Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


Causa Nº 05-00-CC/2005, caratulada: "Díaz, David Domingo s/ 189 bis - Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

A fs. 337/338 el defensor técnico de Díaz solicitó que se tenga por cumplida la pena de multa de $ 1000 -a la que fue condenado junto con la de diez meses de prisión de efectivo cumplimiento más las costas, manteniéndose su condición de reincidente (fs. 266/267 y 268/272)- mediante el tiempo de detención que su pupilo sufrió en exceso del plazo que determina la condición temporal para acceder a la libertad asistida(art. 54, Ley 24.660). En este sentido, atendiendo a que fue apresado el 1/1/05 y, por lo tanto, la privación de la libertad vencía el 31/10/05, el 30 de abril de 2005 -seis meses antes de dicho extremo- debió ser excarcelado en función de aquel beneficio.

Sin embargo y por exclusiva voluntad jurisdiccional que luego fue nulificada por esta Sala, recién se le otorgó la libertad el 5/7/05 (vid. fs. 42/43 del legajo de ejecución). De allí se colige que, en orden a una interpretación armónica y constitucional de los arts. 21 y 24 CP, la pena pecuniaria convertida en seis días de prisión -a razón de $ 175 por día de detención- debe ser imputada al tiempo de encierro excedente. Indicó, en esta dirección, que el art. 21 CP admite dos intelecciones; la primera -a su juicio incorrecta- consistente en que, ante una eventual sustitución, el condenado debe volver a ser encerrado aún cuando hubiese cumplido en prisión un término superior al exigido por el art. 54, Ley 24.660. En cambio, la constitucionalmente adecuada admite únicamente la renovación de la privación de la libertad cuando no se haya excedido aquel plazo o el tiempo sobrante sea insuficiente para cubrir el cálculo conforme el art. 24 CP.

El Fiscal interviniente se opuso al planteo (fs. 340) por estimar que, a diferencia de lo argumentado por la defensa, el supuesto "excedente" no fue tal atendiendo a que la totalidad del lapso en que Díaz permaneció en prisión se computó a fs. 324 -cálculo consentido por las partes- a título de cumplimiento de la pena privativa de la libertad y por ello se fijó como fecha de vencimiento el 31/10/05. De acuerdo con lo estipulado por el art. 24 CP, la prisión preventiva se imputa a una u otra sanción pero no a ambas. En consecuencia, respecto de la pena pecuniaria cobran vigencia las alternativas expuestas por esta Sala a fs. 295/297.

La Botana rechazó el pedido defensista a fs. 341/342. Por un lado, acogió la argumentación del Unrein. Por el otro, agregó que la concesión del beneficio no es automática -al recaudo temporal del art. 54 de la ley de ejecución se suman otras exigencias- y que además, excepcionalmente, puede ser denegado. En el sub-lite, la permanencia de Díaz en prisión en supuesto "exceso" se debió a la inadecuada vía elegida por la defensa para canalizar la articulación y no a la sola decisión jurisdiccional -que, por otro lado, es requerida para asuntos de esta especie-. El condenado obtuvo la libertad asistida cuando estuvo en condiciones para hacerlo.

Acordó con el Sr. Fiscal que, atendiendo a que la prisión efectivamente sufrida se computó como cumplimiento de la condena a 10 meses de prisión, en lo concerniente a la multa deben tenerse en cuenta los arts. 21 y 22 CP y las alternativas establecidas por este Tribunal a fs. 295/296. Por último, la invocación aislada del defensor en el sentido de que esta sanción sería de imposible acatamiento aparece huérfana de sustento, no compadeciéndose, por lo demás, con las constancias del informe ambiental glosado al incidente de ejecución.

El Bertelotti apeló esta decisión a fs. 346/348 por considerarla equiparable a definitiva -la modalidad de cumplimiento de la pena de multa impuesta en el fallo resulta parte esencial de él y el rechazo de la articulación le causa a su parte gravamen irreparable-, a través de la vía del art. 61, inc. 1, a), Ley 1287 -errónea inteligencia de los arts. 21 y 24 CP-.

Atacó las razones esgrimidas por la jueza relativas al motivo del exceso del plazo del art. 54, Ley 24.660 -adujo básicamente que existió una dilación indebida en el otorgamiento del beneficio imputable exclusivamente a la magistrada-, estimando necesario, en cambio, profundizar la crítica de los argumentos que Botana tomó del Unrein. Al respecto, mencionó que si bien asiste razón al Sr. Fiscal en el sentido de que dicho lapso "sobrante" no puede completar una doble finalidad -es decir, ser imputado tanto al cumplimiento de la pena privativa de la libertad como a la prisión Causa Nº 05-00-CC/2005. Sala II.

resultante de la conversión-, indicó que el problema había sido resuelto pacíficamente en el ámbito de ejecución de la Nación. Nada obsta a que los días de encierro sufridos atravesado el término del art. 54 se imputen al cumplimiento de la prisión sustitutiva de la multa y que, para evitar la superposición temida, se extienda la fecha de vencimiento de la pena privativa de la libertad -en el caso, hasta el 6/11/05 dado que los seis días de prisión en que corresponde convertir los $ 1000 cabe calcularlos dentro de la fracción de encierro luego del 30 de abril de 2005-.

El recurso fue concedido a fs. 349. La Guagnino dictaminó a fs. 353/356 que correspondía rechazar la pretensión del impugnante por compartir, en general, los argumentos del "a quo". Agregó que en el sub-lite no se habían dado las condiciones para la conversión del art. 21 CP y que, por lo demás, el precedente citado por la defensa del Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 se refería a un supuesto en que el penado estuvo privado de su libertad más allá del vencimiento de la condena, por lo cual se computó dicho excedente de la forma pretendida por el recurrente. Concluyó, en este sentido, que la solución perseguida por su contraparte implica vaciar de contenido la condena a la pena pecuniaria dispuesta en orden a la conformidad arribada en el marco del trámite previsto por el art. 60, Ley 1287.

Por último, a fs. 359/360, el Bertelotti se presentó en los términos del art. 61, inc. 2 de la normativa citada.

CONSIDERANDO:

I.- La apelación fue interpuesta por quien tiene derecho a hacerlo, en tiempo oportuno, por escrito fundado ante el órgano que dictó la resolución recurrida, la cual es equiparable a sentencia definitiva atendiendo a que deniega una modificación sustancial de la pena pecuniaria a la que fue condenado Díaz (arts. 61 y 62, ley 1287).

II.- De acuerdo con el objeto de la controversia descripto en el título anterior, entendemos que la pretensión del impugnante se enfrenta con dos obstáculos principales. Uno, relativo a la naturaleza del instituto del art. 54, ley 24.660; el otro, referente a la falta de aplicación en el sub-lite del último recurso previsto por el art. 21 CP para hacer efectiva la multa.

En efecto, desde una primer perspectiva, cabe tener presente que la pena privativa de la libertad no puede ser identificada con el encierro. Si bien éste es su máxima manifestación y rige para el cumplimiento de la mayor parte de las fases ejecutivas de esta penalidad, el último tramo de la ejecución, aunque tenga lugar sin él, está sometido a una restricción ambulatoria que no puede dejar de considerarse pena. Por ello, tanto la libertad condicional como la asistida no implican una modificación de la condena sino una forma de cumplimiento de ésta.

De allí que la privación de la libertad impuesta no culmine con el tiempo dentro de la prisión -que abarca también el encierro preventivo (cfr. art. 24 CP)- sino que corresponde computar, además, la restricción a ese derecho sufrida extramuros en razón de las condiciones aplicadas (arts. 54, 55 y cctes., ley 24.660). Por ello, resulta acertada la afirmación del Sr. Fiscal relativa a que el lapso "sobrante" indicado por el defensor fue, en verdad, contado a título de observancia de la pena de 10 meses de privación de la libertad con vencimiento el 31/10/05 de acuerdo con el cálculo consentido por las partes.

Corresponde adunar dentro de la misma perspectiva que, según lo expusimos en el fallo cuya copia obra a fs. 1/3 del incidente de ejecución, el instituto del art. 54, ley 24.660 no opera automáticamente. Si bien es un beneficio, no por ello puede ser considerado un acto graciable ni discrecional. Cuando están reunidos sus requisitos formales y materiales, el condenado tiene derecho a reclamarlo y el tribunal, el deber de acordarlo. Lo contrario implicaría sacar a la libertad asistida del ámbito de los actos judiciales y remitirla a la categoría de acto político, en que la cesación del encierro quedaría supeditada a la decisión de órganos administrativos. En consecuencia, la ausencia de los informes del art. 54 no puede determinar su denegatoria sino que se impone su urgente requerimiento. En la misma dirección, un dictamen adverso tampoco vincula al juez de ejecución.

Más allá de lo expuesto, el defensor sostiene que el problema del doble cómputo puede ser sorteado como en los precedentes que cita, es decir, extendiendo la fecha de vencimiento de la privación de la libertad pudiendo de este modo imputar el excedente de encierro a la prisión sustituta.

Causa Nº 05-00-CC/2005. Sala II.

Es desde esta perspectiva que adquiere virtualidad el segundo obstáculo señalado.

En primer lugar, cabe señalar que en los casos citados por la defensa, se procedió a la conversión de la multa en prisión mientras el condenado aún no había sido excarcelado en orden a la libertad condicional. Por ello, previo a hacer efectivo este beneficio se exigía que observara aquel tiempo sustituto sin modificar el vencimiento de la privación de la libertad. Sólo en uno de los casos se corrió la fecha de expiración, aunque con anterioridad a que el penado fuera liberado por aplicación del art. 13 CP y previo a la conversión formal de la multa por agotamiento de las alternativas del art. 21 CP.

Sin embargo, en el sub-lite la situación es diametralmente diversa. En primer lugar, el condenado fue excarcelado de acuerdo con lo establecido por el art. 54, por lo cual pareciera que con la imputación pretendida el defensor persiguiera una suerte de reparación. Pero aún cuando tal tipo de descuento fuera procedente, lo cierto es que en el caso no ha existido la conversión del art. 21 CP atendiendo a la falta de agotamiento de las alternativas a las que aludimos en el fallo de fs. 295/297. En efecto, "...la aplicación de una sanción de multa tiene un sentido de menoscabo pecuniario. Por ello, la ley busca por todos los medios el cumplimiento de la pena que fue seleccionada por el juzgador para sancionar el obrar disvalioso del sentenciado, y no proporciona laxamente el cumplimiento de otra pena...".

En este orden de ideas, "...la obligación que incumbe al tribunal de ejecutar la multa...tiene por objeto que no sea la mera voluntad de éste la que cambie una pena pecuniaria en una pena de prisión...". Por ello, de acuerdo a lo mencionado en la decisión de fs. 295/297, existen una serie de alternativas previas a la sustitución aquí pretendida, la cual, por lo demás, debe ser declarada formalmente.

En consecuencia, resultan acertados los argumentos del Sr. Fiscal del Primera Instancia acogidos por la Botana cuyo temperamento, por ello, habrá de ser confirmado.

En virtud de lo expuesto, el TRIBUNAL RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el resolutorio de fs. 341/342 en cuanto fuera materia de agravio (arts. 61, 62 y cctes., ley 1287).

II.- TENER PRESENTE las reservas de fs. 346/348, punto V.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, "Derecho Penal, Parte General", Ed. Ediar, 2º edición, Buenos Aires, p. 957.

Cfr. Zaffaroni y otros, op. cit., p. 958.

Nos referimos a los casos de López y Cantoni, por un lado, y al de Fernández Angela, en último lugar, todos ellos citados por la defensa.

Sala II, c/nº 224-01-CC/2004, "Incidente de apelación en autos `Abichain, Carlos Santos y otros s/ Incidente de ejecución´, 13/10/04, citada a fs. 295/297.

Zaffaroni, op. cit., p. 976, con cita del despacho de la comisión de diputados, Moreno (h), II, p. 98.

Ver también en este sentido, CNCP, Sala III, "Solís, Jorge M.", 31/3/98, entre muchas otras.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas