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Robo con armas, arma simulada, arma de juguete, principio de legalidad, robo calificado, robo con intimidación en las personas, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Villa, Alberto Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

La asimilación de un objeto por su aspecto exterior con un arma, cuando intrínsecamente no fue creado como tal, no implica una extensión analógica de la ley penal, que vulnere el principio de legalidad. Ello pues, parece necesario recordar que la aplicación de la ley por analogía "in malam partem" es la que se efectúa fuera del marco de la ley (extra legem), y con el objeto de llenar vacíos de la punibilidad establecida por la ley, multiplicando ésta mediante extensión por analogía del caso imputado con el previsto por la ley; extendiéndose así el castigo, en contra del principio constitucional de legalidad ("nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenalia") contenido en el art. 18 de la C.N. Entonces, resulta obvio, este no es el caso en estudio, en el que la ley aplicada para condenar al imputado -art. 166, inc. 2., párrafo segundo "in fine", del C.P.- expresamente prevé, como agravante del robo, el supuesto en el que ese delito se cometa mediante la utilización de un arma de utilería. Se ha incluido así al "arma" de utilería o de juguete, que por su apariencia de real tiene la entidad suficiente para crear a la víctima una intimidación igual a la que le irrogaría la amenaza con un arma verdadera -no obviamente a aquella arma de juguete que por sus burdas características no tenga poder o efecto intimidatorio-; y de ahí el sentido y fundamento de que se agrave la pena prevista para el delito de robo simple, pero menos que para el caso del delito de robo con armas verdaderas o impropias -contenido en el art. 166, inc. 2., primer párrafo, del C.P.-, pues en estos últimos casos sí se encuentra presente el peligro vital inmediato para la víctima.(Voto del Dr. Hornos, adhieren parcialmente las Dras. Capolupo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal).
Homicidio preterintencional, responsabilidad penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Saavedra Aliaga, Miguel Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-12

Si bien se acreditó que el imputado ingirió alcohol, ello no lo exime de su responsabilidad penal por el hecho cometido, si el cuadro cargoso permite sostener sin lugar a dudas que al momento del hecho pudo comprender la criminalidad del acto como así también dirigir sus acciones. No cabe afirmar que el imputado pudiese creer que sus golpes no eran fatales y que el azar llevó la golpiza a un resultado extraordinario e imprevisible, pues aunque el acusado no hubiera tenido en un principio el dolo directo de matar y sólo el de lesionar, la desproporción del ataque y la pluralidad de golpes dirigidos a la víctima indican que podían razonablemente causarle la muerte. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Empleo público, derechos de los agentes de la administración pública, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicente, Roberto Ezequiel  c/ Provincia de Córdoba y otro - Ilegitimidad - Recurso de apelación s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-08-03

Conforme el procedimiento establecido en la Ley 5944 y su reglamentación (Resolución n.° 466-k-1977), los agentes de las Salas de Entretenimiento de la Provincia con más de dos (2) años de antigüedad pueden ascender cuando se produzca una vacante, para lo cual debe considerarse: a) su antigüedad y b) su calificación anual. En cuanto a esta última, la reglamentación regula expresamente los aspectos a evaluar y su puntaje (art. 70), la escala de calificación (arts. 72 y 73), el personal jerárquico que la llevará a cabo (art. 74), la posibilidad de su supervisión por parte de la Gerencia (art. 75) y el procedimiento para su impugnación por parte del agente (art. 76). De tal manera, se observa que el procedimiento se compone de elementos reglados, dado que la norma establece tanto los aspectos a considerar -antigüedad y calificación anual- como el procedimiento a seguir para llevar a cabo dicha calificación, la que debe ser realizada por un superior jerárquico con supervisión de la gerencia, posibilidad de impugnación por parte del agente y confección de un orden de mérito dentro de los distintos niveles, pero que, a la vez, contiene una porción valorativa opinable al momento de efectuar la calificación, que forma parte del núcleo interno de lo discrecional perteneciente a la zona de reserva de la Administración.
Doctrina de la real malicia, información periodística, programa de televisión, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Corresponde rechazar la demanda reclamando daños y perjuicios si no se demostró que los demandados hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido del informe televisivo.
Impuesto sobre los ingresos brutos, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

En lo concerniente al ISIB, la materia gravada deberá representar una retribución por la actividad desplegada por la entidad financiera, a lo que se deben restar los intereses pasivos y las actualizaciones pasivas, expresamente previsto en la norma fiscal local, sin que resulte posible asignarles un carácter extensivo. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Imputado, libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: FOSSATTI, JOSE CARLOS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-17

Corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad, pues si bien la resolución atacada no es -atento a su naturaleza- sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria pues, en tanto confirma la privación de libertad de los imputados con anterioridad al fallo final de la causa, ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior y requiere tutela inmediata. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Tratados internacionales, extradición, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, ausencia del imputado
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Meli, José Osvaldo s/ infracción ley 1612.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

No puede válidamente sostenerse que cualquier solución normativa que reglamente el instituto del proceso en ausencia o, eventualmente, la garantía del debido proceso en otros términos a los del orden nacional importa de por sí violentar los principios del derecho público consagrados en la Constitución Nacional, ya que ello significaría trasladar la solución jurídica consagrada sobre el punto en el orden nacional o regional, a un Estado extranjero que, en ejercicio de facultades inherentes a su potestad estatal, ha optado por una política -análoga o distinta- en la reglamentación del instituto o de la garantía (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Policía, personal policial, reincorporación, sanciones disciplinarias, faltas disciplinarias, sumario administrativo, destitución, condena condicional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERREYRA, VIRGILIO ISMAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 333-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

El pedido de reincorporación al cargo efectuado por el actor agente de la Policía Provincial- y previsto en el artículo 121 de la ley 6769, deberá ser decidido por la Administración considerando si una interpretación totalizadora del sistema autoriza a denegar el reintegro a quien no ha sido administrativamente sancionado, pero sí objeto de condena en suspenso, cuando el artículo 153 del Régimen de Sumarios Administrativos autoriza, aun en caso de condena de ejecución condicional, a no destituir al agente; y teniendo en cuenta que el pase a retiro no constituye en modo alguno, una sanción.
Honorarios del abogado, convenio extrajudicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero, Guillermo c/ Costa, Abel s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

Cuando los honorarios son a cargo del cliente con el cual el abogado suscribió el pacto, se aplica el art. 8 de la ley 8904, que autoriza al letrado a pedir regulación de honorarios, quedando, ipso iure, anulado el pacto. La norma es suficientemente clara, terminante y no admite interpretaciones, puesto que resulta lógico que el pedido de determinación de honorarios lleve implícita la declaración de voluntad de renunciar al Convenio. Cuando el condenado en costas es la contraparte el pedido de regulación de honorarios no tiene ningún efecto sobre el pacto de cuota litis y ello es así porque los honorarios que debe abonar la contraria en concepto de costas pertenecen en forma exclusiva al profesional. En el caso se trata de dos relaciones jurídicas distintas por un lado la que vincula al profesional ganancioso con la parte perdidosa, que nace de la sentencia que obliga a esta al pago de las costas; por otro, el contrato de cuota litis celebrado entre el mismo profesional y su cliente, res inter allios, para quien resultó vencido en el proceso.

Tan injusto sería que el que debe pagar costas se vea relevado por la existencia de un pacto de cuota litis como que quien lo suscribió deje de cumplirlo, justamente cuando ha ganado el pleito, porque a su letrado lo retribuye quien lo perdió.
Empresas del Estado, Instituto Nacional de Reaseguros, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Patiño Mayer Carlos c/ Instituto Nacional de Reaseguros s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

La ley 22.140 no resulta aplicable al recurrente en tanto el INDER, primero como empresa del Estado y luego como sociedad del Estado tuvo un régimen especial constituido por su propio estatuto que preveía determinadas atribuciones expresamente y un sistema normativo complementario, cual era el régimen de empleados de seguro (cfr. art. 30 del decreto 10.073, art. 5 ley 21.678 y decreto 897/95).
Derecho comercial, marcas, similitud fonética, similitud ideológica
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROEMMERS  SA c/ LABORATORIOS CASASCO SA s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-16

Es vieja regla, cargada de buen sentido, la que manda estar más a las semejanzas que a las diferencias porque, como enseñaba BREUER MORENO, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (confr. su "Tratado de Marcas", Bs. As. 1946, p. 358; ver Sala II, causa 1.860/98 del 30.04.2001, entre otras). Bajo tales premisas, considero que, más allá del obvio acercamiento derivado de la raíz de uso común que ambos signos contienen, las discrepancias que presenta DIVAXEL respecto de DIBAFLEX son verdaderamente mínimas, sin que pueda afirmarse, en términos de razonabilidad, que el diseño o el contenido evocativo de ésta última, proyecten influencia decisiva como para generar la diferenciación que es dable exigir para que las marcas sean claramente distinguibles (art. 3 incs. a y b de la Ley de Marcas).
Honorarios, regulación de honorarios, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Weibel, Abel Miguel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de revocatoria- Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción - Auto regulatorio - Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro.  262 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

La cuantía del juicio para efectuar la regulación de honorarios por los trabajos profesionales en las causas susceptibles de apreciación pecuniaria surge de la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvención o la que resultare de la sentencia si fuera mayor, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 6767. Por lo tanto, carece de incidencia respecto de la base económica del proceso en estudio, la circunstancia de que la accionada haya interpuesto excepción de prescripción a la que la actora se allanó; como tampoco puede prosperar la pretensión de descuento de los aportes, ya que se debe tener presente que en virtud de su carácter obligatorio -como consecuencia accesoria necesaria de toda pretensión de cobro de diferencias salariales-, se produce un desplazamiento patrimonial en virtud de ese concepto, por lo que éste necesariamente forma parte del contenido económico del pleito.
Derecho procesal, recurso de casación, sentencia, sentencia interlocutoria, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Ontivero, Balerio Salvador s/ Casación De La Fuente Olga, Guillermina s/ Casación Castro, José Miguel s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-03-24|1998-06-23|1998-09-25

En nuestro sistema procesal, la resolución que se trajo en casación (resolución dictada en un proceso laboral en la que el a-quo hace lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada), constituye un auto que pone fin al proceso y no una sentencia; por más que se haya dictado en la oprtunidad fijada para sentencia. El art. 245 y 246 del Código Procesal Civil, conceptualiza lo que ha de entenderse por auto y por sentencia respectivamente, estableciendo que se considera como las primeras de las mencionadas, aquellas resoluciones que deciden cualquier cuestión dentro del proceso, con excepción de las que resuelven sobre el fondo del juicio y respecto de las segundas establecen que son aquellas decisiones que deciden sobre el fondo de las cuestiones motivo del proceso. A su vez integrado y concordado con aquellas normas y en lo referente al tema en cuestion, el art. 256 en sus tres incisos establece los tres tipos de resoluciones recurribles en casación; las sentencias definitivas, los autos que ponen fin al proceso y los autos que causan gravamen irreparable, fijando a su vez las condiciones de recurribilidad de esas categorías.
Decreto de necesidad y urgencia, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCÍA PIAZZA ÁNGEL FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-04

El Consejo Deliberante, a partir de un análisis de la real emergencia pública en la sociedad, es el Órgano naturalmente competente para emitir una declaración de emergencia económica y social, ya que al dictar Decretos de necesidad y urgencia, el poder ejecutivo se arroga el ejercicio de competencias propias del poder legislativo. Sin dudas que el Consejo podrá modificar lo dispuesto por el departamento ejecutivo, por lo que la Ordenanza Nº 256/02 deviene legítima, debiendo mantenerse el porcentaje de reducción salarial del 21% determinado en ella, que comprende el porcentaje del 17% previsto originariamente por el decreto del Ejecutivo Municipal, por cuanto no es posible pretender una acumulación de los mismos, ya que de ser así, la limitaciÓn impuesta al derecho de propiedad se convertirÍa en excesiva e irrazonable.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley de seguros, asegurador, citación en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  Denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  La citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

No existen justificativos para que sólo por la forma en que el asegurador sea traído al proceso, las consecuencias para éste sean distintas, y que en un caso (citación por el damnificado) deba responder y en el otro (citación por el asegurado) no. En ambas situaciones deberá ser citado hasta que se reciba la causa a prueba, y podrá ejercer plenamente el derecho de defensa. (Del Voto del Dr.

Angelides). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Facultades del Poder Legislativo, elecciones, elecciones nacionales, partidos políticos, campaña electoral, subsidio estatal, derechos adquiridos
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

El Congreso está facultado al menos antes de la iniciación de la nueva campaña proselitista con vista a la próxima elección nacional, a modificar las bases del aporte para el financiamiento de los partidos reconocidos o aún suprimirlo, sin que ello aporte ningún derecho incorporado a los partidos políticos.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZANDONA, LINO ASUNCION Y SANTA DELIA DIA FONSECA c/ RAUL ANTONIO PEREZ Y/O SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS"EXPTE.N 12930/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-10-02

Mientras el damnificado esté impedido de apreciar con certeza la responsabilidad del sujeto contra quien dirigir la demanda resarcitoria, o sea, la legitimación pasiva, existir imposibilidad de accionar y, por consiguiente, el plazo de prescripción se cuenta, al cabo, desde el momento en que la acción respectiva se halle en condiciones de ser ejercitada.
Cuerpo de escritura, nulidad procesal, coacción, debido proceso, juramento y promesa de decir verdad, declaración autoincriminante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bordi, Marcela Gladys s/ Malversación de caudales públicos como partícipe criminal primario s/  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-10-10

El cuerpo escritural referido precisamente a la firma que es motivo del proceso en cuanto a su impostación falsaria, es una de las tantas formas de imputación de las que surge la condición de imputado el juramento de decir verdad no puede ser tomado a una persona a quien ya se está imputando procesalmente. Así, el juramento de decir verdad es un método coactivo para la obtención de lo "realmente ocurrido" dentro del proceso. Que se lo solicite, como que se solicite cuerpo de escritura lesiona evidentemente las reglas de incoercibilidad del imputado, prohibición de obtener de él prueba en su contra, la libertad del imputado dentro del proceso, y a través de ellas el art. 18 de la Constitución Nacional. Resultando nula la declaración del imputado prestada bajo juramento, y nula toda la prueba obtenida en un acto de esta naturaleza, en este caso el cuerpo escritural. Esa nulidad es insalvable. (Del voto del Dr.

Balladini)
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales, Ministerio Público, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, justicia municipal de faltas, sentencia, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: RIQUELME, VALERIA DOLORES c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-07

Siendo que en un sentido contrario a lo decidido por esta Corte in re "Pighin" (resolución que adquirió firmeza por haber sido desestimado el recurso de queja interpuesto por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) el Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción desconoció lo resuelto por este Tribunal en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, sin aportar ningún elemento nuevo ni brindar razones mínimas para apartarse del criterio jurisprudencial sentado, sino simplemente escudándose en una Instrucción General emitida por el Fiscal General, y olvidándose, de esa manera, que lo determinado jurisdiccionalmente lo obligaba funcionalmente, corresponde que la causa sea nuevamente remitida al Tribunal de origen para que se le dé intervención al Ministerio Público de la Acusación y éste de manera inmediata asuma la participación que le corresponde en la presente causa. - CITAS: CSJStaFe: "Pighin", AyS T 270, p 197.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marchini, Arturo R. s/ Conc. Preventivo - Inc. de Revisión promovido por Arturo Marchini
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

No corresponde aplicar intereses sobre los emolumentos profesionales, dado que los mismos sólo se devengan a partir del momento en que el obligado incurre en mora, esto es, a contar del día en que las regulaciones definitivas de Alzada por ambas instancias quedaron firmes. Lo contrario implicaría una especie de sustituto de la actualización monetaria, prohibida bajo cualquier modalidad a partir del 1° de abril de 1991 por la ley de convertibilidad (arts. 508 y 622 del Cód. Civil; 7 y 10 de la Ley 23928 y 54 del Dec. Ley 8904/77).
Recurso de queja (procesal), legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Francisco c/ Garay, Irma s/ Ejecutivo (reconstruido)-Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-05-27

La presentación de la queja debe cumplir con todos los requisitos de los escritos en general, y entre ellos la demostración de la personería, acompañando, en su caso, copia del poder pertinente (conf. artículo 49 y sig. del Código de Procedimientos). Resulta necesario para su procedencia, la demostración del recurrente de que se halla legitimado para apelar.
Homicidio, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: S. R. M. s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-04-14

A los efectos de la cuantificación de la pena por homicidio simple, corresponde considerar que el acusado ejecutó el hecho intempestivamente y tomando por sorpresa al sujeto pasivo quien estaba reunido y conversando con el imputado; sabiéndose en poder de un arma de extremo poder vulnerante que sumía a su víctima en completa desventaja e indefensión, y persistió en el ataque a pesar del intento del damnificado de huír a la carrera, es decir exhibió en el evento extrema peligrosidad y total desaprensión para con la vida del otro. Además, ha quitado la vida a una persona joven y en plenitud de capacidades, circunstancias todas las cuales conducen a apartar la estimación de la pena del mínimo legal establecido y aproximarla hacia la pena máxima.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BONANNO DE MARTINO, MARIA ANA s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

En materia de tasa judicial el hecho imponible que origina la obligación de pagarlo es la prestación de un servicio por parte de la Administración Pública, tal como lo es la actuación del poder jurisdiccional respecto de la pretensión deducida. El hecho generador está constituido por la presentación ante la Justicia requiriendo su intervención: en ese momento nace la obligación de pagar el tributo, sin perjuicio de la determinación de la obligación tributaria, que se obtiene mediante la aplicación de la pauta legal sobre el valor de los bienes. A las actuaciones promovidas durante la vigencia de la ley 23.526, corresponde aplicar la pauta allí establecida, sin que e a ello obste que en la época de determinación del tributo haya cambiado la disposición legal. Es que el hecho imponible no puede ser modificado por la mera operación de determinación del tributo a la que se refiere el art. 10 de la ley 21.859 ni procede una aplicación retroactiva de la norma, concebida para los hechos imponibles que se suceden a partir de su promulgación.-