Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25


SENT NRO. 271 San Miguel de Tucumán, 25 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sra. Jueza Civil y Comercial Común de la VIIIa. Nominación y la Sra. Jueza Civil en Cobros y Apremios de la Ia. Nominación en autos: "Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano vs. Arquitectos Asociados Construcciones S.R.L. s/Cobros (ordinario)"; y R E S U E L V E :

I.- Llega a conocimiento y resolución de este Tribunal el presente conflicto negativo de competencia suscitado por las declinatorias efectuadas por la Sra. Jueza Civil y Comercial Común de la VIIIa. Nominación (fs. 37) y la Sra. Jueza Civil en Cobros y Apremios de la Ia. Nominación (fs. 51) para entender en la presente causa.

II.- La parte actora inicia juicio por ante el fuero civil y comercial común reclamando a la accionada el pago del saldo a favor de aquélla que se deriva del Certificado Final de Obra y Mayores Costos emergente de la ejecución de las obras "214 Viviendas en Tafí Viejo" y de la obra "500 Viviendas e Infraestructura y Equipamiento Comunitario Barrio Policial" Corrida vista al Ministro Fiscal, la Sra. Jueza del fuero interviniente, en consonancia con el dictamen fiscal, se declara incompetente para entender en la causa por considerar que la misma queda comprendida en el art. 2° de la ley 6757. Conforme a ello, dispone la remisión de la causa al Fuero de Cobros y Apremios.

A su vez, la Jueza recepcionante -de la Ia. Nominación- comienza a entender en la causa (conf. decreto del 16 de agosto de 2001, fs. 40). Luego de algunos trámites (diligenciamiento de oficio, ampliación de demanda), con fecha 20/11/2002, y en atención a lo dispuesto mediante sentencia nro. 681 del 12/8/2002 de esta Corte Suprema de Justicia, entiende que su competencia se encuentra limitada a los cobros de créditos devengados por la actuación del Estado en sus diversas manifestaciones, exclusivamente en el ámbito del derecho público. De allí que concluya que la presente causa está excluida de las disposiciones de la ley 6757, en tanto que en ella se persigue un cobro dinerario por vía de cobro ordinario de pesos y en que en el negocio jurídico que originó la deuda reclamada la parte actora actuó conforme normas de derecho privado. Se inhibe, así, para continuar entendiendo en la causa y dispone su remisión al Juzgado de origen de conformidad con lo establecido en el art. 62 inc. b) de la LOPJ.

Remitidos los autos al Juzgado Civil y Comercial Común de la VIIIa. Nominación, la Jueza entiende que, tratándose de una cuestión de derecho público, deben elevarse los autos a esta Corte Suprema de Justicia a fin de que resuelva la cuestión planteada.

Radicada la causa por ante esta Corte Suprema de Justicia, se corre vista al Ministro Fiscal, el cual dictamina según los términos de fs. 55.

III.- En el sub judice, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano demanda por vía ordinaria el cobro de una suma de dinero originada en el saldo a su favor que emana del Certificado Final de Obra y Mayores Costos emergente de la ejecución de las obras "214 Viviendas en Tafí Viejo" y de la obra "500 Viviendas e Infraestructura y Equipamiento Comunitario Barrio Policial" certificado de obras públicas.

El art. 2 de la ley 6757 expresa que: "Los Juzgados de Cobros y Apremios entenderán exclusivamente en los casos que se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, multas, retribuciones de servicios, mejoras, aportes, contribuciones y en toda otra deuda, de cualquier tipo, que existan a favor del Estado Provincial, Administración Centralizada y Descentralizada, Comunas Rurales, Municipales, Entes Autárquicos, Entes Residuales y todo otro Organismo del Estado Provincial".

Ahora bien, de un lado, el sujeto accionante es el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, entidad autárquica incluida expresamente en el art. 2 de la ley 6757. Del otro, la disposición analizada es clara en establecer que las personas allí citadas podrán perseguir, por ante los Juzgados de Cobros y Apremios, el cobro de deudas de cualquier tipo que existan a favor de aquéllas. Es decir que la norma atribuye la competencia en función de la persona del acreedor a fin de facilitar el pronto recupero de los créditos, de cualquier clase, que existan a favor de cualquier organismo del Estado Provincial.

Por lo demás, el crédito que se pretende hacer valer en el sub lite emana de un certificado de obra pública; por lo que se trata de una acreencia derivada de la actuación de la entidad autárquica actora en el ámbito del derecho público, tal como lo hace notar la Sra. Jueza en lo Civil y Comercial Común (fs. 52); por lo que la Sra. Jueza de Apremio aplica en forma errónea el criterio interpretativo emanado del fallo de esta Corte Suprema de Justicia que cita en el proveído de fs. 51.

En consecuencia, atento a lo expresamente dispuesto en el art. 2° de la ley 6757 resulta competente para continuar entendiendo en la presente causa la Sra. Jueza de Cobros y Apremios de la Ia. Nominación.

Por lo antedicho, y conforme con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia de la Sra. Jueza de Cobros y Apremios de la Ia. Nominación y remitir la causa a dicho Juzgado, a fin de que aquélla continúe interviniendo en la misma.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA