marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Consulta popular, ley provincial, derechos de los pueblos indígenas, propiedad comunitaria de la tierra, democracia participativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat  c/ Salta, Provincia de y otro  s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2005-12-27

El cuestionamiento de la legitimidad de la Provincia de Salta para convocar a una consulta popular prevista en su carta constitucional y en ejercicio de facultades legislativas propias, impone examinar la cuestión con especial prudencia para tratar de evitar el bloqueo de una de las formas de la democracia participativa y, con ello, silenciar la expresión de los diversos actores sociales afectados, los que bien pueden tener intereses encontrados, pues la decisión que se adopte involucrará no sólo a la comunidad actora sino también a otras comunidades indígenas y al resto de la población del lugar.
Excepción de prescripción, interrupción de la prescripción, reconocimiento de las obligaciones, prefinanciación de exportaciones, carta de crédito, seguro de caución, asegurador, fianza solidaria, incumplimiento del contrato, denuncia del siniestro
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. c/ SUD AMERICA CIA. DE SEG. DE VIDA Y PATRIM. SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Si una entidad bancaria concedió a una sociedad comercial "un margen rotativo utilizable en prefinanciación de exportaciones" por determinada suma de dólares, en función de cierta carta de crédito, para cuya garantía recabó de la deudora la contratación de un seguro de caución, razón por la que la aseguradora accionada emitió en favor del banco pretensor la pertinente póliza de seguro de caución, estableciéndose que, el asegurador asumía el carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, por la suma de dólares que resulta adeudarle la beneficiaria de la carta de crédito, y como consecuencia del incumplimiento de ésta en cuanto a realizar la exportación dentro del plazo contractual fijado, el banco puso tal circunstancia en conocimiento de la aseguradora considerando acaecido el siniestro amparado por la correspondiente póliza, y posteriormente dedujo acción judicial contra la aseguradora, procede desestimar la excepción de prescripción opuesta por la compañía de seguros, con fundamento en que desde el vencimiento del plazo de la obligación contraída por la contratante del seguro y el tiempo de inicio de la demanda, había transcurrido el término anual de prescripción fijado convencionalmente en las condiciones generales de la póliza, toda vez que el inicio del curso de la prescripción debía fijarse al momento en que ocurrió el vencimiento de la obligación de "exportar", es decir, desde la fecha de acaecer el incumplimiento del tomador (conforme previsión contractual). Ello, cuando -como en el caso-, se verifica que la accionada envió al reclamante una nota en la que reconocía que de no materializarse la exportación dentro de determinado plazo, procedería al pago de la indemnización, toda vez que tal reconocimiento formulado en el marco de dicha "nota" o "comunicación" es subsumible en la previsión del CCiv: 3989, por lo que posee virtualidad interruptiva del curso de la prescripción, debiendo considerarse tempestiva la acción incoada.
Justicia municipal de faltas, infracciones de tránsito, prescripción de la acción contravencional, ley penal más benigna, CÓDIGO DE FALTAS MUNICIPALES, ley de tránsito
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de revisión Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

En virtud del principio de ley más benigna reconocido por el Código de Faltas artículo 4) que manda aplicar la ley posterior al hecho que sea más benigna (conf. Voto de los Dres. Maier y Ruiz in re "T V d S S.A.C. s/recurso de queja", Expte. Nº 61/99), resulta aplicable a las presentes actuaciones la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, cuya vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha sido sostenida por el Tribunal Superior de Justicia (conf. Expediente Nº 61/99 ya citado).

El artículo 89 de dicha ley establece: "La prescripción se opera: a) Al año para la acción por falta leve; b) A los dos años para la acción por falta grave y para las sanciones. Sobre éstas opera aunque no haya sido notificada la sentencia. En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela de juicio contravencional, ejecutivo o judicial".
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, revisión judicial de actos administrativos, juicios en que es parte una provincia, jubilaciones, compatibilidad previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bretal, Raúl Osvaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). s/ Jubilaciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia que dejó sin efecto los actos administrativos y condenó a la provincia a restituir importes retenidos por la existencia de incompatibilidades entre la condición de jubilado y la actividad privada desempeñada por el actor: art. 280 del Código Procesal (Disidencia del doctor Antonio Boggiano).
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: BARRIENTOS, Edgardo c/ CALVO, Carlos s/ LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

El locador debe dar previo cumplimiento a la exigencia del art. 5 de la ley de locaciones y ello no puede ser suplido por la notificación de la demanda, porque ésta tiene por objeto la desocupación y restitución del bien y no el cobro de los alquileres adeudados.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: A. D. G. c/ GCBA y otros s/ Amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Resulta improcedente la queja si los agravios contenidos en la presentación directa no se condicen con las constancias de autos, sino que dirige sus argumentos a cuestionar la decisión sobre el fondo, cuando de lo que se trató la sentencia en crisis fue de la declaración de deserción de su recurso de apelación en tanto no atacaba ni refutaba el decisorio de primera instancia. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, daños y perjuicios, indemnización por enfermedad, tuberculosis, incapacidad laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Lucero, Gerardo Esteban c/ AFNE. SA. s/ indemnización ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la indemnización de los daños sufridos por una enfermedad laboral, considerando que el actor había estado afectado de tuberculosis, pero a la fecha del dictamen estaba sano, sin haber quedado ningún tipo de secuela y que no existía la posibilidad de contraer nuevamente la dolencia al habérsele otorgado otro tipo de tareas, pues se apoya en una afirmación dogmática que contradice y restringe el alcance que se debe otorgar al término incapacidad laboral producida por una enfermedad de tal naturaleza, contemplada en la ley 9688.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuleta, Hugo Ricardo c/ Provincia de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-19

De conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación, las costas del proceso deben ser impuestas al vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL
Carátula: Laboratorios Casasco S.A.I.C. c/ Craveri S.A. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-04

Es improcedente la metodología que, propone el recurrente en sus agravios, que consiste en excluir la partícula "OL" del signo solicitado por la actora y comparar la proximidad gráfica y sonora de "DISMEN" y "DIOSMIN". Esta visión es equivocada desde un doble ángulo: en primer lugar, el hecho de que se haya probado en el expediente que una determinada desinencia sea de "uso común" en la clase, no significa la supresión o exclusión total del conjunto, pues ello comporta una segmentación ficticia. La marca se solicita y se usará en todos sus elementos ("DISMENOL") y consiste en un vocablo de tres sílabas, que no se asemeja en la raíz a la marca oponente. En segundo lugar, no encuentro ningún término "vedette", con especial fuerza distintiva que sobresalga del conjunto y el elemento gráfica y fonéticamente diferenciador -la vocal "O", que en la marca solicitada por Acta n° 2.760.103 aparece en la desinencia; y en la marca oponente aparece y da personalidad a la raíz-, funciona como partícula que descarta la posible semejanza del conjunto. Ello significa que el resultado de la comparación conduce a la posibilidad de coexistencia entre los signos, sin ningún riesgo para el público consumidor, así se califique el signo de titularidad de Craveri S.A. como una marca de fantasía o una marca evocativa. Entiendo que los signos enfrentados son distinguibles y de fácil diferenciación, y la decisión satisface tanto la protección del público como las buenas prácticas comerciales (doctrina de Fallos 272: 290; 279: 150 y muchos otros).
Riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, indemnización tarifada, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: ROLDAN, MIGUEL ANGEL C/ ASOCIART ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-03-11

"El sistema especial de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias". Y por eso, "en aras de lograr esos objetivos el legislador estableció un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas. Como uno de los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de las prestaciones tarifadas es el grado de incapacidad laboral, el legislador también dispuso que las incapacidades deben ser determinadas por la autoridad administrativa o judicial a la que le corresponda intervenir con arreglo a una misma tabla de evaluación. Esto último con el declarado propósito de garantizar que los damnificados siempre recibirán un tratamiento igualitario, es decir, que sus incapacidades serán apreciadas, tanto en sede administrativa como judicial, aplicando criterios de evaluación uniformes previamente establecidos y no con arreglo a pautas discrecionales. Lo cual tiende a evitar las disputas litigiosas, y por ende, a conferir al sistema de prestaciones reparadoras la 'automaticidad' pretendida" (cf. CSJN, "LEDESMA", del 12-1119). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Defensa del consumidor, fecha de vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrefour - inc s/ apelacion (ley pcial nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-07-05

Dado que el art. 5º de Ley 24.240 consagra la observancia de la obligación de seguridad como deber derivado del principio de buena fe, encontrándose involucrado un fuerte interés social por garantizar la seguridad de los bienes que se comercializan como forma de resguardar el derecho a la salud de los consumidores y de afianzar también su calidad de vida, es inadmisible el agravio referido a la falta de motivación del acto imputándole al mismo no pronunciarse sobre cuestiones concretas sino sobre daño potencial o futuro, ni considerar cual es la conducta que provoca el riesgo en la salud de los consumidores.
Confirmación de sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. D. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-07

El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "A., J. D. s/ nulidad" (Causa n°.52.241/2018) rta.7/2/19 donde Mariano Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Mauro Divito confirmaron el rechazo del planteo de nulidad presentado respecto del examen de alcoholemia materializado.
Querellante, calidad de parte, apartamiento del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "SILVA, Elena s/ recurso de queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

Una vez permitida la constitución de parte querellante, queda ulteriormente vedado al juez su apartamiento, salvo petición concreta en tal sentido del procesado o su defensa o el dictado de su procesamiento.
Estafa, falsa solvencia, tarjeta de crédito, promotor de tarjeta de crédito, comisiones, solicitud del préstamo
Materia: PROCESAL - PENAL - COMERCIAL
Carátula: San Juan, Francisco A. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Constituye delito de estafa la acción de quien, siendo promotor de tarjetas de crédito, a fin de captar nuevos titulares, falseó las solicitudes para acreditar la solvencia y los datos de los hipotéticos interesados, y así cobró las comisiones correspondientes a cada aspirante aceptado, existiendo, por ello, ardid y perjuicio, pues la empresa promotora tuvo que retribuir económicamente la gestión del procesado, inducida a error por la presentación de la documentación espuria.
Contrato de trabajo, despido sin causa, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez, Pedro Reimundo c/ Pan American Energy LLC S. Argentina s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-21

Con la nueva redacción impuesta por la legislación del artículo 153 de la ley 24013, la validez constitucional del artículo 245 de la LCT no está comprometida, en tanto la indemnización del perjuicio derivado del despido arbitrario, cuenta desde dicha modificación legal con un tope máximo directamente vinculado con la remuneración de los trabajadores de la actividad de que se trate, pauta cuya razonabilidad se compadece con la protección consagrada por los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
Privación ilegal de la libertad, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, centro clandestino de detención
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

Existe privación ilegal de la libertad si, luego de la aprehensión ilegal compulsiva, las víctimas fueron trasladadas en forma violenta en el piso de los vehículos de los captores para luego mantenerlas cautivas hacinadas en una casa que funcionaba como centro clandestino de detención, donde permanecieron inmovilizadas, privadas de la visión y de cualquier tipo de asistencia para cubrir las necesidades mínimas, y el encarcelamiento se produjo sin que existiera orden de detención de autoridad competente para obrar de tal.
Impuestos municipales, tasa municipal, cuestión no federal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Oracle Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Deheza s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-10

Dado que el objeto de la pretensión consiste en que se despeje el estado de inecertidumbre en el que la actora dice encontrarse ante la pretensión del municipio -que considera ilegítima- de percibir una contribución sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios que califica como contraria a los principios básicos de la tributación establecidos en la Constitución Nacional, en tanto se trata de una norma ilegítima que arbitrariamente pretende el cobro de una tasa por la supuesta prestación de un servicio que jamás fue realizado, atento que la nuda violación de derechos constitucionales proveniente de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, la causa debe continuar su trámite ante los órganos judiciales locales, pues todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden y deben interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley 48. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho procesal, expropiación irregular, prueba documental, cómputo de intereses, fecha cierta, despojo
Materia: PROCESAL
Carátula: PELUC DE LARGACHA, MIRNA H. c/ PROV. DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION INVERSA-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

El tribunal debe hacer mérito de la prueba documental y constancias obrantes en autos a fin de determinar correctamente al computo de los intereses, habida cuenta que los casos de expropiación inversa, a veces no se cuenta con la certeza de la fecha de desposesión o directamente no la hay. Pero si, si hay restricción o el libramiento de la fracción al uso público fue en cierta fecha, que pueda surgir de las constancias de autos, de la evaluación de todos estos elementos, y su meritación, debe surgir el hecho de la desposesión, como generador de la fecha desde la cual debe computarse los intereses.
Régimen penal tributario, obligación tributaria, cumplimiento de la obligación, pago en cuotas
Materia: PENAL
Carátula: Amorena, Horacio Juan s/ recurso de casación Causa: 321
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-17

Aún cuando la autoridad administrativa aceptase el pago en cuotas, hasta que no esté abonada la última no puede entenderse cumplida la obligación.
Conflicto de poderes, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asseff, Julio A. c/ Concej. Delib. de Moreno s/ Conflicto art. 196 Const. Prov. arts. 261 y sgtes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec.

ley 6769/5) cuando el Departamento Ejecutivo veta una ordenanza que el Concejo Deliberante ha sancionado, éste puede conferirle sanción definitiva -aprobarla- mediante el voto de dos tercios de la totalidad de sus miembros (arts. 69, 2do. párrafo, dec. ley 6769 /58). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad objetiva, titular del automotor, eximentes de responsabilidad, robo, hurto, automotores
Materia: CIVIL
Carátula: CUELLO, CARLOS SANTIAGO Y OTRA c/ ARIZA, MIGUEL ANGEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-11-09

Por el art. 27 de la ley 22.977 cae en cabeza del titular registral la guarda jurídica de la cosa siniestrante por lo que en principio no se exime de responder por los daños que se causan con la cosa o por la cosa riesgosa (automotor), pero dicha norma debe interpretarse en forma armónica con las normas del Código Civil referentes a la responsabilidad emergentes de los hechos ilícitos que no son delitos.

El conjunto normativo parte del principio de la responsabilidad objetiva del titular registral fundada en que la cosa crea de por sí riesgo (art. 1113 C. Civil). La responsabilidad objetiva se funda en el carácter constitutivo de la propiedad sobre el vehículo a partir de su inscripción registral conforme lo establece el art. 1. De forma tal que el dueño o titular registral, en principio, es responsable por los daños causados con el vehículo inscripto a su nombre, aún cuando lo haya comprometido en venta y entregado la posesión del mismo al comprador. Porque el dominio de los automotores no se transfiere por el contrato ni por la entrega de la guarda o posesión.

Esa responsabilidad del dueño (guarda de iuris) solo cesará entonces por la demostración de que el automotor fue puesto en circulación contra su voluntad expresa o presunta, caso que ocurre en situación de hurto, robo, apropiación indebida o requisición forzosa, es decir, cuando configura un verdadero caso fortuito, sin que haya facilitado el hecho que dará causa al evento dañoso.

Si la guarda material la obtienen apropiándose indebidamente del automotor, de lo que deriva la falta de voluntad expresa o presunta de transferirla ya sea por parte del propietario y/o de quien la detentaba en ese momento no se advierte una conducta que se pueda calificar de imprudente o negligente por parte del titular registral, coyuntura que lo exime de toda culpabilidad y por ende de responsabilidad.
Trabajo penoso, trabajo insalubre
Materia: LABORAL
Carátula: Montiel, Antonio Felipe c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

La resolución 864/04 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, equiparó la actividad de encargado y apuntador marítimo a la de capataz de estibadores portuarios para acceder a las prestaciones previsionales contempladas por el régimen diferencial del Decreto 5912/72, al considerar que ambos tipos de trabajos se desarrollan en el mismo ámbito y se encuentran sometidos a idénticos riesgos provenientes de sustancias tóxicas, medicinales, inflamables, con gases a granel o en cámara frigoríficas. A su vez la Res. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 921/05, incluyó en el Decreto 5912/72 a los trabajadores que se desempeñan en el Puerto de Buenos Aires, en mantenimiento edilicio, mantenimiento eléctrico de grúas pórtico, mecánicos motoristas, mecánicos de equipos conteiner, mecánica de ajuste, mecánica de grúas y mecánica en general, del pañol, de reefer y de gates, las que fueron equiparas a las del estibador portuario, a los efectos de acceder a las prestaciones previsionales con encuadre en los requisitos del régimen diferencial que establece el Decreto 5912/72 mencionado.
Defensa del consumidor, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asim, Laura Soledad c/ United Airlines Inc. s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-15

No derivando la acción de obligaciones contenidas en el Código Aeronáutico y estando encuadrado el reclamo dentro de las previsiones contenidas en la ley de defensa del consumidor y a la luz del criterio adoptado por la Sala -sostenido, incluso, desde la versión de la LDC 50 según ley 26361-, cabe concluir que el plazo de prescripción aplicable es el de 5 años previsto por el CCCN 2560. (En el caso, atendiendo la fecha de comunicación de la cancelación del pasaje (27/3/18) y la del inicio de la presente demanda (29/3/21), se juzga que, tal como lo remarcó el magistrado, el plazo de prescripción aludido no se encontraba cumplido).