Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-23


ACUERDO N° 80. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los señores Vocales Doctores EVALDO DARIO MOYA y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA BERMÚDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PEDROSA LIDIA OLGA C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA" (Expte. 1225/04), en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 12/15 se presenta la actora, con patrocinio letrado y promueve acción procesal administrativa contra el Consejo Provincial de Educación. Solicita que se declare la nulidad del Decreto 137/04; que se reconozca la calidad docente del título "Profesora de dibujo y pintura" que posee; que se ordene el reencasillamiento, en el orden de mérito correcto, de la Junta de clasificación "ad-hoc" y el resarcimiento del daño moral padecido.

Refiere que, en abril de 2003, la Junta de Clasificación "Ad hoc" de la Dirección de Educación Estético-expresiva del Consejo Provincial de Educación (CPE), desconoció el carácter docente de su título de Profesora de Artes Plásticas, otorgado por la Universidad Nacional de San Juan, respecto de las materias Dibujo y Pintura.

Alega que, al calificar su título como "habilitante con certificación de capacitación docente", se limitó su idoneidad para dictar las referidas materias.

Dice que tal calificación redujo su puntaje y perjudicó sus posibilidades de continuar desempeñándose en el dictado de esas materias.

Sostiene que la evaluación efectuada por la Junta desconoció el carácter específico docente de su título respecto de las disciplinas dibujo y pintura.

Expresa que, además, es nula y vulnera derechos adquiridos, puesto que, pese a lo sostenido por la Junta "ad hoc", ha venido dictando esas materias.

Asevera que vulnera la Ley de Educación Superior, ya que, su título es universitario y, según lo dispuso la Universidad de San Juan, habilita para la docencia en todos los niveles de educación.

Relata que recurrió la decisión de la Junta "Ad-hoc" y que, la Dirección de Educación Estético Expresiva mediante Disposición 33/03, hizo lugar a su reclamo respecto de la asignatura Dibujo pero se lo rechazó para la asignatura Pintura.

Señala que los fundamentos en que se sustentó tal discriminación se basaron en la Resolución 1972 del Consejo Nacional de Educación, en lugar de aplicarse los de la Universidad otorgante y los de la Ley de Educación Superior.

Relata que recurrió ante el C.P.E. y que dicho organismo rechazó su reclamación a través de la Res. 1370/03.

Insiste en que, a efectos de considerar el carácter docente y las incumbencias del título, debe estarse a las normas universitarias que le otorgan validez.

Alega que la valoración efectuada sobre su legajo, título y antecedentes afectó la garantía constitucional de derecho de defensa. En tal sentido, reseña que recusó (mediante nota del 14/3/03) a una de las integrantes de la Junta Ad-hoc, Prof. Mariel A. Lobato, fundado en las manifestaciones públicas de enemistad hacia su persona.

Sostiene que, en virtud de ello, la Sra. Lobato no podía integrar la Junta y que, su participación, vulneró la garantía de imparcialidad.

Expone que solicitó a la Universidad de San Juan información sobre la calidad, validez e incumbencias de su título y que le respondieron que el título tiene carácter docente para el dictado de las materias que comprenden a su currícula.

Refiere que recurrió ante el Poder Ejecutivo Provincial y que dicho órgano, mediante Decreto 1959/04, rechazó su pretensión.

Por último, funda en derecho y formula su petitorio.

II.- A fs. 23/4, se declaró la admisión del proceso (RI 4526/05); a fs. 86/9, la actora optó por el procedimiento ordinario y ofreció prueba.

III.- A fs. 96/100 se presentó la Fiscalía de Estado y contestó la demanda.

Luego de las negativas de rigor, reprodujo los considerandos de los actos atacados y sostuvo que la actora no ha desvirtuado los fundamentos establecidos en los mismos.

Rechaza que se hayan vulnerado derechos adquiridos.

Sostiene la improcedencia de la pretensión de indemnización del daño moral.

Solicita el rechazo de la demanda, con costas.

IV.- A fs. 104/111 contestó el Consejo Provincial de Educación.

Luego de efectuadas las negativas, da su versión de los hechos y sostiene que, la postura asumida respecto del título de la actora con relación a la asignatura pintura, se fundó en lo establecido por el Estatuto Docente.

Asevera que resulta aplicable a este caso, lo dispuesto por el Anexo IX de dicho cuerpo legal que dispone que el título de Profesor de Artes Plásticas es "habilitante" para dictar la materia Pintura.

Apunta que, conforme surge del Estatuto, para dictar la asignatura Pintura, se requiere título de Profesor Superior de Pintura, Profesor de Dibujo y Pintura u otros que no coinciden con el que posee la accionante.

Agrega que en el Apéndice IX se establece, en forma expresa, cuáles son los títulos que poseen carácter "docente" y cuáles son "habilitantes" para la materia pintura.

Dice que, la calificación efectuada por la Junta Ad-hoc es correcta porque respeta lo establecido en la normativa aplicable.

Señala la diferencia existente entre título docente y título habilitante. Cita y transcribe antecedentes jurisprudenciales respecto a dicho tópico.

En punto al daño moral reclamado sostiene que no corresponde su reconocimiento en virtud de que la reclamante no fundamenta sobre su procedencia.

Funda en derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda, con costas.

V.- A fs. 117 se abrió la causa a prueba. A fs. 646 se clausuró dicho periodo, se agregaron los cuadernos de prueba y se pusieron los autos para alegar.

A fs. 655/662 y 663/671 obran agregados los alegatos de la actora y el CPE.

VI.- A fs. 673/8 emitió su dictamen el Sr. Fiscal ante el Cuerpo, quien propicia el rechazo de la demanda.

VII.- A fs. 785 se dispuso el llamado de autos, providencia que, consentida y firme, coloca a las presentes en condiciones de dictar sentencia.

VIII.- Ahora bien, de cara a las pretensiones concretas esgrimidas en la demanda, amerita señalar que, conforme surge del alegato presentado por la actora (cfr. fs. 661 vta.), la señora Pedrosa se ha acogido al beneficio de la jubilación.

No obstante, la accionante mantuvo las pretensiones esgrimidas en la demanda.

Esta situación hace necesario resaltar que la variación en la plataforma fáctica que produjo el cambio en la situación de revista, torna inviable el curso de la pretensión de reencasillamiento en el orden de mérito de la Junta de Clasificación Ad hoc que peticionó como derivación de, a su vez, la postulación de declaración de nulidad de los actos que no le reconocieron el carácter docente de su título.

Por lo tanto, si bien respecto a esos tópicos la cuestión devino abstracta -al haber desaparecido el interés jurídico concreto de la accionante-, dado que subsiste el reclamo resarcitorio, el análisis de la legitimidad de tales actos debe ser llevado a cabo de igual forma pues constituyen el presupuesto necesario para el andamiaje de la pretensión subsistente.

En definitiva, cabrá establecer si es legítima la calificación otorgada por la Junta de Calificación Ad hoc al título de Profesora de Artes Plásticas, como título "habilitante" para la materia Pintura.

VIII.1.- El argumento central que sostiene la actora es que la Universidad de San Juan ha otorgado al título de "Profesor de Artes Plásticas" incumbencia docente para el dictado de las asignaturas Dibujo y Pintura (ambas), con lo cual el CPE no podría reconocer competencia docente para el primero y considerar al título "habilitante" para el segundo.

Concretamente considera que la actuación de la Junta de Clasificación ha sido arbitraria ya que por un lado no valoró correctamente los alcances del título de "Profesora de Artes Plásticas" emitido por la Universidad Nacional de San Juan y por otro lado se vio influenciada por la presencia de un integrante recusado por aquella, invocando enemistad manifiesta.

En cuanto a la primera argumentación, sustenta su pretensión en que dicha casa de estudios informó que el título en cuestión tiene incumbencia docente para el dictado de las asignaturas "Dibujo" y "Pintura" (cfr. fs. 26) y que del Plan de Estudio de la carrera surgiría la competencia para ejercer la docencia en nivel primario, secundario y terciario de las disciplinas de la currícula de la enseñanza artística (cfr. fs. 27 y 40 vta.).

En función de ello, sostiene que la calificación que se le efectuara vulnera el art. 29 de la Ley de Educación Superior, que dispone que es de competencia de las universidades determinar las incumbencias de los títulos que emiten.

Ahora bien, vale desde ya advertir que la competencia para determinar la naturaleza del título, es propia del Consejo Provincial de Educación (Artículo 13 inciso g del Estatuto del Docente; y Artículo 9° de la Ley Provincial N° 242).

Sabido es que el organismo, con competencia constitucional en el gobierno de la educación provincial -Artículo 118 de la Carta Magna Local-, tiene atribuciones expresas, conferidas por la Ley Provincial N° 242 en su Artículo 9°, para: a) "Decidir en todo lo que se refiera a la educación"; b) "Resolver todo cuanto se refiera a planes y programas de enseñanza, coordinar y convenir con organismos nacionales, provinciales y privados, y fijar las normas para su aplicación y control"; y f) "Resolver sobre nombramientos, traslados, permutas, licencias, suplencias y todo lo que se refiere a movimiento de personal docente, técnico, administrativo, de maestranza y de servicio, de acuerdo con la legislación en vigencia".

En tal contexto, las Juntas de Clasificación docentes son los órganos que centralizan las tareas de valoración de los antecedentes de cada postulante, confeccionando los órdenes de mérito y verificando los requisitos para la cobertura de vacantes según cada rama y nivel (Existe una Junta por cada Área de Educación, según los niveles y modalidades en que se encuentra organizado el sistema).

En tal sentido, establece el art. 10, pto XIX de la reglamentación que "a los efectos de la clasificación de los docentes por las Juntas respectivas, éstas se atendrán a la valoración establecida por esta reglamentación para cada rama de la enseñanza".

El sometimiento a los controles de mérito tiene fundamento en el Estatuto del Docente cuando prevé en el CAPÍTULO VII Del Ingreso en la docencia, Art. 13, que "Para ingresar a la docencia por el modo que este estatuto y sus reglamentos establezcan, deben cumplirse por el aspirante, las siguientes condiciones generales y concurrentes: inciso g) Solicitar el ingreso y someterse a los concursos que establece este Estatuto (el resaltado me pertenece).

Del mismo modo, la citada norma y sus complementarias proporciona a la autoridad -en este caso la Junta de Clasificación Ad Hoc del CPE- los elementos que establecerán el orden de mérito del postulante.

El Artículo 9° citado prevé que para ingresar en la docencia deben cumplirse determinadas condiciones: c)Poseer el título docente nacional que corresponda; d)Poseer el título nacional que corresponda a la especialidad, cuando se trate de proveer asignaturas o cargos para los que existan establecimientos de formación de profesores; e)Poseer título oficial técnicoprofesional, universitario o secundario, o certificado de capacitación profesional afín con la especialidad respectiva, y se trate de proveer asignaturas o cargos técnicoprofesionales o de actividades prácticas de gabinete, laboratorios, plantas industriales y de taller en los establecimientos en los que se imparte enseñanza industrial, comercial, profesional de mujeres y de oficios...".

Y el art. 14 del mismo cuerpo legal dispone que se podrá ingresar a la docencia con título técnicoprofesional de la materia o afín con el contenido cultural y técnico, es decir, con títulos habilitantes o supletorios -de acuerdo a la clasificación efectuada en la reglamentación de estos artículos por el Decreto N° 8188/59-, cuando: "a) no exista para determinada asignatura o cargo título docente nacional expedido por establecimientos de formación de profesores; b) sean declarados desiertos dos sucesivos llamados a concursos para esa asignatura o cargo; c) En la enseñanza superior con títulos o antecedentes científicos, artísticos y docentes de notoria trascendencia".

El análisis de los títulos es por principio restrictivo según lo prevé el mismo Estatuto del Docente en sus Artículos 15: "En lo sucesivo no se concederán autorizaciones, habilitaciones, capacitaciones ni reválidas para el ejercicio de la enseñanza primaria, secundaria, normal, artística, superior, comercial, industrial, profesional de mujeres y de oficios, y aquellas asignaturas y cargos para los cuales existan títulos docentes específicos otorgados por institutos de formación de maestros y profesores, con excepción de los legalmente reconocidos por acuerdos suscriptos con gobiernos de provincias o de países extranjeros".

Y 17: "La reglamentación determinará con criterio restrictivo los títulos habilitantes y supletorios a que se refieren los artículos 13°, inciso e) y 14°".

Asimismo, el Decreto 8188/59, al reglamentar los art. 13 y 14 de la Ley 14.473, insertos en el Título I.- Disposiciones Generales, Capítulo VII-Del ingreso a la docencia, dispone: "Los títulos supletorios serán admitidos en defecto de los habilitantes y éstos en defecto de los títulos docentes." A su vez en el Apéndice XI, Cuarta Parte, en el título "Para los establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Educación Artística", se establece como título "habilitante" para su dictado al título de Profesor de Artes Plásticas.

Tal la respuesta que fue brindada por la Junta de clasificación en oportunidad de resolver el reclamo de la actora en sede administrativa, mediante la disposición 033/3, cuando señaló que el título de Profesorado de Artes Plásticas, otorgado por la Universidad de San Juan, e incorporado al Estatuto del Docente por resolución 1972, tiene carácter docente para la asignatura Dibujo, como consta en el Apéndice XI, cuarta parte, artística, asignatura 28. Dibujo. Pero, en relación con la asignatura Pintura, se ratificó la decisión de valorar con carácter habilitante al título mencionado e incorporado por la misma resolución al Estatuto del Docente, tal como consta en el Apéndice XI, Cuarta Parte, artística, asignatura 96, pintura, habilitante: profesor de artes plásticas.

Luego, se reitera, siendo resorte de la Junta de clasificación realizar la calificación de acuerdo a la reglamentación vigente, no se advierte que la decisión resulte arbitraria. En este punto, no puede soslayarse que el alegado argumento en punto a que no resulta aplicable la resolución 1972 por tratarse de una norma nacional posterior a la adopción por parte de la Provincia del Estatuto del Docente y que por ende no integra este Cuerpo, se debilita a poco que se considere que la Ley 956 acogió para la Provincia, hasta tanto se dicte su propio estatuto, las disposiciones de la Ley 14.473, su reglamentación y modificaciones posteriores.

Por lo demás, tampoco se ha ensayado un embate que derribe la razonabilidad de la resolución en la que se ha sustentado la Disposición 033/3 y nada conlleva a erigir el criterio de la accionante por sobre el del Órgano con competencia en la materia.

En este mismo orden, tampoco logra sobreponerse la tacha efectuada en cuanto a que se encuentre vulnerada la Ley de Educación Superior, en virtud de que el hecho de que se otorgue al título carácter "habilitante" no implica que no lo habilite para la docencia, más allá que -se reitera- las disposiciones de esta Ley Nacional no enervan las facultades que, sobre el tópico, poseen las jurisdicciones locales de acuerdo a las normas constitucionales y legales que han sido citadas.

Es el Constituyente Neuquino quien entregó el gobierno de la educación a manos del Consejo Provincial de Educación y es este último organismo quien valorará la competencia del título y sus alcances: Docente, Habilitante, o Supletorio.Bajo esta premisa, un título universitario puede ser "Docente" en los términos de la reglamentación de los Artículos 13 y 14 del Estatuto del Docente para el dictado de determinadas asignaturas; y "Habilitante" para otras.

Es decir, un mismo título universitario pondría al postulante en un distinto orden de mérito frente a distintas materias concursadas. En un caso como Docente y en otro como Habilitante (9 y 6 puntos, respectivamente, según el acápite II de la reglamentación de los Artículos 13 y 14 de la Ley Nacional N° 14.473).

Tampoco logra conmover la decisión, el hecho de haber brindado clases en las materias concursadas, alegando que se ha vulnerado derechos adquiridos. Es que el paso del tiempo o la experiencia adquirida no son susceptibles de trastocar el encuadre del Título.

Más allá de ello, viene al caso señalar que toda vez que los listados por orden de mérito tienen una validez anual, no puede hablarse de "derechos adquiridos" a un determinado puntaje o calificación. Es que, nada impide que entre un concurso y otro se modifiquen los puntajes, de forma que en concursos sucesivos se realicen de acuerdo a valoraciones diferentes. Forma parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que éstos se encuentran sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable mientras aquella carrera transcurre. De tal forma, no resulta atacable la calificación desde el vértice de los "derechos adquiridos" sino desde la razonabilidad de la reglamentación, supuesto que en el caso no ha sido argumentado con éxito. (cfr. "Yaben Carlos", DJ 2003-2,282) VIII.2.- Desde otro lado, tampoco se advierte que haya existido un supuesto de afectación del debido proceso y del derecho de defensa, en el modo en que se ha conducido la demandada.

En este caso, la actora centra la lesión en que recusó a uno de los integrantes de la Junta -Profesor Lobato- y que su participación afectó la garantía de imparcialidad.

Pero, un análisis de las constancias de la causa no permiten reconocer que haya existido alguna circunstancia que afectara la decisión en los términos afirmados por la actora.

En primer lugar, el tratamiento de la recusación siguió el procedimiento establecido en el pto IX de la reglamentación del art. 10 del Estatuto del Docente y ésta fue desestimada.

Luego, en esta instancia, tampoco hay razones que lleven a tener por acreditada la alegada enemistad de la integrante de la Junta; ni se ha probado que la vocal de ese organismo haya actuado de manera imparcial o perjudicado, de alguna manera, a la actora.

En este punto, corresponde señalar que la afirmación efectuada en la demanda no se condice con la prueba reunida en la causa. Repárese que la actora ofreció a la Prof. Lobato (integrante de la Junta) como testigo, pero no la interrogó sobre estas cuestiones (fs. 496/9) y, luego, al rendir la prueba confesional, rechazó haber efectuado la recusación (cfr. fs. 644 -respuesta a la tercera posición-).

Por otro lado, lo cierto es que, tuvo la oportunidad de recurrir; se le dio la participación necesaria en el trámite; pudo exponer sus argumentos y obtuvo una respuesta -si bien, no la esperada-, habilitándose la vía jurisdiccional que le posibilitó volver a reeditar la cuestión a través de este proceso de amplio conocimiento y debate.

En consecuencia, al no advertirse lesión al debido proceso ni perjuicio alguno para la accionante, la tacha efectuada debe ser desestimada.

IX.- Todas estas consideraciones evidencian que no se ha logrado acreditar que en el accionar de la demandada se presenten los denunciados vicios de arbitrariedad o irrazonabilidad y, frente a ello, los argumentos de la demanda tendientes a descalificar -por ilegitimidad- la actuación de la Junta de Clasificación Ad hoc (ratificada por las instancias jerárquicas que han intervenido en los reclamos) deben ser desestimados.

Por lo tanto, fuerza concluir que los actos atacados carecen de los vicios nulificantes denunciados por la actora, sellando por ende la suerte adversa de la pretensión resarcitoria de "daño moral".

X.- Por todo lo expuesto, la demanda debe ser desestimada.

En cuanto a las costas, considerando que la mutación de las circunstancias que dieron lugar a la demanda no resultan imputables a la actora, y que la complejidad del asunto y de la normativa docente pudieron formar el convencimiento del derecho a litigar, cabe imponerlas en el orden causado (art. 68 segunda parte del CPC y C). ASI VOTO.

El Señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA, dijo: por compartir los fundamentos y conclusiones a las que arriba el Doctor Oscar Massei, es que voto del mismo modo. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por la Sra. Lidia Olga Pedrosa. 2°) Costas en el orden causado (art. 68 segunda parte del CPCyC, de aplicación supletoria). 3°) Regular los honorarios del Dr. ..., patrocinante de la actora, en la suma de $ 6.200 (arts. 6, 9, 10, 38 y cctes. de la Ley 1594); 4°) Regístrese, notifíquese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

DR. EVALDO DARIO MOYA - DR. OSCAR E. MASSEI Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria.