Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-23


Comodoro Rivadavia, veintitrés de noviembre de 2007 VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C. de S. S.A. c/ Municipalidad De Comodoro Rivadavia s/ Apelación Art. 7º Ley 4219", Expte. Nro. 16.587/2007.

I.- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada por haber apelado la C. de S. S.A., la resolución de fs. 22 dictada -en el Expediente Administrativo Nro. 358/07- por la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, rechazando el planteo de incompetencia formulado por la recurrente.

El apelante expresa agravios a fs. 24/25. Impugna la resolución en crisis por entender que las cuestiones que tengan que ver con la celebración y ejecución de un contrato de seguro no se encuentran alcanzadas por la ley del consumidor sino que se trata del ejercicio de la actividad aseguradora sujeto a control de la Superintendencia de Seguros de la Nación con exclusión de toda otra autoridad administrativa (arts. 11, 64, 8 inc. 4 de la ley 20.091). Afirma que tal competencia es exclusiva y excluyente de la competencia de la Oficina de Defensa del Consumidor, omitiendo el Funcionario actuante expedirse sobre tal planteo.

A fs. 32 evacua la vista el ministerio fiscal.

II.- Conforme los agravios señalados corresponde remitir a lo prescripto en el arts. 7 de la ley 4.219 y 23 de la Resolución Municipal 1480/01 -correlativos del art. 45 de la ley 24.240- la competencia de esta Cámara en la materia queda circunscripta a los recursos deducidos contra los actos administrativos emanados de la Oficina de Defensa del Consumidor que impongan sanciones, por lo que queda fuera del ámbito de su conocimiento por esta vía de excepción toda otra decisión adoptada por la autoridad de aplicación.

"Es con la sanción impuesta -que puede producir una lesión en los derechos subjetivos del encartado- que queda este facultado a pedir protección jurisdiccional del Estado, y habilitados los jueces de la Nación para valorar si se han respetado durante la sustanciación del sumario los principios y procedimientos previstos en la reglamentación vigente y, por ende, si la sanción ha sido aplicada de acuerdo a derecho" (CNACAF, Sala IV, "T. , R. R. c/ Colegio Público de Abogados s/ Queja 16/2/92 cit. en autos "C. de S. S.A. RQU c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor" CNACAF, Sala IV 9/4/02 elDial AA1133).

En consecuencia, en tanto que con la resolución de fs. 22 no se aplica ninguna sanción, no se encuentra habilitada esta instancia, correspondiendo declarar mal concedido el recurso.

III.- No obstante y a mayor argumento, cabe recordar lo señalado por esta Alzada respecto a la procedencia de la aplicación de la ley 24.240 al contrato de seguro (Sent. Inter. Nro. 153/2006, 22/8/2006, Sala A y Nro. 21/2007 del 13/2/2007 Sala B).

Ello es así, pues la ley de defensa del consumidor sanciona la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios, que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. La aseguradora, como prestadora de bienes y servicios se encuentra sometida a la normativa de referencia (Conforme CNac. Ap. Contencioso administrativo Federal Sala II. 7/3/2006. G. C. Cía. A. de S. SA. MJJ7312. Otros : B. C. SA c/ DNCI Disp. 296/2003 y Societe Generale S.A. c/ GCBA). La autoridad de aplicación local, sólo sanciona a la aseguradora en tanto incumple con los deberes que la ley 24.240 le impone respecto a su relación con el cliente. A dicha autoridad administrativa se le ha atribuido el control de policía del consumo, independientemente de la repercusión que la actividad aseguradora tenga dentro del mercado. Se centra en la relación directa de la empresa -como prestadora de servicios- y cliente - como consumidor, por lo que se controla la actividad en aquello que se relacione con la atribución conferida de velar por los derechos del consumidor, (arts. 1, 2 y 41 ley 24.240).

Se advierte que las leyes 17.418 y 20.091, al contener normas relativas a la defensa del asegurado en materia de condiciones generales de contratación ya constituían una agrupación de disposiciones configurativas de un nuevo orden, las que resultan actualmente integradas al microsistema creado por la ley de defensa del consumidor, razón por la que los conflictos que se susciten entre las diferentes jerarquías de normas deberán ser solucionados en base a los principios consagrados en el nuevo sistema; es decir, la ley de defensa del consumidor (Fresneda Saieg-Esborraz-Hernández, "Las cláusulas abusivas en el contrato de seguro", JA, 1994-III-944, cit. por Farina Juan "Defensa del consumidor y del usuario", ED. Astrea, 3ra edición, pág. 112 y ss.).

La Superintendencia de Seguros de la Nación controla y aprueba la redacción de las cláusulas de las condiciones generales de póliza de los contratos de seguros previo a su aplicación y fiscaliza la situación económica financiera de dichas compañías, en cambio la ley 24.240 determina su ámbito de aplicación a la protección del consumidor en cuanto a su condición de cliente, como ya se adelantara. Son encuadres normativos que no excluyen entre sí, sino que por el contrario se complementan.

Se destaca que el objeto del presente reclamo se relaciona estrictamente con esa vinculación -empresa-cliente- pues tiende a lograr la entrega de la documentación que señala a fs. 2vta./3, con lo cual se advierte claramente que la conducta omisiva que se le achaca a la recurrente no se corresponde exclusivamente con "el ejercicio de la actividad aseguradora" no resultando suficientes los agravios del apelante para desvirtuar tales conclusiones. IV.- Las costas se imponen al recurrente vencido, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPr.). Se regulan los honorarios profesionales de acuerdo a las pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts 14 y 33 ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Declarar mal concedido a fs. 30 el recurso de apelación interpuesto a fs. 24/25.

2)Costas de la Alzada a la parte vencida. Regular los honorarios profesionales del Dr. M. D. V. en la suma de pesos cien ($100).

3)Regístrese, notifíquese, devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.:

Marta Susana Reynoso de Roberts, Presidente.

Graciela Mercedes García Blanco, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 198 DEL AÑO 2007.

DEDL LIBRO DE SENTENCIAS INTTERLOCUTORIAS