Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-04


SENT Nº 126	San Miguel de Tucumán, 04 de Abril de 2013.-	Y VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Vª Nominación y el de Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación en autos: "Gianinni Reynaldo Ramón y otra vs. Estado Nacional s/ Amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Vª Nominación y el de Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación, para entender en la presente causa.

II.- A fs. 40 y ss. se interpone demanda de amparo y medida cautelar contra el Estado Nacional o Poder Ejecutivo Nacional a fin que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto Nacional N° 1570/01 y su modificatorio, Decreto Nº 1606/01.

Atento la persona demandada, el Juzgado Federal interviniente (n° 1) se declara competente para entender en la causa (decreto de fs. 40).

La causa se tramita enteramente por ante la Justicia Federal. Se solicitan y regulan honorarios profesionales. Se interpone recurso de apelación tanto por el letrado Diego Catalán por derecho propio cuanto por la parte actora. La Cámara, en razón de la existencia de un pacto de cuota litis entre ambas partes que conviene la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Tucumán, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder, se declara incompetente y ordena la remisión por el Juzgado de Origen a este Poder Judicial provincial.

A fs. 1165 se recibe la causa por Mesa de Entradas y se las remite al Juzgado Civil y Comercial Común de la Vª Nominación. A fs. 1167 el actor en autos solicita remisión al Juzgado en Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación por una cuestión de conexidad con el juicio que por cumplimento de contrato interpuso contra el abogado antes referenciado. Por decreto de 14/5/2012 el Juzgado en lo Civil y Comercial Común se declara incompetente y remite al Juzgado del fuero en Documentos y Locaciones de la VIIª Nominación (fs. 1068).

A fs. 1072 la señora Jueza de la VIIª Nominación del fuero en Documentos y Locaciones se declara incompetente para intervenir en estos autos. Sostiene que en la causa "Gianinni, Reynaldo vs. Catalán Diego s/ Cumplimiento de contrato" hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por el demandado y que, apelada la decisión, la litis se encontraba en la Cámara a fin de ser resuelta. Recepcionados los autos en la Cámara, se remiten para dictamen fiscal. La Sra. Fiscal de Cámara entiende que no corresponde sea resuelta la apelación en tanto existe una cuestión de competencia entre jueces de distinto fuero (dictamen que glosa a fs. 1082).

Remitidos los autos a esta Corte, se pasa la cuestión a dictamen del señor Ministro fiscal, quien lo emite conforme consta a fs. 1198.

III.- El presente juicio de amparo se ha tramitado enteramente en la Justicia Federal y se ha resuelto allí imponiendo las costas por su orden. Esta sentencia queda firme.

Solicitada la regulación de honorarios por parte del letrado que asistió a la parte actora, el Juez federal procede a regularlos (fs. 1043). Contra esa resolución se interponen sendos recursos de apelación, incoados tanto por el actor como por su letrado apoderado. Este último apela por bajos los honorarios y el actor, en lo sustancial, por entender que no correspondía aquella regulación debido a la existencia de un pacto de cuota litis que vincula a ambas partes y que, considera, ha sido totalmente abonado.

La Cámara Federal se declaró incompetente para entender en la causa debido a que las partes, en el convenio mencionado, renuncian a cualquier fuero que pudiere corresponder sometiéndose para resolver las cuestiones referentes al mismo, a la Justicia Provincial. Por ello, ordena la remisión de la causa a este Poder Judicial (fs. 1155/1156).

Ahora bien, sin perjuicio de lo establecido en el pacto de cuota litis respecto a la jurisdicción a la que se someten las partes -convenio que, en principio, debería ser atendible- lo cierto es que las particularidades de la causa hacen que no pueda pronunciarse esta justicia provincial sobre la causa traída a su conocimiento en el estadio procesal en que se encuentra.

En efecto, se advierte que si bien las partes se someten en el referido pacto de cuota litis, como queda dicho, a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán para cualquier divergencia relacionada con el contrato, lo cierto es que el mismo pacto se establece "Este importe es totalmente independiente de los honorarios que por ley le correspondieren, los cuales será regulados por el Juez que entiende en la causa" (sic fs. 946) y que "en la causa", el Juez que entendió la misma -sin declinar competencia y sin pronunciarse por la ya por entonces existente oposición a la regulación por parte de la actora-, procedió efectivamente a su regulación. Compete por tanto a la Excma. Cámara Federal el resolver esta cuestión que quedó planteada y resuelta en el fuero federal.

Ello así porque, entendemos, la cuestión a resolver -apelación contra sentencia regulatoria de honorarios en sede federal- no corresponde a la competencia de los tribunales de Provincia. Nótese que en el hipotético caso de tener estos tribunales competencia y hacerse lugar a la apelación de la parte actora (en el sentido de que no correspondería tal regulación) de modo alguno podría la justicia provincial anular la sentencia de regulación dictada en sede federal sobre la cual no se ha expedido en ningún sentido la Cámara Federal. Y, caso contrario, de resolverse en este fuero provincial que procede efectivamente la regulación de honorarios, ella, conforme al pacto, debe ser efectuada "por el juez que entiende en la causa" ante cuyo fuero y jurisdicción deberían posteriormente también plantearse todas las cuestiones relativas a tal regulación.

Así entonces, la existencia de una regulación que ha sido ya efectuada Iª Instancia en sede federal es determinante en la cuestión. Como bien lo reconoce la Cámara Federal "corresponde determinar si, ante la existencia del pacto de cuota litis denunciado por el actor, cuya copia corre agregada a fs. 946, correspondía la regulación de honorarios al Dr. Catalán" (sic fs. 1156). Tal cuestión así determinada no puede ser materia de decisión de los tribunales ordinarios de Provincia toda vez que se trata de emitir pronunciamiento sobre el destino jurídico procesal de una regulación de honorarios ya efectuada en sede federal.

En este sentido, cabe tener presente que:

a) No se trata en el caso de competencia rationae materiae. La del caso, es eminentemente prorrogable. En este sentido, respecto de la competencia territorial, se dijo que "no obstante la posibilidad de su prórroga expresa o tácita, el juez puede declarar su incompetencia in limine litis, pero no puede hacerlo oficiosamente con posterioridad, a menos de que se trate de jurisdicción territorial extranjera" (que no se da en el caso) (cfr: Podetti, Tratado de la competencia, pág. 374). Nótese que ambas partes han firmado entre sí pactos de cuota litis y ninguna de ellas ha invocado en el presente caso y frente al fuero federal la incompetencia del mismo. Antes bien, la actora plantea recurso de apelación indicando que la regulación no era procedente, mas nada dice de la incompetencia del juez para regular.

b) existe regulación efectuada y ésta lo ha sido sobre la base de una ley nacional distinta a la ley arancelaria provincial (Ley Nº 21.839; Ley Nº 24.432). Cabe tener presente que la Provincia de Tucumán tiene normativa propia en cuanto a honorarios de abogados y procuradores y no fue ésta la aplicada en el caso cuya apelación viene a resolverse;

c) vinculado al punto anterior, el objeto del juicio principal constituye materia federal (la CSJN se ha pronunciado por la índole federal de la materia referida al denominado "corralito financiero" in re: "Melli, Hugo A. c. Banco Río de la Plata - Suc. Resistencia", 18/7/2002, LA LEY 2002-F, 577; LA LEY 2003-B, 749 en donde se suscitó una contienda positiva de competencia entre la Justicia Laboral de Resistencia y el Fuero Federal con asiento en dicha localidad, debido a una acción de amparo tendiente a obtener la restitución de depósitos alcanzados por el "corralito" y la Corte Suprema atribuyó la causa a la Justicia Federal). Este objeto de juicio determinó la actuación profesional respecto de la cual se regula honorarios. Materia litigiosa y actuación profesional están íntimamente vinculadas de modo tal que, en el mismo pacto se conviene la regulación de honorarios por el juez que entiende de la causa (principal).

d) la circunstancia que lo que se resolviera en esta jurisdicción puede llegar a modificar o dejar sin efecto lo resuelto en la causa por la justicia federal, justifica el mantenimiento de la competencia del juez que previno, conforme queda dicho.

e) no sólo es improcedente que en este foro provincial se resuelva la apelación contra la regulación de honorarios en razón de la materia en cuestión (puesto que también se ha impugnado por baja la regulación de honorarios efectuada según una ley nacional) sino también en razón del grado (pues, en principio, debe entender del recurso contra una resolución de juez de Ira. Instancia, el tribunal de segunda instancia del juez que la dictó). Téngase en cuenta que la competencia en razón del grado es improrrogable.

f) demarcada del modo en que aquí se hizo la situación fáctico-jurídica del caso, se advierte cierta similitud y analogía con el supuesto procesal y con las razones por las que se resolviera el fallo "S.C.A. Pollo de Oro c. S.A. Alvarez Thomas", del 26/6/1979 (La Ley, 1979-D, 367) por parte de la CSJN.

En efecto, aunque estrictamente no se trata de la situación procesal a la que se refiere la doctrina de la Corte Suprema de la Nación según la cual el fuero de atracción queda postergado cuando sobreviene luego que la causa se encuentra radicada en segunda instancia por haber sido recurrida la sentencia (supuesto de "Pollo de Oro"), dichos conceptos resultan igualmente aplicables al caso, en el que quedó pendiente de dictarse una sentencia que debe decidir sobre la resolución regulatoria de honorarios como consecuencia de un recurso de apelación incoado contra ésta. La sentencia a dictarse debe emitirse en el mismo fuero en el que se dictó la sentencia apelada. De esa manera concluirá el trámite recursivo en idéntica jurisdicción. De lo contrario, el juez de la justicia ordinaria provincial debería avocarse a resolver por reenvío cuestiones revisadas y dictadas en jurisdicciones ajenas (cfr. C.S.N. en Competencia N° 502. XXXVII "Miranda, Aurora y otro c. Pérez, Luis Alberto y otro s/ daños y perjuicios" resuelta el 12 de febrero de 2002, Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 12/12/2002 en "Roja, Claudia L. c. Línea 213 S.A. de Transporte y otro", publicado en: LA LEY 2003-D, 722) (cfr: CSJT, sentencia N° 462/2005).

Así, en el precedente "Pollo de Oro" citado, se dijo que "el conflicto queda planteado entre la interpretación literal de la citada norma (en este caso: el pacto de cuota litis, norma convencional por lo demás,-arg. art. 1197 CC-) y las reglas de organización judicial y principios del derecho procesal que limitan la competencia de los tribunales de grado al conocimiento de las causas en las que han intervenido, previamente, sus magistrados inferiores" (dictamen del Procurador Fiscal de la Nación). Ante la cuestión de si puede ampliarse la jurisdicción del tribunal de apelaciones al que corresponde intervenir en el juicio (de quiebra) para revisar una sentencia válidamente dictada por un juez de otro fuero se ha resuelto por la negativa. Y es que "no puede extenderse a tal punto la regla en examen ya que ello podría conducir a situaciones incompatibles con la buena marcha de los procesos. Piénsese, verbigracia, qué solución tendría el caso si, interpuesto y concedido el recurso en la jurisdicción de origen, debiera pasar a otra en la que la organización judicial previera sólo tribunales de instancia única, o si las reglas que en una y otra rijan el contenido y la forma de los pronunciamientos fueran radicalmente diferentes" (del mismo dictamen).

Finalmente la Corte sostuvo en este precedente analizado que: "la acumulación que implica declinar la competencia debe ajustarse a los principios del derecho procesal que determina que el tribunal de alzada no puede pronunciarse sino sobre cuestiones resueltas por el inferior correspondiente al mismo fuero. Que, como corolario de lo expuesto, hallándose el expediente con apelación consentida en fuero civil, no procede su remisión al juez de la quiebra, hasta tanto exista sentencia definitiva firme, dictada por el tribunal de alzada respectivo (Fallos, t. 183, pág. 23; t. 224, pág. 531 -Rev. La Ley, t. 13, pág. 353; t. 69, pág. 466-). La bastardilla no está en el texto pero se usa para advertir que los argumentos utilizados por la CSJN en un caso que, si bien no idéntico, presenta rasgos analógicos con el presente, deben, por eso mismo ser aplicados en el presente caso y así se hace.

g) A ello cabe agregar lo dispuesto por la doctrina en el sentido que "el principio según el cual lo actuado ante juez incompetente es nulo, reviste carácter simplemente circunstancial.puesto que la ley admite, en diversas hipótesis, que el juez competente actúe sobre proceso tramitado ante juez incompetente, sea en carácter único, sea acumulándolo a lo actuado ante él. Naturalmente, que esa situación requiere la concurrencia de ciertos factores negativos o positivos. Así, que la forma del procedimiento permita que el nuevo juez siga actuando en el proceso tramitado ante otro.. Y por último que la utilización del proceso instruido ante juez incompetente, no implique un estado de indefensión para alguno de los litigantes" (Palacio, Derecho Procesal Civil, T.II, núm190; Podetti, Tratado de la competencia, núm 12, pág. 390). Es decir que "el principio.cede en la hipótesis de que los procedimientos que debe aplicar el juez tenido por competente impliquen en razón de su diversidad con relación a los aplicados inicialmente, la afectación del derecho de defensa de alguna de las partes" (Palacio, ibidem). Nótese que en el presente caso no sólo el procedimiento pudiera ser diferente sino que lo es la misma normativa que eventualmente habría que analizar y aplicar (ley nacional de honorarios) al resolver el recurso de apelación cuyo trámite no ha sido anulado por la Justicia Federal.

Podetti (ibidem, pág. 391), analizando el supuesto de tramitaciones pasadas ante jueces incompetentes para resolver sobre ellas, expresa también que: ".en ningún caso corresponde pasar el proceso a jueces de jurisdicción provincial". "Las actuaciones seguidas ante juez incompetente, sólo podrán servir de antecedente o prueba para justificar un derecho, pero nunca para proseguirlas en otro fuero, ni menos para dictar sentencia sin más trámite como se pretende". "Pero el principio no es absoluto como señalé. Es obvio que sería un dispendio inútil de actividad y de erogaciones anular las actuaciones de un juez que se declara incompetente, cuando el que va a conocer pertenece al mismo fuero y siempre que se evite la indefensión". Estas últimas circunstancias son, precisamente, las que no se dan en autos (estas últimas bastardillas son nuestras).

IV.- A mayor abundamiento cabe tener presente que se ha dictado sentencia por esta Corte que si bien refiere a un conflicto competencial entre tribunales de esta misma jurisdicción (provincial) las razones allí expuestas son perfectamente aplicables al caso de autos precisamente por las particularidades ut supra detalladas-. Allí se dijo que "cuando se trata de la pretensión del cobro de honorarios derivados del pacto de cuota litis o convenio de honorarios celebrado por el letrado con su cliente, se debe distinguir si se tramitó el juicio a que se refiere el convenio o pacto o si este último se refiere a trabajos extrajudiciales. En el primer supuesto cuando se ha promovido el juicio respectivo, el caso es de competencia del fuero en el que se tramita el juicio al que se refiere el pacto o convenio. En el segundo supuesto -en principio- cuando que se ventilan pactos o convenios de honorarios celebrados por los letrados relacionados con trabajos extrajudiciales, por tratarse de una cuestión de locación, correspondería al fuero Civil en Documentos y Locaciones". Se dijo también que "el crédito del letrado que surge del pacto de cuota litis o convenio de honorarios y el poder que le fuera oportunamente otorgado es una derivación o consecuencia del juicio de indemnización de daños y perjuicios." (en el caso, de un amparo que se tramita por ante el Juzgado Federal). "Y esto es así, porque aunque los honorarios que se reclaman como adeudados tengan origen en un convenio o pacto, lo real y cierto es que no por ello han perdido su carácter de retribución por los servicios jurídicos prestados en el juicio; circunstancia ésta que indica como razonable concentrar en el mismo juez los expedientes que reconocen una misma sustancia fáctica y jurídica, como lo aconseja el principio de la perpetuatio jurisdictionis". "En ese orden de ideas, cabe recordar que el art. 7, inc. 16, del CPCC establece una directiva útil para definir la controversia al disponer que "...Será juez competente:...El del principal, lo será para conocer de sus incidentes, dependencias.y de las obligaciones nacidas con motivo del juicio." (CSJT, sentencia Nº 1073 de fecha 27/12/2010, la bastardilla no está en el original).

Esta postura es seguida también por los mismos tribunales nacionales. Así, in re: "Mercado, José H. c. Alonso, Sergio D.", (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, 18/4/2006, La Ley Online; AR/JUR/1408/2006) se ha dicho: "Que, como surge del precedente resumen, el pacto de cuota-litis que da origen a la deuda reclamada -así como el poder especial que le fue otorgado al hoy actor- es una derivación o consecuencia del anterior proceso tramitado por ante el fuero en lo civil y comercial federal. Y esto es así, porque aunque los honorarios que se reclaman como adeudados tengan origen en un convenio, lo real y cierto es que no por ello han perdido su carácter de retribución por los servicios jurídicos prestados en el juicio; circunstancia ésta que indica como razonable concentrar en el mismo juez los expedientes que reconocen una misma sustancia fáctica y jurídica, como lo aconseja el principio de la perpetuatio jurisdictionis. Que, en ese orden de ideas, cabe recordar que el art. 6, inc. 1, del CPCC establece una directiva útil para definir la controversia al disponer que "será tribunal competente en los incidentes...regulación y ejecución de honorarios y costas devengados en el proceso, y acciones accesorias en general, el del proceso principal (subrayado por el Tribunal). Por ello, atendiendo a que -como lo señala el señor Fiscal General en el dictamen que antecede- del relato inicial resultarían en los expedientes respectivos circunstancias fácticas y jurídicas de semejanza no desdeñable, y por las razones antes precisadas, se declara que el conocimiento de estos obrados corresponde al fuero civil y comercial federal.". Es decir que resultó competente el fuero civil y comercial federal para entender en la causa en la que se reclamó una deuda en virtud de un pacto de cuota litis, en tanto dicha deuda es una derivación de un anterior proceso tramitado ante el fuero en lo civil y comercial federal por ello resulta razonable concentrar en el mismo juez los expedientes que reconocen una misma sustancia fáctica y jurídica, como lo aconseja el principio de la "perpetuatio jurisdiccionis".

IV.- En definitiva, teniendo en cuenta que la particular solución a dar al caso no puede ser ajena a la actuación procesal concreta, tanto de las partes como del Juzgado y Cámara que han intervenido y considerando también las razones vinculadas a los principios procesales que regulan la competencia de grado, los de perpetuatio jurisdiccionis, accesoriedad, seguridad jurídica, economía procesal, conveniencia práctica y unidad lógico conceptual; la naturaleza federal del litigio objeto de la actuación profesional cuyos honorarios están en cuestión (determinación y pago); la existencia de sentencia regulatoria aplicando a los efectos una ley nacional y demás argumentos vertidos supra, corresponde que sea la Cámara Federal la que siga interviniendo en las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto.

Ello así, a criterio de esta Corte Suprema de Justicia, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre los jueces de estos tribunales provinciales sino, antes bien, ordenar se devuelvan las presentes actuaciones a la Cámara Federal a fin de que, si lo estima acertado, reasuma su competencia a fin de resolver el recurso de apelación pendiente que incoaran ambas partes contratantes (pacto de cuota litis) contra la sentencia regulatoria de honorarios dictada por el juez federal que entendió en el caso.

En caso de no aceptar esta declinatoria y mantener su criterio, insistiendo en la decisión adoptada acerca de su incompetencia, se invita a los Miembros de la Cámara Federal a plantear la correspondiente cuestión de competencia por ante la CSJN, Superior Común en el caso (art. 24 inc.7 Ley Nº 1285/58; Ley Nº 21.708).

Lo dicho, también, sin perjuicio de lo que pudiere resolver la Cámara de Documentos y Locaciones in re: "Gianinni Reynaldo vs. Catalán, Diego s/ Cumplimiento de contrato" (juicio que se tiene a la vista) ante quien pende un recurso de apelación deducido contra la resolución que resuelve la excepción de incompetencia, aspecto sobre el cual esta Corte no se expide en la presente sentencia ni ofrece lineamiento alguno para su solución en esta instancia.

Por ello, encontrándose en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane y habiéndose oído al Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

DECLARAR que no corresponde la intervención de la Justicia Provincial en la causa sub examine en el estado en que se encuentra y, en consecuencia, ORDENAR su devolución a la Cámara Federal según lo considerado.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.