Responsabilidad de la obra social, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad objetiva, subcontratación administrativa, responsabilidad médica, eximentes de responsabilidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BLASZKIEWICZ DE BOJARSKI, JUANA c/ CLINICA DE MATERNIDAD SANTA ISABEL  S.A.  Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

En el supuesto de la relación Obra Social-beneficiario, se está en presencia de un contrato necesario, obligatorio o impuesto, cuya característica consiste, justamente, en que por ley se impide que el sujeto no contrate; de manera que lo que el legislador reemplaza de la voluntad de las partes, se refiere sólo a la determinación compulsiva de los integrantes de la relación y a la delimitación de las obligaciones principales. Pero a través de esta relación forzosamente impuesta, el legislador no ha organizado ni detallado los aspectos internos de la relación. Y es así que el Instituto de Obra Social puede realizar la prestación, que satisfaga el crédito de salud que tiene el beneficiario afiliado, como contratar con terceros para el cumplimiento de la prestación que satisfaga dicho crédito; es decir a través de la contratación con sanatorios y clínicas organiza la satisfacción del crédito del afiliado, tal como lo permite el art. 33 de la ley 22.269, en conformidad a las previsiones generales de los arts. 626 y 630 del Código Civil que admiten el cumplimiento de la obligación por un tercero. Pero esto no desnaturaliza la relación entre el instituto y el beneficiario.

No debe dejar de tenerse a la vista que el tercero que satisface el crédito del beneficiario, es decir, la institución a la que contrata la obra social, es elegida por ésta (art. 33 ley 22.269).

Contratando el instituto de obra social los servicios de una clínica para la atención de sus afiliados, se está ante la estipulación en favor de un tercero que contempla el art. 504 del Código Civil, lo que señala el encuadre contractual del que deriva la responsabilidad contractual.

De las diversas normas de la ley 22.269, los arts. 32, 33, 50, surgen los rasgos típicos de esta negociación, en la cual el Instituto asume la obligación de prestar un servicio de salud a sus afiliados, pero se halla facultado para contratar a terceros para la satisfacción de ésta obligación.

Relativo a la responsabilidad que deriva del incumplimiento de la adecuada prestación cuando ha mediado una estipulación en favor de terceros, el justificativo de ese deber de las clínicas, descansa en el sistema de una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter de accesorio de la obligación principal de prestar asistencia por medio de los facultativos del cuerpo médico, de tal manera, el paciente estará constreñido a probar la culpa del médico, no con el fin de poner en marcha el deber reflejo de la entidad asistencial, sino para patentizar la transgresión de la obligación de seguridad por parte de dicho ente. Esa responsabilidad de las clínicas es objetiva, circunstancia que les imposibilita demostrar eficazmente la ausencia de culpa para la exclusión del deber. En consecuencia y con miras a eximirse de responsabilidad, tiene que probar una causa ajena, es decir, la culpa de la víctima, la culpa de un tercero por el que no deben responder o, en fin, el caso fortuito genérico.