Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03


SENT Nº 845 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Piccinetti Ángel René vs. Luque Emilio Salvador s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 291/296 por la parte demandada, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia de la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 20 de mayo de 2010 (fs. 283/284 y vta.). El recurso fue declarado admisible por resolución del referido tribunal de fecha 23 de febrero de 2011 (fs. 298 y vta.), aclarada por sentencia de fecha 23 de febrero de 2012 (fs. 309 y vta.). Una vez radicados los autos ante este Tribunal, ninguna de las partes presentó la memoria facultativa que autoriza el art. 137 del CPL (cfr. informe actuarial de fs. 316).

El pronunciamiento recurrido dispuso rechazar el recurso de apelación y nulidad deducido por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha 4 de octubre de 2007 (fs. 224/225) que desestimó la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada.

II.- El recurrente invoca el cumplimiento de la totalidad de los recaudos formales impuestos al recurso deducido por su parte. Manifiesta que éste fue interpuesto en término, que el afianzamiento dispuesto en el art. 133 del CPL no resulta exigible, que la sentencia impugnada tiene la virtualidad de poner fin al planteo por él interpuesto, haciendo imposible su prosecución, y que la materia de los agravios y la cuestión discutida le genera un daño "inconmensurable". Alega que el fallo recurrido incurre en violación normativa y arbitrariedad e invoca gravedad institucional.

Sostiene que la resolución en crisis viola los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, 24 y 30 de la Constitución Provincial, 33, 34, 264, 291 inc. 3 del CPCyC, 65 inc. c) y 67 del CPL, 35 de la Ley Nº 5.480 y 3.987 del Código Civil.

Afirma que la sentencia impugnada deviene arbitraria por surgir del mero producto de la voluntad de los jueces, que evidencia una falla de congruencia, y que se ha producido el quebrantamiento de la estructura esencial del proceso, poniendo al demandado en desigualdad frente al actor y menguándose su derecho de defensa y la regularidad del proceso.

Expresa que el sentenciante realizó una insuficiente aplicación -y que yerra en la interpretación- de las normas que regulan el instituto de la firmeza de los actos procesales, resoluciones judiciales y desistimiento. Lo manifiesta en particular en relación a las disposiciones del art. 35 de la Ley Nº 5.480, respecto del cual señala que no fue tratado en la sentencia recurrida a pesar de estar debidamente incluido en la litis por el demandado, rompiéndose con ello el equilibrio que debe existir en todo proceso y en el juzgamiento mismo en el caso, y configurándose un supuesto de gravedad institucional que requiere sea enmendado.

Sostiene asimismo que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta lo específicamente ocurrido y actuado en las causas que menciona, alejándose de los hechos y del derecho invocados por el demandado, transformando la sentencia en arbitraria y descalificándola como acto jurisdiccional válido. Solicita que se declare su nulidad por contradicción a los derechos que le corresponden.

Reseña según su criterio los antecedentes del caso, y considera que la sentencia impugnada se aleja de la cuestión debatida en autos, configurando un fallo vago y abstracto, sin relación con los antecedentes y derechos denunciados por su parte. Señala que ello se hace patente cuando el fallo recurrido manifiesta que no corresponde hacer lugar a la excepción planteada por cuanto lo que se produjo en la causa anterior (Expte. 847/04) fue un desistimiento de la acción y no del derecho.

Solicita tener presente, a fin de deslindar correctamente las pretensiones deducidas en la causa, que lo que denuncia es la mala fe y fraude procesal evidenciado por el actor, quien estando en pleno trámite y litigando la causa "Piccinetti Ángel René c/Luque Emilio Salvador s/ Cobro ordinario de pesos" Expte. Nº 847/04, inició esta nueva causa encontrándose impedido de hacerlo, únicamente con el afán de evitar que operara la prescripción de su acción. Así, afirma que existe una patente irregularidad en cuanto el actor, dos días después de celebrada la audiencia del art. 69 (actualmente art. 73) del CPL en la cual se le aplicó el apercibimiento de ley, inició este proceso, sabiendo que ni siquiera dicho apercibimiento se encontraba firme, pues se encontraba pendiente de resolución el incidente de nulidad que el actor mismo dedujo, y no solo ello sino que con posterioridad el actor interpuso un recurso de revocatoria que recién fue resuelto en fecha 30/12/2005, habiendo iniciando esta demanda el 09/9/2005. Al respecto, si bien admite que el desistimiento del proceso habilita a iniciar otro con las mismas cualidades, considera que ello está sujeto a que se encuentre firme el desistimiento mismo que lo habilita, pues de lo contrario se podría llegar a "consecuencias nefastas" (propone el ejemplo de que el incidente de nulidad o revocatoria deducidos por el actor en el Expte. 847/04 hubiesen prosperado, en cuyo caso existirían dos causas en pleno trámite y su parte demanda dos veces por el mismo rubro).

Impugna también la frustración de la posibilidad de haberse visto beneficiado por la prescripción de no haber existido la irregularidad que denuncia, atento a que si el actor no iniciaba la demanda en fecha 09/9/2005, hubiese operado la prescripción de su crédito en virtud de los efectos que posee el desistimiento sobre el instituto de la prescripción. Afirma que se está avalando que el actor, fraudulentamente y a sabiendas, se beneficie de una acción en su contra que se encuentra prescripta por aplicación del art. 3987 del Código Civil. Cita la sentencia de esta Corte Nº 357 de fecha 09/9/2004, que aplicó el art. 3987 del Código Civil en un caso en que se tuvo por desistida una demanda toda vez que, sin procurar que la misma se provea conforme a derecho, el actor dedujo nueva demanda acompañando el título base de la ejecución.

Insiste con que le causa agravio que se tenga por concluida la causa del Expte. 847/04, cuando no se ha dado cumplimiento con el art. 35 de la Ley Nº 5.480, que ordena que ningún magistrado puede dar por terminado ningún pleito ni admitir desistimientos, hasta tanto no ocurra el afianzamiento o pago de honorarios. Al respecto, afirma que en el Expte. 847/04 existe sentencia de regulación de honorarios firme a favor del letrado del demandado a cargo de la parte actora en este expediente, por lo que se ha violentado la letra del referido artículo.

Sintetiza sus manifestaciones diciendo que surge evidente que se ha producido una irregularidad en esta causa a partir de la violación de institutos y normas procesales y constitucionales en evidente perjuicio del demandado, todo lo cual torna nulo este proceso, y solicita que para su correcto análisis este Tribunal traiga a examen el Expte. 847/04.

Sostiene que los vicios analizados demuestran que se ha configurado la situación prevista por el art. 131 inc. a del CPL y cita precedentes de esta Corte en relación a supuestos de gravedad institucional, que considera aplicables al caso.

Propone doctrina legal y para el eventual caso de una sentencia adversa, formula reserva del caso federal. Finalmente solicita que se haga lugar a lo solicitado y se revoque la sentencia recurrida, con costas a la contraria.

III.- La sentencia impugnada, luego de reseñar los agravios expuestos por el recurrente, consideró que "resulta correcto el fundamento de la sentencia que rechaza la excepción de cosa juzgada deducida, basado en que el modo de concluir de la litis 'Piccinetti Ángel René vs. Luque Emilio Salvador s/ Cobro ordinario de pesos' Expte. N° 847/04, entre las mismas partes, que tramitara por ante el juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la Vª Nominación, representa el desistimiento de la instancia procesal de la acción, pero no del derecho, y en ese marco no se encuentra resuelta la cuestión de fondo, ni pasa en autoridad de cosa juzgada el presunto derecho del actor a las indemnizaciones de ley derivadas de su relación laboral con la demandada".

Señaló que el desistimiento del derecho, como bien lo sostuvo la jueza sentenciante, "tiene un trámite procesal específico, expreso y restrictivo que impide renovar en el futuro el mismo proceso e importa renuncia al derecho que en el mismo se ejercía". En este sentido, sostuvo que "este desistimiento firme de la acción, operada conforme al apercibimiento prescripto por el art. 73 del CPL, es una situación excepcional de naturaleza procesal que no obsta a que el actor inicie otra acción siempre que no se encuentra prescripto su derecho".

La Cámara consideró asimismo que la sentencia recurrida había valorado las pruebas ofrecidas por las partes a efectos de determinar la identidad de sujetos, objeto y causa como el modo de conclusión de la misma, conforme surgía de las consideraciones efectuadas con relación a la instrumental de fs. 197, de donde concluyó que el desistimiento había recaído sobre el proceso y no sobre el derecho.

En mérito a ello, consideró que "los agravios del recurrente, con relación a la falta de contemplación de situaciones fácticas, como a la violación del principio iura novit curia, de congruencia y transgresión a los arts. 34, 31, 272 del CPCC, resultan improcedentes e infundados, por entender que la sentencia no solo resulta lo suficientemente clara con relación a las causales que han llevado a la Sra. Juez A-quo a disponer el rechazo de la excepción opuesta, sino además por resultar motivada y adecuada a la normativa de los arts. 272 y 273 del CPCC, para constituirse en un acto jurisdiccional válido".

En virtud de ello la Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto.

En relación a los fundamentos del apelante relativos a la nulidad de la sentencia de primera instancia, la Cámara compartió el criterio de la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 277/278, en cuanto consideró que "para la anulación de una sentencia es preciso que ella adolezca de vicios formales o de construcción (errores in procedendo) que la descalifiquen como acto jurisdiccional, o sea dictada sin sujeción a las reglas de tiempo, lugar, falta de firma, error en la constitución del órgano jurisdiccional, omisión en la mención de los hechos o del derecho aplicable, etc., siendo ajeno a ello todo lo que tenga que ver con la aplicación del derecho o la apreciación de los hechos o de la prueba si se considera errónea (error in iudicando)".

En base a lo expuesto, concluyó que "en el caso sub-examen los vicios que el apelante imputa a la sentencia no se vinculan a errores in procedendo sino a errores in iudicando, lo que en todo caso sirven de fundamento al recurso de apelación precedentemente considerado y resuelto".

Por tales razones, la Cámara rechazó igualmente la nulidad de sentencia sustentada por la demandada.

IV.- En relación a los requisitos de admisibilidad de la vía extraordinaria local de la casación, se advierte que el recurso ha sido interpuesto en término, se funda en infracciones de normas de derecho y en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, se basta a sí mismo y es inexigible el afianzamiento (arts. 131, 132 y 133 del CPL).

En cuanto a la definitividad de la sentencia impugnada, cabe señalar que ésta no resuelve el fondo de la litis ni termina el pleito o hace imposible su continuación. Sin embargo, se advierte también que el marco litigioso de este incidente aprehende nuclearmente la existencia, o no, de la cosa juzgada, y, siendo así, esta Corte ha expresado reiteradamente que "no obstante que el acto judicial impugnado constituya una sentencia interlocutoria, al debatirse lo atinente al desconocimiento o no de la cosa juzgada, la cuestión controvertida incidentalmente asume en la especie, gravedad institucional, pues la finalidad de este instituto, de innegable raigambre constitucional argentina, es la de evitar que las controversias judiciales puedan reiterarse en forma indefinida y la de conferir a las sentencias definitividad, de manera tal que la cuestión resuelta no pueda ser discutida de nuevo, no sólo en el mismo proceso sino en ningún otro futuro" (CSJTuc., "Cía. Azucarera y Alcoholera Soler S.A. s/ Concurso preventivo -Hoy quiebra- (Rec. queja p/casación denegada)", 15/9/1995; entre otros). En sentido similar, recientemente ha dicho esta Corte que concurre el supuesto excepcional consagrado en el art. 748 inc. 2 del CPCyC, de aplicación supletoria al fuero, cuando en el caso "se ha planteado una cuestión de derecho al cuestionarse la estructura esencial del proceso con incidencia directa en la sistemática procesal de los incidentes, en la preservación de la cosa juzgada y en la garantía del debido proceso legal, y, por ende, con gravitación en el derecho de defensa de raíz constitucional, exponiendo las razones de hecho y de derecho que sustentan su posición; con lo que el punto debatido en esta cuestión incidental asume caracteres de gravedad institucional, ya que atañe al desconocimiento o no de la cosa juzgada derivada de un anterior pronunciamiento" (CSJTuc., "Pedroza Avellaneda Germán Exequiel vs. Big Match S.A. s/ Cobro", 26/5/2010). Lo manifestado puede decirse del caso que nos ocupa.

En consecuencia, encontrándose satisfechos los requisitos que tornan al recurso formalmente admisible, corresponde abordar su procedencia.

V.- Confrontados los argumentos del recurso con los fundamentos de la sentencia impugnada, se advierte que aquel no puede prosperar.

V.1- Más allá de la pretensión del recurrente en contrario, la cuestión central planteada en este incidente consistió en determinar si la resolución que dispuso tener por desistida la acción en una causa anterior con identidad de partes, causa y objeto, hacía o no cosa juzgada frente a la nueva demanda iniciada por el actor en este proceso. El demandado y ahora recurrente, al contestar la demanda, invocó a su favor que tal resolución de desistimiento se encontraba firme y en base a ello opuso excepción de cosa juzgada (fs. 192 vta.), lo que motivó la apertura de este incidente. Radicados los autos ante este Tribunal, el recurrente ataca la sentencia de Cámara que confirmó el rechazo de la excepción de cosa juzgada por entender que se aleja de la cuestión debatida, configurando un fallo sin relación con los antecedentes y derechos denunciados en la causa.

El análisis de la sentencia en crisis da cuenta de que los fundamentos expresados por la Cámara para confirmar el rechazo de la excepción de cosa juzgada permiten considerarla ajustada a los arts. 34, 272 y 273 del CPCyC, de aplicación supletoria al fuero. En efecto, el fallo recurrido, centrándose en lo que estaba llamado a decidir, consideró correctos y reprodujo en lo pertinente los fundamentos de la sentencia que rechazó tal excepción, distinguiendo adecuadamente entre el desistimiento de la acción y el desistimiento del derecho y sus respectivos efectos, todo ello con sustento en la normativa procesal aplicable. En base a tal análisis, concluyó con motivación suficiente, reseñada anteriormente, que el desistimiento en el Expte. 847/04 (invocado por el demandado) representó el desistimiento de la instancia procesal de la acción, pero no del derecho, y que en ese marco no pasaba en autoridad de cosa juzgada el presunto derecho del actor a las indemnizaciones de ley derivadas de su relación laboral con el demandado.

El recurrente no se hace cargo de este argumento central del fallo, no lo refuta; por el contrario, incluso reconoce que "el desistimiento del proceso habilita a iniciar otro con las mismas cualidades", pero ante esta Corte se agravia de que la sentencia impugnada no haya determinado que tal posibilidad se encuentra condicionada a que el desistimiento en cuestión se encuentre firme (fs. 293 vta.).

La pretendida condición de firmeza previa luce estéril en el propósito de descalificar el fallo recurrido, con solo reparar en que el propio recurrente invocó la firmeza del referido desistimiento para fundar la excepción de cosa juzgada por él interpuesta. Así, el recurrente pretende interponer un valladar al ejercicio de un derecho que exterioriza una posición contraria a la anteriormente asumida en la misma causa, pretensión que por lo tanto tiene destino de rechazo.

No obsta a lo manifestado la apreciación del recurrente en cuanto a las consecuencias que se derivarían de permitir que se inicie una nueva causa sin estar firme el desistimiento de la acción acaecido en otra anterior, en tanto es al momento de la traba de la litis que deben se analizarse los remedios procesales potencialmente procedentes para ese supuesto. Así por ejemplo, la eventual configuración de la excepción dilatoria de litispendencia no se considera al momento de interposición de la demanda, en el que si bien se abre la instancia judicial, no se configura todavía litigio o pleito, lo que recién ocurre al practicarse el acto de notificación del traslado de la demanda (cfr. CSJTuc, "Villafañe Antonio Ángel vs. Libanesa Automotores S.A. s/ Indemnización por despido y otros rubros", 26/02/1996).

Adicionalmente a lo ya expuesto al respecto en el fallo recurrido, téngase en cuenta que existe cosa juzgada en sentido material, cuando la sentencia además de ser insusceptible de ataque directo mediante la interposición de algún recurso, también lo es de ataque indirecto a través de la promoción de otro juicio que permita la obtención de un resultado distinto al alcanzado en el anterior (cfr. CSJN, "Consorcio Prop. calle Esmeralda 1249/59 vs. C. Prop. calle Esmeralda 1261/65 y otro", 10/10/1996). En el caso, la conclusión del sentenciante en cuanto a la inexistencia de la imposibilidad de iniciar un nuevo proceso por no haber operado el desistimiento del derecho, basada en su apreciación de las circunstancias de la causa, no merece reparo por esta Corte.

En mérito a lo expuesto, el planteo del recurrente precedentemente analizado es improcedente.

V.2- En cuanto a las alegaciones del recurrente de que la acción del actor se encontraría prescripta por aplicación del art. 3987 del Código Civil, y de que la sentencia impugnada debió tratar lo relativo a la aplicabilidad del art. 35 de la Ley Nº 5.480, se observa que ninguna de tales cuestiones fueron propuestas al juez de primera instancia al contestar la demanda, de modo que no integraron la traba de la litis y tampoco quedaron válidamente comprendidas en el marco aún más limitado de este incidente.

Cabe destacar que el juzgador debe circunscribir su decisión únicamente a lo que ha sido peticionado por las partes. A las partes incumbe, en otras palabras, fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica (ne eat iudex ultra petita partium; iudex secundum allegata et probata a partibus indicare debet; sentencia debet esse conformis libello), incurriendo en incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. I, págs. 258/259). Ello se encuentra plasmado positivamente en los arts. 34, 272 y 273 del CPCyC, de aplicación supletoria al fuero laboral. Del mismo modo, uno de los efectos que produce la contestación de demanda es el de delimitar el thema decidendum, puesto que la sentencia sólo puede versar sobre la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso y sobre la oposición u oposiciones que delimitan ese objeto. De allí la afirmación doctrinaria, dice Palacio, de que con la contestación a la demanda resulta integrada la denominada relación jurídica procesal (ob. cit., T. VI, págs. 154/155).

En materia de apelación y en relación al caso que nos ocupa, el art. 713 del CPCyC (Poderes del Tribunal) establece inicialmente: "En el recurso de apelación, el tribunal no podrá resolver ninguna cuestión que no haya sido propuesta a decisión del inferior (.)". Esta regla es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, la cual no configura un nuevo juicio en el que, como tal, sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente. Al respecto, señala Hitters que "la alzada, por ser un área de revisión, carece de poderes para decidir temas no sometidos al juez inferior, ya que la función prístina del ad quem no es la de fallar en primer grado, sino la de controlar la decisión de los magistrados de jerarquía inferior" (Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, Platense, La Plata, 1989, pág. 406). De lo dicho se concluye que el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior. Tal limitación reviste asimismo jerarquía constitucional en tanto su transgresión importa la conculcación de las garantías y derechos reconocidos por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. CSJN, fallos: 237:328; 268:7; 239:442).

Por lo expuesto, la sentencia impugnada no puede ser descalificada por no haber tratado las cuestiones de prescripción y de aplicabilidad o inaplicabilidad al caso y eventual alcance de cierta normativa arancelaria en su vinculación no a éste, sino a otro proceso, en tanto tales cuestiones no debían ser resueltas en la alzada por no haber sido propuestas al inferior. En efecto, el recurrente omitió integrar tempestivamente tales cuestiones al marco fáctico-jurídico de este incidente, sellando así la suerte adversa a su resolución. No pueden los jueces suplir la omisión en que las partes puedan haber incurrido al no presentar sus alegaciones oportunamente.

Sentado lo anterior y al solo efecto ilustrativo, se advierte que el demandado procuró originariamente con su estrategia litigiosa precisamente lo contrario de lo que ahora viene a reclamar, por cuanto, como fuera dicho, al contestar la demanda expresamente destacó que había operado el desistimiento en el Expte. 847/04 para pretender obtener una declaración de cosa juzgada en este nuevo proceso. Rechazada por improcedente la excepción interpuesta, el demandado introdujo ante la Cámara la cuestión de la supuesta violación del art. 35 de la Ley Nº 5.480. Es decir, se agravió de que la jueza de primera instancia reconoció el desistimiento que, básicamente, él mismo le había requerido que reconozca para fundar su excepción (pretendiendo que se otorgara a tal desistimiento, sin embargo, un efecto impropio). Así, el argumento del recurrente de falta de consideración de la cuestión del art. 35 de la Ley Nº 5.480, además de inoportuno, deja traslucir más bien su mera disconformidad con la decisión de que el desistimiento de la acción en el proceso anterior no haya impedido iniciar este nuevo proceso, que un agravio legítimo de que la consideración efectuada en relación a tal desistimiento pueda implicar violación de normativa arancelaria invocada.

De todo lo expuesto se advierte que no se configura en el caso la arbitrariedad alegada por el recurrente. No se observa falla de congruencia o quebrantamiento de la estructura esencial del proceso ni se percibe conculcación a las garantías del debido proceso y de defensa en juicio. No se ha demostrado que la decisión cuestionada configure un apartamiento inequívoco de la solución prevista en la ley, o que refleje voluntarismo del juzgador. Por el contrario, la sentencia atacada aparece como una derivación razonada del derecho vigente, con apoyo en las concretas circunstancias de la causa.

VI.- Por todo lo expresado, corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación deducido por la parte demandada (arts. 105 y 106 del CPCyC y 49 del CPL).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación que efectuara el tribunal de grado del material probatorio -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 317, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 20 de mayo de 2010 (fs. 283/284 y vta.).

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032539-01