Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14


SENT Nº 332 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Acosta Osvaldo Javier vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Sumarísimo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 551/564vta. por la parte demandada, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia del 23/3/2011 (fs. 529/531vta.) de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo. El recurso fue concedido por resolución de fecha 27/7/2011 (fs. 566 y vta.) y del informe actuarial de fs. 585 surge que sólo la parte actora presentó la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido es motivo de impugnación en cuanto dispuso rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada (punto III dispositivo) y confirmar la resolución del 14/5/2010 dictada por el juez a quo, que a su turno declaró abstracto el planteo de incompetencia de jurisdicción y admitió la procedencia de la acción de reinstalación interpuesta por el actor a fin de ser reintegrado a su puesto de trabajo como agente público de planta permanente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, reconociéndole asimismo el reclamo de los salarios caídos a partir del 13/10/2009.

II.- La recurrente denuncia la violación de la preceptiva contenida en los arts. 33, 40, 265 inc. 4 y 5 y 272 del CPCC, de aplicación supletoria al fuero, lo que afecta derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional (arts. 14 y 18).

Respecto de la excepción de la incompetencia material parcial opuesta por su parte, señala que el juez de grado consideró que dicha defensa resultaba abstracta, "en tanto se desinterpreta la pretensión de la actora cuando se incluye en la misma, la nulidad del acto administrativo -Decreto Nº 3.926/SOSP/2.009- que dispuso la cesantía del actor.". Sostiene que el sentenciante consideró que el objeto de la demanda no era obtener la declaración de nulidad del decreto de cesantía sino lograr la reinstalación de Acosta en su puesto de trabajo (ante la violación de las garantías previstas en la Ley Nº 23.551) y el pago de salarios caídos. Agrega que "no obstante la meridiana claridad de lo resuelto por la sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada, sobrepasando evidentemente el propio planteo del accionante -a tenor de lo manifestado al contestar la excepción- y extralimitando el alcance de sus poderes conforme a la pauta establecida por el art. 713 del CPCC, lisa y llanamente se pronuncia por la nulidad del acto administrativo que dispuso la cesantía del señor Acosta". Manifiesta que al resolver dicha cuestión, la Cámara ha excedido el límite de sus atribuciones decidiendo extra petita, lo que vicia de nulidad al decisorio impugnado.

Alega que se infringió el principio de congruencia que el pronunciamiento debe observar dado que el actor nunca planteó la nulidad del decreto de cesantía. Señala que conforme lo dispuesto por el art. 26 inc. 6 del CPCC, la sentencia debe contener "la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas.". Cita doctrina y jurisprudencia concordante.

Expresa que si bien el art. 47 del CPT señala que en los procesos laborales el juez o tribunal están facultados para resolver ultra petita, lo es conforme los términos de la acción promovida. Advierte que la regla iura novit curia no supone "alterar la naturaleza de la acción que sirvió para la articulación de la relación procesal".

Concluye que "el fallo atacado, al declarar la nulidad del decreto de cesantía, ha extralimitado los límites propuestos por la propia pretensión del actor y la sentencia apelada" lo que "acarrea necesariamente su nulidad".

Desde otro enfoque, cuestiona que la sentencia impugnada luego de reseñar los agravios formulados en el memorial de apelación omitiera su "concreto tratamiento".

Afirma que su parte se agravió de que el pronunciamiento de I° Instancia no merituara que el actor jamás asumió el rol de representante del sindicato y que luego del acto eleccionario fueron las autoridades anteriores las que continuaron ejerciendo tal función, hasta la asunción del delegado normalizador.

Expresa que la tutela sindical protege al representante gremial que luego de superar con éxito las elecciones internas, asume formalmente como tal. Afirma que aún cuando se entendiera que "el accionante Acosta pudo haber obtenido con la Resolución N° 658 del MTE y SSN un reconocimiento en sede administrativa -lo que niega- resulta público y notorio que aún no lo consolidó en sede judicial" pues existían impugnaciones en trámite en sede judicial que podían afectar la decisión tomada por el órgano administrativo.

Insiste en que al momento de ser cesanteado, Acosta no había asumido funciones como Secretario de S.E.O.M. por lo que no puede imponerse a la Municipalidad el reconocimiento de fueros o garantías propios de la tutela sindical.

Afirma que no obstante tener por acreditado que Acosta nunca asumió el cargo de Secretario General del S.O.E.M. y que continuaron desempeñándose quienes ejercían esa representación en el período anterior -gestión encabezada por Héctor Modesto Suárez-, la jueza de Iª Instancia concluyó que Acosta se encontraba investido de fueros al momento de la dictarse el decreto de cesantía. Señala que su parte puntualizó que el informe emitido por la Dirección de Asociaciones Sindicales -que sirvió de base a la jueza de grado para fundar su fallo- exhibe un contenido errático y contradictorio. Manifiesta que si el actor era el Secretario General del S.O.E.M., reconocido desde julio de 2006 en adelante, resulta inexplicable que no ejerciera las prerrogativas de su cargo. Señala que "es un hecho incontrovertido, que el accionante Acosta nunca ejerció la representación del S.O.E.M. en el período indicado" pues "nunca estuvo investido de ella".

Cuestiona, por otra parte, que la Cámara no haya analizado el agravio referido a la impugnación realizada por su parte contra el informe producido por la Dirección de Asociaciones Sindicales y la omisión en que incurriera el órgano jurisdiccional, al no imprimir el trámite previsto en el art. 83 del CPL (referido a la impugnación de la prueba) al que remite el 93 del mismo código de rito. Afirma que "la mentada crítica realizada al fallo de primera instancia, cuyos fundamentos se encuentran esgrimidos en el punto III, 2º b) del memorial de agravios presentados, tampoco recibió la menor atención del Tribunal de Alzada".

Insiste en que "la Jueza de Grado ha dictado su fallo omitiendo considerar prueba dirimente para la resolución de este litigio, como lo constituye el escrito de impugnaciones de fs. 383/384, y además ha omitido inexcusablemente cursar vista de dicha presentación a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a fin que revele ciertos puntos oscuros en cuanto al trámite administrativo de las elecciones celebradas en el S.O.E.M., hecho que hubiera permitido conocer la verdad material sobre lo sucedido".

Alega injustificado el informe del órgano de contralor conforme el cual Acosta detentaba la representación gremial, pese a estar acreditado que por ante el Ministerio de Trabajo seguía presentándose y actuando el delegado gremial de la gestión anterior (señor Héctor Modesto Suárez). Reitera el agravio conforme el cual la jueza de Iª Instancia no ponderó la prueba instrumental aportada por su parte a fs. 311/320, de la que surge que Suárez presentó por ante el citado Ministerio, Memoria y Balance del S.O.E.M. desde el 2006 al 2009 y que efectuó llamados a asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas públicamente mediante edictos, etc. Insiste en que si Suárez no era el Secretario General después del dictado de la Resolución Nº 658/10 no se explica por qué el Ministerio de Trabajo le permitió que siga actuando como tal hasta la finalización del mandato el 05/01/2010.

Afirma que "el informe de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que sirvió de fundamento sustancia al fallo apelado, no puede sostenerse." pues "se trata de un informe abstracto y dogmático, de espaldas a la realidad, por lo que no puede considerarse valido para dilucidar la situación planteada en autos".

Expresa que de las pruebas aportadas al proceso surge con meridiana claridad que al momento de disponer la cesantía, Acosta no era el Secretario General del S.O.E.M. pues el acto eleccionario realizado se encontraba impugnado en sede administrativa y en sede judicial, y que aquél no ejercía efectivamente las funciones invocadas pues éstas fueron cumplidas de manera ininterrumpida por el señor Héctor Modesto Suárez desde el año 2002 hasta el dictado de la Resolución Nº 76 del MTE y SS, de fecha 15/01/2010, donde se designa Delegado Normalizador del S.O.E.M. Destaca que Suárez resultó electo para el período 2002/2006 y continuó luego, por prórroga dispuesta por el órgano competente para entender en la materia sindical (el Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social de la Nación), hasta la fecha en que se dictó la resolución que designó el Delegado Normalizador.

Sostiene que Acosta nunca estuvo amparado por fueros gremiales como Secretario General del S.O.E.M. Afirma que "las garantías sindicales son inherentes a la función sindical, por lo que para estar amparado por ellos se requiere estar investido con la representación gremial pertinente".

Insiste en que el resultado del acto electoral no se encontraba firme al momento de la cesantía y que como el Municipio era un tercero ajeno al conflictivo proceso eleccionario y "solo pudo reconocer fueros sindicales a quienes por menos en apariencia se hallaban ejerciendo la función sindical, esto es, la Comisión Directiva presidida por el Sr. Héctor Modesto Suárez".

Se agravia de que estas alegaciones no hayan sido analizadas por la Cámara al confirmar lo resuelto por el juez de grado. Entiende que se trata de argumentos dirimentes para la correcta resolución de la controversia planteada en autos y que la omisión de su tratamiento vicia de nulidad al pronunciamiento impugnado.

Sostiene que el demandante Acosta y su lista nunca asumieron el cargo de representantes sindicales, que existían planteos realizados por las listas opositoras a la de Acosta, que los mismos no habían sido resueltos ni en sede administrativa ni judicial al momento de la cesantía, que " la culminación de la vía administrativa recién fue declarada por este Superior Tribunal en fallo de fecha 19/10/2009, es decir, con posterioridad a que se haya resuelto la cesantía de Acosta" y que "a la fecha del dictado de la sentencia que se recurre, dicho pronunciamiento no se encontraba firme".

Señala que tampoco fue objeto de tratamiento el agravio vinculado a que el fallo de primera instancia omitió toda consideración sobre la impugnación realizada por el señor Intendente Municipal a la comunicación realizada por Acosta, referida a la expedición de certificación de autoridades por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

Critica que el tribunal de grado no se expidiera sobre la alegación conforme la cual mediante Resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales, de fecha 16/02/2006, se prorrogó el mandato de la Comisión anterior al acto eleccionario. Destaca que tampoco existió ni la menor consideración respecto de que la Resolución Nº 658 del MTE y SS del 07/7/2006 no había dejado sin efecto la Resolución del 16/02/2006 antes mencionada, por lo que continuó vigente hasta el dictado de la Resolución Nº 76 del MTE y SS del 15/01/2010 que designó un delegado normalizador para el sindicato.

Considera que la omisión es relevante pues "en virtud de la Resolución Nº 76 del MTE y SS del 15/01/2010, se concluye de manera expresa con la acefalía virtual en que se hallaba el sindicato desde las elecciones de fecha 20/12/2005" luego de que "en base a la autorización de fecha 16/02/2006 otorgada por la Dirección de Asociaciones Sindicales, fueron las autoridades anteriores a quienes se prorrogó el mandato las que continuaron administrando el sindicato".

Se agravia de que tampoco la Cámara haya "emitido ningún tipo de argumentación sobre la personería reconocida a las autoridades anteriores por la Juez en lo Civil y Comercial Común de la IVª Nominación" por ante quien tramitó el concurso preventivo del gremio. Afirma que fue Suárez quien ejerció la representación del sindicato en el mencionado concurso preventivo de S.O.E.M., desde su inicio y hasta su culminación en 2009. Menciona que "la documentación sustentatoria de estos hechos, fue adjuntada con la contestación de demanda -fs. 246- y fue objeto de la respectiva prueba informativa -fs. 376/378- y una vez más no recibió la más mínima consideración de parte de a quo ni del tribunal que dictó el fallo que aquí se cuestiona".

Cuestiona asimismo, que el tribunal de grado "haya omitido pronunciarse respecto de la reserva de prueba efectuada.en los términos del 84 del CPL, a fin que se tramitara la oportuna impugnación interpuesta contra el informe producido por Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales a fs 383/384". Señala que "esta reserva fue expresamente reiterada en el Pto. III, 1º), b), último párrafo, del memorial de agravios presentado contra la sentencia de grado, no recibiendo el más mínimo tratamiento del tribunal de alzada".

Invoca la preceptiva del art. 84 del CPCC señalando que conforme la misma, "la parte a la que se hubiera denegado la admisión o agregación de alguna prueba, podrá formular reserva a fin de que la Cámara la diligencie cuando reciba los autos para dictar sentencia definitiva. La reserva deberá deducirse ante el juez de conciliación y trámite, por escrito fundado y dentro del tercer día de notificada la denegatoria". Agrega que conforme el art. 85. "la petición será resuelta en su oportunidad por la Sala que corresponda sin trámite alguno. Si la resolución fuera favorable a la producción de la prueba, en el mismo acto se fijará plazo a este efecto, vencido el cual y cumplidas las visitas que correspondan, el expediente pasará a resolución sin más trámite." Sostiene que ante la reserva formulada, "la Cámara tenía dos alternativas procesales: admitir el planteo cuando recibió los autos para el dictado de la sentencia y, en el mismo acto, fijar un plazo para su producción; o rechazar el pedido en la sentencia definitiva"; no obstante lo cual "el tribunal nada hizo, volvió a jugar al olvido".

Considera que esta omisión de la Cámara implica "un grave desvío del procedimiento previsto en la ley procesal", lesivo para los derechos de su parte pues "el informe técnico en cuestión impugnado por mi representada fue la base del fallo de primera instancia". Entiende que "el vicio denunciado configura una alteración de la estructura esencial de este proceso, en los términos de los arts. 165 y 166 del CPCC, aplicables supletoriamente en virtud del art. 23 del CPL, por lo que la nulidad es absoluta, insubsanable y puede ser declarada de oficio, dado su carácter manifiesto".

En mérito a estas alegaciones, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

III.- El recurso ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, el requisito del afianzamiento no resulta exigible y la impugnación se funda en infracción normativa y arbitrariedad en la valoración de los antecedentes y prueba de la causa (arts. 130/132 del CPT). Seguidamente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

IV.- Vistos los argumentos en que se sustenta el recurso y confrontados con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y constancias de la causa, se advierte que el recurso solo puede prosperar parcialmente.

IV.1- Los agravios mediante los cuales se cuestiona lo decidido respecto de la excepción de incompetencia, no pueden ser admitidos.

Compartiendo lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara, el tribunal de grado consideró que resultaban competentes para entender en la presente causa los tribunales locales del fuero laboral, por lo que confirmó lo resuelto por la señora juez de Iª Instancia.

Se dijo que el objeto de la presente demanda era obtener la reinstalación del actor en su cargo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pretensión que se fundaba en el alegado incumplimiento por parte de la empleadora, del trámite previo establecido por la Ley N° 23.551 (exclusión de la tutela sindical) dado que el actor era representante de la entidad sindical al momento de su cesantía. Puntualizó que "la competencia para entender en la presente causa, resulta de lo expresamente establecido en el art. 63 de la ley de asociaciones sindicales que establece: "1. Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en: a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales; b) Las acciones previstas en el art. 52; c) En las acciones previstas en el art. 47.".

La Cámara desestimó los agravios de la recurrente, referidos a que la pretensión del actor era obtener la declaración de nulidad del acto administrativo por el que la Municipalidad demandada dispuso la cesantía del actor (Decreto Nº 3926/SOSP/09 del 13/10/2009), señalando que el accionante expresamente negó que fuera ése el objeto de su reclamo judicial.

Las consideraciones vertidas por el tribunal, referidas a que la particular naturaleza de la acción interpuesta (reinstalación en el cargo) supone una reparación in natura, "que implica retrotraer las cosas al momento anterior a la cesantía" y la "declaración de ineficacia del acto administrativo por medio del cual se instrumentó su cesantía" no autorizan a sostener la infracción de principios procesales que justifiquen la procedencia del recurso interpuesto.

Con cita de calificada doctrina que la Cámara hace propia, expresó que ".la acción de reinstalación conlleva implícitamente una declaración de nulidad del acto jurídico en cuyo mérito se han producido o querido producir los efectos prohibidos por el ordenamiento.", señalando que "la necesaria nulidad del acto de cesantía,.resulta.del hecho objetivo de haber sido dictado en violación a una normativa legal nacional prevalente y de cumplimiento previo insoslayable, como lo es el indicado por el art. 63 de la LAS de exclusión de la tutela sindical". Citó asimismo, jurisprudencia concordante. Dichas consideraciones conceptuales formuladas por el tribunal no autorizan a sostener que se mutó la naturaleza de la acción, apartándose de los términos de la litis trabada en autos y de lo decidido por el juez a quo, en franca infracción a los principios básicos que informan el proceso.

La Cámara confirmó lo resuelto en la instancia inferior, señalando que "la propia ley citada establece la competencia de los tribunales laborales locales", que "el complejo de garantías tuteladas refieren a sujetos que cuentan con protección constitucional y legal y cuya incuestionable naturaleza laboral, justifican la atribución de competencia establecida por la ley 23.551" y que la mencionada ley nacional "es de prevalencia sobre toda otra normativa provincial".

Conforme las razones explicitadas precedentemente, la crítica recursiva resulta inidónea para justificar la concurrencia de vicios que comprometan la validez del pronunciamiento, toda vez que permanece indemostrado el apartamiento de los principios procesales invocados. Lo decidido por el tribunal de grado luce ajustado a los antecedentes fácticos (objeto de la demanda, particular naturaleza de la pretensión, posición fijada por las partes en sus sucesivas presentaciones, etc.) y jurídicos de la causa (reglas generales para determinar la competencia, directiva particular impartida por el art. 63 de la LAS; etc.), por lo que corresponde rechazar el agravio sobre el punto.

IV.2- Respecto de la procedencia de las pretensiones de reinstalación y pago de salarios caídos confirmada por la sentencia de Cámara, se advierte que existen agravios conducentes expresados en el recurso de apelación que ese Tribunal no ha tratado.

En especial, el apelante sostiene que de las pruebas aportadas al proceso surge con meridiana claridad que al momento de disponer la cesantía, Acosta no era el Secretario General del S.O.E.M. pues el acto eleccionario realizado se encontraba impugnado en sede administrativa y en sede judicial, y que aquél no ejercía efectivamente las funciones invocadas pues éstas fueron cumplidas de manera ininterrumpida por el señor Héctor Modesto Suárez desde el año 2002 hasta el dictado de la Resolución Nº 76 del MTE y SS, de fecha 15/01/2010, donde se designa Delegado Normalizador del S.O.E.M. Destaca que Suárez resultó electo para el período 2002/2006 y continuó luego, por prórroga dispuesta por el órgano competente para entender en la materia sindical (el Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social de la Nación), hasta la fecha en que se dictó la resolución que designó el Delegado Normalizador.

Sostiene que Acosta nunca estuvo amparado por fueros gremiales como Secretario General del S.O.E.M. Afirma que "las garantías sindicales son inherentes a la función sindical, por lo que para estar amparado por ellos se requiere estar investido con la representación gremial pertinente".

Se agravia de que estas alegaciones no hayan sido analizadas por la Cámara al confirmar lo resuelto por el juez de grado. Entiende que se trata de argumentos dirimentes para la correcta resolución de la controversia planteada en autos y que la omisión de su tratamiento vicia de nulidad al pronunciamiento impugnado.

Sostiene que el demandante Acosta y su lista nunca asumieron el cargo de representantes sindicales, que existían planteos realizados por las listas opositoras a la de Acosta, que los mismos no habían sido resueltos ni en sede administrativa ni judicial al momento de la cesantía, que "la culminación de la vía administrativa recién fue declarada por este Superior Tribunal en fallo de fecha 19/10/2009, es decir, con posterioridad a que se haya resuelto la cesantía de Acosta" y que "a la fecha del dictado de la sentencia que se recurre, dicho pronunciamiento no se encontraba firme".

Critica que el tribunal de grado no se expidiera sobre la alegación conforme la cual mediante Resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales, de fecha 16/02/2006, se prorrogó el mandato de la Comisión anterior al acto eleccionario. Destaca que tampoco existió ni la menor consideración respecto de que la Resolución Nº 658 del MTE y SS del 07/7/2006 no había dejado sin efecto la Resolución del 16/02/2006 antes mencionada, por lo que continuó vigente hasta el dictado de la Resolución Nº 76 del MTE y SS del 15/01/2010 que designó un delegado normalizador para el sindicato.

Considera que la omisión es relevante pues "en virtud de la Resolución Nº 76 del MTE y SS del 15/01/2010, se concluye de manera expresa con la acefalía virtual en que se hallaba el sindicato desde las elecciones de fecha 20/12/2005" luego de que "en base a la autorización de fecha 16/02/2006 otorgada por la Dirección de Asociaciones Sindicales, fueron las autoridades anteriores a quienes se prorrogó el mandato las que continuaron administrando el sindicato".

Se agravia de que tampoco la Cámara haya "emitido ningún tipo de argumentación sobre la personería reconocida a las autoridades anteriores por la Juez en lo Civil y Comercial Común de la IVª Nominación" por ante quien tramitó el concurso preventivo del gremio. Afirma que fue Suárez quien ejerció la representación del sindicato en el mencionado concurso preventivo de S.O.E.M., desde su inicio y hasta su culminación en 2009. Menciona que "la documentación sustentatoria de estos hechos, fue adjuntada con la contestación de demanda -fs. 246- y fue objeto de la respectiva prueba informativa -fs. 376/378- y una vez más no recibió la más mínima consideración de parte de a quo ni del tribunal que dictó el fallo que aquí se cuestiona".

La Cámara, en lo pertinente, consideró que "en base a las pruebas aportadas en autos, los argumentos expuestos por el recurrente no alcanzan a desvirtuar el razonamiento que en base a la prueba analizada, expone el sentenciante en el fallo recurrido". A su entender el fallo de primera instancia "efectúa un pormenorizado análisis de la prueba instrumental e informativa producida, concluyendo en la condición de representante gremial del actor, luego de producida la tramitación de impugnaciones al acto eleccionario, tanto en sede administrativa del MTEySS como en sede judicial. Este último concluye con el dictado de la sentencia de fecha 19.10.09 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia".

La Cámara señala luego que los agravios del recurrente fueron los siguientes: "1. El actor nunca asumió el rol de representante del sindicato, resultando las autoridades anteriores las que de hecho continuaron ejerciendo tal función, hasta la designación de delegado normalizador, por lo que no se encontraba comprendido entre los sujetos amparados por tutela sindical. 2. Que la comunicación efectuada por el MTEySS de la conformación de la nueva Comisión Directiva del sindicato, no resulta válida ante las impugnaciones en trámite y la falta de emisión de acto administrativo por parte del Ministerio dejando sin efecto la continuidad provisoria de la representación sindical anterior. Igualmente ineficaz resulta tal comunicación como la cursada mediante carta documento por el actor en autos, ante el rechazo oportuno de la accionada".

Luego de esta enumeración, el tribunal de grado concluye: "Corresponde el rechazo y la consecuente confirmación de la sentencia recurrida en base a que, los argumentos expresados no logran conmover lo resuelto por el a-quo." Como todo fundamento de tal conclusión expresa luego que "la comunicación efectuada a la demandada por el MTEySS de la Resolución Nº 658 del 17.7.06, admitida su recepción por la demandada, por la que se informa sobre la desestimación de los recursos jerárquicos planteados por la Junta Electoral y la Lista Celeste, del pedido de designación de delegado normalizador, que la lista correspondiente al actor había resultado legítima triunfadora en los comicios del 20.12.05, ordenándose la incorporación al registro informático de la Dirección Nacional la nómina de autoridades del sindicato, extendiendo certificado de autoridades correspondientes a la entidad, resulta suficiente para justificar el carácter de representante sindical del actor, y de lo cual deriva la improcedencia del rechazo de la comunicación efectuada por el actor mediante carta documento, efectuada por el intendente de la MSMT".

Tal conclusión ha obviado el tratamiento de los argumentos desarrollados por el apelante, recientemente reproducidos, limitándose el fallo recurrido a señalar que aquéllos "no logran conmover lo resuelto por el a quo", sin explicar por qué razón tales agravios no son aptos para modificar el sentido del decisorio. Tal circunstancia importa una violación al principio de congruencia que torna inválido el pronunciamiento atacado (cfr. CSJTuc "Núñez Morales, Gladys Noemí y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo", 18/3/2002), toda vez que se aparta de los arts. 18 Constitución Nacional, 28 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 30 CP, 33, 40 y 264 del CPCyC, aplicables supletoriamente. Se llega a esta conclusión sin desmedro del juicio privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se ha configurado o no el supuesto fáctico invocado por la parte actora.

Consecuentemente corresponde Casar parcialmente el pronunciamiento impugnado (punto III, resolutivo) en base a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia de segunda instancia que omite el tratamiento de planteos conducentes formulados en el recurso de apelación". Asimismo, se deja sin efecto el punto IV dispositivo (imposición de costas).

La nulidad precedentemente declarada torna de inoficioso tratamiento los demás planteos formulados en el recurso de casación.

V.- Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia serán soportadas por su orden en razón de provenir la invalidez de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 105, inciso 1 CPCC y 49 CPL).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, demandada en autos, plantea recurso de casación (fs. 551/564vta.) contra la sentencia Nº 30 dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 23 de marzo de 2011 (fs. 529/531vta.), el cual es concedido mediante Resolución Nº 110 del 27 de julio de 2011 (fs. 566 y vta.).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal del recurso de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo intentado en la especie.

El recurso de casación fue interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL); se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPL; no resulta exigible el afianzamiento previsto por el artículo 133 del CPL al no ser el recurrente condenado a pago de suma alguna; por último el planteo cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL en la medida que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión, por omitir el tratamiento de cuestiones conducentes y no valorar adecuadamente pruebas producidas en autos.

Respecto del vicio de arbitrariedad, es del caso aclarar que su estudio resulta objeto propio de la casación por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es, la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo (cfr. CSJT 30/6/2010 "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011 "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido" sentencia Nº 223; 03/5/2011 "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 227; 06/5/2011 "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 237; 11/5/2011 "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos" sentencia Nº 252; entre otras).

Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, por ende, queda habilitada la competencia de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los cuales se sustenta la impugnación de la demandada.

III.- En lo que a la materia recursiva concierne, el fallo atacado rechaza el recurso de apelación que el Municipio demandado planteara contra la sentencia del 14/5/2010 dictada por el juez de primera instancia confirmando, así, a este último acto jurisdiccional en cuanto hace lugar a la demanda de reinstalación que había incoado Osvaldo Javier Acosta, con el objeto de ser reintegrado a su puesto de trabajo como agente público de planta permanente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Al respecto la Cámara hace propias las consideraciones del pronunciamiento apelado, señalando que en la causa se encontraban acreditados los extremos exigidos para la procedencia de la pretensión de reinstalación demandada, consistentes en que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales y que haya sido comunicada al empleador, mediante telegrama, carta documento u otra forma escrita.

En ese sentido señala que la comunicación practicada a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTESS) de la Resolución Nº 658 del 17/7/2006, informando que la lista correspondiente al actor había resultado legítima triunfadora en los comicios del 20/12/2005, resulta suficiente para justificar el carácter de representante sindical del señor Acosta.

Considera, a su vez, que es improcedente el rechazo de la mentada comunicación que, carta documento mediante, efectuara el señor Intendente del Municipio capitalino. Sobre el particular señala que, dada su calidad de empleador, de tercero ajeno a tales actuaciones, el Ejecutivo Municipal tenía vedada toda intervención en la vida interna sindical y, por ende, carecía de atribuciones para cuestionar lo decidido en el marco del proceso eleccionario gremial.

Luego de aclarar que la calidad reconocida al actor no resultaba afectada por el hecho que su elección, como representante sindical, haya surgido de un proceso electoral impugnado, concluye que, acreditada la existencia del mandato, todo intento o afectación del contrato de trabajo, durante la vigencia de la garantía de la tutela sindical, debe necesariamente ser encausado por la vía prevista en el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales y que, al no haber observado la empleadora estas directivas, correspondía acoger la acción de reinstalación deducida.

IV.- Según la accionada la sentencia impugnada, pese a reseñar los agravios formulados en el memorial de apelación respectivo, ha omitido su concreto tratamiento.

Aduce que su parte se agravió del pronunciamiento de primera instancia que no valorara que el actor jamás asumió el rol de representante del sindicato y que, luego del acto eleccionario, fueron las autoridades anteriores las que continuaron ejerciendo tal función, hasta la asunción del delegado normalizador.

Sostiene que la tutela sindical protege al representante gremial que, luego de superar con éxito las elecciones internas, asume formalmente como tal. Afirma que, aún cuando se entendiera que con la Resolución N° 658 del MTESS el demandante obtuvo un reconocimiento en sede administrativa -lo que niega-, su situación no había llegado a consolidarse todavía, pues existían impugnaciones en trámite en sede judicial que podían afectar la decisión tomada por el órgano administrativo.

Insiste en que, al momento de ser cesanteado, Acosta no había asumido funciones como Secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), por lo que mal puede imponerse a la Municipalidad el reconocimiento de fueros o garantías propios de la tutela sindical.

Dice que, pese a encontrarse acreditado que Acosta nunca asumió el cargo gremial de marras y que continuaron desempeñándose quienes ejercían esa representación en el período anterior (gestión encabezada por Héctor Modesto Suárez), la jueza de primera instancia concluyó que el actor se encontraba investido de fueros al momento de la dictarse el decreto de cesantía.

Señala que su parte puntualizó que el informe emitido por la Dirección de Asociaciones Sindicales -que sirvió de base a la jueza de grado para fundar su fallo- exhibe un contenido errático y contradictorio pues si el demandante era el Secretario General del SOEM, reconocido desde julio de 2006 en adelante, resulta inexplicable que no ejerciera las prerrogativas de su cargo.

Afirma que la jueza de grado ha dictado su fallo omitiendo considerar prueba dirimente para la resolución de este litigio, como es el escrito de fs. 383/384, a través del cual el Municipio impugnara el referido informe de la Dirección de Asociaciones Sindicales, a la vez que omitió inexcusablemente cursar vista de dicha presentación al organismo informante, a fin que revele ciertos puntos oscuros en cuanto al trámite administrativo de las elecciones celebradas en el SOEM.

Concluye que la falta de tratamiento de tales cuestiones por parte del Tribunal de alzada vicia de nulidad al pronunciamiento impugnado.

Cuestiona, asimismo, que la Cámara no se expidiera sobre lo alegado por su parte en orden a que por Resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales, de fecha 16/02/2006, se prorrogó el mandato de la Comisión anterior al acto eleccionario en cuestión. Expresa que tampoco existió ni la menor consideración respecto a que la Resolución Nº 658 del MTESS del 10/7/2006 no había dejado sin efecto la Resolución del 16/02/2006 antes mencionada, por lo que ésta continuó vigente hasta el dictado de la Resolución Nº 76 del MTESS del 15/01/2010, que designa un delegado normalizado para el sindicato.

Considera que tal omisión es relevante pues, en virtud de la Resolución Nº 76 del MTESS del 15/01/2010, se termina de manera expresa con la acefalía virtual en que se hallaba el sindicato desde las elecciones de fecha 20/12/2005 luego que, sobre la base de la autorización de fecha 16/02/2006 otorgada por la Dirección de Asociaciones Sindicales, fueron las autoridades anteriores a quienes se prorrogó el mandato las que continuaron administrando el sindicato.

Le agravia, por último, que la Cámara no haya emitido ningún tipo de argumentación sobre la personería reconocida a las autoridades anteriores por la Juez en lo Civil y Comercial Común de la IVª Nominación, ante quien tramitó el concurso preventivo del gremio. Aduce que fue Suárez quien ejerció la representación del sindicato en el mencionado concurso preventivo de SOEM, desde su inicio y hasta su culminación en 2009. Menciona que la documentación que sustenta estos hechos, fue adjuntada con la contestación de demanda y fue objeto de la respectiva prueba informativa, no obstante lo cual no recibió la más mínima consideración ni en primera ni en segunda instancia.

V.- ¿Asiste razón a la recurrente? V.1.- En el ámbito doctrinario se ha señalado que el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales constituye la clave operativa de todo el sistema legal protectorio de la libertad sindical y de los derechos de los trabajadores con relación a eventuales prácticas que pudieran llevar a cabo sus respectivos empleadores con la finalidad de impedir, dificultar, obstaculizar o restringir el libre ejercicio de su actividad sindical o de adoptar represalias con el propósito de inducirlos o presionarlos a que desistan de esas actividades en lo sucesivo, o bien para desalentar a otros trabajadores de la empresa o establecimiento que sientan inclinación a participar de aquéllas; a fin de dotar de eficacia a la mencionada protección, la Ley Nº 23.551 ha instituido el mecanismo denominado "exclusión de tutela", un procedimiento preliminar preventivo, de carácter obligatorio, que opera como requisito de validez de la conducta del empleador, por el cual quien desea adoptar alguna de las decisiones comprendidas en el ámbito de protección del instituto (despido, suspensión, modificación de las condiciones de trabajo, etc.) respecto de los sujetos amparados por esta garantía, debe previamente requerir la aprobación del órgano judicial competente acreditando la existencia de circunstancias que lo justifican y que excluyen la posible motivación antisindical del comportamiento patronal (cfr. CORTE, Néstor T., El modelo sindical argentino, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, pág. 479/482).

Al definir el ámbito subjetivo de la tutela sindical, la doctrina especializada es coincidente en señalar que el dispositivo preventivo consagrado en el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales protege: 1) a trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, 2) a trabajadores que ejercen funciones representativas en organismos que requieren representación gremial, 3) a trabajadores que desempeñen cargos políticos en los poderes públicos, 4) a representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con el artículo 41 de la citada ley, 5) a delegados del personal, miembros de comisiones internas y demás organismos similares, 6) a los candidatos postulados para un cargo con representación sindical, cualquiera sea esa representación, ya se trate de una asociación sindical con personería gremial o simplemente inscripta, 7) a los ex directivos o ex representantes, durante el lapso del año posterior a la finalización de sus mandatos o de la cesación en el ejercicio de sus funciones y 8) a los ex candidatos no electos hasta el momento en que se determine definitivamente la no oficialización de sus candidaturas o al vencimiento del término de seis meses desde su postulación concretada en la recepción de la lista que los incluye, presentada con las debidas formalidades ante el órgano electoral competente de la asociación (cfr. CORTE, El Modelo Sindical Argentino, ob. cit., pág. 482/483; MACHADO, José D.-OJEDA, Raúl H., Tutela Sindical, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, págs. 89/90 y 127/128).

Más allá de lo deleznable que resulta la práctica reticente que en ocasiones -lamentablemente, no pocas- incurren los tribunales que actúan en instancias revisoras, consistente en limitarse a sostener que los argumentos recursivos, genéricamente considerados, "no alcanzan" o "no son suficientes" para conmover o rebatir el criterio adoptado por el A quo, sin efectuar un desarrollo pormenorizado de los motivos que explican tal conclusión negativa, principios como el del iura novit curia y el de economía procesal que esta Corte, en su condición de órgano jurisdiccional, está obligada a observar, autorizan a soslayar un déficit de tal índole cuando, como en el caso, la solución final que propicia el fallo impugnado condice con la recta interpretación del derecho sustantivo aplicable.

Es que, no estando controvertido en la especie que el actor postuló su candidatura como representante gremial, que cumplió con el trámite correspondiente, y que participó y resultó electo del acto eleccionario del 20/12/2005 como tampoco que, habiendo sido el comicio objeto de impugnación en sede administrativa, oportunamente el MTESS rechazó los recursos jerárquicos interpuestos y la petición de designación de un delegado normalizador, y que en sede judicial se promovieron acciones de amparo con idéntico objeto y que éstas fueron finalmente rechazadas, resulta incontrastable la configuración en el caso de autos de los presupuestos que justifican la procedencia de la pretensión de reinstalación demandada.

Como se dijo, la tutela sindical comprende a los trabajadores que postulan su candidatura a representantes sindicales, aún cuando resultaran perdidosos en el acto eleccionario. También es oportuno tener presente que, incluso cuando se tratara de un comicio anulado, la doctrina especializada ha entendido que la caducidad de la protección tiene efectos ex nunc, hacia el futuro, que no permite validar retroactivamente los actos prohibidos cumplidos por el empleador mientras la investidura se encontraba en pie, pues se trata de un acto anulable, en el sentido del artículo 1.046 del Código Civil, y, por ende, los derechos decaen a partir de la fecha de la declaración de nulidad (cfr. MACHADO-OJEDA, Tutela Sindical, ob.cit., pág. 200).

De ello se desprende la inconsistencia de los argumentos vinculados a la existencia de impugnaciones en sede administrativa y judicial al momento de disponer la cesantía, a que el representante sindical electo no había asumido funciones a esa fecha y a que la gestión anterior continuó ejerciendo funciones luego del acto eleccionario. Éstos no agregan ni quitan nada a la cuestión de autos; mal puede reputárselo conducentes cuando es palmario que carecen de todo sustento legal y, por ende, no justifican en absoluto la validez de una solución jurídica diametralmente opuesta a aquélla que finalmente confirmara la Cámara.

V.2.- Sin perjuicio que lo mismo es predicable respecto del agravio relativo a la impugnación hecha por el señor Intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a la comunicación que oportunamente le cursara el MTESS, en este caso no puede decirse, siquiera, que haya mediado una falta de análisis de la cuestión por parte de la Cámara, la cual consideró que aquella comunicación "resulta suficiente para justificar el carácter de representante sindical del actor", a la vez que se pronunció expresamente por la improcedencia de la mentada impugnación, aduciendo que el Municipio carecía de atribuciones para cuestionar lo decidido en el marco del proceso eleccionario dada "su calidad de empleador, tercero ajeno a tales actuaciones", por estarle "vedada toda intervención en la vida interna sindical".

La lectura de la sentencia atacada da cuenta que el Tribunal ha interpretado que no se advierte necesidad o conveniencia en reconocer legitimación al empleador para impugnar la investidura del representante electo o designado, criterio que resulta lógico y razonable, pues una posición contraria -como la que pretende la demandada- desvirtuaría la finalidad y sentido mismos de la tutela legal de marras, al supeditar la efectividad de protección del trabajador gremial a la entera discreción de quién, en el sistema de la normativa respectiva, ha sido instituido precisamente como sujeto pasivo de aquélla. La garantía sindical emana del ordenamiento jurídico, el trabajador está amparado por ella en la medida que se cumpla a su respecto el supuesto legal pertinente; se trata de una situación objetiva en cuya configuración no tiene ninguna incidencia la voluntad del empleador.

V.3.- Tampoco son atendibles las alegaciones vinculadas a que el Municipio no estaba obligado a reconocer fueros sindicales a quien no asumió funciones ni se desempeñó jamás como representante sindical y que existían motivos para considerar que ese rol correspondía a otros trabajadores (a la gestión anterior al acto eleccionario, que continuó desempeñándose como tal durante todo el tiempo que duró el trámite de la impugnación).

Sobre el particular se ha sostenido que, en los conflictos suscitados a propósito del acto de comunicación de la designación e investidura (del candidato y/o representante sindical designado) y el conocimiento real de esta circunstancia por parte del empleador, la solución de la controversia "debe armonizarse con la exigencia de la verdad jurídica objetiva y con el imperativo de la buena fe", y que ha de entenderse que la patronal debe ajustar su conducta a una "diligente iniciativa" a fin de "no disponer medidas vedadas sin previamente indagar sobre los alcances de la misma", pues la protección del status sindical obliga a cumplir una carga de informarse "que en absoluto puede juzgarse onerosa o excesiva" (cfr. MACHADO-OJEDA, Tutela Sindical, ob. cit., pág. 180/181).

La demandada no puede, entonces, excusarse alegando que su proceder se ajustó a una apariencia creada por la continuidad de la gestión anterior durante el tiempo que duró la impugnación de los comicios, cuando es un hecho admitido en la causa que el MTESS comunicó al señor Intendente Municipal el rechazo de los recursos administrativos en trámite, la consagración de la lista ganadora y la conformación de la nueva Comisión Directiva del sindicato. La notificación a la empleadora de la aludida Resolución Nº 658 del 17/7/2006 echa por tierra el argumento de la apariencia creada por circunstancias de hecho contrarias a la investidura que dicho acto formal, debidamente notificado a la empleadora, reconocía a Acosta.

A la luz de la directiva marcada ut supra, el mero conocimiento que se encontraban pendientes de resolución acciones judiciales encaminadas a cuestionar la validez del acto eleccionario, tampoco justifica la inobservancia del artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales en relación con el procedimiento previo de la exclusión de la tutela sindical.

V.4- El agravio referido a la supuesta omisión en el tratamiento de la impugnación que el demandado realizara al informe de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, no puede prosperar, por intempestivo.

Ante la impugnación del informe de marras que efectuara la parte demandada (fs. 383/384), luego que se corriera el respectivo traslado y contestara la parte actora (fs. 392/394), la jueza de grado dispuso reservar para definitiva la resolución de la incidencia (fs. 395); contra la providencia de fs. 385, la demandada interpuso recurso de revocatoria (fs. 396 y vta.), el cual es rechazado (fs. 397). Con posterioridad, el Municipio formula reserva de instar el trámite del artículo 83 del CPL, con el objeto que se corriera vista al organismo informante (fs. 405), mas dicho pedido es rechazado (fs. 406). Dictado pronunciamiento por la señora juez de Conciliación y Trámite de la VIª Nominación (fs. 414/421), la demandada plantea aclaratoria y apelación (fs. 430/431); el primer recurso es rechazado mientras que el segundo se concede (fs. 432). Al expresar agravios, la apelante pide se provea la prueba antes mencionada (fs. 436/445); sin embargo, luego de cumplirse con la correspondiente sustanciación del recurso de apelación, se dispone directamente el pase de los autos a despacho para resolver (fs. 494).

La reseña precedente permite advertir lo inoportuno de la cuestión que ahora se intenta hacer valer. En efecto, cuando la juez rechaza la revocatoria y desestima el pedido que se cumpliera el trámite de impugnación de prueba previsto en el artículo 83 del CPL, entendiendo que aquella preceptiva no era de aplicación al presente proceso, la Municipalidad no interpuso recurso alguno. Del mismo modo, cuando la reserva formulada con relación al punto fue rechazada, no obstante su reiteración en la instancia de apelación, la demandada consintió el pase de los autos a despacho para resolver, sin cuestionar oportunamente la omisión de la diligencia que ahora denuncia esencial para la resolución de la controversia planteada en autos.

V.5- Desde otra perspectiva, los motivos que se esgrimen para desmerecer el valor probatorio del informe remitido por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, no encuentran respaldo con lo acontecido en la causa. La lectura de la instrumental mencionada revela que, contrariamente a lo apuntado por la recurrente, el informe en cuestión contiene una concreta reseña de las actuaciones administrativas cumplidas en el MTESS ante los conflictos suscitados en la convocatoria a elecciones del SEOM y un detalle de las resoluciones dictadas en dicho marco.

De la citada prueba surge que con fecha 09/01/2006 esa Dirección resolvió dejar sin efecto la Resolución de la Junta Electoral de SEOM que, ante la denuncia de irregularidades en el acto comicial, había dispuesto suspender la continuidad del proceso eleccionario, ordenando poner en posesión a los candidatos electos el día 20/12/2005, de la Lista Azul y Roja (encabezada por Acosta). Allí se menciona que recurrida esta Resolución, esa Dirección, por Resolución del 16/02/2006, rechazó los recursos de reconsideración planteados por la Lista Celeste y la Junta Electoral de la entidad, pero ordenó continuar en funciones a las autoridades cuyo mandato fenecía el 05/01/2006 "con el único objeto de realizar aquellos actos tendientes a la administración y conservación del patrimonio social hasta tanto asuman las nuevas autoridades". Se hace constar asimismo que con fecha 10/7/2006 se dictó un nuevo acto administrativo (Resolución N° 658) por la que el Ministerio rechaza los recursos jerárquicos interpuestos por la Lista Celeste y la Junta Electoral, a la vez que desestima la petición de designación de un delegado normalizador. El citado informe destaca que con fecha 18/7/2006 esa Dirección Nacional dispuso incorporar al registro informático de la Cartera de Estado la nómina de autoridades electas de SEOM (los integrantes de la Lista Azul y Roja que encabezara Acosta) y que "dicho acto administrativo, como resulta lógico, dejó sin efecto el punto 4 de la providencia resolutiva del fecha 16/2/2006" (que había ordenado la continuidad en funciones de la gestión anterior a los fines allí establecidos). El informe aludido hace constar finalmente que las autoridades electas "jamás pudieron asumir sus cargos pues se mantuvieron ocupando la sede de la entidad gremial las anteriores autoridades, es decir, las que contaban con mandato como tales hasta el día 05/01/2006".

No resulta arbitrario el juicio de ponderación de la Cámara que, adhiriendo al criterio del A quo, asignó fuerza probatoria relevante al informe aludido. Por el contrario, el reconocimiento de la investidura del actor luce fundado en el resultado del acto eleccionario, en lo decidido por la autoridad administrativa respecto de las impugnaciones allí planteadas y en los pronunciamientos recaídos en sede judicial, sin que se advierta desvío en el razonamiento lógico del órgano judicial ni haya mediado un apartamiento de la prueba aportada a la causa.

V.6- En mérito a las consideraciones desarrolladas corresponde rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán contra la sentencia Nº 30 dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 23 de marzo de 2011.

VI.- Teniendo en cuenta la conclusión que infiero, en virtud del principio general que sobre la materia consagra el artículo 105 del CPCyC (aplicable al sub iudice en razón de lo dispuesto por el art. 49 del CPL), corresponde sean soportadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán las costas concernientes a esta instancia extraordinaria local.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR en relación al planteo referido en el punto IV.1, al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 23 de marzo de 2011 (fs. 529/531).

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE en relación a las cuestiones examinadas en el punto IV.2, al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada por la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha de fecha 23 de marzo de 2011 (fs. 529/531). En consecuencia, CASAR parcialmente la misma (puntos III y IV resolutivos), conforme a la doctrina legal y con los alcances expresados en los considerandos, y remitir los autos a la Excma. Cámara del Trabajo para que, con la integración que por turno corresponda, dicte en lo pertinente nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(En disidencia) DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.