Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-07


SENT Nro. 10 San Miguel de Tucumán, 07 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la parte querellante en autos: "Valdez, Víctor Julio s/Homicidio culposo", y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 750/752 la querellante en autos plantea recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 23/7/2002, que hizo lugar al recurso de casación promovido por la defensa del imputado, y dispuso su absolución.

Alega que el pronunciamiento es arbitrario por incongruencia, absurda valoración de las pruebas, errónea aplicación del derecho y defectos de conceptualización, que determinarían la existencia de cuestión federal en los términos del art. 14, ley 48. A su entender, los antecedentes de la causa relatados en el memorial demuestran la autoría culpable del acusado, por haber obrado con imprudencia, impericia y negligencia, conforme a la versión que expone en su presentación.

Luego de transcribir el fallo impugnado, afirma que la sentencia es arbitraria, por desconocimiento de los arts. 39, inc. b) y 42 de la Ley Nacional de Tránsito. Da por cierto que el acusado no mantuvo el dominio del vehículo; que circulaba haciendo anotaciones en la planilla de venta de boletos, y que luego de embestir a la víctima, avanzó sobre el carril opuesto para detenerse a casi 100 mts. del lugar. Le agravia el aserto sentencial, relativo a que la sentencia de grado no estableció cuál era la conducta esperable en el marco de los deberes de cuidado y diligencia exigibles a todo conductor. Alude al deber de advertir previamente cualquier maniobra a realizar; sosteniendo que en el sublite no es un detalle menor que Valdez omitiera tocar la bocina, toda vez que la bicicleta fue embestida en su parte trasera. Destaca además, la gravedad de los daños inflingidos.

Considera evidente que el imputado circulaba con exceso de velocidad; por lo que la ley habría sido aplicada incorrectamente, dada la conducta antijurídica y culpable del acusado. Según expresa, el fallo ignoró elementos relevantes que constan en la causa; en particular, el croquis demostrativo del lugar del hecho; y además incursiona en cuestiones de hecho, cuya valoración incumbe excluyentemente a los jueces de mérito. Concluye proponiendo doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

2.- Resulta menester realizar algunas consideraciones previas a fin de examinar, en la especie, la admisibilidad del recurso interpuesto. Conforme establece el art. 257, segundo párrafo del Código Procesal de la Nación, el Superior Tribunal de la causa ante el cual se ha planteado el remedio extraordinario decidirá sobre su admisibilidad, cuyo juzgamiento se refiere a la presencia o no de los requisitos procedimentales propios de la vía tentada, que surgen de los arts. 14 y 15 de la ley 48.

En el caso, se advierte que las cuestiones debatidas y resueltas en juicio y en la sentencia impugnada, son de derecho común y por tanto insusceptibles de ser revisadas por vía del recurso extraordinario federal (cfr. CSJNac., Fallos... 301:1007; 301:1073; 302:283). Así, falta en el caso el requisito de la "relación directa e inmediata", que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente, de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquélla.

La impugnante recurre a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que excepcionalmente habilitaría la instancia extraordinaria, aun cuando las cuestiones debatidas y resueltas fueren de derecho común. Si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juzgar en definitiva sobre la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento, ello no exime al Tribunal de resolver, en orden al juicio de admisibilidad que le compete, si el recurso cuenta, prima facie, con fundamentos suficientes para sustentar el vicio alegado.

Esta Corte ha destacado reiteradamente la posición del Supremo Tribunal Nacional en torno al carácter excepcional de la arbitrariedad, siendo reiterada su jurisprudencia en el sentido de que este remedio extraordinario no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados, o que el recurrente considere tales en temas no federales, exigiendo para su procedencia un apartamiento inequívoco de la solución prevista en la ley, o una absoluta falta de fundamentación (cfr. CSJNac., Fallos... 261:209; 274:135: 284:110; 297:100, entre otros). Si así no fuera, la Corte de la Nación podría encontrarse en la necesidad de revisar todas las decisiones de los Tribunales de la República, en cualquier clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren la Constitución y las leyes (cfr. CSJNac., Fallos... "Sosa, Eduardo Adolfo y otros", del 15/5/84). Es por ello que, en tanto la sentencia impugnada contenga fundamentos que impidan su descalificación como acto judicial, no puede invocarse la doctrina de la arbitra riedad.

3.- En el caso, se verifica que el pronunciamiento cuestionado exhibe una suficiente consideración de las pretensiones y oposiciones articuladas, con apoyatura jurídica en la ponderación de la legislación aplicable al caso, consignando los preceptos normativos vigentes a los que se ajusta la decisión, y los antecedentes de la causa que se resuelve. La confrontación del fallo con el recurso que lo impugna, comprueba fehacientemente la falta de fundamento de la alegada arbitrariedad, pues en definitiva los agravios expresan la mera discrepancia de la recurrente con las razones que sustentan la decisión. El memorial introductorio del recurso federal muestra que en torno a la cuestión de fondo, no se logra evidenciar el déficit atribuido a la sentencia, con el alcance de descalificarla como acto jurisdiccional.

El planteo recursivo se estructura a partir de una base fáctica distinta de la fijada en la instancia de mérito, y que ha sido considerada por la Sala Civil y Penal del Tribunal, para decidir la procedencia del recurso de casación deducido por la defensa del imputado. En tal sentido, la diferente versión de los hechos de la causa resulta insuficiente para habilitar la vía intentada con sustento en la doctrina de la arbitrariedad; toda vez que el decisorio aparece provisto de fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para motivarlo. Ello así, la impugnación no se basta a sí misma, pues omite una relación suficiente e integral de los antecedentes de la causa, y del contenido de la sentencia cuya arbitrariedad denuncia.

Sostuvo la Sala Civil y Penal que los hechos establecidos en la instancia de mérito impiden arribar a un pronunciamiento de condena, pues conducen claramente la absolución del acusado. Puso de relieve que de acuerdo a las conclusiones de la Sra. Juez en lo Penal Correccional, la zona de circulación donde se produjo el hecho es recta, sin baches, con pintura demarcatoria de calzada, y con banquinas para la circulación de rodados menores. Que la sentenciante señaló la congruencia entre los dichos del imputado y de los pasajeros que transportaba, con las instrumentales agregadas en autos; en tanto que descalificó las testimoniales propuestas por la querella. Y que de acuerdo a la versión coincidente de aquéllos, el imputado conducía despacio y atento; en tanto que la menor circulaba en la banquina, se cruzó sin mirar y sin detenerse, e inició el cruce cuando el rodado mayor ya se encontraba cerca. Agregó que el chofer realizó una maniobra a la mano contraria para luego regresar a su carril, pero sin poder evitar golpearla, según transcripción textual de los testimonios respectivos, contenida en la sentencia de mérito.

La descalificación del pronunciamiento de la Sra. Juez Correccional tuvo lugar por la ausencia de fundamentos que avalen la afirmada previsibilidad del hecho, y la consecuente atribución de culpa al acusado por omitir alguna maniobra de advertencia; sin precisar cuál habría sido la puntual conducta diligente reclamada en la emergencia. El fallo de esta Corte destacó que la sola alusión a un consumo de seguridad social, o al deber de actuar que aconsejaba lo que denomina "síndrome de riesgo", por su generalidad resulta insuficiente para advertir cuál es el preciso reproche de conducta formulado, en el contexto fáctico que el mismo pronunciamiento describe. Añadió el Tribunal que tampoco es eficaz para fundar la decisión de condena, la referencia a lo dispuesto por los arts. 39, inc. b) y 42 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449; que han sido mencionados en relación al deber genérico de todo conductor, de mantener el dominio efectivo de su vehículo. Que tampoco explicaba cuál habría sido la maniobra que el imputado debió advertir, o la conducta diligente que le era exigible en las circunstancias que el mismo fallo estableciera; máxime cuando al tratar la tercera cuestión -fijación de la pena-, describe la conducta de la menor como "altamente riesgosa e imprudente, con una marcada falta de cuidado, al intentar cruzar una peligrosa ruta nacional, en diagonal y sin tomar los recaudo s debidos, causa ésta importante en la producción del evento".

El Tribunal señaló que del discurso sentencial podría inferirse que se reclama a Valdez no haber tocado bocina al advertir la presencia de la menor en la banquina; mas tal exigencia no resulta de las normas sustantivas que cita. En el caso, ello supone que efectivamente el chofer pudo advertir la maniobra imprudente de la ciclista -quien circulaba en su mismo sentido y por la banquina- y anticiparse a ella; lo que no resulta de la base fáctica descripta en el pronunciamiento. Y que tampoco emerge de los hechos de la causa, la eficacia causal que la sentenciante parece asignar a la advertencia presuntamente omitida; pues de ningún modo aparece que en las concretas circunstancias del hecho, el daño pudo evitarse de esta manera.

Concluyó que los asertos relativos al presunto descuido y exceso de confianza de Valdez fueron expresados de manera dogmática, sin vincularlos con los hechos de la causa. Entre otras consideraciones, destacó que la culpa propia del delito investigado en este proceso penal, no puede resultar exclusivamente de conexiones causales; pues admitir lo contrario significaría dar cabida a condenas penales con prescindencia del elemento subjetivo propio de los delitos culposos, ante la sola causación material del resultado dañoso.

En definitiva, el recurso progresó por errónea aplicación de la norma sustancial contenida en el art. 84 del CP; dado el déficit de subsunción resultante de la errónea concepción del tipo penal culposo descripto en el art. 84 de la ley sustantiva; que fuera aplicado con fundamentos objetivos, a partir del resultado material ocasionado. Ello en tanto el fallo de la Sra. Juez Correccional no individualizó la conducta culpable atribuida al imputado en el caso concreto, de acuerdo al criterio de previsibilidad que la misma sentencia postula; sino que, por lo contrario, la base fáctica establecida excluye tal imputación subjetiva, pues no describe ninguna conducta culpable y causalmente adecuada, que autorice la condena del acusado.

4.- Según emerge de la reseña precedente, la impugnación en examen se basa en una versión de los hechos de la causa, distinta de la establecida en la sentencia de mérito, y que se mantuvo incólume en la instancia casatoria. De este modo, se desentiende de aspectos esenciales del fallo de este Tribunal, bastantes para motivarlo, con lo que incumple el requisito de fundamentación autónoma; que comporta, como uno de sus componentes necesarios, que el recurrente impugne el fallo objetado. Resulta inexcusable demostrar ante el más alto Tribunal de la Nación, las razones por las cuales la resolución judicial cuestionada no satisface el derecho federal invocado; a través de la crítica correcta, prolija y circunstanciada de todos y cada uno de los fundamentos que sustentan el decisorio, y que en el caso es la sentencia de esta Corte. Es imprescindible rebatir todos los argumentos en que se ha fundado el Tribunal Superior de la causa, para llegar a las conclusiones cuestionadas; recaudo que no se cumple en la especie, y que impide advertir prima facie la arbitrariedad invocada.

No cabe sino señalar que la descalificación de las sentencias arbitrarias por el Alto Tribunal Nacional, se sustenta en que el vicio que las afecta compromete la intangibilidad de una o varias garantías de la Constitución Nacional. Por ello, se ha dicho que la arbitrariedad "no constituye un fundamento autónomo de la apelación del art. 14 de la ley 48, sino el medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional. Es improcedente el recurso si los recurrentes no demuestran claramente qué garantía constitucional resultó afectada por la interpretación legal del a quo" (Fallos... 275: 251; 300:1006; 301:602; 308:770, etc.; cfr. Guastavino, Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", Tº I, pg. 512).

Si la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es excepcional frente a un pronunciamiento fundado en cuestiones de derecho común, tanto más lo es en el supuesto donde los argumentos del fallo atacado no han sido adecuadamente controvertidos en su totalidad por el recurrente, quien los parcializa, manifestando sus discrepancias con los hechos establecidos definitivamente en la instancia de mérito. La Sala Civil y Penal de esta Corte ha expresado las razones que determinaron la procedencia del recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, y los agravios planteados son insuficientes para evidenciar el déficit denunciado. Aparece así indemostrada la pretensa arbitrariedad; como tampoco se pone en evidencia de qué modo la sentencia cuestionada conculcaría derechos constitucionales. No se ha procurado evidenciar suficientemente cómo -y por las razones dadas en el fallo- se ha producido su vulneración.

En definitiva, las cuestiones no federales que el impugnante intenta someter a conocimiento de la Suprema Corte Nacional, han sido resueltas por aplicación de normas de derecho común. Los argumentos recursivos no logran demostrar, prima facie, la existencia de la pretensa arbitrariedad, lo que impide la apertura de la instancia extraordinaria federal, por lo que procede denegar su concesión.

Por ello, y compartiendo la conclusión a la que arribara el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal deducido a fs. 750/752 por la querellante en autos, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 23/7/2002.

HAGASE SABER.-	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR