marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVATELLI ALBERTO ROGER c/ MIZAWAK ENRIQUE DAVID s/ EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-25

El recurrente interpone aclaratoria -fundándola en el artículo 110 Ley de Aranceles- que tiene por objeto corregir algún error material en la regulación de honorarios pero no para revocar lo decidido por esta Sala, máxime que no solo no existe el mencionado error que de por sí descabeza el recurso, sino por cuanto el decisorio recurrido está fundado en las normas arancelarias allí indicadas y precisamente una de dichas normas - el artículo 71 primer párrafo Ley de Aranceles- establece que en los procesos de ejecución de sentencia, el honorario se regulará en el 50 de la escala; por lo que la regulación fue corréctamente practicada con el juego de las demás normas arancelarias indicadas o sea los artículos 30 y 31 Ley de Aranceles; y atento a que el artículo 118 Ley de Aranceles determina que la vía para demandar el pago de honorarios es la de ejecución de sentencia, el recurso interpuesto es improcedente, sin costas por no haber sustanciación y no regular honorarios por ser el recurrente perdidoso abogado en causa propia - artículo 13 Ley de Aranceles.
Interpretación de la ley, orden jurídico, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruckert de Ongarato, Alicia Wilma c/ Municipalidad de Esquel s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-07

"la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan. Dicha interpretación comprende no sólo la pertinente armonización de sus preceptos, sino también su conexión con las demás normas que integran el orden jurídico, doctrina ésta también aplicable a los supuestos en que el régimen jurídico esté integrado por mas de una ley formal ...La interpretación de las leyes no puede hacerse con arreglo a criterios puramente exegéticos en su mero alcance gramatical, o de lógica formal. Ella ha de practicarse en forma tal que establezca la versión técnicamente elaborada de la norma por medio de una sistemática, razonable y discreta hermenéutica que responda a su espíritu y observe y precise la voluntad del legislador".
Recurso contencioso administrativo, Administración Pública, doctrina de los actos propios, Municipalidad, personal municipal, paritarias, negociación colectiva, remuneración, liquidación, índices de actualización, ley de orden público, leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Morra, Eduardo Esteban y sus acumulados c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 731 Año 1993) Calderolli, Rodolfo c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 631 Año 1994) Pirola, Sonia y otros c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 781 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27|2002-03-27|2002-03-27

No persuade de la existencia de algún vicio de ilegitimidad en el accionar de la Municipalidad de Rafaela, el argumento referido a que la misma ha reconocido el hecho de que se abonaron los sueldos hasta el mes de octubre de 1991 conforme lo pactado, lo que se contrapone con que el pago de las diferencias pretendidas le están vedadas por la ley 23.928, resultando de aplicación la "teoría de los actos propios". Ello así, desde que es requisito para la aplicación de esta doctrina una conducta previa, que sea válida y revista sentido unívoco, y una pretensión posterior, que sean incompatibles entre sí, ambas de la misma persona; asimismo, no debe haber norma que autorice la contradicción. Y no obstante el esfuerzo de la parte actora por achacarle a la Municipalidad una conducta contradictora, no puede dejar de advertirse que tiene gran relevancia el hecho de que la demandada planteó en dos oportunidades sus dudas sobre la determinación de la remuneración del sueldo del mes de abril de 1991, principalmente, en relación a la implementación de la política salarial para el sector público por la entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad y que en el caso resultó decisiva la ley 23.928 que plasmó la inoponibilidad de los mecanismos de ajuste salarial (arts. 7 y 10) y que tenía carácter de orden público (art. 13).
Cesión del establecimiento, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Roque Vázquez c/ Suc. de Virgilio Figueroa Campero y otro s/ RECURSO DE CASACION otro s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-07

De la lectura armónica de los arts. 225 y 226 de la LCT se extrae que, la transferencia del establecimiento patronal, en si misma, no trae aparejada injuria alguna a los dependientes.

Los únicos supuestos en que la ley autoriza al trabajador a denunciar el contrato de empleo son aquellos tipificados en el art.

226 LCT.Es decir, la ley solo daría crédito al dependiente por el distracto indirecto, ante la existencia de "jus variandi" abusivo, o pérdida o disminución, que debe ser significativa y apreciable, de la capacidad del patrimonio del cesionario. Y, aún en este último supuesto, la interpretación deberá considerarse con carácter restrictivo.Fuera de este supuesto, francamente excepcional, del solo hecho de la transferencia no pueden derivarse situaciones injuriosas al trabajador, si se mantiene el objeto esencial del contrato.
Competencia criminal, competencia por el territorio, lugar del hecho, defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Incidente  de  inhibitoria de jurisdicción planteado por Carlos María Regúnara s/ INHIBITORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

El delito de administración fraudulenta o infiel (art. 173, inc.

7° del Código Penal) debe estimarse cometido, por regla general, en el lugar donde se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación del deber y, en caso de no conocerse ese lugar, debe presumirse que éste se ha llevado a cabo en el domicilio de la administración.
Cuestión constitucional, mala praxis, responsabilidad extracontractual del Estado, prescripción, igualdad ante la ley, responsabilidad contractual del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: R., N. B. y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

Cuando en una situación concreta no se exponen criterios concluyentes de distinción que justifiquen una posición diferente y desventajosa para un grupo, la decisión implicada importa trato desigual, violatorio del principio constitucional tutelado en el art. 16, CN y normas de igual jerarquía ya mencionadas, como así, también, de lo dispuesto en los arts. 10 y 11 de la CCBA.

En otros términos, el encuadramiento de una determinada relación jurídica en alguna de las opciones legales existentes, por ejemplo las que dividen la responsabilidad entre contractual y extracontractual, no puede hacerse, en principio, en detrimento de los derechos constitucionales en juego.
Evasión previsional, legitimación procesal, querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: San Vicente  S.A. s/ Falta de acción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-20

Por cuanto el haber jubilatorio se calcula en base al sueldo percibido en blanco por el trabajador, estos poseen legitimación para querellar.

En tal sentido no pueden ser separados de la causa dado que resultan las personas particularmente ofendidas en los términos del artículo 170 del Código adjetivo y poseen las atribuciones que le confiere el artículo 14 del mismo cuerpo legal.
Enfermedad profesional, indemnización, crédito laboral, depreciación monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: GALEANO, MARIO c/ ACERIAS 4 "C" s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA  LABORAL (CSJ EXPTE N. 706-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-20

La tasa de interés anual del 15 % aplicada a una deuda de origen laboral, reajustada por depreciación monetaria, no se muestra injusta o irrazonable.-
Concursos, prescripción, verificación tardía, plazo, incidentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: LAPIDUS LUIS JAIME S/CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE CARRERAS JUAN CARLOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

El término de la LCQ 56 (TO ley 26086) es de prescripción (CNCom en pleno in re "Trenes de Buenos Aires SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Jimenez Asunción Elsa" del 28/06/16) y en este campo conceptual, debe advertirse que dicho instituto supone la pérdida de la acción por el transcurso del tiempo, frente a la inactividad o silencio del acreedor o del deudor.

Su fundamento reside en la conveniencia de concluir situaciones inestables, consolidando definitivamente el pasivo concursal, lo cual puede favorecer las negociaciones con los acreedores, viabilizar el salvataje de la LCQ 48, e incluso enajenaciones de la empresa a terceros (cfr. Rivera Julio César, "Instituciones de derecho concursal", t. 1, pág. 276). 3 - Es así que, tratándose de un término de prescripción, el plazo puede ser suspendido, dispensado o interrumpido (CNCom, Sala B in re "Redlojo Entreteinment SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por Héctor Daniel Varicci" del 26/12/12).
Litisconsorcio necesario, ordenanzas municipales
Materia: CIVIL
Carátula: Fundación Biosfera y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ inconst. ord.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Cabe rechazar la petición de una asociación civil tendiente a que se la incorpore como litisconsorte necesario en una causa relacionada con la suspensión de una ordenanza municipal que establece un nuevo ordenamiento territorial y de regulación del uso del suelo, pues la peticionante no hace más que replicar la presentación de la actora, sin enriquecer con su intervención la cuestión a decidir, ni aportar circunstancias especiales que la habiliten a participar en ese carácter.
Contrato de trabajo, derechos del empleador, facultades de control, examen de salud
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, MARISA ERIKA c/ INDUSTRIAS GANADERAS INGA  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-26

El dador de trabajo tiene la facultad incuestionable de verificar el estado de salud de los dependientes, a fin de posibilitar la demostración de su estado y condiciones para desempeñar sus tareas, de acuerdo al derecho que el artículo 210 Ley de Contrato de Trabajo le otorgue a la empresa. (Conforme Sala I, sentencia 36375, 30 de mayo de 1977, 'Barrios, Hermenegildo c/ Lever y Asociados S.A.C I. ; ídem, sentencia 37985, 30 de octubre de 1978, 'D'Aloi, Luis c/ CompaÑía Química S.A. s/ despido').
Simulación, contradocumento, terceros, carga de la prueba, parentesco
Materia: CIVIL
Carátula: AYALA, RONALDO c/ MARCOS, JORGE Y OTRO s/ SIMULACION MARCOS, PABLO Y OTROS c/ SEGUEL DE MARCOS, MARIA A. Y OTROS s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09|1988-02-09

Constituyen indicios de la simulación, los vínculos de parentesco y afectivos entre las partes del negocio, máxime cuando los vendedores son padres del concubino de la compradora y la ausencia de una prueba eficaz de la capacidad económica de la adquirente.

El demandado por simulación cuando el reclamo es formulado por un tercero, por la índole misma del litigio, no puede limitarse a una conducta pasiva ni a la simple negativa de los hechos invocados por su contraria, alcanzándole el deber de aportar los elementos de juicio necesarios para averiguar la verdad de los actos cuestionados.

El contradocumento contiene reconocimientos, es decir, actos unilaterales por lo cual, si constan en instrumentos privados no se exige el doble ejemplar, y basta que contengan las firmas de aquéllos a quienes se oponen.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, interrupción de la caducidad, prueba, actuaciones administrativas, actos y diligencias procesales, decretos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Transporte Nueve de Julio Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Perención   de instancia (Expte. CSJ Nº 530-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

El proveído que despacha el escrito presentado por el actor precisando los expedientes administrativos cuya remisión solicitaba en su ofrecimiento de pruebas resulta de carácter interruptivo de la perención porque atiende a la correcta producción de la prueba y se mantiene en la órbita conceptual de hacer avanzar el proceso, por medio del cumplimiento de sus etapas fundamentales, hacia su modo normal de extinción. Es cierto que este proveído condiciona la producción del efecto pretendido al cumplimiento de un requisito previo y que cualquier actividad posterior a su dictado que diste del levantamiento de esa carga carecería de aptitud interruptiva de la perención, pero en sí mismo considerado es apto a los fines interruptivos.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mascitelli de Castro, Nelly Norma y otros c/ Municipalidad de Nueve de Julio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

Es facultad legal de los jueces la selección del material probatorio, y en consecuencia la posibilidad de inclinarse hacia determinados elementos acreditantes y descartar otros sin que sea preciso expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente los que resulten para el fallo de la causa.
Estupefacientes, contrabando de estupefacientes, concurso de delitos, concurso real, excepciones procesales, litispendencia, sobreseimiento, tenencia de estupefacientes, non bis in ídem, revocación del sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "VOLKER, Thomas y otro s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-02

Debe revocarse lo resuelto por el juez "a quo", en cuanto sobresee por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, fundándose en que la conducta no resulta escindible de la figura de contrabando que fuera investigado por la justicia en lo Penal Económico Si bien los hechos en cuestión, pueden presumirse vinculados a una misma empresa de tráfico, en principio y contando con los elementos propios de una investigación incipiente, conforme las reglas de competencia material, aparecen como sucesos distintos y escindibles , el calificado como tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados inequívocamente a la comercialización y de la tenencia de una mayor cantidad de sustancia, secuestrada horas después de producida su detención, en un inmueble relacionada a uno de los dos imputados por aquel delito.
Sucesión testamentaria, legado de dar sumas de dinero, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Alfonso Domenech. s/ Sucesión.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

La actualización de una suma de dinero legada por el causante debe realizarse a partir de la fecha de redacción del testamento ya que es la mejor forma de mantener el valor real de los legados. La circunstancia de que la causante no hubiera establecido en su testamento una cláusula de estabilización, no puede hacer presumir que quiso dejar una suma nominal que se cobraría desvalorizada.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-11

La cuantía o el "quantum" de la indemnización por daño moral reviste naturaleza resarcitoria. Su apreciación queda sujeta a un enfoque subjetivo del Juez y no determinable objetivamente pero debe signarse con la racionalidad de la suma acordada. (Dr. Silveira Márquez: En disidencia).
Proceso judicial, conducta procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Riveros, Rubén Rafael c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

La relación jurídico-procesal impone a las partes o sujetos, determinadas conductas en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas, mas o menos graves, como la pérdida de oportunidades para su defensa, la ejecutoria de providencias desfavorables, e inclusive, la pérdida del proceso.
Incumplimiento del contrato, antecedentes disciplinarios
Materia: LABORAL
Carátula: SCHWEIGEL, Gustavo Daniel. c/ R.G.A.   S.R.L. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-17

Los antecedentes laborales del actor adquieren particular relevancia al momento de analizar la proporcionalidad de la sanción que dispone el empleador en relación a la falta que imputa al trabajador; sin que quepa confundir la contemporaneidad de la sanción que se aplica ante la falta que se imputa, con la contemporaneidad que otrora debió haber existido entre anteriores incumplimientos del trabajador y las sanciones entonces aplicadas por tales motivos.

En otras palabras, concretamente en el caso de autos, el análisis de la existencia de contemporaneidad entre falta y sanción debe efectuarse centrando la atención en las conductas atribuidas al actor en la misiva mediante la cual se le notificó su despido y la decisión del empleador de despedir al trabajador por tal causa; mientras que las faltas anteriores del trabajador y las sanciones que se le aplicaron como consecuencia de aquéllas constituyen antecedentes a tener presentes al momento de analizar la proporcionalidad -y no la contemporaneidad- entre la sanción aplicada y el incumplimiento atribuido al trabajador.

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR (CON SU VOTO).
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, ley vigente, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

No deben aplicarse las nuevas disposiciones legales típicamente arancelarias con relación a los trabajos profesionales realizados con anterioridad a su vigencia, en la medida en que la situación general creada por las normas pertinentes de la ley 21.839, con anterioridad a las modificaciones introducidas por la ley 24.432, se transformó en una situación jurídica concreta e individual que no puede ser alterada sin riesgo de afectar el derecho de propiedad (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jaime, Oscar y otros c/ Transporte Atlántida S.A.C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-23

En caso de incapacidad sobreviniente, los ingresos económicos de la víctima constituyen un dato para evaluar la repercusión del daño en su proyección futura, por la disminución de la aptitud del sujeto para generarlos; pero que no constituye un requisito esencial para la apreciación y cuantificación del resarcimiento; a punto tal que la víctima puede carecer de empleo remunerado o permanecer en el que tenía, sin disminución de su salario, y no por ello debe negarse su reparación.
Despido discriminatorio, indemnización por despido, denegatoria del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ Marcelo Sebastián c/ Libertad S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-20

La norma del artículo 7° de la ley 26.928 dispone entre otras medidas de protección, que "Ser trasplantado, donante relacionado o encontrarse inscripto en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) con indicación médica de trasplante, o ser acompañante de persona trasplantada en los términos que determine la reglamentación, no será causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito público, como en el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.

Dicha normativa de modo alguno implica otorgar a los trasplantados una suerte de estabilidad propia o absoluta, en contradicción con la que prevé el ordenamiento legal; pues si así lo hubiera querido, otro hubiera sido el léxico utilizado. La norma sólo prevé que tal condición no será impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, y su desconocimiento ser considerado acto discriminatorio; mas, como previamente se dijo, en la causa se ha acreditado que al actor, luego del trasplante se le respetó su continuidad laboral durante casi siete años; con lo que difícil es pensar que el despido sin causa del que fue objeto encubrió una discriminación arbitraria por tal causa. La misma dispone ademßs en una de sus normas que el trasplantado que deba efectuarse controles en forma periódica, gozará del derecho de licencias especiales que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, que fueran necesarios sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o despido de su fuente de trabajo (artículo 8°), no puede obviarse que en la causa el propio actor ha reconocido que se le otorgaron las licencias y permisos correspondientes hasta el año 2013, y no sólo no ha acreditado que le fueran negadas o restringidas tales licencias a partir de dicha fecha, sino que tampoco ello ha sido invocado en su demanda concretamente, aludiendo en forma genérica a que se le empezaron a negar tales permisos sin especificar ni indicar cuándo tal restricción o negación habría sucedido.

Fuente del sumario: OFICIAL
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solari, Juan y otra c/ La Cabaña S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Probada la existencia del daño, la facultad prevista por el art. 165 del C.P.C.C. puede válidamente ejercerse, correspondiendo a los Tribunales de grado lo relativo a su aplicación.-
Beneficios previsionales, actividades laborales, reducción del beneficio, coeficiente de variación de salarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BENEDETTO, ALCIDES SIRIO c/ A.N.Se.S.". s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-24

Es improcedente la pretensión de que se calcule el haber jubilatorio en comparación con lo que percibía el agente en actividad a fin de determinar el grado de confiscatoriedad de las sumas que efectivamente se perciben, si el titular se jubiló por el sistema de coeficientes de la  ley 18.037, que no contempla la evolución de los sueldos de los activos para determinar la movilidad de las prestaciones (cfr. C.S.J.N., "Jáuregui, Olga Esther", Fallos 312:1153). En consecuencia, no resultando procedente -en el ámbito de la ley referida- la referencia al salario de actividad para aumentar el haber de pasividad del afiliado, tampoco corresponde utilizarlo para su reducción. (Del voto del Dr. Fernández).
Competencia penal, competencia por el turno
Materia: PENAL
Carátula: RESINA, JOSE MARIO; GALARZA, RAFAEL R. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-06-09

Para establecer el Juzgado Correccional y de Menores que resulta competente en razón de lo dispuesto en la Acordada 8314 debe tenerse en cuenta la fecha del decreti del Juzgado de Instrucción que dispone la elevación de la causa a juicio, aún cuando ella surja de una rectificación posteriormente dispuesta.