Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-11


AUTOS 138335.1 (C.C.Nº21944) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "VIDART Maria Teresa y Otros C/ Ríos Oscar Antonio y Otros - Ordinario- Actuaciones para Elevar".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº II - Fº42/45.- En la Ciudad de San Juan a 11 días del mes de agosto de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 05, contra la resolución de fecha 12 de diciembre del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº138335.1 (C.C. Nº21944) caratulados: "VIDART MARIA TERESA Y OTROS C/ RIOS OSCAR ANTONIO Y OTROS - ORDINARIO- ACTUACIONES PARA ELEVAR", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. sub 01 y vta.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- La Sra. Juez de Noveno Juzgado Civil, en la resolución obrante a fs. sub 01/vta., dispuso, en la parte pertinente al recurso, aclarar que la obligada al pago de los honorarios de los Dres. Gustavo F. Sánchez y Valeria Jorquera, es el codemandado Dr. Oscar A. Ríos.

Para así resolver consideró que ello es así en virtud de las "Condiciones Generales" de la Póliza que impone la obligación del asegurado de encomendar su representación y defensa a los abogados de la aseguradora, debiendo asumir el asegurado el pago de los profesionales que éste designe cuando la demanda exceda la suma asegurada y decida participar (cláusula cuarta) y la interpretación armónica de los arts. 109, 110 inc. a) y 118 de la Ley de Seguros.

II- Contra dicha resolución, los profesionales aludidos, por sí, dedujeron el recurso de apelación y expresaron agravios (fs. sub 04 y 06/12 vta.).

Se sostuvo como primer agravio que dicha resolución, al imponer el pago de los honorarios al Sr. Oscar A. Ríos, afecta el principio de legalidad, la defensa en juicio y el debido proceso, por interpretar erróneamente -según sostienen- lo dispuesto en los arts. 109, 110, 118 y 158 de la Ley 17.418.

Alegan que el asegurado chofer o conductor del camión optó por contratar a los profesionales que contestaron la demanda y citaron en garantía, lo cual permitió una conciliación a valores convenientes para ésta última.

Agregan que lo dispuesto en el contrato de seguros es inoponible al conductor del camión, por ser un tercero en los términos del art. 1199 y sig. del C. Civil.

Como segundo agravio expresan que no se ha aplicado lo establecido en los arts. 72 y 74 de la Ley 17.418, y que al no haber depositado la aseguradora la suma asegurada con más gastos y costas, se encuentra constreñida a pagar la totalidad de las costas generadas.

Citan doctrina y piden que se condene la aseguradora a pagar sus honorarios.

III- A fs. 130/132 vta. la apoderada de la aseguradora "Cooperación Mutual Patronal SMSG", contesta el memorial de agravios.

Replica lo expresado por los recurrentes indicando que el memorial de agravios no cumple con los requisitos exigidos en el art. 253 del C.P.C.C.M. y que -en consecuencia- debe ser declarado desierto al recurso.

En subsidio, contesta el primer agravio señalando, en resumen, que sostener que el contrato de seguro es inoponible al Sr. Ríos, por no ser éste el contratante, es contradictorio con su alegación de aplicación de lo establecido en el art. 110 de la Ley de Seguros.

Con relación al segundo agravio, manifiesta que la aseguradora nunca declinó asumir la defensa del siniestro, y que el conductor incumplió la carga prevista en la Cláusula 4 de la Póliza.

Introduce cuestión constitucional y pide que se declare desierto o rechace el recurso, con costas.

IV- A fs. sub 43 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La crítica efectuada en el escrito de expresión de agravios debe consistir en una concreta y razonada refutación de las partes de la resolución que el apelante considere equivocadas, sin que sea suficiente remitirse a presentaciones anteriores (art. 253, C.P.C.C.M.).

Ahora, a los fines de determinar la suficiencia de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, pues, de lo contrario, podría producirse un perjuicio al litigante en virtud de un mero defecto técnico, poniendo en juego la garantía de defensa en juicio, por lo que en este caso aun cuando existan alegaciones contradictorias de los recurrentes (como es sostener que es inoponible el contrato de seguro e invocar a su favor la normativa que regula el contrato de seguro) estimo que corresponde analizar los agravios planteados.

2. Dicho ello, se puede afirmar que en el seguro de responsabilidad civil, según lo previsto en el artículo 109 de la Ley 17.418, "El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido".

Las disposiciones de los arts. 110, 111 y 112 de la Ley 17.418 han sido establecidas con miras a regular la extensión y límites de la obligación -nacida con motivo del acaecimiento del siniestro-, que pesa sobre la aseguradora respecto al asegurado Y si bien la obligación que asume el asegurador lo es sólo en favor del asegurado, contractualmente se extiende la misma a favor del "conductor autorizado" en el seguro automotor en cuya póliza se asimilan ambas figuras. En efecto, de ello se deduce que se trata de un contrato a favor del asegurado y/o conductor autorizado.

3. Se es "conductor autorizado" cuando la autorización para conducir, expresa o tácita, proviene del tomador (Cfr. Stiglitz, Rubén S; "Seguro contra la responsabilidad civil y el riesgo automotor", RCyS 2013-X , 239), y la extensión de la cobertura al conductor queda condicionada a que éste cumpla las cargas y se someta a las cláusulas de la póliza y de la ley, como el mismo asegurado, al cual se lo asimila.

En tal sentido, el "conductor autorizado" se halla sometido al régimen general del contrato de seguro y, específicamente, a los términos del contrato celebrado por el tomador/asegurado, como ser, las delimitaciones del riesgo cubierto y las cargas asumidas.

4. Por ende, si no se encuentra controvertido en este caso que en la Cláusula cuarta de las condiciones generales de la Póliza se impuso la obligación del asegurado de encomendar su representación y defensa a los abogados de la aseguradora, los honorarios de los profesionales contratados por voluntad del "conductor autorizado" no están a cargo de la aseguradora, tal como lo ha establecido la Sra. Juez de primera instancia. 5. Es que el artículo 118 de la Ley de Seguros limita la indemnización a cargo del asegurador en la medida del seguro y, como beneficio para el asegurado y/o conductor autorizado, no son ejecutables contra ellos los honorarios de los abogados impuestos por la aseguradora, en razón de que a éstos le es oponible el contrato de seguro que conoce y que da origen, además, a su actuación profesional.

En consecuencia, señalado como está en el contrato de seguro que se impone la obligación del asegurado de encomendar su representación y defensa a los abogados de la aseguradora, los honorarios de los profesionales de la aseguradora que deben defender al asegurado son a cargo del asegurador, y luego no se los pueden hacer cargar al asegurado (Cfr. Sala C de la Cámara Nacional Civil, publicada en JA, 1995-I-18, y Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, JA, 1995-II-669, citados por Compiani, María M. Fabiana; "Citación en garantía", La Ley Online AR/DOC/1525/2009), pero lo que contrate el forma voluntaria resultan -tal como se indicó en la resolución impugnada- a cargo del conductor del vehículo asegurado en su carácter de "conductor autorizado".

6. A ello debe agregarse que no consta de las constancias adjuntas, que la aseguradora haya sido renuente en su obligación de asumir la cobertura conjuntamente con la dirección del proceso, ni que se de un supuesto de salvamento y verificación de daños (arts. 72 a 78 de la Ley 17.418), por lo que nada de lo alegado por los recurrentes puede justificar que los honorarios de los profesionales contratados por el "conductor autorizado" deban ser impuestos a cargo de la aseguradora.

Y como la dirección del proceso constituye un derecho del asegurador (arg. arts. 110, inc. a), 116, 118 y cc de la Ley 17.418; cfr. Stiglitz, López Saavedra, Meilij, Barbato), sólo en caso de renunciar a ese derecho corresponde el depósito de la suma asegurada con más sus accesorios. Por ende, sólo si el asegurador declina la dirección del proceso debe cargar con los honorarios del abogado que designe el asegurado y/o conductor autorizado.

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón de lo acordado al tratar la primera cuestión, propongo que se rechace el recurso de apelación interpuesto a fs. sub 04, con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida (arts. 66 y 67, C.P.C.C.M.).

EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. sub 04;

II- Imponer las costas de Alzada a la vencida.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.