marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Insuficiencia del agravio, liquidación de sociedades, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cohen, Amanda Sara y otro c/ Asset, Patricia Mónica y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

No son argumentaciones suficientes para conmover el fallo impugnado por el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba, las simples apreciaciones subjetivas del recurrente que se contraponen al minucioso razonamiento desarrollado por la Cámara.(doctora Kogan, sin disidencia)
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Pedro Delfino c/ Copeca Construcciones s/ Indemn. ley 9688 Minutella, Graciela c/ Clínica Privada Fátima S.A. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03|2002-10-30

La reforma introducida a la ley 9688 por la ley 23.643 no exime al trabajador de probar la relación causal o concausal entre dolencia e incapacidad resultante con el trabajo.
Honorarios, regulación de honorarios, causa no susceptible de apreciación pecuniaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe: Enrique Arjor; Osvaldo M. Cisaruk y José R. Orengo c/ Municipalidad de Venado Tuerto s/ Incidente de regulación de honorarios (Expte. CSJ Nº 300-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-13

Para poder establecer la cuantía económica que servirá de base regulatoria por la actuación judicial, no puede desconocerse que los trabajos de los profesionales de la ingeniería -motivo de la acción- considerados litigiosos y los no realizados efectivamente, configuran una expectativa que no puede dejar de ponderarse a los efectos de precisar el valor comprometido; pero, naturalmente, su dimensión económica debe morigerarse prudencialmente.
Recurso de apelación (procesal), ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Bouchet, Romina y otro c/ Labriola Miguel A. s/ Ejecución de sentencia y honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-29

Tratándose de un trámite de ejecución, son aplicables los artículos 284/502 del Código Procesal Civil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103 del Código Procesal Laboral -en lo que no resultan modificados por este último-, por lo que debe entenderse que existiendo en materia de recursos una regulación expresa en la ley 5315, distinta a la contemplada por la ley 4870, no corresponde, ni aún por vía de supletoria la aplicación de las normas del procedimiento civil.
Transformación de la demanda, pronto despacho, iura novit curia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Maldonado Cartagena Esteban c/ E.N. -Dir.Nac. de Migraciones- s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Es jurisprudencia reiterada que nada obsta a la transformación de la acción, acudiendo al principio iura novit curia (conf. doc. Sala I, in re "Castro", 28/4/77 y esta Sala, in re "Frigorífico Mayosol S.A." 12/3/85), cuando una cuestión que no puede resolverse de otro modo y acoger como orden de pronto despacho (art. 28 ley 19.549), una demanda que sólo en esos límites puede progresar (esta Sala, 26/4/88, "Volkswagen" part. consid. V, y 28/4/88 "Córdoba", entre otros).
Acción de amparo, clausura preventiva, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, costas
Materia: PENAL
Carátula: FULLONE, CARMEN s/ Acción de amparo por clausura aplicada por la Secr.de Ind. y Com.  Causa 32988
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

1- El procedimiento que haciendo uso de atribuciones que la ley confiere a la Secretaría de Industria y Comercio impuso la clausura pero apuntando a supuestas infracciones tributarias que caerían bajo la competencia de la Dirección General Impositiva, aparece ajeno al principio de coherencia, controvierte un elemental principio de equidad y resulta ilegítimo, toda vez que mediante un ritual establecido en un cuerpo legal se pretende remediar falencias que el comercio pudiera presentar en relación a otra normativa cuya aplicación compete al organismo recaudador.- 2- No corresponde la imposición de costas a la Secretaria de Estado que apeló la resolución que hizo lugar al amparo si el acto impugnado que originara dicha acción ha cesado antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el Art. 8 de la Ley que regula el instituto (16986), pues procede la aplicación de la excepción prevista en el Art. 14 de dicha norma, máxime si se trata de una cuestión controvertida en la que el recurrente pudo considerarse con derecho a recurrir.

3- NOTA:en la causa citada al pie, en igual sentido, Reg. 453/93, el juez a quo que hizo lugar al amparo dispuso además que la S.I.C.

remitiera todas las actuaciones instruidas a la D.G.I. a efectos de que este organismo sustanciara el correspondiente sumario conforme a la Ley 11683 t.o.1978. La Alzada, al confirmar la sentencia apelada, señaló sin embargo que no corresponde indicar el procedimiento a seguir con las actuaciones, por exceder los límites de la acción de amparo.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Aranguren, Gustavo Horacio c/ Boskalis Internacional B.V. y otros s/ Accidente de trabajo Herrera, Rito José Marcelino c/ Municipalidad de San isidro s/ Accidente de trabajo Blason, Gualterio J. c/ Indeco Minoli S.A.C.I. s/ Enfermedad profesional. Ley 9688, ley 23.643 Lobos, Juan Ramón c/ Martín y Martín S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14|1997-04-29|1996-02-20|1997-05-27

Si la toma de conocimiento de la incapacidad del trabajador se produjo durante la vigencia de la ley 23.643, ésta es la ley aplicable para dirimir la controversia vinculada con las consecuencias del siniestro, cualquiera sea la fecha de promoción de la demanda, sin que tenga incidencia al respecto la norma del art.

19 de la ley 24.028.
Facultades del juez, primera instancia, segunda instancia
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Popular Tucumano s/ reconocimiento de personería jurídico política Incidente de apelación en autos ppales. Partido Socialista s/ solicita reconocimiento como partido de distrito Juan Ruiz Apoderado Partido Política Abierta para la Integridad Social (P.A.I.S.) s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-08|2010-07-08|2010-07-08

La Cámara carece de potestades para fallar sobre cuestiones que no fueron sometidas a la decisión de los jueces de primera instancia (art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Fallos CNE 2585/99; 2595/99; 2633/99; 2653/99; 2852/01; 3146/03; 3304/04; 3345/04; 3448/05; 3825/07 y 4123/09).
Pago, recibo, intereses, intereses moratorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: JACOBO ANTOYAN c/ MIGUEL JORGE E HIJOS (SOCIEDAD DE HECHO) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Si al recibirse el pago no se otorga recibo, el CCIV 624 deviene inaplicable, y es procedente el reclamo posterior de intereses moratorios, el derecho a percibirlos no se extingue si no existen recibos con clara imputación a la deuda y sin reserva de intereses (en el caso, el pago se realizó mediante el envió por correo de cheques post-datados por el valor nominal del débito).

Por aplicación analógica del CCOM 474, el reclamo de intereses moratorios debe presumirse "cuenta liquidada" si el deudor no impugna la nota de débito a los 10 días de recibirla.
Prueba documental, fotocopia, reconocimiento de firma, firma en carbónico
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: CASTRO, Esther c/ Centro Argentino de Socorros Mutuos y/o ZAPANA, Alfredo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-11-04

No puede ser objeto de reconocimiento forzozo la fotocopia de un instrumento privado, conforme al artículo 1014 del Código Civil al igual que la firma de los documentos, cuyo reconocimiento se pretende, obtenidas con papel carbónico
Daños y perjuicios, muerte de la víctima, indemnización, sujeto activo, damnificado indirecto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PIZARRO EDELMIRA EN J.: ROJAS RAMON s/ Sucesión pet - Herencia (LIBRO: S083 - 497)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-07

Conforme lo señala Orgaz (La acción de indemnización en los casos de homicidio, en Estudios de Derecho Civil, pág.,68) " la acción derivada de la muerte de una persona, como cualquier otra acción, no puede nacer sino en cabeza de personas vivas", no pudiendo el causante adquirir el derecho a ser indemnizado por la propia muerte. El carácter de damnificado indirecto - es decir, por la muerte ajena- no convierte la indemnización concedida en un derecho sucesorio: se accede a lamisma, necesariamente iure propio. Siendo ello así, es evidente que no puede ser la indemnización concedida objeto de una acción de petición de herencia.
Actualización monetaria, cómputo de la actualización, Ley de desindexación, ley arancelaria, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: JORGE Y DANIEL CARBONE SA c/ ELMA SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

La ley 24.283 no establece los procedimientos para establecer el valor real y actual de la prestación. Para evitar problemas en el curso de la ejecución de sentencia es apropiado precisarlos ahora (art. 165, primer párrafo, código procesal). Se debe aplicar analógicamente el trámite que regula el art. 23 de la ley 21.839 (art. 18, Código civil, esta sala, causas 712/94 del 12.4.94 y 12.376/94 del 13.10.94). Sobre esa base y como aquí esta determinado el procedimiento para fijar el crédito de la actora en virtud de la condena dispuesta en la sentencia apelada, dentro del plazo de cinco días de notificada por cédula la providencia "por devueltos" la demandada deberá estimar la cuantía del crédito de las actoras en virtud de ese valor "real y actual" a que se refiere la ley 24.283, bajo apercibimiento de tener por definitivo el monto establecido en esta instancia. De ello se correrá vista a la actora por el plazo de cinco días -que también se notificara por cédula-. Si no hubiera conformidad, se dará intervención al perito tasador ya interviniente, debiendo el señor juez establecer el crédito y disponer las costas devengadas "de acuerdo con las posiciones sustentadas respectivamente por las partes" (cit. art. 23, Ley 21.839).
Aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley, plazo de la locación, plazo mínimo
Materia: CIVIL
Carátula: LUKIN JAIME c/ NATANSON ENRIQUE s/ CONTRATO DE LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si la firma de un contrato de locación es anterior a la publicación de la ley 23091 en el Boletín Oficial, el mismo se encuentra excluido de lo que dispone dicha norma respecto del plazo.
Representación procesal, gestor judicial, acreditación de la personería, plazo perentorio, vencimiento del plazo, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: MICROSULES Y BERNABO SA c/ ZAMBON SPA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Al efectuar su presentación en la causa, el letrado -invocando la representación de la demandada- solo expresó que ella se domicilia en el extranjero, pero no solicitó que el plazo para acreditar su personería u obtener la ratificación fuera extendido. Es más, aclaró que su actuación era efectuada en los términos del art. 48. Esa forma de plantear la cuestión impide el tratamiento de los agravios con relación al domicilio o a las dificultades en el trámite, porque constituyen presupuestos de hecho que no fueron sometidos a la consideración del magistrado de la anterior instancia (cfr. Arts. 271 y 277 del código procesal). De tal manera, la carga para acreditar aquellos extremos vencía indefectiblemente a los cuarenta días. El plazo fijado por dicha norma es perentorio -fatal o precluso, como se lo ha denominado también-, porque su simple vencimiento hace imposible el ejercicio de la facultad o el cumplimiento del deber para los cuales se concedió (cfr. Podetti, Ramiro J., "Tratado de los actos procesales", Buenos Aires, 1955, pág. 244, Núm 73, citado por el dr. Pérez delgado en ocasión de emitir su voto en el fallo plenario de la entonces cámara nacional de apelaciones en lo federal, en autos "Lovida, A.G. c/Industrias Yuvena S.A.", del 31.5.77, considerando 5, publicado en ll 1977-c, 19).
Recurso contencioso administrativo, prueba, producción de la prueba, prueba documental, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PERLO, RAFAEL ALBERTO c/ COMUNA DE BIGAND s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Por definición, el apercibimiento es la prevención especial o anuncio formal hecho a una persona citada, emplazada o requerida, de las consecuencias que se seguirán de determinados actos y omisiones que le resulten imputables. En el caso, en el que se estableció que los apercibimientos que se harían operativos en caso de incumplimiento de lo ordenado en cuanto a la presentación de copias de la documental ofrecida, no es esa la solución que corresponde adoptar desde que el accionante en su contestación propone una forma de subsanación de la situación generada al peticionar que se agregue directamente a los autos la documental reservada en Secretaría desde su ofrecimiento y se ponga a disposición de la demandada, entendiendo dar por cumplido lo dispuesto por el Tribunal. En función de ello, y ante el ofrecimiento de que tal documental original se agregue directamente al expediente bajo su responsabilidad y riesgo, cabe tener por cumplida la intimación en orden a su finalidad con la agregación de la prueba indicada.
Derecho procesal, recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: A., R. A. c/ G., V. E. y otros s/ cobro de pesos e indem. de ley c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

Cuando un mismo tema puede ser resuelto con más de un criterio, la circunstancia de que el decisorio no se compadezca con lo que se entienda aplicable al caso, no necesariamente importa arbitrariedad. Ésta última requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación, un desacierto de gravedad extrema, palmaria, patente.
Sanciones administrativas, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, AFJP, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE AFJP s/ REC. DE APELACION POR PREVISOL S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Resulta improcedente que la Superintendencia de AFJP imponga a una administradora una multa equivalente a 100 ampos, con base en que "en los hechos" no existía diferenciación o individualización entre el ámbito que compartía la administradora con una entidad bancaria, toda vez que -en el caso- la entidad agregó mamparas ante las observaciones efectuadas en la primera inspección, relativas a la insuficiencia de la separación y en virtud de las cuales no mediaron instrucciones concretas sobre las modificaciones que debían realizarse, ni requerimiento formal para adecuar el lugar a determinadas exigencias. (En el caso, la resolución apelada objetó esa forma de división, fundando la sanción en una divergencia acerca del material utilizado en la misma, que es una cuestión opinable y susceptible de diversas interpretaciones).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, proceso penal, debido proceso, declaración autoincriminante, secreto profesional, médicos
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

No es admisible el recurso extraordinario fundado en la violación de la garantía constitucional al debido proceso y a la no autoincriminación, si las motivaciones no federales del a quo, referidas al deber del secreto profesional, dan fundamento suficiente al pronunciamiento (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Retiro militar, haber jubilatorio, beneficiarios previsionales, buena fe, restitución de sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional (Gendarmería Nacional) c/ Fernandez Conde s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-18

Resulta aplicable el precedente de este Tribunal in re "E.N.

(Gendarmería Nacional) c/ Castagnino, Roberto", del 13/8/92 en el cual al no haberse demostrado la mala fe del demandado al percibir sus haberes, se admitió la aplicación analógica del art. 1055 del Código Civil, que autoriza la no restitución de las cosas fungibles consumidas de buena fe, con anterioridad a la anulación del contrato. En consecuencia, no corresponde la devolución de las sumas percibidas con anterioridad a la sentencia de primera instancia -firme en este aspecto-, que declaró la nulidad del acto que la había otorgado al demandado el 100% de haber de retiro. (Del voto del juez Argento, cons. 4º y 5º). (La sentencia de 1º inst., si bien admitió la inexistencia de mala fe en el demandado, le había ordenado restituir las sumas percibidas en más por aplicación del art. 1052 del C.C., desde los cinco años anteriores a la interposición de la demanda).
Estafa, compraventa
Materia: PENAL
Carátula: CUPPIRAGGI, JOSE Y OTRA s/ ESTAFA  -  DEFRAUDACION  -  ESTELIONATO - DESBARATAMIENTO DE DERECHOS  ACORDADOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

La sola afirmación mentirosa del vendedor, - que recibió la totalidad del precio - que el bien se encontraba libre de gravámenes no importa simulación, ocultamiento, ardid o engaño idóneo.
Deberes del juez, carga de la prueba, verdad jurídica objetiva, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: San Martín  Aguiar,  Julio  César  y Scilingo, Adolfo Francisco s/ libramiento de cheque en cuenta cerrada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional en función de la necesidad de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales -a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique S. Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Sentencia, principio de congruencia, fundamentación de sentencias, enunciación de los hechos, pena, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: Carabajal, Sergio Omar s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

Es violatoria del principio de congruencia la sentencia que incorporó a la plataforma fáctica que constituye la base del reproche un componente decisivo -la finalidad ulterior de procurar la impunidad por el robo cometido- que no integró la acusación, habiéndose extralimitado el a quo en sus atribuciones, puesto que su jurisdicción solamente estaba habilitada para entender en lo que atañe al requerimiento fiscal -homicidio agravado por haber sido cometido contra un miembro de la fuerza policial en grado de tentativa- y no por la figura por la que fuera condenado -homicidio criminis causae en grado de tentativa-.

La sentencia es violatoria del derecho de defensa si la pena impuesta en ella sobrevino en forma intempestiva y no como consecuencia del contradictorio. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -en disidencia parcial-).
Responsabilidad del Estado, entes autárquicos, citación judicial, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: COLEMAN c/ CITIBANK s/ INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

El ejercicio de una eventual acción de responsabilidad contra el estado nacional por daño causado por la actividad normativa de uno de sus organismos autárquicos, no justifica su citación cuando el único fundamento de dicha acción ulterior sería la posible inconstitucionalidad de la norma aplicada por el demandado, que éste invoca en su defensa frente al actor. Ya que siendo privativo del poder judicial el control de constitucionalidad de las normas de los otros poderes del estado, queda descartada la posible excepción de negligente defensa por el poder ejecutivo en tanto que el juicio de mérito que realice el órgano judicial sobre tal cuestión ante el planteo de la parte actora, resultará necesariamente ajeno al ejercicio de cargas y facultades procesales por parte del demandado, en tanto será simple derivación del deber de fallar el caso respetando la jerarquía de las normas vigentes (CPR 34-4).
Empleo público, interpretación de la ley, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Redondo, Cristina Leonor c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

El pronunciamiento que omitió considerar cuestiones relevantes oportunamente planteadas por el demandado, al mismo tiempo que efectuó una interpretación que desvirtúa el sentido de la norma que rige el caso y, admitió la demanda pese afirmar que no se había producido prueba suficiente, resulta insostenible como acto jurisdiccional válido. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés Weinberg).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Sergio Daniel c/ Fernández, Marcelo F. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que no se ha evidenciado que el a quo conculcara el art. 255 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- al valorar los informes médicos para descartar la alegada inconsciencia y concluir a partir de los mismos en la "mendacidad" del procesado.
Seguridad social, sentencia, revocación de sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Tarditti, Marta Elena c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Corresponde revocar la sentencia si la alzada omitió valorar que según la reglamentación a través del decreto 460/99 de la ley 24.241, el mínimo de cotizaciones exigido dentro de los treinta y seis meses anteriores al deceso debe ser proporcional al tiempo de afiliación cuando es inferior a ese período, lo que permite inferir razonablemente que la regularidad de aportes no debe ser evaluada sobre la base de considerar sólo un período laboral que no pudo ser completado por la muerte del afiliado en actividad.
Homicidio calificado, confirmación de sentencia, procesamiento, robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: C., M. E. y otros c/  s/ homicidio agravado-procesamientos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-21

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "C., M. E. y otros s/homicidio agravado-procesamientos" (causa n° 49.014/2017) rta. 21/3/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados contra los procesamientos dispuestos en relación a varios delitos entre los que se encuentra el robo con armas en poblado y en banda que culminó con el homicidio criminis causae del damnificado. Los vocales confirmaron lo decidido.