Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-10


En Mendoza, a diez días del mes de marzo del año dos mil once, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 99.669, caratulada: "OTERO CLARA EN J° 110.797/10.866 OTERO CLARA C/ DISCO S.A. P/ D. Y P. S/ INC. CAS." De conformidad con lo decretado a fs. 79 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Mi-nistros del Tribunal: primero: DR. FERNANDO ROMANO; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES.

ANTECEDENTES:

La recurrente Sra. Clara Otero, interpone a fs. 285/291 de los autos Nº: 110.797 caratulados: "OTERO, Clara C/ DISCO S.A. P/ Daños y Perj.", recursos extraordina-rios de Inconstitucionalidad y Casación, contra la sentencia dictada por la Segunda Cá-mara de Apelaciones en lo Civil de la Segunda Circunscripción Judicial.

Admitidos formalmente los recursos deducidos, se ordena correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs. 61/69.

A fs. 73/75 obra el dictamen del Sr. Procurador General, por el que se aconseja el rechazo de los recursos intentados.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs. 79 se deja constancia del or-den de estudio en la causa, por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Los antecedentes de la causa nos relatan, que la Sra. Clara Otero promueve demanda a los efectos de reclamar los daños y perjuicios derivados de un hecho dañoso, ocurrido en la sucursal N° 53 de la cadena de supermercados "Vea".

Relata que el día 30 de abril de 2003, aproximadamente a las 20.30 hs., concurrió a realizar compras en dicho comercio y, cuando circulaba por su interior, (primer pasillo sur frente a la primer góndola) se produjo su caída, al resbalarse por la presencia de un líquido viscoso que había en el piso. Como consecuencia de dicha caída la accionante sufrió lesiones que describe y que la incapacitaron por 90 días. En la emergencia fue auxiliada por personal de seguridad que se encontraba en el negocio de la demandada y luego fue trasladada al Hospital Schestakow, donde se le diagnosticó fractura de húmero izquierdo.

Como indemnización reclama la suma de $ 29.800 en conceptos de daño material (incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico) y daño moral.

La sentencia de primera instancia que rechazo dicha demanda y esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones por sentencia que es objeto de los recursos extraordinarios que hoy nos ocupan.

En su decisión, sostiene la Cámara que, tratándose de una responsabilidad objetiva, debieron ser acreditados acabadamente por el damnificado los recaudos exigidos por la norma. Que resultaba imprescindible, que la víctima pruebe que la cosa era riesgosa y que ese riesgo actuó como elemento activo en la producción del accidente. Entiende que de las pruebas rendidas en la causa, no surge acreditada la pretensión de la actora con relación al estado en que se encontraba el piso, al momento del evento dañoso.

Que la accionante al realizar la denuncia penal manifestó que, en oportunidad de producirse el accidente en el supermercado, pisó algo que no podía precisar con exactitud. Al formular la demanda, sostuvo que se resbaló por la presencia de un líquido viscoso y, por último en la instancia de apelación, refirió a que se cayó al piso por las características del piso del local extremadamente lustrado y con restos de harina y azúcar esparcidos. Que si bien la testigo Valdez, afirma la existencia de azúcar y harina en el local comercial, su declaración no se encuentra corroborada por ninguna de las restantes declaraciones testimoniales. En tal aspecto analiza los testimonios de Raúl Taste y Daniela Rodríguez, en cuanto ambos refieren que auxiliaron a la recurrente y, uno de los testigos, que no vio ninguna sustancia en el piso y la otra afirmó que no recordaba haber visto tal sustancia.

Concluye el Tribunal, que no podía considerarse probado que la actora cayera por el riesgo de la cosa, en razón de que no podía considerarse demostrado que el piso del local comercial de la demandada haya sido causa eficiente en la producción del daño.

Contra dicha sentencia, la actora interpone los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación que hoy nos ocupan.

Respecto a la primera de las quejas, encuentra fundamento en el art. 150 inc. 3 del C.P.C. Como fundamento sostiene que la sentencia resulta arbitraria, por no respetar las normas del debido proceso y resolver el conflicto mediante razonamientos ilógicos y contradictorios. Entiende que en la misma se ha omitido considerar prueba decisiva, como lo es la testimonial de la Sra. Valdez, quien expresamente relató la existencia de azúcar y harina en el piso; que no tiene relación laboral ni comercial con la demandada y que no fue oportunamente tachada. Que se ha llegado a una conclusión contraria a sus intereses sin respaldo probatorio, tornando a la sentencia en un fallo carente de fundamentación y que, inclusive, ha revertido la carga probatoria establecida por el art. 1113 del Codigo Civil.

El recurso de Casación es encuadrado en los incs. 1 y 2 del art. 159 del C.P.C. En su fundamentación, se denuncia la errónea interpretación y aplicación del art. 1113 del Código Civil.

En este aspecto entiende que la sentencia le asigna a la víctima del hecho, la carga de probar la responsabilidad del dueño o guardián de una manera inadmisible por exceso. Que conforme a las pruebas incorporadas en la causa, se encuentra acreditada la existencia de las lesiones y los daños sufridos, como consecuencia de la caída. Que la única causal para eximir de responsabilidad a la demandada hubiera sido la atribución de la culpa a la víctima y tal atribución no existe en autos.

SOLUCIÓN AL CASO:

1. Recurso de Inconstitucionalidad:

Por lo que hace a esta queja y como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad receptada desde antiguo por este Cuerpo, encuentra justificación en ciertos lineamientos, fundados en principios liminares para la validez de los fallos y cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos; pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional re-gularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente, a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido adoctrina el Tribunal siguiendo el pensamiento de la CSJN (L.L. 145 398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; si la sentencia es suficientemente fundada cualquiera sea su acierto o error, no es susceptible de la tacha de arbitrariedad. La arbitrariedad entonces, como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad, supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación (L.A. 101-447; 108-23). En sentido similar se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota, C.P.C.; L.A. 91-143; 94-343; 84-257; 89-357; L.S. 157-398).

En el ocurrente y desde que el recurrente no logra acreditar el grave vicio denunciado, adelanto que la queja no puede prosperar. En efecto, los agravios que se expresan como fundamentación, constituyen en definitiva una mera discrepancia con las conclusiones a las que arriba la sentencia en recurso, los cuales en tanto no expresan razonamientos aberrantes ni contradictorios y, en contrario, encuentran suficientes fundamentos, resultan insusceptibles de su examen por esta vía, en que se involucra la potestad discrecional amplia y exclusiva de los tribunales de grado para la valoración de cuestiones fácticas (conc. L.A. 117-356; 169-212; 171-210; 188-73; 200-11).

En efecto, en nuestro caso se advierte que el motivo sustancial del rechazo de la pretensión de la actora, obedece a la consideración que hicieron las instancias de grado, en relación a la falta de acreditación del carácter de cosa riesgosa del piso al momento del accidente. Es decir que, en sustancia, se entendió que no se había probado en la causa ni el factor de atribución -en el caso el riesgo o el vicio de la cosani la relación causal necesaria, elementos que constituyen los presupuestos del deber de responder.

En estos aspectos, el fallo valoró las distintas posturas asumidas por la recurrente a lo largo del proceso, en relación a las distintas sustancias o elementos que supuestamente existían esparcidos en el piso, sin especificar en que consistían. Así en la denuncia policial no se expresa en que consistían; en la demanda habló de la existencia de un líquido viscoso y posteriormente, de un piso excesivamente lustrado, con restos de azúcar y harina esparcidos. Posteriormente valoró las testimoniales rendidas y le restó eficacia probatoria a los dichos de la testigo Valdez, quien sostuvo que vio a la recurrente en el piso, pero no observó la caída ni qué fue lo que la produjo y, si bien habló de la existencia de azúcar y harina en el piso, su declaración no coincidía ni con las otras testimoniales, ni con las afirmaciones de la propia actora. Concretamente el pronunciamiento consideró que cuando se efectuó la denuncia policial, en la época más reciente al hecho, la actora no sabía qué es lo que había en el piso y sin embargo luego, un año después cuando articuló la demanda se acordaba de la presencia de los elementos dañosos. Pero tampoco en esta oportunidad, su afirmación resulta coincidente con los dichos de la testigo, ya que la actora habla de líquido viscoso, mientras que la testigo habla de azúcar y harina.

Tal conclusión no resulta arbitraria de conformidad a los criterios que este Tribunal, siguiendo los lineamientos de la Corte Federal, ha elaborado al respecto y que han sido precedentemente transcriptos. Ello así, no resulta irrazonable considerar que no se encontraba acreditada la calidad de elemento riesgoso del piso para hacer surgir la responsabilidad de su propietario y en contra de la pretensión de la actora.

De otro lado la recurrente afirma que no ha sido valorada la prueba testimonial perteneciente a la Sra. Valdez. Sin embargo tal agravio se torna inconsistente desde que, de la lectura de los fundamentos del fallo surge, que esa prueba fue ponderada frente a otros elementos fácticos, sin que el Tribunal diera la preponderancia que la recurrente pretende.

El agravio referido a que la demandada no probó la existencia de culpa de la víctima resulta irrelevante, desde que, tratándose de una responsabilidad objetiva, previo debió analizarse como elementos necesarios de la responsabilidad, la existencia del vicio o riesgo de la cosa y la relación causal necesaria como elemento de imputación del daño; cuestiones éstas, que correspondía acreditar a la víctima y no lo hizo. La inexistencia de los elementos integrantes del deber de responder, tornó innecesario el debate sobre la existencia o no de alguna eximente como es la culpa de la víctima.

En tal sentido se ha expresado que el funcionamiento de presunciones de responsabilidad, no releva jamás al damnificado de la carga de acreditar las circunstancias en que se produjo el hecho, concretamente, el nexo causal entre el mismo y su atribución al demandado. Es necesaria la demostración de esa relación de causalidad, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro (Conf. Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 187).

Es decir que los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y, tal imposición, no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso. Tal situación se vincula con la carga de la prueba contenida en nuestro art. 179 del C.P.C., la que juega ante la insuficiencia probatoria. Únicamente entonces, es posible acudir a los principios sobre la carga de la prueba, por verse el juzgador en la necesidad de fijar quién deberá soportar las consecuencias dañosas y que se producen cuando quien debía probar, no lo ha conseguido (Conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado", Tomo 2, págs. 322 y sigs.).

La noción de la carga de la prueba ha sido diseñada como una regla de juicio dirigida al juez, que le indica cómo resolver frente a hechos insuficientemente probados, a fin de evitar el "non liquet". Indirectamente indica a cuál de las partes le interesa la demostración y, por lo tanto, asume el riesgo de la falta de evidencia (Conf. Lorenzetti, Ricardo, "Carga de la prueba en los procesos de daños", LA LEY, 1991-A, 998).

Aplicando a este caso los principios enunciados precedentemente, si bien ha sido reconocida la presencia de la actora en el local de la demandada y demostrado el accidente sufrido, por el contrario no ha sido demostrado en la causa, que en el piso del supermercado se encontrara algún líquido o sólido derramado y que ello fuere la causa eficiente de la producción de los daños.

Conforme lo expuesto y, más allá de compartirse o no la decisión final del pronunciamiento en recurso, éste se mantiene como acto jurisdiccional válido, por lo que si mi voto resulta compartido por mis distinguidos colegas de Sala, corresponde el rechazo del recurso en examen.

2) Recurso de Casación:

Las consideraciones expuestas en el recurso de Inconstitucionalidad han sellado la suerte del recurso de Casación, desde que como se expresó, la recurrente no logró acreditar la circunstancia invocada por ella, referida a la presencia de un líquido viscoso en el piso, cuestión que a ella correspondía probar.

Por las razones expuestas corresponde rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y de Casación articulados.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 10 de marzo de 2.011.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, RESUELVE:

I. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 16/35 vta. de autos.

II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida (art. 36 y 148 del C.P.C.).

III. Regular los honorarios profesionales devengados en esta instancia de los Dres. Gustavo GAZALI y Anabel GAZALI, en la suma de en la suma de pesos MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 1.430) en conjunto; Hebe R. MOYANO y María Silvina GARCIA CERUTTI, en la suma de pesos CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($ 429) en conjunto; Luciano SUAREZ, en la suma de pesos MIL UNO ( $ 1.001) y Hermes Ariel SUIZER, en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) (arts 15 y 31 L.A).

Notifíquese.

Ng DR. FERNANDO ROMANO DR. JORGE H. NANCLARES CONSTANCIA: Que la presente resolución es suscripta sólo por dos miembros del Tribunal, en razón de encontrarse vacante una de las Vocalías de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 10 de marzo de 2.011.