marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empresa, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ROSSI DE ARCEGUET NORMA ESTELA c/ CIA. ARGENTINA DE TELEFONOS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-21

Empresa es la reunión de medios materiales y de un personal permanente que trabaja, en general, en el mismo lugar y en la misma tarea, y que está destinada a una dirección técnica común. En el caso de autos, se trata de una central telefónica que funcionaba manualmente, con operadores y su automatización implica la cesación de actividades, porque los materiales y la técnica a emplear resultan sustancialmente distintos, no siendo necesario más personal que la opere manualmente.
Plazos procesales, plazo de gracia, concursos, fecha cierta, ley procesal, interpretación de la ley, leyes, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Bollatti, Norberto Mario y Di Santo de Bollatti, Ebe Telma s/ Concurso preventivo (Expte Nro. 212-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-12

En cuanto a la compatibilidad o no del "día de gracia" con los principios de celeridad y economía que rigen el proceso concursal, no parece discutirse la aplicabilidad del régimen procesal local en cuanto se recurriese a normas que permitieran la realización de la actividad dentro del plazo íntegro, aunque ello obligara al litigante a obtener cargo de actuario o de escribano de Registro;

con la única diferencia, en nuestra Provincia, de dar fecha cierta a la expresión de voluntad, ya que a los efectos que aquí interesan -o sea, al alongamiento de los plazos incompatibles con los principios de este tipo de proceso-, legalmente no habría diferencia alguna, ya que el artículo 52 prevé la entrega del escrito con cargo en las horas de audiencia del día inmediato, al igual que el artículo 70 in fine de la ley 5531. (De los Fundamentos de la Dra.

Lepenies). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Rige el plazo adicional previsto por el artículo 70 del C.P.C.C. llamado "día de gracia" en los procesos concursales?
Prórroga de la prisión preventiva, Ministerio Público Fiscal, prisión domiciliaria, crímenes de lesa humanidad
Materia: PENAL
Carátula: CARLUCHO, Raúl Omar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-06

De las constancias obrantes en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100 surge que, ante la inminencia del vencimiento de la prórroga de prisión preventiva los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron al "a quo" el cese de la prisión preventiva del imputado, la cual viene cumpliendo el nombrado en detención domiciliaria. Dicha posición fue sostenida por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara en ocasión de dictaminar en el marco del Legajo de Control elevado por el "a quo". La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su oposición al cese de la prisión preventiva propiciado por el Ministerio Público Fiscal ante el "a quo" con fundamento en "la gravedad del delito imputado al imputado y su calificación como crimen de lesa humanidad; y la víctima fue notificado a tenor de lo normado por la Ley de Víctimas (Ley 27.372), en el marco del trámite de la presente incidencia ante la anterior instancia, con la intervención de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haciéndole saber que podía manifestar su opinión vía e-mail, sin haberse recibido presentación alguna del nombrado.
Condominio, facultades de los condóminos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gauna, Mario y otros c/ Díaz, Enrique y otro s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

No debe confundirse el modo en que los condóminos han de resolver "si la cosa debe ser puesta en administración o alquilada o arrendada" (art. 2699, C.C.), con el derecho que a cada uno de ellos asiste a hacerse indemnizar, en proporción a su parte, por el uso que los otros, o uno de ellos, hagan del bien indiviso.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, mercadería deteriorada, presunción juris tantum
Materia: AERONAUTICO
Carátula: LA TERRITORIAL CIA. DE SEGS. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-10

La presunción hominis que, en los supuestos de mercadería observada en "mala condición", lleva a pensar que las pérdidas se produjeron durante la realización del transporte, queda destruida cuando el conjunto -formado por el continente y el contenido- conserva su peso; y es reemplazada por otra, impuesta también por el buen sentido, que indica que si los pesos son idénticos y no se ha invocado y/o probado la introducción de elementos extraños, el faltante establecido tiempo después -en el caso, cuando la mercadería llevaba más de dos meses en el depósito fiscal no puede ser atribuido a responsabilidad del transportador.
Derecho procesal, gastos del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: REYES ADOLFO c/ BUSTOS JUAN JOSE Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-18

No se trata de avalar que el actor se haya creído con razón suficiente para litigar ya que, como se explicó, todo demandante cree tenerla; sino de sostener que el demandante tenía una imposibilidad cierta de conocer, al momento de demandar, los alcances de la responsabilidad de cada uno de los intervinientes en la cadena de atención del enfermo.
Prueba, sana crítica racional
Materia: PENAL-PROCESAL PENAL
Carátula: LUQUE RAMON RAFAEL Y OTROS s/ VIOLACION-VALORACION DE LA PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-24

La valoración de la prueba significa, como lo anuncia la denominación que legislativamente la ordena, una sana crítica racional. No se trata de sumas de testimonios para encontrar si son mas o menos los favorables o desfavorables; no, eso sería una cuantificación de prueba que nos retrotraería al superado sistema de la prueba legal. Es necesario encontrar una lógica, una racionalidad, una coherencia, un sentido com un a lo que se manifiesta; por otro lado, una explicación suficiente de las motivaciones y aspectos originales de las acciones que se invocan.-
Poder Legislativo, creación de moneda, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Aun cuando el valor de la moneda se establece en función de las condiciones generales de la economía, su fijación es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendiente a su determinación.
Solve et repete, inconstitucionalidad, defensa en juicio, contribuyentes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. C c/ MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28

Del estudio de los presentes autos se exterioriza, en forma evidente, suficiente capacidad económica, por parte del recurrente, para afrontar el pago previo de las sumas exigidas, en concepto de diferencia de impuesto a los sellos y Fososa, por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.

Esto es, el recurrente, no alegó imposibilidad de abonar las sumas reclamadas por Dirección de Ingresos Públicos, por lo que no estamos en presencia de excepciones admitidas por el Alto Tribunal de Justicia, respecto de la validez constitucional que requieren el pago previo de las obligaciones fiscales y que no importan -en el caso, ante la evidente capacidad económica del Banco Nación Argentina- un real y efectivo menoscabo de la defensa en juicio. (Conf. STJSL 213/07 Aeropuertos Argentina 2000 SA c/ Superior Gobierno de la Pcia. de San Luis-Recurso Contencioso Administrativo, 6/06/07).
Convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Murad, Rafael José c/ Telecom Argentina s/ Cobro de quinquenios, S.A.C., etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-09-06

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien se agravia en cuanto la sentenciante entiende que el art.66 del Convenio 165/75 sobre quinquenios había sido suspendido por el laudo arbitral 2/90, y que por lo tanto este beneficio no le era aplicable, porque éste se había jubilado en plena vigencia del laudo. Ello así, ya que surge claro que el Estado -conforme el art.2 de la ley 23126- otorgó al Ministerio de Trabajo la facultad de laudar en casos como el presente, así como el Decreto 1757/90 estableció que transitoriamente y hasta tanto se formalicen los nuevos convenios colectivos, las cláusulas convencionales o contenidas en acuerdos de cualquier naturaleza que afectan la productividad o atentan contra las facultades previstas en los arts.64 y 65 de la ley 20744, y siendo que la cláusula 66 del convenio colectivo al momento de la desvinculación del actor para acogerse a la jubilación ordinaria carecía de efecto, por el hecho de que en el Convenio posterior Nro.163/91 se haya reestablecido, no puede llevar a la conclusión de que quién terminó la relación laboral en el período en que estaba dispuesto que la cláusula no regía o carecía de efectos, los readquiriera.
Empleados públicos, deberes de los agentes de la administración pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villata, Alfredo Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

A tenor de lo que establecen los distintos estatutos dictados para los empleados públicos, corresponde al agente prestar servicios en forma regular y continua dentro de horario general o especial de acuerdo con la naturaleza de los mismos (conf. art. 39, ley 7575;

art. 55, dec. ley 8721; art.66, ley 10.430), de lo que se infiere que la remuneración que se abona a los mismos no se modifica con las variaciones horarias que puedan producirse, dejando de lado, obviamente, la eventual prestación de un mayor horario por el cumplimiento de horas extraordinarias.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), honorarios, jus, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRAUSIN, MIGUEL ANGEL c/ BRUNA, FRANCISCO JUAN Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-04

La resolución impugnada, en cuanto ordena cuantificar los honorarios regulados y perseguidos por vía de apremio según el valor de la unidad jus vigente a la fecha en que habían quedado firmes las regulaciones respectivas -y más allá de lo que pudiera haberse resuelto previamente en torno a la impugnación de la primera planilla formulada-, se ajusta al criterio establecido por esta Corte en la causa "Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna", pronunciamiento de la mayoría, a cuyos fundamentos in extenso corresponde remitir por razones de brevedad); no vislumbrándose en esa faceta del decisorio, a la luz de los planteos vertidos por los quejosos examinados en el grado propio de este estadio, cuestión constitucional alguna que habilite el franqueamiento de la vía establecida en la ley 7055. - CITAS: CSJStaFe: Municipalidad de Santa Fe c. Bergagna, AyS T 276, p 294/326.
Ley procesal, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: De Pedro y Ordónez de Cacciabue, Eloisa Teresa y otros c/ Guajardo, Carlos Julián (test.) y otros. s/ Daños y perjuicios - Incidente de nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tienen por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio; todo lo cual no puede lograrse si se rehuye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio.
Renta vitalicia, doctrina de los actos propios, asegurador, responsabilidad del asegurador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gayoso, Julio César c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-30

No puede confundirse la posibilidad de obtener un beneficio -sí imprescriptible- con su efectivización, y dado que la renta vitalicia previsional prevé que ésta se concrete en pagos periódicos, la inacción en procura de los mismos no puede ser demorada sine die. Admitir lo contrario vendría a contradecir la teoría de los actos propios, y extendería la responsabilidad de la aseguradora alterando las pautas y lími-tes del propio negocio. (Disidencia del Dr. Poclava Lafuente).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, falta de agravio concreto, proceso penal, apreciación de la prueba, segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: I., A. O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 169 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

No puede merecer favorable acogida el reparo del recurrente-Fiscal de Cámaras- centrado en que el Tribunal, al disponer la apertura de la causa a prueba en segunda instancia y decidir qué medidas debían practicarse y cuáles no, cerró la posibilidad de agotar la investigación, desde que en el recurso no se controvierten las razones de economía y celeridad procesal en las cuales se basó la Sala para justificar tal decisión; tanto más cuando luego de ello sostuvo que no tomó en cuenta las probanzas practicadas, las que sólo tuvieron un resultado meramente corroborante del material probatorio colectado en instrucción. En suma, ante lo afirmado por el Tribunal acerca de que consideró conveniente -en atención a las particularidades, importancia y trascendencia del caso- abrir a prueba en exclusivo interés de la parte acusadora apelante, dándole así la posibilidad de proponer incluso otras probanzas distintas a las despachadas por el Tribunal, se abrían para la parte dos alternativas: que las nuevas incorporaciones le brindaran elementos de juicio contrarios a los tenidos en cuenta en el auto apelado, con los cuales pudiera atacar en la apelación ya no el plano formal del decisorio sino lo sustancial del mismo; o bien -y por el contrario- que las nuevas pruebas pudieran formarle criterio acorde al del a-quo, y de tal modo tener oportunidad de desistir del recurso obviando la intervención decisoria de la Alzada. Y bien, el compareciente no alcanza a demostrar -en concreto- cuál sería el perjuicio que le habría irrogado la falta de producción de las pruebas que su parte reputara faltantes y a las que el Tribunal no accediera, tal, la reconstrucción del hecho, y en qué medida ello podría haber hecho variar la suerte de la causa, razón por la cual el agravio se disipa por ausencia de demostración del gravamen concreto que le causa la decisión.
Seguro por accidente de trabajo, seguro de vida obligatorio, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Torres, Martín Alejandro c/ Carrascosa, Aldo s/ autorización para firmar carta poder - ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

La demanda cuya apreciación necesariamente se inscribe en una preceptiva general cuya hermenéutica presupone la incorporación de la empleadora en el seguro obligatorio - o, en su caso, autoasegurada - tropieza, en el limitado marco cognoscitivo relativo a las cuestiones de competencia, con la ausencia de una solución legal explícita, dada la sola presencia como sujeto pasivo a un empleador, presunto infractor de lo establecido por los arts. 3, ap. 3 y 27, ap. 1, de la ley 24.557 y lo dispuesto por las disposiciones de fondo y reglamentarias (especialmente los arts. 10 y 11 del decreto 717/96).
Caducidad de instancia, segunda instancia, demora en la elevación de los autos
Materia: CIVIL
Carátula: CHACHIG VDA. DE CRAVCHIK FANNY Y OTRA s/ Testamentaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-25

El art. 313 del Código Procesal establece que en los supuestos en que la prosecución de los trámites depende de una actividad impuesta por ese código o por la reglamentación de superintendencia al secretario u oficial primero, resulta improcedente la caducidad de la instancia (conf. Palacio, "Estudio de la reforma", pág. 129, nro 40).- Este principio no puede aplicarse si a raíz de la existencia de varias partes apelantes, e incluso cuando las actuaciones pasan a otro tribunal, se impide que la causa se eleve en la oportunidad pertinente. La existencia de este tipo de circunstancia torna inaplicable el aludido art. 313 pues no parece razonable que éste pueda interpretarse como una exigencia al funcionario para que revise diariamente cada uno de los casilleros de la secretaría, con el fin de verificar si existe un expediente en condiciones de ser remitido al Tribunal de Alzada. Ese no es el fin perseguido en la norma.-
Ejecución de sentencia, conducta procesal, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Scherrer, Lidia María c/ A.N.Se.S. s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

La displicencia con que actuó el organismo ante las intimaciones que le fueron formuladas para practicar liquidación, a pesar de estar en conocimiento desde años antes al primer requerimiento que el beneficio de que se trata había sido dado de baja por fallecimiento del titular sin generar derecho a pensión; y la insistencia del letrado de la parte actora en avanzar con los trámites de ejecución años después de acontecido el deceso de su cliente -circunstancia que no debía ser desconocida para él-, llegando a reclamar y obtener la imposición de sanciones pecuniarias improcedentes, configuran conductas procesales que comprometen la correcta aplicación de los recursos de cuya preservación y sana administración es responsable la A.N.Se.S., a la vez que generan un dispendio de actividad procesal que agrava la situación de colapso por la que atraviesa el fuero de la seguridad social, por todos conocida. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Revocación de sentencia, trata de personas, situación de vulnerabilidad, valor probatorio, declaración de la víctima, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: AVILA YOPLA, Flor Merci y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-06

Corresponde revocar la resolución que confirmó el sobreseimiento de los imputados en orden al delito por el que fueran indagados oportunamente -haber recibido y acogido a mujeres mayores de edad con el fin de explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de las mismas en beneficio propio habiéndose aprovechado de la vulnerabilidad de las mismas en un bar nocturno-, toda vez que la decisión de la Cámara no ha efectuado una correcta valoración de las pruebas teniendo en cuenta el estadio procesal en el que se encuentra la causa, fundándose exclusivamente en los testimonios de las víctimas, los cuales no aparecen cómo determinantes para afirmar a esta altura del proceso, sobre la inexistencia de delito. Así, debe señalarse que en ninguna de las resoluciones anteriores se tuvo en cuenta la existencia de elementos incriminatorios como fueron los diversos informes de prevención labrados por Prefectura Naval, las comunicaciones de los celulares secuestrados y las imágenes de las cámaras de seguridad, de los cuales se pudo determinar que en el local estarían trabajando como "alternadoras", con vinculación laboral informal con dicho local, entre 12 y 15 mujeres, principalmente los fines de semana, todas aparentemente mayores de edad, de nacionalidad mayormente paraguayas, que generalmente concurren al lugar en el horario comprendido entre las 01:00/2:30hs horas, en ocasiones salen del local para concretar 2 pases que pactan con clientes y una vez finalizado este servicio regresan al local para continuar alternando con eventuales clientes, y se retiran cuando cierra el local alrededor de las 06:00/07:00 de la mañana.La nueva figura típica, además de elevar la escala punitiva, incluye a la conducta del "ofrecimiento", elimina la distinción de la edad, y, expresamente excluye el consentimiento de la víctima como eximente de responsabilidad de toda índole, estableciendo que el delito se configura "aunque mediare el consentimiento de la víctima" (artículo 25 de la ley 26.842).En virtud de la actual redacción del tipo penal de trata de personas, el consentimiento de la víctima para ser ofrecido o acogido, en relación al caso en análisis, con la finalidad de ser sometido a su explotación relativa al ejercicio de la prostitución, en favor de terceros o para mantener económicamente o ser explotado económicamente por otra persona a costa de su actividad, no tendrá efectos jurídicos, por cuanto, y esto es lo sustancial en relación a supuestos como el que nos ocupa, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios.
Instrumentos públicos, testigos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casso Echart, Sara María c/ Acevedo, Ricardo y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-21

La presencia de testigos es, luego de la sanción de la ley 15875, meramente facultativa, salvo que, por la naturaleza del acto sea una exigencia de su validez (art. 1004 Código Civil).
Ley de Procedimiento para causas en que el Estado sea parte, Estado Provincial, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REINOSO Gerónimo Fabián c/ Provincia de San Juan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-02-09

En la causa en estudio, no se advierte que exista inconstitucionalidad en la norma bajo estudio, sino que además, en virtud del resultado que propongo en la presente, el ESTADO resulta vencedor por lo tanto no hay gasto alguno que recuperar por su parte, ya que se encuentra exento de abonar el impuesto respectivo (239 del Código Tributario).

Por otro lado la actora ha actuado con beneficio de litigar sin gastos, conforme surge de las constancias. A lo que debe añadirse que los apoderados de la Provincia en oportunidad de contestar el traslado conferido para que se manifestaran al respecto, sustentaron la "constitucionalidad" de la norma, posición que siguen manteniendo al expresar agravios.
Prescripción adquisitiva, prueba compuesta
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MILANESI, Francisco Esteban c/ CHAVEZ, Sixto P. s/ SUMARIO: Posesión Veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-05-03

La inspección ocular sirve para formar, juntamente con la de testigos, la prueba compuesta. A los efectos de la información posesoria basta agregar a la prueba testimonial cualquier otra, aún una inspección ocular.