Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-28


SENT Nº 442 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: ?Castro Marcos Angel vs. Las Pirguas S.R.L. s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción de fecha 29 de diciembre de 2009 (fs. 395/400), el actor interpone recurso de casación, el que fue concedido por resolución del 17/12/2010 (fs. 436). Según informe actuarial de fs. 444, sólo la parte demandada presentó el memorial previsto en el art. 137 del CPL.

2.- La sentencia impugnada rechazó la demanda, declaró abstracto el pronunciamiento sobre la excepción de prescripción y el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 deducidos por la demandada, impuso las costas por su orden y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3.- Afirma el actor que la sentencia recurrida incurre en arbitrariedad fáctica toda vez que valora deficientemente el plexo probatorio, ignora la argumentación y los fundamentos expuestos por su parte, analiza cada una de las pruebas en forma separada e incongruente y confunde los hechos acaecidos en el año 2004 con los hechos que se sucedieron en el 2005.

Sostiene que el fallo ignora que en el cuaderno de prueba nº 2 del actor -informativa-, mediante el intercambio epistolar mantenido por las partes se ha acreditado que la causal invocada para colocarse en situación de despido indirecto es legítima por cuanto la injuria incurrida por la patronal no admitía la prosecución de la relación laboral. Señala que la sentencia incurre en arbitrariedad al violar las disposiciones de los arts. 242 y 78 de la LCT.

Explica que resulta imposible avalar la versión de la demandada en cuanto a que se ha producido el abandono de trabajo por parte del actor por cuanto tal figura exige que exista un comportamiento del dependiente que evidencie ostensiblemente la voluntad de no reintegrarse a su trabajo, debiendo este incumplimiento resultar voluntario e injustificado, lo que no se dio en este caso en que la voluntad de continuar con el vínculo resultaba evidente no solo de los telegramas enviados por el actor sino también de la prueba testimonial.

Agrega que la arbitraria conclusión a la que arriba la sentencia es más grave aún si se considera que la demandada pretendió responsabilizar al actor de su falta, aduciendo que él era el responsable por no haber conservado la cuadrilla con la cual trabajaba.

Insiste en que la sentencia confunde los hechos ocurridos en el 2004 y 2005 por cuanto valora la CD 00429370 de fecha 19/5/2004 mediante la cual la demandada comunicaba el despido por abandono de trabajo al actor en el año 2004, situación que fue resuelta previamente a los hechos que dieron lugar a la demanda.

Expresa que en torno a esta cuestión, el sentenciante debió analizar las pruebas pertinentes de acuerdo a los principios de la sana crítica y considerando que los hechos ocurridos en el año 2004 no son materia litigiosa porque solo fueron mencionados como antecedentes de la cuestión planteada en autos.

Sostiene que el fallo impugnado resulta arbitrario por cuanto desestima el valor probatorio de la testimonial aportada por su parte, efectúa una cita casi íntegra de la declaración del testigo Reynoso sin apreciar elementos como la razón de sus dichos, la coincidencia de la declaración de este testigo con los otros y sin relacionarlas con los demás medios probatorios o con la verosimilitud del hecho de acuerdo a los detalles expuestos en la declaración, lo que la lleva a concluir que dicha declaración 'no coincide con los dichos de los otros testigos, indirectamente estos dichos favorecen a la demandada ya que no son contestes y no dan razón de los dichos que sostiene'.

Destaca que, no obstante lo anteriormente afirmado, el sentenciante al valorar el testimonio de Pérez afirma que 'declara en forma similar al testigo anterior Reynoso', y desestima la declaración de Osores afirmando que 'estudiando y analizando dichas declaraciones es evidente que tratan de beneficiar al actor, dando versiones casi idénticas entre si y similar a la demanda'.

Afirma que la contradicción surge evidente dado que primero se dice que las declaraciones no coinciden entre si y luego se afirma que los testigos respondieron en forma similar.

Señala que las testimoniales rendidas resultan fundamentales dado que fueron rendidas por compañeros de trabajo del actor, es decir personas que en doctrina se califican como 'testigos necesarios o presenciales', que son precisamente aquellos que por haber conocido de los hechos en forma directa son los únicos que se encuentran en mejores condiciones de dar referencias concretas y circunstanciadas sobre los hechos configurados en el lugar de trabajo.

Manifiesta que en la teoría general de la prueba existe, entre otros, un principio que ningún juez puede ignorar, el de la unidad de prueba, que exige al intérprete el examen concienzudo de cada prueba separadamente y de todas las pruebas juntas, y no le permite tergiversar una fuente mediante mutilación o fraccionamiento, ni tomarla en consideración aisladamente respecto del resto de los elementos probatorios.

Expresa que ?el fallo ha incurrido en una inválida y arbitraria mutilación fragmentaria de la prueba?, vicio que se ha configurado al fragmentarse la interpretación de la prueba testimonial.

Afirma que la Cámara omitió considerar la prueba informativa -cuaderno nº 2 actor-, en especial el informe suministrado por el IPACYM del que surge que los dos propietarios de Las Pirguas SRL son también propietarios de la Cooperativa, informe que se correlaciona con el brindado por el Registro Público de Comercio, por lo que interpreta que no quedan dudas que Las Pirguas SRL y la Cooperativa Agroindustrial del Milagro pertenecen a los mismos dueños y funciona también en el mismo domicilio, lo que corrobora las afirmaciones efectuadas en la demanda, como así también la continuidad de la relación laboral que unió al actor con Las Pirguas SRL desde la real fecha de ingreso hasta que se produjo el distracto en el 2005.

Destaca que en los autos ?Mendoza Manuel Bartolo vs. Las Pirguas?, expediente en el cual se dirimió el despido de los compañeros de trabajo del actor, la Sala I de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción al pronunciarse sobre la real antigüedad de los actores consideró que ?el informe remitido por IPACYM (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual) que suministra copia autenticada del acta constitutiva de Agroindustrial del Milagro Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada de fecha 19 de febrero de 1998 de donde se desprende que los socios constituyentes de la demandada Las Pirguas SRL Gabriel Eugenio Guzmán Arias y Adolfo Torres Bugeau son también de la Cooperativa del Milagro con igual domicilio, con lo cual acreditan la continuidad laboral ininterrumpida con la demandada Las Pirguas desde las fechas indicadas en la demanda hasta la extinción de los contratos de trabajo?.

Insiste en que la sentencia impugnada representa una valoración absurda de la prueba rendida por la demandada, puntualmente en lo relativo a la prueba informativa nº 2, oficio a La Gaceta, el que debió valorarse en función de las demás pruebas rendidas en la causa y que el resultado de este yerro valorativo ha conducido a un resultado absurdo, la acreditación del abandono de trabajo porque el actor pretendía tener la misma categoría de capataz que en las campañas anteriores.

Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso y propone doctrina legal.

4.- La parte actora deduce tempestivamente recurso de casación contra una sentencia definitiva, invoca con fundamentos suficientes infracción de normas de derecho y vicio de arbitrariedad, constituye domicilio en esta jurisdicción, y siendo actor el recurrente no es necesario cumplir con el afianzamiento (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5.- El actor inició demanda contra Las Pirguas S.R.L. reclamando indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, SAC proporcional/2005, vacaciones proporcionales/2005, indemnización art. 16 ley 25.561, vacaciones anuales 2003/2004, indemnizaciones arts. 1 y 2 ley 25.323, 45 ley 25.345 y daños y perjuicios del art. 97 LCT.

Aclaró que por un error consignó en los telegramas como fecha de ingreso el 01/4/1990, cuando en realidad la fecha correcta de ingreso es 01/4/1994, en el carácter de trabajador temporario, produciéndose su registración el 16/5/1997; asimismo, que durante las temporadas correspondientes a los años 1998, 1999 y las quincenas 1ª y 2ª del mes de abril y 1ª del mes de mayo de 2000 se le otorgaron recibos a nombre de una Cooperativa de Provisión de Servicios denominada Agroindustrial Del Milagro y que la dirección consignada en los recibos de sueldo de dicha cooperativa resulta coincidente con la de Las Pirguas SRL, empresa ésta que vuelve a figurar como empleadora a partir de la 2ª quincena de mayo de 2000, aunque con otra dirección.

Refirió que se encontraba encuadrado en la categoría de capataz de cuadrilla, que sus tareas consistían en confeccionar las planillas diarias de asistencia, supervisar la calidad de la fruta que se cosechaba y que la jornada laboral se extendía de 7 a 18,30 hs.

Expresó que reiniciada la temporada de cosecha del año 2005, a poco de lograr su reincorporación a la firma en el mes de mayo, se le informó que desempeñaría tareas de peón cosechero y no las de capataz que venía desempeñando año tras año desde su ingreso por lo que inició insistentes reclamos verbales a la patronal con el objeto de que revirtiera la situación a su respecto sin resultado positivo, lo que habría provocado fastidio a la empleadora dado que a partir de junio de 2005 le negó el otorgamiento de tareas, por lo que el 29/6/2005 se vio obligado a remitir telegrama colacionado a la empresa a fin de que le aclare su situación laboral y lo reintegre a sus tareas habituales de temporada.

Agregó que, vencido el plazo legal sin obtener respuesta, se vio obligado a hacer efectivo el apercibimiento contenido en dicha comunicación, remitiendo telegrama de fecha 05/7/2005 dándose por despedido.

Relata que a posteriori y de manera totalmente extemporánea, recibió carta documento de la demandada en la que de manera falaz le imputó ausencias al trabajo y lo intimó a reincorporarse bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo, lo que fue rechazado por su parte mediante TCL remitido el 13/7/2005.

Añade que volvió a recepcionar carta documento en la que la accionada reconoce el hecho de no haberle otorgado sus tareas habituales de capataz, aunque con fundamento en no haber conservado la cuadrilla, justificativo que no resiste el menor análisis pues se encuentra comprobado que durante la campaña 2004 la demandada omitió la convocatoria a los trabajadores integrantes de la mencionada cuadrilla.

Afirmó que el 10/8/2005 remitió nuevo telegrama, intimando se le abonen las indemnizaciones legales y se le haga entrega de documentación laboral relativa a certificación de servicios y remuneraciones, y que el 25/8/2005 recibió telegrama por el cual la empleadora, en forma extemporánea, pretendió extinguir una relación laboral que a esa fecha ya estaba extinguida por exclusiva culpa de la demandada (fs. 2/8).

La demandada negó que el actor haya ingresado a trabajar el 01/4/1994 y que su registración se haya efectuado el 16/5/1997, como así también que durante las temporadas 1998, 1999 y parte de 2000 le haya otorgado recibos a nombre de una cooperativa denominada Agroindustrial Del Milagro y que exista o haya existido algún tipo de relación entre su personal jerárquico y la presunta cooperativa y que una y otra hayan tenido en algún momento el mismo domicilio.

También negó que el actor haya estado encuadrado siempre como capataz de cuadrilla, que reiniciada la temporada 2005 recién se le haya informado que desempeñaría las tareas de peón cosechero y no de capataz, que haya existido una rebaja de categoría y que a partir de junio de 2005 le haya negado al actor el otorgamiento de tareas.

Relató que estuvo vinculada laboralmente con el actor en tres oportunidades: una primera relación tuvo lugar en mayo de 1997 y se extinguió sin que el trabajador llegara a adquirir estabilidad por lo breve y fugaz del vínculo; que en el año 2000 el actor fue nuevamente contratado como personal temporario, con funciones de capataz o encargado de cuadrilla, relación que se desarrolló normalmente hasta el 19 de mayo de 2004, fecha en la cual el Sr. Castro es despedido por abandono de trabajo; que a comienzo de la temporada 2005, el Sr. Castro se puso en contacto con el departamento de personal solicitando se contemplara la posibilidad de otorgarle trabajo, a lo que su parte accedió pero solo como peón de cosecha, lo que el actor aceptó.

Señaló que tal fue el origen de la tercera relación laboral entre las partes, iniciada en mayo de 2005. Manifestó que, habiendo trabajado solamente un par de quincenas, el actor dejó de concurrir, lo que motivó que le enviara carta documento de fecha 29/6/2005, intimándolo a reintegrarse al trabajo bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo, y que, simultáneamente, el mismo 29/6/2005, sin reintegrarse al trabajo, el actor reclamó que se le asignaran funciones de capataz, intentando así apartarse maliciosamente de los términos de su nueva contratación, haciendo caso omiso de la extinción del nuevo vínculo.

Sostuvo que no estaba obligada a designarlo capataz ni tenía posibilidades de hacerlo (la cuadrilla que Castro comandó durante su anterior relación había sido también despedida por abandono de servicios en el 2004) y como persistió en su actitud de no reintegrarse a sus tareas, fue despedido por abandono de trabajo, para lo cual se tuvo en cuenta su reincidencia. También opuso excepción de prescripción y planteó la inconstitucionalidad de la doble indemnización prevista por el art. 16 ley 25.561 (fs. 38/44).

Sustancialmente la Cámara afirmó que de la prueba instrumental producida por el actor surgía que este ?revestía la categoría de capataz, ingreso enero de 2000, temporario, no tiene cargas de familia?, y que en el expediente administrativo nº 345/182/R y ots./2004 ?obra denuncia de varios obreros, entre los que se encontraba el actor, que solicitan reincorporación en razón de haber sido despedidos por abandono de trabajo.

Analizado el mismo se constata que a fs. 4 corre convenio con la patronal en el que le hace efectivo el pago de salarios caídos de los meses de mayo y junio de 2004 y la patronal procede a la reincorporación de los obreros, entre ellos Castro Marcos Ángel? (fs. 397).

Asimismo, señaló que el informe pericial contable ?indica fecha de ingreso del actor el 03/01/2000, categoría: capataz y ayudante de capataz. Trabajador de temporada?.

Por otra parte, descartó la declaración del testigo Carlos Antonio Reynoso por cuanto ?en la respuesta a la pregunta n° 6 dijo que iba a ser nuevamente capataz... Y lo mandan a cosechar?, como sostiene la demandada en su versión cuando se presenta y además no coincide con los dichos de los otros testigos, indirectamente estos dichos favorecen a la demandada, ya que no son contestes y no dan razón de los dichos que sostiene, por tal la tacha de fs. 292 realizada por la demandada es válida y prospera?.

Entendió que Pérez Victoriano ?declara en forma similar al testigo anterior Reynoso y no aportan nada de acreditación respecto de los hechos relatados en la demanda. Los hechos narrados fueron reconocidos por la accionada. La tacha de fs. 292 del demandado es procedente en razón de sus dichos.

Además la declaración de este testigo es contradictoria a la demanda dado que el actor reconoce que dejó de trabajar algunos períodos como ser año 2004 que no trabajó y el testigo afirma lo contrario?.

En cuanto a la declaración de Osores Claudio Damián, interpretó que ?también sus dichos no dan ninguna novedad y en la sexta pregunta al contestarla, no beneficia ni perjudica a las partes. Sus dichos son inconsistentes por lo que resulta viable la tacha del demandado en contra de éste testigo, que nada acredita?.

Concluyó que ?estudiando y analizando dichas declaraciones es evidente que tratan de beneficiar al actor, dando versiones casi idénticas entre sí y similar a la demanda. Razón por la cual, como más arriba puntualizo, se hace lugar a la tacha. En síntesis la prueba beneficia a la versión del demandado? (fs. 397 vta./398).

Afirmó la Cámara que el diario La Gaceta remitió copias de la publicación de la convocatoria al personal de temporada efectuada por la demandada los días 4, 5 y 6 de marzo del 2004, prueba ?que acredita la mora y el abandono del actor a presentarse a su puesto de trabajo que ofrece la demandada? (fs. 398 vta.), y que dicho informe ?prueba que la demandada realizó la convocatoria y comunicación al personal de temporada conforme lo establece el art. 98 de la LCT? (fs. 399).

Con relación a los recibos de pago adjuntados por el actor señaló que ?algunos datan de cosechas del año 1998, 1999 y corresponden a una empresa distinta a la demandada, razón por la cual son improcedentes y nada acreditan.

En cambio de los recibos del año 2000, 2002 y 2003, se desprende que se abona al actor haberes en concepto de capataz ayudante. Se tiene a la vista solo dos recibos de la 1ª y 2ª quincena de mayo de 2005, patronal: la demandada.

Los mismos acreditan el pago de haberes al actor en concepto de ?por maleta?. Es decir que revestía el carácter de cosechero. Peón de cosecha, o sea que trabajaba y cobraba por tanto o sea que el produce y se le paga por ello. Esto coincide con la versión de la demandada, acreditando de esta manera su versión y su defensa? (fs. 398 vta.) . Sostuvo que ?en conclusión, queda probado en esta evaluación que la parte demandada realizó tareas en la cosecha del año 2004, ya que la publicación de fs. 317/319 es clara y luego en el año 2005, le dan trabajo al actor como cosechero. Sí lo reincorporan, pero queda acreditado el abandono, porque el actor pretendía tener la misma categoría de capataz que en las campañas anteriores al 2004, y persistió en dicha actitud de no reintegrarse a sus tareas habituales, lo que hace viable el despido por abandono, lo que no fue destruido por las pruebas aportadas por el actor.

En consecuencia, voto por la negativa del actor y por la afirmativa de la demandada, porque quedó acreditado que la patronal le otorgó trabajo e intimó reintegro. Lo que el actor no cumplió. No quedando otra vía que el despido? (fs. 399).

Confrontados los argumentos del actor con los fundamentos del fallo y los antecedentes del caso a la luz del marco normativo aplicable, se advierte que le asiste razón al recurrente.

De las posiciones de las partes expuestas en los escritos introductorias de demanda y de responder precedentemente reseñadas, se desprende, en relación a la causal de distracto, que para el actor la extinción del vínculo laboral se produjo por despido indirecto con fundamento en la rebaja de categoría dispuesta por la empleadora -de capataz a peón cosechero-, defectuosa registración de la fecha de ingreso y falta de otorgamiento de tareas; en tanto que para la demandada, la extinción operó por abandono de trabajo.

En tales circunstancias, ?cuando las partes alegan distintas causales de extinción del contrato de trabajo, debe considerarse la virtualidad de aquella que quedó configurada en primer lugar [cfr. esta sala, sentencia definitiva Nº 950, del 31/12/1996; sentencia definitiva Nº 2556, del 29/10/1997; Sup. Corte Bs. As., 27/11/1984, ?Sosa, María S. vs. Comunicaciones de Mercado Cono Sur S.A.?, DT 1985-A, 644]? (CNAT, Sala 10ª, 28/02/2000, ?Villafañe, José v. Cooperativa de Trabajo Seguridad y Vigilancia Ltda.?, citado por Mark, Mariano, Ley de Contrato de Trabajo -anotada con jurisprudencia, Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, pág. 809).

En el caso traído en casación, el Tribunal ciñó el análisis de la causa de ruptura de la relación de trabajo al supuesto de desvinculación alegado por la demandada, consistente en el abandono de trabajo, y omitió considerar la causal de despido invocada por el actor, esto es, que medió despido indirecto fundado en ciertos incumplimientos de la empleadora.

La consideración de dicha cuestión resulta de fundamental importancia para la adecuada decisión del pleito, pues si -por vía de hipótesis- se admitiera probado el despido indirecto al que alude el actor, podría devenir de inoficioso tratamiento el análisis de conductas posteriores alegadas por la demandada como fundamento del supuesto de abandono de trabajo denunciado.

Es que ?configurado el despido indirecto del trabajador mediante la comunicación pertinente al principal, resulta improcedente toda consideración de la conducta asumida posteriormente por éste invocando una rescisión por abandono de trabajo, en tanto se basa en la afirmación respecto de una relación contractual ya extinguida? (cfr. SCBA, Carzoglio, Carlos Alberto c/ Banco de La Pampa s/ Indemnización por antigüedad y otros?, 07/10/2009; ?Ziede, Jorge Daniel c/ F.A.C.A. s/ Indemnización por despido?, 12/9/1995; ?Sosa, María Silvia c/ Comunicaciones de Mercado de Cono Sur S.A. s/ Despido?, 27/11/1984).

Si bien el Tribunal hizo expresa mención a que ?la patronal accionada ofrece cinco telegramas ley 23.789 de fecha 29/6/2005, otros del 5, 13 y 18 de julio y 10 de agosto de 2005, remitidos por el actor a su representada, donde el mismo reuniendo requisitos formales hace intimación, se da por despedido por incumplimiento, pide indemnizaciones, etc. La accionada contesta y remite tres CD de fechas 29/6/2005, 06/7/2005 y 17/8/2005 donde hace intimaciones a reintegraciones al trabajo, rechaza las pretensiones del actor, y en la última lo despide por abandono? (fs. 398 vta.), omitió ponderar y resolver si las mencionadas comunicaciones efectuadas por el trabajador tuvieron el efecto de dar por concluido el vínculo laboral, tal como se afirma en la demanda.

Desde esta perspectiva, se debe tener especialmente en cuenta que en el telegrama del 29/6/2005 el actor manifestó: ?ante la falta de otorgamiento de tareas de 'capataz' efectivamente desempeñadas para Ud.

en el carácter de trabajador temporario?y advirtiendo que las tareas de cosecha de citrus correspondientes a la presente temporada ya han sido iniciadas, intímole plazo perentorio de 48 hs. aclare mi situación laboral y/o me reintegre a mis tareas habituales de temporada bajo apercibimiento en caso de negativa o silencio considerarme despedido por su exclusiva culpa.

Asimismo y por idéntico plazo también intimo la subsanación de mi deficiente registración laboral atento a que en los recibos de sueldo se consigna erróneamente como fecha de ingreso el año 1994 cuando en rigor de verdad corresponde se registre el 01/4/1990, todo ello en los términos de la ley 24.013? (fs. 28); que en fecha 10/8/2005 expresó: ??me veo obligado nuevamente a hacer efectivo el apercibimiento contenido en mi telegrama de fecha 29/6/2005.

En consecuencia intimo a que en un plazo perentorio de 48 horas me abone indemnizaciones legales?? (fs. 33); y que por carta documento del 17/8/2005, la empleadora respondió a esta última ?rechazamos su telegrama fechado el 10 de agosto de 2005, por improcedente? No habiéndose reintegrado a prestar servicios, no obstante las reiteradas intimaciones que en tal sentido le cursamos, lo despedimos por abandono de trabajo [art. 244 LCT]? (fs. 34).

Lo hasta aquí expresado evidencia que la sentencia impugnada ha omitido el análisis de hechos y pruebas conducentes para la adecuada solución del litigio. En otras palabras, prescindió de manifestaciones relevantes expresadas por el actor en los despachos telegráficos cursados a la empleadora y no efectuó una valoración razonable de las pruebas de la causa.

Al decidir así, el fallo se apartó de las reglas que gobiernan la valoración de las pruebas (art. 40 CPCyC) e incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

Esta Corte tiene dicho que ?debe considerarse carente de adecuada motivación, y por ende alcanzada por el vicio de arbitrariedad, la sentencia que omite dar expresamente los fundamentos de su decisión, vulnerando así el principio según el cual el pronunciamiento jurisdiccional debe ser derivación razonada del derecho vigente con relación a las pruebas y circunstancias del caso? (CSJTuc., Silva, Ángel Miguel vs. Agrícola de Leales S.R.L. c/ Cobros?, sentencia Nº 588 del 27/7/2001).

Por lo expuesto, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación en examen conforme a la siguiente doctrina legal: ?Es arbitraria y, por ende descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que omite considerar hechos y pruebas conducentes para la resolución del caso?. En consecuencia, CASAR la misma, y REENVIAR los autos al Tribunal de origen a fin de que, con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

En virtud de lo precedentemente resuelto, deviene inoficioso pronunciarse respecto de los restantes planteos de la recurrente.

6.- Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1 del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante sin perjuicio de dejar expresamente consignado lo siguiente:

El recurso de casación fue interpuesto en término; se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL); que cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1 del CPL pues está fundado en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión respecto a la valoración del material fáctico obrante en autos; finalmente, no resulta exigible el afianzamiento por no estar condenado a pagar suma alguna tal como lo prevé el artículo 133 del CPL (a contrario).

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -ponderación ésta que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción del 29 de diciembre de 2009 (fs. 395/400), consecuentemente, CASAR la misma en base a la doctrina legal expresada en el apartado 5 de los considerandos, y REENVIAR los autos a dicho Tribunal para que, con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS del recurso, conforme se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA