Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.155 SALA II Expediente Nro.: 29.376/10 (Juzgado Nº 58) AUTOS: "DUARTE, VIVIANA MIRIAM C/ AUGSBURG S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	22/02/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia se alzan ambas partes a tenor de los memoriales que lucen a fs. 69/72 -demandada- y fs. 75/76 -actora-, mereciendo sendas réplicas de las contrarias.

La parte demandada se queja porque se rechazó la excepción de prescripción opuesta respecto de la entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT, por la imposición de costas y por la regulación de honorarios. Por su parte, la parte actora se agravia por cuanto se admitió la excepción de prescripción respecto de la multa reclamada con fundamento en la señalada norma.

Por razones de orden metodológico, trataré en primer término los agravios vertidos por la parte demandada.

La sentenciante de grado desestimó la excepción de prescripción opuesta por la accionada en relación a la entrega del certificado de trabajo reclamado por la demandante, por entender que regía al respecto lo dispuesto en el art. 4025 del Código Civil.

Tal decisión es apelada por la demandada, quien sostiene que para la entrega de dicha certificación debe contemplarse el plazo previsto en el art. 256 de la LCT y al respecto considero que le asiste razón.

Ello así porque, tal como sostuve en oportunidad de expedirme in re "Canteros Francisco Concepción c/ Arenera Ferrando S.A. s/ Certificado de Servicios" (SD Nº 95.452 del 10.12.07, del registro de esta Sala) la obligación que el art. 80 de la LCT pone en cabeza del empleador es de carácter con-tractual y, por lo tanto, resulta de aplicación a su respecto el plazo bianual previsto en el art. 256 de la LCT.

En este sentido se ha expedido la Fiscal General Adjunta ante esta Cámara a fs. 91 y vta. al señalar que el Ministerio Público, en sus diversas composiciones, ha sostenido que la obligación prevista en el art. 80 de la LCT se encuentra incluida en el régimen genérico del art. 256 del citado cuerpo legal y por lo tanto, prescribe a los dos años ya que es de naturaleza contractual y el hecho de que se relacione, en alguna medida, con el status previsional no permite conside-rarla ajena al dispositivo común (especialmente dictamen del Dr. Jorge G. Bermúdez, emitido el 12/12/88 en autos: " Miceli, Jorge c/ Cía. General Fabril Editora S.A.", id. Dictamen Nº.34.237 del 03/07/02 en autos "Aguilar, Jorge Luis c/ Helvens S.A. s/ despido"; Dictamen Nº50.910 del 04/08/10 en autos "Zoccolo, Roberto Alfredo c/ Ge Walter & Process Technologies S.C. s/ Ind. art. Ley 25.345"; Dictamen Nº 52.291 del 17/03/11 en autos "Vaulet, Lucila c/ Cubercorp Argentina S.A. s/ Certif. Serv. Y Aport. Previs.", entre otros).

Despejada esta cuestión en cuanto a la norma que resulta de aplicación, he de señalar también que, como he sostenido en aquella oportunidad, el plazo de prescripción debe computarse desde el momento de la extin-ción del vínculo pues a partir de allí se torna exigible la obligación prevista en el art. 80 de la LCT (aún en lo referente a la entrega de constancia documentada de los aportes contenida en el primer párrafo de dicha normativa), que es de evidente natu-raleza contractual, pues está ligada a la disolución del contrato.

Tal como expresó la Dra. Prieto en el dictamen que antecede, el criterio expuesto no se contradice con la imprescriptibilidad del de-recho a los beneficios derivados de la ley previsional que asiste a los trabajadores. Tampoco el transcurso del tiempo libera al empleador del cumplimiento de los obli-gaciones y/o responsabilidades que le puedan corresponder, por las omisiones o inob-servancias en que, hubiese incurrido en el pago de los aportes previsionales que esta-ban a su cargo. Como lo ha destacado la Sra. Fiscal no debe confundirse la impres-criptibilidad de los derechos previsionales con la que puede corresponder a la de los haberes devengados, o bien a la viabilidad de determinado tipo de pretensión vincu-lada a la materia (como ocurre en el caso con la petición de obtener un certificado emitido por la ex-empleadora), que puedan tener plazos disímiles para la prescripción, en función de lo previsto en las leyes específicas.

Por otra parte, cabe señalar que la prescripción, instituto jurídico creado con el objeto de preservar la seguridad en las relaciones entre las partes y desalentar su inactividad, se produce a los dos años; y si, el contrato de trabajo se extinguió por despido el 08/04/08 -extremo fuera de discusión-, no cabe duda que el reclamo efectuado por la demandante a través del telegrama del día 26/04/10 ha sido formulado luego de vencer el plazo bianual del art. 256 L.C.T., y ca-rece, por lo tanto, de todo efecto suspensivo.

En efecto, como lo ha señalado la más autorizada doctrina sólo puede ser suspendida o interrumpida la prescripción que se encuentra "en curso" y no la que ya se ha operado (conf.Llambías, J.J., en "Tratado de Derecho Civil", Tº II,pág.2114; Id. CNAT, Sala V, 27-2-90, "Valderrama, Federico c/ ENTel", en D.L.oct./90, pág.483). De acuerdo con las razones precedentemente expuestas, no cabe duda que, al momento de la emisión del despacho del 26/04/10, la acción co-rrespondiente a cualquier obligación nacida con anterioridad al 08/04/10 se encontraba prescripta (conf. art. 256 de la LCT).

Por lo expuesto, considero que debe revocarse la sentencia apelada en cuanto admite el reclamo efectuado en pos de la entrega del cer-tificado de trabajo, admitir la excepción de prescripción opuesta a su respecto y, en consecuencia, dejar sin efecto la condena dispuesta.

En cuanto a la queja vertida por la parte actora en orden a la admisión de la excepción de prescripción opuesta por la demandada en relación con la multa prevista en el art. 80 de la LCT, por entender que regía al res-pecto lo dispuesto en el art. 256 de la LCT considero que la misma debe ser rechaza-da.

Ello por cuanto la parte actora apela dicha deci-sión en base a dos argumentos de distinto orden y excluyentes entre sí. Por un lado, sostiene que debe regir en torno al reclamo de la multa prevista en el art. 80 de la LCT el plazo decenal contemplado en el art. 4025 del Código Civil y, en otra línea de análisis, arguye que el plazo previsto por el art. 256 de la LCT debe computarse desde la exigibilidad del crédito, es decir, desde el vencimiento del plazo de 30 días previsto en el art. 3 del decreto 146/01.

En cuanto a la norma sustantiva que rige el insti-tuto de la prescripción ya se ha expuesto precedentemente la vigencia de lo dispuesto en el art. 256 de la LCT.

En orden al inicio del cómputo del plazo bianual allí previsto, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando sostiene que debe computarse el plazo de prescripción desde el vencimiento del plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato que establece el art. 3 del dec. 146/01 para que el tra-bajador despedido se encuentre habilitado a reclamar la entrega del certificado en cuestión. Así se sostiene pues, como se expuso anteriormente, tratándose de una obligación contractual, el cómputo debe iniciarse al extinguirse el contrato de trabajo que le dio origen dado que a partir de allí se tornó exigible la obligación dispuesta en el art. 80 de la LCT. Si bien la norma reglamentaria habilita al trabajador a efectuar la intimación una vez vencido el plazo de 30 días desde pro-ducido el distracto o la extinción del vínculo, ello constituye un recaudo de tipo for-mal para la procedencia de la multa pero no implica considerar que el plazo previsto por el art. 256 de la LCT deba computarse recién a partir de su vencimiento.

No obstante lo señalado, sella la suerte de la cuestión que al momento en que la accionante cursó la intimación requiriendo la en-trega del certificado mencionado, ya se encontraba cumplido el plazo bianual antes señalado. En consecuencia, resulta inadmisible el planteo formulado por la quejosa en cuanto pretende que el plazo de prescripción se inicie en alguna otra oportunidad que no sea la extinción del vínculo, lo que me conduce a propiciar la confirmación del de-cisorio de grado en este aspecto.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la impo-sición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto pa-ra resolver la apelación, deviniendo abstractos los recursos impetrados al respecto.

En orden a las costas del litigio, considero que las particularidades evidenciadas en la causa, permiten apartarse del principio objetivo de la derrota contemplado en el artículo 68 del ordenamiento adjetivo. Si bien el resultado del pleito ha sido sustancialmente adverso a la trabajadora, no es menos cierto que existen elementos atípicos y opinables en el caso, que permiten afirmar que pudo considerar ?razonablemente? que su pretensión podía llegar a ser receptada. En tal sentido, cabe recordar que la eximición a que autoriza el segundo párrafo del art. 68 C.P.C.C.N. procede, en general, cuando "media razón fundada para litigar" (Cám. Civ., Sala E, Sent. del 28/8/97 "Rosas Raúl a. c/ Freiría Juan M. y otro", publ. en J.A. 2.000-III, síntesis), es decir cuando, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho in-vocado en el litigio (ver, C.S.J.N., Sent. del 18/09/2001 en autos "Dresdner c/ San Luis, Provincia de s/ cobro de sumas de dinero", publicada en Fallos T. 324, P. 2826, J.A. 27-02-02). Es claro que no se trata de la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias obje-tivas que demuestren la existencia de un justificativo para eximirlo de costas. A mi juicio, la singularidad de la pretensión, permite tener por configuradas, en el caso, las circunstancias particulares referidas, lo que me lleva a propiciar que se impongan las costas de ambas instancias en el orden causado, de acuerdo a las normas antes citadas.

A tal fin, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo re-sultado que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en $800 y $1000 respectivamente, a valores del presente pronunciamiento.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada propongo que se regulen sus honorarios en el 25% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Gra-ciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Revocar parcialmente la sen-tencia de grado y rechazar el reclamo efectuado en concepto de entrega del certi-ficado de trabajo y aportes previsionales; 2°) Confirmar la sentencia de grado en cuanto declara prescripto el reclamo incoado en concepto de multa prevista en el art. 80 de la LCT; 3º) Dejar sin efecto la distribución de las costas y las regula-ciones de honorarios efectuadas en la anterior instancia; 4°) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado; 5º) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y deman-dada en pesos ochocientos ($800) y pesos un mil ($1.000) respectivamente, a va-lores del presente pronunciamiento; 6º) Fijar los honorarios de Alzada de las partes actora y demandada en el veinticinco por ciento (25%) para cada una, de lo que deban percibir respectivamente por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Maza	Graciela A. González	Juez de cámara	Juez de cámara