Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-17


///-raná, 17 de agosto de 2011.- VISTOS:

Estos autos caratulados "DI BENEDETTO, María Esther c/CJPER S/ APELACION DE HONORARIOS", traídos a despacho para resolver el recurso de apelación de honorarios deducido por el Dr. Agustín Adrián Marcolini; y CONSIDERANDO:

I.- Que, el letrado recurrente expresa que apela los honorarios regulado por el a quo por considerarlos bajo, ya que no se ha respetado los mínimos arancelarios que fija la Ley Nº 7046 por lo que el inferior se ha apartado en forma injustificada y sin dar razones de la ley arancelaria.-	II.- Que ha dicho el Excmo. Superior Tribunal de Justicia -en pleno- que "la ley Arancelaria (Decreto-Ley 7046/82, ratificado por Ley 7503) ... ha perdido el carácter de orden público en mérito a lo normado por el art. 8º del Decreto 2284/91 adoptado por la Provincia de Entre Ríos mediante Ley 8622/91. Que corresponde al regular los honorarios profesionales aplicar las pautas mensuradoras del art. 3º del ordenamiento local.... Que desde antaño la Corte Suprema de Justicia de la Nación -antes de la vigencia del régimen de desregulación económica, y con mayor razón desde el dictado del mismo- ha admitido la reducción de los mínimos legales para satisfacer los principios de equidad y justicia (Fallos 239:123; 251:516; 256:232, entre muchos otros) ..." (in re: "BUENAR, ABEL CIRILO Y OTROS s/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD", 23/III/95).-	Que tal interpretación entronca con lo dispuesto por el art. 13 de la Ley 24.432, que estableció: "Los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión".-	III.- Que, tales criterios rectores deben presidir la regulación de honorarios en la materia específica que nos ocupa, la cual corresponde al órgano jurisdiccional.-	Que, como se expresara supra, si bien es cierto que los parámetros mínimos objetivos previstos en la escala legal pertinente (art. 91, 2do. párr., Dec.-ley Nº 7046/82, ratificado por Ley Nº 7503) han perdido, desde la sanción de la Ley Nº 8622, el carácter de orden público que le asignaba el art. 1º del ordenamiento normativo arancelario, lo cual se complementa e integra, posteriormente, en sentido reafirmatorio con la normativa consagrada en el art. 13 de la Ley Nº 24.432, la mensuración de los honorarios por la actividad profesional desplegada debe llevarse a cabo a través de una razonable aplicación al caso de las pautas generales previstas en el art. 3º, incs. b, c, d, e, f, g y k de la ley de Aranceles.-	IV.- Que, de tal modo, surge evidente que la regulación cuestionada, dado el tipo, naturaleza y objeto de la acción de autos, la labor profesional desarrollada y el resultado obtenido, aparece desajustada a los parámetros establecidos jurisprudencialmente pues se aparta de lo aconsejado por una razonable aplicación al sub judice de las pautas generales de la ley precedentemente referidas, por lo cual debe concluirse que le asiste razón al impugnante en que los honorarios regulados resulten en la especie bajos; correspondiendo, en consecuencia, hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocando los honorarios fijados en la instancia de grado, estableciéndolos, por la actuación que le cupo en primera instancia al Dr. Agustín Adrián Marcolini, en la suma de Pesos un mil cien ($ 1100.-).-	V.- Que el Dr. CARUBIA hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-	Por todo ello;

SE RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por el letrado de la parte actora contra la regulación practicada en la instancia de grado, la que se revoca.-	2º) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Agustín Adrián Marcolini por la intervención que le cupo en primera instancia, en la suma de Pesos un mil cien ($ 1100.-) -cfme.: arts. 2, 3, 5, 6, 91 y ccdtes. Decreto Ley 7046/82, ratif. por Ley 7503; 1º y 13º Ley 24.432; 505 Código Civil-.-	Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia Secretario