Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12


SENT.DEF.Nº: 19.914	EXPTE.Nº: 5.446/09 (28.034) JUZGADO Nº: 12 SALA X AUTOS: "GOMEZ GRISELDA LORENA C/ SOCIEDAD INTEGRADA DE TRABAJO ENERGETICOS S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, 12/06/2012.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los recursos que contra la sentencia de fs. 380/393 formulan las codemandadas Sociedad Integrada de Trabajos Energeticos S.A. a fs. 402/410, Proyección Seguros de Retiro S.A. a fs. 413/418 y la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate a fs. 419/420, mereciendo réplicas adversarias a fs. 434/436 y 442/446.

La demandada Sociedad Integrada de Trabajos Energéticos S.A. (en adelante Site S.A.) apela la condena que fue dictada contra ella con sustento en el art. 1113 del Código Civil. La recurrente disiente con la valoración de la prueba y la aplicación del derecho resueltas por el juez "a quo" al afirmar que no fueron adecuadamente analizadas las defensas referentes a la existencia de culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad. Además, recurre la admisión del planteo de inconstitucionalidad formulado por los causahabientes contra lo dispuesto en el art. 39.1 de la LRT en cuanto veda la posibilidad de accionar con sustento en el derecho civil; cuestiona el monto del resarcimiento fijado en origen por considerarlo excesivo; recurre la tasa de interés que se ordena aplicar y apela los honorarios regulados a favor de los profesionales actuantes por estimarlos altos. En otro orden, pretende que la condena al pago de una reparación integral se haga asimismo extensiva a la aseguradora de riesgos de trabajo por ella citada con fundamento en el derecho común y apela la imposición de las costas generadas por la intervención esa tercera.

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate (en adelante CEZ) apela la condena dictada contra ella que afirma resulta improcedente porque cumplió con el deber de control de la contratista que le impone el art. 30 de la LCT.

La codemandada Proyección Seguros de Retiro S.A. (en adelante Proyección CSR S.A.) apela el haber sido condenada a reintegrar a los causahabientes el capital que le fue oportunamente transferido por Arauca Bit AFJP S.A. (ya liquidada), previa declaración de inconstitucionalidad de las normas de la LRT que establecen el pago de las prestaciones dinerarias del sistema mediante una renta periódica. Esta recurrente apela la admisión de la pretensión que afirma contradice la conducta previamente asumida por los causahabientes por el hecho de haber suscripto el contrato de renta vitalicia y haber percibido sumas por ese concepto; cuestiona la forma en que fue establecida la obligación de condena y solicita que se ordene deducir del monto de capital las sumas que abonaron en cumplimiento de lo acordado y apela los intereses moratorios establecidos en grado por considerarlos excesivos.

A fs. 397 apela asimismo la perito contador por estimar bajos los honorarios que fueron regulados a su favor.

Oída que fue la opinión de la Defensora de Menores e Incapaces de Cámara a fs. 465/466, quien en representación de las menores Carolina Dense y Magalí Julieta Valdez procedió a replicar los recursos formulados por las demandadas, las actuaciones se encuentran en estado de dictar la sentencia.

2º) Los actores iniciaron la presente demanda en procura del cobro de una indemnización por los daños material y moral que les produjo la muerte de Claudio Alberto Valdez, quien fuera cónyuge de la demandante y padre de los menores que ésta representa. Refirieron que en fecha 20/09/2006 el causante sufrió un accidente fatal por electrocución mientras realizaba una conexión al poste de alumbrado público en cumplimiento de ordenes que le había impartido la empleadora. Entablaron la acción contra la empresa constructora Site S.A. como empleadora y la cooperativa CEZ como propietaria del tendido eléctrico con sustento en los arts. 1113 y 1109 del Código Civil, previo planteo de inconstitucionalidad del 39.1 de la LRT. La magistrado de grado admitió las pretensiones de la demanda y contra esa decisión apelan ambas demandadas. Adelanto opinión desfavorable a los agravios vertidos por las recurrentes.

Llega firme a esta instancia la existencia del accidente de trabajo que produjo el lamentable deceso del causante, tal como fue reconocido por la empleadora Site S.A. En cuanto a las circunstancias materiales del siniestro, entiendo que en el presente juicio han sido acreditados extremos fácticos suficientes para responsabilizar solidariamente a esta última y a su comitente CEZ por el daño causado con fundamento en el derecho civil.

Reiteradamente he sostenido que la procedencia de una pretensión de reparación integral como la intentada en la demanda se supedita a que el/la trabajador/a o sus causahabientes demuestren la existencia de un daño en relación de causalidad adecuada con alguno de los factores de atribución de responsabilidad, ya sea de índole subjetiva (v.g. dolo, culpa o incumplimiento contractual) u objetiva (v.g. vicio o riesgo de una cosa o responsabilidad refleja por actos del dependiente) que resulte atribuible al empleador, salvo que se alegue y demuestre la concurrencia de alguna de las causales eximentes de responsabilidad legalmente previstas (arg. arts. 508, 511, 512, 1074, 1109, 1113 y cctes. del Código Civil; art. 75 inc. 1º LCT).

En el caso, las declaraciones testificales de Dimartino y Colombo (fs. 287 y 289) corroboran que la codemandada CEZ, concesionaria exclusiva del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en el área del partido de Zárate de la provincia de Buenos Aires, delegó la realización de los servicios de conexión y mantenimiento del cableado eléctrico a la empresa constructora Site S.A., empleadora del actor, tal como fue referido por las demandadas en el responde. Además, del informe técnico realizado en el marco de la causa penal que se inició con motivo del accidente fatal del Sr. Valdez se extrae que, al momento del accidente el trabajador no tenía medios de protección personal adecuados para evitar el riesgo específico de la tarea que le había sido encomendada, ya que no contaba con: a) un detector de ausencia de tensión, b) cobertores o mantas para colocar en las partes donde el cableado no tenía la correspondiente aislación (en el caso, por diversas peladuras del cable atribuibles a una conexión clandestina) y c) guantes dieléctricos en buenas condiciones técnicas de uso para garantizar la aislación (v.gr. se constató que los guantes de vaqueta que utilizaba la víctima al momento del siniestro estaban agujereados en dos dedos de la mano izquierda). Con sustento en las conclusiones del informe médico forense señala como hipótesis de los hechos que el trabajador pudo haber contactado con ambas manos el cableado que carecía de aislación mientras intentaba realizar la conexión (ver fs. 124/08/109 de la causa nº 108.002 UFI 2 de la ciudad de Zárate, "Muerte dudosa/ víctima: Valdez, Claudio A." que en copia certificada obra en el sobre de prueba adjunto como anexo nº 154/10). Los elementos probatorios referidos evidencian la existencia de condiciones de seguridad laboral adversas al momento de los hechos (art. 386 CPCCN).

En el contexto fáctico apuntado, resulta indudable que la electricidad que impactó en el cuerpo del actor provocándole la muerte constituyó una "cosa" riesgosa en los términos del artículo 1113, ap. 2º, del Código Civil que se halla en relación de causalidad adecuada con el resultado dañoso. En consecuencia, correspondía a las demandadas, como dueñas y/o guardianas de la cosa productora del daño, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero ajeno por el que no debe responder (CSJN, 28/04/92, "Machicote, Ramón Hugo c/ Empresa Rojas S.A."; Fallos 315:854 y sus citas). Dado que en la especie alegaron culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad, pesaba sobre ellas la carga procesal de introducir en el pleito una "prueba concluyente" demostrativa de que el accidente del trabajo tuvo por causa una actuación negligente del damnificado (CSJN, 11/07/06, "Rivarola, Mabel Angélica c/ Neumáticos Goodyear S.A.", Fallos: 329:2667).

Dicha carga probatoria no ha sido satisfecha. La demandada pretendió atribuir responsabilidad a la víctima al afirmar que incurrió en negligencia o impericia ya que al momento del accidente no estaba utilizando los guantes dialéctricos que le habían sido provistos por la empresa. Ese argumento soslaya que, según lo informado en la experticia técnica antes mencionada, los guantes que menciona no se hallaban en adecuadas condiciones técnicas de uso para lograr la aislación. El experto informó además que el actor no tenía una extensa antigüedad en el empleo (poco más de un año y medio) y no había recibido una capacitación adecuada en materia de prevención de riesgos. De lo expuesto se infiere que no hay ninguna prueba asertiva respecto de la existencia de una actuación negligente de la víctima que guarde una relación de causalidad adecuada con el resultado dañoso. En definitiva, no hay prueba concluyente de la existencia de culpa de la ´victima como causal eximente de responsabilidad (art. 512, Código Civil).

Tengo así por reunidos presupuestos fácticos sufientes para responsabilizar a Site S.A. y a CEZ como dueñas y/o guardianas de la cosa riesgosa que produjo el resultado fatal con sustento en el art. 1113 del Código Civil.

No obsta a la conclusión antedicha el alegado cumplimiento de los deberes formales del art. 30 de la LCT que la comitente CEZ alega al apelar, en la medida en que la responsabilidad que le fue atribuida a esta última no es una responsabilidad refleja que deriva del hecho de un tercero (el contratista), sino de su condición de dueña y/o guardiana de la cosa riesgosa dañoso con sustento en el derecho común como responsable directa (art. 1113 cit.).

En consecuencia, sugiero confirmar la sentencia en cuanto decide en relación.

3º) En orden al planteo de inconstitucionalidad incoado por los actores contra el art. 39.1 de la LRT, cabe memorar que el Alto Tribunal en autos "Aquino Isaac c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (del 21/09/04, pub. en DT 2004-B, pág. 1286) ha señalado que el art. 39 apartado 1º se aparta de la concepción reparadora integral y excluye, sin reemplazo con análogos alcances, la tutela de los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, lo cual no se adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de proclamar que tiene entre sus objetivos, en lo que aquí interesa, ". reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales" (art. 1º, inc. 2.b.), negando a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio 'alterum non laedere', la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, que no deben cubrirse sólo en apariencia.

En el caso bajo examen, la veda que impone el sistema normativo de la ley 24.557 vulnera derechos de raigambre constitucional al impedir al actor el ejercicio de una acción en procura de la reparación integral -repárese que sufrió una limitación funcional como consecuencia de la manipulación de una cosa riesgosa de la que se sirvieron la empresa contratante y la usuaria- sin que exista razón objetiva alguna que justifique un tratamiento diferenciado de quien celebró un contrato de trabajo de los derechos que le asisten al resto de los ciudadanos por imperio del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Como lo sostuviera la Dra. Argibay en los autos "Díaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." (CSJN, 7-3.2006), al referirse al voto de los doctores Petracchi y Zaffaroni en el caso "Aquino", el art. 39.1 de la LRT es inconstitucional en general, incluso sin necesidad de formular un cotejo numérico entre el sistema de la ley24.557 y el derecho común. Ello es así por cuanto dicho artículo no puede ser presentado como una norma en principio constitucional, en la medida en que su letra desconoce la regla según la cual todas las personas tienen derecho a la protección de las leyes contra la interferencia arbitraria o ilegal de terceros en sus vidas o en el ejercicio de sus derechos (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional).

Entiendo que la doctrina citada resulta mutatis mutandi aplicable al caso de autos, razón por la cual sugiero confirmar la sentencia de grado en cuanto decide en relación.

4º) En lo atinente a la cuantía del resarcimiento, cabe remarcar que cuando se acciona por la ley civil debe tenerse en cuenta el principio de reparación integral y plena consagrado por los arts. 1060, 1077, 1082 y 1113 del Código Civil. A tales efectos son parámetros útiles para considerar la entidad del perjuicio a resarcir la edad del actor a la fecha del accidente (29 años), la categoría laboral (oficial electricista), su antigüedad en el empleo (poco más de un año y medio), el nivel remunerativo que había alcanzado (que oscila entre $2.302,88 como la mejor remuneración percibida y $1.707,50 como su ingreso base mensual) y las demás circunstancias fácticas, tales como la existencia de cargas de familia (una viuda de 26 años con dos hijos menores a cargo). Todo ello, sin atenerse a fórmulas matemáticas que atienden exclusivamente a la persona en su faceta laboral como prestadora de servicios (C.S.J.N. A 436 XL "Arostegui c/ Omega A.R.T.", fallo del 8/4/08).

Desde la precitada perspectiva, considero que la indemnización de $500.000 ($400.000 por daño material y $100.000 por daño moral) que fue prudencialmente estimada en la primera instancia es razonable y acorde con las circunstancias del caso, razón por la cual propongo su confirmación.

5º) La demandada Site S.A. pretende que la condena al pago de una reparación integral se haga asimismo extensiva a la aseguradora de riesgos de trabajo por ella citada con fundamento en el derecho común y, a todo evento, apela la imposición de las costas generadas por la intervención del tercero. Adelanto que la queja no tendrá favorable tratamiento.

La aseguradora Luz Art S.A. (hoy su quiebra) no fue demandada por los actores sino que ha sido citada como tercero obligado en los términos del art. 96 del CPCCN por la empleadora demandada Site S.A. Si bien aquella no compareció ante la citación, ante la constatación de su quiebra (fs. 195) se presentó espontáneamente la aseguradora Prevención Art S.A. quien invocó el carácter de administradora legal del fondo de reserva previsto en el art. 34 de la LRT correspondiente a la fallida (212/223). Memoro que el fondo de reserva aludido tiene por expresa finalidad ". satisfacer el pago de las prestaciones a cargo de las ART que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación".

Si bien el art. 96 del CPCCN autoriza a ejecutar la sentencia contra el tercero citado, ello es así en la medida en que proceda de conformidad con los términos de traba de la litis que corresponden al pronunciamiento por aplicación del principio de congruencia (arts. 34 inc. 4º y 163 inc. 6º, CPCCN; art. 18 Const. Nac.).Obsérvese que nada de ello alegaron los actores ni la propia citante al formular la citación (ver fs.127 in fine). Por ello, dado que la demandada recurrente no rebate que en autos resultó acreditado que las prestaciones de la LRT que se hallaban a cargo de Luz Art S.A. (hoy su quiebra) fueron oportunamente satisfechas por la obligada, sugiero confirmar la sentencia en cuanto rechazó por razones del fondo la citación de tercero. En atención a la forma de resolverse la cuestión litigiosa, sugiero asimismo mantener la imposición de las costas generadas por la intervención del tercero a la demandada citante que se ajusta a lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal.

6º) La compañía de seguros de retiro Proyección CSR S.A. apela la sentencia de grado en cuanto la condenó en forma concurrente a reintegrar a los actores la suma de $180.237,58 que le había sido oportunamente entregada para la constitución del capital previsto en el art. 15.2 de la LRT. Pretende el rechazo de la pretensión con fundamento en la doctrina de los actos propios y, a todo evento, solicita que se compense el capital de condena con las sumas que abonó a los actores en concepto de renta durante la vigencia del contrato. Las pretensiones no tendrán favorable tramiento.

En cuanto al reclamo sustantivo, memoro que los causahabientes del trabajador fallecido iniciaron la acción contra la aseguradora Proyección CSR S.A. en reclamo del reintegro del capital que le fuera oportunamente depositado a instancias de la aseguradora de riesgos del trabajo obligada conforme lo previsto en los arts. 15.2 y 18 de la LRT, previo planteo de inconstitucionalidad de lo establecido en dichas normas. Si bien admitieron la suscripción del contrato de seguro de la renta vitalicia respectivo, alegaron haberlo hecho por estado de necesidad (fs. 15/29). Al contestar la demanda, dicha codemandada planteó una excepción de competencia (que fue rechazada en la ya mencionada resolución de fs. 159/162), admitió la condición de depositaria del capital previsto en las normas cuestionadas e invocó la doctrina de los actos propios como óbice a los diversos planteos de inconstitucionalidad formulados por los actores (fs.61/70). La magistrada de grado admitió el planteo de inconstitucionalidad incoado y condenó a la codemandada Proyección CSR S.A. a abonar en un solo pago y mediante depósito judicial la suma del capital que le había depositado en marzo de 2008 por Arauca Bit AFJP S.A. y la decisión motiva la apelación que se analiza. La admisión del planteo de inconstitucionalidad incoado contra los arts. 15.2, 18 y 19 de la LRT se corresponde con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa "Milone Juan Antonio c/ Asociart S.A." (26/10/04, M.3724, XXXVIII). En dicha oportunidad, el tribunal cimero sostuvo que: ".no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir que el medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los "objetivos" legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las "efectivas damnificados".."la inversión del capital en forma directa por el interesado puede servir al mejor desenvolvimiento económico del mismo" . "Aun cuando no se trate de una norma aplicable a la presente contienda.el decreto 1278/2000 reformó el art. 14.2.b y añadió a la renta periódica un importe adicional de pago único (art. 6). Por esta modificación, expresan los considerandos de ese cuerpo legal, se pretende "dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador [...], originadas en el infortunio laboral" . "tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional atestiguan la inconsistencia de las reglamentaciones que.se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador. Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador y, en su caso, a la familia de éste a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia. Que, en suma, aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche. por no establecer excepción alguna necesidades que experimentan los causahabientes para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura.". En igual sentido se pronunció el máximo tribunal en los autos "Suárez Guimbard, Lourdes c/ Siembra AFJP S.A. s/ indemnización por fallecimiento" (sentencia del 24/06/2008). Si bien la doctrina citada analizó las disposiciones del art. 14.2.b de la LRT referentes a un caso de incapacidad definitiva, la doctrina allí sentada resulta mutatis mutandi aplicable al caso de muerte del trabajador, razón por la cual confirmar la sentencia recurrida en cuanto decide en relación.

No obsta a la admisibilidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por los actores el hecho que hayan percibido las sumas en concepto de renta fija prevista por la LRT. Ello es así, en la medida en que el sometimiento a las normas que rigen un supuesto no importa hacer lo propio de las que regulan el otro (cfr. CSJN, 12/06/2007 en autos "Llosco, Raúl c/ Irme S.A. y otra s/ recurso de hecho"). En igual sentido se ha pronunciado esta sala al resolver planteos de similares aristas fácticas (SD 16.375 del 20/11/2008 e autos "De Vivo, Mónica Julia c/ La Caja ART S.A."). De allí que la condena al reintegro del capital pretendido por los actores resulta ajustado derecho y debe mantenerse.

En cuanto a la pretendida compensación requerida por la recurrente, cabe puntualizar que corresponde al deudor elegir la deuda a la cual imputa el pago y tal elección debe ser hecha al momento de emisión del recibo (arts. 773 y 778 Cód. Civil). De tal modo, si la recurrente optó por imputar las sumas que abonó a los causahabientes del trabajador fallecido a la renta convenida, no puede válidamente volver sobre sus actos en esta instancia (teoría de los actos propios) para atribuirle el carácter de un pago a cuenta de la devolución del capital, razón por la cual sugiero desestimar la petición.

7º) Los intereses moratorios establecidos en origen coinciden con los que diversas salas han considerado razonables para el período en cuestión (cfr. acta de la Cámara Nº 2357 del 7/05/2002 y resolución Nº 8 del 30/05/2002), de modo que deben mantenerse.

8º) En atención al mérito, complejidad y extensión de las tareas cumplidas en la primera instancia y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, los honorarios fijados en origen a favor de los profesionales actuantes resultan equitativos (art. 38 LO y cctes. de la ley 21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16.638/57).

Postulo que las costas de alzada se impongan a las demandadas vencidas (en el caso de Proyección CSR S.A. en igual proporción a la del monto de condena), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria cit.).

Por lo expuesto, voto por: I. Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Imponer las costas de alzada a las demandadas vencidas (en el caso de Proyección CSR S.A. en igual proporción a la del monto de condena), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria cit.).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 LO).

Como resultado del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: . Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; II. Imponer las costas de alzada a las demandadas vencidas (en el caso de Proyección CSR S.A. en igual proporción a la del monto de condena), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria cit.).

Copiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

ANTE MI: