Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-22


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Ochenta y siete.- San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de junio de 2009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 27/09: "SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (SO.E.MA.) c/ MUNICIPALIDAD DE ANDALGALÁ - s/ Acción de Amparo", y CONSIDERANDO:

1- Que por la presente causa, el Dr. Luis Alfredo Gribaudo, en el carácter de apoderado del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMA), inicia acción de amparo en los términos del Art. 1 de la Ley 4642 y Arts. 39 y 40 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, en contra de la Municipalidad de Andalgalá, a fin de que se ordene al Ejecutivo Municipal dejar sin efecto por ser evidentemente anticonstitucional el Decreto N° 0140/09. En cuanto a los antecedentes fácticos de la cuestión, señala que mediante Decreto N° 471/08 de fecha 29 de septiembre de 2008 se otorgó un aumento de sueldo para los empleados dependientes del Municipio no remunerativo y no bonificable de un 11% sobre los salarios que percibían, o en su defecto con una percepción mínima de doscientos pesos ($ 200), sujeto a la efectiva percepción por parte del Municipio de los aportes extraordinarios que se obtengan del tesoro provincial o del Fondo de Emergencia que manejan los Municipios o de una mejora sustancial de los índices de coparticipación. Dicho Decreto fue aprobado por Ordenanza N° 030/08 del Concejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá, pero transcurrieron los meses sin que el Ejecutivo procediera a liquidar con los salarios mensuales el aumento referido. Hasta que con fecha 30 de marzo de 2009 se dictó el Decreto N° 140/09 mediante el cual se procedió a derogar lo que oportunamente mediante Ordenanza se había aprobado. Manifiesta que se han lesionado con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta derechos subjetivos adquiridos por los actores, por lo que iniciaron los trabajadores municipales medidas de fuerza consistentes en paro de actividades con concurrencia a los lugares de trabajo, pero que el Ejecutivo Municipal procedió a retirar las tarjetas de asistencia y horarios de los trabajadores, amenazando con descontar los días de paro. Justifican la procedencia formal de la acción y ofrecen prueba documental y testimonial. Solicitan medida cautelar de no innovar en cuanto al hipotético descuento salarial y a la retención de las tarjetas de asistencia del personal, las que deberán ser reintegradas a su lugar de origen. 2- Que interpuesta la acción por ante el Juzgado de Control de Garantías y de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá, a fs. 24/27, el Sr. Juez declara su incompetencia para entender en la causa, ordenando su remisión a esta Corte de Justicia. Que recibidos los autos en este Superior Tribunal, a fs. 30, se corre vista de la jurisdicción y competencia, y en su caso de la viabilidad formal de la acción y de la medida cautelar solicitada al Ministerio Público, el que emite Dictamen incorporado a fs. 31 y vta., donde propicia que se declare la inadmisibilidad formal de la pretensión intentada. Obrando a fs. 32 proveído que ordena autos para resolver, con lo que la cuestión queda en estado de emitir pronunciamiento. 3- Que atento a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 1 de la Ley 4998, modificatoria del Art. 4 de la Ley 4642, asimismo conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia. 4- En orden a la admisibilidad formal de la pretensión intentada, es dable expresar que la acción de amparo es un instituto excepcional, para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. Que sólo procede cuando el acto impugnado adolece de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta y en la medida en que se demuestre la existencia de un daño concreto y grave, que sólo pueda ser reparado eventualmente acudiendo a esa acción. El amparo requiere, entre los presupuestos expuestos, que el derecho esgrimido sea cierto y líquido, de manera tal que no exija una indagación profunda para su elucidación. Que en el caso de autos se pretende dejar sin efecto el Decreto del Poder Ejecutivo Municipal N° 140/09 por ser el mismo inconstitucional, al no observarse los procedimientos preestablecidos para su dictado, lesionando con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta derechos subjetivos incorporados al patrimonio de los amparistas. Conforme a la hermenéutica puntualizada, se infiere que el procedimiento expeditivo de la acción de amparo no es la vía idónea para ejercitar los derechos que se pretenden conculcados, ya que deviene insoslayable que la ilegalidad o arbitrariedad que se le atribuye al actuar de la administración surja en forma evidente, clara, explícita y palmaria; no configurándose tal circunstancia en autos, en tanto, el acto administrativo emitido en ejercicio de atribuciones legales propias del Departamento Ejecutivo Municipal, goza en principio de la presunción de legitimidad que le otorga el marco normativo previsto en la Carta Orgánica Municipal, en cuanto faculta a éste a fijar las escalas salariales de los agentes del Municipio. Que por otra parte el mismo Decreto prevé su remisión al Concejo Deliberante a efectos de cumplimentar el mecanismo previsto por la normativa vigente. De ello se infiere que la materia traída a decisión de este Tribunal, excede el marco cognoscitivo de este mecanismo excepcional, requiriendo mayor amplitud del debate dada la característica breve del trámite que tiene asignado esta acción urgente. Es válido recordar que la CSJN ha dicho que el acto impugnado debe ser palmariamente ilegítimo y que tal circunstancia debe emerger sin necesidad de debate detenido o extenso, por lo que si el caso planteado versa sobre cuestiones fácticas o jurídicas opinables, o reclama un más amplio exámen de los puntos controvertidos, corresponde que éstos sean juzgados con sujeción a las formas legales establecidas al efecto. También dijo que es inadmisible cuando las cuestiones planteadas como fundamento del carril elegido son opinables o discutibles (Fallos 281:394; 297:65; 310:622) o cuando no media arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidéz del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba (Fallos 296:527; 305:1878; 306:788). Atento a lo señalado y conforme a lo previsto en los Arts. 1, 2 inc. d), 3, 6, 17 y concordantes de la Ley 4642 corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta. Por ello y oído el Ministerio Público Fiscal, Dictamen N° 43/09, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción de amparo interpuesta por ser manifiestamente inadmisible. 2) Imponer las costas al accionante. 3)Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).