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Impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente, concurso ideal, incumplimiento de resolución judicial, voto mayoritario, actuación de oficio, interés del menor, fundamentación de sentencias, derecho a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: G. G., B. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-27

En el caso en que el imputado fue condenado por ser autor del delito de impedimento de contacto con su padre no conviviente de una menor de diez años agravado por haber mudado al extranjero en concurso ideal con desobediencia, el término a tener en cuenta para establecer el plazo de la prescripción es el de la pena mayor conminada -la del delito previsto por el art. 1º segundo párrafo ley 24.270-, porque ésta es la única pena aplicable. No se advierte del texto del art. 398 CPPN la obligatoriedad de que el voto que conforma la mayoría deba ser autónomo. El art. 72 inc. 3º CP claramente fija que en los casos de impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes, cuando existan intereses gravemente contrapuestos entre los progenitores y el menor, el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente al interés superior del niño, y no se aprecia vicio alguno por no haberse dado intervención al asesor de menores en los términos del art. 59 CC en la medida que no ha sido necesario. No ha sido cercenado el derecho a ser oído si -al señalar que no reiterara lo que ya había dicho y que fuera breve- el presidente del tribunal ejerció sus facultades ordenadoras del debate, ya que no privó al imputado de la última palabra. El disenso del encartado con respecto a la valoración del testimonio de su ex mujer no resta motivación a la sentencia, que no se basó solamente en los dichos de la madre de la menor. La disidencia sostuvo que la acción penal se encuentra prescripta habida cuenta que no se ha producido el exclusivo acto procesal interruptivo conforme el régimen normativo de aplicación por imperativo constitucional y legal, esto es, una sentencia de condena.
Usufructo, extinción del usufructo, estado de insolvencia, empleador, acción revocatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Perú, Pedro Horacio c/ Vadillo, Pedro Ángel s/ Donación. Revocación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

Las renuncias de usufructos efectuadas por el ex empleador del actor con posteridad al despido de éste, no pueden ser revocadas, pues si bien al momento de la demanda el emplazado no era solvente como para afrontar el crédito del actor, no se acreditó que la insolvencia haya resultado de los actos mismos cuestionados o que estos la hayan agravado, situación que debe analizarse en el momento en que tales actos se llevaron a cabo y no varios años después.
Competencia penal, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: COMPANIA SUDAMERICANA SEGUROS s/ QUEJA  EN: "ALVAREZ, GREGORIO S/ HOMICIDIO CULPOSO EXPTE. 224/152/90"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-12

Debe desestimarse la queja cuando, por un lado, su motivación puede llegar a tener reparación ulterior -no constituye sentencia definitiva- y, por otro, los argumentos referidos a la conculcación del derecho de defensa son considerablemente amplios, tornando así improcedente la habilitación de este recurso de excepción.
Control de constitucionalidad, veto parcial
Materia: ELECTORAL
Carátula: Ruiz Juan y otros s/ solicitan nulidad del Decreto P.E.N. 2004/2009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-08

La intervención judicial en forma previa a la culminación del procedimiento que el constituyente y el legislador han establecido para el control legislativo de los decretos de promulgación parcial de leyes solo se encontraría habilitado en un caso concreto, frente a la comprobación del menoscabo sustancial de un derecho.
Ejecución hipotecaria, nulidad de la ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS SUCURSAL FEDERAL c/ ARANGUIZ,OSVALDO MIGUEL Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-14

El Tribunal invariablemente viene pronunciando la improcedencia de la nulidad cuando el -supuesto- vicio sea susceptible de corregirse a través del concedido recurso de apelación.-
Poder Legislativo, presupuesto nacional, cuentas generales, deuda pública, deuda externa, actos del gobierno de facto
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (BCRA.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Dado que el Congreso de la Nación aprobó la cuenta general correspondiente al año 1984 (ley 23.855) que incluía el servicio público de la deuda externa con vencimiento en 1984, debe concluirse que hubo una continuidad en la vigencia de los actos de las autoridades de facto relativos a la refinanciación de la deuda externa del sector público.
Cinematografía, teatro, artistas de variedades, números vivos
Materia: CULTURA
Carátula: Cine Callao
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1960-06-22

El sistema de la ley 14.226 no importó reglamentar ni encauzar la industria o el comercio cinematográfico como tal, sino que se sirvió de las salas destinadas a esta actividad, ¨debido a la carencia de suficientes salas de teatro¨, para dar cabida a una especie de espectáculo público, distinto pero no incompatible con aquél, mediante la imposición a los empresarios cinematográficos de la carga consistente en incluir en sus programas los llamados ¨números vivos¨, con la obligación: 1°) de) proveer a las obras e instalaciones para que pudieran aquéllas realizarse; 2°) de contratar ejecutantes, respecto de quienes sólo aludió la ley, de manera expresa, a la condición atinente a nacionalidad e, implícitamente, a su aptitud para desarrollar un espectáculo artístico.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA DE BRITOS FERNANDA JESUS c/ IMPULSO SEGUROS SOCIALES s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SEGUROS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-05-19

Los jueces de la instancia ordinaria son los llamados a merituar la prueba, que en muchos casos demuestra cuál fue la intención de las partes-no siempre claramente consignada en los documentos-y el comportamiento que ellas tuvieron en el período de cumplimiento de la relación jurídica que las vincula.
Propiedad intelectual, fraude a la propiedad intelectual, software, protección del software, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Roitman, Adrián Raúl P. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

Considero que esa intervención exclusiva del poder legisferante se ha patentizado a través de la modificación realizada a la norma en estudio, mediante la sanción de la ley 25.036 -publicada el 11 de noviembre de 1998-, lo que importa una corroboración del acierto de la postura que vengo sosteniendo, pues significa que a partir de la incorporación de los programas de computación, fuente y objeto, en el art. 1 de esa ley especial, recién se inicia el marco de la intervención del Derecho Penal a través de las conductas descriptas en los arts. 71 y 72 de ella. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-).
Diligencias preliminares, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LUCIANI  VIVIANA  MARIA  DEL  VALLE c/ ARENAS JUDITH s/ DILIGENCIAPRELIMINAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-13

Las diligencias preliminares tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de delimitar en forma precisa y eficaz los planteos a deducirse en una demanda judicial, pero este tipo de medidas reviste carácter excepcional y, por lo tanto, su apreciación debe efectuarse con carácter restrictivo. No se trata de asegurar el cumplimento futuro de la sentencia, sino de posibilitar su solución conservando pruebas. Las medidas de prueba anticipada no deben ser permitidas más allá de lo estrictamente necesario, pues de otro modo podrían quedar comprometidos los principios de igualdad y lealtad, al procurarse una de las partes informaciones por la vía jurisdiccional sin la plenitud del contradictorio. Sólo si se comprueba que la parte que la propone está expuesta a perder la prueba o que ésta pueda resultar imposible o muy dificultosa en el período correspondiente, se admitirá la producción anticipada. BN 323
Sentencia condenatoria, prisión, inhabilitación especial, privación ilegal de la libertad, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Chartier, German Raúl y otros c/  s/ Privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-07-07

Corresponde condenar a Fernando Sebastián Mendoza como autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad -5 hechos- en concurso real (art. 45, 55 y 144 bis inc. 1º del CP, conforme Ley 14616), a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena y accesorias legales (arts. 12 y 19 del CP).
Jueces, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-15

Al declarar el titular del Juzgado de Primera Instancia la inconstitucionalidad de las diversas normas procesales aludidas, sin audiencia de la otra parte, ha conculcado las garantías especificadas precedentemente, porque; si bien, los jueces disponen de plenas facultades, para el ejercicio de control de constitucionalidad de las leyes, deben efectuarlo dentro del marco de un proceso que asegure y posibilite el principio de bilateralidad o contradicción, de manera de salvaguardar los derechos de la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, nulidad del acto jurídico, orden público, Superior Tribunal de Justicia, actuación de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RETAMAR, JOSE LUIS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El "contacto de visu" no se reduce únicamente a formar opinión con la finalidad exclusiva de aplicar la pena sino que permite el relevamiento de muchas otras circunstancias vinculadas al hecho y la personalidad del autor que hasta podrían variar la consideración de su responsabilidad penal. La aplicación de la pena mínima no solventa por sí misma la ausencia de la convocatoria de la audiencia "de visu" porque a través de ella pueden establecerse circunstancias especiales que aconsejen que la reacción penal más adecuada no necesariamente resulte la pena. Por todo ello, considero que el acto omitido constituye una oportunidad más en el ejercicio de su derecho de defensa y por lo tanto violatorio del principio constitucional que consagra la inviolabilidad de la misma, acarreando una nulidad genérica insubsanable y por lo tanto de orden público lo que permite más allá que no haya sido puntualmente planteada por las partes declararla de oficio. (DEL VOTO DEL DR. UCCI)
Seguridad social, jueces, funcionarios judiciales, régimen jubilatorio provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MENDILAHARZU,    MARCELO c/ A.N.Se.S. s/ Acción   meramentedeclarativa".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Es necesario constatar cuál ha sido la finalidad perseguida al sancionarse las normas en cuestión, ya que, como sostuvo el Tribunal, es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla -Fallos 308:1861-. (cfr. dictamen del Sr. Procurador General de la C.S.J.N. en el caso "Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - P.E.N. - Ministerio de Justicia de la Nación", sent. del 19.05.99). (Del voto de la mayoría. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Juicio ordinario, demanda, traslado, notificación, domicilio
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUALLAN c/ MARIA PIGNATARO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

En tanto se trata del traslado de la demanda en juicio ordinario, debe prevalecer la regla del CPR 339, en cuanto al domicilio de notificación; aún cuando el demandado hubiese constituido domicilio legal en un incidente anterior, por la jerarquía de la garantía constitucional involucrada.
Constitución Provincial, inmunidad de expresión, dirigente gremial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., J.C. c/ C., J. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-22

Chubut asumió una clara posición garantista en pro de los intereses de los trabajadores vedando cualquier persecución penal en contra de los dirigentes gremiales y a causa de las opiniones que expresen en el desempeño de sus cargos.
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas  Daniel  Mauricio c/ Provincia ART. S.A. s/ accidente-ley9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

Las disposiciones contenidas en los arts. 8, 21, 22 y 46 LRT, no soslayan directiva constitucional alguna. En este sentido es compatible con el marco constitucional la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales de índole administrativa, si los pronunciamientos de tales órganos quedan sujetos a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder discrecional sustraído a toda especie de revisión ulterior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido en forma reiterada la validez constitucional de instancias administrativas previas a la intervención del Poder Judicial cuando éste tiene facultad de revisión plena, salvo que, por las particularidades que presente el caso, el diseño conlleve una privación de justicia (F: 244:258; 247:646). Por ello y, toda vez que la ley 24.557 establece un canal jurisdiccional que prevé la intervención de las Comisiones Médicas locales, la Comisión Médica Central y la vía recursiva ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, no cabe hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad en cuestión.
Recurso de casación, falta de legitimación para obrar, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Copa, Angel y Otros c/ Minera Tea S.A.M.I.C.A. y F. y Otro s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-24

Procede el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor, cuando -como en el caso- la Cámara dio a la excepción de legitimación para obrar un tratamiento de previo y especial pronunciamiento debiendo haber sido resuelta como defensa de fondo en el momento de dictar sentencia definitiva, máxime en autos en que se trata de determinar la propia existencia o no de la relación laboral entre las partes, lo cual debe merecer un tratamiento más sereno y meditado que supone considerarla sin restringir a las partes la oportunidad procesal de probar cuanto estimen pertinente a ese respecto.
Prescripción, daños y perjuicios, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: RAIES CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-04

La resolución por la que se lo sobreseyó definitivamente al actor y en los términos en que fue redactada, constituye un presupuesto ínsito de la acción por reparación del daño por la denunciaa, pues mientras esa resolución no se dicte, la acción civil no ha nacido, d e modo que el plazo de dos años que prevé el art. 4037 del Código Civil no debe computarse a partir de la formulación de la denuncia, sino desde la fecha de la absolución o sobreseimiento. En tal inteligencia de acuerdo a la fecha de la resolución citada al momento de la interposición de la acción no habían transcurrido aún el plazo previsto por el mentado art. 4037, por lo que la excepción opuesta corresponde sea rechazada.
Acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ SIGNES, TULIO c/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE ENTRE RIOS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-03

Las especiales características de procedencia invocadas por el accionante en la demanda se identifica con el tipo genérico de acción de amparo contemplado en el artículo 1º de la Ley 8369 y no en el específico de la acción de prohibición del artículo 26 del mismo cuerpo legal. Y para que se de este último supuesto es menester contar con la ejecución de un acto expresamente prohibido por la ley, y la atribución hecha al titular del P.Ejecutivo de la inminencia de tal ejecución constitutiva de ilegítima amenaza a la inalterabilidad del derecho adquirido por el accionante, excede el marco extricto de la acción de prohibición, no reuniendo en el caso los extremos básicos de precedibilidad. Pero en principio puede ser abarcada por la mayor amplitud de la tipología genérica del artículo 1º que admite la acción contra toda decisión, acto, hecho y omisión que en forma actual o inminente amenace de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía constitucional. Pero del análisis de la cuestión propuesta resulta abstracto el planteo formulado porque no existe en los actos atacados por el actor una decisión concreta del Poder Ejecutivo de la Provincia. tendiende a transferir la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia al Sistema Nacional ni, consecuentemente, una amenaza efectiva para el ejercicio del derecho que se intenta. Del texto del Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento, aprobado por Ley Provincial Nº 8791, no contiene la disposición aludida y en su clásula 2º pto. 6º consagra el compromiso de la Nación de aceptar la transferencia de las provincias al sistema nacional de previsión social si estas adhieren al nuevo régimen. Y de los compromisos asumidos por los gobernadores firmantes en la cláusula primera, no hay convenio alguno de la naturaleza invocada por el actor. De esta forma el Pacto Federal no configura la amenza que se invoca y ello revela de modo manifiesto e incontrastable, que la demanda articulada resulta objetivamente improponible toda vez que el objetivo jurídico perseguido está excluído de plano por la ley por no encontrar adecuación mínima de procedencia fijada en el art.1º de la Ley 8369 y su improcedencia deriva de la inidoneidad de los propios hechos en que se funda la demanda, no siendo ellos aptos para obtener una sentencia favorable.
Contratos bancarios, contrato de caja de seguridad, obligación principal, servicios de custodia, obligación de seguridad, responsabilidad del banco, cláusula eximente de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAQUIEIRA, NESTOR c/ BANCO DE QUILMES  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-14

En el contrato de caja de seguridad, la finalidad incorporada al negocio no es el mero interés de disponer de un espacio vacío, sino la "custodia" de dicho espacio y que ésta y no otra es la obligación principal de la empresa bancaria en la relación. Por tanto, el incumplimiento de ese deber es fuente de una responsabilidad agravada en tanto el banco no compromete una custodia disuasiva sino que se obliga a una custodia efectiva, con un presupuesto, ejercerla en un ámbito idóneo que el mismo suministra- y una consecuencia -la integridad de la caja-. La custodia supone seguridad que disipa el riesgo y no basta con hacer posible para obtener el resguardo sino que se impone obtenerlo. De esta manera la cláusula de irresponsabilidad insertada en el texto de tal contrato como en el caso- debe caer por resultar abusiva, en cuanto desnaturaliza el objeto esencial del mismo.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, privación de justicia, beneficios previsionales, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Renin, Miguelina del Carmen c/ ANSeS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Es descalificable, por incurrir en exceso ritual manifiesto y constituir un supuesto de privación o denegación de justicia, el pronunciamiento que carece de fundamentos jurídicos suficientes para continuar dilatando una resolución de mero trámite - vista de la causa previsional - perseguida por la titular durante tres años en procura de hacer valer derechos que cuentan con amparo constitucional (arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional).
Determinación de impuestos, recurso de apelación (administrativo), Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: NORTE INDUMENTARIA  S.A. s/ APELACION - ACTIVOS - TFN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Cuando el acto impugnado no reviste el carácter de determinativo de la obligación tributaria del contribuyente, no resulta susceptible de ser apelado ante el T.F.N. de acuerdo con lo establecido por los arts. 141 y 147 de la ley 11683.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santana, Jorge L. s/ Inc. regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

El pronunciamiento de la Cámara, que en base a lo previsto en el art. 53 de la ley 8.904 regula en forma provisoria en el mínimo legal los honorarios del ex apoderado del citado como tercero al proceso, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo irregular, revocación del acto administrativo, acción de lesividad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BIDART, JUAN BAUTISTA s/ ORDINARIO Y MEDIDA DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-07

Lo dispuesto en el art. 17 de la ley 19.549 es una excepción al principio de la revocabilidad del acto administrativo irregular, que obliga al Estado a pedir la nulidad de su propia actuación en sede judicial mediante un juicio de lesividad, en el que va a ser parte obligada como demandado el beneficiario del acto.
Denegatoria del recurso, falta de acción, dación en pago, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Roberto Oscar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

Corresponde rechazar el recurso contra la confirmatoria de la denegatoria del planteo de falta de acción efectuado por la defensa -por cancelación de deuda mediante la dación en pago de espacios publicitarios (Decreto PEN 852/2014)- toda vez que las circunstancias que las partes están habilitadas para encausar en la excepción, se encuentran referidas por el propio legislador en el inc. 2) del art. 339 del Código adjetivo, a saber, que la acción no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no puede ser proseguida, o estuviere extinguida, ninguna de estas hipótesis han sido argumentadas por la defensa, expresando su mera disconformidad sobre la interpretación que el tribunal a quo le ha dado a la normativa aplicable al caso e intentando introducir para su discusión en un incidente cuestiones de fondo que deben ser analizadas y resueltas por el tribunal correspondiente, en el expediente principal, en el momento procesal oportuno.