marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Actos u omisiones de autoridades públicas, mandamiento de ejecución, existencia de otras vías
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rojas, Francisco Javier s/ Mandamiento conf. art. 33 de la Constitución Provincial la Constitución Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-03-15

La figura prevista en el art. 33 de la Constitución Provincial indica que cuando una ley u ordenanza imponga a un funcionario público ...un deber expresamente determinado, toda persona o entidad en cuyo interés deba ejecutarse el acto y que sufriere perjuicio material o moral por falta del cumplimiento del deber puede demandar ante los Tribunales su ejecución inmediata...", lo cual claramente determina que la finalidad de la norma es lograr la realización del acto incumplido y que resulta propio del funcionario o corporación pública administrativa. El mandamiento se libra para que el acto se ejecute, pero lo que no se puede a través del "Mandamus" es cuestionar el contenido del acto cuando éste, una vez realizado, resulta desfavorable para los intereses del demandante, porque para ello ya existen los procedimientos habituales que consagran tanto la Ley de Procedimientos Administrativos como el Código Procesal Administrativo.
Prórroga de la competencia, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ JUAN FELIPE S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CONCURSO IDEAL E.P. LEGUIZAMON HUGO Y ALLOSA DIEGO MARCELO s/ CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-27

La distribución de la competencia genera reglas atributivas de la misma y resulta imperativo, para el magistrado, su observación. Específicamente la competencia por razón de la materia es improrrogable, a consecuencia de lo cual, resulta imperioso declarar de oficio la separación del órgano jurisdiccional -en principio- en cualquier estado del proceso, cuando su intervención no fuera legalmente procedente.
Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Masalle, Juan José c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

El informalismo -como principio general del procedimiento administrativo-, rige únicamente en favor del administrado, que es quién puede invocar para sí la elasticidad de las normas de procedimiento, mientras que el estado no puede eludir, válidamente, el cumplimiento de las formas que el ordenamiento legal le haya impuesto.(doctor Soria, sin disidencia)
Autonomía municipal, interpretación de la constitución, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Telefónica Móviles Argentina S.A. - Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-02

La autonomía municipal no puede ser entendida como una franquicia para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales, sino que debe ser concebida como el fundamento para que los municipios ejerzan aquellas competencias regulatorias que les resultan propias, siempre que dicho ejercicio sea armónico con las atribuciones que la Constitución le ha concedido al gobierno federal.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, grupo económico
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sproviero, Néstor O. c/ S.A. Nordiska Kompaniet y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-09-20

Lo resuelto sobre la existencia entre las sociedades demandadas de un vínculo demostrativo de que constituyen un grupo económico y sobre la responsabilidad que, en materia laboral, por esa circunstancia cabe atribuir a una respecto de las obligaciones de la otra, en forma solidaria, son cuestiones de hecho y prueba y de derecho común propias de los jueces de la causa que, como regla no pueden reverse en la instancia del art. 14 de la ley 48
Honorarios, regulación de honorarios, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON c/ MAZZUCHELLI, CARLOS s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Corresponde regular honorarios por la actuación de la defensora oficial en el proceso, pero los mismos habrán de ingresar a la cuenta perteneciente a la Corte Suprema, pues resultaría injustificado que quien litiga contra un ausente resulte favorecido con la gratuidad del procedimiento, pues tal beneficio excepcional solo se concede en los casos taxativamente establecidos en la ley.

Ello, además, importaría un enriquecimiento sin causa al no asumir el actor las responsabilidades pecuniarias de los gastos que irroga la actuación en justicia.
Reajuste jubilatorio, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, piloto de aviación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Geuna, Alberto Alfredo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-18

El análisis del carácter remunerativo o no de los conceptos (códigos 1415 (Adic. Fnc. Cte.), 1421 (Ad. Cat. Aeronave), 1452 (Comp. Des. Prof.), 2527 (Hs. Garant.), 4146 (Asignación Remuneración Fija Decreto 1295/05) pretendidos, deviene inoficioso, ya que al haberse aportado por el máximo legal, el cómputo de dichas sumas no resulta posible, más allá de su calificación. (En el caso, piloto de aeronave habiendo desarrollado tareas comprendidas en el decreto 4257/68 art 3° -Aeronavegantes-).
Medidas cautelares, contracautela, exención de la contracautela, bancos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Credit Lyonnais SA c/ Giuliano, Antonio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-06

(Disidencia de la Dra. Piaggi:) La sola condición invocada por el ejecutante - de ser persona jurídica reconocidamente abonada - es insuficiente para acceder a la eximición de contracautela solicitada, en los términos del CPR 200. La disposición legal exige la "justificación" de tal extremo - circunstancia que no ocurre en la especie -, debiendo juzgarse con criterio restrictivo, lo que constituye una excepción al principio general contenido en el CPR 199.
Honorarios del abogado, apoderado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martinez, Zacarias Bautista c/ Farias Marcelo Reyes s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-11-19

Cuando el profesional ha intervenido en el juicio en el doble carácter de letrado y apoderado de la parte que representa, al honorario mínimo como patrocinante se le debe sumar el 55% correspondiente al procuratorio, todo ello en base al juego armónico de la última parte del art. 39 con el art. 15 de la ley arancelaria 5480 de la Provincia de Tucumán.
Queja por recurso denegado, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Papadopulos, Pablo Ariel s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-23

El recurso de queja interpuesto contra la resolución que denegó el pedido de traslado de un menor, resulta abstracto, si el Tribunal Oral de Menores concedió el egreso al joven imputado bajo la guarda de su madre, pues se ha desvanecido el interés que daba sustento al presente remedio procesal.
Observancia de tratados internacionales, bien común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ DE BUSTAMANTE, MARCELA NOEMI. c/ GCBA y OTROS. s/ AMPARO (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

No cabe medir la mejora según lo que toque a cada individuo, sino que debe serlo globalmente para toda la población, ni tampoco cabe pensar separadamente los derechos contemplados en el PIDESC sino que hay que pensarlos en conjunto, según se desprende de que los recursos disponibles lo son para el conjunto, desde que la Observación General 3 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al analizar el concepto de progresividad y regresividad relaciona esas calificaciones con el conjunto de medidas y de derechos alcanzados por las previsiones del PIDESC en función del máximo de recursos disponibles (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Facultades discrecionales, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ghiggeri Hnos SACIFIA c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

Es extraño a la competencia del tribunal contencioso administrativo hacer lugar a reclamos de los particulares sustentados en la equidad u otras pautas análogas como las invocadas por la actora, toda vez que como principio no tiene atribuído sino el control de legitimidad -incluyendo dentro de éste el de razonabilidad del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, estándole expresamente prohibido exceder esa frontera.
Contrato de trabajo, obligaciones de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: GÓMEZ RAÚL ALFREDO c/ AUDIO CAR S.H. Y OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS - CASACIÓN LABORAL DIFERENCIA DE SUELDOS - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-05

Cobra vigencia, una vez establecida la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, el art. 78 de la Ley de Procedimiento Laboral que coloca en cabeza del empleador la carga de aportar prueba contraria a las afirmaciones de la parte trabajadora, cuando ésta reclame el cumplimiento de prestaciones impuestas por las leyes laborales, cuando exista obligación de llevar registros, libros o planillas especiales y no los presentare en juicio o cuando se cuestione el monto de la remuneración. Por otro lado se ha señalado también que cuando el actor ha denunciado el pago de haberes por sumas inferiores a las que por convenio corresponde, especifica cuáles son las diferencias, determina con exactitud los períodos reclamados y el demandado no ha presentado recibos de ley ni los correspondientes registros que desvirtúen las afirmaciones del mismo proceden las diferencias reclamadas.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, accidente de tránsito, automotores, Estado Provincial, responsabilidad civil, reglamento general de tránsito
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Lorefice, Nazareno Eduardo y otros c/ Catamarca, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Corresponde rechazar la demanda deducida contra la Provincia de Catamarca a raíz del accidente ocurrido con una ambulancia del Ministerio de Bienestar Social de dicha provincia afectada al servicio del Hospital de Lavalle de la misma si -como en el sub lite- ha quedado comprobada la responsabilidad del conductor del automóvil que resultare embestido. Así ocurre si el vehículo de los actores no cedió el paso conforme lo dispone el art. 19 del Reglamento de Tránsito (Ley 13.893) y no se detuvo la marcha tal como lo dispone el art. 76 de dicho reglamento y se evidencia la omisión de adoptar medidas razonables de prudencia.
Recurso de casación, trámites judiciales, sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Anger Cirino, Jauri s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-07

El recurso de casación puede ser deducido contra los autos que "hagan imposible que continúen las actuaciones", carácter que no revisten, de ordinario, aquéllos que hacen lugar a la excepción dilatoria de falta de jurisdicción o incompetencia, salvo cuando, la incompetencia sea de los tribunales argentinos, pues en este supuesto es evidente que la causa no puede proseguir ante ellos, es decir, se trata de una de aquellas decisiones que "dirimen la controversia... haciendo imposible su continuación", cuya "nota característica" es "el efecto de poner término al proceso", concepto que "se funda más en el efecto de la resolución con relación al proceso, que en su contenido".
Derecho contravencional, derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem, nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos ÁVALOS, Rubén s/ art. 83 ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-17

El principio ne bis in idem no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también un nuevo sometimiento a juicio por un mismo hecho, y el sólo desarrollo del proceso desvirtuaría el derecho invocado dado que el gravamen no se disiparía ni aún con el dictado de una sentencia absolutoria (CSJN, Fallos 314:377, entre otros). En este sentido, cabe destacar que al revestir dicha invalidez el carácter de absoluta por verse comprometida una garantía constitucional, su dictado puede efectuarse de oficio y en cualquier estado del proceso (artículo 168, 2do. párrafo del Código Procesal Penal de la Nación).
Contratos, depósito, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORETTI c/ OROZCO s/ Ejecución (LIBRO: A068 - 050)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-11-14

El deposito por si solo, no basta para fijar un limite en la actualizacion si no que este debe computarse hasta que exista libre disponibilidad del retiro para el acreedor debido a que el deposito se efectuo en un proceso con una estructura y tramites preestablecidos que debe ser respetado por las partes. La desvalorización monetaria debe comprender el total de lo adeudado al momento de la percepción por parte del acreedor y no al del depósito, dado que la disponibilidad en la percepción es lo que constituye el límite temporal de la actualización (LA 68-50).-
Liquidación, impugnación de la liquidación, jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: DEPETRIS, JOSE MARIA ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     IMPUGNACION DE LIQUIDACION      CSJ EXPTE NRO 144-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-07

La imprecisión con que el ente previsional efectuó la liquidación, afecta no sólo el contralor que debe efectuar el Tribunal aun de oficio, sino también el derecho de defensa de las partes, en el caso del administrado, al que se le torna mucho más dificultosa la comprobación de la exactitud de los montos determinados, por carecer de datos y de la infraestructura que para la liquidación de haberes sí posee la Administración, por lo que corresponde ordenar la realización de una nueva liquidación que especifique a la misma época de la liquidación y a fecha actualizada, el mecanismo utilizado para la determinación del ajuste del haber jubilatorio en función de los adicionales reconocidos por la Corte.
Delitos aduaneros, sumario administrativo, contrabando, recursos, competencia en lo penal económico
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ECEAN FISH  S.A.  ARGENTINA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ SUMARIO    ADMINISTRATIVO  -  RECURSO  DE  APELACION  -  INFRACCIONES  ADUANERAS - CONTRABANDO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Si el sumario administrativo se instruyó en relación a delitos aduaneros (art. 1026, inc. b) del Código Aduanero) y no a infracciones de ese tipo, las impugnaciones articuladas a raíz de decisiones dictadas por la Administración Nacional de Aduanas no pueden ser planteadas ante la justicia contencioso administrativa (art. 1178, ídem) sino que el único tribunal de alzada es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (art. 1028 inc. 1, apartado a), ídem) a la cual compete resolver respecto de la viabilidad de dichas pretensiones según la inteligencia que atribuya a las normas procesales pertinentes.
Tentativa, pena
Materia: PENAL
Carátula: Thomás, Ernesto Ernán s/ Tentativa de extorsión Cabrera, Pedro Pablo s/ Robo calificado por el empleo de armas en grado de tentativa Firpo, Jorge Roberto y otro s/ Extorsión en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11|2000-09-13|2002-08-28

La escala penal de la tentativa tiene como mínimo la mitad del mínimo del delito consumado y como máximo las dos terceras partes del máximo del delito consumado.
Cheque, competencia, titular de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: López José Delfin c/ Carrio Gabriel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-07-05

Si bien la ley prescribe (Ley 24.452 art. 3), que el domicilio que el titular de la cuenta corriente tenga registrado en el banco girado, podrá ser tenido como especial a los efectos derivados de la emisión del cheque, la competencia está dada, en principio, por el domicilio del banco sobre el que fuera librado el cheque, subsidiariamente, a opción del tenedor por el domicilio que el titular de la cuenta tenga consignado en el banco.
Doctrina de la arbitrariedad, caducidad de instancia, llamamiento de autos, decreto judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración General de Ingresos Públicos- DGI s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2000-07-07

Está configurada la arbitrariedad del fallo que acogió el pedido de perención por que en los autos no estaba el decreto de autos para resolver, entendiendo la parte que justificar así el andamiento de la perención, es una decisión arbitraria del a-quo por exceso ritual manifiesto, una de las formas en que se conduce la arbitrariedad.

Es deber del tribunal el decreto de autos para dictar sentencia, toda vez que éste deber está incluido dentro de las facultades de dirección del proceso -art. 10 del C.P.C.- al imponerle que provea todas las medidas necesarias para su normal desarrollo. Por ello, si el tribunal omitió el dictado del decreto mencionado, no puede responsabilizarse por ello a la parte y en consecuencia tampoco pude justificarse un decisorio en su propia omisión. Los autos estaban en estado de resolver, pues no existía pendiente ninguna actividad de las partes o del tribunal, salvo el dictado de la resolución del incidente de revisión poniendo fin al pleito.
Sociedad irregular, regularización de sociedades
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Eduardo Mario c/ Basterra, Héctor Luis y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

De la lectura del art. 22 de la Ley de Sociedades, se infiere que aun habiendo sido anterior en el tiempo la comunicación fehaciente de la intención de disolver de uno o alguno de los socios, ello ni inhibe al resto para pedir la regularización, la que se concretará si se dan los presupuestos para ello. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Basualdo, Mario c/ Benedicto, Lindor s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La utilización de la tarifa establecida en la ley 9688, regulada únicamente sobre la base del salario percibido por el trabajador durante el año anterior al siniestro de acuerdo con su art. 11, no resulta eficaz para mensurar adecuadamente el daño sufrido por el trabajador cuando opta por la acción común (arts. 1068 y 1069 del Código Civil).
Acción reivindicatoria, posesión, prueba, título de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: MARBY S.A. c/ ASTURI METAL S.C.A. y otro s/ ACCION POSESORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Si bien es cierto que el poseedor no tiene obligación de producir su título a la posesión, ya que él posee porque posee (art. 2363, Código Civil), no lo es menos que dicha obligación sí existe en la hipótesis que deba exhibirlo como elemento inherente a la posesión en el caso de una acción reivindicatoria, conforme el juego armónico de las normas contenidas en los arts. 2758, 2759, 2778 y 3270 del Código de fondo.-
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, procedencia parcial, omisión de considerar cuestión propuesta, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Docampo López S.A.C.I. e I. c/ Banco Comercial Israelita S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Demanda ordinaria (Expte. C.S.J.   Nro. 447 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Aunque si bien es cierto que de conformidad con reiterada jurisprudencia, no le incumbe a la Corte apreciar la suficiencia técnica de la expresión de agravios (por ser una función propia del tribunal de alzada), también es innegable que le corresponde controlar que en la valoración de tal extremo no se incurra en arbitrariedad por la vía de aplicarse un criterio irrazonablemente formalista que conspire con el escrupuloso respeto que merece el derecho de defensa. En el caso, la impugnación planteada merece -si bien en forma parcial- favorable acogida en la instancia extraordinaria, toda vez que la Alzada se ha pronunciado sin ponderar debidamente las constancias del expediente, partiendo de un injustificado rigorismo en orden a la evaluación de la suficiencia de la apelación oportunamente planteada, para consagrar finalmente una solución que -al no brindar adecuada respuesta a planteos conducentes llevados a su conocimiento- satisface sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente aplicable a los hechos concretos de la causa, lo que trasunta un grave menoscabo de la garantía de defensa en juicio de la parte vencida.
Exacciones ilegales, concusión
Materia: PENAL
Carátula: BARRERA RAUL GUILLERMO Y OTRO s/ EXACCIONES ILEGALES - CONCUSION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-15

Ramos Mejía (el delito de concusión, págs. 38, 43 y 77, Ed. Depalma 1963) intenta encontrar una distinción sustancial entre la exacción ilegal y la concusión en el objeto material de la exigencia, que en el primer caso sería una contribución o un derecho, mientras que en la concusión se trataría de una dádiva en su propio interés, su conducta encuadra siempre en el art. 266 C.P., porque se dice que no puede convertirse ulteriormente en su propio provecho, lo que descarta a su criterio la aplicación del art. 268 del C.P. Sin embargo, ni la letra ni el espíritu de la ley autorizan a excluir las dádivas como objeto material de la exigencia ilegítima y la misma tanto puede tipificar una exacción ilegal a tenor de lo dispuesto en el art. 266, cuando el funcionario lo hace ingresar a las arcas fiscales, como una concusión cuando antes de ese ingreso lo utiliza en provecho propio o de un tercero.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández Bravo, Alfredo c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

La determinación del "thema decidendum" y el alcance de las peticiones de las partes son cuestiones propias de los jueces de la causa y no habilitan la vía del art. 14 de la ley 48.
Efectos de la sentencia penal en sede civil, sentencia absolutoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Actuar Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentinos S.A. y otros c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Corresponde confirmar la sentencia que descartó la aplicabilidad del art. 1103 del Código Civil pues, aunque un hecho no tenga encuadramiento en una conducta reprochada por el ordenamiento jurídico penal (tipicidad), ello no impide la ponderación de ese hecho desde la óptica de disposiciones de otra índole.