Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-14


SENTENCIA Nº 35045 JUZGADO Nº 66 AUTOS: "DICIANO ALICIA BEATRIZ c/ EL PARLAMENTO S.A. s/ DESPIDO"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo	de 2008, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por la demandada y por el perito contador disconforme con la regulación de sus honorarios.

Cualquiera sea la calificación que merezca la conducta del compañero de trabajo denunciado por la actora, la demandada, anoticiada que fue de dicha situación mediante telegrama de fs. 8, reaccionó adecuadamente, tal como lo hizo saber mediante la carta documento de fs. 7, introduciendo cambios de turnos tendientes a minimizar la interacción entre ambos empleados en conflicto.

Si dichas medidas, conforme lo manifiesta la pretensora en el telegrama de fs. 6 no fueron suficientes para impedir la desatinada conducta del agresor, ello no justificaba el autodespido por esa causa, porque la actora debió dar oportunidad a la empleadora para implementar medidas más eficaces. Dado que las inconductas del compañero de trabajo denunciada por la actora no son imputables al empleador, al momento de emitir la denuncia de la relación de trabajo, no existía injuria actual en el sentido del artículo 242 L.C.T. ya que, la denunciada que, insisto, no realizó acto alguno injurioso, había respondido positivamente al requerimiento de la denunciante. Del texto de la denuncia de fs. 6 no surge la imputación concreta del incumplimiento de ninguno de sus deberes de prestación o de conducta.

La razonable percepción de la actora acerca de lo intolerable de la situación que describe, creada por actitudes agresivas e insultantes de un compañero de trabajo, no significa que se deba considerar a quien no incurrió en incumplimiento alguno de sus deberes, como responsable del pago de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo.

A mi juicio la actora confundió tanto la oportunidad de la denuncia como la persona del sujeto a quien la situación desencadenante debió ser imputada.

II.- Es procedente la pretensión de la apelante de ser eximida de la condena al pago de la indemnización impuesta por el artículo 45 de la Ley 25.345.

El citado artículo 45 sanciona al empleador - con una indemnización a favor del trabajador, equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor-, cuando, intimado fehacientemente respecto de la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T., no la cumpla. Cuando, como en el caso, fueron puestos a disposición del trabajador (CD fs. 4 ), no se verifica tal incumplimiento. La actora no invocó, ni acreditó haber concurrido a la sede de la empresa, lugar de cumplimiento de la obligación a retirarlos. Cualquiera haya sido el motivo, debió - y no lo hizo-haber retirado los certificados de trabajo, con lo que incurrió en mora accipiendi.

III.- El recurso de la parte demandada es procedente y ello torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios, pues ello es suficiente para determinar la revocación del decisorio y el rechazo de la demanda (artículos 499, 901 a 906 del Código Civil, 377, 386 C.P.C.C.N.). Sugiero que las costas del proceso se impongan por el orden causado pues, la índole de la cuestión planteada sugiere que la actora pudo razonablemente considerarse asistida de mejor derecho para litigar y, estimo los honorarios de las representaciones letradas de la actora, demandada , por la totalidad de los trabajos cumplidos, y los del perito contador en $ 2.700.-$ 3.200.- y $ 1.000.-, respectivamente (artículos 6º, 7º, 14 de la Ley 21839; 3º del D.L. 16638/57; 68 y 279 C.P.C.C.N.).- LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

Adhiero al voto del doctor Juan Carlos E. Morando en tanto postula la revisión de la sentencia apelada en lo concerniente a la partida fundada en el artículo 45 de la ley 25.345. Disiento con las restantes postulaciones. I. La señora Alicia Beatriz Diciano, nacida el 18-10-1978, trabajó como camarera en una confitería de la demandada, desde el 20 de marzo de 2004 hasta el 17 de mayo de 2006 en que se consideró despedida.

El 24-4-2006 cursó un telegrama por el que, luego de quejarse porque no habían sido atendidos los reclamos previos dirigidos a sus superiores directos, intimaba a la patronal para que conminase al trabajador P., mozo y compañero de tareas de aquélla, a que cesara en la práctica de conductivas ofensivas hacia su persona. En esa pieza postal, la trabajadora explicó de este modo la razón de su reclamo: "realiza sobre mí de manera permanente, una presión a fin de obtener acceso carnal., por vía de amenazas de toda índole de realizar todas las difamaciones sobre mi persona.he tolerado hasta el día de la fecha y desde el momento en que R. P. intenta relacionarse conmigo de tal manera, actitudes tales como insultos, acosos sexuales de toda índole, difamación con el resto de mis compañeros de trabajo, los permanentes gritos que me profiere delante de terceros para poder ir minando paulatinamente mi voluntad, los gestos obscenos que me destina para tratar de socavar mi autoestima y provocar en mí una respuesta desairada." La empleadora, al responder esa intimación el 27-4-2006, negó la existencia de reclamos previos, no obstante lo cual ofreció a la señora Diciano un cambio en la jornada de modo conveniente. También allí le hizo saber que la firma había procedido a investigar la denuncia; que le había dado intervención a la asociación sindical y finalmente que la trabajadora tenía derecho de hacer saber a la patronal "las circunstancias de lugar, tiempo, modo y persona que aclaren los hechos denunciados a fin de su esclarecimiento y deslinde de responsabilidades".

Con fecha 16-5-2006 la empleadora remite a la trabajadora una carta documento por la que la intima a reanudar tareas y justificar las inasistencias desde el día 14-5-2006 bajo apercibimiento de considerar "abandono de trabajo (art.244 LCT) o aplicar sanción respectivamente".

Tal intimación es respondida por la trabajadora a través del telegrama del 17-5-2006. En él explicó que a pesar de la modificación de las condiciones contractuales el problema no había cesado; que P.: "continuó produciendo los mismos hechos y además me difama públicamente con parroquianos del lugar, diciendo que por módicas sumas de dinero pueden acceder a mis favores carnales y de tal manera satisfacer sus deseos. Es evidente que no puedo continuar tolerando esa situación, ya que usted lejos de separar y alejar a P. de todo contacto conmigo, es a él a quien debo entregarle la plaza y además, se ha creado en mi ambiente de labor una situación insostenible que no tiene como responsable sino a su dependiente". En esos términos se consideró injuriada y despedida. La demandada rechazó la legitimidad del despido indirecto por carta del 20-5-2006. Allí le reprocha a la trabajadora no haber brindado precisiones acerca de los hechos que denunciara; negó haber permitido o tolerado la situación; dijo haber tomado las medidas que estaban a su alcance dando intervención al gremio y modificando las condiciones laborales, no haciéndole compartir la jornada con P. La patronal también le imputa una ruptura precipitada sin atender al principio de conservación del empleo.

II. Se agravia la demandada, sin razón, porque en su tesis el señor juez "a quo" ha alterado la causal de despido que invocara la trabajadora: "acoso sexual" de parte de un compañero de trabajo.

Afirmar que la injuria invocada por la trabajadora para denunciar el contrato fue haber sido víctima de un acoso sexual es tergiversar indebidamente el conflicto y echar mano de un sofisma, es decir, de un "argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso" ("Diccionario de la Real Academia Española", 22 ° edición).

Hago esta afirmación porque surge claramente del intercambio telegráfico y de la demanda, más allá de que de manera poco feliz se haya ahondado en demasía acerca de lo que es el acoso sexual en sentido técnico jurídico, que la joven señora Diciano, quien tenía 26 años de edad a la fecha de los acontecimientos que motivan este litigio, en verdad se consideró injuriada y despedida porque estaba cansada de soportar y ya no toleraba que su compañero de tareas P., quien también era mozo de la confitería, la sometiera a situaciones más que desagradables, le faltara el respeto y la hostigara constantemente con comentarios y gestos obscenos o cargados de contenido sexual que lesionaban su dignidad, su honor, su pudor, además del derecho a la libertad sexual que corresponde a todo ser humano sin distinción.

La prueba testimonial fue más que clara y ha sido adecuadamente interpretada por el doctor Julio Grisolía, con ajuste a las reglas de la sana crítica (artículos 90 de la ley 18.345 y 386 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) sin que las descalificaciones que se realizan en la memoria recursiva alcancen para privar a sus afirmaciones de suficiente basamento y prudente convicción (artículo 116 ley 18.345).

Por razones de buen decir, me abstengo en este voto de efectuar una repetición textual de los diversos términos y epítetos soeces con que P. se dirigía de manera reiterada a la actora en presencia de otros trabajadores y aún de los asistentes al local, circunstancia que denota negligencia por parte de la empleadora, quien es responsable por los hechos de su dependiente, al omitir, aún desde una reprochable ignorancia y pasividad, la adecuada vigilancia y adopción a tiempo de medidas tendientes a sustraer a la trabajadora de los tratos indignos a los que fue sometida por el compañero de trabajo.

No es verosímil, en el marco de una actividad que se desarrolla dentro de una confitería, que la empleadora tomara conocimiento de los sucesos recién con el telegrama cursado por la trabajadora el 26-4-2006; lo que sí es verosímil, en cambio, porque acostumbra suceder según el curso ordinario y natural de las cosas, es que esa pieza postal haya sido la exteriorización de una situación insostenible que, desde su inactividad la patronal dejó que tomara dimensiones desproporcionadas, acaso por minimizar sus efectos lesivos y que cuando pretendió reparar, a través de modificaciones de horario de los dependientes, ya no era factible de detener.

En este orden conceptual, fue ajustada a derecho la denuncia del contrato que formuló la trabajadora con fecha 17 de mayo de 2006 porque la empleadora no adoptó a tiempo medidas eficientes que resguardasen a la dependiente de las conductas nefastas y modos repugnantes de su compañero de tareas, imponiéndole en los hechos, un entorno laboral lesivo de su dignidad.

Y es esta la ratio del telegrama rescisorio cursado por la trabajadora el 17-5-2006, que la empleadora no puede desconocer o malinterpretar sino escudándose en una mera anfibología terminológica que, por más racionalidad que exhiba, se desploma ante la contundencia de la prueba rendida y que ha sido valorada suficientemente en la instancia de origen. Es que, reitero, no fue un "acoso sexual" la causa de la resolución contractual, fue el hastío y el cansancio moral que le provocó el retardo de la empleadora en tomar medidas aptas para detener las provocaciones y ataques de P. y evitar de ese modo que el ambiente de trabajo se tornara insufrible.

De allí que en el telegrama rescisorio exprese la trabajadora: "no puedo continuar tolerando esa situación" y "se ha creado en mi ambiente de labor una situación insostenible que no tiene como responsable sino a su dependiente". Desde ya, debo poner de relieve que la ley positiva, acaso desde su mera literalidad, no obliga a un empleador a segregar de su staff a un trabajador que perturba la tranquilidad de espíritu de una compañera de trabajo con desmanes y gestos que afectan su dignidad; sin embargo, si opta desde la libertad por conservar la relación laboral con quien se sindica como agresor, también opta por asumir los riesgos que desde el plano de la organización empresaria le significará contar con un dependiente que, fuere por la razón que fuere, será apto para conspirar contra la existencia de un ambiente laboral decente y sano, para cuya concreción es básico que comience por ser digno desde el plano humano.

III. Se queja la demandada de la condena al pago de una indemnización por daño moral que el Magistrado cuantificó en la suma de $ 10.000 (diez mil), con más intereses desde el 18-5-2006.

No le asiste razón. La señora Diciano tiene derecho a ser resarcida de los agravios morales que padeció durante la vigencia de la relación laboral como consecuencia del obrar antijurídico de su compañero de tareas por los que la patronal debe responder (artículo 1113 primer párrafo del Código Civil). Fue víctima de malos tratos reiterados que afectaron su dignidad y su honor (ilicitud) provenientes de un dependiente de la empleadora, los que se concretaban con ocasión de las funciones ejercidas a favor de la demandada. No resulta óbice la tarifa del artículo 245 LCT para el caso de despido injustificado que no contiene, en su estimación, contenido alguno que tenga relación con los padecimientos a los que se ha hecho referencia, circunstancia que desplaza los argumentos defensivos atingentes a la inoperancia del derecho común en el sub judice.

En cuanto al monto fijado como reparación, la crítica no alcanza a constituir agravio en sentido técnico (artículo 116 ley 18.345).

IV. Las regulaciones de honorarios lucen adecuadas a la naturaleza, extensión e importancia de las labores realizadas (artículos 6 °, 7 ° y concordantes de la ley 21.839 y 38 de la ley 18.345).

Por lo expuesto, propongo en este voto: a) se confirme la sentencia apelada en tanto pronuncia condena y se la modifique en torno del capital nominal que se fija en la suma de $ 19.640; b) se impongan las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal; c) se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25 % de lo que les corresponde por su actuación en la instancia de origen.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO: que adhiero al voto de la Dra. Gabriela A. Vázquez en lo que ha sido materia de disidencia.	Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

a)	a) Confirmar la sentencia apelada en tanto pronuncia condena.

b)	b) Fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 19.640;

c)	c) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida en lo principal;

d)	d) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25 % de lo que les corresponde por su actuación en la instancia de origen.

e)	e) Recordar a los obligados el cumplimiento del artículo 62, incisos 2 y 3, de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Acordada C.S.J.N. 06/05).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- agf JUAN CARLOS E. MORANDO GABRIELA A. VAZQUEZ LUIS A. CATARDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA	JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA