marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Emergencia económica, ley de emergencia económica, derechos adquiridos, derechos y garantías constitucionales, estado de sitio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La restricción que imponen las leyes de emergencia debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Aplicación de la ley, multa, intimación previa, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez Héctor Alejandro c/ Marsili Guillermo Ángel s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-20

En autos, el demandante jamás intimó la entrega de las certificaciones ni del certificado de trabajo fijados por el art. 80 de la LCT. En la carta-documento con la que se pretende hacer valer dicho requerimiento, nada se dijo ni de las certificaciones ni del certificado de trabajo, que sí fueron demandados pero jamás intimados a su entrega. Recuerdo que la norma establece tres obligaciones a cargo del empleador las cuales se diferencian por su objeto: a) La de ingresar los importes con destino a la seguridad social y la de depositar los fondos sindicales. b) La de entregar la constancia documentada que acredite el cumplimiento de la exigencia establecida en a). Y, c) la de otorgar al trabajador un certificado de trabajo, que nace con la extinción del contrato de trabajo. Resulta claro entonces, que no se cumplió con la intimación prevista por la norma, ya que la efectuada en el intercambio previo no cumple con tal requisitoria en función de que solo se intimó por las constancias documentadas de aportes (Voto Romero. Adhesión Portela sobre el particular)
Sentencia arbitraria, Superior Tribunal de Justicia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Marichal, Yamila Gisela c/ Mancini, Ramiro Exequiel s/ laboral por cobro de pesos - recurso de inaplicabilidad de ley c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-29

Si bien la tacha de arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia, es posible hacer excepción a ese principio cuando la sentencia impugnada conduce, sin fundamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada por el justiciable y afecta, irremediablemente, el derecho de defensa en juicio.
Concursos, caducidad de instancia, incidentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fast Astilleros SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Corresponde decretar la caducidad de la segunda instancia con relación a los recursos interpuestos por la sindicatura contra la regulación de honorarios, en tanto no existió movimiento impulsorio alguno de parte del apelante a fin de conseguir la elevación del expediente a la Alzada. Ello así, pues si bien se trata de un proceso falencial, los honorarios regulados deben ser revisados en los términos de la LCQ 272.

No obsta a esta solución la norma de la LCQ 277 en tanto tiene dicho esta Sala que tratándose de una incidencia, la instancia puede ser perimida.
Abuso sexual, padecimientos mentales, proceso penal, prueba de cargo
Materia: PENAL
Carátula: M., E. s/ Abuso sexual en la persona de su hijo - Procesamiento (Expte Nro.  183-01, Resolución Nro. 68, Tomo 57, Folio 131/132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-17

Si bien pacíficamente se ha sostenido que por la índole normalmente oculta de los delitos imputados- delitos sexuales-, no es dable exigir un nutrido acervo probatorio, no es menos cierto que, aún para la medida de aseguramiento procesal prevista por el art. 325 de la ley adjetiva, debe obrar un mínimo de pautas incriminantes, más cuando ella conlleva la aneja medida de coerción personal. Y en autos, mas allá de los horrendos actos anoticiados, en lo que se lleva de esta investigación no se halla probabilizada la autoría criminosa del imputado. El único elemento de cargo deviene de los dichos de su hijo, que le adjudica una repugnante conducta que tuvo a aquél como sujeto pasivo. Pero en el presente estadio procesal, no parece conducente brindar plena credibilidad a quien padece de una seria e irreversible discapacidad mental, con atrofia cerebral perinatal que, aunque la médico forense que revisó a la víctima expone que no posee capacidad para ser falaz y la psicóloga deja entrever que no fabula, esas opiniones no alcanzan por su singularidad, entidad para procesar, ante la carencia de otras evidencias cargosas. Asimismo, si bien la esposa del imputado y madre de la víctima, testimonia respecto de la posibilidad de acaecimiento de los hechos, no debe olvidarse que aquélla mantiene una situación de enfrentamiento no exenta de resentimiento con el justiciable, que obliga a un análisis mesurado de su versión, aunque aún así, lo cierto es que nada vio y todo lo presume por los dichos de su hijo. Similar conclusión cabe hacer respecto de los dichos de la vecina. Es decir, la fuente imputativa es sólo una y sumamente dudosa, dada la incapacidad psíquica neurológica de la víctima -de veintinueve años y con una mentalidad de cinco-, lo que conspira contra la idoneidad de sus manifestaciones. No obstante, la característica de la grave imputación amerita que se ahonde y prosiga celosamente con la investigación para arribar a un pronunciamiento definitivo, debiendo practicarse con la mayor prontitud todas las medidas tendientes al pleno esclarecimiento de la conducta del imputado.
Impuesto sobre los capitales, contribuyentes, sociedad cooperativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE LABOULAYE LTDA. s/ RECURSO TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

El art. 2' de la ley 21.287 está redactado con suficientes amplitud para abarcar a la forma empresarial que exhibe la actora (cooperativa),quedando descartada la exigencia de finalidad de lucro al incorporarse como sujetos gravados entre otros entes, a las fundaciones. Por su parte incluye el concepto de empresa como organización de medios destinados a participar en el proceso productivo o en la comercialización de bienes o prestaciones de servicios, sin importar que se trate de modos unipersonales, en la medida en que exhiban la afectación de un capital dirigido al cumplimiento de aquel, del que resulta su capacidad contributiva.

Por lo demás la extensión a las figuras a las que el derecho privado no reconoce la calidad de sujetos de derecho privado no reconoce la calidad de sujetos de derecho (conf. art. 15 inc. c de la ley 11 683) induce que la delimitación del concepto "sociedades domiciliadas en el país" no queda definido desde un punto de vista estrictamente técnico jurídico sino como un concepto general más amplio, posible en la norma tributaria. Frente a lo expuesto las características de los entes cooperativos no conduce a interpretar que constituyen un supuesto de no sujeción.
Debido proceso, recurso de inconstitucionalidad, facultades del concejo deliberante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Makar, José Mauricio c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-11-27

La decisión del Concejo Deliberante de un municipio que destituye a uno de sus miembros es una cuestión justiciable en lo que respecta a la observancia de las normas del debido proceso. Encontrándose en juego una garantía específica de las Constituciones Nacional y Provincial (art. 18), surge del art. 153 apartado I "in fine" de esta última, que perfila a esta Corte como un tribunal de control constitucional, su competencia para revisar la decisión que se impugna en orden a su legalidad y razonabilidad. El mérito de la decisión es una facultad política del Concejo Deliberante. Lo judiciable no es, entonces, la razón de oportunidad, mérito o conveniencia tenida en cuenta por el órgano legislativo municipal para adoptar decisiones que les son propias, sino la observancia de las normas del debido proceso. Ello en atención a que las decisiones adoptadas por tales órganos en ejercicio de las facultades disciplinarias acordadas por el art. 183 de la Constitución Provincial constituyen una expresión del poder inherente a toda asamblea en orden a velar por la dignidad y funcionamiento del cuerpo, que la Constitución ha reservado al exclusivo y definitivo juicio del órgano legislativo.
Pena única, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma,Luis alberto s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1989-11-22

El art. 58 del Código Penal tiene dos reglas aplicables a casos diferentes:1) Que la unificación proceda cuando se juzga a quien cumple una pena (aunque sea condicional) por un hecho distinto ;

2)Que sobre una persona pesen dos o mas condenas firmes pronunciadas sin haberse observado las reglas del concurso real.Solo en el segundo caso la unificación debe ser dispuesta por el juez que dicta la ultima sentencia, salvo norma contraria de la ley local.
Derecho laboral, despido indirecto, violencia laboral, dignidad del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Folmer Emiliano Martín c/ Ferrari Juan Luis y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-30

La agresión física es un hecho más que suficiente para provocar una grave injuria que no consciente la continuidad del vínculo. El autodespido, en el caso, fue legítimo. La injuria está probada y se impone el pago de las indemnizaciones derivadas del despido e incluso del daño moral (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recurso jerárquico, Administración Pública, fiscal de Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Devoto, Hilda Rosa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 706-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

En el caso, no se encuentra configurada la denegatoria tácita invocada por no haber llegado la cuestión, en ningún momento del trámite, a conocimiento del Gobernador de la Provincia; exigencia ésta que se vincula con lo dispuesto en los artículos 72 incisos 1 y 18 de la Constitución Provincial. Y, no altera esa conclusión la invocación que efectúa la actora de los artículos 62 del decreto-acuerdo 10204/58 y 1 del decreto nº 2634/67, según los cuales -sostiene- la causa se hallaba en estado de ser resuelta -y por ende, existía en el caso denegación tácita-, por cuanto es criterio reiteradamente sostenido por el Tribunal, de que la denegación tácita requiere en principio que la cuestión -en el caso, el recurso jerárquico- se encuentre en estado de ser resuelta, y ello, a su vez, que haya emitido dictamen el Fiscal de Estado.
Impugnación del acto administrativo, restitución del inmueble
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leguizamón, Rubén Adolfo y otra c/ Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (IDUV)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-05-14

Corresponde rechazar la medida cautelar tendiente a que se suspenda el acto administrativo que resolvió la desadjudicación de una unidad habitacional al actor y su grupo familiar, e intimó a los actuales ocupantes y/o desadjudicados para que entreguen las llaves bajo apercibimiento de desalojarlos, en tanto no emana "prima facie" la observancia de una arbitrariedad manifiesta, ya que el acto se encuentra debidamente fundado y obedece al ejercicio de potestades constitucionales y legales pertinentes, máxime cuando la aplicación del acto cuestionado no generaría -en principio- a los actores un perjuicio de imposible o difícil reparación, ya que nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable, reciban una justa reparación integral de los daños y perjuicios que les hubiera ocasionado el acto.
Nulidad de sentencia, suspensión del juicio a prueba, ley penal tributaria
Materia: PENAL
Carátula: IRIGOYEN, Hipólito Esteban c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-22

Corresponde anular la resolución que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba, toda vez que el tribunal a quo omitió, debido a la sucesión de distintas leyes en el tiempo, dilucidar cuál de ellas resultaba aplicable al presente caso a tenor de lo prescripto en el art. 2° del CP. En efecto, la resolución recurrida examinó el pedido a la luz, exclusivamente, de la Ley 27430 y su incidencia en el Régimen Penal Tributario que vino a reemplazar, sin siquiera tomar en consideración que la fecha de la supuesta comisión del hecho objeto de proceso y la normativa aplicable podrían resultar más beneficiosas para el imputado, en tanto en esa época no se hallaba vigente la Ley 26735 -cuya aplicación por el juez de la instancia previa obstó a la concesión del pedido-. Dres. Barroetaveña, Figueroa y Petrone.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, muerte del trabajador, indemnización, sucesores, orden de prelación
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ OSVALDO Y OTRO c/ F.J. BONINO Y CIA. S.C. s/ RECURSO DE CASACION - CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-27

Al haberse demostrado que la cónyuge del trabajador murió antes que él y descartada la acreditación de existencia de una "concubina" con derecho a efectuar el mismo reclamo, resulta indudable que los hijos mayores de edad tienen derecho al beneficio solicitado.-
Responsabilidad del arquitecto, director de obra, honorarios, responsabilidad del empresario, mano de obra
Materia: CIVIL
Carátula: HERNANDEZ, SOLIDIA DE LOS ANGELES. c/ RECCHIONI, MARIO ALBERTO Y OTRO. s/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-15

No cabe admitir la queja de la actora referida al quantum indemnizatorio por los distintos rubros que menciona en su recurso, pues de la prueba producida en la causa surge que la accionante contrató una mano de obra económica, por un precio muy inferior a la media. Ello no quiere decir que por haber acordado un monto inferior al de mercado, el constructor pueda ejecutar sus obligaciones en forma deficiente o impropia para su destino, pero lo que tales datos sí revelan, es que la actora no podía pretender un nivel constructivo de altísima calidad, puesto que no había pagado para ello.
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: CIVIL
Carátula: MARABI, Elias c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-23

Para que una impugnación a un informe pericial pueda tener cierta fuerza, debe merituar, con criterios científicos o técnicos, las conclusiones del experto oficial, atacándolas en aquellas partes en que la ciencia y la técnica den una solución distinta a la aportada en la pericia.
Municipalidad, conflicto de poderes
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez , Gustavo Adolfo (Intendente Municipal de Merlo) c/ Concejo Deliberante de Merlo s/ Conflicto arts. 196, Const. prov. y 261, L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-09

La finalidad de la vía prevista en el artículo 196 de la Constitución de la Provincia y 261 y siguientes de la L.O.M. consiste en poner fin a un conflicto de atribuciones, anulando aquéllas decisiones que han sido dictadas por alguno de los departamentos que componen la municipalidad excediendo su esfera de competencias. En el caso, el Intendente Municipal, que es quien promueve el conflicto, por medio de los decretos N° 75/2015 y N° 76/2015, anuló y dejó sin efecto el conjunto de ordenanzas que denuncia fueron dictadas avanzando sobre sus atribuciones, de modo tal que este Tribunal no puede válidamente pronunciarse útilmente acerca de la validez de actos que ya han sido retirados del orden jurídico.
Control de legalidad, improcedencia del recurso, recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FORNASARI, Ángel Eduardo c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios (en Cont. Adm.) s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-08-23

Cuando el planteo recursivo no es en realidad de casación de derecho común (arts. 15 a 17 de la LP 59-O), sino de casación constitucional, y debe ser encausado a través de la vía recursiva establecida por el inciso 2° del artículo 11 de la LP 59-O. Recuérdese que el recurso de casación sólo tiene por objeto verificar la exacta interpretación y aplicación de las normas jurídicas empleadas por los jueces, en la medida que -en esa crítica- no se encuentren comprometidos preceptos constitucionales. En otras palabras, el recurso de casación se circunscribe a un control de legalidad de derecho sustancial, y no al control de legalidad constitucional, que es propio del recurso de inconstitucionalidad. En ese sentido, tiene dicho la Corte que el recurso de inconstitucionalidad es una "casación constitucional" y cualquier interpretación que sobre esta materia deba efectuarse, queda excluida del recurso de casación.
Notificación por edictos, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodera, Osvaldo. Quiebra s/ Incidente de nulidad de notificación promovido por el fallido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

La exigencia del art. 145 del Código Procesal Civil y Comercial tiende no sólo a evitar la ocultación maliciosa del conocimiento del domicilio del demandado invocada para provocar su indefensión, sino también a impedir que el demandante actúe con precipitación en la averiguación del domicilio siendo su finalidad el asegurar, en toda su amplitud, el ejercicio del derecho de defensa.

Demostrado que el actor no ha recurrido a los medios idóneos para establecer el domicilio del accionado, corresponde declarar la nulidad de la notificación cumplida mediante edictos. Tal criterio resulta especialmente aplicable tratándose de la citación del demandado a estar a derecho, acto cuya especial trascendencia en el proceso ha llevado a la ley a rodearlo de formalidades.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUCESION  ORTIZ DE SOSA, AMALIA c/ MANUEL A. GARCIA BUENO Y/O PROPIETARIO DE FARMACIA UNIVERSAL s/ COBRO DE ALQUILERES-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-05-19

El auto de admisión formal del recurso extraordinario no causa estado, por lo que puede ser revisado en oportunidad del examen de fondo. En cuanto a ello, si bien la cámara ha expresado que la decisión del a-quo aparece correcta, pues, no hay canon locativo establecido que justifique la acción, con lo que implícitamente ha decidido la suerte de la demanda, ello no importa una decisión de carácter definitivo que habilite la instancia extraordinaria, desde que la cuestión puede plantearse en un nuevo proceso. No se debe olvidar que ningún proceso ejecutivo reviste caracteres de definitividad, por cuanto la sentencia que en ellos se dicta no adquiere, generalmente, el efecto de cosa juzgada sustancial.
Docentes, horas cátedra
Materia: Administrativo
Carátula: Castelli, Aldo Adamo y otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-04-30

Del Estatuto del Docente y su reglamentación, surge que no se da para el caso de cargos docentes que se desarrollan en horario lectivo continuado una correlación estricta jornada-salario. Por el contrario, de los conceptos que integran la jornada laboral de estos docentes:

hora-clase, más recreo, más tiempo de permanencia en la escuela antes y después de turno, más otros que pudieran ser exigibles atentas las características de la función educativa, el índice para medir la retribución del cargo, es la hora-clase. Pero ha de aclararse que, tratándose de un cargo, esto es así sólo a título de índice o base de medición correlativa, pues la remuneración del cargo por concepto debe entenderse aplicada a la totalidad de las obligaciones al mismo conexas, temporales y funcionales.
Obras sociales, período de carencia, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTRO ANGEL ESTABAN Y OTROS c/ OSECAC s/ INCUMPLIM.DE PREST.DE OBRA SOC./ MED.PREPAGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-11

No puede sostenerse que la carencia de promoción del trámite administrativo por parte de los accionantes funcione como un eximente para que OSECAC se deslinde de aquellas obligaciones a las que se encuentra constreñida por imperio de la propia ley. Y es que, más allá de la inexistencia de requerimiento para la cobertura de la escolaridad en el instituto "La Obra" al momento de afiliar a la menor, la accionada debió dar observancia a lo previsto en la norma informando a los padres la posibilidad de acceder a la escolaridad con cobertura integral a su cargo (arg. art. 4 de la Ley N° 24.240). Tal conclusión se refuerza, si se repara que la obra social conocía la situación de C. S. C.E., en tanto se encontraba brindándole otras prestaciones para dar tratamiento a su patología.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORTELIN ALICIA c/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Es necesaria la existencia de ese nexo de causalidad pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro. Por ello la relación causal es un elemento del acto ilícito y del incumplimiento contractual que vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación objetiva. Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar.-
Exclusión de socio, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MELO PACHECO PATRICIA C/ HERRERA JOSE MARIA S/ EXCLUSIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-19

La justicia reputó la exclusión del art. 91 como un remedio que debe ser administrado con suma prudencia, prefiriéndose la conservación del vínculo si no media prueba concluyente de la inconducta del socio pasible de exclusión; así, el principio de prudencia aparecería desbordado con la conducta irreconciliable por su gravedad del socio díscolo.
Fuero de atracción, concurso preventivo, oposición al registro de marca
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: AIRES, DANIEL GUILLERMO Y OTRO c/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.D s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

La atracción del proceso concursal sobre el juicio promovido contra "Cristalux S.A.", por cese de oposición al registro de marca, no ha sido cuestionada, resultando por lo demás -habida cuenta de la proyección patrimonial de los conflictos marcarios- la solución que se adecua al régimen vigente y a la finalidad que inspira el proceso universal (art. 21 de la ley 24.522). Por otro lado, el fuero de atracción es de orden público y de interpretación extensiva, por lo que no solo produce el desplazamiento de las causas seguidas contra el concursado sino también el de aquellas que, aun promovidas contra un tercero, guarden clara conexidad con las primeras (cfr. Saúl A.

Argeri, "La quiebra y los demás procesos concursales", 2a. Ed., Tomo 2, págs. 324/325, citado también en el dictamen de fs. 641).