marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Elortegui, Martín Félix c/ Renault Argentina S.A. y otra. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Corresponde dejar sin efecto la resolución que fijó los honorarios de los letrados, si a pesar de la modificación notoria que efectuó de los emolumentos establecidos por el juez de primer grado, no explicita de manera concreta cuál es la base regulatoria adoptada, omisión que impide inferir cuáles han sido las pautas arancelarias tenidas en cuenta.
Concursos, cesación de pagos, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAGLE JOSE LUCRECIO h - QUIEBRA PEDIDA s/ QUIEBRA PEDIDA - OBLIGACION DE HACER - OBLIGACION DE DAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-26

Aún cuando el incumplimiento del deudor responda a la naturaleza de las obligaciones de hacer, o de que participe de las obligaciones de dar, en ambas hipótesis la pretensión del acreedor sería viable, porque está habilitado para ello, porque el Juez debe apreciar las circunstancias de cada caso. Pero, inmediatamente, surge el otro problema, es decir, el de si el sólo incumplimiento de una obligación de esta clase constituye un hecho revelador de la cesación de pagos.

El Juez, goza de amplias facultades valorativas (art. 85 y 86 ley 19551). Sin embargo, cuando se trata de una obligación de dar suma de dinero en pago, el valor indiciario de este incumplimiento es mayor que cuando este se relaciona con alguno de los otros tipos de obligaciones mencionados, porque estos consisten en obligaciones personales que, sólo de manera indirecta, pueden producir la convicción de la impotencia del patrimonio del deudor para cumplirlas. Estos quiere decir que nada más que, en casos de excepción, el incumplimiento de una obligación de hacer, es susceptible de originar la certeza de la vinculación de "causa a efecto" entre cesación de pagos y falta de cumplimiento, y que, para ello, deben mediar circunstancias muy especiales que demuestren aquél estado.
Juicio ejecutivo, factura, título ejecutivo inhábil
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLASTICOS LAVALLEJA SRL c/ PUBLICIDAD CONTACTO SA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

La circunstancia de que en ciertas facturas se consigne el precio de las mercaderias, el importe de lo reclamado y que hubieran sido recibidas de conformidad por el presunto deudor, no les confiere el carácter de juicio ejecutivo, pues no se bastan a si mismas ni reunen todos los elementos esenciales que hagan innecesario prever indagaciones incompatibles con la estructura de este tipo de procesos.
Multa procesal, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Clínica Marini S.A. s/ quiebra s/ incidente de subasta de inmueble.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

No corresponde asimilar las multas procesales a las causas en las que está en juego una restricción a la libertad personal, pues ello implicaría ampliar -con el mero señalamiento de supuestas restricciones a diversos derechos constitucionales -el elenco de hipótesis en que puede ser formalizado el aplazamiento del depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Varela, Miguel Angel. s/ Demanda de Inconstitucionalidad de la Ley 3201.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-16

Las medidas cautelares proceden en todas las clases de juicio, sean estos ordinarios, sumarios o especiales y cualquiera sea la acción deducida, siempre que se acredite los requisitos exigidos por la ley, y, por otra parte, su tramitación es inaudita parte, por lo que no se verifica que con ella se pueda demorar el curso del proceso principal. Cabe agregar además que con las medidas precautorias precisamente lo que se procura es que durante el transcurso del tiempo que demora el dictado de la sentencia definitiva se mantenga la situación de hecho existente, que no se altere el estado de las cosas sobre las que versa la litis mientras se trámite la causa.

De lo expuesto se tiene que, procediendo formalmente la medida cautelar impetrada en toda clase de juicios de conformidad con lo que dispone con criterio genérico en cuanto al tipo de proceso el art. 195 del C.P.C., su procedencia en el caso está condicionada a la concurrencia de los presupuestos genéricos que rigen para toda medida cautelar. Nuestro más Alto Tribunal ha dicho en una acción de declaración de certeza: "La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestra la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora". En suma, sin dejar de reconocer que en juicio de la naturaleza del presente la procedencia de medidas como la que se solicita tiene carácter restrictivo, no se puede sin más desecharla, sino que en cada caso particular debe analizarse si se dan los presupuestos que la tornan viable. Ahora bien, en el caso en estudio la cuestión se ha tornado abstracta ya que al encontrarse derogada la ley cuya constitucionalidad se cuestiona no pueden efectuarse los descuentos, que es la finalidad que se perseguía con la medida cautelar impetrada.-
Prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Domínguez, J.N. c/ Clínica Villanueva s/ Cobro de Australes-Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-20

No procede tener por confesa a la parte por haber manifestado desconocer el hecho que se le pregunta. Tal efecto no procede, pues si el deponente no hizo una respuesta afirmativa o negativa frente a la posición sino que manifestó no recordar el hecho, no puede tenérselo por confeso desde que no medió en la audiencia la formulación reiterada de la posición bajo el apercibimiento que refieren los artículos 399  y 403 del Código Procesal Civil y Comercial  aplicables por artículo 83 del Código Procesal Laboral y que es condición necesaria para que en la sentencia pudiera tenerse por confeso al absolvente.
Quiebra, acreedor privilegiado, personas con discapacidad, menores
Materia: COMERCIAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Institutos Médicos Antártida s/ quiebras/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F.) c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

Atento a la situación de vulnerabilidad de la incidentista -condición cuadripléjica irreversible desde el nacimiento que tuvo origen en una mala praxis médica- que requiere de una solución que la atienda con urgencia, al tiempo transcurrido desde el reconocimiento del crédito por los daños y perjuicios sufridos, y a la duración que tuvo el trámite del incidente de verificación, corresponde que la Corte, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de la ley 48, ponga fin a la discusión y fije para el crédito el privilegio especial de primer orden en los términos en que fue reconocido por el juez de primera (Voto del juez Maqueda).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, indemnización tarifada, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VALLE, MARCOS VICENTE c/ QBE ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

En relación al agravio vinculado con la tasa de interés fijada, la quejosa no logra rebatir lo sostenido por la Sala en el auto denegatorio respecto a que la discusión sobre intereses resulta materia propia de los jueces ordinarios, y que los argumentos vertidos para su determinación no pueden tacharse de infundados, toda vez que, teniendo en cuenta la función resarcitoria por la mora de los intereses, la necesidad de preservar el valor intrínseco del capital y el estado de desamparo en que se encuentran los créditos derivados de accidentes anteriores a la entrada en vigencia del decreto 1694/09, la Sala citó jurisprudencia y concluyó que debía elevarse la tasa fijada en primera instancia a dos veces y media la activa del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago, conforme argumentos brindados en el precedente "Viña", al que se remitió; y no se aprecia que la quejosa haya acreditado o justificado la irrazonabilidad y/o exorbitancia económica a la que supuestamente arribaría la tasa de interés definida por el Tribunal a quo, limitándose a mencionar la Resolución SRT 414/99 y el precedente "Olivera" de este Tribunal, mas sin lograr plasmar en concreto la hipótesis de arbitrariedad enarbolada. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dres. Spuler y Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295/308. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 1694/09; Resolución SRT 414/99.
Leyes, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: MICKEY SA s/ infracción art. 44, inciso 1, ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

El debate sobre la razonabilidad de una ley no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en ella contenidas, y de modo alguno sobre la base de los resultados posibles de su aplicación , lo que importaría valorarlas en mérito a factores extraños a sus normas.
Cuota alimentaria, cuota suplementaria, alimentos atrasados
Materia: CIVIL
Carátula: B., M.C. c/ C., A.E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-13

Desde que la sentencia tiene efecto retroactivo al día de interposición de la demanda, a la alimentaria le asiste el derecho a percibir los alimentos devengados a lo largo del trámite del proceso, a cuyo fin cabrá la fijación de una cuota suplementaria. Pero de allí no se sigue que tal cuota adicional haya de establecerse en la misma sentencia, porque ella debe determinarse previa liquidación de los alimentos atrasados. Es que hasta que no se hallen ellos precisados en su monto total, efectuando las deducciones que pudieran corresponder por pagos parciales o de alimentos provisorios, no le es posible al juez graduar el importe de las cuotas suplementarias y el número de ellas de manera de ceñirlas a las disposiciones sobre inembargabilidad de los sueldos, cual consagra el artículo 645 párr. 1 parte final C.P.C.C., ni establecer el razonable equilibrio que debe mediar entre esa adicional y la pensión principal.
Suspensión del juicio a prueba, modificación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Arrotea Molina, Eduardo s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-04

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al efectuar el control de constitucionalidad del art. 27 del decreto-ley 1285 del 4/2/58, se pronunció en favor de la obligatoriedad -que acordaba esa norma- a los fallos plenarios de las cámaras de apelaciones. Si bien el citado decreto hoy se encuentra derogado, los términos de sus arts.27 y 28 han sido transpolados casi literalmente a los arts. 10 y 11 de la ley 24.050. Ello sin perjuicio de que -como también lo ha dicho el Alto Tribunal- las partes a través de las vías procesales pertinentes aportando nuevos argumentos puedan cuestionar el acierto de la interpretación efectuada.
Recurso extraordinario, honorarios, base regulatoria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cía. de Estudios y Construcciones Ing. Rodolfo Cornero SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Honorarios  perito contador. Recurso Extraordinario (Expte CSJ Nº 195-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-18

Si bien lo atinente a la base económica tomada en cuenta para regular honorarios y la misma regulación son, en principio, materia extraña a la vía extraordinaria existen numerosas excepciones a tal principio donde la Corte Nacional ha entrado a conocer en las citadas materias mediante el remedio federal. En el sub judice, habiendo la recurrente puesto en tela de juicio la interpretación realizada por la Corte Provincial del criterio sustentado por la Corte nacional, invocando expresamente alejamiento de los lineamientos trazados por ésta (cuestiona que la base económica que se tuvo en cuenta en la regulación, la que debía practicarse conforme a la ley 6854 que prevé la posibilidad de que aquélla se efectúe de acuerdo a las circunstancias del caso, lo que -considera- no se habría realizado), ello constituye en abstracto y de acuerdo a la doctrina de este Tribunal un caso constitucional con suficiente entidad para franquear la instancia prevista por el artículo 14 de la ley 48.
Competencia, objeto del proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JUZGADO EN LO PENAL NRO. 6 DE SAN ISIDRO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-10

Si no están debidamente esclarecidos en la causa, los aspectos fácticos que conforman el objeto del proceso, resulta prematuro emitir pronunciamiento sobre el tema de la competencia, ya que eventualmente podría ser replanteada una vez que se reúnan los extremos antes aludidos.
Proceso judicial, procedimiento administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Almada, Zulema Noemí c/ I.O.S.P.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-19

Resulta inadmisible la acción en función de la causal establecida en el artículo 3 inciso a) de la Ley 8369 que así lo dispone cuando existen otros procedimientos judiciales o administrativos, en razón de que la misma accionante ha reconocido la existencia de esas otras vías aptas para el reconocimiento de los derechos impetrados en el presente toda vez que, conforme a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas agregadas, ha intentado una respuesta satisfactoria a sus pretensiones. Atento a la promoción del expediente administrativo, la acción también se encuentra alcanzada por la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 3 inciso b) de la citada norma que expresamente fulmina con la inadmisibilidad formal la vía del CONSTITUCIONAL si se hubiere promovido otra acción. Frente a la inhdiscutible existencia de las causales de inadmisibilidad, solo cabe no hacer lugar al recurso deducido y confirmar el fallo en crisis.
Recurso de casación, presentación extemporánea, denegatoria del recurso, plazos procesales
Materia: PENAL
Carátula: MIANA NALLIB s/ s.d. LESIONES GRAVES EN ACCIDENTE DE TRANCITO S/RECURSO DE QUEJAS  INTERPUESTO POR LA DRA. CARDENAS DE INFANTE MARIA LUISA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-15

A fin de evitar la violación del derecho de defensa en juicio, la ley preveé un esquema impugnatorio para el caso del que el juez no conceda el recurso; Por entender que el remedio extraordinario fue interpuesto fuera de término, se debe computar el plazo a partir de la notificación de la audiencia de lectura de los votos, y si se hubiese notificado por diligencia posterior a la misma, a partir de ella corre el plazo respectivo.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia de la Corte Suprema, sentencia arbitraria, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Fernando Ariel Carrera en la causa Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-25

La tacha de arbitrariedad de sentencia cuyo conocimiento asume la Corte tiene carácter excepcional y no le corresponde sustituir a los jueces de la causa en temas de prueba y de derecho común que son propios de estos, salvo que hubieran incurrido en desaciertos u omisiones de gravedad extrema (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Derecho civil, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: VAZQUEZ LAURA GLADYS c/ EMP. OMNIBUS SARMIENTO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO AUTOM. CON LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-16

Corresponde confirmar el importe en concepto de daño moral fijado en la instancia de grado, toda vez que aún cuando estemos en la esfera contractual, cuando el incumplimiento genere daños a la persona- es decir, transcienda de la cuestión económica- no existen mayores diferencias con la apreciación del daño moral consagrado para las indemnizaciones de índole extracontractual.
Plazo improrrogable, BARBADOS, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado, sentencia condenatoria, reforma legislativa, reforma de la constitución
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Boyce y otros c/ Barbados s/ excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-11-20

En el marco de la sentencia que declara la responsabilidad internacional de Barbados, la Corte Interamericana ordena la adopción inmediata de las medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que no se imponga la pena de muerte como sentencia obligatoria y que la Constitución y legislación del referido Estado se conformen a la Convención Americana, eliminado, en especial, el efecto del artículo 26 de su Constitución en lo relativo a la inimpugnabilidad de las leyes existentes.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Regueiro José Calixto c/ Mercader de Sacca Julia Irene s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

Acudir a la valuación fiscal del inmueble en busca de lo sustantivo de la economía que subyace en la prestación debida, implica en sí un escamoteo al propósito de la Ley 24.283 de "desindexación" de deudas. Dicha valuación responde a una determinada política estatal que no siempre depende exclusivamente de lo que surge del mercado.

Existen finalidades o razones demográficas, de fomento, recaudación, etc., dentro de ese ámbito que dependen de las reglas económicas de las transacciones y su significante económico. Y en tal sentido, las valuaciones fiscales no sirven ni siquiera como un elemento de referencia, un dato que permita la pertinente comparación para seguir el comportamiento de la prestación en el tiempo. Y ello así, porque en el fondo nada asegura que la utilizada para comparar el crédito en su inicio y la última correspondiente, constituyan valuaciones que han mantenido igual relación con los valores del mercado.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, acto administrativo ilegítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trotti, Ricardo Carlos c/ Comuna de Plaza Clucellas s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 327-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-17

Si los vicios de ilegitimidad del acto administrativo que el actor denuncia como sustento de su pretensión substancial, remiten básicamente a la interpretación de normas que se dicen violadas, ello obliga a desechar que se pueda estar ante una ilegalidad manifiesta.
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Tevez, Eduardo Adrián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución que no hizo lugar a la excarcelación solicitada, toda vez que la evaluación del riesgo de fuga debe realizarse a partir de la condena que aún se encuentra vigente; considerando el tiempo de detención; el cumplimiento de los reglamentos carcelarios; no haber sido declarado reincidente y no habérsele revocado anteriormente el beneficio.
Rescisión del contrato, obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: VILLABLANCA ALBERTO c/ VALVERDE JOSE s/ SUMARIO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-21

La rescisión del contrato o su resolución trae como consecuencia la obligación para el arrendatario (en este caso aparcero) de restituir la cosa arrendada con todos sus accesorios y el derecho del arrendador (aquí aparcero-dador) a demandar la indemnización de los daños y perjuicios cuando ella se produce por culpa del primero.
Quiebra, calificación de conducta, domicilio constituido, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACHERAL TRADING  CO   SA s/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

El domicilio constituido a resultas de la falta de atención de la intimación dispuesta por la lc 95-7. -En los estrados del juzgado-, rige tanto en el principal como en los incidentes, incluido el de calificación de conducta.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, régimen de consolidación de deudas, orden público
Materia: LABORAL
Carátula: Lescano,  José  Bernardo y otros c/ OSN Administración General deObras Sanitarias de la Nación s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-24

La ley 25.827 (B.O. 22.12.2003) dispone en el art. 64, 2º párrafo, que "las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 23.982 y 25.344, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en el art. 66 de la presente ley, según lo que en cada caso corresponda". Las normas mencionadas integran el régimen jurídico de emergencia cuya norma básica es la ley 25.344. El art. 13 de la ley 25.344, tal como lo hace el art. 16 de la ley 23.982, establece que la ley de consolidación es de orden público, lo que implica que sus disposiciones son imperativas e irrenunciables para los funcionarios y órganos de poder encargados de aplicarla. En consecuencia, el acreedor no puede optar por un esquema de cumplimiento de obligaciones diverso al instituído por las normas que rigen el caso, ya que el sistema de cancelación de deudas allí previsto es de orden público.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Alvarenga, Pablo Yonatan s/ Robo agravado de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

El "arma de fuego" descargada o inútil no es "arma" en el sentido legal (art. 166 inc. 2, C.P.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Miara,  Samuel  -  Castillo  de  Miara,  Beatriz s/ suposición de estado civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

La interpretación de la ley 24.410 como sustento de la sentencia impugnada tiene fundamento sólo aparente, en tanto el tribunal a quo no ha efectuado un razonado examen de las circunstancias de la causa en función de la regla legal que rige el caso (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario federal, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Nilda E. c/ Municipalidad de Morón y otro s/ Despido -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.- Demanda contencioso  administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

Como al recurso extraordinario se aplica lo prescripto por el art. 310 inc. 2 del C.P.C.C.N., respecto de la caducidad de la instancia, corresponde declarar la caducidad de la instancia abierta con la presentación del citado remedio si ha transcurrido con exceso el plazo de tres meses desde el momento en que se dictó la providencia mediante la cual se corrió traslado del mismo, sin que la actora lo haya impulsado. (Minoría u opinión personal)