Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29


B. 1160. XLII.

RECURSO DE HECHO Baschi, Ferruccio y otro c/ Guntín, Carlos Alberto y otro.

Buenos Aires, 29 de abril de 2008.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Baschi, Ferruccio y otro c/ Guntín, Carlos Alberto y otro", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que revocó el de primera instancia que había hecho lugar al pedido de suspensión del procedimiento en los términos de la ley 26.062, los ejecutados dedujeron el recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.

2°) Que para decidir de esa manera la cámara sostuvo que en autos existía decisión ejecutoriada que excluía la aplicabilidad del régimen de refinanciación hipotecaria, de modo que si se permitiese la aplicación de una norma que complementaba otra que ya había sido declarada inaplicable, se produciría una colisión evidente con una decisión judicial que había cerrado la controversia sobre el punto.

3°) Que por haberse dictado con posterioridad la ley 26.167, que establece nuevas reglas en materia de refinanciación hipotecaria, esta Corte dispuso oír a las partes al respecto (conf. fs. 298 del recurso de queja), criterio acorde con la doctrina que impone atender a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123; 325:28; 327:4495 -"Bustos"- y causas R.320.XLII "Rinaldi, Francisco Augusto y otros c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra" y (Fallos: 330:855) G.88.XLII "Grillo, Vicente c/ Sparano, Claudio Rafael" del 15 de marzo y 3 de julio de 2007, respectivamente, entre muchos otros).

4°) Que si bien es cierto que en la presente causa se encuentran firmes tanto la decisión que ordenó pesificar la deuda según el principio del esfuerzo compartido, como la que declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las normas sobre refinanciación hipotecaria (conf. fs. 107/114, 136, 144/148 y 211/212 del expediente principal), también lo es que se han dictado nuevas disposiciones para tutelar a los deudores de menores recursos y que el Banco de la Nación Argentina ha declarado elegible el mutuo en litigio y se ha firmado el correspondiente contrato, encontrándose los obligados abonando las cuotas al agente fiduciario (conf. fs. 138 y 169/175 de las citadas actuaciones).

5°) Que frente a las circunstancias apuntadas, es del caso recordar que en el precedente G.88.XLII. "Grillo, Vicente c/ Sparano, Claudio Rafael", del 3 de julio de 2007, esta Corte decidió que aun cuando existía cosa juzgada respecto de la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido, el deudor podía acogerse y pagar el crédito según el régimen de refinanciación hipotecaria de conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de la ley 26.167, siempre y cuando asumiera, dentro del plazo de 30 días, abonar la diferencia entre el crédito reconocido por sentencia y el resultante de fijarlo según las disposiciones de la referida ley.

6°) Que en la presente causa se plantean cuestiones que pueden ser resueltas en función de criterios análogos a los allí sustentados, pues a pesar de haber quedado firmes las resoluciones mencionadas que deciden respecto de las normas sobre pesificación y refinanciación hipotecaria, la sanción de la ley 26.167 ha venido a otorgar una nueva posibilidad para que aquellos deudores de bajos ingresos que tuviesen elegido el mutuo por el agente fiduciario y hubiesen invocado las prescripciones de dicha norma, sin desmedro de los derechos adquiridos por el acreedor, puedan conservar su vivienda única y familiar.

7°) Que la solución de cancelar parcialmente el crédito del ejecutante con fondos propios y pagar la parte restante mediante la utilización del fondo fiduciario, aceptada por el Tribunal en la referida causa "Grillo", resulta también apropiada para el presente caso, habida cuenta de que el acreedor verá enjugado su crédito íntegramente y con efecto cancelatorio, en tanto que el deudor deberá saldar la parte no asumida por el banco interviniente y abonar a la entidad bancaria el crédito con las facilidades que le acuerda el régimen legal.

8°) Que la exégesis propuesta de hacer extensivos los beneficios que la ley 26.167 establece en conexión con las leyes 25.798 y 25.908, encuentra sustento en una comprensión armónica de los principios que llevan a preservar los derechos patrimoniales reconocidos al acreedor en sede judicial, no dilata innecesariamente el procedimiento, evita perjuicios al deudor y permite, como lo establece el art. 15 de la ley 26.167, decidir en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de la familia, en los términos del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

9°) Que no obsta a la solución sugerida el hecho de que las partes no se hayan manifestado en el sentido de lograr que la obligación se cumpla en la forma señalada, pues si el sistema legal admite que el deudor pague con fondos propios la parte de la deuda que no resulta cubierta por el sistema de refinanciación hipotecaria, sin que ello implique vulnerar derechos del acreedor (causa "Grillo"), no se advierte para este último perjuicio patrimonial que justifique desconocer la amplia protección que el legislador ha procurado dar en estos casos con la ley 26.167.

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto por los ejecutados, se revoca la sentencia apelada y se dispone que el juez de primera instancia fije un plazo -no mayor de 30 días- para que los deudores manifiesten si optarán por cancelar el crédito en la forma indicada en el presente fallo, a los efectos de que se cumplan los demás actos previstos en la ley 26.167 para hacer efectiva la sentencia y el pago a los acreedores. En caso de no hacerlo, la ejecución continuará en la forma prevista por las normas procesales correspondientes.

Las costas de la ejecución serán soportadas en los términos del art. 558 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, salvo las correspondientes a los incidentes generados con motivo de los planteos atinentes a la aplicación del régimen de refinanciación hipotecaria, como las de esta instancia que se imponen en el orden causado atento a la forma en que se decide y a la naturaleza de las cuestiones propuestas.

Notifíquese, agréguese la queja al principal, reintégrese el depósito y vuelvan los autos al tribunal de origen para que se cumpla, según el alcance indicado, con el trámite previsto por la ley 26.167.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.

ES COPIA DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se desestima esta presentación directa y se da por perdido el depósito.

Notifíquese y archívese.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por Carlos Alberto Guntin y Mirta Graciela Salomone, con el patrocinio del Dr. Marcelo Meta.

Tribunal de origen: Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 97.

DICTAMEN DEL PROCURADOR Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I Contra la sentencia de los Señores Magistrados de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que resolvió revocar la decisión del Juez de Grado que dispuso la suspensión de la ejecución de sentencia con fundamento en lo normado por la Ley 26.062, dedujo recurso extraordinario el demandado, el que denegado, dio lugar a la interposición de la presente queja (v. fs. 256, 235, 260/269, 276/277 y 283/286 del respectivo cuaderno).

Para así decidir sostuvo la Alzada que la Ley 26.062 era complementaria de la Ley 25.798 y, que existiendo en autos una resolución ejecutoriada que descartaba la aplicabilidad del Sistema de Refinanciación Hipotecario a estos obrados (v. fs. 211/212), el admitir la suspensión peticionada en los términos de la primera normativa, produciría una evidente colisión con un procedimiento judicial que cerró la controversia sobre el punto, por lo que rechazó el planteo.

-II Se agravia la demandada de que la sentencia de la Alzada es arbitraria. En tal sentido sostiene la constitucionalidad de las leyes de emergencia económica tanto en lo relativo a la pesificación, como al sistema de refinanción hipotecario.

Refiere que en dicho marco, y con anterioridad al pronunciamiento que se recurre su parte había acreditado en autos que el mutuo había sido declarado elegible (v. fs. 138), como así también acompañó copia del contrato respectivo suscripto con el Banco de la Nación Argentina (v. fs.149/159), en un todo de conformidad con lo normado por la Ley 25.798.

Concluyó señalando que al así decidir el a quo vulneró derechos y garantías de raigambre constitucional, como son el de propiedad, debido proceso, igualdad y defensa en juicio.

-III Procede recordar, en primer término, que, conforme lo ha establecido el Tribunal, cuando el recurso extraordinario se funda, como ocurre en el caso, por un lado, en agravios de naturaleza federal -tales como el planteo de validez de una ley nacional, y la decisión impugnada ha sido contra su validez-, y de otro, en la arbitrariedad del pronunciamiento, corresponde considerar en primer término esta última, pues, de existir arbitrariedad, deviene insustancial el tratamiento de los demás argumentos, ya que no habría sentencia propiamente dicha (v. doctrina de Fallos: 312:1034; 317:1455; 321:407, entre otros).

En dicho marco estimo le asiste razón al quejoso, en cuanto sostuvo que la sentencia es arbitraria. En efecto, si bien, como señalan los jueces, la Ley 26.062, cuya aplicación solicitó la demandada, es complementaria de la Ley 25.798, y la resolución que declaró la inconstitucionalidad de está última se encontraría firme, por lo que, no correspondería la suspensión de la ejecución peticionada, considero sin embargo, que omitieron valorar que la declaración de elegibilidad del mutuo, y el contrato de fideicomiso suscripto por la ejecutada con el fiduciario, fueron efectuados con anterioridad a que el resolutorio de fojas 211/212 adquiriera firmeza.

En tales condiciones, no pudo dejar de ponderarse que el 25 de octubre de 2004, el Banco de la Nación Argentina comunicó al Magistrado de Grado que el mutuo había sido declarado elegible (v. fs. 138), y que, a posteriori, se suscribió el contrato se encuentra en pleno curso de ejecución (v. fs. 149/159).

Es preciso señalar en este estado, que el Señor Procurador General de la Nación se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad del Sistema de Refinanciación Hipotecaria al dictaminar en la causa: S.C. R. N° 320, L. XLII, caratulada "Rinaldi, Francisco Augusto y otros c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otro s/ Ejecución hipotecaria", el día 8 de febrero de 2007, causa en la que V.E. dictó sentencia el día 15 de marzo de 2007.

En atención a lo expuesto, y teniendo en consideración los hechos acaecidos en la presente causa, en la que ya fue suscripto el mutuo con el ente fiduciario (v. fs. 149/159), y -conforme a los dichos del quejoso- se encontraría abonando lo allí acordado, estimo que los jueces no pudieron dejar de atender las referidas circunstancias en especial pues el ejercicio por el deudor de la opción que se menciona, importó la suspensión del trámite de ejecución (v. Ley 25.798, texto según Ley 25.908, y su decreto reglamentario N° 1284/03, y Leyes 26.062, 26.084 y 26.103). En tales condiciones cabe concluir que la sentencia se sustenta en fundamentos de extremo rigor formal, en especial pues su cumplimiento generaría una doble imposición a los fines de la cancelación de la deuda que pesa sobre el inmueble de su propiedad (v. fs. 291 y vta.).

Por lo expuesto, opino que le asiste razón a la recurrente en lo que fue motivo de agravios.

-IV Advierto asimismo, respecto de la Ley 26.167, cuyo traslado fuera dispuesto por V.E. y contestado por las partes, que el Señor Procurador General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado, en el precedente citado ut supra, sobre la constitucionalidad de dicha normativa.

-V Por todo lo expuesto, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y revocar la sentencia apelada con el alcance indicado en el precedente aludido en el item III.

Buenos Aires, 15 de junio de 2007.

Dra. Marta A. Beiró de Gonçalvez Es copia