marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: LABORAL
Carátula: González, José M. c/ Luna Hnos. S.A.C.I. s/ Despido y accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan vinculantes. (Minoría u opinión personal)
Concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, acreedor quirografario, categorización de acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALEJANDRO F. GONZALEZ SA s/ CONCURSO S/ INC. DE APELACION (CPR 250).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-29

Si bien la LC 41, prescribe que la resolución pertinente debe establecer como mínimo tres categorías, entre las que debe encontrarse la de "quirografarios laborales", ello es así, en tanto y en cuanto existiere ese tipo de acreedores, por lo que, en caso de que no existan, no resulta pertinente tal discriminación.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, obligación de seguridad, transporte ferroviario, pasajero damnificado, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional, Secretaría de Gobierno de Energía en la causa Flores, Pedro Rolando  c/ TUFESA y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-07

Es arbitraria la sentencia que responsabilizó al Estado Nacional, en su carácter de propietario de la cosa -arts. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, 184 del Código de Comercio y 42 de la ley 24.240- y en el deber de seguridad por los daños sufridos por un pasajero mientras viajaba en una formación ferroviaria, pues no ponderó la existencia de los presupuestos de la responsabilidad del Estado y omitió puntualizar cuál fue la participación de éste en el accidente. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monte Paco S.A. c/ Banco de Coronel Dorrego S.A. s/ Demanda ordinaria (arts.38, 122 y 123, L.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Si se demandó la nulidad de un mutuo hipotecario por estar afectado el principio de especialidad y -además- por concurrir los supuestos de los arts. 122 y 123 de la ley 19.551, y la sentencia de primera instancia declaró la ineficacia de aquellos actos sólo por afectar una de estas normas, ha quedado satisfecho el interés del demandante quien no estaba obligado a recurrir ante la alzada porque se hubieran considerado válidos esos mutuos y dejado de considerar la restante causal de ineficacia. Pero si la alzada ante la apelación de la contraparte, revoca el pronunciamiento está obligada a considerar estos últimos aspectos.
Poder Judicial, jueces, responsabilidad civil, responsabilidad penal, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: GONZALEZ ECHENIQUE, J A M c/ CORTI, BEATRIZ GLADYS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL c MAGISTRADOS JUDICIALES      EXPTE NRO 196-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

Es esencia de las instituciones republicanas que los funcionarios respondan civil, penal, administrativa y políticamente. Los magistrados no se exceptúan de este régimen de responsabilidad, pues no existe ninguna razón legal ni axiológica para que así suceda.
Obras sociales, cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez, Patricia Alejandra c/ I.O.S.P.E.R. y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-17

La negativa de IOSPER sólo se fundamenta en la falta de aprobación de la droga recomendada, lo cual se contradice con lo expresamente consignado por el especialista tratante que recomienda el tratamiento y por el informe forense. De tal manera, encontrándose aprobada la eficacia del tratamiento interesado y la droga indicada, siendo éste el tratamiento recomendado por el profesional tratante de la amparista y al que ella pretende someterse voluntariamente, no existe alguna razón atendible para impedir su acceso a esa solución para su grave dolencia.
Excarcelación, apreciación del juez, duración del proceso, morosidad del proceso
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, GUSTAVO A. s/ Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-30

1 - La actitud asumida por el imputado al reconocer su responsabilidad en los hechos y aportar numerosos datos de utilidad para llevar adelante la investigación respecto de otros partícipes, y la permanencia en su domicilio pese a haber tomado noticia de la iniciación de la causa, desvirtúan la idea de que quisiera sustraerse de la acción de la justicia (Del voto de los Dres.

Repetto y Hendler).- 2 - La complejidad de la investigación de los hechos en averiguación de la causa y el gran número de implicados, no pueden ser obstáculo para que sea llevado a juicio un caso perfectamente deslindado de las investigaciones pendientes y de los trámites respecto de otros imputados (Del voto de los Dres. Repetto y Hendler).- 3 - Es derecho de todo imputado obtener un pronunciamiento definitorio de su situación en el más breve lapso posible (Del voto de los Dres. Repetto y Hendler).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FIERRO, Martin Horacio c/ VEGA, Adriana E. s/ Prescripción veinteañal Pisano Costa, Lilia Angélica c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación. Incidente de retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11|1991-07-02

La forma o la brevedad con que una cuestión esencial fue encarada no es causal de nulidad del fallo.
Honorarios, regulación de honorarios, doble regulación, escala arancelaria, objeto del proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Paramo, María Teresa c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Restitución Suma de dinero - Interrumpe prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Las defensas de fondo, aún cuando versen sobre aspectos marginales o cuasi - autónomos de la litis, no dan lugar a una regulación autónoma sino que se trata de trabajos que deben ser remunerados mediante una prudente aplicación de la escala del artículo 7 de la Ley 21.839. A ello no forma obstáculo el hecho de que de aquella defensa se corriera traslado a la actora y ésta lo evacuara, porque este procedimiento - que no comporta la proposición de una cuestión incidental con valor propio - sólo tiene por objeto asegurar a ambas partes el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio -. La tesis contraria puede llevar a resultados absurdos y a una multiplicación de honorarios inaceptable.
Asociaciones sindicales, libertad sindical, prácticas antisindicales, prácticas desleales, empleador, multa penal
Materia: LABORAL - CIVIL CONSTITUCIONAL
Carátula: LEDESMA, ASUNCION c/ MANLIBA SA s/ PRACTICA DESLEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-13

Los empleadores (también el Estado empleador), o sus organizaciones profesionales pueden vulnerar la libertad sindical mediante conductas obstructivas, violatorias o de influencia, prevaliéndose del poder en cualquiera de sus elementos social, cultural, económico o político.

Dado el método utilizado (abuso del poder) son desleales ya que violan la ética de las relaciones profesionales. La ley de asociaciones sindicales en su art. 53 las describe en un catálogo que debe reputarse cerrado porque la consecuencia prevista es una multa, art. 55.
Derecho comercial, registro de marca, proveedor de Internet, organismos del Estado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABLEVISION  SA c/ ESTADO  NACIONAL DE COMUNICACIONES y otro s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-14

Uno de los caracteres esenciales del derecho que confiere el registro de una marca es el de su exclusividad. Se traduce en el ius prohibendi que impide que otros se aprovechen del prestigio del dueño confundiendo al público consumidor (cita Bertone y Cabanellas, "Derecho de Marcas", T. II, p. 9). Va de suyo que la ley de marcas y los tratados internacionales vigentes en la materia protegen ese derecho frente a típicas maniobras de terceros tales como la falsificación o adulteración de los signos, el empleo de otros similares que induzcan a confusión. Una de las consecuencias que se pretende evitar en tales hipótesis es el aprovechamiento indebido del esfuerzo del titular o bien, la pérdida de prestigio del signo de que se trate. De ahí, pues, que el mero uso con fines informativos no acarree por sí sólo la operatividad de las disposiciones legales aludidas. Así por ejemplo, si los medios de comunicación consignan que la empresa tal o cual fue vendida, o que ampliará su actividad a otros rubros, no precisan de la autorización del titular de la marca para cumplir con uno de los derechos fundamentales de nuestro régimen republicano como es el de informar. Por el contrario, cuando un tercero asocia la marca de alguien con hechos lindantes con la ilegalidad, se impone ponderar con la debida prudencia si tal asociación puede causar un daño irreparable al interesado, es decir, no susceptible de reparación ulterior por sentencia judicial alguna.
Concurso preventivo, proceso de verificación, demanda de verificación, multa tributaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOEL Y CIA. SA s/ CONCURSO  S/  INC.  DE VERIFICACION POR MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  BUENOS AIRES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-01

Más allá de que la determinación de la sanción fiscal hubiera acaecido con posterioridad al concursamiento preventivo de la evasora, la multa fiscal reviste carácter concursal al igual que los impuestos cuya parcial atención originó la imposición de que ahora se trata, pues su causa es anterior y, por ende, cae en la previsión de la lc: 33.
Homologación del acuerdo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: F., M. E. c/ D., M. F. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-28

Corresponde revocar la sentencia que dejó sin efecto el convenio firmado entre un hombre y una mujer cuando realizaron la separación de bienes y que fue homologado judicialmente, y por el cual se estableció que un sector del inmueble se destinaría a vivienda (para la mujer) y el otro, como clínica veterinaria (para el hombre), pues la mujer al negarse a realizar las mejoras necesarias, autorizadas por el juez de grado, para el funcionamiento de la clínica veterinaria, se puso en contradicción con sus propios actos sin justificación legal aparente e intentando dejar sin efecto un convenio que había firmado y se había homologado judicialmente, de modo que desconocer los efectos jurídicos a lo convenido, significaría consagrar un evidente ejercicio abusivo del derecho de una de las partes.
Sentencia no firme, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

El mero hecho de que la Cámara resuelva una cuestión previa no lleva a este Tribunal a equiparar esa decisión a una definitiva. La parte debe demostrar que lo resuelto o bien le genera un perjuicio irreparable, o bien compromete la interpretación de una garantía constitucional o federal solo susceptible de tutela inmediata. Por ello, tanto en uno como en otro caso, no puede esperar a retomar la cuestión en ocasión de discutir la sentencia definitiva. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Guerra de Malvinas, responsabilidad del Estado, negligencia, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Juan E. c/ E.N. -Mº de Defensa -EMGE s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Por encima de las apreciaciones personales que pueda tener un partícipe de la guerra de las Malvinas (hoy jefe del Estado Mayor del Ejército) o la valoración que se haya hecho retrospectivamente en el juicio militar -con posterioridad a los hechos y sin las urgencias para la adopción inmediata de las medidas de guerra en el marco de una contienda bélica declarada-, no aparece que exista una relación directa entre la dirección de las operaciones por parte de los altos jefes militares y los daños recibidos por el militar en el campo de batalla, salvo que la negligencia que impute sea el de haber pretendido recuperar las islas, decisión que en su momento contó con el mayoritario apoyo del pueblo argentino. (Del voto del Dr. Galli).
Poder Ejecutivo Provincial, facultades de la administración, facultades reglamentarias, decretos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martinez, Carlos Ramón y Otra s/ Demanda de Inconstitucionalidad (Decreto N. 2508Ñ88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-08

Si bien están fuera de toda discusión las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Provincial para dictar decretos reglamentarios de ejecución, no por ello deban considerarse las mismas en forma irrestrictas, aún cuando no establezca la Constitución Provincial la expresa delimitación que impone la Constitución Nacional en su art. 86 inc. 2. in fine cuando dice:

"cuidando de no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias", por cuanto dichas facultades cuenta con límites naturales impuestos por la ley que reglamenta y por la propia Constitución Provincial. (Dr. Acosta: En disidencia).
Factores atributivos de responsabilidad, rechazo de la demanda, playas de estacionamiento, daños y perjuicios, robo con violencia en las personas
Materia: CIVIL
Carátula: Barrios Ibáñez, Emmanuel Alejandro y Otro c/ INC S.A. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-18

Cabe rechazar la demanda por daños y perjuicios impuesta por quien resultó lesionado en un robo acontecido en la playa de estacionamiento de un supermercado, pues no se trata de una cosa riesgosa sino inerte, ni se la puede considerar una cosa viciosa al encontrarse en buenas condiciones sin ningún defecto, en virtud de ello, no le asiste razón al apelante en que su propietario deba responder en los términos del art. 1113 del Código Civil, máxime que el daño no fue producido por la playa de estacionamiento en sí -no fue ejecutado ni por ni con la cosa-, surgiendo claramente que los autores del daño fueron los ladrones que atacaron al actor, por lo tanto no existen razones para valorar probado el factor de atribución de responsabilidad, condición esencial para la procedencia de una acción de responsabilidad civil.
Jurisdicción y competencia, garantías procesales, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Norberto Osvaldo y otra s/ robo con armas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

La cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional, que establece que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa no impide la inmediata aplicación de nuevas normas de competencia, inclusive a los procesos pendientes, excepto que ello significara perjudicar una mayor celeridad y eficiencia de las decisiones, lo que debe ser evitado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Alimentos, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: S. DE I.L.I c/ I.R.I s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

La renuncia a los alimentos efectuada por la esposa, supeditada al cumplimiento del convenio por el que realizarían los bienes de la sociedad conyugal, con la división por mitades del producido impide considerar que la cónyuge carezca de derecho a exigir los alimentos reconocidos por sentencia, en la medida que no se han realizado todos los bienes.
Habeas corpus, rechazo in límine, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Javier Alejandro c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-05

Este Cuerpo ha establecido como doctrina legal la imposibilidad de reiterar planteos en la instancia sobre temáticas ya decididas en la medida en que se mantengan las circunstancias fáctico-jurídicas que les dieron fundamento, situación esta que se verifica en el sub examine, pues no se incorporan elementos nuevos que permitan revertir la postura inicial.
Contrato de trabajo, socio empleado, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: ARCADIO CABELLO Y COMPAÑIA  S.R.L. s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-14

Para no estar sujeto a instrucciones o directivas en los términos del artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo no se requiere ser dueño absoluto del negocio ni ser individualmente el socio mayoritario. El propósito de la ley es la prevención del fraude y este fin queda incólume cuando el servicio es prestado por socios de tal jerarquía efectiva que no puedan recibir pautas de conducta en cuya adopción no haya intervenido decisivamente. (conforme Sala III, sentencia del 31 de mayo de 1976, 'ASIMRA c/ Empresa Alco S.A. ').
Empleo no registrado, socio gerente, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Mercado José Américo c/ Kellensego SRL y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

La responsabilidad solidaria del socio gerente por la falta de registración de la relación laboral, debe abarcar la totalidad de la condena. Ello así, en atención a que la obligación solidaria es fruto de una sola causa, posee un solo objeto, y existen una diversidad de vínculos coaligados en algunos efectos extendidos y otros no. Es infraccionable entre los diversos deudores, cuando la causa es la misma y, por otra parte, se produce la función sancionatoria total cuando la solidaridad tiene por fuente la ley. No inciden allí factores subjetivos, sino la sanción vinculatoria objetiva. (Del voto de la Dra.

Ferreirós, en mayoría).
Jubilaciones, facultades de la administración, nulidad del acto administrativo, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Alarcón Vargas, Froilán c/ ANSeS s/ recomp. del haber cargo c/ benef. -medida caut.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-11

Las atribuciones con que cuentan los organismos administrativos para suspender, revocar, modificar o sustituir las resoluciones que otorgan beneficios jubilatorios -art. 15 de la ley 24.241- existen a condición de que la nulidad resulte de hechos o actos fehacientemente probados, y presupone que se haya dado a los interesados participación adecuada en los procedimientos, permitiéndoles alegar y probar sobre los temas cuestionados con el objeto de resguardar la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional y 1°, inc. f, de la ley 19.549).
Extinción por quiebra o concurso del empleador, continuación de la empresa, despido indirecto, injuria laboral, indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: STEFANELLI, HELIDA Y OTROS c/ TENAS SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

La injuria laboral configurada luego de la continuación de la empresa declarada en quiebra (conforme artículo 186, LC.) otorga al trabajador el derecho a la indemnización sustitutiva del preaviso y a la integración del mes de despido, ya que no se trata de una ruptura por quiebra del empleador, sino de un despido indirecto (artículo 246, RCT., to.).
Tercerías, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chatruc, Oscar H. y otros s/ Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Tanto desde las estrictas fronteras de una representación gramatical, como desde las mas vastas en que se desenvuelven la hermenéutica lógica y la sistemática, el sentido y alcance del tercer párrafo del art. 97 del CPCC no puede ser otro que el imponer al tercerista tardío -pero victorioso- las costas producidas en los autos principales a posteriori que el mismo se hallaba en condiciones de actuar su tercería. Pues, de así haberlo hecho en tiempo propio, se podrían haber evitado para el acreedor que continuó impulsando su ejecución sobre el bien objeto de la tercería, en total ignorancia del dominio o del mejor derecho que aquél -el ahora tercerista- ostentaba sobre el mismo.
Proceso penal, simple damnificado, facultades del fiscal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sobrino, Marcelo Alberto, Fiscal General del Departamento Judicial de Azul c/  s/ ecurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 45.415 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a Jaureguiber, Luciano
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-03

Existe determinada consideración por la participación del particular damnificado en el proceso, muy especialmente en las etapas del juicio y del recurso, caracterizadas por el principio de contradicción o de bilateralidad, pero no surge del debido proceso ningún mandato que imponga asegurar un derecho de la víctima constituida como parte procesal, a decidir sobre la disponibilidad de la acción penal pública en paridad con el fiscal. Esta falta de equivalencia entre el acusador público y el particular, encuentra explicación en las diferencias institucionales que ostentan ambos sujetos procesales.
Seguros, seguro colectivo, accidentes de trabajo, responsabilidad solidaria, empleador, pago total, asegurador por riesgos del trabajo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo  c/ Sofatap SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

Consecuentemente, en tanto la ART fue condenada solidariamente y asumió el pago de la totalidad de la condena en sede laboral, la cuestión de la contribución entre codeudores solidarios debe decidirse teniendo en consideración los términos del contrato de seguro que celebraron las partes (CCIV 689-1°; en sentido similar, CNCom, Sala B in re "Niro Construcciones SA c/ COTO CICSA s/ ordinario", del 23/08/18) y el marco de la responsabilidad civil que les cabe, teniendo en cuenta no solo la relación contractual, sino también las circunstancias del caso y los términos de la sentencia judicial que alcanzo a ambas partes (CCIV 689-2°; cfr. CNCom, Sala D in re "Swiss Medical ART SA c/ Motomel SA s/ ordinario", del 10/02/22).
Ley de desindexación, aplicación de la ley, obligaciones de dar sumas de dinero, contratos bilaterales, actualización monetaria, realidad económica
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARASA S.A. c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

Cuando se trata de una deuda de dinero nacida de un contrato bilateral -por ej. la del pago de un precio en moneda nacional-, no debe compararse el resultado de la indexación de aquélla con el valor actual del servicio o cosa que era el objeto de la contraprestación.

Sólo procede verificar que la actualización del precio -en el ejemplo utilizado-no se aparte de la realidad económica posterior a la celebración del convenio, produciendo de ese modo una alteración de los términos de la relación originada y regulada por el acuerdo de voluntades.