Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, excepciones procesales, admisibilidad de la petición, incompetencia, relación de consumo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Circulo Cerrado SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Gallo, Rodolfo Esteban y otro s/ejecución prendaria. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Cabe revocar la resolución mediante la cual el magistrado se declaró incompetente, de oficio, para entender en las presentes actuaciones, con base en que la relación contractual que vinculaba a las partes se hallaba comprendida dentro de una operación de crédito para el consumo, por lo que resultaría aplicable la doctrina plenaria sentada por la Cámara Comercial en los autos "CNCom, Autoconvocatoria a plenario", del 29/6/11. Pues bien, del examen de las constancias obrantes se observa de la prenda acompañada en esta ejecución, que si bien se consignó que el vehículo adquirido lo era para "uso privado", las características de éste - "furgón"- puede hacer presumir que su destino era ser integrado en la actividad comercial del deudor -distribución de bebidas-. En ese marco, atento las circunstancias apuntadas que surgen de los propios instrumentos acompañados, no se aprecia que, al menos en esta instancia liminar del proceso, pueda inferirse que el vínculo que subyace entre el accionante y los accionados sea de consumo, por lo que las disposiciones de la LDC 36, no resultan, al menos en esta instancia del proceso, aplicables en autos. Disidencia del Dr. Chomer:

Cabe confirmar la declaración de incompetencia del juez a quo. Ello por cuanto, tanto en la ejecución como en el secuestro, es claro que el negocio inmediatamente conexo reside en un mutuo (que, en definitiva, determina el monto de la ejecución). Por consecuencia de ello, se está en presencia de un contrato de consumo, pues por medio del préstamo se permite la adquisición del bien prendado. La permisión de selección de jurisdicción que operaba antes de la sanción de la ley 26361 ha quedado superada, pues prima esta protección, sin que sean invocables otras reglas diferentes de su art. 36 (de orden público).

-Alguna diferencia podría oponerse en relación al secuestro, pues este proceso no admite contienda ninguna. Mas el art. 36, comprende al secuestro, en la medida de que se ha de permitir al "demandado", el control de regularidad del pedido formulado por el acreedor. Ello así pues supondría un obstáculo al derecho de defensa de ese sujeto, el sostener que quien se domicilia en una jurisdicción alejada de ésta, está irremediablemente obligado a presentarse en esta Capital a fin de dicho control de regularidad (pues, es notorio, que esa lejanía lo impide). Es que los aparentes óbices procesales -en tanto instrumentales al derecho sustancial-, no podrían constituirse en efugio convalidante de la desatención de una regla de orden público, como es la LDC 36. Es por ello que el acotado marco del juicio ejecutivo nunca podría conspirar para eludir la protección de la ley del consumidor, claramente orientada a garantizar los derechos de tales sujetos y, más concretamente en el caso presente, el regular ejercicio de su derecho de defensa.

-En definitiva, cabe presumir que el vínculo establecido entre las partes aparece comprendido dentro de los supuestos tipificados (y protegidos) en la ley 24240 (Molina Sandoval, "Reformas Sustanciales" en página 105, XXXIII.10 del Suplemento Especial LL, "Reforma a la ley de defensa del consumidor", abril 2008). Mas, ese aspecto debe ser prioritaria y oficiosamente analizado por el magistrado, pues, de lo contrario y de habilitarse el trámite, podría impedirse el ejercicio del derecho de defensa en juicio del consumidor demandado en jurisdicción alejada de su domicilio real.