Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


SANCHEZ, Ramón contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 119-122.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTOS: Los autos "SÁNCHEZ, Ramón contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -C.P.L.- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (Expte. C.S.J. Nro. 47, Año 2.005) venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el actor para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de fojas 297/298; y, CONSIDERANDO: En la presente causa, y en virtud de la devolución de los autos oportunamente ordenada por esta Corte (A. y S. T. 187, p. 365), la Sala Segunda (integrada) de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad resolvió -conforme a lo resuelto por este Cuerpo en ese pronunciamiento- revocar el fallo de baja instancia, debiendo rechazarse la demanda tendente al cobro de la indemnización por incapacidad inculpable prevista en el artículo 23, inciso g), de la ley 9286, por encontrarse prescripta la acción intentada resultando aplicable el plazo bianual establecido en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Contra el fallo de la Alzada dedujo el accionante recurso de inconstitucionalidad, el que concedido por auto de fojas 277/278, fue rechazado por inadmisible en esta sede (A.

y S. T. 211, p. 233).

Y contra este pronunciamiento, interpone el recurrente el recurso bajo examen.

En su presentación, sostiene que el fallo es arbitrario y violatorio de los derechos y garantías invocados.

Al argumentar sobre la "cuestión federal", aduce que se ha cuestionado la aplicabilidad o inteligencia del artículo 4023 del Código Civil en contraposición al artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Alega que la sentencia resulta arbitraria en tanto no deriva de un razonamiento lógico jurídico en cuanto a la interpretación del caso sino de la caprichosa interpretación que hiciera el Tribunal, al remitir a los fundamentos expuestos en el precedente "Leones" -reenvío- (A. y S. T. 205, p. 35), aplicando su nuevo criterio en forma retroactiva a situaciones jurídicas ya consolidadas. Señala que el fallo es contrario a los principios generales del derecho, por cuanto cambia las fuentes de interpretación del Derecho Administrativo para aplicar "sin cortapisas" la Ley de Contrato de Trabajo sobre una relación de empleo público.

Añade que el cambio de criterio operado en la Corte resulta sorpresivo y arbitrario, obligando a los tribunales inferiores a aplicar su nuevo pronunciamiento en forma retroactiva cambiando las reglas del juego limpio a las que las partes deben someterse, e incluso en total discordancia con la doctrina jurisprudencial emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luego, expresa que la sentencia adolece de las formalidades extrínsecas necesarias para que dicha resolución sea válida (art. 14, ley 10.160) y, asimismo, de las intrínsecas, porque carece de fundamentación, en tanto no hace un análisis razonado de los puntos puestos a discusión sino que meramente "a su entender" lo vinculó a situaciones análogas ya debatidas, al remitir al antecedente "Leones" -reenvío- ya citado. Por ello, se agravia del punto tercero de la primera cuestión (sobre la admisibilidad de la vía intentada) en cuanto realiza dicha remisión, y de los resultados de las votaciones en cada una de las cuestiones tratadas (primera, segunda y tercera) en la sentencia recurrida. Entiende que la postura mantenida por esta Corte ha conculcado su derecho a la jurisdicción, al obligarlo a recurrir a una instancia superior para que sus reclamos sean atendidos en la forma que corresponde (fs. 301/381). 2. Evacuado que fuera el traslado que ordena el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 384/395), y en el examen fundado de admisibilidad que incumbe efectuar a este Cuerpo a fin de conceder o no -según corresponda- el recurso interpuesto, aparecen desprovistos de entidad constitucional los reproches expuestos por el recurrente.

Es que, como reiteradamente se ha señalado, la mera interposición del recurso, aunque se invoque la existencia de "cuestión federal" no justifica la concesión automática del mismo, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (cfr. A. y S., T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439, por todos).

A tales efectos, es menester que en el escrito de introducción del remedio federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por este Cuerpo para fundar su decisión, con argumentos encaminados a revertir lo decidido en el fallo impugnado.

Ello es así por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta demostrando ante la Corte por qué considera que el decisorio atacado no satisface el derecho federal que invoca.

Y en tal sentido, efectuando el análisis a que se hace referencia, se advierte que el impugnante en el memorial introductor del remedio extraordinario federal invocando arbitrariedad insiste, fundamentalmente, con los argumentos que desarrolló a través de sus sucesivos escritos recursivos, intentando una vez más hacer prevalecer su propia postura acerca de que el plazo de prescripción de aplicación al caso es el decenal conforme a la normativa del artículo 4023 del Código Civil, contrariamente a lo postulado por este Cuerpo en esta misma causa por considerar aplicable la disposición contenida en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, mas sin llegar a acreditar que los vicios en que supuestamente habría incurrido el fallo de esta Corte se encuentren efectivamente configurados.

Por cierto, el compareciente no logra transponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, desde que sus planteos -supuesta falta de fundamentación por no haber atendido todos los puntos expuestos por su parte- evidencian una mera discrepancia genérica con la desestimación de su recurso, careciendo su discurso de eficacia para convencer -siquiera mínimamente- de la decisividad de las supuestas omisiones imputadas; falencia, ésta, que deja incumplida la carga de demostrar que tal resolución resulta lesiva de derechos y garantías constitucionales.

Y en cuanto a la censura del cambio de criterio jurisprudencial y su aplicación "en forma retroactiva" en la especie, tal reparo exhibe con toda claridad la reiteración de planteos ya propuestos y de los que este Cuerpo se hizo cargo en el leading case "Leones" (A. y S. T. 186, p. 69 y T. 205 p. 38 -reenvío-).

A ese respecto, cabe señalar que en el precedente mencionado en último término se puntualizó la ausencia de nuevos argumentos que pudieran justificar eventualmente la modificación de la tesis adoptada por este Tribunal, pues la impugnación se limitaba a defender el particular criterio de la recurrente en relación a la vigencia temporal de la doctrina sentada en esta misma causa, lo que no resultaba idóneo para habilitar la vía intentada ("Brunel", Fallos 324:2366, y sus citas de Fallos:302:785 y 305:2073, entre otros).

Lo mismo ha acontecido en autos apenas se repare en las alegaciones expuestas por el impugnante a fojas 255 y siguientes, sin que ahora haya aportado razones con entidad para desmerecer en un plano constitucional las conclusiones de este Organo al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto mediante la remisión a lo resuelto respecto de tal cuestión en el citado leading case.

Por lo demás, bien sabido es que constituye suficientemente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial que guarda analogía con el que se examina. Así, esta Corte tiene dicho que integra la argumentación de la sentencia el antecedente del mismo Tribunal remitido por ella (cfr. A. y S. T. 41, p. 402; T. 100, p. 2). Por último, y al margen de la deficiencia argumental del quejoso, la acusación de nulidad del pronunciamiento no puede tener cabida toda vez que se sustenta en el texto derogado del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 10.160. En efecto, allí se disponía -tal como lo destaca aquél- que "el Presidente de la Corte Suprema compone el Tribunal al sólo efecto de votar en caso de empate"; empero, a partir de la modificación introducida por la ley 11.427 (B.O. 23.01.1997), ahora sólo se prevé en el segundo párrafo que "en caso de empate, el voto del Presidente de la Corte es decisivo". En tales condiciones, la integración de este Cuerpo por su titular para el dictado del decisorio impugnado no vulnera las disposiciones del mentado precepto en relación a los recaudos para el quórum y para la emisión de pronunciamiento válido por la Corte en materia jurisdiccional. En definitiva, al no traer el recurrente argumentos con entidad suficiente como para revertir lo sostenido por este Cuerpo al decidir el rechazo del recurso, ni demostrar que se dé alguna circunstancia excepcional que autorice la concesión del remedio federal intentado, la cuestión queda reducida a un mero desacuerdo con la solución dada al caso, lo que no habilita la apertura de la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48 (cfr.

"FRUGONI ZABALA", GODOY", "LEONES", "MELLIT", "RODRÍGUEZ", "ELSE", R. A. y S., T. 210, págs. 214, 257, 268, 309 y 313, y T. 212, págs. 103, respectivamente).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)