marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento tributario, reglamentos, modificación del contrato, repetición de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AUDIVIC S.A.C. c/ D.G.I. (T.F. 10.459-I)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Esta Sala tiene sostenido que si lo que se pretende en el pleito es impedir por vía de una reglamentación, que se cuestiona, se altere una situación que se considera contractual, la acción instaurada no viene encuadrada en una violación del régimen tributario, de acuerdo con los requisitos que para su establecimiento prevé la C.N., sino que su irrazonabilidad en todo caso proviene del quebrantamiento de los principios jurídicos que imponen recomponer aquel tipo de relación jurídica afectada por el incumplimiento de una de las partes de ella (vide C.S.J.N. "S.A. Metalmecánica" del 23/12/76, Fallos: 296:272, cons. 13 y 14), aunque fuesen los mismos en la relación tributaria que los liga. En igual línea la C.S.J.N. confirmó precedentes que declaraban que no es procedente la vía de repetición de impuestos para supuestos análogos a los de autos ("Denti Establecimiento Papelero S.A." 27/8/85, D. Fiscal 97.550; "Noblex Chaco S.A." 3/9/87, D.Fiscal 44-48).
Recursos administrativos, plazo, prórroga del plazo, Administración Pública, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIDANA DE ACOSTA, MARÍA ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCÍON  CSJ EXPTE  NRO 275-80 FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCÍON  CSJ EXPTE NRO 275-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-11

La prórroga establecida en el art 18 del decreto 10204/58 no es de aplicación automática pero la negativa por parte de la administración sólo puede fundarse en la probada existencia de un riesgo para los intereses que titulariza y, aún en esta eventualidad, la conexión de la regla con otras normas y principios la obligará a un pronunciamiento que explique y funde la negativa.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial, trabajadores de la construcción, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Poblete, José Humberto y otro c/ Pirma S.A. s/ Estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

El art. 19 de la ley 22250 tiene como presupuesto el atraso o insuficiencia en el pago de haberes, no resultando de aplicación en el supuesto de indemnización por estabilidad gremial.
Recusación por prejuzgamiento, acción autónoma de nulidad, competencia por conexidad, juez previniente
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustamante, Roberto Marcelo s/ Juicio ordinario-Acción autónoma de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-10

El Tribunal interpreta que el supuesto de auto no constituye la causal de prejuzgamiento prevista por el art. 17 inc. 7° del C.P.C., toda vez que la acción en trámite - acción autónoma de nulidad - constituye una creación pretoriana exclusivamente reglada por la jurisprudencia, que en tal situación ha previsto como órgano competente para entender la nulidad, al mismo Tribunal que dictó la resolución cuya nulificación se persigue. Resulta lógica la competencia atribuida si se tiene en cuenta que nadie puede estar más autorizado a evaluar los hechos sobrevinientes invocados por el accionante de nulidad, que el mismo Juez que dictó la resolución primigenia por cuanto conoce la causa y evaluará equitativamente los eventuales vicios que pudieron aquejarla con exacto conocimiento, resultando en economía procesal mantener la integración original del Tribunal.
Relación de dependencia, cesión del establecimiento, ley de contrato de trabajo, desconocimiento de la relación laboral, obligaciones solidarias, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Avero Margarita Viviana  c/ Aguilar Mónica Maria Alejandra y otros  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-20

Cuando la solidaridad obligacional pasiva es de fuente legal, se debe aportar evidencia sobre los requisitos que establece la ley para que esta solidaridad se produzca, lo que en el caso significaba para la actora, probar que como dependiente de la demandada, ésta resultó cesionaria parcial del establecimiento o explotación habilitado a nombre de Rotonda Group S.A., y ello es lo que no se desprende de las presentes actuaciones. El legislador ha seguido un criterio técnico precisando la unidad donde se ejecuta la actividad, no haciendo diferencia entre los conceptos de establecimiento y de explotación, habida cuenta que es en el primero donde se concreta la relación de trabajo con la participación activa del trabajador. No tendría sentido pensar en el establecimiento como tal de manera inactivo, pues en ese caso se estaría cediendo solo un inmueble. En cambio, si se trata del establecimiento en plena explotación, o lo que es lo mismo en plena actividad, cobran sentido las regulaciones y protección del trabajador desarrolladas por el legislador. En autos, obra informe de AFIP del que surge que "Rotonda" no declaró como actividad "agencia de remis y/o locutorios", y aun de haberlo hecho, debió efectivizar o llevar adelante tales actividades, para luego poder operarse la cesión prevista por el art. 30 de la LCT, y esto es lo que no se advierte de autos (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Tarjeta de crédito, titular de tarjeta de crédito, responsabilidad del titular de tarjeta de crédito, cargo por renovación de tarjeta
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA SA c/ FEDERICO L. CASARES s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-24

Si bien el usuario de una tarjeta de crédito pudo haber asumido contractualmente la obligación de abonar por adelantado la cuota anual por renovación de tarjetas, con prescindencia del uso que le diera a las mismas, es preciso destacar que una adecuada interpretación permite inferir que la mentada disposición ha sido contemplada para aquellas hipótesis en que las nuevas tarjetas entraran en vigencia y por ende la sociedad otorgante de las mismas cumpliera con la obligación de poner a disposición del usuario los diferentes servicios que es factible canalizar mediante la utilización de las tarjetas de crédito, considerando que en dichos supuestos el aprovechamiento de tales prestaciones se halla librado al arbitrio de los usuarios. Pero si el contrato concluyo antes de que aquellas entraran en circulación, el cargo por renovación de tarjetas es improcedente, pues el uso de las mismas no se encontraría supeditado al ejercicio de la voluntad del usuario.

Admitir su reclamo por un servicio no prestado importaría convalidar un pago sin causa, dado que no ha habido contraprestación de la emisora, lo que le generaría un enriquecimiento sin causa.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, fallo plenario, revisión del fallo plenario, prescripción, plazo, obras sanitarias
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ GALVALISI, JOSE Y OTROS. s/ PRESCRIPCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-15

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, que resolvió que el plazo de prescripción de las deudas por los servicios que presta Obras Sanitarias de la Nación es el de cinco años contemplado en el art. 4027, inciso 3, del Código Civil. Ello así, pues la afirmación de la actora en el sentido de que constituye un exceso ritual el dictado de un nuevo fallo en razón de que el plenario únicamente a ella es aplicable, de manera automática, sin que exista posibilidad de subsunción de norma alguna con los hechos, constituye un agravio meramente conjetural inhábil para abrir la instancia extraordinaria , dado que la sentencia atacada no resolvió acerca del efecto retroactivo de la doctrina legal sentada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, competencia, competencia contencioso administrativa, leyes, interpretación de la ley, empleados públicos, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

En los juicios promovidos contra el Instituto Frigorífico Municipal, resultan aplicables los principios e instituciones contenidas en la Ley 9286, cuyo ámbito de aplicación es suficientemente abarcativo como para entender que en la misma encuadran las pretensiones de los actores (artículo 1), al menos en tanto no se demuestre la mediación del específico acto de voluntad a que el artículo 2, inciso "ll", condiciona la excepción del régimen y que debe prevalecer sobre la configuración objetiva dada "por la especial característica de las actividades...del organismo o sector". Así las cosas, las disquisiciones acerca de la naturaleza jurídica de la accionada resultan a la vez necesarias e insuficientes para dar cabal respuesta al interrogante sobre la competencia. Necesarias, sólo en tanto presupuesto para establecer su inclusión en el régimen estatutario de lo laboral- administrativo. Insuficientes, en tanto, aún dando respuesta afirmativa al primer interrogante, puede ocurrir que la relación que exista entre el ente público y sus agentes quede total o parcialmente regida por normas de derecho común, sea por remisión de los estatutos, sea por imprevisión de los mismos, y en tales supuestos la competencia habrá de ser también ordinaria en la medida en que las normas que constituyen la plataforma jurídica a aplicar al conflicto no resulten materia administrativa. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Temeridad o malicia, sanciones procesales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CORDOBA, ANGELICA c/ MEMI, PEDRO s/ ACCIDENTE - 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-03

Para que se configure la "conducta maliciosa y temeraria" a que alude el art 275 de la LCT, es necesario que exista una inconducta procesal que, considerada con el rigor del ámbito penal, haga aplicable la sanción. No basta que una petición no sea resuelta favorablemente o que una pretensión o defensa no sean acogidas (Cnfr. esta Sala "Vallejos, Claudio C/Bressuanello, Juan" 20/11/87). Es imprescindible proceder con suma prudencia para su determinación y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al sólo hecho de que las sanciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio. (Del voto del Dr. Vilela, en mayoría)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Monti, Héctor Julio y otros s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

Incurre en contradicción respecto al grado de intervención en el hecho (art. 45, C.P.) el fallo que en el veredicto descarta la autoría y califica la conducta del procesado como la de partícipe y en la sentencia lo condena como autor, pues tal situación ha originado la omisión de tratamiento de una cuestión esencial (art.

284 inc. 2º, C.P.P.) y la consecuente violación del art. 156 de la Constitución de la Provincia.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: SANDOVAL LUIS I. S.D. HOMICIDIO SIMPLE, LESIONES LEVES E.P. GAUNA CARLOS, DIAZ WALTER s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

Deben considerarse ajenas al ámbito del Recurso de Casación las motivaciones que no aparezcan como causa de ese tramo del pronunciamiento y con mayor razón, las meras declaraciones teóricas que, aunque entrañen interpretación errónea, carezcan de una incidencia en el resultado del fallo, por cuanto en tales casos no media interés jurídico suficiente que sustente la impugnación.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRAVO DE ESCOBAR NELLY Y OTRAS c/ DIRECCION GENERAL DE NIVEL ESPECIAL Y ADULTOS Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLEANA JURISDICCION-BENEFICIO  DE LITIGAR SIN GASTOS SOSA SAYAGO, HECTOR D. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y/O PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (BENEFICIO  DE LITIGAR SIN GASTOS) TORREZ, DANIEL OSVALDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-BENEFICIO  DE LITIGAR SIN GASTOS DARROL S.A. c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O I.A.F.A.S. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - BENEFICIO  DE LITIGAR SIN GASTOS GOMEZ JOSÉ RICARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN BRAVO DE ESCOBAR NELLY Y OTRAS c/ DIRECCION GENERAL DE NIVEL ESPECIAL Y ADULTOS Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLEANA JURISDICCION-BENEFICIO  DE LITIGAR SIN GASTOS AVILA, CESAR EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-BENEFICIO DE  LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-23|2006-04-17|2006-06-30|2006-08-11|2008-12-03|1998-09-23|2009-03-10

El objeto de la actividad probatoria en el instituto del beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permiten al Juzgador formar convicción de la carencia de medios económicos y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar las erogaciones que demanda el litigio entablado.
Jubilación de magistrados, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Administración   General  del  Consejo  de  la  Magistratura s/ aplicación ley 25.239.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

La ley 24.018 estableció un régimen previsional autónomo que no fue derogado ni modificado por la ley 24.241, cuyo sistema no es de aplicación, por ende, a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que siguen encuadrados en aquel régimen especial,por lo que cabe concluir que las leyes 24.463 y 25.239, que modificaron la ley 24.241 en materias propias de su regulación, son igualmente inaplicables a aquéllos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, jurisprudencia, indemnización tarifada, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SENA, DOMINGO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

En relación a la aplicación al caso de las mejoras dinerarias (RIPTE) introducidas por la ley 26773, la cuestión a resolver guarda analogía con la abordada por este Tribunal en la causa "Britos", conforme a la cual -en atención a los lineamientos trazados por la Corte nacional por vía de la interpretación literal de los textos en cuestión- cualquier hermeneusis que conlleve a la aplicación de disposiciones legales a infortunios acaecidos con anterioridad a la vigencia de dicha normativa carece de razonabilidad y logicidad en los términos de "Espósito", siendo tal criterio el que se impone derechamente como doctrina constitucional de acatamiento obligatorio en razón de la seguridad jurídica y respeto institucional que infunden las decisiones del Máximo Tribunal de la Nación. Y en ese marco de reflexión, el pronunciamiento ahora impugnado no merece ser calificado como acto jurisdiccional válido, en tanto aplicó dicho cuerpo normativo a un infortunio anterior a su entrada en vigencia. - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CNT, "Flores, Florencio Luis c/Federación Patronal Seguros S.A.", 35711/2012/1/rh1; "Toledo, Miguel Ernesto c/QBE ART S.A.", 47898/2011/2/RH1; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26773. - Jurisprudencia vinculada: Betello Collera, AyS T 284, p 75/79, sumario J0044284.
Robo seguido de homicidio, culpa penal, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: Grieco, Guillermo P. s/ recurso de casación. Causa: 2140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

La muerte resultante debe estar conectada, como en los demás delitos preterintencionales, bajo la forma de responsabilidad culposa, porque lo que sea resultado de un puro caso fortuito no es un resultado de la acción desplegada para robar; de exigirse el dolo en la acción de matar, se desplazaría a la figura de homicidio "criminis causae" (art. 80, inc. 7° del Código Penal).
Pericia médica, valor probatorio, prueba pericial, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, Hugo Alberto c/ ISSA S.A.C.I.F. e I y/o HOTEL PROVINCIAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-09-16

No resulta idónea para disminuir una incapacidad determinada médicamente, la pericia médica en la que el perito supone que se reducirá el grado de incapacidad después del tratamiento quirúrgico, pero no dijo, y probablemente no sea fácil determinarlo, en que manera influiría positivamente, que porcentaje de mejoría sería de esperar, que grado de seguridad ofrece esa cirugía, etc.-
Acción contencioso administrativa, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P. A. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-09

El régimen de la prueba es -al menos en nuestro Derecho Patrio- básicamente el mismo que en el Derecho Procesal Civil y Comercial con las particularidades que marquen los Códigos específicos en la materia.- Así lo indica la Corte Bonaerense al afirmar "el juicio contencioso-administrativo es un juicio pleno perteneciente al mismo género que el civil, penal o laboral, diferenciándose de éstos en la especial naturaleza de las normas que sirven de fundamento a la pretensión en él deducida.

Conservando plena vigencia los deberes impuestos a los litigantes entre ellos la carga probatoria".- Aquellas particularidades aludidas, suelen aplicarse en mayoría a las potestades inquisitivas del juez, que debe actuar -se dice- teniendo en miras que se trata de gestión pública.
Acción de amparo, caducidad, plazo
Materia: Procesal
Carátula: Oelschlager, Carlos Alberto y otros s/ Acción de Amparo Lucheli, Ana Alicia Fassa de y otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-12-17|1992-12-17

"Deducir la pretensión en el tiempo previsto, se constituye por ello en un auténtico requisito de admisibilidad", dado el carácter perentorio del remedio legal por su naturaleza restrictiva.

Transcurrido el tiempo fijado por ley, "ni el juez ni las partes podrán evitar la caducidad del derecho no ejercitado..."
Régimen de consolidación de deudas, tasa de justicia, obligación principal, obligaciones accesorias
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Distelecine S.A. c/ Dicon Difusión Contemporánea S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Los créditos por tasa de justicia pendiente debido en razón del trámite de actuaciones judiciales promovidas con anterioridad al 1° de abril de 1991 sólo son consolidables si acceden a una obligación principal consolidable, ya que la propia ley ha condicionado la consolidación de las obligaciones accesorias a la circunstancia de que se encuentre consolidada la obligación principal a la que acceden (art. 1°, inc. d, ley 23.982) (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).
Homicidio, homicidio en riña
Materia: PENAL
Carátula: M.N.D. y Otros s/ Homicidio en Riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-23

Nuestra ley no castiga la mera intervención en la riña, sino cuando se ha producido un resultado dañoso -en este caso la muerte de un sujeto- sin que pueda establecerse cual de los intervinientes la causó.
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Tucumán,  Provincia  de c/ Imperatrice,  Héctor Tomás y otra s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

Cabe admitir la prórroga de la competencia de la Corte Suprema en causas que corresponden a su instancia originaria, en tanto tal competencia surja sólo en razón de las personas (art. 12, inc. 4°, ley 48), ya que ha sido instituida en favor de los particulares quienes pueden, en consecuencia, renunciar a dicho privilegio.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compagnucci, Humberto José c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

El artículo 56 del decreto 9650, dado que no reconoce excepciones, es aplicable a todos aquellos supuestos en que exista una obligación exigible al Instituto y éste no la cumpla.
Excusación
Materia: CIVIL
Carátula: JENSEN, CARLOS ALBERTO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: JENSEN CARLOS ALBERTO C/ INSTITUTO  DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA  (I.S.S.P.) Y GOBIERNO DE LA  PROVINCIA (INTERVENCION FEDERAL) S/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-09-29

Las causales de excusación son taxativas y de interpretacion restrictiva a fin de que, en lo posible, los juicios se inicien y terminen ante sus jueces naturales y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Por lo que resulta inaceptable, en este sentido, la inhibición que invoca un interés meramente potencial.
Ley aduanera, sumario administrativo, infracciones aduaneras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Loussinian, Eduardo S.A.C.F.I.A. s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-13

La competencia otorgada a la administración por el art. 196 de la Ley de Aduana -texto según ley 21.898- para la instrucción de los sumarios aduaneros, nace sólo respecto de los delitos previstos y penados por el cuerpo legal citado, en el que no cabe encuadrar un hecho anterior a su entrada en vigencia.
Recurso de inconstitucionalidad, aclaratoria (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. c/ MELAMEDOFF, ESTEBAN DANIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-ORDINARIO-  ACLARATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 5 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Corresponde desestimar el pedido del recurrente relativo a que se aclare que la expresión "elevación de los autos principales" debe entenderse como comprensiva de los autos "antecedentes" o "conexos", por cuanto, en primer lugar, la decisión venida en recurso de inconstitucionalidad ante este sede fue la sentencia definitiva dictada en el juicio declarativo, y por otro lado, de la resolución de esta Corte disponiendo que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda, no surge omisión de pronunciamiento, error material u oscuridad que torne admisible el recurso deducido, en los términos del artículo 248 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

En tal sentido, concebida la aclaratoria como un medio legal previsto para completar debidamente un decisorio dudoso y oscuro, o falente en la resolución de cuestiones subsidiarias o secundarias, o correctivo de errores u omisiones puramente materiales, acceder a la pretensión del compareciente , implicaría hacer lugar a un reclamo que, lejos de dirigirse a la materia propia de la decisión recaída en autos, refiere, en definitiva, a la precisión de sus efectos, los cuales resultan atribuidos por el ordenamiento , exorbitando claramente lo que es materia propia del remedio deducido.