Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA c/ ALE, Marcelo; ELÍAS de ALE, Laura s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-05

El recurso de inconstitucionalidad local que autoriza el art. 297 del Código Procesal, participa de los caracteres esenciales y de la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de la Ley 48, y consiste en una vía impugnaticia de interpretación restrictiva, reservada para objetar sentencias definitivas que lesionen derechos constitucionales o que, por su irrazonable fundamentación, se califiquen como arbitrarias.

Debe reunir los recaudos procedimentales y de fondo para tornarse admisible y procedente, es decir, obliga a un doble juicio, no contemporáneos: el de admisibilidad formal y el de procedencia o fundabilidad (Cf. CJSalta, Tomo 20, fº 1469; Tomo 23, fº 501; Tomo 25, fº 1505; Tomo 43, 1º parte, fº 475/479; Tomo 44, fº 1219, entre otros).

Al respecto, es reiterado criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de la Corte Provincial, que uno de los requisitos ineludibles para la admisibilidad formal del recurso lo constituye el temporáneo como adecuado planteo del caso constitucional (CSJN, Fallos 303:171, 659, 1135 y 2091; 304: 1478; 305:50; CJSalta, Fallos, Tomo 41-2º parte, fº 1631/1635; tomo 43, 1º parte, fº 469; Tomo 44, fº 543/550 y 1219; Tomo 50, fº 135, entre tantos otros).

Ello implica no sólo denunciarlo oportunamente, esto es la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento sino, además, hacerlo adecuadamente, es decir, demostrando la existencia de la cuestión constitucional, especificando la forma en que resultarían conculcadas las garantías invocadas, y acreditando el nexo directo entre lo resuelto y la supuesta conculcación.

La mera enunciación de los principios constitucionales o la sola indicación de los artículos supuestamente violados, no resultan suficientes para tener por satisfecho el recaudo de admisibilidad formal del recurso (CJSalta, Fallos Tomo 42,2º parte, fº 1233/ 1235, 1631/1635; Tomo 43, 1º parte, fº 467/472; Tomo 51, fº 235/246; Tomo 55 fº 267/274; Tomo 47 fº 157/162, 237/246; Tomo 49, fº 201/206; Tomo 52, fº 535/542.).

En orden a tales consideraciones, se dijo que la cuestión constitucional debe ser introducida antes del fallo de la alzada, pues tanto el acogimiento como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a su oportuno planteo (cf. CSJN. Rep. L.L. XXXIX, J-Z, 1899, Sum 119 ; Id. 1978, Rep. L.L. XLIII, J-Z, 2001, Sum 323 ; Id. Rev. L.L. 1983-C,619, sec. Jurisp. Agrup., caso 4894 ; CJSalta, Fallos, Tomo 42, 2da. Parte, f° 1233/1235 y 1631/1635 ; Id. Tomo 51, f° 235/246 ; Id. Tomo 55, f° 267/274 ; CApel. CC. Salta, Sala II, Fallos Año 1993, f° 120 y 138 ; Id. Sala III, Fallos Año 1998, f° 644/650).

Puesto que frente a una pretensión existe siempre la posibilidad de que la misma sea rechazada, así como que la sentencia desfavorable de primera instancia sea confirmada en la Alzada el resultado nunca puede ser "sorpresivo".

Asimismo, se ha expresado que el recurso que nos ocupa sólo procede contra sentencias definitivas, teniéndose por tales aquellas que ponen fin al litigio o impiden su prosecución (CSJN, Fallos 244:279; 234:52; 242:462; Sagüés: Recurso Extraordinario Bs. As. Tomo 1, págs. 150, 151 y 337 y 340).

Pero, a más de ello, como se verá, sobre la base de los agravios que sustentan la presentación, no existe en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, indispensable para habilitar la vía excepcional intentada.

Conforme se dijo, no puede pretenderse la utilización de la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fº 1133).

Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253:345;269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable (CSJN. E.D. 71-520), ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde (CApel.CC Salta, Sala III, Tomo 1994, fº 160/161; Id. Id. Tomo 1997, fº 729; Id. Id. Tomo 1998, fº 644/650).

En tal orden de consideraciones, los agravios de los recurrentes trasuntan sólo discrepancias con la normativa aplicada y con el criterio adoptado para resolver la cuestión traída a nuestro conocimiento. Podrá discreparse con lo resuelto por la Sala; y aún considerarse desacertado, pero de manera alguna puede sostenerse que sea arbitrario el fallo.

No se observa vulneración alguna a derechos que tutela las Constituciones, tanto de la Nación como de la Provincia de Salta, pues las partes han tenido la posibilidad de hacer sus planteos y la decisión recurrida ha dado respuesta a cada uno de ellos.

La Corte de Justicia de la Provincia se ha expedido de manera reiterada en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad no procede en los supuestos de simples discrepancias con la meritación del derecho aplicable, considerado en la sentencia, así como en la conclusión a la que se arriba en ella (CJSalta, L. 42, 1ra. Parte, f° 397).