Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-06-03


2º Instancia. - Resistencia, junio 3 de 2010.

¿La Sentencia de fs. 234/244 debe ser confirmada, modificada o revocada? La doctora Marta Alicia De La Vega dijo:

I. Contra la sentencia de Primera Instancia, que desestima la demanda promovida por el Sr. Guillermo Martín Pamies contra la firma Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., que imponen las costas al actor y se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes, además de los diferidos en los Interlocutorios de fs. 115/117 y 221/223, recurre la parte actora y la demandada respecto de los honorarios diferidos regulados.

a) A fs. 246 la parte actora recurre la sentencia dictada en Primera Instancia, agraviándose a fs. 254/258 en primer término porque la Sra. Juez A-quo advirtió que la actora no cuestionó la categoría laboral de Vendedor "B" en función de su antigüedad, sosteniendo que si bien no se faccionó liquidación al respecto, en el escrito ampliatorio de demanda en la parte de rubros reclamados específicamente se persiguió las diferencias de sueldo básico que obviamente referían a la errónea liquidación practicada por la contraria.

Aclara que la modalidad liquidatoria adoptada por la demandada que consigna solamente "sueldo", el mismo deviene equivalente a la denominación técnica de "sueldo básico", cuyo concepto establece mediante doctrina que transcribe. Considera que debe prosperar el reclamo de las diferencias impagas entre los sueldos básicos de las categorías de promotores de ventas "A" y "B", conforme las prescripciones de la sana crítica y la regla "iura curia novit".

Como segundo agravio refiere a la omisión de la A-quo de dar tratamiento a los reclamos efectuados en cuanto a ropas de trabajo y diferencias salariales por comisiones cobranzas y ventas impagas período octubre 2001 a septiembre 2003 = 26 meses incluido S.A.C., solicitando que se admitan dichos conceptos demandados oportunamente.

En tercer término, refiere que la Juez Inferior admitió que si bien hubo una disminución del salario básico no lo fue en detrimento del dependiente, señalando que el sueldo básico es la retribución mínima garantizada a los trabajadores y que no es susceptible de disminución so pretexto de un incremento generalizado en la remuneración habitual, sosteniendo que deviene absolutamente improcedente y no ajustado a derecho la disminución de $ 400 aunque se haya acordado entre las representaciones sindical y empresaria para quienes resulta indisponible la fijación o disminución del sueldo básico, solicitando que en virtud del principio de indemnidad que le asiste a su parte se restablezca el sueldo básico de convenio que fuera objeto de reducción.

Relacionado con lo anterior, le agravia en cuarto término la conclusión de que la reducción o merma en la remuneración final implicó un sensible aumento en la percepción de los mismos por lo que no causaron perjuicio económico, cuando en realidad quedaron absorbidos todos los adicionales escalafonarios que por su actividad prolongada constituían claramente un derecho patrimonial adquirido, en particular antigüedad, premio por productividad y premio asistencia, por lo que el pago bajo la denominación "gestión comercial" consiste en la suma fija de $600,00 en reemplazo del sueldo básico original $ 447,00 y los adicionales no configuran en realidad un incremento salarial. Sostiene que lo indicado hubiese sido asignar incrementos porcentuales y proporcionales a cada uno de los conceptos del haber mensual, siendo una facultad que detenta la empleadora y su desacierto no oponible al trabajador.

Concluye que todos sus agravios configuraron la injuria grave a los intereses de la actora que habilitó la ruptura contractual indirecta, por lo que considera la viabilidad del pago de las indemnizaciones reclamadas. Respecto de las costas se queja que fueran impuestas a su cargo y que conforme los fundamentos vertidos solicita sean cargadas a la accionada.

Ordenado el traslado de ley, la parte demandada contesta los agravios de la actora a fs. 260/261 y vta. de acuerdo a los fundamentos que expuso los que doy por reproducidos en esta oportunidad por razones de brevedad.

b) Por su parte, la demandada a fs. 245 interpone recurso de apelación contra los honorarios regulados al Dr. G. P. por su intervención en las resoluciones Interlocutorias de fs. 115/117 y 221/223, por considerarlos altos, haciendo uso de la opción prevista en el art. 32 de la Ley 2011 a fs. 251.

II.a) Ingresando al análisis de los agravios vertidos por la parte accionante, respecto del primero de ellos que refiere a la categoría laboral con la consecuente diferencia impagas, advierto que el mismo debe ser rechazado.

Dable resulta recordar que la invocación o aplicación del principio iura novit curia, peticionado por el recurrente, tiene su límite en la concreta situación de hecho invocada por las partes a fin de delimitar los términos de la pretensión u oposición, ya que en caso contrario se incurre en incongruencia. Es decir que la demanda y su contestación producen efectos que inciden tanto en el contenido de los actos posteriores, como en la preclusión de determinadas facultades. Así, por un lado determinan definitivamente los hechos acerca de los cuales deberá desarrollarse la actividad probatoria, delimitando el thema decidendum, ya que la sentencia definitiva sólo puede referirse a la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso y sobre la oposición u oposiciones que enmarcan tal objeto.

Ello así la parte accionante al promover la demanda sostuvo que el Sr. Pamies trabajaba de "preventista" o "promotor de ventas" y que ante la disminución el sueldo básico de su remuneración interpeló telegráficamente a su empleador, siendo ésta la injuria que alega como causal de distracto (véase misivas obrantes en sobre de secretaría) y en oportunidad de ampliar la demanda alegó la reducción del básico de $ 475,00 a $400,00 y que se le dejaron de abonar antigüedad, asignación Dto. 1273, productividad y premio por asistencia, además que tampoco le abonaron las diferencias resultantes de los montos de categorías profesionales asignadas (preventista y luego vendedor B) con el sueldo abonado durante octubre/2001 y octubre/2003.

De ello se desprende que lo demandado en su oportunidad difiere del agravio introducido a esta Alzada, toda vez que el reclamo refería a las diferencias indicadas que distan de lo advertido por la Sra. Juez a-quo, notándose además que el recurrente ha indicado el C.C.T. 130/75, cuando en realidad la relación laboral se ha enmarcado dentro del acuerdo colectivo de trabajo acompañado por la accionada en su conteste de demanda, con más la corroboración del convenio agregado a fs. 163/180, cuestión que no fuera materia de apelación ni controversia. Que por otra parte se advierte que de los recibos acompañados por el actor surge concepto de pago de seguros de vida FATAGA (Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas).

Que del acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo surgen las causas de las variaciones de las liquidaciones efectuadas al actor en cuanto se estableció que a partir de Agosto de 2003 se distinguían categorías y que como lo sostuvo la Inferior sin perjuicio de lo establecido por el art. 5º del mismo en cuanto a la establecida para el Sr. Pamies, cuyo encuadre no fuera reclamado en este contexto. Allí se estableció la remuneración de una suma fija para la Categoría B en $ 400 quedando en él subsumido el adicional remuneratorio establecido por Dto. 905/03 como también los adicionales de antigüedad, presentismo, asistencia e indicándose la remuneración de suma variable. Por su parte del art. 7º surge la no acumulación de beneficios y la absorción de adicionales que referían a situaciones de necesidad económica.

En este sentido, quedaron entonces absorbidos el ajuste salarial del Decreto 1273/02 -asignación no remunerativa- vigente a partir del 1/1/02, reclamado por la parte actora y el consecuente Decreto 905/03 cuyo incremento operó desde 1/5/03, en el entendimiento que refieren a crisis económica y emergencia pública, en concordancia con el art. 5º de dicho acuerdo homologado, cuya vigencia se estableció en el plazo de tres años a partir del 15/05/03 fijando la Secretaría de Trabajo en la homologación del acuerdo conforme lo establecido en el art. 245 L.C.T. un importe promedio de $533,33 (véase art. 2º fs. 174/176), cuyo monto aparece cumplido en atención a los recibos de haberes aportados por la actora y reservados en Secretaría.

Ergo, el agravio de las diferencias impagas no procede como tampoco las que en oportunidad de recurrir refiere a promotores de ventas "A" y "B" del convenio agregado a autos, toda vez que dicho planteo no fue introducido oportunamente por el actor al haber realizado el reclamo únicamente por las diferencias de preventista y vendedor B.

En base a estos cuestionamientos, el apelante en esta etapa se contradice, porque por un lado solicita las diferencias de haberes respecto de promotores A y B que establece el convenio agregado a la causa y por otro lado cuestiona el básico de la categoría B cuyo monto asciende a $400, siendo que el objeto de la litis resuelto en la sentencia recurrida, es este último y no lo que ahora se pretende introducir.

Tampoco prosperan las diferencias salariales por comisiones cobranzas y ventas impagas período octubre 2001 a septiembre 2003, en cuanto no existen pruebas que acrediten lo reclamado, teniéndose presente los recibos de sueldos acompañados en concordancia con que la misma actora desistió de la prueba pericial contable (véase fs.77) no encontrándose elementos de convicción suficientes para acoger dicho rubro por los montos peticionados ante la carencia de prueba que determine y discrimine tales cobranzas.

Respecto al pago de la ropa de trabajo solicitada, se advierte que la Juez de grado nada ha resuelto en el fallo. Al respecto teniéndose presente que dicho rubro ha sido incluido en el reclamo de la parte accionante a fs. 9 y a fs. 13 vta., no habiendo la parte demandada acreditado el cumplimiento de su obligación conforme lo estatuido por el art. 19 del C.C.T. 152/91, por lo que de acuerdo al apercibimiento establecido por el art. 91 de la ley ritual, corresponde acoger dicho rubro. El monto será la suma cuantificada por el actor al incorporarla en la planilla de $ 400, por estimar de acuerdo a derecho, modificándose la sentencia de primera instancia respecto de este punto.

En atención al tercer y cuarto agravio, estimo que los mismos no proceden, concordando con lo resuelto por la Sra. Juez A-quo y lo expuesto anteriormente, toda vez que las diferencias evidenciadas en las remuneraciones del trabajador obedecen a las pautas establecidas en el convenio homologado por la Secretaría del Trabajo de donde surge la absorción de los adicionales, el que no fuera impugnado por el recurrente en cuanto a su validez de aplicación en la relación laboral emergente entre las partes y que compulsados los recibos de sueldos, reservados en Secretaría, no se advierte una disminución patrimonial en los haberes del actor, en la forma en que se produce la liquidación.

En cuanto a que todos sus agravios configuraron la injuria grave a los intereses de la actora que habilitó la ruptura contractual indirecta, solicitando el pago de las indemnizaciones reclamadas, considero que el accionar de la actora atento las misivas intercambiadas por las partes resultó prematura en virtud de la primacía de la conservación de la relación laboral que prescribe el art. 10 L.C.T., en tanto en autos no se ha demostrado que la circunstancia apuntada tornó imposible la continuidad laboral, remarcando la orfandad probatoria en este sentido, además de que los testimonios producidos en la causa no aportan datos al respecto.

Por último, en cuanto a las costas impuestas al actor por la demanda rechazada, teniendo en cuenta el nuevo pronunciamiento en cuanto se acoge el rubro ropas de trabajo y la condena a la certificación de servicios y cesación de servicios de la Inferior, las mismas se modifican debiendo ser soportadas las costas de 1º Instancia por la demandada-vencida en virtud del principio del hecho objetivo de la derrota (art. 129 de la ley ritual) y al criterio vinculante establecido por el Superior Tribunal de Justicia, en Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, fallo vinculante que unificó la jurisprudencia de ambas Salas de esta Cámara, respecto de la aplicación del art. 129 de la Ley 2383, "in-re": "Robledo c. Pliauzer S.A.C.I.F.I. y/o Calzados Rallys y/o quien resulte responsable s/Integración mes de despido, etc.", Sentencia Nº 41 de fecha 22/03/90.

Concluyendo con los agravios de la parte accionante, considero que únicamente resulta procedente el que refiere a rubro ropas de trabajo y por lo que se revoca parcialmente la sentencia condenándose a la demandada al pago de la suma de Pesos cuatrocientos ($400,00), capital que devengará hasta la cancelación de la obligación, la tasa activa para operaciones de descuento que aplica Banco Nación Argentina, a calcularse en forma lineal, no acumulativa.

b) Avocándome al recurso interpuesto por la demandada contra los honorarios regulados al Dr. G. P. por su intervención en las resoluciones Interlocutorias de fs. 115/117 y 221/223, por considerarlos altos, atento a como se resuelve el recurso de la actora y habiéndose establecido condena, los honorarios deberán ser reajustados conforme las bases dadas en el nuevo pronunciamiento, por lo que la apelación de trato deviene abstracta. Sin costas de Alzada atento la falta de fundamentación y a como se resuelve la cuestión.

c) Por lo dicho, soy de opinión y propongo al acuerdo: a) Revocar parcialmente la sentencia de fs. 234/244 numeral I, en cuanto fuera materia de agravios, haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Guillermo Martín Pamies contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. receptando el rubro de ropas de trabajo por la suma de Pesos cuatrocientos ($400,00), b) Revocar el numeral II, en cuanto a las costas impuestas, las que serán soportadas en Primera Instancia por la accionada-vencida y en relación a los honorarios regulados, dejar sin efecto los mismos conforme lo resuelto, c) Imponer las costas de Alzada por su orden en razón de las cuestiones contrapuestas de las partes recurrentes y el modo en que se recepcionan, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad en que obren determinados los inferiores con arreglo al nuevo pronunciamiento.

d) Declarar abstracta la apelación deducida por la demandada respecto de los honorarios regulados al Dr. Pedersen, respecto de los autos interlocutorios de fs. 115/117 y 221/223. Así voto.

La doctora Yolanda Urrutia de Rajoy dijo:

En orden al primer agravio, dejo planteada disidencia respecto a lo concluido por la Sra. Juez preopinante respecto al rubro Diferencias salariales (agosto/03 a noviembre/03), el que entiendo debe ser receptado.

Que en demanda el actor alegó haber iniciado su relación con la demandada el 14/02/97 desempeñándose como "Preventista", la que se desarrolló normalmente hasta que le fuera reducido el sueldo básico de $ 475,00 a $ 400,00 y se le dejaran de abonar los montos del Dto. 1273/03, productividad, asistencia, diferencia de aguinaldos, lo que motivara su interpelación en fecha 29/10/03; que la falta de pago de los rubros adeudados le autorizaron a considerarse en situación de despido indirecto. La demanda adujo que no medió rebaja salarial, sino modificación del Acuerdo Colectivo, el que fue en beneficio de los trabajadores.

Entiendo que corresponde considerar las diferencias salariales período agosto a noviembre/03, por haber constituido materia de litis la alegación del actor respecto a la reducción del básico a partir de agosto/03, más allá de la norma convencional que invoca, y el correspondiente responde hecho valer por la demandada respecto a la aplicabilidad del Acuerdo Colectivo que entrara a regir a partir de dicho mes.

Que según constancias de autos al actor en el mes de julio/03 -categorizado como Preventista- se le liquidó una remuneración de $866,75 (sueldo 475,00; antigüedad 28,50; productividad 59,44; gestión comercial 45,00; asistencia 83,81 y, en los meses posteriores (excluido comisiones) -categorizado como Vendedor B- pasó a liquidársele en agosto y setiembre/03 la suma de $ 1.083,00 (sueldo 400,00; gestión comercial 600,00; vales alimentarios 83,00 ); en octubre/03 $ 1.202,60 (sueldo 400,00; gestión comercial 757,00; vales alimentarios 45,60).

Que a fs.166/176 obra convenio de empresa (homologado por Resolución S.T. Nº 47), con partes intervinientes Cervecería y Maltería Quilmes S.A., FACTA, FATAGA y SUTIAGA, con ámbito de aplicación en todo el territorio del país, aplicables a todos los promotores de venta en relación de dependencia de la empresa, tanto sea de cerveza como de agua gaseosa, en el que a partir del 01/08/03 se establecieron las categorías Promotores de Ventas A) y B), quedando encuadrado en categoría A) los promotores a partir de los 24 meses de trabajo en la compañía, integrándose la remuneración integral con una suma fija de $ 500,00 en la que queda subsumido el adicional no remunerativo Dto. 905/03 y 392/03, así como todos los adicionales, presentismo, asistencia, antigüedad, etc. Además se fijó un Adicional de $ 50,00 y si la remuneración fija más comisiones superan los $ 500,00 este beneficio será del 10% de esta remuneración. Y un Adicional variable por Alcance Objetivos de $ 600,00 cuando el objetivo alcanza el 100%, incrementándose cuando el porcentual es mayor.

Ello así resulta de los recibos correspondientes al mes de agosto/03 y posteriores, atendiendo a la antigüedad que detentaba el actor en la empresa demandada, que el básico o remuneración fija, así como el adicional sobre el mismo y comisiones que se le liquidara, no se correspondió con lo establecido en el convenio de empresa que se agrega a fs. 166/176, surgiendo las siguientes diferencias: debió percibir percibió diferencia agosto/03500,00+58,30400,00+48,30110,00 setiem/03500,00+58,30400,00+48,30110,00 octubr/03500,00+55,60400,00+45,60110,00 nov/03-5d- 83,33+15.49 66,67+13.82 18,33 Total $ 348,33.

En cuanto al segundo agravio, comparto los fundamentos de la Sra. Juez preopinante en cuanto recepta el rubro ropa de trabajo y lo rechaza respecto rubro diferencia por comisiones período octubre/01 a setiembre/03.

Respecto al agravio referido al despido indirecto y consecuente obligación indemnizatoria, considero que la situación de despido en que se colocara el actor no resulta justificada. En efecto, el 29/10/03 remite TCL a la empleadora intimando pago diferencias salariales lapso agosto/01 a agosto/03, que surgen de la asignación en menos del sueldo básico, de las comisiones por ventas, exclusión antigüedad, asignación Dto. 1273, productividad y asistencia, diferencias en menos vacaciones y aguinaldos.

En efecto, por el período agosto/01 a julio/03, no resultan acreditadas las reducciones imputadas ni mayores comisiones que las liquidadas, ni la exclusión de adicionales, que lucen abonados. Y respecto a la liquidación del mes agosto/03, si bien precedentemente respecto al básico he concluido que correspondía la suma de $ 500,00 y no $ 400,00, siendo que en el mes de julio/03 el haber bruto se le liquidó en $ 847,99 y en agosto /03 (excluido comisiones) en $ 1.048,30, es decir que el haber bruto fue sensiblemente mayor, así como que en su responde epistolar la demandada le hizo saber que para evacuar las consultas e inquietudes debía acercarse al Departamento Personal a fin de informarse y obtener las aclaraciones pertinentes, la actitud del actor comunicada por TCL de fecha 05/11/03 aparece injustificada e intempestiva, por lo que no resulta acreedor de créditos indemnizatorios.

En consecuencia, propicio se haga lugar parcialmente a la demanda, por la suma de Pesos setecientos cuarenta y ocho con treinta y tres centavos ( $ 748,33) (dif. salariales: $ 348,33; ropa trabajo: $ 400,00).

Por último comparto lo fundamentado y concluido por la Sra. Juez de Primer voto respecto a costas de Primera Instancia, y en cuanto a la apelación de la demandada. Las costas de Alzada, también entiendo deben ser soportadas en el orden causado, por mediar vencimientos recíprocos. Así voto.

Existiendo disidencia en los votos que anteceden, llamase a dirimirla al Sr. Juez Osvaldo Veron.

El doctor Osvaldo Veron dijo:

Llamado a dirimir la disidencia suscitada entre las distinguidas colegas que me preceden, adelanto opinión en favor a la tesitura de la Sra. Juez de segundo voto, Yolanda L. Urrutia de Rajoy, quien considera que debe ser receptada la pretensión de diferencias salariales (agosto/03 a noviembre/03), por la suma de $348,33, con más sus respectivos intereses.

Ello así, porque a mi modo de ver, la Dra. Urrutia de Rajoy, resuelve la pretensión en cuestión, con fundamentos a los que llega con los métodos de investigadora, mediante una interpretación que estimo razonable y adecuada a las circunstancias del caso, en tanto que de la demanda surge que las diferencias resultan de las categorías profesionales de vendedor B de la Conv. Col. Nº 130/75, que las refiere a la categoría de promotores de venta A) y B) del convenio de Empresa, que obra glosado a fs. 166/176, en orden a la reducción del básico a partir de agosto/03.

De consiguiente, atento a los recibos obrantes en autos correspondientes al período agosto a noviembre/03, surge que al actor no se le liquidaran sus haberes de consuno con lo establecido en el Convenio de Empresa, arrojando en consecuencia las diferencias que detalladas en la planilla efectuada por la Sra. Juez de Segundo Voto, ascienden a la suma de $348,33, con más los intereses al tipo de tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina.

Considero de modo tal, que la Dra. Urrutia de Rajoy no solamente ha ejercido una atribución propia sino que tampoco desatendió que la misma constituye para ella un deber irrenunciable, desde que en base a la exposición de los hechos los Jueces son los únicos llamados a calificar la acción y determinar el derecho aplicable ("iuria novit curia"). A mayor abundamiento destaco, que en manera alguna esta pretensión fue cambiada por otra, ni mucho menos, sino que por el contrario, ha sido ejercitado en sus justos límites, sin desnaturalizarse de los términos de la demanda, ni alterarse la causa pretendi (SCBA, Ac. y Sent. 1957, v. II, p. 265; 1958, v. IV, p. 627, entre otras).

Por todo lo expuesto, comparto los fundamentos y conclusiones que informan el voto al que adhiero, en orden a lo que constituyó materia de disidencia. Así voto.

Por el resultado de la votación que antecede y por mayoría, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Resuelve: I. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 234/244 en cuanto fuera materia de agravios, II. Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Guillermo Martín Pamies contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. condenando al demandado a abonar al actor en el plazo de diez (10) días la suma de Pesos setecientos cuarenta y ocho con treinta y tres centavos ($748,33), con más intereses a calcular en la forma expuesta en los Considerandos. III. Revocar el numeral II, en cuanto a las costas impuestas, las que serán soportadas en Primera Instancia por la accionada-vencida y conforme lo resuelto, dejar sin efecto los honorarios regulados. IV. Imponer las costas de Alzada por su orden, difiriendo las regulaciones de honorarios hasta la oportunidad en que obren determinados los de Primera Instancia con arreglo a este pronunciamiento. V. Declarar abstracta la apelación deducida por la demandada a fs. 245, por los fundamentos expuestos. Sin costas. -Yolanda L. Urrutia de Rajoy. -Marta Alicia De la Vega. - Osvaldo A. Veron.