Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-18


Comodoro Rivadavia, dieciocho de diciembre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "T., F. E. C/ H. C. S.A. s/ DESALOJO ANTICIPADO", Expte. Nro. 16.113/2006", venidos del Juzgado Letrado de Ejecución Nro. 2, Secretaría Nro. 4 (Expte. Nro. 2664/2006), por haber interpuesto la parte actora, a fs. 29/31 recurso de reposición, que fuera denegado y concedido el de apelación en subsidio, a fs. 32, contra la resolución de fs. 28.

I. El juez aquo rechazó in límine la medida cautelar de desalojo anticipado en atención que hallándose en trámite por ante este Tribunal recurso contencioso administrativo iniciado por la demandada (Expte. Nro 15.463), se halla en discusión el carácter de intruso de la misma, de manera que no se encuentra acreditada la verosimilitud en el derecho que invoca. Sostuvo que hacer lugar a la medida, implicaría un eventual prejuzgamiento acerca del carácter con que el demandado ocupa el inmueble.

Se agravia la actora, porque el desalojo solicitado en los términos del art. 680 2do. párrafo del CPr. es una medida cautelar y como tal no exige la certeza sobre la existencia del derecho, sino solamente la apariencia.

Se queja por cuanto el dictado de una medida cautelar nunca implica prejuzgamiento como señalara el a quo a la vez que es equivocado que el carácter de intruso de la demandada esté en discusión en el Expte. Nro. 15.463.

Indica que en la causa referenciada, la demandada pretende la nulidad del trámite de adjudicación en venta al aquí actor del inmueble de marras, de lo cual deriva que la admisibilidad del recurso contencioso administrativo en ningún caso traerá como consecuencia el derecho de H. C. a ocupar el inmueble.

Sostiene que la demandada ingresó y permanece en el inmueble sin derecho, ni autorización del Municipio para ocuparlo.

Precisa que con la copia certificada del boleto de compraventa y resolución del municipio que vende a su favor el inmueble, existe certeza del derecho que le asiste de requerir el inmueble.

II. Antes de dar tratamiento al recurso, conviene efectuar una breve reseña del presente caso. El accionante promueve desalojo anticipado en los términos del art. 680 2do. párrafo del CPr., contra H. C. S.A. en relación al lote Nro. .. de la manzana .. d de esta ciudad.

Sostiene que la demandada ingresó y ocupa parcialmente el inmueble individualizado con carácter de intruso, no detenta titulo ni autorización.

De la causa principal que se tiene a la vista por haber sido requerida a fs.39, surge que la accionada afirma haber adquirido el inmueble por usucapión. Indica también que requirió la adjudicación del terreno previo pedir su desafectación del dominio público.

Sostiene que oportunamente, impugnó la preadjudicación que la Municipalidad local efectuara a favor de la actora. Que tal recurso fue rechazado y se declaró la nulidad de las actuaciones.

Relata también que no fue notificado de tal resolución interponiendo el pertinente recurso de reconsideración y nulidad a los fines del art. 130 de la ley 3098 que también fuera rechazado y que en definitiva constituyen el objeto del recurso contencioso administrativo que por Expte. Nro. 15.463/05 se halla en trámite ante esta Alzada y que fuera momentáneamente remitido al Superior Tribunal de la Provincia.

Efectuada tal reseña cabe adentrarse en el tratamiento del recurso interpuesto.

III. Que la norma contenida en el art. 680 invocada por el apelante, autoriza al actor en juicio de desalojo contra intruso, solicite después de trabada la litis, la medida cautelar tendiente a obtener la entrega del inmueble.

El objetivo de la norma, no es asegurar el cumplimiento de la sentencia o evitar la alteración de un estado de cosas, sino satisfacer en forma anticipada la pretensión de fondo y en tal sentido se halla dentro de la llamada tutela judicial anticipada (Cfme. FassiMaurino, "Código Procesal Civil y Comercial" Ed. Astrea Bs. As.2005, T. 4 p. 607; id. Carbone "La ley 25.488 revoluciona el desalojo anticipatorio ..." JA 2002I1173; Peyrano ED 1691345; AraziRojas "Código Proc.." Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2001, T. III p.340) Así, se dijo, que los requisitos que hacen a la admisibilidad de las medidas precautorias, esto es la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, deben analizarse con mayor prudencia cuando se trata de una medida innovativa, por tratarse de una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, (conf. Fallos: 316:1833; 319: 1069;

320:1633 y 2697; 321:695; 325:669; CSJN, 10/12/97, LL 1999E940 y ED 180917, CNFedContAdm, Sala IV, 24/11/98, LL 1999E925).

Por ello se ha sostenido que la aplicación de la cautelar prevista en el art. 680 bis del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser restrictiva dado que el lanzamiento anticipado debe ser ordenado con suma prudencia, teniendo en cuenta los daños irreparables que se podrían producir de verificarse un lanzamiento en un proceso después rechazado, aun cuando se haya fijado una caución real (Sumario Nº 15442 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil Boletín N° 13/2003; CNCIV, Sala J, 11/04/03 en autos "R., R. R. c/ P., C. B. s/ DESALOJO OTRAS CAUSALES").

El desalojo anticipado es sencillamente un anticipo de la sentencia de mérito, fácticamente se está concediendo aquí y ahora si bien provisoriamente lo que correspondía sea otorgado en la sentencia definitiva, ello es así, aún cuando revista los elementos procedimentales de un "proceso cautelar" no es una "tutela cautelar" sino una "tutela anticipatoria" (Peyrano J., "Lo urgente y lo cautelar", J.A. 1.995 1.899).

Bajo tales parámetros cabe analizar la medida requerida.

Sostiene el actor que en el recurso contencioso iniciado por la demandada y que se halla en trámite ante esta Alzada, no se discute el carácter de intruso de H. C. de manera tal que aun cuando resultara vencedora, ningún derecho obtendrá a ocupar el inmueble.

No obstante y aun cuando pueda asistirle razón, lo cierto es que en la acción principal a que accede la presente, y a la cual se halla subordinada la facultad conferida por el art. 680 del CPr. invocado, de los términos en que ha quedado trabada la litis surge que tal carácter se halla controvertido.

Al respecto resulta de utilidad tener en cuenta que el significado técnico del término intruso está dado por introducirse sin derecho o por fuerza o vía de hecho o apoderarse de una cosa inmueble contra la voluntad del dueño, no resultando de la contestación de la demanda el reconocimiento de tales condiciones. Por ello en este estadio provisional y de acuerdo a las constancias arrimadas, no surge prima facie el carácter de intruso con respecto al demandado, que habilite la tutela anticipada requerida.

El Juzgador ante una medida de tutela anticipada ha de entrar a conocer derechamente el fondo del asunto para conceder anticipadamente todo o parte de lo solicitado en la demanda. Para ello debe ganar un estado de convicción que sin depositarlo, necesaria y definitivamente, en los campos de la certeza propios de la sentencia definitiva, se acerque bastante a ella, avanzando o yendo mas allá de la mera verosimilitud que demanda la toma de las medidas cautelares instrumentales.

Aparece así menoscabada la verosimilitud del derecho que pretende la actora a los fines de la medida solicitada.

A mayor argumento, y en cuanto al recaudo del peligro en la demora, significa que si se postergara el otorgamiento de la medida cautelar, el daño temido se transformará en un daño efectivamente producido, irremediable. La urgencia denota que no pueden tomarse como prevención otros medios procesales disponibles (CNCiv., Sala G, 7/12/84, LL 1985A522; DJ, 19854649; íd. 25/4/86 LL 1986E70). En tal sentido, no escapa a consideración que el recurrente ha mencionado en términos generales que se ve obligado a detener las obras por la ocupación de la demandada, más no especificó de manera concreta ni tangencial el perjuicio real que la espera le ocasiona, ni la irreparabilidad del mismo.

"Los requisitos para la procedencia de la medida cautelar innovativa exigen, aparte de la verosimilitud prima facie del derecho invocado, el peligro en la demora y la existencia de la contracautela. Un cuarto requisito de superlativa importancia a exigir, es el consistente en acreditar de manera fehaciente la irreparabilidad del daño que podría llegar a causarse, en caso de que la medida cautelar innovativa no prosperase (CNCiv, Sala K, 31/12/96, LL 1999C770; DJ, 19922645 y ED 177770).

Por ello, no alcanzando la crítica realizada por el recurrente a conmover los fundamentos de la decisión de grado, ante inexistencia de la verosimilitud del derecho y estando ausente la acreditación de peligro irremediable, se concluye confirmar la resolución en crisis y rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora.

IV. En atención a que el incidente tramita inaudita parte, no corresponde imponer costas. No obstante corresponde regular honorarios al letrado interviniente conforme lo dispuesto en los art. 33 y 47 de la ley arancelaria, teniendo en cuenta la eficacia de la labor y los demás parámetros establecidos en la normativa aludida.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 29/31 confirmando la resolución de fs. 28 por las consideraciones efectuadas.

2)Sin costas en la Alzada de acuerdo el considerando respectivo. Regular los honorarios profesionales del Dr. C. S. K., en el cuatro por ciento (4%) de los que le sean regulados en el proceso principal.

3)Remítase al juzgado de origen la causa solicitada a fs. 39. A tal fin líbrese el correspondiente oficio.

4)Regístrese, notifíquese, devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, Presidente.

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL Nº 257 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS