Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Capdevilla Empresa Constructora S.A. c/ Municipalidad de Andalgalá s/ Acción   Contencioso  Administrativa  de  Ilegitimidad  o  Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-11-08

Cabe determinar si la administración municipal, aún en la hipótesis de que los actos objeto del decreto que se impugna padecieran de vicios que los tornaran nulos de nulidad absoluta, pudo producir esta declaración de oficio, sin recurrir a la vía judicial para su determinación o al menos para la convalidación de lo por sí y ante sí declarado nulo.

En tal sentido y compatible con la doctrina mayoritaria en materia de revocación de los actos insanablemente nulos por la propia administración, el art. 32 del Código de Procedimientos Administrativos establece que el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado y sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa, agregando en su segunda parte que, no obstante, si el acto estuviese firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. De dicha norma surge incontrovertible el principio de que la administración no pudo obviar para la revocación por vía de nulidad, la participación esencial de la jurisdicción judicial, y que la vía apropiada para acceder a esta última no es otra que la acción de lesividad, donde en un contexto de análisis amplio pudieron merituarse los vicios imputados por la administración a los actos objeto de la resolución que ahora se recurre, y más aún cuando ya lo tiene dicho esta Corte en su doctrina legal, la vía procesal que involucra tales vicios en opinión pacífica y unánime de doctrina y jurisprudencia es imprescindible.

En efecto, por la propia conformación intelectual de la norma del art. 32, cabe interpretar que la primera parte impone a la administración la revocación per se del acto viciado en tanto la naturaleza de la nulidad que se pretende, por sobre los derechos subjetivos de parte que pudiera lesionar, pues interesa en forma primigenia al orden público y a la preservación de la regularidad jurídica que debe informar todos y cada acto que como expresión de voluntad produzca la administración pública en cualquiera de sus estamentos; tal obligación no puede ser limitada sin menoscabo del mantenimiento del orden jurídico y de la naturaleza esencialmente reglada de la gestión administrativa, pues en definitiva cualquier acto afectado de una nulidad insanable, en última instancia vulnera el imperio constitucional, cuya incolumidad debe ser restablecida como imperativo primigenio para todo aquel que encarne las calidades de funcionario público. Sin embargo, en el caso de autos debe aplicarse la doctrina de que no puede obviarse la participación revisora de la instancia judicial, porque así lo impone la segunda parte del art. 32 del CPA, cuando el acto fulminado hubiere generado derechos subjetivos. Por lo que debe hacerse lugar a la acción de ilegitimidad o anulación interpuesta y declarar la nulidad de la Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal que anuló actos jurídicos que autorizaban pagos de sumas de dinero a la contratista y su liberación de responsabilidad en relación a la obra pública contratada.