Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-28


Autos Nº 5.895 (J.P.L. Pocito, N° 16.252), caratulados: "BARASSI, Jorge Ricardo c/ Andrada, Mónica Alberta y Otros - Desalojo".

-----San Juan, 28 de septiembre de dos mil dieciocho. --------------------------------------- -----VISTO: -------------------------------------- -----Viene para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 32 por la demandada, Sra. Mónica Alberta Andrada, quien actúa con patrocinio letrado, contra la sentencia obrante a fs. 28/30 vta. --------------------------------------------- -----Tal recurso fue concedido a fs. 33 con efecto suspensivo. -------------------------------------- -----Y CONSIDERANDO ------------------------------ -----I. El decisorio puesto en crisis rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la accionada, impuso las costas a esta última y difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes. ------------------------- -----Contra la aludida interlocutoria se alzó la demandada, fundando la apelación con el memorial que obra a fs. 34/35, del cual se extrae: -------- o Que al declararse competente el a quo incurrió en una confusión jurídica y/o fáctica en cuanto la realidad de los hechos y la prueba aportada en sede laboral, y que fuera ofrecida en estos autos, que probaría la relación laboral entre actor y causante, tornando su decisión en arbitraria y contraria a derecho. ----------------------------- o Que el juzgador se basa en el dictamen de la Agente Fiscal, al cual tilda de incongruente toda vez que -según entiende- existen probadas circunstancias que acreditan la extinción o ruptura de la relación laboral, acaecida por el fallecimiento del Sr. Lucio Américo Mondaca, -extinto esposo de la demandada-, la comunicación epistolar entre las partes, contando con todos los elementos de prueba para declararse incompetente y pasar las actuaciones al fuero laboral. ---------- o Que se queja de la resolución en cuanto aplica disposiciones de la Ley Orgánica (Ley Prov. N° 358-E) y no utiliza la ley específica -que en su opinión- es el Código de Procedimiento Laboral, en sus arts. 3; 4, inc. 'c', y 158. ----------------- o Finalmente, se agravió por la condena en costas.

-----A fs. 36 se ordenó el debido traslado a la accionante, quien lo evacuó a fs. 37/38, solicitando el rechazo del recurso. -------------- -----II. Ordenada la elevación, el expediente fue recepcionado en la Alzada (fs. 43 y vta.). ------- -----Luego, por cuestiones impositivas (Ley Prov. N° 1.543-I), fue reenviado a la instancia de origen. ------------------------------------------ -----Cumplido el pago del sellado, los autos fueron reenviados a la Cámara, ámbito en el cual se hizo saber a las partes los magistrados integrantes del Tribunal. ------------------------ -----A fs. 52 se ordenó vista del planteo de incompetencia a la Fiscalía de Cámara. El consecuente dictamen corre glosado a fs. 53. ----- -----Ulteriormente se dictó el pase de los autos a resolver, procediéndose al sorteo y adjudicación en el orden que surge de la constancia de fs. 58.- -----III. Compulsados los autos, y como primera premisa, puede advertirse que el a quo le imprimió al proceso el trámite del juicio abreviado (vide fs. 11), circunstancia consentida por ambas partes, rigiendo las prescripciones del art. 451 del C.P.C. --------------------------------------- -----El citado artículo está inmerso en una tónica que busca llegar a la solución del conflicto en un tiempo relativamente breve, facilitando, simplificando y acelerando los trámites formales para tratar de definir el litigio en el menor tiempo posible, sin que la plenitud restringida del conocimiento signifique llevar a un estado de indefensión. ------------------------------------- -----La decisión de política legislativa de escindir los procesos ?en cuanto aquí interesa? en ordinarios y abreviados y establecer rasgos distintivos entre una y otra categorías, adjudicó a los de la primera modalidad mencionada una mayor amplitud cognoscitiva, mientras que para los abreviados ha prefigurado un margen de extensión más reducido e incluso algunas limitaciones recursivas y de otra clase. Si ello no fuera así, indudablemente carecería de sentido semejante disección de tipologías procedimentales (esta Cámara, N° 4.382, "Vargas de Morales, Elodia c/ Reyes, José - Desalojo", 17-9-2015, T. de S. 13, fs. 193/214). -------------------- -----En dicha inteligencia, no escapa al Tribunal que, por vía de principio, la excepción de incompetencia opuesta no hubiera resultado ser merecedora del trámite que el a quo le imprimiera (ello en virtud de lo reglado por el art. 451, inc. 1, ibid.). ---------------------------------- -----No obstante, estimamos que en el sub examine la tramitación y resolución efectuadas por el juzgador de la instancia de origen resultaron acertadas y oportunas. --------------------------- -----Es que los principios de interpretación que dimanan del art. 791 del C.P.C., las facultades otorgadas al juez por el art. 33, inc. 5, ibid. (vigilar que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal), máxime después del extenso período de tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la resolución venida en recurso y el deber que recae sobre el magistrado de revisar oficiosamente su competencia -art. 4 del código ritual-, hacen que deba resolverlas al inicio del proceso, evitando de esta manera un dispendio jurisdiccional innecesario. ---------------------- -----Es por ello que aun cuando la norma del Código excluya la tramitación de excepciones como de previo y especial pronunciamiento, creemos que el sentido común y la razonabilidad sugieren que el juez deba resolverlas al inicio del proceso, para que éste no siga avanzando con defectos insuperables con la sentencia definitiva (cfr. Velert F., Jaime A. y otros, "Código Procesal Civil, Comercial y Minería San Juan. Comentado y Concordado", T° 3, Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2011, pág. 28). ---------------- -----IV. Ingresando al tema propuesto, adelantamos que la impugnación traída merece ser desestimada. Ello en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen: ------------------------- -----a. Cabe destacar ab initio, la falta de suficiencia del memorial traído en apelación. ---- -----En efecto, el contenido de la expresión de agravios, determinado por el art. 253 del C.P.C., claramente dispone que la misma deberá contener una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas" constituyendo una directiva, una carga jurídica que le corresponde a quien apela. La misma no debe tratarse de una mera fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que es errónea (Cám. Nac. Civil, Sala F, 18-07-1996, La Ley, 1997-D-827; citado en Highton, Elena y Areán, Beatriz [Directoras], "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales - Análisis doctrinal y jurisprudencial", Hammurabi, Buenos Aires, 2006, Tº 5, pág. 244). --------------------- -----En sentido concordante y mutatis mutandis, se ha decidido que corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto, si la crítica formulada por el apelante no aporta ninguna pauta relevante distinta de la evaluada por la Sentenciante de grado, limitándose a reiterar argumentos sostenidos con anterioridad, cuyo contenido no refuta (Cám. Nac. Civ., Sala F, 15-12-2000, "Banco Sudameris Argentina c/ Pironi, Mario y otros", La Ley, 2001-F-1012, Juris. Agrup., caso 16.153). ------------------------------------------ -----Puede apreciarse entonces que las quejas vertidas en el memorial de fs. 34/35 son insuficientes, puesto que el apelante sólo ensaya una suerte de disconformidad genérica con lo resuelto por el a quo y lo dictaminado por la Agente Fiscal, manifestando que se le ocasiona un perjuicio irreparable, perjuicio que no se encarga de individualizar con la claridad y precisión debidas. ----------------------------------------- -----b. No obstante lo expuesto, puede apreciarse que igualmente aquél es improponible desde el plano sustancial. Veamos: ------------------------ -----i. Entendemos que resulta ajustado a derecho lo decidido por el a quo toda vez que su atribución competencial surge de las expresas disposiciones de la Ley Prov. N° 358-E, que encomienda a los Juzgados de Paz Letrados el conocimiento y decisión de los desalojos fundados en cualquier causa (art. 81, inc. 'a'), como asimismo, a opción del trabajador y sin que ello perjudique la competencia atribuida por las leyes al fuero laboral, el conocimiento y decisión de los desalojos de las viviendas originados en la extinción de la relación laboral (art. 86, inc. 'a', ibid.). ------------------------------------- -----Por su parte, a tenor de las disposiciones del art. 158 del Código de Procedimiento Laboral (C.P.L.), Ley Prov. N° 337-O, para que el juez laboral resulte competente para ordenar el desalojo deben configurarse determinadas circunstancias exigidas por la ley, las que han de ser fehacientemente probadas. -------------------- -----Al menos de las constancias obrantes en la causa, no surge la configuración de la situación jurídico-fáctica prevista por el C.P.L. para atribuir competencia al fuero del trabajo, es decir, que de las manifestaciones de las partes vertidas en juicio resultare reconocido que el trabajador ocupa un inmueble o parte del mismo en virtud o como accesorio de un contrato de trabajo.

-----Por el contrario, no ha existido en autos por parte del actor el necesario reconocimiento de la ocupación, ni de la extinción o ruptura del contrato de trabajo que exige la ley procesal laboral; sino que el accionante se encarga de controvertir dicha afirmación al tiempo de contestar la excepción de incompetencia (fs. 24 y vta.) desconociendo la pretendida relación laboral. ----------------------------------------- -----Nótese que, conforme lo señala la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral a fs. 26 y vta., compartido luego por la Fiscalía de Cámara (fs. 53), de las manifestaciones efectuadas por las partes en juicio no ha mediado siquiera el reconocimiento del supuesto contrato de trabajo ni de la ruptura o extinción de la relación laboral invocado por la demandada. ----------------------- -----ii. Finalmente, cuadra recordar que las pautas competenciales vienen determinadas en el escrito de demanda, es decir que se articulan en función de los hechos fundantes de la acción y en la naturaleza de la pretensión deducida (en el caso, desalojo sustentado en un contrato de comodato precario con requerimiento de restitución del inmueble), y no en base a las excepciones opuestas por la accionada. ----------------------- -----Que en la línea anunciada, y mutatis mutandis, se ha decidido: "1. El desalojo de la vivienda con exclusivo fundamento en un contrato de comodato celebrado, es de toda evidencia que la causa es de naturaleza civil. La competencia se determina en función de los hechos fundantes de la demanda, en la naturaleza de la pretensión deducida, y no en base a las excepciones opuestas por el demandado, principio cabalmente receptado por el art. 5 del C. de la P.C. La mera alegación carente de toda prueba de que el uso y goce de la vivienda se inscribe en el marco de una relación de trabajo es inconducente para modificar la competencia de los jueces en lo civil y comercial. Ella no puede verse desplazada por la simple existencia de un litigio laboral entre partes, con mayor razón si, a esta altura no es posible conocer si el uso o goce de la vivienda forma parte de la litis trabada en los tribunales del fuero del trabajo. 2. Desde otra perspectiva, si el derecho al uso de la casa objeto del pleito fuese realmente una prerrogativa nacida de una relación de trabajo, nada obstaría para que el comodante que ha negado ésta obtenga el desahucio en sede civil y para que el comodatario hiciese valer los títulos a la tenencia, máxime si en el acuerdo de comodato no se hizo ni la más mínima mención a una posible vinculación de empleo" -énfasis añadido- (Cám. Apel. Civ. y Com. 3ra, Córdoba, "Gallino de Álvarez, Norma c/ José Luis Fabro s/ Desalojo", 05-05-00, id. del fallo: 98160257; Fuente: Lex Doctor 8.0, Jurisprudencia de la Provincia de Córdoba, Civil y Comercial).- -----V. Todo lo expuesto nos lleva a sostener el rechazo del recurso traído, confirmando la sentencia de fs. 28/30 vta., con costas a cargo de la parte demandada excepcionante (cfr. art. 66, primer párrafo, del C.P.C). ---------------------- -----Por todo lo expuesto, normativa, doctrina y jurisprudencia citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada RESUELVE: ------------------------- -----I. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 32, contra la sentencia de fs. 28/30 vta., en función de los considerandos precedentes, con costas a cargo de la demandada. ------------------ -----II. Ordenar la protocolización del presente resolutorio, dejar copia autorizada en el expediente, notificarlo a las partes y, oportunamente, bajar los autos al Juzgado de origen. ------------------------------------------ Fdo: VÍCTOR BAZÁN - PRESIDENTE; JUAN LUIS ROMERO - VOCAL; MARÍA ESTHELA TONELLI - VOCAL. P. de A. N° 99 fs.162/167.-