Ejecuciones especiales, proceso penal, prisión domiciliaria, querella, crímenes de lesa humanidad, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, falta de agravio concreto, faltas relacionadas con la higiene y la salud, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: IBARRA, Angel Jorge s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Corresponde hacer lugar a los recursos deducidos, anular la decisión impugnada y reenviar las actuaciones a su origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento, en tanto la resolución puesta en crisis -conceder el arresto domiciliario- sólo exhibe una motivación aparente por lo que resulta arbitraria, infringiéndose de este modo el artículo 123 del CPPN. Por un lado, se advierte que surge de las constancias de la causa Angel Ibarra tiene sesenta y siete (67) años de edad, por lo que, no cumple con el requisito etario (70 años) fijado por artículo 10 del CP y la ley 24.660, motivo por el cual el arresto domiciliario en orden a su edad no debió habérsele sido otorgado. Por otro lado, en relación a la pandemia producida por el virus denominado Covid-19, es dable destacar que, si bien es cierto que el Servicio Penitenciario Federal lo ha colocado dentro del grupo de riesgo respecto al virus en cuestión, no es menos cierto que las dolencias que padece el interno Ibarra (hipertensión arterial y dislipidemia) no revisten un carácter complejo y pueden ser tratadas dentro del ámbito carcelario mediante el suministro de la medicación adecuada, sin que surja del legajo una situación excepcional que habilite a apartarse de dicho criterio de actuación. En esta misma línea de pensamiento, corresponde destacar que del informe médico surge que el interno Ibarra se encuentra ".clínicamente compensado, con antecedentes de HTA y Dislipidemia en tratamiento con Enalapril 10 mg c/24 hs y atorvastatin 10 mg c/24 hs.". Por lo demás, no se puede soslayar que Ibarra se encuentra condenado en las presentes actuaciones a la pena de 12 años de prisión por haber sido considerado coautor de los delitos de lesa humanidad, encontrándose además procesado por hechos de la misma índole, por lo que, en el sub-examine debe actuarse con extrema prudencia y con carácter restrictivo. Es por ello, que se evidencia que -en este especial caso- no puede descartarse la posibilidad de fuga no sólo en relación a la condena que le fue dictada, sino también en orden a los graves hechos por los que se encuentra procesado. Tampoco puede dejarse de lado un eventual entorpecimiento de la investigación por la que se encuentra procesado, la cual se halla en pleno trámite (por ejemplo, mediante amenazas a testigos). Por otra parte, respecto al peligro procesal de fuga no puede pasarse por alto la cercanía de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco donde se encuentra el domicilio designado para cumplir con el arresto domiciliario con la frontera lindante con la República del Paraguay, máxime teniendo en cuenta su calidad de ex miembro de una fuerza de seguridad. La disidencia postuló el rechazo de los recursos, toda vez que, en atención a la edad de Ibarra y sus antecedentes médicos, está incluido en el grupo de las personas en riesgo, según la Emergencia Sanitaria Nacional decretada por la pandemia del virus Covid-19 y por ello, de acuerdo al riesgo sanitario existente y correctamente evaluado por los jueces de la instancia anterior, pueda verse alcanzado por las razones humanitarias contempladas en la norma, que habilita de manera excepcional su encierro en el domicilio. En efecto, ante la limitada capacidad de respuesta del servicio médico de la unidad de detención, la avanzada edad del nombrado y las afecciones a la salud que padece, que lo colocan dentro del grupo de las personas en riesgo, elementales razones humanitarias que inspiran el instituto de la detención domiciliaria y la finalidad de salvaguardar el inalienable derecho a la salud, justifican la medida dispuesta por los jueces de la instancia anterior, frente a los riesgos que representa la detención del interno en el penal, en el contexto de la actual emergencia sanitaria. Dres. Riggi -en disidencia-, Gemignani y Catucci.