Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-17


2º Instancia.- Buenos Aires, octubre 17 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Posse Saguier dijo:

I. La sentencia de fs. 370/374 rechazó, con costas, la demanda entablada por Elsa Norma Leggieri contra "Coto Centro Integral de Comercialización S.A.", por cuanto estimó que la actora no había acreditado la relación causal entre los daños alegados y la rotura de la vereda impar de la calle Elpidio González, esquina Sanabria de esta Ciudad, en donde se había tropezado.

Contra dicho pronunciamiento se alza la perdidosa quien expresó agravios a fs. 417/419, los que fueran contestados a fs. 421/424 por "Coto Centro Integral de Comercialización S.A." y a fs. 425/427 por quien fuera traído como tercero -Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-.

II. Con carácter previo, entiendo conveniente señalar que no acogeré la deserción acusada por los accionados, pues esta Sala se ha pronunciado reiteradamente por analizar los agravios del apelante, aunque sean de escasa entidad, para dejar a salvo el derecho de defensa que goza de jerarquía constitucional.

III. A pesar del esfuerzo desplegado en el memorial, considero acertado el temperamento desestimatorio adoptado en el pronunciamiento de grado.

En el caso no resulta ser una cuestión controvertida la aplicación del art. 1.113 del Código Civil, que contempla la responsabilidad del dueño o guardián jurídico de la cosa riesgosa o viciosa.

Al respecto, resulta oportuno recordar que en aquellos supuestos como el de la especie, en que se consagran presunciones objetivas de responsabilidad que comprometen a los emplazados, es indispensable, determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción u omisión de los accionados, vale decir la existencia misma del hecho y la relación causal, cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino como la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf. Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", págs. 45 y sgtes., esta Sala en causa libre nº 382.947 del 17-6-04).

En ese sentido y, conforme a la crítica esbozada por la actora, cabe señalar que el análisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desentenderse de la necesidad de verificar con precisión la existencia del daño experimentado y la relación de causalidad (esta Sala, en causa libre nº 382.947 del 17-06-04, voto de la Dra. Luaces). Así lo ha establecido también la Corte Suprema de Justicia en un caso que guarda cierta similitud con el presente "...cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando -cuando se trata de cosas inertes- la posición o el comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del párr. 2º, última parte del art. 1.113 del Cód. Civil, son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o el guardián, quien podrá eximirse total o parcialmente de dicha responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder" (conf. LA LEY, 1992-D, 228, con nota de José Domingo Ray en pág. 226 y en ED 147-459, con nota de Federico Videla Escalada en pág. 457; CNCiv. esta Sala, voto del Dr. Escuti Pizarro en caula libre nº 133.849 del 24-08-93).

Desde esta perspectiva, adelanto, que la prueba aportada es insuficiente para acreditar el nexo de causalidad entre el daño alegado -que dan cuenta los dictámenes e informes médicos agregados- y el riesgo o vicio de la cosa, presupuesto básico de la responsabilidad de resarcir, o si se prefiere de la responsabilidad civil.

A la luz de lo expuesto, cabe entonces analizar las pruebas producidas en autos, precisamente, el testimonio de Eda Leiva, vecina de la actora. En ese sentido, la deponente -quien al momento de la caída se encontraba aproximadamente a unos cinco metros detrás de Elsa Norma Leggieri-, señaló que "...vio una señora que se caía y en principio no la reconoció, se apresuró porque estaba toda ensangrentada y allí la reconoció...no vio cuando se cayó porque justo entraba o salía un camión" (véase fs. 286/287).

Como se observa y en relación a la cuestión que sí resulta controvertida, la testigo Leiva no tuvo posibilidad de advertir si la actora -quien cargaba con bolsas de compras-, se desplomó como consecuencia de la "rotura de vereda" existente en la rampa de salida y entrada de camiones emplazada en la calle Elpidio González, pues no vio el accidente. Nótese además, que cuando la testigo refirió que Leggieri se había tropezado por el mal estado de la acera, no lo afirmó por haber presenciado tal hecho, sino por haberlo escuchado del relato que hiciera la propia actora a su marido al llegar a su casa. Así, señaló "...la actora le contó al marido que cuando salía de COTO se había caído, que se había tropezado, como salió un camión creyó que la había atropellado pero no, se había tropezado por la vereda que estaba toda destrozada" (véase fs. 287).

Por lo demás, los restantes testigos traídos nada aportan a la cuestión expuesta, pues tanto Molina como Solari -entonces empleados de la sucursal "Coto-Segurola" y presentes el día del accidente-, sólo dieron cuenta de la ausencia de reclamo alguno efectuado por la accionante a la empresa demandada, con motivo de la lamentable caída (véase fs. 215).

Y si bien la actora en su expresión de agravios hizo hincapié en el reconocimiento que Molina y Leiva hicieran respecto de las fotografías de fs. 6/7 que reflejan el estado de la vereda al momento del hecho y que corresponde al sector de ingreso y egreso de camiones de mercaderías, lo cierto es que ello no permite tener por acreditado que la caída se produjo precisamente en ese deteriorado sitio. En relación a ello, cabe señalar además, que de tales instrumentos se desprende que la "rotura" no ocupa la totalidad de la acera sino sólo un extremo, concretamente, el que linda a la calle Elpidio González, por lo que bien pudo la Sra. Leggieri encontrarse al momento del hecho caminando por el restante sector de la vía pública que se encontraba en buenas condiciones y apto para la circulación.

Por lo que se lleva dicho, ante la imprecisión del relato efectuado por Leiva quien no pudo aportar datos concretos acerca del tropiezo de la actora y su ubicación en el lugar, y la ausencia de otros elementos probatorios que resulten pertinentes para aclarar la cuestión en análisis, no cabe sino considerar acertado el criterio de la sentenciante de grado.

Sin perjuicio de lo expuesto, no debe perderse de vista que aún si por mera hipótesis de trabajo se considerara que el referido testimonio hubiera sido útil a la hora de demostrar que la caída se produjo como consecuencia del mal estado en que se encontraba la vereda, tal declaración sería insuficiente, pues se trata de un único testigo que además tiene vinculación con la propia actora -vecinas desde hace mucho tiempo (véase fs. 286)-.

En efecto, respecto del testigo que no resulta extraño a la parte que lo propone se ha dicho que es necesario que su declaración se encuentre apoyada en otros elementos de convicción que otorguen veracidad al relato, ya que por sí solo no puede constituir prueba idónea suficiente (conf.: arts. 386 y 456 del Código Procesal, esta Sala en causa libre nº 508.163 del 24-07-08 y véase también CNCiv. Sala "F" en causa libre nº 135.433 del 23-3-94 y doct. y jurisp. allí citada).

En este contexto, resulta propicio recordar que el juez goza de amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales. Y, si bien el sistema de la sana crítica adoptado por nuestro Código Procesal no resulta compatible con el conocido principio "testis unus testis nullus" que consagraron las Leyes de Partida por influencia del derecho canónico, ello no quiere decir que la declaración de un testigo único pueda fundar una sentencia sin más; para así hacerlo debe contener suficiente poder de convicción de acuerdo con la aplicación de las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de que la valoración de la prueba se efectúe, en tal caso, con mayor estrictez (conf.: Palacio, L.E. "Manual de Derecho Procesal", pág. 491, núms. 269 y sgtes.; esta Sala en causa libre nº 258.343 del 9-8-99, entre otras).

Bajo estas directivas y al haberse efectuado una detenida lectura del testimonio en cuestión, considero -como ya he señalado-, que tal declaración no es apta para fundar el mencionado presupuesto de la responsabilidad, cuya carga probatoria se encuentra en cabeza de la víctima, y que consiste en atribuir el daño a la actividad de una cosa que tuvo un rol productivo de ese perjuicio, pues la falta de acreditación de este extremo resta la posibilidad de hacer valer la responsabilidad del dueño o guardián de una cosa viciosa, que fuera ajena al daño sufrido (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. IV-A, nº 2579 y 2637; esta Sala en causa libre nº 479.942 del 6-09-07).

Finalmente, señalaré que no escapa a mi consideración que acontecimientos como los relatados en la demanda son generalmente acreditados mediante la prueba testimonial. Empero, sabido es que para fundar una condena resarcitoria únicamente en la declaración de un testigo, sus dichos deben ser precisos y contundentes, por lo cual no deben dejar duda alguna en el ánimo del juzgador respecto del extremo que se debe acreditar, lo cual no ocurre en autos, donde el único testigo presencial no pudo apreciar en forma directa el motivo de la caída sufrida por la actora (conf. esta Sala en causa libre nº 479.942 del 6-09-07).

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo, se confirme la sentencia recurrida. Las costas de Alzada habrán de ser soportadas por la actora que resulta vencida.

Los doctores Li Rosi y Molteni votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Fernando Posse Saguier.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirme la sentencia recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada habrán de ser soportadas por la actora que resulta vencida. Toda vez que la acción fue rechazada, deberá determinarse para el caso, la entidad económica del planteo. Al respecto, debe partirse del principio jurisprudencial, según el cual, en estos supuestos, el interés material discutido no varía según que la pretensión deducida prospere totalmente o sea rechazada. A esos efectos, la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho como la admisión de que el supuesto derecho no existe. De ahí que, ante la alternativa de rechazo de demanda, debe computarse como monto del proceso el valor íntegro de aquella, aplicándose analógicamente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida (conf. esta Sala, H.263.444 del 18/2/99, id. H.393.030 del 13/2/04, entre muchas otras). En consecuencia, valorando la extensión e importancia de los trabajos realizados en autos por los profesionales intervinientes, etapas cumplidas, dentro de las tres en las que se divide el presente proceso, lo dispuesto por el Decreto Ley 7887/55, lo normado por los arts. 1, 6, 7, 37 y 38 de la ley 21.839 y lo resuelto por este Tribunal en forma reiterada con relación a la forma de retribuir los trabajos de los peritos médicos quienes carecen de arancel propio (conf. H.313.777 del 14/12/00 y sus citas, entre muchas otras) en lo pertinente lo establecido por la ley 24.432, modifícanse los honorarios regulados en la anterior instancia y se fijan los emolumentos del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. M. H. C., en pesos nueve mil doscientos ($ 9.200); los del letrado de la misma parte, Dr. F. E. B., en pesos un mil ($ 1.000); los de la letrada apoderada de la tercera citada, Dra. M. G. M. M., en pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500); los del mediador, Dr. H. J. M., en pesos seiscientos ($ 600) y se confirman, atento el alcance de los recursos, los del letrado patrocinante de la parte demandada, por su intervención en las dos primeras etapas, Dr. J. A. B.; los de la letrada patrocinante de la tercera, Dra. M. C. D.; los del letrado patrocinante de la misma parte por su intervención en la primer etapa, Dr. N. O. J.; los de la letrada de la actora, Dra. S. M. D.; los del perito médico, Dr. A. J. Z. y los de la perito psicóloga, M. I. A. Por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, regúlanse los emolumentos de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. S. M. D., en pesos dos mil trescientos ($ 2.300); los del letrado apoderado de la demandada, Dr. M. H. C., en pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400); los de la letrada apoderada de la tercera, Dra. M. G. M. M., en pesos un mil trescientos ($ 1.300) y los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. F. C., en pesos tres mil trescientos ($ 3.300) (arts. 6,7, 38 y 14 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432) sumas que deberán abonarse en el plazo de diez días.- Fernando Posse Saguier.- Ricardo Li Rosi.- Hugo Molteni.