Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-16


AUTOS N° 22.068 (117304.1 - 9° CIVIL) CARATULADOS: "SÁNCHEZ José y Otro C/ Mulet Vicente y Otro S/ Obligación de Otorgar Escritura Pública - Actuaciones para Elevar" En la Ciudad de San Juan, a 16 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor Presidente, Dr. PASCUAL ALFERILLO y el señor Vocal, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 46, en los AUTOS N° 22.068 (117304.1 - 9° CIVIL) CARATULADOS: "SÁNCHEZ JOSE Y OTRO c/ MULET VICENTE Y OTRO s/ OBLIGACIÓN DE OTORGAR ESCRITURA PÚBLICA - ACTUACIONES PARA ELEVAR", contra la resolución dictada en fecha 11 de diciembre de 2013 obrante a fs. 44 de estos autos originarios del Noveno Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA dijo:

1) El caso:

Los actores, con fundamento en el contrato de compra-venta que luce agregado a fs. 3, inician demanda de escrituración - daños y perjuicios-, contra los Sres. Vicente Mulet y Joaquín Mulet.

En fecha 27/12/2010 formalizan por ante el Tribunal el "Convenio Transaccional" que agregan a fs. 8, el que es homologado por resolución de fecha 29/12/2010 (fs. 10).

Luego de cumplidos algunos actos procesales, la parte demandada promueve la "ejecución del convenio" que fuera homologado, extremo que se acredita con la copia agregada a fs. 20 y el expreso reconocimiento de la actora-ejecutada en su presentación de fs. 22 y ss, al interponer "recurso de reposición". Este recurso (reposición) fue resuelto, habiendo quedado firme la sentencia que se agrega a fs. 28/30 de autos, teniendo en cuenta las constancias de fs. 31.

Luego de manifestarse la ejecutada, fijada audiencia de conciliación (fs. 34); en fecha 18/11/2013 el a-quo dicta sentencia mandando llevar adelante la ejecución. Dicha sentencia la dicta con fundamento en los arts. 460, 473 ss y cc del C.P.C, según se desprende de su texto expreso.

Con fundamento en los arts. 466 y 467 inc. 3° de la ley ritual, la actora-ejecutada opone excepción de inhabilidad de título, fundándola conforme argumentos vertidos a fs. 40/43 de autos. Ofrece prueba documental (constancias de autos y cartas documentos que se remitieran) y, en subsidio (para el caso de negarse firmas existentes en la documental que acompaña), pericial caligráfica.

La Juez de instancia inicial, en fecha 11/12/2013, resuelve la excepción planteada por la actora-ejecutada, desestimándola in límine y ordenando continuar la ejecución. Fundó esta resolución, básicamente, en: a) que el título es ejecutivo porque es un convenio homologado; b) que ha vencido el plazo para su cumplimiento; c) que la liquidación presentada por los ejecutantes ha sido aprobada; d) que los supuestos problemas con el agrimensor no afectan la habilidad del título y que este hecho ni ninguno de los alegados ha sido acreditado con la prueba prevista por el art 468 del C.P.C. (ver fs. 44 y vta).

Contra esta sentencia que desestima in límine la excepción de inhabilidad de título, se alza la ejecutada alegando le causa gravamen irreparable ( fs. 46).

La sentenciante, mediante decreto de fecha 4/2/2014, concede el recurso de apelación sin efecto suspensivo y disponiendo el cumplimiento de los recaudos, según surge de fs. 47 de autos.

2) Los Agravios:

Como primer agravio afirma que el título no está ejecutoriado, no ha vencido el plazo fijado para su cumplimiento, no resulta de él lo reclamado, ni la calidad de acreedor del ejecutante ni la de deudor del ejecutado, en referencia a que la sentencia no resulta de una petición expresa o de una ejecución, ni de un traslado y demás secuelas de un proceso. Que el trámite impreso por el Tribunal, lesionó su derecho de defensa.

Que su parte fue quien denunció el incumplimiento del Convenio Transaccional homologado por V.S.; que denunció el reclamo insistente de la confección del plano de mensura. Que los ejecutantes y el agrimensor, hasta días antes del vencimiento del plazo estipulado en el convenio, no efectuaron ninguna gestión, ni atendían el teléfono ni contestaban los mensajes y requerimientos que les efectuaban. Que estas circunstancias se las comunicaron por carta documento, habiéndoseles respondido los reclamos epistolares por parte de los ahora ejecutantes quienes, rechazándolas, tomaron una actitud prácticamente usurpadora y pretendiendo tomar la justicia por mano propia.

Motiva también el recurso, sosteniendo que, necesariamente y ante un expreso pedido de ejecución de convenio o sentencia y pedido de imposición de costas, se debió correr traslado de la ejecución, considerar y tener presente la prueba ofrecida, producir la pertinente, correr traslado a la contraparte y resolver en definitiva, aplicando las costas según lo solicitado. Que nada de ello sucedió, violándose de esa manera las normas del debido proceso y defensa en juicio.

Concluye caracterizando la sentencia de "arbitraria", solicitando su revocación y, en su lugar, haga lugar a las excepciones (inhabilidad de título) que oportunamente articulara (fs. 40 y ss; 157 del ppal).

Los agravios, fueron respondidos por la demandada-ejecutante, según constancias de fs. 55/58.

3) Razones:

Surge de los antecedentes obrantes en autos que la demandada-ejecutante, a partir del vencimiento del plazo fijado en el convenio transaccional homologado, solicita se ordenara suscribir la escritura traslativa de dominio. El Tribunal, ante esa pretensión, dispone " A fin de iniciar la ejecución del convenio homologado en autos, y conforme lo pactado en cláusula cuarta del mismo, practiquen los demandados planilla de liquidación correspondiente al importe abonado y a la superficie del terreno cuya escrituración pretenden, a efectos de ordenar su posterior sustanciación con los demás actores" (sic- fs. 28 vta/29).

Este decreto, firme, es cumplido por la ejecutante quien practica liquidación. En la mencionada sentencia (fs. 29) la Juez advierte que no es esa la oportunidad para discutir si está o no legitimada para ser ejecutada o si los demandados son acreedores legitimados para reclamar. Invoca y funda el fallo en los arts. 465, 466, 467 del C.P.C., rechazando la "reposición" deducida por la ahora ejecutada. Concede además el recurso de apelación que, luego, es declarado desierto, conforme decreto de fecha 25/6/2013 (fs. 31).

La resolución de fs. 28/30 quedó entonces firme y consentida.

No debe dudarse que el a-quo, ante el reclamo de escrituración de la parte demandada, provee conforme el trámite de ejecución de sentencia, exigiendo la previa liquidación que, consentida, autoriza despachar la ejecución dictando la sentencia respectiva. De allí lo expresado respecto de la oportunidad de ejercer las defensas, porque está refiriendo - también expresamente - el art. 466 de la ley formal.

Por ello y con apego a lo dispuesto en el art 460 del C.P.C., es que dicta la de fecha 18/11/2013, anunciando el inicio de la ejecución de sentencia contra los Sres. José Sánchez y Mercedes Antonia Heredia. Hace saber en la resolución, que la misma importa el emplazamiento a los deudores para que en el plazo de cinco días opongan las excepciones previstas por el art 467 ibidem. ( fs. 35 vta).

Sin duda entonces que la Juez al dictar la sentencia monitoria de fs. 35/36, imprimió el trámite procesal de ejecución de sentencia, otorgando al ejecutado el debido derecho de defensa, tal cual lo norma el art. 466 y 467 de la ley ritual.

A tal punto se advierte el trámite de ejecución, que la ahora recurrente, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, opone excepción de inhabilidad de título, con fundamento en el art. 467 inc. 3° del C.P.C., extremo que surge indubitado de fs. 40 y ss de autos.

Ahora bien, estas defensas esgrimidas por la parte ejecutada, son resueltas por el a-quo desestimándolas in límine, siempre con fundamento en las normas aplicables al proceso de ejecución de sentencia. Obsérvese que motiva la decisión en el art 460 del C.P.C., no sin antes mencionar que la liquidación presentada por los ejecutantes se había aprobado y que, los supuestos problemas con el agrimensor no afectan la habilidad del título; tampoco este hecho ni ninguno de los alegados - dice - ha sido acreditado con la prueba prevista en el art 468 del C.P.C. ( fs. 44 vta).

A esta altura considero que, la norma en que funda la resolución ahora en crisis (art. 468 del C.PC.) es la que autoriza el rechazo de la excepción "sin sustanciarla" por no haberse probado los hechos alegados al tiempo de excepcionar, como lo exige la ley ritual. Sin duda que el Juez de la instancia inicial, resolvió con total acierto.

A partir de ello y en la inteligencia de que no se agregaron documentos que prueben los hechos alegados como fundamento de la excepción, lo que apunta la resolución bajo recurso en forma expresa para terminar rechazándola sin sustanciación; resulta irrecurrible por imperio de lo dispuesto en el mismo art. 468 de la ley de forma. Ergo, el recurso de apelación deducido por la ejecutada, aparece mal concedido en el decreto de fs. 47 de autos.

Este tribunal ha sostenido reiteradamente que tiene innegables facultades para examinar todo lo atinente a los recursos y para apreciar la procedencia formal de la apelación (Cfr. L. de A. T° 62, Fs. 95/96, fecha: 22/05/84; F° 80/81, fecha: 16/09/84). FASSI dice que es "una facultad de la Cámara, aún de oficio, que se ejercita con prioridad al tratamiento de las cuestiones de fondo". Al efecto, le incumbe examinar de oficio si el apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la interposición del recurso, si éste ha sido deducido en tiempo hábil y si ha sido bien otorgado, pues las reglas que gobiernan la materia son de orden público. Como el tribunal está habilitado para examinar de oficio la forma de concesión del recurso, debe estarlo también para considerar si se han presentado en término los memoriales (Código Procesal Civil y Comercial, Anotado y Concordado, T° I, pág. 423). En igual sentido se pronuncia RIVAS diciendo que "...el Tribunal ad quem es el habilitado para formular juicio de admisibilidad definitivo..." ".. .no obstante la facultad conferida al a quo para juzgar acerca de la viabilidad del recurso de apelación en cuanto a la legitimación, legalidad del intento -con relación a las resoluciones apelables o no, plazo y formas de la interposición del recurso-, estando dirigido al Tribunal de Alzada, es éste el que decide en definitiva si es o no admisible. Sus poderes le permiten, incluso corregir el criterio con que el Tribunal inferior dio o no curso al medio de impugnación correspondiente..." (TRATADO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS, T° 1, pág. 399, y T° 2, pág. 461). ENRIQUE FALCON lo expresa de esta manera: "Ya hemos dicho que el tribunal que debe conocer en la decisión del recurso planteado es también el tribunal de la forma de concesión del recurso (CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Anot. Conc. y Com., T° II, p. 437).

En este orden de ideas se advierte que la apelante, en el proceso de ejecución, opuso excepción de inhabilidad de título con fundamento en el art. 467 inc. 3°, según expresamente refiere. La prueba que ofrece son las constancias de autos y las cartas documentos, toda documental ya incorporada con anterioridad al reclamo - via ejecución - de la aquí apelada.

Concluyo entonces en que resulta de aplicación, como lo hizo el a-quo, el segundo párrafo del art 468, resultando irrecurrible la resolución puesta en crisis.

Voto en consecuencia, por declarar mal concedido el recurso de apelación deducido por la actora-ejecutada.

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido por la actora-ejecutada.

El DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso de apelación deducido por la actora-ejecutada.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2015; F°140/144; FECHA:16 de octubre de 2015 DRES.ALFERILLO-VICTORIA.