marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, reclamo administrativo previo, caducidad del acto administrativo, habilitación de instancia, corporaciones municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., D. y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-16

Las reglas de los artículos 130 y 131 de la Ley 3098, en tanto están regulando dos los presupuestos de admisibilidad de la demanda -"recurso"- que se legisla, cuales son la reclamación previa y el plazo de caducidad, serán los que cabe aplicar para discernir la habilitación de la instancia, con preferencia a cualquier norma de procedimiento administrativo municipal.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La libre crítica a los funcionarios por razón de sus actos de gobierno es una de las manifestaciones de un criterio más general, consistente en trazar los límites de las responsabilidades que puede acarrear el ejercicio de la libertad de expresión atendiendo a pautas específicas construidas con miras a las particularidades que ofrecen los diversos ámbitos de la comunicación de las creencias, de los pensamientos, de la información y de los sentimientos.
Legitimación procesal, personería, nulidad del acto jurídico, orden público
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GANAN RAMÓN Y SUAID ROSA c/ COMPAÑIA TUCUMANA DE REFRESCOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN CIVIL AMADO MARIA BELEN c/ GAY EL-AS S/COBRO DE PESOS s/ CASACIÓN CIVIL CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ CONSEJO DE EDUCACION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-03|2007-08-29|2012-04-10

El presupuesto de personería, atañe a la capacidad civil de las partes para estar en el proceso; y respecto a los letrados, o personas que se presentan en juicio por un derecho que no les es propio, se encuentra referido a la adecuada representatividad acreditada de conformidad a las exigencias que impone tanto la normativa sustancial como formal. Y en cuanto a esta última, si la representación es insuficiente o inexistente, no pueden quedar vinculados en el proceso y por lo tanto su actuación no produce consecuencias de ninguna índole, impidiendo la posibilidad de llegar al dictado de una sentencia válida ("inútil liter data"). Subsistiendo dichos vicios sin que los operadores procesales los hayan invocado o subsanado oportunamente, es deber del juez considerarla aún de oficio, antes de entrar específicamente en el análisis de las cuestiones propuestas a decisión en la sentencia, ello motivado en el hecho de que la representación en juicio -por concernir a uno de los presupuestos indi spensables para la válida constitución de la relación jurídico procesal-, atañe al orden público, entendido como aquella parte del orden jurídico que asegura los fines esenciales de la colectividad y por lo tanto, va más allá del interés de las partes, razón que habilita la aludida intervención oficiosa del tribunal, en cualquier estado o grado del procedimiento.
Pagaré, lugar de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: TABACO SALTA COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA c/ RIVAS LOBO, Eleodoro s/ EJECUTIVO: Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-12-10

La designación "pagadero en Salta" es decir de una ciudad determinada como única referencia puede servir para establecer la competencia judicial pero resulta insuficiente a los efectos del domicilio en el sentido de "casa, departamento y oficina" donde la persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimientos de sus obligaciones, que requiere la indicación de la calle y la correspondiente numeración municipal, en el caso que las hubiere, o de cualquier otra referencia que permita ubicar con precisión el lugar donde esa persona vive.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, abigeato, tenencia de armas, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: HERRERA, DAMIAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-03

Considerando lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, es decir, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho y que debe entenderse como una pena cruel aquella que importa una evidente violación al principio de proporcionalidad de la reacción punitiva con el contenido injusto del hecho;

asiste razón a la defensa en su planteo subsidiario en cuanto invoca desproporción en la pena impuesta, sin que la situación se modifique por la conjunta condena por tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal en concurso real, atento a que la pena mínima prevista para este delito es muy inferior a la que en definitiva se impusiera en función del cuestionado mínimo previsto para el abigeato agravado (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, daño moral
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Carripilon, Julián Gabriel c/ Rodríguez, José s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-03-18

No cualquier dolor ni molestia es generador de un daño moral indemnizable; la propia palabra "daño" es indicativa de un padecimiento de cierta magnitud.
Culpabilidad, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: M., A.A. y P., E.E. s/ Homicidio Simple, el primero, Participación Primaria enHomicidio  Simple, el segundo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-05

Resulta demostrada la responsabilidad criminal del reo cuando su presencia y concurso de acción en el hecho criminoso ha sido eficiente y adaptada para facilitar su ejecución.
Regímenes jubilatorios especiales, régimen jubilatorio, carrera de investigador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MACCIONI,  HUGO  JOSÉ  FERNANDO  Y  OTROS c/ Estado NacionalP.E.N. y otros s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Ajustándose lo decidido por el "a quo" al principio que informa el criterio sustentado por esta Cámara (cfr. entre otros, Sala I, sent. del 30.06.99, "Eggimann, Olga Bety y otros"; íd. sent. del 27.12.99, "González, Mario Rubén"), en concordancia con el temperamento adoptado por la C.S.J.N. en los casos "Craviotto, Gerardo Adolfo y otros", "Unamuno, Miguel" (ambos del 24.03.00) y "Alias, Manuel y otros" (sent. del 23.03.00), corresponde confirmar la sentencia que declaró como régimen jubilatorio aplicable a los investigadores científicos, el de la ley 22.929, que conserva su plena vigencia. En el sentido apuntado, es decir, por la inalterada vigencia de la ley referida, se ha pronunciado el Alto Tribunal en la causa "Massani de Sese, Zulema Micaela" -sent. del 15.11.05-. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Antinori, Albino Renzo J. c/ Ramirez, José E. s/ Daños y perjuicios Tetta, Fabián Miguel c/ Saavedra, José O. y otro s/ Daños y perjuicios Tetta, Fabián Miguel c/ Saavedra, José O. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-01|2002-02-26

La privación de uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, pues no constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio.
Medidas cautelares, embargo preventivo, incidente de nulidad, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Castaño, Julio César s/ Incidente de Nulidad en autos: Bortagaray, Juan Félix c/Castaño,  Julio César Cristian y Otros s/Daños y Perjuicios-Expte Nro. 12407/96.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-06-05

No es procedente el incidente de nulidad para atacar, un embargo decretado y trabado y la contracautela ofrecida, porque si estas medidas lo agravian tiene procesalmente el recurso de apelación establecido en el art. 198 del C.P.C. y C. y el procedimiento contemplado en el art. 201 del mismo ordenamiento legal.
Leyes, interpretación de la ley, contexto interpretativo, criterio de razonabilidad, voluntad del legislador, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Chavanne, Juan Claudio (incidente de extensión de quiebra) c/ Graiver, Juan y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, y a ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Contrato de turismo, servicios aéreos, aplicación de la ley, código aeronáutico, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Orsi, Ana María y otro c/ Despegar.Com.Ar SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

1 - Resulta aplicable la normativa de defensa del consumidor de la ley 24240 y sus modificatorias en el marco de una demanda incoada por el adquirente de un pasaje aéreo contra una aerolínea comercial y un agente de turismo, con motivo de los daños y perjuicios sufridos por la cancelación del vuelo contratado (en similar sentido: CNCom, Sala B, in re, "Field, Tamara y otro c/ Editando SRL s/ ordinario" del 05/07/16). 2 - Y si bien el Poder Ejecutivo Nacional observó la ley 26361: 32, manteniendo vigente la LDC 63 que establece que, para el supuesto de contrato de transporte aéreo, la aplicación de "las normas del Código Aeronautico, los tratados internacionales y, supletorimante, la presente ley", téngase presente que la aplicación supletoria de la ley de defensa del consumidor es sólo respecto del Código Aeronáutico y los tratados internacionales. Nótese que el art. 63 de la citada norma no habla de "legislación aeronáutica", sino que se circunscribe exclusivamente a las normas antes mencionadas.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez Carlos Eduardo c/ Garcia Hugo Oscar s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

Si el demandado circulaba por la derecha del accionante y de acuerdo a las fotografías acompañada por ambos contendientes, que no han sido desconocidas, el punto de impacto de ambos vehículos lo fue en el vértice que forman el capot, el guardabarros y el frente, en el caso del vehículo guiado por el accionado -lado izquierdo- y en el conducido por el actor -lado derecho- ello lleva forzosamente a presumir que ambos rodados convergieron simultáneamente en la encrucijada, priorizándose el paso de aquel que circulaba por la derecha (art. 57, inc.2º, ley 11.430).-
Remuneración, embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carlos Giudice S.A. c/ Oliva, Elsa Ines s/ Cobro sumario (art. 250).
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-26

El art. 11 inc. b del decreto ley 6754/43 autoriza que las deudas contraídas por empleados públicos que tengan su origen en suministro de mercaderías pueden dar lugar a embargo cuando han sido reclamadas mediante un proceso de conocimiento y existe sentencia firme que condena a su pago. Así entonces, si no se ha dictado sentencia firme contra la accionada, deviene improcedente la medida cautelar decretada sobre los haberes que aquélla percibe como empleada y de la Administración Pública Provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos humanos en la administración de justicia, Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Nacional, ley procesal, ley de orden público
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VICENTE, ELVIRA RAQUEL c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

No existe un derecho constitucional a ser juzgado según las normas procesales vigentes al producirse el hecho que motiva el proceso. Las nuevas normas procesales sobre trámites y jurisdicción son de orden público, y pueden ser aplicadas de inmediato a las causas existente (Fallos 274:64; 275:459; 310:2845, entre otros), pero, deben respetar la validez de las actuaciones cumplidas según la ley anterior (Fallos 302:263). Ese principio no resulta vulnerado por el art. 24 de la ley 24.463 (que establece la aplicación inmediata de las disposiciones del capítulo II) si el Tribunal no ha emitido pronunciamiento alguno que admita su competencia u ordene la apertura de la instancia conforme a los art. 8 y 11, párrafo primero, de la ley 23.473, vigentes hasta el 30.03.95. En consecuencia, debe concluirse que no se configura transgresión a las garantías establecidas en los arts.

17 y 18 de la C.N. ni tampoco a las garantías judiciales pertinentes previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", del 22.11.69. (Del voto de la mayoría.

Argumento de la Dra. Maffei. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: V., F. M. c/ G., S. N. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-15

Se ha dicho que cuando todos los testigos declaran en forma totalmente idéntica, ello no significa que sean los mejores, y si ha transcurrido un lapso prolongado desde la época de la percepción de los hechos hasta la de la declaración y todos los testigos coinciden absolutamente, no es osado presumir que han aprendido de memoria una cartilla.
Escritura pública, nulidad de la escritura pública, testigos
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALO DE OVEJERO, María Julia c/ MILICH, Maximiliano Fernando y otros s/ NULIDAD DE ESCRITURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

Si bien, dada la cantidad de habitantes que existen en una metrópoli, como lo es Buenos Aires y su periferia, resulta difícil que el notario tenga un acabado conocimiento de todas las personas que comparecen a celebrar un acto escriturario, y en estos casos, la comparecencia de testigos que conozcan a quien o quienes requieran su otorgamiento es aconsejable, la inexistencia de ellos, en modo alguno vuelve nulo al acto escriturario.-
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, libertad de cultos, principio de no discriminación, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

El recurso extraordinario es admisible en tanto se controvierte la inteligencia que el tribunal apelado otorgó al Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1966 y a diversas cláusulas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional relativas a la tutela judicial efectiva, al principio de igualdad y no discriminación y a la libertad de culto, y la decisión ha sido contraria al derecho que la actora fundara en ellas (artículo 14, inciso 3°, ley 48).
Ley de defensa del consumidor, Constitución Nacional, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, principio de dignidad humana, trato digno, dignidad del paciente, derechos del paciente, situación de vulnerabilidad
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO-CIVIL
Carátula: Babich Daniel Efraín  c/ Sanatorio 9 De Julio S.A. s/ Sumarísimo (Residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-21

Todo lo dispuesto por la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y las leyes de Defensa del Consumidor relativo al deber de trato digno de parte de los establecimientos de salud y de sus agentes, en cualquiera de los servicios que presten, hacia los pacientes, se encuentra reforzado por la Ley 26.529 de Derecho del Paciente cuyo artículo 2°, inciso b, dispone su derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales, morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, derecho al trato digno que se hace extensivo a los familiares o acompañantes.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO, JULIO VICTOR s/ RECURSO DE QUEJA EN AUTOS:PAZ,DAVID PABLO Y SALTO, JORGE L. C/ GRAFA  S.A. S/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD DEL TRABAJO O ENFERMEDAD  ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-03

Es inadmisible la queja interpuesta cuando no se ha contestado con razones novedosas ninguno de los argumentos del tribunal de mérito, esto es no se ha demostrado que su planteo hubiera sido indebidamente denegado.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, entes autárquicos, Banco Hipotecario Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solazzo, Vicente Antonio c/ Sindicato Argentino de televisión s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El art. 58 de la ley 22.232 ha querido otorgar al Banco Hipotecario Nacional el mismo status de la Nación en juicio.
Prueba, fecha de ingreso, alteración de la fecha de ingreso
Materia: LABORAL
Carátula: Rodiffer Adrián Raúl c/ Mostto Eduardo y otros S.H. y/u otros y/o quien resulte responsable s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-09

Pierde entidad lo consignado por el accionante ante la DPT, donde "ratifica lo expresado por la firma inspeccionada", pues el fletero puede ser dependiente -y esta calificación o determinación es jurídica-, debiendo agregarse que el actor esbozó en la ocasión, que hacia fletes a distintas empresas y a particulares, sin que exista ninguna prueba en estos obrados de tales circunstancias denunciadas en la oportunidad, las que aparecen en un contexto de posibles exigencia de la patronal -y por ende viciada-, tendiente a ocultar la irregularidad laboral, siendo llamativo que a los pocos meses de aquella inspección, se regularizara o formalizare el vínculo laboral con las inscripciones correspondientes -Voto del Dr. Romero (mayoría: Dr. Romero, con adhesión del Dr. Britos)
Derechos humanos, derechos del niño, Convención de los derechos del niño, normas operativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., M.S. y otro c/ C., J.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

Los niños poseen, además de los derechos de toda persona, derechos específicos indispensables para su formación, que requieren del adulto y de la sociedad global, comportamientos que los garanticen; tal es el sentido que informa a la Convención de los Derechos del Niño, de raigambre constitucional, es decir que los derechos consagrados en la en la Convención no son programáticos, aspiraciones a lograr, sino operativos.
Juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Pica de Ramos, Rosa Asunción c/ M.C.B.A. s/ Nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

Cuando la falta de agotamiento de la instancia administrativa no fue articulada como defensa de fondo sino con carácter de previa, resulta aplicable analógicamente el artículo 346 del Código Procesal, debiéndose introducir dentro de los veinte días de notificada la Comuna del traslado corrido en el expediente (artículo 346 párr. 2do.) y no en el término previsto por el artículo 338 párr. 2do. del mismo código para el responde de la demanda.
Quiebra, acción revocatoria concursal, prueba, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Cuando la acción revocatoria concursal se dirige contra una entidad financiera o bancaria, no es recaudo imprescindible la de una prueba acabada referente a su conocimiento acerca del estado de cesación de pagos del deudor después fallido, sino que basta la posibilidad de que haya sido posible conocerlo (cognoscibilidad), pudiendo esa posibilidad ser presumida.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Cordones ó Cordona ó Cordone, Juan Carlos s/ Infracción ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Es improcedente el recurso extraordinario que sostiene la inconstitucionalidad de los arts. 10 de la ley 8895 y 106 de la ley 8031 si la misma no fue planteada en la instancia correspondiente (art. 349 inc. 2º, C.P.P.).
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salazar, Pedro Nolasco c/ Municipalidad de la Ciudad de Ensenada s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

No obstante la aparente rigidez del art. 69 del Código Procesal, ello no impide que se dispongan las costas en el orden causado, aún tratándose de incidentes, cuando la condena en costas conduciría a una solución inequitativa. De tal modo, si el rechazo del incidente tiene un fundamento formal, en razón de que "la iudex a-quo" entendió que el acuse de nulidad impetrado devino inadmisible por extemporáneo y no obstante ello dispuso que de la documentación acompañada por la demandada se corriera traslado a la nulidicente "a fin de preservar el derecho de bilateralidad del proceso", resulta evidente que ello ha significado un virtual reconocimiento de la anomalía denunciada por el incidentista y justifica un apartamiento de la regla general; y por consiguiente, corresponde imponer las costas del incidente de nulidad en el orden causado. (Minoría u opinión personal)