Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-23


Salta, 23 de Diciembre de 2010.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "Domingo MARTIN por USURPACION DE AGUAS en perjuicio de GÁLVEZ, Jorge Marcelo", Expte. Nº 98.832/06 del Juzgado de Instrucción Formal de 1º Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº CAM 22437/6, de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín:

Que vienen los presentes obrados por ante la Alzada, a raíz del recurso de apelación deducido a fs. 593/600 y vta. por el Dr. Juan Bartolomé Guaymás, en ejercicio de la defensa técnica del imputado, contra el auto resolutivo dictado a fs. 584/589, por el señor Juez de Instrucción Formal de 1ra. Nominación, Dr. Martín Fernando Pérez, a través del cual se dispone el procesamiento del acusado Domingo Gerardo MARTÍN, por considerarlo autor responsable prima facie del delito de Usurpación de Aguas Reiteradas (tres hechos), en Concurso Real, hecho previsto y reprimido por el art. 182 inc. 3º y 55 del Código Penal, en perjuicio de Jorge Marcelo Gálvez.

El recurso fue producido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

La medida incriminatoria que se trata, se encuentra fundada en el análisis de diversas causas seguidas contra el encartado (Exptes. Nº 22.963/04, 23.007/04), que versan sobre denuncias formuladas por Gálvez, propietario de Finca "Santa Sofía (catastros 8175 y 8176 del Dpto. Rosario de Lerma), dando cuenta del desvío del curso de aguas del arroyo Las Tipas por parte del encausado en su perjuicio, incurriendo éste en la conducta típica antes referida.

Los derechos de agua del damnificado -prosigue el juez de grado surgen del Dcto. Nº 1333/02 del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia (fs. 08/10), instrumento legal dictado en consonancia con las Resoluciones Nº 048/01 (fs. 05/07) y Nº 001/03 (fs. 11/17 y vta.), emitidas por la Unidad de Infraestructura y Desarrollo y el Tribunal de Aguas de la Provincia, respectivamente, conformando antecedentes que determinan el carácter de aguas públicas y no privadas, que constituyen la materia litigiosa de autos, incorporándose a la causa diversos antecedentes que dan cuenta de reiteradas denuncias contra Domingo Gerardo MARTÍN practicadas por Jorge Marcelo Gálvez, poniendo de manifiesto la conducta ilegítima de aquél, privándolo del ejercicio regular del derecho de agua concesionado por el Estado provincial, conforme se acredita con documentación varia que se adjunta.

De la declaración indagatoria del imputado (fs. 301) -afirma el Instructor surge que el acusado despliega todo su accionar con el convencimiento de estar amparado en una declaración previa del Estado que le confiere el carácter de aguas privadas, por nacer y morir dentro del inmueble de su propiedad, las que viene utilizando para riego de su finca (Catastro Nº 142, Dpto. de Rosario de Lerma), con pretensiones de exclusividad.

Del análisis de los elementos obrantes en la causa -aduce el juzgador se tiene que al imputado se le atribuye en primer lugar el hecho de hacer uso de los caudales de agua de uso público proveniente del Arroyo "Las Tipas", cuyo uso y goce le fuera concedido al denunciante Jorge Marcelo Gálvez por intermedio del Dcto. Nº 1333/02 del Ejecutivo Provincial y pese a la intimación de cesar en su actitud por carecer de derechos reconocidos a su favor mediante Resolución Nº 048/01 de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo, manifestando en su descargo el encartado que habiendo adquirido la Finca "Cámara", catastro 142 del Dpto. de Rosario de Lerma, en razón de poseer aguas adjudicadas en carácter de privadas por la ex AGAS en el año 1.956, debidamente inscriptas en el respectivo Registro de Aguas y en la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, de modo de haberse incorporado ese derecho a su patrimonio particular, pese al total desconocimiento de ello que se desprende del dictado de las señaladas Resoluciones Nº 048/01 y 01/03 de organismos provinciales, y del mencionado Dcto. Nº 1333/02, instrumentos legales que sólo confieren derechos a favor del denunciante.

A fs. 587 vta. el A quo, en relación a la revocatoria decidida por la Alzada respecto del procesamiento dictado a fs. 409/412, en donde el Tribunal luego de un exhaustivo examen de la causa concluye que no constituye ilícito el accionar del encausado, interpreta, por el contrario, que el imputado no obró al amparo de la legislación vigente, puesto que no acreditó haber cumplido con el trámite del art. 320 del Código de Aguas que expresamente impone la obligación de denunciar las aguas privadas que hubieran pasado a ser públicas en el plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de dicho código, con lo que hubiera podido acceder a la concesión de dichas aguas y no realizar como ocurriera en la realidad vías de hecho en defensa de los derechos que dice le asisten.

Evaluados los distintos elementos arrimados a la causa -prosigue el Tribunal Inferior y puesto a resolver la situación procesal del acusado, corresponde disponer su procesamiento, por considerarlo autor prima facie de los delitos de Usurpación de Aguas en forma reiterada (tres hechos), en Concurso Real, hecho previsto y reprimido por los arts. 182 inc. 3º y 55 del Código Penal, en perjuicio de Jorge Marcelo Gálvez, en las causas Nº 98.832/06 y sus acumuladas Nº 23.007/04 y Nº 22.963/04. Ello en grado de razonable probabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 295 del Código Procesal Penal, ya que se ha comprobado la existencia de los hechos denunciados y que el autor material de los mismos es el indagado, teniéndose en consecuencia la existencia de suficientes indicios que sustentan el juicio de probabilidad antes aludido, frente a una inequívoca conducta dolosa por parte del acusado, en tanto estar incurso en una acción típica que denota un ilegítimo ejercicio de un derecho patrimonial en perjuicio del denunciante.

La defensa técnica del encausado hace girar la expresión de agravios vertidas, en la falta de tipicidad del actuar de su representado, en la inteligencia de responder a un obrar respaldado por un reconocimiento expreso de uso de aguas de carácter privado, que más allá de la recalificación de su naturaleza conferida por la legislación de fondo (art. 2637 del Código Civil), ello no importa poner al usuario de ese recurso en situación de ilicitud, en los términos pretendidos por la contraria y con cierto respaldo ilegítimo del Estado provincial, desde el momento que el trámite de concesión efectuado a favor del denunciante (Dcto. Nº 1332/02), omite flagrantemente mencionar los derechos reconocidos con anterioridad en beneficio del acusado mediante Expediente Nº 3323/56 de la entonces AGAS, en calidad de Autoridad de Aplicación en materia de aguas públicas y privadas.

El apoderado de la parte acusada hace girar todo su razonamiento en interpretar que el acto administrativo dictado por el Estado (Resoluciones Nº 1372 y Nº 1693), a través del cual se le reconoce a su representado el ejercicio del derecho de uso de aguas privadas en su fundo particular, en un todo de acuerdo con lo regulado por el originario art. 2637 del Código Civil, goza de presunción de legitimidad y estabilidad, no siendo factible su revocabilidad en sede administrativa, como garantía de la propiedad y de los derechos adquiridos de los administrados.

Entiende el apelante y en cuanto concierne a la naturaleza jurídica de las aguas que, la legislación vigente (Ley 17.711), no tiene trascendencia jurídica alguna, en orden a la categorización de las aguas privadas conferidas al Catastro Nº 142 del Dpto. Rosario de Lerma en el año 1.956, con significativa anterioridad a la modificación del Código Civil (1.968), siendo un derecho adquirido y protegido por nuestra Carta Magna. Para que las aguas privadas puedan pasar eventualmente a ser de propiedad del Estado (públicas), sin transgredir los arts. 17 y 14 de la Constitución Nacional, es imprescindible que el Estado local las afecte mediante una Ley de Expropiación y abone el valor real de las mismas y los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a su propietario, por lo que no cabe entender que existe cambio de naturaleza jurídica de las aguas "Ministerio Legis", en la modificación que plantea el legislador civil de 1.968, como lo afirma la resolución en crisis.

Para el recurrente, las aguas privadas desde la sanción del Código Civil y después de la reforma del mismo, aún siguen siendo privadas, si las Provincias no las expropian, especifican, afectan e indemnizan, porque el art. 17 de la Constitución Nacional de 1.853-1.860-1.994, no permite al Estado apoderarse de las aguas privadas abusando de la "crisis de la ley", para lo cual se torna aplicable la doctrina de la Corte Federal, en cuanto que la ley retroactiva no puede agraviar derechos adquiridos, de modo que el cambio de calificación de las aguas debe ser analizado como un supuesto de expropiación, siendo el particular afectado susceptible de recibir una justa indemnización, previo a operarse la transferencia al dominio público.

Concluye la defensa técnica impugnante que, de conformidad con la línea jurisprudencial sentada por las Salas II (fs. 237/240 vta.) y III (fs. 521/523 vta.) de este Tribunal de Alzada, puede sostenerse que en la especie no se materializa la conducta típica contemplada en el art. 182 inc. 3º del Código Penal, habida cuenta de no haber actuado el imputado ilegítimamente, sino, todo lo contrario, su accionar estuvo en todo momento respaldado en un título perfecto otorgado por el propio Estado, sin que el denunciante haya acreditado en forma fehaciente la posesión (uso y goce) sobre las aguas que aquí se controvierten. Entrando al análisis de la cuestión de fondo, cabe anticipar que le asiste razón a la defensa técnica del imputado, por cuanto se advierte con meridiana claridad que no concurren en el caso los requisitos configurativos del tipo penal previsto en el nombrado art. 182 inc. 3º del Código Penal, en tanto el encausado en todo momento ha actuado con el convencimiento de estar amparado en un derecho otorgado a perpetuidad (art. 2637 -originario del Código Civil), cuya modificación introducida por la Ley 17.711 no lo desplaza de tales prerrogativas, sino que, en todo caso, le impone una serie de cargas de orden procesal administrativo y que en caso de inobservancia habrá que determinar en la sede respectiva si ello puede acarrear la pérdida de un derecho dejado de usar bajo el prisma de la caducidad, sin que ello autorice a suponer la consumación de una conducta delictiva en los términos pretendidos por el denunciante.

Ello es así, pues todo el razonamiento seguido por Jorge Marcelo Gálvez, a la sazón, la supuesta víctima del delito de Usurpación de Aguas, ha girado en torno de hacer recaer sobre el encausado la carga perentoria de denunciar ante la autoridad de aplicación en materia de aguas la existencia de un pretendido derecho a la luz de lo dispuesto por el art. 320 del Código de Aguas, cuyo incumplimiento está signado por la pérdida de un derecho perfecto e inamovible sólo sujeto a una razonable adecuación con el régimen vigente impuesto por la mentada Ley 17.711, en el marco de la observancia inexcusable de los derechos adquiridos, que bajo ningún aspecto pueden vulnerarse dentro de la esfera del Estado de derecho que rige nuestra organización jurídicoinstitucional (art. 321 del Código de Aguas).

En efecto, la norma que resulta claramente aplicable en la especie es el art. 321 del citado Código al establecer que: "Cuando exista sentencia basada en autoridad de cosa juzgada que declare privadas aguas que conforme a la Ley Nacional son públicas, su titular deberá informar de tal situación a la Autoridad de Aplicación y solicitar la correspondiente concesión de uso de esas aguas; ello sin perjuicio de que la Autoridad de Aplicación ordene de oficio las medidas necesarias para regularizar la situación planteada en este caso" .

De la trascripta legislación que antecede pueden extraerse distintas conclusiones: a) El trámite administrativo de reconocimiento a perpetuidad del derecho de agua a favor del acusado otorgado por el Estado dentro del régimen anterior a la Reforma introducida por la Ley 17.711, resulta equiparable con la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada que contempla la preceptiva de fondo antes aludida; b) No se encuentra previsto un término perentorio para la formulación de dicho trámite por parte del interesado, como tampoco el legislador ha incorporado la sanción de caducidad del derecho para el incumplidor; c) Le asiste a la Autoridad de Aplicación en materia de aguas la facultad de disponer de oficio todas aquellas medidas conducentes a que el interesado regularice la situación verificada, pero ello no la autoriza a actuar como se ha hecho en este caso, con total desconocimiento del derecho que en todo momento le asistía al encartado, e incluso, haber otorgado al denunciante una concesión de aguas (Decreto Nº 1333/02), omitiendo abiertamente el carácter de aguas privadas que le había reconocido con anterioridad a otro usuario (Resoluciones Nº 1372/56 y Nº 1693/56 de A.G.A.S., procedimiento ajustado a la Ley, con publicación de edictos, dictamen jurídico e inscripción en la Dirección de Inmuebles -fs. 51/63).

La reseña que efectuamos, pone en evidencia de modo categórico que, se trata de una cuestión de orden administrativo que debe resolver el Estado concedente de aguas públicas, cuyo accionar estatal reprochable es el generador de la controversia desatada en autos y que versa sobre una disputa entre particulares que reclaman para sí el ejercicio del derecho de agua sobre sus respectivos fundos, siendo aquél, a través de la actuación de la Autoridad de Aplicación en materia de aguas públicas, quien debe dirimir en definitiva los alcances de las pretensiones de las partes, resultando ajeno a tales cometidos el fuero penal que aquí indebidamente se excita, en virtud de la inexistencia absoluta de conducta punible alguna dentro de las previsiones contenidas en el art. 182, inc. 3 del Código Penal, por parte del imputado.

Es dable poner de manifiesto que, como elemento subjetivo del tipo de usurpación de aguas, "el propósito de causar perjuicio a otro" desempeña sólo la función del ánimo que inspira la acción y acompaña al dolo. De allí que, para la consumación, no es necesario que el daño se concrete efectivamente en un material menoscabo, bastando que la acción se haya ejecutado "con el propósito" de inferirlo (C. Apels. Trelew, sala 1º, 11/2/1997 - Sandoval, Bersabé v. Ahumada, Juana), que en nuestro caso, el acusado ha actuado en todo momento amparado por un derecho reconocido expresamente por el propio Estado, de modo que no puede atribuirse a tal conducta el carácter de ilicitud o un propósito de causar un daño a otro, que requiere el inc. 3º del nombrado art. 182 de la Ley Sustantiva, para tipificar el delito de usurpación de aguas en la forma pretendida por el denunciante de autos, conforme a la argumentación que fuera desarrollada in extenso por esta Sala (fs. 521/523 y vta., en particular a partir del último párrafo de fs. 522 al segundo párrafo de fs. 523), cuya remisión cabe hacer por razones de brevedad, correspondiendo en consecuencia hacer lugar al recurso de apelación de fs. 593/600 vta. y, en su mérito, revocar el auto resolutivo de fs. 584/589, dictando en su reemplazo sobreseimiento a favor del imputado Domingo MARTÍN, de condiciones personales obrantes en autos, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 324 y 326 inc. 3º del C.P.P.. Así voto.

El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 593/600 vta., en su mérito REVOCAR el auto resolutivo dictado a fs. 584/589 y DICTAR en su reemplazo Sobreseimiento a favor del imputado Domingo MARTÍN, de condiciones personales obrantes en autos, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 324 y 326 inc. 3º del C.P.P. II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.