Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-06


SENT Nro. 578 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 06 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del señor vocal doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Carlos Norberto Guzmán, contra la sentencia del Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación, del 10/5/2002 (fs. 394/395), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 13/9/2002 (cfr. fs. 402 y vta.). En esta sede no se presentó memorial casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal subrogante se expide por la procedencia del recurso intentado (fs. 408/411). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane. Luego de la pertinente delib eración, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por el abogado defensor del imputado Carlos Norberto Guzmán en contra de la sentencia de fecha 10/5/2002, dictada por el señor Juez Penal en lo Correccional de la Ia. Nominación, obrante a fs. 394/395, en donde se dispone no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitado a su favor.

El mismo fue concedido mediante interlocutoria del 13/9/2002 (fs. 402 y vta.), verificándose que fue interpuesto en término por quien se encontraba legitimado para hacerla, correspondiendo ahora su análisis de conformidad con el artículo 477 procesal penal.

II.- La defensa al plantear recurso de casación argumenta una incorrecta aplicación del art. 76 bis del CP, en orden al pedido de auto-limitación de la pena de inhabilitación en razón de la especialidad de cirugía, con lo que se considera que satisface todos los recaudos legales del caso, quejándose igualmente de que la inhabilitación obsta la procedencia de la suspensión del juicio a prueba cuando está prevista como pena única, pero no en los casos cuando lo es como pena conjunta (ver fs. 399).

III.- El fallo en crisis se fundamenta en lo sustancial en que la única forma de superar la restricción, del último párrafo del art. 76 bis del CP, es que el propio acusado solicite su inhabilitación, pero resulta que en la especie la misma está circunscripta como médico, a la rama de la cirugía, siendo improcedente parcializar la misma por lo que no se puede acceder al beneficio peticionado (fs. 394 vta.).

IV.- Entrando al fondo del asunto es necesario fijar nuestra posición, sobre en qué circunstancias es procedente la aplicación del instituto peticionado, para lo cual me remito a la causa "Pérez, Edmundo s/Lesiones culposas" resuelta por este Tribunal con fecha 26/11/98, sentencia nro. 860, en donde como vocal preopinante expresé: "Que siendo así y en base a la merituación precedente no cabe duda alguna que tanto de la voluntad del legislador, como de la literalidad del artículo, y de la conjunción a la luz de las demás normas vigentes en el CP, en especial, el artículo 26, no resulta de aplicación la suspensión del juicio a prueba en los delitos que tenga previsto como pena principal, alternativa o conjunta la pena de inhabilitación".

Desarrollando esta conclusión se dijo:

"Entrando al meollo de la cuestión estimo que la suspensión del juicio a prueba en la figura del art. 94 del CP, no es de aplicación en base a la siguiente argumentaciones:

"a) La exégesis y correcta hermenéutica sobre la aplicación del instituto de probation, prevista por el art. 76 bis de la ley 24.316, incorporada al Código Penal, no pasa por la aplicación del método de interpretación sistemático teleológico únicamente, y de buscar y sondear la voluntad del legislador como fuente del derecho, sino que debe ser ello analizado en forma armónica a la luz de las demás normas vigentes en juego en el tema, para no desvirtuar esa intencionalidad, y caer el juzgador en una tarea legisferante, que es ajena a su quehacer, que es netamente de aplicación e interpretación de la ley al caso en concreto.

"b) En efecto, el art. 76 bis del CP, es por demás claro cuando determina que la suspensión del juicio a prueba, está relacionado con delitos de acción pública, cuya pena de reclusión o prisión no exceda de tres años, siéndole aplicable también el concurso de delitos que no excediere de esos términos.

"Resalta como requisito, sine qua non, las circunstancias de que el caso pueda permitir la aplicación de condena condicional.

"También prevé que si el delito o concurso de delitos estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la pena de prisión, será condición de que se pague el mínimo de la multa.

"De otra parte específicamente determina, que no procede la suspensión del juicio a prueba en dos hipótesis independiente y aislada una de la otra, siendo la primera cuando en el delito hubiere participado un funcionario público en ejercicio de su función, y en la otra, respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

"Lo cierto y concreto es de que la suspensión del juicio a prueba es improcedente por voluntad expresa de la ley en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea principal, conjunta o alternativa.

"c) Esto se encuentra abonado con la clara preceptiva del art. 26 del CP, que dispone en su último párrafo, que no procede la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación.

"Ello va de la mano con el concepto de pena que determina Ricardo C. Núñez, en su obra de Derecho Penal Argentino, t.° 2, pág. 346, cuando manifiesta: "La pena es un mal consistente en la pérdida de bienes como retribución por haber violado el deber de no cometer un delito".

"Cualquiera que haya sido la finalidad práctica política que se le haya asignado al Derecho penal, la pena ha consistido siempre en la pérdida de un bien del delincuente. Entran en este concepto tanto la pérdida de la vida, libertad, propiedad, fama y derechos o facultades, como la imposición de ciertas cargas penales, según son el trabajo y otras obligaciones.

"El fin de la pena para este mismo autor, en su obra ya citada t.° 2, pág. 348, no es la expiación de sentido jurídico que sólo tienda a devolver mal por mal, pues no se castiga porque se ha delinquido "quia peccatum est", sino para que no se delinca (ne peccetur).

"Igualmente considera como penas principales la prevista por el art. 5° del CP, entre las que figura la multa e inhabilitación, pudiendo ser a su vez la inhabilitación pena accesoria, de acuerdo al art. 12 del citado digesto sustantivo.

"Sostiene igualmente que el carácter principal o accesorio de las penas, no depende de su naturaleza, sino de la forma como las conmina la ley, citando por ejemplo la ley 17.818 de estupefacientes, que preveía como pena principal, la clausura y el decomiso.

"La pena de inhabilitación es una pena principal como ya se expresara ut supra, ocupando el último lugar en el orden de gravedad relativa de las mismas; y como pena principal consiste en la incapacidad para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, ejercer profesiones o derechos y gozar de beneficios asistenciales.

"La inhabilitación no es una pena como la privativa de la libertad que busque la reforma del delincuente, ya que sus valores esenciales son, la intimidación y la seguridad para terceros y su característica es que no se puede imponer condicionalmente (art. 26 del CP), sino que es de cumplimiento efectivo.

"Abonan este criterio, arribando a conclusiones similares, Julio de Olazábal en su obra "Suspensión del Proceso a Prueba ley 24.316 (Probation)", cuando a fs. 54 vta. apartado d), después de analizar los delitos reprimidos con pena de inhabilitación concluye: "consecuentemente, no podrá acordarse la suspensión del juicio a prueba cuando se trate de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, trátase ésta de pena principal, conjunta o alternativa.

"También es de destacar de este autor, cuando en el referido comentario pone de relieve, que este punto no fue de modo alguno pasado por alto por los legisladores, tal como resulta de las expresiones del miembro informante, diputado Hernández, respecto a que se prohibía la suspensión de los procesos referidos a los delitos que tuvieran pena de inhabilitación, cuando expresaba "existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto", y las del senador Alasino referente a que no procedería en supuestos en que el delito tuviera pena excluyente o secundaria de inhabilitación.

"Eleonora A. Devoto en su obra "Probation" (pág. 94), apartado b), determina en otros aspectos, citando al diputado Sodero Nievas, cuando dice: prohibiéndose en los delitos reprimidos con inhabilitación por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que de ningún modo deberían dejarse de aplicar, para enseguida ilustrar con el ejemplo de mala práxis médica.

"Trae a colación también, que el proyecto de reforma del reciente art. 76 bis del CP, y que se encuentra para su consideración en la Cámara Alta, que comentamos en el Capítulo X, expresa claramente el punto: se impide la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los casos de los delitos conminados con sanción de inhabilitación, sea ella prevista como pena principal o accesoria (pág. 96 de la citada obra)".

Por acuerdo nro. 1/99, plenario nro.5, autoconvocatoria en causa 1403, de la Sala III "Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación" el 17/8/99, la Cámara Nacional de Casación Penal fijó la siguiente doctrina legal:

1) "La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis, y sgtes. del CP, es la de reclusión y prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años".

2) "No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa, etc." El Ministerio Público Fiscal ante esta Corte Suprema de Justicia en su anterior integración, mantuvo criterio diferente al voto de la mayoría, pero ante lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal y su doctrina legal, adhiere a sus fundamentos, lo que constituye por otra parte el voto mayoritario y la doctrina legal de este máximo Tribunal provincial fijado en la causa "Paz, Dionisio Eduardo s/homicidio y lesiones culposas", sentencia nro. 110 del 9/3/99.

Cabe destacar que ante la concesión del recurso extraordinario federal en los autos precitados en último término, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 14/10/99 declaró inadmisible la presentación efectuada, razón por la cual la doctrina legal de esta Corte por mayoría se encuentra firme.

V.- Recientemente el máximo Tribunal de la Nación en la causa "Gregorchuk, Ricardo s/recurso de casación" del 03/12/2002, en donde se expidió sobre los alcances del art. 76 del CP, ofrecimiento del imputado de una auto-inhabilitación, y negativa de suspender el juicio a prueba por vincularse el hecho investigado con un delito que prevé la sanción de inhabilitación, determinó que: "4°).- Que a la luz de éstos principios, el Tribunal comparte y hace suyo los argumentos expuestos por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario "Kosuta, Teresa Ramona s/recurso de casación" de fecha 17 de agosto de 1999 en lo que atañe a cuál es el criterio interpretativo para establecer el límite de la escala penal que habilitaría la viabilidad del instituto, así como también en lo que respecta a su improcedencia en aquellos supuestos en que respecto del delito imputado esté prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa".

"5).- Que en el caso de que se trata, la denegación aparece sustentada en la última de las circunstancias mencionadas en el considerando precedente" "6).- Que en este orden la idea, la propuesta del recurrente de ofrecer una auto-inhabilitación, no puede prosperar, toda vez que acceder a lo solicitado importaría suspender el ejercicio de la acción pública, en un caso no previsto por la ley, afectando de ese modo el principio de legalidad y desconocer la intención del legislador en cuanto previó la posibilidad de adoptar las prevenciones que los delitos -como el imputado a Ricardo Gregorchuk- exigen".

VI.- A mayor abundamiento, después de dejar a salvo la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba en el caso sub-examine, comparto la doctrina legal del juicio "Albornoz, Miguel Mario s/lesiones culposas", recurso de casación, sentencia nro. 55 del 17/02/2003 de esta Corte Suprema de Justicia que manifiesta "Cuando se disponga la suspensión del juicio a prueba no puede establecer como una regla de conducta la inhabilitación especial por no encontrarse enumerada en el art. 27 bis del CP.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa de Carlos Norberto Guzmán, contra la sentencia del Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación, del 10/5/2002, que no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitado por su parte.

2.- La resolución impugnada (fs. 394/395), denegó la suspensión del juicio a prueba por considerar que no resulta procedente en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea principal, conjunta o alternativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 76 bis CP. Sostuvo que solamente puede acordarse el beneficio en estos casos cuando el propio imputado solicite su inhabilitación, puesto que al poder disponerse la misma por imperio del art. 27 bis CP, se estaría cumpliendo con la propia finalidad de esta pena de inhabilitación. Destacó que dicho requisito no concurrió en el caso, por cuanto el imputado sólo ofreció auto-inhabilitarse para la rama de la cirugía (fs. 225); por lo que concluyó que no podía acceder al beneficio solicitado, teniendo en cuenta la oposición fiscal.

Por su parte, la Sra. Fiscal Correccional de la Ia. Nominación, formuló oposición al otorgamiento de la suspensión solicitada, por existir la probabilidad, luego de la Audiencia de Debate, de que resulte inaplicable lo preceptuado en el art. 26 CP, en el rechazo del resarcimiento ofrecido por el cónyuge de la víctima, y en la circunstancia de que el imputado condicionó su auto-inhabilitación (cfr. fs. 426).

3.- Con relación al fundamento invocado por el Juez a quo, según el cual la probation no resulta procedente en los delitos culposos que prevén generalmente como pena conjunta la de inhabilitación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 76 bis CP, he sostenido ya en anteriores pronunciamientos un criterio favorable a la admisión de la probation en casos como el de autos, donde la acción ilícita atribuida al imputado tiene prevista pena conjunta de inhabilitación. (Cfr. CSJTuc., "Rojas, Angel Nicolás s/lesiones culposas.", sentencia del 18/3/2002; "Zottola, Eduardo Fabián s/homicidio culposo", sentencia del 26/12/2001; " Lazarte, Juan Carlos s/lesiones culposas", 2/10/2000; "Gorriti, Rufino s/lesiones por culpa o imprudencia", 28/9/2000; "Las Heras, Juan José s/lesiones culposas", 10/4/2000; "Carrizo, Aldo René s/lesiones culposas", 23/12/99; "Fernández, Luis Fabio Marcelo s/lesiones culposas", 25/8/99; "Paz, Dionisio Eduardo s/homicidio y lesiones culposas", 9/3/99, entre otros).

La ley 24.316 estableció, con la referida modalidad de suspensión, un sistema en virtud del cual el órgano estatal requirente, en beneficio del individuo imputado de un delito -y también del sistema penal, impotente para atender la totalidad de los casos que le son sometidos a juzgamiento- renuncia condicionalmente a la acción penal a cambio del sometimiento del procesado a un régimen de puesta a prueba, transcurrido el cual la acción penal se extingue de manera definitiva, sin consecuencias jurídico penales. Es decir que se reemplaza el juicio por un régimen de puesta a prueba que, de ser cumplido eficazmente, concluye con la extinción de la acción penal.

La probation ha sido definida como una medida judicial autónoma e independiente entronizada en un sistema que radica, principalmente, en la confianza que deposita la justicia en la persona a ella sometida, mucho más que sobre la amenaza de una sanción si el delincuente no aprovecha las posibilidades de enmienda que le son ofrecidas. De este modo se realiza lo que se denomina prevención especial, abstracción hecha de la general, si bien ésta se alcanza de manera indirecta (Jorge Kent, y Tristán García Torres, "Probation", LL 1994-E, 498).

Se trata de una herramienta político-criminal, con un claro propósito resocializador, cuyo objetivo principal es reintegrar a la sociedad a aquellos imputados que cumplen con determinados requisitos, orientando y controlando su cumplimiento en libertad durante el tiempo y bajo las condiciones estipuladas en cada caso. Con ello se evita al imputado el estigma de la condena o la declaración de culpabilidad. Al mismo tiempo, se tiende a descongestionar los tribunales, pues su aplicación permite obviar la celebración el juicio en los casos de menor cuantía.

En el examen del concreto caso de autos se advierte que de los términos literales del art. 76 bis Cód. Penal, incorporado por la ley 24.316, surge que quedarían excluidos de la posibilidad de suspensión todos los supuestos en que se prevea pena de inhabilitación, con lo que se dejaría de lado su procedencia en casos de delitos con escala penal e importancia menor, como las lesiones culposas del art. 94 Cód. Penal -tal el caso planteado en el sublite- si se las compara, por ejemplo , con la aplicabilidad en el caso de hurto simple del art. 162 del Código citado. La adopción de tal criterio llevaría a admitir la posibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba al imputado por un delito de acción pública reprimido con sanción de reclusión o prisión, mientras que se excluiría de dicho beneficio a los ilícitos castigados con sanción de inhabilitación.

Dicha conclusión pareciera exceder el marco de razonabilidad en la interpretación de la ley, si se tiene en cuenta la naturaleza jurídica y la teleología del instituto de la suspensión del proceso a prueba. En efecto, de una finalidad resocializadora por excelencia, no pueden quedar excluidos algunos, cuando la unidad de medida se circunscribe al monto máximo de la pena de los delitos de que se trate, ya que sólo quedan contemplados en las previsiones del art. 76 bis Cód. Penal los ilícitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión (cfr. CSJTuc. "Mitre, Jorge y otro s/defraudación", sent. nro. 622 del 21/8/98).

Lo dicho obliga a recurrir a un método de interpretación de la ley sistemático y finalista, para determinar los verdaderos alcances del texto en examen, evitando la consagración de situaciones irrazonables, inequitativas y desigualitarias, en perjuicio del acusado. Tal lo que acontecería si se impidiera el acceso a la probation, a individuos que pudieron cometer algún yerro o desvío, aunque ofrezcan buenas condiciones para una recuperación futura eficaz. En tal sentido, el hecho de que la norma, al declarar improcedente la suspensión del juicio a prueba en los supuestos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, no distinga si dicha sanción se ha impuesto como principal o como conjunta o accesoria, no debe llevar a concluir en que la prohibición involucra a todos los casos en los que está presente esa especie de pena, pues entonces quedarían excluidos los casos más importantes de delitos culposos. Al respecto se ha señalado que resulta curiosa la fundamentación de la exclusión de los supuestos de delitos que conllevan inhabilitación, referida a un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto, y en que la inhabilitación tiene un efecto y consecuencias diferentes que de ningún modo deberían dejarse de aplicar. Se ha dicho, en este sentido, que atendiendo a que uno de los fines de la pena es de carácter preventivo, no se advi erte por qué sería más comprometedor para la sociedad un médico imperito o un conductor omisivo del deber de cuidado que un disparador de arma de fuego, un encubridor o un maltratador familiar. En cualquier caso todos los involucrados pueden prometer no volver a delinquir y reparar el daño causado y también todos ellos pueden reunir condiciones personales favorables y someterse a reglas de conducta (Devoto Eleonora, "La Probation", Din Editora, Bs.As., 1995, p. 95).

Cabe también advertir que los fines de prevención general y seguridad específica perseguidos con la inhabilitación, pueden encontrar adecuada satisfacción con la imposición y cumplimiento de las reglas de conducta que determine el tribunal, luego de efectuar un juicio concreto de valor para determinar si el beneficiario, en el caso concreto, podría ser beneficiado con los atributos propios de la condicionalidad de la pena. Por tanto, cabe interpretar que la restricción establecida en el último párrafo del art. 76 bis para la procedencia de la probation, debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación (art. 260, parte. 1, Cód. Penal), posibilitando su otorgamiento cuando la inhabilitación esté prevista como pena conjunta (ej. arts. 84 y 94 Cód. Penal entre otros). Una interpretación restrictiva, que involucre en la prohibición a todos los supuestos en que se ha impuesto una pena de inhabilitación, afectaría el principio de igualdad consagrado por el art. 16 de la CN, máxime cuando el marco de aplicación de la norma está primordialmente delimitada por el monto de pena privativa de libertad que merezca el imputado, subordinándola a la posibilidad de una eventual condena condicional (CNCrim. y Correc. Sala VI, 30/9/97 "Frattini, Norberto J. La Ley 1998-C, 889).

Como se dijo, la procedencia del beneficio que analizamos deberá examinarse en cada caso particular, conforme a las pautas que brinda el art. 76 bis Código Penal. Y la concesión del instituto deberá subordinarse al cumplimiento de reglas de conducta que tiendan a satisfacer la finalidad de prevención y seguridad específica que se persigue con la inhabilitación, según el delito de que se trate. En tal sentido se ha resuelto, en un caso similar al de autos en tanto se imputaba la comisión del delito previsto en el art. 94 Código Penal, que los efectos perseguidos con la inhabilitación podrían satisfacerse subordinando la concesión del beneficio, entre otras, a la condición de capacitarse técnicamente para volver a manejar vehículos en el futuro, complementándose con la prohibición de conducir automotores durante un plazo determinado, de acuerdo con lo establecido a través del juego armónico de los arts. 76 ter. párrafo 1° y 27 bis anteúltimo párrafo del Código Penal (CNCrim. y Correc. Sala VI, 30/9/97, La Ley 1998-C, 889 y ss).

En sentido coincidente con lo hasta aquí expuesto se pronuncia el criterio minoritario -voto de los Dres. Casanovas y Tragant- en el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal, dictado en la causa "Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación", del 17/8/99, que en base a fundadas consideraciones y a abundante doctrina que cita, propicia el criterio favorable al acordamiento de la suspensión del proceso penal a prueba mediando comisión de delito reprimido con pena de inhabilitación especial prevista en forma conjunta (cfr. LL 1999-E, p. 168/169).

4.- El segundo de los fundamentos en que se apoya el fallo impugnado, esto es que en los delitos que prevén la pena de inhabilitación conjunta, sólo puede acordarse el beneficio cuando el imputado solicita su auto-inhabilitación -pues, según expresa la sentencia, de ese modo se cumple la finalidad de ésta pena-, no puede compartirse, por carecer de apoyo normativo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 76 bis y ss CP, que no prevén el cumplimiento del requisito mencionado como condición para la concesión de la probation.

La suspensión del juicio a prueba y la imposición de reglas de conducta, aunque persigan también la finalidad de prevenir la comisión de nuevos delitos, no son equiparables a las penas ni a las medidas de seguridad, que necesariamente deben ser consecuencia de un pronunciamiento derivado de la comprobación judicial de un delito (CSJTuc., "Albornoz, Miguel Mario s/lesiones culposas", sentencia del 17/02/2003) Al mismo tiempo, cabe destacar que la pena de inhabilitación tiene un modo de cumplimiento efectivo, cuyo control y ejecución depende de órganos especiales del Poder Judicial, no siendo disponible por el particular. Ello sin perjuicio de las facultades que competen al órgano judicial para aplicar al imputado las reglas de conducta que estime adecuadas e idóneas para prevenir la posibilidad de que incurra nuevamente en hechos como el que habría cometido (artículo 27 bis, CP).

Por iguales fundamentos, la oposición fiscal, basada en el argumento de que el imputado no ofreció su auto-inhabilitación, aparece sustentada en una errónea interpretación de la ley; y no habiendo proporcionado las razones por las que considera que en las concretas circunstancias del caso, no resulta conveniente ni procede hacer lugar a la probation a favor del imputado de autos; la oposición fiscal, apoyada en aquel fundamento, y en el rechazo del resarcimiento ofrecido por parte del cónyuge de la víctima (cfr. fs. 245) no puede por sí sola proporcionar sustento válido y suficiente a la sentencia impugnada (cfr. CSJTuc., "Bujazha, Víctor y otro s/lesiones culposas", sentencia del 21/10/2002).

Por los fundamentos expuestos, se casa la sentencia impugnada de conformidad a las siguientes doctrinas legales: "La pena de inhabilitación inserta en calidad de conjunta o accesoria para el delito previsto en el art. 84 del Código Penal no impide la suspensión del juicio a prueba de conformidad con las prescripciones del art. 76 bis del mismo cuerpo legal".

"La propuesta de inhabilitación formulada por el propio imputado no constituye un requisito para obtener la suspensión del juicio a prueba (artículo 76 bis CP), pues éste beneficio y la imposición de reglas de conducta (artículo 76 ter CP), no son equiparables a las penas ni a las medidas de seguridad, que deben ser consecuencia de un pronunciamiento derivado de la comprobación judicial de un delito".

Como sentencia sustitutiva, corresponde reenviar los autos al Juzgado Correccional interviniente, a fin de que examine y resuelva el pedido de suspensión de juicio a prueba interpuesto por el imputado Carlos Norberto Guzmán, de conformidad a lo interpretado en la presente resolución, y lo normado en el art. 76 bis Código Penal.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa de Carlos Norberto Guzmán, contra la sentencia del Sr. Juez Correccional de la Ia. Nominación, del 10/5/2002, que no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitado por su parte; en consecuencia, a tenor de la doctrina legal enunciada, se casa la sentencia recurrida y como sustitutiva se resuelve: reenviar los autos al Sr. Juez Correccional interviniente, a fin de que, previa nueva vista al Fiscal, examine y resuelva el pedido de suspensión de juicio a prueba interpuesto por el imputado, de conformidad a lo interpretado en la presente resolución, y lo normado en el art. 76 bis Código Penal.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) RENE MARIO GOANE