Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26


Causa Nº 28810-00-CC/2006 (35/07) "HO-LA-LA SRL s/ falta plano de habilitación aprobado y ots.- Apelación".

// la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2007, se reúnen los integrantes de la Sala I, Dres. Marcelo P. Vázquez, José Saez Capel y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el fiscal de grado a fs.76/78vta, de lo que RESULTA:

I.- Que a fs. 5/9 obran las siguientes actas de comprobación, labradas a Café HO-LA-LA SRL: 0946259 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a Silvina Guarrilla, Lilian Callero y Oscar Álvarez; 0888846 por no tener al momento de la inspección plano de habilitación aprobado ni plano de ventilación mecánica; 0946030 por tener grasa en campana, ventilación en local cocina obstruida y falta de certificado de desinfectación y desratización; 0946031 por tener cables expuestos de 220v. al alcance de la mano en sector cocina y falta de disyuntor diferencial en tablero eléctrico; 0946032 por falta de permiso y seguro de responsabilidad civil contra terceros de marquesina, todas labradas el 10/03/06 con excepción de la Nº 888846 de fecha 18/11/05.

II.- Que a fs 24, 32, 37, 38 y 42 obran los descargos efectuados por la Graciela Elena Sisca, apoderada de "Café HO-LA-LA S.R.L", vinculados a las actas mencionadas supra, en los que acompaña diversa prueba documental.

III.-Que a fs. 44/47 la Clara Privitello, Controladora Administrativa Nº 23, resuelve declarar la validez de las actas e imponer la sanción de multa en la forma que se detalla: acta 2-888846: mil pesos ($1000) por falta de aprobación de plano de habilitación y mil pesos ($1000) por falta de plano de ventilación mecánica; Acta 2-0946030: setecientos pesos ($700) por grasa en campana, doscientos pesos ($200) por ventilación en cocina obstruida y doscientos pesos ($200) por falta de certificado de desratización y desinfectación; Acta 2-0946031: setecientos pesos ($700) por tener cables expuestos de 220 vts. al alcance de la mano y doscientos pesos ($200) por falta de disyuntor diferencial en tablero eléctrico; Acta 2-0946032: doscientos pesos ($200) y acta 2-0946259: amonestación, las que sumadas hacen una sanción total de cuatro mil doscientos pesos ($4200). También dispone el decomiso de la marquesina del local.

IV.- Que a fs. 50 la apoderada de CAFÉ HO-LA-LA solicita el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se concede a fs. 51.

V.- Que llegadas las actuaciones a este fuero se notifica a la imputada en los términos del art. 41 LPF y se corre vista al Fiscal, según lo previsto en la misma normativa, según consta a fs. 55/56.

VI.- Que a fs. 59/vta., el cotitular de la Fiscalía Nº 5, Carlos Andrés Gómez Ríos, solicita la devolución de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas para que se dicte una resolución de acuerdo a las previsiones del art. 21, Ley 1217, explicitando el detalle correcto de las normas infringidas.

VII.- Que a fs. 62 el juez a quo ordena la remisión de las actuaciones a la UACF para que sean subsanadas las omisiones de la resolución administrativa de fs. 44/46, a tenor de lo establecido por los arts. 40 y 21 de la ley 1217.

VIII.- Que a fs. 63/65 la controladora devuelve las actuaciones al Juez a quo a fin de que éste intervenga en la forma que estime correspondiente. Afirma que su resolución cumple acabadamente con la normativa de la ley Nº 1217 y que en caso de que el Magistrado estime correcto subsanar o modificar la resolución dictada en la UACF debe hacerlo en uso de su sano criterio y en lo que estime conveniente.

IX.- Que a fs. 68 el Fiscal de primera instancia, al contestar la vista corrida a fs. 66, solicita se declare la nulidad de la resolución administrativa por medio de la cual se condena a "CAFÉ HO-LA-LA SRL", por entender que lo que determina el trámite judicial de las faltas es un desacuerdo del presunto contraventor con lo resuelto por la administración y que hasta tanto ella no se expida conforme a derecho, no es posible saber si el presunto infractor puede concordar con lo que correspondería resolver en el ámbito administrativo. Así, se ha violentado su derecho de defensa.

X.- Que a fs. 69/74, con fecha 19 de diciembre de 2006 el Titular del Juzgado Nº 10 resuelve el archivo de las presentes actuaciones. Para así decidir, el magistrado entendió que la manifiesta voluntad expresada por el Sr. Fiscal de no sostener la acusación que viene dada por la resolución administrativa, y atento a que rigen en materia de faltas los principios del sistema acusatorio, el tribunal carece de jurisdicción como para dictar un pronunciamiento de tipo condenatorio. De ese modo realiza una interpretación analógica in bonam partem del art. 43 inc. a de la ley 1217 y ordena el archivo por extinción de la acción.

XI.- Que a fs. 76/78 vta. el fiscal apela la resolución citada supra. Afirma que el recurso es formalmente admisible en los términos del art. 56 en tanto lo resuelto ha puesto fin a este proceso de faltas y se han inobservado de forma manifiesta y arbitraria las formas sustanciales prescriptas para la decisión de la causa.

Entiende que el sentenciante infirió arbitrariamente que del planteo de nulidad efectuado se pretendía no sostener los términos de la acusación, propiciándose así la extinción de la acción; pues solo se había manifestado que al no haberse agotado debidamente la etapa administrativa, resultaba prematuro que el legajo quedara radicado en este fuero, y ante la insistencia del controlador en no modificar su resolución, no quedaba otro camino mas que declarar la nulidad de dicho acto administrativo para retrotraer el estado del proceso y que el organismo gubernamental se expidiera conforme lo prevé la ley 1217.

XII.- Que a fs. 79/80 el Juez, Gabriel Vega resuelve con fecha 06/02/2007, no conceder el recurso interpuesto pues, a su criterio, el impugnante incumple el deber de fundar adecuadamente el recurso, dado que no argumenta en cuál de las causales del art. 56 encuadra el caso; no explica qué normas estima violentadas, y en relación a la arbitrariedad se limita a señalar sus discrepancias con la resolución sin exponer los extremos necesarios para que proceda dicha causal.

También afirma que el Fiscal no tiene legitimación para apelar pues no ha tomado intervención en los términos del art. 41 al que hace referencia el art. 56 LPF y de sus dictámenes no surge la voluntad inequívoca de sostener la acusación. Luego hace referencia al sistema de nulidad de un acto administrativo para afirmar que si bien el Fiscal no reviste el carácter de superior jerárquico del controlador administrativo, por los arts. 1 y 23 de la ley 21, le asiste el deber y la potestad de realizar los actos procesales tendientes a lograr el cumplimiento de los cometidos que fijan las leyes.

XIII.- Que a fs. 156/160 obra el recurso de queja interpuesto por el titular de la Fiscalía Nº 5, contra la resolución del Juez a quo, en los términos del art. 58 LPF. En relación a los argumentos del Magistrado de primera instancia para rechazar el recurso, afirma que en la apelación sí se expusieron las razones por las que se consideraba procedente la misma, pues se sostuvo que hubo una arbitraria inferencia del juez al plantearse la nulidad de la resolución administrativa y él resolver un punto no solicitado, y por otra parte que se había puesto fin al proceso erróneamente en sede judicial cuando aun no había sido debidamente completada la etapa administrativa. Señala asimismo que de ninguna manera el fiscal es una especie de superior jerárquico del controlador, y que si existía un error de la administración, éste en todo caso debía subsanarse por vía judicial.

En cuanto a su legitimidad subjetiva manifiesta que parece contradictorio sostener que el mencionado resolutorio sea equiparado a una sentencia definitiva y al mismo tiempo expresar que el fiscal no puede recurrir porque no tuvo tal intervención; amén de que correspondía la intervención fiscal por alguna de las figuras elegidas por el controlador en su resolución condenatoria.

XIV.- Que a fs. 165/166 vta. obra el dictamen 290/FC2/07 donde la Sra. Fiscal de Cámara postula por un lado que se declare inadmisible el recurso de queja y por el otro que se abra la queja y se declare la nulidad de la resolución del Juez. Así, afirma que si bien el recurso resulta admisible formalmente, no se verifica en el caso el requisito de impugnabilidad objetiva ya que la normativa de faltas solo prevé como recurrible el acto constituido por la sentencia definitiva y la resolución recurrida no reviste ese carácter. Subsidiariamente, plantea que la resolución es de aquellas que, aun no siendo definitiva, provoca un gravamen de imposible reparación ulterior y se debe revocar la decisión del magistrado. Al respecto, manifiesta que asiste razón al fiscal en relación a la crítica respecto de la decisión del juez de rechazar el recurso por no hallarse éste fundamentado, como así también afirma que tampoco sería cierta la afirmación de que el Fiscal carece de legitimación para apelar por no haber intervenido según los términos del art. 41 de la ley 1217. En cuanto al planteo de nulidad articulado por el Fiscal, el mismo no contó con la participación del imputado y que aun cuando no existen en materia de faltas normas específicas para un caso como éste, deben respetarse de igual forma los principios constitucionales. No habiendo sucedido así, se debe declarar la nulidad de la resolución del a quo.

XV.- Que a fs. 168/171 obra la resolución dictada por esta Sala en la cual declara admisible el recurso de queja interpuesto por el Sr. Fiscal de primera instancia y declara mal denegado el recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra la resolución de fecha 19/12/06 que ordenaba el archivo de las actuaciones.

XVI.- Que a fs. 174 el Juez a quo concede el recurso de apelación interpuesto por Fiscal de primera instancia a fs. 76/78 conforme lo ordenado por este Tribunal.

XVII.- Que a fs. 177 la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino mantiene los argumentos del dictamen obrante a fs. 165/166 vta. y solicita se declare la nulidad de la resolución del Juez por las razones expuestas en el punto II de dicho escrito.

XVIII.- Que a fs. 178 se corre vista del recurso fiscal a la defensa; quien a fs. 184/185, sostiene que debe rechazarse el recurso fiscal pues el juez ha resuelto el archivo de las actuaciones, que reflejaban duda y confusión en cuanto a la normativa aplicable, según su sano criterio, y que ante la insistencia de la controladora de no suplir las omisiones ordenadas, no se puede retrotraer el proceso a una etapa anterior, que sólo produciría daños irreparables a su defendida.

XIX.- Que a fs. 186 pasan los autos a estudio.

PRIMERA CUESTIÓN Al resolver la queja interpuesta por el Sr. Fiscal (causa 28810-01-CC/2006 "Recurso de queja en autos HO-LA-LA SRL s/ falta de plano de habilitación aprobado y otras", rta. el 16/03/2007), este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la admisibilidad del recurso de apelación ahora en estudio (fs. 168/171), por lo que nada cabe agregar al respecto.

SEGUNDA CUESTIÓN Admitido el recurso bajo examen, corresponde abocarnos al estudio de los agravios fiscales.

En primer término, se desprende de las constancias de la causa que el fiscal de primera instancia solicitó la devolución de las actuaciones a sede administrativa (fs.59/vta) para que allí se especificara en base a qué normas se había condenado a la infractora. Luego, cuando la controladora administrativa estimó que la revisión de su resolución sólo al juez correspondía y que, según ella, había actuado conforme a derecho; el Gómez Ríos solicitó la nulidad del decisorio administrativo, por entender que el mismo violentaba el derecho de defensa, al establecer una sanción sin haberse decidido conforme a la ley (fs.68).

Sin embargo, en base a dicha solicitud el juez de grado tuvo por desistida la acción, ya que no advertía, del planteo efectuado, la supervivencia de la acusación, caracterizándola como un acto desdoblado o dividido, ejercido por el funcionario administrativo y eventualmente por el fiscal interviniente; por lo que, en su opinión, el tribunal carecía de jurisdicción para dictar un pronunciamiento de tipo condenatorio. Y en este sentido, asimiló el planteo de nulidad fiscal a una excepción por extinción de la acción, ordenando en consecuencia el archivo de las presentes actuaciones.

En principio cabe recordar que -como ya se señalara al resolver la queja- en materia de faltas no se requiere acusación fiscal para que haya audiencia de juicio ni resolución judicial, pues su sustanciación depende exclusivamente del cumplimiento por parte del encartado de las exigencias reguladas en la ley 1217.

En este sentido, se ha afirmado que en un proceso de faltas "...el procedimiento judicial se resume en una facultad del infractor que cuestiona la decisión sancionatoria del controlador de faltas, mediante su sola expresión de voluntad (art. 24, ley nº 1.217). Por lo demás, no resulta necesaria la asistencia letrada (art.29, ley nº 1.217), ni el Ministerio Público es un interviniente necesario durante el período judicial cuando el infractor ocurre a esta vía (art. 41, ley nº 1217). Como se observa, todo el procedimiento judicial se asemeja bastante al procedimiento de impugnación de resoluciones administrativas singulares." (TSJ, del voto del Maier en Expte.4054/05, "Ministerio Público- Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas Nº1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leiva Quijano, Lita Elsa s/venta ambulante sin permiso", rta. 21/12/2005).

Por otro lado, cabe tener en cuenta que la infractora no se ha presentado a cumplir la intimación efectuada el 17/10/2006 (fs. 55/56), que le fuera notificada a su parte el 19/10/2006 (fs. 60/61), en los términos del art. 41 LPF -planteamiento de su defensa, oposición de excepciones y ofrecimiento de prueba-.

En consecuencia, y siendo que de la lectura de las presentes actuaciones se desprende que al momento en que el Sr. Juez de grado decidió remitir la causa a la UACF (fs. 62), conforme lo solicitado por el titular de la Fiscalía Nro. 5, ya se había cumplido el plazo de 10 días conferido a la encartada para que se presentara en el juzgado y ofreciera prueba, el Judicante debió hacer efectivo el apercibimiento formulado en los términos del art. 42 LPF, es decir tener por desistida la solicitud de juzgamiento.

En otro orden de ideas, no se observa violación al derecho de defensa, ni que la resolución administrativa -si bien pobre- contenga una nulidad que pueda ser declarada de oficio, pues la misma posee una clara descripción de los hechos por los que fuera condenada HO-LA-LA SRL.

Siendo ello así, las discrepancias en torno a la calificación legal allí escogida por el controlador no resultan suficientes para declarar la invalidez de aquel acto, como pretende el Sr. Fiscal.

En este sentido, esta Sala ha reiterado en numerosos precedentes la declaración de nulidad es de carácter excepcional, pues deben primar los principios de conservación y trascendencia de los actos realizados, y ella sólo debe ser declarada cuando se vea afectada alguna garantía constitucional, lo que no ha acontecido en autos.

Por ello, dado que los vicios atribuidos no constituyen más que una divergencia en la subsunción legal, sin que se verifique la afectación del derecho de defensa, y por tanto no existiendo nulidad absoluta declarable de oficio, corresponde tener por desistida la solicitud de juzgamiento y firme el decisorio administrativo obrante a fs. 42/46 (art. 42 LPF).

Así las cosas, y como consecuencia de ello, todo lo actuado a partir de fs. 62 debe ser declarado nulo por constituir un claro apartamiento del texto legal que dispone expresamente que "....la falta de presentación del presunto infractor dentro del plazo establecido ...o la incomparecencia injustificada a la audiencia prevista en el art. 52, implica el desistimiento de la solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa, quedando firme la resolución dictada en esa instancia..." (art. 42 Ley 1217).

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

- Tener por desistida la solicitud de juzgamiento por parte de la infractora, quedando por lo tanto firme la resolución administrativa de fs. 44/46 (art. 42 ley 1217) y declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 62.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen, a sus efectos.