Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-02


SENT Nro. 510 San Miguel de Tucumán, 02 DE JULIO de 2003.- Y VISTO: Este juicio seguido por Emma Teresa Ortiz (hoy sus sucesores) contra el Consejo de Educación de la Provincia (hoy Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán) por cobro ejecutivo de pesos, en autos: "Sucesión de Ortiz, Emma Teresa vs. Consejo de Educación de la Provincia (Hoy Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán) s/Cobro ejecutivo de pesos", de cuyo estudio R E S U L T A :

Emma Teresa Ortiz promueve juicio ejecutivo contra el Consejo de Educación de la Provincia por cobro de la suma de A 4.326,94, importe que surge de la planilla de liquidación practicada por la Dirección Provincial del Trabajo, fijado como monto indemnizatorio por accidente de trabajo, con más su actualización desde la fecha de la liquidación, intereses, gastos y costas hasta que se haga efectivo, de acuerdo al Decreto nro.1245/86.

Señala que con fecha 30/9/86 sufrió un accidente de trabajo en la escuela en donde se desempeñaba, dependiente del Consejo de Educación. Que mediante denuncia de accidente de trabajo inició un procedimiento tendiente a determinar la responsabilidad de la empleadora por ante la Secretaría de Estado de Trabajo de la Pcia., actuaciones que dieron lugar al expediente 2041/181-0-86. Sobre la base del dictamen de la Junta Médica, la Dirección Provincial del Trabajo confeccionó la planilla de liquidación por accidente de trabajo la que arroja el resultado que se pretende ejecutar, el que luego fue actualizado. Sostiene que la planilla se encuentra firme por su reconocimiento tácito -al haber dejado vencer todo término razonable para impugnarla la demandada- así como expreso mediante resolución nro. 1276-acta nro. 48- del 6/10/88 del Consejo de Educación, que acompaña. Que dedujo reclamación administrativa previa y, ante el silencio por tres meses previsto en el art. 19 de la CP, la vía judicial se encuentra expedita.

Acredita la existencia de título ejecutivo en el carácter que poseen las actuaciones administrativas volcadas en el expte. citado, especialmente la planilla de liquidación confeccionada por la Dirección Provincial del Trabajo, según lo dispuesto en el art. 979 inc. 2° del CC, y las normas procesales sobre títulos ejecutivos. Agrega que, no obstante la completividad del título que posee por sí solo fuerza ejecutiva, también la posee el reconocimiento de deuda contenido en instrumento público cual es el Acta nro. 48 del Consejo de Educación que decidió aprobar la liquidación efectuada en sede administrativa.

Funda su pretensión en los arts. 1, 8 y disposiciones reglamentarias de la ley nro. 9688, en el art. 979 inc. 2° del CC y ccdtes y en las normas de procedimiento locales -140 y ss. del CPT, arts. 501, 502 inc. 1° y ccdtes del CPCCT.

A fs. 39 la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo se declara incompetente, asumiendo la competencia, según los términos obrantes a fs. 46 la Sra. Jueza en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VIIa. Nominación.

Intimada de pago la demandada, se presenta el subsecretario de Estado de Coordinación de Direcciones interponiendo excepción de falta de personalidad en el ejecutado, debiéndose notificar a la Provincia de Tucumán, según escrito que rola a fs. 76. Como consecuencia de ello, se declara la nulidad de la intimación de pago realizada a fs. 64/65.

Intimado de pago el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, opone excepción de caducidad de instancia (fs. 101/102) y de prescripción. Respecto de la prescripción afirma que tratándose de un crédito laboral, cuya acción prescribe a los dos años desde la fecha del evento, al ocurrir éste en 30/9/86, el plazo referido hubo transcurrido en exceso. De su lado, la caducidad es rechazada según resolución de fecha 02/12/96 (fs. 108/109) y confirmada por la Cámara del fuero al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada (conf. fs. 129/130).

Reabiertos los términos que fueran suspendidos, la ejecutada opone excepción de incompetencia de jurisdicción e inhabilidad de título. Esta última es fundada en que la liquidación practicada en la Secretaría de Trabajo no reúne los requisitos del título ejecutivo; negando que la Provincia deba suma de dinero alguna a la actora. Cita jurisprudencia. Corrido el traslado, la actora responde a las excepciones opuestas expresando, en relación a la inhabilidad de título, que el instrumento base de la ejecución no es una liquidación practicada en la Secretaría de Trabajo, como lo expresa la ejecutada, sino que es una planilla de liquidación confeccionada por la Dirección Provincial de Trabajo, liquidación que fue objeto de reconocimiento de deuda contenida en instrumento público cual es el acta nro. 48 del Consejo de Educación, en la que se vuelca su Resolución nro. 1276 por la que, dicho organismo, en sesión de fecha 6/10/88, decidió aprobar la liquidación efectuada en sede administrativa. Agrega que la accionada incurre en un error al manifestar que nunca tuvo participación en los antecedentes que se mencionan negando deber suma de dinero, ya que aceptar tal afirmación sería desconocer la continuidad jurídica de los gobiernos.

A fs. 161 se denuncia el fallecimiento de la actora, apersonándose sus herederas Claudia Alejandra Ortiz y Teresa del Valle Ortiz.

Por resolución de fecha 19/3/2002, la Jueza interviniente se declara incompetente para entender en la causa en razón de la persona demandada y, reservando las otras excepciones planteadas para ser resuelta por el Tribunal competente, remite los autos a esta Corte Suprema de Justicia quien asume la competencia, según resolución de fecha 04/7/2002 y C O N S I D E R A N D O :

El ejecutado en autos opone inhabilidad de título. Funda esta última en la circunstancia de que la liquidación practicada en la Secretaría de Trabajo no reúne los requisitos del título ejecutivo; negando que la Provincia deba suma de dinero alguna a la actora.

A su vez, la accionante, concordante con su postura emergente del escrito de demanda -en donde alega fuerza ejecutiva tanto de la planilla de liquidación que adjunta como del reconocimiento de deuda contenido en instrumento público cual es el Acta nro. 48 del Consejo de Educación que decidió aprobar la liquidación efectuada en sede administrativa-, responde a las excepciones planteadas sobre la base de que el instrumento de la ejecución es una planilla de liquidación confeccionada por la Dirección Provincial de Trabajo, liquidación que fue objeto de reconocimiento de deuda contenida en instrumento público cual es el Acta nro. 48 del Consejo de Educación, en la que se vuelca su Resolución nro. 1276, por la que dicho organismo, en sesión de fecha 6/10/88, decidió aprobar la liquidación efectuada en sede administrativa.

Ahora bien, de un examen de los títulos presentados, se advierte que la excepción de inhabilidad de título planteada resulta procedente.

En efecto, corresponde manifestar, en primer lugar, que la planilla de liquidación practicada por la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo no constituye por sí mismo título habilitante de la vía ejecutiva, tal como ya lo resolviera esta Corte Suprema in re: "Paz Miguel Angel vs. Empresa Transporte de Pasajeros San Cristóbal" (sent. nro. 465, de fecha 22/12/1992) en que se dijo que el procedimiento administrativo en el decreto 1005/49, y la liquidación practicada en el mismo, no acuerda ni deniega derechos, ni importa tampoco el dictado de una resolución sobre la prestación reclamada por el accidentado (cfr."Plenario Nro. 198 Aguirre Juan vs. Citroen Argentina S.A.", DT, 1974, pág. 977), por lo que no puede entonces ser invocado como título suficiente para demandar el cobro por la vía ejecutiva y que, por el contrario, este procedimiento previo ha sido establecido para lograr una más acelerada solución del conflicto derivado del accidente de trabajo, y una rápida percepción de la indemnización por parte del accidentado, pero ello no autoriza a concluir que la declaración sobre el monto resarcitorio debido constituya un título ejecutivo que habilite la sumaria ejecución de un crédito cuya existencia no está en realidad determinada.

Lo expuesto supra, descarta la habilidad ejecutiva de la planilla adjuntada como base de la demanda. A idéntico resultado cabe arribar en relación al Acta nro. 48 -Resolución nro. 1276- del por entonces Consejo de Educación de la Provincia. Por medio de ella, este organismo resuelve aprobar la liquidación de indemnización por accidente de trabajo, autorizando a la Dirección de Administración de ese organismo a efectuar el depósito del importe emergente de tal liquidación en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la Caja de Accidentes de Trabajo, e imputa el gasto a la correspondiente partida presupuestaria.

Como bien se advierte, la resolución analizada, si bien instrumento público -y, por ello, incluido entre los títulos que traen aparejada ejecución- lo cierto es que tendrá aptitud ejecutiva en tanto el instrumento público documente la existencia de una obligación que deberá, además, ser líquida, exigible, etc.. Siendo ello así, es de toda evidencia que la Resolución nro. 1276 en donde consta la liquidación de deuda no puede constituir el título ejecutivo en virtud del cual la actora pueda reclamar en justicia su derecho, toda vez que la deuda allí expuesta no reúne las condiciones de exigibilidad que requiere el art. 501 del CPCCT.

En efecto, el Acta nro. 48 no es título abstracto exigible de crédito en razón de que dicho instrumento no constituye el acto administrativo final no sujeto a condición para su cumplimiento, pues de acuerdo con el art. 50 y 51 del Decreto Ley de Contabilidad 56/17, vigente al momento de la demanda, se exige que una vez liquidados los gastos -como sucede en dichos instrumentos-, se dispondrá su pago, mediante libramientos que se extenderán contra la Tesorería general, previa intervención del Tribunal de Cuentas o sus Contadores Fiscales, y de la pertinente intervención de la Contaduría General para la enumeración correlativa y su posterior imputación. La Tesorería General, conforme a la disponibilidad de fondos, compaginará un listado de los libramientos que estén en su poder, con el orden que determinen la reglamentación y lo someterá con detalles de acreedores e importes, y señalamiento de dependencia e imputación, al Secretario de Finanzas, que dispondrá el páguese (conf. CSJT, sent. nro. 743 del 12/9/2000).

Como prístinamente se observa, al acto administrativo que dispone una erogación e imputación presupuestaria correlativa (Resolución nro. 1276), deben sucederle -a fin de que éste pueda ser efectivamente ejecutado- una serie de actos administrativos -y de intervenciones posteriores de organismos administrativos- previas al acto administrativo final.

Siendo así, y no habiendo el accionante acreditado estos extremos condicionantes de la resolución adjuntada como base de la demanda, el título no se presenta operativo ni, por ende, ejecutivo.

El resultado en punto a la excepción de inhabilidad de título exime de tratar la defensa de prescripción opuesta.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a excepción de inhabilidad de título interpuesta por la accionada, y desestimar la demanda ejecutiva incoada, con costas a la actora vencida (art 106 procesal).

Por ello, se R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR A LA EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO articulada por la demandada y, en consecuencia, NO HACER LUGAR a la presente ejecución promovida por Emma Teresa Ortiz (hoy sus sucesores) en contra del Consejo de Educación de la Provincia (hoy Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán).

II.- COSTAS a la actora vencida por ser ley expresa (arts. 105 y 106 procesal).

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA