Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-12


Salta, 12 de junio de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "Belmont, Víctor Hugo vs. Municipalidad de Aguaray - ejecución de honorarios", Expte. Nº 25722/17 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación del Distrito Judicial del Norte - Tartagal; Expte. Nº 617769/18 de Sala, y C O N S I D E R A N D O I) Vienen estos autos a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 56 por el Dr. Ángel Hernández Berni, en el carácter de apoderado de la Municipalidad de Aguaray (cfr. fs. 23/26), contra la resolución de fecha 23 de agosto de 2017, obrante a fs. 52/53, en la cual se desestimó el planteo de levantamiento de embargo efectuado por el municipio y se mandó llevar adelante la ejecución hasta que la acreedora se hiciera íntegro pago de la suma de $61.120, con más la tasa de interés del 1,5% mensual y hasta el tope fijado en el Decreto Nº 2492.

El recurso fue concedido a fs. 59 y fundado a fs. 60/61 y vta.

Considera el apelante que la resolución impugnada afecta el interés público del municipio, cuyos fondos son imprescindibles para su normal funcionamiento. Entiende que se equivoca el "a quo" al sostener que los honorarios profesionales son deudas corrientes, con sustento en el artículo 2 de la ley 6669. Puntualiza que el municipio se encuentra en estado de emergencia económica, y que está adherido a las Leyes 25.973 (de inembargabilidad), 6583 (de emergencia económica y administrativa), 7125 (de emergencia económica y financiera) y 6669 (de consolidación de deuda). Sostiene que los fondos públicos son inembargables conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley 24.264. Señala que el recurso tiene un fundamento de raigambre constitucional en tanto, según dice, persigue el resguardo de los fondos destinados a pagar los sueldos de los municipales. Cuestiona la referencia al artículo 70 de la Ley 6583, sobre el tope del monto ejecutable, lo que considera no es materia de discusión.

Indica que no se ha resuelto el recurso de revocatoria con apelación en subsidio de fs. 46/47 y vta., por lo que solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 48, por aplicación del artículo 252 CPCC. Sostiene que los fondos, bienes muebles e inmuebles del municipio se encuentran protegidos, además, por los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Presupuesto Provincial para el ejercicio 2016, y resultan indispensables para el normal funcionamiento del municipio. Solicita que se revoque la resolución de fs. 52/53 y vta., se ordene el levantamiento de la medida de embargo y la restitución urgente al municipio de Aguaray de los fondos destinados a pagar los sueldos municipales; como así también se disponga la cancelación de los honorarios profesionales reclamados a través de la compensación de la deuda pública (Ley 6669 de Régimen de Consolidación de Deuda), con costas. A fs. 63/65 contesta el traslado del memorial el Dr. Víctor Hugo Belmont, por sus propios derechos, solicitando se declare desierto el recurso de apelación interpuesto. Contesta el recurso diciendo que la demandada no ha acreditado los extremos de urgencia que invoca como así tampoco que existan partidas presupuestarias para el pago de sus honorarios. Pide costas. Conferida vista al señor Fiscal de Cámara, se expide a fs. 72/73 y vta. por la procedencia del recurso. A fs. 74 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.

II) En primer lugar, al efectuarse el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, cabe decir que es criterio reiterado de esta sala que debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos, 306:474 y CJSalta, Tomo 44:1109).

Así se decidió que si el apelante individualiza, aún en mínima medida, como en el caso de los agravios sostenidos a fs. 65/66, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, torna aconsejable aplicarla con criterio favorable al recurrente (CNPaz, Sala V en La Ley, 17-854, 23.426-S; CNFedCC en Rep. LL XXX, pág. 151, nº 212; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 637). En tal inteligencia, cabe examinar el recurso.

III) En relación al pedido de nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 48 cabe destacar, que con el dictado de la resolución que aquí se cuestiona -cfr. fs. 52/53- el señor juez implícitamente hizo lugar a la revocatoria impetrada por el recurrente (fs. 46/47) en contra de la providencia de fs. 45 que dispusiera correr traslado del pedido de levantamiento de embargo. En efecto, el magistrado resolvió dicho planteo sin sustanciarlo tal como se había requerido en la reposición intentada. De esta manera, no se advierte cuál sería el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar quien pide su declaración, la que como es sabido, no procede por la nulidad misma.

Ante el carácter instrumental de las formas procesales se considera con criterio restrictivo la institución de la nulidad procesal, admitiéndosela solo en casos en que su declaración sea el único medio de obtener la reparación de un perjuicio y facilitando en lo posible la subsanación del vicio. Regidas así, por los principios de especificidad, convalidación, protección, conservación, trascendencia e instrumentalidad de las formas, lo que constituye su naturaleza relativa, se sigue su juzgamiento con carácter restrictivo (CNCiv., Sala A, 09/10/95, LL, 1997-D, 82, 39.704-s; CNCiv., Sala A, 31/07/79, Rep LL XXXIX, J-Z, 1979 pág. 1489 n° 24). Se sostuvo que no hay nulidad sin perjuicio (CNCiv., Sala A, 16/10/90, LL 1991-A, 170 con nota de Andrea Alejandra Imatz "Nulidad procesal"; Maurino, Alberto L, "Nulidades Procesales", 1° reimpresión, 1985, pág. 46) y que éste debe concretarse al solicitarse la nulidad (CNCom., Sala E, 11/11/87, LL 1989-B, 610 c. 5949) lo que hace al principio de trascendencia, desde el momento en que no es razonable decretar la invalidez de un acto si el vicio no tiene entidad.

La jurisprudencia ha preferido el criterio de estar por la validez del acto jurisdiccional antes que decretar su nulidad, y resolver el asunto desde la perspectiva del recuro de apelación si ello resulta idóneo para dar satisfactoria respuesta a los agravios del recurrente (Roberto Loutauf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Ed. Astrea, Bs. As., 1983, tomo 2, pág. 418 y jurisp. allí cit.) tal como sucede en autos. Por lo expuesto, la nulidad argüida deviene inadmisible.

IV) Despejado lo anterior, la cuestión a decidir se ciñe al planto de inembargabilidad de los fondos del municipio. Distintos instrumentos legales fueron dictados en el marco de la coyuntura económica que desde otrora atravesara el país a fin de preservar el erario público de los efectos de la crisis que hacía inviable, para los distintos ámbitos gubernamentales (nación, provincias y municipios), sostenerse a raíz de las deudas contraídas si no se limitaba el poder de agresión sobre el patrimonio y los fondos de éstos. Entre dichos ordenamientos, la ley 25.973 en su artículo 1º, declaró aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la ley 24.624 y sus normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan. El artículo 19 dispone que los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos. Por su parte, el art. 20 del mismo ordenamiento establece que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional o a alguno de los entes y organismos enumerados en el artículo anterior al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido en la ley 23.982. En el caso que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente, a cuyo fin la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día treinta y uno de agosto del año correspondiente al envío del proyecto.

A nivel provincial, el art. 19 de la ley 7170 -similar a igual norma de la ley 24.624- establece que "los fondos, valores y demás medios de financiación afectados a atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Administración Provincial, se encuentran protegidos por las disposiciones de la leyes 5018, 6583, 6669 y 7125, por lo que no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte de los titulares de los fondos y valores respectivos, salvo que la deuda que se ejecute haya sido prevista en el presupuesto aprobado.

Al respecto, este Tribunal ha sostenido que los fondos públicos son inembargables (ley 24.624 -arts. 19 y 20-; leyes 6583, 6669, 7125 y sus sucesivas prórrogas), por lo que se estatuye la inejecutabilidad de deudas contra el Estado nacional, provincial o municipal (CApelCCSalta, sala IV, t. XXXV-I, fº 199 y 684). Sin embargo, la interpretación efectuada en tal sentido debe ser hecha de manera armónica con los principios y garantías constitucionales y del ordenamiento jurídico, frente a las particularidades del caso concreto. Así lo sostuvo la Corte Local (tomo 163:943) cuando se pronunció en el sentido que, la inembargabilidad de los fondos públicos provinciales dispuesta por el art. 1° de la ley 25.973 (Adla, LXV-A, 42) no implica una autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales, desde que ello importaría colocarlo fuera del ordenamiento jurídico (CSJN, Fallos, 329:4170). Señaló además, que los fundamentos para otorgar la excepción de inembargabilidad están constituidos por elementales principios humanitarios y el sentido de la función social en que corresponden que se desenvuelvan los derechos de índole patrimonial que impide que sean ejercidos como verdaderas armas agresivas contra los sujetos pasivos (cfr. Norberto José Novellino, Embargo y Desembargo, Abeledo Perrot, Bs. As., 1994, 198).

Cabe considerar además, que por Ley Provincial 6583 -de fecha 23/03/1990 por la que se dispuso declarar la emergencia económica y administrativa de la provincia y sus sucesivas prórrogas- se estableció la suspensión de las ejecuciones de sentencias contra el Estado Provincial, Municipal y demás entes allí contemplados, y en el caso de ejecuciones por cobro de honorarios -como el que aquí se promueve- dispuso que también quedaban suspendidas "en cuanto excedan el tope que establece la reglamentación contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados precedentemente" (art. 70). Asimismo, se excluye del régimen de suspensión a "toda prestación de naturaleza alimentaria" (art. 74, inc. e). El decreto 1770/90 que reglamenta la ley 6583 no contiene una disposición que indique ese tope, el que sí fue establecido por el decreto 2492/90 del 16/11/1990, que reglamentado el referido art. 70 dispuso como tope de los honorarios ejecutables, el importe equivalente a dos remuneraciones mensuales que por todo concepto corresponda al Sr. Gobernador determinada al tiempo que se deba efectuar el pago" (cfr. CApelCCSalta, sala IV, t. XXIX, fº 129, XXXV-I, fº 199).

V) De las constancias de autos surge que por resolución de fecha 11/11/16 -cfr. fs. 1- se regularon honorarios provisorios al Dr. Víctor Hugo Belmont en la suma de $61.120, por su labor efectuada en los autos "Municipalidad de Aguaray vs. Servicio Vertua S.A. - Ejecución Fiscal" Expte. Nº 24.638/15, los que se dispusieron a cargo de la actora, y que fue notificada a la Municipalidad de Aguaray con fecha 06/02/17 -cfr. acta de diligencia de fs. 3-. Posteriormente, el letrado inició proceso de ejecución de sentencia -cfr. fs. 5- y habiendo cumplimentado la intimación correspondiente a la accionada -cfr. fs. 10/14 vta.-, el juzgado ordenó, conforme lo solicitado a fs. 15, trabar embargo sobre las sumas que se encontrasen depositadas en el Banco Macro -sucursal Aguaray y Salvador Masa- bajo titularidad de la Municipalidad hasta cubrir el monto de ejecución con mas la suma de $ 24.448 en concepto de accesorios, diligencia que se llevó a acabo conforme surge de las constancias obrantes a fs. 39/44. A fs. 18, se dictó sentencia de remate, ordenando llevar adelante la ejecución y disponiendo un interés del 1,5% mensual. Encontrándose firme dicho pronunciamiento, se presenta el Dr. Ángel Hernández Berni, en carácter de apoderado de la Municipalidad de Aguaray -cfr. copia de poder de fs. 23/25-, solicitando se levante el embargo ordenado con arreglo a lo dispuesto por las leyes de emergencia económica y de inembargabilidad de que gozan los fondos municipales, incidente que fue rechazado por resolución de fs. 52/53, que aquí se apela.

Para así decidir, la señora jueza en grado consideró que los honorarios en ejecución por tratarse de deudas corrientes, -en tanto eran nacidas de las previsiones originales propias de la ejecución normal de los contratos celebrados regularmente por la repartición-, quedaban excluidas del régimen de consolidación de deudas del de acuerdo a lo previsto por el art. 2 de la ley 6669. De igual manera entendió que importe del reclamo quedaba comprendido en la excepción dispuesta por el art. 70 de la Ley 6583, y su decreto reglamentario 2492 que establece el tope de los 2 sueldos del gobernador.

VI) En su memorial de agravios, el recurrente cuestiona el encuadre dispuesto en la resolución -como deuda corriente- y la referencia al tope previsto por art. 70 de la ley 6583. Peticiona que esta Cámara revea lo resuelto en atención a la inembaragabilidad de orden publico que invoca y disponga que el crédito por los honorarios sea cancelado mediante el Régimen de Consolidación de deuda ante la Provincia.

En atención a ello, cabe decir que la obligación de pago de los honorarios regulados no se encuentra sujeta al régimen de consolidación de deuda (cfr. art. 2, inc. b, ley 6669), como pretende el apelante. Sabido es que para aplicar éste régimen al crédito en cuestión debe atenderse principalmente a la fecha de realización de las tareas profesionales (CJS, t. 155:1065). Bajo tal presupuesto, de autos se desprende que el juicio principal donde se reconocieron las acreencias reclamadas a la apelante se inició en el año 2015, esto es, con posterioridad a la fecha de corte prevista en la ley 7125 (31/12/1999) y, por ende, no se encuentra alcanzada por la consolidación. En consecuencia, el planteo de la municipalidad demandada no puede ser atendido ya que la determinación de si una regulación de honorarios profesionales está afectada por el régimen jurídico de consolidación, supone la consideración de la naturaleza del crédito que se reclama en el proceso, y de la fecha en que se llevaron a cabo las tareas profesionales que originaron los emolumentos (CJS, t. 88:505).

Por otro lado, el apelante sostiene que no esta en discusión el tope aplicado por la magistrada, sino el carácter inembargable de los fondos públicos. Al respecto, es oportuno recordar que -como se dijo- esta disposición respecto del erario público no puede ser considerada como una regla ineludible, sino que debe ser apreciada en el caso concreto, de acuerdo a la interpretaciones de todas las normas dispuestas en función de la emergencia económica y la preservación del adecuado funcionamiento de los gobiernos, y ello implica considerar si en el caso que nos ocupa estamos ante los supuestos de excepción legalmente previstos. Es precisamente la ley 6583 a la que se hizo referencia, la que establece la excepción a la suspensión de las ejecuciones dirigidas contra la provincia y los municipios, cuando la ejecución se trate de honorarios y este no supere el tope dispuesto, el como ya se dijo, se estableció en el importe equivalente a 2 sueldos del gobernador -decreto 2492/90. La interpretación armónica de estas normas permite sostener que el embargo dispuesto, y tal como advirtiera la magistrada en grado, queda comprendido en el supuesto previsto por la norma, en tanto el monto por el que se dispuso la medida -$ 85.568- no supera si quiera la suma de $ 114. 595, importe equivalente al sueldo del gobernador según informa a la fecha la página web del gobierno de la provincia www.salta.gov.ar/descargas/archivos/escala-salarial-funcionarios-poder-ejecutivo -salta.pdf.), siendo que el tope establecido es de dos remuneraciones.

El Municipio no ha acreditado, por otro lado, que la deuda ejecutada haya sido prevista en el presupuesto para el año 2018, a pesar de que contaba con el suficiente tiempo para dar cumplimiento a ello, conforme al artículo 20 de la ley 19.624, atento a que por la fecha de la resolución regulatoria de honorarios y constancias de notificación de fs. 1/4 no resultaba posible su incorporación para el año 2017.

Por todo lo expuesto, no cabe hacer lugar al recurso de apelación impetrado por la Municipalidad de Aguaray en relación al levantamiento de embargo sobre los fondos depositados en el Banco Macro S.A. VII) En cuanto a las costas de esta instancia, teniendo en cuenta que la cuestión debatida bien pudo generar expectativa en el apelante de tener razón probable para litigar, atento a la normativa de emergencia vigente (Decreto Nº 1506/17 prorroga la vigencia de las leyes 7125 y 6583 así como sus sucesivas prórrogas), se imponen por su orden (art. 67, segundo párrafo, CPCC). Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 56. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: JOSÉ GERARDO RUIZ - MARÍA ISABEL ROMERO LORENZO. SECRETARIA: DRA. VALERIA DI PAULI. SALA IV T. XL-S Fº 85/89. 12/06/18.