marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, temeridad o malicia, facultades del juez, multa procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: FLEITAS, VICTOR c/ CUTINI, JORGE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Si como consecuencia de un accidente de tránsito, un peatón atropellado por un vehículo inicia acción judicial contra el conductor, atribuyéndole la culpa exclusiva en la producción del hecho dañoso, y se verifica que incurrió en falsedad por omisión, al no mencionar el estado anormal de obnubilación en que se hallaba en el momento del accidente, tal proceder configura un supuesto de mendacidad deliberada la cual es constitutiva de "malicia" en los términos del CPR 45, que debe ser condignamente sancionada, por tanto resulta procedente imponer una multa en favor del accionado.
Acto administrativo, notificación del acto administrativo, presunción de legitimidad, presunción juris tantum, impugnación del acto administrativo, carga procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Ingenio La Esperanza S.A.I.C.A. y G. s/ Ejecución Fiscal -D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

Todo acto administrativo define una situación jurídica que por presumirse conforme a la legalidad (del art. 12 de la Ley Nac. de Procedimientos Administrativos) provoca que el destinatario resulte, desde la notificación, titular del derecho o de la obligación definida por la Administración, por la fuerza misma de la declaración. Y aunque tal presunción de legitimidad es "iuris tantum" y no definitiva, es al interesado a quien incumbe, en función del desplazamiento de la carga impugnatoria, promover la pertinente impugnación si es que discrepa con la legalidad del acto.

De lo cual inmediatamente se deduce que el incumplimiento de la carga impugnatoria suscita la firmeza del acto y -salvo supuestos excepcionales- su legalidad definitiva.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BALBIN, HECTOR FABIAN c/ KIM, CHANG HO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

Corresponde rechazar la queja interpuesta, pues no obstante invocarse diversos vicios de arbitrariedad, de la confrontación de los agravios con el fallo impugnado surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el recurrente aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo, fundamentalmente, seleccionó y ponderó las pruebas y en mérito a ellas aplicó el derecho común, en pleno ejercicio de facultades privativas, ajenas en principio a esta instancia excepcional. En efecto, la Sala concluyó que se encuentra debidamente acreditado que el desempeño laboral del actor obedeció a contrataciones para la realización de tareas ocasionales y encuadró las mismas en el Título II del Régimen Nacional del Trabajo Agrario, vigente al momento de nacimiento y extinción de la relación, es decir como personal no permanente, desestimando los rubros reclamados. Para así decidir, los sentenciantes atribuyeron contundencia al informe de la AFIP, corroborado por testimonios coincidentes y la absolución de posiciones del actor, de donde surge la realización de "changas", de los que resulta la falta de permanencia, que no fue desvirtuada por otros medios de prueba.
Sumario administrativo, información presumarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernandez, Ofelia c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

La información presumarial es una institución reconocida por la doctrina y admisible en el ámbito de la investigación disciplinaria en tanto no haya norma que impida su realización.
Revocación de sentencia, caución real, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: P., J. N. s/ Excarcelación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

En aquellos dictados en las Causas Nº 80.896/19 "P.", Nº 80.939/19 "R." ambos del 25 de noviembre y Nº 81.189/19 "C." del 28 de noviembre, Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron las resoluciones y ordenaron la libertad de los imputados. En el caso del primero con la imposición de una caución de tipo real de $ 5000 más la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado; en el segundo con la imposición de una caución de tipo real de $ 7000 y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal de la causa y en el tercer caso con la imposición de una caución real de $ 10.000, el control de uno de los miembros de su familia y la obligación de presentarse ante el Tribunal cada quince días. En cada fallo se analizó porqué no estaba justificada la medida de coerción (art. 210 inc. "k" del CPPF), cuáles eran las presunciones vinculadas con el peligro de fuga que se hallaban presentes o no en cada caso (art. 221 del CPPF) y cuáles los indicadores de peligro de entorpecimiento que fueron descartados en las tres situaciones (art. 222 del CPPF) para finalmente concluir qué medidas alternativas menos gravosas correspondía imponer (art. 210 del CPPF).
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FILIAN  S.A.I.C. c/ MUSANTE, ESTEBAN s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-06

El principio dispositivo ritual (cpr 377) impone a los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y tal imposición no depende de la calidad de actor o demandado sino de la situación en que se coloquen dentro del proceso, por lo tanto al actor corresponderá acreditar los hechos constitutivos de su pretensión en tanto que al contrario los extintivos, impeditivos o modificatorios que oponga a ellos. De tal manera que el onus probandi incumbe a quien afirma y no a quien niega si las suyas son negociaciones sustanciales y absolutas con la consiguiente autorresponsabilidad de las partes por su inactividad.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, explotación sexual, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Ernesto Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-30

Es inadmisible el recurso de casación contra el pronunciamiento que -al denegar la excarcelación- consideró que el peticionante se encuentra condenado a la pena de ocho años de prisión por ser coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, por lo cual en virtud de lo establecido en el art. 2° ley 24.390, los plazos previstos en su art. 1° no se computan, aun cuando la sentencia no se encuentre firme, pues la defensa no ha demostrado la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ni la configuración de un supuesto de arbitrariedad.
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Amori, Juan Natalio y otros s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Resulta improcedente la pretensión de ejecutar la suma reclamada al demandado que ha incontestado la respectiva intimación, pues si se concluye que el título es inhábil, deben rechazarse todas las pretensiones formuladas que en él se sustenten. (Arts. 542 inc. 4° C.P.C. y 6° ap. b), Ley 9122).
Enfermedades inculpables, conservación del empleo, vencimiento del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez Gutiérrez, Jorge Milton  c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Olleros 2322/24/26 y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

El actor se agravia porque el Sr Juez a quo rechazo íntegramente la demandada. El vínculo se extinguió, no por despido directo, sino por la comunicación del vencimiento del plazo de conservación del empleo remitida por la accionada. El actor nunca dijo que hubiera obtenido el alta médica, con una disminución parcial de su capacidad. Y, en esencia, en la medida en que en todo caso lo que debió haber solicitado fue de que le otorgaran labores. Para ello debía estar en posesión de alta médica y no lo había obtenido. Para haberle asistido derecho al actor para considerarse injuriado y despedido, con fundamento en los arts. 212 2° párrafo, 242 y 246 de la LCT, lo que debía suceder era: 1) que se encontrara en condiciones de retomar labores y 2) que el consorcio se lo hubiere negado. Nada de eso paso. A la reparación del art. 212, 4° párrafo no hay prueba alguna de que el actor este en la actualidad absolutamente incapacitado. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Falta de examen preocupacional, falta de exámenes periódicos
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Néstor Fabián c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-11-21

Ante la inexistencia de exámenes preocupacionales, y periódicos, estos últimos a cargo de la ART (res. 47/97 SRT) que acrediten y/o verifiquen la dolencia que hoy padece el actor, cabe interpretar que el trabajador ingresó sano y apto a trabajar para su empleadora. Dicha omisión no puede sino interpretarse en sentido de que el trabajador no tenía dicha patología y que esta se debe a sus laborales cumplidas (Voto Romero. Adhesión Welp)
Sobreseimiento, auto de falta de mérito
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: P, J E s/ APELACION AUTO DE SOBRESEIMIENTO      EXPTE NRO 208-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-30

No puede el juez invocar los límites máximos de la instrucción conforme a la disposición del artículo 208 del Código Procesal Penal para sobreseer conforme a la disposición del artículo 356 inciso 2 del mismo cuando no ha dictado el auto de falta de mérito y el procesamiento fue revocado oportunamente por el Tribunal de Alzada.
Proceso judicial, facultades del juez, resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Migliore, Jorge y Otros c/ E.N. s/ Queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-29

El art. 166 del C.P.C.C.N. sostiene como principio general que pronunciada la sentencia concluye la competencia del Juez de la Primera Instancia, señalando a continuación las excepciones al mismo. En el inciso 6 del referido artículo se hace mención a la facultad de resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y a la decisión sobre los pedidos de rectificación a que se refiere el art. 246 del citado ordenamiento legal. De la exégesis del inciso debe colegirse que compete al a quo tan solo la decisión acerca del otorgamiento o no del recurso y en su caso la rectificación sobre la forma en que se defirió el remedio impetrado. En la especie el juzgador al pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y decidir sobre su concesión, ha perdido la jurisdicción de la litis pasando la misma a ser propia de la Alzada, tribunal ante el cual deberán plantearse las cuestiones derivadas de ella, por lo que deviene improcedente el auto del a quo que revoca por contrario imperio la providencia anterior.
Recurso extraordinario federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Moyano, Hugo Omar c/ Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-03-26

Corresponde desestimar el recurso extraordinario federal, en tanto las cuestiones traídas a juzgamiento atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisadas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.
Acción de amparo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CRIBARI, OSCAR JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

La habilitación del comercio o su denegatoria no hacen cosa juzgada, de modo que esa mutabilidad deja latente al órgano administrativo la posibilidad de considerar más adelante el reconocimiento de los derechos que las partes pudieran obtener en sede judicial, evitando por ahora la aplicación prematura de una suerte de prejudicialidad impuesta al amparista. Por todo ello es dable concluir que la actividad del Organo Administrativo, resulta "arbitraria" en los términos del artículo 1 de la ley 7166 ocasionando un daño grave e irreparable al libre ejercicio de su actividad por parte del amparista.-
Desacato, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: SCAVO, CARLOS ENRIQUE s/ DESACATO AL SR. SECRETARIO DE MINERIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

La figura de desacato simple, prevista en el primer párrafo del art. 244 del Código Penal, no tutela el honor de los funcionarios públicos, ya que este bien jurídico se encuentra suficientemente protegido por los delitos de calumnias e injurias, penados más gravemente.

En consecuencia, el artículo 244 del Código de fondo sólo puede tutelar a la administración pública, pues sería absurdo pensar que cuando se afecte al honor y, a la vez, a la administración pública, se merece menos pena que cuando solo se afrenta el primer bien jurídico mencionado.
Excusación, excusación por enemistad, persona jurídica pública estatal, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ AVDA. DE LOS INCAS 3370, PROPIETARIO DE LA FINCA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-15

Dado que los sentimientos adversos no pueden experimentarse respecto de una persona jurídica de carácter público como es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo caso respecto de sus integrantes, que son personas físicas distintas del ente, no queda afectada la imparcialidad del magistrado ante la existencia de versiones periodísticas sobre una supuesta orden a la Comuna de recusar a determinados jueces.
Cuestiones de competencia, juicio de árbitros, tribunal arbitral de obras públicas, contrato de obra pública, interpretación del contrato, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.E. e I. c/ Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas en liquidación y Nucleoeléctrica Argentina S.A. s/ Tribunal Arbitral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

A fin de que se habilite la competencia del Tribunal Arbitral de Obras Públicas para entender en todos los conflictos relacionados con la interpretación y aplicación de la ley 13.064 -y no sólo en lo atinente a mayores costos, único aspecto, previsto en los decretos 11.511/47, 1978/64 y 3772/64- debe mediar una cláusula o compromiso arbitral entre ambas partes de la relación contractual (Voto de los Dres RIcardo Luis Lorenzetti y Carmen M. Argibay).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, decisiones administrativas, acción de nulidad, accionistas, compraventa de acciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Estudio Povolo, Racedo, De la Fare y Asociados c/ Transportes Integrados Metropolitanos - Trainmet SA y otros s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

2 - Cabe señalar que el valor de las acciones a los efectos de fijar un precio para su venta se relaciona o toma referencia en el valor patrimonial de la sociedad que las emitió, siendo tal marco al que, en consecuencia, corresponde prestar atención y no al precio pagado por acciones de otras compañías cuyos respectivos valores patrimoniales son obviamente otros y en cuya estimación (la del precio) pudieron influir elementos de juicio diferenciales propios de la respectiva negociación -que largamente exceden el cómputo de utilidades mencionado por la recurrente- y que, como se verá, incluyen también normalmente apreciaciones subjetivas.
Derecho comercial, Derecho procesal, verificación de créditos, proceso de verificación, incidente de revisión, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos c/ E. C. S. P.  s/ Incidente de Revisión expte. n° 438/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-28

El incidente de revisión conforma un proceso de conocimiento que impone a su iniciador la carga de invocar y probar los hechos constitutivos del derecho invocado en sustento de la pretensión. El incidentista tiene la carga de probar el crédito que esgrime o, como en el particular la revisión que pretende. En el caso de revisión esa carga probatoria pesa sobre el verificante.
Acción reivindicatoria, compraventa inmobiliaria, escritura traslativa de dominio, falta de entrega de la posesión
Materia: CIVIL
Carátula: F.C.D. Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Bernardini Orlando Ciro y Otro s/ Reivindicación - Ordinario - Conexidad con Expte. 109724
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-13

Esta posibilidad, de que el comprador de un inmueble a quien se le ha otorgado la pertinente escritura traslativa pueda, aunque no se le haya realizado la tradición de la cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercer poseedor del bien, comenzó a perfilarse en la causa fallada por la Corte Suprema de Justicia en el año 1899, donde dijo el más alto Tribunal en aquella oportunidad:

"Que, por tanto, es exacto que el actor no ha adquirido el dominio de los terrenos en pleito, porque antes de la tradición de la cosa, tratándose de obligaciones de dar, el acreedor no obtiene sobre ella ningún derecho real (arts. 577 y concs), y porque es también cierto que aquél no se ha encontrado en ninguna de las condiciones que por excepción la tradición no es necesaria para operar por título derivado el cambio en la persona del propietario (arts. 2607, 2377 y ss).

Que aunque en mérito de las precedentes consideraciones el demandado no ha podido promover el juicio en el concepto de nacer la acción reivindicatoria de su dominio propio, ha podido hacerlo ejercitando en su interés las acciones de su causante, porque la escritura, importa una cesión de acciones, permitida con arreglo a la disposición contenida en términos generales en el art. 1444, y puesto que los arts.

2789 y siguientes, permiten hacer valer contra el poseedor títulos de propiedad anterior a su posesión, aunque esos títulos se refieren a la fecha del reivindicante mismo".
Prescripción adquisitiva, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: Diaz, Roque Benicio c/ Otero, Florentino s/ otero, cornelio y/o herederos s/ usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-11

La continuidad de la posesión, como requisito de procedencia de la adquisición del dominio por prescripción, debe juzgarse a la luz de la presunción establecida por el art. 2445 del CC y su nota, disposición que hoy se mantiene vigente en los arts. 1929 y 1930 del CCyC, para lo cual para conservar la posesión no es necesario estar en permanente contacto material con la cosa, o ejercer en forma continua actos materiales sobre ella, sino que una vez iniciada es suficiente la intención o ánimo de conservarla, sin serle exigible para conservar la posesión se deba tener un continuo pensamiento en la cosa poseída; al contrario, la ley presume que dicha voluntad continúa mientras no se exprese otra en contra.
Protección de la vivienda, efectos entre partes, afectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: Fondo de Garantías Buenos Aires Sapem c/ Logicam SRL y otros s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

La ley 14384: 35 establece que, la constitución del bien de familia produce efectos a partir de su inscripción en el registro inmobiliario correspondiente, no siendo, en virtud del art. 38 de dicha ley, susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en caso de concurso o quiebra. A contrario sensu deviene entonces indiscutible, la inoponibilidad de la constitución del bien de familia cuando existe una deuda anterior.
Monto de la pena, privación ilegal de la libertad, torturas
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

En la determinación del monto de las penas a los imputados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad calificada y tormentos calificados reiterados cometidos durante la última dictadura militar se debe considerar como extensión del daño causado el padecimiento impuesto a las víctimas durante su cautiverio y las consecuencias que para su vida posterior tuvo la dramática experiencia por la que pasaron, que incluye desarraigo por exilio, abandono de proyectos familiares y personales y secuelas físicas y psíquicas, computándose además el padecimiento a que fueron sometidos los familiares de dichas víctimas. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Allanamiento, costas al vencido, exención de costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Apco Argentina Inc. Suc. Arg. -T.F.N. Nº 10157-I c/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. DNM. 5709/97D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-21

Toda vez que el allanamiento importó el reconocimiento del derecho del actor y no fue seguido del pago de las sumas repetidas ni se demostró la intención de hacerlo efectivo en tanto no fue acompañado de la correspondiente estimación del importe que se reconoce adeudar, carece de efectividad, por lo que no están dados los requisitos previstos en el art. 70 del C.P.C.C.N. para que proceda la eximición.
Aportes previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, decretos, acción de amparo, existencia de otras vías, improcedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Di Croce, Mirta Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ Amparo y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Corresponde desestimar la vía de amparo intentada, dirigida a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.541, los Decretos 99/19 y 163/20, 495/20 y los decretos que pudieran dictarse en lo sucesivo, como así también de la ley 27.426 y Decreto 1058/17, pues requieren mayor amplitud de debate y prueba, por lo que no resulta la vía excepcional del amparo la que mejor se adecua para resolver lo aquí peticionado, de acuerdo a lo normado por el art. 2 inc. d) de la ley 16.986. En ese sentido cabe señalar que la ilegalidad y arbitrariedad no surge manifiesta tal como lo exige el artículo 1° de la ley 16.986 y demostrar tal extremo, en el marco de emergencia pública en materia económica, financiera y previsional que declaró la ley 27.541, conlleva a realizar un cotejo de la fórmula aprobada por la del art.6 de la ley 26.417 y la ley 27.426 y ponderarlo en contraste con la situación del actor.
Trabajadores rurales, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Dietrich, Benigno Silvestre c/ Aranguren, Juan Carlos s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-11

Si el plazo que tenía el actor y su familia para desalojar la vivienda que ocupaban en el establecimiento del demandado estaba vencido, contando aquél con casa propia en condiciones de habilitabilidad, habiendo principiado su mudanza a la misma, no se advierte razón que justifique mantener la vivienda ajena ocupada con algunos bienes, máxime cuando su reemplazante habitaba precariamente en el establecimiento, ni tampoco se observa el padecimiento de daño alguno por el accionante, cuando "motu propio" su ex-empleador, con colaboración policial, procede al retiro de tales enseres colocándolos en un acoplado, apersonándose aquél al efecto de consumar la mudanza.