Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-18


AUTOS Nº 8981 - "GONZALEZ SISTERNA Carlos Ariel C/ Autotransportes San Juan Mar Del Plata S.A. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil trece, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Lucía E. Daroni de Pontoriero y Miguel Ernesto Novoa, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 8981, caratulados: "GONZÁLEZ SISTERNA CARLOS ARIEL C/ AUTOTRANSPORTES SAN JUAN MAR DEL PLATA S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por interlocutoria de fs. 332/333 de autos, este Tribunal cambió el efecto conque había sido otorgado el recurso de apelación contra la decisión de fs. 305/396, disponiendo que lo sea con efecto diferido; razón por la cual las partes piden que se tenga por fundado (fs. 314) y contestado (fs. 317/320) aquél recurso y se decida en esta oportunidad.

Que contra la sentencia definitiva de fs. 494/504, se alza la demandada mediante el recurso de apelación de fs. 510/514 de autos, el que fue contestado a fs. 321/326.

Que a fs. 532 consta la intervención del Ministerio Fiscal; a fs. 533 el llamamiento de autos para resolver; y a fs. 534 el resultado del sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dra. Daroni de Pontoriero.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada, contra la interlocutoria de fs. 305/306 de autos? Segunda cuestión: Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la accionada contra la sentencia definitiva? Tercera cuestión: Costas? SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en la sentencia interlocutoria aludida, el A-quo desestimó la caducidad promovida por la demandada, con sustento en que: 1) Los plazos de caducidad no corren luego de finalizado el plazo de prueba, conforme art. 275 del CPC. 2) en cuanto al transcurso del plazo de caducidad entre las actuaciones de fs. 277 y 278, el mismo resulta purgado por los actos procesales de fs. 279 , 280 y ss., que han quedado consentidos por la demandada.

Que contra dicho resolutorio se alza la accionada mediante el recurso aludido, discrepando con el mismo, en tanto entiende que: 1) Acusó la caducidad como operada entre la actuación de fs. 277 y de fs. 278, que no se encuentra consentida por su parte, como lo afirma el sentenciante. 2) Tal consentimiento no resulta de autos, pues el expediente estuvo paralizado más de tres meses y se le debió notificar, en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 135 inc. 8 del CPC., de aplicación. Dicha impugnación fue respondida por la contraria, resistiendo la pretensión demandada.

Que con relación al recurso de apelación se ha sostenido: "Si el recurrente se desentiende totalmente del principal argumento de la sentencia y dada la autonomía y definitividad que tiene la cuestión tratada en él, resulta innecesario tratar el agravio traído en recurso, por cuanto aún cuando fuese procedente, la sentencia sería válida (P.R.E. 1988 Sala Segunda, T.1) y es que el fin del recurso extraordinario (el de apelación también) es la sentencia definitiva (J.S.J. 1981 - 129/130) y el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustenten la conclusión, bajo el riesgo de considerar firmes, con la inmutabilidad de la cosa juzgada, esos puntos de la sentencia o consideraciones no rebatidas(P.R.E. 1968 - 121/123).

Que haciendo aplicación de la doctrina judicial al caso en examen, se advierte que la recurrente no se ha hecho cargo del principal argumento de la decisión, que le confiere sustento, esto es: que el plazo de la caducidad no corre luego de finalizado el de prueba. Por tal razón, entiendo que la decisión ha quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, debiendo desestimarse la impugnación deducida.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en la sentencia definitiva, se desestima la pretensión de la actora de anular el despido por haberse producido con discriminación hacia su persona; pero se hace lugar a la acción subsidiaria, para que se lo indemnice y abonen los rubros e importes que corresponden, por despido injustificado. Fundamentó su decisión el Inferior en que: 1) La demandada despide al trabajador por comunicación de fecha 30/10/07, recibida por aquél en fecha 02/11/2007, por gravísima falta producida el día 24/01/07 en la Terminal de Mendoza, mientras prestaba tareas de chofer de larga distancia, consistente en haber agredido a pasajeros que se encontraban en la plataforma de arribo, al discutir y golpear, lo que constituye una conducta imperdonable, que consta en el sumario Penal N° 431/07, de la Cría. 25 Guaymayen, Mendoza, Segunda Fiscalía Correccional de la Primera circunscripción judicial de la Provincia mencionada, en el que se le imputa la dependiente el delito de lesiones art. 89 del CP.. Todo de lo cual ha tomado debido conocimiento recién el día 26/10/07, al acceder a copias completas del expediente penal mencionado. 2) El trabajador rechazó el despido por improcedente. 3) En el supuesto de disolución del vínculo contractual, es necesario que se den tres requisitos, para que el mismo sea jurídicamente válido; siendo uno de ellos el de la contemporaneidad entre la falta y la sanción. 3) De las pruebas arrimadas a la causa resulta que el hecho ocurre el día 24/01/07 y que la demandada ha tomado conocimiento del mismo el día 30/01/07, tal como surge de la comunicación de fs. 79, dirigida al gerente de la demandada y de las declaraciones de los testigos de fs. 165/196 y 267, puesto que manifiestan que los directivos de la empresa tuvieron debido conocimiento de los hechos. 4) Siendo así, queda claro que el despido se produce diez meses después de los hechos que lo motivaron, lo que luce reñido con el requisito de la contemporaneidad. 5) Por ello corresponde hacer lugar a las indemnizaciones de los arts. 231, 232, 233 242, 243 y 245 de la LCT.

Que contra dicha parte del fallo se alza la demandada en el recurso antes mencionado, discrepando con el mismo, en tanto entiende que: 1) La empleadora dispuso el despido cuando, como lo afirma en la comunicación, tomó debido conocimiento del hecho al acceder a las copias completas del expediente penal en fecha 26/10/07, de forma tal que el despido no fue extemporáneo. 2) Es inexacto que tomara conocimiento el 30/01/07, mediante la citación que en copia obra a fs. 79 de autos, por cuanto: a) de la misma no surge acreditado ningún hecho; b) dicha nota no llegó a la demandada; c) no consta en forma alguna la recepción por la accionada; d) no fue recibida por gerente alguno de la empresa, pues se desconoce quién es el firmante Sr Ortega Carlos; e) en el documento no se consigna la dirección de la empresa. 3) También es erróneo que la accionada tuviera conocimiento conforme surge de las declaraciones del testigo de fs. 195/196, pues: a) manifiesta que trabajó para la demandada hasta mayo de 2006 y declara sobre un hecho ocurrido en el año 2007; b) refiere el hecho como ocurrido en el año 2006; d) declara que sabe del hecho, porque venía en otro servicio y se entera de lo que había pasado, lo que pone de manifiesto que no presenció el acontecimiento. 4) No surge de la declaración de fs. 267, el conocimiento que atribuye el A-quo, en tanto dijo que no sabe si alguien de la empresa se refirió a lo sucedido. 5) En resumen, no está acreditado que la accionada tomó conocimiento en fecha 30/01/07. 6) La contemporaneidad no significa inmediatez, sino que depende del tiempo en que los hechos llegaron a conocimiento del principal; la demora está justificada cuando se produce una falta pero no se sabe aún su magnitud ni certeza de quien la cometió.

Que corrido el pertinente traslado a la contraria, lo evacua en el escrito antes individualizado, resistiendo la pretensión de la demandada, por los fundamentos a los que corresponde remitirse por razones de economía procesal y en cuanto han de ser examinados en el presente.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la sentencia, de los agravios y su contestación, corresponde avocarse al examen de la impugnación.

Que con relación a la contemporaneidad entre la falta y la sanción se ha sostenido: " Pero el requisito de la contemporaneidad no obsta a la existencia de un plazo prudencial entre el hecho injurioso y el despido, que puede variar según las circunstancias"; "Sin embargo en determinadas circunstancias puede transcurrir un lapso más o menos prolongado entre el despido y la falta grave que lo motivó, por ejemplo...cuando la investigación de las circunstancias del caso lleva algún tiempo". (Meilij, Contrato de Trabajo, nota art. 242; Etala, Contrato de Trabajo, nota art. 242). En otras palabras, en principio corresponde que el lapso de tiempo entre el conocimiento de la falta y la sanción no sea prolongado; pero en ciertos casos no basta tener noticia de un acontecimiento, sino que es necesario esperar prudencialmente para conocer efectivamente la circunstancias del caso y por ende entre ellas, la participación del trabajador, como la valoración de su conducta; máxime cuando se trata de un procedimiento judicial, que como es público y notorio, lleva mucho tiempo y luego de producidas varias actuaciones la patronal puede tener certeza de lo ocurrido.

Que haciendo aplicación de la doctrina aludida al caso de autos, se advierte que la demandada al despedir luego de diez meses de producida la falta, afirma que tomó debido conocimiento del hecho al acceder a las copias completas del expediente penal en fecha 26/10/07. Es decir, que la parte está afirmando que puede haber tenido alguna noticia extraoficial u oficial del acontecimiento, pero en modo alguno la certeza o debido conocimiento de las circunstancias aludidas en el párrafo precedente, como para tomar una medida con anterioridad.

Que siendo así, corresponde determinar si en el supuesto en estudio, la empleadora supo con certeza de las circunstancias del hecho, de la participación y conducta del trabajador, con mucha anticipación.

Que entrando al tema en cuestión, advierto que tal como lo señala la recurrente (haciendo abstracción incluso si la comunicación de fs. 79 llegó a la empresa, si tiene o no dirección, si la recibió el gerente de la accionada, etc.), que de dicho documento no surge en modo alguno el hecho ni la participación del actor, pues se dice en el mismo que en la causa "Por averiguación de lesiones recíprocas y amenazas, se solicita se tenga a bien citar a los choferes Carlos A. González Sisterna y Víctor Hugo Carrier". Es decir, que se está averiguando si existieron las lesiones y amenazas y no se expresa que los indicados sean los autores de las mismas; por lo que mal puede afirmarse que la demandada, con la recepción de la misma, tuvo cabal conocimiento de la falta y desde ese momento corrió el tiempo para que produjera el despido.

Que con relación a los testigos, comparto también los agravios de la accionada, en tanto de la declaración de fs. 196/197, no puede deducirse que el declarante tuviera cabal conocimiento o siquiera conocimiento de lo sucedido, pues ubica el acontecimiento en el año 2006, que es hasta cuando trabajó para la demandada y el hecho ocurrió en el año 2007. Por su parte la de fs. 267, en tanto de la misma no surge que la empleadora supiera algo al respecto, ya que expresa el testigo al contestar la quinta pregunta del interrogatorio de fs. 194, "que no sabe" si algún personal de la empresa hizo algún comentario sobre el tema.

Que en modo alguno empece la conclusión a la que vengo arribando, la afirmación de la actora, en el sentido que la demandada no ha expresado agravios; solo ha opuesto como defensa contra la pretensión subsidiaria de indemnizaciones, la imposibilidad de acumulación de las acciones, lo que fue desestimado; la documental de fs. 79 fue incorporada pacíficamente a la causa y no se redarguyó de falsa. Lo primero, en tanto para desestimar el argumento basta remitirse a lo dicho sobre el recurso de la accionada. Lo segundo, en razón que la empleadora, justifica a fs. 25 vta., la procedencia del despido dispuesto por su parte, por encontrarse ajustado a derecho. Lo tercero, en tanto poco importa que el documento de fs. 79 fuera incorporado sin resistencia a la causa, en razón que si así fuere, nada acredita como lo anticipara; razón alguna por la cual tampoco correspondía redargución de falsedad alguna.

Que por todo ello, voto porque se haga lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, se revoque la sentencia y se rechace la demanda deducida en subsidio, con costas a la actora; regulándose los honorarios de los Dres. Reinaldo Echavarría y Cecilia Yornet, en doble carácter y en forma conjunta; Marcelo Eduardo Miranda y Marcelo E. Miranda Marini, en doble carácter y en conjunto; el 16 y 21%, respectivamente del monto del juicio. Arts. 189 y conc. de la ley 2150 y 264 del CPC, de aplicación supletoria, arts 125 y. 161 del CPL.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

En cuanto a las costas de esta instancia, atento la solución que propugno, voto porque se impongan a la actora vencida, regulando los honorarios de los Dres. Marcelo Eduardo Miranda y Marcelo Miranda Marini, en conjunto y doble carácter y Cecilia Yornet, en doble carácter, en el 10,5% y 5,6%, respectivamente. Art. 196 Ley 2150.

LA DRA. LUCIA DARONI DE PONTORIERO DIJO:

Que por sus fundamentos, se adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, con costas, de conformidad con los considerandos de la presente.

II) Imponer las costas y regular los honorarios de esta instancia, en un todo de acuerdo con los fundamentos de la presente.

III) Tener presente las reservas de derechos efectuadas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.