Administración fraudulenta, prescripción de la acción penal, recurso de casación, procedencia parcial, disminución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Baza, José David s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodolfo Augusto Baza en contra de la Sentencia Nº 36/12 dictada en autos Expte. Letra 'B' Nº 67/10 - Baza, José David s.a. Defraudación por Administración Fraudulenta - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-04

La Cámara Penal condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Administración fraudulenta, condenándolo a sufrir la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso.

Contra la nominada sentencia, el asistente técnico del imputado interpone el presente recurso de casación.

Es procedente el planteo de prescripción de la acción penal emergente de los hechos vinculados con el primer periodo de administración a cargo del imputado.

De la sentencia surge inequívocamente que la administración de la empresa ofendida por el delito de que se trata, "San Antonio SRL", estuvo al exclusivo cargo del imputado en, al menos, dos oportunidades o periodos distintos.

Por primera vez, desde el 13 de agosto de 1998 hasta el 6 de marzo de 1999; fecha, esta última, en que la administración de dicha empresa fue intervenida por decisión judicial. Así las cosas, en tanto esa medida judicial implica la administración exclusiva por parte del interventor, de ella cabe deducir que B. resultó absolutamente desplazado de esa administración.

En autos fueron cuestionados dos periodos discontinuos de administración de B., y diferenciado el perjuicio ocasionado en uno y otro, por acciones desconectadas entre sí, atribuidas algunas como ocurridas en el primer periodo y otras en el segundo.

Por ende, el examen sobre la vigencia de la acción penal debe atender a la existencia de esas distintas gestiones y a que cada gestión es un concepto jurídico indivisible, por lo que el cómputo del plazo de prescripción debe remitirse a la fecha de culminación de uno y otro periodo.

Ahora bien, con arreglo a la calificación legal dada a dichos hechos como defraudación por administración fraudulenta, y al monto máximo de la pena conminada en abstracto para ellos en el art. 173 inc.7º del mismo cuerpo legal, debe computarse en 6 años el término de prescripción de la acción penal emergente de dichos acontecimientos reprochados como penalmente típicos, cometidos en ese periodo.

Por ello, considerando que la convocatoria a prestar declaración de imputado al ahora condenado B. data del 15 de setiembre del año 2005, cabe concluir que dicho acto, previsto en la ley sustantiva (art. 67 b del Código Penal) como el primero del proceso susceptible de interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal, acaeció cuando la emergente de esos eventos se había extinguido definitivamente por haber transcurrido con exceso el término de prescripción aplicable al caso.

Por ello, con ese alcance, el planteo es de recibo y debe ser acogido, sin perjuicio del acierto de la sentencia impugnada con relación a la vigencia de la acción vinculada con el segundo periodo de administración a cargo del imputado condenado, puesto que ese segundo periodo, iniciado en marzo de 2003, fue interrumpido por una segunda Intervención y, por ello, concluyó el 4 de julio de ese mismo año; y de los inequívocos términos del fallo surge que el reproche condenatorio también involucra acciones del imputado que tuvieron lugar durante ese breve segundo periodo de su administración.

Por ende, con relación a esos hechos, el plazo de prescripción debe ser calculado a partir del 4 de julio de 2003. Como consecuencia, habida cuenta que el llamamiento a prestar declaración de imputado fue formulado el 15 de setiembre de 2005 -acto que el recurrente admite como idóneo para interrumpir dicho plazo-, resulta que, hasta entonces no había transcurrido el término de 6 años que correspondía computar en el caso con arreglo a la norma en que fueron enmarcados legalmente dichos hechos de la causa.

No obstante, en caso de ser confirmada la condena penal vinculada con ese segundo periodo, deberá adecuarse la respuesta punitiva; y, a falta de crítica específica sobre las pautas de mensuración invocadas en la sentencia, considerando la similitud de los hechos de que se trata y la idéntica calificación legal de éstos con los del primer periodo, considero justo reducir proporcionalmente el monto de la pena impuesta, de 1 año y cuatro meses de prisión, a 8 meses de prisión.