marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de revisión (procesal), avocación jurisdiccional, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, J. R. s/ RECURSO REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-15

Aunque no esté el acto recursivo dirigido expresamente en el sentido apropiado, -es decir en el de que se trate de un caso en el que una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se consideraba como tal, o haya disminuido su penalidad-, siendo notable que la voluntad del recurrente apunta a la revisión de su condena para obtener la rebaja de la pena, el principio "iuria novit curia" posibilita la procedencia del avocamiento del Tribunal de Alzada en esas condiciones, máxime por el beneficio que puede favorecer al reo y la disposición específica del dispositivo procesal penal del art. 551, inciso 4, habida cuenta de la actual vigencia de la ley 21.338, que derogó las disposiciones de los arts.

33 a 40 del dec. ley 6.682/58.-
Acción de amparo, establecimientos educacionales, facultades disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battiato, Diego Sebastián; Radi, Diego Germán s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-25

La comunidad educacional del Instituto demandado, en el caso, de enseñanza católica, opera en el marco de los lineamientos trazados por el reglamento al que, padres y alumnos se han sometido al incorporarse los menores al mismo. Este se ha ocupado de describir las sanciones para el caso de inconductas, y la facultad de aplicarlas dentro de un razonable marco de discreción, pertenece a las autoridades del Colegio.
Despido con causa, carga de la prueba, pérdida de confianza, principio protectorio, principios laborales, interpretación restrictiva, interpretación y aplicación de la ley, subsistencia del contrato, control de razonabilidad, empleados de banco
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rossi, Sergio Guillermo  c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-28

En el caso, es claro que la causal principal argüida como injuria es la pérdida de confianza que ocasionó al NBERSA el proceder del trabajador. Corresponde entonces evaluar si la sanción aplicada es razonable. En mi modesto entender, el Banco no demostró la existencia de la justa causa invocada. Y, si -por hipótesis- consideráramos que así no fuera, el hecho principal imputado no resulta, en el contexto de los 28 años de relación laborativa habido entre las partes, de gravedad tan extrema que justifique la premura y atolondramiento exhibido por el Banco para desprenderse del actor. La medida de despido, tal como la tomó, no aparece en absoluto razonable y por ende tampoco podría ser avalada por la Justicia. Por otro lado, poniendo el enfoque en la cuantia del supuesto faltante cabe reflexionar: la vez anterior a una clienta le faltaron $ 1000 y al cajero lo suspendieron por 5 días. Ahora, cuatro años después, a una clienta le faltan $ 100 y al cajero lo despiden. Este proceder, ¿no tortura el sentido común? (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Verrastro c/ Antista s/ Disol.Soc.conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

El reconocimiento a la sociedad conyugal del valor de las mejoras se resuelve en un crédito o recompensa de la sociedad contra el cónyuge propietario en oportunidad de liquidarse aquella. Tratándose eventualmente en el caso de una mejora que habría pasado a constituir un cuerpo inseparable del inmueble original, éste no puede ser por ello reclamado como integrante del acervo de la sociedad conyugal. En todo caso cabría a la esposa reclamar el pago de un crédito emergente a la masa ganancial por cierto unido a la alegación, oportuna sustanciación y prueba del origen y razón de ser de dicho crédito. En consecuencia, y por lo expresado, estimo deberá confirmarse la sentencia recurrida, en lo que ha sido motivo del agravio.
Derecho constitucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO NICOLAS DANIEL c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02

En definitiva, puede el accionante acudir a la vía contencioso administrativa sin que se advierta que ello signifique una mengua o una afectación de su derecho a la tutela judicial efectiva, más aún cuando la misma Ley 1.305 habilita la petición de una medida cautelar con carácter previo a la promoción de la acción.
Revisión judicial, accidentes de trabajo, constitucionalidad, juicio ordinario
Materia: LABORAL
Carátula: Sviluk Ivana Mariel c/ Experta ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-20

La vía recursiva expresamente contemplada por el art. 2 de la ley 27.348 para obtener la revisión judicial que se adopte en el ámbito administrativo, excluye toda posibilidad de que la revisión pueda canalizarse a través de una demanda ordinaria autónoma como la que el actor intenta en el caso. Las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de dicha ley reúnen los requisitos de independencia e imparcialidad requeridos. Asimismo, el procedimiento administrativo asegura que el trabajador cuente con asistencia letrada, y en lo esencial otorga la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan tanto la comisión médica local, como la Comisión Médica Central. La norma adjetiva en cuestión no restringe el derecho a una revisión judicial de lo que eventualmente se decida en sede administrativa, sino que difiere ésta por un lapso prudencial en el supuesto de existir agravio a una etapa procesal posterior. En definitiva, la normativa cuestionada no priva al litigante del acceso a la justicia ordinaria por lo que no se advierte afectación a garantía constitucional alguna. Y en el caso, la recurrente no expuso argumentos que permitan verificar el menoscabo que habría originado la aplicación de la disposición cuestionada sobre derechos constitucionalmente garantizados, por lo que su petición aparece como una invocación genérica de agravios conjeturales, desprovista de argumentos que justifiquen la descalificación constitucional perseguida.
Defraudación fiscal, retenciones impositivas, agentes de retención
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Sancor Cooperativas Unidas Limitadas c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

La acción típica de la defraudación fiscal consiste en omitir ingresar al Fisco los impuestos efectivamente retenidos, recaudados o percibidos en calidad de agentes de retención, de recaudación o de percepción respectivamente, manteniéndolos en su poder luego de vencido los plazos de vencimiento de la obligación. Es decir que las condiciones para la configuración de este ilícito son: la efectiva realización de la retención; la omisión de ingreso de las sumas retenidas y el mantenimiento en su poder de las sumas retenidas Votos: Dra. Day y Dr. Llorente.
Fertilización asistida, derecho a la vida, salud reproductiva y sexualidad, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: M. V. M. c/ I.S.S.N. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-21

Como todo derecho humano, el derecho a la salud y también el derecho a la salud sexual y reproductiva imponen a los Estado tres tipos de acciones: las de respetar, proteger y cumplir (promover). Y es, justamente, en cumplimiento de tales obligaciones que los poderes de Estado (del que no está ajeno el Poder Judicial) deben adecuar su actividad para que, dentro del marco normativo vigente se concrete la realización de los derechos humanos en cuestión.
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: García Loreto Floricel c/ Concejo Deliberante de Colonia Polona s/ Plantea Conflicto art. 149 - Ley 257 Amarilla Leopoldo V. y otro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Olivera, Juan Ramón s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-06-23|1989-07-27|1990-03-29

Una impugnación constitucional en términos abstractos es ineficaz, al igual que la simple reserva del caso federal, para ocurrir oportunamente ante la corte.
Juicio de desalojo, relación de dependencia, competencia por la materia
Materia: CIVIL -LABORAL
Carátula: SOAJE ALEJANDRO c/ SOAJE PEDRO s/ DESALOJO - RELACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-18

El empleador que ha conferido a su empleado, como consecuencia del contrato de empleo, el uso de una cosa inmueble, tiene acción de desalojo para obtener la restitución de la misma, aunque haya plazo y aunque la relación laboral no se haya disuelto y el juez competente para conocer de ellas es el juez civil, correspondiéndole al fuero laboral decidir lo que corresponda respecto al incumplimiento del contrato.

(Voto del Sr. Vocal, Lisandro Novillo Saravia).
Lucro cesante, daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berducci, Héctor César c/ Gerling, Ricardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Si la incapacidad reconocida y establecida es del 100 (cien) por ciento, cubre todos los aspectos posibles referidos a la persona (laborales, sociales, culturales, etc.) y en grado total. Esta totalidad o globalidad de la incapacidad y de la indemnización respectiva, no deja margen alguno para un supuesto lucro cesante, que resulta -por fuerza de las cosas- subsumido en el daño reconocido y su reparación. Si la pérdida es total, resulta arbitrario o caprichoso determinar un lucro cesante, sea por un lapso de doce meses (como en el caso) o por cualquier otro (arts.

1068, 1069, 1083, 1086 Cód. Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, daño moral, valor vida, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: PANTUZZO DE ACUÑA, IRIS c/ ORTIZ, MARIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-26

Habiendo acaecido un accidente de tránsito, resulta improcedente que el accionado propicie la aplicación de la ley 24283, cuando como en el caso- no pretende su aplicación respecto del monto del capital de la condena sino respecto a intereses, y más aún, si las reparaciones otorgadas responden a rubros como "daño moral" y "valor vida", puesto que no pueden ser asimilados a cosas, bienes o prestaciones a las que puedan efectuárseles un seguimiento de la evolución temporal de sus precios en razón del origen que tienen, entendiéndose por este último la pérdida de la vida de una persona, o el dolor que tal pérdida causa a los accionantes.
Inadmisibilidad del recurso, falta de acción, resoluciones irrecurribles, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de queja  (Registro N° 511/17,4)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-15

Es inadmisible el RE deducido contra la denegatoria de la queja por el rechazo del planteo de excepción de falta de acción por inexistencia de delito si lo resuelto no se dirige contra la sentencia definitiva de la causa ni equiparable a tal, el escrito presentado no está suficientemente fundado y no se ha demostrado la existencia de cuestión federal o arbitrariedad. (Dres. Hornos, Borinsky, Catucci).
Pensiones, modificación del haber de pensión, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: Bikowsky, Julia Rosa c/ A.N.SE.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-03

El derecho al reajuste no se extingue con la muerte del beneficiario. Ello, claro está, sin perjuicio de la prescripción del derecho al cobro periódico de los haberes correspondientes.
Acción de amparo, instancia administrativa previa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-12-07

El art. 43 de la Const. Nacional establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, es decir, una norma procesal, mientras que en nuestro Código Procesal Civil y con anterioridad a la constitución de 1994 se establecía en el art. 379 y sgs., el juicio de amparo y los requisitos para su pertinencia.

El hecho de que en el texto constitucional no se establezca como requisito de admisibilidad, la instancia administrativa (resulta en extremo lógico porque un texto constitucional no puede ni debe hacer este tipo de precisiones) no hace que esta tenga exigencia, incluida en nuestro Código Procesal, devenga inconstitucional a partir de la reforma del año 1994. Ambas normas de distinto rango, no implican contradicción alguna en sus términos, sino por el contrario complementariedad.
Accidente de tránsito, responsabilidad del Estado, empleados públicos, choferes
Materia: CIVIL
Carátula: PICCINI, SILVIA SUSANA Y OTRO c/ LA RIOJA, PROVINCIA DE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Que el automotor oficial no se encontraba en servicio al momento del hecho, no es óbice para admitir la responsabilidad del Estado, pues aunque el conductor abusó de sus funciones, es indudable que de no haber sido chofer de la demanda, no habría podido retirar para su propio uso el vehículo con el cual causó el daño.
Juicio correccional, recurso de reposición (procesal), trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: B., J. M. s/ Homicidio culposo - Lesiones leves y graves culposas - Procesamiento  (Expte. Nro.146-00, Resolución Nro. 94, Tomo 56, Folio 254/255)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-25

El recurso de reposición contra el decreto del juez correccional que dispone el procesamiento del imputado, debe sustanciarse con las partes, conforme el trámite indicado por el art. 418 C.P.P. -3er.

párrafo-, referente a recursos que dependen de hechos controvertidos, y la decisión del mismo debe plasmarse mediante auto fundado (art. 125 del CPP y 95 de la Constitución Provincial). Así se ha resuelto en diversas oportunidades, a partir del auto nro.

44/86, in re "Cartuelli, Eugenio s/ Amenazas".
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sacchi c/ Butilea s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Quien con motivo de un accidente de automotor pretende el resarcimiento por el lucro cesante adquiere la carga de la prueba, no específicamente y en forma exhaustiva de las ganancias que dejo de percibir, pero si la acreditación de la dedicación y constancia del empleo del rodado para fines lucrativos.
Sellado judicial, escritos judiciales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ROMALAT S.R.L. c/ Rutter, Daniel Alberto s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-27

El accionado fue debidamente intimado a la reposición del sellado forense, bajo apercibimiento de desglosar su presentación, habiendo repuesto no solo erróneamente 2 U. F. (correspondiente al juicio ejecutivo y al sumarísimo) sino que también lo hizo extemporáneamente, pues ya había vencido el plazo señalado para su reposición.

El procedimiento a seguir en caso de no cumplir con la reposición de sellado correspondiente es el determinado en el Código Tributario, por lo que el apercibimiento impuesto no ha sido una decisión arbitraria.

Le cabe al demandado asumir las consecuencias de la inobservancia del proveído judicial que ordenó la reposición de sellado en un plazo perentorio.-
Recurso extraordinario, depósito previo, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: Larrosa Rovitto, Diego Ernesto c/ De Martino Antonio Conrado y otros s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

Cuando el recurso extraordinario persigue la defensa de intereses propios de cada uno de los recurrentes sustentados en pretensiones aut¢nomas, sin que entre estos litigantes se conformare un litisconsorcio necesario, corresponde a cada uno de ellos efectuar el dep¢sito previsto por el art. 286 del C¢digo Procesal Civil y Comercial de la Naci¢n, sin que excuse esa obligaci¢n la circunstancia de haberse interpuesto la apelaci¢n en un escrito conjunto y ser tambi'n una la presentaci¢n mediante la cual se promueve la queja tras la denegaci¢n del recurso extraordinario.
Tentativa, comienzo de ejecución del delito
Materia: PENAL
Carátula: LUCERO, Jorge Mario y De los Ríos, Martín Alejandro s/ por tentativa de robo agravado en perjuicio de Transporte Carbajal S.A. - Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-07-31

La acción de seguir un camión y hacerle señas con un arma a los ocupantes para su detención (sin ningún otro aditamento o conducta inequívoca) no puede constituir comienzo de realización del verbo típico "apoderarse".

Adviértase que el magistrado ni explica ni demuestra de donde surge "el fin evidente de apoderamiento". Dentro de la tentativa, el elemento objetivo significa que el autor deber haber alcanzado en el iter criminis la etapa de los actos de ejecución, puesto que solamente tales actos pueden efectivamente dar lugar a un verdadero conato.

Comenzar la ejecución no significa hacer una acción cualquiera dentro del ámbito de la figura de ese delito (acto preparatorio), sino iniciar la acción principal en la que el delito consiste.

Y así, las acciones preparatorias -es decir, aquellas actividades que por si mismas son insuficientes para mostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito determinado y para poner en peligro efectivo un bien jurídico determinado- no resultan (por regla general, con algunas excepciones) reprochables penalmente, ni punibles.

En este caso, no pude afirmarse que hubo comienzo de ejecución de apoderamiento ilegítimo de efectos de propiedad de la empresa de transportes o de los ocupantes del camión distribuidor como erróneamente se concluye en la sentencia, puesto que lo evidenciado por De los Ríos (como acto externo de solamente seguir y hacer detener el camión exhibiendo un arma) objetivamente no delata su vinculación (ni inmediata conexión) en el hecho delictivo de robo enrostrado.

En éste orden de ideas, perfectamente se podría elucubrar cualquier otra finalidad delictiva; cuestión que a todas luces aparece improcedente dentro del debido proceso.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, cuestiones procesales, defectos en la consideración de extremos conducentes, apreciación de la prueba, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Salud de la Nación, la ANMAT y la ANLIS (personería unificada) en la causa García, Facundo Nicolás y otros c/ Municipalidad de San Isidro y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Si bien los agravios referidos a la cuestión relativa a la responsabilidad imputada a las apelantes, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a tal principio si el a quo omitió tratar aspectos conducentes para la correcta solución de la causa, lo que se traduce en una inadecuada ponderación de la prueba producida en autos y en un evidente menoscabo de la garantía de defensa en juicio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Hábeas corpus, detención, amenazas, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Lara, María Verónica s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Al considerar que los hechos denunciados no constituían un caso de privación de la libertad, por no demostrarse la "existencia fáctica de la detención de los presentantes", el tribunal excluyó los supuestos de "amenaza", que el art. 43, último párrafo, de la Constitución Nacional y el art. 3, inc. 1, de la ley 23.098 incluyen dentro del ámbito de aplicación del instituto del hubiste corpus, sin efectuar un mínimo examen acerca de si esta última situación se verificaba con respecto a todos, algunos o ninguno de los presentantes.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, concursos, incidentes, recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bertran s/ Quiebra. Impugnación informe síndico (Promovida por el Banco Nacional  de Desarrollo). La cuestión a resolver es: Procedencia de la Apelación  interpuesta contra la decisión que pone fin al Recurso de Revisión previsto por el artículo 38 de la ley 19551 (Tribunal pleno).  (Expte. Nro. 119-80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1983-03-22

Por la norma que surge de los artículos 303 y 308 de la Ley Concursal, así como de las particularidades del procedimiento del instituto concursal, debe tomarse como pronunciamiento la permisividad de la apelación de la resolución que acaba con el trámite de la revisión del artículo 38 de la ley 19551. (Voto del Dr.

Dedomenici Sánchez).
Medidas cautelares, embargo, depreciación monetaria, actualización monetaria, tercero adquirente de buena fe, valor nominal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA SA c/ ALMEIDA, RAUL Y OTROS s/ COBRO DE PESOS     (LEVANTAMIENTO    DE   EMBARGO  Y  ACTUALIZACION  DE  CAPITAL)     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 130-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26

El nuevo titular de un inmueble embargado, dispone de parámetros públicos y objetivos con los cuales es posible determinar la depreciación que ha experimentado la suma por la que se ordenó y registró el embargo; por eso, en razón de la buena fe y de los comportamientos previsores que exige el derecho, no puede liberarse a aquél que se anotició del embargo, de la significación real del mismo.
Acción privada, audiencia de conciliación, diputados, inmunidades parlamentarias, desafuero
Materia: PENAL
Carátula: Varela Cid, Eduardo s/ Calumnias e injurias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-20

El Juez de la causa, dada la índole privada de la acción deducida, no se halla habilitado para realizar de oficio actividad instructoria alguna tendiente a la averiguación de los hechos atribuidos y no es dable, siquiera, la convocatoria a la audiencia previa de conciliación que exige el art. 591 del C.P.M.P. , por cuanto ello importaría vincular al querellado a la causa en calidad de sujeto de la acción penal, lo que se halla vedado por preceptos constitucionales.

Por consiguiente si el imputado reviste la calidad de diputado, corresponde que previamente la Cámara Legislativa correspondiente declare si procede el desafuero a fin de la prosecución de la causa (art. 62 de la C.N. ).
Coparticipación de impuestos, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RIO COLORADO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY 2475)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-18

Las denominadas leyes-convenio o leyes-contratos conllevan habitualmente un sentido de adhesión al régimen que tales ordenamientos pautan. Y ese concepto de adhesión no puede implicar de modo simultáneo una declinación total de la facultad legislativa que es propia del Poder Legislativo y que, enfocada desde la perspectiva del art. 231, 2do párrafo, CP, puede considerarse una razonable limitación contractual y legal pero no una exigencia que pueda derivar hasta en una imposibilidad de normal funcionamiento en el orden fiscal provincial.