Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-30


SENT Nº 611	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta (30) de Junio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Atenor Hno. S.R.L. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 278/286, la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia Nº 600 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de diciembre de 2007 (fs. 270/274), el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el 816 in fine del CPCyC (ver fs. 287, 291 y 292/294), es concedido mediante resolución Nº 501 dictada por el mismo tribunal en echa 11 de julio de 2008 (fs. 299).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Habida cuenta que el recurso ha sido interpuesto tempestivamente (cfr. art. 816 del CPCyC), que se encuentra dirigido contra una sentencia definitiva (cfr. art. 813 inc. a del CPCyC), que está fundado en una supuesta infracción a normas de derecho por parte del fallo en cuestión (cfr. art. 815 del CPCyC), que se basta a sí mismo en relación al motivo de agravio y contiene cita de la doctrina que a criterio de la recurrente es la correcta (cfr. art. 816 del CPCyC), y se dio cumplimiento con el depósito previsto por el artículo 817 del CPCyC (ver fs. 277), considero que el recurso de casación intentado en la especie deviene admisible, por lo que corresponde a continuación abocarse al estudio de su procedencia.

III.- La sentencia en crisis hizo lugar a la demanda promovida por la razón social ATENOR HNO. S.R.L. contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del artículo 120 del Código Tributario Municipal, modificado por la Ordenanza Nº 3032/01, y condenó a la demandada a restituirle a la actora la suma de $107.049,12 (Pesos: ciento siete mil cuarenta y nueve con doce centavos) que esta en total habría pagado indebidamente en concepto de la gabela denominada TACIS, regulada por la citada normativa municipal, por los períodos comprendidos entre el 31-10-2000 y el 25-02-2005, con más los intereses que resulten liquidados de acuerdo a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, desde que cada uno de los pagos fue realizado y hasta la fecha de la restitución del dinero en efectivo o bien hasta la fecha de emisión de los respectivos títulos públicos si correspondiera esta última modalidad de cancelación de la deuda.

Para así resolver el tribunal a quo consideró que del examen de los propios términos de la norma impugnada surge que los servicios municipales que en ella se contemplan están referidos a toda la población, sin que aparezcan directa y exclusivamente vinculados con el sujeto pasivo obligado al pago (uti singuli), por lo que en tal sentido resulta vulnerado el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y excedido el marco delimitado a los municipios por el inciso 1º del artículo 114 de la Constitución de Tucumán de 1990, en virtud del cual los recursos municipales se forman con las tasas que se fijen por servicios efectivamente prestados.

En ese último sentido, concluyó que las modificaciones introducidas por la Ordenanza Nº 3032/01 dejaron subsistentes las características observadas por esta Corte respecto del PACIS (Ordenanza Nº 2018/92), en lo referente a la inclusión de servicios generalizados, tendientes a beneficiar y preservar a la comunidad toda (vgr. control de higiene, salubridad, moralidad y preservación del ambiente; organización y coordinación del tránsito vehicular, peatonal y transporte público), y que, por lo tanto, no resultan exclusivos ni particularizados en el contribuyente obligado al pago del tributo, lo cual resulta irrazonable si lo que tipifica la norma es una tasa.

IV.- Afirma la recurrente que la sentencia incurre en arbitrariedad, al omitir toda consideración de prueba que resultaba esencial para la resolución de la cuestión debatida, tales como las actas de inspección labradas en el local comercial de la actora, sobre la base de las cuales -según afirma- jamás se podría haber llegado a la conclusión de que no existía un servicio particularizado en el contribuyente, no vinculado directamente a este.

Sostiene también que la interpretación que en la sentencia en crisis se hace de la norma atacada por la actora (artículo 120 del Código Tributario Municipal, modificado por la Ordenanza 3032/01) se aparta inmotivadamente del criterio rector fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual -en opinión de la recurrente- no ofrecería duda acerca de la insoslayable constitucionalidad de las tasas municipales por salubridad, seguridad, moralidad, higiene, etc. En este sentido, cita lo resuelto por el Alto Tribunal del país en los autos "S.A. Frigorífica Cía. Swift de La Plata c. Nación Argentina" (sentencia del 11-10-1961, Fallos 251:50, en cuyo considerando 3º se hace referencia Fallos 192:139 y sus citas; Fallos 225:703; Fallos 234:663; Fallos 236:22; Fallos 241:276; Fallos 248:285) y "Telefónica de Argentina c. Municipalidad de Chascomús" (sentencia del 18-4-1997, Fallos 320:619).

Cuestiona que la decisión de la Cámara se funde en una norma derogada como lo es el artículo 114 de la Constitución de Tucumán de 1990 y no considere el texto constitucional vigente a partir de la reforma de 2006, que ha ampliado las potestades recaudatorias de la Administración municipal al establecer expresamente que los recursos municipales se formarán también con lo recaudado en concepto de cualquier otro ingreso que derive del ejercicio del Poder de Policía (art. 135, inc. 2).

Objeta que el tribunal a quo acogiera la acción de repetición de pago basándose únicamente en la inconstitucionalidad del tributo, pues de ese modo ha omitido como otro requisito necesario que la actora demuestre un menoscabo patrimonial o el empobrecimiento sufrido por la aplicación de la gabela de marras. Tal omisión descalifica la sentencia en crisis como acto judicial válido por no ajustarse a la doctrina jurisprudencial, de antigua data sobre la materia aunque -a entender de la recurrente- recientemente retomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual para que prospere la repetición la demandante debe probar que el tributo no ha sido trasladado al precio del bien o servicio que produce o comercializa. En orden a este punto cita lo resuelto por la Corte Nacional en los autos "Mellor Goodwin Combustion S.A. c. Gobierno Nacional" (sentencia del 18 de octubre de 1973, Fallos 287:79), y en otros precedentes de los años 1974 y 1975 que reproducen el criterio allí seguido, el cual en opinión de la demandada habría sido retomado por el Alto Tribunal de la Nación en los autos "Nobleza Piccardo S.A.I.C. c. Estado Nacional" (sentencia del 5 de octubre de 2004, Fallos 327:4023).

Como otro agravio expresa que la sentencia recurrida ha omitido lisa y llanamente todo tratamiento y resolución de la defensa opuesta por su parte en oportunidad de alegar de bien probado, y que debió analizar en virtud del principio iura novit curia por traducirse, en definitiva, en la aplicación al caso de la ley vigente, consistente en la falta de acción expedita de la parte actora para comprometer en juicio a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, exigiéndole la repetición de tributos con fundamento en una futura y eventual declaración de inconstitucionalidad que a la fecha de la traba de la litis no se había producido.

Sostiene también que el a quo ha omitido efectuar referencia alguna a la defensa deducida por su parte en el sentido que la pretensión de repetición de la actora abarcaba a montos abonados en períodos durante los cuáles se encontraba vigente otro tributo distinto del TACIS, cuya constitucionalidad no fue controvertida en la litis.

Finalmente cuestiona que, apartándose del criterio rector según el cual no corresponde la aplicación de intereses reclamados por pagos realizados en períodos anteriores si no se efectuó oportunamente en cada recibo la expresa reserva de reclamar los intereses (invoca el art. 624 del Código Civil), la sentencia de la Cámara mande a pagar los intereses respectivos desde la fecha en cada uno de los pagos fueron realizados y no desde la fecha de notificación de la demanda.

V.- Varias son las cuestiones de derechos que encierran los agravios que la demandada esgrime en sustento de su recurso, por lo que a continuación paso a ocuparme de cada una ellas.

V.1.- ¿Asiste razón a la recurrente cuando afirma que la interpretación que hace la Cámara para declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza 3.032/01 contraría el criterio rector fijado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación?	La respuesta negativa se impone desde que ha sido la propia Corte Nacional quien, en la causa "Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán s/ recurso contencioso administrativo y acción de inconstitucionalidad" (Fallos 312:1575), a la cual precisamente se hace referencia en la sentencia en crisis, se encargó de aclarar que "todos los precedentes citados [por la demandada (Fallos 251:50 y sus citas)] presuponen empero la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos 236:22)".

Tampoco puede decirse que la decisión recurrida se opone a lo resuelto por el Alto Tribunal del país en la causa "Telefónica de Argentina c. Municipalidad de Chascomús" (Fallos 320:619) pues se trata de cuestiones sustancialmente diferentes. En efecto, mientras que en la especie la declaración de inconstitucionalidad se funda en que la Ordenanza 3.032/01 quebranta el principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional y, fundamentalmente, excede del marco delimitado a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por el inciso 1º del artículo 114 de la Constitución provincial de 1990, en el precedente que trae a colación la recurrente el asunto era distinto ya que giraba en torno a determinar si las tasas que la Municipalidad de Chascomús le cobraba a una empresa de telefonía pertenecen a la esfera de las facultades locales -en el caso, municipales- no delegadas a la Nación, o si, por el contrario, aquellas connotan un avance sobre un ámbito de naturaleza federal, al superponerse con el servicio que asume la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que, en consecuencia, excluye por completo la posibilidad de una competencia concurrente sobre la materia allí debatida (cfr. considerando nº 8).

Dicho de otro modo, el supuesto de autos, donde se declaró la inconstitucionalidad de una norma sancionada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por fijar un determinado tributo (no vinculado) que la Constitución de Tucumán de 1990 no autorizaba a percibir al municipio capitalino, no es identificable con el precedente donde la Corte Nacional se limitó a descartar la existencia de conflicto entre una ordenanza de la Municipalidad de Chascomús y las disposiciones federales que regulan la materia de comunicaciones con el argumento que las obligaciones que la primera impone a la empresa por los servicios administrativos vinculados con el empleo de un inmueble ubicado en su ámbito jurisdiccional, no está en pugna con las últimas, que rigen intereses, derechos y deberes de otra naturaleza, directamente inherentes a la condición jurídica de empresa de comunicaciones de telefonía (cfr. considerando nº 12).

En suma, y tal como surge paladinamente de la confrontación de ambos fallos reseñados, atendiendo a sus respectivas materias controversiales, media entre ellos caracteres peculiares que los perfilan con singularidad esencialmente diferente que repele identificarlos y siquiera asemejarlos análogamente. Es por ello que la doctrina que sustenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Telefónica de Argentina c. Municipalidad de Chascomús", no resulta de aplicación en el sub examine.

V.2- ¿Incurre en infracción la sentencia de la Cámara al basarse en el texto constitucional de 1990 y prescindir de la reforma que tuvo lugar a partir del año 2006?	Tampoco le asiste razón en este punto a la demandada por cuanto en modo alguno puede reprochársele al tribunal a quo el haber efectuado el test de constitucionalidad de la Ordenanza 3032/01 bajo el prisma del artículo 114 inciso 1º, de la Constitución de Tucumán de 1990, toda vez que era esta -y no la Constitución de 2006- la ley suprema que se encontraba vigente al tiempo de sancionarse la referida normativa municipal en cuya virtud se dieron en pago las sumas que la actora pretende repetir a través de la presente acción.

En nada obsta a la decisión de la Cámara la ampliación de las potestades municipales que en materia tributaria connotó el agregado hecho al artículo 135 de la Constitución provincial a partir de la reforma del año 2006, pues esta norma no resulta de aplicación al supuesto de autos ya que "los efectos producidos por una situación jurídica con anterioridad a la nueva ley, son regidos por la ley antigua, en virtud del principio de la irretroactividad que pone un límite al efecto inmediato" (Moisset de Espanés, Luis, La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 (Código Civil) (Derecho Transitorio), Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, p. 19).

V.3.- ¿Deviene en arbitraria la sentencia recurrida por no considerar las actas de inspección ofrecidas como prueba por la demandada?	Es del caso recordar que la valoración y selección de las pruebas atendibles para resolver la cuestión planteada es privativa de los jueces de grado, y que la mera discrepancia con la valoración de las pruebas que ha realizado el tribunal a quo, no es revisable por esta vía, a menos que se acredite violación de las reglas de la sana crítica o manifiesta arbitrariedad que implique un liso y llano apartamiento de la preceptiva adjetiva y de fondo que domina la cuestión sometida a juzgamiento (cfr. esta Corte en sentencia Nº 966 del 27-12-1996 in re "Véliz Víctor Manuel vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Cobro de australes" y su cita; sentencia Nº 279 del 28-4-2003 in re "Fajardo José Dionisio vs. Fuerza Republicana s/Incumplimiento Contractual" y sus citas; sentencia Nº 847 del 22-10-2004 in re "Graneros Juan Luis y o. vs. Las Heras Juan José y o s/Daños y perjuicios" y sus citas, entre muchas otras).

En ese contexto, una simple lectura del acto jurisdiccional en crisis y su confrontación con el contenido de las actas de inspección a la que alude la recurrente (ver cuadernos de prueba números 3 y 4 de la demandada) basta para desestimar el agravio que se intenta en este punto. Ello es así por cuanto, si la sentencia llega a la conclusión que la Ordenanza 3.032/01 deviene inconstitucional a la luz del artículo 16 de la Constitución Nacional y del mentado artículo 114, inciso 1º, de la Constitución de Tucumán, en razón de que la normativa municipal incluye servicios generalizados, tendientes a beneficiar y preservar a la comunidad toda, y que, por lo tanto, no resultan exclusivos ni particularizados en el contribuyente obligado al pago del tributo, no se advierte la necesidad de valorar una documentación (actas de inspección y actas de infracción) que no hace otra cosa más que acreditar que el Municipio presta los servicios tipificados en la norma (vgr. control de higiene, salubridad, moralidad y preservación del ambiente; organización y coordinación del tránsito vehicular, peatonal y transporte público), los cuales, precisamente por estar referidos a toda la población (uti universi), no guardan vinculación directa y exclusiva con el sujeto pasivo obligado al pago (uti singuli).

En definitiva, la omisión a la que alude la demandada no alcanza para considerar que el criterio de la Cámara revele un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio, por lo que no resulta atendible el reproche que la recurrente intenta en este sentido (cfr. esta Corte en sentencia N° 137 del 14-3-2000 in re "Pérez Rossana Pía del Valle vs. Camatu S.A. y otro s/Despido" y sus citas, entre otras)	V.4.- ¿Es objetable la decisión de acoger la acción de repetición de pago de una gabela municipal sin exigirle a la actora que demuestre no haber trasladado el tributo al precio del bien o servicio que produce o comercializa?	La recurrente sostiene que el modo en que la Cámara ha resuelto la cuestión planteada descalifica la sentencia impugnada por no ajustarse a la doctrina jurisprudencial que la Corte Nacional fijara por el año 1973 en el precedente "Mellor Goodwin Combustion S.A. c. Gobierno Nacional" (Fallos 287:79), la que -al decir de la demandada- habría sido retomada por el Alto Tribunal de la Nación a partir del año 2004, en la causa "Nobleza Piccardo S.A.I.C. c. Estado Nacional" (Fallos 327:4023).

Cabe reparar, sin embargo, que la solución a la que llega la Corte Nacional en el mentado precedente "Nobleza Piccardo" no importó un examen de los recaudos propios de procedencia de la acción de repetición en materia tributaria y, por ende, en modo alguno significa que el Tribunal haya adherido al criterio que surge de "Mellor Goodwin" (cfr. considerando 9 del voto mayoritario en la primera de las causas citadas).

Mal puede, entonces, sostenerse como un principio que a quien acciona por repetición en materia tributaria le corresponde probar que no ha trasladado a terceros el peso de la gabela respectiva. En todo caso, si el Fisco demandado alega como defensa que tal traslado ha tenido lugar será éste y no la parte actora quién deberá cargar con la prueba pertinente, por ser esa la regla que consagra el ordenamiento procesal vigente (cfr. art. 308 del CPCyC).

En ese sentido, adviértase que en "Nobleza Piccardo" la actora había fundado su pretensión de repetición en que la aplicación de la norma en cuestión le producía una afectación de su derecho de propiedad, garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, y que el Tribunal consideró inexistente tal lesión constitucional en mérito a que en la causa se encontraba fehacientemente probado, a través de una pericial contable, que el impuesto que la razón social actora había ingresado al Fisco integraba el precio de venta de los cigarrillos que aquélla comercializa (cfr. considerando 7 y 8 del voto de la mayoría).

Al no existir en la especie prueba alguna que acredite que la demandante transfirió a terceros la carga de la gabela cuestionada y dado que ello no se presume habida cuenta que, a diferencia del supuesto de "Nobleza Piccardo", los de autos consisten en tributos que por su naturaleza en principio no son trasladables, el agravio que el Municipio esgrime en este sentido carece de todo sustento.

V.5.- ¿Puede censurársele al fallo recurrido el no haber tratado la defensa que el Municipio opusiera al alegar de bien probado, consistente en una supuesta falta de acción expedita de la parte actora para demandar la repetición de tributos sin contar con una sentencia que previamente haya declarado la inconstitucionalidad de la normativa municipal respectiva?	Al respecto hay que decir que la sola circunstancia de que la sentencia en crisis haya omitido toda consideración de lo alegado por la demandada en este punto no la descalifica como acto jurisdiccional válido, por cuanto el tribunal a quo no estaba obligado a tratar una excepción de fondo que no fue incoada en la oportunidad procesal que la ley de rito fija a ese fin (contestación de demanda), máxime cuando como consecuencia de tal extemporaneidad no se pudo cumplir con el traslado que el artículo 41 del CPA prevé a los fines de resguardar debidamente el derecho de defensa de la parte actora.

Sin perjuicio de que lo dicho resulta suficiente para desestimar el agravio de la recurrente, no quiero dejar de señalar lo desacertado de sostener la imposibilidad de accionar por repetición en materia tributaria con fundamento en la inconstitucionalidad de la norma reguladora de la gabela en cuestión, pues estamos hablando, justamente, del supuesto clásico donde la cuestión constitucional es introducida con el fin de hacer viable la pretensión principal (en el caso la de repetición), tal como acontece, verbigracia, cuando se demanda la anulación de un acto administrativo y tal pretensión impugnativa se funda exclusivamente en la alegación de inconstitucionalidad del precepto legal que aplica aquel acto (supuesto del art. 13, inciso c, del CPA).

V.6.- ¿Resulta atendible el agravio relativo al modo en que la sentencia en crisis manda a pagar los intereses respectivos?	No puede soslayarse la liviandad con la que la recurrente ha formulado su agravio en este punto, habida cuenta que el Municipio se limita a hacer referencia a un supuesto criterio jurisprudencial de la Cámara en lo Contencioso Administrativo según el cual los intereses se deben desde la fecha de notificación de la demanda, pero sin indicar siquiera un precedente de la Sala IIª donde se hubiere seguido tal criterio, que autorice a pensar en la existencia de pronunciamientos contradictorios por parte del a quo.

Del mismo modo cabe observar que la norma invocada por la Municipalidad en sustento de la posición que propicia nada tiene que ver con la materia en cuestión. En efecto, el artículo 624 del Código Civil regula el supuesto del acreedor que recibe el pago del capital sin hacer reserva alguna sobre los intereses, el cual no guarda analogía y, por ende, no resulta aplicable al caso de autos donde estamos hablando de la obligación del que recibió en pago aquello que no se le debía; situación esta última regulada en el Libro II, Sección I, Título XVI, Capítulo VIII, artículos 786/788, del Código Civil.

En síntesis, dado la inconsistencia del agravio intentado por la demandada, que no alcanza a demostrar en este punto infracción a derecho alguna por parte del fallo recurrido, el recurso de casación tampoco puede prosperar en este sentido.

V.7.- ¿Le asiste razón a la demandada en su agravio relativo a que el a quo ha omitido efectuar referencia alguna a la defensa deducida por su parte en el sentido que la pretensión de repetición de la actora abarcaba a montos abonados en períodos durante los cuáles se encontraba vigente otro tributo distinto al que fue declarado inconstitucional en la causa?	La sentencia de la Cámara hizo lugar a la pretensión encaminada a la restitución de lo abonado por la actora en concepto de TACIS, partiendo de la base que como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza 3032/01 -específicamente de su artículo 1º-, efectuada en el mismo acto jurisdiccional, los pagos que se hubieren realizado en tal sentido devienen indebidos y, por ende, el sujeto pasivo que los satisfizo tiene derecho a repetir las sumas así dadas.

En ese contexto, y previa referencia a las boletas de pagos ofrecidos como prueba en la causa, condenó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a restituirle a la razón social demandante la suma de $107.049,12 (Pesos: ciento siete mil cuarenta y nueve con doce centavos). Tal como surge del fallo en crisis, dicho monto representa el total de los pagos que ATENOR HNO. S.R.L. hiciera por los períodos fiscales comprendidos entre el 31 de octubre de 2000 y el 25 de febrero de 2005.

Ocurre, sin embargo, que la modificación que la Ordenanza 3.032/01 introdujo al artículo 120 del Código Tributario Municipal, no entró en vigencia sino a partir del 12 de junio de 2001, por ser éste el día siguiente al de su publicación (cfr. art. 7 de la Ord. 3032/01). Mal puede, entonces, incluirse en el monto de la condena sumas de dinero que corresponden a pagos efectuados en períodos (octubre/2000 a mayo/2001) durante los cuales no estaba vigente el TACIS, sino otra gabela distinta (el PACIS, regulado por Ordenanza 2018/92) cuya constitucionalidad no fue controvertida en la litis y, por ende, a su respecto no resultaba aplicable lo dicho respecto del TACIS.

En mérito a ello corresponde hacer lugar, en lo que a esta cuestión se refiere y con devolución del depósito de ley (cfr. criterio de esta Corte en sentencia nº 99 del 27/02/2006 in re "Lamendola de Mendoza María Carmen del Valle vs. Sie S.R.L. s/Daños y perjuicios"), al recurso de casación promovido por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sobre la base de la siguiente doctrina legal: "No resulta ajustada a derecho la sentencia que, haciendo lugar a una pretensión de repetición de lo abonado en concepto de una tasa municipal con fundamento en la inconstitucionalidad de la ordenanza respectiva, incluye indebidamente en el monto que manda a devolver sumas de dineros pagadas en períodos durante los cuales estuvo en vigencia una gabela anterior, distinta a la que ha sido declarada inconstitucional en la causa".

En consecuencia, casar parcialmente el punto I de la sentencia Nº 600 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de diciembre de 2007 (fs. 270/274) y dictar como sustitutiva la siguiente: "HACER LUGAR a la demanda promovida por ATENOR HNO. S.R.L. contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en consecuencia, DECLARAR la inconstitucionalidad en relación a este caso del artículo 120 del Código Tributario Municipal, según modificación introducida por Ordenanza Nº 3032/01, y condenar a la demandada a restituirle a la razón social actora la suma que resulte de la liquidación a practicar por la demandante en la etapa de ejecución de sentencia, en base a las boletas de pago de TACIS (con exclusión de los importes referidos a la gabela Publicidad y Propaganda), que obran en la causa, correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre junio de 2001 a febrero de 2005, con más los intereses que fueron considerados".

VI.- Habida cuenta la proporción en que prospera el recurso, las costas de esta instancia recursiva se imponen a la demandada (cfr. art. 109 in fine del CPCyC, de aplicación en la especie en virtud de lo previsto por el art. 89 del CPA).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 308/309, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación planteado por la demandada, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, contra la sentencia Nº 600 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de diciembre de 2007, que obra a fs. 270/274 de autos, conforme lo expresado en los puntos V.1., V.2., V.3, V.4, V.5 y V.6 del considerando.

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, con devolución del depósito de ley, al recurso de casación interpuesto por la demandada, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, contra la sentencia Nº 600 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de diciembre de 2007, que obra a fs. 270/274 de autos. En consecuencia, casar parcialmente el punto I de la parte resolutiva del mencionado acto jurisdiccional, conforme a la doctrina legal enunciada en el punto V.7 de este considerando, y dictar como sustitutiva la siguiente: "HACER LUGAR a la demanda promovida por ATENOR HNO. S.R.L. contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en consecuencia, DECLARAR la inconstitucionalidad en relación a este caso del artículo 120 del Código Tributario Municipal, según modificación introducida por Ordenanza nº 3.032/01, y condenar a la demandada a restituirle a la razón social actora la suma que resulte de la liquidación a practicar por la demandante en la etapa de ejecución de sentencia, en base a las boletas de pago de TACIS (con exclusión de los importes referidos a la gabela Publicidad y Propaganda), que obran en la causa, correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre junio de 2001 a febrero de 2005, con más los intereses que fueron considerados".

III.- COSTAS de esta instancia recursiva como están consideradas.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.