marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abigeato, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: HD s/ Abigeato agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal - recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-03

Corresponde desestimar los agravios invocados en relación a que existiría desigualdad de tratamiento legislativo respecto del abigeato con relación a otros bienes tutelados de mayor entidad y que gozan de protección penal menor que éstos, pues ello no se compadece con el alcance que la Corte ha acordado a la garantía constitucional de igualdad - art. 16 C.N.-, ni con el concepto de bien jurídico deducible del artículo 19 de la Constitución Nacional, ni con el principio de división de poderes (del voto del Dr. Netri).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación o retardo de justicia, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abril Med Sociedad Anónima y Otro S/ Queja Por Privación Denegación O Retardo de Justicia en Abril Med Sociedad Anónima y Otros c/ GCBA y Otros s/ impugnación de actos administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde rechazar la queja por denegación de justicia toda vez que la presentación no encuadra en los supuestos que prevé el art. 113, inc. 4 de la CCABA, al no reunir los requisitos de admisibilidad que exige el art. 36 de la ley n° 402. Los actores denunciaron la denegación de justicia con fundamento en que la Sala interviniente había rechazado por extemporánea su presentación, sin considerar los inconvenientes técnicos y sistémicos que imposibilitaron el ingreso de su escrito. Más allá del acierto o error de la resolución que agravia a los presentantes, lo cierto es que ha existido un proveído del secretario de la Sala, y lo que los actores pretenden es que se deje sin efecto una decisión que no satisfizo sus pretensiones. Ello pone de manifiesto que se acude a este remedio para obtener un pronunciamiento para el que la ley no lo ha dispuesto, a saber: la revocación de una resolución dictada en la instancia anterior. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Sanciones procesales, temeridad o malicia, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: QUERALT JAIME c/ BUAMCHA ALBERTO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-04-29

La falta de razón de un planteo jurídico no configura, por si sola, los presupuestos contemplados en el art.45 Del ritual. Para ello la actuación debe ser mal intencionada, grave y manifiesta, y la malicia requiere dolo, es decir, intención determinada. Ahora bien, cuando en el proceso en análisis existe un margen de duda sobre la posible malicia en el accionar del demandado no se debe tener por configurada una conducta probadamente dolosa del accionado acreedora de una sanción.
Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses, prescripción, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO HISPANO CORFIN SA (EN LIQ. BCRA) c/ COBAFER SA Y COBAIRES SACIC s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Prescripta la acción por cobro de intereses compensatorios y punitorios, nada obsta al reclamo de actualización monetaria, dada la diferencia conceptual entre uno y otro rubro. La prescripción del ccom 847-2 prevé que el acreedor inactivo pierda la acción para el cobro de los intereses lucrativos o sancionatorios (sin distinción de especie), pero no le impone la pérdida de la acción de cobro del capital mismo.
Ruidos molestos, tipo penal, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ Z, E. H. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-02

El bien jurídico tutelado por el artículo 72 del Código Contravencional es el descanso, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos de esta Ciudad. Dicho bien es protegido de aquellos ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia, excedan la normal tolerancia. Esa normal tolerancia, que "debe ser interpretada de acuerdo con la ponderación social media de las reglas de convivencia a ese respecto" (del Voto de Guillermo A. Muñoz en "Iwán Félix Jonás s/ art. 72 CC s/ Recurso de Inconstitucionalidad), debe ser tutelada tanto si los ruidos provienen desde bienes del dominio público destinados al uso público como si son producidos desde bienes afectados al dominio y uso privado de los vecinos. (Del voto del Dr. Ventureira)
Honorarios, partes, manifestación de la voluntad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUASTAVINO, PABLO SEBASTIAN c/ BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-10

La respuesta jurisdiccional resulta notoriamente insuficiente, desde que asiste razón a la recurrente cuando achaca al Sentenciante que -para concluir que el convenio celebrado entre las partes sólo abarcaba a los honorarios regulados en primera instancia- se abroqueló en una interpretación estrictamente literal del convenio transaccional, desentendiéndose de los principios contenidos en el artículo 1198 del Código Civil y 218 del Código de Comercio, al haber soslayado la consideración de pruebas relevantes y decisivas sobre las cuales omitiera toda consideración, ya que aún cuando los magistrados no están obligados a tratar todas y cada una de las cuestiones propuestas por los litigantes, sí deben abordar aquéllas que resulten decisivas para la solución del caso, y surge evidente de las constancias de autos que al efectuar el análisis previo sobre la conveniencia de realizar el acuerdo transaccional, la comisión liquidadora del Banco tuvo en cuenta la posibilidad de tener que afrontar una deuda equivalente a la sumatoria de los honorarios que ya habían sido regulados más los que presumiblemente podían llegar a regularse por las actuaciones en segunda instancia y en instancia extraordinaria. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhirieron los Dres. Netri y Chaumet. En disidencia: Dres. Gutiérrez, Falistocco y Spuler).
Prueba documental, libros del empleador, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Gramajo, Carlos Angel c/ Barreiro, Isidoro s/ Despido, etc. Marconi, Mónica c/ Fundación Dr. José María Mainetti s/ Despido Gramajo, Carlos Angel c/ Barreiro, Isidoro s/ Despido, etc. Peralta, Raúl A. y otros c/ Crostan, Martín E. y otro s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14|1996-12-27|1984-12-14|1991-12-03

No cabe declarar procedente el reclamo relativo a salarios por horas extras -cuya prueba está a cargo de quien invoca haberlas realizado- por la sola circunstancia de no exhibir la patronal sus libros y registraciones laborales y haberse prestado el juramento del art. 39 del dec.ley 7718/71.
Seguridad pública, poder de policía, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Martínez  Mirta  Graciela y otro c/ EN -M° del Interior. PolicíaFederal y Otro s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

El ejercicio del poder policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes (Fallos: 315:2330, 318:1715 y 322:2002 y C.S.J.N. "Cossio, Susana I c/ Policía Federal Argentina y otro", 24/11/2004); ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar la vida y de la seguridad de los gobernados y, si para llenar esas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad o ineptitud manifiestas, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado (Fallos: 190:312, 317:728 y 318:1715 y C.S.J.N. "Cossio Susana I c/ Policía Federal Argentina y otro", 24/11/2004) y quien contrae la obligación de prestar un servicio -en este caso, de policía de seguridad- lo debe hacer en condiciones adecuadas y proporcionadas al fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su ejecución irregular (Fallos: 315:598 y 2330) (Del voto del juez Grecco, cons. 3).
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Tocci, David c/ Cobrealea SACIFI s/ Enfermedad accidente e indemnización art. 212
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

El art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial no es de aplicación en el proceso laboral.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, falsificación de documentos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, JULIO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

El delito de falsificación de instrumentos públicos debe reputarse cometido en el lugar de producción del documento falso.
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: A., C. c/ D.C., M.A. y D., G.N. s/ Incidente de Restitución
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-17

El niño tiene derecho a vivir con su madre biológica. La CDN consagra ese derecho esencial, el de vivir con sus padres y ser cuidado por ellos (arts. 7, 9, 10 y 11), y si bien como expresé "supra" es el Estado y sus organismos competentes quienes deben ofrecer las condiciones económicas sociales, etc., para que el postulado no sea una utopía las instancias jurídicas, deben cumplir un rol dinámico a los fines de forzar la inercia estadual, persiguiendo que se efectivicen los programas de apoyo y orientación y búsqueda de alternativas, no resignar otros cursos de acción salvo aquellos que impliquen recurrir directamente a la profundización del drama social como lo puede ser la entrega en guarda preadoptiva, en síntesis agotar todas las posibilidades, preexistentes.
AFIP, obras sociales, aportes y contribuciones previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF c/ Estado Nacional - A.F.I.P. s/ Acción de nulidad e inconstitucionalidad con medida cautelar adjunta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Si bien se ha dispuesto la unificación de la percepción de los conceptos integrantes de la CUSS en cabeza de la A.F.I.P., la ejecución judicial de las sumas emergentes de la fiscalización y ejecución judicial de las Obras Sociales se ha preservado en cabeza de estas últimas. Ello en consonancia con el art. 24 de la ley 23.660 -que se encuentra vi-gente-, que establece que el cobro judicial de los aportes adeudados se hará por vía de apremio, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las obras sociales.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, peatón embestido, deber de obrar con prudencia, dictamen pericial, exceso de velocidad, prioridad de paso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BARREIRO LOPEZ, José s/ homicidio culposo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-06

El auto de mérito debe ser revocado, en virtud de que no es posible afirmar que en el evento pesquisado no ha ocurrido una violación al deber objetivo de cuidado por parte del afectado a este proceso.- En primer lugar, no puede pasarse por alto que tal como recalca la experticia realizada por la División Accidentologia de la Policía Federal Argentina, el encartado realizó el cruce donde se produjo el accidente fatal a una velocidad mínima de 38 kilómetros por hora, cuando por estricta aplicación del art. 51, inciso "e", apartado "1" de la Ley 24.449, la permitida era de 30km/h.

Esta diferencia cuantitativa, que para el juez de grado resulta ínfima, adquiere relevancia cuando se une este dato con la extensa huella de frenado observada por el idóneo que concurrió al lugar del hecho, pues ello demuestra que el incusado se desplazó a una velocidad que no le permitió tener el dominio efectivo del vehículo a su cargo, pues no debe pasarse por alto que la víctima, de atenernos al inicio de su cruce y a su condición de peatón, tenía prioridad preferencial de paso (arts. 41, inciso "e" y 50 de la ley mencionada).- Asimismo, el informe pericial establece que los neumáticos delanteros del automotor presentaban un excesivo desgaste. Ello no sólo contraviene el art. 39 de la citada ley, sino que además demuestra una infracción determinante en el resultado típico investigado, ya que el móvil carecía de las condiciones mínimas de seguridad que se exigen para evitar una colisión.- Entonces, sin perjuicio de lo que resulte con el devenir de la investigación, el tribunal considera que las irregularidades señaladas habrían tenido incidencia directa en la muerte del damnificado. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Ejecución fiscal, embargo ejecutivo, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CAUCETE c/ Impresora Internacional de Valores S.A.I.C. s/ Ejecución Fiscal (en Cont. Adm.)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-03

En relación a la oposición formulada por la recurrente contra la sustitución de embargo autorizada mediante la providencia, cabe señalar que el Juez a-quo fundamenta su procedencia en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 498 del C.P.C., esto es, que el deudor ofrece exonerarse del embargo de bienes inherentes a su empresa con la presentación de un seguro de caución. Cabe señalar que el embargo ejecutivo es una especie de embargo preventivo, pero fundado en un título que no requiere demostrar la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora.

No requiere contracautela y además no puede ser dejado sin efecto durante el juicio (art. 531 del CPCN). En realidad, el embargo ejecutivo prescinde de estos requisitos porque la ley los considera incluidos en el título. El embargo ejecutorio: es el que se efectúa para la realización práctica de la sentencia.

A diferencia de los anteriores, que son voluntarios, este es necesario. No requiere tampoco demostrar la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora (arts. 501 y ss y 561 del C.P.C.N.), ya que la sentencia es la máxima certeza del derecho y no se está tomando la medida para asegurar su cumplimiento como sucede con el embargo preventivo y aún el ejecutivo, sino para lograr su cumplimiento.

Todos estos embargos pueden ser sustituidos. El último siempre y cuando no afecte el trámite de la ejecución o que la ejecución corresponda a la misma cosa embargada.
Actualización monetaria, leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castiglioni, Eduardo c/ Torti, Sixto C. s/ Cumplimiento de contrato Calía, René c/ Cleti, José s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29|2000-02-22

Tratándose de obligaciones actualizables si se exhibe el resultado de notoria desproporción e injusticia, cuadra aplicar la ley 24.283, y si se trata de un supuesto excluido, igualmente acudiendo a los principios generales del derecho, pueden morigerarse los nocivos efectos (arts. 953, 954, 1071, y su doctrina y concs. del C.C.).
Integración de la litis, proceso judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Uzandizaga, María Eugenia y otro c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-14

La Corte Suprema ha expresado que "...en supuestos en que la cosa juzgada haya de extenderse a un cointeresado que no intervino en el juicio, es doctrina la exigencia de su participación en la causa. El carácter necesario del litisconsorcio, con fundamento en el respeto a la defensa en juicio, impone el rechazo de oficio de la demanda que lo omite (Fallos 256:200). La no convocatoria al tercero afectado obsta el progreso de la acción incoada". Este Superior Tribunal en pleno ha dicho que "tal impedimento no es un mero prurito formal, dado que ubicándonos en la posibilidad de una solución favorable para la demandante, vería frustrado el cargo concursado que le fuera adjudicado, sin repararse en su garantía constitucional de defensa en juicio y, afectando su derecho de propiedad, todo ello sin haber sido escuchado. Se trata de lo que en doctrina procesal se conoce como el defecto en la proponibilidad subjetiva de la pretensión y que al no haberse integrado oportuna y debidamente la litis, corresponde el rechazo de la demanda.
Recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, pensiones graciables
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, RICARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE N.   1639-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26

En un análisis provisional propio del pedido de medida cautelar efectuado -en base a lo normado por el artículo 14 de la ley 11330-, la negativa presunta de la demandada de otorgar el beneficio solicitado consistente en una pensión graciable instituida por la ley 4794 modificada por ley 10120, resulta verosímilmente ilegítima, si de los elementos hasta ahora reunidos en la causa, surgen "prima facie" cumplidas las exigencias que el ordenamiento jurídico establece para el otorgamiento de la pensión reclamada por la actora.
Minas, empresas mineras
Materia: MINERO
Carátula: CompaÑía Minera e Industrial de Río Negro Sociedad de Responsabilidad Limitada. c/ Provincia de Río Negro (Dirección General de Minería e Hidrogeología). s/ Contencioso Administrativo. Propiedad Minera.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-08-28

La propiedad minera carece de la absoluta inamovilidad que resulta aneja a la propiedad civil -con las excepciones conocidas de la utilidad pública, las servidumbres y las restricciones y límites al dominio- en tanto en la primera hay una clara injerencia del Estado, primer propietario de los minerales y subsistente fiscalizador de su racional explotación y tal injerencia no cesa en el acto de la concesión sino que persiste durante toda la vida de la explotación y -diríase- hasta el agotamiento de la mina.
Procedimiento administrativo, excepción de cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Panedile Argentina S.A.I.C.F. c/ Gobierno de la Provincia s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S264 - 067)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-03

La invocación de la existencia de cosa juzgada debe rechazarse si no fue puesta como excepción previa, más aún si se conocía su existencia antes del auto de admisión, no siendo de aplicación lo dispuesto por el art. 40 in fine de la ley 3918.
Daños y perjuicios, indemnización, intereses, doctrina legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dadario, Rubén Oscar y otra / Alvarez Antonio y otros s/ Daños y perjuicios" y su acumulada Chiapero, José Carlos y otros c/ Alvarez, Antonio y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Cuando la indemnización se fija al tiempo de la sentencia, los intereses deben ser calculados a la tasa pura del 6% (seis por ciento) anual y, de allí en más, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, por lo cual corresponde ajustar el referido porcentaje de la tasa pura fijada en autos a la consolidada doctrina legal vigente de este Tribunal (conf. C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", cits., y sus sucesivas; conf. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; 163 inc. 6, 164, 165, 384 y concs., CPCC; 622 y concs., Cód. Civ. y 7, 772 y 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.).(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Abuso sexual calificado, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Sergio Javier s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-01

La penetración del órgano genital masculino en cualquier vía -incluyendo la oral- constituye el delito de abuso sexual con acceso carnal. El voto concurrente consideró que, sin bien la fellatio in ore no constituye un acceso carnal el a quo, sin discusión por parte de la defensa, entendió aplicable la agravante del párrafo cuarto, inc. f, del art. 119 CP, de tal suerte, el concurso de alguna de las agravantes de dicho párrafo, tiene por efecto parificar las escalas penales del abuso sexual gravemente ultrajante del segundo párrafo y del abuso sexual mediante acceso carnal del tercero. (Dres. Yacobucci, Mitchell, García -voto concurrente-).
Daños y perjuicios, daño causado con la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: ALVELO HERNANDEZ DE MONTES, J. c/ CANAL 13 RIO DE LA PLATA T.V. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-03

En el supuesto en que un canal de televisión previendo la organización de un determinado tipo de programa, cede el espacio respectivo a una productora para que lo lleve a cabo, si durante el transcurso de la programación se comete un hecho que hiere la dignidad de una persona, dando lugar al resarcimiento del daño moral, esta situación debe ser encuadrada dentro de las previsiones del art. 1113 del Código Civil que consagra la responsabilidad refleja del propietario de la cosa, cuando el daño ha sido causado "con" ella. Aquí, de lo que se trata es de un "hecho del hombre" -el productor-, ocasionado mediante el uso de la cosa -el espacio o la onda televisiva-, cuya titularidad corresponde a un canal de televisión.

En este caso en que el "dueño" se ha desprendido de la "cosa", ha cedido su uso, o transferido la guarda, tanto el propietario como titular de un poder de derecho, y el guardián o agente del daño como titular de un poder de hecho son responsables frente a la víctima.

Es precisamente la idea de seguridad o garantía, la que preside la responsabilidad indistinta, situación en que no son oponibles al tercero las relaciones contractuales que hubieren vinculado a la emisora y productora en la medida en que no esté a su alcance conocerlas. Pero aun cuando se admitiera la posibilidad de que el "dueño" pudiera liberarse de su culpa acreditando que ha transferido bien la guarda, es igualmente a cargo de la emisora de televisión la prueba de que ha tomado las providencias necesarias para que no se causen daños, impartiendo las respectivas instrucciones para el uso del espacio, y advirtiendo de las consecuencias.

La responsabilidad de un canal de televisión debe juzgarse también conforme a la idea del aprovechamiento económico, porque es justo que quien obtiene beneficios que comparte con el productor, soporte también los riesgos inherentes.

Si el "dueño' del espacio optó por una programación y asumió los riesgos implícitos en toda la emisión en la que la posibilidad de contralor o vigilancia de torna muy dificultosa, no se advierte la razón por la cual deba excluirse su responsabilidad respecto de hechos cuya ocurrencia no era imprevisible, ni se ha probado que fueran inevitables de haberse adoptado algún método de contralor especial.
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RIACHI, FEDERICO Y OTRA c/ JOSE E. BANEGAS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-03

Los gastos terapéuticos que han de realizarse en el futuro son resarcibles cuando sea previsible la necesidad de los mismos.
Fraude laboral, despido, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPOS OMAR ANTONIO c/ PARNISARI HUMBERTO Y OTRO s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-15

En un caso, similar se dijo: "La promoción y comercialización de los productos editados por la codemandada constituye una actividad específica y propia de ésta, habida cuenta de que ella es la que elige el sistema de comercialización que más le conviene a sus intereses, lo que la torna responsable en los términos del art. 30 de la LCT". (CNAT, sala VII, 28/2/2003, "Cañizares Irma c. Editorial Obras Enciclopédicas SRL y otro"). Por lo demás, ni siquiera se ha alegado el cumplimiento de las obligaciones de control, acreditándose en autos el fraude laboral por clandestinidad, lo que hace necesaria la cobertura de la norma en garantía del crédito laboral.