Embargo, bienes inembargables, personas jurídicas de carácter público, Iglesia Católica, bienes de la Iglesia
Materia: CIVIL
Carátula: LEMOS, JORGE c/ OBISPADO DE VENADO TUERTO s/ EMBARGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

1. Tanto en su redacción anterior, como en la actual, el CCIV:33 traduce el reconocimiento de un status preferencial a la iglesia católica, ya exteriorizado en la constitucional nacional, y que le permite desenvolverse en el ámbito del derecho público, a la vez en el del derecho privado.

2. El CCIV:2345 contiene una regulación específica, inherente a los bienes de la iglesia católica, que contempla también la posibilidad y modo de su enajenación. Dispone esa norma que los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias, y estan sujetas al CCIV:33 y 41. Añade que esos bienes "pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la iglesia católica respecto de ellos, y a las leyes que rigen el patronato nacional".

3. La norma no se refiere a la "iglesia" como lo hacía el antiguo texto del CCIV:33, ni a la "iglesia católica", como lo hace el actual, sino a las "iglesias o parroquias". Ello importa el reconocimiento no solo de la iglesia católica universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferenciables en el seno de la propia iglesia,entre las que se halla la iglesia católica nacional, y las diócesis, capítulos, seminarios, parroquias o iglesias, etc., que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales y eclesiásticas. La remisión al CCIV:33 y 41 no se refiere a las "cosas sagradas y religiosas", sino a las iglesias o parroquias, por lo que el artículo debería ser leído como si dijera "... que están sujetas.." en vez de "...y están sujetas...", ya que el sentido de la norma es consagrar en términos expresos y categóricos el principio de que cada iglesia o parroquia constituye una persona jurídica y posee una amplia capacidad civil". 4. El CCIV:2345 contiene un reenvío específico a la legislación nacional en materia de patronato, y a las leyes canónicas aplicables al tema.

5. Conforme al acuerdo celebrado con la santa sede en el año 1966, que en su art. 4 suprime la necesidad del pase o exequatur para las comunicaciones papales, es factible la aplicación del Código Canónico actualmente vigente.

6. El análisis de lo dispuesto en el CCIV:33, 2338 y 2345, y de la legislación canónica conduce al levantamiento del embargo que pesa sobre aquellos bienes que, por su afectación al culto divino, o a los fines de la iglesia católica, se encuentran fuera del comercio, o hallan restringida su enajenación. Tratándose de bienes sometidos al dominio público eclesiástico, corresponde al caso de las medidas cautelares al comprobarse su afectación, pesando sobre quien pretenda mantenerlas, las demostración de que ya no concurren tales presupuestos.

7. La directa remisión que se realiza en el CCIV:2345 a la legislación canónica autoriza a fijar el alcance de los términos templos y cosas religiosas y sagradas" conforme a esta última normativa, pues si es ella la que ha determinar el régimen de enajenación de los bienes, ha de estarse a su propia definición para establecer su alcance. 8. Según el canón 1205, son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de fieles, mediante la dedicación o bendición prescripta en los libros litúrgicos. La dedicación de un lugar corresponde al obispo diocesano, para lo cual debe levantarse acta de la dedicación o bendición, guardándose un ejemplar en la Curia Diocesana, y otro en el archivo de la iglesia.

La bendición o dedicación de un lugar, con tal de que no perjudique a nadie, se prueba suficientemente por un solo testigo, libre de toda sospecha.

9. Los lugares sagrados, pueden ser execrados, es decir, perder su carácter sagrado, por la destrucción del lugar, o por su reducción a usos profanos, acontecida de hecho, o por decreto del ordinario, si ello no sucede, permanece la obligación de respetar la santidad del lugar, en el que la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones, con las consiguientes restricciones al dominio que de ello resultan.

10. En cuanto a los bienes temporales, su enajenación puede realizarse, según el valor del bien, con la licencia de la autoridad eclesiástica competente conforme a derecho. A tales fines, la conferencia episcopal de cada región, determina el valor de los límites mínimo y máximo para la enajenación, que según tales pautas, podrá realizarse por el Obispo Diocesano, o por el Obispo Diocesano con consentimiento del Colegio de Consultores y el Consejo de asuntos económicos; o por la Santa Sede si el valor excede la cantidad máxima, o se trata de exvotos donados a la iglesia o bienes preciosos por razones artísticas o históricas.

11. Esos requisitos rigen no sólo para las enajenaciones, sino para cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica de que se trate (c 1295). Por ende, las disposiciones referidas alcanzan a típicas restricciones al dominio, tales como gravámenes (hipotecas, prendas, servidumbres,etc.), y aun endeudamientos que excedan la cantidad autorizada por la conferencia episcopal.

12. Las restricciones de que dan cuenta tales normas, permiten encuadrar a los bienes públicos de la iglesia, dentro de los relativamente inajenables -que necesitan autorización previa para su enajenación- a los que alude el CCIV:2338.

13. Los lugares sagrados pertenecen al dominio público eclesiástico y resultan insusceptibles de embargo y ejecución forzada.

14. Tratándose de bienes temporales de la iglesia, debe seguirse el procedimiento impuesto por los c.1292 y ss., y lo dispuesto por la Conferencia Episcopal Argentina, para la realización de actos que imponen su enajenación, o su afectación patrimonial, si ello no ha sucedido, resulta improcedente el mantenimiento del embargo a su respecto.

15. La casa que constituye asiento diocesano, atiende a los fines contemplados en el C. 1254, (la CSJN : fallos 7:327), admitió la inembargabilidad de las habitaciones adyacentes a la iglesia, dada su afectación al servicio público eclesiástico para el despacho de los asuntos parroquiales), hipótesis que es factible extender a la sede el obispado, pues en ella se atienden todas las cuestiones administrativas y eclesiásticas concernientes a la diócesis.

16. La cláusula inserta en el documento en ejecución solo puede entenderse limitada a aquellos bienes que se encuentren en condiciones legales de ser enajenados o afectados como garantía, y no a los que se hallen fuera del comercio o requieran el cumplimiento de otros recaudos para su ejecución; ello sin perjuicio de las acciones que la parte afectada se crea con derecho a promover, o de la eventual ejecución de otros bienes que no sufran idénticas restricciones (en el caso,el documento comprometía en garantía de pago "la totalidad de los bienes de su representante Obispado de Venado Tuerto-, sean éstos muebles o inmuebles).

17. El embargo de las partidas destinadas al sostenimiento del culto afecta indebidamente el derecho que la CN 2 otorga a la Iglesia Católica,imponiendo -como contrapartida- al Estado Nacional la obligación de subvencionar tales actos.