Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-04


Expte. Nº 5944/12 "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN a favor de Gómez Marcelo Daniel en Srio. nº 56819/12 del Tercer Juzgado de Instrucción - Casación" En la Ciudad de San Juan, a cuatro ( 04) días del mes de diciembre del año dos mil doce, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?---------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:-------- --- Que a fs. sub. 50/55, la defensa del imputado Marcelo Daniel Gómez, deduce recurso de casación, contra la resolución emitida por la Cámara Penal, Sala Segunda, glosada a fs. sub. 41/ 44 y vta..-------------------------------- --- El auto recurrido, confirmó la denegatoria al otorgamiento de la excarcelación de Gómez, resuelta por el Tercer Juzgado de Instrucción, a fs. sub. 04/05, del incidente respectivo.-------------------------------------- --- Acude el impugnante ante esta Instancia Superior, cuestionando el fallo del Tribunal de Alzada, sobre la base de los siguientes argumentos: a) Que no obstante haber podido analizar la causa, a efectos de determinar la existencia misma del motivo por el que se calificó la conducta del imputado en el art. 167 inc. 3º del C.P., no lo hizo o lo hizo incorrectamente; habida cuenta que no existen elementos probatorios suficientes para acreditar la "efracción"; además de ello, el Tribunal de Alzada se fundó en la calificación otorgada al momento de la indagatoria, para determinar la existencia de una "gravedad objetiva de los hechos", citándola como causal que concurre y obliga a analizar la posibilidad excarcelatoria, en el marco de peligrosidad y alarma pública que ocasionaron los hechos incriminados. La Cámara debió expedirse respecto a la calificación endilgada al imputado, para mejor decidir sobre la procedencia o no de un beneficio excarcelatorio, aún cuando la defensa no hubiere efectuado planteamiento alguno en tal sentido. b) Que el resolutorio atacado carece de motivación, dado que para confirmar el fallo del Instructor, el tribunal se basó en una presunta peligrosidad procesal existente en el caso, la cual, además de infundada, deviene irrazonable e ilegítima, por falta de motivación. Si bien Gómez posee dieciocho causas abiertas en su planilla prontuarial, carece de condena y no eludió en ningún momento el accionar de la justicia; fue aprehendido en su domicilio sin oponer resistencia y obtuvo legalmente la excarcelación en varias de las causas iniciadas en su contra. Que no existe entonces óbice para la obtención del beneficio, en virtud de haberse agotado la instrucción, existiendo una imposibilidad material de entorpecer la justicia, con acciones como destruir prueba en su contra, interferir sobre la voluntad de testigos, etc. c) La resolución de la Cámara se apartó del criterio rector, que indica que el otorgamiento de la excarcelación, sólo debe estar fundado en criterios objetivos señalados por el ordenamiento procesal, representados por la inexistencia de condenas y la posibilidad de aplicación de condena de ejecución condicional. d) Que la resolución resulta arbitraria, no resultando una derivación razonada, con aplicación de las circunstancias del caso, evidenciando la contradicción entre las circunstancias de la causa y la normativa vigente.--------------------------------------------------- --- A fs. 62/63, el apelante mantiene el recurso y amplía sus fundamentos. Por su parte, el Sr. Fiscal General de la Corte, a fs. 77/80, solicita fundadamente que se desestime el recurso de casación incoado por la defensa técnica del imputado Gómez.--------------------------------- --- Cuando la causa se encontraba en condiciones de resolver, fueron requeridos los autos principales que en copia fueron glosados por cuerda floja.------------------ --- Que habiendo efectuado el estudio del planteo acompañado y luego del pertinente análisis de la resolución de la Cámara Penal, avalando lo decidido por el juzgado instructor, corresponde, en primer término, que me expida en relación a la supuesta arbitrariedad en que incurriera el Tribunal del Alzada, (Punto e; fs. sub. 53 vta., infra).- --- Tal argumento, engloba la casi totalidad del recurso, por haber expresado el impugnante, diversos cuestionamientos que se enlazan con el reproche aludido, a saber: que el resolutorio se encuentra inmotivado, (Punto b; fs. sub. 51 vta.) y que existió un apartamiento por parte del sentenciante del criterio rector en la materia, que erige como obstáculo para la excarcelación ciertos criterios objetivos, (Punto c; fs. sub. 53).----------------------- --- De tal modo, el Punto e) implica una crítica que incluye similares quejas reseñadas, expresivas de aristas relativas a un mismo reclamo, ante la supuesta hipótesis de sentencia arbitraria.--------------------------------- --- Entiendo que abordar tal perspectiva, revisando meticulosamente lo argüido en el argumento casatorio, implica dar respuesta al planteo incoado, en los tres aspectos precitados, en razón del innegable paralelismo en el cual discurren.--------------------------------------- --- Por otra parte, resulta ineludible, en atención a los fundamentos de la recurrente, (cuando amplía el informe de los argumentos inicialmente expresados), que me pronuncie sobre el fondo del asunto, verificando la eventual similitud o notoria distinción, si fuera el caso, con las circunstancias que tuve en cuenta al fallar en la causa Nº 4.904 "Incid. de excarcelación a favor de Rubia Américo. Casación"; (P.R.E. S.2ª.-2010-II-201); en atención a que el quejoso, reclamando un trato igualitario para con su defendido, ha trascrito extensamente el voto que formulé en aquella ocasión, (fs. sub. 70/71).------------ --- En tal sentido, compruebo que la Cámara, consideró que correspondía confirmar lo resuelto por el inferior, en relación a la excarcelación, manifestando que ".la denegatoria de la excarcelación del imputado y las medidas de coerción personal dictadas en su contra se encuentran debidamente justificadas y razonablemente rechazada la excarcelación por considerarse que actualmente resulta necesario mantenerlo privado de su libertad mediante su prisión preventiva, apareciendo las medidas de coerción adoptadas en límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la Ley.asegurando que en el fuero no se sustraiga al accionar de la jurisdicción (repárese que el procesado registra en su planilla prontuarial varias causas abiertas en su contra, lo cual indica que usó el beneficio excarcelatorio para seguir delinquiendo" (fs. sub. 44).---- --- Además de lo expuesto, evaluó el tribunal revisor, que existían sobrados motivos para presumir fundadamente que, en libertad, trataría el imputado de eludir el accionar de la justicia, sea impidiendo la realización del juicio o sustrayéndose al cumplimiento de una eventual pena de cumplimiento efectivo; a lo cual debería agregársele, que habría cometido los hechos objeto del proceso, violando las obligaciones impuestas al momento de ser excarcelado, (fs. sub. 44).-------------------------------- --- Ahora bien, es menester formularse algunos interrogantes en este punto, relativos a la corrección o incorrección de los argumentos sostenidos por la Alzada, a fines de confirmar o descartar la existencia de pautas objetivas, indicadoras de la noción de peligrosidad procesal; si tales pautas obstan la soltura del imputado y si las circunstancias son análogas a la situación resuelta en el caso "Rubia", que trajera a colación el letrado defensor.------------------------------------------------ --- Destaca así, el fallo resistido, la necesidad de mantenimiento de las medidas de coerción, para la averiguación de la verdad y la aplicación de la Ley y que el procesado probablemente usó el beneficio excarcelatorio para seguir delinquiendo. La defensa postula la idea de haberse concluido con la instrucción y que la inacción de los tribunales no puede justificar mantener encarcelado a Gómez, en pos de un presunto clamor social, (fs. sub. 52 vta., infra).-------------------------------------------- --- Considero que las circunstancias que impregnan esta causa, difieren notablemente de las constatadas en el caso "Rubia". En primer término, el propio recurrente ha contabilizado en número de dieciocho, las causas abiertas que pesan sobre el imputado; el cual, además, como se comprueba de la lectura de su planilla prontuarial, resultó sistemáticamente beneficiado con sucesivas excarcelaciones, (seis en total; fs. 28 vta. y 29 vta.; 44 vta., 45, de los autos principales).--------------------------- --- Si bien es cierto que aún no pesa condena penal sobre el imputado, no puede soslayarse la gran cantidad de procesos pendientes de resolución, consistiendo la mayoría de los iniciados, en causas por delitos contra la propiedad, (ibídem).------------------------------------------- --- En cuanto a esto, el art. 375 del C.P.P. ha expresado con gran claridad una hipótesis obstativa, cuya aplicación, a la luz de las circunstancias de la causa, adquiere solidez en el caso en estudio. Indica la norma ritual que también podrá denegarse la excarcelación, cuando la valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la falta de residencia o si este hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer las investigaciones.---------------------------------------------- --- Asimismo, en el Informe Nº 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se establece, en relación a la duración de la prisión preventiva, el deber de ".analizar todos los elementos relevantes a fin de determinar si existe una necesidad genuina.y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes a la excarcelación del procesado" (Punto 19); para ello, se determinan distintos criterios por la Comisión (Punto 24).------------- --- Entre los parámetros mencionados como "Peligro de fuga", se precisa que: "La Posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada" (Punto 29).----------------------------------------------------- --- Tales criterios procesales, advierten sobre la inconveniencia de la soltura del imputado: Además de los numerosos antecedentes por delitos que posee, que lo enmarcan en la posibilidad denegatoria de la Ley 7.398, (art. 375 2º Párr.), Gómez ha declarado al momento de responder a la imputación, que no trabaja y que no es propietario del inmueble que habita; de lo cual se desprende que, hallándose vinculado a hechos reiterados, en carácter de imputado, no ejerce ninguna actividad laboral y no posee bienes materiales que indiquen una actitud de arraigo; reconociendo, pese a la abstención de declarar que ejerció, que tiene causas abiertas, (fs. 43 y vta.).-------------- --- Además de ello, necesidades urgentes de investigación ameritan la permanencia de la cautelar dictada, de acuerdo con el criterio sentado por la Comisión, en el Punto 34, que reza: "La Comisión considera que no es legítimo invocar las "necesidades de la investigación" de manera general y abstracta para justificar la prisión preventiva. Dicha justificación debe fundamentarse en un peligro efectivo de que el proceso de investigación será impedido por la liberación del acusado".-------------------------- --- Todo lo expuesto en el párrafo que antecede, cobra notable vigor, si se analiza cuidadosamente la declaración testimonial del oficial que interviniera en el allanamiento del domicilio habitado por Gómez y secuestro de efectos vinculados a los delitos denunciados, (fs. 15 y vta. e informe técnico de fs. 23 y vta.------------------ --- Si bien la recurrente expresa que los efectos fueron devueltos a los damnificados, situación que acaeció, (al menos en forma parcial), dando cuenta de ello las actas agregadas a fs. 26 y 55; en el marco de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal a los funcionarios de la prevención, previstas por el art. 262 3º párr., fueron secuestrados del domicilio del imputado, gran cantidad de elementos de procedencia sospechosa; situación que quedó plasmada expresamente a fs. 18, al establecerse: ".tras una exhaustiva requisa, se encontraron elementos y efectos de procedencia dudosa motivo por el cual y conforme lo estipula el art. 262 del Código Procesal Penal, se procede al secuestro de los mismos." (fs. 18); iniciándose a partir de allí la descripción de gran número de elementos, especialmente electrónicos.------------- --- Excediendo cuantiosamente los efectos que la medida judicial lograba obtener, pudieron contabilizarse, por ejemplo, dos celulares, tres frentes de stéreo, dos controles remotos, un stéreo, un M.P. 4, ocho M.P. 3, un sintonizador, veinticuatro pendrive; todos los cuales eran de distinta marca, color y características técnicas, siendo habidos, incluso, elementos para el cuidado de la salud, como un aparato digital de uso para enfermos diabéticos y otras cosas similares, (fs. 18/19).------------ --- De tal forma, la medida logró, (aparte de los efectos denunciados por la damnificada María Florencia Páez; fs. 01), lograr la incautación de los elementos que denunciara como sustraídos el damnificado Jorge Oreste Sotomayor, (fs. 34), como también el impensable saldo de más de cuarenta artículos diferentes, de presunto origen delictivo.---------------------------------------------------- --- No existe duda alguna respecto de la legalidad del secuestro de tales objetos, de procedencia dudosa, hallazgo que habilita el procedimiento subsiguiente, desplegado por los funcionarios policiales; existiendo definidos criterios jurisprudenciales en torno a ello, que indican que es válida la incautación de bienes no especificados en la orden de allanamiento, si ellos fueron hallados accidentalmente en ocasión del registro domiciliario ordenado, al contribuir a acreditar la comisión de otro delito.--------------------------------------------- --- Resulta claro que, como aconteciera con los efectos de Sotomayor, resta igualmente culminar la investigación iniciada, para determinar la procedencia y propiedad de la gran cantidad de objetos secuestrados, (conforme lo previsto en el art. 228 inc. 1º del C.P.P.). Situación que, como anticipara, se vincula directamente con los criterios determinados por la Comisión, relativos a los valores morales de la persona y su ocupación y bienes que posee y también con las necesidades de investigación.---- --- Avizoro la posibilidad existente de ampliación y/o multiplicación de procesos, respecto de los cuales, (en virtud del secuestro operado), estaría relacionado el sospechado, como posible futuro imputado; pudiendo, en caso de recobrar la libertad, contribuir decididamente a entorpecer la investigación, sea sustrayéndose él mismo al accionar de la justicia, como también suprimiendo elementos de prueba o procediendo de cualquier modo para enervar las posibles consecuencias por eventuales procesos futuros.--------------------------------------------- --- Ello, lejos de resultar una afirmación hipotéticamente temeraria, cobra sentido al corroborarse que, pese a haber sido reiteradamente excarcelado, Gómez resulta nuevamente comprometido en una causa penal, cuya instrucción, lejos de encontrarse agotada, (al decir de la defensa), requiere de numerosas medidas investigativas, cuya concreción no admite dilación alguna.----------------- --- Paralelamente a ello, resulta menester indagar sobre las causas que se encuentran en trámite y que pesan sobre el imputado, a efectos de materializar, (si fuera viable), el contenido del art. 57º inc.3º, en razón de la conexidad subjetiva que impone tal regla especial de competencia.------------------------------------------------ --- Considero así, que la normativa citada por la parte recurrente, representa una materia sin aplicación para el caso en estudio, en función de las circunstancias de la causa, notoriamente disímiles al caso que citara ("Rubia"); en el cual dejé claramente plasmado que se trataba de la situación de una persona de cincuenta y tres años, con un núcleo familiar estable, con una tarea laboral en un negocio de broncería, de propiedad de su esposa y domicilio constituido, (P.R.E. S.2ª.- 2010-II-201). Gómez, reitero, se halla en una situación diametralmente opuesta.------------------------------------------------------ --- Por tanto, razones de hecho y derecho, aconsejan la confirmación del fallo de la Cámara interviniente y no brindar acogida a los argumentos del apelante.----------- --- Una solución contraria, sobre la base de la inexistencia de condena anterior, aunque habiéndose demostrado la existencia de peligrosidad procesal por entorpecimiento del desarrollo de la investigación pendiente, implicaría, a la vez que la subversión del orden normativo en materia de excarcelaciones, el amparo del ejercicio abusivo del derecho en que, evidentemente, incurrió el imputado.---------------------------------------------------- --- En tal sentido, expreso mi convencimiento de que la exigencia de un trato igualitario, está precedida, (en atención al sentido constitucional del principio, traducido como "igualdad entre iguales"), de una conducta similar a aquellos a los cuales las normas amparan. Algo que el imputado, por cierto no observa. Caso contrario, existirá una situación de injusticia, que no debe convalidarse.------------------------------------------------- --- Ha expresado la doctrina que "...no basta que existan pruebas de culpabilidad para que las medidas de coerción sean automáticamente aplicables. Es preciso, además, que en el caso concreto sean necesarias, porque su no aplicación signifique poner en serio riesgo el derecho que se quiere proteger, es decir, que no imponerlas importe renunciar a la posibilidad de que el Estado castigue el delito" (Cafferata Nores José I, "Puntos para insistir en materia de eximición de prisión y excarcelación", Temas Penales Nº 1, Jornadas de Sociedad Panamericana de Criminología, Depalma 1986, Pág. 6).-------------------------- --- Por otra parte, el máximo tribunal de la Nación, ha dejado sentado que ".las atribuciones de carácter coercitivo cautelar personal o real que se otorgan al juez de instrucción, deben adoptarse con la mayor mesura que el caso exija, respetándose fundamentalmente el carácter provisional de la medida y observando que su imposición sea indispensable y necesaria para satisfacer -con sacrificio provisorio del interés individual- el interés público impuesto para evitar -en ciertos casos- que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos (Fallos 319:2327).----------------------------------------------- --- De acuerdo con las circunstancias analizadas en el presente caso, expreso mi convencimiento que tales recaudos legales, doctrinales y jurisprudenciales, no se encuentran violentados en la solución que postulo; justificándose la aplicación a la situación del imputado Gómez, de la solución denegatoria.------------------------------ --- Ha citado en tal sentido, en Dr. Pedro R. David, en su voto en el Acuerdo 1/08. Plenario Nº 13 -'Diaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de inaplicabilidad de ley' CNCP, (30/10/2008), que: ".si bien es cierto que existe un derecho constitucional a la libertad durante el trámite del proceso penal no lo es menos que ese derecho (como todos) no es absoluto; ello significa que los habitantes gozan de él, conforme las leyes que lo reglamentan; el Estado puede reglamentarlo en función de una legítima finalidad: la de evitar que el individuo sometido a proceso eluda la acción de la justicia, sea impidiendo u obstaculizando la investigación del hecho o no cumpliendo la eventual pena que se imponga... En este entendimiento, "el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares éstas que cuentan con respaldo constitucional" (Fallos: 305:1022); concluyendo el plenario citado, en el Punto I del resolutorio, que en materia de excarcelación o eximición de prisión, a los fines de su denegación, además de la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, ".deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal" (ibídem).---------------------------------------------------- --- Tal conclusión hace cobrar sentido a la observación que efectuara previamente el Dr. Pedro David, finalizando los fundamentos de su posición: "En definitiva, como ha afirmado la Comisión Interamericana, el prudente arbitrio del juez en la apreciación de las condiciones señaladas por la ley, que pueden servir de pautas para la denegación o concesión de una excarcelación es una muestra de la independencia del poder judicial a la cual la Comisión se ha referido positivamente en varias oportunidades como requisito indispensable para una buena administración de justicia" (Resolución 17/89, considerando 5º, párrafo 4º) (ibídem).------------------------------------------------ --- En cuanto a las excarcelaciones que gozara anteriormente el procesado, también resultan expresivas de una conducta sistemáticamente reiterativa, que no puede ser pasada por alto, en su justa medida. Y que no es conveniente conceder el beneficio al imputado, si el mismo le fue otorgado previamente en varias oportunidades y ha sido detenido en diversas ocasiones por delitos contra la propiedad, pues tal comportamiento permite presumir que, hallándose en libertad, persistirá en tal modo de vida. Más claro, le ha faltado respeto a la ley.--------------- --- Por último, otra razón igualmente relevante, desautoriza la concesión del beneficio peticionado, consistiendo la misma en la circunstancia de hallarse al menos, uno o más prófugos en la causa, que no han podido ser identificados a la fecha.---------------------------------------- --- De los términos de la declaración testimonial de la damnificada, obrante a fs. 04, surge que un vecino le manifestó que, respecto de los posibles autores del ilícito, pudo observar a dos personas en el interior de un vehículo sospechoso; ello se reitera en la síntesis efectuada a fs. 07 y 11 y en el preventivo Nº 687/12, de la Comisaría Segunda, (12). El vehículo en cuestión fue habido durante la medida de allanamiento de morada, confirmándose su existencia (fs. 19 vta.).------------------ --- Por ende, existen una o más personas vinculadas al hecho delictivo, en perjuicio de la damnificada María Florencia Páez, que no han sido aún debidamente identificadas, existiendo riesgo procesal de connivencia o confabulación obstructiva de la investigación, en caso de procederse a la libertad del procesado Gómez, por parte de probables partícipes en el ilícito; con conductas tales como brindarle apoyo al imputado, orquestar una determinada estrategia u ocultar prueba, para eludir, en definitiva, la acción de la justicia.-------------------------- --- En cuanto a lo referido en los Puntos a) y d), del planteo, no corresponde el abordaje de la calificación impuesta, en atención a que tal cuestionamiento escapa al cometido de este incidente excarcelatorio ventilado en esta Instancia, por cuanto se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Alzada, el recurso respectivo; mediante el cual, se solicitó la revisión de la figura típico legal atribuida al procesado (fs. 86/96 y vta.). Hipotéticamente el cambio de calificación en nada torcería los conceptos denegatorios de la excarcelación aquí vertidos.------------------------------------------- --- Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el planteo casatorio, ante la existencia conjunta de pautas de peligrosidad procesal, representadas por las numerosas excarcelaciones concedidas al imputado, la falta de actividad laboral de aquel, la comprobada tenencia de numerosos objetos de procedencia probablemente ilícita, la existencia de prófugo o prófugos en el proceso en trámite, la carencia de bienes materiales que hagan presumir el arraigo, entre otras; debiendo exhortarse al Juzgado Instructor, a la inmediata profundización de la investigación relativa al desapoderamiento de los restantes elementos secuestrados, estableciendo asimismo la procedencia y propiedad de los mismos; como también a efectuar la urgente indagación del estado actual de las diferentes causas endilgadas a Gómez, a fin de zanjar el posible cumplimiento de lo establecido por la legislación procesal.------------------------------------------------ --- Voto entonces porque la resolución denegatoria de la Cámara Penal sea confirmada y por los recaudos previamente indicados.-------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:--------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:------------------------------------ --- I) Rechazar el recurso de casación interpuesto y confirmar la resolución de fs. sub. 41/44 y vta..----------- --- II) Exhortar al señor Juez Instructor de conformidad a lo expresado en los considerandos.--------------------- --- III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Cp-5944 E.B.T.

P.R.E. S.2ª 2012-V-881