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Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, excarcelación, detención, prisión preventiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Urrutia, Héctor Daniel s/ excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Corresponde dejar sin efecto la denegatoria de la excarcelación que omitió tratar el tema relativo a la inusitada prolongación del proceso, pues dado que el procesado lleva en detención preventiva casi cinco años, el fiscal ha solicitado una pena de seis años y seis meses de prisión y el proceso se encuentra al comienzo del plenario, tal cuestión se presenta como particularmente relevante frente a lo dispuesto por los arts. 379, inc. 6x y 701 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Daños y perjuicios, daño moral, compraventa de automotores, adulteración de la numeración de bienes registrables
Materia: CIVIL
Carátula: MASSONE, Luis Alberto c/ CAFFAR, Carlos s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-30

Si al realizar la verificación de un vehículo, el comprador se ve envuelto en un procedimiento policial, con derivaciones en la justicia penal, a raíz de comprobarse adulteraciones en los números de motor y chasis del rodado, anomalía a la que resulta ajeno, tal circunstancia comporta un menoscabo que aparece comprendido en el art. 1078 del Código Civil.-
Derecho penal
Materia: PENAL
Carátula: SÁEZ, NICOLÁS c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-03

Doctrinariamente se entiende que para que se verifique un supuesto de aberratio ictus se requiere necesariamente de dos objetos. El que se pretende lesionar o dañar, y el que resulta lesionado o dañado. Es decir, la acción se dirige a un objeto, y se alcanza a otro, según Zaffaroni; o el resultado se produce en un objeto distinto al elegido por el autor, en criterio de Jescheck; o el autor culmina su acción sobre un objeto diferente del que quiere atacar (Stratenwerth); o proyecta una acción sobre un objeto determinado, pero, a causa de la deficiente realización de la misma, ésta recae sobre otro objeto de la misma especie (Bacigalupo).
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, bancos, banco de datos, información errónea o desactualizada, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: TOMAS, ALEJANDRA c/ HSBC BANK ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-15

Cabe revocar la sentencia recurrida toda vez que el a quo al sentenciar incumplió lo dispuesto por el CPCCN art. 163-4 y 6 ; ello así pues -en el caso-, al rechazar la demanda promovida contra un banco por dos de sus clientes, en reclamo de indemnización por daños y perjuicios, derivados de su incorrecta inclusión en la base de datos del Banco Central como "deudores al sistema financiero por el rechazo de dos cheques del banco accionado y a su falta de cancelación" con calificación "5" como "deudores morosos" y "alto riesgo de insolvencia", lo hizo centrando el nudo de la controversia en determinar si eran correctas las notificaciones de rechazo remitidas al BCRA, en tanto estas habían ocasionado la inclusión de los accionantes en la base de cuentacorrentistas inhabilitados, cuando ellos en ningún momento mencionaron haber sido incluidos en tal base, sino que afirmaron que el informe mal publicado en ella a la cual se accede para consultar el riesgo crediticio de una persona, los marcaba como personas con problemas y alto riesgo de insolvencia.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Austroboreal S.A. (e.f.) c/ Pesquera Santa Cruz y otros s/ Acción sumarísima
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Ha sido bien liberado de las costas el demandado si no fue constituido en mora ni ha sido acreditada ninguna gestión extrajudicial de la que pudiera resultar una resistencia por parte de éste a cumplir con su obligación que hubiese convertido en necesaria la promoción de la demanda.
Municipalidad, indemnización, aplicación de la ley, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garnica, Pedro Lázaro c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 625-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-22

Existen en el ámbito laboral leyes nacionales que son aplicables aun a los empleados públicos municipales y comunales (vgr. ley 24.028), lo cual no acarrea en principio lesión a las autonomías municipales.
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dock Del Plata S.A. y otros  c/ Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y otros s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde rechazar la queja al no advertir la existencia de un caso constitucional sino una mera discrepancia con la manera suficientemente fundada en que la Cámara analizó los hechos, las pruebas y la normativa infraconstitucional aplicable, para concluir que los inmuebles debían calificarse como "bienes de uso" y que los ingresos por sus transferencias no constituían la contraprestación por el ejercicio habitual de la actividad gravada del contribuyente, por lo que no debían tributar el impuesto sobre los ingresos brutos. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).

La queja deducida por el G.C.B.A. debe ser rechazada en tanto no se advierte la existencia de un caso constitucional sino una mera discrepancia con la manera suficientemente fundada en que la Cámara analizó los hechos, las pruebas y la normativa infraconstitucional aplicable, para luego concluir que los inmuebles de autos debían calificarse como "bienes de uso" y que los ingresos por sus transferencias no constituían la contraprestación por el ejercicio habitual de la actividad gravada del contribuyente, por lo que no debían tributar el impuesto sobre los ingresos brutos. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Instrumentos privados, firma en blanco, boleto de compraventa, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: Misso, Leonor D. c/ Mengoni, Andrés Mario s/ Escrituración.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

La ceguera, que impide leer, coloca eventualmente al suscriptor de un boleto de compraventa en la misma posición de quien firmó un instrumento en blanco y que, más tarde, alega que fue llenado contra lo estipulado o convenido. Pero en tal caso, el impugnante debe atenerse a lo dispuesto en los arts. 1016 y 1017 del Código Civil.

Si el vendedor, demandado por escrituración, se ha opuesto al contenido del acto, no le basta probar su ceguera - del mismo modo que a quien firma en blanco no le basta probar que firmó en blanco - sino que debe probar que las declaraciones u obligaciones del negocio "no son las que ha tenido la intención de hacer o de contratar" (art. 1017 del cód. cit.), por lo que si no se desprende a qué fines o con que propósito firmó el instrumento que no sea el que surge de su propio contenido, debe atenerse a ese contenido pues, probada la autenticidad de la firma, el instrumento hace fe entre las partes, del mismo modo que hace fe el instrumento firmado en blanco (art. 1016 del cód. cit.). La inexistencia del doble ejemplar, no anula el negocio, (conf. art. 1023 del Código Civil) y aunque pudiera sostenerse que el instrumento es nulo vale como principio de prueba por escrito.
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, régimen disciplinario, insuficiencia del agravio, facultades delegadas, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Spelta, Adrián Alejandro c/ Provincia de santa fe s/ amparos - (Expte. 186/2020 - CUIJ 21-03678784-5) s. recurso de inconstitucionalidad (concedido por la cámara)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-29

Por ser la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal un acto de suma gravedad institucional y la "última ratio" del orden jurídico, se requiere que la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca sea manifiesta, clara e indudable. La "autolimitación" que esta Corte hizo a sus atribuciones de gobierno asignadas constitucionalmente (art. 92, incs. 2 y 5) -con su participación en el proyecto consensuado por los tres Poderes del Estado para la implementación de la reforma procesal penal- respondió entre otros aspectos, precisamente, a la necesidad de garantizar la autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación. De ese modo, la potestad disciplinaria que por mandato constitucional ostenta esta Corte Suprema respecto de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, fue excepcionalmente delegada a los órganos disciplinarios creados por la Ley 13013, conforme el organigrama legal allí establecido.

Asimismo, se advierte también que la norma en cuestión, además de otorgar arbitrariamente la competencia disciplinaria, atribuida y reconocida constitucionalmente como propia del Poder Judicial a otro Poder del Estado, en desmedro del reparto de órganos y funciones dentro de la tríada que la constitución formal compone, omite el mantenimiento de la competencia originaria de esta Corte al no prever mecanismo jurisdiccional alguno que permita a este Tribunal conservar la facultad de avocamiento y decisión final y garantizar la independencia funcional del órgano y el orden interno institucional en miras a una adecuada administración de justicia, en el marco del sistema orgánico constitucional. En suma, la atribución que se arrogó el Poder Legislativo asumiendo competencia disciplinaria respecto de los fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación mediante las leyes 13695 y 13807 que modificaron el sistema disciplinario vigente para dichos órganos (modif. Ley 13013) no puede convalidarse desde la óptica constitucional. (Del voto en disidencia del Dr. Netri)
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chavez, Manuel C. y otra c/ Gutierrez, Julio N. y otros s/ Cobro de australes por daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-25

La falta de denuncia en la causa penal de la presencia de testigos del hecho no invalida la declaración de testigos ofrecidos en el juicio civil, siempre que declaren con seguridad, coherencia y precisión y no ofrezcan razones para dudar de su sinceridad.
Sentencia, ejecución de sentencia, Estado Provincial, bienes, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: VIDAVI S.R.L. c/ COMUNA DE GABOTO s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-07-28

Asiste razón al embargante, por cuanto de las constancias de autos surge que se encuentra vencida la posibilidad con que cuenta la Administración para cancelar el importe adeudado mediante la correspondiente previsión presupuestaria; por lo que corresponde hacer excepción al principio que establece el sistema de ejecución de sentencias contra el Estado, estableciendo para ello la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento del sector público.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: SAAVEDRA, ORCAR ARGENTINO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y/O ESTADO PROVINCIAL Y/O POLICIA DE CATAMARCA s/ HABERES IMPAGOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-11

El principio de la indiferencia de la concausa ha sido virtualmente abrogado por la nueva ley de accidentes de trabajo,ello implica que ante el reclamo de la indemnización por accidente, únicamente se reconocerán los daños atribuibles al trabajo.
Marcas, uso de marca, uso efectivo de marca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION c/ VISPA  S.R.L. s/ MARCAS   -  INTERPRETACION  NO  CONSTREÑIDA  A  LA  LEY  -  CRITERIOS  COMPARATIVOS  -  OPOSICION  AL  REGISTRO  -  REGISTRO DEFENSIVO - USO  EFECTIVO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

Esta Sala resolvió -sobre la base del régimen de la ley 2975- que sin mengua de lo dispuesto en su art. 7, uno de los principios que informaban ese régimen legal es el que surge del art. 6 que, en tanto limitaba la posibilidad de ser titulares de marcas a los comerciantes, agricultores o industriales, propugnaba su uso efectivo, lo cual lleva a flexibilizar el criterio de comparación cuando las oponentes son marcas meramente defensivas; habiendo señalado asimismo que igual propósito de utilización -y en términos normativos más explícitos- procura la vigente ley de marcas y designaciones.-
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: M., C. s/ Alteración de Identidad de un Menor de Diez Años
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-10

"La graduación del quantum de la pena debe tomar en cuenta, por un lado, el grado de lesión del derecho y, por otro, la culpabilidad del autor". "Es por ello que la más importante característica de la pena es la de ser un "símbolo de desaprobación".
Proceso penal, imputado, antecedentes penales, ley penal, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: P., J. L. s/ Homicidio culposo (Expte Nº 6-94, Resolución Nº 16, Tomo 2, Folio  127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-05

La finalidad perseguida por la ley 23.057 al introducir el art. 51 es la eliminación del efecto estigmatizante que quedaba pendiente sobre toda persona condenada aunque hubiera cumplido la pena impuesta. Tal efecto podía lograrse formalmente -prohibición de informar sobre condenas precedentes- o bien materialmente -establecimiento de la pérdida de los efectos eventuales derivados de tales condenaciones-. El texto aprobado finalmente por el Congreso de la Nación -a diferencia del proyecto- mantuvo la prohibición de informar y al tratar de las sentencias condenatorios habló de "caducidad" de los registros, diferencia a la que debe acordársele un significado. La solución de que al referir la ley penal a la"caducidad" de los registros lo que resultaría aniquilado sería la publicidad de la registración (Creus-Olazábal, Modificación al C. Penal Ley 23.057) pero que un informe obtenido legítimamente aunque para los entes registrales hubiese nacido la prohibición de informar, podría hacerse valer en el proceso, conduce a un resultado disvalioso a la luz de valores de máxima importancia, porque no sólo habilita la supervivencia "sine die" de una registración cuya obtención estuviese luego prohibida por la ley (subsistiendo a través de los tiempos el efecto estigmatizante contrariando la finalidad de la ley) sino que además afecta el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Accidentes de trabajo, obligaciones concurrentes, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: REYES CORBALAN OSVALDO c/ DI FELICE FRANCISCO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

La víctima de un accidente tiene acción para reclamar a los civilmente responsables del ilícito de que fue víctima, o sea, no sólo a quien fuera su patrón y al propietario de la obra, sino también al dueño del camión causante de sus lesiones (conf. arts.

1109, 1113 y correlativos del Código Civil), no obstando una condena anterior proveniente de la justicia laboral, pues mientras el patrón o dueño de la obra no paguen la indemnización acordada por esa justicia está habilitado para demandar al tercero y a obtener de éste el pago del perjuicio aún no resarcido, gozando también del beneficio acordado por el art. 118 de la ley 17.418. Decretado el resarcimiento, no podrá percibir los montos de los acordados en sede laboral y en sede civil en su totalidad, pues si la indemnización se abonare por cualquiera de los responsables, no podrá hacer efectiva la condena contra los otros condenados por una suma equivalente, ya que el pago habría extinguido hasta su importe, la obligación concurrente pertinente.
Venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, conflicto de leyes, aplicación de la ley, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: W, G.X. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24

No se advierte la colisión de normas nacionales y locales; por un lado tenemos una Ley Nacional Nro. 24.788 que en sus artículos 1 y 4 se refieren al "expendio" de bebidas alcohólicas y por el otro la ley contravencional local tipifica en su artículo 51 el suministro, la venta o el permiso del consumo de dicha bebida a menores de 18 años.

Mientras el orden delictual, proviene de la conjunción de leyes nacionales, el sistema contravencional, proviene de la sanción de leyes de orden local, cuestión que a su vez, determina los diferentes ámbitos de aplicación de ambos sistemas represivos.

Finalmente, y en lo que a este análisis respecta, si bien, tanto delitos como contravenciones protegen bienes jurídicos, en estas últimas la conducta reprochable aparece como menos peligrosa respecto de los derechos individuales, pero si sumamente gravosa para la normal convivencia social, sin olvidar que también los derechos subjetivos hallan protección a través del régimen contravencional.

La conducta reprochada en el artículo 51 del Código Contravencional, protege al menor de edad, más precisamente, a la integridad psicofísica de este, por el riesgo cierto que para ellos implica el consumo de bebidas alcohólicas que el suministro permite. En este orden, cabe afirmar que mediante la protección del menor, en orden a la totalidad de su integridad, se atiende como fin último a la guarda de la convivencia dentro de la vida social, así deviene obvio que el hecho imputado encuadra en el tipo del art. 51 del Código Contravencional dictado por la Legislatura local. La confirmación de lo manifestado surge de la misma Ley Nro. 24.788, que prescribe en su artículo 14 que la violación de los artículos 1 y 4 será sancionada con multa y clausura, pena, ésta última que no está contemplada en el Código Penal, lo que a todas luces asevera que las conductas establecidas en los artículos mencionados son contravenciones, más allá del nombre que se pretenda dar a la infracción.
Defensor, legitimación procesal, amicus curiae
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidal, Sonia Miriam y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-24

No es fácil advertir cuál de las normas que delimitan la competencia del Defensor General (CCBA art. 125, y Ley 21 arts. 1, 24, y cs.) serviría de apoyo para que éste intente una defensa genérica distinta de la que ejerce como patrocinante de la parte actora en estos autos.

Ello así porque la circunstancia de que le competa una función de conducción en el máximo nivel con la relación jerárquica prevista en la ley 21 (art. 6) no implica que esté habilitado por el derecho aplicable para asumir el rol que intenta desempeñar -amicus curiae- mediante la presentación bajo examen; el Defensor General no escapa a la aplicación de la regla según la cual los órganos del estado sólo tienen la competencia que el derecho vigente les confiere.
Proceso penal, instrucción, prueba de cargo, ley procesal, interpretación de la ley, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., H. s/ Incidente de nulidad (Expte Nº 222-99, Resolución Nº  161, Tomo 5,  Folio 273)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

En nuestro ordenamiento procesal penal la instrucción propiamente dicha solo es cumplida por el Juez de la causa, la autoridad policial únicamente puede prevenir en la formación de ella, y nada más, pese a que sus actos puedan incorporarse -salvo las testimoniales- directamente al proceso (artículo 198 C.P.P.). Así las cosas, resulta que existen disposiciones procesales que por su propia configuración y por la literalidad de su conformación, están dirigidas exclusivamente a la instrucción propiamente dicha -vgr.

las normas de los artículos 197 a 208- en tanto hay otras que lo hacen exclusivamente a la prevención -vgr. art. 190-.Claro es que lo anterior no puede interpretarse en modo tal que la prevención cuente con mayores facultades discrecionales que el propio Juez de instrucción, admitiéndose por ejemplo que realice ciertos actos sin cumplir recaudos que al Juez se le exigen, y así éstos entren al proceso sin posibilidad de cuestionamientos. Para tales supuestos la forma razonable de entender la conjunción de normas, radica en hacerlo sosteniendo que si en uso de facultades que le son expresamente asignadas por el Código Procesal, la prevención actúa ejecutando actos para los que a la Justicia se le exige el cumplimiento de determinados recaudos, pero omitiendo el respeto de los mismos, aunque esos actos puedan ser válidos formalmente, su poder convictivo podrá ser objeto de cuestionamientos.
Violación de las formas procesales, error de derecho, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Martín Américo s/ Violación calificada/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-10-29

La motivación de la sentencia puede atacarse a través del carril del inc. 3 del art. 495 del C.P.P. (inobservancia de formas procesales previstas bajo expresa sanción de nulidad); o del inc. 4 (error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, que conducen a una defectuosa motivación, incluyendo en el error de derecho a las infracciones a las reglas de la sana crítica, por recaer la infracción en tal caso sobre una norma -art. 432 del C.P.P.-que impone un modo de apreciar la prueba).

La insuficiente motivación debe alegarse por conducto del inc. 3 del art. 495 del C.P.P. La violación de las reglas de la sana crítica racional deben alegarse a través de la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba.
Ejecución de sentencia, juicio de apremio, codeudor solidario, excepciones procesales, resolución denegatoria, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Rentas c/ Minar S.A.P.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Debe dejarse sin efecto la sentencia que desestimó las defensas opuestas, con un fundamento inadecuado que no se compadece con la particular situación de una de las ejecutadas, que no fue parte en el juicio de apremio que el fisco provincial promovió contra la otra sociedad, y sólo se incorporó al proceso como codeudora solidaria con motivo del convenio de pago cuya oponibilidad se cuestionó al demandar su cumplimiento (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).