marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Serrano, Andrea Fabiana c/ A Ciegas SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

La actora se desempeñó como actriz para una SRL y una Asociación Civil (empleador plural art. 26 LCT) y no integró una cooperativa teatral como pretenden las demandadas. Apela la decisión de grado que consideró que el vínculo se habría extinguido en los términos del art. 241 LCT. Para así decidir sostuvo que la accionante no invocó la situación salarial existente en el período de pandemia ni tampoco justificó el tiempo transcurrido entre la habilitación de la actividad teatral a finales del año 2020 y su intimación por dación de tareas recién el 1 de septiembre de 2021. Tal extinción temporaria equivaldría a considerar por extinguido un vínculo laboral por mutuo acuerdo. Sin embargo no puede considerase constituida la extinción por mutuo acuerdo por tratarse de una relación laboral no debidamente registrada, lo cual impidió a la trabajadora articular un reclamo en el marco de la realidad sin riesgo de considerarse despedida por desconocimiento del vínculo, tal como ocurrió. La clandestinidad laboral obstaculizó el acceso de la actora al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción destinado a dar alivio económico inmediato a las empresas y trabajadores afectados directamente por la caída de la actividad económica durante la Pandemia Covid 19. Corresponde revocar la sentencia de primera instancia y considerar procedentes las indemnizaciones reclamadas por la actora por despido indirecto, pues el desconocimiento de la relación laboral por parte de las demandadas ante la intimación fehaciente efectuada por la trabajadora constituyó injuria de tal gravedad que no consintió la prosecución del vínculo.
Despido discriminatorio, producción de la prueba, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ducros, Christian Martín  c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-25

El actor, Licenciado en Economía que prestaba servicios en el PAMI, sostiene haber sido objeto de un despido discriminatorio por razones políticas. A los fines de resolver el planteo, resulta relevante la producción de la prueba a fin de comprobar que la decisión de la empleadora de prescindir del trabajador, estuvo enfocada en su accionar político. En el reparto de las cargas procesales, corresponde exigir al trabajador plena prueba del motivo discriminatorio, bastando a tal efecto los indicios suficientes en tal sentido. A cargo de la empleadora debe colocarse la justificación de que el acto obedece a otros motivos. La circunstancia de que se dejara sin efecto la renovación de los contratos de prestación de servicios (como el del actor), por el cambio de autoridades, y teniendo en cuenta que por Resolución del INSSJP se resuelve analizar todas las contrataciones y designaciones de los últimos cuatro años, período de mandato del gobierno anterior, resulta todo ello indicio suficiente en cuanto que la extinción de la contratación del actor, que provocó la desvinculación del trabajador, tenía por motivo una discriminación política. Así, el acto discriminatorio provocado por el Instituto demandado determina la responsabilidad extracontractual, en el sentido del deber de reparar un perjuicio mediante una indemnización en concepto de daño moral (cfr. art. 1 ley 23.592). (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Enfermedad profesional, comisiones médicas, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Bogado, Amalio Rafael c/ Provincia ART. S.A.  s/ accidente -ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-14

No es objeción válida para la procedencia de una acción que una afección diagnosticada no esté prevista en el Listado de Enfermedades Profesionales, pues ya desde el dictado del decreto N° 1278/00 art. 2 "b" es factible incluir las otras dolencias que sufre la persona trabajadora, en tanto que dicha norma otorga puntual y expresamente a la "Comisión Médica Central" la posibilidad de incluir a determinadas patologías entre las resarcibles, siempre y cuando exista una vinculación necesaria entre la afección y el factor laboral, descartando la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Por lo tanto, si la Comisión Médica ostenta dicha facultad, con mayor razón la goza entonces el Juzgador, quien es imparcial y cumple por su propia condición con la garantía constitucional de "Juez Natural" de acuerdo al art. 18 de la Constitución Nacional. Por ende, si se demuestra que una enfermedad está vinculada a un hecho antijurídico, la acción resulta procedente con independencia del listado que prevé la ley de riesgos del trabajo.
Competencia por la materia, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Newberry, Jonatan  c/ Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-09

El art. 20 LO establece que "constituyen competencia material de estos Tribunales de Justicia del Trabajo, las causas contenciosas en conflictos individuales, cualesquiera sean las partes -incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-." El criterio establecido por la LO tiene como condición de aplicación que se trate de conflictos individuales, por demandas "fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo". Prima, a los fines de establecer la competencia material, más allá del sujeto, y a partir de un motivo eminentemente protectorio que se funda en el art. 14 bis CN, la materia. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Comisiones médicas, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Hugo Manuel  c/ Asociart ART SA s/ accidente-ley
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria mediante la cual el magistrado de grado rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.348 y declaró la falta de aptitud jurisdiccional para entender en la presente causa. Dicha cuestión ha sido zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pogonza c. Galeno ART. S.A. S. accidente-ley especial y ratificada recientemente en el caso "Behrens". La ley 27.348 contiene disposiciones procesales además de las de fondo. Las primeras resultan operativas desde el mismo momento en que entró en vigencia, por lo cual son de aplicación en este caso. La Comisión Médica Jurisdiccional N° 10 mediante dictamen médico determinó que la enfermedad denunciada es de carácter inculpable. La ley 27.348 contempla una instancia excluyente ante las Comisiones Médicas, y una vez agotada la misma habilita a opción del trabajador un recurso amplio ante la Justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción que corresponda o ante la Cámara del fuero de optar por la instancia recursiva previa respecto de la decisión eventualmente adoptada por la Comisión Medica Central, con posibilidad de producción de prueba respecto de los aspectos cuestionados de la decisión administrativa. De conformidad con lo normado por el art. 2 último párrafo de la Res. SRT 298/17, en los trámites por rechazo de la denuncia de enfermedad profesional no listada no está prevista la intervención del Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y se canalizan por lo contemplado en el inc. b) del apartado 2 del art. 6° de la ley 24.557, siendo el dictamen de la Comisión Médica la decisión apelable en los términos del art. 46 Ley de Riesgos del Trabajo (cfr. apartado 1, sustituido por art. 14 de la Ley 27.348 B.O. 24/02/2017). Si bien el accionante instó el trámite administrativo previo ante la Comisión Médica Jurisdiccional no lo agotó mediante la vía recursiva legalmente prevista, pues en lugar de recurrir el dictamen médico, vencido ampliamente el plazo para apelar, inició demanda autónoma directamente ante el ámbito jurisdiccional. Cabe confirmar la decisión recurrida ya que la vía ordinaria no se encuentra contemplada en la ley 27.348 como mecanismo de revisión de lo acontecido en la esfera administrativa, debiéndose cumplimentar el procedimiento recursivo previsto en el art. 46 de la LRT. (Del voto del Dr. Ambesi, en mayoría)
Responsabilidad objetiva, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Caros Divisores SRL c/ Metales del Talar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

El CCCN 732 y 1753 se refieren a la responsabilidad objetiva e indirecta del principal por el incumplimiento contractual dañoso del dependiente, y no a la imputación al principal de la actuación representativa de un administrador o dependiente, materia esta última que, en general, está regulada por el CCCN 367
Ejecución fiscal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social c/ Albus SRL  s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-19

El Bono Derecho Fijo previsto en el art. 51 inc. d) de la ley 23.187 constituye una obligación personal de cada profesional matriculado pero no para la parte que él representa. No puede ser comprendido en el concepto de costas del proceso, ni pretenderse poner su carga en cabeza del ejecutado. El art. 125 del Reglamento Interno del Colegio Público de Abogados, indica que el derecho fijo será pagado por cada persona matriculada en todas las causas, cualquiera fuere su naturaleza. El art. 126 dispone que los fondos provenientes del pago de este derecho fijo ingresan al patrimonio del Colegio Público de Abogados, constituyéndose en una obligación puesta en cabeza del profesional que interviene en un juicio y que forma parte del mecanismo que sostiene económicamente a dicha entidad.
Compraventa inmobiliaria, reserva de compra
Materia: CIVIL
Carátula: Tabak, Carolina Laura  c/ Remadex SA  s/ ordinario - remadex sa c/ Tabak, Carolina Laura s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

En el marco de una compraventa inmobiliaria lo que habitualmente, con entrega de sumas, se denomina "reserva", solo sirve para apoyar la seriedad de una oferta realizada por aquel que fue invitado a ofertar; tiende a sostener la oferta por el tiempo por la cual se formuló, vencido el cual, sin ser aceptada, procede la devolución por quien la recibió; de tal modo la reserva le permite al destinatario reflexionar acerca de la conveniencia de la oferta recibida. Si no le interesa y la rechaza, o deja transcurrir el plazo sin aceptarla, debe devolverse la suma o el valor recibido en reserva. En cambio, si acepta la oferta, por lo habitual, se incorpora al precio del contrato. En cualquier caso, la reserva no reconoce parentesco alguno con la seña; es decir, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, nunca pueden las reservas ser consideradas como una seña que integra un contrato definitivo ya concertado, al menos que de las circunstancias del caso pueda inferirse lo contrario.
Plan de ahorro previo, falta de entrega del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Parra, Alejandro Manuel  c/ Volkswagen SA de ahorro para fines determinados y otros  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

Cabe atribuir responsabilidad a la automotriz interviniente en un sistema de plan de ahorro previo por el incumplimiento en la entrega de un automotor adjudicado, sistema que se caracteriza por la interdependencia de las relaciones. Todas las demandadas fueron parte de ese sistema, en el que se ofrecía la compraventa de rodados. No es motivo de discusión que los vehículos comercializados con los planes de ahorro por la administradora, como el que aquí se debate, eran fabricados y/o importados por la automotriz ni que la concesionaria actuó como agente en las tratativas contractuales con el ahorrista. En esa actuación, crearon una apariencia frente a todos los suscriptores del plan, incluido el aquí accionante. Según la teoría de la apariencia la existencia y alcance de un acto debe juzgarse sobre la base de su manifestación exterior o forma externa con la cual sus autores lo han hecho conocido de modo que produzca convicción respecto de su regularidad y realidad. De manera tal, que responsabilidad del fabricante se edifica, en el caso, sobre la base de la expectativa jurídica creada.
Despido, contrato de trabajo eventual, emergencia sanitaria
Materia: LABORAL
Carátula: Orpella, Carina Beatriz c/ Medicar S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

La actora, médica, no discute el carácter eventual de su contratación, motivada en la emergencia sanitaria generada por la propagación del virus COVID-19. Plantea que en la fecha en la que se le comunicó su despido (el contrato tuvo inicio el 1° de diciembre de 2020 y la disolución del vínculo se produjo a partir del 28 de febrero de 2021) no habían cesado las circunstancias extraordinarias que motivaron su contratación, configurándose una rescisión anticipada no justificada. El informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires demuestra que los casos confirmados de COVID -19 de residentes de esa provincia (la empresa cesionaria de los servicios estaba ubicada en Ramallo), recién comenzaron a descender a partir de agosto de 2021. Así, la actora logró demostrar que, al tiempo del distracto, aún no habían cesado las circunstancias extraordinarias que dieron origen a su contratación en los términos que prevé el art. 99 LCT es decir, que se trató de una ruptura ante opus del contrato de trabajo eventual que genera derechos indemnizatorios en favor de la trabajadora haciendo aplicación analógica del art. 95 LCT
Despido, gravedad institucional
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Miranda, Rodolfo Raimundo  c/ Rowling Energía SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-08

La empresa codemandada peticionó se declare inconstitucional la aplicación del art. 46 de la ley 25.345, toda vez que argumentó, que "al integrarse de manera sistémica la comunicación dispuesta por el art. 46 de la ley 25.345 con lo previsto en la Ley 23.940 (art.2 inciso H) se produciría una situación de gravedad institucional que llevaría directamente a la falencia de la empresa en donde se desempeñan tres mil trabajadores". No existe mérito relevante a los fines de dejar sin efecto la comunicación a la AFIP dispuesta por la Jueza de grado, en cuanto determinara que: "Firme la sentencia deberán efectuarse las comunicaciones previstas por el art. 17 de la ley 24.013 y a la AFIP exigida por el art. 46 de la ley 25.345" en la medida en que, en esta específica etapa del proceso, resulta prematuro por no verificarse la medida del agravio alegado como sustento de la pretensión, por lo que debe confirmarse lo resuelto en la instancia de grado.
Rescisión del contrato, compraventa de automotores, restitución de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asteazaran, Matias Ezequiel  c/ L'express SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

En el marco de una acción por la rescisión del contrato de compraventa automotor, cabe confirmar el pronunciamiento que determinó que correspondía conferir al pago realizado por el actor, el carácter de seña a cuenta del pago del precio de la operación y reconocerle el derecho a obtener su restitución en forma duplicada (CCCN 1059). Es que el instrumento que vinculó a los litigantes indicaba que las sumas allí plasmadas serían dadas en concepto de "reserva" y "saldo", términos que la concesionaria también había impreso en los recibos de pago emitidos a nombre del comprador. Y dichas operaciones, a su vez, constaban registradas en los libros contables de la accionada como pagos a cuenta de un 0 km a nombre del actor.
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Moretti, Leandro Emanuel c/ G4S Soluciones de Seguridad SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

El actor se agravia porque en primera instancia se rechazó la demanda. Denunció la existencia de un fraude laboral por intermediación, al señalar a la codemandada Sinopet como su real empleadora y solicitó la aplicación del CCT 449/06. El hecho que la codemandada Sinopec contara con personal jerárquico para el control de las labores de los vigiladores proporcionados por G4S Soluciones de Seguridad SA no contribuye a considerar la existencia de una intermediación fraudulenta, en la medida que el actor reconoció que prestó labores como vigilador y que así fue contratado por la misma, quien lo envío a cumplir su objetivo en dependencia de Sinopec, lo cual permite inferir que se trató de labores claramente escindibles y la intervención del personal de Sinopec sólo se advierte como la lógica actividad del cliente de verificar que los servicios contratados entre ambas empresas sean llevados a cabo de acuerdo a las necesidades de vigilancia de esta última, lo que excluye la solidaridad en los términos del art. 29 de la LCT, máxime si se atiende a que Sinopec es una empresa que se dedica a la actividad petrolera (cfr. arts. 377 y 386 CPCCN). La circunstancia de que el demandante cumpliera dicho objeto a lo largo de una década tampoco contribuye a la verificación del fraude laboral, dado que no se han acreditado los extremos que justifique tal imputación, en la medida que solo aparecen realizadas tareas propias de un vigilador. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Confirmación de sentencia, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Alegre, Paulina c/ Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-09

La accionada cuestiona la sentencia de grado recaída por aplicación del sistema procesal digital -Lex 100-, y persigue la nulidad del procedimiento por el cual fue dictada, utilizando fundamentos dogmáticos. El reclamo soslaya, como lo manifestó el representante del Ministerio Público, lo dispuesto en el art. 53 de la LO en cuanto a que los plazos procesales serán improrrogables y perentorios, y su vencimiento produce la pérdida del derecho que se hubiere dejado de usar sin necesidad de petición de parte ni declaración alguna. Así entonces, deviene significativo que el apelante no objetó el procedimiento digital al momento de presentarse a estar a derecho y contestar la acción, y el Juez de grado tuvo por constituido el domicilio procesal y electrónico, con lo cual, aceptó la aplicación del sistema cuestionado. Prescinde asimismo la apelante del efecto del llamado para ejercer el derecho de alegar en cuanto funciona como un virtual plazo de caducidad en todo lo que concierne a la etapa probatoria, que era en ese momento procesal en el que de corresponder, debió el interesado efectuar las manifestaciones o planteos que estimara pertinentes en lo concerniente al trámite durante la instrucción probatoria, so pena de convalidar lo actuado. Por ello, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Despido, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Monticelli, Santiago Timoteo c/ Expreso Rivadavia SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

A los fines de determinar la naturaleza del trabajo prestado por "fleteros" debe tenerse en cuenta las concretas modalidades bajo las cuales se desenvuelve la relación. Así los elementos probatorios aportados pusieron de manifiesto que al actor se le abonaba por las horas de servicios que hacía para la accionada. El análisis de las facturas emitidas por el actor, permite advertir que los pagos eran fluctuantes y que se le pagaba por viaje realizado, especificándose en cada recibo el valor de cada viaje. Tampoco resultó controvertido por el accionante que utilizaba su propio vehículo para realizar las entregas indicadas desde la demandada, y que el mismo era quien se encargaba de mantener el funcionamiento del mismo. Respecto de la jornada que habría realizado el actor existen contradicciones entre el horario denunciado por el accionante y lo manifestado por los testigos, coincidiendo los testigos presentados por la demandada en que al actor se lo llamaba cuando había trabajo. El hecho que personal de la demandada impartiera al accionante directivas relativas a quien entregarle la mercadería o el horario en que debía hacerlo no es más que el cumplimiento de una mecánica operativa en el desempeño de un contrato de transporte. Sin perjuicio de la regla presuntiva contenida en el art. 23 LCT no se advierten datos indiciarios de una relación dependiente, entendida como una integración del sujeto a la organización empleadora ajena, con sumisión a su poder de dirección y disciplinario.
Confirmación de sentencia, responsabilidad solidaria, daño moral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alcantara, Silvia Giselle y otro c/ Renault Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Cabe confirmar la resolución que condenó a las demandadas solidariamente, a tenor de lo dispuesto en la LDC 40. La fabricante debe asumir la responsabilidad que le compete por el daño sufrido en el automóvil adquirido por el actor, sin desconocer que también ha puesto su marca en la cosa; la concesionaria, en tanto fue quien lo comercializó; y el taller, debe responder en idéntica medida por haber intervenido en las reparaciones de la unidad. Ello así en tanto, el experto mecánico afirmó que surgía evidente que la falla ocurrida no era normal en un vehículo nuevo y con tan pocos kilómetros recorridos. Y si bien ante la reparación defectuosa, fueron los actores quienes realizaron las reparaciones necesarias a los fines de poder seguir utilizándolo; máxime cuando el perito advirtió que la falla en el sistema de dirección debía ser atendida con alta prioridad por razones de seguridad, el hecho de que el rodado hubiera seguido sumando kilómetros, no releva de responsabilidad a quienes debieron hacerse cargo de los defectos presentados en el bien en cuestión. En este marco, cabe elevar la indemnización por daño moral, por privación de uso y la multa punitiva, otorgadas en el grado.
Denegatoria del recurso, caución real, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Goicochea, Héctor Mario  c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-05

La sentencia de grado dispuso que la parte actora preste caución real con el fin de establecer fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudiere provocar la revisión del fallo de Alzada por el capital e intereses. El actor apela la decisión. No le asiste razón al apelante toda vez que, de acuerdo con el art. 285 del CPCCN ".Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso". Sin embargo, ello no obsta a que el/la juez/a tenga la facultad y el deber de garantizar en el caso que la sentencia sea revocada por el Superior, que el acreedor proceda a devolver lo percibido aplicando por analogía las directivas del art. 258 del CPCCN. Cabe desestimar el recurso de apelación. (Del voto del Dr. Posse, en minoría).