Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18


Ciudad de Buenos Aires, 18 de julio de 2006. VISTOS: Estos autos, para resolver los recursos de apelación deducidos por la parte actora y por la sra. Fiscal de primera instancia (mantenido por la Sra. Fiscal de Cámara), contra la resolución de fs. 20/20 vta.; y CONSIDERANDO: 1. Que, a fs. 1/3 vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió "cuestión de competencia" ante el tribunal de grado a fin de que éste se declarase competente para entender en las actuaciones judiciales caratuladas "Santillán, Luis Alberto c/ GCBA s/ accidente (acción civil)", Expte. Nº 20.226/03, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 16. A fs. 20/20 vta., el señor juez de primera instancia declaró formalmente inadmisible el planteo de inhibitoria formulado por entender que no se encontraba prevista en el Código Contencioso Administrativo y Tributario. Además, sostuvo que la solución no habría sido distinta aun en el hipotético caso de que se aceptase su procedencia, por cuanto no estaban reunidas las condiciones que habilitaban la excepcional vía intentada. Contra esa decisión, la Sra. Fiscal y el GCBA interpusieron recurso de apelación (ver fs. 21 vta. y 25). La actora fundó su recurso a fs. 27/31, y a fs. 35/35 vta. hizo lo propio la Sra. Fiscal de Cámara. 2. Que, si bien es cierto que el Tribunal, en la causa "GCBA c/ Ovejero Domingo s/ otros", Expte. Nº 3891 -citado por la Sra. Fiscal de Cámara-, se pronunció a favor de la procedencia de la solicitud de declaración de competencia efectuada por la entonces actora, un nuevo examen de los argumentos esgrimidos y, fundamentalmente, la diferencia existente en las cuestiones fácticas, llevan a la Sala a apartarse del referido precedente. En efecto, no debe soslayarse el hecho de que la cuestión de competencia ha sido planteada por el actor en la Justicia Nacional del Trabajo y su decisión se encuentra pendiente en la Cámara de Apelaciones de aquel fuero. Por consiguiente, aun cuando lo solicitado por el GCBA no se encuentra regulado en el CCAyT, elementales pautas de seguridad jurídica y de respeto a las jurisdicciones de otros magistrados tornan aplicable la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos de "cuestiones de competencia" en cuanto a que escogida una vía -declinatoria o inhibitoria (que, en el caso, tendría los efectos de lo peticionado por la p arte actora)- no puede en lo sucesivo utilizarse la otra (confr. CSJN, doctr. de Fallos: 315:156, entre otros). Por lo demás, cabe advertir que la solución propiciada es la que mejor se condice con el carácter de orden público de la competencia, ya que con ella se intenta evitar una colisión en el ordenamiento jurídico provocada, paradójicamente, por quienes tienen que velar por su estricto cumplimiento. Si el actor, valiéndose de los procedimientos vigentes en la jurisdicción en la que tramite el juicio cuya competencia pretende sustraer ha resultado vencido en una instancia y ha recurrido dicha decisión, no resulta razonable ni acorde a los elevados principios que deben regir la substanciación de los procesos, que a la par del desarrollo de su apelación intente que un magistrado de otra jurisdicción se pronuncie sobre ese mismo tópico. Disidencia de la Dra. Nélida Mabel Daniele: 1.- Que, a fs. 1/3 vta., el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió "cuestión de competencia" ante el tribunal de grado con el objeto de que éste se declarase competente para entender en los autos "Santillán, Luis Alberto c/ GCBA / accidente (acción civil)", Expte. Nº 20.226/03, que tramitan en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo nº 16. A fs. 20/20 vta., el señor juez de primera instancia declaró formalmente inadmisible el planteo de inhibitoria formulado por entender que no se encontraba prevista en el Código Contencioso Adminstrativo y Tributario. Además, sostuvo que la solución no habría sido distinta aun en el hipotético caso de que se aceptase su procedencia, por cuanto no estaban reunidas las condiciones que habilitaban la excepcional vía intentada. Contra esa decisión, la Sra. Fiscal y el GCBA interpusieron recurso de apelación (ver fs. 21 vta. y 25). La actora fundó su recurso a fs. 27/31, y a fs. 35/35 vta. hizo lo propio la Sra. Fiscal de Cámara. 2. Que la actora, en su memorial, manifiesta que no propicia la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sino que se limitó a señalar que el código local no prevé la inhibitoria y que tal circunstancia no era óbice para formular el planteo. Concluye por lo tanto, que el rechazo a su reclamo no puede fundarse en aquella normativa de extraña jurisdicción. Destaca que, por el contrario, su planteo se funda en el orden público de la competencia contencioso administrativo y tributaria de la Ciudad, y en las razones sustanciales que la determinan en el supuesto de autos. Agrega que la solicitud es simplemente para que la Justicia local ejerza y cumpla las atribuciones que le son impuestas por la legislación, y, a tal efecto, solicite la remisión del expediente de que se trata, sin que sea necesario adjudicar un nombre o encorcetar en un cauce procesal determinado dicha actividad del tribunal. Señala un caso fallado por el juzgado nº 6 de este fuero in re "GCBA c/Rapp Rodolfo Ricardo s/ otros", en el que el tribunal de grado habría requerido las actuaciones a la Justicia Nacional con el sólo elemento consistente en haber advertido la competencia que le correspondía de acuerdo al artículo 2 del CCAyT. Por último, afirma que el discurso del fallo, en cuanto sugiere la opción de pedir la declinatoria en el proceso que tramita en la Justicia Nacional, no le resulta indiferente, por cuanto no le incumbe a la Procuración General reclamar en una jurisdicción extraña, sometiéndose entonces a sus procedimientos y criterios en materia de competencia y debiendo eventualmente asumir una decisión que la obligaría a someterse al juicio de aquella. 3.- Que la Sra. Fiscal de Cámara afirma que si bien no corresponde aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación, la solicitud articulada debe acogerse dentro de las normas del CCAyT, toda vez que este dispone la competencia de este fuero siempre que una de las partes sea una autoridad administrativa de la Ciudad (conf. art. 2 CCAyT), y que el tribunal cuenta con facultades expresas para encauzar la petición deducida (conf. art. 27, inc. 5º, ptos. b y e). 4.- Que, ello asentado, cabe señalar que la petición de la actora, a criterio del Tribunal, halla adecuado tratamiento en los dictámenes del Ministerio Público producidos en autos. En efecto, de los términos de la copia de la demanda acompañada a fs. 7/11 vta., surge en forma indubitable que se acciona contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma posterior a la constitución e integración del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local y de la vigencia de la ley 7 que en su artículo 48 le otorga la competencia para entender en todas las causas en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, norma a la postre reiterada en el artículo 2 del Código en la materia. En este sentido, ha de tenerse presente que según lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación las disposiciones normativas en materia de competencia resultan de aplicación inmediata a las causas pendientes (C.S.J.N., Fallos 249:343). En tales condiciones, y atento las facultades que otorga el CCAyT para "disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades" (art. 27, ap. 5, inc. b in fine), y "procurar que se logre la mayor economía procesal en la tramitación de la causa" (art. y ap. citado, inc. e.), resulta procedente la solicitud del actor en autos, debiendo librarse oficio a efectos de solicitar la remisión de las actuaciones mencionadas en el escrito de inicio. Ello así, por su parte, considerando que la declaración referida al carácter de orden público de la competencia contencioso administrativo y tributaria de la Ciudad que enuncia el artículo 2 del CCAyT, importa que aquella debe ser observada y hacerse observar toda vez que resulta indisponible e improrrogable por voluntad de partes, así como indelegable por los magistrados llamados a ejercerla en virtud de las atribuciones jurisdiccionales establecidas en el artículo 129 de la Constitución Nacional, de suerte tal que la declaración a su respecto es oficiosa. Nélida Mabel Daniele Por las razones expuestas, el Tribunal -por mayoría- RESUELVE: Confirmar la resolución apelada. Sin costa s, atento la naturaleza de la cuestión dirimida. Regístrese, notifíquese -a la Señora Fiscal en su despacho- y, oportunamente, devuélvase. Esteban Centanaro Eduardo Ángel Russo Nélida Mabel Daniele (en disidencia)