Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-06-25


Salta, 25 de Junio de 2013.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "DEL VALLE, Marcelo Miguel por el delito de LESIONES en perjuicio de RODRIGUEZ, Tamara Judith Milagro", Expte. Nº 101535/12 del Juzgado Correccional y de Garantías Sexta Nominación del Distrito Judicial del Centro. Causa Nº GAR 101535/12 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, ______________________CONSIDERANDO I.- Vienen en revisión estos obrados por haber interpuesto en tiempo y forma la Dra. Claudia Geria, Fiscal de Violencia Familiar y de Género Nº 1, recurso de apelación en contra de lo resuelto por el Tribunal de Garantías Sexta Nominación, en cuanto no hizo lugar a que se prorrogue la etapa de instrucción penal preparatoria y como consecuencia de ello, el auto de sobreseimiento que se dictó a favor del Sr. Marcelo Miguel Del Valle por el delito de Lesiones que se le imputó.

De su considerando se desprende que la razón de su Resuelvo está sustentada en el vencimiento de los seis meses que el Código en la materia estipula como razonables para efectivizar tal tarea, deduciéndose que se arriba a ese entendimiento porque la Fiscal que peticionó la prórroga intentó ejercitar tal derecho cuando su plazo legal expiró; también se deduce, porque en rigor no lo dice, que su sobreseimiento devino como necesario porque el Código puso como causal el cumplimiento del plazo acordado para la etapa en cuestión.

II.- A su turno la apelante, pretendiendo controvertir el criterio del a-quo, alega someramente a su favor que el plazo de seis meses acordado por el Código en la materia para que se desarrolle la etapa instructoria penal preparatoria, no se encuentra vencido porque no debe computarse el tiempo que corre a lo largo de la feria judicial, criterio sostenido por entenderse que los plazos procesales deben ser concebidos como útiles, vale decir, con posibilidades ciertas de que el Fiscal pueda cumplir acabadamente su misión en tiempo oportuno, lo que no acontece en la Feria Judicial en donde al no estar prevista su habilitación salvo las causas con presos, necesariamente no debe computar-se tal término.

A fin de convencer con sus argumentaciones, interpreta normativas civiles que regulan la forma de computar los intervalos del derecho y demás argumentos a cuya apreciación e interpretación en su justa medida, me remito en aras a la brevedad a todo lo por ella consignado a fs. 18 vta.

A su vez, veladamente cuestiona el sobreseimiento dictado de oficio aludiendo en este sentido a la necesidad de su petición expresa conforme así lo indica el art. 256 del C.P.P., entendiendo en tal sentido que nos encontramos en presencia de una excepción al principio general del art. 426 de idéntico dispositivo legal.

III.- Puesto en estado de resolver y a la luz de los principios que inspiran el sistema acusatorio recientemente puesto en vigencia en la Provincia, a más de todas aquellas pautas plasmadas en la Constitución Nacional y normas de carácter internacional que regulan derechos humanos, no otra puede ser la solución del caso que ratificar en todas sus partes la resolución observada.

Y para ello debe tenerse en cuenta, tal como lo anticipé, que esta resolución será analizada y resuelta conforme principios que imperativamente deben respetarse dentro de un marco regulatorio de un proceso acusatorio, el que como se sabe encomienda al Fiscal no sólo la titularidad de la acción pública, sino fundamentalmente la investigación de los hechos que llegan a su conocimiento, etapa esta que conforme lo estipula el art. 256 del Código en la materia, importa un plazo de seis meses prorrogables en dos oportunidades a criterio del Juez de Garantías.

A su vez, por principio constitutivo del sistema acusatorio en sí, el Juez de Garantías asume el verdadero rol que como tal debe tener y que fue largamente discutido en el sistema mixto, o sea, actuar objetivamente como bien entendió la normativa legal, posicionándose gráficamente en el justo medio entre el Fiscal acusador y la defensa, controlando la legalidad del proceso y el cumplimiento irrestricto de las garantías constitucionales, actuando a pedido de parte o de oficio cuando la ley procesal así lo faculta.

Ante tal cuadro de situación en la que ambas partes se encuentran en igualdad de posiciones, lógico es pensar que si el Código en la materia regula una determinada etapa a cargo del Fiscal y le impone un plazo determinado para llevarla a cabo con una drástica sanción, forzosamente en contraposición a ello se genera a modo de derecho el consecuente beneficio para el imputado tal como importó en el supuesto su sobreseimiento, decisión que a modo de sanción y por imperativo legal corresponde por no haberse respetado los plazos procesales que el Código establece.

Se advierte así que para el sistema acusatorio el Juez de Garantías por su propia denominación, importa aquel que permanentemente vela que se materialicen los principios de igualdad procesal de las partes, del debido proceso, de la defensa en juicio y dentro de estos el respeto irrestricto de los plazos procesales que por concebirse como razonables aquellos plasmados en el Código en la materia, deben indefectiblemente respetarse y en su caso adoptarse las sanciones procesales que su incumplimiento trae aparejado, sin excepción alguna y sin interpretación antojadiza que se pueda hacer so pretexto de invocar intereses superiores de la sociedad o conceptos análogos, porque en definitiva si fueran admitidos, automáticamente vulnerarían intereses de la contra-parte que en el caso por obvio sea decirlo, se trata de la defensa.

De este modo pues emerge de lo hasta aquí dicho, que la elaboración de esta resolución está constreñida a lo que textualmente dice la ley en el tema en análisis, descartándose interpretaciones que por pretender hacer decir algo distinto a lo que claramente consigna, las catálogo como antojadizas más allá de las excelsas intenciones que persigue, ya que al ser de interés de una de sus partes, deben ser descartadas en aras de preservar el principio de igualdad procesal al que tiende el sistema acusatorio.

Y reitero lo hasta aquí dicho, ya que si en aras de posibilitar de cierto modo el obrar del Ministerio Público Fiscal descartando interpretaciones de la ley catalogadas como ortodoxas y a su vez consideradas como que obstruirán o tenderán al fracaso del sistema acusatorio, forzosamente el obrar en consecuencia aparejará de inmediato la vulneración de un derecho claramente consagrado en la propia ley, como importa que el imputado se desvincule del proceso.

Es que en rigor de verdad el espíritu del legislador en forma clara y terminante fue la de consagrar la razonabilidad de los plazos procesales para cumplir una medida, buscando que el proceso sea ágil y dure un tiempo prudencial en aras de lograr una administración de justicia en tiempo oportuno, estableciendo con tal propósito la perentoriedad de los términos y con ello el nacimiento de derechos en favor del imputado como importa su consecuente desvinculación del proceso, obligando de este modo a que sus operadores sean diligentes en su accionar sin pretexto alguno y si los términos en los hechos demuestran ser insuficientes por maniobras dilatorias que puedan presentarse o por la complejidad propia de lo que se investiga, puede requerirse su prórroga previa justificación de sus razones.

Bajo tal marco entiendo razonable el plazo de seis meses que la ley contempla para que se lleve a cabo y culmine la etapa de la instrucción penal preparatoria, concepción legal que por responder a aquellos principios, expresamente en su art. 164 la exceptúa de su principio general, en cuanto a que los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles.

Así pues, si la ley en el tema resulta extremadamente clara, no encuentro explicación alguna sobre el por qué deba forzarse una interpretación que sin duda alguna es a favor del Ministerio Público Fiscal y por ende en contraposición a los derechos de la defensa, pretensión como se dijera, que tiende a convencer que allí donde la ley claramente dice que para esta etapa deben computarse los días corridos, en realidad se quiso decir que tal cómputo comprende los días útiles, asimilándolos de este modo a los días hábiles.

Es que en rigor de verdad para la doctrina y para el Código Procesal Penal existen sólo y exclusivamente dos formas de computar los plazos procesales, siéndolos como corridos o como hábiles. Al efecto, Eduardo Jauchen en "Tratado de Derecho Procesal Penal", T.II dice en pág. 68, que "La regla general es que los actos procesales deben ser cumplidos dentro de los plazos establecidos normativamente. Plazo es el periodo de tiempo dentro del cual debe cumplirse un acto procesal, por tanto se mide en horas, días, meses y años. La regla es que todos los actos de procedimiento se realizarán en días y horas hábiles. Por tanto, se demandará autorización para su realización fuera de los días y horas hábiles. Como excepción se coloca los actos de procedimiento relativos a la investigación penal preparatoria en los que no se necesita habilitación, ya que la misma es automática o legal, lo cual se justifica por la naturaleza y finalidad de esta etapa, donde es normal la realización de actos urgentes en virtud del cumplimiento de plazos perentorios e improrrogables".

A continuación de ello dice el autor citado, que "días hábiles son to-dos los del año con excepción de sábados y domingos, feriados nacionales o provinciales, asuetos administrativos provinciales o nacionales, cuya conveniencia para el Poder Judicial resuelva la Corte Suprema de Justicia en cada caso y los periodos de suspensión de la actividad tribunalicia establecidos".

Bajo título "Caducidad" expresa, que "el principio general es que los plazos dentro del procedimiento penal son perentorios e imporrogables, operando la caducidad por su solo vencimiento, plazo perentorio es aquel cuyo mero vencimiento provoca automáticamente la caducidad de la facultad procesal otorgada. La improrrogabilidad alude a la posibilidad de extenderlo bajo ciertas condiciones: pedir antes del vencimiento y alegar justa causa (D´Albora). El término es ordenatorio si su vencimiento no acarrea la imposibilidad legal de emitir el acto (caducidad) o la invalidez del acto cumplido luego de su fenecimiento. En cambio, es perentorio cuando su vencimiento acarrea la imposibilidad legal de cumplir válidamente - por agotamientos del derecho- el acto (caducidad) o la invalidez del acto cumplido luego de su fenecimiento (Cafferata Nores y Tarditti). En el proceso penal, la perentoriedad es siempre de iure o automática (fatal). No existe la posibilidad de tolerancia de la parte contraria que aún campea en el proceso civil, donde el efecto perentorio se produce en algunos casos cuando la parte contraria acusa el decaimiento del derecho dejado de usar (no fatal) (Claria Olmedo)".

Ante la claridad de las distintas doctrinas anteriormente especificadas y por lógica el elevado e indiscutible valor intelectual de los citados, huelgan comentarios al respecto, descartándose por sí mismo aquellas pretensiones de la apelante que como se dijo, buscan o tienden a hacer decir de la ley algo que claramente dice en sentido contrario a sus pretensiones, ya que el art. 164 del C.P.P. excluye exprofesamente para la investigación penal preparatoria la realización de sus actos procesales en días y horas hábiles, lo que en otras palabras implica decir, que tal etapa debe desarrollarse en días corridos y conforme a las pautas que el Código Civil bajo título II "Del modo de contar los intervalos del derecho", regula bajo arts. 23 y subsiguientes, específicamente aquel que dice que "Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el quince de un mes, terminará el quince del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año", estableciendo a continuación de modo general, que los meses deben computarse como de treinta días en forma continua y completos, terminando la medianoche del último día.

Interesante resulta puntualizar que el art. 28 de la norma aludida, expresamente consigna que "Los plazos que señalasen las leyes o los tribunales o los decretos del gobierno, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así"; a su vez el art. 29, consigna que, "Las disposiciones de los artículos anteriores, serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los Jueces, o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo".

Emerge de lo hasta aquí dicho, que la pretensión de la apelante de convencer a este Tribunal que los actos procesales para la instrucción penal preparatoria deben computarse como días útiles, importa a mi criterio una aspiración lógica para quien la invoca, ya que lo hace en aras de lograr un beneficio particular a las funciones propias del Ministerio Público Fiscal, aunque en rigor de verdad nada de eso la ley dice, por cuanto no obra dispositivo procesal alguno que para el sistema acusatorio se tengan que computar los plazos procesales bajo la faz de utilidad y sí expresa y concretamente consigna en el art. 164, la excepción para la investigación penal preparatoria de que los días deben computarse en días y horas hábiles, consagrando por el contrario el principio de la perentoriedad de los plazos concretamente plasmados en el art. 256 de idéntico dispositivo legal. Esta norma expresamente dice que "La investigación penal preparatoria deberá practicarse en el término de seis meses a contar desde el decreto de apertura. transcurridos los plazos a que se hace alusión en este artículo sin que se formule requerimiento de remisión de la causa a juicio, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de Garantías que dicte auto de sobreseimiento sin más trámite", hipotética sanción que sin duda alguna consagra la perentoriedad de los términos sin admitir interpretación en contrario.

Quizás pueda pensarse que tan extrema interpretación pueda en los hechos atentar a la implementación con suerte del sistema acusatorio en la Provincia, concepción que no la asumo porque no es obra ni autoría del suscripto ni de otros que de igual modo puedan pensar, ya que como se vio, refleja el pensar de grandes tratadistas cuyo valor intelectual jamás puede ponerse en tela de juicio, al margen de que es la propia ley la que claramente consagra estos principios.

Pero aún más, es la propia ley procesal la que en resguardo de eventuales interpretaciones que puedan hacerse para beneficiar de cierto modo el obrar de una de las partes del proceso, admite la posibilidad de su prórroga siempre por supuesto que el Juez de Garantías acepte como justo y necesario los motivos y razones invocados, quedando en consecuencia a cargo del Fiscal demostrar que el primigenio plazo de seis meses que la ley le otorgó para cumplir con su misión, le es insuficiente, posibilitando incluso adoptar al extremo hasta dos nuevos periodos de seis meses más si aquellas circunstancias devienen como necesaria, ya sea todo ello por maniobras claramente dilatorias practicadas por la defensa o porque el tema a investigar resulte extremadamente complicado.

Aplicando al supuesto todo lo hasta aquí dicho, se advierte sin esfuerzo alguno la razonabilidad de lo resuelto por la Sra. Juez de Garantías ya que consta que el decreto de apertura de la investigación penal preparatoria de fs. 2/3, tuvo como fecha de cargo 11 de septiembre de 2012, idéntico día al de avocamiento del Tribunal de Garantías, sin que conste actividad procesal por parte del Ministerio Público Fiscal tendiente a instar el proceso, hasta el día 15 de abril de 2013. Se desprende así del escrito de fs. 8 y vta., que su contenido tuvo por objeto se haga efectivo el apercibimiento previsto en el art. 372 y conc. y en consecuencia se haga comparecer por la fuerza pública a la persona de Marcelo Miguel Del Valle, pedido este que se llevó a cabo fuera de término al haber peticionado al final de tal escrito, la prórroga de la investigación con el simple argumento de tratarse de una cuestión de violencia familiar.

Un simple cálculo matemático basta para sustentar la denegatoria del Inferior en grado, ya que el pedido de prórroga anteriormente aludido lo fue cuando venció en exceso el plazo de seis meses previsto en el Código en la materia, más allá de la evidente e indiscutible ausencia del Ministerio Público Fiscal en instar el procedimiento que por ley le fue otorgado a su favor para investigar las causas penales.

Por último y en tal referencia, a criterio de cualquier neófito en la materia no resulta lógico que las investigaciones de las causas se suspendan en la Feria Judicial, máxime cuando esta última como se sabe, es el tiempo adoptado para que los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público hagan uso de sus vacaciones, por lo que se sugiere como un obrar prudente por parte de los Sres. Fiscales actuantes, que velando por los intereses de la sociedad y preservando las garantías constitucionales de la defensa, ante la proximidad de los vencimientos de los plazos procesales, requieran en tiempo y forma al Juez de Garantías la necesidad de su prórroga, siempre por supuesto que al momento de hacerlo no cuenten con elementos suficientes para alcanzar un criterio de probabilidad que bien sustente un eventual requerimiento de juicio, obrar del Ministerio Público que para Jauchen en su Tratado, T.II, pág. 651, siguiendo gran parte de la doctrina nacional, dice que "El estándar que debe respetar el Fiscal a fin de decidirse por la formulación de acusación, es aquel que con-forme los elementos reunidos en la investigación preparatoria se reúna un estado de probabilidad en relación con la existencia del hecho y a la intervención que en el haya tenido el imputado (Arocena)". Así se dijo que "Probabilidad, como se señala en el capítulo sobre la prueba, es el estadio connocitivo que supera la mera posibilidad y se presenta cuando los elementos incriminantes superan cuantitativa y cualitativamente los eventuales desincriminantes".

En consecuencia, es el propio Fiscal quien conforme a la labor realizada y lo que obtuvo de su investigación, evaluará si se encuentra o no en condiciones de formular una eventual acusación, sin que la ley ni la lógica exija que para tal proceder resulte necesario arribar a un juicio de certeza, porque tal estadio como se sabe, se requiere para una eventual condena; por ende, si el Fiscal advierte que los plazos procesales están próximos a expirar y si meritua que en grado de probabilidad cumplió su misión, no debe dilatar el proceso porque a todas luces la ley no busca tal propósito y sí requerir juicio dando la posibilidad de que en el Plenario se ofrezcan y se produzcan todas las pruebas necesarias para esclarecer la situación procesal del imputado; a palabras sencillas, si el Ministerio Público Fiscal tiende a dilatar el proceso por el motivo que fuere, genera un derecho en beneficio del imputado que la ley de cierto modo impone su sobreseimiento.

Concluido el análisis de la situación planteada, sólo resta decir que este Tribunal tiene por misión revisar los actos procesales dictados por Jueces Inferiores, constreñido en sus decisiones a lo que fríamente la ley consagra, sin posibilidad alguna de interpretar aquellas normas que claramente se expiden al respecto y por ende, sin hacer evaluaciones sobre eventuales políticas procesales más allá de lo que el Código en la materia regula, de modo tal que las soluciones que deban implementarse para aquellas situaciones no contempladas por el dispositivo legal vigente, ya sea porque el legislador en su momento no las advirtió o porque la práctica en sí demuestra la imposibilidad de que en todas las causas la investigación continúe durante la Feria Judicial, deben ser subsanadas por otros medios ajenos al obrar estricto de este Tribunal, el que repito y se sabe, está constreñido a los términos de los agravios formulados y a lo que la ley dice. Por último, seré somero en el cuestionamiento que la apelante formula al sobreseimiento dictado en cuanto no fue expresamente peticionado por la defensa, cuestión a la que cabe acudir para buscar su solución y respuesta a lo consignado en el art. 428, norma que con carácter imperativo establece su procedencia cuando "hayan transcurrido los plazos para realizar la investigación, sin que se formalice la acusación del Fiscal o por haber transcurrido el plazo máximo de duración del juicio", supuestos que importan una consecuencia lógica y fatal a la concepción de improrrogabilidad de los plazos procesales y su perentoriedad, que como se viera imponen una sanción si por tal se la puede concebir, a la inobservancia de los plazos.

En mérito a ello, ________________________R E S U E L V O:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 19/23 y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo de fs. 18 y vta.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.