marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Produsem c/ Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong s/ cobro de pesos. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Procede el recurso extraordinario, si la decisión impugnada ha denegado el fuero federal.
Proceso electoral, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, mínima expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido Libertario y otros c/  s/ causas electorales - electoral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-24

Los recursos deben contener una enunciación mínima de las razones que los sustentan. Esto es especialmente exigible cuando se trata de requerir la revocación de un acto del órgano colegiado sobre el cual reposa una responsabilidad sustancial en el desarrollo del proceso electoral. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Ejecución fiscal, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Rentas c/ Fincas de Catamarca S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

"Tratándose de juicios de ejecución fiscal corresponde hacer lugar a las defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda con sujeción a que ellas resulten manifiestas, sin necesidad de adentrarse en mayores demostraciones" (CSJN, F 123 XXV, Fisco Nacional [DGI] c/ Establecimientos Recife SACIIFyA s/ Ejecución Fiscal, 4-5-95, Fallos: 317).

En el caso, de las constancias agregadas en la causa, no surge de modo claro y manifiesto lo afirmado en el discurso recursivo.

En efecto, más allá de reconocer el recurrente que si lo hubieran dejado aportar todas las pruebas, hubiera podido probar acabadamente la inexistencia de la deuda, obra en la causa la copia certificada del expediente administrativo que contiene el proceso de la liquidación de los tributos ejecutados, donde consta que se realiza sobre la documentación presentada por la ejecutada, que se descartan los producidos en otra jurisdicción, con auditorias, notificaciones correspondientes y plazo para objetar etc..

Es decir, que toda la mecánica parece responder a un debido proceso, del que no se infiere palmariamente el extremo de manifiesta inexistencia de la deuda exigido para que el tratamiento de la excepción funcione, en esta etapa.

Entonces, no observada en autos esta condición, sine qua non, para ser tratada en el proceso de ejecución fiscal, la cuestión deberá ser replanteada en un proceso ordinario posterior donde exista mayor margen y producción de pruebas y la amplitud de debate permita definir la razón o la sinrazón ahora alegada.

En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la inexistencia de la deuda.
Suspensión del juicio a prueba, sentencia ultra petita, falta de audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Eduardo Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-03

La decisión del tribunal a quo de no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado por la defensa aún con la expresa conformidad del Ministerio Público Fiscal ha comportado una exorbitancia en el ejercicio de su jurisdicción. Los votos concurrentes agregaron: el primero, que en aquellos casos en que el encartado fuera sólo un consumidor ocasional de estupefacientes sería viable la aplicación en el caso específico de lo previsto en el art. 76 ter del C.P.N., en tanto en nada resultaría "alterado" el ordenamiento sobre estupefacientes; y el segundo, que el a quo debió celebrar la audiencia prevista en el artículo 293 del C.P.P.N., ocasión en que la defensa podría haber desarrollado los argumentos por los cuales entendía procedente la suspensión del juicio a prueba. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo -según su voto- y Hornos -según su voto-).
Calificación legal, actuación de oficio, principio de congruencia, sentencia absolutoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA del  CHUBUT c/ P., M.E. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-02-01

Cuando la calificación jurídica dispuesta (y su inescindible cambio del hecho) de oficio desbarata cualquier estrategia defensiva, se afecta el derecho de defensa, soslayando la debida correlación entre imputación y sentencia. Esa circunstancia torna arbitraria la condena e impone la absolución.
Honorarios, desregulación económica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARRA, CARLOS FORTUNATO EN J: STIPECH, VICTOR c/ EMPRESA GENERAL ROCA S.R.L. Y ENRIQUE DIAZ MEDINA s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S253 - 274)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-22

Las leyes de desregulación no han derogado lisa y llanamente las leyes arancelarias, simplemente han transformado la naturaleza imperativa de las mismas, en normas supletorias de la voluntad contractual, por lo que a falta de disposición convencional rige la ley del arancel correspondiente.
Títulos de crédito, autenticidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SIERRAS AUTOMOTORES c/ ALEM D. s/ EJECUTIVO  -  RECURSO DE REVISION - EXCEPCION DE FALSEDAD DE FIRMA -  QUIEBRA - TITULO DE CREDITO - CARGA PROBATORIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-07

La firma inserta en el título de crédito debe ser tenida por auténtica mientras el interesado en enervar la ejecución no demuestre lo contrario.
Medidas cautelares, medicina prepaga, planes de cobertura médica, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BAMGBOYE JOHN AYODELE Y OTROS c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

El niño Juan, de seis años de edad posee certificado de discapacidad, en virtud de padecer "Trastorno Generalizado del desarrollo-espectro autista", es afiliado a OSDE (cfr. fotocopia de carnet), le fue prescripto tratamiento multidisciplinario en los términos que da cuenta el certificado médico, y la conducta de OSDE consistente en brindarle al menor las prestaciones requeridas con los profesionales de su cartilla. La cuestión a dilucidar gira en torno a determinar si el tratamiento requerido debe ser cubierto con los profesionales que asisten actualmente al menor o con prestadores propios de OSDE. El niño Juan reviste la condición de discapacitado; por lo tanto goza del reconocimiento diferenciado de derechos que el legislador le confirió a ese universo de personas al sancionar la ley 24.901.

El contrato queda integrado, entonces, no sólo con reglamentaciones internas de la accionada sino también con dicha ley federal que hace inmediatamente operativa la obligación de los agentes de salud y de las empresas médicas de cubrir, en forma "integral", las prestaciones enumeradas a partir del artículo 14, como así también los servicios específicos contemplados en los artículos 18 y ss. de dicho plexo normativo. Las leyes, no pueden ser interpretadas en forma aislada; tampoco prescindiendo de los fines que las inspiran contraponiendo sus disposiciones con las del resto del ordenamiento jurídico.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, personal municipal, personal jerárquico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Honores, Enrique Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

Los derechos que la Constitución Nacional consagra no poseen un carácter absoluto y se ejercen de acuerdo a las leyes que los reglamentan. La circunstancia de que a los funcionarios excluidos del Estatuto se les conceda licencia anual no genera un derecho de propiedad que les permita, cuando no la han gozado, percibir una indemnización por tal concepto. Ello desde que la exclusión de ciertos funcionarios del estatuto que regula la relación de empleo del personal permanente proviene de un acto general emanado del órgano legislativo que tiene competencia para reglamentar derechos constitucionales e implica como corolario lógico de esa exclusión, que la norma que consagra la compensación en cuestión no puede ser exigida por funcionarios.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: RIOS, Héctor s/ HURTO DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

No pueden computarse como indicio los antecedentes condenatorios del encausado cuando éstos configuran reiteración delictual y no reincidencia.
Procedimiento tributario, recurso de apelación (administrativo), improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gracia Fernando Alberto (T.F. 6913-A) y Otro c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-06

En los términos del art. 1180 del C.A. no cabe en principio rever en esta instancia las cuestiones fácticas atento a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta y siempre que del ejercicio por el A quo de sus facultades propias de apreciar los hechos (Fallos: 300:985) no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. Sala III, in re "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; Sala I, in re "Scioli", del 14/12/93; esta Sala, in re "Aspitarte y Cía. S.A.S.", del 14/8/95, "Seysu S.R.L.", del 25/3/96).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, accidente de tránsito, conductor, culpa concurrente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA, ALBERTO DANILO c/ FARRE, CAMILA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Las críticas vertidas respecto a las circunstancias fácticas que habrían sido soslayadas por la Alzada a la hora de variar el porcentaje de responsabilidad asignado a cada uno de los intervinientes en el infortunio vial, no logran neutralizar las afirmaciones realizadas por aquélla al determinar la mayor reprochabilidad en la conducta que le cabía a la codemandada, atento la incidencia causal que en el sub lite tuvo la falta de idoneidad para el manejo y la inexperiencia conductiva de ésta, que determinó la atribución de mayor responsabilidad en el infortunio. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Netri y Erbetta)
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, firma, representación de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOVEDA ESTEVEZ C. c/ CARROCERIAS ESPECIALES PARA AUTOTRANSPORTE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Si el librador del pagaré ha asentado su firma bajo el sello de la sociedad ejecutada, significa que actuó en representación de la aludida persona jurídica, en tanto ésta no ha acompañado elementos de juicio que demuestren lo contrario.

Si bien en la parte inferior izquierda del formulario empleado para confeccionar el título, en el lugar correspondiente al firmante, se menciona a la persona física y no a la representada, cabe considerar que esta circunstancia en tanto no resulte incompatible con la existencia de la antefirma, no influye sobre los efectos de la misma
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Punta, Raúl O. c/ Ford Motor's Company Argentina s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

Despedido el trabajador alegándose que los hechos que se le imputaron en la causa penal imposibilitaban la continuación del vínculo por la pérdida de confianza operada, su efectiva participación en los hechos delictivos investigados constituye el tema central de la litis quedando supeditada la solución del pleito a lo que se decidiera en el juicio penal (arts. 1101, 1102 y 1103 C.Civil).
Suspensión de obra pública, cómputo del plazo, aplicación de la ley, permiso de obra, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: TGLT S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito por una Mejor Calidad de Vida c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

El razonamiento de la Cámara que entendió que una obra regularmente registrada debió ser declarada paralizada en los términos del art. 2.1.5.2 del Código de Edificación -esto es, antes de que se verificara el plazo establecido en el art. 3.1.1.7 del CE para entender operada la caducidad del permiso de obra- debía computarse el plazo de seis meses desde la registración de los planos de obra, debe ser descalificado con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, toda vez que el instituto de la paralización puede ser aplicado sólo respecto de obras que tuvieron algún principio de ejecución. Voto del Juez José Osvaldo Casás, al que adhiere la jueza Ana María Conde.
Indemnización por accidente de trabajo, presupuestos de responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Irch, Roberto Francisco c/ Graziano, José M.P. y-o Estab. Maderero Graziano s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-26

Ni aún el reconocimiento expreso del infortunio por la demandada resulta antecedente válido para la condena en sede civil si el reclamante no acreditó los presupuestos de hecho que permitan responsabilizar al dador de trabajo.
Haber jubilatorio, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ferreira, María González Tosar c/ Ministerio del Interior s/ Pensión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Respecto a la fecha a partir de la cual corresponde el pago de los haberes devengados, teniendo en cuenta la defensa de prescripción articulada, corresponde aplicar la ley 23627 en atención a que ella rige "las relaciones existentes a la fecha de su promulgación".
Derechos personales, fianza comercial, cobro de sumas de dinero, prueba del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ López, Luis y otros s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

Quienes afianzaron contractualmente el mutuo deben responder por la cobro reclamado al deudor principal, pues surge acreditado de los elementos probatorios -registros contables, pericias y testimonios- la existencia de un contrato de fianza comercial celebrado entre los recurrentes, por los medios que indican los artículos 1190 del Código Civil y 208 del Código de Comercio
Medidas cautelares, derecho a la salud, elevación de la cobertura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALAS  CARLOS  FRANCISCO c/ INSTITUTO  NAC  DE  SERV  SOC  PARAJUBILADOS Y PENSIONADOS S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

No acompañó una constancia médica que, de manera fundada, explique si existen diferencias entre las intervenciones quirúrgicas que practicarían los centros prestadores de Concordia y de la ciudad de Buenos Aires, así como las ventajas que presentarían y si resulta desconsejable que se opere en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. En este estado liminar del proceso, el derecho de la actora a recibir atención por otro prestador de la obra social situado en la ciudad de Buenos Aires y no en la ciudad de Concordia o en la Provincia donde el paciente se encuentra domiciliado, no se sustenta en razones médicas referidas a la influencia de la enfermedad de base que padece (leucemia) ni se cuenta con la opinión del Cuerpo Médico Forense sobre la conveniencia del abordaje de la enfermedad que brindaría la Fundación Favaloro frente a la cirugía propuesta por especialistas de Concordia, ni se conoce la posición de la citada institución prestadora frente a los riesgos del cuadro del actor.
Retención indebida, administrador del consorcio, inhabilitación especial, indemnización, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: GALINDEZ, J.L. s/ PENA. INHABILITACION. GALINDEZ, J.L. s/ ACCION CIVIL. DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-05-27|1980-05-27

1) Es improcedente imponer al administrador de un consorcio (autor del delito de defraudación por retención indebida) la pena de INHABILITACION, ya que para su desempeño no se requiere licencia o autorización pública alguna.

2) Por ser la damnificada del delito de retención indebida un ente con personalidad jurídica propia y distinta de las personas físicas que lo forman (consorcio de propietarios), la condena por indemnización de daños y perjuicios no debe abarcar el DAÑO MORAL, por cuanto el delito mencionado no puede afectar el buen nombre del consorcio, la confianza en el público o su buen crédito.
Acción meramente declarativa, Comunicaciones, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

El concepto de "pluralidad" respecto de los medios de comunicación social es altamente complejo, pues no solamente comprende la diversificación de los propietarios de los medios, sino también la variedad de opiniones independientes que se generan y se comunican con libertad y sin la indebida influencia de centros de poder dominante, ya sea gubernamental o privado ("Report of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism. A free and pluralistic media to sustain European democracy", European initiative for Media Pluralism, www.mediainitiative.eu).
Tributos aduaneros, repetición de tributos aduaneros, pago, extinción de la obligación tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bunge Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Ni el protesto realizado por la actora al momento del pago de los cargos aduaneros ni el posterior reclamo de repetición poseen entidad para privar a dicho pago de su carácter extintivo de la obligación (cfr. art. 787, inc. a., del Código Aduanero) o aptitud para desconocerle su atribución de cancelar el capital adeudado en las condiciones exigidas por el art. 56, quinto párrafo, de la ley 27.260 y del art. 20 de la resolución general (AFIP) 3.920. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MEZA ERME B.C. c/ MARIO R. RAMIREZ Y/O PERSONA Q.S.C. DERECHO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-02-29

Para que se perfeccione la transmisión del dominio es menester que se reúnan conjuntamente tradición de la cosa, tradición por Escritura Pública e inscripción del título en el registro inmobiliario de la jurisdicción.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, extinción por muerte del trabajador, indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, sucesores
Materia: LABORAL
Carátula: Olave, Juan Carlos. c/ Moño Azul S.A.C.I. y A. s/ Indemnización.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-19

El artículo 248 de la LCT, establece que: "En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el art. 38 de la Ley 18037/69 (to 1974)- (actualmente debe entenderse las citadas en el art. 53 de la Ley 24.241)- tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el art. 247 de esta ley...".

El artículo hace referencia a que las personas allí enumeradas tendrán derecho a percibir la indemnización mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación establecida, por lo que la norma delimita su propio campo de acción, situación que a mi entender no permite hacer extensiva las demás cualidades desarrolladas en el art. 53 (Ley 24.241).
Excepciones procesales, litispendencia, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: B.C. SA c/ A.C. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-30

El impedimento procesal de litispendencia en otro juzgado o tribunal competente, sólo puede prosperar cuando se lo funda en la existencia de otro juicio ejecutivo no concluido entre las mismas partes y en virtud del mismo título. Es decir, requiere que exista otro juicio ejecutivo (presupuesto) con el cual se produce la llamada concurrencia de las tres identidades (requisitos de admisibilidad), a saber: que aquél sea entre las mismas partes, por la misma deuda y por igual título, constituyendo un requisito esencial que la demanda ejecutiva haya sido notificada y que tramite ante otro juzgado o tribunal.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, regalías petrolíferas, comercialización de combustibles, precio, interpretación de la ley, emergencia económica
Materia: ECONOMIA
Carátula: YPF S.A. c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-08

Cabe hacer lugar a la acción declarativa de certeza promovida por la actora -en su carácter de titular de concesiones de áreas de producción de hidrocarburos- contra una provincia, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre causado por la interpretación que el Estado local efectúa con relación al sentido y alcance de la norma contenida en el tercer párrafo, 2º pte, del artículo 6° de la ley 25.561, y en virtud de la cual le exige el pago de diferencias por regalías, pretendiendo que las correspondientes a hidrocarburos vendidos en el mercado interno que ya liquidó y pagó en la proporción al precio obtenido o al precio corriente en ese mercado se recalculen y paguen como si se hubiere tratado de operaciones de exportación, pues una adecuada interpretación de la norma, en conjunto con los artículos 12,56, inc. c, 59, 61 y 62 de la ley 17.319, el decreto 1671/69, el artículo 10 del decreto 2411/91; art. 9° del decreto 2178/1991; y res. 155/1992 Y 435/2004 de la Secretaría de Energía de la Nación, en cuanto regulan lo atinente al régimen de pago de las regalías, lleva a la conclusión de que el ámbito de aplicación de aquélla no puede exceder del mercado de comercio exterior de hidrocarburos, que es aquel en el que se verifican las consecuencias propias de los derechos de exportación creados.
Competencia, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Industrias Molineras S.A. s/ Quiebra. -solicitada por "El Crisol" Soc.en comandita por acc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

Si bien a los efectos de la determinación de la competencia debe estarse al domicilio de la sociedad fallida inscripto en el Registro Público de Comercio, ello lo es en tanto no existan elementos que permitan presumir que el mismo es sólo un domicilio ficticio o elegido para dificultar el ejercicio de los derechos de los acreedores o para eludir la competencia de los tribunales. De otro modo se premiaría un obrar por parte de la sociedad contrario a la publicidad legal y a las obligaciones que ésta le impone en protección de los terceros. En el caso, se ha acreditado no sólo que el Directorio ha sesionado en la ciudad de Arrecifes sino que su propio presidente al acreditar personería ante el Tribunal acompañó testimonio de escritura en la cual denuncia que la citada sociedad tiene "domicilio legal en ruta 8 Km.176, Arrecifes, Pcia. de Buenos Aires". Tales datos poseen relevancia como para generar la presunción mencionada que autoriza a prescindir del domicilio registrado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)