Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-15


SENT.Nro. 773 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 15 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Lucena, Juan José vs. Mateo Pou y/o Panadería Pou s/Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala Ia, con fecha 30 de diciembre de 2002 (fs. 619/620), la parte actora a través de apoderado interpone recurso de casación, el que es concedido mediante auto del 14 de marzo de 2003 (fs. 630). Consta en el informe actuarial de fs. 650, que únicamente la Dra. Jerez de Rivadeneira, ex apoderada del actor, por derecho propio, ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado revoca la sentencia dictada en Ia. Instancia, y como consecuencia de ello resuelve homologar el pacto de cuota litis celebrado en el 20% de acuerdo a lo establecido por el art. 277 de la LCT.

Considera que pese a haberse optado por las normas de derecho civil en una acción, no pierde su carácter laboral, y que la disposición citada, no puede ser aplicada a rajatablas, sin evaluar la conducta tanto del beneficiario como la del profesional.

Explica que los convenios y poderes fueron suscritos durante todo el juicio con la misma limitación que hoy es su argumento, esto es no saber firmar, incluida la rectificación.

Termina diciendo que no advirtiéndose en la falta de ratificación un engaño al trabajador, llevando al Juez de Ia Instancia a denegar la homologación, razones todas ellas que llevan a la Sala mayoritariamente a tener por modificado sólo el porcentual del 10% que excede lo dispuesto por el art. 277.

3.- Los agravios comienzan con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad, y un breve relato de los antecedentes de la causa, en cuanto se pretende ejecutar una pacto de cuota litis que rectifica, haciendo constar que su representado no sabe leer y ni escribir.

Considera que sin fundamento alguno se ha obviado el art. 277 LCT en cuanto prohibe que el acuerdo exceda el 20% y además debe ratificarse personalmente y homologarse judicialmente.

Explica que el voto minoritario señala las falencias, donde además de la infracción legal se trata de un fallo "extra petita", al determinar un porcentual no solicitado por nadie.

Pregona que se eludió el requisito de la ratificación con una genérica referencia a la buena fe, y que además de dicho incumplimiento, la ley quiere proteger al actor aun de sí mismo.

Antes de proponer doctrina legal cita el art. 12 de la LCT, en cuanto a las convenciones que reduzcan o supriman derechos de los trabajadores, habiendo omitido su eventual declaración de inconstitucionalidad, cuando según la Corte Suprema Nacional la primera fuente de exégesis es la letra misma de la ley.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, innecesariedad del afianzamiento por tratarse del actor, cumplimiento de los requisitos del art. 132 CPTT y motivo casatorio encuadrado en el art. 131 inc. "a", por lo que corresponde abordar la procedencia.

5.- Los agravios plantean varios aspectos, referidos a la legalidad, el porcentual y la formalización exigida, habida cuenta las disposiciones legales aplicables.

De la agregación que se efectúa de las actuaciones cumplidas por ante el Colegio de Abogados de Tucumán surge que la registración ordenada del pacto de cuota litis, sobre la base de aprobación del dictamen de la Comisión de Ejercicio de la Profesión de fecha 20/3/91, tiene como argumento central el hecho de que no se trata de la indemnización tarifada, sino del ejercicio de la opción para la reclamación del siniestro por la acción del derecho civil .

Reiteradamente diversos tribunales del país han dicho que "Si se acciona en base al derecho común, de hecho se renuncia a todos los derechos emergentes de la acción especial contenida en la ley 9688, así como también al principio protectorio que se encuentra ínsito en las disposiciones normativas de trabajo" (C.Trab. de Mendoza 15/6/1984 LLC, 985-221).

Pero tal concepto no involucra en modo alguno la posibilidad de examinar la cuestión desde el punto de vista del derecho laboral, pues como lo dice la misma sentencia en crisis el contenido no pierde el carácter tuitivo, y como se verá más adelante las modalidades de celebración del acuerdo.

Ello es definitivamente así, porque la misma 24.432, a la que se encuentra adherida nuestra provincia por ley 6715, permite en su art. 14 "pactar honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en las normas arancelarias, es una norma general que impide dejar de lado las disposiciones el derecho laboral -en el caso, el art. 277 de la ley de contrato de trabajo que fija a tales pactos un tope del veinte por ciento de la indemnización que perciba el trabajador- que apuntan a resguardar la integridad de los créditos del trabajador" (C.Fed. de Apelaciones de Resistencia, 21/11/2000 -LL Litoral, 2001-286).

Tampoco modificaba la naturaleza del reclamo la ley 6379 donde resultaba inequívoca la voluntad del legislador de que, tratándose de procesos cuyo objeto sea la pretensión indemnizatoria de derecho civil, ejercida en virtud de la opción que instituía el régimen accidentes de trabajo, cambiara de radicación desde el fuero del trabajo al fuero civil y comercial común.

La CNTrab., Sala III, con fecha 21/02/1992 en autos "Helviz, Carlos c/ Champios S.A, con voto del Guibourg dijo que " La ley de contrato de trabajo, en su art. 277, bajo la forma verbal de una prohibición, autoriza expresamente el pacto de cuota litis como una forma de retribución al profesional, siempre que no exceda el 20% para los créditos laborales. Dicho artículo abrió una excepción a la regla del art. 13 de la ley 9688. Esta interpretación ha quedado sin efecto a partir de la sanción de la nueva ley de accidentes de trabajo 24.028 que dispone el su art. 3° inciso 5° que 'será nulo de nulidad absoluta y sin ningún valor el pacto de cuota litis', para las acciones amparadas por dicha ley y aun las derivadas de la opción del prevista por el art. 16. Tales disposiciones rigen aun para los juicios iniciados con anterioridad a su vigencia (art. 19 de la ley 24.028)" (Citado por Nilda Fernández y Angel Capo en "Honorarios de Abogados y Peritos"- David Grinberg- Libros Jurídicos- 1997, pág. 39).

El mencionado art. 13 originalmente decía "La indemnización por accidente de trabajo no puede ser objeto de embargo, cesión, transacción o renuncia, y goza de todas las franquicias y privilegios acordados por las leyes civiles y comerciales del crédito por alimentos".

Tal disposición, vigente al momento de la iniciación de la demanda, nos lleva a escrutar, si se cumplen en autos las formalidades del art. 277 LCT, que es en virtud del cual se dicta la decisión homologatoria atacada.

En primer lugar debe señalarse que la sentencia que luce a fs. 42/44 y vta. es del 12 de Junio de 1988, y la resolución del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados es del 5 de Junio de 1991, según da cuenta la copia de fs. 645 vta., constituyendo una circunstancia que afecta la decisión, ya que como se ha dicho "Es improcedente la homologación de un pacto de cuota litis que fue presentado en autos cuando ya se había dictado la sentencia de alzada, pues había desaparecido el riesgo asumido por el profesional de perder su retribución por las tareas efectuadas" (CNac. Trab., Sala X, 29/4/2002, publicado en LL 14/8/2002, 14).

Así también la exigencia temporal se extiende a cuando se hizo la tramitación, pues "Es improcedente que los actos procesales requeridos por el art. 277 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238) sean realizados en la etapa de ejecución de sentencia porque estos actos, en virtud de la naturaleza aleatoria del pacto de cuota litis, sólo pueden ser otorgados antes de que se conozca el resultado final del juicio" (C.Nac. Trab., Sala VII 7/4/98, publicado en DT 1998-B-1477).

Confrontadas las fechas de la sentencia y la presentación ante el Colegio de Abogados (fs. 639), esto es el 14 de diciembre de 1990 se advierte que tal requisito aparece también incumplido.

Brito-Cardoso de Jantzon dicen luego de mencionar las exigencias del art. 277 LCT que en el pacto de cuota litis se "se advierten diferencias notorias con el previsto en la ley 5480", tanto en el máximo como en la homologación judicial, bajo pena de nulidad. ( Honorarios de Abogados y Procuradores, pág. 40).

La CNTrab., Sala VII, con fecha 07/4/98, expresó "Para que el pacto de cuota litis tenga validez, el art. 277 de la ley de contrato de trabajo requiere la ratificación personal y la homologación judicial" (DT, 1998-B,1477).

En el caso de autos, no sólo la ratificación es inexistente, sino que hay una expresa manifestación de voluntad en contra y en cuanto a la homologación debemos decir que es el único problema que subsiste en este litigio.

La sanción de la ley 24.028, que sustituye totalmente a la 9688 tiene una disposición en su art. 19 que impacta en la resolución del caso, cuando dice que " Esta ley no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia, con excepción de los artículos 11, 13, 14 y 17". Sin lugar a dudas aprehende la cuestión de autos, desde que La ley 24.028 aprehende esta cuestión, a partir del hecho de que fue publicada el 17 de diciembre de 1991.

Sobre la aplicación de esta norma, este Tribunal se expidió finalmente conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte de la Nación en autos "Mendoza Reyes, Rigoberto E. c. Rest Services S.R.L." (cfr. LL. 1998-C, págs. 640/641).

Así se dijo que " Si bien de la literalidad del texto de la proposición normativa contenida en el artículo 19 de la ley 24.028 no surge una significación unívoca ya que, a contrario sensu, admite ser inteligido con el sentido de que establece, como pauta para su aplicación, la fecha de promoción de la acción jurisdiccional pertinente, no es menos cierto que ante la ambigüedad textual de una norma legal, corresponde que el intérprete opte por aquella exégesis que, resultando compatible con su letra -primera fuente de interpretación de la ley sin que sea admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal si no medie debate y declaración de inconstitucionalidad-, resulte la más adecuada a principios y garantías constitucionales. En esta directriz hermenéutica, el texto en cuestión puede comprenderse -sin menoscabo alguno a su letra y a su espíritu- que solamente podrá aplicarse a los juicios promovidos con anterioridad a su vigencia, las disposiciones contenidas en sus artículos 11, 13, 14 y 17" (CSJT sent. nro.

535 del 20/7/99).

Es precisamente el artículo 13 apartado "5" que dice " será nulo de nulidad absoluta y sin ningún valor el pacto de cuota litis para todas las acciones derivadas de la presente ley y las que se ejercitaren de acuerdo con la opción prevista en el art. 16", y es éste último artículo similar al anterior 17 , contemplando la acción civil.

De manera que por cualquiera de los caminos, el pacto de cuota litis no puede ser homologado, razón por la cual debe revocarse la sentencia dictada con fecha 30 de diciembre de 2002, en base a la siguiente doctrina legal "El pacto de cuota litis celebrado durante la vigencia de la ley 24.028 es nulo y sin ningún valor cuando se trate de la opción prevista por su art. 16 o el 17 de la 9688", y en consecuencia dictar como sustitutiva la siguiente: "I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 11 de abril de 2001 (fs. 571 y vta.). dictada por el Señor Juez de Conciliación y Trámite de la Ia Nominación".

6.- Las costas del recurso se imponen en el orden causado, atento a la razón probable para litigar (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, con fecha 30 de diciembre de 2002, dictándose como sustitutiva la siguiente: " NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 11 de abril de 2001 (fs. 571 y vta.), dictada por el Señor Juez de Conciliación y Trámite de la Ia Nominación".

II.- COSTAS del recurso, como se tratan.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO