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Homicidio calificado con el concurso de personas, abuso sexual calificado por acceso carnal, homicidio criminis causa, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: P., J. R. y P. D. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado con la participación de dos o mas personas y para ocultar otro delito en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2015-05-26

La acción consumativa de lo que es el homicidio, surge puesto que ambos inculpados conjuntamente han convenido o convergido en la idea, en la intencionalidad, de evitar todo tipo de responsabilidad por el abuso sexual mediante la decisión de dar muerte a la víctima para no ser descubiertos de dicho abuso carnal. Conforme a todos los informes existentes, en los acusados no surge que alguno de ellos padezca de algún tipo de enfermedad mental o incapacidad o que fuera obligado a realizar el acto de conformidad con el art. 83 del C.P.P.CH., son personas que comprenden la criminalidad de sus actos y pueden dirigir sus acciones.
Imputado, tratamiento psiquiátrico
Materia: PENAL
Carátula: Z.C.D.(.C. c/  s/ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y OTRO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2016-10-19

Existiendo por parte del titular de la acción o del ejercicio de la misma una solicitud de absolución del procesado, no ha mediado una acusación válida, no presentándosele a los jueces del tribunal a quo la contradicción necesaria para dirimir la cuestión.

Ya lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio realtivas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales, y que dichas formas no son respetadas si se dicta sentencia condenatoria sin que medie acusación, claramente aludiendo al requermiento punitorio previsto en el art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación. (Voto Dr. Rigi, autos: "Olivares Cusin, Oscar G. s/ recurso de casación", Sala III.).

Atento a los informes técnicos agregados en autos y lo solicitado por la Sra. Fiscal, ordenar la inmediata internación provisoria y temporaria del imputado en el Hospital Dr. Obarrio a disposición de ésta Sala para ser evaluado, tratado y compensado para una junta médica que en 30 días deberá elevar un informe preliminar respecto a la posible desaparición del peligro para sí y para terceros, el tiempo probable y el modo en que podrá reinsertarse en el ámbito familiar y social.- DRES.: ASIS - PELLEGRI - GRELLET DE BARRIONUEVO.
Pena, prisión perpetua, cumplimiento de la pena, ejecución de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: W., Y. L. c/  s/ incidente de ejecución N° 438
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-02

Si el artículo 14 de la Ley de Ejecución Penal, en su inciso b), dispone que los condenados a una pena perpetua sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, deben cumplir quince años de prisión, cuando el inciso c) menciona cumplida la pena, tres años más, se está refiriendo al cumplimiento de los quince años del inciso anterior. En efecto, el cómputo de los tres años debe efectuarse a partir del cumplimiento del plazo de quince años al que alude el inciso b) del artículo 17 de la Ley de Ejecución Penal.
Acreedor con privilegio especial, base regulatoria, honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERNÁNDEZ Sergio Gustavo c/  s/ Quiebra informe final y proyecto de distribución S/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-09-15

En la quiebra liquidativa, el reparto se hace según un orden de jerarquías que responde a los privilegios o preferencias legales (arts. 239 y siguientes, Ley 24.522), es decir que, la regla es que el producto no alcance para cubrir el ciento por ciento de las acreencias, el déficit del activo se traduce en la insatisfacción -parcial o inclusive, total- de una o de varias categorías de acreedores. En definitiva en la quiebra liquidativa nadie tiene asegurado el cobro, toda vez que, se parte de la premisa que el pago está condicionado a la existencia y cuantía del producto, pudiendo darse el caso que acreedores privilegiados -como lo es el síndico, como acreedor del concurso-, quede parcial o totalmente insatisfecho, si acreedores especiales consumen el total.
Recurso de inconstitucionalidad, non bis in ídem, resolución denegatoria, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de requerimiento de juicio: Alippi, Marcelo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

Corresponde admitir la queja en tanto cumple los recaudos de tiempo y forma establecidos en el art. 32 de la ley n° 402. Asimismo, el MPF refuta los argumentos utilizados por el a quo para descartar la existencia de caso constitucional, por cuanto señala fundadamente que la decisión de la Cámara que cuestionó mediante la interposición del remedio del art. 27 de la ley n° 402, se basó en una hermenéutica de la garantía del ne bis in idem que, a criterio del recurrente, desnaturalizó su alcance (arts. 18, 33 y 75, inc. 22, de la CN y art. 8.4 de la CADH y art. 14.7 del PIDCP). (Del voto del juez Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Mariana Díaz).
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda. c/ Superior Gobierno delaprovincia de Entre Ríos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-14

Conforme lo dispone el artículo 16 del Código Civil, las leyes no deben ser interpretadas tan sólo en base a su letra, podría ello conllevar a caer en un examen exegético, ajeno a la realidad económica del caso, que conduciría a soluciones absurdas como en las presentes actuaciones, en donde el monto de los honorarios sería más del 10 veces mayor que el monto efectivamente adeudado. En aplicación de esa directiva general del ordenamiento legal argentino surge evidente que el monto originalmente reclamado es absolutamente desproporcionado en relación al monto efectivamente condenado y al monto final de la transación arribada. El principio que insufla la legislación arancelaria es el de que la retribución del profesional guarde una adecuada relación entre la realidad económica del caso y su desempeño profesional, sin que ello implique la admisión de un enriquecimiento incausado como ocurriría en el caso sub-examine. Es por esa razón que no puede concluirse en que el fallo, en sus lineamientos generales, se encuentre viciado de arbitrariedad.
Recurso contencioso administrativo sumario, educación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

La educación (como también la salud pública que sí aparece en el artículo 1 de la ley 10000) constituye uno de esos valores o bienes íntimamente ligados a la "calidad de vida social" o "bien común" que requiere del Estado una tarea orientada a protegerlo y satisfacerlo

Nuestro dinamismo espiritual reclama descubrir la verdad y por eso rechaza la ignorancia, el error o la mentira. La educación es un valor porque sin los aprendizajes el hombre es el ser más desvalido de la creación". En una mirada jurídica preocupada por el hombre, el ámbito del crecimiento espiritual por medio de la educación como también el de su salud, deben ocupar sin duda un lugar privilegiado.
Responsabilidad del Estado, violencia de género
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "L. L. A. Y OTROS c/ EN-PNA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Nuestra sociedad y los organismos del Estado deben tomar conciencia del grave problema que genera la violación de género y que la indiferencia y la inacción frente a esos hechos conducen a un resultado disvalioso de la máxima entidad. De no existir una real y efectiva política que refleje en el ámbito local los compromisos asumidos internacionalmente, vendrán muchos más expedientes en que habrá que reparar lo irreparable.
Daños y perjuicios, acción de repetición, procedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARREÑO CRISTIAN GABRIEL c/ EN M° INTERIOR- PFA- SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-11

El GCBA solicitó una acción de repetición contra el Estado Nacional por haber abonado el total del monto de condena a los actores. Sostiene que el inicio de un nuevo juicio para obtener las sumas reclamadas resultaría en un dispendio procesal innecesario, toda vez ya se encuentran fijados los montos de responsabilidad y entendería el mismo juez que resolvió el proceso principal. A su vez, alega que la petición se encuentra íntimamente relacionada con el objeto del juicio principal, por lo que requiere se conceda la acción de regreso en las presentes actuaciones. Primera instancia rechaza tal solicitud, y el Tribunal hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el GCBA, concediendo el tratamiento de la repetición por vía incidental.
Proceso contravencional, medidas cautelares, aprehensión, interrogatorio policial, incomunicación, derechos y garantías constitucionales, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C.V.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-29

En el caso de ordenarse la aprehensión, el presunto contraventor no puede ser escuchado por los preventores, ni privado de comunicarse inmediatamente con quien quiera, ni ser alojado en dependencias de fuerza de seguridad alguna, conforme lo establece el artículo 13 incisos 5, 6 y 11 de la Constitución local, sino que debe ser conducido de inmediato ante el Juez, según lo dispone el inciso citado en último término. De darse la aprobación judicial de tal medida, el juicio respectivo debe celebrarse dentro de las 48 horas siguientes, conforme lo establece el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Contravencional. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Femenias, Jorge Néstor y Leguizamón, Susana c/ Mainardi, Gustavo s/ Daños y perjuicios López, Hugo y otros c/ Serra Néstor y otros s/ Daños y perjuicios López, Hugo y otros c/ Serra Néstor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05|2002-02-19

Si en el fallo penal se descartó la vinculación causal entre el obrar del demandado y el daño, declarando a su respecto la inexistencia del "hecho principal", que rige la prohibición contenida en el art. 1103 del Código Civil.
Prueba pericial, impugnación de la pericia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Tanco, Rosalino c/ Ramírez, Constantino s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-02-01

Las observaciones formuladas a la prueba pericial y que importan en definitiva un análisis de ese medio probatorio, deben hacerse en la debida oportunidad procesal. De allí que se haya declarado que, si en primera instancia no fue impugnada la pericia, no se lo puede hacer luego ante el Tribunal de segundo grado, al fundar el recurso interpuesto contra la sentencia condenatoria. En consecuencia, si la pericia fue agregada a autos y puesta al examen de las partes por el plazo legal, sin haber merecido objeción alguna por la recurrente, ésta no puede agraviarse si el juzgador falló de acuerdo al dictamen pericial.
Auto de procesamiento, plazos procesales, plazo ordenatorio, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SCOPEL de MARTINEZ, María G. s/ AUTO DE PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Si bien el vicio apuntado por la defensa radica en que el instructor excedió el plazo señalado por el art. 306, C.P.P. para dictar el auto de procesamiento, se trata de una transgresión no configurativa de nulidad esencial que afecte la garantía de la defensa en juicio, pues el término indicado en dicha norma es meramente ordenador y por consiguiente no pasible de invalidación, como lo entiende también la doctrina imperante.
Competencia federal, apremios ilegales, Servicio Penitenciario Federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Beltrán, Mario Oscar. s/ DENUNCIA APREMIOS ILEGALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

Corresponde a la justicia federal conocer en la presunta comisión, por parte de funcionarios de una unidad del Servicio Penitenciario Federal con asiento en la provincia federal, del delito de apremios ilegales de que habría sido víctima un interno.
Homicidio calificado por el vínculo, circunstancias extraordinarias de atenuación
Materia: PENAL
Carátula: Gómez de Gutiérrez, Nancy Beatriz s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-09-07

Causas extraordinarias de atenuación en las palabras de la ley no significan causas fuera de la naturaleza de las cosas, el derecho es para conductas posibles en un orden regula de conductas, causas extraordinarias connotan causa no común en un suceder ordinario, es un juicio de valor del juzgador de los hechos en su conducta histórica. Tampoco debe confundirse causa extraordinaria con motivo extraordinario, el motivo del obrar puede ser fútil en el momento de la acción delictiva y ello no empece a que existan causas extraordinarias de atenuación. Es evidente que la causa extraordinaria puede agotarse en el móvil, pero puede connota situaciones causadoras del motivo. Fundamento del Dr. Jorge Talagañis Urquiza.
Contratos administrativos, resolución administrativa, acto administrativo irregular, derechos adquiridos, modificación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cadipsa  S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

La resolución 7/91 de la Subsecretaría de Combustibles -que, so pretexto de aclarar una situación existente, modificó sustancialmente lo acordado en el contrato- constituye un acto irregular por afectar un derecho subjetivo incorporado al patrimonio de la actora por un acto regular -la circular 5/91 ratificado por el Poder Ejecutivo al momento de la adjudicación (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pensiones graciables
Materia: PENAL
Carátula: LUC, Hugo A. s/ Causa 44.556
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Carece de relevancia la existencia de una pensión graciable en favor de los menores relacionados con la causa, ya que ello no incide en el incumplimiento de la obligación alimentaria que se dice incumplida.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce de Ullón Ramírez Francisca y otros c/ Ramírez Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

La eventual infracción a las normas de tránsito por el damnificado no constituye -de por sí- la prueba cabal de la eximición de la responsabilidad por riesgo y, asimismo, debe ponerse de relieve que el carácter provincial de los reglamentos de tránsito hace que no puedan prevalecer sobre normas de jerarquía superior, como las del Cód.Civil (art.31 Const.Nacional), razón por la cual la infracción a la ley local 5800 no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil.
Accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TALAMO RODOLFO c/ ARECHEDERRETA EDUARDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-13

El daño moral, no deja de existir por el hecho de que no se hayan probado lesiones incapacitantes. La conmoción causada por el accidente, que provocó la pérdida momentánea del conocimiento, y los dolores generados por el golpe, tienen entidad suficiente para herir los sentimientos más íntimos y afectar a la víctima en su personalidad moral. De hecho, esto es lo que acostumbra suceder según el curso ordinario de las cosas; para la generalidad de las personas estos hechos son motivo sobrado de angustia y desasosiego.

En consideración a la repercusión que tuvo el accidente desde el punto de vista físico, la indemnización del daño moral debe ascender a mil pesos ($ 1.000) en moneda actual.-
Cesión de bienes, inscripción de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: SARAVIA MARCELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS s/ REMATE - CESION EXTRAJUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-04

No es procedente la inscripción del dominio en una cesión extrajudicial de derechos de inmueble adquirido en subasta pública judicial, salvo que se tratare de alguno de los casos de excepción de tracto abreviado señalado en el art. 16 de la ley 17801. Resulta necesario, para poder inscribir el documento en el Registro que la persona titular que constituya o transmita el derecho, tenga inscripto previamente su derecho en el Registro (Conf. Borda, Derechos Reales, Tomo II, Nro 1451, p. 446. Ed. Perrot 1975)
Policía Provincial, retiro obligatorio, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-10

Analizado ya el capítulo especial del Régimen de Retiro Policial, ha de decirse que de haber continuado en la fuerza [.]como puede ocurrirle a otros Oficiales Superiores de la Policía de la Provincia del Chubut que se encontraran comprendidos en el supuesto normativo bajo análisis, habría tenido la posibilidad de acumular mayor cantidad de años de antigüedad, con aportes al régimen policial, hasta alcanzar un máximo de treinta, con el cual podría obtener aquel porcentaje del 82%, de mantenerse vigente el sistema general del art. 75 bis. Pero ello le fue impedido... su carrera limitada abruptamente por una decisión política del Poder Ejecutivo -absolutamente legítima- pero que le es totalmente ajena... y lo perjudica, pues no podrá luego retomarla. Dada esta situación -especialísima- se le otorga un Retiro con haber. Y de solo el enunciado del tercer párrafo del art. 69 inciso b), surge inequívoca la finalidad de la Ley de recompensarlo ante la imposibilidad de "continuar" su carrera policial, y con ello, y al efecto, la posibilidad de "acumular" más años de antigüedad en la misma.
Daño moral, carácter resarcitorio
Materia: CIVIL
Carátula: ALBARRACIN, ALEJANDRO c/ SIRI, CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

Lo otorgado en concepto de daño moral tiene pleno carácter resarcitorio, no proponiéndose imponer una pena al responsable del hecho ilícito o infringirle un castigo, sino sólo procurar a la víctima una satisfacción o compensación por los padecimientos sufridos.
Inhabilidad de título, cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: García Humberto César c/ Eidman Héctor Félix s/ Ejecutivo. García Humberto César c/ Eidman Héctor Félix s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-05-24|1996-05-24

El cheque no representa el título ejecutivo -en los términos de los arts.498 y 501 inc.5 de la Ley procesal-, en tanto no exista constancia del rechazo bancario (art.38 de la ley 24452) o bien cuando se presenta tardíamente, tal como lo establece expresamente esta ley de fondo. Además, el párrafo 4 de dicho precepto legal tiene por norte el hacer responsables a las entidades giradas por el uso de expresiones o leyendas confusas al momento de producir el rechazo del cheque. Adviértase que a veces sólo por desidia o negligencia, y otras, por actitudes conniventes entre personal del girado y el cuenta correntista, las menciones insertas al rechazar el cheque producen confusión en el tenedor legítimo del mismo, provocando un alto grado de inseguridad jurídica al tiempo de intentar promover acciones tendientes al cobro del cheque rechazado.

Esta malsana práctica bancaria tiene -evidentemente- dos directos beneficios, por un lado el girado, que manteniendo con vida la cuenta corriente se asegura la percepción de altas tasas de interés por descuento, y por el otro, el titular de la cuenta corriente, que merced a los defectuosos rechazos del girado logra postergar, y hasta imposibilitar las acciones de cobro respectivas. Por ello, la norma analizada intenta poner coto a tales actitudes contraria a derecho y que perjudican los valores de seguridad y celeridad que deben presidir el tráfico mercantil, y que afectan además, la celeridad de la vía ejecutiva que la ejecución cambiaria ha tenido en miras asegurar, en virtud de que constituye la garantía de la normal circulación de los papeles de comercio, de la protección otorgada por el derecho cambiario al protector de buena fe y la necesidad imperiosa de asegurar la confianza en el cheque para que no deje de ser instrumento de pago.
Ley de emergencia, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Visñovezcky, Carmelo Arturo c/ Poder Ejecutivo y Recursos Humanos y/o Q.R.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-22

Es doctrina pacífica de la CSJN, la que entiende que la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal e igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias. La observancia de esta garantía y del principio de legalidad, no obsta a que el legislador contemple de manera distinta en el marco de una ley situaciones que considere diferentes, en la medida que tales criterios de distinción no sean arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución.

En efecto, en la ley de emergencia que se cuestiona, rige dicho principio, al establecerse una exclusión de su ámbito de aplicación, esto es grupo o sector de personas que perciban menos de $ 400 de salario y por ende de escaso poder adquisitivo, estableciendo un aporte más alto para los que más ganan. Tal excepción no niega el principio de generalidad sino que lo integra con el principio de equidad que obliga a adecuar la generalidad del mandato a las condiciones particulares y objetivas que constituyen determinado contexto social, de igual modo que sobre similares cuestiones establecen como excepciones los textos constitucionales. Ergo el amparo referido a esta cuestión debe rechazarse in límine.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Renzo, Fernando c/ Gómez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

La ley civil establece la existencia de un daño legal presunto producido a raíz del deceso de la víctima, o sea que sienta una presunción legal de daño sufrido por la viuda -no en este caso- y los hijos del difunto, a quienes se les debe indemnizar en función de esta previsión legal por privación de lo necesario para su subsistencia (arts. 1084 y 1085 Cód. Civil).
Competencia contencioso administrativa, servicio telefónico, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BRAILE, NELIDA c/ TELEFONICA DE ARG.  S.A. s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-24

Es necesario que el tribunal asuma la competencia cuando la causa recibió sucesivas declaraciones de incompetencia de los fueros contencioso administrativo, comercial y civil comercial y federal, sin que en cuatro meses la actora haya podido encontrar un juez que analice su petición, situación que configura una verdadera denegación de justicia y sin que ello signifique para casos futuros.