marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: González César Rafael c/ Galeno ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-06

Afirmada la existencia de cuestiones fácticas que hacen al derecho de defensa en juicio, el tratamiento y consecuente declaración de inconstitucionalidad de la norma que supedita la competencia judicial a la actuación previa de comisiones médicas (art. 46 de la ley 24.557 modificado por el art. 14 ley 27.348), con anterioridad a la sustanciación de la prueba configura un anticipo de jurisdicción indebida que importa la nulidad de la resolución de origen. No basta con que el juez de grado considere inadmisible la pretensión. El contradictorio propuesto por la demanda debe estar excluido de la posibilidad de análisis que admite el plexo legal. Se confunde un problema procesal con un requisito previo de habilitación de una acción directa, por lo que no cabe aplicar las disposiciones de la ley 27.348 a una contingencia ocurrida con anterioridad a su entrada en vigencia. En el caso, el accidente denunciado ocurrió en agosto de 2015 y el accionante tramitó ante la instancia administrativa del SECLO el requisito previo exigido por la ley 24.635, quedando expedita la vía judicial. Por ello, resulta irrazonable valerse de las disposiciones de una ley promulgada con posterioridad al infortunio del caso, por cuanto ello implica introducir un nuevo requisito para el acceso a la jurisdicción cuando ya tenía habilitada la instancia.
Procesado, inhabilitación especial, empleo público
Materia: PENAL
Carátula: Calderón, Osvaldo Héctor s/ presunto contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

El requisito de que el encausado posea empleo o función pública únicamente es necesario en los supuestos de inhabilitación especial, en los que el hecho resulta consecuencia del desarrollo - negligente o abusivo - de la actividad de la cual se priva posteriormente al procesado.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, declaración indagatoria, citación judicial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: KOHEN, J. s/ DECLARACION INDAGATORIA    RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-22

No procede la apelación respecto de la resolución que dispone llamar a una persona a que preste declaración indagatoria, pues se halla dentro de las facultades discrecionales del Juez de Instrucción; rechazándose en consecuencia la queja interpuesta.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez Andrade, Jorge s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-23

Dentro de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales en cuanto al problema de establecer la competencia en razón de la materia, en una suerte de conflicto entre celeridad y especialidad, la reglamentación del amparo en la Pcia. adoptó a aquella que sostenía que las demandas de amparo correspondían a todos los jueces sin distinción de fueros, al establecer en el art.4to. de la ley 7166 que "...todo Juez o Tribunal letrado de primera instancia, será competente para conocer en la acción de amparo...". Esto lleva, sin más, a sostener que de ése modo los jueces unipersonales en lo Civil y Comercial, en lo Penal, incluso de Paz y los Tribunales del Trabajo son competentes en la materia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: DALECIO, JUAN c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION- ORDINARIO- INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-16

Tratándose de cuestiones procesales solo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se acusan de invalidar la sentencia definitiva o cuando la misma a puesto fin al pleito o ha hecho imposible su continuación.
Higiene y seguridad del trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, ROBERTO ANTONIO Y OTRO c/ INACEL  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

Interpretados conjuntamente los artículos 85 y 92 del decreto 351/79 debe concluirse, en principio, que son peligrosas las cosas que producen un nivel sonoro continuo superior a los 85 db A, y que cuando el mismo es inferior por tiempo y número a esa situación, debe demostrarse la peligrosidad de la cosa con relación al trabajador en el caso concreto.
Concursos, proceso de verificación, recurso de revisión (procesal), resoluciones judiciales, efectos entre partes, demanda, competencia laboral, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUSS SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR CORNEJO, OSCAR LEONARDO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-24

Toda vez que el incidentista optó por promover la verificación de su crédito (cfr. LCQ 32) obteniendo una declaración de inadmisibilidad (LCQ 36), que luego inició el incidente de revisión, pero dedujo una nueva demanda en sede laboral abandonando la revisión incidental, sin mencionar nada de esto frente a la Justicia del Trabajo ni tampoco instar la citación del síndico (cfr. LCQ 21), no corresponderá admitir ahora un nuevo incidente de verificación en base al proceso laboral iniciado con posterioridad a la declaración de inadmisibilidad del crédito (LCQ 36) y al inicio de la revisión (LCQ 37), pues ello importaría vulnerar las claras prescripciones del ordenamiento concursal y avalar la retroacción del proceso para reeditar cuestiones que ya fueron planteadas y resueltas.
Veteranos de guerra, excombatientes de Malvinas, enfermeros, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-MILITAR-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Reynoso, Alicia Mabel c/ E.N.- Min. de Defensa- Fuerza Aérea Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

Los servicios prestados por la accionante durante la guerra de Malvinas no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del art. 1 de la Ley 23.848, a quienes no se les exigió la participación efectiva en acciones bélicas.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, eximentes de responsabilidad penal, ignorancia (penal)
Materia: PENAL
Carátula: GARIGLIO, OSCAR A. s/ INFR. ART. 189 BIS DEL COD. PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-18

La ignorancia alegada por el procesado en su declaración indagatoria acerca de la tenencia de arma de guerra no tiene valor excusante ya que se presume conocida la ley penal, no así la falta de conocimiento respecto de la necesidad de contar con autorización previa para portar el arma puesto que su inclusión y clasificación como de guerra dentro del decreto reglamentario pertinente pertenece a la órbita del Derecho Administrativo. Tal circunstancia constituye ignorancia de derecho extra penal equiparado a la de hecho que por ser esencial excluye culpabilidad, conforme al art. 34 inc. 1 del Código Penal.
Honorarios, funcionarios públicos
Materia: CIVIL
Carátula: Agüero, Oscar en j: Sucesión de Francisca Ortíz de Desprez s/ Regulación - Inconstitucionalidad (Libro: S056-423) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-09-01

El abogado, miembro del Honorable Consejo de la Enseñanza Pública, designado por este Cuerpo, abogado patrocinante para actuar en un pleito determinado por la Dirección de Escuelas, carece de derecho para cobrar honorarios a esta última por su actuación como patrocinante, a mérito de la prohibición establecida por los arts.

39 de la Constitución de 1916 y 67 de la actual, en el sentido de no permitir dictar disposición que tenga por objeto acordar remuneración especial a ningún funcionario público, o empleado de los poderes públicos, mientras lo sean, por servicios prestados o que se les encargue en el ejercicio de sus funciones. En tal virtud debe hacerse a la excepción de inhabilidad de título opuesto en la ejecución de los honorarios.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bco.de la Pcia. de Buenos Aires c/ Scalese Elida Beatriz s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Constituye una injusticia disminuir los accesorios que debe abonar el incumplidor frente a los que paga quien religiosamente cubre los saldos en tiempo oportuno, y a su vez se conduciría al encarecimiento de las tasas más bajas -aplicadas a otras operaciones-, si judicialmente en forma sistemática se reduce las superiores, todas éstas, situaciones no anheladas por la legislación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, sentencia condenatoria, pena privativa de la libertad, pena única, ley penal más benigna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ABALOS, LEONARDO RAFAEL c/  s/ DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA-TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA-APELADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

Del decisorio impugnado, se desprende que la Juzgadora principió su razonamiento circunscribiendo de manera concreta el tema a decidir; y centralmente señaló que en el caso no se planteaba la inconstitucionalidad del art 56 bis inciso 5 de la ley 24660, sino que se pretendía que se declare en el caso concreto la inaplicabilidad del citado dispositivo de ley por aplicación del principio de ley penal más benigna; y analizando los antecedentes de la causa, destacó que el imputado había sido condenado a pena privativa de libertad por dos hechos en concurso real, produciéndose entre los mismos el cambio legislativo cuya inaplicabilidad se pretendía, y fundamentando su decisorio, expresó que existiendo una pena única comprensiva de ambos y no encontrándose controvertido que el segundo de los ilícitos se había cometido cuando la norma ya se encontraba en vigencia, la escisión perseguida no aparecía racionalmente posible y que no evidenciaba perjuicio concreto, lo que motivó la confirmación del decisorio de grado, que la recurrente no logra descalificar desde la óptica constitucional. (Del voto de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dr. Erbetta) REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24660, artículo 56 bis, inciso 5
Cuestiones de competencia, declaración indagatoria, nulidad procesal, competencia correccional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SARSA GALLO, Martín E. s/ Causa 4.499
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria, recibida por el Juez en lo Correccional en la cual se interrogó al imputado en relación al delito de defraudación, por resultar esta materia ajena a su competencia. Si bien el art. 50 del C.P.P.

convalida los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia, este precepto encuentra su excepción en lo dispuesto por el art. 36 del mismo ordenamiento legal, que sanciona la inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia con la nulidad del acto, cuando este puede ser repetido.

***CPP C 000000 0000 00 00 0050 000 0000 000 ***CPP C 000000 0000 00 00 0036 000 0000 000
Empleados públicos, salarios caídos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BAIGORRIA, CARLOS EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-17

La pretendida analogía con un precedente de esta Corte en que la Cámara funda el pronunciamiento impugnado, no satisface en grado mínimo el requerimiento de fundamentación al no especificar adecuadamente cómo podría entenderse aquél aplicable al presente caso, desde que el sub examine difiere sustancialmente en las circunstancias fácticas, ya que en el citado caso "Tenaglia" el allí actor había sido suspendido preventivamente sin goce de haberes en razón de un auto de procesamiento dictado en su contra y luego reclamó haberes caídos como consecuencia de haber sido absuelto del delito por el que fue acusado; y el aquí actor fue suspendido sin percepción de haberes y se peticionó que se disponga su cesantía como consecuencia de la condena a un año de prisión de cumplimiento condicional y dos años de inhabilitación especial, como autor penalmente responsable de la comisión del delito de severidades, encontrándonos ante un pronunciamiento penal firme y ejecutoriado. Consecuentemente, resulta de aplicación a la causa la inveterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que se apoyan en aseveraciones dogmáticas, carecen de suficiencia para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y deben ser dejadas sin efecto.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Giacomo y Consalvo S.A. c/ Municipalidad de Olavarría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Corresponde no hacer lugar a la ampliación de prueba solicitada en razón de encontrarse vencido el término previsto en el art. 14 CPCA y teniendo en cuenta que el mencionado ordenamiento procesal sólo autoriza -excepcionalmente- modificaciones a la demanda originaria dentro de ese plazo y que las disposiciones del CPCC no son supletoriamente aplicables en la materia. Asimismo por no hallarse comprendida en ninguno de los supuestos del art. 38 del CPCA.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción civil en el proceso penal, daños y perjuicios, indemnización, legitimación activa, banco central
Materia: PENAL
Carátula: ODDONE, Luis A. s/ inf. Art. 173 del C.P Causa 8386/8886/8889  inf. Art. 163 inc. 7 Causa 8886  inf. Art. 173 del C.P. inc. 7 Causa 8886
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

El Banco Central de la República Argentina, investido además de la capacidad de promover acciones civiles a la luz de lo reglado por el Art. 52 de la Ley 21.526, posee legitimación activa para reclamar la indemnización de los daños económicos irrogados, en los términos del Art. 29 del Cód. Penal, y ante la inactividad de su deudor inmediato -la entidad bancaria- también lo está para el ejercicio de la acción subrogatoria de los derechos del mismo conforme a lo previsto por el Art. 1196 del Código Civil.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. G. c/ T., G. s/ Alimentos Llanes, Jorge Rafael c/ Agi Construcciones S.R.L.; quien resulte responsable s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-27|2019-12-16

El remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no contengan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que importen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Del voto en Mayoría del Dr. López Viñals, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Dra. Bonari y Dr. Catalano)
Responsabilidad médica, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Britez de la Loggia, Aída Mercedes c/ Ministerio   del  Interior  (Pol.  Fed.  Arg.  -  Hospital  Churruca) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

"Difícilmente pueda concebirse un supuesto en que sea mayor el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, que en el caso de los médicos. En sus manos queda no sólo la salud, sino inclusive, en determinadas circunstancias, la vida misma de los pacientes. No hay aquí cabida para culpas pequeñas. El recto ejercicio de la medicina no es incompatible con actitudes superficiales".
Querellante, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: FERDILLI S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de apelación en subsidio  Causa  Nro. 35929.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

1-El recurso de apelación de resoluciones interlocutorias solamente puede otorgarse respecto de las expresamente declaradas apelables (Art. 449 C.P.P.) o que causen gravamen irreparable.- 2-Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Dirección General Impositiva contra la resolución que no hizo lugar a su pedido de ser tenido por parte querellante en otras causas que fueron iniciadas a raíz del mismo requerimiento de instrucción pues dicha resolución, más allá de su acierto o error, no ocasiona gravamen irreparable pues se trata de una medida ordenatoria que no afecta el derecho de actuar como parte querellante y sólo supone la necesidad de efectuar presentaciones escritas en cada uno de los legajos (Del voto de los Dres. Repetto y Hendler).- 3-Corresponde confirmar el auto apelado que rechazó la pretensión de la Dirección General Impositiva de actuar en el carácter de querellante en cada uno de los desmembramientos de la causa principal fundado en que la extensión de la querella contra los responsables de las firmas que actuaron en connivencia con la firma imputada en dicha causa principal es improcedente por cuanto las causas tramitan en forma autónoma por razones de un mejor ordenamiento procesal (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 4-La exigencia de presentaciones escritas en cada una de las actuaciones es procedente tanto más si se tiene en cuenta que debe individualizarse concretamente la persona contra la cual se formula la querella en los términos del Art. 83 y conc. del C.P.P. (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: González, Angel Alberto y otros s/ Robo calificado. Resistencia a la autoridad. Abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Es insuficiente el agravio vinculado a la no aplicación del art. 42 del Código Penal si se omite atacar - con la cita legal pertinente- la conclusión del fallo referida a las razones por las que la tentativa quedara descartada.
Juicio de desalojo, legitimación activa, administrador de la herencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BUJEIRO, ROSA Y RAUL EVARISTO S/SUCESION c/ SICA, JORGE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

La administradora de la Sucesión no necesita obtener autorización expresa para demandar el desalojo por vencimiento del plazo contractual.
Uniones convivenciales, patrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: D. D. H. c/ M. B. D. C. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-02

[...] la posibilidad de constituir una sociedad no debe inducir al error de suponer que el mero hecho de la convivencia extraconyugal implica por si solo la presencia de una sociedad entre los sujetos en tanto por más que haya una comunidad de vida, esta atañe solamente a los aspectos personales (íntimos o sociales), pero no alcanza las cuestiones patrimoniales.
Daños y perjuicios, compraventa de mercaderías, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Truninger Rosana Veronica c/ Moraschi Center SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios, en el marco un contrato de compraventa celebrado por la actora y un vendedor autorizado de la demandada, por mercaderías pendientes de entrega (en el caso el contrato se había celebrado bajo la metodología llamada "acopio", que permitía congelar el precio de los insumos, quedando los bienes adquiridos depositados en la empresa vendedora hasta tanto fueran requeridos). Es que cuando se celebra la compraventa por medio de representantes, no son estos quienes venden o compran, sino los representados por cuya cuenta obran (Llambías J., Tratado de Derecho Civil - Parte General, T. II, página 306, Abeledo Perrot 2007). Así, no está demás señalar que el Código Civil y Comercial, si bien no aplicable al caso, ha receptado esta doctrina que carecía anteriormente de previsión normativa (sólo estaba legislada explícitamente la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente en materia extracontractual -art. 1113-). Hoy el actual ordenamiento prevé tal solución para todos los casos (que antes se dividían entre responsabilidad contractual y extracontractual). Así tanto el artículo 732 (actuación de auxiliares) como el 1753 (responsabilidad por el hecho del dependiente), prevén una responsabilidad objetiva en los casos en que se trate de dependientes de los cuales el principal se vale para cumplir la prestación o que la actuación de aquellos genere algún daño en ejercicio o en ocasión de sus funciones.
Fianza, protección de la vivienda, alquileres posteriores al vencimiento, locación de inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALES, JUAN ANTONIO c/ OLMOS, SEGUNDO RAFAEL Y OTROS s/ COBRO DE ALQUILERES-EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-17

Quien con posterioridad a la fecha en que se constituyó en fiador, sometiese el inmueble de su propiedad régimen de "bien de familia", éste podrá ser embargado en ejecución de alquileres impagos correspondientes a períodos vencidos después de aquel sometimiento, en cuanto no se trata de deudas posteriores.

Ello corresponde, a la exigencia del principio de buena fe al que se debe ajustar la conducta de los contratantes (art. 1.198 del Cód.

Civil.), que resultaría lesionado si se tolerase que el fiador disminuya la garantía que el locador tuvo en cuenta al aceptarlo en aquella calidad.
Empleo público, concurso de cargos, procedimiento de selección, medidas cautelares, suspensión del concurso, igualdad ante la ley, discriminación, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura s/ Otros Procesos Incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

En el caso, el reglamento del concurso de selección de jueces establece que la ausencia de un postulante a la prueba escrita implica su exclusión automática. La norma no hace distinciones respecto a las razones de tal ausencia, su carácter voluntario o involuntario, o su posible atendibilidad. Nada de eso. Sólo se prevé que la ausencia implica la exclusión automática, y variadas razones pueden ser argüidas para avalar tan habitual recaudo procedimental.

Suspender la prueba para que los efectos de la falta de comparencia no se produzcan se presenta como una decisión desmesurada. El recaudo implementado no importa prima facie un impedimento particular o discriminatorio, sino una condición razonable de carácter general, impuesta habitualmente en procedimientos de este tipo y aplicable al conjunto de participantes en forma igualitaria. Por lo demás no implica una condición elitista o autoritaria, ni carente de relación con la seriedad que implica un concurso de selección de magistrados.
Abogados, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A, D.R.A. c/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL s/ EJERCICIO DE LA ABOGACIA - LEY 23187 - ART 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-27

La utilización por parte de un abogado de expresiones descalificantes y ofensivas al interponer un recurso de apelación que no son necesarias para enfatizar o dar certidumbre a los planteos, resultan pasibles de una sanción disciplinaria, pues no sólo importa una falta de estilo adecuado a la jerarquía que el ejercicio de la abogacía impone, sino un incorrecto tratamiento y abordaje de la cuestión planteada en su presentación.