marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, alimentos
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMOS, RODOLFO CARLOS. c/ RAMOS DE CLERICI, BLANCA CELMIRA. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

Si bien se trata en la especie de cuestiones de hecho y prueba, regularmente ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la demanda de alimentos.

Ello así, pues la Cámara varió sustancialmente la óptica de análisis del juez y orientó sus argumentaciones hacia el examen del caudal económico de la accionada. En este terreno, aunque el a quo hizo referencia a la porción heredada por la demandada, no parece haber tomado en cuenta la innecesariedad de su utilización o consumo, como puntualiza el recurrente, extremo éste que, dadas las peculiaridades del caso, merecía consideración en cuanto a la incidencia que podía tener en la solución del litigio (Disidencia de los Dres. Genaro R. Carrió y Carlos S. Fayt).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, Derecho laboral, relación de dependencia, reparto a domicilio, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEDIDOS YA S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

En cuanto a la agravio relativo a la supuesta autonomía de los repartidores, la Cámara sostuvo que no cabe duda acerca de que el concepto de subordinación o dependencia laboral ha sufrido en la actualidad significativas mutaciones, explayándose el Tribunal, con referencias doctrinarias y jurisprudenciales, acerca de las características de estos nuevos modos de relación señalando que en cualquier caso, ha de identificarse si, en ese trance, cuya legitimidad mercantil nadie discute, no se sacrifica otro bien jurídico que la Constitución Nacional tutela con un énfasis parejo -como mínimo- al de la libertad de iniciativa; esto es, el de la protección preferente de la persona que trabaja en beneficio y al servicio de esa iniciativa ajena; concluyendo los Sentenciantes, que la esencia e identidad del Derecho del trabajo no puede sino consistir en la protección de la persona que trabaja, y no puede tener una actitud claudicante frente a las innovaciones que, a compás de la evolución tecnológica, se van dando en las modalidades de organizar y dirigir la utilización del trabajo ajeno en la empresa propia; y frente a ello, las alegaciones de la impugnante denotan su mero disenso y disconformidad para con la interpretación que efectuara el Tribunal A quo, dentro de los límites de sus facultades, respecto de la prueba aportada y las normas que regulan el supuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Novara, Norma Delia c/ Muguerza, Felipe Ernesto s/ Incidente rendición de cuentas Ojeda, Máxima c/ Borgese, Antonio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04|1992-12-15

La Suprema Corte no puede suplir por inferencias las omisiones cometidas por quien recurre ante ella.
Contrabando, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: SCHIAVONE, ALBERTO s/ Contrabando Causa 31596
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

La comisión del delito de encubrimiento de contrabando por parte del receptor de la mercadería supone que ésta hubiera sido, a su vez, objeto del delito de contrabando.- Si el monto del valor de la mercadería secuestrada hace que no pueda considerársela producto de un contrabando sino sólo de una infracción aduanera, tipicidad ésta que únicamenente puede conducir al castigo de la tenencia injustificada, corresponde que el sumario sea instruido y resuelto por la autoridad aduanera (Administración Nacional de Aduanas).
Obligaciones, obligaciones de dar cantidades de cosas
Materia: CIVIL
Carátula: Jatombliansky, Carlos Daniel c/ Kim Myung Sun s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-04

La indemnización de daños provenientes de la responsabilidad extracontractual constituye una deuda de valor, que recién queda cuantificada mediante la sentencia del Tribunal de Alzada, y esta es la razón por la cual se establece el resarcimiento conforme a los valores que actualmente representan el perjuicio. Considerando que se trata de una deuda de tal naturaleza, no son aplicables las disposiciones de la ley de convertibilidad mientras no se haya definido judicialmente el crédito, rigiendo en consecuencia la congelación de valores que prescribe, recién desde la fecha de pronunciamiento de alzada que lo cuantifica. La prohibición de ajustes que esa normativa contempla, se refiere con exclusividad a las obligaciones dinerarias y, por ende, sólo alcanzaría a la futura vigencia de la obligación reconocida, pero no vedaría la perspectiva de establecer los valores en cuestión de manera actualizada, sin la cortapisa que impondría para las deudas de dinero, la vigencia de tal dispositivo legal.

Cuantificados los resarcimientos corresponde aplicar la tasa reducida del interés puro del 6% anual desde cada oportunidad, según corresponda, hasta la fecha de la sentencia de alzada.
Acción de amparo, pago de tributos, irretroactividad de la ley, derecho de propiedad, deber de información al fisco, seguridad jurídica, mala fe
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Serra, María Cristina c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Amparo As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

Admitir el cobro retroactivo implicaría desconocer el efecto liberatorio del pago (conf. art. 505 del Código Civil y jurisprudencia concordante, por todos, Fallos; 307:305). La normativa local resulta de singular claridad al establecer que el sistema tributario se basa en el principio de irretroactividad (conf. art. 51 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Lo contrario importaría desconocer de plano la letra del artículo 17 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe que la propiedad es inviolable.

Distinta sería la solución si la diferencia entre el impuesto oblado y el debido de acuerdo a la nueva liquidación practicada por el Fisco se debiera a la ocultación por parte del contribuyente de la información que según la ley impositiva vigente tenía la obligación de suministrar. En ese supuesto, el contribuyente se encontraría excluido del manto de protección que otorga el efecto extintivo del pago y la tutela de seguridad jurídica requerida por la garantía constitucional de la propiedad porque habría actuado con mala fe.
Derecho procesal, intervención de terceros, empleador múltiple, acuerdos de empresas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Fiocca, Esteban  c/ Siderca SAIC  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

No existe impedimento fáctico o jurídico alguno para extenderles la condena que le fue impuesta a la demandada a las terceras citadas por la responsabilidad que les cabe, dado que como se decidiera en grado corresponde estar a lo dispuesto por el art. 96 del CPCCN (conf. modificación introducida a través de la ley 25.488) en lo que respecta a los alcances de la condena, en cuanto prevé que "la sentencia dictada lo alcanzará (al tercero citado) como a los litigantes principales" y que será ejecutable a su respecto, ya que si bien las presentantes no fueron demandadas sino citadas como terceras, contestaron la citación pudieron controlar la prueba y tuvieron la oportunidad de ejercer en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio sin que se haya vulnerado el principio procesal de congruencia (arts. 18. C.N. y 34. Inc. 4° del CPCCN
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Rafael c/ Sama, Armando s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-04

Al afirmar el ejecutante que los recibos acompañados por el ejecutado se referían a una deuda distinta de la reclamada y de este modo innovar sobre la postura de su antagonista, le incumbía a aquél la carga probatoria de tal presupuesto.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Albarracín, Ramón José y otros c/ Provincia de Jujuy y Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Incidente de Medida cautelar  (L.A. Nº 44, Fº 16/18, Nº 10) Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Incidente de Medida cautelar  (L.A. Nº 44, Fº 16/18, Nº 10)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-02-13

De conformidad a lo preceptuado por el art. 259 del C.P.C. para tornar procedente una medida cautelar deben darse dos presupuestos:

la existencia de un derecho garantizado por la ley (puesto que constituye un anticipo de la garantía jurisdiccional) y un interés jurídico que justifique ese adelanto al resultado de un proceso. Ese interés en obrar, es el estado de peligro en el cual se encuentra el derecho principal, la posibilidad o la certidumbre de que la actuación normal del derecho legará tarde. Es lo que se llama en doctrina peligro en la demora (periculum in mora) y que da características propias a las medidas cautelares, prescindiendo o demorando el contradictorio y admitiendo que el primer presupuesto:

la existencia de un derecho (fumus bonis juris) se acredite sumariamente o prima facie.- En orden a la verosimilitud del derecho, si bien es verdad que la urgencia propia de las medidas cautelares exige disminuir la instrucción hasta que se haya cumplido, no es menos cierto que la comprobación de la existencia del derecho debe hacerse en forma sumaria, de manera que proporcione prima facie la verosimilitud del derecho.- La prueba del peligro en la demora ha de hacerse al mismo tiempo y en la misma forma que la del presupuesto correspondiente a la existencia del derecho. Y si bien no se puede exigir la plena acreditación del peligro invocado, el juez debe ser un poco más severo en la apreciación de la prueba que a tal fin se rinda, que en la ponderación de la justificación prima facie del derecho. Con mayor razón si se repara en que la adopción de medidas cautelares en contra de la administración pública debe ser de carácter restrictivo, ya que el acto administrativo lleva consigo la presunción de legitimidad.-
Notificación, nulidad de la notificación, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ GALLARDO, ALFREDO DANIEL c/ COMISION MUNICIPAL REAL SAYANA s/ COBRO DE PESOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-08-08

Si se impugna de nulidad un acto de notificación, se debe expresar y acreditar la existencia de un perjuicio y demostrar el interés que se persigue en su declaración.
Responsabilidad extracontractual del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL
Carátula: Soto, Julio Clemente c/ Casas, Ariel Leandro y Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nro. 45633/99 Ordinario por daños y perjuicios y daño moral.L.A N 45 F 458/468 N 207. Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nro. 45633/99 Ordinario por daños y perjuicios y daño moral.L.A N 45 F 458/468 N 207.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-06-18

La C.S.J.N. ha sostenido que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas. La idea objetiva de la responsabilidad del Estado por falta de servicio, encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Cód.

Civil, que establece un régimen de responsabilidad "por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas". También ha sostenido la C.S.J.N., que la responsabilidad del Estado se afirma en el orden legal y en la idea de justicia, y alcanza a los tres poderes, comprendiendo tanto a los hechos ilícitos como a los actos lícitos, cumplidos a través de la actuación de quienes integran sus órganos, autoridades, funcionarios, empleados, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, imputables a un factor objetivo: riesgo creado, o subjetivo: culpa o dolo, siempre que guarden relación adecuada de causalidad.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Olivero, Analía y otro c/ Cura, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

Las normas sobre accidentes de tránsito establecen una serie de presunciones juris tamtum, las que tienen un valor absoluto, sino que deben apreciarse de acuerdo a valores circunstanciales. Ni la observancia de las leyes de tránsito basta en todos los casos para eximir de responsabilidad, ni la infracción a las mismas implica necesariamente esa responsabilidad, sino que sólo se trata en ambos supuestos de presunciones o elementos de juicio que los jueces de fondo deben apreciar con carácter privativo.
Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: EZCURRA DE MANN, GRACIELA INES c/ INSTITUTO  PARA  LA  INTEGRACION  DE  AMERICA  LATINA (INTAL.) Y OTRO s/ DIFERENCIA DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-11

La tesis de la exención incondicional de los estados extranjeros sacrifica el interés del actor que se ve privado de la vía jurisdiccional, en holocausto al mantenimiento de la paz internacional. Este sacrificio se hace en aras del bien público y cobra la forma típica de la expropiación forzosa. Por consiguiente, procedería indemnizar al demandante, si éste lograse convencer al juez que su demanda habría prosperado. (Conforme Werner Goldschmidt, "Derecho Internacional Privado", Bs. As. Ed. Depalma, segunda edición 1974, página 416). Del Dictamen del Procurador General del Trabajo, número 4987, del 8 de febrero de 1979.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia, avocación administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sueyro, Lautaro Damián s/ aco. 262/95  CFAMDP. avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

La intervención de la Corte Suprema por vía de avocación es de aplicación restrictiva a casos en los cuales se evidencia exceso en el ejercicio de facultades disciplinarias o razones de superintendencia general lo aconsejan.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CABALLERO, VICTOR s/ RECURSO DE QUEJA POR RECURSO EXTRAORDINARIO DENEGADO EXTRAORDINARIO DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-04-25

Debe tenerse como insuficiente -a los fines de su admisibilidad- el recurso extraordinario por arbitrariedad que no cita como infringido ningún precepto legal y omite aducir concretamente, la violación o la falta o errónea aplicación de los preceptos legales que sustentan el fallo recurrido, entendiendo al respecto que "la ley se viola cuando es desconocida, cuando se le aplica declarando una interpretación que no surge de su mandato, o cuando sin omitir esa declaración se la desobedece desenvolviendo la actividad de modo distinto al previsto", por lo que, no pueden tener andamiento los intentos recursivos fundados en generalizaciones conceptuales y protestas trabajadas en abstracto, en los que no se menciona la vinculación adecuada y específica con disposiciones ciertas que se dicen violadas y se indique con precisión en que consiste el error o la violación cometida en la decisión.
Facultades discrecionales, Municipalidad, aumento salarial, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: Manqueo Liliana y otros c/ Municipalidad de Plaza Huincul s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-05-23

En el ejercicio de sus facultades discrecionales, el Municipio a través del Concejo Deliberante, es quien debe valorar las circunstancias socio-económicas y fijar el monto de las remuneraciones. Sin embargo, habiendo optado por conceder un aumento de sueldo, no puede incumplir con la legislación vigente en materia de liquidación de haberes y aportes previsionales. (del voto del Dr. Kohon).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinez, Paula Alejandra c/ Poncet, Lydia y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

La responsabilidad médica constituye parte especial de la responsabilidad profesional y al igual que ésta se halla sometida a los mismos principios que la responsabilidad en general, siendo erróneo considerar que el médico sólo debe responder en casos de falta notoria de pericia, grave negligencia o imprudencia, ignorancia inexcusable, grosera inadvertencia o graves errores de diagnóstico y tratamiento.
Procedimiento administrativo, intervención de terceros, facultades del síndico del concurso, citación a juicio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sindico Quiebra CONARSA S.A. c/ I.PRO.DHA. y Poder Ejecutivo Provincial. s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-05-04

El síndico de la quiebra carece de personería para solicitar la intervención de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación como tercero adherente si omitió requerirla en la etapa procesal oportuna -al trabar la litis, como litisconsorte- siendo tal intervención factible sólo si dicho organismo lo plantea. Además, por expresa disposición del Art. 37 de la Ley 52, la sentencia que se dicte no tendrá efectos para el coadyuvante adherido.-
Mediación, pretensión, audiencia de mediación
Materia: PROCESAL
Carátula: NICOLL ETERPLAST SA c/ HIDRAULICA MILETO SACI s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

Resulta improcedente desestimar la solicitud del defendido en cuanto a la reapertura de la instancia de mediación, con base en que la respectiva audiencia no se celebró por no haberse notificado la misma al domicilio en el que -con posterioridad se le notificó la demanda. Ello pues, la cuestión planteada encuentra previsión expresa en el decreto 91/98, reglamentario de la ley 24573, que dispone que en todos los casos los demandados deben haber sido convocados al trámite de mediación;

si el pretensor dirigiese la demanda contra un defendido que no hubiere sido convocado a mediación o en el proceso se dispusiere la intervención de terceros interesados, será necesaria la reapertura del trámite, el que será integrado con la nueva parte que se introdujere en el proceso.
Sanciones procesales, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vitale, Amalia Claudia c/ Ferro, Isabel Brígida y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

El órgano con facultades para sancionar debe demostrar la imputación que sustenta la medida que decrete, lo contrario importaría admitir, como único fundamento de la sanción, la absoluta discrecionalidad de aquél.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, obligaciones recíprocas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRANCISCO GABRIELLI S.A. c/ LLAMAS S.R.L. s/ Ejecutivo (LIBRO: S131 - 360)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-14

Sólo es posible acordar trámite ejecutivo a un contrato bilateral, cuando queda reconocido expresamente por el deudor su incumplimiento, así como el cumplimiento por parte del acreedor de las obligaciones a su cargo.
Defraudación, abuso de firma en blanco
Materia: PENAL
Carátula: LATORRE, MIGUEL ANGEL PEDRO s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

La valoración del papel utilizado para la confección del documento cuestionado, en orden a que se trata de un formulario con membrete que expresa una empresa y un numero telefónico que no corresponden al tiempo de la data explicitada en el documento, también constituye un indicio conforme lo ha valorado el aquo. Es cierto que papelería no actualizada en los datos de sus membretes puede seguir siendo utilizada. Sin embargo, no parece razonable que una empresa siga utilizando papelería que no solo no indica correctamente el numero telefónico, sino que además da cuenta de una empresa desvinculada desde muchos años atrás, ni que le de otro destino, en su caso, que no sea el de papel borrador, ni que haya gastado en un stock que pueda seguir existiendo mas de nueve años después. No es objeción valida parangonar la papelería de una empresa con membretes que la involucran con empresa desvinculada, con el sello aclaratorio de firma de un abogado en el que figura un teléfono con un dígito menos por cambio operado unos años atrás. Cabe destacar, además, que el uso al tiempo de la fecha del documento no pudo ser constatado en otra papelería -si la empresa los hubiera estado utilizando habría encontrado y acompañado otros en su papelería comercial . . . no parece razonable que para la formalización de tan importante documento, según la empresa, se haya utilizado ese formulario antiguo en desuso.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barreiro Laborda, Oldemar c/ Forestal Pergamino S.A. s/ Aprobación de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

No corresponde hacer excepción a la irrevisibilidad sentada en el art.57 del dec.ley 8904 cuando lo regulado no alcanza a constituir frente a las constancias de la causa- un caso de confiscatoriedad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Varino, Hilda Cesarea c/ Lavadero Lopettegui s/ Daños y perjuicio Fernández, Angel Francisco c/ Granjas Avicolas Gaesa SAICA s/ Accidente Arrieta, Santiago O. c/ Gancop S.A.C.I.F. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15|1984-11-06|1994-10-04

Tanto la individualización de la "cosa" a la que se atribuye la causación del daño, como igualmente la determinación a su respecto de la existencia de "riesgo o vicio" constituyen cuestiones de hecho, ajenas como tales al ámbito de la casación, salvo la existencia de absurdo.
Ley de servicios de comunicación audiovisual, prórroga de la medida cautelar, cómputo del plazo, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Cabe revocar la decisión de prorrogar la medida cautelar -que suspendió la aplicación del art. 161 de la ley 26.522, que otorga el plazo de un año para que los titulares de licencias de servicios audiovisuales las adecuaran a las disposiciones de la ley-, por considerar que "la acción principal se encontraba en una etapa próxima al dictado de la sentencia de fondo", y declarar extinguida dicha medida, pues la decisión de la Corte- dictada el 22 de mayo de 2012- de someter la medida cautelar dictada en las actuaciones a un plazo determinado que vencía el 7 de diciembre de 2012, implicaba la extinción de la medida si, cumplido dicho plazo, no hubiera sido dictada aún la sentencia definitiva adjudicando la cuestión de fondo en disputa, y a disponer el mantenimiento de la medida cautelar un día antes del vencimiento del plazo establecido, sobre la base de que la sentencia del juez de 1º instancia parecía inminente, la cámara desvirtuó la decisión anterior de la Corte, privándola de todo vigor. -Disidencia del juez E. Raúl Zaffaroni-. -Del Dictamen de la Procuradora General de la Nación, al que se remite la disidencia parcial-.