marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque sin fondos, contraorden indebida para el pago del cheque, autoría mediata, representación de la sociedad
Materia: PENAL
Carátula: SCHOLNIK, MANUEL s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-14

1- Autor mediato es quien realiza el hecho valiéndose de otros y en el caso si bien el imputado no firmó como librador el cheque, fue él quien dio la contraorden de pago, teniendo a su cargo "las riendas" del hecho como presidente de la empresa comercial en cuyo nombre se dio la orden de no pago, por lo que su accionar configura el delito previsto en el art. 302, inc. 3 del cód. penal. (Del voto del Dr.

Hendler).- 2- Debe descartarse el estado de necesidad alegado en cuanto a que para evitar el grave daño de la imposibilidad de continuar el giro de la empresa, dejando así sin empleo a su numeroso personal, después de darse el cheque se frustró su cumplimiento con la contraorden dada, pues para que se justifique como mal menor el comportamiento elegido hace falta que éste se hubiere presentado como adecuado a la situación. (Del voto del Dr. Hendler).- 3- El error aducido debe ser desechado si no se ha aportado prueba sobre su existencia. (Del voto del Dr. Hendler).- 4- Corresponde condenar al presidente y representante del órgano de administración de la sociedad en cuyo nombre fueron librados los cheques cuyo pago fue frustrado, si aun cuando ni firmó los documentos ni dio contraorden de pago, no era ajeno al hecho y estuvo, por lo tanto, en condiciones de impedirlo. (Del voto del Dr. Hendler).
Concursos, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Unión de Cooperativas Rurales de Electricidad Coop. Ltda. s/ Quiebra- Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

La ley 19.551 introduce un sistema recursivo peculiar, diferente de los establecidos por las leyes del rito, pues le encarga al mismo juez que dictó el fallo la tarea de conocer y decidir sobre la revisión de legalidad y justicia del mismo (arts. 91 y 98 L.C.).-
Oposición al registro de marca, marcas confundibles, similitud ideológica
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL HOGAR Y LA MODA SA c/ FRIAS DE VERCELLI MONICA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA LEY 22.362:  ART. 2, INC. A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Hay suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre los conjuntos el arte de tejer y aprender a tejer. En cuanto a la confundibilidad ideológica, se trata de marcas de un producto que consiste en revistas o publicaciones acerca del tejido. El hecho de que la publicación el arte de tejer tenga artículos sobre modas y también enseñe a realizar ciertos tejidos, no puede ampliar el privilegio de esa denominación hasta el extremo de considerarla equivalente a aprender a tejer.
Sentencia interlocutoria, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop Coop.Ltdo c/ Barzola, Aldo y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Tratándose de una resolución de naturaleza interlocutoria, su notificación a las partes debió efectuarse de manera personal o por cédula de acuerdo a lo dispuesto por el art. 135 inc. 12, CPCC. y no "ministerio legis".
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Bobadilla, Desiderio c/ Hijos  de  Alejandro  Fridman  S.R.L.  y/o quien resulte responsable s/ Indemnización emergente de enfermedad accidente S.R.L.  y/o quien resulte responsable s/ Indemnización emergente de enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-26

El trabajador tiene derecho a una indemnización si prueba que la enfermedad que padece tiene alguna vinculación con las labores cumplidas a las órdenes del empleador, debiendo actuar como causa, o como factor agravante, desencadenante o exacerbante.
Impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: GASSAN SABA, Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-24

El voto concurrente expresó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible, por carecer de la debida fundamentación. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -voto concurrente-).
Ejercicio profesional, escribanos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: POLETTI, OSCAR ERNESTO c/ SEIRET DE GRONDONA, ETHEL A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

El escribano a quien se encarga la escrituración de un inmueble, no reviste el carácter de mandatario de ninguna de las partes, ni podría revestirlo (art. 985 del Código Civil), siendo sólo un funcionario a quien la ley autoriza para extender escrituras públicas (art. 997 del Código Civil). Y, como tal, puede ser instado por cualquiera de ellas para cumplir su cometido (conf. Llambías, "Obligaciones de escriturar", E.D. 2-1068; CNCiv. Sala A, L.218.890 del 9/8/78; Sala C, L.L.1977-A-486; id.id. L.230.526 del 4/4/79).-
Responsabilidad del escribano, sanciones disciplinarias, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Instrucción de Sumario a la Esc. R. E. C. - Coleg. N° 938 Por Inspección al Libro II De Requerimientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-07

La prescripción de la sanción disciplinaria impuesta a una escribana resulta improcedente, pues tal instituto no ha sido previsto en el ámbito administrativo y el procedimiento donde se juzga la responsabilidad profesional de aquélla se ha llevado a cabo dentro de plazos de razonabilidad, respetando el derecho de defensa y observándose una conducta diligente por parte de las autoridades del Colegio Profesional encargadas de la tramitación del sumario.
Recurso extraordinario, honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACI Y C Y AMBROS-PALMEGIANI SACII Y C c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REGULACION  DE  HONORARIOS    EN    EL  RECURSO  EXTRAORDINARIO.    CSJ EXPTE NRO 88-77
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-08-06

la regulación de honorarios por la actividad desarrollada en recursos extraordinarios interpuestos para ante la Corte suprema de justicia de la nación, debe efectuarse aplicando lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 6767 y de conformidad con las restantes pautas de ese régimen legal.
Prueba pericial, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, NANCY c/ COOPERATIVA LA UNION LTDA. Y EMPRESA ANELLI TURISMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-11

Siendo la pericia una prueba común, necesaria para la solución del pleito, los servicios del perito deben ser incluidos en la condenación en costa. Es decir que los honorarios del perito son a cargo del condenado en costas. (Minoría u opinión personal)
Fondos comunes de inversión, cuotapartes de fondos comunes de inversión, responsabilidad solidaria, reglamento de gestión
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORIA ROCHA JOSE FERNANDO c/ BANCO SANTANDER RIO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Los cuotapartistas de un fondo común de inversión no están habilitados para intervenir individualmente en la gestión del patrimonio, pues su dirección y administración corresponde a la sociedad gerente, a la que la ley le atribuye, además, el ejercicio de la representación colectiva de los copropietarios indivisos en lo concerniente a sus intereses y respecto de terceros (artículo 31 en particular inciso a, de la Ley 24083).

Aquéllos son titulares de una porción indivisa del fondo común y su actuación se reduce a la posibilidad de desvincularse de los demás copartícipes en la indivisión del fondo común de inversión, exclusivamente, por medio del rescate de su cuotaparte en las condiciones previstas en el Reglamento de Gestión (artículo 16 de la Ley 24083). Como contrapartida las sociedades "gerente" y "depositaria", así como sus administradores, gerentes y miembros de sus órganos de fiscalización, responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios ocasionados por incumplimiento a las disposiciones legales aplicables y al Reglamento de Gestión (artículo 41).
Prueba, principio de adquisición, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Godoy, Mercedes c/ Trenes de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

Cuando se trata de acciones que han dado lugar a actuaciones policiales, no es imprescindible que el testigo figure en ellas. Pero entonces, la valoración de sus dichos debe llevar a la inequívoca conclusión de que ha presenciado lo que relata, y de que no concurre motivo alguno para dudar de su veracidad, imponiéndose apreciarlos con la mayor cautela.
Concursos, privilegios especiales (comercial), acreedores del concurso, gastos de conservación, gastos del proceso, pago de servicios
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sociedad Española de Beneficiencia c/  s/ quiebra s/ incidente art 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-18

La decisión de caracterizar o no al pago de los seguros contratados como gastos contenidos en la LCQ 240, deberá ser dispuesta al momento en que se produzca el informe y distribución de fondos (cfr. LCQ 218), donde existirá el debido marco de defensa para la totalidad de las partes que pudieran resultar afectadas.
Accidente de tránsito, seguros, citación en garantía
Materia: CIVIL
Carátula: Duarte, Juan J. y otro c/ Molina, Miguel A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-29

La citación en garantía de la aseguradora se encuentra comprendida en el art. 136 de la ley 19551, no obstante el desistimiento de dicha intervención formulado por el actor, si la petición ha sido mantenida por el demandado. Y no obsta a ello que se encuentre en juego la liquidación judicial de la empresa aseguradora citada en garantía, toda vez que éste trámite ha de ajustarse a las disposiciones para las quiebras (art. 52 Ley 20091).
Organismos previsionales, derechos y garantías constitucionales, deberes de la administración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MALAMUD, NESTOR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

Aún cuando el organismo previsional legalmente pueda formular cargos, debe utilizar cuidadosamente esa facultad para no caer en arbitrariedad, atentando contra los derechos y garantías del particular amparados por nuestra Constitución. De allí que sea imperioso, para permitir la adecuada defensa de esos derechos y garantías, que cada imputación que formule se encuentre individualizada, relacionando cada caso con la naturaleza de la prestación que se pretende adjudicar, y debidamente avalada, documental y legalmente, despejando toda duda sobre la procedencia del cargo que se formula (cfr. C.N.A.S.S., Sala I sent. 57859 14.04.94, "Parflik S.A.C.I.F.I.A. c/ D.N.R.P.). Ello sin perjuicio de destacar que el particular, con su accionar, no debe entorpecer la labor administrativa y, en ese sentido, no puede pretender que la administración supla sus omisiones o falencias en la tramitación de las actuaciones administrativas. Por ello, la diligente actitud administrativa debe, necesariamente, vincularse con la del propio particular.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, medicina prepaga, planes de cobertura médica, viajantes de comercio, comisión por cobranzas, ley de contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ROSSI, LEANDRO HIPOLITO c/ S.A. INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SANATORIO PLAZA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 14 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-15

Corresponde rechazar la queja desde que los reparos del recurrente no trasuntan sino la discrepancia para con lo decidido respecto de una cuestión que, en definitiva, remite a la interpretación y aplicación de normas de derecho común, y a la valoración de los hechos y pruebas reunidas en la causa, circunstancias éstas que impiden la apertura de esta vía de excepción.

Así, en relación a su postulación fundamental y en torno a la cual giran los diversos planteos -el supuesto desconocimiento por parte de la Sala del derecho aplicable al caso, en tanto argumenta la quejosa que no resulta comprendido en la ley 14546 por ser la actividad desarrollada por el actor ajena a la de un viajante de comercio- se advierte que el Tribunal a quo, confirmando la sentencia inferior, ponderó la real actividad del actor a favor de la demandada -con independencia de la denominación de promotor- que no era una "mero viajante" "propagandista" que solamente difundía el sistema médico por abono implementado por la demandada, sino que tenía a su cargo una verdadera intermediación entre el cliente y el empleados, las zonas en que llevaba a cabo la actividad era indicada por la accionada; ésta determinaba la forma de retribución -el total de la primera cuota, el treinta por ciento de la tercera y un sueldo básico- y los testimonios indicaban que no eran operaciones aisladas y por ello concluyó que la actividad del actor encuadraba en la ley 14546.

Frente a esta argumentación, la quejosa expone su postura fundamentalmente considerando que la venta de servicios no está incluida dentro del artículo 1 de la normativa en cuestión, en tanto éste únicamente incluye a la actividad comercial e industrial, alegando que no corresponde efectuar un aplicación extensiva del estatuto, mas no logra desvirtuar -pese a sus extensas alegaciones y citas autorales- las consideraciones expuestas por los Juzgadores, en tanto no demuestra la arbitrariedad en lo señalado por la Sala respecto a que no constituía óbice para tal encuadramiento el hecho de que el actor no vendiera cosas o mercaderías sino servicios, por cuanto el sistema médico por abono es de creación posterior a la ley 14546 y la realidad hizo que la venta de servicios fuera incorporada mediante convenio Colectivo de Trabajo n 308/75.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, error de hecho (civil), error de derecho
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Morales, Adan Pedro y Otros p.s.a. de Homicidio Culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-03-29

La causal casatoria de errónea apreciación de la prueba comprende en sí dos motivos diferenciados y diferenciables (el error de hecho y el error de derecho), lo que exige al quejoso manifestar concretamente que tipo de error imputa a la sentencia.
Administración Pública, facultades regladas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La función administrativa se considera reglada cuando ante determinadas circunstancias de hecho, la autoridad está obligada a adoptar tal o cual decisión, es decir, cuando no puede elegir entre varias decisiones posibles, pues una regla de derecho le ha impuesto una por anticipado.
Sentencia absolutoria, personal policial, incumplimiento de los deberes del funcionario público, imputaciones recíprocas
Materia: PENAL
Carátula: Velardo Bustos, Rodrigo Maximiliano y otro c/  s/ homicidio calificado agravado por el art. 41 bis, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-06-11

Cabe absolver al oficial acusado del delito de omisión de los deberes del funcionario público, toda vez que se ha acreditado que no omitió sus deberes, contrariamente a lo sostenido en la Requisitoria Fiscal de elevación a juicio, sí efectuó las comunicaciones pertinentes a sus superiores, inmediatamente después de cometido el hecho por su compañero -autor del disparo mortal-, y arbitró los medios para que la víctima que yacía en la vía pública fuera auxiliada; por esas mismas razones, no resulta de recibo la pretensión de la querella de endilgarle el mismo actuar que al agente que disparó, por aplicación de la "teoría de la imputación recíproca".

Fuente del sumario: SAIJ
Prescripción tributaria, Impuesto sobre los ingresos brutos, interrupción de la prescripción, fallos de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO-CIVIL
Carátula: Toyota S.A. c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-02

En materia de prescripción de obligaciones fiscales relativas al impuesto sobre los ingresos brutos anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, no corresponde asignar efectos interruptivos de la prescripción a la resolución determinativa y sancionatoria, dado que conforme lo indicara la CSJN in re Pickelados, resultaban reprochables desde la perspectiva constitucional aquellos preceptos del orden fiscal de esta provincia que preveían la interrupción de la prescripción por la notificación administrativa de la determinación o verificación del tributo, toda vez que se alzan en contra del art. 3986 del Código Civil en cuanto dispone que la prescripción se interrumpe por el inicio de la "demanda" contra el deudor.
Accidente ferroviario, responsabilidad del transportador, paso a nivel sin barreras
Materia: CIVIL
Carátula: CORIA, AMELIA Y OTRAS c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

La doctrina según la cual la falta de barreras no basta para responsabilizar a las empresas ferroviarias de los accidentes ocurridos en los pasos a nivel, si no se prueba que la frecuencia del tránsito en determinado lugar hacía indispensable su establecimiento, es inaplicable cuando a esa ausencia debe agregarse la falta de semáforos, timbres o campanadas de alarma, cuya instalación aparece como indispensable.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, indemnización agravada, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: "BUSTOS  CURY MARIA EMILIA c/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. YOTRO S/ s/ ESPIDO".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

Dado que la titularidad de la relación quedó impresa en la usuaria de los servicios prestados por el trabajador como real empleadora, a cargo de ella se encuentra también la obligación que impone el art. 80 de la LCT; por lo tanto será quien deba entregar el certificado que dispone la norma, que deberá incluir las características de los servicios prestados por el trabajador para su verdadero empleador (S.D. 89143 del 11.10.2007 en autos "Viana, Mariana Inés c/ Banco Patagonia S.A. y otro").

En consecuencia, propondré que se confirme lo decidido en la instancia anterior en este aspecto.

La codemandada Suple Servicio Empresario S.A. no resulta obligada a la entrega de los certificados, pero tampoco exenta del pago de la indemnización prevista por el último párrafo del artículo 80 LCT, ya que ambas resultan responsables solidarias por los créditos reclamados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Juno, Tomás Alberto c/ ESEBA S.A. s/ Diferencia de bonificación y actualización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18

No se viola la regla de congruencia si los jueces de la causa no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, los que tuvieron respuesta suficiente mediante la debida fundamentación legal en el pronunciamiento dictado.
Mandamiento de ejecución, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, JOSE Y OTROS s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-06-11

El Poder Ejecutivo Provincial no ha realizado gestión alguna para obtener la devolución del expediente remitido al municipio y agilizar así el trámite, cumpliendo con la carga legal que le es impuesta por Ley 2353, para la consideración del pedido de reconocimiento de un municipio. Ello conlleva a considerar la existencia de una inacción manifiesta, integrada a la configuración de los restantes requisitos necesarios para la procedencia de la acción intentada, por cuanto de dicha inacción resulta una afectación de derechos - el derecho de peticionar ante las autoridades - , irreparabilidad del daño en tanto se tiene como consecuencia directa la paralización de hecho de todo el trámite, sin que se pueda llegar al ingreso del proyecto para ser tratado por quien en definitiva tendrá a su cargo la decisión política - Legislatura - .
Honorarios, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTELA NOEMI CLAREMBAUX D'AUTERIVE Y OTRA c/ JORGE  ALBERTO  HUIRCAN  Y/O  QUIEN  RESULTE  CIVILMENTE  RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS  EXPTE. N. C-13255-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-18

El monto resultante de la sentencia, a los efectos arancelarios, comprende no sólo la suma actualizada allí determinada sino también los intereses, dado que los mismos no son ajenos a la actividad profesional, ya que para obtener condena a su pago se debe peticionar, formando parte indisputablemente entonces del valor económico comprometido en el litigio en el que los letrados volcaron su actividad profesional, con cuyo concurso la actora consiguió la satisfacción de dicha reclamación.
Embargo preventivo, obras sociales, responsabilidad de la obra social, patrimonio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO LAVALLE  S.R.L. c/ OBRA  SOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  ACTIVIDAD  GASTRONOMICA   OSPAG s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

Si bien esta Sala tiene dicho que en razón de ser absolutas la solvencia y responsabilidad patrimonial del Estado Nacional, debe descartarse la existencia de "periculum in mora" a su respecto y, por ende, la procedencia de un embargo preventivo en su contra, no puede perderse de vista que de la circunstancia de que tanto los recursos como el patrimonio de los entes de obra social deban ser considerados de naturaleza pública no se sigue sin más que pertenezcan a aquél, habida cuenta de la individualidad jurídica, administrativa y financiera de que tales entes gozan.
Tratados internacionales, defensa en juicio, Pacto de San José de Costa Rica, proceso penal, ausencia del imputado
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-PENAL
Carátula: Gómez Vielma, Carlos s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

El derecho a estar presente en la audiencia aunque no esté mencionado en términos expresos en el art. 81 del Pacto de San José de Costa Rica, es en materia penal un elemento esencial del proceso justo, ya que en un procedimiento penal, el abogado defensor nunca sustituye totalmente al acusado.