Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-02


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y José Luis Pasutti, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Z. , M. F. s/ homicidio a R. M. " (Expediente N° 21.127 - F° 38 - Año 2007).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 652: Panizzi, Pfleger y Pasutti.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) Llega la causa a conocimiento de esta Sala Penal como consecuencia del recurso de casación deducido por el defensor público de don M. F. Z. , doctor C. M. Z. , contra la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Trelew, el día 2 de octubre del año 2007, mediante la cual impusieron al acusado la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, al hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, por el hecho ocurrido en esa ciudad, el día 7 de abril del año 2006, a las 6,00 hs. aproximadamente, en perjuicio de M. R. (artículos 12, 19, 29, inciso 3°, 40, 41 y 79 del Código Penal).

El hecho imputado fue el siguiente: "el 7 de abril de 2006 cuando el nombrado en circunstancias de encontrarse junto a M. R. , con quien había ingerido previamente bebidas alcohólicas, junto a otras personas, procedió a sabiendas de las consecuencias que su accionar implicaba contra la integridad física de R. , a propinarle sendos fuertes golpes en el cuerpo, con clara intención de darle muerte, intentar asfixiarlo por ahorcamiento utilizando para ello, presuntamente un cable coaxil de dos metros de largo, hallado en el lugar, provocándole con tal acción lesiones en región facial, herida cortante en el labio superior e inferior, pérdida hemática en ambas narinas, tumefacción, hematoma cerebral, como así también en ambas regiones malares del lado derecho, ocasionándole con todo ello, un severo traumatismo craneoencefálico como así también una fractura del cartílago de la laringe, que le ocasionó un paro cardio-respiratorio, que determinó finalmente su fallecimiento aproximadamente entre las 7.00 y 13.00 hs., del día del hecho".

II) En la presentación de fs. 607/620, el recurrente planteó un único motivo de agravio, fundado en el artículo 363, inciso 3° del Código Procesal Penal, por el que instó la nulidad de la sentencia. Consideró que el fallo careció de motivación suficiente para afirmar la imputabilidad del acusado; con lo que se transgredió el principio de inocencia y el in dubio pro reo.

Concibió demostrado que Z. , la noche de los hechos, consumió mucho alcohol e ingirió pastillas (benzodoazepinas), específicamente "clonazepan", combinación que provocó en él una alteración grave de su conciencia que llevó a cometer el homicidio de R. . Señaló que los sentenciantes desecharon inexplicablemente los numerosos testimonios colectado en la causa, de los cuales surgió la ingesta antedicha y, al igual que el médico forense, centraron su atención en dos declaraciones prestadas por el personal policial al que espontáneamente el acusado relató pormenores del suceso.

Destacó que la Cámara reconoció el consumo de alcohol por parte del imputado, pero ignoró el consumo de benzodiazepinas, mezcla que le produjo una grave perturbación en la conciencia, promotora del hecho bajo juzgamiento, el que calificó de inexplicable.

Expresó que la combinación de ambas sustancias afecta depresores del sistema nervioso, produce en individuos con ingesta sostenida en el tiempo -poliadictos- lo que se conoce como "efecto paradojal", es decir un comportamiento agresivo, irracional y explosivo que altera gravemente la conciencia y, en ocasiones, produce consecuencias como las que sucedieron en la causa.

Para el impugnante, el Juez Minatta aunque ignoró los vastos testimonios que señalaban la casi ininterrumpida ingesta de alcohol y pastillas por parte del acusado, coincidió con la defensa en que se hubiera agotado la discusión de haber contado con la prueba de alcoholemia que -añadió el recurrente- se perdió por negligencia o inoperancia del personal policial.

Reiteró que la intoxicación alcohólica y farmacológica que afectó la capacidad de comprensión de la criminalidad de los actos de su asistido, debió complementarse con el resultado de los estudios bioquímicos correspondientes, con los que no se pudo contar por el extravío de la muestras obtenidas.

Esta circunstancia, continúa apuntando la defensa, no debió jugar en desmedro de la situación procesal de Z. , ajeno a ese incidente, por lo que solicitó el sobreseimiento del acusado en atención a la normado por el artículo 34, inciso 1° del Código Penal.

Hizo reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el supuesto de obtener un pronunciamiento contrario a sus pretensiones.

III) El remedio fue concedido por la Cámara a fs. 621/vta. y mantenido en esta instancia, por el Señor Defensor General, doctor Arnaldo Hugo Barone a fs. 626/627 quien agregó con anterioridad a la deliberación de esta Sala Penal lo que denominó "breves notas", cosidas a fs. 639/641 vta.

A su turno, el Señor Procurador General, doctor Eduardo Samamé, presentó el memorial al que lo autoriza el artículo 426 del Código Procesal Penal, y señaló que del pronunciamiento recurrido surgen elementos suficientes para tener por probado que el imputado conocía y comprendía lo que hacía en el momento del hecho.

Opinó que la valoración integral de todos los medios de prueba de ocurrencia del hecho no se correspondían con el estado de inimputabilidad previsto en el artículo 34 del Código Penal, por lo que propició el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia condenatoria.

IV) Tal como lo expusiera el Sr. Defensor General, doctor Arnaldo Hugo Barone, en su presentación de fs. 639/641 vta. la cuestión a resolver tiene como precedente de esta Sala Penal la sentencia dictada en la causa caratulada "G. , L. p.s.a. de Homicidio a J. N. P. -Trelew" (Expediente N° 19.920 - F° 137 - Año 2004 - Sentencia N° 28 de fecha 20-03-07), por lo que adelanto que la solución del caso seguirá la dirección de aquel pronunciamiento.

No han sido cuestionadas por el casacionista la materialidad ni la autoría del hecho enrostrado, sin embargo la dinámica del suceso fatal y la prueba que sirvió de sostén a su reconstrucción probaron para el Tribunal, con un criterio que comparto, la capacidad de culpabilidad de Z. .

Tal como lo señaló la defensa, las muestras sanguíneas que le fueron extraídas al acusado no se hallaron en el laboratorio de la Unidad Especial Criminalística Trelew de la Policía del Chubut, donde se habían depositado; pero no menos cierto es que el Bioquímico G. F. Z. informó a fs. 409 que, debido al tiempo transcurrido entre el hecho imputado y la orden para llevar a cabo la pericia (más de 4 meses), las muestras no hubiesen sido aptas para el análisis de alcoholemia o de otras drogas toxicológicas.

Tal afirmación del perito, omitida por la defensa en su presentación, demostró que aun cuando se hubiera contado con los elementos a peritar, la práctica no habría podido arrojar resultado alguno en razón de la ineptitud de las muestras.

De manera que el análisis sobre la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de sus actos, se habría realizado de la misma manera en que lo hizo el a quo en el fallo por el que lo condenó a Z. .

Víctima y acusado pertenecían a un mismo grupo de amigos que, la noche del evento luctuoso, se hallaban reunidos en la casa de Z. . De los testimonios brindados por S. A. T. , K. G. C. , A. J. C. , A. F. P. y R L. P. surgió que el imputado y el occiso mantuvieron un altercado durante la velada, en el que Z. le exigía a R. el dinero con el que contaba pues querían comprar más bebidas alcohólicas, por lo que evitó que la víctima se fuera de su casa.

Alrededor de las 7,00 hs Z. , P. y R. fueron hasta el comercio "El T. " a comprar tres vinos, pero no pudieron llevárselos porque quien pagaría -la víctima- estaba tan ebrio que buscó dinero en los bolsillos sin encontrarlo. De manera que los tres regresaron al domicilio de Z. , llevando a R. a la rastra. A las 9,00 hs. el acusado invitó al occiso a recostarse en la cama de dos plazas que había en la vivienda y hasta lo ayudó a ubicarse, por lo ebrio que estaba.

La pericia criminalística de fs. 264/272 demostró que, sólo y con la víctima durmiendo en su casa, Z. golpeó a R. con una piedra en el rostro provocándole una herida que ocasionó perdida de sangre que manchó la cama y en el piso de la habitación.

Un nuevo golpe con un elemento duro en el rostro se produjo estando la víctima de pie, cerca de la abertura de la cocina, lo que provocó la proyección de sangre sobre los muebles ubicados en la pared y en el suelo, y el desmoronamiento de R. .

Luego se hallaron rastros de sangre hacia el exterior de la vivienda y en dirección al baño (o antiguo gallinero) que suponen un desplazamiento del cuerpo hacia el sitio en el que fue hallado el cuerpo, en tanto no se apreciaron signos de lucha en el patio anterior a la casa.

El cuerpo de R. tenía cinco surcos en la parte anterior del cuello, porque la posterior se cubrió con su abundante cabello, producidos por el estrangulamiento con un cable coaxil -secuestrado en la vivienda- que le fue colocado en forma espiralada.

Esta reseña del hecho juzgado, me permite coincidir con los argumentos dados por la Cámara para tener por probada la imputabilidad de Z. , no obstante la ingesta de alcohol y pastillas, porque su accionar fue artero, por un motivo banal destinado a causar la muerte de R. a toda costa y con un evidente despliegue de fuerza y astucia que impiden considerarlo el actuar de una persona sin conciencia.

En respaldo de lo expuesto, copio a Roxin que, en alusión a diversos pronunciamientos del "Bundesgerichtshof" (BGH, Tribunal Supremo Federal alemán), anotó que con relación al "... consumo de alcohol, no se puede indicar un límite determinado de un tanto por mil para que se produzca la inimputabilidad o incapacidad de culpabilidad, sino que depende de las circunstancias del caso concreto." (Roxin, Claus, "Derecho Penal. Parte General", edit. Civitas, Madrid 1.997, tomo I, pág. 827).

Producido el resultado fatal, Z. no se extravió, no se echó a dormir, sino que llamó a la policía y al ver el patrullero llegar, le hizo señas para que se acercara -conf. declaración del Oficial Inspector S. - y le dio su versión de lo sucedido "hablando normalmente".

En otro precedente de esta Sala, caratulado "Q. , P. J. s/ Homicidio Simple", (Sentencia Nº 52 del 27/10/2006 - Expte. Nº 20.479 - Q - 2006) se resolvió un planteo similar, y allí expresé que el sistema para valorar los elementos probatorios del proceso, adoptado por nuestro ordenamiento de forma, no es el de prueba tasada sino el de sana crítica racional, método que no impone pautas fijas al juzgador, sino que deja un amplio margen al tribunal para apreciar la prueba con sujeción a las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología.

Por esta razón, válidamente pudieron los jueces determinar el nivel de alcoholización que tenía el acusado al momento del hecho imputado, analizando y valorando razonablemente -como lo hicieron- los restantes elementos probatorios obrantes en la causa.

V) Por todo lo expuesto, propicio el rechazo del recurso de casación deducido por la defensa de don M. F. Z. , con costas y la confirmación de la sentencia de fs. 595/605 vta. (artículos 24, inciso 2º, 415 y concordantes del Código Procesal Penal).

VI) Regulo los honorarios profesionales de la defensa pública en forma conjunta, por su actuación en esta instancia, en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 375.-), no incluye el importe correspondiente al IVA (artículos 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. ley 2200, T.O. 4335; 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, B.O. 24/10/02).

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Habré de comenzar la tarea que me toca sin enunciar los antecedentes que motivan la inspección en atención a la prolija enunciación realizada por el Juez Panizzi, a cuyos términos me remitiré.

II. Puesto derechamente en tarea entonces, expresaré mi coincidencia con el criterio sustentado por el colega preopinante, por considerar correcta la solución dada respecto del planteo formulado por el Defensor Público.

De todas formas, lo anticipo, realizaré el examen de la sentencia en forma amplia aún respetando el contorno de los agravios, a tono con la teoría del "máximo rendimiento" o de "máxima capacidad de rendimiento" en la revisión de la condena, traducida en que el Tribunal posee respecto de los hechos sometidos a su control las más amplias facultades con el solo límite de lo que es propio de la inmediación y, naturalmente, del marco dado por el recurso. (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N, 8.2. h. de la CADH y 14. 5 del PIDCP, casos "Casal", "Martínez Areco" entre otros).

III. Hecha esta necesaria aclaración, creo menester dejar sentado, además, que, sometidas a escrutinio cuestiones que envuelven la apreciación de la prueba, que ponen en cuestión la imputabilidad del acusado, y, además, la manera de formular el discurso de justificación de la sanción, cabe que me remita a lo que profusamente he tratado en causas en que se plantearon problemas similares, en los que se consideraron los tópicos de la verdad, la certeza y la sana crítica, y, por añadidura, la arbitrariedad por ausencia de motivación.

He de ratificar cada uno de aquellos conceptos, dejando en claro la idea que la tarea del Juez implica la reconstrucción histórica de un hecho que sólo puede materializar mediante el ejercicio de la razón crítica, apreciando el todo que las partes le presentan con agudeza, con método, con honestidad intelectual.

Por eso es correcto el proceder de los sentenciantes si, en la decisión, han predicado certeza luego de un proceso de evaluación de la evidencia realizado con apego a las reglas de la sana crítica, fundando debidamente el relato que traduce la opinión.

IV. Bajo estos parámetros examino el caso y, al respecto, digo de mi disidencia con el planteo del recurrente pues el fallo aparece -al control- correctamente motivado.

Explico esta afirmación.

No existe polémica alguna en torno del hecho en su objetiva materialidad y de la relación que, con él, poseyó el imputado.

Nadie ha discutido el resultado lesivo provocado a R. , ni la autoría puesta en cabeza de Z. , como tampoco el contexto modal y temporo espacial del caso, por lo que he de concentrarme en el plano demarcado por la defensa, que ha acudido, como se vio, a poner énfasis en el asunto atinente a la culpabilidad; a la capacidad de su asistido de recibir reproche.

Ésta -la recurrente- sostuvo que la sentencia en crisis había trasegado el principio de razón suficiente y que no había sido adecuadamente ponderada la prueba sobre la capacidad de culpabilidad de su asistido al momento de perpetrar el ataque, con el argumento de que aquél se encontraba en un estado de intoxicación tal que le impidió comprender la criminalidad del acto o, al menos, que existía al respecto un estado de duda razonable que justificaba su absolución.

Sin embargo, tal lo estableció el colega del primer sufragio y lo asentaron los Jueces en su decisión, apunto que no existe elemento objetivo que permita inferir su inimputabilidad y aún siquiera dudar de su capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, en la ocasión causa del delito.

Un cúmulo de evidencia me conduce a esa determinación.

Voy por partes.

El examen que las formas establecen para conocer el estado psíquico de un individuo sometido a proceso penal, (art. 70 del Código de Rito), si bien ligado a propósitos procesales, no menos útil resulta a la hora de reconfigurar un hecho del pasado y, en el caso, autoriza a pensar válidamente en la capacidad de conocer y de administrar correctamente su conducta por el imputado en el suceso historiado, tal como lo desarrollaré más abajo.

Véase que en el informe presentado por el Médico Forense, doctor P. E. M. (fs. 126), referido al estado y desarrollo de las facultades mentales del imputado, se puede leer: "...A la evaluación psíquica se evidencia un nivel intelectual promedio, descendido en su rendimiento por dotación natural y escasa estimulación del entorno. No existen fallas de tipo volitivas. Su capacidad comprensiva es adecuada, encuadra dentro de la media estadística, adecuada a su condición socio-cultural. No hay alteración en el contenido, curso y organización del pensamiento. No se han observado indicadores de orden psicótico. Refiere manifestaciones de carácter psicosomático que resultan atribuibles a su situación actual. De lo que antecede resulta informar que el estado y desarrollo de las facultades de M. F. Z. encuadran en la normalidad jurídica. Al momento actual no presenta impedimentos para comprender y dirigir sus actos. De lo extraído de la causa no surgen elementos que permitan establecer de modo pericial que al momento de ocurrido los hechos que se investigan hubiere presentado alteraciones en su funcionamiento intelectivo que le impidieran comprender y dirigir sus actos ..." En este tren de ideas, deseo evocar -abriendo un pequeño paréntesis- lo que yo mismo señalé en otros precedentes (causas "Q. " y "R.B.E" de esta Sala) respecto de que quien yergue una circunstancia o estado eximente debe acompañar la prueba de que intenta valerse, no siendo suficiente su mera enunciación cuando no fluye nítido del contenido de las piezas tenidas en cuenta por la sentencia de condena.

Y en el caso esta situación no es palmaria, lo que conduciría quizás a aceptar la proposición de la defensa o al menos a sembrar duda en los juzgadores; y no se ha aportado evidencia de que en ese preciso momento del crimen, el causante se hubiera encontrado trastornado de modo que sus capacidades de conocer y hacer se hallaran obturadas.

Tampoco se han colectado en el curso del juicio -insisto- elementos que permitan sostener la mentada inimputabilidad. No surgen elementos suficientes que autoricen tal aventura más allá de los dichos de algunos testigos que dijeron que Z. había bebido alcohol e ingerido algunas pastillas de naturaleza desconocida.

Volviendo atrás y como lo he manifestado en otras causas, digo que no obstante reconocer que el juicio del forense sitúa al examinado en tiempo contemporáneo a la experticia, debe tenerse presente que significa un punto de partida interesante para emitir un juicio retrospectivo acerca del estado del imputado en el momento de perpetrar el hecho, tal como refiriera al comienzo, significando una seria indicación que los Jueces debieron atender.

En el juego dialéctico que habilita el discurso que desarrollo memoro también que he sostenido, en los precedentes citados, que la fórmula mixta biológica-psicológica incluida en el art. 34 inc. 1° del Código Penal exige, para considerar inimputable a un sujeto activo, no sólo que en el momento del hecho padezca una insuficiencia de sus facultades, una alteración morbosa de las mismas, o se halle en un estado de inconciencia, sino que, además, que cualquiera de esas situaciones en las que se encontrare, debieron impedirle comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones (ver al respecto TCASBSAS. II c. 4676, A, R.E. 04/12/2003 en JPBA t. 124 F. 55 pág. 29).

Sostengo que la inimputabilidad es un concepto jurídico y que la apreciación de esas circunstancias es propia de los Jueces, que han de tener en especial consideración a la singularidad del caso, con particular atención a lo que denota la conducta que se pondera antes, durante y después de ejecutada la acción ilícita.

Reitero que para proponer la eximente de culpabilidad alegada, con fuerza suficiente para desvirtuar o desautorizar este hito, debe atenderse -sin lugar a dudas- a las notas características de las circunstancias que orbitaron al evento; esto es a su contexto.

Y ellas, para hacer impacto en una opinión técnico científica (médico-legal, en este caso) deben traducir un fuerte sentido contrario que la pusiera en crisis, destruyendo toda su capacidad de convencer.

Refiriéndonos a lo nuestro, la actitud anterior y posterior del imputado, señalada con acierto por el Juez Panizzi, refleja una adecuada orientación en tiempo y espacio que dista de aquella que debería comprobarse en una persona perdida o con el estado de conciencia alterado hasta el punto de no reconocerse conducta.

Es que, en las circunstancias concomitantes, anteriores y ulteriores al crimen, la conducta del atribuido distaba de ser la de una persona en estado de inconciencia, o de mostrar una descoordinación o ilogicidad propia de quien se encuentra perdido o profundamente confundido.

Veámoslo mejor. Conforme se desprende del acta inicial confeccionada por la policía que actuó desde el momento en que se tomo noticia del delito, (fs. 2/3 vta.) surge que, cuando los actuantes se acercaron al lugar donde habían sido llamados, observaron que una persona que identificaron como M. Z. , les hizo señas que se detuvieran. El sujeto estaba en el acceso de la vivienda ubicada en Lote * , Manzana ** junto a su hermana G. B. Z. y les indicó donde se hallaba el occiso. Fluye también que, en la oportunidad, el imputado les manifestó que el yacente era su amigo M. R. , pero que no podía aportar mayores datos, salvo que se había presentado pidiendo auxilio en horas tempranas y nada más.

Estos dichos, que fueron aseverados por la mujer referida, resultaron descalificados por mendaces poco después, cuando el personal policial escucho la versión de los testigos A. J. C. y L. R. P. .

Estas comprobaciones in situ, a poco del óbito, lo muestran al hombre con una actitud diligente para resguardar sus intereses, coordinadas en relación a su afán, el empeño por mitigar de alguna forma su delicada posición ante la muerte del otro, procurando aventar cualquier sospecha.

Esta situación fue recreada en el debate y considerada por los Jueces de la instancia, para mí con tino.

De igual modo en momentos anteriores al homicidio, la actitud de Z. hacia R. , fue descripta por el testigo C. , quien la pintó agresiva, pendenciera, requirente, insultante y de todas formas provocativas, tanto es que -a su decir- cuando R. se quiso retirar de lugar en más de una oportunidad, fue Z. quien lo retuvo a la fuerza para obligarlo a pagar la bebida que consumían.

Así entonces, el ataque letal aparece como la consecuencia de un estado de malestar pre-existente entre víctima y victimario en el mismo proscenio, que epilogó cuando, después de llevarlo a su casa, Z. lo atacó de la forma y manera conocida.

Más allá de la exaltación que pudiera haber tenido el imputado, por efecto de la violencia misma de la discusión y/o pelea, cierto es que atacó a la misma persona con la que discutió (y no a otra). Que para hacerlo, se procuró, primero, de instrumentos que aumentaron su poder ofensivo y que, minutos después, intentando una solución que no lo incriminase decidió llamar a la Policía e inventar la historia a la que ya hice referencia mas arriba.

Tales elementos, que fueron valorados por el Tribunal "a quo" correctamente, se proyectan hacia el pasado con sentido cargoso, como es obvio, y avalan la conclusión condenatoria.

No creo que pueda discutirse mucho la manera de valorar la prueba por la "a quo". Es más conviene exponer el texto para apreciar la virtud predicada.

El Tribunal, al respecto dijo: "... En primer lugar, lamentablemente, como lo dice la defensa, no contamos con la prueba del grado de alcoholemia que hubiera permitido conocer, aunque sea por aproximación científica, el estado mental del imputado. No obstante, existen elementos en autos que permiten a este juez valorar al respecto y llegar a una convicción razonable. Así, a) partiendo del informe del médico policial Dr. B. , que examina al imputado unas once o doce horas, aproximadamente, después del hecho, a fs. 43 dice que el imputado no posee aliento etílico ni manifestaciones clínicas de sedición por tóxicos y/o químicos. Cabe deducir de ello, conforme a la experiencia, que si fuera cierto lo de abundante ingesta alcohólica, completa, que obstaculice y perturbe a tal punta la conciencia impidiendo la comprensión de la antijuridicidad de sus actos, tendría que durar la "resaca" (signos evidentes de ingesta abundante de alcohol), al menos mucho más tiempo del señalado, aunque más no sea tendría que haber tenido aliento etílico, lo que no existía, conforme lo dicho por tal médico; b) la doctrina médico-forense es prácticamente unánime en el sentido de que con el estado mental que alega la defensa prácticamente existe una total incoordinación motora, fallas de la memoria e inteligencia para distintos actos, aún los más torpes o triviales. Si esto es así, entonces, no se compadece con las propias expresiones vertidas por el mismo imputado a los policías P. y S. -ver fs. 166 vtay 162/vta., respectivamente- en cuanto a que hablaba nervioso, como justificando la presencia del cadáver en su domicilio, afirmando que la víctima había llegado a su casa buscando auxilio y se había caído, todas actitudes que no se compadecen con los obstáculos motores de la inimputabilidad que se alega o de la inconciencia respectiva, lo ubica al imputado temporo-espacialmente, c) del testimonio de G. R. de fs. 80 surge la misma deducción, pues afirma que Z. esa noche andaba como medio loco, hablaba y caminaba para todos lados, se movía, al que hay que agregar los testimonios de P. y P. , más cerca de la hora presunta del hecho, pues son contestes en cuanto a que Z. ayudaba a trasladar a la víctima, primero desde el comercio hasta la casa de R. y después desde esta vivienda hasta la del imputado; d) los rastros materiales del hecho, modalidad de ataque y trayectoria de traslado del cuerpo desde el interior al exterior y luego desde el gallinero-baño hasta la ventana que da al patio que hiciera el imputado -amén de la modalidad de rodear el cuello con el cable coaxil-, indican no solo capacidad motora sino también cierta intelección y reflexión que no son para nada compatibles con un estado mental que obstaculice la comprensión de la antijuridicidad, sobre todo de un hecho no complejo, como es el de dar muerte a una persona, que prácticamente es universal su prohibición, por tratarse del bien más básico del ser humano..." (del segundo voto) De lo que se ha trascripto, según mi juicio, fluye diáfano el tratamiento que la "a-quo" le otorgó al planteo defensivo desbaratando la pretensión de la parte, con argumentos solidamente anclados en las circunstancias acreditadas en el juicio.

Si se puede predicar que existe una relación dialéctica entre las consecuencias y los actos que las provocan, el razonamiento que acaba de realizarse es convincente para llegar al resultado que coincide con la que se escruta.

Pero una última palabra.

Como acertadamente señaló el Ministro cuyo sufragio antecede, los códigos modernos han dejado de tasar la prueba ventilada en el juicio, consagrando el método de la sana crítica racional que desata al Juez de cualquier brete en la apreciación de la evidencia legalmente adquirida, siempre que su razonamiento se formule con apego a éste sistema de valoración.

Y la manera enunciada se caracteriza por la aplicación de las reglas del recto pensar basadas en la lógica, la psicología y la experiencia, a cuyo través las consecuencias se derivan de sus causas conforme el observador imparcial.

De modo entonces que si el Juez construye en su intelecto, como lo han hecho los autores de la sentencia en crisis, una hipótesis prevaleciente que coincide con la posición de una de las partes, en este caso la acusadora, y lo hacen con apego a las reglas, seleccionando el material que se le ha ofrecido, tomando unos y descartando otros y, fundamentalmente, dando argumentos válidos para justificar su ponencia, no resulta posible censurarlo.

Si los jueces observaron que, aún la "lamentable" ausencia de la muestra sanguínea tomada al acusado, existían otros medios (el informe del doctor B. citado, las evidencias dejadas por el hecho, la conducta del personaje captada por quienes llegaron al lugar a poco del asesinato, y los testigos sobre las que ya he expuesto) de los que se valieron para predicar que el causante conocía la "antijuridicidad" de su conducta, y esos elementos resultan razonables fuentes de convencimiento en oposición a otros que pudieran contradecirlos, estamos ante una sentencia justa.

Por lo expuesto, coincidiendo con el criterio consagrado en la puesta en crisis, estimo que corresponde rechazar la casación y confirmarla en todos sus términos.

V. Por último, encuentro adecuado el monto en que el Colega del primer voto a fijado los honorarios profesionales de la defensa. Así sufrago y voto.

El Juez José Luis Pasutti, dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé art. 357 del Código Procesal Penal (texto según ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Rechazar el recurso de casación deducido a fs. 607/620 por la defensa de don M. F. Z. , a cargo del doctor C. M. Z. , con costas (artículo 24, inciso 2°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Confirmar la sentencia dictada a fs. 595/605 vta. por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Trelew, registrada bajo el N° 74/07;

3°) Regular los honorarios profesionales de la defensa pública por su actuación en esta instancia, en forma conjunta, en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($375.-), no incluye el importe correspondiente al IVA (artículos 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. ley 2200, T.O. 4335; 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, B.O. 24/10/02);

4°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Pfleger, Panizzi, Pasutti