Tribunal: JUZGADO DE MENORES Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-06-28


EXPTE. Nº: --2542/2014 Voces Jurídicas: INHIBICION - NULIDAD DE ACTOS PROCESALES Tribunal: Juzgado de Menores Nº 2 Competencia:

Fecha: 28/06/2018 SAN PEDRO DE JUJUY, VEINTIOCHO de JUNIO de 2018 Y VISTAS: Las actuaciones judiciales incorporadas al Expte. N° 2.542/14, caratulado: "C., I. M. p.s.a. ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO en POBLADO, en BANDA y con el USO DE ARMA - PERITO".

Y CONSIDERANDO: Que, como fue de público y notorio, el suscripto se desempeñó -desde el año 1993 hasta el 20 de diciembre de 2011- en el ejercicio liberal de la profesión de abogado. Confirmando lo sostenido precedentemente, a fs. 233 de autos, se encuentra incorporado un escrito judicial donde patrociné a la víctima del ilícito aquí investigado, Lucio Alarcón Alemán.

Por su parte, el art. 44 del CPPJ. (Ley 3.584/78) consagra los motivos por los cuales, y a efectos de garantizar la real vigencia del debido proceso legal, el juez deberá inhibirse de entender en la causa traída a su conocimiento. Tal es el caso del presente legajo, pues el inc. 5 del citado artículo expresa que "haber sido letrado o representante de alguna de las partes en el proceso.", constituye causa legítima de excusación. Consecuentemente, los actos procesales dispuestos por este juzgador mediante Decretos de fechas 26/04/2018 (fs. 315) y 30/05/2018 (fs. 324) deben ser declarados nulos sin más trámite.

En el entendimiento de que resulta necesario garantizar la imparcialidad del juzgador en todas las instancias del proceso penal así como en relación a cada una de las partes y/o interesados en el mismo, requisito sine quanon de las garantías consagradas en los arts. 18 y 29, tanto de la Constitución Nacional como de la Provincial, respectivamente, debo apartarme de inmediato en el ejercicio de la jurisdicción inicialmente habilitada, debiendo remitirse la presente causa al subrogante legal que corresponda.

La inhibición y la recusación de los jueces son los medios que aseguran, oficiosamente o por instancia de las partes, la intervención de un juez imparcial, es decir, un juez que resulte neutral en el caso concreto por carecer de vínculos con las personas interesadas o de intervenciones previas que enerven esa posición en el proceso.

"En materia de inhibición, el fundamento es resguardar el aspecto formal de la imparcialidad del juez y evitar la violencia moral que pueda surgir en ciertas circunstancias para el magistrado" (Cámara de Acusación de Córdoba, a. Nº 21, 05/04/83, "Molina").

La doctrina jurídica es sostenedora de la misma concepción. Así, por ejemplo, Roxin expresa: "en el conjunto de los preceptos referidos a la inhibición y a la recusación, está la idea de que un juez, cuya objetividad en un proceso determinado se encuentra condicionada, no debe resolver en ese proceso, tanto en interés de las partes como para mantener la confianza en la imparcialidad de la administración de justicia" (Claus Roxin, "Derecho Procesal Penal", traducción de la 25 edición alemana de Gabriela Córdoba y Daniel Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 41).

Maier sostiene que "cada juez, cuando juzga y decide un caso concreto, es libre para tomar su decisión y sólo se le exige que su fallo se conforme con aplicar el derecho vigente, esto es, que se someta a la ley. Salvo la ley que rige el caso, se prohíbe así que determine su decisión por órdenes de cualquier tipo y proveniencia. En ello -y no en otra cosa- reside la independencia judicial, que si bien constituye una condición necesaria para garantizar la ecuanimidad al decidir el caso, no es la única, ya que se requerirá -además- de una persona que garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo. De allí, que las reglas sobre imparcialidad tratan de impedir que sobre el juzgador pese -casualmente- el temor de parcialidad" (Julio B. Maier, "Derecho Procesal Penal", T. I-Fundamentos, Editores del Puerto, 2012, 2da. Edición-4ta. Reimpresión, ps. 746 y 752).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación asevera que "las cuestiones de recusación tienen por objeto preservar la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos que integra la garantía del debido proceso reconocida en el art. 18 CN" (CSJN, 14/7/1999, Fayt, Carlos S. v. Estado Nacional", en JA, 2000-II-635). Con igual significación ha manifestado la Cámara Nacional de Casación Penal: "Tanto la excusación como la recusación tienen por fin asegurar que el juez sea un tercero imparcial en el proceso, sin colocarlo en el trance de herir o violentar sus sentimientos, evitando al mismo tiempo cualquier duda sobre la justicia de sus decisiones" (CNCP, Sala III, 09/05/95, "P., M. C. s/ Rec. de Casación e Inconstitucionalidad", en ED, 163-171).

La normativa internacional incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución Nacional y a su mismo nivel, en virtud de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22), le ha dado carácter expreso a la garantía que nos ocupa. Así, toda persona, "para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal", debe exigir que intervenga "un tribunal independiente e imparcial" (art. 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos). A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece con claridad en su art. 8.1 que "toda persona tiene derecho a ser oída. por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley". Idéntica formulación contiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1).

Tales prescripciones dejan en claro que la garantía de "imparcialidad" es de carácter bilateral, pues no sólo ampara al acusado penalmente, sino que también alcanza a cualquier persona que procure una determinación judicial sobre sus derechos, de cualquier carácter que sean, expresión que abarca, sin duda, el derecho de la víctima a intentar y lograr -si por derecho corresponde- la reparación del daño que ha sufrido y la condena de los responsables del delito.

El art. 29 inc. 2º de la Constitución Provincial expresa -con meridiana claridad- y en sentido concordante con la normativa supranacional enunciada precedentemente que: "toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías del debido proceso legal, por juez o tribunal competente, independiente e imparcial".

Sobre el tópico se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal de Justicia Provincial, sosteniendo que "tanto la recusación como la excusación tienen por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial, de donde se desprende que están dirigidas a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Por consiguiente, la excusación como la recusación de los magistrados deben interpretarse restrictivamente y admitirse sólo en los supuestos taxativamente previstos en la norma, o cuando fuere indudable la parcialidad alegada (L.A. Nº47, Fº841/843, Nº364). Por todo ello, R E S U E L V O I.- INHIBIRME de conocer en la presente causa, declarando -igualmente- la NULIDAD de los Decretos de fechas 26/04/2018 (fs. 315) y 30/05/2018 (fs. 324), así como la de los actos consecutivos y posteriores que de ellos dependan, a saber: Informe Social (fs. 319/321); Actas de impresión de visu (fs. 326) y designación de abogado defensor (fs. 327), debiendo ser remitida -de inmediato- al subrogante legal que corresponda.

II.- PROTOCOLIZAR, AGREGAR COPIA EN AUTOS, NOTIFICAR.- Firmado: Dr. Jorge Marcelo Ibáñez - Juez Habilitado; ante mí Dra. Lilia Sandra Chiquello - Secretaria, que certifico.-