Responsabilidad internacional del Estado, crímenes de lesa humanidad, adultos mayores, aplicación de la ley, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: LÓPEZ, Juan de la Cruz c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

En pleno entendimiento de los valores en pugna, en causas como la que nos ocupa, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos que están siendo ventilados en estos autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor. Pues no puede soslayarse que el Estado argentino también se comprometió ante la comunidad internacional a ".adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas, que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor [.] garantizar que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que sea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención [.] promover medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos [.] fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz." (confrontar, principalmente, arts. 4, 5,10, 13, 31 y 32 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA, AG/RES. 2875, del 15/06/15 -ley de implementación nacional: nro. 27.360 B.O. 31/05/2017-). Por último, en atención a todo lo hasta aquí expuesto y a la normativa aplicable al caso, resulta necesario recordar que, no estando prevista legalmente ninguna otra exigencia más allá del cumplimiento del requisito etario, se impone que, para cobrar validez jurídica las decisiones de los tribunales acerca de la cuestión bajo estudio, sólo deben evaluarse y fijarse las condiciones a las que de hecho quedará supeditado el arresto domiciliario a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional. Superado, entonces, el análisis dogmático de la cuestión de fondo relativa a la edad, advierto que las constancias de la causa dan cuenta que el encausado cumple actualmente con el requisito etario (conforme surge del Sistema de Gestión Judicial Lex 100, el imputado, nacido el 30 de enero de 1951, tiene 70 años) fijado por el artículo 10 del Código Penal de la Nación y por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, artículos 32 y 33, modificados por la leyes 26.472 y 27.375, respectivamente; condición esta que, a la luz de las obligaciones convencionales asumidas en el ámbito internacional respecto de la tutela de la vejez -que di cuenta en el punto que antecede-, resulta suficiente para hacer uso en su favor de la facultad otorgada a la magistratura.