Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05


///nos Aires, 5 de mayo de 2008.- AUTOS y VISTOS:

I.- Ingresa a estudio del Tribunal la causa en razón del recurso de apelación deducido a fs.21/23 por el querellante Guillermo Roberto Vades Naveiro contra la resolución de fs. 20/20vta. que desestimó la denuncia por inexistencia de delito (conf. art. 180 último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación).

II.- La impugnación fue mantenida a fs.30vta. y 33, y a fs.34/37 se agregó el memorial - conf. art.454 del C.P.P.N.-.

III.- Sostiene el recurrente que la decisón del Juez a quo es prematura e infundada, ya que en esta jurisdicción debe investigarse el supuesto ocultamiento de los bienes que componen el acervo hereditario de César Héctor Zalazar y la adjudicación indebida de las acciones de ESBIA S.A., constituida oportunamente por aquél, y no en sede civil .- Estima entonces que la denuncia formulada a fs.1/7vta. y 12/12vta., no procura reconstruir el patrimonio del causante, cuestión que se sustancia dentro del proceso sucesorio promovido, sino demostrar la existencia de maniobras defraudatorias que habría desplegado Silvia Adela Arzalluz .- Y CONSIDERANDO:

Planteado así el agravio del acusador privado, estima esta alzada que el presunto ocultamiento de los bienes del patrimonio del causante al juez del juicio sucesorio, no constituye el delito de estafa procesal.- En efecto, es reiterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que el demandante que para fundar su acción afirma una falsedad ,que constituye una simple mentira, no comete delito (Conf. Fallos, Tomo I, pág. 271; Jurisprudencia Argentina, Tomo 67, pág. 403 y Tomo 1960-II, pág. 93; Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, año V, Nº 16, Fallo 1829 citados por Carlos Fontán Balestra, en "Tratado de Derecho Penal?, Tomo IV, parte especial, pág. 41).- Los derechos de las partes en un proceso judicial surgen de las pruebas aportadas al juicio, razón por la cual resulta insoslayable que el fraude debe recaer esencialmente sobre la prueba y en los elementos de convicción, y que a la hora de apreciar la idoneidad del ardid debe tenerse particularmente en cuenta su destinatario, que en el caso de la estafa procesal es un magistrado (Conf. Fontán Balestra, op. cit. págs. 47/48).

En esa inteligencia, la omisión de denuncia de la existencia de los activos financieros consistentes en tres cuentas bancarias en el exterior, por parte de Silvia Adela Arzalluz, carece de entidad suficiente como para inducir a error al magistrado actuante o para viciar el proceso de conocimiento al que diera lugar la vocación sucesoria en el marco de los autos "ZALAZAR César Héctor s/Sucesión ab-intestato", que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil Nº 34 .- La propia querellante individualizó -a fs.4- las entidades bancarias receptoras de los fondos presuntamente girados por César Héctor Zalazar y Silvia Adela Arzalluz, y que atribuye a las ganancias oportunamente obtenidas dentro del giro comercial de la firma "ESBIA S.A.", por lo que será dentro del expediente sucesorio donde deberán verificarse los movimientos de las cuentas, pudiendo responder la imputada por los montos de los que hubiere dispuesto sin derecho para hacerlo .- Desde el momento en que la parte interesada -Silvana Estela, Mariana Carmen y Gabriela Patricia Zalazar- puso en conocimiento del magistrado la existencia de dichos bienes, desapareció la posibilidad de inducirlo a engaño, no pudiendo verificarse entonces el presupuesto indispensable de la estafa procesal o de otras alternativas de defraudación .- Al basarse el proceso civil en el principio de controversia entre las partes, no resultan ilícitas las pretensiones aventuradas o temerarias que introduzcan ellas al expediente, limitándose la ley a sancionar a los litigantes con otros remedios procesales .- Finalmente, en cuanto a la supuesta adjudicación indebida que hiciera la imputada de mayor capital accionario de la firma "ESBIA S.A.", que integrara con el causante y el hermano de este -Mario Gabriel Zalazar-, tampoco representa un acto que pudiera inducir a error o engaño al magistrado de la sucesión, resultando también una cuestión de neto corte civil en la que se determinará la correcta distribución de las acciones sobre las que recae la vocación hereditaria de Silvia Estela, Mariana Carmen y Gabriela Patricia Salazar .- En relación al riesgo de afectación patrimonial que supondría el manejo de la sociedad en tales condiciones, dentro del trámite del proceso sucesorio se podrán promover las medidas cautelares que lo neutralicen, debiendo agotarse previamente las instancias internas de la sociedad y recurrir en tal caso a los procedimientos que rigen la materia para conocer, informarse y controlar la marcha de los negocios sociales y la labor del órgano de administración .- Como consecuencia de lo expuesto puede afirmarse que la imputación dirigida a Silvia Adela Arzalluz no constituye delito alguno, siendo innecesario avanzar en la causa simplemente para corroborar los extremos denunciados a fs.1/7vta., ya que "resulta antecedente necesario del proceso penal la existencia de una conducta delictiva previa, que revista particular interés por afectar un bien jurídico amparado por la ley penal; si esta conducta no se ha traducido en el mundo exterior o no afecta al bien jurídico protegido por su atipicidad, no puede sustanciarse un proceso" (conf. Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, in re "BENAC Cecilia del Carmenº, res.: 05/10/06).

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

Confirmar la resolución de fs.20/20vta. en todo cuanto fuere materia de recurso.- Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. Se deja constancia que el Doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del corriente año.