Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-20


AUTOS Nº 8172: "MERCADO Jonas Agustín C/ Productora Alimentaria SRL S/ Apelación de Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil nueve, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. José Dionisio Castro, Miguel Ernesto Novoa y Hermes Francisco Carrera, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en autos Nº 8172, caratulados "MERCADO JONAS AGUSTÍN C/ PRODUCTORA ALIMENTARIA SRL S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

I) Que por sentencia de fs. 316/325 de autos, el Sr. Juez del Primer Juzgado del Trabajo, resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda en el modo expuesto precedentemente. 2) Imponer las costas a ambas partes, en un 95% a cargo de la actora y en un 5% a cargo de la demandada, procediendo a regular los honorarios de los profesionales intervinientes.

II) Que contra dicho fallo se alza la actora mediante el pertinente recurso de apelación, expresando agravios a fs. 328/346, los que no fueron contestados por la contraria, dándole por perdido el derecho a hacerlo, tal cual consta a fs. 349 vta. de autos.

III) Que a fs. 356 vta. consta la opinión del Fiscal de Cámara, a fs. 359 el llamamiento de autos para sentencia, como asimismo a fs. 360 se efectúa el sorteo para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Carrera, 2) Dr. Novoa y 3) Dr. Castro.

A CONTINUACIÓN El TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte actora?.

Segunda cuestión: ¿Costas?.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO: I) En la sentencia mencionada, el a-quo desestima las indemnizaciones por antigüedad e integración del mes de despido y sus consecuencias, al concluir que el despido directo dispuesto por el empleador era justificado. Asimismo, desestima los rubros que en concepto de ropa de trabajo, diferencias salariales en forma parcial, incremento del art. 1° de la Ley 25.323 y multa (art. 80 de la LCT). Con fundamento principalmente en la prueba documental y pericial contable agregada a la causa.

II) Que contra dicha resolución la demandante interpone recurso de apelación, expresando agravios en la forma y modo que da cuenta el escrito de fs. 328/346, adjunto en autos.

III) Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión y de los agravios, corresponde avocarse al examen y resolución de estos últimos.

IV) Que como cuestión previa y atento a la interrelación que surgen de los cuatro primeros agravios respecto a la extinción del contrato de trabajo, corresponde aclarar, que los mismos serán desarrollados a continuación en forma global.

En el caso de autos el despido es un hecho no contravertido, desde que la demandada ha reconocido haber procedido a despedir al actor, a cuyo efecto, produjo la prueba pertinente. Teniendo en cuenta los términos en que ha quedado trabada la litis en primera instancia, a mi entender, se hace necesario desentrañar primero, cuál es la verdadera causal invocada por la demandada para despedir al actor y, segundo, si la misma es de tal gravedad que impida la prosecución de la relación laboral habida entre las partes.	Que a los fines de dar respuesta al primer interrogante, se desprende que el despido directo invocado por la patronal se debe a las causales que dan cuenta la documental de fs. 276 y las agregadas a fs. 277 a 289 de autos. Ello es así, conforme el principio de indivisibilidad de los medios probatorios, los cuales deben ser valorados todos en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos, de conformidad con las reglas impuestas por el art. 19 del CPL., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad.

Las pruebas, en general, no son susceptibles de fraccionarse para que las partes que las invocan, aprovechen lo que es útil y desechen las que las perjudican, ni de fragmentar el todo integrado por la reunión de los elementos probatorios.

Aclarada la causal del distracto, y a los fines de interpretar el hecho o los hechos que pudo tener la patronal para despedir, por la conducta denunciada como injuriosa en que habría incurrido el actor, ha de tomarse cuanto dispone sobre el punto el art. 242 de la LCT. Se dice allí que: "Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso".

Como vemos, la norma mencionada no establece las situaciones que autorizan al empleador a disolver la relación por causa de la conducta del trabajador, sino que utiliza una fórmula genérica, exigiendo que la conducta del trabajador que autorice el distracto sea "injuriosa", y tenga una gravedad tal, que no consienta la prosecución de la relación laboral.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han decidido en forma uniforme, como principio general, que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato, queda sujeto a la prudente apreciación de los jueces en el marco de las pautas ínsitas en el art. 242 de la LCT.

En esta valoración se tiene en cuenta, a su vez, una serie de pautas que conforman un principio de congruencia entre el antecedente y su consecuencia. En este aspecto, existe consenso en exigir que halla relación de causa - efecto entre la conducta de la trabajadora y el despido; que este constituya una medida que guarde proporción con la injuria y que halla contemporaneidad entre el hecho injurioso y la decisión resolutoria.

Por su parte, Pirolo Miguel Angel, en "Legislación del trabajo sistema- tizada", al comentar el art. 242 LCT. sostiene que: "El legislador ha omitido enumerar los incumplimientos que encuadrarían en el concepto de injuria, dejando la valoración a la prudencia de los jueces, aunque destaca dos pautas a tener en cuenta: las modalidades de la relación y las circunstancias personales de cada caso. El juez es un tercero imparcial que, en definitiva, ha de apreciar los hechos o el estado de cosas que se alegan, como constitutivos de justa causa.

Haciendo aplicación de lo expuesto al caso de autos, el hecho o los hechos actuales que dan lugar al distracto del actor, es el "bajo rendimiento e incumplimiento de sus obligaciones básicas", conforme informes de Zonas 61, 43 y 20 glosados a fs. 278, 279 y 280 de autos, informes estos consentidos por el actor expresamente al firmarlos de conformidad o aceptando su causa.

Repárese que el "bajo rendimiento o incumplimiento de sus obligaciones" fueron detectadas en los primeros días de septiembre del 2005, por lo que resultan contemporáneamente al despido (19/9/05), máxime cuando al aplicarse (en el mes de agosto de dicho año), una suspensión por 5 días, aceptó el actor las tareas asignadas y que su no cumplimiento le ocasionaría un despido sin causa (fs. 281), lo que así sucede con la documental de fs. 276 de autos.

El resto del texto de la comunicación aludida del despido no son nada más que la mención de antecedentes del trabajador, que vienen a justificar la máxima sanción que pueda recibir el trabajador y que al ser ponderados a los efectos de valorar la gravedad del incumplimiento desencadenante el distracto, se concluye que los hechos actuales mencionados unidos a estos configuran, a mi entender, una injuria que por su gravedad no consiente la prosecusión de la causa.

Que a esta altura del voto y referido a lo expresado precedentemente, no ha de olvidarse que si los agravios traídos señalan discrepancias con la evaluación hecha por el a-quo, con los elementos de prueba incorporados al proceso, la impugnación de arbitrariedad del fallo no puede sustentarse en ella, dado que como se ha dicho, se ha hecho mérito de otros elementos que resultan suficientes para sustentar sus conclusiones. (C. de J. PRE 1971-74/75; 1981-85/87, etc.).

Además, cabe tener presente como premisa fundamental, que nuestra Corte de Justicia ha señalado en forma reiterada y coincidente, que los jueces no están obligados a considerar todos los medios de prueba aportados por las partes, ni analizar todas sus argumentaciones, sino aquellas que, a su juicio, sean decisivas para resolver las cuestiones de que se trate. (PRE 1979-I-35/39, etc.).

Que haciendo aplicación de la jurisprudencia citada al caso de autos, la labor del juez se ha circunscripto a los criterios apuntados al dictar su pronunciamiento, conforme el principio de la sana crítica, regulada por el art. 19 CPL., en la presente causa, merituando en su mayoría la prueba documental agregada a la causa.

Además de lo manifestado, hay que tener en cuenta que del contexto recursivo no surge, a mi entender, la incorrecta o inexistente valoración que le imputa el apelante a la prueba confesional y testimonial, en tanto en la primera, además de no constar que se haya notificado al absolvente, tampoco su contenido se encuentra apuntalado por otros medios de prueba rendidos en el proceso, para que aquella sea tenida como cierta; y en cuanto a la testimonial resulta irrelevante, dado que la documental mencionada por el aquo, da cuenta de los incumplimientos del actor.

No debe olvidarse que el juez tiene de este modo libertad, dentro del marco de la ley, respecto a la procedencia o no de la prueba de testigos, de la admisibilidad o no del testimonio, o del mayor o menor valor probatorio de las declaraciones al tiempo de dictar sentencia.

Que por todo ello, la sentencia en lo que respecta al despido, lejos de violar el principio de congruencia o exceder el margen de razonabilidad, expone fundamentos de orden fácticos y jurídicos y que con apreciable grado de razonabilidad fundamentan el fallo, al considerar causado el despido dispuesto por la demandada. Que teniendo en cuenta lo expuesto, voto porque se rechacen los primeros cuatro agravios contenidos en la apelación.

V) En el pronunciamiento mencionado, el aquo no le reconoce el rubro "ropa de trabajo", por considerarlo no remunerativo o compensable en dinero (art. 103 bis inc. "e" LCT).

Que teniendo en cuenta que la provisión del concepto precitado establecido en el CCT. que rige la actividad de las partes, se inscribe entre los medios que evita el desgaste de la vestimenta del trabajador. El incumplimiento de la obligación de hacer entrega de la ropa para trabajar trae aparejado, a mi criterio, el resarcimiento del perjuicio que la omisión hubiere producido, aunque la indumentaria no forme parte del salario, ello en tanto no existe, en la norma derecho a conminar su entrega, en caso de no hacerlo, como en las vacaciones, que al no ser otorgadas, habilita al trabajador para tomarlas por sí, de modo similar en el art. 207 de LCT para el caso de omitir otorgar el descanso compensatorio.

Por lo expuesto, el rubro "ropa de trabajo" debe ser admitido por el monto denunciado al demandar, con más los intereses correspondientes fijados por el inferior.

VI) En la sentencia mencionada, el juez admite parcialmente las diferencias salariales de los meses de julio y agosto del año 2005; fundado en la pericia agregada a fs. 200 de autos.

Que contra dicho fallo (en el agravio VI) se alza la actora, al sostener que el rubro de marras no quedaba limitado a los meses mencionados, sino al tiempo de la prescripción, conforme consta al demandar.

Que expuestos sintéticamente los antecedentes de la sentencia y del agravio, corresponde al Tribunal avocarse al estudio de este último y dictar la resolución que corresponda.

Que entrando al recurso propiamente dicho, cabe señalar que al reclamar el actor diferencias salariales, no formula liquidación (art. 67 inc. "b" Ley 5732), sino que las difiere en su determinación a la prueba pericial contable. Producida esta a fs. 200 vta., no es observada por la recurrente tanto al corrérsele el traslado de fs. 201 como al tiempo de alegar, por lo que lo decidido por el sentenciante, resulta a mi entender incensurable, dado que estos argumentos no han sido atacados en la expresión de agravios, al no señalar el error de la sentencia con un análisis crítico y razonado, aportando los elementos que demuestren que la pericial contable es errada y contraria a derecho; repárese que el aquo ha merituado la prueba (no cuestionada) de la que extrae su conclusión, por lo que la afirmación de la apelante, es sólo una pretensión sin sustento alguno o, en el mejor de los casos, en forma extemporánea.

Que no está demás sostener que el proceso se conforma por un conjunto de actos coordinados entre sí que culminan con el dictado de la sentencia que dirime la controversia. Su exigencia estricta no implica un rigorismo formal excesivo, como parece verlo la quejosa, puesto que con ello el magistrado asegura el ejercicio del derecho de defensa a la parte accionada y, a la vez, se ve plasmado en la pericial contable al detallar el reclamo, que no fue observado por la recurrente para adoptar una decisión. No se le puede pedir al sentenciante realizar o sustituir la labor del perito, para determinar el rubro de marras.

VII) En el agravio séptimo, el apelante se queja del fallo del a-quo en tanto éste rechaza el incremento establecido en el art. 1° de la ley 25.323.

Que adelantando opinión al respecto, entiendo que no cabe razón al recurrente, dado que si bien el art. 1° de la citada ley, dispone la duplicación de la indemnización por antigüedad, art. 245 LCT (o las que en el futuro las reemplacen), cuando se trata de una relación laboral que al momento del despido no estuviere registrado, o le esté de modo deficiente (caso de autos), la misma es procedente sólo después de la extinción de la relación laboral, despido directo e indirecto, que genere derecho a la indemnización del art. 245 LCT, y como al no generarlo al desestimar el despido, no cabe más que su rechazo.

VIII) El presentante al finalizar su contexto recursivo se queja del decisorio del inferior, en cuanto entiende que si bien se le hizo entrega de la certificación de servicios, esta fue irregular, al no constar el verdadero haber salarial que le correspondía, pretendiendo el pago de la multa establecida en el art. 80 LCT.

El agravio precitado debe rechazarse, ello en tanto el empleador entregó los certificados de conformidad con los datos insertos en sus registros. La circunstancia de que haya quedado demostrado en la causa la percepción de un haber superior, sólo produce la obligación de entregar un nuevo certificado actualizado, pero de ningún modo admite la procedencia de la multa prevista por la norma en cuestión (tercer párrafo), que tiene como presupuesto la falta de entrega de certificados (art. 80 LCT, mod. por la ley 25.345).

En cuanto a la multa pretendida en el apartado segundo (constancias documentadas), corresponde se desestime, en razón de lo que se pretende no fue demandado, no integra la litis y, por lo tanto, no puede ser objeto de consideración en la sentencia (arts. 67, 75 y 124 Ley 5732).

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO: Las costas de esta instancia, propicio sean impuestas en el 90% a la actora y en el 10% a la demandada (arts. 125 Ley 5732 y 77 CPC. de aplic. sup. art. 161 CPL).

LOS DRES. MIGUEL ERNESTO NOVOA Y JOSÉ DIONISIO CASTRO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal R E S U E L V E :

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación, conforme los consideran- dos precedentes.

II) Imponer las costas de la alzada en la proporción dispuesta en la segunda cuestión propuesta.

III) Tener presente las reservas de derechos formuladas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-