Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-21


AUTOS 81803 (C.C.Nº21631) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "PELUDERO Luis Alberto y Otro C/ Gil Quintin Julián - Daños y Perjuicios".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2014- del Tº I -Fº33/45.- En la Ciudad de San Juan a 21 días del mes de marzo de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras, Octavio Augusto Sánchez y Luis A. Recio, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decreto de fs. 275, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre del año dos mil once, recaída en los presentes autos Nº81803 (C.C. Nº21631) caratulados: "PELUDERO LUIS ALBERTO Y OTRO C/ GIL QUINTIN JULIAN - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. 255/271.- EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

En la sentencia que obra a fs. 255-271, a cuyas consideraciones y constancias me remito en lo atinente a la relación de la causa, se resolvió "..............Hacer lugar a la declinación de la citada en garantía, excluyendo del proceso a Bernardino Rivadavia Seguros Coop. Ltda. S.A.. Costas a la vencida. Regular los honorarios del Dr. Nasser Uzair por su actuación profesional, como vencedor en la declinación de la citación en garantía, en la suma de Cinco mil ($ 5.000). Regular los honorarios del Dr. Gabriel Sanz por su actuación profesional, en doble carácter, como vencido en la declinación de la citación, en la suma de pesos Tres mil quinientos ($ 3.500). Declarar que el accidente motivo de la presente acción se debió a la culpa exclusiva del Sr. Quintín Julián Gil. Condenar al Sr. Quintín Julián Gil, a abonar dentro del plazo de diez días de quedar firme o consentida la presente, a los actores de acuerdo a los montos determinados en los considerandos las suma total de pesos ciento diecinueve mil ochocientos ($119.800), con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (ley 4119). Costas a la parte demandada. Regular los honorarios del apoderado Dr. Miguel Ángel Becerra y patrocinante Dr. Daniel Roberto Riveros, por su actuación profesional, en conjunto, en tres etapas y como vencedores en el 22% de la base regulatoria que a tal fin se apruebe. Regular los honorarios del Dr. Gabriel Sanz por su actuación profesional, en doble carácter, como vencido en dos etapas, en el 10,26% de dicha base regulatoria .......".- Asimismo dictó una aclaratoria a fs. 287 en donde dispuso: "............................. Admitir la aclaratoria deducida supliendo la omisión incurrida. Regular los honorarios del Dr. Mohamed Nasser Uzair por su actuación profesional en doble carácter, en las tres etapas como vencedor, en el 22% de la base regulatoria que a tal fin se apruebe. Intégrese la presente con la resolución aclarada............".

Contra el citado pronunciamiento se han alzado mediante sendos recursos de apelación: a) la actora a fs. 272; b) los demandados a fs. 274.- Los recursos fueron concedidos con efecto suspensivo.- Agravios de la actora:

La actora se agravia por la admisión con costas de la declinación de la defensa que había planteado la aseguradora. Asegura que la sentencia es contradictoria y por ende arbitraria. Considera arbitraria la sentencia que se funda en el Acta de infracción de tránsito n° 118693 que consigna que el accionado Gil circulaba a velocidad peligrosa y en estado de ebriedad. Agrega que dicha acta fue redargüida de falsa por el accionado y que además consta en el peritaje que el accionado circulaba a 87 km/h siendo ésta una velocidad permitida por la Ley de Tránsito en el lugar en que ocurrió el hecho - ruta nacional de zona rural- que autoriza a circular hasta 110 km/h. También considera contradictoria la sentencia porque a fs. 258 vta. señala que la responsabilidad de la aseguradora se encuentra subordinada a la culpabilidad del asegurado; para luego declarar la culpabilidad exclusiva del accionado-asegurado y decreta la declinación de defensa de la aseguradora. Señala que la actora es un tercero que no puede ser perjudicada por los conflictos, como ocurre en autos, que se han planteado entre asegurador y asegurado ya que en todo caso la aseguradora podría interponer una acción de repetición contra el asegurado, con lo cual el tercero perjudicado (en este caso la actora) no se vería perjudicado. Se queja también de que no se haya considerado que la aseguradora debió probar que el demandado circulaba alcoholizado para que se pueda considerar que existió culpa grave.- Agravios de la demandada:

La parte demandada se queja porque se ha admitido la declinación de defensa opuesta por la aseguradora. Señala que el fallo apelado es arbitrario pues la falta fundamentación en el punto indicado (declinación de la defensa) pues la existencia de la ebriedad del accionado que señala en la sentencia para concluir como lo hizo es diferente y contradictoria con lo que había dispuesto en fecha siete de febrero de 2007. Se queja porque la sentenciante ha fundado la admisión de la declinación de la defensa fundándose en el contrato de seguro traído al expediente, específicamente en su cláusula 19 sin advertir el último párrafo de la cláusula adicional n°19.

La aseguradora contestó los agravios pidiendo el rechazo de los recursos, con costas.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

Luego del análisis de las constancias de autos y de haber repensado con intensidad las cuestiones propuestas por los apelantes he llegado a la conclusión que los recursos deben ser admitidos.

En primer lugar corresponde señalar que no compartimos la afirmación de la A quo cuando indica que "............ corresponde destacar que adhiero a la postura que considera que el art. 118 de la ley 17.418, no prevé una acción directa del tercero damnificado contra el asegurador, ya que no está prevista como tal. Sólo autoriza a llamar al asegurador al juicio seguido contra el asegurado demandado para que intervenga como coadyuvante autónomo de sus intereses, que se identifican con los del asegurado por cuanto la responsabilidad de ésta se encuentra subordinada a la culpabilidad de aquel. Las acciones directas se deben contemplar expresamente en el marco legal, lo que no sucede en la ley de seguro. (cf. Stiglitz y Trigo Represas "Citación en garantía del asegurador y obligación concurrente de éste con la del asegurado" J.A. 1977-I-493)...............".- Por el contrario, en un nuevo análisis, estudio y consideración del tema estimo totalmente aplicable al caso de estos autos las consideraciones y conclusiones expuestas por la Sala 1ra. de la Excma. Corte de Justicia de San Juan cuando en P.R.E. s.1° - 2011-I-182, al resolver en autos "Godoy Patricia Beatriz y otros c/ Dávila Flores de Garrofé R. - Sumario - INCIDENTE DE DECLINACION DE DEFENSA PROMOV. POR TRIUNFO COOP. DE SEGUROS" señalaba que el tercero damnificado tiene legitimidad y puede ".............resistir y oponerse al planteo de la aseguradora del accionado y a su pretensión de declinar la defensa en base a la cláusula del seguro que invoca.......".- Para concluir de esa forma el Tribunal señala que el art. 109 de la Ley de Seguros establece la obligación de la aseguradora de mantener indemne al asegurado por cuando éste deba a terceros con motivo del accidente y respecto de estos; luego el art. 118 le confiere al tercero damnificado: a)un privilegio sobre la suma asegurada "....con preferencia sobre el asegurado..."; b)El derecho de citar en garantía a la aseguradora; c) de ejecutar la sentencia que se dicte en contra de la aseguradora en la medida del seguro. Concluye, el tribunal actuante, señalando que "si la ley le reconoce a los terceros damnificados tales derechos, le está atribuyendo todas las facultades necesarias para ejercerlos entre las que están la legitimación para deducir las pretensiones que viene esgrimiendo en autos la recurrente y, entre ellas, la de resistir y oponerse a la pretensión de la aseguradora para declinar la defensa en base a una cláusula que considera violatoria de la ley de seguros y de pretender que por ella prevalezca y se aplique lo prescripto por la ley y que la cláusula le es inoponible.

También señala el fallo mencionado que "si a la aseguradora se le reconoce legitimidad para oponer al tercero damnificado una cláusula del contrato para, en base a ella, pretender declinar la defensa y excluir la cobertura, a dicho tercero, al que la L.S. le confiere las atribuciones y derechos arriba aludidos, es arbitrario negarle la legitimidad para el ejercicio de su defensa a fin de oponerse a tales pretensiones de la aseguradora, aunque para ello haga referencia al contrato de seguro, y pretenda la inoponibilidad de la cláusula invocada, lo que no implica inmiscuirse ilegítimamente en el contrato. De lo contrario, por vía de cláusulas contractuales se impediría y se haría ilusoria la protección que dispensa a los terceros damnificados la L.S. en la normativa ya referida al seguro de responsabilidad civil, especialmente a través de los arts. 109, 114, ll8, ll9 y 158 y conc. de la L.S. y se desconocerían la protección y los derechos que a los terceros otorgan tales normas.- Comparto las razones expuestas, en solitaria disidencia, por el Dr. Omar Palermo, a las que me remito en aras a la brevedad, cuando dijo que la ".............. función social del seguro ha sido resaltada en diversos precedentes jurisprudenciales. Así se ha dicho: "Al seguro de responsabilidad civil referido especialmente al uso de automotores, debe atribuirse una función social que como tal va más allá de la relación celebrada entre los contratantes directos del seguro y que, por lo tanto, tiene en mira la protección de los terceros damnificados" (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires "Hernandorena, Jorge R. c. Martín, Jorge R."Ac. 31.936 - 26/04/1983 - AR/JUR/1196/1983). "La finalidad de la Ley 17.418 (ADLA, XXVIIB, 1677), no es la de interferir en lo pactado por los contratantes, dejando de lado el principio de la autonomía de la voluntad o a las condiciones generales que rigen este tipo de convenios, sino amparar la situación del damnificado en el hecho dañoso, lo cual encaja sistemáticamente con la función social que cumple seguro". (Cámara Nacional de Apelaciones Especial en lo Civil y Comercial, sala III - Enriquez, Aurora R. c. Limarez, Julio A. y otro - 29/04/1983 - AR/JUR/1171/1983)."...................." La oponibilidad a la víctima de lo pactado importa en los hechos desvirtuar la esencia misma de la institución, que cumple una función dentro de la economía nacional y tiene una trascendente finalidad social, circunstancias que hacen que el enfoque de las cuestiones que se suscitan en su aplicación e interpretación deban hacerse sin dejar de tener en cuenta aquellos extremos........" (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I - Flores, Natalia c. Juan Pablo Calderón González y Ana María de los Ángeles Calderón s/ d. y p. (acc. de trans.) s/ inc. cas. o 01/07/2013).- Cabe agregar que las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia de seguros, especialmente aquellas que delimitan el riesgo asegurable, en tanto cláusulas de no seguro, deben ser nuevamente evaluadas en sus efectos, respecto de la víctima del siniestro, considerando que la ley de seguros 17.418 ha sido afectada por las modificaciones ulteriores de la ley de tránsito 24.449 (art. 68) la de defensa del consumidor 24.240 y sus modificaciones (ley 26.361), y la reforma constitucional del año 1.994 con el art. 42 de la Constitución Nacional. De modo que resulta claro y evidente la trascendencia que tienen estas últimas normas en toda la temática de los consumidores, en general, y en los consumidores de seguros en particular (conf. Sobrino, Waldo A.R. en "Consumidores de Seguros - Aplicación de la ley de defensa del consumidor a los seguros" en RCyS n° 6 junio - 2.011, pág. 6 y sgtes.). No sólo el principio de reparación integral se ha visto reforzado por la normativa sino del juego armónico de esas leyes surge que el seguro obligatorio de responsabilidad tiene como objetivo exclusivo excluyente y único la protección de la víctima de un siniestro de tránsito. De esta forma la víctima debe considerarse también un consumidor de seguros (art. 1°, ley 26.361) dado que si bien no fue parte en la firma del contrato, utiliza los servicios derivados del mismo; es un tercero beneficiario que debe ser considerado consumidor (conf. Lorenzetti, Ricardo L. en "Consumidores", pág. 89, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003). La normativa señalada, afectó seriamente el principio de relatividad de los contratos (art. 1°, ley 24.240, respecto del art. 1195 y 1198 del Cód. Civil) y de la autonomía de la voluntad (art. 1°, 35, 65 y complementarios de la ley 24.240 respecto del art. 1197 Cód. Civil) y la interpretación del convenio se hará siempre en el sentido más favorable al consumidor (art. 37 ley 24.240) con presunción "iure et de iure" de debilidad contractual y donde el contrato de seguro es concebido como "contrato de adhesión" y/o como "contrato autorizado" ya que al estar autorizado por el Estado se supone de acuerdo a las previsiones de la ley 17.418, 24.240 y art. 42 de la Constitución Nacional (conf. Sobrino, Waldo, en "Consumidores de Seguros..." ya citado; RCyS n° 6 junio - 2.011, pág. 15 y sgtes., doctrina y jurisprudencia allí citada).( Conf.: votos de los Dres. Pérez Pardo y Liberman, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala L, en autos Aguiar Alejandra C/ Saladino Jorge. "daños y perjuicios").- Me parece oportuno reproducir las consideraciones doctrinales dictadas por los Dres. López Saavedra, Domingo M. Meilij, Gustavo Raúl Sobrino, Waldo A. R. en el artículo "Problemáticas del seguro", Publicado en: LA LEY 26/12/2012, 3 o LA LEY 2013-A, 508, Cita Online: AR/DOC/6109/2012 en donde indicaban que "tenemos que hacer referencia al ser humano, en su calidad de víctima de un siniestro, es decir, en su carácter legal de "consumidor de seguros".

En efecto, la pregunta hace referencia a la oponibilidad de la franquicia.

Pero, evidentemente la persona frente a quien se puede oponer esta franquicia, es: la víctima de un siniestro (v.gr. consumidor de seguros).

Desde hace varios años (y con mayor énfasis, desde el dictado de la Ley 26.361), venimos afirmando que las víctimas de siniestros son consumidores de seguros; en especial, en los casos de seguros obligatorios de responsabilidad civil.

Ello es así, dado que el Art. 1° de la Ley de Defensa del Consumidor, le otorga categoría de consumidor a quien sin ser parte se encuentra beneficiado por una relación de consumo (como puede ser, por ejemplo, el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Automotores, previsto en el Art. 68 de la Ley 24.449).

De allí que con toda precisión legal, la víctima de un accidente de tránsito es legalmente considerado como un consumidor de seguros.

Si bien excede los estrechos límites de este trabajo, por lo menos queremos señalar que en el Proyecto de Unificación de Código Civil y Comercial de 2012, se pretende modificar la situación legal de las víctimas de accidentes de tránsito, en su carácter de consumidores de seguros.

Así, en la parte de los Fundamentos del Proyecto de Código Civil de 2012, que nos interesa resaltar, se expone que:

"...En cambio, la redacción de la ley 26.361, carece de restricciones por lo que, su texto, interpretado literalmente, ha logrado una protección carente de sustancialidad y de límites por su amplitud...".

Y, luego se agrega en los "Fundamentos":

"...Un ejemplo de lo expuesto lo constituye el hecho que alguna opinión y algún fallo que lo recepta, con base en a la frase "expuestas a una relación de consumo", han considerado consumidor al peatón víctima de un accidente de tránsito, con relación al contrato de seguro celebrado entre el responsable civil y su asegurador...".

Por un lado, es pertinente señalar que nos sentimos identificados por la alusión de "alguna opinión" doctrinaria, dado que hace alrededor de diez años, planteamos que las víctimas de accidentes de tránsito, deben ser considerados como consumidores. Y, por otro lado, también queda claro que para los autores del Anteproyecto, las víctimas de accidentes de tránsito, no deberían ser considerados como consumidores.

Al respecto, nos remitimos al artículo recientemente publicado "Las Víctimas de Accidentes de Tránsito siguen siendo Consumidores en el Proyecto de Código", señalando ahora solamente que el Proyecto de Unificación de Código Civil y Comercial de 2012, no modifica absolutamente nada, con relación a las víctima de accidentes de tránsito, que continúan siendo consumidores de seguros, dado que la parte del artículo que se pretende derogar, no era aplicable a los seguros obligatorios.

Ello es así, ya que las víctimas de accidentes de tránsito son aquellos que sin ser parte están beneficiados por una relación de consumo (v.gr. Art. 68 de la Ley 24.449).

Retomando la importante pregunta que se nos realiza, nos animamos a afirmar que: Argentina debe ser el único país en el mundo desarrollado donde se analiza la aplicación de franquicia en seguros obligatorios (como es el caso, de la franquicia de S 40.000, en el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Transporte Público de Pasajeros).

En efecto, hace pocos años, cuando se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el "IIIº Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores", celebrado en el mes de Septiembre de 2010, los Profesores europeos, no llegaban a comprender sobre lo que estábamos hablando.

Nos decían (con razón) que es una autocontradicción hablar de oponibilidad de la franquicia en los Seguros Obligatorios.

Es que por definición, en los países serios (o que pretenden serlo), jamás en un Seguro Obligatorio, se le puede oponer una franquicia a la víctima.

Hace muchos años que venimos sosteniendo que la Franquicia de un seguro Obligatorio no es oponible a la víctima.

Y, como consecuencia de ello, apoyamos fervorosamente el Fallo Plenario "Obarrio" y criticamos duramente la Sentencia "Cuello" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 10) Sin perjuicio de ello, seguimos teniendo fe y esperanza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rectifique su postura.

Alguna vez dijimos, un poco en broma y un poco en serio, que una reforma que habría que hacer al Código Procesal Civil y Comercial, es que las Sentencias, además de ser por escrito, deberían leerse mirando a los ojos a las partes...

Entiendo que sería muy difícil a los Jueces que aceptan la oponibilidad de la franquicia a las víctimas de un seguro obligatorio, que le puedan explicar lo inexplicable, a quien además de ser la víctima de su accidente, muy posiblemente no cobre la indemnización (o lo haga parcialmente)..........................".

Por otro lado, volviendo al caso concreto que se nos ha traído a resolución, advertimos que, en el contrato de seguro de autos, que en copia luce a fs. 75-86, luce la constancia siguiente: "En los casos de las Cláusulas de Exclusión de las letras i), k) y n), la entidad aseguradora pagará las indemnizaciones debidas dentro de los capitales asegurados, repitiéndose por los montos respectivos contra los asegurados y/o todos los que civilmente sean responsables del daño, subrogándose en todas las acciones y derechos que corresponden al indemnizado" (ver fs. 85; Cláusula "4.2"). Adviértase que el mencionado caso de la letra K) está referido al caso en que el vehículo asegurado sea conducido en el momento del hecho dañoso por una persona en estado de ebriedad.

Considero que este argumento, expuesto tanto por el actor como por el demandado, no admite otra interpretación que la que pretenden los apelantes. Es de destacar que la Aseguradora, al contestar los agravios de los apelantes, nada argumentó respecto de este fundamento que considero definitorio en el tema traído a nuestra decisión.- Voto para que las costas de alzada por el recurso resuelto sean impuestas a la Aseguradora vencida.

EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Disiento con la posición que sustenta el Distinguido Colega preopinante Dr. Octavio A. Sánchez en cuanto a que la posibilidad de exclusión de cobertura por la aseguradora es inoponible al tercero damnificado según jurisprudencia de la Corte Local que cita toda vez que el caso no es análogo al de estos autos y mas bien aparece orientado a discernir sobre los términos del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil de automotores (conf. art. 68 de la ley 24449), aspecto que escapa al marco cognoscitivo del recurso que nos ocupan.- En efecto, se puntualiza en el voto antecedente que conforme al art. 119 de la ley de Seguros la obligación de la aseguradora es de mantener incólume al asegurado por cuanto ésta deba a terceros, en tanto el art. 118 confiere al tercero damnificado un privilegio sobre la suma asegurada, el derecho a citar en garantía a la aseguradora y ejecutar la sentencia que se dicte en contra de la aseguradora en la medida del seguro y que ello además implica el otorgamiento de todas las facultades para ejercer dichos derechos, incluso el de resistir la declinación de defensa en base a una cláusula violatoria de la ley de seguros.- Entiendo que en el sub lite la cláusula que se opone al asegurado (cl.adic.n° 19 inc 4 ap k del contrato que en lo pertinente transcribe el fallo de primera instancia a fs. 259 vta. 1° párrafo) es la que el mismo tomador del seguro suscribió obligándose a no conducir en estado de ebriedad y consintiendo la liberación en tal hipótesis a la aseguradora de asistirlo patrimonialmente frente al tercero damnificado que por ello habría perdido el carácter de consumidor mediato del seguro al que alude el Dr. Sánchez.- Así las cosas y en función del principio de que lo primero en el tiempo es primero también en el derecho - prior in tempore pothior in ius -, si en el momento mismo del accidente se torna operativa la cláusula mencionada, es obvio que posteriormente el tercero no puede pretender prevalerse del contrato que no tiene cobertura por haberse convenido su exclusión en la especie desde que ha mediado el supuesto de culpa grave del asegurado que autoriza la exclusión de cobertura. Otro razonamiento importaría desconocer el principio de buena fe contractual - pacta sunt servanda - y concluir que la aseguradora siempre debe responder, extremo que llevaría al colapso o eliminación total del sistema por impotencia patrimonial de las aseguradoras.- En esta materia considero oportuno y conveniente mencionar el siguiente fallo que en lo que aquí nos interesa y en concordancia con la posición que sustento reza: La culpa grave del asegurado es oponible al tercero damnificado en el seguro de responsabilidad civil, porque al no haber cobertura respecto del hecho, no hay tercero damnificado en los términos de los artículos 109 y 118 de la Ley de Seguros, respecto del asegurador, que resulta en este caso, un no seguro. El efecto de la culpa grave en la causación del siniestro es la exclusión del hecho siniestral fuera de la cobertura del seguro.

Si el hecho no está comprendido en el seguro, queda ajeno a él, es un supuesto de no seguro, por ende, no puede favorecer al tercero que estaría intentando hacer pie en una relación asegurativa inexistente.

No existe cobertura para un hecho como ése que ha sido colocado fuera del seguro por la propia ley y desde el comienzo mismo del contrato. La alcoholización como supuesto de culpa grave y por tanto de exclusión de cobertura tiene su fundamento científico porque a través de investigaciones se ha comprobado que aún en pequeñas cantidades el alcohol disminuye significativamente la capacidad de conducir. (Cámaras Civiles Expediente n° 108.550/38.955 "Moreno, Flavio Gustavo c/ Escudero, Marta Inés y ots. p/ D.y P."Mendoza, 15 de agosto de 2008.Cámara Primera: Viotti-Boulin-Catapano Mosso - LS 171 - 213).

En consecuencia y conforme lo dicho supra voto para que se confirme el fallo de primera instancia en cuanto admite la declinación de cobertura opuesta por la aseguradora, con costas a la actora vencida y para que los honorarios de Alzada por este ítem se regulen en el 30% de lo fijado por la labor de primera instancia en este incidente.- EL DR.ROBERTO M. PAGÉS LLOVERAS DIJO:

1. Acuerdo parcialmente con la soluciones propuestas por los Dres. Sánchez y Otiñano, pero por las siguientes razones:

1.1. Si bien las exclusiones de cobertura deben interpretarse restrictivamente, por ser excepciones a la regla general de la cobertura, no puede alegarse que el asegurador debe cubrir todos los siniestros, pues esa conclusión puede transformar al seguro en un generador de irresponsabilidad del conductor en todos los supuestos.

Y existe una exclusión de la cobertura cuando el asegurador manifiesta explícitamente en la póliza del seguro su voluntad de no cubrirlo desde el principio del contrato en determinadas circunstancias, por lo que si ese riesgo excluido se verifica, el siniestro queda fuera de las condiciones de póliza, o sea de los límites de la cobertura. En estos supuestos hay falta de cobertura, y son casos de no seguro.

Además, con relación a los terceros puede sostenerse que las delimitaciones de la cobertura hacen a la determinación de la "medida del seguro" a que se refiere el art. 118 de la Ley de Seguros.

1.2. En Argentina el límite permitido de alcohol en sangre es de 0,5 grs/litro de sangre para los conductores particulares, 0,2 grs/litro de sangre para los motociclistas y 0 para los conductores profesionales.

A ello debe agregarse que está científicamente probado que el alcohol en sangre desciende a razón de un 0.11 g/l por hora, lo cual hace que el demandado tenía no menos de 1,69 g/l al producirse el choque. En tal hipótesis, el estado de ebriedad es indiscutible, y tal obrar configurativo de una imprudencia y negligencia extrema constituye también un supuesto de culpa grave que al darse en la persona del asegurado, configura el supuesto de exclusión de cobertura -o no seguro- a que se refiere el art. 114 de la Ley de Seguros.

1.3. CESVI Argentina realizó una investigación de campo en tres etapas, que arrojó las siguientes conclusiones: En la población analizada con un nivel promedio de 0,29 grs de alcohol/ litro de sangre se reducía en un 10% los reflejos y en un 17% la precisión en maniobras finas. Es decir, que con un 60% de los límites establecidos por nuestra ley ya se producía una merma considerable de dichos atributos (Disponible en: https://www.cesvi.com.ar/Home/buscador_revista/revista_editorial145.aspx).<#LINE > Entre las consecuencias de la ingesta de alcohol se tiene, por ejemplo, la siguiente: ¿Cuál es la capacidad de reacción a 90 km/h? Un conductor sin ingesta de alcohol desde que percibe el peligro hasta frenar por completo el vehículo, recorre 49,5 metros; un conductor con una ingesta de alcohol de 0,8 gr lo hace en 82,5 metros (Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/segurida d_vial/controles_alcoholemia.php). Es que con una ingesta superior a 0,5 el juicio del conductor queda disminuido y es incapaz de adoptar decisiones importantes, por lo que conducir en tal estado se hace temerario (Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lbeFxOauYrMJ:www.vialidadho y.com/gestión-riesgo-vial/2011/10/04/alcoholemia-tablas-comparativas-y-conducció n-responsable-argentina/+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=ar).

1.4. Asimismo, en el caso en análisis se advierte que la póliza prevé como exclusión de cobertura (Cláusula adicional N° 19, ap. k, fs. 85) que el asegurador no responde cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona en estado de ebriedad.

Por ende, mientras que en la Ley de Tránsito 24449 se castiga al conductor cuando acusa mas de 0,50 gs. de alcohol en sangre, y en el contrato de seguro la cláusula referida exonera la responsabilidad del asegurador cuando es conducido por una persona en estado de ebriedad.

En consecuencia, si la aseguradora opuso a la pretensión deducida en su contra la exclusión de cobertura sustentada en una conducta antijurídica del asegurado cometida en el ámbito de las prohibiciones contenidas en la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, como es la prohibición de circular en estado de ebriedad (art. 48, inc. a), y tal extremo se ha tenido por acreditado en el caso en análisis (fs. 47 del sumario penal y 259 vta. de la presente causa, el asegurado acusó l,47 g/l de alcohol en sangre aproximadamente 2 horas después del accidente), corresponde hacer lugar a la exclusión de cobertura en el seguro de automotor "voluntario".

1.5. Es que la exclusión de cobertura por "ebriedad" es una cláusula válida, en la que la causal de no seguro se activa por la simple ocurrencia de este hecho objetivo.

Y esta causales plenamente oponibles al tercero civilmente damnificado, ya que quién se ha encontrando conduciendo al momento del siniestro es el propio asegurado. Pues, si bien es cierto que el seguro de la responsabilidad civil prevé la reparación del daño producido a terceros, ésta, salvo previsión en contrario, nunca podrá superar la cuantía o la medida del seguro. Ello significa que al tercero le son oponibles, le afectan o se halla enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto.

1.6. Ahora bien, la diferencia entre el seguro automotor "obligatorio" y el seguro "voluntario" de responsabilidad civil (Cfr. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA DE SAN JUAN - SALA II -, 30/06/2011, causa "Ontiveros María Gabriela C/Martín, Laura Viviana y López, Fernando - Daños y Perjuicios"), resulta esencial para la justa solución del caso en análisis, ya que en el primero no se establece las exclusiones de coberturas previstas para el segundo de los citados.

La función social que posee el contrato de seguro automotor "obligatorio" (art. 68, Ley 24.449 y modificatorias) configura argumento suficiente para omitir considerar la existencia de una cláusula de exclusión de la cobertura (como lo es la del conductor en estado de ebriedad), al que debe sumarse que los rubros "gastos de sanatorio" y "velatorio" de terceros, según el texto expreso de la Ley de Tránsito, deben ser abonados de inmediato por el asegurador, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora.

1.7. Por todo lo expuesto, propongo que se admita parcialmente los agravios de la parte actora y demandada, rechazando la declinación de defensa opuesta por la aseguradora en lo que referido al seguro obligatorio automotor, en el rubro "gastos de sanatorio" y en las condiciones fijadas por la autoridad en materia aseguradora, y que las costas de Alzada sean impuestas en el orden causado.

EL DR.LUIS ALBERTO RECIO DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Octavio Augusto Sánchez, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Admitir los recursos de apelación deducidos por la actora y la demandada. Revocar la sentencia apelada en lo que fue materia de las vías recursivas; en consecuencia: se deja sin efecto la admisión de la declinación de la defensa opuesto por la Aseguradora en el punto "I-" del decisorio de fs. 270 vta. En su lugar se dispone:

A) rechazar dicha declinación de defensa con costas, en ambas instancias a cargo de la Aseguradora. Por lo actuado en la incidencia en primera instancia se regula: 1) al Dr. Gabriel Sanz (apoderado del demandado) y al Dr. Miguel Ángel Becerra (apoderado de la actora) las sumas de pesos cuatro mil seiscientos doce con treinta centavos ($ 4.612,30) a cada uno de ellos. 2) al Dr. Mohamed Nasser Uzair la suma de pesos cinco mil quinientos treinta y cuatro con setenta y seis centavos (5.534,76). Por lo actuado en la incidencia en segunda instancia se regula: a) a los Dres. Becerra y Riveros la suma de pesos dos mil trescientos seis con 15 centavos ($ 2.306,15) y al Dr. Sanz la suma de pesos dos mil trescientos seis con 15 centavos ($ 2.306,15) ; b) al Dr. Nasser Uzair se le regula la suma de pesos tres mil trescientos veinte con ochenta y cinco centavos ($ 3.320,85). Se aclara que los honorarios han sido calculados a la fecha de la sentencia apelada (setiembre de 2011).

B) hacer extensiva a la aseguradora los puntos "II)" y "III)" de la sentencia apelada.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. LUIS ALBERTO RECIO SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.