Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 125/128. Santa Fe, 13 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución nro. 252, de fecha 10.06.2013, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario, en autos "FERNANDEZ DE LUCO, MARISA ANALIA contra PROVINCIA DE SANTA FE -MEDIDA CAUTELAR- (EXPTE. 64/13)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00509377-2); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa en lo que ahora resulta de interés que, por resolución 252 de fecha 10.06.2013, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario rechazó el pedido cautelar de la actora a fin de que suspenda su obligación laboral (como maestra de grado de la Escuela N° 6390 "Almafuerte" de la ciudad de San Lorenzo) sin modificación de sus parámetros laborales y con goce de haberes, con costas. Cabe puntualizar que dicha pretensión cautelar se dedujo en el marco de un recurso contencioso administrativo interpuesto por la accionante contra la Provincia de Santa Fe en el que indicó a determinados funcionarios del Ministerio de Educación como responsables de acoso laboral. Contra aquella decisión que denegó la medida cautelar peticionada deduce la perdidosa su recurso de inconstitucionalidad, alegando que la misma resulta arbitraria por omitir pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas y por fundamentarse en afirmaciones dogmáticas. Afirma que en autos se invocaron hechos encuadrables en la causal de acoso laboral material empero se terminó resolviendo extrapetita sobre otra base fáctica cual sería una inexistente denuncia o acusación fuera del juicio. Sostiene que al no haber sido negado el incidente descripto, no puede decirse que no existe verosimilitud en lo peticionado, resultando ello una afirmación meramente dogmática del resolutorio impugnado. Asimismo considera arbitraria la imposición de costas con cita del artículo 24 de la ley 11330. Por útlimo, plantea agravio constitucional por apartamiento de la doctrina judicial del Máximo Tribunal nacional, puesto que afirma que el decisorio impugnado asegura que el criterio prevalente en doctrina judicial es apreciar las circunstancias que permiten el otorgamiento de cautelares con especial minuciosidad, dando a entender que, por tanto, ello debe ser restrictivo, cuando por el contrario -dice- la doctrina constitucional establecida por el más Alto Tribunal de la Nación sostiene exactamente lo opuesto. 2. Por decisorio del 30 de diciembre de 2013 la Cámara denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 156/159), lo que motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 166/176v.). 3. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, se adelanta que no corresponde en el caso franquear el acceso a esta instancia de excepción. En efecto: tal como se sostiene en el auto denegatorio -y no logra rebatir la impugnante en el escrito de queja, dejando con ello incumplida la carga que establece el artículo 8 de la ley 7055- el artículo 1 de la ley 7055 establece que el recurso de inconstitucionalidad, como exigencia fundamental para su admisibilidad, debe dirigirse contra una sentencia definitiva dictada en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto o contra un auto interlocutorio que ponga término al pleito o haga imposible su continuación. En ese orden de ideas, conviene recordar que es una posición pacíficamente aceptada por este Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen -como principio- sentencia definitiva a los fines de habilitar el recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055 y la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48 (cfr. A. y S. T. 30, pág. 150; T. 93, pág. 40; T. 191, pág. 36; T. 206, pág. 366; T. 223, pág. 389, y en sentido concordante Fallos:256:150; 257:147; 258:262; 262:136; 265:265; 267:432; 271:319; 310:681; 313:116; 316:2153; 326:25; entre muchos otros). Y si bien en ciertos casos, como estricto supuesto de excepción a ese principio, se han equiparado a sentencia definitiva las resoluciones que producen un gravamen irreparable o un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior (así por ejemplo en A. y S., T. 69, pág. 61; T. 108, pág. 278; T. 159, pág. 40; T. 192, pág. 312; T. 196, pág. 206; y Fallos:251:162; 257:301; 265:326; 308:1107; 312:409, 326:1471; entre otros), no es una situación predicable en estos autos. En efecto, la jurisprudencia tiene resuelto que no basta con alegar un perjuicio sino que es preciso señalar y demostrar cómo y dónde surgiría un agravio de esa índole y magnitud (A. y S. T. 88, pág. 262; T. 94, pág. 457; T. 104, pág. 312; T. 202, pág. 331; y Fallos:303:658, 306:140; 311:612; 316:1870, entre otros); y, en el caso, los argumentos vertidos en el auto denegatorio en cuanto que "No surgen en este estadio del trámite si en verdad y como lo afirma la incidentista se encuentra en su ámbito laboral inmersa en una situación de mobbing o acoso psicológico cuya causa proviene de la conducta abusiva de violencia psicológica, y de los comportamientos de agresión y maltrato continuado y persistente que ejercen sobre su persona la directora y vicedirectora, o si por el contrario, se trata de problemas frecuentes en el trabajo provenientes de superiores jerárquicos con criterios de prestaciones laborales distintos a los propuestos por la recurrente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, que pueden no ser compartidos por la actora pero que no importan el ejercicio de la función de modo abusivo o arbitrario" (f. 158), no han sido idóneamente desvirtuados en la presentación directa, en la que se insiste con la irreparabilidad de los perjuicios sin dar razones suficientes para perfilar un gravamen de esa naturaleza a los efectos de excepcionar el requisito impuesto por el artículo 1 de la ley 7055. Tampoco logra conmover los motivos expuestos centralmente por el Tribunal cuando señaló que "En rigor, en este juicio rápido, superficial y dirigido a comprobar los presupuestos sustanciales de procedencia formal de la tutela solicitada, no puede sino concluirse que a la fecha no surgen suficientemente acreditados los extremos invocados y que de configurarse ellos conduzcan a sostener la existencia de acoso laboral, máxime cuando en el ámbito de la propia administración se ordenó una investigación sobre las denuncias efectuadas y los superiores de las denunciadas concluyeron en la inexistencia de pruebas que permitan siquiera sostener la existencia de tal situación" (fs. 157v./158). A la luz de tales argumentos no puede sino concluirse que, por su propia naturaleza cautelar, la resolución que se impugna en el "sub lite" no constituye una sentencia definitiva o un auto equiparable y obsta, por ende, a la admisibilidad de este recurso. Dicha conclusión se ve reforzada toda vez que tampoco se advierte perfilado un gravamen irreparable que torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas. En efecto, la mera postulación formulada por la impugnante a través de todo el proceso cautelar, aduciendo una serie de situaciones surgidas como consecuencia de su actividad docente -fundamentalmente relacionadas, con la no implementación del Proyecto de Gabinete Psicopedagógico en el ámbito de la Escuela donde revista- que habrían derivado en discrepancias sobre el obrar del personal directivo y también con la mayoría del personal docente, que considera "le han producido un daño psíquico y físico", resulta claramente insuficiente en orden a argumentar y demostrar que concurran en el caso gravámenes insusceptibles de oportuna reparación, en la hipótesis del dictado de una sentencia favorable a sus pretensiones. En suma, corresponde desestimar la queja interpuesta, en razón de la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario.