marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de empleo, procedimiento de crisis de empresas
Materia: LABORAL
Carátula: Regner, Omar José y otros 19 actores c/ Sagemüller S.A. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-28

El artículo 104 de la ley nacional de empleo impone, una vez iniciado el procedimiento preventivo de crisis y hasta su conclusión, una prohibición tanto para el mepleador quien no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, como para los trabajadores que no podrán ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical.
Impuestos, pago en cuotas, caducidad, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

La caducidad del plan de facilidades de pago impuesta por la D.G.I. se adecua al texto expreso del art. 16 de la resolución general 3317, en cuanto dispone que la caducidad del plan de pagos se operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte del ente administrativo, cuando la mora del responsable en cualquiera de las cuotas excediere los 5 días por alguna de ellas; norma reglamentaria que por haber sido dictada en virtud de lo dispuesto en el propio decreto 292/91 (art.

14) -sancionado, no está demás recordar, en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo establecida en el art.

111 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.). La D.G.I. comprobó "el pago extemporáneo en el ingreso de la cuota n° 4 que vencía el 15/7/91 y que fuera abonada por la actora el 23/7/91.
Partidos políticos, balance, rendición de cuentas
Materia: ELECTORAL
Carátula: Unión Cívica Radical s/ personalidad política
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

Carece de justificación el rechazo de las medidas requeridas por el interventor del partido político en el distrito de Santiago del Estero, esto es, reconocimiento judicial en la sede partidaria, acompañamiento de un oficial de justicia a los efectos constatar la documentación partidaria, del estado ocupacional y físico del inmueble, como así también la asistencia de la fuerza pública, si se ha acreditado que la sede se encuentra intervenida desde hace cuatro años y se encuentra tomada por militantes partidarios que no permiten el ingreso.
Seguros, promotor de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALMEIDA.A. c/ COOPERATIVA PATRONAL LIMITADA DE SEGUROS. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

Si el promotor firmó la certificación de cobertura del seguro contratado por el actor, significa que estaba facultado para celebrar contratos de seguros. Por consiguiente, está autorizado para aceptar prórrogas y modificaciones e incluso contando con esa representación aparente por su actuación frente a terceros, también puede recibir comunicaciones y notificaciones, equivaliendo el conocimiento del agente al del asegurador con referencia al contrato que está autorizado a celebrar.
Marcas, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Syntex S.A. c/ Syntex Corporation. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Son normas federales la ley 22.362 y el decreto 558/81.
Sociedad de hecho, disolución de sociedades, liquidación de sociedades, concubinato
Materia: COMERCIAL
Carátula: POZNER, ADRIANA MIRTA c/ DEL CASTILLO, RODOLFO MARIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

Habiéndose promovido acción judicial por disolución y liquidación de una sociedad de hecho, resulta improcedente que la accionante se funde exclusivamente en la relación de concubinato con el accionado para acreditar la existencia del ente societario. Son los aportes de bienes o trabajo los que revelan una comunidad de intereses, por lo tanto, cada uno de los concubinos deberá acreditar que el aporte fue destinado a una gestión económica con miras a obtener una utilidad traducible en dinero, participando ambos en las ganancias y las pérdidas de la empresa común.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marina, Félix O. y otra c/ Baldocchi, Néstor G. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

El concepto de demanda contenido en el 1° párrafo del art. 3986 del C.C. se extiende "a toda pretensión deducida judicialmente, a todo acto que evidencie que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder..."constituyendo acto útil e interruptivo de la prescripción liberatoria, entre otros, el pedido de carta de pobreza para promover demanda contra el obligado.-
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dimensión   Integral   de   Radiodifusión  S.R.L. c/ San  Luis,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

La supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones.
Daños y perjuicios, locación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villegas, María Esther y otro c/ Olivetti Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios Aldigheri, Graciela Susana c/ Municipalidad de Gral. Viamonte s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25|2000-06-22

Habiendo quedado establecido que la locataria es la responsable del estado ruinoso en que quedó el inmueble arrendado, resulta justo condenarla a aquélla también por los alquileres perdidos luego de la restitución del bien, aunque solamente por el lapso razonable que pudieron durar las necesarias reparaciones para colocarlo en estado de ser nuevamente arrendado (arts. 520, C. Civil); con mayor razón si los locadores no invocaron que se encuentran en la imposibilidad material de realizar los arreglos, y tampoco lo han demostrado (arts. 330 y 375 CPCC; SCBA en Ac. Dent., 1960-III-23 y 1962-II -280).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Marta Beatriz s/ Lesiones graves reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que es inaplicable el art. 106 del Código Penal, alegando que la procesada no dejó abandonada a su suerte a la menor, si la queja finca en que tal situación no ha sido acreditada en autos y, en este tema -de naturaleza eminentemente probatoria- se limita a afirmar que la prueba presuncional invocada por el juzgador no reúne los requisitos exigidos por el art. 259 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.-
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R. de D. G., A. A. c/ D. G., R. V. F. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

A raíz de la vivencial instalación del Juzgador en la sociedad, es imprescindible acudir a los indicados extremos valorativos, habida cuenta que si no luce -como de común acaece en estos procesos- la prueba directa de ingresos del obligado, es insoslayable sopesar el piso de marcha sugerente, que dimana de la continuidad de las tareas que desde 1962 le posibilitó asegurar la manutención de su esposa y cuatro hijos.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sarzi, Héctor c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

La presunción del daño ocasionado al agente por una cesantía ilegítima, equivalente a la privación del sueldo durante un tiempo prudencial suficiente para obtener otra actividad lucrativa determina la reparación en un porcentaje respecto de los salarios dejados de percibir, cuya fijación prudencial debe hacer el Tribunal, atendiendo a las circunstancias de la causa, y en orden a lo dispuesto por el art.165 del Código Procesal Civil y Comercial aplicable en virtud del art.25 del C.P.C.A.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Martel, Osvaldo Benito y otros c/  s/ averiguación de delito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Para la procedencia del recurso extraordinario, no basta la aserción de una determinada solución jurídica si ella no está razonada, constituye agravio concretamente referido a las circunstancias del caso y contempla los términos del fallo impugnado, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Morosidad del proceso, sentencia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSA CARLOS ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-02

En el caso no hubo una inadecuada prestación del servicio de justicia. No hubo demoras imputables a los funcionarios judiciales o la ausencia de ellos. El proceso duro casi cinco años debido a la complejidad de la causa y a las muchas medidas de prueba. Basta mencionar que la defensa presento nada menos que 53 testigos y se efectuaron numerosas pericias, con participación de consultores de parte. Revisados minuciosamente los 12 cuerpos de la causa penal, no se han encontrado demoras irrazonables debidas a la inactividad judicial y es de destacar que tampoco las señala el letrado que firma la expresión de agravios de la actora. Según el art. 701 del código procesal penal, toda causa debe terminar en el término de dos años, no computándose las demoras a que se refiere el art. 442 y este último excluye expresamente del cómputo del plazo las demoras causadas por articulaciones de las partes, diligenciamiento de oficios o exhortos, realización de peritaciones u otros trámites necesarios, cuya duración no dependa de la actividad del juzgado.

Por otra parte, el pacto de san josé de costa rica solo dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Como no se advierte que haya habido demoras irrazonables por parte de las autoridades judiciales, no corresponde otorgar resarcimiento alguno.
Daño material, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: G., L.M. c/ O., D. s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-27

El daño psíquico se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica. El trauma se caracteriza por un estímulo súbito, de inusual intensidad que sorprende y desarticula la arquitectura simbólica del aparato psíquico.
Facultades del Poder Judicial, caso concreto, división de poderes, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

La configuración del caso judicial requiere la concurrencia de dos recaudos: por un lado, debe tratarse de una controversia que persiga la determinación del derecho debatido entre partes adversas, fundado en un interés específico, directo, o inmediato atribuible al litigante; y por el otro, esa controversia no debe ser abstracta en el sentido de tratarse de un planteo prematuro o que hubiera devenido insustancial (Voto del juez Rosenkrantz, del juez Maqueda y del juez Lorenzetti).
Procedencia parcial, plan de ahorro previo, entrega del automotor, reparación integral
Materia: COMERCIAL
Carátula: Díaz, Marcelo Adrián  c/ Volkswagen Sociedad Anónima y otro  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-06-12

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido por el actor y en consecuencia, disponer que las condenadas le entreguen un vehículo cero kilómetro -cuyo modelo debe corresponder al del año de entrega-, dado que a la fecha de la sentencia atacada se decidió entregar un automotor que en función del modelo indicado a la fecha, ya contaría con seis años de antigüedad. Sin dudas, esta arista de la determinación adoptada tal como asevera el recurrente, no sólo genera serias y fundadas dudas en cuanto a las posibilidades materiales de su efectivo cumplimiento por parte de las accionadas, sino que a su vez, la decisión parece encontrarse divorciada del principio de reparación integral o plena en los términos expresamente consagrados por el art. 1740 del CCyC
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Angelini, Isabel y otros c/ Termas Villavicencio S.A.I.C. s/ Indemnizaciones, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Las alegaciones novedosas son inatendibles en la instancia extraordinaria.
Reincidencia, condena anterior, caducidad, reclusión accesoria por tiempo indeterminado
Materia: PENAL
Carátula: MAGGI JUAN CARLOS s/ REINCIDENCIA - RECLUSION ACCESORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-25

Si la pena sufrida anteriormente no se tiene en cuenta para la reincidencia, cuando desde su cumplimiento ha transcurrido los plazos que fija el nuevo art. 50 C.P. (medida menos grave) es lógico que así también lo sea para juzgar la imposición de la reclusión por tiempo indeterminado (medida m as grave). Por eso la ley ha dispuesto su"caducidad"(que debe interpretarse como extinción ), transcurrido el plazo que menciona el art. 51. Y también por eso exige la reincidencia múltiple en el art. 52 C.P., sin desconocer lo dispuesto en el art. anterior. De este modo, aparece congruente con su inocultable propósito de morigerar las sanciones penales de la ley 21338, quizás reconociendo ciertas falencias o fracasos de la severidad punitiva. La aplicación de la m as grave de las sanciones penales, se funda en la peligrosidad actual de su destinatario y no en su pasado (de allí la reincidencia múltiple que exige).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Zabala, Roberto s/ Homicidio - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

Incurre en absurdo en la apreciación de la prueba pericial el fallo que la recoge parcialmente, tomando expresiones de la misma fuera de contexto que cambia el sentido de las afirmaciones del perito.
Falta de fundamentación, sentencia arbitraria, producción de la prueba, principio de congruencia, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Dorneles, Jorge Adrián y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-25

El recurrente no ha logrado demostrar la existencia de un supuesto de arbitrariedad en la sentencia, toda vez que los cuestionamientos sólo exhiben un enfoque distinto de un mismo plexo probatorio que no puede prevalecer sobre el que afirmaron los magistrados sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, ya que el tribunal oral fundó su decisión en las declaraciones del personal policial y en testigos de actuación, como también, en las actas de tareas desarrolladas desde el llamado anónimo recibido "notitia criminis" y puesto en conocimiento al juez instructor, en los estudios periciales de la especialidad de los teléfonos celulares (registro de llamados e intercambio de mensajes de texto) y demás elementos cargosos, todo lo cual se incorporó como prueba al debate. Si no existió ni mutación en la plataforma fáctica atribuida ni sorpresa en torno a la calificación legal por la que se condenó a los imputados, la alegada violación al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio no pueden tener favorable acogida. Para la configuración de la agravante prevista en el art. 11 inc. "c" ley 23.737, no se requiere la existencia de una asociación con una permanencia de similares características a la tipificada y reprimida por el art. 210 CP, sino resulta suficiente la presencia de tres o más personas con algún grado de organización a los efectos de cometer los delitos previstos por dicha ley. (Dres. Borinsky, Catucci y Riggi).
Contratos administrativos, Estado, Administración Pública, mutuo comercial, hipoteca, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSCHETTI, HECTOR Y OTROS c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 329-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07

En caso de duda, la decisión debe ser en favor de la existencia del contrato administrativo (Bercaitz, con cita de Marienhoff, p 247; "Organización Clearing" A y S t 55 p 264), ello es así siempre que no se trate de una actividad industrial o comercial del Estado, pues en tal caso, sostiene Bercaitz (p 248), la decisión debe ser en favor del carácter de derecho privado, salvo prueba en contrario.

Tratándose por tanto, de actividad susceptible de ser encuadrada dentro de la sometida a formas de derecho privado, desenvuelta por un ente autárquico que cuenta con atribuciones para actuar normalmente en ese campo, no procede presumir ad initio que se valió de medios de derecho público.

En el caso, contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado entre un particular y el Banco Provincial de Santa Fe.
Beneficio de litigar sin gastos, medidas cautelares, contracautela, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: LAGANO DE MOSSI, ANTONIA c/ CASA MOSSI SRL s/ MEDIDAS PREC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-23

Si bien la ley procesal autoriza a eximir de contracautela al peticionante de un beneficio de litigar sin gastos, solo a partir de que este hubiere sido otorgado, cuando en virtud de la denuncia de carencia de fondos o recursos necesarios, la estricta aplicación de aquella normativa llevaría a la conculcación de los derechos constitucionales del solicitante, pues lo privaría de la posibilidad de acceder a la protección jurisdiccional, parece razonable adoptar dicho temperamento y posibilitar la traba de la medida precautoria obtenida, mediante la prestación de caución juratoria.
Sentencia, prueba, tenencia de la res furtiva, posesión ilegítima
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MANAVELLA, RENE M. Y OTRO s/ SENTENCIA - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-06-21

Los indicios válidamente computables que llevan, por un proceso lógico irreprochable, a la certeza que los imputados tenían en su poder ilegítimamente la res furtiva, permiten afirmar que tanto la tenían porque hurtaron el vehículo en que estaba colocado, como porque el autor, o un tercero, se los entregó posteriormente, pero esto no permite superar la mera presunción de que ellos debieron ser entonces los autores del despojo.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que si ella llegara a considerar la invalidez de lo decidido en un enjuiciamiento de magistrado, con base en el quebrantamiento de las formalidades que deben ceñir al enjuiciamiento político, sería indudable que no reemplazaría al Senado -Jury de Enjuiciamiento, en nuestro caso- en su alta función de juzgar al acusado. Una decisión como la apuntada ni siquiera rozaría la esencia de este instituto, ya que no abriría juicio sobre el desempeño o la conducta del acusado. Puesto en el lugar que, según el Tribunal, le corresponde, el pronunciamiento descalificatorio se sustentaría en el exclusivo hecho de que la atribución no habría sido ejercida de conformidad con los requerimientos a que la Constitución la condicionó para ser irrevisable; en otras palabras, que dicho ejercicio, por ausencia de alguno de sus recaudos imprescindibles, no podrá ser reconocido como fruto de la atribución de que se trate. Conforme esta doctrina, el eje de la fundamentación tendiente a conceder al Tribunal de Enjuiciamiento la facultad de juzgamiento, reposa en el carácter de las causales de remoción, y en la especial aptitud que se reconoció a aquel órgano para apreciarlas.
Empleo público, remuneración, sueldo anual complementario, trabajadores de casinos, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ABALDE, RICARDO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

En el ejercicio de la función no está permitido a los jueces desentenderse de la justicia del resultado (Fallos 272:139) y nada excusa su indiferencia respecto de ella en la misión de dar a cada uno lo suyo (Fallos 278:85), siendo que al respecto el legislador no requiere la admisión de soluciones notoriamente injustas (Fallos 269:45) por lo que cabe declarar la inconstitucionalidad de la ley 19.767.

La reglamentación por decreto 37569-47 de la ley 12.915 hizo enrolar el régimen del sueldo anual complementario, en la concepción imperante al tiempo de entrar en vigor dicha ley, según la cual representa la doceava parte de los haberes sujetos a descuentos provisionales; y aunque se acepta que podría el legislador apartarse de tal concepción, ello solo sería factible con algún fundamento para justificar un diferente trato entre distintos servidores del Estado (para el caso los empleados de la rama juego de casinos, dependientes de la Lotería Nacional). Ese fundamento no puede ser el que se invoca en el mensaje de la ley 19.767, toda vez que el término "devengados" sólo puede referirse a las retribuciones respecto de las cuales ya se adquirió el derecho, como ocurren en el caso, en que la Administración reglamentó un sistema que institucionaliza la Caja de empleados, recaudando las sumas distribuyéndolas, de modo de hacer integrar el beneficio en que las propinas, consisten, en el contenido sustancial de la remuneración, como "sueldo mensual devengado". Por lo demás, la diferencia en cuanto a dicho término (retribución devengada) aparece notoriamente desdibujada en las leyes 17620 y 17795, y se elimina con la sanción de la ley 23041.-
Régimen de faltas, poder de policía, autonomía provincial, faltas relacionadas con la seguridad y prevención de siniestros
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20

Los actos de las legislaturas provinciales -y los emitidos en consecuencia- no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución Nacional concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas.