marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ponce de Rolón, Petrona Celestina c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

Por regla, no hay cuestión que habilite la competencia del Tribunal en los términos del art. 26 de la ley n° 402 si la decisión de la Cámara de Apelaciones que se cuestiona, declaró desierto el recurso de apelación de la recurrente. Ello así, en tanto "...lo atinente a establecer la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios y la consiguiente deserción del recurso, remite al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario" (conf. mutatis mutandis Fallos 311:2629; 314:800; 319:682, 323:1699 entre otros). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Araujo Rosa Angela c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay s/ Indemnización por Enfermedad-Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-06-23

La relación causa -trabajo -efecto -lesión, siempre se consideró como uno de los elementos esenciales para comprometer la responsabilidad del patrón y debe ser probada convincentemente por el dependiente, exigencia que, como en el caso, debe extremarse al no haberse denunciado el hecho invocado en forma contemporánea a la que se indica como de su producción, ya que la denuncia administrativa aparece como la primera noticia y ocurrió siete meses después e incluso después de una operación que allí consta y que tampoco habría sido comunicada.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Hector María c/ Suárez, Carlos Martin s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-02

La disminución del valor venal indemniza, como regla, la desvalorización del vehículo por razón de las reparaciones -cuando los daños no han podido ser disimulados o afectan partes estructurales-, por lo que si la reparación no se llevó a cabo o la indemnización por destrucción total ha contemplado esa pérdida, resulta improcedente su fijación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barrios, Elsa Catalina c/ Queiruga, Marta Noemí s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

La apreciación de la suficiencia de la expresión de agravios no es una cuestión de hecho. La deficiencia de la demanda o del recurso no es una cuestión de hecho ni de derecho. Lo que merece tal calificación son los errores que la parte denuncia (art. 279, C.P.C.C.).

Que un tribunal afirme que los argumentos del recurso son tan deficientes que no merecen refutación, no transforma la naturaleza de las objeciones formuladas por la parte. Es decir, si las objeciones se referían al derecho aplicado, entonces la cuestión seguirá siendo de derecho, sin que esto cambie porque el tribunal haya dicho que la crítica no merecía refutación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño causado por animales, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Luis y otra c/ Camino del Atlántico s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22

La situación del animal suelto en la ruta y el daño que de ello podría resultar, por encima de cualesquiera de las posturas doctrinarias y jurisprudenciales que sobre la responsabilidad se adopte, debe ser meritada en relación a cada caso concreto llamado a decidir. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, distinta vecindad, Estado Provincial, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sarro, Antonio y otros c/ OCA SRL. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Si bien la actora, como vecina de distinta provincia de una de las codemandadas, tenía derecho a optar por deducir su pretensión ante los tribunales locales o nacionales, de conformidad con lo preceptuado por el art. 5x, inc. 5x, del Código Procesal de la Nación, tal opción la obligaba empero -en razón de la distinta vecindad existente entre las partes- a elegir la jurisdicción nacional.Ello es así, pues de haber planteado su demanda ante la local se habría visto enfrentado a una eventual excepción de incompetencia.
Cuestión abstracta, habeas data
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aranda, Carlos Alberto c/ Banco de Servicios Financieros SA s/ acción de habeas data
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

Cabe declarar abstracta la acción de hábeas data interpuesta a los efectos de que la entidad financiera accionada rectifique los datos personales que obran en sus registros en razón de una supuesta deuda que mantenía con la demandada, pues surge acreditada la rectificación y posterior supresión del dato cuestionado, por lo que el objeto de la presente acción se encuentra cumplido.
Honorarios del abogado, derechos adquiridos, aplicación temporal de la ley, ley vigente, ley anterior, ley posterior, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Panamericana de  Plásticos  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio deEconomía, Hacienda y Finanzas) y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

No corresponde aplicar la ley arancelaria que entró en vigencia con posterioridad a la aceptación y ejecución de la tarea encomendada, ya que no cabe privar al profesional del derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior, sin que obste a ello la circunstancia de hallarse pendiente la determinación de sus honorarios, toda vez que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento - y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique S. Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IBAÑEZ, LEONARDO MAXIMO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION DE ARMA DE GUERRA AMBOS EN CALIDAD DE AUTOR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

En relación a las invocaciones por contradicción de los testigos, pese a las genéricas referencias de la quejosa por arbitrariedad probatoria, ésta no logra rebatir los argumentos de la Alzada en cuanto a que los mismos habían sido captados por las cámaras de seguridad en el lugar del hecho delictivo, y que sus declaraciones guardaban correlación con esos registros fílmicos; expresando además en relación a los testimonios de descargo, que resultan escasos, insuficientes, contradichos entre sí e incluso al borde del falso testimonio. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Acción de amparo, asociaciones sindicales, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, declaración de inconstitucionalidad, nulidad del decreto, falta de agravio concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina CTA  c/ Estado Nacional Poder Ejecutiv s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-12-28

Cabe rechazar la acción de amparo deducida por una asociación sindical a efectos que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dado que la actora cuestiona la norma con argumentaciones meramente conjeturales en orden a supuestas dilaciones que pudieran producirse, y por ello el reclamo cautelar es improcedente por cuanto no se exhiben las razones de gravedad y objetivamente impostergables a las que hace referencia el artículo 4 inc. 1, párrafo tercero, de la Ley 26.854 para acceder a lo pretendido. Asimismo, la accionante no alcanza a acreditar en autos la existencia o caso de controversia para habilitar la actuación judicial en los términos del art. 116 de la C.N.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Carra, Julio Antonio y otro c/ El Rápido S.R.L. s/ Indemnización por antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite toda referencia a la prejudicialidad que con sustento en doctrina legal y con cita de los arts. 1102 y 1103 del Código Civil, tuvo en consideración el tribunal de grado en el fallo (art. 279, C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PASCUA, INDALECIO c/ BAR MAPPET Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 421-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

Si bien es cierto que el control de admisibilidad de los recursos ordinarios escapa a la esfera de la impugnacion extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad, dicho ámbito se abre cuando se incurre en arbitrariedad, por excesivo apego a las formas en desmedro de la verdad jurídica objetiva.
Transporte marítimo, transporte combinado, conocimiento directo
Materia: NAVEGACION
Carátula: Himalaya  S.A.  de Seguros y otros c/ Capitán y/o Propietario y/o Flete Buque Catamarca II s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

Cuando los dos o más tramos importen trayectos por agua realizados por distintas compaÑías de navegación, el documento que expide la primera, que recibe directamente la mercadería del cargador, se llama conocimiento directo. En la práctica, los transportadores intermedios otorgarán un conocimiento con sus propias cláusulas, las que fijarán su responsabilidad que quedará limitada a los hechos ocurridos durante su propio trayecto. El último transportador no responderá sino por sus hechos y le incumbirá probar que ella no se averió durante su transporte, sino durante uno anterior, prueba que surgirá inmediatamente si los recibos provisorios o conocimientos que otorgó al embarcarla han sido observados convenientemente.

En tales condiciones, para que haya "conocimiento directo" no es necesario que sea un solo conocimiento el que regule todo el tráfico marítimo en el transporte de mercaderías.
Aplicación de la ley penal, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Roberto Carlos s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Las prohibiciones de analogía en el ámbito penal se sustentan en la debida correlación entre la sanción y el bien jurídico.
Derecho a la presencia del defensor, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: C., S. y S., V. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-10

La norma Constitucional es totalmente clara en cuanto a la exigencia de la presencia del defensor en todos aquellos actos que le toque intervenir al imputado, y si bien la actividad procesal atacada fue cumplida de conformidad a las normas procesales vigentes al tiempo en que se materializaron la aplicación de este precepto Constitucional se hace imperativo, ya que el artículo 44 de idéntica naturaleza jurídica, determina que debe aplicarse la ley procesal más favorable al interés del procesado.
Derechos humanos, valor vida
Materia: PENAL
Carátula: VON WERNICH, Christian Federico c/  s/ Rec. de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

El bien jurídico vida siempre ha de ser protegido dentro de un mínimo internacional local o de un mínimo de orden jurídico interno admitido internacionalmente, que no se puede desconocer aún en tiempos de guerra en que ciertos derechos sufren un eclipse parcial o temporario, tal como ha entendido la Corte Suprema de Justicia.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Eulogio Julio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Los informes médicos que sustentan la denegatoria de un beneficio previsional deben estar suficientemente motivados; de lo contrario quedan descalificados por falta de fundamentación adecuada.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, taxi, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albano, María Florencia c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 398-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

La anulación del acto que impugna la recurrente -por el que se declaró la caducidad de la licencia de taxímetro cuya transferencia solicita- no depararía automáticamente para ella la satisfacción de su interés material consistente en el otorgamiento de la transferencia de la licencia. La anulación del acto que impuso la sanción al anterior beneficiario, no es más que un presupuesto de la pretensión postulada pero en modo alguno comporta la inmediata obtención de su objetivo. Ello indica también que la recurrente no es titular de la situación jurídica que invoca.
Recurso de revocatoria (administrativo), desglose, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: PANAMER SA c/ GCBA s/ otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-02

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia del Secretario Judicial que denegó el pedido de prórroga para satisfacer el requerimiento de copias oportunamente formulado y efectuar el desglose de las copias acompañadas. Ello es así dado que, aun cuando se lo estimara, no correspondería agregar dichas copias, por haber sido presentadas una vez vencido el plazo fijado por el Secretario judicial, computándose la prórroga solicitada. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Tenencia de hijos menores, madre concubina
Materia: CIVIL
Carátula: V.O.F. c/ Q.G.M. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

Corresponde otorgar la tenencia del menor al padre, si de la prueba aportada se demuestra que vive con verdadera convicción e integridad moral la creencia que practica, la cual es acorde a las pautas éticas que rigen nuestra sociedad, interesada en la sana formación de sus miembros y el ejemplo que puede darle al hijo, es en este sentido irreemplazable, mientras que la madre viva en concubinato, del que nació una hija.

Máxime si la relación paterno filial es óptima, dado el gran amor que se tienen e incluso la ansiedad del niño por estar junto con su padre y la existencia de un núcleo familiar muy unido -abuelos y tíos del menor- a los cuales éste demostró querer. Asimismo el progenitor demostró una excelente solvencia moral, su amor al prójimo y la consideración y prestigio que goza entre sus compañeros de trabajo y sus colaboradores sin trasuntar apego hacia lo material y a lo mundano en el grado de la madre.

El hecho de que la madre del menor viva en concubinato, no es por sí descalificante pero, no resulta, por lo pronto, un dato favorable para decidir la cuestión a su favor (Conf. Borda "Tratado de Derecho Civil Argentino; Familia", T.I, Nro. 541 bis; Spota, "Tratado de Derecho de Familia", T.II, vol. 2, p.846); máxime cuando las evidencias demuestran su aferrado sentido materialista de la vida, que tampoco es saludable para la formación integral de su hijo (Conf. art. 264 del Código Civil, reformado por la ley 23.264).

No parece conveniente que el rol de padre lo ejerza virtualmente el actual compañero de la madre del menor, que es prácticamente un anciano y que, a pesar de su ponderable disponibilidad económica, es evidente que no tiene una óptica de la vida coincidente con la que sustenta el verdadero progenitor, que es el encargado legalmente de brindarle al hijo una educación moralmente apropiada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba, seguros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguirre, Milagros María c/ Línea 18 S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

La valoración de las pruebas y en general de las circunstancias de la causa así como la interpretación del sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato de seguro constituyen materia propia de las instancias ordinarias y son temas ajenos al ámbito de la extraordinaria, salvo que se demuestre acabadamente que se ha incurrido en absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Matrimonio, Poder Legislativo Nacional, divorcio, disolución del matrimonio, aptitud nupcial
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

El art. 67, inc. 11 de la Constitución confiere al Congreso la atribución de dictar el código civil, lo cual lo faculta, obviamente, a regular el matrimonio civil, sus efectos jurídicos y los modos de su disolución. Por tanto, es el Poder Legislativo al cual concierne determinar si el matrimonio es disoluble en vida de los esposos o no lo es, así como si la disolución faculta a contraer nuevas nupcias y, en su caso, en qué condiciones.
Acción de amparo, actos de los poderes públicos, inconstitucionalidad, legitimación activa, derecho de enseñar y aprender
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonetto, Rodolfo Antonio y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Cordoba y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-24

Cuando las decisiones adoptadas por los poderes políticos afectan derechos y garantías básicos de las personas, de raigambre constitucional, el Poder Judicial tiene competencia para verificar si existe o no una lesión de tal índole, como custodio de la Constitución.

En consecuencia, si aún por una decisión de origen político, se lesiona algún derecho o garantía constitucional, el tema ingresa dentro de la meritación jurisdiccional y es formal y sustancialmente procedente la acción de amparo (art. 43 Const. Nacional). Inclusive este precepto autoriza la tutela no sólo de los derechos y garantías constitucionales, sino también de los reconocidos en un "tratado o una ley" (en concordancia con el orden de prelación fijado en el art. 31), confiriendo competencia al magistrado para "declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva".

Fijar y aplicar una política educativa, a través de determinados planes de estudio, es desde luego un asunto reservado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo (arts. 110, inc. 12 y 144, inc. 1ro. Const. Pcial.); pero ello no enerva el contralor jurisdiccional de constitucionalidad, cuando esos actos tropiezan con derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, reconocidos en las Constituciones o en Leyes de primacía sobre la aplicada por el Gobierno de la Provincia. No es atribución judicial valorar la bondad o eficacia de aquella política, pero sí determinar en el caso concreto sometido a su consideración si concurre una alteración de esos derechos y garantías. Ello, porque aunque los derechos fundamentales se gozan "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 14 Const. Nac.), también: "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 28 Const. Nac.). Es decir que no se trata de descalificar actuaciones legislativas o administrativas simplemente porque son injustas sino, en esencia, porque esa injusticia resulta de un apartamiento o transgresión a la normativa constitucional o legal de rango superior en que aquéllas deben enmarcarse.

Los contenidos de los planes educativos no configuran, de manera exclusiva, un "asunto político" desde que se encuentran prioritariamente comprometidos los intereses de los educandos mismos y los derechos y obligaciones de sus progenitores hacia ellos, además de la trascendencia que naturalmente también reviste esa problemática para toda la comunidad.

Tratándose de lesiones con eventual repercusión grupal, la Constitución no exige que la acción sea promovida por todos los miembros de la colectividad respectiva, sino que es suficiente que se accione a título individual, por el o los afectados.
Derecho procesal, competencia, competencia federal, competencia por la materia, procedencia del recurso, circulación aérea
Materia: PROCESAL
Carátula: Liascovich Larregina, Lucía Denise c/ Despegar.Com.Ar SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

Resulta competente el fuero civil y comercial federal para entender en una acción en la que se reclama resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos ante la falta de devolución del precio abonado por la emisión de dos pasajes aéreos internacionales programados, cuya finalidad de transporte nunca pudo concretarse, a raíz de la emergencia sanitaria internacional imperante a la época. Ello por cuanto, en el caso, la causa del reclamo de la actora aparece conectado al incumplimiento de las codemandadas en la adecuada prestación del servicio de transporte aéreo y, si bien, se encuentra aquí involucrada una controversia de índole mercantil, no puede desatenderse que la dilucidación del reclamo objeto de este proceso exigirá, en principio, el análisis y la aplicación de normas nacionales e internacionales que regulan la actividad aeronáutica, en particular las disposiciones relativas a los deberes y obligaciones de las compañías aéreas con relación a las modificaciones de los tickets aéreos ya emitidos, fundamentalmente, frente a decisiones de los Estados de origen y destino -ley 13998: 42-.
Juicio ejecutivo, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Santa Cruz S.A. c/ Tabolango S.R.L. y Otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-09-05

El impedimento procesal de litispendencia en otro juzgado o tribunal competente, sólo puede prosperar cuando se lo funda en la existencia de otro juicio ejecutivo no concluido entre las mismas partes y en virtud del mismo título. Es decir, requiere que exista otra juicio ejecutivo (presupuesto) con el cual se produce la llamada concurrencia de las tres identidades (requisitos de admisibilidad), a saber: que aquél sea entre las mismas partes, por la misma deuda y por igual título, constituyendo un requisito esencial que la demanda haya sido notificada y que trámite ante otro juzgado o tribunal.
Sentencia, nulidad de sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: INGENIO AGUILARES S.A. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-09

Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que desconoce el principio de cosa juzgada, negando la calificación que se reconociera al crédito insinuado por medio de un pronunciamiento anterior, firme para las partes.