Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24


VERGES, Manuel María contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 353-361. Santa Fe, 24 de marzo del año 2.004.

VISTOS: Los autos "VERGES, Manuel María contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 42, año 1.995), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo, registrado en A. y S. T. 183, págs. 40/42, que declaró procedente el recurso contencioso administrativo, interpuso la demandada el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 95/109), expresó en cuanto a la admisibilidad del recurso, que se cumplimentan los requisitos comunes necesarios para ello, enunciándolos seguidamente.

Además, afirmó que se satisfacen los requisitos propios del remedio interpuesto, a saber: sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa, cuestión federal y relación directa.

Agregó, con respecto a los requisitos formales, que la cuestión federal fue introducida oportunamente al contestar la demanda y mantenida al informar sobre el mérito de la causa, no obstante lo cual, dijo que los agravios que fundan la impugnación extraordinaria se originan en la sentencia dictada. Seguidamente, efectuó una reseña de los antecedentes de la causa.

En cuanto a la procedencia sustancial del recurso, le endilgó al decisorio incurrir en arbitrariedad y resumió las causales en falta de fundamentación suficiente, prescindencia de pruebas, "sentencia extraviada de la normativa vigente y del común sentido social" y riesgo institucional.

Bajo el acápite "falta de fundamentación suficiente" dijo que el pronunciamiento recurrido omitió ponderar la totalidad de los elementos colectados en la causa, soslayando considerar el material fáctico del pleito y los requisitos esenciales para el acogimiento de la pretensión.

Sostuvo que el Tribunal basa su decisión en afirmaciones dogmáticas y sin sustento, omitiendo formular argumentación de tipo alguno que le brinden suficiente fundamento jurídico a la misma, considerando las normas y principios vigentes que rigen los ascensos del personal policial. Cuestionó, al respecto, que en el fallo se afirme que está fuera de discusión que la propia Administración ha reconocido por decreto 3115/93 el ascenso a partir del 1 de enero de 1.989 y que no corresponde aplicar el precedente de A. y S. T. 92, pág. 466, por el hecho de que el recurrente no dejó de prestar servicios para la demandada, sin tener en cuenta que los mismos fueron prestados en el grado de Subcomisario que es el que el actor venía desempeñando. Adujo que la cita de fallos en los que se apoya el decisorio no le prestan motivación suficiente, por cuanto los mismos no resultan aplicables al caso. Expresó, en tal sentido, que en el caso 'Mendoza' el Tribunal no desarrolló argumento alguno aplicable a las circunstancias de la causa, sino que se limitó a afirmar, como posibles consecuencias de la declaración de nulidad de un acto y como ejemplo, el derecho al pago de las diferencias de haberes, lo que -según entiende- atento a la implicancia que tiene para el erario público, hubiere requerido una fundamentación mayor.

A juicio de la recurrente, el Tribunal, sin fundamento en norma o principio jurídico alguno vigente en el ordenamiento santafecino, le atribuye a un acto un determinado efecto que el ordenamiento jurídico no le ha dado.

Alegó acerca de la organización piramidal, diseñada sobre el principio de jerarquía, destacando, en síntesis, que hasta que la misma no es reconocida, no pueden desempeñarse cargos o cumplirse funciones y en ausencia de ellas, no pueden abonarse remuneraciones. Insistió en que al actor se le otorgó el cargo de Comisario el 21 de octubre de 1.993 y aunque se reconoció a los efectos de la antigüedad a partir del 1 de enero de 1.989, lo cierto es que hasta la fecha de su otorgamiento no pudo desempeñar cargos para una jerarquía que no poseía ni cumplir sus funciones y no pudo percibir las remuneraciones ni puede pretender en consecuencia, que se le abonen en forma diferida. Reiteró la crítica respecto a la aplicabilidad del fallo 'Mendoza' y sostuvo que en los fallos 'Mar', 'Vázquez', 'Coassin', no se efectuó más desarrollo argumental que en el presente y que ninguno de los fallos citados en la sentencia recurrida es aplicable a este caso, señalando además, que la decisión no se basa en razones adecuadas para dar fundamento jurídico a lo resuelto.

Adujo que otra arbitrariedad de la sentencia la constituye la no aplicación al caso sin fundamento suficiente del criterio sentado en el 'Gónzalez Palicio', transcribiendo al efecto, párrafos del citado precedente. Expresó, al respecto, que las argumentaciones dadas por el Tribunal para apartarse de aquella jurisprudencia carecen de suficiente entidad y que si bien es cierto, que no se dan en el caso considerado las mismas circunstancias que en aquél, la sentencia no explica en forma concreta, razonada, precisa, con citas de derecho en que se funda, por qué se justificaría un tratamiento distinto para los casos en que medie ruptura y para aquellos en los que ella no exista. Consideró que la sentencia no reconoce el derecho a percibir remuneraciones por servicios no prestados, en tanto, no podría desnaturalizarse la relación de empleo hasta llegar a dicha afirmación. A juicio de la recurrente, lo que reconoce, aunque no lo diga expresamente, es un resarcimiento -que se tarifa en el caso en lo equivalente a diferencias salariales- y no surge del decisorio que se hayan analizado cada uno de los recaudos que el sistema jurídico vigente exige para la condena en tal aspecto. Agregó, que en definitiva, se condena a la Provincia a resarcir un daño cuya producción no le es imputable. Achacó al decisorio de prescindir de las constancias de la causa y omitir considerar prueba decisiva.

En tal sentido, argumentó que el recurrente reclama diferencias salariales por un cargo que jamás ejerció y que ha quedado comprobado en autos que no ejerció el cargo de comisario, por cuanto la función de Jefe de Control Regional de Armas es ejercida por Oficiales Jefes que es abarcativa de varios grados entre ellos el de Subcomisario, que es el cargo que ostentaba Vergés antes de su ascenso y hasta que pasó a retiro obligatorio.

Afirmó, que aún en el supuesto que el actor, hubiese desempeñado entre enero y diciembre de 1989 funciones propias de un Comisario a pesar de revistar como Subcomisario, las mismas no serían más que funciones irregulares.

Destacó además, que no existió resolución del titular de la jurisdicción que le acuerde funciones relacionadas con un cargo superior.

Bajo el acápite "sentencia extraviada de la normativa vigente según el sentido común social", dijo que el derecho no puede prescindir de la previsión de las consecuencias que pueden derivarse del dictado de una norma o de una sentencia y que en el caso, se viola el derecho de propiedad disponiendo el pago de diferencias salariales inexistentes y con ello una nueva carga contra la ya crítica economía provincial.

Por último, señaló que el Tribunal ha omitido considerar el riesgo institucional a que puede conducir la solución arribada, considerando para ello el particular sistema de Promociones Policiales vigente en la Provincia de Santa Fe.

Sostuvo que si el criterio sostenido por el Tribunal se convierte en doctrina jurisprudencial, la Administración deberá pagar dos veces por el desarrollo de una misma actividad o función, por cuanto si el sujeto agraviado no impugna en tiempo, otra persona es ascendida en la vacante, cumple las funciones, se le paga las remuneraciones y luego, igualmente deberá pagarse los mismo a aquel que, desplazado, nunca cumplió la función. Argumentó además, acerca del daño económico que se produciría a las alicaídas arcas provinciales.

Corrido traslado a la contraria, ésta lo contestó a fojas 112/117, postulando su rechazo y planteó además, 'la falta de legitimación activa de los profesionales' de la demandada, estimando que han superado las simples normas del mandato que prevé la ley 11.785 (foja 115).

2. En cuanto al cuestionamiento a la personería de los apoderados de la Provincia, este Tribunal destimó la postulación efectuada por la parte actora a fojas 125/126 (A. y S. T. 190, págs. 257/258).

Además de ello, se advierte que en la copia del poder general obrante a foja 94, otorgado por el sr. Gobernador de la Provincia a los mandatarios allí mencionados, se los faculta '...para presentarse ante los Tribunales nacionales, provinciales....interponer recursos legales'.

3. En cuanto al recurso extraordinario en sí, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del mismo.

Cabe señalar que la mera interposición del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S. T. 67, p. 441; T. 71, p. 276; T. 77, p. 439; T. 89, p. 58 y T. 94, p. 5).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado. Realizado el análisis señalado precedentemente, se advierte que no obstante que la recurrente invoca vicios de arbitrariedad -falta de fundamentación suficiente, prescindencia pruebas, riesgo institucional-, la esencia de su queja remite a cuestiones de hecho, prueba y de derecho público local, y sólo trasunta la disconformidad de la demandada con la solución del Cuerpo en ejercicio de funciones propias.

En reiterados pronunciamientos, tanto del más Alto Tribunal de la Nación, como de esta Corte, se ha sostenido que tales cuestiones constituyen una materia que, en principio, escapa a la esfera de aplicación del remedio extraordinario.

En el caso, debe señalarse inicialmente que, pese al esfuerzo argumental de la Provincia en fundar la presente impugnación, no logra demostrar la concurrencia de alguna de las limitadas excepciones a esa regla, pues, en definitiva, el criterio sostenido por el Tribunal para concluir en que el recurso contencioso administrativo debía ser acogido -bajo la óptica de sólidos y consolidados precedentes jurisprudenciales y sin que se advierta lesión a cláusulas de rango constitucional-, no resulta irrazonable a tenor de las particulares circunstancias de la causa y los fundamentos vertidos en la resolución impugnada.

Es que, en rigor de verdad, ninguno de los agravios esgrimidos logra descalificar los fundamentos del decisorio. Entrando al examen particular de las tachas de arbitrariedad que la apelante dirige contra la sentencia, cabe considerar, en primer lugar, la atinente a que no se encuentra suficientemente fundada. En tal sentido, plantea que el fallo no revela un análisis suficiente de la totalidad de los elementos colectados en la causa, que la remisión a la doctrina de la causa "Mendoza" y demás antecedentes que se citaron son insuficientes a los fines de que la sentencia reúna las condiciones mínimas para ser considerada un acto jurisdiccional válido; que es arbitraria la no aplicación al caso sin fundamento suficiente del criterio sentado en el precedente "González Palicio".

Dichas apreciaciones sólo revelan su discrepancia con la solución alcanzada en el sub lite por el Cuerpo, en cuanto a la procedencia de la pretensión de diferencias salariales.

Así, de la simple lectura de la sentencia impugnada se advierte que el Tribunal, por aplicación de criterios propios (con cita de los precedentes registrados en A. y S. T. 95, pág. 166; T. 98; pág. 355; T. 102, pág. 466, entre otros) señaló que el derecho al ascenso desde determinada fecha "...no implica más que reconocer que el agente a quien ilegítimamente se le negó el ascenso, tiene derecho al reconocimiento de determinadas consecuencias que se habrían derivado a su favor si hubiera ascendido citándose como ejemplo -entre otros-, el derecho a las diferencias de haberes".

No se observa donde finca la falta de sustento o dogmatismo en tal aseveración, pues ésta se apoya en consolidados criterios jurisprudenciales de esta Corte plasmados en los fallos 'Mendoza', 'Pallavidini' y 'Mar', a cuyos fundamentos remite la sentencia.

Las consideraciones vertidas por la impugnante en el sentido de que los fallos citados no prestan motivación suficiente y que no son aplicables al caso sólo dejan traslucir la mera disconformidad de la demandada con lo decidido, pretendiendo reabrir la discusión sobre cuestiones ya resueltas por este Tribunal en ejercicio de funciones propias, intentando imponer su criterio atinente a que el reconocimiento propiciado sin una norma que expresamente consagre esa consecuencia, por sus implicancias en el erario público, hubiera requerido de una fundamentación mayor. Tales achaques son formulados sin traer argumentos de peso en orden a demostrar que el Tribunal al apreciar las circunstancias antedichas lo haya hecho de un modo irrazonable o conculcando derechos o garantías de raigambre constitucional no resultando idóneo, por tanto, para franquear la vía intentada.

Y es que, in re 'Mendoza' (A. y S. T. 95, pág. 166), luego de haberse anulado los actos administrativos impugnados por el rec Además, el Cuerpo sostuvo, en lo que aquí es de interés, que 'En suma, lo declarado en la sentencia no implica más que reconocer que e En 'Mar' (A. y S. T. 102, pág. 466), luego del reenvío a la Administración y habiendo dispuesto ésta el Sobre el punto, la Corte sostuvo en esa oportunidad que "Si bien es cierto que en el precedente de A. y S. T. 92, pág. 466...'(González Palicio)'...se denegó el reconocimiento de salarios caídos, también lo es que en ese caso se trataba de un supuesto en el que había mediado ruptura de la relación de empleo público, con la consiguiente posibilidad -adecuadamente merituada por el Tribunal- de que el agente realizara durante el cese otra actividad remunerativa...En cambio en el presente caso debe descartarse tal posibilidad, desde que...el recurrente no dejó de prestar servicios para la demandada...Resulta pues aplicable la jurisprudencia de A. y S. T. 95, pág. 166 ('Mendoza' -aclaratoria)" y concluyó en que correspondía reconocer el derecho del actor a que se liquiden las diferencias existentes entre los cargos de Comisario Principal y Comisario Inspector.

Cabe señalar, no solamente la similitud fáctica entre los precedentes citados y el sub lite, sino también la coincidencia en la argumentación que sostuvo la demandada in re 'Mar', quien, en similares términos a los que desarrollara en el escrito de contestación de la demanda, postuló la necesidad de efectiva prestación del servicio del cargo en determinada jerarquía, planteo éste que ya sido respondido con anterioridad por esta Corte. Las consideraciones vertidas por la demandada no demuestran que la motivación de la decisión adoptada descanse sobre precedentes jurisprudenciales inapropiados por diferencias fácticas que justifiquen su descalificación por arbitrariedad, ya que los planteos referentes a que en el caso 'Mendoza' (aclaratoria) 'no desarrolló argumento alguno aplicable a las circunstancias del caso sino que se limitó a afirmar, como posibles consecuencias de la declaración de nulidad de un acto y como ejemplo, el derecho a las diferencias de haberes' y que 'ninguno de los fallos citados en la sentencia recurrida es aplicable a este caso y además la decisión no se basa en razones adecuadas para dar fundamento jurídico a lo resuelto' (f.103 vto.) son insuficientes.

En consecuencia, los agravios de la impugnante sobre el punto no pueden prosperar, pues no se vislumbra que el criterio sostenido al respecto por este Tribunal en el fallo impugnado haya desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional, ni que resulte absurdo, inmotivado o irrazonable como para descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido. A igual solución debe arribarse con relación a la tacha de apartamiento del criterio sentado en la causa "González Palicio". Ello en tanto la recurrente plantea que los argumentos dados por esta Corte para apartarse del criterio sentado en el citado precedente carecen de entidad suficiente, y no se explica por qué se da un tratamiento distinto a los casos en que media ruptura de la relación laboral con aquellos en los que no se da tal circunstancia. El planteo de la impugnante no deja de ser cuanto menos contradictorio, pues reconoce que en el sub lite no se da la misma situación que en tal precedente, lo cual es suficiente para descartar tal agravio.

Como se recalcó en la pieza impugnada, esta Corte, luego de aclarar que en el antecedente citado "...se denegó el reconocimiento de salarios caídos,...que en ese caso se trataba de un supuesto en el que había mediado ruptura de la relación de empleo público, con la consiguiente posibilidad -adecuadamente merituada por el Tribunal- de que el agente realizara durante el cese otra actividad remunerativa", concluye que en el sub examine , "debe descartarse tal posibilidad, desde que -al menos hasta el 11.1.1990 en que fue pasado a retiro (respecto del punto tampoco hay debate)- el recurrente no dejó de prestar servicios para la demandada" (f. 88).

Como se adelantó, debe desecharse la alegada arbitrariedad, por cuanto la parte recurrente pretende imponer su propia interpretación del caso, sin aportar elementos que indiquen algún desvío interpretativo en la sentencia. Por lo demás, los argumentos expuestos en este decisorio para descartar fundamentación implícita inadecuada, sirven para dejar sin consistencia lo alegado por la perdidosa en el sentido de que este Tribunal se habría apartado de la jurisprudencia sentada con el antecedente 'González Palicio'.

Tampoco encuentra andamiaje suficiente el reproche atinente a la presunta prescindencia de las constancias obrantes en la causa y de prueba decisiva en que habría incurrido este Tribunal, que finca en que el actor no prestó el servicio ni desempeñó las funciones del cargo de Comisario, por lo que no tiene derecho a percibir las diferencias salariales. Tales afirmaciones no resultan idóneas para demostrar lesión constitucional por cuanto para que la misma se configure requiere, según la doctrina trazada tanto por el más Alto Tribunal de la Nación, como por este Cuerpo, que el pronunciamiento se dicte sin considerar pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado del pleito, lo que no ha sucedido en el sub examine, en el que la recurrente pretende oponer su propio parecer fundado en su particular enfoque del caso.

Se advierte, que los supuestos vicios vinculados a la valoración probatoria revelan tan sólo el empeño de la demandada en lograr una diferente interpretación y valoración -opuestas a las que efectuó esta Corte-, de las circunstancias fácticas acontecidas en orden a merituar la procedencia de la pretensión del actor. Igual resultado adverso deben correr las demás imputaciones de la impugnante, dado que vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de la discrepancia de la apelante con la apreciación de las circunstancias del caso y del material probatorio, y con relación a cuestiones de derecho público local, hechas por el Tribunal en una faena que, acertada o no en sus conclusiones, no aparece prima facie divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

En tal sentido, los planteos de la perdidosa -pese a tachar los fundamentos de la sentencia por irrazonables, imprudentes, temerarios y extraviados de la normativa vigente según el sentido común social- no dejan de aparecer como el intento de lograr una nueva interpretación del derecho aplicable a la situación fáctica de autos, pero sin lograr evidenciar antinomias o incongruencias de carácter lógico susceptibles de deparar cuestión federal.

Finalmente, la recurrida finca su argumentación en que se debió considerar la gravedad institucional que asumiría la sentencia. En lo esencial, su afirmación refiere a que por el sistema de promociones policiales vigente, de consolidarse jurisprudencialmente el criterio adoptado, la Administración deberá pagar dos veces por el desarrollo de una misma actividad, por lo que, teniendo en cuenta el número de agentes policiales, los calificados anualmente y los reclamos que dicha actividad administrativa genera, no se examina el daño económico que se produciría a las arcas provinciales, colocándola en situación de riesgo institucional.

En menester recordar en ese sentido que "...la gravedad institucional requiere que el conflicto exceda el marco del interés meramente individual para afectar el de la comunidad, en sus valores sustanciales y profundos (A. y S. T. 79, pág. 498), circunstancia que la apelante debe demostrar configurada en la especie (cfr. A. y S., T. 48, págs. 293/296; T. 72, págs. 284/288; T. 88, págs. 43/46)".

Las alegaciones de la impugnante al respecto, no encuentran respaldo en las constancias de la causa, como tampoco son atendibles los efectos que del fallo pretende hacer derivar a los fines de otorgarle el carácter de gravedad señalado, que por lo demás ni siquiera intenta demostrar.

Es más, debe descartarse el alegado resentimiento para las finanzas provinciales que pretende hacer derivar la demandada de la consolidación de este criterio jurisprudencial en virtud de que se trata de una posición que el Cuerpo tomó desde hace más de una década, en que se dictó el precedente "Mendoza" (ya citado), y la recurrente no ha demostrado ni tan siquiera mencionado que en ese lapso se hubiesen en modo alguno producido los efectos negativos que achaca a la referida postura jurisprudencial. En el pronunciamiento impugnado, esta Corte, en ejercicio de facultades propias, se limitó al análisis de la actuación de la Administración Pública frente a un caso concreto y puntual, marcado por aristas particulares, por lo que en el caso, el planteo de la apelante dista de exceder el mero interés particular, debiendo desestimarse la existencia de gravedad institucional.

En síntesis, la recurrente no logra demostrar lesión de garantías constitucionales ni la existencia de arbitrariedad, quedando el planteo sólo como mera disconformidad acerca de lo decidido por este órgano en ejercicio de funciones propias, lo cual no resulta idóneo para franquear la instancia extraordinaria.

Por ende, ante la falta de entidad de los planteos de la impugnante, cabe denegar la concesión del recurso extraordinario.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas. Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)