Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11


CEBALLOS, Pedro Osvaldo contra COMUNA DE SA PEREIRA Reg.: A y S t 199 p 216-223.

En la ciudad de Santa Fe, a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CEBALLOS, Pedro Osvaldo contra COMUNA DE SA PEREIRA sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 667, año 1992), de conformidad con el acuerdo celebrado el día cuatro del corriente mes y año. A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

I.1. Pedro Osvaldo Ceballos promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comuna de Sa Pereira, tendente a obtener el cobro de horas extraordinarias que según afirma se le adeudan, e indemnización por accidentes de trabajo de fecha julio de 1991 y 21 de noviembre de 1991, con más "daños y gastos originados en actos de servicio", y costas.

Relata que en julio de 1991, mientras se encontraba cumpliendo tareas asignadas por la Comuna, sufrió una pérdida de la visión, como consecuencia del accidente provocado a raíz de la penetración de una piedra en el ojo derecho. Y que fue atendido por el Dr. Marcelo Casabianca (h), quien dictaminó que padecía una "lesión irreversible", y extendió un segundo certificado señalando que la pérdida de visión ascendía al 60%.

Expresa que la accionada alega haber cubierto el siniestro mediante el pago efectuado por la Compañía de Seguros "La Tercera", pero la indemnización abonada por ésta "no condice con lo normado en la ley de accidentes nro. 24.028". Narra que en fecha 21 de noviembre de 1991, encontrándose en el cumplimiento de sus tareas habituales, se lo destinó a desmalezar cunetas, alcantarillas, etc., ocasión en la que sufrió un desvanecimiento con pérdida de conocimiento, diagnosticándose "accidente cerebro vascular agudo, crisis hipertensiva y angor inestable". Dado de alta el 23 del mismo mes y año, es derivado al Hospital Italiano de Santa Fe para que se le practique cateterismo cardíaco.

Posteriormente, por certificado médico privado, se le dictamina incapacidad total y permanente.

Afirma haber sido llamado sólo una vez a los fines de la Junta Médica, y que la misma no pudo realizarse como consecuencia de la falta de remisión por parte de la comuna de los originales de los certificados médicos. Admite que en un primer momento fue destinado a cumplir tareas de "inspector de calles", pero -señala- con posterioridad se le agregaron otras tareas, como limpieza de alcantarillas, cuneteo, etc., correspondientes a las funciones de "peón general", que requieren mayores esfuerzos físicos.

Dice que, como surge de las certificaciones obrantes en la Comuna, nunca había padecido trastornos físicos desde su ingreso, que data de 1989. Por último, puntualiza que reclama el pago de horas extraordinarias estimadas en 720 horas como consecuencia de la realización de 6 horas diarias de trabajo de limpieza y mantenimiento del cementerio comunal en horas de la tarde, de lunes a viernes, durante un lapso de seis meses anteriores a sufrir el accidente de trabajo que le causó disminución en la visión.

Expone que en varias oportunidades se le prometió el pago íntegro de las mismas, y otras veces que se le pagaría una parte todos los meses sucesivos; y que fue cuando sufrió su primer accidente cuando comenzaron los desentendimientos con la accionada y se le comenzó el pago de tales horas extras.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 49), comparece la demandada a estar a derecho (foja 61) y contesta la demanda peticionando su rechazo con costas (fojas 74/77).

Luego de oponer excepción previa de falta de personería, niega todos los hechos invocados por la contraria que no estén especialmente reconocidos en el responde.

Así, niega ser responsable del evento ocurrido en julio de 1991, y que el mismo haya provocado incapacidad visual alguna. Da a continuación su versión de los hechos, señalando que el actor, al prestar tareas para el ente territorial, obraba sin cuidado ni atención, circunstancias que le fueron puestas de manifiesto por funcionarios comunales reiteradamente, sin obtener respuesta. Este accionar negligente de Ceballos fue el causante del evento señalado en la demanda, pese a lo cual procedió, por intermedio de su aseguradora, a abonar las indemnizaciones legales correspondientes en fecha 19.8.1991, pago que fue recibido de conformidad por el actor.

Añade que la inexistencia de secuelas surge palmaria del propio certificado de alta que el propio recurrente agrega a las actuaciones a foja 27. Desconoce además que el presunto desvanecimiento con pérdida de conocimiento que habría acaecido el 21.11.1991, así como las supuestas incapacidades laborativas derivadas del mismo, se relacionen con el trabajo.

Alega que el accionante sufría de trastornos diabético-cardíacos desde mucho tiempo antes de su relación laboral con la demandada. Niega que se le hayan asignado tares que signifiquen esfuerzos físicos importantes; por el contrario, a la fecha mencionada, Ceballos cumplía funciones de peón general en el Cementerio comunal, entendiendo que la tarea de cortar yuyos con maquinaria adecuada en modo alguno puede calificarse de riesgosa o pesada. Concluye que el trabajo de Ceballos para la Comuna no fue factor agravante o coadyuvante de la enfermedad que a su juicio siempre padeció el actor, como surge de la información sumaria instruida por ordenanza nro. 110/92.

Señala que el actor eludió la obligación de someterse a exámenes de aptitud psicofísica, y que obvió deliberadamente, frente a comunicaciones fehacientes de la Comuna, concurrir al Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, a efectos de someterse a revisaciones a los fines jubilatorios, y cuando lo hizo no acompañó la documental pertinente.

Por último, niega adeudar suma alguna en concepto de horas extraordinarias, ya que el actor jamás las laboró en el modo, forma y cantidad postulados en la demanda.

3. Rechazada -por auto registrado en A. y S. T. 136, págs. 237/239- la excepción de falta de personería opuesta por la demandada, se cita en garantía a "La Tercera Compañía de Seguros Generales", la que comparece a foja 123. Dicha firma, a foja 129, señala que "a la fecha del accidente al que refiere el actor" era aseguradora de la demandada, según los términos de la póliza respectiva. Expresa haber pagado al recurrente "el monto indemnizatorio correspondiente al accidente de trabajo", pago que, a su juicio, extinguió la obligación. Agrega que el supuesto derecho del actor está prescripto, y aduce "falta de causa y de causalidad".

Solicita, en consecuencia, se declare improcedente la demanda. 4. Abierta la causa a prueba (f. 130), producida la que consta en autos, y agregados los informes de las partes (fojas 316/318 y 321/322) y de la citada en garantía (foja 323), se llama autos para sentencia (foja 324).

Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta. II. 1. Corresponde inicialmente pronunciarse acerca de la incidencia deducida por la actora en relación a la testigo ofrecida por la demandada, María Isabel Torres, cuya declaración obra a fojas 184/186.

Aquélla aduce -en síntesis- que la testigo respondió en forma ambigua y que su declaración es arbitraria, por cuanto en ciertos aspectos exhibe un conocimiento detallado de la situación del actor y en otros un total desconocimiento, de lo que extrae que ha incurrido en falsedad testimonial; e impugna el reconocimiento de documental por ella efectuado sobre cinco fotografías, "por impertinente".

No es superfluo memorar que tachas son las causas que, dirigidas a los testigos, invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones y que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar, y que debe repararse en el criterio jurisprudencialmente recibido de interpretación restrictiva de las mismas (con Del análisis de la declaración impugnada no se desprenden con suficiente consistencia elementos que permitan dudar de la imparcialidad de la testigo o que hagan surgir en forma evidente un propósito deliberado de mentir o favorecer a una de las partes, por lo que la articulación debe ser desestimada.

Ello, desde luego, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar de dicho testimonio en los aspectos denunciados. Tampoco puede acogerse la impugnación al reconocimiento de documental efectuado por la testigo.

Ello, por resultar extemporáneo tal planteo, conforme surge de lo dispuesto por el artículo 148 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable).

Por lo expuesto, la incidencia debe rechazarse, con costas al actor. 2. Iniciando el análisis de los aspectos substanciales del caso, surge de la demanda que el actor en estos autos pretende, por un lado, el cobro de indemnización por dos accidentes de trabajo que según afirma sufrió, uno en julio de 1991, y el otro el 21 de noviembre del mismo año; y, por otro, la percepción de 720 horas extras laboradas en el lapso de seis meses anteriores al primero de ellos. 2. a. El recurrente plantea que en julio de 1991, mientras se encontraba cumpliendo tareas asignadas por la Comuna, se produjo un accidente por el cual penetró una piedra en su ojo derecho, que le ocasionó una lesión irreversible y una pérdida de la visión de un 60%.

Y que si bien la accionada alega haber cubierto el siniestro mediante el pago efectuado por la Compañía de Seguros "La Tercera", la indemnización abonada por ésta "no condice" con lo normado en la ley de accidentes de trabajo. Por su parte, la Comuna demandada no niega que haya ocurrido el accidente, refiriendo a su vez al pago efectuado por su aseguradora en fecha 19.8.1991.

Mas -en lo que ahora es de interés- desconoce que ese evento haya provocado en el actor incapacidad visual alguna, invocando para así acreditarlo la copia del certificado de alta que el propio recurrente agregó a las actuaciones a foja 27.

En dicho documento, suscripto por el Dr. Marcelo Casabianca (h) en fecha 14.8.1991 -del que surge como "diagnóstico definitivo", "cuerpo extraño ojo derecho"- consta que durante el período de tratamiento el obrero "no trabajó por 40 días", y que "no restan secuelas anatómicas y/o funcionales consecutivas al accidente invocado".

Obra también a foja 141 de autos copia de la historia clínica labrada por el mismo facultativo con motivo de la consulta efectuada por el aquí actor luego de acaecido el accidente. Allí se expresa que el 5.7.1991 se extrajo el cuerpo extraño, indicándose el tratamiento a seguir, efectuándose controles el 8.7.1991 y 15.7.1991. El 22.7.1991, "paciente refiere dificultad en agudeza visual, es decir pérdida de la visión en ojo derecho". Realizado fondo de ojos, se detecta retinocoroiditis, pidiéndose estudios complementarios de toxoplasmosis, los que resultaron positivos en fecha 9.8.1991, derivándose para tratamiento de la parasitosis. Se diagnostica "introducción de cuerpo extraño en ojo derecho y retinocoroiditis toxoplásmica".

Asimismo, por certificado obrante a foja 140, se atesta que "el Sr. Ceballos Pedro es dado de alta el día de la fecha -9.8.1991-, debiendo seguir tratamiento con el Dr. Pizzi, lo cual el paciente padece de toxoplasmosis". Obra además en autos el certificado acompañado por la actora en original y copia, labrado en fecha 29.7.1991 por el mismo profesional, que señala: "H.C.: Paciente que consulta por disminución de la agudeza visual en O.D. Examen oftalmológico: ojo derecho; al realizarse el fondo de ojo se observa retinocoroiditis. Agudeza visual: 5/6. 6/10. con dificultad. ojo izquierdo: 10/10.

Se indica estudios de toxoplasmosis por lo tanto se aconseja no conducir hasta tener los resultados de los estudios requeridos para su posterior tratamiento debido a su escasa visión".

Por su parte, el Dr. Marcelo Casabianca (h) presta declaración testimonial a fojas 293/294, expresando que "el diagnóstico era retino coroiditis toxoplásmica. Agrega que dicha enfermedad atacó la mácula, por lo tanto se produce una visión turbia, muchas veces irreversible", y que "el 5.7.91 lo ve al actor con un cuerpo extraño en el ojo, tapándole el mismo, luego el día 8.7.91 destapa el ojo. El 15.7.91 el paciente con una visión turbia del ojo, lo que luego de los estudios correspondientes era a consecuencia de una retino coroiditis macular que ninguna relación tiene con el cuerpo extraño observado el 5.7.1991".

Preguntado concretamente por el apoderado de la citada en garantía "cuál fue la causa que provocó la lesión en el ojo del actor", responde "que la toxoplasmosis fue la causante de la retino coroiditis macular". Del material probatorio reseñado surge -más allá de alguna imprecisión en cuanto a las fechas- la presencia de una afección ocular con pérdida de agudeza visual, que se manifestó con posterioridad al accidente cuya reparación se pretende.

Mas surge también su relación causal con una dolencia -toxoplasmosis- por completo extraña al mencionado accidente. Y bien: tal relación no ha sido desvirtuada por el actor, quien se limita a mencionar la mera contigüidad temporal entre la incapacidad cuya reparación pretende y el evento dañoso ocurrido en junio de 1991, mas sin alegar -ni, desde luego, demostrar- que aquella disminución visual sea en verdad fruto -al menos en parte- del accidente, ni producir prueba alguna tendente a desvirtuar las obrantes en autos, según las cuales el daño fue producido por la toxoplasmosis.

Nótese que en autos no se han siquiera producido las periciales médicas ofrecidas, restando como único elemento probatorio las que hacen mérito de la vinculación causal de la incapacidad con la toxoplasmosis, enfermedad en relación a la cual -tampoco- nada alega ni demuestra el actor.

Este Tribunal, en anterior integración, ha referido a los requisitos que tornan procedente un reclamo de indemnización por accidente de trabajo, expresando (in re "Rodríguez", A. y S. T. 115, págs. 302/312) que -entre otros aspectos- "se requiere que entre la lesión que padece el trabajador -que limita su capacidad funcional y repercute en su labor futura- y el hecho cuya responsabilidad se le imputa al empleador, exista un nexo de relación causal adecuado", y que "esa relación causal debe ser probada por quien la invoca".

Ello, como se dijo, no ha ocurrido en el caso de autos, por lo que el rubro en cuestión debe considerarse improcedente.

2. b. Pretende además el actor indemnización por el accidente de trabajo que según afirma sufrió el 21 de noviembre de 1991, consistente en un desvanecimiento con pérdida de conocimiento, con diagnóstico de "accidente cerebro vascular agudo, crisis hipertensiva y angor inestable", el que derivó en una incapacidad total y permanente, para cuya demostración invoca un certificado médico privado. En autos se encuentra probado aquel evento (cf. historia clínica agregada a foja 6, y testimoniales de los señores Castaño y Swich, fs. 265 y 265 vto.).

Mas no corresponde considerarlo un accidente de trabajo a los fines de obtener reparación por ese título de conformidad con la ley respectiva. En efecto, no se hallaría presente en el caso el primer elemento configurativo de tal instituto, conforme a lo señalado in re "Rodríguez" -citado-, a saber, la concurrencia de una causa externa. Se explicó en dicho antecedente , que "debe tratarse de un hecho externo (elemento intrínseco del accidente) provocado por una cosa o por el hombre (que puede ser el mismo empleador, un compañero de la víctima o un tercero)".

En el caso, no se ha mencionado -ni se advierte- causa externa alguna a la que pudiera atribuirse el desvanecimiento invocado. La pretensión, pues, tal como se ha formulado, resulta improcedente. Antes bien, el desmayo debe considerarse efecto exclusivo del estado de salud del actor, en relación al cual obran en autos diversas constancias que acreditan que se encontraba aquejado de "miocardiopatía hipertrófica, hipertensiva, BCRI ... y neuropatía periférica" (v. certificado obrante a foja 4), "diabetes Mellitus e hipertensión crónica" (v. testimonial del Dr. Carnero, foja 278).

Asimismo, se ha acompañado el Acta nro. 375 -de fecha 6.8.1997- de la Junta Médica reunida en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, en la que se señala que se trata de un "paciente de 56 años portador de diabetes, no insulino dependiente, con sintomatología de polineuritis diabética moderada", con "fuerzas disminuidas en miembro inferior", con "motores periféricos disminuidos sin denervación manifiesta", afectado de "hipertensión arterial estadio II y cardiopatía isquémica".

Y no correspondería considerar procedente la indemnización reclamada -debe agregarse- ni siquiera analizando tales dolencias desde la óptica de la "enfermedad accidente".

Como se dijo in re "Torres" (A. y S. T. 96, págs. 10/19), "es principio recibido aquel por el cual cuando se solicita la reparación, en el caso de las enfermedades accidentes, hay que probar la relación de causalidad entre el padecimiento sufrido y la tarea desarrollada".

Y si bien el actor sostiene en su demanda que las tareas correspondientes al cargo de "peón general" consistían en limpieza de alcantarillas y cuneteo -exigiendo, en consecuencia, importantes esfuerzos físicos-, no demuestra tal aserto, ni desvirtúa las testimoniales obrantes en autos, que -por el contrario- dan sustento a los dichos de la demandada, en cuanto a que las labores encomendadas al actor referían al corte de yuyos -con maquinaria adecuada- (cf. testimoniales de María Isabel Torres, tercera pregunta, foja 184, y Antonio Torres, segunda pregunta, foja 186 vto.). En igual sentido, puede mencionarse el acta de denuncia del accidente de trabajo de junio de 1991 obrante a foja 146, en la que consta que el golpe de la piedra en el ojo derecho se produjo "mientras corta yuyos con la motoguadaña".

Asimismo, en el acta de la Junta Médica antes mencionada se califica a la incapacidad de que adolece a su fecha el actor como "no imputable al servicio". Por lo expuesto, el reclamo bajo análisis debe también rechazarse.

2. c. A igual conclusión cabe arribar respecto de la petición de pago de horas extras, por cuanto no se ha acreditado en autos ni la efectiva prestación de servicios en horarios extraordinarios (así, el testigo Fernando Castaño, preguntado sobre si el señor Ceballos "fue destinado aproximadamente a principios del año 1991 durante 6 meses en el horario de la tarde a mantenimiento y limpieza del Cementerio comunal, siendo que además cumplía el horario normal de trabajo de 6 hs. de la mañana a 13 hs.", contesta "que no lo sabe", v. foja 265; la testigo María Isabel Torres afirma "no saber" si el actor trabajó en horario extraordinario, v. f. 184, y Robustiano y Antonio Torres lo niegan, v. fs. 185/186), ni la existencia de autorización previa "por la autoridad municipal o comunal" (artículo 60 del Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe, Ley 9286, Anexo II), recaudo ineludible para la procedencia del pago de horas extraordinarias. Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar, con costas, la incidencia deducida en relación a la testigo María Isabel Torres, y declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, con costas. Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Vigo, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, dijeron que la resolución que debía adoptarse era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, la incidencia deducida en relación a la testigo María Isabel Torres. Declarar improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, con costas. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO- Fernández Riestra (Secretaria)