Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-11


Rawson, 11 de Mayo de 2.007.- VISTO:- Estos autos caratulados: "Recurso de Queja en autos: "K, E A c/ Bco. DEL C S.A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 21612 - año 2006)" (Expte. Nº 20.759-R-2006).

DE LOS QUE RESULTA: Llegan los presentes autos en virtud de la presentación directa del Sr. E A K, de fs. 29/36 vta., contra la resolución de la Cámara de Apelaciones de Trelew -Sala A-, obrante en copia a fs. 26/27 vta.- que declaró inadmisible su casación por arbitrariedad interpuesta contra la interlocutoria, que también en copia luce a fs. 9/10 vta., por la que se revocó la de Primera Instancia que rechazaba la excepción de prescripción opuesta por el Bco del C S.A. con respecto a su demanda de reparación civil por responsabilidad extracontractual y se declaró la prescripción de la acción.

1.- La Cámara declaró inadmisible la casación porque no se atacó, el punto dirimente del fallo que refiere que "el momento en que el derecho a demandar la reparación puede ser ejercitado, se identifica con la fecha en que el daño se exteriorizó y fue conocido por la víctima o pudo serlo, conocimiento éste que no debe entenderse como la noticia subjetiva en sentido riguroso, sino más bien como una razonable posibilidad de información por parte del damnificado", y que la recurrente impulsó su crítica por otro carril, haciendo hincapié que, con la nota de fojas 8 "no estaban reunidos los extremos mínimos necesarios para promover la acción de daños y perjuicios contra el Banco". Por lo que al no atacarse en la casación, directa y concretamente, los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se orienta la sentencia aquella era inadmisible por no referirse la réplica a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene.

Afirma que según el recurrente, el punto de partida para contar la prescripción debió ser la sentencia dictada en el habeas data y no la nota de fojas 8. Más, como no expresó qué norma fue infringida al haberse pronunciado el fallo recurrido, ya que si bien citó los artículos 1067 del Código Civil y 5° de la Ley N° 4244, como en el caso el agravio recayó en materia probatoria, no basta con señalar circunstancias que a criterio del impugnante implicarían la existencia del vicio que invoca, requiriéndose en cambio la expresa denuncia de infracción a alguna concreta norma de las que rigen la apreciación de la prueba. En resumen concluyó que era ineficaz el recurso en el que se alegaba la equivocada valoración de las probanzas, pero no se invocaba la violación de ninguno de los dispositivos que rigen la tarea axiológica de los jueces de mérito.

Concluyó que cuando se invoca arbitrariedad como sustento de casación, es necesario tener en cuenta que es ésta una herramienta extrema, para derribar graves vicios, que sólo puede proceder en la medida en que el error cometido sea inexcusable y traiga aparejada una violación constitucional; y por ser la doctrina de la arbitrariedad de aplicación estrictamente excepcional, reservándose para los casos en que se demuestre un notorio desvío de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación.- 2.- El Sr. K, efectúa un somero relato de los hechos relevantes de la causa.

Opina que su casación se desestimó con fundamentos escuetos.

A efectos de criticar lo argumentado en cuanto a que existieron fundamentos de la resolución que declaró la prescripción de su demanda de daños y perjuicios que no fueron criticados se pregunta cuál era el otro carril que debía seguir para lograr una crítica adecuada, cuando justamente su postura estaba enderezada a que no contaba con una razonable posibilidad de información para promover acción alguna sino hasta haber obtenido la sentencia que resolviese su demanda de habeas data ya que, entiende, que con la nota a partir de la cual cuenta la prescripción la Alzada no tenía la certeza de que el Bco del C S.A. hubiese dispuesto su inclusión como inhabilitado, sino que meramente tenía las sospechas, probabilidad o noticias de tal extremo y se interroga diciendo, ¿qué es lo que hubiese sucedido si se acreditara en el devenir del procedimiento que el mismo no hubiera sido responsable de tal información? Contestándose que la suerte estaría echada en su contra.

Manifiesta que en sustento de la postura que expusiera citó doctrina que no fue considerada.- Opina que era esencial que se expidiese la Cámara sobre su agravio referente a la finalidad de la acción de habeas data y que no lo trató.

Afirma que en ningún momento hizo referencia a la apreciación o valoración que el sentenciante efectuó sobre una prueba producida, únicamente se cuestionó la calificación jurídica de la misma y que ello es así porque ¿cómo va a ser posible citar alguna norma que rige la apreciación de la prueba, si en los presentes autos se esta recién en el estadio de traba de la litis?, ya que fue planteada una excepción perentoria de previo y especial pronunciamiento, como lo es la prescripción de la acción, de donde fácilmente se colige que no hubo una sentencia que valorase pruebas aportadas al proceso, como para cuestionarse que se consideraron unas en desmedro de otras.- También, con el objeto de criticar que no era necesario que indicase cual era la norma de prueba infringida al dictar la interlocutoria que cuestiona, discurre sobre en qué consiste la apreciación de la prueba.

Afirma que sus críticas no se relacionaron con la existencia o fijación del hecho concreto o verificado en los presentes autos, sino a la interpretación y calificación jurídica que se dio al art. 1067 del Código Civil y la Cámara no la trató.- Refiere que la sentencia que declaró prescripta su demanda es arbitraria porque hizo una absurda calificación legal de una prueba aportada al proceso para determinar a partir de la misma el inicio del plazo de prescripción.- Señala que debe observarse que se dijo que contaba en su poder desde el año 1999, con prueba emanada del propio demandado en el que admitía la inclusión incorrecta en su base de datos (ver fs. 8 de los autos "K, E A c/ Bco C S.A. s/ acción de habeas data", Expediente 524/02), por lo que era evidente que no requería de ningún pronunciamiento judicial que reafirmara sus eventuales derechos, y tal prueba, que dice, que adjunta a los presentes, no contenía una manifestación de la entidad bancaria a su persona sino que era una mera comunicación interna que ponía en conocimiento de otro sector la situación informada, la que se obtuvo mediante acciones extrajudiciales realizadas para iniciar la demanda de habeas data.

Sostiene que la Cámara interpretó incorrectamente la Ley Provincial N° 4244 porque la finalidad primigenia de la demanda de habeas data es obtener la información certera y fidedigna, y en segundo lugar determinar si por ser inexactos o falsos los datos corresponde ordenar la rectificación. En consecuencia, dice, es cierto que el habeas data no es un "ante juicio" a los fines de promover una demanda de daños y perjuicios, pero si lo es cuando no se tiene certeza de la información con que se cuenta, ya que la esencia misma de ésta acción es el conocimiento de la información de las personas que tienen en su poder los bancos de datos, conforme así lo expresan los textos legales.

Efectúa reserva del caso federal.- CONSIDERANDO:- Conforme el art. 299 del C.P.C.C. corresponde examinar si el recurso ha sido bien o mal denegado con arreglo a lo normado por los arts. 286, 288 y 289 del mismo código de rito.- I.- Como se expresara en las resultas el Sr. K efectuó un somero relato de los hechos relevantes de la causa, lo que impide discernir los motivos por los cuales insiste en que recién se encontró en condiciones de iniciar la demanda por daños y perjuicios luego del dictado de la sentencia de habeas data. Es que no ha resumido en su totalidad y en detalle los términos de su demanda de habeas data y de lo que manifiesta a fs. 30 -ver primer párrafo- surge que fue su finalidad que suprima y rectifique el banco sus datos comerciales de sus registros por ser falsos, y que una vez cumplidos acredite tales circunstancias ante el juez de la causa e incluso que rectifique la información comunicada erróneamente.- Así del modo en que se presenta la queja no es posible discernir sobre los antecedentes de la causa, los hechos controvertidos en la litis, y la relación entre aquellos, el fallo de primera instancia, el de la Cámara y sus ulterioridades, por lo que lejos de autoabastecerse, resulta exiguo y carente de suficiencia técnica (Conf.: S.T.J.CH., S.I. N° 219/91; 80/S.R.E./02; 14/S.R.E./03; 08, 31, 39, 68, 87 y 114/S.R.E./04, entre otras muchas más; Corte Suprema de Justicia Nacional, Fallos, 308:2263; 323:2205; Augusto Morello, "El Recurso Extraordinario", pág. 381, Ed. Abeledo Perrot, año 1987 y Néstor Pedro Sagüés, en su obra: "Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", 4ta. Edición actualizada, Edit. Astrea, pág. 490). Esta fundamentación autónoma demanda, que con la lectura del recurso, y sin más, determinar el alcance y sentido de la queja y de la pretendida procedencia sustancial del recurso básico. Deben enunciarse además los hechos de la causa, la relación existente entre éstos y el tema que se pretende debatir en casación, de modo tal que la lectura del escrito haga innecesaria la del expediente, a los efectos de pronunciarse sobre la procedencia de la vía casatoria que fue denegada (Conf., art. 299 inc. "b" C.P.C.C.; S.I. N° 219/91; 41 y 196/94; 69/S.R.E./98; 7/S.R.E./00; 124, 127 y 128/S.R.E./04; C.S., Fallos, 303:1702, 303:824)".

II.- De la lectura de la queja se extrae que efectivamente la Cámara partió para determinar la prescripción de una prueba documental de fecha 31 de Agosto de 1999, por la cual el actor conoció de su inclusión incorrecta en el listado de deudores inhabilitados cuando recibió una nota del Bco F en la que se le comunicaba que no se le podía otorgar un crédito por dicha circunstancia. Se acompaña en esta presentación directa notas que no coinciden con la mencionada por la Cámara por lo que, no se demuestra que se tratase de comunicaciones internas, como lo alega, ní esto surge de la lectura de la queja. Advirtiéndose que si el hoy quejoso está disconforme con que se valorase una prueba para señalar el inicio de la prescripción necesariamente debía indicar cuál era la norma de prueba infringida cuando aquella se tuvo en consideración. Por lo que desde este aspecto la casación estuvo correctamente rechazada por la Cámara.

III.- Las críticas del recurrente debieron dirigirse a demostrar que era incorrecta la postura de la Cámara referente a que desde la nota de fs. 8 se comenzaba a contar la prescripción porque los alegados daños se evidenciaban como ocurridos desde esa fecha y no simplemente a insistir en que lo correcto era partir de la fecha en que se le notificó el resultado de la sentencia de habeas data. Consecuentemente, sobre este aspecto la casación también se rechazó en forma adecuada.

IV.- A más de ello, ha de señalarse al recurrente que la arbitrariedad sólo se configura cuando existe "una total carencia de fundamentación o el apartamiento injustificado de la solución legal prevista para el caso convierten el pronunciamiento en un mero acto de voluntad incompatible con el adecuado servicio de la justicia"(C.S., J.A. 1986-I-154 - Fallos, 303, 617, 818, 1074, 1464 y otros muchos; S.T.J.CH., S.D. Nº 14/S.R.E./95 y S.I. N° 54/S.R.E./04, entre otras), situación que no se observa en el presente caso, donde los Camaristas fundaron en los hechos y en las pruebas de la causa sus argumentos; en cambio, lo que sí se evidencia, es una discrepancia del recurrente, con la valoración fáctica y de cuestiones de derechos lo cual resulta inaudible en esta instancia extraordinaria, por ser materia propia de los jueces de grado. Más cuando el criterio seguido por la Alzada para resolver la cuestión concuerda con lo resuelto jurisprudencialmente, por ejemplo, con la de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas Nro.1 de San Luis, causa "Estrada, Federico G. C/ Banco Francés, LLGran Cuyo, Junio, 694 y por la doctrina Cazeaux y Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", La Plata, T° III, p. 661 y casos jurisprudenciales que cita.

Por otra parte también debe tenerse en cuenta que determinar la existencia del perjuicio que ha de marcar el comienzo del plazo prescriptivo es una tarea que le compete exclusivamente a las instancias ordinarias y sólo es revisable en casación cuando se denuncia y demuestra que el camino seguido por el juzgador adolece de absurdo, en franca infracción a las normas que gobiernan la valoración de la prueba (Conf.:S.C.B.A., Ac. 54767 S 11-7-1995, "A de S, P G y otro c/ D A H s/ Daños y perjuicios"; ídem.: Ac. 57559 S 14-6-1996, "M., L. c/ M., R. E. s/ Liquidación sociedad conyugal", Ac. 72635 S 23-8-2000, "R, E M y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios", Ac. 68355 S 28-2-2001, "G, N D c/ D B, A F. P, J; F A s/ Daños y perjuicios", entre otras).

Si bien la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha planteado que es improcedente el recurso extraordinario contra las sentencias que hagan lugar a la defensa de prescripción, ya que el tema se basa en consideraciones de hecho y de derecho común y procesal propias de los jueces de la causa y no revisables por la vía del remedio federal intentado (Conf., doctrina de Fallos, 306:357), cabe también recordar que dicho Cuerpo en materia de prescripción y cómputo de su plazo admite revisión en casos excepcionales, cuando se ha omitido la consideración de elementos esenciales para la correcta dilucidación de la litis de un modo notablemente lesivo de la garantía de la defensa en juicio (Fallos, 315:1195, "Natalichio, Oscar Francisco c/ Banco Río de La Plata"), lo que no ocurrió en el subexamine atento a las falencias que se datallaron en los Ptos. I, II y III.- V.- Atento el resultado al que se ha arribado, corresponde imponer las costas al Sr. E A K (Conf., arts. 68 y 299, tercer párrafo del C.P.C.C.) y regular los honorarios de los letrados intervinientes, teniendo en cuenta la calidad, extensión del recurso y el resultado obtenido (Conf. S.D. N° 13/S.R.E./05 y S.I. N° 104/S.R.E./06). Así, el Dr. M F R, letrado patrocinante del Dr. O D V, será acreedor a un 21%, de lo establecido en la Alzada a su patrocinado, por la actuación en la Primera Instancia, y los del Dr. O D V, letrado apoderado del recurrente, será acreedor a un 40% del fijado a su patrocinante, con más el I.V.A. si correspondiere (art. 14, Dto. Ley N° 2.200, modificado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99).- Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E 1º) DECLARAR INADMISIBLE el recurso de queja interpuesto a fs. 29/36 vta..

2º) IMPONER las costas al Sr. EA K (Conf. art. 68 del citado código) y REGULAR los honorarios del Dr. M F R, letrado patrocinante del Dr. O D V, en un 21%, de lo fijado por la Alzada por la actuación en la Primera Instancia a su patrocinado, y los del Dr. D OV, letrado apoderado del recurrente, en un 40% del establecido a su patrocinante, con más el I.V.A. si correspondiere (art. 14, Dto. Ley N° 2.200, modificado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99).

3°) REGÍSTRESE, notifíquese y por Secretaría remítanse estos actuados a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, Sala A, para que proceda a remitirla al Juzgado de origen, para su posterior agregación por cuerda a la causa principal.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.- Recibida en Secretaría el 14 de Mayo del año 2007.- Registrada bajo el Nº 30 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria-