marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa concurrente, indemnización, daño físico
Materia: CIVIL
Carátula: Molina Ríos, Clenardo y otro c/ Mariñanco Millahual, Samuel Omar y otro s/ D. y P. derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-05-07

Son responsables por imprudencia ambos participes en un accidente de tránsito habido entre dos automóviles en movimiento, uno por no respetar la prioridad de paso, al circular por una calle de tierra trasponiendo el cruce con otra de asfalto; y el otro por transitar a velocidad antirreglamentaria en una calle de asfalto, en oportunidad trasponer el cruce de calles, que lo que llevó a no poder evitar el impacto o al menos a atenuar sus consecuencias. Así entonces, al aplicar las reglas de tránsito al supuesto de autos y dadas las características del caso, la atribución de responsabilidad determinada en la instancia anterior debe ser modificada. Por tanto, el conductor demandado, en atención al exceso de velocidad que desarrollaba (más del doble del máximo permitido), no caben dudas que contribuyó a la producción del accidente y, en tal medida, debe ser responsabilizado. En definitiva, resulta ajustado a derecho atribuir al demandado el 40% de la responsabilidad en el siniestro, y al actor el 60% restante. (del voto del Dr. Gishini en mayoría).
Facultades del juez, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: Iturrieta, Miguel Angel y Otros s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-02

No resulta justo ni lógico privar al Juez de la posibilidad de recurrir a medios especiales para resolver cuestiones técnicas complejas y en tal sentido, siempre que no importe sustituir totalmente la actividad probatoria de las partes es legítimo y muchas veces imprescindible, que el Juez pida informes o pericias sobre puntos sometidos a su decisión, aunque se tratara de pruebas ofrecidas y perdidas por negligencia. (Dr. Márquez Palacios: En disidencia).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Pera, Héctor Rubén c/ ESEBA S.A. s/ Despido Carozzi, Walter c/ ESEBA S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-22|2002-05-15

Si en el convenio colectivo de trabajo no está prevista sanción alguna para el supuesto de no ser observada la estabilidad que consagra, la solución debe buscarse en la legislación positiva vigente que dispone un sistema protectorio contra el despido arbitrario que obliga al empleador a abonar una indemnización que de manera tarifada es comprensiva de todo perjuicio padecido por el trabajador como consecuencia de la cesantía (arts. 232 y 245, L.C.T.). Tal conclusión se refuerza respecto al convenio colectivo de trabajo 36/75 a partir de la modificación de su art. 6 por la que se excluyó el término "absoluta" respecto a la estabilidad consagrada en el texto original. Es evidente entonces, que no cabe sino colegir que la estabilidad a que se refiere el citado dispositivo convencional es la "impropia" cuya violación debe repararse conforme al art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cuestión constitucional, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ajaka, Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Local sito en Remedios de Escalada de San Martin 332 s/infr. art(s). 4.1.1.2, habilitación en infracción -L 451-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31

Concurre en autos la cuestión constitucional planteada por la defensa pues se la privó, con base en una exigencia ilegítima, de una revisión judicial suficiente de la decisión administrativa que le impuso una sanción pecuniaria, lo que "afecta los principios Constitucionales de razonabilidad, defensa en juicio, debido proceso legal", en los que la defensa fundó su recurso de inconstitucionalidad. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, gerentes, firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ BECERRA, DALMIRO CESAR s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-09

La constancia de saldo deudor de cuenta corriente que debe ser emitida conjuntamente por el gerente y tesorero del banco actor, no satisface los requisitos exigidos por el art. 793 del código de comercio porque los firmantes tienen calidad distinta de la que requiere la norma en cuestión.

Si bien es cierto que la ley acuerda a los bancos la facultad de crear unilateralmente títulos que traen aparejada ejecución, también impone que los instrumentos se encuentren firmados conjuntamente por el contador y gerente de la institución.
Competencia, cuestiones de competencia, denuncia, falsa denuncia, falso testimonio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucasas, José Luis s/ Conexidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-31

En las denuncias por falsa denuncia y falso testimonio debe entender un Juez distinto a aquél que tramita la causa principal.
Leyes, trámites judiciales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

En el proceso de formación de las leyes, la primera etapa introductiva consiste en la "iniciativa", impulsada por los miembros de las Cámaras Legislativas o por el Poder Ejecutivo (artículo 56, Constitución Provincial).
Recurso de casación, accidentes de trabajo, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Asunción, Rubén Darío c/ Empresa Coninsa S.A. y otra s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-03-09

La supuesta imprudencia o negligencia del trabajador accidentado determinada por la habitualidad en el medio y condiciones en su desarrollo diario -laborar con objetos esparcidos por el piso sin haber cumplimentado la empleadora el deber normativo de la necesaria limpieza- genera una connaturalización con el peligro que excluye la culpa a que se refiere el art. 1113, segundo apartado del Código Civil. Máxime si era conducta generalizada entre los trabajadores de la accionada.
Contrato de trabajo, socio empleado, gerentes
Materia: LABORAL
Carátula: TUCK Y BAREZ SRL. s/ IMPUGNACION DE ACTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

No puede reunirse en una misma persona la calidad de socio gerente y empleado subordinado de una SRL. desde que son órganos volitivos y no simples representantes auxiliares del ente, más aún cuando se trata de una sociedad de dos en la que admitir lo contrario conduciría a concebir un ente social sin representantes, no empece a este criterio la circunstancia de haber convenido obligaciones de trabajo personal con modalidades de sueldos o retiros desde que la mera periocidad no es indicativa de una relación de trabajo subordinada.
Conflicto de poderes, concejo deliberante, suspensión de concejal, quórum, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMOS, Stella Marys Concejal de la Municipalidad de Valle Viejo) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29

En el caso, la actora -concejal- pretende la nulidad de la resolución del Consejo Deliberante por la cual se dispuso la suspensión en sus funciones y haberes por seis meses, alegando que dicha resolución es resultado de sesiones en las cuales no se respetó el quórum legal exigido.

En efecto, la sesión en cuestión contiene una irregularidad en cuanto a la exigencia legal de los dos tercios para sesionar -Art. 47 COM-, conformado por cuatro concejales ante un número de cinco, según lo dispuesto por el Art. 5 del Reglamento Interno, siendo ello motivo suficiente para quitar validez al acto.

La sesión se inició con cinco miembros; al retirarse dos, -situación contemplada en el Art. 12 de COM-, la sesión quedó sin quórum.

Pero además y no obstante que el Art. 47 de la COM contempla la posibilidad de que un grupo menor de concejales pueda reunirse a fin de aplicar medidas o sanciones establecidas en el Reglamento Interno, ante la ausencia de ellas en ese dispositivo la excepción carece de operatividad. A su vez, si bien el Art 48 de la C.O.M. establece que con dos tercios de votos de miembros presentes puede corregir, y en el caso sub examen, la votación fue por unanimidad de presentes, en dicha sesión no había quórum para sesionar: una cosa es la necesidad de asistencia de miembros para sesionar y otra el porcentaje de votos para aprobar.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción intentada, debiéndose declarar la nulidad de la Sesión del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo y todos los actos allí realizados que de ella dependan y, por ende, la Resolución impugnada, y ordenar en forma inmediata la restitución de la Concejal de la Municipalidad de Valle Viejo, con los efectos y alcances dados en los considerandos de la presente.

Del voto del Dr. Oviedo-Por la Mayoría
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sinigagliese, Antonio c/ Aureano, José María s/ Determinación valor adeudado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

La búsqueda de soluciones justas y adecuadas para la adjudicación de los derechos a los conciudadanos es una tarea común del legislador y jueces.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, transferencia del personal, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espinosa Pascual, Jorge Arturo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 797-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-06

Por ley 10792 (sancionada el 14.1.1992 y promulgada el 22.1.1992) se crea la Administración Provincial de Impuestos (API), "la que tendrá todas las funciones administrativas referentes a la determinación, fiscalización, recaudación, devolución y cobro judicial por ejecución de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por el Código Fiscal (ley 3456) u otras leyes fiscales, y la aplicación de sanciones que las mismas prevean por infracciones a disposiciones. A todos esos efectos, actuará como entidad descentralizada, sin perjuicio de la superintendencia general que ejercerá sobre la misma el Ministerio de Hacienda y Finanzas" (artículo 1). Asimismo, se acuerda a la API "un régimen de autarquía administrativa acorde con las exigencias de la labor mencionada en el artículo anterior, a cuyo efecto se faculta al Poder Ejecutivo a establecer las normas pertinentes, incluso su régimen laboral, respetando en este caso la estabilidad del actual personal, con la participación efectiva de los sectores sindicales involucrados..., debiendo ser remitido a la H. Legislatura a los efectos de su aprobación dentro del término de sesenta (60) días" (artículo 2).

Como se observa, la norma -a diferencia de lo ocurrido hasta el momento de su dictado- prevé la sanción de un nuevo régimen laboral para el personal del ente por ella creado, imponiendo que dicho régimen respetara "la estabilidad del actual personal".
Materia: LABORAL
Carátula: González Ramón Germán c/ Provincia de Mendoza s/ Ordinario (LIBRO: S080 - 425)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-28

Cuando las partes celebran un acuerdo conciliatorio y el Tribunal constata que se ha efectuado sobre una base objetiva, que no se afectan derechos irrenunciables y que hay una justa composición de intereses, procede la homologación del mismo.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Corominas, Antonio A. c/ Siderca SAIC s/ Ind. art. 212 p. 4to. L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

En el caso, la decisión del Tribunal del Trabajo que suspende el tratamiento de la excepción de cosa juzgada para el momento del dictado de la sentencia, no reviste el carácter definitivo desde que no tiene por efecto la cancelación de vías hábiles para lograr la satisfacción del derecho que se invoca sino que deja abierta la cuestión para otra oportunidad procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Swift de La Plata c/ Estado Nacional Argentino (PEN.) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares - cuyo derecho se sacrifica por ese interés general - esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito.
Servicio público, derechos del usuario, defensa del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ciancio José María c/ Resol. 184/97 -Enargas- (exp. 3042/97)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Los servicios públicos de gestión privada se caracterizan por su enorme incidencia en la calidad de vida de la población y en el sistema económico en general, así como por su necesaria regulación y control por parte de la entidad estatal correspondiente por efecto de la consecuente posibilidad de que se operen abusos, irregularidades o disfuncionalidades. Por su parte, el usuario, "débil jurídico" en relación al ente gestor o prestador del servicio, debe contar con los medios aptos para la protección de sus derechos. (Consid. III).
Contrato de distribución, resolución del contrato, preaviso
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, LINDOLFO c/ BODEGAS Y VIÑEDOS RECOARO SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-21

No es exigible preaviso para dar por terminado un contrato de distribución, si el distribuidor no asumió ninguna obligación concreta en orden a la comercialización de los productos producidos por su co-contratante y no se específico ni se fijó las bases para tornar determinable la cantidad y calidad de los mismos, ni las modalidades de pago.
Cómputo de intereses, mora
Materia: CIVIL
Carátula: Bordenave, Jorge c/ Mate, Dora Lía s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-23

Para proceder a liquidar los intereses de condena resulta práctico y adecuado sumar los porcentajes mensuales de la tasa activa mes a mes, desde el momento en que el deudor entró en mora hasta la fecha de aprobarse la liquidación; de esa forma no se incurre de ningún modo en una capitalización de intereses, que en este estadío procesal resultaría inaplicable.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Silvana Andrea c/ Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

El recurso extraordinario resulta admisible toda vez que se ha cuestionado la interpretación de normas de carácter federal y la decisión final del asunto es contraria a las pretensiones que el apelante fundó en sus disposiciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orsi, Pedro Emilio c/ Dupuy, Martha s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra desvirtuar las premisas del fallo.
Actos jurídicos, partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cremaschi, Ida A. c/ Garaventa, Silvia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-14

Parte de un acto jurídico es la persona que por medio del acto a cuya formación concurre, ejerce una prerrogativa jurídica propia.
Separación de hecho, deber de fidelidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VERA, MARIA SEBASTIANA WASSMAN DE c/ GABINO GENARO VERA s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-12

Si bien a partir de la ley 23.515, no puede sostenerse que subsista el deber de fidelidad tras la separación personal de los esposos, no puede decirse lo mismo de la separación de hecho, ya que ello implicaría apartarse del régimen legal de la familia, el cual es de orden público, insusceptible de ser derogado por acuerdo de partes, amparando situaciones contrarias a la moral y buenas costumbres, como lo son las relaciones adulterinas.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, Luis Adrián y Otros c/ EN PNA s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-13

El recurso extraordinario intentado debe ser denegado, por no revestir la resolución el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48 y no se desprende que pueda encuadrarse dentro de los casos excepcionales en que el Alto Tribunal las equipara, por causar un agravio que resulte de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Juplast S.A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlos, pueda afectar derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Trabajadores telefónicos, Telecom, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, NORBERTO c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-21

El art. 44 del dec. 1105/89 ha consagrado una suerte de franquicia con respaldo estatal para facilitar las condiciones de contratación que desplaza el diseño de los arts. 225, 228 y concordantes de la LCT, que constituye una normativa específica que impide en el presente proceso de privatización, invocar la solidaridad derivada de la transferencia.
Cuestión abstracta, pronunciamiento inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: "Unión  de Usuarios y Consumidores c/ CNC -Resol. 1763/99 y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-12

Cuando se ha configurado un supuesto en el que las resoluciones cuestionadas han sido sustancialmente modificadas en los puntos que ocasionaban el gravamen invocado en la demanda, la contoversia deviene abstracta (Fallos: 307:1228; 322:2220; 329:4370 y 331:121 y 322 y Sala V del Fuero "Fila Argentina SA c/EN -M° E y OSP- Resol 977/99 y SICM Res. 736/99 s/proceso de conocimiento", 4/06/2009) (Cons. VI).
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertoldi, Faustino E. c/ Morganti, Susana s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

La notificación por cédula de la liquidación, que dispone el art.

135 inc. 8º del C.P.C.C., por tratarse de una cuestión entre el abogado y la parte, para cumplir su finalidad debe dirigirse al domicilio real, como también lo disponen los arts. 501 2º párrafo del Cód. citado, 53 y 54 de la ley 8904.
Prueba confesional, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio facultativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Adelqui O. c/ Peretti, José M. y/u otro s/ Ordinario (Expte Nro.  449-01, Resolución Nro.  102, Tomo 20, Folio  382/484)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-14

Estando ante el supuesto de litisconsorcio pasivo facultativo, no resulta procedente que un litisconsorte absuelva posiciones a requerimiento de otro, ya que sólo puede peticionarse la absolución de posiciones de la parte contraria, y el litisconsorte no lo es.
Concursos, domicilio social, domicilio inscripto, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES  METROPOLITANOS  GENERAL ROCA SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA (LISSI, ADRIAN ALEJANDRO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

La LCQ genera una competencia concursal presunta y obligada, en su artículo 3, que conlleva a tener en cuenta la normativa societaria que impone la obligación de inscripción de las modificaciones estatutarias para ser oponibles a terceros (véase CSJN., in re: "Sineret SA s/ quiebra por Segismundo Reich SA", T. 321, F. 243, del 03.3.98; íd., in re: "Servi Chaco SA s/ concurso preventivo", T. 328, del 26.4.05). Ello así, se ha sostenido que el principio de atribución de jurisdicción en el domicilio legal inscripto no es absoluto pues ha de ceder en el caso de que el nuevo domicilio sea ficticio o haya sido constituido el solo efecto de dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales (cfr. arg. esta CNCom., esta Sala A., in re: "Cristalería de Cuyo SA s/ pedido de quiebra", del 30.11.87; Sala B., in re: "Le maillot SA s/ pedido de quiebra por LGB Publicidad SRL", del 16.5.95), sin embargo, en el caso, no se hallan demostradas, las circunstancias de excepción antes aludidas para sostener la competencia del magistrado mercantil de esta ciudad y, tampoco resulta suficiente que parte de la actividad de la sociedad se desarrolle en una jurisdicción diferente a la del domicilio social inscripto (cfr. arg. esta CNCom., Sala E., in re: "La Naviera Alfacrusis SA pedido de quiebra por Conort Caja de Crédito Coop. Ltda", del 18.8.89). Síguese de ello que, en principio al menos, operada la cancelación de la inscripción anterior el cambio de jurisdicción ha de poseer eficacia a los fines que aquí se prevén (cfr. arg. esta CNCom., esta Sala A., in re: Maranello Automotores SA s/ quiebra", del 08.02.07, íd., íd., "Transportes Metropolitanos General San Martin SA s/ pedido de quiebra (Mastroianni Carlos Atilio)" del 03.03.11), con lo cual resulta competente en la especie el juez del domicilio social inscripto en extraña jurisdicción. (En el caso, el pedido de falencia fue incoado el 08.09.09 los trámites administrativos destinados al cambio de su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires, con fecha 29.04.09, con fecha 17.08.10 se verificó que la sociedad concursada había iniciado los trámites administrativos destinados al cambio de su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires, con fecha 29.04.09, donde el Director Provincial de Personas Jurídicas tuvo por conformado el cambio de jurisdicción de Transportes Metropolitanos General Roca SA en el Partido de Almirante Brown, supeditando su inscripción a la previa cancelación de la inscripción en extraña jurisdicción, extremo que recién aconteció el 05.08.09, cancelándose entonces la inscripción de la sociedad requerida en esta jurisdicción).