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Recurso contencioso administrativo, personal municipal, cesantía, indemnización, personal contratado, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, MARGARITA c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 597 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-24

No cabe hacer lugar a la solicitud de cobro de indemnización por despido sin causa promovida por la actora contra la Municipalidad demandada, desde que al contratar, las partes claramente convinieron que "La Locataria tiene derecho a la rescisión anticipada del presente, debiéndose notificar al Locador con no menos de diez días de anticipación, no teniendo derecho a indemnización alguna" (cláusula quinta). En tales condiciones, puede afirmarse que si la ruptura anticipada del contrato no generaba en principio derecho a resarcimiento, menos aún podría sostenerse que tal efecto derivaría de la posterior decisión de no renovarlo. Ello es así, por cuanto en el artículo 23 de la ley 9286 se establece que el personal que haya sido afectado en su estabilidad tiene derecho a indemnización, refiriéndose a aquellos que gozan de dicha condición (estabilidad), y claro es que el personal contratado no goza de ella. Así lo dispone el artículo 15 de la mencionada norma, que al establecer el derecho a la estabilidad -junto a otros-, en su último párrafo dispone que no alcanzará al personal no permanente. Deduciéndose de las circunstancias reseñadas que la constitución, desarrollo y extinción de la relación de empleo se adecuó a la condición de personal no permanente, se hace evidente la falta de derecho de la agente a reclamar, en el caso, cobro de indemnización por despido incausado, ya que no encuentra fundamento en la norma de aplicación.
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas, moneda extranjera, responsabilidad solidaria, bancos
Materia: CIVIL
Carátula: Chevrolet SA de ahorro para fines determinados c/ Iguaran, Luis Anibal s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-27

1. Resulta procedente la demanda de daños y perjuicios incoada contra un banco y la administradora del sistema de tarjetas de crédito, con motivo de los cargos erróneamente facturados en el resumen de tarjeta de crédito de la actora. Ello así, toda vez que la actora impugnó oportunamente el resumen mediante comunicación telefónica con la administradora codemandada, y en dicha oportunidad el reclamo fue favorablemente receptado, devolviendo la suma correspondiente. En ese marco, en tanto fue acreditado el cargo cuestionado, no pudo luego la accionada rechazarlo y debitarlo nuevamente sin demostrar la procedencia del cargo, ni sostener que su parte es ajena al accionar del banco, cuando lo contrario surge de sus propios actos. 2. Ello así, pues se encuentra acabadamente demostrado que la actora realizó varios reclamos y a pesar de su recepción por parte de la administradora, ésta nada explicó respecto del tratamiento que le dieron las demandadas a aquéllos, es decir, no probaron las razones por las cuales arribaron a una resolución desfavorable para la actora. 3. Desde tal perspectiva el daño sufrido por la actora resultó de la deficiencia del servicio prestado por ambas codemandadas, quienes deben responder solidariamente conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, máxime cuando no han demostrado que la causa del daño les ha sido ajena.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, principio dispositivo, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Al ejercerse el poder de disposición, la materia debe referir a la confrontación de los extremos imputativos con las figuras legales y el mérito probatorio, lo que quita andamiaje a cualquier objeción que quiera inferir de lo expresado la tangencial introducción del principio de oportunidad no admitido en nuestra legislación (como excepción, y tibiamente, la ley nro. 24.316 al incorporar el instituto de la probation), y sin que lo dicho importe emitir juicio sobre la conveniencia de sistemas procesales regidos por dicho principio. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Procedimiento tributario, ejecución fiscal, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: COMFER c/ Imperio Televisión S.A. s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

No es aplicable el art. 92 de la ley nº 11.683 puesto que no se trata de una ejecución que persiga el cobro de un tributo alcanzado por la citada ley, sino el cobro de gravámenes e intereses regulados por los arts. 73 y 77 de la ley nº 22.285 aprobada por el decreto nº 286/81 y sus modificatorias, con la cual resulta de aplicación el Código Procesal (art. 78 de la ley nº 22.285 y arts.

604 y 605 del C.P.C.C.) normas que proponen, por otra parte, las excepciones admisibles en este tipo de procedimiento (art. 605;

inc.1).
Impulso procesal, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BELTRAME, VICTORIO FRANCISCO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-16

Si desde el último acto de impulso procesal hasta el planteo de caducidad, ha transcurrido el plazo previsto por el art. 310 inc. 2 del CPCN, sin que se concretara acto alguno de avance procesal, corresponde declarar la caducidad de la instancia.
Prescripción de la acción penal, consumación del delito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MIARA, Samuel y otra s/ suposición de estado civil, etc. Causa nro. 11.000
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

El término "comisión de otro delito" contenido en el artículo 67 del Código Penal comprende todo el estado de consumación del mismo.

No se advierten razones para adoptar un criterio adverso al que el propio Código Penal sienta, en su artículo 63, en cuanto establece como punto de partida para el cómputo del plazo de prescripción en los delitos continuos, al momento en que éste cesó de cometerse.

No se discute que comienza a computarse el plazo de prescripción, en este tipo de delitos, luego del último acto de consumación.
Honorarios, regulación de honorarios, acumulación de acciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORIA ERNESTO Y OTRO EN J: BET P. c/ L. ALVAREZ ZUDAIRE s/ Ejec - Hipot - Terceria (LIBRO: A075 - 277)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-15

A la tercería se acumularon, y el Juzgado como tales les dio trámite, una acción de nulidad y una acción negatoria que, por consiguiente, deben ser consideradas al momento de regular.

Corresponde tener presente que acá no se juzga la procedencia o no de las referidas acciones, sino que sólo se verifica que las mismas integraron el meterial de demanda y que por ello deben ser valoradas al regular.-
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, proceso penal, sobreseimiento definitivo, privación de justicia, economía procesal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, José Antonio Abraham. c/ Gentile, Andrés y Terranova Héctor. s/ calumnias e injuria).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-29

Si bien correspondería pronunciarse respecto de la apelación pendiente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, en su carácter de tribunal de alzada del juez de instrucción que sobreseyó definitivamente en la causa, con el objeto de evitar una verdadera privación de justicia derivada de la nueva intervención de aquélla Cámara -la cual con anterioridad se había pronunciado por la incompetencia del fuero ordenando la remisión a la justicia federal- que sólo puede declarar la nulidad del pronunciamiento definitivo del juez de grado por haber sido dictado por tribunal incompetente acto procesal que por su carácter definitivo no se ve alcanzado por el principio del efecto útil consagrado en el art. 73 del Código de Procedimientos en Materia Penal-, razones de economía procesal aconsejan que la Corte haga uso de las facultades que excepcionalmente utilizara en casos similares y deje sin efecto el citado decisorio.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Paredes, Patrocinio Daniel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-07-16

Sólo podrán ser materia de reexamen en casación, las cuestiones estrictamente jurídicas o de derecho, no así las de hecho, salvo supuestos excepcionales, porque los hechos, quedan fijados definitivamente en la Instancia ordinaria, con arreglo a las pruebas que el Juez selecciona y valora según su criterio.
Derechos y garantías constitucionales, hábeas corpus, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: KOT, Samuel S.R.L. s/ Acción de amparo. Acto de particulares (5-958)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-09-05

Lo que primordialmente tienen en vista el hábeas corpus y el recurso de amparo, no es el origen de la restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, cheque
Materia: LABORAL
Carátula: Geraci, Nelly Beatriz c/ Luis Minuzzi e hijos S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo. Recurso de queja Molina, Oscar R. c/ Metalúrgica Kismar S.A.I.C. s/ Accidente. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1996-05-28

El cheque depositado en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 56 del decreto-ley 7718 fue acreditado con anterioridad al vencimiento del plazo para recurrir y con su ingreso efectivo a la cuenta del Tribunal del Trabajo, sin observación alguna, se ha logrado la finalidad perseguida por el mencionado artículo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio en ocasión de robo, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Sebrero, Karina Alejandra s/ Tentativa de robo. Homicidio Flores, Antonio Aurelio y otro s/ Robo calificado Scelatto, Roberto Francisco; Ibarra, Sandra Roxana s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1993-12-14|1997-07-08

Si bien es cierto que la "ocasión del robo" comprende las violencias cometidas para producir la conducta prohibida cualquiera fuese el momento del "iter criminis", ello carece de relación con el tema de la tentativa pues sólo se refiere al elemento calificante, cuya presencia puede ocurrir en cualquier momento de la acción pero que no convierte la tentativa de robo en "robo". Del mismo modo que el uso de arma califica el robo sin importar en que etapa de la acción se produjere pero no transforma una tentativa de robo en robo (arts.

42 y 166 inc. 2º, C.P.).
Recurso de nulidad, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: O., V.H. c/ O., F.M. s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-25

Es que no cabe perder de vista que el recurso de nulidad es regido por los mismos presupuestos que acotan la nulidad procesal en general, entre ellos los postulados de trascendencia y convalidación.
Confirmación de sentencia, defraudación, código penal, desbaratamiento de derechos acordados, asociación ilícita, compraventa inmobiliaria, dolo, tipo penal, estelionato, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Bellatore, M. R. y otros c/  s/ Nulidad, procesamiento y embargo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-30

Cabe confirmar lo resuelto por el a quo respecto de las siete personas procesadas por integrar una asociación criminal con el objeto de cometer maniobras defraudatorias vinculadas con la compraventa de inmuebles, rechazando las apelaciones que sostienen presunta falta de dolo en el accionar de sus asistidos, pues resultó probado el efectivo conocimiento de todos en los pormenores de los actos en los que participaron brindando apariencia de negocio lícito a lo que tenía finalidad criminal, máxime cuando se involucraron en calidad de profesionales notariales y estaban unidos entre sí por vínculos de estrecha amistad e incluso familiar, motivo por el cual además se otorgaban poderes de amplia disposición para actuar en su nombre y representación, acciones sin las cuales no podrían haber efectivizado las maniobras.
Seguros, automotores, cobertura, daños y perjuicios, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Distribuidora Metropolitana SRL c/ Nación Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-14

No cabe soslayar que el pago hasta el límite máximo de la suma asegurada porta, entre otros fundamentos, el de la relación de equivalencia existente entre el premio y el riesgo. Dicha relación es clave de bóveda en el vínculo asegurativo ya que, desde una perspectiva económica, se ha concebido una técnica o recurso de compensación de riesgos para alcanzar la eliminación o neutralización de las consecuencias económicamente desfavorables de los eventos dañosos. De allí la improponibilidad de toda pretensión que tenga por objeto percibir una suma mayor que la prevista en la póliza (conf. Stiglitz, Rubén S.; "Derecho de Seguros", T° III, 5° edición, págs. 107/8, ed. La Ley, Buenos Aires, 2008).
Ministerio Público Fiscal, medidas cautelares, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad de ley 14442
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-11

Debe rechazarse la medida cautelar peticionada en el marco de una acción originaria de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuradora General contra la Provincia de Buenos Aires tendiente a que suspenda la entrada en vigencia de la ley 14.442, con sustento en que los cambios que introduce vulneran lo dispuesto por el art. 189 de la Constitución de la Provincia, al crear cargos (Defensor General y Sub Defensor General) con la misma jerarquía que el titular del Ministerio Público y les asigna competencias y funciones que son propias de éste, y disponer que hasta se resuelva el fondo de la cuestión, el Procurador General, será quien ejerza las facultades e incumbencias allí asignadas al Defensor General de la Provincia y al Subdefensor General, pues el art. 189 constitucional establece sin ambages que el Procurador General ejerce superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público y la propia ley 14.442, además de reiterar ese principio, dispone que éste está encabezado por el Procurador General, de allí que, el pleno ejercicio de las atribuciones expresamente reconocidas así como las razonablemente implícitas, permitirá, durante la tramitación del juicio sortear cualquier dificultad que pueda surgir ante la derogación de la ley 12.061.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cajas de previsión, empleados públicos, resoluciones, recurso de apelación (procesal), plazo, pago, seguros, sociedades mutuales, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BARCELO, HUGO ANDRES c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 1058 Año 1996) CAÑETE, MARIA ELENA Y OTRO c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ Recurso de inconstitucionalidad-Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 1055 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21|2003-05-21

No reviste idoneidad para autorizar la apertura de la instancia de excepción, la tacha esgrimida por la Caja de Previsión relativa a que la Sala cambió el mes de imputación -cuestión que le competía a la Caja y había adquirido firmeza-, desde que la recurrente no llega a explicar con la claridad y precisión que requiere el artículo 3ro. de la ley 7055 cuál es el agravio que dicha supuesta modificación le ocasiona, cuando, conforme al criterio del A quo, transcurrido el tiempo estimado jurisprudencialmente como prudencial para la determinación final y pago del beneficio -calculado aproximadamente en cuatro o cinco meses (y que en alguno puede resultar menor) a partir del día en que el beneficiario lo solicitó acompañando los elementos necesarios- debe reconocerse el reajuste por desvalorización monetaria e intereses desde el vencimiento de dicho plazo.
Legítima defensa, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Cantero, Ruben s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-12-21

La defensa resulta temporalmente inoportuna si el acontencimiento -agresión- había cesado y se encontraba dominado en su acción, ya que sólo la existencia actual de peligro lo torna necesaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: López, José María y otro s/ Homicidio en ocasión de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa se agravia por el monto de la pena citando los arts. 40 y 41 del Código Penal planteando que la sanción recaída sobre su defendido no guarda relación con la impuesta a un coprocesado, si de la mera comparación entre las situaciones de ambos procesados no resulta la violación de los artículos citados.
Quiebra, pago, interpelación, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GARCIA, CRISTOBAL OSCAR c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-18

La presente queja no ha de prosperar, desde que la cuestión central que subyace en discusión (revocatoria interpuesta por la concursada contra la intimación de pago del crédito admitido a favor del Fisco en el expediente de quiebra de otra sociedad de la que era socio el actor fallecido) es de carácter netamente procedimental y, siendo ello así, la interesada no logra demostrar la arbitrariedad de la respuesta jurisdiccional brindada que negara el acceso a la Alzada, ni consigue acreditar que la solución que propone -postulando el carácter apelable del auto que acogió la revocatoria en baja instancia- sea claramente aplicable en la especie (Del voto de la mayoría)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, prueba pericial, peritos, accidente in itinere, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Salgado, Felix Juan c/ Pirelli  S.A.I.C. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

Es arbitraria la sentencia que, haciendo un examen parcializado del peritaje médico, sólo hizo referencia a las conclusiones del experto con relación a la "hernia inguinal izquierda" -que no había sido motivo de reclamo-, pero guardó silencio en lo referente a la "hernia inguinal derecha", sobre la cual el perito aceptó su carácter concausal, amén de la posibilidad de admitir como científicamente cierto que hubiera surgido por causa del accidente "in itinere".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación, abogados, colegio profesional
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Alejandro MELITON FERRARI c/ ESTADO NACIONAL (P.E.N.) s/ PROFESIONES  LIBERALES  - COLEGIOS PROFESIONALES - COLEGIO PUBLICO DE  ABOGADOS - MATRICULA PROFESIONAL  -  ABOGADO  - DERECHO DE ASOCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-26

Al derecho de asociarse con fines útiles corresponde, sin duda, la libertad de no asociarse. Pero tanto aquel derecho como esta libertad se refieren a sociedades cuya existencia no sea requerida por el buen orden y el bienestar de la superior colectividad Nación, provincia, municipio- dentro de la cual se constituyen. Así como no se tiene derecho a asociarse con riesgo o perjuicio del recto orden y el bienestar de la comunidad política a que se pertenece, se tiene el deber/es requerida por razones de orden y de bien común, mientras se las disponga sin menoscabo de los derechos que hacen esencialmente a la persona, para cuyo bien existe la comunidad que se trata de perfeccionar mediante dichas estructuras.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Petinatto Oscar Roberto s/ Pedido de quiebra pequeña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-29

La circunstancia de acreditar la peticionante ser titular de un crédito en estado de ejecución, no es por sí solo revelador del estado de cesación de pagos (art. 79 de la ley 24.522 y su doctrina).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, libros de comercio, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Agricultores Fed. Argentinos S.C.L. c/ Burgues, Alberto s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - Cobro de   pesos-Cumplimiento de contrato (Expte. C.S.J. Nro. 47 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Corresponde desestimar la queja interpuesta contra el decisorio de Alzada que rechazó la demanda si la quejosa intenta revertir la suerte de lo decidido reeditando sus planteos acerca de que había quedado satisfactoriamente acreditada la existencia de dos cuentas diferenciadas -una "monetaria" y otra, "mutuos"- y que sólo desde la incomprensión del mecanismo de registraciones y del soslayamiento de probanzas decisivas pudo la Sala acoger la defensa de pago total opuesta por la accionada. Es que el Judicante, luego de explayarse sobre el valor probatorio de los libros de comercio llevados en legal forma -con particular referencia a la oponibilidad de la contabilidad de un ente cooperativo respecto de sus asociados- aludió a las irregularidades que, de verificarse, quitaban a los libros la posibilidad de probar a favor del comerciante en los pleitos en que se pretendiera hacerlos valer. Y, trasladando esos conceptos a la causa que se ventilaba ante sus estrados, entendió que la irregularidad informada por el perito -el bache registral de por lo menos un mes comprobado en el libro Diario General- impedía que las registraciones contables con las que el accionante pretendía probar su acreencia pudieran ser ponderadas en favor del ente cooperativo. Así las cosas, descartada la posibilidad de hacer jugar las registraciones contables de la Cooperativa en favor de la entidad y apartándose -en ejercicio de facultades propias- de las conclusiones del perito sobre la existencia de la deuda, la Sala consideró que no se encontraba reconocida la existencia de dos cuentas -tal como alegaba la accionante-.