Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-22


En la ciudad de Trelew, a los 22 días de febrero del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A, M c/ J, J R s/ ALIMENTOS" (Expte. N° 21.840 - año 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente el recurso de apelación interpuesto?; SEGUNDA: En su caso, ¿es justo el fallo apelado? y TERCERA ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 58.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 44), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 41/42 y vta.), por el cual se hace lugar a la demanda planteada por la Sra. M A en representación de su hija menor D F J, en contra el Sr. J R J, abuelo paterno de la niña; condenando a éste último a que abone en concepto de cuota alimentario a favor de su nieta, la suma equivalente al 15% de los ingresos que por cualquier concepto perciba como dependiente de la Municipalidad de Trelew, con costas a su cargo.

A fs. 48/50, luce agregado el escrito de expresión de agravios de la actora, cuyo traslado ordenado a fs. 51 no fue evacuado por el demandado.

A fs. 53, se fijó la audiencia prevista por el art. 130 de la Ley 4347, la que se llevó a cabo según constancia de fs. 56, con la presencia de la Sra. M A, la niña D F J y la Asesora Civil de Familia e Incapaces N° 1, Dr. Julia Laborda, no concurriendo el demandado J R J.

I.- La parte actora, se agravia de lo resuelto por la Sra. Juez a quo, por entender que el fallo se encuentra viciado en su legalidad.

Así, bajo el título de "arbitrariedad" indica que se violó el debido proceso por afectación del principio de congruencia.

Postula al respecto, previa cita jurisprudencial que efectúa, que el resolutorio que ataca al condenar un "quantum" alimentario inferior a lo pretendido en demanda, sin que dicha pretensión hubiera sido objetada por el demandado y contando con el dictamen favorable del ministerio pupilar ni brindar explicación lógica para apartarse de lo pedido en el escrito de inicio, demuestra que la sentenciante ha incurrido en ejercicio defectuoso -expresa- del poder jurisdiccional.

Insiste en afirmar que se violó de tal modo el debido proceso legal y los principios de igualdad, congruencia y de defensa en juicio.

Asimismo, asevera que se violentó el principio del interés superior del niño.

Efectúa citas legales en sustento de tal afirmación aludiendo que, a su criterio, el fallo en crisis incurre en su violación.

Atribuye la omisión de considerar ese "plus" de derechos adicionales que nuestro sistema jurídico asigna a los niños, dada la especial etapa de desarrollo en que se encuentran.

Transcribe parcialmente un fallo de la Corte Federal relativo al tema y a cuya lectura remito.

Por ello.

Termina peticionando que se revoque la sentencia y se fije la cuota pedida en demanda.

II.- En el marco provisto por la reseña de los agravios precedentemente sintetizados, adelanto opinión en que se ha incurrido en el supuesto de una clara y perceptible deserción técnica del recurso.

Bastaría con señalar que de su lectura no surge más que la expresión de un punto de vista distinto, discrepante, manifestándose como una claro desacuerdo con la cuantía de la cuota alimentaria fijada en el fallo que apela pero sin aportar mínimamente material crítico sobre la cual pudiera esta Alzada ejercer su facultad revisora.

Es que el agravio supone la carga procesal de exponer, mediante un análisis razonado y concreto, cuáles son los errores de la sentencia requiriendo que, por su intermedio, se evidencien los motivos por los cuales la sentencia resulta equivocada en la consideración de los hecho, o bien injusta o contraria a derecho (Conf. Alsina, Hugo, "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Ediar, 2da. ed., año 1961, T. IV, págs. 389/392, letra "e"; id., Ibáñez Frocham, "Tratado de los recursos en el proceso civil", Ed. Omeba, 3ra. ed., año 1963, págs. 193/194; id., Palacio, Lino Enrique, en "Tratado de Derecho Procesal Civil", Ed. LexisNexis, 2da. ed., año 2005, T. V, pág. 261, n° 599; id., ver reseña jurisprudencial en obra de Benabentos, Omar A., "Recursos de Apelación y nulidad", Ed. Juris, ed. año 2000, págs. 219 t sgtes, n° 5.1.).

A título de mayor abundamiento, señalo que en CNMel eje argumental dirimente respecto a la determinación del porcentaje que en concepto de cuota alimentaria fijara la sentenciante del anterior grado, se expresó "...a fin de concretar el quantum de la prestación alimentaria hay que compatibilizar la necesidad con la posibilidad, y encontrar un equilibrio, por un lado entre las necesidades del alimentado, evaluando la relación jurídica que lo une con el alimentante, y por el otro las posibilidades económicas de los obligados a satisfacer la prestación alimentaria, ya que la cuota a cargo del pariente, a diferencia de la que se exige al progenitor, se limitará a la satisfacción de las necesidades elementales e ineludible"(sic).

A continuación de lo cual pasó la Sra. Juez a quo al mérito del informe social de fs. 36 y vta., para ponderar el modo en que se relaciona el padre y la menor, para de inmediato señalar que el demandado -abuelo de la niña- encontrándose bajo relación de dependencia hace presumir que cuenta con ingresos para afrontar la sustentación alimentaria requerida.

Inmediatamente, y advierto que sin expresar razón ni ponderación alguna, fija la cuota en el porcentual del 15%. (fs. 42).

Sin dudas que la mensura valorativa entre el 20% reclamado en demanda y que se intenta por vía del presente recurso obtener por ante esta Alzada y el 15% determinado en el fallo del anterior grado, es una porción en donde juegan las percepciones más que las justificaciones argumentativas que pudiera esgrimirse para sustentarlas en puntuales acreditaciones o fundamentos con apoyo en pruebas concretas.

El margen existente en la diferencia entre un 15% y un 20% será nominalmente mayor o menor según sea la base económica sobre la cual se apliquen.

Y, en la especie se trata dicha base de cálculo dinerario de la cuota alimentaria de un salario neto de $ 1.780, según se indica en la documental acompañada con la demanda a fs. 7.

Y en tal dirección, no encuentro que se hubiera afectado el principio de congruencia.

Es que éste no implica ni puede implicar que el juzgador, por la sola circunstancia de que alguna de las partes incurra en rebeldía, deba pronunciarse admitiendo "in totum", o en idéntica medida, lo pretendido por la contraria a la rebelde.

En nada influye para esta última consideración que se hubiera sumado a favor de lo pedido (aún cuando no respecto a la cuantía de lo pedido) el ministerio pupilar (vide: acta de audiencia de vista -fs. 40 vta. "in fine"-).

Y, añado, tampoco encuentro que se hubiera violentado, omitido o soslayado en la cuantificación de la cuota alimentaria a través de la porcentualidad fijada, la consideración del interés superior del niño.

No omito considerar, en tanto que no podría hacerlo, que la convención de los derecho del niño, aprobada por la ley 23.849 e incorporada por la Constitución Nacional con jerarquía superior a las leyes (conf. Art. 75, inc. 22 de la Const. Nacional), sienta un principio, cual es que debe velarse por el interés superior del niño, el que se proyecta en toda actuación judicial, sea que concierna al derecho de familia o a conflictos que generen contiendas ajenas a dicha materia.

Es decir, no dudo que dicho principio constituye una valiosa y esencial herramienta para la resolución de los conflictos judiciales que pudieren comprometer la persona, derecho e intereses del menor involucrado en él.

Empero, ello no influye ni se contradice ni fue violentado con la justipreciación que la Sra. Juez efectuara sobre la medida porcentual de la cuota alimentaria que fijara.

Por lo demás, no debe olvidarse el carácter subsidiario del deber alimentario del abuelo respecto de la obligación que pesa sobre el progenitor quien ni siquiera fue demandado en estos autos.

Lo que quiero significar es que de modo alguno se encuentra vedada la posibilidad de que se reclame al padre de la niña, Sr. F R J, que asuma su obligación alimentaria en relación a su hija menor D.

Es que, siendo dicho progenitor una persona joven (ver datos del padre en el acta de nacimiento agregada en copia a fs. 4), con posibilidades de realizar tareas remuneradas, sin que existan dato alguno que de pié a inferir dificultades que obsten seriamente a ello, nada justifica que se sustraiga a los deberes que la patria potestad le impone.

Máxime, cuando si bien, en principio, el orden legal de los parientes obligados a la asistencia alimentaria es sucesivo o subsidiario y no simultáneo, nada obsta a que en el supuesto que el aporte alimentario que debe afrontar el padre de D sea insuficiente, pueda ser complementado con el fijado al abuelo en el fallo apelado en autos.

No obstante tales señalamientos, que reitero, fueron realizados a título "obiter dicta", lo dirimente para resolver el presente recurso de apelación es que el mismo no satisface el requerimiento técnico indispensable consistente en la necesaria crítica que pudiera habilitar a su tratamiento por el tribunal revisor.

De allí que en los términos previstos por los arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por vía de la subsidiaridad prevista por los arts. 129 y 205 de la Ley 4347, procede declarar la deserción del recurso de apelación bajo análisis.

Así lo dejo propuesto al acuerdo.

Como consecuencia de ello, las costas de segunda instancia deberán ser soportadas por la parte actora apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C. y art. 205 de la Ley 4347).

No corresponde que se regulen honorarios al abogado adjunto de la oficina de la Defensa Pública Civil, Dr. Nelson Rapiman, atento el carácter inoficioso de sus tareas (Art. 3 de la Ley 2.200).

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la Negativa.

A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:- Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 44, que fuera concedido libremente y con efecto devolutivo a fs. 45, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 41/42 y vta. que hizo lugar a la demanda interpuesta por la Sra. M A, en representación de su hija D F J, contra el Sr. J R J, estableciendo la cuota alimentaria a su cargo y a favor de su nieta en la suma equivalente al 15% de los haberes mensuales que percibe como dependiente de la Municipalidad de Trelew y asimismo sobre todo haber ordinario y extraordinario, incluido el sueldo anual complementario, y excluidos los descuentos de ley, con costas al demandado vencido.

Los agravios de la accionante lucen a fs. 48/50, el traslado conferido a fs. 51 no fue evacuado por su contraria, la audiencia prevista por el art. 130 de la ley 4347 se celebró conforme constancias de fs. 56, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.

2. Considera la apelante que al decidirse en forma distinta a la pedida por las partes el juzgador se desvió de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio, afectando el principio de congruencia.

También sostiene que la Sra. Juez condenó a abonar un "quantum" alimentario inferior a lo requerido en la demanda, sin que dicha pretensión fuera objetada por el demandado, contando con dictamen favorable del Ministerio Pupilar, y sin brindar una explicación lógica, con lo que incurrió en ejercicio defectuoso del poder jurisdiccional en violación del debido proceso legal, del principio de igualdad, de congruencia y de defensa en juicio.

Asimismo, estima que se violó el principio del "Interés Superior del Niño".

2.1. Al respecto, cabe precisar que los artículos 34, inciso 4°, 163, inciso 6° y 164 del Código Procesal consagran el principio de congruencia, base de nuestro ordenamiento adjetivo, que se deriva a su vez del sistema dispositivo.

Puede definírselo como la conformidad que ha de existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1986, T. II-C, pág. 76 y cita de fallos).

En ese contexto, la falta de oposición del demandado ante su incomparecencia de ningún modo importa que el juzgador sin más condene al rebelde de acuerdo a los términos expuestos en la demanda, por lo que encontrándose dentro de la pretensión por alimentos el monto a fijar, el sentenciante falló dentro de los límites impuestos por el principio de congruencia (arts. 34 y 163 del C.P.C.C.).

Nótese que la rebeldía no altera la secuela regular del proceso y que la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa (art. 60 del C.P.C.C.).

Por ello, la rebeldía no produce sin más un reconocimiento de los hechos afirmados por la contraria, y menos, una sumisión a sus pretensiones.

El órgano ha de acordar lo reclamado si es justo y está suficientemente comprobado.

Es decir, la rebeldía no impone al juez una decisión favorable a las pretensiones del actor, sino que lo autoriza acceder a ellas sin fueran justas y estuvieran acreditadas en forma (conf. Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., 1985, T. II-B, pág. 24, y cita de pronunciamientos).

Así, la evidente sinrazón del planteo en cuanto a la violación del debido proceso y supuesta afectación del principio de congruencia por no haber la Sra. Juez de la anterior instancia condenado al demandado en función al monto pretendido deja sin sustento el agravio formulado al punto A de fs. 49.

En todo caso, las manifestaciones vertidas sólo denotan el particular punto de vista de la recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 371, y cita de fallos).

En este orden la expresión de agravios carece de contenido si: .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamento a la oposición o formula apreciaciones subjetivas .

h) No ataca concretamente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839).

2.2. A su vez, las genéricas manifestaciones formuladas en el sentido que el resolutorio no brinda una explicación lógica para fundamentar el apartamiento de lo peticionado en el escrito de inicio y que el sentenciante se expidió en violación del "Interes Superior del Niño", incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C..

Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica.

Tal suficiencia se relaciona a su vez con una necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de la sentencia, no pudiendo considerarse agravios en los términos exigidos por esta norma, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 354, y cita de fallos).

Desde otra perspectiva, las genéricas expresiones vertidas omiten hacerse cargo de las razones brindadas por el juzgador, y ello tampoco constituye agravio.

Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C, H N. y otro c. B, J J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta a su respecto.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P e H, J c. P P M S.A.", L.L. 1985-A, 309).-- Y el fallo venido en apelación destacó que a fin de concretar el quantum de la prestación alimentaria hay que compatibilizar la necesidad con la posibilidad, y encontrar un equilibrio, por un lado entre las necesidades del alimentado, evaluando la relación jurídica que lo une con el alimentante, y por otro las posibilidades económicas de los obligados a satisfacer la prestación alimentaria, ya que la cuota a cargo del pariente, a diferencia de la que se exige al progenitor, se limitará a la satisfacción de las necesidades elementales e ineludibles (el subrayado me pertenece).-- Y si bien posteriormente la sentencia no indica las razones por las cuales fijó una suma equivalente al 15% de los haberes mensuales del abuelo paterno en lugar del 20% requerido en el escrito inaugural, considero que en definitiva el juzgador ejerció en forma prudencial sus facultades de apreciación, sin que por ello quede afectado el principio de congruencia por los fundamentos ya expuestos al punto 2.1. que antecede.

Asimismo, y como lo señala el vocal que me precede en la votación no advierto que con el porcentual fijado se vulnere el interés superior del niño, máxime si se considera que se demandó contra un pariente (abuelo) cuya obligación es subsidiaria, y por tanto de distinto origen pues halla fundamento legal en el amplio concepto de la solidaridad familiar, y no como en el caso de los progenitores que se funda en los deberes atinentes a la patria potestad, entre ellos el de asistencia, que se origina en el hecho de la procreación (conf. Bossert, Gustavo A., "Régimen jurídico de los alimentos", Astrea, 2004, par. 289, pág. 276).

En este direccionamiento, bien destacó la Sra. Juez de la anterior instancia que la cuota a cargo del pariente debe limitarse a la satisfacción de las necesidades elementales.- Es que, a diferencia de la amplitud con que debe establecerse la cuota cuando se trata del hijo menor que reclama, ya que en tal caso la obligación del progenitor deriva de las responsabilidades que impone la patria potestad, en este caso, en el que sólo por el vínculo de parentesco se deben alimentos, el monto de la cuota debe restringirse a lo que resulta indispensable para atender las necesidades ineludibles del reclamante, conforme lo dispone el art. 372 del Código Civil (conf. Bossert, ob. cit., par. 308, págs. 299/300, y cita de fallos).

De tal modo, este razonamiento seguido por el juzgador resultó dirimente para dilucidar el monto de la obligación alimentaria y no fue objeto de crítica alguna.- Y en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 360, y cita de pronunciamientos).

Por tales fundamentos, la recurrente incurrió en deserción del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

3. En consecuencia, también propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 44, que fuera concedido a fs. 45, con costas de esta instancia a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regular honorarios a su letrado patrocinante, en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, en los términos de los arts. 3 y 6 de la ley del arancel.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Lucero dijo:

Atento al modo en que se concluye en el tratamiento de la cuestión anterior la presente deviene en abstracta, no correspondiendo que me expida en ella.

A ESTA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

En atención a los términos vertidos al desarrollar la primera cuestión, no corresponde ingresar en el tratamiento de la presente por devenir cuestión abstracta.

A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora vencida.

3) No regular honorarios al abogado adjunto patrocinante de la parte actora, Dr. Nelson Rapiman, por haber resultado sus tareas de Alzada inoficiosas.

ASI LO VOTO.-- A LA TERCERA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado al votar la primera cuestión.

Así lo voto.-- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A: -- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones; RESUELVE:- DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora;

IMPONER las costas de segunda instancia a la parte actora vencida;

NO REGULAR honorarios al abogado adjunto patrocinante de la parte actora, Dr. Nelson Rapiman, por haber resultado sus tareas de Alzada inoficiosas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 06 DE 2007 - SDC.- Conste.-