Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16


SENTENCIA Nº 38684 JUZGADO Nº 80 AUTOS: "VILLALTA, David Rafael c. FEDERACION REGIONAL DE BASQUETBOL DE LA CAPITAL FEDERAL s. Despido" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de	febrero	de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de grado que rechazó la demanda, viene apelada por la actora, quien expone sus agravios a tenor de la memoria de fs. 389/405. La demandada por la forma en que fueron impuestas las costas; y el perito contador, por la regulación de sus honorarios	II.- La señora Juez a quo consideró que "A partir de las declaraciones de los testigos Perri, Gaudelli, Corbalán, Presas y Estévez tendré por acreditado que la Federación demandada se circunscribe al ámbito amateur del básquetbol. En consecuencia, se encuentra demostrado que la prestación del actor se realizó en el marco de una actividad deportiva que se rige por los principios del amateurismo.".	La actora se siente agraviada por esta decisión.

También se queja de la valoración de las declaraciones testimoniales que la sentenciante de grado examinó. Insiste en los testimonios de Muti (fs. 202/206), Perri (fs. 205/206), Vaello (fs. 230/232), Stcherbina (fs. 273/274) y Ríos (fs. 276/278), tendientes a demostrar que entre el actor y la Federación existió un contrato de trabajo.

Adelanto que las declaraciones que intenta hacer valer son insuficientes a los fines pretendidos, según las reglas de la sana crítica (artículo 386 C.P.C.C.N.), pues se ha omitido analizar lo informado por ellos y precisar cuáles son, a criterio de la parte, los hechos acreditados y los alcances pretendidos en relación a cada uno de ellos, lo que define la deserción recursiva en los términos del artículo 116 de la Ley 18345.

Comparto el proceso de evaluación adoptado por la sentenciante de grado, conforme las constancias que surgen de la causa, los fundamentos y las conclusiones que de ellos extrajo, para decidir como lo hizo (artículo 377 y 386 C.P.C.C.N.). En efecto, el amateurismo -en principio- pone al desempeño del actor como árbitro fuera del ámbito del derecho laboral.

Agricol de Bianchetti en su artículo "El Contrato Deportivo" (pub. en L.L. T.100, pág. 895/904) señala que este contrato constituye la expresión moderna de la prestación deportiva, que está destinado a regular las relaciones que existen entre deportista y la entidad deportiva. El término deportista involucra tanto el "aficionado" como el "profesional", es decir, el sujeto que presta su actividad deportiva por oposición a la otra parte que dispone de su prestación, autorizando, en su caso la representación de la divisa deportiva. El deportista es el individuo dedicado a jugar, que se entrega disciplinadamente a una actividad para la cual está dotado específicamente y que se somete a las exigencias que le imponen la reglamentación y la moral deportiva, sea jugador, atleta o árbitro (el destacado es mío). Este autor señala que el contrato que vincula a éstos con el club o asociación, se evidencia con caracteres propios y elementos suficientes como para reclamar un lugar dentro del ordenamiento positivo y destaca que los organismos centrales de cada actividad deportiva han integrado la materia con normas específicas que subordinan los intereses particulares de las mismas asociaciones, clubes, jugadores, atletas, árbitros y dirigentes a los generales del instituto deportivo, creando un verdadero "status" que subsume una serie de principios morales, económicos y deportivos. La autonomía de la voluntad y la libertad de los sujetos de la relación deportiva, club y jugador o árbitro y asociación, quedan limitadas al campo contractual que ese ordenamiento delimita, faculta y autoriza. El deportista presta su actividad deportiva y la asociación dispone sobre los modos y formas de aplicar esa prestación, el primero queda sujeto deportivamente a las directivas impuestas por la segunda. Esta sujeción se manifiesta en dos aspectos el entrenamiento y la disponibilidad. El primero constituye uno de los elementos relevantes para distinguir la prestación deportiva de cualquier otra, y en especial de la laboral y la disponibilidad consiste en la facultad que tiene la entidad deportiva de determinar "in limine" las condiciones de tiempo, lugar y modo en que podrá actuar el deportista (partidos o combates en que intervendrá, el puesto o lugar que ocupará y su participación en las confrontaciones internacionales cualquiera sea el lugar en que éstas se realicen. Las asociaciones programan el calendario de las competiciones nacionales e internacionales y el jugador, atleta o árbitro, queda condicionado a las circunstancias de tiempo y lugar que aquéllas determinan para su actuación, como así también, el lugar o categoría que integrará en el momento mismo de la realización del acto deportivo. La "disponibilidad" del deportista se nos presenta como una facultad discrecional de la asociación, consecuencia que acompaña a la relación deportiva.

Conviene destacar que la vinculación deportiva amateur presenta notas comunes con la que constituye la sustancia de cualquier contrato laboral oneroso (conf. art. 115 de la L.C.T.), pues en ambos casos estamos en presencia de una prestación personal e insustituible a cargo de quien realiza la actividad o presta el servicio ya que el objetivo esencial de la actividad deportiva es superar las mayores marcas o bien lograr la victoria en los juegos de competición, lo cual exige al jugador o deportista todo su esfuerzo -físico y psíquico- y por otro lado, tanto su voluntad como su libertad quedan sometidas, por su propia decisión y acatamiento, a los límites determinados por la reglamentación deportiva y por la institución para la cual se desempeña, de lo cual deriva el ejercicio de potestades disciplinarias por parte del club contratante y también por la asociación o federación que nuclea a los deportistas, todo lo cual a primera vista podría confundirse con la subordinación jurídica propia del contrato laboral oneroso. La exclusividad, que es una nota que también exterioriza este tipo de subordinación, adquiere mayor relevancia en el ámbito deportivo pues está vinculada a la identificación del jugador con la institución que representa y por consiguiente, por lealtad deportiva no podrá defender la divisa de otra entidad.

En el caso concreto, no puede considerarse pautas indicadoras de la existencia de un vínculo subordinado de trabajo el hecho de que el actor debiera prestar su actividad como árbitro en las fechas y lugares determinados por la Federación y arbitrar los partidos que le eran asignados, pues ello hace a una cuestión organizacional de la demandada y se vincula con las características de la actividad amateur.

Los árbitros no son empleados de la Federación demandada, sino personas que se les encomienda el control y dirección imparcial de los encuentros deportivos, a quienes se exige adquirir, mantener y acrecentar cierta capacidad técnica, un estado físico adecuado; que son incorporados en un registro a su solicitud -que implica la aceptación de la estructura normativa de la asociación preexistente- y previo pago de un arancel, a quienes se exige acreditar que poseen un medio de vida, empleo, profesión, oficio o rentas y que si no desean cumplir las funciones de arbitraje les basta omitir el pago del arancel para que queden excluidos del registro.

Las tres notas que tipifican el contrato deportivo: sujeción deportiva, exclusividad y plazo determinado están relacionadas también con el concepto de premio que debe ser comprendido dentro de la actividad lúdica a diferencia de la remuneración que corresponde a la materia laboral.

No pueden calificarse como remuneraciones las sumas que pagaban en concepto de arbitraje los distintos clubes locales, pues sólo constituyen una compensación por los gastos y pérdidas que la función ocasiona a quien lo realiza. Sobre el particular el testigo Estevez (fs. 294/296) dijo que, ".al término del juego al árbitro le paga el club que hace de local, ésto siempre fue así.. Corbalán (fs. 271/272) afirmó que ".recuerda que el dinero lo recaudan de rifas, de eventos, de plata que juntaban los padres.". Santuario (fs. 219) al respecto sostuvo que, ". sabe que los viáticos de los árbitros se lo pagan los clubes. y lo sabe porque alguna vez fue encargado de hacer los pagos. que cada club saca el dinero para pagar a los árbitros de la tesorería, de la recaudación de los partidos.

Tampoco considerarse que el cobro de estas sumas signifique la percepción de remuneración en los términos de la L.C.T. ya que se colocaría en un primer plano el interés patrimonial, claramente secundario respecto del deportivo, especialmente en el área del amateurismo.

Considero que no existe dependencia económica pues está demostrado que entre los requisitos para ser aspirante está, entre otras condiciones, tener una actividad rentada, en concreto tener "medio lícito de vida, empleo, oficio, profesión, renta. Este aspecto de la cuestión fue expresamente valorado por la Corte Suprema de Justicia en la causa "Aballay, Enrique Oscar c. Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal" (S. del 30.4.96, A. 749.XXVIII).

La circunstancia de que la actividad del actor como árbitro estuviera sujeta a un marco disciplinario (cumplir y superar aquellas pruebas, asistir a los entrenamientos, a los cursos, aceptar los arbitrajes asignados, asistir a los encuentros en el horario y lugar determinado por la Federación, vestir el uniforme impuesto por la entidad, respetar el reglamento) no es índice de la existencia de un vínculo subordinado de trabajo, pues el acatamiento de todas estas directivas no es sino también consecuencia de las particularidades de la actividad deportiva, de la importancia del encuentro que deberá realizarse en un lugar especial designado de antemano con horarios, tiempo de duración y reglas prefijados en muchos casos por organismos deportivos internacionales a los cuales está adherida la entidad demandada. Se trata en definitiva, de una garantía que ofrece el mismo árbitro de que estará a la altura de las circunstancias, con relación al evento que deba dirigir. El régimen disciplinario de premios y castigos también es propio del quehacer deportivo pues mediante recompensas se pretende estimular a los mejores y por otro se busca desalentar a quienes no aportan todo de sí en aras de la excelencia de la competencia, de allí que existan diversas categorías de árbitros. En la causa ello fue descripto por Ríos (fs.276/278) ". un aspirante para ser árbitro y dirigir a partir de divisiones inferiores debe cumplir con los siguientes requisitos:. realizar un curso en la Federación y aprobarlo. Que consta de pruebas físicas, examen escrito, oral y práctico. El estatuto establece que tiene que tener un medio lícito de vida. Presas (fs. 280/283) manifestó que los horarios del arbitraje los fija la comisión de competencia que depende de la Federación. La comisión eleva los horarios al colegio de árbitros y es ahí donde se les comunica a los árbitros.

También tengo en cuenta asimismo que los árbitros abonaban un arancel, una licencia habilitante para poder actuar como tales y hacían un curso a su costa. Corbalán declaró que para ser árbitro se debía pagar una licencia anual, tener medio de vida lícito. si el árbitro no pagaba la licencia anual no podía dirigir. si quiere dirigir debe pagar la licencia y aprobar los cursos que son organizados por la Federación.

De las constancias de autos no surge que la demandada reportara beneficios económicos por organizar los partidos de básquetbol; lo que evidentemente determina la suerte del reclamo.

Por todo lo expuesto, concluyo que entre las partes no existió un vínculo de trabajo de carácter subordinado y, por consiguiente, debe ser confirmada la sentencia de grado.

III.- La demandada se queja por la forma en que fueron impuestas las costas del proceso las que serán confirmadas. La índole de la cuestión planteada sugiere que el actor pudo razonablemente considerarse asistido de mejor derecho para litigar en su contra (artículo 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.).

IV.- Las regulaciones de honorarios de las representaciones letradas de las partes, y del perito contador, son razonables con relación a la importancia, el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias de aplicación (artículos 6º, 7º y 19 de la Ley 21839, y 3º del Decreto Ley 16638/57), por lo que sugiero se las confirme.

V.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; se confirme lo resuelto en materia de costas; se impongan las costas de alzada al actor; y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839).-	EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;

2)	Imponer las costas de alzada al actor;

3)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- mp LUIS ALBERTO CATARDO VICTOR ARTURO PESINO JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Ante mí:	ALICIA E. MESERI	SECRETARIA