marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Improcedencia del recurso, agravio hipotético, gravamen eventual
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Francione, Pablo Andrés c/ Balbuena, María Eugenia s/ Medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-03-03

Atento a lo que tiene dicho el Superior Tribunal provincial, sobre un agravio hipotético o eventual no puede edificarse ningún recurso -art.242 C.P.C. y C. de San Luis- y confr. Ac 41002 del 20-6-1989, el perjuicio debe ser cierto y concreto respecto de quien recurre -confr. esta Cámara causas C- 4954 RSD 185/03; Nº 2037 RSI 30/2014-.
Liquidación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez c/ Padín s/ Liquidación costas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Si bien el resultado de la apelación fue ínfimo -obtuvo escasas deducciones-; es lo cierto también que ante la omisión por parte de la actora de deducir el pago parcial, originó dispendio de actividades que deben ser resarcidas, en consecuencia se estima mantener la imposición de costas por su orden. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, reincidencia múltiple
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

Corresponde hacer lugar al recurso de revisión articulado cuando la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado le fue impuesta al procesado en virtud del penúltimo párrafo del art. 52 del C.P.

(versión ley 21.338) pues la ley 23.057 al sustituir el artículo dejó fuera de sus estipulaciones el concurso de delitos exigiendo, en todos los casos, reincidencia real múltiple.
Sentencia arbitraria, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallardo Francisco Omar s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-30

La arbitrariedad en las reglas de la sana crítica aparece configurada cuando en forma ostensible surge de la sentencia impugnada que el a-quo ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, como consecuencia de no haberla hecho de conformidad a las reglas de la sana crítica, esto es, a las normas de la lógica formal que obligan a formular el silogismo sentencia con ajuste a los principios de identidad, de no contradicción, de tercero excluido y fundamentalmente el de razón suficiente.- Asimismo, se incurre en defectos de técnica recursiva manifiestas, al no indicar o al menos citar cuáles serían las reglas lógicas infringidas por el juzgador en su razonamiento, lo que priva al recurso de casación de toda posibilidad de andamiento.
Homicidio culposo, accidente de tránsito, peatón embestido, culpa penal, inobservancia de reglamentos o deberes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Juan Carlos s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22

En la causa, no se configura, a mi entender, un supuesto de homicidio culposo, pues el imputado no ha actuado con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos como lo requiere el artículo 84 de la ley penal.

Conviene recordar que en determinados ámbitos de regulación existe un riesgo base que está permitido en todo caso; este riesgo base alcanza la magnitud del riesgo que también genera el desarrollo correcto de la actividad bajo condiciones favorables y que sólo podría ser eliminado suspendiendo la actividad en su conjunto o limitándolo de tal modo que perdiese su sentido (limitación general de velocidad a 20 kilómetros por hora en el tráfico viario). De tal modo, el comportamiento que genera dicho riesgo es considerado socialmente como normal. Por ello, aquellas conductas que crean riesgos permitidos no son comportamientos que deban ser justificados, sino que no realizan tipo alguno. Es así que, si el autor se mantiene dentro de ese riesgo permitido, la conducta será atípica sin necesidad de que realizar un juicio ulterior centrado en el comportamiento de la víctima con el objeto de examinar si debe imputársele a ella lo sucedido. En la presente causa conforme los hechos que tiene probados el tribunal, el imputado se desplazaba dentro de ese riesgo permitido, pues venía circulando a la velocidad autorizada y con la luz del semáforo que habilitaba su paso. No era previsible, bajo ningún punto de vista, que el conductor se representara que, imprudentemente y ante la llegada del tren en la acera de enfrente, una menor, a la que él no podía ver, cruzara la arteria por delante de un camión que se encontraba estacionado en un lugar que no le estaba permitido y como consecuencia de ello, él la embistiera y le ocasionara la muerte. De este modo, es posible afirmar que el resultado es la consecuencia de un acontecimiento insospechable o excepcional que no pudo entrar en el cálculo del imputado. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Tragant y Riggi).
Falsificación de instrumento público, documentos de identidad, documento nacional de identidad
Materia: PENAL
Carátula: RESCK, SEGUNDO OSCAR s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-27

Tiene aptitud engañosa todo documento falsificado, en cuanto a la identidad que tiende a acreditar, cuando de su examen no se desprende que resulte a primera vista, para el común de la gente, su naturaleza bastarda, que sí se pone de relieve ante un detenido examen o frente a una observación técnica.
Prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley derogada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Elías, Martín Ezequiel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

En el intervalo de tiempo que transcurrió entre la detención del imputado y su condena, y antes de que éste cumpliera los 2 años de prisión preventiva, se dictó la ley 25.430, derogando la posibilidad del cómputo privilegiado previsto en el artículo 7 de la ley 24.390. (Voto del Dr. David, en disidencia).
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mansilla de Rapagnini, Irma Nicasia c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

El principio de irretroactividad de la ley en materia no penal es meramente legislativo, de suerte que puede determinarse que sus efectos se extiendan hacia el pasado y que las leyes en nuestro ordenamiento pueden, en ciertas hipótesis, tener efecto retroactivo bajo la condición obvia de que no afecten garantías constitucionales; si las afectan, la ley de que se trate es atacable no por su retroactividad, sino por su inconstitucionalidad.
Denegatoria del recurso, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villca Condori, Efrain c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-22

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la denegatoria del pedido de prisión domiciliaria si los hijos menores del encartado no se encuentran en una situación de desamparo ya que se encuentran contenidos por su madre y por un grupo familiar estable.
Fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guerrero, Leonardo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-29

La ley sólo fulmina de nulidad la sentencia cuando le falta motivación, mas no cuando la fundamentación del fallo es falaz, escueta y muy pobre. Si bien los jueces del mérito se encuentran obligados a expresar los motivos en los que fundan sus convicciones, cuando han indicado la prueba en razón de la cual se han convencido y esa prueba era racionalmente apta para generar tal convencimiento, sus conclusiones son inatacables.
Prueba pericial, carácter vinculante, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Petrocelli, Eduardo Pedro c/ SOMISA s/ Indemnización incapacidad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

Las conclusiones de la pericia no tienen efecto vinculante ni obligan al sentenciante, no resultando por ello absurdo el apartamiento de las mismas, cuando las razones que lo motivan son suficientes para justificar la decisión.
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

La declaración de nulidad de las leyes 23.492 y 23.521 buscó facilitar el cumplimiento del deber estatal de reparar, haciéndolo de la forma más amplia posible de conformidad con los compromisos asumidos con rango constitucional ante la comunidad internacional, según ha afirmado la Corte Suprema en "Simón". (del voto de la Dra. Liliana Catucci)
Honorarios, perito contador, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Romero Catalino c/ Adolfo Millan Ortega y/u otro y/o quien resulte responsable s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-05

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por el Perito Contador contra la resolución que regula sus honorarios, agravándose por la no aplicación de la ley 3111 y la marcada diferencia con los regulados a los profesionales del derecho. Ello así, ya que si bien la limitación impuesta por la ley 24432 no se refiere a la cuantificación de gastos y honorarios, sino a la responsabilidad del deudor por el pago de las costas, estableciendo el límite que deberá afrontar el condenado en costas, ello no implica que a los efectos de la regulación de los honorarios de la Perito Contadora deban aplicarse irrestrictamente las escalas de la ley Provincial 3111, por cuanto a partir de la sanción de la ley Provincial 3965, han quedado derogadas las normas que establecen con carácter de orden público, la fijación de aranceles, escalas, planillas o tablas de honorarios. Las pautas contenidas en las mismas sólo tienen carácter indicativo a los fines de la regulación de los honorarios
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ NONNENMACHER, JOSE ALBERTO s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-11

A los efectos de la apelación del art. 14 de la ley 48 no basta formular la mera "reserva del caso federal" desde que la condición esencial para que proceda la habilitación de la instancia extraordinaria radica en la existencia de cuestión federal sometida oportunamente a la consideración y decisión de los jueces de la causa.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, recompensas, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: V. G.R. c/ D., M.A. s/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-27

1 El derecho de recompensa entre cónyuges por el que les corresponde el reembolso de las erogaciones efectuadas posibilita el reajuste equitativo del crédito a favor (art. 1316 bis del Código Civil)teniendo en cuenta la fecha de la inversión y las circunstancias del caso. Desde este enfoque, si la deuda pagada con fondos propios por uno de ellos fue respecto de un crédito hipotecario que pesaba sobre un inmueble ganancial y no para solventar su construcción, corresponde actualizar, en la parte reconocida al cónyuge no titular, el valor de la deuda cancelada y no su imputación al costo del bien ni al mayor valor adquirido por él.

2 El acreedor de la recompensa no es el dueño de una parte proporcional del bien que se adquirió con su aporte o en el que se efectuó la mejora, ya que las cosas crecen y perecen para su dueño. Al tratarse de un derecho personal no transforma al acreedor en copropietario o cotitular del bien favorecido con la aplicación parcial de los fondos, por lo que no corresponde fijar la recompensa en un porcentaje del inmueble sino a través de la liquidación de las sumas abonadas para solventar la hipoteca, a la que deberá adicionarse la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde que cada pago fue realizado.

(Sumario N°18077 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Aplicación de la ley, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguilera, Javier Julio y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad  Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-28

"Cuando bajo la vigencia de una ley se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, que como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior, sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el artículo 17º de la Constitución Nacional"... porque "la situación de emergencia a diferencia del estado de sitio no suspende las garantías constitucionales...".
Cesión del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Moreno, Ana Isabel c/ Jag Consultores y Asociados S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-15

La sucesión de empleadores en los términos del artículo 225 RCT es una de las vicisitudes que afectan al contrato de trabajo por el cual la relación laboral permanece única no obstante la alteración del sujeto empleador. Lo que se opera es una sucesión en uno de los polos de la relación contractual. En este sentido, Jag Consultores, sucesora de la anterior empleadora adquiere todas las obligaciones emergentes no sólo del contrato de trabajo vigente al tiempo de la transferencia sino también los que se originen con motivo de la misma. Lo expresado precedentemente y las testimoniales analizadas en la causa demuestran la existencia de utilización común de medios de producción (incluido el personal), dentro de la sucesión negocial y con fragmentación de la antigüedad de la trabajadora. Precisamente, esa maniobra resulta fraudulenta y temeraria destinada a eludir parcialmente las consecuencias que el orden jurídico impone imperativamente a la relación laboral.
Automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marcos Jose Luis c/ Coelho S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-29

Acreditada la denuncia de venta, si el Registro del Automotor no cumplió con la reglamentación que le imponía comunicar al comprador esta circunstancia no puede imponer al vendedor una obligación mayor que la que le fija el artículo 27 de la ley 22977, tampoco puede perjudicarlo la omisión del Registro del Automotor en comunicar la denuncia a la Dirección de Rentas de la Provincia.
Juicio de alimentos, notificación electrónica, WhatsApp, asistencia alimentaria, hijo menor de edad, emergencia sanitaria, coronavirus, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., F. A. c/ B., B. s/ alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-29

Debe habilitarse la notificación vía WhatsApp de una medida cautelar en un juicio por alimentos, en el marco de la pandemia por el Coronavirus, aplicando analógicamente el art. 548 del Código Civil y Comercial de la Nación que le otorga validez a la notificación al obligado alimentario por medio fehaciente, dado que corresponde flexibilizar las reglas procedimentales vigentes, por resultar imprescindible para el efectivo cumplimiento del deber asistencial alimentario por parte de los progenitores respecto de sus hijas, en aplicación de las reglas interpretativas a efectos de cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el DNU 297/2020, y con el objeto de que se cumplan las finalidades establecidas en las normas superiores que rigen en nuestro país y detentan jerarquía constitucional (art. 39 de la Convención de los Derechos del Niño y 75 inc. 22 de la CN).
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Alfaro, Fabián Marcelo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Habiendo prestado conformidad con las diligencias practicadas durante el sumario, no puede el defensor agraviarse ante la instancia extraordinaria de lo manifestado por la hermana del imputado en el acto del secuestro del arma y de la consecuente violación del art. 148 inc. 3º del Código procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Amparo por mora, costas
Materia: PENAL
Carátula: Abbvie Bahamas Ltd c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

Con basamento en reconocida doctrina se ha decidido que las costas deben aplicarse al demandado cuando el juez ordena el despacho de las actuaciones y éste se opone al procedimiento de amparo por mora, en la inteligencia de que ello se aviene a las reglas aplicables en forma supletoria (art.70 del Código Procesal, texto según ley 26.939, Digesto Jurídico Argentino -DJA- y art. 14 de la ley 16.986) y a la naturaleza bilateral que tiene la acción de amparo en tal caso, donde el informe que debe presentar el emplazado opera como contestación de demanda (esta Cámara, Sala II, causa n° 8.712/09 del 24.11.11; esta Sala, causa n° 2.220/11 del 3.07.12).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telecomunicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Surace, Beatriz y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

La LCT impone la solidaridad a las empresas- organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades- que, teniendo una actividad propia, normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otros esa realización de bienes y servicios.

Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado (CSJN 14/3/95 "Gauna Toentino y otros c/Agencia Marítima Rogel S.A. y otro", G 46 XXVI, 25/6/96 "Vuoto, Vicente c/Cía Embotelladora Argentina S.A." V. 411 XXVIII).

Para que nazca la solidaridad prevista en el art. 30 LCT es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que completen o complemente su actividad normal.

Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6 del ordenamiento laboral (CSJN 15/4/93 "Rodriguez, Juan c/Cía. Embotelladora Argentina S.A." V. 411 XXVIII).

En variados casos se resolvió que existió solidaridad entre la empresa de telefonía (en el caso Telefónica de Argentina S.a.) y la otra empresa que comercializaba las líneas telefónicas, para quien trabajaba la actora.

Sin embargo es dable destacar que las distintas decisiones que este Tribunal ha adoptado sobre el punto han estado referidas puntualmente a la circunstancias invocadas y acreditadas en cada caso, sin que de ello puedan derivarse conclusiones generales.
Exportaciones, crédito fiscal, cesión de créditos, obligación tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Prodesca  SAI. y C. s/ demanda de repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

En el caso de que el organismo fiscal advirtiera, una vez vencido el plazo previsto en la resolución 1800, que el crédito no era legítimo - o que sólo lo era por un monto inferior al pretendido -, la posibilidad que le asiste de efectuar el pertinente requerimiento al exportador o beneficiario de aquél como lo autoriza la norma de la resolución general antes citada, no puede considerase en sentido excluyente de la facultad que asimismo cabe reconocerle de negar eficacia a la utilización de tales créditos en el supuesto de que estos hayan sido objeto de transferencia y el cesionario pretendiera imputarlos para extinguir obligaciones tributarias a su cargo.
Cuestiones de competencia, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramírez, Justo Daniel c/ Ministerio de Seguridad s/ Amparo por mora - Confl. de competencia art. 7° inc. 1° ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-02

Corresponde declarar la competencia para entender en el caso del Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de Dolores, en tanto la presente es una acción que ha sido sorteada de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte N°1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución N°957/09 -del 15-IV-2009-, y en razón de lo normado por los arts. 20 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la ley 13.928.( Dres. Genoud-Negri-Kogan-Pettigiani-de Lázzari, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, reincidencia, cómputo de la pena, ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MENDOZA, MARIANO EZEQUIEL c/  s/ HURTO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA Y ENCUBRIMIENTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-07

Corresponde rechazar la queja, desde que las articulaciones de la impugnante no superan el carácter de un mero disenso con la interpretación y aplicación de preceptos de derecho común vinculados con la declaración de reincidencia - centrando sus agravios en que habría cumplido la pena que se tomó en cuenta en dicha resolución bajo prisión preventiva-, pero lo cierto es que los mismos se agotan en oponer una hermenéutica distinta de la elegida por los jueces de la causa sobre la normativa prevista en el Código Penal, sin alcanzar a acreditar que aquéllos hubiesen realizado afirmaciones dogmáticas o carentes de suficiente respaldo lógico y normativo cuando analizaron los planteos de la recurrente, arribando a fundamentos que, se compartan o no, no pueden ser calificados como absurdos o irrazonables.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Fernández Bedoya, Alfredo s/ Interpone recusación con causa con causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-11-07

La falta de tratamiento -por la Cámara- de una probanza que aparentemente constituía uno de los fundamentos del sobreseimiento revocado, y la innecesaria descalificación no sólo del fallo revocado -lo cual hubiera sido lógico y legítimo- sino también del Juez, incursionando sobre sus actitudes, implicar un avance sobre el fundamento de la cuestión; lo que sumado a que el fallo en cuestión resta valor a la declaración de la imputada por haber sido prestada ocho meses después de los hechos, sin hacerse cargo de las circunstancias procesales que pudieron influir en esa demora, implican con claridad una toma de posición frente a la causa que, aún mas allá de la voluntad final de los magistrados intervinientes, justifica la recusación formulada. Disidencia de los Dres. Roquel y González.
Facultades de la administración, facultades discrecionales, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Blasetti, Ernesto Edgardo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

La arbitrariedad equivale a irrazonabilidad. La razonabilidad es principio o requisito que debe presidir todos los actos de los poderes públicos y ésta consiste en la exigencia de "fundamentación suficiente de la decisión que se adopte para justificar su dictado", especialmente cuando por ello se extingue una situación creada. El principio cobra especial vigor en materia de facultades discrecionales.