Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-27


En la ciudad de Trelew, a los 27 días de diciembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "E., L. A. c/ A. D. S. S.A. y/o Q. RTE. PROP. y/o RESP. s/ INDEM. DE LEY" (Expte. N° 21857 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente la expresión de agravios de fs. 91/96?; SEGUNDA: Caso afirmativo de la anterior. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y TERCERA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 100.

-A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 89, que fuera concedido a fs. 90, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 84/86 que rechazó la demanda laboral instaurada por L. A. E. contra A. D. S. S.A., con imposición de costas a la vencida.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 91/96, el traslado conferido a fs. 97 no fue evacuado por la contraria y la actora señala básicamente que: a) estima que el a quo se basa en la posición de la demandada acerca de la existencia de una "supuesta" sanción aplicada a la accionante, y destaca que la misma nunca llegó a la esfera de su conocimiento, pero no porque se haya negado a recibir la pieza postal que contenía la misma sino porque fue enviada a un domicilio que no era el de su parte y que tampoco coincide con el que figura en el libro de Sueldos y Jornales; b) la conducta de la empleadora no demuestra más que un ardid pergeñado con la única intención de eximirse de responsabilidad por los hechos acontecidos hasta ese momento (propuesta de condiciones diferentes, haberle quitado la tarjeta de marcación de horario, haber tramado una discusión) y pretender hacer recaer en la parte más débil de la relación la existencia de una discusión con insultos vertidos a un superior jerárquico y la negativa a recibir piezas postales; c) formula interrogante respecto a la causa por la cual se envió la carta documento que contenía la sanción a un domicilio que no era el correcto y se le impidió el ingreso el día 16/11/04, y ello parece no tener entidad suficiente para lograr el convencimiento del juez de grado; d) con relación a la carga probatoria cita doctrina y se queja que el juez la haga recaer sobre la actora ya que de acuerdo a los descripto en el párrafo anterior y conforme a las manifestaciones vertidas por la demandada en su responde debería ser ésta la que pruebe los hechos; e) se dictó una sentencia incompleta al privar de conocer la opinión del a quo sobre los testigos y a su parte de conocer las observaciones que pudieran merecer las declaraciones ante el mérito de la prueba efectuado, en particular respecto de los testimonios de A. G. y Y. S.; f) se pregunta, entre otras cuestiones, como se prueba el ofrecimiento de condiciones laborales diferentes a las tenidas hasta ese momento, y que al intentar ingresar el día 15/11/2004 a efectos de mantener una conversación con el Sr. B. su tarjeta de marcación de horario permanecía en su lugar habitual, siendo que ese día debía presentarse a cumplir tareas en la empresa "P.", y también que al día siguiente se le impidió el ingreso; g) manifiesta que no se le corrió traslado del planteo de inconstitucionalidad obstaculizando el derecho de defensa, hace mención de la emergencia social y delegación de facultades al PEN, y con cita de fallo sostiene la constitucionalidad del decreto 264/02; y h) hace reserva del caso federal y peticiona se revoque la sentencia con costas.

-2. En atención a las manifestaciones contenidas en el informe a estudio corresponde ingresar en primer término al denominado "2do. Agravio" ya que el resultado del mismo se proyecta indudablemente sobre los restantes.

Es que, el rechazo de la demanda se basó en la circunstancia procesal que la actora no acreditó el despido verbal invocado, y en tal sentido entiende la quejosa que la carga probatoria le correspondía a la sociedad demandada.

Al respecto, fue razonamiento dirimente del fallo en crisis que no ha acreditado la actora, conforme era carga probatoria de su parte -art. 377 del C.P.C.C. de aplicación supletoria- que la demandada la haya despedido verbalmente, por el contrario, negó ésta de manera cerrada, tanto en oportunidad del intercambio epistolar que dan cuenta las misivas agregadas al cuaderno de prueba, cuanto en el escrito de responde, haber despedido a su dependiente -hoy actora en autos- razón por la cual no existió el despido verbal -invocado como sustento de la acción-, pues no ha sido probado .

Y ese fundamento se ajusta a las constancias agregadas a la causa pues la trabajadora alegó "su despido verbal" e intimó directamente al pago de las indemnizaciones de ley, y ese hecho fue negado por la empleadora (telegrama y carta documento, respectivamente, fs. 1 y 2 del cuaderno de pruebas).

Tal intercambio epistolar es coincidente con los términos en que quedó trabada la litis ya que alegado el despido verbal por la accionante (acápite III, fs. 3/5) su contraria negó el dato fáctico invocado (p. III 11, fs. 19 vta.).

Involucra la carga de la prueba del hecho aducido, que al ser negado resultó controvertido, a mérito de lo prescripto por el art. 377 del C.P.C.C., tal como lo señalara el Sr. Juez de la anterior instancia.

Y esa carga probatoria impuesta por la citada normativa procesal no se ve afectada por la cita de doctrina que efectúa la apelante a fs. 93 vta. ya que precisamente "cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos, aun los negativos, de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión procesal; en una palabra, sobre los presupuestos (de hecho) de las normas que le son favorables". Texto prácticamente calcado por el art. 377 del C.P.C.C. Concreta y realmente soportará la carga de la prueba una u otra parte, según sea su posición respecto del efecto jurídico perseguido. La responsabilidad probatoria en suma, no depende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el litigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 324 y 325, y notas nos. 25 y 28 con cita de Rosenberg, Micheli y Sentís Melendo).

De tal modo, y desde que la demanda tuvo como sustento la existencia de un despido verbal, ante la negativa formulada por su contraria, la actora tenía la carga de probar ese hecho, presupuesto de la norma invocada. Esa es la posición de la accionante respecto del efecto jurídico perseguido, cual era obtener el éxito de su pretensión.

A mayor abundamiento, ante la invocación de la parte más débil de la relación efectuada a fs. 92 vta., cabe precisar que el principio protectorio consagrado en materia laboral e inversión de la carga probatoria que para algunos supuestos consagra no importa una derogación del onus probandi en la esfera del derecho procesal laboral, pues no puede aceptarse una generalizada inversión de la carga probatoria que consagre un desplazamiento de la misma en todos los casos sobre el empleador en violación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso adjetivo, conforme criterio ya sentado por esta Cámara, en S.D.L. 105/94, 8/95, 14/95, 52/95, entre otros pronunciamientos).

Con tal alcance, la postura de la recurrente al sostener que la carga probatoria le correspondía a la demandada elude hacerse cargo del fundamento expuesto a fs. 85 vta. por el juzgador que resultó dirimente para desestimar la demanda, por lo que no hay agravio que atender.

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.La ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, importan consentimiento tácito y determina la inexistencia de agravio. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Así, si no se formulan agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ("Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", C.S. agosto-29-969, L.L. 137-538).

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

Desde esa misma perspectiva, la manifestación vertida por la quejosa en materia de carga probatoria sólo denota su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.

En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 371, y cita de fallos).

Por ello, la apelante en este tramo de la queja incurrió en deserción del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).

3. Y al no acreditar la parte actora el despido verbal alegado, cual era su carga procesal, vacío de contenido quedaron las restantes quejas por lo que tampoco hay agravio que atender.

Por ello, innecesario resulta analizar si resultó justificada la medida de suspensión dispuesta, y si la misma llegó o no a la esfera de conocimiento de la trabajadora.

Lo mismo acontece con la prueba testimonial rendida en la causa (S., G., y S.; fs. 67/vta., 68, y 69) pues nada resulta sobre el alegado despido verbal, tal como también lo precisara el sentenciante a fs. 85 vta., pues sin duda a través de la prueba de testigos la empresa intentó acreditar y justificar -valga la redundancia- lo justo de la sanción disciplinaria a su dependiente, pero esto nada tiene que ver con el motivo de la presente causa, donde se discute la forma o manera en que el vínculo concluyó. (el subrayado me pertenece).

A su vez, ninguna consideración cabe realizar respecto del planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada respecto de uno de los rubros pretendidos en el escrito inicial (liquidación de fs. 4, "Doble indemnización") ante la desestimación de la demanda.

En tal sentido, ante el rechazo total de la acción entablada resulta inadmisible que una sentencia se pronuncie sobre tal cuestión que en definitiva devino abstracta, pues le está vedado a los jueces hacer declaraciones meramente generales o abstractas (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, pág. 203).

4. En tales condiciones, la recurrente incurrió en deserción del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.) toda vez que la apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1957, v. II-39; 1963, v. I- 359), y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio (S.C.B.A., Ac. y Sent., 1974, v. II-694; esta Cámara en su composición de sala única, c. 11.268, S.D.L. N° 69/95; c. 12.201, S.D.L. N° 39/97; sala "A", c. 13.653, S.D.L. N° 51/98; c. 13.595, S.D.L. N° 95/98; sala "B", c. 15.275, S.D.L. N°149/99).

En consecuencia, propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 89, que fuera concedido a fs. 90, con costas de esta instancia a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.), y sin regular honorarios a Dra. M. G., letrada apoderada de la actora, en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, en los términos del art. 6 de la ley arancelaria y criterio sentado por esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.L. N° 80/93, S.D.C. N° 07/97; sala "A", S.D.L. Nos. 41/98 y 02/99; sala "B", S.D.L. N° 149/99, entre otros pronunciamientos.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 89 por la actora, concedido a fs. 90, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 84/86, por la cual se rechazó la demanda promovida por la Sra. L. A. E. contra A. D. S. S.A., imponiendo las costas a la demandante perdidosa.

A fs. 91/96 corre el informe que contempla el artículo 62 de la Ley 69, y corrido el traslado pertinente a fs. 97, el mismo no es evacuado por la contraria.

La descripción de los agravios vertidos por la apelante, ya han sido debidamente desplegados por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en aras de principio de economía procesal, omitiré su reiteración.

- II.- a) De la atenta lectura de la expresión de agravios agregada a fs. 91/96, he de compartir el criterio sustentado por mi colega preopinante en el voto antecedente, en el sentido que el segundo de los agravios volcados por la quejosa es el que ha de resolverse en primer lugar, en virtud que de la decisión que sobre él se adopte, dependen las restantes cuestiones a zanjar.

Ubicándonos en este ángulo de enfoque, se advierte que la recurrente inicia su embate impugnaticio, transcribiendo textualmente la porción del fallo que tiene por no acreditado por parte de la actora la causal de despido indirecto en que se colocara, alegando para ello el despido verbal por parte de su empleadora, cuestión que la demandada ha negado con firmeza.

Es decir, entonces, que como primera medida el tema dirimente a resolver estriba sobre la circunstancia relacionada a la prueba en juicio de la causal de despido invocada por la accionante.

Y si bien he de adelantar que con referencia a este tema puntual, la quejosa soslaya atacar el pensamiento decisorio del juzgador de grado anterior, manifestando sólo una serie de discrepancias propias sin desarticular los fundamentos dirimentes del fallo en crisis que ameriten su tratamiento en esta Alzada, no obstante, sobre este aspecto, resulta conveniente introducirnos en el campo procesal de la carga de la prueba y su incumbencia, partiendo de las previsiones del artículo 377 del código ritual, de aplicación supletoria al fuero laboral, e invocado por el sentenciante como eje principal de su rechazo a las pretensiones de la actora.

En tal aspecto, acreditada doctrina ha expresado que el criterio que nuestra ley adopta para distinguir a cuál de las partes incumbe la carga de la prueba de una afirmación, descansa en el interés en cuanto a la afirmación misma. La carga de probar recae sobre quien tiene el interés de afirmar; por tanto quien propone la pretensión tiene la carga de probar los hechos constitutivos a las condiciones impeditivas o modificativas. O, en otros términos, quien pretende, ha de probar el hecho o hechos constitutivos, y quien excepciona, el hecho o hechos extintivos y la condición o condiciones impeditivas (conf., entre otros, Carnelutti, Francesco, "Sistema de Derecho Procesal Civil", citado por Falcón, Enrique M. en "Tratado de la Prueba", Ed. Astrea, año 2003, T.1, p. 241 y sgts.).

Y aquí radica, precisamente, el meollo del debate. El juzgador hace hincapié en que la demandada niega el despido verbal aducido por la actora, y formula un examen del intercambio epistolar habido entre las partes (v. fs. 85/85 vta.), para concluir que no ha quedado acreditada la causal de despido invocada, explicitando los razonamientos que lo llevan a tal conclusión, y apoyado con citas jurisprudenciales de esta misma Cámara, desechando el argumento referido a la defectuosa notificación de una sanción disciplinaria, por haber perdido entidad al pasar a un segundo plano ante la resolución tomada.

Y aquí he de retomar, entonces, las razones ya expresadas más arriba y vinculadas a la falta de crítica razonada y concreta del fallo apelado, en los términos del artículo 265 del CPCC en que a mi entender ha incurrido la actora quejosa.

En tal situación si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declarar desierto el recurso (conf., De Santo, V. "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 335 y sgts.).

En igual sentido se ha dicho que no puede ser considerado verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador formulando meras apreciaciones presonales, pero sin rebatir punto por punto los errores u omisiones en que podría haber incurrido el sentenciante en la apreciación de los elementos probatorios o en la aplicación de la ley, que autoriza a decretar la deserción del recurso sin otras consideraciones (conf., entre otros, CNCiv., Sala F, ED, t. 91, p. 453).

Por los fundamentos precedentemente expuestos corresponde declarar la deserción del presente recurso de apelación por insuficiencia técnica de su expresión de agravios, y de acuerdo a las previsiones contenidas en los artículos 265 y 266 del código adjetivo.

- b) Por tal razón, y dada la forma en que se resuelve la cuestión precedente, quedan sin sustento el resto de los agravios vertidos.

Así, desde este enfoque, deviene innecesario, por ende, abordar el tratamiento referido a la medida de suspensión que la empleadora aplicara a la actora, y que el juzgador se encarga de remarcar que nada tuvo que ver con el motivo de la presente causa, en la cual se halla en discusión la forma en que concluyó el vínculo contractual.

Tampoco ha de merecer tratamiento el planteo de inconstitucionalidad alegado por la quejosa, tomando en cuenta el rechazo de la acción incoada por la demandante a la que se arriba, lo que torna abstracta la cuestión pretendida.

- c) Por los argumentos de hecho y de derecho que vengo de exponer, he de proponer al Acuerdo declarar la deserción del recurso venido en apelación, imponiendo las costas de Alzada a la recurrente vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), del que no encuentro motivo para apartarme.

Asimismo por imperio de las pautas dadas por el artículo 6 de la Ley 2.220, modificada por Ley 4.335, no se regularán los honorarios de segunda instancia de la Dra. M. G., como apoderada de la actora, tomando en cuenta la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, y jurisprudencia de esta Cámara aplicable al caso (S.D.L. N° 41/98; S.D.C. N° 7/97, entre otros pronunciamientos similares).

Concluyo mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

-A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

En atención a los términos vertidos al desarrollar la primera cuestión, no corresponde ingresar en el tratamiento de la presente por devenir cuestión abstracta.

- A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

Tomando en consideración el modo en que se decidieron las cuestiones anteriores, resulta abstracto abordar el tema propuesto para la segunda cuestión.

-A LA TERCERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo alcanzado al votar la primera cuestión, corresponde: a) declarar desierto el recurso de apelación concedido a fs. 90; b) imponer las costas de Alzada a la apelante vencida; y c) sin regular honorarios a la Dra. M. G. en atención a la inoficiosidad de las tareas cumplidas en esta instancia.

Así lo voto.

- A LA TERCERA Y ULTIMA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Vergara, en virtud de constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.

- ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones; RESUELVE:

- DECLARAR desierto el recurso de apelación concedido a fs. 90;

- IMPONER las costas de Alzada a la apelante vencida;

SIN REGULAR honorarios a la Dra. M. G. en atención a la inoficiosidad de las tareas cumplidas en esta instancia.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 55 DE 2006 - SDL.- Conste.-