Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-11


--- En la ciudad de Trelew, a los 11 días de mayo del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. S., N. F. c/ AUTOSERVICIO MAYORISTA D. S.A. s/ cobro de hab. e indem. de ley" (Expte. Nº 21.200 - año 2006) venidos en apelación a esta Alzada. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? y, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 321.---------------------------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. de la Fuente dijo: ------------------------------ I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto a fs. 311 por la parte demandada, concedido a fs. 312, contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 293/298, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por N. F. G S. contra AUTOSERVICIO MAYORISTA D. S.A., condenando a este último para que en el término de diez días abone a la actora la suma de $ 24.087,10, con más los intereses determinados, imponiendo las costas a la accionada vencida.------------------------------------------------------------------------ ---- --- A fs. 301 la actora también presenta recurso de apelación contra la sentencia de grado anterior, y concedido a fs. 302, es declarado desierto a fs. 306.----------------- --- A fs. 313/318 obran los informes introducidos por la demandada apelante y previstos en el artículo 62 de la Ley 69.--------------------------------------------------- --- II.- Ingresando a la descripción de los agravios vertidos por la demandada en su escrito impugnaticio, y a los fines de un mejor ordenamiento expositivo, la quejosa comienza por expresar que ataca la sentencia precedente por poseer notables errores, tanto de aplicación del derecho, como de apreciación de los hechos, que la descalifican como acto jurisdiccional válido.--------------------------------------------- --- Afirma que muchos de los errores que padece la sentencia, derivan de haberse omitido la lectura de los instrumentos básicos que conforman la litis, y que a continuación señala.------------------------------------------------------------------------- --- Así, de la lectura y análisis del libelo de apelación, surge que los agravios expresados se apoyan en los siguientes argumentos: ----------------------------------- --- II.a) En primer lugar, sostiene que yerra el juez de grado al analizar las pruebas aportadas en autos y aplicar al presente caso los términos del artículo 242 de la L.C.T., sin merituar la totalidad de las pruebas rendidas.-------------------------------- --- Dice que el juez centra su razonamiento en la circunstancia que la sanción de despido aparece como desproporcionada en relación a la falta cometida, adicionando que, según el juzgador, la falta en que incurriera la actora se encontraba justificada.-------------------------------------------------------------------- --- --- Sobre este aspecto, afirma que ha quedado demostrado en autos que la actora omitió dar aviso a sus superiores de Casa Central a fin que se adoptara una solución ante la imposibilidad de la accionante de entregar el dinero a la empresa recaudadora de caudales.---------------------------------------------------------------------<# LINE> --- Y el error del fallo, según continúa, estriba al considerar que la falta de la demandante se centró solamente en no tener contado el dinero al momento en que debía ser recogido por el camión recaudador, sino que a esto debe añadirse otra falta consecutiva y relacionada con ella, y que fue no dar aviso a sus superiores para que éstos pidiesen un adicional a la empresa de caudales, y de esta forma solucionar el inconveniente producido.----------------------------------------------------- --- Expresa que ha quedado debidamente acreditado en autos las directivas de al empresa desde su Casa Central, en el sentido que debía avisarse de inmediato ante tal circunstancia, cosa que la actora no hizo.---------------------------------------------- --- Asevera que el juez, al valorar la falta cometida, sólo tuvo en cuenta las pruebas que indicaban que supuestamente el día del hecho existió mucho trabajo en la sucursal, pero nada dijo con respecto que la accionante omitió informar a sus superiores.--------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Manifiesta que tal hecho le hizo perder la confianza que requiere toda relación laboral, confianza que ya venía resquebrajada por conductas anteriores, que merecieran una sanción de apercibimiento, corroborada en autos.--------------------- --- Se extiende luego en amplias consideraciones, y que doy por reproducidas, y citas jurisprudenciales, sobre la valoración de los comportamientos asumidos por la actora y que no fueran tenidos en cuenta por el sentenciante, para luego adentrarse a un pormenorizado análisis de los requisitos que exige la doctrina y la jurisprudencia para que se configure la justa causa de despido, deteniéndose especialmente en el segundo de ellos, relativo a la proporcionalidad entre la falta y la sanción.------------------------------------------------------------------------ ------------ --- Cuestiona la opinión del juez en el sentido que éste sostiene que el peligro fue potencial, ya que no ocurrió nada con dinero que quedó esa noche en la sucursal. Manifiesta que tal argumento es desacertado y contra la opinión de la doctrina y jurisprudencia, que a continuación transcribe.--------------------------------------------- --- También dice que el juez de grado equivoca su razonamiento, al darle central importancia al hecho que la actora ocuparía un cargo jerárquico, ya que si bien ello no es así, no es justificativo alguno para decir que dentro de sus facultades estaba decidir por sí sola qué hacer ante la circunstancia que se presentara el 3 de Mayo de 2004.--------------------------------------------------------------------------- ------------- --- Afirma que al revocarse la sentencia por los fundamentos que se exponen, también deben caer la totalidad de los rubros reclamados, y a los que injustamente se hizo lugar, incluidas las multas de la Leyes 25.323 y 25.561.---------------------- --- II.b) La queja siguiente se orienta a impugnar la parte del fallo que indica que en la liquidación final resta abonar los días laborados del mes de Mayo de 2004.

--- Dice que si el Sr. Juez se hubiese detenido a leer el recibo de liquidación final adjuntado con la demanda, junto con el dinero consignado judicialmente y correspondiente a dicha liquidación, se hubiera percatado que dicho monto había sido abonado.------------------------------------------------------------------------ ---------- --- Asevera que por tal motivo yerra el juez al hacer procedente un rubro que ya fue abonado.------------------------------------------------------------------------ ---------- --- II.c) El otro agravio se refiere a la imposición de costas efectuada por el juez de grado, no obstante el éxito parcial obtenido por su parte, por lo cual debió condenarse a la actora por aquella parte en que no prosperó la demanda.------------- --- Expresa que lo más grave de ello radica en el hecho que a los fines de justificar la condena en costas, el juez sostuvo que los rubros que se rechazaron se debieron al control de legalidad del juez y no a la actividad defensiva de la demandada.------ --- Señala que en el Acápite V de la contestación de demanda, expresamente se marca la improcedencia de la multa del artículo 45 de la Ley 25.345, a lo que luego hace lugar el juez, pero basado en el control de legalidad aludido.-------------------- --- Peticiona que se revoque la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido materia de agravios, con costas a cargo de la actora.------------------------------------- --- III.- Así, pues, formulada la relación de causa precedente, me abocaré al tratamiento de cada uno de los agravios anteriormente descriptos.--------------------- --- III.a) El primero de ellos, entonces, se vincula con la calificación que efectúa el Sr. Juez de grado, atinente a la entidad adquirida por la injuria laboral esgrimida por la demandada como argumento justificante del distracto, que el juzgador considera desproporcionada con la falta cometida, y que la accionada trata de fundamentar en sentido contrario, rebatiéndolo con todo ahínco.---------------------- --- Para una mejor comprensión en el desarrollo de esta cuestión en debate, considero conveniente abordar en primer término los aspectos objetivos producidos en la causa, para posteriormente, y a la luz de lo que de ellos surja, analizar el enfoque jurídico, y así arribar a la dilucidación de la queja vertida.----- --- III.a.1) Plataforma Fáctica: Del atento cotejo de la sentencia dictada en la instancia precedente y las constancias de la causa, con los agravios de la apelante, se desprende que no asiste razón a la demandada en su ataque impugnaticio sobre esta cuestión puntual.------------------------------------------------------------------------ --- Así, la quejosa, de manera recurrente y reiterativa, en mayor o menor medida, repite los argumentos ya esgrimidos en su escrito de responde de fs. 23/29 vta., y en el alegato de fs. 287/290 vta.------------------------------------------------------------ --- Desde este punto, hace continuo hincapié en la falta de comunicación a la Casa Central, por parte de la actora, de no haber entregado el dinero al camión recaudador de caudales en tiempo oportuno, como también en negarle su calidad de encargada de la sucursal.---------------------------------------------------------------- --- Con respecto a las razones expuestas por la demandante que la llevaron a no tener contado el dinero para su entrega, en el fallo en crisis el juzgador dio expresos fundamentos, apoyado en concretas probanzas producidas en el proceso (v. fs. 294 vta. in fine, y fs. 295), y que consideró no ameritan darle entidad necesaria para calificarlo como injuria laboral suficiente que justifique la extinción del vínculo contractual por justa causa.----------------------------------------------------- --- Pese a los cargos que formula el apelante al Sr. Juez de grado, señalando la aparente falta de lectura de los antecedentes obrantes en el expediente, de los motivos expuestos por el sentenciante y su remisión a las constancias habidas en las actuaciones, se advierte que el a- quo ha fundado debidamente en las pruebas producidas los argumentos respaldatorios de su decisión.------------------------------ --- Y precisamente, el apelante, más allá de insistir sobre alegaciones ya efectuadas, no hace una crítica puntual sobre los elementos fácticos que el Sr. Juez tomara como pautas para su labor evaluativa, y que lo condujeran a tener por configurada la injuria laboral por parte de la actora, que la hicieran acreedora al cobro de las indemnizaciones de ley.----------------------------------------------------- --- Igual comentario han de merecer los dichos de la recurrente en cuanto a su persistente negativa de atribuirle la calidad de encargada a la actora. Así, en este sentido, la accionada no logra conmover, y menos aún desarticular, en su escrito de agravios, los abundantes y sólidos fundamentos dados en el pronunciamiento apelado (fs. 295/296 vta.), en el que el Sr. Juez da sus razones contrapuestas a las sostenidas por la accionada quejosa.------------------------------------------------------- --- En esta dirección, el fallo expresa que: "... no puedo más que llegar a la conclusión de que gerente o no, C. S. se desempeñaba como encargada de sucursal, con cierta autonomía en el ejercicio de sus funciones y capacidad de decisión al menos en lo que hace a las operatorias normales , lo que no puede ser de otra manera en cualquier empresa, y más en una de la dimensión de la demandada, en donde aparece como imposible y poco probable que absolutamente todas las decisiones y determinaciones - hasta las de rutina - se impartan desde una casa central a 1.500 km. de distancia...".-------------------------------------------- --- Y más adelante agrega: "... la actora en su carácter de encargada del área de la tesorería y del área administrtiva, tomó una decisión de urgencia para solucionar el problema suscitado el día 3 de Mayo de 2004, y si a entender de la empresa el mismo no se compadecía con las instrucciones dadas y era de gravedad, debió - como ya dije y a fueza de ser reiterativo - haber aplicado una sanción menos extrema que la adoptada...".---------------------------------------------- --- Y añade luego: "... Y si E era el encargado ("encargado a prueba"según las palabras de la demandada), la responsabilidad última por lo acontecido el día en cuestión debió a él caberle, y no imputársela a una empleada de menor jerarquía según lo era la actora para la demandada; lo que refuerza la conclusión arribada de que evidentemente C. S. se desempeñaba como encargada".

--- Sobre estos asertos de la sentencia impugnada elude el apelante expedirse de forma concreta, vaciando de contenido estructural suficiente el agravio introducido con relación a este tema.------------------------------------------------------ --- En virtud, pues, de las argumentaciones anteriormente expuestas, y si bien puede entenderse que esta porción del recurso puede no alcanzaría a reunir los recaudos de admisibilidad previstos en el artículo 265 del código ritual, en mérito al criterio amplio que debe primar en el tratamiento de los recursos por parte de esta Alzada, de todos modos considero oportuno ingresar al agravio.----------------- --- En este sentido, ello así, por cuanto se ha dicho, que no obstante la precariedad que pueda observarse en la crítica a la resolución de que recurre, la apelación cumple en cierta medida con las exigencias del artículo 265 del CPCC, si conforme al criterio de "amplia tolerancia", que resulta de la interpretación que se juzga más acorde con la garantía constitucional de defensa en juicio, se cumple con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva (conf. CNCiv., sala G, in re "A de C, V c/ C, E", LL, 1983-B- 764; idem, DJLL, año 1996, t. XII, p. 147 y sgts.).---------------------------- --- III.a.2) Plataforma Jurídica: Así, pues, hemos de partir de la base que, conforme acreditada doctrina y jurisprudencia, la injuria es todo acto u omisión de una de las partes del contrato que afecta intereses legítimos de la otra, y la valoración de su importancia y de su aptitud para disolver el vínculo debe ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración las modalidades de la relación y las circunstancias que se se dan en cada caso (argum. Art. 242 de la L.C.T.; idem, Fernández Madrid, J.C. y S., "Práctica Laboral", Errepar, año 1999, p. 497 y sgts.).------------------------------------------------------------------------- ------- --- Y sobre los alcances de los términos del mencionado artículo 242 de la Ley 20.744, cabe señalar que su filosofía entronca con el principio de conservación del contrato que la ley intenta preservar y por ello insiste la norma con otras sabias pautas, que como se viene de decir, repito, son: a) la valoración debe ser hecha prudencialmente por los jueces, quienes a ese efecto ponderarán; b) el carácter de las relaciones y; c) las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Recién luego de este análisis, efectuado por el juzgador, se estimará si procede considerar justa la causa invocada ( conf. Sardegna, M.A., "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Edit. Universidad, año 1999, p. 750 y sgts.).------------------- --- Se ha dicho que en el sistema legal se pueden distinguir un momento subjetivo y uno objetivo en la evaluación de la injuria. El primero tiene lugar en la conciencia del contratante y se expresa en la comunicación de despido. El segundo, en la convicción del juez y se expresa en la sentencia (conf. Grisolía, J.A., "Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", Lexis- Nexis, año 2005, p. 294 y sgts.; CNTrab., sala 8ª, 19/10/2001, in re, "H, M c/ O AFJP").---------------------------------------------------------------- --- Sobre esta aludida valoración judicial, cabe apuntar que la apreciación de la injuria queda reservada a los jueces, de tal modo que en cada proceso éstos consideran si la causal invocada por el empleador al proceder al despido del trabajador reviste o no ese carácter (CNTrab., sala I, Sent. Nro. 34.854; idem, S, M.A., op. cit.).---------------------------------------------------------------------<#LIN E> --- Por ello, y con relación a la proporcionalidad, como elemento de justa causa de despido, la jurisprudencia ha manifestado que para la procedencia del despido por justa causa se requiere la concurrencia de los recaudos de causalidad, oportunidad y proporcionalidad.--------------------------------------------------------------- ------------ --- Sobre tal base, aunque se hayan verificado los dos primeros, si la falta cometida no fue de entidad suficiente para legitimar el distracto, el trabajador tiene derecho al cobro de las indemnizaciones legales, teniendo en cuenta que, en todo caso, la empleadora puede adoptar otras medidas disciplinarias previas, pues la relación contractual exige que cada una de las partes haga lo necesario para que la misma se mantenga, de modo que la resolución es excepcional y sólo procede en casos de gravedad (conf., CNTrab., sala 3ª, 31/3/1978, LT, XXVI- 553; idem, G, J.A., op. cit.).-------------------------------------------------------------------------- -------------- --- Por eso para erigirse en justa causa de despido el obrar contrario a derecho, que es injuria, este incumplimiento debe asumir magnitud suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. S, M.A, op. cit.).------------------------ Ello, sin que el tribunal deje de reconocer el legítimo derecho que asiste a la demandada de prescindir de un trabajador que, por cualquier circunstancia, deje de merecer su confianza.---------------------------------------------------------------------- -- --- No obstante, la calificación de la gravedad de la injuria, y tal como se ha expresado precedentemente, debe ser hecha prudencialmente por los jueces, priorizando la permanencia del contrato laboral, que es precisamente, lo que ha hecho el Sr. Juez de grado en el fallo atacado.-------------------------------------------- --- Por tal motivo, y sin discutir, insisto, las facultades rescisorias de la empleadora para el supuesto que aquí se examina, si esta última decidió extinguir la relación de trabajo por que consideró quebrado el vínculo de confianza que la unía con su dependiente, debió desarmar de manera concreta y razonada cada uno de los firmes fundamentos sostenidos por el juzgador en el pronunciamiento en crisis. Y no lo hizo.-------------------------------------------------------------------------- --- De todo lo antedicho, se desprende que en el despido efectuado por la demandada, las causales invocadas por la empleadora para llevarlo a cabo (no tener contado el dinero, falta de comunicación e incumplimiento de instrucciones) resultan desproporcionadas para justificar el distracto laboral, considerando que de acuerdo a las constancias de la causa no era la primera vez que quedaba dinero en la sucursal de un día para el siguiente, como también la carga de trabajo que se produjo en la fecha en que tuvieron lugar los acontecimientos que dieran origen a estos actuados.----------------------------------------------------------------------- -------- --- Máxime, aún, teniendo en cuenta el tiempo de subsistencia de la relación de trabajo que uniera a las partes, y que el único antecedente disciplinario que ostenta la actora (un apercibimiento), no fundamentan medida tan extrema como la adoptada.----------------------------------------------------------------------- --------------- --- Todo ello configuran elementos de valoración que deben conjugarse a la luz del ya referenciado artículo 242 de la L.C.T.-------------------------------------------- --- En virtud, pues, de las razones de hecho y de derecho anteriormente enunciadas, propongo al Acuerdo desestimar esta porción del recurso.--------------- --- III.b) El agravio siguiente se endereza a criticar la decisión judicial que, según manifiesta, indica que en la liquidación final falta abonar los días laborados del mes de Mayo de 2004.----------------------------------------------------------------------- --- Dice que si el Sr. Juez se hubiera detenido a leer el recibo de liquidación final adjuntado con la contestación de demanda, y el dinero consignado judicialmente y correspondiente a dicha liquidación final, se hubiera percatado que los días laborados en Mayo de 2004 habían sido abonados.-------------------------------------- --- En este sentido tengo para mí, que la omisión de lectura adecuada de los antecedentes de autos no estuvieron de parte del sentenciante de grado, sino de la apelante.----------------------------------------------------------------------- ---------------- --- En efecto, el resolutorio impugnado expresa concretamente que "... sólo queda pendiente de pago un saldo de $ 777,80 correspondiente a los días trabajados en el mes de mayo y a la integración de mes de despido" (fs. 297, párr. 2do. in fine).

--- Así, pues del examen del Apartado VII, del escrito promocional de fs. 5/12, que contiene la liquidación reclamatoria practicada por la actora, se desprende que ha incluido en el Punto 1., bajo el rubro "M c/ integración", la suma de $ 1.005,00 ( fs. 11 vta); y en el Punto 8., como "Liquidación Final", la suma de $ 770,50 (fs. 12).---------------------------------------------------------------------------- --- --- Ambos rubros, acogidos por la sentencia, hacen un monto total de $ 1.775,50. Si a dicha cifra se le deducen los importes ya percibidos por la actora, conforme las constancias de fs. 22 y 36, se advierte sin dificultad que de allí surge la suma de condena en este concepto, siendo por tanto equivocada la imputación de error judicial sobre este aspecto, atribuida por la demandada.-------------------------------- --- En consecuencia corresponde desestimar esta porción del recurso.--------------- --- III.c) Se agravia finalmente la recurrente, por la imposición de costas a su cargo efectuada por el juez de grado, afirmando que la actora obtuvo un éxito parcial con relación a su pretensión indemnizatoria, por lo que debió condenársela proporcionalmente por aquella parte de la demanda que no prosperó.----------------- --- A renglón seguido considera grave que el Juez, a fin de justificar la condena en costas, sostiene que los rubros rechazados se debieron al control de legalidad del juzgador, y no a la actividad desplegada por su parte, reiterando que si se hubiera leído su contestación de demanda, se hubiera advertido que allí la quejosa marcó expresamente la improcedencia de la multa del artículo 45 de la Ley 25.345.----------- A mi leal saber y entender, tampoco le asiste razón a la quejosa, pues no advierto que haya habido sobre este tema, omisión por parte del Sr. Juez en el examen de las constancias obrantes en las actuaciones.------------------------------------ En efecto, el fallo en crisis expresa que no se hace lugar a la indemnización del artículo 45 de la Ley 25.345, en razón que la intimación de fs. 11 del cuaderno de pruebas, cursada por la actora, para que se entregara el certificado del art. 80 de la L.C.T., resultó extemporánea por prematura, conforme lo han dicho pronunciamientos de esta Cámara, que la sentencia cita, ya que debió haber esperado 30 días de la disolución del vínculo, para recién ahí exigir su entrega (fs. 297 in fine/297 vta.).-----------------------------------------------------------------------<#L INE> --- Vale decir, que el rechazo de la demanda con referencia a esta multa concreta, no se fundó en la improcedencia de la pretensión incoada por la actora, y a pedido de la demandada, como ésta última lo asevera, sino a una conducta cumplida fuera de término por la demandante, que neutralizó dejando afuera, su petición resarcitoria atinente a este rubro. Y así lo declaró el Sr. Juez.------------------------- --- Empero, debe advertirse que de todas las pretensiones indemnizatorias introducidas por la actora en su libelo de demanda, esta última fue rechazada, y conforme los lineamientos pautados por la Ley 69 (art. 59), admite visualizar la calidades de vencedor y vencido con amplitud de criterios de valoración y en virtud del resultado obtenido en el pleito por las partes, y conforme lo ha determinado el Superior Tribunal de Justicia provincial en distintos pronunciamientos judiciales (S.D. 7/91; S.D. 3/93).------------------------------------- --- Por las razones apuntadas, considero oportuno que las costas de primera instancia sean impuestas en un 90% a cargo de la demandada, y en 10% a cargo de la actora, teniendo en cuenta la proporción de las peticiones que prosperaron y las que fueron rechazadas, y según las directrices que emanan del artículo 71 del código adjetivo, y el citado artículo 59 de la Ley 69.------------------------------------ --- IV.- En consecuencia, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia venida en lo principal que decide, modificando las costas de primera instancia e imponiéndolas en un 90% a cargo de la demandada y el 10% a cargo de la actora, y manteniendo los honorarios regulados a favor de los profesionales intervinientes en dicha instancia, conforme las previsiones contenidas en los artículos 6, 7, 9, 19, 39 y 47 de la ley arancelaria, y al entender que los mismos se ajustan prudentemente a las tareas cumplidas y resultado final de la causa.---------------------- Con relación a las costas de Alzada, también estimo prudente establecerlas en un 90% a cargo de la parte accionada, y en 10% a cargo de la parte accionante, por haberse perfilado asimismo en esta instancia la situación prevista en el artículo 71 del CPCC.--------------------------------------------------------------------------- ---------- --- De acuerdo con ello, pues, se han de regular los honorarios de segunda instancia, conforme al mérito, calidad y eficacia de las labores cumplidas por el Dr. S D, apoderado de la accionada, en el 2,91% de la suma equivalente del monto del proceso, y según las pautas determinadas por los artículo 6,7,14 y 47 de la ley arancelaria, a los que deberá añadirse el IVA correspondiente.---------------------------------------------------------------- --------------- --- Concluyo mi intervención y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- -- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----------------------------------- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 311, que fuera concedido a fs. 312, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 293/298 que hizo lugar a la demanda instaurada por N. F. C. S. y condenó a AUTOSERVICIO MAYORISTA D. S.A. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $24.087,10.-, en concepto de integración mes de despido y liquidación final, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, con más el incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 y la duplicación contemplada por el art. 16 de la ley 25.561, con costas a la sociedad vencida.-------------------------------------------------------------------- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 313/318, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.----------------------------------------------------------------------- ------ 2. La lectura de la expresión de agravios permite señalar que las manifestaciones vertidas por la apelante en el sentido que el despido directo dispuesto por la sociedad resultó justificado importan una reiteración de la postura asumida en el escrito de contestación de demanda (acápite IV, fs. 25 vta. y sig.) y en el alegato de bien probado (fs. 288 y sig.), por lo que al incumplir la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. no hay agravio que atender.--------------- Y desde ya que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos).----------------------- En este aspecto, el informe a estudio no se hace cargo del razonamiento dirimente del fallo referido a los motivos que justificaron el incumplimiento habido, medidas adicionales de seguridad tomadas, y permanencia usual de valores en la sucursal, por lo que desde esta perspectiva sólo denota el particular punto de vista de la recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.------------------------------------------------------------------- ------------ En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. Lo mismo ocurre cuando carece de suficiencia técnica, pues la suficiencia se relaciona con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 371 y 373, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ ------------------ Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).----------------------------------------- Lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C, H N. y otro c. B, J J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando reitera argumentos expuestos en la anterior instancia sin desplegar una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.---------------------------------------------------------------------- ----------------- Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P e Hijos, J c. P P M S.A.", L.L. 1985-A, 309).----------------------- ----------------------------------- Pero aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar al agravio siguiendo un criterio amplio a favor de la recurrente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 101, pág. 275/276) adelanto que no le asiste razón.----------------------------------------------- Al respecto, cabe precisar que en forma reiterada esta Cámara ha sostenido como principio general que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato de trabajo, queda sujeta a la prudente apreciación de los jueces, conforme a la facultad otorgada por el último párrafo del art. 242 de la L.C.T. (conf. Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, n° 1845, pág. 462; en igual sentido, Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 526).------------------------------------------------------------------------- Es que, la valoración de la importancia y de la aptitud de la injuria para disolver el vínculo debe ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en cuenta las modalidades de la relación y las circunstancias personales que se dan en cada caso (conf. Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 1990, T. II, par. 15.6.3., pág. 1615).----------------------------- -------------------- Con tales alcances, estimo que cobra especial relieve para la dilucidación de la causa tres aspectos debidamente acreditados en la causa y que fueran puntualmente ponderados por el juzgador a fs. 294 vta./295 y 297, sin que merecieran crítica alguna por la quejosa, a saber: a) Ha quedado acreditado que el día 3 de mayo de 2004 faltó a trabajar C H, colaboradora de la actora (C C fs. 80vta. respuesta a las repreguntas 12° y 13°, A N. G fs. 165 respuestas 22° y 32°), que ese día además el Sr. E le efectuó constantes consultas a C. S., lo que contribuyó a que le resultara imposible cumplir con la orden de entregar la recaudación del día a la hora en que pasaba el camión de J (C, fs. 80 vta. respuesta 10° repregunta); b) . que se tomaron medidas adicionales de seguridad en atención a que el dinero iba a permanecer esa noche en la empresa (C fs. 80 vta. respuesta repregunta 15°); y c) Además ha quedado también demostrado que era usual que quedaran valores en la sucursal después de que pasara el camión de caudales. C a fs. 81.----------------------------------------------------- En ese contexto, no le asiste razón a la quejosa cuando señala que el juez de grado omitió tener en cuenta los tres requisitos para que se configure la justa causa de despido, pues precisamente al ponderar el referido a la proporcionalidad entre la falta y la sanción, en uso de la facultad otorgada por el art. 242 de la L.C.T. llegó a la conclusión que la comunicación rescisoria fue desproporcionada.------------ Si bien se requiere la concurrencia de los recaudos de causalidad, oportunidad y proporcionalidad, aunque se hayan verificado los dos primeros, si la falta cometida no fue de entidad suficiente para legitimar el distracto, el trabajador tienen el derecho al cobro de las indemnizaciones legales, teniendo en cuenta que, en todo caso, la empleadora puede adoptar otras medidas disciplinarias previas, pues la relación contractual exige que cada una de las partes haga lo necesario para que la misma se mantenga, de modo que la resolución es excepcional y sólo procede en casos de gravedad (conf. CNTrab., Sala 3ª, 31/03/1978, LT XXVI-553; Sala 10ª, 31/08/1998, "P H v. B F S.A.", citados por Julio Armando Grisolía, "Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", LexisNexis, 2005, fallos nos. 1753, pág. 310).----------------------- Así, precisó el fallo venido en apelación que más allá del incumplimiento de la directiva de la empresa, lo cierto es que la actora ha justificado -y probado- los motivos por los cuales no llegó el día en cuestión a entregar la recaudación diaria. Al entender la demandada que la falta fue grave y que se puso en riesgo el dinero de la empresa, debió haber aplicado una sanción menos extrema, verbigracia, una suspensión de días de trabajo acorde con la magnitud de la falta, pero no proceder sin más al despido, el que encuentro en el caso de autos desproporcionado al incumplimiento que se le imputa a C. S. .------------ En tal sentido, el principio de proporcionalidad entre la falta y la sanción se traduce en que no cabe justificar el despido por una falta susceptible de ser proporcionadamente sancionada mediante una sanción menor. Y el despido se considera como último remedio al que no puede recurrirse sino en casos de verdadera necesidad. De lo contrario, el despido se juzga como arbitrario (conf. Etala, ob. cit., par. 4 y 5, págs. 527/528 y 529). Y el principio de continuidad impone a ambas partes que hagan lo posible para que la relación laboral se mantenga, siendo la resolución contractual sólo una solución excepcional para casos de suma gravedad (conf. CNTrab., Sala VIII, noviembre 22-991, DT. 1992-B, 1670).------------------------------------------------------------- ------------------------------ Y la pérdida de confianza traduce un sentimiento subjetivo irrelevante para el ordenamiento jurídico y son los hechos en los que se funda los que deben ser objeto de escrutinio a fin de determinar su idoneidad objetiva como injuria laboral (conf. CNTrab., Sala 8ª, 07/09/91, citado por Grisolía, obra mencionada, fallo n° 1810, pág. 316).--------------------------------------------------------------------------- ------- En ese marco, al considerar que la actora justificó las causas que la llevaron a no cumplir con la orden de entrega de la recaudación el día 3 de mayo de 2004 ya que ese día faltó al trabajo la empleada C H (colaboradora de la accionante) y el Sr. E le efectuó constantes consultas, la adopción de medidas adicionales de seguridad, y la circunstancia que en anterioridades oportunidades quedaron valores por un monto significativo, me llevan a concluir conforme a la facultad conferida por el segundo párrafo del art. 242 de la L.C.T. que el despido directo dispuesto por la empleadora aparece desproporcionado respecto de la falta atribuida pues bien pudo aplicar una sanción menor, por caso la de suspensión, tal como lo señalara el juzgador, por lo que al no haber ajustado su conducta a los principios de subsistencia del vínculo laboral y buena fe (arts. 10 y 63 de la L.C.T.) la medida extrema adoptada resultó injustificada por falta de proporcionalidad.------------------------------------------------------- -------------------------- Por tales consideraciones, la sanción de apercibimiento dispuesta con fecha 16 de febrero de 2004 por la apertura de una cuenta corriente con un proveedor sin contar con la autorización correspondiente -que obra en su legajo personal y que reservado se tiene a la vista- no es antecedente que permita dar mayor justificación al despido directo dispuesto, o dicho de otro modo, aquélla medida no le otorga legitimidad a la máxima sanción adoptada por la empresa.-------------------------------- Tales fundamentos llevan a desestimar los agravios formulados en ese aspecto y dejan vacío de contenido el referido a la condena por los incrementos establecidos por las leyes 25.323 y 25.561.------------------------------------------------ --- 3. Respecto al alegado pago de los días laborados por el mes de mayo de 2004 y consideraciones efectuadas acerca que el rubro ya fue abonado, cabe considerar que el depósito de fs. 22 responde al importe correspondiente al recibo de fs. 57 que reservado en este acto se tiene a la vista.------------------------------------------------- Sin embargo, no advierte la quejosa que en demanda se reclamaron los rubros mes de mayo con integración y liquidación final por $1.005.- y $770,50.-, respectivamente (acápite VII, fs. 11 vta./12).------------------------------------------------ Y en tal sentido, el juzgador tomó el depósito de $997,70.- (fs. 22) y lo imputó a la liquidación final ($770,50.-, fs. 12), motivo por el cual quedó un saldo de $227,20.- que lo dedujo del monto del primero de los rubros antes indicados ($1.005.-, fs. 11 vta.), por lo que bien condenó al pago de un saldo de $777,80 correspondiente a los días trabajados en el mes de mayo y a la integración del mes de despido ($1.005.- menos 227,20.-).--------------------------------------------------- Con tales alcances, se desestima la queja.------------------------------------------------- 4. Del escrito de contestación de demanda surge la oposición de esa parte al pedido de la indemnización prevista por el art. 45 de la ley 25.345 aun cuando el argumento esgrimido fue que la certificación de servicios siempre estuvo a disposición de la actora y que nunca se negó a entregarla (p. V, fs. 27 vta.).------------ En ese aspecto, no le asiste razón a la apelante al considerar que el juez no se detuvo a leer el citado escrito, pues el rechazo de esa indemnización se basó en un razonamiento distinto al seguido por la demandada, y en tal sentido expresó que el único rubro rechazado -indemnización del art. 45 de la ley 25.345- obedeció al control de legalidad ejercido por el judicante y no a la actividad defensiva de la contraparte.-------------------------------------------------------------------- ------------------- En efecto, señaló el sentenciante que la indemnización del art. 45 de la ley 25.345 no prospera pues la intimación efectuada en la misiva de fs. 11 del cuaderno de pruebas para que se entregara el certificado del art. 80 de la L.C.T., resultó, al decir de nuestra Cámara de Apelaciones Sala "A" (in re "S c/**" SDL 53/05), extemporánea por prematura, pues debió haber esperado la actora 30 días de la disolución del vínculo para recién ahí exigir su entrega (art. 3 dec. 146/01), por lo que no se dan los presupuestos de la norma que habiliten su procedencia. -------------------------------------------------------- Sin perjuicio de ello, es evidente que una de las pretensiones que integran el escrito inicial de demanda fue rechazada.----------------------------------------------------- Y el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C L c/ Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "Cde R c/ C C y otro", S.D. 3/93).--------------------------------------------------------- --- Así, debe ponderarse el principio establecido por la ley de procedimiento laboral y el éxito mayormente obtenido en función a las pretensiones deducidas, pero también la circunstancia de no haber progresado la referida a la indemnización art. 45 de la ley 25.345.-------------------------------------------------------- En tales condiciones, atendiendo a las pautas reseñadas precedentemente, estimo también prudente la imposición de las costas de primera instancia en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado, vencimientos recíprocos habidos, y resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).--------------------------------------------- 5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en recurso en lo principal que decide, modificando la misma para imponer las costas de primera instancia en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.).--------------------------------- Asimismo, teniendo en cuenta la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia, entiendo que resulta prudente mantener los honorarios allí regulados a favor de los letrados apoderados de las partes (arts. 6, 7, 9, 19, 39, y 47 de la ley 2.200), por lo que no será necesario su adecuación.----------------------- -------------------------------------------- En cuanto a las costas de Alzada, el progreso parcial de uno sólo de los agravios vertidos y su menor trascendencia económica permite delinear un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuirlas en iguales porcentajes a las impuestas en la anterior instancia, esto es, un 90% a la demandada y un 10% a la actora, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por la apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.).----------------------------------------------------------------- Finalmente, atendiendo a las pautas ya expuestas y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, propicio regular los emolumentos del Dr. S D, por sus trabajos de segunda instancia, en la suma equivalente al 2,91% del monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente.--------------------------------------------------------- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.--------------------------------------------------------------------- ------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó: ------------------- --- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en lo principal que decide, modificando las costas de primera instancia e imponiéndolas en un 90% a cargo de la parte demandada, y en un 10% a cargo de la parte actora, manteniendo los honorarios allí regulados. 2) IMPONER las costas de Alzada en un 90% a la parte demandada y en 10% a la demandante. 3) REGULAR los honorarios de segunda instancia del Dr. S D, en el 2,91% de la suma equivalente del monto del proceso, a los que se añadirá el IVA pertinente.------------------------------------------------------------------<#L INE> --- ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- ---- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ---------------------------------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. de la Fuente, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.----------------------------------------------------------------------- -------------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- --------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del tribunal por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la Ley 1130 y 261 del C.P.C.C., T. de la ley 4550), pasándose a dictar:

------------------------------------ S E N T E N C I A: -------------------------------------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:

--- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en lo principal que decide.-------- MODIFICAR las costas de primera instancia, imponiéndolas en un 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% a cargo de la parte actora, manteniendo los honorarios allí regulados. ------------------------------------------------------------------- IMPONER las costas de Alzada en un 90% a la parte demandada y en 10% a la demandante. -------------------------------------------------------------------------------- ------- REGULAR los honorarios de segunda instancia del Dr. S D, en el 2,91% de la suma equivalente del monto del proceso, a los que se añadirá el IVA pertinente.--------------------------------------------------------------------- ------------ --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--------------------------------------------------- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 20 DE 2006 - SDL.- CONSTE.- c.

CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA