Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 462 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 19 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por la apoderada de la demandada en autos: "Bercovich S.A.C.I.F.I.A. vs. Cañas de Brunet, Teresa de Jesús s/Cobro ordinario".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 300/309 por la apoderada de la señora Teresa de Jesús Cañas de Brunet en contra de la sentencia de fecha 16/12/2002 dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara Civil y Comercial.

El pronunciamiento mencionado (fs. 293/294) confirmó la sentencia del juez a quo, que oportunamente acogiera la demanda incoada en autos.

A fs. 314/318, la parte actora contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 20/3/2003 que glosa a fs. 321, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, alega el recurrente que el tribunal de alzada aplicó erróneamente la preceptiva sustancial del caso, al tipificar el caso como un supuesto de gestión de negocios que comprometía la responsabilidad contractual de su parte. Se agravia de que con apoyo en esa tesis, se la hubiera condenado a pagar una suma de dinero a la actora. Niega que los antecedentes de la causa permitan respaldar la solución adoptada por la Sala a quo.

Reitera que la operación comercial con la firma actora fue concretada en forma directa y personal por el señor Buti y que la relación familiar existente entre ellos (suegra y yerno) en modo alguno autoriza a suponer la existencia de una relación jurídica con los alcances pretendidos por el pronunciamiento. Destaca que al momento de adquirir las mercaderías de la actora, el señor Buti canceló parcialmente la deuda con dinero en efectivo e instrumentó el saldo restante en tres pagarés que fueron suscriptos en forma personal.

Afirma que aún desde la perspectiva del tribunal, debió aplicarse lo previsto por el art. 2305 del Cód. Civil según el cual, "el gestor de negocios ajeno queda personalmente obligado por los contratos que con motivo de la gestión hizo con terceros -aun cuando- lo hiciese a nombre del dueño del negocio, si éste no hubiese ratificado la gestión". Destaca que en ningún momento su parte confirmó aquella actuación, razón por la cual, resulta inaceptable lo resuelto en autos.

Señala que al momento de contratar, el señor Buti no exhibió instrumento alguno que permitiera atribuirle la representación de la señora Cañas de Brunet; recaudo que una empresa de las características de la actora no podía ignorar. Invoca la preceptiva del art. 1931 del Cód. Civil (referida a la nulidad del contrato celebrado en exceso de los límites conferido por el mandato, salvo ratificación del mandante) para concluir que en el caso, el contrato celebrado carecía asimismo de validez y eficacia.

Reitera que no hubo mandato ni autorización, ni expresa ni tácita de su parte, ni tampoco ratificación de lo actuado por el señor Buti, al contratar la adquisición e instalación de los muebles de cocina con la firma actora.

Pone particular énfasis al cuestionar el modo en que se celebró aquel contrato. Considera que Bercovich S.A.C.I.F.I.A. debió requerir la orden o autorización de la señora Cañas de Brunet al contratar, o bien la ratificación de lo actuado por el señor Buti, invocando su nombre. Señala que en defecto de ello, tales recaudos debieron adoptarse al momento de la entrega de la mercadería; lo que tampoco se cumplió en autos.

Entiende que el contrato celebrado obligó en forma individual y personal al señor Buti y que las constancias de autos no permitían tener por configurado un vínculo negocial que hiciera extensivos a su parte, los efectos de aquella transacción.

Considera que el pronunciamiento contiene una fundamentación aparente, carente de sustento legal real y por tanto, deviene arbitrario.

IV.- La Sala a quo entendió que debía confirmarse lo resuelto por la juez de Ia. instancia (que definió la actuación del señor Buti como una gestión de negocios ajeno) y justificó su opinión reseñando las pruebas que según su criterio, respaldaban aquella posición.

Expresó que al absolver posiciones (cfr. fs. 135), la señora Cañas de Brunet reconoció haber encomendado a Fernando Emilio Buti, la construcción del edificio de departamentos en un inmueble del cual es titular, que le encargó asimismo la adquisición en su nombre, de los muebles de cocina correspondientes (aunque ignoraba el negocio del ramo en que se concretaría la operación) y que los mismos fueron instalados en los departamentos en cuestión. Destacó el tribunal, que las declaraciones del señor Buti (fs. 125 y sgtes.) corroboraron la versión de los hechos antes descripta.

En ese contexto, entendió la Sala a quo que la actuación del señor Buti fue cumplida a entera satisfacción de la demandada y dentro de los límites de la autorización que oportunamente le diera. El pronunciamiento señaló que aun cuando la documentación que instrumentara la operación (la cotización de precios, la apertura de la cuenta corriente, la factura de compra, los recibos, las órdenes de entrega, etc.) no haya sido suscripta por la accionada, lo actuado por el señor Buti respondía al negocio por ella encomendado (verbalmente) y que no se encontraba acreditado cuestionamiento alguno a la gestión de aquél.

Desde esa perspectiva, consideró el tribunal de alzada que el contrato celebrado con la firma actora debía entenderse concluido con la demandada en autos (conf. arts. 1930, 1931, 1945, 1946, 1947 y concordantes, citados en la sentencia impugnada).

V.- Lo precedentemente expuesto revela la insuficiencia del memorial casatorio pues no obstante el esfuerzo argumental desplegado por el recurrente, se desentiende del argumento central según el cual, la actuación del señor Buti se consideró consentida por la accionada a la luz de las pruebas reseñadas.

La Sala a quo destacó qué pruebas le permitían arribar a la conclusión mencionada (absolución de posiciones de fs. 135, especialmente la respuesta a las posiciones 7, 10, 11, 12 y 13 y la testimonial del señor Buti a fs. 125 y a fs. 55 de la causa penal caratulada "Buti, Fernando E. s/Estafa"); sin que los argumentos expuestos en el escrito recursivo logren demostrar la arbitrariedad que se imputa al decisorio.

La recurrente insiste en la inexistencia de un mandato o autorización previa y niega también que lo actuado por su yerno haya sido ratificado por su parte. Invoca la aplicación de normas particulares (el art. 1931 referido a la nulidad del contrato celebrado en exceso de los límites conferido por el mandato, salvo ratificación y el art. 2305 relativo a los efectos del contrato celebrado por un gestor cuando el mismo no es confirmado por el dueño del negocio) prescindiendo las pruebas que el tribunal de alzada valoró al adoptar el criterio que se impugna.

La determinación acerca de la existencia de una autorización previa para contratar en nombre y por cuenta ajena, constituye una típica cuestión de hecho, reservada a los jueces de mérito y ajena por tanto, al remedio casatorio, salvo el supuesto de arbitrariedad que en el caso no logra ser demostrado.

En definitiva, y no obstante el modo en que se presentan los agravios, el recurrente exhibe una mera discrepancia subjetiva con el modo en que la Sala a quo valoró las pruebas arrimadas al proceso; extremo que escapa como principio, al control casatorio.

La insuficiencia recursiva apuntada (art. 816 del CPCC) sella en forma adversa la suerte del recurso y así debe declararse.

VI.- Las costas se impondrán al recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la apoderada de la señora Teresa de Jesús Cañas de Brunet en contra de la sentencia de fecha 16/12/2002 dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara Civil y Comercial.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA