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Filiación, prueba de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: G., V. B. c/ M., B. s/ FILIACION ART. 255 DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

Ante la ausencia de estudios de laboratorio que permitan establecer la relación biológica con una certeza absoluta, no mediando reconocimiento ni posesión de estado (art. 256 del Código Civil) ni concubinato que la hace presumir (art. 257 del código citado), de acuerdo con la doctrina elaborada a propósito del anterior art. 325 y que ha de considerarse eficaz (actual art. 253), la filiación queda acreditada a través de la prueba de los siguientes elementos;

1) La relación íntima de las partes;

2) Que esas relaciones hubieran tenido lugar durante el período legal de la concepción;

3) Que ocurrió el parto;

4) Que media identidad entre el nacido y quien demanda la filiación.

Comprobados esos extremos el presunto padre sólo puede contestar la filiación que se le opone a través de la "exceptio plurium concubentium".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Michel, David c/ Roncoroni de Rodriguez, Elsa s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la cuestión que estructura el agravio fue invocada en la demanda con una dimensión y enfoque diferente al que se observa en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resolución administrativa, impugnación del acto administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edenor S.A. c/ Resolución 982/97 -ENRE- Exptes. 4207/97 y otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Para evitar confusiones en el acceso a la vía judicial, sabido es que los actos administrativos se impugnan por la vía de acción ordinaria o del recurso directo. Atento a la naturaleza de la sanción, no podremos dejarla librada a la acción ordinaria por la demora de años que llevaría. Por eso nos parece que debe haber un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, es decir, debemos determinar perfectamente bien a qué instancia se debe acceder" (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, correspondiente a los debates de los días 18-19/12/91, pág. 5646). (Consid. 8º). (El Tribunal resolvió confirmar la resolución apelada que declaró inadmisible la acción ordinaria contra el ENRE -a los efectos que se declare la nulidad de una resolución- y ordenó su archivo).
Sociedad accidental o en participación, disolución de sociedades, objeto social, liquidación de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUIDA, ALFREDO c/ ROJAS, ANGEL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Si el objeto societario se encuentra cumplido, puesto que el edificio cuya construcción origino su constitución se ha terminado, y siendo de la esencia de la sociedad accidental la transitoriedad, el ente entra en estado de liquidación, como consecuencia de haberse producido la causal de disolución contemplada por la LS: 94-4., esto es, la consecución del objeto social, resultando extemporánea, en consecuencia, la invocación de una causal de resolución parcial.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramapin S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Cuestión de competencia art. 6 CCA. Demanda contencioso  administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Si el actor no sometió previamente a decisión de la autoridad demandada la pretensión que contiene su demanda, la misma deviene improcedente puesto que la reclamación previa y su denegación son presupuestos que en el orden provincial vienen exigidos por el propio texto constitucional y su ausencia impone la desestimación de la demanda en los términos del artículo 36 del CPCA. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, derecho a la salud, afiliación a obras sociales, tratamiento médico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALVES  DA  FLORENCIA  NELIDA c/ INSTITUTO  NAC DE SERV SOC PARAJUBILADOS Y PENSIONADOS S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-06

No está discutida la condición de afiliada de la actora al INSSJP, ni la enfermedad que padece -infección en cadera con germen Escherichia Coli-. Se cuestiona, en cambio, la obligación de la demandada de otorgar la cobertura del material quirúrgico indicado por el médico tratante (sistema para infección y revisión con superficie aumentada y grip de fijación primaria modelo Spacer GXL no convencional, segunda generación, original TECRES de L.K.S. Links). El Tribunal debe ponderar -tal como lo hizo el señor Juez de primera instancia- que resulta conveniente otorgar la cobertura del material quirúrgico siguiendo las indicaciones del médico tratante, dado que ese profesional es en definitiva el responsable de velar por la salud de la paciente y procurar el tratamiento acorde e idóneo para la dolencia que padece. Por ello debe otorgarse supremacía al derecho a la salud del paciente y, en consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto reconoció el derecho a obtener la prestación requerida.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Unión del Sur Cooperativa de obras y Servicios c/ Abrain, Aldosoro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La sentencia dictada antes de la oportunidad legal correspondiente en el caso se dictó sentencia de remate estando pendiente de un traslado) evidencia un error de procedimiento que puede impugnarse por el recurso de nulidad comprendido en el de apelación (art. 253 CPC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción contencioso administrativa, demanda, escrito deficiente, licitación pública, adjudicación, emergencia hídrica, Administración Pública, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Botto, José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   368-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

Deviene inadmisible el recurso contencioso administrativo de ilegitimidad interpuesto contra la resolución de adjudicación cuando el mismo debe analizarse a la luz de las excepcionales circunstancias que caracterizaron a la emergencia hídrica declarada por el decreto 1296/92, acto este por el que, entre otras cuestiones , se crea el Comité de Emergencia Hídrica 1992 y se exceptúa a la Administración del cumplimiento de diversos trámites que normalmente debe observar en las contrataciones públicas. La actora, sin embargo, soslayó el análisis de esos aspectos, como también el consistente en que el procedimiento de selección fue dejado sin efecto -entre otras razones- por la posibilidad cierta de una más pronta entrega de los materiales, recordando al respecto, que la propia Administración, en el formulario de invitación al concurso de precios, ya había destacado la importancia del factor tiempo, estableciendo que "se considerarán preferentemente las ofertas que aseguren la entrega en el menor plazo posible". Asimismo, tampoco pudo pasarse por alto la cuestión referida al artículo 30 de la ley 5188, invocado por la Administración en la resolución impugnada -según el cual la Administración puede "rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue derecho alguno a los proponentes"-.

Dicho artículo refiere a la licitación pública, es decir, al procedimiento de selección de cocontratantes que presenta las mayores exigencias. Cuánto más, pues, podía ser invocado en el caso, en el que la contratación se encontraba encuadrada en el artículo 108 del decreto-ley 1757/56 y en el artículo 20 inciso c) de la ley 5188, esto es, en excepciones al procedimiento de licitación pública. En tales condiciones normativas y fácticas, imbuidas de excepcionalidad y emergencia, la sola mención a un "irregular trámite" y a "irregularidades del procedimiento", se torna manifiestamente insuficiente.
Procedimiento tributario, determinación de impuestos, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRITALCO  S.A. s/ APELACION - PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

El recurso que interpuso la contribuyente en sede administrativa impugnación de la determinación tributaria y liquidación- donde se omitió consignar aclaración alguna, no impide su correcto encuadramiento legal en la vía del art. 78 de la ley 11.683, importando, consecuentemente el haber hecho opción del remedio allí previsto, extremo que obsta la procedencia de la apelación ante el TFN y, por ende, la competencia de esta Cámara.
Trabajadores de la construcción, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Moreno, Manuel Jesús c/ Laberge S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-28

Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por un obrero de la construcción cuando se encuentra probado que el actor renunció, al día siguiente concurrió a las oficinas de la patronal y días más tarde reclamó la entrega de la Libreta de Aportes Previsionales y el pago de diversos rubros, a lo que el empleador respondió que todo ello se encontraba a su disposición en la empresa. Por ello, al cumplir el recurrente con la exigencia normativa de la interpelación y, el empleador no desobligarse se lo condena al pago de las indemnizaciones del art.

18 2do. párrafo de la ley 22250.
Fiscal de Estado, regulación de honorarios, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donati, Sonia Haydée y Otros en autos "Supercemento S.A.I. y C.c-Prov. Chubut s-Demanda de Inconstitucionalidad" s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-05

En atención a las prescripciones del artículo 22 de la Ley 72, siendo la Fiscalía de Estado acreedora del 50% de los honorarios regulados a sus letrados, debe admitirse la legitimación activa para el trámite de liquidación y ejecución, a favor de cada letrado por el total -100%- de su regulación, o de ambos - Fiscalía y abogado- sea cada uno por su porcentual o conjuntamente por el total.
Gastos del proceso, costas, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: González Cares Victoria Clotilde c/ Calderón Facundo s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-18

Abordando el planteo respecto a la imposición en costas, se advierte que la parte, más allá de señalar que prosperaron dos de los tres rubros recurridos, no aporta ningún dato objetivo que evidencie el yerro en la evaluación, fundamentalmente en cuanto al "quantum" de la privación de uso, habiendo reclamado la base inicial de $3.000, cuando fue fijado en $1.500, mientras que el daño moral, sólo fue elevado, y se rechazó íntegramente la queja por la frustración de reinvertir rentas mensuales sucesivamente en un emprendimiento comercial y familiar, con una ganancia aún mayor que las anteriores reclamadas, al expresar que le permitiría "recuperar e incrementar sus aportes con el destino antes mencionado". (Del voto del Dr. Marcelo MEDORI, en minoría).
Secuestro extorsivo, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: vELIZ ESPIRITU JORGE s/ SECUESTRO EXTORSIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-16

Teniendo en cuenta que la figura bajo análisis importa una privación ilegal de la libertad ejecutada por sustracción, retención u ocultamiento, debe tenerse presente que no es necesario que esta limitación a la libertad deba llevarse a cabo únicamente mediante el encierro de la víctima, por cuanto puede perfectamente alcanzarse mediante la utilización de las amenazas, como venimos describiendo (conf. Sebastián Soler "Derecho Penal Argentino", Tomo IV, Ed. Tea, pág. 36, Buenos Aires, 1996)".

En este sentido, sostiene Zaffaroni que "...la coacción ejerce su influencia impeditiva a modo de barrera psíquica que condiciona la libertad de decisión del sujeto para trasladarse" (ver "Código Penal", parte especial, Tomo 5, pág. 192, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008)".
Depósito previo, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: I., R. G. c/ Z., A. R. s/ Alimentos. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

El art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial no se encuentra en pugna con los derechos reconocidos por la ley 23054, desde que no impide al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. (Minoría u opinión personal)
Interpretación de la ley, estatuto para el personal civil de las Fuerzas Armadas, pase a disponibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lorenzi, Pedro c/ Estado Nacional Argentino (Estado Mayor General de la Fuerza Aérea) s/ demanda laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

La interpretación armoniosa de los párrafos primero y segundo del art. 4° del decreto 2043/80, en su redacción al tiempo del pase a disponibilidad del actor, conlleva la exclusión de aquellas retribuciones suplementarias que fuesen compensación de exigencias particulares (excesos horarios o de producción), riesgos o exposición a daños, sacrificios, etc., que hallan su razón de ser en tanto el agente esté concretamente sometido a la exigencia extraordinaria con motivo del cumplimiento efectivo de la función.
Suspensión de medida administrativa, costas, interés concreto, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Malvicino S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de suspensión de medida administrativa (Expte CSJ Nº 813- 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23

No cabe hacer lugar a la suspensión de medida administrativa solicitada por la actora con el fin de que se suspenda la aplicación del Decreto Nº 3199/93, de modo que la Provincia de Santa Fe no pueda iniciar las acciones de repetición de lo supuestamente abonado de más a sus co-contratantes, por cuanto el dictado posterior del Decreto Nº 1190/96 que precisó los efectos individuales de la anulación dispuesta por el Decreto Nº 3199/93, determina que tales medidas resulten de imposible materialización en el caso, toda vez que, conforme surge del citado decreto, no existe crédito a favor de la Administración. Tal circunstancia sobreviniente ha dejado sin objeto el planteo cautelar, el cual debe ser rechazado, con costas por su orden atento a que, dadas las especiales circunstancias, la actora tuvo "motivo bastante para litigar" (artículo 84, inciso c, de la ley 4106). Así, si bien en el caso se plantea una cuestión análoga a la resuelta por esta Corte in re "Malvicino S.A. c- Provincia de Santa Fe s- R.C.A.P.J. s- Incidente de Suspensión de Medida Administrativa" (Expte. 785/95; AyS T 137 p 249), el examen de la causa determina que no corresponde arribar en el presente a la solución allí adoptada, por cuanto, como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces deben atender -a l emitir sus pronunciamientos- a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, aunque éstas sean posteriores a la época en que se haya formulado el respectivo planteo.
Recusación y excusación, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvitos, Hector G. c/ Gonzalez, B. s/ Incidente de recusación - Desalojo Basualdo c/ Hospital Interzonal Espec. Materno Infantil s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-02|1995-03-28

Se entiende por prejuzgamiento la emisión de opinión o dictamen preciso y fundado sobre el o los puntos concretos que deben ser materia de decisión, después de comenzado el pleito, ya sea fuera de los autos o con relación a los mismos, o bien en el expediente antes de la oportunidad fijada por la ley para pronunciarse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Servicios eléctricos, falta de prestación de servicios, defensa del consumidor, multa, competencia administrativa, Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Distribuidora del Sur SA c/ D.N.C.I. s/ defensa del consumidor - ley 24.240 - art. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

Si bien, como principio, el prestador se halla obligado al cumplimiento de las normas de defensa del consumidor, siendo la autoridad nacional de aplicación de la ley la Secretaría de Comercio y la Dirección Nacional de Comercio Interior puede imponer a aquél una multa por infracción a las previsiones de la Ley 24.240, se debe también resguardar la competencia asignada al ente regulador de la actividad de que se trate, que se encuentra específicamente asignada a los efectos de vigilar, mediante los dispositivos adecuados, el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias vigentes en orden al cumplimiento y desenvolvimiento del servicio involucrado en la cuestión.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARRIOS, JOSE c/ E.F.A. s/ DAÑOS FISICOS - LUCRO CESANTE, CALCULOS - DAÑOS MORALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

La determinación de este rubro debe computar no solamente la entidad del padecimiento sufrido por la víctima sino también la gravedad de la conducta del ofensor -en el caso la actuación de la demandada revistió gravedad tanto por la falta de medios técnicos para prevenir hechos como el ocurrido (el actor padeció un accidente viajando como pasajero de un tren), como por la no adopción de las medidas tendientes a ese mismo fin.
Moneda, desagio, aplicación de la ley, obligaciones a plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Swift-Armour S.A.A. c/ B.C.R.A. s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-07

La C.S.J.N. (in re: "Mancina", del 25/10/87), dijo que "...no procede la aplicación mecánica del desagio a todos los supuestos de obligaciones a plazo, pues la expectativa inflacionaria no se presume. Por el contrario, se trata de un presupuesto fáctico que condiciona la aplicación del desagio y que debe constatarse en cada caso", a lo que agregó "...la legitimidad de la aplicación del denominado desagio depende de la existencia de expectativas inflacionarias al tiempo de convenirse el precio, las que no deben presumirse sólo por haber sido fijado éste antes del Decreto 1096/85, debiendo constatarse en cada caso su concreta existencia".

(Consid. VI).
Competencia por el territorio, delito a distancia, economía procesal, imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SERVIRA, AGUSTIN s/ PRESUNTA  DEFRAUDACION A CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA  TRABAJADORES  AUTONOMOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-23

En los casos de los llamados delitos a distancia, el hecho punible se estima cometido en todas las jurisdicciones a través de las cuales se ha desarrollado la acción y también en el lugar de la verificación del resultado, regla que permite la elección de una de dichas jurisdicciones atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal y la necesidad de favorecer, junto con el buen servicio de la justicia, la defensa de los imputados.
Queja por casación denegada, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Coulter, Silvina Alicia Alejandra c/ Asoci. Obras Sociales de Trelew -ADOS- y otra y-o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-11-29

...en el recurso de queja debe realizarse una critica concreta, circunstanciada y prolija de todos y cada uno de los fundamentos esenciales del fallo apelado, ya que deben rebatirse todos los argumentos en que se funda, lo que no ocurre en el sub-exámine, ya que omite justamente el segmento de la resolución que le da basamento para permitirle quedar incólume esto es al decir de la cámara "Las piezas recursivas casatorias deben indicar concretamente tanto la disposición que se estima violada, errónea o falsamente aplicada -expresando cada motivo por separado-, como cual es la ley que ha debido aplicarse.
Recurso de nulidad, defensa en juicio, violación, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MONTENEGRP BEATRIZ ELDA s/ RECTIFICACION DE PARTIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-27

Resulta un contrasentido sostener la violación de sus derechos de defensa ante el carácter que adjudica al objeto de la pretensión de esta acción, y afirmar a continuación que lo resuelto lo habilita para ejercer las acciones de impugnación de paternidad que se le imputa, pues ello importa el reconocimiento de vías útiles para la defensa de sus derechos y la expresa convalidación de lo así resuelto por el sentenciante durante el transcurso del proceso en la providencia, donde así lo dispusiera.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilera, Jorge Alberto c/ Siderca S.A.I.C. s/ Indemnización por antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

La exigibilidad de la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se produce en el momento de la extinción del vínculo laboral.
Desestimación de la denuncia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Talice, Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-19

Si para determinar la atipicidad del hecho se asentó en el pronunciamiento que no había mediado engaño a un magistrado pues la documentación que se había presentado en sede civil no había sido adulterada y los datos brindados eran los que de ella surgían, y se valoró que el propio denunciante no había aportado elemento alguno que permitiera probar la existencia de dicha simulación, el razonamiento seguido por los jueces intervinientes para descartar una figura penal no resulta prematuro, máxime si se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia. La disidencia consideró que la conducta denunciada -realización de maniobras ardidosas tendientes a provocar error en el juez con el objeto de lograr que emitiera un pronunciamiento favorable a su pretensión- podría llegar a constituir delito. (Dres. Madueño -en disidencia-, Catucci y Riggi).
Extinción por incapacidad o inhabilidad del trabajador, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Carranza, Javier Enrique c/ Gente de la Pampa S.A. s/ indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-05-12

La incapacidad absoluta y permanente del trabajador es una causal que extingue el contrato por imposibilidad fáctica de continuación, resultando por lo tanto intranscendentes los actos disolutorios posteriores a la determinación de tal incapacidad tendientes a enervar el derecho del trabajador a percibir la indemnización que la ley le otorga.