Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2010-10-05


En Mendoza, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil diez, reuni-dos los Conjueces Especiales de la Sala Segunda de la Excma Suprema Corte de Justi-cia, desig-nados por sorteo a fs. 64, 116 y 152, tomó en consideración para dictar sen-tencia en los autos Nº 82.697, caratulados "ASOCIACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA c/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ACCION INCONSTITUCIONALIDAD".

Conforme lo decretado a fs. 163, se deja constancia del orden de estudio efec-tuado en la causa, para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal, primero: Dra. MARI LUZ CORDON MODARELLI, segundo: Dr. GUILLERMO ALFREDO POSE y tercero: Dr. HERIBERTO CECILIO CARRIZO.

ANTECEDENTES:

A fs. 16/19 vta., la actora, Asociación de Funcionarios Judiciales de la Provin-cia de Mendoza, mediante representante, deduce Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley Nº 7324, art. 73, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 12 de Enero de 2005; en los autos referidos precedentemente, ante la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza.- A fs. 20 vta. se ordena correr traslado a la parte contraria, Señor Gobernador de la Provincia y Señor Fiscal de Estado, por el término de Ley.- A fs. 23/33 vta. contestan en forma conjunta el Dr. Eliseo Joaquín Vidart en repre-sentación de Fiscalía de Estado y el Dr. César Mosso Gianini, Asesor de Gobierno como representante legal del Poder Ejecutivo.- Se plantea caducidad de la acción.- A fs 35/36 la actora se opone a la prueba informativa ofrecida por la demanda-da.- A fs.41 y vta. se rechaza la prueba informativa ofrecida.

A fs. 46 se dicta autos para alegar.- A fs. 46 vta. se notifica a Fiscalía de Estado.- A fs. 47 se notifica a la actora.- A fs. 48 se notifica al Asesor de Gobierno.- A fs. 50/52 se encuentran agregados los alegatos de la parte actora.- Se hace constar que no se encuentran antecedentes de que la parte demandada haya presentado alegatos.- A fs. 55 Procurador General de la Corte de Justicia, Dr. Rodolfo González solicita se le subrogue en estos autos por las razones allí expuestas.- A fs. 57 se separa a los miembros Naturales del Tribunal y del Ministerio Públi-co y se dispone su integración con Conjueces Especiales en los términos del Capítulo IV de la ley 7294.- A fs. 64 se realiza sorteo y se designa el Tribunal de Conjueces para entender en este proceso a los Dres. Mari Luz Cordón Modarelli, Guillermo Alfredo Pose, Carlos Angel Chacón y para el cargo de Procurador al Dr. Fernando César Gil Posleman.- A continuación entre las fs. 76 a 106 se realiza la excusación del Dr. Fernando Cé-sar Gil Posleman; la designación del Dr. Enrique G. Reynaud, su excusación; la designa-ción del Dr.Alberto Zogbi, su declinación a la designación; la designación del Dr. Juan Agustín Rossi Vaquie, la declinación; la designación del Dr. Enrique Eduardo Vila, no habiendo aceptado.- A fs. 116 el Dr. Hugo Alberto Matiello es designado como Procurador subrogante.- A fs. 121 emite opinión el Sr. Procurador Subrogante.- A fs. 125 obra la constancia de la renuncia del Dr. Carlos Ángel Chacón al cargo de Conjuez Especial, la cual ha sido aceptada a fs. 752 de los autos Nº 84.747/2, caratulados "CONJUECES ESPECIALES 7294", se remiten los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de integrar el Tribunal.- A fs 132 efectuado el correspondiente sorteo resultó desinsaculada la bolilla número cuatro (4) correspondiente a la Dra. Amanda Raquel Pippi.- A fs 133 se designa en el cargo.- A fs.143 se solicita designación de un nuevo Conjuez Especial en razón de no haber aceptado la Dra. Amanda Raquel Pippi.- Continuando con loa trámites de ley a fs. 152 se designa Conjuez Especial al Dr. Heriberto Cecilio Carrizo.- A fs. 161 se tiene por integrado el Tribunal.- A fs. 162 se llama al acuerdo para dictar sentencia y fs. 163 se efectúa el sor-teo correspondiente para el orden de estudio en la presente causa.- De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, los Señores Conjueces se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Procede la defensa de caducidad de la acción deducida por la demandada? ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso ¿Qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Pronunciamiento sobre las costas.- SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARI LUZ CORDÓN MODARE-LLI, DIJO:

I- La acción de inconstitucionalidad deducida.- En su escrito de fs. 16/19 vta., la Asociación de Funcionarios Judiciales de la Pro-vincia de Mendoza, representada por su Secretario General, interpone Acción de Inconsti-tucionalidad en contra de la norma del art.73 de la Ley Nº 7324 (Presupuesto de la Provin-cia de Mendoza), pidiendo se declare su nulidad absoluta, por cuanto es manifiestamente ilegítima y altera garantías constitucionales.- Hace una relación histórica de leyes que se han ido aplicando y expresa que:

La Ley Nº 4884 B.O. 18-11-83.- Aprobó la escala porcentual de remuneración que se aplicará sobre el nivel básico del sueldo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia.- Esta ley fue reglamentada el 31-3-89 por Decreto Nº 664, y allí se instrumentó el Convenio Transaccional de los empleados que habían demandado a la Provincia.- El Decreto Nº 664/89.- Reconocía el Régimen Porcentual y establecía la "Escala Porcentual de remunera-ciones para el Poder Judicial" La derogación de la Ley de Sueldos y del Decreto Nº664/89.- La Ley de Presupuesto Nº 7183 en el art.56 modificó la escala porcentual de las asignaciones y enganchó "el sueldo de los empleados judiciales de la remuneración del Secretario Administrativo de la Corte".- La citada ley la considera inconstitucional en el caso concreto. No podía el Poder Legislativo de acuerdo al art. 29 de la C.N. modificar derechos adquiridos.- Lo más grave de la Ley Nº 7183, según la parte actora, es que deroga a partir del 1º de Enero de 2004 el Decreto Nº664/89, que otorga derechos adquiridos y tiene el carácter de cosa juzgada.- Por último hace referencia al art. 73 de la Ley Nº 7324.-Presupuesto de la Pro-vincia de Mendoza, diciendo que es inconstitucional por cuanto altera la Ley de sueldos del Poder Judicial Nº 4322, el Decreto Nº 664/89 e incluso la Ley Nº 7183 art. 56, el cual ha sido impugnado oportunamente.- Reitera que el párrafo referido a la "suma fija remunerativa e idéntica para todo el personal", es la que altera todas leyes citadas y produce el vicio de inconstitucionalidad.- Los fundamentos desarrollados por la actora para solicitar la inconstitucionali-dad del art. 73 de la Ley Nº 7324, teniendo en cuenta las lesiones que le causa, son las siguien-tes:

a) Se ha persistido en derogar la escala porcentual fijado por Ley 4322 ratifica-da por Decreto Nº 664/89.

b) Se ha ratificado la política de avasallamiento del sistema que fuera implementado por Ley 7183.

c) Se desconoce el régimen porcentual de los empleados judiciales otorgando una suma fija, remuneratoria, para todo el personal del Poder Judicial.

d) El Poder Ejecutivo no puede modificar los decretos y la Legislatura no pue-de derogarlos pues se alteraría la estabilidad del acto administrativo, se modificarían derechos adquiridos y se afectaría una garantía constitucional.

e) La Legislatura no puede otorgar una suma fija y remunerativa para todo el perso-nal sin alterar la cosa juzgada, la estabilidad del acto y la jerarquía de los derechos adquiri-dos con protección en el art. 29 de la Constitución Provincial." No ofrece prueba.-Hace reserva del caso federal y peticiona se admita la acción de inconstitucionalidad contra el art. 73 de la Ley Nº 7324, y se haga lugar a la misma.- II- Contestación de la demanda:

En forma conjunta a fs. 23/33 contestan demanda, el Dr. Eliseo Joaquín Vidart por Fiscalía de Estado y el Dr. César Mosso Gianinni como representante legal del Poder Eje-cutivo.- Caducidad de Acción: La parte demandada se opone al progreso de la acción inco-ada planteando "la defensa de caducidad de la acción", por haber sido deducida fuera del plazo legal previsto en el art. 223 del C.P.C.

Expresa que la parte actora interpone acción de inconstitucionalidad contra el art. 73 de la Ley Nº 7324 que dispuso destinar una partida presupuestaria para afrontar los incre-mentos salariales y de contratos de locación. En el caso específico del Poder Judicial. . . . ".se destinará al personal comprendido en los escalafones de personal de maestranza y ser-vicios, personal técnico y administrativo y funcionarios y personal jerárquico en una suma fija remunerativa y bonificable para los ítems aguinaldo y presentismo idéntica para todo el personal comprendido en los escalafones referidos a partir del 1 de enero de 2005".- La demandada expresa que la actora argumenta "que la acción se deduce en el plazo que prescribe el art. 223 del C.P.C. y que la norma atacada ha sido publicada en el Boletín Oficial el día 12 de enero de 2005, que conforme lo determina el Código Civil comienza su vigencia a los ocho días posteriores a su publicación venciendo en consecuencia el día 20 de febrero de 2005".- "La acción ha sido presentada el día 16 de febrero de 2005 según consta en el cargo de fs. 20".- La demandada sostiene que el art. 223 del C.P.C. prescribe que tratándose de parti-culares la acción debe interponerse en el plazo de un mes, a contar desde que la norma afecte el interés del accionante.- Agrega, el art. 73 es claro cuando se refiere a la suma a atender los incrementos salariales e individualiza, en el caso del Poder Judicial, el personal al que está desti-nada, con vigencia a partir del 1 de enero de 2005. Si se computa esa fecha y la de la presentación ha transcurrido con exceso el término de un mes.- También hace relación de tiempo entre la fecha en que se afecta el interés de los particulares; los haberes correspondientes al mes de enero estuvieron a disposición de los empleados a partir del 1 de febrero de 2005, y el incremento tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2005.- Se excede el mes.- Manifiesta, a continuación, que la actora para justificar el plazo, invoca la apli-cación del Código Civil diciendo que la ley comienza su vigencia a los ocho días si-guientes a su publicación. En el caso concreto habiendo sido publicada en el Boletín Oficial el día 12 de enero, el plazo vence el día 20 de febrero de 2005.- Para reforzar su argumento la demandada expresa que se ha omitido tener en cuenta el art. 2º del Código Civil que establece "las leyes no son obligatorias sino des-pués de su publicación y desde el día que determinen. Si no designa tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial".- Agrega por último que lo invocado sería válido si la norma atacada no estable-ciera plazo de entrada en vigencia. Pero en el caso concreto el art. 73, como ya señala-ran, para el Poder Judicial está vigente desde el 1 de enero de 2005.- Concluye diciendo que en virtud de lo expuesto, la acción ha sido presentada fuera del plazo de un mes que prescribe el art.223 del C.P.C., por lo cual la defensa de caducidad es procedente y solicita que así se declare al dictar sentencia.- Contesta demanda:

Expresa que para el caso hipotético que el Tribunal no hiciera lugar a la defensa de caducidad de la acción deducida, contesta la demanda incoada en contra de la Provincia de Mendoza, solicitando que al dictar sentencia, se la rechace con expresa imposición de cos-tas, todo ello en mérito a las razones que pasa a exponer:

Fundamentos de la acción: La actora, según expresa la demandada, concluye dando como fundamentos de la acción que "la lesión en el caso concreto, exigida por la jurispru-dencia para la inconstitucionalidad es que otorgando una suma idéntica y remunerativa in-corporada al salario de manera definitiva para todo el personal, se está desconociendo el régimen salarial de los empleados del Poder Judicial que rige de acuerdo a los porcentuales. Los porcentuales son decrecientes".- a) La improcedencia sustancial de la acción:

1.- La parte demandada transcribe el art. 73 de la Ley Nº 7324.

2.- A continuación aduce que la accionante pretende justificar su pretensión al sos-tener válidamente, según su criterio, que no hay otro régimen salarial que el Decreto Nº 664/89, que establece una escala porcentual de los agentes judiciales, sobre el salario que perciben los Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por ello, cualquier norma pos-terior a ese decreto que importe una modificación salarial viola su derecho adquirido.- Corresponde reconocer las atribuciones de la Honorable Legislatura de dictar nor-mas en materia de remuneraciones (art. 99 inc. 9 de la Constitución Provincial) al disponer modificaciones salariales que involucran en el caso concreto modificaciones presupuesta-rias y que se encuentran fuera del esquema del Decreto Nº 664/89.- 3.- El art. 73 de la ley Nº 7324 ha sido dictada por la Honorable Legislatura. No hay lesión a ninguna garantía constitucional, ni a ningún derecho adquirido, ni afectación pa-trimonial de los intereses de los agentes públicos sin distinción.- 4.-Tampoco hay alteración a la cosa juzgada. Se resalta que así fue fundado en el caso Indovino de Villafañe, en auto obrante a fs 902/903 y fs.937/939 de fecha 20 de mayo de 1992 donde se expresó que los efectos de la cosa juzgada no son indefinidos, sino que tienen un límite en el tiempo.

Las razones que fundan este criterio han sido expuestas y aparecen apoyadas por la exposición de los representantes de la demandada. Ellas no aceptan réplicas valederas di-ciendo que las instituciones de la cosa juzgada y de la preclusión impiden toda alteración de lo resuelto en la sentencia, pues ello importa una petición de princi-pios: en tal resolución no se ha puesto en tela de juicio que la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada sino que sus efectos reconocen límites, lo que es muy diferente.- En el caso se dijo que tal límite es la aparición de un nuevo régimen general de retribuciones, porque la sentencia se ha referido solamente al régimen porcentual ante-riormente vigente y porque no es concebible que el Poder Judicial como consecuencia de una sentencia, impida absolutamente a los otros Poderes establecer nuevos regimenes gene-rales- aunque resultaran más favorables para los actores- ni posible reconocer que un juicio no habrá de tener fin jamás.- 5.- Tampoco se configura una violación a derecho adquirido alguno, ya que la rela-ción porcentual es exactamente la misma que había antes.- Tan es así que, además de ello, y para que no exista menoscabo alguno, la nor-ma deja a salvo cualquier reducción de haberes que por aplicación de esa nueva escala (art.56 ley 7183) eventualmente se pudiera provocar, al establecer que a los agentes comprendidos en la disposición en ningún caso se le podrán disminuir los haberes liquidados al 31 de di-ciembre de 2003.- Igualmente cabe tener presente que cualquier reducción de haberes que por aplica-ción de esa nueva escala (art.56 ley 7183) eventualmente se pudiera provocar, al establecer que a los agentes comprendidos en la disposición en ningún caso se le podrán disminuir los haberes liquidados al 31 de diciembre de 2003.- 6.- El derecho a la estabilidad de los empleados judiciales no está afectado ya que la retribución otorgada no perjudica la clase y jerarquía alcanzada en su carrera, ni afecta la estabilidad en su empleo.- 7.- Concluye la parte demandada expresando que el art.73 de la Ley Nº 7324 no viola ninguna de las garantías constitucionales invocadas; por lo que la acción carece de los requisitos sustanciales: a) existencia de lesión a las garantías constitucionales; b) daño pa-trimonial. En consecuencia la acción debe ser desestimada.- Ofrece prueba, hace reserva del caso federal; solicitando que oportunamente se re-chace la demanda, con costas.- III.- Prueba y Alegatos:

La parte actora no ofrece pruebas.- La parte demandada ofrece prueba informativa, la que es rechazada a fs. 41.- La parte actora alega a fs. 50/52 No existen constancias de que la parte demandada haya presentado alegatos.- IV.- Contesta vista del Procurador Subrogante a fs. 121/122.- Al evacuar la citada vista se expide sobre las dos cuestiones a resolver en estos au-tos:

1-Admisión formal de la acción de inconstitucional, y 2-Su procedencia sustancial.- A la primera cuestión entiende, luego de fundamentar su opinión, que se han cum-plido los recaudos formales de oportunidad y competencia del Tribunal, por lo que debe admitirse formalmente la acción de inconstitucionalidad planteada.- En cuanto a su procedencia sustancial argumenta, fundándose en la sentencia adver-sa de los autos Nº 79.273, caratulados "Asoc. Gremial Empleados y Funcionarios del Poder Judicial Mendoza c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/Acc. Inconstitucionalidad", de fecha 9 de noviembre de 2007; que debe rechazarse la acción de inconstitucionalidad inter-puesta.- MI VOTO:

Sintetizaré el tratamiento de la cuestión a decidir.- I.-Procedencia formal de la acción: La parte demandada al contestar demanda se opone al progreso de la acción planteando "la defensa de caducidad de la acción" por haber sido interpuesta fuera del plazo legal de un mes previsto en el art. 223 del C.P.C., ya que considera que el plazo debe computarse desde el 1 de enero de 2005, fecha desde la cual comenzarían a regir los incrementos salariales dispuestos por el art. 73 de la Ley Nº 7324, y no desde los ocho días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, como afirma la parte actora.- En este sentido cabe dar por reproducida, en mérito a la brevedad, la argumentación efectuada por el Sr. Procurador Subrogante a fs. 121 y vta sobretodo cuando dice: "Aquí es aplicable el principio que expresa: (*)("toda interpretación que conduzca al absurdo debe rechazarse"). Por cuanto la petición de la parte demandada, conduce al absurdo de suponer que si la ley hubiera retrotraído los incrementos salariales al 1 de diciembre de 2004, sería inatacable desde el punto de vista de esta acción. El contra-sentido jurídico es manifiesto.- (*) Ver Goldschmidt, "Introducción al Derecho" La interpretación de la norma, pág. 239, Ed. Depalma, 1967"- La nota al art. 233 del C.P.C. aclara desde qué fecha corresponde que corra el plazo señalando que es desde que la norma ocasione la lesión o afecte el interés legíti-mo.- O sea, que si se presentó la acción el día 16 de febrero de 2005 y la norma fue pu-blicada el día 12 de enero de 2005, se encuentra presentada en término.- Opino, en consecuencia, que debe admitirse formalmente la acción de inconsti-tucionalidad de fs. 16/19 por cuanto se han cumplido los recaudos formales de oportunidad y competencia del Tribunal que establecen el art. 233 del Código Procesal Civil y la Consti-tución Provincial. Y, en consecuencia, corresponde rechazar la defensa de caducidad plan-teada por la parte demandada.- II.-Procedencia Sustancial: Analizaré los fundamentos de la pretensión de la actora o agravio que se le ha ocasionado y que invoca al plantear la declaración de inconstitucio-nalidad del art. 73 de la Ley Nº 7324.- La norma atacada no lesiona ningún derecho adquirido al amparo del Decreto Nº 664/89, ya que se encuentra vigente el art.56 de la Ley Nº 7183 que modifica el Anexo I del citado decreto, que establece una escala porcentual con el Sr. Secretario Administrativo de la Suprema Corte de Justicia.- Y, para que no se produzca ningún menoscabo, establece que a los agentes comprendidos en la disposición en ningún caso se le podrán disminuir los haberes liquidados al 31 de diciembre de 2003.- Al respecto la doctrina de la corte Nacional tiene dicho: "La modificación de leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos".- Fallos: 268:228; 272:229; 291:359; 300:61; 308:199; 310:2845; entre otros).- No se ha quebrantado el principio de igualdad ante la ley, porque se otorga a todos los empleados públicos, sin ninguna distinción.- No ataca el derecho a la estabilidad de los empleados judiciales ya que la retribu-ción otorgada no perjudica la clase ni la jerarquización que haya sido alcanzada en su carre-ra, como así tampoco afecta la estabilidad en su empleo.- Tampoco existe alteración a la cosa juzgada por cuanto, el principio de la cosa juzgada comprende solamente a las partes en determinado proceso, pero no a los ajenos al mismo.- Cabe tener presente que por más que exista una sentencia que haya pasado en auto-ridad de cosa juzgada, sus efectos reconocen límites. Es decir, si se dicta una norma que establece un nuevo régimen general de retribuciones, la sentencia que se ha referido sola-mente al régimen porcentual anteriormente vigente, no pueda primar o continuar aplicándo-se, intentando desconocer la nueva legislación vigente. Ello implicaría la alteración de las facultades que el art. 99 inc. 9º de la Constitución Provincial confiere al Poder Legislativo.- Hay que tener en cuenta que los argumentos vertidos por la accionante, hacen refe-rencia a la ley Nº 4884, Decreto Nº 664/89, Ley Nº 7183 art. 56 y Ley Nº 7324 art.73, es-grimiendo consideraciones análogas a las que dieron motivo al pronunciamiento adverso de este Excmo. Tribunal, en los autos Nº 79.273, caratulados "Asociación Gremial de Em-pleados y Funcionarios del Poder Judicial c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Ac-ción de Inconstitucionalidad".- No se encuentran en realidad, en el contenido de la acción promovida, argu-mentaciones nuevas o diferentes a las ya tratadas en la citada sentencia que falló en un caso bastante parecido al que nos ocupa.- Por ello, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente en este escrito y a los efectos que hubiere lugar, se dan por reproducidos la doctrina y la jurisprudencia provincial y nacional que pormenorizadamente se han desarrollado en ese fallo, teniendo en cuenta que a una similar situación de hecho, corresponde una misma solución jurídica.- En consecuencia considero que la acción si bien es admisible formalmente, no lo es sustancialmente.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Doctores GUILLERMO ALFREDO POSE y HERI-BERTO CECILIO CARRIZO, adhieren por los fundamentos al voto de la Conjuez preopi-nante.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. MARI LUZ CORDÓN MODA-RELLI DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Doctores GUILLERMO ALFREDO POSE y HERI-BERTO CECILIO CARRIZO adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION LA DRA. MARI LUZ CORDÓN MODARE-LLI DIJO:

Según lo establece el art. 35 del C.P.C. esta sentencia debe tener decisión expresa sobre el pago de las costas y regulación de honorarios regulados.- Atento los pronunciamientos de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte actora que resulta vencida (art. 36 inc. I del C.P.C.).- Respecto de los honorarios y no existiendo reclamo económico concreto, corres-ponde aplicar el art.10º de la Ley 3641. Atento ello y dentro de las pautas de la referida norma se tiene en cuenta que la cuestión litigiosa giró en torno al planteo de inconstitucio-nalidad del art. 73 de la ley 7324, planteo análogos a precedentes que ya han sido objeto de pronunciamiento por este Tribunal, por lo que la cuestión no resulta novedosa,. Se valoran también los argumentos jurídicos esgrimidos tanto en la demanda como en el responde de fs.23/33 vta., se aprecia asimismo que se ha cumplido con todas las etapas del proceso: so-bre el punto resulta pertinente destacar que los letrados que asistieron a la demandada no han realizado labor probatoria, desde que en su escrito de responde sólo se ofreció prueba informativa que fue rechazada por auto de fs. 41 y vta. e igualmente se tiene presente que esa parte no ha presentado alegatos. Por lo expuesto y la efectiva labor desplegada por ca-da uno de los profesionales del derecho intervinientes resulta justo fijar en $ 18.000.- el patrocinio total de la parte ganadora.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. GUILLERMO ALFREDO POSE y HERI-BERTO CECILIO CARRIZO adhieren al voto que antecede.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta.- SENTENCIA:

Mendoza, 5 de octubre de 2010.

Y VISTO:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, integrada por los Conjueces Especiales que la sus-criben, fallando en definitiva, RESUELVE:

1º) Rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la parte actora res-pecto del art. 73 de la ley Nº 7324.- 2º) Imponer las costas a la parte actora vencida.- 3º) Regular los honorarios de los Dres. Cesar MOSSO GIANNINI en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-); Eliseo VIDART en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), Gladys CASTILLO en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-); José Luis CORREA en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) y Ana María SERRANO en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400.-).

4º) Hágase saber la existencia de la presente causa a la Dirección General de Rentas, Caja Forense y Colegio de Abogados, a los fines de dar cumplimiento a los impuestos y aportes de ley (Tasa de Justicia, Aportes ley Nº 5059 y Derecho Fijo, según corresponda).- NOTIFÍQUESE. OFICIESE.

m.l.

Dra. MARI LUZ CORDON MODARELLI Dr. GUI-LLERMO ALFREDO POSE Conjuez SCJ Conjuez SCJ Dr. HERIBERTO CECILIO CARRIZO Conjuez SCJ