marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cláusula penal, principio de inmutabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: BOTTACIN, CARLOS CATALINO c/ PERRONE, LUIS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-21

Si bien en principio la cláusula penal es inmutable, esa inmutabilidad es relativa, y no debe arredrar la posibilidad de que la cláusula penal pactada sea desproporcionada, pues no hay obstáculo para el ejercicio de la facultad judicial de reducir su monto, contemplada por el apartado final del art. 656 del Código Civil, introducido por la ley 17.711. No es ineludible para la limitación de la cláusula penal excesiva la existencia de la lesión subjetiva, como parecería indicarlo el art. 656, "in fine", del Código Civil, cuando alude al abusivo aprovechamiento de la situación del deudor, pues no debe perderse de vista que la prestación objeto de la cláusula penal debe poder ser objeto de las obligaciones (art. 653), y la cláusula penal desproporcionada ofende la moral y las buenas costumbres en los términos del art. 953 del Código Civil y concordantes.

Es innecesario que se acredite el abusivo aprovechamiento de la situación del deudor, si su monto violenta las improntas de la moral y las buenas costumbres.

Corresponde liberar de responsabilidad al constreñido por una cláusula penal cuando el incumplimiento obedece a caso fortuito.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, intereses, tasas, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PANIAGUA, MARIANA RAQUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Si bien la determinación de la tasa de interés a aplicar- se ubica, en principio, en el espacio de la discrecionalidad de los jueces de la causa, esta Corte ya se ha expedido en casos anteriores afirmando que, en el ejercicio de su función de control de razonabilidad de las decisiones, se encuentra legitimada para establecer cuáles son las tasas de interés que se consideran jurídicamente razonables, pues más allá de dicha discrecionalidad judicial no podría aceptarse una tasa de interés que caiga en el absurdo, o que no esté debidamente justificada en función a las circunstancias particulares del caso, lesionando así el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable. (De la disidencia parcial del Dr. Spuler, a la que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJN: Fallos 315:507; CSJStaFe: "Gómez, Sixto", A. y S., T. 117, pág. 405. - Jurisprudencia vinculada: Olivera, AyS T 278, p 295/308, sumario J0043307; Borda, AyS T 291, p 270, sumario J0045159; Esquivel, AyS T 296, p 28, sumario J0046035.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Rundau, Elsa A. c/ Gaido Hnas. y otras s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Corresponde decretar la nulidad parcial del fallo recurrido cuando se ha preterido sólo el tratamiento de una de las acciones independientes acumuladas.
Cuerpo del delito, prueba
Materia: PENAL
Carátula: RADKO, Jorge Alberto - ZUCO, Miguel Angel s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-28

Para que se pruebe el cuerpo del delito, incluidas las notas agravatorias conforme a la descripción típica, no es necesario que se efectivice la incorporación de elementos materiales. Frente a un robo con armas, como en el caso de autos, si se procede al secuestro o incautación de las armas con que se ejecutó el delito, el proceso se habrá enriquecido al adquirirse el "corpus instrumentorum", elemento de gran significación pero que, de todos modos, no define las esencias del "corpus delicti" como entidad procesal.-
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sincar S.A.C.I.C.I.A. y F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

No todo contrato que contenga una fórmula de estabilización no contiene expectativa inflacionaria, por cuanto ello depende de la característica del sistema adoptado. En el dispositivo provincial hay dos períodos diferenciados que se reflejan con métodos diversos;

por un lado se establece la existencia de las variaciones de precios por el período de ejecución de obra, pero por el otro existe el lapso de espera de pago, desde que se emite el certificado y hasta que se hace efectivo el mismo, en el cual se produce el reconocimiento del gasto financiero.
Menores, guarda del menor, guarda provisoria
Materia: CIVIL
Carátula: R., A.B. y G., C.J. s/ GUARDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-03

1- El órgano judicial no puede abdicar de sus responsabilidades en la protección de los derechos de los niños -que emergen de la Constitución Nacional y de la Convención de los Derechos del Niño- pese a la intención de "desjudicializar" y la adopción de medidas por parte del organismo administrativo, pues las leyes 26.061-nacional- como la 114 de la jurisdicción local no modificaron normas del Código Civil reguladoras de la patria potestad ni las atribuciones conferidas al Ministerio Público. 2- Desde este enfoque no corresponde desestimar liminarmente el pedido de guarda judicial provisoria incoado por quien dice ser la abuela paterna -y darle trato de tal- de dos menores -uno de los cuales no fue reconocido por el padre-, en tanto la peticionante -patrocinada por el Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito de la Ciudad- intenta regularizar la situación de hecho derivada de la entrega de los niños por parte de la propia progenitora con la que tienen contacto esporádico y que fueron recibidos desnutridos, uno de ellos con secuelas de maltrato y utilizados para mendigar. En el caso del menor que aun no tiene filiación paterna la acción correspondiente -ante la inacción de la madre- sólo puede ser entablada por el Defensor de Incapaces o por un tutor ad litem designado por un juez, de modo que estas cuestiones escapan a la autoridad administrativa de aplicación a donde se pretende derivar a la guardadora de hecho para el trámite de la guarda. 3- En esta situación, hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo los organismos administrativos sólo pueden adoptar medidas acotadas en el tiempo que desembocarán en la instancia judicial, por lo que sin perjuicio de dar intervención al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no cabe derivarla allí para definir la guarda provisoria, se debe garantizar a los menores el derecho a vivir en familia, aun cuando no se haya corroborado que la madre fue quien los entregó, porque es precisamente el proceso judicial de guarda el ámbito para resolver esta problemática. (Sumario N°20226 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, inimputabilidad, representación legal, defensor, exceso ritual manifiesto, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: A, F s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 52-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-04

Cabe otorgarle consistencia como para franquear el recurso de inconstitucionalidad al agravio de los recurrentes que manifiestan que la solución adoptada por los jueces -que le provoca gravamen en cuanto el sobreseimiento fue dictado en función de una supuesta inimputabilidad-, sería excesivamente ritualista, al privárselo de una instancia prevista por la ley -apelación-, incurriéndose además en apartamiento del texto legal expreso: tanto del artículo 73 del procesal penal -en el cual se dispone que la representación del supuesto inimputable corresponde al defensor de incapaces, quien debe nombrar al defensor técnico- como del artículo 59 del civil, que también establece la representación promiscua de dicho funcionario, en caso de incapacidad.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, fundamentación del recurso, nulidad de sentencia, cosa juzgada, sentencia firme
Materia: PROCESAL
Carátula: FADER JULIO SANTIAGO c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-11

La presente acción autónoma de nulidad procura la declaración de nulidad de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y dictada en el proceso judicial que indica. Participa de los caracteres de la nulidad de los actos jurídicos y por específicas causas procesales.

Al importar la presente acción un ataque directo a la cosa juzgada, su naturaleza es excepcional y supone condiciones de rigurosidad. Los motivos para revocar no deben estar originados ni haber sido advertidos por las partes antes de que el fallo quede firme, sino tratarse de otras y nuevas cuestiones o circunstancias esenciales. De otro modo, se estaría produciendo el retorno a cuestiones ya consideradas y resueltas.

Por lo tanto, no es suficiente la invocación genérica de haberse quebrantado las formas del juicio. Ya que abrir la posibilidad de la nulidad en forma amplia significa aceptar la existencia de juicios interminables con serios desmedro a la seguridad jurídica.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, contrato de trabajo, despido, indemnización por despido, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Hermosa, Celedonia c/ Sauber S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de indemnización por despido, si se apartó abiertamente de las constancias de la causa, en desmedro del derecho de defensa en juicio de la recurrente.
Recurso de casación, examen preliminar
Materia: PROCESAL
Carátula: Caro, Mario Alberto c/ Larreaburo, Rubén s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. - RUIZ, ANTONIO c/ EMPRESA DE OMNIBUS ALTO VALLE SA s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY BEGUE, ENRIQUE s/ QUEJA EN:'BEGUE, ENRIQUE C/MISTORNHI, SILVIO S/DESPIDO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-03-01|1993-03-25|1993-12-06

Es inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley que más allá de contener citas legales de aquellas disposiciones que se entienden conculcadas, hace referencia en mayor medida a normas generales del derecho del trabajo que establecen presunciones u otorgan standards de comportamiento, cuya aplicación -por su especial contenido- queda reservado a los jueces de la causa.
Ejecución fiscal, régimen de consolidación de deudas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ECONOMIA
Carátula: AGUAS ARGENTINAS S.A. c/ G.C.B.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

El monto de la deuda reclamado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los servicios de provisión de agua potable, debe ser entendida como una deuda corriente, que el art. 1 de la ley 23.982, en su penúltimo párrafo, excluye del régimen que dispone la norma.

Es que debe suponerse que la Comuna debe contar con las previsiones presupuestarias para afrontar tales erogaciones por la naturaleza de las necesidades que tienden a cubrirse.

Si no resulta de aplicación el art. 22 de la ley 23982 respecto del monto que por capital se le reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco lo será con relación a sus frutos. Más aún cuando aquéllos se han devengado por la falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las obligaciones a cargo de la Comuna.
Declaración indagatoria, declaración policial, testigos, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NOGUEIRA, Eduardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

Si bien en sede prevencional, cuando no pesaba imputación en su contra, el imputado declaró bajo juramento, si al celebrarse la indagatoria en ningún momento se le requirió promesa de decir verdad, ni se ejerció coacción o amenaza para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar en contra de su voluntad (art. 296 a contrario sensu del C.P.P.N.), no se configura violación a principio alguno, máxime si no declaró en esta oportunidad y el juez no hizo valoración alguna de sus dichos y silencio en ambas declaraciones.

Pensar que la omisión señalada implica la nulidad de esa declaración importa introducir una ficción en la solución del tema, porque lo verdadero es que el compromiso juramental sólo obliga al testigo a conducirse verazmente en ese acto y la enunciación de derechos garantizadores en la indagatoria desplaza cualquier conminación, lo que se demuestra con la negativa a declarar o la negativa del hecho. Sí es importante destacar si el auto de mérito o la condena se funda en la deposición juramentada, descalificaría la resolución o sentencia. Pero si el juez se funda en otros elementos probatorios, nada obsta a la validez del acto de descargo del enjuiciado.

Por ello, y dado que no se vislumbra perjuicio alguno, no debe prosperar la nulidad interpuesta.
Incongruencia, vejaciones, apremios ilegales
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Roldán Ricardo Humberto s/ Apremios Ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-04-12

Es improcedente el planteo de incongruencia realizado por el condenado en orden al delito de apremios ilegales por vejámenes, con sustento en que la calificación legal había sido por apremios ilegales, pues en definitiva el hecho no ha variado y que los tipos sean disímiles absolutamente, es solo una apreciación dogmática de la Defensa. (Del voto del Dr. Hang)
Incapacidad laboral, indemnización, fórmula de Balthazard
Materia: PROCESAL
Carátula: Farias Enrique Daniel c/ Prevencion ART S. A. s/ Accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-14

De acuerdo a la norma reglamentaria, los factores de ponderación deben computarse sobre el porcentaje final de incapacidad; de acuerdo con el Decreto n° 659/96 los factores de ponderación se aplican una vez determinada la incapacidad funcional del individuo, o sea, una vez que se ha obtenido el porcentaje único de incapacidad, aunando, como sucede en autos, las incapacidades física y psíquica mediante el método de la capacidad restante o fórmula de Balthazard. Consecuentemente, partiendo de la incapacidad del 30% (física), por ser la mayor, tenemos que el trabajador de autos queda con una capacidad restante del 70%. Luego, el 10% (incapacidad psíquica) del 70% (capacidad restante) representa el 7%, por lo que la incapacidad funcional total del actor es del 37%. Sobre este porcentaje final corresponde aplicar los factores de ponderación (cfr. "TORRES ANGELA YOLANDA c/ GALENO ART S.A. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557", Expte. EXP Nº 445582/2011, del registro de la Sala II), los factores de ponderación, los tres que manda incorporar la Ley son: la edad, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.
Expropiación, proceso judicial, Tribunal de Tasaciones, excusación, dictámenes, nulidad del acto jurídico, igualdad ante la ley, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ CAICHIOLO,  EDUARDO Y GARCIA DE CAICHIOLO, GRACIELA ELSA Y-O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION.    NULIDAD DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE TASACIONES.     CSJ EXPTE NRO 156-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-13

Es causal de nulidad del dictamen de la Comisión de Tasaciones, la falta de excusación de quien actuó como Presidente de dicho organismo habiendo opinado e intervenido con anterioridad en su carácter de funcionario del Departamento de Estadísticas y Valuación de la Dirección General de Catastro, pues así lo exige no sólo el mínimo respeto a la igualdad de las partes -que requiere imparcialidad en la actividad de ese órgano encuadrado en la Administración pero que actúa como auxiliar en la justicia-, y normas de aplicación supletorias tales como el Código Procesal Civil y Comercial (artículo 10) sino expresamente, el artículo 4 del decreto 1035-77, reglamentario del artículo 41 de la ley 7534, que impone a los miembros de la Comisión el deber de excusarse "inmediatamente" de intervenir mediando situaciones de incompatibilidad que les impidiera actuar con la serenidad del juicio, imparcialidad y ecuanimidad necesarios.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa, José Miguel c/ Tissone, Cecilia s/ Daños y perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

De culpa del perjudicado sólo puede hablarse en sentido impropio, ya que la víctima no viola ningún deber jurídico impuesto en interés de otras personas, sino que sólo infringe el mandato de atender a su propio interés, por lo que acaso podría tratarse, con más propiedad, de una "culpa contra sí mismo", debido a la omisión de la diligencia exigible en el tráfico, en virtud de la cual podría haberse evitado el daño propio.
Expresiones incorrectas, jueces, potestad disciplinaria, abogados, sanciones disciplinarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Veneziano, Roxana y otros c/ Gobierno de la provincia de Santa Fe s/ Medida cautelar innovativa. Avocación (Expte CSJ Nº 502-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-10

Se considera -ya desde las Leyes de Partidas- exceso de lenguaje sancionable disciplinariamente el empleo de un lenguaje que falta a los respetos debidos a la autoridad, sin que la defensa lo haga necesario.
Comuna, personal municipal, reescalafonamiento, retrogradación, nombramiento, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

No ha existido "retrogradación" -que supone revistar formal y legítimamente en una categoría superior- si la Comuna demandada ha obrado en forma legítima al resolver el reencasillamiento de su persona, como consecuencia de lo cual se la asignó al actor la categoría 19 en vez de la pretendida categoría 21, por cuanto nunca fue titular de la misma ni cumplió con las exigencias establecidas por el ordenamiento para acceder a ella. Por ello, la demandada pudo válidamente empezar a abonarle la retribución de la categoría que consideraba le correspondía. Además, aunque hubiese existido un acto de designación formal en la categoría 21, si la Administración hubiese advertido que se había accedido a esa categoría al margen de la ley, podía retirarlo por sí y ante sí, en ejercicio de sus poderes de autoanulación respecto de nombramientos efectuados sin observarse las exigencias legales.
Delitos contra el honor, audiencia de conciliación
Materia: PENAL
Carátula: Zufriategui, Amílcar c/ Marresse, Alberto Andrés s/ Querella por injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

No existe violación del art. 423 inc. 3 del C.P.P. si el querellante no compareció personalmente a la audiencia de conciliación, ya que el art. 94 del C.P.P. citado no contiene restricción alguna y no se encuentra ninguna disposición en el Código que lo impida. Por el contrario, el art. 94 lo autoriza a presentarse por medio de apoderado con poder especial.
Costas, interposición de la demanda, interés concreto, desistimiento de la acción, oportunidad procesal, notificación por cédula, costas al demandante, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: CLINICA MERLO SA c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-28

Cuando el actor desiste después de librada la cédula que prevé el art. 135, inc. 1°, Código Procesal, las expensas deben correr a su cargo por aplicación directa del art. 73, del Código de Rito cuya ratio legis se encuentra en el hecho culpable de haber molestado a otro con la amenaza de un pleito al cual finalmente no se le da curso (cfr. Chiovenda, "La Condena en Costas", pág. 397, Madrid, 1928, citado M. Bourguignon, "Desistimiento", LL, 1983-C, 789 del 20.4.90). Y si bien es cierto que cuando la causa termina de un modo anómalo, no hay impedimento para distribuir las expensas según el mérito de las circunstancias propias del litigio (cfr. esta Sala doct. de la Causa 5198 del 27.11.87; Sala II, Causas 1346 y 1347 del 30.6.82; 2431 del 4.9.84; 7388 del 20.4.90), no lo es menos que en el caso concreto del desistimiento ello podrá ser así solo cuando obedeciere a motivos comprensibles o de "extrema seriedad", y no al reconocimiento de la ausencia de fundamentos de la pretensión articulada (cfr. Sala II, Causa 7388, cit.; Palacio-Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente", T. 3, pág. 181), Hipótesis que es la de autos, donde la deuda reclamada en el inicio se encontraba cancelada varios meses antes del libramiento de la cédula, motivo por el cual el traslado de la demanda debió ser omitido a fin de evitar el innecesario e injustificado comparendo de la contraria al pleito.
Procedimiento judicial de la seguridad social, conversión del proceso previsional, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: STORTINI DE PACCAMICI, LAURA ALICIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

Habida cuenta de las peculiaridades del procedimiento que debían seguir los reclamos bajo la vigencia de la ley 23.473, debe considerarse que el litigio quedó radicado ante el Tribunal aún antes de haberse sorteado la Sala y hecho saber cual de ellas iba a conocer, si el expediente que contenía el recurso de apelación se encontraba en Secretaría General y en él se planteaba el incidente de inconstitucionalidad que originó su posterior sorteo y revisión, en el caso, a la Sala III.

No entenderlo de ese modo haría cargar sobre el peticionante, además de la tortuosa y dilatada tramitación del expediente en el administrativo, las dificultades de la Cámara Federal de la Seguridad Social para proceder a su ingreso y sorteo inmediato, la demora en producir las medidas para mejor proveer dispuestas, etc. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 24 de la ley 24.463.
Acción de amparo, Salud pública, Instituto de Obra Social del Ejército, personas con discapacidad, planes de cobertura médica
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMARATA JULIO c/ IOSE Y OTRO s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Se encuentra en juego la salud de la accionante y la cobertura que invoca el IOSE no asegura el tratamiento prescripto en su condición de discapacitado, por cuanto no es integral (esta Sala, causa 3721/06 del 13.6.2006). Los agravios del demandado deben ser desestimados, pues la decisión reurrida resulta la más adecuada a la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302:1284)- reconocido por los pactos internacionales (arts. 23 y 24 de la convención sobre los Derechos del Niño, ley 23.849; art. 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap, d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; esta Cámara, Sala 1 causas 22.354/95 del 2.6.95; 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99 y 53/01 del 15.2.2001; esta Sala, causas 10.529/01 del 20.12.2001, 10.781/02 del 5.12.2002 y 2598/03 del 22.5.2003; en igual sentido, CSMendoza, Sala I, del 1.3.93, E.D. 153-163; Cfed. La Plata, Sala 3, del 8.5.2000, ED del 5.9.2000).