Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-19


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 87291 CAUSA Nº 15.617/08 AUTOS: "GARCIA DE LUIS PAOLA CECILIA C/ NICART S.A. S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" JUZGADO Nº 5 SALA PRIMERA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2011 , reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- La señora jueza "a quo", en la sentencia de fojas 322/324, aclarada en cuanto a las costas a fs.332, rechazó la demanda orientada al cobro de una indemnización que repare las consecuencias dañosas de un evento que se calificó al inicio como accidente de trabajo.

II.- Tal decisión es apelada por la actora, a tenor del memorial de fojas 337/340, respondido por las codemandadas Nicart SA y Consolidar ART SA a fojas 352/353 y fs.349/350 respectivamente. El señor perito médico psiquiatra cuestiona por reducidos los honorarios que se le regularon.

III.- La actora se agravia porque se rechazó su reclamo resarcitorio y adelanto que, por mi intermedio, el recurso tendrá parcial recepción.

En efecto, la actora - Paola Cecilia García De Luis - trabajó como empleada administrativa para la empresa Nicart SA - despachantes de aduana-, quien además contrató los servicios de Consolidar ART SA a los fines de la ley 24.557 de riesgos del trabajo.

El análisis de las pruebas producidas, según las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y el principio de amplitud probatoria vigente en materia de acreditación de hechos de violencia contra las mujeres (Art.31 de la ley 26.485), me inclinan a considerar como acreditado que el día 14 de junio de 2006, en horas de la mañana, un dependiente de la demandada - Javier Moena - quien se encontraba junto a la trabajadora Paola García De Luis en la cocina del establecimiento de la empresa empleadora (Nicart SA), situado en una unidad funcional del edificio de Alicia Moreau de Justo 1050, CABA, en ocasión de una discusión fuerte y forcejeo, ejerció violencia física sobre la trabajadora, a pesar de que tal violencia no calificara como delito criminal de lesiones dolosas leves, tal como fue resuelto en la causa penal que se instruyó con motivo del hecho y está agregada por cuerda (Causa "Monea, Javier R.", n ° 10.657, instruida en orden a los delitos de lesiones dolosas leves y amenazas).

En efecto, todos los empleados y empleadas que ese día se encontraban prestando servicios en la oficina, supieron del episodio. La testigo Verenchuck (fs.199) dijo "ocurrió un incidente entre la actora y el Sr. Monea" y ello surge además del informe que remitiera Nicart SA a la aseguradora de riesgos del trabajo (ver fs.226).	Monea (fs.189/190) reconoció que mantuvo "una discusión con la señorita", una discusión "en un tono elevado". Interrogado acerca de cómo era el trato con García contestó: "demasiado bueno. Porque había muy buena onda, porque como consta una relación sentimental que no se podía exteriorizar porque la señorita estaba de novio - la actora". Preguntado acerca de por qué fue la discusión, contestó: "por una pavada, que.bueh.no sé si fue una pavada", "me enteré de cosas que decía a la actora a mis espaldas". Dijo que fue, la increpó, que empezaron la discusión y después "intervino una de las testigos que es Paula Candeleri o Candilegui y la discusión bueno.salimos de la cocina.y la que quedó como intermediando es la que sale como testigo que es Paula en un ataque de nervios". Añadió que "cuando salimos de la cocina yo le sigo gritando, Paula estaba en un estado de nervios y García de Luis estaba apoyada contra el marco de la puerta y fumándose un cigarrillo, lo sabe porque la seguía mirando y gritando, mientras Paula seguía con su ataque de nervios al punto que las personas que estaban presentes se acercaron para tratar de entender qué era lo que pasaba".

Recuerdo que luego de este suceso y a instancia de la trabajadora hoy accionante, intervino la Prefectura Naval Argentina, cuyos agentes concurrieron al establecimiento de trabajo y labraron la constancia sumarial agregada en la causa penal venida al effectum videndi (ver fs.1/116).

Candileri (fs.197/198), que estaba sentada a metro y medio de la cocina dijo: "a puertas cerradas escucho un grito, abro la puerta" y añadió que encontró a "a Javier agarrándola de los pelos a la actora". En la citada causa penal, la testigo también declaró que escuchó que Paola García de Luis gritaba "Javier soltame" (ver declaración de fs.9, ratificada a fs.84, de la causa penal).

En síntesis, el propio empleado de la demandada reconoció que increpó a la trabajadora y que le gritó y siguió gritando una vez que ésta salió de la cocina. El hecho de que la testigo Paula Candileri estuviera, como afirma Monea, en un estado de alto nerviosismo, el que no cesaba, torna verosímil que éste se debiese al hecho de haber presenciado una situación de alta agresión, concretamente, haber visto y escuchado a Monea tomar de los pelos a la actora mientras le dirigía los gritos que él mismo admite haber proferido.

Los elementos colectados persuaden que Paola García De Luis fue agredida físicamente y aún psicológicamente por Monea, dependiente de la demandada y aunque haya cosa juzgada en cuanto a que éste no incurrió en el delito de lesiones leves por los traumatismos que se le constataron en el arco superior izquierdo de su frente (fs. 12 de la causa penal), o bien que le dirigiera las amenazas de muerte que se denunciaron (fs.1: "h. de p. te voy a matar, te vas a arrepentir de haber nacido, vas a terminar en una zanja"), lo que a mi juicio está sin duda acreditado, es que aquél entró en la cocina de la oficina detrás de ella, la increpó fuertemente, la agarró de los pelos y le gritó fuertemente con palabras de alta agresividad que pudieron generar en la persona que estaba más próxima al lugar del hecho, una sensación de temor lo suficientemente importante como para desencadenarle una crisis de nervios (la testigo Candileri), amén del daño que provocó a la trabajadora agredida.

Las objeciones a los dichos de Candileri (fs.205) no privan de verosimilitud a su testimonio en cuanto advierte acerca de un hecho de agresión del trabajador Monea para con la actora, ya que éste incluso reconoció que no paraba de gritarle a García, lo que indica la presencia de un sujeto violento que se encontraba fuera de sí. Que el tribunal penal no le haya dado crédito a Candileri a fin de tener por acreditado que Monea le propinó golpes en la cabeza a García contra un espejo, o bien que le hayan resultado llamativas ciertas discrepancias, no alcanza para desplazar la certeza acerca de la ocurrencia de un episodio de violencia lo suficientemente importante, que incluso llegó a la agresión física, aunque no califique como delito del derecho criminal. Nada indica que la actora se haya autoflagelado, provocándose el traumatismo constatado por el médico que efectuó el reconocimiento el día del hecho (ver fs.12 de la causa penal citada). Por otra parte, tal facultativo expresó que Paola García estaba orientada en tiempo y espacio y la pericia psiquiátrica (fs.281/283) no refiere signos de simulación discursiva. Tampoco es relevante que la testigo objetada tenga juicio pendiente con la demandada pues en nada se relaciona aquél expediente radicado en el Juzgado 41 con este proceso. Corresponde agregar que las consideraciones del tribunal criminal no pueden ser valoradas por esta jurisdicción laboral sin reparar en los principios que en materia probatoria imperan en los procesos penales, comenzando por el de in dubio pro reo (artículo 3° del Código Procesal Penal de la Nación).	La conducta del trabajador Monea para con la trabajadora García De Luis constituyó un acto de violencia según lo establecido por los artículos 1° y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará" (1994), aprobada por Argentina por la ley 24.632 de 1996 y los artículos 5° inciso a) y 6º inc. c) de la ley 26.485.

La antijuridicidad citada provocó perjuicios a la trabajadora, de 24 años de edad a la fecha del suceso (nacida el 4-3-1982, ver fotocopia del documento nacional de identidad, a fs.8 de la causa penal). Por de pronto, está acreditado que a partir de ese día (14-6-2006), Paola García de Luis no retornó más a la oficina (testimonio de Veremchuk, fs.200) y fue declarada incursa en abandono de trabajo (ver pericia contable, fs.254). Naturalmente, quien recibe una agresión física o psicológica de tales características de parte de un sujeto que además, como lo señaló la testigo Iannicillio (fs.187) "estaba obsesionado" con ella, evita acercarse al agresor como efecto del temor y por elementales razones de preservación física o psíquica. Esto es lo que acostumbra suceder normalmente. Así, el acto tuvo aptitud para generar un daño de incidencia patrimonial, ya que la actora vio frustrado su derecho a permanecer trabajando como lo venía haciendo (no surge de la pericial contable - fs.254 - que hubiese recibido sanciones o apercibimientos), el derecho a continuar ganando su sustento percibiendo el salario, de naturaleza alimentaria. Esta derivación dañosa constituye una consecuencia inmediata y necesaria del hecho ilícito (Art.901 Código Civil).

Por otro lado, el señor perito médico psiquiatra puntualizó que Paola García De Luis "se trata de una persona que ha atravesado una situación traumática por la violencia con una vivencia de duelo asociado por la muerte de la pareja de ese momento en un accidente" (fs.283). Expresa el experto que "Todas las manifestaciones que la actora relata particulares al conflicto" (el médico se refiere al episodio de este expediente) se corresponden con los criterios requeridos por DSM IV (Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales): Trastorno por Estrés Postraumático".

El perito, quien refirió que la actora le expresó que había requerido tratamiento psicoterapéutico, afirma que García no tiene una disminución en su capacidad intelectual, emocional o laboral, pero que le es indicado "continuar su tratamiento" (fs.283 vta.). Es decir, más allá de que la trabajadora no porte incapacidad laboral en la actualidad, lo cierto es que el evento violento la llevó - razonablemente, según se infiere del dictamen pericial - a la necesidad de sufragar gastos de terapia psicológica ya que la aseguradora de riesgos del trabajo Consolidar, negó prestaciones de salud en especie, tras rechazar que el evento calificase como accidente de trabajo, comunicándolo así, tanto a la empresa empleadora como a la trabajadora (ver cartas documento de fs.93 a 96). (Art.1069 Código Civil).

En definitiva, con soslayo de que no exista incapacidad laboral actual, lo cierto es que la pérdida del empleo le generó un lucro cesante y además, el acto de violencia que padeció la actora de parte del trabajador dependiente de la demandada, tuvo aptitud para provocarle un estrés traumático que necesitó de asistencia psicológica, con la consecuente erogación de honorarios profesionales. Tampoco considero controvertible que el suceso le provocara a la trabajadora angustias y perturbaciones espirituales lo suficientemente importantes resarcibles como daño moral (Art.1078 Código Civil) Con lo expuesto tengo por acreditado que existió un acto ilícito (antijuridicidad) y daño (patrimonial y moral) en relación causal adecuada con el primero.

Resta determinar si, como lo postula la actora en la demanda y al recurrir , existe responsabilidad civil de la empleadora y luego, si ello se extiende a la aseguradora de riesgos del trabajo, citado como tercera por la patronal.

En cuanto a Nicart SA, estimo que tiene responsabilidad civil por las consecuencias dañosas del evento, según lo norma el artículo 1113 primer párrafo del Código Civil, en cuanto dispone: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado".

La responsabilidad por el hecho de dependiente es una responsabilidad refleja o indirecta, de tipo objetivo, es decir, no emplazada en la culpa. Se acepta de modo dominante que esta especie de responsabilidad tiene fundamento en la garantía. Las I Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1963), declararon que los principios que sirven de fundamento a las responsabilidades indirectas por hechos de dependientes o auxiliares "son determinados por el fenómeno económico jurídico resultante de la prolongación de la actividad propia por la utilización de fuerzas ajenas. Importan una garantía impuesta a quien las utiliza".

Además de: 1) la relación de dependencia (no necesariamente laboral); 2) la antijuridicidad del dependiente; 3) el daño y 4) la relación causal entre el evento dañoso y el perjuicio, es exigible, como requisito de activación de esta responsabilidad indirecta, según el artículo 1113 primer párrafo del Código Civil: 5) la relación entre la función encomendada al dependiente y el acto dañoso.

Dentro de esta categoría conceptual se engloba tanto al daño causado en ejercicio de la función como al ocasionado con ocasión de la función o bien con motivo de la función (Cifuentes, Santos y Sagarna, Fernando, Código Civil Comentado y Anotado, Bs. As., 2011, Tomo II, Pág.659).

Es un acto concretado "con ocasión de la función" aquél que, aunque ajeno o extraño a la función, únicamente ha podido llevarse a cabo y, por ende, no habría podido ser llevado a cabo por el autor del ilícito de no mediar la relación dependiente.

En este contexto, la responsabilidad de la empleadora no es controvertible, sin perjuicio de las acciones de regreso que le puedan asistir al amparo del artículo 1123 Código Civil. El matiz "pasional" que le asignara la empleadora al episodio (ver fs.230) no la exime de la responsabilidad objetiva y refleja, pues el hecho aconteció en el ámbito laboral, de custodia de la empleadora, y ésta tiene para con las personas que allí prestan servicios una obligación de seguridad (Art. 75 LCT) que garantice indemnidad psicofísica, respondiendo a su vez, por imperativo legal, por los hechos ilícitos de quien se vale para desarrollar su actividad (Art.1113 primer párrafo del Código Civil).

En lo concerniente al quantum del resarcimiento, debo memorar que la actora no porta incapacidad actual. Empero, en la demanda también solicitó una reparación por lucro cesante (demanda, fs.15) y daño moral, ambos acreditados en autos, según ya se explicitó, al igual que los gastos que debió afrontar para recibir atención psicológica. A los efectos de establecer la cuantía de cada una de las partidas que propondré diferir a condena, tengo en cuenta la condición de mujer de la afectada, la índole de la violencia que padeció (Convención de Belem do Pará, ley 24.632 y ley 26.485 - arts.5° y 6°), su edad (24 años, a la fecha del episodio violento), la remuneración mensual aproximada de $ 828 que percibía por sus tareas de administrativa (ver pericia contable de fs.254/255) y demás circunstancias particulares que surgen de la causa. Así, en virtud de lo normado por el artículo 165 del CPCCN, estimo adecuado fijar la indemnización en la suma total de $ 35.000, desbrozada del siguiente modo: a) $20.000 por daño moral, total que fue reclamado por la accionante por tal concepto - ver fs.53 -; b) lucro cesante: $ 10.000 (suma que determino como aproximación a un año de remuneraciones) y c) $ 5000, por gastos terapéuticos (reclamados a fs.20).

Por cierto, debo aclarar que, como el fundamento de la responsabilidad se emplaza en el derecho común, tal como fue reclamado en el escrito de inicio, la indemnización no está limitada por la cuantificación fijada por la ley 24.557. Por lo tanto, las objeciones constitucionales realizadas al demandar respecto de tal cuerpo normativo resultan irrelevantes. Tal importe llevará intereses conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de prestamos según el cálculo que difunde la Prosecretaría General de esta Cámara (Acta 2357/02 del 7 de mayo de 2002 y su Resolución aclaratoria N ° 8/02 CNAT), desde la fecha del hecho (14/06/2006) y hasta su efectivo pago. Se desestima el cuestionamiento constitucional a los artículos 7° y 10 de la ley 23.928, modificados por el artículo 4° de la ley 25.561. La tasa de interés fijada contempla en su quantum, a más del accesorio puro, una porción dirigida a mitigar la desvalorización del signo monetario. Por lo tanto, no es atendible la argumentación relativa al perjuicio que se invoca para dar fundamento al planteo de inconstitucionalidad.

La condena sólo debe afectar a la codemandada Nicart SA y no a la aseguradora de riesgos del trabajo citada como tercera por ésta (fs.42/47). En efecto, el hecho generador de los daños en el sub lite no califica en mi visión como accidente de trabajo según el artículo 6° de la ley 24.557. El ámbito de la ley de riesgos del trabajo se circunscribe, con la salvedad de los accidentes in itinere, a aquellos siniestros que sufren las personas trabajadoras a causa del tipo de actividad, las condiciones del lugar en que es prestada la fuerza de trabajo, como derivación de los útiles o herramientas que se utilizan o cosas que se encuentran en el establecimiento, aunque no sean utilizados por el afectado, etc. Estimo así, que la violencia interpersonal, aún laboral, pero que no tiene relación con la modalidad en que son organizadas las actividades laborales, no está alcanzada por la cobertura asegurativa prevista por la ley 24.557. V.- A influjo de lo normado por el artículo 279 CPCC, corresponde una nueva decisión sobre costas y honorarios. Propongo que las costas de ambas instancias se impongan a cargo de la demandada Nicart SA, en su carácter de objetivamente vencida (Art.68 CPCC).

De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora e igual carácter de la demandada y tercera citada y señores peritos médico y contador en el 15%, 12%, 12%, 7% y 4% respectivamente, según porcentajes a calcular sobre el monto total de condena, incluido capital e intereses (artículos 6°, 7°, 9° y concordantes de la ley 21.839).

Teniendo en cuenta similares parámetros, propicio regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes de los escritos de fs.337/340, fs.349/350 y fs.352/353 en el 27%, 25% y 25% respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (artículo 14 de la ley 21.839).

En definitiva, de compartirse mi propuesta, correspondería: a) Revocar la decisión apelada y, en su mérito, condenar a la demandada Nicart SA a abonar a la Sra. Paola Cecilia García de Luis la suma de $ 35.000.-, con más los intereses dispuestos por el Acta 2357 y su resolución aclaratoria N ° 8 CNAT, calculados desde el 14/06/2006 hasta su efectivo pago; b) Declarar la ausencia de responsabilidad a Consolidar ART SA; c) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios; d) Imponer las costas de ambas instancias a la codemandada Nicart SA y e) Regular los honorarios de ambas instancias, de conformidad con lo establecido en el considerando V) del presente voto. La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Revocar la decisión apelada y, en su mérito, condenar a la demandada Nicart SA a abonar a la Sra. Paola Cecilia García de Luis la suma de $35.000, con más los intereses dispuestos por el Acta 2357 y su resolución aclaratoria Nº 8 CNAT, calculados desde el 14/06/2006 hasta su efectivo pago; b) Declarar la ausencia de responsabilidad a Consolidar ART SA; c) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios; d) Imponer las costas de ambas instancias a la codemandada Nicart SA y e) Regular los honorarios de ambas instancias, de conformidad con lo establecido en el considerando V).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.	Gabriela Alejandra Vázquez Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara Jueza de Cámara Mab Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara