Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-17


Salta, 17 de octubre de 2016.	(Tomo 207: 1087/1098)Y VISTOS: Estos autos caratulados "C/C BONILLA, ARMANDO EZEQUIEL; ACOSTA, DIEGO ROLANDO; GUTIÉRREZ, DIEGO; BONILLA, SANDRO GUSTAVO; BONILLA, DANIEL RICARDO; DÍAZ, DANIELA SOLEDAD; SANTOS BONILLA, MÓNICA; BONILLA, ROBERTO ENRIQUE - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 38.023/15), y	____________________________CONSIDERANDO:	_____Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Susana Graciela Kauffman, dijeron:	_____1º) Que a fs. 208/217 el Fiscal de Impugnación Dr. Rodolfo Villalba Ovejero interpone recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal de Impugnación Sala III, de fs. 206/207 vta., que no hizo lugar a la prórroga a la duración máxima del juicio solicitada a fs. 190 y vta.	Sostiene el recurrente que el tribunal "a quo" al emitir su decisión incurrió en un error en la aplicación de la ley, soslayando inclusive la materia en la que se enmarcaron los hechos, lo que la torna arbitraria.	Señala que la resolución impugnada se ha constituido en sentencia definitiva, toda vez que el rechazo a la solicitud de prórroga, llevaría irremediablemente, una vez vencida ésta, al sobreseimiento de los imputados, cerrando de manera irreversible el proceso y causando un gravamen de imposible reparación ulterior.	Asevera, también, que el recurso interpuesto se enmarca en un supuesto de gravedad institucional toda vez que, al existir en la materia pronunciamientos contradictorios de las diferentes salas y vocalías del Tribunal de Impugnación, resulta imperativo para la seguridad jurídica contar con un criterio clarificador en torno al momento a partir del cual debe computarse el plazo contenido en el art. 219 del C.P.P.	2º) Que en su informe de fs. 254, el Fiscal ante la Corte Nº 1 sostiene el recurso interpuesto en función de la unidad de actuación que anima al Ministerio Público y, al considerar debidamente fundados los agravios, se remite a ellos.	3º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto que el recurso fue oportunamente concedido (v. fs. 218/219), previo a expedirse sobre los motivos invocados por el recurrente incumbe a esta Corte, en la presente instancia, efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (arts. 554 y 544 del C.P. P.).

A este respecto, se observa que ha sido presentado en término (v. fs. 207 vta. y 217 vta.) y por parte legitimada. Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión.	4º) Que el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en casos de sentencias arbitrarias, en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos judiciales. Por ello, y para que los agravios referidos a cuestiones fácticas hagan procedente la vía extraordinaria, la decisión recurrida debe presentar serios y graves defectos de fundamentación, traducidos, a su vez, en evidente menoscabo de derechos constitucionales.	En ese marco, la doctrina de la arbitrariedad requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.	5º) Que analizadas las constancias de autos surge que en fecha 06/05/2013 (v. fs. 105) el fiscal interviniente solicitó la remisión de la causa a juicio acompañando copias para traslado y el legajo de investigación. Notificados los imputados y efectuado el control que manda el art. 436 del C.P.P. se ordenó la remisión de las actuaciones a mesa distribuidora para el sorteo del tribunal de juicio en fecha 24/02/2015 (v. fs. 185 vta.).	Avocado el juez y citadas las partes a juicio, en fecha 26/05/2015 se solicitó al Tribunal de Impugnación la prórroga del plazo para la realización del juicio en el entendimiento que la demora operada se debió a los diversos ordenamientos jurídico-procesales que marcaron su trámite (fs. 190 y vta.), petición que fuera rechazada por considerarse que la solicitud ingresó cuando el término que fija el art. 219 del C.P.P. ya había fenecido.	Sostuvo el tribunal "a quo" que la solicitud de prórroga se efectuó veinte (20) días después de vencido el plazo máximo para la realización del juicio tomados a partir de la fecha en que el juzgado de garantías interviniente recibió el acto acusatorio.	En tal contexto, la cuestión a tratar, que se encuentra circunscripta a la necesidad de determinar el momento procesal que marca el inicio del plazo de dos años que fija el Código Procesal Penal para la realización del juicio y a partir de ello determinar si en el caso se encontraba o no vencido, es sustancialmente idéntica a la resuelta por esta Corte en el precedente "Humano" registrado en Tomo 201:201 y posteriormente en "Tolaba", registrado en Tomo 203:349, cuyas partes pertinentes conviene ahora transcribir. Allí se señaló -conforme a derecho y teniendo en cuenta las nuevas modificaciones de la ley procesal-, que:	"Frente a la correcta solución de los arts. 219 del C.P.P. -que establece la concreta sanción procesal de caducidad que, como tal, repercute en y para el proceso penal- y 24 de la posterior Ley 7716 -que incorpora una esclarecedora fórmula al separar entre plazos de la investigación penal preparatoria y del juicio-, merced a la aclaración del segundo de los preceptos citados esa sanción corresponde exclusivamente a la etapa de juicio; ergo, el plazo de dos años al que se supedita la caducidad sólo puede computarse a partir de que el expediente ha culminado con los trámites preparatorios y se encuentra efectivamente a disposición del tribunal que entenderá con competencia para dictar sentencia definitiva.	En efecto, en virtud del citado art. 24 de la Ley 7716 Orgánica de la Justicia Penal, dicho plazo pasó a revestir la calidad de ordenatorio, mientras que en la redacción original era perentorio y fatal, sin establecer qué pasaba a su vencimiento y qué autoridad debía expedirse al respecto.	Por otro lado, el art. 436 del C.P.P. establece una instancia de control, a cargo del juez de garantías, a la que debe someterse la acusación previo a su remisión a juicio, de suerte que el requerimiento acusatorio sólo podrá ser tenido válidamente como comienzo del plazo de caducidad en tanto y en cuanto supere tal control jurisdiccional.	6º) Que consecuentemente, no hay en el "sub judice" vencimiento del plazo para la realización del juicio, habida cuenta que si bien no obra en autos cargo de recepción por el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación, la vigencia del término se deduce tomando en consideración la fecha en que las actuaciones fueran recibidas por la Mesa Distribuidora de Expedientes Penales (v. fs. 185 vta.) y el avocamiento dispuesto por el magistrado a cargo de la realización del debate (v. fs. 186).	En tales condiciones, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Ministerio Público Fiscal y revocar la resolución de fs. 206/207 vta.	El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:	1º) Que a fs. 218/219 el Tribunal de Impugnación Sala III concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal de Impugnación a fs. 208/217, en contra de la resolución de fs. 206/207 vta. de estos autos. Mediante dicho pronunciamiento el tribunal no hizo lugar al pedido de prórroga a la duración máxima del juicio por parte del Sr. Juez de Garantías de Cuarta Nominación, en razón de que, teniendo en cuenta la fecha del requerimiento de remisión de la causa a juicio, tal solicitud fue concretada con posterioridad al vencimiento del plazo contemplado en el art. 219 del C.P.P.	Considera el recurrente que la decisión cuestionada es resultado de una arbitraria interpretación de la forma de computar el inicio del plazo de dos años prorrogable para la duración máxima del juicio, previsto en el art. 219 del C.P.P. Al respecto trae a colación las posturas contradictorias que sobre la cuestión han desarrollado las salas del Tribunal de Impugnación, compartiendo los fundamentos del voto que lidera el Dr. Luciano Martini en el fallo de la causa JUI N° 100589/13 de ese Tribunal.	Estima el impugnante equivocada una interpretación literal de la norma del art. 219 que manda computar el plazo desde el "requerimiento acusatorio", porque la misma omite el análisis del precepto a partir de una hermenéutica integral del proceso penal en la Provincia de Salta. En ese sentido, explica que si bien la nueva normativa de forma se ocupa de fijar plazos a los fines de garantizar la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, en su determinación no resulta suficiente atenerse a la letra de la ley porque deben ponderarse tanto su espíritu como otros principios que rigen el enjuiciamiento criminal. Aunque en apariencia -describe- son dos las etapas definidas en el proceso: la investigación penal preparatoria y el juicio, y para cada una de las cuales el C.P.P. fijó plazos máximos de duración, hay una fase intermedia entre la requisitoria fiscal y la elevación de la causa a juicio, en que deben cumplirse una serie de notificaciones, vistas, con eventuales oposiciones y diligencias de prueba, que pueden conllevar una mayor o menor cantidad de tiempo. Este período crítico, sostiene, está lejos de integrarse en el concepto restringido de "juicio" y es por ello que la ley no ha fijado para el mismo un plazo rígido de duración en virtud de las referidas vicisitudes que se pueden presentar. En consecuencia, concluye, el término debe determinarse por la prescripción de la acción o por las reglas generales sobre el plazo razonable del proceso.	Finalmente, entiende que integrar en la extensión del plazo para la realización del juicio a esta etapa previa, implica otorgar competencia al juez de garantías para pedir la prórroga del plazo, contradiciendo la norma del art. 219 del C.P.P. que sólo otorga expresamente esa facultad al juez de juicio.	2º) Que en su informe de fs. 254, el Fiscal ante la Corte N° 1 sostiene el recurso interpuesto en función de la unidad de actuación que anima al Ministerio Público y, al considerar debidamente fundados los agravios, se remite a ellos.	3º) Que otorgada la correspondiente intervención a todos los interesados, en tanto que el recurso fue oportunamente concedido, previo a expedirse sobre los motivos invocados por el recurrente incumbe a esta Corte, en la presente instancia, efectuar un nuevo control de los recaudos de orden formal a los que la ley subordina su admisibilidad (art. 36 de la Ley 7716).	En este tópico, se observa que el recurso ha sido presentado en término y por parte legitimada (v. fs. 207 vta. y 217 vta.); además la resolución resulta objetivamente impugnable, al haberse cuestionado una resolución equiparable a sentencia definitiva, dada su aptitud de poner fin al proceso y producir un gravamen de imposible reparación posterior, ya que el rechazo a una prórroga al plazo de duración máxima del juicio conduciría al sobreseimiento de los imputados. Asimismo, los motivos expuestos encuentran adecuación legal (art. 554 del C.P.P.), al objetarse que tal decisión se basa en una arbitraria interpretación de la ley procesal que afecta su logicidad. Razón por la cual, cabe ingresar al examen de la cuestión planteada en el recurso.	4º) Que, a diferencia de lo acontecido en el precedente "Tolaba" de esta Corte (Tomo 203:394), en esta ocasión y en mérito a la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, corresponde pronunciarme sobre la cuestión de fondo planteada. Ella atañe a la interpretación judicial para determinar cuándo tiene lugar el inicio del cómputo del plazo máximo de duración del juicio, contemplado en el art. 219 del C.P.P. (Ley 7690 y modificatorias), materia que, conforme lo reseña el recurrente en sus agravios, ha merecido soluciones disímiles entre los vocales de las Salas del Tribunal de Impugnación.	5º) Que en primer lugar, cabe destacar que el legislador del nuevo Código Procesal Penal asumió como uno de sus objetivos fundamentales el de regular de forma expresa la garantía constitucional del plazo razonable, dejando de lado todo parámetro general y estableciendo los términos de duración del proceso de manera concreta, los cuales a su vez manda aplicar de forma "estricta" (cfr. arts. 1o inc. j, 219 y 256 del C.P.P.). Es decir que la norma procesal penal ha reglamentado plazos específicos para la duración máxima del proceso, precisándolos para cada etapa del mismo -I.P.P. y juicio-, evitando de esta manera complicadas interpretaciones judiciales de carácter teórico sobre lo que debe entenderse por plazo razonable. A su vez, esa orden de "observación estricta" de los plazos (art. 1 inc. j), implica necesariamente una interpretación restrictiva de los preceptos que limitan o excepcionan este derecho fundamental del imputado. Por ende, concebir que el inicio del cómputo del plazo máximo del juicio no resulta del momento que expresamente fija el art. 219 del C.P.P., sino con la remisión de los autos al tribunal de juicio, implica privar de plazo, por vía jurisprudencial, a una fase del proceso, afectando así seriamente la citada garantía al crear una situación de indeterminación temporal a contramano del espíritu de la ley.	Sucede que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley; no cabe pues a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió. Así lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 316:2695, entre muchos), como también que, cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contemplado en la norma (CSJN, Fallos, 311: 1042).	Desde tal perspectiva, prescindir de la interpretación literal del artículo analizado, de la manera en que la pretende el impugnante, llevaría a una inconsecuencia lógica en el legislador, cuya imprevisión no cabe suponer (CSJN, Fallos, 258:75; 307:518, entre otros).	6º) Que en rigor y mas allá de las interpretaciones forzadas del articulado del código de ritos propuestas en el recurso, es dable colegir que el principal argumento para sostener que debe excluirse del término de duración máxima del juicio al trámite de remisión de la causa a juicio, tiene una naturaleza práctica. Ello es así, desde que se ilustra que en ocasiones las diligencias de notificación, control y crítica al requerimiento fiscal, pueden insumir una cantidad de tiempo considerable. Sin embargo, los plazos, tal como lo prevén los arts. 435 y 436 del C.P.P., no permiten deducir "per se" esa eventual morosidad en las diligencias; y si bien el mayor obstáculo lo constituiría una imposibilidad de notificación al imputado y su defensa del requerimiento fiscal -que es obligatoria-, la ley ha previsto expresamente el remedio a esta situación, mediante la declaración de rebeldía, la que suspende el transcurso del mencionado término respecto de ese imputado (arts. 219 y 405 del C.P.P.).	7º) Que por lo expuesto, cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado, en virtud de que el mismo se funda en una exégesis que se aparta del texto mismo de la norma legal, sin que se advierta que la denegatoria a la prórroga del plazo máximo de duración del juicio, decidida por el Tribunal de Impugnación Sala III, tenga como presupuesto una aplicación arbitraria de la ley procesal respecto del inicio del cómputo de dicho término, fijado en el art. 219 del C.P.P.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________ LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 208/217 vta. y, en su merito, revocar la resolución de fs. 206/207 vta.	II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Abel Cornejo, Susana Graciela Kauffman y Guillermo Félix Díaz -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).