Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a Instancia.- Buenos Aires, noviembre 11 de 2009.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda, recurre la parte demandada según el escrito de fs.251/253, que mereciera réplica de la contraria a fs.257/258vta.

Cuestiona la parte demandada que el Sr. Juez "a quo" haya considerado injustificado el despido del actor al entender que el telegrama rescisorio no cumplía con las previsiones del art.243, L.C.T. Sostiene al respecto que el sentenciante fundó su decisión en los términos de dicho telegrama sin tener en cuenta que han quedado debidamente acreditados los incumplimientos atribuidos a Salortt y que con anterioridad al telegrama rescisorio el actor había sido apercibido en reiteradas oportunidades.

En mi opinión el agravio no puede proceder en tanto la presentación recursiva no se hace cargo ni refuta debidamente el fundamento de la sentencia cuya revocatoria persigue. En ese sentido, el sentenciante ha concluido que la notificación del despido no ha cumplido con los requisitos que exige el art. 243 LCT, y este punto del decisorio no ha sido en modo alguno rebatido por el recurso que trato. Frente a esa conclusión, que llega firme, las consideraciones de la demandada respecto de la prueba producida resultan inconducentes en tanto ninguna prueba puede ser valorada frente a una causal que en su explicitación, no respeta el derecho de defensa del dependiente.

Por ello, propongo confirmar lo decidido en la instancia anterior.

En segundo lugar la demandada se agravia porque el sentenciante consideró acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, pero en este punto estimo que tampoco tendrá favorable recepción.

En efecto, de los términos del pronunciamiento de fs.243/248 se advierte que el Sr. Juez "a quo" consideró probado que Sarlott ingresó a trabajar en agosto de 2002 y que estaba registrado incorrectamente en mayo de 2003, tomando como base para ello la situación de rebeldía en las posiciones en que se encontraba incurso el demandado (art.86, L.O.) y la falta de exhibición del libro especial previsto en el art.52, L.C.T. que torna aplicable la presunción del art.55, L.C.T.

El recurrente por su parte, se limitó a disentir con la decisión judicial -fundamentalmente en lo que se refiere a la presunción del art.55, LCT-, pero no se hizo cargo de los efectos que acarrea su situación procesal en relación con los hechos expuestos en la demanda (art.86, L.O.), tema que ni siquiera fue mencionado en la expresión de agravios.

Sin perjuicio de lo expuesto, de la pericia contable surge que el demandado no puso a disposición los libros contables señalando que los mismos no se encontraban en su poder; habiéndose puesto a disposición copia parcial del registro establecido por el art.52, L.C.T. (cfr. pto.1 pericia de fs.213/216).

A lo expuesto cabe agregar que las referencias efectuadas en relación con los datos que surgen de las constancias de fs.30/33 y fs.76; fs.156/194, fs.112/113 y fs.144/150 resultan irrelevantes ya que es evidente que en dicha documentación figura la fecha en que esta registrado el actor, es decir en mayo de 2003.

En este contexto entiendo que el recurso interpuesto no logra desvirtuar los fundamentos que llevaron al sentenciante a tener por cierta la fecha de ingreso denunciada en la demanda (art.116, L.O.), por lo que propongo confirmar lo decidido en la instancia anterior en relación con este tema.

Por la forma en que se resuelve, deviene improcedente el planteo efectuado por el demandado referido al importe fijado en concepto de indemnización por antigüedad.

Ecociudad S.A. también cuestiona el periodo que se tuvo en cuenta a los efectos del cálculo de la multa prevista en el art.9 de la Ley de Empleo ya que según -sus dichos- debió computarse a tal fin un periodo de nueve meses y no de catorce meses como se computó en primera instancia.

Le asiste razón al recurrente ya tal como surge de las constancias de la causa queda claro que la actora ingresó a trabajar en agosto de 2002 y recién fue registrada en mayo de 2003, por lo que tal como sostiene el recurrente correspondía computar a los efectos de la multa prevista en el art.9, L.E. solo nueve periodos, que fueron en -definitiva- los meses que el actor no estuvo registrado. Por ello corresponde fijar dicho rubro en la suma de $3.577,50, lo que lleva a modificar el capital de condena que será de $30.129,50.

En cuanto a las costas de Alzada propongo que se impongan a la demandada (conf. art.68 C.P.C.C.N.), a cuyo efecto propongo que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda por su labor en la anterior etapa.

De prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y en su mérito establecer el capital de condena en la suma de $30.129,50, que llevará los intereses dispuestos en la instancia anterior. 2) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo restante que decide y fuera materia de recurso. 3) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia de primera instancia y en su mérito establecer el capital de condena en la suma de $30.129,50 que llevará los intereses dispuestos en la instancia anterior. II) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo restante que decide y fuera materia de recurso. III) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada. IV) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.- BEATRIZ I. FONTANA.- JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID.