marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tribunal de cuentas, rendición de cuentas, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGADO, ALFREDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

Habiéndose desempeñado el recurrente como Representante del Estado en el Consejo de Administración de un hospital, el ejercicio de su función implicaba claramente su posicionamiento como un agente responsable de rendir cuentas; y la posición de éste como sujeto cuentadante no se cancela por la existencia de otros agentes -como ser el Administrador del nosocomio- que pudiesen tener el deber concurrente de rendir cuentas, resultando todos ellos responsables -directos o indirectos- frente al órgano de control, sin excluirse entre sí; sin modificarse su situación por el hecho de haberse desvinculado de la institución pública. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12510, artículos 213 y 215; Ley 10608; Decreto provincial 1427/91; Resolución del Tribunal de Cuentas 544/12.
Excarcelación, fundamentación de la resolución, ausencia de motivación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Castelau, Pablo Andres s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-02

No es arbitraria la denegatoria de excarcelación si a las pautas de carácter objetivo significativas de la seriedad del delito imputado y la eventual severidad de la pena que en caso de ser condenado lo corresponderá, el recurrente no aportó otras circunstancias objetivas ni subjetivas que permitan descartar la presunción del riesgo procesal que acarrearía la libertad del encausado, máxime cuando su detención no se presenta como irrazonablemente prolongada. La disidencia consideró que el pronunciamiento carece de la debida motivación, ya que no realizó individualización ni examen alguno, omitiendo demostrar el modo en que podrían verse frustrados los fines del proceso, y agregó que las presunciones de los riesgos procesales deben extraerse de comprobadas circunstancias objetivas y/o personales de la causa, y no del empleo de fórmulas dogmáticas. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda -en disidencia-, Hornos).
Demanda de verificación, crédito laboral, despido, despido con causa, despido sin causa
Materia: COMERCIAL
Carátula: CORPORACION  UNO  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. Y PRONTO PAGOPOR QUINTANA, NESTOR E.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Resulta improcedente desestimar una solicitud verificatoria formulada por un acreedor laboral cuando, -como en el caso- se verifica que de las constancias del expediente surge que la relación laboral no se encuentra controvertida, aún cuando exista en cambio controversia en cuanto a la causa del despido.

En tal sentido cabe precisar, que el despido con causa es un acto jurídico relevante con consecuencias importantes en orden a la aplicabilidad de otras normas jurídicas, y que no puede quedar librado a meras referencias tanto acerca de la certeza del acto mismo, como decisión del empleador o como del efectivo y convincente conocimiento por parte del dependiente (CNTRAB, sala VII, 26.12.00, "Sortino, Paola c/ MYL Catering Service SRL s/ despido"). Por ello, la duda que suscite tal oscuridad o insuficiencia de la norma no puede ser interpretada validamente sino a favor del trabajador (L.C.T.art. 9) y no a la inversa. De modo que ante la carencia de prueba por parte del empleador en lo concerniente al "despido con causa" invocado, la cuestión queda dirimida a favor del incidentista.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, acuerdo legislativo, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

Si no existe acuerdo legislativo (que por otra parte es necesaria condición de validez del nombramiento de los jueces para los casos en que lo requiere la Constitución) es ilógico pretender que un magistrado sea sometido al enjuiciamiento previsto por la ley 7050, porque, en tal caso, se estaría soslayando la clara disposición del artículo 92 inciso 5) de la Constitución Provincial, que le otorga a la Corte, en su integración natural (esto es, a la Corte como tal -actualmente con seis Ministros-, no a la Corte integrada, que tiene a su cargo la destitución de los otros jueces) la propuesta de remoción de los jueces sin acuerdo. Por tanto, debe necesariamente afirmarse que la garantía constitucional del antejuicio depende de que la designación haya sido efectuada con acuerdo legislativo, único supuesto en el que se justifica la especial integración subjetiva de la Corte Suprema para decidir la absolución o destitución del magistrado al que se le imputa alguna causal de remoción (artículo 91, segunda parte de la Constitución Provincial).
Prueba confesional, plena prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pícaro, Carlos Alberto c/ Segatti Hermanos S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-14

La confesión constituye plena prueba sólo cuando el absolvente adhiere al hecho puesto por el ponente, pero la explicación agregada por el primero, en cuanto lo beneficia, es pura alegación y no prueba.
Actualización monetaria, pago, carácter alimentario, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Rodríguez, Juan Gabriel c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Dado que el reajuste de los créditos de naturaleza alimentaria responde a un claro imperativo de justicia y a garantizar debidamente el derecho de propiedad del actor, carece de relevancia que el pago haya sido percibido sin reservas, pues el pago insuficiente de esta clase de obligaciones debe considerarse como entrega a cuenta del total adeudado, quedando expedita al acreedor la acción para reclamar la diferencia dentro del límite del término de la prescripción.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Milagros María c/ Línea 18 S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

En el contrato de seguro coexisten dos figuras que deben mantener su individualidad: uno es el tomador y el otro el asegurado, sujetos que en la gran mayoría de los contratos de seguros de responsabilidad hacia terceros coinciden, pero puede no ser así necesariamente, lo que por lo demás resulta indefectible si -como en el supuesto de autos- el tomador es una persona de existencia ideal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: Cañete, Norma Beatriz c/ Escobar de Benitez, Deidamia s/ Escrituración s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-08-02

La perención de la instancia no se suspende durante el trámite que debe ser cumplido por el juzgado; la parte debe surgir su diligenciamiento, aun cuando se trate de una medida para mejor proveer.
Habeas corpus, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: OVEJERO MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS EN SU FORMA CORRECTIVA VACCARI, GUSTAVO ADOLFO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS EN SU FORMA CORRECTIVA VACCARI, GUSTAVO ADOLFO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS EN SU FORMA CORRECTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-17|2001-09-17

El instituto del hábeas corpus (en cualquiera de sus modalidades) previsto en el Art.43 párrafo final de la Constitución Nacional, regulado legislativamente por la Ley 23.098, constituye una garantía constitucional destinada a brindar la protección judicial para toda persona que es privada de su libertad física o de su libertad ambulatoria, o bien las encuentra restringidas, agravadas o amenazadas ilegalmente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidente ferroviario
Materia: CIVIL
Carátula: CARINO VICENTE CAMILO c/ TUFESA (TUCUMAN FERROCARRILES S.A.) Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-03

El que cruzó las vías era un conductor profesional de un camión (art. 902 C.C.) y como tal se presume que es avezado en su conocimiento de que el ferrocarril goza de prioridad absoluta en el paso y que debe cerciorarse previamente, a cruzar, sobre la ausencia del mismo y no actuar exactamente en contrario es decir antes las señales de la presencia evidente de un tren encarar el cruce, lo cual configura, sin lugar a dudas algo impredecible para el conductor del ferrocarril y sus consecuencias inevitables.- Las medidas tomadas acerca del referido paso nivel (señales sonoras, lumínicas, velocidad prudente, cruz de San Andrés), son las que normativamente correspondían, no estando la empresa obligada a tomar ninguna otra (verbigracia: destacar su personal en cada nivel), como lo pretende el apelante. (Anexo L del decreto P.e.n. 779/95; Decreto P.e.N.747/88; el anexo IV del convenio entre Nuevo Central Argentino S.A. y Ferrocarriles Argentinos).- De todo lo expuesto se concluye que la demandada demostró la existencia de culpa de un tercero por quien no debe responder y que de su parte no hubo obrar negligente.-
Cosa juzgada, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL
Carátula: Urrutia, Juan y otra c/ Barrios, Pablo y otros s/ daños y perj. por del. y cuasid. sin uso autom.(sin resp. est.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-22

La sentencia penal hace cosa juzgada respecto a la materialidad de los hechos, despojada de toda valoración subjetiva, pues existen aspectos residuales sobre los que el tribunal civil puede emitir un juicio de valor diverso al realizado en aquella sede.
Quiebra, calificación de conducta, principio de congruencia, Ministerio Público
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRIMEC s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

El fallido debe tener oportunidad de contestar los cargos que sobre su proceder haya efectuado el síndico, y con mayor razón, si el ministerio público amplió los del funcionario de la quiebra.
Admisibilidad del recurso, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEUQUEMAN, MANUEL ALEJANDRO S/ HOMICIDIO CULPOSO s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2006-07-28

La finalidad institucional del recurso de casación es nomofiláctica, es decir su admisibilidad sólo deviene procedente para salvaguardar la interpretación correcta del derecho vigente, sea sustantivo o procesal.
Competencia por el territorio, declaración de insania
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., G.E. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-03

El principio de que el juez competente para entender en el proceso de declaración de incapacidad es el del domicilio del causante, debe ceder ante el de residencia en miras a una mejor protección del presunto incapaz o inhabilitado. De tal manera, la determinación del domicilio requiere amplitud de prueba, pudiendo aceptarse como domicilio el lugar de internación actual -salvo que sea accidental-, pues esa allí donde deben desarrollarse las tareas específicas básicas para la protección de los derechos de los pacientes.
Estado Provincial, gobierno provincial, ley provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cadopi, Carlos Humberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Las provincias pueden dictar leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, leyes de policía interior, de orden administrativo, de estímulo económico, en las que pueden encontrar traducción la variedad de sus intereses y condiciones locales, y también leyes adjetivas que instrumenten las fundamentales dictadas por la Nación, manteniéndose siempre en el límite de los poderes no delegados (arts. 121, 122 y 125 de la Constitución Nacional).
Ministerio Público Fiscal, inmunidad del Ministerio Público, intangibilidad de la remuneración, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO VICTORICA, Juan Martín s/ Archivo, Causa nro. 13.669
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-21

La inmunidad de los representantes del Ministerio Público ha sido reconocida jurisprudencialmente, durante la vigencia del anterior texto constitucional, con el mismo tenor que la atribuida a los legisladores, a pesar de que la Ley Fundamental no la contemplaba expresamente en su normativa para funcionarios como el que aquí nos ocupa, a diferencia de lo que ocurría en las constituciones provinciales, tutela que ahora sí le es expresamente reconocida en virtud de la reforma constitucional de 1994, que incorporó al Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, estableciendo que sus integrantes cuentan con inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones (art. 120 de la C.N.); tendencia que ya el 27 de agosto de 1990, venía siendo propiciada en el plano internacional a través del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana, República Unitaria de Cuba, donde se estableció entre otros aspectos que "Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole".
Competencia, autoridad administrativa, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Suieluy SRL c/ GCBA s/ conflicto de competencias competencias
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

La regla según la cual corresponde al fuero CAyT el conocimiento de los amparos dirigidos contra autoridades públicas, debe ser -bien entendida- referida a las autoridades públicas en ejercicio de las funciones cuyo control judicial prevé la ley 189, cuya solución para definir el ámbito de de actuación del fuero CAyT con un criterio subjetivo fue seguida por la ley de amparo. (Voto Dr. Luis F. Lozano).
Alimentos, alimentos atrasados, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: A. de S., O. c/ S., E. J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-26

La caducidad de los alimentos atrasados prevista en el art. 645 del Código Procesal sólo procede ante el incumplimiento total, ya que el beneficiario puede postergar el reclamo de las diferencias, reservándolo como último medio, y atento el carácter restrictivo que debe acordarse a la referida caducidad.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cobro de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: "GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Sánchez, Úrsula Inés contra GCBA y otros Sobre Cobro de Pesos", expte. SACAyT n° 1060/18-2 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

La alegada lesión a la división de poderes, avasallamiento de facultades constitucionales propias del Poder Ejecutivo, o la afectación de su zona de reserva, en razón del dictado de una sentencia que ejerce el control difuso sobre la legitimidad de la actuación del Poder Administrador a requerimiento de parte interesada, deviene no solo improcedente sino también anacrónico como argumento. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vega, Miguel Ricardo c/ Policlínica Privada Urday y otro s/ Daños y perjuicios Aboy, Mirta Mabel c/ Empresa Liniers S.A. s/ Daños y perjuicios López, Hugo y otros c/ Serra Néstor y otros s/ Daños y perjuicios Burgos, Héctor Ramón c/ Serio Orlatti, Virgilio y otros s/ Daños y perjuicios Burgos, Héctor Ramón c/ Serio Orlatti, Virgilio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16|1994-08-30|2002-02-19|2006-09-20

Es verdad que, como criterio general de interpretación del artículo 1103 del Código Civil, mientras que la discusión acerca de la culpabilidad puede reabrirse en sede civil, la relativa a la relación causal queda por principio excluida, para que la realización del hecho principal no se pueda juzgar dos veces con resultados divergentes. Pero también es verdad que ese principio cede cuando, como en la especie, la lectura de la sentencia penal revela que el juzgador ha debido limitar el sentido final de su decisión por los condicionamientos que legalmente constriñen su facultad de penar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Memorial, expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vega, Gerardo Ramón s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-01-29

Para considerar el recurso de apelación interpuesto, corresponde tener como memorial de agravios el escrito de fundamentación de la revocatoria en cuyo subsidio se dedujera la apelación, de cuyo examen surge que dicha presentación no cumple con los recaudos de suficiencia técnica que exige la legislación procesal vigente, habida cuenta que, conforme se ha sostenido "el memorial a través del cual debe fundamentarse el recurso de apelación concedido en relación, constituye un acto procesal equivalente a la expresión de agravios que se presenta cuando el recurso ha sido concedido libremente...", habiéndose señalado, asimismo que el "memorial debe reunir las mismas exigencias técnicas establecidas para el referido escrito de expresión de agravios, de manera tal que el recurrente asume la carga procesal de satisfacerla con idéntico nivel crítico..."
Juicio ejecutivo, excepción de transacción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Radmil Nora del Carmen c/ Gallo de Meis Ester y otro s/ Rendición de cuentas y retención
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

Si de la prueba producida en autos no surge la existencia de un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciendose concesiones recíprocas, extingen obligaciones litigiosas o dudosas, no es admisible la excepción de transacción. (Minoría u opinión personal)
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scipioni, Augusto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Tiene derecho a pensión el hijo menor de un afiliado al Instituto de Previsión Social que falleció en el extranjero estando allí en actividad.
Juicio ejecutivo, título profesional, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Najara Ramón Francisco y otro c/ Gómez Mario Francisco y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-05-10

"Si la determinación acerca de la concurrencia de los recaudos que condicionan la existencia y habilidad del título ejecutivo (doct. arts. 502/503 del CPCC) supone una investigación que excede la consideración del título y requiere un marco de debate que exorbita las previsiones del juicio ejecutivo, la vía procesal incoada debe ser rechazada".
Recurso extraordinario, nulidad procesal, denuncia, establecimientos asistenciales, estupefacientes, tráfico de estupefacientes, tratados internacionales, Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

La solución del caso en que se declaró la nulidad de lo actuado en virtud de la supuesta ilegitimidad de la denuncia efectuada por médicos de un hospital público no exige el examen de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscripta en Viena el 19 de diciembre de 1988 y aprobada por la República Argentina mediante la ley 24.072, máxime cuando dicho pacto internacional no contiene disposición alguna que tenga incidencia sobre las normas que rigen el caso (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Despido, licencia por enfermedad, trabajo en otra empresa
Materia: LABORAL
Carátula: SARMIENTO, ALFREDO MIGUEL c/ SATURNO FONTANA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Incurre en grave violación a los deberes de diligencia y colaboración y buena fe el trabajador que gozando de licencia por enfermedad, cumple tareas en otro lugar, lo que justifica la decisión rescisoria de la empleadora.
Dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lachaise, María Cristina c/ Olive, Antonio Alberto s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

El dominio sólo se transfiere mediando título, modo e inscripción (arts. 577, 1184 inc. 1, 2505, 2524, 2601, 2602, 2603 y concs. del Código Civil).
Regímenes jubilatorios especiales, odontólogos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salas, Pedro José Samuel c/ Caja Seg. Soc. Odontólogos Pcia. de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Para que se presente la situación en pugna con la prohibición del art. 14 bis de la Constitución nacional -que veda la superposición de aportes-, es necesario que se sobreponga en identidad el fin de la Caja previsional y el carácter o razón en virtud de la cual se aporta.
Soberanía, reelección
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

El principio de soberanía popular no requiere que se reconozca al cuerpo electoral la facultad de mantener como representante a quien ha cumplido con su mandato en los términos en que originariamente había sido elegido.
Contrato de obra pública, multa, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARRASCAETA, RAFAEL CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 2-80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-04-08

Ante el atraso en el cumplimiento de los plazos en obras públicas, la Administración no puede valerse de su potestad sancionatoria sino en casos justificados, donde, de acuerdo a la seriedad de la infracción, se imponga la aplicación de sanciones como la de multa o la más grave, de rescisión. En principio, la valoración de ese extremo compete a la Administración en ejercicio de su discrecionalidad administrativa y técnica, pero subordinada al posterior control judicial a efectos de determinar si aquélla la ha realizado en forma caprichosa o arbitraria.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Daniel L. c/ De Miguel, Adolfo R. s/ Indemnización por incapacidad y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-30

Si las demandadas actuaron durante todo el proceso como partes independientes, circunstancia que no se alteró por haberlo hecho mediante un mismo apoderado, su situación procesal ha configurado un litisconsorcio facultativo que como tal, determina que cada parte mantenga su independencia respecto de la otra y actúe con verdadera autonomía ante el adversario.Por ello, la sustitución del depósito que prevé el artículo 125 del Código Procesal Laboral por una sola de ellas, determine que la otra no ha cumplimentado el requisito de dicha norma procesal para la procedencia del recurso, que debe declararse mal concedido.
Sentencia definitiva, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: GIMENEZ BLANCA LELIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. DE GIMENEZ SERGIO FERNANDO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-14

Es sabido que la nulidad de una sentencia definitiva en el proceso penal debe declararse oficiosamente toda vez que aparezca comprometido el orden público, comprensivo de las garantías contitucionales del debido proceso legal y de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de acuerdo con la reiterada y pacífica jurisprudencia sobre esta materia.-