Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-12-10


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: ciento cuarenta y cuatro.- San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Diciembre de 2007.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 23/07 "MORENO, Raúl Alfredo y Otros c/ ESTADO PROVINCIAL - Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad", y CONSIDERANDO:

1.- Que vienen las presentes actuaciones a despacho a fin de resolver la admisibilidad formal de sendas acciones, declarativas de certeza en los términos del Art.322 del CPCC y de inconstitucionalidad de las Acordadas Nº 3800/02 y 4014/07 dictadas por la Corte de Justicia y de sus actos consecuentes: anulación de las matrículas de martilleros otorgadas en virtud de lo dispuesto por dichos instrumentos. Ambas acciones, interpuestas por un grupo de personas invocando el carácter de martilleros públicos, por derecho propio -con patrocinio letrado-, en contra del Estado Provincial. Justifican la competencia de este Tribunal, expresando que se cuestiona la actividad desplegada por la Corte de Justicia en el gobierno de la matrícula de martillero, que reviste naturaleza administrativa y lo dispuesto por el Art. 204 de la Constitución Provincial.

Reseñan los antecedentes fácticos de la cuestión planteada, expresan que la profesión de martillero ha sido regulada por el Código de Comercio, redacción original; luego por la Ley 20266/73, que dispuso que para ser martillero se requería, entre otras condiciones, aprobar un examen de idoneidad, que debía rendirse ante cualquier tribunal de alzada de la república con competencia en materia comercial, que expedía un certificado con validez en todo el país; asimismo para ejercer la actividad, era menester inscribirse en la matrícula correspondiente a la jurisdicción en que hubiera de desempeñarse, para lo cual era necesario presentar el referido certificado. Y, actualmente por la Ley 25028/99, que exige -entre otras condiciones- título universitario expedido o revalidado en la república, sujeto a la implementación de las carreras universitarias de martilleros y corredores. En el ámbito provincial, la actividad esta reglada por la Ley 4012/83, que en consonancia con la Ley 20266/73, dispone aprobar un examen ante la Corte de Justicia, que tiene el gobierno de la matrícula por vía de superintendencia.

Consideran que ante la colisión de normas, prevalece la ley de fondo 25028/99 sobre la norma provincial Ley 4012/83 que ha perdido vigencia, y actualmente se ha sustituido la exigencia del examen de idoneidad por el título universitario, se trata de materia regulada por el Congreso de la Nación, de una actividad mercantil de auxiliar de comercio regida por la ley de fondo, no delegada a las provincias, por imperio de los Art. 31, 75 inc. 12 y 126, de la Constitución Nacional. Además de existir diecinueve universidades que implementaron la carrera de que se trata. 1a.- Plantean la inconstitucionalidad de las Acordadas de la Corte de Justicia Nº 3800 del 27/08/02 y Nº 4041 del 20/02/07, y la consiguiente invalidez o anulación de las matrículas otorgadas al amparo de dichos instrumentos y en contravención a lo dispuesto por la Ley 25028. Con fundamento en que: la Acordada Nº 3800/02 al incurrir en violación a la supremacía constitucional, debe declararse inválida y en consecuencia las matrículas otorgadas sin que pueda alegarse derechos adquiridos por apartarse de la legalidad vigente. Ello, en razón que dispuso una convocatoria "por única vez", no respetada, el 17/09/02 para la recepción de las pruebas de capacitación de los aspirantes a obtener el título de Martillero Judicial, no obstante reconocer en sus considerandos la vigencia de la Ley 25028. Sin embargo, se respalda en argumentos absurdos so pretexto de tener la organización y gobierno de la matrícula -poder policía-, que la expedición del título se encontraba restringida a algunas universidades y la necesidad de contar con martilleros en las circunscripciones del interior dispone la convocatoria, continuando con posterioridad otorgando matrículas sin el título de grado. Respecto a la Acordada Nº 4014/07, alegan que convalida las irregularidades, no obstante reconocer la vigencia de la Ley 25028 y la exigencia del título universitario; deroga las Acordadas Nº 3055 y Nº 3800; establece que partir de su fecha (20/02/07) únicamente podrán ser matriculados como martilleros públicos quienes reúnan los requisitos de la Ley 20266 y su modificatoria 25028, pero nada dice de los efectos producidos, manteniendo las matrículas anteriores otorgadas al amparo de la acordada derogada y en contradicción con la ley nacional. De ese modo incurre en inconstitucionalidad por omisión, porque tuvo oportunidad de restablecer el imperio de la constitución vulnerada por la Acordada Nº 3800; planteo que devendría abstracto si se acoge el planteo de inconstitucionalidad de la Acordada Nº 3800 pues ello bastaría para anular las matrículas otorgadas en violación a la Ley 25028. Señalan que ello les ha irrogado perjuicios, elevando el número de martilleros sin título universitario, disminuyendo el número de causas en las que eran designados, afectando derechos adquiridos de propiedad, ejercer industria lícita, trabajar e igualdad. Consideran que conforme a lo expuesto, procede la declaración de inconstitucionalidad de las Acordadas Nº 3800 y Nº 4041, y la consiguiente anulación de las matrículas de martilleros otorgadas en virtud de dichos instrumentos. 1b.- Respecto a la acción declarativa de certeza, manifiestan que las irregularidades de la Corte de Justicia en el gobierno de la matrícula de martilleros, les genera incertidumbre porque: -no existe certeza acerca del momento en que para el tribunal ha entrado en vigencia la Ley 25028, ya que fijado el mismo, la Corte pierde facultad para realizar exámenes de idoneidad a los postulantes. Resultando contradictorio que mediante la Acordada Nº 3800 reconozca la existencia del título de grado y que no corresponde que la Corte siga otorgando tal título, y por otro lado convoca a exámenes para otorgar la matrícula; -que la Acordada Nº 3800 estableció que la convocatoria sería por única vez, no obstante hasta el 04/12/06 ha continuado tomando exámenes de idoneidad; -que la Acordada Nº 3800 justifica el otorgamiento de nuevas matrículas por la necesidad de contar con martilleros en las circunscripciones del interior, cuando tales martilleros se desempeñan en la capital; -no se cumple con la Ley 25028 porque se ha otorgado matrículas a personas con título terciario y no universitario; -existencia de dos listados de martilleros con superposición de matrículas: públicos y judiciales, distinción que carece de base normativa y genera incertidumbre, porque ambos realizan remates y se inscriben en el Registro Público de Comercio, siendo la profesión una sola; -éstas cuestiones les genera incertidumbre acerca de que: si para la Corte esta vigente la Ley 25028 y quienes reúnen los requisitos para ser martilleros conforme al régimen legal vigente, generándoles daños y perjuicios por afectar su actividad. Fundan el derecho; ofrecen prueba documental, instrumental e informativa, hacen reserva del caso federal, peticionando en definitiva se declare la jurisdicción y competencia del Tribunal y se haga lugar a las acciones deducidas, declarando la inconstitucionalidad de las Acordadas, estableciendo el momento en que ha entrado en vigencia la Ley 25028 y se anulen las matrículas otorgadas sin cumplir la exigencia del título universitario. 2.- Que integrado el Tribunal con la Corte de Justicia Subrogante, se otorga participación procesal y se corre vista a la Srta. Procuradora Subrogante, que a fs. 78/81 vta. en un meduloso y exhaustivo dictamen se pronuncia por la inadmisibilidad formal de sendas acciones. Dictado a fs.82 el proveído que ordena autos parea resolver, queda la cuestión conclusa y en estado de emitir pronunciamiento. 3.- Que para resolver la admisibilidad formal de las acciones interpuesta, se impone la determinación de las características propias de las acciones deducidas: directa de inconstitucionalidad y declarativa de certeza; en relación a la naturaleza de los actos impugnados y actividad desplegada en su emisión. 3a.- En efecto, la naturaleza jurídica de los actos objetos de impugnación: Acordadas de la Corte de Justicia, revisten el carácter de actos normativos de alcance general que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución, dictados en ejercicio de funciones de superintendencia y en uso de facultades constitucionales propias del Alto Tribunal. Sentado ello, por la primera se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de las Acordadas Nº 3800/02 y 4041/07 y como derivación la nulidad de los actos particulares consecuentes. Por la segunda la declaración de certeza del momento en que para la Corte de Justicia ha entrado en vigencia la Ley 25028. 3b.- Que en orden a las previsiones legales, ambas pretensiones revisten requisitos tipificantes distintos y se eliminan entre sí. En tal sentido Sanmartino, "Agotamiento de la vía administrativa en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad autónoma de Bs. As. Habilitación de la Instancia en el contencioso administrativo", con cita de fallo del TSJ de la CBA, p.321) : "La acción declarativa de certeza ... y la acción abstracta de inconstitucionalidad ... representan cauces procesales diversos con aptitud para albergar pretensiones diferentes que se excluyen entre sí, esto es, que uno no puede albergar la pretensión propia del otro y viceversa. Los requisitos de admisibilidad para tramitar cada una de ellas también son diferentes y responden a objetivos distintos propios de los sistemas a los que pertenecen; control difuso (concreto) y concentrado (abstracto) respectivamente". Diferencia también acogida en la Constitución Provincial. En efecto, la Corte de Justicia provincial en su actual composición, ha incorporado la acción directa de inconstitucionalidad por vía jurisprudencial, interpretando que la misma se encuentra implícitamente legislada en el Art. 203, inc. 2, que establece que corresponde a la Corte de Justicia el conocimiento y decisión "de las causas acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la constitución, ergo, la 1º) se encuentra reservada para impugnar la validez constitucional de normas de carácter general emanadas de autoridades locales en cuanto resulten contraria a la constitución: Acordadas dictadas por la CJ contrarias a la constitución. Por su parte el Art. 204: establece la jurisdicción de la Corte de Justicia para decidir en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso administrativas. Comprensiva, de la 2º) que persigue la declaración de certeza acerca de una determinada relación o situación jurídica reglamentada por actos dictados por la CJ, es decir, actos de naturaleza administrativa dictados por la CJ en ejercicio de funciones de superintendencia. Cuya revisión es competencia originaria y exclusiva de este Tribunal (Conf.: jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano"). Pretensión a la que, como en cualquier otra demanda, puede adicionarse incidentalmente una cuestión constitucional, cuando fuere imprescindible e imperioso para resolver el objeto principal de la acción. Conforme a ello, debe establecerse la pertinencia y admisibilidad de estas vías para declarar la nulidad de los actos administrativos particulares de otorgamiento de la habilitación y matriculación de los martilleros judiciales como peticionan los actores. 4.- La acción de inconstitucionalidad, como se expresara ut supra, cualquiera sea el nomen iuris que se le asigne: abstracta, directa o declarativa de inconstitucionalidad, tiene por objeto actos normativos de alcance general, y su finalidad principal es preventiva. En consecuencia, excluye actos particulares y no resulta la vía eficiente de pretensión de reparar un daño concreto producido por actos administrativos, que en el supuesto de afectar derechos subjetivos cuenta con las acciones ordinarias contencioso administrativas previstas en la legislación vigente. De lo que se infiere, que por aplicación de los principios generales, para su admisibilidad requiere de requisitos distintos; y sólo por vía de excepción podría admitirse su acumulación en el caso de que la demanda contenciosoadministrativa -anulación del acto lesivo- sea una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad y la reparación del daño no requiera de un procedimiento de cognición. Así lo tiene resuelto la doctrina y jurisprudencia de aplicación en la materia. En efecto, se ha dicho: "Evidentemente este acto (administrativo, que genera efectos individuales directos) al carecer de los caracteres necesarios para enmarcarse dentro de la categoría de norma general exigida, no puede ser objeto de la acción declarativa de inconstitucionalidad". (Conf.: Risso Guido, Acción declarativa de Inconstitucionalidad en la justicia de la ciudad autónoma de Bs. As., p .28). Asimismo que, "...El control abstracto de inconstitucionalidad no es apto para producir un pronunciamiento judicial acerca de situaciones particulares, tampoco permite impugnar actos concretos de aplicación ni admite acumular a la pretensión declarativa de inconstitucionalidad ninguna otra, sea ella de condena o constitutiva..." (Conf.: TSJ de la Ciudad de Bs. As.; ob. cit. de Sanmartino, Marcelo, p. 322). En otro orden de consideraciones resulta que, la acción de inconstitucionalidad dirigida en contra de la Acordada Nº 3800/02, derogada por la Acordada Nº 4041/07, no resulta admisible al no revestir su contenido la calidad de derecho vigente, resultando inoficioso todo análisis en torno a la procedencia de esta acción con referencia a la misma. Por cuento corresponde aplicar el principio, de que "...la norma que se revele como objeto de la acción debe circunscribirse a la categoría de normas vigentes, en tanto que la sentencia que declare su inconstitucionalidad no opera ex tunc (desde entonces), es decir, retroactivamente desde la sanción de la norma, sino que opera ex nunc pro futuro... mal podría entonces, una sentencia declarativa de inconstitucionalidad derogar una norma ya derogada" (Conf.: Rizzo, Guido, ob. citada, p.29/31). Además de que, "...la concepción acerca de la imbricación institucional de la acción me lleva a sostener que el objeto de la acción de inconstitucionalidad debe circunscribirse a las normas vigentes, entendiendo por tales a las que existen en el sistema normativo actual, "aquí y ahora", en el presente." Sin perjuicio de los supuestos de ultraactividad de la ley derogada, pues la derogación de una norma no siempre implica la pérdida automática y total de su eficacia (vrbg.: leyes previsionales), cuando el estudio de la cuestión constitucional se hace a través de los mecanismos tradicionales de control difuso, aptos para cuestionar la constitucionalidad de las normas no vigentes pero aplicables a un caso concreto. (Conf.: Fallo "Ortiz Basualdo, Susana Mercedes y otra c. Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad"; Constitución y Justicia, Bs. As., Ad-Hoc, 2001, T. I, p.77/78). Como señala Bidart Campos, para "...declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma jurídica, esta tiene que estar en vigor; si no esta en vigor, si esta retirada del mundo jurídico, esa norma ya no existe, ya no forma parte del ordenamiento jurídico ( LL-2003-C-1494). Que la postulación de declaración de inconstitucionalidad de la Acordada Nº 4014/07, que textualmente reconoce la vigencia de la Ley 25028 y la exigencia del título universitario, los accionantes circunscriben su petición a cuestionar que nada se dice de los efectos producidos ni de las matrículas otorgadas al amparo de las acordadas derogadas, agravio que de ninguna manera puede caratularse como configurativo de cuestión constitucionalidad alguna, ni su derogación -por vía de hipótesis- podría abarcar las pretensiones de los actores por cuanto la adecuación de los actos reglamentarios al derecho vigente no puede alterar derechos adquiridos al amparo de normas anteriores, sin audiencia de los interesados, además de la imposibilidad lógica-jurídica de acumular a la pretensión de control abstracto de inconstitucionalidad una de condena o constitutiva con relación a situaciones particulares como se explicitara ut-supra. Ahora bien, la distinción entre la acción declarativa de inconstitucionalidad y la acción declarativa de certeza, es tratada por Bianchi ("Control de Constitucionalidad", T. II, p. 403), expresando que, hasta aquí, la Corte había admitido la existencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, pero no estaba totalmente claro si se trataba de la acción declarativa de mera certeza con ejercicio del control constitucional, o bien era una acción diferente. Por su parte Luqui ("Revisión judicial de la actividad administrativa", T. II, p. 30), también hace tal distinción, y al tratar la acción declarativa de certeza manifiesta que "tiene una finalidad preventiva, similar a la demanda de inconstitucionalidad legislada en algunas provincias. Por eso, es una vía optativa para el agraviado que, si no se utiliza, no produce efecto alguno. Mantiene siempre la posibilidad de cuestionarlo cuando se aplique". Es decir, que la acción declarativa de certeza ha sido receptada para impugnar actos administrativos particulares , en tal sentido la corte provincial cuenta con numeroso fallos. En relación a los requisitos de admisibilidad son los mismos, primordialmente respecto a la incertidumbre y la no existencia de otra vía. Así la CJ tiene dicho que, tal acción es de naturaleza preventiva, con el fin de hacer cesar una incertidumbre y ante la inexistencia de otra vía, "...pretendiendo la inconstitucionalidad de las normas tributarias provincial que obviamente ya fueron aplicadas por la autoridad local, las que a su vez al entrar en vigencia, no fueron cuestionadas revelando no su rechazo sino más bien un incumplimiento de estas obligaciones tributarias, es decir, que en este orden si hubo falta de certeza su tiempo ya pasó, pues el derecho que ahora se cuestiona ya fue aplicado y en consecuencia si el mismo era susceptible de causar perjuicio el supuesto daño ya aconteció", de ahí el carácter prevencional de la acción. "Cabe advertir que no se trata de un excesivo rigorismo formal sino que tal exigencia responde a la naturaleza misma de esta acción de carácter preventivo, que no procede sobre supuestos perjuicios o violaciones consumadas, de ahí que el interés que abre esta instancia esté dado por la condición de que siempre el estado de incertidumbre acerca del daño o lesión sea actual, que haya peligro latente y conjetural pero nunca irreparable, por el hecho de no haberse producido, dado que es para evitar y no para reparar... por estos argumentos... la acción debe declararse inadmisible por no existir el requisito medular de incertidumbre para remediar la vía intentada, en consecuencia, su falta se convierte en un obstáculo que veda la posibilidad de ingresar al tratamiento de la cuestión sustancial del planteo..." (C.J.Catamarca, LLNOA 2006-1231). Pronunciamiento que encuentra su antecedente en el caso: "Barrera" (26/08/97) donde la CJ, expresó que "la viabilidad de la acción declarativa de certeza requiere de un estado de incertidumbre sobre la existencia, avance o modalidad de una relación jurídica concreta que presenta una situación de daño actual al accionante, que persigue eliminar la incertidumbre o prevenir el daño o lesión que tal situación le provoca, sin que exista otro medio legal que pudiere ponerle término en forma inmediata". Que el requisito de la incertidumbre, de singular importancia, resulta analizado en profundidad por la actual ministro de la CSJN, Dra. Higthon de Nolasco, al señalar, como recaudos propios de la acción de que se trata: 1- un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica; 2- la posibilidad de que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor; 3- una indisposición de otro medio legal para poner término inmediatamente al estado de incertidumbre. Estos tres requisitos deben darse de manera concurrente, la falta de uno de ellos autoriza a rechazar in limine la acción declarativa" (Conf.:"Cód. Proc. C. y C. de la N.; T. IV, p.89; con cita de jurisprudencia de esta Corte de Justicia del 23/06/04, p.91). Que si bien hemos afirmado que se trata de dos acciones distintas, debe señalarse que tienen puntos de contacto. En efecto la cita de la Dra. Higthon de Nolasco, relacionada con el estado de incertidumbre expresa: "teniendo en cuenta que las sentencias deben atender a la situación existente al momento de la decisión, si la acción declarativa de inconstitucionalidad intentada perdió objeto actual por la sanción de una nueva disposición la causa debe ser sobreseída (Ob. cit.; p. 93). Cita que no obedece a confusión, sino que así como para poder declarar la inconstitucionalidad en forma autónoma o directa la norma debe estar vigente, asimismo no puede causar incertidumbre una norma derogada, es la única razón de ser de la cita ya que esto se colige cuando se habla de que el daño debe ser actual y no pasado. Ergo, si la norma está derogada la acción no puede cumplir su finalidad preventiva, porque al no existir la norma no produce incertidumbre ni daño alguno. "La incertidumbre perjudicial debe ser de naturaleza objetiva no bastando que subjetivamente se afirme su existencia" (Conf.: Enderle, Guillermo, "La pretensión meramente declarativa", p. 203). Que por último debe señalarse que, no basta que cause incertidumbre y daño sino que, además, se requiere que no exista otro medio legal para poner término a la incertidumbre. Conforme a la expuesto por Hutchinson, en coincidencia con Luqui, ("La impugnación judicial de los reglamentos", RADA, Nº 9), los reglamentos tienen dos vías de impugnación: la directa y la indirecta. Con la característica que si alguien no lo ha impugnado oportunamente, puede hacerlo cuando la autoridad de ejecución le haya dado aplicación mediante acto definitivo, siendo este último un acto ya de alcance individual, particular, que en el caso de autos estaría representado por el acto que declaró idóneo al aspirante a martillero judicial. 5.- Por último, advertida la confusión incurrida por los accionantes, debe precisarse que el título de martillero público como título de grado cuyo otorgamiento compete a las universidades nacionales por exigencia legal -Ley 25028-, no debe asimilarse a la matrícula de martillero expedida por las cortes y superiores tribunales en aquellas provincias -como la nuestra- que no cuentan con Colegio de Martilleros. En consecuencia la incertidumbre que se pretende despejar con relación a lo establecido en la Acordada 4010/07, con el alcance explicitado en la relación de hechos, es una incertidumbre meramente subjetiva inhábil a los fines perseguidos. Tal aserto se evidencia con la mera lectura de la Acordada citada que reconoce la plena vigencia de la Ley 25028, las previsiones contenidas en la legislación sustancial -Art.2 del Código Civil- con relación a la vigencia de las leyes; precisándose además que la Corte de Justicia tiene la organización y gobierno de la matrícula de martillero y el poder de evaluar mediante examen la idoneidad a los martilleros judiciales como auxiliares de la justicia dentro de la normativa del código de procedimiento civil y comercial, materia reservada a las provincias por mandato constitucional. Que conforme a lo expuesto, corresponde declarar la jurisdicción y competencia del tribunal para entender en la causa; declarar formalmente inadmisibles las acciones interpuestas de inconstitucionalidad y declaración de certeza y la pretensión de condena por anulación de actos administrativos particulares, costas por su orden ante la falta de contradictorio. Por ello, y de conformidad a lo propiciado en el enjundioso y exhaustivo dictamen de la Srta. Procuradora General Subrogante, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la presente causa. 2) Declarar formalmente inadmisibles las acciones interpuestas de inconstitucionalidad y declaración de certeza y la pretensión de condena por anulación de actos administrativos particulares. 3) Imponer las costas por su orden. 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.