marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, daño moral, responsabilidad del funcionario público
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTILLA, ISAAC c/ RESERO SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-10

Procede resarcir el daño moral, si -como en el caso- su configuración surge del obrar de un funcionario del Estado Nacional coaccionado, quien previamente, insto una demanda de responsabilidad contra el accionante (ls 274 y 276), sin mensurar con razonabilidad la extensión del mandato conferido, la cual fue rechazada por incumplimiento de exigencias fundamentales que impidieron siquiera adentrarse al discernimiento jurisdiccional de los asuntos de fondo propuestos en la demanda. Es de ponderar, que tal indemnización tiene carácter reparador, o sea, que adquiere mayor relevancia que la conducta del incumplidor, la entidad del perjuicio sufrido, es decir, cuando se trata de dilucidar la procedencia de la reparación por dicho concepto, el análisis se centra en la persona del no culpable a fin de evaluar las consecuencias que sobre su animo produjo el incumplimiento.

Voto del dr. Monti:

Dicha indemnización puede ser concebida como: una reparación a quien padeció la consecuencia aflictiva y como sanción ejemplar al proceder reprochable de quien la causo, sin embargo, adoptar un punto de vista exclusivamente unilateral, parcializaría la realidad en que tanto el ofensor cuanto la víctima se encuentran involucrados. De modo, que ponderar al damnificado y sus padecimientos -a efectos de reparar el daño moral-, cuanto a las características del obrar de su autor -lo cual incide en la magnitud de la sanción aplicable-, implica adoptar un carácter bifronte, que es el que mejor refleja los perfiles normativos de la indemnizacion.

Por ende, no cabe soslayar esa faz punitiva, cuando -como en el caso- surge que la conducta de aquel a quien se imputa responsabilidad, generó su deber de responder frente al pretensor (CCIV 1112).
Matrimonio, deberes de los cónyuges, deber de cohabitación, cónyuge separado, exclusión hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.M. c/ O., B.E. s/ EXCLUSIÓN DE HEREDERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

1- En un matrimonio el hecho de no haber cohabitado durante un largo tiempo en el mismo domicilio implica el quebrantamiento de los deberes conyugales. Estos surgen de la imposición legal del Código Civil y no pueden examinarse, como pauta hermenéutica excluyente, a partir del principio de la autonomía de la voluntad que establece el art. 1197 del Código Civil. De ahí que, su ruptura implica causal objetiva o subjetiva de divorcio, por más pactos o acuerdos que se hayan convenido entre los esposos. 2- De tal manera, para acreditar que los esposos mantuvieron su comunidad de vida -pese a que circunstancialmente vivieran en distintos domicilios- se debe demostrar una permanente vocación de reunión, aun cuando se hubiesen dispensado de compartir el mismo techo por motivos laborales. Y es evidente que no subsistió esa vocación de reunión si en la etapa de enfermedad del causante -y ante sus dificultades físicas y económicas- éste sólo fue asistido por terceras personas en los quehaceres domésticos y en la compra de remedios, sin que fuese su cónyuge quien le brindara la asistencia a la cual estaba legalmente obligado (arts. 197 a 200 del Código Civil). 3- No demostrada entonces la cohabitación casi desde el inicio mismo del matrimonio ni la subsistencia de la vocación de cohabitación, queda acreditada la causal objetiva de separación de hecho y con ella la viabilidad del reclamo de exclusión hereditaria del cónyuge supérstite. Puesto que el deber de cohabitación es el cimiento de la institución matrimonial y más allá de las excepciones transitorias específicamente previstas por la ley es indisponible para las partes. (Sumario N°17622 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Oportunidad procesal, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

Las pretensiones del representante del Ministerio Público en el recurso de casación relativas a la condición de partícipe necesario en la falsedad ideológica de la partida de nacimiento al imputado como partícipe necesario en el delito de falsedad ideológica del certificado de nacimiento, en virtud de su accionar al entregar a la menor junto con un certificado de nacimiento falso, resultan improcedentes puesto que se trata de una pretensión tardía de incluir en la condena hechos que no habían sido incluidos de modo suficientemente preciso y por una vía regular y válida, ni en la acusación, ni en el alegato final.
Quiebra, privilegios (comercial), reserva de gastos, impuestos, tasas
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORETTI PROPIEDADES s/ INC. DE CONCURSO ESPECIAL POR CUSTODIA CIA. FINANCIERA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-26

Los gastos propios del inmueble posteriores a la quiebra hasta la toma de posesión por el comprador (O.S.N., tasa de alumbrado, barrido y limpieza y expensas comunes), encuadran en la previsión de la l: 268, pues atienden a la conservación, custodia y administración del bien.
Fiscal de Estado, intervención fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad arts. 9 y 10 de la ley 10.904
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El desplazamiento del Fiscal de Estado previsto en la ley 10.904 limita su intervención en temas de incuestionable naturaleza patrimonial, circunstancia que lesiona el art. 143 de la Constitución provincial. (Minoría u opinión personal)
Medios de prueba, prueba testimonial, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: B., N. y otros c/ Municipalidad de Corcovado s/ Cobro Diferencias de Pesos s/ Recurso Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-31

"...el hecho de que las preguntas se hayan formulado en forma asertiva no es causa de invalidez del testimonio y sólo justifica que los dichos del testigo sean valorados con mayor rigor crítico".
Establecimientos penitenciarios, régimen penitenciario, deberes del juez, activismo judicial
Materia: PENAL
Carátula: VALENTI, SANDRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

La situación de las personas privadas de la libertad y la observancia de las condiciones en que se ejecuta el encierro son, sin perjuicio de las que les cabe a otros poderes u autoridades, responsabilidad de los jueces que las han dispuesto, ya durante la etapa de investigación preliminar, ya durante el juicio o, en fin, durante la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta por sentencia condenatoria.

Que esas obligaciones funcionales se dirigen a cualquier lugar de detención, se trate de un penal, un instituto de detención, una comisaría o cualquier institución pública o privada en la que haya sido alojada una persona como consecuencia de la decisión judicial, y no eximen a otras autoridades y poderes de la obligación de respetar las normas constitucionales y legales que se proyectan sobre los lugares de detención de personas sometidas a proceso, a la ejecución de una pena o 'medida de seguridad' impuesta por jueces penales".
Recurso de apelación (procesal), situación del imputado, etapas del proceso, proceso penal, delegación de la investigación, feria judicial, plazos procesales, habilitación de feria, código civil, código procesal penal
Materia: PENAL
Carátula: SRA. DEFENSORA OFICIAL PENAL Nº 9 DRA. HORTENCIA MARIA SALAS s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-11

Si la conclusión fuera desfavorable a la exclusión en el cómputo del tiempo de feria judicial en causas no habilitadas, el inmediato efecto sería la habilitación de todas las I.P.P., ya sea que cursen con imputado detenido o sin él. El resultado no podría ser adecuadamente atendido con la reducida dotación que queda en funciones en feria.

Conspiraría también con el derecho a vacaciones de los abogados particulares, y en definitiva ordinarizaría la feria al punto de convertirla en período corriente. Frente a ese efecto no cabría otra consecuencia que convertirla en los hechos en inoficiosa, por la desproporción del número de asuntos a trabajar en relación a la dotación, y obligaría sencillamente a eliminarla.

La imposibilidad de actuación en etapa e Feria Judicial también deriva de que en la IPP no nos encontramos frente a una mera etapa sumarial de tinte policial.

Nótese que habiendo Decreto de Apertura de Investigación existe un proceso, toda vez que el art. 245 ritual prevé la comunicación del mismo al Juez de Garantías e impone el deber de notificar al imputado sobre el Fiscal y Juez interviniente, a fin de que haga uso de su derecho a declarar en los términos y con los alcances de los arts. 89 y 369 del CPP.

De igual modo los arts. 247 y 249 habilitan la participación de las partes en la investigación, y el 253 la proposición de diligencias probatorias.

Estas circunstancias distinguen claramente el carácter o naturaleza que tiene la IPP que, ya está inscripta dentro de un proceso y no es simple actividad aislada del Fiscal (menos aún policial).

De allí que a partir del Decreto de Apertura de la Investigación el Ministerio Público Fiscal no pueda avanzar en la investigación sin el debido anoticiamiento al imputado y posterior control de la Defensa, los principios de contradicción, igualdad de armas y juez imparcial que -entre otros- caracterizan el Sistema Acusatorio regulado por la ley 7690, así lo imponen.

De suerte entonces que si el Fiscal pretende continuar investigando en la etapa de Feria Judicial, corresponde habilite la causa y notifique al resto de las partes, en cuyo caso el período de Feria será computado dentro del plazo de seis meses contemplado por el art. 256 del CPP. Si la causa no fue habilitada el Fiscal está imposibilitado para actuar pues no será posible el contralor necesario por parte de la Defensa (y Querella en su caso), por lo que al ser un período sin actividad, no debe contarse en los plazos del 256 ritual.

(Según el voto del Dr. Abel Fleming).
Objeto del proceso, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Tenorio, Hugo S. c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-25

La nulidad no puede ser expresión de un formalismo irrazonable, ante la verdad objetiva que surge de la prueba, donde el objeto de la pretensión se ha cumplimentado, y obtenido el objeto jurídico perseguido en la acción.
Posesión, bienes inmuebles, tradición
Materia: CIVIL
Carátula: CLUB COMUNICACIONES c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES s/ POSESION    -  USUCAPION  -  PRESCRIPCION  ADQUISITIVA  -  DOMINIO  -  INTERRUPCION  -  TRADICION  -  ENTIDADES AUTARQUICAS - UNIVERSIDAD DE  BUENOS AIRES - ACTOS POSESORIOS - REIVINDICACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

Sólo puede adquirirse por tradición la posesión de inmuebles mediante la realización de actos materiales (arts. 2378, 2379, 2380 y 2468 del Código Civil), y cuando el inmueble esté libre de toda otra posesión, y sin contradictor que se oponga a que el adquirente la tome (art. 2383).
Acción de amparo, resolución administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ RESOLUCION Nº 4.754 Y 4.801 DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO-APELACION VARAS CLAUDIA ISABEL Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-08|2002-12-30

El ordenamiento en lo contencioso administrativo tiene previsto, un instituto especial conocido en Doctrina como " suspensión especial " por el cual se consagra la atribución especial del Tribunal de suspender los efectos del acto administrativo impugnado judicialmente, de tal manera que reclamar ello por la vía del amparo, significa desnaturalizar la institución que nos ocupa, poniendo a consideración una materia que resulta extraña a éste remedio excepcional de carácter sumarísimo.
Locación de inmuebles, responsabilidad del locatario, daños en el inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: BUNGE Y ALVAREZ-CALDERON, CESAR c/ CARVALLO QUINTANA, TOMAS s/ LOCACION-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-18

El transcurso del tiempo como causa de deterioros en la cosa locada no debe recaer sobre el inquilino.
Beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la libertad, dictadura militar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Inocencio s/ M. del Interior -art.3 ley 24.043-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-22

La finalidad de la ley 24.043 fue otorgar una compensación económica a personas privadas del derecho constitucional a la libertad, no en virtud de una orden de autoridad judicial competente, sino en razón de actos -cualquiera que hubiese sido su expresión formal- ilegítimos, emanados en ciertas circunstancias de tribunales militares o de quienes ejercían el Poder Ejecutivo de la Nación durante el gobierno de facto. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIFATTI, LEONOR ELSA c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-18

El postulado de la congruencia adquiere particular relevancia por su correlación con la garantía de defensa en juicio, pues si la pretensión o los hechos no han sido materia de debate, prueba y contralor por la contraria, el juez afectaría -en principio- la garantía de la defensa al pronunciarse sobre una pretensión no deducida o sobre hechos ajenos al proceso, o si se condenara a quien no ha tenido posibilidad de defensa y prueba. Y esto no es lo acontecido en el sub judice, toda vez que habiendo llegado la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho de defensa de la accionada Caja de Jubilaciones, no aparece particularmente vulnerado si se condena a devolver lo percibido ilegítimamente, esto es, si se obliga a restablecer una situación que debió haberse ordenado en la sentencia inicial.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Estay, Roberto E. c/ T.U.Q.S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que declara la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49, disposición adicional tercera, de la ley 24.557, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Personal policial, retiro policial, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bocci,  Mario  Roberto  y  otros c/ Caja  de Retiros Jub. Pens.Policía   Federal  Argentina s/ personal militar y civil de lasFF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Corresponde revocar la sentencia en cuanto ordenó computar los adicionales creados por el decreto 2744/93 -"suplemento por mayor dedicación"- como remunerativos y bonificables, pues el reconocimiento de la naturaleza general de las asignaciones creadas por dicha norma al personal retirado, se encuentra restringido por la manera en que se liquidan tales asignaciones al personal en actividad, y una decisión que excediera tal límite traería aparejada la ruptura de la regla de proporcionalidad establecida por la ley de fondo -21.965-.
Recurso extraordinario, nulidad del acto administrativo, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Theys, J V y Cávez, H O c/ RESOLUCION NRO. 36 A.N.A. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

Es improcedente el planteo enderezado a demostrar la nulidad del acto administrativo que dispuso cesantías con respecto al cual se aduce que el funcionario que lo dictó se habría mostrado ignorante de la extensión de su propia competencia sancionatoria, si la comisión de un "error esencial" al dictar el acto de baja aparece categóricamente desmentida por extensos párrafos de la sentencia donde se analizan los casos y se concluye en la ausencia de ilegitimidad o arbitrariedad. Ello así, pues la admisión de que el acto es ilegítimo y encuadra dentro de la potestad disciplinaria del órgano, por adecuación de la conducta ilícita de la sanción aplicada, descarta el vicio que alegan los recurrentes, máxime cuando se evidencia despreocupación por controvertir tales argumentos del decisorio, a punto tal de no hacerse cargo de ellos en el recurso extraordinario.
Autonomía municipal, Constitución Provincial, Convención Constituyente Provincial, éjido municipal, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., H. R. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-16

En lo que a nosotros nos interesa, lo trascendente del debate de la constituyente de 1988 es que no solamente ratifica la política sentada en el texto constitucional originario de 1957, sino que define nítidamente que dará el derecho de administración de todas las tierras existentes sobre los ejidos que se fijen por ley o se acuerden entre los Municipios colindantes y que esta jurisdicción territorial comprende el poder de policía sin perjuicio de lo que significa la descentralización y desconcentración.
Recurso extraordinario, cuestión federal, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIAS JULIO ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-12

La cuestión federal debe ser planteada y mantenida en todas las instancias, dado que tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones constituyen eventos previsibles. La finalidad de tal reserva radica en conferir a los jueces de la causa oportunidad de ponderar la cuestión y juzgar la relación existente entre su posible decisión y el derecho constitucional cuya eventual violación se invoca (conforme Cámara Nacional Civil Sala F, c. 277.332 del 10/6/82; id.id. c. 288.724 del 25/11/83; id.id. c. 286.990 del 23/12/83; id.id. c. 2147 del 23/2/84). Si no se mantuvo la reserva del caso federal en la segunda instancia falta uno de los requisitos que condicionan su admisibilidad.-
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, prueba crítica, doctrina de la arbitrariedad, despido, indemnización, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESCORIHUELA, ROCIO BELEN c/ DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

El remedio interpuesto ha de prosperar, por cuanto la Cámara al condenar a la demandada a pagar la indemnización por daños y perjuicios por despido de la trabajadora agraria permamente discontinua prevista en el artículo 21 de la ley 26727, prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a la normativa aplicable y a los elementos de autos que surgen de las pruebas producidas; y si bien los agravios esgrimidos por la presentante refieren al examen de cuestiones de hecho y derecho común que resultan en principio ajenas al recurso extraordinario provincial, cierto es, que corresponde hacer lugar a la excepción a dicha regla cuando, como se verifica en el sub iudice, el A quo ha arribado a una solución que no reúne las condiciones mínimas necesarias para garantizar el derecho a la jurisdicción al satisfacer únicamente en apariencia dicha exigencia. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26727, artículo 21; Ley 7055, artículo 1
Acción de amparo, deudas impositivas, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Tomei, Aníbal Rubén c/ Colegio de Técnicos Radiólogos de la Primera Circunscripción de la Provincia s/ Accion de amparo. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 776-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-26

La acción de amparo promovida en baja instancia no puede ser considerada, a los efectos pretendidos por el actor -eximición de exigencias fiscales- como si fuese un recurso de hábeas corpus, desde que, por un lado, se orientó a revertir la decisión del Colegio demandado, que había negado al recurrente la matriculación respectiva por carecer su título de la pertinente autorización del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y, por otro, porque la exenciones deben ser expresas e interpretadas con criterio restrictivo, por tratarse de excepción a las reglas generales.
Sentencia, cuestión esencial, cuerpo del delito, prueba, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Forlano, Walter E. y otros s/ Atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves e infracción  art. 8 Ley 23.184
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

No es posible acoger una especie de responsabilidad objetiva, condenándose por lesiones y daño a quiénes sólo fueron sindicados por haber tirado unos ladrillos que se hallaban en el lugar aunque se diga que fue contra las fuerzas del orden, si no se precisa si ellos dieron o no en el blanco, especificándose éste. La imputación penal reclama otros recaudos, relativos a precisión e individualización de conductas y autores.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., L.M. c/ L., E.G. s/ Solicita autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-18

La atención primordial al "interés superior del niño" a que alude el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño, apunta a dos finalidades básicas: constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño.

El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos del niño con los adultos que lo tienen bajo su cuidado. La decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para la menor. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el del niño.
Jubilaciones, acumulación de beneficios, beneficiario previsional de escasos recursos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TERZAGHI, CARMEN c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-14

La existencia de una jubilación exigua e insufienciente para afrontar los gastos familiares puede justificar un reclamo de reajuste del haber, pero no autoriza a conceder el derecho a un sujeto no legitimado para acumular prestaciones previsionales, so peligro de poner en jaque la subsistencia económica del sistema previsional.
Sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, expropiación, expropiación irregular, cesión de derechos, indemnización
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: León Alfredo y otros c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Expropiación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2008-03-04

Es descalificable como acto jurisdiccional válido, el pronunciamiento que funda su decisión en afirmaciones que se contradicen con las constancias de la causa. Constituye un supuesto de sentencia arbitraria, aquella que apartándose de las pruebas arrimadas al proceso, niega que en la enajenación del inmueble objeto de la expropiación, vaya implícita la cesión del derecho a reclamar el pago de la indemnización correspondiente.