Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19


ROSSINI, Reynaldo Luis contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 39-50.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ROSSINI, Reynaldo Luis contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 238 del año 1990), de conformidad con el acuerdo celebrado el día trece del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Reynaldo Luis Rossini promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe con el objeto de que se dejen sin efecto los decretos 2.977 y 5.898 del Poder Ejecutivo de fechas 1.8.1988 y 29.12.1989 respectivamente y, en su lugar, se disponga el reintegro al cargo de Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Rentas y el pago de las sumas dejadas de percibir en concepto del suplemento establecido por el artículo 2 del decreto 3.773/87, con depreciación monetaria e intereses hasta el momento de efectivo pago.

Relata que por decreto 1.050/78 fue designado Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría General Técnica y Jurídica de la Dirección Provincial de Rentas.

Dice que por resolución 458 del 9.10.1979 fue designado con carácter interino como Director de Rentas de la Primera Circunscripción.

Cuenta que por resolución 691 del Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de fecha 23.9.1987 pasó a desempeñarse en la Dirección General de Transporte dejándose sin efecto el pago del suplemento por subrogancia que percibía. Agrega que dicha resolución fue ratificada por decreto 2.977 del Poder Ejecutivo de fecha 1.8.1988.

Manifiesta que contra el referido decreto interpuso en fecha 27.9.1988 recurso de revocatoria, el que fue denegado por decreto 5.898, notificado el 5.6.1990.

Considera que los actos impugnados son ilegítimos y en consecuencia deberán ser anulados.

Apunta que el no reintegro al cargo de Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Rentas es ilegítimo, toda vez que el artículo 13 inciso a) de la ley 8.525 vulnera derechos de los agentes.

Indica que la Administración no advirtió que la estabilidad tiene fundamento constitucional, al estar regulada en los artículos 55 inciso 23 de la Carta Magna provincial y 14 bis de la Constitución nacional.

Explica que, mientras los derechos son expansivos, los deberes por el contrario requieren aplicación estricta y limitada, no pudiéndose crear al margen de las normas.

Expresa que el artículo 13 inciso a) de la ley 8.525 no puede ser aislado del contexto normativo.

Consigna que tiene un derecho adquirido a la permanencia y al ejercicio de las funciones inherentes al cargo al cual no se lo repone.

Sostiene que la decisión de la Administración importa, por un lado, una clara desjerarquización, desde que en los hechos no se lo reintegra a la función de Jefe del Departamento Jurídico y se lo adscribe a la Dirección de Transporte sin otorgársele función alguna, vulnerándose de ese modo su derecho al ejercicio de la carrera administrativa, y por otro, se afecta su dignidad, desde que la consecuencia fáctica de los actos consiste en un liso y llano desplazamiento de su jerarquía.

Alega que tratándose el decreto 2.695/83 de un reglamento de carácter normativo general, no puede ser vulnerado por un acto particular, dado su jerarquía inferior, lo que vincula al principio de legalidad, al cual las autoridades administrativas -sostiene- están sometidas.

En consecuencia, señala, la autoridad administrativa -Gobernador o Ministro- no puede infringir la reglamentación que establece el Escalafón y que fue por él mismo dictada.

Añade que esta Corte tiene dicho que el derecho a la estabilidad, consagrado por las normas del Estatuto, consiste en conservar el empleo, la jerarquía y el nivel alcanzado, entendiéndose por tal la ubicación en el respectivo régimen escalafonario, y que sólo se pierde por las causas establecidas en el ordenamiento legal.

Indica, con cita de doctrina, que la conservación de la jerarquía y el nivel alcanzados en el régimen escalafonario constituyen un verdadero derecho subjetivo de naturaleza pública del agente, de aquellos en que el Estado actúa en su condición de poder público.

Puntualiza que los actos cuestionados tampoco hacían referencia al plazo por el cual se lo trasladó, dejando indeterminada la temporalidad.

Entiende que la medida adoptada constituye una sanción disciplinaria encubierta, para la cual no se lo oyó previamente, violándose de esa manera su derecho de defensa.

Considera que la desjerarquización le ocasiona un claro perjuicio y menoscabo moral, además del material, toda vez que se lo priva de la percepción de un plus por "dedicación funcional", conculcándose su derecho de propiedad.

Señala que por decreto 3.773/87 se estableció -a partir del 1.9.1987- un suplemento para el Personal con funciones técnicas que comprende el cargo de Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Rentas, monto que nunca se le liquidó ni se le pagó, a pesar de que cumplió funciones hasta octubre de 1987, agregando que el no reintegro al cargo de origen implica el no pago del adicional al cual tiene un derecho de propiedad adquirido, que es inherente al cargo que tiene asignado y que en la actualidad lo cobra quien ejerce dichas funciones por subrogancia.

Concluye diciendo que en nada cambia la situación el hecho de que se le hayan acordado funciones de "asesor", puesto que ya no se encuentra dentro del tramo del agrupamiento administrativo originario, sino que lisa y llanamente no existe en el Escalafón.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso; con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad formal del recurso interpuesto (f. 18) comparece la demandada (f. 23) y contesta la demanda (fs. 26/27 vto.).

En el escrito de responde niega que: los actos cuestionados sean ilegítimos; se vulneren derechos de los agentes públicos; se afecte la estabilidad; se creen deberes fuera de la ley; sea Indica que contrariamente a lo afirmado por el actor, la adscripción -como medida- tiene regulación en el ordenamiento administrativo, agregando que el decreto 5.123/66 dispone la forma y los modos de establecerla y el funcionario competente para ordenarla.

Manifiesta que el decreto 2.977/88 contiene los requisitos para disponer la medida, que son: a) funcionario competente (Gobernador), b) motivación suficiente en el hecho de dotar a áreas específicas de personal faltante sin la designación de nuevos empleados y c) expresión del fin del acto en la satisfacción de un interés público específico.

Expresa que con la medida no se vulneró ninguno de los derechos del agente, como así tampoco se puede considerar afectada la estabilidad puesto que el actor conserva el nivel escalafonario alcanzado y no se lo trasladó de su residencia.

Añade que tampoco puede sostenerse la afectación patrimonial que invoca el recurrente, en tanto la no continuidad del pago del suplemento por subrogancia es obvia consecuencia de no desempeñar más un reemplazo, y no de la adscripción.

Asegura que el suplemento del decreto 3.773/87 nunca llegó a ser percibido por el actor, pues nunca se trató de un adicional al que tuviera derecho en forma automática, sino luego de un examen de mérito con intervención de una Junta de Clasificación.

Considera que la demanda se sustenta en hechos hipotéticos que pueden o no suceder, sin que pueda alegarse la violación de algún derecho específico o la existencia de un daño concreto.

Advierte que la expectativa de acceder a algún derecho en particular no es siquiera un interés legítimo, distinto del que tiene su actual lugar de desempeño y respecto del cargo que ahora cumple.

Concluye diciendo que la provisoriedad de la adscripción -medida que por lo demás es de utilización frecuente para la cobertura de un servicio público- contradice la idea de definitividad y de daño irreparable que pretende asignarle el actor.

Solicita, en suma, se rechace el recurso; con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 28) y producida la que consta en el expediente, informa la parte actora sobre el mérito de la misma (f. 91/vto.). Dictada (f. 92) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

3. Como surge del relato precedente, Reynaldo Luis Rossini pretende se lo reintegre al cargo de Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Rentas de la Provincia y se ordene el pago del suplemento previsto en el artículo 2 del decreto 3.773/87. Impugna la resolución 691/87 del Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas y los decretos del Poder Ejecutivo provincial 2.977/88 y 5.898/89.

El actor sostiene, en lo esencial, que los actos administrativos impugnados son ilegítimos, puesto que con ellos se materializa una desjerarquización que viola el derecho al ejercicio de la carrera administrativa, considerando que tiene un derecho adquirido a la permanencia y al ejercicio de las funciones inherentes al cargo del cual ha sido desplazado y, que tal desplazamiento afecta su dignidad, ya que importa una privación en el uso de atribuciones de su jerarquía, calificando a aquellos actos de ilegales por quebrantar una norma de rango superior como es, a su criterio, el decreto 2.695/83.

La defensa de la Administración radica, principalmente, en la legitimidad de la adscripción dispuesta respecto del actor, afirmando que se encuentran presentes los requisitos establecidos por el decreto 5.123/66 para disponerla.

Siendo ello así, se impone dejar sentado en primer lugar que el actor no ha formulado objeciones acerca de la aplicación al caso del decreto recién mencionado. Esta norma, dictada el 9 de diciembre de 1966, que comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1967, según lo prescribió el decreto 5.535 del 26 de diciembre de 1966 y que luego fue modificada por decreto 3.230 del 19 de setiembre de 1974 que derogó su artículo 3 y agregó un párrafo a su artículo 4, regula las denominadas "adscripciones" dentro del ámbito de la Administración Pública provincial.

El artículo 1 del decreto 5.123/66 reza: "Los señores Ministros dispondrán por resolución interna las adscripciones de personal entre organismos de su jurisdicción" y en su artículo 2 se prescribe: "Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, todos los casos de adscripciones de personal serán resueltos por decreto del Poder Ejecutivo, refrendado por los señores Ministros de las jurisdicciones afectadas y el señor Ministro de Hacienda".

Con ese panorama normativo a la vista corresponde analizar las actuaciones administrativas que precedieron a esta instancia judicial y luego, confrontar los argumentos vertidos por el actor para fundar la impugnación de los actos administrativos cuestionados, con la normativa y principios que rigen el caso.

Surge de las referidas constancias y en lo que aquí interesa, que mediante decreto 1.050/78 (f. 24, expte. adm. 301-3937-4) se nombró a Reynaldo Rossini como Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría General y Técnica de la Dirección General de Rentas, cargo al cual correspondió, de acuerdo al citado acto administrativo, una categoría 22.

Se desprende también de aquellas constancias que por resolución 458/79 (f. 25, expte. cit. ), se designó al actor, con carácter interino, como Director de Rentas de la Primera Circunscripción.

Por resolución 691/87 U (f. 5, expte. cit.) del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, se adscribió a Rossini a la Dirección General de Transporte.

Luego, con fundamento en el dictamen de la Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Hacienda y Finanzas y atento que la ley 10.101 estableció que la Dirección General de Transporte pasara a depender del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, se dictó el decreto 2.977/88 (fs. 14/15, expte. cit.) del Poder Ejecutivo, que ratificó la resolución 691/87, ello a efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo 2 del decreto 5.123/66 en cuanto a que las adscripciones interjurisdiccionales deben ser dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo, refrendado por los Ministros de las jurisdicciones afectadas y por el Ministro de Hacienda.

Se sigue de lo expuesto, que en el sub lite se encuentra cumplido el aspecto formal reglado por el decreto 5.123/66. En efecto, se dictó el acto administrativo correspondiente por parte del Poder Ejecutivo y se dispuso que fuera refrendado por los Ministros de Hacienda y Finanzas y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio.

4. Ajustándose a derecho el proceder de la demandada en lo que hace a las formalidades que debían cumplimentarse para la validez de la adscripción, corresponde analizar los argumentos que vierte el actor contra los actos impugnados, a fin de determinar si en el caso la Administración ha procedido legítimamente respetando los principios y derechos que Rossini considera lesionados.

En esa tarea es propicio tratar en primer término el planteo referido a que, con el dictado de una norma inferior, se habría quebrantado un acto de contenido normativo general como es el reglamento establecido por decreto 2.695/83, pues tal argumentación, en los términos en que ha sido formulada, parecería cuestionar la posibilidad misma de la Administración para disponer adscripciones y además, podría relacionarse con la denominada inderogabilidad singular de los reglamentos.

En cuanto al primer aspecto, está fuera de toda duda que la Administración tiene la facultad de adscribir empleados públicos a distintas reparticiones.

Es que el análisis de la ley 8.525 permite encontrar otros institutos que reflejan incluso, más amplias potestades de la Administración sobre los empleados, afectando la situación de éstos de modo radical, bien que siempre condicionadas a razones de mejor servicio y abonando la correspondiente indemnización cuando el desarraigo es permanente (vbg. art. 39, ley 8.525) (doctrina de "Cutchet", A. y S. T. 125, pág. 45).

Concluyo, entonces, que si la Administración puede válidamente disponer por razones de servicio el traslado del agente a otra sede con carácter definitivo, no sería razonable negarle la facultad de disponer que aquél cumpla funciones temporariamente dentro de la misma sede pero en distinta repartición como sucede con la adscripción de autos.

Cabe destacar que si bien el actor enfatizó que la adscripción se habría llevado a cabo al margen del orden legal, no ha intentado siquiera hacerse cargo de las disposiciones del decreto 5.123/66.

En lo que concierne al otro aspecto, el referido a la supuesta derogación del reglamento a través de disposiciones singulares de la Administración, es dable indicar que los actos impugnados fueron dictados en el marco del ya citado decreto 5.123/66 y también con fundamento en el artículo 13, inciso a, ley 8.525 -Estatuto General del Personal de la Administración Pública-. Por su parte, el reglamento que se dice vulnerado es el Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial instituido a través del decreto-acuerdo 2.695/83.

La ley 8.525 establece un régimen global regulatorio de distintos aspectos de la relación de empleo público; el decreto-acuerdo 2.695/83 reglamenta algunas aristas puntuales, entre ellas y predominantemente, la relativa a la carrera escalafonaria, y, finalmente, el decreto 5.123/66 instituye ciertas normas relativas exclusivamente a la adscripción.

Ahora bien, si los actos impugnados fueron dictados, como se dijo, en el marco de las normas que regulan la adscripción (decreto 5.123/66) y el deber del empleado de prestar servicios en el lugar, condiciones de tiempo, forma y modalidad que determine la autoridad administrativa (art. 13, inc. a, ley 8.525), no se advierte por qué se habría vulnerado norma alguna del escalafón (decreto 2.695/83), pues, es a mi criterio nítido, que las situaciones descriptas se mueven en planos diferentes.

Los actos administrativos atacados no refieren a la situación escalafonaria de Rossini, sino a la repartición (Dirección General de Transporte) y funciones a su cargo.

Cabe indicar por otra parte, que no concurren en el sub lite las circunstancias analizadas por este Tribunal en el precedente "Odena" (A. y S. T. 109, pág. 259), donde se aplicó el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. En aquel caso se trataba de un acto a través del cual se había dejado de lado un procedimiento de selección fijado en el decreto 2.695/83, es decir: existió una directa exclusión de una norma del estatuto a través de un acto administrativo singular, que pretendió regular la misma materia que la regulada por el acto de contenido general, pero en forma disímil, extremo que como se vio no acontece en esta causa.

Se sigue de las consideraciones precedentes, que no existe la derogación del reglamento que postula el recurrente, ni se ha hecho prevalecer una norma inferior por sobre otra superior.

5. Continuando con el examen de los argumentos del actor y sin perder de vista el marco normativo reseñado, cabe señalar que la pretensión finca primordialmente en la alegada existencia de una vinculación inseparable entre el cargo y la función que desarrollaba en la Dirección General de Rentas. De la alteración de tal relación pretende derivar un quebrantamiento de sus derechos, en especial: a la estabilidad, a la carrera administrativa y una consecuente "desjerarquización".

Conforme lo sostuvo esta Corte en "Alonzo" (A y S. T. Se agregó en el citado precedente que "...el derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace -sin ningún límite- extensivo a la función que desempeña el agente (así lo prevén expresamente algunas normas reglamentarias -por ejemplo, la reglamentación decreto 1.797/80 de la ley 22.140-. Sobre el particular puede leerse Pose, Guillermo A., "Régimen Jurídico de la Función Pública", pág. 52, Edic. Depalma, Buenos Aires, 1985)".

En similar sentido, la Corte Suprema Justicia de la Nación in re "Cataldo", expresó: "...la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función sino, ...un derecho al cargo presupuestario. Esta doctrina surge de la armónica interpretación del art. 14 nuevo frente a los arts. 67, inc. 17, y 86, inc. 10, de la Constitución Nacional..." y concluyó "...en síntesis, la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso..." (Fallos: 295:79 y 80).

El Alto Tribunal también ha señalado que "No acreditando se hubiese producido ninguna merma en la asignación presupuestaria del actor, el perjuicio en la carrera que invoca -al no constituir retrogradación alguna- no pasa de ser una mera hipótesis sobre el grado de causalidad en cuanto al curso posterior de aquélla sin que pueda por ende imputarse a título de consecuencia, ni invocarse como fundamento de la invalidez del cambio de tareas controvertido" ("Faliero F. J. v. Junta Nacional de Carnes", E.D. 69-357).

De la doctrina que surge de los precedentes mencionados se desprende que en el caso no se ha violado el derecho a la estabilidad pues se ha respetado la retribución presupuestaria de Rossini y, como se verá, no se ha demostrado que se trate de una cesantía encubierta ni la modificación resulta "groseramente vejatoria", ni se ha acreditado que el acto persiguiera un fin distinto del interés público.

En efecto, los mismos actos cuestionados (resolución 691/87 y decreto 2.977/88) dejan constancia de la categoría presupuestaria correspondiente al actor -22-, categoría esta en la que revistaba en la Dirección de Rentas, y por lo demás, aquél ni siquiera invocó una disminución o alteración de su retribución, salvo en lo que hace al suplemento establecido por decreto 3.773/87; pero este suplemento, en rigor de verdad, nunca integró la remuneración del actor y, como se analizará más adelante, tampoco tenía derecho al mismo en forma automática, por lo que mal puede ser tomado como parámetro válido de comparación presupuestaria.

6. El actor, si bien no adujo que se trataba de una cesantía, señaló que la medida implicaba una sanción disciplinaria encubierta para la cual, a su juicio, debió habérselo oído previamente.

Cabe señalar en forma liminar que conforme puede deducirse de la doctrina del más Alto Tribunal nacional -compartida por este Cuerpo en diversos precedentes-, la mera invocación de una sanción encubierta no basta, es menester que quien afirma ese extremo produzca la prueba que acredite su existencia, puesto que en definitiva dicha aseveración importa alegar desviación de poder, o sea un supuesto de ilegitimidad en el fin del acto por vicio de la causa o de los motivos (criterio de "Castillo" A. y S. T. 116, pág. 415; "Barone", A. y S. T. 122, pág. 29; "Francisca Robles", A. y S. T. 122, pág. 225; entre otros).

De la detenida lectura de las actuaciones administrativas y de este expediente, no surgen elementos que permitan siquiera presumir que la adscripción dispuesta mediante resolución 691/87 y ratificada por decreto 2.977/88, persiga un fin diverso al invocado en dichos actos y al tenido en cuenta por las normas que regulan la cuestión.

Es más, ninguna de las probanzas arrimadas a la causa tiene entidad para contradecir los motivos invocados en la resolución 691/87 en cuanto a "la necesidad de contar con personal de refuerzo para diversas actividades que se realizan en la Dirección General de Transporte" y "Que tal motivo, y a fin de no proceder a la designación de nuevo personal, se estima oportuno disponer la adscripción de agentes de otras áreas de la Jurisdicción". Antes bien, surge de la testimonial rendida por Alfredo Favalli, no objetada por las partes, que las funciones desarrolladas por el actor en la Dirección General de Transporte eran necesarias por "el nivel y los conocimientos" de éste.

Lo expuesto basta para desechar las impugnaciones basadas en la vinculación entre el cargo y la función, y en la afectación del derecho a la estabilidad; como también determina la ausencia de sustento del argumento relativo a la falta de motivación suficiente. En este último sentido puede agregarse que no se observa en los actos cuestionados un apartamiento de los criterios que, si bien en cuanto a la potestad disciplinaria, elaboró este Tribunal acerca de la adecuada y suficiente motivación (por todos: "Troane" A. y S. T. 97, pág. 49).

7. Lo dicho también es suficiente para descartar el planteo referido a que el agente no fue oído previamente antes de la medida, puesto que ya se concluyó en la inexistencia de una sanción encubierta, con lo cual la situación está regida por el régimen de la adscripción y no por el disciplinario como pretende el actor.

Así las cosas, no invocándose norma alguna que imponga la obligación de que la Administración escuche previamente al agente antes de disponer la adscripción, ni siendo irrazonable el proceder administrativo toda vez que con dicho instituto se atienden razones de servicio que son evaluadas exclusivamente por la Administración, el planteo basado en la afectación del derecho de defensa por no haber sido oído carece de asidero en las constancias de autos y no resulta amparado por la normativa que rige el caso.

Similar temperamento debe adoptarse con respecto al agravio basado en la ausencia de la fijación de un período temporal para la adscripción, pues ninguna norma establece tal obligación, pero además, es de la propia naturaleza de este instituto que las funciones en la repartición a la que se adscribe el agente, se prolonguen por el tiempo en que persista la necesidad que la determinó.

8. En otro orden el actor manifiesta que la desjerarquización también se produce porque no se le asignaron funciones en la Dirección General de Transporte a la que fue adscripto. Al informar sobre el mérito de la prueba, señala que no tuvo funciones desde el 23 de setiembre de 1987 hasta febrero de 1989, afirmando que la asignación dispuesta con posterioridad -resolución 2.686/89-, no mejoró su situación pues no pudo percibir el suplemento del decreto 3.773/87.

Lo relativo a la percepción del suplemento será materia de consideración más adelante y, en lo que respecta a la falta de asignación de funciones, no puede soslayarse el informe emitido por el Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección General de Transporte (f. 48 vto.), del que surge que en el lapso temporal comprendido entre la adscripción y el dictado de la resolución 2.686/89, Rossini desempeñó tareas tales como tramitación de expedientes, notas, legajos, etc..

El actor no se ha hecho cargo de esa circunstancia y menos aún ha desarrollado esfuerzo probatorio alguno para acreditar que el contenido de las funciones desarrolladas en la Dirección General de Transporte hubiera materializado la desjerarquización aludida y, por lo demás, la ausencia de un acto expreso de otorgamiento de funciones durante un período determinado, no posee entidad, por sí sólo, para operar los efectos invocados por aquél.

Es que no se ha acreditado que se trate de un supuesto donde al agente se le indicó la realización de funciones completamente diversas a las que tenía atribuidas en la repartición de origen o sometido a la dependencia de personal de inferior categoría, ni tampoco puede alegarse que el cargo originario hubiera sido obtenido mediante un concurso ("Cutchet" y "Tissembaum" citados), o en virtud de especiales condiciones técnicas o de idoneidad diferencial que ostentara el recurrente, elementos que fueron tenidos especialmente en consideración por el Tribunal en los casos citados.

En el sub lite, por el contrario, el cargo de Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría General y Técnica de la Dirección General de Rentas, acordado por decreto 1.050/78 (f. 24 expte. adm. 301-3937-4) fue motivado en la necesidad de adecuar la Estructura Orgánica Funcional del Ministerio de Hacienda y Economía aprobada por el Poder Ejecutivo por Decreto 2.425/77 a la estructura de la Dirección de Rentas que imperaba en aquélla época, en función de lo cual se procedió a efectuar diversos nombramientos por reubicación escalafonaria (ver tb. f. 63 de este expte.).

9. Finalmente debe desecharse la línea argumental basada en que el cargo de "Jefe Asesor Letrado del Departamento de Asesoría de la Dirección Provincial de Transporte de Pasajeros y Tránsito" es inexistente en el Escalafón por lo que no podría ejercer las funciones del "tramo conducción Director" vulnerándose su condición de tal, porque dicho cargo le fue asignado en forma interina (resolución 458 del 9.10.1979) y su pretensión no es de reintegro a éste sino al de "Jefe Departamento Jurídico de la Dirección General de Rentas", máxime cuando no se ha realizado esfuerzo probatorio alguno para acreditar que las funciones asignadas por resolución 2.686/89 no se compadezcan con las que ejercía en la Dirección de Rentas.

Por ello el planteo, en la forma en que se ha sido expuesto, no trasunta más que una mera disensión semántica acerca de la calificación otorgada a las funciones encomendadas -Jefe Asesor-, no pudiéndose soslayar que no se advierte cuestionamiento alguno por parte de Rossini respecto de la resolución 2.686/89 que le asignó la función de marras, antes bien, surge de autos que el 9.2.1989 se notificó en forma personal de dicho acto, sin formular objeciones al respecto.

Por último, es dable acotar que no se alcanza a vislumbrar cuál es el obstáculo que le impide su ascenso en la carrera, teniendo en cuenta, naturalmente, los procedimientos de selección que rigen en el nivel escalafonario alcanzado por el recurrente.

Conclúyese entonces, que los actos administrativos cuestionados son legítimos en lo que respecta a la adscripción.

10. Resta por tratar lo relativo al suplemento previsto por el decreto 3.773/87.

Debe puntualizarse en primer lugar que este aspecto de la pretensión admite ser analizado con independencia de la legitimidad de la adscripción, toda vez que, conforme la doctrina sentada por este Cuerpo en "Chiesa" (A. y S. T. 119, pág. 179) y reiterada luego en "Tissembaum" (A. y S. T. 146, pág. 53), puede aquélla ser considerada ajustada a derecho pero resultar ilegítima la omisión en el pago la remuneración reclamada.

En efecto, "...en la práctica administrativa provincial el traslado en principio implica el pase a otra dependencia y, consecuentemente, el sueldo se paga en esta última, dejando de pertenecer el agente a la dependencia originaria; mientras que en la adscripción no ocurre lo propio, pues rige el principio que impone la percepción del haber correspondiente a la dependencia de origen. La adscripción no implica el sometimiento del agente a un régimen remunerativo distinto al que tenía (criterio de "Sneide", A. y S. T. 99, pág. 74)" ("Tissembaum", citado).

La doctrina que se desprende de los precedentes de mención parecería darle razón al actor, pues el suplemento establecido a través del decreto 3.773/87 se abona a los agentes de la Dirección de Rentas, dependencia originaria de Rossini, y vimos ya que en las adscripciones se perciben los salarios de la repartición de origen. Sin embargo corresponde efectuar una diferenciación que se vincula a la naturaleza del suplemento reclamado, que como veremos impide el progreso de la pretensión también en lo que a este tópico respecta.

Es que "En autos ´Pavón´ (A. y S. T. 109, pág. 373) esta Corte, si bien con relación a los suplementos instituidos por la ley 9286 para los empleados de municipalidades y comunas, se pronunció acerca de que correspondía agruparlos en dos categorías, a saber:

a) suplementos que retribuyen el trabajo o servicio bonificable con un porcentaje mensual fijo sobre la asignación de categoría del agente, con prescindencia de la acreditación de la efectiva prestación del servicio; y, b) suplementos cuya liquidación y pago depende de los días y horas efectivamente trabajados por el agente o del cumplimiento de determinadas condiciones exigidas por la ley, razones por las cuales son variables mes a mes en cuanto a su monto, e incluso es posible que no se perciban durante los períodos en que el agente no cumplió con la tarea específica bonificable o no reunió las condiciones exigidas por ley" ("Tissembaum", citado).

Y al igual que ocurrió en el caso de mención, la clasificación reseñada es susceptible de ser trasladada al "sub examine", entendiéndose que el principio que impone la percepción del haber de la dependencia de origen en los supuestos de adscripción, alcanzaría sólo a los suplementos que son abonados con prescindencia de la acreditación de la efectiva prestación del servicio, no ocurriendo lo propio con relación a los restantes.

Ahora bien, el decreto 3.773/87 participa de las características enunciadas en b) ya que para su percepción se requiere la efectiva prestación del servicio y, además, el cumplimiento de determinadas condiciones.

En efecto, se desprende de los considerandos del mencionado acto administrativo, que el suplemento de marras se fundamentó en la necesidad de "diferenciar", con una retribución adecuada, el grado de perfeccionamiento del personal de los Departamentos de Fiscalización y de aquéllos con funciones técnicas especializadas afines a las tareas de recaudación, seguimiento y control tributario (considerando 2).

Asimismo, a través del decreto de marras, se impusieron ciertos deberes al personal, así, el personal superior debía capacitar técnicamente al restante y los de los tramos supervisión y ejecución deberían prestar asistencia o asistir, según el caso, a los cursos que se dictasen (considerando 4 y artículo 3).

Todo ello sin perjuicio de la creación de una Junta de Clasificación de Funciones destinada a controlar el cumplimiento de requisitos indispensables para la percepción del beneficio (considerando 3 y artículo 2).

A su vez, la resolución 1 de dicha Junta de Clasificación de Funciones (f. 71), hace referencia al personal que cumple funciones técnicas especializadas, como también a la evaluación y acreditación de las condiciones de especialización de los agentes, ello a fin de otorgar el derecho a percibir el suplemento, todo lo cual se materializó en un listado que integró la resolución.

Por último cabe destacar que el artículo 3 de esta resolución prescribe que el suplemento se mantendrá en tanto continúen ejerciéndose las tareas técnicas especializadas reconocidas por la Junta.

Así las cosas, el decreto 3.773/87 no puede ser considerado de pago automático -como ya se adelantara-, pues tal como se desprende de lo recién reseñado, para su percepción se requiere de la efectiva prestación del servicio y del cumplimiento de ciertos requisitos, extremos ambos que no reúne el recurrente, en virtud de lo cual resulta improcedente también en este aspecto el recurso interpuesto.

No mejora tampoco la posición del actor su argumento relativo a que el suplemento de marras "comprende al cargo de Jefe de Departamento Jurídico de Secretaría General y Técnica y Jurídica" de la Dirección de Rentas, puesto que ya se vio que no se trata de un plus que se abone en razón del cargo objetivamente considerado, sino en función de las características personales de los empleados en cuanto a la especialización tributaria, procedimiento realizado agente por agente por la Junta de Clasificación de Funciones (art. 2, último párrafo, decreto 3.773/87 y resolución 1 de la Junta de Clasificación de Funciones).

Voto, pues, por la negativa, con costas al recurrente (art. 84, ley 4.106).

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Conforme el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas al recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)