marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereyra Gómez Alberto c/ Firma Credi-Hogar S.R.L s/ Laboral - Incidente de moderación de montos de condena
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-11-10

Brevemente expresado: en todo período inflacionario y más aún tratándose de un lapso hiperinflacionario como el vivido en el país en el lapso 1989 a marzo de 1991, uno de sus efectos más perniciosos es en economía, la pérdida del valor relativo que entre dichas cosas bienes y servicios guardan entre sí en el mercado, en tiempos normales. El principio de la realidad económica a que tiende la ley 24.283, impone la comparación entre diferentes épocas, de la misma especie de prestación debida y reclamada.
Rechazo de la prueba, resoluciones irrecurribles, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: ROZENFARD, ISAIAS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ RECURSO NEGADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Respecto de lo normado por el art. 379 del Código Procesal, es reiterada jurisprudencia que "sólo son irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de la prueba, y no las que influyen sobre ella pero obedecen a otras normas procesales..." La norma mencionada encuentra su fundamento en la posibilidad del replanteo de que pueden ser objeto las medidas denegadas en oportunidad de entender el tribunal de alzada como consecuencia del recurso libremente concedido contra la sentencia definitiva. Es por lo dicho que lo dispuesto por el art. 37 debe ser interpretado restrictivamente, de manera tal que solo son alcanzadas por la norma las decisiones en ella previstas.
Recurso de apelación (procesal), extinción de la acción penal, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: C., J. A. c/  s/ falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "C., J. A. s/ falta de acción" (causa n° 51.624/2017) rta. 27/3/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la resolución del juez de la instancia de origen que no hizo lugar al planteo de extinción de la acción penal. Los vocales confirmaron la resolución.
Responsabilidad del Estado, prisión preventiva, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez, Walter Orlando c/ Estado provincial s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

En el contexto del resarcimiento del daño, que consagra no sólo la procedencia de una indemnización civil cuando hubiese mediado culpa del agente, sino aún cuando el daño hubiese sido causado sin culpa, por un riesgo incorporado a la existencia relacional (art. 1113 del Código Civil), corresponde indemnizar a quien siendo inocente fue privado de su libertad, a causa de las condiciones y características del sistema judicial.(doctor Negri, minoría)
Sociedad de hecho, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIGLIAROLO GUSTAVO c/ JORGE COUTSIERS s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO, RENDICION DE CUENTAS Y COBRO DE  PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-05

Si no existe prueba de quién administra la sociedad de hecho, se presume que la misma está a cargo de ambos socios, correspondiendo el rechazo de la pretensión de rendición de cuentas deducida por un socio en contra del otro, al no estar porbado a cargo de cuál de los socios está dicha función, ya que por su naturaleza es una obligación de hacer, consistente, precisamente, en presentar las cuentas de la gestión o administración.
Recurso contencioso administrativo, plazo, acto administrativo, notificación, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles SRL c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Excepción   de previo y especial pronunciamiento (Expte. CSJ Nº 379- 85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Si durante el período de paralización de los autos (que ambas partes solicitaron a efectos de lograr un acuerdo), se produjo un giro jurisprudencial -a partir de la causa "Contreras"- en lo referente al cómputo de los plazos para la interposición del recurso contencioso administrativo (artículo 5, ley 4106), dicha mutación de criterio afecta la causa en estudio, generando una situación de "jus superveniens" que torna abstracta la cuestión relativa a la tempestividad o no de la interposición del recurso basada en cual de las dos notificaciones del acto administrativo recurrido tuvo validez (la primera realizada por la Provincia o la segunda formalizada por la Dirección Provincial de Obras Sanitarias), restando decisividad a la cuestión de cuál de ellas debe computarse al efecto. Por ello, con esta nueva inteligencia de la cuestión, el recurso resulta tempestivo cualquiera sea la notificación que se tenga en cuenta a los fines del cómputo del plazo.
Plan de parentalidad, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., S. c/ G., M. s/ Fijación régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-14

La especial naturaleza que caracteriza a las cuestiones de Familia, ameritan, frente a la variación de las circunstancias que enmarcan el debate, las modificaciones necesarias, sobremanera, -cuando como aquí sucede- se trata de medidas cautelares con directa gravitación sobre personas, donde juegan otros principios bien distintos a los que son propios de las cuestiones de orden patrimonial.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, leyes, interpretación de la ley, empleados públicos, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHOPFER, EVELINA HERMINIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 210-82)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que no cabe la aplicación automática, literal de normas tales como la prevista en el artículo 21 de la ley 8525 (similar a la del artículo 53 de la ley 6936) desaparecida -y no meramente suspendida- la obligación de prestar servicios a consecuencia de la ruptura de la relación de empleo, ya que lo común es que las personas capaces logren emplear su tiempo en otra labor retributiva.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rieffolo Basilotta, Fausto. s/ Recurso judicial arts. 40 a 42, Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

El mero transcurso del tiempo y el sobrepasar los 12 meses en funciones, lapso requerido por la ley para que el personal permanente adquiera estabilidad, no puede trastocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente no permanente y no ha sido transferido a la otra categoría por acto expreso de la Administración.
Recurso extraordinario local, docentes, personal suplente, acción de amparo, conservación del empleo
Materia: PROCESAL-CULTURA-EDUCACION-LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fortunato Emilce María y Ot. c/ Dirección General de Escuelas s/ Amparo Sindical (160598) P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-08-07

La suplencia en la docencia configura una relación a término, transitoria, precaria, meramente circunstancial, por ello no corresponde la reserva de puesto de los cargos que las recurrentes amparistas pretenden retener. Cabe destacar que el no otorgamiento de la reserva a las trabajadoras no implica una modificación de las condiciones de trabajo ya que nunca les fue concedida dicha reserva. Por lo cual torna innecesario el trámite de exclusión de tutela en tanto nunca ostentaron el reconocimiento del derecho a la reserva de puesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez Franco, Julio c/ Pitarque, Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

La mera exhibición de un criterio discrepante con el de los sentenciantes de grado resulta insuficiente para demostrar el absurdo pues se requiere la cabal acreditación de que se arribó a conclusiones contradictorias e incongruentes, lo que debe formularse por quien lo invoca.
Concurso preventivo, verificación de créditos, remuneración, actualización monetaria, procedimiento laboral, sentencia, juez del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEFA  COOP.  DE  PROVISION LTDA. S/QUIEBRA S/INC. DE VERIFICACION POR MURATORA, ANTONIO S. Y OTROS s/ INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

La sentencia laboral estimó "que las remuneraciones promedio lo son en valores vigentes al momento del distracto... (por lo que)...

no hay razón para volver a recalcularlos por depreciación monetaria".

Tal decisión se encuentra ejecutoriada, por lo que el juez concursal no puede revisarla. Además, no se trata de un aspecto que requiera su adecuación al sistema concursal, lo cual aleja toda posibilidad de modificación oficiosa fundada en una visión publicista e imperativa de este tema.
Daños y perjuicios, titular del automotor, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Adelqui O. c/ Peretti, José M. y/u otro s/ Ordinario (Expte Nro.  449-01, Resolución Nro.  102, Tomo 20, Folio  382/484)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-14

Los titulares del dominio no logran eximirse de responsabilidad porque un tercero haya conducido el automotor en el momento del accidente si -como acontece en el sub lite- no demuestran que el vehículo fue puesto en circulación contra la voluntad de los propietarios, es decir que el tercero hurtó, robó o se apropió indebidamente de la unidad. En otras palabras, si el tercero usa la cosa del dueño o guardián, sólo es tercero por quien no se debe responder el que la utiliza contra la voluntad expresa o presunta del propietario o guardador. Habiéndose acreditado que a la fecha en que ocurrió el accidente, los recurrentes eran los titulares del dominio del automóvil, ellos deben responder por los daños que sufrió el actor a causa del accidente en que intervino dicho automotor, a tenor de lo que dispone el art.1113, segunda parte, segundo párrafo, del Cód. Civil.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, indemnización, acto administrativo, deber de obrar con prudencia, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: El Jacarandá S.A. c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

Los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir daños causados por actos administrativos dispuestos por razones de interés general, verificando si tales daños efectivamente se han producido y son una consecuencia directa e inmediata del obrar del Estado.
Trabajadores del turf, cesión del establecimiento, transferencia del personal, Jockey Club Argentino, Hipódromo de San Isidro
Materia: LABORAL
Carátula: SCILINGUO, ENZO ALDO Y OTRO c/ ASOCIACION CIVIL JOCKEY CLUB s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-13

A raiz del citado de la ley 21843, se devolvió al Jockey Club, por convenio aprobado por Decreto 1611/78, el terreno, las instalaciones y demás elementos del Hipódromo de San Isidro, 'libre de personal', lo que significa que no medió cesión o transferencia del establecimiento, previstas en el Título XI de la LCT.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marzio, Salvador c/ Fuentes, Emilio s/ Daños y perjuicios Fernández Barón, Daniel Germán c/ Fernández, Elida Susana y otro s/ Daños y perjuicios Nicolaci de Mónaco, Rosa y otros c/ Sonboukane, Osvaldo s/ Daños y perjuicios Malbos, Luis A. y otra c/ Morán, Guillermo y ots. s/ Indemnización de daños y perjuicios Coria, Juan Francisco c/ Sanguinetti, Raúl Eduardo s/ Daños y perjuicios Montero, Viviana Griselda c/ Rafael, José María  y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11|1997-05-13|1998-07-14|1999-12-22|2000-10-25|2003-03-12

El texto del art. 57 de la ley 11.430 (antes 71 ley 5800) es suficientemente claro al disponer que quien viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenar la misma hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con prioridad de paso; lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada desde que ello impondría -en el hecho- la colocación de sensores para constatarlo.
Prestación de servicios, presunción legal, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz, Ricardo c/ Rolando Robinson Conturso s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-30

El art. 23 de la L.C.T. 20744, establece una verdadera presunción a partir de la prestación de servicios. En tal supuesto, se da por existente el contrato de trabajo, a menos que se demuestre lo contrario probándose, por ejemplo otro tipo de relación: ayuda familiar, amistad, etc.

La prestación de servicios personales al empresario en la actividad propia de este, constituye, prima facie, contrato de trabajo.
Empleador, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: OLMEDO JUAN MANUEL c/ LEO PRODUCCIONES <S.R.L.> s/ EMPLEADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-21

El art. 8 de la ley 9688 señala que el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del art. 245 de la ley 20744. A su vez el art. 11 señala que para que sea procedente esta indemnización especial, el trabajador o la asociación sindical que lo represente deberá intimar al empleador en forma fehaciente para que proceda a la inscripción, también señalando la norma que si el empleador diera cumplimiento a la intimación dentro del plazo de 30 días, quedará eximida del pago de la indemnización.

Ante la negativa de la relación laboral, es innecesario esperar el plazo de 30 días que estipula la ley para la procedencia del reclamo y que en última instancia si lo hubiera inscripto la demandada debe demostrarlo en la causa judicial.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sequeira, José H. y otro c/ Carnelli, Marcelo A. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

La ausencia de motivación es un error in iudicando, que debería conducirse por el carril recursivo de la inaplicabilidad de ley, sin remisión al órgano inferior, ya que en estas situaciones la casación debe enmendar el yerro, pero no nulificar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Locación de inmuebles, alquileres, intereses, expensas comunes, impuestos, tasas
Materia: CIVIL
Carátula: KALOMISKY c/ DOBBIO DE BORY s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

En relación a la tasa de interés aplicada sobre el capital adeudado en concepto de expensas, impuestos y tasas (Segba, Entel, Municipalidad y Obras Sanitarias de la Nación), habiéndose establecido en el contrato de locación que ligara a las partes que constituían una obligación a cargo del inquilino, cabe tener en cuenta que integran el precio del alquiler ya que junto con tal concepto constituyen un precio determinado en dinero a cuyo pago se obligó el locatario, art. 1493 del C.Civil, por lo tanto corresponde aplicar idéntica tasa que la utilizada para los arriendos.
Acción penal, facultades del querellante, Ministerio Público Fiscal, desestimación de la denuncia, impulso de parte
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MANFREDI, Osvaldo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-26

Si el máximo tribunal ha investido al acusador privado de autonomía necesaria para impulsar el proceso hasta el dictado de una sentencia condenatoria, dicha circunstancia lo autorizaría también para habilitar la vía recursiva, en relación a la resoluciónjudicialquedispuso la desestimación de las actuaciones, legitimándolo para actuar de esa forma en solitario, desde el comienzo de una causa penal, por delito de acción pública.

Si es posible que una causa arribe a la etapa de juicio con la sola acusación de la querella ya que tiene facultades autónomas parahacerlo pese a la opinión del agente fiscal , de la misma manera, nada empece a que se de inicio a una investigación con el impulso de la querella.

El querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa del juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal.

Es posible, actualmente, iniciarla actividad investigativa cuandose ha legitimado al particular damnificado y el Ministerio Público Fiscal no ha concretado la requisitoria de instrucción sumarial; situación que es predicable igualmente para el supuesto de que, ya dictado el auto de procesamiento, sólo la querella requiere la elevación de la causa a juicio.

Lo expuesto, no conlleva a sostener que el Ministerio Público Fiscal debe ser apartado de su intervención en el proceso; por el contrario, luego de lo resuelto en el precedente "Sotomayor" aquél deberá continuar con su función de "...promover la actuación de justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad ... (en consonancia con el art. 120, C.N.".

"...cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, sin perjuicio de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido, correspondiendo a la querella, en forma autónoma, impulsar los procedimientos al comienzo de un asunto..." .

"Donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus), adagio que encuentra su razón de ser en que si el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales, hubiese hecho las salvedades o excepciones pertinentes", tal el caso de lo dispuesto en el art. 180 in fine del C.P.P.N..

Por ello, corresponde no hacer lugar a la nulidad solicitada por el Fiscal General.
Reajuste jubilatorio, empleados públicos, cómputo de servicios, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VIÑAS URQUIZA, Severo c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-26

Corresponde hacer lugar a la solicitud de reajuste del haber jubilatorio en los términos de la ley 22.955, cuando el titular acredite suficientemente los años de servicios requeridos, más allá de que el cese en otras labores se haya producido posteriormente a la desvinculación aludida en el inc. c) del art. 3 de la norma mencionada (en el caso tres meses después), ya que dicho inciso guarda íntima relación con el art. 1 porque al referirse el legislados a la cesación "en el servicio", en singular, alude, sin dudas al encuadre previsto por ley citada y no a otras actividades laborales.
Proceso contravencional, juicio abreviado, facultades del juez, aplicación supletoria de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, N. F. s/ Artículo 73
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

De la estructura de la Ley de Procedimiento contravencional se desprende claramente que la realización del juicio abreviado corresponde al imputado y a su defensor, conjuntamente con el representante del Ministerio Público Fiscal. En efecto, la norma en cuestión, se encuentra dentro del capítulo X, titulado "actuación ante el o la fiscal", y sólo posteriormente el órgano jurisdiccional se convierte en director del proceso, una vez que la causa le es elevada mediante el requerimiento fiscal (artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional).

El artículo 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional únicamente otorga dos vías de acción para el magistrado interviniente: homologa el acuerdo inter partes o lo rechaza para convocar audiencia de conocimiento (artículo 46 Ley de Procedimiento Contravencional), no existiendo previsión legal alguna con respecto a la posibilidad de que el juez cite al imputado o que se convierta en un verdadero impulsor del proceso, celebrando una nueva audiencia de juicio abreviado.

Cierto es, que la ley no destierra expresamente la posibilidad de que el juez, al ser requerida su actuación luego de la realización del juicio abreviado, adopte alguna decisión diferente a las legalmente previstas, fundándose en las normas de aplicación supletoria al fuero, o en razones de economía procesal o razonabilidad. Pero la realidad de los procesos de naturaleza penal (como lo es el contravencional), la profundidad y diversidad de los bienes jurídicos del imputado que se encuentran en juego, así como las expresas garantías contenidas en los plexos constitucionales nacional y local, obligan a quienes dirigen los procesos, a someterse a las normas procedimentales, no apartándose de ellas. (Del voto del Dr. Lucangioli con adhesión de la Dra. Robledo)
Quiebra, pedido de quiebra, citación al deudor, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, juicio de antequiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABATE, RENE s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR RABER, LEON.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-24

El auto por el cual se desestimaron ciertas alegaciones del sujeto pasivo de un pedido de quiebra, formuladas ante el emplazamiento previsto en la lc 91, es inapelable. Lo contrario desnaturaliza la estructura de este especial procedimiento e implicaría alterar la veda impuesta por el tercer párrafo del dispositivo legal citado, al establecer una suerte de etapas previas a la declaración, admitiendo o rechazando el pedido de apertura concursal.
Reconocimiento en rueda de personas, imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FIGUEROA, PABLO M. Y OTROS s/ ROBO AUTOMOTOR Y ROBO SEGUIDO DE MUERTE S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-25

Cuando la persona a reconocer sea el imputado, no podrá negarse a formar la rueda alegando violación al derecho de defensa. Este no se afecta de ninguna manera, ya que actuará como objeto físico de comprobación y nunca podría sostenerse que con ese acto se lo coacciona para obtener un dicho contra sí mismo.
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SECCIONAL SEGUNDA s/ REMITE ACTUACIONES POR INCENDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-30

Reglas de la sana crítica, no son sino el sentido común, la experiencia de la vida, la perspicacia normal de un hombre juicioso y reposado, que el juzgador pone en la apreciación de la prueba testimonial del caso que se resuelve.