Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21


Causa Nº 16041-01-CC/2006 (58/06) Incidente de apelación y solicitud de apartamiento en autos Luzzi, José Luis s/no exhibir certificado de tratamiento ignífugo (Clausura administrativa convalidada) ///n la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Germán F. Camps, defensor particular de José Luis Luzzi, a fs. 58/60 del presente incidente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 1/24 del presente obran copias de las actuaciones administrativas y las actas labradas a José Luis Luzzi por distintas infracciones originadas en el local sito en Av. Scalabrini Ortíz 666/70 de esta ciudad. Asimismo, y específicamente, a fs. 18/21 consta la Disposición Nº 2886-DGFyC/2006 por la que la Dirección General de Fiscalización y Control resuelve ratificar la clausura inmediata preventiva del comercio en cuestión por verse afectadas las mínimas condiciones de seguridad y funcionamiento, y ratificar la clausura inmediata y preventiva respecto a la actividad de música y canto por verse afectadas las mínimas condiciones de funcionamiento.

II.- Que a fs. 25/vta. se agrega copia del descargo presentado por el encartado ante el Controlador Administrativo de Faltas Nº 15, solicitando el inmediato levantamiento de la clausura.

III.- Que a fs. 26/29 consta copia de la resolución del Controlador Administrativo Nº 15, Dr. Marcelo García, quien dispone (en cuanto a la cuestión sub examine) en el punto 4 de su decisorio mantener la medida cautelar oportunamente impuesta por los funcionarios que controlan faltas en ejercicio del poder de policía, toda vez que no han cesado las causales que dieron origen a la imposición de tal medida (art. 14 inc. d)).

IV.- Que a fs. 30 del presente se agrega copia de la solicitud del imputado, requiriendo el pase de las actuaciones a esta Justicia Contravencional, por discrepar con la solución a la que arribara el Sr. Controlador Administrativo de Faltas.

V.- Que a fs. 38/45 vta. obran copias de los escritos impetrados por la Defensa particular del encartado solicitando se decrete la prescripción de las actas labradas en el año 2004, se declare la nulidad de la resolución del Controlador Administrativo y se disponga el levantamiento de la clausura preventiva. Asimismo, en dicha oportunidad, ofrece prueba para el debate.

VI.- Que a fs. 46/49, el 28/6/2006, la Sra. Juez de Grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 24, Dra. María Alejandra Doti, dispone hacer lugar a la solicitud de prescripción de la acción de faltas respecto de las actas labradas en el año 2004, no hacer lugar al planteo de nulidad de la resolución administrativa, y en cuanto al levantamiento de la clausura preventiva considera que previo tomar decisión alguna en este punto corresponde se efectúe una inspección al local en cuestión.

VII.- Que a fs. 50/vta. se agrega escrito del Defensor particular del encartado reiterando la solicitud de levantamiento de la clausura preventiva.

VIII.- Que a fs. 51/53 vta., el 17/7/2006, la Judicante resuelve no hacer lugar al levantamiento de la clausura preventiva impuesta sobre el local sito en Av. Scalabrini Ortíz 660/70 de esta ciudad y mantener la clausura preventiva oportunamente impuesta sobre el local de mención y de la actividad música, canto y variedades a desarrollarse en el lugar.

IX.- Que a fs. 58/60 se agrega el recurso de apelación interpuesto por el Defensor particular de Luzzi contra la resolución de la Juez a quo que mantiene la clausura preventiva, por considerar que: 1) La clausura, por el tiempo que lleva impuesta importa claramente una pena anticipada, 2) La Judicante ha desvirtuado la intervención del poder judicial como etapa legitimadora del proceso de faltas, 3) Las causales que le dieron origen a la medida cautelar en cuestión cesaron al momento de desalojar el local -que se encuentra habilitado para el ejercicio de una actividad lícita- por tanto la clausura carece de motivo, 4) Finalmente refiere que la Magistrada en el decisorio impugnado ha adelantado opinión sobre temas de fondo por lo que solicita su apartamiento.

X.- Que a fs. 61 la Juez de Grado concede el recurso de apelación por entender que la resolución en cuestión causa al encartado gravamen irreparable.

XI.- Que a fs. 65 pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a tratar: ¿Resulta admisible el recurso de apelación impetrado En su caso, ¿Resulta conforme a derecho la resolución recurrida ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

En primer término, es dable mencionar que en el caso examinado la concesión del recurso por parte de la Sra. Juez de Grado omite aludir a la previsión legal en virtud de la cual decide, expresando únicamente que la resolución en cuestión ocasiona al impugnante gravamen irreparable. No obstante ello, por razones de economía procesal y a fin de no retardar la tramitación de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio a fin de dilucidar si el remedio procesal intentado resulta formalmente procedente.

En primer término, es menester señalar que la decisión impugnada no se limita a resolver respecto de la clausura preventiva impuesta por la autoridad administrativa sobre el local sito en la avenida Scalabrini Ortíz Nº 666/670 de esta ciudad. En efecto, el decisorio recurrido dispone mantener la medida cautelar en cuestión, en razón de que según se constató en la inspección realizada en el local de marras el 12/7/2006 en el mismo las actividades que se llevarían a cabo desvirtuarían la habilitación concedida, puesto que si bien el comercio posee una autorización especial para la realización de la actividad de música y/o canto, lo es sólo en carácter de actividad accesoria, siendo el rubro principal habilitado Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería y cervecería. Asimismo, la Sra. Juez expresa que el impugnante no dio cumplimiento a la intimación efectuada por la administración a los efectos que instale las máquinas expendedoras de preservativos en los baños.

Ahora bien, la ley de forma en materia de faltas ha regulado un procedimiento especial y expedito para los supuestos en que los órganos administrativos adopten medidas cautelares (secuestro o clausura), distinto al trámite establecido para el juzgamiento de las infracciones.

En efecto, en relación a las medidas precautorias, la Ley Nº 1217 dispone que en los casos en que los organismos administrativos que controlan faltas adopten alguna de ellas, las actuaciones deberán elevarse a la Unidad Administrativa de Control de Faltas en un plazo de tres días, debiendo dictar el Controlador Administrativo de Faltas la resolución correspondiente en el mismo plazo, la que ... a pedido de parte puede ser revisada judicialmente ... (art. 8 de la ley citada).

Ahora bien, la Ley Nº 1217 establece un procedimiento diferente en los supuestos en que el Controlador Administrativo haya dictado una resolución que resuelva el sobre el fondo, así el art. 24 dispone que ... el/la presunto infractor/a tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de Faltas ..., y a su turno y contra la sentencia dictada por el Juez Contravencional y de Faltas confiere la facultad del imputado de interponer recurso de apelación en los términos del art. 56 de la ley citada.

De ello se desprende que la normativa en cuestión solo habilita el recurso de apelación (art. 56 Ley 1217) para los casos en los que el presunto imputado haya solicitado el pase de las actuaciones a esta Justicia Contravencional y de Faltas para su juzgamiento (art. 24 Ley 1217), pero dicha vía no se encuentra prevista para los supuestos en que establece la revisión judicial de una medida cautelar -a pedido de parte- dispuesta por la autoridad administrativa en ejercicio del poder de policía, como lo es el caso de autos.

A partir de ello, según surge de los presentes actuados, la resolución en relación a la clausura preventiva del Controlador Administrativo ya ha sido revisada judicialmente por la Sra. Jueza de Grado, agotando así la vía judicial respecto de aquélla; lo que no impide una eventual revisión de la sentencia que se dicte si se dieran los supuestos del art. 56 citado.

Ello así porque, admitir un recurso de apelación contra el dictado de una clausura preventiva en los términos del art. 7 de la Ley 1217, convalidada por el Controlador Administrativo y revisada por un Juez de Primera Instancia, implicaría desvirtuar el procedimiento previsto por el legislador en materia de faltas y que este Tribunal exacerbe indebidamente su competencia. Máxime si se tiene en cuenta que a diferencia de lo que ocurre en materia contravencional, en materia de faltas el código ritual no prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las resoluciones que que dispongan la convalidación o no convalidación de clausuras preventivas (art. 29 LPC), ni efectúa remisión a norma alguna que expresamente consagre la impugnabilidad de este tipo de decisiones. Por ello, tal ausencia, que el recurrente propone sea pretorianamente corregida, debe ser ejercida con prudencia y de modo excepcional sin que sea posible verificar en el presente caso circunstancias que lo hagan razonable.

Ello en razón de que los intentos argumentales del representante legal de Luzzi no resultan suficientes a los efectos de habilitar la vía pretendida, considerando que la misma no se encuentra prevista legalmente, y no logra demostrar cuál es el supuesto de excepción que habilitaría el tratamiento de los agravios en esta instancia, cuando los mismos pueden ser eventualmente ser analizados conjuntamente con aquellos que surjan en ocasión de revisar la sentencia definitiva, máxime si como en el caso se ha fijado ya fecha para llevar a cabo la audiencia de debate, oportunidad en la que podrán dirimirse las cuestiones planteadas y cuya resolución -en caso de ser contraria a los intereses del encartado- podrá ser recurrida.

A mayor abundamiento, cabe recordar que el Máximo Tribunal Local ha afirmado queNo puede decirse, así, sin más, que el régimen material y formal de faltas sea enteramente clasificable como Derecho penal. Existen algunas razones para pensar que se trata de un régimen sancionatorio de la Administración. En principio, las reglas nuevas (leyes nº 451 y 1.217) no conducen a una aplicación supletoria de normas procesales o de fondo de carácter penal, tal como lo hacían las anteriores leyes aplicables (nº 19.690 y nº 19.691) y como lo hacen expresamente las normas contravencionales vigentes (argumentación sólo formal) ... Como se observa, todo el procedimiento judicial se asemeja bastante al procedimiento de impugnación de resoluciones administrativas singulares, por las cuales el Estado, detentador del orden y de la fuerza pública (poder de policía), decide aplicarla (coerción) a una persona determinada quien, como toda la teoría en la legislación administrativa lo supone, cuenta con un recurso judicial para objetar esa decisión (TSJ, voto del Dr. Maier, Expte. nº 4054/05 Ministerio Público Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Leiva Quijano, Lita Elsa s/venta ambulante sin permiso apelación-, rta. el 21/12/2005).

En igual sentido se ha expedido esta Sala en causa Nº 013-01-CC/2006 Incidente de clausura en autos Hogar del Sol SRL s/falta de higiene y otras- Apelación, rta. el 13/2/2006.

En razón de lo expresado corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación impetrado por el Sr. Defensor particular de José Luis Luzzi.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

Declarar mal concedido el recurso de apelación obrante a fs. 58/60 (art. 56, Ley Nº 1217).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí Se deja constancia que el Dr. José Saez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.

RI