marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos personalísimos, derecho a la integridad física, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: F., M. c/ O., S. M. y otros s/ Daños y Perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-04

El daño a la integridad física, el perjuicio puede manifestarse en el ámbito patrimonial en la medida en que ello produzca una repercusión económica que, por tanto, debe ser resarcida, y puede ocasionar afecciones en la esfera extrapatrimonial que son de índole moral.

Con un tremendo riesgo, el de duplicar las indemnizaciones del mismo modo que se duplican los conceptos, como para discernir con mensura hasta donde y con qué vara se resarce el daño moral y dónde comienza la compensación del daño a la integridad física.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, resolución del contrato, cláusula penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YACOPLAST  SA c/ MOLINOS RÍO DE LA PLATA SA s/ ORDINARIO (LEXISNEXIS, 12.9.12).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Procede admitir la aplicación de la cláusula penal derivada de la resolución contractual, en tanto se ajusta estrictamente a la predeterminación convencional del daño que resulta de lo libremente pactado por ambas partes (CCiv: 955 y 956). Ello así, ponderando que la demandada no ha hecho cuestión sobre la misma ni al contestar demanda ni al responder los agravios de la actora, como tampoco objetado su cuantía, actitud esta última que revela la inconveniencia de proceder a una reducción oficiosa que ni siquiera la interesada solicita.
Sujetos de la navegación, agente marítimo, obligaciones del agente marítimo, Prefectura Naval
Materia: NAVEGACION
Carátula: "Antonio María Delfino S.A. c/ P.N.A. Disp. DPSJ JS1 381/01". s/ responsabilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

Es el agente marítimo quien actúa ante las autoridades marítimas, portuarias, aduaneras, sanitarias o de migración, para el debido cumplimiento de las respectivas disposiciones reglamentarias en función del arribo de una comunidad navegante, buque, pasajeros, tripulantes, y mercancías que puedan resultar extrañas en la normal convivencia de ese puerto, y hasta de ese país. La complejidad de dichas funciones hace que sean indivisibles, en su conjunto, para lograr el resultado buscado: la debida autorización para el ingreso y permanencia en puerto de aquella comunidad (cfr. esta Sala, 10/12/02, "Antonio María Delfino S.A. c/PNA").
Recurso extraordinario, tribunales militares, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, recurso militar ante la justicia federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Si bien la Corte Suprema había establecido que la jurisdicción ejercida por los tribunales militares no es la del art. 100 de la Constitución Nacional y que, por tal motivo carecía en lo referente a la interpretación de las normas castrenses de las facultades de revisión que posee respecto del resto de las leyes federales, no corresponde mantener tal criterio, habida cuenta de que con la sanción de la ley 23.049 se ha instrumentado una instancia de apelación judicial ordinaria de los fallos dictados por los tribunales militares.
Prueba pericial, dictamen pericial, impugnación de la pericia, falta de impugnación, alegato
Materia: PROCESAL
Carátula: MORA, MAXIMO c/ PETTERSON, JACQUELINA Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

Si bien se ha admitido que la falta de impugnación de la pericia, no enerva la posibilidad que tienen las partes de valorar y que cuestionar la eficacia probatoria en los alegatos, no puede sostenerse que tal facultad pueda ejercerse en la Alzada a través de la expresión de agravios pues dicha actividad violaría el principio procesal de preclusión.
Aportes sindicales, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Cobro de aportes y contribuciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Viola el art. 8 de la ley 21.864 el fallo que lo aplica sin tener en cuenta su modificación por el art. 34 de la ley 23.659.
Administración Pública, acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ SOLICITA  SE  DECLARE  LA ILEGITIMIDAD DEL DECRETO 509 QUE DISPONE LA  DESIGNACION EN LA ESTRUCTURA  AL SR.BARBONA S- RECURSO DE REVOCATORIA  C- AUTO DE PRESIDENCIA (CSJ EXPTE Nº 256-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

La Administración puede actuar cuando se trate de invalidar sus propios actos ilegítimos, mediante la anulación de oficio -o autoanulación-, a la que provee la misma autoridad que dictó el acto o la superior, si se dan las condiciones para proceder en tal sentido.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, viaje en el estribo, obligación de seguridad, culpa concurrente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FERNÁNDEZ,   Marcos  Mauricio c/ UNIDAD  DE  GESTIÓN  OPERATIVAFERROVIARIA DE EMERGENCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

1- La empresa ferroviaria es responsable y debe responder por los daños sufridos por un pasajero durante el transporte (art. 184 del Código de Comercio)salvo que la empresa demuestre que el accidente provino por caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por el que no deba responder. 2- De tal manera, si la víctima viajaba en el estribo del vagón del tren que arrancó de la estación con las puertas abiertas y quedó enganchado con una de las puntas salientes del alambrado divisorio de las vías y fue arrastrado y pisado, se produce parcialmente el nexo de causalidad. La circunstancia de que le vagón estuviera colmado de gente no excusa la actitud culpable de la víctima -aún cuando no lo hiciera con sus piernas extendidas o colgado fuera del o vagón, porque es una conducta negligente y despreciativa acerca del riesgo que su propia vida corre e interrumpe parcialmente el nexo causal entre el daño y el modo en que se cumplió el contrato de transporte, porque violó el art. 54 del reglamento General de Ferrocarriles que prohíbe viajar en los balcones de los coches, sin olvidar que el art. 91 dispone que el público deberá acatar las disposiciones relativas al servicio. 3- No obstante ello, es deber de la empresa contar con el número de empleados necesarios se haga con regularidad y sin tropiezos ni peligros de accidente. De modo que si la existencia de un solo guarda destinado a velar por la seguridad de los pasajeros en el tren es insuficiente, implica una negligencia de la empresa. Máxime cuando la formación cuenta con un sistema de apertura y cierre de puertas manual y es habitual que los pasajeros viajen en los estribos. En tal supuesto cabe responsabilizar a la Empresa solo en un cincuenta por ciento por la eximición parcial que le acarrea la culpa de la víctima.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, entidades financieras, quiebra
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra, incidente de nulidad,   fraude procesal y reposición (Expte. CSJ Nº 930-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-14

Más allá de que se compartan o no los argumentos esgrimidos por el Tribunal a-quo para rechazar los recursos esgrimidos contra el auto declarativo de quiebra de la entidad bancaria recurrente, éstos proporcionan razones suficientes para sostener la fundamentación del fallo y para desechar por inadmisible el planteo de nulidad intentado, por cuanto no cabe hacer lugar al recurso extraordinario y, al recurso de inconstitucionalidad local si el tribunal al fallar ha formulado una exégesis del problema que cuenta con apoyo de la doctrina y la jurisprudencia y traduce una comprensión del tema exenta de arbitrariedad, bien entendido el carácter opinable de la solución adoptada. (Del Voto del Dr. Ulla).
Obligaciones de hacer, obligaciones indivisibles impropias, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: BESADA, JUAN CARLOS Y OTRO c/ BESADA ALBERTO MANUEL Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

La obligación de escriturar es una obligación de hacer indivisible, de indivisibilidad impropia, característica ésta que obliga a las partes a una actuación conjunta, contrariamente a la solución que contempla el art. 686 del Código Civil. Es indivisible porque la prestación debida no puede ser cumplida sino por entero (conf. art.

667, segunda parte). Pero a diferencia de las obligaciones indivisibles ordinarias, en las que cada sujeto puede actuar independientemente, las obligaciones indivisibles impropias o irregulares, imponen una actividad conjunta de todo el frente de acreedores o deudores.

La circunstancia de que esa obligación sea de naturaleza indivisible, impropia, al igual que la de entregar el inmueble prometido en venta, no importa que también lo sea la de pagar el precio de la compraventa y ésta, por ser una deuda dineraria en su naturaleza, es divisible (art. 669 del código citado).
Honorarios, regulación de honorarios, juicio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 23-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 25-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 24-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 26-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 22-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-14|1989-06-14|1989-06-14|1989-06-14|1989-06-14

La pretensión de que por tratarse de "juicios similares", debe reducirse la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes, no puede ser acogida, atento a que la ley 6767, establece un honorario mínimo en base a la cuantía de cada juicio.
Bancos, liquidación de entidades financieras, certificado de depósito a plazo fijo, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: DI SALVO, VICENTE c/ CAJA DE CREDITO VERSAILLES COOP. LTDA. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

El certificado de depósito a plazo fijo es el instrumento público (cciv 979-9x) que, mientras no sea redarguido de falso, prueba la entrega del dinero a la entidad crediticia; la falta de contabilización del mismo constituye un hecho ajeno al ahorrista, a quien, careciendo de acceso al manejo interno del ente, la ley no autoriza a exigir a los fines de demostrar la legitimidad de su derecho, conductas más gravosas que las que habitualmente requieren las entidades financieras a quienes les confían sus ahorros. Los defectos y omisiones en que incurra el depositario -ente financiero en liquidación- (en el caso, falta de contabilización de sus créditos, inexistencia de duplicados de boletas de depósito a plazo fijo), son inoponibles a los depositantes, siendo improcedente hacer recaer sobre aquellos las consecuencias del comportamiento irregular de la entidad salvo connivencia terminantemente probada.
Recurso de queja (procesal), interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Camacho de Díaz, Berta M. c/ Díaz, Roberto s/sucesión y Sanguedolce de Díaz, Margarita, hoy Díaz, José A. y Díaz, María E. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-07-28

Corresponde el rechazo de la queja cuando el recurrente carece de interés jurídico para deducir el recurso de inconstitucionalidad que resultó denegado.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAPDEVIELLE MAITE MARIA TERESA CATALINA c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

La mera expectativa o simple esperanza es, una facultad no ejercida, que no puede ser alcanzada por la protección anterior (Conf. C.S.J.N. "Russo, Angel y Otra c/C. de Delle Donne, E.", voto del Dr. Luis María Boffi Boggero, Fallos: 243:467). Por ello, no hallando configurada violación alguna al derecho de pro-piedad de la actora, ni asimismo en la actualidad y en forma manifiesta, afectado el derecho a la movilidad de los haberes jubilatorios y el principio de progresividad, es que debe rechazarse la pretendida inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Constitución Nacional, proceso penal, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Montero, Rubén Darío s/ robo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

En materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.
Competencia por conexidad, archivo del expediente, inexistencia de delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Usurpación -art. 181, inc. 1°, C.P. N.N. s/ Usurpación -art. 181, inc. 1°, C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05|1996-03-05

Habiendo una causa archivada por inexistencia de delito, ya no se sustancia sumario alguno; por ende, no corresponde aplicar las normas de conexidad de los arts. 41 y 42 del C.P.P.
Impugnación de la paternidad, reconocimiento de hijo extramatrimonial, derecho a la identidad, herencia
Materia: CIVIL
Carátula: Taffarel, José Luis Ramón c/ Taffarel, María Lucrecia y Otro s/ ordinario (ap. al 8306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-19

En la impugnación del reconocimiento de filiación extramatrimonial, atendiendo al derecho patrimonial que da sustento a la acción deducida -salvaguarda de la porción hereditaria del accionante en el universal de su padre-, como en igual medida el derecho humano personalísimo a la identidad de la persona reconocida -en su vertiente dinámica-, aun cuando corresponda dejar sin efecto el reconocimiento y, en consecuencia, dejar sin efecto el título de estado, en salvalguarda del derecho humano personalísimo a la identidad, debe disponerse que el sujeto reconocido mantenga el apellido del reconociente y lo propio su actual descendencia portante del mismo apellido.
Perito traductor, regulación de honorarios, ampliación de la regulación, gastos comunes, honorarios del perito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LEBRATO RODRIGUEZ; SCAFARELLI RODRIGUEZ s/ Contrabando, incidente de regulación de honorarios de la perito traductora del idioma  portugués Ana Chites
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Corresponde elevar el monto de los honorarios de la traductora porque, en el caso, resulta manifiestamente desacertado descontar del honorario del traductor lo que éste hubiese gastado para llevar a cabo la traducción. Mal puede, por otra parte, justipreciarse su trabajo de esa manera. Mientras no hay rendición de cuentas de lo gastado, no puede saberse tampoco a cuanto asciende el descuento y por otro lado, la suma fijada resulta exigua en consideración a labor efectuada.
Sociedad accidental o en participación, obligaciones de las partes, derechos de las partes, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUIDA, ALFREDO c/ ROJAS, ANGEL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Las prestaciones de las partes en los contratos plurilaterales, de naturaleza societaria -en el caso, sociedad accidental o en participación-, no están vinculadas por un nexo de reciprocidad sino que se encuentran dirigidas a un fin común y así cada parte adquiere derechos y obligaciones con relación al ente, y se rigen por las normas respectivas de la ley de sociedades.
Indemnización, base imponible, contrato de trabajo de temporada
Materia: LABORAL
Carátula: ALAFFERTE, María Noemí y otras c/ Frutos de Cuyo s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-02-28

Que lo expuesto no impide afirmar que dicha disposición (art. 245 LCT) no contempla todos los supuestos de la realidad y que su aplicación irrestricta llevaría a dar una solución contraria al espíritu de la ley o el principio de equidad y justicia, como ocurre cuando en el año anterior no se prestó servicios (así en el distracto se produce durante el año de mantenimiento del empleo, conforme al art. 211 del LCT, por ejemplo); pero lo cierto y concreto es que en esos casos, la doctrina y jurisprudencia se han inclinado por tomar como base la remuneración que le hubiera correspondido al dependiente si hubiese trabajado al momento de la disolución del vínculo, pero nunca teniendo en cuenta las retribuciones de los 12 meses anteriores efectivamente trabajados y por aplicación del art. 18 del citado ordenamiento, porque se desnaturaliza el sentido de la norma y si hubo inflación, se quita en realidad a la remuneración tenida en cuenta.

Que en nada empece la conclusión precedente, el inc. 5 del art. 59 del CC 244/94, que contiene una norma similar a la del art. 18 de la LCT, esto vinculada con la antigüedad del trabajador de temporada, pero no con relación al cálculo de la indemnización por despido.-
Derecho procesal, procesos especiales, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, procedencia del recurso, embargo, juez de ejecución, bienes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Finber Compañía Financiera (E.L. por el BCRA) c/ Córdoba, Juan Carlos y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-03

Procede confirmar la resolución mediante la cual la magistrada de grado rechazó la subasta pretendida sobre cierto inmueble y dispuso levantar el embargo trabado sobre el mismo. Ello por cuanto, en el caso, si bien el inmueble en cuestión continúa registralmente a nombre del aquí ejecutado, al momento de trabarse en estas actuaciones un primigenio embargo ya no era de su propiedad, pues había salido de su patrimonio; lo cual resulta suficiente para confirmar la resolución apelada. Es que no es posible en derecho pretender subastar un bien como de patrimonio de un sujeto cuando, en oportunidad de intentarlo, ha sido transmitido antes en favor de otro. La seguridad jurídica impone que todo acto judicial que se encuentre firme -como la aprobación de la subasta en la causa referida- sea irreversible y resulte respetado por otros tribunales (conf. esta Sala, con distinta integración, "Florencia Capital Markets SA c/ Deirmendjian Luciano M y otro" del 23/03/04). (En el caso, se desprende de cierta ejecución hipotecaria, que se llevó a cabo el remate del inmueble cuya subasta se pretende en estos autos. Asimismo, surge del mencionado expediente, el cumplimiento de los tres requisitos exigidos por el CPR 586, pues la subasta fue aprobada, se pagó el precio y se entregó la posesión del inmueble).
Prueba, facultades del juez, hecho conducente
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguerrido, Agustín Eduardo c/ E.N.  (E.M.G.F.A.) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

Los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas allegadas al expediente, sino sólo las que aprecien conducentes para fundar sus conclusiones. Tampoco lo están a tratar todos los temas planteados, ni a analizar los argumentos utilizados que a su juicio sean decisivos.
Juicio ejecutivo, embargo preventivo, bienes de terceros, pagaré, librador, avalista, grupo económico, principio de apariencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GALVANO, JOSE s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-06

Si en el juicio principal al que accede "un incidente de medidas cautelares", su iniciador ejecuta a cinco sociedades suscriptoras de varios pagarés y al Banco avalista de tales títulos y, a más, solicita una medida cautelar respecto de una "tercera" sociedad -no suscriptora de los pagarés y, obviamente, no ejecutada en el principal-, entidad de la que son accionistas las ejecutadas; las que por su parte, constituirían un "grupo económico" a cuyo respecto cabría aplicar -según el peticionario- la "doctrina de la penetración", consistente en el embargo de la recaudación obtenida por esa tercera sociedad el cual debería decretarse en proporción a la participación accionaria que en esa sociedad tienen las ejecutadas; alegándose a más, que el embargo de la recaudación de esa tercera sociedad no desnaturaliza "el procedimiento ejecutorio" (lo cual constituye una inequívoca referencia al cumplimiento de la sentencia de remate propia de la ejecución); procede desestimar la referida solicitud cautelar. Ello, por cuanto es impensable que la sentencia de remate dictada en relación a ciertos sujetos pueda ser cumplida respecto de un tercer sujeto no ejecutado: el simplísimo trámite de cumplimiento de esa sentencia a actos de ejecución material de los bienes del accionado, no consiente conocer en un arduo tema como lo es el de la "doctrina de la penetración". Por su parte, desde este enfoque no es exacto que exista una correspondencia entre el objeto del juicio principal y el objeto de la medida pretendida en este incidente: el objeto de ejecución son los bienes de las ejecutadas, en tanto que el objeto de la medida solicitada son fondos de una tercera sociedad no ejecutada.
Permanencia ilegal de extranjeros, prostitución
Materia: PENAL
Carátula: Natale, Guido Santos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-27

La calificación del hecho como agravado por la habitualidad de la conducta, de conformidad con el art. 120 inc. a, ley 25.871, no es arbitraria, toda vez que se comprobó la actividad permanente del local perteneciente al encartado y el empleo constante de mujeres extranjeras cuya documentación era retenida por aquél, de manera que deviene evidente el conocimiento y aprovechamiento de la situación migratoria irregular.
Contrato de trabajo, fecha de ingreso
Materia: LABORAL
Carátula: Aldana, Dionisio c/ Coop. Agrícola Lucienville Ltda. s/ Diferencias Salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-22

Para que proceda el pago de un adicional establecido en función de la antigüedad del trabajador, obviamente es necesario conocer la fecha de ingreso del mismo, la cual se trata de un hecho afirmado por la actora y negado por la demandada, por lo que, aplicando el principio general en materia de carga probatoria, se hacía necesaria la demostración de que el ingreso del actor se produjo en la fecha denunciada en la demanda. Ello así, en razón de que al respecto no opera la inversión de la carga probatoria establecida por el artículo 76 del Cód. Procesal Laboral -S.T.J., Avila c/Celulosa-, como así tampoco se ha configurado en el caso algunas de las situaciones que establezcan presunciones favorables a las afirmaciones del trabajador -artículos 57 de la Ley de Contrato de Trabajo y 87 del Código ritual-; con relación a este último supuesto, la demandada cumplió con la intimación que se le formulara de poner a disposición de la perito contadora la documentación laboral, por lo que ninguna consecuencia adversa surge para dicha parte de la no producción de la respectiva pericia.