marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, cosa riesgosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Siquiroff, Jacobo c/ Bellone, Mariana s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

Todos los medios de traslación que puedan ser encuadrados en el art.5 del Código de Tránsito (cit. ley 5.800) al constituir factores circulantes en la vía pública son potencialmente generadores de riesgo, y la medida de él depende de la forma de su uso de acuerdo a las normas y circunstancias dadas reveladoras de la prudencia debida o de la imprudencia plasmada más no al porte de los mismos.
Excarcelación, duración del proceso, tiempo de detención, condiciones personales, contrabando calificado, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, MARTIN GONZALOBARBADORI, HECTOR EMILIO s/ Contrabando, incidente de eximición de prisión Causa 28701-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

1- El solo transcurso del tiempo señalado en el Art. 701 del CPMP no es razón para entender obligadamente procedente de la excarcelación, por aplicación del Art. 379 inc. 6 del Código citado (Del voto del Dr. García Quiroga).- 2- El ingreso desde el exterior junto con su coprocesado, pretendiendo hacerlo con una importante cantidad de cocaína recibida allí de manos de un tercero, es un hecho que por su propia naturaleza sería indicativo de la contumacia del encausado (Art. 380 cód. cit.) cuya actividad ha trascendido las fronteras nacionales aparentemente integrando una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, todo lo cual hace improcedente su excarcelación (Del voto del Dr. García Quiroga).- 3- Conforme al texto del Art. 701 mencionado, si las demoras se han debido a las articulaciones de las partes y la tramitación del cuaderno de prueba, no deben computarse dentro del término de dos años. (Del voto del Dr. Cortelezzi).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Civalli Oscar c/ Ficicchia Juan s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-05

Cuando el art. 57 de la ley 21.839 establece que los honorarios por trabajos extrajudiciales no serán inferiores al 50 por ciento de lo que correspondería si la gestión fuese judicial alude, sin duda, a los porcentajes previstos en los artículos 7, 8 y 9 de dicha ley, más en tanto esto supone una actuación completa, ya que de lo contrario operan también otros preceptos que lo disminuyen (v. gr. arts. 20, 37 y siguientes), el mínimo previsto en el artículo 57, no puede interpretarse al margen de este supuesto. Dicho de otra forma, el 50 por ciento de lo que correspondería si la gestión fuese judicial implica que la tarea extrajudicial se haya agotado, lo que a su vez debe ponderarse atendiendo sus características y objetos.
Extradición, nulidad de sentencia, cooperación internacional
Materia: PENAL
Carátula: Vogel, Yaakov Kopul c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-04

La sentencia de extradición adolece de un vicio insalvable que acarrea su nulidad, toda vez que el a quo rechazó la entrega reclamada apartándose de las reglas previstas por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767), de aplicación supletoria (art. 2). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Costas, interpretación restrictiva, carácter resarcitorio
Materia: PROCESAL
Carátula: NAFTILOS (ARGENTINA) SRL c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP. Y/O BQ. GOLDEN GHALICE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

Como bien señala Chiovenda el instituto de la condena en costas del vencido en la litis constituye una reparación, cuya naturaleza surge y nace en el proceso y de la íntima conexión que se da entre ellas y el mismo; siendo este instituto de naturaleza procesal (cfr.

Chiovenda, José "La Condena en Costas", Turín, Soc. Ed. del Foro Italiano, 1935 párr. 190, 207, 211, 215, 218, 229 y sus notas 236, 353, etc. y asimismo el aut. cit. "Principios de Derecho Procesal Civil", T. II, Madrid, Inst. Ed. Reus S.A. 1977, Ps. 433 y ss). Es entonces que todo proceso debe concluir con la declaración del derecho, tal como era al iniciarse la pretensión de la demanda o al rechazarla en su contestación y como si hubiera sido reconocido en ese mismo instante que se deduce. Porque si este reconocimiento del derecho esgrimido por la parte accionante o demandada lleva consigo gastos, ellos deben reintegrarse al patrimonio del titular del derecho, con el objeto de que el medio empleado no produzca una disminución del mismo derecho y mantener incólume el patrimonio del ajusticiable (cfr. esta Sala Causa 18.580 del 15.3.95). Por lo tanto, las excepciones al principio del vencimiento en la imposición de las costas deben interpretarse con criterio restrictivo, ya que se debe impedir que la necesidad de servirse del proceso para la defensa al derecho se convierta en daño de quien se ve obligado a accionar o a defenderse en un expediente para reclamar justicia. Debe inferirse como consecuencia lógica, que quien no tiene razón debe cargar con las consecuencias económicas del fracaso de su pretensión.
Jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Chilar  S.A. c/ Junta Nacional de Granos s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Es función de los jueces aplicar el derecho a los supuestos fácticos alegados y probados por las partes, con prescindencia de las afirmaciones de orden legal formuladas por ellas.
Gestión de bienes, disposición de bienes, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: L., A.J. c/ F., R.J. s/ AUTIRIZACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

El supuesto contemplado por el artículo 1277 del Código Civil, que se refiere al caso en que el cónyuge titular del bien se ve imposibilitado a otorgar el acto de disposición ante la falta de asentimiento del otro, no resulta aplicable cuando el inmueble no resulta de propiedad exclusiva de quien así peticiona, sino de ambos cónyuges, ya que no es la sociedad conyugal quien incorpora el bien en cuestión, sino cada uno de ellos. Es por ello que la situación no se encuentra englobada por el artículo 1276 del mismo cuerpo legal, el que se refiere a bienes que íntegramente entran en la masa de administración y disposición de cada uno de los esposos.-
Acción de amparo, astreintes, aplicación supletoria de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: TURIOT, María del Carmen c/ SECRETARIA DE EDUCACION DE LA M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18

Cuando el amparo tramita de acuerdo a lo dispuesto por la ley 16.986 y al resultar de aplicación supletoria las normas procesales vigentes (art. 17 ley citada), procede la aplicación de astreintes, ante el incumplimiento reiterado de la Comuna a un requerimiento judicial.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, derechos políticos, padrón electoral
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-POLITICO
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-01

Las normas que excluyen del padrón electoral a los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena; los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en caso de reincidencia, por seis; y los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción, pueden ser objeto de la impugnación declarativa directa de inconstitucionalidad, pues cumplen con los recaudos que establecen los arts. 113, inc. 2, de la CCBA y 17 de la ley nº 402 de ser normas de carácter general y, emanadas de una autoridad de la Ciudad toda vez que el silencio de la Legislatura local en cuanto a su modificación o derogación las hace aplicables como ley local. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos Sres. Jueces Luis F. Lozano, Horacio Corti y José O. Casás).
Higiene y seguridad del trabajo, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido
Materia: LABORAL
Carátula: BOROWIAK, CARLOS ALBERTO c/ EQUITEL  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-29

No es necesario que el nivel sonoro del ambiente laboral supere los 90 db. para que se lo considere peligroso, ya que su potencialidad agresora está íntimamente vinculada a la habilidad del sujeto. Las leyes de higiene y seguridad industrial encomiendan la adopción de medidas preventivas aún por debajo de ese nivel, lo que demuestra la factibilidad de riesgo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación de la ley, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE, juicio, sellado judicial, tasa de justicia, partes, obligaciones, principio de solidaridad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver era: ¿qué interpretación ha de   darse a los artículos 226 y 227 del código fiscal en cuanto a la   obligatoriedad, o no, respecto de la parte actora y al momento de   arribarse al dictado de la sentencia, de satisfacer el 50% restante   del sellado judicial no pagado con anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Corresponde afirmar que: a) ambos litigantes -cada uno por el 50% del total- son deudores de los tributos establecidos en los artículos 226 y 227 del Código Fiscal (y sus correlativos 35 y 36 de la Ley Impositiva Anual) desde que se inician sus respectivas intervenciones en el expediente; b) únicamente el que los haya pagado estará en condiciones de instar el procedimiento; y c) la solidaridad establecida en el Código Fiscal respecto de la tasa proporcional de justicia opera si la Administración de Impuestos decide demandar la acreencia. (De la Disidencia de la Dra. García)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, alcance de la cobertura, embarazo, deber de información
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fontana Gribaudo Livia y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Sin embargo, la citada cláusula no especifica si el citado plazo debía cumplirse al momento de comenzar la cobertura (es decir al inicio del viaje) o al momento de recibir asistencia médica. Tal indeterminación no puede ser tomada a favor de la demandada, ya que la falta de claridad pudo dar lugar a que los actores consideren que contaban con la cobertura de asistencia fuera del plazo de seis meses de embarazo en las Condiciones Generales. Máxime, cuando surge acreditado que un representante de la accionada manifestó que el contrato amparaba "...cualquier tipo de imprevisto médico que surja, menos los deportes extremos o enfermedades preexistentes...".
Prueba, principio de adquisición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orona, Ester Raquel c/ Bergues, Julio César s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

En virtud del principio de comunidad de la prueba, también llamado de adquisición procesal, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de la afirmación y de la prueba. De tal forma, las pruebas constituyen elementos de convicción, comunes a todas las partes intervinientes en el proceso, de manera que el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellos, con prescindencia de cuál haya sido la que lo hubiera aportado. Los actos son para el proceso, y benefician o perjudican indistintamente a las partes, inclusive a aquélla que los solicitó u ofreció.
Querellante, legitimación activa, fraude a la Administración Pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SMART,  JAIME  EN  REPRESENTACION  DE  "GRIVELLI  S.R.L."  Y "EMPRESA CONSTRUCTORA INDECO S.A." s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-12

El hecho de que ciertos delitos afecten o dañen primordialmente a la Administración Pública no resulta impedimento para que el afectado se incorpore al proceso como sujeto activo, de acuerdo a lo establecido por los arts. 14 y 170 del C.P.M.P. siempre que se derive en perjuicio directo y real para el accionante.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, empleo público, cesantía, salarios caídos, daños y perjuicios, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Angrigiani, Claudio Horacio c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Angrigiani, Claudio Horacio c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde rechazar la queja si la parte actora no logra acreditar la arbitrariedad de la sentencia que ataca. Ello así, en tanto no rebate concretamente lo afirmado por la Cámara de Apelaciones en el sentido de que sólo se había limitado a reclamar el pago de los salarios caídos sin acreditar los daños cuya reparación perseguía. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión de Docentes de la Provincia c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-13

La vía de la arbitrariedad - de carácter estríctamente excepcional - corresponde en principio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación. Si bien incumbe a la Corte Suprema juzgar sobre la existencia o no del supuesto excepcional de arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales de resolver circunstancialmente si la apelación federal - prima facie valorada - cuenta respecto de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para sustentar un caso excepcional de arbitrariedad. (Dra. Catella: Según su voto).
Daños y perjuicios, fenómeno meteorológico, inundación, costas, deberes de la administración, relación de causalidad, causa adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Olazábal 2546/50 c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

En el caso, en que se condena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reparar en un 60 % los daños sufridos por un consorcio como consecuencia del deficiente funcionamiento del sistema de escurrimiento propiedad del Gobierno que produjo el anegamiento del sótano del edificio en oportunidad de producirse fuertes lluvias, y se entiende que el 40% restante debe estar a cargo del actor por ser representativo del agravamiento de los daños por el derramamiento de petróleo de un tanque depositado en dicho sótano, las costas deberán ser soportadas por el Gobierno en un 60% y el 40% restante quedará a cargo del consorcio (artículo 65 CCAyT).
Cuestiones de competencia, competencia federal, ordenanzas municipales, acción de inconstitucionalidad, cuestión federal, comercio interior
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Droguería Kellerhoff SA c/ Municipalidad Santa Rosa Calamuchita s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Aunque la actora dirige su acción de inconstitucionalidad contra normas locales (art. 207 y sgtes. del Código Tributario Municipal, ordenanza 285/85 y la ordenanza tarifaria 1678/2016), se observa que su pretensión exige -esencial e ineludiblemente- dilucidar si la actividad proveniente de la autoridad municipal interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación con respecto a la regulación del comercio interjurisdiccional (arts. 75, inc. 13) y, por lo tanto, funciona como una aduana interior prohibida en la Carta Magna, por lo que cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito, que torna competente a la justicia nacional para entender en ella. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de competencia, competencia provincial, emergencia económica
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: HERNANDEZ, CAROLA NELIDA c/ NATIONALE NEDERLANE COMPAÑÍA DE SEGUROS ING. INSURANCE s/ MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-05-13

Corresponde declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la compañía demandada, quien finca con exclusividad su queja extraordinaria en el trato adverso que la Alzada deparó al planteo de competencia introducido por su parte.

En efecto la quejosa atribuye arbitrariedad al fallo por contradecir abiertamente los precedentes emanados de los máximos Tribunales de esta Provincia y de la Nación, agravado por la circunstancia de que se sustenta en una decisión dictada en fecha anterior a dichos decisorios, es decir conforme a una doctrina judicial desactualizada frente a una cuestión que quedó zanjada con los fallos dictados en "B.B.V.A. Banco Francés s/ Acción de Amparo", Expíe. Nro. 50.376/02 y en "Melli, Hugo Ariel c. Banco Río de la Plata Suc. Resistencia s/ Acción de amparo y medida cautelar" Y asimismo que, pese a la expresa invocación de la solución adoptada en el primero de los citados, el a quo siquiera lo mencionó, ignorando lo prescripto en el art. 22 de la Ley Orgánica de Tribunales.

Al respecto cabe recordar que dentro del doble orden judicial instituido por nuestra Ley Fundamental, el fuero federal inviste carácter excepcional en tanto forma parte de los limitados y definidos poderes que los estados provinciales han delegado al gobierno central, y de imposición exclusiva ante los supuestos previstos expresamente en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional.

En la inteligencia, que el sublite ,donde se reclama que se haga efectivo el pago de un seguro de vida con capitalización, con más la cobertura adicional por muerte accidental, contratado con la compañía demandada, en billetes dólares estadounidenses, guarda distancia con las prenotadas causas y con aquellas muchas pretensiones que por exhibir la misma plataforma y objeto (ahorristas que atacaban normativa que contenían prohibiciones y/o restricciones a la operatoria bancaria, transferencia y retiro de fondos en la moneda de origen de las entidades financieras) merecieron la aplicación de la doctrina emergente de las primeras, aparece inaudible la queja esbozada por el recurrente.
Partes del proceso, intervención de terceros, etapas del proceso, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gandolfi de Vanetta, Mercedes c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Si el tercero citado contestó la demanda, ofreció y produjo prueba, presentó su alegato y contestó los agravios de la actora contra la decisión de primera instancia, sin invocar la existencia de restricción alguna derivada de la calidad en que fue incorporado al proceso y sin articular defensas con ese fundamento, su posición durante todo el curso del proceso resultó equiparada a la de la parte principal, en uso de todas las prerrogativas, derechos y deberes que legalmente le competen, por lo que la decisión que lo condenó en forma solidaria con la demandada no agravia a las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, extradición, ley penal más benigna, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Fabbrocino, Mario s/ pedido de extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Los agravios referentes a la vulneración del principio de aplicación de la ley procesal más benigna en relación al régimen legal y convencional aplicado -leyes 23.719 y 24.767-, y a la existencia de motivos fundados que permitan suponer que el requerido sería sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, fueron planteados en oportunidad de la audiencia de debate, de manera que deben considerarse tardíamente introducidos.
Fundamentación de sentencias, sentencia absolutoria, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Zaccaría, Juan Antonio y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

Los agravios fundados en la falta de valoración del legajo personal del imputado y del reconocimiento por parte del mismo de su pertenencia al destacamento de inteligencia a la fecha de los hechos y los dichos de los coimputados al respecto resultan improcedentes, puesto que la sentencia absolutoria se baso en la falta de pruebas sin que se cuestionara el ámbito donde el encartado cumplía funciones.
Sentencia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Carlos y ot. c/ Planta Triunvirato S.A. y ot. s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

No se infringe el art. 18 de la Constitución Nacional cuando la parte tuvo oportunidad de hacerse oír y las cuestiones que planteara se resolvieron en el Tribunal del Trabajo.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosaenz, Alfredo David c/ Paz, José Luis y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Si el demandado no negó ni la producción del hecho ni la intervención de los vehículos detallados en la demanda, emerge claramente el correcto ejercicio de la facultad que el art. 354 inc.

1 del Cód. Proc. le confiere al órgano jurisdiccional.
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: De Lucia, José c/ Prexman SA s/ medida precautoria s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Cuando, como en el caso, la causa tuvo por objeto una acción declarativa de certeza contra la sociedad accionada, de conformidad con lo dispuesto por el CPR 322, a fin de que a la aquí actora se la declare accionista de la mencionada como titular de cierta cantidad de acciones nominativas, sin que se esgrimiera una pretensión pecuniaria concreta; tal circunstancia, determina que deba considerarse a esta litis como un proceso de monto indeterminado a los fines arancelarios.
Prueba documental, instrumentos privados
Materia: PROCESAL
Carátula: DACUEZ OSCAR c/ IVOSKEVICH EDUARDO CARLOS s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-05-28

Un aval bancario debe ser encuadrado en el artículo 979 inciso 9 del Código Civil. Los incisos 5 y siguientes del artículo 979 citado, comprenden los documentos que atañen al desenvolvimiento de las finanzas del Estado, mientras que en el presente caso no se trata de operaciones de ese tipo, sino de un contrato celebrado entre el Banco y un particular.

Si la parte demandada trajo a juicio una constancia del carácter de fiador que a su respecto el Banco de Entre Ríos asumía con relación al juicio, el que fue desconocido por una de las partes contrarias, tanto en su autenticidad como en las facultades de sus firmantes para representar al Banco, tratándose de un instrumento privado, era necesario demostrar tales aspectos en la forma que la ley procesal establece para que ese instrumento privado adquiera eficacia.

No mediando actividad del apelante que pretende sustituir el depósito que manda el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral para demostrar la autenticidad del documento, el juzgador no puede disponer medidas probatorias supliendo la negligencia de parte, debiendo en consecuencia restarle todo valor probatorio a la documental presentada.