marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concesión errónea del recurso, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Calabretta, Alejandro Antonio  c/  s/ Transporte automotores de pasajeros siglo veintiuno S.A. linea 181 s/daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

Resulta mal concedido el recurso de apelación, puesto que las normas procesales establecen topes mínimos o límites cuya superación es necesaria para poder acceder a la Segunda Instancia, ello así, la decisión recurrida resulta inapelable si el monto comprometido es inferior al mínimo establecido por el art. 242 del CPCCN, conf. Ac. 10/2024 CSJN .
Honorarios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvador Mellino y hnos Srl c/ Antunez, Sergio Alberto y otros  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

La naturaleza alimentaria del crédito por honorarios que invocan un letrado y un perito, permite eludir la barrera establecida por el art. 242 del CPCCN; el art. 730 del CCyCN en su último párrafo, establece que ante un litigio judicial arbitral derivado del incumplimiento de una obligación, la responsabilidad por costas -incluidos honorarios profesionales devengados en Primera o única Instancia- no debe exceder el 25% del monto de la sentencia, laudo o instrumento que resuelva el diferendo, si las regulaciones de honorarios superan dicho porcentaje, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios.
Devolución del expediente, radicación del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Marcovich, David Leon  c/  s/ Incidente beneficio litig. sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Procede no admitir la adjudicación efectuada y devolver las actuaciones al Centro de Informática Judicial, pues conforme lo dispuesto en el Anexo N° 1 art. 4 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil, la radicación de Sala en un expediente determinará definitivamente la asignación del Tribunal que debe intervenir en: 1) Todas las cuestiones que se susciten en lo sucesivo, tanto en la causa principal como sus incidentes, trámites de ejecución de sentencia y en las tercerías relacionadas con aquél, y 2) En las causas conexas o íntimamente vinculadas.
Espectáculos deportivos, obligación de seguridad, responsabilidad del organizador
Materia: CIVIL
Carátula: Silva Fabián Osvaldo c/ Asociación de futbol argentino (AFA)  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

El deber de seguridad que deben honrar los organizadores de eventos deportivos, más allá del genérico deber de no dañar de rango constitucional -art. 19 de la CN-, encuentra bastante fundamento en el art. 961 del CCyCN -art. 1198 del CC-.
Querellante particular, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CÓRDOBA, derechos y garantías constitucionales, control de razonabilidad, derechos de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL-PROCESAL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

El Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba reglamenta máximas constitucionales (arts. 28, 121 y 122 Constitución Nacional) y consagra derechos favorables a la víctima en su mero carácter de tal (art. 96 Código Procesal Penal). A la vez, admite la posibilidad de que ella actúe en el proceso penal como acusadora privada, interviniendo en el rol de querellante particular (arts. 7, 91 y ss. Código Procesal Penal). Concretamente, la ley de rito determina que el ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que dicho Código establece (art. 7 del Código Procesal Penal).
Querellante particular, bien jurídico protegido, administración fraudulenta, tipo penal, partes del proceso, acción penal, acción civil
Materia: PENAL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

En el delito de administración fraudulenta, independientemente de que el delito perjudique o dañe a particulares, sólo la persona jurídica puede ser considerada como penalmente ofendida y, en consecuencia, sólo ella, a través de sus representantes legales, puede instar la participación en el proceso como querellante particular. Los socios de la persona jurídica, no tienen la calidad exigida por la ley para ser admitidos como querellantes particulares. Es verdad que con el aporte de los socios se forma el patrimonio de la Cooperativa, pero igualmente diáfano es que los patrimonios de cada uno de los socios son algo distinto del patrimonio de la institución, e indudablemente una mala administración perjudicará a los beneficiarios de los servicios que presta el ente ideal, por lo cual podrán eventualmente ejercer los socios las acciones civiles pertinentes, en su carácter de damnificados, pero no por ello son ofendidos penalmente por el delito.
Confirmación de sentencia, incumplimiento de resolución judicial, obras sociales, apercibimiento
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-PENAL
Carátula: F. Z. N.  c/  s/ Determinación de la capacidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-21

Cabe confirmar la sentencia que hace efectivo el apercibimiento decretado y notificado oportunamente, ante la falta de cumplimiento y la imposición de cargas a los familiares apoyos para cumplir una medida que el a quo puso en cabeza del organismo prestador, esto es, el otorgamiento urgente de un servicio de transporte especial.
Querellante particular, partes del proceso, órganos sociales
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

Son los órganos competentes del ente social los que deben decidir sobre la necesidad o no de constituirse en querellante particular y, consecuentemente, de materializar esa facultad a través de sus representantes legales.
Rechazo de la demanda, accidente en espectáculo deportivo, daños y perjuicios, responsabilidad del organizador, falta de prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Silva Fabián Osvaldo c/ Asociación de futbol argentino (AFA)  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

Procede confirmar el rechazo de una demanda por daños y perjuicios entablada por un espectador en un evento deportivo -en ocasión de una avalancha en un estadio-, pues si bien el art. 51 de Ley 24.192 ( modif. de la Ley 23.1843) prescribe que las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños que se generen en los estadios, esta disposición entraña una atribución objetiva de responsabilidad, por lo que para eximirse, deben probar la ruptura del nexo causal con el daño por el hecho o culpa de la víctima, de un tercero extraño o por el caso fortuito, sin embargo, ello no exime al actor de probar la existencia del supuesto fáctico sobre el que apoya su reclamo.
Admisibilidad del recurso, depósito previo, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Y, E H F c/ F Z, el (fallecido) y otro  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-22

Resulta admisible el recurso y cabe dejar sin efecto la providencia en cuanto intima al apelante a depositar las sumas adeudadas como consecuencia del prorrateo al previo depósito, pues el art. 730 del CCyCN no condiciona el tratamiento del pedido de prorrateo de honorarios a que previamente se deposite y se ofrezcan en pago las sumas adeudadas. Un requerimiento en esos términos excede las facultades ordenatorias concedidas a los jueces por el art. 36 del CPCC y además, implica un rechazo anticipado del planteo o puede conducir a que se torne abstracto.
Derecho penal, actos ilícitos, partes del proceso, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

Distintos bienes jurídicos pueden ser atacados por un delito, más si los mismos no tienen receptación en la ley penal, esto es, si no son bienes jurídicos penalmente protegidos, no habilitan la participación en esta clase de procesos, y su protección ante el ataque (la reparación por la lesión sufrida) está asegurada en otros ámbitos judiciales, interviniendo como damnificado el que haya sufrido un daño por el ilícito cometido.
Derecho de propiedad, bien jurídico protegido, administración fraudulenta, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

El delito de administración fraudulenta se trata de un tipo penal de ofensa simple, ya que en su estructura el legislador no ha previsto la posibilidad de afectación de otro bien jurídico digno de tutela jurídica, además de la propiedad en sus diferentes formas de ser atacada. Entonces, para ser considerado ofendido penalmente no basta con ser damnificado por el delito, sino que se requiere ser el titular de un bien jurídico protegido por un delito de acción pública.
Pacto de San José de Costa Rica, opinión consultiva, cambio climático, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, protocolo adicional, obligaciones internacionales, reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, competencia consultiva de la Corte Interamericana, responsabilidad internacional del Estado Parte, protección internacional de los derechos humanos, derecho a un medio ambiente sano, seguridad alimentaria, degradación
Materia: DERECHOS HUMANOS-MEDIO AMBIENTE-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Opinión Consultiva OC-32/25. Serie A No. 32. Solicitantes: República de Chile y República de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2025-05-29

La presente Opinión Consultiva emitida por el Tribunal Interamericano sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos aborda la magnitud del impacto generado por el cambio climático a nivel global, la degradación producida en los sistemas naturales y su íntima conexión y afectación a la vida, la salud, la seguridad alimentaria e hídrica y el patrimonio cultural de la humanidad. Indica asimismo el alcance e interpretación que debe otorgársele a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otras normas de relevancia respecto de las cuales los estados están obligados a cumplir.
Inapelabilidad en razón del monto, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Salvador Mellino y hnos Srl c/ Antunez, Sergio Alberto y otros  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

El interés económico comprometido en la controversia debe superar el límite de apelabilidad previsto en el art. 242 del CPCCN, adecuado por la Ac. 10/2024 de la CSJN ($2.100.000.-), para que un recurso sea admitido; los cálculos comprendidos en el prorrateo no configuran la excepción prevista en el mencionado artículo, última parte, en tanto no se trata de una regulación de honorarios. (Del voto en disidencia del Dr. Trípoli)
Protección internacional de los derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, defensa en juicio, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, debido proceso, obligaciones internacionales, derechos de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que: 1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. 2) Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Es indudable que, en virtud de estas directivas constitucionales, la víctima del delito tiene un verdadero derecho a una intervención relevante en el proceso penal, para la satisfacción de sus legítimos intereses jurídicos.
Producción de la prueba, declaración de negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanchez Ibañez Roberto Orlando y otro c/ Gualdoni Graciela Monica y otros  c/  s/ Prescripcion adquisitiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-16

Corresponde desestimar el replanteo de prueba, dado que se encuentra previsto para el caso de prueba denegada en Primera Instancia o respecto de la cual hubiese mediado declaración de negligencia.
Confirmación de sentencia, asistencia psicológica, interés superior del niño
Materia: PROCESAL-SALUD PUBLICA-DERECHOS HUMANOS
Carátula: L., L. y otro demandado: D., E. A.  c/  s/ Art. 250 C.P.C - Incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

Procede confirmar la sentencia que dispone en forma cautelar, la intervención de un centro especializado a los fines de dar inicio a un nuevo tratamiento psicológico de un niño, dado que los asuntos atinentes a los menores deben resolverse en función de su mayor bienestar. A mayor abundamiento, cabe precisar que el interés superior del niño proporciona un parámetro objetivo para resolver sus problemas, por eso frente al interés del adulto debe priorizarse el del menor.
Asistencia psicológica, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-SALUD PUBLICA
Carátula: L., L. y otro demandado: D., E. A.  c/  s/ Art. 250 C.P.C - Incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

Si bien no se desconoce la terapia en curso de un menor, dado el tiempo transcurrido y la afectación emocional irresuelta que presenta, ello requiere de la intervención siquiera adicional, de otros profesionales, por eso cabe disponer un nuevo tratamiento psicológico. Sin duda por regla, la exploración psicológica única es la estrategia más adecuada para determinar un diagnóstico en pacientes que son niños judicializados, pero si luego de un tiempo razonable, las sesiones del terapeuta actuante no traslucen un avance categórico para la resolución del caso, la intervención combinada de distintos espacios terapéuticos puede presentarse como conveniente para la protección de la salud psíquica y emocional del menor.
Pacto de San José de Costa Rica, defensa en juicio, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, derecho a ser oído, debido proceso, protección internacional de los derechos humanos, derechos y garantías constitucionales
Materia: DERECHOS HUMANOS-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

El artículo 8.1 de la CADH -Pacto de San José de Costa Rica- prescribe que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter.
Bien jurídico protegido, Derecho penal, tipo penal, partes del proceso, acción penal
Materia: CIVIL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

No cualquier bien jurídico o derecho que posee una persona, aun cuando tenga raigambre constitucional, ha sido elevado a la categoría de bien jurídico penal. Y esto encuentra su razón de ser en que, de todos los mecanismos o herramientas con que cuenta el Estado Constitucional de Derecho para asegurar una pacífica convivencia social, el Derecho Penal es el último recurso o "ultima ratio" a la que debe acudirse para solucionar un conflicto y reestablecer el equilibrio roto por la conducta antisocial, dada la virulencia de la respuesta punitiva penal.
LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, código civil y comercial, personalidad jurídica de la sociedad, patrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

Es importante señalar que una cooperativa de servicios, es una persona jurídica privada (art. 148 inc. g del Código Civil y Comercial) que, como todo sujeto de derecho, tiene un patrimonio que no se confunde con el de los individuos que concurren a conformar el sustrato material de la entidad (arts. 154 del Código Civil y Comercial, 2 de la Ley Nacional de Cooperativas 20.337). El patrimonio de la entidad sirve para el cumplimiento de sus fines y es distinto del de cada uno de sus miembros, pudiendo soportar sus propias deudas y responsabilidades. Es una consecuencia, claro está, del principio de personalidad diferenciada (art. 143 del Código Civil y Comercial), por consiguiente, los bienes de la entidad figuran en su propio patrimonio y no en el de los individuos que la integran.
Deserción del recurso, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Valle, Yamil Iriel c/ Galanti, Víctor Hugo y otro  c/  s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-03

Corresponde declarar la deserción del recurso, ello de conformidad con el art. 266 del CPCCN, máxime cuando aún observando el plazo de gracia -art. 124 del CPCCN-, la expresión de agravios se presenta extemporáneamente.
Querellante particular, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CÓRDOBA, derechos y garantías constitucionales, derechos de la víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL-PENAL
Carátula: Denuncia formulada por Eligio Fernando Danterre y otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-03-31

Luce importante diferenciar entre el particular ofendido (víctima directa o sus familiares en tanto tengan la calidad de herederos forzosos) y el simple damnificado. Así, la persona que de modo especial, singular, individual y directamente resulta afectada por el daño o el peligro que el delito comporta es el titular exclusivo del ejercicio de la querella, es quien se encuentra legitimado para constituirse en querellante; mientras que el tercero que como consecuencia del hecho haya sufrido una pérdida o un menoscabo patrimonial pasará a revestir la calidad de simple damnificado con la posibilidad de constituirse en actor civil durante el proceso penal (art. 24 del Código Procesal Penal).
Libertad de expresión, fuerzas de seguridad
Materia: CONSTITUCIONAL-MILITAR
Carátula: Z., E. M. c/ E.N. - M. Seguridad - G.N.  s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

Si bien el ámbito de las fuerzas de seguridad requiere de una normativización más severa y de restricciones que resguarden la disciplina militar, la libertad de opinión, aún en el ámbito castrense, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático.
Arresto militar, libertad de expresión, redes sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Z., E. M. c/ E.N. - M. Seguridad - G.N.  s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

Debe decretarse la invalidez de la sanción de arresto dispuesta contra un oficial jefe de Gendarmería Nacional por los comentarios vertidos contra un colega en el grupo cerrado de una red social, dado que las publicaciones no superaban los límites de un debate de ideas y no representaban una amenaza real a la operatividad de la fuerza, además de no haberse avaluado el contexto ni el contenido real de las expresiones.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SAN JUAN, denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, proceso penal, sentencia no firme, queja por casación denegada, recurso de casación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: C/ c/ M.J.N. por delito contra la persona en perjuicio de R.M.L.L. s/ Queja por recurso denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-09-23

Las resoluciones que desestiman nulidades procesales e implican que el imputado siga sometido a proceso carecen del requisito de definitividad que exige la normativa procesal para la viabilidad formal del recurso de casación.
Espectáculos públicos, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Rivero, R. R c/  s/ incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-24

Todo contrato de espectáculo público lleva implícita una cláusula de incolumidad a favor del espectador, de forma tal que el empresario asume la obligación de garantizar al público cierta seguridad
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, proceso penal, resoluciones equiparables a definitiva, sentencia no firme, queja por casación denegada, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SAN JUAN, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C/ c/ M.J.N. por delito contra la persona en perjuicio de R.M.L.L. s/ Queja por recurso denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-09-23

Resulta condicionante de la admisión del recurso que se trate de una sentencia definitiva, es decir aquellas que dirimen la causa con una decisión el fondo de la cuestión litigiosa en debate, y que por ende tenga virtualidad de agotar la jurisdicción del tribunal que la dicta.
Medidas cautelares, locación transitoria, consorcio de propietarios, violación del reglamento de copropiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Cons. de Prop. Rep. Árabe Siria 2773-1 c/ L. G. R.  s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-10-16

Corresponde hacer lugar a la medida precautoria solicitada por el consorcio de propietarios y ordenaron al dueño de un departamento que cese con toda actividad de alquiler temporario o turístico a través de plataformas digitales, dado que el accionado transformó su propiedad en un establecimiento de hospedaje temporario, mediante la intermediación de distintas plataformas digitales, configurando una actividad típicamente comercial que desnaturaliza el destino reglamentario y afecta los derechos de los restantes copropietarios. Cabe destacar que no se trata del supuesto de un arrendamiento eventual para vivienda por corta duración, sino de un verdadero uso comercial no autorizado de la unidad.
Libertad de expresión, Internet
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., E. M. c/ E.N. - M. Seguridad - G.N.  s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha limitación podría tener en la capacidad de la red para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses