Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-10


- En la ciudad de Trelew, a los 10días de octubre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R G, M c/ V, H y Otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 20.235 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 426.- - A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo:

-Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el co-demandado Sr. A V (fs. 307), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 291/298), por la cual se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. M R G, en representación de su hija menor S G, condenando a los Sres. S V S y B S A V, a que en el plazo de diez días abone a la actora la suma de $ 10.600, con más los accesorios que fija. Asimismo, hace extensiva la condena a la citada en garantía "La P C de S L" e impuso las costas del proceso a la parte demandada. Por otra parte, rechazó la demanda incoada por la actora por sí y en representación de su hijo F G, dirigida en contra de los Sres. H M V, S V S y B S A V, eximiéndola de las costas, por las razones que expresara en el considerando VI.

-A fs. 378/380, luce agregado el escrito de expresión de agravios del co-demandado, Sr. B A V, cuyo traslado a la contraria, ordenado a fs. 381, el mismo no fue evacuado.- -A fs. 390 y vta., obra sentencia interlocutoria de ésta Cámara por la cual se ordena, como medida para mejor proveer, el pedido de informes dirigido al Registro de la Propiedad Automotor indicado en el informe de dominio de fs. 163 a efectos de que indique si se efectivizó, como lo asegura por el recurrente, la denuncia de venta del automotor Ford Falcon dominio C.........., dominio actual W........

-Ante la respuesta obrante a fs. 398, se ordenó su reiteración por providencia de fs. 400.

-A fs. 410, se reitera lo informado en idénticos términos a los expuestos en la respuesta de fs. 398, razón por la cual se resuelve en el marco de la misma medida para mejor proveer su producción a través de un reconocimiento judicial sobre el legajo obrante en el Registro de la Propiedad Automotor Nro. 1 de la ciudad de Puerto Madryn, a efectos de obtener de la vista del legajo respectivo a dicho dominio, el informe requerido anteriormente, fijándose fecha y hora de su realización a efectos de proveer a a la debida participación y control de las partes en su producción notificándose en forma de lo ordenado según surge de las cédulas agregadas a fs. 414/417.

-A fs. 419, luce agregada el acta respectiva de lo constatado en dicho reconocimiento judicial, poniéndose lo actuado a disposición de las partes a los fines dispuestos por el Art. 262, inc. 2do. del C.P.C.C. (fs. 420), sin que ninguna de las partes hubiera hecho uso de tal facultad de alegar sobre el mérito de la misma.- -I.- El co-demandado apelante formula agravio manifestando previamente que su situación de rebelde en la anterior instancia estuvo originada en la negligencia de su letrado que lo patrocinaba en tal oportunidad, Dr. S, reservándose -dice- el inicio de las acciones que correspondan. Expresa que lo extraña que el aludido profesional hubiera tenido una relación directa o indirecta con uno de las citadas en garantía "O C de S L", aseguradora del Sr. H M V, también demandado en esta litis. Indica que de haber conocido ello no hubiera recurrido a la asistencia técnica jurídica de dicho letrado. Sin perjuicio de ello, continúa diciendo, cesó su estado de rebeldía con posterioridad de autos de apertura a prueba de fs. 210. Postula como primer agravio que se equivoca la Sra. Juez a quo al considerar que hubiera incurrido en la omisión de efectuar la denuncia de venta del vehículo automotor Ford Falcon, dominio C-........ -ahora W.......-, valorando como única prueba el informe registral de fs. 163. Dicho comunicado registral se ciñe a la forma y modo de la solicitud. Precisa que la parte actora pidió y así se proveyó un informe al registro del automotor a fin de que informe quienes eran los titulares de los rodados, dominios U...... y C-....... al 25/11/98, más no requirió que aclarara que agregue si se registra denuncia de venta por el titular. Reitera que el informe se limita a los puntos detallados en el pedido incompleto que se le formula. Alude a las facultades ordenatorias e instructorias de los jueces efectuando citas legales y doctrinales, sosteniendo que en el caso no se aseguró la verdad de los hechos quebrantando un deber más que una facultad puesto que no se desconocía la documental de fs. 204. Expresa que la Sra. Juez a quo teniendo a la vista dicho documento público, cuya credibilidad propia de la fe pública que como tal cuenta, en tanto surge haber sido emitido en el formulario 11 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, debió oficiar con las precisiones debidas al Registro Automotor N° 2 de la ciudad de Trelew, ya que no se indica en el informe de fs. 163 -dice- respecto de aviso o denuncia de venta del automotor individualizado. No comprobar la existencia de la denuncia de venta -asegura- fue más ventajoso para la parte actora condenándolo injustamente. Insiste en que se omitió considerar el documento de fs. 204. Cita jurisprudencia de esta Cámara, aún cuando deficientemente individualizada en su registro respectivo, para sostener que el informe registral de fs. 163 resulta insuficiente sin que la juzgadora haya tomado el recaudo de verificar sobre la denuncia de venta teniendo a la vista el formulario de estilo obrante a fs. 204. Vuelve a efectuar citas doctrinales referidas a la facultad instructoria de los jueces a efectos de tender a la averiguación de la verdad de los hechos a todo lo cual me remito en aras de la brevedad. Termina diciendo que resulta llamativo que la Sra. Juez a quo haya ilustrado con amplitud los efectos de la denuncia de venta y las consecuencias de su omisión respecto del dueño registral sin agotar los medios que su potestad le otorgan para alcanzar la verdad material, esto es, la existencia de la denuncia de venta cuando reconoce que se había desprendido de la guarda y cuando tuvo a la vista el instrumento público de fs. 204.- -II.-En lo límites del agravio antes reseñado tengo para mi que corresponde "prima facie" referirme, aunque sea sucintamente, a la postura que de hecho ha asumido este tribunal de Alzada al ordenar la medida para mejor proveer por sentencia interlocutoria, registrada bajo N° 54/06 de CANE (fs.390 y vta.).- -Ello atento al fundamento esgrimido por el recurrente y en la medida que resulta obvio que lo allí ordenado es suficientemente demostrativo por sí mismo que se comparte la línea directriz dirimente de los argumentos impugnaticios que sostienen al recurso impetrado.- -Es que la sola circunstancia de haber estimado favorablemente que era procedente ordenar, primero, la prueba informativa y, luego, el reconocimiento judicial realizado con intervención de la Sra. secretaria de ésta sala B, Dra. Corneo, da acabada respuesta a la postulación impugnaticia esgrimida.

-Y sin ánimo de abundar sobre los fundamentos expresados al tiempo de resolver su dictado, máxime cuando ésta medida para mejor proveer fue consentida por las partes; estimo apropiado advertir, sin embargo, que ella de modo alguno afecto ni el principio de igualdad ni el sistema dispositivo al que adscribe predominantemente nuestro Código del rito vigente.

-Paso a explicarme brevemente. Empezando por lo segundo, esto es sobre el sistema dispositivo que informa al proceso y que se expresa a través de las reglas básicas enunciadas como de iniciativa o demanda privada, aportación de los hechos y de las pruebas por las partes, el impulso de parte y la disposición privada del proceso. Ahora bien, no anido duda alguna sobre que el marco fáctico aportado por las partes es aquél sobre el cual corresponde aportar las pruebas toda vez que el objeto de prueba contiene a los hechos que articulados por las partes se hallen controvertidos. No obstante que ello debe ser matizado indisolublemente con el poder deber de los jueces de atender a los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso, aunque éstos no hubieran sido invocados oportunamente como hechos nuevos (Conf. Art. 163, inc. 6° del C.P.C.C.).

Y en tal dirección, a pesar de la declaración de rebeldía de fs. 175, y su posterior cese con la presentación de fs. 210, con sus alternativas o posibilidades procesales posteriores, incluido el rechazo del planteo de nulidad del traslado de la demanda que incoara, lo cierto es que con la aportación de la documental de fs. 204 que se adjuntara a la causa, la Sra. Juez a quo no pudo ni debió abstraerse de la circunstancia del hecho jurídicamente relevante que portaba la misma para la elucidación de la procedencia de lo pretendido en relación a quien se demandaba en su calidad de titular registral del automotor partícipe del evento dañoso.- -El dato contenido en el formulario de fs. 204, que en copia simple se acompañara, incorporó un elemento probatorio (instrumental) modificativo y relevante en extremo para atribuir o no legitimación pasiva al Sr. A V en los términos de la normativa que acabadamente citara e interpretara la juzgadora de la anterior instancia, el que fue incorporado durante la sustanciación del proceso y sobre el cual debía indagar de oficio a efectos de verificar su existencia, autenticidad y fidelidad en aras de la propender al esclarecimiento de la verdad de los hechos que se proyectaban decididamente en la calificación jurídica por la cual se atribuye o no el deber de responder civilmente por los daños que se reclamaran en estos actuados.

-No soslayo de modo alguno que no fue una circunstancia afirmada en tiempo procesal oportuno por el co-demandado A V, quien se presentó planteando la nulidad de la notificación de demanda y subsidiariamente contestó la demanda oponiendo su falta de legitimación pasiva como titular dominial del vehículo Ford Falcon, toda vez que, ante su falta de presentación a estar a derecho en juicio en el término del emplazamiento fue declarado rebelde, empero ello no obsta de ningún modo a que se constituyera el formulario de la denuncia de venta sobre la cual se apoyara en su postulación defensista en un hecho dirimente que tuvo a la vista la juzgadora y, por ende, objeto de necesaria prueba para resolver en definitiva a su respecto. Ello así, por cuanto, merced a que la causa fuente de su deber de responder eventualmente por los daños lo sería únicamente en la calidad de dueño del Ford Falcon, según se demandara, habiéndoselo traído al proceso en tal carácter y opuesta en su primera presentación la denuncia de venta formulada con anterioridad al accidente debió haberse indagado sobre tal circunstancia fáctica. Reitero, estimo que no cabía otra actitud que verificar la existencia y fecha de realización de dicha denuncia de venta.

En tal sentido, basta con notar que ello involucraba nada más ni nada menos que un presupuesto de la acción, cual es la legitimación pasiva que se le atribuyera en tal calidad de dueño registral del vehículo en cuestión -causa fuente legal de su deber de responder por los daños que ocasionare por su consumo de seguridad en la vía pública (arts. 499 y 1113 del Código Civil)-, lo cual no huelga destacarlo, es materia que debía ser constatada en su concurrencia al caso, aún de oficio, por la juzgadora.- Inclusive, podría predicarse que tal verificación de la debida concurrencia de legitimación activa y pasiva para obrar que ostenten las partes es materia propia del ejercicio del "iuria novit curia", en la medida que ello importa una típica cuestión de derecho por traducir una ausencia de adecuación subjetiva entre los sujetos de la relación procesal con aquellos que se encuentran habilitados para ser los titulares del polo activo o pasivo de la relación jurídico sustancial. Y en particular en la especie, era un dato indispensable contar, con relación a uno de los sujetos pasivos de la relación jurídico sustancial, con una verificación previa sobre tal compatibilidad merced el carácter en el que fuera demandado, lo cual se encuentra estrechamente vinculado a la necesidad de indagar la situación jurídica concreta existente al tiempo de acaecer el choque en la realidad de los hechos con respecto al vínculo jurídico del codemandado A V y la cosa riesgosa -automotor Ford Falcon- partícipe del accidente que motivara el presente proceso (Conf. Fiaren Guillén, Vícto "Estudios de Derecho Procesal", ed. año 1955, pág. 299; Chiovenda, José "Instituciones de Derecho Procesal Civil", trad. Gómez Orbaneja, año 1936, T. 1, pág. 82; Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "Legitimación y Proceso", en "La Letitimación", obra colectiva en homenaje a Lino Enrique Palacio, coord.. por Augusto Morello; Ed. Abeledo Perrot, año 1996, págs. 39 y sgtes.).

Sabido es, y apropiadamente lo precisó la juzgadora del anterior grado, que la normativa del Dcto. Ley 6582/58, ratificado por ley 14467 y su modificatoria por ley 22.977, establece claramente que es dueño del automotor aquel que se encuentra inscripto como tal en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, toda vez que la inscripción tiene el carácter de constitutiva. De ello se desprende que aún cuando se hubiera desprendido materialmente del vehículo por haberse comprometido por instrumento privado (boleto de compraventa) a efectuar su transferencia dominial a favor de un comprador, el vendedor mientras continúe inscripto deberá responder por los daños que se ocasionen con su intervención a terceros. Esto es, la calidad jurídica de "dueño" es el soporte de la responsabilidad civil. Sin embargo, incorporándose al proceso una instrumental en copia simple como la de fs. 204 de la cual surgiría que se habría satisfecho el recaudo formal previsto por el art. 27, 2° apartado de la ley 22.977, se configuraba en una actividad oficiosa ineludible en vías de la elucidación de la veracidad de tal dato y para mejor proveer en definitiva indagar en el registro respectivo.

-No resulta abundante tampoco advertir que la documental de fs. 204, de la cual si bien no se ordenó el traslado pertinente a la actora (víde: providencia de fs. 210), fue incorporada al expediente y tenida a la vista por ella, sin que hubiera merecido la más mínima atención de su parte.

-Desde otra perspectiva, señalo también, que no es ni transgredir ni menguar el acabado respeto al sistema dispositivo ordenar la producción de un medio probatorio no ofrecido por las partes. Ello, por cuanto en aras de dar contenido y límites al poder deber de los jueces de tender con su actuación a obtener la averiguación de la verdad objetiva de los hechos que le permitan emitir un pronunciamiento justo, hace útil distinguir entre medios y fuentes de prueba.

-Los primeros solo se trata de aquella actividad desarrollada por los partícipes del proceso (sean partes, el propio juez o terceros) tendiente a obtener la aportación de las fuentes de prueba al proceso que permitan conocer y decidir el conflicto al juzgador con el mayor grado de convencimiento posible según la apreciación que merezcan al emitir su fallo. La fuente de prueba, en cambio, son las personas o cosas, cuya existencia es anterior al proceso e independiente de él, y que cuentan con conocimiento o representan los hechos que interesan al proceso (Conf. Arazi, Roland, "Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. I, págs.334 y sgtes. y T. II, pág. 13, & 323).

-El art. 378 del C.P.C.C., explicita que los medios de prueba son ilimitados no restringiéndose a los previstos específicamente por dicho cuerpo normativo, pero además, indica que los medios utilizados para aportar el conocimiento que permita emitir el pronunciamiento deberán producirse como el juzgador lo disponga sea a pedido de parte o de oficio. Del citado precepto se viene a confirmar, si se quiere, la facultad deber de esclarecimiento de los hechos que interesan al proceso que pesa sobre el juez permitiendo también distinguir claramente que aquello que puede hacer el juzgador es ordenar la producción de medios que, aunque no hubieran sido ofrecidos por las partes, aporten al proceso fuentes mencionadas por ellas. Un claro ejemplo de lo dicho surge de lo normado específicamente para la producción de oficio de prueba testimonial o del reconocimiento judicial, aún cuando no hubieran sido ofrecidos por las partes en los arts. 452 y 479 del Código del rito.

-Ello es lo que aconteció en la especie, dado que allende que no fue en la etapa de traba de la litis en la cual se expresó el hecho jurídicamente relevante de la denuncia de venta del automotor realizada por A V, conocido de las constancias del juicio y de lo afirmado por éste, tal circunstancia adquirió entidad gravitante en grado sumo sobre su legitimación pasiva, implicando la aportación de la fuente de prueba la apertura de la factibilidad de actuar oficiosamente para recabar dicho dato fáctico. Insistiré, se encontraba plenamente autorizada la juzgadora para verificar válidamente de oficio la verdad de tal circunstancia fáctica por el medio de prueba pertinente, esto es, o la informativa o, inclusive, el reconocimiento judicial. No hecho de tal manera, esta Alzada suplió tal omisión adoptando la actitud antes referida para un mejor proveer con el carácter de complementación e integración del grado de convicción necesario a tal fin.

-En este línea hermenéutica la Corte federal ha dicho que con el propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional, no pueden los tribunales jurisdiccionales desinteresarse en la consideración de un medio probatorio que se muestra como decisivo para la solución de la causa, prescindiendo de la preocupación de arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto (Conf. C.S.J.N., 23-12-80, L.L. 1981-C-67).

-Por último, no se ve afectado el principio de igualdad que ha de presidir y respetar en todo acto del proceso, como asimismo, el principio de bilateralidad o de contradicción, toda vez que no solo tuvo la parte actora la posibilidad de impugnar la medida de prueba que para mejor proveer se decidiera consintiéndola, sino que además, se la notificó fehacientemente de la fecha y hora en la cual se procedería a la producción del reconocimiento judicial realizado sobre el legajo del automotor de marras. Y no solo se ha resguardado tales principios que hacen al debido proceso legal y que trascienden en todos y cada uno de los actos del proceso, cualquiera fuere su naturaleza y finalidad, sino que por otra parte es compatible con el de adquisición o comunidad de la prueba, desde que no debe perderse de vista que producida ella se introduce al proceso su resultado sin distinguir a quien beneficia o perjudica (Conf. Devis Echandía, Hernando, "Compendio de la prueba judicial", anot. y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2000, T. I, cap. IV, pág. 31 y sigtes.).

-Dicho todo ello, no queda más que apreciar el resultado del reconocimiento judicial efectuado sobre el legajo del automotor Ford Falcon, dominio actual W....... En dicha diligencia se indica que a fs. 37 de dicho legajo obra constancia de que el 14 de julio de 1997, se inscribió la denuncia de venta formulada por el co-demandado Sr. B S A V. Asimismo, se dejó constancia que con fecha 23 de abril de 1999, se inscribió la transferencia de la titularidad de dominio a favor del Sr. C A, figurando como su cónyuge la Sra. S V S (ver fs. 419)(Arts. 386, 479 y 480 del C.P.C.C.).- -La evidencia que surge de tal probanza exime de mayores comentarios dada su claridad. Es que de dicha inspección judicial cabe inferir sin lugar a dudas que al tiempo de ocurrir el evento dañoso (25/11/98) con la participación del automotor individualizado su titular dominial inscripto, el co-demandado apelante, había realizado la denuncia de venta en los términos previstos por el art. 27 apart., 2do. de la ley 22.997.

-Se ha dicho con criterio que vengo a compartir en relación a la norma en comentario que en su primer párrafo reafirma el carácter constitutivo de la inscripción registral, y por lo tanto consagra la responsabilidad del dueño registral por los daños ocasionados con el automotor. Sin embargo establece una excepción a este principio, cuando hubiere comunicado al registro, con anterioridad al hecho, la tradición de la posesión. En este caso el dueño se exime de responsabilidad por considerar al adquirente, un tercero por quien aquél no debe responder. Obviamente se involucra la imposibilidad de atribuir imputación fáctica y jurídica. Este es el criterio asumido por el plenario recaído en los autos "Morris de Sothan, Nora c/ Besuzzo, Osvaldo P. y otra" (L.L. 1993-E-586), revisando un anterior que dictado antes de la reforma por ley 22.977, se encontraba en contradicción con la misma (me refiero a Morrazzo-Villareal, L.L. 1981-B-98).

-Como consecuencia de lo dicho, pues, corresponderá estimar favorablemente la procedencia del presente recurso de apelación revocando parcialmente el fallo venido en apelación en cuanto se condena al Sr. B S A V. Así lo dejo propuesto al acuerdo.

-Atento al modo en que se proponer resolver y que tal resultado deviene de la actividad oficiosa de este tribunal de Alzada, será menester adecuar la imposición de costas de primera instancia, estableciéndolas por el orden causado con relación al co-demandado apelante.- -Por idéntica razón, los honorarios de los letrados del mencionado co-demandado, Dres. P S y L O A, no procede fijarlos toda vez que, respecto al primero, no se ve alterada, por el éxito que finalmente obtiene el litisconsorte pasivo por el que interviniera, la circunstancia invocada por la Sra. Juez a quo para no regularle sus emolumentos (vide fs. 297). Y, respecto al segundo, por cuanto tampoco varió la ponderación, como inoficiosa, de la actuación que le cupo en el anterior grado. (Conf. arts. 68, 2do. párrafo y 279 del C.P.C.C.).- -Las costas de segunda instancia, igualmente y por las mismas razones deberá ser eximida de las costas la parte actora, lo que conlleva atribuirlas en el orden causado (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).

-Los honorarios del Dr. L O A, letrado patrocinante del co-demandado A V, por sus tareas de alzada, atendiendo a su extensión, calidad, mérito y eficacia, corresponde regularlos en la suma equivalente al 5,25% del monto de condena que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 14 y conc. de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

-Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la NEGATIVA.- - A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:- - I.- Llegan a esta tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación que a fs. 307 interpusiera el codemandado Sr. B S. A V, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 291/298, la cual hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. M R G, quien lo hace en representación de su hija S G, y que condena a los Sres. S V S y B S. A V, a pagar a la actora en el plazo de de diez días, la suma de $ 10.600,00, con más los intereses fijados, extendiendo la condena a la citada en garantía "La P C de S L", con imposición de costas a la parte demandada. Asimismo el fallo rechazó la demanda interpuesta por la accionante por sí misma y en representación de su hijo F G, contra los Sres. H M V, S V S y B S A V, con eximición de costas por los motivos expuestos en el Punto VI de los Considerandos.

- El escrito de expresión de agravios se halla glosado a fs. 378/380, el que corrido el traslado correspondiente a fs. 381, el mismo no fue evacuado por la contraria.- - Por sentencia interlocutoria de esta Cámara de fs. 390, y como medida de mejor proveer, se ordena librar oficio al Registro de la Propiedad Automotor en el que se encuentra inscripto según el informe de dominio de fs. 163, a fin de que informe si al 25/11/1998 se registra denuncia de venta del automotor Ford Falcon, dominio C -......, dominio actual W...., formulada por el Sr. A V B S, DNI N° .........

- Receptada la respuesta del Registro de la Propiedad Automotor a fs. 398, y ante la imprecisión de la misma, a fs. 400 se dicta la providencia reiterando el pedido ya formulado a fs. 390.

- El organismo registral requerido, a fs. 410 repite el informe ya suministrado en los mismos términos que el anterior, razón por la cual y considerando que los mismos resultan insuficientes a los fines perseguidos por la medida, se resuelve encomendar a la Secretaria de esta Sala "B" un informe de actuario, el que se halla agregado a fs. 419.

- Puestas estas últimas actuaciones a disposición de las partes, conforme la pautas del artículo 262 del rito, ninguna de ellas hizo uso de su derecho de alegar.- - La descripción de los agravios vertidos por el quejoso ya ha sido adecuadamente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por cual, y por el principio de economía procesal, omitiré su reiteración.- - II.- a) Ingresando, pues, al tratamiento de las impugnaciones formuladas por el recurrente en su escrito apelatorio, cabe señalar que las mismas se dirigen, esencialmente, a cuestionar la decisión adoptada por el fallo en crisis, en cuanto le imputa legitimación pasiva para condenarlo como parte responsable en el evento dañoso cuya indemnización reclama la actora.

- Manifiesta que dentro de las facultades ordenatorias e instructorias que las normas procesales otorgan a los jueces, en el caso de marras no se aseguró la verdad de los hechos, quebrantando un deber, más que una facultad, puesto que no desconocía la Sra. Juez a- quo la documental agregada a fs. 204, la que revela la denuncia de venta, y que no fuera materia de examen por la juzgadora.

- Sostiene que resulta insuficiente el informe registral del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de la ciudad de Trelew, obrante a fs. 163, que la sentenciante tomó como único y absoluto valor probatorio, sin tolerar como recaudo la solicitud de aviso de venta, que en el formulario de estilo tuvo a la vista a fs. 204, constituyendo tal documento un instrumento público que da fe por sí mismo.

- b) Por su parte, la sentencia impugnada, en el Punto IV de los Considerandos (fs. 295), señala que el codemandado A V fue declarado rebelde, si bien con posterioridad a la apertura a prueba se presentó a juicio cesando su estado de rebeldía a fs. 210.- - Y después de citar la normativa legal que regula la tramitación del registro de la venta de automotores, sigue diciendo el pronunciamiento judicial, que conforme surge del informe registral de fs. 163, a la fecha del accidente, el automotor Ford Falcon patente C ........., y ahora W........, figuraba a nombre de B S A V, sin indicarse allí denuncia de venta alguna.

- Sostiene a continuación que el codemandado alegó tardíamente que se había desprendido de la guarda, pues se presentó a juicio pasada la etapa procesal que tenía para hacerlo, y dado que por efectos de la preclusión originada en la rebeldía declarada no se puede volver a etapas anteriores concluidas, y asimismo la resolución de fs. 226/227 que resolviera el incidente de nulidad planteado por A V en forma desfavorable para él, también declaró abstracto el tratamiento de la falta de legitimación que opusiera, y siendo notificado de ella, la misma no fue impugnada.

- c) Bosquejado el esquema fáctico que ha de delinear el marco en que han de analizarse los agravios volcados por el quejoso, comenzaré por decir que, sin desmedro de los argumentos procesales esgrimidos por la Sra. Juez a- quo para endilgar responsabilidad al apelante en el accidente origen de estos actuados, y aún a costa de ellos, en el estudio de la cuestión en trato no pueden obviarse esenciales principios que hacen a la fundamental tarea de impartir justicia, y que el juez debe ponderar.

- Así, entre las facultades instructorias y ordenatorias que consagra el artículo 36 del código adjetivo, y dentro de esa función cardinal de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, a fin de arribar a una sentencia lo más justa posible, se halla el dictar medidas para mejor proveer.

- Debe entenderse que la facultad de los jueces de dictar medidas para mejor proveer es amplia e independiente de la actividad que pudieran haber cumplido u omitido los litigantes. Se trata de poner en ejercicio facultades que son privativas de los magistrados, encaminadas al logro del fin superior de administrar justicia rectamente y según derecho, que no debe ser entorpecido arbitrariamente.

- Por ello, se ha dicho que el acceso a dichas medidas no corresponde que sea restringido, desde que es inherente a la buena administración de justicia el esclarecimiento de la verdad de los hechos debatidos en la causa, como presupuesto de la sentencia (conf., LL, 1988-D, 526; LL, 1990-A, 136; DJLL, año 1996, T.XI, p. 108 y sgts.).- - Ellas pueden consistir en traer a los autos determinada documentación, realizar reconocimientos judiciales, exigir la confesión de las partes, producir una pericia, llamar nuevamente a los testigos a declarar, o en un informe, etc. (conf. Fassi, Santiago C., "Código Civil y Comercial Anotado", Ed. Astrea, año 1980, p. 125 y sgts.).- - Su procedencia se halla habilitada durante toda la sustanciación del juicio, desde antes de la apertura a prueba hasta el momento de dictar sentencia, y aún después de la providencia para dictarla, y puede ser dictada no sólo en primera instancia, sino también en la segunda instancia y en la extraordinaria ante la Corte Suprema, abierta en virtud del artículo 14 de la Ley 48 (conf. Sentís Melendo, Santiago, "Teoría y Práctica del Proceso. Ensayos de Derecho Procesal", Bs. As., año 1959, T.III, p. 232).- - Desde este panorama, pues, queda en claro que más allá de la barrera que pueda significar el irrestricto apego a las normas rituales, es de toda conveniencia que con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, y en la delicada tarea de impartir justicia, el juez pueda echar mano de los instrumentos que la misma ley pone a su alcance.

- Y en este sentido he de concluir que la magistrado de grado bien pudo hacer uso de las mencionadas facultades que le acuerda el código adjetivo, a fin de fundar la sentencia en hechos debidamente comprobados en cuanto a la atribución y distribución de responsabilidades pretensa. Y digo esto sin perjuicio de reconocer la habitual prolijidad y equilibrio con que la Sra. Juez a- quo dicta sus pronunciamientos judiciales.

- En virtud de lo antedicho no pueden perderse de vista las previsiones contenidas en el artículo 27 de Dto.-Ley 6582 que mediante el Registro Nacional de Propiedad Automotor, regula el dominio e identificación de los automotores, a los efectos de salvaguardar derechos frente a terceros.

- La referenciada norma, si bien pone en cabeza del titular del vehículo la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, de manera expresa hace la salvedad que si con anterioridad al hecho que motive la responsabilidad, el dueño del rodado hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de éste último hubiesen recibido el uso, la tenencia o posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad.- - Y dicha comunicación al Registro se materializa mediante la denominada denuncia de venta, que en el caso bajo examen se halla agregada a fs. 204, y que la juzgadora consideró tardía, escollo que, como se viene de decir, podría haberse despejado de haberse dictado una medida para mejor proveer con la finalidad de un adecuado reparto de responsabilidades.

- Esto sin menoscabo alguno del debido derecho de defensa o de igualdad, como garantías constitucionalmente consagradas, y en razón que por el principio de adquisición procesal, los efectos de los actos procesales son susceptibles de beneficiar o de perjudicar a cualquiera de las partes y, por lo tanto, incluso a aquella que solicitó su cumplimiento (conf. CNCiv., Sala F, in re "Oyuela, Enrique J. c/ Municipalidad de la Capital", LL, 1982-C, 6).- - Es en mérito a las consideraciones precedentes que esta Alzada ordenara mediante el resolutorio de fs. 390 y vta., la medida de mejor proveer, que luego de las alternativas sufridas, y ya descriptas en la relación de causa respectiva, culmina con el informe de la actuaria que obra a fs. 419, la que constituida en el Registro de la Propiedad Automotor de Puerto Madryn, confirma los datos consignados en la denuncia de venta de fs. 204.- - Cabe puntualizar que corrido el pertinente traslado de la referida acta de constatación, dicha documentación no mereció objeción ni impugnación alguna de las partes, las que fueran debidamente notificadas, por lo que la misma ha quedado firme y consentida.

- A mi leal saber y entender, pues,la sentencia atacada ha incurrido en un exceso ritual manifiesto, que carga sobre el apelante una responsabilidad de la que el quejoso se había desprendido con holgada anticipación al acaecimiento de los hechos dañosos, origen de la presente litis.

- Si bien es cierto que puede cuestionarse el momento procesal en que diera a conocer la eximente legal liberatoria, y cuyas consecuencias serán explicitadas en el Punto III siguiente, sería una mengua al objeto del afianzamiento de la justicia que preconiza la constitución nacional y confirma la carta magna provincial, condenarlo en aras de un inconmovible cumplimiento formal.

- En tal aspecto, no resulta superfluo recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en numerosos fallos, que los pronunciamientos que, por un exceso ritual, ocultan la verdad jurídica objetiva, vulneran la exigencia del adecuado servicio de la justicia que garantiza la Constitución Nacional ( conf., Fallos: 238:550; 247:176; 254:311; 271:278; 284:375; 305:419; entre varios otros).

- Es decir, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales pues de lo que se trata es del establecimiento de la verdad jurídica, para lo cual las leyes procesales confieren a los jueces la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos, no siendo compatibles con el servicio de la justicia la renuncia consciente a la verdad ( conf. Fallos: 283:88; 287:153; 290:93; 294:392, y otros).- - Dicho en otras palabras, nada excusa la indiferencia de los jueces respecto de la solución justa, reconociendo raíz constitucional la doctrina que acuerda primacía a la verdad jurídica objetiva y que impide su ocultamiento por ritualismo excesivo.- - Bien se ha señalado que las facultades de los jueces para desentrañar la verdad han sido acordadas, precisamente, para que el proceso "no se desarrolle como un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional de los litigantes" (conf. Reforma Procesal de la Ley 17.454. Exposición de motivos, Cap. III; LL, 1993-E, 512).

- III.- En virtud de los fundamentos anteriormente expresados, he de proponer al Acuerdo la revocación parcial del fallo recurrido, rechazando la demanda de daños y perjuicios que la parte actora interpusiera contra el Sr. B S A V.

- Conforme la forma en que se decide la apelación promovida, será necesario adecuar los honorarios de primera instancia, e imponerlos en el orden causado con respecto al co-demandado A V, atendiendo a la oportunidad procesal en que puso en conocimiento del tribunal su situación ante el Registro de la Propiedad.- - Por los motivos apuntados no se fijarán los honorarios correspondientes a los letrados del codemandado en dicha instancia, Dres. P S y L O A, por no haber sufrido alteración el éxito de su intervención en el primer supuesto, ni tampoco la actuación que le tocara desempeñar, en el segundo caso.- - Por las razones indicadas las costas de Alzada serán impuestas en el orden causado, quedando eximidas de ella la parte demandante, y según las pautas determinadas por los artículos 68 y 279 del rito.

- Tomando en cuenta la calidad, extensión y eficacia de los trabajos desplegados en segunda instancia, corresponde regular los honorarios del Dr. L O A, patrocinante del codemandado A V, en el 5,25% del equivalente del monto que se determine en la respectiva etapa de ejecución de sentencia, al que ha de aditarse el IVA correspondiente, y de acuerdo a los lineamientos dados por los artículos 6, 14 y concordantes de la ley arancelaria.

- Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:- -El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación, rechazando la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. M R G, en representación de su hija menor S G, en relación al Sr. B S A V. 2) IMPONER las costas de ambas instancias por su orden en relación al co-demandado B S A V. 3) REGULAR los honorarios del letrado patrocinante del co-demandado recurrente, Dr. L O A, por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 5,25% del monto del pleito que se determine en la etapa procesal de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.- -ASI LO VOTO.

- A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. L, en razón de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

- ASÍ LO VOTO.

- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones; RESUELVE:

- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación, rechazando la demanda por daños y perjuicios entablada por la Sra. M R G, en representación de su hija menor S G, en relación al Sr. B S A V;

- IMPONER las costas de ambas instancias por su orden en relación al co-demandado B S A V; REGULAR los honorarios del letrado patrocinante del co-demandado recurrente, Dr. L O A, por sus tareas de Alzada, en la suma equivalente al 5,25% del monto del pleito que se determine en la etapa procesal de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.- l.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 52 DE 2006 - SDC.- Conste.-