marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, juicio ejecutivo, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia, si frente a los particulares contornos que adquirió el procedimiento el A quo brindó una respuesta jurisdiccional segmentada y parcializada que en modo alguno abarca cada uno de los planteo articulados por las partes. En efecto, la Sala apuntaló su razonamiento en que la pretensión ejecutiva se regía, pura y exclusivamente, por normas de derecho privado y las posteriores reflexiones fueron derivaciones de ese postulado esencial del fallo, por lo que la respuesta jurisdiccional es a todas luces insuficiente y ritualista puesto que en modo alguno puede entenderse que aprehende todas las cuestiones que las partes introdujeron al proceso y que resultaban decisivas para la suerte del mismo. (Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Deserción del recurso, facultades del fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pando, María Cecilia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de apelación en autos Pando, María Cecilia s/infr. art. 184 inc., daños (agravado por el medio y el objeto)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

El art. 282 del CPPCABA no se refiere ni a qué es lo que sucede cuando la defensa es ejercida por un abogado de la matrícula -es decir, si resulta exigible igual 'mantenimiento' o si aquél se encuentra previsto frente a la hipótesis de que los integrantes del Ministerio Público desistan los recursos o controlen la actuación de sus inferiores- ni parece permitir a la Cámara por sí sola declarar la 'deserción' de un recurso -eventualidad que sí se encuentra prevista ante la falta de concurrencia del apelante a la audiencia que corresponde sustanciar ante la Cámara (art. 284 del CPP[CABA])-.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, ley sobre riesgos del trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Sabbadin Nestor Daniel c/ Manuel Barrado S.A.I.C. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-09-11

El art. 75, LCT sustituído por el art. 49, Ley 24.557 cuando remite a las prestaciones de la LRT lo hace para definir cómo se deben reparar las enfermedades a las que el sístema reconoce derecho indemnizatorio - art. 6, ib. - que son aquéllas que se encuentran incluídas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del art. 40, apartado 3, de la Ley. Y aclara que las no incluídas en ningún caso serán resarcibles. Asimismo el sitema prevé multas frente a la violación de la norma en cuestión que impondrá la autoridad de aplicación (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) conforme le faculta el art. 36 apartados a. y c. Ib. De tal manera, la sustitución del art. 75, LCT lo fue con el ostensible propósito de adecuarse a los nuevos criterios de responsabilidad del empleador frente a las contingencias de sus dependientes.

La norma ha quedado reducida a dos directivas: a. el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad; y b. el hermetismo del sistema que veda jurídicamente el acceso a otra alternativa tutelar ajena al mismo. Por ello también la palabra "daños" utilizada en el dispositivo no puede sino identificarse con la expresión "contingencias" del art. 6, Ley 24.557.

El legislador por razones de oportunidad y conveniencia consideró necesario crear un sistema particular indemnizatorio excluyendo la posibilidad de perforarlo a menos que se den las condiciones allí establecidas -art. 1072, C.C.-, la que es en principio ajena al control jurisdiccional. La posibilidad de una reparación extraña al régimen es sólo posible por medio del reproche constitucional de las tres normas que lo estructuran -arts. 6 y 39, 1. primera parte, LRT y 75, LCT reformado- , lo que excede la pretensión aquí deducida.

Igual procedimiento debió seguirse para eludir la alternativa que el régimen especial admite por vía del art. 1072, C.C., ya que el principio "alterum non laedere" requiere un marco jurídico y si se pretende su aplicación fuera del sistema de la LRT debe primero intentarse el desplazamiento constitucional de éste.

Así la demanda que persigue indemnización por incapacidad laboral con fundamento en la ley 24.028 y que el Tribunal de Mérito admitiera con sustento en el nuevo régimen Ley 24.557 extendiéndola a una enfermedad extrasistémica, debe ser rechazada por aplicación de las normas que impedían su procedencia y respecto de las que no se dedujo agravio constitucional.
Seguridad social, silencio de la administración, actualización monetaria, acceso a la justicia, derecho a la sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Bustos, Ana María c/ Caja  Nacional  de  Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

La falta de tratamiento por parte del organismo previsional importó, más que una omisión de pronunciamiento una negativa implícita a conceder la actualización, toda vez que ese tema había sido planteado en todas las oportunidades posibles, por lo que resulta arbitraria la decisión de la Cámara que obliga a recorrer nuevamente la instancia administrativa e importa una violación al derecho de la pensionada a obtener una sentencia rápida, además de un dispendio jurisdiccional innecesario.
Regímenes jubilatorios especiales, escribanos públicos, beneficiarios previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Robredo, Idelfonso Eudaldo c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

El notario suspendido conserva la titularidad del registro y, por ende, su calidad de afiliado al sistema previsional como activo, situación que sólo se extingue cuando se produce el cese en las funciones por alguna de las causas previstas en la ley (arts. 30, dec. ley 9020/78 y 2 , ley 6983). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tercerías, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: Arnauti c/ Consorcio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

El art. 98 del CPCC al exigir "instrumentos fehacientes" o prueba en "forma sumaria", para que se de curso a una tercería, se está refiriendo a la verosimilitud del derecho invocado y no a la prueba de él, en forma plena y efectiva, pues, si así fuera, estaríamos frente al caso contemplado por el art. 104 del mismo ordenamiento (Podetti, "Tratado de la Tercería" 2 ed.pp.94/95).

Al efecto, no basta con el boleto de compraventa pues quien solo cuenta a su favor con una promesa de venta, no puede encontrar eco por no configurarse los presupuestos aludidos que exigen los artículos 577, 1184, inc. 1 y 2505 del CC.
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MACREN INTERNATIONAL TRAVEL SA s/ PROPIA QUIEBRA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Disidencia del Dr. Kölliker Frers:. Con independencia de las razones que determinaron la denegatoria del recurso de apelación que da motivo a la deducción del recurso de queja, no puede dejar de advertirse que la providencia que fue objeto de aquel primer recurso (o sea del de apelación que fuera denegado) no se halla suscripta por el Juez sino por el Secretario del Juzgado. Esta circunstancia determina no solo que únicamente sea susceptible del remedio que consagra el CPCCN art. 38ter, sino que no sea atacable por vía de apelación (subsidiaria o directa). En tales condiciones, no podría este Tribunal por conducto del presente recurso de hecho o de queja (por errado que hubiese sido el criterio del Juez al denegarlo) terminar concediendo una apelación dirigida contra una decisión que, en definitiva, no es jurisdiccional sino que fue emitida por el Actuario del Juzgado (conf. esta CNCom, esta Sala A, 26.06.07, "Automoviles Saavedra SA c/ Fiat Argentina SA s/ ordinario s/ inc. ejecución de sentencia s/ queja"; íd. 02.10.09, "Papel del Tucumán SA c/ Banade y otros s. ordinario s. queja") pues, sólo sería dable admitir la queja en caso de que el funcionario hubiera exorbitado las facultades que le son propias (en igual sentido, Sala E, 07.03.97 "Saiegh, Marcelo le pide la quiebra Bassul y Bassul SCA s/ queja"). Por ello y sin perjuicio de los recursos que -en todo caso- pudieran deducirse contra eventuales decisiones del Juez que ratifiquen o convaliden el temperamento adoptado por dicho funcionario, en la medida que exista tiempo útil para hacerlo, no cabe hacer lugar al presente recurso de queja.
Cuestiones de competencia, competencia por el grado, recurso de apelación (procesal), ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ EN-PEN DTOS 1570/01 Y 1606/01 s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Si bien es correcto que una vez concedida la apelación cesa la competencia del Juez de grado, el principio no es absoluto. Máxime cuando se trata de una materia comprendida dentro de la potestad genérica de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". La ejecución de una sentencia, compete al juez que la pronunció (art. 501, inc. 1 del Código Procesal). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Empleador, temeridad o malicia, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: VALLONE, WALTER FERNANDO c/ GRAN RIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-10

El recurso extraordinario intentado debe ser declarado inadmisible, por cuanto la Cámara evidenció que la conducta reprochable de la patronal demandada había consistido en apelar -para luego no expresar ningún agravio- con el único fin de obstruir el proceso y perjudicar al trabajador, empleando el recurso de apelación como una maniobra intencional meramente dilatoria, conducta gracias a la cual la empleadora logró retardar la posibilidad del empleado de acudir al procedimiento del pronto pago respecto de los rubros de condena; y los argumentos de la quejosa se circunscriben a intentar justificar su confesada actuación invocando una omisión propia a la que tilda de involuntaria -por considerar que efectuar una expresión de agravios hubiera resultado más dilatorio-, lo que además de traslucir su mero disenso con lo resuelto, no alcanza siquiera a demostrar que el presente caso se trate de un supuesto de excepción a la regla de que la calificación de la conducta de la empleadora constituye una facultad privativa de los jueces de grado en principio exenta de revisión por esta vía de excepción.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tigre c/ Usina Ulyt s/ Modificación de inscripción dominial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Si la caducidad declarada, en función de los arts. 3986 y 3987 del Código Civil, puede proyectar efectos sobre la prescripción de la acción, resulta definitiva la sentencia.
Honorarios, regulación de honorarios, monto del juicio, emergencia económica, base regulatoria, pesificación, moneda extranjera
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: JAICHENKO, ROBERTO c/ MARTINEZ LEIRA, NICANOR s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-17

La circunstancia de que la sentencia que ordenara llevar adelante la ejecución en dólares estadounidenses se encontrara firme al momento de entrar en vigencia la ley 25820, y por tanto no correspondiera su pesificación, no justifica fijar la retribución de los profesionales intervinientes en esa moneda, sino en la de curso legal en la República; no obstante, a los fines de la determinación de la base arancelaria no cabe soslayar la cotización de la divisa en el mercado libre de cambios vigente a la fecha de la regulación.
Tribunal colegiado, voto de los jueces, voto mayoritario, voto de adhesión
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ Provincia de Tierra del Fuego y/o L.U. 87 T.V. Canal 11 Ushuaia s/ Cobro de derechos de autor
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-05-20

Ningún menoscabo al debido proceso provoca la emisión de sentencias con dos votos coincidentes de los tres que integran un tribunal colegiado, pues la cuestión es juzgada por los "jueces instituidos por la ley y designados de acuerdo con la Constitución" (art. 34 de la CP). No cabe otra conclusión en tanto los jueces que sentencian, aún cuando en un número menor, no son otros que los que menciona el constituyente.Cualquier órgano formado por tres miembros sólo puede adoptar decisiones o bien por unanimidad o bien por mayoría que, en el caso, sólo puede constituirse con dos votos de los tres del total.
Interdicto de recobrar, acción de despojo
Materia: CIVIL
Carátula: Medina Chavez, Margarita c/ Chavez, Ramón y/o Burdet de Villafañe, Ana Clara s/ Interdicio de Recobar Villafañe, Ana Clara s/ Interdicio de Recobar
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-08-16

Puede promoverse interdicto de despojo contra las decisiones judiciales cuando tienen por efecto privar de la posesión a una persona sin el juicio previo que preceptúa el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Ejecuciones especiales, ejecución prendaria, impuestos municipales, principio de contradicción, garantías procesales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Automotores Hnos. Berutti y Gosto S.A.C.I.F.I.A.M. c/ Carcamo, Raul Segundo s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-03-12

La Municipalidad se presentó adjuntando boleta de deuda y solicitando retención de los fondos obtenidos en subasta invocando el privilegio del art. 43 inciso 2 del Decreto Ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962, lo que no corresponde no sólo porque la boleta de deuda que se adjunta carece de los recaudos procesales señalados en el art. 149 del Decreto-ley 1627/58, ya que la constancia que obra al pie de la liquidación de deuda se encuentra incompleta en el sentido de que no se ha efectivizado la intimación con lo cual la misma no quedó conformada con la firma del deudor; sino porque de tal documentación ya presentada en juicio a los efectos de hacer valer como privilegio no se dio debida intervención al deudor a los efectos de que ejerza su derecho u oponga las defensas y excepciones a que pueda tener derecho, es decir la formación del respectivo incidente ya que tal boleta puede ser impugnada o desconocida la deuda por el deudor.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Avda. 4 entre Paseos 142 y 144, Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires c/ Andrés, Mirta Susana s/ cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-23

La conformidad entre la sentencia y los escritos de constitución del proceso en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del Juez.

Cuando se supera ése ámbito de actuación se produce el quebrantamiento del principio de congruencia.
Sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PONTE DANIEL GUSTAVO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-25

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 412 inc. 3ro. del C.P.P., la sentencia contendrá bajo sanción de nulidad (C.P.P., art. 417 inc. 2do. 2do. párrafo) la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal estime acreditado.

La obligación legal de fijar el hecho acreditado obedece a la necesidad de: 1) analizar si hay motivación legítima; 2) controlar si es correcta la solución jurídica y 3) determinar la cosa juzgada con la finalidad de que sean respetados los efectos de esa declaración.

Consecuentemente, tal determinación es imprescindible sea para concluir con una sentencia condenatoria o absolutoria, pues aunque la garantía de defensa no aparezca afectada en general, se afecta el interés social en la medida que pueda quedar impune un hecho del cual podría resultar responsabilidad penal.

Pero "igualmente se afectaría el interés privado del actor civil cuya pretensión, sin agotarse, quedaría siempre sin resolverse. En estos supuestos el remedio legal es la nulidad de la sentencia..." (Cfrme. Clariá Olmedo, Jorge -Derecho Proceso Penal, Tomo I, pág.

511).-
Aborto con consentimiento, aborto calificado por muerte, delito preterintencional
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ, M. T. s/ ABORTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-12

La figura de aborto agravado por la muerte de la mujer (art. 85 inc. 2do., 2do. párrafo CP) es un claro ejemplo de delito preterintencional. Trátase de una conducta compleja, en la que la acción dolosa que compone el elemento esencial de la tipicidad se añade otra culposa, derivado de la no observancia del debido cuidado para evitar el resultado 'muerte' que determina la agravación.

Implica un tajante antagonismo entre la conducta abarcada por el dolo, cuya finalidad es la de suprimir la vida del hijo por nacer sin dar muerte a la madre y la que arriba a la causación letal por incorrecta elección de los medios para desarrollar la primera actividad final; la suma de ambos elementos típicos es la que sustenta la punibilidad del aborto agravado por la muerte de la mujer.

NOTA: Se citaron: Nuñez, 'La culpabilidad...', págs. 21 y sgts.;

Zaffaroni, 'Teoría del Delito', págs. 356 y sgts.; Mantovani, 'Responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva', en Doctrina Penal 22:268.
Extradición, nacionalidad, Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Gómez Díaz, Manuel s/ detención preventiva con miras a su extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La nacionalidad del sujeto requerido constituye una circunstancia que en ningún caso puede impedir la extradición (art. 20 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889).
Contratista, interpelación, intimación de pago
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Organización Cleareing Argentino S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

La diligencia exigible al contratista del Estado impide suponer -por la trascendencia del acto y la cuantía económica involucrada- que éste desconozca la diferencia que existe entre la intimación para que se preste conformidad con la labor realizada (obligación de hacer) con la intimación a que se pague una suma adeudada (obligación de dar). (Voto del Dr. Luis F. Lozano, al que adhiere el Dr. José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, despido, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Andretta,   Carlos   Alberto c/ Ferrocarriles  Metropolitanos Sociedad Anónima. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Los agravios vinculados a la falta de controversia acerca de las respuestas del perito a la impugnación de la pericia, a las declaraciones testificales de los empleados y a la inclusión en la base del cálculo de rubros que no tenían carácter remuneratorio resultan ineficaces para habilitar el recurso extraordinario, ya que remiten a cuestiones fácticas y de derecho común, máxime cuando el tribunal expresó razones suficientes que, más allá de su acierto o error, excluyen la tacha de arbitrariedad invocada (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, acción civil, derecho de opción
Materia: CIVIL
Carátula: DESANTIS, Miguel Angel c/ WIN TIME SRL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Deducida la acción antes de la entrada en vigencia de la ley 24.557, cabe aplicar el art. 16 de la ley 24.028, que habilita al trabajador a optar entre los derechos e indemnización que le corresponden, según el sistema de responsabilidad especial que se establece en la ley laboral o lo que pudiere corresponderle según el derecho civil.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Giletta, Norberto A. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Debe rechazarse el recurso extraordinario si el apelante no señala concretamente cuál ha sido la cuestión federal cuyo tratamiento hubiera habilitado la competencia apelada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no obstante la limitación legal existentes, ni formula un relato de los hechos de la causa que permite vincularlos a las normas constitucionales que se dicen vulneradas.
Daños y perjuicios, daño estético, daño moral, indemnización
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CERVONE, LUCIANA c/ TRANSPORTES 9 DE JULIO SAC s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-07

La lesión estética es un rubro que no puede confundirse con la incapacidad ni con el daño moral; para su admisión sólo se requiere que exista una alteración del aspecto habitual que tenia la persona con anterioridad al hecho generador (cfr. cnciv, sala m, "A.P.M. c/ Juegos centenarios SRL", ll diario del 19.1.06).
Medidas cautelares, marcas, logotipo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION  ARGENTINA DE POLO s/ incidente de apelación de medidacautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Las prendas acompañadas por la actora (dos chombas de piqué en rojo combinado con negro una y con azul la otra) al momento de denunciar el incumplimiento de la cautelar revelan que la aplicación de las sanciones está plenamente justificada. En efecto, en la parte interior de ellas, centro superior por debajo en la costura del cuello se ve un logo flanqueado por laureles y con la inscripción "CAMPEONATO ABIERTO DE PALERMO ARGENTINA" y debajo "POLO". El cabal cumplimiento de los mandatos judiciales supone la buena fe de los litigantes que deben acatarlos. La combinación de elementos esenciales de los signos vedados en las prendas en cuestión da muestra de que la destinataria de la medida obró en sentido opuesto al debido (art. 34, inc. 5, ap. d).
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Relos Mamani, Rosario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-17

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra el rechazo de la excarcelación si la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de lo resuelto, teniendo en cuenta que a quo valoró, la complejidad de la causa (la cual cuenta con catorce cuerpos y nueve procesados), la gravedad del delito atribuido -fabricación de estupefacientes en concurso con comercio agravado-, y la sanción que eventualmente podría corresponder, sin que se observe la existencia de cuestión federal o arbitrariedad.