marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trámites judiciales, suspensión del proceso judicial, oportunidad procesal, asesor tutelar, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: DSRL y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en DSRL y otros contra GCBA sobre incidente de apelación - amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-03

El planteo de la Asesora General Tutelar por cuyo medio pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado desde la resolución dictada por la Sala de la CCATyRC -que omitió dar traslado al Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara del recurso de revocatoria y de inconstitucionalidad en subsidio interpuesto por la actora-, constituye una presentación que no está dirigida a cuestionar la denegatoria de ninguna de las vías recursivas que habilitan la competencia de este Tribunal (cf. art. 113, inc. 4 de la CCBA; art. 27, inc. 5 de la ley n° 7 y art. 32 de la ley n° 402). En cambio, la AGT pide reparar un vicio en el trámite que la Cámara le dio a los recursos planteados por la defensa, por lo que debió acudir ante el órgano emisor del acto con el propósito de obtener la anulación que pretende. Esto llevaría a poner el escrito a disposición de la peticionante, a fin de que hiciere con él lo que estimare oportuno. Sin embargo, para contribuir a la formación de una mayoría, y sin que esto implique emitir un pronunciamiento acerca de la oportunidad del planteo, voto por remitir a la Cámara copia de la presentación realizada por la Asesoría Tutelar. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Excarcelación, incidente de excarcelación, revocación de la excarcelación, auto de prisión preventiva, robo con armas, lesiones leves, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: DEL GRANDE, José R. s/ EXCARCELACION  - TENTATIVA ROBO AGRAVADO USO ARMAS - LESIONES LEVES -  CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-07

Procede revisar, por la vía del incidente de excarcelación, la calificación del auto de prisión preventiva aunque quedara consentido, cuando la misma pudiera incidir en la procedencia o improcedencia de la libertad provisoria.

Surgiendo "prima facie" que el delito imputado, cometido con un arma impropia (martillo), sería el de robo agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa en concurso ideal con lesiones leves y teniendo en cuenta el mínimo de la escala penal prevista en el art.

166 inc. 2 C.P. y su reducción conforme a lo dispuesto en los arts.

42 y 44 C.P.; corresponde revocar el auto que concedía la excarcelación del prevenido y ordenar su captura; por cuanto la eventual condena a recaer no podría ser de ejecución condicional.-
Competencia de la Corte Suprema, cuestión de derecho común, aborto, aborto no punible, aborto fundado en violación, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Dentro del límite de la regla del art. 15 de la ley 48 que veda a la Corte pronunciarse con respecto a cuestiones de derecho común, la interpretación efectuada por el a quo de la excepción del art. 86.2 del Código Penal cumple suficientemente con el estándar de validez constitucional, pues en la ponderación de los intereses en conflicto, el legislador justifica concretamente la sustancial preponderancia del interés beneficiado a través de la indicación legal de que el embarazo haya sido causado por una violación, exigiendo además el consentimiento de la propia afectada, o de su representante legal (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: PENAL
Carátula: SELLAN, A. s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-29

La declaración indagatoria debe ser la vía apta para posibilitar el descargo material. Un interrogatorio recortado de lo que constituye el aspecto objetivo de la imputación, no cumple eficazmente ese propósito que debe ser su norte. La intimación de la imputación ha de ser lo suficientemente amplia y concreta como para que el imputado se compenetre en toda su extensión del hecho que se atribuye y de sus circunstancias (Claría Olmedo, "Tratado", T.IV, p 513); y desde que tal recaudo no aparece satisfecho con la generosidad que corresponde, la omisión compromete la estructura del acto y, con ello, la de todos los actos siguientes y subsiguientes, con lo que va dicho que debe caer el pronunciamiento en recurso.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: El Retiro Sociedad en Comandita por Acciones y otros c/ Noel de Casariego, Beatriz s/ Nulidad de actuación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

El decreto ley 8904/77 establece en su art.24 una pauta rígida para determinar la depreciación monetaria a los efectos de la aplicación de dicho cuerpo legal. Tal pauta está dada por la variación de los índices de precios al consumidor que suministra el I.N.D.E.C. y excluye, en principio la actuación del denominado "prudente arbitrio judicial".
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, leyes, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García de Outon, María Susana c/ Cohen Arazi, R. Moisés y otro. s/ Nulidad de escrituras. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Encontrándose firme la sentencia que decretó la separación con anterioridad a la ley 17.711, procede aplicar el nuevo texto del art. 1.306 del Código Civil que erigió al divorcio mismo en causal de separación de bienes que opera de pleno derecho. Ello no importará aplicación retroactiva de la ley en la medida en que los efectos no se declaren operativos a partir de una fecha anterior a la vigencia inmediata de la ley nueva, prevista como principio general en el art. 3 del Código Civil (ley 17.711): A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Proceso contravencional, juicio abreviado, audiencia de conocimiento personal, aplicación supletoria de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, G. S. s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

La audiencia prevista en el artículo 41 inciso 2do. del Código Penal, no obstante la precisión de la norma, es de un carácter prácticamente facultativo en el sistema penal. Por lo tanto si nuestra Ley de Procedimiento Contravencional no la dispone expresamente, pareciera que para la imposición de una pena de multa a un comerciante resulta innecesaria. (Del voto del Dr. Ventureira)
Sustanciación del recurso, principio de accesoriedad
Materia: LABORAL
Carátula: Taboada, Miguel Jesús c/ Carpin Cruz S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

El valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las pretensiones deducidas en la misma demanda -no vinculadas entre sí por relación de continencia, accesoriedad ni subsidiariedad- que han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante, de acuerdo a los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso (doctor NEGRI, sin disidencia).
Contratos administrativos, licitación pública, depósito en garantía, falta de depósito, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización de Protección Industrial  S.A. c/ Gas del Estado s/ Nulidad del acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

El respeto al principio de igualdad de los órganos que rige el proceso licitatorio no se ve afectado por la circunstancia que la adjudicataria no depositó la garantía de oferta ab initio sino luego de la intimación de la administración ya que el artículo 5 de la reglamentación (decreto 5.428/72 P.E.N. ) establece que no es necesario constituir previamente el depósito de garantía del 1% del presupuesto oficial salvo que a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido.
Sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo, desprocesado, investigación agotada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Saricas, Elena s/ Sobreseimiento provisional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

Toda vez que conforme lo establece el artículo 435 del C.P.M.P.

al recaer sobreseimiento provisional respecto de los hechos por los que se procesa a personas, éstas quedan desligadas de la causa, no se justifica trocar en definitiva la decisión sobre la base de un supuesto agotamiento de la investigación.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paiva, María c/ Lafuente, Severino s/ Consignación llaves, recibos y alquiler Damele, Miguel Angel c/ Inst. de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30|1997-04-22

La institución de costas presupone la existencia de una contienda que es dirimida por un tercero imparcial, que además de resolver la cuestión de fondo sometida a su juzgamiento, impone al vencido la obligación de soportar los gastos que debió afrontar el vencedor como consecuencia directa del proceso al que hubo que recurrir para hacer valer sus derechos, con fundamento en el hecho objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
Sobreseimiento, prescripción, rebeldía, sentencia no firme, fallos de la Corte Suprema, comisión de nuevo delito
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. D. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-14

Ignacio Rodríguez Varela indicó que "(.) existían elementos de juicio suficientes para rechazar la petición de sobreseimiento de la defensa ante la contundente evidencia de la comisión por los imputados de delitos que, en caso de ser confirmada la condena que declaró su existencia y la responsabilidad de aquellos, habrán de configurar la causal de interrupción del término de prescripción prevista en el artículo 67, párrafo 4to, inciso 1ro del Código Penal.". Explicó que el recurso de la defensa y la situación de contumacia en las actuaciones paralelas fue lo que impidió que el expediente se elevara para tratar la impugnación. Agregó que "(.) Tal solución no implica la invención de una causal extra-legal de interrupción de la prescripción sino de resolver un planteo incidental en base a los elementos de convicción existentes al momento o tiempo procesal en el que este juicio se pronuncia, y en torno a un supuesto de sobreseimiento que, como lo he dicho antes, exige certeza como todos los previstos en el art. 336 del CPP (.)" y precisó "(.) La pretensión de tener por inexistentes hechos reconocidos en una condena, aun cuando esta no haya quedado firme, violenta la realidad y la naturaleza de las cosas, y constituye un juicio definitivo prematuro y precipitado mediante el cual se afirma, valiéndose de certezas ausentes y a contrario del art. 67, párrafo 4to, inciso 1ro del Código Penal, que el acusado no ha cometido otros delitos. El proceso y su sentencia no crean sino que declaran una realidad preexistente. Desde esta perspectiva, y en contrario, cuando se rechaza en el tiempo intermedio un planteo de prescripción por la fundada noticia de la comisión de delitos, no se está incorporando "contra legem" una nueva categoría al enunciado hoy expreso de actos interruptivos; antes bien, se persigue la reunión e incorporación al caso de mejores, más reales e íntegros presupuestos para resolver la incidencia; con más razón cuando se trata de una de las que, en caso de prosperar, implican la impunidad de los delitos.(.)". Hizo mención a que a su juicio la casuística y jurisprudencia que mejor se adecuaba a estos casos era la de las discusiones que dieron lugar a la doctrina de los fallos de la CSJN "Mattei" y "Barra". Estimó que rechazar el planteo de sobreseimiento por falta de certeza era lo más adecuado a la ley procesal y sólo sería contraria a la Constitución e improcedente cuando resulte arbitraria y carente de razonabilidad.
Derecho procesal, juicio sumario, juicio ejecutivo, excepciones procesales, facultades del juez, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ COTES, ANTONIO Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

Con respecto a la apertura a prueba de las excepciones opuestas, la decisión de resolver la cuestión con los únicos elementos obrantes en autos, sin aportes de otros nuevos, de ninguna manera configura la indefensión para las partes, que se encuentran facultadas para entablar la pertinente acción ordinaria, cualquiera sea la solución a que se arribe en el proceso sumario. La apertura a prueba de las excepciones en juicio ejecutivo es facultad privativa del juez quien puede prescindir válidamente de esa etapa procesal cuando considere que los elementos obrantes en su poder son suficientes para resolverla, sin necesidad de recurrir a ese medio.
Fiscal de Estado, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donati, Sonia Haydée y Otros en autos "Supercemento S.A.I. y C.c-Prov. Chubut s-Demanda de Inconstitucionalidad" s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-05

Con sustento en la Ley y la Constitución el concepto mismo del honorario, es un derecho que descansa en cabeza de los abogados, cuya actividad se presume onerosa. Sólo ocurre, que en el caso de los letrados que representan al Estado -el Fiscal de Estado y sus apoderados- se han establecido limitaciones, que -al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se apoyan en una razón de orden ético, según el cual los funcionarios públicos no pueden percibir beneficios que comprometan la moral pública del cargo, coherente con los principios de derecho constitucional y administrativo generales que rigen la función pública argentina. Así, si pierden el pleito, les está prohibido cobrarlos de su cliente -el Estado- condenado en costas. Esto como cualquier letrado en relación de dependencia con el cliente perdidoso, de conformidad con la Ley Arancelaria local. Igualmente, desde que perciben remuneraciones por su función - tanto en el caso del Fiscal como de sus apoderados- aún cuando el Estado que representan resulte vencedor, la Ley ha dispuesto, que el derecho a honorarios está limitado personalmente al 50, y el restante, corresponde al organismo. De este modo, la calidad de acreedor por honorarios en los casos de Estado vencedor, se reparte entre el "gestor del juicio" -Fiscal patrocinante y apoderados procuradores- y el órgano Fiscalía de Estado. Y es indistinto que el "gestor" del pleito perciba o ejecute el total -sin perjuicio de cumplir con la obligación de aportar el 50 a la Fiscalía, o sólo perciba o ejecute su parte -el 50 - y por el restante, venga a percibir o ejecutar la Fiscalía, a la que la Ley le ha conferido el derecho al 50 de todos los honorarios ganados por sus letrados -Fiscal incluido-, lo cual está corroborado por el Dto. nro. 890-98. Amén de lo cual, ese patrimonio pertenece en forma exclusiva a la Fiscalía de Estado, que a tal fin cuenta con un Fondo Especial en el marco de la Ley de Contabilidad, pues se trata de fondos provistos por terceros - los letrados acreedores por honorarios- con una finalidad determinada.
Competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: José Leonardo Avegno c/ Provincia de Buenos Aires s/ Reivindicación de una finca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1874-04-11

Debe desestimarse el argumento según el cual la Jurisdicción de la Corte para conocer en demandas de particulares contra las Provincias es depresiva de la dignidad y soberanía de aquellas, incompatible con la independencia de su administración interior y subversiva del régimen Federal de gobierno, pues si dicha jurisdicción existe incuestionablemente y todos la reconocen como constitucional y necesaria cuando una Provincia demanda a otra o cuando un Estado extranjero demanda a una Provincia, no se comprende por qué razón puede sostenerse lo contrario cuando es un particular el demandante, dado que la persona que demanda debiera ser indiferente ante tales principios.
Convenio de alimentos, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: N.R.A.  Y  C.A.D. s/ DIVORCIO    ART.  67  BIS  -  ALIMENTOS  -  CONVENIO  -  HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-11

La pretensión del esposo tendiente a restarle ejecutoriedad al convenio de alimentos antes de su homologación judicial comporta un obrar contrario a sus propios actos, doctrina ésta que constituye una derivación del principio general de la buena fe.

La circunstancia de haberse omitido la expresa homologación del convenio es irrelevante, puesto que aún en el caso de no haberse incorporado al expediente, en aplicación de la doctrina expuesta, hubiera sido judicialmente ejecutable, y el derecho del emplazado no se encuentra vulnerado ya que puede solicitar por vía de incidente la modificación que pretenda (conf. art. 450, Código Procesal).
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Existe cuestión federal suficiente para la apertura de la instancia extraordinaria al haberse cuestionado la interpretación de normas de un tratado internacional (arts. 41, inc. b y 51 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la interpretación efectuada por el a quo ha sido contraria a las pretensiones de los recurrentes.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, trámites judiciales, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Halabi, Ernesto c/ P.E.N. -ley 25.873 dto. 1563/04 s/ amparo-ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Teniendo en cuenta la naturaleza procesal de la acción de amparo -en cuya ley reguladora no está expresamente prevista la intervención de terceros-, a fin de no entorpecer la marcha de este rápido y comprimido proceso (art. 16 de la ley 16.986) y al no darse un supuesto de intervención necesaria para la integración de la litis, resulta improcedente la pretensión formulada con apoyo en el art. 90, inc. 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuya interpretación es restrictiva.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio, actualización monetaria, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gutierrez Lorena Andrea c/ Universidad De Buenos Aires s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

Procede declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 25561, en cuanto prohíbe la actualización monetaria y la indexación de por precios, pues su aplicación al supuesto de créditos laborales resulta lesiva a los principios constitucionales dado que existe una genuina depreciación monetaria y una de las funciones primordiales de los jueces es resolver con ajuste a la Constitución Nacional (del voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal)
Relación de dependencia, indemnización, pago a cuenta
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ RAMON ANTONIO c/ LOMA NEGRA C.I.A. S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE Y ART. 212 L.C.T. - CASACION  LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-24

Si la intención expresa de las partes se encuentra plasmada en las cláusulas del instrumento notarial disolutivo de la relación laboral, y allí se señala, que la suma acordada como gratificación graciable especial y voluntaria, será a modo de premio y compensación expresa, a cualquier reclamo posterior por cualquier concepto devenido de la relación que tuviera con la empresa y de cualquier clase y naturaleza, los que incluso alcanzan, a los que puedan devenir de sentencias judiciales; desde esa perspectiva, la gratificación convenida, su monto y la manera de liquidarla, no tiene otra fuente jurídica que la voluntad de las partes, y así cabe aceptarla. Violentar el principio de irrenunciabilidad sería conculcar el derecho a percibir un resarcimiento superior, mas no el pago a cuenta del que eventualmente pudiera corresponder, pues el pago anticipado y a cuenta de eventuales indemnizaciones no tiene nada de objetable desde el punto de vista del respeto de los derechos irrenunciables del tr abajador.
Acción de amparo, establecimientos geriátricos, cobertura médica, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: S., D. c/ OSDE s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

En cuanto a la cobertura de internación geriátrica, cabe señalar que la ley 24.901, en sus artículos 29 al 32 contempla -específicamente- su cobertura mediante "sistemas alternativos al grupo familiar" (residencias, pequeños hogares y hogares) para personas con discapacidad que no tengan "grupo familiar propio o éste no resulte continente". Asimismo en la Resolución Nº 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social (que aprueba el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) se establecen los valores de reintegro de acuerdo a las características de la modalidad de cobertura (cfr. Puntos 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4). Con tal comprensión, se concluye que la medida cautelar apelada que ordena la internación geriátrica del Sr. D.S. con el límite dispuesto en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, resulta -en este estado liminar y de acuerdo a las constancias aportadas en la causa- ajustada a derecho.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Mottet, Jorge L c/ Cometarsa SA s/ Enfermedad accidente ley 9688, art. 212
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-26

La posibilidad de elegir entre el reclamo laboral y el civil no implica que el trabajador tenga dos créditos distintos. El crédito es uno, y a el debe imputarse el pago recibido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa de mercaderías, factura, entrega del bien, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Abregú, José Ren c/ Colombres Julio y otros s/ contratos
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-22

Los elementos traídos a juicio son insuficientes para demostrar que la accionada adeuda a la actora el monto reclamado en concepto de facturas impagas por los materiales que aquella le proveyó. Si bien se tienen por auténticas las facturas acompañadas y con ello la existencia de una relación comercial entre los litigantes, sumado al hecho de que las facturas fueron recepcionadas por la empresa demandada; no se encuentra acreditada la entrega efectiva de la mercadería, lo cual debía ser probado por la actora. La documentación acompañada por la recurrente no bastaría para acreditar la existencia de la deuda, que tampoco habría sido demostrada mediante la prueba pericial contable u otro medio idóneo llevada a cabo en los libros contables del actor, prueba que hubiera sido determinante a la hora de resolver el presente litigio.
Indemnización por muerte, subsistencia de la viuda e hijos menores, hijo mayor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: PONCELAS JORGE c/ CALECA JACINTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-08

Los hijos mayores de edad no se encuentran amparados por la presunción legal de daño que beneficia a la viuda e hijos menores del fallecido a raíz de un hecho ilícito.