Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-16


AUTOS N° 118.559/CA (C.C. SALA IV Nº 632) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Martín B. Adrián Esteban y Otros - Ejecución Fiscal (en Cont. Adm.)".

PROT.: L. DE AUTOS - T°I - F° 205/208 - AÑO 2015.- San Juan, 16 de junio de 2015. - VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 166 contra la resolución interlocutoria obrante a fs. 164/165 dictada en fecha 22 de octubre de 2.014 en los presentes autos. El recurso ha sido concedido sin efecto suspensivo.

Y CONSIDERANDO: Que mediante la resolución impugnada, la juez titular del juzgado contencioso administrativo resolvió desestimar las liquidaciones practicadas a fs. 153 y 156/159 formuladas por ambas partes, ordenando que la apoderada de la parte demandada practique nueva planilla a los fines de la determinación correcta de lo adeudado, conforme las pautas establecidas en los considerandos de su resolutorio, imponiendo las costas en el orden causado.

Para así resolver la juez de grado considero, en relación a las liquidaciones practicadas por la ejecutada a fs. 153, y por la actora a fs. 156/159, que ninguna de las dos han sido realizadas conforme lo resuelto mediante sentencia interlocutoria obrante a fs. 139/143. Así en relación a la liquidación practicada por la ejecutada a fs. 153 afirma que aplica intereses aparentemente de tasa activa, que no son los legales aplicables a esta clase de procesos según lo determina el artículo 43 bis del C.T.; mientras que en relación a la liquidación practicada a fs. 139/143 por la ejecutante sostiene que la ha realizado en base a una herramienta implementada por la D.G.R. y sobre períodos sobre los cuales no ha prosperado la ejecución. Concluye afirmando que en este tipo de procesos los intereses que rigen son los previstos por el art. 43 bis del C.T..

A fs. 166 interpone recurso de apelación la parte demandada, el que es fundado a fs. 173/175 de autos.

Expresión de agravios de la ejecutada (fs. 173/175). Agravia a la ejecutada la resolución recurrida en cuanto manda a actualizar el capital reclamado con la tasa de interés prevista por el artículo 43 bis del C.T. considerando que dicha resolución es violatoria del debido proceso, defensa en juicio y del derecho de propiedad, toda vez que apartándose de las pretensiones de las partes, decide no aprobar ninguna de las liquidaciones presentadas, quedándose sin fundamento legal, siendo arbitraria por incongruente.

Destaca que el thema decidendi, corresponde a una materia disponible por las partes, por cuanto la ley tributaria juntamente con la resolución de la SHF, no resultan en el punto de orden público, por lo que habiéndose dispuesto por las partes, el juez inferior debió respetar y no apartarse de la voluntad de ellas.

Luego afirma que la liquidación practicada por la actora incidentista, resulta la pretensión de la acreedora, es decir en su interés en juego, por lo que deberá tenerse en cuenta al momento de resolver, siendo que el único error en que incurre la liquidación de la actora esta referido a la inclusión de períodos declarados prescriptos. En consecuencia solicita que este Tribunal apruebe tal liquidación con la corrección propuesta, o en su defecto apruebe la formulada por su parte. Práctica liquidación a los fines solicitados.

Bajo el punto 4 de su expresión de agravios el recurrente afirma que la sentencia apelada incurre en un error conceptual que la descalifica ya que confunde los conceptos vertidos por el artículo 43 bis del C.T., toda vez que la actualización que se refiere la sentencia confunde la actualización prevista en el Código, que es una actualización por un índice (lo que se encuentra prohibido por ley de convertibilidad, mantenido por la 25.591), y la actualización por tasa, por lo que la referencia en la sentencia, a que en el supuesto de autos se demandó una deuda que tenía actualización y que la sentencia mandó a pagar sin actualización, y que por tanto corresponde la aplicación de la resolución 036 de la SHF, resulta por demás errado.

Afirma el apelante que en autos no se demandó una deuda actualizada en los términos del punto A) inc. a) del artículo 43 del C.T., ya que dicha actualización se encuentra prohibida por la ley 23.928 y 25.591.

Concluye afirmando que en autos se demandó conforme lo establece el artículo 43 bis en su punto a), y que si bien la juez rechazó la capitalización de intereses, tal interés fue limitado por el acreedor a la suma que reclama en su liquidación, por lo que la sentencia recurrida resulta errónea. Solicita se revoque la sentencia apelada y apruebe la liquidación formulada por su parte en el libelo de agravios. Formula reservas legales.

A fs. 179 obra providencia que dá por decaído el derecho de la actora a evacuar el traslado de la expresión de agravios. A fs. 190 obra pase de estos autos a despacho para resolver en definitiva.

Expuestos sucintamente los antecedentes de la sentencia y de los agravios, corresponde al tribunal su estudio a fin de dictar la resolución que corresponda. A los fines del adecuado tratamiento de esta apelación inicialmente corresponde analizar la legislación que sirve de fundamento a la ejecución fiscal, sobre la que hoy se cuestiona el mecanismo de actualización el que difiere del propuesto por las partes, en este caso el apelante. Al respecto cabe reiterar, como ya lo hiciera la juez a-quo, que este proceso de ejecución, se encuentra regido por los arts. 493, sig. de la ley 8037, y por las disposiciones del Código Tributario de la Provincia (Ley 3908 y sus modificatorias), conforme prevé el art. 1° de ese plexo legal. En base a esta legislación es que corresponde analizar el planteo efectuado por el recurrente.

En relación a los recaudos que debe contener toda expresión de agravios ha sostenido esta Cámara que: "La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado. Debe ser precisa, expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, los motivos de disconformidad, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida al recurso y, sobre todo, delimitar el ámbito del reclamo. Disentir con el criterio del Juez, sin fundamentar la oposición o sin dar bases a un distinto punto de vista, no es expresar agravios". (Trib. Dres.: Garros Martínez, Posadas, Puig, Silisque, Vicente. - Doctrina: Dra. von Fischer. - Causa: MECLE, DOLLY YANET. AMPARO. RECURSO DE APELACIÓN. Expte. Nº 24.628/02 de Corte FECHA: 12/03/03. L. 83: 805/812. CORTE DE JUSTICIA) (Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial de San Juan, Sala IV; AUTOS 133620 (21) ASOCIACIÓN SINDICAL MÉDICA DE SAN JUAN C/ SUBSECRETARIA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA - AMPARO; T° 01;F° 1/7; Fecha 13/11/12) .- De la simple lectura del memorial obrante a fs. 173/175 se advierte ab initio que la presentación de referencia no cumple con los recaudos establecidos por el artículo 253 del C.P.C., ya que tal presentación no constituye una crítica concreta a razonada a los puntos en que se sustenta el fallo, no obstante ello este Tribunal adhiere a la interpretación restrictiva que debe imperar en estas cuestiones, por lo que a fin de salvaguardar el derecho defensa del apelante (art. 18 de la C. Nacional) se dará tratamiento a la apelación impetrada sin disponer su rechazo in limine.

Conforme lo expresado se advierte que no asiste razón al recurrente cuando afirma que son las partes las que delimitan el thema decidendum respecto de la tasa de interés aplicable al caso y que la ley tributaria no es de orden público. Al respecto cuadra aludir que tal planteo soslaya el principio "iura novit curia", sobre el cual la Corte de Justicia de San Juan ha expresado que: "Ha dicho esta Corte, siguiendo en ese aspecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el citado principio del iura novit curia implica la facultad propia del juez de la causa de calificar autónomamente los hechos del caso y subsumirlos en las normas jurídicas que los rigen, cualesquiera sean las invocadas por las partes (CSJN Fallo 302:1393; P.R.E. S.1º 1995 -II- 103; S.2ª. 2002 -I- 113)." (Corte de Justicia de San Juan, Sala I; AUTOS Nº 2849 caratulados: "SUMA CONSTRUCCIONES S.R.L. C/ COOP. GUALCAMAYO LTDA. (ALDO BANCHIG) - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- II CPO. INCONSTITUCIONALIDAD".- P.R.E. S. 1 -2003-II-280).

Siguiendo tales lineamientos ha sostenido esta Cámara que: "Bien entendida la teoría de la impugnación y el concepto jurídico de plenitud de jurisdicción imbuido en el recurso de apelación, permite a este tribunal a quem, en virtud del principio iura novit curia, considerar las cuestiones de hecho y la aplicación del derecho, elevándose sobre las postulaciones de las partes y del criterio seguido por el juez a quo; resultando válido reconsiderar el encuadre apropiado de la pretensión en el ámbito de derecho que enmarca la hipótesis y los presupuestos de hecho del reclamo. (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, Sala I AUTOS N° 17.095 (N° 10.026-1°CIVIL) "PELAITAI, CARLOS ROBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE ANGACO - ORDINARIO"; L.S. 85, Fº 9/18 AÑO 2000). Conforme las pautas reseñadas la resolución apelada no ha violado el derecho de defensa del recurrente habiéndose apartado del derecho aplicable al caso invocado por ambas partes. Asimismo cabe señalar que las normas Tributarias, en razón de la materia que tratan, son de orden público y su contenido no puede ser soslayado voluntariamente por las partes tal como lo pretende el apelante.

En cuanto a la prohibición de actualización que consagran las leyes 23928 y su modificatoria 25.561, cabe señalar que dicha legislación es de carácter nacional, resultando aplicable en las provincias en la medida que estas adhieran a su contenido conforme lo establece el artículo 14 de la ley 25.561. No obstante lo expresado cabe señalar que todas las cuestiones de carácter procesal, al igual que las normas Tributarias (v. gr. Ley 3908 - Hoy LP N° 151 I), son de la competencia exclusiva de las provincias, por ser materia no delegada a la Nación. En tal sentido y como prueba de ello baste señalar que el art. 622 del Código Civil en materia de intereses remite a las disposiciones de las leyes locales. Por tanto esta materia resulta ser de competencia Provincial siendo las leyes Nacionales aplicables, solo en la medida que la Provincia de San Juan adhiera a las mismas en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior cabe señalar que la juez de grado, mediante el considerando 3.c de la sentencia obrante a fs. 139/143 vta. - la que se encuentra firme y consentida por las partes - ordenó que los períodos sobre los que prospera la ejecución, en la etapa de liquidación deberán calcularse los intereses, desde que cada uno de los períodos prospera y se tornaron exigibles. (fs. 141 infine); ahora y respecto de la tasa de interés que corresponde aplicar, la juez a-quo indica a fs. 165, que corresponde aplicar la tasa de interés prevista por el artículo 43 bis del Código Tributario. No habiendo ninguna de las partes respetado las pautas de actualización establecidas en el fallo obrante a fs. 139/143 en ocasión de confeccionar sus respectivas liquidaciones, es que las mismas han sido correctamente rechazadas.

Por los fundamentos expuestos se impone el rechazo de la apelación impetrada por la demandada contra la resolución interlocutoria de fs. 164/165.

Costas. Atento al modo en que ha sido resuelto el presente recurso y conforme el principio objetivo de la derrota (art. 66 y 67 del C.P.C.) las costas se imponen al apelante vencido. Asimismo y conforme lo establecido por el artículo 800 inc. 10 de la ley 8037 (ahora la Ley Nº 988-O) - modificatorio del artículo 222 de la ley 2150 (ahora la Ley Nº 56-O) y artículo 196 de la ley 2150 corresponde regular los honorarios profesionales del Dr. Miguel Esteban Carbajal, en su carácter de apoderado de la parte demandada, por su labor en esta instancia, en el 30% de los honorarios que le fueran fijado por su labor en esta incidencia ante la primera instancia. No se regulan honorarios en favor del apoderado de la parte actora por no registrar labor profesional en esta instancia.

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C.- Por todo ello el Tribunal, RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación concedido a la parte demandada a fs. 172 contra la sentencia interlocutoria obrante a fs. 164/165,la que es confirmada en todos sus términos por los motivos expuestos en los considerandos;

II) Imponer las costas en esta instancia al apelante vencido;

III) Regular los honorarios profesionales del Dr. Miguel Esteban Carbajal, en su carácter de apoderado de la parte demandada, por su labor en esta instancia, en el 30% de los honorarios que le fueran fijado por su labor en esta incidencia ante la primera instancia.

Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos y notifíquese.

FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO. PRESIDENTE.- DRA. ESTELA ZORRILLA .- VOCAL.- ANTE MI: MARCELA CARRIZO .- PRO- SECRETARIA.-