Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


AGUIRRE, Noelie y otros contra GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 230-239.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AGUIRRE, Noelie y otros contra GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -Acción de Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 377, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea: doctores Netri, Gastaldi, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 190, pág. 273 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 73, del 30 de agosto de 2002, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, confirmatoria del auto de primera instancia que, a su turno, había despachado una medida cautelar de no innovar a solicitud de los actores.

El nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar con los principales a la vista (art. 11, ley 7055), me conduce a ratificar dicha conclusión. Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Netri dijo: La materia litigiosa puede resumirse así: 1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N 3 de la ciudad de Rosario, un grupo de jubilados y pensionados de la actividad bancaria que perciben sus haberes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y de la Caja Municipal de Previsión Social de Rosario, promovió recurso de amparo contra la Provincia de Santa Fe cuestionando su incorporación al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S.).

Argumentaron, básicamente, que la ley 11854, que dispuso "la incorporación al régimen de la ley 8288 (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, I.A.P.O.S.), de todos los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y sus grupos familiares primarios que hubieren prestado servicios en el Banco Provincial de Santa Fe o Banco de Santa Fe S.A.P.E.M., en el Banco Municipal de la ciudad de Rosario y en el ex Banco Municipal de la ciudad de Santa Fe y que a la fecha se encontraban comprendidos en otro régimen similar, por efecto de la ley 10553", resulta lesiva de derechos de rango constitucional.

En tren de fundar su postulación sostuvieron que en su condición de ex trabajadores bancarios o derechohabientes de éstos, han sido aportantes a la obra social de su actividad, hoy Obra Social Bancaria Argentina (O.S.B.A. Solidaridad), que es una obra social sindical constituida por la Asociación Bancaria y regida por las leyes nacionales 23660 y 23661.

Dijeron que la referida ley provincial les ocasiona diversos perjuicios que pueden resumirse así: a) son transferidos de una obra social que les pertenece como trabajadores bancarios a un ente burocrático estatal; b) les impone un traspaso forzoso que lesiona su voluntad y su libertad de elegir permanecer en la obra social donde han efectuado sus aportes y "recibido atención durante toda su vida"; c) les priva del derecho de pertenecer a una obra social integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud; d) les priva de continuar su asistencia y tratamiento médico con los profesionales con los que se venían asistiendo; e) el nuevo sistema es más oneroso; f) el I.A.P.O.S. tiene una cobertura geográfica limitada; g) algunos de los actores ya cuentan con la cobertura del I.A.P.O.S. Aducen que la ley 11854 es inconstitucional por vulnerar el ejercicio de facultades delegadas por las Provincias al Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12, C.N.) como las de dictar las normas relativas al trabajo y seguridad social. En esa línea, alegan que las leyes 23660 y 23661 y el decreto 9/93 -libre elección de obra social- constituye derecho federal sobre el cual las provincias no pueden legislar y menos aún sustraer a determinados beneficiarios del régimen de seguridad social creado por la ley nacional.

Asimismo, la reputan violatoria del derecho a la salud y a la protección y bienestar de la familia (art. 14 bis C.N. y arts. 19 y 21 CPSF) y del derecho a la libertad de elección de los consumidores del servicio de salud (art. 42 C.N.).

El remedio incoado es procedente, a juicio de los demandantes, en función de que se dirige contra un acto manifiestamente arbitrario y lesivo de las normas constitucionales apuntadas; comporta una amenaza, cuando no una lesión inminente que requiere tutela judicial efectiva en tanto habrán de perder su derecho a la asistencia médica brindada por O.S.B.A., y en muchos casos no podrán continuar con sus tratamientos médicos o someterse a cirugías y prácticas ya programadas y en los restantes se frustrará su derecho a ser asistido por los médicos o entidades que lo vienen haciendo; no existen otras vías más idóneas para resolver la cuestión en tanto las vías ordinarias no permiten reparar la amenaza de daño referida.

Pidieron, en definitiva, se haga lugar al amparo declarándose la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 11854.

2. Asimismo, los amparistas solicitaron una medida cautelar de no innvovar, disponiéndose que, hasta tanto se dicte sentencia, los actores permanezcan como aportantes y beneficiarios de O.S.B.A. a cuyo fin deberían librarse oficios al I.A.P.O.S. y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y al Instituto Municipal de Previsión Social según corresponda, haciéndoles saber que deberían abstenerse de continuar realizando descuentos con destino al I.A.P.O.S. y mantener el descuento y depósito con destino a O.S.B.A. (fs. 49/57).

3. El Juez de baja instancia despachó, de conformidad y previa constitución de contracautela, la medida cautelar solicitada por los demandantes (fs. 58/59).

4. Ese decisorio fue recurrido por la accionada mediante revocatoria y apelación subsidiaria (fs. 64/68).

Adujo, en lo esencial, la ausencia de verosimilitud del derecho invocado por los actores en tanto la posibilidad de impugnar actos estatales por vía de amparo exige arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, extremo que se agudiza para el despacho de una cautelar, donde se requiere un "plus" a los requisitos generales.

No se valoró siquiera que lo actuado responde al derecho positivo vigente, lo que no resulta enervado por la tacha de inconstitucionalidad.

No existe peligro en la demora en tanto las causales invocadas carecen de entidad a nivel cautelar puesto que la mayoría de las denunciadas contemplan hipótesis abstractas (no se demostró la necesidad del servicio fuera de la provincia, ni onerosidad, ni superposición de prestaciones, ni privación de continuar la asistencia médica). Recuerda, en este sentido, que los actores no se quedan sin obra social.

Finalmente, destacó que la Provincia carece de legitimación pasiva en tanto los actos (descuentos) no fueron materializados por ella sino por el I.A.P.O.S., la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y el Instituto Municipal de Previsión Social, reparticiones que debieron haber sido las demandadas. 5. El Magistrado de baja instancia rechazó la revocatoria y concedió la apelación en los términos del artículo 10 de la ley 10456 (f. 68).

6. Luego, la Provincia respondió la demanda (fs. 91/102).

Argumentó, en lo sustancial, que el amparo era inadmisible en razón de que "los derechos supuestamente vulnerados pueden válidamente ser resguardados a través del proceso contencioso administrativo, el que en la economía de la ley 11330 establece un abanico de posibilidades cautelares que hubieran resultado absolutamente suficientes para dar respuesta adecuada...".

Destacó el carácter excepcional del amparo; negó perjuicio alguno y consecuentemente su irreparabilidad diciendo que no existe ningún daño puntual que se haya -aunque sea someramente- demostrado para justificar el remedio intentado; invocó la necesidad de mayor amplitud de debate; cuestionó la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad; señaló que no se lesionaba ningún derecho constitucional desde que la salud de los pasivos y su grupo familiar está garantizada a través del I.A.P.O.S.; controvirtió los motivos fundantes del planteo de inconsitucionalidad efectuado por los actores y por último reiteró que carecía de legitimación pasiva.

7. Los demandantes respondieron la defensa de falta de legitimación pasiva, bregando por su rechazo en tanto la Provincia, argumentaron, era la autora del acto manifiestamente arbitrario e ilegal (ley 11854).

8. Arribados los autos a la Alzada, ésta confirmó, mediante resolución del 30.8.2002, la medida cautelar dispuesta en baja instancia (fs. 124/125).

Los fundamentos de ese decisorio radican, básicamente, en que el juicio de verdad en materia cautelar no exige certeza sobre la existencia del derecho pretendido y si bien en este ámbito debe admitirse una postura restrictiva cuando se cuestiona la vigencia de una ley, en el caso la verosimilitud del derecho aparecía configurada ya que la ley impugnada afecta "prima facie" los derechos a la salud y de libertad de elección consagrados constitucionalmente.

El peligro en la demora fue debidamente señalado en el escrito inicial en tanto "los actores perderían el derecho de seguirse atendiendo por los profesionales de la salud que los asistían, siendo un sistema más oneroso y con cobertura geográfica limitada, por lo que los perjuicios aducidos se tornan evidentes".

Dijo, por último, que no se afectaba el interés público porque un número determinado de personas no escojan la obra social de la demandada.

9. Contra tal pronunciamiento, la accionada interpone recurso de inconstitucionalidad.

En su presentación denuncia gravedad institucional puesto que se suspenden los efectos de la ley 11854 dictada por la Legislatura provincial en el marco de su competencia, afectando el alto interés institucional de respeto al ordenamiento jurídico e invoca una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en causa análoga a la presente que denegó una cautelar como la de autos.

Afirma que la Provincia de Santa Fe carece de legitimación pasiva en este proceso reiterando los argumentos ya expuestos en las instancias anteriores y sostiene que si bien el amparo es viable contra actos, hechos y omisiones en cuyo trámite puede declararse inconstitucional una ley, ello no significa abrir la vía excepcional para cuestionar una norma directamente y discutir su validez con el Estado Provincial en cuanto autor de la misma.

En tales condiciones, enfatiza, el amparo está mal direccionado y ese vicio genético -de clara naturaleza constitucional- afecta su validez de tal forma que justifica el recurso de inconstitucionalidad aún en el marco de una medida cautelar.

En otro orden, señala que un planteo de inconstitucionalidad no puede sustentar una cautelar en el ámbito de un recurso de amparo, desde que este remedio exige la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, resultas de lo cual "una simple alegación de inconstitucionalidad" no puede dar pie para el dictado de una prohibición de innovar.

Cualquier presunción (fumus) del grado que sea, debe favorecer a la ley y no a su objeción.

Finalmente le imputa a los Sentenciantes caer en falta de fundamentación en la decisión cautelar por sustentarla en su sola voluntad.

Consigna, en este sentido, que se acumularon situaciones subjetivas diversas (jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario) sin que existan constancias acreditativas de las mismas.

Critica la argumentación de la Sala vinculada a la verosimilitud del derecho desde que la tuvo por demostrada con la sola mención genérica de derechos constitucionales, lo que no puede justificar una pretensión cautelar.

Califica de "mínimo e irrelevante" el argumento relativo al peligro en la demora que la Alzada fundó en la pérdida del derecho a seguir atendiéndose con los profesionales médicos que lo venían haciendo, ya que ninguno de los amparistas invocó ni probó hallarse bajo tratamiento médico al momento del planteo de la acción.

Igual vicio le endilga respecto de las afirmaciones relativas a "sistema más oneroso" y "con cobertura geográfica limitada", porque tales aspectos no resultan probados en la causa.

En otra perspectiva, dice que la elección libre de obra social no es una prerrogativa que constituya una regla o principio, antes bien es una hipótesis no prevista, pues la solución normativa es la afiliación compulsiva vinculada al tipo o naturaleza de la relación de dependencia.

Siendo ello así, asevera, la impugnación de inconstitucionalidad sustentada en el cercenamiento de una prerrogativa inexistente, no tiene asidero jurídico.

Por último, realiza consideraciones en torno a la atribución provincial de instrumentar un sistema de seguridad social integral (arts. 19 y 21 de la Const. Pcial.) y a las características del mismo, al tiempo que asegura que no existe violación del decreto nacional 9/93; concluyendo que todos estos elementos desechan la posibilidad de que la ley 11854 sea manifiestamente ilegítima o inconstitucional. 10. Tal como surge del relato precedente la Provincia de Santa Fe, al responder el amparo, señaló que "los derechos supuestamente vulnerados pueden válidamente ser resguardados a través del proceso contencioso administrativo, el que en la economía de la ley 11330 establece un abanico de posibilidades cautelares que hubieran resultado absolutamente suficientes para dar respuesta adecuada...".

10.1. Tal afirmación impone liminarmente determinar si la materia comprometida en la causa es de naturaleza contencioso administrativa, a lo que no obsta la circunstancia de que los autos hubieran arribado a esta Corte en virtud de la impugnación de una medida cautelar.

Ello así, habida cuenta de las especiales aristas que revisten a esta materia, impregnada -tal como se señala en la exposición de motivos de la ley 11330- de interés público.

En este sentido esta Corte, en numerosos precedentes, ha señalado que la distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es "tema de alta política constitucional y legislativa" ("Gastonjáuregui", A. y S., T. 145, pág. 132). Es más, se ha sostenido que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes ("Grandinetti", A. y S., T. 132, pág. 477).

Y desde antaño este Órgano ha sostenido la absoluta inoperancia de los pactos sobre prórroga de esa competencia, cualesquiera sean las razones que se aduzcan para concertarlos o admitirlos en sede jurisdiccional (A. y S., T. 35, pág. 208 y T. 55, pág. 285); agregando que tampoco puede ser consentida la que puedan asumir otros jueces.

Al respecto, ha entendido que el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio, que puede ser aun de oficio, no se paraliza con el consentimiento que las partes hayan podido dar respecto de la competencia de otros jueces. Así, al considerar planteos basados en el artículo 2, in fine, de la ley 10160, el Tribunal expresó que esa norma "no puede incluir competencia 'ratione materiae' que deriva de la Constitución provincial (artículo 93), y ha sido asignada a esta Corte Suprema de Justicia ('D.P.C.

Computación S.A.', A. y S., T. 119, pág. 247)" (en igual sentido "Laurini", A. y S., T.

144, pág. 141; "Balquinta", A. y S., T. 144, pág. 146; "Veinticcinque", A. y S., T. 144, pág. 203).

Ha considerado también que "si es al menos posible que la pretensión ejercida ante un juez ordinario sea contencioso administrativa en los términos de esa norma constitucional, para la efectiva aplicación del artículo 2 (ley 11330) debe prescindirse del modo y forma procesal en que se haya hecho valer esa pretensión (recurso de amparo, demanda laboral, acciones meramente declarativas, etc.). Así lo expresó en autos "Gastonjáuregui" (citado) en el que, por aplicación de similares criterios, desechó los argumentos que se oponían a la intervención del Tribunal con anterioridad a que se resolviera la causa, explicando -para así decidir- que la tutela de la competencia constitucional de la Corte en materia contencioso administrativa, como así también la efectiva custodia de los intereses en juego en este tipo de cuestiones, exige que su intervención sea "inmediata", tal como lo establece expresamente el artículo 2 de la ley 11330, lo que se vería obstaculizado si debieran substanciarse las respectivas causas ordinarias.

Agregó que ello era así, sin perjuicio de la necesidad de evitar la sustanciación innecesaria de una causa "según lo informan principios de celeridad y economía procesal en pos de una eficaz administración de justicia" ("Bacchetta", A. y S., T. 132, pág. 67).

A la luz de estos criterios, entonces, corresponde discernir si la materia comprometida en la causa es contencioso administrativa.

La respuesta a tal interrogante es afirmativa desde que, de los términos de la demanda se desprende que los accionantes impugnan una disposición de derecho público local dictada en el marco de relaciones de esa índole atinentes a la seguridad social de un sector de pasivos vinculados a la Administración Pública a través de las respectivas Cajas de Previsión.

En definitiva, la pretensión de los accionantes se dirige a cuestionar el destino de los descuentos que sobre sus haberes de pasividad efectúan las citadas Cajas para aplicar al régimen de la seguridad social instituido en la Provincia de Santa Fe, y desde esta óptica, invocan un agravio a derechos subjetivos de naturaleza administrativa, aspecto que caracteriza la materia comprometida en el "sub lite".

10.2. No obstante, esta primera conclusión no implica necesariamente que las cuestiones debatidas no puedan canalizarse a través del amparo conforme lo ha sostenido este Cuerpo in re "Bacchetta" y "Grandinetti" (ya citados). En esos precedentes, este Órgano ha dicho: ("...") A diferencia del criterio sostenido en reiterados precedentes por este Tribunal con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 -por todos "Vaninetti" (A.

y S., T. 106, pág. 141)- no es ya, única y excluyentemente, la pauta de que exista competencia contencioso administrativa lo que condiciona la procedencia del amparo, sino que deberá verificarse, en concreto, si se encuentran presentes todos y cada uno de los recaudos exigidos por la norma constitucional en estudio (art. 43, C.N.). Comprobados que fueran los presupuestos para su viabilidad sin perder de vista en este análisis, por cierto, su carácter excepcional nada impide, en principio, que los derechos supuestamente vulnerados sean objeto de tutela a través del amparo.

Sin embargo, una aclaración se impone para conferir al criterio precedente su justo alcance. De la circunstancia de que ya la pauta de la existencia de materia contencioso administrativa no deba conducir a una mecánica negativa respecto de la procedencia del amparo, no se sigue en modo alguno que ella no pueda proporcionar al magistrado y al justiciable un valioso elemento orientativo. A la hora de enfrentar la crucial determinación respecto de si una cuestión resulta o no materia de amparo, la previa identificación de si la materia es contencioso administrativa le indica al juzgador cuál ha de ser la perspectiva y la dirección desde la que proseguirá el análisis de la concurrencia de los demás requisitos del amparo.

Y esa perspectiva consiste en que si la materia que se pretende debatir mediante la mencionada vía es contencioso administrativa su dilucidación corresponde por naturaleza a la justicia administrativa.

Por lo tanto, en esos casos, es desde la perspectiva de que se está detrayendo competencia a los Tribunales que constitucional y legalmente cuentan con atribuciones para controlar a otro poder del Estado, que los magistrados -y los justiciables- deben analizar si concurren los requisitos del amparo.

En consecuencia, en el ordenamiento jurídico santafesino el amparo no solamente constituye un remedio excepcional por su propia naturaleza, sino también, por el particular diseño institucional que constitucional y legalmente se ha establecido para la revisión de la legitimidad de los actos administrativos ("...").

Y bien: examinando las constancias de autos a la luz de lo expresado en tales precedentes, se observa que, tratándose de un litigio que versa sobre materia administrativa, la competencia de los Tribunales especiales se supone, lo cual pone en cabeza del Juzgador el deber de extremar el control de la concurrencia de los requisitos que tornan admisible el amparo.

En tales condiciones, se advierte que las razones invocadas en la demanda son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón la medida impugnada producía un daño concreto y grave que "sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo" (C.S.J.N., "Ballesteros", Fallos 317:1128); ni, por ende, por qué motivo -en las circunstancias del caso- el acceso a la jurisdicción en lo contencioso administrativo podía acarrearle un perjuicio irreparable.

Obsérvese que los perjuicios invocados por los amparistas se centran en que son transferidos forzosamente de una obra social que les pertenece como trabajadores bancarios a un ente burocrático estatal; son privados del derecho de pertenecer a una obra social integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud como de continuar su asistencia y tratamiento médico con los profesionales con los que se venían asistiendo; afirmando además que el nuevo sistema es más oneroso, tiene una cobertura geográfica limitada y que algunos de los actores ya cuentan con la cobertura del I.A.P.O.S. Sin embargo, no han aportado elemento alguno ni denunciado ninguna situación concreta, que demuestre efectivamente que la pertenencia a la obra social provincial les ocasione un perjuicio o comporte una lesión inminente a sus derechos sea acreditando que el I.A.P.O.S. carece de cobertura fuera del ámbito provincial o que alguno de los reclamantes así lo haya requerido, o indicando puntualmente qué profesionales que los atendían bajo la anterior cobertura lo dejarían de hacer o probando qué tratamientos o prestaciones quedarían fuera de asistencia.

Las alegaciones vinculadas al carácter más oneroso de la nueva obra social son, como sostiene la Provincia, insuficientes para justificar el amparo en atención a la escasa incidencia de los aportes que deben efectuar conforme al nuevo régimen.

Por otra parte, los amparistas sostienen que "sin la menor hesitación podemos afirmar que la amenaza de daño que resulta de las disposiciones legales que dan lugar a la presente acción de amparo constituyen una circunstancia cuya reparación no es susceptible de operarse por ninguna otra vía ordinaria. Al analizar la viabilidad de la acción de amparo es frecuente efectuar un juicio de valor comparando esta vía excepcional con la eficacia o idoneidad de otras vías ordinarias alternativas, lo que suele dar lugar a controvertidas conclusiones. No es este el caso, donde claramente podemos afirmar que no existe ninguna otra vía ordinaria que permita a los sujetos lesionados por la apuntada arbitrariedad alzarse contra la norma inconstitucional" (f. 55).

Desde luego que esas genéricas afirmaciones lejos están de acreditar que el proceso contencioso administrativo no resultaba idóneo para canalizar la pretensión, sobre todo si se atiende al amplio espectro que en materia de tutela cautelar posibilita el artículo 14 de la ley 11330.

Las demostraciones en cuestión eran necesarias, salvo que se piense -sin duda con error- que siempre y en todos los casos las decisiones que afectan un determinado "status" administrativo producen un perjuicio de aquella naturaleza y habilita la vía del amparo; en verdad, así sostenerlo implicaría excluir apriorísticamente de la justicia contencioso administrativa, el control de conductas como la cuestionada en autos, sin norma expresa que lo disponga, y con la sola invocación de que se afectan derechos constitucionales.

Es que, vale destacarlo, el más Alto Tribunal de la Nación ha preservado el carácter excepcional del remedio intentado aun con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 ("Ballesteros", cit; "Louzán", Fallos 317:1658; "García Santillán", del 15.7.1997), cuya indiscriminada utilización no haría más que distorsionar la regular prestación del servicio judiciario ("Bacchetta" y "Grandinetti", cit.).

10.3. A ello no empece que la satisfacción de la pretensión de los amparistas suponga inexorablemente la declaración de inconstitucionalidad de una ley -que la Administración está, salvo casos excepcionales, obligada a aplicar-, puesto que como ha sostenido esta Corte, tal extremo no desplaza la concurrencia de materia contencioso administrativa, ni la competencia de los tribunales a los que la Constitución y la ley les han confiado el conocimiento de dicha materia (cfr., "Andreoli", A. y S., T. 163. pág. 71; "Haquín", A.

y S., T. 162, pág. 361, entre otros).

A todo evento y sin que implique abrir juicio sobre la legitimación pasiva -aspecto objetado por la demandada-, cabe señalar que la inexistencia misma de acto administrativo formal no es obstáculo para la iniciación de una instancia que puede habilitarse por denegación presunta. En efecto, determinadas conductas y comportamientos administrativos -como en el caso puede entenderse la efectiva materialización del descuento con destino al I.A.P.O.S. según lo admiten al demandar-, como tales, no suponen el dictado de un acto administrativo formal.

Por último, no se me escapa que, ante la Corte Federal, la Obra Social Bancaria Argentina ha entablado una demanda mediante la que persigue -también- la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11854, que el Alto Tribunal admitió su competencia originaria para conocer en dicha pretensión y, además, que denegó una cautelar similar a la aquí despachada (C.S.J.N., O 192 XXXVII, "Obra Social Bancaria Argentina c. Santa Fe Provincia de s. Acción de Inconstitucionalidad", resolución del 26.3.2002).

Sin embargo, tratándose el "sub lite" de una causa contencioso administrativa en la que predominan aspectos reglados por el derecho público local y versando sobre un tema que la Provincia, en principio, no está vedada de regular (ver art. 6, ley 23661), la competencia federal, sobre cuyo carácter excepcional sería ocioso abundar, no resulta convocada en el presente.

Antes bien, considero que resultan de aplicación los conceptos también provenientes del Máximo Tribunal nacional atinentes a que "el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versen sobre aspectos propios de su derecho público, sin perjuicio de que las cuestiones federales que también pueden comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del artículo 14 de la ley 48" (Fallos: 310:295 y 2841; ver tb. sent. del 16.5.1995 in re R. 13, XXVIII-originario "Roca, Magdalena c/Buenos Aires Provincia de s/Inconstitucionalidad").

Por las razones expuestas, corresponde declarar que el presente caso es de la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, anular la resolución impugnada por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (art. 1, inciso 3, de la ley 7055).

Tal circunstancia, normalmente y por imperio del artículo 12 de la ley 7055, determinaría la remisión de la causa a otro Tribunal para que la misma sea nuevamente juzgada. Sin embargo -y conforme lo expuesto in re "Grandinetti" (ant. cit), criterio reiterado en "Bongiovanni", (A. y S., T. 135, pág. 343)-, resulta innegable que ese envío implicaría un inútil dispendio jurisdiccional (pues necesariamente aquél habría de pronunciarse conforme a lo aquí resuelto y, en definitiva, la contienda se ventilaría ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo), dilatándose innecesariamente la controversia, con la consiguiente lesión al derecho de defensa en juicio, amparado constitucionalmente.

Por ello, atento al tiempo transcurrido desde la promoción de la acción ("Mori", A.

y S., T. 131, pág. 105, entre otros), e interpretando las normas aplicables con el prudente criterio de "evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión" (doctrina de Fallos, 302:1611; 310:854 y 1036), debe otorgarse a la parte actora la posibilidad de ocurrir ante la citada Cámara a través de la pertinente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11330 (cfr. "Grandinetti", cit.), y debiendo darse noticia al Tribunal A quo a los fines que corresponda.

Costas por su orden en todas las instancias.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas por su orden en todas las instancias. Otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11330.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas por su orden en todas las instancias. Otorgar a los actores el plazo de treinta días a fin de que, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, adecuen sus pretensiones a los términos de la ley 11330.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)