marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Citación de venta, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: MOSCATO DE GARCIA PIJUAN A.L. c/ COHEN JACOBO Y OTRO s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

El auto que dispone la citación de venta no resulta apelable, pues no causa un gravamen irreparable, desde que, frente a dicha citación el ejecutado puede oponer las excepciones legales que prevé el art.

506 del Código Procesal.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, falta de interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Stizza, Raul Oscar c/ Chalhub, Angel Raul s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ Nº 808-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

Para tener por satisfecho el requisito del debido planteamiento de la cuestión constitucional, no es suficiente anticipar la voluntad de recurrir, como tampoco una alusión genérica al conculcamiento de un derecho fundamental; es menester, en cambio, aducir concretamente las cuestiones que originaron tales vicios. El incumplimiento de esa exigencia no se suple por la "reserva del caso federal" y frustra la intención que tuvo el legislador al consagrar dicha carga, ello es, que la cuestión sea sometida a tratamiento y decisión de los jueces ordinarios de la causa, en procura de lograr un pronunciamiento constitucionalmente válido.
Recurso extraordinario, cuestión federal, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivencia, José Antonio c/ Escandarani, Mario s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Existe cuestión federal si se encuentra controvertida la inteligencia de una sentencia de la Corte dictada anteriormente en la misma causa y el fallo impugnado se aparta inequívocamente de lo que en ella dispuso el Tribunal.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, pretensión resarcitoria, banco de datos personales, información errónea o desactualizada
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIRAGAYA, JORGE c/ BANCO FRANCES s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Procede otorgar resarcimiento en concepto de daño moral a quien fue titular de una tarjeta de crédito cuando, -como en el caso-, se verifica que el banco defendido informó una deuda incorrectamente atribuida al pretensor, toda vez que fue incluída indebidamente en la base de datos de deudores morosos con posterioridad a la destrucción de su tarjeta, no obstante los reiterados reclamos documentados y personales efectuados, puesto que ello le genero un innecesario desgaste de energías y de tiempo improductivamente insumido. Es obvio que el accionado no empleó el debido cuidado, atención y diligencia para evitar la consumación del daño, lo que afectó la reputación y la credibilidad de que el accionante gozaba ante sus relaciones comerciales y restringió temporalmente su libertad para acceder al crédito. Máxime aun, si el accionado reconoció que la tarjeta había sido destruida, por lo que los gastos de renovación no podían serle exigidos y procedió a ajustar el saldo de aquella y a procurar dar la baja de la información en el registro de deudores y, a mas, reconoció su propia negligencia por carta documento. En síntesis, la desdorosa situación que debió atravesar el damnificado, permite tener por acreditado un estado de impotencia y perplejidad que produce incomodidad, desasosiego, consternación, zozobra moral, y que afecta la reputación, el buen nombre y decoro. Todo ello origina un cambio disvalioso en el bienestar de una persona al afectar su equilibrio anímico o estabilidad emocional y justifica su reparación. Por ende, las circunstancias que rodearon la inclusión del reclamante en distintos registros de deudores, objetiva y razonablemente evaluadas, ocasionan por el mero hecho de su acaecimiento un considerable sufrimiento y un estado de desmoralización frente a la alta dosis de omnipotencia e inequidad que evidencia la actuación de la entidad bancaria, en la que el cliente o ex cliente recibe un trato impropio y desconsiderado, en particular ante la disparidad de fuerzas existentes entre ambos contratantes. Tales circunstancias, constituyen la "torpeza calificada" a la luz del Cod. civil art. 902 y justifica por si sola la condena. (En la especie, se elevó de $2000 a $5000 el monto indemnizatorio).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, prescripción de la acción penal, secuela de juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Manzano, José Luis c/ Verbitsky, Horacio y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

No corresponde que la Corte Suprema se expida acerca de si la acción se halla prescripta, en el caso en que la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado impide evaluar la concurrencia de uno de los requisitos para que opere la prescripción, esto es, que el plazo no se encuentre interrumpido por la comisión de otro delito o por la secuela del juicio (Voto de los Dres.

Antonio Boggiano y Guillermo A.F. López).
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marini, Alfredo Silvio c/ Banco Alas Cooperativo Limitado s/ Ejecución de honorarios Arreghi, José Ignacio c/ Clínica y Maternidad Modelo s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29|2000-08-01

La excepción contemplada en la primera parte del art.18 de la ley 8904 solamente opera cuando se cumplen a la vez los requisitos que exige la segunda parte de dicho dispositivo legal, esto es, que no son ejecutables los honorarios regulados contra el litigante o representado, cuando los servicios profesionales de su abogado hubieran sido contratados en forma permanente mediante una retribución periódica, debiendo redactarse el contrato por escrito y registrado bajo responsabilidad del profesional en el Colegio Profesional Departamental.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Funes, Jorge Luis y otro s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

No puede alegarse violación del inc. 7 del art. 238 del Código de Procedimiento Penal si la confesión fue invocada por el fallo, precisamente, para probar el cuerpo del delito.
Indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: SONNANTE, ROSA BEATRIZ c/ MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

La indemnización que otorga la ley 9688 es parcial o tarifada por oposición a la civil, que es plena o total ('Tratado de Derecho del Trabajo' tomo IV, página 342), lo que excluye la procedencia del daño moral.
Seguros, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larroque, Germán D. c/ Gallo, Ignacio O. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

El rechazo de la prescripción interpuesta por la aseguradora resulta inoponible al accionado.-
Expresión de agravios, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: DAVILA, MARIA ANGELICA c/ TELLECHEA, RAUL FELIX s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-18

El concepto de critica "concreta y razonada", que ha de dar contenido a la expresión de agravios (art. 265 del CPC), exige al apelante la carga de realizar una exposición sistemática de la interpretación seguida en el fallo, señalando los errores in iudicando o in procedendo de la cuestiones decisivas relativas a los hechos y el derecho aplicado. Y esto debe precisarse, parte por parte, pues si no fuera así, los errores, omisiones y demás deficiencias atribuidas al fallo recurrido, darían pie a que fuera revocado sin mayor análisis ante alegaciones genéricas y asiladas, siendo este un verdadero despropósito, inconcebible en la teoría de la impugnación, que desvirtuaría la función jurisdiccional del Tribunal de Alzada.
Accidente de tránsito, motociclista, falta de uso de casco, automotores, conductor, deber de obrar con prudencia, velocidad reglamentaria, delito culposo
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: R., B. J. s/ Homicidio culposo (Expte. Nro. 113-00, Resolución Nro. 38, Tomo 41, Folio  46/48)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05

La falta de casco protector es un extremo que concurre como factor del lesionamiento, pero no excluye la causalidad entre el embestimiento y la muerte. El tema del caso puede tener reflejo en la distribución y cuantificación de la reparación patrimonial, pero no puede excluir la calificación penal que se endilga al procesado.

El conductor del automóvil no puede prevalerse de una medida que está en favor eminentemente de quien debe portar el casco, siendo que el siniestro tuvo origen en la imprudencia e impericia del imputado más allá de que pueda aceptarse cierta concurrencia de imprudencia por parte de la víctima que había intentado frenar con los pies, teniendo como hipótesis que pudiera haber arribado al cruce a velocidad inapropiada, circunstancia que aún así no pudo operar en el caso como factor de imprevisibilidad o inevitabilidad, dadas las características del ciclomotor que no permiten una velocidad que pueda llegar a implicar tal consecuencia.
Índices de actualización, salario del peón industrial, salario básico de convenio, Instituto Nacional de Estadística y Censo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bordó, Víctor c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Reajustes por movilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

En los casos en que se disponga la sustitución de los índices previstos en los artículos 49, 53, de la Ley 18037, - t.o. 1976 y sus equivalentes en textos ordenados anteriores - corresponde aplicar el índice del salario del peón industrial de la Capital Federal, ahora denominado salario básico de Convenio de la Industria y de la Construcción que informe el INDEC.
Sentencia, cosa juzgada, nulidad de sentencia, herederos
Materia: PROCESAL
Carátula: PAIVA, Haydée c/ GÓMEZ, Amado y otros s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

Si de las actuaciones cumplidas surge que la acción fue promovida con posterioridad al fallecimiento de un deudor y no enderezada contra sus herederos en violación al debido proceso y defensa en juicio de la parte deudora, corresponde decretar -aun de oficio- la nulidad de una sentencia respecto de ese coejecutado a pesar de que aquella se encuentre firme y pasada en autoridad de cosa juzgada aún cuando haya otros dos coejecutados. (Sumario N°20834 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Binstok, Juan c/ Facultad  de  Ciencias  Bioquímicas  y Farmacéuticas  de la  U.N.R. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-10

No media un supuesto de gravedad institucional, si el diferendo no trasciende el interés de las partes y tampoco se proyecta sobre la buena marcha de las instituciones.
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: LIZARRAGA GUILLERMO HUGO Y CAJAL RICARDO DARDO S.D. ROBO CALIFICADO E.P. FARMACIA SARMIENTO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-20

La acción material integrante de la figura del robo es el apoderamiento, el que se configura cuando la cosa mueble sale de la esfera de custodia de su legítimo tenedor (la víctima), entendido dicho ámbito como un espacio indeterminado, dentro del cual la víctima puede tratar de impedir la consumación del hecho.
Reclamación de la filiación, responsabilidad civil, indemnización, daño moral, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: L., S. M. c/ L., C. D. y otros s/ acciones de filiación - contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-05-19

Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda incoada en contra del progenitor -rechazando la fijación de alimentos y admitiendo la indemnización por los daños sufridos como consecuencia del no reconocimiento del demandado como su hija-, condenando a éste a abonar a la actora en el término de diez días y bajo apercibimiento de ley, la suma total de un millón veintiséis mil ($ 1.026.000) con más intereses. La falta de reconocimiento del progenitor constituye un hecho ilícito que genera su responsabilidad civil por conculcación del derecho subjetivo del hijo a su identidad biológica, lo que tiene sustento constitucional -arts. 75 inc. 22 CN; 32 Pacto San José de Costa Rica, entre otros- e infra constitucional -arts. 248, 254, 1066, 3296 bis y concs. Cód. Civ.-. Es así, que para destruir la relación causal lo cierto es que el demandado debió probar la existencia de alguna eximente a fin de acreditar que el reconocimiento de su hija fue temporáneo y voluntario, hecho que no se da en el proceso dado que éste no se presentó a la realización de la prueba genética, sumado a que ya había realizado una privada con anterioridad y que según sus propios dichos no conocía el resultado. En definitiva, ha quedado debidamente acreditada la responsabilidad del demandado al omitir voluntariamente el reconocimiento de su hija, lo cual permite inferir la procedencia del daño.
Policía, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Víctor David c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Se configura arbitrariedad en el ejercicio de la función disciplinaria si las resoluciones cuestionadas se apartan de la norma que expresamente prevé el caso (art. 54 inc. 11 dec. ley 9550 /80) y de los datos causales documentados en el expediente sin suministrar razones suficientes, limitándose a afirmar que la negligencia del actor fue extrema, posibilitando la fuga de detenidos sin agotar los recaudos a su alcance y afectando así gravemente la disciplina y responsabilidad de la repartición.

El órgano decisor en el caso debió especificar cuáles fueron las medidas que el demandante dejó de aplicar, cómo surgía comprobado el hecho y, luego, cuáles fueron los motivos para atribuirle magnitud tal como para proceder a la cesantía del agente.

Asimismo, debió extremar la exigencia de fundamentación explicando por qué, si la supuesta conducta infractora era susceptible de dos sanciones -una correctiva y otra expulsiva- se la encuadró en la de mayor gravedad, en manifiesto apartamiento de la opinión de los órganos consultivos.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, proceso penal, imputado, sobreseimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DAL LAGO, GUILLERMO OMAR Y DAL LAGO, OMAR JESUS c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO CON EXCESO EN LEGITIMA DEFENSA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-05-07

Asiste razón al impugnante en cuanto reprocha falta de motivación y arbitrariedad a la decisión cuestionada, toda vez que no existe certeza negativa -como exige la norma- en la causal que se invocara para confirmar el sobreseimiento, a la par que tal convalidación no fue precedida del análisis pormenorizado y motivado que las particulares circunstancias de la causa y la trascendencia de la resolución dictada -cierre definitivo e irrevocable del proceso en relación al imputado sobreseído- imponían, apareciendo apresurada y sin el sustento necesario y legalmente exigido, lo cual conduce a descalificarla a la luz de la doctrina de la arbitrariedad, correspondiendo dejarla sin efecto y remitir los autos al tribunal subrogante para que juzgue nuevamente la causa de acuerdo a las pautas aquí sentadas. (Del voto del Dr. Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe (texto conforme Ley 12912), artículo 356, inciso c
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, costas, costas en el orden causado, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pantano, Dionisio c/ Tendler Hermanos  SA . y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia, si la distribución de las costas de la alzada en el orden causado pone de manifiesto un enfoque parcial e inadecuado del asunto y prescinde de disposiciones específicas que resultan inequívocamente aplicables para una fundada solución del caso, con la consiguiente frustración de las garantías constitucionales de defensa en juicio y de la propiedad.
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, interposición del recurso, plazos procesales, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRIVALE Juan en J:"Hernández Juan c/María Herrera-Ejec.P." s/ Incidente de Desembargo (LIBRO: A073 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-21

La apelabilidad de los incidentes dentro del proceso ejecutivo, es uno de los casos especiales donde el plazo es de TRES DIAS y no cinco como lo determina el art. 133 del CPC. Al respecto el art. 94 no determina plazo para la apelación.-
Competencia civil, compraventa inmobiliaria
Materia: CIVIL
Carátula: BESTANI, José Luis c/ SERAFINI Y COMPAÑIA S.A. s/ SUMARIO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

La compraventa de un inmueble es de competencia civil, independientemente del carácter mercantil que pudiera ostentar alguno de los sujetos intervinientes, carácter que no puede ser desvirtuado por la circunstancia de tratarse de un edificio en construcción.-
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Borenstein, Bárba Luz c/ Asociación de Concesionarios deAutomotores de la Reública Argentina ACARA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Si se admitiera la tesis de que el contrato de trabajo continuó después del despido -normalmente, la presencia del trabajador en el establecimiento para cumplimiento de sus tareas habituales, consentida por el empleador, justificaría una inferencia tal- la inejecución de la prestación laboral desde entonces obstaría a la percepción de remuneraciones y coloraría el problema de su extinción en las inmediaciones del artículo 241 in fine L.C.T..(Más aún: en el caso, como la interpelación de la actora fue contestada conciliatoriamente y no tenía derecho a percibir salarios por servicios no prestados, el despido indirecto, pronunciado casi un mes después, podría ser calificado como improcedente).
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, regulación provisoria, salario de asistencia y salvamento
Materia: PROCESAL
Carátula: LAGO CASTRO, ANDRES MANUEL c/ PESQUERA SAN CARLOS  S.A. s/ COBRO DE PREMIO POR ASISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-16

El valor cuestionado no surge de la demanda, por haberse solicitado la fijación del salario de asistencia, que será determinado en los pertinentes peritajes. Tampoco es posible considerar la suma exteriorizada provisionalmente a los fines del embargo peticionado. No obstante, esos elementos de juicio deben utilizarse como pautas orientadoras, valoradas en los términos del art. 6, incs. a), b) y f) del arancel, para regular provisionalmente los emolumentos del ex letrado apoderado de la demandada.
Prescripción, responsabilidad extracontractual del Estado, aplicación de la ley, prescripción bienal
Materia: CIVIL
Carátula: Civale, Vicente Alberto y otros c/ E.N.T.E.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-12

La acción por responsabilidad extracontractual del Estado es de prescripción bianual.

Después de la reforma de la ley 17.711, el art. 4037 del Cód. Civil, que establece el plazo de prescripción bienal, abarca todos los supuestos referidos a la responsabilidad extracontractual de la Administración, sin que sea válido diferenciar según se trate de la actividad lícita o ilícita del Estado.

Asimismo, el art. 4037 del Cód. Civil es aplicable supletoriamente en el ámbito del derecho administrativo, cuando está en juego la responsabilidad extracontractual de la Administración.
Jurisdicción, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ RESOLUCION Nº 4.754, 4.801 DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-04

La necesidad de que exista un cauce para que toda persona pueda plantear las cuestiones que estime procedentes en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos lleva consigo también la necesidad de que haya por lo menos una jurisdicción que se estime competente para resolver esas cuestiones. Esta es precisamente la finalidad de las normas de competencia, establecer que órgano judicial es el encargado de otorgar esa tutela.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Raúl Agustín y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La garantía legal prevista en el art. 56 de la ley 21.526 sólo ampara los negocios genuinos y legítimos; asegura la restitución de aquellas sumas de dinero que han ingresado efectivamente en el sistema financiero, en los términos de las normas legales y reglamentarias vigentes.
Facultades disciplinarias, caducidad de instancia
Materia: LABORAL
Carátula: FOLETTO, JAVIER ATILIO c/ RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA DEL NOTARIADO DE E.R. DEL 01/12/09 s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-11-05

La aplicación analógica a la causa disciplinaria de las normas del procedimiento civil que regulan el instituto de la caducidad, no resulta procedente toda vez que este instituto es de aplicación e interpretación restrictiva y no debe ser extendido por vía analógica máxime cuando existe regulación expresa en elart. 32 de la ley 4109, en donde se establece que el inicio del trámite interrumpe la caducidad.
Honorarios, pago, plazo, cómputo del plazo, mora, intereses moratorios
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMBUCCI  S.A.  IND. TEXTEIS c/ TERADYS  S.R.L. s/ CESE Y NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

A partir de la notificación de la regulación comienza a correr el plazo establecido por el art. 49 de la ley 21.839, el que debe ser contado por días corridos pues la mencionada norma no contiene salvedad en contrario, y a cuyo término -oportunidad en que se configura la mora- se devengan los correspondientes intereses moratorios.
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: Frizzo de Vaira, Fabiana Edith c/ Federighi, Alfredo Nicolás y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-06-03

La actora a pesar de desempeñarse como bailarina en el Gran Ballet Argentina, no contaba con un ingreso regular, pues dependía de actuaciones o contrataciones aisladas. De allí que a los fines de fijar la indemnización, el monto del salario mínimo, vital y móvil resulte excesivo y solamente debe ser tomado como pauta orientadora. De las circunstancias analizadas resulta justo, prudente y equitativo, tomar la mitad del salario mínimo, vital y móvil como base para establecer la indemnización.