Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08


En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el Dr. Guillermo J. Yacobucci como Presidente y los Dres. Luis M. García y W.

Gustavo Mitchell como Vocales, asistidos por el Prosecretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Gustavo J. Alterini, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto contra la resolución que obra a fs.

229/241vta. de la presente la causa nE 10.151 del registro de esta Sala, caratulada:

ARossi, Mónica Cecilia s/ recurso de casación@. Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Ricardo Gustavo Weschler y a la imputada la señora Defensora Pública Oficial, doctora Laura Beatriz Pollastri.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor W.

Gustavo Mitchell y en segundo y tercer lugar los doctores García y Yacobucci, respectivamente.

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

I 1E) El Tribunal Oral en lo Criminal n° 22 resolvió: "Condenar a Monica Cecilia Rossi . a la pena de un año de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el término de dos años, y al pago de las costas procesales, por ser autora penalmente responsable del delito de estafa procesal (artículos 20 bis inciso 3°, 26, 29 inciso 3°, 45, 172, del Código Penal y 403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación" (fs. 229/241vta.).

Contra esa decisión, a fs. 242/252vta. interpuso recurso de REGISTRO Nro.: 19.263 2 casación el Defensor Público Oficial, doctor Daniel E. Parodi, el que fue concedido por el a quo tal como consta a fs. 253/vta., y mantenido oportunamente a fs. 266 .

2°) La defensa de Mónica Cecilia Rossi encauzó su recurso por la vía de los incisos 1° y 2° del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Precisó que el motivo de su agravio consiste en la errónea aplicación de la ley sustantiva. Ello así, pues a su criterio el accionar descripto en la sentencia condenatoria impugnada resulta atípico y por ende no configura delito alguno.

El recurrente señaló que no se han satisfecho la totalidad de los requisitos típicos del delito de estafa procesal (art. 172 del C.P.) pues si bien en el fallo cuestionado se identifica la conducta engañosa presuntamente desplegada por su defendida, se omite cualquier consideración a la hora de tener por satisfecho el requisito de la idoneidad del ardid desplegado a través de tal accionar.

Adujo que no hay mención alguna, aún cuando fue objeto de especial tratamiento por esa parte al alegar y postular la absolución de Rossi por atipicidad.

Dijo que en esa oportunidad sostuvo que la utilización de la fotocopia en cuestión como medio ardidoso no tuvo idoneidad para inducir en error al juez civil, ni siquiera con el grado requerido para la tentativa de delito imposible.

A continuación, esbozó las dos razones en las que fundamentaba su planteo absolutorio por atipicidad en atención a la falta de ardid idóneo.

En primer lugar, se apoyó en las características extrínsecas del medio ensayado, pues una fotocopia simple de un escrito no reviste la calidad de documento exigida por el código de fondo, tal como fuera advertido por los jueces.

Cámara Nacional de Casación Penal Causa Nro. 10.151 Sala IIAROSSI, Mónica Cecilia s/ recurso de casación@.

3 En segundo lugar, señaló que el cargo inserto en dicha fotocopia ya demostraba que estaba presentado fuera de término, de modo que el magistrado no estaba habilitado para adoptar una resolución como la pretendida a través del aporte de dicha fotocopia, lo cual hubiera exorbitado el marco legal al que éste debía someterse, ello, sumado a que además dicho cargo correspondía a un día inhábil -sábado-.

Insistió en que los sentenciantes hicieron caso omiso a dichos planteos, concluyendo erróneamente que la decisión del magistrado -objeto del engaño- de suspender el lanzamiento ordenado resultó consecuencia inmediata de la presentación.

Por otra parte, sostuvo que no existió relación de causalidad entre ardid y error.

Para ello se apoyó en lo afirmado en el fallo, en cuanto a que "Ante la apariencia de la realidad que reflejaba aquella fotocopia, el Magistrado arbitró las diligencias que surgen del decreto de fs. 295 de la causa civil para constatar o no la existencia del escrito en original.", de lo cual -dijo- se deduce que la consecuencia inmediata de la presentación de la fotocopia como medio de prueba aportado juntamente con el escrito de nulidad no fue otra que la realización de diligencias tendientes a la constatación de la existencia de un original.

Arguyó que lo resuelto a partir de allí por el magistrado engañado, esto es, a partir de "la suspensión del lanzamiento ordenado hasta tanto no se resuelva el incidente articulado en el escrito a despacho", a su criterio no fue determinado por el ardid del autor, sino por la conducta del Juez que omitió ejercer razonablemente los poderes de contralor sobre la prueba, al resolver en este sentido aún cuando se encontraba pendiente la constatación de la existencia de un original de la presentación.

En tal sentido, citó doctrina de Nuñez para afirmar que la 4 presentación en cuestión, intrínseca y extrínsecamente no aparentaba realidad ni legalidad. A su entender el ardid desplegado resultó ser básico, sin sofisticaciones, no más que una simple mentira, la cual era vencible atento a que el sujeto pasivo estaba al tanto de que en el sistema informático no figuraba la referida presentación.

Adujo que importa un absoluto dogmatismo el pretender derivar el ardid típico de la aseveración en el sentido que "fue suficiente la articulación mediante el uso de esa fotocopia, para recrear en el ánimo del Magistrado la convicción de que el traslado había sido contestado cuando ello no ocurrió de tal forma".

En definitiva, sostuvo que dado que para el descubrimiento de la falsedad de la presentación bastaba un mínimo de diligencia que debía poner el magistrago civil, esto es, en la constatación de la inexistencia del original así como en la fecha inhábil de presentación y fuera de término, en modo alguno pudo válidamente sostenerse la idoneidad de la conducta ardidosa.

En tercer lugar y subsidiariamente, postuló que al hecho solo cabía reputarlo como una tentativa de delito imposible. Tal calificación, dijo, fue la escogida en el procesamiento y su confirmación, y en el requerimiento de elevación a juicio.

En tal sentido, señaló que el perjuicio no alcanzó a consumarse por cuanto ni siquiera se dictó la nulidad propiciada a través de la presentación, sino simplemente se suspendió la orden de lanzamiento hasta tanto se resolviera la constatación de la existencia del original.

A su entender, en la sentencia impugnada se alude dogmáticamente a que "su patrimonio sufrió una merma al no poder disponer del bien".

Finalmente, esgrimió que dado que el hecho debió ser calificado como constitutivo de la figura de estafa procesal en grado de conato, le restaba esbozar sus argumentos por los cuales entendía que la conducta de su Cámara Nacional de Casación Penal Causa Nro. 10.151 Sala IIAROSSI, Mónica Cecilia s/ recurso de casación@.

5 ahijada procesal, a lo sumo, configuraba una tentativa de delito imposible.

Así, destacó que la posibilidad de producir el fin buscado mediante el despliegue del ardid era absolutamente imaginaria, dado la extemporaneidad del planteo de nulidad, la constatación de la inexistencia del escrito original, y la falsedad de la copia presentada.

3°) Durante el término de oficina, previsto en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., tal como consta a fs. 269/271vta. se presentó el señor Fiscal General y, en virtud de las consideraciones formuladas en su escrito, solicitó se rechace el recurso de casación.

Por su parte, la asistente de Mónica Cecilia Rossi en esta instancia, señora Defensora Pública Oficial, doctora Laura Beatriz Pollastri, debidamente notificada tal como consta a fs. 272vta., no hizo presentación alguna.

4°) Superada la etapa prevista en el art. 468 del C.P.P.N., las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

II El recurso de casación interpuesto por defensa de Mónica Cecilia Rossi es formalmente admisible toda vez que la decisión recurrida por la que se condena a la referida imputada constituye sentencia definitiva, artículo 457 del Código Ritual.

III Que ingresando en el análisis de la cuestión casatoria, adelanto que corresponde rechazar los planteos articulados por la defensa de Mónica Cecilia Rossi, ya que -a contrario de lo allí sostenido-, entiendo que la resolución puesta en duda se encuentra fundamentada de conformidad con los arts. 123 y 404 del C.P.P.N, la decisión a la que se arriba es conducente con las constancias colectadas en la causa, y no presenta una errónea aplicación de la ley sustantiva como lo alega la esforzada defensa en relación a los artículos 172 y 45 del C.P..

6 A mi criterio, el tribunal de a quo fundadamente contestó los agravios que el impugnante replantea ante esta Cámara.

El recurrente para postular la falta de los elementos típicos del art. 172 y, en subsidio, la aplicación de la tentativa inidónea al presente caso, realiza una valoración de las constancias en autos divergente de la realizada sin arbitriedad por el tribunal oral.

En este sentido, los planteos de la defensa de Rossi resultan meras discrepancias con la apreciación de la prueba que legítimamente ha hecho el tribunal de juicio, las que se presentan como simples afirmaciones -todas ellas dirigidas a cuestionar los argumentos del tribunal para tener por cumplidos los requisitos típicos de la estafa procesal, como asimismo para tener por acreditada la consumación de ese delito- que no llegan a constituir una crítica razonada del fallo en cuestión.

En primer lugar, respecto a la alegada inidoneidad del medio ardidoso empleado, corresponde destacar que no es cierto lo expuesto por la defensa en cuanto a que el sentenciante omitió cualquier tipo de consideración a la hora de tener por satisfecho ese requisito. Sobre este punto, el tribunal de a quo además de citar jurisprudencia relacionada, advirtió que: "Ante la apariencia de realidad que reflejaba aquella fotocopia, el Magistrado arbitró las diligencias que surgen del decreto de fs. 295 de la causa civil para constatar o no la existencia del escrito en original. . En el caso analizado, la manifestación efectuada por Rossi sobre que efectivamente había contestado el traslado, se apoyó en el acompañamiento de una fotocopia de aquel presunto escrito, que fue suficiente para llevar a error al Magistrado, quién como surge del juicio civil, suspendió el lanzamiento ordenado en relación al cliente de la imputada. Tal circunstancia evidencia la idoneidad que tuvo la maquinación empleada por Rossi, sin que tuviera el juez -conforme la ley procesal que regía el procedimiento- una posibilidad de contralor inmediato sobre la autenticidad de la presentación .".

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7 Es así que en la sentencia impugnada, contrariamente a lo argüido por el recurrente, se trató lo relacionado a la idoneidad del medio engañoso y se tuvo por acreditado este requisito típico.

Por lo demás, es claro que no resultaron suficientes, tanto la extemporaneidad como así tampoco la fecha de un día inhábil en el cargo de la presentación -que recordemos era una fotocopia- para sostener la inidoneidad del ardid a efectos de engañar al juez civil, pues a pesar de ellos la imputada logró que el magistrado civil decidiera la suspensión del lanzamiento del cliente de Rossi, a efectos de constatar la existencia del escrito original.

Por lo tanto, el ardid desplegado, que no sólo consta de la fotocopia presentada sino también las manifestaciones de Rossi, provocó en el juez civil un estado de duda, que mereció la prudencia de despejarla y, en consecuencia, suspender el lanzamiento ordenado del cliente de Rossi.

Así, la referida decisión del magistrado fue consecuencia directa del estado de duda provocado con argucia por la imputada, lo que permite afirmar la relación de causalidad entre ardid y engaño.

En cuanto al agravio en subsidio, por el cual el impugnante pretende que se considere al hecho como una tentativa de delito imposible, cabe destacar -tal como lo determinó el a quo- que no es viable.

Ello así, dado a que en autos se encuentra acreditada la consumación del delito de estafa procesal y el perjucio patrimonial sufrido producto de aquel.

Al respecto, el recurrente no logra rebatir los fundamentos que lucen a fs. 238 vta./240vta. a los que cabe agregar lo expuesto por Marcela Mabel Chasares, empleada del Juzgado en lo Civil n° 74, quien en calidad de testigo señaló: "Aún hoy no se efectivizó el lanzamiento ya que el Banco Hipotecario quedó desinteresado. Además se suscitaron otras cuestiones y luego salió la ley 8 que frenó el trámite de varias ejecuciones hipotecarias y no estaba resuelta la aplicabilidad de esta ley en el expediente. Si se hubiere hecho un rechazo in limine, el lanzamiento ya se hubiera efectivizado, pero se decidió sustanciarlo para solucionar la cuestión" (cfr. fs. 232).

En atención a ello, resulta evidente que no fue necesaria la nulidad propiciada a través de la presentación de la abogada Rossi, pues el perjuicio alcanzó a consumarse con la decisión que suspendió la orden de lanzamiento hasta tanto se resolviera la constatación de la existencia del original.

En definitiva, la resolución impugnada no se apartó de la solución legalmente prevista y brindó las razones en las que se sustentó la acreditación de cada uno de los requisitos típicos de la figura penal de la estafa procesal, lo que permite considerar su consumación.

En virtud de las consideraciones expuestas postulo al acuerdo el rechazo del recurso incoado, con costas (arts. 471 a contrario sensu, 530 y 531 del CPPN). Tal es mi voto.

El señor juez doctor Luis M. García dijo:

-ICoincido con el juez del voto que abre este acuerdo que el recurso de la defensa es formalmente admisible, correctamente fundado en los presupuestos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y me remito también a ese voto en cuanto a la reseña de los planteos efectuados a fs. 242/252 vta. Sin embargo he de disentir con la solución que allí se propone, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen.

-IILa abogada Mónica Cecilia Rossi ha sido condenada como autora de estafa procesal (arts. 45 y 172 C.P.), que habría cometido en el curso de la sustanciación de una ejecución hipotecaria promovida por el Banco Hipotecario contra Guillermo Fernández, proceso en el cual la letrada patrocinó al demandado.

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9 En la sentencia que viene impugnada se tuvo por acreditado que "Mónica Cecilia Rossi como letrada patrocinante del demandado, presentó en el expediente caratulado 'Banco Hipotecario c/Fernández Guillermo s/ejecución hipotecaria' del Juzgado Civil nro. 74', la copia de un escrito de 'contestación de traslado', cuyo original adujo haber presentado el 16 de setiembre de 2006 en la mesa receptora de escritos de la Cámara Civil y por el que pretendió tener por contestado el traslado que le fuera corrido el 18/8/06, solicitando por ello la nulidad del auto aprobatorio de la subasta ordenada en ese expediente y la suspensión del lanzamiento de su cliente del inmueble rematado, sito en la calle Jerusalén s/n de la localidad de Ituzaingó.

En base a dicho ardid, esto es, la presentación de la copia de aquel escrito de cuya existencia el tribunal no tenía constancia alguna, logró que el 13 de noviembre de 2006 el Juez suspendiera el lanzamiento de su patrocinado, perjudicando de tal modo a quién adquiriera el inmueble en pública subasta" (cfr. fs. 234 vta. in fine/235).

Al ocuparse de la calificación legal del hecho atribuido (cfr.

considerando segundo, fs. 237 vta./240 vta.) el tribunal concluyó que la conducta de la imputada constituía el delito de estafa procesal, para lo cual se evocaron los tres elementos distintivos del injusto objetivo del art. 172 del C.P. "[.]a saber:

a)engaño fraudulento; b) error en que se incurre producto del engaño y c) perjuicio patrimonial que es consecuencia de los otros dos requisitos".

Sobre este contexto en primer término se señaló que "[.] el medio engañoso utilizado por Rossi, estuvo constituido por el uso de un fotocopia correspondiente a un escrito de contestación de traslado, copia que se presentó en el marco del juicio de ejecución hipotecaria ya referenciado" y se consideró que "[e]n el caso, fue suficiente la articulación mediante el uso de esa fotocopia para recrear en el ánimo del Magistrado la convicción de que el traslado había 10 sido contestado, cuando ello no ocurrió de tal forma [en tanto a]nte la apariencia de realidad que reflejaba aquella fotocopia el Magistrado arbitró las diligencias que surgen del decreto de fs. 295 de la causa civil para constatar o no la existencia del escrito en original".

Sobre la relación entre ardid y el error del magistrado, sostuvo el a quo que "[e]n el caso analizado, la manifestación efectuada por Rossi sobre que efectivamente había contestado el traslado, se apoyó en el acompañamiento de una fotocopia de aquel presunto escrito, que fue suficiente para llevar a error al Magistrado, quién como surge del juicio civil, suspendió el lanzamiento ordenado en relación al cliente de la imputada" y que "[t]al circunstancia evidencia la idoneidad que tuvo la maquinación empleada por Rossi, sin que tuviera el juez conforme la ley procesal que regía el procedimiento, una posibilidad de contralor inmediato sobre la autenticidad de la presentación, no obstante el pedido de informe que hizo con posterioridad a la Cámara Civil".

Al abordar la identificación del perjuicio patrimonial identificó el a quo el perjuicio recaído "sobre el patrimonio del adquirente del inmueble mediante subasta, quién a fs. 285 requirió que se librara el mandamiento pertinente para tomar posesión del inmueble, sin que ello pudiera hacerse efectivo por la maniobra ventilada". Declaró que resultaba "nítido el perjuicio irrogado por la maniobra al adquirente de la propiedad, ya que no pudo tomar posesión de la finca conforme el derecho que tenía, con lo cual su patrimonio sufrió una merma al no poder disponer del bien por el cual pagó el precio correspondiente" y se señaló que "[e]l reverso de esta situación, se tradujo en un beneficio para el cliente de Rossi, que siguió haciendo uso del inmueble, situación que conforme surge del expediente reservado y de los testimonios recibidos en la audiencia, persiste hasta la fecha". Dejó a salvo que "[l]a circunstancia que no se oyera en el debate al adquirente de la propiedad no impide tener por acreditado el perjuicio patrimonial que sufriera" Relevados estos aspectos de la construcción argumental de la Cámara Nacional de Casación Penal Causa Nro. 10.151 Sala IIAROSSI, Mónica Cecilia s/ recurso de casación@.

11 sentencia, evoco que he dicho antes de ahora (cfr. "Gatica, Humberto Oscar y otros s/recurso de casación", causa 7004, Reg. 16318, rta. el 26/4/2010) que la estafa procesal no constituye una figura especial del delito de estafa del art. 172 del C.P. o en su caso, de otras defraudaciones que constituyen casos especiales de estafa, sino simplemente una modalidad de ejecución del delito, en el que el sujeto pasivo del ardid es el juez que, llevado a error, ordena que otro realice una conducta que perjudique patrimonialmente a un tercero o que una de las partes del proceso realice una disposición patrimonial que lo perjudica, cuando la disposición o la afectación patrimonial no son debidas en derecho.

En la estafa procesal hay un desdoblamiento entre la víctima del fraude y el perjudicado por la defraudación: el engañado es el juez, y el perjudicado en el patrimonio es la persona a la que afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de propiedad (confr. NÚÑEZ, Ricardo, Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1967, tomo V, p. 308;

FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, Ed.

Abeledo Perrot, Bs. As., 1969, tomo VI, p. 47).

En general se sostiene que satisface el ardid de la estafa el valerse en juicio de elementos de prueba fraudulentos o de instrumentos falsificados o adulterados, en la medida en que éstos estén dirigidos a engañar al juez (confr. NÚÑEZ, op. cit., p. 309). Ello en la medida en que los elementos son presentados con la finalidad de que el juez motive en ellos su decisión.

No constituye sin embargo estafa procesal cualquier conducta que induce al juez a dictar una decisión errada que cause perjuicio que sea susceptible de afectar el patrimonio, sino sólo entran en consideración las conductas que inducen a decisiones judiciales erradas de cierta naturaleza, es decir las que ordenan que una de las partes del proceso realice una disposición patrimonial que lo perjudica, cuando la disposición o la afectación patrimonial no 12 son debidas en derecho, o cuando el juez mismo se sustituye al titular del derecho de propiedad sobre una cosa o bien, realiza por sí el acto de autoridad consistente en una disposición patrimonial que debe ser llevada a cabo o perfeccionada por la conducta de otro.

El detrimento para el patrimonio ajeno debe ser objetivamente imputable a la decisión errónea del juez que ordena la conducta o impone la disposición patrimonial perjudicial, pero no todo perjuicio patrimonial satisface el tipo objetivo de la estafa, sino sólo los de un acto de disposición de una cosa, de un derecho o de otro bien.

Sentado este marco teórico, relevo de las copias del expediente de ejecución hipotecaria que han quedado agregadas a fs. 21/42, que el juez a cargo del Juzgado Civil n° 44 de esta ciudad había ordenado la subasta del inmueble de propiedad de Guillermo Fernández que estaba gravado con la hipoteca, y que realizada la subasta, por decreto de fecha 22 de septiembre de 2006, decidió que: "Atento al estado de autos, y silencio guardado frente al traslado dispuesto a fs. 275 apruébase la subasta realizada y la liquidación de gastos del martillero", y en la misma providencia había dispuesto que el comprador acreditase el pago del saldo de precio (cfr. copia de fs. 26). Por providencia posterior, de 2 de octubre de 2006 el juez había ordenado el lanzamiento del ejecutado, que ocupaba el inmueble, y de los demás ocupantes (copia de fs. 27).

Sin embargo a raíz del fraude ejecutado por la abogada Mónica Cecilia Rossi en su carácter de letrada patrocinante del ejecutado Fernández presentó el escrito en el que promovía la nulidad del auto de aprobación de la subasta, alegando que contra lo que se afirmaba en el auto, había contestado el traslado denunciando diversos defectos del acto de subasta, a cuyo fin adjuntó una fotocopia con cargo de presentación que afirmaba correspondía al original de la alegada contestación de vista (fs. 30/34), por decreto de 13 de noviembre de 2006 se dispuso la indagación sobre la existencia de esa presentación, y la suspensión Cámara Nacional de Casación Penal Causa Nro. 10.151 Sala IIAROSSI, Mónica Cecilia s/ recurso de casación@.

13 del lanzamiento (fs. 35). La indagación arrojó la inexistencia de constancias de la presentación según lo informado por la Mesa receptora de escritos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El juez civil declaró extemporánea la instancia de nulidad, concluyó que la presentación de 16 de septiembre de 2006 alegada por el ejecutado no existió, y levantó la suspensión del lanzamiento dispuesta anteriormente. También ordenó la extracción de copias y formulación de denuncia ante la posible existencia de delito por parte del ejecutado y su asistencia letrada (fs. 41/41 vta.). Así, pues, la suspensión del lanzamiento a causa de la decisión judicial se extendió entre el 13 de noviembre y el 6 de diciembre de 2006.

No hay a mi juicio lugar a discusión en punto a que el escrito que adjuntaba la alegada copia de una presentación judicial constituyó un ardid dirigido a inducir a error al juez civil acerca de la presencia de los presupuestos procesales para la ejecución del lanzamiento ya ordenado, ni tampoco que el juez suspendió la ejecución del lanzamiento sobre la base de esa urdimbre engañosa.

Tampoco puede discutirse que la suspensión del lanzamiento y la consecuente frustración de la entrega de la posesión del inmueble al comprador han acarreado a éste un daño susceptible de apreciación dineraria, en la medida en que tenía un derecho a obtener la posesión, y no la pudo obtener en el tiempo originalmente señalado en la decisión judicial que había aprobado la subasta. Sin embargo, la decisión de judicial de fecha 13 de noviembre de 2006 no constituye un acto de disposición patrimonial en el sentido de la inteligencia que corresponde asignar al art. 172 C.P.

En el caso de la estafa procesal, no cualquier perjuicio objetivamente imputable a una decisión errada del juez satisface el supuesto de hecho objetivo de la figura legal. El ardid debe ser la causa eficiente de un error sobre cuya base el juez decide un acto que tiene el carácter de "disposición 14 patrimonial". En este sentido, el elemento constitutivo de la figura legal no es distinto de las formas comunes de estafa en las que existe identidad entre la persona que sufre el error, que toma la disposición que le acarrea el perjuicio a su propio patrimonio, y las formas de estafa por triangulación -entre ellas la estafa procesal- en la que se escinde la persona que toma la disposición errada de la persona que sufre el perjuicio patrimonial. En los dos casos debe haberse tomado un acto de disposición patrimonial.

Es este punto el que a mi juicio resulta dirimente y conduce a afirmar la atipicidad de la conducta atribuida a la imputada.

En efecto, el acto de disposición se presenta a veces como la entrega de una cosa, o la transferencia de un derecho sobre un bien, o de un derecho concerniente una cosa, por un acto jurídico, y otras como la renuncia al ejercicio de un derecho, o la declaración de que ese derecho se ha perdido para quien lo tenía. En el segundo grupo, están comprendidos los derechos en expectativa.

Ahora bien, en el caso, el adquirente del inmueble tenía, según las condiciones de la subasta aprobada judicialmente, derecho a obtener la posesión del inmueble. En otros términos, no había obtenido todavía la posesión, y por ello ninguno de los derechos que nacen de la posesión de las cosas inmuebles. Si ya la hubiese obtenido no podría discutirse que el acto judicial que priva de la posesión a quien ya la goza es un acto de disposición de los comprendidos en el art. 172 C.P. (así p. ej. se ha declarado en el derecho comparado que la desocupación de una vivienda es un acto de disposición patrimonial; confr. SCHÖNKE, Adolf /SCHRÖDER, Horst, Strafgesetzbuch Kommentar, 23ª. Edic., Beck, Munich 1988, nota al § 263, nro. 56).

En cambio, si no se goza todavía de la posesión de la cosa inmueble, y el juez ha decidido que ella se entregará a partir de una fecha determinada, la suspensión provisional de la entrega -que debe distinguirse de la denegación definitiva- no constituye un acto de disposición de un derecho Cámara Nacional de Casación Penal Causa Nro. 10.151 Sala IIAROSSI, Mónica Cecilia s/ recurso de casación@.

15 concerniente a una cosa. Aunque la postergación de la transmisión de la posesión -en el caso por veinticinco días-, pueda acarrear un perjuicio patrimonial por la falta de concreción de un derecho en expectativa, la postergación en sí misma no es un acto de disposición de los derechos del comprador.

Por ende, falta uno de los presupuestos del supuesto de hecho objetivo de la figura legal, cual es el acto de disposición patrimonial. El carácter genéricamente fraudulento de la conducta de la abogada que se ha tenido por probada, no satisface por lo demás ninguna de las otras formas especiales de defraudación de los arts. 173 a 175, C.P., de suerte tal que, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que podría corresponder a al abogada según las disposiciones de su estatuto profesional y las del gobierno de la matrícula de abogados, concluyo que el a quo ha errado en la aplicación de la ley sustantiva al declarar que el hecho probado es constitutivo de estafa procesal.

-IIIPor lo expuesto, concluyo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 242/252 vta. y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida de 228/228 vta., cuyos fundamentos obran a fs. 229/241 vta., y en consecuencia absolver a Mónica Cecilia Rossi del delito de esta procesal por el que fue acusada, sin costas (arts. 456, inc. 1°, 470, 402, 530, 531 y 532 C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Mitchell.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE:

16 Por mayoría, rechazar el recurso de casación deducido por defensa a fs. 242/252vta., con costas (arts. 471 a contrario sensu, 530, y 531 del C.P.P.N.) .

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Fdo.: Yacobucci, García y Mitchell. Ante mí: Dr. Alterini, prosecretario letrado.