Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17


ZELAYA, Ana Rosa contra ANTONIAZZI HNOS. S.A.

Reg.: A y S t 203 p 54-57.

Rosario, 17 de noviembre del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia del 1.4.2004 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "ZELAYA, Ana Rosa contra ANTONIAZZI HNOS. S.A. -C.P.L.- (Expte. 206/03)" (Expte. C.S.J. nro. 256, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia pronunciada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, la que confirmó en todas sus partes el fallo inferior, deduce la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, por considerar que la misma vulnera los derechos y garantías de raigambre constitucional que invoca y prescinde de una razonada y objetiva valoración de "la justa causa" y de la "injuria laboral", deviniendo en una sentencia totalmente inmotivada (artículo 95, Carta Magna provincial).

En el memorial recursivo, tras narrar nuevamente los extremos fácticos de la causa (hechos y conducta de la actora que motivaran el despido), respecto de los cuales tanto el juez de grado como la Alzada, los han tenido por probados y los han calificado -a su criterio- de "graves", refiere a 'la incorrecta e ilegal descalificación general y a priori de la expresión de agravios, que deviene en "preconcepto" de rechazo del planteo'.

Bajo este último cuestionamientole agravian las manifestaciones de la Sala, en tanto sostuvo que la expresión de agravios de su parte es 'simil de alegato', que se limita 'a expresar discrepancias genéricas' contra la sentencia inferior, que 'no especifica los errores o vicios' del fallo recurrido y dice que '...cual alegato de primera instancia, vuelve nuevamente sobre la valoración de circunstancias de hecho y de derecho ya ventiladas en la causa, pero que no constituyen una crítica concreta y contundente a las afirmaciones del a quo ...'. Califica de incorrecta a tales afirmaciones, por cuanto entiende que su parte formuló una crítica concreta, razonada, específica, fundada, con indicación precisa a cada parte del fallo inferior, cumplimentando así lo estatuido por el artículo 118 del C.P.L..

Niega que su parte se agraviara de la existencia del hecho, cuando los hechos que han motivado el despido de la actora se han considerado acreditados, razón por la cual resulta inexistente el agravio invocado por los sentenciantes ("a) la existencia del hecho y la valoración realizada por el iudex a quo sobre la injuria ...").

Le disconforma que los jueces de la causa expresaran que "... de lo único que no debió haberse agraviado, esto es, la facultad del juez, que la propia norma le otorga para valorar la actitud rupturista de la empleadora...", afirmación que por sí sola descalifica el pronunciamiento, pues entiende que el sentenciante ha incurrido en una opinión caprichosa, subjetiva e infundada, desde que el artículo 242 de la L.C.T. delimita las facultades del juez , al expresar que el mismo ha de realizar una valoración prudencial del despido, normativa que luce inaplicada en autos.

Considera que el Tribunal a quo pondera incorrectamente la conducta de la actora al sostener que se trata de "un mero error o descuido humano", por cuanto la accionante era la encargada de cajas, con seis empleados a su cargo, con custodia y tenencia de llaves de la caja de seguridad y valores contenidos en la misma, lo cual implica por su cargo, jerarquía y tareas un alto grado de responsabilidad laboral y una gran confianza puesta en ella por la empleadora, lo que demuestra que el comportamiento de Zelaya, como mínimo, fue una negligencia grave de su parte en sus funciones específicas y no un mero error o descuido.

Asimismo le agravia que la Alzada juzgara que su parte debió probar el dolo de la actora o la existencia de alguna figura delictiva, cuando por el contrario probó el hecho dañoso del incumplimiento negligente grave de aquélla y sus consecuencias, no obstante haber alegado Zelaya circunstancias eximentes en su conducta (olvido, pérdida incluso sustracción de las llaves de caja fuerte), las que no han sido probadas.

También vulnera el fallo, según expresa, lo dispuesto por el artículo 242 L.C.T. al condicionar la injuria grave impeditiva de continuidad del vínculo a la no existencia de antecedentes y al carácter "inmaculado" del vínculo de la actora, aplicando una teoría laboral incorrecta (valoración cuantitativa para configurar injuria grave que autorice el despido), cuando en autos se acreditó un hecho y conducta de negligencia grave, con perjuicio patrimonial y moral, cometido por Zelaya, lo que encuadra el caso en una valoración cualitativa.

La Sala a quo denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede.

2. Aún cuando se entendieran cumplidos los recaudos formales juzgados insatisfechos por el Tribunal a quo, el presente recurso igualmente no ha de prosperar, pues de la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, el agravio de la recurrente puede sintetizarse en la arbitrariedad del decisorio impugnado, en tanto reconoció la existencia del hecho (faltante de caja), mas sin considerar al mismo injuria grave, suficiente para rescindir el contrato, es decir, la queja radica, en esencia,en la valoración que efectuaran los jueces de la causa respecto del hecho generador del distracto (artículo 242, L.C.T.).

Así, la Cámara consideró liminarmente que el memorial presentado por la accionada, al volver sobre el "factum", dejó incólume la valoración de la injuria que en cumplimiento del mandato normativo del artículo 242 L.C.T. realizó el juez de grado, aclarando que Zelaya pudo haber cometido un acto grave en el cumplimiento de su cometido, pero así también, que la empleadora pudo utilizar una sanción menor ante la "trayectoria inmaculada" de aquélla.

La Alzada entendió que el iudex a quo, al analizar prudencialmente la injuria, determinó la inexistencia de proporcionalidad entre el hecho y la sanción, atento la falta de antecedentes disciplinarios, como así la ausencia de dolo (artículo 931, C.C.) e imputación de delito penal, pues el hecho cuya autoría reconoció la propia trabajadora se encuadra en una típica situación de culpa, de naturaleza inconsciente (artículo 512 C.C.). Asimismo, la Cámara receptó objetivamente el perjuicio argüido por la empleadora, desde que la sustracción existió, sin embargo descartó la alegada pérdida de confianza, restándole virtualidad para denunciar el vínculo frente a la trayectoria de la empleada en la empresa conjuntamente con el hecho del faltante de dinero, absolutamente ajeno al dolo, considerando así que aquélla no vulneró los deberes de fidelidad y buena fe, al mediar absoluta sinceridad al asumir personalmente la responsabilidad por el faltante.

Este ha sido el razonamiento seguido por la Alzada, frente al cual la compareciente pretende oponer su particular apreciación de la causa, aduciendo que su parte efectuó una crítica razonada y concreta del fallo inferior (artículo 118 C.P.L.), alegando la inexistencia del agravio invocado por la Sala, desde que el hecho que motivó el despido ha sido debidamente acreditado, razón por la que los sentenciantes han incurrido en una interpretación caprichosa, desconocedora de lo normado por el artículo 242 de la L.C.T..

Afirmó además que Zelaya incurrió en una grave negligencia en sus funciones y no en un mero error o descuido, como contrariamente lo sostiene la Alzada, quejándose, en definitiva, de que los sentenciantes juzgaran desproporcionada la sanción aplicada ante el hecho cometido, atento la falta de antecedentes disciplinarios de la empleada, como así la inexistencia de dolo e imputación penal.

De ahí entonces, la recurrente, lejos de fundar sus planteos, cae en el error de enjuiciar el fallo desde el punto de vista de lo que considera sus desaciertos en relación a las imputaciones realizadas, limitándose así a manifestar una fuerte discrepancia con la solución jurídica a que arribara el Tribunal a quo, a la luz de la normativa vigente y de las constancias de la causa.

En definitiva, la articulación de los agravios formulados por la quejosa no aportan elementos idóneos a los fines de un serio encuadramiento del caso que justifique la excepcional habilitación de la instancia por arbitrariedad de sentencia, por lo que no cabe la admisión del recurso. Por lo demás, el memorial introductorio en nada difiere de ser una simple expresión de agravios -con insistentes y continuas referencias que atienden a la revalorización de las constancias y pruebas rendidas- de una apelación común.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)