Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-21


C.C.C. Fed. sala I Cavallo - Freler - farah 21.9.2007 LASKOWSKI, Patricia y otros s/procesamiento" Causa 40.308 Reg. 1091 J. 11 - 21 Buenos Aires, 21 de septiembre de 2007.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I- Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Guillermo Scarcella y Diego Palombo, defensores de Patricia Graciela Laskowski, por el Defensor oficial Dr. Juan Martín Hermida, en representación de Lu Shih Ching, por el Dr. Marcelo Hugo Rocchetti por Marcelo Osmar Del Sol, contra la resolución que en copia obra a fs. 1/63vta., por la cual el juez de la anterior instancia decretó el procesamiento de sus asistidos en orden a los delitos de miembros de una asociación ilícita en concurso real con falsedad ideológica (arts. 55, 293 y 210 del Código penal). También las defensas de Lu Shih Ching y de Del Sol se agraviaron por el monto del embargo.

II- Previo a cualquier otra consideración corresponde señalar que de la lectura de las actas de las indagatorias de los procesados se advierten serios defectos en la descripción de los hechos imputados que no alcanzan a satisfacer mínimamente la finalidad de defensa de ese acto y, por ende, no resultan ser presupuesto válido para el dictado el auto de mérito que viene a estudio. De lo que se trata en la indagatoria, tal como llevamos dicho en otros precedentes (de esta Sala, causa n° 36.252 Constantino, del 09/12/2004, reg. n° 1307; causa n° 39.759 Márquez Martín del 28/12/2006, reg. n° 1439), es de otorgar al imputado la posibilidad de pronunciarse en el proceso en condiciones que aseguren que esa declaración sea un acto de defensa. No podrá afirmarse que escuchar al imputado garantiza su derecho de defensa si no existe, entre otras circunstancias, algo de qué defenderse (imputación) y el conocimiento de esa imputación correctamente deducida (intimación).

Este último extremo lo reglamenta el art. 298 del Código Procesal Penal de la Nación al establecer la obligación del juez de informar Adetalladamente al imputado el hecho que se le atribuye. En efecto, afirma Maier que AComo se trata de hacer conocer la imputación, el acto por el cual se la intima debe reunir las mismas calidades que advirtiéramos para aquélla; debe consistir, así, en la noticia íntegra, clara, precisa, y circunstanciada del hecho concreto que se atribuye al imputado. No se cumple esta condición de validez si sólo se advierte sobre la ley penal supuestamente infringida, o se da noticia del nomen iuris del hecho punible imputado, o se recurre, para cumplir la condición, a conceptos o abstracciones que no describen concretamente la acción u omisión atribuida, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la definen como un comportamiento singular de la vida del imputado... (Cfr. Maier, Julio B. J., ADerecho Procesal Penal argentino, Del Puerto, Buenos Aires, 1996, T. 1, p. 560; en un sentido similar, Vélez Mariconde, Alfredo, ADerecho Procesal Penal, Tomo II, Marcos Lerner editora, Córdoba, 1986, p. 218/9). Como ha sostenido reiteradamente esta Cámara, el conocimiento acabado de la imputación es un requisito necesario para ejercer una adecuada defensa en juicio (conf. causa nro. 28.103, ACaviasca, G. M. y otros s/procesamiento, rta. 11/12/96, reg. nro. 1095, entre otras, y más recientemente causa nro. 34.059 ASantos, Rubén J. y otros s/procesamiento, reg. nro. 748, rta. 26/07/02). Al mismo tiempo, tal omisión en la descripción de la imputación impide verificar el respeto del principio de congruencia que exige la correlación necesaria entre el hecho descripto en la indagatoria y el contenido en el procesamiento, y que a su vez será el mismo de la eventual acusación y sentencia, de llegar a dicha etapa del proceso. Finalmente, cabe aclarar que si bien no todo defecto en la descripción implicará necesariamente una afectación al principio constitucional bajo análisis, ello sí ocurrirá cuando de las circunstancias de cada caso concreto se advierta una imposibilidad cierta de defenderse, tal como ocurre en la presente causa. Adviértase para ello que se estaba investigando una organización que habría obtenido ilícitamente cerca de un millar de radicaciones de ciudadanos asiáticos, lo que implicó la intervención de numerosos particulares y funcionarios públicos, como así también la realización de trámites en distintas dependencias estatales, tanto nacionales como provinciales. En estas condiciones, la complejidad de la maniobra exigía un detalle pormenorizado del hecho que se pretendía atribuir a cada uno de los sujetos, pues no todos los implicados intervinieron en los sucesos de igual modo, ni en la misma calidad ni cantidad de casos. Sin embargo, en la indagatoria sólo se hizo una síntesis general e impersonal de la maniobra vinculada con la falsificación y adulteración de certificados de nacimiento y su posterior presentación en delegaciones del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección Nacional de Migraciones de la Provincia de Buenos Aires, pero no se describieron detalladamente cuáles fueron concretamente esos actos en los que habrían participado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que les permitirían a los encartados conocer la base fáctica de la imputación y así ejercer su derecho de defensa. Nada se les ha dicho respecto al modo en que ellos habrían colaborado para la confección de la documentación apócrifa Bfalsificando o haciendo insertar datos falsosB ni en cuales han intervenido, lo que claramente tendría que haber incidido en la calificación legal y en la determinación de la reiteración de sucesos. Sobre este punto, debería habérseles hecho saber, entre otras cosas, cuáles fueron en concreto los documentos falsificados (p.ej. números de certificados de residencia, de actas de nacimiento, de documentos nacionales de identidad), en qué consistía la falsedad y de qué modo participaron en ellos (si como autores o partícipes: si firmaron los certificados, los recibieron, qué actividad irregular despeñaron en cada expediente, etc.). Al mismo tiempo, en lo que pudiera dar lugar al delito de asociación ilícita, la imputación consistió prácticamente en todos los casos en la siguiente fórmula: haber participado en forma organizada y sistemática de un grupo de más de tres personas con intención de cometer diversidad de delitos y de manera permanente en el tiempo. Se trata prácticamente de la reproducción del tipo previsto en el artículo 210 del Código Penal, sin ninguna referencia concreta que permita al indagado defenderse. En efecto, la ausencia de la mención de quiénes serían los demás integrantes, de qué modo se distribuían las tareas y cuál habría sido su rol concreto en la organización, entre otras cosas, eran datos mínimos que el sujeto necesitaba conocer para poder contrarrestar la imputación que se le estaba efectuando. En síntesis, la descripción de los hechos efectuada en las indagatorias de Patricia Laskowski (fs. 908), Lu Shih Ching (fs. 754) y Marcelo Osmar Del Sol (fs. 910) no respetó la norma procesal reglamentaria del derecho de defensa. Esta afectación indefectiblemente importa la necesidad de ampliar sus declaraciones indagatorias Blas que deberán realizarse observando los requisitos precedentemente señaladosB y la nulidad de los autos de procesamiento y embargo en tanto aquéllas representan un presupuesto de validez de éstos (artículos 166, 168, segundo párrafo, y 307 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 18 de la Constitución Nacional). Del mismo modo, corresponde hacer extensiva la nulidad a los autos de mérito de las restantes personas que no han apelado su decisorio, pues presentan similares defectos (artículo 441 del código de rito). En esta situación se encuentran los procesados Julio Alejandro Córdoba (fs. 1064), Patricia Leonor Ghiselli (fs. 1219 y 1408), Blanca Susana Centurión (fs. 1175), María Teresa Serrano (fs. 1274) y Rosa Noemí Parisi (fs. 1353), como así también Julio Eduardo Caro (fs. 733), respecto de quien se decretara su falta de mérito. III- No obstante lo dicho anteriormente, entendemos que también el a quo deberá revisar la competencia territorial para seguir entendiendo en la causa. En efecto, actualmente la maniobra investigada pareciera que se ha desarrollado exclusivamente en delegaciones de la Provincia de Buenos Aires de los organismo nacionales involucrados, en donde se habrían presentado los documentos apócrifos y se habrían realizados los trámites correspondientes a la inscripción y radicación de ciudadanos de origen asiático. Asimismo, más allá de las posibilidades barajadas al principio, lo cierto es que hasta el presente no se ha constatado un solo caso ocurrido en esta ciudad, tal como surge del decisorio recurrido. Es en virtud de todo lo expuesto que este Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD del auto que en copia obra a fs. 1/63vta., en todo en cuanto decide respecto de Patricia Laskowski, Lu Shih Ching, Marcelo Osmar Del Sol, Julio Alejandro Córdoba, Patricia Leonor Ghiselli, Blanca Susana Centurión, María Teresa Serrano, Rosa Noemí Parisi y Julio Eduardo Caro (artículos 166, 168, segundo párrafo, 307 y 441 del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 18 de la Constitución Nacional); DEBIENDO el a quo proceder conforme lo indicado en el considerando II de la presente resolución. Regístrese, hágase saber al Fiscal General y vuelvan las presentas actuaciones a la instancia anterior, junto con los principales, donde deberán practicarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar y proceder conforme lo indicado. Sirva la presente de muy atenta nota de envío.