Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-28


Expte. Nº 5643/11 "INCIDENTE DE PRISION DOMICILARIA a favor de Almeida, Mariela Sandra - Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintiocho días del mes de junio del año dos mil doce, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel So-ria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redac-tar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la in-existencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- Contra la sentencia dictada por la Sra. Jueza de Ejecución Penal interpuso recurso de casación el Sr. Fiscal de Ejecución Penal, el que ha sido mantenido en esta instancia por el Sr. Fiscal General de la Corte.--- --- El decisorio cuestionado (fs. sub. 36/43) dispuso conceder prisión domiciliaria a la interna penada Sandra Mariela Almeida, en virtud de lo dispuesto por el artí-culo 32 inciso "f" de la ley 24.660, reformada por ley 26.472.------------------------------------------------- --- De todo el contexto de la resolución surgen como fundamentos, básicamente dos, a saber: 1) La ley 26.472 establece que la concesión de la detención domiciliaria es una "facultad" del juez competente, y no una obliga-ción. 2) La modificación introducida por dicha norma a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad recepta el interés superior del niño, de este modo cual-quier análisis no podrá dejar de hacerse cargo de esta noción. Por ello sostiene los efectos negativos en la formación de la hija menor de la interna Almeida, que ha nacido durante la etapa de detención; primando dicha circunstancia por sobre toda otra.---------------------- --- Por su parte, en el recurso articulado (fs. sub. 53/56) se aduce concretamente inobservancia de la ley 26.472 y su espíritu, con afectación del debido proceso, viciando de nulidad la resolución, por arbitrariedad, fundamentación contradictoria y omisión de valoración de prueba dirimente.--------------------------------------- --- En cuanto a los agravios, se expresa que el A quo al conceder la prisión domiciliaria de la interna Almeida no aplicó correctamente la ley y el espíritu que el le-gislador le imprimió a dicho texto legal; además de vio-larse el artículo 1º de la ley 24.660 y el derecho a la seguridad del resto de la sociedad. Se sostiene que al ser una facultad judicial la concesión del instituto, se debe analizar el caso concreto, y no únicamente el inte-rés de los niños, como lo hace la Magistrada. Se deben tener en cuenta las cuestiones morales y materiales, los antecedentes del individuo y si es beneficioso para la sociedad su otorgamiento.------------------------------- --- Considera el recurrente que el A quo no evaluó pru-dentemente que la interna Almeida fue autora de un deli-to de robo agravado por ser cometido en despoblado y por efracción.---------------------------------------------- --- Sostiene el impugnante que el legislador no preten-dió abrir impunemente las puertas de los establecimien-tos carcelarios a todas aquellas personas por el solo hecho de estar embarazadas o tener hijos menores; ya que eso contraría el sentido común, la lógica jurídica y la seguridad de la sociedad.------------------------------- --- Por todo ello solicita se revoque la prisión domici-liaria.------------------------------------------------- --- A fs. sub. 57 el recurso fue concedido.------------- --- El señor Fiscal General de la Corte (fs. sub. 64 y 67/69) mantuvo el recurso y reiteró la pretensión casa-toria.-------------------------------------------------- --- A fs. sub. 75 se llamó autos a estudio.------------- --- Posteriormente (a fs. sub. 77), se dispuso incorpo-rar las constancias que anoticiaban de la sentencia de unificación de pena dispuesta por la Sala Primera de la Cámara Penal y Correccional.---------------------------- --- Así las cosas corresponde zanjar la cuestión traída a esta instancia, y determinar si el A quo efectuó una adecuada intelección de la ley sustantiva al momento de conceder el beneficio de prisión domiciliaria a la in-terna Sandra Mariela Almeida, con sustento en el art. 32 inc. "f" de la Ley 26.472.------------------------------ --- El instituto en cuestión se encuentra regulado en la Ley 24.660 de "Ejecución de la pena privativa de la li-bertad", en el Capítulo 2: "Modalidades básicas de la ejecución", Sección tercera: "Alternativas para situa-ciones especiales". "Prisión domiciliaria" (arts. 32 a 34). En relación a los fundamentos que sustentan el be-neficio de la prisión domiciliaria es innegable que el trato humanitario en la ejecución de la pena en el ámbi-to de nuestro país dispone de expresa consagración nor-mativa (CN, art. 75 inc. 22; "Declaración Americana de los Derechos del Hombre", XXV; "Convención Americana so-bre los Derechos Humanos" -Pacto de San José de Costa Rica-, art. 5.2; Pacto Internacional de los Derechos Ci-viles y Políticos", art. 10; "Convención contra la Tor-tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-dantes") y precisamente, la prisión domiciliaria viene a constituir una de las formas por las que el legislador receptó aquel principio.-------------------------------- --- No cabe duda, teniendo en cuenta los antecedentes parlamentarios de la ley 26.472, -en lo que aquí con-cierne- que el citado beneficio fue instituido a favor del niño menor de cinco años, cuya madre se encuentra privada de la libertad. (cfr. Orden del día Nº 1261, de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Na-ción).-------------------------------------------------- --- No obstante tal realidad incontrastable la prisión domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión, sino como claramente surge de su nom-bre y de su ubicación en la legislación (véase por ejem-plo el artículo 10 del C.P. en su anterior y actual re-dacción), se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los muros de la cárcel son susti-tuidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución. Resulta en defi-nitiva una atenuada modalidad de ejecución del encierro que implica la pena privativa de libertad (Cfr.: de la Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino", parte general, Ed. Depalma, 2° ed. p. 143).-------------------------------- --- En el marco de las evidentes razones humanitarias que guían el instituto de la prisión domiciliaria, es que se inscribe la ley 26.472 modificatoria de los arts. 32 y 33 de la ley 24.660, mediante la cual se ampliaron las hipótesis de concesión de prisión domiciliaria, en-tre las cuales se encuentra la causal aquí traída a es-tudio, cual es la prevista en el inciso "f" relativa a la madre de un niño menor de cinco años.---------------- --- Tal como se ha dicho, la reforma legislativa, en tal supuesto tuvo como criterio rector la finalidad de ase-gurar el interés superior del niño (art. 3 de la Conven-ción sobre los Derechos del Niño y arts. 1 y 3 de la Ley 26.061), esto es, la vigencia y operatividad de los de-rechos fundamentales del niño, entre los cuales cabe mencionar el de preservar a su "...familia como medio natural para el crecimiento y bienestar ..." (Cfre. Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos del Niño), destacando lo esencial que resulta para el desa-rrollo de los niños el contacto con su madre en los pri-meros años de vida y los perjuicios que sobre ellos pro-duce la separación a tan corta edad; la ausencia de una figura adulta que cumpla las funciones de cuidado y crianza cuando sus madres cumplen encarcelamiento, así como los daños que se derivan de la permanencia de los niños con sus madres, dentro de los ámbitos carcelarios; por ello se manifestaron en el sentido de que la prisión domiciliaria garantiza tanto el cumplimiento de la pena -finalidad de la etapa de ejecución- como el interés su-perior del niño, preservando el contacto madre e hijo.- --- Sabido es que el interés del niño merece una consi-deración primordial y así lo establece la Convención "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar so-cial, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño" (art. 3, primer párrafo) y en el igual sentido se expresa la ley 26.061 cuando fija que si existe un conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adoles-centes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros (art. 3, último pá-rrafo). En síntesis, debe procurar evitarse que la pena trascienda a la persona del autor y respetarse el inte-rés superior del niño dentro del marco de lo razonable, para que aquella no constituya una sanción también para ellos.-------------------------------------------------- --- Precisamente por esto último, no debe entenderse que el instituto procede automáticamente o que necesariamen-te el interés superior del niño se equipara con convi-vencia materno-filial, ya que la misma Convención (art. 9. inc.1°, Convención sobre los Derechos del Niño) con-templa la posibilidad de que los niños sean separados de sus padres cuando la cohabitación con ellos resulte con-traria a aquél interés.--------------------------------- --- En consecuencia, en cada caso concreto, el juez de-berá ponderar la conveniencia o no de la prisión domici-liaria de la interna, puesto que no se trata de una con-cesión automática (por eso la norma utiliza la palabra "podrá") y habrá supuestos en los que, en resguardo del interés superior del niño, no deberá sustituirse la mo-dalidad de ejecución de la pena. Es claro, entonces, que el otorgamiento de la prisión domiciliaria es una atri-bución facultativa del juez quien deberá comprobar la existencia de un vínculo real y afectivo entre la madre y el niño, quien haya estado y vaya a estar a su cargo y cuidado, como así también ponderar que la permanencia del niño con su madre no represente un riesgo o peligro para él.------------------------------------------------ --- Asimismo deberá considerar la conflictiva delictual, la conducta y el concepto de la interna, observado du-rante su encierro en tanto proporcionan indicadores po-sitivos o negativos para valorar si la mujer respetará los límites propios de la prisión domiciliaria y propor-cionará al niño los cuidados adecuados.----------------- --- Del análisis y estudio del presente caso, estimo que al menos mínimamente se encuentran cumplimentados los requisitos pertinentes para que la interna Almeida pueda gozar de prisión domiciliaria. En tal sentido advierto que la pena que se encuentra purgando -por sí sola- no reviste una gravedad de repugnancia tal (tentativa de robo, y robo agravado por haber sido cometido en despo-blado y por efracción) que haga desaconsejable el bene-ficio. Adviértase que la pena aplicada (seis años y seis meses de prisión) ya se encuentra en gran parte cumpli-mentada y no resulta extraño presumir que se acortará aún más en caso de recibir una, no tan lejana, conmuta de pena; por lo que el aspecto temporal de la pena -al no ser extremadamente prolongada- justifica el decisorio resistido.---------------------------------------------- --- Los escasos antecedentes carcelarios glosados al le-gajo tampoco hacen sugerir una negativa rotunda para otorgar el beneficio, desde que la conflictiva delic-tual, conducta y concepto de la interna no desentonan con una realidad media de los actuales establecimientos carcelarios.-------------------------------------------- --- Por otra parte, de las actuaciones no surgen indica-dores o estudios que demuestren que el otorgamiento de la prisión domiciliaria de la madre, repercutirá de modo negativo en la menor Jennifer Graciela Delgado Almeida; punto central a tener en cuenta en estos momentos.------ --- Así entonces, habrá que estar por el principio pro libertate.---------------------------------------------- --- Indudablemente que lo óptimo hubiese sido ahondar sobre tales aspectos, para mejor resolver -cuestión que a futuro deberá instar la magistrada-; pero con lo ac-tuado y aportado por las partes, no surge con meridiana contundencia que la decisión, de que la pena sea cumpli-da en domicilio, resulte inconveniente para la menor y se encuentre en pugna con el monto punitivo y demás as-pectos que deben contemplarse en estos casos.----------- --- Por todo ello, voto por la confirmación de la reso-lución impugnada y el rechazo del recurso articulado por el Sr. Fiscal de Ejecución Penal.----------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Ejecución Penal y confirmar de la resolu-ción impugnada.----------------------------------------- --- Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Héctor Fa-bián Meló, Pro-Secretario Letrado.- Cp-PD-5643 E.B.T.

P.R.E. S.2ª 2012-III-522