Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-26


SENT Nro. 357 San Miguel de Tucumán, 26 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la representación letrada de Homisa S.A. en autos: "Complejo Agroindustrial San Juan s/Concurso Preventivo (Inc. de apelación promovido por Homisa S.A.)"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la presente queja por casación denegada interpuesta por el letrado apoderado de Homisa S.A. en contra de la sentencia de la Sala Ia de la Cámara Civil y Comercial Común, del 18/3/2003, por la cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27/9/2002.

II.- El Tribunal a quo consideró que la sentencia contra la cual se deduce el recurso casatorio no es definitiva ni equiparable a tal ya que no termina el pleito; ni hace imposible su continuación; no resuelve el fondo del asunto -arriendo de planta fabril de la Concursada-, sino que versa sobre una incidencia relativa a una sanción conminatoria y una multa a la oferente Homisa S.A. Destaca que la falta de definitividad del pronunciamiento no se suple con la alegación de infracción a las disposiciones que regulan el trámite del hecho nuevo o de la doctrina de la arbitrariedad, por ser éste un recaudo propio y autónomo del recurso extraordinario local; que tampoco tiene aptitud para equiparar el pronunciamiento a definitivo la invocación de gravámenes futuros o meramente conjeturales.

Concluye, por ende, declarando inadmisible al recurso tentado, con costas al recurrente (art. 820 procesal).

II.- De un examen liminar de las constancias de autos se observa con claridad que el recurso interpuesto cumple con los requisitos de presentación temporánea, depósito judicial suficiente y presentación de las copias requeridas por el art. 820 del digesto procesal civil de la provincia.

Si bien la sentencia recurrida en casación no es definitiva, considera este Tribunal que el recurso se presenta, prima facie, con fundamentación suficiente en tanto se invocan errores y vicios concretos que, de existir otorgarían razones suficientes para tener por configurada, en la especie, la existencia de gravedad institucional, toda vez que se alega que, mediante la errónea e inadecuada interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 166, 170, 759, 761 y ccdtes del CPCCT se quebrantan expresas normas y garantías constitucionales: del debido proceso legal, defensa en juicio y de propiedad (arts. 17, 18 CN y art. 8 del PSJCR); incurriéndose, además en la doctrina del exceso ritual manifiesto; que todo ello afecta la recta administración de justicia, cercenándose arbitrariamente las vías y el ejercicio de facultades defensivas establecidas expresamente por la ley.

La cuestión debatida y traída a esta instancia consistente en la posibilidad o no de interponer incidente de nulidad y revocatoria con apelación en subsidio en forma conjunta o simultánea, en el caso y a la luz de los precedentes locales invocados, trasciende el interés meramente personal de las partes por integrar un sistema que se relaciona y compromete con principios constitucionales que configuran instituciones fundamentales de nuestra convivencia política, (CSJTuc., "Pacheco de Navarro, Fátima vs. Sanatorio Central y otro s/Daños y perjuicios", del 30/8/94; "Manca, Juan A. vs. Televisora de Tucumán s/Reintegro, etc.", sent. nº 5 del 18/02/93), importando, además, el apartamiento de tales principios, una afectación a la estructura esencial del proceso en detrimento de los justiciables (CSJTuc., "Luna, Josefa del Valle vs. Héctor Luis Semrik s/Liquidación de sociedad, 07/7/98; "Amenta J.A. vs. Dip A.T. y o. s/Restricción o límite al dominio", 12/8/94).

Desde otra perspectiva, se encuentra satisfecho el recaudo exigido por el art. 815 del digesto ritual en tanto se quejoso plantea cuestiones de derecho vinculadas a la errónea y arbitraria interpretación de las disposiciones del código de rito y a la violación de garantías constitucionales ya mentadas.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la presente queja y declarar admisible provisionalmente el recurso de casación tentado, sin perjuicio del ulterior pronunciamiento definitivo de admisibilidad y análisis oportuno de procedencia de la casación interpuesta (art. 820, último párrafo ley 6904).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por el letrado apoderado de Homisa S.A. en contra de la sentencia de la Sala Ia de la Cámara Civil y Comercial Común, del 18/3/2003 y, en consecuencia, declarar admisible provisionalmente el recurso de casación (art. 820 in fine CPCC). Devuélvase el depósito.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBRITO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA