marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, feriados
Materia: LABORAL
Carátula: GIL, Daniel A. y OTROS c/ O.S.P.L.A.D. s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

De la prohibición de trabajar en los feriados se exceptúa al establecimiento incluido dentro de los sistemas o regímenes de excepción (art. 166 L.C.T.).
Concurso preventivo, quiebra indirecta, honorarios, regulación provisoria, tope regulatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ Luis y Berta Figueroa de Sanchez s/ Concurso Preventivo - Hoy Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-20

"La quiebra indirecta es el resultado de la conversión del proceso preventivo concursal en liquidativo, siendo este último continuación de aquél, conservando validez y eficacia tanto el nombramiento del síndico, que prosigue su actuación, cuanto el proceso de verificación de créditos cumplido.

En el caso objeto del recurso se trató de un concurso preventivo devenido en quiebra indirecta, sin que mediara homologación de la propuesta de acuerdo.

Por lo tanto a los fines regulatorios, no se daba ni la oportunidad prevista en el inc. 1 art. 265, ni era de aplicación lo dispuesto por el art.266 de la LCQ., debía esperarse la conclusión del proceso de falencia, que aquí concluye por avenimiento. (art. 265 inc. 2).

En este caso, debía efectuarse recién la regulación, al dar por terminado el juicio, siendo de aplicación lo dispuesto por el art. 267 inc. 2, norma en la que se dispone regular los honorarios sobre la base del valor prudentemente estimado del activo no realizado, sumado el realizado en caso de existir ambos, mientras que de no ser así, debe tomarse uno u otro, atendiendo igualmente las tareas efectivamente cumplidas.

Es decir que; finalizada la quiebra por avenimiento (arts. 225 a 227 de la Ley 24.522) implica que concluye no por liquidación de los bienes, aunque se hayan enajenado alguno de ellos. Debiendo en tal caso estimarse prudencialmente el activo no realizado al que debe sumarse el enajenado.

El a-quo reguló honorarios sobre el activo no liquidado, estimado prudencialmente, con anterioridad a la oportunidad que la ley prevé, Dichas regulaciones fueron consentidas por el letrado del fallido y por la Sindicatura, quienes percibieron dichos honorarios, según las constancias del proceso ya indicadas.

Es decir que fueron conformadas por quienes tenían legitimación para apelarlas, encontrándose firmes al dictarse el decisorio recurrido, al igual que la base económica tenida en cuenta por el Juez, que no fue apelada. Por lo que en la alzada no puede revisarse la misma. (art. 272 L.C.Q.).

En consecuencia sólo correspondía regular honorarios por las actuaciones cumplidas con posterioridad a la misma. Sobre dicha base deberán calcularse los honorarios, tomando en consideración la proporción de la tarea cumplida y la regulación ya practicada.
Tribunal colegiado, resoluciones irrecurribles, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA c/  s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GF SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

La sentencia que confirmó el rechazo in limine de la solicitud de la defensa de ser juzgada por un tribunal colegiado, corresponde que sea equiparada a una resolución a sentencia definitiva en tanto el derecho invocado solo es susceptible de tutela inmediata. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Cañon, Carlos L. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

El sumario tiene un eminente carácter contradictorio. Frente a la labor investigativa y cautelar desarrollada por el juez -principal conductor de la etapa, que despliega en ella sus facultades de cognición, coerción y decisión- y la Fiscalía, aparecen los actos de defensa de quien está imputado (arts. 1, 2 y concs. del C.P.P.), uno de cuyos ejemplos más prístinos es la declaración indagatoria. La relación jurídica es, por tanto, la misma que en la etapa posterior del juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prenda con registro, principio de especialidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Misiones c/ Felipe Cándido Cáceres y Otra s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-10

El principio de especialidad de la prenda no debe ser violado, entendiéndose por ello la determinación precisa del bien prendado (especialidad objetiva y del crédito garantizado). La prenda con registro puede constituirse para garantizar obligaciones futuras o eventuales siempre que el monto del mutuo que accede este perfectamente delimitado.
Concursos, liquidación de sociedades, fideicomiso inmobiliario, insuficiencia de bienes embargados, trámites judiciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bettini, Carlos Antonio Bautista c/ Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Club de Viñas Cava Pampa s/ liquidacion judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Por lo expuesto, ninguna duda cabe que otras causales liquidatorias de patrimonios fideicomitidos pueden habilitar el trámite extrajudicial, pero que el trámite judicial de liquidación resulta indefectible si se configura aquella "insuficiencia" patrimonial a la que se refiere el citado art. 1687. Esta norma es de orden público y, por tanto, ninguna asamblea puede convertirse en un poder supracontractual o supralegal que, sin sostén en una ley, le confiera el poder de desplazar la aplicación de una disposición imperativa (CNCom, Sala D in re "Fideicomiso Estrella del Sur s/ liquidación judicial s/ incidente art. 250", del 25/09/18 -con remisión al dictamen del fiscal de Cámara-). Por lógica derivación, la autonomía de la voluntad de las partes del contrato no puede ser invocada para concretar la liquidación extrajudicial de un patrimonio fideicomitido "insuficiente".
Servicios de vigilancia, propiedad horizontal, consorcio de propietarios, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma, José c/ Pretor Coop. De Trabajo Ltda. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-14

Es menester establecer si la actividad contratada (la vigilancia) resulta indispensable para cumplir u obtener el bjetivo de la empresa o si, por el contrario, ésta puede alcanzar su objetivo sin contar con tal servicio. Si bien es cierto que debe admitirse, ante el incremento de la delincuencia y falta de seguridad en nuestro país, que resulta conveniente contratar un servicio de vigilancia para proteger a las personas y bienes de los copropietarios, tal circunstancia no puede constituir un elemento válido para sostener que la labor de vigilancia integre la actividad normal y específica del consorcio demandado en este caso, el cual podría cumplir su objeto sin contar con tal servicio. (Del voto del Dr. Sotrtini, en mayoría).
Escritos judiciales, copias, plazo perentorio, caducidad, falta de copias
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ REINALDO FERMIN c/ LUREYRO MARIA ISABEL s/ DERECHO PROCESAL-ACTUACIONES JUDICIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-20

De conformidad con lo dispuesto por el art. 120 del Cód.

Procesal, el actor debió acompañar las copias del escrito dentro del término prescripto por la norma citada. Dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 155 del Cód. Procesal, reviste el carácter de perentorio, por lo cual su vencimiento determinó en forma automática la caducidad de la facultad procesal que concedía (en el caso la agregación de la copia citada), sin que para tal resultado se requiera la petición de la otra parte o declaración judicial.
Competencia provincial, lesiones, corte de rutas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Frutos Diego c/ Colhuan Cristian German, Colhuan Juan Pablo y Cayuqueo Mallea Carlos s/ lesiones agravadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-05

Corresponde que las lesiones sufridas por un hombre durante un corte de ruta, en el marco de un conflicto territorial, deben continuar bajo investigación de la justicia provincial, toda vez que no corresponde acumular ese hecho a la causa penal por los presuntos delitos de entorpecimiento de medios de transporte y de servicios públicos que tramita, a causa del mismo corte, en el fuero Federal.
Ley de desindexación, aplicación de la ley, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Czernizer, Sergio Abel c/ Spatafora y Betattis S.R.L. y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

La aplicación circunstanciada a cada caso que reclama la ley 24.283 y su carácter de norma regulatoria de situaciones que deben considerarse excepcionales, obliga a realizar una interpretación restrictiva de ella, máxime cuando pretende aplicarse a una obligación de origen estrictamente dinerario (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso contravencional, medidas cautelares, deberes del fiscal, comunicación al juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, A. M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ley 255 Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

Las medidas precautorias, representan supuestos en los cuales la norma habilita a la restricción de derechos de carácter personal o patrimonial, a título excepcional y provisional, a aquellas personas sometidas a un proceso, que gozando de la situación jurídica del estado de inocencia, deben soportar las imposiciones que la ley establece para garantizar la finalidad del proceso o para impedir la continuación de una conducta que genere peligro inminente para la salud o la seguridad públicas.

En este sentido las medidas precautorias hallan su marco regulatorio en el proceso contravencional en el artículo 18 Ley Procedimiento Contravencional que establece los casos en que la ley autoriza su adopción y el artículo 21 del mismo cuerpo legal que dispone el trámite que las mismas deben seguir; esto es en caso que el Fiscal considere que fueron bien adoptadas, debe dar intervención al Juez.

Si bien nuestra Ley de Procedimiento Contravencional no establece un plazo perentorio para que el Fiscal de intervención al Juez, debe entenderse que la misma debe operar sin demoras, es decir, comunicación inmediata al Magistrado de turno, quien debe velar por la legalidad del proceso, evitando así, que tratándose de medidas de carácter excepcional y provisorio, dicho término quede al arbitrio y consideración del Fiscal interviniente, colocando en un estado de indefensión al imputado.

Más allá de determinar si la inmediatez a la que el código se refiere, debe ser interpretada en términos de días u horas, no resiste duda alguna que la misma debe ser comunicada de inmediato al Juez, lo que no ocurrió en el presente, toda vez que el Fiscal ha podido comunicar al Juez en virtud del artículo 21 Ley de Procedimiento Contravencional la medida cautelar, con carácter previo a la realización del juicio abreviado, no siendo ello así y esperando hasta el día de celebración de la audiencia de juicio. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, monto del juicio, beneficio de litigar sin gastos, prueba anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: Merlo, Ernesto Aníbal y otro c/ Liotron SA s/ prueba anticipada s/ recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Corresponde admitir la queja incoada, pues si bien la apelación fue rechazada considerando que el valor comprendido en el proceso no excede la suma establecida como límite mínimo por el CPR 242, no se identificó concretamente aquel "valor comprendido en el proceso".
Fórmula matemática, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Reynoso, Luis Arturo c/ Mastellone San Luis S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2007-11-29

Resulta oportuno citar la doctrina del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en autos: "AGÜERO DE SERVIN C/MARQUEZ HNOS, Y OTRO S/ACCIDENTE DE TRABAJO" que sostiene que en esta materia no cabe sujetarse a cánones rígidos, sino que se deben valorar pautas fundamentales como la edad de la víctima, aptitud para el trabajo, etc. Sentado ello se entiende que no es conveniente utilizar fórmulas matemáticas sacramentales y/o cánones rígidos para fijar el monto indemnizatorio
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: BELLIDO, LUIS c/ AGUILAR PAREJAS JESUS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-08-13

Cuando la cuestión se reduce a una mera discrepancia con el criterio del juzgador, ello no habilita la procedencia del dicha vía recursiva, por lo que corresponde su rechazo. Es improcedente el recurso de casación por errónea aplicación de la ley sustantiva si del agravio del querellante particular solamente surge, en todo caso, una discrepancia con las conclusiones de la alzada, pero de ninguna manera se acredita, por la causal idónea, que el a-quo hubiera incurrido en la evidente equivocación que se le atribuye.
Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, ejecución de sentencia, liquidación, recursos, cuestiones procesales, oportunidad procesal, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: Biggi, Beatriz Lidia c/  s/ s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Biggi, Beatriz Lidia c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

La sentencia que pretende ver revisada la recurrente, esto es, aquella que resolvió hacer lugar a la apelación del GCBA y ordenó que se practique una nueva liquidación conteniendo el descuento sobre los aportes previsionales, no es la sentencia definitiva de la causa, sino una posterior y, en cuanto la actora no muestra un apartamiento palmario de aquella respecto de la sentencia de fondo, y dado que el carácter de definitiva no puede ser suplido por la tacha de arbitrariedad, no cabe sino rechazar la queja. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Contrato de trabajo, médicos, recibos firmados en blanco, temor reverencial
Materia: LABORAL
Carátula: VIDELA, HUGO c/ GIOVANNETTI, NARCISO Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-16

Si los actores, profesionales médicos, aceptaron el requerimiento de la demandada de suscribir recibos en blanco, obraron con dolo pues con tal actitud consintieron un proceder ilegal, lo que no se compadece con la conducta exigida por los arts. 62 y 63 de la LCT y tampoco puede disculparse invocando temor reverencial ante la empleadora, toda vez que tal situación no se compadece con el grado de conocimiento y preparación que caracteriza a un profesional universitario.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, redargución de falsedad
Materia: LABORAL
Carátula: Suc. A. Williner S.A. Inc. redarguc. fals. en:Rodríguez, E. Enfer. ac. y c. de aust. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

El pronunciamiento del tribunal del trabajo que desestimó un incidente de redargución de falsedad no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial arts. 55 y 65, dec. ley 7718). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia comercial, quiebra, conservación y administración de los bienes, inventario y avalúo, competencia criminal, contrabando
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Agrofinco  SA. s/ pedido de quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

El inventario dispuesto por el juez de la quiebra, consistente en una mera descripción con fines informativos y conservatorios de bienes que se encuentran en un lugar determinado, es una medida que de ningún modo importa poner en peligro ni alterar su situación jurídica o destino, por lo que la oposición del juez del proceso por contrabando interfiere injustificadamente con tales diligencias preliminares.
Duración del proceso, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Haedo, Nicolás Matías s/infr. art. 149 bis CP Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Haedo, Nicolás Matías s/infr. art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

Los jueces consideraron, entre otras cosas, que la audiencia del art. 161, CPP -a partir de la cual se computó el plazo en cuestión- no se había agotado en un solo acto sino que se había perfeccionado el mismo día en el que el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio en el caso; y que la pretendida demora de cuatro días hábiles en la presentación de aquel requerimiento de juicio no podía serle imputada a la acusación pues ésta respondió a las sucesivas incomparecencias del imputado a las audiencias a las que fuera citado.(Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).
Facultades del juez, reglas para dictar sentencias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aquino, Wenceslao Miguel c/ Iza, Juvenal y Salazar Sartorio de Iza, María Teresa s/ Daños y perjuicios Sartorio de Iza, María Teresa s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-03-25

Los jueces al juzgar no se hallan enmarcados dentro de la pretensión normativa invocada por las partes, dado que sus intereses pueden o no coincidir con lo que realmente se resuelve en derecho, o corresponde en derecho.
Derechos humanos, dementes, disminuidos en sus facultades mentales, personas con discapacidad, discriminación, salud mental, Constitución Nacional, Constitución Provincial, derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: "A. M. I. N* 1 c/ (A., J. V.) s/ INSANIA s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-16

En el ámbito nacional, la Ley 25280 (2000) incorpora al derecho interno la "Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", cuyo objetivo es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad propiciando su plena integración en la sociedad.

Igual finalidad persigue la ley 26378 (2008), que aprueba la "Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" y su Protocolo Facultativo.

En sus artículos 12, 23, 24 y ccdtes. reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica debiendo los Estados Partes asegurar que se proporcionen las salvaguardias adecuadas y efectivas que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, impidiendo la concreción de abusos en sus derechos humanos.

El artículo 23 concretamente dispone que los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás.

Recientemente (diciembre de 2010) se sancionó la ley 26657, cuyo objeto es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas con discapacidad y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental.

Define esta última norma a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio - económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya construcción social está vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona (art. 3).

En este marco, la normativa constitucional nacional reconoce en el art. 42 el derecho a la salud y la constitución de Río Negro por su parte, en el artículo 16 reconoce el derecho a la vida y dignidad humana, y en el Capítulo III, art. 36 y sgtes., pone especial consideración a los derechos sociales, entre los que se menciona el deber del estado de proteger íntegramente a toda persona discapacitada, en su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social, e implementar políticas de prevención, de solidaridad y toma de conciencia de la sociedad.
Cuestión constitucional, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'recurso de inconstitucionalidad en autos Gilligan, Juan Jesús s/ infr. art(s) 111 CC'" Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'recurso de inconstitucionalidad en autos Gilligan, Juan Jesús s/ infr. art(s) 111 CC'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

Los jueces de la Cámara de Apelaciones procedieron a declarar la inconstitucionalidad del art. 45, CC, última parte, no sólo sin demostrar que aquella sorpresiva y precipitada decisión fuera la única forma posible de dar respuesta a los agravios que se le habían planteado a través del recurso de la Defensa que habilitó su intervención en el proceso sino, además, en abstracto, esto es, mediante un pronunciamiento inconducente, con valor exclusivamente declamatorio.

(Voto del Dr. José O. Casás, al que adhiere la Dra. Ana María Conde).
Mutuo comercial, mutuo dinerario, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ ROQUE VASSALLI SA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Explica Joaquín Garrigues, que en el contrato de mutuo hay una transmisión de bienes en propiedad, a la que se contrapone una promesa de prestación futura por quien recibe esa propiedad. El elemento característico reside, pues, en la transmisión actual de la propiedad de una cosa del acreedor al deudor, quedando diferida la contraprestación económica. Se produce, por tanto, una pausa entre el ejercicio del derecho por parte del acreedor y el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En el patrimonio del acreditado entra una cosa con carácter definitivo, y al propio tiempo nace una obligación de cumplimiento diferido. El "interés" aparece, entonces, como precio del tiempo (cfr. Garrigues, J., "Contratos Bancarios", págs. 36/37, Madrid, año 1958). Así pues, el "interés" es, en definitiva, el precio del dinero que se da ahora a cambio del que se reintegrará en una fecha posterior; y, como todo precio, tiene su propio mercado, con factores que determinan su quantum (cfr. Sayers, R. S., "La Banca Moderna", pág. 187, México, ed. Fondo de Cultura Económica, año 1963).