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Tarjeta de crédito, seguros, daño punitivo
Materia: BANCARIO-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vizcarra, Rita Josefa  c/ Cencosud SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

En el marco de un contrato de tarjeta de crédito en el que resulta ilegítimo el cobro de los cargos en concepto de (1) seguros por robo, de bolso protegido y de asistencia personal; (2) seguro de asistencia de garantía de electrodomésticos usados; y (3) seguro colectivo de vida y por incapacidad permanente por no contar con el consentimiento válido, libre e informado de la actora en la contratación de los mismos, resulta procedente la aplicación de la multa por daño punitivo. Ello por cuanto el hecho de que los cobros de los seguros identificados precedentemente como (1) y (3) hayan sido supuestamente suscriptos junto con el alta de la tarjeta de crédito, y el llamado telefónico para ofrecer el servicio señalado como (3) haya sido dirigido a la actora en su carácter de cliente de la demanda, permite presumir el carácter generalizado de los sujetos afectados. En efecto, esos elementos demuestran una práctica comercial intimidatoria de la demandada, y no una conducta aislada. Asimismo, se encuentra acreditado que el comportamiento de la accionada se tradujo en un beneficio económico, en tanto intermedió en la contratación de los seguros, por lo cual cabe presumir que obtuvo comisiones (CCCN 1132).
Prescripción, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Pavón, Ángel c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo  c/  s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

El art. 2550 CCCn establece que "el Juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos". No puede interpretarse en el caso, que el silencio del trabajador constituyó una inacción a reclamar judicialmente, dado que no se admiten presunciones en su contra, y el actor el mismo año que se disolvió el vínculo accionó por accidente del trabajo por lo que el principio de la realidad demuestra el motivo por el cual no lo hizo antes esto es, para poder mantener su única fuente de ingresos. Acreditada la imposibilidad de accionar del actor por miedo a perder su trabajo la dispensa de prescripción resulta un instrumento legal atendible.
Cuestiones de competencia, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Giorgi, Juan Martin c/ Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-13

El accionante se agravia de la resolución dictada en la instancia anterior por medio de la cual se declaró la falta de aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones en razón de la persona demandada y ordenó la remisión de las presentes actuaciones a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Además promueve formal demanda por despido contra la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) amparándose en la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT N° 1390/14 "E". En la actualidad ello se ha visto modificado en base a la jurisprudencia emanada del Mas Alto Tribunal en casos como en el presente de donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, fijando una tesis contraria a la propiciada y rechazando la aptitud Jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo. La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso que también se accionaba contra el Estado "Hernando" (Fallos 330:811), afirmó que para resolver la contienda se debían aplicar, en definitiva, normas y principios propios del derecho público, donde resultará clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para su solución, circunstancia que permite considerar al sub lite como una causa contencioso administrativa, en los términos del art. 45 inc. a) de la ley 13.998. Cabe considerar que la Justicia Nacional del Trabajo en línea con lo decidido por el Alto Tribunal, resulta incompetente para entender en estos actuados, por lo que correspondería confirmar lo resuelto en cuanto atribuye el conocimiento de la causa al fuero en la Contencioso Administrativo Federal. (Del voto del Dr. Sudera en minoría).
Confirmación de sentencia, interrupción de la prescripción, SECLO
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Espíndola, Jorge Ignacio c/Correo Oficial de la República Argentina SA c/  s/ Diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-09

El trámite administrativo ante el SECLO no tiene efecto interruptivo de la prescripción, en tanto no constituye una demanda judicial en el sentido de lo dispuesto por el art. 2546 del CCCN, ni tampoco constituye "la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo" a la que alude el art. 257 LCT. La Corte Federal en los precedentes "Sallent" y "Lombardo" no se pronunció considerando el efecto interruptivo de la prescripción del trámite ante el SECLO, sino que se limitó a descalificar por arbitrarias las sentencias de segunda instancia. Por ello, en función de lo resuelto por la CNAT en el Plenario N° 312, "Martínez, Alberto c/YPF SA s/part. accionariado obrero" (6/6/2006), cabe confirmar la sentencia de grado en cuanto estableció que el trámite ante el SECLO suspende la prescripción por seis (6) meses. (Del voto del Dr. Sudera, en mayoría).
Ejecución de sentencia, medidas cautelares, caución real
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente N° 1 - Actor: Ruiz, Angelina Graciela Demandado: Acc Group SA y otro c/  s/ Incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-10

El art. 258 CPCCN supedita la ejecución de sentencia de primera instancia confirmada por la alzada -cuando se ha habilitado la instancia extraordinaria ante la Corte Federal- a que se otorgue fianza. La norma se refiere a una "fianza de responder de lo que se percibiese". Por regla, la fianza exigida por el art. 258 CPCCN sigue los lineamientos previstos por los arts. 199 a 201 de ese ordenamiento legal en tanto resultan analógicamente aplicables tales previsiones al proceso de ejecución de sentencia, preceptiva que debe ser analizada de acuerdo a las reglas que rigen idéntica situación en el proceso laboral, es decir, desde el prisma que instituye el art. 61 de la ley 18.345. Esta norma establece como directriz genérica que las medidas cautelares siempre se entenderán dictadas bajo la responsabilidad del solicitante y solo, por excepción, podrá exigirse contracautela. En tal contexto normativo se impone considerar que, al tratarse en el caso, de una fianza judicial que tiende a garantizar la restitución de las sumas de dinero retiradas en caso de revocarse la sentencia ejecutada, resulta razonable y adecuado que el ejecutante preste caución juratoria para responder de lo que percibiese en el supuesto que la Corte revoque el pronunciamiento recurrido.
Procedencia del recurso, porcentaje de incapacidad, comisiones médicas
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nuzzolese, Juan Alberto c/ Provincia ART SA c/  s/ Provincia ART SA s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-11

El actor impugnó la liquidación practicada por Secretaría por no contemplar la compensación adicional de pago único según liquidación practicada en la instancia administrativa en base a la incapacidad allí reconocida y a la existencia de preexistencias. El juzgado desestimó la impugnación. La DIAPA fue apelada únicamente por el actor en cuanto al porcentaje de incapacidad determinado por la comisión médica, por lo que todos los demás aspectos arribaron firmes para ambas partes a sede judicial, entre ellos el reconocimiento y liquidación de la compensación adicional de pago único (CAPU) que fija el monto indicado para el supuesto contemplado en el art. 11, inciso 4, ap. a. Ya la Sala había rechazado la pretensión recursiva del actor en relación a los agravios dirigidos a cuestionar la liquidación practicada en el fallo anterior para el cálculo indemnizatorio. Lo resuelto, en modo alguno puede alcanzar a la compensación adicional de pago único, puesto que el actor recurrente al apelar la DIAPA no formuló ningún agravio en relación a dicho concepto ya que fue acogido en la instancia administrativa y ante la audiencia de cuestionamiento a su progreso quedó firme para ambas partes. Una interpretación distinta, implicaría colocar al accionante en una situación más desfavorable que la resultante de la decisión administrativa cuestionada e importaría incurrir en una indebida reformatio in pejus, con la consecuente violación de las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio. Cabe hacer lugar al recurso interpuesto por el actor.
Ejecución de sentencia, honorarios, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Reyes Marín, Dante Arnaldo c/United Press International Chile Ltda. y otro  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-03

En la etapa de ejecución de sentencia la codemandada recurrente impugnó la liquidación practicada por la actora, y practicó una nueva de acuerdo a sus parámetros, procediendo a depositar la suma adeudada tanto del capital de condena, como de honorarios de los profesionales intervinientes. La Jueza a quo aprobó la liquidación practicada por la actora, lo que motivó el recurso interpuesto por la codemandada. La Jueza de primera instancia indicó que las resoluciones sobre la aplicación de intereses no fueron recurridas por la accionada oportunamente por lo que quedaron consentidas y en autoridad de cosa juzgada. En relación a la cosa juzgada, la CSJN ha señalado que la estabilidad de las resoluciones judiciales constituye presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia del orden público y posee jerarquía constitucional. Si bien ello es así, también es cierto que el Máximo Tribunal ha descalificado aquellas sentencias que bajo un supuesto respeto al principio de cosa juzgada conducen a soluciones desproporcionadas que prescinden de la realidad económica, ya sea porque alteran la relación entre el monto originariamente reclamado y la cuantía de la condena, o porque se traducen en una fuente injustificada de enriquecimiento, o quiebran toda norma de razonabilidad, violentando los principios establecidos en los arts. 953 y 1071 del C. Civil, desnaturalizando la finalidad de la pretensión entablada. Si bien resulta cierto que en la oportunidad de dictarse la sentencia definitiva no se estableció método de morigeración alguno, ello no obsta a la aplicación de lo dispuesto por el art. 771 del CCCN, norma legal que autoriza a los jueces a reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado de la capitalización exceda, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. En consecuencia, en el caso de deuda cuya cuantía esté conformada en una moneda de valor constante es menester ajustar en los intereses el componente que fija la compensación por desvalorización monetaria y, en ese marco, la tasa de interés aplicable a operaciones de este tipo ha de contemplar fundamentalmente, un interés puro que no contenga en su interior un componente inflacionario, que sea retributivo del valor del dinero y compensatorio de su privación.
Aportes previsionales, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramos Lezcano, Marcos Gabriel c/ Leader Clean SA y otros  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-30

La intimación cursada por el trabajador conforme lo previsto en el artículo 1° del Decreto 146/01, resulta idónea para tener por cumplido el recaudo allí establecido. No se advierte que constituya un requisito insoslayable la individualización pormenorizada de los períodos y aportes presuntamente no ingresados a los subsistemas de la seguridad social, puesto que la norma reglamentaria solo exige una intimación fehaciente en la que pueda observarse invocada la existencia de aportes retenidos y la solicitud explicita a la obligada para que los deposite, recaudos que lucen cumplidos en la especie. Cabe revocar lo decidido en grado y admitir la aplicación de la sanción prevista en el art. 132 bis LCT (Del voto de la Dra. Russo, en minoría)
Indemnización por despido, prueba de informes
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nessi, Juan Pablo c/ L'Express SA y otros c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-30

Toda vez que no se produjo la prueba informativa al correo a efectos de constatar el envío postal que fue acompañado, no se aprecia satisfecho uno de los recaudos necesarios para la viabilidad de la multa establecida en el art. 10 de la ley 24.013 conf. art. 11 inc. b cit.). Por ello, la falta de cumplimiento de un requisito legal para la comunicación y en consecuencia para la procedencia de la indemnización, como es la remisión de la copia de intimación realizada a la AFIP, torna improcedente la sanción pretendida (prevista en el art. 10) por lo cual se impone revocar este segmento la sentencia de la anterior instancia, y dejar sin efecto la condena allí establecida. (Del voto del Dr. Ambesi, en mayoría).
Confirmación de sentencia, despido, injuria laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bautista, Christian Martín c/ Bymed SRL  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-22

El vínculo se disolvió por decisión del trabajador quien invocó causales que impedían su prosecución. Incumplimientos registrales vinculados a la fecha de ingreso y egreso, monto de las remuneraciones, sumado a la categoría laboral y la negativa a rever la sanción de suspensión por 10 días. El Juez a quo hizo lugar a la acción y por ello se agravia la accionada. La sanción aplicada al trabajador implicaba la pérdida de la remuneración durante el plazo de diez días que, si bien no superaba el límite establecido por la normativa vigente, el salario reviste carácter alimentario, y la accionada fue intimada a rever la medida en virtud de lo dispuesto en el art. 63 LCT, lo cual no ocurrió. Así, el actor intimó a rever la conducta bajo apercibimiento de despido, por lo cual la demandada se encontraba anoticiada respecto al carácter de la intimación. Así, la actitud de la empleadora constituyó una injuria en los términos del art. 242 LCT que impidió la prosecución del vínculo, máxime, cuando en ningún punto clarificó la inconducta que, además aduce, fue reiterada en el tiempo. La ausencia de argumentos por parte de la accionada que no describió cuáles fueron las inconductas, -en qué día y horario se produjeron, de qué modo afectaron los planes de la producción, cuáles eran los mismos- impide inferir la existencia de incumplimientos para justificar la sanción aplicada al trabajador accionante constituyéndose así en una sanción irregular. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, ius variandi, prueba, reincorporación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bouzas Ojeda, María Teresa c/ Operadora Ferroviaria SE  c/  s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

El empleador, Operadora Ferroviaria SE, realizó un ejercicio abusivo del ius variandi que el Magistrado de grado tuvo por acreditado en base a la prueba rendida en autos. Por ello, se agravia la demandada. La actora prestaba servicios para la demandada en una agencia y fue trasladada a una subgerencia perteneciente a otro sector con asiento en un edificio distinto y con modificación de algunas de las tareas que desempeñaba. La accionada manifestó que dicha reubicación obedeció a una presunta pérdida de confianza por parte del superior jerárquico de la actora. Cabe recordar que el art. 66 de la LCT reconoce al empleador la facultad de alterar condiciones no esenciales del contrato de trabajo pero también reconoce que dicha facultad denominada "ius variandi" tiene límites específicos de orden contractual (respetar elementos esenciales del contrato), de orden funcional (los cambios no deben ser arbitrarios), y derivados del deber de indemnidad (respeto de los intereses materiales y morales del dependiente). Nuestra legislación excluye el uso no funcional del ius variandi, de modo que al empleador le corresponde acreditar el mínimo de razonabilidad que justifique el cambio impuesto y solo ante la prueba corresponde a la persona trabajadora demostrar el perjuicio material o moral. La accionada no logró demostrar que la modificación cuestionada por la actora fue motivada en razones objetivas derivadas de la organización del ente que habrían obligado a adoptar la medida cuestionada. En este caso el cambio adoptado por la demandada configuró el inicio de un proceso de represalia, intensificado a raíz de la denuncia que formuló la accionante en orden a los episodios de acoso laboral y sexual de los que dijo que resultó ser víctima por parte de su superior, todo lo cual derivó en la intervención informal de un asesor de la gerencia. Si bien la Administración goza de un margen razonable de discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades organizativas no puede traducirse en decisiones que constituyan en los hechos, medidas disciplinarías encubiertas ni que impliquen una descalificación funcional de la persona que trabaja. La CSJN ha sostenido que las decisiones administrativas que importen un menoscabo sin causa del agente, no resultan ajenas al control jurisdiccional. Cabe confirmar lo decidido en punto a la reinstalación definitiva de la actora en el puesto que ocupa desde el dictado de la medida cautelar conforme el acuerdo homologado.
Confirmación de sentencia, despido por matrimonio, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Galarza, Pablo Germán c/ Consorcio de Propietarios Edificio Pacheco de Melo 1834 c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-10

El accionante no logró probar que el matrimonio -celebrado un día después del despido- fue notificado con anticipación a su empleador. La presunción iurís tantum emanada del art. 181 LCT, se proyecta no solo cuando se encuentre configurado el presupuesto de hecho previsto en la norma aludida (en cuanto a que el matrimonio se celebre dentro de los tres meses anteriores al despido o seis meses posteriores al despido), sino que, como expresamente dispone la norma, "siempre que haya mediado notificación fehaciente del (matrimonio) a su empleador". Sin embargo, no existe prueba convictiva y -tampoco indicio alguno- que permita inferir que el empleador hubiese tenido conocimiento respecto a que el actor contraería matrimonio. Asimismo, no solo los elementos probatorios resultaron endebles para demostrar la tesis que sustenta el trabajador, sino que, asimismo, admitió no haber cursado la notificación fehaciente de su matrimonio al empleador. Cabe confirmar el fallo de la anterior instancia.
Despido, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Bentaverri, Rodolfo Luis c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-07

El actor, trabajador del PAMI, se agravia porque en la instancia anterior se rechazó el incremento establecido en el decreto 34/19. El distracto del accionante acaeció con posterioridad a la publicación del decreto 156/2020 y lo importante es que esa normativa de manera expresa determinó su no aplicación en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el art. 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, que incluye a los entes públicos estatales en los que el Estado tenga el control decisional. En el noveno considerando del acto se menciona claramente y como ejemplo al INSSJP. Lo cierto es que el dispositivo apuntado fue emitido en el marco del régimen de emergencia pública declarado por el dec. 34/19 y su validez fue determinada por Res. 75/21 del Honorable Senado de la Nación. Cabe confirmar lo decidido en primera instancia.
Confirmación de sentencia, diferencias salariales, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ferrera, Aníbal Jaime c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados  c/  s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-11

La actora, quien se desempeñó como abogada en la Secretaria Legal Técnica del PAMI, se agravia porque en la instancia anterior se desestimó las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas como consecuencia de la supresión de los adicionales "función jerárquica" y "mayor carga horaria". La relación laboral habida se encontró comprendida en el ámbito de aplicación del CCT Nro. 697/05, al cual se halla incorporado el plan de carrera administrativa para los trabajadores del instituto conforme a la disposición del MTEySS Nro. 69/2009, art. 10. Luce evidente que el cargo asignado a la trabajadora se encontraba incluido en las previsiones normativas, como también surge de las constancias de la causa y de los propios reconocimientos de la accionante, que no se sometió a concurso alguno para acceder a la designación. Teniendo en cuenta la forma en la que la actora accedió al puesto de jefatura, resulta evidente que la designación tuvo carácter transitorio -en tanto que no reunió los requisitos necesarios para su permanencia- y únicamente en función de la vacancia del puesto, de modo que, la limitación de funciones dispuesta en la Resolución Nro. 227/20 no constituyó un ejercicio abusivo por parte de la accionada de las facultades previstas en el art. 66 de la LCT. Máxime si se tiene en cuenta que el art. 9° del CCT 697/05 expresamente prevé que el reconocimiento de permanencia en la función jerárquica exige el cumplimiento de los restantes requisitos para acceder al cargo, circunstancia que en el caso no se verifica, en tanto que la designación se materializó en forma directa y no así mediante el sistema legalmente establecido. Lo sostenido por la actora respecto de la legitimidad del plan de carrera administrativa carece de todo sustento jurídico válido, a lo cual se agrega que los cuestionamientos que se exponen respecto de la norma convencional no resultan ser más que meras manifestaciones dogmáticas, sumado a que no es de aplicación la presunción regulada en el art. 55 de la LCT. Cabe confirmar la sentencia de grado.
Confirmación de sentencia, daño moral, indemnización, ius variandi
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bouzas Ojeda, María Teresa c/ Operadora Ferroviaria SE  c/  s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

La accionada se agravia porque en la instancia anterior se hizo lugar al daño moral, al considerar el sentenciante que se había configurado un abuso del ius varíandi respecto al cambio del lugar de trabajo y puesto de la accionante. La empleadora tiene el deber legal de garantizar la indemnidad de la persona trabajadora, no solo en su aspecto pecuniario, físico y psicológico sino también, con igual o mayor pujanza, en su esfera moral -cfr. art. 75 LCT- pues la dignidad inherente a la persona debe ser protegida de cualquier acometida que tienda a su menoscabo y, con mayor ahínco, cuando se trata, como en el caso, de un sujeto de preferente tutela constitucional (cfr. CSJN, "Vizzoti"). En el caso los cambios -puesto y lugar de trabajo- a los que fue sometida la actora realmente pudieron afectar su ánimo, espíritu y dignidad. Habida cuenta de que el daño moral no requiere de prueba directa, en tanto que su configuración se vincula a las características del hecho generador, el sufrimiento presunto y la valoración del juzgador, cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.