marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad horizontal, partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: FERRETTI Miguel Angel c/ CONSORCIO PROPIETARIOS AMENABAR 1739 s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Una de las pautas legales para la determinación de las partes comunes de un edificio en propiedad horizontal es aquélla que se refiere a las cosas indispensables para la seguridad del inmueble (art. 2 de la ley 13512), en virtud de la cual podemos decir que cuando se encuentra comprometida la seguridad del edificio las cosas o partes que a ésta se refieren, deben ser y son comunes.
Embargo, bienes gananciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BERSA c/ PERCODANI RICARDO-PREP. VIA EJEC.-HOY EJEC. s/ TERCERIA DE DOMINIO PROM. POR CARLOS E. PERCODANI Y OT.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-07-11

Nos ilustra que el acreedor del cónyuge supérstite por deuda posterior a la disolución, por fallecimiento, de la sociedad conyugal, no puede pretender embargar un bien ganancial que -aunque inscripto registralmente a su nombre- formaba parte de una universalidad: la indivisión postcomunitaria producida por la disolución de la sociedad conyugal que coexiste con la comunidad hereditaria establecida en razón de la muerte con los herederos del cónyuge fallecido.
Prescindibilidad, racionalización administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: SANZ, MARTA SUSANA c/ CAJA  DE  ASIGNACIONES  FAMILIARES  PARA  EL  PERSONAL  DE  LA ESTIBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-19

La ley 21274, así como las normas anteriores sobre el particular comprendían y alcanzaban a aquel personal de empresas del Estado que también se hallaba vinculado con su principal por el derecho del trabajo, aún cuando se tratara de sociedades comerciales de las que el Estado fuera propietario, lo que demuestra un tratamiento unitario de la actividad paraestatal (sea ella bajo la forma pública o privada) y en lo que hace a la relación con sus trabajadores y empleados y la consecuente posibilidad de aplicar un sistema de racionalización administrativa. (Del Dictamen del Procurador General del Trabajo número 5054 del 16 de abril de 1979, al que adhiere la Sala.
Privilegios (civil), acreedor hipotecario, impuestos
Materia: CIVIL
Carátula: LEW, José Mariano c/ PELICANO, Hilda María s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

El derecho que los arts. 3110 y 3934 del Código Civil confieren al acreedor hipotecario sobre el precio de la finca gravada, tiene primacía y es preferente respecto de los demás acreedores del deudor, incluso el del Fisco, quien, conforme el art. 3879 del Código Civil, sólo goza de privilegio general.-
Competencia contravencional y de faltas, armas de uso civil
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos "Coman, Waldo Walter Yair y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas pues no fue controvertida la calificación de los hechos en el art. 189 bis, inc. 2°, cuarto párrafo, del Código Penal, delito que ha sido transferido al ámbito de la justicia local para su investigación y sanción -cfr. art. primero inc. f, ley nacional n° 26702-. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, Transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: "De  Cheda  Agustín  Orlando  -inc med- y otros c/ EN -Dto 678/06 s/ proceso de ejecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-25

Debe rechazarse la medida cautelar solicitada a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 678/06, haciéndose extensiva la aplicación de su régimen a las empresas de turismo y que permite a las empresas de línea la utilización de los vehículos destinados al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos con una antigüedad de quince años dejando fuera de su beneficio a las compañías que representan ya que -entre otras consideraciones- la petición requerida por el solicitante viene a coincidir con el planteo de fondo formulado.
Competencia, acto administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FOX   SPORTS  LATIN  AMERICA  SA c/ CABLEVISION  SA s/ ACCIONMERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

Se trata de las consecuencias, en la relación entre los litigantes, de actos administrativos que se califican de manifiestamente ilegítimos e inconstitucionales, y que comportan la necesaria ponderación de facultades normativas ejercitadas en el marco del poder de policía del comercio que compete a autoridades federales. Por ello, y sin perjuicio de la eventual aplicación de normas de derecho común en función de integración subsidiaria del boque normativo de derecho público, considero que la presente acción está directa y primordialmente enmarcada en el derecho administrativo. A ello añado que la Resolución 50/2010 fue dictada en ejercicio de las facultades contempladas por la ley 20.680 y reiteradamente se ha sostenido la competencia del fuero contencioso administrativo federal cuando este régimen se encuentra primordialmente involucrado en el conflicto (conf. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, causa 17.542/10 del 25/8/2010;

Sala V, causas 32.685/07 del 29/12/08 y 23.207/2010 del 5/10/2010).
Nulidad de matrimonio, causales de nulidad de matrimonio, impotencia
Materia: CIVIL
Carátula: M.S. c/ A.C. s/ NULIDAD DE MATRIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

La prueba de la impotencia debe ser importante, concreta, sin que baste una mera sospecha para configurarla, desde que de lo contrario podría recurrirse a este arbitrio legal para obtener la disolución de un matrimonio que en nuestro derecho positivo es indisoluble de acuerdo a lo que al respecto prevé el art. 81 de la ley 2393. Cabe, sí, recurrir a las presunciones, cuando éstas sean graves, precisas y concordantes, fundadas en hechos debidamente demostrados y obtenidas mediante inferencias lógicas (Conf. Borda, "Familia", t.

I, p. 154, Nro. 197; Busso, "Código Civil Anotado", t. II, 1ra.

parte, p.317, Nro. 168; Llambías, "Código Civil Anotado", t. I, p.

756; Belluscio, "Derecho de Familia", t. II, p. 178; Spota, "Tratado de Derecho Civil", t. II, vol. 11, p. 900, Nro. 158). Pero incuestionablemente la prueba más eficaz, e imprescindible es la pericia médica (conf. autores y obras citadas Borda, p. 153, Nro.

197; Busso, p. 315, Nro.155; Llambías, p. 755; Zannoni, "Derecho de Familia", t. I, p. 311, Nro. 211; Belluscio-Zannoni, "Código Civil comentado, anotado y concordado", t. 1, p. 762, c)).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ayuso, Adriana Marcela c/ Gómez, Rene Alberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-06-15

I. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fojas 91, 100.-
Fianza, carácter accesorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Astudillo, Ricardo c/ Bassi, Luis s/ Cosa entrega dada en locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-08

La naturaleza del contrato de fianza (art. 1986 del C. Civil) no se desvirtúa por la circunstancia de que hayan asumido la calidad de principales pagadores, por cuanto ello, bien que admisible (art.

2505 del C. Civil), no le quita a la fianza su carácter de obligación accesoria (arts. 1986, 2504 mismo Código), y aunque sea con la calidad de fiadores, se le aplican las disposiciones sobre los co- deudores solidarios (art. 2505 cít.).
Medios de prueba, prueba testimonial, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J.E. c/ D.T. SRL s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-11

La prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del CPCC).
Cosa juzgada, Constitución Nacional, sentencia, principio de congruencia, remuneración, franco compensatorio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Benítez, Vital c/ Frigorífico Mellino s/ laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Es autocontradictoria y violatoria del principio de cosa juzgada, que tiene rango constitucional, la sentencia que, no obstante haber declarado expresamente que el reclamo de diferencias salariales por francos compensatorios se hallaba firme y consentido, seguidamente lo trató e hizo lugar al rubro.
Competencia, cuestiones de competencia, resoluciones
Materia: PENAL
Carátula: NADER RENE OSCAR; CARRIZO ROQUE EDUARDO S. D. ROBO CALIFICADO SEGUIDO DE MUERTE E. P. ÁLVAREZ ALBERTO A.; SAYAGO REGINALDO, SAYAGO NICANDRO Y SAYAGO DE SAYAGO BEATRIZ s/ CUADERNO DE APELACIÓN - CUESTIÓN DE COMPETENCIA CALIFICADO SEGUIDO DE MUERTE E. P. ÁLVAREZ ALBERTO A.; SAYAGO REGINALDO, SAYAGO NICANDRO Y SAYAGO DE SAYAGO BEATRIZ s/ CUADERNO DE APELACIÓN - CUESTIÓN DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-01-08

El conflicto negativo de competencia a resolver entre la Cámara de Apelaciones en lo Correccional y Criminal y la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional, que ha tenido su origen en la contingencia procesal del dictado de una resolución denegatoria de un pedido de cese de prisión emitida por el Juez instructor con posterioridad a la clausura del sumario por haber estimado cumplida la instrucción y su consecuente elevación a juicio mediante el dictado del respectivo auto que así lo dispone, por tratarse de una circunstancia no prevista por el legislador en nuestra legislación orgánica y ritual, debe ser superada por aplicación de los principios generales del derecho, a fin de que la misma no vulnere ni conculque el derecho de defensa de que gozan los imputados de obtener un pronunciamiento en plazo razonable respecto a sus peticiones. Más aún estando en debate el invocado derecho a la libertad de los encartados.
Queja por recurso denegado, recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal), empleo público, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Nemmi, Romina Adriana contra GCBA sobre medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde rechazar la queja toda vez que el supuesto de autos -interposición directa del recurso de queja contra la resolución de la instancia de grado que declaró improcedente el recurso de apelación deducido en subsidio contra la decisión que le dio por decaído su derecho a contestar demanda- no constituye ninguno de los que ameriten la competencia del Tribunal Superior de Justicia, ni se cumplen tampoco con los requisitos para ello. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión al dictamen fiscal).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Willwohl, Luis Francisco s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Con la anulación parcial de oficio propuesta no se trata de dar prioridad a un formalismo huero, sino de evitar la aplicación a quien recurre, de las consecuencias procesales derivadas de defectos o vicios nacidos de las falencias del fallo cuya deficiencia obstaculiza la suficiencia del recurso del impugnante, impidiéndole dirigir sus agravios eficazmente ante la falta de concreción del juzgador. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Liquidación de la sociedad conyugal, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: F., L. A. c/ S. P., L. E. s/ fijación de compensación económica - arts. 441 y 442 CCCN
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-02

La compensación económica actúa como un mecanismo corrector y reequilibrador para atenuar injustas desigualdades, y así lograr una razonable recomposición patrimonial, morigerando los desequilibrios verificados. En consecuencia, su objetivo es colocar al beneficiario en una potencial igualdad de oportunidades y económicas respecto de la que habría tenido de no haber contraído matrimonio.
Superior Tribunal de Justicia, ministros del Superior Tribunal de Justicia, recusación, rechazo in límine, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 410  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

La Corte Suprema provincial -aun antes de la vigencia de la ley 11427- ha consagrado la viabilidad del rechazo "in límine" de recusaciones condenadas de antemano a su desestimación por ser palmariamente infundadas. Así, ha sostenido -sin bien con relación a pretensiones de separación contra sus propios miembros- que según pacífica y añeja jurisprudencia, las recusaciones manifiestamente improcedentes deben rechazarse de plano. Ello es así por cuanto la recusación de los miembros de la Corte, en la medida que se plantee invocándose una causal notoriamente improcedente, debe asimilarse a la recusación sin causa, y de ahí que, en esos supuestos proceda el rechazo in límine. Sostener que cualquier pretensión recusatoria aparentemente fundada, obliga al Tribunal a disponer su integración para resolver un pedido que luce en la lectura más superficial como una sinrazón, implica alentar o favorecer un dispendio jurisdiccional carente de toda justificación. El Tribunal cuenta con la facultad implícita del rechazo in limine toda vez que arribe a la conclusión inequívoca e inmediata del grave déficit jurídico que muestre el pedido recusatorio. En el caso, los Magistrados han hecho aplicación de esta corriente jurisprudencial a partir de una determinada situación fáctica del proceso, que el quejoso no ha desmerecido en su libelo recursivo; en consecuencia, no se ha acreditado en este estadio arbitrariedad alguna en el trámite procesal impuesto a la pretensión recusatoria y, por lo tanto, debe concluirse que los Jueces han actuado conforme a las atribuciones y a los deberes que el ordenamiento jurídico vigente les asigna como directores del proceso.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: BRIDAS SAPIC c/ YPF SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

El caso de autos constituye un reclamo de pago de una suma cierta, cuya liquidación puede implicar dificultades pero ello no obsta a una estimación por parte del reclamante. De allí que si la actora cuenta con elementos adecuados para realizar una estimación, siquiera aproximada, del detrimento padecido, su actitud de no concretar las sumas, totales o parciales, que configuran el reclamo y cuyo pago, en definitiva se persigue, resulta despojada de sustento porque priva a la contraria de una base concreta para saber a qué atenerse frente al pleito entablado y encontrarse en condiciones de cumplir adecuadamente con la exigencia de admitir o negar lo que se le pide, e incluso de allanarse a las pretensiones de la contraria.
Inconstitucionalidad, declaración de utilidad pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procurador Fiscal de la Provincia de Santa Fe c/ Señorans, Esteban y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-08-13

Las leyes nacionales sobre expropiación no pueden ser objetadas ni discutida su constitucionalidad ante los tribunales, por razón de error en la calificación de la utilidad pública. El inc. 2° del art. 17 de la Constitución, libra a la discreción exclusiva del Congreso, el juicio sobre la utilidad pública en los casos ocurrente.
Responsabilidad solidaria, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Soto, Ariel Presentación c/ Ale, Raul y/o Palacios, Fernando y/o Lázaro, Eduardo y/o Local de "Maxim's Don Cook" s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-06-03

Al reclamarse en autos créditos nacidos con posterioridad al alejamiento del codemandado como empleador en el negocio, impide tal circunstancia considerarlo solidariamente responsable de acuerdo a lo prescripto por el artículo 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, honorarios del abogado, reducción de la regulación, ley provincial, aplicación temporal de la ley, retroactividad de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bula, Carlos c/ Próspero Bonaudi - disolución de sociedad - cuerpo de levantamiento de embargo - recurso de revisión. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Si el recurrente cumplió la totalidad de su gestión profesional con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 8226 de la Provincia de Córdoba, la decisión que, con fundamento en las nuevas pautas legales, redujo los honorarios que le habían sido regulados y excluyó su derecho a obtener regulación por la tarea cumplida en calidad de procurador, implicó atribuir a la ley aplicada un alcance retroactivo que no resulta conciliable con la protección de la garantía constitucional de la propiedad.
Pacto de San José de Costa Rica, competencia penal, competencia contencioso administrativa, comuna, personal municipal, cesantía, doble instancia, acto administrativo, revisión judicial, recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Barone, Adolfo Osvaldo c/ Comuna de Murphy s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 259-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

La exigencia prevista en el artículo 8 apartado 2, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la doble instancia) concierne a materia penal, por lo que no resulta extensible a situaciones en las que no se trata del juzgamiento de delitos sino de infracciones administrativas. Tal delimitación resulta corroborada por la Corte Suprema de la Nación, que en una causa no penal (causa 'The Coca Cola Company') reiteró un criterio sostenido y consolidado acerca de que la doble instancia no tiene jerarquía constitucional salvo cuando las leyes especialmente la establecen. Tal criterio es perfectamente extensible a los casos en que por un acto administrativo se pone fin al vínculo entre la Administración y su personal. Por ello en el caso en estudio, donde se encontraba todavía vigente la ley 4106 -que establecía la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para entender en la revisión de los actos administrativos por la vía amplia del recurso de plena jurisdicción, con posibilidad de cuestionar posteriormente el fallo por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se garantizó al recurrente un efectivo control judicial suficiente de la actividad de los órganos administrativos , sin que se haya logrado demostrar a este respecto causal alguna de arbitrariedad en el decisorio cuestionado.
Recurso de inconstitucionalidad, contratos, interpretación del contrato, perfeccionamiento del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE (HOY BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M.) c/ FLORENCIA S.A.C.I.F. E I. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 395 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia impugnada ha desinterpretado constancias expresas de la causa, como lo son: que los codemandados consintieron la suscripción del mutuo y la recepción del dinero y se obligaron al cumplimiento del convenio, documental que no desconocieron en su autenticidad.

No es que la decisión haya soslayado tratar la cuestión -punto advertido por esta Corte en la sentencia del reenvío-; por el contrario, asume su tratamiento, mas de un modo que no puede considerarse sino inadecuado, pues parece relegar su importancia ante lo que evalúa como un hecho concreto: la ausencia del elemento que a su criterio perfecciona el contrato real de mutuo, la entrega. Concentra su razonamiento en que si no está probada la entrega no hay perfeccionamiento del contrato.

Mas, en este punto también se fractura su argumentación, pues se desentiende de la circunstancia que tampoco los dos codeudores solidarios contestaron la demanda, y que respecto de ellos resultan entonces aplicables los apercibimientos del artículo 143 (reconocimiento ficto) del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Juicio de apremio, prescripción, ley vigente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia del Neuquen  c/ Cortez, Liliana Beatriz  s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-16

En el caso que hoy nos convoca, consideramos que el art. 142 inc. 1 de la ley 2680, en tanto dispone que "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Dirección para determinar las obligaciones fiscales, sus accesorios, aplicar multas y clausuras comenzarán a correr desde el primero de enero siguiente al año al cual se refieran las obligaciones fiscales o las infracciones correspondientes, importa un razonable ejercicio de las potestades provinciales en la materia, por cuanto como ya lo hemos dicho, las particulares circunstancias vinculadas con la cantidad de contribuyentes, la multiplicidad de procesos de determinación según la naturaleza de cada tributo, y la diversidad de plazos de vencimiento, son extremos que convalidan la necesidad de la Administración de uniformar el ejercicio de las acciones fiscales para facilitar su percepción. Cabe resaltar, finalmente, que la normativa vigente en el ámbito nacional, emanada del Congreso contiene idéntica previsión legislativa (art. 57 de la ley 11683, que dispone que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen).
Actos voluntarios, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

"la causalidad adecuada exige. que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad, debiendo entenderse por consecuencia natural aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente, que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que por mera coincidencia induzcan a pensar en una interrelación de esos acontecimientos, sino que es precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo.

Y esta necesidad de una cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetividad en la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba, aplicables en la interpretación de los arts. 1902 y 1903 CC, pues el cómo y el porqué se produjo el accidente constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso".