Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24


000065/2013 Comodoro Rivadavia, de abril de 2013.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "S. H. P. A. c/ B. T. S. s/MEDIDA CAUTELAR", Expte. Nº 65/2013, venidos del Juzgado de Familia N° 2 (Expte. N° 203/2011).- I.- Se eleva este expediente a la Alzada en razón de haber interpuesto la parte demandada a fs.158 recurso de apelación contra la sentencia de fs. 150/152 vta., mediante la cual se dispone la suspensión provisoria del régimen de comunicación del recurrente con el niño L.B.S., a pedido de la actora Sra. H. S.- A fs.160/162 expresa agravios y sostiene que la resolución en crisis lo agravia por cuanto omite hacer mérito tanto de los hechos como de las pruebas producidas, en perjuicio del interés de las menores (sic). Afirma que es claro que su mandante padece una enfermedad y que se encuentra en tratamiento, como se destaca en el informe de fs.132, el cual resulta positivo respecto a su persona.

Asimismo, afirma que la falta de valoración de parte de la aquo de dicho informe, convierte a la sentencia en arbitraria, como así también la afirmación que se efectúa en la misma respecto a la voluntad del niño L. acerca de visitar a su progenitor, la cual no surge de fs. 148. Por ello, solicita se revoque la sentencia, por infundada y arbitraria.

A fs.164/165 contesta los agravios la parte actora y a fs.171 contesta la vista conferida en esta instancia la Sra. Asesora de Familia e incapaces.

II.- Ahora bien, respecto al recurso bajo estudio, esta Sala ha afirmado en reiteradas oportunidades que en los procesos de familia las medidas cautelares no pueden ser tramitadas bajo parámetros rigurosos desde el punto de vista formal, sino que se caracterizan por su instrumentalidad, provisionalidad y flexibilidad, encontrándose facultada la jueza actuante para sustanciar las medidas cautelares, o fijar audiencia de oficio, a fin de intentar conciliar los intereses en juego y arribar a una solución componedora de la problemática que se denuncia, entre otras medidas.

Principio apuntalado también por la juez a quo. Más aún considerando que a partir de la reforma constitucional de 1994 con la incorporación de los instrumentos de carácter internacional (vg. C.I.D.N. y PIDESC-Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales) el cambio operado en relación a la interpretación y conjugación de la normativa aplicable en los procesos de familia obligan a una intervención tendiente en todos los casos a la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En esta inteligencia, queda más de un apreciable margen en la búsqueda de soluciones tributarias de la equidad, dado que el conflicto familiar evaluado desde la óptica de posible vulneración de los derechos que le asisten al niño involucrado, exige una composición "humana" que no se agota en el estricto marco de lo jurídico, que si bien le brinda soporte a la decisión, no impide la prevalencia de los mentados principios que informan el particular tratamiento de los casos tales como el presente, para la mejor tutela de los intereses comprometidos (cfme. Berizonce. Derecho Procesal Civil Actual. Ed. Abeledo Perrot - 1999). Partiendo de lo anteriormente señalado, debe atenderse a la finalidad de las medidas solicitadas cuyo ámbito se encuentra suficientemente descripto. Y en este sentido, tal como lo ha efectuado la juez a quo en cada una de las actuaciones judiciales que precedieron a la sentencia ahora recurrida, el criterio rector de valoración, debe ser en todos los casos la conveniencia e interés del niño L. y el interés familiar.

Los intereses del niño por quien acude a la justicia la actora, deben ser respetados y el norte de cualquier decisión judicial. Sin embargo, no demostró el quejoso que la solución adoptada sea contraria al interés superior del niño ni se hizo cargo en su crítica, del criterio de la a quo respecto a la estabilidad del niño, los informes profesionales elaborados en autos, ni el dictamen de la Sra. Asesora, quien vela por los intereses del niño L. Cuestiones y opiniones que, involucrando a un niño, en modo alguno pueden ser minimizados.

Para mayor argumento, y aún cuando fuera especialmente resaltado por la aquo, olvida el recurrente que en materia de menores todo está signado por la provisoriedad (esta Sala en autos "C., M. R. s/ Homologación de convenio", Expte. Nº 12.609/2.000, Sentencia Interlocutoria Nº 168/2.001), y mucho más cuando, como en el caso, se trata de una suspensión de régimen de comunicación provisorio. En estos lineamientos, debe tenerse presente que los factores que contribuyen a formar el juicio acerca del interés del menor son siempre coyunturales, cualquier decisión es esencialmente provisoria.

Ello, sumado a las facultades que el ordenamiento procesal brinda a los jueces y en especial, a los de familia, llevan a la convicción de que el recurso debe ser rechazado, confirmándose la resolución de la instancia de grado.

III.- Las costas de la Alzada se imponen al recurrente vencido, atento como se resuelve, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes conforme la labor desarrollada, éxito obtenido en su gestión, y demás pautas del régimen arancelario.- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1).-Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs.158 contra la resolución de fs.150/152 vta. y confirmar ésta en todas sus partes.

2).- Costas de la Alzada al recurrente vencido, regulando los honorarios profesionales del Dr. P. J. F. T. en la suma de dinero equivalente a DOS JUS y los de los Dres. C. M. C. y M. A. D., conjuntamente, en la suma de dinero equivalente a CUATRO JUS.- 3).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- REGISTRADA BAJO EL N° DEL AÑO 2013 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.