marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legitimación pasiva, terceros, asegurador, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: Mazloumian, Gregorio c/ Cortiñas, Juan Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-09

Si el actor también dirigió su demanda contra quien resultare responsable para el caso de existir terceros citados, en consecuencia los terceros citados por el demandado -a quienes se les corrió traslado de la demanda y la contestaron citando en garantía a la aseguradora- pueden ser condenados, no siendo de aplicación al caso el fallo plenario de esta Cámara en autos: "Carenzo J.A.

c/Ortíz de Zárate I. y otro prop. s/sumario", que se refiere a los terceros no demandados.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, hábeas corpus
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Giusto, Rafael s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Ha sido mal concedido el recurso extraordinario contra la sentencia que desestimó el hábeas corpus, si no se ha refutado adecuadamente su argumento referente a que el arresto del sargento de Gendarmería se produjo por decisiones tomadas por sus superiores jerárquicos en ejercicio de las atribuciones que en la esfera netamente castrense les confiere la reglamentación de la justicia militar, quedando abierta la vía recursiva administrativa y posteriormente la judicial para resguardar sus derechos.
Seguros, rescisión del contrato, preaviso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mario Mendoza c/ Hugo L. Britos y Radio Visión Jujuy S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 55.282/1/00 Incidente de Exclusión de Citación de Tercero en Expte. nº B - 55.282/00 S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 55.282/1/00 Incidente de Exclusión de Citación de Tercero en Expte. nº B - 55.282/00
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-08-14

El término del preaviso de la facultad rescisoria ejercida por el asegurador, no puede ser menor de quince días, plazo establecido a favor del asegurado como un mínimo de garantía, cuya infracción apareja una nulidad relativa, sanción que sólo puede ser declarada judicialmente.
Intervención de terceros, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: AREITIO, Julio c/ INDUSTRIAL JUGUETERA s/ ARTICULO  250 CODIGO  PROCESAL - INTERVENCION DE TERCEROS - TIPOS DE  PROCESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

Si bien, conforme lo dispone el art. 96 del Código Procesal, es inapelable la resolución que admite la intervención de terceros y la que la deniega es apelable en efecto diferido, -la doctrina ha entendido que esto último es aplicable en el caso de que se trate de un proceso ordinario.

En los procesos sumarios y sumarísimos, por el contrario, la resolución es siempre inapelable ya que no se encuentra mencionada por los arts. 496 y 498 del código de forma.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrefour  Argentina  S.A. c/ ANMAT-disp. Nro. 3444 s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Versando el juicio sobre interpretación de leyes federales cuya aplicación incumbe a la Corte en última instancia, el hecho de que la solución de derecho propugnada por el recurrente encuentre fundamento en otro precepto legal, no impide su reconocimiento por la sentencia del Tribunal.
Acción de amparo, personas con discapacidad, menores, rehabilitación infantil, síndrome de Asperger, obligaciones de la obra social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: T., R. E. VS. Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) c/  s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

Con relación a la cobertura integral y total del tratamiento reclamado para el menor, la obra social demandada no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales, alegando limitaciones financieras para cumplir con las prestaciones exigidas por los restantes afiliados y beneficiarios. No basta con la simple y conjetural afirmación de que podrían existir limitaciones para atender esas demandas, pues el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido como el de la preservación de la salud no necesita justificación alguna sino que, por el contrario y tal como se señaló, es la restricción que de ellos se haga la que debe ser justificada; de modo que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción de amparo. (Del voto en minoría del Dr. Vittar, Dra. Bonari, Dr. Catalano).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Ramirez Eduardo Alberto c/ Sideco-Tecsa-Grupo Constructor Urugua-i e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-11-01

Cuando la acción incoada es la prevista en la ley especial, esta Sala ha entendido que los créditos se devengen desde la determinación jurídica del daño. En los casos de incapacidad, ello acontece con la deteminación en sede administrativa de la incapacidad, en principio, o desde el año del infortunio, pues jurídicamente la incapacidad se tiene por definitiva en ese lapso (art. 8 inc. "d" 2do. párrafo).
Audiencia de vista de causa, incomparecencia de las partes, nulidad procesal, preclusión, actos consentidos
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Andrés Antonio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-07-01

En autos el recurrente pretende exonerarse de la obligación de comparecencia a la audiencia de vista de la causa denunciando supuestas deficiencias o vicios de actividad del mérito, sin reparar en que la presunta transgresión solo pudo tener operancia precediendo al dictado de la sentencia que es motivo de este recurso de casación.

La sanción de nulidad que pudo haber correspondido, como correlato inescindible del vicio de actividad señalado, debió ser planteada en tiempo y forma por el agraviado, evitando que su silencio u omisión contribuyera a la subsanación del vicio por consentimiento táctico, que prescribe el art. 131 del C.P.C.

Si el agraviado considera que se incurrió en vicio de nulidad, debió realizar tal incrementación por la vía procesal apta. Ninguna actividad en este sentido ha desplegado el quejoso, quien además no asistió a la audiencia de vista de la causa, por lo que a la extemporaneidad de su impugnación se agrega una evidente desidia en la defensa de sus intereses.
Recurso de casación, falta de motivación
Materia: PROCESAL
Carátula: MIRANDA MANSILLA HILARIO DEL CARMEN s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-05-08

Los jueces no pueden prescindir de examinar las cuestiones oportunamente propuestas, apreciando los elementos susceptibles de incidir en el decisorio. Lo cual conduce a la falta de motivación de la sentencia, que se verifica respecto de la carencia formal de un elemento estructural del fallo, en orden a la ausencia de exposición de motivos que justifiquen la conclusión del juez en cuanto a los hechos invocados -monto elevado de condena y honorarios regulados- así como las razones jurídicas que correspondan. Y, esa omisión de carácter parcial, es de tal entidad que el fallo resulta privado de motivos suficientes, aptos para justificar el dispositivo en relación a cada una de las cuestiones de la causa.
Indemnización, muerte del padre, daño material, bienes inembargables
Materia: CIVIL
Carátula: D. G., D. R. y Otro c/ P., M. V. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-26

El monto indemnizatorio por daño material por la muerte del padre no tiene en cuenta tanto el parentesco sino la situación de la persona respecto a la víctima, pues atiende esencialmente a quienes presume iuris tantum como sus dependientes alimentarios. Tan vigorosa. protección legal quedaría entonces desvirtuada en los hechos de permitirse la agresión por parte de los acreedores, de la que debe considerarse exenta por su propio carácter alimentario. Corresponde así, declarar la inembargabilidad del rubro "daño material".
Personal municipal, adicionales de remuneración, reducción salarial, falta de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Jofre Domingo Gregorio c/ Municipalidad de Lujan de Cuyo s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-26

El obrar de la Administración se encuentra gravemente viciado al no haber emitido la comuna accionada un pronunciamiento del que surgieran las razones por las cuales se dejó de abonar al actor el adicional, ni haber invocado ni probado en la especie cuáles eran esas específicas actividades o funciones que el agente había dejado de desempeñar y que en un primer momento habían servido de fundamento para la percepción del adicional "personal a cargo".
Accidentes de trabajo, interpretación de la ley, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-12-14

La autonomía normativa del derecho del trabajo destaca la necesidad de que su contenido sea desentrañado, interpretado, en función de los fines específicos que persigue. Y así como no puede interpretarse la ley de accidentes de trabajo, con el método y los principios que fluyen del derecho civil, tampoco es posible lo contrario. (Dra. Poggiese de Oudín: En disidencia).
Asignación anual complementaria de vacaciones, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: LANDRIEL, SEGUNDO IRINEO c/ AUTOLATINA ARGENTINA SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-24

La asignación remunerativa vacacional contemplada en el art. 29 del CCT 8/89 "E" está diseñada como un rubro retributivo destinado a mejorar el ingreso de los trabajadores ante la licencia anual y se abona con carácter de salario diferido con un sistema de proporcionalidad vinculado al lapso de labor y análogo al de las vacaciones mismas. El hecho de que la empleadora haya liquidado el aguinaldo durante casi ocho años incluyendo dicha asignación en su base de cálculo no se puede concebir ni admitir sino con fundamento en la cabal intención de instaurar un beneficio superior no susceptible de ser modificado "in peius".
Recurso de apelación (procesal), daños y perjuicios, mala praxis, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Margarita Sofía y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

La solicitud del Estado local para que se imprima el trámite ordinario al proceso donde se demanda por daños y perjuicios con motivo de un supuesto de mala praxis médica, no le impide al GCBA oponer válidamente la excepción de prescripción fundada en el plazo bienal previsto para la responsabilidad extracontractual (art. 4037 Cód. Civ.). (Voto de la Dra. Ana María Conde)
Aplicación de la ley, código civil y comercial, cuota alimentaria, divorcio por presentación conjunta
Materia: PENAL
Carátula: C.E.S. y B.R.A. c/  s/ Divorcio por mutuo consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-31

Teniendo en cuenta que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se aplica a las consecuencias producidas después de su entrada en vigencia, no caben dudas que la materia alimentaria constituye uno de los ejemplos más claros en los que tales efectos continúan a lo largo del tiempo hasta configurarse alguna de las causales de extinción de la obligación.
VENEZUELA, medidas de seguridad y protección, derecho a la integridad física, salud mental, condiciones de detención, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 50/2017 - Medida cautelar No. 383-17 -- Santiago José Guevara García respecto de Venezuela c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-12-01

Corresponde ordenar al Estado de Venezuela la adopción urgente de todas las medidas que fueren necesarias a fin de garantizar la vida e integridad personal de quien se encuentra privado de su libertad y cuya protección se pretende -informando acerca de ello en el término de veinte días desde la presente-, pues transcurridos más de nueve meses desde su detención, se ha verificado un agravamiento general que merma su salud física, mental y emocional.
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, resoluciones judiciales, sanciones administrativas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Strumia, Mirta s/ Recurso de casación Causa n. : 1858.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

El recurso de casación sólo resulta viable respecto de sentencias definitivas dictadas por órganos jurisdiccionales en la órbita del Poder Judicial -en el marco de la ley 23.984- y en razón de la comisión de conductas ilícitas que constituyan delitos. Por ello, aquel recurso no procede contra las resoluciones recaídas por la apelación de las sanciones administratuvas -de carácter contravencional- impuestas por la Dirección General Impositiva ante el juez y su alzada. (Voto del Dr. Fégoli).
Partidos políticos, apoderado del partido, revocación del mandato
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en AA./CC.: Partido del Frente s/ reconocimiento personería política (Expte. N° 07/95)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-14

La separación del recurrente como apoderado constituye un acto administrativo interno, discrecional e inherente al libre funcionamiento de la organización, sujeto a la determinación exclusiva de los órganos partidarios competentes y, en consecuencia, irrevisable judicialmente en cuanto a las razones que se invocan para sustentarlo.
Prueba, carga de la prueba, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Schneider, Ana Catalina y ot. c/ Frigorífico Gepa S.A.A.I.C. s/ Indemn. por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Si bien es cierto que con arreglo al art. 36 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial los jueces de origen tienen facultades para ordenar las diligencias necesarias a fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, no lo es menos que no pueden con su actividad suplir la actuación que deben tener los letrados de cada una de las partes en orden a la realización de la prueba de su interés.
Recurso de queja (procesal), cuestión federal, defensa en juicio, ofrecimiento de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Waxemberg, Sebastián Ariel s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-17

Existe cuestión federal atendible por este Tribunal, toda vez que en el particular caso de autos, el rechazo del pedido de restitución del plazo para el ofrecimiento de prueba de la defensa resulta equiparable a sentencia definitiva por sus efectos, toda vez que podría ocasionar un perjuicio actual de tardía o imposible reparación ulterior. La disidencia sostuvo que la resolución impugnada no constituye sentencia definitiva, no evidenciándose cuestión federal ni arbitrariedad.
Recurso de queja (procesal), menores, declaración testimonial, víctima menor de edad, aplicación temporal de la ley, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: B. Y., J. H. s/ Queja en: 'B. Y., J. H. s/Abuso sexual'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

La solicitud de utilización de una "cámara gesell" para la declaración de las menores (art. 234 bis C.P.P., texto según Ley 3995, BOP del 29-09-05) carece de sustento fáctico legal en función de lo previsto en el art. 5 de la norma invocada: "La presente ley entrará en vigencia una vez habilitadas en cada una de las cuatro circunscripciones judiciales, como mínimo una en cada cabecera cualquiera de los métodos (cámara gesell o registro de imagen audio), previstas en la presente ley".
Acción declarativa de inconstitucionalidad, legitimación activa, BANCO SOCIAL DE CÓRDOBA, juegos de azar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-03-18

En orden al requisito de "parte interesada" adherimos a las consideraciones explicitadas por los Señores Vocales preopinantes que admiten la legitimación activa de la accionante para interponer la presente acción declarativa de inconstitucionalidad de las Alícuotas Nro. 84906 y Nro. 84907 correspondientes a Servicios de Esparcimiento de las Ordenanzas Tarifarias para los años mil novecientos noventa y nueve a dos mil tres, al configurarse una eventual lesión a los intereses personales de quien desarrolla una actividad explotación de las salas de juego en la Provincia de Córdoba, que es alcanzada por la normativa tributaria municipal impugnada en autos, actividad que expresamente estaba exenta de tributación cuando la misma estaba a cargo del Banco Social de Córdoba.

Es dable señalar que el Decreto N° 2148/1997, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial y ratificado por la Ley 8718, estableció la "fusión por absorción" del Banco Social de Córdoba por parte del Banco Provincia de Córdoba, instituyendo a este último, como el organismo que seguirá la actividad financiera del ente absorvido.

Por su parte la Ley 8665 creó la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, asignándole todas las atribuciones y derechos que con respecto a las actividades vinculadas con los juegos de azar en todas sus expresiones tenía el Banco Social de Córdoba en virtud de la Ley 5969.

Consecuentemente, la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. es la continuadora legal del Banco Social de Córdoba en orden a las actividades vinculadas con los juegos de azar, en todas sus exp resiones. (Voto de los Dres. Cafure de Battistelli y Sesín, en disidencia)
Procesamiento, confirmación de sentencia, homicidio preterintencional, lesiones, muerte
Materia: PENAL
Carátula: C., R. C. s/procesamiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "C., R. C. s/procesamiento" (Causa n° 59.099/2019) resuelta el 7/10/19, donde Pablo Guillermo Lucero y Mariano González Palazzo confirmaron el procesamiento por homicidio preterintencional (artículo 81 inciso 1 apartado "b" del CP) del empleado de seguridad de un supermercado que para detener a una persona mayor de edad que huía sin abonar unos productos, lo arrojó al piso, le colocó la rodilla sobre la espalda impidiéndole respirar, maniobras que determinaron que la víctima sufriera lesiones y falleciera instantes después.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, ejercicio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: QUAGLIA DE VIVAS, BEATRIZ O. c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRAFICO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-21

La calidad de profesional del trabajador no empece al carácter subordinado de la relación laboral, pues basta la posibilidad de que el empleador pueda impartir directivas o fiscalizar la actividad del agente para que tal relación se configure.
Incidente de verificación, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Citati, Pedro s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por Faingold, Dora Rosa y otros. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

Cabe imponerle al síndico una multa dineraria por la demora en contestar distintos requerimientos efectuados por el Tribunal. A más, el funcionario cuenta con otras sanciones impuestas en este mismo expediente, por lo que se estima que la multa fijada por el juez a quo guarda proporción respecto de la entidad de la falta cometida y de la existencia de antecedentes sancionatorios en cabeza del quejoso.
Prueba, fundamentación del recurso, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO Nicolás Tolentino c/ "Fabrica de Mosaicos y Mármoles Noguera" y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-04

Como bien señaló el apelado, cuando contestó el traslado del memorial de agravios, se advierte que el ahora apelante no puede pretender reabrir cuestiones definitivamente precluías en primera instancia.

No se dan los supuestos procesales para admitir la apertura a prueba en segunda instancia en tanto (en lo atinente a la prueba pericial) no se trata de los casos específicos contemplados en la ley procesal pues no se advierte denegación de alguna prueba y declaración de negligencia (art. 253 inc 2° del Cgo. Procesal).

En lo relativo a la informativa cabe recordar que se trata de una medida dispuesta de oficio por el Tribunal de primera instancia como medida para mejor resolver después del llamamiento de autos, es decir cuando la oportunidad de proponer medidas probatorias para las partes se encuentra concluida.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tellechea, Mabel René c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La posibilidad del control judicial de las resoluciones del Tribunal de Cuentas surge por tratarse de actos que constituyen causa contencioso administrativa en los términos del art. 149 inc. 3º de la Constitución de 1934, pese a que en la reforma de 1994 no corresponden ya a la competencia originaria de esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, prueba pericial, indemnización por despido, honorarios, diferencias salariales
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Quiroga, Pablo Sebastian c/ Mecanica y Hidraulica del Sur S.R.L. s/ despido por causales genericas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-10

[...] en cuanto a los honorarios de la perito contadora, cabe tener en consideración que, si bien no existen pautas aplicables a los honorarios de los peritos, la retribución debe ser fijada atendiendo a la calidad y complejidad de sus respectivos trabajos, y conforme reiterada jurisprudencia de esta Alzada, estos emolumentos deben guardar relación con los de los restantes profesionales y su incidencia en la definición de la causa (cfr. Sala I, in re "PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN OSVALDO Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", Expte. N° 385961/9). Sentado lo anterior, de conformidad con las pautas mencionadas y las que habitualmente utiliza esta Cámara para casos análogos, se observa que el porcentaje de la regulación de la perito resulta elevado debiendo establecerse en el 3%, sobre la base regulatoria determinada en la sentencia.
Desindexación, locación de obra, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: Echenique   y  Sánchez Galarce S.A. c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Si bien la circunstancia de que las prestaciones sean de naturaleza dineraria no constituye obstáculo para la aplicación de la ley 24.283, ni lo impide el hecho de que se trate del tipo de deudas a las que se refiere el art. 3º del decreto 794/94, debe rechazarse el planteo si el apelante no ha demostrado que exista en la causa un valor de comparación apropiado a la "prestación debida" a la empresa constructora, que en modo alguno puede identificarse con el valor actual y real de la obra objeto del contrato (Disidencia parcial de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).