Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-24


Salta, 24 de febrero de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "IBAÑEZ, Pedro Damián; UGARTE, Graciela del Valle; SOLET DE SALINAS, Elvia c/ MARQUEZ, María; SILVERA, Víctor Ramón; VACA, Guido Eduardo Y/O RESP. - DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO"- Expte. Nº 43858/05 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia 1º Nominación del Distrito Judicial del Norte- ORÁN - (CAM 395506/12 de Sala Primera), yCONSIDERANDOI. Que vienen estos autos a fin de resolver la apelación subsidiaria interpuesta a fs. 790/794 por el Dr. Marcelo García Bruno, en representación de los Sres. Pedro Damián Ibáñez y Graciela del Valle Ugarte, co-actores en autos, en contra del cuarto apartado de la providencia de fecha 05/09/13 que corre a fs. 786 de autos, que rechaza in limine el incidente de nulidad de fs. 783. El recurso fue concedido a fs. 795 en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 796/799 fundamenta el recurso interpuesto el apelante. Manifiesta que la providencia recurrida aparece como una decisión injusta y arbitraria a no tener motivación suficiente, que es portadora de afirmaciones puramente dogmáticas y no guarda correspondencia con las normas y principio jurídicos aplicables al caso, ignorando las constancias de autos. Considera que no resulta, entonces, una derivación razonada del derecho vigente con agravio a las garantías constitucionales del debido proceso, intangibilidad de la defensa y de interdicción a la arbitrariedad, de allí que, a su entender, para restablecer la plena vigencia de tales garantías corresponda remover el déficit apuntado, dejando sin efecto el proveído en crisis, mandando sustanciar la articulación de fs. 783/785.

Asimismo, corresponde resolver el recurso de apelación deducido a fs. 651 por la Sra. Elvia Solet vda. de Salinas co-accioante- en contra de la sentencia recaída en autos a fs. 635/636, por la cual se hiciera lugar al incidente de caducidad de instancia planteada por la citada en garantía a fs. 602/604. El recurso fue concedido a fs. 652 en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 657/658 expresa agravios la Sra. Solet, manifestando que la sentencia recurrida peca de un exceso ritual manifiesto en virtud de que debió considerar el estado que se encontraba el proceso (etapa de alegatos concluida), el deber de los funcionarios del Juzgado de correr vista a la Dirección General de Rentas, conforme providencia de fs. 598 que dispuso en carácter previo al dictado de la sentencia definitiva. Asimismo, considera que el a quo olvidó la interpretación restrictiva que debe hacerse del instituto de la perención de instancia.

A fs. 673 el Dr. Lucas Lencinas, en representación del codemandado Victor Ramón Silvera, contesta los agravios expresados por la Sra. Solet, solicitando se rechace el recurso de apelación por ella interpuesto. Manifiesta que si se compulsan las constancias de autos se advierte que la actora abandonó el proceso por más de seis meses hasta que su parte planteó la caducidad de la instancia desde la nota de fecha 4 de febrero de 2010, mediante la cual se le notificaba a la actora de su obligación de correr vista a la Dirección General de Rentas. Considera que era la actora quien, ante la supuesta inactividad del Juzgado, debió impulsar el trámite y reclamar esa falta de cumplimiento por parte del Tribunal, sin dejar que transcurra el plazo establecido en el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial. Expresa que en el expediente no estaba pendiente resolución alguna, pues era necesario dar cumplimento a las vistas ordenadas por el Juzgado. A fs. 675/677 contesta agravios el apoderado de Liderar Compañía de Seguros S.A., citada en garantía. Manifiesta que la actora pretende poner en cabeza del Juzgado actividades que le corresponden de manera exclusiva a su parte, es decir, solicitar que se corra vista a los organismos de recaudación fiscal. Por otra parte, sostiene que si bien el instituto de la caducidad es de interpretación restrictiva, en el caso de autos no existen visos de duda sobre la perención cumplida.

Por su parte, a fs. 655 el Dr. Bruno, por la representación precedentemente detallada, también interpone recurso de apelación en contra de la sentencia declarativa de la caducidad de la instancia (fs. 635/636). El recurso fue concedido a fs. 667, segundo párrafo, en relación y con efecto suspensivo.

A fs. 688/691 expresa agravios el Dr. Bruno a fin de fundamentar el recurso concedido a fs. 667 -segundo apartado. Manifiesta que causa agravio a su parte la resolución atacada por cuanto los fundamentos allí esgrimidos resultan dogmáticos y como tales no tienen en consideración no sólo el estado procesal en el cual se encuentra el proceso, sino tampoco los efectos que poseen los actos que son privativos del Tribunal y como éstos debían ser interpretados en la especie.

A fs. 693/695 contesta el Dr. Osacsia, por Liderar Seguros S.A., considerando inaceptable la posición de la actora de pretender poner a cargo del Juzgado de origen, lo que es una actividad propia y exclusiva de las partes, para lo cual la actora tuvo casi nueve meses para dar cumplimiento, es decir, remitir el expediente a la Dirección General de Rentas y a la Caja de Seguridad para Abogados, conforme fs. 598, con el decreto de fecha 16 de diciembre de 2009, hasta la interposición del planteo de caducidad en fecha 7 de septiembre de 2010. A fs. 699 contesta el Dr. Lucas Lencinas, por el codemandado Víctor Ramón Silvera. Entiende que ante la realidad de haber vencido el plazo de inactividad procesal no correspondía otra cosa que declarar la caducidad del proceso y que no es cierto que sea obligación del Tribunal correr vista a la Dirección General de Rentas, toda vez que las partes deben estar atentas y velar por el normal desarrollo del proceso .

A fs. 803 pasan los Autos a despacho, providencia que se encuentra firme.

II. Que el recurso de fs. 655 fue interpuesto extemporáneamente, razón la cual este Tribunal debe declararlo mal concedido, imponiendo las costas a los apelantes (art. 67 del C.P.C.y C).

Al respecto, se ha sostenido que: "Las cuestiones referentes a la admisibilidad del recurso de apelación y entre ellas la apelabilidad del auto recurrido, el término de interposición y de fundamentación del recurso, como la forma y efecto de la concesión son de orden público por lo que puede ser revisado por el tribunal aún de oficio, al margen de la voluntad de las partes y de lo que resolviera el Juez de Primera Instancia" (Fallos Sala I año 1991 fs. 426; 1992 fs. 521/524; 1995 fs. 468/469; 2000 fs.176). Asimismo se ha dicho que: "El Tribunal de Alzada está facultado para examinar de oficio la procedencia del recurso pues sobre este punto no está obligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del Juez de Primera Instancia" (E.D. 92-701; 92-386; Fallos 2000 fs. 488/489; 2008 fs. 927/928; 2010 fs. 196/197).

III. Que, sentado lo anterior, corresponde partir de considerar que son dos las cuestiones resueltas por el a quo que se encuentran recurridas. La primera es la sentencia dictada a fs. 635/636, por la cual se hiciera lugar a la caducidad de instancia planteada por la citada en garantía, Liderar Seguros S.A. a fs. 602/604. Asimismo, se encuentra apelado subsidiariamente el cuarto apartado del decreto de fs. 786. Atento que de la resolución de este último tópico dependerá la subsistencia o validez de la sentencia dictada a fs. 635/636, a él corresponde referirnos en primer término.

IV. Que el recurso de revocatoria con el de apelación en subsidio ha sido planteado en término, según constancias de fs. 786 vta. y 794.

V. Que de la lectura del decreto de fs. 486 cuarto apartado se desprende que el rechazo fue ordenado in limine litis por haber advertido el juez de primera instancia que la presentación fue realizada de manera extemporánea. Por lo tanto, se constata a primera vista que los agravios del apelante acerca de la falta de fundamentación del decisorio en crisis carecen de sustento.No obstante, corresponde entrar al análisis acerca de si la providencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho y a las constancias de autos.

A tales fines, cabe recordar que la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello.

La jurisprudencia local tiene dicho que "En materia de nulidades procesales su acogimiento es restrictivo"(CApel CC, Salta, Sala I, 09/09/93, "Crédito Perfecto vs. Chavez, Fallos año 1993, pag. 487).

La procedencia de la declaración de nulidad está condicionada a la existencia de los siguientes presupuestos: a) vicio formal que quita eficacia al acto impugnado; b) interés jurídico e inculpabilidad; y c) falta de convalidación. Es decir, entonces que es requisito indispensable para que proceda la declaración de nulidad de un acto, que quien así lo alega no haya convalidado tal situación. Al respecto, el artículo 170 del Código Procesal Civil y Comercial establece que no puede impugnarse de nulidad un acto, si el mismo ha quedado subsanado por el consentimiento tácito del nulidicente. Se entiende que existe consentimiento tácito si el acto atacado no resulta atacado oportunamente, esto a los cinco días de su conocimiento.

Si bien el artículo 170 del código de forma únicamente hace mención al "acto", la norma tiene dos aplicaciones: una referida a cada acto singularmente considerado: otra, global, vinculada a todos los actos del procedimiento que comprenden una instancia y que, en realidad, constituye a la vez una forma de preclusión. De las constancias de autos puede advertirse que el incidente de nulidad interpuesto a fs. 783/785, la parte actora pretendía la declaración de inexistencia del escrito agregado a fs. 602/604 y de las cédulas de notificaciones de fs. 606, 609, 619 y 629. A fs. 652 vta. se encuentra constancia de préstamo del expediente al Dr. García Bruno en fecha 30/09/11, procediendo a su devolución en fecha 22 de diciembre de 2011. Resulta aplicable el artículo 134 el código de forma, según el cual el retiro del expediente por la parte, su apoderado o patrocinante importa la notificación de todas las actuaciones llevadas a cabo en el mismo, entre ellas aquellas cuya declaración de nulidad pretendía el apelante. Ahora bien, el incidente de nulidad, cuyo rechazo "in limine" por extemporáneo fue decretado a fs. 786, fue interpuesto en fecha 21 de agosto de 2013 (fs. 785).

Es decir, que la pretendida nulidad se hallaba sobradamente consentida y por lo tanto su rechazo ajustado a derecho porque el nulidicente pretende atacar actos cuyos supuestos vicios han sido tácitamente consentidos por no haber planteado la nulidad en debido tiempo, esto es, a los cinco días de haber tenido conocimiento de los mismos, lo cual se presume que ocurrió el día 28 de septiembre de 2011, fecha en la cual el expediente fue retirado en préstamo por el incidentista En consecuencia de lo expuesto, no habiendo el apelante controvertido los argumentos que sustentan el auto impugnado, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 790/794 y confirmar, en consecuencia, dicho decisorio (fs. 786 - cuarto apartado).

En lo referente a las costas, y por el criterio objetivo de la derrota, debe soportarlas quien pierde la instancia; en autos, los apelantes de fs. 790/794 (art. 67 del C.P.C.C.).

VI. Que, resuelta la precedente cuestión, corresponde ahora entrar al análisis del recurso de apelación interpuesto a fs. 651 en contra de la sentencia obrante a fs. 635/636.

VII. Que el mentado recurso fue interpuesto en tiempo, conforme constancias de fs. 649 vta. y 651.

Respecto a los argumentos del apelante en cuanto le atribuye al juzgado el impulso procesal del proveído de fs. 598, cabe precisar que, si así lo estimaba la parte interesada, debió advertir al funcionario o empleado de correr efectivamente la vista que ya se había ordenado, lo que hubiera bastado para instar que se realizara, caso contrario pudieron haber utilizado los medios legales para lograr su cumplimiento.

Además de lo dicho, cabe poner de resalto que, conforme se ha dicho reiteradamente, si bien el estado del trámite del expediente se encontraba avanzado, "aunque el juez tenga los deberes de dirigir el proceso y el de fallarlo, no quiere decir que, igualmente, tenga la carga de impulsarlo, lo que entra en la página de sus facultades, y aunque lo hiciera en la de sus deberes, ello tampoco descartaría la carga impulsora de las partes ante la omisión jurisdiccional" (E.D. 78-855), y que "creemos que les asiste razón a quienes sostienen que con el llamamiento de "autos" recién cesa la obligación de las partes de impulsar el procedimiento; deben las partes ser diligentes en lograr el llamamiento de los "autos" para recién poder entonces ampararse en la disposición que señala que no se producirá la caducidad cuando la causa se encuentre pendiente de resolución, y el hecho de que el dictado de esa providencia esté a cargo de la jurisdicción, ello no obsta a la carga de la parte de impulsar el procedimiento hasta lograr el dictado de la providencia de autos" (Loutayf Ranea - Ovejero López, "Caducidad de Instancia", Ed. Astrea, Bs. As. pág. 509). Nótese que en el sub lite aún no se había llamado autos para sentencia, desde que previamente debía cumplimentarse lo ordenado a fs. 598.

Conforme lo sostiene Parry (PARRY, Adolfo E., "Perención de la Instancia", Ed. Bibliográfica Omeba, año 1964, pág. 29) del silencio, de la negligencia de las partes surge naturalmente la presunción de la voluntad de abandonar la instancia y esta presunción simple es utilitatis causae convertida por el legislador en una presunción absoluta juris et de jure por lo que el derecho de continuar el juicio abandonado queda extinguido.

Ahora bien, en relación al argumento acerca de que la perención de la instancia debe interpretarse con criterio restrictivo y en caso de duda debe optarse por la solución que mantenga vivo el proceso y no operara la perención (E.D. 54-366; 59-324; 54-356; 65-439), en el caso de autos el plazo de seis meses establecido en el artículo 310 del código de rito ha transcurrido de manera indudable entre la notificación ministerio legis obrante a fs. 598 vta, último acto de impuso procesal, y el pedido de declaración de caducidad de fs. 602/604. Es decir, que dicho fundamento tampoco puede ser invocado a fin de impugnar la sentencia de fs. 635/636.

En consecuencia, cabe tener por operada la perención, tal como lo resolviera el Magistrado en grado en la resolución venida en revisión, la que corresponde confirmar en todas sus partes, con costas en esta Sede también a cargo de la actora por resultar vencida (art. 67 del Código Procesal).

Por ello _ LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, _RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 790/794 y en su mérito, CONFIRMANDO el cuarto apartado de la providencia de fs. 786. Con Costas a cargo de los apelantes.

II. RECHAZAR el recurso de apelación deducido a fs. 651, confirmando lo resolución de fs. 635/636. Con Costas en la Alzada a los apelantes.

III. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto en autos a fs. 655. Con costas a cargo de los apelantes.

IV. CÓPIESE, regístrese, notifíquese y oportunamente, BAJE.