marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AVALOS ANGELICA GRISELDA c/ LOPEZ JULIO ENRIQUE s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-14

Si bien el Código de Procedimientos no contempla la constestación propiamente dicha de la demanda, permite al demandado por alimentos, ofrecer determinadas pruebas, sobre las que naturalmente podrá introducir alguna argumentación controversial oponiendo defensas.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Violación de la ley o doctrina legal, violación de las formas procesales, falta de fundamentación, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MERLINO CANDIDA SUSANA Y OTRO c/ FABRE GUSTAVO MARCELO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-08-29

La carencia de fundamentación que ostenta la sentencia atacada imposibilita a este Tribunal el conocimiento acabado del recurso extraordinario de casación por violación de la ley, estando obligados a declarar la nulidad del fallo por quebrantamiento de las formas.

Esta facultad -excepcionalmente utilizada por este Tribunal debe ser ejercida en autos, atento la circunstancia apuntada-. La sentencia de Cámara deviene nula por quebrantamiento de formas sustanciales (art. 2, ley 1687 -Recurso de Casación-), ya que la misma ha violado las disposiciones contenidas en los artículos 34, inciso 4, y 164 inciso 6, por remisión del artículo 165 del CPC y C; debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.
Homicidio calificado, arma de fuego, apreciación de la prueba, participación criminal, recurso de inconstitucionalidad, derecho al recurso, doble instancia, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: J., E. J.; M., C.; B., J. F. por homicidio agravado por el uso de arma en perjuicio de T., L. L. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-29

Corresponde rechazar el recurso planteado por la asistencia técnica del imputado si no logra sostener, con argumentación suficiente y sustento probatorio acorde, la arbitrariedad que le atribuye a la sentencia, toda vez que en el caso se analizó la contribución causal que le cupo en la consumación del homicidio, habiéndose comprobado fehacientemente su presencia en el lugar y la conducción del ejecutor del homicidio hasta ese mismo lugar luctuoso, con lo que su contribución al proceso causal de la muerte resultó fundamental, dado su aporte como partícipe (art. 45 del C.P.).

Por lo tanto, en el hecho delictivo acontecido no se configuró una riña, pues ésta refiere a una agresión colectiva espontánea, que no se haya fundamentado en un acuerdo previo para matar o lesionar, y que se dé en circunstancias que impidan la determinación del autor concreto del daño sufrido por la víctima. Es decir que el concepto de riña tiene un carácter contrario a lo realmente probado en estas actuaciones, ya que se trata de un acometimiento mutuo y tumultuario o el enredo en una pelea o la lucha recíproca de dos o más personas, peligrosas para la integridad personal y en la que los contendientes se confunden entre sí mezclándose mutuamente. (Del voto en mayoría del Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Vittar)
Mejora de fortuna, regulación de honorarios, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Machado Gladys Arminda c/ Aito S.R.L s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-30

Si bien el beneficio de litigar sin gastos no impide la regulación de honorarios, su cobro queda supeditado a que quien obtuvo el beneficio mejore de fortuna, hecho que importa una condición resolutoria que debe ser probada -mediante la promoción y finalización de un incidente de modificación o de levantamiento del beneficio- por quien alegue que tal mejora sucedió, momento hasta el cual no es posible exigir compulsivamente el cobro de las costas ni, por consiguiente, agredir patrimonialmente al condenado por medio de la traba de medidas cautelares.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tort, Omar Fernando José c/ Banco Credicoop. Coop. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Si bien es cierto que se ha considerado desfavorablemente la conducta de aquellos tribunales que sin perjuicio de reiterar la insuficiencia del escrito de mantenimiento de agravios, en un acto de mal entendido "altruismo judicial" ingresan en el análisis de las cuestiones propuestas a revisión, a título de "mayor abundamiento" o "para satisfacción del apelante"; no lo es menos que el reproche a tal conducta lo ha sido en razón que puede inducir a error al justiciable a la hora de cuestionar la decisión a través de los recursos extraordinarios.
Abogados, obligaciones del abogado, lealtad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Nestor Rubén Reader c/ José Vargas, Delia Viñale, Fedora Virode y Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nro.A-69.261/93 Ordinario. L.A. N 47 F 617/621 N 280 Fedora Virode y Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nro.A-69.261/93 Ordinario. L.A. N 47 F 617/621 N 280
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-05-17

La misión del abogado no es la de defender a toda costa y por todos los medios a su patrocinado sin reparar en la observancia de normas éticas, sino en demostrar honestamente la justicia que asiste a su defendido facilitando así la tarea de los jueces. Los letrados han de tener siempre presente que a la vez de defensores de la parte cuyo patrocinio ejercen ellos son auxiliares de la justicia y como tales, deben desarrollar su labor leal y rectamente colaborando con probidad con el órgano jurisdiccional. De otro modo no se justificaría la existencia de la profesión y la jerarquía de su noble y augusto ministerio...". (Conforme Código Procesal Civil de la Provincia de Jujuy, con notas del Dr. Guillermo Snopek, Tomo I (Arts. 1 al 204), página 127 y 128, Ediciones Noroeste Argentino 2.000). En el mismo sentido está reglado por el Estatuto de la Abogacía y la Procuración (artículos 1, 2, 7 y 8 y concordantes).
Accidente en supermercado, daño material, gastos médicos, monto de la indemnización, impugnación de la pericia, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: FARIAS BUSTINGORRY JUANA BEATRIZ C/ COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-05

La parte actora se queja porque la sentencia, al resolver otorgarle la indemnización por daño patrimonial y gastos médicos futuros no ponderó también la incapacidad psicológica que el hecho le causó, y por ende, no fue contemplada al establecer el monto resarcitorio y, consecuentemente, no amplió dicho monto. Concluye la jueza de grado, además, en que la impugnación formulada carece de fundamento científico que le permita apartarse de lo dictaminado por el perito, por lo que le atribuye a el informe plena eficacia probatoria; y esa conclusión no resulta rebatida en modo alguno por los recurrentes, quienes se limitan a expresar su mera disconformidad partiendo de afirmaciones sesgadas y que en modo alguno inciden en el resultado final tales como la descripción del estado de la paciente al momento de la evaluación médica, la utilización de los antecedentes médicos aportados como documental para la elaboración del informe y la omisión de una evaluación del estado actual de la actora, pese haber transcurrido cinco años del siniestro. (del voto del Dr. Noacco, en minoría).
Superior Tribunal de Justicia, juicio, extinción de la acción, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Strada, Juan L. c/ Ocupantes perímetros calles Dean Funes, Saavedra, Barra y Cullen s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 357 año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

Si la sustracción de materia operada responde a un acto de autoridad (ley 9982), "hecho del príncipe" que resulta exógeno en relación a las partes y opera como un modo anormal y no reglado de extinción del proceso, por su propia atipicidad impone un pronunciamiento peculiar en materia de costas, desde que la razón o sin razón de los litigantes ha dejado de ser justiciable y no podría dirimirse una "materia quitada" al sólo efecto de la imposición de costas. Pero tampoco puede hacerse aquí rigurosa aplicación de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 12 de la ley 7.055, consagrando una flagrante injusticia. Consecuentemente, la solución no puede ser otra que la de imponerse las costas con el criterio rector del artículo 250 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 13, ley 7055), es decir, cada parte deberá soportar las costas causadas a su instancia y la parte que le corresponda en las comunes, solución que ha adoptado la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación para casos análogos.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, defensa del consumidor, certificado de saldo deudor, domicilio del deudor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO ITAU ARGENTINA SA c/ SANCHEZ OMAR EDUARDO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-15

Procede revocar el pronunciamiento mediante el cual el magistrado de grado se declaró incompetente para entender en una acción en la que se pretende ejecutar un certificado de saldo deudor en cuenta corriente emitido conforme lo previsto en el Decreto Ley 15344/46, modificatorio del artículo 793 del Código de Comercio. Ello por cuanto -en el caso- ni de esa documentación -ni tampoco de ninguna de las afirmaciones deslizadas por el accionante en su escrito de demanda-, es posible meritar si se ha configurado entre dicha parte y el demandado una relación de consumo en los términos de la LDC, motivo por el cual para verificar tal extremo se tornaría menester evaluar la relación causal subyacente en el negocio precedentemente aludido, lo cual importaría, desde ya, desvirtuar el limitado ámbito de conocimiento del juicio ejecutivo; en ese marco, tampoco puede soslayarse que la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, otorgada con las firmas conjuntas del gerente y contador del banco ejecutante, constituye un título que por sí solo trae aparejada ejecución y que se basta a sí mismo (cfr. artículo 793, Código de Comercio), con lo cual, dado que aquí no puede abordarse discusión alguna en torno a la composición del saldo deudor, resulta evidente, como lógica derivación de ello, que no existen en esta etapa liminar del proceso indicios que autoricen a presumir una relación de consumo que encuadre en la caracterización del artículo 1, LDC, que entiende por consumidor o usuario "...a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuida u onerosa como destinatario final, en beneficio propio, de su grupo familiar o social...", y por relación de consumo al vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario (artículo 3, párr. 1°, LDC). Ello así, visto el entramado de las operaciones involucradas en una cuenta corriente bancaria y contemplando el marco y la naturaleza del título en ejecución (certificado de saldo deudor), cabe sostener que el artículo 36 LDC, como factor de atribución de competencia en lo atinente a conflictos suscitados en ocasión de "operaciones financieras para consumo" y " de crédito para consumo", no resulta en principio aplicable a casos como el presente.
Despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ MARIO ANGEL c/ CARMASSI ALICIA YOLANDA Y OTRO s/ C.DE PESOS (INDEMN.P/ANTIG., REMUN. E INTEG.SALARIOS, S.A.C. INDEM.,  VAC. Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-17

Si bien el sistema establecido por el art. 245 de la L.C.T. resulta omnicomprensivo de todas las situaciones que puedan plantearse ante la ruptura arbitraria del vinculo contractual al que pone fin, con lo cual, aun, de proyectarse la aplicación del art. 522 del C.C. estaría cubierto ese perjuicio derivado exclusivamente de la extinción, si al plasmarse la ruptura se adicionare un acto antijurídico anexo al despido, como es una imputación de un delito en otra descalificación que se proyecte mas allá del cese, nada impide a que el despedido reclame por daño moral, siempre que demuestre los supuestos de su procedencia: a) el dolo o la culpa imputada al empleador (supuesto subjetivo) y b) el daño causado (supuesto objetivo). en el caso corresponde fijarlo en diez salarios. (Voto de la mayoría-Dres. Spinelli y Ponce).
Intereses, actualización monetaria, cómputo de la actualización, interrupción del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ c/ TIBILETTI s/ INTERESES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-06

El curso de la actualización y los intereses se interrumpe recién desde el momento en que a disposición del acreedor existen fondos para satisfacer la prestación.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: SAUCEDO, ALEJANDRO AMADEO c/ ECOS SA. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-10

La institución que tiene a su cargo la subcontratación de los servicios de vigilancia de los bienes de las empresas del Estado no queda encuadrada en las previsiones del artículo 29 LCT. cuando contrata empresas que prestan el servicio con sus propios trabajadores, y siempre que esta actitud no configure una conducta simulada o fraudulenta.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, división de poderes, Poder Legislativo Nacional, prueba, ofrecimiento de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Soria, Carlos Ernesto s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Teniendo en cuenta que en las actuaciones labradas con motivo del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires la Corte ejerce su competencia originaria y exclusiva (art. 117 de la Constitución Nacional) corresponde hacer saber a los legisladores que el Tribunal agradece la colaboración que puedan brindar en cuanto a la aportación de pruebas en aquella causa, a lo que debe limitarse - por imperio constitucional - la asistencia ofrecida.
Despido, indemnización, despido por falta o disminución de trabajo, fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: LAZARTE, Miguel Ernesto y otros c/ MICHEL TORINO HNOS. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-11-17

Para que sea procedente el pago de la media indemnización se requiere que la ruptura se disponga por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, no imputable al empleador y fehacientemente justificada. No basta alegar una crisis general, sino que debe probarse su incidencia efectiva, en la rama de producción del empleador y haber adoptado los recaudos tendientes a paliar el déficit de la explotación.
Calificación legal, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: A., L. M. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-10

Julio Marcelo Lucini precisó que los elementos eran suficientes para agravar la situación procesal del imputado y rechazó el planteo de la defensa relacionado con la calificación legal asignada. Explicó que si bien el elemento esgrimido no fue uno de los denominados armas "propias", correspondía subsumir la conducta en las hipótesis que agravan la conducta en los términos del artículo 166, inciso 2º, del Código Penal. Indicó que lo relevante era el destino o función que se le otorgaba en el caso concreto, antes que la naturaleza intrínseca del elemento y que no cabía duda de que se trataba de un medio apto para ejercer violencia sobre las personas. Agregó que el objeto fue utilizado para la ejecución del desapoderamiento y privó a las víctimas -o al menos disminuyó- de su posibilidad efectiva de resistir. Finalmente rechazó el planteo referido a la existencia de una pena natural por haber sufrido un daño gravísimo en su salud al perder el ojo durante el suceso, explicando que el instituto no está contemplado en la legislación positiva vigente y que, en todo caso, su eventual tratamiento es propio de la etapa de debate oral.
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, ley provincial, honorarios del abogado, igualdad ante la ley, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOSE MARIA CARRANZA TORRES c/ PROVINCIA DEL CHACO s/ HONORARIOS  DE  ABOGADOS  Y  PROCURADORES  -  REGULACION  - SENTENCIA  ARBITRARIA - DERECHO A LA JUSTA RETRIBUCION - DERECHO DE PROPIEDAD  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - IMPROCEDENCIA  - INTERES PARA INPUGNAR LA  CONSTITUCIONALIDAD - IGUALDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Existe cuestión federal bastante, si el apelante cuestiona la validez del art. 15 de la ley 2660 del Chaco, orgánica de la Fiscalía de Estado provincial supuestamente violatoria del art. 16 de la Constitución Nacional, en cuanto autoriza al Fiscal de Estado o a los abogados o procuradores a percibir honorarios a cargo de terceros.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Puchulo, Juan Carlos Alberto c/ Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia s/ Pretensión anulatoria - Previsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la sentencia de grado.
Pensiones, gastos reservados
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARUSSI, LIDIA LEA PADOANI DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 684-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-25

Resulta necesaria la revisión judicial del monto de los importes otorgados en concepto de "erogaciones reservadas", en relación a los sueldos del activo, a fin de evitar que por el procedimiento de "gastos reservados" altos y sueldos bajos, se subvierta todo el régimen remuneratorio y previsional. DEL VOTO DE LA MAYORIA.
Tipo penal, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Carlos Hugo s/ ap. auto de proc. en c. 226/04 (JF 2): 'Ficosecco,... - Gómez,... y Cruzat,... s/ infracción arts. 292 y 296 del Código Penal'
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Cabe confirmar el procesamiento del encartado por el delito de uso de documento falso destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículo automotor, puesto que existen elementos de convicción suficientes para sostener dicha imputación penal y la existencia del elemento subjetivo que exige el tipo deberá ser evaluada en juicio pleno.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LOBOS, JUAN DEMETRIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 21-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

Corresponde rechazar el planteo del recurrente que sostiene que a los fines de determinar si ha operado la caducidad de la instancia, sólo deben computarse los días hábiles; en razón de que la norma del artículo 17 de la ley 4.106, por referir a plazos de días, no se aplica al regulado en el artículo 63 de la misma ley, que es de meses y que, en consecuencia, encuentra regulación por aplicación supletoria del artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial.
Homologación del acuerdo preventivo, bienes inmuebles, boleto de compraventa, actos sujetos a autorización judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Radioemisora Cultural SA c/  s/ quiebra s/incidente de escrituración de davidsohn benet ernesto rodrigo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-14

Una cosa es el otorgamiento de un boleto antes de la quiebra y del concurso preventivo, y otra completamente distinta es la realización del mismo acto durante el trámite de este último concurso. Mientras la viabilidad del primero se rige por lo dispuesto en el referido art. 146, la del segundo depende del respeto de los recaudos que deban ser aplicados según cuál sea el tramo del concurso que el deudor se encuentre transitando. Si la operación pretende realizarse antes de la homologación del acuerdo, rigen LCQ 15 y 16; mientras que, si la homologación del acuerdo ya ha sido pronunciada, la cuestión se encuentra reglada por el mencionado art. 59, que, en lo que aquí interesa, exige implícitamente la aludida autorización judicial para realizar actos que impliquen disponer de bienes registrables. Así resulta de lo dispuesto en el art. 121 del ordenamiento concursal que se viene citando, norma según la cual las ineficacias allí referidas no pueden ser decretadas cuando los actos mencionados en tal norma hayan recibido la correspondiente autorización judicial conferida en los términos de los arts. 16 o 59, tercer párrafo, según corresponda.
IVA, hecho imponible, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Claudio Omar c/ Lorenzo, Cristina s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

El artículo 5, inciso b), párrafo 3, de la ley de impuesto al valor agregado, texto según Ley 23.871, determina que el hecho imponible se perfeccionará con la percepción de la contraprestación, en el caso el honorario, lo cual resulta inherente al trámite propio de la ejecución de sentencia.
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lieman S.A.F.I.C.I.A. c/ Cozzarín, Héctor A. y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

El art. 377 del C.P.C.C. consagra la inapelabilidad sobre toda cuestión que verse acerca de la producción, denegación y sustanciación de las pruebas o su validez. Tal situación resulta de estricta aplicación en el ámbito del juicio ejecutivo, que se rige supletoriamente en materia de prueba por las normas del proceso sumario, que disponen la inimpugnabilidad de tales resoluciones (arts. 494, últ. párrafo, y 547 "in fine" C.P.C.C.).-
Cuestión federal, sentencia definitiva, defectos en la fundamentación normativa, procedimiento administrativo, concurso de cargos, universidades, concursos docentes
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Martín, Estela Delia Correa de c/ Universidad Nacional de San Juan s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Si bien los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente universitario no admiten revisión judicial salvo en los casos de arbitrariedad manifiesta existe cuestión federal si los recursos intentados y concedidos se fundan en la desinteligencia que la sentencia definitiva mantendría con una norma de carácter federal.