marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, intereses, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Nannetti, Rafael Dante c/ Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

Cabe desestimar las críticas del interesado vinculadas a la tasa de interés aplicada en el caso, ya que la respuesta dada por la Alzada a tal agravio en el auto denegatorio de la vía extraordinaria intentada no ha sido suficientemente rebatida en la presentación directa ante esta Corte, por cuanto la Sala expuso que los cuestionamientos a los intereses fijados no revestían el mayor análisis, en tanto si bien la empleadora había interpuesto recurso de apelación en forma total, no correspondía pronunciarse sobre aspectos que no habían sido mantenidos en segunda instancia, es decir, que no habían sido objeto de críticas por su parte al expresar agravios y, por tanto, habían quedado firmes, no pudiendo volverse sobre la cuestión; y lo cierto es que tal argumentación no ha sido idóneamente rebatida por el interesado, dado que ninguna referencia concreta realiza en su presentación directa ante esta Corte, limitándose a replicar las alegaciones deducidas en el recurso de inconstitucionalidad -sin aludir siquiera a la extemporaneidad del agravio relativo a los intereses, ni intentar al menos justificar por qué no introdujo la cuestión oportunamente al fundar su apelación-; dejando de esa forma incólume la respuesta brindada por la Sala. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8.
Falsificación de instrumento público, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: Truchi de Guerrero, María A. s/ Infr. art. 293 del  C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

La afectación de la veracidad de los registros de dominio de automotores, tanto en cuanto a la secuencia de las titularidades o a las fechas en que cada uno tuvo lugar, tiene entidad más que suficiente para afectar derechos de terceros.
Honorarios, abogados, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: PICHININI EUGENIO Y OTRO c/ ANA MARIA RADEMAKER VDA. DE ELIAS Y OTROS s/ HONORARIOS   -  MARTILLEROS  -  RECURSO  DE  REVISION:  SEDE  LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-21

Carece de fundamentación el recurso de revisión por la causal del art. 1272, inc. 7 CPC, si el recurrente omite explicar en el escrito respectivo cuál es la doctrina que sustentó la a quo ni la seguida por el Tribunal del contradictorio, como tampoco, las razones por las que solicita su aplicación en el subexamen.

Los antecedentes aportados no permiten determinar que la plataforma fáctica sea idéntica en uno y otro caso, condición indispensable para la procedencia formal del recurso por la causal elegida, según lo tiene dicho esta Sala respecto del recurso de casación incoado por la causal del art. 95, inc. 1 , ley 4163.
Aplicación de la ley penal, interpretación de la ley, presunción de operatividad, principio de insignificancia, jueces, equidad
Materia: PENAL
Carátula: M., A. s/ Hurto (Expte Nº 211-94, Resolución Nº 11, Tomo 3, Folio 51) B., M. s/ Hurto en grado de tentativa (Expte Nº 172-95, Resolución Nº 2, Tomo  3, Folio 380)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-06|1996-02-06

Debe hacerse lugar a la actuación del principio de insignificancia, en modo tal de evitar caer en la irracionalidad de castigar un hecho obviamente mínimo, en forma manifiestamente excesiva. Sin embargo, la aplicación de sus consecuencias debe reservarse para aquellos casos en que constatándose la evidente desproporción referida, ella no es solucionable por ninguno de los medios presentados por la ley penal. La desproporción en cuestión debe resultar de una tarea comparativa llevada a cabo con una valoración social de la situación, y en donde deben confrontarse la acción apreciada y la respuesta punitiva probable para ella. Al apreciarse la acción debe tenerse en cuenta el valor asignado socialmente al bien jurídico de que se trate, la intensidad del ataque, y el grado de afectación. Al valorarse la respuesta penal probable y salvo que el mínimo punitivo abstractamente contemplado por el tipo penal u otra circunstancia cualquiera impidan una sensata morigeración, se utilizarán todos los elementos de política criminal introducidos en la ley penal tales como la posibilidad de suspensión del juicio a prueba, las pautas individualizadoras de la pena, y las alternativa s posibles en cuanto a la forma de cumplimiento de la misma.
Prueba, valor probatorio, contestación de la demanda, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: Novartis  AG c/ Laboratorios Richmond SACIYF s/ cese de uso  depatentes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La demandada en la contestación manifestó que ".venimos a cuestionar y negar la eficacia probatoria en sí misma del análisis realizado sobre el presunto ZIATIR como producto terminado. Es imposible, analizando una forma farmacéutica terminada como ZIATIR determinar que forma polimórfica tiene el principio activo que se empleó en su elaboración. ...En conclusión, es imposible determinar en el producto terminado que forma cristalina de Imatinib se emplea para la fabricación de Ziatir. Para determinar dicha forma cristalina resulta indispensable analizar la materia prima con la que está elaborado". La Sala considera que las alegaciones de la demandada relativas a la idoneidad de la prueba ofrecida por la actora -más allá de los términos en que hayan sido formuladas- no constituyen un hecho no invocado en la demanda.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: GAYOZO, Miguel Evaristo c/ METROVIAS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

La sentencia que manda integrar la tasa de justicia de acuerdo con el monto total pretendido en la demanda, no encuadra en el concepto de sentencia definitiva establecido en el art. 288 del Código Procesal, por cuyo motivo no habilita la procedencia del recurso de inaplicabilidad de la ley.-
Caso fortuito, culpa
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ACUÑA, JULIO RAMON c/ CUNTI HERMANOS. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO.INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-02-21

DETERMINAR SI HUBO CULPA IMPUTABLE AL EMPLEADOR O CASO FORTUITO, ES UNA CUESTIÓN DE HECHO LIBRADA AL CRITERIO DE LOS JUECES DE LA INSTANCIA ORDINARIA Y NO TIENE ENTIDAD HABILITANTE DEL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY QUE SE INTENTA.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Urbina Sergio s/ Tentativa de homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

En los recursos de apelación, en materia de justicia de menores, las Cámaras tienen delimitada la jurisdicción conforme al art.52 de la ley 10.067, el que le atribuye conocimiento restringido a las cuestiones allí mencionadas (calificación legal y en su caso especie y monto de la pena impuesta) por lo que el planteamiento de una cuestión de hecho, extraña a las mencionadas, no es recurrible en la Alzada, salvo absurdo o arbitrariedad.
Seguros, responsabilidad del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA PICO Y CÍA. S.R.L. c/ SOSA Emanuel y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-09-10

La responsabilidad contractual del asegurador se encuentra íntimamente vinculada con la conducta de su asegurado, y lógicamente, no habrá de responder en todos los casos en que el último cause un daño, sino tan sólo en los que ha actuado con culpa o negligencia o en los que su responsabilidad sea objetiva.- Por lo tanto, se hace necesario facultar al asegurador a que analice el mecanismo de producción del hecho, aportando las pruebas que se encuentren a su alcance tendientes a su debido esclarecimiento y oponiendo también las defensas que hagan a la viabilidad de la acción.- Sería contrario a elementales principios de equidad excluir al asegurador del aspecto básico del problema, es decir, determinar la culpabilidad del autor del hecho, ya que podría ocurrir que un asegurado insolvente tenga poco interés en esclarecer su culpabilidad o que una defensa defectuosa o negligente lleve a una declaración de su responsabilidad aunque, por ejemplo, hubiera operado la prescripción.- Sobre el particular, Matilde Zabala expresa que "el reconocimiento de una acción directa contra la aseguradora clarifica una serie de consecuencias jurídicas, que por nuestra parte aceptamos sin reservas: calidad de parte de la aseguradora, autonomía procesal para oponer defensas o interponer recursos, posibilidad de reconvenir si media conexión con la pretensión indemnizatoria del actor, etcétera. Es decir, la aseguradora tiene derecho a desplegar todos los resortes que se conceden a un demandado" (Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños, 3 El proceso de daños", Hammurabi, Bs. As., 1993, pág. 554).-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Juárez, Ramón c/ La Jirafa Azul s/ Daños y perjuicios Schneider, Angel c/ Cristalerías Cattorini Hnos. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10|1986-08-05

La utilización de fórmulas aritméticas no resulta obligatoria para los tribunales del trabajo cuando se trata de establecer el importe de los daños y perjuicios por un infortunio laboral cuya reparación se reclamó por la vía del derecho común.
Robo calificado, robo con armas, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: N. S. A. Y. N. G. A. s/ ROBO AGRAVADO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-14

En el caso la Cámara condenó a S. A. n. como autor voluntario y responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, fijándole pena de cuatro años y siete meses de prisión. No resultan acertados los parámetros temporales sancionatorios de cinco a quince años que invoca la recurrente como aplicables, ya que esa es la pena prevista por el art. 166 inc. 2° del Código Penal para el robo agravado con armas; mientras que en el segundo párrafo esa misma norma incluye un doble agravamiento del robo cuando el arma utilizada fuera de fuego, estableciendo que la escala penal (de cinco a 15 años) se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.

Entonces la pena aplicable al delito -consumado- de robo agravado por uso de arma de fuego es de seis años y ocho meses de mínimo y de 20 años de máximo (art. 166, inc. 2°, segundo párrafo Código Penal).

Ahora, en el caso de autos el delito quedó en grado de tentativa, correspondiendo aplicar las disminuciones previstas por el art. 44 de la ley de fondo, esto es la escala penal en abstracto correspondiente al delito, reducida en un tercio del mínimo y la mitad del máximo (cfr. CSJTuc., sentencia N° 511 del 29/5/2009; N° 403 del 27/5/2008; N° 562 del 23/6/2008; Nº 13 del 19/02/2007; N° 904 del 20/10/2005; entre otras).

Aplicando tal reducción, la pena a aplicarse a la tentativa de robo agravado por uso de arma de fuego queda estructurada con un mínimo de cuatro años, cinco meses y diez días, y un máximo de diez años. De allí que la pena de cuatro años y siete meses de prisión impuesta en la sentencia resulta ajustada a tales parámetros temporales, no resultando acertado el agravio cuando afirma que es menor al mínimo correspondiente al delito incriminado.

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, quiebra, síndico del concurso, remoción del síndico del concurso, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Lainatti Hnos. S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra. Remoción del síndico.   Actuaciones por separado. Recurso de Apelación y nulidad promovido   por los síndicos Cibils, José y González, Mónica (Expte. CSJ Nº 547-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-18

No merece reproche constitucional la decisión de la Sala que entendió que era facultad del Juez de la quiebra -en su carácter de director del proceso- dictar todas las medidas de investigación que resultaren necesarias para conocer la verdad en el caso concreto. La función del Síndico ha de ser de normal acatamiento al juez director, obrando lo más eficazmente posible respetando al magistrado, por ello, comprobada la resistencia inexcusable, no resta otro extremo que apartar al funcionario, por cuanto la gravedad no estriba en el perjuicio inferido, sino en el apartamiento de la conducta debida.
Accidentes de trabajo, trámites administrativos, asegurador por riesgos del trabajo, superintendencia de riesgos del trabajo, interrupción de la prescripción, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: BERNAL, JORGE HORACIO Y OTROS c/ LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART S.A. s/ Accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-09

A los efectos de establecer el comienzo del plazo prescriptivo de la acción por accidente de trabajo, el trámite administrativo ante la A.R.T. y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como la intimación mediante despacho telegráfico a la empleadora para que sean abonadas las sumas adeudadas, son susceptibles de ser calificados como "interpelación fehaciente" o hechos verdaderamente interruptivos de la prescripción liberatoria en los términos del art. 3986 del Cód. Civil. (En el caso, el accidente tuvo lugar el 26/12/02 mientras que la demanda fue interpuesta el 07/07/05. La primera de las fechas no se tomó como la correcta para el cómputo de la prescripción y consecuentemente no se hizo lugar a la excepción opuesta).
Preaviso, indemnización sustitutiva de preaviso, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: MANSILLA, MARIO ALBERTO c/ FERNANDEZ GRANDA, CELESTINO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-26

La suma que se abona en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso debe ser la misma que habría percibido el trabajador de haber laborado durante ese lapso, y por lo tanto deben tenerse en cuenta para su cálculo las horas extras trabajadas el mes anterior (salvo que se le acredite que tuvieron carácter extraordinario), pues se presume que durante ese período también se habrían trabajado en igual cantidad.
Menores, guarda del menor, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E. M. s/ Guarda Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-20

El derecho de los padres biológicos no es un derecho absoluto y se advierte claramente cuando el artículo 3.2 Convención de los derechos del Niño, enumera también a tenedores, guardadores, etc, es decir, que la redacción de la norma constitucional establece una prioridad que es solo relativa, porque lo que interesa es que en todo momento se tenga en cuenta el ya enunciado principio constitucional de aquel interés superior.
Defensa del consumidor, garantía al consumidor, certificado de garantía, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: VIDEUS S.A. s/ LEALTAD COMERCIAL Causa 29216-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-23

El art.l2 de la ley 22802 establece que es atribución de la autoridad de aplicación obligar a quienes ofrecen garantías a informar claramente al consumidor sobre sus alcances. El requerimiento de que en la expedición de certificados conste las condiciones de validez de la garantía, su plazo y extensión resulta claramente infringido con la equívoca mención de un lapso que puede contarse desde un momento que el usuario, normalmente, no está en condiciones de conocer (fecha de compra o de fabricación, según lo que ocurra primero) dado que la fecha de fabricación debe suponerse anterior a la de compra y, en consecuencia, la opción de esta última resulta excluida. La circunstancia de que el otorgante de la garantía la haya respetado contando el plazo desde la fecha de compra, lo mismo que el absurdo que resulta de admitir la otra alternativa, no son óbice a considerar que, de cualquier manera, los certificados expedidos en esas condiciones transgreden la obligación de consignar el plazo. (Del voto del Dr. Hendler).
Decreto de necesidad y urgencia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Proveeduría Central S.A. -Incidente c/ FEMESA s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

En el nuevo texto constitucional, los decretos de necesidad y urgencia se hallan expresamente previstos "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos..." (art. 99, inc. 3, párrafo tercero).
Tercería de dominio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Picone, Mabel Teresa s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-20

Las costas de la tercería deben ser abonadas de acuerdo con el resultado a que se haya arribado en la misma y a lo decidido al respecto, o sea, de conformidad con el principio objetivo de la derrota, o en su caso, de las excepciones a dicha regla (arts.68 y 70 del Cód. proc.)
Derecho procesal, medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO SANTANDER RIO SA c/ HUARTE JOFRE, SILVIA INES s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Corresponde mantener la inhibición general del bienes ordenada sobre los bienes de la demandada, puesto que constituye una medida cautelar sucedánea del embargo, decretable cuando éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado (arg. artículo 228 Código Procesal). Así siendo que, la liquidación practicada todavía no ha merecido sustanciación, toda vez que fue practicada como consecuencia de la presentación de la deudora, la suma total que se ha consignado aparece de una envergadura tal que justifica mantener el temperamento adoptado en la anterior instancia por cuanto la afectación de los haberes de la demandada aparece prima facie insuficiente para cubrir la totalidad de la acreencia, al menos en un plazo prudencialmente acotado en el tiempo (esta Sala, 17/2/11 "Banco del Buen Ayre SA c/ Sarquis, Hugo Alberto y otra s/ Ejecutivo").
Nulidad del acto administrativo, calificación del trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Fedyszyn, Juan Alberto c/ AFIP s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14

Se declara la nulidad de la calificación de desempeño formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de uno de sus agentes, pues omitió evaluar la totalidad de las tareas realizadas por el funcionario, lo que implicó una menor puntuación respecto de las obtenidas en los períodos anteriores, lo que también incidió en una menor participación en el fondo de jerarquización, ocasionándole al actor un inmerecido perjuicio.
Defraudación, administración fraudulenta, boleta de extracción de fondos
Materia: PENAL
Carátula: Causa 76 s/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta reiterada en dos oportunidades, la acción del procesado quien abusando de la confianza que le otorgaba el cargo de supervisor administrativo de una agencia bancaria, se apoderó de dos importantes sumas de dinero mediante boletas extracción de cuentas bancarias pertenecientes a clientes de dicho banco, en las que cargaba todas las mañanas, los importes que había retirado en la computadora y los descargaba al finalizar el día de trabajo, momento en el cual se procedía al recuento de los fondos.
Sociedad conyugal, bienes gananciales de administración propia, cargas de la sociedad conyugal, cesión de acciones
Materia: CIVIL
Carátula: A., G.F. c/ C., M.A. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Si uno de los esposos se desprendió de las acciones que le pertenecían en una sociedad anónima con anterioridad a la extinción de la comunidad de ganancias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1276 del Código Civil, podía disponer libremente del dinero percibido como contrapartida de la cesión de su tenencia accionaria, sin obligación de rendir cuentas de ello a su entonces cónyuge, toda vez que los fondos que obtuvo por la transferencia de las acciones ingresaron en la masa de administración del marido, a quien pertenecían las mismas, sustituyéndolas. De ahí que, la falta de justificación sobre el destino dado a la importes que obtuvo no hace nacer -sin más- un crédito en favor de la masa ganancial de la mujer por la mitad del dinero que aquél percibió en su oportunidad, sino que al no haberse demostrado que lo haya utilizado para cancelar obligaciones de carácter propio, ni asignado algún otro destino, cabe suponer que fue consumido para afrontar cargas de carácter ganancial, como lo son todas las obligaciones contraídas por los cónyuges durante la existencia de la sociedad conyugal (conf. art. 1275, inc. 3° del Código Civil), por lo que al no existir prueba de que ese dinero integrara la masa de bienes gananciales del marido al momento de la disolución de la comunidad, no corresponde reconocer un crédito en cabeza de su cónyuge.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ JUAN GERONIMO s/ SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL S/RECURSO DE QUEJA POR CASACION  DENEGADA INTERPUESTA POR EL DR. REMIGIO CAROL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-08

Una razonable interpretación de las leyes es la que se realiza conforme a los principios y garantías constitucionales en la medida que incorporan el sistema de valores esenciales que informan y fundamentan todo el ordenamiento jurídico. Por ello podrán los jueces postergar normas de menor valor cuando la decisión hacia la Norma Fundamental se funda en una comprensión totalizadora y armónica del conjunto de sus enunciados.
Juicios contra el Estado, prescripción, prescripción quinquenal, empleo público, diferencias salariales, adicionales de remuneración, plazos procesales, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FARIAS MARIA ANTONIA c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

El legislador ha elegido el término de cinco años ya sea para demandar al Estado, o bien para que sea demandado en el ámbito del derecho público local (no penal o contravencional).

No varía la cuestión, si recurrimos por vía analoga al Código Civil.

En efecto, el plazo quinquenal de prescripción establecido en el artículo 4027 del Código Civil se aplica a las prestaciones que deban satisfacerse periódicamente, sin límite definido en el tiempo, y tiene por objeto evitar el excesivo acrecentamiento de la obligación, con prescindencia de que ésta tenga su fuente en la voluntad de las partes o en la ley.

Por tanto, sea que acudamos por subsidiariedad a las disposiciones de derecho público local (vervigracia, la acción de repetición de tributos, la acción por retrocesión de la ley de expropiaciones o la Ley 466 del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas) o por analogía a lo dispuesto en el Código Civil, la solución que se propicia para el caso no varía, toda vez que el plazo de prescripción aplicable es de cinco años.

De este modo, ante la ausencia de una directiva legal específica, el plazo de prescripción aplicable a los reclamos efectuados con motivo del cobro de las diferencias salariales que corresponden por el carácter remunerativo otorgado a las asignaciones creadas por los Decretos Nro. 4937/91 y 5787/91 resulta alcanzado por el plazo quinquenal, por tratarse de obligaciones de carácter salarial que deben pagarse mensualmente, es decir por plazos periódicos más breves que un año.