marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas s/ recurso extraord. de inaplicab. de ley y nulidad en autos: expte. nº 2868/08 - Dirección General de Rentas c/Beccaluva Oscar s/vía de apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Si bien la sentencia que declaró la caducidad de instancia trata una cuestión de hecho y prueba ajena como regIa al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y además no puede considerarse "definitiva" pues no se invocó la pérdida del derecho por prescripción, corresponde la apertura de la instancia extraordinaria en atención a que el decisorio se funda en la declaración de inconstitucionalidad del art. 107 del Código Fiscal, lo que no sólo convierte el tema en una cuestión de derecho sino que excita el contralor del Superior Tribunal de Justicia, a tenor de lo dispuesto por el art. 145 inc. 1º de la Constitución Provincial. (Del voto del Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios)
Falta de contestación de la demanda, declaración de rebeldía, acciones posesorias
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Infantino, Mauro (sus sucesores) c/ Asociación Deportiva de Berazategui y otros s/ Acción posesoria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

La falta de contestación de la demanda -mediando o no declaración de rebeldía- "podrá" ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1°, C.P.C.C.). De ello se infiere que el juez no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad. La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (conf. art. 60, Cód. cit.). En el mismo sentido, el silencio de la accionada rebelde deberá interpretarse -en todo caso- como un primer indicio que podrá -o no- ser corroborado por la restante prueba.(doctora Kogan, sin disidencia)
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Ludueña, Mario Hugo. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos. s/ Lesión o Muerte pasajeros Trans. Ferroviarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

El lucro cesante sólo se resarce cuando existe un período de tiempo de inactividad pero luego se reanuda la tarea habitual.
Secreto profesional, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

El precepto legal del artículo 156 del código Penal exige como uno de los requisitos del tipo, que para que la divulgación del secreto sea punible, debe ocasionar un daño. Ello lleva a preguntarse cuál es el daño al que refiere la norma y al que el ordenamiento intenta proteger. De un primer análisis, se advierte que el ordenamiento penal se está refiriendo al eventual perjuicio que se pueda ocasionar a la persona que confió el secreto a un profesional. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Abuso de autoridad, sobreseimiento, publicidad oficial
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Juan Manuel y otro s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-02

Debe revocarse el sobreseimiento de los funcionarios públicos imputados en una causa por la cual se investiga el eventual abuso de autoridad en el que habrían incurrido los mismos en lo que respecta a la merma en la atribución de publicidad oficial al canal de televisión querellante, dado que el a quo no tomó en cuenta lo decidido en una acción de amparo, resuelta en otro fuero y confirmada por la CSJN, en la cual se valoró que la distribución de la pauta publicitaria para con la actora ha sido manifiestamente irrazonable, y, en consecuencia, la evaluación de las conductas de los funcionarios desde la perspectiva penal deviene ineludible.
Calumnias, injurias, legitimación pasiva, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: López, César s/ Calumnias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

La actual redacción del art. 112 del C.P. impide la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujeto pasivo de los delitos contra el honor.
Competencia federal, robo, violación de correspondencia, correo privado, delitos comunes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ robo con armas -competencia- Causa nro. 13.192
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

De conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde a este fuero de excepción la investigación del robo de correspondencia a un empleado de la empresa OCA postal, pues se trata de "...un delito común que sólo perjudicaría la distribución de correspondencia que efectúa una sociedad privada...".
Auto de procesamiento, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Rinaldi, Juan Antonio s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-17

Las decisiones que confirman el auto de procesamiento sin prisión preventiva no son resoluciones equiparables a definitiva en los términos del art. 457 CPPN.
Ejecución de alquileres, intereses, cómputo de intereses, pesificación, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: FABIANO,  Vicente c/ BALDONI,  Ana  y  otros s/ EJECUCION  DEALQUILERES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-05

1- Si se trata de un contrato de locación de un inmueble que fue reestructurado por la emergencia económica, imponiendo sacrificios recíprocos a ambas partes -aun cuando la distribución del esfuerzo respecto de la brecha cambiaria fue establecida en forma desigual-, corresponde que para los alquileres adeudados se fije una tasa de interés de hasta el 12 por ciento anual por todo concepto para los períodos vencidos y en mora con anterioridad al 6 de enero de 2002. 2- En cuanto a los períodos posteriores adeudados que la locadora reclama estipulados a valores históricos en pesos, y respecto de los cuales consiente se liquiden a la paridad legal (U$s1 = $1)sin el aditamento de ningún coeficiente o índice de reajuste, es atendible y prudente que los intereses por todo concepto se liquiden a la tasa anual del 18 por ciento, desde la mora y hasta el efectivo pago.
Demanda, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RUIZ DE GALVEZ MARIA c/ DIAZ MARIO LUCIO Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-21

El pago parcial no es una excepción autónoma prevista en el art. 856 C.P.C., sino que ella justifica la de plus petición, desde que el accionante reclama una suma mayor de la que efectivamente se le adeuda. Consecuentemente, la imposición de costas se rige por lo dispuesto en el art. 864 C.P.C., por lo que, para liberarse de ellas, el ejecutado debe consignar en juicio la suma que entienda realmente adeudar. Si no consigna suma alguna debe soportar la totalidad de las costas.-
Solidaridad previsional, regularización impositiva, repatriación de capitales, moneda extranjera, bienes en el exterior, impuesto a las ganancias, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, crédito fiscal, quebrantos impositivos, Régimen de conversión de quebrantos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de Mendoza S.A. c/ Dirección General Impositiva. Sancor Seguros de Retiro S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Reconocimiento de créditos fiscales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Resulta claro que la ley 24.463 sólo hizo explícito el sistema previsto en la ley 24.073, pues, aun si se prescindiera de lo prescripto por esta ultima en cuanto expresamente supedita el crédito fiscal a la existencia de ganancias sujetas al impuesto en ejercicios posteriores, a las cuales puedan aplicarse los importes respectivos, es evidente que, de no concurrir esta circunstancia, ninguna razón habría para justificar dicho crédito por la mera acumulación de quebrantos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, marcas, medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ILIMEX S.A. s/ MEDIDAS PREVIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

Aunque el punto esté regido en parte por normas de la Ley de Marcas, lo atinente a la caducidad de una medida precautoria tiene naturaleza estrictamente procesal y es, por tanto, propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia de excepción que prevé el art. 14 de la Ley 48.
Contrato de trabajo en general, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: A. de M., M. c/ Y.P.F. SA y Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-19

La exigencia de que los servicios a que se refiere el art. 23 LCT sean prestados en relación (rectius: situación) de dependencia, es tautológica, ya que siendo tal situación consecuencia de la estructura típica del contrato de trabajo, es obvio que dicha exigencia equivale a eliminar la presunción que el mismo artículo está destinado a establecer.
Sentencia, falta de fundamentación, recurso de inconstitucionalidad, unificación de penas, libertad condicional, estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de requerimiento a juicio en autos Alcantara de la Cruz, Fernando sobre 5 C - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción/tenencia con fines de comercialización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

Las modalidades de ejecución de la pena, entre las que se ubica la restricción a la libertad condicional incorporada al art. 14 del Código Penal por ley n° 27375, se encuentran abarcadas por el concepto de "ley penal" del art. 2 de dicho código a la luz del principio de legalidad. Este impide, como límite a la arbitrariedad estatal, la aplicación de leyes ex post facto. (Del voto del juez Santiago Otamendi por remisión a los fundamentos brindados en "Incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C -comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. SAPCyF n° 18157/20; 24-04-2020).
Estupefacientes, transporte de estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: RENTERIA, MARIO s/ ESTUPEFACIENTES. TRANSPORTE. TENENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

Estoy persuadido de que Rentería transportaba la ilícita mercadería que se halló en su poder y que ésta no puede endilgarsele a simple título de tenedor sino de portador que se supone si se encuentra en la calle caminando, es desde algún lugar hacia otro, posibilitando en tal medida que el bien jurídico Salud Pública sea puesto en peligro de ser dañado, pues la cantidad descarta por completo a mi juicio, el destino personal no trascendente de la esfera privada, que es el que siempre ha tratado de salvaguardar en mis votos para cada caso en que se ha cuestionado el problema de la tenencia.

En esta situación como dije se agudiza el peligro y por ende, debe ser encuadrado el accionar del acusado de acuerdo con el cuño legal selecto por el Sr. Juez de Sentencia, a cuyos argumentos modestamente me he permitido añadirle los vertidos en este acuerdo La pena me parece bien graduada por tratarse de un primario y recepto la acertada advertencia del Sr. Representante del Ministerio Público en cuanto a la omisión de la pena de multa que esté prevista en la ley de modo conjunto o sea de obligada imposición, pero como resulta tal defecto subsanable en la Alzada, propondré también sea aplicada conforme lo solicita.

Voto pues porque se confirme en todas sus partes la sentencia recurrida, añadiéndosele la pena de A 150 de multa a cumplir, a la de tres años de prisión en suspenso, considerandose a Mario Claudio Rentería autor responsable del delito previsto en el artículo 2do, inciso c) de la ley 20.771, con costas en ambas Instancias (artículos 26 y 29 inciso 3ro. del Código Penal).
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Colonia Choele Choel c/ Toma S.A. s/ Sumario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-08-03

El art. 49 de la ley 2212 -regulación de honorarios- al disponer que si dentro de los 30 días de quedar firme el auto regulatorio no pagara el condenado en costas, el profesional podrá reclamar el pago a su cliente, contempla el caso general; el que está en relación de dependencia -caso especial- tiene entonces la retribución que significa su remuneración mensual (asignación fija): la norma general del art. 49 cede en tal caso frente a la especial del art. 2 de la ley citada - profesionales con asignación fija o en relación de dependencia no pueden invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria).
Pagaré, demanda, banco central, liquidación de entidades financieras, reconocimiento de firma, prueba, firma en blanco
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL ACUERDO SA c/ CAMPITELLI, GUILLERMO s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

Procede hacer lugar a la demanda incoada por el Banco Central, en su carácter de liquidador de un banco, con base en un pagaré, toda vez que la firma del documento fue reconocida por el demandado (CCIV 1026), quien además reconoció expresamente la existencia de tratativas para lograr un préstamo del banco liquidado, por lo que, si pretende negar la causa de la obligación alegando que no recibió el dinero, debió probar tal circunstancia, y no lo hizo; tampoco enerva tal conclusión la alegada firma en blanco del documento (CCIV 1016).
Daños y perjuicios, compraventa inmobiliaria, demanda de escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

Si se reconoció a los adquirentes de un inmueble el derecho a escriturar debe, en primer lugar, cumplirse con la presentación debida, ya que el resarcimiento de daños ante el fracaso de la pretensión de obtener la escrituración llena una función de "equivalencia patrimonial", y tiene un caracter meramente subsidiario, pues no constituye el objeto de la obligación, sino el sucedaneo de ese objeto.

(En la especie, los compradores asumieron la concreción de las diligencias necesarias para lograr el cumplimiento específico de lo debido, razon por la que se rechazó la venta de ciertos bienes inmuebles con base en la imposibilidad de otorgar la escritura traslativa del dominio a los acreedores a quienes se había reconocido ese derecho).
Lealtad comercial, defensa del consumidor, información al consumidor, indemnización, daño material, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: C., R.E. c/ BANCO R. D. L. P. SA s/ Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-10

Todo individuo que adquiere un bien o utiliza un servicio ha de ser considerado consumidor o usuario para el ejercicio individual de los derechos que la ley 24.240 establece, salvo prueba o presunción fundada en contrario, regulando el art. 4 de la ley DFC, el deber de información al consumidor o usuario sobre la naturaleza y demás características de los bienes y servicios que adquiere; esta obligación comprende otros deberes accesorios o secundarios que acompañan al cumplimiento. Se trata de los deberes de conducta, tales como los de actuar de buena fe, con la cooperación y diligencia debidas que dependen según sea la naturaleza de la obligación de que se trate.

Ahora bien, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de este deber de información, en el caso que ocasione daños puede acarrear la responsabilidad fijada en el art. 40 de la ley, que refiere al daño ocasionado al consumidor en sentido amplio; por lo que al usuario o consumidor le asiste el derecho a reclamar no sólo por el daño físico sufrido y por los perjuicios patrimoniales, sino también por el daño moral. Ello es así ya que las empresas prestatarias de servicios que se vinculan al usuario mediante contratos por adhesión a condiciones generales, también han de responder por el daño que causen, sin interesar la prueba de la culpa; esto permite captar en la actualidad el fenómeno de la unicidad de lo ilícito.
Medida cautelar innovativa, verosimilitud del derecho invocado, presunción de legitimidad, acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. A. c/ Afip s/ Contencioso Administrativo - Varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-02

Para la procedencia de la medida cautelar innovativa frente a actos de la Administración Pública -aunque no se exija una prueba irrefutable de la existencia del derecho invocado-, es necesaria la comprobación rápida de los hechos que a primera vista determinarían la arbitrariedad del acto recurrido o la transgresión de la ley, a fin de desvirtuar la presunción de legitimidad de la que aquéllos gozan, y por ende, su ejecutoriedad.
Establecimiento comercial, habilitación municipal, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-23

No cabe hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 12.069 por contravenir la distribución de competencias diseñada por la Carta Magna Nacional, desde que no logra convencer de que resulte arbitrario lo afirmado por la a quo en cuanto a que "la ley 12.069 no incurre en exceso alguno en el ejercicio del poder de policía local que le es inherente por no haber sido delegado a la Nación (artículo 126 de la Constitución Nacional), concurriendo en forma coordinada a proveer lo conducente a la prosperidad general del país (artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional) y a la promoción del bienestar general", o las consideraciones acerca de los alcances del control que ha de efectuar el órgano jurisdiccional.
Sentencia, reenvío
Materia: CIVIL
Carátula: ALEGRE, JOSE HUMBERTO s/ SUCESION. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-30

Se debe proceder al reenvío del expediente al Juez de Primera Instancia para que éste retome la causa en el estado procesal inconcluso, si anticipó inapropiadamente el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, estando pendiente de resolución un incidente de impugnación de avalúo de bienes.-
Honorarios, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ DE MACIA c/ OLGUIN SUAREZ s/ (LIBRO: S064 - 328)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-03-23

La suma establecida en la sentencia, de obligacion por honorarios, constituye la parte liquida; y la depreciacion monetaria y los intereses legales la parte iliquida, que queda sujeta a una futura liquidacion para establecer el monto
Derecho procesal, proceso penal, extinción de la acción penal, sobreseimiento, reglas de conducta, imputado, falta de notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FISCAL (EXPTE. Nro. 74.822) c/ BLASIS CONSTANZIO, LUIS A. s/ PROCESO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-04-18

Si el imputado no ha cumplido con la regla de conducta de fijar residencia decretada por el Tribunal porque éste omitió notificarle dicho decreto, tal incumplimiento no le resulta imputable, razón por la cual, si ha transcurrido el término de ley y no ha cometido nuevos delitos, se ha operado la extinción de la acción penal del imputado y por lo tanto corresponde dictar el sobreseimiento.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mosca, Mariano y otro c/ Igarza, Víctor Manuel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20

No viola el art. 34 inc. 4 del C.P.C.C. ni quebranta el principio de congruencia el pronunciamiento que consideró legitimados para demandar la reparación del perjuicio a quienes invocaron la calidad de herederos del propietario del automotor dañado al entender que, pese a no haber probado la calidad invocada, se encuentran en situación asimilable a la de sucesores del propietario al haber demostrado su carácter de poseedor y de usuario.
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas, oposición al registro de marca, falta de uso de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIETE BERRI-BALZAC c/ CUMBERLAND  S.A. s/ DECLARACION INFRACCION OPOSICION REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-25

En determinados supuestos de excepción el no empleo de la marca puede contemplarse a efectos de atenuar el rigor del cotejo. Dentro de ese concepto, el no uso por la oponente de su marca tiene cierta proyección, en atención, principalmente, a que en el caso se trata de un registro que no ha sido utilizado para distinguir ninguno de los productos de la clase a la que corresponden.
Costas, cuestiones de hecho y prueba, competencia, tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vázquez, Lorenzo Esteban c/ Colegio Médico s/ Medidas Preparatorias-Hoy Ordinario-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-12-28

La imposición o exoneración de costas es una cuestión de hecho que los tribunales de mérito estiman y resuelven con criterio soberano y por ello constituye cuestión extraña a los recursos extraordinarios, es que no es susceptible de control en la instancia extraordinaria salvo el caso de arbitrariedad.
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Califano Mario c/ CONICET -Resol. 715/97 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

Para poder cuestionar judicialmente la legalidad de una sanción disciplinaria es preciso, ante todo, que ésta exista. (Consid. 3).
Personal de casas particulares, cómputo de servicios, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LEGUIZAMON, PAULINA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIO DOMESTICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-06

En la generalidad de los casos, los servicios domésticos carecen de constancias documentales que los avalen, circunstancia que se agrava cuando la prestación tuvo lugar en una localidad campestre (en el caso, de la Prov. de La Pampa). Por ello, si los testimonios recogidos por el inspector actuante revelan, más allá de eventuales imprecisiones atribuibles al largo lapso transcurrido desde el momento en que las tareas se llevaron a cabo, que el período invocado es real, corresponde tenerlas por acreditadas.
Incapacidad, Ministerio Público, Ministerio de Menores, defensa en juicio, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Geller, Silvia Susana c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Aunque no exista declaración judicial de incapacidad que hiciera ineludible la participación del Ministerio Pupilar de acuerdo con las normas vigentes, frente a un estado de duda razonable sobre el alcance de su situación personal, en resguardo de la garantía de defensa en juicio la cámara debería haber dado intervención al representante de dicho ministerio en forma previa a la sentencia, por lo que corresponde admitir la reposición planteada y descalificar la decisión de la alzada (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Adolfo Roberto Vázquez).