marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, coautoría, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Gastón Gabriel c/  s/ robo de automotor con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-08

Ha sido correctamente aplicada la figura prevista en el art. 239 del Código Penal, en función del art. 45 CP, si se encuentran suficientemente probadas las circunstancias fácticas del caso que indican que medió convergencia intencional del imputado en el suceso al resistir, junto con los restantes imputados, a la orden de detención emanada de los funcionarios de las fuerzas armadas intervinientes, efectuando disparos. Ello permite descartar un supuesto de exceso de coautor imputable a los restantes imputados, puesto que existió un plan previamente organizado por los múltiples autores del hecho, lo que da una pauta certera acerca del extremo del que se trata, sin que cancele tal conclusión que no se probara que fue el imputado quien disparó porque la ideación de un plan común y la división de roles para su realización -que surge clara de las características de realización del robo- fundan este tipo de participación criminal y permiten responsabilizar a los intervinientes en la medida de la coautoría (voto del juez Jantus al que adhirieron los jueces Magariños y Huarte Petite).
Sociedades comerciales, fiscalización de sociedades, Inspección General de Justicia, sociedad de ahorro para fines determinados, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRIMER    CIRCULO  DEL  AUTO  USADO  (EXPTE.  INSPECCION  GENERAL  DE JUSTICIA). s/ AUTORIZACION    DE    SOCIEDAD  DE  AHORRO  PARA  FINES  DETERMINADOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-26

Si una sociedad de responsabilidad limitada administradora de planes de ahorro debió cesar en su sistema operatorio, sancionada por la IGJ por no someterse a la autorización estatal necesaria para desarrollar tal actividad, mal puede pretenderse la revocación de tal acto administrativo mediante la presentación de una nueva sociedad -que afirma ser continuadora de la anterior-, constituida bajo la forma de anónima, cuando tampoco esta cuenta con la correspondiente venia estatal otorgada por la IGJ (ley 22315: 9 y dec. 142277 (43), aún cuando haya iniciado los trámites tendientes a obtener tal aprobación.
Indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, deber de aportar, depósito en sede administrativa, depósito judicial
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES, MIGUEL c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-30

Carece de sustento jurídico la resolución del juez que obligó a la demandada a depositar el aporte establecido por el decreto 8064/57 directamente en la Caja de Accidentes. Esto es así porque el art. 9, 2do. párrafo de la ley 23643 establece que dicho aporte debe depositarse junto con el monto indemnizatorio, en el juzgado, y luego ser girado, por orden del magistrado interviniente, a la Caja de Accidentes.
Accidentes de trabajo, fondo de reserva de la ley sobre riesgos del trabajo, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Turra Mario Adrián c/ ART Interacción SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-06

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Plenario 328, la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el art. 34 de la ley 24.557 se extiende a los intereses. Si bien respecto al Fondo de Reserva no existe una disposición semejante a la del inc. 5 del art. 19 del Decreto 334/96 que determina que la obligación del Fondo de Garantía alcanza al monto de las prestaciones, excluyéndose expresamente los intereses, costas y gastos causídicos, no cabe concluir que el Fondo de Reserva deba afrontar el cumplimiento integral de una condena, porque tanto la ley como su reglamentación no regulan las mismas situaciones. Si para la liquidación de una A.R.T. no es necesario un proceso judicial, no resultaba necesaria una reglamentación específica, similar a la del art. 19 del Decreto 334/96, pues mal se pueden generar intereses, costas y gastos causídicos cuando la liquidación es llevada a cabo por la autoridad de aplicación. Si bien la tramitación del pago de las prestaciones va a insumir un cierto tiempo, y que el acreedor en definitiva puede ver mermado el importe de su crédito, lo que puede generar su derecho a cobrar intereses, esta situación da por supuesto que existe un proceso judicial en el que, por liquidación de la aseguradora, el crédito debe ser afrontado por el Fondo de Reserva. Este Fondo fue creado para afrontar las prestaciones que no pudiesen ser abonadas por liquidación de una A.R.T.. Se entiende, dentro de la economía de la norma, la que a tales fines no preveía la intervención judicial para disponer el pago de las prestaciones. Por lo tanto, el Fondo de Reserva no responde por las costas y gastos causídicos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Fernando c/ Establecimiento Gamar S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Cuando se acciona por reparación de daños y perjuicios, la determinación del resarcimiento es facultad privativa de los jueces de grado y sus conclusiones no son revisibles en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo.
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espin Sergio David c/ Trinchero Juan Carlos y otro s/ Sumario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-07

La mera absolución o sobreseimiento del denunciado no hace procedente -sin más- la acción de daños y perjuicios y para descartar la culpa en estas hipótesis basta que existan algunos antecedentes que justifiquen moralmente la denuncia,sin que pueda requerirse al denunciante una exhaustiva investigación o una diligencia mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda a una situación semejante, por ser imprescindible preservar el interés social comprometido en la investigación y represión de los delitos.
Firma, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Marchisio, Juan Carlos c/ Indo S.A. s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 308-97, Resolución Nro. 210, Tomo 24,  Folio 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08

En el caso de que en un escrito carezca de la firma del actor, habiendo suscripto el mismo solamente el abogado patrocinante, no cumple con lo previsto en el art. 33 del C.P.L. en relación con el art. 1012 del Código Civil donde se regla que la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. El letrado patrocinante no representa a su patrocinado, y sus actos procesales no sustituyen los que debió realizar el patrocinante. Es que su omisión provoca la inexistencia del instrumento jurídico y no la simple incompletividad, razón por la cual el presentado sin firma, en sí no produce ningún efecto procesal.
Homicidio en ocasión de robo, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: Mirábile, Alberto Santos, César Amadeo Rodríguez y Mauricio Gustavo Ferrando s/ Robo agravado - Homicidio agravado - Daño y tentativa de homicidio  agravado en perjuicio de Juan Carlos Iovanovich e Ilda Esther Alex - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-06

Con respecto a las diferencias existentes entre los tipos penales descriptos por los artículos 165 y 80 inciso 7) del Código Penal, el robo con homicidio se caracteriza porque el resultado muerte no es querido ni buscado, sino ocasional, eventual, casual. En cambio en el homicidio críminis causae el autor se propone una conducta típica, pero quiere la muerte de un semejante, sea en forma premeditada o resuelta en el momento del hecho, para preparar, facilitar, consumar o asegurar la impunidad de dicho robo.
Sucesiones, cesión de derechos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAMPOS, MANUEL JOSE Y EMA CORVALAN DE CAMPOS s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-30

Las cesiones de derechos no pueden ser objeto de impugnaciones en el juicio sucesorio, debiéndose deducir la acción correspondiente, mediante un proceso independiente (por ejemplo a través de la acción de nulidad de acto jurídico, etc.).
Daños y perjuicios, culpa de la víctima, responsabilidad del Estado, faltas del servicio, cosa riesgosa, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: ROMERO, SANTA CLAUDIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-12-09

La Cámara entendió que el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual no se aferró a una elaboración dogmática y alejada del valor justicia, sino que hizo una razonable valoración de las pruebas rendidas en autos, las que evidenciaron la responsabilidad de la víctima como causa exclusiva del daño; y entendieron que las alegaciones de la impugnante en torno al error en que incurriera el Tribunal al adjudicar a la baranda que rodeaba el lago artificial una conformación que a la fecha del fallecimiento del menor no tenía y el hecho de que pese a encontrarse suficientemente acreditadas las deficiencias en las medidas de seguridad que tenía el lugar y que lo convertían en cosa riesgosa, se adjudicó irrazonablemente responsabilidad a su progenitor, no tenían entidad suficiente para superar el examen de admisibilidad que corresponde realizar a la Alzada según lo prescripto por el artículo 42 de la ley 10160, en razón de que las cuestiones de hecho son irrevisables por esa vía. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco y Erbetta)
Ejecución hipotecaria, gastos del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DROGUERIA RIO DE LA PLATA c/ Rodo, Daniel y ot. s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 3879 inc. 1º del C.

Civil, únicamente los gastos de justicia realizados en el interés común de los acreedores tienen privilegio sobre los bienes de que se trate. O sea que el privilegio se establece para todos los gastos que los acreedores al efecto de gozar de sus derechos, no habrían podido eludir pagar, si otros no hubiesen hecho la anticipación o los trabajos indispensables. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Batalla, Rodolfo Irineo c/ Cometarsa S.A.I.C. s/ Indemnización art. 212 párrafo 4 L.C.T. Migliora, Oscar c/ Celestal S.A.I. s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19|1999-02-09

La norma del art. 118 de la ley 17.418 es clara en cuanto establece que la oportunidad procesal en que debe efectuarse la citación en garantía es "hasta que se reciba la causa a prueba".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

La supuesta violación de normas que se vinculan con actos de procedimientos anteriores a la sentencia de última instancia ordinaria no pueden, en principio, ser motivo de recurso ante la Corte.
Recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Crespi Ricardo Pablo y José Federico E. En j: Crespi Ricardo P. y Federico c/ Leandro Ladino s/ Fijación de plazo - Revisión - Casación (Libro: S065-420)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-09-25

La determinación de si la parte vencida ha tenido o no razón probable para litigar a los efectos de imposición de las costas, es cuestión que depende de la apreciación subjetiva del juez, la que queda librada a su propio arbitrio, no da lugar a la casación.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Elvio Ramón c/ Monfardini Raimundo Nestor y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-25

Es condición de validez de los fallos, que estos se encuentren debidamente fundados como una consecuencia del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial eficaz, art. 18 CN. lo que se satisface con una sentencia útil, la que debe ser justa, fundada, imparcial y oportuna, es decir derivación razonada del ordenamiento jurídico vigente con sujeción concreta a las comprobadas circunstancias de la causa.
Responsabilidad civil, automotores, titular del automotor, accidente de tránsito, homicidio culposo
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: MICHELON DE GARAVAGLIA NOEMI s/ RESPONSABILIDAD  CIVIL  -  ACCIDENTE  DE TRANSITO - HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-23

Los automóviles, categoría a la que pertenecen los locomóviles (art. 5 Ley 22977), constituye una cosa riesgosa por lo que la causación de los daños producidos con su intervención debe considerarse dentro de la órbita del segundo párrafo del art. 1113 de C. Civil.

Esa regla establece la responsabilidad del dueño, que no es otro que el titular registral (arts. 1ro. y 26 de la Ley 22977) si se trata de un automotor, por los daños causados por el riesgo de la cosa, sino concurre alguna de las causales de exoneración que se establecen ( art. 1113 C. Civil). Desde que se trata de un factor objetivo de atribución de responsabilidad, basta que quien pretende la indemnización pruebe la relación de causalidad existente entre la cosa y el daño, mientras que incumbirá al demandado la relativa a la existencia de las causales de irresponsabilidad. Respecto de lo primero es suficiente con que el damnificado pruebe la intervención de la cosa en el hecho generador de responsabilidad para que el nexo causal se presuma y, además, en materia de daños con las cosas y no hay razones para pensar que las exigencias sean mayores en la hipótesis del 2do. párrafo del art. 1113 C. Civil, que el damnificado sólo debe probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual provino.-
Daños y perjuicios, riesgos del trabajo, incapacidad laboral
Materia: CIVIL
Carátula: LLOCRA   ABRAHAM   RICARDO c/ ESTADO  NACIONAL  MINISTERIO  DELINTERIOR POLICIA FEDERAL s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15

Los porcentajes establecidos en términos generales por los peritos en materia de incapacidad laborativa no acarrean inexorablemente la indemnización del rubro ya que constituyen un elemento de juicio que debe ser apreciado en concreto junto con las condiciones personales de la víctima tales como la función que él desempeñaba, las tareas que cumplía, la edad y el modo en que dicha incapacidad le impedía continuar con el desarrollo normal de su carrera (art. 386, primera parte, del Código Procesal; esta Sala 15886/04 del 22/3/11). El doctor Julio César Bini médico legista, presentó su dictamen el 1º de diciembre de 2009 concluyendo que el señor Llocra padecía una incapacidad física parcial y permanente equivalente al 5% y una incapacidad psíquica del 20%. La revisación fue hecha más de 8 años después del hecho. no obstante ello el perito expresó que el actor padecía una "cervicalgia crónica post-traumática (sin trastornos circulatorios, ni neurológico demostrable)" concluyendo que ello le producía una incapacidad física parcial y permanente equivalente al 5% y un "Desarrollo Psicopatológico Post-Traumático moderado" que lo incapacita psíquicamente en el 20%.
Pérdida de la vocación hereditaria, renuncia a la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: D.B. de B., M.L. c/ Consejo Provincial de Educación s/ Petición de Herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-12-28

Perdida la vocación hereditaria, el título, desaparecerá -no prescribirá- la acción. Así ocurrirá si la renuncia a la herencia fuera inmediata a la apertura de la sucesión -cuando desde luego no podrá siquiera computarse plazo prescriptivo alguno-; de la misma manera que cuando la renuncia resulte del transcurso del plazo del art. 3313 en el supuesto de otro heredero poseedor - estricto sensu- de la herencia.
Banco central, depósito a plazo fijo, reintegro de depósitos en bonos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZUCOTTI, HAYDEE c/ P.E. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

En el marco de una afinada hermenéutica jurídica, la enumeración de ciertos supuestos de exclusión contenida en el dec. 591/90 no debe entenderse como taxativa sino que, por el contrario, debe ser asumida con orden a una interpretación integrativa relacionada modo especial con el dec. 36/90, como meramente enunciativa y fijadora de pautas orientadoras para determinar otros supuestos de exclusión además de los que expresamente en ella se indican.
Indemnización, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ PERPETUO ANTONIO c/ POLIMEROS SAN JUAN SA. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-16

Si la patronal, como prominente, incumplió una obligación de no hacer libremente asumida, consistente en abstenerse durante ocho meses de ejercer el derecho de despedir a cualquiera de los obreros que para él trabajaban como dependientes y despidió a uno de ellos, vigente al plazo por el que se había obligado o no hacerlo, el actor tiene el derecho a reclamar el pago del salario durante ese lapso aunque no le sea a título de contraprestación por una dación de trabajo que no realizó, sino a título de indemnización derivada del incumplimiento de la obligación patronal.
Amparo por mora, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORELLANA TITO MARIO c/ MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS s/ ACCIÓN DE AMPARO - APELACIÓN VELARDEZ DE RIVERO GRACIELA I. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO - APELACION VELARDEZ DE RIVERO GRACIELA I. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-12-21|2009-07-27

La interposición del pronto despacho no constituye obstáculo alguno para la promoción del amparo por mora, sino por el contrario ante la falta de pronunciamiento del órgano, puede instarlo (conforme a la la ley de Rito administrativa) y si persiste, reclamar el amparo ante la justicia a los fines de que se cumpla con el deber omitido. Se trata de un derecho del administrado cuya existencia empalma con la garantía constitucional y no significa que libere a la administración de su básico deber de responder cuando le sea requerido un pronunciamiento. Como toda garantía, impone poner en manos del Poder Judicial -como supragarantía- , la facultad de controlar la actividad administrativa para salvaguardar los derechos individuales.
Prueba, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OCHOA HUMBERTO B c/ MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-04-08

Dada la naturaleza del plazo para la producción de prueba (C.P.C.

-art. 79 Inc. 5To), nada impedía al actor promover la prosecución del juicio, instando la iniciación de la etapa consecutiva del proceso contencioso administrativo (art. 37, C.P.C.A., Ley 3897). En los términos del art. 57 del C.P.C.A., Ley 3897, en todos los casos, corresponde a la parte actora la carga procesal de instar la prosecución del trámite del juicio.
Lealtad comercial, bien jurídico protegido, principio de insignificancia
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: AUCHAN S.A. s/ Lealtad Comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-19

El principio de nimiedad o la doctrina de la bagatela no puede aplicarse a los casos de infracción a la ley de Lealtad Comercial pues, aunque la infracción pudiera parecer mínima, lo verdaderamente importante es el ordenamiento de la actividad comercial, la defensa de los derechos de los eventuales consumidores y la protección de los comerciantes cumplidores.
Sentencia, voto de los jueces, voto mayoritario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ventresca, Juan y otra c/ Ventresca, Roque y otro s/ Aprobacion division extrajudicial Ventresca, Juan c/ Ventresca, Roque s/ Liquidación de sociedad Tranchini, Lino y otra c/ Vanoli, Juan Carlos s/ Desalojo Rasuk, Pablo Angel c/ Cuende, Matilde Brígida s/ Cobro de honorarios Irigoyen, Alberto c/ Banco Rio de La Plata S.A. s/ Reconocimiento del carácter de accionista Davidoff, Constantino c/ Lynch, Roberto y ot. s/ Nulidad Camacho, María Luisa c/ Gigena, Omar Ismael s/ Daños y perjuicios Cazes, Emilio Esteban s/ Sucesión Ab-Intestato Araujo, Carlos c/ Psettouras, Demetrio V. s/ Consignación Vantini, Silvana Elidia c/ Irungaray, Ernesto Aquiles y otros s/ Daños y perjuicios Complejo habitacional S.O.I.P. Sociedad civil c/ Furones, Olga Edith s/ Cobro de australes Complejo habitacional SOIP c/ Romero, Luis s/ Cobro de australes Gómez, Asención B. s/ Concurso Rodríguez de Martínez, Susana Mirta y otro c/ Reynoso, Adolfo R. y ots. s/ Daños y perjuicios Almada, Benjamina Francisca c/ Rojas, Rubén Alberto y otros s/ Daños y perjuicios Notario, Danton c/ Consorcio de Propietarios Edificios Terrazas s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13|1989-07-04|1986-10-07|1998-03-10|1987-09-01|1991-04-30|1995-07-11|1996-03-19|1996-12-27|1997-07-15|1999-07-06|2000-11-01|2001-07-11|2003-12-29|2006-03-01|2007-02-07

Las cámaras de apelación del interior que están desintegradas por falta de concurrencia de uno de los jueces (cualquiera fuese la causa de la inasistencia) pueden pronunciarse con el voto coincidente de sus dos miembros restantes (art. 47 ley 5.827).
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, rechazo de la demanda, iura novit curia
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE F., G. E. c/ M. J. F. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2010-11-23

[.] el principio de razonabilidad constituye el más elemental mandato para los jueces. En este orden, hiere al sentido común que, en situaciones como las del caso (ambos cónyuges han solicitado el divorcio, están separados de hecho desde hace más de tres años y las causales culpables que invocaron son desestimadas), la jurisdicción apele a la solución de rechazar la demanda y la reconvención para, sin más, mantener artificialmente un matrimonio. Digo del artificio, porque ni a los esposos ni a la comunidad en general les interesa que se mantenga la ficción de un vínculo conyugal que está absolutamente vacío de contenido.