marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, servicio público, tarifa de servicios públicos, concesión de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maruba SCA. Empresa de Navegación Marítima c/ Estado Nacional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Secretaría de la Marina Mercante s/ incumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

En todo régimen de prestación de servicios públicos por medio de concesionarios las tarifas son fijadas, aprobadas o verificadas por el poder público conforme a lo que disponen la ley o el contrato, atribución que tiene en mira consideraciones de interés público, tales como asegurar la prestación del servicio en condiciones regulares y la protección del usuario.
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, LEY DE CONCURSOS
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PEDAGOGOS S.R.L. s/ Recurso Queja por Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-28

El proceso concursal, desde su nacimiento y hasta su extinción, tanto en lo que hace al remedio preventivo como a la quiebra, tiene una vida propia y una reglamentación especial estatuida por el ordenamiento vigente.

Dentro de los principios comunes que contiene la Ley 24.522, se encuentra el inc. 3° del art. 273, el que prescribe que, las resoluciones son inapelables; es decir, la ley ha establecido el principio general de la inapelabilidad de las resoluciones que se dicten en los concursos, salvo disposición expresa contraria de la ley (art. 273, primer párrafo), o sea, salvo los supuestos que la misma dispone en forma expresa que son apelables.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-08

La sentencia que dejó sin efecto la franquicia pactada de conformidad con lo establecido por la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación omitiendo tomar en consideración las disposiciones emanadas de dicha normativa y sin dar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora, se basa en una aseveración dogmática que no trasluce más que una simple convicción personal, carente de respaldo en razones jurídicas de carácter objetivo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Marcas, imitación fraudulenta de marca o designación
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: MEMI, Pedro s/ sobreseimiento Causa nro. 27.310
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

Aún imaginando la hipótesis de intencionalidad de imitar el nombre, debe desecharse la posibilidad de adecuación de la conducta al tipo del artículo 31, inc. b), de la ley 22.362, si no se encuentra probado el ánimo fraudulento de la elección de rótulo similar.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SEGUI, CARLOS OMAR c/ BALTZ, MAURICIO FRANCISCO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-08

La presunción emergente de la prestación de servicio en los términos del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo éstos están contemplados en la tipificación del contrato y de la relación de trabajo. La presunción contenida en la citada norma jurídica tiende a resguardar jurídicamente la situación del trabajador contratado informalmente, ello de modo alguno puede conducir a que se presuma la subordinación como tal, en cualquier situación, toda vez, que no debemos olvidar que necesariamente juegan varios factores tales como: actitudes, condiciones personales de las partes que de uno u otro modo permiten delinear una efectiva dependencia, que paralelamente supone, por parte del dador del trabajo, el efectivo ejercicio del poder de dirección. La subordinación jurídica es una condición indispensable para que se aplique la presunción del artículo 23, ello porque la dependencia o subordinación jurídica, está ligada a su esencia a su propia naturaleza, por lo que no podrá estar jamás ausente en una relación que se precie de estrictamente laboral. De modo alguno resulta verosímil presumir, que toda persona que desarrolla una tarea para otra, lo haga en relación de dependencia, ya que, para que ella se configure, se requiere el elemento dirección; artículos 4,21,22 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, que no consiste sólo en dar instrucciones, sino que también las realice el trabajador a quien se le indique, que servicios se le requiere y que dicha tarea se efectúe bajo es riesgo económica del que la dirige.
Legitimación activa, derechos patrimoniales, Colegio Público de Abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Abogados de Jujuy - Elva Celia Isolda Calsina, María Cecilia Rodriguez y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de inconstitucionalidad.L.A.Nro.  50 F. 189/194 Nro.  80. Calsina, María Cecilia Rodriguez y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de inconstitucionalidad.L.A.Nro.  50 F. 189/194 Nro.  80.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-12-26

El efecto derogatorio que el artículo 7, inciso 3 de la ley 4346 atribuye a la declaración de inconstitucionalidad de una norma (a lo que la actora denomina "alcance erga omnes de la sentencia") no lleva a concluir, como se afirma en la demanda, que cualquier sujeto está atribuido de legitimación para promover la acción dirigida a la tacha de una norma, pues la correlación que se plantea entre el efecto expansivo de la sentencia y quien ha promovido la demanda respectiva, se limita, en todo caso, a los sujetos comprendidos en el precepto cuestionado. De tal suerte -y sólo a modo de ejemplo- una resolución que admitiera la acción promovida por un abogado respecto a la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos, favorecería a todos los demás, de lo que se sigue que cualquiera de los matriculados está legitimado para incoarla; pero ello, claro está, no importa admitir -como injustificadamente se pretende- que tal prerrogativa esté al alcance de quien, por no ejercer la abogacía o la procuración (ni estar investido de representación legal alguna) en nada resulta afectado por su vigencia o derogación, como sucede con el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy.
Empleo público, diferencias salariales, carácter remuneratorio, conceptos no remunerativos previsionales, adicional por refrigerio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morchio, Maria Claudia c/ G.C.B.A. s/ Acción Meramente Declarativa Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-17

La exclusión del adicional por refrigerio para el cálculo de las cargas sociales correspondientes previsto por el Decreto Nro. 1-P-93, evidencia que el mismo no forma parte del ingreso remunerativo que percibía la accionante.

Asimismo, la circunstancia de que el suplemento no revestía carácter general, puesto que su percepción se encontraba sujeta al cumplimiento de diversas condiciones -entre ellas, estar afectado directamente a determinadas áreas de Consejo Deliberante; participar en las sesiones que se extiendan más allá de las 22 horas o que se realicen los sábados, domingos o feriados; desempeñar funciones escalafonarias durante menos de 35 horas semanales y percibir una remuneración total que no exceda un determinado monto-, refuerza la conclusión de que el mismo no reviste naturaleza remunerativa y, en consecuencia, su supresión no supone una reducción salarial para la actora.
Nulidad de sentencia, libertad condicional, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Capuma Rodríguez, Jossue c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-28

Corresponde anular la resolución que -al rechazar el pedido de libertad condicional- omitió correr vista a la defensa del dictamen del MPF que propició el rechazo de la solicitud.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, culpa concurrente, exceso de velocidad, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: FEDERACION AGRARIA ARGENTINA  SOC. COOP. SGROS. LTDA. c/ RUIZ, SILVIA N. Y OTRA s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-05

En materia de accidentes de tránsito, interpretando el art. 49, inc. b) de la ley 13.893 reiteradamente se ha dicho que el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe, en todos los casos, reducir sensiblemente la velocidad, e incluso detener el rodado si es necesario, debiendo así conservar su pleno dominio.

Para establecer una mayor proporción a uno que a otro conductor, corresponde que la culpa sea atribuida por mitades.
Concursos, honorarios, monto del juicio, extinción del acto jurídico, conclusión de la quiebra, pago total
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rodeos SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

El acto regulatorio, debe entenderse como integrante del decisorio jurisdiccional que pone fin al proceso compensatorio de la gestión profesional y/o funcional hasta allí cumplida. Así, no puede concebírselo disociado del evento que dimana del precepto en estudio: la homologación del acuerdo preventivo, del sobreseimiento de los procedimientos por avenimiento, de la aprobación de los estados de distribución, o al finalizar la realización de los bienes, o al concluirse por cualquier causa el procedimiento.
AFIP DGA, resoluciones aduaneras, declaración de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Pires, Francisco Antonio c/ Aduana de la Nación s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Si hasta el dictado de la resolución 3878/69 de la Administración Nacional de Aduanas no se había dispuesto una forma específica de satisfacer la exigencia de declarar aquellas circunstancias comerciales que pudieran influir en el precio de la operación, cabe considerar que la verificación del cumplimiento de dicho deber no puede efectuarse sobre la base de una regla de aplicación general como lo requería la resolución 8152/68- destinada solamente a completar la individualización y valoración de la mercadería.
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, convocatoria a elecciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial 29-3-97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires queda severamente lesionada cuando se determina que el convocador a la elección de los miembros de su poder legislativo sea el Poder Ejecutivo Nacional, pues se la condiciona en una forma incompatible con el diseño constitucional (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de casación, fianza
Materia: LABORAL
Carátula: Battista, Emilce c/ Sussex S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-06

Si, en el caso, el solicitante peticiona continuar con los trámites de ejecución de sentencia dictada en autos y ofrece fianza personal, y la contraria se opone, corresponde que esta Sala califique la fianza con el objeto de cautelar los eventuales daños y perjuicios que pudieran provocarse al ejecutado. A esos fines y teniendo en cuenta los montos que se pretenden ejecutar, el peticionario deberá acompañar póliza de seguro en la que figuren como beneficiarios los ejecutados. El valor asegurado no será inferior a la suma perseguida, más el veinticuatro por ciento de interés anual, por el tiempo que se estima provisoriamente pueda transcurrir hasta el efectivo pago.
Escala penal, homicidio simple, abuso de armas
Materia: PENAL
Carátula: Chung, Leonardo Esteban c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

La conducta consistente en disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla o causándole una herida a la que corresponde una pena menor a la de uno a tres años de prisión se encuentra perfectamente definida en el artículo 104 del Código Penal, que deja a salvo los hechos que importen un delito más grave. Tal escala punitiva cuadra, pues, para la puesta en peligro o la lesión leve causada por el disparo de un arma de fuego; y el legislador original supo prever el aumento o la disminución de aquella, según concurriere alguna de las circunstancias previstas en las figuras de homicidio agravado o atenuado, respectivamente, en el artículo subsiguiente. Si así obró y, paralelamente, respecto del homicidio simple, se limitó a la lacónica descripción del artículo 79, destinando a otros preceptos la previsión de aquellas circunstancias de agravación y atenuación que decidió plasmar en su catálogo, cabe interpretar razonablemente que entendió suficiente, de cara a la concreción de aquel peligro en la máxima lesión contra la vida, con aumentar ocho veces el mínimo de la pena relativa al abuso de armas y más de ocho veces el mínimo (voto del juez Niño).
Constitución de sociedades, asociaciones civiles, administrador de la sociedad, representante legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRAND EXTENSION TEAM S.A. c/ RACING CLUB ASOCIACION CIVIL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

El tercero que contrata con una sociedad seguramente no esté en condiciones de controlar si es adecuada o no la actuación del representante legal, pero cuando la sociedad que otorga un documento notarial, cuando tiene que intervenir en un acto que se documenta notarialmente, hay un tercer personaje que está en el medio, que es un escribano y que tiene el deber funcional de ejercer el control de legalidad del acto" (Giralt Font, Jaime, "Documentos habilitantes que deben ser exhibidos al escribano por quien invoca una representación", Rev. del Not. N° 863, pág. 96). Por lo tanto, resulta indispensable que el escribano requiera que le exhiban los documentos originales para hacer la imputación diferenciada de efectos que toda representación implica. Esto así porque el notario tiene que llegar a la convicción de que quien representa es el legitimado. Dicha función es una tarea específicamente notarial porque el escribano es el responsable de determinarla.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PCIA. DE SALTA c/ AUTORENTAS DE SALTA S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-24

Los defensores de ausentes solo representan a aquellas personas que por ignorar sus domicilios o por no conocer sus nombres han sido emplazados por edictos.
Obligaciones del médico, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: Carro, José Manuel c/ U.T.E.D.Y.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-18

El compromiso asumido por el médico de proceder con la diligencia propia de su especialidad y de obrar conforme a las reglas y métodos propios de su profesión, cuadra analizarlo teniendo en cuenta las directivas del artículo 902 del Código Civil, y sin pasar por alto que cuando está en juego la vida de un hombre, la menor imprudencia, el descuido o la negligencia más leve, adquieren una dimensión especial que les confiere una singular gravedad.
Sentencias de segunda instancia, jurisprudencia vinculante, fallos del Superior Tribunal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez Luis en J: Banco Agrario c/ Luis Martínez s/ Recurso Directo (LIBRO: A136 - 052)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-05

Unicamente los fallos plenarios de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia son obligatorios para cada una de sus Salas y los Tribunales inferiores, no rigiendo en el ámbito judicial argentino el principio del derecho norteamericano conocido como "stare decisis" (en cuya virtud los pronunciamientos judiciales cuentan con carácter vinculante respecto de casos futuros, para el tribunal que dictó la decisión y para aquellos subordinados a él, adquiriendo así la sentencia -sea o no plenaria- un expansión de máxima intensidad respecto a futuros pronunciamientos de los citados tribunales.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: González, Luis Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

Constituye agravante la utilización de un arma de fuego en el hecho (arts. 40 y 41, C.P.).
Haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, personal militar, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pereyra, Néstor René c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

La Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal ha manifestado que la "Ley 20.239 dispone que la retribución de los agentes se fijará conforme a escalas e índices por categoría, pero no estable que estos índices, una vez fijados por el Poder Ejecutivo, deban ser mantenidos numérica ni proporcionalmente, sin poder sufrir modificaciones por parte de aquél a quien la ley habilita para establecerlos" (cfr. Sala III, voto del Dr. Mordeglia, en autos "Biafore, Roque Mario y otros c/ E.N. - Minist. de Defensa", sent. del 07.08.98); agregado "Los medios utilizados por el Poder Ejecutivo para incrementar las remuneraciones de los agentes no revisten ilegitimidad y se encuentran dentro de la esfera de competencias que para aquél habilita el art. 18 de la ley 20.239, no surgiendo que el P.E.N. se hubiera conducido arbitrariamente dentro de las facultades que le son propias, como son las de fijar las remuneraciones del personal de su administración (cfr. Sala III, "Yung, Héctor y otros c/ E.M.G.F.A.", sent. del 10.08.00). En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del a quo que rechazó la pretensión de que se apliquen los índices fijados por la ley 20.239 y su decreto reglamentario 2355/73, suplantado por el Dec. 2683/93
Locación de obra, desistimiento de la obra, indemnización, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: ROMAN SAC c/ ASTILLEROS Y FABRICAS NAVALES DEL ESTADO SA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

El caso de incumplimiento de un contrato de locación de obra - como el sub iudice- queda subsumido en la órbita del art. 1638 del código civil. El dueño debe pagar al empresario todos los gastos, trabajos y utilidades que hubieran podido obtener del contrato.

Claro esta, que de las ganancias prometidas en el contrato, habrá que descontar las erogaciones que el cumplimiento de la obra le hubiera significado al empresario, porque lo que la ley le asegura es el resarcimiento de la ganancia líquida. Asimismo, el resarcimiento no puede implicar enriquecimiento sin causa para el empresario, por lo cual no equivale al precio total de la obra.
Ley arancelaria, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Montemar SA c/ Olga Luna de Gonazález s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-10-09

Las normas arancelarias tienden a asegurarles a los profesionales la justa retribución de su trabajo, y para ello es necesario tener en cuenta todas las circunstancias para que ella sea equitativa. La estimación del monto del proceso a los efectos regulatorios debe ser apreciada por el Tribunal en cada caso particular, en mérito de la labor desempeñada.
Leyes, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recreación Marítima S.A. s/ Inconstitucionalidad decreto 27/89 y reglamento para los servicios  de guardavidas de la Provincia de Buenos Aires Ludueña, José María y otros s/ Inconstitucionalidad decreto 27/89 y reglamento para los servicios  de guardavidas de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15|1997-04-15

No infringe las normas de la Constitución el decreto reglamentario dictado teniendo en cuenta intereses meramente locales que hacen a la seguridad y salubridad de los habitantes en las playas de la costa atlántica y en ejercicio del poder de policía laboral local.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inimputabilidad, medidas de seguridad curativas, constitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez, Rubén Antonio s/ recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

La medida de seguridad contemplada en el art. 34, inc. 1° del C.P. es constitucional y esta supeditada a la desaparición de las condiciones que hicieran peligroso al sujeto; es decir que resulta innecesario para que proceda la oportuna soltura del inimputable que fuera absuelto en tales condiciones, que por efecto de la medida de seguridad que le fuera impuesta -cuya finalidad es la cura- este haya readquirido la capacidad de ser culpable; tal extremo no es lo requerido por la ley, la que sólo establece como exigencia para el referido fin, que haya desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a si mismo o a los demás. Desaparecido el peligro cesa la medida. No es necesaria la cura. Pretender un plazo máximo es inexorablemente procurar una limitación temporal de la medida de seguridad que jamás podría ser razonable si tan solo reparamos en la incertidumbre que rodea a la desaparición de las condiciones que hacen peligroso al individuo en los términos del Código Penal. Por lo demás, ello implicaría ir más allá de lo que la ciencia autoriza y permite, aventurando una extensión determinada y la consecuente modificación de una situación médica, circunstancia que a todas luces -y por el momento resulta irrazonable e inadmisible. (Voto del Dr. Riggi).
Homicidio calificado por el vínculo, femicidio, apreciación de la prueba, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Piovano, Belén de los Ángeles c/ Pronto Moto; Imex S.A.; Zanella S.A. s/ acciones ley de defensa del consumidor P. E., J. por homicidio doblemente calificado (criminis causae y femicidio) en perjuicio de Z., M. G. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-22|2019-12-30

El homicidio "criminis causa" encuentra su agravamiento en una conexión ideológica, tanto final, como impulsiva. Y la esencia de tal subjetividad reside en la preordenación de la muerte a la finalidad delictiva o pos delictiva, o a la satisfacción del despecho que mueve al homicida, no bastando la simple concomitancia del homicidio con el otro delito. La ley sólo exige que en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin delictuoso o la malquerencia producida por el desengaño sufrido en su anterior empeño delictuoso, funcionen como motivos específicamente determinantes del homicidio; sin embargo, esto no requiere premeditación o reflexión, sino sólo decisión, la que puede producirse incluso de improviso en la ejecución del hecho mismo. Pero la decisión de matar "para" o de matar "por" se materializa por el desprecio que muestra el autor por la vida de otro.