Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-28


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho 28 de Febrero de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento juridiccional válido- bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la actora en autos: "Lucero, Marta Graciela vs. Caja de Seguros S.A. s/Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 275/294 por la representación letrada de la actora en contra de la sentencia de fecha 23/02/2004 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial.

El pronunciamiento mencionado (fs. 268/271) dispuso confirmar la procedencia de la medida autosatisfactiva solicitada por vía del presente amparo pero modificar el monto de la condena, fijándola en la suma de $ 1000 o la mayor suma que actualmente fijen las normas reglamentarias del art. 68 de la ley 24.449 con más los intereses de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA desde la fecha del siniestro a la su efectivo pago.

A fs. 322/324, los apoderados de la aseguradora demandada contestan el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 23/3/2004 que glosa a fs. 333, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- El recaudo impuesto por el art. 813 procesal puede considerarse satisfecho en la especie. Atento a las concretas circunstancias de la causa, las cuestiones resueltas permiten superar sobre el particular, el examen formal de admisibilidad.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, alega el recurrente el desconocimiento de normas de rango constitucional (art. 43 de la Constitución Nacional y normas de tratados internacionales incorporados a la carta magna: arts. 5 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de la preceptiva del art. 68 de la ley 24449 y su dcto. reglamentario 779/95 y la infracción a los arts. 32, 33, 34 y 272 del CPCC.

Señala que su parte demandó por vía del amparo constitucional previsto por la ley provincial 6944, el otorgamiento de una medida autosatisfactiva a fin de que la compañía aseguradora demandada cumpliera con la obligación autónoma prevista por el art. 68 de la ley 24.449; esto es, la cobertura de los gastos sanatoriales derivados del accidente que protagonizara el asegurado y del que fuera víctima la señora Marta Graciela Lucero.

Destaca que con fecha 15/6/2003, la actora sufrió lesiones gravísimas en un accidente de tránsito en el que además, fallecieron su concubino y su único hijo de seis meses de edad. Expresa que como consecuencia del seguro automotor obligatorio y las imposiciones del art. 68 de la ley 24.449, la aseguradora está obligada a asumir los gastos de sepelio y sanatoriales de las víctimas de los siniestros que protagonizaran sus asegurados.

Relata que al contestar la demanda interpuesta por su parte, la accionada reconoció la emisión de la póliza a favor del señor Martín Salazar (embistiente) pero no obstante ello, negó la procedencia del reclamo formulado, opuso excepción de falta de legitimación, cuestionó los rubros reclamados, impugnó la documentación acompañada y planteó la inconstitucionalidad del art. 68, quinto párrafo de la ley 24.449.

Explica que la sentencia de Iª instancia acogió favorablemente la acción interpuesta y condenó a la demandada, a pagar en un plazo de tres días, la suma de $23.940 destinada a afrontar los gastos de asistencia médica de la actora (que conforme la documentación agregada a la causa, sufrió la amputación de su pierna izquierda a nivel de 1/3 superior del femur, fractura de cadera izquierda con proceso de osteonecrosis cefálica femoral izquierda y rotura de ligamentos en la rodilla derecha). Destaca que el pago pretendido por esta vía, procura concretar las intervenciones quirúrgicas necesarias para no agravar el daño ya padecido por la señora Lucero.

Señala que el pronunciamiento citado fue apelado por la accionada y que el tribunal de alzada confirmó la procedencia de la medida autosatisfactiva concedida a su parte pero redujo el monto de la condena a la suma de $1.000, tornando ilusorio el derecho y la tutela pretendida por vía del presente amparo.

Se agravia de que la Sala a quo haya reconocido los presupuestos subjetivos y objetivos de la medida peticionada (las circunstancias del siniestro, los daños y los tratamientos necesarios para la asistencia de la damnificada, la urgencia y el peligro en la demora, los derechos y garantías comprometidos) y no obstante ello considere que con el monto fijado, la medida concedida puede cumplir la finalidad que la inspira. Entiende que su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva se ha visto vulnerado y que en el caso, el pronunciamiento ignora de modo inadmisible, la función social que explica la obligación legal impuesta a la aseguradora. Expresa que no obstante invocar la aplicación de la preceptiva particular (art. 68 de la ley 24.449) se prescinde del espíritu que impulsó la introducción de este instituto en el nuevo derecho de seguros. Confronta los textos de la ley 17.418 con los de la ley 24.449 y destaca que ya no puede concebirse al asegurado como el único sujeto protegido, sino que la persona damnificada es ahora un nuevo centro de atención para el legislador.

Considera que el tribunal a quo incurre en un error de derecho al entender que el art. 68 de la ley 24.449 establece un régimen de asistencia tarifado en cabeza de la aseguradora y que tal limitación cuantitativa pueda fundarse en lo previsto por las resoluciones citadas en el pronunciamiento impugnado (especialmente, res. 21999/92 -B.O. 29/12/92 y res. 22058/93 cláusula 3 b, "límite de responsabilidad- del 22/1/93, sin publicar en el B.O.). Destaca que conforme de la propia ley de transito (art. 94) se condicionó su entrada en vigencia a la reglamentación de la misma; lo que ocurrió por decreto del PEN, Nro. 779/95 y que concretamente, al referirse al art. 68, declara expresamente: "seguro obligatorio: sin reglamentar". Resalta asimismo que tal como estaba previsto, la reglamentación anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley podía continuar aplicándose en tanto no entrara el colisión con la nueva ley (art. 94). Y señala que la resolución mencionada por la Sala a quo para fundar la tarifación en la suma de $1.000 -de fecha anterior al dictado de la ley 24.449- quedó tácitamente derogada por el texto del art. 68 y la ausencia de reglamentación particular.

Niega que la obligación impuesta por la norma antes citada tenga el límite cuantitativo señalado por la sala a quo. Por el contrario, entiende que si el precepto prevé que el damnificado debe probar la cuantía de los gastos de asistencia invocados, la limitación carece de sentido. Reitera que la obligación impuesta por el art. 68 de la ley 24.449 es de naturaleza asistencial inmediata e integral. Cita en apoyo, doctrina y jurisprudencia concordante.

Afirma que el tribunal de alzada incurre en arbitrariedad al sostener que como las partes no han cuestionado la constitucionalidad de las resoluciones citadas, les está impedido alegar su no aplicación al sub lite. De un lado y en relación a la res. 21999/92, sostiene que se trata de normas derogadas que tornan innecesaria la impugnación de constitucionalidad. Por otra parte y en relación a la res. 22058, destaca que la misma no fue siquiera publicada en el B.O.; por lo que no puede serle opuesta.

Entiende que de conformidad a lo precedentemente expuesto, la sentencia impugnada no resulta ser la derivación razonada del derecho vigente. Considera que el déficit de fundamentación mencionado descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido y justifica la procedencia del remedio interpuesto.

Destaca la finalidad de la vía incoada y de la medida peticionada, la particular naturaleza de instituto incorporado en la ley 24.449 (seguro obligatorio específico con deber de asistencia inmediato e integral, acción directa del damnificado), la función social del mismo, etc.

Se agravia de que la sentencia recurrida haya impuesto las costas en el orden causado. Considera que corresponde cargar las mismas a la accionada en autos, vencida en la pretensión incoada.

IV.- Por mayoría de sus integrantes, esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el recurso de casación constituye una vía idónea para impugnar las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo (cfr. CSJTuc., entre otras, sent. 573 del 4/7/2002; sent. 816 del 27/10/2003; sent. 93 del 1/3/2004). En consecuencia, corresponde examinar si en el sub lite se encuentran cumplidos los recaudos de admisibilidad propios del carril impugnativo intentado.

De la reseña precedente surge que la medida autosatisfactiva peticionada por vía de la presente acción de amparo se ha sustentado en la obligación prevista por el art. 68 de la ley 24.449. Y la naturaleza de los agravios planteados en el presente recurso, impone realizar algunas consideraciones previas respecto del deber legal impuesto a las aseguradoras en el 5º párrafo de la norma citada.

a.- Conforme a la regla de reparación integral, la ley civil argentina no ha sujetado la cuantificación del daño a baremos o topes indemnizatorios por daño material o moral: su determinación se practica según los perjuicios concretos que el damnificado acredite en cada caso particular, en adecuada conexión causal con el hecho generador.

En materia de aseguramiento, el régimen de la ley 17.418 responde a los principios de la responsabilidad civil; es necesaria la prueba de un factor de atribución que permita asignar al asegurado el deber de reparar. El resarcimiento no es automático ni preestablecido, pues resulta necesario acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil; que no se agotan en la constatación del daño.

En el ámbito nacional, el seguro obligatorio por accidentes de tránsito fue introducido por el art. 67 del dcto. 2254/92, que aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (dcto. 692/92). Si bien la ley 17.418 ha estructurado el seguro de responsabilidad civil como protección al asegurado, pues su función es mantenerlo indemne en aquellos supuestos en que la ley pone a su cargo la obligación de reparar los daños causados, en este caso el Estado impone la obligación de contratar un seguro, con una clara finalidad tuitiva de las posibles víctimas de estos siniestros. El objetivo es reparar daños -especialmente los de índole personal- y no mantener la integridad patrimonial del responsable (cfr. Barbato, Nicolás Héctor, El seguro obligatorio de automotores establecido por el artículo 68 de la "ley de tránsito" 24.449. LL 1995-C, 1016).

La ley 24.449 (B.O. del 10/02/1995) contiene una norma similar al art. 67 que deroga, al disponer en su art. 68 que "Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Igualmente resultará obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores. Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del Artículo 40. Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo. Las denuncias de siniestro se recibirán en base al acta de choque del Artículo 66 inciso a), debiendo remitir copia al organismo encargado de la estadística". En su quinto párrafo agrega que "Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes. Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago. La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá, según haya el asegurado denunciado o no el accidente, en el año previo de vigencia del seguro". La doctrina consideró que ambos textos consagraron una "obligación legal autónoma" a cargo de la aseguradora (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio D., Derecho de tránsito - Ley 24.449. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 199 , pg. 278).

b.- El seguro obligatorio establecido en la ley de tránsito incluye en su cobertura la denominada "obligación legal autónoma" -gastos de sanatorio y velatorio-, con los límites que emergen de los términos empleados por la misma norma. Se trata de gastos sanatoriales y de sepelio, calificados como de extrema urgencia (a título descriptivo se consideran comprendidos en los primeros, los gastos de "internación, honorarios médicos, costos de remedios, radiografías, análisis etc.": cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Rosatti, Horacio, ob. cit.; Pagés Lloveras - Beles de Astorga, Medidas autosatisfactivas en el derecho del seguro, en Medidas Autosatisfactivas (Jorge W. Peyrano - Director). Rubinzal-Culzoni, 2001, pg. 503 y sgtes.). Su característica más notoria es el avance hacia la distribución social del riesgo, previendo un mecanismo ágil para que la víctima pueda solventar "de inmediato" los gastos previstos en la norma. De allí que un sector de la doctrina considera que "las acciones que puedan ejercerse luego", sólo alcanzan a las que resulten de la ulterior demostración de responsabilidad de un tercero; mas no podrían dirigirse contra la víctima, cuando su demandada es desestimada.

Esta obligación se presenta desvinculada de la efectiva constatación de un factor de atribución de responsabilidad hacia el asegurado, y es exigible independientemente del resultado de la pretensión resarcitoria integral que la víctima pudiera ejercer. Autorizada doctrina encuentra similitud en los seguros obligatorios no - fault (sin culpa) implementados en el derecho comparado con la finalidad de proteger a las víctimas; aunque, como se ha destacado, se trata de algo más que desestimar la falta de culpa (cfr. Mosset Iturraspe - Rosatti, ob. cit., pág. 278). Estos sistemas se caracterizan por vedar a la aseguradora la alegación de ausencia de nexo causal: el reclamo es procedente sin necesidad de individualizar un responsable. Se persigue el pago inmediato a las víctimas de un accidente de tránsito; generalmente con una cobertura limitada.

En nuestro derecho, la implementación de la acción directa del damnificado contra las aseguradoras se ve limitada a los gastos descriptos en el art. 68 antes citado. De este modo, se convierte -en relación a aquéllos- en un seguro a favor de terceros; receptando positivamente y en ese ámbito la tendencia hacia un sistema de protección social de todos los miembros de la comunidad, respecto de ciertos daños. El reclamo fundado en aquella "obligación legal autónoma" (gastos de sanatorio o velatorio), no requiere ser dirigido contra el asegurado, con citación en garantía de la aseguradora. La ley 24.449 ha implementado una acción directa exclusivamente contra esta última, para obtener su cumplimiento.

c.- Conforme a lo previsto en el citado art. 68 de la ley 24.449, el seguro obligatorio deberá contratarse de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora. Cabe recordar que la Superintendencia de Seguros de la Nación fue creada en 1973 y se rige por el decreto-ley 20.091/73. En virtud de lo establecido por el art. 67 del Dto. 2254/92, este organismo dictó la resolución general Nro. 21.999 del 29/12/92, destinada a establecer las condiciones del seguro obligatorio; teniendo en cuenta la clara finalidad de tutela de las víctimas que inspira el instituto. La misma previó "límites mínimos" para cubrir los gastos de sanatorio y de sepelio "cuyo pago esté fehacientemente acreditado", y dispuso que deben ser abonados por la aseguradora al tercero damnificado, a sus derechohabientes o al acreedor dentro del plazo máximo de tres días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponérsele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del asegurado respecto del daño. Con posterioridad se dictaron otras resoluciones generales para establecer, respectivamente, las condiciones generales del seguro obligatorio (res. 22.058) y del seguro contra la responsabilidad civil (res. 22.187), con apoyo normativo en las facultades reconocidas al organismo por la ley 20.091 (cfr. Pagés Lloveras, Roberto M., responsabilidad Civil y Seguros con relación a la tutela de las víctimas de accidentes de tránsito (LL, rev. del 16/9/2004).

En el título IX de la ley 24.449 -Disposiciones transitorias y complementarias- se ubica su art. 94, que dispone la entrada en vigencia de aquélla a partir de que lo haga su reglamentación; la cual, a su vez, determinará las fechas en que, escalonadamente, las autoridades irán exigiendo el cumplimiento de las disposiciones nuevas, creadas por la ley, con respecto a la legislación reemplazada. De manera expresa, el segundo párrafo prevé que la reglamentación existente antes de su entrada en vigencia, "continuará aplicándose hasta su reemplazo, siempre y cuando no se oponga a la presente ley". A su vez, el art. 95 deroga las leyes 13.893 y 14.224 y el dto. 692/92, t.o. por dto. 2.254/92, los arts. 3º a 7º, 10 y 12 y el anexo I, así como cualquier otra norma que se oponga a la presente a partir de su entrada en vigencia". Mas, según lo dispuesto en la norma precedente, ello no implica la derogación de la reglamentación existente; cuya vigencia ha sido mantenida en términos generales a menos que sea reemplazada, y siempre que no se oponga al texto legal. El art. 68 de la ley 24.449 no ha sido reglamentado por el dto. 779/95; y su notoria similitud con el texto derogado - art. 67, dcto. 692/92 (t.o. por dcto. 2254/92) autoriza a concluir que las referidas resoluciones generales continuaron vigentes. En apoyo de esta conclusión puede citarse la circular 3809/98 de la SSN, que ratificó la vigencia de esa resolución al precisar que debe ser considerada reglamentaria del art. 68 de la ley 24.449.

Finalmente, cabe advertir que la vigencia de límites máximos ha sido mantenida en posteriores resoluciones de la SSN. Así, la resolución Nro. 25.429, parcialmente modificada por resol. 25.460, que declara abierto el Registro de Entidades Aseguradoras para aquellas sociedades que deseen operar en forma exclusiva en las coberturas derivadas del seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, prevé entre los riesgos cubiertos, la cobertura de la obligación legal autónoma por los siguientes conceptos: "1) gastos sanatoriales por persona hasta $ 1.000; gastos de sepelios por persona hasta $1.000 (cláusula 3, Anexo II). Agrega esta resolución que los pagos efectuados por la aseguradora o el asegurado por estos conceptos, serán considerados como realizados por un tercero con subrogación en los derechos del acreedor, y no importarán asunción de responsabilidad alguna frente al damnificado. El asegurador tendrá derecho a ejercer la subrogación contra quien resulte contractual o extracontractualmente responsable (cfr. Pagés Lloveras, ob. cit.) Desde otra perspectiva, se ha señalado que la mentada autonomía de la acción contra la aseguradora ex -art. 68, resultará factible en la práctica en los casos en que la entidad de la reclamación del damnificado se encuentre dentro de los límites de la cobertura. Si la excede, la aseguradora solo responderá en la medida del seguro, conforme dispone el art. 116 de la ley de seguros (cfr. Barbato, Nicolás Héctor, ob. cit., nota Nro. 13).

A mérito de las razones expresadas, se concluye que la reglamentación citada por la aseguradora no ha sido derogada por la ley 24.449.

V.- En lo atinente a la vía procesal destinada a reclamar judicialmente el cumplimiento de esta obligación, los precedentes jurisprudenciales muestran que los reclamos basados en el art. 68 citado dieron lugar al planteamiento de medidas cautelares y autosatisfactivas; como a la deducción de acciones de amparo. La doctrina ha señalado la necesidad de que el sistema contenga disposiciones que, respondiendo a directivas u orientaciones procesales, suministre resultados útiles y efectivos, y contribuyan a que las causas sea más ágiles y económicas. Ello en procura de la mayor economía procesal de gastos y esfuerzos, evitando la irrazonable prolongación del proceso, pues la tutela de un derecho comprometido, alcanzado tardíamente, deviene en inoperante (cfr. Stiglitz, Rubén y Gabriel, Seguro automotor obligatorio. Abeledo-Perrot, Bs. As., pág. 16).

Las nuevas perspectivas, a partir de la necesidad de efectiva protección de los derechos fundamentales, condujeron a importantes mutaciones en el derecho procesal (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, La tutela civil inhibitoria, LL 1995-C, 1217). En tal sentido, han sido puestas de relieve las transformaciones del derecho sustancial, en procura de dar respuesta a las víctimas de daños injustos; lo cual se evidencia en la utilización de mecanismos procesales de urgencia, como la tutela anticipada (también llamada cautela material, o tutela urgente) y las medidas autosatisfactivas (cfr. Gozaíni, Osvaldo A., El daño y su tutela a través del amparo, en Obligaciones y Contratos en los Albores del Siglo XXI.- Homenaje al Prof. Dr. Roberto M. López Cabana (Ameal, Oscar J. - Dir. - y Silvia Y. Tanzi - Coord.-). Abeledo-Perrot, Bs. As., 2001). Señala este autor que en el derecho procesal está presente la búsqueda de un sistema de discusión y debate más próximo a la realidad del conflicto, y a los requerimientos del derecho material. Citando a Peyrano, estima necesario distinguir la tutela cautelar, de la urgencia de tutela. "Lo cautelar exige la apariencia del derecho invocado, el peligro en la demora y la prestación de una contracautela; en cambio, lo urgente, si bien requiere el peligro en la demora, no precisa de la verosimilitud sino de una fuerte probabilidad para que sean atendibles las pretensiones deducidas en juicio.

La actuación urgente puede presentarse con la modalidad de sentencias anticipadas, que definen la relación jurídica material (subsidiaria), o como medidas autosatisfactivas (proceso autónomo). A su vez, la actuación cautelar puede darse como medidas asegurativas de prueba, medidas asegurativas para la ejecución o medidas provisionales. En tal sentido, un amplio sector de la doctrina procesalista admite la viabilidad de las denominadas medidas autosatisfactivas, y su procedencia en el supuesto previsto por el art. 68 de la ley 24.449.

En todo caso, no puede soslayarse que la amenaza de producir un daño, o la necesidad de impedir su agravamiento pueden o no lesionar, alterar, modificar o restringir, con arbitrariedad o ilegalidad un derecho subjetivo o de incidencia colectiva. De ello se sigue que la vía del amparo no es la única posible para encauzar pretensiones de esta naturaleza (cfr. Gozaíni, ob. cit.). Las vicisitudes de este proceso son elocuentes, en el sentido de que la discusión sobre la entidad y monto de los rubros reclamados dilatan la efectiva realización de la finalidad de la norma.

VI.- En autos, por la vía sumarísima del amparo, la representación letrada de la actora encauzó un reclamo que calificó de autosatisfactivo, dirigido a que la accionada cumpla con la obligación impuesta por el art. 68 antes citado, pero más allá de los límites que emergen de la disposición legal invocada y su reglamentación.

Los caracteres normativos de la pretensión autónoma esgrimida vedan al órgano jurisdiccional ponderar otras circunstancias que, en su caso, podrían dar lugar al dictado de otras medidas excepcionales de naturaleza urgente o cautelar. Su despacho requiere ineludiblemente un juicio de valor sobre recaudos que les son propios, como -según el caso- la verosimilitud del derecho, peligro en la demora, posibilidad de provocar un daño irreparable, etc.; que adviertan al órgano judicial requerido la necesidad de suministrar una tutela material urgente, o anticipo de jurisdicción en el caso concreto (cfr. CSJNac., causa "Camacho Acosta, Máximo vs. Grafi Graf S.R.L. y otros", ED, pág. 61 y sgtes.).

El reclamo autosatisfactivo esgrimido en autos por vía de amparo, encuentra límites cualitativos precisos en la norma legal invocada - en el caso, gastos sanatoriales; y los cuantitativos que emergen de la reglamentación. Se reitera que la efectiva tutela reclamada por vía de esta acción de amparo, se basó excluyentemente en una disposición legal que prescinde de toda otra valoración; y se impone a la aseguradora por fundamentos distintos de los que sustentan la pretensión resarcitoria integral; la cual responde a los principios de la responsabilidad civil.

Por lo considerado, se concluye que en el sub lite, la medida autosatisfactiva se agota en la obtención de aquello que la ley y su reglamentación reconoce en favor de la víctima.

VII.- De conformidad a los agravios vertidos en el memorial respectivo, se advierte que el recurso interpuesto no puede prosperar.

Las consideraciones precedentemente expuestas permiten desestimar el agravio conforme al cual, resultan inaplicables las resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación (res. 21.999/92 y concordantes, SSN) que fijan límites cuantitativos a la obligación legal autónoma impuesta a las aseguradoras por el art. 68 de la ley 24.449. Es que pese al esfuerzo argumental desplegado por el recurrente, no logra rebatir el criterio adoptado por la Sala a quo.

Desde este enfoque, y admitiendo la vigencia de la preceptiva citada, asiste razón al tribunal de alzada en tanto destaca que en el caso, el recurrente no cuestionó la constitucionalidad de la norma cuya aplicación pretender excluir. Corresponde por tanto, desestimar el agravio que tacha de arbitrario el criterio precedentemente expuesto.

A la luz de la doctrina citada, tampoco lucen justificados los cuestionamientos encaminados a señalar el desconocimiento del derecho a una tutela judicial efectiva y la protección de derechos fundamentales, tales como la vida y la salud. Como se señalara ut supra, la pretensión esgrimida en autos encuentra los límites cualitativos y cuantitativos propios de la particular naturaleza de la medida peticionada (con fundamento estricto en la preceptiva del art. 68 de la ley 24.449 y su reglamentación) y de la vía procesal intentada (el amparo); sin que por ello resulten vedados otros remedios y carrilles procesales de tutela jurisdiccional.

Debe asimismo rechazarse el agravio referido a la distribución de las costas en la instancia de apelación (impuestas por el orden causado). Respecto del particular, la fundamentación recursiva resulta manifiestamente insuficiente. Tal como surge del memorial casatorio (cfr. tercer agravio a fs. 285 y vta.), el recurrente se limita a sostener un criterio distinto (la imposición de las costas a la accionada) sin demostrar la arbitrariedad normativa (el error en la aplicación de la preceptiva citada para fundar la posición adoptada) o la arbitrariedad fáctica (los hechos valorados para arribar a aquel criterio).

VIII.- Las costas de la instancia deberán ser soportadas en el orden causado, atento a la naturaleza de la cuestión debatida, a las dificultades interpretativas que ofrece el conflicto y a las razones para litigar exhibidas por las partes. Lo expresado justifica que en el sub lite, esta Corte considere atendible apartarse del principio general que impone las costas al recurrente vencido (art. 106 del CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Me adhiero al voto del vocal preopinante, Dr. Héctor Eduardo Aréa Maidana, en el relato que efectúa de los hechos en los puntos I y III.

II.- Sin embargo, del examen de las actuaciones se advierte la inadmisibilidad del recurso casatorio tentado. En efecto, la casación impetrada no procede contra medidas adoptadas en el proceso de amparo constitucional previsto en el CPC, ley 6944. En efecto, encontrándose vigente el Código Procesal Constitucional (ley 6944) resulta improponible el recurso interpuesto, conforme a las pautas del art. 28 del mismo Código. Este ordenamiento contempla como sendero impugnativo de la sentencia de amparo, el recurso de apelación (art. 28) por ante la Cámara de Apelaciones, cuando la misma es dictada por un juez de primera instancia (art. 19). La apelación a la Corte Suprema de Justicia sólo ha sido prevista por vía del recurso de inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o los autos que tengan la virtualidad de poner fin a la acción o hacer imposible su continuación, en causas cuya materia principal se enmarque en las previstas en los arts. 91 y 92, a cuyo efecto, las sentencias de las Cámaras de Apelaciones o las de instancia única, se consideran definitivas (art. 6). El Código tampoco legisla sobre el recurso de casación, como vía posible de impugnación. El art. 31 prescribe que "son de aplicación subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en cada fuero cuidando el Tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia", y se infiere del mismo que se aplican en subsidio las normas del Código Procesal Civil en el trámite de los procedimientos previstos en la ley 6944. Precisamente, el cuerpo procesal constitucional, al estructurar los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, no prevé el recurso de casación, por lo que obviamente no pueden aplicarse en su trámite las normas procesales civiles, por la simple y determinante razón de su inexistencia. Ello así, las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo sólo son pasibles de apelación mediante el recurso de inconstitucionalidad, cuya admisibilidad dependerá de que se satisfagan las exigencias legales respectivas (cfr. CSJTuc., sentencia n° 510 del 15/6/99 y sent. n° 812 del 22/10/99; sent. n° 629 del 17/8/2002. En igual sentido sentencias números: 469 "Alves Jesús y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo" del 13/6/2000 y 470 "Figueroa Zoilo y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo" del 13/6/2000; sent. n° 32 "Acosta Daniel Omar s/Amparo" del 12/02/2003; sent. n° 93 del 01/3/2004).

Por lo considerado, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación tentado.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la actora en contra de la sentencia de fecha 23/02/2004 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITOHÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA (en disidencia) RENÉ MARIO GOANE