marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Homicidio culposo, graduación de la pena, modificación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: BERMAN, ISRAEL JOSE s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-25

Si la conducta del acusado configura el delito de homicidio culposo, encuadra en el art. 84 del Cód. Penal, con las modificaciones introducidas por la ley 21.338, -idénticas, en tal sentido, a las de la ley 17.567, vigente al momento de comisión-, ya que pese a que la escala de la pena privativa de la libertad es superior a la contenida en las leyes que rigieron en el tiempo intermedio, -11.179 y 20.509-, la efectivamente impuesta, -que no debe modificarse, pues se ajusta a las pautas del art. 41 del código citado-, en el caso se halla dentro de estos márgenes, y, por el contrario, ahora existe la posibilidad de la rehabilitación del inhabilitado.
Marcas, falsificación de marca o designación, prueba
Materia: PENAL
Carátula: SANDYS CONFEZIONI S. P. A. s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

Probados los extremos en que esta presunción se funda - no medió explicación válida en orden al origen de la mercadería y/o identidad de quien o quienes se la ofertaron o procuraron, ni aportó documentación - debe admitirse aquella, como evidencia del conocimiento de la falsedad de la marca.

Al respecto, ha de quedar aquí bien subrayado que tal conclusión no significa consagrar el reconocimiento de una presunción legal de culpabilidad, que no admite prueba en contrario, o que los únicos medios de exención de responsabilidad admisibles son los impresos en la norma. Todo ello conllevaría a la frustración absoluta de la garantía de defensa en juicio y a desconocer el principio según el cual la culpabilidad es presupuesto de la responsabilidad penal. La presunción legal es de naturaleza relativa y cualquier probanza resultaría apta a fin de verificar que los extremos en que se funda no se han acreditado. Nada sustrae de la actividad probatoria la demostración del hecho acreditado como existente a consecuencia de la existencia de otro, no puede ser objeto de prueba, porque el precepto legal lo suple, al declaratorio por sí mismo verdadero.

Se aduna al plexo probatorio la circunstancia reconocida por el propio encausado de haber adquirido en tres oportunidades la mercadería a un proveedor no habitual, desconociendo sus datos personales, a un precio muy inferior al de la prueba original y sin reclamar factura ni recibos por lo que abonara, evidenciando con significativa elocuencia que un comerciante como el procesado, no puede ignorar, al menos la falsedad de las marcas de los objetos que ofrecía en venta. Todo ello, conforma un cuadro presuncional suficiente si además se le suma la inexistencia de registros contables y la ineficacia de las excusas fundadas en la ignorancia de la marca y su prestigio, habida cuenta de la actividad comercial en el rubro por parte de encausado.
Interversión de título, comodato, mejoras necesarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ghittino, Carlos Dionisio c/ Giacchi, Ana María Cristina s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-10

Si una persona entra en la tenencia de un bien en carácter de comodatario, el pago de los impuestos, servicios y expensas, así como las mejoras necesarias realizadas en el inmueble, no reflejan animus domini alguno a los fines de la interversión del título si se trata de obligaciones asumidas en el marco del comodato existente, pues si bien dichas conductas son normalmente ejercidas por un poseedor, se presume que quien comenzó a habitar el inmueble como tenedor realiza dichos pagos o los actos de conservación en esa calidad y no en otra.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustos, Silvio c/ Schultz, Fabián s/ ESCRITURACIóN S/ CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-03-15

El art. 68, segundo párrafo del CPC, reconoce a los jueces la facultad de imponer las costas por su orden, como excepción expresamente prevista a la directriz axiológica de que el vencido "Paga todo".
Acción meramente declarativa, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico Asoc. Civil y otros c/ Estado Nacional s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-18

En el caso, las entidades accionantes persiguen la declaración de inconstitucionalidad de una norma convencional -el art. 43 del C.C.T. 419/05 que impone una contribución patronal por cada trabajador comprendido, destinado al desarrollo de planes de capacitación, cultura y previsión- y resulta idónea la vía elegida puesto que, de otra forma, las accionantes se verían obligadas a esgrimir defensa de inconstitucionalidad ante cualquier demanda dineraria ordinaria iniciada por el sindicato o, en su caso, ejercer acciones de repetición en aquellos supuestos en que su potencial acreedor recurriese a la vía ejecutiva elegida. (Del voto en disidencia del Dr. Pose).
Competencia penal, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, MIGUEL ANGEL s/ PRIVACION DE LA LIBERTAD SEGUIDA DE MUERTE S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-02

El art. 142 bis del CPE establece que el ilícito se conforma cuando se sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer o no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Es decir que el tipo penal exige una circunstancia subjetiva: se sustrae para..., se retiene para ..

se oculta para, en otras palabras la conducta del sujeto activo va más allá de lo necesario para conformar la figura básica de la privación ilegítima de la libertad -art. 142 y 141 del CPE.--
Medida de no innovar, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: Villaroya, Federico Benito c/ Provincia de San Juan s/ Ordinario- Apelación en efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-25

En principio no son admisibles medidas de no innovar respecto a actos administrativos que suponen ejercicio del poder de policía.
Concursos, actos ineficaces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Eraso, R. A. y Lanza de Eraso, J. M. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

La sentencia de quiebra importa para el fallido el desapoderamiento de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la misma.

Consecuentemente son ineficaces respecto de los acreedores los actos que realizare sobre aquéllos, sin necesidad de declaración judicial y sin que tenga relevancia alguna el conocimiento o no de los terceros de la situación de falencia (arts. 110 al 113 de la ley 19.551). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pensiones, conviviente, prueba insuficiente, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: COLLIA, JOSE EDUARDO c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-19

Aún habiéndose acreditado el nacimiento de un hijo común, si no se demuestra la convivencia pública en aparente matrimonio durante el plazo de dos años previos al deceso de la causante, corresponde denegar el beneficio de pensión al concubino.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: V., C. A. c/ COTO  C.I.C.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

Ante la ausencia de prueba que demuestre que el accionar de la empleadora se debió a una causa distinta a la discriminación, no queda mas que tener por cierto, que el despido resuelto por la demandada obedeció al estado de salud del actor, incurriendo con su accionar en la figura del despido discriminatorio comprendido en los términos de la ley 23.592.
Inhabilitación (civil), prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: I.A.F.R. c/  s/ Declaración de incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-31

La pericia realizada en autos no reviste el carácter de interdisciplinaria, por cuanto en la misma no intervino otra ciencia ni saber que no fuera el de la medicina (Médico Psiquiatra, Médico Forense, Médico de Policía y Médico en Ortopedia y Traumatología), con lo cual la evaluación comprendió solo una parte de sus facetas, la física y desde ese solo punto de vista, cuando ya desde la vigencia de la Ley de Salud Mental, la mirada mínima debía estar integrada con saberes de aquélla disciplina, del trabajo social y la psicología, conforme lo exigía el art. 152 ter CCiv, como presupuesto necesario para receptar el principio de gradualidad.
Acción de amparo, plazos procesales, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: SAMBUERZA, OSVALDO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-19

El art. 2, inc. e) de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente (cfr. Fallos 307:2184; C.S.S., Sala I, sent. del 20.12.96, "Flores, Julia").
Jornada de trabajo, trabajo nocturno, trabajo por equipos
Materia: LABORAL
Carátula: AGUERA ARICEL ADRIANA c/ FARMACIA MODERNA Y OTRA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-18

De ninguna manera el Convenio Colectivo determina cual es el "horario normal de las farmacias" sino que, como corresponde, determina el límite de horas durante las cuales el trabajo pone su capacidad laboral a disposición de la empleadora. Sí, en el marco del Servicio Nocturno Voluntario, el empleado cumple todo o parte de su jornada en horas nocturnas indudablemente queda comprendido dentro del artículo 22. Pero no es así con aquel empleado que cumple uno de los tres turnos rotativos por equipo en el día y que eventualmente uno de ellos se realiza en horas nocturnas.Aquí la Ley de Contrato de Trabajo admite la excepción a la jornada nocturna (artículo 200).
Costas, costas en el orden causado
Materia: LABORAL
Carátula: Albarenga, Hugo Eduardo c/ Sendros Hnos. Soc. de Hecho y otros s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-27

En tanto y en cuanto la Cámara de Apelaciones ha ido variando su criterio en cuanto a la temática debatida en autos, se estima lógico y equitativo que las costas del juicio sean impuestas en el orden causado. En el caso, se trataba de la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de riesgos del trabajo y la Cámara de Apelaciones había variado en varias oportunidades su criterio en precedentes similares, habiendo en esas ocasiones aplicado las costas por su orden.
Estupefacientes, allanamiento domiciliario, allanamiento ilegal, consentimiento del morador, exhibición de objetos secuestrados, omisión de exhibir documentos, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GOROSTIAGA, MAGDALENA. s/ ACTA  SECUESTRO.  ALLANAMIENTO.  ESTUPEFACIENTES.  NULIDAD  PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-04

1) Es nula el ACTA DE SECUESTRO labrada por las autoridades de prevención en orden al delito de tenencia de estupefacientes, si no se recabó la pertinente orden de ALLANAMIENTO y no se han dado los requisitos exigidos por el art. 188 del C. P.C., en razón de no haberse configurado ninguna de las circunstancias de excepción que contempla el art. 189.

Es insuficiente en el caso, la simple constancia asentada en el acta, de que el padre de la menor acusada "no opuso reparos en la inspección", habida cuenta que por las características de tiempo, modo y lugar, no puede interpretarse como un consentimiento expreso o tácito del inc. 4to. del art. 400; descalificando también el procedimiento, la facilitación del lugar por el padre de la incapaz, a quien se hizo participar en la producción de una prueba notoriamente contraria, todo lo cual afecta las garantías de la inviolabilidad del domicilio y de la defensa en juicio, como así también la protección del núcleo familiar.

2) A las manifiestas irregularidades de piezas fundamentales del proceso, se añade que a la acusada no se le exhibió la sustancia incautada, lo que implica una notoria irregularidad que también obsta a la acreditación legal del cuerpo del delito.
Contrato de turismo, agencia de turismo, venta por Internet, multa, contrato por escrito, aceptación
Materia: PENAL
Carátula: DESPEGAR.COM.AR S.A. s/ Infracción ley 18.829
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-22

Corresponde confirmar la multa impuesta a una empresa dedicada a la venta y reserva de servicios turísticos a través de internet por infracción al artículo 13 del decreto 2182/72. Dicha sanción se motivó en razón de haberse constatado que la firma no cumplió con las formalidades exigidas por la normativa aplicable en lo que respecta a la contratación de servicios turísticos.

Por un lado, a la empresa multada le asiste razón en sus agravios en lo que hace a la imputación por la omisión de celebrar contrato por escrito. Si bien el art. 13 del decreto 2182/1972 determina que los servicios a prestar por las agencias en todos los casos se convendrán por contrato firmado entre un empleado autorizado de la agencia y el o los usuarios, lo cierto es que el mismo entró en vigencia en un momento histórico en el cual no resultaba previsible el avance e impacto tecnológico, razón por la que la normativa no pudo contemplar las nuevas modalidades de venta y reserva de servicios turísticos a través de Internet.

Sin embargo, la normativa actual exige, para los supuestos de venta exclusiva por medios electrónicos o sistemas de reservas, la previsión del conocimiento y aceptación fehaciente por parte de los pasajeros de las condiciones generales de contratación, con anterioridad a la reserva (art. 5° de la resolución N° 256/2000).

En razón de esta exigencia, la existencia de un link en una página web que remite a dichas condiciones, no satisface tal exigencia en tanto no garantiza de modo fehaciente que el cliente las haya conocido y aceptado efectivamente con anterioridad a la reserva del servicio ofrecido. En este sentido corresponde al prestador del servicio turístico arbitrar los medios necesarios a tal fin. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Habilitación de instancia, multa, deudas impositivas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Padeco SA c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-04

El órgano administrativo no se encuentra facultado para analizar si se han cumplido -o no- los requisitos que hacen a la habilitación de la instancia judicial, aspecto que deberá resolver la Cámara Federal de la Seguridad Social, debiendo aquel limitar su actividad a remitir las actuaciones para su consideración por parte de esta última. En consecuencia, ha de concluirse que constituye un exceso de actividad ad-ministrativa la decisión de no elevar las actuaciones al Tribunal por no haberse acreditado el pago de la multa impuesta en los términos del art. 15 de la ley 18.820.
Concursos, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echevarría, Pedro s/ Concurso-Inc.Nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

Habiendo el representante del Banco acreedor subsanado su error con anterioridad a la resolución verificatoria, y siendo que en lo sustancial el crédito obtuvo opinión favorable del Sr. Síndico, ya que sólo había sido observado en lo atinente a la falta de representación, la resolución atacada, que tiene por acreditada la personería invocada y declara verificados los créditos insinuados, aparece inobjetable.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, derecho de propiedad, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL
Carátula: HUMBERTO LUJAN GOMEZ c/ SUCESORES DE AMERICO SANTIAGO BENINI Y OTROS s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

Es descalificable la regulación que -habiéndose rechazado el reclamo de daños y perjuicios- no se sujetó a la escala del art. 7 de la ley 21.839 por considerar que, en virtud de tal rechazo, el proceso carecía de monto. Ello es así, pues más allá de que una interpretación cerradamente literal del art. 19 de la ley citada pueda conducir a que, al referirse al monto resultante de la sentencia o transacción, tal disposición excluya el supuesto en que la demanda es rechazada, no existe diferencia alguna en los valores en juego según que la pretensión deducida en la demanda prospere o sea rechazada, ya que, a esos efectos, la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho incorporado al patrimonio del interesado como la admisión de que el supuesto derecho no existe.
Recurso de casación, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: RODAS NEMECIO DE JESUS c/ EMPRESA ENCOTESA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-19

La fuerza probatoria del testimonio debe apreciarse según las reglas de las sana lógica, procurando desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y observando cuidadosamente las cualidades del testigo, ya que la eficacia de la prueba testimonial debe ser apreciada en su conjunto después de realizada una tarea de interpretación, análisis y comparación de las declaraciones más o menos complejas o concisas, lo cual junto con los demás medios de prueba dan un panorama clara, de acuerdo a las reglas mencionadas.
Improcedencia del recurso, declaración indagatoria, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Chueco, Jorge Oscar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-07

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa contra la resolución que confirmó el rechazo del pedido de nulidad de la declaración indagatoria del encausado toda vez que no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el art. 457 del CPPN, ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena. (Dres. Hornos, Borinsky y Catucci).
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, juicios en que la Nación es parte, juicios en que es parte una provincia, indemnización, indemnización por muerte, muerte del damnificado, desechos peligrosos, residuos cloacales, contaminación de aguas, escape de gas, muerte del padre, muerte de la madre
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Amoedo, Romina Eva y otro c/ Estado Nacional (Sec. de Recursos Naturales y Ambiente Humano) y otros s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

En la demanda por daños y perjuicios promovida contra el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires tendiente a obtener una reparación por la muerte de los padres y abuelos de la demandante producida por una emanación de gases tóxicos provenientes de aguas cloacales que habían sido contaminadas en forma ilegal, deberá, hasta tanto sea citada a juicio la Provincia de Buenos Aires, seguir entendiendo el juzgado en lo civil y comercial federal de origen.
Falta de acción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yunis de Ernandorena T.D. c/ Altieri de Lucero S.E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

Tomada razón de que por lo extemporáneo del planteo -oposición de excepción de falta de legitimación activa- el mismo no puede ser considerado como conformando una excepción de previo y especial pronunciamiento (art.345 C.P.C.) así se lo debió establecer, pero sin aditar a ello la desestimación del planteo en sí mismo, ya que él ha de ser considerado como una cuestión más a analizar y resolver al momento de dictarse sentencia definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepción de pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Garcia, Juan Carlos y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

El deudor que invoca haberse liberado de su obligación por pago, debe acreditarlo mediante documentos emanados del acreedor con expresa imputación a la obligación ejecutada. Los recibos que no son firmados por el acreedor ejecutante resultan inhábiles para fundar la excepción y así el pago presuntamente realizado al portador anterior es inoponible en juicio ejecutivo respecto del actual portador legitimado.
Agrupación para la coerción ideológica, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Mario Osvaldo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-05

Cabe considerar a los imputados prima facie autores del delito previsto en el art. 213 bis CP si se han incorporado pruebas que en principio darían cuenta de la constitución, bases y objeto de la agrupación, las actividades que ésta realizaría, muchas de ellas relacionadas con manifestaciones en contra del Estado de Israel o en contra del sionismo, como así también las personas que la integrarían y el rol que cumplirían cada una y, asimismo la participación de los imputados en sucesos ocurridos durante un acto por el aniversario del Estado de Israel en que habrían resultado lesionadas tres personas del público y dos agentes policiales, a lo que se suma el hallazgo en la sede de la asociación de una importante cantidad de elementos para ejercer violencia. El hecho de recibir un sueldo o subsidio del Estado no implica necesariamente adecuar el accionar a los márgenes legales ni otorga legitimidad o indemnidad para realizar cualquier conducta. La mera circunstancia de encontrarse presentes en ocasión de procederse al registro de la vivienda no puede resultar suficiente fundamento como para aseverar su pertenencia a ese concierto de voluntades que reprime el art. 213 bis CP. Corresponde profundizar la pesquisa si no cabe descartar la participación y la atribución a los imputados de la tenencia de los elementos decomisados, máxime si los preventores debieron quebrar el candado que impedía el acceso al lugar donde se hallaba el DNI ajeno y las armas. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).