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Lavado de activos, automotores, compraventa de automotores, delito precedente, comercialización ilegal de estupefacientes, acuerdo de juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Mariscal, Eduardo Esteban y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Se tiene por acreditado que durante la instrucción se ha reunido suficiente prueba para demostrar que los imputados, en forma organizada y junto a otras personas, han efectuado numerosas operaciones comerciales a través de las cuales pusieron en circulación, dentro del mercado, bienes no declarados conforme la ley, adquiridos con fondos de origen ilícito. Ello se ha podido evidenciar en tanto sus registros patrimoniales y de actividades económicas declaradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos no se condecían con aquello constatado en la realidad. A los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de los mismos, se llevaron adelante diferentes maniobras, de manera organizada y asociada, utilizando sus nombres propios, o a través de otras personas físicas y/o jurídicas. Incluso, se utilizaron en ciertos casos, a modo de "pantalla", locales comerciales, como así también una supuesta concesionaria de compra y venta de vehículos automotores no registrada. Precisamente en el negocio de la compra y venta de vehículos se configuraba la relación entre todos los intervinientes en la actividad. Diversos elementos probatorios dan cuenta del intercambio comercial de ese tipo de bienes entre un mismo grupo de personas; sin ningún tipo de registración, facturación o trámite tributario. En particular, la prueba ha determinado que las personas incorporadas en este acuerdo de juicio abreviado obtenían ganancias de la actividad ilícita de venta de estupefacientes y buscaban otorgarle una apariencia lícita a través de la compra de inmuebles y la compra y venta de rodados.
Recurso de casación, legitimación procesal, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: MONGE, MARCELO Y OTROS c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS, PCIA. DE SGO. DEL ESTERO s/ SUSPENSION DE OBRA-DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-31

"Se ha resuelto que el órgano judicial se encuentra facultado para pronunciarse en punto a la legitimación para demandar "ex officio", pues no obstante que el demandado no hubiese opuesto excepción alguna en tal sentido, constituye un deber del magistrado verificar si, de acuerdo con las normas vigentes, quienes accionan se encuentran legitimados para pedir.
Concursos, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabo Frio S.A. s/ Incidente de extensión de quiebra en Estrella de Mar S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El privilegio de un crédito supone antelación, preferencia en el "tempus" con respecto a otros créditos, pero señala la necesaria y previa relación entre aquel crédito con la disposición legal que le reconoce esa preferencia.
Estupefacientes, medidas de seguridad curativas, sustitución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Batrichevich, Cristian Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-06

El régimen legal vigente -ley 23.737-, procura estimular al procesado o condenado adicto o que haya tenido estupefacientes para su consumo al cumplimiento de las correspondientes medidas de seguridad curativas (sanitarias o terapéuticas) o educativas (dirigidas a fortalecer su voluntad y a que asimile convicciones que lo lleven a observar una conducta conciente y responsable, que privilegie su autoestima, así como su calidad personal, familiar y social frente a su situación de adicción, o bien, ante su simple tentación o inquietud de experimentar las prácticas nocivas que nos ocupan), ofreciendo para ello los atractivos institutos de naturaleza compensatoria que dispone dicha normativa. Analizando el único motivo o fundamento expresado por el a quo para desechar la sustitución de la pena impuesta por el cumplimiento prioritario de la medida de seguridad educativa pertinente, conceptuamos que la sola consideración de las responsabilidades que derivan de la calidad laboral del condenado (remisero) resulta una invocación aislada que comporta un manifiesto exceso discrecional, carente del necesario contenido argumental y que deviene deficitaria para constituirse en sustento suficiente para ese preciso cometido. El rechazo del beneficio impetrado -tal como ha sido resuelto-, lejos de impulsar el crecimiento humano y la recuperación educativa del autor para apuntalar su inserción social plena, familiar y laboral, resulta palmariamente inconciliable con dichos fines y principios que inspiran y que expresamente instituye la ley de aplicación. (Voto del Dr. Riggi).
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. P. J. c/ Z., A. G. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-04

Es doctrina legal vigente que cuando se constate que una persona ha sufrido un dolor físico agudo o padecimientos físicos y morales de importancia, se está en presencia de un daño moral resarcible.
Colegio profesional, persona jurídica pública no estatal
Materia: CIVIL
Carátula: MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA c/ MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA s/BAJA DE LA PERSONERIA JURIDICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA s/ BAJA DE LA PERSONERIA JURIDICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-11-07

Si bien la entidad colegiada no constituye una asociación civil en sentido estricto, lo cierto es que comparte algunas de sus características, al tiempo que posee otras que le son propias.- Al respecto, la doctrina coincide en mencionar la base asociativa -generalmente compulsiva- sobre la que se asientan en general los colegios profesionales. Así, por ejemplo, Agustín Gordillo cuando caracteriza a las personas jurídicas públicas sin participación estatal -entre las cuales menciona a los colegios de abogados- ha dicho que "Son corporaciones públicas en general, asociaciones (organizadas en base a la cualidad de miembro o socio de sus integrantes) que han sido compulsivamente creados por el Estado para cumplir determinados objetivos públicos, y sometidas a un régimen de derecho público, particularmente en lo que se refiere al control del Estado y a las atribuciones de la corporación sobre sus asociados." ("Tratado de Derecho Administrativo", Parte General, T. 1, Ediciones Macchi, Bs. As. 3ra. edición, 1995, pág. XIV-31; el resaltado nos pertenece).- Resulta innegable la base asociativa de este tipo de organizaciones, para cuyo sostenimiento cada colegiado, miembro o asociado, paga una cuota anual que le da derecho, por ejemplo, a participar en la Asamblea, órgano deliberativo de la institución (arts. 27 inc. 11) y 44 del Decreto Ley Nro. 3/62).-
Contratos, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mongan, Federico Guillermo c/ Marmonti, Alicia Estela y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Del juego armónico de los arts. 1034 y 1035 del C. Civil, surge que los contratos -aún después de reconocidos- no prueban contra terceros la verdad de la fecha expresada en ellos, pudiendo solamente oponerse a éstos, a partir de la adquisición de fecha cierta (SCBA Ac. 46665).
Proceso penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PESCE, CARLOS ALBERTO s/ HOMOLOGACION DE CONVENIO DE DESOCUPACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-08

La doctrina y jurisprudencia no es pacífica en extender la aplicación del art. 1.101 del código civil a otras acciones distintas a las de indemnización. No obstante, a juicio de este Tribunal, la plataforma fáctica es la que en definitiva determinará la aplicación de la normativa civil (arts. 1.101 y ss. y cc.) en razón de la trascendencia de la cuestión planteada. Es por ello que, ante una acción donde se persigue una homologación de un convenio de desocupación, que puede implicar el despojo de la vivienda de la denunciante, necesariamente debe ser dilucidada previamente en sede penal, por la trascendencia del acto.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, recurso de inaplicabilidad de ley, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Julio c/ Cerámica Martín SA. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley, si, frente a los serios reproches formulados por el apelante, el escueto párrafo dedicado a las cuestiones propuestas como federales carece de contenido sufi- ciente que autorice a considerarlo un tratamiento, siquiera mínimo, de aquellas.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, pensiones, extinción del derecho de pensión, concubinato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Amerisse, Nancy Teresa c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Provincia de Salta. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Es descalificable el pronunciamiento que, al convalidar la supresión de la pensión, se refirió a una situación de concubinato pretérita, sin examinar concretamente si los hechos previstos por la ley para habilitar la caducidad del beneficio existían al tiempo de resolver.
Educación superior, universidades, desconcentración universitaria, control de constitucionalidad, facultades universitarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ UBA. - resol. 2314/95. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

El art. 50 in fine de la ley 24.521, en cuanto dispone que en las universidades con más de cincuenta mil estudiantes el régimen de admisión, permanencia y promoción será definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente, concreta una delegación en favor de un órgano dependiente de las universidades que es inconstitucional por cuanto limita sustancialmente una atribución que, por mandato del poder constituyente, corresponde a la universidad como centro unitario (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalobos Mirta y Miguel Barreiro c/ Ruben Alfaro s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 133)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-07

Los intereses moratorios se devengan desde la fecha de la sentencia, sólo cuando a esa época se ha estimado el monto resarcitorio y expresamente surge inequívocamente que el "quantum" fijado los comprende
Prueba, allanamiento, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Francomano, Alberto José y otros s/ inf. ley 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Carece de fundamento el fallo condenatorio que se sustenta en un secuestro ilegítimo por no haberse recabado la orden de allanamiento que prevé el art. 118 del Código de Procedimientos en Materia Penal, pues carece de toda eficacia probatoria el acto que vulnera garantías reconocidas por la Constitución Nacional, ineficacia que se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación y fueren consecuencia necesaria de ella.
Juicio oral, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Salerno, Vicente s/ Homicidio simple Pontacq, Alejandro Enrique s/ Robo agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16|1991-09-24

Los arts. 224, párrafos 3, 4 y 5 y 270 del C.P.P. no son incompatibles con los arts. 10 y 15 de la Constitución de la Provincia y 16 de la Constitución de la Nación. En el caso, la ley determina la competencia de las Cámaras en lo Criminal y Correccional para conocer en el juzgamiento de ciertos delitos mediante el procedimiento oral. Tales normas son de carácter general, porque se aplican a todos los acusados que se encuentren en igual situación procesal. De modo que el sistema establecido por la ley es igualitario, pues discrimina los regímenes del juzgamiento a tales situaciones generales, como ocurre en materia correccional y en los diversos sistemas procesales en lo Civil y Comercial.
Cámara Federal de la Seguridad Social, competencia, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Tissera, Inés Estanislada c/ A.N.Se.S. y otro s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-18

La Cámara Federal de la Seguridad Social sólo actúa como tribunal de grado en los recursos contra las sentencias dictadas por los juzgados federales de primera instancia con asiento en las provincias, en los casos en que la acción se haya iniciado con arreglo al art. 15 de la ley 24.463 (Fallos 327:4860; 328:1995; 330:2491). Dicha situación no se da en el caso de autos, donde la peticionante pretende obtener, por vía de amparo, los beneficios de la ley 25.994, motivo por el cual corresponde declarar la incompetencia del Tribunal y devolver las actuaciones a su juzgado de origen a fin de que las eleve a la Cámara de la jurisdicción.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: PROCESAL-EDUCACION
Carátula: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación c/ Universidad Nacional de La Plata s/ Inf. ley 24.521 art. 34
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

El recurso extraordinario resulta formalmente admisible pues se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas federales -Ley 24.521 y estatuto universitario- y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa al derecho que en ellas funda el apelante -art. 14 inciso 3 de la Ley 48-.
Honorarios, intereses, tasa pasiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Legajo de apelación en autos: Peña Carlos Alberto y Millan Ford, Jorge Leopoldo c/ Peñaflor s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-08-30

Los honorarios que se ejecutan devengan intereses a partir del momento en que quedan firmes, es decir que a partir de la fecha que adquieren firmeza, conforme art.56 de la Ley de Aranceles 2011, corresponde aplicar al capital reclamado, los intereses bancarios, tasa pasiva establecido por el Banco Central de la República Argentina.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, intervención quirúrgica, falta de consentimiento del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: PAZ, Marcelo c/ LEON SANCHEZ, Guillermo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-10

Aun cuando el paciente no haya suscripto el consentimiento para la práctica quirúrgica, cabe suponer que conocía en forma apropiada las características de la cirugía y el implante que se le iba a realizar, si fue él quien gestionó el suministro de la prótesis ante la obra social, para lo cual es presumible que aquélla le haya requerido el diagnóstico de la patología y evaluado la necesidad del tratamiento aconsejado.
Contrato de trabajo, contrato de trabajo a plazo fijo
Materia: LABORAL
Carátula: KOPPIUS ALEX c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

Todo contrato de trabajo debe entenderse celebrado por tiempo indeterminado a menos que su término resulte de las siguientes circunstancias: a) que se haya fijado en forma expresa y por escrito el término de su duración, y b) que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen. De ello se extrae que además del requisito formal de que el término haya sido fijado expresamente, la ley exige un requisito sustancial y objetivo consistente en que, la celebración del contrato a plazo fijo se encuentre justificada, por las modalidades de las tareas o de la actividad de que se trate. Es decir que, no basta con la mera voluntad o subjetividad de las partes de celebrar un contrato a plazo fijo, sino que deben ser las modalidades objetivas de las tareas de la actividad, razonablemente apreciadas, las que justifiquen la celebración de aquél. (Del voto de la Dra. Gonzalez en minoria). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Regímenes jubilatorios especiales, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cardozo, Oscar Mauricio c/ Banco Provincia de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Las leyes 11.322 y 11.761, que sustituyeron a la ley 5678, establecen que las personas que se encuentren vinculadas al Banco de la Provincia de Buenos Aires por una relación de empleo público, instrumentada mediante un contrato de locación de servicios se encuentran obligatoriamente afiliadas a la caja bancaria.
Impugnabilidad objetiva, trata de personas, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Arcidiácono, Lorenzo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

El voto concurrente señaló que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, vale recordar que, en los delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, merece una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso. Dres. Borinsky, Carbajo, Hornos -voto concurrente-.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, interpretación de la ley, ley federal, Ley de Marcas, propiedad intelectual, derechos de autor, registro de marca, oposición al registro de marca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA CASA DEL CAFE S.A. c/ D.C. COMICS INC. s/ OPOSICION INFUNDADA DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-03

No son revisables en el recurso extraordinario los aspectos de hecho y derecho común del caso -en el que se discute además la interpretación de una ley federal, la de Marcas- referidos a la novedad y notoriedad de un personaje de historieta, ni la extensión atribuida a la propiedad intelectual, para la protección no sólo de la historieta como un opus, sino a su título, nombre del personaje principal y características gráficas, debiendo limitarse el pronunciamiento de la Corte a determinar si es correcta o no la inteligencia del a quo sobre la ley federal citada, en el sentido que sea admisible que el titular del derecho intelectual sobre el nombre y figura del personaje de historieta pueda oponerse al registro de una marca.
Malversación de caudales públicos, depósito judicial, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: TAPPARELLI, Graciela. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23

No basta alegar el desconocimiento de la letra de la ley a los efectos de incumplir las cargas impuestas en un acta por la cual la imputada se comprometió como depositaria judicial .

Por ello, debe confirmarse el procesamiento de imputada en orden al delito de malversación de caudales públicos .
Privilegios especiales (comercial), crédito prendario, crédito laboral, concurrencia de privilegios especiales, ley de contrato de trabajo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAYETANO GERLI SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  PRELACION  DE  CREDITOS  POR:  ACOSTA, MIGUEL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-18

Procede la apelación del acreedor prendario contra la decisión del a quo que determinó que su crédito resultaba postergado por los créditos laborales con privilegio especial, por aplicación de la Ley 15348/46. 43 y LCT: 270. Ello, pues la ley 24522: 243-1°, dispone que los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de los incisos, pero deja a salvo los incs. 4° y 6° que se rigen por sus respectivos ordenamientos. La falta de mención a la Ley de Contrato de Trabajo descarta su aplicación. Ello implica que el conflicto entre el crédito prendario y los laborales se resuelve conforme lo dispuesto por la Ley 15348: 43, a cuyo tenor, la garantía real solo es postergada por sueldos y salarios pagados con motivo de la conservación de los bienes prendados. En tal sentido, señala Martorell que ha dejado de existir la duda acerca de si debía prevalecer el acreedor laboral con privilegio especial sobre cierta máquina, desplazando al acreedor prendario que tenía a aquélla como asiento de su privilegio, porque la Ley 24522: 243 se ha inclinado inequívocamente a favor de éste último (conf. "Concurso y Quiebra de la Empresa Ley 24522. Problemática Laboral", pág. 315, edit. ad hoc;

ver también Vitolo R. "Comentarios a la Ley de Concursos y Quiebras N° 24522", pág. 388; Llorente j., "Nueva Ley de Concursos y Quiebras", pág. 385).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Doval Juan Carlos s/ Incidente de ejecucion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

En aplicación de lo normado por el artículo 2412 del Código Civil, norma que crea una presunción de propiedad en cabeza del poseedor, éste se halla legítimamente habilitado para el intento de revertir la decisión adoptada, en función de la inembargabilidad que le atribuye al televisor (art. 2351 del Código Civil y 220 del CPCC).
Impuestos, capacidad contributiva, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: I.B. N.V. (Sucursal Argentina) y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

JARACH, asimila el principio de la capacidad contributiva con la causa del hecho imponible, y diferencia los que llama hechos abstractos o formales de los causales que constituyen la mayoría de los casos.- En estos, el intérprete puede indagar cuál es la relación económica que la ley quiso dar como presupuesto de la relación impositiva; a contrario, el hecho imponible abstracto o formal representa una limitación al poder del intérprete, en perjuicio de la investigación sobre la naturaleza económica efectiva del hecho concreto. - En cuanto el hecho imponible se aleja de la identificación con la base de la medida, en cuanto su definición aparece unida a requisitos formales, se aleja de la causalidad acercándose a la abstracción o formalidad.
Cambio de calificación legal, sobreseimiento, sobreseimiento parcial, oportunidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOSARCOS, JUAN CARLOS. s/ Cheque sin fondos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-07

1 - La distinta calificación legal que pudiera corresponder al suceso investigado no autoriza al dictado de sobreseimientos parciales respecto de cada uno de los delitos que, con relación a ese hecho, se vayan descartando durante el trámite de la causa. El sobreseimiento acotado a una determinada calificación legal de ninguna manera se ajusta a las formas ni a lo que dispone la ley procesal aplicable en la que no cabe el sobreseimiento de calificaciones legales.- 2 - La ley procesal contempla la oportunidad en la cual se debe establecer la exacta calificación legal de los hechos que hayan sido objeto de instrucción, así como la precisión circunstanciada de esos hechos con miras a la elevación a juicio; ello es lo que debe hacerse después de dictado el auto de procesamiento y una vez completa la instrucción (conf. Art. 346 y Art. 347 del CPP).