Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-04


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 4 de 2008.

Considerando: 1.) Apeló el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la resolución dictada a fs. 346/8 en cuanto rechazó su pedido de intimación al pago del crédito privilegiado verificado en autos, como así también al pago del crédito quirografario, dirigido a la concursada, imponiéndole las costas de la incidencia.

Los fundamentos obran desarrollados a fs. 354/7 y fueron contestados por la concursada a fs. 359/61 y por la síndico a fs. 363/4.- 2.) Se agravió el recurrente porque el juez de grado no se expidió sobre la liquidación de intereses efectuada por su parte con respecto al crédito verificado con privilegio. Señaló que el juez de grado le impide intimar y perseguir el pago de su crédito privilegiado. Indicó que no pretendía ejecutar la sentencia conforme el art. 57 LCQ en el concurso, pero si la deudora pagó mal el crédito privilegiado, el recurrente tienía derecho a discutir tal cuestión y exigir el pago correcto. Agregó que si a la concursada no le interesaba pagar el crédito en cuestión, solamente hubiera depositado el monto del quirografario.

En cuanto a éste último, se quejó de que la juez de grado estableciera que tenía que asistir al domicilio del concursado a los fines de cobrar las cuotas concordatarias, cuando los letrados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran impedidos de cobrar personalmente tales montos, sino que deben realizarse a través de transferencias bancarias.

Finalmente se agravió de la imposición de costas a su cargo, ya que no habría conducta de su parte que justificara tal disposición.

3.) En primer lugar, en relación al crédito privilegiado debe señalarse que la juez de grado, en la resolución apelada no se adentró en la procedencia, o no, de los intereses liquidados por la acreedora, sino que se limitó a indicar que, siendo una acreencia no alcanzada por el acuerdo homologado en autos, no correspondía su reclamo en el marco del concurso preventivo.

Ello, pues de conformidad con lo dispuesto por el art. 57 LCQ los acreedores privilegiados verificados y no incluidos en el acuerdo, recobran su acción individual, por lo que el recurrente debía ocurrir por la vía pertinente a los fines de reclamar el pago de dichas sumas.

De los argumentos vertidos por el recurrente en su memorial no se advierte que éste haya efectuado una crítica concreta a lo resuelto. En efecto, reconoce que, siendo una acreencia privilegiada no se encuentra alcanzada por el acuerdo homologado y que debería reclamarla conforme las pautas del art. 57 LCQ.

Sin embargo, hace una mención de un supuesto pago, en menos, que habría efectuado la concursada, el que no se encuentra acreditado en autos ni ha sido invocado por la deudora.

También refiere un depósito realizado por aquella en estas actuaciones, imputado al pago del crédito privilegiado. Esto tampoco surge de las constancias de autos. Véase que los depósitos de fs. 295 y 333 corresponden a una liquidación del crédito por intereses -no cuestionada-, accesorios que sólo tienen rango de crédito quirografario.

Así las cosas, siendo que las expresiones vertidas por el recurrente en su memorial no condicen con lo actuado en autos, y que éstas no importan una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia, ni se refutan las consideraciones o fundamentos en que se sustenta la decisión para descalificarla por la injusticia de lo resuelto, debe rechazarse el agravio ensayado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre este punto.

4.) El recurrente se quejó de que la juez de grado estableciera que el lugar de pago -ante la omisión de haberlo consignado en la propuesta preventiva de acuerdo- de las cuotas concordatarias era el domicilio de la concursada, al que debería ocurrir en el futuro para cobrarlas.

Asiste razón a la a quo en que en la propuesta homologada, obrante a fs. 143 no se consignó cuál sería el lugar de pago de las cuotas concordatarias.

Ahora bien, no puede soslayarse que en caso en análisis el acreedor solicitante del pago es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que difícilmente podrá concurrir al domicilio del concursado a los fines del cobro de las cuotas concordatarias. Máxime cuando sus representantes han denunciado que carecen de facultades para el cobro de esas sumas en forma personal.

En este marco, pues, se estima prudente que el concursado deposite las sumas correspondientes a las cuotas concordatarias a abonar en el futuro en este proceso, a los fines de que el acreedor pueda percibir tales montos mediante las pertinentes transferencias bancarias.

5.) Finalmente, en cuanto a la imposición de las costas por la incidencia resuelta a fs. 346/8, cabe recordar que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél.

Ello así en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 Cód. Proc) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

Si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. I, p. 491).- En el sub lite, la juez de grado rechazó la intimación pretendida en relación al crédito verificado con el carácter de privilegiado. También rechazó la intimación deducida en relación al crédito quirografario.

En la presente resolución se confirmó el primero de los aspectos señalados y, se produjo una leve divergencia en cuanto al modo en que deberán abonarse las futuras cuotas concordatarias.

Ahora bien, es claro que el recurrente ha sido vencido en ambas instancias en relación al crédito privilegiado, sin embargo se estima que pudo creerse con derecho a solicitar la intimación al pago de su acreencia quirografaria. Ello pues, como bien lo señaló la juez de grado, en la propuesta concordataria homologada no se consignó el lugar de pago.

Ante ello, se estima que se encuentra configurado en autos un supuesto de excepción contemplado en el segundo párrafo del art. 68 CPCC, por lo que cabe imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (conf. art. 279 CPCC).

6.) Por lo expuesto, esta Sala resuelve: Acoger parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por ende modificar el pronunciamiento de fs. 346/8 en los términos vertidos en el considerando 4), imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 279 y 68, segundo párrafo CPCC).

Atento lo normado por los arts. 265 y 266 LCQ, merituando la labor profesional desarrollada por su eficacia, extensión y calidad, se elevan a dos mil cuatrocientos pesos honorarios regulados a fs. 198/203 a favor de la síndico C. G.; se reducen a setecientos y a mil setecientos pesos los estipendios regulados en dichas fojas a favor de los letrados H. F. A. y G. F. B., respectivamente. Devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso.- María Elsa Uzal, Isabel Míguez, Alfredo Arturo Kölliker Frers.