marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Simulación, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: Iribarren, Ignacio Alejandro c/ Cruz, María Inés s/ ordinario simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-01

Mediante el ejercicio de la acción de reducción, aunque las donaciones sean simuladas, la nulidad solo alcanzará lo necesario para integrar la legítima. A ese fin, quien la ejerce debe probar los bienes que componen el caudal relicto a través del correspondiente inventario, su evaluación y el monto de las deudas, a efectos de obtener el relictum neto, a lo que se agregará el valor de la donación, todo lo cual permite conocer la legítima individual de cada heredero. En la sentencia, el juez debe establecer el monto del exceso de la donación violatoria de la legítima y la forma de hacer la reducción, para que el perito designado en el juicio sucesorio haga la partición, o bien, puede realizarse, según el caso, la partición en el mismo proceso contencioso.
Recurso por retardo de justicia, declaración abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Recurso Queja Nº 5 c/  s/ defraudación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-04

En la medida en que las decisiones de la CFCP deben atender a las circunstancias existentes al momento de su pronunciamiento, aunque sean distintas a las verificables en oportunidad de la interposición del recurso respectivo, y dado que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió la petición que había motivado la presentación por retardo de justicia formulada por el representante del MPF, se ha desvanecido el interés que daba sustento al remedio intentado, por lo que corresponde declarar abstracto su tratamiento. (Dres. Figueroa, Borinsky y Hornos).
Constitución Nacional, aplicación temporal de la ley, facultades del Poder Legislativo, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Panamericana de  Plásticos  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio deEconomía, Hacienda y Finanzas) y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

La Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria en materia de validez intertemporal de leyes, por lo que el legislador o el juez, en sus respectivas esferas, podrán establecer o resolver que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique S. Petracchi y Gustavo A.

Bossert).
Responsabilidad médica, mala praxis, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lapido,  Eduardo  Rubén c/ Sanatorio Privado Figueroa Paredes yotros. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-05

Para determinar la mala praxis deben valorarse las pruebas con delicadeza y precisión pues, de lo contrario, si bien se coadyuvaría a solucionar la situación de una persona y su familia, se causaría un serio perjuicio al sistema de salud en desmedro de toda la sociedad, ya que en razón de los naturales riesgos que implica el arte de curar, los médicos actuarían bajo una presión inconveniente e injusta, motivo por el que, sólo cuando se demuestre de modo fehaciente que la mala praxis o la desatención ha sido la causante exclusiva de los perjuicios, cabe responsabilizar a los médicos y a las instituciones de los daños sobrevinientes.
Prescripción, interrupción de la prescripción, obligaciones concurrentes, codemandado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MENDIETA, Enrique Normando c/ Mazzoleni, Mercedes - Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Nacional s/ Ordinario por daños y perjuicios Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Nacional s/ Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-30

Las causas fuentes de las relaciones obligacionales que vinculan al actor con cada uno de los codemandados son distintas, de modo que entre éstos no existe solidaridad. Se trata de obligaciones concurrentes, conexas, indistintas o -como las nomina parte de la doctrina- in-solidum, en las que si bien existe identidad de acreedor y de objeto, hay diversidad de causa y de deudor. Como consecuencia, en este tipo de obligaciones la interrupción de la prescripción respecto a uno o varios de los codeudores no se propaga a los demás (art. 3994 a contrario sensu). Por lo mismo, la defensa de prescripción solo beneficia a quien la opone. (del voto en mayoría). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Daños y perjuicios, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Borraccini Lucas c/ Urdangarin Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

Ante un reclamo por los daños y perjuicios ocasionados por el secuestro de un bien -en el caso un automotor- es competente el Juez del lugar donde se consumó el supuesto acto dañoso cuya reparación se pretende, siendo irrelevante que tanto el hecho generador de la supuesta responsabilidad del accionado como el domicilio de éstos se encuentren comprendidos en otra jurisdicción. Ello así, dado que aquél es el denominado "lugar del hecho" a que refiere la norma procesal correspondiente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Preux, Enrique A. y otro c/ Recalde, Arnaldo M. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

Es concurrente la culpa, en el caso, si el demandado ha actuado con singular imprudencia al detener el vehículo que conducía, sobre un camino transitado, violando la expresa disposición contenida en la 2a. parte del art.95 de la ley 5800: "En los caminos de tierra el estacionamiento se hará siempre fuera de la huella", y si la actora divisó al vehículo detenido y a otro igualmente detenido en sentido contrario de cuyo conductor pensó que había parado para decirle algo "por ser conocidos del pueblo" lo cual torna injustificable su posterior colisión, sino se la evalúa como obra de su absoluto descontrol sobre la marcha del vehículo.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Bareiro, Miguel Angel s/ Robo calificado y robo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

No puede traerse ante esta Corte una cuestión que no ha sido llevada a la instancia ordinaria (art. 342 y concs., C.P.P.).
Medidas cautelares contra el Estado, impugnación del decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, reforma laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional  s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-03

Dada la entidad de las modificaciones dispuestas en la norma y su inmediata incidencia no sólo en las relaciones de trabajo en general (arts. 53 a 85 y 89 a 96 del DNU 70/2023), sino particularmente en la regulación de la actividad sindical y su financiamiento (arts. 86 a 89 y 97 de la misma norma), no hay razones para dilatar un pronunciamiento que deje en suspenso lo dispuesto en la mencionada normativa en materia laboral.
Acción meramente declarativa, costas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FRÍAS,   MARTA  ESTHER c/ Poder  Ejecutivo  Nacional s/ Acciónmeramente declarativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-14

El art. 21 de la ley 24.463 -que se encuentra inserto en el capítulo II, que regula el procedimiento a seguir para la impugnación judicial de resoluciones de A.N.Se.S. previsto en el art. 15 de la misma ley-, constituye una excepción al principio general establecido por el art. 68 del C.P.C.C., cuya interpretación y aplicación ha de regirse por un criterio restrictivo. En consecuencia, la cláusula en cuestión no resulta aplicable a las acciones meramente declarativas, por cuanto se trata de un procedimiento ajeno al previsto por el citado art. 15. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau voto en disidencia).
Protección del medio ambiente, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-04

El poder delegado a la Nación por las provincias de establecer los presupuestos mínimos ambientales no constituye una mera declaración teórica (Fallos: 329:2975), sino que el Estado Nacional recibió la facultad de instrumentar mediante ese tipo de leyes los medios para lograr el fin constitucional de "un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" (artículo 41).
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE COPROPIETARIOS CALLE PLANES 833-35-37. c/ NASID RAFAEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

A los fines de la regulación de honorarios, no corresponde acumular los intereses al capital, ya que ellos son el resultado variable y ajeno a la actividad profesional y, además, constituyen una condenación accesoria cuyo cómputo no prevé la ley (conf. C.N.Civ.

Sala E, R.265.182 del 4/9/80, "Aion Sajvj y Agrop. c/ M.C.B.A.

s/cobro de pesos" y a sus citas). Este es el criterio que presidió la jurisprudencia del más Alto Tribunal, antes y después de la vigencia de la ley 21.839 (conf. C.S.J.N. Fallos 295-72; 301-384;

302-782; L.L. 1986-B-540 fallo 84.823).-
Concurso preventivo, proceso de verificación, revisión judicial, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: ZANATTA  S.A.  S/INC. DE REVISION POR SITRA  S.A. s/ INC. DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-17

Las costas del incidente fueron bien distribuidas en el orden causado, por cuanto mas allá de la cifra por la que prosperó la pretensión, lo cierto es que fue la propia sindicatura quien difirió para esta etapa la consideración del crédito oportunamente insinuado en los términos de la lc 33. No fue, por ende, tardía la verificación sino incidente revisorio por propio consejo de la función concursal. Por lo demás, medio cerrada negativa de la deudora, lo que tornó procedente la producción de la prueba; en este aspecto, el posterior allanamiento parcial de la incidentista a cierto planteo de la sindicatura, no es motivo suficiente para mutar la decisión sobre las costas; en este sentido, fue necesario contar con el dictamen pericial contable, para despejar cualquier incertidumbre sobre la cifra que correspondió verificar.
Cuestiones procesales, competencia, formación del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros c/  s/ Infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

Si se declara la competencia de un juzgado Penal, Contravencional y de Faltas para continuar entendiendo en la causa por la comisión de conductas entre las que se encuentran -entre otros no transferidos- dos delitos cuyo juzgamiento ha sido transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia de la Ciudad (al igual que en su caso podría hacerlo la nacional) podrá pronunciarse acerca de cualquiera de los tipos penales enunciados en la imputación puesto que, una vez suscitada su competencia, los jueces penales no federales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tienen limitaciones para la calificación de delitos que aún no fueron transferidos (en el caso de los jueces de la CABA) o que, en el pasado, fueron parte de su quehacer (en el caso de los jueces nacionales). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTILLO HUGO E. Y ALICIA MARIA WELSCHEN s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-28

Si bien la ley de sociedades en su art. 25 determina que la existencia de las sociedades de hecho puede acreditarse por cualquier medio de prueba, hoy es casi unánime la distinción entre la prueba del contrato de sociedad (para el que es válida la exigencia del principio de prueba por escrito) y la prueba de los hechos que acreditan la existencia de la sociedad, respecto de los cuales no media restricción alguna.
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, pronto despacho, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ryser, Carlos Alberto (por Ryser Construcciones S.R.L) c/ Provincia de Catamarca s/ Acción   Contenciosa  Administrativa  de  Ilegitimidad  y  de  Plena  Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-03-05

El pronto despacho que autoriza el art. 118 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debe articularse una vez transcurrido el plazo de 90 días corridos desde que son recibidas las actuaciones por parte del órgano que en definitiva va a resolver, pero previamente se debe habilitar competencia por presentación escrita al efecto, y ulteriormente procede la introducción del pronto despacho y el conteo de los 60 días desde su interposición.

En el caso la Administración se expide rechazando el recurso de reconsideración y concede el jerárquico. Radicadas las actuaciones en el Ministerio de Economía el día 04/10/00, el término de 90 días corridos que prevé la primera parte del art. 118 del CPA, debió contarse a partir del momento en que fueron recibidas aquéllas por parte del órgano que en definitiva va a resolver. Por lo que el pronto despacho y la habilitación de competencia articulada el 27/11/00, es decir, casi dos meses después de aquélla fecha, además de violentar el orden legal previsto, resultó inoportuno por anticipado e ineficaz a los fines pretendidos, pues el transcurso de los plazos es imprescindible, en tanto la ficción legal que la norma implementa sólo produce sus efectos a partir del cumplimiento de los términos fijados. De allí que los 60 días corridos que se deben contar para tener habilitada la instancia judicial recién vencían el día 04/01/01, es decir una vez transcurrido el término de 90 días.

En consecuencia, la demanda contencioso administrativa interpuesta el día 01/03/01 tomando en cuenta los 60 días del inoportuno planteo del pronto despacho, ello es, antes de haberse producido el efecto de la denegatoria tácita configurando el acto de ficción que reúna los caracteres estipulados por la ley, resulta extemporánea por anticipada. En consecuencia, corresponde rechazar la acción de ilegitimidad y de plena jurisdicción interpuesta.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de la Causa, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUDELJ, MARIANO s/ SUCESORIO     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ Expte  N. 13-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-15

La Corte Nacional ha sentado en la doctrina "Strada" que el Tribunal Superior de la Provincia según el artículo 14 de la ley 48, es el órgano judicial, erigido por la Constitución de la Provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podrá extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite. En los supuestos en que por razones diversas de esta última naturaleza, el órgano judicial máximo de la provincia carezca de aptitud jurisdiccional, aquella calidad la tendrá el Tribunal inferior habilitado para resolver el litigio por una sentencia que, dentro del régimen procesal respectivo, no sea susceptible de ser revisada por otro o, incluso por él mismo.
Recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Auret, Alejandro c/ Emp. Transp. 19 de Noviembre s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Cuando el triunfador en la instancia liminar carece de interés para alzarse contra el decisorio pues ha obtenido todo lo que deseaba - esto es, el rechazo de la pretensión de la contraria y entonces no puede recurrir - si el vencido lo ataca, todas las defensas planteadas por aquél quedan sometidas a la Cámara y deben ser tratadas inexcusablemente por ella como si hubiera habido una "adhesión de quién resultó ganancioso.-
Concursos, concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, facultades del juez, juez del concurso, control de legalidad, Ley de Concursos, aplicación de la ley, salvataje de la empresa, cramdown power
Materia: COMERCIAL
Carátula: COVELLO, FRANCISCA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

En un concurso preventivo pedido y abierto en los términos de la ley 19551, en el que la propuesta de acuerdo preventivo y su mejora fueron presentadas bajo la vigencia temporal del citado cuerpo normativo y el auto verificatorio y la audiencia para la realización de la junta de acreedores, se formalizaron vigente la ley 24522, procede resolver la citada cuestión conforme lo dispuesto por la nueva normativa concursal. Ello así, toda vez que el estado del trámite cumplido bajo las pautas de la ley anterior, permite compatibilizarlo con lo previsto en la nueva que, en la especie (art. 52) proporciona una directiva al juez para la homologación del acuerdo, bien entendido que la norma no impide la facultad jurisdiccional de realizar un control excedente de la mera legalidad formal, en los casos en que el acuerdo pudiese afectar el interés público, teniendo en cuenta el universo jurídico en su integridad.
Notificación automática, providencia simple, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: FERREYRA JORGELINA c/ POLICLINICA PRIVADA DE MEDICINA Y CIRUGIA SA Y OTROS s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-07

En cuanto al presunto consentimiento del codemandado del acto impulsorio efectuado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 135, inc. 11, Código Procesal, no resulta razonable pretender la notificación ministerio legis de una providencia dictada luego de un período de inactividad total en el expediente de casi cuatro años y casi 6 años desde su última presentación (arg. art. 135, inc. 8 del código citado).
Usurpación de inmueble, sujeto activo
Materia: PENAL
Carátula: RAMON ALANIS c/ GOROSITO, MARGARITA; GOROSITO, REGINO; GOROSITO, MARIA s/ USURPACION DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-20

El sujeto activo del delito de usurpación de propiedad, solo puede surgir de una relación de vecindad, únicamente puede ser el tenedor, poseedor o propietario del inmueble colindante, sin que sea imprescindible que ocupe en forma efectiva el inmueble.
Competencia penal, competencia por el turno
Materia: PROCESAL
Carátula: Responsables Mutual Campe s/ Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-10-22

El delito de defraudación constituye una infracción penal de resultado que se consuma al verificarse el daño en el patrimonio ajeno; por lo tanto resulta irrelevante para establecer la competencia en razón del turno el momento en que se comienza su ejecución, pues en los ilícitos materiales debe interpretarse que el hecho tiene lugar, en los términos de la Acordada 110, cuando se reúnen todos los elementos del iter delictivo, es decir en el momento de la consumación.
Juicios contra el Estado, sentencia, ejecución de sentencia, comuna, bienes, embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PISACCO, MARIA ESTHER ARAUJO DE c/ COMUNA DE WHEELWRIGHT s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 656 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-08-06

Corresponde hacer lugar al embargo solicitado sobre los fondos coparticipables de la comuna demandada , ya que el principio de ejecución de sentencias contra el Estado (instaurado a partir de la ley 12036, según el cual la sentencia se ejecuta con partidas presupuestarias) cede cuando la Administración en su accionar no ha acreditado, mediante "la certificación que extiende el servicio administrativo contable del organismo o entidad involucrada" (art. 9 bis ley 7.234), la inclusión del crédito reclamado a los fines de ser abonado en el llamado "período fiscal siguiente", debiendo ademá s señalarse que "no es admisible que el Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal".
Responsabilidad del Estado, error judicial, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Gómez, Walter Orlando c/ Estado provincial s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

La asunción por el estado de derecho del monopolio de la justicia penal (que es uno de sus principios básicos) le allega una tarea en sí misma riesgosa por las dificultades e imprecisiones inherentes a toda justicia humana. El riesgo así asumido se proyecta luego en diversas direcciones que se vinculan a un tipo diverso de facticidad y admite, al estado como organización de poder, a los jueces en su actividad, y a los justiciables en las simétricas posibilidades del error y la demora. Sin embargo, su significado jurídico no podría extrapolarse de manera lineal, ni simplificarse con el argumento de la común pertenencia a la sociedad política.(doctor Negri, minoría)
Pago, pago sin reserva, liberación del deudor, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PRONAR  S.A.M.I. y C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Los pagos efectuados y recibidos sin reserva o disconformidad alguna tienen los efectos liberatorios que les acuerda el segundo párrafo del inciso 3° del art. 505 del Código Civil, y configuran un derecho adquirido de naturaleza patrimonial que goza del amparo que la Constitución Nacional otorga en su art. 17 al derecho de propiedad.
Regímenes jubilatorios especiales, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Lucchesi Eda Catalina c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

Respecto del mantenimiento de la movilidad consagrada por la ley 22.955 debe tenerse presente lo resuelto por la C.S.J.N. en autos "Casella, Carolina...", sent. del 24.04.03, "Brochetta, Rafael Anselmo...", sent. del 08.11.05 y "Redondo de Negri, Irma Haydee...", sent. del 08.11.05. Estableciéndose el derecho de la beneficiaria a mantener la movilidad regulada en la ley 22.955 desde el 1° de abril de 1991 hasta la entrada en vigencia de la ley 24.463 (30 de marzo de 1995).
Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, acción contravencional de oficio, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, consulta al fiscal, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de falta de acción en autos "Modernell, Alberto c/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación s/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación Alberto c/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación s/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

El segundo párrafo de la Cláusula Transitoria de la Ley Nro. 1472 dispone que en los casos de oferta y demanda de sexo en la vía pública la autoridad preventora sólo podrá iniciar las actuaciones "por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal".

Cabe destacar que la norma exige la previa consulta a un representante del Ministerio Público Fiscal -y no específicamente del Fiscal-, razón por la cual debe tenerse en cuenta la estructura del Ministerio Público Fiscal, sumado a las funciones que establece para la Secretaría de Atención Ciudadana, el artículo 1 inciso a) del Anexo I de la Resolución Nro. 21/00 de la Fiscalía General.