Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-29


AUTOS 108.726 (C.C.Nº20.091) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS: "MANINI Patricia Lorena C/ Circulo Odontológico de San Juan - Amparo".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº III- Fº259/265.- San Juan, 29 de diciembre de 2008.- VISTO: Estos autos Nº 20.091, caratulados "MANINI PATRICIA LORENA C/ CIRCULO ODONTOLOGICO DE SAN JUAN - AMPARO", para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 76 contra la sentencia de fs. 65/70 vuelta.

CONSIDERANDO:

La aludida sentencia, de fecha 4 de diciembre de 2008, hace lugar a la acción de amparo promovida por la Srta. Patricia Lorena Manini contra el Círculo Odontológico de San Juan y, en consecuencia, ordena a este último que, conforme lo previsto en el Reglamento de la institución (arts. 7, 10 y 12), acepte la solicitud de inscripción de la amparista como socio activo del mismo. Las costas se imponen a la demandada y se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes.

La parte demandada se agravia de lo decidido, en primer lugar, por entender que la a-quo aplica incorrectamente el inc. 3º del art. 584 del C.P.C, e interpretado erróneamente el Estatuto de la institución y, por ende, al fallar, adopta una decisión arbitraria, contraria al plexo normativo aplicable al caso. Dice al efecto que la acción de amparo debe rechazarse por haberse deducido extemporáneamente puesto que no fue presentada dentro del término de quince días que establece el Código y que debe computarse a partir del momento en que se conoció la decisión u omisión que dio motivo al amparo. Sigue diciendo la recurrente, que la decisión que da motivo al amparo (y que fuera invocada por la actora como fundamento de su acción) está configurada por la actitud de su parte de rechazar su solicitud de ingreso a la institución y de hacerlo sin indicación de la causa o motivo del rechazo. También se señaló y surge de la prueba documental, que la Dra. Manini -en fecha 21 de octubre de 2008- había tomado conocimiento de tal decisión y que, consecuentemente, a partir de esa fecha debía computarse el plazo establecido en el inc. 3º del art. 584 del C.P.C.. Luego, al haberse deducido la acción el 26 de noviembre de 2008, corresponde desestimarla por extemporánea. No obstante la claridad de la situación -sigue diciendo la apelante-, la Sra. Juez parte de la fecha en que venció el plazo de diez días que la accionante unilateralmente otorgó a su parte para que se pronuncie sobre su requisitoria de elevar a la Asamblea el tratamiento de la solicitud de ingreso rechazada anteriormente por la Comisión Directiva. Estima la a-quo que si la amparista contaba con la posibilidad de que su solicitud fuera tratada por la Asamblea, no puede hacerse el cómputo del plazo para deducir el amparo desde que conoció el rechazo de la reconsideración sino desde el vencimiento del término de diez días que se había dado para responder al pedido de la elevación a la Asamblea de su solicitud de admisión sin que hubiese respuesta de la demandada. Considera la recurrente que la a-quo al resolver de esta manera actúa erróneamente corriendo el eje de la discusión, que lo traslada hacia la supuesta omisión de informar respecto al pedido de elevación a la Asamblea siendo que ese no es el motivo invocado al promoverse el amparo.

Se agravia la demandada, en segundo lugar, en tanto y en cuanto en la sentencia se tienen por acreditados hechos que no surgen de la causa; se tienen por existentes obligaciones que no prevé el Estatuto de la institución, y se otorga rango constitucional a derechos que no lo tienen. Al explicitar el agravio dice luego la recurrente, que la a-quo sostiene que es indudable que la institución cuenta con atribuciones reglamentarias para aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios activos; pero a renglón seguido expresa que si no existen causas que impidan el ingreso a la institución previstas por el Estatuto (v. gr. condenado por delito doloso contra la salud o inhabilitado), debió la Comisión Directiva dar las razones (fundar) de la negativa al ingreso, a fin de que la solicitante tomara debido conocimiento de las causas del rechazo. El presentante critica el fallo porque no existe en el Estatuto ninguna norma que obligue a los directivos a fundar los votos que emiten al momento de resolver las cuestiones tratadas, ni en el caso que plantea la Sra. Juez, ni en ningún otro. Si los directivos, al momento de votar la solicitud de ingreso de la amparista, no fundaron sus votos, no puede el juez sentenciar generando una obligación no prevista reglamentariamente. Expresa luego, que por otro lado, en el fallo se sostiene que al no admitirse como socia a la actora se ha afectado su derecho constitucional de ejercer su profesión en condiciones de igualdad y competitividad teniendo en cuenta que es a través de las asociaciones profesionales que las obras sociales formalizan convenios con sus prestadores, colocándola en situación de desigualdad respecto de los colegas asociados. Nuevamente, aquí se da por sentado ese hecho sin que el mismo haya sido probado en la causa. Pasa por alto que su mandante no controla la matrícula profesional y que, por ende, la no pertenencia al mismo no impide en lo más mínimo el desarrollo profesional de la accionante. Además no tiene en cuenta la existencia de otras asociaciones profesionales de odontólogos. Finalmente se pregunta la recurrente sobre si ¿Es un derecho de raigambre constitucional el ser aceptada como socia del Círculo Odontológico de San Juan?, para responder negativamente.

Finalmente se agravia la recurrente por la imposición de costas a su parte.

Tratamiento de los agravios El primer agravio, relativo a la extemporaneidad del amparo, no resulta atendible. Ello en atención a que se comparte con la a-quo que el plazo previsto por el inc. 3º del art. 584 hay que contarlo a partir del vencimiento de los diez días que la actora había dado a la demandada en su nota del 4 de noviembre de 2008 (fs. 8 y vta., en copia) para que informara sobre las causas o motivos del rechazo de su solicitud de admisión como socia de la institución y sobre la elevación de su solicitud a la Asamblea. Esto así, porque recién con el silencio guardado por el Círculo Odontológico de San Juan ante el requerimiento referido, se pudo tener por configurada de una manera definitiva la causal que determina el amparo y que es el rechazo de la solicitud de ingreso sin indicación de la causa y motivo para ello. No obsta a lo dicho que la demandada rechazara con fecha 17 de octubre de 2008 la reconsideración que el 16 de septiembre dedujera la amparista (copia fs. 11 y vta.), rechazo notificado a ésta el 26 del mes y año citado en último término (copia fs. 9 y vta.), desde que en la citada resolución sigue sin indicarse la causa o motivo de la denegatoria a la solicitud de ingreso; ni que la Comisión Directiva dispusiera el pase de la solicitud a la Asamblea e incluso que ésta se haya realizado y tratado la cuestión, puesto que, por un lado, no se notificó de la Asamblea a la Dra. Manini, que ignoraba esa resolución al tiempo de promover el amparo y, por otro, en la misma se mantuvo sin más el rechazo de la solicitud de ingreso ya dispuesto por la Comisión Directiva (presentación de fs. 83).

Cabe también agregar aquí, que no se comparte con la recurrente que la nota de fs. 8 y vta. (copia) sea una reconsideración de la reconsideración de fs. 11 y vta. (copia), puesto que en esta última se requería la revisión de la decisión que denegaba su ingreso como socia en razón de no estar incursa en ninguna de las hipótesis obstativas del art. 7º del Estatuto y no indicarse otra causa o motivo para el rechazo, en tanto que en la nota del 4 de noviembre de 2008 (fs. 8 y vta., en copia) se pide la elevación de su solicitud a la Asamblea y además se le informen las causas que motivaron el rechazo de su solicitud de ingreso como socia activa. El silencio guardado ante esta requisitoria de que se le indicara la causa o motivo concreto del rechazo de su solicitud es lo que motiva el amparo y no la omisión de informar sobre el pedido de elevación de la solicitud a la Asamblea, aunque esto debe haber a generado en la amparista la idea de no tener otra vía disponible para satisfacer su petición que la acción de amparo.

En el segundo agravio la apelante critica, en primer lugar, que la a-quo reconozca las atribuciones estatutarias de la institución para aceptar o rechazar las solicitudes de nuevos socios activos y sin embargo le impone la obligación a la Comisión Directiva de dar las razones (fundar) de la negativa al ingreso, cuando en el Estatuto no existe ninguna norma que obligue a los directivos a fundar los votos al resolver las cuestiones sometidas a su tratamiento.

Esta crítica importa, sin duda, una opinión discordante con la dada por la a-quo, pero no alcanza a conmover los fundamentos dados por ésta con apoyo jurisprudencial y que el tribunal comparte y reproduce. Dice la a-quo al efecto, entre otras cosas: "La ilegitimidad de la denegatoria reside en la falta de fundamentación de dicho decisorio (se refiere al rechazo de la solicitud sin dar las razones), ya que la Comisión Directiva del Círculo Odontológico o en su caso la Asamblea poseen atribuciones reglamentarias para aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de nuevos socios activos, pero nunca el rechazo puede estar fundado en la sola negativa, sin brindar al interesado las razones que se esgrimen para la no aceptación, so pena de incurrir en actitudes arbitrarias, las que en modo alguno son aceptadas por el ordenamiento jurídico vigente. "En materia de amparo la doctrina y jurisprudencia utilizan el vocablo "ilegitimidad" para calificar a los actos susceptibles de ser atacados por esta vía, mereciendo esta voz una significación más amplia que la ilegalidad, en tanto no apunta a la conformidad del acto con la ley material sino que señala la justificación del acto, concepto que está cubierto en la letra del texto constitucional -tanto nacional como provincial- con la voz "arbitrariedad"". (con apoyo en numerosas citas de jurisprudencia y doctrina, fs. 69). Y más adelante sigue diciendo: "En tal sentido la "discrecionalidad" con que cuenta el Círculo Odontológico para aceptar o rechazar nuevos miembros, encuentra su valla o límite en el derecho constitucionalmente protegido de que el interesado conozca los motivos que dan sustento a la decisión, de lo contrario la denegatoria fundada en la mera negativa deviene en arbitraria por afectar el principio de igualdad ante la ley y violentar el derecho de todos los individuos a una información veraz (arts. 22 y 24 de la Const. Prov.). "Si bien las atribuciones de que gozan las asociaciones para admitir o rechazar nuevos miembros son discrecionales, tal discrecionalidad no debe llegar nunca a una amplitud tal que permita la lesión a garantías constitucionales o legales. Tampoco es admisible una decisión arbitraria, basada solamente en motivos fútiles o en la sola voluntad de quien emana, ya que la negativa en todo caso, debe responder a criterios de razonabilidad, siempre revisables judicialmente, pues no existe óbice para que el Poder Judicial revise una denegatoria que no se exhibe razonablemente fundada de acuerdo con las circunstancias de hecho probadas en la causa, más aún cuando se insinúa que la decisión vulnera derechos constitucionales". (Stj 100259 S, 30/06/1999. Carátula: C.i.e.m.d.o. Servicios Sociales S.R.L. c/ Asociación Santiagüeña de Empresas Fúnebres S/ Acción de Amparo- Apelación)"". (Citas de fs. 69 y vta.). A continuación agrega: "Si bien la libertad de asociación y rechazo de las solicitudes de ingreso de nuevos socios presupone ejercer el albedrío que tiene el Círculo de no asociar, lo cual se encuentra garantizado con las atribuciones que le proporciona el reglamento a la Comisión Directiva o en su caso a la Asamblea; tal prerrogativa, como ninguna otra, puede ser ejercida en forma arbitraria o ilegítima frente a los interesados que, como acontece con la amparista, reúnen los requisitos que el Estatuto prevé para ser admitidos como socios activos, negándoles sin fundamento el ingreso a la institución. En autos, si indudablemente no existen causas que impidan el ingreso a la Institución previstas en el Estatuto (v.gr. condenado por delito doloso contra la salud o inhabilitado), debió la Comisión Directiva dar las razones que sustentaron la negativa, a fin de que la amparista tome debido conocimiento de las causas del rechazo, conforme ya expusiera. "La inexistencia de una razón constitucionalmente valedera que justifique restringir el derecho de asociarse que invoca la accionante, revela el carácter arbitrario de la negativa, lo que demuestra a las claras la lesión inferida al mentado derecho constitucional. La afectación de la garantía de igualdad (art. 16 C.N.) reglamentada, en lo que al caso interesa por la Ley 23.592, cuya consideración fue omitida por el a-quo, generando los consiguientes agravios del apelante surge también de la decisión negativa impugnada, pues habiendo cumplido el aspirante con todos los requisitos exigidos por el Estatuto de la Asociación, la oposición al ingreso de la actora, sin fundamento racional alguno, configura la injusta discriminación que la ley prohíbe, ya que en forma arbitraria se ha menoscabado el ejercicio -sobre bases igualitarias- la de garantía de igualdad, máxime si con tal negativa se afecta de modo directo e inmediato la posibilidad del recurrente de logros, a través de su ingreso a la asociación, de aumentar su capacidad de obtener ingresos de proyección económica para su empresa". (Mismo fallo citado en párrafo anterior)"" (fs.69 vta./70).

Agregamos a lo dicho, que la misma naturaleza del Círculo Odontológico de San Juan: "...asociación de creación e integración libre y actuación continua por tiempo ilimitado, constituidas por odontólogos, dentistas y doctores en odontología radicados en la provincia para el logro de sus fines comunes" (art. 1º Estatuto), y sus fines (art. 2º), implican, por un lado, una gran amplitud de ingreso para los graduados que se menciona en el art. 1º, salvo que "estén condenados a cualquier pena por delito doloso contra la salud pública, y en general, todos aquellos sancionados con pena de inhabilitación profesional" (art. 7º), y por otro, que si hubiere otra razón para rechazar el ingreso que institucionalmente lo justifique, deberá ser mencionada claramente, para excluir así las injustas discriminaciones ofensivas a la dignidad personal y profesional del solicitante, a la igualdad de todos ante la ley, y al derecho de asociarse y trabajar garantizados por la Constitución Nacional. Luego, si de dieren para rechazar el ingreso como socio activo razones no previstas en el Estatuto o extrañas a los fines de la Institución, o no se diera razón alguna para ello, se estaría ante un ejercicio no razonable, irresponsable, o abusivo de la libertad de aceptar o rechazar postulantes, que la ley no admite.

Tampoco se comparte con la recurrente que al admitirse el amparo se otorga rango constitucional a derechos que no lo tienen preguntándose incluso el apelante si ¿Es un derecho de raigambre constitucional ser aceptada como socia del Círculo Odontológico? Decimos que esta afirmación no se comparte porque el derecho constitucional violado no es el de asociarse al Círculo Odontológico de San Juan, sino simplemente el derecho de asociarse que todo ciudadano libre tiene respecto de cualquier institución abierta a esa incorporación según sus estatutos y el de no ser excluido injustamente, arbitrariamente, violándose la igualdad de trato que la constitución garantiza según la letra y espíritu del art. 16 de la Constitución Nacional.

Finalmente, tampoco se comparte con la apelante que la no incorporación al Círculo Odontológico de un profesional odontólogo no le cause algún genero perjuicio para el ejercicio profesional y que lo coloque en desventaja frente a sus asociados. Esto porque pese a que el Círculo Odontológico de San Juan no tiene el control de la matrícula profesional y de que pueden haber otras asociaciones de profesionales odontólogos y que puede ejercer la profesión de odontólogo sin pertenecer al Círculo, resulta evidente que dicha institución es la más antigua y prestigiosa en el medio y que pertenecer a ella importa una especie de reconocimiento de los pares a la aptitud profesional del solicitante ante el medio social donde se trabaja y sin duda algunas ventajas para la prestación de los servicios profesionales que éstas asociaciones representan.

En definitiva, entonces, y por lo dicho corresponde rechazar el recurso en tratamiento, con costas.

Por ello, SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 76 contra la sentencia de fs. 65/70 vta., que queda firme.

II- Imponer las costas de alzada a la apelante, precisando que no hay actividad computable de la actora con motivo del recurso, regulando los honorarios del Dr. Daniel Porcel conforme lo previsto por el art. 196 inc. a de la ley 2150 en la suma de Pesos: Setecientos cincuenta ($ 750).

Se deja constancia que la presente resolución es firmada sólo por dos miembros del Tribunal por encontrarse en uso de licencia el Dr. Octavio Augusto Sánchez conforme lo faculta la Ley 5854 en su Art. 40.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.