Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


PUBLICAR S.A. contra TIZZI, Roberto Reg.: A y S t 215 p 285-288.

Santa Fe, 23 de agosto del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 107 del 7.9.2004 dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "PUBLICAR S.A. contra TIZZI, Roberto -Ordinario- (Expte. 45/04)" (Expte. C.S.J. nro. 149, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia pronunciada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario que resolvió: "1) Rechazar el recurso de nulidad articulado por la demandada; 2) Rechazar la apelación impetrada por la accionada y, en consecuencia, confirmar la sentencia nro. 740 del 15.9.2003 dictada por el juez a quo, salvo en lo atinente al rechazo de la intervención de tercero ...", deduce la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, por juzgarla lesiva de los derechos y garantías de raigambre constitucional que invoca.

Afirma que el decisorio incurre en autocontradicción al expresar que "en el caso de autos no puede alegarse que se esté en presencia de la locación de una cosa mueble o inmueble...", conclusión a que arribara el Tribunal tras interpretar y analizar los alcances del artículo 1498 del Código Civil (contemplado en el Título VI, referido a la "locación"). Y respecto de tal hermenéusis le agravia que la Alzada sostuviera que "...si bien la cuestión es dudosa, es conveniente limitar el denominado derecho ...del locatario - previsto en el art. 1498- al supuesto de que no ostente la tenencia del bien. Es verdad que la ley no distingue, pero si el adquirente ignoraba que la cosa estaba alquilada y el inquilino no ocupaba el bien, parece justo privilegiar a aquél sobre éste. En última instancia, al locatario le quedará una acción por daños contra el locador enajenante".

Tales razones condujeron a la Sala a considerar apropiado que el inferior aludiera a la comunicación y/o cesión de la locación, a fin de que el contrato le fuera oponible al adquirente, empero dichas circunstancias no fueron acreditadas en autos. Entiende que el Tribunal ha creado pretorianamente una excepción a la aplicación de la cesión legal establecida por la norma sometida a interpretación.

En definitiva, expresa que "no existe justificación ni jurídica ni lógica ...

que ha dispensado a la Cámara de aplicar el derecho vigente", la ausencia de fundamentación normativa lesiona lo preceptuado por el artículo 95 de la Constitución provincial.

Le imputa a la sentencia desinterpretar o interpretar caprichosamente pruebas decisivas para la solución de la litis, fundamentalmente en lo que hace al recibo entregado a Nestico con motivo de la compraventa celebrada, oportunidad en que se le anotició sobre la existencia de un contrato de cartel, objeto de discusión en la presente causa.

Y al respecto, señala que el adquirente del inmueble (Nestico) reconoció su firma en el mencionado documento, habiéndose limitado a desconocer la expresión contrato de cartel, ignorando la Alzada los principios aplicables al reconocimiento de firmas insertas en documentos (artículo 1028, C.C.).

La Sala a quo, mediante auto 75 del 4.3.2005, denegó la concesión del remedio interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante esta sede.

2. De la lectura del auto denegatorio, en su cotejo con el escrito presentado ante este Tribunal, surge que el cometido que impone el artículo 8 de la ley 7055 al quejoso -quien tiene la carga de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación- no puede reputarse idóneamente asumido en autos, lo cual conspira contra la suerte del remedio intentado (entre otros, A. y S. T. 92, pág. 157; T. 124, pág. 114). En el caso, la Cámara denegó el recurso por considerar que las causales de arbitrariedad esgrimidas por la compareciente no guardan relación con las constancias de autos y que, so pretexto de arbitrariedad, aquélla pretende renovar un debate ya agotado y dirimido en la Alzada, encerrando sus quejas sólo disconformidad para con lo resuelto por el Tribunal de la causa, conforme al derecho aplicable.

En cuanto a la tacha de autocontradicción -inexistente- sostuvo que la misma debía desestimarse por cuanto el acuerdo ponderó: a) en el caso de autos no puede alegarse que se está en presencia de una locación de una cosa mueble o inmueble, pues conforme los contratos celebrados entre las partes, se está en presencia de un contrato de publicidad; b) el locador cedió a la locataria "...el espacio necesario para exhibir una columna y/o carteles publicitario y/o ampliar el existente ..."; c) no puede alegarse que la actora detentaba la tenencia del inmueble destinado a tal fin y que el comprador tenía conocimiento de la locación. Y asimismo, advirtió que la demandada en su escrito de responde aseveró y aludió en relación a la convención existente entre las partes a "...la locación del espacio publicitario...", tal la calificación efectuada por el decisorio hoy cuestionado.

Precisó que la apelante planteó agravios contra el fallo inferior, luego de reproducir textualmente el artículo 1498 del Código Civil y, propuso la aplicación de la citada norma expresando que: "...por la sencilla aplicación de este artículo, al parecer desconocido por el a quo, se mantienen los derechos originarios del contrato de locación en los casos de enajenación de inmuebles locador, es decir 'el contrato de locación continúa ...'. Es decir, la recurrente introdujo la cuestión, por lo que el acuerdo impugnado interpretó el sentido y alcance del mencionado artículo 1498. En relación a las tachas vinculadas a la no aplicación del derecho vigente y violación del artículo 95 de la Constitución provincial, la Sala juzgó que la impugnante repropone en el sub júdice la aplicación del artículo 1498, asignándole en su discurso la significación que más le conviene a sus intereses, pero olvidando que la hermenéusis de las normas de derecho común resultan de resorte exclusivo de los jueces ordinarios de la causa; tachas que, en definitiva, no lucen configuradas.

Y en tal sentido, puntualizó que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales según la divergencia del apelante respecto a la inteligencia que los jueces de la causa asignen a los hechos y a las leyes comunes.

También sostuvo que la recurrente no logra demostrar que el acuerdo desentiende elementales principios derivados de la carga probatoria y presunciones legales o que hace una interpretación antojadiza y caprichosa de las pruebas rendidas en autos, cuestionamiento que es reiteración del quejoso respecto de la ponderación que en su momento hizo el a quo al dictar la sentencia, pero que ha merecido especial consideración por la Sala.

Es decir, la impugnante intenta introducir tópicos ya debatidos e imponer su propia valoración del material probatorio, ignorando que ello también es resorte exclusivo de los jueces de la causa. La convicción alcanzada por el acuerdo ha sido a través de la ponderación de prueba "compleja", valoración sobre la que se extendió adecuadamente el fallo impugnado, tanto es así que en el mismo se señaló "... el recurrente se queja de la falta de consideración de la prueba rendida a f. 64 y cuya firma fuera reconocida por el tercero citado ..., alegando que por medio de dicho documento se acreditó en forma fehaciente que en fecha mayo del 2000 entregó al comprador, entre otras cosas, una copia del contrato de locación.

La parte apelada al contestar los agravios refuta adecuadamente dicho agravio, aduciendo: a) Tizzi en un principio reiterada y expresamente dijo haber cedido a la compradora, en las mismas condiciones que lo pactó, el contrato celebrado por Publicar S.A. en la carta documento de f. 72 y al contestar la demanda; b) Publicar S.A.

promueve "medida de aseguramiento de pruebas ... donde se intimó a Tizzi ... a exhibir el contrato de cesión a que aludiera, y en la primera audiencia señalada para ello ... a la que concurrió con patrocinio letrado, se comprometió "...a acompañar copia de la cesión de derecho requerida en la rogatoria en el término de cinco días ...";

c) Después se desdice, pues para "cumplir con la exhibición prometida ...en lugar de presentar la cesión que mencionó acompaña fotocopia certificada del contrato celebrado con la actora y del recibo por el que supuestamente se lo firmó Nestico, agregando en esa oportunidad que Saref S.A. le devolvió el contrato porque carecía de utilidad después de haber recibido la carta documento de Publicar S.A., aseveración -dice la apelada- que resulta incomprensible";

d) Esa constancia únicamente demuestra que el contrato en cuestión realmente se encontraba en poder de Tizzi el 16/11/2000 (cuando hace certificar notarialmente la copia que presenta ... de las medidas de aseguramiento de prueba) y también el 9/5/2001 (cuando también hace certificar notarialmente la copia que presenta a f. 576 al contestar la demanda...".

Sostuvo que la fuerza de convicción de tales elementos de juicio no han podido ser desacreditados por la impugnante, quien se redujo a invocar "la prueba documental de f. 64, aunque admite que reconocida por el Sr. Nestico dicha instrumental éste desconoció la expresión del contrato de cartel ... Repite argumentaciones aducidas en las etapas ordinarias del juicio que han merecido debida valoración de la Alzada".

Y en cuanto a la lesión a la garantía del derecho a la jurisdicción, si bien puede ser producida por un arbitrario tratamiento o desconsideración de la prueba y de las constancias que surgen de autos, no puede permitir la revisión en una suerte de tercera instancia de criterios que aparecen sustentados con lógica racional y expresión de fundamentos, por lo que las afirmaciones del recurrente en torno a este aspecto resultan inidóneas para lograr la apertura de esta instancia de excepción. Mas, en definitiva, lo cierto es que tales aseveraciones -como ya se expresara- no han sido desvirtuadas por la recurrente en su presentación directa, pues no logra refutar adecuadamente tales conclusiones, desde que tan sólo reitera únicamente los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad. A la deficiencia apuntada, la que si bien resulta suficiente para sellar la suerte adversa de la presente impugnación, cabe señalar que de la lectura del escrito recursivo se advierte que la quejosa incumple, además, con el recaudo de autosuficiencia que exige el artículo 3 de la ley 7055.

Como es sabido, esta Corte se ha pronunciado reiteradamente (a partir de "Nasurdi") acerca de los requisitos que deben cumplirse en orden a la procedencia de la impugnación, en su contacto liminar con el fondo de la cuestión, de modo de no obligar a este Tribunal a contar con los principales para verificar la entidad constitucional del reclamo en su confrontación con la realidad del caso.

En el sub júdice, en modo alguno puede tenerse por cumplida la referida exigencia, ya que el memorial recursivo carece de una clara y precisa exposición de la base fáctica, imprescindible para que el planteo resulte acabadamente comprensible presentando lagunas susceptibles de llenar sólo por vía inferencial.

Los óbices formales descriptos determinan, sin más, la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la quejosa el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)