Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-15


AUTOS N° 21.471 (39.088 - 8° CIVIL) CARATULADOS: "BANCO HIPOTECARIO S. A. C/ Barroso, Graciela Petrona - Ejecución Hipotecaria - Ejecución de Honorarios" FDO. DR. PASCUAL ALFERILLO (PRESIDENTE) - DR. GILBERTO RIVEROS (VOCAL) L. DE A. T° 186, F° 111/113 SAN JUAN, 15 de abril del año dos mil trece.

Vistos:

Para resolver en estos autos N° 21.471 (39.088 - 8° CIVIL) caratulados: "BANCO HIPOTECARIO S. A. C/ BARROSO, GRACIELA PETRONA - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - EJECUCIÓN DE HONORARIOS", sobre la apelación concedida por el juez a-quo al resolver, en fecha 9 de septiembre de 2011, el recurso de reposición interpuesto por el Dr. Marcelo Salinas Weber por su propio derecho pretendiendo la revocatoria del decreto del 15-09-10 que ordenó que rija la suspensión de la ejecución anteriormente dispuesta a fs. 52.- El quejoso, al proponer la primera impugnación, había acusado la inconstitucionalidad de la norma en que se apoyó el juez para mantener la vigencia de la suspensión, esto es la ley 8065, al restarle congruencia y compatibilidad en el marco de lo que dispone el art. 11 de la constitución Provincial. Dijo que viola la igualdad, disponiendo que algunos deudores de préstamos con garantía hipotecaria no puedan ser ejecutados por sus deudas; resultando una discriminación al consagrar una especie de favor y privilegio a una determinada categoría de sujetos, en desmedro de otros que son excluidos de la ley 8.065.- Sostenía que se viola el derecho de propiedad, al suspender la ejecución de sus propios honorarios; produciendo un enriquecimiento en el deudor en perjuicio del acreedor, máxime cuando al iniciar la ejecución hipotecaria que generó sus honorarios, la ley en cuestión no existía; destaca el carácter alimentario que posee el emolumento profesional para los letrados litigantes.- Y CONSIDERANDO:

El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

El caso, relatado y sentenciado por el juez a-quo, ha sido bien resuelto resultando inatendible, a los fines propuestos, las críticas que refieren a la afectación del principio de igualdad, debido proceso y propiedad.- El a-quo señala que la ley 8.065 tiene su antecedente en la 7.530; pero si bien es así tal previsión legal se retrotrae a otras similares, con igual alcance, que llegan a la 7.459, sancionada el día 29 de diciembre del año dos mil tres, en donde el Poder Legislativo Provincial, en uso de sus atribuciones y competencia declaran la emergencia y disponen las medidas atinentes a tal declaración, entre ellas la suspensión de algunas ejecuciones.- Respecto a la potestad del Poder Legislativo para legislar del modo que lo hizo, y la inviabilidad de la inherencia del Poder Judicial para revisarlo, lo dejó sentado la Corte de Justicia de la Provincia en "Expte. 5.055 caratulados: "O.S.S.E c/ Centro de Regional Agua Subterránea - Inc. de Ejecución de Honorarios .." con fallo del 23 de diciembre del año 2.010, resolviendo que la ley 7.319 (de emergencia que suspendía las medidas de ejecución) no es inconstitucional, argumentando - con cita de fallos de la Corte Suprema que ,"excede la facultad de los jueces, juzgar sobre el tema de la oportunidad y existencia o no de emergencia económica, financiera, social y administrativa" del País al tiempo de la sanción de la normativa aludida.- En igual sentido opina el Fiscal interviniente.

Por ello, propicio: Rechazar el recurso de apelación.- El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Atento el voto emitido por el señor Magistrado preopinante que me exime de reiterar los antecedentes de la causa, digo que adhiero a sus fundamentos y, por ende, comparto la propuesta de desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Sin perjuicio de ello, es dable acotar que en los autos N° 20.570 (N° 59529-3°Civil), caratulados: "Banco San Juan S.A. c/ Oliver, Clara Beatriz - Ejecución hipotecaria", dictada en fecha 25 de agosto de 2010 (L. de A. T° 174 F° 120/127), este tribunal por mayoría con voto del suscripto y adhesión del Dr. Gilberto Riveros juzgó que "siguiendo la letra del art. 262 del C.P.C. Ley 8037, que este tribunal ad quem no puede fallar sobre capítulos no propuestos al tribunal de primera instancia. En este caso, el planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial N° 8075 es formulado directamente como un argumento (casi único) mas dentro de la expresión de agravios.

Sin perjuicio de ello, este tribunal anteriormente en los autos se pronunció, por mayoría (voto Alferillo - Adhesión Riveros), respecto del tema en autos Nº 18.806, caratulados: "Banco Hipotecario S.A. c/ Olmedo, Renzo Leonardo y otra - Ejecución hipotecaria ", (L. de A. Tº 149, Fº 26/33 - 29/12/2006), cuando sostuvo que "en el presente caso venido a resolución de este Tribunal ad quem se plantea la inconstitucionalidad de las leyes provinciales Nº 7583 (B.O. 25/05/2005) la cual prorroga la suspensión de todos los términos procesales por otro lapso igual de 180 días establecido en la ley Nº 7530 (B.O. 28/10/2004) con relación a la ejecución de hipotecas de viviendas únicas, familiar y de ocupación permanente.

Con relación al punto cabe destacar atendiendo el mandato normativo del art. 3 del Código Civil cuya primera regla indica que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes...", que en fecha 31 de mayo de 2006 se sancionó la Ley 26.103 (B.O.N. 15 de junio de 2006) por la cual se prorroga la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tenga por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos.

Como se colige, un nuevo instrumento normativo es de aplicación al caso, por lo cual las críticas que se pudieren hacer a la necesidad de que fuera el poder legisferante nacional quien sancionara el instrumento legal, atendiendo que se trata de modificar relaciones jurídicas regladas por el Código Civil y de Comercio, devienen abstractas.

Sin perjuicio de ello, cabe consignar que si bien es cierto que el intervencionismo estatal en las relaciones civiles o comerciales de los particulares tratando de reestablecer equilibrios generados por el sustancial cambio de la moneda que llevó a desfasajes en la economía, en general, llegando a la cesación de pago del propio Estado, y, en particular, de deudores que vieron descompesandos el poder adquisitivo de sus ingresos frente al encarecimiento de la moneda que se utilizaba como parámetro de intercambio, puede contradecir principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y Provincial. No es menos cierto que la prórroga de la suspensión de las ejecuciones derivadas de mutuos con garantías hipotecarias que recaen sobre viviendas únicas, familiares y en uso, tiene una finalidad tuitiva muy especial y que se relacionan con políticas de Estado que tratan de defender la vivienda única como asentamiento de la familia (ver por ejemplo la Ley Nº 26.158).

La trascendencia social del tema que implica nada mas y nada menos que desalojar de su vivienda a una familia por la ejecución de la hipoteca, derivado de la ruptura de los equilibrios contractuales producidos por el propio Estado con su "default" y cambio de moneda, no torna en irrazonable a esta legislación protectora que, por el contrario, tiene un alto contenido de sentir humanista dado que no se trata de un caso aislado sino de un importante sector de personas perjudicadas que generaría una fuerte tensión social.

Es por ello que estimo que no se debe pronunciar la inconstitucionalidad requerida".

Frente al planteo realizado, cabe consignar que actualmente no ha variado la situación de emergencia, ello queda debidamente acreditado con la sanción de la Ley Nacional N° 26.204 y Ley Provincial N° 8065 que prorrogan la emergencia hasta el 31/12/2011, por lo cual el argumento principal de la recurrente no resulta idóneo para revertir el criterio judicial dado por el tribunal inferior.

En otras palabras, técnicamente no existen variaciones económicas y sociales que hagan visible el cambio de situación que fue base para dictar las normas que se pone bajo cuestión constitucional".

Como se colige, este pensamiento es íntegramente aplicable al presente caso, razón por la cual el suscripto se adhiere a la desestimación del recurso de apelación intentado.

Por ello, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.