marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, juicio de apremio, título ejecutivo inhábil
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO c/ RADIO COMUNICACIONES MOVILES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia cuestionada, al momento de pronunciarse sobre la aplicabilidad al caso del procedimiento reglado por la ley 5066, optó por una hermenéutica que rebasó los límites de lo opinable, desentendiéndose de elementales pautas que rigen la interpretación de los textos legislativos y que era de forzosa consideración en tanto el proceso de apremio se promovió sin que se haya precisado el origen específico del crédito, al consignarse solamente el concepto "orden de provisión", rubro de deuda que carece de la autorización legal para emitir título ejecutivo; de forma tal que el certificado de ejecución obrante en la causa adolece de inhabilidad.
Absolución de posiciones, confesión ficta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa Olmedo, Carlos Alberto c/ Carranza, César Armando y Medina, Felisa Elena s/ Daños y perjuicios Armando y Medina, Felisa Elena s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-16

Si bien la confesión ficta no tiene valor absoluto pues está condicionada a las demás circunstancias de la causa, cuando el interesado no aporta elemento alguno de convicción tendiente a desvirtuar la veracidad de lo expuesto por la contraria y citado a absolver posiciones no comparece, la confesión ficta produce efectos legales. Fundamento de la Dra. Colman.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Barraza, Urbano s/ Infracción al dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

El recurso establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos confrontados con normas de la Constitución provincial, supuesto éste que no se da en autos, pues no sólo falta el pronunciamiento previo sobre el tema en la instancia de grado que abra la apelación extraordinaria, lo cual de por sí es suficiente para su rechazo, sino que el agravio recae respecto de la invalidez del art. 350 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y modif.) que limita la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuya denegatoria por la Cámara ha quedado consentida (art. 356 in fine, Código citado), por lo que su tratamiento carecería de toda virtualidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amparo por mora, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAGÓN RAMÓN DOLORES c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RÍO HONDO s/ ACCIÓN DE AMPARO - APELACIÓN LAZARTE DE GOMEZ, ANTONIA ISABEL c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO LAZARTE DE GOMEZ, ANTONIA ISABEL c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-10|2008-03-05

En la acción de amparo por mora de la administración, la decisión judicial solamente puede consistir en librar o no una orden de pronto despacho, emplazando a la demandada a que cumpla con su cometido, esto es, decidir sobre las cuestiones sometidas a su resolución, en el plazo que fije el juzgador.
Beneficios previsionales, compensación, decreto de necesidad y urgencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Balestrieri, Victorio y otros c/ Estado Nacional - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la incorporación al haber de los peticionantes de las compensaciones por "Vivienda", "Mayor Exigencia de Vestuario" y "Trabajos Extraordinarios" contempladas en los decretos de necesidad y urgencia -declarados válidos- Nros. 1782/06 y 871/07, por resultar su planteo análogo y encontrar suficiente respuesta en lo resuelto por la C.S.J.N. en los precedentes de Fallos 323:1049 y 323:1061 ("Bovari de Díaz, Aída y otros", "Villegas, Osiris G. y otros", ambas sentencias del 04.05.00), donde el Alto Tribunal estableció la naturaleza y alcance de dichos ítems, y a cuyos fundamentos y consideraciones cabe remitir por razones de brevedad. Ello así, además, porque en cuanto a la compensación por trabajos extraordinarios, dado la jurisprudencia favorable imperante en el Tribunal Cimero (cfr. "Midón, Osvaldo Luis y otros", Fallos 327:3226), en autos no fue acreditada ni invocada su percepción.
Indemnización por despido, salario mínimo, vital y móvil, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ, DOMINGO c/ CIA. GRAL. DE COMERCIO E INDUSTRIA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

El sistema elegido por nuestra legislación para proteger al trabajador del despido arbitrario es el de la indemnización tarifada, que toma de la realidad de cada relación de trabajo ciertos elementos determinativos, sometiéndolos a ciertas especificaciones en función de factores abstractos de configuración.

El hecho de que eventualmente, algunos trabajadores vean disminuída su indemnización por la incidencia del salario mínimo en base a los topes establecidos por el art. 245 LCT, no genera cuestión constitucional alguna, ya que el art. 14 bis de la CN que garantiza la protección contra el despido arbitrario no contriñe adoptar ningún sistema determinado y entre las alternativas que no prevé se encuentra la relación entre la indemnización por despido y el salario real del trabajador.
Daño moral, prueba, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caffaro, Norberto José y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. s/ Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

El art. 1.068 del Código Civil no contempla lo referente a las formas de acreditar el daño moral sino su concepto, su esencia, aquello en que consiste. En materia de prueba, la procedencia de la condena indemnizatoria ha de depender de la suficiente alegación y demostración que sobre su existencia y magnitud efectúe el peticionante y de la prueba en contrario que arrime el demandado debiéndose producir -en principio- prueba específica sobre tales extremos (conf. art. 375 y concs., CPCC).(doctor Pettigiani, mayoría)
Incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: ARAGONES, JOSE MARIA c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-30

La circunstancia de que el empleado sufra una incapacidad absoluta que le impide la continuación del contrato es suficiente para que tenga derecho a percibir la llamada "indemnización" que establece el art. 212 4º párrafo L.C.T., cualquiera sea la causa a través de la cual se opera la resolución contractual, no enervando ese derecho el hecho de que el mismo hubiera obtenido jubilación ordinaria
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, bienes públicos del Estado, desafectación de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: ZUMOFFEN, MARIA ERMELINDA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

En relación a los cuestionamientos recursivos consistentes en que el fallo de Alzada desconoció y descalificó hechos y actos acreditados en la causa que a su criterio importan la desafectación del bien como del dominio público, cierto es que a través de hechos o de manifestaciones de voluntad del poder público puede determinarse el detraimiento de ese carácter, pero ello únicamente es posible respecto de los bienes que integran el dominio público artificial. Siendo el propio texto del inciso 6 del artículo 2340 del Código Civil (y ahora el inciso d del 235 del Código Civil y Comercial) el que incluye a las islas entre los bienes del dominio público del Estado y siendo la Constitución de la Nación la que otorga al Congreso Nacional la atribución de estatuir respecto de la naturaleza jurídica de las cosas, consecuentemente es también el legislador el que debe retraer ese carácter a través del dictado de una norma también sustantiva. Y en este punto no se observa que la Sala hubiera acudido a citar el precedente "Vila" de la Corte nacional en forma parcializada -como pretenden los recurrentes- desde que aún cuando ese caso no resulta del todo análogo al presente en tanto en él se discutió en torno a un bien del dominio público artificial del Estado, los juzgadores acudieron al mismo a fin de exponer una definición jurídica de la desafectación y a partir de allí discurrieron respecto a la posibilidad de que en los presentes actuados se hubiera consagrado una desafectación tácita, como lo interpretó la jueza inferior (Del voto del Dr. Gutiérrez, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Vila, Fallos 335:1822; Fallos 126:82; 151:272; 184:691; 191:473. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 2340, inciso 6; Código Civil y Comercial, artículo 235, inciso d). - DOCTRINA: Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo V, pág. 180 y ss.; Gordillo, Agustín. "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo 9, pág. 360; Zannoni y Kemelmajer de Carlucci, "Código Civil", Tomo 10, pág. 137.
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recursos, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: ANCELY OVEJERO, Roxana María c/ PANIFICADORA LAS 5 MARIAS S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-12-03

Aún si se tratara con amplitud a la hora de evaluar la pertinencia de una medida que se pida, la existencia de verosimilitud del derecho, es unrequisito que de manera alguna puede dejarse de pasar sin alto ya que la demostración del mismo debe tratarse de un argumento serio en pro de demostrarque exista peligro en la demora.

En estas condiciones, si cada vez que se pidan cautelares con fundamento en que se trata de bienes que "por su calidad de cosas muebles permiten que la patronal se insolvente sin más trámite quela transmisión de los mismos por cualquier título" , hubiera que despacharlas, es evidente que cada juicio laboral debería comenzar con una de ellas. Tono potencial por cierto insuficiente a los fines buscados.
Denuncia anónima, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Goncenbat, Gerardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-03

La modificación que la ley 24.424 introdujo a la ley 23.737 en su art. 34 bis en cuanto dispone el anonimato de los denunciantes se trata de una norma procesal que, al hallarse en vigor, es de aplicación inmediata a un proceso en trámite.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), consumación del delito, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Rossi, Guillermo Darío c/  s/ falsedad de instrumento privado y estafa-apelación resolución de prescripción-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

La compareciente insiste con su postura discrepante, aludiendo a que el delito de estafa en grado de tentativa por el cual fue acusado el encartado por la querellante, no se había consumado pero permanecía en estado de ejecución, lo que -a su juicio- implica que el plazo de prescripción de la acción no ha empezado a correr; sin embargo, tal afirmación se encuentra carente de fundamento y de sustento en las constancias de la causa, y sabido es que en el supuesto del conato, el término correspondiente de la prescripción empieza a contarse a partir del momento en que concluye el último acto de ejecución por parte del agente, esto es, desde la fecha en que por circunstancias ajenas a su voluntad se vio obligado a cesar con la actividad ilícita que había tenido principio de ejecución; y si bien la acusación privada infiere que, en el caso, la conducta delictiva endilgada que integra el desarrollo de la tentativa persistiría en el tiempo -y por tanto, el ilícito continuaría ejecutándose-, lo cierto es que no sustenta tal aseveración con su relato de lo efectivamente ocurrido en el caso, de manera tal que sus postulaciones guarden una elemental conexión con las constancias de la causa y así persuadir a este Tribunal de los vicios constitucionales alegados, en tanto es la misma compareciente la que indica que existe una resolución en el fuero civil que dispuso la suspensión del trámite ejecutivo hasta tanto se resuelva la causa penal en la que el demandante -aquí imputado- había sido procesado, por lo que, aún situándose en la perspectiva de la Querella, ésta no refiere mínimamente cómo, o a partir de qué acto, se podría considerar que luego de esa fecha el delito continuó ejecutándose, si -en palabras de la propia impugnante- fue el imputado quien consintió la decisión en el fuero civil de paralizar dicho trámite a las resultas del juicio por estafa en sede penal, sin aludir a ningún acto posterior en el ejecutivo. - DOCTRINA: Lascano, Carlos Julio (h), "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencia", Segunda Edición, Tomo 2b, Editorial Hammurabi, Bs. As., 2007, pág. 223.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, administración fraudulenta, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: Alper, Angel Mario y otro s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

El delito de administración fraudulenta debe reputarse cometido en el lugar donde se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación del deber y, en caso de no conocerse ese lugar, debe presumirse que aquél se ha llevado a cabo en el domicilio de la administración, sin que obste a ello la circunstancia de que la sociedad tenga su domicilio legal en otra jurisdicción. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Embargo, bienes del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de C. del Uruguay c/ Minetto, Sixto María s/ Expropiación - Reconstrucción - Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-11

El art. 1 de la ley 8657, solo veda la posibilidad de decretar medidas precautorias que afecten la libre disponibilidad de las rentas y recursos financieros de las Municipalidades, pero esa norma no resulta aplicable en ejecuciones de sentencias.- Admitimos la procedencia del embargo en el porcentaje que deberá ser determinado con intervención de las partes, por el A-Quo a fines de evitar la imposibilidad de cumplir por parte de la ejecutada con los servicios públicos esenciales.
Sentencia, voto de los jueces, voto mayoritario
Materia: PENAL
Carátula: Cocaliadis, Jorge Miguel s/ Abandono de personas calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Debe anularse de oficio y parcialmente la sentencia que respecto del contenido del dispositivo referido al procesamiento de las personas allí indicadas no ha reunido la mayoría de opiniones requerida por el art. 168 de la Constitución de la Provincia.
Medidas cautelares, obligación tributaria, AFIP DGI, obligaciones en moneda extranjera, actualización monetaria
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: CAMUATI S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ MEDIDA PRECAUTORIA"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-28

Debe confirmarse el desistimiento de la medida cautelar que tiene por objeto que se ordene a la D.G.I. abstenerse de exigirle judicialmente a la actora el pago de sus obligaciones impositivas cuyo oportuno ingreso defiere al amparo de un régimen promocional- en exceso del monto resultante de la suma en dólares estadounidenses que ellas representaban a su fecha de origen, fundando se pretensión en el régimen "desindexatorio" establecido por la ley 24.283.
Costas, divorcio, causales objetivas de divorcio, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Divorcio Vincular Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-05-30

Admitido el divorcio por la causal objetiva y rechazada la reconvención corresponde una doble imposición de costas y regulación de honorarios.
Condena anterior, sistema integrado previsional argentino, acción de amparo, aportes voluntarios, gravamen actual
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LAVENIA, ADOLFO JULIO RICARDO c/ A.N.Se.S. y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-16

Corresponde revocar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó la devolución de los aportes voluntarios, pues no se verifica una lesión actual e inminente a derechos reconocidos por la Constitución Nacional que justifique su admisibilidad y, por consiguiente, el tratamiento del planteo de inconsti-tucionalidad de la ley 26.425.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: PENAL
Carátula: GENNA, JUAN CARLOS - GARCIA, MARIA SILVIA - ERRICO, JUAN ALBERTO - GARCIA, CLAUDIA LILIANA s/ ABORTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

"La índole del proceso penal y lo dispuesto en el art.71 inc.4° del C.P.P., nos impone, aún frente a la insuficiencia formal de los agravios que señala el Ministerio Público, reconsiderar lo resuelto respecto de las actuaciones cuestionadas que pasaré a precisar. Y circunscrito "el paquete de las pruebas legalmente incorporadas", considerar el fondo de la cuestión, la existencia o no de la prueba legal de los delitos atribuidos a los procesados y la debida relación de causalidad entre el obrar de éstos y el resultado típico."
Lesión subjetiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Telese, Miguel c/ Terreri, Nicolás y otro s/ Incumplimiento de contrato Llorens, Ednio José c/ Menéndez y Beltrami S.R.L. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03|1997-04-22

Como prevé el párrafo tercero de la precitada norma legal -art. 954 Cód. Civil- "existe tal explotación (de la necesidad, ligereza o inexperiencia) en caso de notable desproporción en las prestaciones", la cual se presume (lo que importa la inversión del onus probandi) y debe ser acreditado por quien niegue la explotación la no configuración del vicio de lesión subjetiva.
Seguro marítimo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: STAJCER FRANCISCO JOSE. c/ HELVETIA ARGENTINA S.A. DE SEGUROS. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-15

El art. 430 De la ley 20.094 Contempla el seguro por plazo determinado, cuyo vencimiento se produce durante el viaje de la embarcación y determina su prórroga de pleno derecho en la forma que establece, de manera que resulta inaplicable a la hipótesis -bien diferente- de la suspensión de ciertos efectos del contrato por la mora del asegurado en el cumplimiento de sus obligaciones, como es la que se configura por la falta de pago en el plazo indicado del importe del premio convenido. Bien se advierte que en este caso no se trata de la resolución del seguro por el cumplimiento del plazo por el que fue contratado, que es la situación regida por el citado art. 430 De la ley de la navegación . (S1,1958,150783)
Empleados públicos, cesantía, ausencias injustificadas, licencia por enfermedad, prueba, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, María Gabriela c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 782-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

Es legítima la cesantía dispuesta por inasistencias injustificadas al considerar la Administración intempestivos los pedidos de licencia por "enfermedad de larga duración", si en el caso no se observó el procedimiento que el artículo 11 del decreto 1919-89 establece para la concesión de dicha licencia, sin que el mismo pueda ser dispensado a través de los certificados médicos privados expedidos. En el sub judice, aun teniendo por ciertas las afirmaciones de la médica Psiquiatra en relación al cuadro depresivo que afectaba a la accionante, ni de tales afirmaciones, ni de cómo se siguió desarrollando la relación de empleo, puede extraerse una afectación tal del discernimiento que le impidiera comprender sus obligaciones en punto a la presentación tempestiva de los certificados médicos con los que pretendió justificar las ausencias.

Incluso, era dable exigirle un especial cuidado, si se repara en que había sido sancionada con anterioridad, en reiteradas ocasiones, por ausencias y faltas infundadas.
Jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Galli Pujato, Julio N. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso Administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 8-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-21

El adicional particular no remunerativo ni bonificable por intangibilidad, se debe tener en cuenta también para calcular el haber de pasividad del actor.
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, obligaciones de medio, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Rucki, Juan c/ Estado Nacional s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

Independientemente de la responsabilidad directa del médico frente a su paciente por las culpas en que incurre en su intervención profesional, existe también una responsabilidad directa de la entidad asistencial que se ha obligado a dar asistencia médica al paciente, ya sea onerosa, mediante el pago del servicio o de una cuenta en el caso de seguros de salud u obras sociales públicas o privadas, ya sea gratuita en establecimientos hospitalarios. Esa obligación de prestar asistencia médica lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesoria en ciertos contratos que requieran la preservación de las personas de los contratantes contra los daños que puedan originar en la ejecución del contrato.
Costas, pluspetición inexcusable
Materia: LABORAL
Carátula: Regner, Omar José y otros 19 actores c/ Sagemüller S.A. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-28

La plus petición inexcusable que autoriza a imponer las costas en forma solidaria entre la parte y el profesional actuante, consiste en reclamar un derecho sin sustento legal, o con fundamento en una norma sobre la cual se efectúa un grave error en cuanto a su interpretación, es decir que, mediante una conducta culpable o maliciosa, se haya exagerado torpemente el reclamo, al punto que resulta injustificable el mismo.
Hidrocarburos, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Enap Sipetrol Argentina S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ medida cautelar. IN1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-29

Cabe decretar la prohibición de innovar a fin de que la Provincia demandada se abstenga de exigir a la actora el pago de la diferencia por regalías que se pretende y que sería resultante de la aplicación de la disposición de las Subsecretaría de Combustibles de la Nación Nº 1/08, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, pues se advierte en forma objetiva el peligro en la demora si se consideran los efectos que provocaría la concreción del reclamo del pago en cuestión, entre ellos la gravitación económica que parece vislumbrarse de las constancias agregadas, aspecto que la Corte no ha dejado de lado al admitir medidas de naturaleza semejante.