Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-29


Salta, 29 de junio de 2.010.

Y Vistos: Estos autos "Provincia de Salta, c. Morón Jiménez, Francisco, Ordinario Repetición de pago", Expte. 95.721/04 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia, 2ª Nominación del Distrito Judicial del Centro y CAM 205.000/07 de esta Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Y, _ C O N S I D E R A N D O:

El Dr. Oscar Gusta Koehle dijo:

I) La sentencia definitiva de fs. 240/247 no hizo lugar a la demanda promovida por la Provincia de Salta en contra del Sr. Francisco Morón Jiménez persiguiendo la repetición de la suma de $303.774,98 su actualización, intereses y costas que considera abonados indebidamente, en concepto de haber jubilatorio por el período comprendido entre el 1° de noviembre de 1.982 y el 31 de diciembre de 1.995. Asimismo impuso las costas en el orden causado. A fs. 249 apeló el demandado la decisión sobre las costas que fundamentó en la expresión de agravios de fs. 261 y vta. La actora apeló de la sentencia a fs. 256 y expresó agravios en el escrito de fs. 274/280 vta., donde también contestó el recurso del accionado. Este, a su vez, a fs. 284/289, por intermedio de su letrada, consideró injuriosas algunas expresiones de su contraria, pidió el rechazo del recurso de la demandante y la confirmación de la sentencia recurrida.

a) El representante de la parte actora, luego de reseñar su pretensión, la contestación del demandado y la sentencia, afirma que la misma presenta como causales de arbitrariedad, prescindir del texto legal, de prueba decisiva, basar el pronunciamiento en afirmaciones dogmáticas y dejar sin efecto decisiones anteriores firmes. Se queja de una actitud menospreciativa de la sentencia respecto de la conducta estatal en la tramitación administrativa que culminó en este proceso y en la demanda, de acuerdo a las expresiones que trascribe y afirma que las Jefas de Departamento que los originaron, actuaron en defensa de la legalidad, para lo que no se necesita requerimiento alguno y a lo cual estaban obligadas por el primer y cuarto párrafo del artículo 61 de la Constitución Provincial que también copia. Agrega que de todos modos se concluyó en la declaración de lesividad del acto administrativo que otorgó la jubilación al demandado en base a lo cual se lo declaró nulo en sede judicial contencioso administrativa por sentencia confirmada por la Corte de Justicia.

Se agravia asimismo porque la sentencia haya considerado argumentos no propuestos por su contraria, como la existencia de una renuncia del Ente previsional, por el hecho de seguir pagando los haberes jubilatorios al demandado, lo cual considera contraviene el artículo 874 del código civil según el cual, la renuncia no se presume, es de interpretación restrictiva y se contrapone al orden público previsional y al carácter público de los fondos cuya repetición pretende. Igualmente, la alusión a la extinción de las obligaciones por imposibilidad de pago y al razonamiento exculpatorio en base al artículo 786 del código civil, que solamente alcanza a la restitución de frutos y que ha sido criticado por la doctrina que cita. Critica por otra parte, la afirmación del fallo sobre la buena fe del demandado por falta de participación eficaz del mismo en la existencia del error de derecho y de hecho que vició el acto administrativo, dado que fue él quien aportó al organismo tales elementos y porque los efectos del razonamiento del Señor Juez no pueden extenderse por el tiempo posterior al cuestionamiento hecho en 1.989, dado que la repetición se pretende hasta diciembre de 1.995. Asevera que de todos modos el demandado tuvo conocimiento de su situación irregular, mucho antes del cuestionamiento, como surge también del expediente judicial. Señala también el hecho que no haya fidelidad a las trascripciones de las resoluciones, lo que cambia el adecuado sentido.

Además, considera que el defecto primario e insanable de la sentencia, es el de dejar sin efecto decisiones anteriores firmes con el fundamento de no encontrarse definidos, ni en la sentencia de primera instancia ni en la de la Corte de Justicia, los efectos jurídicos del vicio constatado judicialmente. Expresa que ese fundamento lleva al Señor Juez a considerar que los efectos son para el futuro a partir de la decisión jurisdiccional y que la Caja de Previsión carecía de competencia para establecer efectos retroactivos no reconocidos por el órgano judicial. Afirma el recurrente que por el contrario, el fallo dictado en el expediente 63/91 (17.392 de Corte) expresamente consigna que la nulidad que se declara lo es con los efectos del art. 72 de la ley 5348, el cual dispone que su extinción produce efectos retroactivos. Se pregunta como pudo declararse la nulidad de una resolución administrativa a la que no se le atribuye ningún vicio manifiesto, sin cuestionar el acto final de la administración que fue el decreto 1.400/02, y habiendo caducado la acción contencioso administrativa en su contra por vencimiento del artículo 12 de ese ordenamiento. Todo lo cual, lo lleva a concluir que la resolución 477 constituye un pronunciamiento firme y está dictada y habilitada por las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada.

Por último, afirma que la determinación del reclamo ha sido consentida por el accionado quien en el expediente administrativo solicitó que en la formulación de los cargos se compensaran las sumas por él aportadas, lo que se hizo en la liquidación final no cuestionada, a lo cual atribuye el carácter de un reconocimiento de deuda. En definitiva pide la revocación de la sentencia y el acogimiento a la acción de repetición promovida, con reserva de los recursos extraordinarios local y federal.

b) Por su parte, el demandado se queja de la imposición de costas por su orden, afirmando que no hay mérito para eximir del pago de las costas a la parte vencida, dado que la sentencia descarta la existencia de mala fe de su parte, quien no tuvo participación eficaz alguna en el error administrativo. Cita precedentes sobre el carácter excepcional que tiene la exención de costas, la temeridad y malicia con que considera puesta de manifiesto en el proceso a que fue sometido el actor y a que la liberación por las costas solo está a favor del administrado y no del Estado. Hace suya la afirmación de la sentencia en el sentido que el fallo del 26 de marzo de 1.992 ordenó una nueva resolución administrativa y no extinguió ningún beneficio, ni lo revocó, ni menos, decidió formular cargos. Lo cual lo lleva a concluir en la temeridad y malicia de la conducta administrativa y a la imposición de las costas a la actora.

II) Dado que el recurso de la actora versa sobre la cuestión principal, mientras el del demandado sobre una cuestión accesoria, como son las costas del juicio, corresponde iniciar con el estudio del primero. _ La pretensión de repetición de la Provincia de Salta se encuentra basada en el efecto retroactivo que atribuye a la declaración de nulidad decretada en sede judicial por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en el expediente 63-C/91 "Caja de Previsión Social de la Provincia contra Morón Jiménez, Francisco, Acción de lesividad" tramitado ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo, confirmada por la Corte de Justicia en expediente 15.856/92 y en la resolución administrativa 477/99 dictada por la Unidad de Control Previsional, como consecuencia de la declaración de nulidad, que la demandante considera resolución firme por haberse desestimado los recursos administrativos, interpuestos contra ella.

La oposición del demandado a la pretensión, en cambio, tiene como punto de partida para el desarrollo de otras argumentaciones y fundamentos, la afirmación que la declaración judicial de nulidad no estableció los alcances de la misma, por lo que la resolución administrativa 477/99 mencionada, excede los efectos de las sentencias judiciales ya que éstas no dispusieron la extinción de la jubilación, ni la formulación de cargos, sino el dictado de una nueva resolución, por lo cual la demanda es improcedente. La sentencia recurrida adhiere a ese punto de partida, lo cual le permite juzgar libremente sobre la pretensión de repetición. _ III) La adecuada solución de la causa debe partir entonces, de una apropiada comprensión de lo decidido y establecido en las sentencias judiciales aludidas. En esa labor corresponde examinar primero la sentencia dictada por la Señora Juez en la causa contencioso administrativa. Allí dispuso declarar la nulidad de la resolución 410-p/82 y las resoluciones 1279-P/82 y 2867-P/87 dictadas por la Caja de Previsión Social de la Provincia (punto I de fs. 91). La primera es la resolución que acordó al Sr. Francisco Morón Jiménez la jubilación por invalidez de acuerdo a los artículos 27 y 43 de la ley provincial 5.447/79 entonces vigente (fs. 76/75 cuerpo 1°, actuaciones administrativas). La segunda se refiere a una rectificación de cargos (fs. 134) y la última, a un reajuste de haberes (fs. 162/166).

IV) Al fundamentar la nulidad, la Señora Juez encontró el vicio, en la "causa" del acto, consistente en la "omisión de valorar razonablemente las circunstancias de hecho y de derecho aplicables (art. 35, ley 5348)" (ver fs. 89 vta, primer párrafo, causa judicial). Concretamente, en un presupuesto fáctico que sirvió de causa para la emisión del acto, la inexistencia de una relación de dependencia que posibilitara encuadrar al demandado como sujeto beneficiario, en las prescripciones de la ley entonces vigente. Esa falta en el accionado de revistar como funcionario, empleado u obrero fue considerada como reconocida por el afectado en su presentación de fs. 25 de las actuaciones administrativas, y acreditada con el tenor de las estipulaciones contractuales con los municipios, según las cuales "el contador no revestirá carácter de empleado o funcionario dependiente de la Municipalidad...", o en el carácter de las partidas con que se pagaba el servicio: "ErogacionesServicios: Honorarios y retribuciones a terceros", o en la inexistencia de aportes (fs. 90). La lectura del fallo confirmatorio de la Corte de Justicia no modifica esa conclusión. En efecto, luego de avalar la existencia de las anormalidades expuestas en la sentencia de primera instancia, se refiere a "la comprobación de la verdadera y efectiva existencia de sus presupuestos "antecedentes", y a fs. 109 vta. del mismo expresa que "Cuando esa causa o motivo, que es un elemento esencial del acto administrativo, cuando los antecedentes invocados para su emisión fueren falsos, o cuando el derecho invocado tampoco existiere, el acto está afectado de nulidad". _ El examen hasta aquí realizado muestra claramente que en la sentencia analizada, el vicio del acto administrativo principal, esto es de la resolución 410-P/82, radica en la inexistencia de uno de los presupuestos de hecho que constituyen su causa. Con lo cual, el beneficio de la jubilación otorgada y los haberes pagados en consecuencia, quedaron como efecto del fallo, sin causa.

Aunque el analizado fuera el único contenido de las sentencias judiciales, la pretensión de repetición sería procedente por cuanto la causa jurídica de los pagos realizados al demandado como haberes jubilatorios era la resolución 410-P/82, la que los ha dejado sin sustento jurídico alguno. En efecto, en el derecho común, el artículo 1.050 del código civil dispone como efecto de la nulidad que "la nulidad pronunciada por los jueces, vuelve las cosas al mismo o igual estado que se hallan antes del acto anulado" y el artículo 792 establece como principio general que "el pago sin causa,. puede ser repetido, haya sido o no hecho por error". Asimismo, en el derecho administrativo local, el artículo 72 de la ley 5348 expresamente regla como efecto del acto nulo que "su extinción tiene efectos retroactivos".

V) Precisamente, la continuación del examen de la sentencia que declaró la nulidad, muestra que no se limitó a declarar la nulidad, sino que expresamente previó los alcances de la misma. Así, en el primer párrafo de fs. 91 dice textualmente: "Corresponde por ello, declarar la nulidad del acto viciado, con los efectos del artículo 72 de la ley 5348, debiendo emitir la Caja de Previsión una nueva resolución con la adecuada valoración de los presupuestos de hecho acreditados". Como se aprecia, los efectos retroactivos de la nulidad declarada, están expresamente determinados en el párrafo transcrito, lo cual impide cualquier afirmación sobre una omisión de la sentenciante, que permita juzgar libremente la pretensión de repetición como si las anteriores sentencias no existieran. Por lo tanto, -bien o mal-, la cuestión ha sido resuelta, integra la sentencia de nulidad y la decisión tiene autoridad de cosa juzgada. VI) Establecido lo anterior, el estudio de la resolución administrativa 477/99 muestra que la misma no altera la cosa juzgada en contra del demandado, sino que se dicta como consecuencia del fallo judicial y se ajusta a su contenido. En efecto, el punto 1° establece "Extinguir el beneficio de jubilación por invalidez que se otorgara mediante la resolución 410/82 al Sr. Francisco Morón Jiménez...con efecto retroactivo (artículo 72 - ley 5348)". Como se ve, nada hay de distinto a la sentencia judicial ya analizada. El punto 2° dispone la formulación de cargos por los haberes percibidos indebidamente por el interesado, en cuanto no haya operado la prescripción. Ello es consecuencia necesaria del efecto retroactivo de la nulidad y la falta de causa en los pagos realizados por lo que no importa un desvío de la sentencia judicial. Por el contrario, si en algo difiere con aquella es que la Administración por iniciativa propia y no a petición de parte, limita la formulación de cargos, "en tanto no haya operado la prescripción". Lo mismo ocurre con el punto 3° que dispone solicitar a la Fiscalía de Estado el trámite para efectivizarlos judicialmente. El examen de los fundamentos de la mentada resolución muestra igualmente el cuidado puesto en cumplir adecuadamente con lo dispuesto en la sentencia judicial. Así, no solamente se ha ocupado de la nulidad y sus efectos, sino que ha realizado nuevas consideraciones para determinar si, excluidos los servicios sin relación de empleo público que originaron la declaración de nulidad, podría corresponder un beneficio jubilatorio distinto. En ese sentido se encuentran el último considerando de fs. 348/340 y los dos primeros de la siguiente, donde se concluye que no cabe otorgar ningún beneficio jubilatorio por no reunir los diez años de servicios computables que exige el ordenamiento entonces vigente. Ello muestra que se hizo un nuevo examen para determinar si existían al tiempo del dictado de la nueva resolución las condiciones exigidas para la obtención del beneficio jubilatorio. Por lo tanto, hubo en la Administración, un cabal acatamiento a la cosa juzgada emergente de las resoluciones judiciales examinadas.

No impide la conclusión expuesta, la sanción de la ley provincial 6854, de mayo de 1.996, citada en la contestación de la demanda. En efecto, a pesar de la aparente generalidad del primer párrafo del artículo 1, el mismo tiene vinculación con la resolución Nº 0110 de fecha 06/07/94 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Salta como expresamente se dice en el segundo párrafo. La mentada resolución 0110/94 declaró inexistentes a las anteriores resoluciones 4259-P/85 y 692-I/86 en cuanto habían establecido para beneficiarios de jubilaciones por invalidez en regímenes anteriores a la sanción de la ley 6.335/85, una equiparación del 100 por ciento de los haberes establecidos para las jubilaciones por invalidez por la nueva ley, porcentaje que antes no tenían. Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la norma se circunscribe a los beneficiarios afectados por esas dos resoluciones, por lo que no corresponde dar a la ley un mayor alcance que el indicado, dentro del cual no se encuentra comprendido el accionado.

Por otra parte, al tiempo de su dictado ya existía la autoridad de la cosa juzgada de las sentencias judiciales analizadas, dado que el pronunciamiento de la Corte de Justicia es de fecha 9 de octubre de 1.992 y la notificación al accionado del 21 de octubre del mismo año, sin que haya presentado ningún recurso en su contra.

VII) En este estado, corresponde concluir que la Provincia de Salta tiene derecho a repetir los haberes jubilatorios abonados sin causa al demandado por lo que cabe determinar el importe de la deuda. Al respecto, en el expediente administrativo obran a fs. 500/516 (3er. Cuerpo), las liquidaciones correspondientes, tanto por los haberes percibidos en virtud del beneficio anulado, cuanto de los importes abonados por el demandado en concepto aportes, suma ésta que ha sido compensada a favor del deudor, restándose del monto a que ascendían los primeros. A fs. 500 se dan las explicaciones sobre el procedimiento seguido en las diversas liquidaciones y a fs. 509 se llega como resultado del importe a repetir a la suma de $303.774,98. A fs. 519 vta. de esas actuaciones consta la notificación de esas liquidaciones al accionado, sin que existan constancias de alguna impugnación de su parte a tales cuentas. VIII) La pretensión de la actora es por el monto indicado de $303.774,98 sobre la base de las actuaciones administrativas (fs. 2/3). El accionado, en su breve alusión de la contestación de la demanda sobre el monto dice, que "los montos que determina la Provincia de Salta como sujetos a compensación son parciales y omiten considerar la incidencia del sueldo anual complementario en todos los casos...". Agrega que "se acompañan asimismo las planillas que rolan a fs. 511/516 (de las actuaciones administrativas), determinando los aportes efectuados conforme la real prestación, hasta ahora establecida y la planilla de fs. 506/508, reexpresada a partir de la anterior, donde resulta que por aplicación de las normas legales, la actualización a valores de marzo 91... con intereses al 30/09/2002 arroja un monto a compensar de $548.698,87 contra un monto determinado (fs. 506) a idéntica fecha de $260.248,39, lo que pone de manifiesto, una vez más la inequidad con la que se interpretaron las normas, solicitando en este acto pericia contable" (fs. 167).

De lo dicho por el accionado, el cuestionamiento es solamente por la cuantía de los aportes reconocidos por la Provincia, con lo cual el importe pretendido en concepto de cargos a favor de ésta, se encuentra consentido, razón por la cual no corresponde a la Sala realizar ningún análisis. Respecto de aquellos -los aportes, la comparación de la liquidación de la actora de fs. 501/505, con la del demandado de fs. 153/158 de autos, muestra diferencias, que se manifiestan: 1) en las sumas consignadas como retenidas por aportes en periodos determinados a partir de enero de 1.968; 2) en la existencia de aportes por sueldo anual complementario; 3) por antigüedad y 4) en concepto de bonificación por título. En todos los casos, la solución debe resultar de la prueba y la prueba idónea son las constancias documentales, esto es, las liquidaciones y los recibos donde consten esas retenciones. Ante todo, de toda la documentación aportada no surge que se haya hecho aportes respecto de las municipalidades de Pichanal e Isla de Cañas, no cabiendo reconocer suma alguna por ellos. Dejando de lado, por no haber controversia, el hecho que el porcentaje tomado por las partes para calcular el aporte incluye no solo la parte previsional, sino también la correspondiente a la obra social, los instrumentos muestran que el demandado tiene razón en lo que hace al sueldo anual complementario sobre el cual se han efectuado retenciones en los meses de junio y diciembre en la mayoría de los casos, lo cual surge de las respectivas certificaciones de servicios. No consta por ejemplo, que se hayan hecho en los municipios de San Carlos y Cachi, entre otros. Por consiguiente, solo el monto que prueban dichas certificaciones debe ser reconocido. _ Sobre aportes por antigüedad, debe seguirse el mismo criterio, encontrándose que son mucho menores y de distinta porcentualidad, por lo que corresponde aceptar los acreditados tomando un porcentaje promedio. Con referencia a la suma que en la contestación de la demanda, el accionado fija en "200.453 como bonificación por título", cabe agregar que en la liquidación de fs. 158, no existe una pretensión real y concreta de su parte, sino que utiliza solo el modo potencial, lo que implica una probabilidad o mera posibilidad. En ese sentido dijo: "si se procediera a incluir el adicional por título, se determinaría..." Por lo cual, el rubro de compensación analizado no es procedente.

Por consiguiente, practicadas las operaciones pertinentes sobre esas bases y siguiendo el mismo procedimiento y mismos índices en lo que hay coincidencia entre las partes hasta septiembre de 2.002, corresponde reconocer como crédito a favor del demandado en concepto de aportes, la suma de $279,792,21. En consecuencia, deducido ese importe de la deuda por la percepción de haberes jubilatorios indebidos, cuyo monto no controvertido es de $564.023,37, el crédito impago a favor de la actora resulta ser del importe de $284.231,16, al que deberán adicionarse los intereses que se determinarán en la etapa de ejecución final de esta sentencia.

En conclusión, corresponde hacer lugar al recurso debiéndose revocar la sentencia recurrida y condenar al demandado a pagar la suma indicada. IX) En punto a las costas, el resultado de este pronunciamiento sobre la pretensión principal, hace que sea el demando quien resulta vencido, no encontrándose mérito para eximirlo de su pago, dado que, de acuerdo al criterio sostenido en este fallo, el presente juicio no es más que una consecuencia del anterior donde se declaró la nulidad del acto administrativo que otorgó al demandado el beneficio jubilatorio. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso del accionado e imponerle las costas en ambas instancia.

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez dijo: que por sus fundamentos y conclusiones se adhiere al voto del vocal preopinante.

Por ello,_ LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES C. y C.:

I) Hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 256, Revoca la sentencia apelada de fs. 240/247 y Condena la Sr. Francisco Morón Jiménez a pagar a la Provincia de Salta la suma de $284.231,16 (pesos doscientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y uno con dieciséis centavos) e intereses en el término de diez días de aprobada la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia.

II) No hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 249.

III) Impone las costas del juicio al demandado.

IV) Dispone se registre, notifique y baje.