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Derecho penal, abuso sexual, delitos contra la integridad sexual, deber de cohabitación
Materia: PENAL
Carátula: c/ CABRERA, BASILIO s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR LA GUARDA REITERADO (3H) EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ABUSO SEXUAL CON SOMETIMIENTO GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-10-21

En la figura penal prevista en el art. 119 del C.P. el bien jurídicamente protegido es el derecho de toda persona a la reserva sexual de su propio cuerpo, entendida ésta como el derecho a la incolumidad del consciente y voluntario comportamiento sexual (visión objetiva), mas allá de los móviles que animaron la conducta del victimario (visión subjetiva).

Corresponde ponderar la concurrencia de amenazas como modo comisivo, al respecto el menor destaca que era frecuentemente amenazado por el victimario, quien le decía que no le cuente a su madre porque lo matará al deponente y a la madre y se llevará a sus hermanitos.

Sobre este tópico es conveniente traer a colación el pensamiento de Carlos Fontán Balestra en su obra Derecho Penal parte Especial pág. 212 que expresa: se dijo que lo que la ley argentina toma en cuenta no es la amenaza en sí, sino su efecto psicológico sobre la víctima, en este sentido la violencia resulta conveniente poner de resalto que el menor destaca qué el acusado siempre lo obligaba a no decir nada, era violento, golpeaba al deponente a mama a todos situación que sin lugar a dudas ponen en evidencia que la víctima razonablemente tenía sobrados motivos sentir temor. Que, para apreciar la idoneidad para amedrentar a la víctima, debe valorarse la gravedad, seriedad y factibilidad, con arreglo a las circunstancias de cada caso particular. Se trata, en rigor, de una coacción (imposición obligada) especializada por el resultado que alcanza. En relación a ello cabe agregar que el estado de temor del menor se torna veraz a la luz del informe médico donde consta que se encuentra en un estado de fobia actual hacia el agresor.

O sea que aquel estado de temor denunciado por el menor resulta ser corroborado por el médico, es que las agresiones sufridas por él y por la madre son muestras elocuentes de la idoneidad de las amenazas vertidas por el victimario para generar un razonable temor, capaz de vencer la voluntad del mismo.

Que, las conductas delictivas descriptas deben a su vez subsumirse en el cuarto párrafo inc. b del art. 119, toda vez que el imputado ejercía la guarda del menor, esta circunstancia se infiere del informe ambiental que deja patentizado que el grupo familiar está compuesto por el imputado, la víctima, entre otros y que el modo de subsistencia está basado en los ingresos del imputado. La convivencia, también es descripta por el damnificado, la madre y el propio imputado.
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, retención indebida
Materia: CIVIL
Carátula: BRANDALISIO, Raúl c/ BARRIOS, Manuel s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Vencido el plazo convenido en un contrato de locación, el locatario recién incurre en retención ilícita de la locación a partir del momento en que el locador le exige o reclama, judicial o extrajudicialmente, la restitución del inmueble.
Concurso preventivo, apertura del concurso, sociedad de responsabilidad limitada, socios, gerentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMUNICAR S.R.L. s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-06

En tanto el representante requirente de la apertura del concurso preventivo y apelante del decisorio que lo rechazó, es uno de los socios gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, y no acreditó ni en la anterior instancia ni al tiempo de sostener el recurso la previa resolución del órgano de administración (ley 19 551: 6), no cabe siquiera analizar la memoria que intenta cumplimentar los recaudos formales del art. 11, Ley cit., y la eventual procedibilidad de tal proceder.
Derecho laboral, despido, jubilaciones, aplicación de la ley laboral, intimación al trabajador, indemnización, principio protectorio
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Héctor  c/ Arbumasa S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

La empleadora intimó al trabajador para que iniciase sus trámites jubilatorios, y surge de la misiva enviada que aquél se encontraba en condiciones de iniciar dicho trámite. El actor no respondió la intimación cursada y toda vez que se hallaba embarcado al momento en que finalizó el plazo determinado en la intimación que cursare la demandada, (conf. art. 252 LCT) al dependiente se le instruyó su desembarco para luego notificársele la extinción del contrato de trabajo. El actor adujo no encontrarse posibilitado de obtener los beneficios del sistema previsional en razón de no contar con los aportes necesarios a tal fin. Lo cierto es que el trabajador perdió su trabajo luego de más de 20 años de relación laboral, y la accionada esperó que venciera el plazo fijado en la intimación para despedirlo sin haber propiciado acercamiento alguno a fin que comprendiese su situación. Es reprochable que la accionada no hubiera adoptado ninguna diligencia en miras de resguardar los deberes inherentes a la contratación, inclinándose por la preservación del contrato de trabajo, al menos hasta tener certezas de la realidad del actor respecto a la intimación que le fuera formalmente remitida. Ello denota una insalvable carencia mediata e inmediata respecto del esquema protectorio del derecho del trabajo. Así entonces, el art 252 de la LCT luce incoherente con el resto del ordenamiento -en un caso como el del trabajador- toda vez que habilita al empleador a forzar la extinción del vínculo por el mero transcurso del tiempo, en una suerte de cláusula gatillo, operativa ante el vencimiento del plazo allí indicado. Esta solución contraría la propia ley, que en su plexo articula con cautela la protección del contrato de trabajo. A ello se suma que, tal interpretación partiría de una presunción en contra del trabajador -ante su falta de respuesta- en palmaria oposición a lo determinado en el art. 12 del mismo cuerpo normativo. En este marco, deben progresar las indemnizaciones derivadas del despido y confirmarse lo decidido en la anterior instancia. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, plazo, días hábiles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Luna, Justo Ramón c/ Emilio Abdala s/ Daños y perjuicios - Inconstitucionalidad (Libro: S050-457)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-10-03

El término para dictar sentencia sin pérdida de jurisdicción fijado por la ley 1547 se compone de días hábiles por tratarse de un término judicial regido por el art. 7 de la Constitución y 54 del C.P.C.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, contrato de trabajo, prueba, vivienda, trabajo benévolo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Di Beco, José Vicente c/ Río Automotores y/u otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Laboral   (Expte. CSJ Nro.  709-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

No configura cuestión constitucional idónea que permita la apertura de la instancia extraordinaria los argumentos del quejoso respecto a que la prestación de servicios se encontraba acreditada, debiendo presumirse onerosa e incluyendo dentro de la misma las "aparentemente simples tareas de cuidado o vigilancia ... tareas necesarias y propias de un garage .... que no deben ni pueden ser consideradas gratuitas o benévolas...", en tanto la sentencia contiene fundamentos jurídicos que impiden su descalificación como acto judicial. En efecto, expuso uno de los Vocales que "...se encuentra reconocido por la demandada, la presencia del actor en el lugar, así como cierta actividad del mismo que es tenida como 'benevolentiae causa' ..." considerando el magistrado que las tareas domésticas y de higiene que realizara son las que corresponden a todo ocupante de una vivienda. En ese orden, estimó que "...las circunstancias que hacen a la relación entre las partes, así como la índole de las tareas que pudiere haber realizado el actor, no condicen con las exigencias legales (art. 23 -1ra. Parte-L.C.T.)..." y que las pruebas aportadas resultan insuficientes a los fines de demostrar la existencia de vínculo laboral o la realización de las tareas que el actor consignara en su demanda. En tal sentido, se apreció que existen prestaciones que no tienen causa laboral, y que se llevan a cabo por otras motivaciones, de índole humanitaria, espiritual, no siendo estas prestaciones objeto del contrato de trabajo, sino que son relaciones que carecen de la "facienda necesitas" y que en el caso, el demandado, tomó una decisión de causa benevolente, una prestación afectuosa.
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Desarrollo Forestal  S.A.  de Forestación. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

No resulta lógico atenerse al sentido más restringido que puede darse a las palabras utilizadas en la norma, sino indagar cual ha sido su finalidad y si ésta se ha cumplido, pues sólo de tal manera el mayor beneficio esperado a través de la disminución de la recaudación fiscal, podrá alcanzar su verdadero sentido.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, acción de amparo, educación privada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOSE AMERICO SAN MARTIN Y OTRO c/ SRA. RECTORA DEL COLEGIO COMERCIAL "DR. CARLOS LUBETKIN". s/ ACCION DE AMPARO.    COMPETENCIA FEDERAL- POR LAS PERSONAS.    INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

Es competente la justicia provincial, y no la federal, para conocer en el amparo iniciado con el objeto de obtener que se revea judicialmente la resolución de la rectora de un colegio comercial por la que se privó a dos menores de la condición de alumnos regulares de dicho establecimiento, decisión que -a entender de los actores- ha lesionado las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de enseñar y aprender, reconocidas tanto por la Constitución Nacional cuanto por la de la Provincia de La Pampa.

Ello es así, pues la existencia de normas legales nacionales que regulan el funcionamiento y fiscalización de institutos privados de enseñanza, no confiere a éstos el carácter de entidades estatales que pudiera hacer surtir a su respecto el fuero federal en razón de la persona, y la invocada violación de garantías constitucionales no sujeta, por sí sola, las causas que de ella surjan, al fuero federal, pues éste sólo tendrá competencia cuando aquéllas sean lesionadas por o contra una autoridad nacional.
Proceso judicial, nulidad procesal, exceso ritual manifiesto, juicio, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

En materia de nulidades procesales, sería excesivamente riguroso y un imperdonable pecado de ritualismo exigir -como inconmovible regla- que quien no contó siquiera con la "posibilidad" de ser oído o de probar, deba además puntualizar y acreditar defensas y argumentos -propios de la etapa soslayada- con la única finalidad de convencer acerca de la seriedad del planteo y de la entidad del perjuicio. De esta manera, la admisibilidad del remedio excepcional quedaría sujeta exclusivamente a la mayor o menor imaginación y poder de convicción del litigante, pero con el añadido que la cuestión discurriría por el plano de la mera retórica, atento la imposibilidad de juzgar que las defensas o las pruebas, sustentadas en una argumentación puntillosa, convincente y formalmente elaborada, efectivamente, se concretarán en su oportunidad. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Derecho procesal, excusación, Ministerio Público, procedencia del recurso, fiscales, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Borras Cedrun, Sebastián Daniel c/ Comisión de Fomento de Loventuel, Prov. La Pampa y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Procede aceptar la excusación de la Sra. Fiscal General de intervenir en la causa, en los términos de lo dispuesto por el CPR 30 y 17 y por la ley 27148: 59, ello atento a la relación que la une a uno de los letrados apoderados de la codemandada Provincia de La Pampa, toda vez que dicho profesional ejerce su defensa en cierto expediente. En esta línea, obsérvese que la relación puesta de manifiesto en los términos de la excusación de la Fiscal General trasunta una situación apta para configurar violencia moral de su parte para intervenir en autos. Por ende, corresponde atender a las razones de delicadeza expresadas, lo cual determina que este Tribunal acepte dicha excusación (arg. esta CNCom, esta Sala A, 17/11/15, "Fe Sociedad Anónima c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos"; íd, 27/10/16, "Sebamar SA s/ quiebra s/ incidente de nulidad promovido por López Agüero Bernardina").
Asegurado, asegurador, carga procesal, contratos de adhesión, denuncia del siniestro, obligaciones del asegurado, obligaciones del asegurador, plazo, seguros
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Recio Antonia Alicia y otros c/ Omati, Silvia y otros - Ordinario  s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-04-12

El contrato de seguro presenta los caracteres propios de un contrato por adhesión, la disparidad entre asegurador y asegurado respecto del mismo, acentúa los deberes del asegurador en razón de su condición de autor del contenido contractual, así como del carácter profesional con que presta el servicio, en pos del restablecimiento del equilibrio del contrato que fue sustraído en su celebración. A partir de allí no puede dejar de señalarse, que como consecuencia de la relación contractual, la aseguradora tiene la carga de pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de un plazo razonable (30 días, contados desde la denuncia de siniestro o desde el aporte de la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º, art. 46, Ley de Seguros), en virtud de lo previsto por el artículo 56 de la LS.
Transacción extrajudicial, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Erice, Roberto y Concejo Municipal de General Roca. s/ Homologación. Transacción Extrajudicial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-08-25

La no homologación por este Superior Tribunal de Justicia de una transacción extrajudicial no la priva de efectos tanto para la pertinente acción judicial en caso de incumplimiento como para su presentación ante las autoridades administrativas a los fines que se estime corresponder.
Habeas corpus, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN O TRANSITAN EN LA JURISDICCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DOLORES  c/  s/ recurso de queja (Art. 433 del C.P.P.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-15

Con el propósito de brindar una protección más amplia a la libertad física y ambulatoria de las personas, que se adecua plenamente a los fines personalistas de la Ley Fundamental, la aplicación de la garantía constitucional fue extendida a otras hipótesis: el Hábeas Corpus preventivo, correctivo y restringido.
Organización de la justicia, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Paz, Marta y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

La atribución de la potestad normativa en materia de organización del Poder Judicial (art. 81, CCBA), permite a la Legislatura tanto la creación de las unidades que deben brindar el servicio de justicia, como la modificación de la planta existente, sea que ello ocurra por incremento, por reducción, por sustitución, o por cualquier otra forma de alteración de la estructura de los fueros, instancias y tribunales creados con anterioridad. Es atribución del Poder Legislativo el dictado y la modificación de las reglas de organización judicial.
Robo calificado, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: O., J. s/ Infracción art.166 Inc. 2 del Código Penal-Lesiones Culposas-Recurso  de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-01

La postura dogmática confesadamente asumida por el a-quo en relación a que la expresión "cometido con armas" impone su aceptación literal, sin ser necesario contemplar aditamentos sobre si la misma estaba o no cargada y era o no apta para disparar a fin de dar por configurada la agravante del artículo 166 inciso 2 del Código Penal, como tampoco le interesó comprobar ni expedirse respecto de la concreta idoneidad o calidad ofensiva del arma de fuego no secuestrada, sobre la cual no declaró el menor involucrado, ni fue motivo de la descripción del testigo. Por lo tanto, estamos en presencia de una inobservancia esencial en la ponderación de las pruebas en perjuicio del imputado y de una errónea apreciación de los que deben ser elementos fácticos necesarios para lograr una correcta subsunción típica de los hechos en la sentencia, siendo ello constitutivo de vicios graves del trámite, denominados "in procedendo", afectándose el derecho de defensa y de los principios del debido proceso en perjuicio del imputado si se convalidara la imposición de la agravante de mención a partir de la sola invocación del uso de un arma de fuego no secuestrada por el denunciante y un testigo, como se ha hecho, sin analizar siquiera su potencialidad ofensiva en la ocasión y el efectivo peligro corrido por la víctima.
Control de razonabilidad, estado de sitio
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO
Carátula: Timerman, Jacobo s/ recurso de habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-20

El control de razonabilidad puede abarcar un doble aspecto: a) la relación entre la garantía afectada y del estado de conmoción interior; b) la verificación de si el acto restrictivo guarda proporción adecuada con los fines perseguidos por la declaración del estado de sitio.
Instrumentos privados, falta de firma, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: KORENFELD, MARCOS s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-19

Para que la convalidación pueda actuar en el sistema de nulidades relativas del ordenamiento procesal hace falta que, pese al vicio, exista la porción del acto idóneo para determinar la conducta misma.

El buen sentido enseña que no se puede producir confirmación sin un acto que pueda ser confirmado. Este es el camino lógico por el que surge como vecino del concepto de nulidad del acto jurídico el concepto de su inexistencia.

Corresponde distinguir así entre los actos jurídicos anulables -que en principio pueden ser confirmados, sujetos a la preclusión y la cosa juzgada- y actos existentes que pueden ser declarados de oficio en todos los casos, que no son susceptibles de convalidación expresa o presunta, no precluyen ni prescriben y la cosa juzgada no obsta a su planteamiento.

Mientras que la nulidad supone un acto que adolece de deficiencia en alguno de sus elementos esenciales, la inexistencia es un concepto aplicable a determinados hechos que presentan la apariencia de actos jurídicos pero en realidad no revisten el carácter de tales por carecer de alguno de aquellos elementos. Se encuentra dentro de esta categoría el requisito previsto por el art. 1012 del Código Civil respecto de la firma, por lo que, pese al consentimiento del acto, puede plantearse luego su nulidad con fundamento en que es falsa la firma de un escrito.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito laboral, poder especial
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUTIERREZ J. c/ COOP. FERROCARRILES DEL ESTADO s/ INCIDENTE DE VERIFICACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-05

En tanto el proceso de verificación en sede concursal del crédito reconocido por sentencia laboral importa inequívoca ejecución de tal pronunciamiento (ley de contrato de trabajo 265), el poder especial laboral debe reputarse subsistente en aquella instancia de cumplimiento (Código Civil: 1960) debiendo interpretarse cualquier duda en favor de la actuación dentro del mandato (código civil 1934). No empece a ello la circunstancia de que los poderes se hagan valer fuera de la jurisdicción del tribunal que los autorizó, si se considera que ello obedece al régimen excepcional que en materia de concursos importa modificar las competencias territoriales naturales; no cabiendo requerir legalización alguna en orden a lo que resulta de la ley de concursos 48.
Responsabilidad de la provincia, pago, pagaré, aval, avalista
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dresdner   Forfaitierungs   Aktiengesellschaft c/ San   Luis, Provincia de s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Corresponde rechazar la demanda tendiente a que la provincia se haga cargo del pago de varios pagarés descontados por la actora en el marco de una operación de "forfaiting", si para concertar dicha operación la empresa sólo tuvo a la vista los pagarés con el aval de un funcionario que carecía de facultades para comprometer económicamente a la provincia.
Ejecución fiscal, actualización monetaria
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: IFONA c/ RIOS, ANTONIO JESUS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-07

El art. 9 de la ley 21695 establece que cuando el beneficiario hubiera endosado o utilizado los certificados de crédito fiscal deberá ingresar el monto que resulte de aplicar sobre los respectivos importes el índice de precios mayoristas, nivel general, teniendo en cuenta la variación operada desde el trimestre calendario anterior a aquél al que corresponda la fecha de entrega de los certificados, hasta el trimestre calendario anterior a aquél al que corresponda la fecha de pago. En ningún caso la suma a ingresar podrá ser inferior al doble del importe de los certificados recibidos.
Medidas cautelares, peligro en la demora, guardavidas
Materia: PENAL
Carátula: Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 14.798
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Sin perjuicio de la similitud existente entre algunas de las normas impugnadas con aquellas que la Corte declarara inconstitucionales en el precedente citado por la parte actora, en la demanda no se explica cuál sería el daño grave e irreparable que a los concesionarios de balnearios de la Municipalidad de Villa Gesell les ocasionaría la aplicación de las disposiciones controvertidas. Antes bien, de los propios términos de la demanda surge que la supuesta mayor erogación que implicaría la ejecución de estas disposiciones, que no aparece mínimamente acreditada y sobre la cual no se ha ofrecido prueba, sería en definitiva soportada por quienes contraten los servicios de quienes promueven la demanda.
Recusación con causa, Ministerio Público, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: SALOMON SILVIA c/ PELLIZARI JOSE A. s/ LESIONES GRAVES CALIFICADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-27

Resulta improcedente la recusación con causa deducida contra el fiscal de cámara, pretendidamente apoyada en enemistad y animosidad, toda vez que fue articulada desatendiendo una norma legal expresa, que excluye a los funcionarios del ministerio público del citado instituto.