Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, interpretación restrictiva, medida de no innovar, límite de edad, verosimilitud del derecho invocado, contracautela, caución juratoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sesto de Leiva, Amelia del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-13

La actora, Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva, invocando su carácter de Ministro de la Corte de Justicia, promueve acción autónoma de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Art.195 de la Constitución Provincial, que limita la inamovilidad de los magistrados a la edad de sesenta y cinco años, por afectar un interés personal y directo, violando los Arts.110, 5 y 31 de la Constitución Nacional. Justifica la competencia del Tribunal, expone los antecedentes fácticos, funda la acción y el derecho. Ofrece prueba documental.

Asimismo peticiona medida cautelar de no innovar, fundada en que ha superado el límite de edad previsto por la norma tachada de inconstitucional conforme prueba con la documentación que adjunta, encontrándose sometida a una situación de precariedad laboral hasta que se resuelva la acción, lo que atenta contra la independencia del Poder Judicial.

Justifica los extremos de la tutela requerida y cita jurisprudencia. En definitiva, persigue se mantenga la situación de inamovilidad hasta el dictado de la sentencia definitiva. Ofrece contracautela.

Respecto a la medida cautelar peticionada, tendiente a suspender los efectos de una norma constitucional, esta Corte de Justicia comparte -en principio- el criterio sustentado por un gran sector de la doctrina y de la jurisprudencia en el sentido de que su procedencia debe ser juzgada con criterio sumamente restrictivo, atento a que: "tanto los actos legislativos como los actos administrativos tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad legisferante y administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellas debe necesariamente ser alegada y probada en juicio" (Conf.:CSJN, Doctrina de Fallos 234:344, entre otros).

No obstante, doctrinariamente se establece que, a medida que han comenzado a prevalecer los intereses públicos y sociales del derecho procesal, en cuanto tienen en cuenta el interés del Estado por mantener el imperio del derecho objetivo y el de la comunidad por la composición justa del litigio, el criterio interpretativo se orienta hacia un criterio amplio de admisibilidad, estableciendo en compensación una mayor contracautela.

En esta tarea axiológica, se advierte en el sub judice la concurrencia tanto del interés público fundamental de afianzar la justicia como el interés individual de hacer exigible la sentencia, como principios rectores impuestos por el ordenamiento constitucional.

Satisfecho tal extremo y los restantes requisitos impuestos por el proceso cautelar conforme se trae a conocimiento el contradictorio, se advierte que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que cause un daño grave e irreparable se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho corresponde no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño, mientras que cuando existe el riesgo de daño extremo e irreparable, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.

En autos cobra relevancia para el otorgamiento de la medida impetrada que la verosimilitud del derecho invocado no solo es apariencia de buen derecho, sino que jurídicamente puede preverse, según un cálculo de probabilidades fundado en la pirámide kelseniana, que en la decisión de fondo se declarará el derecho en sentido favorable al solicitante de la tutela, en la medida en que la norma constitucional provincial se opone a la estatuida por la Constitución Nacional.

Conforme a los fundamentos expuestos, corresponde se haga lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada, debiendo el peticionante o su letrado apoderado prestar caución juratoria, dada la verosimilitud del derecho invocado, con la debida notificación al Poder Ejecutivo Provincial de su concesión.

En razón de no tratarse de una cuestión económica la sometida a la jurisdicción, se determina la inaplicabilidad del Art.198 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación supletoria.

Por ello, corresponde: hacer lugar a la medida cautelar de no innovar peticionada, debiendo el requirente o su letrado apoderado prestar caución juratoria.

Notificar al Poder Ejecutivo Provincial la prohibición de innovar con relación a las medidas que pueda adoptar fundado en el Art.195 de la Constitución Provincial, que determina el cese de la inamovilidad a los sesenta y cinco años con relación a la Sra. Ministro de la Corte de Justicia, Dra. Amelia Sesto de Leiva.