Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-23


Salta, 23 de mayo de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "P., B. V. vs. H., M. F. s/ incidente de aumento de cuota alimentaria" Expte. Nº 9238/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia - Orán- ; Expte. Nº - CAM - 617852/18 de esta Sala Quinta y C O N S I D E R A N D O I.- Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 156 por Sra. Asesora de Incapaces Nº 1 en representación de H. P., E., en contra de la resolución de fs. 152/155 vta. que hizo lugar al pedido de aumento de cuota alimentaria formulado por la actora a favor de la niña E. H. P., estableciéndolo en un 30% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Asimismo ordenó al demandado a abonar en concepto de cuotas atrasadas por el período que va desde la interposición de la demanda incidental -marzo de 2014- hasta febrero de 2017 inclusive, la suma de $61.128,00 (pesos sesenta y un mil ciento veintiocho). Todo, con costas al accionado. El recurso fue concedido a fs. 157.

A fs. 158/163 la recurrente presenta memorial de agravios. Manifiesta, luego de un relato sobre los antecedentes del caso, que no se encuentra discutido en autos la necesidad de aumentar la cuota alimentaria fijada en el año 2010 en el expediente Nº 1828/09, caratulado: "P., B. V. c/ H., M. F. - Alimentos", sino el quantum en la que cabe establecer el incremento.

En este sentido apunta que la decisión impugnada se aparta de la realidad alegada y probada en el proceso, al haber establecido una cuota insuficiente -según dice- para cubrir las necesidades de la menor y al haberla privado del beneficio de la Obra Social que siempre tuvo.

Destaca que resulta incorrecta la afirmación del juez de la instancia de origen en cuanto a que los ingresos del alimentante se encuentran debidamente acreditados a fs. 132, ya que lo único que prueba esa constancia -asegura- es que por renuncia de este último ha culminado la relación laboral que mantenía hasta entonces. Añade la apelante que esta circunstancia no implica asumir que el demandado no trabaja de ninguna forma, máxime -alega- si se tiene en cuenta que posee el título de Ingeniero Agrónomo y que realiza asesoramiento a empresas en tiempos en los que no está sembrando.

Asimismo señala que carece de fundamentación suficiente la fijación de una cuota en el 30% del salario mínimo vital y móvil, no habiendo razones que expliquen dicha determinación en la resolución que la establece.

Por otra parte indica que si bien en la demanda no se contempló la petición respecto a la Obra Social de la niña en razón de que a esa época esta necesidad estaba satisfecha, lo cierto es que al conocerse la renuncia del Sr. H., sí se pidió que sea garantizada la continuidad de la cobertura de salud que venía gozando la niña, en virtud del derecho a mantener el nivel de vida.

Desde esta perspectiva asegura que el derecho a la salud es fundamental en la niñez, siendo una garantía al respecto que su representada cuente con un servicio que le permita acceder a tratamientos, consultas y prestaciones cuando lo requiera, con mayor razón -dice- si se considera que los escasos ingresos de la progenitora no alcanzarían a cubrir una internación o tratamientos de ser el caso.

Sobre el punto concluye que ante la omisión de la resolución apelada de tratar este aspecto, correspondería que se deje establecido que el demandado tiene la obligación de mantener la Obra Social que le proveía a su hija.

A lo expuesto agrega que no puede asimilarse la situación del accionado a la de un simple desempleado. Se trata -asevera- de un hombre de 39 años, con formación profesional, experiencia laboral y currículum especializado, por lo que puede proveerse de recursos que le permitan vivir bien.

Precisa que resulta dudoso que con el reducido sueldo que cobraba en su momento el Sr. H. haya logrado comprar un terreno y refaccionarlo, como también arreglar el inmueble donde vive, lo que a su parecer lleva a pensar que el nombrado percibe ingresos no declarados.

De igual modo pone de relieve que resulta de público y notorio conocimiento que nuestro país ha vivido un proceso inflacionario que ha llevado a que los gastos probados por la actora en marzo de 2014 -al interponer la demanda de alimentos- no sean los mismos de hoy. Expone que la niña ha crecido y tiene mayores gastos para atender su educación. Asegura que una cuota de colegio que para entonces valía $400 va a superar los $1200 para este período lectivo. En el mismo horizonte destaca que el aumento en los servicios públicos elementales se estima en un 400%, sin contar con el transporte y los demás gastos.

Por último refiere que la cuota alimentaria fijada al 30% del salario mínimo vital y móvil (en adelante SMVM) equivale a la suma de $2.418 mensuales, lo que no alcanza para cubrir las erogaciones derivadas de la educación de la menor, gastos de alquiler, cable, luz, comida, vestimenta, transporte, etc. Propone que una cuota alimentaria justa debe supera la mitad de un SMVM.

A fs. 169 y vta. y 171/172 obran agregadas las cédulas de notificaciones a la actora y al demandado de la decisión en crisis y del traslado del memorial presentado por la recurrente, no habiendo aquellos formulado contestación. A fs. 195 y vta. dictamina el Sr. Fiscal de Cámara, propiciando que se declare inadmisible la apelación instada por ausencia de legitimación en la impugnante.

A fs. 196 se llaman autos para resolver, mediante providencia que se encuentra firme.

A fs. 197/198 y vta. la Asesora de Incapaces que actúa en esta instancia adhiere en todas sus partes al recurso deducido por su par y fundamenta la legitimación del Ministerio Pupilar para cuestionar el pronunciamiento dictado en autos.

II.- Liminarmente cabe señalar que el artículo 103 del Código Civil y Comercial prescribe que: "La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal. a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto. b) Es principal: i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales". En concordancia el artículo 56, inciso 1º de la Ley 7328 establece que los Asesores de Incapaces deben actuar ante todos lo órganos judiciales o no judiciales, como parte legítima y esencial en todo asunto contencioso o voluntario y en todo acto en los cuales se interesen las personas o bienes de sus asistidos.

Es decir que la actuación autónoma del Ministerio Público se impone cuando la representación necesaria (padres, tutores, guardadores, curadores, apoyos con facultad representativa) no ampara los derechos de la persona o los bienes del representado, por inacción, exceso o defecto de la intervención. "Si se trata de los progenitores, deberá promover el cumplimiento de los deberes a su cargo, o interponer recursos u ofrecer prueba si dentro de la causa judicial el niño/niña está indefenso" (Lorenzetti, "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo I, pág. 457/458).

La conversión de la actuación complementaria en principal surge de la necesidad de garantizar condiciones de igualdad en el acceso de los derechos del menor -vulnerable- a través de la atención especializada del Asesor de Menores. En este sentido el art. 706 del CCyC dispone que las normas que rigen el procedimiento en asuntos de familia, deben ser aplicadas de modo de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables.

Esto no resulta una novedad. Con palabras de Elena I. Highton, el alcance de las funciones de asistencia y control del Ministerio de Menores es cada vez más amplio y no se agota con la actuación dual y conjunta con el representante legal del incapaz, ya que cuando éste es omiso en el ejercicio de su función y es necesario impedir la frustración de un derecho, el Asesor de Menores será representante directo (comentario art. 59, C.C. en "Cód. Civil Comentado", Tomo 1, A, Bueres, Alberto y Highton, Elena I., Editorial Hammurabi, julio 2003, Ciudad de Buenos Aires, pág. 501. Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, "M., M. N. d. C. y otros c. 17 de Agosto S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 22/04/2015, www.informaciónlegal.com.ar).

También, desde una perspectiva sistemática no debe perderse de vista que el artículo 661 inc. c) del CCyC legitima al Ministerio Público a demandar al progenitor que falte a la prestación de alimentos. Al respecto se ha dicho que "la legitimación del Ministerio Público corresponde por lo preceptuado en el artículo 103, incisos a, y b, apartado ii, en tanto el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad es principal cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes, en el caso de los alimentos" (Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, "Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014", Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo IV, pág. 165).

Se sabe que la función del Ministerio Público no ha sido unívoca a lo largo de su historia (v. Scherman, Ida Ariana, "El rol del asesor de incapaces, los derechos del niño y la reforma constitucional", en "La familia en el nuevo derecho", obra dirigida por Aída Kemelmajer de Carlucci y coordinada por Marisa Herrera, ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, t. II, p. 325; Moreno, Gustavo, "El Ministerio Público de Menores en el Proyecto de Cód. Civil [Unificación con el Código de Comercio]", ED, 188-1072). Su intervención cobró un posicionamiento superior al que tenía a partir de la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, en especial la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño. Allí, se involucran una serie de consideraciones y adecuaciones procesales que permiten el ejercicio pleno del acceso a la justicia en razón de la edad, porque se ve a la infancia como un grupo diferente de los adultos y en tanto se trata de documentos suscriptos por el Estado éste adquiere obligaciones frente a ellos (arts. 1.1, 8, 9, 19 y 25 del primer instrumento y 2, 3.1, 5, 6 y 12 del segundo, Observación General N° 17/28 de agosto de 2002, "Condición Jurídica y los Derechos Humanos del Niño", párr. 75 incs. 22 y 23, Const. nac., Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, XIV Cumbre Iberoamericana -Doc. presentado por el grupo de trabajo a la Tercera Reunión preparatoria Andorra-, 2008).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en referencia a la necesidad de actuación del Asesor de Menores y el alcance en su determinación, "reitera que si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías procesales son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños y las niñas en el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los menores de edad, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. El tipo de medidas específicas son determinadas por cada Estado Parte y pueden incluir una representación directa o coadyuvante, según sea el caso, del menor de edad con el fin de reforzar la garantía del principio del interés superior del menor..." ("Caso Furlan y Familiares vs. Argentina", sent. del 31 de agosto de 2012, [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas], párr. 242; C.I.D.H., "Almonacid, Arellano y otros c. Chile", sent. del 26 de setiembre de 2006).

"Si la razón de los derechos del niño es asegurar sus necesidades básicas, debe pensarse en los modos en que tales exigencias serán tuteladas. No basta con una enumeración de derechos, sino que es preciso buscar los caminos para que tengan efectividad. Es decir, imaginar los mecanismos para garantizarlos, tanto desde el punto de vista asistencial como de su protección jurisdiccional" (Cecilia Grosman, "Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia", LA LEY 1993-B-p. 1089).

A la luz de los lineamientos trazados, corresponde afirmar que la recurrente se encuentra legitimada para impugnar la resolución en crisis.

III.- Sentado lo que antecede cabe precisar que la prestación alimentaria está destinada a cubrir todas las necesidades del menor, y para su determinación no existen criterios rígidos. Así, el artículo 659 del Código Civil y Comercial dispone que: "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado".Dentro del conjunto de deberes que la ley impone a los padres, se encuentra el de prestarles alimentos y educarlos (artículo 646 del Código Civil y Comercial), obligación que ambos progenitores tienen aún cuando el cuidado personal del menor esté a cargo de uno de ellos.

Se ha sostenido que debe procurarse en todo momento que los alimentados tengan cubiertas sus necesidades elementales, enumeradas en el art. 267 del Código Civil -actual 646 del Código Civil y Comercial de la Nación-, concretamente las correspondientes a manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad y que éstas deben estar adecuadamente satisfechas de acuerdo con un nivel de vida razonable y decoroso (CNCiv, sala K, La Ley, 2002-B, p. 468; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 684).También cabe recordar que el monto de la cuota de alimentos no produce cosa juzgada ya que el mismo permanece estable mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias de hecho, tanto de carácter patrimonial como de las necesidades de los alimentados, que existían cuando se fijó la cuota (Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 1975, t. II, pág. 290). En idéntico sentido se ha dicho que la cuota de alimentos es eminentemente circunstancial y variable, por lo que puede ser modificada si cambian los presupuestos de hecho sobre cuya base se estableció (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXXI, fº 482 y doctrina allí citada).

IV.- En ese marco se tiene que la demanda de alimentos fue promovida en el 11/09/2009, cuando la niña tenía poco más de tres meses de vida (cfr. fs. 02, 05/07 del expediente 1228/09 agregado por cuerda). En ese proceso se fijó una cuota alimentaria de $720 mensuales, en fecha 25/08/2010 (cfr. fs. 05/07 de las presentes actuaciones). Para establecer ese monto el sentenciante tuvo en cuenta los ingresos acreditados del demandado como ingeniero contratado por la empresa Cosmoflor S.A. ($3500), la edad de la menor y que la obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores (cfr. fs. 06 y vta. y fs. 120/121 de expediente 1228/09).

En el presente y según surge de las constancias de autos, la niña tiene nueve años de edad, concurre al Colegio Nuestra Señora del Huerto y vive con su madre (fs. 02, 75/76, 93/96). En cuanto al demandadoo, al tiempo de la promoción del incidente se encontraba trabajando en relación de dependencia para la empresa Basso Semillas Seed y abonaba la obra social OSDE para él y la menor (cfr. fs. 132 y 63/66). Sin embargo, el 30/06/2015 renunció a ese empleo (cfr. fs. 132), no obrando prueba sobre su situación laboral actual.

La apelante plantea, en lo sustancial, por un lado, la insuficiencia de la cuota fijada en un 30% del SMVM y, por el otro, la omisión de establecer que el accionado tiene la obligación de mantener la Obra Social que le proveía a su hija.

V.- En cuanto a lo primero, es sabido que al aumentar la edad de los alimentados, aumentan consecuentemente sus necesidades. Reiteradamente se ha dicho que la determinación del quantum de la cuota alimentaria debe contemplar la edad del alimentado, necesidades y desarrollo socio cultural (CNCiv, Sala M, 17/02/97, La Ley, 1997 - C-499). En igual sentido se ha sostenido que la mayor edad de los menores hace presumir un aumento de los gastos referidos a educación, alimentación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación (Cámara Civil y Comercial de San Nicolás, 17/07/07, lexis nexis online, nº 70040753; CNCiv, sala F, La Ley, 1997-C, 989).

Aquí cabe recordar que la cuota debe guardar relación con las necesidades que tiende a cubrir y la aptitud del obligado para cumplir tal finalidad, aunque con la prevención de que no corresponde escatimar esfuerzos o medios que conduzcan al pleno cumplimiento de la obligación (CNCiv, Sala C, 09/12/2004), y que la insuficiencia de ingresos no releva al progenitor de cumplir adecuadamente con su obligación, pues se encuentra constreñido a trabajar de tal manera que pueda procurarse los recursos necesarios con el objeto de dar satisfacción a los deberes derivados de la patria potestad (CNCiv, Sala C, 23/03/2005, "G. L. C. y otros vs. R. G. M", La Ley Online).

Además la jurisprudencia coincide en que a efectos de determinar la cuota alimentaria no es necesario que la justificación de los ingresos del obligado resulte de prueba directa, ya que la meramente indiciaria alcanza para tal propósito en la medida en que no se trata de la demostración exacta de la ganancia que el alimentante obtiene de su trabajo o de sus inversiones, sino de contar con un mínimo de elementos que permitan ponderar sus posibilidades de contribución para satisfacer las necesidades de los hijos (CNCiv, Sala A, 29/04/2002, "H. R., R. de la C. y otro vs. D., M. M.", La Ley 2002-C-626).

Bajo tales premisas y poniendo la mirada en las circunstancias de estos obrados, debe repararse en que han transcurrido desde la sentencia de alimentos a la fecha casi ocho años; que en ese lapso la niña se ha escolarizado, ha variado la dieta alimentaria, ha avanzado en su socialización, con todas las consecuencias económicas que de estos cambios derivan.

Y, el alimentante, aún cuando haya renunciado a su empleo, es una persona en plena edad productiva y tiene un título profesional de Ingeniero Agrónomo. Bossert tiene dicho que la renuncia al empleo no exime al alimentante de su obligación. "En principio, tal renuncia permite presumir que el demandado tuvo a la vista otro trabajo mejor remunerado que, por más que no se pruebe, estaría realizando; pero aun cuando esa presunción no quepa por las circunstancias de la causa, tampoco ha de servir de excusa, pues el deber del progenitor es proveer el alimento de los hijos menores realizando los esfuerzos que fueran necesarios, y no puede eximirse de él mediante un acto unilateral, por él decidido" (Bossert, Claudio A., "Régimen jurídico de los alimentos", Astrea, 2000, Buenos Aires, pág. 2009). A lo que cabe añadir que la base del cálculo para la cuota está constituida por los ingresos regulares que el demandado podría obtener conforme a su capacitación laboral, edad, estado de salud, etc. (ob. cit. págs. 207/209).

Así las cosas, la estimación del quantum en un 30% del SMVM aparece insuficiente para atender las necesidades de la menor, debiendo a su vez considerarse la situación del accionado y el carácter compartido de la obligación alimentaria.

En este horizonte, teniendo en cuenta todos los elementos descriptos en los párrafos que anteceden se estima equitativo aumentar la cuota fijada en el 45% de un SMVM.

VI.- En relación al segundo punto de los agravios, le asiste razón a la apelante respecto a que corresponde establecer que conjuntamente con la cuota alimentaria determinada, el demandado debe satisfacer la cobertura de salud al nivel de la proporcionada durante el vínculo laboral extinguido por su renuncia. Se trata de garantizar el mantenimiento del status alcanzado por la niña, siendo que la mera privación de bienes materiales dispuesta por decisión unilateral, en tanto no responda a criterios razonables o motivos pedagógicos, debe ser corregida en la fijación de la cuota alimentaria (Bossert, ob. cit., pág. 201).

VII.- Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar a la apelación deducida y, en consecuencia modificar el punto I) de la resolución de fs. 152/155 vta. dejando establecido que la cuota alimentaria que el Sr. H. debe a favor de la niña E. H. P. asciende al 45% de un Salario Mínimo Vital y Móvil, más el pago de la cobertura de salud en los términos del considerando VI de la presente. Asimismo y atento al modo en que se decide, corresponderá reformular el cálculo de las cuotas atrasadas reconocidas en el punto II) del resolución apelada.

VIII.- Las costas se imponen al demandado en virtud del principio objetivo de la derrota.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 156 y, en consecuencia modifica el punto I) de la resolución de fs. 152/155 vta. dejando establecido que la cuota alimentaria que el Sr. H. debe a favor de la niña E. H. P. asciende al 45% de un Salario Mínimo Vital y Móvil, más el pago de la cobertura de salud en los términos del considerando VI de la presente. Asimismo y atento al modo en que se decide, corresponderá reformular el cálculo de las cuotas atrasadas reconocidas en el punto II) de la resolución apelada. Con costas al demandado.

II.- REGISTRESE, notifíquese y REMITASE.

SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: SOLEDAD FIORILLO DE LOPEZ - ALFREDO GOMEZ BELLO. SECRETARIA: DRA. EUGENIA FLEMING. SALA V T. XXXVIII-I Fº867/878. 23/05/18.