Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-03-10


Salta, 10 de marzo de 2016.	(Tomo 204:73/82) Y VISTOS: Estos autos caratulados "A., F. C. VS. R. R., M. A. Y/O A. DEL M. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 37.276/14), y	___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Susana Graciela Kauffman, dijeron:	1º) Que a fs. 312/316 vta. de autos, esta Corte hizo lugar parcialmente a la queja interpuesta, en mérito a lo cual se ordenó la tramitación del recurso de inconstitucionalidad articulado por la actora contra la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de fs. 260/263 de los autos principales.	Según la impugnante, el fallo de la alzada vulneró los derechos de defensa en juicio, de propiedad y de igualdad ante la ley e incurrió en arbitrariedad por tener una fundamentación dogmática, omitir la ponderación de prueba decisiva y prescindir de la norma aplicable al caso.	Afirma que se han descartado las declaraciones de las testigos presentadas por su lado -que se refirieron a su jornada de trabajo- con sustento en que una de ellas también había interpuesto una demanda en contra de la empleadora y en que las otras respondieron algunas preguntas diciendo no recordar o no saber respecto de lo requerido. Agrega que ello evidencia su sinceridad pues en caso de haberse contestado todas las preguntas en forma precisa y concreta, pese al tiempo transcurrido, tal circunstancia permitiría dudar de su declaración. Sostiene que si bien la demandada informó a la perito contable que el control de los horarios se realizaba con planillas, manifestó haberlas extraviado, lo que impidió corroborar la verdad de sus afirmaciones. Considera que por el principio de la carga dinámica de la prueba es la accionada quien debió demostrar sus horarios de ingreso y egreso.	Respecto de las comunicaciones telegráficas, indica que la Cámara prescinde de las constancias de la causa al afirmar que la demandada no conoció las notificaciones enviadas por ella sin considerar que al contestar las intimaciones, la accionada se refirió a aquéllas expresamente. Agrega que fueron dirigidas a la dirección que coincide con la denunciada por la contraria, por lo que tal circunstancia evidencia que el domicilio indicado era el correcto.	Presentado el memorial por la demandada (v. fs. 327/335), a fs. 337/338 vta. dictamina el Sr. Fiscal ante la Corte nº 1, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.	2º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 87:769).	En consonancia con lo señalado, corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional.	3º) Que de la resolución de esta Corte que admitió parcialmente la queja interpuesta se desprende que los agravios a analizar en el marco del presente recurso son los referidos a la prueba de la jornada de trabajo y a la valoración de las comunicaciones telegráficas cursadas entre las partes.	De las constancias de los autos principales surge que mientras que la actora indicó que desempeñaba su trabajo durante la jornada completa (v. fs. 6 vta.), la demandada sostuvo que era correcto el registro del trabajo de su empleada sólo por media jornada (v. fs. 40 vta.).	El tribunal "a quo", al confirmar la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda, tuvo en cuenta que la empleadora había asentando en los recibos de sueldo y en el libro llevado en legal forma que el trabajo de la actora era por media jornada. Estimó que tales constancias no podían ser desvirtuadas por presunciones o por testimonial.	De tales consideraciones se desprende que la decisión del tribunal "a quo" incurre en formulaciones dogmáticas que traducen un apartamiento inequívoco de las constancias del expediente y de la solución normativa prevista para el caso (cfr. CSJN, Fallos, 276:132; 297:558; 302:175, entre otros), verificándose la causal de arbitrariedad invocada por la recurrente.	Ello es así, pues, al resolver como lo hizo la alzada, omitió valorar que al vincularse el contrato a tiempo parcial con la duración de las tareas del trabajador, la procedencia de esta modalidad sólo puede ponderarse a la luz de lo conceptualizado como jornada normal o legal para la actividad de que se trate (cfr. Ackerman, Mario, "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, Tomo II, págs. 510/511) y que, al tratarse la jornada reducida de un supuesto de excepción de acuerdo con lo normado por el art. 198 de la LCT, no sólo exige una prueba fehaciente en tal sentido sino que corre a cargo del empleador su acreditación, toda vez que tanto desde el punto de vista del principio protectorio como desde la óptica de la carga dinámica de las pruebas, es esa parte la que habrá de contar con los elementos suficientes para demostrarla (cfr. esta Corte, Tomo 149:929).	Resulta irrazonable que el tribunal señale que cabe estar a lo indicado en los recibos de sueldo y en el registro de la demandada, pues por invocar la actora que la registración y el pago de salarios lo fue en forma incompleta, debió la contraria demostrar que lo asentado por ella se correspondía con el real desenvolvimiento de la relación laboral.	Es que los registros constituyen manifestaciones unilaterales del empleador y en cuanto a los recibos de sueldo, de la circunstancia de que durante la vigencia del contrato la trabajadora no haya formulado objeción alguna no es posible concluir sin más la existencia de un trabajo de media jornada. Cabe precisar que, en principio, en materia laboral no resulta de aplicación la doctrina de los propios actos al encontrarse en juego derechos irrenunciables, a lo que cabe agregar que el dependiente no estaba obligado a reclamar hasta el agotamiento del plazo de prescripción, máxime cuando el pago insuficiente de obligaciones originadas en las relaciones de trabajo debe ser considerado como entrega a cuenta del total adeudado aunque se reciba sin reservas (cfr. CSJN, doctr. de Fallos, 310:558).	En tanto, como se dijo, la jornada completa es la regla y la parcial es la excepción, cabe estimar que la demandada no logró demostrar la verdad de sus afirmaciones.	Por ello corresponde concluir que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad al tener por no demostradas la incorrecta registración y la falta de pago del salario completo alegadas por la trabajadora para sustentar el despido indirecto.	4º) Que constatada la existencia de las injurias invocadas por la actora, corresponde analizar la valoración efectuada en la sentencia de los tiempos en que las partes tomaron conocimiento de las comunicaciones cursadas entre ellas.	Tanto en la demanda como en su contestación existe coincidencia en que la empleada remitió el día 23 de febrero de 2009 un telegrama exigiendo, entre otros rubros, su registración por el trabajo en jornada completa y el pago de las correspondientes diferencias salariales bajo apercibimiento de considerarse despedida con causa y que se abstendría de ir a trabajar hasta que se cumpla con los reclamos. Este instrumento no llegó a conocimiento de la accionada en tiempo por cuanto el correo lo devolvió consignando la inexistencia del local comercial en el domicilio indicado, a pesar de haber sido dirigido a la dirección que la propia accionada denunciara (Caseros 405 según fs. 39 del expediente principal). Ese mismo día la empleadora (quien no había recibido la comunicación de los reclamos que se le formularan) intimó a la actora a acreditar sus inasistencias de los días 21 y 23 de febrero y a concurrir al local bajo apercibimiento de despedirla por abandono de trabajo. El día 24 de febrero la actora ratificó su telegrama anterior efectuando idénticos reclamos bajo apercibimiento de considerarse despedida y reiteró su facultad de no concurrir a trabajar hasta que se cumpla con lo requerido. Si bien esta comunicación también fue devuelta por el correo, la demandada reconoció que el día 26 de febrero el Ministerio de Trabajo le entregó ambas misivas (v. fs. 40 vta. de los autos principales) y que a ambas las contestó el 2 de marzo, negando lo intimado por la empleada y solicitando que se reintegre a su trabajo. El 4 de marzo la trabajadora se dio por despedida por culpa de la patronal y el 6 de marzo la empleadora la despidió por abandono de trabajo.	De lo reseñado se observa que cuando la demandada tomó conocimiento de que su empleada le había requerido, entre otros ítems, su registración y pago del trabajo durante la jornada completa, bajo apercibimiento de darse por despedida, ella rechazó tal intimación por considerarla maliciosa. Es por ello que la decisión de la trabajadora de hacer efectivo el apercibimiento de darse por despedida lo fue en tiempo oportuno ya que la adoptó luego de que la contraria no sólo tuviera conocimiento exacto de lo que ella requería sino también de haber ésta expresado su voluntad de no cumplir con lo solicitado.	Consecuentemente resulta arbitraria y carente de razonabilidad la decisión del tribunal "a quo" que inexplicablemente afirma que la trabajadora debió demostrar que el telegrama llegó a conocimiento de la patronal sin tener en cuenta el expreso reconocimiento formulado en la contestación de la demanda.	5º) Que a mérito de lo precedentemente expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de fs. 260/263 de los autos principales, debiendo bajar a la Sala pertinente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo a los fines del dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas.	El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:	1º) Que adhiero a la relación de causa efectuada en el primer considerando del voto que antecede, mas no comparto la solución jurídica que se propone.	2°) Que tal como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, el recurso de inconstitucionalidad sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, razón esta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para informar una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad (Tomo 54:241; 64:855; 72:581; 137:105, entre otros).	3º) Que con tal marco, no se vislumbran razones que conduzcan a la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento dictado.	Ello es así, en tanto los argumentos esgrimidos por el tribunal "a quo" encuentran correlato en las pruebas rendidas en autos, los que a su vez conducen a la solución propiciada en la instancia ordinaria. En tal sentido, la jornada de trabajo se encuentra acreditada a partir de la prueba documental y pericial, no logrando ser desvirtuada por la prueba testimonial, atento a la inha-bilidad de la testigo Nélida Mabel Gómez por encontrarse comprendida en las generales de la ley y la falta de precisión en las respuestas brindadas por las dos testigos restantes.	Lo propio acaece en lo tocante al intercambio epistolar con basamento en la prueba instrumental, que permite dar cuenta de la falta de recepción de las misivas por parte de la demandada, a contrario de lo que aconteció con las rogatorias enviadas por ésta.	Sobre tales bases se tiene que la ponderación del material probatorio efectuada por el tribunal "a quo", confirmatoria de la realizada en primera instancia, avala las conclusiones allí vertidas sin vislumbrar visos de arbitrariedad que conduzcan a su descalificación como acto jurisdiccional.	4º) Que en resumen, cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad porque la impugnante no logró demostrar la existencia de una cuestión de índole constitucional, y las críticas al pronunciamiento sólo evidencian un desacuerdo con el resultado al que se arribó, con reiteración de lo ya debatido y con el propósito de lograr la apertura de una tercera instancia para revisar lo resuelto. Con costas.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad de fs. 266/273 vta. de los autos principales y, en su mérito, revocar la sentencia de fs. 260/263 de ese expediente. Con costas.	II. ORDENAR que bajen los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.	III. DISPONER que se remita testimonio de esta sentencia a la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.	IV. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano -presidente-, Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman y Guillermo Félix Díaz -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Actuación-).