Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-03


Autos N° 22.005 (N° 106.658- 8°JCCM), caratulados: "OTAROLA, Ricardo Pablo S/ Prescripción Adquisitiva" En la ciudad de San Juan, a 03 días del mes de septiembre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación interpuesto a fojas 150, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 22.005 (N° 106.658- 8°JCCM), caratulados: "OTAROLA, RICARDO PABLO S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", dictada en fecha 26 de agosto del año dos mil catorce, obrante a fs.148/149, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

Antecedentes:

Vienen estos autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación que interpone el actor contra la sentencia de fecha 26 de agosto de 2014 que rechazó la demanda de usucapión del inmueble ubicado en calle Estado de Israel s/n, a 49 mt. al este de calle España, Rawson, identificado con N.C. 0421-660110, con una superficie de 589,80 m2, todos datos que surgen del plano de mensura N° 04-10859/08, agregado a fs. 4.

Al momento de deducir la acción sostuvo, que es poseedor animus domini, en forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida por más de veinte años del inmueble referenciado. Que dicha posesión se exterioriza en diversos actos materiales realizados en el inmueble objeto de la acción, como las construcciones allí realizadas y las mejoras permanentes que surgen de las fotografías acompañadas: construcción de tinglado colocación de rejas, el pago de impuestos y servicios, con presencia ininterrumpida en el lugar, disponiendo como verdadero dueño, sin haber sido turbado nunca en esa posesión.

Solicita por ello, se haga lugar a la demanda por prescripción adquisitiva, con costas.

La sentencia apelada dispuso rechazar la demanda incoada por los motivos expuestos en los considerandos, imponiéndoles las costas al actor.- Para así resolver el A quo sostuvo: que no se ha acreditado el cumplimiento de uno de los requisitos indispensables para que opere la prescripción adquisitiva, ya que la actora no ha probado, con la prueba producida, el cumplimiento de la posesión por el lapso de veinte años, conforme lo prevé el art. 4015 del Código Civil.

Afirma el sentenciante, que en el caso de autos, el actor no expresa en que tiempo empezó la posesión, y de la prueba acompañada y rendida no surge el cumplimiento del plazo legal estipulado por la ley.

La actora intenta probar mediante declaraciones testimoniales la posesión durante todo el transcurso del término exigido, pues de las boletas acompañadas surge que la más antigua data del año 1996, y no acreditan el ánimus domini durante el plazo de 20 años. Tampoco resulta apta para ello la inspección ocular, ya que no puede constatar que los actos posesorios efectuados lo han sido por el tiempo requerido por la ley. Por ello no corresponde admitir la pretensión, ya que no puede acogerse la acción fundada solamente en aquella prueba.

Agravios de la actora:

Afirma la accionante que el juez sólo da tratamiento individual y superficial a elementos de prueba irrefutables, sin merituar la prueba en su conjunto, desestimando la demanda incoada por su parte.

Que contrariamente a ello, de las constancias de la causa y de la prueba rendida, merituada en conjunto, se configura la prueba compuesta que permite tener por acreditado que el accionante ha poseído el inmueble con ánimo de dueño en forma pública, pacífica contínua e ininterrumpida por el lapso de veinte años que establece la ley.

De este modo, dice, la prueba testimonial producida, analizada junto con las restantes pruebas, resulta apta para tener por acreditada la posesión animus domini del actor en la forma requerida por la ley para adquirir el dominio.

El recurrente sostiene que los testigos son coincidentes en señalar que el actor posee el inmueble desde hace más de treinta años, que siempre supieron que era su dueño, y que ha realizado numerosos actos posesorios en el mismo, comportándose como verdadero dueño, y que ello quedó corroborado con el reconocimiento judicial llevado a cabo efectuado por el Juzgado.

Se agravia también por cuanto el fallo no ha tomado en cuenta los actos posesorios ejecutados por el actor en el inmueble por más de veinte años señalados por los testigos y corroborados por el reconocimiento judicial, ni hace mérito del pago de impuestos, ya que considerados con la restante prueba rendida conforman la prueba compuesta, y acreditan la posesión animus domini por el tiempo requerido por la ley.

Concluye solicitando se revoque el fallo bajo recurso, haciendo lugar a la demanda.- IV. Tratamiento de los agravios:

Sabido es que la expresión de agravios importa una exposición jurídica tendiente a poner de manifiesto los errores (de hecho y de derecho) que contenga la sentencia que se ataca, de modo tal que dicha impugnación rebata los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. En este sentido se ha expresado, "Para su concreción formal supone un análisis minucioso de la sentencia y la concreción por parte del apelante de cada uno de los errores que a su juicio ella contiene, puntualizando en cada caso la razón por la que se considera equivocada..." (Cám. Civ. Com. y Min. de San Juan, Sala 1°, LS, 30-25; Sala III, PS, 1988- III-417).

En el caso de autos, estos argumentos si bien fueron refutados de manera concreta y precisa por parte del apelante, como lo prescribe el art. 253 del C.P.C., no alcanzaron a mostrar error en el juzgamiento poniendo en evidencia el equívoco del magistrado, sino sólo su disconformidad con el fallo, tal como se analizará infra.

Considero así, que el a quo ha analizado en forma correcta cada uno de los recaudos que harían procedente la acción por él impetrada, de conformidad a los hechos alegados y la prueba producida en el juicio tendiente a acreditarlos, y por ende bien resuelto el rechazo de la pretensión, todo ello bajo las pautas que señalan los arts. 4015 del C.Civil, art. 24 inc.c) de la Ley 14.159 modif. por el dec.ley 5756/58 y art. 677 del C.P.C.

En efecto, en la resolución impugnada el juez A quo tiene por cumplidos los requisitos del plano de mensura -autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva- y el contradictorio con el titular registral, con la intervención de la Defensora Oficial, sin embargo observa que no surge acreditado el cumplimiento de uno de los requisitos indispensables para que opere la prescripción adquisitiva, esto es la posesión animus domini, por el lapso de veinte años conforme lo prevé el art. 4015 Cód. Civil, conclusión que considero acertada.

Arribo a la misma, en primer lugar, por cuanto efectivamente de la lectura de la demanda, no surge expresada la fecha de inicio de la posesión que invoca, a partir de la cual debe computarse el plazo de 20 años que prevé el art. 4015 del C.Civil para adquirir el dominio por prescripción.

El usucapiente se limita a expresar que "...es poseedor animus domini, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de veinte años del inmueble referenciado...", más al no indicar la fecha de comienzo de la posesión a los fines del cómputo, debe inferirse, que al menos, al momento de promoción de la acción (27 de agosto de 2008) el plazo ya estaba cumplido.

En cuanto a la prueba producida, el art. 24 inc.c) de la ley 14.159 expresa que en el juicio de usucapión se admitirá toda clase de pruebas, pero que el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial, resultando especialmente considerado el pago de impuestos o tasas que gravan el inmueble.

Esta norma exige para demostrar la prescripción adquisitiva, la prueba compuesta, esto es que la testimonial por sí sola no resulta suficiente para obtener una sentencia favorable de usucapión, precepto que reitera el art, 677 del C.P.C.

Por otra parte el juez debe ser muy estricto en la apreciación de las pruebas y "ha de procederse con criterio restrictivo atento a las razones de orden público interesadas" (C.Apel.CC Morón, Sala II, 9/4/81, ED, 94-229).

En este orden de ideas, considero que de la documental acompañada no surge acreditada la posesión por el lapso indicado, dado que de la compulsa de las boletas de tasas e impuestos que tengo a la vista, la de mayor antigüedad, como señala el sentenciante, data del año 1996. "Si bien el pago de los impuestos por el prescribiente es el medio apto para demostrar el animus domini, esta presunción no puede ir más allá de lo que permiten las constancias exhibidas, o sea que a lo sumo se podrá presumir que la intención de tener la cosa para sí se remonta a la fecha en que los pagos se hicieron efectivos." (Cám.2°, Sala I, La Plata, La Ley, v. 106, p. 922; Cám.2°, sala III, La Plata, DJBA, v. 66, p. 225; La Ley , v. 132, p. 452: Der., v.25, p. 721; Cám. Apel. Morón, Sala II, causa 25.791, reg.sent. 22/91, idem causa 34.829, reg.sent. 32/96).

Por su parte los documentos privados que acompaña, que corresponden a la compra de materiales, tierra y mano de obra realizadas en el inmueble referenciado (en los años 1995, 1997 y 1999), no revisten valor probatorio alguno habida cuenta que no fueron reconocidos por sus firmantes menos aún demuestran el haber poseído por veinte años.

En cuanto a las testimoniales rendidas, si bien los declarantes aluden en forma general al ejercicio de la posesión por un largo tiempo, "....harán más de veinticinco años o treinta..." (v . declaración testimonial del Sr. Orlando Pedro Gonzalez fs. 95); "...hacen muchos años que viven ahí, más de veinte ..." (v. declaración testimonial de la Sra. María Remedios Roca fs. 96 vta.); "... para mí es propietario de ahí, siempre lo vi ahí desde que tengo uso de razón, es decir mi edad..." (v. declaración testimonial de López Enrique Daniel -37 años de edad - fs.103), no expresan datos precisos y concretos que hagan presumir la posesión por el término indicado, sea al referirse a la antigüedad misma en la posesión (v. respuestas a la tercer pregunta, fs. 95, 96, 97), ya al referirse a las construcciones y mejoras realizados por el actor en el inmueble (v. respuestas a la cuarta pregunta fs. 95 vta, 96, 103).

Por último el reconocimiento judicial, si bien corrobora los actos posesorios enunciados por el usucapiente, mencionados por los testigos, y que dan cuenta las fotografías adjuntas, tienen un valor relativo, dado que no es prueba que acredite autoría ni antigüedad en las mejoras que describe, y sirven en la medida que sean corroborados por otras pruebas.

Así se ha expresado, "Resulta pues imprescindible que mediante la concreción de idónea y coherente prueba compuesta llegue el órgano jurisdiccional a la íntima convicción de que ha mediado posesión", (Cám. 1°, Sala II, La Plata, causa 20.8991,reg. sent. 224/97, cfr. Morello y colab, Cód. Proc.coment. , tomo VII-B, p.339); "En las demandas de usucapión debe probarse la posesión animus domini actual, también la anterior y especialmente la que se tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal", (SCBA, 5/3/85, 116-638); "Si la prueba testimonial rendida en el juicio de usucapión no aparece corroborada por evidencias de otro tipo que formen con ella la prueba compuesta, resulta insuficiente. Es que la prueba de la posesión debe ser plena e indubitable no siendo suficiente la declaración de testigos en los que no se concretan con toda precisión la realización de actos posesorios animus domini, ni tampoco la exhibición de documentos que por sí solos no acreditan la realización de tales actos", (C.Nac.Civ., Sala D, 4/5/84, ED, 111-540);

De todo lo dicho en el análisis de la prueba producida, considero que los agravios no han logrado conmover las conclusiones a las que arriba el Juez a-quo, motivo por el cual propicio, de conformidad con la opinión vertida por la Defensora Oficial a fs.159/161, el rechazo del recurso de apelación, con costas al actor y regular honorarios al letrado interviniente en el treinta por ciento de lo fijado por la labor de la instancia inicial.- Así voto.- El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso de apelación, con costas al actor y regular honorarios al letrado interviniente en el treinta por ciento de lo fijado por la labor de la instancia inicial.- El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación, con costas al actor y regular honorarios al letrado interviniente en el treinta por ciento (30%) de lo fijado por la labor de la instancia inicial.- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° II-2015; F°6/10; FECHA:3 de septiembre de 2015 DRES.ALFERILLO-VICTORIA.