Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-22


THOPECK S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 205 p 400-402. Santa Fe, 22 de marzo del año 2005.

VISTOS: los autos "THOPECK S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. C.S.J. nro. 569, año 1999); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la providencia por la que se le requirió a la actora que estime la cuantía de la demanda al sólo efecto de cumplimentar con los artículos 35 y 36 de la Ley Impositiva provincial, interpuso aquélla recurso de revocatoria. Sostuvo que el decreto impugnado fue dictado por error atento a que el artículo 36 -inc. 6 , pto. a)- del citado cuerpo legal establece una suma a reponer para los juicios de valor indeterminable, concordantemente con lo dispuesto en el artículo 37 -inc. 2 , pto. b)- de ese digesto. Consideró que no puede obligársele a estimar lo que por naturaleza no tiene monto, esto es la pretensión de que se deje sin efecto su eliminación del proceso licitatorio cuestionado. Por último, y ante el entendimiento de que corresponde fijar un valor, lo estimó en la cantidad de $ 50.000. 2. Habrá de rechazarse la revocatoria interpuesta. Tal como lo afirmó este Tribunal en la causa "Empresa de Transporte Roque Sáenz Peña S.R.L." (A. y S., T. 178, págs. 292/294), con cita del precedente "Genaro García Ltda. S.A." (A. y S., T: 136, págs. 248/251), corresponde aclarar que la circunstancia de que la pretensión de la demanda consista exclusivamente en la declaración de nulidad de actos administrativos, no importa que, automáticamente, se considere al juicio como carente de contenido económico.

Efectivamente, en numerosos antecedentes este Cuerpo ha resuelto en el sentido de otorgar contenido económico a demandas puramente declarativas: así, en el caso de solicitud de reintegro al cargo (por todos, "Baldasarre", A. y S., T. 56, pág. 100); de nulidad de acto administrativo que impuso multas a una empresa contratista de obras públicas ("TECSA S.A.", A. y S., T. 62, pág. 130), etc. Sin embargo, en todos estos casos, para arribar a la conclusión de que se trataba de causas con contenido económico determinable, la Corte consideró la efectiva existencia de consecuencias patrimoniales directas e inmediatas contenidas en las pretensiones declarativas propuestas. Empero, en aquellos casos en que, tratándose de pretensiones meramente declarativas, la existencia de esas consecuencias patrimoniales directas o utilidades (conf. A. y S., T. 18, pág. 442, T. 56, pág. 424, T. 100, pág. 405) no podía constatarse inmediatamente, este Cuerpo decidió en el sentido de considerarlos como causas no susceptibles de apreciación pecuniaria.

Tal es, caso en que no se reclamaba ninguna pretensión de contenido patrimonial, sino se peticionaba la declaración de nulidad del acto impugnado, así como la nulidad del sumario administrativo con fundamento en la nulidad del procedimiento disciplinario ("Giménez Lassaga, Rodolfo", A. y S., T. 59, pág. 239); caso en que se atacó la declaración administrativa de caducidad del reclamo efectuado ante la D.P.V. ("Impresit Sideco S.A.C.C.I.I.F.", A. y S., T. 57, pág. 128); en recursos de ilegitimidad en los que se pretendía la anulación de actos administrativos ("Antonio Moscato e Hijos", A. y S., T. 52, pág. 81, T. 75, pág. 50); en incidente de suspensión de medida administrativa por la cual se pretendía que la Administración dispusiese la cesantía de los actores ("Petrolo", A. y S., T. 117, pág. 402). Se extrae de la reseña efectuada que según sean las características de la demanda declarativa en examen, habrá de ser considerada susceptible de apreciación pecuniaria o no, en la medida en que pueda apreciarse la existencia de utilidades directamente derivadas de la declaración que se haga mediante la sentencia. En la especie, la accionante pretendió: a) la declaración de nulidad por ilegítimos de los decretos 0721/99 y 0960/99 de la Municipalidad de Rosario; b) la nulidad de todo el proceso licitatorio cumplido 'a posteriori' de los aludidos instrumentos; y c) en su caso, conforme al artículo 11 y concordantes de la ley 11.330, suponiendo que el transcurso del tiempo y/o falta de concurrencia voluntarista para la contratación, imposibiliten que ella se efectivice, se resuelva la obligación de la demandada en el pago de los daños y perjuicios y costas, con arreglo a las pruebas que se producirán en autos, con más sus intereses (ver fs. 110 y 110/vta.). Objeto que fue reiterado por el recurrente en el punto 5. de la demanda al evaluar que "... se reclama la nulificación del apartamiento de Thopeck del proceso licitatorio y la nulidad de toda la secuencia posterior que de tal apartamiento se deriva. Este propósito de la demanda reviste carácter principal y no se abdica ni se sustituye por una acción de daños, perjuicios e intereses, pero si la realidad por el tiempo que transcurra y por las frontales posiciones adoptadas por la Municipalidad lo impiden deberá conforme a derecho transformarse la obligación en daños y perjuicios" (ver f. 117vta./118). Como se advierte, y contrariamente a lo postulado por la recurrente, integró la demanda una pretensión patrimonial por cuanto se reclamó, con sustento en lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 11330, el pago de los daños y perjuicios, y sus intereses, ante la hipótesis de que la contratación no se efectivice por diversos motivos. En consecuencia, y sin perjuicio de la definitiva cuantificación del rubro en cuestión, sobre el valor estimado por la accionante ($ 50.000) corresponde ordenar que se efectúe la pertinente reposición de conformidad a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley Impositiva Anual. Por último, atento a lo resuelto por este Cuerpo en el Acuerdo del 13.3.96, Acta n 10, punto 12, firme la presente resolución, deberán remitirse los autos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Dos. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Así disponerlo. Regístrese y hágase saber. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)