marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES s/ INCIDENTE DE APELACION INTERPUESTO POR APODERADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-02

El recurso debe ser declarado mal concedido por cuanto la sentencia impugnada no reúne las exigencias del art. 469 CPP, ya que no es definitiva, ni se equipara como tal, pues no termina el pleito ni hace imposible su continuación, menos aún la cuestión es de gravedad institucional, toda vez que no supera el interés individual del recurrente.

El tema debatido es si corresponde o no dar curso a un escrito que no satisface las exigencias de pagar las tasas fijadas en la ley tributaria, habiéndose resuelto que se desglosan las actuaciones de apersonamiento y apelación, por haberse cumplido en forma extemporánea con la correspondiente reposición. Se advierte por consiguiente, que la sentencia no resuelve el fondo del asunto ni pone fin al pleito ni impide su continuación.

En estas condiciones, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible, y por ende, mal concedido.
Responsabilidad profesional, responsabilidad del abogado, escritos judiciales
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CANAVESE ALEJANDRO c/ ROBLEDO MARIO FRANCISCO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-10-19

El sentido común y las reglas de la experiencia, indican que una persona que busca asesoramiento en un profesional del derecho, por más universitario que sea, desconoce las máximas y principios de la ciencia jurídica, por tanto, no puede identificar con facilidad y precisión cuáles son las consecuencias a futuro de un escrito que contiene una transacción parcial que deja librado a la decisión del tribunal las costas del litigio.

Siendo que es el profesional el que tiene conocimientos técnicos y que la contratación es esencialmente una relación de confianza, no puede válidamente afirmarse -como lo hace la sentencia en crisis- que el patrocinado, que no es versado en derecho- debía conocer los efectos jurídicos que desencadenaba el escrito que firmó por consejo de su abogado o que no podía de ninguna manera ser inducido a error, fundadas dichas aseveraciones en condiciones personales del actor -la calidad de profesional arquitecto y ser presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Córdoba-, que no tienen ninguna relación con los conocimientos que se necesitan para comprender las consecuencias disvaliosas para sus intereses, propios de un problema jurídico.
Honorarios del perito, perito contador, regulación de honorarios, estados contables
Materia: CIVIL
Carátula: SALINAS, OVIDIO JOSE s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-26

Según el art. 3ro. del decreto ley 16.638-57 los honorarios del perito contador deben fijarse con arreglo a la escala contenida en dicha norma, aplicable sobre el monto del juicio, que tratándose de una sucesión, resultaría del valor de los bienes de propiedad del causante que se transmiten. Si la pericia contable se limitó a determinar si el causante tenía o no participación en diversas sociedades, no pudiéndose computar dicha participación, dado que no existe base económica alguna que permita la aplicación de la escala prevista en el art. 3, los emolumentos del perito contador deberán ser fijados de acuerdo a las pautas que contempla el art. 6 del mismo decreto-ley.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, empleados públicos, remuneración, acto administrativo, notificación, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rivero, Hector Benigno y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-23

Si bien la mera percepción por parte del agente público de remuneraciones liquidadas de acuerdo a determinados actos administrativos no implica -en principio- la notificación íntegra de dichos actos; en el caso, ese principio general ha de ser matizado en razón del monto de la disminución del estipendio, la obviedad de la forma de pago que surgía ostensiblemente de los recibos de sueldo y del largo tiempo en que los agentes cobraron, pacíficamente, esas nuevas remuneraciones, donde se incluían conceptos (Adicional remunerativo, Asignación especial remunerativa) que, como hoy lo sostienen, "... indudablemente no se encuentran en las familias de los 'Adicionales' ni de los 'Suplementos'" que preveía la ley, por lo que deben entenderse consentidos los actos que instrumentaron la ejecución de la política salarial.
Contrato de trabajo, socio comanditado, sociedad en comandita simple, farmacéuticos, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE FARMACIA c/ FARMACIA PLAZA ITALIA SCS. Y OTROS s/ LEY 18610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

El socio comanditado inviste los poderes de dirección de la sociedad en comandita simple (conforme artículos 136 y 137, ley 19550), situación que determina la inaplicabilidad de lo normado por el artículo 27 RCT. (to.), pues la actividad prestada (en el caso:

profesional farmacéutico) no está sujeta a las instrucciones o directivas de ninguna otra persona, máxime que la referida actividad esta regulada por la ley 17565.
Proceso penal, acusación
Materia: PENAL
Carátula: BULPER, ALBINO s/ Contrabando Causa 29536-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

La acusación es el acto procesal por el cual una parte acusadora, sea pública o particular, analizando los elementos de convicción acumulados en el sumario, requiere del Juez la continuación del proceso, para que en la sentencia definitiva condene a la persona acusada a una pena determinada, por considerar que ha cometido un delito. Si bien el código de procedimientos no determina expresamente los requisitos que debe reunir la acusación, para su validez ha de contener ciertos datos esenciales cuya exigencia emerge de la misma lógica:persona a la que se acusa, hechos que se consideran probados, prueba acumulada durante el sumario, calificación legal y requerimiento de pena (Del voto del Dr.

Repetto).
Sindicatos, personería gremial, decretos, representación del trabajador, conflicto intersindical
Materia: LABORAL
Carátula: CENTRO DE EMPLEADOS DEL AZUCAR DEL INGENIO LA ESPERANZA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Para que se produzca el desplazamiento de la personería de una asociación gremial hacia otra, el dec. 467/88, art. 21 estableció que la superioridad considerable de la que habla el art. 28 de la ley 23551 exige una supremacía numérica del 10% y continuada en el tiempo (6 meses), condiciones que responden al objetivo de evitar coyunturales y variables diferencias que originen sucesivos planteos de conflictos de representación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, incapacidad laboral, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GALVEZ, MARIANA c/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-25

Las tachas invocadas denotan mera disconformidad con el examen que de las cuestiones de índole fáctica, probatoria y de derecho común efectuó el Tribunal de la causa en ejercicio de facultades privativas, sin que la recurrente haya aportado elementos de juicio valederos limitándose tan sólo a iterar los reproches esgrimidos al expresar agravios y al articular el recurso de inconstitucional local (preterición de probanzas, apartamiento de constancias de la causa, inversión de carga probatoria, desconocimiento de la normativa aplicable, inmotivación de la decisión), insistiendo, en definitiva, en la arbitrariedad del fallo impugnado al desestimar la demanda que aquélla promoviera y, por ende, el no otorgamiento de la reparación peticionada.(Del voto de la mayoría. Dr. Falistocco- en disidencia)
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: Alfaro, Héctor Omar s/ Esatafas reiteradas en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-12

El antecedente penal que pueda derivar de una condena anterior no puede operar como presunción cargosa por no resultar conducente, inequívoco y necesario que de la circunstancia que alguien que haya cometido delito alguno deba por ello resultar autor de otro posterior.-
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, debido proceso, derecho a la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: S, J C Y OTRO s/ SECUESTRO EXTORSIVO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 119-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-21

Corresponde declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad, no obstante el incumplimiento de un recaudo esencial de admisibilidad, cual es el oportuno planteo de la cuestión constitucional; en razón de hallarse en juego superiores intereses que afectan al orden público, ya que se encuentran comprometidos principios constitucionales enraizados respecto a la garantía del debido proceso y a la libertad personal (artículo 7 y 9 de la Constitución).
Funcionarios judiciales, adicional por antigüedad, Administración Pública Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Ruzo, Carlos A. c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2020-06-04

Los magistrados y funcionarios judiciales están sujetos a un régimen especial fundado en razones de política legislativa que bien pueden ser la naturaleza y esencia de la función que cumplen, por ello debemos concluir que de ningún modo pueden ser alcanzados por un régimen general dispuesto para los agentes de la Administración Pública Provincial. A ello se suma la expresa voluntad del Estado ejercida por el cuerpo legislativo y plasmada en el art. 1 de la Ley Nº 3198, de excluir de su ámbito de aplicación a quienes por las características de sus funciones estuvieran sujetos a regímenes especiales. Cuando como en el caso, la ley hace una distinción en términos que no dejan lugar a dudas, a ella hay que atenerse, se la considere o no bien motivada. Y por el contrario, cuando la ley no distingue, el intérprete no debe introducir distinciones que la normativa no contempla. Dicho esto, no existe ninguna razón válida para sostener que el adicional por antigüedad creado para magistrados y funcionarios por el Dec. N° 900/92 y reiterado luego en el Dec. N° 2406/92 sea una extensión del previsto para los dependientes de la Administración Pública Provincial regulado por el art. 41 de la Ley N° 3198, como tampoco para equipararlo o asimilarlo con el establecido para los empleados judiciales por el Dec. N° 1288/90.

Bajo tales directrices, se concluye que el Dec. N° 2406/92 en cuanto estableció que el adicional para los magistrados y funcionarios se computaría desde el ingreso a la justicia o desde la obtención del título habilitante, se ha establecido una razonable y justificada distinción y esa faena normativa determinando claramente dos supuestos posibles, que lejos está de configurar un exceso reglamentario de la Ley N° 3198. Dichas pautas vienen a confirmar el distinto tratamiento que corresponde otorgar cuando quien reclama no es un empleado o agente de este Poder Judicial, sino un funcionario judicial. Por último, ha de señalarse preliminarmente, que tanto del Dec. 900/92 como del Dec. 2406/92 se desprende que a los fines del cómputo del adicional por antigüedad se podrá optar según sea más favorable al beneficiario, por el tiempo de servicio en el ámbito de la justicia o por el del título habilitante.
Reajuste jubilatorio, objeto de la demanda, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Ferreiro, Gerpes Pedro c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-07

El inc. 3 del art. 330 del C.P.C.C. manifiesta que la cosa demandada debe ser designada con toda exactitud. Al respecto se ha señalado que "el objeto planteado requiere suficiente claridad y precisión para evitar posteriores confusiones y un ejercicio adecuado del derecho de defensa. Por eso, en el momento de indicarle al Juez cuales son las cosas que se piden, deben enumerarse una a una, sin poder involucrarlas en el etcétera, por el alcance incomprensible que tiene respecto a la claridad y precisión exigida" (cfr. Osvaldo Alfredo Gozaini, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -comentado y anotado-") (conf. exp. 47754/2008 "Módica, Mario Miguel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad", sentencia del 6/03/12, Sala I, sentencia 143983). (Publicado en el Boletín de Jurisprudencia Nro. 55 de la C.F.S.S.).
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Sturniolo, Matias Enrique c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Indemn. por Fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

Se encuentra legitimado el accionante mayor de 18 años para reclamar la indemnización por el fallecimiento de su madre ya que la incorporación que efectúa el art. 248 LCT del orden de prelación como beneficiarios de las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18.037 es una "incorporación pétrea" que, como tal no se ve afectada por ningún cambio legislativo genérico sobre el viejo régimen legal en materia jubilatoria que no derogue o modifique explícitamente a esas leyes.
Rechazo de la demanda, daños y perjuicios, concesión comercial, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Porte Molitor SA C/ DIA Argentina SA s/ ordinario.  c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-14

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida por una empresa vendedora de fiambres, cuyo local comercial estaba ubicado dentro del establecimiento del supermercado demandado en el marco del contrato de concesión que uniera a las partes, toda vez que la actora afirma que el cierre de algunas sucursales constituyó un incumplimiento justificativo de resolución contractual. Sin embargo, resultó probado que la demandada propuso la reinstalación del mismo local en otra sucursal, previo cumplimiento de las cargas laborales que pesaban sobre la accionante.
Sanciones administrativas, multa administrativa, poder de policía, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, improcedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, Comisión Nacional de Valores, interés económico del Estado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La sanción pecuniaria impuesta por la Comisión Nacional de Valores en virtud del ejercicio del poder de policía tendiente a defender la transparencia del mercado bursátil -ya sea que se la considere administrativa, disciplinaria o represiva- no tiene carácter resarcitorio ni retributivo del posible daño causado, por lo que no existe un interés económico sustancial del erario público que determine la procedencia del recurso del art. 24, inc. 6º, ap. a, del decreto-ley 1285/58.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cassagne, Juan Carlos y otros. c/ Manliba  SA  y otra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Los términos del escrito de interposición del recurso extraordinario limitan la competencia de la Corte cuando conoce por la vía del art. 14 de la ley 48.
Comuna, personal municipal, personal no permanente, personal de planta permanente, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARMAS, MARIO LISANDRO c/ COMUNA DE ROLDAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 374-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-19

No puede soslayarse -como elemento coadyuvante a la conclusión de que el actor no estaba amparado por el derecho a la estabilidad- la regla de la experiencia (entendida como norma de criterio para el entendimiento de los hechos, de origen empírico, caracterizada por su divulgación o conocimiento general, que contribuye a formar el criterio lógico del juzgador cuando éste la aplica para la apreciación de los hechos y las pruebas) según la cual, en el ámbito de las comunas, las funciones de asesoramiento jurídico y procuración habitualmente no se encuentran previstas en la planta de personal permanente. Antes bien, la atención de los asuntos jurídicos del ente territorial, suele encomendarse a apoderados especiales, quienes, como es obvio, no están sujetos a la típica subordinación que caracteriza a la relación de empleo público permanente. En las circunstancias del caso, es razonable sostener -incluso- que la permanencia del actor en el ámbito municipal estaba íntimamente vinculada a la confianza de las autoridades que lo designaron y, en consecuencia, a la de quienes las sucedieron.
Excarcelación, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: MENTA, PEDRO A. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-11-08

La inexcarcelabilidad que instituye el art. 5 de la ley 21.265 sólo puede tener vigencia en tanto el derecho del Estado se encuentre insatisfecho, pues admitir lo contrario envolvería desvirtuar la naturaleza meramente cautelar de la prisión preventiva.
Propiedad participada, prescripción decenal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cerrudo, Sergio Marcelo y Otros c/ Telecom Argentina SA y Otro s/ programas de propiedad participada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

En materia de prescripción de las acciones que surjan de la implementación de los programas de propiedad participada (Ley 23.696 y decretos reglamentarios), resulta aplicable el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil, que es de carácter residual, pues las cuestiones que surgen de dichos programas remiten a vínculos jurídicos atípicos, que escapan a los márgenes habituales tanto de una relación laboral como de un vínculo estrictamente comercial o societario.
Despido sin causa, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera, Justo Claudelino y otro c/ A.C. Nielsen Argentina S.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-07-16

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que hace lugar al despido sin causa. Ello así, ya que la comunicación contenida en los telegramas , no constituye sino una consecuencia de los despidos verbales allí aludidos en forma expresa, ya que ante dicha circunstancia rescisoria requieren les sean aclaradas sus respectivas situaciones laborales. Vale decir que al momento de aquellos despachos, ya estaban materializados los despidos sin causa de los actores. Los mismos no tuvieron por objeto plantear una situación de despido directo, sino como se indicara "supra" la de intentar obtener mediante el aludido requerimiento de aclaratoria, una revisión de la medida rescisoria. Si exteriorizan el ánimo de preservar el vínculo, que en manera alguna puede ser vinculante como propuesta unilateral de retractación, pues el despido no requiere de conformidad, ya que prevalece su efecto derogatorio, una vez allegado a conocimiento del afectado.
Transporte aéreo de pasajeros, pasaje aéreo, precio, mora, actualización monetaria, depreciación monetaria, derechos y garantías constitucionales, fallos de la Corte Suprema
Materia: AERONAUTICO
Carátula: LWOFF ADRIAN c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTRO s/ DEVOLUCION DE PASAJES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-13

Desde hace algunos años, la Corte Suprema separó los conceptos de mora e indexación en las deudas dinerarias, solución que en la actualidad no parece ser discutida, y que el Alto Tribunal aplicó concretamente en un juicio por devolución del precio de pasajes aéreos no utilizados (causa "García José O. c/Aerolíneas Argentinas", del 17.3.87, publicada en la colección de Fallos 310:571). Cabe advertir que si bien las Resoluciones 818/84 y 994/84 apuntan a la mora como desencadenante de la indexación, ese extremo debe ser interpretado con el alcance que señaló la Corte Suprema en el aludido caso de Fallos:

310:571 una vez que el deudor ha incurrido en mora, nace para el acreedor el derecho de percibir su crédito actualizado en función de la depreciación monetaria desde que tuvo lugar el nacimiento de la obligación. La interpretación contraria tornaría constitucionalmente inválidas aquellas Resoluciones, por lo que debe ser preferida una hermenéutica que armonice la norma con los derechos y garantías que la Constitución Nacional consagra.
Beneficio de litigar sin gastos, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Proconsumer c/ Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

El beneficio de gratuidad establecido en la ley de defensa de consumidor norma procura que el acceso a la justicia no debe ser conculcado por imposiciones económicas, tal como el pago de la tasa de justicia (conf.

esta Cámara, Sala III, causas nº 10.884/09 del 9.3.10 y sus citas de jurisprudencia; 5223/09 del 17.5.12; esta Sala, causas nº 7201/09 del 8.3.12 y 7204/11 del 26.9.13). Tal cual se expuso en los ultimos precedentes, una vez habilitada gratuitamente la jurisdicción, quien reclama debe atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas -que conlleva el pago de los honorarios-. Si también pretende eximirse de esa carga, tiene a su disposición, como de hecho sucedió en autos, el beneficio de litigar sin gastos y allí probar la carencia de medios que le impide eventualmente afrontar el pago de los honorarios profesionales.
Concurso preventivo, acuerdo de partes, jueces, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: Gómez de Lobos, Matilde Ana s/ Concurso civil preventivo. Recurso de Inconstitucionalidad (EXPTE   CSJ Nº 763-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

El control de mérito que deberá ejercer el tribunal al tiempo de expedirse acerca de la homologación o no de la propuesta de acuerdo efectuada, entendiendo dicho "control" como el acto por el cual el juzgador custodia la conveniencia de ese acuerdo -no solo para tutelar los acreedores ausentes y disidentes, sino teniendo en cuenta el interés de aquéllos que votaron favorablemente, reside en examinar de modo expreso el interés público, que incluso ha de prevalecer sobre el interés de los acreedores.
Competencia, competencia por la materia, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMBROSINI, CARLOS c/ CERAMICA RIO NEGRO SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-29

Lo dispuesto en la ley 23637: 11 permite afirmar que, si una causa que ahora es de competencia civil, no lo era al momento de entrar en vigencia la ley, aún cuando no se encuentre trabada la litis, corresponde estar a la norma regulada de competencia vigente al momento de la promoción de la demanda.