Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2008-11-13


2º Instancia. - Formosa, noviembre 13 de 2008.

Considerando:

I. Que mediante Sentencia Nº 666/07 de fs. 37/38, la juez de grado resuelve hacer lugar a la excepción de incompetencia deducida por la parte demandada, e impone las costas a cargo de la actora perdidosa.

II. Contra dicha resolución se alza la accionante e interpone recurso de apelación a fs. 40, el que es concedido a fs. 40 vta., y habiendo expresado agravios a fs. 42/43 vta., se corre traslado de ley (fs. 44), el que no es contestado por la contraria como consta a fs. 45. A fs. 46 mediante nota de secretaría se elevan las presentes actuaciones, y previo dictamen del Sr. Fiscal de Cámara obrante a fs. 47, pasan los autos a resolver, encontrándose firme la providencia de fs. 47 vta..

III. Del escrito que oficia de memorial se advierte que la apelante centra sus agravios: a- la a quo declara procedente la incompetencia articulada obviando normas específicas que rigen la materia, esto es, notificación, domicilio constituido, competencia; b- la suma reclamada en autos no es una "deuda fiscal" a la que le resulta aplicable el Código Fiscal de la provincia, empero se trata de un cargo fiscal o sanción impuesta por el Honorable Tribunal de Cuentas al responsable demandado por la indebida rendición de la cuenta a su cargo, esto es, de los fondos públicos asignados a su gestión en el ejercicio fiscal año 2004 y que obra en el Acuerdo que se ejecuta.; c- arguye que el Acuerdo Nº 29.993 prevé el régimen de notificaciones modificado por el Acuerdo Nº 31.126 donde allí se establece que "los responsables en todos los casos deberán constituir domicilio procesal en la ciudad de Formosa, asiento del Tribunal de Cuentas" y que a esos fines el demandado constituyó domicilio en la ciudad de Formosa al cual le fueron cursadas todas las notificaciones, como consta en las actuaciones administrativas adjuntas a la causa, como así también el traslado de la presente demanda; d.- que la presente demanda ha sido iniciada en esta ciudad de Formosa, siguiendo lo previsto por el art. 5 inc. 7 del CPCC pues el fisco como acreedor optó por el lugar donde deba pagarse lo reclamado. Cita legislación aplicable. Solicita se revoque el fallo apelado.

IV. De manera primordial cabe señalar que la replicada queja de la accionante cuestiona el decisorio de autos donde la juez de grado admitió la excepción de incompetencia opuesta por el demandado considerando la suma reclamada como "deuda fiscal" a la que resulta aplicable el código fiscal de la provincia. Y ello constituye el thema thecidemdum de esta revisión.

Es indudable que para llevar adelante tal examen, previo a toda otra consideración, debemos formular algunas aclaraciones.

Que, las obligaciones fiscales por definición "...son aquellas en virtud de la cuales el sujeto pasivo -contribuyente está obligado a entregar un valor patrimonial al sujeto activo- el fisco, con motivo de haberse producido el hecho imponible previsto por la norma legal; no tiene carácter contractual sino legal y es de orden público" (GREGORIO BADENI, Tratado de Derecho Constitucional, T. I. - 2da. Edición Actualizada y Ampliada - Edit. La Ley - Edic. 2006, p. 927). El hecho imponible "es la circunstancia prevista y descripta por la ley con relación al contribuyente, cuya producción origina la obligación fiscal y la consecuente obligación de pago para el sujeto pasivo" (GREGORIO BADENI, ob. cit., p. 928).

Por su parte la Constitución Nacional y Provincial al referir a las obligaciones fiscales exclusivamente distingue entre impuestos, tasas y contribuciones, por lo que en modo alguno comprende a los "cargos patrimoniales" o "cargos fiscales" emitidos por el Honorable Tribunal de Cuentas.

Que, los cargos fiscales mencionados surgen a partir de las facultades de contralor que tiene establecido por la ley fundamental dicho órgano de la Constitución respecto de la gestión económico-financiero-patrimonial de la hacienda publica provincial y municipal y que ejerce a través de un proceso de juzgamiento de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos que administran los cuentadantes del Estado (arts. 2 y 4 inc. d Ley 1216).

La jurisprudencia ha establecido que el Honorable Tribunal de Cuentas ejerce una función que "...se trata de un acto administrativo especial y especifico de un órgano de control, siendo un juicio de responsabilidad especial y especifica, que le permite al Tribunal de Cuentas formular un cargo patrimonial y aplicar sanciones..." (Suprema Corte de Mendoza - "Silvano Jorge Raúl c. Provincia de Mendoza s. Acción Procesal Administrativa" - elDial - MZ36BD).

Finalizado ese proceso de juzgamiento, el H.T.C. cuando desaprueba total o parcialmente la cuenta impone un cargo patrimonial o multa según el caso (arts. 26/27/28 L. 1216) mediante Acuerdo del Cuerpo emitiendo un Fallo el que es notificado a el o los responsables de la misma. Dicho con otro giro, tenemos que si de tal proceso surgen observaciones, esto es, gastos de esos fondos públicos no respaldados documentalmente, el HTC impone un cargo o sanción a fin de que esos fondos asignados por el Estado y no rendidos correctamente vuelvan a las arcas del erario público provincial.

En ese sentido, la jurisprudencia ha dicho que "la actualización monetaria y los intereses establecidos por el Tribunal de Cuentas en materia de liquidaciones de cargo deudor formulados a los funcionarios, encuentran justificadas su imposición en orden al principio de reparación integral originado por la configuración de un acto ilícito" (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires - "De Aduriz, Joaquín R. c. Provincia de Buenos Aires" - 07/06/1994).

Dicho ello, es indudable a esta altura que el caso de autos no puede enmarcarse en el Código Fiscal llevando la razón en ese sentido la apelante, ya que dicha normativa prevé expresamente en su art. 1 su ámbito de aplicación, esto es, "obligaciones fiscales", por tanto, considerando además lo ut supra expuesto se advierte sin hesitación alguna que dicha normativa no refiere a los cargos que impone el H.T.C.

En cambio, sí deviene palmaria la aplicación al caso sub examine de lo previsto en las "normas" que al respecto dicta el Tribunal de Cuentas de la Provincia en uso de sus facultades legales -arts. 1º y 4º inc. b. Ley 1216 y art. 140 inc. b. Ley 1180-, las cuales se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, son de público y notorio conocimiento e integran el ordenamiento jurídico, del cual no puede alegarse su desconocimiento.

Y a través de esas normas, instrumentadas por medio de Acuerdos, el Tribunal de Cuentas reglamenta el procedimiento de juzgamiento de las Cuentas Fiscales. Precisamente en materia de notificaciones ha dictado el Acuerdo Nº 29.993 en fecha 15/11/99, dejado sin efecto mediante Acuerdo Nº 31.126 de fecha 13/09/2001, publicado en el Boletín Oficial Nº 7049 del día 06/12/2001, adaptando el régimen de notificación previsto al ya establecido en la ley 424 -CPCC-, este último, de aplicación supletoria para el HTC (v. art. 45 L. 1216 - art. 21 Ac. 31.126).

Que en lo que aquí importa en primer lugar es dable destacar que según la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas -L. 1216- en su art. 33 así como señala la vía de apremio también indica "que se iniciará la acción judicial correspondiente" a fin de ejecutar los Acuerdos -títulos hábil- que emite dicho organismo y que no es otra que la ejecución fiscal propiamente dicha, prevista en el art. 600 del CPCC, a la que se aplica a fin de determinar la competencia de la juez a quo en cuestión las reglas que fija el art. 5 inc. 7 del código de forma, como sindica inclusive el demandado y la actora apelante, y allí se hace referencia al "...lugar donde deba pagarse...a elección del acreedor" como alternativa para fijar la competencia, la cual de hecho ha sido la elegida por el actor -el Fisco- al iniciar las presentes actuaciones, dado que el lugar de asiento del Honorable Tribunal de Cuentas es en la ciudad de Formosa (v. art. 5 del Acuerdo Nº 31.126/01), donde debió inclusive abonarse lo reclamado, por tanto, patente aparece la sin razón del demandado, quedando con ello sellada la suerte de los agravios, debiendo ser admitido el recurso en análisis, revocarse la resolución que vino apelada y continuar la juez a quo con el trámite de la presente ejecución. Las Costas de esta instancia se imponen por su orden por no mediar debate entre las partes (art. 68 -2do. párrafo- del CPCC).

Por ello, con la opinión coincidente de los doctores Canavesio de Villalba y Bentancur, y sin que emita su voto el doctor Pignocchi, por haberse alcanzado la mayoría legal (conf. art. 33º, Ley Nº 521 y sus modificatorias y art. 153º del R.I.A.J., aprobado por Acordada Nº 2034/96 -punto 13º- del Excmo. Superior Tribunal de Justicia), la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 40, en consecuencia, revocar el A.I. Nº 666/07 de fs. 37/38, debiendo la juez a quo continuar con el trámite de la presente ejecución. II. Costas de la segunda instancia por su orden por no haber mediado debate entre las partes (art. 68 -2do. párrafo- del CPCC). - Lucrecia M. Canavesio de Villalba. - Telma C. Bentancur. - José Luis R. Tignocchi.