Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


2º Instancia. -Buenos Aires, septiembre 30 de 2009.

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 225/228? El doctor Sala dice:

1. La sentencia de fs. 225/228 -a cuyos resultandos me remito en orden a la reseña de la cuestión litigiosa- hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Renata Cardarelli y, en consecuencia, rechazó la demanda incoada por H. A. M., en todas sus partes, e impuso las costas al accionante vencido.

Para así decidir, el juez de la instancia anterior indicó que la actora había reclamado a la demandada el pago de cierta cantidad de dinero con más sus accesorias, en concepto de honorarios profesionales que arguyó se encontraban impagos; y, que la demandada resistió la pretensión invocando la inexistencia de la acreencia y oponiendo excepción de prescripción.

Luego, juzgó que correspondía analizar -en primer lugar- el planteo de prescripción opuesto por la accionada fallida ya que del mismo dependía la suerte de la litis.

Recordó que el inc. 4º del art. 4032 del Código Civil contemplaba la prescripción bienal respecto de las acciones ejercidas por médicos, cirujanos y farmacéuticos por cobro de honorarios correspondientes a visitas, operaciones y medicamentos.

En tal marco, dijo que del escrito de demanda se desprendía que las sesiones médicas prestadas por el reclamante se desarrollaron hasta el 16.09.1996 (v. fs. 5 pto. 2); y, que la accionada arguyó que las mismas no pudieron desarrollarse más allá del 27.08.1996.

Es decir, que aun considerando como fecha final de realización de las sesiones la invocada por el actor (16.09.1996) y teniendo en consideración que las presentes actuaciones fueron iniciadas el 13.09.1999, la defensa de prescripción opuesta por la demandada debía prosperar por cuanto el plazo previsto por el art. 4032 inc. 4º se encontraba holgadamente vencido.

Sin perjuicio de ello, señaló que no podía soslayar que de las actuaciones caratuladas "Del Percio, Enrique Miguel c/ Cardarelli, Renata s/ inc. de familia" se desprendía que el 16.09.1996 la accionada-fallida había presentado un informe elaborado por el accionante del cual se podía inferir que prestó sus servicios profesionales desde el mes de mayo de 1996 hasta el 27 de agosto del citado año, por el término de seis horas.

Y, finalmente, agregó que con fecha 03.02.1999 el Tribunal Civil desestimó el planteo impetrado por el accionante de fecha 27.10.1998 quien invocando su calidad de consultor técnico solicitó regulación de honorarios en su favor; recordando que allí se había destacado que de las actuaciones no se desprendía la designación de consultor técnico por la accionada-fallida; decisión que si bien se encontraba apelada no modificaba lo juzgado en el sub examine toda vez que dicho planteo fue efectuado vencido el plazo previsto por el inc. 4º del art. 4032.

2. Apeló el accionante a fs. 230 y fundó su recurso con la expresión de agravios que corre glosada a fs. 240/242, cuyo traslado fue respondido por la Sindicatura de la quiebra de la demandada a fs. 244/245.

Sus quejas se encuentran encaminadas a cuestionar que el magistrado de la instancia anterior hubiere considerado aplicable al caso la prescripción bienal del art. 4032 del Código Civil por cuanto los servicios que prestó lo fueron en su calidad de psicólogo y no de médico; razón por la cual esgrime que el caso resultaba subsumible en la prescripción decenal reglada por el art. 4023 del mismo ordenamiento.

3. La Señora Fiscal ante esta Cámara emitió su opinión a fs. 260, considerando que la cuestión sobre la que versaba el recurso se relacionaba con aspectos de hecho y de prueba, no comprendidos en el interés general de la sociedad cuya tutela le incumbe.

4. La prescripción es el medio por el cual el transcurso del tiempo opera la modificación sustancial de un derecho en razón de la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigirlo compulsivamente (Jorge J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T. III, Editorial Abeledo Perrot, p. 304).

Ahora bien, la prescripción liberatoria es de interpretación estricta y por tanto, en caso de duda, debe estimarse que no se ha cumplido y que el derecho subsiste en su plenitud, así como que entre dos plazos posibles, es aplicable el más largo (Llambías, Ob. Cit., p. 311).

El art. 4023 del Código Civil determina en su primera parte que toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial.

Así, la última parte de la citada norma establece un principio general relativo a que todas las acciones prescriben en ese lapso a menos que la ley establezca un término especial menor.

Ahora, el art. 4032 inc. 4º del ordenamiento civil dispone que se prescribe por dos años la obligación de pagar "...a los médicos y cirujanos, boticarios y demás que ejercen la profesión de curar, sus visitas, operaciones y medicamentos...".

Es precisamente la inclusión o no del crédito del accionante -por los servicios prestados en su calidad de psicólogo- en esta norma, la cuestión sometida a la decisión de este Tribunal.

Los jueces son los órganos de aplicación de la ley. A ellos les toca velar por su cumplimiento y cuidar que las relaciones humas se desenvuelvan en concordancia con las normas del derecho positivo (Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil-Parte General", T. I., Editorial La Ley, p. 205).

Así es que deben aplicar determinadas reglas prácticas en su tarea de descubrir el recto sentido de una ley: deben atenerse al texto mismo de la norma, entendiéndose por tal no sólo a su letra sino también a su espíritu; deben apreciar, además, las circunstancias económicas y sociales del momento en que dictan su sentencia; y, deben tener presente el propósito que ha inspirado la norma (Borda, Ob. Cit., p. 222 y ss.).

En lo que hace a la regla positiva en cuestión, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que el tiempo de prescripción en ella contenido se aplica -a pesar de que no surge expresamente del texto en cuestión- a los dentistas, parteras, kinesiólogos y enfermeras, todos los cuales ejercen la profesión de curar, aún de modo auxiliar (Llambías, Ob. Cit., p. 429; Pedro N. Cazeaux - Félix A. Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", T. 3, Editora Platense, p. 643) y, a los veterinarios, que se encuentran en la misma situación anterior, aunque su atención se refiera a la salud de los animales (Llambías, Ob. Cit., p. 429).

Y, lo mismo ha de propiciarse respecto de los servicios prestados por un psicólogo, por las razones que seguidamente expondré.

En primer lugar, si nos atenemos al texto mismo de la ley, es decir, a su letra y a su espíritu, el artículo en cuestión establece en forma genérica su aplicación a las demás personas que "...ejercen la profesión de curar...".

"Curar", para el diccionario de la Real Academia Española, importa -entre otras acepciones- "...sanar las dolencias o pasiones del alma..." y la "psicología" es definida como la "...parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones...".

De su parte, las normas para el ejercicio de la profesión de psicólogo (ley 23.277) disponen que se considera ejercicio profesional de la psicología, entre otras cuestiones, a "...el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas...".

Y, la psicología clínica "...es una especialidad básica de la Psicología que se ocupa de la conducta y los fenómenos psicológicos y relacionales en la vertiente salud-enfermedad de los seres humanos. Su campo es el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o conducta anormal y la promoción de la salud mental mediante instrumentos y técnicas psicológicas..." (www.hospitalitaliano.com.arhttp://www.hospitalitaliano.com.ar).

Así es que como el actor afirmó al demandar haber realizado "...31 sesiones de terapia psicológica con la menor y su madre..." (v. fs. 5); que de la documental adjunta por la accionada -que no fue negada en su autenticidad por el profesional (v. fs. 30/32)- se desprende que M. presentó en el expediente "Del Percio, Enrique c/ Cardarelli, Renata s/ inc. de guarda" un escrito en el que manifestó que su intervención "...fue determinante para la recuperación de la menor, que prácticamente no hablaba al momento de iniciar el tratamiento (10/5/96), y se accionó sobre su situación familiar fortaleciendo los vínculos filiales y las imágenes de sus padres como rectores de su formación y determinantes de su vida en sociedad..." (v. fs. 22 vta.); y, que a fs. 121 de los autos venidos ad effectum videndi surge que el accionante informó haber mantenido "...entrevistas psicoterapéuticas..." con la hija de Carderelli; no puede sino concluirse que las tareas que realizó se relacionaron con la "profesión de curar" a la que alude el inc. 4º del art. 4032.

Y, en segundo lugar, corresponde ponderar a la hora de interpretar el precepto que éste se hallaba contenido en el Código Civil que terminó de redactarse en junio de 1865 (conf. Llambías, Ob. Cit., Parte General, T. I, p. 193) y que fue sancionado mediante la ley 340 del 25.09.1869; mientras que las primeras carreras de psicología en nuestro país se crearon en la Universidad de Buenos Aires en 1957 (www.psi.uba.arhttp://www.psi.uba.ar) y en la Universidad Nacional de La Plata en el año 1958 (www.unlp.edu.ar/historia.htlm) por lo que mal podía el legislador incluir en las ejemplificaciones contenidas en dicho precepto a la profesión que ostenta el aquí actor.

Finalmente, en nada empece a lo expuesto el hecho de que en caso de servicios continuados con motivo de enfermedades crónicas o dolencias sucesivas de un mismo paciente cuya asistencia corra a cargo de un deudor único, se interprete que la prescripción empieza a correr desde el 1º de enero del año siguiente al de prestación de los servicios; y, que en caso de servicios médicos aislados con motivo de consultas, operaciones, visitas ocasionales, atención de enfermedades agudas, la prescripción corra desde la labor del facultativo, considerada en su conjunto, es decir, desde que se completó el tratamiento instituido, desde la curación del enfermo, su deceso o sustitución del médico (Llambías, Ob. Cit., p. 431 y Cazeaux - Trigo Represas, Ob. Cit., p. 643) pues aun aplicando tales criterios y tomando cualesquiera de las fechas indicadas por las partes como de finalización del tratamiento (16.09.1996 al decir del actor -v. fs. 5 de la demanda- o 26.08.1996 -v. fs. 18 de la contestación de la demandada-), el plazo bienal ha transcurrido holgadamente.

Tales cuestiones me persuaden de que asistió razón al juez de grado al declarar prescripta la acción incoada.

5. Como corolario de lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo: (i) Desestimar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio; y (ii) Imponer las costas de Alzada a cargo del recurrente en su condición de vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

El Señor Juez de Cámara, doctor Caviglione Fraga dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Bargalló, adhiere a los votos anteriores.

Y Vistos:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: (i) Desestimar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio; y (ii) Imponer las costas de Alzada a cargo del recurrente en su condición de vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría y a la Representante del Ministerio Público, a cuyo fin, remítanse las presentes actuaciones. -Ángel O. Sala - Miguel F. Bargalló - Bindo B. Caviglione Fraga