Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-15


SENT Nro. 776 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 15 DE OCTUBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 3/9/2002 (fs. 648/654), cuyos fundamentos fueron leídos en audiencia del 17/9/2002 (cfr. fs. 655), el recurso ha sido concedido por el referido tribunal mediante auto del 13/3/2003 (cfr. fs. 667). En esta sede, a fs. 676/678 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal sosteniendo la vía impugnativa. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 663/666 por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 3/9/2002, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar el 17/9/2002.

1.1.- Le agravia lo resuelto por la mayoría del Tribunal, que dispuso la absolución de los acusados Pastrana y Díaz por aplicación del beneficio de la duda; cuando a su entender existen elementos incriminatorios bastantes para emitir fallo de condena. Señala que el Ministerio Público requirió se les imponga la pena de 20 años de prisión, como autores voluntarios de los delitos de violación en perjuicio de Edith Soledad Gómez, y robo agravado en perjuicio de Walter Deolindo Pereyra, en concurso real.

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 13/3/2003 (fs. 667). A fs. 676/678 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien sostiene la impugnación.

De acuerdo a la requisitoria fiscal de fs. 500/502, parcialmente transcripta en el pronunciamiento recurrido, se atribuyó a Díaz y Pastrana "Que el día 27/5/2000 siendo aproximadamente hs .21.30 en oportunidad en que Edith Soledad Gómez y Walter Deolindo Pereyra se encontraban en la parada del colectivo sito sobre la Ruta Nº 306 del Departamento Cruz Alta, Pcia. de Tucumán fue que se acercaron dos sujetos del sexo masculino quienes apuntando con un arma de fuego a Walter Pereyra y tomando de los cabellos a Edith Gómez los condujeron hacia unos matorrales donde obligaron a Edith Gómez a que se desnudara y mediante amenazas procedieron a accederla carnalmente por el ano y vagina, primero uno de los malvivientes y luego el otro sujeto que se encontraba reduciendo a Walter Pereyra. Que luego de lesionar físicamente a Walter Pereyra los malvivientes le sustrajeron sus ropas y demás efectos personales que refieren a fs. 15 vta. y 16 para luego atar a Edith Gómez y a Walter Pereyra con cordones de zapatos para luego darse a la fuga. En esas circunstancias las víctimas lograron zafar de sus ataduras para así solicitar auxilio a ocasionales transeúntes." 1.2.- En su exposición de los antecedentes de la causa, relata que el hecho sucedió el 27/5/2000, aproximadamente a las 21.30 hs. en cercanías de la ruta 306 del Departamento Cruz Alta, cuando las víctimas esperaban un ómnibus en la parada del Barrio Los Fresnos. Que ambas víctimas fueron obligadas por los dos imputados a desnudarse, bajo amenazas con armas de fuego, y arrojados al piso, Edith S. Gómez fue reiteradamente sometida por ambos, mientras el otro la amenazaba. Que luego fueron atados con cuerdas, para retirarse los acusados con toda su ropa y otros efectos personales.

Considera que el reconocimiento en rueda de personas de fs. 46/47 constituye prueba fundamental, dado que la víctima Gómez identificó al acusado Díaz; quien también fue reconocido por Walter D. Pereyra. Pastrana fue igualmente identificado por aquéllos, en el acto documentado a fs. 94/95. Sostiene que tales reconocimientos se llevaron a cabo con observancia de los recaudos exigidos por los arts. 249 a 252 del CPP; y de las actas respectivas resulta que las víctimas describieron los rasgos fisonómicos de los imputados. Pone además de relieve que la defensa estuvo presente durante su transcurso, sin impugnar las pruebas; y que la Srta. Gómez reconoció a Díaz durante el debate oral.

Continúa exponiendo que a dos años de practicarse los reconocimientos en rueda de personas, la defensa pretendió excluirlos como elemento de prueba, argumentando la oscuridad del lugar. Señala que el propio denunciante Pereyra manifestó a fs. 15 que "la parada estaba iluminada con foco de alumbrado público", lo cual nunca fue desconocido por la defensa. A ello agrega que los testigos declararon sobre la existencia de un foco de alumbrado público en el lugar, pero lo rompían; mas pese a ello, llegaba luz de la plaza cercana a la parada de ómnibus. Que las víctimas también pudieron observar a los acusados cuando fueron alumbrados por un auto que pasaba por la ruta 306, y por ello obligados a recorrer un trecho mayor. Dice coincidir con el voto minoritario, en cuanto a que los reconocimientos en rueda de personas se realizaron en observancia de las exigencias legales, con la presencia de sus defensores, quienes manifestaron su conformidad con el acto sin observar la legalidad del procedimiento durante su realización, ni con posterioridad. Niega la previa exh ibición de algún álbum de fotografías en sede policial; lo que por otra parte fue negado por las víctimas y por el comisario Jiménez. Destaca además que según consta a fs. 17, Walter D. Pereyra efectuó un retrato hablado; y que tanto éste como Edith Gómez sostuvieron, con firmeza y seguridad, que los reconocimientos se practicaron sin ninguna clase de presiones. Cita precedentes jurisprudenciales que avalarían su posición, para concluir solicitando la revocación de la sentencia en recurso, y se condene a los imputados como autores voluntarios y responsables de los delitos por los cuales fueran acusados.

1.3.- De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que al tratar la primera cuestión, el Sr. Vocal Dr. Carlos F. Ruiz Vargas -a cuyo voto adhirió la Dra. Alicia Freidenberg de Ferreyra-, expresó que no se ha llegado a la convicción categórica sobre la autoría de los imputados, por cuanto las pruebas ofrecidas crearon un estado de duda, que impidió arribar al imprescindible estado de certeza que debe sustentar una condena. Señaló que esta clase de delitos suele consumarse en ausencia de otras personas, por lo que resulta difícil la obtención de prueba independiente; con lo que adquieren relevancia los indicios de oportunidad y presencia. Valoró lo manifestado por numerosos testigos, en especial Rosa Brandán, quien expresó que ese día Pastrana se encontraba conversando con ella mientras esperaba el ómnibus, en el horario en que las víctimas dicen haber sido abordadas por dos sujetos. Puso además de relieve que al efectuarse identikit en base a los datos aportados por aquéllas, se describió a uno de los atacantes, con un lunar en la mejilla izquierda, lo que sirvió de hilo conductor para la investigación y condujo a la detención de Pastrana. Que recién entonces se hizo el reconocimiento, y no consta que haya habido otras personas con igual rasgo para reconocer por las víctimas, "por lo que resulta poco clara y limpia la medida efectuada del reconocimiento, toda vez que en la audiencia se habló de un álbum de fo tos que ponen los investigadores de las personas con antecedentes, como los nombrados" (cfr. fs. 653). A ello agregó que según los policías intervinientes, entre ellos el Crio. Blanco, "era tal la oscuridad que no se veían ni las manos", lo que habría dificultado una precisa identificación de los acusados.

Por estas razones, estimó que la prueba debe ser analizada con razonabilidad; poniendo en duda el reconocimiento efectuado tardíamente. Puso además de relieve que otro de los sospechados, un tal Tití que declaró en la causa, también tiene un lunar; y que la prueba de ADN no dio resultados satisfactorios por cuanto la Instrucción no mantuvo los restos de semen en buen estado para su realización. Concluyó que debía estarse a los pocos indicios existentes en la causa, "que no crean más que dudas al juzgador sobre la autoría de los imputados", siendo imposible fundamentar una condena; y aplicando el principio de la sana crítica y el beneficio de la duda, se pronunció por la absolución de los acusados.

Cabe poner de relieve que durante la audiencia de debate, la defensa planteó la exclusión probatoria de los reconocimientos en rueda de personas. El Tribunal a quo no hizo lugar al planteo, pero en definitiva atendió sus argumentos en oportunidad de valorar el cuadro probatorio.

2.- Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que el control del fallo en miras a establecer la aplicabilidad del beneficio de la duda implica, en definitiva, la pretensión de efectuar un reexamen de los hechos y de la prueba rendida en autos. Ello en tanto el precepto contenido en el art. 406 procesal funciona en el área de la prueba y su valoración, lo que como principio es de incumbencia exclusiva de los tribunales de juicio y escapa al control casatorio (cfr. CSJTuc. sentencia Nº 825 del 23/12/94, autos "González, Juan Olegario s/homicidio").

El principio aplicado por los jueces de mérito es de carácter procesal, y su apreciación crítica se basa en la libre convicción del Tribunal en la valoración de los elementos probatorios, quedando por regla excluido el control de tal apreciación por vía del recurso extraordinario local intentado. La excepción se presenta cuando se verifican vicios lógicos en la fundamentación del pronunciamiento, o arbitrariedad en su motivación, que es lo alegado por el Ministerio Público.

Es oportuno recordar que -según se ha señalado en el voto mayoritario-, por lo común esta clase de ilícitos se comete sin la presencia de testigos. En los delitos de violación, realizados solitariamente y con aprovechamiento del aislamiento circunstancial de la víctima, las exigencias procesales deben hacerse jugar con realismo, apreciando en su conjunto todas las constancias de la causa, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que "La prueba de los delitos contra la honestidad -en el caso, violación- resulta de difícil recolección, no sólo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia criminis al tribunal. Sin embargo, ello no significa que resulten de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba, quitándole sustento a lo que en conjunto lo tiene. Por el contrario, deben valorarse las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados" (cfr. CSJNac., sentencia del 15/07/97 en autos "Vera Rojas, Rolando", LA LEY, 1998-A, 312).

Ante las versiones contrapuestas provenientes de los imputados y de las presuntas víctimas, debe necesariamente apelarse a los indicios precedentes, contemporáneos o posteriores para valorar la credibilidad de los dichos respectivos. Este análisis ha sido realizado en forma parcial en el voto de la mayoría, dado que soslaya el examen integral de las posibles pruebas de cargo, sin dar razones bastantes para explicar objetiva y racionalmente el estado de duda que condujo a la absolución.

Se ha dicho que la duda se evidencia "cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen" (cfr. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tº I, pg. 446); representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa. Tal incertidumbre no exige la convicción de la inocencia del imputado, toda vez que presume respuestas positivas y negativas en torno a uno de los elementos esenciales de la imputación penal, que resultan de un análisis de mérito vinculado exclusivamente a las pruebas producidas; sin que a criterio del magistrado puedan prevalecer unas u otras.

En el sublite, no aparece suficientemente fundada la falta de certeza objetiva, y aún de probabilidad sobre la autoría atribuida al acusado. Si bien la duda invocada refiere a un especial estado de ánimo del juez, que le impide alcanzar la convicción de certidumbre sobre los hechos, dicho estado no puede basarse en una pura subjetividad, sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso. En tal sentido, la descalificación expresa de determinados elementos, señalados por la acusación como prueba de cargo, exigía una motivación fundada en las reglas de la sana crítica, lo que no se advierte en el fallo recurrido, ante la falta de una evaluación objetiva de las constancias integrales del proceso.

El discurso sentencial revela que los argumentos de la mayoría no bastan para sustentar el estado de duda; basado sustancialmente en negar aptitud conviccional a los reconocimientos en rueda de personas practicados por las víctimas.

3.- En relación a los pretensos vicios en el reconocimiento en rueda de personas efectuados en sede instructora, esta Corte Suprema de Justicia ha señalado la extemporaneidad de tales planteos, "toda vez que el vicio denunciado, en caso de haber existido, ha quedado subsanado, por aplicación de lo expresamente dispuesto en el art. 188, inc. 1º del CPPT, según el cual las nulidades producidas en la instrucción sólo podrán ser opuestas, bajo pena de caducidad, durante ésta o en el término de citación a juicio. La norma mencionada recepta el principio general de que las nulidades relativas no planteadas por quienes tenían derecho a oponerlas en las oportunidades previstas en la ley, se subsanan (cfr. Dona-Maiza, Cód. Procesal Penal, Astrea, 1994, pg. 179 y ss.). Como advierte el Sr. Fiscal de Cámara, de autos surge que la nulidad alegada, de carácter relativo, no fue invocada por la defensa en las oportunidades previstas en la citada norma procesal, de conformidad al procedimiento indicado en el art. 188 último apartado (cfr. CSTuc., sentencia Nº 336 del 11/5/98, autos "Vallejos, Carlos Luis s/violación y privación ilegítima de libertad").

El rechazo de la exclusión probatoria no impide al Tribunal de mérito juzgar la aptitud conviccional de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional. Se trata de una prueba directa y no de un mero indicio; y establecida la legalidad del acto -no obstante el pedido de exclusión probatoria planteado en la audiencia de debate- procede examinar con rigurosidad su aptitud conviccional, atendiendo los cuestionamientos de la defensa. Mas no cabe perder de vista, en tal sentido, que tales actos tuvieron lugar con la debida asistencia técnica; y que las respectivas defensas no formularon observaciones o impugnaciones previo al debate oral.

Las razones expuestas en el voto mayoritario, para restar credibilidad a los reconocimientos practicados por las víctimas, sólo señalan algunos aspectos aislados de las pruebas reunidas en autos, sin vincularlos con otros que resultan conducentes para la dilucidación del caso.

3.1.- De una parte, se verifica que las condiciones de visibilidad del lugar han sido motivo de versiones contrapuestas por parte de los testigos. En este punto, la mayoría ignora que los dichos de las víctimas, a más de ser coincidentes, encuentran apoyo en otros testimonios. Hugo Ernesto Brandán manifestó que "llega luz del Bº Los Fresnos a la parada de ómnibus, que no se ve mucho. Vio acercar a dos víctimas desnudas y llorando" (cfr. acta de debate, 642 vta.). A preguntas formuladas, el testigo Raúl Ernesto González manifestó que "la plaza está iluminada y llega la luz hasta la parada de ómnibus" (cfr. fs. 642).

A estos dichos, el Tribunal opuso lo manifestado por Juan Ricardo Blanco, quien expresó que "es una zona muy oscura y difícil que alguien pueda reconocer a otro... Esa noche estaba oscuro, no se veían ni las manos a esa hora, en el lugar donde ocurrió el hecho y donde estaban las víctimas. No había luz" (cfr. fs. 641 y vta.); coincidiendo con ello el testigo Gustavo Antonio Orellana. Según constancias de autos, al día siguiente del hecho aquel funcionario policial se constituyó "hacia inmediaciones donde la prevención estima que habría tenido lugar el presente ilícito" (cfr. acta de fs. 3). No cabía soslayar que de acuerdo a la requisitoria fiscal, los acusados abordaron a las víctimas "en la parada del colectivo sito sobre la Ruta Nº 306 del Departamento Cruz Alta, Pcia. de Tucumán", para luego conducirlas al sitio donde se habría consumado la violación; donde se encontraron algunas pertenencias de las víctimas (cfr. acta de fs. 5). Se trata de un hecho que, de acuerdo a las características que se desprenden de la acusación, se prolongó en el tiempo, y no tuvo como único escenario el sitio donde se consumó la violación. Tampoco considera el Tribunal lo expresado en la instrucción por Edith Soledad Gómez; quien manifestó que ante la presencia de un automóvil con las luces prendidas, los hicieron atravesar unos alambrados..." (cfr. fs. 38).

El identikit practicado en la etapa instructoria sólo fue valorado a favor de los acusados; sin tomar en cuenta que se llevó a cabo previo al reconocimiento en rueda de personas, y con inmediatez al suceso. Mayor reproche merece la apreciación referida al tiempo transcurrido hasta el reconocimiento, y a las señas particulares de Pastrana (lunar en su mejilla); reclamando el Tribunal que no conste en el acta respectiva, la presencia de otra persona con caracteres fisonómicos similares. Con este argumento, pareciera admitirse la existencia de vicios en la realización de la medida -poco clara y limpia, según la sentencia-; cuando en forma expresa, la ley procesal sólo exige la presencia de otras personas de condiciones exteriores semejantes. La circunstancia apuntada por la mayoría no descalifica el reconocimiento en rueda de personas, ni compromete su eficacia o su validez formal; pues la ley no exige paridad sino semejanza; por lo que las objeciones acerca de su regularidad deben mostrarse serias, y con suficiente entidad para restarle relevancia. De otra parte, la circunstancia de que no conste en actas lo reclamado por el Tribunal de mérito, en modo alguno invalida el reconocimiento en cuanto tal, cuando su realización no ha merecido objeción tempestiva de la defensa, presente en el acto. Cabe añadir que, a todo evento, tales reparos sólo refieren al imputado Pastrana; sin que se explique en el pronunciamiento las razones que llevarían a extender la duda en relación a Díaz.

Igualmente descalificable resulta la desestimación de los reconocimientos, argumentando que "en la Audiencia se habló del álbum de fotos que ponen los investigadores de las personas con antecedentes como los nombrados". La supuesta exhibición ha sido negada categóricamente tanto por las víctimas como por los funcionarios policiales; sin que el Tribunal explique de manera fundada la entidad que asigna a tales versiones.

3.2.- En tales condiciones, los argumentos de la Sala a quo para dudar de los reconocimientos practicados se presentan endebles, y de ningún modo eliminan la posibilidad de que las víctimas pudieran percibir sus rasgos fisonómicos el día del hecho, y consecuentemente de identificarlos a posteriori. La motivación de la duda expresada por el Tribunal deviene insuficiente, pues las razones expuestas no encuentran respaldo bastante en el plexo probatorio analizado, al ignorarse elementos que pudieron resultar dirimentes. Máxime cuando se trata de desvirtuar la categórica identificación de los acusados, resultante de los reconocimientos en rueda de personas.

En el caso de Díaz, ella se vio corroborada por su individualización en el curso del debate. La declaración testimonial de Edith Gómez fue igualmente categórica; y en cuanto tal, constituye un elemento de juicio también desconocido por la mayoría del Tribunal. El reconocimiento de los presuntos autores del delito, efectuado por la víctima en el transcurso de la audiencia de debate, no constituye un reconocimiento en sentido estricto, mas se trata de un elemento de juicio que podrá ser valorado por el tribunal de acuerdo con los principios de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. su aptitud como medio de prueba ha sido destacada por esta Sala Civil y Penal en distintos precedentes (cfr. sentencia Nº 336 citada).

De otra parte, no cabe sino poner de resalto la manifiesta orfandad de la duda sustentada en la advertencia de que habría "sospechosos" -no imputados en la presente causa-, con rasgos físicos parecidos a los de los acusados. En tal sentido, viola las reglas de la sana crítica racional desentenderse de que según las constancias de autos, estas personas declararon en autos, y comparecieron como testigos a la audiencia de debate; con lo que necesariamente estuvieron expuestas al señalamiento de las víctimas. Tampoco puede eludirse que uno de ellos habría sido quien auxiliara a aquéllas inmediatamente de sucedido el hecho, cuando las vio acercarse "desnudas y llorando".

Finalmente, el fracaso de la prueba de ADN tampoco resulta concluyente en delitos de índole sexual, porque según es admitido en el voto mayoritario, ello se debió a la deficiente conservación de las muestras obtenidas en la etapa instructoria.

4.- La mayoría omitió valorar estos antecedentes, como posible prueba de la autoría atribuida a los acusados; en un caso que por sus características exigía un examen integral del plexo probatorio reunido, sin eludir las distintas hipótesis que por vía indiciaria puedan extraerse de los hechos probados. Las pruebas reunidas han sido apreciadas excluyentemente en sentido exculpatorio, rechazando la versión de la acusación sin fundamento bastante para motivar la duda expresada.

En suma, la entidad probatoria que para el sublite adquieren los reconocimientos y testimonios -en tanto pruebas directas-, dadas las circunstancias particulares de la causa, exigían confrontar los elementos valorados con las demás probanzas reunidas, a fin de determinar su aptitud conviccional. El fallo en recurso no muestra un marco de duda insuperable; dado que tales pruebas de cargo han sido desvirtuadas mediante indicios y presunciones examinadas separadamente; lo cual conduce a resultados absurdos desde el punto de vista de la verdad material, real o histórica a determinar en el proceso penal. Tal imperfecta metodología se presenta dirigida a cuestionar cada uno de esos elementos aisladamente; efectuando juicios que, de ser realizados en un acto único y con arreglo a las reglas de la sana crítica racional, pudieron conducir a un cuadro probatorio pleno. Se ve entonces resentida la fundamentación lógica del pronunciamiento, pues tal duda no se presenta como derivación ineludible y racional de las constancias probatorias incorporadas al proceso.

Tiene dicho reiteradamente esta Corte Suprema de Justicia que la condena penal exige un certero juicio de reproche, basado en la evidencia plena de una acción típicamente antijurídica y culpable. El cuadro fáctico fijado por el Tribunal de juicio es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que ese tribunal desarrolla para fijarlos; debiendo reiterarse que en el sublite, el juicio emitido no ha sido el de certeza, sino que por lo contrario, es la pretensa ausencia de ésta la que condujo a la absolución. Mas conforme a lo expuesto precedentemente, tal estado de duda debe encontrar sustento racional y objetivo en las constancias de la causa, lo que no emerge del discurso sentencial.

Se advierte que el fallo en recurso carece de la debida motivación, pues la duda expresada soslaya el análisis integral de la base fáctica reunida en el proceso, y no proporciona elementos de convicción idóneos para respaldarla. Las consideraciones expuestas para fundar el estado de incertidumbre aparecen sustentadas en la sola voluntad del juzgador, y sin apoyatura suficiente en el contenido de las probanzas arrimadas al juicio.

La mayoría del Tribunal ha restringido el análisis de los hechos, al efectuar un examen parcial y aislado del cuadro probatorio existente; eludiendo indagar su posible idoneidad para acreditar la autoría atribuida a los imputados. El análisis parcial del plexo probatorio priva al examen de los hechos de motivación suficiente, y resta validez a la fundamentación del acto sentencial, que exhibe inferencias efectuadas suprimiendo elementos de la causa, con lo que la misma resulta viciada, parcial y arbitraria. Es evidente que la Sala a quo limitó el análisis de la prueba, pues las razones que determinaron la absolución no explican con lógica y suficiencia la duda expresada; incurriendo de este modo en apartamiento de los principios de la sana crítica.

Ha señalado la doctrina que "si bien es verdad que el Tribunal de mérito es libre para seleccionar el material probatorio sobre el que apoyará sus conclusiones fácticas, es igualmente cierto que esa libertad no puede ser arbitrariamente utilizada, como ocurriría si se omitiera tomar en cuenta una prueba que, de haber sido considerada, hubiera impedido arribar a la conclusión a que arribó o hubiere determinado una distinta. La omisión de valorar prueba dirimente constituiría un caso típico de selección arbitraria del material probatorio afectando el principio de razón suficiente, aspecto que no puede escapar al control casatorio" (Caferatta Nores, J.L., Temas de Derecho Procesal Penal, pg. 283).

Merituando según las reglas de la lógica las pruebas reunidas, podrá o no subsistir el estado de duda expresado por la Cámara a quo; pero no puede desconocerse que en autos, la falta de aptitud conviccional de las pruebas desechadas no ha sido suficientemente fundada por el Tribunal. Las apreciaciones parciales de elementos que pueden ser esenciales para dilucidar el caso, en apartamiento de las normas que gobiernan la valoración de las pruebas, constituye una infracción formal configurativa del vicio de arbitrariedad.

En definitiva, asiste razón al impugnante al sostener que en el análisis de la autoría atribuida a los acusados, el Tribunal ha omitido fundar suficientemente el estado de duda que determinó la absolución; con lo que el decisorio carece de apoyo en las constancias de la causa, y se sustenta sólo en la voluntad del juzgador.

Por lo considerado, se concluye que el defecto apuntado descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido, configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución de la Provincia, y los arts. 408, inc. 2º, 413, inc. 4º y cc. del CPP, por lo que la sentencia debe ser casada y declarada nula a tenor de la doctrina legal ya sentada por esta Sala Civil y Penal (cfr. sentencia del 12/4/2002, en autos "Herrera, Segundo Napoleón s/lesiones graves): "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que infringe el deber de adecuada motivación, y absuelve por el beneficio de la duda sin considerar y valorar razonablemente elementos de prueba con relevancia para la solución del caso".

Los autos serán restituidos a la Excma. Cámara a fin de que por intermedio de quien corresponda, proceda a una nueva realización del debate y al dictado de nuevo pronunciamiento; sin que la presente decisión implique establecer criterios ni pautas acerca de la responsabilidad del imputado en la presente causa.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 663/666 por el Sr. Fiscal de Cámara en lo Penal de la VIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIa. del 3/9/2002, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar el 17/9/2002.

II.- REMITIR la causa a la Excma. Cámara Penal, a fin de que provea la integración que corresponda para una nueva realización del debate y el dictado de nuevo pronunciamiento.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA