Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-26


SENT Nº 544 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiséis (26) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Pérez, Beatriz Mercedes vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 650/661, plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nº 524 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30 de diciembre de 2004, corriente a fs. 640/644 vta. de autos, habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 647 y del cargo inserto a fs. 661 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia equiparable a definitiva; no corresponde efectuar el depósito previsto en la ley del rito en razón de que la recurrente actúa con el beneficio de litigar sin gastos (cfr. fs. 87);

el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. En consecuencia, el recurso resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, conculca los artículos 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional; inciso 8 del Pacto de San José de Costa Rica; 31, 32, 33, 34, 40, 272, 273, incisos 5 y 6, y 280, del CPCC; 28 de la Carta Magna local y el sistema del Código Civil, especialmente sus artículos 15 y 16. Asimismo, alega violación a la doctrina legal de esta Corte.

IV.1.- En primer lugar, interesa poner de relieve que, en el sub iudice, de los términos de la demanda -la que fue deducida ante el fuero Civil y Comercial Común- se sigue que Beatriz Mercedes Pérez inició juicio por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, reclamando una suma de $995.829,74 (cfr. fs. 67). Es por ello que en la referida pieza procesal expresó que el incumplimiento contractual de la accionada le irrogó daños y perjuicios consistentes en el lucro cesante y en el daño moral.

No cabe duda, entonces, que la actora no demandó la indemnización por antigüedad prevista en la legislación laboral, ni mucho menos otros rubros indemnizatorios como la indemnización sustitutiva del preaviso y la integración del mes de despido, sino que en su demanda articuló una pretensión diferente, de naturaleza civil (incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios del derecho común), siendo que en la LCT para una situación como la sub examine, esto es, ante el alegado despido arbitrario, se contempla una indemnización tarifada distinta a la prevista en la legislación civil. Dicha indemnización, basada en el salario y en la antigüedad del empleado, se establece a fin de reparar las consecuencias dañosas de un despido arbitrario, lo que significa que la estimación monetaria de los daños ocasionados por el despido del empleador decidido sin justa causa, no se deja librada a la apreciación de los jueces, sino que se encuentra tasada por la ley. La tarifación legal de la indemnización por despido arbitrario, implica que el trabajador no podrá invocar o intentar acreditar daños mayores que los fijados por la tarifa, y el empleador no podrá pretender satisfacer su obligación mediante el pago de una suma menor, alegando la existencia de daños inferiores a la tasa legal (cfr. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de Trabajo", pág. 574).

Ahora bien; se agravia la recurrente que, habiendo el Tribunal a quo determinado cual es el derecho aplicable a la relación de empleo privado, omitió pronunciarse sobre la cuestión debatida -que versaba sobre si el despido había sido con justa causa o no-, y aplicar el referido ordenamiento normativo dictando el fallo reparador con la indemnización tarifada pertinente, ya que contaba con todos los elementos necesarios para ello, como la fecha de inicio de las tareas, remuneración etc..

Argumenta que siendo el objeto de la pretensión incoada en la demanda el pago de la indemnización que prevé el derecho que corresponda, cuestión que debía calificar el juez y resolver la concerniente a la reparación solicitada a través de la indemnización del caso aplicando, en la especie, el derecho laboral, todo lo cual no suponía apartarse de la litis, cambiar la pretensión o afectar el principio de congruencia, dado que siempre se estaría dentro de las situaciones fácticas presentadas por las partes, siendo que por aplicación del principio iura novit curia se debió en el marco del derecho laboral componer la controversia suscitada en autos y conceder una reparación justa.

¿Asiste razón a la parte actora, recurrente? Los fundamentos de la solución dada por el Tribunal de grado -que agravia a la demandante- ya habían sido explicitados por esta Corte en el precedente citado por la Excma. Cámara (sentencia Nº 648, del 07-8-2003), al expresar que "...si bien los jueces tienen la facultad de declarar el derecho, ello debe ejercitarse con estricta sujeción al principio de congruencia, ya que no se encuentra autorizado el magistrado merced al principio iura novit curia, a desnaturalizar o cambiar la pretensión incoada, convertir la acción deducida en otra distinta, suplir la deficiencia en el planteo de la acción, introducir acciones no planteadas o acordar al actor lo que no pidió en su demanda. En ningún caso puede apartarse de los términos en que quedó trabada la litis contestatio y de la causa pretendi, para reconocer y admitir otra acción distinta a la instaurada (SCBA. Ac. y Sent., 1985, v. II., p. 615).

La apelación al principio iura novit curia debe ser sin menoscabo del principio de congruencia, pues 'el juez debe aplicar la norma inherente al caso, pero siempre enmarcado dentro de las situaciones presentadas por las partes, pues tal adagio no autoriza a cambiar la pretensión interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado trabada la litis. Lo contrario importaría conculcar la garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso' (Arazi, Roland y Rojas, Jorge A.: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T°.

I., pág. 101)".

En la perspectiva de las consideraciones que anteceden, considero debe desestimarse el agravio en consideración; de lo contrario, se violaría el principio de congruencia y el del debido proceso al admitirse que habiéndose incoado una pretensión de daños y perjuicios fuera jurídicamente factible otorgar el objeto de una pretensión diferente, alterando los términos en que quedara trabado el litigio que no es otro que el emergente de la demanda y del responde.

IV.2.- Corresponde ahora afrontar el agravio por el que se imputa al pronunciamiento transgresión al principio de congruencia, al haber limitado la reparación sin que ello fuera peticionado por las partes.

En mérito a la conclusión según la cual la relación en análisis se rigió por normas y principios contenidos en la LCT, correspondía destacar que en este último ordenamiento no se contemplaba genéricamente la opción indemnizatoria del derecho común, y que cuando la normativa laboral habilitaba la referida posibilidad indemnizatoria del derecho civil, lo hacía de modo expreso en situaciones específicas -vgr. artículos 95 de la LCT, despido injustificado antes del vencimiento del plazo- (cfr. fs. 565 vta./566 y 643 vta.). Sobre el particular destaco la similitud de agravios y fundamentos del sentenciador entre el caso de autos y el que se tramitara en el juicio "Silva", decidido por sentencia n° 264 del 24-7-01 copia de la cual obra a fs. 562/568).

Asimismo, se recordó lo enunciado por Miguel Ángel Sardegna en su obra "Ley de Contrato de Trabajo", pág. 786, cuando expresa que "La doctrina tradicional ha considerado que la indemnización por despido de la ley laboral cubre todos los daños y perjuicios que puede ocasionar la rescisión arbitraria e injusta y por ello no debe aplicarse por superposición la reparación integral del Derecho Civil.

La indemnización tarifada no tiene como presupuesto la idea subjetiva de culpa que lleva como consecuencia la reparación integral del daño, sino que parte de la idea de riesgo de la empresa, que otorga un común denominador indemnizatorio. En la Ley de Contrato de Trabajo las únicas referencias indemnizatorias declinadas al derecho común se dan, como excepciones, en los artículos 24 y 95 que tratan del incumplimiento del contrato sin relación de trabajo y de la ruptura ante tempus en un contrato a plazo, los que no admiten extensión por analogía" Respecto del artículo 9º de la LCT, resulta aplicable también al caso la reflexión contenida en el mencionado fallo recaído en la causa "Silva", conforme a la cual, aquella norma se limita a prescribir, en su parte pertinente, que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, de lo que resulta que el requisito esencial al cual se supedita este principio es la real existencia de una situación de duda con relación a la aplicación de más de una norma, lo que no acontece en el sub examine, ya que no sólo el pronunciamiento atacado no se hizo eco de una situación de esta especie (lo expresado al imponer las costas, en manera alguna, en el sub iudice, supone la aceptación de que el a quo tuviera dudas en cuanto al régimen jurídico aplicable) sino, fundamentalmente, porque no es en manera alguna discutible que la LCT, ante un despido que se tacha de arbitrario en lo que se refiere a las causales en que se funda el distracto, ha previsto el remedio de la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de dicho texto legal, la que se presenta, atento a sus características ut supra descriptas, diferente a la indemnización del derecho común o civil.

Sobre este tema volveré más adelante, en el parágrafo siguiente de este voto.

Como esta Corte expresara en el precedente Silva -de incuestionable aplicación al sub iudice- que "...debe mediar una efectiva y real duda acerca de la aplicación de las normas de que se trate, sin que corresponda su proyección con la finalidad de crear nuevos derechos a favor del trabajador, como erróneamente lo pretende el actor, puesto que de esta forma se violentaría la decisión legislativa prevista como justa en el caso. Coincidentemente se ha dicho que el artículo 9° de la LCT no se aplica a la valoración de los hechos ni cuando no ha habido duda en los jueces respecto de la aplicación o interpretación del derecho (S.C.Bs.As., setiembre 20-1994 L.54.915, T y SS 1994-1091), y que 'Para la aplicación del principio de favor de la duda -entendida ésta como indeterminación del ánimo entre dos extremos contradictorios- debe ser insuperable. Insuperabilidad una vez agotado el examen de las normas en cuestión...' (Podetti, Humberto A.: 'Los principios del derecho del trabajo', DT-1996-A, pág. 1131). Así las cosas, queda demostrado que la situación de autos no se encuadra en la preceptiva del artículo 9° de la LCT".

Finalmente, también luce adecuada para el caso de autos la conclusión de aquél precedente, consistente en no considerar ajustada a derecho la aseveración de que el acto jurisdiccional en crisis alteró los términos de la litis contestatio expidiéndose sobre cuestiones ajenas a las planteadas, como sería haber limitado sin pedimento previo, la extensión de la reparación o sin que el Banco hubiere cuestionado la vía de la acción civil, habida cuenta que las consideraciones del Tribunal sobre el particular se orientaron a establecer el derecho aplicable en la especie, haciendo aplicación del principio iura novit curia y, por consiguiente, a evidenciar que la pretensión incoada en el sub lite no guardada correspondencia con la LCT, atendiendo a las constancias de autos. Es por ello que determinar el derecho aplicable y precisar que en el ámbito laboral no se contempla genéricamente a la opción indemnizatoria del derecho civil y que la que debió solicitarse es la prevista en la legislación laboral, de ninguna forma significa pronunciarse sobre cuestiones ajenas al thema decidendum, ni establecer limitaciones que no corresponden al reclamo indemnizatorio.

Por los argumentos expuestos, la invocada lesión al principio de congruencia y a las prescripciones del artículo 9 de la LCT debe ser desestimada, asistiéndole razón al pronunciamiento impugnado cuando expresa que la opción indemnizatoria del derecho común no se encuentra prevista de manera general, sino en forma particularizada a algunos supuestos en la LCT.

IV.3.- Además la recurrente se agravia por cuanto una vez acreditada la falsa causa del despido, deviene procedente la reparación del daño, ya sea en su efectiva extensión de conformidad a la normativa civil, o hasta el tope de la indemnización tarifada del derecho laboral, adicionando a ello siempre el daño moral, dado que hubo imputaciones de delito e injurias graves en contra de su parte. Puntualiza que nunca se debió omitir otorgar alguna reparación (como lo hizo el fallo cuestionado), ya sea la tarifada a la prevista en la normativa civil, y que se prescinde de considerar el tema del daño moral probado en autos y previsto tanto en materia civil como laboral, cuando el mismo constituye, como en el caso de autos, un hecho doloso adicional y distinto al despido. En esta misma dirección cita jurisprudencia y doctrina en la que se sostiene que todo daño producido por violación de otros deberes contractuales o por actos ajenos al vínculo contractual, dan derecho al damnificado a reclamar la indemnización de daños y perjuicios correspondiente.

IV.3.1.-Sobre el agravio en su primera parte, dejé ya fundada la imposibilidad de mutar la acción incoada y, por ende, que la Sala a quo hubiera podido entrar a considerar la procedencia de otorgar a la actora la indemnización tarifada contemplada en la LCT.

En cuanto a la otra cuestión que se infiere de estos agravios, corresponde desechar también, como jurídicamente posible, que habiendo mediado en el sub iudice un despido con invocación de causa conforme al artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y resultando aplicable dicha legislación, se accione por daños y perjuicios de conformidad a las disposiciones de la legislación civil a fin de resarcirse de las consecuencias que reconocen su causa en la extinción de la relación laboral, reclamado una reparación conforme a la legislación civil y no la indemnización tarifada de la LCT, por la razón ya expresada de que este, ante un despido que se alega sin justa causa, ha previsto el remedio de la indemnización por antigüedad del artículo 245, la que es diferente a la indemnización del derecho común. El legislador ha previsto, para la pérdida de la estabilidad del empleo privado la indemnización tasada de la LCT, razón por la cual ante un despido que se reputa sin justa causa, no resulta pertinente recurrir a la acción de daños y perjuicios contemplada en la legislación civil.

IV.3.2.- Del escrito de demanda se desprende con toda claridad que Beatriz Mercedes Pérez inició juicio por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. En esta perspectiva adujo que el incumplimiento contractual de la accionada fue el que le ocasionó perjuicios consistentes en el lucro cesante y el daño moral. A continuación analizaré, a la luz de lo expresado con anterioridad, los rubros indemnizatorios reclamados.

R especto al daño patrimonial (lucro cesante), la recurrente expuso que percibía una contraprestación mensual de $1954,14, lo que hacía una suma anual -incluyendo el SAC- de $25.403,82; de allí que, en el entendimiento que la relación, atento a su legajo, dedicación al trabajo y a la ley, debía prolongarse hasta que estuviera en condiciones de jubilarse, restándole, 28 años para ello, reclamó en concepto de lucro cesante la suma de $711.306,96.

De ello se colige que la recurrente, en vez de reclamar, como correspondía, la indemnización tarifada de la LCT (que incluye a los daños patrimoniales y extra patrimoniales que sean consecuencia normal del despido), promovió una acción civil para resarcirse del daño patrimonial que estima haber sufrido por haber sido despedida sin causa justificada de su empleo. En otras palabras, atendiendo al escrito de demanda y a lo pretendido en concepto de lucro cesante, no cabe duda que la indemnización que se impetró por este concepto reconoce su causa en el distracto o, en otros términos, el resarcimiento peticionado lo fue como consecuencia de la simple ruptura del vínculo laboral, siendo que el único resarcimiento admitido para la reparación de consecuencias de este orden es la indemnización tarifada de la LCT y no la indemnización que autoriza la legislación civil. Por ello, juzgo que no existe arbitrariedad en lo decidido por la Excma. Cámara sobre el punto; esto es, en lo que se refiere al rechazo del rubro daño patrimonial (lucro cesante).

Recapitulando: no cabe duda, entonces, que la actora no demandó la indemnización por antigüedad prevista en la legislación laboral, ni mucho menos otros rubros indemnizatorios como la indemnización sustitutiva del preaviso y la integración del mes de despido, sino que en su demanda articuló una pretensión diferente, de naturaleza civil (incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios del derecho común), siendo que en la LCT para una situación como la sub examine, esto es, ante el alegado despido arbitrario, se contempla una indemnización tarifada distinta a la prevista en la legislación civil.

Dicha indemnización, basada en el salario y en la antigüedad del empleado, se establece a fin de reparar las consecuencias dañosas de un despido arbitrario, lo que significa que la estimación monetaria de los daños ocasionados por el despido del empleador decidido sin justa causa, no se deja librada a la apreciación de los jueces, sino que se encuentra tasada por la ley. La tarifación legal de la indemnización por despido arbitrario, implica que el trabajador no podrá invocar o intentar acreditar daños mayores que los fijados por la tarifa, y el empleador no podrá pretender satisfacer su obligación mediante el pago de una suma menor, alegando la existencia de daños inferiores a la tasa legal (cfr. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de Trabajo", pág.

574) A su turno, en lo atinente al reclamo por daño moral, advierto que la sentencia en crisis rechazó el lucro cesante y el daño moral pretendidos en la demanda con los mismos argumentos que refieren a la no previsión con carácter general de la indemnización de daños y perjuicios en la LCT, a la imposibilidad jurídica de mutar la acción intentada, y a la circunstancia de que esta última no guarda correspondencia con el sistema establecido en la LCT, que sólo contempla una indemnización tarifada (cfr. fs. 643 vta./644).

Más arriba dejé sentado que tales argumentos resultaban correctos en lo relativo al lucro cesante o daño patrimonial.

Resta, entonces, analizar ahora si es posible o no, arribar al mismo resultado con relación al daño moral solicitado en la demanda. A tal fin, es necesario tener presente, en primer lugar, lo que esta Corte tiene dicho con respecto a la compatibilidad de la indemnización tarifada de la LCT y este tipo de daño y, en segundo término, las consideraciones esgrimidas sobre el particular por la actora en su demanda.

En cuanto a lo primero, esta Corte en sentencia Nº 851, del 02-12-1996 adelantó que "Se trata de un tema arduamente discutido sobre el que originariamente la jurisprudencia negó como posibilidad, subrayando que la indemnización era ominicomprensiva de todos los daños que pudiera sufrir el trabajador a consecuencia de la extinción del contrato. Así se registra una evolución al punto que con fecha 14 de junio de 1991, la C.N.Trab. Sala VIII, llegó a decir en un caso similar que 'Si bien la tarifa correspondiente a la indemnización por despido resulta compensatoria del daño moral, corresponde hacer lugar a la indemnización de aquél cuando de los términos del despacho que instrumentó esa determinación patronal, se imputó claramente la comisión de un delito que a la postre, quedó in demostrado, pues tal circunstancia, configuró la producción de un daño adicional no previsto en la aludida tarifa (ED 144-581)'".

Asimismo, en fallo Nº 667, del 11-8-2005 (ídem: CSJT: sentencias 853, del 02-12-1996; 26, del 13-02-2000), entre otros conceptos, esta Corte sostuvo que "En el estado actual imperante en la jurisprudencia laboral, puede decirse que en el sistema especial de la LCT se halla insita la reparación de todos los perjuicios materiales y morales que pudiera padecer el trabajador con motivo del despido incausado, por lo que si no se acreditan otros daños extraordinarios no corresponde reconocer el reclamo por daño moral" (cfrme. CNAT, Sala IV, 31/5/2002 en DT 2002-B, 2300; Sala VIII, 22/9/2000, DT 2002-B-1407, entre muchos otros, citados por A. Vázquez Vialard y Raúl H. Ojeda, en Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo III, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As.

2005, pág. 451).

En efecto; si bien la ruptura de un contrato laboral produce por lo general un daño moral al trabajador, las leyes que fijan cualitativamente los extremos de la indemnización toman en consideración el conjunto de todos estos posibles daños y no corresponde indemnización por daño moral, a menos que la decisión de romper el vínculo fuera precedida de imputaciones desdorosas, cargos infamantes o cualquier actitud del empleador causante de perjuicios morales mayores que los comunes que afecten a cualquier trabajador despedido (CNAT, Sala V, 12/12/96, DT 1997-B-1382).

De ello se sigue que para que el empleador tenga obligación de indemnizar el daño moral, es necesario que al producir el despido cometa un ilícito independiente de la mera ruptura -cuya reparación se encuentra tasada legalmente-, esto es, debe incurrir en una conducta adicional, y ella debe encuadrarse en la actividad reprochada por el art. 1109 del Código Civil (SCBA, 26/8/97, DT, 1998-A-554).

De lo expresado cabe concluir que, excepcionalmente, es posible acumular la indemnización tarifada del art. 245 LCT con el resarcimiento destinado a reparar el daño moral en los términos de la legislación civil, siempre y cuando éste resulte consecuencia de un hecho distinto de la simple ruptura del contrato de trabajo".

En cuanto a las consideraciones esgrimidas sobre el particular por la actora en su demanda sobre la compatibilidad de marras, lo que resulta de la demanda y de las constancias de autos surge que la actora determinó el monto del daño moral en una suma equivalente al 40% del lucro cesante, esto es, en $284.522,78, concepto éste que fue reclamado con sustento en las siguientes razones: "También es objeto de reclamo el perjuicio moral que se me ha ocasionado, ya que me he visto dañada moralmente tanto subjetiva como objetivamente. Ello es así toda vez que he sido corrida del Banco en medio de una crisis producida por la estafa que se produjo y a la cual indebidamente y sin fundamento fui vinculada; quedando frente a mis compañeros de trabajo como una defraudadora delincuente, perdiendo el respeto y la estima de mis Jefes con los que siempre mantuve conducta ejemplar, y de la clientela del Banco. Y a la vez se me produjo un quebrantamiento emocional interno producto de la angustia de no contar con trabajo, en medio de una crisis en la que el mas marcado signo es el desempleo y la inestabilidad económica, luego de toda una vida de protección y de trabajo seguro, y que se ve agravado con el aditivo de que mi cercenamiento laboral es producto de un ilegítimo acto de algunos Funcionarios del Banco el Tucumán S.A., este dañamiento moral lo estimo en un 40% (cuarenta por ciento) del lucro cesante" (cfr. fs. 71 y vta.).

Lo transcripto evidencia que la indemnización tarifada de la LCT resulta compatible con la indemnización del daño moral en los términos de la legislación civil, siempre que concurran las circunstancias de excepción que fueran puntualizadas precedentemente.

No obstante ello, la Sala a quo rechazó ambos rubros (daño moral y lucro cesante) con los mismos argumentos referidos ut supra, sin percatarse que la situación no era idéntica, ya que tratándose de la reparación por el daño moral, atendiendo a lo expresado en la demanda para sustentar el reclamo del rubro de marras especialmente cuando refiere al hecho de haber sido vinculada a una estafa y quedado como una estafadora, se está ante una circunstancia que no queda aprehendida dentro del agravio moral simplemente por causa de la ruptura de la relación de empleo privado. Por lo tanto, ello tornaba necesario e ineludible hacerse cargo de lo expresado por la accionante en la demanda al respecto y consultar las constancias de autos a la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, a fin de determinar si concurría, o no, en el sub examine, algún acto del empleador, que aunque realizado con motivo u ocasión del despido, se configurara jurídicamente como hecho distinto e independiente de la denuncia del contrato de trabajo y, en su caso, si el daño había sido debidamente acreditado; todo de acuerdo a la normativa civil aplicable.

No habiéndose procedido de la manera indicada prescindiendo, a la hora de resolver, del examen de las constancias de autos pertinentes, deviene ajustado a derecho revocar la sentencia en recurso en cuanto desestima el rubro daño moral, y mandar a dictar nuevo pronunciamiento sobre el punto.

En mérito a las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nº 524 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30-12-2004, obrante a fs. 640/644 vta. de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto parcialmente el punto II (sólo en cuanto desestima el rubro daño moral) y el III de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que rechaza el rubro daño moral, sin hacerse cargo de lo expresado por la actora en su demanda sobre el punto y sin consultar las constancias de autos, a fin de determinar si concurría o no en la especie algún acto del empleador que, aunque realizado con motivo u ocasión del despido, se configurara jurídicamente como hecho distinto de la denuncia del contrato de trabajo y, en su caso, si el daño moral había sido debidamente acreditado". Por consiguiente, debe disponerse la remisión de los presentes actuados a dicho Tribunal a los efectos de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose debidamente aclarado que lo resuelto en modo alguno significa señalar el sentido u orientación que deberá observar el nuevo pronunciamiento en lo que respecta al tópico de marras.

V .- Las costas de esta instancia casatoria, atento al resultado a que se arriba, se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 109 del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación incoado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 524 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 30-12-2004, glosada a fs. 640/644 vta. de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto parcialmente el punto II (sólo en cuanto desestima el rubro daño moral) y el III de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, y disponer la remisión de los presentes actuados a dicho Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.