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Daños y perjuicios, lucro cesante, responsabilidad del Estado, personal policial, prueba, sanciones disciplinarias administrativas, proceso penal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL - CIVIL - PENAL
Carátula: TEJEDA CARLOS ALBERTO c/ LIZARRAGA, HORACIO SEVERO s/ DAÑOS Y SERVICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La responsabilidad que se imputa al Estado Nacional derivará de la eventual ilegitimidad de la cesantía dispuesta. El a quo procedió correctamente al analizar las constancias de la causa, integradas con las del proceso penal y del sumario administrativo que forman parte de su plexo probatorio, a fin de determinar si la medida disciplinaria de que se trata fue dictada con justa causa o no. ello no significó en absoluto haber invadido la esfera de competencia del juez penal, pues su estudio no tuvo por objeto atribuir a los actores la comisión de un delito sino tan sólo discernir si la conducta de éstos era pasible de sanción administrativa. La falta de responsabilidad penal no excluye, en determinados supuestos, la existencia de falta grave disciplinaria, aun cuando en ambos casos se esté frente a los mismos hechos. Trátase en definitiva, de dos ámbitos jurisdiccionales distintos y no excluyentes, art. 114 de la ley 21965, cabiendo puntualizar que el juez penal no negó la existencia del hecho ni la participación que les cupo a los demandantes y su sentencia no fue absolutoria sino ceñida a un sobreseimiento definitivo motivado en el escaso valor de los elementos que se intentó sustraer del patrimonio nacional.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Osper, Amalia c/ Lista, Graciela s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad que gravita sobre quienes la imparten, y ello aún considerada como la obligación accesoria de tomar todas las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, falta de personería gremial, asociaciones sindicales
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: MIGUELES, LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE VERA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 295 AÑO 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

No cabe hacer lugar a la pretensión de cobro de indemnización por violación a la estabilidad gremial (art. 52 ley 23551) desde que el Sindicato de Trabajadores Municipales del que el actor afirma ser Secretario Gremial no cuenta con personería gremial sino con simple inscripción por lo que, aún en el supuesto de que pudiese entenderse que el recurrente -en su calidad de empleado público- podía contar con la protección establecida en la ley, en el caso no es así, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 inciso. "a" y 48 de la ley 23551.
Diferencias salariales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual remuneración por igual tarea, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Costantini, Luciana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad en tanto no logra demostrar que la decisión impugnada esté desprovista de razonabilidad y legalidad; ni los argumentos propuestos resultan sólidos para demostrar un supuesto de arbitrariedad de sentencia. Los agravios constitucionales, en definitiva, no han sido articulados correctamente con los términos de la sentencia de marras. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Notificación, traslado de la demanda, nulidad procesal, facultades del juez, declaración de oficio, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: SUC. DE JOSE ABRAHAM BITAR Y OTRA c/ ARCOR GABRIEL s/ ESPECIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-15

Y es que ella (notificación de la demanda)reviste particular trascendencia en el proceso; es generadora de la relación jurídico procesal y por ello la ley la reviste de formalidades específicas que tienen al resguardo de la garantía constitucional del debido proceso. De allí el rigor en la interpretación frente a cuestiones que se susciten en torno a la notificación de la misma, a su validez; hermenéutica ésta necesariamente restringida, que debe seguir los pasos que mejor aseguren el derecho de defensa en juicio.

Cuando se trata de la notificación del traslado de la demanda deben tomarse los recaudos para garantizar debidamente el derecho de defensa en juicio, habida cuenta de la trascendencia del acto procesal de que se trata. Ello es así en razón de que el demandante debe ser, sin duda, el primer interesado en extremar las precauciones a fin de lograr que la relación procesal quede válidamente trabada, propósito que armoniza con el carácter inobjetable de la sentencia favorable a que aspira.

Y, así, en la apreciación de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda, corresponde proceder con criterio estricto. En caso de duda, habrá que atenerse a la solución que evita conculcar derechos de raigambre constitucional.

La potestad judicial de declarar de oficio la nulidad de actos de procedimiento se refiere entonces a supuestos en los que existe vicio en la constitución del órgano jurisdiccional, cuando se omiten actos que la ley impone para garantir el derecho de terceros, o de la que deriva alteración de la estructura esencial del procedimiento (art. 167 in fine CPCC), supuesto, éste último, que se da en la especie. El dictado de la apertura a prueba sin haberse sustanciado el traslado de la demanda (y todo ello con anterioridad al retiro de los autos por parte del letrado apoderado de la demandada) constituye una de las hipótesis de alteración grave de la estructura del proceso por lo que lo acontecido en autos queda aprehendido en uno de los supuestos que el artículo 167, tercer parágrafo, prevé como de nulidad insubsanable y, por tal, determinante de ser declarada de oficio, y sin sustanciación, si la nulidad es manifiesta.
Zonas francas, franquicias aduaneras, concesión comercial, Fuerza Aérea, Aerolíneas Argentinas, Interbaires Sociedad Anónima, privatizaciones, responsabilidad solidaria, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES ALVAREZ, GLADYS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS  S.E. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

La denominada tienda libre de impuestos, free shop, ubicada en el aeroparque metropolitano constituyó su explotación en base a un contrato de concesión de la explotación en base a un contrato de concesión de la Fuerza Aérea Argentina a la empresa Aerolíneas Argentinas, siendo un sector expresamente excluído en el proceso de privatización de la emprea aerotransportadora estatal. Así, el primitivo acuerdo quedó sin efecto retornando el área a la órbita de la Fuerza Aérea Argentina que suscribió con la empresa Interbaires s.a. un nuevo contrato de concesión directa, haciéndose ésta cargo a partir del 20.11.90 del denominado "free shop" revelándose pues la inaplicabilidad en el particular de las disposiciones del decreto 1802/92 referido expresamente a aquellas privatizaciones cumplidas en el marco de la ley 23696, complementarias y reglamentarias. Estas circunstancias hacen que de acuerdo a la fecha del distracto, deban analizarse las implicancias del caso concreto en orden a la vigencia de las disposiciones en materia de solidaridad contempladas por la legislación laboral.
Aportes previsionales, reintegro de aportes y contribuciones, valores históricos, actualización monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARCULIS, JAIME c/ C.A.S.F.P.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Debe dejarse sin efecto la resolución que liquidó el reintegro de aportes a valores históricos mientras que las deudas con el ente administrativo fueron debidamente actualizadas. Así se ha resuelto en numerosos casos siguiendo la doctrina de la C.S.J.N. que dispuso el reajuste de los créditos de origen previsional, análoga a las laborales en cuento a su finalidad alimentaria, aún sin que exista mora del deudor, toda vez que de abonárselos con guarismos monetarios de la época en que se devengaron, se afectaría el derecho de propiedad del beneficiario y se desvirtuaría aquélla finalidad, infringiéndose así los arts. 17 y 14 bis de la C.N.
Alimentos, separación de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy de Benítez, Matilde R. c/ Benítez, Enrique Sebastián s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-30

En caso de incomparencia del demandado a la segunda audiencia, debe aplicarse el apercibimiento contenido en el inciso 2 del artículo 623 del Código Procesal Civil y Comercial, y tener por reconocida la necesidad de alimentos y acoger la demanda articulada por la cónyuge.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nastrucci, Stella Maris c/ Canal, Roberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El art. 1101 del Código Civil deviene inaplicable si en la causa penal no ha existido acusado alguno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Constitución Nacional, Estado Provincial, servicio público, servicio telefónico
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA. ENTRERRIANA DE TELEFONOS  S.A. s/ RECURSO    EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  COMPETENCIA  FEDERAL  -  CONSTITUCION  NACIONAL  -  TELEFONOS - SERVICIOS PUBLICOS - ORDENANZA  MUNICIPAL-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Si bien la nuda violación de garantías constitucionales provenientes de particulares o de autoridades de provincia no sujeta por sí sola las causas que así surjan al fuero federal, procede la intervención de dicho fuero cuando medien razones vinculadas a la tutela y el resguardo de las competencias que la Constitución confiere al gobierno nacional. Dado que el alcance que se dé a la sujeción del servicio telefónico interprovincial a la jurisdicción nacional será determinante para la solución del caso -en que se dedujo amparo contra la ordenanza municipal por la que se intimó a la prestataria del servicio telefónico de la Provincia de Entre Ríos para que colocará medidores en el domicilio de los usuarios que lo pidieron-; y puesto que tal comprensión no puede alcanzarse sin una adecuada inteligencia del sistema de competencia-federal, provincial, municipal- previsto por nuestra Ley Fundamental, la causa resulta por ser de aquellas especialmente regidas por la constitución, a las que alude el art. 2, inc. l, de la ley 48 y esto hace que, consiguientemente, sea la justicia nacional la única competente para conocer en ella.
Convenios colectivos de trabajo, suspensión del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Andreoni de Haile, Elsa B. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencia indem. por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

El laudo 2/90 del Director Nacional de Relaciones del Trabajo se fundamenta en la facultad inapelable que le fue conferida al Ministerio de Trabajo de la Nación por la Ley Nacional 23.126 - art.

2- según la remisión efectuada por el art. 68 del decreto presidencial 1757/90 denominado de Reforma del Estado, de manera que no cuestionada por el accionante la constitucionalidad de los textos legales involucrados, como así tampoco de la aludida disposición 2 90 dictada en su consecuencia y consentida en su vigencia se impone concluir que los beneficios convencionales pedidos en la demanda, - arts. 66 y 68, convenio colectivo 165/75 quedaron suspendidos a partir del 1- XI- 90.
Remuneración, embargo
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ Aníbal Adolfo c/ ZORZI Abel Valentín y Otro s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-30

Cabe señalar que el Decreto 484/87 reglamentario de los arts. 130, 147 y 149 de la L.C.T. excluye en su art. 4 de los límites de embargabilidad contenidos en el mismo a las cuotas por alimentos y litis expensar que, como surge de dicho precepto legal, quedó sujeto a lo que disponga el juez de la causa, a quien tendrá el recurrente que acudir para que determine el "quantun" que permita su propia subsistencia.
Derechos subjetivos, derecho de enseñar y aprender
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Ninguna duda puede caber de que, en nuestro ordenamiento, la norma constitucional califica e individualiza un interés (que es relación de utilidad entre un sujeto y un bien) digno de tutela, en definitiva, un valor, como lo es el de la educación que no sólo aparece en el Preámbulo, sino que está expresamente previsto en los artículos 11, 1ra parte, in fine, y 109 a 113 ya que el propósito expresado en aquél se materializa en éstos. Tampoco puede negarse que las normas constitucionales y legales, éstas dictadas en su consecuencia, atribuyen, en el ámbito de la materia, un poder a la Administración Pública y que tales normas, si bien reconociendo potencialmente a todos la posición de ventaja no es menos cierto que adquiere su significado más importante frente a los educandos, es decir, a quienes se encuentran en la situación que la norma tiene en cuenta cuando dispone, en el artículo 113, que: a) "la educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros años, en función complementaria del hogar"; b) "la educación elemental es obligatoria e integral y de carácter esencialmente nacional"; y, c) que "cumplido el ciclo elemental, la educación continúa siendo obligatoria en la forma y hasta el límite de edad que establezca la ley".
Escrituración, condena a escriturar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rey de Tuero Irma Rosalía y otro c/ Lufrano Carlos S. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-17

La obligación de escriturar, asumida por el vendedor de un inmueble no se enerva por la inscripción por el mismo de la declaratoria a su favor respecto de tal bien. Por un lado, porque tal inscripción no es incompatible con la prestación pendiente sino que coadyuva a la escrituración posterior referida a un bien que se halla en cabeza de quien debe transferir el dominio. Y por el otro porque no puede una actitud semejante del obligado vaciar de contenido obligacional a un contrato válidamente concertado que él debe atender a sus efectos (arts.1137,1140,1197,1198 Código Civil).
Daños y perjuicios, esponsales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barraza Sandra Liliana c/ Del Veccio Oscar José s/ Indemnización por daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

La posesión de estado prematrimonial debe ser apreciada en forma estricta, a través de pruebas que no dejen lugar a dudas de que, en efecto, hubo esponsales, y que no se ha tratado, simplemente, de un noviazgo que no llegó a feliz término o de un cambio de sentimientos de las partes.
Sociedad anónima, derechos del socio, derecho de receso, acciones societarias, pago, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONSERRAT PERLAS DE MIR c/ MIR, CHAUBELL Y COMPAÑIA  SACIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-08

Las tenencias accionarias deben valuarse según la situación emergente del ejercicio en que se recedió, aún cuando el derecho de separación se haya ejercido o notificado el último día de aquél.

La reforma introducida por la ley 22.903 ha sustituido el término balance "aprobado" por "realizado", agregando como opción "... o que deba realizarse". Así, la determinación del valor deberá realizarse conforme al balance aún pendiente de aprobación o de tratamiento.

En tanto el socio recedente tiene derecho a un valor conforme la ley de sociedades 245, la forma de preservarlo es actualizar el importe desde la fecha de notificación del receso hasta el pago.
Recursos, recurso de apelación (procesal), auto de procesamiento, terminación del proceso, imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M.P. c/ BURGOS, Juan Antonio s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-30

Cabe partir de la premisa que el hecho denunciado y la autoría del imputado se encuentran suficientemente acreditados con las testimoniales de las tres víctimas que en forma coincidente refieren que el encausado se presentó con un arma en la mano en el domicilio donde las mismas estaban , diciendo que los iba a matar a todos.

La conducta descripta por las victimas resulta creíble por las circunstancias de tiempo y lugar que mencionan, lo que es corroborado con otros elementos de prueba.

Por lo tanto no le asiste razón a la recurrente en cuanto afirma la insuficiencia probatoria, teniendo en cuenta que en esta etapa del proceso la ley (art. 295 C.P.) solo exige elementos de convicción suficientes para acreditar en grado de probabilidad que existe un hecho delictuoso y la autoría del imputado.
Ofensas cometidas por medio de la prensa, dolo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Gorvein, Diego R. c/ Amarilla, Juan H. s/ Querella por calumnias e injurias calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-12-22

Si surge de los dichos de la injuriante, que "han iniciado una acción penal tendiente a investigar los hechos ..." dados por ciertos en la información ofensiva, decididamente existió la deliberada intención de injuriar, de lesionar el honor del querellante en las notas publicadas con anterioridad. Fundamento del Dr. González.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, control de legalidad, interés público, Administración Pública, facultades discrecionales, contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA  ESTUDIOS  Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO RODOLFO JOSE CORNERO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 107-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-05-27

Puede ser opinable -como en caso- si disponer la rescisión de un contrato de obra pública por culpa del co-contratante es la medida que más estrictamente se ajusta a la satisfacción integral del interés público, o si exigir el cabal cumplimiento del objeto es alternativa preferible, pero ello no puede ser decidido por el Poder Judicial sin invadir la esfera de discrecionalidad propia de la Administración Pública insusceptible de ser controlada por el Alto Cuerpo a tenor de la prohibición contenida en el artículo 12 inciso c) de la ley 4106.

El alcance de control de legitimidad concedido por la ley reglamentaria 4106 autoriza sólo la comprobación de la presencia del grado de interés público determinado por la ley en el acto de atribución de la potestad de actuación, es decir, de la legitimidad en sentido estricto, pero no a controlar el ajuste de la actuación al interés público concreto desde el punto de vista de la conveniencia práctica y de oportunidad.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, medidas cautelares, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELHYMEC SACIF c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-27

Procede revocar la resolución que rechazó el pedido de concurso fundado en que el peticionante se encuentra transitando el período de inhibición establecido por la LCQ 59. Ello, ya que, en el caso, hay que atender, con una visión de conjunto, a los motivos que llevaron a que, en el concurso precedente, se dictara la declaración de cumplimiento en fecha tan reciente, pese a que se trató de un proceso comenzado en el año 2003, habiéndose homologado el acuerdo preventivo en el año 2005. Es que, en la especie, el tiempo insumido en el pago del crédito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - declarado verificado el 29.6.11- y en la percepción de la suma depositada al efecto llevaron a que la declaración de cumplimiento se dilatara en el tiempo, por lo que no se entiende por qué el acreedor fiscal mencionado tardó tanto tiempo en instar el cobro de su crédito, cuando era el principal interesado en percibir el dinero en los términos del acuerdo. Sería demasiado gravoso para el apelante hacerle asumir las consecuencias de tanta demora provocada por las vicisitudes ocasionadas en la satisfacción del aludido crédito fiscal. Ello así, parece irrazonable, en vista de tales antecedentes cronológicos, que la nueva presentación a despacho sea rechazada con el fundamento con que fue denegada. Estas actuaciones se hallan en condiciones de proveer el pedido de formación de concurso preventivo sin que sea obstáculo para ello la fecha en que ha sido efectuado este nuevo pedido, por lo que se encomendará al señor juez de primera instancia proveer en consecuencia.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torre, Serafina y O. c/ Banco Francés S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-09

Para que se suspenda el dictado de la sentencia civil es menester que concurran dos requisitos: 1) que exista proceso penal pendiente, siendo indiferente que se haya iniciado antes o después que el juicio civil; que ambos procesos se hayan originado en el mismo hecho. Es irrelevante en cambio, que en ambos juicios intervengan las mismas o distintas personas si puede acontecer que el damnificado civil no haya querellado por el delito y que la acción penal haya sido incoada por el Fiscal, como también puede ser que la acción civil se promueva por un damnificado indirecto que no está habilitado para intervenir en el juicio penal, o contra un responsable civilmente a quien no se puede acusar de nada ante el fuero criminal. En cualquiera de esos casos -u otros- en que hay dualidad de procesos originados en el mismo hecho, se impone la postergación de la sentencia civil hasta tanto se dicte la sentencia penal. Y es que resulta presupuesto de la aplicación del art. 1101 C.Civil, que tanto la acción penal como la civil nazcan del mismo suceso, o sea, que ambas acciones deben identificarse en el hecho que constituye su base, en el bien perjudicado.
Contratos bancarios, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, plazo fijo nominativo transferible, intereses moratorios, tasas de interés, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCK, ROBERTO c/ BANCO LATINOAMERICANO  S.A.  (EN LIQUIDACION) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-09

Si el B.C.R.A. dispuso la liquidación de una entidad bancaria, por cuya causa el titular de un depósito a plazo fijo nominativo transferible en moneda extranjera no pudo cobrarlo a su vencimiento, corresponde que los intereses moratorios, no habiéndolos pactado, se fijen en la tasa acordada para los compensatorios - en el caso 13% anual -. Ello en virtud de que tratándose de un contrato bancario corresponde la aplicación de las normas contenidas en el CCOM que en su art. 568 dispone que el pacto hecho sobre el pago de réditos durante el plazo prefijado para que el deudor goce de la cosa prestada, se entiende prorrogado después de transcurrido aquel, por el tiempo que demore la devolución del capital, no mediando estipulación en contrario.