Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15


BANCO HIPOTECARIO S.A. contra LEIVA, Ramón R.

Reg.: A y S t 211 p 421-424.

En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de febrero de dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BANCO HIPOTECARIO S.A. contra LEIVA, Ramón R. - Ejecución Hipotecaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 36, Año 2005). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Vigo, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Mediante auto de fs. 109/v., la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Gabriela Nélida Leiva contra la sentencia de fs. 97/99 atento considerar que "aparecen a fs. 74 y 75 testimonios de defunción legalizados que inexplicablemente la Sala estimó en su momento como 'copias simples', lo cual da andamiento fáctico provisional y liminar al planteo".

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para rectificar el criterio adoptado por la Alzada en dicha oportunidad, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs.

114/115.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. En la presente causa promovió el Banco Hipotecario S.A. "demanda de ejecución hipotecaria" contra Ramón Roberto Leiva, pretendiendo el cobro de la suma de $ 4.896,83 con más sus accesorios (fs. 38/41).

A fs. 50 v. el señor Juez de baja instancia -a pedido de la actora- ordenó que "atento a lo solicitado y a lo dispuesto por el art. 511 del C.P.C.C., (...) cítese al deudor y terceros adquirentes si los hubiere, a sus sucesores o administrador provisorio de la herencia, (...) por edictos que se publicarán en el 'Boletín Oficial' por el término de cinco días, en cinco veces, a fin de que dentro de los cinco días siguientes a la última publicación, abonen el crédito que se reclama (...) u oponga excepción legítima, bajo apercibimiento de dictar sentencia en rebeldía y darlos por notificados de cualquier resolución o providencia posterior. Sin perjuicio de la citación por cédula".

Finalmente, a fs. 59 el Oficio ordenó seguir adelante la ejecución hasta tanto la actora se haga íntegro cobro de la suma reclamada, con más sus intereses pactados y las costas.

2. A fs. 72/v. la señora Gabriela Nélida Leiva comparece ante el Juzgado respectivo, invocando "mi condición de hija y heredera del Sr. Ramón Roberto Leiva, fallecido el 3/3/81, tal como se acredita con copia de la libreta de familia, Acta 187 D, Año 1981, del Registro Civil de Defunciones", y deduce recurso de rescisión por nulidad del emplazamiento, denuncia fuero de atracción "en tanto que el procedimiento debe ser llevado a cabo ante el juez de la sucesión", acusa perención de la instancia y, -en lo que interesa- interpone recurso de apelación y conjunta nulidad contra el fallo de fs. 59.

A su turno, y por auto n 1412, el Juez tuvo a la mencionada Gabriela Nélida Leiva "por presentada, domiciliada, en el carácter que expresa, por derecho propio y con patrocinio letrado", otorgándole la participación que por derecho corresponde. Asimismo, rechazó el planteo de caducidad y concedió los recursos de apelación y nulidad contra la sentencia de foja 59 (fs. 83/v.).

3. Mediante sentencia de fs. 97/99 la Alzada resolvió declarar la nulidad del auto n 1412/01 (de fs. 83) y la inadmisibilidad de la presentación de fs. 72 y sgtes. de la Sra. Gabriela N. Leiva, "por tanto, mal concedidos los recursos de nulidad y apelación respecto del fallo n 39/00".

Para así resolver consideró el Tribunal a quo que "la presentación de la señora Gabriela N. Leiva era inadmisible por carecer de modo manifiesto de legitimación para obrar. Su postulación se halla desprovista de toda entidad jurídico procesal y no cumple con las exigencias mínimas requeridas por el juez a fs. 73, a fin de verificar la legitimación pasiva invocada". Agregó que "en el caso la señora Leiva no ha demostrado el fallecimiento del demandado. No lo logra con la agregación de una copia simple de la partida de defunción, sin más (...). En consecuencia no acredita el hecho jurídico base del derecho invocado (fallecimiento) del que se derivaría la subsecuente acreditación de calidad de heredera y en su caso representación adecuada", por lo que concluyó en que el auto que concede los recursos "contiene vicio de orden público en cuanto otorga participación 'en el carácter que expresa' a la recurrente".

4. Contra tal pronunciamiento dedujo Gabriela Nélida Leiva recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3 , ley 7.055)agraviándose -en lo que interesa al sub examine- de que en el caso la Sala ha prescindido de prueba decisiva para la suerte de la causa, consistente en la partida certificada de defunción del padre, "único modo de acreditar el deceso del deudor y de habilitar el carácter de sucesor universal", cuyo desconocimiento se ha traducido en una lesión a los derechos que le asisten a su parte ministerio legis en su condición de sucesora del causante (fs. 100/105).

5. El examen de los autos permite concluir en que la impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia, al comprobar que -como la propia Sala lo reconociera al conceder el recurso- asiste razón a la ocurrente cuando se agravia de que los sentenciantes al fallar se han apartado de expresas constancias de la causa, adoptando una solución que por ello no satisface las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Carta Magna local.

En el caso, y como surge del relato efectuado ut supra, la decisión de la Sala se sustentó en la tesis de que Gabriela Nélida Leiva no había acreditado suficientemente el fallecimiento de su padre, al limitarse a presentar -según sus dichos- "una copia simple de la partida de defunción", aserto que resulta inconciliable con la comprobación de que el certificado o "inscripción de defunción" ante el Registro del Estado Civil del señor Ramón Roberto Leiva, acompañado a fs. 74, se hallaba debidamente certificado en su reverso, al igual que el certificado de defunción de su cónyuge (fs. 75).

En tales condiciones se advierte la concurrencia de un típico defecto de arbitrariedad -apartamiento evidente de las constancias comprobadas de la causa y consecuente formulación de meras afirmaciones dogmáticas (vide Fallos, 318:495; 326:2564 y 4131)- que afecta irremediablemente la validez del pronunciamiento a la luz de las exigencias de fundamentación suficiente impuestas por el artículo 95 de la Constitución de la Provincia (cfr. A. y S., T. 42, pág. 218; T. 54, pág. 45; T. 106, pág. 365; T. 160, pág. 68, etc.; C.S.J.N., Fallos, 312:1150; 316:2602; 317:1583, etc.), determinando con ello la necesidad de hacer excepción al reiterado principio conforme el cual la interpretación de cuestiones de hecho y prueba que resulten de las constancias del proceso constituye facultad propia de los jueces de la causa y ajena por principio al remedio extraordinario.

En consecuencia, y sin que lo resuelto importe emitir pronunciamiento sobre la solución que en definitiva deba adoptarse, corresponde anular la sentencia impugnada y remitir la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

resuelva la cuestión inexcusablemente omitida por la Sala a quo.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)