Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13


En Buenos Aires, el 13 de septiembre de dos mil, reúnense los señores Jueces de esta Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal -en la cual se halla vacante la vocalía 10-, con el autorizante, para sentenciar en la causa "SZULIK, HECTOR Y OTRO C/ BCO. MERCANTIL S.A., S/ ORDINARIO", registro 34.344/95, procedente del Juzgado 20 del fuero (sec. 40), donde está identificada como expediente 25.109.

El señor Juez Rotman dice:

-I- 1. Mediante la promoción de un juicio ordinario, los accionantes (los cónyuges Héctor Szulik y Mary Zeitune de Szulik) demandaron el resarcimiento del daño que dijeron haber sufrido por consecuencia de la sustracción de los bienes que tenían en una caja de seguridad provista por el banco demandado (Banco Mercantil Argentino S.A.).

De acuerdo con lo relatado en el escrito inagural, el contenido de la caja de seguridad que disponían los pretensores estaba constituido por dinero en efectivo (seis mil dólares estadounidenses), y por las alhajas, relojes, lapiceras y otros objetos identificados en esa presentación, cuyo valor aproximado ascendía -en la estimativa de los accionantes- a la suma de treinta y nueve mil novecientos noventa y seis dólares estadounidenses.

Los demandantes reclamaron concretamente en los presentes actuados el pago de cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis dólares estadounidenses, con intereses, y resarcimiento en concepto de daño moral, sin especificar ese rubro en el libelo inicial.

2. La sentencia de primera instancia obrante en fs. 921/930 admitió parcialmente la demanda.

Tras rechazar la cuestión prejudicial opuesta por el defendido en ocasión de apersonarse a estas actuaciones, la decisión de primera instancia responsabiliza al banco demandado por la sustracción de los valores que se hallaban en la caja de seguridad de los accionantes, con base en la observación decisiva de que el Banco Mercantil Argentino S.A. incumplió el deber de vigilancia asumido en vía contractual, sin demostrar en el curso del juicio la existencia de "un hecho del cual no responde... que no habría podido superar con el empleo (del) grado de diligencia requerido por el tipo concreto de la obligación..." (sic, fs. 925 v.).

En el plano indemnizatorio, la sentencia de primera instancia consideró procedente estimar íntegramente el reclamo de los accionantes en lo que respecta a los seis mil dólares estadounidenses que dijeron sustraídos de la caja de seguridad; y estimó solo hasta la suma de treinta y tres mil trescientos diez dólares estadounidenses el reclamo constituido por el valor de las alhajas y de los otros objetos cuya sustracción invocaron los peticionarios.

La sentencia dispuso que la suma resultante (u$s 39.310) devengue intereses a partir de la fecha de notificación de la demanda, hasta el efectivo pago.

El decisorio rechazó la pretensión seguida en concepto de daño moral, por considerar que los accionantes no acreditaron la configuración de ese concepto indemnizatorio.

Impusiéronse las costas a la parte demandada.

3. La accionada apeló contra la sentencia de primera instancia (recurso, fs. 931). Dicha recurrente presentó en fs. 948/969 el escrito de expresión de agravios, contestado por los demandantes en fs. 978/1002.

Asimismo, los actores apelaron contra esa decisión de primera instancia (recurso, fs. 934). Presentaron en fs. 945/947 el escrito fundante de su recurso de apelación, respondido por el banco demandado en fs. 971/976.

4. El decreto de autos para sentencia de fs. 1003 (2) se halla actualmente ejecutoriado, lo cual habilita para pronunciar decisión.

-II- El orden lógico impone examinar inicialmente el recurso de apelación interpuesto por el banco demandado, quien procura la íntegra revocación de la sentencia de condena dictada a su respecto. El hipotético acogimiento de dicho recurso tornaría ocioso el conocimiento de la queja de los pretensores, limitada a cuestionar la extensión del resarcimiento determinado por la sentencia de primera instancia.

1. A poco que se recurra a la lectura del escrito de expresión de agravios incorporado por el accionado, cuadra observar que el recurrente insiste en sostener -con apoyatura en el cciv 1101- la existencia de una cuestión prejudicial, fundada en la tramitación en sede criminal de actuaciones inherentes al robo perpetrado el 12.10.1992 en la sucursal Palermo del Banco Mercantil Argentino S.A.

Pero según ilustran las copias obrantes en fs. 838/839, la resolución dictada en la causa penal el 25.11.93 dispuso el archivo de dichas actuaciones. Y esa decisión fue confirmada el 15.2.94 por el tribunal de segunda instancia.

Aún bajo otra visión del tema, el planteo de prejudicialidad ensayado por el apelante resulta de todos modos desestimable, por no mediar identidad entre la causa de la acción incoada en el sub lite (fundada en el incumplimiento contractual atribuido al banco demandado), y la causa de la acción penal, que aparecía dirigida a individualizar a los autores del hecho delictivo y a procurar el secuestro de los objetos sustraídos (conf., entre otros, CNCom, A, Toscano, Carmen c/ Banco Mercantil Argentino, 12.4.99).

A todo evento, cuadra precisar que si la cuestión prejudicial propuesta por el accionado se relacionara con la subsistencia en la órbita criminal de actuaciones complementarias orientadas a individualizar y entregar a sus respectivos propietarios los elementos secuestrados, el planteo será igualmente improcedente.

Es que en ese hipotético supuesto, constituía carga procesal de la invocante del planteo defensivo, probar la correspondencia entre los efectos cuya sustracción esgrimieron los actores y los efectos secuestrados en el marco de la causa penal (conf., doctrina del cpr 377). Más esa inexcusable carga procesal aparece del todo desatendida por la parte demandada, lo cual sella definitivamente la suerte de ese aspecto de su argumentación defensiva (conf., CNCom, C, 23.3.98, Simao de Busico, Elena M. c/ Banco Mercantil Argentino S.A., s/ ordinario).

2. Aparece inoficioso lo argumentado por el banco accionado con relación a la denominada "calificación del contrato vinculante".

El recurrente objetó la sentencia de primera instancia por haberlo calificado como "depositario" de los bienes objeto de sustracción. Adujo el quejoso sobre ese particular que en el contrato celebrado con la parte actora se obligó exclusivamente a proveer la custodia del ámbito en el cual se encontraba la caja de seguridad, más sin asumir el rol contractual de "depositario" habida cuenta de la falta de recepción de los bienes que ingresaban a la caja de seguridad (conf., fs. 951 v., in fine).

Ciertamente, la determinación del nombre contractual del servicio de caja de seguridad ha concitado profundas y variadas interpretaciones en el campo científico (entre otros, Fernández, "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial", t. III-B, pg. 3501, Ed. Depalma, 1987; Garrigues, "Contratos Bancarios", pg. 476/7, Ed. Silvero Alvarez Torre, Madrid, 1958; Ripert, Georges, "Derecho Comercial", t. III, pg. 448/9, Ed. Tipográfica Editora Argentina, 1954; Zavala Rodríguez, "Código de Comercio Comentado", pg. 112/5, De. Depalma, 1980; Argeri, Sal A., "Contrato de Caja de Seguridad", LL 1978-D, pg. 1258; y numerosa doctrina allí citada).

Empero, la dilucidación de esa delicada cuestión doctrinaria -oscilante entre calificar al contrato sub examine a título de locación o de depósito, bien que con recurrencia a figuras innominadas- será exorbitante al cometido jurisdiccional impuesto por la estructura que presenta esta causa.

De acuerdo con lo interpretado por esta Sala en la causa "Adler de Josephsohn", el 23.10.92, no es seriamente controvertible el deber contractual de guarda, custodia y conservación de los efectos ingresados al cofre, que asume un banco por efecto de haber concertado con un cliente la prestación de un servicio de caja de seguridad; desde que ese débito aparece de suyo implicado en el ofrecimiento de la seguridad de un edificio y de su organización.

Bueno es recordar en ese orden de ideas una célebre decisión dictada por el Tribunal Supremo de España, citada por Garrigues ("Contratos Bancarios", pg. 475, Ed. Silverio Aguirre Torre, Madrid, 1958). Díjose allí -con relación al contrato objeto de este litigio- que cualquiera sea la denominación que se le diere por el influjo de sus complejas características de goce y custodia, es indudable que cuando el cliente solicita del banco el servicio de una caja, tiene como fin principal y decisivo la custodia, que puede obtener por dos órdenes de medios, reales y personales, esto es, mediante el uso de una cosa (arriendo) y la prestación de guarda o vigilancia (depósito).

La finalidad esencial que subyace en este contrato reside en proveer seguridad a los valores que se depositan en las cajas, mediante una estructura material, técnica y organizativa que el banco pone a disposición de sus clientes.

El banco asume, por ende, una función de custodia que es concebida como una obligación de resultado, de modo que su incumplimiento lo hace responsable por el robo o deterioro de los objetos depositados en la caja de seguridad, cualquiera sea la tipificación contractual bajo cuyas directivas cupiera dirimir la controversia (conf., entre otros, CNCom, B, 26.3.93, "Sucarrat G.A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires"; CNCom, C, 23.3.98, "Simao de Busico, Elena M. c/ Banco Mercantil Argentino S.A.").

3. Quejase el banco demandado por cuanto la sentencia de primera instancia declaró la "invalidez" de la cláusula 12a. del contrato.

Dicha previsión contractual establece que "el Banco garantiza al locatario únicamente la integridad exterior de la caja, con exclusión de los casos fortuitos o de fuerza mayor y no responde de los efectos que en ella fueran depositados, pues es de exclusiva cuenta del locatario su conservación, retiro y cuidado. El Banco no asume responsabilidad por cualquier demora, daño o inconveniente, causado por cualquier motivo o accidentes en la Caja de Seguridad o Tesoro, o falla en el mecanismo de sus cerraduras." (sic, fs. 85 v.).

Para examinar la virtualidad de esa cláusula, es indiferente en el caso que se encuentre incluida en el marco de un contrato de adhesión. La interpretación de sus términos -de cuya duda se derivara en principio una exégesis contraria al predisponente- no parece ofrecer mayor complejidad.

Lo que sucede es que una cláusula mediante la cual el banco niega ab initio asumir responsabilidad por eventuales infracciones contractuales -recuérdese que fue estimado su débito a proveer guarda, seguridad y conservación de los efectos de referencia- constituye una regla contractual cuya validez está subordinada a que el "deudor" de la prestación esté exento de reproche, a título de culpa, en la materialización del "incumplimiento" (conf., Ripert, Georges, "Derecho Comercial", t. III, pg. 451, Ed. Tipográfica Editora Argentina, 1954; Fernández, "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial", pg. 353, Ed. Depalma, 1987). Pero la culpabilidad del banco demandado aparece implicada en la infracción contractual evidenciada en el caso, de modo que la cláusula transcripta anteriormente no es invocable por el recurrente para excusar responsabilidad (conf., esta Sala, 23.10.92, Adler de Josephsohn). Ante similar planteo impugnativo, la CNCom, C, juzgó el 23.3.98, en la causa "Simao de Busico, Elena M. c/ Banco Mercantil Argentino S.A., s/ ordinario" que "con respecto a la nulidad de la cláusula contractual que exonera al banco de responsabilidad por los efectos depositados, cabe expresar que su invalidez no resulta dudosa, puesto que, en razón de lo dicho respecto de la esencia del contrato y su funcionalidad, admitir su aplicación lo desnaturalizara y lo dejaría prácticamente sin objeto. El deber de custodia y conservación asumido por el banco constituye una obligación de resultado, de modo que si se admitiera la validez de dicha cláusula exonerativa se configurara -de hecho- una negación de ese resultado, lo que resulta inconsecuente con la obligación asumida, por cuanto presupone, desde el inicio de la relación, que el incumplimiento no acarreara para el banco consecuencias jurídicas".

4. No obstante el esfuerzo argumental llevado a cabo por el accionado en orden a demostrar que el robo perpetrado en la sucursal Palermo había constituido "...un suceso imprevisible, e imposible de evitar por las características que revistiera" (fs. 953 v., 2.4), lo cierto es que el plexo probatorio sobre el cual discurre el apelante no sustenta la adecuación de lo alegado en el escrito de expresión de agravios.

Creo que es relevante notar que la insuficiencia evidenciada en las condiciones de seguridad que regían en la sucursal Palermo del banco demandado en el tiempo de ocurrencia del siniestro, ha sido coincidentemente apreciada en las decisiones dictadas por la CNCom, A, el 12.4.99, en "Toscano, Carmen c/ Banco Mercantil Argentino S.A.", por la CNCom, B, el 4.10.96, en "Quiquisola, Roberto Horacio y otro c/ Banco Mercantil Argentino S.A.", por la CNCom, C, el 23.3.98, en "Simao de Busico, Elena M. c/ Banco Mercantil Argentino S.A.", y por la CNCom, E, el 30.4.98, en "Paternostro, Mario L. y otro c/ Banco Mercantil Argentino S.A.". Me remito, brevitatis causae, a lo interpretado sobre el particular en el marco de dichos pronunciamientos, por haber sido emitidos con base en idéntica apoyatura probatoria que la obrante en los presentes actuados; como lo revela la identidad que presentan los informes periciales examinados y la reproducción testimonial a la cual se recurrió en esta causa con base en las anteriores declaraciones rendidas sobre similar materia controversial (ver fs. 779/806).

Obsérvase decisivamente que el informe pericial practicado en la causa penal dio cuenta que "la puerta de ingreso no ofrece resistencia adecuada alguna, puesto que el uso y la falta de mantenimiento produjo el desgaste del mecanismo de cierre, hecho éste que incrementó la luz entre la hoja movible y la fija, al igual que sus herrajes, provocando esto la disminución de contacto entre el pestillo y la cavidad que lo contiene..." (sic, copia de fs. 823 v.).

5. En la versión fáctica brindada por la parte actora (admitida, en cuanto concierne a la identificación de los bienes, en la decisión de primera instancia), el contenido de la caja de seguridad que fue objeto del robo perpetrado en el banco demandado, estaba constituido por seis mil dólares estadounidenses, y por los relojes, collares, aros, gemelos, pulseras, lapiceras, prótesis dental, cadenas, anillos y adornos de cuyas características se dio cuenta en el libelo inicial.

En primer lugar, corresponde destacar que no resulta procedente la defensa de falta de legitimación opuesta por el banco demandado con fundamento en que algunos de los bienes cuya sustracción se invocó en los presentes actuados no eran de titularidad de los accionantes.

La circunstancia de que algunos de los bienes hubiesen pertenecido a los progenitores de los accionantes, o -en su caso- a los hijos de los demandantes en virtud de donaciones efectuadas en favor de ellos por los cónyuges Szulik, no excluye la legitimación de los actores para incoar reclamo a su respecto, por cuanto fueron precisamente los accionantes quienes contrataron con el demandado el servicio de caja de seguridad; sin que aparezca siquiera invocado por el defendido la existencia de regla convencional alguna que hubiese prohibido el ingreso de bienes de terceros en la caja de seguridad, con el efecto jurídico propugnado por el accionado.

Antes bien, el cciv 2215 excluye -desde una visión conceptual del tema- la adecuación de la defensa ensayada por el accionado.

6. Creo relevante subrayar que tratándose de una pretensión fundada en la violación de una caja de seguridad, no cabe exigir al peticionario de resarcimiento una prueba rigurosa e inequívoca sobre la veracidad del contenido que se dice sustraído, pues si ello fuese así, recaerá sobre el invocante del hecho una carga cuyo cumplimiento será virtualmente impracticable, dada la ausencia de exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados a ese lugar (conf. mi voto pronunciado in re Arturo O. López y Ca. Sociedad Colectiva c/ Banco de Mendoza, s/ ordinario, del 26.10.92; CNCom, B, 14.8.96, Maquieira, Néstor y otro c/ Banco de Quilmes SA, s/ ordinario; esta Sala, 12.8.98, Gordon, Claudio Jorge y otro c/ Banco Mercantil Argentino SA, s/ ordinario; entre otros).

Díjose sobre el particular que "la prueba de presunciones adquiere un valor fundamental que junto con la prueba directa que pueda reunirse, debe ser valorada con base en los criterios de credibilidad y razonabilidad del reclamo, procurando formar convicción mediante una disminución del margen de duda, antes que exigir una acabada y completa "comprobación que -como quedó dicho- resultara inalcanzable... Para ello "se ha sostenido que el demandante debe en primer término probar de modo suficiente la fuente de los bienes ingresados en la caja, de donde, probada la preexistencia de esos bienes, la cuestión a dilucidar queda reducida a formar convicción en el juez de que fueron ingresados en el cofre violado..." (CNCom, C, 23.3.98, Simao de Busico, Elena M. c/ Banco Mercantil Argentino SA, s/ ordinario, y doctrina allí citada).

Apunto asimismo que en el marco de la sentencia dictada por la Corte Nacional en la causa "García, Héctor O. y otro c/ Banco de Quilmes" (publicada en el ejemplar de Doctrina Judicial de La Ley, del 23.8.00), los doctores Moliné O'Connor, López y Vázquez expresaron que "las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a decisión. Desde esta perspectiva, no resulta razonable que el a quo haya exigido a los actores una prueba plena del depósito de los bienes invocados, sin hacerse cargo de que uno de los aspectos esenciales del referido contrato -en rigor, uno de sus atractivos- había consistido en habilitar su guarda sin que de ella quedaran rastros... (R)elacionado el contrato que originó el juicio con la custodia de bienes cuyo ingreso en la caja queda al margen de toda prueba, el banco no poda valerse de la dificultad probatoria que ello aparejaba a su contrario y, sin producir ninguna prueba idónea enderezada a sostener su defensa, ser liberado en mérito de la simple negativa de lo que su contraparte había afirmado".

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, no se aprecia mérito para privar de credibilidad a los dichos vertidos por la parte actora respecto del contenido de la caja de seguridad cuya sustracción originó la promoción de esta litis.

En efecto, ha sido demostrado en las presentes actuaciones que el contador Héctor Szulik es conocido en los círculos en los cuales actúa por su honorabilidad y conducta intachable (ver coincidentes testimonios rendidos por Kopec, fs. 316; Kaplan, fs. 323; Zviklich, fs. 330; Morgenstern, fs. 336; Stein, fs. 368).

Fluye de lo informado en fs. 186 que Héctor Szulik fue presidente entre 1991 y 1993 de B`Nai B`rith Argentina (organización filantrópica dedicada "a la ayuda de niños discapacitados, ancianos y otros seres humanos con problemas; conf., fs. 317/318), siendo luego de 1993 presidente honorario de esa institución, y representante internacional ante el Consejo con sede en Washington (fs. 186). Fue asimismo informado en fs. 361 que Héctor Szulik ha sido uno de los socios fundadores de la Asociación Civil Bet Am Palermo, "cuya finalidad principal es la educación y que mantiene al Colegio Integral Martín Buber desde su fundación en al año 1962" (sic, fs. 361).

El accionante, contador público nacional, es director titular -junto con su cónyuge- de una sociedad comercial denominada "Simn Zeitune e Hijo S.A." (fs. 518). De acuerdo con la coincidente declaración testimonial rendida en autos, se trata de una empresa familiar dedicada a la comercialización en el ramo textil (Kopec, fs. 317, 3a.), que posee algunas sucursales en la provincia de Salta (Zviklich, fs. 331, 3a.).

Sentado lo expuesto, me permito hacer más las consideraciones efectuadas por el juez Monti en la causa sentenciada por la CNCom, C, el 25.8.97, caratulada "Rod, Jorge Eduardo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires, s/ ordinario". Dijo allí el magistrado ponente, luego de describir los méritos personales que exhibía el peticionario de esos actuados, que "desde luego, de tales méritos no se infiere que tuviera en su caja de seguridad los objetos que dijo tener. No es posible, en rigor, adquirir certeza absoluta al respecto, como no lo es habitualmente con relación a los hechos que se debaten en un pleito. Los jueces tienen que conformarse con una firme convicción apoyada en la sana crítica. Tal vez aquí debiéramos repetir con Wittgenstein: 'De que me parezca a mí -o a cualquiera- que sea así, no se sigue que es así. Lo que podemos preguntar es si tiene sentido dudar de ello' (Ludwig Wittgenstein, Sobre la Certidumbre, ed. Tiempo Nuevo, Caracas, 1972, n* 2, p. 13). Y la credibilidad, unida a cierta razonabilidad -y mesura- en lo que se reclama, contribuyen a disminuir el margen de duda".

Creo yo que las observaciones efectuadas en el antecedente recordado son plenamente aplicables al sub lite.

A estar a las características socioeconómicas de los accionantes, y habida cuenta de la época en que ocurrió el siniestro (octubre de 1992) la tenencia de seis mil dólares estadounidenses en una caja de seguridad no constituye un extremo cuya comprobación debiera apreciarse con mayor estrictez; desde que es verosímil que una persona dispusiese de fondos líquidos para invertirlos en alguna operación comercial, o para consumo personal. Por el contrario, es de señalar que ningún elemento conducente aporta el recurrente en orden a hacer inferible que los accionantes hubiesen incurrido en mendacidad con relación a ese típico de la pretensión.

De su lado, fue probado en el curso de las actuaciones que Mary Zeitune de Szulik exhiba joyas en los eventos a los cuales acudía antes de octubre de 1992 (conf., testimonios de Kopec, fs. 316, 5a.; Kaplan, fs. 323, 2a; Zviklich, fs. 330, 7a. y 8a.; Morgenstern, fs. 336, 11a.; Stein, fs. 368, 1a); lo cual hace de suyo creíble que esas joyas estuviesen habitualmente colocadas en la caja de seguridad.

Asimismo, la coincidencia que exhibe la declaración de bienes expuesta por los damnificados breve tiempo después de anoticiarse del siniestro (20.10.92; fs. 22), respecto de la presentada en el libelo inicial, coadyuva para otorgar a lo denunciado un apreciable grado de certeza, dada la inocultable espontaneidad que es inferible de la primigenia denuncia de los accionantes.

A su vez, la estimación efectuada por los denunciantes con relación al valor de los bienes que se dijeron sustraídos (u$s 39.996) ha sido del todo mesurada, como lo revela el informe producido en la causa por el Banco Ciudad de Buenos Aires, quien vino a especificar en u$s 33.310 el valor de lo tasado (conf., fs. 237/239).

Ahora bien: se ha dicho con acierto que no es suficiente para el demandado formular una cómoda negativa de los hechos invocados en el escrito inicial, pues ese proceder tiende comúnmente a poner a cargo de la contraparte la prueba de los extremos y situaciones que por un elemental deber de lealtad en el proceso, corresponde sean expuestos por las partes con claridad y veracidad (entre otros, CNCiv, B, 4.4.75, ED 75: 427); tanto más en la especie donde -según fue precisado- se presenta una notable dificultad probatoria para justificar los objetos que se dicen sustraídos.

Atiéndase incluso que admitir derechamente la cerril negativa del defendido supondrá tanto como predicar la inexistencia de objeto alguno en el ámbito de la caja; lo cual es sencillamente impensable con relación a los accionantes, quienes disponían -con una presumible utilidad- del servicio de caja de seguridad en el banco demandado desde 1967 (fs. 2-II, no contradicha).

7. Sentada pues la credibilidad de la versión de los accionantes en punto al contenido de la caja (y no impugnada en si propia por el banco demandado la adecuación cuantitativa del resarcimiento, cuando menos en su aspecto nominal), procede examinar seguidamente la queja impetrada por el accionado contra la sentencia de primera instancia, en cuanto admitió que la totalidad del monto de condena (constituido por dólares estadounidenses y por el valor de los objetos sustraídos) devengue intereses.

Asiste razón al quejoso en el sentido de que no procedió establecer el devengamiento de intereses con relación al denominado "valor de los objetos sustraídos", pues los accionantes no formularon tempestiva pretensión a ese respecto (ver libelo de fs. 2/9). Corrobora lo expuesto la circunstancia de que la liquidación practicada por los demandantes a los efectos de integrar la tasa de justicia (ver fs. 73), tampoco comprendió el cálculo de ese accesorio con relación al rubro sub examine.

8. a) De su lado, los accionantes impugnaron el pronunciamiento de primera instancia, por haber desestimado la pretensión indemnizatoria deducida en concepto de daño moral. Ese aspecto de la decisión recurrida fue fundado en que "el actor no acreditó la existencia de daños psíquicos, ni derivaciones excepcionales para justificar un resarcimiento por este concepto" (fs. 929 v.).

Sabido es que el resarcimiento por daño moral procura reparar la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, cuales son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física y demás sagrados afectos (esta Sala, 18.11.93, Vázquez, Juan Javier c/ Tripaldi, Bruno, s/ sumario; y jurisprudencia allí citada).

En ese orden de ideas, no parece controvertible que la parte actora ha debido padecer detrimento moral por consecuencia de la sustracción de los objetos que tenía en la caja de seguridad, habida cuenta del innegable valor afectivo que -cuando menos algunos de ellos- tenía a su respecto.

El decaimiento anímico padecido por los accionantes a raíz del hecho ha sido objeto de comprobación en vía testimonial (Kopec, fs. 316, 5a.; Kaplan, fs. 323, 2a.; Krawiecki, fs. 364).

Propondré, con base en los antecedentes que exhibe la cuestión planteada, fijar en $ 7.500 -expresado en el tiempo de este pronunciamiento- el quantum indemnizatorio al cual dan derecho los pretensores en concepto de daño moral (arg. del cciv 1078 y su doctrina; y reglas concordantes).

b) Los demandantes impugnaron asimismo la decisión de primera instancia, en cuanto establecía que el interés del monto de condena devengue, a partir de la fecha de notificación de la demanda, a la denominada tasa pasiva. Los recurrentes pidieron que el fruto civil fuese calculado, "desde el día del robo", a la tasa activa (fs. 946).

Ciertamente, el agravio sub examine ha venido a quedar circunscripto exclusivamente a los intereses que ha de devengar la suma de seis mil dólares estadounidenses; pues de acuerdo con lo postulado en el parágrafo 7 de esta ponencia, no procede fijar intereses con relación al monto constituido por el valor de los objetos sustraídos.

Efectuada esa precisión inicial, creo yo que -en general- procede admitir la queja de los accionantes en cuanto concierne al dies a quo del curso de los accesorios, pues procede calcular dichos intereses a partir de la fecha en que los accionantes vinieron a carecer de la posibilidad de disponer de los billetes estadounidenses (20.10.92, copia, fs. 22; conf., entre otros, CNCom, C, 23.3.98, "Simao de Busico" antes citado; d., mi voto en "Arturo O. López", del 26.10.92).

Empero, no corresponde en la especie calcular el fruto civil a la llamada tasa activa, puesto que los actores no precisaron en el escrito introductorio de la instancia la tasa de interés pretendida, pero utilizaron la tasa pasiva para calcular la base del tributo judicial, según fluye de la presentación de fs. 73 y de su proveído, ejecutoriado, que obra en fs. 74.

Al aplicar a esa liquidación de la base imponible la tasa pasiva, los accionantes vinieron a especificar la tasa no indicada antes, con el efecto de limitar su pretensión a esa tasa pasiva.

Nótese que la ley 23.898, 4, a), establece como base imponible "el monto de la pretensión al momento de ingreso de la tasa, comprensivo del capital y, en su caso... intereses devengados, que se hubieren reclamado".

De modo que aquella liquidación practicada con arreglo a esa norma, hace suponer que se reclamaron intereses según la tasa pasiva, y no otra cosa (esta Sala, 22.3.96, Top Brands Internacional; d., 13.10.98, Prez).

-III- En mérito de los antecedentes expuestos, y habiendo devenido desestimable la queja ensayada por el demandado con relación a la imposición de las costas del juicio, atento lo referido en el parágrafo 8 de este voto, propongo al acuerdo (a) estimar parcialmente el recurso de la parte actora, con el efecto de elevar en siete mil quinientos pesos el monto nominal de la condena, y establecer en el 20.10.92 el dies a quo de los intereses a calcular sobre la suma de seis mil dólares estadounidenses; (b) estimar parcialmente el recurso de la parte demandada, con el efecto de negar intereses respecto de la suma de treinta y tres mil trescientos diez dólares estadounidenses; y (c) confirmar -en todo lo demás decidido- la sentencia de primera instancia. Propongo asimismo imponer las costas devengadas en la alzada al accionado, sustancialmente vencido (cpr 68).

Nada más.

El señor Juez Cuartero adhiere al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) estimar parcialmente el recurso de la parte actora, con el efecto de elevar en $ 7.500 el monto nominal de la condena, y establecer en el 20.10.92 el dies a quo de los intereses a calcular sobre la suma de u$s 6.000;

(b) estimar parcialmente el recurso de la parte demandada, con el efecto de negar intereses respecto de la suma de u$s 33.310;

(c) confirmar, en todo lo demás decidido, la sentencia de primera instancia;

(d) imponer las costas de alzada al accionado sustancialmente vencido;

(e) diferir la consideración de los honorarios hasta ser regulados los correspondientes a la primera instancia.