Protección de la víctima, trata de personas, declaración de la víctima, responsabilidad internacional del Estado, prueba, violencia de género
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Marquard, Ildemar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-20

El voto concurrente agregó que es necesario recordar que los deberes de protección de las víctimas imponen también la aplicación de mecanismos y reglas particulares en el marco del proceso penal con miras al resguardo de su identidad, e integridad física y psíquica, siempre en atención a las complejidades que presenta el flagelo de la trata y de las organizaciones dedicadas a ella y que se debe garantizar la amplitud probatoria y que la incorporación por lectura de las declaraciones prestadas por las víctimas en anteriores instancias constituye un mecanismo que tiene en cuenta las precauciones de no revictimización, respeto a la persona que se imponen en virtud de las obligaciones asumidas por el Estado en el marco de las Convenciones Internacionales. Se torna exigencia evitar un sometimiento innecesario de las víctimas a que expongan nuevamente los hechos que sufrieron. En el caso, las conductas imputadas han sido debidamente probadas tanto en su faz objetiva como subjetiva, contextualizando debidamente las declaraciones de la víctima, siendo asistida al momento de sus declaraciones en cámara Gesell y además, las mismas han sido adecuadamente contextualizadas, permitiendo de este modo conocer tanto su estado socio económico como las limitaciones personales y educativas, que ponen a la víctima en un claro estado de desventaja en razón de su extrema vulnerabilidad.

La Corte IDH señaló que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer (cfr. González y otras vs. México antes citado p.401) y que la investigación penal de este tipo de casos debe incluir la perspectiva de género (cfr. Entre otros, c. "Espinoza González vs. Perú" sentencia del 20 de noviembre de 2014, p. 309, con cita de los casos "González y otras" antes citado, p. 455, y caso "Véliz Franco y otros vs. Guatemala", sentencia del 19 de mayo de 2014, p. 251). Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Para), con jerarquía superior a las leyes internas (cfr. art. 75, inc. 22 de la CN) estipula expresamente la necesidad de preservar la integridad física y psíquica de las mujeres, e indica que ".es necesario que se adopten medidas efectivas desde la comunidad internacional y los Estados, desde todos los poderes públicos". Nuestro país ha sancionado el 11 de marzo de 2009 -promulgación del 1/4/09-, la ley 26485 de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". En ella se han establecido las obligaciones del Estado Argentino frente a casos como el que nos ocupa, donde se ha ejercido violencia física y psicológica sobre una mujer, en los términos elaborados en su art. 5º, acorde a lo dispuesto en el art. 2 punto b) de la Convención de Belém do Pará antes citada.