Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-10


SALTA, 10 de abril de 2.013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "SHAM, Ling; ESCANDAR, Badía - SUCESORIO", Expte. Nº 115.663/05 del Juzgado Civil y Comercial de 1º Instancia 11ª Nominación, CAM Nº 380.051/12 de esta Sala Primera, y, CONSIDERANDO I.- Que contra la sentencia de fs. 200/203, en cuanto rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Mario Daniel Sham, éste plantea recurso de inconstitucionalidad a fs. 204/205.

Relata que en autos solicitó que se practique pericia de tasación respecto del inmueble sito en calle Ituzaingó Nº 85-87 de esta Ciudad, separando el local comercial (planta baja) y la vivienda (planta alta), por considerar que ello era imprescindible para poder practicar luego las operaciones de partición y adjudicación.

A su criterio, constituye un dislate procesal lo afirmado por este Tribunal en el sentido de que la tasación y la división del inmueble resultan cuestiones independientes del proceso sucesorio, que puede llevarse por la vía y la forma pertinente.

Entiende que, según lo resuelto, este proceso no es el idóneo para lograr la partición en especie y debería iniciarse luego un juicio de división de condominio.

Considera que así los herederos no sólo deberán afrontar el transcurso del tiempo sino la reiteración del pago de tasa de justicia, aporte a la Caja de Abogados, honorarios de peritos y abogados, entre otros gastos.

Sostiene que se ha desnaturalizado el proceso sucesorio, privándolo de su finalidad primordial que es la definitiva partición y adjudicación en especie de los bienes heredados, y que la etapa del avalúo debe ser pormenorizada.

Asevera que, en virtud del principio de preclusión, no resultaría posible lograr la partición por separado en otra etapa procesal que no sea el avalúo.

En concreto, alega que la sentencia atacada vulnera la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad pues lo priva del derecho a obtener una partición por el sistema de Propiedad Horizontal. Aduce que el recurso planteado es procedente aun cuando no exista sentencia definitiva porque la resolución que recurre impide la prosecución de la causa, tornando imposible la partición en especie que -afirma- es fundamental en el juicio sucesorio.

II.- Que para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión, precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes y si existe relación directa con la cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente (cfr. Sagües, Néstor Pedro; "Recurso Extraordinario", Tomo 2, ed. 1992, p.498 y ss.).

Este examen debe hacerse, además, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, efectuando un juicio de probabilidades sobre la afectación de derechos o principios constitucionales, sin conceder o denegar mecánicamente el remedio extraordinario (CJSalta, Tomo 143:953; CapelCCSalta, Sala I, Tomo 2012:596; 2013-AI:90).

III.- Que, bajo las premisas mencionadas, se verifica que el recurso fue interpuesto dentro del plazo estipulado por el artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial, de acuerdo a constancias de fs. 205 vta. y 207).

Cabe sin embargo hacer mérito de la calidad de la sentencia impugnada, considerando que la Corte de Justicia de Salta, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido de manera invariable que obsta a la apertura de la vía extraordinaria la circunstancia de que el pronunciamiento recurrido no sea sentencia definitiva ni resolución equiparable a ella, es decir, que impida la continuación del proceso, provoque agravios de imposible o insuficiente reparación ulterior, o lo decidido allí revista gravedad institucional, hipótesis que en este caso no se presentan.

Por lo tanto, la ausencia de ese carácter no puede ser suplida por la sola invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad de la decisión (cfr. CSJN, Fallos, 305:1979; 325:2896; CJSalta, Tomos 60:725; 68:651; 73:525; 93:229).

No se trata la impugnada, como bien lo advierte el recurrente, de una sentencia definitiva. Justamente, el argumento del Tribunal para rechazar la pretensión de tasación diferenciada consistió en que ello debe llevarse a cabo en la etapa procesal pertinente. Por tal motivo el recurrente alega que se trata de una decisión equiparable a definitiva.

Existen tres clases de pronunciamientos judiciales equiparados a la sentencia definitiva: a) los autos que provocan la paralización del proceso; b) los que causan un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior, y c) los que tratan una cuestión de gravedad institucional (Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario", Editorial Astrea, 2002, Tomo 1, pág. 326).

El recurrente asegura que en autos concurre el primero de los casos mencionados, con fundamento en que se impide la prosecución de la causa y se torna imposible la partición en especie, cercenando su derecho a lograrla por el sistema de Propiedad Horizontal.

Conforme se señaló en la sentencia impugnada, la división que se pretende del inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal puede, oportunamente y si así lo deciden los herederos, llevarse a cabo por la vía y forma pertinente, más allá de los trámites y costos que ello pudiera irrogar.

De tal modo queda demostrada la inviabilidad del recurso por ausencia de sentencia definitiva.

IV.- Que, además de lo señalado, cabe poner en evidencia que no se introdujo oportunamente la supuesta cuestión constitucional, lo que era exigible teniendo en cuenta que el recurso de apelación versó precisamente sobre la pretensión que hoy constituye el objeto de este recurso, y que en el escrito correspondiente sólo se alegó la violación del artículo 749 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 177 y vta.).

El planteo de orden constitucional era necesario para posibilitar a la contraria un debido ejercicio de su derecho de defensa y al tribunal un adecuado análisis de la cuestión, a la luz de los derechos constitucionales que hubiera podido ponerse en juego, lo que no se hizo, resultando tardío ahora dicho planteo.

V.- Que también es conveniente destacar que la sentencia que resolvió una cuestión de derecho común como es la referida a los actos a llevarse a cabo en cada etapa del juicio sucesorio, con fundamento en la misma norma procesal invocada por el recurrente, resulta insusceptible de ataque a través de este remedio procesal conforme la regla que establece que es inadmisible el recurso cuando se lo dirige contra sentencias que han sido contrarias a las aspiraciones del recurrente y en las cuales se resuelven cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ya que el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en casos de sentencias arbitrarias en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos judiciales (cfr. CJSalta, Tomos 64:855; 71:195; 83:241).

Tratándose de un solo catastro, el Nº 38.786 (v. copia fs. 40), y teniendo en cuenta que la posibilidad de acogimiento al régimen de propiedad horizontal no constituye una postura unánime de los herederos (v. fs. 103/104 vta.), no se advierten, en el limitado ámbito de análisis que compete a esta Cámara, notas de arbitrariedad que puedan quitar a la sentencia su carácter de acto jurisdiccional válido o demuestren la mera posibilidad de que se encuentre vulnerada alguna garantía o derecho de orden constitucional.

VI.- Que, en razón de lo expuesto, no es posible conceder el recurso interpuesto.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL.

I.- DENEGAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 204/205.- II.- MANDA se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.