Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-12


SENT Nro. 668 San Miguel de Tucumán, 12 SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada en autos: "HSBC Banco Roberts vs. Gut, Luis María y otra s/Ejecución hipotecaria"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la resolución de fecha 2/5/2003 dictada por la Cámara Civil en Documentos Locaciones, Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción (cfr. fs. 50/51), en la cual se resolvió no conceder el recurso de casación interpuesto por su parte contra la sentencia del 17/12/2002 (cfr. fs. 28/31).

El recurso de queja por casación denegada fue presentado en término, con copias y boleta de depósito, y está dirigido contra la sentencia que confirma el fallo de primera instancia que ordenó llevar adelante una ejecución hipotecaria, aplicando desde el 05/01/2002 el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.).

2.- Los antecedentes del recurso a resolver son, sintéticamente, los siguientes.

En la ejecución hipotecaria de un mutuo en dólares del sistema financiero promovida en el año 1999, se dictó sentencia el 06/3/2002 (cfr. fs. 1/3), en la que se ordenó la ejecución del capital pesificado a razón de un peso por dólar, con intereses a tasa activa que cobra el Banco Nación hasta el 05/01/02, y a partir de allí se dispuso la aplicación al capital del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) con los intereses que determine el B.C.R.A. para ese tipo de operaciones, conforme decreto 214/02 (cfr. fs. 2 vta.).

El demandado impugnó la sentencia tachándola de nula, por haber dictado una decisión extra petita al resolver una cuestión no planteada por las partes, cual es la aplicación de oficio del C.E.R. También se agravió de que se ordenó aplicar el coeficiente desde el 05/01/02, cuando sólo sería aplicable a partir de agosto, previos los trámites que la ley prescribe. Subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de la aplicación del C.E.R., por tratar de modo diferente a deudores en pesos respecto de los que deben en dólares, porque no se proporciona a los últimos ningún tipo de compensación por las pérdidas que el coeficiente produce en sus ingresos, como hace con los bancos, violándose así la garantía de la igualdad y el derecho de propiedad (cfr. recurso del actor a fs. 12 vta.).

En sentencia del 17/12/2002 (cfr. fs. 28) la Cámara rechazó el planteo de nulidad contra la sentencia de primera instancia del 06/3/2002 porque consideró que el agravio sobre la aplicación del C.E.R. pudo ser introducido en el recurso de apelación. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad contra la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.) a la deuda pesificada, el Tribunal expuso que el mutuo había sido convenido en dólares estadounidenses, y que la sentencia del Inferior, aplicando el decreto 214/02, transformó la obligación de dólares a pesos. Se consideró que en ese contexto, era ajustado a derecho que el sentenciante aplicara el C.E.R. una vez pesificada la deuda conforme art. 4° del decreto 214 del 2002. El tribunal destacó que el recurrente no se había agraviado de la pesificación del capital, y que al convertirse en deudor en pesos, era improcedente alegar inconstitucionalidad por desigualdad de trato en relación a los deudores en pesos. Por ello el Tribunal consideró que no se advertía violación al derecho de propiedad o a la garantía de igualdad (cfr. fs. 28/31).

3.- En su recurso de casación el demandado se agravia del rechazo de la nulidad, exponiendo que su impugnación contra la sentencia de primera instancia tuvo como causa un vicio intrínseco del fallo, consistente en haber resuelto extra petita la aplicación del C.E.R., porque fue una cuestión no propuesta por las partes.

Considera que no obsta a ello que el dictado de la ley que impuso la aplicación del coeficiente haya sido posterior a la promoción de la demanda, pues dadas las particularidades del caso, la cuestión debió ser objeto de planteo y oposición a los fines de preservar la bilateralidad del proceso, máxime si se considera que ese coeficiente es aplicable a determinados supuestos que deben ser objeto de alegación y prueba, como por ejemplo, si se tratara de crédito para vivienda, como es el caso de autos, conforme al art. 1° del decreto 762/2002.

Manifiesta que la ley de creación del CER, aún siendo posterior a la promoción de la demanda, no es aplicable de pleno derecho, pues su aplicación supone que previamente -en el curso del juicio- se hayan ventilado y probado los presupuestos de hecho que hagan procedente su aplicación, cosa que no ocurrió en autos. Expone que si el inmueble hipotecado está destinado a vivienda única, su mandante no tuvo la posibilidad de alegarlo ni probarlo, y que no tiene vía procesal para remediar tal situación injusta creada por la sentencia, debiendo soportar una carga de la que la ley expresamente lo exime. Considera que hubiera sido prudente que la sentencia difiera para la etapa de ejecución de sentencia la formulación de la planilla de capital e intereses y eventualmente el CER si correspondiera, y que en esa instancia se discuta con la debida amplitud de debate su procedencia. Denuncia por ello violación al art. 34 CPCC y al principio de congruencia, porque a su criterio la aplicación del CER no puede ser automática u oficiosa, toda vez que requiere la acreditación de supuestos de hecho que no fueron objeto de debate en el juicio. Afirma que la condena sorpresiva al pago del CER veda a su parte la posibilidad de alega r y probar los extremos que autorizarían o no su aplicación al crédito cuyo cobro se pretende. Por último, propone doctrina legal.

4.- No corresponde hacer lugar al recurso de queja por casación denegada por los siguientes fundamentos.

En primer lugar se destaca la insuficiencia de los agravios, pues no rebaten todos los fundamentos de la sentencia recurrida sobre la aplicación del CER, particularmente los referidos al rechazo de la inconstitucionalidad, a la falta de agravio constitucional, y la aplicación del decreto 214/02 para pesificar la deuda.

No resultan idóneos ni suficientes los agravios para fundar la nulidad articulada contra la sentencia de primera instancia ni la inconstitucionalidad deducida contra la aplicación del CER, por falta de agravio concreto. El recurrente formula su impugnación anulatoria invocando que la aplicación del CER fue resuelta de oficio, sin planteo previo (cfr. fs. 12 vta.). El agravio expuesto en sus términos originales, cfr. fs. 12 vta.), no es factible de ser invocado sin un interés jurídico actual y concreto, como se exige para todo planteo de nulidad o de inconstitucionalidad, siendo relevante en el caso, como se vio, el no haber rebatido todos los fundamentos de la sentencia, entre ellos, que la impugnación contra la aplicación del decreto 214/02 resulta parcializada en tanto se consintió la pesificación de la deuda 1 a 1, siendo que la aplicación del coeficiente dispuesta por el art. 4 del decreto referido tiene como condición previa y necesaria la pesificación llevada a cabo según los arts. 1, 2 y 3 del decreto 214/2002, de lo que el recurrente no se agravió porque lógicamente, no le provoca perjuicio. En consecuencia, el agravio que se dirige contra la aplicación del CER sin cuestionar la pesificación deviene insuficiente por parcializado, ya que la aplicación de las disposiciones citadas es conjunta, siendo la del art. 4 condicionada a la aplicación del art. 3 del decreto referido, lo que no ha sido objeto de agravio ni de alegación de perjuicio en relación a las c ondiciones originales en las que se pactó el mutuo. Igualmente insuficiente resultan los agravios sobre la aplicación condicionada del CER, cuestión sobre la cual el recurso no se basta a sí mismo en tanto no se invoca infracción a ninguna norma legal.

El agravio que invoca lesión al derecho de defensa o a la garantía de igualdad de las partes, tampoco resulta admisible por haber sido insuficientemente invocado, toda vez que el recurrente no alegó, como se señaló, perjuicio real y concreto ni rebatió los fundamentos del fallo.

5.- La sentencia que se recurre no es definitiva respecto del agravio en el que el demandado alega que no se le permitió invocar que está exceptuado de la aplicación del CER en virtud del decreto 762/2002 por tratarse el suyo de un préstamo hipotecario para vivienda.

El recurrente argumenta que el decreto nacional 762/2002 lo exceptuaría del pago del coeficiente de estabilización de referencia. El decreto citado tiene fecha 06/5/2002, (B.O. 07/5/2002), fue reglamentado por el decreto nacional 1.242/2002 (B.O. 15/7/2002), y modificado por la ley 25.713 (B.O. 09/01/2003), habiendo sido publicada esta última norma con posterioridad a la sentencia de segunda instancia del 17/12/2002. En consecuencia, el decreto 762/2002, así como las normas concordantes mencionadas, son posteriores al dictado de la sentencia de primera instancia de fecha 06/3/2002 (cfr. fs. 1/3), y al recurso de apelación del demandado, (cfr. fs. 12 vta. y 13). Por ese motivo el demandado no invocó el decreto 762/2002 en su recurso de apelación, sino que lo mencionó por primera vez al interponer su recurso de casación.

Ello significa que en autos no hay pronunciamiento sobre la aplicación del decreto 762/2002 a la deuda del demandado, ya que la cuestión no pudo ser considerada por el juez de primera instancia por ser posterior a la sentencia, así como tampoco el tema fue sometido a decisión de la alzada.

Siendo necesaria la invocación expresa de la exceptuación de la aplicación del CER y la acreditación del supuesto de excepción como indican las normas citadas ut supra, (cfr. decreto 1242/2002) el planteo debe formularse por la vía correspondiente, por lo que la introducción de este agravio en el recurso de casación deviene prematuro por no haberse emitido pronunciamiento respecto de la cuestión planteada.

Por ello, corresponde desestimar la queja.

En consecuencia con lo expuesto, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja por casación denegada interpuesto por el demandado contra la sentencia de fecha 2/5/2003 dictada por la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA