marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, trámites judiciales
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Juan Luis y otros s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-05-07

No es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo que hace lugar a la acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de los decretos 770 y 771/96 del Poder Ejecutivo. Ello así, ya que en cuanto a la inconstitucionalidad receptada de dichos decretos siendo que los mismos en cuanto a los actores resultaron violatorios de las garantías de Seguridad Social y de Protección a la Familia, y no apareciendo justificadas las circunstancias excepcionales previstas en el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, la queja no resulta acogible, careciendo de sustento la afirmación del apelante de que su derogación por la Ley 24714 implica su convalidación posterior por el Congreso. Tampoco merece acogida el argumento referido a la escasa magnitud de las sumas en cuestión, por cuanto la vía del amparo no está acotada por su trascendencia patrimonial, sino por el hecho de que el acto lesione con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos o garantías constitucionales.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ ELVIA c/ ARIZMENDI RUBEN Y OTROS s/ EJECUTIVO POR COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-23

No solo procede el juicio ejecutivo para el cobro de alquileres o rentas, sino también para cualquier otra deuda derivada de locación", encontrándose por ello amparada con este procedimiento las deudas reclamadas por retraso en el pago de alquiler, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico ya pagados que estaban a cargo del locatario de acuerdo a las cláusulas contractuales citadas.
Reconocimiento en rueda de personas, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Robledo, Carlos Javier s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna un testimonio porque antes de reconocer al imputado el testigo no lo había descripto pues los arts. 131 y 248 (n.a.) del Código de Procedimiento Penal que invoca no contienen exigencia alguna en tal sentido.
Honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Prinzio Rita Carolina c/ Deleglies Ricardo s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Quedarían menoscabados el principio de justicia conmutativa y el derecho de propiedad que garantiza el art. 17 de la Constitución Nacional si no se restableciera la real significación de la regulación practicada tiempo atrás y se obligara, por ende, a percibir una retribución mermada o confiscatroria, no cometiéndose ninguna injusticia contra el obligado al pago del honorario cuando el importe actual se fija en un valor equivalente al que debía abonarse a la época en que la regulación se practicó.-
Quiebra, conservación y administración de los bienes, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL SA (EN QUIEBRA) c/ OTAMENDI, ERNESTO s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-01

Es deber-función del síndico deducir las acciones que competen a la masa, sin necesidad que su actividad sea exigida por el juez o por los acreedores. El principio no se modifica por la exigencia legal, en situaciones específicamente previstas por las normas, de requerir previamente autorización judicial, porque esto último hace al presupuesto de nacimiento de la acción, no al cumplimiento del deber resultante de la función. Si bien ello es así, la armónica interpretación de todo el plexo normativo concursal conduce a que, el funcionario aconseje al juez sobre la conveniencia y ventajas para la masa de la adopción de tal o cual medida; pues evidentemente, aún considerando que la lc: 175 otorga al síndico una facultad-deber, no puede perderse de vista que el funcionario carece de atribuciones para embarcar al concurso cuando se trate de una aventura judicial de incierto resultado.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Cicale, Juan Florencio c/ Química Hoechst S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

La ley 22.105 establece un tipo de organización mínima a la que deben ajustarse las decisiones que se adopten en el seno de las asociaciones profesionales de trabajadores, de modo tal que dichas organizaciones gremiales se encuentren facultadas para institucionalizar y estructurar en sus estatutos otros órganos sindicales al margen de los previstos en los arts. 14 y 15 de la ley -y, en su caso, del 17- y en la medida que el cargo sea de carácter gremial y representativo, debe extenderse al mismo la tutela prevista en el art. 54 de la ley.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Gervasio, Francisco Rubén; Gervasio, Julio Roberto; Fernández, Héctor Alberto s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, al denunciar transgredidos los arts. 42 y 166 inc. 2 del C.P., se limita a oponer sus propias opiniones a las conclusiones del Tribunal a través del elogio y transcripción parcial del decisorio de primera instancia, enunciando tales opiniones dogmáticamente, sobre una base que no condice con el desarrollo de la sentencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Toto, Norma B. V. y otro c/ Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

El análisis del comportamiento de las partes, en orden a la atribución de responsabilidad, constituye una cuestión privativa del tribunal del trabajo insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo acabada demostración de absurdo.
Recurso de apelación (procesal), monto mínimo, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: DI  VASTO, Marcelo Claudio c/ GUZOVSKY, Fernando Rubén y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Cuando el monto de condena es inferior al mínimo apelable previsto por el art. 242 del Código Procesal en su actual redacción por la ley 26.536, la sentencia resulta irrecurrible para la demandada y la citada en garantía, pues en dicho monto se encuentra circunscripto el interés en sus recursos.

Del voto de la mayoría (Dres. Bellucci y Areán)
Cuenta corriente bancaria, prescripción, plazo, aplicación de la ley, aplicación supletoria de la ley, cuenta corriente mercantil
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES. c/ SCHNEIDER M. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

La cuenta corriente bancaria constituye en el derecho positivo argentino, una especie próxima a la cuenta corriente mercantil. No existiendo en el Código de Comercio previsión concreta acerca del término de prescripción de las acciones emergentes de los saldos de cuenta corriente bancaria, resulta procedente la aplicación de las normas relativas a la cuenta corriente mercantil, para la cual el código de comercio: 90 establece el término de cinco años.
Seguro de vida, tasa de justicia, pago, relación de dependencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESPOSITO, FRANCISCO D. c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

De los términos de la póliza agregada, surge con toda claridad el carácter facultativo y no obligatorio de dicho seguro. Ello así, cabe concluir que la acción por cobro del seguro de vida colectivo no se encuentra dentro de la excepción contenida en el art. 13, inc.

e) de la ley 23899 que exime del abono del tributo a aquellos juicios originados en la relación laboral.
Ejecución hipotecaria, emergencia económica, cancelación de deudas, títulos públicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ GOMEZ CENTURION, José s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

Conforme lo dispone el art. 39 del decreto 1387/01, procede respecto del deudor hipotecario que no registre deudas fiscales al 30/9/01 con la AFIP, y que se encuentre en situación 3,4,5 o 6 de conformidad a la normativa del Banco Central, el derecho a cancelar su deuda bancaria, con plenos efectos liberatorios, cualquiera que fuere la entidad acreedora, mediante dación en pago de títulos de la deuda pública nacional a su valor técnico. De ahí que, acreditado el cumplimiento de tales recaudos, las razones de inconveniencia o perjuicio económico -invocadas por la entidad acreedora- no son hábiles para dejar de aplicar una normativa vigente.
Empleo público, Neuquén, Municipalidad, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAZCANO, JOSE SEBASTIÁN y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-09-08

La remuneración, retribución o sueldo es la contraprestación por los servicios o trabajos que el agente realiza. El mismo se hace acreedor a esta suma a partir de la prestación efectiva del servicio, que el Estado, por su parte, paga periódicamente. La retribución es, entonces, la ventaja patrimonial (ganancia) que se recibe del empleador como contraprestación del trabajo subordinado y, por lo tanto, toda prestación de carácter habitual y regular que percibe un empleado integra el concepto de sueldo y está sujeto a aportes jubilatorios. Al traer estos conceptos al caso analizado, la conclusión decanta naturalmente, los adicionales creados por las ordenanzas municipales se presentan como "remunerativos". Es que, la creación de los adicionales se fundó en la necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores municipales. Desde esta afirmación, es claro que la asignación otorgada importaba un incremento salarial y se perfiló como una retribución habitual y permanente para todos los agentes de acuerdo a su categoría.
Entidades financieras, sociedad cooperativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bastos, Jorge Domingo c/ E.N. (Ministerio de Economía - Sec. Acc. Cooperativa) s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

Tratándose de un banco cooperativo, las normas de derecho privado vinculadas a la naturaleza jurídica, constitución, representación, actividad directriz y fiscalización estatal de las cooperativas, exclusivamente en cuanto tales (art. 118 de la ley 20.337; 299, 306 y concordantes de la ley 19.550) resultan "prima facie" meramente supletorias de aquellas regulaciones específicas en materia de funcionamiento del sistema financiero: 20.337, 22.529 y 22.816.
Pagaré, inhabilidad de título, fianza
Materia: COMERCIAL
Carátula: NORTHRUP KING SEMILLAS  S.A. c/ CEREALES SOLSUDAMERICA  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-23

No cabe oponer la excepción de inhabilidad de título con el argumento que la fianza suscripta no comprendía instrumentos cambiarios presumiblemente causados en operaciones financieras, cuando el pagaré en ejecución, conforme a su naturaleza, y su calidad de abstracto, no describe su relación fundante.
Liquidación de entidades financieras, aplicación de la ley, Ley de Concursos, banco central, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ARGENTARIA  S.A. c/ B.C.R.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Al efectuar el Banco Central el pedido previsto en el art. 50 de la ley 21.526 -solicitud que, por otra parte no es mera facultad del liquidador sino deber (art. 236 inc. 5 ley 19.551)-, su decisión queda sometida a la ley concursal y de no concurrir los presupuestos legales la entidad recurrente podrá deducir el recurso de su art. 98 ante el Juez de Comercio, que inhibirá al Banco Central de disponer de sus bienes en virtud del art. 101 de la ley 19.551, sin perjuicio de quedar expeditas las acciones indemnizatorias.

La ley 21.526 no crea un procedimiento especial para la quiebra de entidades financieras y la solicitada por el Banco Central queda sujeta a las previsiones de la ley 19.551 con las modificaciones introducidas por aquélla que no alteran su esencia.
Poder Judicial, funcionarios judiciales, sanciones disciplinarias, independencia del fuero penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spina, Domingo Vicente c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-27

Aunque juzgados los actos ante la jurisdicción penal o civil, puedan suponerse improbados, atípicos o irrelevantes, ello de ningún modo obliga a pareja solución en jurisdicción administrativa. La particular naturaleza del servicio prestado que impone el estricto cumplimiento de las funciones asignadas, en el tiempo y forma expresamente regulados, determina que, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores, se configura una falta que afecta el prestigio de la institución involucrada, por lo cual la sanción aplicada al actor se formalizó mediante una razonable aplicación de las normas estatutarias vigentes, por lo que la decisión no puede clarificarse de manifiestamente arbitraria.
Alteración de la tranquilidad pública, contravención continuada
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V. G, R s/ Articulo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-12

En doctrina, para la existencia de la contravención continuada -ya que no existe disposición legal alguna que la regule- se habla de la necesidad de la existencia del dolo unitario o total.

Los distintos hechos que se van produciendo -unidos- conforman el querer último del agente en relación con el ilícito que finalmente consuma en su integridad. La denominada "unidad de conducta" implica, en cuanto a la voluntad del agente, el hilo conductor que vincula entre sí a cada uno de los hechos sucesivos, todos los cuales son dependientes de la resolución original, la que persiste hasta el agotamiento de la conducta por haber conseguido su finalidad.

En este sentido, debe distinguirse cuidadosamente el supuesto de la contravención continuada de aquél en el cual el sujeto activo ha tomado la genérica determinación de cometer numerosas contravenciones. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Contratos innominados, principio de apariencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Park, Héctor Santiago c/ Galia S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-16

En la indagación de las "redes contractuales" que entreteje la compleja praxis negocial de nuestros días, es menester saltar sobre la figura "aislada" y "congelada" del contrato tradicional, para descubrir en la misma dinámica de esa red y bajo los ropajes de distintos contratos coligados, una sola operación económica jurídica, a partir de la finalidad empírica unitaria e inequívoca que mediante el juego de todos ellos se persigue (en el caso la compraventa de un automotor)
Régimen penal tributario, delitos de los recursos de la seguridad social, bien jurídico protegido, obras sociales, aportes a obras sociales, ley derogada
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Power S.A.I.C.F. e I. s/ Recurso de casación - Causa n. :1169.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

La figura contenida en el artículo 41 de la ley 23.661 ha sido derogada tácitamente ya que la posterior sanción de las leyes 23.771 y 24.796, incluyó la materia regulada por dicha disposición al reprimir la evasión total o parcial de aportes y contribuciones y la omisión de depósito de los aportes retenidos -respectivamente-, correspondientes al sistema de seguridad social nacional.(Voto del Dr. Hornos).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales, defensa en juicio, ley procesal, LEY DE CONCURSOS, interpretación de la ley, quiebra, incidente de verificación, notificación automática, notificación por cédula
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FOGLIA, HECTOR D. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- RECURSO DE REVISION REFERIDO AL CREDITO RECONOCIDO A BASF ARGENTINA S.A. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 626 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Los "principios procesales" contenidos en la ley 24522, en particula r los que se indican en su artículo 273 inciso 5 para las notificaciones, no se oponen a la supletoria aplicabilidad de las reglas locales. En tal sentido, es dable recordar el voto mayoritario del fallo pleno de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, del 18 de marzo de 1981, que afirmó: "...Del examen de las normas citadas, de tipo procesal, no resulta el propósito de la ley 19.551 de suprimir normas esenciales del régimen procesal relativas a la notificación, sino y esencialmente suprimir las posibilidades de prolongamiento de los términos y plazos, en seguridad del trámite riguroso que propicia...". Este es el criterio que informan diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia d e la Nación cuando, ante supuestos similares en orden al mismo texto (art. 296 inc. 5 , ley 19551) consideró exigible la notificación por cédula respecto a la resolución dictada en los incidentes de verificación. Ello en modo alguno podría implicar un cercenamiento de las facultades de los jueces para disponer la notificación en consonancia con los principios referidos supra (art. 274, ley 24522). Pero en las circunstancias de la presente causa, en defecto de una clara directiva jurisdiccional al respecto, se imponía necesariamente acudir a la aplicación supletoria de la regla establecida en el artículo 62 inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial, que exige la notificación por cédula. Dicho criterio de integración normativa responde a una sustancial comprensión del derecho de defensa en juicio, en concordancia con el criterio jurisprudencial que afirma que "el incidente de revisión concursal lleva implícita la necesidad de una adecuada notificación de sus distintas etapas fundamentales". (De Los Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio y otros s/ denuncia apología del crimen.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La prensa sigue siendo condición necesaria para la existencia de un gobierno libre y el medio de información más apto y eficiente para orientar y aun formar una opinión pública vigorosa atenta a la actividad del gobierno y de la administración.
Convenios colectivos de trabajo, empleados de comercio, régimen jubilatorio, retiro complementario
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO c/ AMORRORTU EDICIONES  S.A. s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-30

Por acta del 21.6.91 se creó un sistema de retiro complementario, como integrado a la CCT 130/75 que complementa el régimen de previsión social que por la ley corresponde. Ello no implica la sustitución de un sistema por otro, sino que se gestó un dispositivo que unido al sistema general de previsión social que el Estado otorgue por sí o por agencias especiales, coadyuve a cubrir los ingresos del sector de pasividad, lo cual no resulta en modo alguno una distorsión al art. 14 nuevo de la CN o una asunción de competencias vedadas a la autonomía colectiva, por cuanto a esta altura del siglo, no puede desconocerse la capacidad de los sujetos del derecho colectivo para crear institutos que protejan los intereses de sus representados en el campo social, ya sea en la actividad o en la pasividad.
Medidas cautelares, obras sociales, gastos de prótesis
Materia: PROCESAL
Carátula: BERMÚDEZ, María c/ INSSJP s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Es procedente la medida cautelar que ordena a una obra social brindar cobertura a una afiliada para la adquisición de la prótesis recomendada por su médico tratante, dado que se encuentran configurados los presupuestos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, frente a valores tales como la preservación de la salud y de la vida misma.
Establecimientos asistenciales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores gastronómicos, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Ciancio, Sandra Cristina c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

Es claro que entre las actividades que tiene a su cargo el G.C.B.A. se encuentra la gestión de los hospitales públicos de su jurisdicción. Y también es claro que el servicio de alimentación y nutrición de un hospital con internación (distinto de la mera cafetería destinada a visitantes) forma parte inescindible de la actividad normal y específica propia del establecimiento. Por lo tanto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es responsable solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T.. Si bien el Estado no es una institución comercial con fines de lucro, por lo que no existe la costumbre de llamarlo "empresa", no es menos cierto que su actividad responde perfectamente a la descripción del art. 5 L.C.T.: es una "organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos". (En el caso, la sociedad demandada explotaba el servicio de comedor y nutrición del Hospital Moyano, dependiente este último del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quien se demanda solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T.). (Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría).
Sentencia condenatoria, prisión perpetua, accesorias legales, costas, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, femicidio, concurso ideal, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Navarrete, Braian Emanuel  c/  s/ homicidio doblemente agravado por la relación con la víctima y por femicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-24

Cabe condenar al imputado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación con la víctima y por femicidio -arts. 5, 29 inc. 3ro., 40, 41, 45, 54 y 80 incs. 1 y 11 del CP y arts. 373, 375 y 531 y cc. del CPP-, pues el modo en que ocurrió el hecho endilgado se encuentra acreditado así como también lo está la autoría adjudicada, es clara la presencia del dolo por cuanto el hecho de que el inculpado arrojara medio ladrillo a la cabeza de la víctima desde muy corta distancia, la derribara con su impacto y luego, ya en el piso aquélla desvanecida, se posicionara arriba y la golpeara con otro trozo de ladrillo directamente a su cabeza, constituyen elementos externos que objetivan el contenido psíquico de su comportamiento. El imputado sabía de la capacidad homicida de su conducta y quiso realizarla, buscó su resultado mortal y lo obtuvo; en otras palabras, quería matar a la víctima, desarrolló su accionar guiado por dicha finalidad y lo concretó. No es que tan sólo la quería lesionar causándole un daño en la salud, como pretende la Defensa al intentar caracterizar el suceso como un homicidio preterintencional; el medio empleado, la violencia con que lo usó, la zona a que lo dirigió y su reiteración denota a las claras el designio de matarla, agredirla hasta sesgarle su vida. Por otra parte, el aspecto subjetivo abarca asimismo la circunstancia de que el inculpado conocía que la víctima, era su ex pareja y madre de una hija menor que tenían en común.