Requerimiento de elevación a juicio, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: KIM JOON, Oh. s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

El planteo de inconstitucionalidad deducido -según el cual el art. 346, C.P.P.N. viola las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (art. 16, C.N.) y del debido proceso (art. 18, C.N.) al conceder al fiscal y al querellante la posibilidad de expedirse sobre los puntos previstos en el art. 347, inc. 1° y 2° del C.P.P.N., negando ese derecho a la defensa- debe ser rechazado pues no se advierte contradicción alguna entre la norma cuestionada y la Constitución Nacional. La previsión del art. 346 del C.P.P.N. resulta razonable, pues dispone que el juez corra vista sobre la prosecución o no de la causa a quien normativamente tiene la titularidad de la acción penal (art. 120, C.N.). Tal procedimiento no produce afectación alguna al derecho de defensa del imputado, ni conculca la igualdad ante la ley o el debido proceso, pues, en caso de que el fiscal- o el querellante soliciten la elevación a juicio, el C.P.P.N. da la posibilidad al defensor para que se oponga a ese pedido y argumente con las objeciones que estime pertinentes (art. 349, C.P.P.N.); y éste es el verdadero derecho de la defensa, en cuanto su oposición deber ser resuelta por un juez imparcial. Además no hay que olvidar que el verdadero ámbito del "juicio" es el debate, en donde la inmediación, oralidad y el contradictorio, aseguran las condiciones del art. 18, C.N. La garantía de defensa en juicio implica que "se otorgue a los interesados la oportunidad adecuada y razonable para ser oídos por el juez, de producir y prestar sus cargos y descargos, demandas y contestaciones, de ofrecer y producir todas las medidas de prueba autorizadas por la ley dentro de los plazos y con las modalidades por ella exigidas, de sustanciar los recursos previstos por la ley, de contar con los medios coercitivos que permitan la producción de ciertas pruebas, y que todas esas constancias, en la medida que sean conducentes, resulten debidamente valoradas por el juez en su sentencia. Asimismo, la garantía se cumple si los jueces se ciñen al objeto del litigio y a las pretensiones de las partes, asegurando la necesaria primacía de la verdad jurídica objetiva por sobre todo ritualismo irrazonable" (*). "La garantía de la inviolabilidad de la defensa en jui cio no es absoluta en cuanto a los medios, formas y plazos en que puede ser ejercida. Ella debe estar sujeta a una razonable reglamentación, porque si cada persona pudiera invocarla en juicio para alterar arbitrariamente las reglas procesales, conculcar las leyes, la moral, el orden público o el debido respecto a la magistratura judicial, se caería en la anarquía procesal, en la desnaturalización de la garantía del debido proceso, y se privaría de efectividad a la propia administración de la justicia (**). Es una garantía que asegura a los litigantes la posibilidad de ser oídos y producir pruebas, pero a través de los medios, por las formas y en los plazos establecidos por una ley procesal razonable. La garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio se traduce en la efectiva posibilidad atribuida a los litigantes para ejercerla conforme a la ley procesal. De modo que si ella no es ejercida por voluntad o negligencia de la persona de cuya protección se trata, la omisión no puede acarrear la nulidad de los procedimientos judiciales realizados, ni retrotraer el estado procesal del juicio (***). La no utilización por el interesado de sus defensas en las formas y oportunidades establecidos por la ley de manera razonable, no puede ser suplida por el juez sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes y en desmedro del derecho de defensa de la contraparte, que también disfruta de la protección constitucional, generando una desigualdad arbitraria que no se compadece con el art. 16 de la Ley Fundamental" (****).