marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contravenciones de tránsito, identificación del imputado, competencia contravencional, violación de barreras ferroviarias
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Conductor rodado dominio ADC c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Competencia. de Buenos Aires s/ Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

Conforme las constancias del acta, el hecho a investigar encuadraría en las previsiones del artículo 75 del Código Contravencional, sin que resulte atinado, afirmar que es imposible identificar al presunto contraventor, supuesto este último que daría lugar a la aplicación del régimen de faltas vigente, según lo prescribe el artículo 81 del mismo cuerpo legal.

En efecto, contándose en autos con el número de dominio correspondiente al automóvil afectado al hecho, no resulta improbable que su conductor pueda ser identificado y sometido a juicio; en el estado actual, y a fin de que se lleven a cabo las actuaciones tendientes a aquel fin, reiteramos que debe entender en esta investigación la Justicia de este fuero.
Compraventa mercantil, rescisión del contrato, mora del acreedor, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: STADINO, ALICIA c/ ELIZONDO, JUAN s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

Si el objeto vendido es rechazado por la compradora, la vendedora debe proceder conforme lo prevé el ccom 470. No puede sostenerse la inaplicabilidad de la norma basado en la circunstancia de que la compradora ha sido suficientemente avisada de que no se acepta su devolución y, que la mercadería objeto del contrato queda a su disposición. Resulta menester al menos que, el vendedor efectué a la compradora una interpelación formal. La normativa del ccom 470 crea una presunción legal de rescisión bilateral, también llamada mutuo disenso o distracto contractual (cciv 1200).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad del banco, defensa del consumidor, deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: DERDERIAN, CARLOS c/ CITIBANK NA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

En una acción por la cual el pretensor reclama de un banco resarcimiento en concepto de daño moral por la incorrecta calificación de deudor moroso que le fuera imputada por el defendido, es de ponderar que no se puede merituar la conducta del accionado con los mismos parámetros aplicables a un neófito, pues su actividad profesional debe ajustarse a un "standard" de responsabilidad agravada. En tal sentido cabe precisar, que el CCIV. art. 954 admite una nueva lectura, en clave de consumidor; la inexperiencia es la ineptitud negocial, la falta de habitualidad en el intercambio y, la ligereza -antes contemplada como misteriosa o inadecuada- surge nítida en la sociedad actual. No es ocioso destacar que, el proveedor de bienes o servicios en estos tiempos no puede alegar el desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa. Como sostiene Mosset Iturraspe el derecho del consumidor guarda relación íntima con el mercado y con sus "fallas", cuanto mayor e importantes sean estos, mayor será el rol que debe desempeñar como ordenamiento tuitivo (Mosset Iturraspe, Jorge, "Introducción al Derecho del Consumidor", en Revista del Derecho Privado y Comunitario N° 5, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1996, Santa Fe, Págs. 14 y 55; Doctrina Societaria, Ed. Errepar, tomo XI, pag. 905). Proveedores probos, honestos, de buena fe, acostumbrados a transacciones en equilibrio, ven en este derecho la consagración de una ética empresarial, de una "moral negocial" que es buena, deseable y conveniente para toda la sociedad. El derecho del consumidor apunta a "limpiar el mercado", a purificarlo, a superar sus vicios, sea en orden a la conducta de los que intervienen, sea en punto a usos y costumbres negóciales (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, Ob. cit., Pág. 15). Como agudamente sostiene este autor, derechos y economía confluyen en esta temática y aportan lo suyo para concluir en una "utilidad y justicia", en un lucro con equilibrio, en el cual prive la solidaridad negocial.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en barbieri, favio ariel y otros contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

La ley n° 5134 y la práctica judicial han previsto, como regla general, la existencia de una única regulación por todos los trabajos desarrollados en cada instancia. En tal sentido, el art. 23 establece que, por todos los trabajos desarrollados en la primera instancia hasta la sentencia definitiva, el honorario del abogado debe fijarse en una suma entre el 11 y el 25 % del monto del proceso; y el art. 30 dispone que, por la labor profesional desarrollada en cada una de las instancias superiores, se regulará del 30 al 40 % de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia. Eso significa que, salvo determinadas excepciones que la ley ordena regular por separado (medidas cautelares -art. 39-, ejecución de sentencia -art. 43-, incidentes -art. 49-, etc.), la ley prevé efectuar una única regulación por cada instancia comprensiva de todas las actuaciones profesionales realizadas allí. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Penczarski, Alejandro y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

El art. 38 del decreto ley 6582/58, ratificado por ley 14.467, no afecta los arts. 16 y 28 de la Constitución nacional. Las reglas de los arts. 28 y 31 actuarían en la especie en función de transgresiones a otras normas constitucionales de manera tal que autorizara a resolver que la ley altera los "principios, garantías y derechos" custodiados por el art. 28 dañando, en consecuencia, la supremacía constitucional a que se refiere el art. 31.
Elecciones municipales, concejales, ley de lemas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Perez, Silvia Narcisa s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-05-24

La decisión municipal que dispuso incorporar como concejal suplente de una persona distinta a la que integraba en ese carácter el sub-lema que resultó triunfante en las elecciones municipales, debe ser declarada nula de nulidad absoluta, ello por aplicación del artículo 170 de la Ley 1.028 de Formosa, en tanto ha violado la legislación complementaria -art. 6º de la Ley 653 de Formosa a la que expresamente remite el artículo 11 de la misma Ley 1028-.
Sobreseimiento, elevación en consulta
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. D. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-31

El mecanismo de consulta de elevación a juicio de la causa a la Fiscalía de Cámara -ante la disconformidad del juez con el sobreseimiento solicitado por el fiscal -implementado en autos, en tanto no está previsto por la ley (en sentido formal y material), implica una aplicación analógica in malam parte del art. 348 del CPPN, declarado inconstitucional por la Corte en "Quiroga", vulnerando los principios de legalidad y reserva legal (art. 18 y 19 de la CN). La disidencia expresó que resulta válido el mecanismo de consulta a la Fiscalía de Cámara para que controle el dictamen formulado por su inferior jerárquico. (Dres. Hornos -en disidencia-, Diez Ojeda y Mitchell).
Contrato de trabajo, despido, Constitución Nacional, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Pelaia, Aurelio Pascual c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Resulta a todas luces exorbitante, falto de razonabilidad y lesivo de las garantías constitucionales, que el despido injustificado de un empleado pueda acarrear para el empleador que no se aviene a reincorporarlo, la obligación de pagarle, de por vida, todos los sueldos que hubiesen podido corresponderle hasta el momento en que alcance el derecho a la jubilación.
Pago de la remuneración, prueba, recibo
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: O'HIGGINS, Daniel c/ PIGAL SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El pago de las remuneraciones sólo se prueba- a falta de confesión expresa del trabajador- por los recibos extendidos de conformidad con los arts 138, 140 y 142 de la LCT. Las constancias de los libros laborales no son eficaces para acreditar estos extremos, pues se trata de registros llevados en forma unilateral por el empresario, y por tanto inoponibles al trabajador.
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical del Conc. Delib. de Morón s/ Conflicto interno munic. -art. 187 de la Const. de la Prov. de Bs.  As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Los procedimientos seguidos para la aprobación de una ordenanza no originan un conflicto susceptible de ser resuelto por la vía que preven los arts. 261 y concordantes de la L.O.M.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedencia del recurso, cómputo de intereses, pagaré, embargo, intimación de pago, derechos del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Hsbc Bank Argentina SA c/ Ariztegui Roque Abel s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-06-22

Procede el recurso de apelación del consumidor ejecutado, y por tanto determinar que los intereses se devengarán desde la fecha de diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y embargo, por ser aquélla la primera ocasión en que cabe tener por cierto que el consumidor ejecutado tomó conocimiento de la voluntad de cobro de la cartular, pues no puede ser de recibo el argumento de la apelante de que la negativa genérica de la documentación presentada por el banco, importa la de la fecha en que fue presentado el pagaré al cobro. Es que, en el caso, no se advierte una relación lógica de necesidad entre una cuestión y otra; ellas aluden a extremos independientes que bien pueden ser negados o reconocidos de modo autónomo. Sin embargo, debe ser atendido su planteo de que no se encuentra acreditada la presentación al pago del título valor, pues, una revisión de la cuestión planteada a la luz de la normativa y los principios protectorios del consumidor, conduce a concluir que en las circunstancias del caso no resulta aplicable la presunción legal de presentación prevista en el art. 50, 4° párr., del Dec-ley 5965/63, al portador de un pagaré a la vista sin protesto, con lugar de pago en el domicilio del acreedor.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, billete de pasaje, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAMBUK, H. Y VIDAL, M. DEL C. c/ AEROLINEAS  ARGENTINAS  Y  BANCO  CENTRAL  DE  LA REPUBLICA ARGENTINA s/ RESTITUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

La resolución 49 de la IATA y las disposiciones 26/75, 30/75 y 54/81, de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo Comercial, que establecen el modo de pago de los billetes de transporte y su validez, forman parte del contrato suscripto entre el pasajero y Aerolíneas Argentinas, debiendo aquél reconocer su operatoria, entre otras razones, por así advertirlo las claúsulas tercera y octava de las condiciones del contrato, su existencia, y recalcarlo en la tapa del billete de pasaje por medio de un sello aclaratorio.
Asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: ARELLANO MIGUEL SALVADOR c/ GUAY MEAT S.A. y OTRA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-03-11

Aún cuando el daño haya sido indemnizado por la ART en el ámbito sistémico, para que le fuera atribuible a ésta y a la empleadora merced a un factor de imputación del derecho común, debían acreditarse todos y cada uno de los requisitos típicos del instituto de la responsabilidad civil.
Juicio de desalojo, tenencia precaria, comodato, falta de título de propiedad, entrega del bien, posesión, falta de prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BIGLIA JOSE c/ RODOLFO BARRERA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-15

La defensa de falta de acción sustentada en que no se tiene título de propiedad carece de interés desde que si se acciona por desalojo, solo basta que el accionante pruebe que ha entregado la cosa.

El comodato o préstamo de un inmueble sólo exige que se entregue la cosa con miras a usarla simplemente (arg. art. 2255 C.C.) no interesando que el comodante pruebe que sea propietario de la cosa.

El comodato es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa (art. 2256 C.C.) y si no se ha planteado por el accionado que tenga plazo pendiente o que no se encuentre vencido, ello faculta al comodante a reclamar directamente la cosa cuando lo quisiera en cuanto no aparezca su reclamo como intempestivo o de mala fe. La defensa de que se entregó la posesión tomando a su cargo el pago de los gastos comunes, impuestos y contribución inmobiliaria en calidad de propietario, resultan insuficientes para enervar la acción de quien tiene derecho a usar la cosa.-
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Centeno, Antonio César c/ E.N.  (Ministerio de Defensa) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

La circunstancia de que el grado de certeza arrojado por las constancias referidas no resulte terminante, no puede obligar al juzgador a realizar una interpretación restrictiva de las normas legales aplicables al caso, que son de estricto corte previsional, que termine por desnaturalizar el objetivo que éstas tienen: el de cubrir riesgos de subsistencia.
Facultades del Poder Judicial, caso concreto, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

En nuestro sistema constitucional la existencia de un caso judicial exigida por el artículo 116 de la Constitución Nacional es una precondición para la intervención de los tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non de su accionar; así, dicho precepto limita el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para la trascendente preservación del principio de separación de poderes (Voto del juez Rosenktantz).
Pagaré, acción cambiaria, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diez SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

La razón por la cual el pagaré es bien aceptado por el acreedor radica en la relación procesal que puede seguir a la falta de pago del mismo, y que se caracteriza por el "rigor cambiario", rigor que es reconocido por el deudor, quien al firmar el pagaré se sujeta voluntariamente a un procedimiento de carácter sumario como es el ejecutivo, renunciando asimismo de antemano a ciertas defensas que serían oponibles en otro procedimiento. (Del Voto en Minoría del Dr.

Ulla).
Daños y perjuicios, contrato de transporte, obligación de seguridad, remise, robo con armas
Materia: CIVIL
Carátula: MIGUEZ,  Marta  Lidia c/ SHELL CIA. ARG. DE PETRÓLEO s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-06

1- Celebrado .un contrato de transporte entre una agencia de remises y una empresa para el traslado de personal de esta última, no corresponde responsabilizarla por los daños y perjuicios sufridos por el chofer de la unidad con motivo de un violento asalto sufrido en el trayecto. La calidad de cliente de la empresa contratante del servicio no modifica esa conclusión, porque en su caso el vínculo era con la agencia y no con el chofer. 2- Más allá de quien eligiera el itinerario, del horario y de la inseguridad de la zona transitada, ni los pasajeros ni la empresa a la que pertenecían son responsables de lo sucedido y tampoco pudieron evitarlo porque los transportados eran personas comunes e indefensas. En este supuesto operó un caso fortuito que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse (art. 514 del Código Civil). No se advierte previsibilidad por la inseguridad de la zona en tanto los transportados no son responsables porque el hecho delictual -inesperado y repentino sólo puede imputarse a sus perpetradores. 3- En este supuesto tampoco puede aplicarse la responsabilidad objetiva indirecta del  art. 1113 del Código Civil porque no se advierte el riesgo o vicio de las cosas por las que deba responder el dueño o guardián, dado que ni la empresa contratante del servicio como sus empleados no lo eran, además de la interrupción causal del caso fortuito.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE, interpretación de la ley, aplicación de la ley penal, Derechos humanos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E., L. C. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 1-04, Resolución Nro. 10,  Tomo 1, Folio 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-20

Según resulta del texto un tanto confuso en verdad del reformado artículo 346, cuando no se advierta -en concreto- peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, podrá el juez de la causa sustituir la prisión preventiva por las restricciones menos gravosas que ofrece. Con esto, la incoherencia sistemática de la anterior legislación procesal puede superarse, ya que no comprobándose peligro para los fines procesales, un imputado podrá mantener su libertad a través de todo el desarrollo del proceso, como así también será posible reducir la coerción que en algún momento se juzgó necesaria a los límites que luego se revelaron imprescindibles, tornándose de tal modo verdaderamente operativo lo mandado por el artículo 306 del Código Procesa Penal y lo establecido en la materia por los pactos internacionales con jerarquía constitucional (Convención americana de derechos humanos, 7.5: "Toda persona detenida o retenida ...tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio"; Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 9.3: "Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal ...tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo").
Falso testimonio, inexistencia de delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Omar Néstor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-27

Si bien la resolución que disponga la desestimación de la denuncia será apelable aún por quien pretendía ser tenido como querellante, corresponde rechazar el recurso de casación contra la resolución que archivó las actuaciones por inexistencia de delito por entender que la falsedad testimonial que versó sobre las generales de la ley no constituye delito. La disidencia parcial consideró que el querellante en un delito de acción pública no se encuentra habilitado para impulsar la acción penal en forma exclusiva durante la etapa instructoria. (Dres. Madueño -en disidencia parcial-, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Tribunal de cuentas, rendición de cuentas, procedimiento administrativo, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEGADO, ALFREDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-26

La defensa de prescripción que opone el actor no puede recibir favorable acogida, toda vez que de una armónica interpretación de lo establecido en los artículos 224, 239 y 241 de la ley 12510 se extrae que la ejecución de los créditos resultantes del acto que resuelve un juicio de cuentas recién se puede iniciar una vez que la decisión adquiera firmeza, es decir, luego de finalizado el procedimiento administrativo de impugnación y el posterior proceso judicial revisor. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12510, artículos 224, 239 y 241
Sentencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: TAMARGO DE URDAS, MARIA NELIDA s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-06-27

No puede prosperar el recurso del impugnante, en el sentido de que l a sentencia carece de motivación al declarar, sin fundarse en prueba alguna, la fuerza en las cosas que luego califica de tentativa de robo de automotor. Ello es así pues conforme a lo establecido por la sentenciante, en el caso, el taximetrista damnificado- declaró que después de ser violentamente desapoderado del dinero, consiguió huir volviendo al lugar con los policías, encontrando al imputado "que maniobraba con las luces", el tablero del auto, con los "cables cortados y toro al cebador"; que los policías aludidos corroboran a ese testigo, al declarar que al llegar a ese lugar con la víctima, "advirtieron la presencia del imputado dentro del automóvil, viendo que maniobraba las luces", que "también observaron los cables cortados el interior del vehículo", extrayendo la sentencia como conclusión de hecho, que la actitud del imputado "demuestra en forma inequívoca que trataba de ponerlo en marcha" para apoderarse del mismo". Y agrega que "la rotura de los cables y el encendido apagado de luces que los testigos han visto, no es un simple maniobrar casual sino que justamente revela que trataba de buscar los de contacto para de esa manera poner en funcionamiento el automotor". De ello surge que hay pruebas evidentes que sostienen razonablemente la conclusión y que la contradicción entre los distintos elementos meritados no existe.-
Despido, notificación, acta notarial, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Baigorria, Gerardo c/ Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-21

Si el despido se comunicó mediante acta notarial y ésta última no fue redargüida de falsa, resulta arbitraria la sentencia que dispuso que se trataba de un despido verbal, aún cuando no conste la entrega de la copia del acta al trabajador. La escribana labró el acta de notificación notarial a requerimiento del demandado y notificó al actor el despido dispuesto por la patronal, con expresión suficientemente clara y precisa de las causales y hechos que se le imputaron. El acta notarial es uno de los tantos medios de prueba que las partes tienen a su alcance a fin de acreditar los hechos en los cuales basan sus pretensiones.
Repetición de impuestos, tributos aduaneros, pago parcial, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Ford Motor Argentina  S.A. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

Efectuado un pago parcial, él implica la cancelación de lo adeudado en la proporción que resulte de relacionar la suma devuelta, con el capital actualizado, de conformidad al procedimiento previsto en el art. 813 del Código Aduanero, a la fecha del pago realizado.