marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación penal, presupuesto
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SOSA ROQUE ANTONIO s/ NULIDAD  -  INTERVENCION  DEL  IMPUTADO EN PROCESO - CASACION PENAL -  ADMISIBILIDAD FORMAL - PRESUPUESTO  - NULIDAD DEL AUTO INTERLOCUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-24

El examen de admisibilidad que debe efectuar la sala penal del tribunal superior de justicia presupone -salvo el caso de denegatorio ilegal- la previa concesión del recurso (arg. Art. 477 CPP).
Contratos administrativos, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INFORMATICA DEL PARANA c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE N. 190   84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-20

Los contratos se celebran para cumplirse, por lo tanto la Administración debe celebrarlos con quien o quienes demuestren el máximo de garantía de cumplimiento, y la forma jurídica de la adjudicataria de la licitación (Sociedad de Responsabilidad Limitada) contribuye a asegurar una ejecución efectiva de la obra licitada, frente al carácter unipersonal de la reclamante, desde que en ésta, cualquier dificultad o impedimento que afecte a su titular, podría comprometer la buena marcha de las obras.
Caducidad de instancia, carga de la prueba, plazos procesales, deberes procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: TEQUIN QUIMICA  S.A.  SOBRE QUIEBRA s/ INCIDENTE  DE  IMPUGNACION  POR  LA  CONCURSADA  AL  CREDITO  DE BASF  AKTIENGESELLSCHAFT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-23

La circunstancia de haber mediado prueba común ofrecida impone a ambas partes proponentes del medio probatorio la carga de activar su efectiva producción, más no basta para trasladar en cabeza del demandado la prosecución de la litis. No cabe por lo tanto suspender el plazo de caducidad con base en esa contingencia.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Frigorífico Rafaela S.A. c/ Arias, JOSE R. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Ejecución   hipotecaria (Expte. CSJ N.  846-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-14

Para tener por cumplido el requisito del planteamiento oportuno de la cuestión constitucional, es menester aducir concretamente las cuestiones que originarían los vicios que se endilgan al fallo impugnado, y si bien es cierto que su formulación no requiere formas sacramentales también lo es que dicho recaudo no se suple con una genérica mención de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, de modo que los temas debatidos sean sometidos al tratamiento y decisión de los jueces ordinarios de la causa en procura de lograr un pronunciamiento constitucionalmente válido. En el caso, el quejoso sólo esbozó una escueta y genérica reserva del planteo en su expresión de agravios, lo cual deviene insuficiente a fin de alcanzar el objetivo propuesto.
Impuestos, decretos, inconstitucionalidad, impuesto sobre localidades cinematográficas
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Video club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

No puede fundarse la falta de legitimación para impugnar la constitucionalidad del impuesto creado por los decretos 2736/91 y 949/92, en que la actora puede adicionar el tributo al precio que percibe, pues su interés legítimo emana de la carga impuesta personalmente, cuyo incumplimiento le acarrearía una serie de consecuencias que afectan o restringen su esfera jurídica individual y lo tornan pasivo de graves sanciones.
Daños y perjuicios, indemnización, prescripción, ley derogada, restitución de bienes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Werner, Manuel c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El plazo de prescripción de la acción resarcitoria del actor nació con la derogación de la ley 21.670 y no con la notificación de la sentencia del proceso en trámite, que retrotrajo las cosas al estado en que se encontraban al momento en que los bienes fueron transferidos al Estado Nacional, teniendo en cuenta que no se solicitó la restitución de un bien cierto y determinado sino el reintegro de su valor real, su interés y rentabilidad (Voto del Dr. Gustavo A.

Bossert).
Administración Pública, facultades disciplinarias, jueces, facultades del juez, Superior Tribunal de Justicia, control de razonabilidad, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Devoto, José Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 506-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

La ley ha sustraído de la competencia de la Corte Suprema de Justicia las cuestiones relativas a potestad disciplinaria, salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (artículo 12, inciso c, ley 4106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público y el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de razonabilidad. En el sub judice, los planteos del recurrente consistentes en la inobservancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio tornan admisible la impugnación en estudio.
Pacto de San José de Costa Rica, PANAMÁ, responsabilidad internacional del Estado, violación de derechos humanos, violación al debido proceso, garantías procesales, facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad, protección contra el despido arbitrario, empleados públicos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Baena Ricardo y otros c/ Panamá s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-02-02

En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración pública tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos -en el caso, se denunció a la República de Panamá por la destitución arbitraria de 270 empleados públicos participantes en una manifestación por reclamos laborales, en violación a los artículos 15, 16 y 25 de la Convención Americana -, razón por la cual su actuación debe encontrarse regulada, sin que pueda invocarse el orden público para dictar actos sancionatorios negando a los administrados las garantías del debido proceso, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Ferrero, Eduardo Emmanuel c/ Vicens, Jimena Soledad s/ embargo preventivo - hoy ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-04-11

El derecho prioritario de paso no puede ser excluido o derogado de manera absoluta o total en su operatividad y aplicabilidad, esto es, aun cuando el favorecido con el mismo circulara a excesiva velocidad al arribar al cruce, si el otro protagonista tampoco cumplió con un deber que estaba a su cargo contribuyendo en algún modo también, como concausa, al originamiento del accidente.
Hipoteca, falta de inscripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VENEGAS DE KARAM CARMEN c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-11-18

Quien siendo titular dominial del inmueble lo hipotecó en garantía de un crédito, y quien instrumentó el gravamen (escribano) no pueden prevalerse de la falta de inscripción del gravamen en el registro; más aun cuando quien revestía otrora el carácter de deudor hipotecario se convirtió en demandado al iniciársele la ejecución hipotecaria que culminó con el remate del bien gravado.
Libertad de expresión, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La libertad de expresión constituye no solamente uno de los principios básicos de la sociedad democrática, sino, además, una de las derivaciones inherentes a la idea de hombre libre.
Dictamen pericial, impugnación de la pericia, apertura a prueba, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS c/ SERVICIOS ELECTRICOS SANJUANINOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-15

Conferido y contestado el traslado por quienes debían evacuarlo, la cuestión debió resolverse, pues para ello la previsión del art. 155 del C.P.C. Y el llamamiento de autos una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, operándose la preclusión de la etapa probatoria no activada por la parte interesada, siendo este un principio que también debe ser respetado por el juzgador so pena de efectuar el derecho de defensa de la parte contraria que como se ve se ha sentido agraviada de la apertura a prueba dispuesta después de que dicho llamamiento quedara firme.
Contratos administrativos, personería jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anna, Hugo Orlando c/ Sistema Provincial de Salud -SIPROSALUD- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-21

La relación jurídico-administrativa que vincula a los particulares con los órganos del Estado, se da siempre entre dos sujetos, que concurren a su formación con la capacidad que les otorga la ley. A los administrados la ley civil y a los órganos públicos la ley administrativa, que -en el entorno antes descripto- distribuye competencias cuyo ejercicio -en la administración centralizada- no es sino una manifestación de la facultad de "adquirir derechos y contraer obligaciones" propia de la persona jurídica Estado, que asume la responsabilidad consecuente.
Devolución de objetos secuestrados, automotor secuestrado, asegurador
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALVAREZ, FERNANDO s/ DEVOLUCION DE EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

Corresponde confirmar la resolución apelada que hace lugar a la entrega definitiva del rodado a la compaÑía de seguros, sin perjuicio de las acciones que el derecho privado acuerdo a quien la tenía de buena fe en su poder.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, aplicación de la ley, Constitución Provincial, competencia del Superior Tribunal de Justicia, proceso penal, resoluciones recurribles, revocación de la prisión preventiva, recurso de casación, interpretación de la ley, recursos, iura novit curia, derechos y garantías constitucionales, medidas cautelares, cómputo privilegiado de la privación de libertad, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GAON, Pablo Alberto y Otro s/ Defraudación Calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-15

La correlación entre las normas infraconstitucionales, dota al sistema local de absoluta coherencia con el marco constitucional al que debe subordinarse. Se ubica -sin reparo- en primer lugar su carácter cautelar por cuanto no tienen un fin en sí mismas (no importan adelanto de pena), sino que tienden a evitar los peligros que pueden obstaculizar la consecución de los fines del proceso; provisional en virtud de que la desaparición del peligro origina su cese; de interpretación restrictiva por afectar derechos de quien goza de un estado jurídico de inocencia, por lo que sólo puede ser autorizada u ordenada en la medida de la más estricta necesidad; proporcionadas al peligro que se trate de evitar y fundadas debido a que su aplicación plantea como condición la existencia de pruebas de las que derive probablemente la existencia de un hecho ilícito y de la participación.

Por otra parte, no puede dejarse de lado en el análisis, que aún el supuesto en que el consenso en relación a la absoluta indispensabilidad no se obtuviera -y ello no se debiese a la arbitrariedad de los órganos judiciales- siempre la privación de la libertad se encuentra resguardada en cuanto a su duración irrazonable.

De tal modo, las disposiciones legales y constitucionales logran un aceptable equilibrio entre el interés individual y el interés social, haciendo prevalecer de acuerdo al momento del proceso a uno y a veces a otro.	El balancín-test de los valores en juego, implica en algún momento el predominio de alguno por sobre otro, pero tal prevalescencia en el caso de interés individual y del interés social, en la procedencia y duración de la medida de coerción, no es permanente ni definitiva. El pronóstico punitivo hipotético impone una limitación al interés social en la procedencia del encarcelamiento preventivo -siempre que sea absolutamente indispensable- para asegurar la regular y efectiva persecución penal; sin embargo ese interés social es dejado de lado y prevalece el del imputado cuando la duración del encarcelamiento resulta excesiva sea en relación al pronóstico, como aún cuando no lo extralimite si se ha extendido irrazonablemente.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, lugar del hecho
Materia: PROCESAL
Carátula: Club Atlético Lanús Asociación Civil s/ defraudación por desbaratamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-02

Es competente la justicia provincial en la causa que se investiga el incumplimiento del contrato llevado a cabo entre un club de fútbol y un jugador, en que se estipulan derechos económicos y federativos de este último, por haber sido transferido a un club extranjero por una suma de dinero que supuestamente resultó disímil a la informada en una reunión celebrada en una localidad de la Provincia de Buenos Aires, ya que la competencia penal por razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL
Carátula: GIANNONI VICTOR OSCAR Y OTROS c/ GIANNONI DE ZANNI GABRIELA JOSEFINA Y OTRO s/ COLACION - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-02

Si quedó consentido el decreto que ordenó el desglose del escrito que contestó la vista en forma extemporánea, pero el juzgado no efectuó el desglose ni tampoco la contraria requirió el cumplimiento de tal apercibimiento antes del pase a resolución, tal escrito quedó incorporado al proceso sin modificación alguna (principio de adquisición).-
Sindicatos, democracia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Sindicato Policial Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-11

La Constitución sin duda requiere que toda organización sindical que se constituya respete los postulados de la libertad y de la democracia, lo que a su vez determina que los trabajadores tengan el derecho a afiliarse, desafiliarse o no afiliarse a la organización sindical que escojan pero, sin embargo, en el marco del principio de razonabilidad, las leyes pueden establecer requisitos específicos para formar un sindicato.
Eximición de prisión, declaración de rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, R. C. s/ EXIMICION PRISION - REBELDIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-10-31

El instituto de la eximición de prisión no es aplicable al procesado declarado rebelde.-
Acción de amparo, rechazo in límine, equidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FUNDA-MENTAL c/ SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OTRO. s/ AMPARO (Reg. 13.168)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

Admitir el rechazo "in limine" de una acción de amparo, implica que la situación planteada debe ser básicamente indiscutible, y surgir con absoluta claridad la improcedencia de lo pretendido por los interesados.

La desestimación de ese modo de un amparo, debe ser decidida con criterio restrictivo y suma cautela pues se podría asimilar a una denegación de justicia.

Esta acción es excepcional, su utilización esta reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pudiera afectar derechos constitucionales, máxime que su apertura requiere arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta, y la demostración de un daño concreto y grave, que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo.

No basta que haya una vía procesal (de cualquier índole) para desestimar un pedido de amparo: hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo.

Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. (del voto del Dr. Ferro, adhesión Dra. Torterolla, minoría Dr. Tazza)
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

Existe una prelación del bienestar del grupo familiar sobre el de cada uno de sus componentes, así como no ha variado la preferencia impuesta al bien particular por el bien común. (Minoría u opinión personal)
Empleados públicos, leyes, ley de emergencia económica, decreto de necesidad y urgencia, remuneración, reducción salarial, criterio de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

En tanto la intangibilidad del sueldo del empleado público no está asegurada por ninguna disposición constitucional, no existe un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias; por lo que en ocasión de grave penuria nacional no puede juzgarse inicua la decisión de disminuir -razonablemente- las remuneraciones que deben ser atendidas con el presupuesto de la Nación (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Santos, Oscar A. s/ recurso extraordinario. Causa: 325
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Forma parte de la debida fundamentación autónoma el relato claro y suscinto de los hechos debatidos junto con la precisa determinación de la cuestión federal y la relación que existe entre ellos.
Sentencia arbitraria, acción de nulidad, partidos políticos, intervención partidaria
Materia: PROCESAL - POLITICO
Carátula: Bousquet, Jorge L.  y  García  Tuñon,  Jorge  E. s/ solicitud de avocación en autos:"Bousquet,  Jorge L. s/ sol. med.  cautelar" - (Expte. 503.495). (Expte. 2775 de la Cámara Nacional  Electoral).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Es arbitraria la sentencia que no hizo lugar a la impugnación de nulidad deducida contra la reunión de la convención nacional de un partido político y declaró la validez de la intervención del distrito de la Capital Federal, si la interpretación que el pronunciamiento efectúa de la decisión del plenario, conduce a consagrar la conclusión opuesta a la prevista por el acto partidario.
Pesca, concesión administrativa, caducidad del acto administrativo, plazo, sentencia arbitraria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Centro Industrial Fueguino SA c/ Provincia de Tierra del Fuego
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

Cabe dejar sin efecto por arbitrario el pronunciamiento que declaró inaplicable la caducidad prevista en el decreto 2180/09 de la provincia de Tierra del Fuego a la concesión de un coto de pesca a la que le otorgó carácter perpetuo, pues equiparó la concesión "indefinida" con la "perpetua" cuando, en rigor, se trata de dos supuestos notoriamente diferentes, dado que en el primer caso no hay término de vencimiento y éste puede producirse cuando cualquiera de las partes lo desee, mientras que la concesión perpetua es para siempre y debe ser dispuesta por ley en forma indubitable, por lo que mal pudo el a quo interpretar un plazo indeterminado como sinónimo de perpetuidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, inundación, poder de policía, daño
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

En el caso, sólo le podía caber responsabilidad por omisión al Estado si fundadamente, es decir con sujeción a los hechos comprobados de la causa y su correspondiente subsunción normativa aplicable, se arribara a la conclusión de que la demandada incumplió el deber legal que se le imponía: obstar el evento lesivo (en el caso el control de las canalizaciones clandestinas); y se advierte que la respuesta de la Cámara para atribuir responsabilidad a la Provincia no es más que una mera alegación de un incumplimiento genérico del poder de policía del Estado, sin ninguna referencia de qué deber concreto o mandato expreso establecido por norma especial -vigente al momento de los hechos- ha sido infringido por la demandada o aquél que razonablemente podía derivar de los principios que informan el ordenamiento jurídico, ya que desde la óptica constitucional no puede tolerarse que exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Netri)
Procedencia parcial, revocación de sentencia, apelación de honorarios, jus, intereses, IVA
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Deiana, Dilba Raquel c/ Dib, Nahir del Valle s/ abreviado - daños y perjuicios - otras formas de responsabilidad extracontractual - tram oral
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-04-26

Procede hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la actora en lo que hace a la regulación de honorarios formulada a favor de los letrados de la demandada y revocar los mismos, regulándolos nuevamente a los que deberá adicionarse el veintiuno por ciento (21%) de IVA en caso de corresponder y devengarán intereses desde la fecha de la resolución impugnada y hasta su efectivo pago. Cabe señalar que le asiste razón a la recurrente, pues efectivamente la regulación mínima que establece el art. 36 de la Ley 9459 -en este caso 15 jus-, es por la tramitación integral de un juicio con prescindencia de las acciones que se hayan acumulado en el mismo; consecuentemente, sólo se va a aplicar en aquellos supuestos en que empleando la escala arancelaria sobre la sumatoria de las bases que posee cada una de las pretensiones, no se lograse alcanzar el mínimo legal. Dicho en otros términos, el mínimo legal está previsto teniendo en cuenta el juicio y no las pretensiones incluidas en él, dado que si todas las pretensiones fueron canalizadas en un solo proceso no puede regularse como si cada una se hubiese tramitado en juicios independientes, porque ello llevaría a multiplicar injustificadamente la regulación y distorsionar el sentido de la norma. Así las cosas, siendo que en el caso la sumatoria de las regulaciones establecidas para el letrado supera el mínimo legal, va de suyo que la regulación sobre la pretensión intentada por la medianería y los daños y perjuicios debió realizarse linealmente teniendo en cuenta su contenido económico y acotándola a las etapas del proceso cumplidas y no teniendo en cuenta los mínimos legales. En relación a la regulación de honorarios de la letrada que intervino sobre el reclamo por la invasión del terreno y los daños y perjuicios -no así por la medianería que fue desistida-, cuya base resulta exigua, efectivamente en su caso corresponde tomar el mínimo -15 jus- empero no sobre cada rubro sino considerando el proceso como unidad.