Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-03


Reg.: A y S t 283 p 338/343.

Santa Fe, 3 de julio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los demandados contra la resolución n° 220 del 25.09.2017 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS contra ORGANIZACIÓN DISTRIBUIDORA DEL LITORAL S.R.L. Y OTROS -EJECUCIÓN FISCAL- (CUIJ 21-00726922-3)" (Expte. C.S.J. CUIJ Nº: 21-00511655-1); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que el Juez de Primera Instancia rechazó la demanda de apremio fiscal promovida el 30.07.2012, cuya pretensión era la ejecución de una deuda en concepto de ingresos brutos y aportes sociales vencidos en el año 2001. Haciendo lugar a la excepción opuesta, entendió que se encontraba prescripta la acción judicial para reclamar, de acuerdo a los lineamientos trazados por la Corte nacional a partir de "Filcrosa". E interpuesto por la actora recurso de apelación, la Sala revocó el pronunciamiento y ordenó llevar adelante la ejecución.

Contra dicho pronunciamiento los vencidos interponen recurso de inconstitucionalidad alegando arbitrariedad por apartamiento normativo.

Refieren que la sentencia cuestionada desconoce el criterio delineado por la Corte nacional en "Filcrosa" (30.09.2003), "Dirección General de Rentas c. Pickelados Mendoza S.A. s/ apremio" (05.08.2011), "Fisco de la provincia c. Ullate, Alicia Inés s/ ejecutivo - apelación - recurso directo" (01.11.2011), "Municipalidad de la ciudad de Corrientes c. Herrmann, Alejandro Enrique s/ apremio" (11.02.2014), entre otros; donde -afirman los recurrentes- se estableció que lo relativo a la prescripción (inicio del cómputo, causales suspensivas e interruptivas) de las obligaciones tributarias se rige por las disposiciones de la legislación nacional.

En punto a ello, invocan apartamiento normativo cuando para desechar la excepción opuesta los Jueces consideraron como plazo de inicio del cómputo de la prescripción el de la finalización del procedimiento administrativo. Entendiendo que, de tal modo, dieron preeminencia a la norma local por sobre las disposiciones nacionales aplicables al caso.

2. La Alzada, mediante resolución del 09.11.2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que los planteos de los impugnantes evidenciaban tan sólo su disenso con la solución adoptada por la Alzada.

Tal denegación motiva su presentación directa ante esta Corte.

3. Se adelanta que el presente recurso no puede prosperar.

Es que, ante todo, cabe poner de relieve las deficiencias que presenta el memorial del recurso de inconstitucionalidad en punto al recaudo de autoabasto (art. 3, ley 7055), en tanto carece de un detalle suficiente de la base fáctica y de los antecedentes de la causa relacionados con las cuestiones constitucionales planteadas, impidiendo a esta Corte llegar a una cabal comprensión de las circunstancias relevantes del caso, carencias que no podrían ser suplidas ni aun por vía inferencial sin distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación, lo cual ciertamente obsta a la admisión de la misma, al resultar privada de fundamentación idónea en orden a franquear el acceso a esta instancia de excepción.

De todos modos, en ese contexto de insuficiencias y haciendo un esfuerzo interpretativo a la luz de las restantes constancias del recurso directo tal como ha sido traído ante estos estrados, se advierte que los quejosos no logran demostrar, siquiera en un grado liminar propio de este estadio, que las causales de descalificación invocadas guarden una elemental conexión con la realidad del caso o que la decisión del litigio dependa de las arbitrariedades esgrimidas, quedando así sus planteos recursivos en el plano de la mera disconformidad con el criterio sustentado por la Sala en la interpretación de las cuestiones jurídicas y fácticas del caso, lo que no configura causal de procedencia del remedio extraordinario.

En efecto, cabe recordar que la Sala sostuvo que tratándose de un caso donde se había opuesto la excepción de prescripción a la demanda de apremio, resultaban aplicables los lineamientos trazados por esta Corte en la causa "Municipalidad de Rosario contra Nestlé Argentina S.A." (A. y S., T. 259, págs. 276/287) donde se consideró que el plazo del cómputo de la prescripción de la acción para el cobro judicial de los tributos comienza a correr desde la firmeza del acto administrativo que lo determina.

La Alzada destacó lo allí señalado en cuanto a que, de acuerdo a lo dispuesto por el legislador en el Código Fiscal provincial, existen dos etapas diferentes en las que se regula (temporalmente) la actividad administrativa limitando la potestad recaudadora del Estado mediante la posibilidad de liberar al deudor por prescripción: por un lado, la que transcurre desde el hecho imponible o la conducta a sancionar y la determinación del tributo o la imposición de la multa; y por el otro, desde que se habilita la ejecución hasta la interposición de la acción.

En punto a ello, la Sala citó lo también expuesto por este Máximo Tribunal provincial en relación a que el Estado no puede sino aguardar el tiempo previsto por la norma para que el administrado ejercite sus recursos presentados en sede administrativa contra el acto, es decir, hasta tanto no adquiera firmeza (ya sea por inacción o consentimiento del administrado o por el rechazo de los recursos que contra aquél se hubieran ejercido) no se lo puede ejecutar y si la acción de cobro judicial no nació para el Estado tampoco puede comenzar a correr el plazo para que la misma prescriba.

Entender de otra manera, continuó resaltando el A quo del mencionado precedente, implicaría transformar las garantías que el legislador otorgó al administrado para impedir que el Estado lo ejecute antes de darle la posibilidad de discutir el acto en sede administrativa, en la posibilidad de hacer desaparecer la acción judicial de cobro en favor del Estado por prescripción, haciendo correr los plazos mientras se mantiene a la Administración amañatada en su propia instancia y respondiendo a cuestionamientos del administrado que impiden que el acto adquiera firmeza, sin poder aún acudir a la justicia.

Sentado ello la Sala consideró que dadas las circunstancias fácticas de la presente causa, los fundamentos y la solución reseñada era la que mejor armonizaba con ella.

En tal sentido, afirmó que siendo que la determinación impositiva había adquirido firmeza el 01.09.2011, luego de que se rechazaran los recursos administrativos interpuestos por los demandados, recién en ese momento había nacido la acción judicial para el cobro de los tributos y comenzado a correr el plazo para la prescripción (de conformidad con los artículos 115 y 116 del Código Fiscal de la provincia) por lo que al interponer la demanda el 30.07.2012 la acción aún no había fenecido, correspondiendo desestimarse la invocada excepción de prescripción.

También rechazó las alegaciones de los accionados en relación al tiempo en que tardó la Administración en resolver el recurso de revocatoria, en tanto entendió que la demora en que incurrió la actora sólo pudo tener lugar por la falta de actividad de los administrados que no echaron mano a las herramientas que el ordenamiento jurídico les provee para instar la resolución ambicionada (pronto despacho y, eventualmente, recurso contencioso administrativo por denegación presunta) siendo ellos quienes ostentan interés en la solución de sus planteos.

Tales fundamentos que cimentaron la sentencia impugnada no logran ser desmerecidos con las genéricas alegaciones de los demandados de apartamiento jurisprudencial.

Pues, considerando que la presente causa ostenta las mismas particularidades del precedente "ut supra" mencionado, surge que en un todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso los apremiados utilizaron los remedios administrativos para hacer valer su derecho -en sede administrativa-, conducta ésta que impidió que la Administración provincial inicie el apremio fiscal, y la obligó a resguardar, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución nacional y a las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la tutela administrativa efectiva, tal como lo exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Astorga Bracht, Sergio y otro c. COMFER s/ amparo", del 14.10.2004).

El respeto a esa garantía constitucional que en los hechos significó el trámite y resolución de los recursos administrativos interpuestos, tuvo como consecuencia que durante ese período la Administración se vio impedida de iniciar la acción legal correspondiente a los efectos de ejecutar la deuda y sanción dispuesta.

Por lo tanto, en el caso fue la propia conducta de los deudores, la que imposibilitó que la acreedora pueda iniciar el proceso ejecutivo hasta tanto se clausurara la etapa administrativa, momento a partir del cual comenzó a computarse el plazo de prescripción para la acción de cobro judicial (la cual fue presentada ante la justicia de conformidad a lo prescripto en el inciso c) del artículo 115 del Código Fiscal de la provincia).

Con lo cual la sentencia ahora en análisis, al interpretar que la deuda reclamada por la actora resultó "exigible" cuando se encontró expedita la vía judicial para su cobro y a partir de ahí comenzó a correr el plazo de prescripción, no puede merecer reproche constitucional alguno.

Por todo lo expuesto, la argumentación esgrimida por los recurrentes en torno al apartamiento de la doctrina de "Filcrosa" no logra demostrar que el caso se subsuma en los supuestos aprehensibles por dicho precedente. Así, mientras allí el "thema decidendum" giraba en torno a cuál es el plazo de prescripción de una obligación tributaria exigible, en este caso, en cambio, radica en cuándo una sanción por el incumplimiento de una obligación tributaria es exigible, porque sólo a partir de allí comenzará a correr el plazo de prescripción (no discutido en autos) para la acción judicial de cobro.

En consecuencia, habrá de concluirse en que los agravios que los impugnantes invocan no alcanzan a configurar sino una expresión de su disconformidad con la ponderación de las circunstancias acreditadas en la causa, el encuadramiento jurídico del caso y la interpretación dada por los Jueces a las normas de derecho público local aplicables. Tareas que, efectuadas en un marco de razonabilidad que no logra ser vulnerado, constituyen el ejercicio de funciones propias, sin lograr ser conmovidas ni descalificadas desde el plano constitucional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para los recurrentes el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remitánse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ (por su voto) - ERBETTA - GASTALDI (en disidencia) - NETRI - SPULER - (por su voto) - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER Y DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ:

3. Coincidimos con la solución propuesta en el voto precedente en cuanto señala que los reproches vertidos por los impugnantes no resultan eficaces para lograr la apertura de esta vía de excepción en tanto, si bien en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se invocan diversas hipótesis de arbitrariedad, de la confrontación de tales cuestionamientos con el decisorio atacado no logra entreverse que los mismos guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso.

En efecto, es de ver que la Cámara rechazó la defensa de prescripción planteada por la parte demandada, por considerar aplicables los lineamientos trazados por esta Corte en la causa "Municipalidad de Rosario contra Nestlé Argentina S.A." (A. y S. T. 259, págs. 276/287), en el sentido de que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal provincial, existen dos etapas diferentes en las que se regula la actividad administrativa: la que transcurre desde el hecho imponible o la conducta a sancionar y la determinación del tributo o la imposición de multa; y por el otro, desde que se habilita la ejecución hasta la interposición de la acción.

Así las cosas, la Alzada puso de relieve que, tal como ha señalado este Cuerpo en el precedente citado, el plazo del cómputo de la prescripción de la acción para el cobro judicial de los tributos comienza a correr desde la firmeza del acto administrativo que lo determina, lo que además se encuentra justificado desde que el Estado no puede sino aguardar el tiempo previsto por la norma para que el contribuyente ejercite sus recursos presentados en sede administrativa.

Frente a ello, los comparecientes se empeñan en imponer su propia versión del caso, mas no logran sustentar idóneamente su argumentación relativa a que los Magistrados se hayan apartado de la doctrina del decisorio "Filcrosa" (Fallos:326:3899), en tanto no ha demostrado que el "sub lite" pueda subsumirse en los supuestos aprehensibles por dicho precedente, limitándose en lo demás a expresar su mero disenso -sin entidad constitucional- con la solución adoptada.

En consecuencia, consideramos corresponde desestimar la queja interpuesta.

FDO.: GUTIÉRREZ - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

3. En las circunstancias del caso, las alegaciones de los recurrentes invocando apartamiento normativo y desconocimiento de los efectos de la prescripción y de la doctrina constitucional sentada por la Corte nacional ostentan entidad, guardan suficiente conexión con las constancias de autos e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Ello en una apreciación mínima y provisoria -propia de este estadio- y sin que implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, considero que debe admitirse la presente queja.

FDO.: GASTALDI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 de Santa Fe.