Derechos y garantías constitucionales, usurpación, carecientes, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " CAPRISTO, Cristina s/ sobreseimiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

Ante dos argumentaciones, la primera según la cual la investigación se encuentra en ciernes puesto que restan medidas para acreditar una actividad delictiva y la restante, aquella basada en que el Juez habría decidido en función de criterios extraños al ordenamiento jurídico que el apelante identificó con el Código Penal al rechazar por inapropiadas las razones "de política criminal" o de "índole social", al denunciar el reemplazo indebido de la exigencia del art. 71 C.P. por criterios de oportunidad y la omisión de elegir y demostrar la causa de exclusión del injusto penal o de inculpabilidad de conformidad con lo establecido en el art. 336, inc. 5° C.P.P.N. debe sin perjuicio del análisis posterior vinculado con los elementos típicos del art. 181 C.P., no se puede dejar de señalar que el ultimo argumento no hace más que espejar el despreocupado positivismo que ordinariamente guía la aproximación de conflictos del tipo del que nos ocupa -ocupación de tierras para vivienda de personas carenciadas- óptica que no repara en que los principios de legitimación externa del sistema jurídico han sido positivizados en la propia Constitución gracias al constitucionalismo moderno, que descuida asimismo que uno de los objetivos de nuestros constituyentes al dictar la Constitución Nacional fue el de afianzar la justicia, según el cual se, erradica la liviana equiparación entre la equidad (es decir, la justicia en el caso concreto al que se aplica la ley) con el voluntarismo y que pasa por alto, mediante la reacción penal, el paradójico retiro del Estado hacia lo privado en un asunto de acentuada incumbencia pública -. En efecto, el primer argumento señaló la insipiencia de la investigación y la existencia de medidas a realizar para "descubrir la verdad" de las cuales se señaló sólo una-, como fundamento de la premura denunciada. Ahora bien, resulta cuanto menos dificultoso figurarse el modo en que una investigación iniciada en el año 2005 en orden a la denuncia de un funcionario estatal -quien se limitó a indicar la ocupación sin título legítimo del terreno estatal mediante la instalación de una casilla lindera a las vías ferroviarias y que, sin perjuicio de tener conocimiento de la ocupación desde hacía tres años, no podía precisar el modo en que ingresaron los habitantes, a quienes no pudo identificar (a excepción de una sola persona, por haber recibido la carta documento y haber referido, sin documentación respaldatoria, que su marido fallecido recibió el inmueble en función de un contrato)- en la cual quien pretende la restitución de los terrenos por esta vía y la parte que ahora se dice agraviada se limitaron, según sus respectivos roles, a abrir formalmente la instrucción, y que, en definitiva, transcurrió en discusiones estériles sobre la competencia, pueda ser calificada de novata. Por cierto que un miope y estricto apego a la letra del Código Penal podría fundar un simple rechazo a aquella consideración mediante la afirmación de la vigencia de la acción según el artículo 62, C.P. Sin embargo, nuestro argumento no persigue solucionar el caso mediante el recurso a la razonabilidad de la duración del proceso, sino revelar el modo en que el fraccionamiento indebido del Estado en función de sus diversos roles y su retiro de un asunto público se refleja también en la propia tramitación de un proceso tendiente a hacer actuar un castigo simplificador y expiar, mediante este último, su responsabilidad en garantir derechos individuales. También se propone poner en evidencia otra consecuencia inaceptable de la misma perspectiva referida a la inversión de los roles en el marco del proceso, puesto que su vigencia que se sabe restrictiva para el ámbito de libertad de todo individuo- se ha mantenido merced a que la imputada no pudo justificar la ocupación del inmueble ni lo abandonó tras la intimación formal y no en virtud de prueba de cargo relativa al modo en que se habría llevado a cabo el pretendido "despojo".