Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 13235 EXPEDIENTE N° 22.599/2010 SALA IX JUZGADO Nº 48 Buenos Aires, 31/5/12 AUTOS: "GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES C/ PERROTA LEONARDO JUAN S/ JUICIO SUMARISIMO" VISTOS:

Que las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 179, quien expresó agravios a tenor de la presentación de fs. 183/191.

Que a fs. 195/198vta. obra la contestación de agravios efectuada por la demandada.	Que la resolución recurrida es la dictada a fs. 169/177 por el Sr. Juez de la instancia anterior.

Que a fs. 204/205vta. contestó la vista que le fuera conferida el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Y CONSIDERANDO:

I- Que teniendo en cuenta la controversia planteada en autos y alcances del recurso interpuesto, cabe remarcar que no se discute en la causa que el demandado goza de estabilidad sindical en los términos de lo dispuesto por el art. 48 de la ley 23.551. El eje del debate gira concretamente en torno a si los hechos invocados por la parte actora justifican el levantamiento de la tutela sindical a los fines de autorizar la cesantía del trabajador.	En primer lugar, no se puede obviar la importancia que la estabilidad sindical tiene en orden a la protección de la persona que ejerce un cargo de representación sindical, así como también con relación a quienes lo han elegido para el desempeño de dicho cargo.

De allí que este derecho fundamental se encuentra reconocido y tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal. Tal el caso del art. 14 Bis. C.N. y de los los arts. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Por otra parte, el artículo 3 del Convenio Nro. 87 de la O.I.T. garantiza a las organizaciones de trabajadores el derecho de elegir libremente a sus representantes y el artículo 1 del Convenio Nro. 98, en su apartado 1, establece que "... los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo ..." y en el apartado 2 inciso b) se prevé que "... dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto ... despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo ...".

También se debe recordar que el Convenio Nro. 135 de la O.I.T. se refiere a los representantes de los trabajadores y en el artículo 1 establece que "... los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor ..".

Pues bien, el art. 52 de la ley 23.551 establece que los trabajadores amparados por las garantías previstas por los artículos 40, 48 y 50 de la ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo si no mediare justa causa y una resolución judicial previa que los excluya de la garantía.

En consecuencia, el empleador que decide despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de un dependiente que goza de estabilidad sindical, debe -con carácter previo a la adopción de cualquier medida- ineludiblemente recurrir al procedimiento de exclusión de tutela previsto por el artículo 52 de la ley 23.551, a fin de invocar ante la justicia la "justa causa" exigida por la ley y que sea merituada en sede judicial, todo ello por la vía del procedimiento previsto por el artículo 47 de la ley 23.551.

Por otra parte, no se puede soslayar los efectos de la sentencia recaída en el marco de la tramitación de una acción de exclusión de tutela sindical y, en el punto, hay que tener en cuenta los alcances de este debate que Scotti describe acertadamente: "...por una parte se sostiene que este procedimiento posee naturaleza eminentemente cautelar y tiene por objeto solamente determinar la verosimilitud de la conducta atribuida al trabajador y al solo efecto de que el principal adopte la medida invocada en su demanda, la que debe merituarse en atención a las circunstancias que 'prima facie' tornen verosímil el planteo traído a decisión sin que ello implique abrir juicio acerca de la legitimidad final o el acierto de la medida (en el caso de que efectivamente se la aplique), aspecto que deberá ser dilucidado en otro proceso. En cambio para otra importante corriente de opinión y cuya postura compartimos, el pronunciamiento a dictarse en un procedimiento sumarísimo de exclusión de tutela no constituye una medida cautelar sino una decisión definitiva emitida en un pronunciamiento pleno que, por lo tanto, produce el efecto de cosa juzgada material y formal y no puede revisarse en otro juicio posterior" (cfr. SCOTTI, Héctor Jorge, "La protección a la actividad gremial", en Derecho Colectivo del Trabajo, Ed. La Ley, Bs. As., 1998, pág. 391).

Sentado ello cabe remarcar que, en el caso concreto, la parte actora promueve acción de exclusión de tutela sindical con el objeto de aplicarle al demandado la Resolución Administrativa Nro. 1526-MAYEPGC, dictada en el marco del Sumario Nro. 107/09, que dispuso la cesantía del demandado (Exptes. administrativos acumulados Nro. 18.337/2009 y Nro. 17.232/2009 obrantes en sobres reservados por Secretaría bajo el Nro. 11237 o 2499).

Que, concretamente de fs. 8vta./9 del Expte. administrativo Nro. 17237/2009 (obrante en sobre reservado por Secretaría e individualizado bajo el Nro. 11237 o 2499-A) se desprende la suspensión preventiva que le aplicaran al Sr. Perrota por 30 días. Que a fs. 4vta. del Expte. administrativo Nro. 22446/2009 (también obrante en sobre reservado por Secretaría e individualizado como 11237-A o como 2499-A) surge otra suspensión preventiva por 30 días; a fs. 7vta. de estas últimas actuaciones consta el traslado al registro de agentes en disponibilidad y a fs. 14vta./15 la cesantía dispuesta el 28/08/09.	Adviértase que la presente acción de exclusión de tutela sindical fue iniciada el 17/6/10 (ver cargo de fs. 9), es decir casi 10 meses después de dispuesta la cesantía y no obstante que con fecha 22/2/10 el Sr. Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda aconsejó la tramitación de la acción de exclusión de tutela (C.N. 1435-MayE.P.G.C.-09, folio 28, obrante en sobre reservado por Secretaría e individualizado como 11237-A o como 2499-A)	Que del pronunciamiento recurrido se desprende que por ante el Juzgado del Trabajo Nro. 48 tramitó con anterioridad a la presente la causa "Perrota, Leonardo Juan c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Juicio Sumarísimo", Expte. Nro. 46.447/2010, en la que con fecha 21/3/11 dictó sentencia haciendo lugar al allanamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en su mérito, se lo condenó a reestablecer las condiciones de trabajo vulneradas con respecto a Perrota y a abonarle los salarios adeudados. También señala el sentenciante de grado que este fallo se encuentra íntimamente relacionado con la temática y objeto debatido en la presente, pues al allanarse el Gobierno de la Ciudad en aquella causa admitió la modificación de las condiciones de trabajo de Perrota tipificada por la falta de pago de sus salarios.

Agréguese que Perrota fue sobreseído en sede penal por los hechos que le fueran imputados, concluyendo el Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 26 que los elementos acompañados impiden atribuirle al Señor Perrota participación en los daños y sustracciones ocurridos, pues no existe elemento fehaciente alguno que lo vincule con tales hechos, no siendo posible responsabilizarlo por la sola circunstancia de ser el único manifestante individualizado (ver fs. 148/155), conclusión que a tenor de lo previsto por el art. 1103 del Código Civil impide cualquier debate posterior sobre la inconducta que la aquí actora le imputa al demandado.

Pues bien, tales extremos, dan cuenta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con carácter previo a la iniciación de la presente acción de exclusión de tutela cautelar, alteró las condiciones de trabajo de Perrota (disponiendo a su respecto una suspensión preventiva por 30 días, prorrogada dos veces por idéntico plazo cada una y no abonándole salarios) y tramitó un sumario interno y causa penal tendientes a dilucidar la responsabilidad de Perrota en los hechos sucedidos el día 20 de marzo de 2009. Vale decir, la conducta asumida al no abonarle salarios sumado a la prejudicialidad que se desprende de la tramitación de la causa penal y el resultado por ella arrojado, sellan la extemporaneidad de la presente acción de exclusión de tutela sindical por haber omitido la empleadora la acción de exclusión de tutela sindical con carácter previo a la adopción de cualquier medida que vulnerara la estabilidad sindical de Perrota; tal como lo declaró el Sr. Juez de la instancia anterior, en argumentos que este Tribunal comparte íntegramente.	II- A mayor abundamiento se observa que el escrito recursivo no contiene una expresión de agravios con los alcances exigidos por el art. 116 L.O. Ello así porque según criterio sustentado por este Tribunal, en forma reiterada, la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, en la que se demuestre punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador, con la indicación de las pruebas y normas jurídicas que el recurrente estima le asisten (cfr. in re, "Cuadrado, Daniel Edgardo c/Arca Distribuciones S.A. s/Despido", S.I. Nº 6.203 del 28/5/03, entre otros), recaudos que no se verifican en la presentación que se analiza. En particular, por cuanto la parte actora se limita a reiterar la posición asumida anteriormente e insiste en que habrían existido causas graves para disponer la cesantía, sin rebatir el análisis efectuado por el Sr. Juez de la instancia anterior con respecto de la conducta asumida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tanto con relación al resultado de la causa penal, como respecto del juicio sumarísimo que también tramitara por ante el magistrado laboral; manifestaciones que sólo traducen una mera disconformidad con lo resuelto en el punto, sin justificar la postura adoptada o la sinrazón de lo decidido por el aquo.

III- Sentado ello y toda vez que, por lo demás, este Tribunal comparte las consideraciones efectuadas por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a fs. 204/205vta., específicamente con relación al instituto de la prejudicialidad y su aplicación a la presente causa, así como respecto de la entidad del recurso interpuesto por la parte actora (Dictamen Nro. 53.897 del 1/12/11), a cuyos argumentos y solución cabe remitirse en homenaje a la brevedad y que forma parte integrante de la presente, se concluye que, toda vez que no se advierten razones que justifiquen un apartamiento de lo decidido en la instancia de origen, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y -en su mérito- confirmar la resolución recurrida.	IV- Con relación a la regulación de honorarios apelada, cabe señalar que en consideración a la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales cumplidos en autos, pautas arancelarias vigentes y naturaleza del debate, los emolumentos fijados por el Sr. Juez de la instancia anterior no lucen elevados, sino que aparecen ajustados; por lo que corresponde sean confirmados.

V- En atención a la solución a la que se arriba y principio general que rige en la materia, las costas de esta Alzada se declaran a cargo de la parte actora (art. 68 CPCCN).

VI- Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas profesionales cumplidas en esta instancia y las pautas arancelarias vigentes se estiman los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25 % y 25 %, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.	Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs. 204/205vta., el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Con costas de Alzada a cargo de la parte actora. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25 % y 25 %, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y, previa citación fiscal, devuélvase.

Dr. Roberto Pompa Dr. Alvaro E. Balestrini JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA Ante Mí