Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-22


SENTENCIA N° 92905 CAUSA N° 27.274/2008: "TREJO MANUEL DE JESUS C/ LA SEGUNDA ART SA S/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL". JUZGADO N° 27 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 22.12.11, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Diana Regina Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alza la parte actora, en los términos de su presentación de fs. 270/274, con réplica de la contraria a fs. 281. Mientras que, el perito contador, recurre sus honorarios, por considerarlos reducidos (fs. 267/268).

El accionante se queja, por la interpretación que realizó la juez de grado, respecto de la pericia médica. Según entiende, el experto se refirió a la patología e incapacidad separando las consecuencias físicas de las psíquicas, pero que en realidad se trata de un todo indivisible, por lo que se debe hacer lugar al porcentaje de incapacidad psicológica.

Indica que en el inicio, reclamó por su enfermedad, y solicitó que se estuviera a lo que informare el perito médico, y demás prueba ofrecida.

Aclara que no se trata de una enfermedad no incluida en el escrito de demanda, sino que a causa de las lesiones padece distintas incapacidades, una física y la otra psicológica.

Cuestiona el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 de la LRT. En tal sentido, sostiene que si bien no brindó un extenso fundamento respecto de este pedido, si lo hizo respecto de otros artículos de la ley 24557.

Agrega que el hecho de que decreto 1694/09, haya eliminado dicha norma, genera un reconocimiento de que el tope es injusto y arbitrario, constituyendo un abuso en la indemnización tarifada del daño, violatorio de las garantías constitucionales.

Resalta que, en la sentencia se aplica un tope, que fue fijado por el legislador en el año 2001, por lo que genera una desvalorización económica, afectando seriamente el principio de indemnidad.

Por último, apela el rechazo del reclamo por daño moral, porque la juez sostuvo que es incompatible con la vía elegida. Hace hincapié en que la ART no cumplió con su deber de vigilancia, y de otorgar las prestaciones médicas solicitadas, lo cual, a su entender, guarda una lógica conexión con la enfermedad que padece. De esta manera, queda configurada la responsabilidad de la ART en los términos del art. 1074 del Código Civil.

Llega firme a esta instancia, que existe una relación causal entre la enfermedad del Sr. Trejo, y su consecuente grado de incapacidad, con las tareas de clasificador de embutidos que realizaba para la firma Hijos de Pedro Vicenti SA, y la consecuente condena de La Segunda ART SA, a abonar la indemnización tarifada prevista en la ley 24.557.

En estas condiciones, corresponde dilucidar las siguientes incógnitas: a.- ¿corresponde hacer lugar al resarcimiento por daño psicológico?; b.- ¿cabe declarar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 de la ley 24557?, y por último, c.- ¿se debe hacer lugar al reclamo por daño moral? En relación con el primer interrogante, primero me remitiré en forma sucinta a los hechos expuestos en el escrito de demanda.

En el inicio, el actor señaló que el 1.06.89, ingresó a trabajar para la empresa Hijos de Pedro Vicenti SA, como oficial, de acuerdo con el convenio colectivo de la industria de la carne, realizando tareas de clasificador de embutidos.

Señaló que durante toda la relación laboral, desarrolló sus tareas de pie sin desplazamiento, con trabajos repetitivos, por lo que pese a su juventud, presenta "dos serias patologías".

Indicó que comenzó a tener várices en ambos miembros inferiores, por lo que en el 2007, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de trombosis en la pierna izquierda. Y desde hace varios años, posee síntomas de lumbalgia, y le fueron diagnosticadas protusiones discales.

Afirmó que las condiciones de trabajo, resultaron ser el factor determinante de ambas enfermedades, estimando una incapacidad laboral parcial permanente definitiva, en el 24% TO. Ello, sujeto a lo que informaran los estudios médicos que ordenara el perito médico que se designara en autos.

Luego, realiza la discriminación de su incapacidad, especificando que el 20% deriva de la patología varicosa, y el 4% restante de las protusiones discales (ver fs. 5/10).

En el escrito de ofrecimiento de prueba, el actor se limitó a solicitar que se designara un perito médico de oficio, a fin de que informara: a.- si padece una patología varicosa de base, que desencadenara en una intervención quirúrgica por trombosis venosa profunda, b.- si sufre de protrusiones discales en la zona lumbar, c.- si existe una relación causal entre las patologías y las tareas laborales, d.- el grado y tipo de incapacidad laboral, y e.- las prestaciones médicas que aún necesite por las enfermedades enunciadas (ver fs. 71).

Como se puede observar en ningún momento el accionante solicitó una reparación por daño psicológico, ni que se designara un médico psiquiatra o un psicólogo, para que determinara si la enfermedad que padece le ocasionó una incapacidad psíquica, por la cual debiera ser indemnizado.

Así, considero que no corresponde tener en cuenta el porcentaje de incapacidad psicológica, al que se hace alusión en la prueba médica, ya que si esta sala se pronunciara al respecto, se vulneraría el derecho de defensa en juicio de la parte demandada, el principio de congruencia, e implicaría incurrir en un fallo extra petita (art. 18 C.N., 34 inc. 4º y 163 inc. 6º del C.P.C.C.N.).

Ello, pues, se trata de cuestiones que no han sido sometidas a la consideración de la instancia previa, ni han sido objeto de adecuado debate y prueba en las etapas procesales oportunas (arts. 271 y 277 del C.P.C.C.N.; en sentido análogo, sentencia dictada por la suscripta, como juez de primera instancia del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, en la sentencia Nro: 1506, del 20 de julio del 2.001, en autos "Fernández, Ramón Alcides c/ Provincia Seguros S.A. y otro s/ accidente", y SD Nro. 83481 del 22.4.2002 "Parisi, Gustavo Daniel c/ Banque Indosuez y otros", del registro de esta sala con la anterior integración).

Ahora, respecto del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 inc. a, segundo párrafo, de la ley 24557, advierto que el monto de condena que llega firme a esta instancia, es significativamente inferior a dicho tope, por lo que resulta innecesario tratar los agravios vertidos por la parte actora al efecto.

En cambio, haré lugar al reclamo por daño moral, ya que ha sido clara la perito médica en autos, quien al determinar la existencia de incapacidad psíquica (la que no se confunde con el daño moral), dice que la misma deriva de "una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva", a raíz de lo sucedido (ver fs.228/235), lo que a las claras habla de un daño de tipo espiritual previo que terminó, lamentablemente, por afectar su psiquis. Este tipo de daño, resulta afín con el moral, pero no se confunde con el psicológico, por entender que no son una y la misma cosa. Como juez del juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, he dicho en la sentencia Nro. 2427, del 30 de noviembre del 2.007, dictada en autos "Lazarte, Carlos Domingo c/ Asociart S.A. ART. s/ accidente", que comparto en ello la jurisprudencia según la cual "el daño psíquico está referido, como el físico, a la incapacidad resultante del accidente. En cambio el daño moral tiende a indemnizar, no la incapacidad resultante sino los sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes en la vida laboral y social. El daño psíquico y moral son conceptos independientes y, por lo tanto, susceptibles de indemnización autónoma" (CNAT, Sala VII expte nº 26483/94 sent. 36353 9/10/02 "Marcovich, Mario c/ Femesa s/ accidente"; CNAT. S.D. 38309. 10/03/05 "Fiorentini, Omar Norberto c/Multicanal SA s/Accidente" Sala VII). Mas no existe obstáculo alguno, para que un daño material genere uno psicológico, y entre ambos, provoquen uno de tipo moral.

Ahora bien, este tipo de daño, se encuentra en principio vedado de reparación por la lógica del sistema. Sin embargo, se ha sostenido que "es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688 de accidentes del trabajo, sancionada en 1915. Ahora bien, este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido siendo expresado, pone a ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte "se compromete a adoptar medidas.para lograr progresivamente.la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos" (art.2.1). La norma, por lo pronto, debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata".

"Luego, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador, prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados, vuelve al artículo 39, inciso primero de la LRT, contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de reificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. Se olvida, así, que el hombre es el señor de todo mercado y que éste encuentra sentido sí y sólo sí, tributa a la realización de los derechos de aquél (conf. Causa V.967 XXXVIII "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido", del 14 de setiembre de 2004)" "Que el régimen de la LRT cuestionado tampoco se encuentra en armonía con otro principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la justicia social, que cobra relevante aplicación en el ámbito del derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio. Entre muchos otros instrumentos internacionales, los Preámbulos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su turno, no han cesado en la proclamación y adhesión a este principio, que también revista en el art.34 de la antedicha Carta (según Protocolo de Buenos Aires)." Para así resolver afirma que "no hay dudas, para esta Corte, que es justo y razonable que la legislación contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relación laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en términos que atiendan, equilibradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Tampoco las hay, en cuanto a que la solución de estas cuestiones debe ser encarada desde una perspectiva mayor, comprensiva del bien común. Empero, esto es así, bajo la inexcusable condición de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten compatibles con los principios, valores y derechos humanos que la CN enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones estatales". Lo dicho, habilitaría una condena por daño moral, al sacar la cuestión del marco de la LRT.

Ahora bien, La demandada, en el responde, sostuvo que no era a ella a quien había que reclamar, puesto que las cuestiones de higiene y seguridad estaban a cargo de la empleadora (ver fs. 62 vta.) Así, la parte ni invoca ni ofrece prueba por la que pudiera valer, en esa hipótesis, algún obrar como aseguradora de riesgos idóneo a tal fin: la verificación de factores hábiles para producir daños, la indicación de las medidas a tomar, la realización de inspecciones para verificar incumplimientos y, en su caso, las denuncias a la superintendencia.

Advierto que, en general, sobre el tema existe una consabida confusión: la de las obligaciones de medio y resultado. Puesto que la provisión de medidas de seguridad, el relevamiento de los factores generadores de riesgo, así como la indicación de comportamientos a seguir, y la verificación del cumplimiento de ambas cosas, es el resultado que debe asegurar una ART, y en caso de reticencia de la empleadora, este resultado se transmuta en el de denunciar a la Superintendencia, nunca en dar por concluida su labor con un diagnóstico y la indicación de qué corresponde hacer. Hechos estos que, por cierto, no se dan en la especie siquiera, como ya se indicara De manera que, mal podía la ART verificar si la empleadora había cumplido o no con sus recomendaciones, y eventualmente denunciar a la Superintendencia, cuando ella misma no habría satisfecho su obligación principal (art.31 y ccs. de la 24.557) Por lo tanto, tal como se sostuviera en la causa "Rivero, Mónica Elvira c/ Tecno Técnica SRL s/ accidente acción civil", en el voto del Dr. Billoch, "reputo que la conducta omisiva de la aseguradora, que implica negligencia en su obrar, trajo como consecuencia, en los términos del artículo 901 del Código Civil, el accidente de marras y torna aplicable la doctrina llamada teoría de la causalidad adecuada, que deviene como complemento de lo normado en los artículos 902/906 del CC". A su vez, la Sala II, al confirmar una sentencia que fue dictada por la suscripta, como titular del juzgado Nº 74, ha dicho que "los incumplimientos de las ART de las obligaciones impuestas por la ley 24.557 constituyen una conducta encuadrable en los términos del art.512 del Código Civil, ya que se trata de una omisión de diligencias tendientes a prevenir la configuración de daños a los trabajadores" (SD.90169, del 6/3/02, in re "Duarte Rodriguez, Lorenzo c/ Magire SRL y otro").

Esta lógica es coincidente con el actual criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decidir la causa "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro s/ recurso de hecho" (T 205, XLIV, del 31.03.9), donde sostuvo que "no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral.". Este argumento, es reiterado por el Alto Tribunal, en autos "Naval, Patricia Elizabeth por sí y en representación de sus hijos menores Rocío Elizabeth Noemí San Martín Naval y Marco Alejandro Isaías San Martín Naval c/ Odipa SRL y otros" (N. 409. XLII; sentencia del 24.05/2011), en donde se modifica el antiguo criterio de la Sala en su anterior composición.

En este marco, adhiero a la jurisprudencia que sostiene que "la ART está obligada al control de cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad y a brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores; tiene a su cargo la obligación legal de supervisar las condiciones del caso (conf. Ferreirós, Errepar DEL 212. Abril/02, TXVII-347). A ello, debe añadirse, que la inconstitucionalidad decretada en el caso, del artículo 39 de la ley 24.557, la conduce al ámbito de la responsabilidad civil y no la releva de la obligación de garantía; por lo que debe extendérsele la condena" (CNAT, Sala VII, del 25/3/04, "Moyano, Miguel c/ Interacción SRT S.A. y otros s/ accidente", en igual sentido de la misma sala, SD36039, del 18/3/02, "Rial, José c/ Decker Indelqui S.A. y otro s/accidente").

A su vez, la Sala IX ha dicho que "la preceptiva sobre riesgos laborales introduce una suerte de delegación del control del acatamiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad en cabeza de las aseguradoras, generando así una ampliación de los sujetos responsables, en modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto de imputación aunque, es claro, con alcances e intensidades diferenciadas, siendo aquella función ¨cuasi estatal¨ la que, en caso de omitirse o de cumplirse deficientemente, puede generar responsabilidad, más allá de cuál sea, en concreto, el vínculo o nexo de causalidad necesario para efectivizarla" (SD9302, del 30/11/01, in re "Delgado, Daniel c/ Ledesma S.A. y otro s/ accidente"). La misma Sala ha dicho que "si a pesar de la concertación de los Planes de Mejoramiento, la aseguradora no efectuó las medidas preventivas necesarias, puede afirmarse válidamente que incurrió en una conducta culposa (arts.512 y ccs. del Cód. civil), rigiendo de este modo lo dispuesto por el artículo 1074 del mismo cuerpo legal, ya que las omisiones indicadas ocasionaron u perjuicio" (SD 11000, del 30/10/03, in re "Domato, Mario c/ Witchel S.A. y otro s/ accidente"). Precisamente, en el ámbito del derecho común, esta última es la norma aplicable a la especie En igual sentido "Los compromisos concretos que deben asumir estos sujetos, deben interpretarse ampliamente en función del objetivo de prevenir adecuadamente los riegos de trabajo. La ineficacia de las acciones destinadas a prevenirlos, incluidos los controles que debe efectuar la ART, constituye un incumplimiento que contribuye en la cadena causal a generar un daño en la salud de los trabajadores" (CNAT, Sala VI, Sd.55125, del 7/8/02, in re "Gutiérrez, Rosenda c/ Todoli Hnos SRL y otro s/ accidente").

Agrego a todo lo expuesto, que el decreto 1694/2009 (6/11/09), recoge la enorme mayoría de los argumentos vertidos por la CSJN en sus decisiones, (en consecuencia con lo plasmado precedentemente), y ha merecido comentarios favorables, en la inteligencia de que habrá de reducir el nivel de litigiosidad. A la luz de todo lo expuesto hasta aquí, la ART demandada resulta no solo responsable en los términos de la ley de riesgos, sino también por el daño moral sufrido por el actor, en los términos del art. 1074 del Código Civil, permitiéndose de tal suerte la condena por daño moral.

En estas condiciones, teniendo en cuenta el estado depresivo en que se encuentra el actor, el miedo que posee de no encontrar otra fuente de trabajo, ello sumado a las demás circunstancias personales que se surgen de la pericia médica (fs. 228/235), estimo que le corresponde una indemnización por el daño moral $ 3.500 (pesos tres mil quinientos) (por compartir los fundamentos del Fallo Plenario "Vieites", nro.243). Sin perjuicio de ello, dejo a salvo mi opinión respecto de la norma que dispone la obligatoriedad de los fallos plenarios, artículo 303 del CPCCN, es que es inconstitucional, al imponer vinculancias a los jueces contrarias al mandato constitucional, sólo obligados por la Constitución Nacional y las normas dictadas con arreglo a la misma.

Teniendo en cuenta la forma de resolver, corresponde elevar el monto de condena a la suma de $21.130,04 (veintiun mil ciento treinta con cuatro centavos). Dicho total deberá ser depositado en autos en la forma, y con los intereses dispuestos en la sentencia de primera instancia.

Ante el nuevo resultado del litigio que propicio, de acuerdo con lo normado por el art. 279 del CPCCN, propongo dejar sin efecto los honorarios regulados en la primera instancia, y determinarlos en forma originaria. Pese a ello, mantendré la imposición de costas, ya que resulta ajustada a derecho.

Teniendo en cuenta la forma de resolver en esta alzada, y por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas a la demandada vencida (artículo 68 del CPCCN).

Ahora, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, y los de los peritos médico y contador, en los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 13% (trece por ciento), 8% (ocho por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses (arts. 6,7,8,9,22 y ccs. de la L.A. y ley 24.432).

Asimismo, se deben determinar los emolumentos de los profesionales actuantes en esta alzada (fs. 270/274 y 281), en el 30% (treinta por ciento), 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior.

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27.9.93, en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Modificar parcialmente la sentencia de grado, y elevar el monto de condena a la suma de $21.130,04 (veintiún mil ciento treinta con cuatro centavos); II.- Mantener las costas de primera instancia e imponer las de alzada a la demandada vencida; III.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, y los de los peritos médico y contador, en los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 13% (trece por ciento), 8% (ocho por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses; IV.- Regular los emolumentos de los profesionales actuantes en esta alzada, a fs. 270/274 y 281, en el 30% (treinta por ciento), 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior; V.- Hacer saber que en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

El Doctor Néstor M. Rodríguez Brunengo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Diana Cañal y agrego:

En cuanto a la procedencia del daño moral debo sañalar que el fallo plenario nº 243 "Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Arg. S.A." estableció la procedencia del reclamo de dicho concepto en las acciones de derecho común por accidente del trabajo, fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la cosa según el art. 1113 del C. Civil.

Asimismo cabe señalar que Carlos A. Ghersi destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968 y que el concepto "daño" debe analizarse en todos los aspectos que comprenden a la persona y personalidad y sin sujeción a fórmulas matemáticas y a partir de institutos tales como el riesgo creado (Art. 1.113 , segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.1908, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que "esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi Vélez".

Jorge Mosset Iturraspe propone, por ejemplo, la reformulación del concepto de "daño moral" por el de "daño a la persona", de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: "Daño Moral. Noción Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", en loc. Cit. pág. 7 y ss).

Ello no debe sorprender, pues la propia Corte Suprema expresó aún antes de la Reforma Consitutcional con relación al daño moral, en este caso, que ".no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste" (Autos: "Forni c/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID: "Bonadero Alberdi de Inaudi c/ Ferrocarriles Argentinos" 16/VI/88); y mas recientemente ha dicho que en aquellos juicios en los que se solicita la reparación en el marco del derecho común debe procederse a reparar todos los aspectos de la persona, transcendiendo ello de la mera capacidad laborativa (v. fallo: "Arostegui Pablo M c/ Omega ART SA", S.C. A, nº 436, L. XL).

Respecto a la responsabilidad de la ART debo indicar que liberar a la aseguradora de las consecuencias desfavorables para la salud del dependiente por haber prestado servicios, implicaría necesariamente que el titular del contrato de trabajo abonase un seguro por accidentes y enfermedades, y -por una cuestión de forma (relativa a la elección del tipo de acción que el actor escogió para demandar)- quedase desprotegido con relación al reclamo de sus dependientes.

Así, se provocaría un beneficio económico injustificado por parte de la tomadora del seguro (y en consecuente daño al empleador) al cobrar una prima y luego no responder en carácter de aseguradora de la contingencia, mientras que en el marco que la ley le impone, la legislación le garantiza estar cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes (en igual sentido; v. de la Sala: "Aguirre, Miguel Angel c/ Piero S.A.I.C. y otro s/ Accidente- Acción civil"; S.D. 41.309 24.10.08) Nuestro Máximo Tribunal ha dicho que ".el hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la L.R.T. origine la eximición de la responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1) no se sigue que las A.R.T. queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley, por lo que no existe razón alguna para ponerlas al margen del régimen de responsabilidad civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de una accidente o enfermedad laboral (.) tampoco la hay para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura (.) conduciría a una exención general y permanente (.) no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas." (v. "Torrillo, Atilio Amadeo y o. C/ Gulf oil Argentina SA y otro", T. 205, XLIV, del 31/03/2009, en similar sentido, esta Sala in re "Verón, Roberto Omar C/ Q.B. Andina SA y Otro s/ Accidente-Acción Especial", S.D. nro.: 41.903 del 22/06/2009; y mas recientemente en: "Rivero, Carlos C/ Pequeña Marina S.R.L. y Otro s/ Accidente-Acción Civil"; S.D. 42034 del 31.08.09).

De esta forma, sin entrar en el deba técnico de cuál hubiera sido el medio más idóneo de prevención del caso, tampoco es atendible la defensa argumental relativa a haber cumplido, supuestamente, con las previsiones estatuidas en materia de seguridad para atenuar accidentes.

De hecho, la mejor muestra de que no fueron efectivas es la producción del daño mismo, y por ende, la decisiva influencia que tuvo el éste en la actual incapacidad de la dependiente, lo que implica la falta de cumplimiento al deber impuesto legalmente de conformidad con lo normado en el art. 1.074 del Código Civil.

Así, es válido colegir que -a juzgar por el resultado- la aseguradora no cumplió eficazmente con su deber legal de prevención y contralor que le impone la normativa aplicable; lo que constituye una omisión culposa para el acaecimiento del infortunio y que conlleva la aplicación del art. 1.074 citado (en igual sentido, v. de esta Sala, en "Alcorta Olguin, Cristian José C/ Molinos San Martín S.A. Y Otro S/ Accidente"; S.D. 42.029 del 31.08.09).

Ello sin olvidar también que el art. 902 del Código Civil complementa, en cierto modo el art. 1074 del mismo cuerpo legal, e impone el deber de mayor diligencia cuando las circunstancias lo impongan (en igual sentido, esta Sala en Pérez, Elsa Edit c/ Sanatorio Güemes S.A. s/ despido", SD: 30.030 del 5.11.97).

No puede soslayarse que el Estado, aunque inconstitucionalmente, ha delegado en las aseguradoras de riesgos de trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, inponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversidad obligaciones de control y supervisión (art. 18 decreto 170/96). Se genera así, una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal" genera la responsabilidad de la A.R.T., cuando- como en el caso- se comprueba un nexo de casualidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador (art. 901, 902 y 904 Cód. Civil).

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE:I.- Modificar parcialmente la sentencia de grado, y elevar el monto de condena a la suma de $21.130,04 (pesos veintiún mil ciento treinta con cuatro centavos); II.- Mantener las costas de primera instancia e imponer las de alzada a la demandada vencida; III.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, y los de los peritos médico y contador, en los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 13% (trece por ciento), 8% (ocho por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses; IV.- Regular los emolumentos de los profesionales actuantes en esta alzada, a fs. 270/274 y 281, en el 30% (treinta por ciento), 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus actuaciones en la instancia anterior; V.- Hacer saber que en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Néstor Miguel Rodríguez Brunengo	Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mi: Leonardo G. Bloise Secretario