Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-08


Autos Nº 22.236 (145.112 - 5° CIVIL) caratulados: "TCC COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. c/ Burgos Silvia Ester - Ejecutivo" En la ciudad de San Juan, a 08 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA y el señor Vocal, Dr. GILBERTO A. RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación interpuesto -en subsidio del de reposición- a fojas 58/62 en contra de la resolución dictada en fecha 10 de Marzo de 2016, recaída en autos Nº 22.236 (145.112 - 5° CIVIL) caratulados: "TCC COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. c/ BURGOS SILVIA ESTER - EJECUTIVO", originarios del Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

1. La parte actora, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y previo requerir los informes correspondientes al ANSES, Registro General Inmobiliario, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, peticiona se decrete embargo ejecutivo sobre los haberes jubilatorios que la Sras Silvia Ester Burgos - demandada - percibe, según informe de fs. 18/20.- La providencia cuestionada (fs. 52) desestimó la pretensión de embargo sobre la jubilación de la ejecutada, por considerar el Juez de la causa aplicable el régimen jubilatorio de la ley 24.241 (inembargabilidad).

Contra ese decreto la accionante deduce recurso de reposición, el que es resuelto por el Señor Juez de instancia inicial (fs. 70/73) rechazándolo. Concede asimismo el recurso de apelación deducido en subsidio.- 2. Los agravios expresados por la parte apelante, parten de la base que, el haber mensual de la demandada de $ 10.680,04, no resulta ser un salario mínimo imposible de ser afectado sin causarle un verdadero daño, que el embargo hasta un 20% no le impediría su alimentación y subsistencia.- Deduce luego la inconstitucionalidad del art. 14 inc. c) Ley 24.241, que consagra la inembargabilidad de las prestaciones del sistema de jubilaciones y pensiones, en la inteligencia de que se decrete el embargo que peticiona.- Sostiene que deduce la inconstitucionalidad de la norma mencionada, por resultar violatoria del principio consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional.

El impugnante sostiene que la inembargabilidad normada, amén de resultar contraria al principio de igualdad ante la ley, al sustraer a un determinado grupo de personas de la regla general de que el patrimonio del deudor es prenda común de sus acreedores, tiene la virtualidad de colocar a los jubilados fuera del comercio de los demás actos de la vida civil.

Recuerda que el art. 14 de la C.N. acuerda a los habitantes de la Nación, la facultad de usar y disponer de su propiedad. Por lo tanto, no es constitucional que la norma disponga que quienes hayan accedido al goce de haberes jubilatorios, se encuentren impedidos de usar y disponer sus propiedades o de afectar en garantía una porción de sus haberes jubilatorios.

Que el jubilarse no puede ser una ventaja o desventaja respecto de aquellos que se encuentran en actividad, pues tal situación altera los principios de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.), impide usar y disponer de su patrimonio (art. 14 C.N.) y afecta el derecho de propiedad de sus acreedores (art. 17 C.N.). Que por las cuestiones reseñadas, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los incs. b) y c) del art. 14 de la Ley 24.241 y, en consecuencia, hacer lugar a la petición de embargo ejecutivo sobre los haberes de la accionada.- Transcribe luego jurisprudencia en apoyo a su posición, reiterando que la norma, cuya inconstitucionalidad peticiona, lesiona el derecho de propiedad e igualdad de las partes garantizado por la Constitución Nacional y por el principio de preeminencia fijado en el art. 31, corresponde hacer lugar al embargo pretendido.- Afirma también que la demandada suscribió la solicitud de autorización con la intención de refinanciar su deuda y permitir que su mandante pudiera tomar mediante código de descuento, la cuota correspondiente del préstamo otorgado. Termina por sostener que, la autorización de descuento suscripta por la accionada, constituye fundamento suficiente de la inconstitucionalidad de la norma contenida en el art. 14 inc. c) ley 24.241; la que así solicita se declare.- 3. Planteado de este modo el recurso recordamos que la inconstitucionalidad de una ley debe declararse sólo en casos extremos y cuando ésta no admita una interpretación que la haga compatible con la Ley Fundamental.

Este tribunal en autos Nº 14.468 "Lobos de Doblas, María Ester c/ Provincia de San Juan", L. de S. Tº 69, Fº 161/163, 29/11/96, fijó como doctrina, siguiendo el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia que "la declaración de la constitucionalidad de una ley "es un remedio de excepción al que por propia naturaleza cuadra recurrir en última instancia, por lo que en el control de constitucionalidad los magistrados judiciales deben obrar con celo, mesura y prudencia, y en tanto se trata de una de las funciones más susceptibles de ser atribuidas a un tribunal de Justicia, ya que por tratarse de un acto de suma trascendencia y gravedad institucional debe ser considerado como la última ratio del orden publico" (Conf. Fallos: 364-285; 323-263; 285-295; 455 y 850)...".

Este criterio es coincidente con el plasmado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 67 y 80), al propiciar el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada.- El art. 14, inc. c) de la ley 24.241, no encuadra en esa situación, pues dicha disposición no afecta derechos constitucionales, sino que está dirigida a proteger las necesidades básicas de aquellas personas que se encuentran en situación de pasividad, lo que resulta - cuanto menos - razonable.- La C.S.J.N. ha sostenido que "no es inconstitucional el art. 14, incs. b y c de la ley 24.241, en cuanto dispone la inembargabilidad de los beneficios previsionales (cfr. sent. del 24.04.03, "Castilla, Mario c/ Rodríguez, Noemí Esther", en el que reitera la jurisprudencia sostenida en fallos 138:240; 163:276).

La ley 24.241, en el art. 14, determina el carácter de las prestaciones y en el inc. c) señala expresamente que "son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas". Esta disposición responde al especial carácter de los beneficios de las leyes jubilatorias, de naturaleza esencialmente alimentaria para el titular y su núcleo familiar, sin prever otra limitación, salvo los supuestos de excepción expresamente contemplados.

En oportunidad de resolver en autos N° 17.965 dijimos que, "corresponde precisar que el inciso c) del art. 14 de la Ley 24.241 regula textualmente que las prestaciones que se acuerden por el SIJP reúnen como característica que "son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas;...".

Este Tribunal tiene dicho que la interpretación literal de la norma, no deja lugar a hesitación, que el principio general plasmado por la ley 24.241 es el de inembargabilidad de la prestación jubilatoria ("Romero de Almazán, Ignacia c/ Chavez, Pedro - Sumario - Inc. de Ejecución de Honorarios prom. por las Dras. Mattar y Mereles" L.de A. 135 F° 119/122 - Sentencia Confirmada P.R.E. S.1ª-2006-III-471 (12/12/06)).

En idéntico sentido se pronunció la Corte de Justicia con motivo de resolver en autos Nº 3674 "Fierro, Silvia Estela c/ Moreno Antonio Vicente - Sumario - Incidente de ejec. de honor. Dr. Félix Roberto Vega Lecich y Estela Posleman- Inconstitucionalidad y Casación" (P.R.E. Sala 1° 2006 -III -401).

En definitiva, el Juez A-quo resolvió con acierto, dando respuestas a cada una de las críticas propuestas por la ahora recurrente, por lo que voto por rechazar el recurso de apelación deducido en subsidio por la ejecutante.- El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: No hacer lugar a la apelación interpuesta, con costas a la vencida (arts. 66/67 C.P.C.).

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

No hacer lugar a la apelación interpuesta, con costas a la vencida (arts. 66/67 C.P.C.).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2016; F°147/150; FECHA: 8 de noviembre de 2016 DRES.VICTORIA-RIVEROS