Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-14


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia -Presidido por Daniel Alejandro Rebagliati Russell; integrado con los señores Ministros Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, para dictar sentencia en "P., I. D. s/Dcia. Lesiones Leves y Amenazas" (Expediente 21.359-F° 81 T II-Letra P-Año 2008).- El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 132: Pfleger, Panizzi y Rebagliati Russell.

El doctor Jorge Pfleger dijo:

I.- Los antecedentes Se hallan los autos a consideración de la Sala para atender la impugnación ordinaria deducida por el doctor E. J. C. en perjuicio de la sentencia del 11 de abril del año de 2008 que lo condenó a la pena de un mes de prisión de cumplimientos suspendido, con más las costas del proceso, por considerarlo autor del delito de lesiones leves (art. 89 del C.P.) en relación con el hecho sucedido en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 23 de Marzo de 2007 en perjuicio del señor I. P..

II. El que recurre, motivó su queja en dos aspectos: a. la nulidad de la sentencia b. la ausencia de pruebas que cimentaran la decisión condenatoria.

En el punto II, llamado "Los vicios procesales-Análisis" aludió a los vicios que acontecieron antes del dictado de la sentencia, pero que fueron "consagrados" en el fallo vulnerándose el acto jurisdiccional en orden al principio de congruencia, tal sucedió, a su decir, con: a. la inspección ocular y b. la conducta del Magistrado durante el desarrollo del debate.

Sobre el primer aspecto, formuló objeciones acerca del desarrollo de ese acto procesal sucedido el 3 de abril de 2008.

Refirió a sus características que quedaron plasmadas en el documento, y a que se reanudó la audiencia pese a que el alegato final estaba programado para el día siguiente, soslayándose la incorporación de las fotografías, el croquis, la disposición de los testigos, y la posición de los protagonistas que marcaron.

Repasó, críticamente, el postulado del art. 130 del C.P.P, a su par 170 y al art. 314 del digesto, acusando que esa prueba no había reunido ninguna de las formas procesales especialmente estatuidas y sólo se incorporó al juicio "... una sucinta alusión..." sin ninguna entidad probatoria.

Es por ello que la declaración del sentenciante al respecto carecía, según su opinión, de asidero, pues, el recurrente había sostenido "... categóricamente, y de allí la importancia de la prueba ofrecida, que los cuerpos estaban fuera del alcance de la vista de los que se hallaban en el interior del inmueble...".

Denunció que se había restado eficacia a la prueba testimonial de la defensa sobre la base de suposiciones, impidiéndole realizar alegaciones sobre la base de cuestiones que debieron quedar plasmadas en el acta de inspección ocular, lo que impidieron acreditar la posición privilegiada del testigo de la defensa y que el Magistrado desechó las fotografías adjuntadas por el propio acusado.

Volvió a la prueba de inspección ocular, esta vez en lo que atañe al valor que consideró debía dársele y estimó que al no haber dejado rastros de su realización en debida forma, no se pudo acreditar con suficiente solvencia la circunstancia de ubicación de los cuerpos al momento de la disputa y, a consecuencia de ello, la absoluta imposibilidad de que algún testigo de los que prestaran declaración, hubieran visto el suceso desde el interior de SEROS.

Respecto de la conducta del Juez, la consideró inapropiada. Relató -en ese sentido- a las sucesivas prohibiciones de aquél para que pudieran efectuar relatos gestuales, tema que no alcanzó a los testigos "... quienes se incorporaron sin reparos, moviéndose de un lado a otro dentro del reducido espacio de la Sala de Audiencias...", llegando a tratar a uno de ellos de modo familiar, al despedirse.

Señaló que su testigo, el doctor K., había sido hostilizado de tal modo por el Magistrado -tópico que explicó- que anuló emocionalmente la traducción de sus manifestaciones.

Censuró las admoniciones que el Magistrado le formuló al momento de los alegatos profiriendo la palabra "... me va a predisponer mal...", impidiéndole formular un juicio depreciado sobre el denunciante.

Luego de varios renglones se interrogó, el causante, sobre la actitud del Juez en la audiencia y recaló en la idea de que el doctor P., que es de quién se trata, había obrado con falta de ecuanimidad.

Citó el precedente Brusain de la Sala y a las razones que condujeron a la nulidad del debate y si bien admitió que las cosas pudieron ser diferentes, no menos importante es que en algún punto rompieron el equilibrio que ha de imperar en las audiencias.

Tornó a reseñar el comportamiento de quien presidía la audiencia a la sazón y aludió a las reglas de "Bangalore" acerca de la conducta judicial, que consideró quebradas.

Pasó, seguidamente, al problema de la prueba en lo que atañe a la verificación de los hechos ocurrida en la sentencia, que consideró nimios, en el contexto en el que se sucedieron.

Hizo un relato de ellos y luego lo confrontó con la decisión ocurrida en la sentencia, criticando la manera de valoración de la prueba, asunto sobre el que se extendió.

Después de formular una larga alusión a la jurisprudencia pidió la revocación de lo decidido.

III. Antes de iniciar este mi voto, debo confesar, no sin desazón, el largo recorrido de este proceso sustanciado a consecuencia de un incidente de violencia banal entre personas adultas y pretendidamente ilustradas que, para mejor, no dejó secuelas.

Es en verdad de la más rancia estirpe jurídica considerar que el conflicto que se genera cuando existe una infracción al catálogo penal traduce una colisión entre el sujeto y la ley, sólo disponible por el afectado en escasas circunstancias perfectamente catalogadas.

Por eso es que los críticos consideran que se produce una verdadera "expropiación" del conflicto social pues desaparece de escena la víctima y es el Estado quien se hace cargo del restablecimiento del orden alterado.

Sin embargo, y sin que se hubiera abrogado ese principio, se han sancionado ordenamientos como el de esta provincia que confieren a las partes, con participación de los órganos estaduales, diversas maneras alternativas de resolver los conflictos que el desarrollo del proceso hasta la decisión que le pone fin.

El dinero de los contribuyentes es demasiado valioso para desperdigarlos en casos de escasísima criminalidad que, por obra de las circunstancias, andan ese sendero hasta arribar a las más altas instancias.

Creo, en consecuencia, que si las contingencias de implementación del nuevo proceso han conducido a que la selección natural de casos y provocado que haya sucedido más de dos años desde la emisión de la sentencia hasta el tratamiento de los autos, y más de tres de sucedido el episodio, debe aplicarse la tesis del "plazo razonable" y disponerse la inmediata absolución del condenado, que ya ha padecido lo suficiente con las consecuencias del proceso.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, al definir el alcance del derecho a obtener un juicio rápido -denominado allí speedy trial- estableció un estándar de circunstancias relevantes a tener en cuenta, a saber: "la duración del retraso, las razones de la demora, la aserción del imputado de su derecho y el perjuicio ocasionado al acusado". Y, además, estimó que "estrechamente relacionada con la extensión de la demora se encuentra la razón que el Estado asigna para justificarla" pues "debe asignarse distinta gravitación a razones diferentes. Una tentativa deliberada de retrasar el juicio para obstaculizar la defensa debe ponderarse fuertemente en contra del Estado. Una razón más neutral, tal como la negligencia o cortes sobrecargadas de tareas debe gravitar menos pesadamente, pero sin embargo debe ser tenida en cuenta, puesto que, la responsabilidad última de tales circunstancias debe descansar en el Estado más que en el enjuiciado" (Barker v.Wingo 407 U.S. 514 -1972-, tratábase de un homicidio) y, por cierto, cuanto más se prolonga la duración es menor la eficacia justificativa de este tipo de razones (Doggett v. United States, 505 U.S. 647 _1992_) (La cita, verificada, fue formulada por el señor Procurador General de la Nación en caso "Acerbo" del año 2006).

Un pequeño edema y un igual eritema padecidos por el denunciante, no justifican la imposición de la pena a esta altura, tanto y peor cuando todo aparece como consecuencia de circunstancias confusas, pasionales, más propias de quienes -acabadas las palabras- acuden a la vía de los hechos, sea provocándolos, sea aceptando un desafío con todas sus consecuencias.

Por consecuencia, propicio la revocación de la sentencia y la libre absolución del atribuido.

Así me expido y voto.

El juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Profesor Pfleger, al componer el voto que da principio a esta sentencia, expuso con suficiencia y claridad los antecedentes del caso y los argumentos que informan la impugnación ordinaria de fojas 76/93 vuelta. No los transcribiré para no fatigar al lector.

II. Como quedó expuesto en el sufragio anterior, el motivo que dio origen a este proceso fue una nimia rencilla entre dos individuos, a partir de la cual uno de ellos únicamente sufrió pequeños edemas y eritemas en mejilla izquierda y muslo derecho.

Ante casos como el que nos ocupa, cabe extremar la prudencia y reflexionar acerca de la conveniencia de persistir en la condena.

Juzgo que confirmar el pronunciamiento del a-quo, a esta altura, resultaría más gravoso y traumático para la solución del conflicto particular. Contrariamente, la actuación de la justicia podría quizás agravarlo, sin componer los verdaderos intereses en juego.

Pienso que la activación de mecanismos de solución alternativa de conflictos, previstos en el Código Procesal Penal, factiblemente hubiera contribuido en forma satisfactoria al arreglo de la controversia pero, su falta de implementación, en modo alguno, puede redundar en perjuicio del imputado. III. Por lo dicho, propicio, en coincidencia con el ministro preopinante, la revocación de la sentencia condenatoria y, consecuentemente, la absolución de don E. J. C..

Así voto.

El Juez Daniel Rebagliati Russell dijo:

Me toca emitir el voto en esta causa a sabiendas de que los fundamentos que pregonaré no tendrán acogida alguna, pues la cuestión de fondo ya ha sido zanjada por la mayoría de mis colegas. No obstante lo cual, fiel a mis pensamientos dejaré plasmada mi disidencia.

Los antecedentes del caso ya han sido reseñados por el voto que guía el acuerdo, de manera que no efectuaré aquí una ociosa repetición de tales extremos.

Se trata de la condena impuesta a E. J. C. por el delito de Lesiones Leves (Art. 89 del C. Penal)y por el que se le impusiera una pena de un mes de prisión en suspenso.

El hecho atribuido consistió básicamente en que el abogado E. J. C., el día 23 de marzo de 2007 siendo las 13.30 hs, le propinó golpes en la vía pública a otro profesional, en este caso de la medicina, ocasionándole deméritos físicos en la humanidad de éste último.

Los agravios consignados en el recurso han sido debidamente sintetizados por el juez Pfleger, y me referiré a dos aspectos criticados por el recurrente respecto de la sentencia, los cuales son: A) Ineficacia de la inspección ocular y B) la conducta del magistrado en el desarrollo del debate.

Respecto de la primera consta en el acta respectiva las alternativas de la diligencia llevada a cabo por el magistrado actuante en el curso del debate, conforme la propia parte lo había solicitado y adelantado en el escrito de fs. 9/25.

Se trata de un procedimiento tendiente a que el juez verifique por sí mismo el sitio donde se habría producido la agresión, ubicando el lugar donde se habría encontrado estacionada la camioneta del Dr. C., como así también los distintos sectores del local de SEROS y sin que las partes intervinientes en el procedimiento hayan señalado alguna circunstancia que les interesara plasmar en el acta y que no sea la mera visualización del sitio por parte del juez. La ausencia de esta circunstancia quita toda razonabilidad a la queja que sobre su validez pretende introducir a posteriori el recurrente, menos aún cuando ni siquiera ha explicado cual es el agravio que le irroga la inspección realizada en el proceso lógico que el juez formula en su sentencia.

La afirmación del magistrado en la sentencia respecto de la posible visualización que desde el sitio podía poseer un testigo o bien la dificultad que la lejanía podía producir en otros, es absolutamente coherente con el alcance de la diligencia llevada a cabo y con lo que el propio magistrado verificó en el sitio.

Si estos datos no se conciliaban con la realidad que ahora pretende traer el recurrente, éste último debió solicitar en su momento que se deje constancia de tales extremos. En ausencia de estos, el agravio carece de sustento.

En lo que respecta a las conductas que el impugnante adjudica como "inapropiadas" por parte del juez en el curso del debate, no son más que correcciones impuestas a la parte y en uso a las atribuciones que le asisten al magistrado en la dirección de la audiencia. Las extralimitaciones o pérdida de objetividad por parte del juzgador, que aquí no se advierten, deben ser canalizadas por la vía incidental de la recusación correspondiente, en el mismo momento en que tales conductas se ponen de relevancia.

Sentado esto, habré de decir que el fallo se sustenta en el análisis lógico de la prueba rendida y que le han permitido al juzgador concluir sin fisuras en la condena a la que arriba, razón por la cual entiendo que tal decisorio merece ser confirmado en todas sus partes.

De acuerdo a lo expuesto, es dable agregar que el hecho que las partes involucradas en este conflicto no hayan hecho uso de medidas alternativas para su solución, no empece a la validez del pronunciamiento condenatorio que aquí se ha dictado.

No se trata tampoco de que haya operado el vencimiento del "plazo razonable" del proceso. La presente causa se inició a finales del mes de agosto del año 2007, la acusación se plasmó al mes siguiente y el juicio oral se llevó a cabo en marzo del año 2008. En consecuencia, concluyo que la tramitación ha sido célere y acorde a los parámetros fijados por el ordenamiento procesal.

No hay ningún demérito en la persona del imputado que le haya ocasionado el trámite de este proceso, por el contrario, se ha cumplido con los estándares que marcan la realización de un juicio rápido y su situación ha sido debidamente ventilada y juzgada conforme a la legislación vigente.

Entiendo que el escaso daño producido en la persona del damnificado -edema y eritema- no es un parámetro que autorice a la no persecución de la conducta reprochada.

Todo ciudadano tiene derecho a que se lo proteja contra todo aquél que atente contra su integridad física. Nadie está obligado a tener que soportar que otro lo golpee y que el Estado le fije la no punibilidad de dicha acción por estimarla irrelevante o escasamente dañosa. Las conductas o son delictivas o no son delictivas. Si la acción se encuentra dentro de las primeras, su sanción por la vía de una sentencia judicial, como la del presente, es adecuada al ordenamiento jurídico vigente.

Es por lo brevemente expuesto que entiendo que la misma debe y merece ser confirmada. Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente;

S E N T E N C I A 1°) Declarar procedente el recurso interpuesto a fojas 76/93 vta.

2°) Revocar la sentencia condenatoria dictada por el Juez Penal de Comodoro Rivadavia, el día 11 de abril de 2008, registrada con el número 13/2008, sin costas.

3°) Absolver a E. J. C., de las demás condiciones personales obrantes en la causa, del delito de Lesiones Leves previsto en el artículo 89 del Código Penal.

4°) Protocolícese y notifíquese.- Sentencia nro. 54 de fecha 14/10/2010. Fdo. Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y José A. Ferreyra-Secretario.