Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.430 CAUSA NRO. 7.220/08 AUTOS: "CALCAÑO MARIA CECILIA C/ AMADO SILVINA ALEJANDRA Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 8 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Febrero de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.301/302 apela la codemandada INC SA, presentando su memorial a fs.314/316. El perito contador apela sus honorarios a fs.309, y la representación letrada del actor a fs.307vta., en ambos casos por considerarlos exiguos.

II)- INC SA se queja por haber sido declarada responsable en forma solidaria del pago de los créditos derivados de la relación laboral que Calcaño mantuviera con Amado, locataria de un establecimiento dedicado a la actividad de peluquería que funcionaba dentro del hipermercado que la primera explota en Av. Gral. Paz 12.950, de esta Ciudad. Destaca que los servicios de peluquería no forman parte de su actividad normal y específica propia, como lo exige el art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni tampoco pueden ser calificados como actividad secundaria o accesoria, a la par que insiste en haber celebrado un contrato de locación con Amado, argumentando sobre la necesidad de fijar pautas relativas a horarios, pago común de tasas y contribuciones fiscales, y la modalidad del canon locativo. Apela los honorarios regulados a la representación letrada de la actora, por considerarlos elevados.

III)- Memoro que la actora se desempeñó a las órdenes de Amado -quien se encuentra rebelde en los términos del art.71 de la LO- en el local que ésta alquilaba a Carrefour Argentina SA -hoy INC SA-, para brindar servicios de peluquería, ubicado en el predio que explota esa firma en la localidad de Mataderos. El contrato de locación luce agregado a fs.51/63, y fue analizado por el Juez "a quo", quien tuvo especialmente en consideración las cláusulas 2.2.3, 3.3.1, 3.3.16, 3.3.19, 9.8.1 y 9.8.2. La primera se refiere a los horarios comerciales durante los cuales debe funcionar el local alquilado; las dos siguientes, a la fijación del precio de la locación -una porción fija y otra variable determinada en función de la facturación bruta total mensual- y a la información periódica (semanal) que debe suministrar la locataria a la locadora para verificar esta última circunstancia. Respecto de estos elementos, he tenido ocasión de señalar al votar (en minoría, aunque con otra integración de Sala) en la causa "Ruffo, Flavia Sofía c/Real Nicolás Maximiliano y otro s/despido" (SD 86.334 del 22/12/2010), en cuanto se refiere a una tipología contractual que presenta similitudes con la presente -en aquel caso, contrato de "Shopping center"-, que ".una porción del canon locativo es calculado en base a la facturación del comercio de que se trate; el compromiso del locatario de participar en promociones y publicidad colectivas; pautas organizativas propias de una comunidad de locales comerciales, tales como el horario en que se extiende la atención al público. No obstante las discusiones que se han generado en torno de la naturaleza jurídica de esta tipología contractual, estimo que la circunstancia de que una porción del canon locativo consista en un porcentaje determinado de la facturación del locatario, no convierte a este contrato en uno de carácter asociativo. Comparto así lo expuesto por Borda en el sentido de que en la concepción moderna de la locación, basta con que el precio del alquiler sea determinado o determinable en dinero y perfectamente pagadero en especie (ver Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil, Contratos", Tomo I, Séptima Edición, 1997, pág. 409, citado por Mazzinghi, Marcos, "Responsabilidad de los locadores de inmuebles situados en shopping centers", LA LEY 2008-B, 290).". Sin embargo, en el presente observo ciertas aristas disímiles de aquel precedente, que me inclinarán a concluir de manera diversa. Me permito detenerme en las cláusulas individualizadas como 3.3.19, 9.8.1 y 9.8.2, sobre cuyo análisis nada se ha señalado en el memorial recursivo -circunstancia que indica que este segmento de la apelación se encuentra desierto por no cumplir con lo normado por el art.116 de la LO-. La primera prevé la facultad de la locadora de realizar el "inventario físico de la mercadería y presenciar la negociación y documentación de las operaciones de venta dentro del Salón Comercial. a cuyo efecto el locatario la autoriza desde ya a instalar la o las personas o los mecanismos que estime convenientes o necesarios para llegar a cabo las tareas de averiguación y fiscalización."; las siguientes se refieren a multas por mora en el inicio de las actividades comerciales, la violación de los horarios de apertura y cierre del salón comercial, y me permito destacar la cláusula 9.8.3, referida a la falta de atención "a los requerimientos de la Locadora referidos al salón comercial, tales como su presentación, decoración, limpieza, mantenimiento general, instalaciones incompletas o en deficiente estado.", lo cual genera la multa allí especificada. Estas facultades de fiscalización, que contemplan un abanico de elementos que hacen al giro comercial del inquilino y a su actividad misma -inventario de mercaderías, presencia directa para controlar operaciones de venta, inicio de la actividad comercial (lo cual entiendo referido a la obtención de la habilitación para llevar a cabo el giro comercial de que se trate, en correlación con la lectura de las cláusulas 6.4 y 6.5), y aspectos estéticos y de conservación del interior de local alquilado-, implican una injerencia que excede la cesión bajo un contrato de locación, de un espacio físico ubicado dentro de un predio destinado en su mayor proporción a la actividad comercial del hipermercado, y el mero control sobre la documentación relativo a la facturación del locador en función de la porción variable del canon locativo, e implican, como señalara el Juez "a quo" con criterio que comparto, la utilización de dicha forma contractual para encubrir los reales fines de la empresa. Esta simulación me inclinaría a aplicar otra norma jurídica (art.14, LCT), mas como ello significaría una "reformatio in pejus" para la apelante, por estos fundamentos, propondré confirmar el temperamento adoptado en origen, sustentado en el art.30 de la LCT.

Por ello, y con arreglo a reiterada jurisprudencia de la CSJN que determina que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132 y otros), propondré desestimar la queja.

IV)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido a la representación letrada de la actora y al perito contador, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que los correspondientes a la primera lucen adecuados y que los segundos son reducidos y deben ser elevados a $1.800 (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57).

V)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios salvo los honorarios de la perito contadora que se elevan; b)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio de la actora y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Coincido con lo expuesto por mi distinguido colega Dr. Julio Vilela acerca de que el presente caso presenta connotaciones particulares. Ello así por cuanto como Jueza a cargo del Juzgado de Trabajo nº 25 tuve oportunidad de expedirme acerca de la responsabilidad solidaria de un shopping cuya actividad era la explotación de inmuebles propios vinculado a otra codemandada q	ue comercializaba artículos de librería mediante un contrato de locación. Rechacé esa pretensión pues ambas empresas tenían actividades diferentes y sólo se hallaban vinculadas mediante un contrato de locación, insuficiente para comprometer la responsabilidad de la locadora (v. Expte. 6541/2005 "Deluca Daniela Vanesa c/ Produmedia S.A. s/despido" S.19438 del 20/06/07). Sin embargo, en este caso, tal como bien lo señala el Dr. Vilela, la injerencia de la locadora en las actividades comerciales de su inquilino que surgen de las cláusulas contractuales examinadas, permite con claridad vislumbrar la utilización de una figura jurídica para encubrir los fines reales de la empresa, aspecto que señaló el Sr. Magistrado de la instancia anterior.

Por las consideraciones expuestas, comparto y adhiero a la totalidad de los fundamentos del voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios salvo los honorarios de la perito contadora que se elevan; b)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio de la actora y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Julio Vilela Gloria M. Pasten de Ishihara Juez de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.