Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-21


Fojas: 246 Mendoza, 21 de junio de 2006.

Y VISTOS:

Estos autos N° 38.335/14.343 caratulados "Álvarez, Armando N. y Blanco, Adriana E. por sí y por su hija menor R. Blanco c/Molina, Ramón T. y ots. p/Daños y Perjuicios", llamados a resolver a fojas 228, CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 218 el Dr. Vicente Mestre, por la citada en garantía, interpone recurso de apelación en contra del auto de fojas 213, que regula los honorarios profesionales del perito ingeniero mecánico Antonio César Ganem, en la suma de $ 3.371,76.

En oportunidad de alegar razones, a fojas 235 la Dra. María Mónica Píccolo, por la citada en garantía, señala que hay falta de proporcionalidad entre la regulación practicada y la influencia que la pericia tuvo en la resolución de la causa y la tarea efectivamente desarrollada por el perito.

Se agravia de que la regulación se haya practicado sobre el monto de la demanda, sin analizar la labor ni la relación con el convenio transaccional efectuado en autos, ni la relación con los posibles honorarios de los profesionales del derecho intervinientes.

II.- Que atento el trámite impuesto por el art. 40 del C.P.C., y habiéndose llamado autos para resolver a fojas 228, a fojas 245 se practica el pertinente sorteo de la causa.

Esta Cámara ha resuelto que "cuando se tramitó el recurso por el art. 40 del C.P.C., no se puede plantear, ni el tribunal puede entrar a resolver otras cuestiones que no sean estrictamente cuantitativas, es decir, referidas a los montos de las regulaciones practicadas por el juez a quo y a las normas de la ley arancelaria aplicables al caso.

Admitir la posibilidad de discutir dentro del marco reducido del trámite previsto en la citada norma, la modificación del régimen de imposición de costas, implicaría una violación del derecho de defensa del contrario, a quien no se le corre traslado de la pretensión del recurrente y por tanto, no ha tenido la posibilidad de ser oído sobre el planteo".

(Fallo del 03 05 1993, 122051 "Okolic María c/Luis Zaruba p/Daños y Perjuicios", LA 155-275; ver también: fallo del 11 08 1995, 131679 "Arrigosi, Carlos y Francisco Angeloni c/Dirección Cooperativa de Mendoza p/Rec Amparo", LA 158-499; fallo del 16 08 1996, 102635 "Módica Francisco G. c/Oscar E. Mura y otros p/ Cobro Alquileres", LA 160-255; fallo del 10 10 1989, 45608 "Salguero, Juan p/Sucesión", LA 151-102) III.- Constituye un principio del sistema de administración de justicia el que los distintos partícipes en el litigio sean retribuidos. De este modo, se ha reconocido el derecho a honorarios de los distintos peritos que actúen en el juicio cuando así lo prevea la ley procesal.

Puede decirse, entonces, que es principio de superior jerarquía el de asegurar a los peritos una retribución justa, teniendo en consideración su carácter de auxiliares de la justicia designados por el juez.

Así, el honorario del perito tiene carácter alimentario, desde que se trata de la contraprestación que reciben los profesionales independientes por el ejercicio de su profesión y en este sentido, no difieren en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia.

La validez constitucional de los honorarios no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca o por su complejidad, según los casos o la responsabilidad profesional que comprometen.

(Sobre el tema, puede verse: Schiaffino, Carlos A. Machado, "Derechos patrimoniales del perito", JA 1987-I, 815; Alonso, María José, "Honorarios de peritos. Regulación por las ac-tuaciones judiciales", Buenos Aires, Ad hoc S.R.L., 1.989; Fernández, Nilda B. - Capo, Ángel L., "Honorarios de abogados y peritos", Buenos Aires, David Grin-berg Libros Jurídicos, 1.997) IV.- La regulación de los honorarios de los peritos y otros auxiliares debe guardar la debida proporción con las diversas disposiciones arancelarias.

Como principio general, el perito es ajeno a las implicancias que pudiera tener la prueba pericial en el resultado final del juicio, y es un acto privativo del tribunal evaluarla en el momento oportuno de acuerdo a las constancias de la causa, a los fines de su retribución.

Para la regulación de honorarios del experto, no debe estarse a una norma inflexible, sino que la suma a fijarse debe adecuarse a las circunstancias especiales del caso concreto; asimismo, debe contemplarse el valor intrínseco de la labor cumplida y la responsabilidad profesional que con ella se compromete.

Este Tribunal en forma reiterada ha venido sosteniendo que las pautas a tener en cuenta para la regulación de los honorarios del perito son la proporción con la regulación de los demás profesionales intervinientes, la labor realizada y el valor otorgado por el juzgador en la sentencia, es decir, en qué medida la pericia pudo haber coadyuvado a la dilucidación de la causa.

Así, en diversos pronunciamientos, ha sostenido que "en materia de regulación de honorarios de los profesionales de la medicina, el monto debe fijarse en base a la labor cumplida y no por aplicación de porcentuales sobre las sumas reclamadas, al no existir norma legal alguna, que imponga tal forma de retribución como en el caso de los abogados". (LS 154-132; LA 161-265) V.- Ahora bien, en el caso, las partes del proceso han llegado a una transacción, poniendo, de este modo, fin al proceso, discutiéndose, entonces, la base regulatoria de los honorarios de los peritos.

En este orden de ideas, por mayoría, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha sostenido que "no es arbitraria la sentencia que para regular los honorarios por la labor extrajudicial de las profesiones aplicó el porcentaje establecido en el pacto de cuota litis sobre el monto peticionado originariamente y no sobre el monto transado con la compañía de seguros, porque las letradas no suscribieron el convenio transaccional, razón por la que les resulta inoponible";

en minoría, la Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo que "es arbitraria la sentencia que para regular los honorarios por la labor extrajudicial de las profesionales, aplicó el porcentaje establecido en el pacto de cuota litis sobre el monto peticionado originariamente y no sobre el monto transado con la compañía de seguros si:

a) Las letradas invocaron durante todo el proceso un pacto de cuota litis que afirma que el porcentaje se aplicará sobre lo que efectivamente se perciba; b) La litis se trabó invocándose el convenio celebrado y las profesionales al demandar no dijeron que el monto de la transacción les era inoponible;

c)En los precedentes de esta sala en los que se ha aplicado la regla de la inoponibilidad, no se invocó un pacto de cuota litis que mencionara expresamente lo percibido, ni se estaba en presencia de arreglos extrajudiciales;

d)La gestión extrajudicial se redujo a la presentación de la petición ante la aseguradora; e)Entre las víctimas habían menores cuya indemnización, compensatoria de daños sufridos en la integridad psico física, padecerá una disminución importante." Allí, también precisó que "el tribunal tiene el deber indeclinable de sopesar, con un grado sumo de prudencia, las consecuencias individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones, a tal fin corresponde tener especialmente en cuenta que algunas de las indemnizaciones que están en juego pertenecen a personas menores de edad por daños sufridos en su integridad física.

En consecuencia, no es absoluta la doctrina judicial que declara la inoponibilidad del convenio transaccional a los profesionales que no suscribieron".

(Fallo Nº: 02199233, SCJM, Sala 1, 21 11 2002, LS 315-121, expediente Nº 73337, "Fernández, Aldo Hugo y ots. por sus hijos en j: González de Aguirre, Marta y ot. c/Hugo Walter Fernández y ots. p/Ordinario S/Inconstitucionalidad casación) VI.- Esta Cámara no puede ignorar el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el que se sostuvo:

"La transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervienen en el proceso y no participaron del acuerdo respectivo" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, 2001/10/02, "Murguía, Elena J. c. Green, Ernesto B", DJ, 2001-3, 520 - LL 2001-F, 592 - ED, 194, 602 - JA, 2001-IV, 643 - DJ, 2002-1, 1015, con nota de Ure, Carlos Ernesto - LL 2002-C, 652, con nota de Barbero, Ariel E.), criterio que resultaría aplicable, con mayor razón, a los honorarios de otros auxiliares de la justicia, como los peritos.

Este plenario ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 11/4/2.006.; a ello se agrega que, en la misma fecha, la Corte Federal, en los autos "Coronel, Martín Fernando c/Villafañe, Carlos Agustín y Universidad Nacional de Tucumán p/Recurso de Hecho", se pronunció por la oponibilidad de la transacción a los profesionales que no participaron en ese acto jurídico, profesionales del derecho y demás auxiliares de la justicia, con los siguientes argumentos:

Así como la sentencia constituye típico un acto procesal, la transacción de derechos litigiosos (Art. 832 del Código Civil), acto jurídico bilateral, es también una vez que resulta homologada judicialmente, un acto procesal con una ejecutoriedad propia equiparable a la que corresponde a una sentencia (arg. art. 850 del Código Civil y su nota);

de ahí que la transacción homologada, como título ejecutorio con eficacia idéntica a la de una sentencia, ofrece la suficiente seguridad como para que el legislador la seleccione a fin de determinar el monto de la regulación de los honorarios por actuación judicial, como lo hace igualmente con una sentencia de condena;

b) Los aranceles vinculan normalmente la base sobre la que ha de regularse el honorario no sólo por el valor disputado, sino también con el modo de terminación del proceso, siendo claro que cuando hay un acuerdo de partes, su efecto sobre los emolumentos no es un problema que se gobierna por la legislación civil en materia de contratos, sino que deben acatarse las leyes específicas que regulan la materia y que se refieren a ellos.

Por otro lado, la razón del legislador en la redacción de los textos que rigen la materia, es clara si se atiende a que, de lo contrario, se desalentaría a las partes que deseen arribar a un acuerdo, encareciendo y prolongando los juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social.

c) Resulta inútil alegar sobre la base de lo dispuesto por los arts. 503, 851, 1.195 y 1.199 del Código Civil, pues si bien la transacción como contrato no puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el punto de vista procesal extingue el proceso, de modo que puede y cabe distinguir, por ello, los efectos sustantivos inoponibles de los procesales oponibles, ya que se trata de un verdadero contrato.

En tal sentido, no es dudoso que entre los profesionales intervinientes en el pleito y las partes existe una relación jurídica, sustancial y procesal, que es, precisamente, la que hace que lo dispuesto por ellas en el acuerdo dispositivo transaccional respecto del derecho sustancial controvertido pueda reflejarse en el interés de aquéllos inclusive afectándolo.

Ello es así, máxime considerando que el interés que pueden invocar los profesionales se limita al cobro de sus honorarios, el que no puede ser desvinculado del resultado del pleito, para definir el cual únicamente cabe considerar lo que resulte de la transacción en tanto acto que da conclusión al proceso.

d) Los profesionales que patrocinan o representan a las partes en la contienda, y lo mismo los auxiliares de la justicia, no tienen interés para objetar los términos de la transacción, de lo que deriva su falta de legitimación para deducir todo tipo de acciones impugnativas de la decisión de transar, como del contenido del contrato.

Los profesionales sólo podrían impugnar su contenido si demostraran fraude, o el desbaratamiento de derechos, lo cual es de interpretación estricta, debiendo demostrarse dolo.

e) De admitirse que la transacción no le es oponible a los letrados de la actora por ser terceros, tampoco podrían invocarla como culminación del proceso; por otra parte, crea dos categorías de profesionales para la regulación de sus honorarios: los que participaron en la transacción y los que no participaron de ella, desconociendo el hecho de que a los efectos regulatorios un juicio es una unidad jurídica y procesal, lo que equivale a decir que tiene, en definitiva, un solo monto, sin que consiguientemente pueda haber dos bases regulatorias diferentes según que el letrado haya o no intervenido en el acto transaccional.

e) La cuestión no puede ser ponderada con prescindencia del último párrafo del art. 505 del Código Civil, texto según ley 24.432, en cuanto dispone que la responsabilidad por el pago de las costas incluidos los honorarios de los profesionales de todo tipo no pueda excederle 25 %; en tal sentido, la aplicación efectiva de esta normativa exige necesariamente considerar que el acuerdo transaccional es oponible inclusive a los profesionales que no lo firmaron, pues, de otro modo, fácilmente se sortea el límite porcentual indicado. (Pueden verse los fallos íntegros en: www.eldiariojudicial.com, del 12/04/2.006) VII.- El principio según el cual los honorarios de los peritos deben guardar proporción o relación con los de los profesionales del derecho, puede ser susceptible de restricciones en su aplicación cuando ella pueda conducir a resultados manifiestamente ajenos a las finalidades que los inspirara.

No hay duda que correspondería aplicar ese principio cuando el monto del juicio deriva de un pronunciamiento jurisdiccional y éste sirve de base, a su vez, para las regulaciones de los letrados; pero cede, cuando son las partes quienes sin la intervención de los peritos, establecen el monto a través de una transacción que puede no guardar relación alguna con los valores que han estado realmente en juego.

Máxime, como en el caso en análisis, en donde la tarea encomendada y llevada a cabo por el profesional tuvo en mira un trabajo cuya entidad económica no fue computada en dicho acuerdo.

Ahora bien, aquí no existe regulación a los abogados intervinientes; tampoco puede apreciarse el valor que el sentenciante le acordó al informe pericial, en razón de no haberse dictado sentencia por haber llegado las partes a un acuerdo transaccional, por un monto de $ 8.000, sobre el monto originariamente demandado, según surge de fojas 219/220.

Como principio general, no existe razón alguna para que los auxiliares de la justicia obtengan una regulación sobre una base económica distinta de la que resulta de la sentencia o transacción con la que hubiera concluido el pleito, ya que los aranceles vinculan normalmente el monto del honorario no sólo con el valor disputado, sino también con el modo de terminación del proceso.

(Del voto en disidencia del Dr. Vázquez, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1996/08/20, "Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c. Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos "Ezrah".", LL 1997-A, 120 - LLC, 1997-154 - DT, 1997-A, 304, con nota de Carlos Pose) La oponibilidad o no del acuerdo transaccional celebrado por las partes es un tema central a los fines de practicar las pertinentes regulaciones de honorarios de estos auxiliares de la justicia.

Es decir, no es una cuestión baladí, sino, todo lo contrario, es determinante: sobre el monto demandado ($ 56.500) o sobre el monto transado ($ 8.000), según la postura que se asuma, deben regularse los honorarios de los profesionales intervinientes.

Ahora bien, la regulación ha de efectuarse justipreciando la entidad de la labor desarrollada y el tiempo empleado en ella; en el presente recurso, atendiendo al monto transado y la labor cumplida por el perito, se estima prudente fijar su retribución en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 480); esta Cámara, recientemente, redujo los honorarios fijados a los peritos que, en primera instancia, ascendían $ 1.620, para cada uno de los profesionales; la retribución del perito fue reducida a la suma de $ 500, todo ello a los efectos de que la regulación de este auxiliar de la justicia guarde la debida proporcionalidad con las regulaciones practicadas a los profesionales del derecho y con los montos, finalmente, acordados por las partes en la transacción; en ese precedente, sobre un monto reclamado de $ 40.500, el acuerdo transaccional había ascendido a la suma de $ 25.000. (Auto del 26/03/2.006, expte. N° 37.456/80.285 caratulado "Yucra. Emiliana Huallpa c/Acre Vilche, Carlos y ots. p/D. y P.") VIII.- En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fojas 218, debiendo modificar la regulación practicada a fojas 213 en el sentido expuesto precedentemente.

Por lo expuesto, esta Cámara RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fojas 218, y en consecuencia, modificar el apartado I del auto de fojas 213 que queda redactado del siguiente modo:

"I.- Regular los honorarios del perito ingeniero mecánico, ANTONIO CÉSAR GANEM, en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 480)." II.- Omitir pronunciamiento sobre costas atento a la expresa disposición del art. 40 del C.P.C.

CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.