Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-25


Poder Judicial de la Nación TS06D 63497 25-11-11 SALA VI EXPEDIENTE N° 29.884/2009 JUZGADO Nº 76 AUTOS: "AMATO MIGUEL ANGEL C/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" Buenos Aires, de de 2011.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

I. Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 442/454, interpusieran la parte actora y la parte codemandada "CLEVERMAN S.R.L." a tenor de los memoriales obrantes a fs. 461/467 y 469/471, respectivamente. También apela la perito contadora a fs. 455 la regulación de sus honorarios por estimarlos reducidos.

II. En primer término analizaré los agravios de la parte actora que se refieren fundamentalmente a la titularidad de la relación laboral. Al respecto, sostiene que el empleador ha sido exclusivamente la "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.".

La cuestión que se plantea es relativa a sí el actor fue empleado directo de "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." o de "CLEVERMAN S.R.L.".

Sobre el tema señalo que en el escrito de contestación de demanda, la empresa "CLEVERMAN S.R.L." afirma que es una sociedad legalmente constituida cuyo objeto es la prestación de diversos servicios a empresas usuarias que así los requieran tales como: servicios de reposición en supermercados, distribución, servicios de logística promocional, diseño y producción de stands, es decir que se dedica a prestar diversos servicios a empresas terceras clientas, contratando personal propio que destina la misma manteniendo los trabajadores la relación de dependencia con su empresa, que los contrata, abona sus remuneraciones y efectúa los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social.

Se reconoce que en tal carácter el actor ingresó el 21/6/1993 trabajando en exclusividad para "QUILMES S.A." y que lo hizo en distintos supermercados. Al respecto, el testigo Sordo Sergio Andrés (ver fs. 226), quien trabajo mucho tiempo para "QUILMES" dice ".que los empleados que manejaba la empresa citada pertenecían a CLEVERMAN y que era jefe del actor, que trabajaba para el dicente y él trabajaba en Quilmes; que el actor le rendía cuenta a él de su trabajo.", facilita detalles precisos de la tarea del actor y explícitamente dice que ".fue jefe del actor más de 18 meses.". Esta declaración es terminante en cuanto a que el verdadero titular de la relación laboral era "QUILMES S.A." y que "CLEVERMAN S.R.L." colocó al trabajador en trabajos permanentes y efectivos correspondientes a la empresa primeramente citada.

Tondina Marcelo Adrián (ver fs. 229/230) expresa que "CLEVERMAN S.R.L." es una empresa de personal temporario que el dicente trabaja en Carrefour y que conoce al actor desde que comenzó a trabajar en el mercado reponiendo la mercadería de la empresa "QUILMES S.A.", describe las tareas de Amato y puntualiza que éste trabajaba para la misma empresa y respondía a las instrucciones del supervisor que proveía dicha empresa.

Asame Miguel Ángel (ver fs. 232/233) también afirma que "CLEVERMAN S.R.L." es una empresa de personal temporario y que el actor trabajaba en Wall Mart reponiendo los productos de la línea Pepsi, Quilmes o Brahma. Con la aclaración que efectúo por mi parte de que Brahma y Pepsi son de la marca "QUILMES S.A." (ver declaración de Sordo fs. 226 y la relación de sus dichos con los de Asame que permiten llegar a dicha conclusión).

Observo que las impugnaciones que se efectúan no logran quitarle fuerza convictiva a las declaraciones testimoniales anteriormente analizadas.

Acuña Diego Martín (fs. 310/311) dice que el actor trabajaba para "CLEVERMAN" prestando servicios para "QUILMES". Lo cual define la cuestión pues, si se vincula este testimonio propuesto por la demandada con los términos del escrito de contestación de demanda reseñado con anterioridad, queda en claro que la prestación de servicios de Amato para "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." implicaron la titularidad del vínculo por parte de la misma y que "CLEVERMAN S.R.L." era solamente una empresa intermediaria que podía hacer contrataciones eventuales y que en el caso disimuló el contrato de Amato, quien prestaba servicios en actividades permanentes de la cervecería. Ni Ferreyra Rafael Francisco (ver fs. 328/329) ni Pereiras Fernando (fs. 329) ni Marcelo Adrián Cohen (fs. 330) logran desvirtuar la interpretación que he efectuado sobre la base de las declaraciones primeramente citadas que son precisas, concordantes y coinciden con los términos del escrito de contestación de demanda al que he hecho referencia pues, lo reitero, resulta obvio que si Amato con continuidad y exclusividad reponía productos de "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." esta era la titular de la relación contractual, dándose la hipótesis que contempla el art. 29 de la L.C.T. según el cual "Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación".

A partir de lo expuesto, reconozco el derecho del actor de considerarse injuriado y despedido y, en consecuencia, resultan procedentes las indemnizaciones consecuentes de él.

También considero procedentes las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24013.

En primer lugar, el artículo 29 la L.C.T. dispone que "Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación" tiene el fin de prevenir el fraude consistente en la interposición entre el empleador y el trabajador de un sujeto que formalmente contrata a este último.

Ello pues, resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador y la realidad es que el obligado a registrar el vínculo laboral, pagar la remuneración, hacer los aportes correspondientes, entre otros, es el empleador directo, real y único de la relación; o sea, el que recibe los servicios del trabajador a su cargo y no un tercero intermediario que deviene irrelevante al no ser la misma la empleadora del trabajador.

Al respecto, es doctrina plenaria N° 323 del 30/6/2010 en autos "VASQUEZ, MARÍA LAURA C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. Y OTRO" que: "Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria". También corresponde condenar a las codemandadas a abonar la indemnización prevista en el art. 15 del mismo cuerpo normativo, desde que se encuentra configurado el segundo párrafo de la norma en cuestión. Señalo que para su cálculo me limitaré al reclamo de inicio. Considero viable la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 pues desde que las indemnizaciones derivadas del despido indirecto no fueron abonadas el actor quedó obligado a que, previa intimación fehaciente al pago, deba iniciar el presente litigio para que le fuera satisfecho su crédito.

También corresponde condenar a la multa del art. 80 de la L.C.T. porque el actor intimó a la entrega del certificado previsto por dicha norma en el mismo telegrama colacionado en el que se consideró despedido (ver fs. 4) y, lo cierto es que no fue entregado en tiempo y forma. Por lo que considero que en el caso se encuentran reunidos los presupuestos fácticos de procedencia del rubro reclamado.

También corresponde condenar a la entrega de las certificaciones de servicios previstas en el art. 80 de la L.C.T. pues la condena solidaria en los términos del art. 29 L.C.T. abarca a las obligaciones emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Por lo que, no constituye, en mi criterio, un argumento válido el manifestar que no se cuenta con los registros de la relación laboral, ya que en todo caso la certificación en cuestión puede ser confeccionada con los datos que han quedado comprobados en la causa.

En consecuencia, el accionante resulta acreedor de la siguiente liquidación:

Indemnización por antigüedad	$57.534,40 Preaviso + SAC	$7.790, 88 SAC proporcional	$612,32 Salario adeudado último mes	$3.555,39 Vacaciones no gozadas + SAC	$462,19 Art. 8 ley 24.013	$167.103,33 Art. 15 ley 24.013	$68.735,82 Art. 2 ley 25.323	$32.968,80 Art. 80 L.C.T.	$10.787,70 TOTAL	$349.550,83 III. Por los motivos expuestos precedentemente, de prosperar mi voto, propongo revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda por despido promovida por Miguel Ángel Amato y condenar a "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." y "CLEVERMAN S.R.L." a abonar dentro del quinto de aprobada en el plazo previsto en el art. 132 de la L.O. la suma de $349.550,83, con más intereses que deben calcularse desde que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago, aplicándose la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (conf. Acta CNAT Nº 2357 del 7 de mayo de 2002, modificada por Resolución de Cámara Nº 8 del 30/5/02). También corresponde condenar a hacer entrega en tiempo y conforme los verdaderos datos del vínculo laboral que quedaron corroborados en autos de la certificación correspondiente al art. 80 de la LCT.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria. En efecto, propongo imponer las costas de ambas instancias a cargo de las codemandadas vencidas (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.", de la parte codemandada "CLEVERMAN S.R.L." y del perito contador en el 15%, 13%, 13% y 6%, respectivamente, porcentajes todos calculados sobre el nuevo capital de condena con más los intereses (conf. arts. 38, L.O.; ley 21.839; 3 y concs., dec.-ley 16.638/57).

Con relación a los trabajos realizados en esta instancia, se regulan los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa (cfr. art. 14, ley 21.839).

IV. Sentado lo expuesto, y previo a resolver las quejas vertidas en relación con el porcentaje de incapacidad y la cuantía indemnizatoria; corresponde analizar lo relativo a las distintas responsabilidades de las demandadas de autos, circunstancia fundamental que ha sido objeto de recurso de la codemandada "CLEVERMAN S.R.L." en cuanto declaró la inconstitucional del art. 39 inc 1° de la L.R.T. y la condenó en los términos del art. 1113 del Código Civil. Asimismo, subsidiariamente, manifiesta la inaplicabilidad de la responsabilidad objetiva del Código Civil con fundamento en el hecho de no ser "dueña" ni "guardiana" de la "cosa riesgosa" pues era propiedad de la codemandada "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." y cuestiona el rechazo de la responsabilidad de la aseguradora de riesgos de trabajo "MAPFRE ARGENTINA A.R.T.".

En primer lugar, en oportunidad de expedirme en casos similares al sub examine, he declarado la inconstitucionalidad de dicha normativa por considerar que restringir la posibilidad de resarcimiento en supuestos previstos por el art. 1113 del Código Civil, cuando el damnificado es un trabajador, violenta los principios constitucionales de los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional y las normas de jerarquía constitucional contenidas en los tratados de derechos humanos que forman el bloque constitucional federal y a los que alude el art. 75 inc. 22 C.N.

Asimismo, la cuestión ha sido superada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Aquino" (FALLOS 327:3753). En dicho pronunciamiento y en otros posteriores -casos estos en los que fijaron sus posturas sobre el tema los jueces del máximo Tribunal que no habían intervenido en "Aquino" ("Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." sentencia del 7 de marzo de 2006; "Avila Juchani c/ Decsa S.R.L." sentencias del 28 de marzo de 2006 y "Llosco, Raùl c/ Irmi S.A." sentencia del día 12 de junio de 2007)- se descalificó, mediante votos concurrentes la disposición del art. 39, ap. 1 de la ley 24557 en cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes- la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana fundamentalmente del art. 19 de la Constitución Nacional.

En virtud de lo precedentemente expuesto, debe partirse de la base de la posibilidad de reclamar como lo hizo el reclamante en el presente caso.

Desde esta perspectiva corresponde analizar la responsabilidad que le cabe, en mi opinión, a la apelante.

Conforme señalé con anterioridad, de las constancias de autos se desprende que el accionante en noviembre de 2008 mientras laboró a favor de la codemandada "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." comenzó a sufrir fuertes dolores en la columna vertebral y le diagnosticaron "hernia de disco lumbar doble", a partir de la cual le prescribieron tareas livianas. Indica que su labor consistía en levantar bultos y transporte por zorras. Manifiesta que su trabajo afectó su integridad psicofísica y, en consecuencia, solicita el resarcimiento de los daños.

Por ello y teniendo en cuenta que no se trata de un accidente sino de una afección agravada por el trabajo, considero que la conjunción de las circunstancias mencionadas convirtió al trabajo que estaba cumpliendo el trabajador en la cosa riesgosa o viciosa prevista por el Código Civil pues, si bien la tarea de "repositor" no puede ser considerada en forma genérica como una cosa riesgosa, no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias, y el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado, sino que le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardiana, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (CSJN 28/4/92 "Machicote, Ramón c/ Empresa Rojas SAC").

Así dicha normativa dispone, para el supuesto que nos convoca que ".si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable." En el caso, el conjunto operativo, es decir el modo en que se cumplió con el trabajo, creaba una situación de peligro inminente y las lesiones del actor constituyeron la desgraciada actualización de esta situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa -carga de bultos, art. 2311 CC- por lo que corresponde responder por ellas en los términos del artículo 1113.

Cabe señalar que conforme decidí con anterioridad "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." resultó ser la empleadora directa del actor y "CLEVERMAN S.R.L.", en definitiva, le proveyó fraudulentamente al trabajador para que aquél se beneficie mediante la realización de las tareas de reposición en los correspondientes supermercados; circunstancia que las hace solidariamente responsables en los términos del art. 29 de la L.C.T.

Para determinar el sujeto responsable en los términos del art. 1113 del Código Civil debo limitarme al agravio de los aquí apelantes.

En esas condiciones, la codemandada "CLEVERMAN S.R.L." ha compartido la guarda de las cosas materiales utilizadas por el accionante, pues es quien proveyó fraudulentamente al accionante para que efectúe las labores en beneficio y a cuenta de la mercadería provista por la codemandada "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.", que no fue condenada en primera instancia, decisión que -independientemente de la acción de repetición que pudiera corresponder contra ella- se encuentra firme y consentida por las partes, por lo que no corresponde su tratamiento en esta instancia.

Debe entenderse por guardián a todo aquel que tiene, de hecho o por derecho, un poder efectivo de vigilancia o gobierno y control sobre la cosa que ha resultado dañosa. También debe tenerse por guardián a quien se sirve de la cosa, vale decir quien aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal de dicha cosa, reposando la guarda jurídica sobre el concepto de aprovechamiento económico de la cosa.	En el caso, la calidad de guardián de la cosa viciosa o riesgosa causante del daño, fue compartida de hecho por las codemandadas, y por ello "CLEVERMAN S.R.L." debe responder de conformidad con las previsiones del art. 1113 del Código Civil.

Sentado ello, observo que no se ha demostrado ninguna conducta del damnificado que logre desvirtuar la presunción de responsabilidad que la norma consagra hacia el dueño o guardián en los términos del art. 1113 del Código Civil, sin que se haya aportado elemento objetivo alguno que justifique un apartamiento de lo decidido en primera instancia al respecto.

Por lo expuesto, propongo se confirmar el fallo apelado en este aspecto.

V. Seguidamente, trataré el agravio de la parte actora dirigido a cuestionar el daño determinado por el accidente de trabajo y su consecuente resarcimiento. Al efecto, solicita se valore nuevamente la pericia médica y se aplique la fórmula "Méndez".

El perito médico, luego de realizar los estudios correspondientes, determinó que el actor padece un cuadro herniario que le produce una incapacidad del 15% de la T.O., y una incapacidad psicológica del 4% de la T.O., ambas patologías relacionadas concausalmente con el trabajo que realizaba en la demandada (ver fs. 387/393).

Consideró que los términos del informe pericial médico son claros al concluir que la incapacidad del actor en relación causal y/o concausal con la actividad realizada, la estimo precisa y correctamente fundada por el experto y no advierto motivos que justifiquen apartarse del dictamen médico en cuestión. Por ello, no considero apropiado apartarse del baremo determinado por el perito oficial designado al efecto.

Sin embargo, a los fines de determinar la cuantificación del daño sufrido por el demandante, cabe señalar que no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L., del 8 de abril de 2008).

Con estos parámetros y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del demandante a la fecha del accidente, la naturaleza de la lesión, el grado de incapacidad, su salario mensual, las secuelas psicofísicas que presenta, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero justo y equitativo el resarcimiento por daño material dispuesto en primera instancia en la suma de $30.000,00 que involucra el daño físico, el lucro cesante y la pérdida de chance. En orden a establecer la indemnización por daño moral (art.1078 del C. Civil) entiendo también equitativa la suma fijada en la cantidad de $6.000 tomando en consideración también lo señalado en los párrafos anteriores.

VI. Finalmente, la codemandada "CLEVERMAN S.R.L." cuestiona lo decidido en primera instancia en cuanto al rechazó de condena de la ART. El accionante se agravia en razón del eximente de responsabilidad en los términos del art. 1074 del Código Civil, así como también en el límite de la póliza. En primer lugar, la apelante no aporta en el escrito de apelación elementos de convicción que permitan rebatir lo resuelto en primera instancia en torno al eximente de responsabilidad civil porque no analizan la prueba de la causa en proyección de lograr la modificación del decisiorio en sentido contrario. Al respecto, ni en el escrito de contestación de demanda, ni en el de queja se puntualiza concretamente cuál es la medida de seguridad que omitió o que debió adoptarse para evitar un accidente como el presente. Téngase en cuenta que no estamos frente a una responsabilidad objetiva asimilable a la del empleador (conf. art. 1113 C.C.), sino que es necesaria la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad exigidos para su procedencia (conf. art. 1074 C.C.).

Recuérdese que la CSJN en el fallo "Torrillo" estableció que tratándose de daños a la persona de un trabajador -derivados de un accidente o enfermedad laboral- no existe razón alguna para poner a una Aseguradora de Riegos del Trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Cód. Civil cuando se demuestre la concurrencia de los presupuestos exigibles, que incluyen el incumplimiento objetivo, el factor de atribución, el daño y el nexo causal adecuado entre dicho daño y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la aseguradora de sus deberes legales.

Ahora bien, corresponde determinar si la aseguradora debe responder en los límites de la póliza suscripta en el marco de la ley 24.557.

Al respecto, si bien "MAPFRE ARGENTINA ART S.A." reconoce su calidad de aseguradora al momento de la consolidación del daño, articula como defensa excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en que las afecciones padecidas por el actor se encuentran excluidas del listado de enfermedades profesionales que enumera el dec. 658/96.

No corresponde hacer lugar la defensa articulada en el responde toda vez que, en mi opinión, la falta de referencia de la patología detectada en los baremos oficiales, en modo alguno implica la ausencia de reparación acreditado el nexo causal o la influencia de las tareas cumplidas por el Sr. Araujo en relación a su dolencia. Conforme las modificaciones introducidas a la ley por el decreto 1278/2000, considera igualmente enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.

Por lo demás, al respecto la CSJN se ha pronunciado en el caso "Silva, Facundo c/ Unilever Argentina S.A.", sentencia del 18/12/07 (S1789 XL) sosteniendo que: "No parecen quedar dudas que la LRT de 1995, es incompatible con el orden constitucional y supralegal enunciado, puesto que ha negado todo tipo de reparación al trabajador víctima de una enfermedad que guarda relación de causalidad adecuada con el trabajo, por el solo hecho de que aquélla no resulta calificada de enfermedad profesional en los términos de dicha norma. Por cierto que esa incompatibilidad encuentra fundamento, además de lo expresado en los considerandos precedentes, en otros derechos de jerarquía constitucional que, en consecuencia, fueron desoídos por el legislador. En primer lugar, el de toda persona "a que se respete su integridad física, psíquica y moral", tal como lo enuncia el inc. 1º del art. 8 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, con toda especificidad y autonomía (asimismo: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I)".

. "El descarte de la responsabilidad del empleador que consagra la LRT en el punto sub lite, constituye en sí mismo un elemento distorsionante de la relación laboral, un claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no a su desamparo. Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general como en lo que concierne a las propias de cada actividad. (Del voto de los ministros Fayt y Petracchi)." En este orden de ideas, toda vez que se encuentra reconocida su calidad de aseguradora al momento de la consolidación del daño, corresponde hacerla responsable a "MAPFRE ARGENTINA ART S.A." en los límites de la póliza suscripta en el marco de la ley 24.557 en tanto, sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el art. 47 de dicho cuerpo legal, el empleador ésta obligado por la misma legislación a contratar un seguro y, en definitiva, si se eximiere de responsabilidad a la aseguradora se desvirtuaría la finalidad del contrato ya que generaría un enriquecimiento sin causa a favor de la A.R.T. que percibió la póliza.

VII. Por los motivos expuestos anteriormente, reprosperar mi voto, propongo:

Confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar a la demanda por enfermedad profesional y modificarla en el sentido de extender la condena en forma solidaria a la codemandada "MAPFRE ART S.A." en el limita de la póliza suscripta.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria. Imponer las costas de ambas instancias de la acción por enfermedad profesional a cargo de las codemandadas "CLEVERMAN S.R.L." y "MAPRE ARGENTINA ART S.A." en forma solitaria y conforme las proporciones anteriormente dispuestas (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada "MAPRE ARGENTINA ART S.A.", de la codemandada "CLEVERMAN S.R.L.", "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." y del perito médico en el 15%, 11%, 11%, 12%, y 6%, respectivamente, porcentajes todos calculados sobre el capital de condena que se confirma en esta instancia, con más los intereses (conf. arts. 38 L.O., ley 21.839 y concs, dec-ley 16.638/57). Asimismo, regular los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa (conf. Art. 14 L.A.).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la demanda por despido promovida por Miguel Ángel Amato y condenar a "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." y "CLEVERMAN S.R.L." a abonar dentro del quinto de aprobada en el plazo previsto en el art. 132 de la L.O. la suma de $349.550,83, con más intereses que deben calcularse desde que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago, aplicándose la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (conf. Acta CNAT Nº 2357 del 7 de mayo de 2002, modificada por Resolución de Cámara Nº 8 del 30/5/02). Condenar también solidariamente a hacer entrega en tiempo y conforme los verdaderos datos del vínculo laboral que quedaron corroborados en autos de la certificación correspondiente al art. 80 de la LCT. Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las codemandadas vencidas. Regular los honorarios de las representaciones y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada contra "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.", de la parte codemandada "CLEVERMAN S.R.L." y del perito contador en el 15%, 12%, 12% y 6%, respectivamente, porcentajes todos calculados sobre el nuevo capital de condena con más los intereses. Regulan los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa. 2) Confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia en cuanto hace lugar a la demanda por enfermedad profesional y modificarla en el sentido de extender la condena en forma solidaria a la codemandada "MAPFRE ART S.A." en el límite de la póliza suscripta. Imponer las costas de ambas instancias de la acción por enfermedad profesional a cargo de las codemandadas "CLEVERMAN S.R.L." y "MAPRE ARGENTINA ART S.A." en forma solitaria y conforme las proporciones anteriormente dispuestas. Regular los honorarios de las representaciones y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada "MAPRE ARGENTINA ART S.A.", de la codemandada "CLEVERMAN S.R.L.", "CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A." y del perito médico en el 15%, 11%, 11%, 12%, y 6%, respectivamente, porcentajes todos calculados sobre el capital de condena que se confirmar en esta instancia, con más los intereses. Regular los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa. 3) Confirmar en lo demás el fallo apelado.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Alf.

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA