marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Efectos del acto jurídico, leyes, efecto retroactivo, decretos, nulidad absoluta, ley especial, efecto ex nunc
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Longobardi, Irene Gwendoline y otros c/ Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

La ley es totalmente estéril para dar vida retroactivamente (ex tunc) a un decreto que es insanablemente nulo ante la falta de la "ley especial" del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional, y la voluntad legislativa de asumir los contenidos del decreto debe ser reconocida a partir del dictado de la ley, con una virtualidad exclusiva hacia el futuro (efecto ex nunc)(Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi). -Del precedente "Verrocchi", al que remitió el voto.-
Violencia familiar, medidas cautelares, designación de tutor
Materia: CIVIL
Carátula: M.,  A.E. c/ G.,  S.D. s/ ART. 250 CÓDIGO PROCESAL - INCIDENTEFAMILIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

1- Las relaciones materno- paterno filiales tienen por objeto salvaguardar los sentimientos humanos más elevados, desinteresados y permanentes y encuentran su fundamento en la importancia que el contacto del menor con ambos progenitores tiene para la estructura psíquica y moral de todo niño. 2- Cuando se advierten síntomas inespecíficos compatibles con abuso sexual, sostenidos como validatorios de un relato armado unilateralmente por uno de los miembros de la pareja parental contra el otro, de donde surge el nivel de angustia y despecho padecidos en la relación de pareja, resulta necesario la realización de un tratamiento psicológico para el niño pero sin descartar la evaluación de otros motivos que pueden generar los síntomas del menor y no pensarlo exclusivamente como en una víctima de abuso sexual. 3- En los casos en que se exhibe a través del proceso una aguda conflictiva familiar, los jueces no pueden cerrar los ojos y deben desempeñar un rol activo y comprometido en la causa. De manera que es deber de la judicatura disponer oficiosamente y con carácter cautelar todas las diligencias que fueran necesarias con el objetivo de no quebrar los derechos que asisten al niño. 4- Corresponde la designación de un tutor especial en los términos del art. 397, inc. 1 del Código Civil quien cumplirá también el rol de abogado del niño -art.27, inc c)de la ley 26.061- cuando se advierte la necesidad de evitar que el menor continúe siendo objeto de controversia entre los padres, y a los efectos de que pase a ser sujeto cuya opinión sea debidamente valorada de acuerdo a su edad y madurez, y quede habilitada su participación activa en el proceso. Además se estaría evitando una confusión de roles, cesando la anomalía de que un mismo letrado defienda los intereses de la madre y su hijo.
Ente Nacional Regulador del Gas, poder de policía, sanciones administrativas, saneamiento del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Occhiuzzi, Humberto Jorge c/ Resolución 181/97 -Enargas (Expte. 2902/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Siendo que el principio es el de la indelegabilidad del poder de policía del servicio público, la atribución concedida en el anexo XXVII del contrato de transferencia del servicio en favor de Metrogas S.A. aparece de dudosa legitimidad. Sin embargo, no puede dejar de advertirse que la actora recurrió ante el Ente Nacional Regulador del Gas, impugnando el acto emanado de la concesionaria.

En ocasión de resolver el ente de control, luego de valorar la conducta del sancionado, confirmó la pena impuesta, purgando de esa manera el vicio que pudiera ostentar el acto atacado, constituyendo esa resolución, sin lugar a dudas, la decisión por la cual ha ejercido el poder de policía cuestionado a Metrogas. (Del voto del Dr. Galli).
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quinterno, Arnoldo M. y otro c/ Alderete, Felix Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La sola circunstancia de que el paciente se encuentre mutualizado, frente a la frecuencia con que las obras sociales no cubren determinados rubros o no lo hacen en su totalidad, no autoriza a sin más a desestimar la pretensión de que se resarzan los gastos terapéuticos.
Locación de inmuebles, ejecución de alquileres, obligaciones periódicas
Materia: CIVIL
Carátula: PANTI ALFREDO LEON c/ EDI ABDALA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

Pretendido en juicio el cobro de distintos períodos en que el locatario dejó de abonar el precio del alquiler, se conforman así las denominadas prestaciones periódicas que nacen sucesivamente con el correr del tiempo en función de diversos períodos siendo cada uno de ellos distintos e independientes, las que no pierden su individualidad por el hecho de incluirlas el acreedor en una única demanda judicial. Así, el pago se considera íntegro desde el momento en que comprenda uno o varios de ellos completos resultando admisible la aplicación del art. 746 del Cód. Civil puesto que esa normativa se vincula a las obligaciones de prestación única y divisible en el tiempo. Tanto nuestro Código como su fuente inmediata en este artículo, Freitas (arts. 1097 y 1110 del Esboco) se remiten a la expresión recibo o finiquito, todo lo cual evidencia que no es posible acudir a presunciones para arribar a la consecuencia sustentada en el art. 746. Es necesario, pues, un recibo emitido por el acreedor y a ello se vincula -de modo indirecto- la expresión del art. 544, inc. 6, del Cód. Procesal en cuanto allí se habla de pago documentado.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, incidente de impugnación, suspensión preventiva, improcedencia del recurso, aprobación de asamblea
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Macri, Mariano c/ Socma Americana SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Procede confirmar la resolución que desestimó la medida cautelar pretendida por el actor, para que se suspendan preventivamente los efectos de ciertas decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Ello por cuanto, en el caso, el fallecimiento informado de uno de los miembros de la Comisión Fiscalizadora ocurrido con anterioridad a que se defina su designación en la Asamblea impugnada, se trataría de un hecho insusceptible de convertirse automáticamente en un peligro grave y actual para la sociedad, o que afecte los bienes allí comprometidos.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, segunda instancia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO  RÍO  DE LA PLATA S.A. c/ RODRIGUEZ, Fermín Omar s/ RECURSODE HECHO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Si bien es cierto que de acuerdo al inciso 2° del art. 310 del Código Procesal, tanto la segunda como la ulterior instancia se abre cuando se ha concedido el pertinente recurso y, por lo tanto, es a partir de ese momento que se debe resolver sobre su caducidad, también corresponde el examen de la perención acusada cuando se ha propuesto el recurso extraordinario y se ha cumplido el plazo de caducidad desde el proveído que ordena su traslado, sin que la parte haya instado el procedimiento a los fines de obtener una decisión en tal sentido. Ello por razones de economía procesal, pues de otra manera implicaría un exceso de formalismo con la consiguiente injustificable dilación del proceso.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

En la tarea de interpretación de la ley no cabe presumir que el legislador actuó con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Gastos del proceso, costas, monto del juicio, honorarios, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: DI N., N. M. c/ D., L. I. s/ ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-22

La modificación introducida por la ley 24.432 al Art. 505, Código Civil no implica ninguna limitación al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas. La condena en costas comprende, además de los honorarios regulados, todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito - art. 77, Código Procesal-".
Cuerpo médico forense, muerte del paciente, obligaciones del médico
Materia: PENAL
Carátula: González, Griselda Haydee c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-11

El voto concurrente agregó que resulta necesario determinar el comportamiento de los médicos durante la atención del paciente y si se siguió -en tiempo y forma correctos- el protocolo de actuación. (Dres. Borinsky y Hornos -voto concurrente-).
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, acuerdo de partes, facultades del juez, homologación judicial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GOMEZ, Nicolás Matías s/ infr. Arts. 60 y 61 ley 1472 - Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

En el caso, el rechazo por parte del juez del pedido de suspensión del proceso a prueba resulta acertado atento no cumplirse los requisitos del artículo 45 del Código Contravencional por no haberse dado un "acuerdo entre imputado y Ministerio Público Fiscal", que posibilitara un control de legalidad por parte del a quo (confr. Bermúdez, Francisco Javier s/Inf. art. 85 CC- s/apelación, causa Nº 9169-00-CC-2006).

En efecto es requisito que la defensa técnica solicite el beneficio directamente al titular de la acción y no al órgano jurisdiccional.
Despido por fuerza mayor, crisis económica, concurso preventivo
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Graciela y Otros c/ Empresa J.G.F. S.R.L. y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-21

La merituación de la circunstancia de presentación en quiebra es sólo la prueba objetiva de la crisis económica, pero se requiere además la prueba fehaciente de la imprevisibilidad, inevitabilidad e irresistibilidad.
Sociedades comerciales, sociedad constituida en el extranjero, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: GORENSZACH  ANTONIETA  ANA c/ BILL  CREDITANSTALT INTERNATIONALBANK LTD Y OTROS S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

Sobre la base de que los emplazamientos del artículo 122 de la Ley 19550 siempre suponen la existencia de jurisdicción internacional argentina para entender en la causa y dentro de los límites que el principio de defensa en juicio impone, es claro que el apoderado representante -inscripto en registros legales en los términos del artículo 123- podría ser emplazado en el país pero solo por litigios motivados en la causa de su especial representación, esto es, por el acto o contrato de constitución de sociedad local o adquisición de participación (arg. artículo 122 inciso a) LSC, conf. esta CNCom., esta Sala A, 13.02.08, "Inspección General de Justicia c/ Interinvest SA s/ organismos externos", Boggiano Antonio "Sociedades y grupos multinacionales", págs. 98/9 y 235/8, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1985; Uzal María Elsa, "El emplazamiento en juicio de una sociedad extranjera", RDCO, N° 127/128, pág. 234). De otro lado, también es claro que el artículo 122 citado habilita el emplazamiento personal de la demandada en el país, por medio de la persona de un representante social o apoderado que hubiese intervenido en el acto aislado motivo de la controversia, con facultades para ello (inciso a), ya que si la sociedad se hubiese inscripto en el país para realizar actos con habitualidad y permanencia y se demanda con motivo de un acto que hubiere sido realizado por la representación, asiento o sucursal en el país que una sociedad extranjera ha establecido a ese fin (artículo 118 tercer párr), sin duda procederá el emplazamiento en la figura del representante designado, como su cabeza visible al efecto (conf. Uzal María Elsa, ob. cit., RDCO, N° 127/128, pág. 234). A contrario sensu, dicho emplazamiento no es procedente si, quien se halla en el país, no tuvo actuación decisiva en calidad de apoderado en el acto de marras, ni es un acto relacionado con su precisa representación societaria a los fines indicados en la norma legal de aplicación -vg. si se trata de actos obrados por la matriz en el extranjero-. Es que, en este último supuesto, para ser demandado a otros fines distintos de los que determinaran su actividad denunciada al registrarse, se debe proceder a la notificación de la demanda en su domicilio en el extranjero mediante las diligencias propias del auxilio internacional (artículo 118, primer párrafo LSC). Es claro pues, que no cabe confundir al representante en los términos del artículo 118 LSC con el inscripto registralmente con la sola finalidad de constituir sociedad en los términos del artículo 123 LSC, que carece, en general, de personería para estar en juicio a efectos diferentes de los que motivaron la inscripción del apoderamiento (véase, Uzal María Elsa, ob. cit., RDCO, N°
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAÑETE, NATALIO MATIAS s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-18

Hacer justicia, es misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo y lo concreto. Ello puede lograrse, ejerciendo la virtud de la prudencia, lo que exige conjugar los principios enunciados en la norma con los elementos fácticos del caso; si no, la aplicación de la ley se convertiría en una tarea mecánica, reñida con la naturaleza misma del derecho.
Recurso de casación, ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, in dubio pro consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN AMRO BANK N.V. c/ E., A. y Otra. s/ EJECUCION HIPOTECARIA s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-09

Debe hacerse lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados, rechazando la demanda en todas sus partes. Es que, tal como lo expresa el votante que me precede, encuadrada la relación que vinculara a las partes de autos como una relación de consumo, el plazo de tres años previsto por el art. 50 de la Ley 24240 - en adelante, LDC -, desplaza en su aplicación al plazo decenal del art. 846 del Código de Comercio, en tanto se trata de una ley posterior y especial, circunstancia a la cual ha de adicionarse lo prescripto por el art. 3 de dicha norma que dispone que todo contrato de consumo debe regirse por los preceptos que en el caso resulten más favorables al consumidor, principio este de orden público conforme el art. 65 del mismo texto legal. (Voto de la Dra.

Zaratiegui por la mayoría)
Trata de personas, delito doloso
Materia: PENAL
Carátula: Núñez, Julia Arminda s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-09

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de trata de personas -art. 145 bis y 145 ter inc. 1° CP. si se probó el dolo de la imputada al captar a las damnificadas bajo la falsa promesa de ofrecimiento laboral y entregarlas a otras personas para su explotación sexual, sin que obste a la calificación escogida la circunstancia de que una de las víctimas pudiere haber contado con algunos espacios de libertad física en la casa de la encartada.
Proceso penal, juicio, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Antoniotti, Marcelo y Núñez, Gerardo s/ Hurto en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-08-05

Lo esencial es, en definitiva, que, en ambos supuestos, el órgano jurisdiccional llamado a dirigir la investigación (juez de instrucción) debe, necesariamente, expedirse sobre la procedencia de la remisión a juicio, siendo irrelevante -dentro del sistema procesal elegido por el legislador (leyes 168 y 351)- que esta tarea se realice en el dictado del procesamiento del indagado o al momento de disponerse la remisión a juicio, cuando ambas presentan características similares.(del voto de los Dres. Hutchinson y González Godoy)
Notificación por cédula, domicilio real, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: Jaimez, Rene Roberto c/ Rojas, Carlos Enrique y/u otros s/ Diferencias de Sueldo, etc.- Casación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-03

El art. 39 del CPL es claro en su redacción al momento de establecer los supuestos en que las cédulas de notificación deben ser dirigidas al domicilio real, no encontrándose entre dichos supuestos el de la notificación de la sentencia definitiva por lo que la resolución de Cámara fue debidamente notificada a los domicilios constituidos.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cottini, Gastón Luján c/ Miedema, Osvaldo Luján y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

El art. 1113 del Código Civil se refiere a la conducta de la víctima (como factor de interrupción total o parcial del nexo causal entre el hecho y el daño y, consecuentemente, con virtualidad para eximir en esa medida la responsabilidad) sin ningún tipo de connotación subjetiva. En otros términos, no es computable la intención motivante de la conducta; la norma se contenta con menos, pues le basta con que el intérprete juzgue que ese comportamiento tuvo eficacia para cortar el nexo causal. Si además, esa conducta significó o tradujo irresponsabilidad, negligencia, culpa, la asunción de un riesgo innecesario o no, son elementos inútiles para juzgar los supuestos de liberación de la responsabilidad contemplada por el artículo citado.
Concesión de servicio público, servicios eléctricos, ejecución del contrato, hechos nuevos, traba de la litis, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES -ENRE c/ EDECAT S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-06-26

La cuestión a dirimir en la causa se limita a determinar si la misma ha quedado sin materia, como lo solicita la demandada -empresa de energía-, al haber informado la actora -ENRE- el cumplimiento de lo que es objeto de la demanda, o, en su caso, si el objeto de la litis implica también -como lo expresa la actora- el cumplimiento de otros ítems tales como las normas de contabilidad regulatoria e indicadores de desempeño.

La Procuradora Subrogante en su dictamen advierte que lo referido al incumplimiento de los otros ítems recién se dirime en la instancia administrativa, luego de trabada la litis, y que la actora no los ha invocado como hechos nuevos que integren el objeto de la pretensión originaria. Ahora bien, esta hipótesis procesal de la invocación del hecho nuevo por parte de la actora resulta imposible intelectual y prácticamente, no solo porque su alegación es posterior al plazo contemplado por el Art. 365 del C.P.C.C. para este instituto, sino porque, además, la mera alegación de incumplimientos contractuales o normativos no constituyen en esencia hecho nuevo.

En efecto, en el caso nos encontramos ante el intento de la actora de reformar, por vía de una nueva y distinta alegación de incumplimiento, la traba de la litis, lo que, además de poner en cuestión los principios de defensa en juicio, buena fe y preclusión, nos llevaría al absurdo -estando ante una relación jurídica de ejecución continuada-, de tener que entender en una causa que procesalmente pueda prolongarse ad -infinitum, por voluntad omnímoda de las partes, haciendo depender de ella no solo los plazos sino también el ejercicio efectivo y definitivo de la jurisdicción.

En consecuencia, la acción intentada debe declararse sin materia, imponiendo las costas por el orden causado.
Cuestiones de competencia, competencia ordinaria, competencia penal, defraudación, retención indebida, aportes a obras sociales, sindicatos
Materia: PROCESAL
Carátula: LORENZO, CARMELO. s/ DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

El delito previsto por el art. 173, inc. 2, del Código Penal, se reputa consumado en el lugar donde corresponde realizar la entrega o devolución no cumplida. Toda vez que surge de la causa -en la que se responsabiliza al imputado por haber efectuado descuentos a su personal, en su carácter de agente de retención de aportes sindicales y de obras sociales, y omitido su depósito en tiempo oportuno en la cuenta sindical abierta a tal efecto en un Banco de la Capital Federal- que no existía un lugar determinado para efectuar los depósitos de aportes, los que podían ser realizados en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina, con imputación a la cuenta sindical, se debe estar en consecuencia al domicilio del deudor; pero al no surgir de la causa elementos suficientes para determinar cual de los domicilios denunciados por el imputado debe ser el considerado a los efectos del cumplimiento de la obligación, debe seguir entendiendo el juez que previno, hasta tanto se determine esa circunstancia.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO ASSUL c/ GONZALEZ AVALOS CARLOS LEON Y/O PROPIETARIOS S/ COBRO DE EXPENSAS s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-07

El pronunciamiento de la Cámara en cuanto rechaza las excepciones de inhabilidad de título y falta de personería y manda llevar adelante la ejecución, no reviste carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial desde que sólo se pronuncia sobre cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso ejecutivo, sin abrir juicio sobre cuestiones que hacen a la obligación sustancial, lo que, eventualmente, podrá ser objeto de debate en el juicio ordinario posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima menor de edad, prueba, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Q., A. A. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal-apelación-sentencia condena prisión efectiva-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-14

Los Magistrados brindaron las razones por las cuales entendieron que correspondía confirmar la sentencia condenatoria, explicando por qué los dichos de la niña víctima resultaban veraces, dada la contundencia del relato de los profesionales intervinientes y sin que haya existido otro especialista en el debate para ofrecer una mirada distinta, al tiempo que el A quo descartó cada uno de los embates defensivos con suficiente fundamentación, explicando por qué lo expuesto por el médico forense, en rigor, se condecía con lo manifestado por la víctima y lucía creíble lo relatado por su padre y hermano en el marco de la develación de los hechos; asimismo, destacó que la versión arrimada por la Defensa en los alegatos finales en torno a que había una relación consentida por la niña, no fue aquélla que el imputado había manifestado en el debate; y finalmente, desechó la Cámara la alegación relacionada con una trama de la familia de la víctima para perjudicar al justiciable en razón de que, más allá de que se encuentren investigadas ciertas personas por posibles maniobras extorsivas contra el imputado, de los elementos de convicción arrimados al debate no surgía un pedido dinerario directo por parte de la familia de la víctima y, además, tales circunstancias no obstaban a que los hechos hubieran ocurrido tal y como, a juicio de los Sentenciantes, se encontraban probados.