Daños y perjuicios, daño material, daño moral, intereses, recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Suárez, Gilda Patricia Chazarreta de c/ Hospital San Juan Bautista y/o Estado Provincial y/o Q.R.R. s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-28

La parte actora deduce recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva emitida por la Cámara de Apelaciones.

Del resumen del caso traído excepcionalmente a resolver, surge que con motivo de la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora por sí y en representación de su nieta, se condenó al Estado Provincial al pago del resarcimiento del daño material y moral que les causara a ambas la muerte de la hija de la actora, hecho que se produjo luego de practicársele una operación de cesárea en el Hospital San Juan Bautista cuando la paciente había recibido el alta hospitalaria.

En primera instancia, se condenó al Estado Provincial al pago de la indemnización consistente en la suma de $10.920 en concepto de daño material, más la suma de $300.000 en concepto de daño moral a favor de la nieta -hija de la occisa- como así también se determinó a favor de la actora la suma de $150.00 en concepto de daño moral.

A las sumas fijadas en concepto de daño material, el a-quo impuso un interés de la tasa pasiva más el 0,5 % mensual, mientras que para las sumas fijadas en concepto de daño moral no fijó ningún interés, argumentando que dichas sumas habían sido fijadas a valores actuales, razón por la cual los intereses se generarían a partir de que quede expedita la ejecución de sentencia.

Apelado el fallo por ambas partes, en Cámara por mayoría se resuelve confirmar lo decidido por el a-quo, a excepción de lo resuelto respecto al monto fijado en concepto de daño moral a favor de la nieta de la occisa, reduciéndolo de ese modo a la suma de $250.000.

En dicha instancia, la disidencia se formula respecto al recurso que deduce la parte actora contra el criterio del a-quo de no aplicar intereses a las sumas de condena por daño moral so pretexto de que los montos son a valores actuales, por lo que no pueden generar ningún interés.

Así es que, apartándose del criterio de la mayoría, el magistrado que vota en disidencia se pronuncia por la recepción del recurso interpuesto por la actora, imponiendo de ese modo los intereses por daño moral desde el momento en que se produjo el hecho, siguiendo así la doctrina emanada de este Cuerpo de que los intereses corren desde el momento del hecho dañoso, sin que exista razón que justifique distinguir entre los rubros daño moral y material.

Antes de adentrarnos a tratar la temática de fondo, es preciso apuntar, como bien observa el Sr. Procurador, las serias deficiencias formales y sustanciales que presenta el escrito recursivo y que en cualquier otro supuesto hubieran determinado el rechazo del mismo por ser manifiestamente inadmisible, sin embargo encuentro que las aristas que presenta el asunto justifican en mi opinión un análisis menos riguroso de aquellas exigencias formales, ello en busca de lograr o por lo menos intentar uniformar el criterio que debe seguir la jurisprudencia; misión que cumple la casación a través de esta función uniformadora, y que no debe desdeñarse dado que ello hace a la seguridad, certeza e igualdad ante la ley.

La cuestión que llega a este Cuerpo consiste en determinar, dada la disparidad de criterios, si las indemnizaciones fijadas en concepto de daño material y moral generan intereses, y de ser ello así, corresponde determinar que tipo de interés así como desde cuándo se deben computar, ello en conexión con la práctica de fijar indemnizaciones a valores actuales.

La temática así planteada se vincula en mi opinión con el principio de la reparación plena o integral del daño injustamente causado, que es, como se afirma uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta el régimen de la responsabilidad civil.

Y es que no puede desconocerse que los intereses de la indemnización de daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito cumplen una indiscutible función indemnizatoria, cual es la de procurar brindar al damnificado la reparación integral a que tiene derecho, evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla. Por ello se afirma que los "intereses integran el concepto de daños y perjuicios".

Ahora bien, en conexión con el postulado de la reparación plena, entra al debate la cuestión del tiempo en que debe efectuarse la evaluación del daño como la determinación desde cuando se devengan los accesorios.

En particular cabe recordar lo señalado por este Cuerpo, aunque con distinta integración, de que los intereses en materia de daños y perjuicios deben liquidarse desde la fecha del hecho dañoso, dado que es el criterio que mejor responde al principio de la reparación integral.

Dicho principio, entiendo, debe mantenerse en la actualidad, dado que me encuentro absolutamente convencido que es a partir de la producción del daño cuando se genera la obligación de repararlo, pues la comisión del evento dañoso marca el nacimiento del deber de reparar con lo cual los intereses deben devengarse desde esa fecha, respondiendo ello como he afirmado al principio de reparación integral de la víctima.