Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23


///nos Aires, 23 de mayo de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción incoada y, CONSIDERANDO: 1. Que la parte actora, por sí y en representación de su hija menor de edad, con el patrocinio letrado del Defensor Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso acción amparo, solicitando se reconozca su derecho a una vivienda digna, a través de su inclusión en un programa de emergencia habitacional. De acuerdo a su relato, constituyen un matrimonio con dos hijos, uno menor de edad, percibiendo ingresos a través del plan jefes de familia, la pensión por incapacidad de la señora Dima y de ocasionales changas que consigue el señor Sequeira. Afirman haber percibido el subsidio habitacional previsto por el decreto 895/02, recibiendo la última cuota en julio de 2004. Su situación crítica persiste, por lo que solicitó el otorgamiento del beneficio habitacional del que fuera injustamente privado, sin recibir respuesta de la Administración. Fundaron su derecho en los tratados internacionales de recepción constitucional que protegen y garantizan el acceso a una vivienda digna y en el texto de los arts. 17, 21 y 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Citó jurisprudencia de la Cámara del fuero que ordena la prestación de condiciones satisfactorias de habitabilidad en situaciones análogas al presente caso. Cuestionaron la constitucionalidad de toda norma que limite el otorgamiento del beneficio, cuando permanecen las condiciones que habilitan a su concesión. 2. Que el señor juez de primera instancia, a fs. 164/174, hizo lugar a la acción planteada y ordenó a la accionada al otorgamiento de las prestaciones asistenciales y legales necesarias para asegurar el alojamiento de los amparistas. Admitió, asimismo, el planteo de inconstitucionalidad incoado e impuso las costas a la demandada vencida. 3. Que contra el pronunciamiento aludido la parte demandada interpuso recurso de apelación (cf. fs. 181/185 vta.). Sostiene que la sentencia de grado no constituye una derivación razonada del derecho vigente y se encuentra fundada a través de meros dogmatismos. En este sentido, señala que el objeto de la acción planteada carece de actualidad y vigencia, pues al tiempo del dictado del decisorio en crisis el actor ya gozaba de los beneficios de un plan asistencial. Luego, se agravia porque el a quo no determinó concretamente el acto u omisión en que incurrió el GCBA en la especie y prescindió de las constancias obrantes en la causa. Además, destaca que, indebidamente, se ha pasado por alto la jurisprudencia dictada en la materia por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Finalmente, manifiesta que la imposición de costas resulta arbitraria y contraria a derecho, solicitando se distribuyan en el orden causado. 4. Que, a fs. 199/200 vta., obra dictamen de la Sra. Asesora General Adjunta, quien sostiene que corresponde la confirmación de la sentencia de grado. 5. Que, corrida la pertinente vista, a fs. 202/203 vta. dictamina en autos la Sra. Fiscal de Cámara propiciando la admisión favorable del recurso de apelación intentado. 6. Que, a tiempo de resolver las pretensiones recursivas planteadas, conviene indagar la normativa que, jerárquicamente, otorga sentido a la asistencia que aquí se persigue. En su Título Segundo, denominado "Políticas especiales", la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: "Art. 17.- La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades." Más adelante, en vinculación directa a la cuestión sub examine, dice: "Art. 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1) resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos...". A su vez, la remisión no se agota originariamente en la Constitución local. Los tratados internacionales recogidos en el texto constitucional nacional, resultan, a su vez, fuentes de contenido en la materia. Así, entre otros, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 11, reza: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento." 7. Que en autos "R., B. c/GCBA s/Amparo" este Tribunal dijo: "[E]l estado local se encuentra alcanzado por numerosas normas qu e consagran el derecho a la vivienda y le imponen un deber de hacer. A los efectos de determinar el rol que cabe al estado en el cumplimiento de esta obligación, resulta fundamental tener presente lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto prevé que cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos." (destacado en el original; sentencia del 13 de marzo de 2002). Este antecedente agregaba luego que "...la progresividad impone a los estados la obligación de avanzar tras el objetivo de la plena efectividad de los derechos receptados en el Pacto. Respecto al derecho a la vivienda , se ha regulado dentro del primer párrafo del artículo 11, el derecho a 'una mejora continua de las condiciones de existencia'. En esta inteligencia, contrariaría tal precepto toda medida que implique un deliberado retroceso en la materia." En el mencionado precedente "R." este Tribunal debió efectuar una salvedad necesaria -impulsada, por supuesto, por los agravios de la allí recurrente- aplicable al presente caso y que quedó expresada del siguiente modo: "...no corresponde al Poder Judicial establecer la oportunidad, mérito o conveniencia de la política habitacional del G.C.B.A., ni menos aún, decidir cuáles son las medidas a adoptar, sino expedirse sobre su razonabilidad en el caso concreto, en los términos explicitados ut supra. El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones adoptadas por los poderes con representación electoral, no son puntos sobre los que el Poder Judicial pueda pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el cam po de lo irrazonable, inicuo o arbitrario." En esta inteligencia, es claro que el modo en que concretamente corresponde asistir a la actora es resorte exclusivo de la Administración. Sin embargo, ello no empece a que, frente a la omisión estatal, el Tribunal ordene el cumplimiento de los derechos de la accionante, con las exigencias normativas transcriptas, sin por ello suplir las tareas propias del poder de ejecución. De hecho, esta ha sido la postura de esta alzada en casos análogos al presente y de tal manera se ha expresado el juez de grado en la sentencia objeto de recurso. Sin embargo, y también con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal, corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada. Ello, en virtud de que el modo en que aquí se resuelve suple acabadamente la necesidad de tal pronunciamiento, protegiendo igualmente de manera adecuada el derecho de los peticionantes y su hija menor. 8. Que, en resumen, constatada como se encuentra en autos la situación de emergencia habitaci onal de la parte actora, no hallándose controvertido además este extremo fáctico, corresponde declarar como omisiva la conducta de la demandada, pues ésta no ha atendido a las solicitudes cursadas por la accionante y recién ha actuado satisfaciendo la necesidad de vivienda ante el dictado de la cautelar dispuesta por la instancia de grado. Ante esto, cabe confirmar la sentencia apelada en cuanto admite la acción incoada. La cobertura habitacional que aquí se ordena, entonces, podrá consistir, en la prolongación del beneficio cautelarmente concedido, o bien, por el otorgamiento de algún otro plan que garantice el efectivo goce del derecho amparado y permita el desarrollo progresivo (y no regresivo) del acceso a una vivienda digna. Una vez realizado lo que aquí se dispone, deberá ser comunicado al Tribunal de grado interviniente. Es así que en modo alguno puede afirmarse que el objeto de la acción ha devenido abstracto. Como se dijo, el beneficio que favorece al presente al actor obedece a la medida cautelar di ctada en autos, por lo que no cabe deducir de ello que ya no subsiste la cuestión que impulsara la promoción de las actuaciones. Por ello, se trata de que la prestación conste administrativamente con todas las especificidades de rigor, para dar así cumplimiento no sólo material sino también formal al derecho habitacional que se reconoce al amparista. 9. Que, del modo en que aquí se resuelve, teniendo origen la cobertura asistencial que el actor se encuentra recibiendo en la medida cautelar ordenada en autos, el objeto de la acción incoada subsiste y, en tanto se confirma la sentencia de grado, no se observan razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota. Siendo así, el agravio relativo a las costas debe ser rechazado. Fundamentos del Dr. Esteban Centanaro: 1. Que, por cuanto los parágrafos 1 a 5 precedentes resumen adecuadamente las constancias de la causa que resultan relevantes para decidir sobre la cuestión propuesta a conocimiento del Tribunal, cabe darlos por reproducidos a fin d e evitar reiteraciones innecesarias. 2. Que, sentado ello y siguiendo las enseñanzas de Risolía (Risolía, Marco Aurelio, Soberanía y crisis del contrato en nuestra legislación civil, Buenos Aires, Valerio Abeledo, 1946, p. 15), podemos afirmar que la voluntad es el aspecto activo de la vida consciente. El signo que la denuncia es la acción; su manifestación objetiva, el acto voluntario. Pese a la dificultad de definirla en términos puramente psicológicos, lo cierto es que existe una nota distintiva en la voluntad que se impone al simple discernimiento: en un sentido estricto, el usual, la voluntad supone la determinación libre y la facultad de elegir entre distintas posibilidades. El hombre libre es, por definición, el hombre que elige. El hombre que elige manifiesta su voluntad reflexiva. Voluntad entraña, pues, libertad. El sentido de la imputación de una conducta a un sujeto implica presuponer el acto voluntario y, por ende, libre. Esta concepción, tal como fue consagrada en los códigos liberales que sigui eron la tendencia iniciada por el Código Napoleón, admiten la libertad de las acciones sin cuestionar la libertad de las voliciones. No se discute si la voluntad es libre o no lo es, sino que se procura determinar si el acto, tal cual se manifiesta, ha podido o no serlo. Así, quien ha expresado una voluntad limpia de los vicios que la ley prevé, se halla ligado por ella y sujeto a las responsabilidades emergentes. 3. Que, la voluntad jurídica es propia del hombre que vive en sociedad y presupone, por ello, la relación y convivencia humanas. Se traduce en el mundo exterior por un hecho perceptible, positivo o negativo, que sería ideal coincidiera siempre con el proceso interno, ya que de otro modo no puede menos de resentirse el carácter voluntario de una actitud manifestada pero no querida por su autor. La voluntad exteriorizada que se liga a una relación o situación de derecho, sea porque en ella toma origen esa relación o situación, sea porque de ella derivan las alteraciones de su régimen, califícase, pues , de jurídica. Ahora bien, la voluntad privada tiene una cierta eficacia jurídica que se designa con el nombre de autonomía de la voluntad. De este modo, autonomía de la voluntad y voluntad jurídica son conceptos que se entrecruzan, siendo la voluntad jurídica aquella que tiene eficacia en el campo del derecho y la autonomía de la voluntad, precisamente, esa eficacia. Así, el acto jurídico proporciona la ocasión más adecuada para analizar el papel de la voluntad en el ámbito del derecho. A propósito de ese instituto -el acto jurídico- y de su especie más frecuente -el contrato-, ha sido expuesta la doctrina clásica de la autonomía de la voluntad. Esta doctrina puede ser sintetizada de la siguiente manera: en la base de la construcción jurídica está el hombre, ser libre por naturaleza, responsable de sus actos; en la voluntad libre del hombre está el origen del derecho, el origen de la ley, el origen del acto jurídico: la ley obliga si la voluntad libre del hombre ha concurrido a su sanción. El acto jurídico - voluntad jurídica lícita, dirigida inmediatamente a crear, modificar, confirmar, extinguir una relación de derecho-, es fruto de esa voluntad libre, en la que debe hallarse no sólo el resorte de su formación, sino también de sus efectos precisos. Elemento esencial del acto, de ella -de la voluntad- deriva éste -el acto jurídico- su fuerza obligatoria, y su fiel esclarecimiento es la más correcta norma para la interpretación. Con relación al acto jurídico en particular, la voluntad juega en la doctrina clásica el papel de causa eficiente de los efectos de derecho. De allí que se le haya asignado un poder creador, "jurígeno", convirtiéndose la voluntad en el fundamento de la fuerza obligatoria del acto jurídico. La regla solus consensus obligat, secularizada y vuelta norma jurídica de la conducta social en una última etapa de evolución de la doctrina clásica, deriva naturalmente hacia la idea de que las convenciones tienen, entre las partes, lugar de ley, y de que la voluntad de ellas puede derogar las leyes en cuya observancia no está interesado el orden público. Aquélla locución, recogida por nuestro art. 1197 ("Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma"), no puede, sin embargo, conducir a erigir a la convención privada en una ley, sino que debe ser interpretada como la formación de una regla privada que obliga como la ley. De modo que, tal como se ha precisado -fundamentalmente a partir de las críticas formuladas a la doctrina clásica ut supra expuesta-, el poder de la voluntad en el acto jurídico no es el de causa inicial del efecto jurídico resultante. Su fuerza creadora se funda en una disposición de la ley, en un mandato que el derecho objetivo confiere, y se realiza por la voluntad. De esta última, por ser voluntad psicológica, no fluye el efecto jurídico. Sin derecho objetivo no hay efecto jurídico alguno. Solo él inviste al hombre del poder de determinarlos, mediante un acto de voluntad. En ese mismo sentido, es incorrecto afirm ar que de la voluntad, por ser voluntad, dimane la fuerza obligatoria del acto jurídico. Pero sí entendemos que emana de la voluntad jurídica, calificada por un fin eminentemente social y dirigida a la realización más perfecta del orden de derecho (Risolía, marco aurelio, op. cit., p. 31 y ss.). 4. Sentado ello e ingresando en el análisis de la cuestión sometida a estudio, es de destacar que el decreto antes mencionado dispuso modificar el denominado Sistema de Atención a Familias en Situación de Calle, suspendiendo la modalidad de alojamientos transitorios en hoteles y creando un régimen de subsidios. Al respecto, en su art. 6º dice la norma: "[e]l subsidio creado por el presente Decreto consiste en la entrega por única vez de un monto de hasta mil ochocientos pesos ($ 1.800), por familia. Este subsidio puede entregarse en un máximo de seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas". Ahora bien, conforme las constancias arrimadas a la causa, la actora fue beneficiaria del citado subsidio, el cual fue abon ado en su totalidad. 5. Que, teniendo en consideración tales circunstancias y a partir de las pautas generales antes descriptas, no puede sino concluirse que el trámite que iniciaran los amparistas a fin de lograr la concesión del subsidio importó una manifestación de voluntad libre de todo vicio y, por ende, productora de todos los efectos que su exteriorización conlleva. Concretamente en el particular, la sujeción de los actores al régimen estipulado en el decreto Nº 895/02. En otras palabras, no se ha alegado ni acreditado en autos la existencia de ningún elemento que permita concluir que el acuerdo prestado por los actores -en relación con el otorgamiento del subsidio- se encontraba afectado por causal de invalidez alguna. Sin embargo, si bien esta circunstancia parecería suficiente para hacer aplicación de la teoría de los propios actos, no puede desconocerse que la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria que de aquélla y del orden jurídico objetivo se derivan constituye una regla que se encuent ra sujeta a diversas limitaciones. 6. Que, en un sentido amplio, deben tenerse como limitaciones todos los requisitos exigidos por la ley para la validez de los actos jurídicos. En consecuencia, se dan las limitaciones en cuanto a los sujetos: en lo que respecta al ámbito específico de los contratos -especie principal de los actos jurídicos- deben contemplarse las incapacidades para contratar estipuladas en el art. 1160 del Código Civil; y también -y más generalmente- los vicios del consentimiento: error (art. 923 y ss.), dolo (art. 931 y ss.), violencia (art. 936 y ss.) y lesión subjetiva (art. 954); y los vicios propios de los actos jurídicos: simulación (art. 955 y ss.) y fraude (art. 961 y ss.). Por su parte, con relación al objeto, cabe remitir a las disposiciones relativas a los actos jurídicos, es decir, a los artículos 21, 953 y demás concordantes; asimismo, debe tenerse en cuenta lo normado por el art. 1167 y la multitud de normas que, en el ámbito de los contratos en especial, establecen prohibicion es específicas para contratar sobre determinados objetos. En consecuencia, no pueden ser objeto de los actos jurídicos en general: los hechos ilícitos o prohibidos por las leyes (art. 953); los hechos contrarios al orden público (art. 21); los hechos contrarios a la moral (arts. 21 y 953); los hechos que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia (art. 531); etc. En cuanto a la causa, debe ser cierta (arts. 500 y 501), lícita y moral (art. 502). También operan como limitaciones las disposiciones de la ley sobre la forma y la prueba de los contratos (art. 1180 y ss.). Con relación a esta última especie de actos jurídicos existen otra serie de limitaciones, de carácter específico: a) la regla de la buena fe (art. 1198, párr. 1º); b) la imprevisión contractual (art. 1198); y c) el ejercicio regular del derecho subjetivo (art. 1071) (Lavalle Cobo, Jorge E., en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado. Augusto C. Belluscio (dir.) - Eduardo A. Zannoni (coord.), Buenos A ires, Astrea, 1990, pp. 892/3). Asimismo, debe destacarse la limitación a la autonomía de la voluntad que implica la previsión legal relativa a la no obligatoriedad de la promesa aceptada de contrato real (arg. art. 2190 -referente al depósito- y art. 2244 -relativo al contrato de mutuo-). 7. Que, de esta forma y tal como queda dicho, las normas de orden público operan como límite de la libre expresión de la voluntad y, por ende, ésta debe quedar sujeta a las previsiones contenidas en aquéllas. De lo que se trata, entonces, es de establecer si -en el caso particular- la manifestación de voluntad expresada por la actora con discernimiento, intención y libertad (art. 944, Código Civil) halla algún límite en normas de orden público (art. 21 del mismo texto legal). En la dirección apuntada, es común en el ámbito del derecho, especialmente del privado, plantear la contraposición entre "autonomía de la voluntad" y "orden público". Generalmente, se alude a ella postulando la preeminencia de uno u otro concepto sobre el contrario. Sin embargo, impónese delimitar ambos conceptos y establecer el marco de actuación de cada uno y su necesaria coexistencia. Dentro de las acepciones del concepto "libertad", suele referir a una libertad social o política, y a una libertad personal. Esta última es la que, en particular, refiere a la autonomía o independencia con relación a las coacciones procedentes de la comunidad, en cuanto sociedad o Estado. La libertad es un atributo natural y esencial de la persona humana. Tiene su forma de manifestación a través de la voluntad, por la cual el hombre decide y expresa su conducta. En su origen, con la expresión "autonomía" se quiere referir el hecho que una determinada realidad se rige por una ley propia. En filosofía se la emplea en dos sentidos: uno ontológico y otro ético. Del último de ellos se ocupa Kant, quien sostiene que el centro de la autonomía de la ley moral lo constituye lo que denomina "autonomía de la voluntad", a la que define como la propiedad mediante la cual la voluntad co nstituye una ley por sí misma. La libertad no es ni puede ser una cuestión física, es sólo y únicamente una cuestión moral y en el reino de la moral no sólo hay libertad sino que no puede no haberla. En suma, el concepto de "autonomía de la voluntad" acuñado por Kant refiere a ella como a un "postulado de la razón pura" no susceptible por tanto de ser explicado. Por ello, no es casual que en el ámbito del derecho medien tantas teorías en el afán de brindar una explicación. En el ámbito jurídico, al cual se trasladó esa perspectiva, la libertad se expresa -como sucede en el caso que nos ocupa- a través de la realización de actos jurídicos que generan, conforme lo explicado en los párrafos precedentes, la obligatoriedad del vínculo así creado. De ese modo, además, en la solución de los conflictos que surgieren entre las partes, se aplican las previsiones estipuladas por ellas mismas y, sólo en su defecto, las fijadas por la ley. Esta actuación de los particulares, sin embargo, tiene sus límites. Ellos están dad os en cuanto los efectos de tales actos no deben afectar los principios superiores en cuya observancia estuvieren interesados el orden público, la moral, las buenas costumbres y la equidad. Entre ellas, la que aparece con más caracterización o imperatividad es la relativa al "orden público". Ante la ausencia de definición legal de este concepto, su sentido puede ser alcanzado a través de las diversas exposiciones doctrinarias. En general, la noción de orden público comprende un conjunto de principios o axiomas que una sociedad considera superior, que abarcan el ámbito político, el económico, el moral y el religioso. Ellos son considerados como sustento de la existencia y conservación de la organización social establecida. Desde otra perspectiva y nuevamente en palabras de Risolía (Risolía, Marco aurelio, Orden público y derecho privado positivo, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Enrique Martínez Paz, Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho Comparado, 1957, p. 105), orden público es la disposici ón o acomodación de la realidad social conforme al plan establecido por un sistema de normas jurídicas esencialmente aptas para lograr un estado objetivo de armonía, paz social y bien común. En otras palabras, orden público refiere a lo considerado esencial para la subsistencia del tipo de vida social de que se trate. Esta esencialidad puede derivarse de dos causas: a) por considerarse implicados principios reputados primordiales; y b) por considerarse afectados intereses generales que se estimen como prevalecientes sobre los particulares. En términos generales, se pueden considerar incluidas dentro de las normas de orden público, a modo indicativo: a) las leyes que constituyen el derecho público (organización constitucional y administrativa, sea en el orden político o en el económico - financiero); y b) dentro del ámbito del derecho privado, las leyes que fijan el estado y capacidad de las personas, las que organizan la familia, etc. (Gastaldi, José María, Centanaro, Esteban, Colla, Guillermo A. M., Barbagal lo, Miguel Ángel O., Szabo, Sebastián A., "La autonomía de la voluntad y el orden público", ponencia aprobada en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil). Asimismo, no resulta ocioso recordar que, según he tenido oportunidad de ejemplificar, integran limitaciones a la autonomía de la voluntad la función social de la vivienda, la tutela del medio ambiente y la recepción de los derecho de tercera generación conocidos como intereses difusos (Gastaldi, José María, Centanaro, Esteban, Colla, Guillermo A. M., Barbagallo, Miguel Ángel O., Szabo, Sebastián A., "La autonomía de la voluntad y sus límites en el ámbito del contrato", ponencia aprobada en las citadas Jornadas de Derecho Civil) 8. Que, sentado lo expuesto, cabe recordar el plexo normativo consagrado por la Constitución local respecto de la temática bajo estudio. El art. 10 de dicho texto, situado en el título primero ("Derechos y garantías") del libro primero "Derecho, garantías y políticas especiales", dispone que: "[r]igen todos los derechos, declar aciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos" (el destacado no pertenece al original). En otras palabras, la norma estipula la plena operatividad de los derechos y garantías consagrados en el texto constitucional. Es que, tal como dejara sentado la disidencia en autos "Comisión Municipal de la Vivienda c/ Saavedra, Felisa Alicia y otros s/ desalojo" (Expte. Nº: 2787/0), del 9/4/02, en materia de derecho a la vivienda, mediante la promulgación de la ley fundamental local, la Ciudad ha asumido obligaciones más amplias que las previstas en la Constitución Nacional. En cuanto al desarrollo de políticas sociales, la Constitución local tuteló prioritariamente a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, estableciendo como obligación estatal la coordinación de los programas tendientes a superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos (art. 17 C.C.A.B.A.). A su vez, la remisión no se agota originariamente en la Constitución local. Los tratados internacionales recogidos en el texto constitucional nacional, resultan, a su vez, fuentes de contenido en la materia. Así, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 11, reza: "[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento". De lo expuesto se colige que el constitu yente ha tenido en miras garantizar preferencialmente los derechos de las personas de los sectores sociales más desprotegidos, y ha impuesto al Estado la carga de promover las políticas públicas tendientes a excluir paulatinamente la pobreza y las situaciones que constituyen un verdadero obstáculo para el efectivo desarrollo de la persona. En otras palabras, deberá tomar acciones positivas para cumplir tales fines, dentro de sus posibilidades presupuestarias y técnicas y en el marco de razonabilidad que debe imperar en todos los actos de gobierno por mandato constitucional (conf. art. 28 CN) (conf. "Fernández, Silvia Graciela y otros c/ Gobierno de la Ciudad Buenos Aires s/ amparo" (art. 14 C.C.A.B.A.), esta Sala, 28/12/2001). Es dentro de este marco normativo -que consagra el derecho a la vivienda, impone un deber de hacer positivo a la Ciudad y limita la voluntad de los particulares- que debe analizarse la petición formulada por los accionantes. 9. Que en autos "R., B. c/GCBA s/Amparo" este Tribunal dijo: " [E]l estado local se encuentra alcanzado por numerosas normas que consagran el derecho a la vivienda y le imponen un deber de hacer. A los efectos de determinar el rol que cabe al estado en el cumplimiento de esta obligación, resulta fundamental tener presente lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto prevé que cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos." (destacado en el original; sentencia del 13 de marzo de 2002). Este antecedente agregaba luego que "...la progresividad impone a los estados la obligación de avanzar tras el objetivo de la plena efectividad de los de rechos receptados en el Pacto. Respecto al derecho a la vivienda, se ha regulado dentro del primer párrafo del artículo 11, el derecho a 'una mejora continua de las condiciones de existencia'. En esta inteligencia, contrariaría tal precepto toda medida que implique un deliberado retroceso en la materia." En el mencionado precedente "R." este Tribunal debió efectuar una salvedad necesaria -impulsada, por supuesto, por los agravios de la allí recurrente- aplicable al presente caso y que quedó expresada del siguiente modo: "...no corresponde al Poder Judicial establecer la oportunidad, mérito o conveniencia de la política habitacional del G.C.B.A., ni menos aún, decidir cuáles son las medidas a adoptar, sino expedirse sobre su razonabilidad en el caso concreto, en los términos explicitados ut supra. El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones adoptadas por los poderes con representación electoral, no son puntos sobre los que el Poder Judicial pueda pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario." En esta inteligencia, es claro que el modo en que concretamente corresponde asistir a la actora es resorte exclusivo de la Administración. Sin embargo, ello no empece a que, frente a la omisión estatal, el Tribunal ordene el cumplimiento de los derechos de la accionante, con las exigencias normativas transcriptas, sin por ello suplir las tareas propias del poder de ejecución. De hecho, esta ha sido la postura de esta alzada en casos análogos al presente y de tal manera se ha expresado el juez de grado en la sentencia objeto de recurso. Sin embargo, y también con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal, corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad efectuada. Ello, en virtud de que el modo en que aquí se resuelve suple acabadamente la necesidad de tal pronunciamiento, protegiendo igualmente de manera adecuada el derecho de los peticionantes y su hija menor. 10. Que, en resumen, constata da como se encuentra en autos la situación de emergencia habitacional de la parte actora, no hallándose controvertido además este extremo fáctico, corresponde declarar como omisiva la conducta de la demandada, pues ésta no ha atendido a las solicitudes cursadas por la accionante y recién ha actuado satisfaciendo la necesidad de vivienda ante el dictado de la cautelar dispuesta por la instancia de grado. Ante esto, cabe confirmar la sentencia apelada en cuanto admite la acción incoada. La cobertura habitacional que aquí se ordena, entonces, podrá consistir, en la prolongación del beneficio cautelarmente concedido, o bien, por el otorgamiento de algún otro plan que garantice el efectivo goce del derecho amparado y permita el desarrollo progresivo (y no regresivo) del acceso a una vivienda digna. Una vez realizado lo que aquí se dispone, deberá ser comunicado al Tribunal de grado interviniente. Es así que en modo alguno puede afirmarse que el objeto de la acción ha devenido abstracto. Como se dijo, el beneficio que favorece al presente al actor obedece a la medida cautelar dictada en autos, por lo que no cabe deducir de ello que ya no subsiste la cuestión que impulsara la promoción de las actuaciones. Por ello, se trata de que la prestación conste administrativamente con todas las especificidades de rigor, para dar así cumplimiento no sólo material sino también formal al derecho habitacional que se reconoce al amparista. 11. Que, del modo en que aquí se resuelve, teniendo origen la cobertura asistencial que el actor se encuentra recibiendo en la medida cautelar ordenada en autos, el objeto de la acción incoada subsiste y, en tanto se confirma la sentencia de grado, no se observan razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota. Siendo así, el agravio relativo a las costas debe ser rechazado. Por lo expuesto, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, es que el Tribunal RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación intentado y confirmar los puntos 1 y 3 la sentencia de primera instancia. II . Revocar el punto 2 de la sentencia de grado, en cuanto declara la inconstitucionalidad del artículo 6º del decreto 895/02. El Dr. Eduardo Ángel Russo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese en el libro de amparos y medidas cautelares, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y devuélvase.