Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


MEDICOS FORENSES Reg.: A y S t 197 p 190-197. Santa Fe, 26 de mayo del año 2.004.

VISTAS: Las actuaciones caratuladas "MEDICOS FORENSES -Declaración Jurada de Incompatibilidad- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 785, Año 2000, venidos para resolver acerca de la concesión de los recursos extraordinarios federales interpuestos para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Y CONSIDERANDO:

1. Por Acta Acuerdo Nº 42, de fecha 14 de octubre de 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en ejercicio de sus facultades de Superintendencia del Pod 2. Contra tal decisión interponen recurso extraordinario federal los doctores José R. Saint Germain, Carlos A. Elías, Luis V. Peresutti, Victor A. J. Frigieri, Oscar G. Sánchez y Iván Atanasov Sabev (fs. 184/195) y Juan M. Maidana (fs. 199/205 v.). Mediante su recurso de fs. 184/195 los impugnantes postulan la arbitrariedad de lo decidido por este Cuerpo, agraviándose de que la resolución impugnada carece de fundamentación suficiente, en la medida en que omite tratar cuestiones oportunamente propuestas y efectúa una interpretación de la ley 10.160 contraria a la Constitución Nacional, estableciendo una prohibición que tal ley no contiene, con lo cual arriba a una solución que lesiona los derechos garantizados por los artículos 14 y 19 de la Carta Magna nacional.

Sostienen en particular que la Corte ha omitido considerar sus argumentos referidos a que la ley 10.160 distingue entre los profesionales que han de ocupar cargos en ambas Oficinas, y a que las diferencias allí consagradas en cuanto a los requisitos para acceder a esos cargos permiten afirmar que "la prohibición del ejercicio de la profesión se refiere única y exclusivamente a aquella especialidad tenida en miras por la norma como requisito indispensable para ocupar el cargo (médicos legistas, psiquiatras y psicólogos, en el caso de médicos de las oficinas Médico-Forenses; especialidades clínico- quirúrgicas, en el caso de las oficinas de Reconocimiento Médico Judicial), pero que nunca puede hacerse extensiva a otra".

Alegan, en tal sentido, que esa distinción debió ser considerada por el Tribunal a fin de no incurrir en una interpretación que extienda irrazonablemente los límites de la prohibición legal al punto de desnaturalizar el sentido de la norma que la instituye, cual es el de preservar y garantizar una mejor prestación del Servicio de Justicia, finalidad que "se encuentra suficientemente preservada al interpretar restrictivamente la prohibición consagrada".

Agregan que "en todo caso el ejercicio de la profesión en general, si lo vinculamos con la prestación del servicio de justicia, sólo podrá ser reglamentado y limitado por la potestad de la Corte en materia de Superintendencia, cuando en el caso concreto se estime que su ejercicio afecta el cumplimiento de las funciones, pero tal decisión no puede surgir nunca a partir de una interpretación legislativa".

El doctor Peresutti también se agravia en particular de que la Corte no ha atendido a la especial situación en la que él se encuentra con relación a los demás médicos, puesto que no se trata de un integrante de las oficinas Médicos Forenses, sino de las oficinas de Reconocimiento Médico Judicial.

Al respecto aduce que una interpretación armónica de la ley determina que la incompatibilidad en el ejercicio de la profesión no proviene para él directamente de la ley, sino que requiere de una decisión reglamentaria de la Corte en el ejercicio de sus funciones de Superintendencia, pues el artículo 168 L.O.P.J. sólo se refiere a los integrantes de la oficina Médico Forense. Observa que la resolución que rechazó la revocatoria le ocasiona un agravio sorpresivo por cuanto en el acuerdo impugnado por la misma no se mencionaba a la Oficina de Reconocimiento Médico Judicial, sino sólo a la Oficina Médico-Forense, siendo "recién en el decisorio objeto del presente recurso en donde se precisa que también se encuentra alcanzado por tal normativa".

En cuanto al límite horario para el ejercicio de la docencia, señalan que la Corte tiene amplias facultades para reglamentar el artículo 212 L.O.P.J., pero que tal facultad que no podía ejercitarse con la rigidez con que se lo hizo, "que en la práctica sólo provoca una desnaturalización de la norma al impedir su aplicación en la práctica", atento a las diferencias existentes entre la docencia en materia jurídica y la docencia en medicina, que "exige una carga horaria que varía entre las once y las dieciocho horas semanales", por lo que aplicar el mismo criterio significa de hecho imposibilitar a los médicos ejercer la docencia, lo cual ofende el principio de igualdad (ya que los abogados sí pueden hacerlo) y contraviene el sentido de la ley, que es el de contribuir al desarrollo, formación y capacitación de sus integrantes.

Sostienen que la Corte, al declarar comprendidos en las incompatibilidades a todos los médicos que integran el Poder Judicial, y no sólo a los que hayan ingresado con posterioridad a la reforma de la ley 11.144, incurre en contradicción con su propia conducta, atento a que ninguno de los recurrentes percibe el adicional por título establecido por la ley 10.695, y en cambio sí lo perciben los médicos que se incorporaron con posterioridad a la ley 11.144.

"Una interpretación coherente (...) permitiría afirmar que si todos los médios están equiparados (hayan ingresado antes o después de la vigencia de la ley 11.144) y ninguno puede ejercer privadamente la profesión, les corresponde a todos percibir la bonificación prevista en la ley 10.695".

"Existe entonces -concluyen- una notoria contradicción entre lo decidido en el fallo (sic) y lo experiorizado por la propia Corte en el ejercicio concreto de sus funciones de Superintendencia, que tornan nulo el pronunciamiento dictado por ese Alto Tribunal".

Sostienen asimismo que el Tribunal ha omitido considerar que la reforma legislativa sólo puede regir hacia el futuro, y que por su naturaleza no puede afectar situaciones fácticas y jurídicas ya consolidadas.

"En rigor, la reforma introducida implica ni más ni menos que una modificación al régimen de ingreso al Poder Judicial de la Provincia para los médicos, quienes ahora deben cumplir con un requisito adicional que antes la ley no exigía", modificación que no les podría ser aplicada pues ellos ingresaron al Poder Judicial cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley vigente al momento de su ingreso, y adquirieron de ese modo un status jurídico que no puede ser variado por una ley posterior".

Invocan al respecto las soluciones adoptadas para los jueces y funcionarios de la Justicia de Circuito luego del dictado de la ley 10.160, y lo resuelto por la CNContAdm, Sala III en la causa "Fayt, Carlos S. c. Estado Nacional" (19.11.1998) en cuanto a la aplicabilidad de la reforma constitucional referida a la remoción de los jueces en razón de la edad.

Por su parte, y mediante su escrito de fs. 199/205 v., el doctor Maidana se agravia igualmente de que la Corte no contempló la inaplicabilidad de la norma a quienes ya se desempeñaban en sus cargos al momento de entrada en vigencia de la ley 11.144, y que habían accedido a ellos de conformidad con las normas reglamentarias vigentes, adquiriendo así un derecho que ha quedado incorporado a su patrimonio, por lo cual la pretensión de aplicar con efecto retroactivo y en términos perentorios normas de incompatibilidad posteriores al ingreso "lesiona un derecho constitucional, amén del grave e irreparable perjuicio patrimonial y moral".

Afirma al respecto que si la ley hubiera querido extender la prohibición a las situaciones existentes lo hubiera dispuesto expresamente, tal como ocurrió con el decreto nacional 8566/61.

Le imputa igualmente a la resolución el vicio de autocontradicción, pues -sostiene- la misma se dicta "de conformidad al dictamen formulado por el Procurador General", sin precisar a cuál dictamen se refiere, cuando en la causa existen dos dictámenes contradictorios.

3. Oído el señor Procurador General (fs. 211/213), y habiéndose remitido las actuaciones a la Secretaría Técnica de la Corte, corresponde examinar la viabilidad de los recursos planteados, debiendo señalarse al respecto la mera interposición del remedio extraordinario federal, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del mismo, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S., T. 67, pág. 441; T. 71, pág. 276; T. 77, pág. 439; T. 89, pág. 58 y T. 94, pág. 5).

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

En esa tarea resulta forzoso destacar liminarmente que, siendo que los doctores Saint Germain y Sánchez ya no pertenecen al Poder Judicial (atento a que el Poder Ejecutivo ha dictado sendos decretos disponiendo su cesantía al 31 de diciembre de 2002 -decreto nº 2622, del 18 de octubre de 2002- y al 1º de agosto de 2000 -decreto nº 2149, del 1 de agosto de 2000-, respectivamente) el recurso planteado se ha tornado inoficioso respecto de los mismos, debiendo ser denegado con tal alcance por ausencia de agravio actual.

Así delimitado el examen de admisibilidad de los recursos, debe repararse -ante todo- en que los mismos no se dirigen contra "sentencia definitiva pronunciada por un superior tribunal de provincia" (arg. art. 14, ley 48), en la interpretación que se deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en particular, a partir de "Di Mascio", Fallos, 311:2478; en sentido concordante, Fallos, 312:483; 315:762 y 781, etc.), circunstancia que se erigiría por sí sola en un obstáculo insalvable para su viabilidad del recurso, por el acatamiento debido en principio a la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación (en particular cuando se trata de la interpretación de las reglas aplicables al recurso extraordinario federal).

En efecto: dictado el acto que desestimó el recurso de reposición, los interesados debieron interponer el recurso de inconstitucionalidad local, reglamentado por la ley 7.055, para así dar cumplimiento a la exigencia de que las eventuales cuestiones federales sean previamente planteadas ante el Superior Tribunal de Justicia, como imprescindible recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario que se decidiera interponer en su caso (Fallos, 310:2031; 311:881 y 2320; 312:353; 313:114; 315:761 y 781; 319:687 y jurisprudencia allí citada; de esta Corte, "Villar", diciembre 22, 1993).

De todas maneras, y atento a que en el sub judice se trata de remedios planteados con anterioridad a que este Cuerpo explicitara su posición en orden a los efectos que la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación emanada de "Strada" y siguientes han tenido sobre la recurribilidad de las resoluciones adoptadas en materia de Superintendencia de la Administración de Justicia, se estima conveniente dar por cump No es ocioso recordar que, como lo sostuviera esta Corte en autos "Ponce" (R. A. y S., T. 180, pág. 317), con relación a este tema el Máximo Tribunal de la Nación ha establecido "la necesidad de que los litigantes conozcan de antemano las 'reglas claras de juego' a que atenerse en aras de la seguridad jurídica" (Fallos, 311:2082, cons. 7º in fine; también, Fallos, 320:1393 y 321:1248), destacando la "especial prudencia' que debe presidir la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios" ("Téllez", Fallos, 308:552)", a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales.

Y, concretamente, en el cometido ya señalado de no impedir a los recurrentes el acceso a la instancia judicial, es decir, de garantizar su ejercicio efectivo, recientemente los Poderes Judiciales, especialmente latinoamericanos han expresado que "lo que sin duda da mayor seguridad jurídica y mejor posibilidad de protección nos proporciona es el poder acudir ante un tribunal del Poder Judicial cada vez que creemos que está afectado, violado, amenazado o negado algo que pretendemos razonablemente como un derecho personal" (Herrendorf y Bidart Campos, citados en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2003, pág. 300).

En similar sentido, el Tribunal Constitucional español también ha sostenido que la "tutela judicial efectiva ha de ser, por imperativo constitucional, "efectiva", y la medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiente protección de las potestades atribuidas por ley a los órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o derechos cuya protección se demande".

En fin, recordando al maestro Couture, "si el tiempo es oro en términos de procedimiento es justicia" (Eduardo Couture, Proyecto de Código de Procedimiento Civil, Montevideo, 1945, pág. 37).

5. Efectuadas tales aclaraciones, el examen de los agravios planteados conduce a concluir que los mismos no deparan cuestión idónea en orden al franqueo de la instancia extraordinaria, toda vez que sólo traducen la mera disconformidad de los impugnantes con la solución que en el caso adoptó la Corte en el ejercicio de facultades propias derivadas de su función de gobierno del Poder Judicial, a partir de una interpretación de principios y normas de derecho público local que por su naturaleza resultan ajenos al ámbito del recurso intentado (cfr. A. y S., T. 126, pág. 101; T. 130, pág. 344; 146, pág. 388; T. 154, pág. 376; T. 163, pág. 470, etc.) sin que se hayan aportado argumentos que persuadan siquiera en grado liminar acerca de la efectiva violación de derechos de raigambre constitucional o de la existencia de defectos de motivación en los actos cuestionados que los tornen inaceptables desde el plano constitucional y que permitan excepcionar las referidas reglas jurisprudenciales.

Conviene recordar al respecto que en el caso, para decidir que las incompatibilidades introducidas por la reforma de la ley 11.144 "corresponden ser aplicadas a los Médicos Forenses de los Tribunales de la Provincia (incluidos los que actúan en la Justicia de Menores) que ya vienen desempeñándose en tal carácter", este Cuerpo tuvo en cuenta que "las nuevas disposiciones crean situaciones de incompatibilidad que deben ser respetadas para el cumplimiento del fin que tuvo en vista el legislador al establecerlas, cual es garantizar una mejor prestación del servicio médico en la justicia", atendiendo en particular a que, como resultaba de los antecedentes de la ley 11.144, antes de la reforma las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial no contemplaban "un sistema de incompatibilidades que eviten la colisión de intereses o imparcialidades aparentes, producto de la compleja trama en la que debe desenvolverse la actividad médica".

También consideró, respecto de lo sostenido por el señor Procurador General Subr Posteriormente, y para desestimar las revocatorias planteadas, estimó el Tribunal: 1) que el artículo 168 de la ley 10.160, al establecer que "los integrantes de la oficina no pueden ejercer privadamente su profesión", se refiere a la profesión de médico en general; 2) que dicha norma es aplicable a los médicos integrantes de las Oficinas Médico Forenses y de las Oficinas de Reconocimiento Médico Judicial; 3) que las incompatibilidades establecidas por la mencionada norma comprenden a la totalidad de los médicos que integran el Poder Judicial, y no sólo a los que hayan ingresado con posterioridad a la reforma introducida por la ley 11.144 y 4) que en orden a la restricción prevista en el artículo 212, penúltimo párrafo, de la L.O.P.J., el límite oportunamente establecido por este Tribunal es el de ocho horas semanales en calidad de profesor ordinario y permanente.

Tales conclusiones pretenden ser descalificadas por los impugnantes con los argumentos reseñados ut supra, mas lo cierto es que, conforme se anticipara, los agravios que esgrimen -a pesar del matiz constitucional que se les pretende conferir- no logran superar el nivel de la mera disconformidad con lo resuelto, toda vez que los interesados no demuestran que este Cuerpo, al resolver como lo hizo, haya efectuado un ejercicio irrazonable de sus funciones propias o adoptado una hermenéutica caprichosa de las normas directamente comprometidas en el caso.

Al respecto debe considerarse que los impugnantes no se hacen cargo, en primer lugar, de que el artículo 161 (actual artículo 168, t. o. 1998) de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción según ley 11.144 dispone que "los integran En idéntica omisión incurren a la hora de cuestionar la aplicación a su respecto de las pautas que en materia de límites al ejercicio de la docencia dictara oportunamente este Tribunal, a poco que se repare en que los interesados no aportan elementos que demuestren concretamente la irrazonabilidad de la aplicación a los médicos del criterio que sobre el tema adoptara genéricamente el Cuerpo con base en sus ya aludidas facultades de gobierno del Poder Judicial.

Tampoco resulta admisible el agravio de las recurrentes en cuanto señalan que no les eran aplicables los cambios introducidos por la ley 11.144 en las normas que regulaban sus funciones al momento en que ellas fueron designadas, atendiendo en particular a que su sujeción a tales modificaciones encuentra aval bastante en la ausencia de normas transitorias en sentido contrario y en diversos principios comprometidos en el caso que determinan la inexistencia -también en este punto- de una cuestión constitucional, no sólo porque conforme reiterada jurisprudencia de la Corte nacional el cambio en el régimen jurídico es un recurso legítimo que no vulnera la igualdad constitucional (doctrina de Fallos, 278:108 y 300:893, entre otros), y la modificación de las normas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene derecho al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos (Fallos, 283:360; 308:199; 315:879; 318:1531, etc.), sino ade Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión de los recursos extraordinarios interpuestos para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)