marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, medidas cautelares, enfermedades
Materia: CIVIL
Carátula: F.,C.L. c/ OSDE s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-12

El tratamiento de determinadas enfermedades -como la que sufre la amparista, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)- no se limita a la provisión de fármacos o elementos que procuran revertir un cuadro clínico determinado, sino que en cada caso individual es apropiado desplegar diferentes medios con el objeto de lograr el restablecimiento de la salud del paciente en la mejor forma posible, tanto en el aspecto físico como en el psíquico. En consecuencia, el lector ocular en cuestión impresiona como una parte importante del tratamiento integral de una persona que padece esclerosis lateral amiotrófica, de modo que no resulta apropiado el carácter meramente "social" que le atribuye la accionada, teniendo en cuenta lo que surge de las prescripciones médicas y demás constancias acompañadas por la actora con el escrito inicial (conf. doctr de esta Sala, causa 3.294/14 del 06.02.15).
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio, relación de causalidad, daños y perjuicios, indemnización, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: MANJON VICTOR HUGO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

El concepto de falta de servicio hace que el Estado deba responder siempre que exista una relación de causalidad suficiente, entre el daño y esa falta determinada y que sea imputable a la administración por no cumplir de una manera regular los deberes y obligaciones impuestas a sus órganos, sea por la Constitución, las leyes, los reglamentos o simplemente por el funcionamiento irregular del servicio (en tal sentido lo expresó esta Sala en la Causa 4416 del 16.12.88; Causa 7740 del 30.8.91; entre otras). Respecto de los daños provocados a personas o a los bienes de terceros, por tal acción del Estado (frente a su obligación de proporcionar seguridad), la doctrina ha fundado el deber de reparar el perjuicio, bien sea en los principios constitucionales y legales que rigen la expropiación forzosa; o bien en el principio de igualdad en las cargas públicas, o la justicia distributiva; bien en la regla primaria del "alterum non laedere" que el Estado de derecho no puede eludir (cfr. Nuestro trabajo "Responsabilidad Aquiliana del Estado y sus Funcionarios", Cp. 6, 7 y 8, ed. Abaco, 1990; Cassagne, J. C. "Entorno al Fundamento de la Responsabilidad del Estado", ED, del 6.7.82; "Responsabilidad Extracontractual del Estado en la Jurisprudencia de la Corte", nota a fallo publicado en el ED, T° 114, pág. 215; Mosset Iturraspe, J., "El Estado y el Daño Moral", nota a fallo publicada en LL, del 28.7.85; García Martinez, R., "La Responsabilidad del Estado y los Principios Generales del Derecho", nota a fallo LL, del 19.3.83, entre otros).
Remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, valor nominal, inflación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONORINO PERO, ABEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO - CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La disminución prohibida por el art. 96 C.N. es, en tiempos normales de estabilidad monetaria, la disminución en el número de unidades monetarias pagadas a los jueces.

Si se mantiene inalterado el dinero entregado en pago de sus servicios a los magistrados judiciales de la Nación, se cumple con la garantía constitucional. Si se pagan mayores unidades monetarias, hay incremento de la remuneración, si se pagan menores hay la "disminución" interdicta por el art. 96 C.N.
Despido, tutela sindical, estabilidad laboral, trabajadores marítimos, antigüedad mínima
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: SOUZA, Leonardo c/ COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES ARA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-10

Si el actor acreditó fehacientemente una antigüedad en la demanda no menor a 150 días, revestía el carácter de efectivo en los términos del art 13 del CCT 219/93 y por ello, la demandada debió recurrir al procedimiento establecido por el art 52 de la ley 23551 a fin de desvincularlo de su plantel.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, recusación, recusación con causa, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Debe el juez excusarse -o puede desestimar la recusación- en   función de lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3) Si las hipótesis  previstas en dicha norma se registran respecto de entidades   públicas o privadas bancarias, aseguradoras, prestadoras de   servicios prestados de salud, emisoras de tarjetas de crédito y   prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, en   las cuales participan o con las cuales contratan el magistrado o su   conyuge? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

La causal de recusación o excusación en el hecho de ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes -con excepción de los bancos oficiales-, se refiere a aquellas situaciones en que la imparcialidad del magistrado pueda verse comprendida ante la existencia de tales calidades vinculantes con quien o quienes litigan, o bien cuando éstas pudieran provocarle una violencia moral en orden a la tramitación y resolución de la cuestión debatida; la mera existencia de una cuenta corriente a favor del juez en la institución bancaria privada ejecutante no lo convierte en su acreedor o deudor, ni tampoco se advierte -en ese caso- la posibilidad de que la titularidad de dicha cuenta pueda producir en el ánimo del magistrado una coerción moral que le impida sentenciar con toda libertad de conciencia, razón por la cual no se configura la causal de recusación o excusación prevista. (Del Voto de la Dra.

García).
Haber jubilatorio, nulidad del acto administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: I.P.P.S. c/ Garde, Rubén Isidoro s/ Acción de lesividad, Expte. nro. 57/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-04-09

(del voto del Dr. Hutchinson). A mi entender, y solamente por aquello que en los casos de excepción debe hacerse una interpretación restrictiva, pues como ha dicho la Corte Suprema obvias razones de justicia impiden evaluar ambos regímenes (el propio por un lado y el excepcional por el otro) con las mismas pautas, resultando adecuado resolver la cuestión con un criterio estricto y riguroso (C.S., "Niglio" del 6-XII-79). Por esa razón me parece más ajustada a la lógica del régimen previsional que debe privilegiar a las situaciones comunes respecto de las excepcionales y, por ende, más ajustada a la equidad -principio que como diré debe predicarse en todo régimen administrativo- la interpretación que propugna el I.P.P.S.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciudadanos    en    defensa   de   sus   derechos s/ supuesto enriquecimiento ilícito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Si bien no existe una concreta contienda negativa de competencia -que presupone que los tribunales intervinientes se la atribuyan recíprocamente- al limitarse el juez provincial a devolver el legajo al declinante alegando deficiencias procesales en el planteo de incompetencia, ello no obsta el pronunciamiento de la Corte cuando razones de economía procesal autorizan a prescindir de ese reparo formal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción pública, acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: CEPEDA, José y otro s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

La regla impuesta por el art. 72 del C.P., en su tercer párrafo determina la prohibición de formar causa si no media denuncia del agraviado o su representante legal, si fuere del caso. Vale decir que tal acto procesal (la denuncia) opera como condición de procedibilidad para el ejercicio de la acción. Puesta la condición, automáticamente recobra los caracteres propios de cualquier otro delito de acción pública, entre ellos, el de irretractabilidad.-
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Turacción S.R.L. s/ MODIFICACIóN DE CONTRATO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

La calidad de legislación particular de un plexo normativo está dada -sustancialmente- por el ámbito para el que está destinada y llamada a regir y no por alguna norma aislada supuestamente aplicable a determinado procedimiento.
Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, igualdad de trato, discriminación, medidas de acción positiva
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Atala Riffo y Niñas c/ Chile s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-02-24

Los Estados parte en la Convención Americana deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, debiendo adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas, lo que implica un deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan situaciones de discriminación.
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

A raíz de la Ley Nacional N° 2.346 que creó la "Comisión Nacional de Coordinación del Transporte", lo establecido por su art. 3 y el DNU N° 2407/2002, el municipio local tiene facultades para fijar el monto del canon por uso de andén; de allí se desprende la validez, de modo genérico, de la Ordenanza N° 12.092/2016, en cuanto establece el régimen tarifario que deben abonar las empresas de transporte a los concesionarios.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, honorarios del procurador, monto irrazonable, facultades del juez, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Romero S.A. s/ quiebra s/inc de revisión por el Fisco Nacional- D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El art. 13 de la ley 24.432, al facultar a los jueces a regular los honorarios sin atenderse a montos o porcentajes mínimos, exige que la resolución que así lo disponga exprese, bajo sanción de nulidad, el fundamento circunstanciado de las razones que la justifican.
Sucesiones, obligaciones del heredero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García, Miguel y ot. c/ Piaggi, Herminio J. A. y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Sucesores universales son, al mismo tiempo, sucesores particulares relativamente a los objetos particulares que dependen de la universalidad en la cual suceden (art. 3264, CC). (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carluccio, Jorge A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente (art. 208, C.P.C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-03

Las medidas cautelares pueden llegar a ocasionar perjuicios al sujeto a quien afectan, trátese de partes o terceros y, en tal caso, surge la responsabilidad de quien las obtuvo si lo hizo con abuso o excediendo el derecho que tenía y de ello en definitiva se derivó un daño injusto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Omisión de otorgar vacaciones, pago de las vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: MAGLIONE, BEATRIZ c/ UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-20

El incremento previsto por el artículo 171 de la LCT. (texto Ley 20744) para el caso de omisión patronal en el otorgamiento de vacaciones, debe considerarse como el derecho del trabajador a percibir, aparte del salario por vacaciones, dos veces y media más el valor del mismo.
Pagaré, presentación al cobro, prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lorenzo Néstor c/ Club Atlético Banfield s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Si bien es cierto que es obligación del portador del documento su presentación al cobro, también lo es que la ley mercantil establece una presunción iuris tantum favorable a aquél, de que ha cumplido con tal exigencia. Pesa sobre el deudor la producción de la prueba que desvirtúe la presunción de que el documento ha sido presentado al cobro, porque no se trata de imponerle la prueba de un hecho negativo, sino de dar adecuada armonización de las reglas que rigen a los pagarés en función de las necesidades propias del tráfico mercantil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Plazo de gracia, ley procesal, interpretación de la ley, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRANZA, ANALIA SUSANA c/ ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL BANCO OFICIALES NACIONALES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-06-29

Según la lógica jurídica, el "plazo de gracia" (art. 70, C.P.C. y C.) no involucra en verdad un alargamiento del plazo sino más bien constituye un instituto ideado para no restringir el derecho de defensa, de modo tal que el escrito allegado en las horas de audiencia hábil inmediato posterior al correspondiente al vencimiento del término se considera presentado (en concordancia con lo dispuesto por el artículo 24 del Código Civil) antes de la medianoche del día de fenecimiento del plazo en cuestión; en suma, no se alarga el plazo, sino que se retrotrae el efecto de la "presentación material del escrito", para no restringir la defensa.
Remuneración, adicionales de remuneración, paritarias, sueldo anual complementario
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cicero, Carlos Alberto y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Darle a determinados aumentos que el GCBA, en cumplimiento de un acuerdo celebrado con el sindicato, decidió que no integran el Sueldo Anual Complementario, un significado diferente -remunerativo- del que la administración local le quiso dar -no remunerativo-, según política salarial, sobre la base del concepto de salario que establece la ley previsional n° 24241, o las leyes, también federales, n° 19101 -Personal Militar- y n° 21965 -Personal de la Policía Federal Argentina-, significa otorgarle a estas normas de la Nación una extensión por fuera del ámbito que les es propio, extensión que vulneraría la supremacía Constitucional establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano por remisión a los fundamentos brindados in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Yelmini, Claudia Viviana c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneración)" expte. n° 14634/17, sentencia de 25/04/2018).
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: S.A.E Y P.I. Suc. Arg. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-06

En el contencioso administrativo provincial cuando no se exige reclamación administrativa previa, deducida de la interpretación de la Sección I de la Ley I Nº 18 (antes Dto. Ley Nº 920) y fundada en los principios de tutela judicial efectiva, el "in dubio pro actione" y el de interpretación más favorable al administrado, en tanto ningún escollo adjetivo se alza para limitar el acceso a la jurisdicción. Pero nos encontramos nos encontramos frente a una situación de excepción a la regla general precedentemente, enunciada de la inexigibilidad de una instancia administrativa previa en el contencioso administrativo provincial. La norma que atribuye la competencia de este Superior Tribunal de Justicia para intervenir en la presente acción, el art. 74 del Código Fiscal (Ley XXIV Nº 38), exige al particular que transite alguno de los procedimientos administrativos que este establece antes de iniciar una acción contencioso administrativa contra la Provincia del Chubut, a la par que determina cuáles son los recaudos previos.
Requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal, calificación legal, violación, lesiones
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: MILETTI, Juan s/ Causa 2.085
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-07

La omisión del fiscal en el requerimiento de elevación a juicio de abordar el tema de las lesiones imputadas al procesado, que fueran anteriormente objeto del auto de procesamiento y prisión preventiva de aquél; no acarrea su nulidad, pues debe entenderse que las lesiones en cuestión han quedado comprendidas dentro de la fuerza típica ejercida por el procesado para cometer el delito de violación que se le imputa.
Alimentos, excepciones procesales, prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: L.G.K. c/ D.C.A. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

Aún cuando en el proceso de alimentos se admite la procedencia de defensas como la de falta de legitimación para obrar, ellas no pueden resolverse como de previo y especial pronunciamiento por cuanto se contrariaría su naturaleza sumarísima (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. VI, p. 539; Alsina "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t. VI, pág. 376) y menos aún antes de que concluya el período probatorio pues de esa manera se cercena seriamente el derecho de defensa del accionante El Código Procesal otorga al juez dos oportunidades para desestimar la demanda, una ante su presentación cuando no se ajusta a las reglas establecidas en los artículos 330 y sgts. del Código Procesal (art. 337) -que puede aplicarse analógicamente al proceso de alimentos- y otra en el momento en que corresponda dictar la sentencia definitiva.
Suspensión del trabajador, falta de notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Campos Rubén Darío y Garmendia Sócrates Aníbal c/ Banco de Entre Ríos s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-02

El decisorio de Cámara viola las disposiciones del artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo al considerar válidas las notificaciones de las suspensiones efectuadas a los actores, toda vez que no se explicitan causa alguna, ni se aclaran las mismas de modo tal que puedan ejercer su derecho de defensa.
Apreciación de la prueba, confesión ficta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BARBOSA, LUCIA c/ GONZALEZ, MARIO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-20

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Sala ha omitido toda consideración en torno a los agravios de los apelantes referentes al valor probatorio asignado a la confesión ficta, en total desvinculación del resto del material probatorio de la causa, cuestión que resultaba conducente para la solución del litigio en tanto, como tiene dicho esta Corte, si bien es cierto que del artículo 168 del Código de rito se desprende que la confesional ficta tiene la fuerza de la expresa, no lo es menos que tal eficacia probatoria no emerge en todos los casos con idéntica contundencia, puesto que su apreciación debe llevarse a cabo en función del conjunto de los elementos de juicio que obren en el proceso y de las demás circunstancias de la causa que -incontrastablemente- sean idóneas para desmerecerla como plena prueba.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad extracontractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, mandatario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO  SUDAMERIS  ARGENTINA  SA c/ GIUSO,  VANESA s/ SECUESTROPRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Cabe admitir el reclamo por daño moral que, por vía de reconvención, dedujo la cliente de un banco -demandada por cobro de cierto saldo adeudado con motivo del uso de una tarjeta de crédito a cuyo pago se allanó-, contra el letrado mandatario de dicha entidad, en virtud del obrar ilícito en que incurriera al gestionar el cobro extrajudicial del referido saldo deudor, enviando notas a los directores de los establecimientos educativos donde la accionada se desempeñaba como docente, comunicando la existencia de la deuda y pidiendo informes sobre la existencia de embargos sobre sus haberes; así como el envió de una falsa cedula anunciando la decisión de llevar adelante la ejecución y solicitando embargo de sus muebles, inmuebles y haberes, sin indicar monto de lo adeudado ni fijar plazo de pago, de lo que se desprende su intención intimidatoria y amenazante, lo que evidencia que el proceder del abogado no fue el que corresponde a un profesional actuando con la debida diligencia, ya que se oriento principalmente a presionar, intimidar y amenazar, comprometiendo de ese modo su responsabilidad extracontractual frente al tercero en los términos del Cód. Civil art. 1109 (Conf. Llambías, j., "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", Ed. Perrot, 1980, T. IV-B, p. 150, ap. 2829 y Bustamante Alsina, j., "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Ed. Abeledo Perrot, 1987, p. 441, parr. 1333); todo ello, indudablemente, produjo la afectación de los sentimientos de la accionada, que deben ser resarcidos, por lo que procede fijar por tal concepto la suma de $ 4.000 (CPCCN art. 165), con mas sus intereses desde la fecha del primer reclamo fehaciente que hizo la reconviniente, hasta el efectivo pago, a la tasa que percibe el Banco Nación en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días.
Aclaratoria (procesal), error material
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casa Lázaro Costa c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso Judicial de Apelación Aires s/ Recurso Judicial de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-30

El artículo 149 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, establece con precisión los tres supuestos frente a los que procede el recurso de aclaratoria.

En primer término contra errores materiales; esto es, una divergencia entre la voluntad real del juzgador y la expresión -en este caso escrita- de dicha intención. Esta discrepancia debe deducirse de un modo palmario de los propios antecedentes de la resolución.

Asimismo, es viable cuando median en la sentencia en cuestión conceptos oscuros, que requieran de una aclaración. Tal supuesto se configura cuando las expresiones del resolutorio no se expresan como producto de un razonamiento lógico, o no se decide en forma precisa y positiva, o se lo hace de modo insuficiente o contradictorio.

Por último, es procedente cuando se persiga la subsanación de omisiones sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Efler, Daniel O. c/ Juan D. López y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la norma legal que denuncia como infringida no sirvió de sustento a la decisión impugnada.