Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18


Buenos Aires, 18 de junio de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta en queja ante este Tribunal (fs. 20/26), contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (fs. 16/17) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto contra la decisión de esa misma Sala de declarar mal concedido su recurso de apelación. Este último (fs. 4/5) se dirigía a obtener la revisión del monto de los honorarios regulados a favor del perito intérprete traductor chino-español que se desempeñó en una causa que fue archivada por la fiscalía interviniente (expte. n° 209454/06 [806/C], caratulado "Yu Tu s/ infracción al art. 61 del Código Contravencional"), cuyo pago se impuso al Consejo de la Magistratura (fs. 1/2).

2. En el recurso de inconstitucionalidad denegado la recurrente afirmó, sintéticamente, que la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas que declaró mal concedido el recurso de apelación -al negarle ese Tribunal legitimación para intervenir por no haber sido parte en el proceso (fs. 8)- constituye un atropello a las atribuciones constitucionales conferidas por la Constitución local al Consejo de la Magistratura de la CABA y vulnera el derecho de defensa de esa parte, configurándose un claro caso de gravedad institucional y arbitrariedad de sentencia, a más de interferir en la regular gestión del cuerpo, causando grave perjuicio al interés público (fs. 10/14).

3. Los jueces de la Sala I de la Cámara declararon inadmisible el recurso pues entendieron que, si bien la decisión en cuestión podía ser equiparada a definitiva -en tanto, en lo atinente al monto que corresponde pagarle al perito intérprete traductor no existe otra oportunidad útil para que la recurrente haga valer sus razones-, no se configuraba en el caso una cuestión constitucional. Ello así toda vez que, según la resolución en crisis, sostener que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad carece de legitimación para actuar en este proceso, involucra la interpretación y aplicación de normas procesales, materia ajena a la instancia extraordinaria. Tampoco la tacha de arbitrariedad tuvo acogida favorable, pues a criterio de la Cámara ésta encubría un mero disgusto con la fundamentación de la decisión en crisis (fs. 16/17).

4. En oportunidad de contestar la vista conferida, el Sr. Fiscal General Adjunto consideró que se debe hacer lugar a la queja, conceder el recurso de inconstitucionalidad y declarar la nulidad del auto cuya copia obra a fs. 8, para que se dicte una nueva resolución conforme a derecho, con intervención de la parte que resulte obligada al pago (fs. 31/33).

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El Consejo de la Magistratura sostiene que negarle legitimación para intervenir en un incidente de regulación de honorarios cuyo pago le viene impuesto no compromete, como pretende el a quo, "la mera aplicación de normas procesales" por cuanto provoca "la afectación de derechos constitucionales (...) como por ejemplo su derecho de defensa" y "la tutela judicial efectiva" (fs. 21 vuelta). Ello resulta de toda evidencia, tan pronto se advierte que las leyes deben ser interpretadas de un modo que las ponga en armonía con la Constitución y no de aquel otro en que se las concibe en pugna.

2. En tal contexto, aunque una regulación de honorarios no es, de ordinario, una sentencia definitiva, resulta equiparable a tal, por cuanto el derecho que la recurrente busca ver reconocido, esto es, el de no sufrir las consecuencias de una decisión judicial sin que le haya sido permitido intervenir en el debate concerniente a ella, sólo es susceptible de tutela inmediata. Por lo demás, el pronunciamiento objetado frustra cualquier discusión oportuna en torno al monto de los honorarios regulados en estos autos cuyo pago se ha puesto a cargo del Consejo de la Magistratura local (cf. doctrina de Fallos: 209:454; 320:2630 y 321:2263, entre otros).

Así las cosas, los jueces de la causa, al negarle legitimación a la recurrente, han impedido que tome intervención en una cuestión en la que su interés está determinado por las normas constitucionales que invoca (art. 116, CCABA), poniendo en juego su derecho de defensa en juicio (art. 18, CN y 13.3, CCBA). Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de hecho deducido.

3. La cuestión traída a conocimiento de este Tribunal mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires es similar a la resuelta el 12 de marzo de 2008 en el expte. n° 5547/07 "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Cáceres, Gonzalo Javier s/ inf. art. 72 ley n° 10 -honorarios de perito-'".

Tal como fue afirmado en esa oportunidad por mi colega el Dr. José Osvaldo Casás, voto al que adherí, asiste razón a la recurrente en lo relativo a la legitimación procesal del Consejo de la Magistratura para recurrir la decisión judicial que en copia fue agregada a fs. 1/2. El art. 116 de la CCABA asigna al Consejo de la Magistratura local diversas funciones, entre las que se encuentra la de "proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial" (inc. 6). Sin embargo, la decisión de la Cámara ha impedido de manera incorrecta al recurrente ejercitar sus competencias, toda vez que la vigencia de la manda constitucional citada conlleva también un reconocimiento elemental para que el Consejo cuente con las facultades instrumentales necesarias para cumplir de manera eficiente la tarea asignada -por la cual es responsable y de la que debe dar cuenta a la Legislatura en cada ejercicio-. Esto, claro está, dentro del marco legal vigente (art. 2°, inc.6, ley n° 31, conforme texto art. 20, inc. d, ley n° 2.386 y leyes n° 70 y anual de presupuesto).

A mayor abundamiento, en principio, no habría impedimentos para que el legislador distinguiera los recursos que le asigna al Poder Judicial -los cuales por manda constitucional corresponde administrar al Consejo- de aquellos que debería sufragar el Estado en cada causa, a los cuales podría asignárseles otro responsable; pero, mientras se estime que unos y otros gastos corresponden al Consejo -como lo hicieron los jueces de la causa-, no corresponde impedirle al órgano apuntado defender esos cometidos.

Parece oportuno recordar que, en nuestro sistema institucional, resulta habitual que más de un órgano vea atribuida su actuación al GCBA y que esas actuaciones no se superpongan. A su turno, tales atribuciones provienen de la Constitución y/o la ley. En tal contexto, no es resorte propio del intérprete atribuir implícitamente al orden jurídico una solución según la cual la responsabilidad sobre partidas presupuestarias reside en un órgano y, al propio tiempo, la protección requerida por ellas es desplazada a la órbita de otro. De ello se sigue que si el Consejo de la Magistratura tiene la partida destinada a sufragar determinados gastos, en el asunto que nos ocupa causídicos, debe, al menos como principio, poder defenderla.

La decisión cuestionada, en cuanto niega al Consejo la posibilidad de intervención y control en torno a las erogaciones que le han sido impuestas, vulnera el ejercicio del derecho de defensa que le asiste y resiente el legítimo ejercicio de las funciones que el constituyente local le ha otorgado.

Se verifica entonces, en el caso, la existencia del interés directo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para impugnar la resolución que en copia se agregó a fs. 1/2, a través de un recurso que posibilite atender los agravios que manifiesta, esto es, lograr la revisión del monto de los honorarios regulados al perito, cuyo pago se impuso al Consejo de la Magistratura, sin suscitar reparo.

En consecuencia, la resolución de la Sala I de la Cámara que declaró mal concedido el recurso de apelación deducido por el Consejo de la Magistratura (en copia a fs. 8) debe ser dejada sin efecto.

4. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde: a) hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos por la representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) dejar sin efecto la resolución de la Sala I de fecha 27/11/2007, cuya copia obra a fs. 8, que declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; c) remitir las actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas para que dicte una decisión de acuerdo a lo aquí indicado.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto del Dr. Luis Francisco Lozano.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja cumple con los requisitos básicos que fija la ley n° 402 y, además, demuestra la incorrección del juicio de admisibilidad efectuado por la Cámara sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (ver "Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Cáceres, Gonzalo Javier s/ inf. art. 72 ley n° 10 -honorarios de perito-'", expte. n° 5547, sentencia del 13/03/08). Él expone, entonces, la existencia de un caso constitucional: el condenado al pago no fue oído sobre la presunta obligación, ni sobre su medida. Por esa razón, voto por hacer lugar al recurso directo.

2. Estimo que, si por la razón que expresa el juez en la resolución del 25 de octubre de 2007 quien debe pagar las costas es el Consejo de la Magistratura, lo mínimo que debió hacer fue darle intervención en el procedimiento para fijarlas y atribuirlas. Ello determina, también, que la resolución de la Cámara, al negarle la posibilidad de recurrir, sea injusta de la misma manera.

La propia ley nacional que el juez empleó para resolver la petición del perito (ley n° 20.305 y no 23.305, como surge de fs. 1) indica, en su art. 32, que la resolución que determina los honorarios debe ser notificada personalmente o por cédula y, asimismo, señala que admite el recurso de apelación. En ese sentido, el mismo magistrado concedió -aunque con otro fundamento legal, art. 279, CPPN y 50, ley local n° 12 (fs. 6)- la apelación articulada por el Consejo de la Magistratura. La decisión de la Cámara -que cerró inválidamente esa instancia de revisión-, por lo tanto, afecta directamente el derecho de defensa del sujeto al que se lo consideró obligado al pago (ver mi voto en la causa citada en el punto 1).

Coincido, entonces, con el Sr. juez Lozano, en la necesidad de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad intentado por el CM, dejar sin efecto la decisión de fecha 27/11/07 y reenviar el caso a la Sala I de la Cámara para que sus miembros resuelvan el recurso de apelación, con previa intervención de los interesados.

3. Deseo agregar, a modo de obiter dictum, que el trámite que encuentro más adecuado para resolver la solicitud de regulación de honorarios efectuada por un perito -en aquellos casos en los que, como en éste, no se arribó a una decisión de mérito sobre la acusación- impone la necesidad de que sea el interesado quien exprese, en primer lugar, cuál es el monto apropiado como retribución por la tarea desempeñada. Luego, el juez debe trasladar la solicitud del profesional a quien (o a quienes) él considera obligado(s) a afrontar el pago, a fin de que se manifiesten sobre el punto. Una vez escuchados todos los interesados, y no antes, llegará el momento de resolver el pedido. De ese modo, se asegura una instancia contradictoria previa a la decisión de uno de los aspectos -incidentales- que involucra un proceso (ver, en el mismo sentido, mis resoluciones del 11/03/08, 25/03/08, 15/04/08 y 28/04/08 como juez de trámite en los autos "Gigacable S.A. c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 4627/06).

La jueza Ana María Conde dijo:

Los fundamentos expuestos por el señor juez de trámite, Luis Lozano, bastan para hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad y para dejar sin efecto la resolución de la Sala I del tribunal a quo en cuanto declaró mal concedido el recurso de apelación deducido por la -por ese entonces- representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad contra la decisión que le impuso -a dicho organismo- el pago de los honorarios de un perito intérprete. En efecto, a pesar de lo sostenido por los distinguidos integrantes de la Cámara de Apelaciones, el Consejo de la Magistratura local ha logrado demostrar que, al desconocérsele su legitimación procesal para intervenir en esta causa y al restringírsele su actuación indebidamente asimilándolo a una suerte de "tesorería", se ha menoscabado gravemente su legítimo derecho a defenderse en juicio (arts. 13.3, CCABA). Es lógico afirmar que el organismo responsable de dar cuenta de la ejecución del presupuesto asignado para la administración de todo el Poder Judicial de la Ciudad (con excepción de este Tribunal) debe tener la facultad de, por lo menos, poder ser oído en juicio en defensa del patrimonio que le compete administrar. Como lo explica el Fiscal General Adjunto, en su enjundioso dictamen (fs. 31/33), sostener lo contrario nos llevaría a la absurda conclusión de que su patrimonio carece de defensa en un supuesto en el cual una disminución significativa de aquél es reputada manifiestamente desproporcionada. Frente a esa denuncia, la Cámara a quo debió admitir su recurso de apelación y revisar el monto de los emolumentos que -necesariamente- debía afrontar el Consejo, al no existir un imputado condenado en costas. La deliberada omisión del tribunal a quo descalifica su actuación, toda vez que se ha soslayado injustificadamente el tratamiento de ciertas defensas que casualmente pudieron modificar -en alguna medida- la solución del litigio. En esta nueva oportunidad considero que corresponde, de cara a las diferencias existentes entre esta causa y aquella (otra) que cita el señor juez de trámite en el pto. 3 de su voto, devolver estas actuaciones a la Sala I para que se pronuncie sobre el mérito del recurso de apelación que fuera correctamente concedido por el juez de primera instancia.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja ha sido interpuesto por el Consejo de la Magistratura en tiempo y forma, y contiene una crítica suficiente al auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

2. El recurso de inconstitucionalidad introduce oportunamente y funda de modo adecuado al menos una cuestión constitucional: la arbitrariedad de la decisión que desconoció al Consejo de la Magistratura su carácter de parte para apelar la resolución que le impusiera el pago de los honorarios del perito intérprete traductor, en un proceso en el cual hasta entonces no había intervenido en modo alguno.

La imposición de una obligación al recurrente interfiere en el marco de sus atribuciones y competencias y genera, en consecuencia, su derecho a ser oído con las debidas garantías. Dicho en otros términos, es a partir de la condena a sufragar los honorarios del perito que el Consejo de la Magistratura resulta legitimado pasivo, puede constituirse en parte e intervenir útilmente en el proceso a fin de sostener su posición. Como lo enseña Palacio "los terceros cuya situación no encuadra en ninguna de las modalidades previstas por la ley, pero que sufren, no obstante, un perjuicio a raíz de una resolución judicial, se hallan habilitados para interponer el recurso de apelación..." (Palacio, Lino; Derecho Procesal Civil; t.IV; Abeledo Perrot; Bs. As., 1972; 84).

En estricto sentido, y en lo que hace a la condena por honorarios del perito intérprete traductor, el "vencido" es el Consejo de la Magistratura, que ha devenido deudor de una obligación dineraria por decisión judicial. De allí su justificado y legítimo interés en intervenir en el proceso por vía impugnativa, lo que no es ni más ni menos que hacer uso de una forma procesal que tiende a asegurar su derecho a ser oído.

La arbitrariedad de la sentencia se configura en tanto priva al recurrente del debido proceso legal y del acceso a la justicia.

Por los fundamentos expuestos voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, dejar sin efecto el fallo del tribunal superior de la causa y ordenar que se trate debidamente el recurso de apelación del Consejo de la Magistratura por la sala que siga en orden de turno. Así voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por unanimidad con respecto a los puntos 1 y 2 y por mayoría con respecto al punto 3, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos.

2. Dejar sin efecto la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de fecha 27/11/2007, cuya copia obra a fs. 8, que declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Remitir esta queja a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas para que dicte una decisión sobre el recurso de apelación cuya copia obra a fs. 4/5.

4. Mandar que se registre y se notifique.