Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-11


AUTOS N° 140123/1 (7° JUZ. CIVIL) (SALA III 11385) "FERNANDEZ Mariela del Carmen C/ Instituto Provincial de la Vivienda - Amparo" San Juan, a 11 días del mes de Octubre de 2013.

VISTO:

Para resolver en estos autos el recurso de apelación articulado a fojas 09 de este legajo de copias, por los señores letrados Dres. Facundo Rojas Claria y Eduardo Yanello de la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan en contra de la resolución interlocutoria obrante a fojas sub 124/126, de fecha seis de septiembre de 2013, mediante la cual la Señora Juez del Séptimo Juzgado en lo Civil dictó en la presente acción de amparo, prohibición de innovar respecto de la situación de la Sra. Mariela del Carmen Fernández, D.N.I. 23.922.972 ante el Instituto Provincial de la Vivienda, ordenando en consecuencia que dicho Organismo se abstenga de dictar Resolución Administrativa que adjudique a otro de los postulantes suplentes, una vivienda perteneciente al Barrio Pocito, conjuntos 1 o 2, y fijó una contracautela.

Como síntesis de los hechos que motivan la acción de amparo, la petición cautelar, su expedición y posterior apelación diremos brevemente que: conforme surge de las copias que se adjuntan a fojas sub 06/29 la amparista relata que por resolución N° 03272 del IPV de fecha 19/09/2012 se realizó el sorteo de selección de postulantes a viviendas del Barrio Pocito conjunto N° 01 y Pocito conjunto 02 de 09 y 86 viviendas respectivamente donde salió beneficiada en el sorteo realizado el día 2 de noviembre de 2012 con el número de posición 47 y número de orden 606.

Aclara que le aconteció un hecho de fuerza mayor respecto de su domicilio ya que a fines de octubre de 2012 debió restituir el inmueble que alquilaba a su dueño por no lograr un acuerdo en cuanto al canon y que al denunciar este hecho ante el IPV, el organismo procedió a dictar una resolución que considera arbitraria donde se resuelve excluirla del registro de postulantes a las viviendas del Barrio Pocito por no residir en el área de influencia. De igual modo solicita el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se disponga ordenarle al organismo IPV se abstenga de adjudicar la vivienda que le corresponde a alguno de los suplentes preasignados hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión de fondo y de esta manera evitar que se torne ilusorio el derecho que adquiriera en el sorteo realizado anteriormente. ofreció Prueba e introdujo reservas constitucionales.

Mediante la resolución precitada (fojas sub 124/126) de fecha seis de septiembre de 2013, la Señora Juez dio intervención a la Provincia de San Juan, la cual se produjo con la presentación efectuada por los representantes de Fiscalía de Estado quienes al evacuar el informe circunstanciado dedujeron apelación contra la medida cautelar dejando fundado el recurso en los siguientes términos:

Agravios:

Expresan en primer lugar que no se dan en el presente los requisitos de procedencia para las medidas cautelares y enumeran los mismos, que no existe igualdad de partes que no hay razón jurídica ni se acredita verosimilitud en el derecho, que no se acreditó tampoco el peligro en la demora o que el peligro sea inminente.

Afirman que no cualquier peligro puede constituir elemento para el dictado de una cautelar, sino que debe tratarse de un peligro objetivo, es decir no un simple temor o aprensión del solicitante, sino el derivado de hechos que pueden ser apreciados, en sus posibles consecuencias aún por terceros.

Afirman que resulta improcedente establecer medidas precautorias que coincidan con el objeto de la pretensión de fondo en tanto se desvirtúa su naturaleza jurídica instrumental.	Niegan la verosimilitud del derecho en tanto afirman que el hecho de que la amparista haya resultado postulante a una adjudicación no le otorga ese carácter si a ese momento no reúne los requisitos legales y administrativos necesarios para lograr un acto administrativo de adjudicación legítimo y eficaz	Finalmente objetan la existencia del peligro en la demora como requisito de procedencia de la cautelar y de la propia acción intentada en tanto afirman que no existe irreparabilidad del perjuicio como presupuesto propio y característico de la medida cautelar innovativa y que hace que el análisis resulte restrictivo respecto del tribunal requerido.

A fojas sub 78/94 se presenta la parte accionante Señora Fernández Mariela del Carmen por su propio derecho y con el patrocinio del abogado Dr. Pablo R. Imparado Salvo, contesta el traslado de la expresión de agravios que le fuera corrido por la sentenciante a quo en los siguientes términos que brevitatis causae se resumen.

En primer lugar solicita al Tribunal se declare desierto el recurso de apelación incoado por la Provincia de San Juan por inexistencia de agravios en tanto entiende que la misma no ha cumplido con la carga que le impone el artículo 253 del C.P.C. puntualizando los errores de juzgamiento del señor juez de grado, indicando a su entender la critica concreta y razonada que le ha producido la aplicación de normas que el a quo ha invocado para fundamentar el otorgamiento de la cautelar, como así tampoco ha referido cuál es la correcta aplicación de las normas jurídicas pertinentes que debieron aplicarse para resolver el caso.

Afirma que el apelante no refutó jamás los argumentos de la sentencia en recurso sino tan solo las alegaciones del accionante. Mantiene la cuestión federal y pide costas.

A fojas sub. 95 se dispuso la formación del legajo de copias y a fojas sub 145 se llamo autos para sentencia quedando la causa en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto.

Y CONSIDERANDO:

Preliminar:

Previo a iniciar el tratamiento de los agravios propuestos corresponde dar respuesta al planteo efectuado por la parte actora en su responde de fojas sub 78 y sgts, (punto 03) donde solicita se declare la deserción del recurso en razón de entender que hay inexistencia de agravios el contenido del exordio de fundamentación presentado por la apelante a tenor del precepto dispuesto por el artículo 253 del Código Procesal Civil de San Juan.

Al respecto, este Tribunal ya se ha pronunciado con anterioridad en causas sentando posición respecto de la interpretación que corresponde a la nueva norma. Es así entonces que esta sala Tercera ha dicho que, "desde la vigencia del nuevo Código Procesal a partir del 1 de febrero de 2011, el apercibimiento de deserción del recurso que otrora disponía el anterior ordenamiento ritual (ley 3738) en su art. 266 ha desaparecido de su redacción. Por tal razón el Tribunal no puede aplicar directamente una sanción tan grave sin que el ordenamiento expresamente así lo tenga previsto, si lo hiciere lesionaría sin dudas el derecho de defensa en juicio el cual se ampara en la inalienable garantía constitucional del artículo 33 de la Constitución Provincial. Cabe recordar entonces", "Debe advertirse inicialmente un evidente cambio en la redacción del artículo 253 del nuevo Código Procesal Civil de San Juan (ley 8037), y en tal sentido en forma expresa se ha excluido "la declaración de deserción del recurso por falta de fundamentación suficiente", ello no constituye una cuestión meramente accidental, dada la gravedad de la misma, debe interpretarse que el codificador ha querido a todo evento proteger el derecho de defensa del litigante recurrente y que el Tribunal ad quem deba analizar y pronunciarse sobre el contenido objetivo del exordio de agravios, por tanto, si luego de efectuar el mismo, concluye en que, los argumentos son inconsistentes o sus fundamentos no constituyen una critica concreta y razonada de los posibles errores in judicando de la resolución judicial apelada, podrán en su caso desestimar liminarmente el recurso señalando el defecto contenido por la presunta fundamentación, pero en ningún caso aplicar de plano una sanción que objetivamente hoy el ordenamiento procesal no prevé expresamente. AUTOS Nº 11152 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 83099) "PEREZ EDUARDO HECTOR c/ CONCENTRADO SAN JUAN S.R.L. Y OTRO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" PROT. DE AUTOS T° II F° 338/346 AÑO 2013 - 28-06-13 REC106.-	Sentado ello, queda claro entonces que el tribunal analizará los agravios presentados y pronunciándose solo por su admisión o rechazo en tanto que en modo alguno la ley procesal prevé en esta instancia la declaración de deserción liminar de los mismos.

2. Tratamiento de los Agravios.

Ingresando directamente en el tratamiento de los agravios vertidos, surge con notoria claridad que la parte apelante no ha puntualizado objetivamente cuales resultan los errores in judicando que se advierten en la resolución objeto del recurso, es decir no puntualizan una crítica concreta respecto de cuáles son las partes del fallo que consideran equivocadas. Solo en general afirma que en la causa no se dan los requisitos exigidos para el dictado de una medida cautelar, y le niega a) la verosimilitud del derecho b) haber acreditado la gravedad del peligro en la demora y c) que el peligro sea inminente. Mas adelante afirman también en forma genérica y discrepante que resulta improcedente establecer medidas precautorias que coincidan con el objeto de la pretensión de fondo.

Este defecto formal en la articulación del agravio resultaría suficiente para resolver el rechazo del recurso en los términos previstos por el artículo 253 del C.P.C., no obstante y a fin de aventar la posible interpretación respecto de un posible análisis de excesivo rigor formal diremos.

En el proceso de amparo la nueva Legislación Procesal de la Provincia incorpora a su artículo 568 un precepto muy claro que no admite duda alguna "Son admisibles todas las medidas cautelares necesarias para asegurar el resultado de la sentencia definitiva, inclusive las que supongan un anticipo de tutela judicial. Estas medidas pueden solicitarse con la iniciación del amparo o durante su sustanciación. Serán dictadas a pedido de parte y cuando el Juez lo creyere imprescindible, fijando la contracautela en los términos del Artículo 201.

En tal sentido, se pronunció con total nitidez la Señora Juez de Primera Instancia Dra. María Elena Videla Torres en el punto 3 de su resolución ( ver fojas sub 125 y 126 de este legajo que corresponde a fojas 54/55 de autos ppales) dijo luego de citar la norma pretranscripta que, "la hipótesis contiene la finalidad de salvaguardar un derecho que la amparista, Sra. Mariela del Carmen Fernández, considera adquirido mediante la resolución N° 3272 dictada por el Señor Interventor del I.P.V. de fecha 19 de septiembre de 2012 y conforme sorteo efectuado en el Dto. Pocito el día 2 de noviembre de 2012 en el que resultó beneficiaria de una vivienda, con N° de Posición 47 y N° de orden 606; a cuyas consideraciones remito en base a los principios de celeridad y economía procesal y para respetar la literalidad de su palabra. En el caso de autos y a pesar del breve proceso del Amparo podrá determinarse la existencia o no del derecho del amparista y la producción de hechos antijurídicos y lesivos por parte de la accionada, considero que cabe un pronunciamiento parcialmente favorable sobre la cautelar, toda vez que se advierte de las constancias documentales acompañadas a autos que se encuentran acreditados prima facie los presupuestos de las medidas cautelares.previsto por los artículos 197 y 231 del C.P.C. resultando imprescindible conceder el anticipo jurisdiccional mediante una Prohibición de Innovar, ya que la situación reúne los extremos concurrentes contenidos en la norma"	Es precisamente contra estos breves pero precisos fundamentos señalados por la Sentenciante que los recurrentes omiten verter crítica suficiente alguna, pues la transcripta en el exordio de agravios que se dirige en forma genérica a objetar los recaudos de las medidas cautelares no logra conmover el prudente análisis efectuado por la Magistrada que aplicando el derecho vigente y dejando a salvo que la concesión de la medida no significa anticipo alguno respecto del fondo de la cuestión que habrá de dilucidar el proceso resolvió hacer lugar a la misma.

Ello es así toda vez que, si el Juez de primera instancia al realizar un cuidadoso análisis de las circunstancias del caso y cotejar incluso la documentación aportada concluye como aquí ocurre que, "podría existir un presunto derecho cuya salvaguarda (conforme a la norma del artículo 568 C.P.C.) el Juez cree imprescindible a fin de preservar el resultado de la sentencia definitiva y entonces resuelve el dictado de una medida cautelar como anticipo parcial de la jurisdicción en favor del peticionante, y a ello se suma la presunción legal dispuesta por el artículo 568 precitado de "falta de prejuzgamiento", los agravios mediante los cuales se pretenda modificar lo resuelto por el sentenciante a quo deben obligatoriamente puntualizar dentro de las circunstancias objetivas del caso en estudio, cuáles son los parámetros erróneos de valoración en función de la documentación o elementos habidos y tenidos en consideración en la causa que demuestren objetiva y concretamente el error in judicando cometido, surge así no solo por la imposición general dispuesta por el artículo 253 segundo párrafo, sino en particular en este caso porque al interpretar el texto del artículo 568 2do. párrafo, surge evidente la facultad de arbitrio judicial que se otorga al Juez al prescribir como lo hace en este caso el Código "Serán dictadas a pedido de parte y cuando el Juez lo creyere imprescindible".

Por los fundamentos expuestos corresponde desestimar el recurso en tratamiento de fojas 09 de este legajo de copias articulado por la parte demandada a quien en virtud de lo dispuesto por el artículo 66 y concordantes del C.P.C. se imponen las costas de esta instancia.

Se regulan honorarios profesionales en virtud de lo establecido por el artículo 222 de la ley 2150 y 800 inc. 10º del C.P.C. al Dr. Pablo Imparado Salvo por su actuación en esta instancia en carácter simple como letrado patrocinante y conforme a lo dispuesto por el art. 188, valorando el resultado obtenido y merito de su presentación la suma de Pesos Quinientos ($ 500).

Por ello,	SE RESUELVE:

1- Desestimar el recurso de apelación articulado a fojas sub. 09 de este legajo de copias contra la resolución de fecha seis de septiembre de 2013 obrante a fojas, sub 124/126 la que se confirma de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos que preceden.

2. Imponer las costas a la parte demandada vencida.

3. Regular honorarios en virtud de lo establecido por el artículo 222 de la ley 2150 y 800 inc. 10º del C.P.C. al Dr. Pablo Imparado Salvo por su actuación en esta instancia en carácter simple la suma de Pesos Quinientos ($ 500) conforme al considerando respectivo.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..-	FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA ANTE MI DRA. MARIA ELISA PETRIGNANI DE MERINO -SECRETARIA.

PROT. DE AUTOS T° III-F° 498/502-AÑO 2013