marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
AFJP, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  AFJP c/ ORIGENES  AFJP  SA s/ ORGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

Procede imponer una multa de 250 mopres a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por haber infringido lo dispuesto en la ley 24241: 44 y en la Resolución SAFJP 768/95: 25 y 26 y modif., respecto al rechazo de las solicitudes de traspaso de ciertos beneficiarios, sin motivo, contemplado en la normativa vigente. No obsta a tal conclusión el hecho de que se hubiera regularizado luego la situación de los afiliados ya que ello no puede servir como causal exoneratoria de responsabilidad, en tanto debió concretar los mentados traspasos en forma y tiempo oportuno.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, tributos aduaneros, Dirección Nacional de Vialidad
Materia: ADUANERO - PROCESAL
Carátula: NIDERA ARGENTINA S.A. s/ APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

El agravio de la demandada -en cuanto cuestiona la elección de la fecha en la que comenzó la vigencia de la resolución 521/79 del organismo aduanero como momento en el que principia el curso de los intereses y la actualización monetaria- así como el que invoca la actora -en el sentido de no ser deudora de suma alguna en dichos conceptos- no son susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48, pues no remiten a la interpretación de las disposiciones de la Ley de Aduana referentes a la extinción de las obligaciones tributarias y a las consecuencias de su incumplimiento, sino al análisis de una cuestión de hecho, como lo es la que consiste en determinar el momento a partir del cual debería considerarse incursa en mora a la segunda en función de la actitud que adoptó frente a los criterios de la administración fiscal relativas al cobro del tributo destinado a la Dirección Nacional de Vialidad.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, sentencia arbitraria, Estado Provincial, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO, JUAN CARLOS c/ SAPYC S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-18

La sentencia impugnada merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido, puesto que si bien los agravios planteados refieren a la aplicación de normas de derecho común (laboral), normalmente detraídas del ámbito del recurso de inconstitucionalidad y reservadas, en principio, a los jueces de la causa, corresponde hacer excepción a dicha regla cuando -como en el caso- la sentencia no da adecuada respuesta a los argumentos que expuso la provincia recurrente en defensa de sus derechos, confiriendo un tratamiento irrazonable al caso en debate al concluirse que la misma resultaba sujeta a las previsiones del artículo 32 de la ley 22250 y 30 de la ley 20744 (con la reforma introducida por el art. 17, ley 25013), asimilando su actuación a la de un "comitente" de los que prevé la norma (sujetos de derecho privado), considerando que -por ello- estaba obligada a exigir a la codemandada el cumplimiento de los recaudos que prevén las referidas normas so pena de incurrir en responsabilidad solidaria. Es que la Provincia no es una "empresa", "establecimiento" o "empleador" en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y, por tanto, no puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esos sujetos del contrato de trabajo, más aun cuando esta regulación es incompatible con el régimen de derecho público al cual está sujeta. Siendo ello así, el proceso de formación de convicción de la Alzada para condenar solidariamente al Estado Provincial carece de apoyatura legal y de fundamentación suficiente, insertándose en un supuesto de prescindencia de normas imperativamente aplicables al caso y que ostentan el carácter de conducentes para una solución ajustada a derecho.
Defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: "Huentala   Cooperativa  de Trabajo Limitada c/ INAES - ResoluciónN°4366/10 (Expte 156/08)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

Debe desestimarse el agravio relativo a la violación del derecho de defensa, en cuanto el quejoso se limitó a manifestar la vulneración de dicha prerrogativa sin mencionar las defensas de las que concretamente se habría visto impedido, ni señalar en qué medida las mismas incidirían para eventualmente arribarla una solución distinta a la adoptada por la autoridad administrativa. No resulta ocioso destacar que la recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo en el trámite ante el Tribunal, por manera que invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507; entre muchos otros).
Derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, ALEJANDRO MELITON c/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) s/ ABOGADO - EJERCICIO PROFESIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-18

La Constitución Nacional reconoce en dos artículos el derecho a asociarse de las personas: en su art. 14 apareciendo así su raigambre liberal, y en el artículo nuevo siguiente, recogiendo la evolución experimentada por el proceso constitucionalista durante el presente siglo y con referencia directa a la organización sindical.
Locación de obra, responsabilidad del empresario, entrega de la obra, mora
Materia: CIVIL
Carátula: BEVIGLIA HUGO AMILCAR c/ EDRON S.A. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-19

El retardo en la finalización de la obra no es imputable al empresario, cuando tiene origen en los adicionales o "extras" que ordena el comitente, al menos que el comitente pruebe que, a pesar de tales trabajos suplementarios, la obra se habría podido realizar sin retardo porque esos trabajos no necesitaban prórroga del plazo (conf. Spota, "Tratado de Locación de Obra", T.II, n.244, y doctrina y jurisprudencia que cita).-
Empleador, silencio
Materia: LABORAL
Carátula: López, Carmen Magdalena c/ Itcovici, Rubén Bernardo s/ Despido y salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

La presunción que se deriva del silencio del empleador (art. 57, L.C.T.) y que se trasunta en la inversión de la carga de la prueba es iuris tantum y, por lo tanto, admite prueba en contrario.
Excepción de incompetencia, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Parada, Alfredo Roberto Jesús c/ Herederos de Héctor Rubén Ríos y otros s/ Interrupción de prescripción. Accidente de trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-12

Si en ambos juicios se demanda a los mismos sujetos, por indemnización de incapacidad con fundamento en normas de derecho civil, la incompetencia de la justicia laboral para entender en el mismo, que fue expresamente admitida por la parte accionante al allanarse a la excepcidón planteada por la contraria, configura el marco de cosa juzgada que el sentenciante consideró aplicable. Si el juez aceptó el allanamiento expreso a la excepción que había sido opuesta, las consecuencias que de ello se derivan indudablemente llevan a considerarla una cuestión sustancial que pone fin al proceso, y que impide ser planteada nuevamente ente tribunales con la misma competencia que el que la dispuso. Tratándose de un litisconsorcio necesario, la excepción de incompetencia plantada por uno de los demandados incluye al otro, y si la actora se allanó a dicho planteo, el efecto de la extinción de la cuestión por ese medio, alcanza a ambos accionados, dada la inescindibilidad que caracteriza a este litisconsorcio.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, ley penal, irretroactividad, ley penal más benigna, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, abogados, sanciones disciplinarias, acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional como la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ex post facto- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados. El instituto de la prescripción cabe, sin duda alguna, en el concepto de "ley penal", desde que éste comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva. Tales afirmaciones son trasladables igualmente al campo de la responsabilidad ética -por su naturaleza punitiva- habilitando así -en el caso- a considerar que la aplicación de la ley 11295 al juzgamiento de la falta denunciada encuentra un obstáculo constitucional insalvable, en virtud de revestir la misma una naturaleza penal "en sentido amplio" -por referirse a la prescripción de la "acción emergente de las faltas" (artículo 311, Ley Orgánica del Poder Judicial)- y de exhibir un neto carácter de regla punitiva posterior más gravosa, derivado de la introducción de modificaciones al régimen normativo de sanciones disciplinarias -a través de la incorporación de supuestos de interrupción de la prescripción que hasta el momento de su sanción (1995) no existían en ese ordenamiento especial- contrarias a los intereses de los sujetos alcanzados por el mismo.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAMBRINI ARGENTINO c/ YUBRIN EDUARDO JORGE s/ DETERMINACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-19

Los jueces tienen poderes-deberes suficientes para fijar o modificar de oficio, en determinados supuestos, las liquidaciones practicadas por las partes, con prescindencia de la actitud de la contraria.
Faltas, proceso de faltas, remisión del expediente, impugnación de la providencia, nulidad procesal, facultades de la Cámara de Apelaciones, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ S, H. D. s/ Estacionamiento en lugar de ascenso y descenso de pasajeros. lugar de ascenso y descenso de pasajeros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-20

Resulta carente de fundamento la petición de nulidad de la resolución de esta Cámara que solicita los autos principales al juzgado de su trámite; ello así, toda vez que el propio artículo 477 párrafo tercero del Código Procesal Penal de la Nación, autoriza a actuar de esa manera, siendo que, conforme está redactado el artículo, esta decisión no admite juicio de valor alguno por parte de los intervinientes en el proceso; solamente los jueces de Cámara estiman o no necesaria tal remisión, y las partes nada pueden alegar al respecto. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Empleados públicos, acción de amparo, acto administrativo, costas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Luna, René Alejandro c/ Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-26

El accionante, tiende a cuestionar la facultad de la autoridad administrativa plasmada en el Art.2 de la Resolución que resuelve suspender preventivamente sin goce de haberes al agente-amparista, de conformidad a los hechos que detalla y motivan al acto administrativo -sumario administrativo relacionado con la causa que se tramita en sede judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real y falsificación de documento público.- De la mera lectura del escrito de demanda, se extrae la falta de precisión de los derechos de superior jerarquía conculcados por el instrumento citado, por ende, la falta de subsunción del hecho en la norma contenida en el Art.1 y 6 de la Ley 4642.

Por cuanto el órgano administrativo se encuentra facultado para adoptar las decisiones que estime conducentes a la dilucidación de los hechos que motivaron la emisión del acto administrativo, gozando tales actos emitidos en ejercicio de atribuciones legales propias de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad.

Que entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del acotado margen cognoscitivo otorgado a la acción de amparo el control de legalidad del instrumento y de las bases normativas y fácticas tenidas en cuenta para la determinación de la suspensión preventiva del agente sin goce de haberes, como cuestión jurídica opinable, resulta materia para la cual existen vías paralelas judiciales donde con mayor amplitud de debate y prueba podrá discutirse la legitimidad -o no-, del actuar administrativo, más aún cuando el agente se encuentra sometido a investigación en sede penal.

Conforme a ello, antecedentes jurisprudenciales del Tribunal y lo previsto por el Art.3 de la Ley 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos contemplados en el Art. 2, incs. c) y d), corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta.	En consecuencia, deben imponerse las costas a la parte accionante, Art.17 de la ley adjetiva.
Transporte por agua, transporte de carga, averías, reparación de averías, lucro cesante
Materia: NAVEGACION
Carátula: CIA. DE TRANSP. Y COMERCIO INT.  S.A.C.I.F.I.A. y M. c/ Y.P.F. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

Es indudable que existió daño indemnizable porque el GUARANI debió permanecer cierto tiempo inmovilizado a fin de que fueran reparadas las averías que sufriera, no obstante no hallarse acreditada por prueba directa la real frustración de viaje alguno que tuviera contratado, toda vez que es lógico suponer que la inactividad de un buque destinado a cumplir transportes onerosos de carga ha de haber reportado alguna pérdida a sus explotadores; a lo que cabe agregar que la reparación no excluye totalmente los gastos fijos propios de la explotación no excluye totalmente los gastos fijos propios de la explotación de la nave aun cuando pudiera producirse un ahorro significativo en alguno de sus rubros -v. gr.

remuneraciones de su dotación, uso de combustibles y lubricantes, etc.
Principios procesales, principio de adquisición
Materia: PROCESAL
Carátula: C. M. de P. M. c/ SANATORIO D. L.C. SRL s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-23

Por el principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de afirmación y de la prueba.
Carga de la prueba, prueba testimonial, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: A., G. D. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-01

Las cargas de quien ofreció el testigo están en función de la eventual negligencia o caducidad en caso de no ser cumplidas, así como, la de obligarse a hacerlo comparece y las medidas de compulsión.
Responsabilidad del banco, rechazo del cheque, agravio concreto, intimación de pago, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Ventura, Magín c/ Banco Bansud SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-31

La responsabilidad que el incorrecto proceder del banco genere frente al beneficiario de un cheque recién podrá serle imputada cuando origine perjuicios al actor, quien no probó haber intentado sin éxito la vía ejecutiva contra el librador, ni haberle intimado el pago. En consecuencia, si no lo hizo o no lo quiso hacer, ello no es responsabilidad del banco y el actor debe soportar las consecuencias de su conducta.
Servicio militar obligatorio, conscriptos, accidente en acto de servicio, actos de servicio, haber de retiro, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALCAZAR, LUIS ARGENTINO c/ ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

Por tratarse de la aplicación del art. 78 de la ley 19.101, que contempla un haber de retiro, corresponde admitir la demanda del actor, toda vez que en el precedente "Gunther" al que la Corte Suprema remite, se estableció que dichos haberes son de naturaleza previsional y, por tanto, no impiden que se acuerde al conscripto incapacitado en acto de servicio el resarcimiento de los daños sufridos con fundamento en el régimen previsto en el derecho civil.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALGADO DE CASCO ERCILIA c/ LEDESMA MARIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Es culpable la conducta del colectivero que abrió la puerta del colectivo cuando éste aún no se había detenido, con la consiguiente plasmación de un obrar antirreglamentario y al par riesgoso, en un momento en que se efectúan ordinariamente maniobras que comprometen el equilibrio del pasajero, pues hay que disminuir la velocidad del automotor, acercarlo al costado de la calzada y al fin detenerlo.
Apelación de honorarios, inventario y avalúo, sucesión ab intestato, abogados, auxiliares de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Paredes Jorge Antonio Luciano y su acumulado Fernández Sofía Clotilde c/  s/ sucesorio ab- intestato s/ reconstrucción de expediente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-07

Resulta improcedente que los letrados cuestionen la desproporción de sus honorarios en relación con los del perito partidor, si aquéllos no ejercieron en tiempo la facultad de disconformarse con la base económica a raíz de la aprobación del inventario y avalúo (art. 39 LA) o no recurrieron por alta la regulación. Por otro lado, cuando el art. 37 LA habla de perito al aludir al partidor no refiere a los auxiliares de justicia que intervienen en orden a un conocimiento científico, tales como los médicos, sicólogos, expertos en siniestros viales, etc. La situación de esos peritos está contemplada en el art. 21 de la ley y no es asimilable.
Daños y perjuicios, rechazo de la demanda, astilleros, AFIP DGA, exportaciones, permiso de embarque, reintegros y reembolsos a la exportación
Materia: PROCESAL - CIVIL - TRIBUTARIO
Carátula: Astilleros Príncipe y Menghi S.A. c/ Estado Nacional - Administración Nacional de Aduanas - y otro s/ demandas contra ANA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Si la actora no demostró haber sufrido ningún perjuicio con motivo del cumplimiento tardío de su obligación, ni consta que se le impusieran multas por falta de diligencia o que se viera obligada a ingresar montos superiores a los que percibió de la aduana, debe confirmarse la sentencia que rechazó la demanda deducida por un astillero contra el Estado Nacional por los daños y perjuicios por la demora en abonarle el reembolso respecto de un permiso de embarque.
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza, sala del tribunal, patrocinante exmagistrado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CRUSH SA c/ INTER AMERICAN ORANGE CRUSH SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

La circunstancia de que el letrado firmante de la demanda haya sido un ex-magistrado integrante de una de las salas del tribunal, no constituye causal suficiente para sustentar el pedido de excusación por parte de los restantes ex-colegas componentes de la misma, basado en razones de delicadeza y decoro; puesto que las causales pertinentes se encuentran específicamente referidas -en principio- a las partes en litigio y no a los profesionales.
Igualdad ante la ley, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

El principio de igualdad consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clase de personas, ni encierra un indebido favor o privilegio, personal o de grupo (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti y voto del juez Lorenzetti).
Derecho administrativo, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARBO, MIGUEL ANGEL Y OTRO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. s/ COBRO DE PESOS - BANCO CENTRAL - RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

El recurso a la analogía para decidir qué es justo en casos no previstos, no configura una facultad discrecional sino una necesidad hermenéutica de inexcusable cumplimiento, si bien con las necesarias discriminaciones impuestas, en el caso, por la naturaleza juspublicística a la cual se han de aplicar analógicamente reglas de derecho privado (art.16 Cód. Civ.).
Policía, personal policial, incapacidad, cambio de tareas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bargetto, Sergio Oscar c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 373-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

En virtud de la incapacidad declarada, se puede relevar al actor de cumplir las obligaciones impuestas al personal superior y subalterno de los Cuerpos Seguridad y Técnico, en virtud de lo dispuesto por el art. 30 de la Ley del Personal Policial,adoptándose, en su caso, las medidas que sean necesarias a fin de adecuar el contenido de la relación de empleo a las circunstancias derivadas de dicha incapacidad. Así la Junta Médica, al dictaminar un 24% de invalidez sobre la capacidad laborativa total y un grado de incapacidad total con relación a sus tareas específicas (uso de armas, instrucción de tiro), adoptó una particular solución -que no resulta irrazonable- para una también especial situación - incapacidad parcial- pudiendo sustituir las tareas habituales del actor por las administrativas, no dando lugar así al retiro obligatorio.
Contratos, locación, contrato de servicios, Derecho, obligaciones, sistema satelital, tránsito automotor, Comunicaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Nuñez, Nelson Freddy Lewis c/ Parana SA de Seguros y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

2 - Siempre que la obligación principal de la empresa de seguridad consista en la prestación de servicio de monitoreo, en el supuesto de robo del rodado, no corresponderá considerarla incursa en el incumplimiento del contrato de sistema de recuperación vehicular, por constituir aquella una obligación de medios y no de resultado (CNCom, Sala F, in re "Mastronardi, Guillermo Martín c/ Liderar Compañía General de Seguros SA y otro s/ ordinario", del 28/06/12).
Ley de Vinos, vinos
Materia: ADMINISTRATIVO-RECURSOS NATURALES
Carátula: Bodegas y Viñedos Parodí Hnos. SRL c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura s/ recurso contencioso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-06-02

Aun en la hipótesis de no concurrir los requisitos necesarios para calificar al producto como ¨no genuino¨, su sola falta de correspondencia con el análisis de origen lo incluye en las previsiones de los arts. 14, 20, inc. f) y 24, inc. i) de la ley 14.878. Librar el producto a la circulación mediante cortes con otros vinos, antes de obtener el certificado que exige el art. 14 de la ley, no es una mera infracción formal.