Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-10


SENT Nro. 29 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 10 DE FEBRERO de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Saavedra, Roque Pascual vs. Fundación Cefa s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 20/9/2002 (fs. 231/232 vta.), la parte demandada dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho tribunal mediante fallo de fecha 08/8/2003 (fs. 280). Consta en informe actuarial de fs. 285 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a la accionada al pago de la suma de $2.841,55 en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC s/ preaviso; SAC proporcional 2º/99; vacaciones proporcionales/99, mes despido integrado y SAC impagos; y rechazó la misma por los rubros diferencias salariales y vacaciones 1998.

El fallo considera que la demandada admitió en el responde la prestación de servicios bajo su órbita, por períodos determinados por la ejecución de los planes PRONAPAS a partir del 01/02/95 hasta el 30/4/95 y ASISTIR desde el 01/11/95 al 31/01/96, y que terminados los mismos, continuó concurriendo a la fundación hasta diciembre de 1998 como colaborador ad honorem. Indica que se encuentran reconocidos los servicios prestados como auxiliar de limpieza, de cocina, etc., y que además ello surge de modo expreso en la prueba de absolución de posiciones de la actora, en la cual el representante de la demandada al responder expresó que es verdad que Saavedra se desempeñaba en la Fundación CEFA cumpliendo funciones de ordenanza de limpieza.

De tal modo, entiende que lo debatido son los aspectos integrantes del contrato de trabajo. El pronunciamiento toma como fecha de ingreso el 01/02/95, y señala que entre las contrataciones bajo los programas PRONAPAS y ASISTIR existe un interregno de seis meses en el cual resulta la prestación del actor, ya que la demandada no probó que no prestara servicio alguno. Añade que desde el 01/02/96, dicha parte admite que el actor concurría prestando servicios como 'colaborador ad honorem'. Expresa que tanto el reconocimiento del actor de las notas de fechas 13/3/97 y 26/6/98 como las testimoniales de la demandada referidas al carácter de beneficencia sin fines de lucro de la institución, no alteran el carácter oneroso del contrato de trabajo. Finalmente, establece que el despido se produjo por causa del empleador, y fija como fecha de egreso del actor el 08/7/99 declarando que la situación se define a través de los requerimientos formales en los tiempos que se producen.

A los efectos del cálculo de la indemnización por despido, establece la antigüedad en función de las sucesivas contrataciones por el período 01/5/95 al 31/10/95 y luego del 01/02/96 al 08/7/99.

3.- El recurrente denuncia que la sentencia produce gravedad institucional, desde que acepta como relación de dependencia y computa a los fines de la antigüedad el tiempo en que Saavedra era beneficiado por los planes PRONAPAS y ASISTIR. Expresa que según el decreto 1547/94 no hay relación laboral, y que todo esto es desvirtuado con la sentencia que considera que estos planes de empleo crean relación de dependencia con quienes lo solicitan.

Sostiene que la sentencia viola el art. 21 LCT al reconocer el carácter de trabajador en relación de dependencia a Saavedra, pues en el caso no se da ninguno de los supuestos establecidos por tal norma, habida cuenta que reconoció ser adjudicatario de los beneficios de planes del Ministerio de Trabajo de la Nación, y que era este organismo oficial quien le pagaba los servicios.

Manifiesta que el tiempo en que media la vigencia de un plan y otro, Saavedra queda como colaborador ad-honorem de CEFA y así lo dice la constancia policial que adjunta y que fuera reconocida por él; expresa que lo hace como un colaborador más de una Institución que se dedica a los niños de la calle, y que recibe el actor comida, ropa, etc. como lo peticiona. Entiende que ante el reconocimiento expreso del actor de que era colaborador ad-honorem de la institución de beneficencia, no puede considerárselo trabajador en los términos de la LCT.

Refiere además que la sentencia invirtió la carga de la prueba, al sostener que la demandada no probó que el actor no prestara servicio alguno durante el período intermedio entre los planes PRONAPAS y ASISTIR.

Señala que para el hipotético caso de que se considere existente el vínculo, y teniendo presente que Saavedra dice que dejó de trabajar el 16/3/99 y recién remite intimación el 08/8/99, hay cuatro meses de por medio para que se configure extinguida la relación laboral por voluntad concurrente entre las partes, por resultar del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduce inequívocamente el abandono de la relación.

Esgrime que la sentencia es arbitraria, en cuanto hace una valoración errática de la realidad en la consideración de la existencia del contrato de trabajo, cuando el mismo actor reconoce que percibía los beneficios del MTSS y luego que era colaborador ad-honorem de CEFA; que toma como fecha de ingreso de Saavedra el 01/02/95 cuando en esa época es beneficiario del plan PRONAPAS; y que toma como fecha de egreso el 08/7/99 cuando el mismo actor reconoció que no concurría a CEFA desde el 16/3/99.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT) y se ha cumplido con el afianzamiento del art. 133 CPTT.

En orden al motivo del recurso interpuesto, los agravios se dirigen a cuestionar la valoración de las pruebas que condujeron al tribunal a declarar la existencia del contrato de trabajo, a determinar que el despido se produjo por causa del empleador y a fijar las fechas de ingreso y de egreso del actor, lo que constituye una cuestión fáctica que no resulta atacable en principio por la vía casatoria intentada, a menos que se demuestre suficientemente el vicio de arbitrariedad en el fallo.

El recurrente invoca razones suficientes que sustentan su postura acerca de que la sentencia es arbitraria, por lo que encontrándose cumplidos los requisitos de admisibilidad de la casación, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.- La sentencia tuvo por probada la relación de trabajo, en base a que en el responde, la accionada admitió la prestación de servicios por períodos determinados por la ejecución de los planes PRONAPAS y ASISTIR, teniendo en cuenta que ello surge también de la prueba de absolución de posiciones.

La circunstancia de haberse demostrado la prestación del servicios en los períodos durante los cuales tuvieron ejecución los programas PROPANAS y ASISTIR, no implica que sin más deba presumírselos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo.

En torno a la dificultad interpretativa que plantea el art. 23 LCT, esta Corte asumió la posición seguida por quienes sostienen que debe entenderse que la prestación de servicios que genera la presunción, es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo -artículos 21 y 22, LCT- y que, por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquella entre a jugar. En relación a ello, se advirtió que en cada caso se debe examinar si la prestación corresponde o no al ámbito laboral, y el solo hecho de que se acredite la prestación del servicio, no significa que sin más deba presumírselo de carácter laboral (cfrme. CSJTuc., in re "Ale de Montenegro, Carmen del Valle vs. Cía. Circuitos Cerrados (CCC) s/cobros", sent. del 06/6/2002).

Cabe destacar que de acuerdo a lo señalado por la Cámara y conforme al contenido de la prueba producida a fs. 154 también aludida por el Tribunal, los programas emitidos por el MTSS -en concreta referencia a PRONAPAS y ASISTIR- son para desempleados, y los mismos cumplen tareas transitorias sin relación de dependencia desde 01 a 06 meses.

En la línea precedentemente señalada, se advierte que la Cámara injustificadamente admitió la existencia de vínculo laboral basándose en el reconocimiento del demandado de haber prestado servicios el actor durante los períodos en que se ejecutaron los planes denominados PRONAPAS y ASISTIR, omitiendo computar que la presunción del art. 23 LCT se torna operativa únicamente cuando los servicios prestados son realizados bajo relación de dependencia.

Asimismo, el pronunciamiento reconoce la prestación de servicios del actor durante el interregno de seis meses existente entre las contrataciones ocurridas bajo los planes PRONAPAS y ASISTIR (desde el 01/5/95 al 31/10/95), luego de considerar que la demandada no probó que el actor no prestara servicio alguno.

Respecto de ello, la circunstancia de que los servicios prestados bajo el programa PRONAPAS excluyen la relación de dependencia, impiden a la Cámara tener por operada la inversión de la carga probatoria que establece el art. 23 LCT. De allí que es arbitrario el fallo en cuanto exige al demandado la prueba de que el actor no prestó servicio alguno, siendo que es el accionante quien previamente debe probar la prestación de servicios en relación de dependencia para que se aplique la presunción prevista por el art. 23 LCT.

Finalmente, la sentencia considera que desde el 01/02/96 la demandada admitió que el actor concurría prestando servicios como colaborador ad honorem, y tiene por existente el contrato de trabajo durante dicho período basándose en que la inclusión en el cuerpo de colaboradores de la institución en forma 'ad honorem' y el carácter de beneficencia de la institución, no alteran el carácter oneroso del contrato de trabajo.

Habiéndose constatado un déficit en la sentencia al tener por acreditado el contrato de trabajo durante la vigencia de los planes PRONAPAS y ASISTIR y durante el período intermedio entre dichos planes, el argumento del fallo para desechar la prueba vinculada al carácter ad honorem de los servicios prestados por el actor, deviene carente de sustento; ello por cuanto si bien el contrato de trabajo es indubitablemente de carácter oneroso, lo que debe dilucidar previamente es si dicho contrato de trabajo se configuró o no.

En mérito a lo expuesto, corresponde casar el fallo conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria la sentencia que admite la existencia de un contrato de trabajo sin que el actor haya acreditado que la prestación de servicios fue realizada en relación de dependencia", debiéndose remitir los autos a la Cámara a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento.

6.- Atento a que el vicio que determina la nulidad proviene del órgano jurisdiccional, las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado (art. 106 inc. 1º CPCC y 49 CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo el 20/9/2002, y en consecuencia, CASAR parcialmente la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO