Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-12


DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - DGI contra DEVI CONSTRUCCIONES S.A. Reg.: A y S t 196 p 487-489. Santa Fe, 12 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el organismo recaudador contra la resolución 41 del 15 de marzo de 2002, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "DEVI CONSTRUCCIONES S.A. -Concurso-Revisión promovida por D.G.I.- (Expte. 113/01)" (Expte. C.S.J. nro. 486, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó el recurso de apelación interpuesto por la incidentista, confirmando la resolución de primera instancia -que a su turno, había declarado la caducidad del incidente de revisión incoado- (f. 1).

Contra aquel pronunciamiento deduce la perdidosa recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario -por no satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial- y lesivo del derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso (fs. 4/12).

Postula la quejosa que el decisorio atacado ha prescindido de constancias fehacientes que, a su juicio, demuestran que su parte no manifestó una intención que implicara un abandono de derecho. Pone de relieve que en el proceso peticionó -reiteradamente- el dictado de sentencia, procurando el pronunciamiento del Tribunal sobre el fondo de la cuestión debatida, ante el reconocimiento expreso del crédito fiscal por parte de la demandada.

Al relatar los antecedentes del caso destaca que la concursada se había acogido al régimen específicamente reglado por el decreto 493/95, incumpliendo luego las obligaciones emergentes de dicho régimen; aduce que tal hecho nuevo fue comprobado en el proceso, proveyéndose traslado a la contraparte y a la Sindicatura; agrega que éstas quedaron notificadas automáticamente de la providencia citada, pese a lo cual no contestaron; y concluye que, una vez firme ese decreto, el Juez de baja instancia debió dictar sentencia conforme a lo que ya había sido peticionado.

Afirma que el pronunciamiento impugnado agravia a su parte al considerar que "...le asiste razón a la Sindicatura en cuanto expresa que el denominado allanamiento fue una propuesta realizada por la concursada que fue rechazada por la insinuante que entendió viva la litis al denunciar un hecho nuevo..." (cfr. f. 6vto.). Frente a ello, asegura la recurrente que el allanamiento no fue rechazado, sino que el plan de pagos propuesto por la deudora dejó de tener vigencia jurídica en razón de su propio incumplimiento, y que la deuda subsiste tal como ha sido reconocida por la misma concursada.

También endilga a la Sala haber evaluado sólo las fechas, sin meritar la situación jurídica contenida en ellas, prescindiendo del principio básico según el cual el instituto de la caducidad es de interpretación restrictiva. Y ello, desde que el decisorio recurrido consigna que "...El decreto de fs. 213 está fechado el 31 de marzo de 1998, la caducidad se plantea el 4 de mayo del 2000. Todo ello es posterior a la denuncia de la recurrente de que el plan de facilidades solicitado había sido rechazado (5 de marzo de 1997, fs. 212)..." (cfr. f. 6vto.). En este aspecto, opina la impugnante que exigirle a su parte una nueva petición de sentencia -que ya había sido reiterada- constituye un excesivo rigor ritual.

Insiste en señalar que los argumentos precedentemente transcriptos revelan tanto una flagrante contradicción con las constancias de la causa, como la falta de consideración de la conducta procesal de su parte.

Asimismo, la quejosa invoca la existencia de gravedad institucional, sosteniendo que el caso exhibe una cuestión que excede el mero interés privado en la solución del conflicto, ya que se hallan gravemente comprometidos los recursos tributarios y previsionales, indispensables para el financiamiento del Estado, tanto nacional como provincial.

El Tribunal a quo, mediante auto 330 del 4 de diciembre de 2002, denegó la concesión del remedio intentado (fs. 18/19). Ante tal denegatoria, la perdidosa acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 20/29).

2. Si bien lo atinente a la caducidad de la instancia es materia procesal, como principio, ajena al ámbito del recurso de inconstitucionalidad -según lo sostenido, además, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación al recurso de la ley nacional 48- tal doctrina reconoce excepción en aquellos supuestos en que la decisión pone fin al pleito o causa agravio de imposible reparación ulterior (conf. A. y S. T. 68, p. 262; T. 80, p. 122; T. 99, p. 465/467).

En el caso, debe considerarse superado el óbice de la falta de definitividad del decisorio impugnado, dado que la resolución recurrida, que confirmó la que había declarado la caducidad del proceso, otorga fuerza de cosa juzgada al fallo de primera instancia -que había resuelto originariamente con respecto al crédito insinuado-, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la ley 24522.

Pero no obstante haber superado dicha valla formal, la queja de todos modos no puede prosperar. Ello así, pues los agravios que propone la recurrente -vinculados con el criterio de si la insinuante entendió viva la litis al denunciar el hecho nuevo, o si tal alegación dejaba la causa en estado de resolver- constituyen materia propia de los jueces de la causa y no revisable por la vía del remedio extraordinario intentado, máxime cuando, como en el caso, la decisión está fundada en razonamientos que le otorgan sustento bastante y excluyen la tacha de arbitrariedad.

En efecto, surge del memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad en confrontación con el pronunciamiento atacado que, si bien la impugnante achaca al Tribunal incurrir en lesión a derechos y garantías constitucionales y en arbitrariedad -excesivo rigor ritual, preterición de pruebas y constancias incorporadas al proceso, fundamentación aparente-, su articulación se centra en el debate acerca de cuestiones de hecho e interpretación de normas procesales -tales como si operó la caducidad en el caso, qué criterios debió seguir el juez para la evaluación de fechas y situaciones jurídicas, cómo debió notificarse el decreto de foja 213, etcétera- que, salvo arbitrariedad, escapan al contralor por parte de este Cuerpo.

Adviértase que el A quo confirmó el auto impugnado luego de analizar y apreciar la evolución de las actuaciones, concluyendo que la causa había estado paralizada por más de dos años, y ello con posterioridad a la denuncia de la recurrente de que el plan de facilidades solicitado había sido rechazado (cfr. f. 1). Tales fundamentos -independientemente de su acierto o error- no se demuestra sean absurdos o irracionales, por lo que el planteo queda dentro del marco de lo meramente hermenéutico, y, por ende, sin esencia constitucional.

No mejora la situación de la quejosa la gravedad institucional invocada, desde que ésta no constituye una hipótesis susceptible de habilitar per se la apertura de la instancia excepcional, pues para esta Corte la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S., T. 143, pág. 111).

El recurso de inconstitucionalidad resulta así inadmisible, correspondiendo desestimar la queja.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)