marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deportistas profesionales, tribunales arbitrales, desconocimiento de la relación laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEYROUS  SILVESTRE  FERNANDO c/ FEDERACION  ARGENTINA DE BOX s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

No se considera que el actor, árbitro de boxeo, estuviera ligado a la Federación Argentina de Box por una relación laboral, sino que ha desempeñado una actividad "amateur". La diferencia entre el árbitro aficionado y el profesional, es que sólo este último utiliza su capacidad deportiva como medio habitual de vida y con un fin de lucro, configurándose un contrato de trabajo especial.

Los árbitros designados en estos eventos pueden declinar la propuesta por falta de interés o imposibilidad. De este modo, el actor no se hallaba obligado siempre a prestar funciones, reservándose para si el derecho de aceptar o no cada designación, circunstancia que excluye la obligatoriedad de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo que caracteriza a un nexo laboral subordinado. BN 323
Acción civil por accidente de trabajo, opción del trabajador, indemnización por accidente de trabajo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA, LUIS E. Y OTRA c/ EDUARDO FUHR Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-25

No obstante tramitarse un reclamo de indemnización por accidente de trabajo ante la justicia civil, se mantienen los principios enunciados en el art. 13 de la ley 24.028, y en especial su inc. 6, que otorga el beneficio de pobreza al trabajador sin que sea necesario recurrir al instituto del beneficio de litigar sin gastos
Sentencia arbitraria, acción civil por accidente de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Federación Patronal Seguros S.A. en la causa Juárez, Sergio Daniel c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otro s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Es arbitraria la sentencia que condenó a la ART e hizo lugar a la acción de reparación fundada en el derecho civil, si el a quo omitió ponderar adecuadamente las conclusiones -no impugnadas en la causa- del detallado informe efectuado por el perito ingeniero laboral que dio cuenta de la profusa actividad desplegada por la compañía demandada a fin de prevenir riesgos cumpliendo con las obligaciones de asesorar, asistir y capacitar a la empleadora, relevar los agentes de riesgo, realizar numerosas visitas de inspección, de asesoramiento técnico, de capacitación, investigación de accidentes y de enfermedades profesionales, como así también verificar el estado de cumplimiento de la normativa aplicable y efectuar las denuncias pertinentes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, además de entregar manuales sobre higiene y seguridad y llevar a cabo exámenes médicos periódicos al personal.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAREZ, JOSE TEOFILO s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-20

El recurso de casación, aún cuando es formalmente admitido en función de los motivos previstos en el art. 466 incs. 2 y 3 del C.P.P., no es un medio apto para cuestionar el valor de convicción o credibilidad que el tribunal de juicio asigna a los distintos elementos probatorios apreciados directamente en el marco de la inmediación característica del debate.

Este último objetivo es precisamente el que se propone la defensa, cuando pretende desvirtuar la condena señalando que las declaraciones de los testigos son veraces y que, por ello carecerían de aptitud para generar un estado de certeza respecto de la responsabilidad del acusado.

Es válida la sentencia si la convicción de los integrantes de la Cámara se ha formado de un modo enteramente lógico, en tanto deriva del análisis de evidencia de cargo convergente en orden a la atribución de la conducta penalmente típica; frente a ello, no es suficiente la crítica ensayada por el recurrente acerca de la imprecisión temporal del hecho, que es una consecuencia elemental del tiempo que demoró la víctima en hacer conocer lo sucedido a la madre y que en nada afecta la estructura racional del fallo y su compatibilidad con la derivación jurídica a que arriba.

No pueden desplazar las determinaciones logradas por el tribunal "a quo" las referencias que en el recurso se efectúan a pruebas cuya valoración se habría omitido, si lo que la defensa propone en este aspecto es una valoración alternativa de la evidencia colectada.

No es dable cuestionar que el fallo se asienta esencialmente en declaraciones testimoniales, señalando la alta labilidad de este tipo de prueba, pues la posibilidad de condenar en función de esa evidencia deriva del principio de libertad probatoria que emerge del art. 201 del C.P.P.

No puede sostenerse que la sentencia sea producto de la íntima convicción de los juzgadores, en tanto presenta un fundamento que reúne los aspectos esenciales de la prueba y los considera conforme al método de evaluación establecido por la ley. La casación no es el marco adecuado para disentir con el resultado de la percepción de la evidencia durante el debate.
Interés superior del niño, autorización para viajar
Materia: DERECHOS HUMANOS-ADMINISTRATIVO
Carátula: Strugo Gabriela Verónica c/ Martin Omar Carlos s/ Autoriz. P/Radicarse fuera del país P/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-24

La posición restrictiva respecto de la autorización para viajar, coincide con la adoptada por la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia del país, en tanto se inclinan por mantener la situación fáctica en que un menor se ha venido desenvolviendo normalmente, excepto que la alternativa propuesta asegure en modo irrefragable que la misma le aportará mayor bienestar. Todo cambio implica un trauma para el menor, por lo que debe demostrarse que no llevarlo a cabo le causaría un daño mayor o más grave.
Infracciones aduaneras, bienes importados, destinaciones de importación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WESTFALIA SEPARATOR AG s/ ADUANA - INFRACCIONES - DESTINACION ADUANERA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

El art. 218 del Código Aduanero sanciona al importador que no hubiera presentado la solicitud de una destinación aduanera dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de arribo del medio de transporte. (art. 217).

Resulta a todas luces evidente que no se adecuan a este tipo legal la falta de comunicación cuando los bienes, por resolución judicial, se otorgaran en propiedad a una firma diferente de la exportadora para proceder a su reexportación.
Daños y perjuicios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mirabelli, Carlos Abel c/ Gómez, Manuel y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

En los juicios por daños, las costas deben ser soportadas por los demandados a quienes se condena pues así lo exige el principio de la reparación integral, sin que sea óbice el éxito parcial de la actuación: de lo contrario (esto es, admitir la pretensión de distribuir las costas entre las partes) importaría retacear la reparación del damnificado. Además habrán de calcularse sobre el crédito por el que en definitiva prospere la demanda. Distinto tratamiento deben merecer las costas de la Alzada, pues aquí debe computarse el éxito parcial, en el caso, del recurso -art. 274 C.P.C.C.-.-
Falsificación de documentos, idoneidad de la adulteración
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Longo, José s/ recurso de casación". Causa n. : 2320.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-11

Basta que el documento adulterado sea apto para inducir a engaño a un cuidadano común para derivar de ello la presencia de la potencialidad dañosa que exige el tipo penal para su configuración.
Medidas cautelares, carácter excepcional, intendente, levantamiento de la suspensión, agravio concreto, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Intendente de la Comuna de Tolhuin Perez Gerardo Raúl c/ Consejo Deliberante  de Tolhuin s/ Contencioso Administrativo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1999-04-22

No corresponde considerar a la petición de dejar sin efecto la suspensión del intendente de su cargo como una mera pretensión declarativa acerca de un conflicto de atribuciones por cuanto ello provoca un perjuicio irreparable al impedir el ejercicio de un mandato conferido por decisión popular, de modo que no podrá luego compensarse el daño.
Sanciones procesales, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., A.D. s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego - (Expte. 20.20.955-Folio 7 tomo II-P-2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-21

En materia de nulidades debe andarse con cuidado. Los Tribunales han expuesto reiteradamente que esta sanción procesal es último recurso y que se debe atender tanto a la letra de la ley aplicable en la materia cuanto a la efectiva vulneración del derecho que la irregularidad implica. En otras palabras. La nulidad está apareada a la expresa determinación de la norma y, fundamentalmente, al efecto pernicioso del acto sobre concretos derechos de quien o por quien se reclama, ya que no hay nulidades en solo beneficio de la ley o nulidad por la nulidad misma.
Jueces, error material
Materia: CIVIL
Carátula: Orcola, Héctor José c/ Orrego, Osvaldo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-30

El art. 166 del Código Procesal Civil y Comercial, establece que pronunciada la sentencia concluirá la competencia del Juez respecto del objeto del juicio, y no podrá variarlo o modificarlo, sin embargo el mismo artículo determina ciertas facultades-deberes como, que el Juzgador no puede variar o modificar su decisión, o volver a ejercer los poderes propios de la cognición sobre el fondo del cuestionamiento. No está facultado para volver a valorar los presupuestos fácticos y jurídicos para otorgarles una incidencia opuesta a lo resuelto, pero sí puede llegar posteriormente a un resultado distinto mientras se mantenga en esa unidad de dirección lógica; si argumentó en los considerandos, que las costas le corresponderían irremisiblemente al vencido, ha de poder reparar el error (posiblemente material) de haberlas impuesto al vencedor. Por esa razón es acertada la jurisprudencia que permite que, vía de aclaratoria, se deje sin efecto la condena pronunciada por error.
Sociedades comerciales, aportes societarios, restitución de aportes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LA  RECTORA  CIA  ARG  DE  SEG  SA s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE DEESCRITURACION (POR ARIZONA ARGENTINA SACMIAG).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Ante el incumplimiento por parte de la sociedad de las condiciones para que el aporte anticipado se afecte al objetivo para el que fue ingresado, ya sea porque se decide no aumentar el capital, o no hacerlo en las condiciones compatibles con ese aporte, o porque no se reúne la asamblea, o por cualquier otra causa, el aportante tiene derecho a la restitución íntegra de lo aportado, y en la medida de la inexistencia de causa para que la sociedad los retenga, careciendo ésta del derecho a oponerse a la restitución dado el incumplimeinto del hecho al que se supeditó la entrega (resol. IGJ 25/04: 5 y 6; conf.Verón, Alberto V., "Tratado de los Conflictos Societarios", La Ley, página 143). Así las cosas, estimándose que hasta que se formalice la conversión de los aportes anticipados en capital accionario, los accionistas o terceros aportantes mantienen su naturaleza de acreedores de la sociedad con un derecho adicional suspendido, al de su crédito: el de la opción de exigir la celebración del contrato de suscripción (conf. Verón, ob. cit., página 133).
Procedimiento contencioso administrativo, intervención de terceros, interpretación restrictiva, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ EMMANUEL EMILIANO c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-07

La intervención obligada de terceros en el proceso es un instituto de apreciación restrictiva al momento de manifestar su procedencia (cf. Fallos 322:1470, entre otros). Este criterio general de consideración resulta, como en otras instituciones del derecho público y privado, negativo, pues ordena al juez extremar la consideración y, salvo evidente necesidad de integrar el litigio con uno o varios terceros, hace preferir su rechazo.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

Puede verse la imparcialidad desde dos puntos distintos, uno objetivo y uno subjetivo: el primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate, mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito.
Procedimiento laboral, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Arce, Manuel Angel c/ Incor S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 40, Fº 1188/1190, Nº 419) Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 40, Fº 1188/1190, Nº 419)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1997-12-15

El instituto de la caducidad no tiene cabida en el proceso laboral ya que conforme al art. 11 del C.P.T., es al órgano jurisdiccional a quien le corresponde impulsar el proceso, debiendo adoptar todas las medidas apropiadas para evitar su paralización. Entonces frente a esta obligación que la ley impone al juez, ya no es una carga para las partes impulsar el proceso, sino una facultad, que como tal, pueden o no ejercitarla.- Uno de los fines perseguidos para este tipo de procesos en que no se produzca la detención del mismo, estando obligado a bregar porque "su tramitación sea lo más rápida y económica posible" conforme lo dispone el art. 10 del citado ordenamiento y poseyendo el juez para cumplir este cometido facultades bastantes, pudiendo disponer "todas las diligencias y medidas que estime conducente al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos" (art. 12 del C.P.T.).-
Banco central, sanciones administrativas, multa administrativa, facultades del Poder Ejecutivo, actualización monetaria, facultades del Poder Legislativo, delegación legislativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

La ley 21.526, en su art. 41, inc. 3º, prevé la sanción de multa, facultando al Poder Ejecutivo Nacional para actualizar el importe máximo aplicable. Habida cuenta de ello no puede haber menoscabo de la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución, pues la disposición que actualiza el importe de la multa lo hace con base en aquella disposición legal, y su adecuación no implica un agravamiento de la sanción sino que tiende simplemente a mantener la significación económica de la multa prevista por la ley, no advirtiéndose por lo demás, que el índice utilizado resulte arbitrario o irrazonable en relación con tal fin. El reajuste periódico de una multa no la hace más onerosa sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, de forma tal de impedir que quien ha sido condenado como autor de una infracción no reciba sanción alguna por efecto de las distorciones económicas (conf. C.S.J.N., sentencia del 12/5/92 en autos "Bruno Hnos. S.C.A. c/ Administraciòn Nacional de Aduanas" y del 10/10/96 en "Caja de Crédito Díaz Velez Coop. Lda. (en liquidación) c/ B.C.R.A. s/ apelación resolución 558/91).
Duración del proceso, accidente de tránsito, indemnización, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Núñez, Valeria Margarita c/ Collantes, José Manuel y/o Gomez, Rafael y/o propietario y/o Guardador del Camión Dominio XXX- y/o quien resulte responsable s/ daños y perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-07

El principio general en la materia indica que las cuestiones no propuestas a consideración de la Alzada en la etapa procesal correspondiente, es decir al fundar la apelación ordinaria contra la sentencia de primer de grado, no pueden ser introducidas en esta instancia extraordinaria. Sin embargo, creo que esta cuestión formal cede ante la realidad económica en que se encuentra circunscripto el presente litigio, en función de la duración del proceso -nueve años-, y cuya disvaliosa solución se advierte al traducir en cifras el resultado de las pautas fijadas para la liquidación de los intereses sobre el quantum resarcitorio por el cual prospera la acción. (del voto del juez Rolando Ignacio Toledo por la mayoría).
Anuncio publicitario, tabaco, cigarrillos, poder de policía, ordenanzas municipales, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MASSALIN PARTICULARES S.A. c/ CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Frente a la normativa prevista en las leyes 23.344 (que establece restricciones en la publicidad de tabacos, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar) y 22.802 (que impone limitaciones a la realización de promociones comerciales por medio de sorteos y concursos), la ordenanza 50.985 aprobada por el Consejo Deliberante de esta Ciudad, no es más que una precisión concreta sobre un aspecto puntual de la actividad mercantil:el relativo a la promoción o venta de productos vinculados con el consumo de tabaco, legislación que debe considerarse dictada dentro del margen de actuación que ya le fuera conferido a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por vía de la ley 19.587 (art. 2º, incs. c, f, k y j) y que hoy -en el marco de la autonomía que nuestro sistema legal le reconoce- cuenta con sustento constitucional propio.
Desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, valor real, actualización monetaria, índices de actualización, vicio de irrazonabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPITAL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE TERRESTRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Para que prospere la pretensión desindexatoria contenida en la Ley 24.283 es menester que en cada caso en concreto se advierta que los índices "distorsionan con irrazonabilidad manifiesta" el valor de la cosa, bien o prestación que constituyera la causa de la obligación al momento del pago o la fecha de consolidación de la deuda (cfr.

nuestro voto Causa in re: "Arasa S.A. C/Y.C.F." del 24.8.94" y en el mismo sentido Tarraborrelli, José Nicolás ¿Es Aplicable la Ley de Desindexación a una Deuda Originaria en un Contrato de Suministro? JA N° 5921, del 22.2.95). En similar sentido la doctrina del reciente fallo de la C.S.J.N. del 16.5.95, In re "Bolaño Miguel A. c/Benito Roggio e hijos S.A., JA del 7.6.95 P. 4).
Fuerzas de seguridad, servicios de vigilancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERUM  S.R.L. c/ POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ RESTITUCION DE HABILITACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

La actividad privada de seguridad personal aparece como un particular sucedáneo del servicio policial, función eminentemente a cargo del estado.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barraza, Julio y otra c/ Orghani, R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-26

La incidencia en un accidente de tránsito de la conducta del ciclista de 10 años, que por su edad ya posee discernimiento, deviene de un obrar descuidado ya que no adoptó las precauciones ni obró con la necesaria prudencia en resguardo de su propia seguridad.

El peligro de circular por una avenida de tránsito rápido lo obligaba a estar sumamente atento. Ese obrar y la falta de cuidado de los padres, aportó un elemento ajeno que se materializó en una contribución causal al resultado dañoso ( arts. 512, 901 al 906, 1109, 1111, 921, 1114, 1113 CC y su doctrina; 375, 384, 456, 163 inc. 5º del CPC ).-
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, relación de causalidad, pericia médica, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: "Calvarez Martín Pablo c/ Experta A.R.T. S.A. s/ Accidente de trabajo", Expte. Nº 1328/SL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-03

El actor demostró mediante testimonios y la conjetura inferencial realizada por el perito médico, la relación de causalidad entre el siniestro y la dolencia que sufre; la tesitura contraria vertida por la aseguradora, según la cual el actor sufriría una enfermedad inculpable, no resultó avalada por los exámenes médicos (preocupacional y periódicos) que exige el art. 6 de la LRT para que la ART pueda eximirse de responsabilidad (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Prueba del contrato, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: AXIN SRL C/ OIKOSS SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-02

Los vínculos convencionales, ante la ausencia de instrumento escrito, se rigen por los principios generales de los contratos. Al respecto, el CCOM 208 aplicable al caso, prevé que éstos podrán probarse por: a) instrumentos públicos, b) notas de los corredores, y certificaciones extraídas de sus libros, c) por documentos privados firmados por los contratantes o algún testigo, a su ruego y en su nombre, d) por la correspondencia epistolar y telegráfica, e) por los libros de los comerciantes y las facturas aceptadas, f) por confesión de parte y por juramento, g) por testigos. Asimismo, establece que son admisibles las presunciones. El CCOM 209 dispone que, tratándose de asuntos de mayor cuantía - como acontece en el sub lite- los contratos sólo podrán probarse por testigos siempre que exista prueba por escrito. Es el mismo texto el que define el concepto: "cualquier documento público o privado que emana del adversario, de su autor o de parte interesada en la contestación o que tendría interés si viviera" (CCOM 209, último párrafo). También es aplicable a la prueba de los contratos -por las remisiones que efectúan el art. I del título preliminar y el CCOM 207- el supuesto del CCIV 1191; este prevé que para el caso en que el vínculo haya tenido principio de ejecución -es decir que una de las partes haya recibido alguna prestación y se niega a cumplir el contrato- es admisible todo medio de prueba (CNCom, Sala "B", in re "Americana de Televisión SA c/ Video Emisión Reservada y otro s/ ordinario", del 14/07/00).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, colegio profesional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mancuso, Francisco s/ Recurso ley 9671 (Colegio de Abogados) Fanessi, Roberto y Lo Fiego, Vicente s/ Recurso de ley 9671. Colegio de Técnicos de la prov. de Bs. As..  Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08|1999-08-10

En principio, las decisiones dictadas por la Sala Especial prevista por el art. 4 del dec. ley 9398/79 y modificado por el dec. ley 9671 /81, no son susceptibles de los recursos extraordinarios establecidos en los arts. 278, 296 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, en razón de resolver temas ajenos al derecho común.