Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18


S u p r e m a C o r t e :

I	La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, resolvió a fs.129 (folio de los autos principales a los que me referiré de ahora en más) revocar la decisión del tribunal de primera instancia del fuero, y admitió la defensa de la demandada declarando la prescripción de la acción.

Para así decidir el a?quo señaló que la presentación del formulario previsto por el artículo 4º de la ley 24.573, sólo tiene por efecto la suspensión de la prescripción, sin que pueda entenderse que se halla querido referir a su interrupción, la que sólo se configura por la presentación de la demanda.

Agregó además que si bien la norma legal dispone que la mediación suspende el plazo de prescripción desde que se formalice la presentación, no resulta explicito en cuanto al término final de la suspensión, aunque debe entenderse que ello se produce cuando cesa la mediación, momento en el que se reanuda el plazo suspendido.

Destacó que la vía judicial quedó expedita el día 9 de diciembre de 1996 por la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de mediación por lo que la acción prescribía el día 14 de dicho mes, que al ser sábado otorgaba al demandante las dos primeras horas del día lunes 16. Por lo tanto al haber sido iniciada la acción a las 12,34 horas dedicho día se operó la prescripción, por no tener efecto interruptivo el retiro de carátula efectuado el día 13 de diciembre.

II	Contra dicha decisión se interpuso recurso extraordinario a fs.137/141, el que desestimado a fs.148 dio lugar a esta presentación directa.

Señala el recurrente que la sentencia es inconstitucional y arbitraria, porque impide el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sobre sus legítimos derechos afectando el principio del debido proceso y porque la resolución no es la derivación razonada de las constancias de autos y de la normas legales que la fundamentan.

Agrega que la sentencia no atiende a los principios generales del derecho y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no obstante reconocer que la ley no ha establecido expresamente la fecha de reanudación de los plazos procesales manifestando la existencia de un vacío legislativo, resulta agraviante una interpretación que carece de apoyatura normativa, destacando que por la importancia del tema el nuevo decreto Nº 91/98 reglamentario de la ley, establece que el computo del término de suspensión se reanuda después de 20 días corridos desde la fecha del acta de finalización de la mediación.

Señala que el fallo hizo lugar a la excepción de prescripción, sin tener en cuenta que su parte estaba impulsando la prosecución del proceso, lo que exteriorizó con su actos, a los que el juzgador denominó "no procesales", decisión que resulta arbitraria por resultar incongruente y ausente de razonabilidad, al prescindir de prueba decisiva e incurrir en un exceso ritual manifiesto, porque interpreta en forma amplia y analógica la norma en cuestión cuando debió hacerlo de modo prudente y con aplicación restrictiva, prescindiendo del texto legal sin dar razón plausible alguna.

III	Cabe destacar, de inicio, que si bien V.E. tiene dicho que lo atinente al plazo de prescripción aplicable a las acciones es materia de derecho común, propia de los jueces de la causa y ajena como regla a la instancia prevista por el artículo 14 de la ley 48, no es menos cierto que ha admitido el remedio excepcional en aquellos supuestos donde la decisión jurisdiccional de modo manifiesto ignora disposiciones legales vigentes aplicables y conducentes a la solución del caso o incurre en la interpretación normativa con un exceso ritual que contraviene el principio de justicia, e irroga un agravio irreparable a los derechos amparados por la Constitución Nacional.

Pienso que en el caso se configura tal situación, porque el tribunal incurre en un rigorismo formal excesivo en la aplicación que realiza del instituto de la prescripción liberatoria (que tiene como efecto el de producir la pérdida de un derecho), pues no atiende a una hermenéutica prudente y restrictiva como es exigible en orden a reiterada jurisprudencia de V. E..

Por el contrario a pesar que la ley de mediación 24.573 no determina cuando finaliza la suspensión de la prescripción prevista por su artículo 29, el aquo descalifica la intención del accionante de mantener vivo el proceso, expresada a través de actuaciones de carácter procesal como son el retiro de la carátula ante el órgano jurisdiccional que la provee para su presentación ante el tribunal que habrá de entender, y la promoción ulterior en forma inmediata de la acción.

A lo expuesto cabe agregar que, al tiempo que se dicta la resolución que decreta la prescripción de la acción, el 19 de Agosto de 1998, se hallaba vigente el decreto reglamentario Nº 91/98, que entró a regir el día 30 de enero del mismo año y que en su artículo 28, complementando e integrando la alegada imprecisión de la ley, disponía que el cómputo del término de suspensión previsto en el artículo 4º se reanuda después de 20 días corridos desde la fecha del acta de finalización de la mediación, disposición reglamentaria que regía la cuestión de cuyo juzgamiento se trata y que al no ser tenida en cuenta por el sentenciador, conforma una omisión injustificada y por tanto arbitraria de la decisión, ya que era deber y facultad del tribunal aplicar la norma de conformidad con la regla "iura curia novit" con prescindencia de las articulaciones de las partes.

(ver Fallos: 291:259,356, 575; 292:58,398;295:749), máxime al no mediar respecto de ella declaración de invalidez o inconstitucionalidad.

Por ello, opino que corresponde hacer lugar a la queja, conceder el recurso extraordinario, revocar la decisión apelada y mandar se dicte nueva sentencia ajustada a derecho.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2001.? ES COPIA	FELIPE DANIEL OBARRIO	Buenos Aires, 18 de febrero de 2003.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por David Jesús Castro en la causa Castro, David Jesús c/ Rojas, Julio César", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios del apelante encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen del señor Procurador Fiscal, que el Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad en lo atinente a la omisión injustificada de la disposición reglamentaria -complementaria y aclaratoria de la ley 24.573- que regía la cuestión controvertida y cuya aplicación resultaba imperativa con arreglo al principio iura novit curia.

Por ello, se declara procedente el recuso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo de acuerdo con lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia).

ES COPIA	DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI, DON ANTONIO BOGGIANO Y DON JUAN CARLOS MAQUEDA	Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se desestima la presentación directa. Notifíquese. Devuélvanse los autos principales y archívese. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - JUAN CARLOS MAQUEDA.

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