marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recursos, recurso de rescisión
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN c/ AUBONE ERNESTO MARIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-30

El denominado recurso de rescisión, es el remedio acordado a la parte declarada en rebeldía, por razones que no le son imputable, cuyo objeto consiste en obtener nulidad de los procedimientos, y en su caso, de estos y de la sentencia, a fin de que el proceso, se sustancie nuevamente a partir del estado en que se encontraba a la fecha del impedimento, que obstaba a la comparencia del rebelde. A pesar de la denominación que le da el código de procedimientos, no configura técnicamente un recurso, sino un incidente de nulidad, con el cual coincide en cuanto a sus presupuestos de admisibilidad y efectos.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: DE SAUTU,M.C. s/ Lesiones leves y daño. Pergamino
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

El antecedente de condena por delito similar es inoperante como elemento cargoso pues la proclividad delictiva específica, en principio, sólo reviste carácter de elemento corroborante de prueba, pero no de indicio en sentido técnico procesal.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA c/ ESTABLECIMIENTO ARMONIA s/ EJECUCION HIPOTECARIA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-29

Los honorarios deben guardar proporcionalidad con la base regulatoria tomada en consideración para establecerlos, y dicha base debe coincidir, en lo posible, con el importe defendido, es decir, con lo que económicamente el abogado ayudó a incorporar al patrimonio de su cliente o impidió que saliera.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, accidente de tránsito, daños y perjuicios, testigos, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: Uezen, María Cristina y otro c/ Empresa Río Grande S.A. y otros. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Es arbitraria la sentencia que -al rechazar la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito- descalificó los relatos de los testigos por entender que no había elementos que pudieran reforzar la confesión ficta del chofer de uno de los vehículos, en los términos del art. 417 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues el a quo no intentó confrontar tales testimonios con otros elementos probatorios en busca de un mayor grado de certeza sobre los hechos ocurridos.
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: C., A.E. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-16

"En los supuestos en que el beneficio se solicita durante el proceso en trámite, la resolución que lo otorgue no alcanza a los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud, por aplicación del principio de preclusión procesal...".
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Valgoi, Luis Armando s/ QUEJA  EN:'VALGOI,  LUIS  A. C/NELLI, MARIO S/RESOLUCIóN DE CONTRATO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-04

No es definitiva a los fines del recurso de casación, la sentencia cuando -como en el caso- lo resuelto en ella consiste en diferir la determinación del cuantum mediante la producción de la prueba que corresponda en el ámbito en que debe debatirse la incorporación de este crédito al pasivo del demandado, es decir en la vía concursal.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, buena fe, interpelación, resolución del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paz Valentín c/ Adm.Gral. de Puertos -Res. 318 y 67/83 y otro s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-16

El art. 1198 del C.C. se refiere a la buena fe en diversas etapas contractuales: celebración, ejecución e interpretación. Nada dice la ley respecto de la etapa de resolución, aun cuando debe considerársela en forma implícita ya que el legislador no puede referirse sólo a actos singulares del contrato, sino que la buena fe, por el contrario, abarca el comportamiento debido en su totalidad, es decir como actitud de cooperación y de fidelidad que es debida por cada parte a la otra. Esto significa que el requerimiento cursado por el acreedor no debe ser sorpresivo o intempestivo, sino que ha de resultar apto y con la antelación necesaria para posibilitar que el deudor pueda cumplir exactamente lo debido, evitando situaciones que trasunten una emboscada o una irreal situación, para así prevalerse de medios compulsivos; entre los que se encuentra la resolución del contrato. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. VIII).
Acción penal, testigos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VELASQUEZ, HORACIO s/ PRUEBA - TESTIMONIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1960-08-28

Si el derecho del querellante no queda excluidos por el parentesco próximo,si es evidente que un hijo puede acusar a su padre por calumnias o injurias,tampoco es dudoso que el querellante puede ser sometido a un interrogatorio como testigo y si el cónyuge puede acusar al otro cónyuge por adulterio, también es indudable que podrá declarar.

Lo mismo puede decirse con respecto al ofendido damnificado, que en virtud de disposiciones del C.C. asuma la condición de actor civil en proceso seguido contra un pariente próximo, nadie dudará que podrá ser interrogado, aunque sea padre, hijo, cónyuge o hermano del imputado contra el cual ejerce la acción resarcitoria.-
Daños y perjuicios, daño causado por animales, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Luis y otra c/ Camino del Atlántico s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22

Las obligaciones del concesionario, no pueden exceder de su debido marco, hasta abarcar todo accidente que suceda con motivo de la presencia de un animal en la ruta. Ni tampoco debe suponerse que, sin más, el concesionario debe o no indemnizar por todo daño producido por ese animal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejercicio profesional, colegio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ (Amparo Ley 4915)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-02-27

Es de lógica sistémica en nuestra organización federal que si los títulos profesionales con reconocimiento oficial certifican la formación académica recibida y habilitan para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, el ejercicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias, no puede ser ejercido en contra de la validez y alcance de un título con reconocimiento oficial.
Honorarios, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: SALT CARD S.A. c/ ALVAREZ, Sergio Roberto s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-10

La queja, desde el punto de vista de la Ley de Aranceles, debe ser considerado como un juicio sin monto, habida cuenta que la cuestión central a resolver gira en torno a aspectos de derecho estrictamente procesal ( decidir si la queja ha sido bien o mal denegada).

Y aunque en la hipótesis de la apertura del recurso las consecuencias mediatas podrían, eventualmente, ser de carácter patrimonial, ello no convierte a la queja en lo que el Dcto. Ley 324/63 llama de apreciación económica.

Por ello cabe estimar los honorarios, apreciando el mérito jurídico, la extensión del trabajo realizado, su complejidad, naturaleza o novedad de la cuestión planteada, etc., de conformidad a lo previsto por el art. 4 incs. b, c, d, y art. 5 del régimen arancelario mencionado.

Así lo entendió el Superior Tribunal Provincial al expresar que el recurso de queja debe ser considerado como un juicio sin monto (CJSalta, Fallos T 52, f° 269/272).
Protección constitucional del trabajo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Escalona, Martín Reynaldo y otro c/ Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

El trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes, lo que incluye al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. El juez Rosenkrantz, en su voto, no adhirió al presente párrafo-
Recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: Procesal
Carátula: Gandulfo, Luis María c/ General Electric Argentina S.A. y otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-02-28

La doctrina y la jurisprudencia definen y configuran la causal casatoria de violación de la ley, cuando el Magistrado desconoce la existencia de un norma jurídica vigente o yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto, o aplica a los hechos de la causa una norma distinta de la que correctamente debiera aplicárseles en el caso, en el cual habría de indicarse con precisión la norma legal o regla de derecho que se estima violada para habilitar el recurso.

Pero, es también preciso y necesario que se indique cuál es la aplicación que se pretende, con lo cual quedará señalado el error atribuído a la sentencia. Definido el concepto, se verifica que el recurso interpuesto no observa en la exposición del primer motivo casatorio, el cumplimiento de la última parte de la regla enunciada, abriendo -a efectos de atacar el fallo de Cámara- un abanico de posibilidades y atribuciones contempladas por la ley civil y comercial, que habrían sido de aplicación al caso para su correcta solución, todo lo cual hace a la insuficiencia del recurso.
Empleados públicos, ascenso laboral, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SENESTRARI FELIPE RAMON Y OTROS c/ JUNTA DE FOMENTO DE VILLA PARANACITO s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-07

La garantía constitucional de la estabilidad en el empleo público (artículo 21 Constitución de Entre Ríos), si bien tiende a asegurar los efectos de la designación originaria del empleado público tanto como los derivados de sus ascensos escalafonarios, no constituye -en rigor- una cláusula automáticamente operativa de modo concomitante con la designación del sujeto en el empleo o en su nueva categoría del escalafón, sino que requiere la satisfacción de requisitos insoslayables que configuran el presupuesto de su operatividad y consecuente adquisición del derecho por parte del agente: legítima designación y un año consecutivo de servicio, perdurando su buena conducta, sus aptitudes física y mental y la contracción eficiente para la función encomendada. Si el agente no contaba con un año de desempeño en las funciones inherentes a la nueva categoría que se le asignara -cuando dicho ascenso fue derogado- falta en consecuencia uno de los requisitos que hacen operativa la garantía constitucional de estabilidad en el empleo -artículo 21 Constitución Provincial.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, seguros, asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, indemnización, monto de la indemnización, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA IBERO PLATENSE CIA. DE SEGUROS SA. c/ AGP. s/ DEMANDAS CONTRA AGP.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-08

La transferencia de los derechos del asegurado al asegurador contra el tercero autor del daño, se opera de pleno derecho con el pago de la indemnización, sin necesidad de cesión de derechos entre las partes; de lo que se infiere, como consecuencia, que el título que legítima y habilita el reclamo del asegurador no se halla en el contrato de seguro, sino en el desembolso probadamente realizado; y los efectos de tal transferencia de derechos tienen lugar en el monto de la indemnización que abonara; ya que el plus por depreciación monetaria no significa sino una adecuación de la misma suma pagada a los fines de mantener el valor originario de la moneda; no resultando de aplicación la ley 24.283 por no haberse demostrado que el procedimiento seguido por el señor Juez de grado no ha sido el adecuado.
Recusación con causa, competencia correccional, deberes del juez, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Inc. de excusación de D. F. CAVALLO, Causa nro. 13.579
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24

El motivo de la presente recusación es la existencia de una reunión entre algunos jueces federales y el recusado, en la que se habría tratado la existencia de una campaña de desprestigio respecto de algunos jueces federales, en la que estaría involucrado el recusante.

De ello darían cuenta las notas periodísticas incorporadas a la causa y aunque el "a quo" negó tal suceso, subsiste el temor de parciabilidad que sostiene el querellado, fundándolo en las probanzas de la causa. Se debe tener en cuenta que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial reviste jerarquía constitucional y ha sido arbitrado fundamentalmente en favor del imputado, debiéndose considerar las cuestiones referidas a inhibición y recusación de Magistrados con mayor amplitud cuando se trate de causas en las que sea el Juez Criminal y Correccional Federal quien eventualmente, deba sustanciar la etapa de debate y dictar sentencia
Procedimiento aduanero, recurso por retardo, avocación administrativa, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Papelera Francesa S.A. c/ A.N.A. s/ Aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

No resulta acertado asimilar al recurso por retardo previsto en el C.A., con la normativa y criterios aplicables al recurso de apelación por denegatoria ficta, toda vez que tal equiparación no se condice con las características de la avocación a la que aquél conduce. Por lo demás, el C.A. no prevé como requisito para la procedencia del recurso por retardo, la interposición de pronto despacho alguno por parte del interesado, razón por la cual no puede convertirse en un paso previo exigible a los efectos de su procedencia, cuando la ley que rige la materia así no lo dispone.

(Cons. VII).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, juicio ejecutivo, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SABAJANES, MARIA LUISA c/ BANCO DEL BUEN AYRE SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

En un proceso de esta índole, donde se han puesto en juego aspectos causales debatidos en la ejecución precedente, el "onus probandi" debe juzgarse a la luz del principio de la carga dinámica de las pruebas, teniendo en cuenta la situación correspectiva de las partes y, en especial de aquella que se encuentra en la situación las favorable para probar los hechos de que se tratan; máxime considerando la naturaleza propia de la relación que dió origen al título y las particulares condiciones que la rigen (código de comercio, art. 797).
Recurso de casación, cuestión no planteada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martinez, Juan Antonio. c/ Banco de la Provincia de Río Negro. s/ Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones Ajenas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-04-15

Es notoriamente tardía la proposición, en esta instancia excepcional, de argumentos no propuestos ni en la instancia administrativa ni al tribunal que decidió la incompetencia.
Partidos políticos, personalidad política, caducidad de la personalidad política, afiliación partidaria
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Comunista s/ actuación -distrito Corrientes- Expte. N° 29.355/87 Legajo de apelación en autos: Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) s/ reconocimiento de personería jurídico política como partido de distrito Expte. N( 60.301/02 Legajo de apelación en autos caratulados: Partido Frente Grande distrito Corrientes s/ personería jurídico-política como partido de distrito Expte. N( 42.822/94 (caducidad art. 50 inc. e ley 23.298) Incidente de apelación en autos caratulados Partido Socialista Auténtico s/ pedido de reorganización (caducidad art. 50 inc. e Ley 23.298) Concertación Política para el Cambio Social s/ solicita reconocimiento de personería jurídico-política
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19|2010-11-09|2010-11-09|2010-12-23|2010-12-23

El proceso regular de declaración de caducidad bajo esta causal (cf. art. 50, inc. "e") se inicia con el informe de la secretaría electoral -elaborado de oficio o a pedido del fiscal- conteniendo el número de afiliados de la agrupación y el número mínimo de afiliados del distrito respectivo informado en la publicación efectuada por esta Cámara, de lo cual -cuando corresponda por no alcanzar el partido el mínimo de afiliados- se lo intimará en los términos del artículo 7º ter, segundo párrafo. Cumplido en debida forma el plazo de la intimación y producido un nuevo informe actuarial, de mantenerse la situación objetiva prevista en la norma, se dará vista al fiscal para que se expida dentro del plazo que el juez determine en función de los principios de celeridad y economía procesal, acerca de la pertinencia o no de declarar la caducidad de la agrupación política. Luego de ello, resulta imprescindible -como se expresó- correr traslado al partido político para garantizar el debido proceso. Recién en este estadio, y realizada en caso de corresponder la audiencia del artículo 65, el a quo deberá resolver sobre la caducidad de la personalidad política de la agrupación.
Procedimiento previsional, recursos, juzgados federales, procedimiento de impugnación de deuda previsional, caducidad de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PRONTO S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

Si bien es cierto que el art. 8, inc. b) de la ley 23.473 no determina el procedimiento aplicable, ni establece claramente el rol del juzgado federal que recibe el recurso, se observa que el mismo asigna expresamente a la C.F.S.S. la competencia para conocer en el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de deuda practicada por la A.F.I.P. en concepto de aportes y contribuciones previsionales y, en consecuencia, para realizar todos los actos procesales dirigidos a emitir el pronunciamiento con relación a lo pretendido.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo, segunda instancia, expediente, inactividad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gire SA c/ Gervasoni, José María y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

No procede hacer lugar al acuse de perención de segunda instancia. Ello por cuanto si bien se encuentra cumplido el plazo previsto por el CPR 310-2°, en la contestación del memorial de agravios por parte del actor, el codemandado apelante requirió la elevación de los autos a esta Alzada, remisión que no pudo ser cumplida por no estar todas las partes notificadas de la sentencia y precisamente esa carga pesaba sobre el actor, de modo que mal podría valerse de su inactividad para reprochar lo propio a su contendiente. Y aunque no se compartiera esa interpretación, la situación de duda generada autoriza a decidir el asunto -siguiendo amplia y consolidada jurisprudencia- a favor de la solución que tiende a mantener viva la instancia.
Honorarios, abogados, base
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ OMAR c/ GERARDO MORENO Y OT s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A070 - 278)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-30

No procede discutir la base regulatoria de una regulación complementaria, si la utilizada por la principal ha pasado en autoridad de cosa juzgada; ya que la regulación complementaria es un apéndice de la principal, y no constituye una nueva e independiente regulación.
Daño moral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Castro, Susana del Socorro c/ Compañía Argentina de Teléfonos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-03-11

La reparación integral comprende tanto el daño material como el daño moral, aún cuando se acciona por el artículo 1113 del Código Civil.

Su finalidad es resarcitoria y no punitoria y no requiere prueba especial, gozando los jueces de amplio criterio para su determinación.
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal, condena condicional, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TEJEDOR, Juan C. s/ extinción de la acción penal Causa nro. 12.317
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Para la procedencia del artículo 14 de la ley 23771 es necesaria la comprobación de los requisitos que la norma citada prescribe, entre los que figura la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional. A tal efecto resulta indispensable contar con el informe suministrado por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal elaborado sobre la base del cotejo de las correspondientes fichas dactilares, no siendo suficiente la verificación por índice nominativo.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bellacomo Francisco Salvador c/ Montegroso José Pablo s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

El locatario que demora indebidamente la restitución del inmueble, se convierte en un mero detentador sin derecho alguno y, por ende, está obligado a indemnizar al propietario, en concepto de pérdidas e intereses, y no a título de arrendamiento, el quebranto que éste ha experimentado como consecuencia de dicha detentación. Ello así, resulta inviable la vía ejecutiva, debiendo el accionante reclamar su hipotético crédito, a través del respectivo proceso de conocimiento.
Leyes, interpretación de la ley, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva, proceso judicial, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas por los jueces de modo de favorecer y no entorpecer la organización del proceso, con miras al logro de la verdad jurídica objetiva.
Universidades, autonomía universitaria, gobierno de la universidad, desconcentración universitaria, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ UBA. - resol. 2314/95. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

La eficacia del medio elegido por el art. 50 in fine de la ley 24.521, en cuanto privilegia el principio de desconcentración en las universidades de más de cincuenta mil alumnos, es ajeno al control de los jueces.