" (Expte. Nº 57 - año 2012) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 291.---------------------- ---A LA PRIMER CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:----- ---Vienen estos actuados a conocimiento de éste Tribunal de alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 252) y por la parte demandada (fs. 253) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 236/245 y vta.), por el cual se hace lugar a la demanda entablada por el Sr. F. I. Q., con excepción del incremento indemnizatorio establecido por el art. 2° de la Ley 25.323 y los días de licencia por enfermedad, condenando a la empresa demandada "F. S.R.L." a que abone al actor, en el plazo que fija, la suma de $ 139.542,29 con más los intereses que indica desde que cada importe parcial es debido y hasta su efectivo pago, con costas.---------A fs. 251, se presenta el Contador Sr. A. V. R., por su propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. N. U. G., interpone recurso de apelación en contra de la regulación de honorarios que mereciera su actuación como perito contador, por estimarla baja.---Los escritos de expresión de agravio lucen agregados a fs. 256/260, el de la parte actora; y, a fs. 261/273 y vta., el de la parte demandada.-----Ordenado el traslado a la parte contraria respectiva (fs. 274) éste fue evacuado por la parte actora (275/282 vta.) y por la demandada (fs. 283/285).--------------------------------------I.- A).- Agravios de la parte actora:------------------------ ---1) Rechazo de la multa prevista por el art. 2° de la Ley 25.323: Expresa que su parte considera que el Sr. Juez a quo, en el último párrafo del punto que identificó con el número III del considerando, yerra al interpretar que se comprobó en este proceso las causas que pueden justificar la conducta de la demandada de no abonarle las indemnizaciones contempladas en la norma del epígrafe. Sostiene que se equivoca cuando asevera que ".la norma admite que se obró razonablemente, como en este caso en donde obra invocando la denuncia de otra empresa, lo que quedó comprobado en el expediente, se puede desestimar la aplicación de dicha multa." (Sic)(Vide: escrito de expresión de agravios -fs. 256-). Manifiesta coincidir con el juzgador en que los jueces tienen la facultad de morigerar o desestimar la aplicación del incremento indemnizatorio, pero ello es -dice- de carácter excepcional y debe ser analizado restrictivamente, pues el espíritu de la norma propone efectos sancionatorios para la patronal que por desidia, malicia o desinterés obliguen a los trabajadores a activar los mecanismos judiciales y peregrinar por los tribunales a los fines de perseguir sus créditos que revisten el carácter alimentario, con procesos de duración incalculable. Sostiene que el Juez a quo erró al rechazar este incremento indemnizatorio por cuanto quedó demostrado en autos que su parte desarrolló durante años una conducta con autorización expresa de personal jerárquico de la empresa demandada. Cita la prueba testimonial de los Sres. N., I. y M. Indica que su parte resultó el intermediario de un acuerdo establecido entre el Sr. I. -gerente de F.- y el Sr. N. -también apodado "M."-. Considera que sin perjuicio de haber sido despedido como consecuencia de la denuncia de otra empresa, la actitud desplegada por "F. S.R.L." resultó completamente maliciosa al tratar de trasladar responsabilidades que le eran propias como patrón, en un simple trabajador. Postula que la demandada si se hubiere detenido un momento a analizar el contexto y las circunstancias acontecidas, para actuar en forma "razonable" debió primero sancionarlo, suspenderlo o, en todo caso, modificar el recorrido semanal que cumplía de manera que no concurriera más a S. V. T. a realizar tareas de carga y descarga de mercadería. De este modo, entiende, su empleadora hubiese resuelto la situación poco clara dentro de la empresa, sin necesidad de adoptar la medida más dura contra el obrero, máxime teniendo en consideración que para ese entonces, la demandada no había realizado ningún tipo de procedimiento de investigación interna, para conocer con mayor precisión los pormenores de la contingencia que terminó con el despido injustificado de su parte. Insiste en que no se puede compartir que el despido directo de su parte sin suspensión previa de ninguna manera puede considerarse un obrar razonable y, mucho menos entiende, puede aceptarse que dicho obrar razonable lo es invocando la denuncia de otra empresa como lo asevera el Sr. Juez de grado, toda vez que S. V. no le exigió a F. que despidiera a su parte, ni tampoco hubiese podido exigírselo, en todo caso, lo que existió -expresa- fue una solicitud para que deje de enviar al chofer Q. a realizar las tareas de carga y descarga en las instalaciones del supermercado, pero eso no tiene nada que ver con imputarle la sanción más grave a un trabajador y despedirlo sin retraimiento alguno. Lo cierto es que con un cambio de esquema en el recorrido de su parte se hubiese sorteado eventuales cuestionamientos de S. V., independientemente de que éstos poseyeran o no algún tipo de asidero en la realidad. Refiere a lo expuesto en el libelo inicial y en el alegato de bien probado, respecto a la doctrina y jurisprudencia que indica que el despido como sanción es la última ratio. Manifiesta que siguiendo esta postura y ponderando su respetable comportamiento y antigüedad en la empresa -más de trece años- aplicarle la sanción más severa y de manera directa y sin apercibimiento, amonestación o suspensión previa, resulta sumamente inapropiado, malicioso y desproporcionado. Apunta que a lo largo de su extensa relación laboral con la demandada jamás recibió amonestación o sanción alguna sino que, por el contrario, contó con un legajo intachable dentro de la empresa -cita la prueba pericial contable-. Refiere al escrito de contestación de la demanda donde fue reconocido como un buen trabajador. Se pregunta cómo es que con tanto control que dice poseer la demandada respecto de los productos vencidos y su correspondiente tratamiento jamás notó que faltaban abundantes cantidades de vencidos. Ello, explica, no es más que la evidencia de la mala fe con la que se comportó la demandada al despedirlo por la denuncia de una tercer empresa que no toleró que el intercambio de vencidos se instrumente en sus instalaciones. En suma F. prefirió quedar bien posicionada frente a los directivos de S. V., negar que el comportamiento de su parte era práctica autorizada y dirigida por sus empleados jerárquicos que se venía cumpliendo desde hacía ya largos años y optó por despedir injustamente al trabajador por cumplir con las instrucciones del gerente I. Continúa exponiendo en relación al poder disciplinario del empleador y postulando que no existió falta alguna de su parte, sostiene que su despido no resultó proporcionado ni ajustado a derecho puesto que, insiste, que la empresa venía tolerando y aceptando la conducta de la que era conocedora por lo cual manifiesta no comprender cómo el Sr. Juez a quo considera que la actitud disruptiva de la empleadora fue llevada de manera razonable permitiéndole quedar exenta de la totalidad de la multa que establece el art. 2° de la citada Ley 25.323. Cita jurisprudencia vinculada a la ponderación de la decisión rescisoria en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de la misma a la cual me remito. Afirma que el juzgador omitió, al dispensar a la demandada del pago de la multa especial, considerar la ilicitud y desproporcionalidad del despido directo y sin causa dispuesto, arribando a una conclusión jurídicamente inaceptable. Expresa que no puede tolerarse que el comportamiento desarrollado por la demandada para despedirlo sea calificado como un "obrar razonable" y menos aún, alegando que ello es así porque obró invocando la denuncia de otra empresa. Especula que lo contrario implicaría autorizar situaciones en los que grupos empresarios comercialmente ligados utilicen sus importantes estructuras para generar "ardides" y superponer a terceras personas que denuncien actividades -en primer término irregulares- de trabajadores en relación de dependencia para disminuir sus costos laborales y obligar a los obreros a cuestionar sus despidos judicialmente a sabiendas de que la multa especial que previó el legislador no les va a ser impuestas. Agrega que el Sr. Juez de grado indicó que su comportamiento previo al despido era conocido y autorizado por el personal jerárquico de la empresa por lo que resulta -interpreta- claro que la demandada jamás quiso comportarse legalmente por lo que, insiste, en que no encuentra que las justificaciones por las que se exime de la multa a la misma puedan ser atendidas. Lo cierto es que la empresa demandada trató de ladrón a su parte cuando no hacía más que cumplir sus tareas diarias. La empresa invoca como justa causa de despido una conducta que ella misma impartió o al menos autorizó y este extremo, concluye, de manera alguna puede configurarse como un obrar razonable que permita eximirla del pago de la multa. Afirma que F. S.R.L. sabía lo que hacía pero prefirió echarlo antes de aceptar que dicho comportamiento era lícito, en el marco de su propia estructura, ante los ojos de S. V. Agrega que ni siquiera la demandada, en oportunidad de contestar la demanda, le solicitó al Tribunal la eximición de la multa en cuestión, viniendo el juzgador de grado a suplir omisiones procesales que le llaman la atención. Aclara que tampoco consentiría su parte la situación de que el sentenciante de grado hubiera reducido el monto de la pena pecuniaria pues, insiste, no existe un solo elemento que lo justifique. Efectúa nuevas citas jurisprudenciales a las cuales remito por razones de brevedad. Observa que si la doctrina es exigente a los fines de reducir prudencialmente la multa, mayor temperamento debe tenerse a la hora de eliminarla de forma total como dispone la sentencia que apela. Repite que se probó que la conducta era autorizada, que existía pleno conocimiento de la misma, que se realizaba hacía varios años, que se consumó en diferentes predios de distintos supermercados, por lo que no puede considerarse que el obrar de la patronal fue razonable puesto que, a pesar de todo ello, lo obligó a activar el mecanismo judicial de duración incalculable y ello -asevera- no puede serle gratuito. Reseña los presupuestos para que proceda la multa que pretende le sea reconocida afirmando que los mismos se cumplen en el supuesto de autos. Expresa que su parte era el encargado de consumar el canje de vencidos por tachos entre F. y el chanchero "M.". Dicha práctica se venía realizando desde hacía ya largos años y no sólo se dio en S. V., sino que también se realizó en "L. A." y en "C." -cita testimonios prestados en tal sentido-. Añade que por disposición de I. ofició de intermediario entre el "criador de animales" y la propia empresa; indicando que el referido I. era amigo, o al menos conocido, del Sr. N. y fue él mismo quien generó el vínculo con "M." y le solicitó a su parte que materializara el trueque. Ante ello "F. S.R.L." prefirió despedirlo pese a que había pasado "una vida" dentro de la firma, cuando una actitud razonable hubiese sido reconocer ante la empresa denunciante que dicha conducta era aceptada o tolerada, suspender las actividades de entrega de vencidos dentro de los supermercados y si se quiere modificar el recorrido semanal de su parte. Escribe que la demandada no acreditó la grave injuria que dice le ocasionó la conducta desarrollada por su parte el día 7 de agosto de 2010, basándose sus pruebas en la descripción del "deber ser" de los procedimientos y protocolos regulares de descarga de mercadería y en ningún momento aportó pruebas relativas a resolver la presente controversia, o a probar que su conducta le generó todos los perjuicios que alega y que derivaron en la aplicación de la máxima sanción a su parte. Sostiene que la sentencia tampoco ha sido una derivación razonada de los hechos expuestos y del derecho vigente en cuanto que, en lo que respecta al incremento indemnizatorio que consagra la ley 25.323, se observa una desmesurada y evidente falta de valoración de los hechos acontecidos, de la prueba producida y de la doctrina y jurisprudencia relativa al requisito de la proporcionalidad de las sanciones, toda vez que desestima sin justificación la procedencia del rubro en cuestión.-------------------------La parte demandada en autos, al contestar los agravios vertidos por el actor recurrente expone que los mismos se sustentan sobre circunstancias expuestas en la pretensión pero que no han sido probadas. Indica que la especificidad de cada hecho no demostrado, a la vista de la decisión adoptada por el Sr. Juez a quo, ha motivado el recurso de apelación deducido por su parte, por lo que indica que solo mencionará las cuestiones fácticas que la actora intenta sostener, a pesar de no haber demostrado absolutamente nada de lo dicho en su escrito de demanda. Sostiene que han quedado huérfanas de prueba las justificaciones que Q. diera desde su rechazo al distracto por carta documento, ensayando como argumento la actividad de trueque de mercadería vencida por la recuperación de envases de mercadería láctea. Prontamente -afirma- demostró su parte que esas entregas fueron efectuadas con los envases que luego aparentemente en diversa cantidad le habrían sido devueltos en alguna ocasión, razón por la cual, como dijo el estelar testigo "M." N. "era un ida y vuelta". Afirma que también quedó acreditado que Q. entregaba mercaderías a quien le ayudara a cargar y/o descargar el camión, razón o circunstancia que desmiente prontamente el argumento del mentado canje. La práctica que el actor califica como trueque, no tenía ni la periodicidad o habitualidad que se le atribuyera, lo que impidió asimismo el conocimiento de su parte. Del mismo modo refiere a que estas entregas de mercaderías eran efectuadas sin conocimiento de la empresa empleadora, que nunca aceptó, admitió, toleró ni mucho menos autorizó que este infiel trabajador efectuara tales maniobras. Maniobras que por la clandestinidad que muestran las imágenes, siempre se desarrollaron a escondidas de su parte. Ratifica la procedencia del distracto dispuesto ya que el desvío de mercadería en tránsito constituye un gravísimo perjuicio para la empleadora, al provocar que salga del circuito mercadería destinada al depósito central de F., para su destrucción o aprovechamiento final se concrete mediante los mecanismos implementados por la empresa, y que, asegura, han sido sólidamente acreditados. De tal modo, continúa diciendo, a pesar de la repetición de argumentos de la contraria, se encuentra acreditado que estas maniobras eran clandestinas, ocultadas aviesamente al empleador, y en provecho de terceros, por decisión propia del trabajador infiel. Afirma que la nitidez y contundencia de las imágenes provistas por un tercero -que no tiene vinculación con su parte- son elocuente demostración de la gravedad de la maniobra, su clandestinidad y los graves perjuicios que provoca la circulación de mercadería vencida fuera del sistema dispuesto por la empresa. Refiere que las consideraciones sobre la entidad de la sanción aplicada son inaudibles, porque la gravedad del hecho no consentía que la relación laboral prosiguiera. Constituiría, dice, un despropósito imponerle a su parte el sostenimiento de la relación laboral con un trabajador que sustrae mercadería mediante el ardid que captaron las cámaras de seguridad de una empresa de vigilancia que opera en el supermercado S. V. de esta ciudad. La confabulación del actor con un tercero para proveerle mercadería de la empresa, mediante dolosas maniobras ilícitas detectadas, dañó irremediablemente -expresa- la confianza depositada en el antiguo trabajador y autoriza a la empresa a resolver el contrato por exclusiva culpa del infiel dependiente. Apunta que la exigencia de un sumario interno es un planteo que califica de absurdo. Sostiene que la empresa no tiene obligación de sustanciar ninguna investigación interna y no tuvo en estas claras circunstancias ninguna necesidad de averiguar más de lo que se ha relatado en el escrito de responde. Que el gerente de la empresa F. I., al recibir la nota de S. V. del 27/7/10 concurrió a las instalaciones del supermercado para interiorizarse e informarse de lo ocurrido, ocasión en la que se le exhibieron las imágenes respectivas. Señala que se concordará en que lo que se observa amerita el despido por la gravedad inusitada e irrefragable del hecho cometido y la consiguiente pérdida de confianza en el trabajador. Indica que la decisión del sentenciante de relevar a su parte de la aplicación del art. 2° de la Ley 25.323 es ajustada según la decisión adoptada, que, reitera, ha valido la expresión de agravios tendiente a que se revoque la decisión decretándose el rechazo de la demanda impetrada en todos sus términos. Señala que el dictado de la referida norma tuvo como sentido cubrir un vacío legal que permitiera mantener sin sanción la omisión del empleador de pagar en tiempo propio las indemnizaciones derivadas del despido. Como el distracto con causa puede ofrecer debate, la ley ha permitido que, según las circunstancias, y aún cuando se calificara de incausado el distracto, el empleador resulte relevado de la sanción que contempla la norma, consistente en un incremento en las indemnizaciones. Va de suyo, expresa, que el intenso debate que se sustanció en autos y las contundentes pruebas que abonan la legalidad del despido aleja toda duda sobre el ejemplar rechazo que merece la pretensión actoral. Señala que el trabajador fue despedido al ser detectado por un tercero cometiendo un acto ilícito en perjuicio del empleador. El despido ha sido proporcionado a la gravedad del ilícito y su consiguiente pérdida de confianza. Por consiguiente, manifiesta, no solo no corresponde el incremento que da ocasión a los agravios que contesta su parte, sino que este incremento debe correr la misma suerte que las indemnizaciones pretendidas: su rechazo íntegro con costas. Efectúa cita jurisprudencial en apoyo de su posición a la que remito.B) Agravios de la parte demandada:----------------------- ---2) Omisión de imponer las costas en relación al reclamo de pago de los días de enfermedad y agravamiento indemnizatorio del art. 2° de la ley 25.323, los que fueran rechazados: Indica que en el punto I de la sentencia se desestimó el reclamo por pago de haberes por días de enfermedad sin que se hubiera impuesto las costas al perdidoso. Postula que ninguna razón existe para que se aparte el juzgador de la regla general del art. 69 del C.P.C.C. (art. 73 Ley XIV-1). Explica que si el Sr. Juez entiende que la pretensión se rechaza porque los días de enfermedad le fueron pagados al actor, es evidente que Q. no tenía razón para litigar y por consiguiente, las costas le deben ser impuestas.-----3) Despido tenido como incausado y procedencia de las indemnizaciones respectivas: Se agravia que se hubiera considerado incausado el despido. Comienza por reseñar parcialmente lo considerado por el Sr. Juez a quo en cuanto que tuvo por no acreditado en autos que el Gerente de la demandada, ni ninguna otra autoridad de la empresa, le hubiera dado la orden al actor de entregar al Sr. N., ni a ninguna otra persona, fuera del ámbito de F. mercadería de devolución. Y, que se tuvo por probado que la empleadora organizó un sistema de entrega de mercadería vencida o próxima a vencer que se realiza desde su propio local. Considerando, asimismo, que tampoco alcanzaba a torcer su razonamiento las alegaciones actorales referidas a la conveniencia de tales acciones para recuperar tachos o cajones, pues sería una inferencia que no guarda el debido sustento. Indica al respecto que tales consideraciones emitidas por el sentenciante destacan la mendacidad de los dichos del actor, quien en su primera misiva de rechazo del despido había sostenido que existía una relación comercial/contractual entre F. y el criador de animales -el que se moviliza en un VW Gol blanco-, que se realizaba por expresas instrucciones de la gerencia, siendo el actor, Sr. Q., un mero intermediario en materializar esa relación contractual. Asevera que ésta no es la única falsedad en la que incurriera el actor. Refiere a que descartada la existencia de una orden a Q. para hacer lo que se le descubriera, el Juez a quo se avocó a analizar si lo que muestran las imágenes se trata de una suerte de autorización, consentimiento o tolerancia de las conductas endilgadas al actor. Para arribar a la conclusión que es la que le produce agravio, cual es que el Sr. Juez a quo echa mano de la declaración de N., a quien califica como una persona sencilla que relató con precisión cómo fue el encuentro con I. y que estaba indignado porque sostenía que le estaban endilgando a él que robaba. Postula que la apreciación del testimonio de N. soslaya cosas muy importantes. Indica como tales, en primer lugar, que el mencionado testigo era el beneficiario de las maniobras ilícitas de Q. Esto es, señala, que éste se beneficiaba con la recepción clandestina de mercadería de F., descargada con la colaboración del actor en el que reconoce como su automóvil. Postula que este negocio que sostenía Q. con N. le quita de manera evidente -dice- al testigo declarante la imparcialidad que autoriza a calificar como conducente su testimonio. Resalta que es el consorte de Q., partícipe y beneficiario de la sustracción de la mercadería de los camiones de F. En segundo lugar, indica que el relato que efectúa N. del encuentro con I. no concuerda con lo que relata éste último al ser convocado como testigo de oficio por el juzgador. Y, agrega, en otros pasajes no concuerda con los testigos L. y H. En tercer lugar, advierte que la interpretación de la declaración de I. fue parcial y sesgada, apartándose el juzgador en su apreciación -expresa- de la sana crítica llegando de tal manera a la aplicación errónea del art. 9 de la L.C.T.. Ingresa al análisis del testimonio del Sr. N. aseverando que el mismo ofrece graves contradicciones que demuestran la falsedad de sus dichos. Destaca la respuesta que diera el mencionado testigo al responder por las generales de la ley, señalando que sin que nadie le pregunte dio su propia versión descartando que pudiera ser calificado como espontáneo ni mucho menos imparcial. Transcribe las respuestas dadas a la interrogación sobre las maniobras con Q. y sobre la reunión que tuvo con I., a lo que me remito. Indica que para confrontar este testimonio el juzgador citó a I. quien, señala, al respecto dijo mucho más que lo que parcialmente transcribiera el Juez en su sentencia. Señala que concretamente dicho testigo dijo que como otra gente suele pedir no recordaba bien, pero que calculaba que si N. le pidió que le diera mercadería la respuesta suya fue la misma que le diera a otro chanchero, que es que se dirija a la gente de seguridad de la empresa que es la que se encarga de eso, porque ya tenían gente que retiraba la mercadería. Indicó que debe haber sido sólo un cruce y que por eso no lo recordaba. Destaca las respuestas dadas por el testigo a la quinta y sexta preguntas en las cuales manifestara que no se autorizó nunca que una persona, no autorizada por el personal de seguridad, que entregara mercadería vencida, destacando que la empresa no lo admitió, ni sabía que se estaba entregando mercadería. Afirmó no saber él e indicó que tampoco el dueño ni el supervisor del supermercado ni la gente de seguridad. También agregó que el jefe de depósito negó que supiera algo, individualizando como tal al Sr. R. C., como jefe de seguridad al Sr. M. P. y como supervisor de supermercados al Sr. H. C. Asimismo, destaca que a la pregunta relativa a si en alguna ocasión le dijo a N. que arreglara con Q., dicho testigo contestó que no creía habérselo dicho nunca, porque el procedimiento que utilizan en la empresa, justamente lo maneja la gente de seguridad para evitar desvío de mercaderías y que por política de L. S., necesitan retirar la mercadería del supermercado, llevarla al depósito y asegurarse que la mercadería será destruida porque no es apta para consumo. Postula que no resulta aceptable la exigencia del Sr. Juez a quo respecto de un pronunciamiento categórico de I. sobre una conversación breve, de paso, en el acceso al casino, hace cuatro años alrededor de las 7 de la tarde. Sostiene que pretender que el testigo niegue categóricamente la versión de N. implica exigirle la negativa de un absolvente. Especialmente se agravia, de que la declaración de I. sea apreciada de manera sesgada y parcial, impidiendo una comprensión integral de su testimonio que, reitera, fue promovido por el juzgador. Por ello, expresa, es falsa y carente de respaldo probatorio la conclusión a la que arriba al señalar que esta falta de pronunciamiento categórico "dejará abierta la posibilidad de que efectivamente le haya comunicado a N. que si Q. accedía podía solicitar a este los productos vencidos". Interpreta que ello es una inferencia hipotética carente de todo asidero probatorio. Entraña una arbitrariedad manifiesta, porque el Juez elabora conclusiones sobre hechos no probados, contradiciendo su categórica afirmación inicial sobre la inexistencia de órdenes expresas. Destaca tal contradicción transcribiendo parcialmente la afirmación que efectuara el Sr. Juez a quo sobre que no hubo órdenes para que Q. entregue mercadería vencida y de su aseveración consistente en que llegar a conclusiones de ese tipo sería dar un salto en el razonamiento que no se compadece con las premisas existentes. Retoma el planteo originario del juzgador que, manifiesta, descartando la existencia de órdenes pasó a analizar si en defecto de éstas no hubo una suerte de autorización, consentimiento o tolerancia de las conductas endilgadas al actor. Indica al respecto que del testimonio de I. se desprende que nadie vinculado con la empresa F. sabía de esta práctica, descartando de tal manera -entiende- que se pudiera concluir que lo enrostrado al actor estuviera tolerado, autorizado o consentido por ninguna persona responsable de la empleadora. Cita los testimonios de M. y L., para aseverar que de ellos solo cabe tener por probado que la conducta enrostrada a Q. fue más grave que la comunicada en el acto de despido, pues por lo visto desviaba mercadería también en supermercados L. A. y C. Advierte que lo dicho por M., que transcribe, es derivado de comentarios que le hiciera el propio actor, tratándose por ello de un testigo de oídas. Y de L., previa transcripción de sus respuestas, señala lo mismo, esto es, que se trata de un testigo de oídas que confió exclusivamente en la versión que le dio Q. Lo mismo advierte del testigo C. Por consiguiente, expone, es errada la decisión del Juez de tener en cuenta a testigos de oídas, porque mal pueden corroborar los dichos del actor. Destaca respecto de los dichos de L., que las explicaciones que le diera Q. responden más bien a la necesidad de justificar maniobras anómalas en el procesamiento de la carga, tal como lo observara el citado testigo. Efectúa cita jurisprudencial a la que remito. Destaca que hasta aquí no existe elemento de prueba idóneo que tenga por probado que la empresa consintió, toleró, ni muchos menos ordenó al Sr. Q. que entregue mercadería vencida a cambio de recuperar envases (tachos). Lo que sigue en el relato sentencial, denuncia, es la construcción sobre la nada manifestándose el desapego entre la decisión y las premisas de dichos y prueba. Puntualiza que el juzgador de grado no titubeó en señalar que si no existía la autorización a entregar productos vencidos, o al menos tolerancia por parte de la empresa respecto de dicha conducta -máxime que se ha comprobado que al menos fueron varias las ocasiones en que se llevaron a cabo- debería existir alguna otra sanción al actor, o al menos algún llamado de atención por parte de la empresa y ello, según se desprende de la causa no es así. Tal razonamiento postula que es equivocado. Reconoce que es cierto que se comprobó que en otras ocasiones (muy pocas) el actor había entregado productos de distribución a terceros, tanto a N. como a un chico que iba en bicicleta (testigo M. 4° pregunta). Pero no es cierto, expresa, que exista un solo elemento de prueba que permita demostrar, ni siquiera inferir, que la empresa tuvo conocimiento de estas entregas. Afirma que nunca supo su parte que Q. entregó en esas esporádicas ocasiones mercadería a terceros a cambio de algún tipo de ayuda o colaboración -cita la respuesta de I. a la quinta pregunta-. Asevera, además, que no está probado que esta práctica fuera habitual ni continuada en el tiempo. Muestra que los testigos deponentes refirieron haber visto esta práctica en pocas oportunidades y siempre como paga por ayuda a cargar o descargar el camión a Q. Por ende, continúa diciendo, si la empresa no tenía conocimiento de este obrar, no puede concluirse que existiera una aceptación tácita, una tolerancia como refiere el sentenciante. La primera noticia de esta maniobra -afirma- es la que recibe la empresa de parte del supermercado V. en julio de 2010, con la decisión ya conocida. Indica que no solo no existen elementos probatorios que permitan inferir un conocimiento previo de esa práctica, sino que las pruebas demuestran que fueron deliberadamente ocultadas, para sustraerlas del conocimiento de la empleadora. Apunta que el razonamiento acerca de la función del Sr. C. como encargado de depósito es equivocado. Explica que éste es el encargado actual del depósito de la sede central "en este momento" es decir, a la fecha en que declarara el testigo P. (abril de 2011). Y si no fue ofrecido como testigo es por dos razones: la primera, para aprovechar la cantidad limitada de declarantes con personas ajenas a la empleadora (cita al Sr. R., que es gerente de S. V.; el Sr. H. que es recepcionista de S V.; y, el Sr. W. que es el criador de animales que retira mercadería vencida y residuos), y por el mismo motivo no se ofreció el testimonio de I., que es el gerente de la firma. Y, la segunda, porque el Sr. C. no era el encargado del depósito en la época en que sucedieron los hechos (ingresó como encargado del depósito el 1° de septiembre de 2010). Se explaya advirtiendo que son estas cuestiones novedosas que deben ser explicitadas ante la mención sorpresiva que hace el Juez sobre una cuestión que no fue materia de debate. Hace notar que el juzgador, ejerciendo con amplitud y profundidad la potestad interrogadora del Tribunal, no requirió precisión ni a las partes ni a los testigos sobre esta novedosa cuestión del control de faltantes en el depósito. Que estos desvíos de mercadería no hayan sido alertados por el control de depósito bien pueden explicarse o por deficiencias en tales controles, lo que es cuestión ajena a esta litis, o porque se realizaran en forma aleatoria y en las contadas ocasiones en que ocurriera no fueron efectivamente detectados, pero destaca que el juzgador pretende justificar la inconducta de Q. en una hipotética deficiencia de control en el depósito.

Postula que lo uno no justifica lo otro, sin perjuicio de su ajenidad al debate sustanciado en la instancia de origen. Se agravia también de la aplicación al caso del art. 9 de la L.C.T. pues, contrariamente a lo que entiende el Juez, sostiene que no existen dudas para interpretar el resultado de la prueba. Postula que es un desatino decisorio afirmar que el gerente Sr. I. autorizó a llevar a cabo, al menos en algunas circunstancias, o en determinadas épocas la actividad denunciada por la propia demandada. La afirmación -indica- es exactamente opuesta a lo que surge de la prueba, porque el propio I. fue contundente al responder, pasando a reiterar lo depuesto por el mismo con transcripción parcial de las respuestas dadas a la pregunta quinta y sexta, a cuya lectura remito. A la vista de las mismas se pregunta la parte demandada recurrente cómo se puede concluir que I. lo autorizó al actor a realizar aquello que desencadenara su despido, por cuanto dicho testigo -valora- fue claro y terminante: nadie de la empresa conocía de esta maniobra, y particularmente él tampoco nunca la autorizó. Y, siendo así, expone, la referencia a "determinadas épocas" o "algunas circunstancias" son conceptos vacíos que se tornan inextricables. Insiste en señalar que la agravia la aplicación del art. 9 de la L.C.T., la que sostiene que es una norma inaplicable al presente caso por cuanto no existen cuestiones dudosas. La causa del despido ha quedado plenamente probada. La gravedad del ilícito descripto en la comunicación de despido habilita sin reparos a la decisión extrema del despido, ya que resulta imposible que se pretenda exigir al empleador que continúe la relación laboral con un empleado que es descubierto sustrayendo mercaderías. Se trata de una falta grave que no consiente la prosecución del vínculo. Califica de absurdo imponer al empleador la carga de continuar sosteniendo una relación laboral con el dependiente que sustrae mercaderías, ocasionando un grave perjuicio no sólo para la empresa, sino para el fabricante y para las personas en general. Denuncia que la sentencia es contradictoria, indicando que el Juez, a la vista del video, afirma que no es obstáculo para su decisión las "maniobras elusivas", pues dice que no está afirmando "que la autorización haya abarcado específicamente la oportunidad y el lugar de esas maniobras, sino una autorización general para llevar a cabo las conductas en cuestión por parte de Q. Quiero decir, que si la entrega de mercadería fuera de F estaba autorizada, más no en ese lugar en forma específica, tampoco daría lugar a un despido con invocación de causa, salvo que, a su vez, se probase concretamente una orden de que la entrega de productos vencidos no debía realizarse en ese sitio, porque, por ejemplo, la empresa de vigilancia de ese lugar en especial no la admitía.". Predica que este razonamiento es insostenible. Señala que si Q. hubiera tenido una autorización general, como lo define el Sr. Juez a quo, no tenía necesidad de realizar "maniobras elusivas" ni mucho menos, hacerlo en un lugar concretamente prohibido. Destaca, además, que el razonamiento del Juez viene de una premisa falsa: que el Sr. Q. tuvo una autorización tácita ni tolerancia de algún personal jerárquico de la empresa para entregar mercaderías a terceros. A partir de esta premisa falsa la elucubración de las maniobras elusivas es falsa también. Advierte que las maniobras elusivas han sido admitidas por el Juez ante la contundencia de las imágenes reconocidas por la parte actora y todos los testigos a quienes se les exhibió. No se probó que Q. estuviera autorizado, o de alguna manera la empresa tolerara estas desviaciones de mercadería. Insiste en que no está acreditado que Q. tuviera "autorización general" para entregar mercaderías en algún lugar sí y en otro no. Y ciertamente, resulta inexplicable que se dedique a entregar mercadería justamente en el predio en el que estaría prohibido. Surge probado que la comunicación de S. V. precedida de la nota de su empresa de seguridad, es la primera noticia que recibe su parte del hecho en que Q. entregaba mercadería desde el camión a terceros, durante su recorrido. Por consiguiente, expresa, toda la fundamentación de la sentencia está apartada y muy lejana de los hechos que están verdaderamente probados, constituyendo una fundamentación que encarama una hipótesis sobre otra, sin reparar en que ninguna tiene conexión ni con los hechos controvertidos, ni con lo que verdaderamente se probó. Adelanta que se detectará que el actor tampoco probó su versión relativa a que canjeaba mercadería por envases. Señala que cuando el Juez tiene por probado que F. "prioriza" la entrega de mercadería vencida a determinadas personas, en su sede, está tergiversando los hechos probados. Expone que su parte no "prioriza" sino que entrega la mercadería vencida exclusivamente en su sede a personas determinadas. Alude al significado de la palabra "priorizar", precisando que si su parte instrumentó un mecanismo para que todas las devoluciones ingresen en su sede, y desde allí sean entregadas exclusivamente a personas designadas, estas entregas no son prioritarias sino exclusivas. Si no existió prioridad sino exclusividad, su parte no optó por otros, al menos en el sentido enrevesado -expone- que aplica el Juez. Admite que sí optó por un criador en lugar de otros, pero ello conduce a determinar exactamente lo contrario a lo que decide el Juez: si se opta por una alternativa, se descartan otras. Entonces no existe una entrega "prioritaria" a W., sino una entrega "exclusiva" a W. Y eso descarta la hipótesis de que Q. o cualquier otro empleado pudiera disponer de la mercadería de devolución como les plazca, para sí o para terceros. Refiere al testimonio del Sr. C., aún cuando recordando que se trata de un testigo de oídas, para extraer de sus dichos lo que expresara que ocurría en la primera parte del año 2009, cuando estuvo trabajando con el actor en F., porque -señala- que desde septiembre de 2009 se instrumentaron los controles que describe, mediante los cuadernos aportados por la empleadora y que fueron reconocidos. Valora que si se debe inferir algo de dicho testimonio es que el retiro de mercadería por personal del depósito ocurría antes de septiembre de 2009, pues nada indica que ello prosiguiera después de esa época. Ello demuestra que el Juez a quo no interpreta los testimonios de modo integral, extrayendo de cada uno frases sueltas que tergiversan los dichos del testigo. Recuerda que postuló antes que la sentencia es contradictoria indicando que ello es así porque el Juez tiene por acreditado un mecanismo estricto por el cual todos los camiones debían ingresar la mercadería de devolución en el depósito central, del cual sólo era retirado por una persona específicamente asignada como chanchero o criador, que había sido seleccionado para este fin en forma exclusiva, y a cambio de retirar también residuos. Se pregunta si se implementó un mecanismo de control para resguardar que todo lo vencido sea destruido o aprovechado por W., cómo se explica que Q. estuviera autorizado a desviar en el trayecto mercadería a cambio de cajones. Más contradictoria aparece la decisión, apunta, si se destaca que esas entregas fueron siempre mediante "maniobras elusivas" como describe el Juez ante la contundencia de las imágenes aportadas. Se pregunta que si Q. estaba autorizado o la empresa toleraba estas maniobras, de qué se escondía el trabajador.

Afirma que entre indescifrables "circunstancias", "épocas", "prioridad" y "opción" se ve que en este juego de palabras el Juez fue construyendo su propia versión, ajena a lo que se encuentra firmemente probado en autos. Refiere que en ese mismo juego de palabras el Juez a quo señala, a mayor abundamiento, que si se considerase que no existió autorización se debe entender que al menos existió tolerancia con una conducta no permitida, debido "al conocimiento público que tal como surge del expediente había de la conducta del actor". Pasa a desgranar el párrafo para demostrar la falacia del razonamiento a lo cual remito por razones de brevedad. Señala que la antigüedad del trabajador (12 años) y la ausencia de antecedentes disciplinarios no puede ser calificada desde la óptica del Juez, pues la decisión se funda en tener por acreditado lo que no lo está. Expone que si nadie vinculado a su parte autorizó, toleró ni consintió tal conducta, mal puede considerarse que esta falta amerita una sanción más leve. Efectúa citas jurisprudenciales a las que igualmente remito. Cita varias pruebas soslayadas por el juzgador y que transforman -postula- a su decisión como arbitraria, las imágenes aportadas, corroboradas por la informativa dirigida a G. S., por el propio actor y todos los testigos a los que fueran exhibidas. Arguye que mediante estas imágenes queda acreditado que el camión de F. fue estacionado dentro del predio de S. V., en un lugar anómalo, resguardando el VW Gol Blanco de N. de la percepción de las cámaras. Cita el testimonio del Sr. R., gerente de S. V., en lo relativo al procedimiento de recepción de carga dentro del predio del S. P. T., al que me remito. Afirma que el camión no estaba autorizado a descargar, no debía estar estacionado dentro del predio de S. V. Cita también el testimonio del Sr. H., respecto de quien dice que relató que el camión había completado su actividad, razón por la cual, después de cumplir con la entrega y con la carga de devoluciones debía proseguir su recorrido. Por el contrario, señala, Q. estacionó el rodado dentro del predio -lo que está prohibido- cubriendo el automóvil de la visión de la cámara situada al frente del local, sin saber que existía otra en el lateral. Transcribe el relato de dicho testigo respecto de lo acontecido el 27/7/2010 a lo que remito. Destaca que este testigo desautoriza el relato de N., advirtiendo que este último es el beneficiario de la maniobra ilícita, quedando desvirtuada su versión por los dichos de L. que solo vio estas descargas dos veces en trece años, en tanto que H. y R. coinciden en que esto nunca había ocurrido. Esto, expone, no fue advertido por el Sr. Juez a quo, sobre quien reposó inexplicablemente toda su confianza sin advertir los reparos que se advierten no sólo por su condición como declarante, sino en las frontales contradicciones de sus dichos con los restantes testigos. Culmina diciendo respecto a la periodicidad de estas maniobras, que fueran desmentidas por los dichos de H. y L., que le resta argumento sentencial el carácter reiterado, múltiple y sostenido en el tiempo que le ha pretendido dar la actora. Puntualiza que el único que refiere una actividad intensa en estas entregas es el propio N., lo que ha sido rotundamente desmentido por los citados testigos L., R. y H. De aquí en más, pondera, desaparece todo sustento probatorio que sostenga el criterio del Juez acerca de que pudo existir tolerancia, autorización o consentimiento por parte de la empresa. Asevera que no era una práctica habitual ni mucho menos a la vista de quienes pudieron arrimar noticia a la empleadora. Previa cita del art. 165, inc. 5°, segundo párrafo del C.P.C.C., postula que su parte pudo demostrar plenamente todos los hechos invocados en el despido. Alude a que el argumento central de Q., tanto al responder la comunicación de despido como al entablar la demanda, es que existía una relación contractual entre su parte y un criador de animales, que consistía en un trueque de mercadería por envases recuperados. En primer lugar, le resulta llamativo que el accionante se reservara el nombre del pretenso criador de animales, del que recién tomaron noticia al deponer el Sr. N. El proceder de buena fe indicaba que fuera mencionado e identificado. Lo cierto -entiende- es que no quedó debidamente probado que entre N. y F. haya existido ningún trato, ni por lo referido, ni por ningún otro. El argumento del trueque sostiene que también es falso. Como se aprecia en las imágenes, dice, Q. y otra persona -que N. identifica como su hijo- cargan en el automóvil (10) cajones con mercadería transportada en el camión, por lo que se entiende que son productos para entregar (aptos para el consumo). De los diez cajones descargados del camión, ocho son depositados en el baúl del automóvil, y de los dos restantes se descarga la mercadería y se devuelven los envases -cajones- al camión. Culminada la descarga de productos transportados en el camión, el conductor del automóvil y Q. proceden a descargar en el auto el contenido de ocho cajones de ocho (8) cajones de mercadería de devolución. Por ende, interpreta, en esta descarga de mercadería el automóvil se lleva diez cajones o envases. No se entiende, dice, qué canje puede haber cuando el tercero se lleva los cajones que estaban en el camión de F. Y lo mismo quedó probado, con la declaración de L. y M., cuyos relatos transcribe y a los cuales remito. Por consiguiente, expresa, lo que N. describe como "un ida y vuelta" es precisamente el empleo de los envases para transportar mercadería vencida desde el camión de F. hasta el lugar de disposición del chanchero, quien luego los devolvía a Q. No puede existir entonces, culmina, trueque sino lisa y llana sustracción de la mercadería de F., para cuyo cometido se usaban los envases de L. S. Exterioriza su opinión en cuanto que la sentencia además de ser contradictoria en sí misma y desconectada de los hechos debidamente probados, premia al empleado que fue descubierto sustrayendo mercadería del empleador, decisión que es contraria a los artículos de la L.C.T. que cita. Sostiene que la decisión rupturista fue adoptada en el más irrefragable derecho del empleador para disponer el distracto, pues es indudable -expone- que el obrar de Q., detectado y denunciado a la empresa por terceros, constituye un incumplimiento grave que no consiente la prosecución de la relación laboral y que daña irremediablemente la confianza depositada durante largos años en el trabajador. Efectúa cita jurisprudencial a la cual remito. Cita también doctrina que transcribe en parte relativa a la aplicación del art. 9 de la L.C.T., a cuya lectura igualmente remito. Finalmente efectúa reserva de caso federal indicando como vehículo para ello la conculcación de su derecho de defensa en juicio en tanto el fallo se aparta arbitrariamente de los hechos comprobados en la causa.-----La parte actora al responder el traslado de los agravios formulados por la parte demandada recurrente, expone en relación al primer agravio relativo a la omisión de imponer las costas por el rechazo de la pretensión de pago de los días de licencia por enfermedad, sosteniendo que sin perjuicio del rechazo dispuesto la demandada liquidó incorrectamente el rubro por licencia de enfermedad. Sostiene que el trabajador enfermo debe recibir un salario equivalente, nunca inferior, al que venía percibiendo habitualmente al momento de la suspensión de los servicios. Por este motivo, la demandada debió incluir en la liquidación de los días de licencia por enfermedad inculpable de su parte el presentismo y las horas extras trabajadas al 100%, puesto que se trata de dos rubros -expresa- que eran percibidos de manera normal y habitual. Efectúa cita jurisprudencial a la cual remito. Alude a doctrina relativo al concepto de enfermedad inculpable que cita y a la que también remito. Afirma que de los recibos de haberes agregados como prueba documental surge que la demandada abonó defectuosamente el rubro de "Licencia por Enfermedad Inculpable" y por ello es que su parte incluyó en la liquidación del mismo rubro al momento de interponer la demanda. Alude a que el pago defectuoso no puede entenderse como el debido cumplimiento de la obligación de la empresa demandada y por ello su parte considera -expone- que existen méritos que eximirla totalmente de la responsabilidad del pago de las costas conforme lo determina el 2° párrafo del art. 69 del C.P.C.C.. En relación al segundo agravio, sostiene que ha quedado robustamente probado que la conducta de su parte se desarrolló durante largos años y con autorización expresa de personal jerárquico de la empresa demandada (remite a la prueba testimonial de los Sres. N., I. y M.). Asevera que solo fue intermediario de un acuerdo establecido entre I. (gerente de F.) y el Sr. N. (también apodado "M."). Pasa a citar partes de las declaraciones testimoniales que -entiende- ponen de manifiesto el erróneo análisis realizado en el escrito de expresión de agravios que contesta, a todo lo cual remito por razones de brevedad. Cita jurisprudencia de la Sala A de esta Cámara de Apelaciones, en relación a las facultades de apreciación de las pruebas de los jueces de grado y la crítica que se debe dirigir a la misma, a cuya lectura igualmente remito. Transcribe parcialmente un párrafo de los considerando del fallo apelado, destacándolo en negritas y subrayado, relativo al procedimiento o mecanismo seguido por la empleadora respecto a la mercadería vencida, sin efectuar comentario alguno a su respecto, a cuya lectura someto. Afirma que no puede pretender la demandada recurrente que no se aplique el art. 9 de la L.C.T. cuando la duda se genera como consecuencia de la declaración testimonial del mismo personal jerárquico de F. -refiriendo preferentemente a lo declarado por el Sr. I.-, indicando que lo que dicho testigo no recuerda tampoco lo niega, generando la duda razonable a su favor quien no hizo más que denunciar los términos reales -primacía de la realidad- de lo que efectivamente aconteció en los hechos y que fueron probados -asevera- a lo largo del presente pleito mediante la prueba producida. Alude a las declaraciones testimoniales de las que, dice, se acreditó que su parte no hizo otra cosa que cumplir con la tarea que su superior jerárquico le impartía cotidianamente, y de manera normal, habitual e ininterrumpida a lo largo del tiempo. Vuelve a identificar al Sr. I. como aquél que le ordenaba que oficie de intermediario entre el "criador de animales" y la propia empresa. Manifiesta que resulta increíble que lo despidieran por acatar órdenes. Reitera algunos argumentos que expusiera al fundar su propio recurso a los que remito por razones de brevedad. Sostiene que una de las directrices impartidas a los trabajadores de F. S.R.L. era lograr conseguir la mayor cantidad de cajones y/o tachos para trasladar productos lácteos. Explica que la razón de requerir a algunos de sus empleados el esfuerzo máximo para conseguir tachos no era otra que ponerle un freno a las multas monetarias que la "L. S." le imputaba a F. S.R.L. en concepto de faltantes de tachos. Afirma que la actividad de trueque era realizada por la demandada en su planta central, en la propia chacra del "criador de animales" o en los supermercados que abastecía. Asevera a la par que dicha actividad le generaba innumerables beneficios a la demandada, quien no solo se hacía de los cajones o tachos sino que también se desprendía de la mercadería vencida y de su tratamiento para disposición final. Arguye que la realidad indicaba que si el trueque era realizado en los predios de los supermercados el beneficio era doble, pues ahorraban en flete hacia su planta principal, la descarga y la gestión de su eventual desecho. Su parte no era más que el intermediario del trueque en algunos supermercados en consonancia con su deber de fidelidad y colaboración que siempre lo caracterizó. Continúa su argumentación refiriéndose a que el despido se produjo mientras se encontraba bajo licencia por enfermedad inculpable y a la entidad de la sanción que se le impusiera en atención a su antigüedad y antecedentes intachables en la empresa y que por ello, sostiene, resultó desproporcionada, sumado a la omisión de realizar un sumario interno previo a decidirla y a la gravedad que se le asignara a su actuar, en la hipótesis que se considerare que no estaba cumpliendo órdenes de su empleadora, todo ello acompañado de profusa cita jurisprudencial, a lo cual me remito en aras de la brevedad. Finaliza peticionando que se rechacen los agravios vertidos por la parte demandada con expresa imposición de costas.---------II.- En los límites fijados por los agravios formulados por las partes y por sus respectivas contestaciones, ingresaré al tratamiento de los motivos de cuestionamiento que han sido dirigidos al fallo siguiendo por razones de orden lógico el siguiente ideario, a saber: en primer lugar, lo haré con respecto al agravio vertido por la parte demandada -por el que se cuestiona que se hubiera considerado sin justa causa el despido directo y, por ende, se admitió la demanda, identificado precedentemente bajo el N° 3-; y, en cuanto, de prosperar el mismo, tendrá decisiva influencia en los demás puntos traídos a resolver por esta Cámara, merced a que, por ejemplo, quedaría vacío de contenido el único agravio planteado por el actor. En su caso, elucidado el sentido del pronunciamiento respecto a dicho tópico, se ingresará o no al tratamiento de los restantes.----------------------------------B).-; 3).- El despido directo que fuera tenido por el fallo apelado como incausado y la procedencia de las indemnizaciones respectivas: Tal como ya se lo explicitara "supra", considero y lo hago sin lugar a duda alguna, que el núcleo dirimente del presente conflicto de intereses y su correspondiente solución jurisdiccional se encuentra en determinar si la conducta desleal e infiel que se le endilgara al trabajador, a partir del hecho descripto y atribuido al mismo como sustento de la pérdida de confianza que se denuncia y en el que basa el despido que le fuera comunicado por la patronal al actor por vía postal (Vide: C.D. N° *********, de fecha 07/08/2010 -fs. 2-), fue una conducta para la cual se encontraba autorizado expresamente por personal jerárquico de la empresa empleadora.------------------------------Es que, una vez elucidado el interrogante que surge del planteo inicial que fuera formulado precedentemente, recién será susceptible de ser ponderado en el caso, a partir de lo que se responda respecto de tal circunstancia, si concurren las condiciones de causalidad, proporcionalidad y temporalidad que debe reunir toda injuria que le pudiera ser imputada al trabajador para justificar la decisión patronal rescisoria de la relación laboral habida entre las partes.---------Y, en tal sentido, encuentro que "prima facie" el Sr. Juez a quo con toda corrección así lo visualizó cuando, al comienzo de su análisis (ver: considerando -fs. 241 vta. "in fine" y 242 vta.-), focaliza correctamente el núcleo del conflicto delimitándolo del modo antes descripto, previo ello, a que pasara a valorar los elementos de prueba aportados al proceso.-----------------------------------No obstante, estimo que el juzgamiento que efectuara "a posteriori" y el resultado al que arriba, no se condice con el plafón fáctico que bien estableciera desde el inicio conforme a los planteos realizados por el actor y por la demandada.------------------------------Digo así, por cuanto indicó -también correctamente- que el actor postuló tanto en el intercambio epistolar previo al proceso, como al interponer su demanda y, luego, al alegar de bien probado, que la conducta por la cual se lo despidiera era acorde a las órdenes específicas dadas por el gerente de la empresa empleadora, siendo éstas cotidianas, normales, habituales e ininterrumpidas (Ver: TCL ******** -fs. 4-; escrito de demanda -en particular el punto V, fs. 8 vta./10 vta.-; y, alegato de bien probado -punto III, fs. 229 vta./230-).---------------------------------Y, trabada la concreta, puntual y absoluta controversia sobre tal dicente autorización expresa ante la negativa a tal afirmación de parte de la patronal y estableciendo el Sr. Juez a quo, por las valoraciones que realizara, que: ".del expediente no surge probado que ni el Gerente de la demandada, ni ninguna otra autoridad de la empresa hayan dado la orden de entregar al Sr. N. ni a ninguna otra persona, fuera del ámbito de F. mercadería de devolución." (Sic)(Ver: considerando II -fs. 242 vta./243-), a mi juicio, derechamente, se debió emprender el examen subsiguiente a dilucidar sobre dicha controversia, cual era, establecer si se verificaban en la especie las referidas condiciones que deben concurrir para conformar -al hecho denunciado como generador de la pérdida de confianza- en justa causa de la decisión de romper con el vínculo laboral.--------------------Sin embargo, observo, que sin mayor explicación, se pasó a evaluar otro presupuesto fáctico distinto y ajeno al planteado en esta litis.--------------Ello así, por cuanto desechado el presupuesto de hecho que, insisto, era el dirimente, toda vez que era aquel sobre el cual basara su demanda el actor -rememórese: que la conducta imputada como injuriosa había sido realizada en cumplimiento de órdenes emanadas de la gerencia de su empleadora-, de continuo el sentenciante de la anterior instancia, pasó a señalar textualmente lo siguiente: ".Establecido que no se han comprobado las órdenes del gerente corresponde considerar acerca del conocimiento del citado gerente de los referidos hechos, en lo que podrían representar una suerte de autorización, consentimiento, o tolerancia de las conductas endilgas al actor, sobre si ello le permitiría al actor a obrar tal como lo hizo, sin que signifique una falta y finalmente para el caso de que se establezca que era una conducta autorizada o tolerada, si corresponde el despido con invocación de justa causa." (Sic)(Ver: considerando -fs. 243 "in fine"-)(lo destacado me corresponde).-----------------Obvio es, al menos para mí, que no resulta un mismo hecho afirmar que se le dieron "instrucciones expresas" u "órdenes" específicas de ejecutar la conducta que luego fuera descripta por la patronal como injuriante y generadora de la pérdida de confianza que se invocara como impedimento para la continuidad del vínculo laboral, que aquel referido por el sentenciante como un aspecto a evaluar, consistente en el eventual ".conocimiento del citado gerente de los referidos hechos, en lo que podrían representar una suerte de autorización, consentimiento, o tolerancia de las conductas endilgas al actor." (Sic).-------------Y, en tal sentido, lo pongo nuevamente de resalto, en el escenario fáctico traído a la resolución jurisdiccional por las partes litigantes, clara e indubitablemente no se encontraba éste posible "conocimiento" de la patronal -hecho que no fue aportado por las partes litigantes- y que, adelanta el juzgador de la anterior instancia, podría implicar una autorización tácita o de tolerancia.----Esto es que, no siendo un hecho incorporado por las partes de este proceso, al momento de producirse la traba de la litis, puede aseverarse entonces -sin hesitación- que no formaba parte del conflicto sobre el cual debía expedirse el sentenciante, so riesgo de incurrir en incongruencia por pronunciarse "extra petita" (Conf. Arts. 34, inc. 4° y 165, inc. 6°, 1er. párrafo del C.P.C.C.; de aplicación al supuesto por vía del art. 73 de la Ley XIV N° 1 -antes Ley 69-).-------------El principio procesal de congruencia al que vengo aludiendo impone la estricta adecuación de la decisión judicial a las cuestiones fácticas articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, fijando el límite en los argumentos de hecho que fueron debatidos por las partes de modo que exista plena conformidad entre lo pretendido y resistido por un lado y lo sentenciado por el otro. Ello, insisto, delimita el "thema decidendum", el que se integra, no sólo con las alegaciones del actor sino también con la oposición del demandado. En tal marco hermenéutico, la sentencia no puede otorgar algo distinto a lo pedido, modificando la pretensión formulada por la parte (extra petita) ni, tampoco, dejar de resolver pretensiones que deben ser objeto del fallo (citra petita).-----------Es que no cabría, por caso, confundir el ejercicio de la potestad jurisdiccional derivada del brocardo "iuria novit curia" con lo que se viene señalando. Apunto al respecto que, el derecho procesal se ha ocupado tradicionalmente del "iuria novit curia" identificándolo como una circunstancia que exime a las partes de alegar y probar el derecho del caso, por un lado; y, que justifica que el juez pueda apartarse de las consideraciones jurídicas que realicen aquellas, por el otro. Respecto a esta última cuestión, la Corte federal ha repetido en numerosos precedentes que, con arreglo a esta regla, el juez no sólo tiene la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes (Conf. S.C.J.N., Fallos: 296:633; 299:78/429; 300:1034; 305:405; 308:778; 310:1536, etc).-------------------------------El problema es determinar hasta dónde llega la libertad del juez en la selección de la norma ("iuria novit curia") sin traspasar los límites de la "causa petendi" como elemento configurador del objeto del proceso, extralimitación que, de producirse, daría lugar al vicio de incongruencia.-----------------Este problema, se dijo, es quizás el de más difícil solución de todos los que presenta el Derecho Procesal en general, hasta el punto de que probablemente nunca llegue a resolverse satisfactoriamente en la doctrina ni en la jurisprudencia a través de un postulado general (Conf. Marín Castán, Francisco "Capacidad de influencia del juez sobre el objeto de proceso y congruencia de la sentencia", Madrid, Consejo General del Poder Judicial, "Cuaderno de Derecho Judicial", año 1996, N° XXIII, pág. 512).----------------------En tal contexto, pues, cabe distinguir como juegan dos reglas técnicas de la actividad de sentenciar, como lo es el "iuria novit curia" y la indispensable exigencia de la "congruencia " que, si bien de ninguna manera da pié a afirmar que resulten incompatibles, lo cierto es que a poco que se ingresa a su análisis, da lugar a advertir cierta tensión, una puja entre ambas -y que no es más ni menos que la tensión que existe entre los poderes y los límites del Juez-, que torna necesario encontrarle el punto de equilibrio en cada caso particular a examinar.------------------Antes de entrar al tratamiento de la calificación legal y sus límites, es preciso abrir un paréntesis para precisar el concepto de pretensión por tratarse de un aspecto medular de la cuestión. A tal efecto, considero clarificador en la especie traer a colación la diferenciación que efectúa Adolfo Alvarado Velloso, quien distingue la pretensión a secas de la pretensión procesal.---------------Respecto de la primera, mira la actividad que se cumple en la vida jurídica, sostiene que la pretensión es una declaración de voluntad hecha en el plano de la realidad social mediante la cual se intenta subordinar a la propia una voluntad ajena (ejemplo: "págame lo que me debes"). Si esa pretensión -por ahora ubicada en el plano de la realidad social- es satisfecha ("te pago"), la cuestión concluye allí. Pero si es insatisfecha por la aparición contemporánea de una resistencia a ella ("te pagué" o "no te debo") se origina en esa realidad social el conflicto intersubjetivo de intereses.--------Suscitado el conflicto y obviamente no solucionado el mismo en el plano de la realidad social, como aconteció en el caso bajo tratamiento -tal como surge, adelanto, del intercambio epistolar y la posterior traba de la litis acaecida ya en sede judicial-, la pretensión que lo originó y que se encuentra expuesta, se traslada al plano jurídico del proceso mediante el ejercicio del derecho de acción que se materializa con la demanda judicial. Allí se perfila recién el concepto de pretensión procesal, como aquella declaración de voluntad hecha en una demanda (plano jurídico) mediante la cual el actor (pretendiente) aspira a que el Juez emita -después de tramitado el proceso- una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le presenta a su conocimiento (Conf. aut. cit. en "Introducción al Estudio del Derecho Procesal", 1ra. parte, reimpresión, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 97 y sgtes.).-En esta dirección, queda en claro que toda pretensión procesal implica entonces la afirmación de la existencia de una relación jurídica, es decir de un vínculo que surge entre dos sujetos con motivo de un acontecimiento de trascendencia para el derecho. Y, por lo tanto, en toda pretensión, al igual que en toda relación jurídica, puede advertirse la existencia de tres elementos que la integran: sujeto, objeto y causa. Los sujetos de la pretensión serán el actor y el demandado, que son las partes de una relación bipolar.----------El objeto de la pretensión ("petitum"), es obtener de la jurisdicción una resolución con contenido favorable a la petición hecha en la demanda. Así, Palacio sostiene que el objeto de la pretensión debe ser considerado desde un doble punto de vista: el objeto inmediato, que es el tipo de resolución o pronunciamiento que se reclama (por: ejemplo que se declare la existencia de un crédito por el despido directo injustificado decidido por la patronal); y el objeto mediato que es el bien jurídico sobre el cuál debe recaer en forma concreta el pronunciamiento reclamado (por ejemplo: condena al pago de la suma de dinero en concepto de indemnización por despido incausado).-------------------------------------La causa de la pretensión ("causa petendi"), consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la que se le asigna una determinada consecuencia jurídica (Conf: Palacio Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", 16ta. ed., Ed. Abeledo Perrot, ed. año 2001, págs. 97 y sgtes.).-------A su vez, resulta útil destacar que Alvarado Velloso repensó la mencionada concepción de la "causa petendi" y a modo de innovación propicia distinguir dos sub-elementos dentro de dicha causa: el primero, constituido por el hecho o hechos afirmados en la demanda -y, eventualmente, reconvención- a los cuales se le asigna por el actor o reconviniente trascendencia jurídica, convirtiéndose así en la base o fuente del derecho pretendido (para el presente caso: el actor afirmó que se encontraba expresamente autorizado para lo que hizo y la demandada niega tal autorización); y, el segundo sub-elemento, se encuentra constituido por la imputación jurídica que el actor efectúa al demandado o reconvenido en base a aquel hecho que afirmara al momento de la traba de la litis (Aut. y op. cit., pág. 99).-------Como se verá tales precisiones conceptuales y distinciones tendrán relevancia para delinear la frontera entre el poder que el juzgador ejerce, por vía de la calificación jurídica de la pretensión aplicando el "iuria novit curia", con el límite impuesto por el principio procesal de congruencia.---------------Antes, igualmente es pertinente distinguir entre objeto litigioso y pretensión procesal para determinar a cuales de tales situaciones alude el deber de calificación del Juez al que venimos refiriendo. Puede decirse que objeto litigioso es aquel que en el proceso se contradice entre las partes y que debe ser materia de resolución en la sentencia (simplificando, se traduce en la postulación de: me debes-no te debo). Esto es, no puede identificarse el mismo ni con la petición ni con la pretensión ni con la resolución que se pide al tribunal. Es decir, el objeto litigioso es la controversia efectivamente concretada entre las partes, en el momento o etapa de afirmación y negación respectiva. Es decir, cuando ha quedado trabada la litis (Conf. Falcón, Enrique M., en "Derecho Procesal...", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2003, T. I, pág. 147/148).-----E igualmente, es necesario indicar qué se entiende por calificación jurídica. Ella es subsumir o encuadrar los hechos en una norma jurídica. Esto es, fijados los hechos de la litis (aquellos afirmados y confirmados) deberá determinar el juzgador si existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que, como antecedente -supuesto de hecho abstracto normativo- prevea la situación de hecho concreta probada en el supuesto, y, a partir de allí, si el efecto jurídico que la norma prevé para ese supuesto de hecho -consecuencia jurídica- concuerda o no con la perseguida por las partes. Es tal operación intelectual del sentenciante la que constituye la calificación jurídica que es la tarea derivada de la regla "iuria novit curia" e impuesta como un verdadero deber a los jueces (Arts. 34, inc. 4to. y 163, inc. 6to. del C.P.C.C.).------------Acordados que fueran tales conceptos y precisiones, tengo para mí, que la calificación jurídica delegada como facultad-deber del juez opera sólo sobre el objeto litigioso. Esto es, no puede el juez en ejercicio del "iuria novit curia" calificar la pretensión -y menos aún, variar o alterar ninguno de sus elementos- sino que lo deberá hacer exclusivamente sobre el objeto litigioso, el que recuerdo, es conformado excluyentemente por lo afirmado y contradicho, respectivamente, por las partes.----------------Habida cuenta de ello, el juez deberá evaluar la imputación jurídica efectuada por el pretendiente pero con relación a la reacción opuesta por el demandado y, en ese estado, calificar legalmente y aplicar el derecho que corresponda.---En consecuencia, así como -por la regla de la congruencia- no podrá bajo ningún concepto el juzgador variar las condiciones fácticas que son el fundamento de la situación que generó la controversia, tampoco podrá, so pretexto de "calificar legalmente" o "aplicar el derecho" sustituir la pretensión o pretensiones por otra que no fueron articuladas por las partes y, por ende, debatidas en el proceso.-------------------------------------Es, en este punto del análisis, que cabe recordar la concepción del procesalista rosarino, profesor Adolfo Alvarado Velloso que ya citara "supra" en cuanto distinguió dos sub-elementos de la "causa petendi", el primero constituido por el hecho o hechos afirmados en la demanda y contestación-reconvención -a los cuales cada parte les asignan trascendencia jurídica-; y, el segundo, constituido por la imputación jurídica que cada una de ellas efectúa en base a aquellos hechos. Pues, ninguna de tales elementos puede ser alterado o sustituidos por el juzgador.Y en la especie, queda claro que, en particular, en relación a la imputación jurídica que efectuaran a los hechos controvertidos cada una de las partes en autos, no ha sido motivo de discusión o diferencia alguna. Sin embargo, en lo que sí el Sr. Juez a quo, sin motivo ni justificación alguna, incurrió en la alteración de los términos de la litis que debía decidir, en tanto que modificó el plafón fáctico que delimitaba su análisis y en el que debía ceñir el adecuado ejercicio del "iuria novit curia" sin apartarse de lo debatido en el proceso -la procedencia o improcedencia del reclamo indemnizatorio por despido incausado-, o lo que es lo mismo decir, del objeto litigioso que conformó el "thema decidendum" sobre el cual debía expedirse congruentemente, es en introducir un hecho que no había sido postulado ni, por ende, sustanciado entre las partes, cual es la posible existencia de una autorización tácita o tolerancia de parte de la patronal respecto a la conducta que luego denunciara como fundamento de la injuria y co-respectiva pérdida de confianza.------------ ---De lo expuesto, en síntesis, la respuesta al interrogante que formulara al inicio y que se obtiene de tales razonamientos, en el particular supuesto traído a resolución de la Alzada no es otra que aquella que vengo sugiriendo antes, cual es que el juzgador del anterior grado por fuera de los límites impuestos por el principio de congruencia se pronunció -reitero- sobre una "causa petendi" que no fue introducida por las partes, esto es, sobre la supuesta existencia de una autorización tácita, o la existencia de una conducta "tolerada" por la patronal que no constituyó, repito, una afirmación que formara parte de la postulación actoral.----------------------En definitiva, la habilitación que se reconoce a los órganos jurisdiccionales para examinar la pretensión a la luz de un tratamiento jurídico distinto del que le dota la aparte, encuentra el límite infranqueable de la identidad de la propia pretensión, cuya configuración pertenece al ámbito del poder de disposición de los sujetos involucrados en el conflicto y que, en el particular caso bajo análisis, magüer de la índole laboral de la materia en juego, ha sido traspasado por el Sr. Juez a quo.---Ante ello, allende de que se puede compartir casi totalmente el agravio en el que se cuestiona de manera amplia, concienzuda y precisa todo el desarrollo argumental que el juzgador efectuara, luego de establecer la falta de acreditación de la susodicha autorización expresa dada por las autoridades de la empresa empleadora, tal como fuera alegado por el actor desde el mismo comienzo del conflicto, lo cierto y concreto a esta altura del análisis es que este particular, único y trascendente presupuesto de hecho que sostuviera la causa de pedir del actor en autos se tuvo por no probado.---------------------------Y, a partir de ello entonces, merced a que el preciso hecho que torna en dirimente para elucidar el presente caso no resultó controvertido: Es que cabe ponderar que el que se le endilgara al trabajador extrajudicialmente al comunicársele su despido por pérdida de confianza y que, luego, al responder a la demanda se ratificara, consistente en que ".ha sustraído mercadería que debía ser reintegrada a nuestra planta para su destino final." (sic)(Ver: punto 2.1 al 2.5 del escrito de contestación de la demanda -fs. 28 vta./34), no ha merecido en verdad controversia alguna puesto que, a su respecto, solo se controvirtió e intentó probar infructuosamente que el actor se encontraba autorizado expresamente por autoridades de la empleadora para actuar como lo hiciera en tales circunstancias, la que, luego, derivo en la posterior imputación - como una inconducta laboral de la cual se produjo la pérdida de confianza- en su contra para despedirlo.-------------------------------------Habida cuenta de lo cual, teniendo por cierto que el trabajador dispuso sin autorización expresa de mercadería de devolución por encontrarse vencida en tal oportunidad, entregándosela a un tercero -por cuanto, en puridad, resulta un hecho no controvertido- y, contraviniendo con tal modo de actuar, los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, ello viabiliza y da suficiente y justificado contenido a la razonable pérdida de confianza que produjo y que fue alegada por la patronal en la comunicación del despido (Conf. Arts. 63, 85 y 86 de la L.C.T.).--------------- ---El contrato de trabajo abarca dos aspectos sustanciales, uno estrictamente patrimonial y el otro, el que hace al trabajo prestado y a las reglas legales que lo gobiernan, una materia esencialmente social y que asume cada vez más una mayor preponderancia referida sobre todo a las nociones de fidelidad y lealtad, conceptos éstos que constituyen la base espiritual de todo el conjunto de derechos y obligaciones derivados de la vinculación laboral.------------------------------------Es por ello que se ha dicho, con criterio que comparto, que el contrato de trabajo se sustenta en el recíproco respeto y confianza entre las partes. Si en el curso de la relación laboral se produce algún hecho que impide continuar en el plano de la buena fe y confianza, es lícito ponerle fin y el causante debe soportar las consecuencias (Conf. CNAT, Sala VI, 31-3-81, J.A. 1981-IV-305).------------------Sabido es y lo reitero para el presente caso que la pérdida de confianza, como estado subjetivo del empleador, debe estar siempre fundada en una conducta o inconducta del trabajador que pueda ser calificada de injuriosa por sí misma -aún cuando en ocasiones pueda ser ponderada con una intensidad menor como para justificar el despido-, la que se ve agravada por la pérdida de confianza que tal comportamiento razonablemente ha originado. Esto es, sin la acreditación de la existencia misma de la conducta endilgada al trabajador y que se califica como injuriosa, la pérdida de confianza se queda sin el imprescindible sustento fáctico que haga factible invocar válidamente la susodicha pérdida de confianza que pueda originar a la patronal y, de allí, justificar la ruptura del vínculo laboral fundada en ella.-------Empero, hete aquí, insisto, que en la especie la conducta atribuida al trabajador como injuriante lejos de haber sido discutida o puesta en duda siquiera en su existencia fue explícitamente admitida por éste, aún cuando asignándole a la patronal que denunciara el hecho como una inconducta laboral, haberlo autorizado expresamente mediante un gerente que, al declarar en autos, negó haber dado tal referida autorización.---------------------Y para efectuar tal aserto basta con remitirse a la testimonial prestada con motivo de una medida para mejor proveer ordenada por el Sr. Juez a quo (fs. 207) por el aludido gerente de la empresa demandada Sr. I. (fs. 209 y vta.) quien al responder a la pregunta 5ta., que fue realizada por el juzgador y que transcribo textualmente, a saber: ".si la empresa F. de alguna manera admitió o toleró que F. Q. o cualquier otra persona no autorizada por el personal de seguridad le entregara mercadería vencida a N. o a cualquier otra persona"(Sic), respondió literalmente ".no se autorizó nunca, no hubo autorización. La empresa no admitió, ni sabía que se estaba entregando mercadería. Yo no sabía, el dueño no lo sabía, el supervisor de supermercado no lo sabía, y la gente de seguridad, dijeron que no sabían nada. El responsable del depósito, negó que supiera algo. Creo que estaba con esa función el Sr. R. C. El responsable de seguridad es M. P. El supervisor de supermercado es H. C."(Sic). De la lectura de dicha respuesta que ha sido transcripta en su totalidad, me pregunto, qué duda puede surgir en relación a la inexistencia, no ya de autorización expresa al Sr. Q., sino de cualquier posible conjetura de "admisión" o "tolerancia" introducida indebidamente por el Sr. Juez de la anterior instancia en el interrogatorio de un testigo al que trajo a deponer como medida para mejor proveer (Conf. 390 y 460 del C.P.C.C., de aplicación por vía del art. 44 de la Ley XIV N° 1). Y, respondo que, para mí, ninguna.----------Ya se ha dicho que la pérdida de confianza, como estado subjetivo del empleador, debe estar siempre fundada en una conducta o conductas del trabajador injuriosas en sí mismas -aunque en ocasiones sin la intensidad necesaria para justificar el despido-, que se ven agravadas por la pérdida de confianza que esos comportamientos han originado. Esto es, sin la existencia de la conducta injuriosa que la determina, la pérdida de confianza por sí sola no podría originar la extinción del contrato con justa causa. Y, en esta línea hermenéutica, en el supuesto bajo examen tal presupuesto concurre toda vez que ni siquiera ha sido controvertido en su existencia, habiéndose develado en el transcurrir del proceso que el mismo no fue ejecutado en cumplimiento de órdenes expresas emanadas de un superior tal como se había argüido extrajudicialmente primero y, luego, al demandar (Conf. CNAT, Sala II, 22-5-75, L.I.XXXVI-448; S.C.J.B.A., 11-6-91, D.T. 1991-2032; CNAT, Sala VIII, 11-7-96, D.T. 1997-317).-----En resumen, la disposición de mercadería vencida y en devolución sin encontrarse autorizado para ello implicó, a mi juicio, una inconducta que razonablemente pudo generar la pérdida de confianza que la patronal invocó para decidir la ruptura del vínculo laboral como justa causa del despido. Y para ello, en nada obsta ni la antigüedad ni la falta de antecedentes desfavorables del trabajador, o bien, que no se hubiere acreditado perjuicio material para la patronal.----Respecto a lo último, añadiré que, por el contrario, puede aducirse que dado el extenso vínculo sin mácula alguna que pudiera arrogársele al trabajador, es factible propiciar que se visualice una relación laboral de mayor confianza adquirida entre las partes y que genere que sea atribuible una mayor gravedad a los actos que la menoscaban. Es que, tratándose de juzgar el comportamiento de las partes, debe tenerse en cuenta que el parámetro previsto por el art. 902 del Código Civil el que reza que "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos"(sic), por lo que no serán indiferentes en la calificación de un incumplimiento determinado, los mayores deberes y obligaciones que tenga el dependiente, en función del cargo o tarea que desempeñara (Ver: Herrera, Enrique, "La confianza en la relación laboral", en D.T. 1986-A, 1; y, en Revista Jurídica Argentina La Ley, "Derecho del Trabajo. Doctrinas esenciales", Ed. La Ley, año 2010, T. II, pags. 921 y sigtes.).----------------------------------- ---Y "disponer" de mercadería de la empresa sea aquella que se encontrara destinada a ser distribuida; o, sea aquella que se debía retirar de los comercios visitados en carácter de devolución, por encontrarse vencida o próxima a vencer, sin la necesaria y previa autorización expresa de la patronal -y, advierto, sin ingresar a ninguna posible calificación de tal conducta y menos aún a su categorización jurídica-, a mi juicio, resulta un acto "per se" sumamente reprochable y suficientemente grave como para producir el despido invocándose la pérdida de confianza tal como sucediera en el supuesta bajo análisis. Es que la confianza es la expectativa que se tiene de las personas en lo que hace a reconocerle fe y apoyo en la convicción de que hará lo que se debe hacer en los actos comunes y en la actividad normal que se desarrolla dentro de una organización. Lo repito, encuentro que la conducta endilgada al actor en estos autos resulta enteramente reprochable siendo razonable que su empleadora denunciara, a partir de ella, la pérdida de la confianza que le confiera (En tal sentido ver: CNAT, sala III, 27/10/80, "Maita, Ramón c/ Hulitego S.A.I.C.", jurisprudencia cit. por De Diego; Julián, "Tratado del despido y otras formas de extinción", Ed. La Ley, año 2011, T. II, págs. 87 y 114/115, vide cita en nota: n° 211; id, Grisolía, Julio A., "Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 2011, T. II, pág. 981/982; ídem, Fernández Madrid, Juan C., "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, 3ra. Ed., año 2007, T. II, pág. 1904/1908, n° 15.23.).------------------En definitiva, por las razones que vengo de exponer, estimo que corresponde admitir "in totum" al agravio planteado; y, en consecuencia, concluyo propiciando al acuerdo la revocación íntegra del fallo venido en apelación, para rechazar la demanda incoada por el Sr. F. S. Q. en contra de la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "F. S.R.L.". Así lo voto.---------------A).- 1); y, B) 2).- Rechazo del agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 2° de la Ley 25.323-Omisión de imponer las costas en relación al reclamo de pago de los días de enfermedad y agravamiento indemnizatorio del art. 2° de la ley 25.323, los que fueran rechazados: Atento al modo en que se concluye luego del tratamiento del agravio anterior, el único que fuera formulado por el actor y el restante de los que planteara la demandada, que respectivamente son identificados en el epígrafe, han devenido en vacío de contenido.------Digo así, por cuanto propiciándose la desestimación total de la demanda resulta consecuencia lógica que no sea necesario ingresar siquiera al tratamiento del agravio tendente a obtener un agravamiento indemnizatorio que requiere como presupuesto previo que la indemnización por despido incausado -sobre la cual recae el agravamiento aludido- sea, antes, procedente.----------------- -Y, en relación a la imposición de las costas pretendida por la demandada en virtud de haber sido vencedora en el reclamo por los rubros vinculados al pago de los días de licencia por enfermedad y la desestimación del agravamiento indemnizatorio pretendido en la demanda, como consecuencia de la necesaria adecuación que deberá realizarse con motivo del rechazo total de la demanda que se propone al acuerdo, igualmente resulta innecesario su tratamiento.-------------Es por tales circunstancias, pues, que me eximo de pronunciarme a su respecto. Así lo voto.III.- Recurso de apelación deducido por el perito Cdor. A. V. R.: El profesional recurrente arguye que el porcentual fijado en concepto de honorarios derivados de su actuación cumplida en autos (1,5%) resulta exiguo atento a la labor desempeñada y el tiempo invertido en realizar el trabajo encomendado. Postula también que no se evaluó apropiadamente la importancia y eficacia que su perito tuvo para dilucidar la cuestión planteada en este proceso citando para ello un párrafo del pronunciamiento definitivo donde se refiere el juzgador a ello.------------------------------------Principio por advertir que la pericial contable que fuera ofrecida por la parte actora y producida en autos (fs. 170/174), a tenor de los puntos de pericia indicados en el escrito de inicio, tuvo como finalidad aportar información atinente a la determinación cuantitativa de los rubros pretendidos en la demanda. De allí que, magüer que el fallo de primera instancia admitiera el reclamo indemnizatorio deducido por la parte actora, la prueba pericial contable si bien coadyuvó a la determinación de la cuantía del importe de condena, no tuvo realmente incidencia alguna en la estimación favorable relativa a la procedencia o rechazo del reclamo laboral incoado. Y, si nos atenemos al resultado desestimatorio de su procedencia que se propicia luego del tratamiento del primero de los agravios examinado, tal falta de incidencia se acentúa más aún, toda vez que tal información aportada por su intermedio resultó en definitiva innecesaria.------------------------Lo dicho, lo es exclusivamente para poner de relieve que más allá de la enunciación que efectuara el juzgador, en relación a "la calidad e importancia de la pericia realizada y la incidencia que tuvo en el resultado del juicio" (Sic)(Vide: considerando IV "in fine" de fs. 245), todo lo cual lo hizo de acuerdo a los términos contemplados por el art. 481 del C.P.C.C., y, en concordancia, con las pautas contenidas en los arts. 5 y 60 de la Ley del arancel; lo cierto y concreto es que en la especie su labor no tuvo la importancia y eficacia que postula el recurrente para dilucidar la cuestión sustancial planteada en este proceso.------Y, aún compartiendo con el juzgador de grado la buena valoración que corresponde realizar en relación a la calidad del trabajo desempeñado y no dudando de manera alguna del tiempo que ello le habrá insumido al perito dictaminante, justiprecio que la retribución fijada es prudente y adecuada a la tareas cumplidas por el profesional ahora recurrente.---- ---Es de advertir y poner de resalto al profesional recurrente, aunque sólo a título "obiter dicta", que el régimen arancelario para el servicio profesional de abogados y procuradores de la provincia, que es de aplicación al caso atento que contempla en su Título IV y único artículo 60, establece como pauta general, la fijación de porcentuales sobre el "monto" de la sentencia, que será el de condena -para el supuesto de vencer el actor-; o, el monto pretendido en la demanda -para el caso de rechazarse la misma-. Esto último dicho así por cuanto es de interpretar que el legislador identifica el monto de la sentencia con el monto del proceso al que alude el art. 18 del mismo cuerpo normativo. Esto es, el mayor o menor esfuerzo intelectual, extensión y horas-hombre de trabajo empleadas, no siempre merecerá mayor remuneración en el marco regulatorio antedicho, y ello ocurre tanto en relación a los letrados intervinientes como también -eventualmente- para los peritos.--------------------------En consecuencia, propongo al acuerdo la desestimación del recurso de apelación deducido por el perito contador dictaminante en autos Cdor. A. V. R., en contra de la cuantía de los honorarios que se le fijaran, sin costas en atención que la materia no las genera. Así lo voto.-----------------------IV.- Conclusión:------------------- ---Por las razones precedentemente expuestas propondré la revocación del fallo en crisis y, en consecuencia, propiciaré el rechazo íntegro de la demanda instaurada por el Sr. F. S. Q. en contra de la empresa "F. S.R.L.".-------------------------------Triunfante finalmente la parte demandada, las costas de ambas instancias deberán imponerse al actor vencido en ellas (Conf. Art. 57 de la Ley XIV N° 1 y art. 282 del C.P.C.C.).---------------------------------Por aplicación de la última norma citada, corresponderá asimismo adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en el anterior grado. Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojado por las labores profesionales de primera instancia, opino que deben fijarse del siguiente modo, a saber: a los Dres. J. I. C. y M. V. T., letrados apoderados del actor, en la suma equivalente al 14%; y, a los Dres. A. M. S. y A. P. A., letrados apoderados de la parte demandada, en la suma equivalente al 19,6%. En ambos casos tales alícuotas se fijan en conjunto y se deberán calcular sobre el monto pretendido en demanda que sea determinado en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 5°; 6°; 8°; 9°; 18°; 36°; 38° y 46° de la Ley XIII N° 4 -antes ley 2.200-; y, Leyes 23.349 y 23.871). Asimismo se mantienen los honorarios regulados al perito contador.-------Por aplicación de idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 13 de la Ley del arancel, entiendo que los honorarios de los letrados intervinientes en esta segunda instancia corresponde fijarlos del siguiente modo: a los Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en la suma equivalente al 3,5%; y a los Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en la suma equivalente al 6,86%. En ambos casos tales porcentajes a calcular sobre el aludido monto pretendido en demanda y con más el I.V.A. correspondiente.----------------------------------- --------------------Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la NEGATIVA.-------------------------- ---A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:--------------------------------- ---Encuentro suficientemente clara la reseña que el Sr. Magistrado antes sufragante ha efectuado, tanto de la sentencia de origen de fs. 236/245 vta., como de los agravios que contra la misma expusiera la actora a fs. 256/260 y la demandada a fs. 261/273 vta., así como de las respectivas contestaciones de las mismas partes a fs. 275/282 y 283/285; por lo que en homenaje a la brevedad me remito a la misma.- ---I.- Trataré las quejas de acuerdo al orden seguido en el voto del Dr. Lucero, dado que se impone de toda lógica analizar en primer lugar la procedencia o no del despido, ya que según fuere la respuesta a esta cuestión, devendrá o no pertinente ingresar en el resto de los agravios deducidos.-------------- ---1) La demandada comienza por expresar puntualmente que el juzgador tuvo por no acreditado que alguna autoridad de su parte diera la orden de entregar mercadería de devolución al Sr. N. ni a ninguna otra persona, fuera del ámbito de F., tal como lo sostuvo el actor en su primera misiva de rechazo del distracto (ver fs. 261 vta./262). Seguidamente indica que descartada la existencia de dicha orden, el sentenciante de grado se abocó a analizar si resultó probado algún tipo de autorización, consentimiento o tolerancia de las conductas endilgadas al actor, pasando a analizar la prueba testimonial, concluyendo que de la única declaración que puede inferirse ello es la del propio N., beneficiario de las maniobras ilícitas del actor, agregando que se efectuó una valoración sesgada y parcial de otras declaraciones, o que las mismas, en su caso fueron de testigos de oídas (ver fs. 262/265 vta.). Se agravia asimismo de la aplicación del art. 9 de la LCT (ver fs. 266/vta.), señala que el pronunciamiento resulta contradictorio cuando se razona en el mismo que el actor tenía una autorización general para realizar los actos enrostrados pero que la misma no alcanzaba a algunos lugares específicos (ver fs. 266 vta. "in fine"/267), que resulta equivocado el argumento de que la demandada priorizaba la entrega de mercaderías vencidas a determinadas personas en su sede dado que exclusivamente se hacía en ese lugar y al Sr. W. (ver fs. 267 vta./268), se explaya acerca de la prueba a fin de rebatir las conclusiones del juez y justificar la decisión del despido (ver fs. 268 vta./271 vta.), para finalmente cuestionar nuevamente la aplicación del art. 9 de la LCT (ver fs. 272/273).------------------------ ---De acuerdo a todo lo dicho, concordaré con el colega preopinante en que resulta dirimente indicar que la demandada dispuso el despido del actor por la conducta desarrollada por éste en el predio del supermercado S. V. consistente en cargar en un automotor VW Gol blanco, dominio XXX ***, mercadería de devolución que debía ser cargada al camión de F., así como dos cajones de mercadería. Se invocó que dichas maniobras pusieron en riesgo la seguridad del supermercado y dañaron gravemente la reputación y renombre comercial de la accionada, agregando que sustrajo mercadería de devolución que debía reintegrarse a la planta de F. para su destino final, así como mercadería almacenada. Concluye que la conducta enrostrada daña definitivamente la confianza depositada en el empleado, siendo un hecho de gravedad tal que no consiente la prosecución de la relación laboral (ver carta documento del 06/08/10, de fs. 02 de la documental reservada). A dicha misiva el actor respondió desestimándola, rechazando algunos de los hechos endilgados, mas en lo medular de la respuesta invocó que existía una relación comercial/contractual entre F. con la persona a quien se le entregara la mercadería, tratándose básicamente de una relación de trueque que viene siendo una actividad normal, habitual e ininterrumpida, siendo su persona el intermediario entre ambas partes que concreta el trueque. En tal inteligencia añadió que se limitó a acatar órdenes del gerente de la empresa (ver telegrama del 10/08/10, de fs. 04 de la documental reservada). Por su parte esto fue rechazado por la demandada, quien adujo que la disposición final de mercadería vencida o próxima a vencer se realiza exclusivamente en la sede de F. (ver carta documento del 18/08/10, de fs. 01 de la documental reservada). Es así que el actor invocó que la conducta que se le enrostrara no era más que el cumplimiento de un contrato de "trueque" entre la demandada y un criador de animales y que de esa manera cumplía órdenes del gerente de la empresa. Esta misma circunstancia de hecho, la existencia del contrato de trueque y el cumplimiento de órdenes del gerente, fue esgrimida en la demanda. En efecto, el actor adujo que la supuesta conducta injuriante invocada por la empleadora para despedirlo "no era otra cosa que el efectivo cumplimiento de las tareas que el Superior Jerárquico del Sr. Q. le impartía cotidianamente, y de manera normal, habitual e ininterrumpida a lo largo del tiempo. Para el caso, era el Sr. F. I. quien le ordenaba al Sr. Q. que oficie de intermediario entre el "criador de animales" y la propia empresa" (ver fs. 08 vta. "in fine"/09). Esto mismo es sostenido en otros pasajes de la demanda (ver fs. 10 vta. "in fine"/11). Por su parte la demandada negó dicha relación de trueque con el mentado criador, invocando que los productos vencidos son entregados a un solo criador, el Sr. F. W., quien los retira personalmente o por el Sr. S. J. en el establecimiento de la accionada (ver fs. 30/vta., pto. 2.2.).

---Trabada la litis en los términos antedichos, la cuestión a elucidar consistía en acreditar o no la existencia de la mentada relación de trueque entre la empresa y el criador N., y si al realizar la conducta por la que se lo despidió, Q. no hizo más que cumplir con órdenes del gerente de la demandada. Y el juzgador, en un primer análisis de la cuestión identificó correctamente la misma, razonando que el argumento central del actor "...consiste en señalar que dicha conducta eran (sic) fruto de órdenes específicas dadas por el gerente de la empresa Sr. I. Ello se desprende, insisto, de la misma CD ya señalada, del escrito inicial y del alegato presentado. Esas órdenes, según el demandante eran cotidianas, normales, habituales e ininterrumpidas. Adelanto que del expediente no surge probado que ni el Gerente de la demandada ni ninguna otra autoridad de la empresa hayan dado la orden de entregar al Sr. N. ni a ninguna otra persona, fuera del ámbito de F. mercadería de devolución" (ver sentencia a fs. 242 vta., considerando II, 3er. a 5to. párrafos). Y luego de analizar la prueba en base a la cual arribó a que no se acreditó la existencia de orden alguna dada por el gerente de la demandada, continuó su análisis de la cuestión, expresando que "Establecido que no se han comprobado las órdenes del gerente corresponde considerar acerca del conocimiento del citado gerente de los referidos hechos, en lo que podrían representar una suerte de autorización, consentimiento, o tolerancia de las conductas endilgadas al actor, sobre si ello le permitiría al actor a obrar tal como lo hizo, sin que signifique una falta y finalmente para el caso de que se establezca que era una conducta autorizada o tolerada, si corresponde el despido con invocación de justa causa" (ver sentencia a fs. 243, antepenúltimo párrafo).-------- ---Entiendo que el sentenciante equivocó el "iter" del análisis de los hechos planteados, ya que el actor no invocó que el acto por el cual fue despedido fuera autorizado, consentido o tolerado por las autoridades de la empresa, sino que justificó su accionar en la existencia de una relación comercial y contractual entre la demandada y N., por lo que su conducta respondía a expresar órdenes de I. Y es por dicha razón que habré de coincidir con el Dr. Lucero respecto al análisis que efectuara en su voto acerca del principio de congruencia, al menos en la infracción al mismo en la especie. Debo aclarar que en el antecedente de esta Sala "B", SDC Nº 19/08, del 21/05/08 -entre otros concordantes-, discrepé con el colega preopinante en cuanto a los alcances del principio de congruencia. En dicha oportunidad señalé que el eventual conflicto entre el principio de congruencia y la aplicación del "iura novit curia" no es una cuestión pacífica. En el excelente artículo de doctrina de Andrea Meroi que citara el vocal prevotante -en el antecedente que rememoro- (conf. Meroi, Andrea A. : "Iura Novit Curia" y Garantías Procesales" en www.eldial.com.ar/bases/doctri/notas/nt021213.asp), la autora expresa que la "causa petendi" ha sido definida como el fundamento o razón en el que el demandante sustenta su petición de tutela jurídica al órgano jurisdiccional y con cita de Alvarado Velloso adhiere a la teoría "dualista" o de la "individualización", entendiendo que la causa de la pretensión se descompone en dos subelementos: 1) los hechos invocados en la demanda y contestación y 2) la imputación jurídica que las partes efectúan con motivo de los hechos. Con todo esta autora admite que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias adscriben a la concepción unitaria o sustancialista de la "causa petendi", según la cual el juez no está vinculado por la calificación jurídica del actor, pudiendo modificarla sin que la resolución pueda tacharse de incongruente con la condición, además de no alterar los hechos y respetar el principio de contradicción, de no modificar la "causa petendi". Siempre según Meroi, la máxima "iura novit curia" no puede ser entendida como facultad del juez de producir un potestativo cambio de punto de vista jurídico respecto del querido y asumido por los litigantes; dicha máxima no implica descargar a las partes de la alegación de las normas jurídicas que les son favorables, sino que significa tan sólo que es innecesario probar el derecho vigente y alegarlo con completa precisión y total exhaustividad. Agrega que el límite a las facultades de aplicación del derecho por los jueces viene exactamente determinado por los límites que los litigantes hayan querido establecer respecto de sus derechos subjetivos, su medida y la amplitud de su ejercicio. Y finaliza la autora citada diciendo que la habilitación que se reconoce a los órganos jurisdiccionales para examinar la pretensión a la luz de un tratamiento jurídico distinto del que le dota la parte encuentra el límite infranqueable de la identidad de la propia pretensión, ya que no debe prevalecer sobre el superior criterio de la defensa y seguridad jurídica. Dentro de la postura mayoritaria que critica la autora mentada, encuentro relevante destacar lo expuesto por Zavala de González, quien se refiere en concreto a la aplicación del principio "iura novit curia" respecto del proceso de daños (conf. aut. cit., "Resarcimiento de Daños", Tº 3, Ed. Hammurabi, 1997). Esta autora considera que el juez tiene la atribución y el deber de emitir su pronunciamiento sobre la hipótesis fáctica planteada, sin estar constreñido por la definición técnica aportada por los litigantes, y si bien el magistrado puede variar la denominación jurídica de la situación de hecho, no debe modificar intrínsecamente ninguno de los elementos constitutivos del litigio, como la causa o el objeto, ya que una solución contraria implicaría introducir en el proceso una acción o una defensa distinta de las incorporadas por las partes, infringiendo el principio de congruencia (conf. aut. cit., op. cit., ídem, págs. 240/241). Añade que el primer principio (iura novit curia) se emplaza en el terreno jurídico; y el segundo (congruencia) en el fáctico, pero como no existe una separación tajante entre "cuestiones de derecho" y "cuestiones de hecho", se presenta una zona gris entre la libertad del juez para calificar la acción y la restricción que impide sustituir una acción por otra (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 241). Así se ha entendido que "Si bien el principio de congruencia veda al juzgador la posibilidad de introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa, ello no impide, sin embargo, la aplicación del derecho a los hechos acreditados" (conf. SCBA, 4/4/89, ll, 1990-A-235). Con relación al juicio de daños -continúa diciendo Zavala de González-, puede señalarse que el principio de congruencia opera con mayor vigor en lo que atañe al objeto de la acción, mientras que son más amplias las atribuciones jurisdiccionales oficiosas en relación con la causa, título o razones que apoyan la petición. Y en el proceso de daños, la causa de la acción, entendida en sentido estricto, radica en el perjuicio injusto sufrido por el actor -en conexión con un hecho lesivo que debe ser su causa adecuada- (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 242). Y concretamente respecto a la cuestión planteada en el antecedente rememorado -donde se invocaba un argumento defensivo que surgía de los hechos no controvertidos, pero que la demandada invoca recién en la expresión de agravios-, Zavala de González considera que así como el juez debe encuadrar oficiosamente el título en función del cual cabe la responsabilidad, también puede decidir que no procede ninguna o que ella debe ser limitada, por intervenir un factor eximitorio, total o parcial, y a pesar de que éste no haya sido explícitamente invocado por el demandado, siendo esto una manifestación del principio "iura novit curia"; es que frente a la realidad, probada en autos, de un motivo excluyente o limitativo de la responsabilidad, sería inconcebible que el magistrado dictase un pronunciamiento de condena, al que le faltaría el esencial presupuesto de un deber del sujeto pasivo. No se infringe pues el principio de congruencia, a pesar de que el factor liberatorio no haya sido aducido por el demandado, pues se está siempre ante el problema de si la acción misma se encuentra fundada en derecho (conf. Zavala de González, op. cit., ídem, págs. 247/248).----------------------------- ---Es así que en el precedente mentado, encontré procedente considerar un argumento defensivo no invocado expresamente en la contestación de demanda, pero que surgía de los hechos alegados y no controvertidos por las partes, concretamente se refería a la prioridad de paso en un accidente de autos de acuerdo al sentido de circulación de los rodados en cuestión, hecho -este último- sobre el que ambas partes estaban de acuerdo. Pero encuentro una diferencia relevante entre el precedente en cuestión y el "sub exámine" y es que en aquél, el argumento defensivo se desprendía de la realidad fáctica propuesta por actor y demandado, por lo que no se alteraban los hechos tal como habían sido propuestos por las partes, es más dicho argumento defensivo surgía de la aplicación del derecho -iura novit curia-, dado que estando invocado por las partes el sentido de circulación de los rodados -marco fáctico-, decidir quién tenía prioridad resultaba mera derivación de la aplicación de la ley respectiva. Sin embargo, en la especie, la actora esgrimió que la conducta por la cual fue despedido respondía a órdenes expresas del gerente de la demandada en virtud del vínculo contractual de esta última con el Sr. N., y ése era el marco fáctico descripto e invocado por el actor, no la existencia de conductas autorizadas tácitamente o toleradas por la empresa o su personal jerárquico. Por lo tanto, mal pudo el juzgador indagar la existencia de hechos no propuestos en los escritos introductorios que fijaron el "thema decidendum". Y aquí es donde coincidiré con el Dr. Lucero en cuanto a que se afectó el principio de congruencia. Es que este principio implica la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones y teniendo en cuenta todos los elementos individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila en cuanto delimitan ese objeto (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1975, p. 56; DJBA, v. 106, p. 173); en el mismo sentido se ha dicho que la sentencia debe dictarse de conformidad con las pretensiones deducidas, tal como las presentaron las partes intervinientes en los escritos de demanda y contestación, que fijan los términos de la litis y desde luego, en función de la prueba recaída sobre los hechos que sustentan la acción (conf. Cám. 2da., Sala III, La Plata, DJBA, v. 119, p. 557). De manera concordante se ha sostenido que cuadra subrayar que una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que tiene la judicatura de no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativo a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez. Es cuando se supera este marco de operatividad que se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1971, v. 9, 1978, v. II, p. 210; DJBA, v. 94, p. 29; v. 118, p. 108).

---Si se analiza la cuestión desde la aplicación del principio "iura novit curia", es de recordar que de acuerdo a este aforismo los jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, mas en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las peticiones formuladas al trabarse la litis (conf. CN. Civ., Sala B, 29/4/80, ED, v. 88, p. 717). Es que han de aplicarse los preceptos pertinentes en base a los hechos expuestos por los litigantes, pero ello no autoriza a cambiar la acción interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis; lo contrario importaría conculcar lisa y llanamente la garantía de defensa en juicio faltando a las reglas del debido proceso que tiene raigambre constitucional lo mismo que el principio de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Const. Nacional), asegurado por el código procesal al tratar sobre los deberes de los jueces (conf. CN. Civ., Sala F, 22/7/83, LL, 1983-D-146). Es a las partes a quienes les incumbe fijar el alcance y contenido de la tutela jurídica, incurriendo en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado (conf. CN. Civ., Sala B, 29/4/77, LL, 1977-C-492 entre otros).------- ---En base a todo lo dicho, concluyo en que no correspondía entrar a valorar o analizar si existió una autorización tácita o tolerancia del hecho enrostrado al actor como causal de despido, de parte de las autoridades de la demandada. Y el argumento justificatorio del actor, esto es, la existencia de órdenes expresas del gerente en virtud de la relación contractual entre la demandada y N., no fue acreditado tal como lo razonó el sentenciante en el decisorio.-------- ---2) Sentado lo anterior corresponde indagar si la conducta acreditada y no justificada resultaba de relevancia tal para justificar el despido por pérdida de confianza. Se ha sostenido que para erigirse en justa causa de despido el obrar contrario a derecho (que es injuria), este incumplimiento debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la LCT (conf. CNATr., Sala I, 29/11/76, DT, 1977-479); el acto de una de las partes del contrato de trabajo constituye injuria cuando provoca una lesión a la seguridad, al honor o a los intereses de la otra o de su familia (cnf. CSJN, 24/8/76, DT, 1977-23). En concreto, respecto al juicio de proporcionalidad se ha razonado que las circunstancias de cada caso influyen de manera decisiva, tanto que, por ejemplo, las negligencias que para otro serían disculpables, no se han juzgado así para el cajero de un banco, o se ha dicho que si en materia profesional el error científico no es un incumplimiento contractual, sí lo es la impericia o la negligencia y éstas calificadamente (conf. Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº IV, págs. 294/295). También se consideró que el trabajador incurre en injuria grave cuando conoce los peligros que entraña su acto, aunque su voluntad no esté dirigida a producir el daño, o sea cuando media una infracción a una obligación elemental de la función cumplida que determine un perjuicio patrimonial o ponga en peligro bienes o la seguridad de las personas (conf. CNTrab., sala II, 4/7/94, DT, 1994-B,1981); así como se decidió que la actitud negligente del trabajador que no cumplió con el mínimo de diligencia necesaria para el cuidado de herramientas o elementos que el empleador pone a su disposición para realizar sus labores, configura una negligencia culposa en los términos del art. 84 (C. Apel. Civ. Com. Trab. y Familia de Villa Dolores, 08/04/99, LLC 2000-470).------------------------------------ ---En la especie, ha resultado probado que el actor dispuso sin autorización expresa de mercadería de devolución por encontrarse vencida, mediante su entrega a un tercero. Al respecto se ha sostenido que la falta de confianza en el trabajador es admitida como causa de despido, a condición de que sea sobreviniente y fundada en hechos objetivos que se puedan referir personalmente. Si no fuera así, como mera disposición subjetiva aun cuando estuviera bien fundada, por más razonable que haga a la extinción del contrato no justifica el despido sin indemnizaciones (conf. Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº IV, pág. 314). Así se ha decidido que "La pérdida de confianza como factor subjetivo que justifica la ruptura del contrato debe derivar de un hecho objetivo que, injuriante por sí mismo, se ve agravado por la pérdida de confianza que tal hecho trae aparejado. Sin un hecho o actitud injuriosa que la determine, la pérdida de confianza no es factor eximente de indemnización por despido" (conf. CNTrab., Sala II, 22/5/75, LT, XXIV-63) ; asimismo se consideró que "Si bien la confianza es un elemento esencial para la armonía de la relación laboral y su pérdida puede ocasionar la ruptura justificada de la misma, se debe actuar con la máxima ponderación en razón de significar una situación sujeta a la apreciación subjetiva de quien la invoca" (conf. CNTrab., Sala VII, 317/80, DT, 1980-1171).---------------------------------- ---A la luz de los conceptos vertidos, encuentro inobjetable que la conducta atribuida y admitida por el actor importó una razón justificada, y como tal un hecho objetivo, que dio lugar a la pérdida de confianza invocada por la empleadora para justificar el despido dispuesto. Es que la declaración del testigo I. (ver fs. 209/vta.), no deja resquicio en cuanto a la posibilidad de alguna autorización para la conducta enrostrada, y ni siquiera de algún tipo de tolerancia de la misma, ya que expresó que N., de manera informal, le solicitó mercadería, y le dijo, como a otro chanchero, que se dirija a la gente de seguridad de la empresa, dado que ya tenían quien retirara la mercadería en cuestión (ver respuesta segunda), a ello agregó que la empresa no autorizó, ni admitió ni sabía que se estaba entregando mercadería (ver respuesta quinta), y luego dijo que no cree haberle dicho nunca a N. que arreglara con Q. la supuesta entrega de alimentos vencidos, porque eso lo maneja la gente de seguridad para evitar el desvío de mercaderías (ver respuesta sexta). En relación a que el actor no contaba con antecedentes desfavorables o que no se ha acreditado el perjuicio material para la demandada, ha de señalarse que se ha considerado que la larga duración de la relación y la falta de antecedentes negativos, lejos de servir como "atenuante" a favor del empleado en la especie, refuerzan su responsabilidad. En ese sentido se ha sostenido que la antigüedad crea también obligaciones de conducta y que a mayor confianza adquirida, mayor es la gravedad del o de los actos que la menoscaban (conf. SCBA, 17/11/76, L.T., XXV-169).- Sólo agregaré, para concluir mi ponderación de que el despido por la causa de pérdida de confianza se encuentra justificado, que se ha entendido que la configuración de la buena fe contractual ocupa un lugar significativo en el deber del trabajador de fidelidad con la empresa y de acuerdo con las normas del derecho común, las obligaciones del trabajador deben ser examinadas por las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 del C. Civil), mientras que, cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos. Para valorar el incumplimiento de un trabajador a los efectos de denunciar el contrato de trabajo, debe considerarse el carácter de la relación y las circunstancias fácticas del caso -en el caso, la delicada naturaleza de las funciones cumplidas por el actor quien manejaba grandes sumas de dinero- que objetivamente permitan concluir que se ha violado la buena fe, diligencia y fidelidad prevista en los arts. 62, 63, 84, 86 y conc. L.C.T. lo cual importa la pérdida de confianza laboral y habilita la ruptura del contrato de trabajo por culpa del empleado (conf.CN.Trab., Sala I, 23/12/04, in re: "Parolin c/ Cubana de Aviación", DT, 2005 (mayo), 655). Encuentro analogía entre el antecedente citado y el presente, ya que si bien el actor no manejaba dinero, en su función de repositor tenía a su cargo la entrega de las mercaderías tanto en los lugares de venta como la devolución de los mismos para su posterior disposición en la sede de la empresa. Al no haber cumplido con su tarea de manera fiel y eficaz, ya que entregó mercadería a un tercero fuera del depósito de la demandada sin estar autorizado a ello, concluyo que violó de manera grave la confianza del empleador y por ende el despido dispuesto resultó ser una sanción proporcionada a la falta cometida.--------------------------- ---A la luz de los conceptos vertidos, concordaré con el vocal prevotante en cuanto a que corresponde acoger el agravio de la accionada y rechazar la demanda del actor.------------- ---3) Atento la forma en que se decide el segundo agravio de la demandada, deviene abstracto el tratamiento de la queja del actor, relativo a la desestimación de la multa del art. 2 de la ley 25323, como de los restantes agravios del accionante que se refieren a la omisión de imposición de costas por el rechazo del pago de haberes por días de enfermedad y de la imposición de la multa antedicha. Es que ante la desestimación de la pretensión principal, esto es, de la indemnización por despido incausado, por lógica consecuencia corresponde hacer lo propio en cuanto al pedido de la multa del art. 2 de la ley 25323; y en lo que respecta a la imposición de costas por las pretensiones rechazadas, ante la revocación de la demanda, corresponde readecuar las mismas en virtud de lo dispuesto por el art. 282 del CPCC (conf. remisión del art. 73 de la ley XIV Nº 1).---------- ---4) Resta finalmente analizar el recurso de apelación de honorarios del perito contador. El mismo aduce que el porcentaje del 1,5% que le fuera otorgado resulta exiguo no sólo por la labor desempeñada y el tiempo invertido en la tarea encomendada; sino también por la importancia y eficacia de la pericia a fin de elucidar la cuestión planteada en autos (ver fs. 251). Sobre este último aspecto, y en virtud del decisorio al que aquí se arriba he de considerar que la experticia, más allá del tiempo que pudo haber insumido al perito y la corrección de la labor desempeñada, no resultó relevante para elucidar el litigio, dado que la misma consistió en determinar cuantitativamente los rubros reclamados en la indemnización requerida (ver fs. 170/174). Y como se concluyó en la existencia de justa causa de despido, a los fines de la decisión, la tarea del perito resultó estéril en ese aspecto.-------------------------------- ---Dicho lo anterior, y sin dejar de considerar la seriedad y completitud del trabajo realizado por el perito, la proporcionalidad de los emolumentos fijados con los honorarios regulados a los letrados intervinientes, y la escala establecida en el art. 60 de la ley XIII Nº 4, encuentro que el porcentaje impugnado resulta adecuado, por lo que se rechaza la apelación deducida.------------------ ---II.- En consecuencia de lo anterior, corresponde revocar la sentencia en crisis, y por ende rechazar la demanda promovida por F. S. Q. contra F. S.R.L..- ---En cuanto a las costas de la instancia precedente y las de esta sede, en aplicación del principio objetivo de la derrota, las mismas se imponen al actor perdidoso (conf. arts. 57 de la ley XIV Nº 1 y art. 282 del CPCC). Atento la extensión y mérito de los trabajos desarrollados, y el resultado del pleito, concuerdo con los porcentajes propuestos por el vocal preopinante a los fines regulatorios, esto es, por las tareas desempeñadas en la instancia de origen, para los letrados apoderados de la actora, Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en un 14%; y para los letrados apoderados de la demandada Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en un 19,6%; en ambos casos calculados sobre el monto pretendido en demanda a determinar en la etapa procesal oportuna; manteniendo los emolumentos del perito contador (conf. arts. 5, 6, 8, 9, 18, 36, 38 y 46 de la ley XIII Nº 4), con más el IVA pertinente (conf. leyes 23349 y 23871). En cuanto a los honorarios por las tareas realizadas en la alzada, y teniendo en cuenta los mismos criterios ponderados para la regulación de primera instancia, acordaré en regular a los letrados apoderados de la actora, Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en un 3,5%; y a los letrados apoderados de la demandada, Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en un 6,86%; en ambos casos sobre el monto reclamado en la demanda a establecer en la etapa procesal oportuna; y con más el IVA correspondiente (conf. arts. 5, 13 y 46 de la ley XIII Nº 4; y leyes 23349 y 23871.---------- ---A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.---------- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:--- ---El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR la sentencia apelada; y, en consecuencia, rechazando en todos sus términos la demanda interpuesta por el Sr. F. S. Q. en contra de la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "F. S.R.L.". 2) IMPONER las costas de ambas instancias al actor vencido en ellas. 3) FIJAR por adecuación al presente, los honorarios profesionales devengados en primera instancia del siguiente modo, a saber: a los Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en la suma equivalente al 14%; y a los Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en la suma equivalente al 19,6%. En ambos casos tales porcentuales a calcular sobre el monto pretendido en demanda que se determine en la etapa de ejecución de la sentencia y con más el I.V.A. pertinente. Se mantienen los honorarios regulados al perito contador. 4) REGULAR los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en esta segunda instancia del siguiente modo, a saber: a los Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en la suma equivalente al 3,5%; y a los Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en la suma equivalente al 6,86%, del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. correspondiente. 5) DESESTIMAR el recurso de apelación deducido por el perito interviniente en autos, Contador A. V. R., en contra de la regulación de honorarios que se les fijaran en la anterior instancia; sin costas atento a que la materia no las genera.-----------------------------ASI LO VOTO.-------------------- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo:

En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión fiel del acuerdo al que se ha arribado.------------------------------- ---Así lo voto.------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17), pasándose a dictar: ----------- S E N T E N C I A: ----- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:----------- REVOCAR la sentencia apelada; y, en consecuencia, rechazando en todos sus términos la demanda interpuesta por el Sr. F. S. Q. en contra de la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "F. S.R.L.".-------------------- IMPONER las costas de ambas instancias al actor vencido en ellas.--------------------------- FIJAR por adecuación al presente, los honorarios profesionales devengados en primera instancia del siguiente modo, a saber: a los Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en la suma equivalente al 14%; y a los Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en la suma equivalente al 19,6%. En ambos casos tales porcentuales a calcular sobre el monto pretendido en demanda que se determine en la etapa de ejecución de la sentencia y con más el I.V.A. pertinente. Se mantienen los honorarios regulados al perito contador.------ REGULAR los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en esta segunda instancia del siguiente modo, a saber: a los Dres. J. I. C. y M. V. T., en conjunto, en la suma equivalente al 3,5%; y a los Dres. A. M. S. y A. P. A., en conjunto, en la suma equivalente al 6,86%, del aludido monto del proceso, con más el I.V.A. correspondiente.------------------------------------ DESESTIMAR el recurso de apelación deducido por el perito interviniente en autos, Contador A. V. R., en contra de la regulación de honorarios que se les fijaran en la anterior instancia; sin costas atento a que la materia no las genera.---------- ---Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------- REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2012 - SDL - CONSTE.-