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Agravantes de la pena, concurso real, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., M.O. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en contra de Sentencia recaída en causa Expte. 127/09, caratulada: C., M.O. s.a. Exhibiciones Obscenas Agravadas (1º hecho), etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-11

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, resolvió declarar culpable a MOC como autor penalmente responsable de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas, abuso sexual agravado continuado, abuso sexual con acceso carnal agravado -dos hechos en concurso real-, abuso sexual agravado, abuso sexual agravado, suministro de material pornográfico, todo en concurso real condenándolo, en consecuencia, a sufrir la pena de veintiún años de prisión más accesorias de ley.

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

No pueden tener acogida favorable las genéricas invocaciones relativas a que las revistas encontradas tres años después no pueden ser un indicio de que el imputado las tenía al momento de los hechos, que la declaración de los padres no son válidas y que la cuestión relativa al vidrio roto tampoco es relevante, sosteniendo que en una escuela donde los chicos juegan al fútbol es probable que en el lapso de tres años haya sufrido diversos daños un vidrio.

Con estas apreciaciones, los recurrentes se han limitado a criticar elementos probatorios debidamente incorporados al debate con su consentimiento.

Tampoco se advierte que hayan explicitado separadamente en qué consisten las violaciones que denuncian, ni han demostrado de qué modo los vicios invocados influyeron en el dispositivo y cómo y por qué debe variar.

Es decir, han omitido especificar concretamente a qué hecho, de los seis atribuidos, se refieren con las pretendidas críticas. Recuérdese, que en el escrito recursivo deben constar, debidamente expuestos, los motivos que configuran los agravios, de manera que, por su sola lectura, sean aprehensibles sin necesidad de acudir a otros documentos para integrarlos, puesto que dichas omisiones no pueden ser suplidas por el tribunal.

En suma, los agravios expuestos por los quejosos no conducen en modo alguno a conmover la validez lógica de la sentencia, ya que la conclusión de la misma se asienta en prueba legal y apta para derivarla, con ajuste al principio de razón suficiente.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Castro, Raúl Horacio s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Si bien a la luz de lo prescripto por el art. 6 inc. c del decreto ley 9122/78 resulta inadmisible la excepción de pago parcial, lo cierto es que ello es así para el supuesto de que el pago efectuado resultare parcial respecto de algún período de la deuda reclamada, pero no cuando se cancela en forma total o completa períodos fiscales involucrados en el título y unidos a los restantes sólo instrumentalmente, si entrañan obligaciones con individualidad y fecha de vencimiento propias que se pueden ejecutar separadamente.
Emergencia sanitaria, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Los poderes de emergencia nacen exclusivamente de la Constitución, la que los conforma y delimita, por lo que todo avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, tornándose en arbitrariedad y exceso de poder (Voto del juez Rosenkrantz).
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, caducidad, plazo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACERBO A. c/ BANCO POPULAR ARGENTINO Y OTROS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

No resulta compatible con el plazo de caducidad de la acción impugnatoria establecida por la ley 19.550: 251, La aplicación del Código Procesal: 331.
Responsabilidad del Estado, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cejas, Raúl Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27

La mera alegación del daño moral -resarcible sobre la base de la responsabilidad de la Provincia- sin que se halle acreditado con otra prueba que no surja de la falta de reconocimiento del subsidio a partir de la fecha prevista en la normativa en cuestión, resulta insuficiente para tener por probado un daño de esa naturaleza.
Improcedencia del recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, insuficiencia del agravio, sobreseimiento, allanamiento ilegal
Materia: PROCESAL
Carátula: C., V.; G., Á. M.; C., E. R.; A., F. A.; Y., O. N.; L., S. A. Y O., R. A. por allanamiento ilegal en perjuicio de A., M. D. C. c/  s/ recurso de casación sin preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-03-31

Procede no hacer lugar al recurso de apelación incoado en contra de la resolución que dispuso el sobreseimiento de los imputados por el delito de allanamiento ilegal por insubsistencia de la acción penal, conforme a lo dispuesto por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en función del art. 75 inc. 22 de la CN, dado que se advierte en primer lugar el exceso en los plazos previstos en la ley para el enjuiciamiento de los encartados, a la par de ello, si bien esa irrazonable extensión de tiempo se debe en parte a las diversas alternativas acaecidas en la causa, también se advierte que -como lo sostuvo la jueza a quo- no hubo una actividad dilatoria o maniobras tendientes a evitar el juicio por parte de los acusados o de sus defensas, por lo que la demora en su juzgamiento no puede serle atribuida. Así tampoco se vislumbra complejidad en la tramitación de la causa que justifique la demora en su resolución.

Desde la óptica del derecho material, si bien le asistiría razón al recurrente en cuanto la ley de fondo prevé causales de suspensión de la acción penal para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, ello no autoriza a desatender que han transcurrido prácticamente once años desde el inicio de las actuaciones, es decir que ha superado con holgura, en primer lugar, el plazo máximo señalado para el delito que se trata, ésto es de dos años -art. 151 del CP- hasta multiplicarlo por cinco, y que resta tan sólo un año para alcanzar el plazo máximo de prescripción que dispone el art. 62 inc. 2º del mismo ordenamiento legal. A mayor abundamiento, puede afirmarse que se ha violentado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, por lo que de revocarse el auto dictado, implicaría continuar sometiendo a proceso a los imputados prolongando el ya desproporcionado trámite de la causa en su perjuicio.
Jubilación de magistrados, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Piccirilli, Ricardo H. y otro c/ Estado Nacional (PEN.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-15

El adicional creado por el art. 1. del decreto 2474/85 debe integrar la base que servirá para determinar el haber jubilatorio, pues integra la remuneración intangible que el art. 96 de la Constitución Nacional protege.
Contratos comerciales, contratos de ejecución diferida, hiperinflación, teoría de la imprevisión, rescisión del contrato, reajuste de precios, contratos de tracto sucesivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: LANGONE JUAN Y OTROS c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

En la esfera de la "teoría de la imprevisión" caben, tanto el pedido de "resolución de contrato", como la solicitud de "reajuste de precio" (mayores costos); pero bien entendido que esos efectos habrán de operar en los contratos de ejecución continuada hacia el futuro y no hacia el pasado (art. 1198, tercer párrafo, Código Civil), con la finalidad de expurgar el contrato de la herida exterior al contrato mismo que lo transformó en vehículo de iniquidad y alteró el sinalagma. Es que los casos deben resolverse de un modo armónico con los principios y garantías constitucionales. Atendiendo a estas pautas, es posible salvar la iniquidad que enfermó a los contratos a partir del proceso hiperinflacionario de mayo y junio de 1989. Ver asimismo, Causa 4.410/92 "Hafea SRL c/ENTel" del 22.8.96.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, médico anestesista
Materia: LABORAL
Carátula: ZWANK, GUILLERMO c/ OBRA SOCIAL FERROVIARIA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-25

El médico anestesiólogo es un profesional que integra el plantel del hospital en forma permanente, toda vez que el servicio de cirugía no podría cumplir sus objetivos sin su presencia, lo que tipifica un contrato de trabajo. No puede ponerse en tela de juicio la exclusividad para la existencia del contrato mencionado si no se la convino y mucho menos en una profesión liberal que cuando se ejerce de modo subordinado merece la protección que la Constitución Nacional acuerda al trabajo en sus diversas formas (art. 14 bis).
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sáez, Elena y otro c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Al resolverse la negligencia debe estarse a la situación existente en el momento en que se planteó el acuse por el actor. (Minoría u opinión personal)
Domicilio especial, mutuo hipotecario, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 97.515 MANSILLA FERNANDO EN J° 11.920/122.534 CMR FALABELLA C/ MANSILLA DULAR FERNANDO P/ ORDINARIO S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-02-10

En materia de constitución de domicilio especial en el contrato hipotecario y en relación a la notificación del traslado de la demanda que en él se efectúa, la doctrina y jurisprudencia son contestes en asignarle plenos efectos.

En este aspecto se afirma que la constitución del domicilio de elección establecido en una escritura pública, se asemeja en sus efectos al constituido como procesal, pues el objetivo de su determinación, es constituir un centro de recepción de la notificación de los actos o manifestaciones de voluntad relativos al negocio jurídico para el cual fuera establecido.
Despido por maternidad, nulidad de sentencia, principio de legalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Padron Silvia Analía c/ Slots Machines S. A. s/ Cobro De Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-03-27

El vicio en que incurrió el a quo al no atender la situación fáctica invocada por la trabajadora -despido por embarazo-, fallando una pretensión procesal diversa a la puesta a su consideración, conlleva a la nulidad del fallo en cuestión, que no puede subsanarse por vía de la apelación al introducir al Tribunal en el análisis en primera y única instancia de la verdadera pretensión en desmedro de su función revisora con afectación al principio de legalidad que estatuye la doble instancia. (del voto por su fundamento de la Dra. Tardieu de Quiroga)
Pensiones, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ ALICIA CARMEN c/ ANSES s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-02

Corresponde confirmar la resolución que desestimó el pedido de pensión derivado del fallecimiento del cónyuge si la peticionante, divorciada en los términos del art. 67 bis de la ley 2.393, no efectuó reserva del derecho alimentario ni formuló intimaciones al respecto y tampoco surge de autos que el causante haya contribuido en forma sistemática a abonar una cuota alimentaria. Además debe destacarse que el fallecimiento del causante no puede por sí mejorar la situación patrimonial de la titular, ya que debe tenerse en cuenta que el derecho a pensión surge de la ley y no de la voluntad o subjetividad de ésta y, por ende, la petición deducida es incompatible con lo prescripto por el art. 3270 C.C. (cfr. C.N.A.S.S., Sala III, "Schroeder, Alice c/ Caja Nacional de previsión para Trabajadores Autónomos", sent. 51566, de fecha 10.06.04) (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala).
Concursos, recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRUJULA  COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ LIQUIDACION JUDICIALFORZOSA. (LL 9.4.09)*.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-10

Se configura el supuesto de excepción que torna admisible el recurso extraordinario federal contra la decisión que declaró la improcedencia del recurso de apelación, si -en el caso- la denegación del recurso trasunta una interpretación arbitraria del artículo 273 de la Ley 24522 con apartamiento de las constancias de la causa que impide la revisión, en segunda instancia, de una orden de depósito cuya procedencia fue objetada por el Instituto de Reaseguros desde su primera presentación en base a normativa federal y de orden público. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo).
Competencia, fuero de atracción, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE PARANA c/ DEMARTINI LUIS Y OTRO s/ APREMIO INCIDENTE DE NO ACEPTACION DE EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-06

La Ley procesal local en la última parte del Inciso 7 del artículo 5 dispone "Ni el fuero de atracción...,necesariamente y en una interpretación armónica del ordenamiento jurídico debe darse prevalencia a la norma sustancial sobre el procedimental y así lo ha entendido el legislador cuando en el nuevo texto del artículo.5 inciso 7 Código Procesal Nacional - Ley 22434- omite aludir al fuero de atracción y por lo tanto las pretensiones de que se trata cualquiera sea el tipo de proceso aplicable.-deben interponerse y proseguirse ante el juez que conoce del proceso sucesorio del deudor ( Código Civil artículo 3244,párrafo m4)....Determinado así, la competencia para entender en esta litis se debe declarar al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N7 ,donde radicara el juicio universal .-
Admisibilidad del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Alderete, Víctor Adrián c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-07

La disidencia consideró que corresponde hacer lugar al recurso, pudiendo constituir los agravios invocados alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN. (Dres. Slokar, David, Ledesma -disidencia-).
Recurso extraordinario, ejecución de sentencia, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Osswald, María Gabriela c/ Osswald, María Gabriela s/ s/ su   solicitud  en  autos:  "Wilner,  Eduardo  Mario  c/    exhorto".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-17

Lo atinente a la ejecución de la sentencia apelada por la vía del art. 14 de la ley 48 debe proponerse ante el superior tribunal de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, responsabilidad de los padres, daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, emancipación por habilitación de edad, responsabilidad parental, suspensión de la responsabilidad parental
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CAIRO, FRANCISCO c/ PECCIOLONI, DARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 203 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la Alzada ha conferido un tratamiento irrazonable al caso debatido, adoptando una solución que no sólo contradice las propias premisas sentadas en el fallo sino que además se sustenta en afirmaciones dogmáticas e incurre en violación al principio de congruencia, extremos que determinan que la respuesta jurisdiccional no pueda ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa.

En efecto, y más allá del dogmatismo en que incurre la Sala cuando, no obstante haber sentado como punto de partida de su examen revisor que "en el estrecho ámbito cognoscitivo de la apelación extraordinaria no podría reprochársele al Tribunal Colegiado que hubiera adscripto a una de las hermenéuticas" que genera el artículo 306, inciso 4 , del Código Civil", tacha luego de arbitrario el criterio de aquél (de considerar a la emancipación dativa como causal extintiva de la patria potestad) con el argumento de que toda la doctrina que sustenta dicho criterio "pone el acento en la capacidad de los menores emancipados por habilitación de edad y no en el cese de la responsabilidad paterna", resultando particularmente reprochable en el tramo en que sostiene que "mal podría la sola voluntad del padre -sumada a la del hijo (...)- tornar inoperante la responsabilidad emergente del C.C., 1114; por ende, desde que esta norma requiere la subsistencia de la patria potestad, parece razonable concluir (en) que la emancipación dativa no produce su extinción sino la suspensión de su ejercicio; de este modo, se concilian los dos intereses en juego: la capacidad del menor no está retaceada por la autoridad paterna pero, a su vez, los padres no pueden desligarse de la responsabilidad que les atribuye la ley, en resguardo de eventuales víctimas", por lo que -concluyó el Inferior- el Colegiado "efectuó una hermenéutica 'inadecuada' de la normativa aplicable (...) en desmedro del favor victimae, según el cual las eximentes de responsabilidad deben interpretarse restrictivamente", configurándose una arbitrariedad normativa encuadrable en el inciso 1 del artículo 42 de la ley 10.160.
Impuestos internos, tabaco, robo, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Nobleza Piccardo SAIC. y F. c/ DGI. s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

No corresponde la repetición del impuesto en el caso en que la mercadería fue robada, si se ha configurado el presupuesto de hecho previsto por la ley con la salida de los productos de la fábrica.
Empleados públicos, cesantía, tutela sindical
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SILVA, SERGIO OMAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

La presente queja no puede prosperar, desde que el recurrente no logra demostrar que la Cámara -más allá de su mayor o menor grado de acierto- haya traspasado los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente, al concluir -con apoyatura en las constancias de la causa- que la pretendida tutela gremial no resultaba de aplicación al caso, puesto que al tiempo en que el actor fue electo como delegado sindical ya no subsistía la relación de empleo entre las partes, circunstancia que conllevara -en ambas instancias- al rechazo de su pretensión de quedar amparado bajo la figura tutelar prevista por la ley 23551; apareciendo infundado el razonamiento tendiente a sostener que la elección y designación de un sujeto como delegado sindical -ya desvinculado- comporta una suerte de renacimiento del vínculo contractual fenecido, única hipótesis en la que sería plausible atender a la existencia de un fuero sindical para alguien cesanteado.
Trabajadores rurales, despido, despido por fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: Kulchar Rodolfo y otros c/ Empresa Florentino Orquera y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-09

El Régimen de la Ley 22.248, admite que el hecho constitutivo de fuerza mayor se circunscriba a uno solo de los establecimientos en que se efectuó una determinada explotación o parte de ella. En consecuencia, si la fuerza mayor aducida como causal del despido se ciñó al incendio del secadero como motivo de "paralización total del proceso de secanza" a ella debe ceñirse el examen de la cuestión para determinar la existencia de fuerza mayor o no, que autorize a trasladar parte del riesgo empresario a los trabajadores a quienes se indemniza por el cese con el 50% de las sumas que debieron haberse abonado en su defecto.
Delitos contra la humanidad, querella
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael Mariano y Otros s/ Recurso de casación Herrero, Carlos Omar y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-03|2015-07-17

Las asociaciones civiles y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tienen legitimación activa para intervenir como querellantes en causas en las se investigan delitos de lesa humanidad -art. 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación-, facultad que deriva del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y al derecho a ser oído por las víctimas -art. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que le asiste a dichas partes.
Prueba, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Jorge Omar y otro c/  s/ recurso de casación Reg. N° 240/17
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-16

De acuerdo a lo que surge de la prueba colectada ha quedado acreditado que ambos imputados -el Jefe del Estado Mayor General de la Armada y el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada- contaban con una extensa trayectoria de servicios y una gran experiencia dentro de la fuerza, lo que no hace más que reforzar la idea de que, encontrándose en condiciones de evitar que se produzca el resultado, toleraron esta situación generalizada cuya ilegalidad era evidente y notoria.
Prueba documental, fotocopia
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ JUAN JERONIMO c/ EMPRESA PEDRO FRANCISCO DE URIARTE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-27

Un "documento", en tanto soporte material representativo y declarativo de un acto, puede servir como medio de prueba si es traído su original. en cuanto a las fotocopias, para que tengan el valor probatorio del original, es indispensable, además, que hayan sido expedidas con las formalidades legales, de modo que las fotocopias simples carecen de forma legal indispensable, cual es la de haber sido autenticadas por funcionarios competentes. (minoría u opinión personal)
Homicidio calificado, atenuantes extraordinarias
Materia: PENAL
Carátula: Céspedes, Héctor José s/ Homicidio calificado Barragán, Rubén Alberto s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31|1993-04-13

En el contenido de la institución matrimonial tienen particular trascendencia jurídica los conceptos de convivencia y residencia, en medida suficiente para resolver que la separación de hecho de los cónyuges constituye en principio, un retroceso de la presencia del fundamento de la calificante del vínculo conyugal que, si bien no la desplaza -pues el vínculo, obviamente, se mantiene- sin embargo habilita la concurrencia del último párrafo del art. 80 del C.P..
Lealtad comercial, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: CELULOSA JUJUY S.A. s/ Identificación de mercaderías
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

"... no existe impedimento constitucional para que la ley de lealtad comercial haya establecido la jurisdicción de los tribunales nacionales de la Capital Federal para el conocimiento de las apelaciones contra las resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio en virtud de la ley de identificación de mercaderías, aún cuando las infracciones se hubieran cometido en territorio de las provincias" (CSJN, Causa "Sancor Coop.Unidas Ltda.").