Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-11


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Llegan las actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de inconstitucionalidad impetrado por el Sr. Luis Alberto Fleitas a fs. 199/205 contra la resolución dictada por este Tribunal agregada a fs. 189/192vta., mediante la cual se dispusiera declarar mal concedida la apelación interpuesta a fs. 172/177vta. por el mismo peticionante.

Considera liminarmente el Sr. Fleitas que el decisorio recurrido veda su derecho a gozar de una doble instancia judicial respecto de una sentencia que entiende definitiva o equiparable a ella, conforme el precedente "Clínica Fleming" del TSJ y en virtud del perjuicio económico que le causa la clausura impuesta al inmueble sito en Cañada de Gómez 5483/87. Cuestiona también el examen de admisibilidad efectuado respecto de su oportuna presentación -que, a su criterio, no debió haberse escindido en sendas evaluaciones de constatación de requisitos formales y sustanciales-. Todo ello lo conduce a meritar omitidas las mandas constitucionales nacionales y locales referidas al debido proceso y a sus derechos de propiedad y ejercer toda industria lícita.

Por otra parte estima que, al encontrarse suscripta la pieza ahora cuestionada por sólo dos Magistrados, se han violado tanto la disposición del art. 36 de la Ley 7 como la garantía de juez natural.

El Sr. Fiscal de la instancia solicita a fs. 209/211 que se declare inadmisible el remedio intentado, principalmente por no haberse dirigido contra una "sentencia definitiva" de conformidad con las exigencias de la vía; tampoco resultaría equiparable a ella, pues, a su criterio, no surge de autos el perjuicio concreto sufrido por el recurrente a causa de la medida resistida, ni se tornaría aplicable la doctrina por él propugnada -toda vez que en aquel caso, relativo a un establecimiento médico, la cautela había sido decidida por la Alzada y, por tanto, la satisfacción de la garantía de doble instancia sólo era susceptible de materializarse mediante su revisión por parte del Tribunal Superior-.

Subsidiariamente, manifiesta que los agravios traídos a estudio no conllevan la entidad que el presentante pretende asignarles, pues han sido sustentados sólo mediante invocaciones genéricas de principios de índole constitucional y meros desacuerdos con la decisión adoptada. En vinculación con la garantía de "juez natural", observa que la exigencia legal de que el órgano decida a través del voto mayoritario -y no unánime- de sus miembros obsta a la queja emitida por el recurrente.

Cumplidos los pasos y los plazos pertinentes, corresponde resolver el recurso incoado.

Y CONSIDERANDO:

La vía ensayada no alcanzará a superar el examen de concurrencia de los requisitos formales de interposición -arts. 27 y 28 de la Ley 402-. En efecto, si bien ha sido presentado ante la Sala que dictó la decisión recurrida, por escrito fundamentado y dentro de los diez días contados a partir de su notificación, claramente no lo fue contra una "sentencia definitiva del tribunal superior de la causa", como prescribe el primero de los artículos citados -pues no se ha sustanciado aún la fase judicial del procedimiento prevista en el Título II del Anexo de la L.P.F.-.

Tampoco parece la pieza en crisis asimilable a aquélla. Vale recordar que las sentencias definitivas son las que ponen fin a un proceso o a un planteo de modo que impiden su continuación o tornan irrevisable la cuestión, o causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. El concepto, con su correlato de resolución equiparable a definitiva, se relaciona indudablemente con la incidencia procesal de la decisión que se pretenda impugnar en cada caso.

En la especie, el auto en crisis consideró mal concedido el recurso de apelación que había declarado admisible el juez a quo por entender suficiente la revisión jurisdiccional de la disposición administrativa cuestionada mediante la instrumentación de una sola instancia judicial, prevista en el art. 8º de la L.P.F.

Causa n° 15794-00/CC/06. Sala II.

Adviértase que lo resuelto se proyecta sobre una medida de carácter esencialmente provisorio, susceptible de ser revocada en cualquier estadio de la sustanciación -administrativa o judicial- una vez removidas las causas que dieron motivo a su adopción. En este sentido el Tribunal Superior de la Ciudad enseña que "las resoluciones dictadas sobre medidas cautelares, ya sea que las acuerden, mantengan o denieguen, no son susceptibles de revisión por la vía del recurso de inconstitucionalidad, por no constituir sentencia definitivia, excepción hecha cuando la denegatoria produzca un agravio que por su magnitud o características será de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior, caso en que corresponde equiparar estas decisiones a las sentencias de tal naturaleza" -causa n° 3033/04: "Loñ, Carolina y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido". 12 de agosto de 2004, sumario El Dial AQCCF). Menos puede serlo entonces el auto que declara mal concedida la apelación deducida contra una medida de esa naturaleza, tema éste que, de ingresar al conocimiento del Máximo Tribunal local, lo obligaría a la consideración de cuestiones de hecho y prueba en principio ajenas a su competencia -conf. causa del registro de esta Sala nº 282-00-CC/2004, "Gerardi, Verónica s/inf. Ley 255", rta. el 17/11/2004-.

Sentado que desde el punto de vista objetivo tampoco queda cerrado el debate acerca de la existencia y valoración jurídica de los hechos generadores del riesgo prevenido a través de la disposición precautoria, habrá que ver si, como aduce el presentante, el decisorio de esta Sala genera un agravio de imposible o tardía reparación ulterior, o de magnitud tal que impone su revisión por vía de la instancia extraordinaria.

Al respecto, tanto de las constancias de la causa como de las expresiones efectuadas por el Sr. Fleitas, resulta imposible determinar el tenor de los perjuicios alegados en relación con la patente gravedad del peligro evidenciado por las presuntas infracciones en trámite de verificación y sanción. Así es que, bajo la sola mención de encontrarse clausurado el inmueble objeto de inspección desde el 21 de abril de este año, se intenta -sin éxito- crear la convicción de que "mi situación económica, que ya es insostenible, será posiblemente terminal" -fs. 202 vta.-. Es de aplicación, en consecuencia, el mismo precedente anteriormente citado, en la parte en que establece que "corresponde a quien recurre una decisión que no es definitiva la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal, para que se justifique la intervención del Tribunal en este estado del proceso. Sin embargo, la actora se limita a reseñar las razones y motivos por los cuales considera la decisión equiparable a definitiva sin apoyar sus manifestaciones con d atos objetivos o estados contables que acrediten las circunstancias que alega como constitutivas de un gravamen irreparable. La falta de este recaudo determina la suerte del recurso, que corresponde declarar mal concedido" -causa citada, sumario El Dial AQCDO, el destacado es nuestro). La orfandad manifiesta de la presentación en relación a los tópicos destacados impone, por sí sola, el rechazo de la pretensión recursiva; pues, a falta de otros elementos de análisis, no cabe sino concluir que el pretendido agravio consiste en realidad en la intolerancia del quejoso respecto de la natural restricción de derechos intrínseca a toda medida cautelar.

Por lo demás, el cuestionamiento atingente a la garantía de "juez natural" tampoco puede prosperar, en razón de que se ha cumplido estrictamente con la exigencia de haberse adoptado la decisión "de las cámaras de apelaciones o de sus salas con el voto de la mayoría absoluta de los jueces y juezas que las integran, siempre que éstos/as concordaren en la solución del caso" -art. 28 de la Ley 7-, por lo que no se verifica aquí ningún desconocimiento de la tutela constitucional en juego. En tal sentido, es reiterada la jurisprudencia de la CSJN en relación a que "las cuestiones que se vinculan con la constitución e integración de los tribunales de la causa y el modo de emitir su voto son ajenas, por su naturaleza procesal, a la instancia de excepción" (Fallos: 273:289; 281:302 ; 304:1699: 307:74, entre otros), a lo que debe agregarse la clara orientación de Fallos 313:83 -también invocada por el Sr. Fiscal-: "sin que corresponda apartarse de dicha doctrina por la circunstancia de que el fallo de la Cámara haya sido suscripto solamente por dos de los magistrados que integran la sala, habida cuenta de que el tercero había renunciado, con anterioridad, a su cargo (...) pues de ese modo no media un claro apartamiento de lo dispuesto en el art. 26 Ver Texto del decreto-ley 1285/58 [de prácticamente idéntica redacción que el citado art. 28 de la Ley 7]". Debe meritar se, en consecuencia, que la resolución en crisis fue dictada por el órgano a quien correspondía su emisión, integrado de conformidad con el art. 36 de la ley organizativa y mediante la exposición conjunta de dos de sus miembros, esto es, el voto de la mayoría absoluta de los Magistrados que lo componen. A la luz de esta reseña, que da cuenta de la regularidad con que fue sustanciado el trámite ante esta instancia, no aparece la mella que el recurrente señala, máxime cuando "la opinión del ausente" -ver fs. 200"- difícilmente podría haber aportado "sólidas argumentaciones de Causa n° 15794-00/CC/06. Sala II.

derecho" -íd.- que iluminaran acerca de la apelabilidad de una resolución objetivamente irrecurrible.

En consecuencia, no siendo la pieza en crisis de aquéllas susceptibles de ser impugnadas mediante la vía ensayada -lo que obsta a su procedencia formal-, y no habiéndose conculcado la garantía de "juez natural" al momento de su dictado -como quedó descripto-, tampoco quedan verificadas las condiciones de operatividad del remedio extraordinario promovido, por lo que no corresponde su apertura.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara y habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad impetrado por el Sr. Luis Alberto Fleitas a fs. 199/205 contra la resolución dictada por este Tribunal a fs. 189/192vta.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones restantes.

Sirva lo proveido de muy atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.