Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-05-28


Salta, 28 de mayo de 2003.

Considerando: 1º) Que a fs. 20/42 y vta., el Secretario General y el Delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, promueven acción de inconstitucionalidad contra el decreto municipal nº 0005, del 14 de enero de 2003, que implementa el proceso de Reforma del Estado Municipal disponiendo la reestructuración funcional de la administración municipal; la revisión modificación y/o supresión de los adicionales o suplementos particulares reconocidos a los agentes municipales, y la suspensión de la prestación activa de los agentes municipales con las modalidades que indiquen las circunstancias emergentes. A fs. 49/50 amplían la demanda contra los decretos reglamentarios nº 0028/03, 0029/03, 0030/03 y 0032/03, emitidos también por la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Los actores solicitan que se ordene al municipio se abstenga de aplicar las normas impugnadas, sosteniendo que confiscan arbitrariamente los haberes, adicionales y asignaciones familiares, fundándose en la disminución de la recaudación fiscal, poniendo además en riesgo la continuidad de la fuente de trabajo.

Cuestionan la procedencia de sustentas el decreto impugnado en las leyes de emergencia económica que allí se convocan, y sostienen que se han violentado derechos adquiridos de los trabajados en sus haberes, de carácter alimentario, al equipararlos a la grilla salarial de los agentes de la administración pública provincial, lo que importa una reducción salarial significativa para los empleados municipales.

En ese marco solicitan, en el apartado XI de su escrito, se decrete, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del decreto Nº 0005/03. Afirman que se ha quebrado el principio de razonabilidad en la normativa impugnada, a través del sacrificio de las prestaciones alimentarias, sin guardar proporción con el fin enunciado de lograr el equilibrio fiscal, y que al poner en disponibilidad a todo el personal municipal, se lesiona el fin de justicia que debe caracterizar al Estado. Destacan que existe peligro inminente de daño debido a la naturaleza alimentaria del salario, de las asignaciones familiares, y la subsistencia misma del empleo, destinados a proveer la manutención de los trabajadores, ya que de aplicarse la normativa impugnada, la eventual reparación sería parcial y extemporánea, lo que fundamenta la procedencia del dictado de la cautelar.

2º) Que constituye doctrina uniforma de esa Corte, expresada en numerosos y reiterados precedente, aquella según la cual no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la presunción de validez que ostentan los actos de los poderes públicos (conf. Esta Corte, Tomo 54:951; 55:243; 56:219; 505; 67:859; 69:225; 71:783, entre otros). Esta doctrina es, por lo demás, coincidente con la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a la cual las medidas de no innovar no resultan, en principio, procedentes respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan (Fallos, 313:819; 314:329 y sus citas, entre muchos otros).

3º) Que, en tales condiciones, dicha presunción obliga a una estricta apreciación de las circunstancias del caso, toda vez que a los requisitos usualmente exigibles para la admisión de una medida cautelar semejante, debe añadirse la concurrencia del peligro irreparable en la demora, la acreditación de la ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta del acto impugnado, y la consideración, ineludible, del interés público comprometido.

4º) Que en ese sentido, y con relación al recaudo de verosimilitud del derecho, cabe puntualizar que el decreto nº 005/03 aparece fundado en el uso de las facultades conferidas al municipio por el art. 176 inc. 23 de la Constitución Provincial, de "dictar todas las Ordenanzas y reglamentos necesarios para el cumplimiento directo de sus fines". Precisamente, dicha norma fue emitida en el marco de la situación de emergencia pública que es declarada en el municipio de la ciudad de Salta a partir de su adhesión, mediante Ordenanza 11.351, a la ley provincial 7125, cuyo art. 2º, a su vez, mantiene la vigencia de la ley 6583 en el contexto de las previsiones de la ley nacional 25.344, de emergencia económico financiera.

Cabe señalar, que independientemente del carácter alimentario del salario, que no excluye, por cierto, su disminución, cuando median motivos de emergencia económica general, en los que se funda la normativa impugnada, su valoración será materia de análisis, en definitiva, en el pronunciamiento de fondo a emitirse oportunamente sobre la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad.

En consecuencia, en un análisis provisional, propio de la resolución cautelar, no se advierten "prima facie" valoradas las objeciones constitucionales que plantean los actores, como para desvanecer la presunción de validez de la normativa cuestionada.

5º) Que, tal como se señaló en reiterados precedentes de este tribunal (tomo 44:1133; 51:475; 52:335; 54:831; 70:551), la concesión de una medida precautoria en el ámbito de la acción de inconstitucionalidad, adquiere una particular configuración que se vincula con la irreparabilidad del perjuicio, a la vez que es necesario que esté cuidadosamente resguardada la prevalencia de interés público.

En el caso, tales recaudos no se encuentran suficientemente acreditados; por lo demás, el decreto cuestionado señala en sus considerandos que las medidas que se adoptan tienen en miras el interés público general.

6º) Que por las razones señaladas y considerando, asimismo, que en autos los actores persiguen se declare la inconstitucionalidad de la norma ordenando al municipio demandado se abstenga de su aplicación, se advierte que la medida solicitada coincide con el objeto del juicio, por lo cual, su otorgamiento, importaría un adelanto sustancial del resultado del proceso sin escuchar a la contraria, con grave vulneración del debido proceso y del principio de bilateralidad, excediendo lo pretendido el reducido marco de conocimiento que es propio de las peticiones cautelares (esta Corte, Tomo 67:859; 70:519; 81:49, 545; 82:197; 83:1025, entre otros).

En tales condiciones corresponde rechazar la medida cautelar solicitada en el punto XI de la presentación de fs. 20/42 vta.

Por ello; la Corte de Justicia, resuelve: I. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada a fs. 20/42 vta. de autos. - Edgardo Vicente. - Alfredo G. Puig. - María C. Garros Martínez. - Antonio O. Silisque.