marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Menores, guarda del menor, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Leguero, Jesús Braian s/ art. 10, Ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

El criterio para definir el principio del "interés superior del niño", radica en la valoración de las circunstancias particulares y concretas del caso "sub examine", que han quedado reflejadas en los distintos dictámenes psicológicos y psiquiátricos e informes asistenciales, de los que se desprende la configuración de las "circunstancias excepcionales" previstas en la Declaración de los Derechos del Niño (principio 6ª) que imposibilitan mantener al menor con su progenitora, dado que la enfermedad que padece -con pronóstico de irreversibilidad- le impide cumplir con los deberes derivados de la patria potestad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones de dar sumas de dinero, moneda de curso legal, cláusula dólar
Materia: CIVIL
Carátula: Bazterrica, Roberto Enrique Honorio c/ Escalante, Javier F. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-27

No hay diferencia entre pactar directamente un precio en moneda extranjera o hacerlo en moneda nacional con cláusula de reajuste en dólares, pues toda obligación dineraria debe cumplirse, como regla, en moneda nacional; el deudor tiene derecho a convertirla en la moneda del país al cambio vigente al día de pago. Nada justifica que la cotización de la moneda extranjera se refiera a mercados extranjeros o modalidades que no sean las del cambio oficial que fija su valor. Dictar normas de conversión de la moneda extranjera y permitir o tolerar su circulación, es expresión de la soberanía del estado. Establecer cual es su valor en el país, o cual es la medida del valor, es algo que escapa al control de los particulares.

Existiendo para la conversión de una deuda en moneda extranjera un mercado oficial de cambios, éste es el que debe aplicarse por cuanto la aptitud cancelatoria del pago debe regirse por las normas monetarias vigentes en el momento en que se efectúa. La cotización a tener en cuenta en estos casos es la del Banco Nación Argentina para el dólar tipo vendedor en momento de su efectivo pago.
Infanticidio, violación de secretos, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL -PROCESAL PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA s/ INFANTICIDIO - VIOLACION DE SECRETOS - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-08-16

Aún cuando la información que el órgano oficial de la promoción de la acción penal haya sido el dato proporcionado a la policía por el médico que asistió a la mujer que luego resultó imputada como autora del delito de infanticidio, ello no trae aparejada ninguna nulidad porque: a) la nulidad es una sanción que invalida un acto procesal que adolece de una imperfección; empero no alcanza a los actos de procedimiento que están fuera del proceso (pre - procesales); b) la denuncia (acto preprocesal) aún cuando fuere irregular puede proporcionar datos útiles para provocar la iniciativa policial o fiscal en los delitos de acción pública perseguible de oficio y c) el médico habría actuado en la emergencia por la interés supremo de salvar la vida al recién nacido al que creía aún con vida, por lo que mediaría una justa causa de revelación (art. 156 "in fine" C.P.) y, consecuentemente, su conducta no encuadra en una figura de la ley penal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pronunciamiento inoficioso, Ministerio Público, acusación, proceso penal, juicio oral, sentencia condenatoria, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLARRUEL, FRANCO HUGO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO-APELACION-ACUSACION Y AUDIENCIA PRELIMINAR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

Corresponde rechazar los reproches de la recurrente atento a que en el presente caso ha operado la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual, puesto que la defensa cuestiona la confirmación de la admisión de la acusación, el rechazo de los planteos defensivos respecto de la calificación legal, la pena peticionada, el desistimiento tácito del querellante, la ratificación de la medida cautelar y la convalidación de las pruebas admitidas, pero lo cierto es que del sistema informático de consultas de la Oficina de Gestión Judicial de la Segunda Circunscripción, surge que el encartado fue condenado por un tribunal pluripersonal de primera instancia, como coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego y homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa, ambos en concurso real, a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas; por tanto, al haber sido condenado, y previamente haberse dispuesto la prórroga de la prisión preventiva, las pretensiones defensivas vinculadas a la confirmación de la admisión de la acusación y de las pruebas ofrecidas, como a la denegación de los restantes planteos efectuados se han disipado, toda vez que en el caso recayó sentencia en orden a los hechos investigados, tras la realización de un juicio oral y público, a la par que la situación de coerción del imputado ya no se basa en la decisión aquí impugnada, no revistiendo ninguna actualidad los cuestionamientos efectuados, demostrándose, en tales condiciones, la inoficiosidad del dictado de una resolución de mérito.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, testigo menor de edad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SISCO, J. C. s/ PRUEBA DE TESTIGOS - MENORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

La inhabilidad prescripta por el art. 276 inc. 1 C.P.C. no puede ser absoluta, pudiendo ser apreciados los dichos de una menor -que tenía quince años al momento de testificar- conforme a las reglas de la sana crítica (art. 305 Cód. cit.) y darle valor probatorio si su versión se ve confirmada por otros elementos incriminatorios.
Despido, certificado de trabajo expedido por el tribunal, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Navarrete Walter Ariel c/ Techint Cia. Técnica Internacional SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-11

La confección del certificado de trabajo por parte del Juzgado contraría la finalidad perseguida por el art. 80 L.C.T., ya que indicaría que el trabajador ha pasado por un conflicto, violando el principio de identidad que regula su objeto, a la vez que afectaría su derecho a la privacidad y consecuentemente a la contratación en un empleo futuro. Asimismo, la persona del juez no puede sustituir a quien la ley (art. 80 L.C.T.) confiere el cumplimiento de una obligación específica, ni revistar en carácter de tercero, en tanto ni actúa en ejercicio de una delegación del deudor, ni por un tercero interesado que goza del ius solvendi en virtud del cual puede pagar aún contra la voluntad del sujeto activo obligacional, y en definitiva, el juez de la causa no puede ser asimilado al tercero desde que es quien debe otorgar, en todo caso, la venia para la validez de dicho acto de sustitución. (Del voto del Dr. Pompa, en minoría).
Concursos, inhabilitación del fallido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giovenale Elsio Enrique s/ Su pedido de Concurso Preventivo - Hoy Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-12-04

La inhabilitación del fallido se restablece en el caso de existir procesamiento penal y haber cesado la misma con anterioridad.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: Rios María Inés y otros c/ Gaba Ruben s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

Conforme el art. 666 bis del Código Civil, el juez está facultado para fijar astreintes ante el incumplimiento de una obligación impuesta en una resolución judicial -en el caso, la entrega del certificado de trabajo- previsto en el art. 80 LCT pero nada obsta a que, les fije un límite temporal y opte por satisfacer el derecho del acreedor, expidiendo copia certificada de la sentencia donde surgen el salario, categoría y períodos trabajados por el trabajador, además de informar al ANSES lo decidido en el pronunciamiento (cfr. arts. 626 y 630 del Cód. Civil). Ello así porque, entre los caracteres de las astreintes, figuran la discrecionalidad: "...los jueces pueden imponerlas, según su prudente arbitrio, y conforme a las circunstancias graduar su monto, acrecentarlas o disminuirlas e incluso dejarlas sin efecto..."; la provisionalidad: "las condenaciones conminatorias no pasan en autoridad de cosa juzgada y por lo tanto no son definitivas" y son, además, conminatorias, es decir, "sirven como medio de compeler al obligado a que cumpla con el deber jurídico a su cargo, independientemente de su contenido patrimonial o extramatrimonial. No tienen función resarcitoria, por lo que se establecen sin tener en cuenta el daño que pueda sufrir el acreedor" (cf. Ámela Oscar José "Código Civil y leyes complementarias", comentado, anotado y concordado, Director Belluscio, Coordinador Zannoni, Tomo 3, pág. 247 y sus notas, Ed Astrea).
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR LOS DRES. RAUL ABATE SORIA Y RAUL J.C. ABATE A FAVOR DE CRECENCIO LESCANO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA s/ APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-13

En las Acciones de Amparo, al Superior Tribunal le cabe sentenciar según la situación existente al momento de su dictado, lo que provoca su rechazo cuando por haber variado la situación de hecho y derecho, desemboca la litis en una cuestión abstracta.-
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCAB c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

Corresponde rechazar la queja en tanto de la lectura de la presentación directa se advierte que los dichos del Gobierno no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición seria que los justifiquen o respalden y no constituyen -en mérito de lo señalado- una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 32 de la ley n° 402. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Daniel Santiago Prados c/ ATSA. Filial Sgo. del Estero s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Si el magistrado nacional declaró su competencia para entender en un amparo pero un recurso de apelación cuestionó aquélla, al sostener que resultaría competente la Cámara del Trabajo y Minas y dicho recurso fue concedido y está pendiente de resolución, debe considerarse que el conflicto planteado por la inhibitoria librada por la cámara citada -rechazada por el juez federal- no configura una contienda de competencia definitivamente trabada susceptible de ser dirimida por el Tribunal, debiendo remitírsela a la Cámara Federal de Apelaciones.
Jubilaciones, jubilación por invalidez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AURELIA VILLANUEVA s/ SEGURIDAD SOCIAL.    JUBILACION POR INVALIDEZ.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-01

No existen impedimentos sustanciales de índole legal para que a la accionante -se trata de una persona de casi 60 años de edad, portadora de una dolencia que afecta en un 80% su capacidad laboral, que cumplió tareas de enfermera en parte como trabajadora autónoma y en parte en relación de dependencia - se le reconozca el carácter de acreedora al beneficio de la jubilación por invalidez bajo el régimen de la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. Esta solución no viola el principio prescripto por el art.80 de la ley 18037 -t.o.1976-, pues habiendo sido denegado el beneficio por la Caja de Autónomos en razón de quien lo peticionaba se encontraba incapacitada al momento de afiliarse formalmente al sistema, en la especie no juega la opción que establece la citada norma, no quedando otro camino para hacer realidad el fin tuitivo perseguido por el sistema previsional, que el rol de órgano otorgante del beneficio recaiga sobre la Caja del Estado y Servicios Públicos, a cuyos fondos también contribuyó la interesada.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, obligación de seguridad, daños y perjuicios, derechos del consumidor, derechos del usuario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

La seguridad es un derecho que tienen los consumidores y usuarios (art. 42, Constitución Nacional) que está a cargo de quienes desarrollan la prestación o la organizan bajo su control, porque no es razonable participar en los beneficios trasladando las pérdidas.
Entidades financieras, banco central, intereses, bancos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Corbo, Miguel Angel y otro c/ Banco Central de la República Argentina. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

La garantía que establece el art. 56 de la ley 21.526 comprende a los intereses correspondientes al período corrido entre la fecha de vencimiento de un certificado de depósito constituido en una entidad financiera sujeta a una intervención cautelar, y el día en que se dispuso su liquidación.
Contrato de caja de seguridad, robo, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MARCORI, HORACIO OSVALDO Y OTRO c/ BANCO MERCANTIL ARGENTINO S. A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

Si se exigiera al peticionante del resarcimiento por violación de una caja de seguridad una prueba rigurosa e inequívoca sobre la veracidad de su contenido que dice sustraído, recaería sobre el invocante del hecho una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente impracticable, dada la ausencia de exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados en ese lugar. (v. sentencias de esta Sala del 6.8.02 in re "Grinberg de Ekboir, Julia y otros c/Banco Mercantil Argentino S.A. s/ord."; 1.2.02 in re "Martín, Raúl Pedro c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ord."; y 25.8.97 in re "Rodo, Jorge E. c/Banco de Galicia y Buenos Aires s/ord.").(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Medidas cautelares, fundamentación de sentencias, delitos contra la integridad sexual, restricción de acercamiento, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: C., J. s/incidente de nulidad c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-05

Los vocales resaltaron la gravedad del hecho denunciado y la conformidad del fiscal con la medida cautelar dispuesta por el juzgado criminal por el plazo de 90 días, precisando que la resolución se encuentra debidamente fundada (artículo 79 inciso "c" y 123 del CPPN) lo que torna inviable la pretendida nulidad. Destacaron que la ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos que modificó el código procesal penal, prescribe el pedido por parte del interesado y la pronta adopción de las medidas de coerción o cautelares necesarias para proteger a la víctima e impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores y que la normativa presume la existencia de peligro si se trata de víctimas de delitos contra la integridad sexual, extremo que se verifica en el caso (artículos 5, incisos d y n, y 8 inciso b de la citada norma). Añadieron que lo dispuesto encuentra también asidero en las previsiones de los artículos 80 inciso "c" y "l" del Código Procesal Penal Federal y en su artículo 210 inciso "f" que faculta al querellante a solicitar la prohibición de acercamiento en cualquier estado del proceso y a fin de evitar el entorpecimiento de la investigación y resaltaron la conformidad de la medida por parte del Defensor de Menores e Incapaces, en consonancia con las normas que protegen el interés superior del niño (CDN, de jerarquía constitucional, y ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes). Precisaron que morigerar la cautelar ordenada atentaría contra el fin tuitivo de la medida, máxime cuando se encuentra pendiente la evaluación psicológica del niño por los profesionales del Ministerio Público Tutelar de la CABA.
Sentencia arbitraria, recurso extraordinario, interpretación de la ley, ley federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Manquillán  SA  Cía. Financiera s/ quiebra   -  incidente  de  verificación  de  crédito  promovido  por  Liporace, Francisco L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Si la Cámara no hizo lugar a la arbitrariedad atribuida al fallo y concedió el recurso extraordinario en cuanto a la interpretación de normas federales - decisión ésta que fue consentida por el recurrente ya que no dedujo la respectiva queja -, la jurisdicción de la Corte queda abierta, en principio, en la medida en que le ha otorgado la alzada, esto es, en cuanto cuestiona la interpretación de las normas antedichas.
Concurso preventivo, ejecución hipotecaria, intimación de pago, mora del deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: META, Diana A. y otros c/ MUSERI, Salomón O s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-15

La mora ocurrida con anterioridad a la presentación del deudor en concurso preventivo no quedó purgada en virtud de ello, toda vez que la mora por el plazo mínimo se sesenta días a que se refiere el art.

53 de la ley 24.441 se estableció a los fines de que, vencido ese plazo, el acreedor se encontrase habilitado para intimar de pago a su deudor en la forma que prescribe dicha norma legal; y si de las misivas obrantes en autos surge que la intimación se efectivizó y ha vencido largamente el precitado plazo a partir de la mora ocurrida también se encontraba vencido al decretarse la apertura del concurso preventivo, ya que el art.

16 de la ley 24.522 prescribe los efectos de la apertura del mismo y no de la presentación en que es solicitado.
Competencia civil, mutuo, cheque
Materia: PROCESAL
Carátula: PANTANO, Danilo Pablo c/ CARRASCO, Susana L. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-05

Si a través de la acción instaurada se persigue el cobro de una suma de dinero instrumentada en cheques, adeudada en virtud de un contrato de mutuo y de la causa no surge que aquélla haya sido utilizada para fines comerciales ni la calidad de comerciantes de las partes, cabe atribuir su conocimiento a la Justicia Civil.
Plan para la vivienda, políticas sociales, deberes de la administración, derechos y garantías constitucionales, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

Este Tribunal estableció en numerosos precedentes que la Ciudad no puede suspender la cobertura asistencial brindada por el Decreto Nro. 895/02 -que establece un subsidio habitacional para familias que se hallan sin vivienda, que será entregado en 6 cuotas mensuales- si no se encuentra plenamente demostrado el cumplimiento de los objetivos que justificaron la creación del referido plan. Asimismo, y toda vez que la obligación del Gobierno de la Ciudad de prestar asistencia habitacional a las personas en situación de emergencia es susceptible de ser cumplida mediante diversos cauces, y siendo la decisión en torno a los cursos de acción -activos o pasivos- que resultan idóneos para tal fin materia privativa de la Administración, la condena consistió, en todos los casos, en ordenarle a la misma que mientras subsista la situación actual de los beneficiarios preste adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones previstas en el Decreto Nro. 895/02 mencionado, o bien incorporándolos a cualquier otro plan que resguarde adecuadamente los fines habitacionales antes referidos.

En conclusión, en precedentes como el que ha sido revocado por el Tribunal Superior en la causa "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Panza Ángel R. C/GCBA s/amparo -art. 14 CCABA-¨", Expte. Nro. 4270/05, sentencia del 23 de mayo de 2006, esta sala entendió que, una vez adoptados los planes habitacionales por parte del Gobierno de la Ciudad, determinados sus beneficiarios y, en consecuencia, garantizado un nivel mínimo de efectiva vigencia del derecho a la vivienda, la interrupción en forma intempestiva del goce de las prestaciones comprometidas, sin el reconocimiento de prestaciones alternativas de igual naturaleza, vulnera, en forma ilegítima, derechos y principios de raigambre constitucional.
Juicios en que es parte una provincia, causas civiles, juicio ejecutivo, falta de legitimación para obrar, resolución de las excepciones, mandamientos, intimación de pago, gobernador
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ Boletín Oficial e Imprenta Provincial de San Juan s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

No procede la excepción de falta de legitimación si el ejecutante indicó que dirigía su pretensión contra la Provincia de San Juan y tal circunstancia quedó claramente asentada en el mandamiento de intimación de pago que, como correspondía, fue dirigida al gobernador.
Tratados internacionales, Asociación Latinoamericana de Integración, aprobación de tratados internacionales, derecho de los tratados
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Cafés La Virginia S.A. s/ apelación (por denegación de repetición).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

El acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación de las Concesiones n. 1, celebrado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración creada por el Tratado de Montevideo de 1980 (ley 22.354) es un tratado internacional en los términos del art. 2., inc. 1., apartado a), de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aunque el consentimiento del Estado Argentino se haya manifestado en forma simplificada sin intervención previa del Congreso, la que tuvo lugar con anterioridad, mediante la aprobación legislativa del Tratado de Montevideo de 1980 que permite la concertación de este tipo de convenios: art. 7.
Derecho administrativo, responsabilidad extracontractual del Estado, policía, vía pública, muerte, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un hijo, pérdida de la chance, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: "Hernández, Elizabet Génova c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-10-08

2.- Se ratifica la doctrina judicial que avala que la ley que rige la relación generada por el hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de la producción del daño (cfr. Ac. 41/19 entre otros).