Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-08-19


2º instancia. - Lomas de Zamora, agosto 19 de 2008.

La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES 1º ¿Es nula la sentencia apelada? 2º En su caso, ¿Es justa? 3º ¿Qué corresponde decidir? VOTACION 1º cuestión. - El doctor Basile dice:

I.- El señor juez a cargo del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial Nº 2 departamental, dictó sentencia a fojas 310/313, haciendo lugar a la demanda de fijación de cánon locativo impetrada por Oscar Daniel Laszuk contra Ana Maria Laszuk. Rechazó la reconvención deducida. Impuso las costas a la accionada y difirió la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad que se encuentre firme o ejecutoriada la sentencia.

El pronunciamiento fue apelado a foja 317 por el actor. A foja 319 apelan Andres Eduardo Laszuk y Ana Maria Patano. Finalmente, a foja 320 luce apelación de la demnadada. Radicadas las presentes actuaciones en esta Sala, a foja 330 expresó agravios Andres Laszuk, a fojas 331/334 luce expresión de agravios de la actora y a fojas 335/339 hizo lo propio la parte demandada. Corrido el pertinente traslado, a fojas 341/346 luce réplica del actor.

A foja 347 se llamó la causa para dictar sentencia por providencia que se encuentra consentida y firme.

DE LOS AGRAVIOS II.- Se agravia la parte actora del monto fijado en la sentencia, solicitando su elevación por entender que no tiene relación con la propiedad en cuestión y que el precio no refleja el costo actual de los alquileres. Asimismo se agravia de la falta de fijación de un plazo para el cumplimiento y de ausencia de intereses fijados.

La demandada, por su parte, solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de foja 290, ello en virtud de la falta de notificación por parte de la actora de la providencia que ordena la vuelta de los autos a casillero. En subsidio, expresa agravios quejándose del monto por el cual prosperó la acción, solicitando su reducción y por el rechazo de la reconvención, argumentando que se encuentran probados los desembolsos realizados. Finalmente, se alza contra la imposición de las costas.

Al momento de evacuar el traslado de los agravios de la actora, el demandado controvirtió los argumentos vertidos.

DE LA NULIDAD PLANTEADA III.- En su escrito recursivo, la parte demandada planteó la nulidad de la sentencia, sosteniendo que la falta de notificación del auto que devuelve los autos a casillero luego de haber sido éstos paralizados, le causó un perjuicio de gran importancia por haber recibido la sentencia definitiva en forma sorpresiva.

El recurso de apelación ataca los errores de juicio o juzgamiento (error in iudicando) sea en la apreciación de los hechos o valoración de las pruebas (error de hecho) cuanto en la aplicación de las normas (error de derecho). Dicho recurso comprende también al de nulidad que cuestiona los defectos propios de la sentencia. Queda fuera del aludido marco la subsanación de los errores o vicios de los actos que procedieron el pronunciamiento definitivo (errores in procedendo) que deben ser atacados por vía del incidente de nulidad y no por vía recursiva (esta Sala, exp: 61751 RSD: 217/07 12/06/2007 in re "Gennaro, Magdalena c/Gioberchio, Abel s/Reivindicación").

Las fronteras de los motivos de la nulidad, requieren una afinada labor interpretativa que, con criterios flexibles y sobremanera funcionales, privilegie las finalidades últimas en que se apoya el sistema todo de invalidación de los actos del proceso, que no son otras que el aseguramiento de la defensa en juicio a través de las formalidades del rito entendidas como meras reglas instrumentales al servicio de dicho trascendente objetivo (doct. art. 253 del CPCC Morello y colab., "Códigos Procesales...", Ed. 1998. Tº III, pág. 239).

Siendo así, para que sea procedente la nulidad de una sentencia, se requiere la existencia de una irregularidad manifiesta y grave.

Es decir, el vicio que provoque la nulidad ha de ser de tal magnitud que por si mismo ponga en peligro el derecho que le asiste al apelante, pues de otra manera al estar el recurso de nulidad por defecto de sentencia absorvido por el de apelación, por elementales razones de economía procesal corresponde que se reparen los vicios menores al examinar la sentencia en crisis (arg. art. 253 del CPCC).

Esta Sala, en reiterados pronunciamientos, siguiendo doctrina legal de la Excma. Suprema Corte, ha sostenido que consentido el llamamiento de autos para sentencia, se cierra la posibilidad de revisión de los actos procesales cumplidos en la causa. Corresponde exigir a la parte interesada que efectúe, antes de dicho consentimiento, sus observaciones o peticiones para su cumplimiento (SCBA, Ac. 24581 del 30-V-78, L. 34351 del 23-VII-85; Ac. 33834 del 3-XII-85, L. 39034 del 16-II-88; CALZ, Sala I, Reg. Sent. Def. 132/97; 30-93 y otros).

Esta convalidación general reposa dos de los principios básicos que campean en esta materia: el carácter relativo de la nulidades procesales y la necesidad de que éstas sean argüidas indefectiblemente en la misma instancia en que se hubieren producido.

Entiendo que la irregularidad apuntada ha quedado saneada por el consentimiento del llamamiento de autos para sentencia conforme surge de la doctrina que se cierne en torno al artículo 482 del rito.

VOTO POR LA NEGATIVA A la misma primera cuestión, los doctores Igoldi y Tabernero, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTAN POR LA NEGATIVA.- 2º cuestión. - El doctor Basile dice:

IV.- Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, no siendo nula la sentencia, corresponde analizar la procedencia de los agravios de ambas partes.

Primeramente he de analizar la situación de los apelantes Andres Eduardo Laszuk y Ana María Patano.

A los fines que más abajo han de explicitarse, no huelga señalar que el tribunal de Alzada es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, por ejemplo, si éste fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurra, etc., sin estar atada ni por lo resuelto por el juez a quo ni por lo acordado por las partes (con tal alcance, SCBA, Ac 44306 S 10-9-1991, in re "Sesan, Lorenzo c/ Pera, Carlos y ot. s/ Desalojo" en DJBA 143, 67 - AyS 1991 III, 210; entre otros).

Así, para interponer los recursos que autoriza el ordenamiento procesal, aflora como primer requisito de admisibilidad que se tenga legitimación procesal suficiente; y esa calidad la ostentan, como regla general, quienes revisten la condición de partes o bien, sus representantes necesarios o voluntarios.

Corresponde señalar que, conceptualmente, parte será la persona física o ideal a quien el juez de la causa reconoce como legitimada para actuar en la instancia, encontrándose sujeta a los efectos procesales y sustanciales producidos en la sentencia (arg. art. 41 del rito; Fenochietto, "Código Procesal...", Ediciones La Rocca, Bs. As. 1996, pág. 52).

De la compulsa de estos obrados se extrae que a foja 298 se presentó Ana Maria Patano solicitando sea considerada parte por propio derecho y en virtud de la representación ostentada en los autos "Laszuk, Juan; Piasecki de Laszuk, Ana; Jackiewicz de Laszuk, María y otro s/Sucesión". A continuación, y previa certificación de los extremos invocados por la Sra. Patano, la jurisdicción ordenó que quien en ese momento pretendía integrarse al litigio, aclarara el carácter de la presentación. A foja 303, se presenta nuevamente la Sra. Patano solicitando se la tenga por presentada en carácter de heredera de Juan C. Laszuk, ya que el bien de la calle Pilcomayo 3111 de Lanús representaría un bien propio del causante. Esta presentación fue tenida presente por el juzgado, mas no fue tenida por parte a la solicitante, sino, por el contrario, los autos siguieron con lo dispuesto a fojas 297, última parte.

Entre este momento y el momento de apelar la sentencia, no hubo por parte de quienes ahora recurren, ninguna otra petición en el sentido de ser tenidos por parte en el expediente. En consecuencia, no se ha llevado adelante el procedimiento establecido en los artículos 90 y siguientes del rito.

Ello sentado, quienes ahora recurren no revisten la calidad y virtud de parte en este proceso, lo que lleva, inexcusablemente, a concluir que ha sido mal concedido el recurso interpuesto a foja 319.

V.- Ambas partes se han agraviado de la suma fijada en concepto de canon locativo, ya sea por considerarla baja o bien elevada.

Conforme surge de la pericia de fojas 257/278, la cual no ha merecido ningún tipo de planteo por parte de las partes, el experto estimó un valor locativo de $ 920 para el inmueble de autos. Con referencia a los años anteriores al 2001, estimó que los precios han disminuido en un 25% o 30% con referencia a esos años.

El señor magistrado sentenciante de grado anterior, fijo la suma de $ 400 por cada período desde el 10 de marzo de 1999 en lo sucesivo y mientras dure la ocupación.

Teniendo en cuenta la estimación realizada por el perito respecto a la depreciación de los alquileres y el propio valor estimo por el experto al momento del dictamen, creo que se puede fijar en concepto de canon por el total del inmueble la suma de $1.200 pesos. Ello me permite inferir que la suma de $ 400 fijada por el magistrado de anterior grado, representa la tercera parte del canon, en función de como ha quedado trabada la litis.

Cuando se trata del uso de un inmueble del acervo hereditario, el valor locativo se fijará siguiendo las pautas para determinar la aptitud locativa de haber podido disponer la vivienda los restantes herederos. Dentro de dichas pautas, el juez tiene amplia libertad para ponderar el dictamen que hubieran elaborado los peritos sobre el valor locativo del inmueble, ya que no tiene fuerza vinculante, teniendo en cuenta, asimismo, las vicisitudes del mercado y el tiempo transcurrido, entre otras circunstancias (CNCIv. Sala D, 15/5/98, JA, 2002 -II-82, secc índice sum. 7).

Creo que este importe es justo y equitativo teniendo presente las fluctuaciones que ha sufrido el mercado inmobiliario desde la fecha en que se intimó al pago del canon locativo hasta la fecha. No se puede desconocer que los valores han sido modificados al compás del cambio de la economía del país.

En consecuencia propongo al acuerdo confirmar la sentencia en este punto.

VI.- Se agravia el actor de la falta de fijación de un plazo para cumplir la sentencia por parte del sentenciante de grado anterior así como también de la falta de fijación de una tasa de interés.

a.- con relación al primer cuestionamiento, asiste razón al apelante, ya que no se vislumbra la existencia de un plazo para cumplir con la manda jurisdiccional ni una forma de determinarlo. En razón de ello, propongo al acuerdo fijar el plazo de cinco días desde el momento en que adquiera firmeza la presente resolución, para que el demandado haga efectivo el pago bajo apercibimiento de ejecución.

b.- en cuanto al reclamo de intereses por parte del accionante diré que la petición choca con el valladar del artículo 272 del rito.

Las cuestiones que en su mayoría se traen a esta Alzada, nunca fueron propuestas en la instancia de origen, resultando vedado al Tribunal su tratamiento (artículo 272 Código Procesal). Porque el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia, quedando así vedado a la Cámara tratar argumentos no propuestos en los escritos introductivos de la demanda, contestación o reconvención en su caso, precisamente, porque a la demanda de la nueva propuesta le faltaría el primer grado de jurisdicción. En consecuencia la expresión de agravios no es la vía para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (esta Sala, Causa: 62366 RSD-257-6 S 14-9-2006, in re "Araujo, Agueda c/ Doncelom S.C. s/ Cumplimiento de contrato"; Causa: 64104 RSD: 366/07 S 23-10-2007 in re "Caiño, María c/Solis, Tomas Ismale s/Reivindicación").

En ocasión de promover la acción, el accionante no solicitó a la jurisdicción la fijación de intereses, lo cual se transforma en un obstáculo insalvable para acceder a lo solicitado, por lo que propongo al acuerdo rechazar la queja esgrimida en este sentido.

VII.- Se agravia la parte demandada del rechazo de la reconvención argumentando que se encuentran debidamente acreditados los gastos de conservación realizados.

Ya al decir de Carlos Eduardo Fenochietto, la reconvención constituye una facultad del accionado, el proponer una pretensión contra el actor a fin de lograr una sentencia condenatoria, pues la contestación sólo le otorga la posibilidad de obtener una sentencia absolutoria. La reconvención tiene sus fundamentos en el principio de economía procesal y en la conveniencia de no dividir la continencia de la causa cuando ella es conexa.

Ya en términos de Augusto Mario Morello la define como una nueva acción o pretensión independiente y autónoma, deducida por el demandado contra el actor en el escrito de responde, con el objeto de que el juez que conoce en la demanda originaria principal la resuelva, por los mismos trámites y en una sola sentencia. De este modo al plantearse en el juicio una mutua y recíproca petición, cada una de las partes asumirá el rol de actor y demandado. Mecanismo de concentración que es consecuencia y encuentra su fundamento en la facultad reconocida al actor de acumular en la demanda todas las acciones que le competen contra el demandado, siempre que no sean contrarias entre sí. Con lo cual se mantiene el equilibrio de las partes. Sin perjuicio naturalmente de las diferencias existentes entre ambas facultades. Para Carnelutti ("Sistema de Derecho Procesal Civil") la reconvención es algo más que contrademanda; ésta sólo está referida al mismo conflicto de intereses, a una misma litis, mientras que aquélla puede constituir una litis distinta.

Agrega a estos conceptos Chiovenda, que no hay reconvención si solamente se persigue el rechazo de la pretensión contenida en la demanda, su destrucción ,paralización o debilitamiento. Se requiere un ataque frontal, un reclamo o pretensión afirmativa a través de la introducción en el proceso de fundamentos jurídicos incompatibles con los deducidos por el actor, y no sólo de repulsión de la demanda. Sostiene en tanto Dini ("La demanda riconvenzionale...") que como fundamento tiende a satisfacer un principio de economía procesal, evitando la duplicidad de litigios e imposibilitando que se dicten decisiones judiciales contradictorias, en beneficio del interés general.

Requiere como presupuesto en cuanto a la capacidad para reconvenir, los que la tienen para estar en juicio -"legimatio ad processum"-; la reconvención solo puede deducirse en ejercicio de interés propios, y exclusivamente con relación al actor.

Adelanto que el agravio no ha de prosperar.

En materia de prueba la obligación de rendirla no depende de la función de actor o demandado, sino de la situación que cada uno adquiere en el proceso de conformidad a los hechos establecidos o reconocidos, incumbiéndole, en consecuencia, a la parte que quiere modificar el estado normal de las cosas o la posición adquirida por la otra parte en la litis, por lo que cada parte debe probar sus afirmaciones" (Esta Cám. Sala I, Causa 48.526, 29-II-2000, Reg. Sent. Def. nº 24; Causa 49.960, 21-IX-2000, Reg. Sent. Def. nº 420; Causa 51.594, 14-XII-2000, Reg. Sent. Def. nº460; Causa 49.969, 20-III-2001, Reg, Sent. Def. nº90; Causa 52.335, 14-VIII-2001, Reg. Sent. Def. 277).

Es también doctrina de esta Sala, siguiendo al Dr. Héctor M. Di Tella, en un voto docente (in re, CNCom., sala C, mayo 26 de 1995, autos: "Bellini, Gabriel y otro c/Lee, José Luis s/Ordinario", publicado en "El Derecho", Tº165, pág. 404, fallo 46.830, comentado por Fernando H. Payá) que si se considera que la carga de la prueba debe repartirse entre los litigantes con el fin de producir convicción en el magistrado de la verdad de lo que dicen, ninguna regla jurídica ni lógica habrá de relevar a la parte de realizar la prueba de sus negaciones. Los hechos negativos, tanto como los expresados en forma afirmativa son objeto de prueba. Puesto que las proposiciones negativas, son comúnmente la inversión de una proposición afirmativa, no puede quedar sujeta a la incertidumbre la suerte de la carga de la prueba toda vez que admitir lo contrario sería entregar a la voluntad de la parte y no a la ley la distribución de este aspecto tan importante de la actividad procesal (Causa 48.673, 1-II-2000, Reg. Sent. Def. nº2; Causa 48.917, 6-VI-2000, reg. Sent. Def. 193; Causa 49.969, 20-III-2001, Reg, Sent. Def. nº90; Causa 52.335, 14-VIII-2001, Reg. Sent. Def. 277).

La demandada reconviniente no ha logrado acreditar debidamente la realización de desembolsos en concepto de reparaciones o gastos de conservación. Ello en virtud que toda la documentación original acompañada con la reconvención ha sido expresamente desconocida por el accionante; y en apoyo de esas constancias no se impulsaron medios probatorios hábiles para acreditar la realización de los desembolsos referidos.

No son hábiles los testimonios de los testigos que han declarado en la causa para determinar en forma fehaciente la realización de gastos de conservación por parte de la demandada reconviniente, así como tampoco son hábiles para determinar el origen de los fondos con los cuales se habrían realizado las reparaciones.

Si bien pueden dar cuenta de la realización de trabajos, su declaración no puede acreditar la procedencia de los fondos con los cuales fueron solventados, por lo que no he de asignar relevancia a dichas declaraciones.

Asi como tampoco es determinante la mención del perito respecto al perfecto estado de conservación en la que se encuentra la propiedad, ya que el nudo de la cuestión es determinar que las reparaciones han sido realizadas con dinero de quien reclama.

Tampoco se ha acreditado el pago del impuesto inmobiliario, ya que no se han agregado al presente litigio documentos originales con entidad para acreditar el pago de los tributos provinciales referidos.

Es del caso atribuir inoperancia al intento de probar un hecho a través de la personal interpretación de las pruebas, bajo la pretensión de que el sentenciante, que decide de acuerdo con los datos que considere dirimentes, deba explicar en cada caso, el por qué prescinde de la valoración de unas u otras, cosa que importaría sin lugar a duda una declinación del principio del artículo 348 y concordantes del procesal (Esta Sala, RSD: 18/02, in re "Aguirre, Betty c/Martorell, Miguel y ot s/Ds y Ps"; RSD: 156/08 in re "Mattera, Filomena c/Orsi, Walter s/Desalojo por falta de pago").

En virtud de ello, estimo que no debe hacerse lugar al reclamo de compensación por los gastos de conservación, lo que dejo propuesto al acuerdo.

XIII.- Misma suerte correrá el reclamo referido a los gastos de sepelio, mas por distintos fundamentos.

El crédito que nace del pago de los gastos realizados para dar sepultura al difunto es una carga de la sucesión. Tales son aquellas obligaciones nacidas después del fallecimiento del causante. Este concepto comprende a los acreedores cuyos créditos están en directa relación con la muerte del causante, con el trámite del juicio sucesorio y con la administración del caudal relicto.

Como tal reconoce su fundamento en la necesidad de proteger a quienes realizan estos desembolsos en el momento del fallecimiento, y que obedece a la inveterada costumbre de la humanidad de dar sepultura a quienes dejan de existir.

Lo cierto es que el legitimado pasivo para hacer frente a estos gastos es la masa hereditaria y no los herederos en forma personal, ya que quien aquí ha realizado la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, la cual se presume con la nueva redacción del artículo 3363 del Código Civil, según ley 17.711.

En consecuencia, estimo que el reclamo del reintegro de los gastos que pudiere corresponder debe ventilarse al momento de realizar la partición en el proceso sucesorio (art. 3474 Código Civil).

XIV.- Finalmente, se agravia la demandada de la imposición de las costas en la instancia originaria.

Respecto a este agravio debo dejar sentado que el mismo no representa una crítica razonada y concreta al pronunciamiento en crisis fundada en derecho vigente. Solamente se limita a manifestar su desconformidad con lo resuelto respecto a la imposición, mas no se dan argumentos para torcer lo resuelto en el decisorio de origen.

Esta Sala ha sostenido, en forma reiterada y pacífica, que la parte apelante debe realizar una crítica objetiva, concreta, razonada y circunstanciada de las denominadas cuestiones esenciales. Que muy especialmente deben hacerse cargo de cada uno de los fundamentos del decisorio. Que no basta una manifestación de disconformidad con lo resuelto, ni el desarrollo de una argumentación subjetiva, que no reúna los extremos anotados precedentemente (SCBA Ac. 51076 del 15-III-94, Ac. 44240 del 28-V-91, Ac. 43900 del 30-IV-91; CALZ Sala I Reg. Sent. Def. 527/87, 487/87, 218/88, 187/90, 224/92, 34/93, 349/94, 408/94, 119/95, 314/95, 4/96, entre muchos otros).- Por lo tanto, entiendo que el agravio respecto a las costas procesales debe ser declarado desierto, lo que dejo propuesto al acuerdo.

En virtud de estas consideraciones VOTO POR LA NEGATIVA A la misma segunda cuestión, los doctores Igoldi y Tabernero, por compartir fundamentos, TAMBIEN VOTAN POR LA NEGATIVA.- 3º cuestión. - El doctor Basile dice:

Visto el Acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde modificar la sentencia en el siguiente aspecto: fijar el plazo de cinco días desde el momento en que adquiera firmeza la presente resolución, para que el demandado haga efectivo el pago bajo apercibimiento de ejecución. Con respecto al recurso de apelación deducido a foja 319, se lo declara mal concedido. Confírmase la sentencia en todo lo demás. Las costas de Alzada se imponen a la demandada reconviniente por mantener su condición de vencida (art. 68 CPCC). Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (ley 8904).

ASI LO VOTO A la misma tercera cuestión, los doctores Igoldi y Tabernero, por consideraciones análogas, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente SENTENCIA En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia no es nula, mas no es del todo justa y debe ser modificada.

POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede, y CITAS LEGALES, modifícase la sentencia apelada en el siguiente aspecto: Fíjase el plazo de cinco días desde el momento en que adquiera firmeza la presente resolución, para que el demandado haga efectivo el pago bajo apercibimiento de ejecución. Declárase mal concedido el recurso de foja 319. Confírmasela en todo lo demás. Costas de Alzada a la demandada reconviniente. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad. - Norberto Horacio Basile. - Carlos Ricardo Igoldi. - Rodolfo Miguel Tabernero.