marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo seguido de homicidio, homicidio simple, concurso de delitos, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, ROBERTO s/ LATROCINIO. HOMICIDIO SIMPLE. ROBO. TENTATIVA. CONCURSO.   PARTICIPACION. Coautor.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

1) Hallándose acreditada la relación existente entre la muerte y el ataque a la propiedad de la víctima, siquiera tentado, la figura compleja del ART. 165 C.P. está perfectamente acreditada;

destacándose que el homicidio tenido en cuenta por la figura calificada de robo es un homicidio doloso y no una muerte accidental sólo yuxtapuesta con el atentado a la propiedad, por lo que la figura compleja es un verdadero caso concursal de homicidio simple con un robo o su tentativa.

En el caso de autos, la muerte del damnificado, mediante el certero disparo de un arma de fuego, calibre 38, desde una distancia de aproximadamente 70 a 90 cm. y que hizo blanco en el pecho de la víctima, es exacta y claramente demostrativa de un homicidio doloso, en el que, si el resultado no fue directamente querido, fue al menos consentido como posible.

2) Aunque el procesado no haya sido el autor material del disparo, es COAUTOR del delito complejo, porque intervino en la ejecución de éste, cumpliendo su propia parte en el suceso, al entretener en principio al damnificado y ser blanco de su insuficiente reacción, asintiendo al resultado letal provocado con su actitud de apoyo al otro sujeto interviniente.
Proceso judicial, caducidad de instancia, impulso procesal, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: SEOANE  RICARDO  J. c/ ORGANIZACIÓN VERAZ RISC Y OTRO s/ HABEASDATA (ART. 43 C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-03

Para que los actos de impulso procesal posean eficacia interruptiva por sí mismos, es necesario que tengan lugar cuando el plazo de caducidad se encuentre en curso, vale decir, cuando aún no se haya cumplido dicho plazo. En cambio, si el plazo ya se ha cumplido, y se efectúa un acto de impulso posterior a su vencimiento, tal acto carece de eficacia interruptiva (conf.

Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 2, p. 655, Editorial Astrea, 1989). Asimismo, resulta adecuado agregar que la inactividad procesal -que configura uno de los presupuestos de la caducidad-, significa la paralización del trámite judicial en forma continuada durante los plazos que la ley establece (conf. Palacio, L. E. "Derecho Procesal Civil", t. IV, p. 221 y sigtes.).
Competencia previsional, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Al fijar la competencia de los juzgados de primera instancia la ley 24.655 incluyó, además de las causas enunciadas en el citado art. 15 de la ley 24.463, a las demandas que versen sobre la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias, no efectuando referencia alguna a la necesidad de la existencia de un acto administrativo expreso para iniciar la pretensión judicial (art. 2, incs. a y b).
Declaración de inconstitucionalidad, carácter excepcional, caso concreto
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Perez, José Luis y Taboada, Daniel Marcelo s/ infr. art. 60 ley 1472- Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-22

En el caso, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 432 Código Procesal Penal de la Nación impetrado por la defensa oficial del imputado. En este sentido es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos 226:688, 242:73, 300:241, entre otros).

Ello sólo puede considerarse autorizado en situaciones muy precisas requiriendo en primer término que la violación de la norma sea de tal entidad que justifique la abrogación en beneficio de la seguridad jurídica, ello en razón de que es reiterada y uniforme la jurisprudencia del máximo tribunal en lo relativo a que "constituyen actos de suma gravedad institucional y deben ser consideradas como la 'última ratio' del orden jurídico" (Fallos 288:325, 290:83, 292:180, 294:383).

De lo expresado se desprende que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional o en el caso la Constitución local (CSJN Fallos: 307:1983), lo que, en el caso, no surge de los argumentos esgrimidos por la defensa.
Subasta judicial, reintegro de gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Niro, Alejandro c/ Oliveira, Jesus Bernardino s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

Tratándose en el "sub lite" de un supuesto en el que el comprador en pública subasta ha manifestado que procederá a inscribir el bien directamente a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin utilizar la opción prevista en el art. 583 del Código Procesal, se torna inadmisible que los gastos que deban realizarse se le impongan en forma personal al acreedor hipotecario, toda vez que ellos deben ser afrontados con los fondos depositados en autos. Es que siendo el vendedor quien tiene la obligación de entregar al comprador la cosa vendida cargando con los gastos que se devenguen por tal causa, en el supuesto de compra en pública subasta dichos gastos deben imponerse al ejecutado, pues lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa, perjudicándose al comprador lo cual no sería equitativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia extranjera, ejecución de sentencia extranjera, reconocimiento de sentencia extranjera
Materia: PROCESAL
Carátula: DUARTE, Elisa s/ EXEQUATUR Y RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

Si se solicita la inscripción de una sentencia extranjera dictada por un juez de la República de Paraguay, país signatario del Tratado de Montevideo, y se han cumplimentado las exigencias establecidas en su art. 5º, resulta innecesaria su homologación dado que tiene carácter ejecutorio como si fuera dictada en el país.
Desindexación, contrato de transporte, incumplimiento del contrato, obligaciones de dar cantidades de cosas, actualización monetaria, seguros, asegurador, subrogación en los derechos del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGUROS S.A. Y OTRO c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ "SIRIUS" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

El incumplimiento del contrato de transporte origina una "deuda de valor", comprendida en la Ley 24.283 según es generalmente admitido.

y como la subrogación -inoponible al transportista en función del contrato de seguros (art. 1195 y 1199 C.C.)- coloca a la compañía de seguros en la misma posición del consignatario directamente damnificado, y nadie duda que a el lo alcanzaría el régimen de desindexación o de acotación de la indexación (Ley 24.283), la conclusión que se impone naturalmente es que el subrogante no tiene un derecho más amplio que el subrogado. De donde se sigue que la aseguradora no puede pretender, por el hecho de pagar una indemnización en dinero, que su situación sea distinta a la de aquél que por el efecto del pago le transfirió sus derechos colocándolo -en la medida del seguro- en su propia situación. La aplicación de la Ley 24.283, al caso, es por tanto indudable, desde que el monto de la condena esta relacionado directamente con la repotenciación de valores según un determinado método indexatorio. Y no puede caber hesitación alguna de que la situación de la aseguradora está comprendida en la indexación de las cosas, puesto que esta ha sido la base -conforme con el art. 277 de la Ley de la Navegación y art.

80 de la ley 17.418- para admitir el reajuste del pago subrogatorio.
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alvarez Mónica Mabel c/ Agustiner S.A. s/ Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-16

La existencia de comprobantes no libera al comerciante de la obligación de efectuar adecuadamente sus registraciones contables.

Son los asientos de los libros de contabilidad y no su respaldo documental los que materializan la prueba a que se refiere el art. 63 del código de comercio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, cláusula sin protesto, pagaré
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cibraro Luis Ignacio c/ Cairo Guillermo Marcelo s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

La cláusula "sin protesto" resulta a todas luces insuficiente para presumir el cumplimiento de la carga que la ley pone en cabeza del portador del pagaré. En efecto, como tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia, reiterando jurisprudencia pacífica: "si bien la ley mercantil establece una presunción iuris tantum favorable al portador del pagaré con clausula 'sin protesto' de haber cumplido con el requerimiento de pago, y pesa sobre el deudor la producción de prueba en contrario, ello es así a condición de que el ejecutante manifieste haber presentado al cobra el documento en fecha y lugar determinados" (SCBA, Ac 78449, del 19/02/2002; Ac 46543, del 10/03/1992; Ac 45340, del 25/02/1992; Ac 36580, del 13/10/1987; e.o.).
Competencia por conexidad, acumulación de procesos, ejecución de alquileres, transferencia de fondo de comercio
Materia: PROCESAL
Carátula: ROTEMBERG, Rodolfo c/ DOVEIKA, Ignacio s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-21

No procede la acumulación de dos procesos si el objeto de uno consiste en el cobro de alquileres y en el otro se discute la transferencia de un fondo de comercio. Es que, se trata de procesos que tramitan por carriles diferentes, con lo cual no se configura el supuesto previsto por el art. 198 inc. 3 del Código Procesal; y el hecho de que lo resuelto en el sumario pueda tener influencia en la ejecución resulta insuficiente, pues en este último sólo se emite pronunciamiento acerca de la validez formal del título y no sobre las causas del negocio que dio origen a la obligación que se ejecuta, aspecto que queda diferido para un proceso de conocimiento posterior.
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Kolarik, Miguel c/ Capea S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

Para que prospere un reclamo por infortunio laboral con arreglo al régimen del derecho civil es necesario transitar todo el proceso para, recién al momento de dictarse la sentencia de mérito, llevar a cabo el control de constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

De tal suerte, deviene inexorable el tratamiento, como cuestión previa, del planteo de inconstitucionalidad de aquellas normas del régimen especial que -tal y como se desprende de sus arts. 21, 22 y 46- excluyen a la jurisdicción local para entender en estos procesos.
Graduación de la pena, culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

La dañosidad del hecho o el peligro de daño cuya ejecución acarrea, son a la vez el fundamento y el límite de la intervención estatal mediante la conminación y aplicación de una pena, por lo que la culpabilidad no es un fundamento de la prohibición sino una condición adicional a ésta.
Prueba, cámara Gesell, víctima menor de edad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., L. C. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

Respecto de la presencia del imputado durante la entrevista de la declaración testimonial, la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos, establece que para garantizar el derecho de defensa material, el imputado debe tener acceso a escuchar el relato de la NnyA al momento en que se está llevando a cabo la entrevista con el objetivo de poder formular las preguntas que estime pertinentes a través de su abogado defensor; sin embargo, es imprescindible que se garantice la protección de la NnyA de manera que no se produzcan cruces visuales con el imputado ni exista la posibilidad de que la NnyA lo escuche, motivo por el cual se recomienda que el imputado presencie el desarrollo del acto a través del sistema de CCTV en una sala apartada a la de la toma de declaración, y de no contar con la disponibilidad de este dispositivo, se recomienda que su presencia no será permitida en la sala de observaciones contigua a la sala de toma de declaración y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la NnyA. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Erbetta y Falistocco). - Jurisprudencia vinculada: B., M., AyS T 305, p 468/473, sumario J00 7592.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ONDARCUHU RICARDO PEDRO c/ CUEVAS JOSE MAXIMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

No estando probado -ni siendo dable inferirlo- que aún de noche y sin luz el camión era de todas maneras advertible para el actor, se hace forzoso descartar la contribución culposa de la víctima embistente, puesto que esa imposibilidad de advertirlo, ha obrado como caso fortuito (art. 514 del Código Civil y su doctrina).
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Daniel Ernesto c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Si la resolución que desestima la caducidad de la instancia no es apelable, tampoco lo será la que no hace lugar al pedido de caducidad del incidente de caducidad (artículo 310, inciso 4, C.

Proc.), aunque puede considerarse que en ningún supuesto es procedente la apelación, en tanto la inapelabilidad es la regla en estos procedimientos.
Escritos judiciales, presentación del escrito, error material, plazos procesales, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: AVELLANEDA, Remigio c/ FORASTIERI, Horacio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Si el escrito judicial fue presentado dentro del plazo correspondiente y en lugar habilitado para ello (mesa receptora de escritos de la Cámara Civil), el hecho de haberse incurrido en un error material en el encabezamiento, en cuanto a la sala interviniente, no es suficiente para declararlo extemporáneo.
Crédito fiscal, mora, tasas de interés, procesos de ejecución, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Estado provincial c/ Paoletti y Cía. S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-06-18

Los porcentajes determinados por la Subsecretaría de Hacienda para los créditos fiscales son tasas de origen legal, pues son consecuencia de una delegación expresa en el Organo Ejecutivo dispuesto por el Código Tributario cuya razonabilidad podría ser cuestionada por la parte afectada introduciendo el tema de su inconstitucionalidad -que en autos no ejercitó-; y si bien es cierto puede parecer de poca prudencia delegaciones legislativas de esta naturaleza ya que los intereses por mora son accesorios de obligaciones tributarias, y éstas son en principio objeto de restricciones de raigambre constitucional en orden a su creación, interpretación jurídica, obligatoriedad y cumplimiento en defensa de los derechos y libertad patrimonial de los ciudadanos; su morigeración o inaplicabilidad como facultad no puede ser atribuida a los jueces para su ejercitación de oficio, so riesgo que la función jurisdiccional se subrogue ilegítimamente a las atribuciones parlamentarias, distorcionando el principio republicano de división de poderes y la jerarquía del orden jurídico establecido por la Constitución Nacional. Por ello corresponde casar el fallo del A-quo, debiéndose en consecuencia aplicar al monto reclamado la tasa de interés establecida por la Subsecretaría de Hacienda.
Denuncia, derecho a la salud, indemnización por incapacidad, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESPEJO Raúl César c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos A.R.T. s/ Apelación de sentencia S/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-10-30

Una forma de asegurar la finalidad de la ley 24557, es "la denuncia" prevista en su artículo 43, la cual resulta de ineludible cumplimiento, de otro modo se desnaturalizaría el sistema diseñado, en tanto se estaría cambiando la salud por el reclamo directo de una suma de dinero en carácter de indemnización, lo que no se compadece con el primordial respeto del "derecho a la salud". (voto de la minoría).
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gallardo García, Ramón Carlos y otro s/ hurto de automotor - causa n? 1601 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación de la sentencia condenatoria de segunda instancia si las deficiencias en la defensa fueron consecuencia directa e inmediata de una evidente ausencia de la asistencia profesional mínima que el Estado debe proveer para que el juicio al que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación.
Defensa del consumidor, incumplimiento del convenio
Materia: CIVIL
Carátula: Telecom Argentina S.A. c/ Mendez, Isabel de los Angeles s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-07-22

Corresponde confirmar la resolución de la Dirección de Comercio Interior que impuso una sanción de multa a una empresa de telefonía por incumplimiento de acuerdo conciliatorio en el marco de un procedimiento administrativo establecido por la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, resultando adecuada la lógica sentencial, toda vez que la empresa demandada no solo no negó los reclamos efectuados por la usuaria, sino que no aportó prueba conducente para demostrar el debido cumplimiento del acuerdo.
Socio gerente, sociedad de responsabilidad limitada, prueba, relación de dependencia, deuda previsional, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HERDABOL S.R.L. c/ D.N.R.P. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Corresponde revocar la resolución que desestimó la impugnación de deuda formulada contra el acta por la que se formuló cargo por aportes omitidos respecto de los retiros efectuados por los socios gerentes de una S.R.L., si de las probanzas aportadas no puede inferirse que estos se encuentren en relación de dependencia, reciban órdenes o instrucciones, ni ejecuten decisiones de las que no hayan participado activa y preponderantemente; máxime si tampoco existen constancias que, amén de su carácter societario, hubieren cumplido en algún período o en alguna forma trabajos de los tipificados por el art. 27 de la L.C.T., única razón por la cual estarían ligados al plexo de obligaciones del art. 10 de la ley 18.037.
Expresión de agravios, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarra, Cristino y otro. c/ Federación Médica de Formosa s/ Ordinario Formosa s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-11-04

El término para expresar agravios debe computarse a partir del día siguiente al de la notificación del auto que ordena poner los autos en Secretaría.
Proceso contravencional, aprehensión, revisión judicial, oportunidad procesal, deberes del fiscal, deberes del juez, designación de defensor
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, Miguel s/ infr. art. 83 ley 1472-Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

La regla general en materia de privación de la libertad es el contralor judicial inmediato -sea ex ante o ex post a la medida coercitiva-. Más allá de la previsión legal expresa para el supuesto de aprehensión, dada la activación de todas las garantías de seguridad personal, es deber de los órganos de persecución informar al imputado la causa de su traslado y los derechos que le asisten, entre ellos, el de designar en ese momento un defensor (cfr. arts. 184, inc. 10 CPPN y art. 7, inc. 4 CADH).
Medidas de seguridad, internación psiquiátrica, inimputabilidad, Constitución Nacional, debido proceso, apartamiento de la doctrina de la corte, fallos de la Corte Suprema, derechos y garantías constitucionales, pena privativa de la libertad, abuso sexual, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: A., G. J. s/ causa n° 12.434
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13

La disposición de una internación coactiva -en el caso el imputado fue declarado inimputable y sobreseído por un delito de abuso sexual-, sin la indicación de su límite temporal máximo, contraviene la doctrina del Tribunal expuesta en el precedente "R., M. J. s/insania" (Fallos: 331:211), en el que se estableció que la medida de privación de la libertad del paciente debe ser revisada judicialmente mediante procedimientos simples, expeditivos, dotados de la mayor celeridad y, si correspondiera prolongarla por razones terapéuticas, ello debe ser objeto de un minucioso control periódico jurisdiccional obligatorio de los motivos de la internación, a los efectos de estudiar si las condiciones que determinaron su reclusión se mantienen o se modificaron en el tiempo, y siempre en el marco de los principios y garantías constitucionales, ya que de no ser así, la internación se convierte en los hechos en una pena privativa de la libertad sin límite de duración. -Del dictamen de la Procuración General, al que la Corte remite-.