Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-28


Salta, 28 de junio de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "GARCÍA, JOSÉ MARTIN; GARCIA, RAMONA WALDA y OTROS c. IRIBERRY, ALBERTO RAÚL - MEDIDAS PREPARATORIAS y CAUTELARES" , expte. de Cámara nº 25219/10, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo de la ciudad de S.J. de Metán, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 82/83 y 85/86, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la resolución de fs. 74, regula honorarios del apoderado de la parte actora, Dr. Montoya; la de fs. 77, no hace lugar al levantamiento de embargo pedido por la demandada. Ambas decisiones, son apeladas por la accionada, por las razones que paso a sintetizar.

El primero de los recursos, está dirigido contra el auto regulatorio, al que la recurrente califica de violatorio de disposiciones legales vigentes y de su derecho constitucional de propiedad. Señala que en el caso, no corresponde que su parte deba cargar con los honorarios por la traba de embargo, que tramitara inaudira parte, pero que, si debiera hacerlo, la regulación practicada es abusiva, contraria a derecho y nula. En primer lugar, por haberse apartado la señora juez de la norma que establece que los honorarios por la obtención de medidas catelares, se regularán en el 30 % de la escala del art. 6º, aplicado sobre el valor que se trata de asegurar, no como se hizo, sobre la liquidación del juicio ordinario, lo que según sostiene es arbitrario y confiscatorio.

Agrega, que se deberá reducir el monto a sus justos límites, salvo que se decidiera declarar nulo el auto recurrido y proceder a nueva regulación, en forma correcta y tomando la base correspondiente; que a más de ello, se procedió a regular honorarios por un trámite, del letrado de la actora, totalmente injustificado, como es la ampliación de embargo incorrectamente ordenada, en un momento procesal que no justificaba tal dislate, pues ya había sentencia de segunda instancia; que la resolución, además, omitió considerar el art. 505 del Código Civil, que constituye una valla infranqueable, al disponer que la responsabilidad generada por las costas de un proceso, no puede superar el 25 % del monto de la sentencia o la transacción; que conforme a las constancias del expediente, tal porcentaje fue ampliamente superado en la causa, aún cuando está pendiente la determinación de la tasa de justicia, lo que dará una suma similar a la fijada por la Caja de Seguridad Social para Abogados a fs. 332; que el 10 de enero de 1995, se publicó la ley 24432, que incorpora al art. 505 C.C. el párrafo, que establece que la responsabilidad en el pago de las costas no excederá del 25 % del monto de la sentencia; que si los honorarios regulados a todos los profesionales, excedieran dicho porcentaje, el juez debería prorratear los montos entre los beneficiarios, lo que no ocurrió en autos, donde se reguló sin tener en cuenta el tope legal (reconocido incluso por un fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta) excediéndolo con creces y que por ello, teniendo en cuenta que las costas superan apliamente el porcentaje establecido como tope legal y que la regulación incumple el art. 505 C.C., corresponde se haga lugar al recurso, se revoque la resolución apelada, fs, 326 y se proceda a la regulación de honorarios del letrado de la contraria, adecuándolo al tope legal de las costas. Plantea reserva de recursos, para una alternativa desfavorable.

El segundo de los recursos que nos ocupan, está referido a que se haya dispuesto sin fundamentación alguna, mantener una ampliación de embargo sobre la cuenta bancaria de su parte. Agrega, que consta en el expediente principal que se canceló el capital y los intereses, ello sin mencionar que preexiste un embargo sobre el inmueble rural, que garantiza con creces el pago de las costas del presente juicio; que la resolución en grado genera perjuicio y gravámenes innecesarios a su parte, se dictó en evidente violación de la normativa aplicable y produce iniquidad, sin otra fundamentación que la arbitrariedad del sentenciante; que el fundamento de que no se podrá ordenar el levantamiento de medidas cautelares sin que se haya realizado el pago de aportes, olvida que se trata de una medida de ampliación de la cautelar originaria, donde la cuota parte que pertenece al demandado garantiza el pago de los aportes, tasa de justicia y honorarios; que la resolución apelada carece de fundamentación y razonabilidad y la señora juez excede sus facultades, manteniendo la ampliación de embargo sobre la cuenta bancaria del demandado pretendiendo garantizar lo que ya está garantizado; que el acreedor tiene derecho a garantizar su crédito, pero no le es permitido causar innecesario perjuicio al deudor, debiendo el juez apreciar la suficiencia o insuficiencia de los bienes, evitando que se trabe la acción del deudor por exigencias exageradas de aquél y que si el único fundamento para el rechazo del pedido de levantamiento de embargo, es el presupuesto del art. 53 del decreto 15/75 (que por otra parte no resulta de aplicación al caso, en el que se encuentra embargado un inmueble rural, al mantenimiento de cuya medida su parte dio conformidad), corresponde se acoja favorablemente la apelación interpuesta, se revoque la resolución en grado (con costas en caso de oposición) y se disponga el levantamiento de la ampliación de embargo sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y todo otro producto de inversión de Alberto Iriberry. Salvo que se decida anular la escueta resolución de fs. 77 (dictada en media carilla), por carecer de toda fundamentación, basarse sólo en el arbitrio o capricho del juzgador y violar consiguientemente el art. 34 CPCC, aplicable por remisión del art. 90 CPL.

Entiendo que los recursos no pueden prosperar. El primero (fs. 82 y sgte.), por cuanto la apelante se limita a sostener que la resolución es violatoria de disposiciones legales vigentes y abusiva, a hacer referencia a que el porcentaje del art. 505 C.C. fue ampliamente superado, a que en todo caso el juez debería prorratear los montos entre los beneficiarios, a que los honorarios del letrado del actor deben adecuarse al tope legal de las costas, etc., sin demostrar numéricamente el desfasaje atribuído ni cuál es la cantidad que considera correcta. No siendo facultad, tampoco obligación, de la Alzada, conjeturar al respecto ni subsanar los defectos (como cuando alude a una foja 326 inexistente) o la inactividad de la parte. Por no configurar una crítica concreta y razonada del fallo, a la luz del art. 255 CPCC, voto por declarar desierto este recurso.

El segundo, tampoco puede tener andamiento, porque lo resuelto no tiene que ver con decretar o denegar medida cautelar (inciso "h" del art. 59 del CPL), sino con ampliación de una medida concedida, donde cabe seguir el criterio aplicado a las sustituciones de embargo, donde la Sala tiene dicho que "Resulta inapelable la sustitución de embargo, en tanto la medida en sí ha sido concedida, dando lugar precisamente a la objeción que se formula, no existiendo la hipótesis de denegatoria que autorizaría la apelación" (Sala, autos Pando de Giamminola c. U.T.E., 18/7/96, entre otros, criterio mantenido a partir de los autos Guzmán Arias c. Junta Provincial del Poroto, 2/7/93).

En cuanto a las costas, voto por que la declaración de desierto del de fs. 82 y sgte. y el rechazo del de 85/86, sea con las mismas a cargo de la parte apelante, atendiendo a los respondes de fs. 89 y 91/92, art. 67 CPCC. El Dr. Cabrera, adhiere al voto precedente.

Por ello, la CÁMARA de APELACIONES del TRABAJO SALA I R E S U E L V E I) Declarando desierto el recurso de fs. 82 y sgte.. Con costas.

II) Rechazando el recurso de fs. 85/86, igualmente con costas.

III) Diferir la regulación de honorarios hasta después que se practique en 1ª Instancia y mandar registrar, notificar y bajar los autos.