Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-03


Expte. N° 6888 "JAQUE CASTILLO Rolando c/ Techint - Panedile UTE - Apelación de Sentencia s/ Inconstitucionalidad y Casación" --- En la Ciudad de San Juan, a las once horas del día tres de mayo del año dos mil dieciocho, se realiza el acuerdo definitivo previsto en el artículo 9 de la ley 59-O, según lo convenido en el acuerdo preparatorio. A ese efecto, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Guillermo Horacio de Sanctis a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte demandada contra la sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en autos Nº 10.248 (18.268), caratulados "Jaque Castillo Rolando c/ Techint - Panedile UTE - apelación de sentencia". Las cuestiones fijadas en el acuerdo preparatorio y que aquí deben resolverse son: ¿Resultan procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados en autos? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?---------------- --- EL DR. ADOLFO CABALLERO DIJO:------------------------ --- De los antecedentes de la causa surge que en primera instancia se admitió parcialmente la demanda del actor condenado a la empleadora (Techint-Panedile UTE) a pagar la suma de $470.000 en base a la responsabilidad extra sistémica, y a la aseguradora (La Caja ART SA), en forma solidaria "hasta la concurrencia de la indemnización tarifada" conforme ley 24.557, monto que debía determinar el perito contador en la etapa de ejecución de sentencia.

--- Consta asimismo que, con posterioridad al dictado de la sentencia y habiendo retirado el expediente Techint-Panedile UTE para expresar agravios (ver fojas 105 vta. a 108 de este expediente), el actor y la aseguradora presentaron un convenio de pago en el que La Caja ART SA se obligaba a pagar la suma de $1.305.094,59 "imputados a la indemnización integral por incapacidad laboral reclamada en autos, como por las prestaciones de la ley 24.557 no teniendo más nada que reclamar el actor por ningún concepto a las demandadas en autos" (fs. 103 vta.), determinándose en el mismo los honorarios de los apoderados del actor -a cargo de la ART- en la suma de $195.765, y las costas de la demandada y aseguradora por su orden.------- --- Resulta también que, ratificado el convenio por el trabajador (fs. 107), expresados los agravios por la demandada (fs. 108/122) y contestados por el actor (123/127), se le confirió vista al Agente Fiscal para que emitiera opinión del acuerdo referenciado, pronunciándose favorablemente (fs. 128 y vta.). El juez de primer grado, en fecha 30 de junio de 2016, ordenó elevar el expediente al Superior y expedir libramiento a favor del trabajador por el importe parcial depositado por la aseguradora de $777.503,16, si bien reteniendo la suma de $390.000 para responder a las costas que se le impusieran a aquél por el reclamo rechazado en la sentencia (indemnización fundada en la LCT y en la ley 22.250).---------------------- --- Radicado el expediente en la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, consta un requerimiento del vocal Dr. Ernesto Novoa, de fecha 02 de mayo de 2017, en el que peticiona se deje sin efecto el llamamiento de autos y se remita el expediente al juez de origen para que se pronuncie sobre la homologación o no del acuerdo "en el que la aseguradora se compromete a pagar la totalidad del monto que surge de la sentencia", lo que -en su opinión- tornaría abstracto el recurso "quedando pendiente el pago de los honorarios de los profesionales que no intervinieron en la transacción y sobre el obligado al pago" (fs. 130). Frente a ello, el Presidente de Sala, Dr. Guillermo Baigorrí, deniega la suspensión del llamamiento de autos en el entendimiento que el convenio suscripto por el actor y la ART no ha sido sometido a opinión y debate del Tribunal; que el artículo 262 del CPC impide decidir sobre materia ajena al recurso.----------- --- Llegamos así a la sentencia impugnada en la que el tribunal a quo, por mayoría, admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada: determina que no resulta aplicable el artículo 39 inciso 1º de la LCT por tratarse de una pretensión claramente extra sistémica y limita su responsabilidad en los términos de los artículos 1113 y 1109 del antiguo Código Civil a un 60% de la causalidad total, readecuando la imposición de las costas de primera instancia. ------------------------ --- En lo que es materia de recurso, la alzada concluye que el objeto de la demanda es una indemnización extra sistémica en la que un trabajador reclama a la empleadora y a la ART conforme a las normas del derecho civil. Que, por ello, no resulta aplicable al caso la Ley de Riesgos del Trabajo, en particular el artículo 39 inciso 1º, por lo que deviene abstracto tratar el agravio de la accionada vinculado a la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma por el juez de primer grado.----------------- --- En relación a la responsabilidad civil atribuida a la demandada, considera que el juez de origen no violó el principio de congruencia, por cuanto la sentencia apelada se corresponde con la pretensión jurídica contenida en la demanda. A tal efecto, señala que del escrito inicial surge que el trabajador reclama una indemnización derivada de la enfermedad accidente que sufriera mientras trabajaba para la empleadora y con base en la responsabilidad civil.----------------------------------------------- --- El a quo analiza a continuación la prueba testimonial determinando que, a diferencia de lo concluido por el juez de primera instancia, no debe reputarse como cierto que el actor estuvo sometido a temperaturas bajo cero, con permanentes heladas en el lugar de trabajo. Que, en tal virtud, no puede considerarse al frío como causa de la enfermedad padecida por el trabajador sino como un factor que incidió en la misma, lo que se corrobora con la pericia médica practicada en la causa. --------------- --- Juzga así que el actor padece una patología de origen extra laboral, provocada por circunstancias personales y cuya sintomatología se pudo desencadenar por las condiciones laborales, aun cuando las temperaturas no fueran extremas; que estas condiciones incidieron concausalmente en la generación del daño que se pretende reparar. Por esta razón, reexamina el grado de responsabilidad que le cabe a la demandada en la generación del daño, y tomando en consideración el informe del perito que establece la imposibilidad de fijar el porcentaje de incidencia del ambiente laboral sobre la incapacidad del actor, la fija en un 60% de la causalidad total, en base al principio de la sana crítica y la libre convicción.------------------- --- En cuanto a la responsabilidad fundada en el artículo 1109 del antiguo Código Civil, la alzada la considera procedente en el entendimiento que la empleadora no ha logrado demostrar que proveyera al trabajador de los elementos de seguridad requeridos por el ordenamiento legal. Que, de acuerdo con la pericia médica obrante en la causa, esta omisión influyó en la salud del actor.---------- --- Finalmente, respecto del momento a partir del cual deben computarse los intereses, el tribunal de mérito determina que el daño se configuró cuando el actor tomó conocimiento de su minusvalía física, lo que aconteció el 19 de junio de 2007 por medio del dictamen efectuado por la Comisión Médica. Que es a partir de ese momento en que la demandada incurrió en mora y no desde la fecha de la sentencia, como ésta alega en sus agravios.-------------- --- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado en el artículo 11 inciso 3º de la ley 59-O. La recurrente afirma que la sentencia impugnada es arbitraria, por ser contradictoria y contener afirmaciones dogmáticas que sólo constituyen un fundamento aparente, sin un razonamiento lógico. Que por ello vulnera sus derechos de defensa en juicio y propiedad.----------------------------------- --- En primer lugar, dice que los jueces de primera y segunda instancia incurren en arbitrariedad en cuanto aplican la "ley dos por uno", ya que el accionante recibirá doble indemnización por una misma causa, "máxime que se resuelve que la ART no tiene responsabilidad alguna, ya que en autos se trata de una responsabilidad extrasistémica". Sostiene que confirma la arbitrariedad enrostrada la petición de la actora, en cuanto solicita a la cámara, por vía de aclaratoria, que determine qué alcance tiene la sentencia impugnada respecto a la codemandada La Caja ART y al convenio suscripto con ésta, proveyendo que "mal puede este tribunal expedirse sobre cuestiones ajenas al recurso, conforme la limitación del campo de conocimiento impuesto por el artículo 262 del CPC" y "que todo aquello que no ha sido modificado por dicho pronunciamiento ha quedado inexorablemente firme". Que la alzada permite así "que se continúe la ejecución del acuerdo con la ART, teniendo tal sentencia el efecto del dos por uno, ergo dos indemnizaciones por el mismo hecho" (fs. 150). ---------- --- Insiste que el trabajador percibió una indemnización en virtud del acuerdo celebrado con la ART, que tuvo principio de ejecución ya que cobró la suma de $387.503,15; que la sentencia recurrida es arbitraria puesto que permite "que el actor perciba el monto de acuerdo con la ART, amen que no esté homologado" y que además sea indemnizado nuevamente "porque se condenó a mi mandante por la responsabilidad del Código Civil" (fs. 150 vta.). Que, finalmente, el fallo vulnera su garantía de defensa en juicio ya que condena a su parte sin pronunciarse respecto al convenio transaccional celebrado por el actor y la aseguradora, en virtud del cual La Caja ART SA asume "el pago que surge de la sentencia definitiva y al ser esta demandada solidariamente -responsable- con mi mandante, el acuerdo de pago de una de ellas libera a la otra respecto al actor" (fs. 162). Por ello denuncia la configuración de un enriquecimiento sin causa.- --- En segundo lugar endilga al fallo impugnado el vicio de contradicción, al establecer que el actor padece una enfermedad inculpable (arts. 208 a 212 de la LCT), pese a lo cual resuelve aplicar la responsabilidad del Código Civil (arts. 1109 y 1113 del antiguo C.Civ.). Expresa que el a quo parte de una premisa mayor, que es considerar que la sintomatología se pudo haber desencadenado por las condiciones laborales; que ello no obstante, se fundamenta en una premisa menor incorrecta: el informe del perito médico "que utiliza los datos que surgen de la demanda, como el frío extremo que provocó congelamiento" lo que -afirma- no ha quedado acreditado en autos. Sostiene que la sentencia recurrida es ilógica ya que concluye en base a la prueba testimonial que el actor no se vio sometido a temperaturas extremas, no obstante lo cual, determina que su parte es responsable en un 60% de la causalidad total al considerar al frío como cosa riesgosa (art. 1113 del C.Civ.) y que no se ha acreditado en autos haber entregado al actor vestimenta adecuada (art. 1109 ibid).-------- --- En tercer lugar, se agravia del porcentaje de responsabilidad al que arriba la alzada. Indica que el perito médico no ha podido determinar el porcentaje de incidencia por las múltiples causas que pueden agravar la enfermedad inculpable; que tampoco se ha probado que el frío haya tenido relación causal con el agravamiento de la enfermedad. ----------------------------------------------- --- En cuanto a la responsabilidad atribuida conforme al artículo 1113 del antiguo Código Civil, manifiesta que la sentencia atacada asimila el frío a una cosa (art. 2311 ibid) que provocó al actor el agravamiento de su enfermedad auto-inmune, sin establecer una relación de causalidad adecuada; a más que el clima no es una cosa, ya que no puede ser aprehendido por su parte, lo que torna inaplicable el artículo 1113.------------------------------ --- En relación a la responsabilidad por culpa fundada en el artículo 1109 ibid, la recurrente alega que el a quo concluye arbitrariamente que su parte "no ha logrado probar que hubiera provisto al Sr. Jaque Castillo de los elementos de seguridad requeridos por el ordenamiento legal, lo que evidentemente influyó en la salud del actor". Que el fallo impugnado tiene en cuenta las afirmaciones de los testigos para determinar el clima en el lugar de trabajo pero arbitrariamente no los considera respecto a la entrega de ropa de abrigo, en particular "pullover tipo polar, camperón térmico", entre otros elementos.------ --- Por último, le agravia lo decidido por la alzada en relación a los intereses. Refiere que su parte nunca estuvo en mora, por lo que resulta improcedente el pago de intereses. Que si se calculan los intereses como ordena la sentencia impugnada importará un enriquecimiento sin causa a favor del actor.--------------------------------- --- El recurso de casación es subsumido en el artículo 15 inciso 1º de la ley 59-O. La quejosa afirma que la alzada deja de aplicar la ley 20.744 y su modificatoria 22.250, que rigen el contrato de trabajo y el régimen de los obreros de la construcción, respectivamente. En concordancia, manifiesta que no procede aplicar los artículos 1109 y 1113 del antiguo Código Civil. Dice que el actor no sufrió un accidente de trabajo, sino una enfermedad inculpable. Que todo lo relativo a las enfermedades inculpables, se encuentra regulado por la LCT.------------- --- Los recursos fueron admitidos formalmente mediante interlocutoria de fojas 168. Se corrió traslado al actor, quien contestó a fojas 174/176, y al Fiscal General de la Corte, quien emitió dictamen a fojas 178/181.----------- --- I) Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré acoger el recurso de inconstitucionalidad por las razones que analizaré a continuación.- --- Como principio, esta Corte tiene dicho en reiterados pronunciamientos que el recurso previsto en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 (hoy ley 59-O) no ha sido establecido para examinar el mérito de la decisión; que mediante él se controla la legalidad del fallo, es decir, su validez como acto jurisdiccional; que un fallo es inválido en términos de esta causal en casos extremos de arbitrariedad, y que, en fin, la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable. (PRE S.2ª, 1990-I-97; S.1ª, 1990-II-1).---------------------------------------- --- Opino que en el caso se dan los extremos aludidos, desde que la resolución venida en recurso adolece de vicios en su fundamentación que acarrea inexorablemente la arbitrariedad de sus conclusiones. ---------------------- --- En efecto, la alzada admite parcialmente el recurso de apelación de la empleadora y modifica su responsabilidad civil en los términos de los artículos 1113 y 1109 del Código Civil (según texto ley 340) fijándola en el 60% de la causalidad total. Ello, en el entendimiento que el actor padece una patología de origen extra laboral, provocada por circunstancias personales y "cuya sintomatología se puede haber desencadenado por las condiciones laborales", que han incidido concausalmente en la generación del daño que se pretende reparar. Que, a diferencia de lo concluido por el juez de primera instancia, y tomando en consideración la prueba testimonial, no debe reputarse cierto que el trabajador estuvo sometido a temperaturas bajo cero, con permanentes heladas en el lugar de trabajo, no pudiendo considerarse al frío como causa de la enfermedad padecida por aquél sino como un factor que incidió en la misma, lo que se corrobora con la pericia médica practicada en la causa, en la que se dictamina que el actor padece una enfermedad inculpable agravada por el ambiente laboral (frío). Sobre tal base, y que el informe del perito refiere la imposibilidad de fijar el porcentaje de incidencia del ambiente laboral sobre la incapacidad del actor, el a quo fija el grado de responsabilidad que le cabe a la demandada en la generación del daño en un 60% de la causalidad total, "conforme al principio de la sana crítica y la libre convicción".------------------ --- Dicho esto, resulta dogmático e infundado el razonamiento de la mayoría de la cámara de apelaciones cuando, pese a reconocer expresamente (ver fs. 137 in fine subrayado) que el perito determina que "no es posible establecer el porcentaje de incidencia" del ambiente laboral "sobre la incapacidad del actor", responsabiliza a la empleadora en el 60% de la causalidad total con la sola invocación del principio de la sana crítica y la libre convicción. Y es que no basta para fundar una sentencia apelar a la sana crítica si el juicio del magistrado no es explicitado: la sana crítica, en el mejor de los casos, es una libre convicción explicada. ---------------------- --- En efecto, en este sistema, denominado también de "la sana lógica" el juez tiene libertad de apreciación de la eficacia de la prueba pero siempre debe explicar a través de la fundamentación de la sentencia cuáles han sido las razones que lo han conducido a otorgar o negar eficacia probatoria a un determinado medio, es decir que debe exteriorizar el proceso intelectual que ha desarrollado sobre la base de los principios de la lógica y las máximas de la experiencia y que lo ha llevado a la decisión final (Highton-Areán "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" Ed. Hammurabi T. 7, pág. 490). En otros términos: la apreciación libre (art. 349 del CPC) no implica la instauración de un sistema que acuerde un poder discrecional absoluto al juez. Su arbitrio se halla limitado por pautas objetivas que no puede desechar sin riesgo de incurrir en arbitrariedad. Basta la vigencia del principio en cuya virtud los órganos judiciales deben fundar sus decisiones (art. 33 inc. 4º ibid) para excluir el mero voluntarismo judicial en la apreciación de la prueba. (Palacio, "Derecho Procesal Civil" Ed. 1999; Lexis Nº 2507/003053).-------------------------------------------- --- En función de lo dicho, resultan atendibles el segundo y tercer agravio de la demandada, en el sentido que la alzada no explicita cuál es el nexo de causalidad adecuado entre la enfermedad inculpable padecida por el trabajador, el grado de incidencia del ambiente laboral para su agravamiento y el porcentaje de causalidad que atribuye a su parte; ello tomando en consideración que concluye -en base a la prueba testimonial- que el actor no se vio sometido a temperaturas extremas, las que en el invierno del año 2005 habrían rondado los 15 grados. Así pues, el fallo del a quo no fundamenta adecuadamente la decisión que adopta y, por tanto, viola el derecho de defensa de la recurrente. Ha dicho este Tribunal que la motivación del fallo no sólo es condición de su validez (art. 164 inc. 5º y 34 inc. 4º del CPC), sino que constituye una garantía constitucional: su defecto o ausencia, lesionan el debido proceso y el derecho de defensa, en la medida que el justiciable desconoce las razones que fundamentan el decisorio, lo que le impide, a su vez, elaborar la correspondiente crítica defensiva (PRE S.1ª, 2013-III-458).---------------------------------------------------- --- De igual manera, juzgo procedente el agravio de la accionada vinculado a la responsabilidad por culpa regulada en el artículo 1109 del Código Civil, que el a quo finca en "que la demandada no ha logrado probar que hubiera provisto al Sr. Jaque Castillo de los elementos de seguridad requeridos por el ordenamiento legal, lo que evidentemente influyó en la salud del actor, toda vez que de la pericial médica surge que: . los pacientes con esta afección deben llevar siempre ropas de abrigo y evitar el contacto con fuentes de frío o los ambientes con baja temperatura".-------------------------------------------- --- En efecto, la accionada planteó a la alzada -entre otros agravios- que el juez de primera instancia desestimó la prueba de testigos para acreditar el clima en el lugar de trabajo y la entrega de abrigo al actor con el argumento que intentaban beneficiar a la empleadora (agravio quinto y séptimo, fs. 118 vta. y 120), lo que -a criterio de la recurrente- resultaba dogmático por no existir prueba que los desvirtuara ni haber sido impugnados por el actor. Aparece así contradictorio que la cámara de apelaciones asigne virtualidad a los testimonios para determinar que el clima no era extremo y se la niegue en lo relativo a la entrega de ropa de trabajo adecuada sin una mínima fundamentación, cuando ello constituyó materia de agravios. De igual manera resulta estéril que se prevalga de la pericial médica para concluir la falta de entrega de vestimenta adecuada porque el técnico dictaminó que "los pacientes con esta afección deben llevar siempre ropas de abrigo y evitar el contacto con fuentes de frío o los ambientes con baja temperatura". Esta Corte ha establecido que la garantía de la defensa en juicio, no solo resulta violada cuando a las partes no se les da la oportunidad de hacerse oír y ejercer sus derechos, sino también, cuando al justiciable se le niega la obtención de un pronunciamiento que defina su posición, esto es, cuando no se atiende en la sentencia las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando ellas podrían tener eficacia para modificar la resolución recurrida, tal como lo dispone el artículo 13, inciso 4°, ley 2275. (PRE S.1ª 2003-II-384; PRE S.1ª 2011-III-458).- --- II) Por las razones expuestas, he de propiciar que se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, se anule el fallo recurrido y se disponga reenviar la causa, para que por quien corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo al presente.--------------------------------------------- --- De compartirse mi voto se tornarían abstractos los agravios vinculados a la legislación aplicable (LCT vs. Código Civil y ley 24.557) y al cómputo de los intereses, que deberán ser abordados a las resultas del análisis de los tópicos anteriores. De igual manera devendría abstracto el tratamiento del recurso de casación.----------- --- III) En función de lo dicho, y de concordar con la solución propuesta, la anulación del fallo impugnado habilitaría al tribunal que deba resolver a valorar los hechos modificativos o extintivos posteriores al dictado de la sentencia de primera instancia -convenio de pago y transacción de honorarios y costas, con principio de ejecución- (arts. 164 inc. 6º segundo párrafo y 165 de CPC) fijando, en su caso, su incidencia en la sentencia a dictar. ---------------------------------------------------- --- La indefinición en la virtualidad del acuerdo y de sus implicancias en relación a la única apelante -empleadora- permite, en un análisis liminar, constatar incidencias y avizorar nulidades futuras en el trámite del expediente principal, cuestión que podría zanjarse con un pronunciamiento expreso al respecto.-------------- --- IV) En cuanto a las costas de esta instancia extraordinaria, soy de la opinión que corresponde imponerlas al actor vencido (art. 125 del CPL).------------------------ --- LOS DOCTORES JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS DIJERON:-------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente.--- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la parte codemandada Techint-Panedile UTE, con costas. En consecuencia, anular la sentencia recurrida y devolver la causa al tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que deba entender a fin que dicte nuevo fallo con arreglo al presente. II) Declarar abstractos el resto de los agravios vinculados al recurso de inconstitucionalidad y el análisis del recurso de casación; III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Guillermo Horacio de Sanctis. Ante mí: Carolina Inés González - Secretaria Letrada de la Corte de Justicia.

Ef-6888 cs- PRE S.2° 2018-II-247