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Régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas, ejecución de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI  RAUL  ANGEL Y OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMIA s/ PROCESODE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

Este Tribunal ha decidido con anterioridad (cfr. causas 7282/92 del 8.4.99, 9888/93 del 23.11.99, 6430/95 del 3.8.2000 y 447/93 del 22.8.00) que no es razonable exigir que para el cobro de las sumas que se van devengando en concepto de intereses y costas -derivadas de la falta de cumplimiento oportuno de la sentencia de condena-, se deba cumplir nuevamente con el procedimiento previsto en el art. 22 de la ley de consolidación 23.982; exigencia que, por lo demás, no impone dicha norma (esta Sala, causa 4740/94 del 7.9.00). Es que, el art. 22 de la ley 23.982 dispone que se deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación, como asimismo, que el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del momento que allí se indica. La previsión presupuestaria debe ser suficiente para atender al capital de condena adeudado y las costas, con sus respectivos intereses hasta el momento del pago, ya que sólo de esa forma es posible cancelar los créditos resultantes de los reconocimientos administrativos o judiciales firmes, tal como lo dispone el art. 22 de la ley 23.982 (esta Sala, causa 4740/94 antes citada).
Divorcio, aplicación de la ley, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P.J. c/ R.de P.M. s/ Incidente de liquidación de la sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30

Las medidas cautelares en el proceso de divorcio no sólo proceden sobre los bienes de carácter ganancial, sino también sobre los propios de cada cónyuge, conforme lo prescripto por los arts.74 de la ley 2393 y 1295 del Cód.Civil. Ello es así porque el primero -actualmente su análogo art.233 del Cód.Civil-, al referirse a los bienes, ninguna distinción efectúa, mientras que el segundo, permite la no enajenación de los bienes del marido -o la mujer luego de la sanción de la ley 11.357-, o de la sociedad conyugal. Tal solución tiene como finalidad garantizar la posible existencia de créditos o compensaciones entre las masas al momento de procederse a la liquidación. El criterio para acceder a la cautela en este caso debe ser restrictivo, teniendo como pauta para ello que sólo ha de responder a garantizar la posibilidad reseñada precedentemente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personal municipal, derechos del empleador, ius variandi
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ de DI TULIO, MARIA JOSEFA c/ I.M.P.S. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

Los principios protectorios del derecho laboral se integran con la facultad del empleador de ejercitar en forma no abusiva el "ius variandi". Los cambios tecnológicos, sociales y económicos suelen determinar reestructuraciones de las empresas, reconversión de los esquemas productivos y racionalización de las diversas tareas. En el ámbito municipal las facultades de dirección y ordenamiento están comprendidos en el cumplimiento de obligaciones que incumbe a las autoridades, y no sería racional pretender que un esquema funcional se mantenga inalterable cuando varían las necesidades generales y las tareas específicas.
Principio de congruencia, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El agravio basado en la violación al principio de congruencia resulta improcedente pues el impugnante no ha fundado tal argumento siquiera mínimamente, limitándose a realizar dicha afirmación sin especificar las piezas procesales en las que considera que se efectuó una imputación diversa a aquélla por la cual fue condenado su asistido ni aportar argumentos que permitan colegir que la base fáctica que conformó la base de imputación a lo largo del proceso haya variado sustancialmente respecto de aquélla por la que resultó condenado.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo detenido, autopistas, luces reglamentarias, balizas
Materia: CIVIL
Carátula: CASTIELLO, Francisco y otro c/ KARIN, Eduardo Daniel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-15

1- Constituye una conducta negligente e imprudente el hecho de abandonar el vehículo sobre una autopista urbana, en un lugar peligroso, sin balizas reglamentarias ni luces de emergencia. Es que, cuando un vehículo queda inmovilizado en la vía pública, por fuerza mayor, su conductor debe hacer lo necesario para garantizar la seguridad del tránsito: colocarlo junto al borde del camino, empujarlo en caso de que haya quedado inmovilizado, o por último, procurar que el "obstáculo" pueda ser individualizado encendiendo las luces propias del rodado o las de emergencia.

2- Si bien la empresa encargada de la administración y explotación del servicio de autopista debe cumplir apropiadamente con su deber de control y patrullaje, dicha carga reconoce límites de razonabilidad, vale decir que no puede exigírsele que dicho control sea ejecutado por una innumerable cantidad de personas y móviles.
Letra de cambio, recursos, acción cambiaria, excepción de incompetencia, lugar de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: BBVA BANCO FRANCES SA c/ PEREZ, CARLOS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

Procede rechazar la excepción de incompetencia planteada por la demandada, por cuanto, de acuerdo a lo preceptuado por el decreto ley 5965/63: 101-4°, el vale o pagare debe contener la indicación del lugar de pago; y cuando -como en el caso- surge con claridad la determinación de un lugar de pago, dado que a continuación del impreso "pagadero en" se encuentra agregado "Buenos Aires", carece de relevancia, a esos efectos, la existencia de un domicilio inserto al pie del documento, dado que tal inscripción no constituye indicación especial, ya que únicamente lo es a los fines cambiarios, y solo surtiría los efectos pretendidos si se encontrase a continuación del impreso "pagadero en".
Emergencia económica, acción meramente declarativa, declaración de inconstitucionalidad, dación en pago, títulos públicos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Agüero, Máximo José y Ovejero Cornejo de Agüero, Teresa c/ Banco de la Nación Argentina s/ s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-12

Cabe dejar sin efecto la sentencia que rechazó la acción declarativa de certeza tendiente a que se declare la inconstitucionalidad del art. 39 del decreto 1387/01, así como del art. 61 de su similar 1570/01 (texto según decreto 469/02) y de la comunicación "A" 3398 del Banco Central de la República Argentina, en cuanto exigen la conformidad de la entidad bancaria acreedora para cancelar deudas mediante la dación en pago de títulos públicos para los deudores 1, 2 y 3 de la comunicación "A" 3339 y, en consecuencia, que se les permita saldar su crédito hipotecario en las mismas condiciones que las previstas para los deudores 4, 5 y 6 de esa comunicación, y declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, pues la distinción que dicha normativa recoje, aunque objetiva, se aplica contrariando el texto constitucional que impone la igualdad de tratamiento ante la ley, al no existir nexo lógico entre una categorización que privilegia el cumplimiento puntual de las obligaciones y su utilización en perjuicio de los más calificados, a quienes se niegan los beneficios que se conceden a los peor colocados en la escala legal, lo cual configura una iniquidad manifesta ( Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y E. Raúl Zaffaroni).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Álvarez, Yésica Verónica c/ Asociart ART SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

El agravio -con base en el fallo Espósito- relativo a que no corresponde calcular las obligaciones nacidas con anterioridad al decreto 1694/2009 evadiendo el tope establecido por el decreto 1278/2000 en tanto de procederse así, operaría un reajuste de la prestación vedado por la Corte y la ley 23.928 resulta ineficaz, pues la sala no prescindió del límite legal en función del citado decreto 1694/2009, sino que lo declaró inconstitucional mediante un razonamiento que no fue refutado por la recurrente, que se limitó a esgrimir un supuesto apartamiento de jurisprudencia de la Corte y un caso de indexación prohibida por ley. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Prueba, principio de adquisición
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COPPI, Edmundo Pedro c/ PEÑALVER AYLLON, José s/ EMBARGO PREVENTIVO hoy EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-10-31

Las pruebas producidas en un proceso se incorporan a éste en forma definitiva, revisten carácter común a todas las partes que en él intervienen y pueden utilizarse para resolver todas las cuestiones, ya beneficien, ya perjudiquen a las partes. Esto es una consecuencia del llamado principio de adquisición, en virtud del cual los efectos de los actos procesales son susceptibles de beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aportes previsionales, prueba, indemnización por despido
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Balzaretti, Gisela c/ Timothy, Archer y Otros s/ Ordinario - Despido - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-10-27

En consecuencia, aparece como excesivamente ritualista exigir a la trabajadora la reiteración del pedido a los 30 días. No ocurre lo propio en relación a la indemnización del art. 132 bis LCT, la cual debe rechazarse. Es que en el telegrama del distracto se alude genéricamente a las "indemnizaciones especiales fijadas en las leyes 25.345...", lo cual no satisface la carga de claridad necesaria para la procedencia de ésta. Tiene en cuenta que conforme a las circunstancias del caso -defectuosa registración y entrega de sólo dos recibos en un año- resultaba imprescindible que mediara prueba contundente acerca de que a los montos abonados se le hubiesen efectuado los descuentos pertinentes.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Juan Carlos y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

La calificación legal que se modifica en ejercicio de competencia positiva (art. 365, C.P.P.) en los términos del art. 45 del Código Penal incide en la valoración de las circunstancias agravantes efectuada por la Cámara en tanto debe ser excluido de tal ponderación el hecho de "haber inferido golpes a la víctima cuando ésta se encontraba reducida por la acción de otra persona" pues, por el grado de intervención que tuvo el procesado en el evento a partir de la casación, realizó en común la totalidad de la acción típica siendo responsable, del hecho ilícito en su integridad.
Demanda, notificación, personas jurídicas, domicilio, contestación de la demanda, extinción del derecho, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bravo, José Elio c/ Fortaleza de la Frontera S.A. s/ Cumplimiento de contrato-Daños y perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-22

Puesto que uno de los co-demandados es una persona jurídica-Sociedad Anónima-el traslado de la demanda debe efectuarse en su domicilio legal, conforme lo dispone el Código Civil. De la documentación acompañada por el agraviado-contrato de constitución de la empresa-, surge que la sociedad constituía su domicilio legal en calle Salta 570. La circunstancia de que ese domicilio legal se encuentre abandonado, desalojado, no desplaza los efectos que la notificación tiene, por cuanto debe estarse a lo que establece el contrato social y no modifica el domicilio estatutario la simple denuncia de otro domicilio real que formula el co-demandado, pues mientras no se constituya legalmente no será válido otro domicilio.

Habiendo formulado apelación este demandado contra la Sentencia Interlocutoria que resolvió tener por decaído el derecho dejado de usar-contestación de demanda-teniendo en cuenta que se ha corrido traslado de la demanda en el domicilio social inscripto, se ha vencido el plazo para contestarla y corresponde rechazar el recurso interpuesto, confirmando el auto interlocutorio en todo lo que fue materia de agravios. (Del voto de la mayoría)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, derechos reales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Tell, Ernesto Guillermo c/ Pautasso, Ermete y/u otros s/ Recurso de inconstitucionalidad - Ordinario - Acción real negatoria   (Expte.: C.S.J. Nro. 186 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-19

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, si la hermenéutica asignada a las normas en juego, en abstracto sin conexión alguna con la realidad del caso, no entrañaría cuestión constitucional; y, cuando se la intenta subsumir en los hechos comprobados de la causa se advierte que conducen a una solución que torna inoperante la finalidad de las acciones reales, consagrando una inequidad y que lejos de dar una respuesta final a la controversia, la mantiene viva, dejando al litigante en un palmario estado de indefensión.
Intervención de terceros, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: Moya Valcarce, Macarena c/ Zurich L.A. Services S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-31

Procede admitir la citación como tercero de la empresa de servicio eventuales, si el trabajador en su líbelo inicial reconoció su vinculación con dicha firma durante el transcurso de la relación que alega haber tenido en forma directa con el accionado, pues, no podría aseverarse con firmeza en este estado del proceso, que no quepan eventuales acciones regresivas configurándose la situación prevista en el art. 94 del CPCC
Privación de justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ queja por denegación de justicia en 'Asociación de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ queja por denegación de justicia en 'Asociación de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-23

La excusación del Sr. Juez de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario Dr. A. Augusto Kersman, las sucesivas excusaciones de sus pares en el fuero y de los magistrados de primera instancia del fuero Contravencional y de Faltas, determinan una efectiva privación de justicia pues está en crisis el cumplimiento de la medida cautelar dictada y actos vinculados con su efectivo acatamiento.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, retiro militar
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARLOS EDUARDO GUZMAN c/ ESTADO NACIONAL (GENDARMERIA NACIONAL) s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Es improcedente el recurso extraordinario si los agravios deducidos contra la sentencia que -por entender que no cabía duda de que existieron elementos que "objetiva e inequívocamente" señalaban que la inadaptabilidad del recurrente a las exigencias de la disciplina militar preexistía al accidente sufrido y que éste no constituía la causa desencadenante de aquélla- denegó el beneficio previsto en el art. 96, inc. b, ap. 1', de la ley 19.349, sólo traducen las divergencias del apelante con el criterio empleado por el tribunal en la apreciación de la prueba, aspecto ajeno al remedio federal, máxime cuando lo decidido está suficientemente fundado.
Concurso preventivo, concursado, actos de administración
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vita s/ Pedido de quiebra (Expte Nro.  284-01, Resolución Nro.  35, Tomo 8, Folio  428/430)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

El art. 15 de la Ley Concursal cuando establece que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico establece limitaciones claras, circunscribiendo las facultades del deudor a los actos de administración ordinaria , es decir, aquellos que atengan exclusiva y excluyentemente a la conservación y mantenimiento del patrimonio del deudor concursado, aquello que combinan los fines de gestión empresaria con la integridad patrimonial.
Ministerio de Menores, representación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: A. D. G. c/ GCBA y otros s/ Amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

La mera omisión de recurrir de quienes tienen la representación de los menores no supone su negligencia. Recurrir una sentencia es un derecho que le asiste a las partes en el proceso, y ello supone la facultad de ejercerlo, o no. En ese sentido, la actora pudo haber tenido fundadas razones para no recurrir la sentencia apelada si entendió que no había un recurso admisible a su alcance. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Nulidad procesal, audiencia virtual, hostigamiento o maltrato, coronavirus, pandemia, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: R., S. J. sobre 52 - hostigar, intimidar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Cabe declarar la nulidad del debate llevado a cabo de manera virtual, de conformidad con lo dispuesto en los términos de los arts. 77 y sgtes. del CPP CABA -art. 6 LPC-, y de los actos que de él dependen -art. 81 CPP CABA-, entre ellos la condena impuesta al imputado por hostigamiento, pues la forma en que la Judicante dispuso que se llevara a cabo el debate, máxime sin la antelación suficiente ni considerar la oposición de la defensa, ha vulnerado derechos y garantías constitucionales del imputado. El debate oral se encuentra regulado específicamente en el Código Procesal Contravencional (Capítulo XI "Juicio") y en el Procesal Penal CABA (libro III- Título I), aplicable supletoriamentente en los que se establece la forma de llevarlo a cabo, la participación de las partes, la forma de producción de la prueba, todo ello a fin de garantizar los principios establecidos en los arts. 13 de la CCABA y 18 y 75 inc. 22 CN. Es decir, no resulta suficiente la sola continuación de la pandemia -aunque vale reiterar que ya no rige el aislamiento preventivo y obligatorio, sino solo la necesidad de un distanciamiento social- o el dictado de nuevas medidas restrictivas por parte del Poder Ejecutivo Nacional -tal lo alegado por la Judicante- para justificar la realización de un juicio oral de manera virtual, sumado a ello que ni siquiera existe conformidad de todas las partes, dado que la Defensa recurrió la decisión en forma oportuna, pese a todo lo cual se sustanció el debate. Por otra parte, es dable afirmar que tampoco surgen los motivos por los que no hubiera podido realizarse de manera presencial o semipresencial, teniendo en cuenta que la excepcionalidad de la forma virtual para supuestos específicos, requiriendo la conformidad de las partes o al menos que se esgrima un fundamento válido en caso de no contar con ella.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L'Oreal Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Costa s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-02-24

El recurso extraordinario de nulidad deviene improcedente si las cuestiones que se denuncian omitidas, relativas a vicios e irregularidades del procedimiento ante la instancia de grado, fueron abordadas por la Cámara, siendo ajeno al ámbito de este medio de impugnación el acierto de lo decidido.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

El derecho fundamental que asiste a todo acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que garantizan la Constitución Nacional y los tratados a ella incorporados (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), prevalece frente a las reglas del derecho común -o a la actividad procesal realizada en aplicación de ellas- que impiden su realización efectiva. En particular, el derecho en cuestión es independiente de los plazos generales que el legislador ordinario impone teniendo en mira clases de casos, como lo serían los términos de prescripción de la acción penal.
Régimen de conversión de quebrantos, interpretación de la ley, reajuste de impuestos, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Sevel Argentina S.A. c/ Estado Nacional (Dirección General Impositiva) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27

Cabe revocar la sentencia que- en el marco de una demanda enderezada a obtener el reconocimiento de créditos fiscales según el régimen establecido por los arts. 31 a 33 de la ley 24.073, admitió el quebranto impositivo correspondiente al período fiscal 1985 proveniente del ajuste de valuación de bienes de cambio originado en la adquisición de un edificio, pues conforme al precedente "Sevel Respuestos S.A" (Fallos:324:4016), en dicho régimen la carga de probar la existencia y cuantía de los quebrantos que dan lugar al crédito fiscal pesa sobre quien pretende el reconocimiento de dicho crédito.
Conflictos interadministrativos, Ministerio de Menores
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabiche Roberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

El planteo formulado por la parte actora en el presente juicio no configura un "caso", "causa" o "controversia judicial", porque los cuestionamientos a las disposiciones dictadas por el señor Asesor General Tutelar, realizados por el Asesor Tutelar ante la Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, se relacionan con el funcionamiento interno del órgano Ministerio Público (específicamente, del Ministerio Público Tutelar), esto es, conciernen a las relaciones intraorgánicas de uno de los actores públicos del proceso judicial.
Accidentes de trabajo, cuestiones de competencia
Materia: LABORAL
Carátula: ALTAMIRANO GRISELDA LUCIA c/ PROVINCIA ART S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE -LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30

Corresponde declarar la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en una demanda laboral iniciada por una trabajadora (aspirante y becada) quien demanda al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Bs As (Escuela de Policía Juan Vucetich) y a la co-demandada A.R.T. reclamando la indemnización como consecuencia de un accidente laboral (Ley 24.557) y despido; ya que las causas dirigidas contra personas jurídicas autónomas de carácter público provincial, resultan de competencia de la justicia local.