Ministerio Público Fiscal, requerimiento de elevación a juicio, plazos procesales, secuela de juicio, vencimiento del plazo, nulidad procesal, prescripción de la acción penal, voto en disidencia
Materia: PENAL
Carátula: "Pozo de Oroza, Ilda y otros s/ prescripción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-15

"En lo que respecta al término estipulado por el ordenamiento procesal, este Tribunal comparte lo sostenido por la doctrina, en cuanto a que: "Para el Ministerio Público Fiscal, el término será siempre ordenatorio pues no puede prescindirse su opinión.

De allí la eficacia de la requisitoria presentada fuera de término". (Navarro, Guillermo Rafael - Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Editorial Hammurabi, Bs. As. 2004, Tomo 2, pág.

944). En esta dirección, se advierte que la importancia del acto cuya formulación se le encomienda impide que la tardanza en su cumplimiento genere la sanción que la defensa reclama (conf. de la Sala I de este Tribunal causa n° 43.951 "Portes Jiménez" reg.

n° 55 del 15/2/2010, causa n° 44.028 "Tenorio" reg. n° 421 del 6/5/2010 y sus citas)" (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun). "Tanto en la actual redacción del artículo 67 del Código Penal, como en la anterior a la sanción de la ley 25.990, el llamado a prestar declaración indagatoria y el requerimiento de elevación a juicio revestían -y revisten- el carácter interruptivo que la parte recurrente pretende negarle" (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun). "En efecto, en lo que respecta a la ley 23.077, esta Alzada ha sostenido reiteradamente que el término secuela de juicio comprende sólo aquellos actos de mayor trascendencia que los normales del proceso, que permitan apreciar un avance cuantitativo en la adquisición del conocimiento de los hechos y que además demuestren de manera inequívoca la voluntad persecutoria estatal, habiéndose asignado dicha calidad al llamado a indagatoria, a la orden de captura, al auto de procesamiento y al requerimiento de elevación a juicio (Conf. causa n° 15.689 "Figueroa", reg. n° 16.790, rta.

el 2/09/99; causa n° 15.648 "Navarro", reg. n° 17.148, rta. el 23/12/99; causa n° 18.323 "Viaña", reg. n° 19.419, rta. el 8/02/02)" (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun). "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la cuestión de que se trata (Fallos:

332:360, votos de los jueces Fayt y Bossert, 327:327 y más recientemente en S. 1205. XLII. "Santander" del 28/10/2008), ocasión en la que sostuvo que la propia naturaleza de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años. No obstante, la Corte identificó entonces, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos criterios con que debe ser apreciada la duración del proceso: la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales (sentencias en el caso "König" del 28 de junio de 1978 y del caso "Neumeister" del 27 de junio de 1968, publicadas en "Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1950-1983", B.J.C., Madrid, págs.

450/466, párrafo 99, y 68/87, párrafo 20, respectivamente; en el mismo sentido, más recientemente "Calleja v. Malta", del 7 de abril de 2005, párrafo 123)" (Del voto de los Dres. Cattani e Irurzun). "Para decidir sobre la cuestión traída a estudio y atento a los agravios esgrimidos por el apelante, es menester efectuar una distinción entre el instituto de la prescripción y el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable" (Del voto en disidencia del Dr. Farah). "La prescripción, como se sabe, va más allá del interés de quien se beneficia por su aplicación y compromete, por sobre el de él, al de la sociedad.

Por esta razón, no es disponible, es de orden público y opera de pleno derecho, pues "es la continuación innecesaria e injustificada de un juicio lo que conmueve el orden público y lo que autoriza a que la extinción de la acción sea declarada con la simple comprobación de que ella se ha producido" (cfr. voto de Enrique Santiago Petracchi en c. 459. XXXVIII "Caballero, Jorge Alberto y otros", rta. 8/11/05)" (Del voto en disidencia del Dr. Farah). Por su parte, la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, es decir, a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, ha sido incorporada a nuestra Carta Magna a partir de la reforma del año 1994, en virtud de lo establecido en su artículo 75, inciso 22, donde se otorgó rango constitucional a los tratados internacionales -Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso 3 c)-, y ha sido aplicada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Genie Lacayo 29/1/97, Suárez Rosero 12/11/97, López Álvarez v.Honduras 1/2/06) como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Motta 19/2/91 y Ruiz Mateos 23/6/93), entre otros tribunales internacionales" (Del voto en disidencia del Dr. Farah)."Tal como lo he sostenido en la causa n° 43.457 "Alitisz", resuelta el 15 de febrero de 2010, reg. n° 49 de la Sala I -según mi voto-, "la declaración de prescripción, en tanto vía de canalización del derecho aludido, puede tener lugar con anterioridad al vencimiento de los plazos previstos por el código de fondo -art. 67 C.P.- si es que se demuestra la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable" (CSJN I.159 XLIV "Ibáñez", rta. 11/08/09, y B. 2277. XIL "Bobadilla", rta. 24/11/09, entre otros)" (Del voto en disidencia del Dr.

Farah).