Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28


Dictamen de la Fiscal General Subrogante:

1. Apeló la acreedora Teresa Inés Sinelli a fs. 996 la resolución de fs. 988/992, por la cual se declaró la caducidad del derecho de los acreedores Imbrosciano, Gorleri, Pacheco y Schiuselblum Pohl a percibir el dividendo concursal, en los términos del art. 224 L.C.Q., y se rechazaron sus planteos de subrogación e inconstitucionalidad de la norma antes citada.

2. A mi criterio, el recurso en examen no puede progresar, porque la argumentación que ensaya la apelante no logra refutar los fundamentos del fallo apelado.

Al presentarse y aprobarse el proyecto de distribución confeccionado por el síndico, los fondos han salido del patrimonio del deudor e ingresado al de los acreedores incluidos en dicho proyecto (arg. art. 224 L.C.).

El empleo de la voz "caducidad" en el art. 224 de la ley 24.522 y en el art. 221 de la ley 19.551 permite inferir, a mi criterio, que las leyes presuponer que el dividendo asignado al acreedor a partir de la aprobación del proyecto de distribución de fondos, ha salido del patrimonio del fallido y surte los efectos del pago al acreedor, tal como lo puso de relieve el a quo. En cambio, si la interpretación presupuesta en la ley concursal hubiera sido que la asignación del dividendo no transmite su propiedad al acreedor, el legislador habría utilizado el vocablo "prescripción", que permitiría la liberación del fallido por el transcurso del plazo y la inacción del acreedor (confr. dictamen 100.724 del 11 de agosto de 2004 en autos "Francisco Lofredo Nasti s/quiebra").

Agrego a ello, que una vez vencido el plazo de un año establecido en la norma del referido art. 224, los importes no cobrados deben destinarse al patrimonio estatal para el fomento de la educación común. No considero que los derechos de la apelante se vean afectados por la aplicación de esta norma, ya que éstos han quedado claramente delimitados al precederse a la aprobación del proyecto de distribución de fondos presentado en autos. No existe entonces, en mi parecer, violación al derecho de propiedad de la recurrente, en tanto la recurrente percibió su crédito con arreglo a las disposiciones de la normativa concursal.

Por las razones expuestas, opino que debe rechazarse el recurso y ello implica también la desestimación del planteo de inconstitucionalidad, ya que al no configurarse al supuesto de confiscación que invoca el apelante, pierde sustento la tacha alegada.

3. Por ello, pienso que V.E. debe confirmar la resolución apelada. - Diciembre 30 de 2004. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 28 de 2005.

Vistos: 1. Apeló una acreedora la decisión de fs. 988/992, desestimatoria de la pretensión de entrega de fondos remanentes y de la inconstitucionalidad invocada del art. 224 de la ley 24.522. La memoria de fs. 1004/1005 fue respondida por la sindicatura a fs. 1007.

2. El dictamen fiscal que antecede -a cuyos argumentos cabe remitirse en orden a la economía en la exposición- fundamentan la estimación del recurso.

El carácter publicístico que domina el proceso concursal y que fundamenta el destino de los importes no cobrados al patrimonio estatal para el fomento de la educación común, no es inconstitucional. Tal disposición no es irrazonable en tanto el sistema tiende a tutelar una función esencial del Estado. Además, el destino específico establecido por la norma, no vulnera derechos adquiridos ni del deudor ni de los acreedores, y no resulta confiscatorio (CNCom. esta sala "in re" "Francisco Lofredo Nasti S.A.C.I. s/quiebra" del 29/12/04).

3. Se desestima la apelación de fs. 996 y se confirma la resolución de fs. 988/992, con costas (CPr. 68) Devuélvase encomendándole al a quo las notificaciones. La doctora Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). - Ana I. Piaggi. - Enrique M. Butty.