marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: Procesal Penal
Carátula: Del Bello, Jorge Alberto y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-16

Una sentencia que carece de fundamentación es por tanto nula, puesto que el Código Procesal se encarga en el desarrollo de aquel precepto constitucional de exigir la motivación de las sentencias y los autos, bajo pena de nulidad, volviendo sobre el punto al establecer la misma sanción cuando faltare o fuere contradictoria la motivación. No se trata de discutir la valoración probatoria hecha por el tribunal de mérito. El ejercicio de la libre convicción, o sana crítica racional, está excluído del control de la casación. Pero precisamente porque el sistema no es el de la íntima convicción de los jueces, y la sentencia debe esteriorizar sus fundamentos que sí pueden controlarse en la casación si las pruebas valoradas son válidas -legitimidad-, si las conclusiones responden a las reglas del recto entendimiento humano -logicidad- y si la motivación así expuesta es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las formas prescriptas.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Coopropietarios del Edificio Roximar c/ Ruiz s/ Ejecución Consorcio Coopropietario Semar II c/ Malugnani C. o Propietario s/ Ejecución de expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10|1996-02-29

El crédito por expensas comunes es esencialmente privilegiado y su ejecución no puede ser enervada por la existencia de disposiciones que solo afectan a los de otra naturaleza.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, proceso penal, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZACARO, NICOLAS ANDRES Y CASCO, LUCIANO ANGEL c/  s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR USO DE ARMA DE FUEGO Y LA INTERVENCION DE UN MENOR DE EDAD Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA -DOS HECHOS- EN CONCURSO REAL ENTRE SI-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Los argumentos traídos a consideración de esta Corte en el memorial introductor de la vía extraordinaria local intentada, en confrontación con la sentencia atacada, revelan la mera discrepancia de la compareciente con la interpretación que de cuestiones de hecho, prueba y derecho común efectuó la Alzada al emitir el aludido pronunciamiento y que no incumbe a esta Corte revisar en esta instancia de excepción, toda vez que luce evidente la falta de autosuficiencia del cuestionamiento a la validez del procedimiento en base a la falta de control de la defensa de cierta prueba de cargo, puesto que no sólo no se precisa de qué manera se vulneró el derecho de defensa, sino que además no se hace cargo de la fundada respuesta brindada por el Tribunal revisor en cuanto a que del examen de las actuaciones surgía que ningún obstáculo existió para examinar o contrarrestar la prueba recogida en la instrucción, sin advertirse la afectación concreta -y no meramente hipotética o generalista- al derecho de defensa.
Cuestión política, conflicto de poderes, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Haquim,   Carlos  Guillermo c/ Jujuy,  Provincia  de  y Estado Nacional (Senado de la Nación) s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial, facultad esta última que sólo puede ser ejercida cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlos en práctica (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Escritos judiciales, expresiones incorrectas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mirucidar S.A. c/ Martinez Torres, W. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Si bien es cierto que en la defensa pueden tolerarse expresiones que trasuntan en cierto grado el empeñoso afán de obtener la satisfacción de sus pretensiones, ello no puede dar lugar al uso de términos o adjetivaciones que ofendan la dignidad de los ocasionales adversarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intervención de terceros, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MASTRASSO ALICIA GRACIELA C/ CITYTECH S.A. S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

Resulta procedente la citación como tercero de una aseguradora de riesgos del trabajo cuando, con abstracción del derecho en que se funde la demanda -arts. 1113, 1109, 1077, y concs. del Cód. Civil- aquélla podría encontrarse obligada al pago ante una hipotética condena, por lo menos hasta el monto que por la ley 24.557 le corresponde abonar. En este orden de ideas procede la intervención coactiva como tercero de la aseguradora del empleador, aun en demandas fundadas en el derecho civil, para preservar la eficacia del proceso y de la propia jurisdicción.
Constitución Provincial, derecho a la vida, principio de dignidad humana
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

La Constitución de la Provincia no disciplina en disposición alguna el derecho a la vida -a diferencia de otras Constituciones provinciales-, salvo de modo indirecto, al consagrar el principio de la "eminente dignidad de la persona humana" y el derecho de libertad corporal que indudablemente lo suponen. Sin embargo, es innegable la existencia de este fundamental y prioritario derecho en nuestro ordenamiento cuya presencia entre los derechos inviolables del hombre no puede ser discutida. (Doctrina: Ulla, Decio Carlos F.: "Los derechos fundamentales en la Constitución de Santa Fe", Zeus, Rosario, 11 de diciembre de 1990; Biscaretti di Ruffia, Paolo. "Diritto Costituzionale", p 827; Cuocolo, Fausto: "Istituzioni di Diritto Pubblico", p 678) La Constitución Provincial enuncia, en el artículo 7, solamente de modo generalísimo la tutela de los derechos basales que forman el patrimonio irrenunciable de la persona humana, mientras que, en las normas sucesivas, salvo el artículo 8 que consagra el principio de igualdad formal y sustancial, los mismos son singularmente considerados y, como tales, tutelados y tutelables de distinto modo y medida en cuanto garantidos. Esto último responde a la comprensible exigencia de la positivización de tales derechos evitando la incertidumbre que derivaría como consecuencia de remitirlos al puro subjetivismo del intérprete, como se ha sostenido; sin embargo, y de acuerdo con lo ya dicho, no puede desdeñarse hipótesis alguna en cuanto objetivamente y fuera de toda duda razonable se demuestra la existencia de un derecho inviolable. (Doctrina: Cuocolo, Fausto: "Istituzioni di Diritto Pubblico", p 679). (Del Voto del Dr. Ulla)
Concesión comercial, obligaciones del concesionario (comercial), pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRAGAN, JUAN c/ GRIMOLDI LA MARCA DEL MEDIO PUNTO  S.R.L. s/ CONTRATO DE CONCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El pago en tiempo oportuno es una de las obligaciones primordiales del concesionario pues se trata de una obligación que hace a la estructura misma del contrato. Su incumplimiento provoca una distorsión de los factores en juego que justifica plenamente la cancelación de la concesión. La tolerancia que pudo haber tenido la concedente en aceptar pagos vencidos, en modo alguno puede significar una modificación de las cláusulas contractuales. Tampoco por tales razones resulta necesaria una nueva intimación al concesionario instándolo a dar cumplimiento a sus obligaciones, máxime si no podía ignorar las consecuencias que le podía ocasionar su inconducta de acuerdo con el contrato y la ley.
Derechos del empleador, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Mercado, Mónica Graciela c/ Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia DelegaciónComodoro Rivadavia s/ Demanda Laboral -Indemnización por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-01

Los empleadores disponen en su calidad de titular del poder de dirección, del llamado ius variandi, mediante el cual puede legítimamente modificar unilateralmente la forma y modalidades de las prestaciones a cargo del trabajador, a condición de que: 1.- esté funcionalmente justificado, 2.- no altere la modalidad esencial del contrato, y tampoco le cause perjuicio material ni moral al dependiente. Es decir el empleador tiene una verdadera obligación de no hacer que limita el ejercicio de su facultad de dirección al ámbito de lo razonable. Si la medida es o no lícita dependerá de las circunstancias concretas del caso.
Honorarios del abogado, alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: R. D. A. M. I. Y. O. s/ DIVORCIO VINCULAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-06

Por los alimentos, al tener base económica y ser aplicable el Art.56 de la Ley 5480, los mismos se revocan y corresponde se regulen en 1ª Instancia ya que, la apelación revisa y corrige, pero no puede sustituir el silojismo y los argumentos que debe exponer el juez de 1º Instancia, pues si así no sucediera y la Cámara se expidiera, estaría suprimiendo una instancia.

En consecuencia, se debe dejar sin efecto la regulación por el rubro alimentos y proceder a una nueva regulación.
Daños y perjuicios, menores, emancipación, actos de disposición
Materia: CIVIL
Carátula: DUARTE, Raúl Máximo y otro c/ ASENCIO GONZALEZ, Rubén Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

El menor emancipado en los términos del art. 131 del Código Civil, puede disponer libremente de una indemnización percibida, en concepto de daños y perjuicios, como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no encuadra dentro de la limitación sentada por el art. 135 del citado cuerpo legal, por tratarse de una adquisición a título oneroso.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Acción mere declarativa de Inconstitucionalidad. Avocación (Expte.   CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-13

Resultan notoriamente improcedentes y deben desestimarse de oficio las recusaciones que "...no fundadas legalmente, importan la discusión de los recaudos necesarios para el ejercicio de su ministerio por parte de los jueces y secretarios de la Corte, cuestión no justiciable por vía de recusación de los particulares".
Caducidad de instancia, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Nestor Ruben s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-02-01

Mientras se mantiene pendiente el proveído de una solicitud de parte, orientada a lograr el avance del proceso, no es dable exigir otras actividades demostrativas del interés en su continuidad. El pedido que se formula y la situación de espera que le es subsiguiente, tienen las condiciones necesarias para ser considerados una justa causa liberatoria de la carga procesal de mantenimiento de la instancia. No puede suponerse el abandono de la causa por una de las partes, ni atribuirse a ésta negligencia en la tramitación que justifique una declaratoria de perención de instancia, cuando la prosecución de ella depende de una decisión judicial. Carece de aptitud para generar el estado de pendencia de resolución configurativo de la justa causa excluyente de la perención, el pedido de continuidad del proceso que se presenta sin la firma de la parte querellante, en razón de la exigencia contenida a ese respecto por el artículo 427 del Código Procesal Penal, que se extiende a todas las intervenciones decisivas del actor penal en las causas por delitos de acción privada.
Sentencia definitiva, juicio abreviado, sentencia condenatoria, comercialización ilegal de estupefacientes, inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, remisión del expediente, pena, multa, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Varela Flores, Norberto Washington y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-16

Corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la sentencia en lo que ha sido materia de recurso, y por mayoría apartar al magistrado actuante debiendo remitirse las actuaciones al tribunal que corresponda a fin de que dicte sentencia fijando la pena de multa según los términos expresados en este pronunciamiento. Que, sostener como se lee en la sentencia impugnada, que la multa en unidades fijas prevista por la ley queda limitada a los casos de desviación de precursores químicos y excluir de su texto los supuestos reprimidos por el art. 5° de la ley 23.737, como es el de este caso, es una afirmación arbitraria, alejada de la letra de la ley aplicable y en el presente, aún de la convenida por las partes en el procedimiento de juicio abreviado. La primera regla de interpretación legal son las palabras de la ley que en el caso son claras, razón por la cual no corresponde reparar en el texto del Poder Ejecutivo Nacional, menos aún cuando es en las cámaras legislativas donde el texto legal se enriquece con los debates sobre los cuales se asienta en definitiva el texto que se sanciona, razón por la cual resulta inoperante retener el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional y obviar el texto de la ley vigente cuya observancia está prevista en el artículo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir que lo decidido carece de sustento válido para declarar la inconstitucionalidad de una norma penal como lo es la 27.302 que sustituyó expresamente la pena de multa prevista en el artículo 5 de la ley 27.737. Y en cuanto al argumento de la desproporcionalidad de la ley por no contemplar la posibilidad económica de los procesados, claramente se advierte el absurdo de someter el poder punitivo del Estado en una ley de orden público como es la actuada en autos, a la posibilidad de los enjuiciados de abonar las penas de multa. Precisamente, poner en discusión el valor de lo decidido por el Congreso y aprobado con forma de ley (en los términos obrantes en la resolución de la Corte citada precedentemente) por su discordancia con el contenido del proyecto inicial, no es un argumento propio de un miembro del Poder Judicial de la Nación como para prescindir de la norma legal aplicable. La disidencia parcial, por su parte, disintió únicamente en lo relativo a la remisión de la causa y propuso que sea devuelta al tribunal de procedencia. Dres. Catucci, Gemignani -en disidencia parcial- y Riggi -voto concurrente-
Lealtad comercial, contrato de publicidad, Secretaría de Comercio, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L. s/ Lealtad Comercial Causa 34070-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-11

1- La ley de lealtad Comercial faculta a la autoridad de aplicación a obligar a exhibir o publicar precios y eso supone reglamentar la manera en que tiene que efectuarse esa publicidad en miras a la mejor información del consumidor. La prohibición contenida en la misma ley abarca las ocultaciones que puedan inducir confusión sobre precio y condiciones de comercialización (Del voto del Dr.

Hendler).- 2- No se afecta la libertad de comerciar por la circunstancia de que se obligue a anunciar con determinadas precisiones; que se exija consignar precios de contado y financiado no significa que se obligue a vender de alguna de esas maneras (Del voto del Dr.

Hendler).- 3- No hay afectación al derecho de defensa el interrogado efectuado por un funcionario de la Secretaría de Comercio a un dependiente de la sociedad sobre la autenticidad del aviso que se le exhibió, sin advertencias previas. No se trata de la persona inculpada ni está en juego la garantía individual que se refiere a la declaración contra sí mismo (Del voto del Dr.Hendler).
Recurso de revisión (procesal), sentencia definitiva, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA c/ SAVERIO JUAN BORRACCETTI Y OTROS s/ RECURSO  DE  REVISION  - EJECUTIVO - SENTENCIA DEFINITIVA - PERENCION  DE INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-28

LA decisión que pronuncia la perención de la primera instancia no contiene los requisitos exigidos para configurar sentencia definitiva a los fines de la revisión -de acuerdo a lo previsto por los arts. 1273 Y 1275 CPC.-Ya que tal como lo dispone el art. 1126 del citado código 'no perjudica la acción que en ella se hiciera valer y que la parte podrá ejercitar en un nuevo juicio, si no estuviera prescripta con arreglo a derecho' sin que la prescripción puede alterar esa condición pues no es materia que pueda juzgar esta sala sin violar los límites de su competencia.
Despido, indemnización por despido, extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, escribanos públicos, homologación del acuerdo laboral, derivación no razonada del derecho vigente, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-10

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción de su contrato por mutuo acuerdo (art. 241 de la LCT), pues no se discute que el trabajador en forma personal, y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del aludido artículo; de ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido en tanto ese requisito no se encuentra contemplado en la norma, que solo la exige para los supuestos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa" (art. 15 LCT). - Los jueces Rosenkrantz y Rosatti, en disidencia, consideraron que la queja no había cumplido con los requisitos exigidos en el art. 4° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007-.
Personal militar, autorización para contraer matrimonio, derecho a contraer matrimonio, libertad de elección del cónyuge, matrimonio contrario a los reglamentos militares
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Los arts. 681 del Código de Justicia Militar y 348 del Reglamento para la Justicia Militar no importan restricción al derecho de contraer matrimonio ni al de elegir libremente al cónyuge, sino que imponen el cumplimiento de ciertos recaudos en forma previa, que atienden a la eventual trascendencia que pueda tener ese acto - de naturaleza estrictamente personal - en el desempeño funcional de las personas que revisten estado militar (Votos de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Recurso contencioso administrativo, aclaratoria (procesal), actos y diligencias procesales, consentimiento, desglose
Materia: PROCESAL
Carátula: Sitra S.A. Sideco Americana S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.   Aclaratoria (Expte. CSJ Nº 256-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-13

Si la demandada consintió el proveído con que se proveyó su pretensión de desglose del escrito de la actora, donde la Presidencia se limitó a tener presente lo manifestado sin sustanciarlo y volver la causa a estudio, no puede ahora, alegando su propia torpeza, pretender por vía de aclaratoria reabrir el debate sobre una cuestión precluida.
Recurso de inaplicabilidad de ley, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Tognola Americo Rafael c/ I.A.F. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-11

El recurso de inaplicabilidad de ley es un recurso de carácter extraordinario y, como tal requiere un gravamen especial y específico, determinado por la ley. Por lo tanto la admisibilidad de él no está dada por la secuela normal del proceso, sino por la naturaleza específica del gravamen que produce la resolución y, en consecuencia, el mismo debe otorgarse con carácter restrictivo.
Concursos, pedido de quiebra, desistimiento del acreedor, acuerdo preventivo, acuerdo de partes, rechazo de la homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Elesutel SRL le pide la quiebra Provincia Art SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución por la cual se rechazó la homologación del acuerdo celebrado entre las partes, tuvo por desistido el pedido de quiebra y ordenó el archivo de las actuaciones. Ello por cuanto, la exteriorización de un acuerdo con la parte demandada exhibe que la peticionante carece de interés real y actual en obtener esa declaración de quiebra. Si bien es cierto que la acción ejercida no puede ser desistida sino en los términos de la LCQ 87, lo relevante es que, dicho desistimiento no causa a la recurrente ningún agravio susceptible de tutela, pues, como es claro, no lo es su simultánea pretensión de utilizar esta acción para cobrar su crédito individual y para mantener a la deudora denunciada de insolvencia. Tampoco es procedente la homologación del convenio aludido, puesto que lo así pretendido también es incompatible con el objeto propio de este juicio, y así se desprende lo citado en la LCQ 87 por cuanto dispone que "...los pagos hechos por el deudor o por un tercero al acreedor peticionante de la quiebra estarán sometidos a lo dispuesto en el art. 122", en consecuencia, los pagos hechos deberían, en tal caso, considerarse ineficaces en la referida quiebra posterior, pues, como surge de esa disposición, debería presumirse que esos pagos "...se han entregado y recibido en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inoponibles a ellos el otro carácter... " lo cual descarta la viabilidad de la homologación pretendida.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: G., S.M. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Denuncia Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-22

Conforme lo establece el artículo 1056 del Código Civil, el acto anulado si bien no produce los efectos del acto jurídico, produce empero el efecto de los actos ilícitos o de los hechos en general cuyas consecuencias deben ser reparadas. Lo cual nos conduce a la responsabilidad aquiliana, sobre la obligación de reparar el perjuicio sufrido.
Despojo, improcedencia del recurso, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Freites Deffit, Alberto José s/ otros SAPCYF en Paltrinieri, Gustavo Martín y otros sobre 181 inc. 1 -- usurpación (despojo) y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

La queja interpuesta ante el Tribunal no puede prosperar porque ha sido dirigida contra una decisión de la Cámara de Apelaciones que no es susceptible de ser cuestionada por la vía elegida. En efecto, la presentación directa ante el Tribunal tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado un recurso de inconstitucionalidad (cf. art. 32 de la ley n° 402), lo que no ha ocurrido en el presente caso. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).