Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21


Expte. nº 8391/11 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'recurso de inconstitucionalidad en autos Gilligan, Juan Jesús s/ infr. art(s) 111 CC'" Buenos Aires, 21	de marzo de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Fiscalía de Cámara en lo PCyF interpuso queja (fs. 55/58) contra la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad (fs. 49/51) oportunamente articulado para cuestionar la decisión de la Sala I que, por mayoría y en lo que aquí importa, declaró de oficio la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional de la CABA incorporado por la ley nº 2641 (fs. 14/20).

2. La fiscalía, en su recurso, manifestó que en la resolución impugnada se había incurrido en un exceso de jurisdicción al declararse -de oficio- la inconstitucionalidad de la norma aludida en tanto ni en la apelación ni durante su sustanciación se había sometido ese punto a decisión de la Cámara. Agregó, además, que los jueces se habían pronunciado sobre la ilegitimidad constitucional de la norma de manera abstracta, pues el juez del caso se abstuvo de efectuar cualquier notificación de lo resuelto a la Administración; por ello, señala, habrían invadido la competencia exclusiva del Tribunal, afectando la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Por último, indicó que el pronunciamiento resultaba arbitrario porque resolvía sobre cuestiones que no habían sido controvertidas por las partes, carecía de una fundamentación adecuada, al postular que una notificación al Poder Ejecutivo equivaldría a la aplicación de una pena sin culpabilidad de autor y sin control judicial y, asimismo, se apartaba de ciertos precedentes del Tribunal y de la CSJN que la recurrente consideró aplicables al caso.

3. La Sala I, por mayoría, declaró inadmisible el recurso en razón de que no se había atacado una sentencia definitiva ni un auto equiparable a tal y tampoco se había configurado un caso constitucional.

4. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, mantuvo el recurso deducido y propició que se declare admisible la queja interpuesta, se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad y se declare la nulidad de la decisión cuestionada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 45, último párrafo, del Código Contravencional (fs. 62/65).

Al tiempo que las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas, se requirieron los autos principales a la Cámara (fs. 66/68).

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La representante del Ministerio Público Fiscal viene en queja ante este Tribunal contra el auto que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto contra la decisión que dispuso declarar la inconstitucionalidad de la última parte del art. 45, CC.

La presentación fue interpuesta en legal tiempo y forma (cf. art. 33 de la ley n° 402) y expone una crítica concreta y desarrollada que logra poner en crisis el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

2. La recurrente ha logrado exponer una cuestión constitucional al confrontar de modo concreto y suficiente la decisión de los jueces de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, CC, con las previsiones de los arts. 18, CN y 13.3, CCABA, en tanto señala una extralimitación jurisdiccional por parte de los magistrados actuantes que no se ajusta al desenvolvimiento natural que debe imponerse al debido proceso.

La representante del Ministerio Público Fiscal denuncia que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, por mayoría, se pronunció de oficio y en abstracto al declarar la inconstitucionalidad de las previsiones del art. 45, CC, última parte. En esa resolución, los jueces señalaron, en síntesis, que la notificación al Poder Ejecutivo de la suspensión del proceso a prueba necesariamente conlleva la posibilidad de que se descuenten puntos de los concedidos al imputado en su registro de conducir, infringiendo la garantía del juicio previo y el principio de inocencia constitucionalmente consagrados. La recurrente señala que dicha declaración se efectuó a pesar de que el juez de la causa no había aplicado esa previsión legal en la decisión que había cuestionado mediante recurso de apelación.

La forma en que se ha arribado a la decisión que aquí se recurre y las consecuencias que de ella podrían derivarse, adquieren una incidencia que, entiendo, exige la intervención anticipada de este Tribunal en el caso. En efecto, se denuncia que el tribunal de alzada se ha expedido, invalidando una disposición legal que, en consecuencia, no podrá ser aplicada durante este proceso, decidiendo en torno a aspectos para los que no había sido habilitada su jurisdicción por el recurso que estaba llamada a decidir, sin que exista otra oportunidad para que este Tribunal, frente a tal irregularidad, ejerza al respecto las funciones que el art. 113.3, CCABA le ha conferido (ver, mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" expte. n° 6784/09 y su acumulado, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", expte. nº 6785/09, resolución del 27/09/10 y sus citas).

3. Al margen de las cuestiones sobre las que podría discurrirse en torno a la posibilidad de que los jueces declaren de oficio la inconstitucionalidad de una norma en un procedimiento contravencional, deseo destacar que si bien la decisión objetada intentó respaldarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admite bajo rigurosas circunstancias el control de constitucionalidad de oficio por parte de los magistrados, en el caso, se ha pasado por alto que la apuntada doctrina jurisprudencial prevé que tal actuación procede en el marco de un caso, causa o controversia judicial, cuando no exista otra posibilidad de resolver adecuadamente el pleito y en tanto la repugnancia de la norma o acto cuestionado, respecto de la cláusula constitucional comprometida, resultare indudable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 324:3219 y 327:3117) ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal -ya sea a petición de parte y mucho más ex officio- es una medida de extrema gravedad institucional, al punto de constituir la ultima ratio del ordenamiento jurídico (cf. mi voto in re: "Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ otros procesos incidentales' en 'Skiba, Juan Andrés c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto responsabilidad médica]'", expte. nº 5427/07, sentencia de fecha 12 de marzo de 2008). Lo cierto es que los jueces de la Cámara de Apelaciones procedieron a declarar la inconstitucionalidad del art. 45, CC, última parte, no sólo sin demostrar que aquella sorpresiva y precipitada decisión fuera la única forma posible de dar respuesta a los agravios que se le habían planteado a través del recurso de la Defensa que habilitó su intervención en el proceso sino, además, en abstracto, esto es, mediante un pronunciamiento inconducente, con valor exclusivamente declamatorio. En efecto, tras afirmar que el juez de la causa "debió referirse a la exigencia del art. 45, CC, último párrafo -según ley nº 2461- al momento de conceder la suspensión del proceso a prueba" (foja 17), los jueces decidieron analizar la validez constitucional de esa regla por los efectos que hubiese podido generar, ad eventum, en cabeza del imputado de haber sido aplicada al caso, cosa que, como se viera, no ocurrió. Así las cosas, la incorporación de oficio por parte de la Cámara de la consideración sobre la constitucionalidad de la regulación en cuestión a partir de un escenario hipotético, contrario al que se había desarrollado en el caso, conlleva un exceso de jurisdicción que desorbita la función judicial e importa, en los hechos, prejuzgamiento.

Resta señalar que aún en el único supuesto expresamente contemplado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que específicamente asigna a este Estrado conocer en las acciones promovidas para el control de constitucionalidad en abstracto, se exige la sustanciación de un proceso respetuoso de los intereses de las partes para que, luego de tramitado y con intervención obligatoria del Ministerio Público, permita a este Tribunal actuar en el caso de una sentencia estimatoria de la articulación de inconstitucionalidad, como legislador negativo expulsando el precepto del ordenamiento, salvo insistencia respecto de la validez de la regla local de alcance general por parte de la Legislatura (art. 113, inc. 2).

4. La objeción formulada por el señor Defensor General (fs. 37/46) en torno a la legitimación procesal del recurrente y la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 53, ley nº 12 (ley nº 3382, BOCABA nº 3345 del 21/1/2010), en cuanto confiere al Ministerio Público Fiscal la potestad de interponer el recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley nº 402, deben ser desestimadas. Basta señalar, al respecto, que la defensa ha efectuado, sobre el punto, meras afirmaciones genéricas, sin demostrar en momento alguno la vinculación del derecho que invoca -"derecho al recurso contra la condena", con mención de los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5 PDCyP, y 13.3, CCABA- con las circunstancias particulares verificadas en esta causa en la que no se ha impuesto condena alguna.

En ese escenario, el señalamiento de la defensa en torno a que la previsión legal que cuestiona no encontraría amparo a nivel constitucional, de ningún modo resulta argumentación suficiente para dar fundamento a la declaración de inconstitucionalidad del art. 53, LPC, que, en el caso, pretende (cf., mutatis mutandi, mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, resolución del 8/9/2010).

Además, la pretensión se basa en una genérica equiparación -para la cual la defensa no ha esbozado fundamento alguno- entre la entidad de la restricción de derechos que puede implicar el dictado de una condena y la que puede derivar de una eventual notificación al GCBA del dictado de la presente suspensión del proceso a prueba. Finalmente, como lo he afirmado en reiteradas oportunidades, la alusión genérica a la garantía de la doble instancia reconocida en la Constitución local (art. 13.3), en mi concepto, no puede interpretarse como una argumentación suficiente para demostrar que ésta comprenda la exigencia de la observancia del "doble conforme" en los procesos contravencionales que tramitan ante la jurisdicción local y que, entonces, su desconocimiento provoque un menoscabo actual y concreto a la defensa en juicio (cf. mis votos in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Pérez, José Luis y Taboada, Daniel Marcelo s/ infr. art. 60 ley 1472'", expte. n° 5480/07, resolución del 12 de marzo de 2008, y sus citas).

5. Por lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por la representante del Ministerio Público Fiscal y revocar el punto IV de la resolución de la Sala I que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, CC, incorporado por la ley nº 2641.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor José Osvaldo Casás.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Antes que los agravios del MPF, trataré los planteos de la defensa dirigidos a controvertir la constitucionalidad de la ley 3.382 en cuanto le acordó legitimación al mencionado ministerio para interponer el recurso de inconstitucionalidad en lo procesos contravencionales.

El Defensor General afirma, en síntesis, que la posibilidad de que el fiscal pueda deducir el recurso de inconstitucionalidad contra una decisión jurisdiccional favorable al imputado priva de todo contenido a la garantía del "doble conforme". Esos planteos deben ser desestimados. Por las razones que he señalado en mi voto in re: "Alberganti, Chirstian Adrián s/infr. art. 68 CC -apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. nº 3910/05, sentencia del 05/08/2005", a las que me remito (atenta la ausencia de argumentos por parte de la defensa que me obliguen a revisarlas), la aplicación de la garantía de la doble instancia (o "doble conforme") al proceso contravencional viene acordada por el art. 3 de la ley 1472; no por las normas constitucionales invocadas, o por la CCBA. Es decir, la fuente de esa garantía en el proceso contravencional es la ley. En otras palabras, los arts. 14.5 CIDCyP y 8.2.h CADH carecen de relación directa con la situación aquí planteada, mientras que los agravios de la defensa queden circunscriptos a una confrontación entre una ley anterior, la 1.472, y una posterior, la 3.382 (cf. mi voto en "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Mathews, Margarita Diana s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7738/10, sentencia del 11/10/2011).

2. Establecido lo anterior, corresponde señalar que si bien la sentencia contra la que se dirige el recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia defiende la queja no es la definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, debe ser equiparada a tal. Esa equiparación encuentra apoyo en que, si no se pronuncia en esta oportunidad, este Tribunal se vería impedido de expedirse con relación a los agravios planteados por la recurrente, los que, conforme se desarrolla más abajo, son de aquellos capaces de habilitar esta vía extraordinaria establecida en el art. 113, inc. 3, de la CCBA.

3. La Fiscal de Cámara sostiene que el tribunal a quo confirmó un pronunciamiento dictado en forma extra petita al declarar, de oficio, la inconstitucionalidad del art. 45, in fine, de la ley nº 1472 (texto según ley nº 2641, que en lo que aquí importa no ha sido modificado por la ley nº 3515, texto actualmente vigente). Aduce que los jueces habrían incurrido en un exceso jurisdiccional porque lo decidido importa una declaración en abstracto de invalidez de una ley, que afecta el principio de división de poderes (arts. 1, 5, 121, 129 y 75, inc. 12 de la CN), invade atribuciones propias de este Tribunal (art. 113, inc. 2 de la CCBA) y altera el sistema contradictorio que rige en los procesos contravencionales en la Ciudad.

A su turno, la Cámara, para declarar esa inconstitucionalidad de oficio, sostuvo que la norma en cuestión vulnera el principio de inocencia y la garantía de juicio previo (art. 18, CN y 10 CCBA), interpretación que fue resistida por la recurrente.

Esas cuestiones ponen en juego la inteligencia de las normas constitucionales enunciadas por lo que configuran supuestos capaces de habilitar la competencia que el art. 113, inc. 3, de la CCBA otorga a este Estrado. Conforme ya lo he manifestado, una vez habilitada esa competencia, este Tribunal tiene la posibilidad de establecer la correcta interpretación de las normas, en el caso locales, que dieron lugar a ese planteo (cfr. "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Verseckas, Emilia María c/ GCBA s/ daños y perjuicios [excepto resp. Médica]'" expte. n° 3260/04, sentencia del 16/3/2005). Para establecer la inteligencia de las normas cuya interpretación le corresponde, los tribunales no se encuentran limitados por los argumentos de las partes ni por los que surjan de las sentencias de las instancias anteriores (mutatis mutandi Fallos 308:647; 310:727; 316:2636).

4. Por lo demás, el planteo del Ministerio Público Fiscal vinculado a la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 CC, introducido por la ley nº 2641 resulta sustancialmente análogo al tratado por este Tribunal en el expediente. n° 7387/10 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Huidobro, Cristian Roberto s/infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'", sentencia de la que se agregará copia para que forme parte de la presente, por lo que remito a las razones que dí al pronunciarme en aquella oportunidad para sostener la validez constitucional de la norma en cuestión.	5. Sin perjuicio de la remisión dispuesta, conviene dejar destacados los ejes centrales del voto citado porque los argumentos, tanto de la recurrente como de los camaristas son idénticos a los desarrollados en aquel caso.

La quita de puntos dispuesta por el art. 45 del Código Contravencional implica un límite cierto a las posibilidades de suspensión del proceso a prueba toda vez que el imputado por una contravención de tránsito que quiera acogerse a esa solución alternativa deberá consentir, al menos en esa oportunidad, la aplicación del scoring.

Resulta razonable que el legislador disponga, en esa instancia, la quita de puntos, pues en ese caso no habrá una decisión judicial sobre la cuestión y el descuento tendrá como base, al igual que en los supuestos de conductas que configuran faltas, solamente una decisión administrativa. Esa aplicación, además, es coherente con el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, ya que adoptar una decisión sin dilaciones, al acercar la sanción a la presunta infracción, brinda mayor efectividad al sistema que pretende corregir a los conductores que, según la Administración, no se apegan a las normas de tránsito.

6. El alcance de la norma, sin embargo, no puede interpretarse, del modo en que lo hacen los jueces, como violatorio de la garantía de juicio previo y del principio de inocencia porque, como quedó explicado en aquel voto, ni la comunicación al Poder Ejecutivo surte los efectos de una quita automáticamente impuesta, ni se cierra la posibilidad de requerir oportunamente el examen judicial de la cuestión, esto es, cuando el perjuicio se torna concreto con la pérdida del último punto, como ocurre con los demás casos, conforme lo dispone el art. 11.1.3 del Código de Tránsito y Transporte. 7. En efecto, si el proceso judicial finaliza en virtud de que se ha dado cumplimiento a las pautas establecidas en la suspensión, el imputado preservará la posibilidad de requerir el control judicial en los términos del segundo párrafo del art. 11.1.3 y según las reglas previstas en el Título II de la ley 1217; en cambio, si la suspensión de juicio a prueba es revocada, deberá estarse a los resultas de la decisión judicial: en caso de absolución, el descuento de puntos no podrá ser utilizado para dejar con puntaje cero al conductor, y en caso de condena, la quita dispuesta al momento de la suspensión de juicio a prueba no podrá ser objeto de una revisión judicial posterior.

De ese modo, queda demostrado que el descuento de puntos que posibilita el último párrafo del art. 45 del Código Contravencional no afecta la garantía de juicio previo ni el principio de inocencia señalados por los jueces de las instancias anteriores.

Por las razones expuestas, voto por admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de Cámara en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 45 del CC incorporado por la ley 2641.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja que interpusiera, oportunamente, el Ministerio Público Fiscal (fs. 55/58 vuelta) satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402, por lo que resulta admisible.

2. El recurso de inconstitucionalidad (fs. 26/31), a su turno, contiene una impugnación sólida que -desde la óptica constitucional- logra rebatir la decisión de la Cámara consistente en declarar -de oficio y en abstracto- la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional.

La Fiscalía sostuvo -con acierto- que los magistrados que intervinieron en la Alzada incurrieron en un exceso jurisdiccional al pronunciarse, oficiosamente, respecto de la adecuación constitucional de una norma que no había sido aplicada en el presente caso.

La cuestión que se debatía en la causa -y que la Cámara debía resolver- giraba, únicamente, en torno al plazo y a las condiciones de la suspensión del proceso a prueba.

Cabe recordar, aquí, que el juez de primera instancia se limitó a conferir la probation peticionada sin ordenar el libramiento de comunicación alguna al Poder Ejecutivo en los términos previstos por el último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional.

En ese contexto, la Sala I sobredimensionó la materia a resolver y utilizó de manera infundada una herramienta excepcional: la declaración de inconstitucionalidad, para expedirse sobre la validez de una norma que -insisto- no había sido aplicada.

3. Por fin, esta causa resulta sustancialmente análoga a los autos "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Huidobro, Cristian Roberto s/ infr. Art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'", expediente n° 7387/10, sentencia del 22 de junio de 2011.

4. En consecuencia, voto por: a) hacer lugar a la queja que dedujera el Ministerio Público Fiscal (fs. 55/58 vuelta), b) admitir su recurso de inconstitucionalidad (fs. 26/31) y c) revocar el punto IV del dispositivo de la resolución de fs. 14/20 en cuanto declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional de la CABA incorporado por la ley nº 2641.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 26/31 y, en consecuencia, revocar el punto IV de la resolución de la Sala I, de fs. 14/20 que declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, CC, incorporado por la ley nº 2641.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.