marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

Atento el compromiso asumido por todos los poderes del Estado de respetar y adoptar las medidas necesarias para tornar efectivos los derechos y libertades que la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce (art. 1 y 2 de la C.A.D.H.) en virtud de los artículos 75 inciso 22 y 31 de la Constitucional Nacional, en casos como el presente - de primer sentencia condenatoria en Cámara-, corresponde a esta Corte garantizar la amplitud de examen a los efectos de asegurar la garantía de doble instancia (art. 8. 2. h, C.A.D.H.). (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Violencia familiar, medidas cautelares, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.E. c/ N.J.E. s/ Denuncia por violencia familiar s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-11

En actuaciones iniciadas en el marco de la acción establecida en el art. 1° de la ley de Protección contra la Violencia Familiar -n° 24417- resulta competente el juez que hubiese dispuesto las medidas de protección más amplias al grupo familiar en riesgo. Es aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual, la competencia debe asignarse al juzgado que posea competencia más amplia (conf. Fallo CSJ 005694/2014/CS001, sentencia del 30/6/2015) sin perderse de vista la singular realidad de la violencia familiar, para cuyo abordaje -incluso en sus aristas procesales- el intérprete ha de valorar los principios que inspiran tanto a los tratados internacionales como a la normativa interna en esta materia (S.C. Comp. 199, L. XLIX, sentencia del 17/09/13). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Procedimiento aduanero, aplicación de la ley, Derecho administrativo, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Davant Asoc. S.A. T.F. 8650-A c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-07

El art. 1017 del C.A. no consagra una remisión en bloque al sistema normativo conformado por la ley de Procedimientos Administrativos y su reglamento, sino que simplemente indica que tales disposiciones se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero. Por consiguiente, no se pueden identificar "remisión" y "suplencia", pues si bien ambas comportan técnicas de integración normativa, mientras la remisión implica la aplicación de un régimen jurídico (global o sectorialmente) estatuído en un ordenamiento distinto y responde a manifiestas razones de economía normativa, la suplencia (que también determina la aplicación de un ordenamiento distinto) actúa sólo para el caso de que en el ordenamiento primariamente aplicable no se encuentra articulada una solución específica para una también específica hipótesis. Por consiguiente, el art. 1017, ap. I del C.A. no conduce a que en los procedimientos aduaneros se apliquen sistemáticamente todas las disposiciones de la ley nacional de procedimientos administrativos, sino aquellas que, por defecto de cobertura específica, resulten pertinentes en el caso no previsto.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carcacha Stella Maris c/ Lavorgna Gustavo Marcelo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

Nada hay en el art. 1113 del C.C. que permita establecer como requisito de su aplicación el que la víctima no haya participado en el uso de la cosa riesgosa. Lo único que impone dicha norma es que ella no haya propiciado el propio daño mediante una conducta culposa. La simple aceptación de ser transportado en una cosa riesgosa no lo constituye, recordando que todo en la actividad humana implica una aceptación de riesgo. Tener en cuenta esta circunstancia para exonerar a los responsables del daño importaría en los hechos suprimir esa responsabilidad.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, prueba documental, ofensa escrita, desestimación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, HORACIO s/ CALUMNIAS  -  INJURIAS - INSTRUMENTO QUE LAS CONTIENE - DESESTIMACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-15

Si no se cumplió con la exigencia del art. 594 C.P.C., ni se acreditó la imposibilidad de cumplir con ello, corresponde desestimar la querella por inexistencia de delito.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, publicación periodística, violencia de género, libertad de expresión
Materia: CIVIL
Carátula: U., L. A. B. c/ EDITORIAL PERFIL S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Mediante los achaques de apartamiento de normas legales, constitucionales y convencionales y de valoración deficitaria de las pruebas obrantes en autos, la compareciente simplemente se empeña en hacer prevalecer su propia visión del caso, asentada en su particular apreciación de los hechos e interpretación del derecho aplicable en orden a determinar si el accionar atribuido a la editorial demandada resultaba enmarcable en algún supuesto de violencia contra las mujeres reprobado por la ley 26485; mas tales cuestionamientos -pese al matiz constitucional que pretende otorgárseles- remiten claramente al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propio de los jueces de la causa y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción al no acreditarse, siquiera en el grado liminar propio de este estadio, que la respuesta brindada por la Alzada acerca de la ausencia de demostración del ilícito en atención al tenor artístico de la publicación, el carácter subjetivo de su interpretación -en el cual se insertaban propiamente los informes y testimonios producidos-, sumado a la falta de prueba de índole científica o técnica sobre su contenido simbólico, todo bajo el prisma de la amplitud reconocida a la libertad de expresión, no se encuentre suficientemente fundada, o que la misma resulte absurda, puramente subjetiva o ilógica, o que otra solución se hubiese impuesto necesariamente en autos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485
Sentencia condenatoria, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: FORTES, Tomás c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

El voto concurrente agregó que el fallo condenatorio se encuentra al amparo de la tacha de arbitrariedad, habida cuenta de que la prueba fue analizada con sujeción a las reglas de la sana crítica racional (art. 123 del C.P.P.N.), que conducen a demostrar sin dudas la participación y responsabilidad del nombrado en el hecho investigado y que la falta de recurso fiscal impide avanzar sobre la falta de aplicación de los agravantes previstas en la ley de estupefacientes, cuando para la comisión del delito se hubieran servido de menores de 18 años o en su perjuicio y en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza (art. 11, inc. "a" y "e" de la ley 23.737). Dres. Gemignani, Riggi y Catucci (voto concurrente)
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vigna, Aldo s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-17

En cuanto a los libros de comercio y los de otra naturaleza que el deudor debe enumerar (art. 11 inc. 6, Ley 24.522), cuando el convocatario no los lleva en la forma prevista en el art. 53 y siguientes del Código de Comercio, cabe desestimar el pedido de concurso de acreedores sin más trámite, con mayor razón si el dudor denuncia no llevar ninguno.
Juicio oral, nulidad del acto jurídico, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Barrios, Juan Domingo s/ Homicidio. Amenazas calificadas por el uso de armas. Infracción al  art. 3º inc. 7º de la ley 14.346
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

El razonamiento del juzgador que se basa en una premisa inexacta, exhibe el vicio de ilogicidad.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, daños y perjuicios, obras sociales, terceros
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Balle de Marco, Estela c/ Arteaga, Hernando y otro s/ Daños y perjuicios. Peñalva, Néstor c/ Propulsora Siderúrgica s/ indemnización enfermedad accidente (ley 9688).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11|1989-04-13

Es competente la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal (arts. 43 y 43 bis del decreto-ley 1285/58, según ley 23 637) para conocer en la demanda por reparación de daños y perjuicios y daño moral derivados de una operación quirúrgica contra el médico que operó a la actora y la clínica en la cual tuvo lugar la intervención, resultando meramente eventual la citación como tercero de una obra social.
Permiso administrativo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rojas, Ruben H. s/ Amparo - Cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es propio de la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte (art. 149 inc. 3º Const. Pcial.) entender en la demanda entablada por el titular de una agencia oficial de Prode, Lotería, Quiniela y Quini 6 contra la Dirección de Lotería de la Pcia. de Bs.

As. en virtud de la suspensión precautoria dispuesta respecto de dicha agencia -dictada en virtud de un procedimiento de investigación de irregularidades en la actividad de la agencia en cuestión-, y la consiguiente no entrega del material correspondiente de los mentados juegos. Ello es así, puesto que la pretensión del actor implica la revisión de decisiones adoptadas por un órgano público estatal en el marco de una relación de naturaleza administrativa nacida de la autorización o permiso otorgado al actor para la comercialización de juegos de azar y regida en cuanto a su constitución y extinción por las previsiones del Reglamento de Agencias Oficiales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, Estado Provincial, autonomía provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Juárez,  Manuel  Alberto  y  otra c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

En las cuestiones concernientes al derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la instancia originaria de la Corte Suprema, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios del derecho provincial, dictado en uso de las facultades reservadas a las provincias (arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional).
Excusación, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaneton, Juan Carlos s/ Excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-08-24

Cabe aceptar la excusación formulada cuando se invoca amistad íntima con el letrado de una parte, pues el artículo 52 del Código Procesal Penal, atribuye la condición de interesados, a los fines de las inhibiciones, a los representantes, defensores o mandatarios.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Goncalves, Bonito Silvana c/ Saleski, Miguel s/ Daños y perjuicios Alfano, José c/ Canggianelli, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06|2001-09-25

La pauta rectora en materia de tránsito en la vía pública en los términos legales aplicables y en su adecuación con el derecho substancial, es la exigencia de conducción con el máximo de atención y prudencia dentro de los límites de velocidad y de las normas que regulan la marcha (art. 64 ley 5.800), es decir, no omitiendo aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 512 del C. Civil), dado que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos art. 902 C. Civil).
Gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno, gobierno provincial, facultades del gobierno provincial, facultades no delegadas, Constitución Nacional, Seguridad social, beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Piastrellini, Guillermo Jorge s/ contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La eficacia de los actos realizados durante los gobiernos de facto por los funcionarios designados por quienes detentaban el poder central, no obsta a que en materia previsional los estados provinciales puedan establecer condiciones para el otorgamiento de beneficios jubilatorios excepcionales, ni a que las leyes que los regulan no resulten alcanzadas por directivas que les son ajenas, toda vez que ello importaría un avance indebido de las autoridades federales sobre las facultades reservadas a las provincias (art. 31, 67, inc. 11, 104 y 108 de la Constitución).
Viajantes de comercio, calificación del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Caram, Jorge c/ Coca Cola FEMSA de Buenos Aires SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Si las tareas de la actora estaban orientadas en lo principal a efectuar ventas en beneficio de la demandada, utilizando los elementos y técnicas entregados por la principal, quien también le asignaba la zona geográfica de clientes a visitar semanalmente y reglamentaba las condiciones de venta de sus productos, tal actividad queda enmarcada en el estatuto del Viajante (ley 14546), aunque la calificación de la trabajadora en la empresa fuera de "comercializadora".
Denegatoria del recurso, diferencias salariales, empleo público, presentación extemporánea, insuficiencia del agravio
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Chiarello, Jose Francisco contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Corresponde rechazar la queja tendiente a cuestionar, en último término, la decisión que desestimó -por extemporáneo- el planteo de inadmisibilidad de la instancia. La recurrente no logra conmover los fundamentos de la sentencia de Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad y traer en consecuencia un caso constitucional que a este Tribunal corresponda resolver. Ello así, en tanto se limita a criticar la interpretación de la Cámara sobre cuestiones de índole procesal (sobre la extemporaneidad del planteo) y de normativa infraconstitucional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Compraventa inmobiliaria, venta por junto, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Pardo, Antonio c/ Siardini, Siro Gil s/ Rescisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-01

Cuando se trata de una venta en masa o en bloque, "formando un solo todo", como dice el artículo 1339 del Código Civil, mal puede distinguirse entre la venta del inmueble y la de los muebles que se encontraban en él. Por ello al mediar incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas, como lo es de escriturar, la resolución ejercida cubre la totalidad del negocio, debiéndose reintegrar las sumas percibidas más otro tanto en concepto de indemnización.
Fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruíz José Manuel c/ Santillán Carlos Mariano y/u otros s/ Reivindicación - Casación Civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-09-14

El fallo puesto en crisis, contiene una adecuada valoración de las pruebas, pretendiendo el recurrente una merituación diferente sin brindar fundamentos sólidos que permitan apreciar el equívoco del silogismo o razonamiento efectuado por el a quo -quien es libre en la selección y apreciación de las pruebas que estime pertinentes y conducentes, para sostener válidamente el sentido en que resuelve el litigio-. Por tal motivo, la sentencia resulta ajustada a Derecho y a las constancias de la causa, debiendo rechazarse el recurso de casación incoado.
Requerimiento de elevación a juicio, acusación fiscal, falta de acusación, sentencia condenatoria, nulidad de sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RODRIGUEZ MC CORMACK, MARTA s/ RECURSO DE CASACION Causa 303
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

La pretensión del Ministerio Público prevista en el art. 347 del C.P.P.N. es ejercida sobre la base de motivos provisionales, pues en verdad los hechos que configuran su objeto deben probarse en el juicio. Que culminada la recepción de la totalidad de la prueba en el debate, corresponde al Ministerio Público formular su acusación en los términos del art. 393 del C.P.P.N., ya que recién en ese momento puede éste evaluar hasta qué punto están probados los hechos contenidos en el requerimiento de elevación a juicio. Que una vez que se ha agotado la prueba, el Ministerio Público puede verse convencido de que los motivos expresados en el requerimiento de elevación a juicio, fundados de manera provisional en la prueba del sumario, no han subsistido a la amplitud del debate y prueba del verdadero juicio. que en esas condiciones, el tribunal carece de una pretensión penal actual sobre la cual pronunciarse. Y que si el tribunal se contentase con un acto de culminación de la instrucción, que no contiene pretensión punitiva alguna como lo es el requerimiento de elevación, se le brindaría un cheque en blanco que implicaría, de hecho, la supresión de todo vestigio del sistema acusatorio. (del voto de la Dra. Berraz de Vidal)
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, proceso penal, sentencia absolutoria, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL
Carátula: Rava  Marta,  Inés c/ Fiscalía  Nac.  de Investigaciones Administrativas s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Aunque es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones -y teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos-, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho dé lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento administrativo, puesto que la verdad judicial debe ser en lo posible, única. Ello da como resultado que si se absuelve en la instancia penal a un funcionario, la sanción administrativa no sería procedente si se invocasen exacta y precisamente los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base al pronunciamiento penal. Si así no fuere penetraríase en el mundo del caos, rompiendo la unidad lógica que esencialmente debe existir en la actuación de los órganos estatales.
Remuneración, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Tocci, David c/ Cobrealea S.C.A.I.F.I. s/ Despido y cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

La actualización de la deuda salarial debe efectuarse a partir del mes de su exigibilidad (arts. 128 y 276, L.C.T.)
Beneficios previsionales, jubilación del personal municipal, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pelisar, Juan Carlos c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18

No existen derechos adquiridos a que el monto del haber siga siendo calculado por las mismas reglas vigentes a la fecha del cese en actividad, de modo que desde el 1º de diciembre de 2002 -fecha a partir de la cual la ley 25.668 eliminó de la ley 24.018 el estatuto para los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo de la Nación y de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- es atribución del Congreso disponer las pautas adecuadas para hacer efectiva la movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional con respecto a las jubilaciones y pensiones. -Del precedente "Arrúes", al que remitió la Corte Suprema.
Accidente de tránsito, indemnización por muerte, muerte de un hijo, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: ZULIANI CESARIO c/ GIULIANO REINALDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

Cuando se trata de la muerte de un hijo en un accidente de tránsito, el resarcimiento a los ascendientes cabe como perdida de una "chance" u oportunidad de que en el futuro, de vivir el hijo, se hubiese concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para los padres.
Mutuo hipotecario, liquidación, actualización monetaria, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL
Carátula: Kanashiro, Roberto c/ Bocci, María Elidia s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-08-19

Debe desestimarse la liquidación del crédito que al momento de la ejecución del mutuo hipotecario fue actualizada y convertida al valor de las cotizaciones de la moneda nacional, pues el acreedor apelante sostuvo al promover la acción ejecutiva que, tal como resulta de lo estipulado, la devolución de la suma debida por el mutuario -pactada en dólares estadounidenses- sería en la misma moneda dada en mutuo, por lo que el posterior planteo que conlleva la novedosa pretensión de adecuación del monto reclamado según el valor de las cotizaciones de la moneda nacional y del dólar estadounidense en la plaza bursátil de Montevideo, deviene contradictorio y reñidos con el principio de buena fe que debe privar en el proceso, en tanto colisiona con sus propios actos, ya que nadie puede variar de comportamiento injustificadamente, cuando ha generado en otros interesados una expectativa de comportamiento futuro, por aplicación del principio "venire contranfactum proprium nemo potest".
Reconocimiento en rueda de personas, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Ras'chid, Ismael M. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-20

Si la víctima es capaz de describir con minuciosidad a sus victimarios y afirma que está en condiciones de reconocer con seguridad al menos a uno de ellos y realizada la diligencia correspondiente ese testigo dice que no reconoce a ninguno de los integrantes de la rueda, está generando un principio de duda, que sólo podrá destruir la prueba categórica e inequívoca de la autoría, lograda por otros medios probatorios.
Pena privativa de la libertad, prisión domiciliaria, violencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: MORIN FRANCISCO s/ EJECUCION DE PENA PRIVATIVADE LIBERTAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-07-26

Durante el lapso que el penado permanezca fuera de la institución carcelaria, deberá cumplir con las siguientes reglas compromisorias conforme lo establece el artículo 45, ley 24.660: a) permanecer en su domicilio; b) no aproximarse a la víctima de autos (S.S.M.P); c) cumplir estrictamente con el horario de ingreso al establecimiento carcelario; d) no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes y e) no recibir en su morada menores de edad.

Tratándose de un caso de violencia familiar, debe darse cumplimiento a las notificaciones dispuestas por el art. 28 de la ley 9283.