Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-05


N°799/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "SANATORIO LAMPARELLI S.A. C/ MONZON, CANDIDA S/ SUMARISIMO (ART. 52 LEY 23551)", N° 55.057, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 343/365.

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la actora a fs. 343/365, contra la sentencia que obra a fs. 328/335, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 373 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 378.

A fs. 376/377 emite su dictamen N° 2595/03 el señor Procurador General y a fs. 382 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- A los fines de la consideración de los recursos incoados, comenzaré en orden a su jerarquía y efectos, por el de inconstitucionalidad.

a) Recurso de inconstitucionalidad: Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde me expida previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del que ahora considero.

En tal tarea, encuentro reunidos los de interposición en término, oportuno planteo de la cuestión constitucional, legitimación para recurrir y la sentencia, que desestima la pretensión de la extinción de la tutela sindical reviste el carácter de definitiva, por no subsistir cuestiones fácticas o jurídicas con posibilidad de dilucidarse posteriormente, sumado a los efectos que podría generar la misma al quedar firme, atento al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos invocados en relación al plazo de prescripción genérico establecido por la L.C.T., todo lo cual impediría el reexamen de la cuestión. En consecuencia corresponde ingresar al tratamiento del remedio en trato.

Sostiene la recurrente que la juez del primer voto incurre en arbitrariedad por dogmatismo, al señalar que la autorización establecida por el art. 52 de la Ley N° 23.551 requiere de demostración de las circunstancias que hagan verosímil el planteo y que en el caso la magistrada de grado resolvió la exclusión en base a una ficción. Manifiesta que no valoró correctamente la prueba anticipada incorporada al expediente, como tampoco la conducta procesal de la demandada, respecto a que si tenía certeza de que los documentos que se le imputaban no eran auténticos, debió demostrar tal circunstancia. Arguye la omisión de apreciar testimoniales incorporadas, lo que la hace incurrir en una meritación parcial y subjetiva de las probanzas. Agrega que no hizo aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas ni de la conducta procesal de la parte, aplicando a su vez en forma ilógica la teoría de los actos propios. Cuestiona el razonamiento efectuado en relación a la falta de denuncia penal respecto de los hechos invocados por su parte. Finalmente ataca la invocación de los conceptos de verdad objetiva y ritualismo formal vertidos por la Dra. Rodríguez de Dib, considerando que la misma no ha observado las reglas de la sana crítica para la valoración de los elementos probatorios decisivos, lo que determina que su voto resulte inmotivado e infundado.

Examinados los agravios precedentes en relación a la sentencia recurrida, adelanto mi opinión en el sentido de la improcedencia de la queja, en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, al señalar que "El recurso de inconstitucionalidad, basado en la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, no puede prosperar.- Ello es así, pues carece la debida fundamentación el recurso extraordinario en el que la recurrente se agravia de las razones en que se apoya la Sra. Juez de primer voto para desestimar la demanda entablada, pero sin cuestionar de ningún modo lo sentado en el fallo acerca del incumplimiento legal incurrido en la demanda para reclamar la exclusión sindical del trabajador. Siendo así, debe rechazarse la tacha de arbitrariedad invocada si -como quedó dicho- el planteo no efectúa una crítica concreta y razonada con referencia a las circunstancias de la causa de la resolución de la que se trata" (fs. 376 y vta.).

Ello es así, ya que la mayoría del fallo fue conformada por el juez de segundo voto, Dr. Verón y el magistrado dirimente, Dr. Siri quienes, si bien arriban al mismo resultado que la Dra. Rodríguez de Dib, lo hacen por fundamentos absolutamente diferentes que la citada, y sobre los cuales la recurrente ni siquiera intentó esbozar critica alguna.

Por los fundamentos expuestos, me expido por la improcedencia del presente recurso.

b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal:

También este remedio fue interpuesto en término, por la parte legitimada para recurrir y la sentencia, que desestima la pretensión de la extinción de la tutela sindical, reviste el carácter de definitiva, por no subsistir cuestiones fácticas o jurídicas con posibilidad de dilucidarse posteriormente, sumado a los efectos que generaría la misma al quedar firme, atento al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos invocados en relación al plazo de prescripción genérico establecido por la L.C.T., todo lo cual impediría el reexamen de la cuestión. En consecuencia corresponde ingresar al tratamiento del remedio en trato.

Se observa que en afán de vertebrar el remedio impugnaticio, la casacionista sostiene que el fallo recurrido viola la ley 23.551, al incorporar un requisito no establecido en la norma, cual es precedentes anteriores emanados de los señores camaristas que conformaron la mayoría. También invoca que mediante creaciones pretorianas e interpretaciones sin basamento legal, se desconoce la aplicabilidad del art. 52 del citado texto, forzando para el caso la del art. 53. Señala que no se sigue de aquél artículo y menos aún existe obvia implicancia, que el accionante deba especificar en el escrito introductorio cual es la sanción y/o medida que se pretenda aplicar al dependiente, por lo que al no derivar de la ley, no puede condicionarse la viabilidad procesal a su cumplimiento, razón por la que estima se resolvió en contra de la ley. Agrega en tal sentido que se incurre en incongruencia, al excederse los límites del recurso, mediante la revocación de una decisión del a-quo con fundamentos que no habían sido objeto de apelación.

En tal orden de ideas esta Sala, en forma reiterada y con distintas integraciones, ha postulado que acerca de la naturaleza, fines y contenido del medio impugnativo intentado, conviene destacar que el recurso de inaplicabilidad de ley procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones, a las que se atribuye violación de la ley o doctrina legal, a fin de que el tribunal superior declare cual es el correcto derecho aplicable, es decir, cuál es en definitiva la solución jurídica que corresponde al caso, y tiende, fundamentalmente, a un problema de inteligencia jurídica, con exclusión de hechos y pruebas. Se ocupa y se hace cargo de los vicios in iudicando. Su finalidad es juzgar la legalidad de la sentencia y la justicia del caso, garantizando la uniforme aplicación de la ley y asegurando a las partes la más correcta aplicación del derecho positivo a los hechos de la causa. Sin constituir una tercera instancia ordinaria, su competencia se abre con el objeto primordial de lograr, en base a una revisión de los errores del juicio contenidos en la decisión definitiva de la última instancia ordinaria, la justa y uniforme interpretación del derecho. (conf. Sent. N° 09/01, entre otras).

Se doctrinó asimismo que "el fin del recurso es, como se ha dicho, mantener la unidad de la interpretación de la ley, de modo que allí donde exista un error o aún una injusticia, pero no está afectado ese fin, no habría lugar al recurso.se trata exclusivamente de los errores de derecho acaecidos in iudicando que hacen a la existencia o al significado de la norma jurídica, esto es de aquellos errores de juicio que contenga la sentencia al aplicar el derecho en su dispositivo y como motivaciones esenciales." (Manuel Ibañez Frocham, "Tratado de los Recursos en el Proceso Civil", pág. 379, cit. en Sent. N° 09/01, ya citada, entre otras, de esta Sala).

Analizados los agravios vertidos, tengo que la cuestión a dilucidar es: si en la acción de exclusión de tutela sindical prevista por el art. 52 de la Ley 23.551, constituye o no un requisito de la demanda, el de precisar cual es la sanción disciplinaria que se pretende aplicar al trabajador amparado por tal garantía, constituyendo una cuestión jurídica, apartándome de este modo de la opinión del representante del Ministerio Público.

En tal cometido ab-initio cabe resaltar que no escapa al suscripto la circunstancia de que doctrina y jurisprudencia -ésta última fuente tanto nacional y local- se encuentran divididas al respecto.

Básicamente la tesis que lo requiere, estima que el magistrado debe tener invocada la futura medida, para juzgar si es adecuada o no la supuesta injuria, sumado a que responde a exigencias prácticas de la tutela y finalmente, en que la sentencia dictada tiene efectos de cosa juzgada material, al decidir sobre los hechos y la existencia de justa causa de esa sanción. A su turno, la opinión contraria entiende que la acción posee naturaleza cautelar, por lo que solo cabe analizar la verosimilitud de los hechos imputados al trabajador, teniendo éste un proceso posterior para discutir el fondo del asunto -los hechos y su tipificación- en el caso que la decisión judicial le privara de su garantía.

En el derrotero de optar por una de las tesis posibles, es insoslayable meritar lo resuelto por nuestro Tribunal Cimero in re: "Cooperativa de Servicios Públicos Arbolito c/ Gaspari, Néstor", al adherirse al dictamen del Sr. Procurador Fiscal, quien se pronunciara en los siguientes términos: "En consecuencia, habiendo considerado probados los extremos fácticos que se imputaron al dependiente -en consonancia con lo obrado hasta ese entonces, en sede penal y que resultó, luego, corroborado según sentencia condenatoria . la conclusión de la juzgadora relativa al carácter esencial de la falta de explicitación de la medida a adoptarse una vez obtenida la exclusión de la tutela (v. fs. 182/185), se revela -en mi parecer- como el fruto de un excesivo ritualismo, incompatible con el adecuado servicio de justicia y las reglas del debido proceso ." (conf. "La Ley", suplemento del 14/08/01, pág. 6).

También encontramos muy autorizada doctrina que postula innecesariedad del requisito al señalar que: "La sentencia que acoge la demanda del empleador y levanta la tutela no hace cosa juzgada respecto de los hechos invocados porque el proceso iniciado tiene como única finalidad excluir de la tutela al trabajador, no brindar un bill de inmunidad al empleador para su conducta posterior. La sentencia no autoriza ninguna medida del empleador sino que se limita, por el principio de congruencia, a levantar la tutela, para que aquél, recuperadas sus facultades, resuelva respecto del trabajador garantido las medidas que estime convenientes. Siendo así, el trabajador puede en un proceso posterior discutir no sólo los hechos sino también su tipificación. Esta lectura permite al trabajador garantido defender su derecho o pretensión en igualdad de condiciones que los restantes trabajadores en la exención de tutela, que opera sólo con la verosimilitud de los hechos, fue demandado en un procedimiento sumarísimo, mientras que posteriormente puede, como demandante, actuar en un proceso sumario." (conf. Capón Filas, Rodolfo. "El nuevo derecho sindical argentino". La Plata. Ed. Plantense. 2ª ed. 1993, p. 266, cit. en "Digesto Práctico La Ley", Derecho Colectivo del Trabajo", p. 324, sum. 979).

Tales razones me convencen de que no es un requisito de admisibilidad de la demanda el de establecer la sanción que va a aplicar el empleador en esta acción sumarísima, por varios motivos. El primero, al no surgir expresamente tal postulado del artículo 52 de la citada Ley de Asociaciones Sindicales. A ello cabe agregar, que nos encontramos en presencia de una acción sumarísima, que tiene por única finalidad la de demostrar que prima facie, en grado de mera verosimilitud del derecho, si existen elementos para que el representante sindical se vea despojado del fuero para poder el empleador aplicar posteriormente la sanción que estime corresponder. Acaecida tal hipótesis, recién el trabajador tendrá el proceso posterior para cuestionar la procedencia de la sanción aplicada.

Esta Sala, citando el pronunciamiento de alzada e integrada por la colega que emitirá su voto a continuación, ha dicho respecto de la naturaleza de la acción que: ". el procedimiento previsto en el art. 52 de la ley 23.551, "se trata de una diligencia preeliminar y obligatoria." y que es requisito básico de la medida ".la existencia de verosimilitud del derecho invocado por el accionante, entendiendo por tal una fuerte apariencia de certeza, o si se prefiere más aún, una credibilidad objetiva, tanto en orden a los hechos imputados al trabajador como en la justa causa pretendida, que excluye la posible motivación antisindical del comportamiento patronal." (conf. Sent. N° 203/91).

De lo expuesto se deduce que, si la ley previó un trámite de tipo sumarísimo, es de difícil cumplimiento y por ende excesivo, que el empleador deba precisar -como requisito sine qua non de admisibilidad de la demanda- la sanción que aplicará a su trabajador, cuando la aludida abreviación del trámite per se implica una limitación al derecho de alegación y prueba, que no puede tener como contrapartida la acreditación de las circunstancias demostrativas de la procedencia de una puntual y concreta medida.

Ello máxime que las probanzas que pudieran rendirse, podrían ser demostrativas de hechos que ameriten una pena de distinta entidad a la que se tuvo que ver obligado a invocar el demandante, y tales circunstancias podrían implicar el rechazo de la pretensión -si lo verificado es de menor magnitud a lo señalado-, e impediría aplicar una sanción menor o, por el contrario, significarían un óbice para aplicar una más enérgica -en el supuesto de que se demostrara que los hechos son de mayor gravedad que los alegados en el escrito inicial-.

En consecuencia, propongo la corrección jurídica del fallo, estableciendo que de conformidad a lo normado por el art. 52 de la Ley N° 23.551, en la acción de exclusión de tutela sindical no es un requisito de la demanda, el de precisar cual es la sanción disciplinaria que se pretende aplicar al trabajador amparado por tal garantía.

Corresponde casar la sentencia impugnada por cuanto se ha configurado en autos uno de los supuestos previstos en el Decreto Ley 1413/62. Es así, ya que la violación de la ley consiste en no aplicar a un hecho la regla que le corresponde; el vicio se produce en la base jurídica, es decir en la premisa mayor, y se puede cometer de dos maneras, en sentido positivo, vulnerando el alcance del precepto; y en sentido negativo por desconocimiento o inaplicación del mismo (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", edic. 1984, p. 209).

Por lo tanto, no habiendo definido la situación fáctica la Cámara, procede el reenvío a la misma, para que la Sala que corresponda dicte nuevo fallo, teniendo en cuenta la solución jurídica aquí determinada.

De consuno, el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la actora es procedente. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento las conclusiones arribadas al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad y se haga lugar al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la actora a fs. 343/365, contra la sentencia dictada a fs. 328/335, por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad, por motivo de errónea aplicación del art. 52 de la Ley N° 23.551.

Asimismo propongo se declare que por aplicación del art. 52 de la Ley N° 23.551, en la acción de exclusión de tutela sindical no es un requisito de la demanda, el de precisar cual es la sanción disciplinaria que se pretende aplicar al trabajador amparado por tal garantía.

Consecuentemente deberán remitirse las actuaciones a la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad, a los fines de que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento respecto a la situación fáctica y de conformidad a la solución normativa aquí dispuesta.

Las costas de esta instancia, atento lo decidido y no habiendo la contraria sostenido la sentencia impugnada, corresponde se impongan por su orden, conforme criterio adoptado por esta Sala a partir de Sentencia N° 06/80.

La regulación de los honorarios de la profesional interviniente deberá ser diferida para la oportunidad en que obren los de la instancia inferior. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, que doy fe.

SIGUEN LAS FIRMAS.

S E N T E N C I A N°799/	RESISTENCIA, 5 de agosto de 2004.- AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora a fs. 343/365, contra la sentencia dictada a fs. 328/335, por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad.

II.- HACER LUGAR al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la demandante a fs. 343/365, contra la sentencia dictada a fs. 328/335, por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad, por motivo de errónea aplicación del art. 52 de la Ley N° 23.551.

III.- DECLARAR, por aplicación del citado art. 52 de la Ley N° 23.551, que no es un requisito de la demanda de exclusión de tutela sindical, la especificación de la sanción a aplicarse al trabajador.

IV.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

V.- IMPONER las costas de esta instancia por el orden causado.

VI.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad establecida en el Acuerdo que antecede.

VII.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al Sr. Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en el Punto IV.