Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-26


AUTOS N 20.909 (65.577 - 8° CIVIL) "MOYA, BERTHA ZULMA Y OTRA C/ TORREGROSA, ANTONIO MARIO Y OTRA - SUMARIO" L. DE S. T 111, F 1/4 En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de agosto del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. GILBERTO A. RIVEROS, y los señores Vocales DRES. PASCUAL E. ALFERILLO y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N 20.909 (65.577 - 8 CIVIL) caratulados "MOYA, BERTHA ZULMA Y OTRA C/ TORREGROSA, ANTONIO MARIO Y OTRA - SUMARIO", dictada en fecha 30 del mes de septiembre del año dos mil diez, obrante a fs. 105-113, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo en la sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 2010, cuya copia obra agregada a fs. 105/113, encontró fundamento suficiente para hacer lugar parcialmente a la demanda, declarando que el accidente de tránsito motivo de la litis ocurrió por culpa exclusiva del conductor del colectivo, Sr. Antonio Mario Torregrosa. En función de ello condena al demandado antes mencionado y a la Empresa de Transporte Mayor S.R.L. a pagar a la actora la suma de $ 9.828, con más los intereses legales desde la fecha indicada en los considerándoos y hasta su efectivo pago. Impone las costas del proceso y regula los honorarios de los profesionales.

Contra esta sentencia, la parte demandada a través de su señor representante, introduce el recurso de apelación a fs. 115, el cual concedido con efecto suspensivo se sustanció expresando los agravios a fs. 118/123.

El recurrente, precisa sus agravios contra la sentencia en cuanto hace lugar a la demanda y atribuye la culpa exclusiva al demandado señor Antonio Mario Torregrosa y, por ende, condena al nombrado y a la empresa Mayo S.R.L. El segundo agravio, lo focaliza contra la procedencia del rubro desvalorización venal del vehículo y, finalmente, sobre la imposición de las costas.

En cuanto al primer agravio cuestiona el criterio del a quo respecto del valor jurídico de la prioridad de paso y se explaya sosteniendo que si bien es cierto que el art. 41 de la ley de tránsito le otorga dicho beneficio al vehículo que aparece por la derecha, la propia norma cuya redacción deja bastante que desear, dice que es absoluta pero que se pierde ante los casos de excepción que enumera.

Ante ello asevera que si es absoluta no habrían excepciones pero lo cierto es que queda en claro que no es absoluta para los casos que ella misma contempla.

A partir de esta base, el recurrente realiza un examen de las testimoniales y confesión de la actora para endilgarle que no conducía con la atención suficiente y que además, lo hacía acompañada con animales dentro del auto.

A la par, argumenta que el ómnibus no apareció como un rayo, sino que ante la frenada que dice realizó la actora, el ómnibus continuó la marcha y es cuando la accionante reinicia la marcha y se produce el impacto que endilga a la impericia de la actora. Invoca la excepción del inc. g apartado 3. del art. 41 de la Ley de tránsito.

En el párrafo siguiente, advierte que el ómnibus, por haber ingresado una cuadra antes a la calle Maipú, no podía llevar una velocidad excesiva, ni era una situación imprevista que en un cruce de calles ingrese un vehículo. Cita doctrina judicial.

En el segundo agravio cuestiona la procedencia del valor venal cuando quien lo reclama no es propietario del automóvil Ford Fiesta dominio CKR 535, cita doctrina judicial en aval de su posición.

En el tercer agravio cuestiona la imposición de las costas.

Corrido traslado a la contraria, la parte actora se presenta a fs. 129/130 y en base a los argumentos que vierte, solicita la confirmación de la sentencia motivo del recurso.

Planteado de este modo el recurso de apelación corresponde tratar en primer término el tema de la prioridad de paso en la circulación vehicular. Al respecto, se fijó recientemente posición en los autos N 20.755 "Muñoz Francisco Oscar c/ Espejo Sandra y otro - Daños y perjuicios", 9 mayo 2011, (L de S. T 110 F 86/90) cuando se dijo que "cuando se produce un accidente en una encrucijada, al momento de realizar el razonamiento para determinar la responsabilidad resarcitoria se ponen en funcionamiento una serie de reglas de circulación y presunciones, contenidas en la ley de tránsito aplicable.

En ese sentido, se advierte que el A quo al construir su sentencia, principia, por analizar la presunción de culpa que recae contra quien es el embistente, dejando para un segundo término el principio de la prioridad de paso.

El camino del razonamiento adoptado por el a quo es equivocado por cuanto el embestimiento de un vehículo contra el otro, se da en el marco de una disputa legal previa que es la determinar quién tenía la prioridad de paso en esa encrucijada.

Sobre el particular, el suscrito ha expuesto largamente sobre el tema en investigaciones jurídicas, como es la titulada "La prioridad de paso en las encrucijadas" publicada en RCyS 2010-II-23 y en http://www.acaderc.org.ar/ ediciones/ accidentología-vial/ ?searchterm=alferillo; y en distintos fallos, entendiendo que la prioridad de paso tiene carácter de absoluta, razón por la cual la interpretación de su contenido debe ser siempre restrictivo.

Como síntesis de las largas reflexiones efectuadas en los precedentes antes mencionados se llegó a la conclusión y así se expuso que cuando se realiza el razonamiento judicial para determinar la responsabilidad en la producción del accidente en una encrucijada, se debe seguir el siguiente proceso:

1) Determinar que parte de las involucradas en el accidente tenía, inicialmente, la prioridad de paso. 2) Analizar la conducta del obligado a ceder el paso. Y, 3) Verificar si la conducta del beneficiario neutraliza parcial o totalmente el privilegio.

En ese sentido, el razonamiento no se puede comenzar por el final revisando la conducta de quien tenía la prioridad de paso sin verificar si quién no la tenía cumplió con los mandatos legales.

En ese sentido, se ha sostenido que la parte que no tiene la prioridad debe ceder el paso al beneficiado deteniendo completamente la marcha y concediendo la libre circulación al otro. Como se dice en algunos precedentes, como si tuviera un semáforo en rojo".

En el caso de autos, ha quedado totalmente consentido por las partes que era la actora la beneficiada con la prioridad de paso cuando circulaba en el automóvil Ford Fiesta dominio CKR 535, por calle Jujuy de sur a norte frente a la circulación del colectivo de la Empresa Mayo S.R.L., conducido por Torregrosa por calle Maipú de Oeste a Este.

El beneficio para circular con preferencia, en principio, es reconocido por la demandada que cuestiona que la actora perdió el mismo por haber frenado (dice) y por tener animales en el interior del auto.

Frente a ello y aun cuando fuere cierto que la actora haya disminuido la marcha, no acredita la demandada su obligación primera que es detener el vehículo ante la existencia de otro vehículo por la calle transversal que tenía prioridad de paso.

El chofer antes de argumentar que hizo la beneficiada debió hacer lo que le correspondía a su parte conforme los preceptos de la ley, en la encrucijada que era detener totalmente la marcha y ceder el paso espontáneamente al vehículo que tenía prioridad de paso.

En segundo lugar, la circunstancia de ser el colectivo el automotor embestidor, de igual modo, lo coloca en desventaja jurídica al momento de imputar la responsabilidad por la producción del accidente.

Resulta evidente que el demandado no respetó la prioridad de paso y es ajustada a derecho la atribución de responsabilidad exclusiva dictada por la sentencia puesta en crisis.

En cuanto a la procedencia del valor venal cuando es reclamado por una persona que no es el titular registral del automotor, este tribunal fijó su criterio en los autos N 15.046-24.049 caratulados "Avendaño, Carlos c/ De Miguel, Sebastián - Daños y perjuicios - Sumario", octubre 1998 (L. de S. T 73 F 16/21) cuando se interpretó que "de acuerdo con el contenido normativo del art. 1110 del Código Civil, con la simple calidad de usuario (además de la de propietario, poseedor o usufructuario de la cosa) puede requerir la reparación autorizada por el art. 1109 del mismo cuerpo legal.

Como se colige de la normativa citada no ha menester que quién demanda por daños y perjuicios pruebe la propiedad del rodado protagonista del accidente, basta con acreditar su uso al momento del hecho, pues el derecho de uso no requiere más prueba que su propio ejercicio. Ello es así porque la titularidad de la acción proviene del menoscabo producido más que de la particular relación de la víctima con la cosa objeto del deterioro.

En aval de este criterio se pueden citar, entre otros, los siguientes fallos: CNCiv., sala B, feb. 28-1978 Wydler, Oscar E. c. Fernández, Angelo; CNEsp.Civ. y Com., sala III, mayo 5-1981, Majteny de Soria, María c. Zoppy, Héctor); idem, sala IV, setiembre 14-1981 Paviglioniti, Pablo c. Castulo Olguín, Regino; citados por Moiset de Espanés, Luis: "Accidente de Automotores - 2da. edición (Ed. Jurídica Cuyo) T I pág. 515.". Mismo criterio se marcó en los autos N 17.056 caratulados "Montero, Oscar Esteban c/ Dibella, Roberto Alfredo y otro - Daños y perjuicios", 26 marzo 2003 (L. de S. T 84 F 110/119).

El criterio argumentado por el apelante que discrimina al daño por valor venal disminuido del automóvil siniestrado no acordándole legitimidad al usuario porque no afecta a su patrimonio sino al de su dueño, tiene un fundamento aparente por cuanto los otros daños producidos a la cosa, de igual modo, afectan al patrimonio del dueño y no al del usuario, con lo cual, no tendría legitimación para reclamar ellos. Este criterio ha sido superado por la doctrina y jurisprudencia.

Es por ello que el tribunal optó acertadamente por considerar que el usuario si tiene legitimación para reclamar todos los daños producidos sobre el automotor, aun cuando no sea el propietario, dado que lo detenta en virtud de un título lícito y, en algunos casos, pesa sobre él el deber de restituir el mismo en las mismas condiciones que lo recibió, por lo cual, se encuentra legitimado para reclamar dicho menoscabo.

Por los fundamentos expuestos, propongo la desestimación de la pretensión recursiva deducida por la demandada.

En cuanto al cuestionamiento por la imposición de las costas, atento el resultado adverso para el apelante del presente recurso, corresponde que se ratifique la imposición realizada por la primera instancia y se condene a la demandada vencida a satisfacer las costas del trámite recursivo.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Desestimar el recurso deducido por los demandados a fs. 115 y concedido a fs. 116. Con costas a su cargo.

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijeron:

Por los fundamentos invocados, votamos en sentido concordante.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE: Desestimar el recurso deducido por los demandados a fs. 115 y concedido a fs. 116. Con costas a su cargo.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.