marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: LABORAL
Carátula: Brunesky, Alberto c/ La Segunda Coop. de Seguros Generales s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Habiendo quedado firme la decisión del tribunal a quo en cuanto desestimó la demanda deducida, se torna abstracto el tratamiento del agravio referido a la defensa de falta de legitimación.
Fuero de atracción, juicios universales, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Smar SAIC c/ Vaccaro, Conrado s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

No obsta a la operatividad del fuero de atracción del juicio universal, la circunstancia de tratarse de un juicio en etapa de ejecución de sentencia si el proceso reúne las condiciones exigidas por el art. 3284 del Código Civil.
Juicio de desalojo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chale, Omar Alfredo c/ Ponce, Carlos Daniel y Ledesma, María Inés s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

No es posible que la fiadora soporte las costas del trámite de desalojo ya que no reviste la calidad de parte demandada. De ningún lado surge que su domicilio fuera el mismo que el de los locatarios, ni constituyó alguno especial o convencional; y no puede alcanzarle la rebeldía decretada. Consecuentemente al no haber sido citada debidamente a juicio, no debe responder por las costas.-
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gudiño, Omar c/ Ligotti, Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

La existencia de la puerta abierta en un vehículo de transporte de pasajeros ha sido un factor concurrente en la producción del daño, pues si bien el mismo se originó principalmente en el obrar de un tercero y en la decisión de la propia víctima, al arrojarse del colectivo en movimiento en miras a evitar un robo, conduciéndola al desenlace de su propia muerte, ello no habría sobrevenido si el vehículo hubiera circulado con la puerta cerrada, pues la víctima no podría haber utilizado esa vía de escape y el hecho no hubiera acaecido. He aquí el nexo de causalidad adecuado entre la omisión del transportista y el obrar de un tercero, que contribuyen concurrente al daño, manteniendo parcialmente en pie la responsabilidad objetiva prevista por el art. 184 del Cód. de Comercio (art. 901 Cód. Civil).
Recurso extraordinario, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Britez Chamorro, Eligio s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El particular damnificado, salvo supuestos excepcionales, carece de facultades para interponer recurso extraordinario contra los pronunciamientos de las Cámaras de Apelación. Tal limitación deriva de lo prescripto por el art. 87 del Código de Procedimiento Penal, que enumera taxativamente sus facultades para intervenir en el juicio penal.
Impuesto sobre los ingresos brutos, anticipos impositivos, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Río de Janeiro 269  SRL s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

La decisión de limitar el curso de la actualización de la diferencia de anticipo del impuesto a los ingresos brutos correspondiente al ejercicio fiscal 1990 al 31 de Marzo de 1991 no se compadece con la solución normativa emergente del art. 10 de la ley 23.928, de su decreto reglamentario 529 y de la ordenanza fiscal 44.847, que conduce indudablemente a computarla hasta el 1ro. de abril de ese mismo año.
Responsabilidad médica, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: P.M.D. y U.L.M. s/ Estado Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2014-02-13

Debe rechazarse la acción por daños y perjuicios intentada, por los padres de un menor fallecido a causa de una enfermedad oncológica contra del Estado Provincial de Jujuy, cuyo reclamo se fundó en una deficiente atención brindada por el Hospital de Niños de la Provincia, pues de las pruebas analizadas surge que los profesionales intervinientes extremaron los medios para diagnosticar al niño correctamente, no demostrándose que su conducta haya sido la causa del daño, por lo que no existe relación de causalidad adecuada entre la muerte del menor y el obrar profesional, presupuesto imprescindible de la responsabilidad.
Robo, tentativa, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: M., H. A. s/suspensión del juicio a prueba c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-26

Explicó Divito que se le enrostra al imputado el delito de robo en grado de tentativa por lo que, en función del artículo 76 bis cuarto párrafo del Código Penal, para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, es necesaria la conformidad del fiscal y, en el caso, debido a que se opuso, corresponde analizar su motivación. Que el fiscal expresó que al carecer el imputado de un domicilio fijo por estar en situación de calle, era imposible el control pertinente. Al respecto analizó el vocal que el encartado aportó el domicilio de su padre, con quien dijo mantener contacto frecuente y dos números telefónicos mediante los cuales podría ser ubicado, razón por la cual la mera circunstancia de que se encuentre en situación de calle, no es un argumento pertinente para objetar la concesión ya que, bajo las circunstancias señaladas, el control podía cumplirse. Por ello, al no estar el dictamen fiscal debidamente motivado (art.69 CPPN) declaró su nulidad, así como también de la resolución recurrida por sustentarse en la falta de consentimiento de la fiscalía.
Beneficio de litigar sin gastos, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B., J.M. y Otra s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-10-09

El artículo 79 del rito, al mencionar los requisitos de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos, en su inc. 2°, determina que el solicitante debe ofrecer prueba que tienda a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. La carga de demostrar, a través del ofrecimiento y producción de prueba, la imposibilidad de obtener recursos o el nivel de ingresos y egresos del peticionante, se encuentra en cabeza de quien pretende que se le conceda el beneficio. Es esa parte la que debe ofrecer y producir prueba que logre convencer al sentenciante respecto del cumplimiento de los requisitos impuestos por el marco legal, tal como ha sido interpretado por la doctrina y la jurisprudencia, para la procedencia del beneficio en análisis.
Medidas cautelares, competencia contencioso administrativa, falta de notificación, gobernador, fiscal de Estado, medidas autosatisfactivas, defensa en juicio, debido proceso, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: B., M. R. s/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-06-30

"Obiter dictum", formulo una advertencia sobre la cuestión de autos donde a mi criterio ha existido un cierto abuso de jurisdicción por parte del Magistrado actuante, quien con el previo conocimiento, y reconocimiento, de su incompetencia en razón de la materia avanzó infundada e indebidamente en la realización de actos procesales tales como hacer lugar ("inaudita altera pars", aunque en principio el art. 198 del CPCCm así habilita a los jueces) a una "sui generi" medida cautelar autónoma y apercibir en los términos del art. 239 del C.P. a autoridades públicas para que se abstuvieran de cumplir con un deber que les impone el plexo normativo en vigencia de la Ley 391 y la Resolución Nro. 2288/93 del C.P.E., sin traer en tiempo y forma al "proceso" ni al Gobernador de la Provincia, ni a la FISCALIA DE ESTADO, con evidente compromiso inicial de la garantía de defensa, el debido proceso legal e inclusive la reglada igualdad ante la ley.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ENCISO, JUAN M c/ BASSO, DANIEL DOMINGO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA LABORAL- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 126 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-04

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el fallo de Sala -que revoca la sentencia de primera instancia, rechazando la pretensión de la actora de cobrar salarios adeudados por diversos conceptos e indemnizaciones y daños y perjuicios por la negativa de la patronal a extender los certificados del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo-, por cuanto los impugnantes omiten demostrar que la Alzada haya vulnerado en concreto normas y principios, o que hubiera excedido el límite de razonabilidad a que está subordinada la valoración de la prueba, limitándose su discurso a explicitar la mera disconformidad con las afirmaciones efectuadas por el Tribunal a quo cuando entendió que no se había acreditado concluyentemente que entre las partes hubiera existido relación laboral.
Acción penal, información sumaria
Materia: PENAL -PROCESAL PENAL
Carátula: ACTUACIONES    REMITIDAS    POR  EL  TRIBUNAL  DE  ENJUICIAMIENTO  DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS EN AUTOS: CAMPOS JULIO s/ INFORMACION SUMARIA - DESAFUERO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-01

El carácter asignado a la información judicial sumaria, no choca ni vulnera, ya que se dinamiza de otra manera por su razón de ser, carácter, objeto y alcance, con el sistema jurídico-procesal que sobre promoción y ejercicio de la acción penal, ha constituido nuestra ley procesal y que resulta, especialmente, de los arts.

1ro.( último dispositivo), 5, 8, 197 a 200, 70, 105 y 204 C.P.P., normas que reflejan los aspectos que, básicamente, hacen al nacimiento y desarrollo del proceso penal. Siendo así, uno de los puntos que en esa tarea de información sumaria, no podrán sobrepasarse es que no se produzca un pronunciamiento jurisdiccional sobre la responsabilidad penal. Esto es lo que surge de las atribuciones del poder judicial, claramente precisadas por el art.

130 de la Constitución de la provincia, en su 2da. cláusula.-
Accidentes de trabajo, gratificaciones, extinción del contrato de trabajo, enfermedad accidente, compensación
Materia: LABORAL
Carátula: LAZO, AMERICO c/ GRAFA SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

La gratificación especial otorgada por la demandada con motivo de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo no puede ser compensable con la enfermedad accidente reclamada por el trabajador, pues la ley 24028 afirma enfáticamente el principio de irrenunciabilidad de derechos (art.13) y para más, en el caso, se trataba de una liberalidad que no guardaba relación alguna con la incapacidad concreta y previamente establecida. (Del voto del Dr.

Fernández Madrid, en mayoría).
Pago de la remuneración, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Bernabé y otros c/ Cooperativa  Agrícola  Ganadera  y  Forestal  Pirane Ltda. y/u otros s/ Reclamo laboral Ganadera  y  Forestal  Pirane Ltda. y/u otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-17

Puede el juzgador privar de eficacia cancelatoria al recibo sólo cuando su examen correlacionado con otros elementos, cree dudas acerca de la realidad del pago o sea imposible su imputación y, en definitiva, cuando surja la probabilidad de que el dato omitido o la falta de correlación con la restante documentación del empresario, traduzcan una maniobra fraudulenta en perjuicio del trabajador
Competencia por la materia, competencia contencioso administrativa, obligaciones de dar sumas de dinero, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: SÁNCHEZ CARLOS DOMINGO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-02-17

Es criterio de éste Tribunal que sólo debe decidirse sobre aquello que respecta a la materia contencioso administrativa.

Por lo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero, como sucede en el caso de autos, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial.

El actor peticiona que se le abone la liquidación final a la que alude en sus escritos, tanto los presentados en sede judicial como aquellos correspondientes a la administrativa, lo que se traduce en el pago de una suma de dinero, ante lo cual este Tribunal resulta incompetente para entender en los presentes actuados, ya que el objeto de la demanda escapa a su competencia.

La presente acción no constituye materia contencioso administrativa de conocimiento originario y exclusivo de este Tribunal Superior de Justicia (art. 132, inc. 2 de la Constitución Provincial), debiendo declararse la incompetencia en razón de la materia, declarando formalmente inadmisible la demanda contencioso administrativa interpuesta.
Accidentes de trabajo, daños y perjuicios, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: TRANSPORTES PAMPEANOS S.A.C.I.I.F. y A c/ SERVOIL S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-09

1- Para la apreciación de la cosa juzgada el juez no debe sujetarse a un criterio rígido, ya que las tres identidades que generalmente se exigen (sujetos, objeto y causa)no tienen una incidencia igual en todos los casos, ni constituyen una cuestión ineludible, ni aparecen exigidas en disposiciones de fondo o de forma.

2- Ello, aun cuando el objeto del reclamo y los sujetos no se correspondan entre ambos procesos y lo único coincidente sea la causa petendi -en el caso accidente de trabajo generador de daños por el que se reclama el reintegro de sumas abonadas-. Porque lo importante es que, examinada la cuestión integralmente, pueda caracterizarse a la pretensión deducida como coincidente con una situación fáctica o jurídica ya resuelta por el órgano jurisdiccional, criterio recibido por el art. 347, inc. 6 del Código Procesal, reformado por la ley 22.434.

(Sumario N°19431 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura, seguros, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Mario c/ De Figueiredo, Meireis y otro s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La anulación de la póliza por falta de pago de la prima se erige como cláusula de exclusión de cobertura a la fecha del siniestro al configurarse el supuesto de ausencia de cobertura o de no seguro.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Mevopal  S.A.  y otra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La circunstancia de que la resolución N. 63/87, que determina el monto mínimo para acceder a la tercera instancia ordinaria fuera publicada en el Boletín Oficial con posterioridad a la fecha de interposición del recurso, no impide que dicho acto administrativo de alcance general, destinado a integrar un texto legal en vigencia (art. 4 de la ley 21.708) pueda regir para el caso, cuando surgía de modo inequívoco tal intención de la Corte, al establecer de modo expreso que la determinación se hacía para el período dentro del cual tuvo lugar la apelación y la resolución 487/86 que la precedió ya había consumado su lapso de vigencia en fecha anterior a la de la interposición del recurso.
Relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: G., F. M. c/ I., E. A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-15

Nuestro Superior Tribunal provincial ha sentado claros principios interpretativos sobre el tópico, al sostener que la prestación de servicios en los términos del art. 23 de la ley de Contrato de Trabajo debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo.

La carga probatoria acerca de este extremo, en caso de ser negado el vínculo laboral, pesa naturalmente sobre la parte actora (arg. art. 381 C.P.C.C. apl. seg. Arts. 44 y 73, Ley XIV N° 1) y no resulta alterada por esta presunción, sino que precisamente es una condición de procedencia para que la misma cobre operatividad. Así lo ha sostenido asimismo el máximo Tribunal provincial al resolver que no basta que el agente acredite haber realizado tareas si no demuestra además la existencia de una subordinación jurídica con la demandada.
Lavado de activos, perspectiva de género, sentencia absolutoria
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-28

Para determinar la participación en el delito de lavado de activos por parte de las hijas del principal imputado la acusación debe probar su efectivo involucramiento. La condena de ambas mujeres sin acreditar ese aspecto constituye una errónea aplicación del derecho que se traduce en violencia contra la mujer y su revictimización.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compagnucci, Humberto José c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

Si el Instituto de Previsión no cumplió con su obligación de mantener actualizado el importe del beneficio del demandante y este se mantuvo inactivo hasta el momento en que reclamó que se reparase la situación,las diferencias devengadas desde dos años antes a esa fecha prescribieron por imperio de lo normado en el artículo 56 del decreto ley 9650/80, dado que en esta materia es al acreedor al que le corresponde poner de manifiesto a través de actos formales y auténticos,la intención de no permanecer remiso para el cobro de su crédito.
Régimen penal tributario, obligación tributaria, extinción de la acción penal, pago parcial
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: CARRANZA, DANIEL A. Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 862
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-28

No se extingue la acción penal en la ley penal tributaria, en los casos de cumplimiento parcial de las obligaciones fiscales o previsionales. (Del voto del Dr. Tragant).
Competencia por el territorio, competencia provincial, defraudación, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito adulterada, comienzo de ejecución del delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Quiroga, Valeria Analía s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

Si de las constancias del incidente resulta que la maniobra defraudatoria- copia de datos para confeccionar tarjetas de crédito mellizas, a raíz de lo cual los titulares de las mismas desconocieron operaciones de compra realizadas en distintos comercios de la ciudad y del territorio bonaerense, que habían sido incluidas en sus resúmenes de cuenta mensual- tuvo principio de ejecución en provincia, con el despliegue engañoso dirigido a la obtención de dichos datos, corresponde a la justicia local conocer en las actuaciones.

-De la Competencia Nº 1249, XLI "López, Santiago Alberto s/ delito de acción pública", del 20 de diciembre de 2005, a la que la Corte remite.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, incapaces de hecho, asesor de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAPES, Alberto Horacio y Otro c/ IBAÑEZ, Alicia Leonor y Otros s/ EJECUCION DE HONORARIOS (INCIDENTE)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-21

El convenio mediante el cual se reconoce a favor de los letrados un porcentaje de las sumas que le corresponde percibir a un incapaz en concepto de indemnización por daños y perjuicios, implica un acto de disposición del eventual capital de aquél, lo cual requiere la intervención del Asesor de Menores y la pertinente autorización del juez.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, recurso de apelación (procesal), liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ozafraín, Horacio M. y otros c/ BCRA. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Si lo referente a la determinación del importe del crédito sólo había sido objeto de apelación por parte de los actores, quienes pretendían que se fijase un monto superior al establecido por la sentencia del juez de primer grado, es descalificable lo decidido en cuanto impuso un método de cálculo distinto, determinando una disminución del importe reconocido.
Acceso a la justicia, tasa de justicia, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marone, Héctor c/ Allois, Verónica D. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Si se quiere ver en el proceso judicial un hecho imponible, la manifestación de ese hecho no debe ubicarse en el inicio del pleito sino con el dictado de la sentencia, momento en el cual el Estado podrá hacer efectivo el gravamen de quien correspondiere, según la imposición de costas (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, índice de corrección
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "RUTOWICZ, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-12

Conforme los argumentos vertidos por el voto de la mayoría en autos "García, Norma Concepción" (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 16.08.07), y a fin de tornar operativa la movilidad del haber previsional del peticionante devengada desde el 01.04.95, resulta válido remitir -en lo sustancial- a los lineamientos establecidos por el voto mayoritario del Tribunal en los precedentes "Sirombra, Lucía Elvira" y "Rueda, Roberto" (ambas falladas el 14.09.05), que ordenó calcularlo y liquidarlo semestralmente a partir de enero de 2002, en base al incremento del Promedio de Remuneraciones, pero, a diferencia de lo decidido en los citados casos (en los que se descargó sólo el 70% del aumento de la pauta de ajuste escogida en atención a la emergencia declarada), en autos corresponde aplicar -en su integridad- la variación habida en el Promedio de las Remuneraciones declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, porque la evolución de los parámetros macroeconómicos y sociales no legitiman, al presente, quita alguna.

El baremo escogido es -en el actual contexto- por su naturaleza y continuidad, el apropiado para ser considerado el piso mínimo de la mentada movilidad de los haberes regidos por el art. 7, ap. 2 de la ley 24.463, pues traslada a los ingresos de pasividad -de manera paralela y simétrica- el incremento del Promedio de las Remuneraciones que sirven de base a la recaudación previsional, lo que permite dar a las mismas un tratamiento semejante al de otros beneficios regidos por leyes especiales (por caso, 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018). En consecuencia, el titular -en el caso, obtuvo la prestación previsional con arreglo a la ley 24.241- será acreedor de la diferencia (con sus intereses) que surja -para cada período semestral sujeto a reliquidación- del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido. Vale decir entonces, que la movilidad así dispuesta absorbe los aumentos ya aplicados (en el caso, por tratarse de una prestación cuyo importe devengado para enero de 2007 ya fue incrementado en un 25,43% -art. 1 del Dec. 764/06 y art. 45 ley 26.198-, le resta percibir al actor por la movilidad devengada durante el período en tratamiento, una diferencia acumulativa del 65,41% sobre lo ya abonado para completar la pautada por este pronunciamiento -para ese mes- en el 107,48%). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).