marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de revisión (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: E., R. R. s/ Recurso de Revisión  Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-08-18

El alegato defensivo ahora reiterado en el medio federal con acompañamiento del Señor Procurador General, desconoce la legalidad de la resolución obstativa del Superior Tribunal de Justicia cuando se desentiende de las posibilidades jurídicas del remedio extraordinario empleado. Y desde que también aquí se insiste en la eficacia de ciertos testimonios nuevos que probarían una calificación legal más beneficiosa para el condenado pero sin hacerse cargo la instancia que los elementos de juicio ya ponderados por el Tribunal del Mérito no desaparecen aún en el caso de que las cosas sean como quiere su representación, una de las exigencias formales de la revisión, la "evidente" incidencia del material nuevo no se da, aniquilando liminarmente el objetivo perseguido, sin necesidad de constatación alguna.
Competencia civil, ejecución fiscal, Aguas Argentinas Sociedad Anónima
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUAS ARGENTINAS S.A. c/ PROP. FIGUEROA ALCORTA PTE. AV. 3686 s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

La interpretación armónica del decreto 999/92, de la ley Orgánica de O.S.N. t.o. ley 20.324/78 y de la ley 23.637, indican que resulta competente la Justicia Civil para intervenir en la ejecución entablada por Aguas Argentinas S.A. tendiente al cobro de los servicios que presta.
Sobreseimiento, hechos nuevos, inimputabilidad, documentos de identidad, uso de documento falso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Weschsler, Gustavo A. y  Prieto, Virginia s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-23

No existe una causal de inimputabilidad si no se demuestra que el imputado hubiera obrado violentado por un estado de necesidad, sin que se de el caso de una ley penal más benigna, toda vez que la nueva legislación sobre migraciones no desincrimina el delito atribuido. El alegado bajo nivel económico y educativo no obsta a la existencia de dolo, cuando el sujeto sabe lo que está haciendo respecto de la legalidad de su documentación personal. El voto concurrente señaló que el a quo extendió el campo de aplicación del art. 361 C.P.P.N. a cuestiones no comprendidas en la norma, que se refiere a nuevas pruebas y no a nuevos hechos, y que el auto de sobreseimiento reposa en argumentaciones de hecho, jurídicas, políticas, sociológicas, ideológicas de otra índole, introducidas en un procedimiento de oficio, sin sustanciación, fuera del marco fijado por la ley, y privando al acusador público de cualquier posibilidad de prueba, argumentación y contradicción. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -voto concurrente-).
Ius variandi, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Maglione, Marcelo Ricardo c/ Chuit y Maglione S.A. s/ Reinstalación en el puesto de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-16

Si frente el ejercicio del "ius variandi" el trabajador no se considera despedido no puede obligar -ni aún judicialmente- al empleador a restablecer sus anteriores condiciones de trabajo, siendo también inviable en el caso de cambio de tareas la pretensión del cobro de diferencias salariales -en la especie, las supuestas comisiones dejadas de percibir por dicha circunstancia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, decretos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, HECTOR ANIBAL Y OTROS c/ CAJA DE SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO (CASFEC) s/ LABORAL. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 226- 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-11

Los decretos 3455/84 y el 2175/86 fueron dictados por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades conferidas en la ley 21307, la que reviste naturaleza de derecho común. Consecuentemente, el carácter modificatorio o aclaratorio del decreto 2175/86, remite al examen de un tema de derecho común, ajeno por principio a la instancia de excepción, que ha sido resuelto por los jueces de la causa en uso de atribuciones que les son propias.
Inadmisibilidad del recurso, revocación del sobreseimiento, fraude a la Administración Pública, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Grupo Austral c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-21

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido contra la sentencia que -con fundamento en que el imputado habría tomado efectivo conocimiento de las irregularidades en el manejo de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo, y no obstante no ejercitó el control que le habría correspondido- revocó el sobreseimiento y dictó el procesamiento del encartado en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor, ya que no cabe hacer lugar a los agravios relativos a que se reprocha a su defendido una omisión dolosa de algo que no estaba dentro de sus funciones -toda vez que normativamente las funciones de contralor de la Dirección Nacional de Vialidad correspondían a la Subsecretaría que ocupaba el imputado-, y tampoco esbozó el recurrente argumento alguno destinado a fundamentar la razón por la cual afirma que el delito de que se trata no puede ser cometido mediante una conducta omisiva dolosa.
Tipo penal, exacciones ilegales
Materia: PENAL
Carátula: Pluspetrol S.A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

La característica más peculiar de las exacciones radica en la exigencia formulada por el funcionario público de modo tal que la voluntad del sujeto pasivo se constreñe por temor a la potestad pública y lo que ella encierra.
Tasa pasiva, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: GARNICA JUAN B. c/ CORDOBA SEGUNDO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-06-28

Las tasas judiciales derivan directamente de las que aplican las entidades bancarias, así la tasa de interés pasiva es la que pagan las entidades bancarias a los clientes que depositan en ellas su dinero, y en su conformación incluye la retribución al capital, una estimación inflacionaria y algún tipo de riesgo de que la entidad no cumpla con la devolución, mientras que la tasa de interés activa es la que estas entidades crediticias cobran por los préstamos que otorgan a sus clientes y está conformada por el costo de captación de los depósitos ( la tasa pasiva), los gastos operativos, los riesgos de incobrabilidad, la ganancia de la entidad, los costos de operatividad de las reservas legales y encajes. La diferencia o brecha existente entre ambas tasas bancarias se llama "spread", que es el precio de la intermediación, costo operativo, comprensivo de la ganancia del financista (incluído gastos, etc.) cuando presta dinero a terceros.-
Doctrina de los actos propios, revisión judicial
Materia: PENAL
Carátula: Porzio, Diego Alejandro s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-30

El respeto a la garantía de una revisión amplia de la sentencia, incluso en los supuestos en que las partes hubiesen acordado la solución del caso por la vía del art. 431 bis CPPN, a los fines de que un tribunal superior subsane defectos en la motivación de la decisión impugnada, no significa que la doctrina de los actos propios no pueda ser aplicada, en casos específicos, cuando el asesoramiento de la defensa cubre todos los aspectos, la diligencia del fiscal los completa y el tribunal no se aparta, en nada, de lo acordado (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Sarrabayrouse).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, sucesiones, honorarios, juicio de apremio, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TORTI, OTILIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- SUCESION- APREMIO POR HONORARIOS -INCIDENTE DE PRINCIPAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 576 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el aquí demandado fundando su reproche en que no se celebró la audiencia de vista de trámite, conforme lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimientos al que remite el artículo 507.

Es que si bien existen posturas doctrinarias que divergen en cuanto a si en la mencionada audiencia las partes deben limitarse a informar en torno al mérito de la prueba únicamente, o si tal informe puede extenderse a toda la causa, en el presente la omisión en celebrarla excede de esta disyuntiva, en tanto los informes pertinentes resultaban ineludibles en relación a la importancia que para este caso alcanzan los pormenores suscitados en el principal, con lo cual lo contrario implicó vulnerar el derecho al debido proceso que asiste al accionado al privarlo de una etapa que, dadas las circunstancias del caso, aparece como necesaria.
Medidas cautelares, objeto de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: BULACIO MARIA CECILIA c/ MACEDO MANUEL Y OTRO s/ ACCION DE AMPARO-CUADERNILLO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-05-26

El contenido de la medida precautoria debe detenerse allí donde su materialización conlleva la concesión del objeto mismo de la demanda de mérito, porque se compromete la propia materia debatida en la causa de conocimiento afectándose precisamente el objeto del pleito.
Juicio de desalojo, condena de futuro, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fontana de Depetrini, María c/ Marasca S.C.A. s/ Desalojo - Condena de futuro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

La acción de desalojo con condena de futuro, tiene por objeto prevenir el daño que se derivaría de la falta de un título ejecutivo en el momento en que la prestación sea debida, por lo que confiere al locador la posibilidad de tener en sus manos la desocupación inmediata del bien si el locatario no lo hace en el término pactado.

Siendo, entonces, la acción principal el desalojo, es la que obviamente, debe regir el tema de las costas, y no habiéndose objetado la condena a desalojar, no existe otro desemboque legal que el previsto por el artº 677 del Código ritual que contempla específicamente el tema.
Sociedades comerciales, derecho de información del socio, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: LEBON, CARLOS c/ ACQUANOVA SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17

No existe conexidad entre un proceso cautelar y otra acción precautoria para solicitar la exhibición de libros, por cuanto el trámite para procurar tal exhibición no es una medida cautelar de carácter instrumental, orientada a garantizar el objeto de una pretensión sino un proceso voluntario tendiente a posibilitar el ejercicio del derecho de información del socio y a que le sean exhibidos los libros sociales cuando la sociedad le veda esa posibilidad (Cpr: 781).

Ello así, no se aprecia la existencia de razón atendible para un desplazamiento de la radicación en virtud del turno, en tanto aquel proceso, por no constituir una medida precautoria, no torna aplicable lo previsto por el Cpr: 6-4°
Gastos improductivos, contrato de obra pública, rescisión del contrato administrativo, caso fortuito, fuerza mayor, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benito Roggio e Hijos SA y otro c/ E. N. Agua y Energía Eléctrica S. E. s/ contrato obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-14

La interpretación del último párrafo del art. 54 de la ley 13.064, que excluye la posibilidad de reclamo de los gastos improductivos que el contratista probare haber tenido como consecuencia de la rescisión del contrato, cuando ésta hubiera obedecido a razones de caso fortuito o fuerza mayor, no puede ser extendido a aquellos gastos improductivos experimentados con anterioridad, en tanto, en lo que se refiere al caso fortuito o fuerza mayor, el art. 39 de la ley 13.064 -que rige durante la relación contractual antes de su rescisión- pone a cargo de la Administración Pública, frente al acaecimiento de tales circunstancias excepcionales, los daños y perjuicios ocasionados al contratista. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.-
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Retamoso, Desiderio c/ Suc. Ana Feldman Hug. s/ Escrituración Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-06-27

Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.
Accidentes de trabajo, acción civil, muerte del trabajador, sucesores, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: OTERO, OSCAR c/ ESICO SRL s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Si el trabajador inició una acción de derecho común (art. 1113 del C. Civil) a fin de obtener la reparación del daño que le ocasionara el accidente sufrido y falleció durante la tramitación del juicio, a los sucesores del causante le corresponde la suma que repare los daños sufridos por el trabajador, a título propio, y no cabe considerar los perjuicios padecidos por quienes serían sus sucesores (en el caso la concubina en representación del menor) toda vez que no estamos en presencia de un juicio iniciado por los derechohabientes del empleado.
Responsabilidad civil, daño, culpa civil, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

Para imputar el daño no es decisiva la gravedad de la culpa, sino la eficiencia causal que el hecho haya tenido en el resultado. Así una culpa mínima puede determinar la atribución del todo, y una negligencia o imprudencia grave, puede no causar en concreto daño alguno o causar uno reducido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pellex, Leonardo Celestino o Papa, Roberto o Soarez Martínez, Walter Omar o Soarez Martínez Plaza, o Pellex Briaberter, u Olea, José Alberto o Unsdrich, Juan Carlos o Pellex, Pedro Celestino o Pellex Bria, Leonardo Celestino s/ Robo simple reiterado (dos hechos) en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-09

Es improcedente el agravio en el que la defensa alega que uno de los elementos indiciarios con los que el juzgador complementara la prueba compuesta de la autoría responsable del procesado transgrede el inciso 4 del art. 259 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- pues el análisis particular que del mismo efectúa soslaya referirse a los recaudos que establece el invocado inciso 4, ya que éste, en cuanto requiere que los indicios no deben ser equívocos, postula un examen de conjunto y no individual, al exigir que todos reunidos no puedan conducir a conclusiones diversas.
Proceso judicial, caducidad de instancia, impulso procesal, oficial primero, obligaciones del oficial primero
Materia: PROCESAL
Carátula: Sideco Americana S.A.C.I.I.F. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

De conformidad con lo dispuesto en el art. 310, inc. 3 del C.P.C.C.N., la caducidad de la instancia no se produce cuando el impulso del trámite de la causa dependiere de una actividad que el código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al oficial primero.

En el caso en análisis, la elevación de los autos al Tribunal, en tanto se encontraban en condiciones para ello, era deber de ese funcionario, tal como lo prevé el art. 251 del rito. En tal contexto, no puede tenerse por configurada la demora alegada, pues era carga del oficial primero y no del apelante instar la remisión del expediente al Tribunal de alzada.
Procedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, nulidad de sentencia, prescripción de la acción penal, remisión del expediente, prisión, inhabilitación absoluta, sentencia absolutoria, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pombo, Claudia. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

Corresponde, por mayoría, hacer lugar al recurso de casación articulado por el Ministerio Público Fiscal, anular la sentencia recurrida -que había dispuesto declarar la prescripción de la acción penal ejercida contra Claudia Nélida Lucía Pombo- y devolver las actuaciones al Tribunal Oral Federal n° 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme con los lineamientos desarrollados en la presente. Ello así, por cuanto si bien el acusador público requirió se condene a Claudia Nélida Lucía Pombo a la pena de dos años y seis meses de prisión, también solicitó su inhabilitación absoluta perpetua, por lo que queda habilitada la instancia recursiva en virtud del inc. 1° del art. 458 del C.P.P.N., conforme los parámetros establecidos mutatis mutandi por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Juri, Carlos Alberto s/homicidio culposo" (J. 26.XLI, del 27/12/2006, Fallos: 329:5994). Asiste razón al recurrente en cuanto señala la existencia de defectos de logicidad en la fundamentación desarrollada por el tribunal de juicio para justificar su decisión de declarar la prescripción de la acción penal y absolverla en orden a la conducta por la que fue acusada, en tanto, sin entrar a analizar el grado de culpabilidad de la enjuiciada en la conducta reprochada, corresponde establecer la vigencia de la acción en base a su calidad de funcionaria pública. El Tribunal Oral interviniente concluyó la prescripción de la acción luego de sostener que se trataba de un accionar culposo, sin expedirse, constatar o hacer referencia alguna al carácter de funcionaria pública de la imputada, circunstancia que debió ser corroborada por el a quo a efectos de establecer la vigencia de la acción (art. 67, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).
Inviolabilidad del domicilio, allanamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rivas Muñoz, José Arnoldo s/ ROBOS  SIMPLES  REIT.  (2  HECHOS)  EN  C.I.  CON ASOCIACIóN ILíCITA;  MARTíNEZ, JORGE CEFERINO; SEPúLVEDA, VíCTOR LUIS;  HENRIQUEZ, ENRIQUE  HéCTOR  S/ ROBOS REIT. (3 HECHOS) EN C.I. CON ASOCIACIóN ILíCITA  S/  CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-07-12

La garantía constitucional consagrada en el art. 21 de la Constitución Provincial, -inviolabilidad del domicilio-, admite las excepciones previstas por el Código Procesal y la que nace del propio ocupante de la morada que autoriza en forma voluntaria mediante consentimiento expreso, prestado libre y espontáneamente.
Procedencia del recurso, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Pil, Raimundo. c/ Sierra Grande SAMIC. s/ Honorarios de Abogados y Procuradores.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-07-01

Si la demanda prosperó por un importe inferior a la mitad del valor reclamado, corresponde considerar como monto base dicha mitad, sin perjuicio de las repotenciaciones e intereses pertinentes. De lo contrario se incurre -como en el caso de autos- en un error jurídico en la aplicación de los artículos 4 y 8, primer párrafo de la L.A.

que hace procedente el recurso de inaplicabilidad de ley.
Economía procesal, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ruiz, Ana del Valle c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios Ruiz, Ana del Valle c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-09|2010-04-09

Girando la cuestión a resolver en torno a la limitación introducida por las Resoluciones A.N.Se.S. 63/94, 918/94 y 140/95 y, por otra parte, la elección del índice a utilizar, razones de economía procesal y con el fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aconsejan a remitir a la doctrina sentada por el Alto Tribunal en autos "Elliff, Alberto" (sent. del 11.08.09) confirmando la postura de la Sala que ordenó la aplicación del índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, escogida por la re-ferida Res. A.N.Se.S. 140/95, sin limitación temporal. En consecuencia, corresponde actualizar las remu-neraciones tenidas en mira para la estimación de la PC y PAP con arreglo al índice indicado, hasta la fecha en que se produjo la adquisición del derecho; sin que obste a ello la falta de índices en tal sentido, debiendo la Administración adoptar los medios necesarios para proceder a su emisión en el plazo de cumplimiento del decisorio.
Regulación de honorarios, peritos, corredor inmobiliario
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. C. c/ C., E. J. s/ compensación económica (sorteo de mediación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-09-03

Si el perito es corredor inmobiliario y su tarea consistió en una tasación, corresponde a los fines de la regulación de honorarios aplicar la Ley 9739 del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, las cual determina que en toda tasación en juicio distinto al sucesorio, los honorarios son de cuatro (4) "corredores".
Responsabilidad del administrador de la sociedad, responsabilidad solidaria, socio gerente, empleo no registrado
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Acosta Galeano, Hermes Daniel c/ Transporte Malvinas S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-31

Dado que la relación laboral se mantuvo sin registrar, cabe responsabilizar personalmente al demandado en su calidad de socio gerente del ente societario con sustento en los arts. 59 y 274 de la ley de sociedades, pues el administrador societario debe desempeñar funciones con la diligencia del buen hombre de negocios según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Trabajo de mujeres, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: TAPIA DE MOLINA SALTO MARIA c/ TADAR SA. s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO - TRABAJO DE MUJERES -   INDEMNIZACION - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-05

Procede el recurso de casación fundado en falta de razón suficiente (art. 94 LPT), si la afirmación del tribunal de mérito en el sentido de que la empleadora conocía el estado de embarazo de la empleada antes de disponer la disolución del vínculo laboral, no halla sustento en la prueba incorporada a la causa. A los fines de la indemnización especial prescripta en el art. 182, por remisión del art. 178, LCT, en virtud de la presunción prevista en este último dispositivo legal, es preciso que la empleadora conozca en forma fehaciente en los términos del art. 177 Ib.-, el estado de embarazo de la trabajadora, al momento de decidir su despido. La lct ha brindado especial protección a la maternidad garantizando a la mujer embarazada la estabilidad en el empleo durante el tiempo de la gestación (art. 177 LCT). De allí que se presuma, salvo prueba en contrario, que la medida rescisoria obedece a su estado, si fue dispuesta en los plazos que indica el art. 178. Pero en todo caso, la ley ha exigido a la trabajadora para tener derecho a ese beneficio, que comunique 'fehacientemente' tal estado, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta de parto o requiera su comprobación por el empleador. Esta exigencia se justifica frente a la grave sanción a que se arriesga quien despide a una mujer embarazada. No acreditando ese requisito esencial, no puede jugar la presunción mencionada, ni aún cuando la demandada haya invocado una justa causa de despido, que luego no intentó acreditar.