marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procesos de conocimiento, suspensión del agente, pronunciamiento inoficioso, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gaveglio, Graciela AlicIA c/ EN - M Justicia DDHH s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

La actora, Encargada Titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo n° 1, promovió demanda con el objeto de que se declarara la ilegalidad de las medidas dispuestas por la resolución n° 15/14 de la Secretaría de Asuntos Registrales, es decir, la instrucción de sumario en su contra, la suspensión preventiva en el ejercicio de sus funciones y la intervención del mencionado registro. En primera instancia se rechazó la acción con fundamento en la "falta de confianza" generada por la retención de fondos que deberían haberse depositado a favor del Estado Nacional. Asimismo, se desestimó la ampliación efectuada en cuanto a la nulidad de las resoluciones MJ n° 1980/12 y 1981/12, debido a que ya se había instruido una demanda con el mismo objeto (exp. 24.609/2015). La Cámara, luego de analizar el sumario administrativo, las distintas causas iniciadas por la parte actora en torno al asunto y advertir la conexidad declarada en relación a ellas (exp. 24.609/2015 y 6979/2021), entendió que resultaba inoficioso pronunciarse respecto de lo solicitado por haberse tornado abstracto el objeto procesal del caso. Sostuvo que todas las cuestiones planteadas habían sido evaluadas y confirmadas por la resolución MJ n° 974/16. Por último, toda vez que esta circunstancia fue verificada de oficio por el Tribunal, distribuyó las costas en el orden causado.
Principio de legalidad, homicidio culposo, sentencia condenatoria, condena penal, código penal, tipo penal
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-PENAL
Carátula: Caso Mohamed Vs República Argentina s/ Excepción preliminar, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-11-23

No hay violación de parte del Estado Argentino del principio de legalidad normado en el artículo 9 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1., pues la norma legal aplicada - artículo 84 del Código Penal Argentino-, por la que se condenó a quien conducía una línea de colectivos y fue parte de un accidente de tránsito del que resultó la muerte de una persona, se encontraba plenamente vigente en cuanto a la tipicidad de la conducta penada, desde mucho tiempo antes de los hechos del caso. (Voto parcialmente disidente del Juez Alberto Pérez Pérez).
Empleados públicos, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Horacio I. c/ Secrataría de Salud de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-13

No habiendo la demandad podido demostrar vicios graves de ilegalidad manifiesta, arbitrariedad o abuso de poder en el Dec. Nro. 5414 del 6/12/95 -cuya existencia se acreditó y fue reconocida por aquella-, por el cual se lo designó al actor en la planta permanente, en un cargo categoría 10 del escalafón general, en el Hospital "Dr.

Pascual Palma" de esta Capital, no puede la propia administración pública pretender ahora mantenerlo indefinidamente como no firme y sin aplicación a sus preceptos, cuando ha sido ella quien lo generó dentro de un trámite donde no se acreditan efectivamente hasta aquí vicios nulificantes. Darle valor a esa argucia importaría desguarnecer de toda protección al administrado y dejar sus derechos inermes frente a la discrecionalidad arbitraria de la autoridad en los procedimientos administrativos.
Prescripción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Soro, María Esilda c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal administrativa procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-21

La prescripción administrativa actúa como único límite temporal para el ejercicio de los derechos y está dado por un plazo de cinco años para impugnar actos nulos, reglamentos, hechos u omisiones administrativas y, dos años para actos anulables. A la par, se regula y distingue el supuesto de "suspensión" del de "interrupción" de los plazos de prescripción. De tal forma toda la actividad de la administración es siempre impugnable mientras no se extinga el derecho sustantivo por vía de prescripción (arts. 191 a 194) u otros medios de decaimiento definitivo del derecho. Entonces, el plexo normativo a considerar está dado por el artículo 191 inc. a), en cuanto dispone que el plazo de prescripción de la acción procesal administrativa es de cinco (5) años para impugnar actos administrativos, y correlativamente en el artículo 192, en tanto establece que una vez operado el plazo de prescripción de la acción, no podrán ejercerse los medios administrativos de impugnación previstos en este Título.
Impuestos, Impuesto de sellos, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Abdala, Héctor Jorge -Incidente II- y Otros c/ E.N. -Poder Ejecutivo s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Para el impuesto de sellos debe admitirse que revisten la calidad de gravables aquellos instrumentos que estén expresamente destinados a servir como sostén de una obligación o acto jurídico, es decir que se manifiesten como su propio título pudiéndose exigir el cumplimiento de las obligaciones en ellos consignadas sin necesidad de otro documento. Es decir que para la ley basta que el documento constituya un título jurídico hábil para exigir a la contraria las obligaciones puestas a su cargo.
Recursos, recurso de queja (procesal), jueces, primera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MASUELLI Rolando Walter c/ Galdeano Montilla José Carlos s/ Procesos Urgentes (Declaración Inexistencia de Acto) - Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-04

El recurso de queja por apelación denegada (Art. 266, CPCCM) es un medio de impugnación auxiliar o complementario de aquélla, que apunta a demostrar el error en la denegación del recurso, por lo que el tribunal debe limitarse a revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el judicante de grado y, en el supuesto de prosperar, disponer que sea sustanciado en la forma y con el efecto que corresponda.

Y en este caso, tal como indica la parte agraviada, el Juez de primera instancia no ha indicado con qué fundamento legal ha considerado que el recurso de apelación -interpuesto en forma subsidiario- resulta improcedente, cuando en su análisis sólo debe limitarse al control del plazo y de la forma de interposición a los fines de denegar o conceder el mismo pero no un exámen sobre procedencia o no del recurso dado que el acierto o no de los fundamentos del recurso sólo deben ser analizados en la Alzada. (juicio de admisibilidad y no de fundabilidad, arts. 251 y 253 del CPCCM).
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Solis, Liliana O. c/ La Pianola S.R.L. s/ Comisiones, Horas extras, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

El beneficio de la inversión probatoria de la carga de la prueba que consagra el art. 39 del dec. ley 7718/71, si bien coadyuva a la protección de determinadas consecuencias del contrato laboral ,no puede sustituir la obligación que incumbe al trabajador de probar la existencia misma del hecho que constituye su causa jurídica. La inversión probatoria prevista en la norma legal se refiere al monto o al cobro de las remuneraciones, pero no a la la causa que le diera origen.
Confirmación de sentencia, falta de acción, sentencia no firme, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Araoz de Lamadrid, Octavio c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-12

El pronunciamiento que confirmó la decisión del juez de grado que no hizo lugar al planteo de falta de acción interpuesto no puede entenderse comprendido entre aquellas resoluciones previstas en el art. 457 CPPN, ya que no se trata de una sentencia definitiva, ni de una equiparable a ella por sus efectos, ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones, tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión dela pena, ni ocasiona un agravio de imposible o difícil reparación ulterior, y el recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Derechos de las personas privadas de libertad, Derechos humanos, Constitución Nacional, tratados internacionales, fuerzas de seguridad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: F., R. R. s/ Tortura seguida de muerte, severidades y vejaciones; S., J. B. y Otro s/ Severidades y vejaciones; T., M. E. y Otro s/ Severidades y vejaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-07-28

Existen diversos cuerpos normativos, de diversa jerarquía -legal, constitucional e internacional-, que establecen obligaciones respecto del trato que deben dar los miembros de las fuerzas de seguridad a las personas privadas de libertad, y sus correspondientes derechos humanos frente al Estado, como custodio de estos.

Sin ánimo de efectuar una enumeración exhaustiva, puedo mencionar inicialmente, entre los instrumentos con jerarquía constitucional incorporados a partir de la reforma de 1994, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y - más específicamente - la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aunque también contienen normas al respecto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, más allá de que pueda discutirse su valor vinculante.

Debe agregarse además, aunque no posean aún jerarquía constitucional pero sí supralegal, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Canzoneiro, Carlos Arturo s/ Lesiones culposas Daga, Filiberto s/ Lesiones leves Presno, Edgardo Ramón s/ Ley 13944 Orsomarso, Gustavo E. s/ Lesiones culposas Rodríguez, María Rosaura y otros s/ Infracción art. 139 inc. 2º del Código Penal Urruchua, Héctor Domingo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10|1997-09-16|1999-02-16|1999-03-02|2000-08-30|2002-02-19

El texto del art. 64 del Código Penal según la reforma introducida por la ley 24.316 permite, por vía de la llamada interpretación auténtica contextual -que se presenta con un ejemplo extremo de interpretación sistemática, que es de la esencia de la interpretación del derecho- aclarar, el alcance del término "juicio" en el mismo nivel normativo del art. 67 del Código Penal en el que aparece: una cosa es la instrucción y otra el juicio; y cuando se desarrolla la sola instrucción no hay juicio (pues éste no se ha iniciado) y no puede afirmarse que tal interpretación auténtica sólo puede realizarse, en el Código Penal, en sus arts. 77 y 78, pues ello no resulta ni del concepto jurídico de interpretación auténtica ni de norma constitucional o legal alguna.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Di Meco, María Mónica c/ La previsión cooperativa de seguros Ltda. s/ Nulidad de renuncia contrato de trabajo y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio porque el absurdo se configura ante el error grave manifiesto y la exhibición de una opinión discrepante que se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo por la ley del rito.
Despido, periodistas, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Farhat Leonardo Abraham c/ Telecentro SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

Mediante el art. 4 de la ley 25972 (vigente al momento del distracto esto es 23/02/05) el legislador dispuso prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley 25561, norma que incluía a los trabajadores sin formular distinción alguna que permitiera excluir a los amparados por el estatuto del periodista profesional. El hecho de que el art. 4 de la ley 25972 sólo mencionara al art. 245 LCT (to. 1976) no implica que quisiera excluir de su aplicación a la indemnización por despido contemplada en la ley 12908, sólo por encontrarse en un cuerpo normativo diferente al general pero respondiendo a pautas semejantes a las de la LCT. Los resarcimientos de los incisos c) y d) de la ley 12908 responden en el marco del estatuto del periodista profesional a la misma finalidad que el art. 245 LCT en el régimen laboral común. (Del voto del Dr. Zas que comparte el criterio de la Dra. Ferreirós en cuanto a la aplicación del incremento indemnizatorio a los periodistas, pero que se aparta del mismo en lo que hace a los rubros que abarca el incremento. El Dr. Guisado, dejando a salvo su opinión en el sentido de no aplicar a los periodistas el agravamiento indemnizatorio, en la interpretación del decreto 2014/04 adhiere al voto del Dr. Zas).
Régimen penal de la minoridad, Convención sobre los derechos del niño
Materia: PENAL
Carátula: C., A. c/  s/ robo en poblado y en banda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-27

Si se pretende que las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño no se limiten a meras enunciaciones vacías de contenido, es menester relacionar, asociar, explicar de qué manera se aplican en la solución del caso. En esa tarea, es muy claro que la historia de cada joven, el modo como ha recibido las garantías que, como niño y adolescente le son reconocidas constitucional y legalmente, deben ser cuestiones a considerar y tener en cuenta a la hora de ponderar su situación en los términos del art. 4º de la ley 22.278 (voto del juez Jantus al que adhirió el juez Huarte Petite).
Esquila, buena fe, usos y costumbres
Materia: CIVIL
Carátula: NICOLIA LORENZO c/ STALLER BERTA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-27

En casos en que los contratos son celebrados verbalmente, el principio de la buena fe de las partes constituye el núcleo en torno al cual gira la relación entre ellas, siguiéndose para su perfeccionamiento y cumplimiento las modalidades propias de cada región, que en definitiva instituyen usos y costumbres, a las que las partes contratantes se someten voluntariamente.
Fianza, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL
Carátula: HOLEYWELL, RICARDO JESUS Y OTRA c/ OBREDOR, JULIO ARGENTINO Y OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES-PREPARA VIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-03-18

Cuando el fiador se ha obligado como principal pagador, liso y llano, como ocurre en la especie, con renuncia a los beneficios de división y excusión, se lo reputa solidario y se le aplican las disposiciones relativas a los deudores solidarios (art. 2005 C.Civ.) En cuyo caso la obligación del fiador deja de ser accesoria pues se establece un vínculo directo entre el acreedor y fiador, con independencia del que vincula a éste con el deudor principal.
Despido, intereses usurarios, compensación económica
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Hereñu, Adriana Marcela c/ Rearbar S.A. y Otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

Como ha señalado el Alto Tribunal, la aplicación de intereses constituye sólo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento, por lo que cabe descalificar la aplicación automática de tasas que conduzcan a un resultado desproporcionado (CSJN, 26/2/19, "Bonet, Patricia Gabriela c/Experta ART SA") siendo exorbitantes los estipulados por acta C.N.A.T. 2.601/14 durante el periodo que corre desde la fecha de ruptura del vínculo hasta el 1° de junio de 2.014 que deben ser sustituidos por una tasa más razonable. (Del voto del Dr. Pose)
Delitos, defraudación, circunvención de incapaz o menor, legitimación activa
Materia: PENAL
Carátula: CARPENA, C. D.  c/  s/ Querella. Defraudación por circunvención de incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-03

- Querellante. Legitimación activa rechazada.

Defraudación por circunvención de incapaz.

Parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive que heredan a falta de descendientes, ascendientes y cónyuges. Vínculo colateral que queda afuera del concepto de investidura de pleno derecho desde el día de la muerte del causante. Necesidad de la investidura en el caso de determinados parientes como requisito previo a ser tenidos por querellantes. Sucesiones testamentarias: investidura que resulta de la declaración formal del testamento (artículos 2337, 2338 y 2438 del Código Civil y Comercial).

Confirmación.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, embajadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consulado General de Italia s/ su denuncia usurpación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Las representaciones diplomáticas extranjeras no revisten el carácter de aforadas en los términos del art. 101 de la Constitución Nacional, salvo cuando el hecho haya afectado el desempeño de las actividades propias de la legación.
Cuestiones de competencia, competencia federal, tribunal oral, ejecución de la pena, contrabando, tentativa, flagrancia, interpretación de la ley, ley procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Peralta, Alejandro y otro c/  s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Corresponde declarar la competencia del tribunal oral en lo criminal federal provincial a los efectos de que entienda en la etapa de ejecución de un procedimiento llevado adelante por el juzgado federal de la provincia, en relación al delito de tentativa de contrabando en el marco de un procedimiento de flagrancia, debido al juego armónico que existe entre lo establecido en el art. 490 del C.P.P.N., en cuanto prevé que las resoluciones judiciales deben ser ejecutadas por el tribunal que las dictó o por el juez de ejecución, y en el art. 75 de la ley 24.121, que dispone que las funciones del juez de ejecución que establece el CPPN serán desempeñadas, en el interior del país, por un juez del tribunal oral respectivo. No obsta a lo expuesto la aplicación al caso del régimen de flagrancia previsto en la ley 27.272, toda vez que dicho régimen se vincula únicamente con el juzgamiento de los delitos atribuidos al imputado, y no a la ejecución posterior de la condena que eventualmente se impone.
Despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Mendoza, Alicia L. c/ Sindicato de Trabajadores Municipales s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Si se sustentó la pretensión resarcitoria por daño moral derivado del despido en la existencia de una falsa e injuriosa denuncia penal, y las constancias de la causa en la que recayó sobreseimiento no indican temeridad ni ligereza en la denuncia que, por el contrario, tuvo visos de similitud, el rechazo del reclamo indemnizatorio debe permanecer firme.
Procedimiento laboral, accidentes de trabajo, incapacidad laboral, ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, comisiones médicas, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: VALENCIA, ANIBAL. c/ CONSOLIDAR ART S.A. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-08-18

Si bien el artículo 46 de la ley 24.557 establece que las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles ante el juez federal o ante la Comisión Médica Central a opción del trabajador, la doctrina desarrollada por este Tribunal Superior -in re "Diaz Nery c. Tatedetuti SA y otro s. Accidente ley", expte. n° 211.131/98-, ha declarado la inconstitucionalidad del inc. 1 de la citada norma, particularmente, en cuanto substrae el accidente de trabajo de la competencia de los jueces laborales y limita el conocimiento a un mero recurso.

Por ello, avocado el juez laboral corresponde dar trámite al reclamo de conformidad al procedimiento especificado por la ley provincial N° 921, circunstancia que se halla respaldada por los principios procesales generales de subsanación, verdad objetiva y economía procesal, previstos en los arts. 34 inc. b) y e) y 36 inc. 2 del C.P.C.C. (cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 37 y ss. de la Const. Prov.; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la L.C.T.; y 1 de la ley 24.557).
Derecho penal, solicitud de excarcelación, resolución denegatoria, imputado, hurto, tentativa, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Correa Blanco, M. G. c/  s/ excarcelación (Causa Nº 72.931/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-17

Imputado procesado con prisión preventiva como coautor del delito de tentativa de hurto calificado por el uso de llave verdadera hallada.

- Situación que encuadra en las hipótesis previstas por los artículos 316, primer y segundo párrafo, y 317, inc. 1° del Código Procesal Penal de la Nación. Verificación a su respecto de un riesgo procesal de fuga. Imputado con antecedentes condenatorios que, en caso de recaer condena en estas actuaciones, determinan que la misma no podrá ser dejada en suspenso y corresponderá la declaración de reincidencia. Imputado que brindó otro nombre en otros procesos Riesgo de entorpecimiento de la investigación que se advierte en la circunstancia de que el encausado, conforme lo referido por la víctima, tendría relación con el encargado del edificio donde habita y se llevó a cabo el suceso investigado. Medidas sustitutas que lucen insuficientes para garantizar que se presente a un eventual juicio. Tiempo en detención que no luce desproporcionado en relación con el estado de las actuaciones (art. 349 del C.P.P.N) ni frente al monto y modo de la eventual sanción que pueda recaer en caso de ser condenado.

- Confirmación.
Cobro de sumas de dinero, abandono de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Jacob Fernando c/ Faro Del Lago S.A.  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-17

El abandono de trabajo puede adquirir alguno de estos dos perfiles: abandono renuncia o abandono incumplimiento. Para que se configure el primero, deben poderse apreciar en el trabajador un evidente animus de abdicar de su puesto de trabajo y resulta evidente que este supuesto no es el que subsume la facti specie de autos. El segundo requiere, en cambio, que el trabajador obre de manera tal que injurie los intereses del empleador y resulta ser esa injuria laboral la que, a la postre, justifica el despido que el art. 244 LCT autoriza. El abandono renuncia no puede siquiera ser pensado en este caso. Es que la patronal estaba anoticiada de la intención de su empleado de seguir trabajando, tanto que incluso había aceptado cambiar de ramo y pasar de "conserje" a "peón rural". Nada justifica esgrimir un abandono renuncia de parte del actor dado que uno de los elementos esenciales, como es la voluntad del empleado de no seguir trabajando no se observa en el caso (Voto Ronconi. Adhesión Romero)