Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-31


AUTOS 92314 (C.C.Nº21658) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "AMARFIL Rosa del Carmen C/ Armand Enrique - Resolución de Contrato".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2013- del Tº III - Fº27/32.- En la Ciudad de San Juan a treinta y un (31) días del mes de octubre de 2013, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y el Sr. Vocal Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 305, 322, y 371 contra las resoluciones de fecha 31 de mayo del año dos mil once y 28 de septiembre del año dos mil doce, recaídas en los presentes autos Nº92314 (C.C. Nº21658) caratulados: "AMARFIL ROSA DEL CARMEN C/ ARMAND ENRIQUE - RESOLUCION DE CONTRATO", dictadas por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrantes a fs. 287/296 vta. y 363/364.- EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

Vienen resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 299 y 302, concedidos a fs. 322 y 305 con efecto suspensivo contra la resolución de fs. 287/296 vta., y el recurso de apelación interpuesto a fs. 370, concedido a fs. 371 sin efecto suspensivo contra la resolución de fs. 363/364.

De las constancias de autos surge que: - - - - - - - -- - -1°) en la resolución de fs 287-296, a cuyas consideraciones y constancias me remito en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió: ".................... Declarar que ha devenido en abstracto el tratamiento y resolución del recurso de reposición con apelación en subsidio incoado por la Provincia de San Juan a fs. 262/263, con costas por su orden (art. 66 segundo párrafo del C.P.C.), todo ello por las razones apuntadas en los considerandos; 2- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 274 ss. y cc. de la ley 8037 incoado por la actora a fs. 240 vta./241, con costas en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 66 y 67 del C.P.C.); 3- Declarar procedente la perención de instancia articulada por el demandado, Sr. Enrique Armand a fs. 235 y en su consecuencia tener por operada la extinción del proceso; 4- Tener al demandado por desistido de la reconvención deducida a fs. 189 vta./196, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 282 inc. c) del C.P.C.; 5- Imponer las costas por por el juicio principal -demanda-, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 72 in fine del C.P.C, Ley 8037 en el orden causado. Las costas generadas por la reconvención desistida (art. 282 inc. c) del C.P.C.) las impongo al demandado/reconviniente en los términos del art. 72 segundo párrafo del C.P.C.. Finalmente, las costas generadas por el incidente de caducidad de instancia las impongo a la actora vencida, en virtud del principio de la derrota consagrado por el art. 66 del C.P.C.; 4- Regular honorarios en los términos previstos por el art. 222 de la ley 2150 modificado por el art. 800 inc. 10 de la ley 8037, y en un todo de acuerdo a lo prescripto por su art. 793 ibidem, tomando en consideración los arts. 189, 194, 186, 188, 190 y 191 inc.a y b, 221 ibidem, en los términos en que ha quedado expuesto en los considerandos.- ..............................".- Contra el citado pronunciamiento se han alzado la actora y la demandada mediante sendos recursos de apelación concedidos con efecto suspensivo Los agravios de la parte actora: están referidos al agravio que le causa el fallo apelado por lo siguiente: a) porque el A quo considera aplicable al caso la norma del art 798 del CPC siendo que en el caso concreto en lugar de aplicar la ley 7942 corresponde la aplicación de las normas de la perención de la ley 3738 dado que a la fecha de vigencia del nuevo Código procesal, ya habían pasado cuatro meses en que se encontraba corriendo el plazo de dicho instituto procesal, lo cual implica (dice el recurrente) se habría operado una suerte de aplicación retroactiva de la ley. b) se agravia por la imposición de costas en el incidente de perención. c) por último plantea la inconstitucionalidad de la ley 7942 en lo atinente al art 798 que viola las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad de las partes, además del derecho de propiedad.

La demandada por su parte expresa los siguientes agravios: a) se queja porque se tiene por desistida la reconvención que su parte había planteado, citando jurisprudencia que indicaría que "habiendo caducado la instancia de la demanda originaria, seguirá igual suerte la reconvención".- A su respectivo turno, ambas partes respondieron los agravios propuestos oportunamente a que hemos hecho referencia.

-2) En la resolución que obra a fs 363-364 se resolvió rechazar sin costas: a) el planteo de caducidad de la segunda instancia promovido por la demandada a fs 332 y b) la caducidad del incidente de caducidad promovido por la parte actora a fs 349.- La demandada ha apelado dicha resolución en tanto rechaza su planteo de la caducidad de la segunda instancia promovida por la demandada a fs 332 ya que entiende que el argumento central del sentenciante para rechazar la caducidad de fs 332 no resulta procedente en tanto que la providencia de fs 287-296 que se ordenó notificar debía ser efectuado por la parte actora exclusivamente por lo cual no era el juzgado quien debía impulsar el proceso sino, precisamente, la parte actora.

La contraria rechaza el argumentos del apelante cuando contestó el memorial de agravios.

Tratamiento de los recursos a) apelación de la demandada respecto del decisorio de fs 363/364:

Entiendo que la crítica del apelante no resiste el menor análisis si advertimos que la redacción del actual art 256 del CPC no admite lugar a dudas cuando indica que "... El expediente o las actuaciones se remitirán al superior dentro del quinto día de sustanciada la apelación bajo la responsabilidad del Secretario o quien legalmente lo reemplazare, sin instancia alguna de parte........".- Este nuevo criterio adoptado por la ley procesal es diferente al dispositivo parecido que existía en la anterior ley 3738 en donde, vía jurisprudencial, se había admitido que a pesar de la responsabilidad del Secretario del Tribunal para elevar los autos apelados a la alzada no era excusa para que el interesado no se preocupara en urgir la elevación del expediente en la forma mas rápida posible. La nueva ley procesal taxativamente indica que la elevación del expediente al superior dentro del quinto día de sustanciada la apelación es responsabilidad exclusiva y única del actuario (secretario o quien legalmente lo reemplace) sin instancia alguna de parte.

Además, habiendo sido apelantes de la resolución de fs 287-296, ambas partes (actora y demandada) tenían la obligación, cualquiera de ellas, evitar la perención que se intenta. La resolución de fs. 326 indica que " previo a elevar los autos al Superior acredítese la notificación de la sentencia de fs 287/296.....a la provincia de San Juan..". Siendo interesados, en que el expediente se remita al superior, ambos apelantes (actor y demandado) ninguno puede pretender ahora acusar de abandono del proceso al otro apelante, como ocurre en este caso, pues su parte también incurrió en el presunto defecto que acusa a la contraria.

En casos como el presente corresponde tener presente, a mayor abundamiento, que la declaración de la perención de la instancia debe ser interpretada restrictivamente debiendo en todo momento darse preferencia a la continuación del proceso.

VOTO por el rechazo del recurso de la demandada y la confirmación del fallo dictado a fs 363-64.- Con costas.- Tratándose de una cuestión procesal sin contenido económico concreto, por lo actuado en la sustanciación de este recurso propongo regular, a la fecha de la presente resolución, el honorario de la Dra Yaninna Olmos en la suma de pesos cuatrocientos y el honorario del Dr Horacio Rodríguez del Cid en la suma de pesos doscientos cuarenta, de conformidad al art 188 de la ley 2150.- b) apelación de ambas partes respecto de la resolución dictada a fs 287-296 vta:

Agravios de la actora:

El primer agravio de la actora, atinente a que en este caso corresponde aplicar las normas de la caducidad de la instancia de la ley 3738 y tal como lo propuse en casos anteriores "................. Entiendo que este agravio resulta admisible porque en la aplicación del instituto de la caducidad de la instancia, los tribunales deben proceder con cautela aplicando la caducidad con criterio estrictamente restrictivo para permitir la prosecución de la causa. Considero que en el caso de autos la norma a aplicar es la contenida en el segundo párrafo del art. 793 que indica que las disposiciones de la ley 8037 entran en vigencia el día uno de febrero de 2010 y se aplicarán a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que haya tenido principio de ejecución o empezado su curso, los que se continuarán bajo el régimen establecido por la ley 3738. En el caso de estos autos, de la compulsa de la causa surge que el plazo de la caducidad de la instancia comenzó a correr el día 13 de agosto de 2009 (resolución de fs. 232-234). En ese momento, en el caso de autos, el plazo de la caducidad de la instancia había tenido principio de ejecución por lo cual correspondía considerarlo como una de las excepciones que señala la norma procesal transcripta y por ende continúa bajo el régimen de la ley 3738 que dispone un plazo de caducidad de un año en primera instancia. Distinta sería la solución si el plazo de caducidad de un año se hubiera cumplido antes del día uno de febrero de 2010, en cuyo caso, considero que correspondería proceder en la forma prevista en el art. 798 del C.P.C que dispone que las normas que regulan la caducidad de la instancia (arts. 274 a 282) rigen a partir del 01-02-2010, pero que no son aplicables aun cuando a esa fecha hubiera transcurrido el plazo de inactividad (UN AÑO) siempre y cuando los litigantes o el juez o Tribunal hubieran activado el proceso dentro de los treinta días subsiguientes. Considero que la norma aplicable al caso de estos autos es la antes indicada (art. 793) pues es la norma que protege el interés de que la instancia se mantenga viva. En síntesis, considero que la cuestión debe analizarse de la siguiente forma: a) si en un juicio pendiente al 0l-02-10, aún no se ha vencido el plazo de caducidad de un año pero que ha tenido principio de ejecución dicho plazo, corresponde que sea regido por las normas de la ley 3738; b) si en un juicio pendiente al 1-2-10, a esa fecha se encuentra vencido el plazo de caducidad de un año, no corresponde tampoco aplicar las normas de la ley 8037 sobre caducidad pues la ley impone un plazo de 30 días en donde los litigantes o el juez pueden impulsar el proceso siempre y cuando la perención no haya sido ya acusado por parte interesada.-....................." Así lo la ha decidido esta Sala 2 en ocasiones similares a la presente, como puede ver en el auto interlocutorio PROTOCOLIZADO: L. A. -Año 2011- del Tº III - Fº16/25.- Autos"YANZI MARIA SILVINA C/ QUINTEROS MALVINA LEONOR Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS".- En sentido similar se resolvió en autos Nº 105.188 (C.C. Nº 21.077) caratulados: "CABALLERO, ADOLFO C/ FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN - DAÑOS Y PERJUICIOS", PROTOCOLIZADO:L. A. -Año 2012- del Tº I - Fº120/124. que fue un fallo dictado en primer término por el Dr. Pagés Lloveras y al que adhirieron los Dres Riveros y Moya como jueces de Cámara subrogantes.- Por lo expuesto, VOTO por la admisión del recurso y la revocación del decisorio en lo atinente a la admisión de la caducidad de instancia que se revoca con costas en ambas instancias a la demandada que resulta vencida.- El segundo agravio de la actora, también debe admitirse conforme a lo indicado en el párrafo anterior y por aplicación del principio objetivo de la derrota procesal.- El tercer agravio de la actora, relativo a la inconstitucionalidad del art 798 de la ley 7942, resulta sobreabundante resolverlo conforme al resultado que se define en los agravios anteriores. En el precedente ya citado (Yanzi) se dijo: ".......................Dado que se ha admitido el recurso en lo atinente a la caducidad de la instancia, entiendo que resulta innecesario analizar los agravios relativos a la mencionada inconstitucionalidad ya que carece de objeto práctico por haber devenido en abstracto.-.............." .- Agravio de la demandada En relación al agravio de la demandada considero que debe admitirse por los fundamentos señalados por este Tribunal que en definitiva ha rechazado la perención.- Por lo expuesto entiendo y propicio se modifique la sentencia apelada en lo que fue materia de los recursos en los siguientes términos: a) Dejar sin efecto los puntos 3) y ss del decisorio de fs 296 y vta. y en su lugar se dispone "Rechazar con costas la caducidad de la instancia promovida por la parte demandada. Por lo actuado en el incidente de perención en primera instancia se regula al letrado ganador (L. Soler) la suma de pesos mil y al letrado perdedor (H. Rodríguez del Cid) la suma de pesos seiscientos. Por lo actuado en la Alzada en este oportunidad se regula al Dr. Soler la suma de pesos trescientos y al Dr Rodríguez del Cid la suma de pesos ciento ochenta .- Se aclara que los montos regulados han sido calculados a la fecha de la presente resolución y considerando aplicable al caso la norma del art 228 de la ley 2150 por tratarse en esencia de cuestiones procesales insusceptibles de contenido económico concreto. Prosiga la causa según su estado.

EL DR.ROBERTO PAGÉS LLOVERAS DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

1°) Rechazar el recurso de la demandada confirmando el fallo dictado a fs 363-64.- Con costas.- Tratándose de una cuestión procesal sin contenido económico concreto, por lo actuado en la sustanciación de este recurso propongo regular, a la fecha de la presente resolución, el honorario de la Dra. Yaninna Olmos en la suma de pesos cuatrocientos y el honorario del Dr. Horacio Rodríguez del Cid en la suma de pesos doscientos cuarenta, de conformidad al art 188 de la ley 2150.- 2°) Modificar la sentencia apelada, obrante a fs 287-296 vta en lo que fue materia de los recursos en los siguientes términos:

a) Dejar sin efecto los puntos 3) y ss del decisorio de fs. 296 y vta. y en su lugar se dispone "Rechazar con costas la caducidad de la instancia promovida por la parte demandada. b) Por lo actuado en el incidente de perención en primera instancia se regula al letrado ganador (L. Soler) la suma de pesos mil y al letrado perdedor (H. Rodríguez del Cid) la suma de pesos seiscientos.- Por lo actuado en la Alzada en este oportunidad se regula al Dr. Soler la suma de pesos trescientos y al Dr. Rodríguez del Cid la suma de pesos ciento ochenta.- Se aclara que los montos regulados han sido calculados a la fecha de la presente resolución y considerando aplicable al caso la norma del art 228 de la ley 2150 por tratarse en esencia de cuestiones procesales insusceptibles de contenido económico concreto. Prosiga la causa según su estado.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.