Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-11-25


Salta, 25 de Noviembre de 2010.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 27.144/10 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº 59.712/09 del Juzgado Correccional y de Garantías 7ma. Nom. Caratulado: " INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA DEFENSORA OFICIAL PENAL Nº 7 DRA MARINA BOUHID EN EXPTE Nº 59712/08 C/C GUACHALLA YAÑEZ, WILLY WILSON POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR A GUAIMAS SANDRA AMERICA, del Distrito Judicial del Centro , y, CONSIDERANDO El Dr. LUIS FELIX COSTAS dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 09/13 por la Sra. Defensora Penal Correccional Nº 7, contra el resolutivo de fs. 07/08 por el que se dispone no hacer lugar a la nulidad articulada contra el requerimiento de elevación a juicio que rola a fs. 14/15 y vta de la causa principal, atento a lo normado por los Arts. 161, 162 inc. 3ro, 184, 341 y 357 del CPP.Que sustanciado el trámite de la apelación en legal tiempo y forma, en entrando al tratamiento de la cuestión planteada, debemos de tener en cuenta que el recurso de nulidad admite como variante o modalidad de revisión los llamados vicios in procedendo, cuya impugnación deviene sustanciable por vía de instancia nulidificatoria. Pues bien, en el sub- judice la Sra. Defensora promueve tal vía de impugnación contra el auto de requerimiento a juicio formulado por la representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 14/15 y vta. de la causa principal. Frente al ejercicio de la acción penal por parte de su titular, la defensa del acusado cuestiona tal pieza jurídica ( ver fs. 01-04), la que resulta desestimada mediante decisorio de fs. 07/08 del incidente, el que finalmente es objeto de impugnación ante esta instancia revisoria, conforme constancias de fs. 09/13 de las presentes actuaciones.En sus agravios, la Defensa se queja en orden a que el acto de requerimiento de juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal no se encuentra motivado, ya que sostiene que la acusación se basa únicamente en los términos de la denuncia, extremo que no habilita a obtener la probabilidad de la autoría del ilícito requerida en esta instancia procesal. Argumenta que el requerimiento de juicio formulado contra su asistido se sustenta en una motivación aparente, puesto que solo hace mención a la denuncia y la documental aportada en copia simple por la Sra. Guaimás. Sostiene que tampoco existen indicios o datos por los cuales pueda suponerse que el encausado se habría sustraído dolosamente del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, ya que la fiscal no ha determinado mínimamente que el acusado se haya encontrado con capacidad económica para cumplir con la prestación alimentaria debida, siendo que la condición económica del imputado es un requisito que refiere a la tipicidad del ilícito. Por su parte el A-quo define la incidencia de nulidad impetrada por la Sra. Defensora Penal en base a la validez formal del acto de fs. 14/15 de la causa principal que abre el curso del procedimiento sumario, expresando como fundamentos que en el procedimiento acusatorio, al Ministerio Público Fiscal se le atribuye la dirección de la investigación, lo que significa una visión minimizadora de la facultad judicial de recepción y dirección del material de convicción en el que basa su resolución en la materia, limitación que cuenta con una contrapartida esencial, consistente en la contradicción entre las partes en la etapa del juicio, por lo que el material que reúne el Ministerio Público en la investigación del hecho, no constituye en si mismo prueba, sino que son solo indicios que dan base para requerir la elevación a juicio. Agrega la resolvente que en la etapa preliminar del juicio es cuando se debe de notificar al requerido de la acusación fiscal, estadio en el que existen plazos para el ofrecimiento de las pruebas que considere conveniente a su defensa.Planteado así el tema decidendum, cabe recordar a la Sra. Defensora sobre la improcedencia de utilizar argumentos propios de la instrucción para extenderlos como exigencias procesales al procedimiento sumario, por acta única, que en cierta medida institucionaliza el sistema acusatorio y en el que no media la histórica etapa de la investigación jurisdiccional preliminar que significa el sumario instructorio, sobre el que se edifica la etapa crítica conclusiva con la apertura del juicio plenario. En otros términos, la pretérita etapa instructoria aparece reemplazada por la dirección fiscal, en orden a la actuación policial para delitos leves y de fácil comprobación, conforme lo normado por la ley Nº 7.262, mecanismo por el cual, sin labor jurisdiccional ( salvo hipótesis excepcionales), el Ministerio Público reúne elementos de convicción suficientes para fundar la acusación que convoque al juicio oral correccional. Pues bien, en esos términos, la defensa no puede cuestionar mediante nulidad por motivación aparente o arbitraria el acto de requerimiento de juicio de fs. 14/15 y vta., toda vez que la validez del mismo emerge del simple cotejo de los recaudos formales y no del mérito de la acusación, pues tal función queda a cargo exclusivo del titular de la acción y de la aceptación de tal requerimiento por el órgano jurisdiccional.Desde el punto de vista formal, el Art. 357 del CPP que remite al Art. 184 y éste a su vez al Art. 341 de la ley adjetiva, imponen al Ministerio Público la carga de relacionar los antecedentes circunstanciados del hecho y la evaluación fundada sucintamente en orden a que ese hecho encuadra en un tipo penal. De manera que, para que éste recaudo legal se tenga por cumplido no es necesario la acreditación probatoria de los extremos típicos de la acusación, pues tal objetivo recién se alcanza con la intervención jurisdiccional que actúa como tribunal de juicio. Ello es así, porque no hay prueba procesal si no es rendida o ingresada ante la presencia del Juez y de las partes, incluida la defensa, de suerte que el juicio de convicción suficiente que debe elaborar el órgano acusador no responde a ningún esquema de valoración previa con naturaleza probatoria, basta para ello la compulsa de los elementos reunidos para determinar que el imputado debe pasar alimentos, que los mismos no se encuentran satisfechos en función de la falta de depósito en la cuenta judicial perteneciente al Expte. Nº 226.194/08 caratulado " Guaimás, Sandra América Vs/ Guachalla Llañez, Willy Wilson" de trámite por ante el Juzgado de Personas y Familia 6ta. Nominación, para solventar en la hipótesis concreta la posible comisión de un delito de acción pública perseguible por la inobservancia en el cumplimiento de prestaciones alimentarias, acorde a la normativa del Art. 71 del CP y Art. 1ro de la Ley 13.944. En consecuencia, las referencias apuntadas precedentemente resultan suficientes en orden a los recaudos exigidos por el Art. 341 del CPP y desplaza cualquier alternativa nulidificatoria basada en la genérica mención del Art. 184 del CPP.El Dr. ENRIQUE GRANATA dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.09/13 por la Sra. Defensora Penal Correccional Nº 7 y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo de fs. 07/08 por el que se rechaza la nulidad articulada por la defensa contra el requerimiento de elevación a juicio de fs. 14/ 15 y vta. de la causa principal II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.