marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: CIVIL
Carátula: ROUANET OSCAR c/ EMPRESA "SAN CAYETANO" Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-11-26

La procedencia del remedio casatorio, en relación a la denuncia de vicio de arbitrariedad y absurdo, es de carácter excepcional, y para ello quien la invoca debe demostrar de un modo claro y con total precisión, la falta de logicidad en la motivación del acto jurisdiccional, como así demostrar que el mismo no ha sido "una conclusión razonada del derecho vigente con aplicación a la situación comprobada de la causa.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ GALLARDO ALFREDO P. c/ CIRO ROBERTO BERCELLE Y OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-25

Debe ser indemnizado el daño moral, aún cuando no exista delito penal, sufrido por un funcionario que fue objeto de agravios producidos por la prensa, que excediendo su derecho a la libre difusión de las ideas, menoscaba derechos personalísimos como es el honor, la honra y la reputación de una persona.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Perrón, Rubén A. c/ Fideos Sta. Teresita de Croci Hnos. y otros s/ Indemnización y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-23

La doctrina vinculante establecida por la Sala del Trabajo del S.T.J.E.R. en "Mildemberger c/ Cooperativa Tambera (COTAPA)", 6-4 -01, modificó la doctrina que establecida en "García c/ Manufactura de Tabacos", del 18-09-84. La misma fue dispuesta justamente al resolver un caso de viajante de comercio, expresándose que el artículo 4 del Estatuto que rige tal actividad -que fijaba un plazo de prescripción de cinco años-, había sido ya derogado por las disposiciones de la Ley 17.709 relativa a la prescripción de créditos laborales y, que en consecuencia, rige lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 20744. No habiéndose demostrado el acto interruptivo del plazo de prescripción a que alude la reclamante, al momento de interposición de la demanda había operado el plazo dispuesto por la norma última citada, por lo que corresponde acoger el planteo de prescripción formulado por la demandada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jurisprudencia, crédito fiscal, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Ghezzi, Miriam Gladis c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

La recurrente no alcanza a esbozar ninguna causal de arbitrariedad en abstracto que pudiera encontrar contacto con lo resuelto, limitándose a reiterar que ante la determinación de la deuda por el Fisco Provincial y al no haberse interpuesto la demanda (única causal de interrupción admitida por el Código Civil), ha prescripto por el paso del tiempo y por tanto cualquier derecho que el fisco pretenda en su contra se encuentra extinguido por el efecto liberatorio de la prescripción, pero lo cierto es que con tales argumentaciones no logra poner en crisis el pensamiento sentencial ni evidenciar que adolezca de falla alguna en el razonamiento del Tribunal que entendió que, teniendo presente que el plazo de prescripción se computa desde la exigibilidad de la deuda (conforme al criterio establecido por la Corte nacional, acogido pacíficamente por este Tribunal en los casos sometidos a su revisión), si la acción de cobro judicial no nació para el Estado, la deuda no es exigible y, por ende, no puede comenzar a correr el plazo para que prescriba. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco y Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Filcrosa, Fallos 326:3899; Fallos 327:2631; 327:3187; 332:616; 332:2108; 332:2250; 346:217; CSJStaFe: Comisión de Fomento de Santa Isabel c. Litoral Gas SA, AyS T 223, p 69; Municipalidad de Villa Constitución c. Beltramini, T 223, p 85; API c. Colella, T 226, p 341; Mapfre Argentina SA, T 227, p 369; Municipalidad de Santa Fe c. Construcciones Santa Fe SA, T 227, p 435; API c. Antolín Fernández SA, T 238, p 162; API c. Jaquelin, T 249, p 471. - Jurisprudencia vinculada: API c Frigorífico Litoral Argentino SA, AyS T 328, p 205/212, sumario J0051698.
Constitución Nacional, Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, pago de la remuneración, antigüedad, adicional por antigüedad, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grieben, Héctor y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Más allá de resolver si la antigüedad integra o no la remuneración y en qué forma incide en condiciones normales, es necesario tener presente que el art. 96 de la Constitución Nacional impide en definitiva deterioros significativos del poder adquisitivo de la remuneración del juez, en forma tal que no se vea comprometida su independencia, razón por la cual resulta indiferente cuál es el título por el que se paga la remuneración.
Medidas cautelares, marcas, registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA. s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

La medida otorgada concuerda con la pretensión principal y modifica e estado de una situación jurídica al suspender los efectos del registro marcario de DANONE; ello conduce a examinar su procedencia con estrictez (conf. esta Sala, causa n° 6272/00 del 27/9/00).Tribunal juzga que los requisitos para acceder a la precautoria no se dan en el caso. Frente al registro de "AWAFRUT" perteneciente a NESTLÉ se encuentra el de "SER AQUAFRUT" propiedad de DANONE que es explotado comercialmente; y lo cierto es que la actora no probó que el ejercicio de su derecho sea excluyente, al menos en forma provisoria, del de su contraria en esta etapa del proceso, Tampoco que exista peligro de que la coexistencia de dichos conjuntos durante el trámite de la causa pueda influir negativamente sobre la sentencia a dictarse tomándola inoperante o imposible de cumplir (art. 232, inciso 2 del Código Procesal y esta Sala causa n° 5004/03 del 21/8/03; Sala causas nº 2849/00 del 30/5/00 y n° 7438/00 del 12/12/00 y sus citas).
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C. y Otros (8) c/ Municipalidad de Trelew s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-28

La autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los casos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente por los jueces.
Democracia, referéndum
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALBERTO M. FONROUGE s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-22

El advenimiento de la democracia contemporánea ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clásico y obligará a reconocer a toda persona, legalmente capacitada, el derecho a tomar parte directamente en el gobierno de sus país, mediante el referéndum o cualquier otro medio de consulta o participación popular (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, presentación extemporánea, juicio ordinario posterior, firma, falsedad material, rechazo de la demanda, sentencia de trance y remate, cosa juzgada, fraude procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO c/ AZAR, JUAN s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

Si el juicio de conocimiento posterior tiene como punto central y único del debate la falsedad material de la firma atribuida al librador del documento ejecutado y ello constituye materia propia de las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo (CPr: 544-4°), no opuestas tempestivamente allí, la sentencia de trance y remate que se dictara en el proceso de ejecución ha adquirido autoridad de cosa juzgada material, que cedería sólo si se comprobase que el vencedor haya cometido un fraude contra el otro litigante, lo que, en el caso, no ocurrió pues este fue sobreseido en la causa penal (CPr: 334 y 336-4°); por tanto, debe rechazarse la demanda sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera caberle al letrado patrocinante que suscribió el escrito de oposición de excepciones presentado tardíamente en el juicio ejecutivo y al procesado que admitió en sede penal haber falsificado la firma.
Posesión, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: Spagnoli, Emilio B. c/ Valentín Speranza s/ Desalojo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-05-31

La acción de desalojo o restitución procede cuando existe obligación exigible de restituir (art.557 del Cód.Proc.Civ. y Com.). Pero cuando se trata de posesión -en el término del art.2351 y conc. del Cód.Civ.-, sea que el poseedor se enfrente con un tercero o con el titular del dominio, la solución debe buscarse en las acciones reales o posesorias respectivas. El demandado debe acreditar (aunque sea "prima facie") su calidad de poseedor, permitiéndole al actor intentar probar los extremos de su acción. La vía sumaria del desalojo restringiría la posibilidad de atender los supuestos de precariedad o intrusión.
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Francisco c/ Ermitel SRL y otro s/ Daños y perjuicios perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-12

En los casos de daños corporales, hasta tanto no exista exteriorización de la incapacidad, el daño no existe aunque se haya mantenido silencioso por un periodo largo de tiempo ya que el daño es (cuando se resarce la incapacidad) esa misma incapacidad. Por ende, la fecha de cese mal podría ser considerada como fecha de inicio de cómputo de la prescripción pues, no tiene porqué relacionarse el cese de la relación laboral o de la incidencia de los factores lesivos con la exteriorización de la incapacidad que hace manifiesto este aspecto del daño. Más allá de ello, en el caso, no cabe duda que la licencia por enfermedad inculpable concedida durante el plazo de un año - tal como está indicado en la demanda -, da cuenta de la exteriorización de la secuela incapacitante de la enfermedad que es lo que determina la existencia del título que da origen al plazo de prescripción. (del voto del Dr. Arias Gibert en minoría)
Cheque sin fondos, interpelación, falta de diligenciamiento, domicilio especial
Materia: PENAL
Carátula: VILLAREAL, ANTONIO NICASIO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-03

El requisito esencial de la comunicación del rechazo establecido por la figura del art. 302 inc. 1 del Código Penal no se cumple si aquella es devuelta sin diligenciar (según informe del servicio oficial de correos) pese a haber sido dirigida al domicilio especial constituido por el librador en el banco girado.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez Florencia Beatriz c/ Mallorca Jorge Rodolfo y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-19

Resulta eficaz para activar la presunción favorable a la existencia de un contrato de trabajo, que de acuerdo a los términos del art. 23 L.C.T. opera igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, resultando nulo todo aquel por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio, aplicándose en tal caso a la relación la L.C.T., normativa que por tal razón resulta de orden público y constituye el amparo mínimo que resulta indisponible para las partes. No resulta oponible a la actora que por su objeto la sociedad demandada se encontraba impedida de dirigir la comercialización de los planes de capitalización y ahorro que administraba, tampoco que se le haya otorgado a la actora una matrícula como productora asesora de planes de capitalización y ahorro, pues frente a un cuadro fáctico que permite avizorar la dependencia se debe reconocer la supremacía de la realidad sobre un título meramente formal. Del mismo modo la Resolución de la IGJN N° 8/2015, carece de relevancia en la dilucidación del debate en tanto no resultaba aplicable al período alcanzado por el reclamo.
Deuda previsional, recurso de apelación (procesal), medidas cautelares, AFIP DGI
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOMETAP S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-02

Toda vez que la recurrente ejerció el derecho que le acuerda el art. 11 de la ley 18.820, que el cuestionamiento se encuentra pendiente de resolución, que no se advierte que la presentación de autos se traduzca en una actitud meramente dilatoria por parte de aquél, y que lo dispuesto por el art. 12 de la ley 14.499 no resulta aplicable en esta etapa del planteo, la conducta asumida por la D.G.I. cursando a una entidad bancaria la comunicación que se inhabilite a la presentante para el otorgamiento de facilidades financieras, aparece desprovista de legitimidad, lo cual no significa desconocer el derecho al cobro del eventual crédito que pueda nacer en cabeza de la misma a resultas de la impugnación formulada, derecho que por otra parte, se encuentra suficientemente amparado en la legislación vigente (art. 10, dos últimos párrafos, ley 18.820).
Pago, prueba, prueba testimonial
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROBERTO OWSIANY c/ ALEJANDRO F. GONZALEZ  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-02

Sin importar su valor, el pago, acto jurídico unilateral, puede demostrarse por cualquier medio, incluso testigos.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Daniel, Marcelo Z. c/ Windaver, Andrés s/ Accidente de trabajo (art. 1113 C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Ocasionado el daño a la víctima por el estado vicioso de la cosa, su propietario es responsable en los términos del art. 1113, segunda parte, in fine del Código Civil si no se acredita que la conducta de un tercero interrumpió el nexo causal previsto en el régimen legal de aplicación.
Recurso contencioso administrativo, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, relación de causalidad, carga de la prueba, enfermedad accidente
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: CEBALLOS, PEDRO OSVALDO c/ COMUNA DE SA PEREIRA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 667 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

Es improcedente el recurso contencioso administrativo tendente a lograr la indemnización por accidente de trabajo reclamada por el actor consistente en un desvanecimiento con pérdida de conocimiento, con diagnóstico de "accidente cerebro vascular agudo, crisis hipertensiva y angor inestable", el que derivó en una incapacidad total y permanente, para cuya demostración invoca un certificado médico privado, desde que no corresponde considerar aquel evento como un accidente de trabajo a los fines de obtener reparación por ese título de conformidad con la ley respectiva por no hallarse presente el primer elemento configurativo de tal instituto, a saber, la concurrencia de un hecho externo -provocado por una cosa o por el hombre (que puede ser el mismo empleador, un compañero de la víctima o un tercero)- a la que pudiera atribuirse el desvanecimiento invocado. Antes bien, el desmayo debe considerarse efecto exclusivo del estado de salud del actor. Y tampoco procede la indemnización reclamada analizando tales dolencias desde la óptica de la "enfermedad accidente", ya que es un principio recibido, aquél por el cual cuando se solicita la reparación, en el caso de las enfermedades accidentes, hay que probar la relación de causalidad entre el padecimiento sufrido y la tarea desarrollada. Y, en el caso, si bien el actor sostiene que sus tareas exigían importantes esfuerzos físicos (limpieza de alcantarillas y cuneteo), no demuestra tal aserto ni desvirtúa las testimoniales que dan sustento a los dichos de la demandada en cuanto a que las labores encomendadas referían al corte de yuyos con maquinaria adecuada.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: INVERFIN S.A.C.F c/ MAYOL, VIRGILIO RAFAEL s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

La excesiva onerosidad sobreviniente, una defensa típicamente sustancial, no puede sustentar excepción, ni tampoco queja por falta de tratamiento, en tanto constituye una motivación que hace a la causa de la obligación, ajena a la ejecución del título hábil.-
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gamboa Claudio Marcelo c/ La Caja ART SA s/ Accidente-ley especial Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-04

La pretensión de actualizar la suma resultante de aplicar la ecuación del art. 14.2.a de la ley 24.557 mediante la aplicación del índice RIPTE, es improcedente. Ello porque el art. 8 de dicha ley establece que ".los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.". Los "importes" a los que alude el precepto legal se vinculan indudablemente a la suma adicional de pago único del art. 11 de la LRT, a los mínimos indemnizatorios (pisos) previstos en los arts. 14 y 15 como así a los valores correspondientes a la prestación adicional mensual por Gran Invalidez (art. 17) y, de ninguna manera, al valor que resulte de aplicar la ecuación prevista en el art. 14 inc.

2 a) ya que dicho apartado legal no prevé un "importe" sino una fórmula para calcular la indemnización que se adeude al damnificado. En el mismo sentido se ha expedido el art. 17 del anexo del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773
Lista de candidatos, lista cerrada, lista sábana
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mozzi, Germán Diego s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad -arts. 158 y 159 del CEN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

La lista cerrada y bloqueada es la que no puede ser modificada en modo alguno por el votante. Permite al elector dar su voto a una lista en bloque. El elector tiene que ceñirse al orden de aparición de los candidatos en la lista; no puede alterarlo.

La expresión "lista sábana", cuya acepción generalizada refiere el supuesto descripto anteriormente, supone -en rigor- la unión física de varias listas para diferentes cargos.

A modo de ejemplo: una lista en la que van unidas las candidaturas para presidente y vicepresidente de la nación, diputados nacionales, provinciales, concejales municipales, etc.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HAUER SCHADLLICH BEATRIZ c/ TRANSPORTE LIZANA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A075 - 102)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-07

En torno a los honorarios por los recursos de aclaratoria, el apartado final del art. 15 de la ley de aranceles establece su viabilidad y porcentaje. Resulta irrelevante la incorporación de la condena en costas por las aclaratorias, ya que intengrando ambos la sentencia, debe estarse a la imposición de costas hecha en aquella.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, tareas de mantenimiento
Materia: LABORAL
Carátula: MACHUCA, FRANCISCO c/ ALBORNOZ, JOSE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

La afirmación de que el mantenimiento eléctrico constituye un trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica propia del establecimiento es, por cierto, materia opinable.Puede constituir uno de los tantos servicios que la demandada contrata con terceros como limpieza, vigilancia, gas, teléfono, etc, respecto de cuyos dependientes sería absurdo considerarlos empleados suyos y que no corresponden a la actividad normal y específica propia del establecimiento, que en el caso concreto es la de montaje de automóviles. (del voto del Dr. Morando, en minoría)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, JULIO CESAR C/ EDELAP SA y OTRO S/ LEY 22.250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

El régimen de responsabilidad vicaria del art. 30 no es aplicable en forma directa a obligaciones nacidas del empleo en el marco del estatuto de la ley 22.250, requiriéndose como condición previa que resulte viable la solidaridad de acuerdo al art. 32 de este régimen legal particular. El párrafo incorporado por la ley 25.013 al art. 30 LCT no desplaza el régimen de solidaridad previsto por el art. 32 de la ley 22.250 ni opera en forma "paralela" a éste ni, por lo tanto, desplaza la operatividad de la doctrina que emerge del Acuerdo Plenario Nª 265. De acuerdo con esa directividad plenaria, el art. 30 de la L.C.T. no es aplicable a las relaciones regidas por la ley 22.250 ya que ésta contiene una norma que contempla específicamente la cuestión (arg. art. 2 LCT).
Accidentes de trabajo, seguro por accidente de trabajo, cláusulas inoponibles al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: LUDUEÑA, JUSTO c/ MINUTOLO  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Si en el contrato de seguro, el asegurado se obligó por cláusula expresa a denunciar el siniestro dentro de las 24 horas de conocido, e incumple con tal obligación, la pertinencia de la defensa opuesta por el asegurador lo es sólo tentre las partes del contrato y resulta inoponible al trabajador, sin perjuicio de los derechos que puedan ejercerse contra el asegurado.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, trámites judiciales, rechazo in límine, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: UNION VECINAL "HUERTO DEL SOL"- LA PUNTILLA- LUJAN c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ Acción Amparo (LIBRO: A074 - 362)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-22

Es improcedente el rechazo in límine del amparo si éste se basa en la merituación de prueba informativa para determinar el dominio ordenada por el propio tribunal y que deberá valorarse al momento de sentenciar. Máxime si además de titulares de dominio accionaron habitantes vecinos que dicen ser afectados.-