Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-14


En la ciudad de Trelew, a los 14 días de mayo del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"A. H., H. c/ P. S. N. SRL e I. P. P. SA y P. A. SA s/ Cobro de Hab. e Indemnización de Ley." (Expte. N° 21978 - año 2007) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 432 A LA PRIMERA CUESTION, el Dr. Vergara dijo:-1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 412, que fuera concedido a fs. 413, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 406/410 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por H. H. A. y condenó a I. P. P. S.A. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $19.643,73.-, con más sus intereses, en concepto de indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T., agregado por el art. 45 de la ley 25.345, con más sus intereses, y asimismo desestimó la demanda instaurada contra P. S. N. S.A. y P. A. S.A., con costas a la sociedad vencida por el progreso de la demanda y al actor por su rechazo.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 obra a fs. 416/418, el traslado conferido a fs. 419 fue evacuado por su contraria a fs. 420/421, y sostiene básicamente el accionante que la calidad y extensión de la sentencia nos demuestra que ha sido muy magro el esfuerzo intelectual realizado por el a quo.

Hasta la homologación del CCT Res. N° 65/2000 a los tripulantes de la flota de pesca costera no se le pagaba ni el S.A.C., ni las vacaciones, ni los francos compensatorios, y no se les aportaba al sistema previsional. La situación de los tripulantes ha ido cambiando para bien pero siempre se advierte la misma actitud fraudulenta del sector empresario: ocultar siempre la mayor información y documentación posible de cada empresa.

De la prueba documental en su poder surge que le pagaron numerosos francos compensatorios y estima que le estarían adeudando por lo menos 81 días, señala que del informe pericial resulta que en el período enero a marzo de 2001 hubo meses en que el actor salió a navegar 28 de los 30/31 que tiene cada mes, y en ese caso el actor devengó a su favor 9 días de franco al mes.

Se ofreció numerosa prueba documental en poder de las demandadas, pero lamentablemente la han ocultado e incluso de mala fe negaron las copias que el actor presentó. Se incorporaron varios informes de la Dirección Provincial de Pesca del Chubut y de la Prefectura Naval Argentina de Puerto Rawson.

Se ofrecieron otros juicios contra las demandadas y si en cada uno de ellos se probó claramente el valor del langostino chico y grande desde octubre de 2000 a julio de 2002, como puede afirmar el a quo que no se demostró en este expediente cual ha sido su precio.

No tuvo en cuenta las dos facturas "A" obrantes a fs. 225 del expte. J. expedida por I. P. S.A. a favor de la empresa H. S.A. que le compró a $2,50.- el langostino grande y $1,50.- el chico. Incluso en este expediente en su informe el perito contador manifiesta que en caso de corresponder debe adicionarse un 10% por calidad.

Se demostró los precios de los productos de mar, y en que consistía el salario a la parte, el salario básico, el salario garantizado, los francos compensatorios. Se exigió numerosa documentación que legal y obligatoriamente debe confeccionar y guardar por 10 años la demandada, la que fue maliciosamente ocultada.

Por esa razón se precisó que se le adeuda a A. aproximadamente un 35% del salario que se le abonó. No se anexaron transitoriamente a este expediente los otros cuatro expedientes ofrecidos como prueba documental.

Atento que se acreditó la existencia de un mismo grupo económico solicita se notifique también a las otras empresas componentes de ese grupo económico la sentencia de segunda instancia. Los testigos reconocieron que en la temporada baja (junio a octubre) A. tomaba sus vacaciones anuales y se iba a visitar a su familia a Mar del Plata.

Pone de relieve al anexo VI de la pericia contable con baja liquidación de sueldos para junio de 2001 e inactividad para julio y agosto de ese año. Señala que desde septiembre de 2001 al 23 de junio de 2002 gozó 117 días de francos compensatorios. Se demostró que se sometió a estudios médicos en Mar del Plata del 25 al 26 de julio de 2002, y que en agosto le vencía su anterior certificado de aptitud física.

Trabajó durante más de 13 años para la demandada. De la documental ofrecida y de los dichos de los testigos surge que de junio a septiembre y a veces hasta octubre por el mal tiempo existente los buques de pesca costera con asiento en el Puerto de Rawson no salen a navegar.

En ese contexto quien puede creer que la empresa actuó de buena fe intimando a A. a los pocos días de desembarcar y de irse a Mar del Plata, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de tareas.

La mala fe de la empresa es indignante y el verdadero problema es que empezó A. a actuar como dirigente gremial del S.... Al momento del despido la empleadora sabía que estaba en Mar del Plata en su domicilio familiar gozando de vacaciones y francos y control médico.

Advierte que el perito informó en el anexo VI que abril, mayo y junio de 2002 no hubo partes de producción y no encontró pago alguno de sueldos al actor por esos meses. Peticiona se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia, con costas.

A su turno, en su escrito de contestación de agravios expresa la demandada que la reseña histórica sobre el origen de los acuerdos laborales, manifestación acerca de la actitud fraudulenta del sector empresario en el sentido de ocultar información, y mención de fotocopias de la normativa aplicable no es crítica concreta del fallo apelado.

La reseña de la prueba al punto 1.6. es materia de un alegato pero no constituye la base de un memorial de agravios. La referencia a otros expedientes contra la misma empresa no puede servir como base de agravios. En el capítulo "nuestro comentario" incurre en una serie de inexactitudes, cuál es el precio de los langostinos y del remanido y supuesto fraude empresario.

Si se repasa la documental acompañada por el actor advertirá que los empleados tenían a su disposición al terminar cada viaje una copia del remito de pesca mediante el cual sabían perfectamente cuál es la cantidad de pesca habida en cada salida.

Por ello, hablar de ocultamiento de documentación pasa por la imaginación del actor. Los rubros reclamados debieron ser materia de pruebas concretas que no se realizaron y mucho menos se acreditó la veracidad de los rubros reclamados y la suma adeudada. El agravio referido al rechazo de la pretensión de indemnización por despido no es crítica concreta y razonada de la sentencia. Solicita se confirme el decisorio.

Finalmente formula manifestación sobre la condena, y si bien admite que no dedujo la pertinente apelación destaca que el certificado de trabajo se presentó a fs. 50 vta. y se proveyó tal presentación a fs. 51, circunstancias que demuestran el error del señor Juez por lo que solicita así se decida.

2. Comenzaré el tratamiento de las quejas vertidas a partir de considerar el cuarto agravio titulado "Período de vacaciones habitual" pues el mismo está referido a la desestimación de la demanda en cuanto al reclamo por los rubros indemnización por antigüedad, e incrementos previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y art. 16 de la ley 25.561 al considerarse justificado el despido decidido por la codemandada P. P. S.A. por hallarse incurso el trabajador en abandono de trabajo.

Y sin perjuicio de remitirme a la reseña ya efectuada al punto 1 que antecede, cabe destacar brevemente que el apelante a fs. 417 vta./418 destaca que se encontraba desde junio de 2002 tomando sus vacaciones anuales para luego gozar de francos compensatorios, que se sometió en el mes de en julio de ese año a estudios médicos, como también la necesidad de obtener el certificado de aptitud física ya que el anterior vencía en el mes de agosto.

También alude a la mala fe de la empleadora pues conocía donde se encontraba, y señala que el verdadero problema radicó en que comenzó a actuar como dirigente gremial del S....

Esta breve narración de la cuestión permite hacer notar que tales manifestaciones son una clara reiteración de las expresiones ya vertidas a fs. 401 vta. al presentar esa parte el alegato de bien probado, por lo que no hay agravio que atender al incumplir la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69.- Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal.

Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 357/358, y cita de fallos).

Es que, con tales manifestaciones el apelante elude hacerse cargo de los fundamentos brindados por el juzgador a fs. 408 y vta. que resultaron determinantes para desestimar su postura, y desde que el razonamiento seguido en el fallo venido en recurso no fue objeto de embate alguno, no hay agravio que atender.- A ese respecto bien señaló el Sr. Juez de la anterior instancia que en julio de 2002 fue intimado a retomar tareas y que el día 5 de agosto de ese año se le comunica su despido por abandono de trabajo -fs. 122 de la documental reservada.

Revisada la documentación aportada por las partes, en particular el contrato de ajuste -fs. 97-, observo que el domicilio fijado por H. H. A. era el de ............. .... de Playa Unión, y que es éste justamente el lugar o ámbito físico al cual fueron remitidas las intimaciones y posterior comunicación del despido.

No alcanza a torcer mi decisión respecto a que las intimaciones y posteriormente la comunicación de contenido resolutorio surtieron el efecto pretendido, el hecho que los testigos declaren que era sabido que el empleado tenía su familia en la ciudad de Mar del plata, lugar éste al cual se desplazaba en épocas de vacaciones para gozar de su descanso anual y de los francos compensatorios pues lo cierto es que debo estar a hechos concreto debidamente acreditados y apoyados en medios probatorios idóneos encaminados a formar mi convencimiento respecto de aquellos tópicos que deben ser demostrados a través de ellos.

Lo concreto es que nos encontramos frente a un despido directo, con invocación de causa específica cual es el abandono de trabajo, dispuesto y comunicado debidamente en el mes de agosto de 2002, resultando un hecho indiscutido que al tiempo en que I. P. P. S.A. tomó su decisión A. no se encontraba en la zona, siendo ello otro hecho que no necesita ser probado pues así lo señala en el escrito de demanda, el punto pasa por saber si efectivamente la demandada- empleadora por aquel entonces se encontraba en conocimiento de que su empleado se encontraba fuera de su lugar habitual de residencia y es éste justamente el punto en el cual no he podido lograr mi convencimiento, -ni aun luego de la lectura de las declaraciones testimoniales- de tal manera estimo que la ruptura de la relación de trabajo fue adoptada dentro del marco dispuesto en la L.C.T., más precisamente en su art. 242 de ese cuerpo normativo.

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.- La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).- Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).

Sólo a mayor abundamiento señalaré que los fundamentos del juzgador concuerdan con las circunstancias comprobadas de esta causa ya que el contrato de ajuste, que en este acto se tiene a la vista y que reservado corresponde a fs. 97, indica como domicilio del tripulante "................. ..... Playa Union Localidad Rawson". Y a esa dirección fueron cursadas las intimaciones a presentarse a trabajar del 24 y 29 de julio de 2002 (ésta última bajo apercibimiento de ser considerado como abandono de trabajo) y la comunicación rescisoria del 31 del mismo mes y año, conforme prueba documental acompañada por el actor (A.5., fs. 16) y que reservada en este acto se tiene a la vista y corresponde a fs. 64/66 (telegramas Nos. 137, 168, y 191).

Por eso, ante la intimación patronal y silencio del trabajador, que pretendió presentarse a tomar labores en el mes de octubre de 2002 como lo destaca la sentencia de la anterior instancia a fs. 408, se configuró el abandono del trabajo previsto por el art. 244 de la L.C.T.

El abandono del trabajo se caracteriza por el incumplimiento realizado unilateralmente por el trabajador que no se reincorpora no obstante el requerimiento del empleador.

Y para evitar interpretaciones equívocas respecto de la conducta del trabajador que hace abandono de tareas sin otro tipo de expresión formal de su voluntad, la L.C.T. prevé que se lo constituya en mora mediante intimación fehaciente para que se reintegre al trabajo en un plazo determinado.

Si la intimación es desoída por el trabajador, se presume la existencia de abandono del trabajo, configurándose entonces la causal de distracto laboral (Meilij, Gustavo Raúl, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, par. 1905, 1909 y 1910, págs. 488/490).

Para que la omisión del trabajador de prestar el trabajo comprometido sea invocable como injuria, el artículo comentado (art. 244 de la L.C.T.) impone al empleador una carga consistente en la "previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso".

No se trata en rigor de una constitución en mora sino de la última comunicación del empleador tendiente a manifestar la voluntad patronal de que el trabajador se reintegre a sus tareas, que su ausencia no será más tolerada y que su renuencia a reincorporarse será apreciada como una injuria que, por su gravedad, no consiente la prosecución de la relación (Etala, Carlos Alberto, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 537).

De tal modo, si el trabajador no responde a la intimación, reincorporándose inmediatamente al trabajo o justificando su ausencia de alguna manera, queda tipificado el "incumplimiento calificado" a que se refiere el art. 244 de la LCT, que se traduce en una ausencia prolongada y en el desdén por la intimación, lo cual justifica sin más el despido (conf. Vázquez Vialard, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1984, T. 5, pág. 389).

Así, el razonamiento seguido por el juzgador que vertebró el decisorio sobre tal cuestión no fue objeto de concreto agravio.

Y en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", obra y tomo citado, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

En consecuencia, en este tramo de la queja el apelante incurrió deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C. por remisión del art. 76 de la ley 69).

3. Respecto de los francos compensatorios sostiene el quejoso que según la documental en su poder se adeudan por lo menos 81 días.

En tal sentido, evidente resulta la imprecisión del reclamo en demanda ya que en el escrito inicial se alegó que "fueron gozados en su gran mayoría, pero la mayoría de ellos se adeudan" sin dar otras pautas, señalando en tal sentido que los conceptos que se reclaman provisoriamente "serán determinados por el perito contador actuante" (fs. 13, acápite IV. y IV. 1., respectivamente).

Y el accionante no acreditó el extremo invocado (saldo por falta de pago de francos compensatorios) cual era su carga conforme lo establecido por el art. 377 del C.P.C.C.

Al respecto, nada informó el perito contador en su presentación de fs. 352/353 y vta., en tanto que en su ampliación de informe señaló que en el anexo VI se liquidan los salarios correspondientes a cada mes, incluyendo entre otros rubros, los francos compensatorios (fs. 382 vta.).

Nótese que al presentar el actor su alegato de bien probado se limitó a señalar con relación a este rubro que se adeudan "Saldos de salarios por francos compensatorios" (fs. 402 vta.) sin otra precisión.

Es más, en su escrito inicial en la ya citada fs. 13, bajo "Nota 3" manifestó el actor que según el recibo de haberes del mes de marzo de 2002 se abonaron $798.- de francos compensatorios, y aun cuando admitió que firmó el recibo alegó que no se depositó ese importe tal como lo iba a acreditar en autos, pese a lo cual no ofreció ni produjo la prueba idónea a ese respecto, cual era la prueba informativa al Banco F., Sucursal Trelew (ver ofrecimiento de prueba, punto V. F., fs. 17 y vta., y ampliación, p. G., fs. 22 y vta.; y certificación de la Actuaria de fs. 390/vta.), pues se limitó a ofrecer pericial contable (p. H.9, fs. 22 vta.) la que no arrojó resultado alguno (ver fs. 353 vta.).- Por tales fundamentos, no habiendo acreditado el presupuesto de hecho que invocara (falta de pago de ese rubro) como fundamento de su pretensión (art. 377 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69) se desestima esta porción de la queja.- 4. Pone de relieve el apelante que la documental ofrecida en poder de la demandada fue ocultada, se agravia al considerar que se probó en cada uno de los expedientes ofrecidos como prueba documental el valor del langostino chico y grande desde octubre de 2000 a julio de 2002.

Destaca que la documentación requerida era indispensable para cotejar si le han liquidado bien o mal el salario a la parte, por lo que el importe y concepto reclamado no deja dudas.

Al respecto, la parte actora en su acápite V.B. de su escrito inicial ofreció prueba documental en poder de las demandadas, en especial la individualizada a los puntos 3., 10., 11., 12., y 13 (fs. 16 y vta.), y conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386, 387, y 388 del C.P.C.C.) pondero que la misma era esencial para determinar si resultaba procedente su reclamo por diferencias salariales formulado al punto IV. 7. (fs. 13 vta./14).

Ese ofrecimiento de prueba dio lugar a que el Juzgado al correr traslado de la demanda intimara a la codemandada I. P. P. S.A. a fin que en el mismo plazo fijado para presentar el Libro Especial acompañara también "la documental individualizada en el punto B) incs. 1, 3/13 de fs. 16 y vta." (providencia de fs. 33).- Sin embargo, pese a la notificación de fs. 40/vta. esa codemandada en su escrito de contestación de fs. 70/72 vta. no acompañó la misma y ninguna explicación brindó sobre tal omisión.-Y destaco que el art. 388 del C.P.C.C. no requiere que la intimación contenga apercibimiento alguno.

Para que se genere la presunción prevista por la normativa basta con que la parte a la que se dirige tal intimación no de respuesta a la misma.

En tales condiciones, en atención a los alcances del art. 388 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69, si bien nadie está obligado a suministrar pruebas en contra de sí; no obstante la ley ha establecido ciertas cargas, cuya inobservancia produce consecuencias desfavorables al sujeto de ellas quien de esta forma proporciona prueba a su contraria.

Y la negativa a presentar la documentación sólo constituye una presunción en contra del intimado, cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido (conf. Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. II, págs. 357/358).

Se trata esencialmente de una carga y su omisión crea una presunción en contra de quien debió hacerlo. La presunción que surge como consecuencia de la negativa a la presentación y otros elementos de juicio (conf. Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, par. 388.9.3., pág. 209).- Y existen otros elementos de juicio que hacen verosímil la diferencia del salario a la parte invocada sobre la base de la existencia de langostino grande. En tal sentido, el accionante ofreció como prueba las actuaciones caratuladas "J., J. C. c/ I. P. P. S.A.-Expte. N° 7909/2002" (p. D.4., fs. 17), radicada en esta sala "B" bajo c. 21.946/07 que en este acto se tiene a la vista, y a dicho expediente hizo referencia concreta en su queja a fs. 417.

En dicha causa se encuentran agregadas a fs. 255 y 256, con la contestación de fs. 257 de H. S.A., copias de dos facturas de venta Nos. 0002-00000330 y 0002-00000316, del 04/12/2001 y 06/11/2001, respectivamente, emitidas por I. P. P.

S.A., con precios diferenciados en el kilo de langostino, 2.875 kgs. a $2,50.- y 625 kgs.- a $1,50.-, la primera, y 3078 kgs. a $2,50.- la segunda, prueba instrumental que cabe ponderar desde que la misma fue expedida por la mencionada codemandada y practicada en ese proceso con su debida intervención y contradicción (conf. Devis Echandía, Hernando, "Compendio de la prueba judicial", Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, T. I, par. 89, pág. 176).

Desde otra perspectiva, debe ponderarse la actitud renuente de la citada sociedad al no brindar la documentación necesaria que permitiera cumplir con la pericia contable ordenada a fs. 81/vta., pues el experto señaló en su informe al punto 1 de la pericia la imposibilidad de cumplir con su cometido.

Así, señaló:"En virtud que la empresa no puso a disposición de este perito los Remitos de la carga de cada viaje (art. 9 CCT aplicable), de los cuales surge la producción del buque a ser tenida en cuenta para el cálculo del valor de la producción del buque (art. 25 CCT aplicable) y la posterior liquidación de las partes (art. 24 CCT aplicable), resulta imposible determinar si dichos salarios han sido liquidados correctamente conforme a la legislación vigente" (fs. 352 vta.).

A su vez, con relación al punto 6 precisó que requeridas las facturas de venta de langostino y otros productos de mar le manifestó personal de esa empresa que "no estaba dispuesta a mostrar la documentación solicitada .", reiterando asimismo al punto 7 que "no se puede determinar la correcta liquidación de los salarios que devengara el actor" (fs. 353) (el subrayado me pertenece).

En ese marco, debe atenderse a la regla de distribución de la carga de la prueba al colocar la misma en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla (conf. Peyrano y Chiappini, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas", E.D. 107-1005).- Así, no parece suficiente ni valioso el solo manejo de la "regla" conforme a la cual el actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquéllos.

Ante ese cuadro el juez, de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por las partes, reparará en la quiebra del deber de cooperación, haciéndolo jugar en contra del infractor al representar un módulo de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación de las afirmaciones controvertidas.

Expresándolo con las palabras del artículo 163, inciso 5°, apartado 2° del Código Procesal, esa falta de cooperación activa, entre otras matizaciones, traduce "la conducta observada por las partes durante la sustanciación del juicio y podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, inclusive los indicios y presunciones, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones" (conf. Morello, "La Prueba. Tendencias modernas", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1991, págs. 60/61).

Ello significa que las partes deben colaborar con el juzgador aportando los elementos que permitan dilucidar el caso, recayendo la carga probatoria en cabeza de aquel que se encuentre en mejor situación de probar, por lo que su conducta pasiva aferrándose a una mera negativa constituye una violación al principio de buena fe y al deber de colaboración que el juez no puede dejar de valorar al tiempo de dictar sentencia, en los términos previstos por el inc. 5° del art. 163 del C.P.C.C.

A su vez, si el C.C.T. aplicable en su art. 25 al fijar el valor de la producción establece valores por kilogramo de $1,40 y $2.- para el langostino chico y grande, respectivamente, con más el 10% adicional si reúne las condiciones de calidad necesarias, es evidente la posibilidad de captura de ambas categorías de ese producto.- Por ello, si bien se encuentran reunidos los presupuestos para generar una presunción en contra de la codemandada I. P. P. S.A., ello no significa adoptar sin más las pautas señaladas en demanda al punto IV.7.2. y siguientes en el sentido que todos los kgs. de langostino debieron abonarse a $2,20.- (fs. 13 vta./14) ante la falta de presentación de la documentación necesaria para realizar la pericia contable.- Nótese que el propio convenio colectivo alude a distintas categorías de langostino y a un adicional por calidad si se reúnen las condiciones necesarias, por lo que no resulta verosímil sostener que siempre se capturó langostino grande de calidad óptima como pretende indicar el actor a fs. 13 vta./14, y menos aun que nunca hubo langostino roto o sucio.

Tal afirmación de la parte se contrapone con la ocurrencia normal de los hechos, por lo que conforme a las reglas de la sana crítica cabe señalar que no todo el conocimiento está en la ciencia. Hay infinitas lagunas y recovecos que sólo pueden ser completados con la experiencia diaria.

Se trata de que los sucesos ocurren de un modo normal y natural conforme al conocimiento que se va adquiriendo paulatinamente de modo personal y social. Es lo que se llama el modo normal y natural de ocurrir las cosas (conf. Falcón, "Tratado de la prueba", Astrea, 2003, T. 1, pág. 226).

También cabe tener en cuenta que de la documental agregada por el propio actor (A.4., fs. 16 y reserva de fs. 23) resulta la existencia de langostino chico (ver planillas de control de producción reservadas bajo fs. 39 y 47/49, correspondientes a octubre de 2001 y noviembre de 2001, respectivamente).- Asimismo, desde que los partes de pesca no efectúan distingo alguno entre langostino grande y chico pues sólo consignan los kgs. de la "captura total" (partes de pesca que en este acto se tienen a la vista cuya reserva fuera ordenada a fs. 237 ante la contestación de la Secretaría de Pesca, punto a) de fs. 236), no puede tampoco considerarse las conclusiones a las que arriba la perito actuante en su ampliación de informe de fs. 382 y vta. ya que sobre la base de tales partes consigna el total de la captura como langostino grande a $2.- con más el 10% de adicional por calidad (ver anexo V, fs. 364/vta., 366/vta., 368, y 369/378).- Y respecto al langostino roto o con melanosis, normalmente se da en la captura y ello incide en la calidad final del producto de mar, como también el lugar de captura y tipo de red utilizada, según que la embarcación cuente con red de arrastre o con tangón (redes selectivas a babor y estribor que por lo general tienen los buques congeladores), destacando que el buque "D. P." lleva red de arrastre y no tangón como resulta de los partes de pesca que en copia obran en la documental reservada que en este acto se tiene a la vista.

A su vez, el tamaño y calidad del langostino no sólo depende del lugar sino también de la época de su captura y del año de la pesca (en el caso se reclama por el período que va del 01/12/2000 al 31/07/2002, fs. 13).

Y con relación a la época, cuyo período normal va desde octubre a abril, se presenta más grande el langostino hacia octubre y noviembre y más chico a medida que transcurren los meses hacia abril.

Lo expuesto permite poner de relieve que, por un lado resulta inadmisible tomar la pretensión expuesta en demanda, y por el otro se carecen de pautas precisas para la liquidación del reclamo al no contarse con documentación esencial, en particular las planillas de control de producción y/o los remitos de la carga.- En tales condiciones, corresponde acoger parcialmente el agravio en cuanto al reclamo por diferencias del salario a la parte, y en uso de la facultad conferida por el art. 165 del C.P.C.C. estimo prudente y razonable que para el período reclamado establecer como pauta que sobre la base de la liquidación practicada en los recibos de haberes, para el rubro "Sueldos Prod. D. P." y con relación a la captura de langostino exclusivamente, desde que la producción puede conformarse con otras especies, se tome un 50% de langostino chico y un 50% de langostino grande, con más un adicional de calidad de un 10% a aplicarse sobre un 50% del total.

Con dichos parámetros, conforme lo dispone el art. 516 del C.P.C.C., el perito contador designado de oficio deberá liquidar las diferencias del salario a la parte del actor correspondientes a la pesca de langostino en el período que va del 01/12/2000 al 31/07/2002 (reclamo de fs. 13), teniendo en cuenta para ello que a pesar de la fecha de interposición de la demanda la codemandada a la que se la condena I. P. P. S.A. no invocó la prescripción del crédito en los términos del art. 256 de la L.C.T. y la misma no puede declarase de oficio (art. 3964 del Código Civil), debiendo el Sr. Juez de primera instancia fijar el plazo para que el experto cumplimente esa tarea.- 5. Entiende el recurrente al punto 3 de fs. 417 vta. que se encuentra acreditado la existencia de un mismo grupo económico y requiere se notifique la sentencia de Alzada a las otras empresas componentes de ese grupo.

Con tal manifestación no se precisa cual es el gravamen sufrido por el recurrente a consecuencia de la resolución recaída, y el gravamen es presupuesto de la incoación del recurso (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, pág. 196).- La apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99).

En consecuencia, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).6.

Resta por considerar el pedido de la demandada de fs. 421 que formula al momento de contestar el traslado conferido a fs. 419.

En tal sentido, desde que esa parte no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de la anterior instancia no se encuentra habilitada esta Alzada para atender argumentaciones tendientes a sostener un recurso que no se interpuso, por lo que no cabe ejercer función revisora alguna, pues de lo contrario se violaría el principio dispositivo.- El fundamento de las limitaciones impuestas a los tribunales de Alzada está inspirado esencialmente en el principio dispositivo; es decir, tales limitaciones se producen por la actitud de los propios litigantes.

El principio dispositivo en sentido material encuentra su justificación lógica en el derecho de disposición que tienen todas las personas de sus derechos materiales (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, pág. 114).- En ese contexto, inaudible resulta el tratamiento del pedido formulado a fs. 421 lo que sí se declara.

-7. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación, incrementando el capital de condena al hacer lugar al reclamo del actor por diferencias existentes en el salario a la parte, a cuyo fin y conforme lo previsto por el art. 516 del C.P.C.C. el perito contador designado de oficio deberá liquidar las mismas desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 31 de julio de 2002 sobre la base de las pautas indicadas al punto 4 que antecede, con más los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia desde que cada una de las sumas fueron debidas y hasta el efectivo pago, en el plazo a fijar por el Sr. Juez de primera instancia.

Desde que el incremento del capital de condena no modifica el régimen de imposición de costas establecido en la anterior instancia a cargo de la codemandada I. P. P. S.A., a cuyo respecto esa sociedad no interpuso recurso de apelación, en tanto que los honorarios fueron regulados en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente al nuevo importe, no será necesario practicar las adecuaciones previstas en el art. 279 del C.P.C.C.- Teniendo en cuenta el éxito parcial del agravio referido al reclamo por diferencias existentes en el salario a la parte, y el fracaso de los vertidos respecto a la desestimación de las indemnizaciones por el despido dispuesto y francos compensatorios, estimo prudente propiciar al Acuerdo la imposición de las costas de Alzada, en un 80% al actor y en un 20% a la demandada, por responder de ese modo a la medida del éxito y fracaso de las quejas vertidas (art. 71 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo prudente establecer los honorarios de los Dres. R. J. C. y E. R. M., letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,10% y 3,53%, respectivamente, del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Vienen hasta esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación que a fs. 412 dedujera la parte actora, concedido a fs. 413, contra la sentencia del anterior grado que corre a fs. 406/410, por la cual se hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el Sr. H. H. A., condenando a I. P. P.

S.A., para que en plazo que determina abone al actor la suma de $ 19.643,73, con más los accesorios fijados, y ello en concepto indemnizatorio conforme la manda contenida en el último párrafo del artículo 80 de L.C.T., incorporado por el artículo 45 de la Ley 25.345, con más sus intereses, y rechazó la demanda contra P. S. N. S.R.L. y P. A. S., e impone las costas a la demandada perdidosa por la parte del pronunciamiento que hace lugar a la demanda, y a la parte actora por la parte que es desestimada.

A fs. 416/418 se halla incorporado el informe que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y concedido a fs. 419 el traslado pertinente, el mismo es respondido por la contraria mediante el escrito que luce a fs. 420/421.- A fs. 431 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

He de señalar que la descripción de los agravios vertidos por el actor, ya han sido adecuada y suficientemente explicitados por el Sr. Vocal que precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en homenaje a los principios de economía procesal, omitiré su reiteración, siguiendo en las cuestiones a dilucidar, y en todo aquello que estime pertinente, el orden de tratamiento ya perfilado en el voto anterior.

II.- Así, pues, en aras de las pautas de análisis prefijadas, ingresaré al estudio y posterior decisión de los temas llegados a debate.- II.a) Conforme ello, en primer lugar he de abordar la queja postulada con relación al rubro de período de vacaciones habitual, en atención a la estrecha vinculación que esta cuestión puntual tiene con el rechazo de la demanda en lo que hace a los rubros de indemnización por antigüedad y los incrementos contemplados en los artículos 1° y 2° de la Ley 25.323 y 16° de la Ley 25.561, y ello teniendo en cuenta que el despido del actor se produjo fundado en la causal de abandono de trabajo.- Resulta pertinente resaltar que a fs. 408/408 vta. del decisorio en crisis, de manera fundada el juzgador explicitó los fundamentos que lo llevaron a su convencimiento que la ruptura del vínculo laboral se produjo por despido directo, con invocación de causa específica justificada en el abandono de trabajo, dispuesto y comunicado debidamente en el mes de Agosto de 2002, motivo por el cual desestima los pretensos rubros indemnizatorios en concepto de antigüedad, preaviso, artículos 1° y 2° de la Ley 25.323 y la prevista en el artículo 16 de la Ley 25.561.- En el sentido indicado, no puede obviarse que los agravios vertidos por el apelante consisten en una reiteración de los argumentos que ya expresara en su escrito de alegatos agregado a fs. 399/403, y que el juzgador tuviera oportunidad de considerar al emitir su pronunciamiento.

Por tal razón, es de advertir que la queja del actor recurrente no cumple la manda impuesta por el artículo 265 del código de rito, en lo que hace a constituir una crítica razonada y concreta del fallo impugnado, eludiendo en su ataque recursivo hacerse cargo de las argumentaciones esgrimidas por el Sr. Magistrado de grado en cuanto a los rubros desestimados.- Sin perjuicio de ello, y a todo evento, señalaré que el abandono de trabajo se configura por el silencio del dependiente ante el requerimiento para que reanude su labor.

Está constituído por el propósito, no exteriorizado, de no retornar al mismo (conf., entre otros, Sardegna, Miguel A., "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, año 1999, p. 779 y sgts.).

Así, el abandono de trabajo como figura de desvinculación laboral requiere que el trabajador guarde silencio a la interpelación del empleador, que quede evidenciado el propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna (conf., Grisolía, Julio A., "Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", LexisNexis, año 2006, p. 353 y sgts.; idem, CNTrab., Sala 5ª, in re "M., R. N. c/ Banco de C.", del 20/02/2003).- En este contexto, se comprueba que el sentenciante ha apoyado su decisión en las constancias habidas en la causa, entre ellas la que surge de fs. 97 (reservada) conteniendo el contrato de ajuste, y en el que se consigna que el domicilio fijado por el trabajador se halla ubicado en la calle ............... de Playa Unión, y allí es adonde fueron dirigidas las respectivas comunicaciones cursadas por la empleadora.- Y esta situación, sumadas a la falta de acreditación en cuanto a que el empleador conocía el otro domicilio del actor, es a la que se refiere el Sr. Juez a- quo cuando sostiene que las pruebas arrimadas no lograron torcer su convicción respecto a la comunicación de contenido resolutorio, que no lograron el efecto pretendido.

Desde este posicionamiento, pues, he de postular la declaración de deserción parcial de este tramo de la queja, por insuficiencia técnica de su expresión de agravios, conforme los lineamientos de valoración establecidos por los artículo 265 y 266 del CP II.b) En la queja siguiente, afirma que de acuerdo a la documental en su poder es acreedor a ochenta y un días (81) de francos compensatorios.- Sobre esta cuestión, debo decir que a mi entender el recurrente no dio cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 377 del código adjetivo, que establece que la carga de la prueba sobre un hecho controvertido, incumbe a quien afirma el hecho o un precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer.

Y en tal sentido, del escrito de demanda no surge con claridad la realidad de este reclamo, pues por un lado manifiesta que los francos compensatorios fueron gozados en su mayoría, y luego agrega que en su mayoría no fueron pagados; que los reclama provisionalmente y serán determinados por el perito contador.

Empero, el experto contable en el informe que luce a fs. 352/353 vta., no se expide sobre esta cuestión, y en la ampliación de informe de la pericia de fs. 382 y vta., expresa que en el Anexo VI que acompaña a fs. 380 se halla incluida la liquidación de francos compensatorios.- Es decir, el actor no produjo prueba que acreditara la reclamada deuda por francos compensatorios, y de la pericial producida no surge en manera alguna la procedencia de su pretensión sobre este concepto.- En consecuencia, y conforme las pautas dadas por el artículo 45 de la Ley 69, por remisión al 377 del CPCC, ha de desestimarse esta porción del recurso.

II.c) Se agravia luego, por entender que con cada uno de los expedientes ofrecidos se probaron los valores alcanzados por el langostino grande y chico desde el mes de Octubre de 2000 hasta el mes de Julio de 2002, y que tal documentación resultaba indispensable a los efectos comparar si su salario había sido correctamente liquidado.

Dice que ofreció prueba documental en poder de las demandadas, la que identifica puntualmente en su escrito inicial, y que resultaba esencial con el fin de determinar la procedencia de su reclamo por diferencias salariales, y no obstante que fuera judicialmente intimada a su presentación, en su responde de fs. 70/72 la demandada omitió su cumplimiento.- Así, partiendo de este aserto, resulta verdad que de acuerdo a lo normado en el artículo 55 de la L.C.T., todos los libros que la ley exige al empleador deben ser exhibidos siempre que así lo requieran las autoridades administrativas o judiciales, ello al igual que toda la documentación esencial para la solución del litigio (arts. 387 y 388 del CPCC).- Si solicitada la presentación de los libros éstos no fueran exhibidos, surge una presunción en contra del empleador y favorable al trabajador, por la cual se presumen ciertas las afirmaciones del último sobre las circunstancias que debían figurar en los asientos no mostrados (conf. Ackerman, Mario E., "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Rubinzal Culzoni, año 2005, T. II, p. 323).

Asimismo, con referencia a la falta de presentación de documentos en poder de una de las partes, ha de entenderse que debe considerarse como una presunción en contra de la demandada la negativa de presentar la documentación necesaria, si de acuerdo con los escritos de institución del proceso, resulta verosímil la existencia y contenido del crédito (conf., Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense, año 1991, T.V-A, p. 385 y sgts.).

Además, ha de reconocerse que por impulso de las denominadas cargas probatorias dinámicas, el peso de la prueba estará en cabeza de aquella de las partes que se encuentre en mejores condiciones de producirla, y ello también como un deber de cooperación en el esclarecimiento de la verdad controvertida, consecuencia de las previsiones incluidas en el último párrafo del inciso 5° del artículo 163 del código ritual.

No obstante, deberá ponderarse que dicha presunción que emana de la conducta omisiva del empleador, no significa acceder sin más, a todos los reclamos pretendidos por el trabajador, ya que la decisión judicial a adoptar deberá hacerse siempre que su existencia esté legalmente comprobada, puesto que es deber del juez el control de razonabilidad de la remuneración invocada, conforme pautas objetivas (en igual sentido, Etala, Carlos A., "Contrato de Trabajo Comentado", Ed. Astrea, año 2002, p. 177; idem, CNTra., Sala I, DT, 2001-A-112, entre otros).

Dentro, pues, de este esquema de análisis, cabe destacar que el actor ofreció como prueba que hace a su derecho la causa caratulada "J., J. C. c/ I. P. P. S.A." , expediente con radicación en esta sala bajo el N° 21.946/07, y que en este momento tengo a la vista y examino.- De los antecedentes obrantes en dicha causa se constata que obra documental emanada de la demandada, (que es la misma que en el caso que aquí se ventila), quien haciendo uso de las reglas del proceso que habilitaban su debido derecho de defensa, incorpora copias de facturas que estipulan precios diferentes para el kilogramo de langostino.

Y por otro lado, es posible comprobar que de la propia documental agregada por el accionante, igualmente surge la existencia de langostino de tamaño diferenciado (langostino chico, según planillas de producción obrantes a fs. 39 y 47/49 de la documental reservada).- Así, en el convenio colectivo que rige las relaciones laborales de la flota que opera en Rawson, aplicable al caso aquí bajo examen, y que tengo a la vista, se advierte que el artículo 25 (fs. 08 del Expdte. de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut), establece valores diferenciales para el langostino grande y el langostino chico, al que añade un 10% de adicional cuando el pescado desembarcado reúna las condiciones de calidad necesarias.

Se infiere entonces, que no siempre la captura del langostino reúne las calidades óptimas necesarias. Es entendible que tal circunstancia estará sujeta a una serie de factores, entre otros, como la época del año, la zona de pesca, el tipo de elementos o artefactos de captura utilizados.- Desde este posicionamiento, es lógico que la aludida captura esté compuesta por langostinos de distintos tamaños, y la zafra incluya tanto especies grandes o chicas, y esto puede ser, o no, según la época, como también la presencia de ejemplares, sucios, defectuosos o rotos.

Y digo esto, por cuanto no escapa al criterio del tribunal que no resulta creíble que toda captura que tuvo por protagonista al actor durante la vigencia de su relación laboral con las demandadas, estuvo integrada por langostino grande de calidad necesaria.- En este contexto de análisis, y ante la falta de presentación de documentación esencial para la dilucidación de la causa por la parte demandada, no es posible tomar como única base resarcitoria para la determinación de este rubro, la pretensión invocada por el actor en el libelo promocional, de carácter parcial, y por carecer de parámetros confiables que permitan a esta Alzada visualizar un panorama completo con relación al monto justo de la suma reclamada.

Ante tal disyuntiva, pues, y por entender que resulta equitativa, he de compartir la solución propuesta por el Dr. Vergara en el voto precedente, que para el período reclamado por el accionante, se tome como base de la liquidación la que oportunamente se practicara en los recibos de haberes en el rubro "Sueldos Prod. D. P.", y sólo con respecto a la captura de langostino, ya que la captura puede estar compuesta por otras especies.

Para ello ha de tenerse en cuenta un 50% de langostino grande y un 50% de langostino chico, al que se le añadirá un 10% de adicional por calidad, el que será aplicado sobre el 50% del total.

Tal operación, y conforme las directrices que habilita el artículo 516 del código adjetivo, estarán a cargo de un perito contador que se designará de oficio por el Sr. Juez de primera instancia, quien fijará el plazo para que el experto presente su informe pericial.- Para la liquidación de las diferencias salariales a la parte reclamadas por el demandante, el profesional designado ha de tomar en cuenta la pesca del langostino a contar del 01 de Diciembre de 2000 al 31 de Julio de 2002 (fs. 13 del reclamo).- Y esto así, por cuanto ha de ponderarse que sin perjuicio de la fecha en que fuera promovida la demanda, la codemandada vencida, I. P. P. S.A., no opuso la prescripción del crédito conforme las pautas previstas por el artículo 256 de la Ley 20.744 (v. contestación de fs. 70/72 vta), y considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3964 de la ley sustancial de fondo, la misma no puede ser declarada de oficio.- Con tales alcances progresa parcialmente el agravio expuesto en tal sentido.

II.d) En la tramo pertinente del libelo impugnaticio de la parte actora, y que denomina como "tercer agravio" fs. 417 vta., solicita que la sentencia de segunda instancia sea comunicada a las otras empresas componentes del mismo grupo económico, por haberse acreditado que forman parte de él.- En este sentido, cabe destacar que de conformidad con los parámetros de valoración dados por el artículo 265 del rito, cuando la norma habla de la crítica razonada y concreta que debe contener la expresión del agravio vertido por el apelante, justamente, lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado, es decir debe señalarse cuál es el agravio; y lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones, pues debe exponerse por qué se configura el agravio (idem., De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 335 y sgts.; idem, Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales", Librería Editora Platense, año 1988, p. 275 y sgts.).

De la simple lectura de la queja aquí volcada, se infiere sin mayor dificultad que el recurrente no explica cuál es el agravio fehaciente que lo afecta, como tampoco desarrolla los fundamentos que lo sustentan, razón por la cual no hay agravio alguno que atender.

En virtud de ello, pues, corresponde declarar la deserción parcial de esta porción del recurso, por insuficiencia técnica de su expresión de agravios, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 265 y 266 del CPCC.

II.e) A fs. 421, Punto 3, al contestar el traslado de la expresión de agravios del actor, la parte demandada manifiesta que lamentablemente obvió deducir la correspondiente apelación por la condena a abonar una determinada suma en concepto de multa del artículo 45 de la Ley 25.345, y fundando a continuación las razones que la llevan en esta presentación a solicitar se tenga en cuenta su queja sobre este tema puntual.- Debo adelantar opinión en el sentido que el requerimiento formulado por la accionada no resulta atendible.- Y ello así, por cuanto en función del principio dispositivo que informa el proceso como acto jurisdiccional, son las partes quienes limitan el pronunciamiento del juez, de acuerdo a las alegaciones formuladas oportunamente en las etapas respectivas (en igual sentido, Palacio, Lino E., "Manual de Derecho Procesal Civil", Abeledo- Perrot, año 2001, p. 63 y sgts.).

Por ende, no habiendo la demandada interpuesto recurso de apelación en el tramo del proceso en que debió hacerlo, impedido queda este Tribunal de ingresar al tratamiento de la queja volcada por la apelante, so pena de vulnerar el aludido principio y de afectar el legítimo derecho de defensa que asiste a las partes, por lo que ante tal situación no se halla habilitada la Alzada para ejercer función revisora alguna.- III.- Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente apuntados, he de proponer la Acuerdo la revocación parcial del fallo venido en apelación, acrecentando el capital de condena con motivo del reclamo actoral por las diferencias surgidas en el salario a la parte.

En mérito a ello, en virtud de las disposiciones que emanan del artículo 516 del CPCC, el experto ya designado deberá ajustar su pericia a las pautas fijadas en el Punto II.c) precedente, y al monto resultante se le adicionarán los intereses ya determinados en el fallo de la instancia anterior, desde que cada suma fue debida y hasta el momento de su efectivo pago, en el plazo a fijar por el juzgado de grado anterior.- Atendiendo a la circunstancia que el aumento de la suma de condena no implica modificación en la imposición de costas de primera instancia, y que por otra parte no fuera apelada por la accionada P. P. S.A., como así también que los honorarios establecidos lo fueron en porcentajes atados a dicho monto de condena, no será necesario, por lo tanto, practicar la adecuación que prevé el artículo 279 de la ley procesal.- En lo atinente a las costas de Alzada, habrá de ponderarse el progreso parcial de uno de los agravios vertidos por el actor, y la frustración de los restantes que fueran desestimados, lo que me mueve a establecerlos en un 80% a cargo del actor, y en 20% a cargo de la demandada.- Con respecto a los honorarios de segunda instancia, en base a la calidad eficacia, extensión y resultado obtenido por las labores desplegadas por los profesionales intervinientes, y de acuerdo a los lineamientos trazados por los artículos 6, 14 y 47 de la ley arancelaria, considero adecuado fijarlos en un 5,10% para el Dr. R. J. C., apoderado del actor; y en 3,53% para el Dr. E. E. M., apoderado de la demandada.

Dichos porcentuales serán tomados del monto del proceso a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, a los que ha de añadirse el IVA pertinente.Doy por finalizada mi intervención, y a esta primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:Visto el acuerdo alcanzado, corresponde:

a) revocar parcialmente la sentencia venida en recurso, incrementando el capital de condena al hacer lugar a las diferencias del salario a la parte reclamadas por el actor, a cuyo fin y conforme lo previsto por el art. 516 del C.P.C.C. el perito contador designado de oficio deberá practicar su cálculo desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 31 de julio de 2002 sobre la base de considerar la liquidación practicada en los recibos de haberes para el rubro "Sueldos Prod. D.

P." y con relación a la captura de langostino exclusivamente, desde que la producción puede conformarse con otras especies, tomando como pauta un 50% de langostino chico y un 50% de langostino grande, con más un adicional de calidad de un 10% a aplicarse sobre un 50% del total, con más los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia desde que cada una de las sumas fueron debidas y hasta el efectivo pago, en el plazo a fijar por el Sr. Juez de primera instancia;

b) imponer las costas de Alzada en un 80% a cargo del actor apelante y en un 20% a cargo de la demandada;

c) regular los honorarios de los Dres. R. J. C. y E. R. M., por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,10% y 3,53%, respectivamente, del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; y d) declarar que todos los honorarios antedichos deberán ser incrementados con más el I.V.A. correspondiente.- Así lo voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, en razón de configurar el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas aquellas cuestiones traídas a su decisión.- ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:- S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad deTrelew; RESUELVE:- REVOCAR parcialmente la sentencia venida en recurso, incrementando el capital de condena al hacer lugar a las diferencias del salario a la parte reclamadas por el actor, a cuyo fin y conforme lo previsto por el art. 516 del C.P.C.C. el perito contador designado de oficio deberá practicar su cálculo desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 31 de julio de 2002 sobre la base de considerar la liquidación practicada en los recibos de haberes para el rubro "Sueldos Prod. D.

P." y con relación a la captura de langostino exclusivamente, desde que la producción puede conformarse con otras especies, tomando como pauta un 50% de langostino chico y un 50% de langostino grande, con más un adicional de calidad de un 10% a aplicarse sobre un 50% del total, con más los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia desde que cada una de las sumas fueron debidas y hasta el efectivo pago, en el plazo a fijar por el Sr. Juez de primera instancia;

IMPONER las costas de Alzada en un 80% a cargo del actor apelante y en un 20% a cargo de la demandada;

REGULAR los honorarios de los Dres. R. J. C. y E. R. M., por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,10% y 3,53%, respectivamente, del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; y DECLARAR que todos los honorarios antedichos deberán sere incrementados con más el I.V.A. correspondiente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 29 DE 2007 - SDL.- Conste.-