Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22


Causa Nº 29961-00/CC/2006 caratulada "MIÑO, Héctor Raúl s/infr. art. 83 ley 1472-apelación".

En nos Aires, 22 de Febrero de 2007.

Visto y considerando:

Llega el legajo a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 11/14 por la Sra. Defensora Oficial, Patricia López, contra el resolutorio de fs. 9 por el cual el Magistrado a cargo del Juzgado Nº 13, Guillermo E. H. Morosi, convalida el secuestro de doce botellas de 500 cc. de gaseosa "SER", con vencimiento el 02/04/2007; doce botellas de 500 cc de gaseosa "PEPSI" con vencimiento 30/12/2006; doce botellas de 500 cc de gaseosa "7 UP" con vencimiento el 10/01/2007; un carro metálico y tres heladeras de telgopor (detallados en el acta de fs. 3) y ordena remitir las actuaciones a la UACF.

Para así decidir, el Magistrado argumentó que resultaba atípica la conducta llevada a cabo por Héctor Miño ya que "el hecho 'prima facie' endilgado al encartado...debe quedar subsumido en el régimen de faltas (art. 4.1.2 de la ley 451)...toda vez que de la cantidad de los elementos secuestrados...se desprende su insignificante afectación del bien jurídico tutelado en el art. 83 del C.C.". Consideró entonces que debían remitirse las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas que por turno correspondiera a fin de que determine si el prenombrado "ha infringido la normativa anteriormente citada" (fs. 9/vta.).

La Defensa impugnó la decisión jurisdiccional, presentando recurso de reposición y apelación en subsidio argumentando que correspondía revocar el auto en cuestión, sobreseer al imputado y, consecuentemente, restituir los efectos incautados (fs. 14). Asimismo esbozó la nulidad del secuestro ya que el "a quo" luego de desechar la existencia de una contravención dispuso la remisión a la UACF y convalidó la medida cautelar "siendo que la ausencia de contravención hace desaparecer todo fundamento para su mantenimiento" (fs.12vta.).

A fs. 18/19 el Juez rechaza el recurso de reposición y el planteo de nulidad, no hace lugar a la devolución de efectos y concede la apelación, resolutorio que quedó firme.

El Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, dictaminó que debía admitirse el recurso, pero discrepó en la consecuencia propugnada por la defensa en cuanto "al sobreseimiento y archivo de las actuaciones" solicitando la revocación de la resolución en crisis y apartar al Magistrado por "haber asentado una opinión prematura e improcedente en la etapa procesal en la que se encuentran las actuaciones" (fs. 23/24).

Como hemos dicho, la defensa recurre la resolución de la primera instancia en cuanto convalida la medida cautelar y remite a la UACF.

Entiende la Sala que el recurso fue interpuesto en plazo, ante el juez correspondiente y por quien tiene legitimidad para hacerlo. Sin embargo, debe constatarse en la especie la existencia de un agravio de imposible reparación ulterior apto para equiparar el auto a una sentencia definitiva y habilitar así la vía recursiva.

Respecto de la convalidación, sostuvimos en reiteradas oportunidades que la "...declaración del judicante en tal sentido, en función de los arts. 18, inc "c" y 21 de la L.P.C., sencillamente no se encuentra entre los autos o decretos que puedan ser apelados, precisamente, por no causar gravamen de ninguna naturaleza y mucho menos irreparable" (Conf. causa nº 69-01-CC/2005, caratulada "Recurso de queja en autos 'Ruiz Reyes, Marcos Augusto s/ inf. art. 83 C.C.'" rta. el 29-4-05, de esta Sala).

La impugnante invocó la existencia de una lesión irremediable por dos razones. La primera, por no haberse dictado el sobreseimiento del imputado luego de que el "a quo" consideró que la conducta investigada no encuadraba en la prevista en el art. 83 CC. La segunda, porque al convalidar el secuestro no obstante descartar la existencia de contravención, afectó el derecho de propiedad del Sr. Miño (fs. 12).

En base a estos dos agravios, construyó sus críticas desde cuatro vértices diferentes pero surcados todos ellos por idéntico fundamento. Sostuvo entonces que se debía resolver definitivamente la situación procesal del encartado ya que "...si el Sr. Juez entendió que no existe contravención, correspondía sin más sobreseer en las actuaciones..." y, en este sentido, la decisión de continuar el juzgamiento en sede administrativa podría "transformarse en una violación al Causa Nº 29961-00/CC/2006, Sala II.

principio constitucional del ne bis in idem (arts. 8.4, CADH; 14.7, PIDCyP)" -fs. 12vta/13-.

Es criterio de esta Sala que si el "a quo", en el liminar análisis efectuado, ha considerado que el hecho no constituye una contravención, ello no es obstáculo para que intervenga la autoridad administrativa si aquél estima que subsiste la posible infracción a la normativa de faltas; en el caso, la venta en la vía pública sin autorización (art. 4.1.2, Ley 451). De adverso a lo afirmado por la accionante, si se sobreseyera en orden a la contravención como lo pretende y se continuara el trámite del legajo por la eventual falta, ello sí acarrearía eventualmente una violación al principio constitucional que prohíbe la doble persecución por una misma conducta.

Por lo demás, entendemos que aquél examen no puede ser tomado como un adelantamiento de opinión del Magistrado, como lo sostiene el Sr. Fiscal en esta instancia, puesto que no sólo se encuentra tal actividad dentro de sus facultades, sino que tiene el deber de hacerlo y decidir sobre la cuestión, sin que ello importe lesión alguna a la imparcialidad exigida (conf. causas n° 238-00-CC/2005 rta. 29/09/05, n° 275-00-CC/2005 rta. 01/11/05, entre otras de esta Sala).

Asimismo, la remisión ordenada también conlleva la puesta a disposición de la instancia administrativa de los efectos incautados, por cuanto el art. 7° de la Ley de Procedimiento de Faltas (ley 1217) contempla en su primer inciso el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción como medida precautoria, a lo cual se suma la posibilidad de aplicar como sanción el decomiso de las mercaderías, es decir, el resultado podrá ser la pérdida de las cosas sobre las que recae (art. 24, ley 451). No se advierte por lo tanto la ausencia de fundamentación de la medida cautelar mantenida por el juez que alega la defensa como tercera crítica (fs. 13), ni tampoco resulta contradictorio su mantenimiento ya que tal extremo posibilitará el cumplimiento de la ley material en caso de recaer condena.

Sumado a ello, hemos sostenido que en casos de actuaciones iniciadas por presuntas infracciones contravencionales y en las que se hubiera adoptado medidas restrictivas de derechos implementadas por el personal policial, debe cumplirse con la manda del art. 21 de la LPC aun cuando se dispusiera la posterior remisión a la UACF (conf. causa 251-01-CC/2004 del 04/11/04, entre otras), situación que se observa en autos y que se vincula con la validez del secuestro.

A esta altura, es necesario aclarar que si bien el magistrado no hace lugar "a la devolución de efectos solicitada por la defensa" (p. II de fs. 19vta.) no surge de las constancias de autos una concreta petición de restitución de los bienes incautados. En vez, la impugnante derivó tal consecuencia del eventual sobreseimiento de su defendido o, en su defecto, de la invalidez de la cautelar jurisdiccionalmente mantenida. Sin embargo, su pronunciamiento adverso -que hubiera habilitado a interponer el recurso de apelación en ese punto (conf. causa n° 063-00-CC/2004, "Rolón, Zacarías Notario s/art. 41-apelación, de esta Sala)- no ha sido cuestionado.

Para finalizar, ha sido criterio del Máximo Tribunal citadino que la decisión que ordena la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Faltas no genera para la defensa un perjuicio de imposible reparación ulterior (causa "Cruz Martínez" op. cit.).

En resumidas cuentas, en virtud de no hallarse previstas estas cuestiones como expresamente apelables y no resultando el auto atacado una decisión con entidad para generar un gravamen de imposible reparación ulterior, no corresponde su admisibilidad (conf. arts. 6 y 50 LPC y 432, 444 y 449 del CPPN de aplicación supletoria).

Habiendo concluido el Acuerdo el Tribunal RESUELVE:

I) DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación articulado por la Defensora Oficial, Patricia López, a fs. 11/14.- II) Tener presente las reservas formuladas (p.V, fs. 14).

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara, y devuélvase al Juzgado de origen, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Causa Nº 29961-00/CC/2006, Sala II.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.