marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, René s/ Inf. art. 43 inc. f) Código de Faltas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-07

La supletoriedad no autoriza a desplazar o contraponer cada una de las disposiciones legales propias del sistema contravencional de la ley 8031 y trocarlas por aquellas que integran un sistema procesal distinto (supuestamente acusatorio) propio de la ley 11922 y modificatorias. La adaptación de un sistema al otro resulta impensable por ser filosóficamente distintos; por diferir en la clase de ilicitudes que son objeto de regulación y porque el Decreto Ley 8031 hace remisión al Código de Procedimiento Penal (ley 3589) y no al Código Procesal Penal (ley 11922).- (Minoría u opinión personal)
Subasta judicial, sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bergol, Pedro c/ Baligan s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El heredero del condenado, a quien se le extienden activa y pasivamente los efectos de los contratos (art. 1195 Cód. Civil), está legitimado para pagar las deudas de su causante, pues a él le interesa quedar desobligado frente a los acreedores de la sucesión.

También está autorizado a hacer uso de los derechos o ejercitar las facultades que tenía su antecesor, pues la ley considera que continúa la persona del causante y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, salvo los derechos que no son transmisibles por sucesión, e incluidos aquellos que eventualmente pudieren corresponderle (arts. 4310 y 3417 del Código Civil). De tal modo, resulta inatendible lo alegado por el actor en torno a que los restantes coherederos han aceptado la subasta porque no intervinieron en forma conjunta con quien efectuó el pago, pues, incluso, el pago puede ser también ejercitado por terceros subrogándose en los derechos del deudor (arts. 727, 767 y sgtes. del Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, proceso penal, competencia originaria, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tribunal de alzada, juez previniente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cabeza, Daniel Vicente y otros s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La contienda de competencia trabada entre un Juzgado Federal y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo reglado por el art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58, sustituído por la ley 21.708 debe ser dirimida por el tribunal de alzada correspondiente a aquel que haya prevenido.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras, Elba Beatríz y otro c/ Vignau, Lía Elena y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Teniendo en cuenta que la víctima contaba a la fecha de su deceso con sesenta (60) años de edad; que se desempeñaba como cementista, realizando obras de hormigón armado, trabajando por cuenta propia, con sus herramientas y con una buena clientela; que no obstante ello, era de modesta condición económico-social, ya que sus herederas litigan con el beneficio de pobreza; que a raíz del hecho, la cónyuge del occiso, que contaba con cincuenta y tres (53) años de edad al tiempo del accidente, se vio obligada a realizar tareas de doméstica para poder subsistir, resulta justo fijar la indemnización por el valor vida en la suma de A 300.000.000 a la fecha del fallo apelado (15/11/91).
Reelección, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

Las normas que vedan la reelección para cargos electivos no obedecen a una razón persecutoria y discriminatoria, sino que tienden a preservar el principio republicano en uno de sus aspectos esenciales, la periodicidad de la renovación de autoridades.
Confirmación de sentencia, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez Moreno, María Virginia y otro c/ Sánchez Moreno, Oscar Leopoldo y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Procede confirmar la resolución mediante la cual el magistrado de grado rechazó las observaciones formuladas al informe final elaborado por la interventora informante, aprobó su gestión y reguló sus honorarios. Es que, contrariamente a lo invocado, la regulación de honorarios no es "anticipada", pues la interventora informante ha concluido la labor por la que fue designada y su gestión fue aprobada, por lo que procede fijar sus estipendios. La revisión del honorario apelado debe efectuarse teniendo en cuenta las pautas establecidas por la ley arancelaria vigente al momento de su actuación (ley 27423: 32). De acuerdo a lo allí establecido, corresponde regular honorarios a los interventores en una escala del 10% al 20% sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. Ahora bien, la sociedad no presentó los estados contables referidos al ejercicio económico cerrado por lo que se desconocen las utilidades correspondientes a ese último ejercicio. De modo que, ante tal situación, se tendrá en cuenta, como mera pauta referencial, el resultado del ejercicio anterior informado por la interventora, que sí se encuentra incorporado a las actuaciones, así como también el lapso de actuación desplegada: véase al respecto que si bien la primigenia intervención abarcó un plazo de 90 días, luego fue prorrogada por 90 días más.
Habeas corpus, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: MATTAR FRANCISCO DANIEL s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-01-03

Aún cuando humanamente las razones del condenado pudiesen conmover a los jueces, la aplicación de las normas legales tienden a proteger al individuo, ya que las incomodidades de origen familiar se encuentran subordinadas al tratamiento que, en definitiva, permitirá al condenado su inserción en la sociedad y su corrección- a nivel asistencial- de los desvíos de su personalidad.
Contratos comerciales, Derecho de la navegación, obligaciones en moneda extranjera, doctrina legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: P&O  NEDLLOYD  BV  SUC.  ARGENTINA c/ REXCEL  SA s/ PROCESO DEEJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-21

Por argumentos diferentes, esta Sala arriba a similar conclusión fundándose de modo especial en la autonomía y el particularismo que es propio del derecho marítimo, como fue destacado en un precedente que mereció conceptos laudatorios del profesor José D. Ray en la Revista de Estudios Marítimos (confr. causa 7480 "Deutz Argentina S.A c/ Empresa Estatal Líneas Marítimas Arg. s/ cobro de pesos", del 22 de junio de 1979, considerando XII). Y esa particularidad no le pasó inadvertida al magistrado de primera instancia, si bien no le dio la trascendencia que merecía, cuando advirtió que el caso "se refiere al cobro del flete de un transporte (marítimo) internacional". No le es dado a los jueces prescindir de esa realidad económica, que compromete la justicia de la solución a dar en esta clase de conflictos, porque dicha realidad es perfectamente conocida por todas las partes que intervienen en esta clase de operaciones de comercio exterior, incluso el realizado por aire y tierra, quienes se ajustan de tal manera a usos y costumbres -además de a relaciones convencionales claras y precisas- cuya fuerza vinculante está reconocida en el art. 1° de la Ley de la Navegación. Es así que las agencias marítimas, los astilleros, las empresas de alquiler de contenedores, los demurrages, los seguros de transporte, las contrataciones de los P&I, la reparación de averías de la nave o de su instrumental, las estadías y sobreestadías, los fletes y, en general, una serie de actividades accesorias que giran alrededor de la actividad de los buques y transportes (v.gr. almacenaje, tareas de desconsolidación de unitarizadores de carga, derechos de muelle y permanencia en puerto, tasas internacionales), todo ese mundo especial se mueve generalmente utilizando determinadas monedas extranjeras dotadas de estabilidad y previsibilidad.
Matrimonio, prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rivarola, Rafael Rodolfo c/ Garicose, Vicenta s/ Nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Quien afronta la tarea de postular ante la jurisdicción una pretensión de nulidad de matrimonio fundada en el impedimento de ligamen, se ve obligado en consecuencia a cumplimentar la carga de afirmación en cuanto a que existe tal connubio anterior y que el mismo se encontró vigente al tiempo en que se contrajo el ulterior casamiento.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Olavarría, Diego c/ Buenos Aires, Provincia de s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Corresponde rechazar in limine la acción de amparo si el alegado carácter inminente del acto que se denuncia, consistente en una reiteración de la conducta llevada a cabo por la agencia provincial y que fue neutralizada por una medida cautelar dictada anteriormente, es decir en un nuevo secuestro de medicamentos, no se encuentra acreditado en autos.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, peritos, recusación
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Estepa Antonio c/ Edmundo Paztuszak s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-17

El Perito desinsaculado es el mismo profesional que extiende el INFORME MEDICO LABORAL apoyando la posición de unas de las partes, la ACTORA. Que, a la fecha de su desinsaculación y aceptación del cargo, estaba en vigencia y aplicación el art. 107 inc. 5 de la Ley 2.884, por la que al mismo le comprendía causales de recusación, que ante la indiferencia de la parte demandada que podía RECUSARLO, el proceso siguió adelante. Por ésta omisión no se invalida "ipso jure" la pericial, pero destruye totalmente la fe que merece su conclusión final en cuanto al porcentaje de incapacidad y su carácter de total.
Empleo no registrado, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Barrio, Evaristo y ot. c/ Rinaldi, Fulvio y ot. s/ Indemnización despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

Los presupuestos previstos en el art. 11 de la ley 24.013 son claros y su cumplimiento imprescindible para acceder el trabajador a las indemnizaciones establecidas en la ley mencionada. La norma en cuestión establece que el empleado o la asociación sindical que lo representa, deberá intimar al principal en forma fehaciente a fin de que proceda a la inscripción, donde consignará la real fecha de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y todas las circunstancias verídicas que se vinculen con la relación a registrar o regularizar.
Facultades tributarias municipales, facultades concurrentes, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Granja Tres Arroyos SACAFEI  c/ Municipalidad de Río Cuarto  s/ acción meramente declarativa de Derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

A fin de determinar la interferencia o incompatibilidad de la regulación local con la federal la Corte ha establecido, como principio, que no constituyen por si mismos obstáculos reales y efectivos para el logro de los fines de utilidad nacional, susceptible de invalidar la norma local: i) la mera incidencia económica, ponderada en forma aislada, que acarrean las normas locales sobre las actividades o establecimientos sujetos a jurisdicción federal; ii) las regulaciones que resulten periféricas y extrínsecas al núcleo o la sustancia de la regulación federal en cuestión; y iii) las disposiciones que no impliquen una degradación de la actividad de jurisdicción nacional (Voto de los jueces Rosatti y Maqueda).
Falsificación de documentos, firma falsa, legitimación activa
Materia: PENAL
Carátula: REG. AUTOMOTOR s/ DENUNCIA FALSIFICACION DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-27

En la maniobra consistente en una suplantación de identidad consecuencia de la cual se habrá certificado como auténtica una firma falsa, el escribano actuante no es el directamente damnificado por el delito y por ende no puede alcanzar la legitimación pretendida.
Crédito laboral, actualización monetaria, índices de actualización, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FLEITA, JESUS H. c/ GRANDES FABRICAS ARGENTINAS SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-15

En atención a que el asunto sobre el que versa el planteo de inconstitucionalidad del artículo 276 LCT. no es novedoso, pues la mayoría de las Salas del Tribunal, así como la CSJN. se han expedido sobre el tema aparece como demasiado severo exigir al accionante una extensa argumentación al impugnar la validez constitucional de esta norma. El perjuicio concreto específicamente referido por la parte no es un punto que deba someterse a prueba alguna: surge del mero cotejo de las tablas de índices de salarios del peón industrial con el aumento del costo de vida, si se tienen en cuenta además las diferentes fechas a partir de las cuales debe comenzar a operarse el reajuste por depreciación, según el criterio tachado de inconstitucional.
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, instancia administrativa, jubilaciones, haber jubilatorio, interpretación amplia, Poder Judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRUNELLI, LUIS ARNOLDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 681-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-23

Corresponde hacer lugar al reclamo en relación al concepto de "dedicación exclusiva", a pesar de que recién fue "concretado" en esta instancia, en razón del alcance del pedido efectuado por el actor en sede administrativa en el sentido de que se reajusten sus haberes jubilatorios en base a la remuneración actualizada del cargo desempeñado; los fundamentos genéricos expuestos por la Caja y el Poder Ejecutivo para rechazar los recursos deducidos y el criterio de la Corte Nacional y de este Tribunal respecto a reclamos previsionales.
Testigos, testigo calificado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

La circunstancia a de que un testigo, mantenga juicio pendiente con la empleadora -demandada- no es motivo suficiente para descalificar su testimonio, sino para apreciarlo con un severo rigor crítico.
Compraventa inmobiliaria, contratos de adhesión, ley de defensa del consumidor, derecho a la información, actuaciones administrativas, rescisión del contrato, daño punitivo
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, ROMINA VALERIA. c/ VIV. ROCA DE CONSTR. DEL INT. S.R.L. s/ SUMARISIMO LEY 2268.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-06-03

Pese a que en estos actuados se desconoció el folleto de la vivienda y lo consignado en su reverso, la alternativa de financiación ofrecida a la actora, emana igualmente de las constancias administrativas. Tal imprecisión pudo llevar a la actora a considerar que durante los cuatro meses que tenía para pagar el saldo de precio, podría acceder a las opciones de financiación prometidas. (Del voto de la Dra. Pamphile, en mayoría).
Libertad de prensa, sentencia definitiva, principio de publicidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Arriaga, Antonio c/ Diario La Prensa  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

La libertad de prensa juega un importante rol al difundir las sentencias definitivas emanadas de los tribunales, pues de esa manera se permite un amplio y crítico escrutinio público del servicio de justicia.
Prestaciones de la obra social, cobertura médica, suministro de medicamentos, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obligaciones internacionales, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B., C. B. y otro  c/ IOSPER y otros  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

No cabe duda que las obras sociales deben brindar la cobertura para la adquisición de los derivados de la planta de cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica requerida y tal solución respeta el mandato constitucional de un particular -tal su término exacto en el art. 75 inc. 23- deber de cuidado respecto de las personas con discapacidad que consagra la Carta Fundamental, especialmente desde la reforma de 1994, con la incorporación con jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 27.044 B.O. 22 de diciembre de 2014) (art. 75, incs. 22 y 23 C.N).
Unificación de penas, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, atentado y resistencia a la autoridad
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Fernando Javier c/  s/ lesiones agravadas, daños, amenazas y resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para entender en el trámite de unificación de penas que originó el presente incidente. Ello así, en tanto se verifica la existencia de dos sentencias condenatorias firmes dictadas respecto de un mismo condenado y a esas circunstancias resulta aplicable la regla que establece que la unificación corresponde al juez que haya aplicado la pena mayor (art. 58, CP). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Juicio de desalojo, costas al vencido
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sucesión José Ferre Guirado c/ Lorenzo Vicente Rognetta s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-10-25

En juicios de desalojo, cuando éste prospera por una o más causales, pero no por todas las invocadas al accionarse, lo mismo deben imponerse las costas al vencido, pues en definitiva el actor ha conseguido el fin perseguido al promover la demanda.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salinas, Marcela c/ Cao, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

La prioridad de paso no se modifica aunque la calle por donde circula quien accede a la encrucijada por la izquierda sea una avenida ya que la ley 11.430 no incluye ese supuesto en su articulado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, contratos administrativos, demanda, contestación de la demanda, falta de traslado, nulidad del contrato, reconvención, derecho a ser oído
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta Corner SA c/ Gobierno de la Ciudad de BS. As. s/ Recurso de Apelación Judicial Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-12

Los fundamentos de la Administración, dirigidos en su contestación de demanda a obtener una declaración judicial de nulidad del contrato administrativo celebrado con la actora, si bien resulta discutible que deban ser tenidos por una reconvención realizada tácitamente, indudablemente constituyeron una fuente de argumentación que fue motivo de una ardua consideración por parte del juez de grado y sobre la cual la actora no tuvo la posibilidad de intervenir -ejerciendo su derecho a ser oído- hasta la instancia recursiva, vale decir, una vez dictada sentencia en primera instancia en sentido desfavorable a sus pretensiones
Facultades del juez, llamado de atención, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autolatina Argentina S.A.-Incidente- c/ A.N.A. s/ proceso de ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El mero "llamado de atención" formulado al letrado, no constituye una sanción disciplinaria en los términos del art. 18 del decreto ley 1285/58 -aclarado por el art. 6º de la ley 17.116, sustituido por la ley 21.708-, implicando sólo una observación o recomendación tendiente al logro de una mejor administración de justicia- en el caso tuvo por finalidad lograr que en el futuro se abstuviera de proceder en la forma que la juez consideró inadecuada para, precisamente, evitar una conducta pasible de una medida disciplinaria-, razones por las cuales, teniendo en cuenta que se trata de una simple medida de advertencia, entiende el Tribunal que la misma no le causa perjuicio y, por ende, la providencia impugnada no es susceptible de recurso alguno (conf. C.S.J.N. Fallos: 303:513 y 788; 304:696; 306:1740; esta Sala, in re "Iglesias Vilma Astrid -RQU- c/ E.N. -Presidencia de la Nación s/ queja", del 23/11/93, Fenochietto -Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea Bs.As. 1985, pág. 143; y Peyrano Jorge y Chiappini, Julio, "La advertencia y la profilaxis disciplinaria", ED. 102-942).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Manuel A. s/ Denuncia. Rec. de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-04

El recurso interpuesto resulta inadmisible, toda vez que habiéndose resuelto la recusación deducida por el recurrente con anterioridad al fallo impugnado, y encontrándose firme dicha decisión, no existe agravio de la parte atendible mediante el recurso extraordinario deducido, desde que se intenta traer en el mismo cuestiones procesales anteriores a la sentencia que han quedado precluidas.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades del fiscal, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Sihuin Valverde, Fortunato Jesús. s/ infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

Así como los jueces no pueden obligar al Fiscal a consentir la suspensión del ejercicio de la acción penal ni reemplazarlo en el ámbito que le es propio, tampoco los representantes del Ministerio Público Fiscal se encuentran habilitados a subrogar el cometido de los jueces.

(Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Daños y perjuicios, lesiones en riña, responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: SANDOVAL JOFRE, Carlos Raúl c/ MULTICANAL S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

A partir de la reforma introducida por la ley 17711 ha quedado incorporada al derecho positivo la tesis amplia que admite la responsabilidad del comitente o principal, aún cuando el hecho dañoso se hubiere producido "con ocasión" de sus funciones. En ese marco, producida una riña en ocasión de la función que desempeña el dependiente de una empresa, si la discusión se inicia a raíz de la manera como realizaba éste su trabajo, y el hecho de que se haya trenzado en la pelea revela que ha habido un exceso en su accionar, y que media entre aquél y el resultado dañoso el vínculo de causalidad adecuada, el principal resulta responsable de tal consecuencia, toda vez que encomendó la tarea a un individuo belicoso y nada paciente.-
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy Cárdenas, José Antonio c/ Empresa Kank y Costilla S.A. y/o Quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-05-09

El argumento basal que por si solo autoriza el dictado de la sentencia desestimatoria ni tangencialmente ha sido cuestionado por el apelante, tornando así inoficiosa la queja deducida (conf.

arts. 264 y 265 del C.P.C. y C.).-