marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Silva, José Avelino s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge A. Silva Molina en Expte. "S" Nº 147/07 "Silva José Avelino s.a. Abuso Sexual c/ Acceso Carnal - Colonia del Valle - Capayan - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-06

El principio "non bis in idem", de rango constitucional, proscribe la doble persecución por el mismo hecho. Significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa (triple identidad: sujeto, objeto y causa).

Esta garantía surge como consecuencia del derecho de defensa, ya que si un individuo pudiera ser sometido a juicio en más de una oportunidad por una misma causa, luego de haber sido absuelto, se estaría despreciando la jerarquía de la cosa juzgada en materia penal, la cual ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia.

Debe tratarse de un proceso que haya finalizado con una resolución judicial que le haya puesto fin -sentencia firme de condena, absolución o sobreseimiento-, mediante una acción válidamente ejercitada ante un juez que podía conocer el contenido total de la imputación y siempre que la decisión jurisdiccional haya podido agotar el contenido fáctico de la imputación, aunque no lo haya agotado.
Regulación de honorarios, ampliación de la regulación
Materia: CIVIL
Carátula: Echeverria, Lucila c/ Centurion, Maria Lorenza s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-17

Cabe elevar los honorarios profesionales por actuación como apoderado y patrocinante letrado -en las dos etapas del proceso ejecutivo- pues es criterio de este Tribunal garantizar el mínimo legal establecido por el art. 10 de la Ley de Honorarios, referido a todas las etapas del juicio ante un juzgado de primera instancia.
Prórroga de la prisión preventiva, crímenes de lesa humanidad, audiencia, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Miguel Ángel c/  s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Debe ser confirmado el fallo que resolvió prorrogar, por el término de un año, la prisión preventiva del imputado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como Atlético-Banco-Olimpo durante la última dictadura militar, dado que los fundamentos y circunstancias que brindan sustento a la resolución recurrida se adecuan a la normativa vigente, especialmente en referencia a los motivos en el artículo 1 de la Ley 24.390, que normativamente justifican la prórroga del encierro preventivo, y los arts. 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Asimismo, cabe recomendar que, en virtud del contexto de emergencia sanitaria actual, el tribunal a quo arbitre los medios necesarios a fin de fijar fecha de audiencia dentro del plazo de la prórroga dispuesta.
Desagio, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ansalas, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Para que resulte procedente la devolución del importe descontado en materia de "desagio" la actora debe acreditar la transferencia de ingresos que se produce en su contrato en favor del comitente por la alteración del sistema de variaciones de precios pactado.
Estupefacientes, transporte de estupefacientes, figura calificada, crimen organizado, participación criminal, recurso de revisión (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Selser,  Carlos  Alberto  y  Leiva, Ramona del Valle s/ recurso derevisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-24

En virtud de una sentencia anterior dictada por esta Sala en la presente causa, se casó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, modificando la calificación legal del delito por el que se condenara al imputado, fijándose la misma como contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización. Si bien es cierto que la plataforma fáctica se ha mantenido, ha variado el encuadre jurídico respecto del hecho que se le imputara, estableciendo que el nombrado no ha participado organizadamente del delito de transporte de estupefacientes. De manera coherente con ese decisorio, por no contar acreditado en autos el número de personas que intervinieron, entiendo que corresponde eliminar respecto de los otros dos imputados, la agravante prevista en el art. 11 inc. "c" de la ley 23.737, ya que para la aplicación de dicha figura se requiere que en los hechos intervengan tres o más personas organizadas para cometerlo. Por lo que habrá de reprochársele a estos últimos ser coautores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes en los términos del art. 5 inc. "c" de la 23.737. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi, en disidencia).
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antoniotti, Jorge Mario c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

Los informes médicos en los cuales se funda la denegatoria de un beneficio, deben contener la expresión de las razones en que apoyan sus conclusiones y la ponderación de todos los hechos y circunstancias del caso. Sólo así poseen fuerza probatoria suficiente pues de lo contrario impiden el juicio autónomo por parte del órgano jurisdiccional y menoscaban el derecho de defensa del interesado.
Falsificación de instrumento privado, error culpable, culpa de la víctima, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: N.C.R. s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-09-26

Si el autor ha usado fraude para engañar a la víctima y ésta ha padecido el error sin que las circunstancias se lo hagan imputable, el ardid ha sido idóneo. La negligencia de la víctima le hace imputable el error porque excluye la eficacia real del fraude en el caso concreto, si la observación de una diligencia mínima lo hubiera evitado, ya que omisión, demuestra la indiferencia frente al posible engaño. Quedaría subsistente como remanente y merecedora de reproche penal, la falsificación que el imputado llevó a cabo, conducta que eventualmente tipificaría la figura contenida en el artículo 292 del Código Penal, norma que prevee una pena seis meses a dos años de prisión para el supuesto de falsificación de instrumentos privados, carácter éste que sin duda reviste la tarjeta de registración de firmas. Si tenemos en cuenta que los hechos en exámen datan de Noviembre de 1990 y que el primer acto interruptivo del plazo prescriptivo lo fue el auto de citación a juicio del 2 de Noviembre de 1996, -Fs. 276- es notorio que ha transcurrido con exceso el lapso señalado por el artículo 62 del Código Penal, razón por la cual la acción emergente de la apuntada falsificación se encuentra prescripta y ello obsta a la incriminación del imputado respecto de la misma.
Cesión de derechos, dación en pago, novación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CÍRCULO MÉDICO DE SALTA c/ CLÍNICA SAN ANTONIO S.A.; CLÍNICA METAN S.R.L. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-09-11

La recepción por el acreedor de un crédito a favor del deudor, en pago de su acreencia, se juzga por las reglas de la cesión de derechos (art. 780, Cód. Civil).

Teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 1435 y 1436, se extrae que: a) el pago por entrega de crédito debe hacerse por escrito bajo pena de nulidad (art. 1454); b) el acreedor queda investido de la calidad de cesionario, frente a su deudor, por el solo hecho de la dación en pago (art. 1457); c)el deudor primitivo garantiza al cesionario la existencia y legitimidad del crédito pero no la solvencia del deudor cedido (art. 1476).

Realizada la dación en pago, sobrevienen las consecuencias normales de cualquier pago en relación a la extinción de la obligación y la consiguiente liberación del deudor. Por razón de la novación que entraña la dación en pago este acto queda independizado de la obligación primitiva (cfr. Jorge J. Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. III, p. 16).
Retiro militar, retiro obligatorio, revisión judicial de actos administrativos, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORIETA, RAMON OSVALDO c/ GOBIERNO  DE  LA  NACION (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO) s/ ORDINARIO - RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-09

En principio las decisiones de la junta de Calificaciones del Ejército son insusceptibles de revisión judicial. Sólo debe ceder ante una manifiesta arbitrariedad o ilegalidad por parte de la Administración, ya que justamente la función del Poder Judicial, es controlar que se cumpla con la ley y que la discrecionalidad aceptada en cuanto a decisiones, no resulten una fuente de injusticia.

Existiendo una resolución administrativa que pasó a retiro obligatorio al recurrente, cuando en virtud del art. 230, inc. 7, ap. 3 de la Reglamentación de la ley Orgánica para el Ejército Reclutamiento y Ascensos - y su remisión al art. 229, inc. 4, ap.h); a los que sean declarados ineptos para las funciones de su grado y que a ese momento estuvieren enfermos, deberá dejarse "en suspenso" aquella calificación hasta la resolución definitiva de la causa por enfermedad.

El acto administrativo por el cual el actor fue pasado a retiro, retiro, resulta arbitrario por no haberse aplicado al caso las específicas normas que hacían a la situación planteada y que las circunstancias obligaban.
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Abeiro   Claudio    Alejandro c/ EN  -  Mº  Justicia s/ daños  yperjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

La idea de falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del C. Civil que establece un régimen de responsabilidad por los hechos y las omisiones de los funcionarios en ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas (C.S.J.N, Fallos: 306:2030; Sala IV, "Amiano, M. E. y otro c. E.N. M° de Justicia"; 7/10/99, "Stalker, A. R. c/ INSSJP y otro s/ Proceso de Ejecución", 29.8.00,); de tal modo es presupuesto para la existencia de responsabilidad del Estado -tanto por "comisión" como por "omisión"-, la conducta ilegítima o irregular de un órgano o ente estatal o de un funcionario público que le sea jurídicamente imputable, presupuesto que se postula particularmente para las personas jurídicas de derecho público estatales (Sala V, "Oppizzi, R. L. c/ YPP SE s/ Juicio de Conocimiento", 12/8/2002").
Recurso de casación, principios procesales, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Morales, Juan Crisóstomo y otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-18

En autos, y bajo el art. 257 inc. 1º del C.P.C., se alega la vulneración de las normas relativas al pago y al derecho de propiedad que de ello emerge, como asimismo a los principios del debido proceso y defensa en juicio. Sobre la formulación de la queja, en la cual sólo se indican como infringidas alguna normas contenidas en el Código Civil referente al pago (arts.

725, 784 del C. Civil) y no se individualizan los violentados en relación a los otros principios aludidos, aún en esta instancia extraordinaria de la Casación, resulta atendible el reclamo, toda vez que la concreta indicación de la preceptiva que se siente vulnerada, cuando ella es expresión de principios fundamentales que informan al sistema, puede ser soslayada y reemplazada por la denuncia precisa de estos últimos, sin evadir con ello el mandamiento del inc. 4º del art. 259 del C.P.C.
Competencia de la Corte Suprema, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: R. P., C. A. c/ M. O., N. D. R. s/ restitución internacional de menores
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

La Corte tiene las atribuciones necesarias para disponer, en el marco de todas las causas promovidas ante sus estrados por las diversas vías legalmente contempladas, la adopción de medidas que juzgare convenientes para obtener información sobre circunstancias concernientes a los asuntos sobre los que es llamada a intervenir.
Acción de amparo, derecho a un medio ambiente sano, rechazo in límine, debido proceso adjetivo, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mofsovich, Celia Silvia c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-12

El rechazo de la acción de amparo sin sustanciación debe reservarse para casos de manifiesta inadmisibilidad.

En el caso de autos, no presenta la inadmisibilidad manifiesta puesto que se trata una presunta violación al derecho a un medio ambiente sano, tutelado constitucionalmente (art. 41 CN y 26 CCABA) y también ha sido alegada una omisión del deber del Gobierno de la Ciudad de desarrollar una política de planeamiento y gestión del medio ambiente urbano, instrumentado un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva la preservación y restauración del patrimonio urbanístico arquitectónico y de la calidad visual y sonora (cf. art. 27 inc. 2 CCABA). Por ello, corresponde la sustanciación del amparo interpuesto, ya que su rechazo in limine permite abrigar dudas respecto de la intangibilidad de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Locarno SA c/ SA Masciorini y Cía.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-07-21

La sentencia que declara procedente el desalojo y no hace lugar al lanzamiento por entender que, conforme a lo dispuesto en el art. 20 de la ley 14.821, la mora del actor en la presentación de la liquidación no hace perder al demandado el derecho a paralizar el juicio mediante el pago del importe de la liquidación aprobada, resuelve cuestiones de prueba, derecho procesal y derecho común irrevisibles, en principio, en la instancia extraordinaria.
Deberes y facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C., H.K. c/ D., H.F. s/ Cobro de Pesos Laboral C., C. J. c/ Z. L. y/o F., W. M. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-17|2011-03-29

En el terreno de la apreciación de la prueba y, en especial, de la prueba testifical, el juzgador puede inclinarse a la que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de méritoqye pudieron obrar en el expediente, siendo, en definitiva, ello una facultad privativa del magistrado.
Lealtad comercial, contrato de publicidad, multa
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: VARIG S.A. s/ Lealtad Comercial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-03

1 - Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta a la sumariada por infracción a la Ley de Lealtad Comercial a raíz de la publicación de un aviso mediante el cual se ofrecía un servicio de traslado aéreo, indicándose un valor y omitiendo incluir la tasa de embarque e impuestos, puesto que la normativa vigente exige que cuando se publiciten voluntariamente precios de bienes y servicios por cualquier medio, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido, entre otros, por el Art. 5 de la Res. 434/94, reglamentaria de la Ley 22802, el cual indica que el precio será de contado en dinero efectivo y corresponderá al importe total que efectivamente deberá abonar el consumidor final (Art. 9 y 5, resolución citada) (Del voto del Dr. Repetto).- 2 - No resta responsabilidad en el hecho cuestionado (haber publicado un aviso mediante el cual se ofrecía un servicio, indicando un valor y omitiendo incluir la tasa de embarque e impuestos) que la tarifa publicada estuviera sujeta a aprobación gubernamental y que se haya indicado que la misma no incluía tasas e impuestos, toda vez que ello es, justamente, lo que la Ley de Lealtad Comercial tiene como uno de sus objetivos: evitar que el consumidor deba hacer cálculos matemáticos, por más simples que ellos fueren, debiendo conocer en forma inmediata cuál es el monto que deberá desembolsar por la adquisición de un bien o servicio determinado, así como también permitir una rápida comparación entre los valores de otros oferentes de plaza (Del voto del Dr. Repetto).- 3 - El hecho de que la sumariada solamente sea un agente de percepción de las tasas e impuestos no la exime de responsabilidad de indicar el precio de contado en dinero efectivo correspondiente al importe total que efectivamente deba abonar el consumidor final (Art. 9 y 5 de la Res. 434/94, reglamentaria de la Ley 22802), puesto que es deber de quien publica un bien o servicio dar cabal cumplimiento con los mandatos impuestos por la Ley de Lealtad Comercial para protección del derecho de información veraz y cabal que detenta el consumidor (Del voto del Dr. Repetto).- 4 - No exime de responsabilidad a la sumariada en el hecho cuestionado (haber publicado un aviso mediante el cual se ofrecía un servicio, indicando un valor y omitiendo incluir la tasa de embarque e impuestos) las infracciones que pudieran cometer otras empresas del sector al publicar sus servicios en las mismas condiciones, es decir, sin incluir los impuestos y tasas (Del voto del Dr. Repetto).
Prescripción, plazo, rendición de cuentas, sociedad irregular, sociedad de hecho, representación de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTRAVIZ, ROBERTO c/ POUSA, HECTOR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

La acción de rendición de cuentas por actos realizados en representación de una sociedad irregular o de hecho, queda sometida a la prescripción decenal prevista por el CCOM 846.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Tiago, Gustavo Víctor s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Resulta innecesario considerar los agravios planteados respecto de un testimonio si los dos restantes son suficientes para formar plena prueba (arts. 252 y 359, C.P.P. según ley 3589 y modif.).
Enfermedad accidente, indemnización tarifada, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA, PEDRO RICARDO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ PAGO DE HABERES-CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-03

El régimen de la ley Nro. 9688 no contemplaba explícitamente a aquellas dolencias que se presentan con posterioridad a la recuperación del accidente laboral. Sin embargo, dicho sistema normativo -a diferencia del actual, previsto por la LRT 24.557- receptó la llamada teoría de la indiferencia de la concausa, según la cual no es necesario que el trabajo sea la causa exclusiva de la enfermedad, sino que basta que hubiera colaborado, estimulado, excitado, o agudizado el proceso patológico que genera la obligación de indemnizar. Es ello lo que distingue al régimen de la ley 9.688 y de algún modo revela su espíritu.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOBELLO,   Gregorio c/ FONTENLA,  Pedro  A. s/ PRESCRIPCIÓNADQUISITIVA - ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-04

1- Para declarar la prescripción adquisitiva se deben analizar las pruebas aportadas al expediente con el fin de decidir si se encuentran probados los extremos legales pues en materia de derechos reales esta comprometido el orden público y se vulneraria el interés social si se permitiese perder el dominio por una mera declaración de voluntad o por un hecho no probado como lo es la posesión con todos los caracteres que la ley exige.

2- El que pretende usucapir debe probar que ha poseído el inmueble con ánimo de dueño y que esa posesión ha sido pública, pacífica, continuada, e ininterrumpida, y que dicha posesión ha durado el tiempo exigido por la ley, de tal manera, la ocupación del inmueble, así como el pago de impuestos, sino está avalado por otras pruebas carece de entidad suficiente para tener por demostrada la posesión.

3- Si una persona comenzó la ocupación como un simple tenedor y no probó la interversión del título, -que no se produce por el solo transcurso del tiempo o por simple voluntad- ya que nadie puede cambiar por si mismo la causa de la posesión (art. 2353 del Código Civil), se presume que continua poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario.

(Sumario N°19131 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Costas, costas al vencido, exención de costas, interés concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE QUILMES  S.A. c/ PAZ, ALFREDO Y OTROS s/ INCIDENTE DE COBRO DE LEY DE SELLOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Las costas en virtud de lo dispuesto en el art. 68 del C.P.C.C.

al que se remite el art. 69 del ritual corresponde que sean soportadas por quien sucumbe en sus pretensiones y, si bien el principio objetivo de la derrota no es absoluto sino que admite excepciones, esto último es posible cuando existen motivos que, objetivamente considerados permitan inferir la existencia de una justa causa para litigar.
Legitimación pasiva, demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA c/ MANSILLA RAIMUNDO O RAYMUNDO s/ APREMIO FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-18

Esta Sala ha sostenido: si reparamos en que el fallecimiento del demandado durante el trámite del proceso sin proveérsele la pertinente representación -cfr. doctrina artículo 50 inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial-, impone de oficio decretar la nulidad del pronunciamiento que se dicte en su contra, qué decir de la inexistencia de la persona en sí -muerte anterior a la promoción de la demanda-, pues es elemental que para ser parte, debe ser persona, y si no es tal, nunca podrá emplazarse como legitimado pasivo de la relación procesal que no puede constituirse por tratarse de una persona inexistente no susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de garaje, depositante, poseedor, incumplimiento del contrato, depositario, acción civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tiebout, Juan Carlos c/ Aparicio, Jorge Humberto s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-06

La persona que ha recibido en depósito una cosa como propia del depositante, sabiendo que no le correspondía, no puede ejercer contra el propietario ninguna acción por el depósito, ni puede retener la cosa depositada. Ahora bien, cuando el depositario no conoce que la persona que le entrega la cosa no es su propietario, no puede sostenerse que acepte liberar al verdadero propietario, a cuya cosa sirve, ni tampoco puede suponerse que acepte no ejercer derecho de retención sobre la cosa objeto de su servicio. (sumario confeccionado por el S.A.I.J.)
Tercería de mejor derecho, obligaciones de hacer
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Z., O. y Otra s/ Tercería de Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-23

Cuando se trata de asegurar el crédito de un adquirente de inmueble por boleto, el vendedor tiene pendiente a su respecto una típica obligación de hacer (otorgar la escritura traslativa de dominio, artículo 1185, Código Civil) y siendo este el derecho que se ha querido proteger, la venta del inmueble en público remate resulta manifiestamente incompatible con dicha finalidad jurídica. Sabia ha sido la redacción de la norma en cuanto prescribe que el juez "podrá" disponer la venta de los bienes. No se trata, como puede observarse, de una manda legal de inexorable cumplimiento, sino de una facultad judicial, cuyo dictado debe hacerse en tanto y en cuanto no se vea desnaturalizada -ni eventualmente frustrada- la pretensión del tercerista.