Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-11


Expte. N° 6394 "C/ VARAS Mónica Beatriz por denuncia de Rosa Ofelia Esther s/ Casación".

En la Ciudad de San Juan, a once días del mes de junio del año dos mil quince, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del CPP, el Tribunal ante la inexistencia de cuestiones incidentales se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO: Contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional interpone recurso de casación la parte querellante constituida en autos.

El decisorio cuestionado, que obra a fojas 461/472, dispuso dentro del marco del recurso de apelación con firmar el resolutorio dictado por el Quinto Juzgado de Instrucción Penal de fojas 429/430 vta. que decretó la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó definitivamente a Mónica Beatríz Varas, por el delito que fuera indagada de "adulteración de documento privado, adulteración de documento público y estafa, en concurso real" (artículos 292, 293, 172 y 55 del Código Penal) en perjuicio de Ofelia Esther Rosa.

Básicamente, el tribunal de apelación entendió tras hacer mérito de lo actuado que el delito ventilado en las presentes actuaciones sería el de estafa procesal, en cuanto el mismo requeriría para su configuración que el sujeto activo induzca a error a la autoridad judicial, realizando judicialmente un reclamo patrimonial, fundando su pretensión en la presentación de un documento fraguado y provocando el dictado de una sentencia acorde a sus intereses.

Que el dictado de la sentencia de la Cámara Ci vil, en fecha 17/10/2.006, habría implicado la consumación del delito.

De igual modo, consideró que el 28/09/2.007 se efectuó el único acto interruptivo de la prescripción de la acción penal, al disponerse a fojas 286 el primer llamado a presentar declaración indagatoria; por lo que a la fecha de la resolución del Juzgado de Instrucción habría transcurrido el término previsto por el artículo 62 inciso 2º del Código Penal.

Por su parte, la querellante al articular el recuso a fojas 474/479 invocó el supuesto de inobservancia o erró nea aplicación de la ley sustantiva (artículo 574 inciso 1º del Código Procesal Penal).

Expresó en concreto que se habría aplicado erróneamente el artículo 172 del Código Penal al considerarse que la estafa procesal se consumó en el momento en que la sentencia dictada en sede civil adquirió autoridad de cosa juzgada, cuando en realidad el delito de estafa se consuma con el perjuicio patrimonial y no cuando la víctima cae en error a causa del ardid o engaño desplegado por el sujeto activo.

Que ello sería así por ser un delito contra la propiedad y de resultado, no de peligro. Que en el caso de autos la sentencia civil solo implicó la creación de un peligro de perjuicio patrimonial al demandado (tentativa), pero la concreción del mismo se producirá cuando salga algún bien del patrimonio del ejecutado o se efectúe una disposición patrimonial compulsiva y perjudicial a causa de dicha sentencia. De modo que, a su entender, el plazo de prescripción aún no habría comenzado a transcurrir, dado que el término se computa desde la media noche del día en que se consumó el delito. Tras citar doctrina, en definitiva solicita se revoque el fallo atacado y se declare subsistente la acción penal.

A fojas 483/484 vta. el recurso fue concedido por el tribunal inferior.

Una vez radicada la causa en la Corte, las partes fueron debidamente citadas para presentar sus informes. La querellante recurrente reiteró su pretensión casatoria (fojas 492/496 vta). El Sr. Fiscal General de la Corte se pronunció fundadamente por el rechazo del remedio intentado (fojas 499/500 vta.). Mientras que la defensa hizo del silencio su contestación.

Encontrándose expuesta la cuestión, corresponde dar respuesta a las quejas articuladas.

Esta Corte de Justicia ya tuvo oportunidad de referirse a los temas en discusión sentando, en relación a la estafa procesal, que el delito se consuma con la resolución dictada por el juez que acoge la demanda en contra de la demandada, basándose en un documento falso. Que es en tal oportunidad en que el juez sujeto pasivo del ardid es inducido a error logrando el dictado de la resolución perjudicial a los intereses patrimoniales de la parte, siendo este el momento en que queda consumado el delito y que por ende determina el inicio del término de la prescripción (cfr. PRE S.2ª 2004 II 285).

Téngase en cuenta que la llamada estafa procesal es un caso de desdoblamiento entre la víctima del fraude y el ofendido por la defraudación: la víctima del fraude es el juez y el ofendido por la defraudación es la persona a la que afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de propiedad. En este tipo de estafa, el perjuicio patrimonial surge por lacompulsión que entraña toda decisión judicial firme.

De la misma forma, se dijo que la causal interruptiva de la acción penal del inciso "b" del artículo 67 denominada "primer llamado", es una expresión que claramente lleva a interpretar que se refiere a la primera oportunidad en que la autoridad judicial cita al imputado para prestar declaración indagatoria, independientemente de que ésta se lleve a cabo en dicho momento o con posterioridad, a raíz de una nueva o ulterior citación o por presentación espontánea del requerido. Lo que interrumpe para la nueva ley es la propia convocatoria a declarar y no la audiencia de recepción (cfr. PRE S.2ª 2013 II 317).

De manera que teniendo en cuenta el delito investigado, su fecha de comisión, la existencia de un solo acto interruptivo de la prescripción como fue el primer llamado a indagatoria y el transcurso de un lapso de tiempo superior a los 6 años desde tal acto, llevan a confirmar invariablemente que la acción penal emergente en el sub judice se ha extinguido por prescripción.

Con dichas referencias, no cabe más que ratificar las decisiones adoptadas en las instancias inferiores y desechar los agravios de la parte recurrente, descartando la errónea aplicación de la ley sustantiva alegada.

Tal es mi voto. LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte querellante.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Ángel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega. Ante mí: Héctor Fabián Meló Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Cp 6394 CS PRE S.2° 2015 II 315.