Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-07


AUTOS 25387.1 (C.C.Nº22100) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "QUINTEROS Santos Domingo C/ Municipalidad De Calingasta - Sumario - Ejecución De Honorarios".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2015- del Tº II - Fº48/51.- En la Ciudad de San Juan a 07 días del mes de agosto de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y el Sr. Vocal Dr. Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 51, contra la sentencia de fecha 10 de noviembre del año dos mil catorce, recaída en los presentes autos Nº25387.1 (C.C. Nº22100) caratulados: "QUINTEROS SANTOS DOMINGO C/ MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA - SUMARIO - EJECUCIÓN DE HONORARIOS", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. sub 45/48 vta.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Viene a resolver el recurso de apelación de la ejecutante contra la resolución de fs. 45/48 vta. que rechaza su planteo de inconstitucionalidad.- Se agravia de lo resuelto alegando que las declaraciones de emergencia a las que adhiere el Municipio demandado datan del año 2003, insinuando que se trata de una limitación irrazonable porque es sine die y no estipula fecha probable de pago cuando la deuda es de 1992, como también de que se presuma que el municipio está en emergencia económica a lo que se agrega la presunción de legitimidad del acto, lo que en este caso - expediente judicial con más de veinte años - no debe admitirse.- Señala que los honorarios son una cuestión alimentaria y no puede exigirse a su parte que demuestre su necesidad, destacando que todos sus honorarios fueron embargados en Autos Caja c/ Sirera como consta a fs. 249 de los autos principales mientras el Intendente Garcés con plata del Municipio viajó a Roma a visitar a S.S. el Papa Francisco y en 2014 entregó en Calingasta el Barrio Ing. José L. Gioja por lo que no habría emergencia económica. Hace reservas de los recursos extraordinarios (leyes 2275 y Nacional 48) y pide se admitan sus agravios con costas.- En caso similar resuelto por esta Sala el 25 de junio de 2013 en Autos Nº32419/1 (C.C. Nº21703) caratulados: "ALCAYAGA, ANITA DEL R. C/ MUNICIPALIDAD DE JACHAL - CONT. ADMINISTRATIVO - INC. DE EJECUCION DE SENTENCIA" se dijo que: Se puede afirmar que con relación al derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de una sentencia firme lo que ella determina, no puede ser sustancialmente alterado por las disposiciones de una ley posterior, por cuanto la sentencia firme es intangible, de manera que lo juzgado por ella no ha de volver a juzgarse; pero una cosa es su contenido y su ejecución, que debe necesariamente llevarse a cabo en razón de la inmutabilidad que la protege, y otra cómo y cuándo serlo (CSJN Fallos: 313:1638).

En el mismo fallo se hace mérito de que la ejecución de los créditos reconocidos se encuentra alcanzada por la suspensión dispuesta, como principio general, por las normas de emergencia, ello en función de la situación de grave perturbación económica, social o política que representa máximo peligro para el país, y de la potestad del Estado democrático e imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional, pudiendo valerse de todos los medios que le permitan combatirla con éxito. Así la Legislatura Provincial por razones de necesidad, puede sancionar una ley que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad, y sólo limita "temporalmente" la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, sin que exista violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis.

La jurisprudencia de la Corte Federal ha admitido, en situaciones de emergencia, la constitucionalidad de las leyes que suspenden "temporalmente" tanto los efectos de los contratos libremente ajustados por las partes, como los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos u otras, a fin de proteger el interés público, en presencia de graves perturbaciones (CSJN Fallos: 172:21; 238:76; 243:449; 243:467; 244:11 y 244:112).

También se dijo que: ..."dichos poderes no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco del art. 28 de la Constitución Nacional y bajo el control de los jueces independientes, pues la emergencia no crea potestades ajenas a la Constitución, pero sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla, llevándolas más allá de los límites que son propios en los tiempos de tranquilidad y sosiego: la medida del interés público afectado determina la medida de la regulación necesaria para tutelarlo (CSJN, Fallos: 313:1638). Sólo se ha exigido que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías individuales o las restricciones que la Constitución contiene en salvaguardia de las instituciones libres.

Resulta de especial trascendencia el argumento de dicha resolución que ahora transcribo y que dice:"Por ende, la suspensión de la ejecución del crédito reconocido a la actora de $26.070,94 al 07/11/2007, no puede ser eterna. Y al respecto nada ha argumentado la parte recurrente sobre cuál sería el plazo de la suspensión de la ejecución del crédito de la parte actora, ni cómo sería satisfecho el mismo.

Tampoco señala cuál es la regulación del modo y tiempo de obtener el efecto de la sentencia que se dictó y pasó en autoridad de cosa juzgada, como que la dicha regulación no importe destituir prácticamente de su eficacia la sentencia.

Es por ello que aún cuando no se comparta alguna de las apreciaciones y/o argumentos expuestos por el primer sentenciante, referidas a las obras públicas, al no haberse argumentado nada -reitero- sobre cuál sería el plazo de la suspensión de la ejecución del crédito de la parte actora, ni como sería satisfecho el mismo, no se ha cumplido con una crítica concreta y razonada de la sentencia impugnada en la parte que considera irrazonable la prolongación indefinida de la suspensión de los derechos individuales (en el caso, del cobro del crédito reconocido por sentencia firme), por lo que propongo el rechazo de los agravios referidos a la inconstitucionalidad declarada".

Como en el caso indicado supra que he transcripto en las partes que interesan cabe destacar que la sentencia definitiva de primera instancia admitiendo la demanda data de setiembre del año 2000 y la liquidación del juicio se encuentra aprobada según auto interlocutorio de marzo de 2012 en que se regulan los honorarios del Dr. Federico J. Molinero (ver copias de fs. sub 6/8 de este incidente) con más lo que se regula en esta Sala por el rechazo del recurso de la demandada (ver copias de fs. sub 9/10 vta. de estos autos) lo que hace el total que demanda el incidentista a fs. sub 16/17, de modo que el origen del crédito se remonta a trabajos profesionales cumplidos desde hace mas de 15 años.- Sabemos por ser un punto con opinión unánime de la doctrina y jurisprudencia en la materia que los honorarios profesionales de abogados gozan del carácter alimentario y por tanto de la protección que la Constitución Nacional, como la Constitución de La Provincia brindan al derecho de propiedad. Baste citar al efecto la jurisprudencia que sigue y que dice: La cláusula social del art. 14 bis en cuanto garantiza una retribución justa carecería de todo contenido si no estuviera sobreentendido que el salario debe cumplir su función social alimentaria, y para que ello ocurra resulta obvio que el pago debe ser oportuno. Por eso, cuando se trata de créditos salariales no es admisible consagrar la legitimidad de prórrogas so pretexto de una emergencia, cuando los pagos se dilatan en el tiempo, en plazos de tal extensión que le hace perder todo sentido a la prestación referida. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría).

CNAT Sala VI sent. 38546 31/5/93 "Wada, Héctor c/ ENTEL s/ diferencia de salarios" CF.- M.- FM.-) Conforme lo que llevo dicho voto para que se admita el recurso del actor modificando la sentencia de primera instancia y para que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza del Municipio demandado que adhiere a la emergencia decretada por el Gobierno de la Provincia, disponiendo su inaplicabilidad al presente caso.- En cuanto a las costas, como en el referido caso, voto para que las costas de ambas instancias se impongan en el orden causado (art. 66, segundo párrafo, C.P.C.C.).

EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso concedido a fs. sub 51 contra la resolución de fecha 10 de noviembre de 2014, obrante a fs. sub 45/48 vta., y en consecuencia modificar la sentencia apelada y declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza del Municipio demandado que adhiere a la emergencia decretada por el Gobierno de la Provincia, disponiendo su inaplicabilidad al presente caso.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.