Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25


Salta, 25 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "GONZALES, DIONICIO FLOIRAN VS. CURTIEMBRE ARLEI S.A. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº 25.074/03), y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 120/126, la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Primera de Cámara de Apelaciones del Trabajo, de fs. 114/117 vta.

Según la recurrente, la sentencia impugnada es arbitraria, porque al hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor, rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte y admitir la demanda de cobro de indemnización por accidente de trabajo, omite valorar que el actor debió demandar a su Aseguradora de Riesgos del Tra-bajo y no accionar en forma directa contra su empleadora. Agrega que erróneamente el tri-bunal le atribuye la carga de la prueba de la afiliación del trabajador, ya que éste no introdujo el planteo de eventual responsabilidad de la empleadora por falta de afiliación, con lo cual la alzada prescindió de la ley aplicable y de los términos en que quedó trabada la litis.

En otro orden, sostiene que la sentencia es arbitraria, porque la Cámara, asumien-do ilegítimamente la jurisdicción del tribunal de primera instancia condenó a su parte fun-dada en un accidente de trabajo supuestamente ocurrido el 22 de enero de 1999, sin pruebas de la existencia del mismo, apartándose de la pericia médica de la cual surge que el actor padecía de una lumbalgia crónica. Señala que, de este modo, al apartarse la sentencia de los términos en que quedó trabada la litis, contraviene el principio lógico de razón suficiente, con mengua de los derechos de defensa en juicio y el debido proceso.

La impugnante atribuye a la sentencia autocontradicción, en tanto afirma que se ha probado el accidente sufrido por el actor y su incapacidad, no así el modo y porcentaje de la incapacidad denunciados, pero de manera incongruente, condena a su parte por la suma total demandada, calculada sobre una incapacidad total y permanente del 100%. Agrega que, además, se declara la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24557 con un razona-miento también arbitrario e incongruente fundado en erróneos cálculos matemáticos con los cuales arriba a la conclusión de que una renta periódica produciría serios efectos de des-igualdad e injusticia.

Concedido el recurso por el tribunal "a quo" a fs. 127/129, el actor presenta a fs. 141/145, la memoria prevista por el art. 301 del Código Procesal Civil y Comercial.

El Sr. Fiscal ante la Corte dictamina a fs. 146/147 vta., pronunciándose por la ad-misión parcial del recurso de inconstitucionalidad, en el sentido de confirmar el pronun-ciamiento impugnado en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, y revocarlo en cuanto hace lugar a la demanda y condena a la accionada a pagar la indemnización peticionada, señalando que correspondía al tribunal de apelación pronunciarse únicamente respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva por haber sido éste el único motivo de agravios de la apelación, sin entrar a resolver la cuestión de fondo, que no ha sido objeto de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia.

2º) Que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (cfr. Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 70:29), el recurso de inconstitucionalidad resulta de carácter excepcional y de in-terpretación restrictiva. Su admisión se circunscribe a los supuestos en que una cuestión constitucional, oportunamente introducida, deviene esencial para la resolución de la causa. Por ello, el remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sen-tencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no contengan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que importen su descali-ficación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3º) Que el actor ha promovido demanda contra su ex empleadora persiguiendo el cobro de indemnización por accidente de trabajo que manifiesta haber sufrido cuando se encontraba reparando una maquinaria escurridora de propiedad de la demandada, situación que le generó una afección lumbar, fundándose en la Ley 24557 vigente para los infortu-nios ocurridos a partir de 1/7/96, y ha solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 15, 1º y 2º párrafos y 19 de dicha normativa, que establecen el pago de la indemni-zación mediante una renta periódica mensual. Al contestar la demanda, la accionada opuso excepción de falta de legitimación pasiva para responder por el supuesto accidente de traba-jo, fundada en que las consecuencias del infortunio laboral deben estar a cargo de la Com-pañía Aseguradora, en virtud de que la Ley 24557 establece que las acciones previstas en la misma deben ser afrontadas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, excluyendo de toda acción a los empleadores. La sentencia de primera instancia resolvió hacer lugar a la defensa de falta de legitimación opuesta y, en su mérito, rechazar la demanda.

La Cámara, mediante la sentencia ahora impugnada, considerando que la deman-dada no ha aportado pruebas que la excluyan de responsabilidad, revocó el pronunciamien-to anterior y rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva; a continuación, procedió a analizar la cuestión de fondo y resolvió hacer lugar a la demanda condenando a la deman-dada a pagar la indemnización por accidente de trabajo, por el monto total reclamado en la demanda, y declaró la inconstitucionalidad del art. 19 de la Ley 24557, en tanto establece la percepción de la indemnización de una renta periódica mensual, considerada por el tribunal irrisoria y violatoria de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

En un primer orden de análisis, cabe puntualizar, la jurisdicción del tribunal de alzada se encuentra habilitada para decidir sobre la cuestión de fondo planteada en la de-manda por haber sido sometida a su conocimiento. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la impugnante, el tribunal de primera instancia, al dictar sentencia, se pronunció expre-samente por el rechazo de la demanda, luego de analizar y acoger la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada (fs. 94/97). Luego, el apelante, en el memo-rial de agravios de fs. 98/102, concreta la crítica contra el pronunciamiento que rechaza la demanda, además de cuestionar la decisión que hace lugar a la defensa de falta de legitima-ción pasiva, en tanto expresa, en lo esencial, que la fuente del pago de las indemnizaciones que reclama no es la Ley de Riesgos del Trabajo sino el contrato de trabajo existente con la empresa demandada, y afirma que el rechazo de la demanda fundado en pruebas inexisten-tes y otorgando la eximición de responsabilidad de la empleadora en contra de lo dispuesto en el art. 28 de la ley 24557 provoca, de manera arbitraria, la pérdida de su derecho a la indemnización proveniente del accidente de trabajo, por lo que solicita expresamente se haga lugar a la demanda, siendo claro el directo ataque al pronunciamiento que la rechaza.

Esta Corte ha señalado que resulta improcedente el recurso de inconstitucionalidad por presunto apartamiento del tribunal de apelación de los términos en que quedó trabada la litis, si ha analizado y resuelto el tema que fue sometido a su decisión, por lo que se ha pro-nunciado sin exceder sus facultades, respetando el principio de congruencia (Tomo 92: 105).

4º) Que la impugnante considera arbitrario el razonamiento de la Cámara al deses-timar la defensa de falta de legitimación pasiva, fundada en que se aparta de los términos en que quedó trabada la litis. Ello sin embargo, el análisis de los argumentos expuestos por la recurrente en tal sentido y las constancias de la causa, lleva a concluir que no se ha materia-lizado una cuestión constitucional al respecto, remitiendo dichos argumentos al examen de cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal, propias de los jueces de la causa y extrañas, como regla, a la instancia extraordinaria (cfr. CSJN, Fallos, 225:1093; esta Corte, Tomo 60:375; 63: 693; 65:1177).

En efecto, el fallo cuestionado ha efectuado un prolijo estudio de las constancias de la causa, y fundándose en el derecho aplicable -art. 28, pto. 1 de la Ley 24557- y la ju-risprudencia, ha dado las razones por las cuales consideró improcedente la defensa opuesta por la demandada, señalando que ésta omitió acreditar los extremos necesarios para su exención de responsabilidad frente al infortunio sufrido por el trabajador, al no indicar con claridad cuál era su aseguradora de riesgos del trabajo, los datos relativos a su contratación y procurar su citación a juicio.

De este modo, en el "sub lite" no se evidencia la arbitrariedad que aduce la recu-rrente, arguyendo que la Cámara se ha apartado de lo dispuesto por el art. 28, inc. 1 de la ley 24557 que indica que el empleador no incluido en el régimen de autoseguro y que omite afiliarse a una ART., responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en la ley. La pretensión de que el trabajador demuestre que la empresa carece de seguro de riesgos del trabajo importa invertir la carga de la prueba, de manera improceden-te, como bien se señala en el fallo apelado, y las constancias de la causa demuestran que, en realidad, la propia negligencia de la empleadora en la producción de la prueba de la exis-tencia de una póliza de contrato de seguro de riesgos del trabajo, ha provocado el rechazo de su defensa. Por ello, las imputaciones efectuadas por la recurrente, sólo revelan su mera divergencia con el criterio del "a quo" en el análisis de cuestiones que, por su naturaleza, resultan ajenas al remedio extraordinario intentado.

Cabe señalar entonces, sobre este aspecto de la sentencia no se verifican extremos muy particulares que, en cuestiones de prueba, pueden tornarla descalificable, por aplica-ción de la doctrina de la arbitrariedad, y los razonamientos de la impugnante no logran des-virtuar la conclusión a que se arriba en el fallo impugnado, debiendo entonces rechazarse el recurso intentado sobre el punto.

5º) Que ya en el análisis de la procedencia de la indemnización reclamada por el actor, se advierte que la Cámara ha expuesto las razones por las cuales ha considerado que la incapacidad es consecuencia del accidente de trabajo sufrido por el trabajador durante la vigencia de la relación laboral, fundándose en la prueba testimonial del Sr. Cruz, encargado y luego supervisor de la curtiembre, que da cuenta del hecho del accidente (fs. 65), la testi-monial del médico tratante, Dr. Choque (fs. 63 y vta.) que se expide sobre el estado de sa-lud del actor y las causas del accidente y, en cuanto al porcentaje y graduación de la inca-pacidad laboral, ha valorado las pericias médicas de fs. 60, 61, 73 y vta. y 78, que la fijan en un 35% parcial y permanente.

Los argumentos de la impugnante al respecto, no logran desvirtuar las conclusio-nes del "a quo", a las que llega luego de analizar las constancias de la causa y las pruebas que estima conducentes para resolver el litigio. De este modo, las imputaciones relaciona-das con un supuesto apartamiento de las constancias de la causa evidencia también en este aspecto, una mera discrepancia de la recurrente con el pronunciamiento de la alzada, en cuestiones que, por su naturaleza, resultan ajenas al remedio extraordinario intentado, por lo cual cabe también el rechazo del recurso sobre el punto.

Al respecto, es menester señalar que la circunstancia de acordar preferencia a de-terminados elementos probatorios no configura arbitrariedad, habida cuenta que los jueces no están obligados a valorar todos y cada uno de los hechos probados y alegados por las partes, sino tan sólo aquellos considerados relevantes para la solución del litigio (cfr. esta Corte, Tomo 59:553, 859; 60:143; 63:751; 75:1025, entre muchos otros).

6º) Que respecto del monto de la condena en concepto de indemnización por acci-dente de trabajo, corresponde puntualizar que el art. 14 apartado 2 inciso b de la ley 24557 (B.O. 04-10-95) -de aplicación al caso de autos en virtud de la fecha en que ocurrió el acci-dente- establece que cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20% e inferior al 66%, el damnificado percibirá una indemnización cuya cuantía será igual al 70% del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Teniendo en cuenta que, conforme la sentencia del tribunal "a quo", el actor sufre una incapacidad laboral permanente del 35% y que su ingreso base era de $ 769,95, multi-plicando el 70% de dicho ingreso por el 35% de la incapacidad se arriba a los $ 188,64 que se tuvieron en cuenta en la sentencia impugnada (v. fs. 116 vta.).

Siendo ello así, el fallo no incurrió en la inconstitucionalidad invocada pues -contrariamente a lo señalado por la demandada- al fijar el monto de la condena no tuvo en cuenta una incapacidad total y permanente del 100% del trabajador, sino que, computando la edad que éste tenía al momento del hecho (38 años), consideró que el monto reclamado -pagado en su totalidad- le resultaba adecuado para organizar una actividad laboral acorde con sus capacidades actuales (v. fs. 117 2º párr.).

En consecuencia, resulta aplicable la doctrina del Tribunal que indica que no basta para demostrar la existencia de una situación de inconstitucionalidad, sostener la vulnera-ción de derechos constitucionales si, como en el caso, no se prueba la afectación puntual de los derechos invocados (Tomo 63:803; 67:585; 69:639; 90:475, entre otros).

7º) Que en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 de la L.R.T, la Cámara ha considerado que el pago de la indemnización por medio de una renta periódi-ca vulnera los derechos establecidos en los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la C. N. y produce efectos de desigualdad e injusticia que se patentiza en la imposibilidad de disposición de un capital que, bien invertido, puede otorgarle la chance de organizar una actividad laboral que le permita el sustento digno de sí mismo y de su familia.

La impugnante omite hacerse cargo de los fundamentos en que se sustentan las conclusiones del tribunal "a quo", lo que además de atentar, por defecto, contra la correcta deducción del recurso, revela sólo una disconformidad con lo decidido, insuficiente a los fines del recurso.

Cabe destacar, además, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Milone" (26-10-2004) ha señalado que una discapacidad, sobre todo de las comprendidas por el artículo 14.2.b, llevará seguramente al trabajador -y, en su caso, a la familia de éste- a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable y el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la LRT mediante el pago en forma de renta periódi-ca, porque reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular su proyecto.

8º) Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 120/126. Con costas.

Por ello;

_LA CORTE DE JUSTICIA:

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 120/126. Con costas.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-