marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Marcas, registro de marca, caducidad del registro de marca, falta de uso de marca, allanamiento, costas al vencido
Materia: COMERCIAL
Carátula: DR. LAZAR Y CIA. S.A.Q. e I. c/ KNOLL A.G. s/ CADUCIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Al no solicitar la baja del registro cuando se dan las condiciones de procedencia de la caducidad, el titular marcario adoptó una conducta que obligó al interesado a ocurrir a los estrados de la Justicia, obligación nacida de la ley misma en cuanto prevé que la caducidad de la marca debe ser declarada judicialmente (artículo 23, inciso "c", ley 22.362). La ley, en ninguno de sus preceptos, pone como exigencia previa la formulación de un reclamo o intimación extrajudicial antes de incoar la demanda. Así las cosas, el demandado no puede invocar la imprevisibilidad de la conducta de la actora, por lo que cabe concluir que el presente juicio tiene origen en una actitud de la demandada que tiene como presupuesto no haber cumplido con la obligación del uso de la marca. De donde se sigue que por causa de ese proceder negligente ha tenido lugar la reclamación. En tales condiciones, el allanamiento formulado por Knoll A. G. no reúne las notas que justifican la eximición de costas al vencido (art. 70, inc.

1°, Código Procesal).
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias, medidas cautelares, levantamiento del embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Tenenbaum, Pablo c/ Tenenbaum, Julio Daniel s/ ordinario s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

Corresponde hacer lugar al reclamo de levantamiento de medida cautelar que versaba en el caso, la cual impedía que el demandado ejerciera sus derechos de socio. Ello, toda vez que esa medida fue dispuesta frente al escenario que por entonces se presentaba, el que daba cuenta de la existencia de un grave conflicto, que había derivado incluso en episodios de violencia física que debían ser evitados. No puede pretenderse que un sujeto capaz -como es el demandado- sea privado sine die de su posibilidad de ejercer sus derechos patrimoniales en forma libre. Finalmente, es necesario destacar que no han sido denunciados nuevos episodios que puedan revelar que esa situación de crisis extrema -que exigía evitar que las partes enfrentadas se encontraran cerca-, se mantenga del modo en que se había exteriorizado en aquel entonces, por lo cual, sin perjuicio del temperamento contrario que pudiera adoptarse en caso de que hechos nuevos revelaran la necesidad de proceder de otro modo, se estima razonable sin más consideraciones decidir del modo adelantado.
Daños y perjuicios, citación en garantía, recurso de apelación (procesal), legitimación del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Picado, Néstor Raúl c/ Maluendez, Hugo Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Si la aseguradora en su presentación al juicio no cuestionó su legitimación pasiva, carece de legitimación para agraviarse de la condena, porque su intervención y consecuente límite a su apelación está referido a las defensas anteriores al siniestro y resultantes del contrato respectivo, que demuestren que en el momento del accidente no existía cobertura, o en su caso, la limitación que ésta tenía.
Costas, bien asegurado, obligaciones del asegurador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CUTURELLO, ANTONIO NICOLAS Y OTRO c/ ELFERSY, MARIA VICTORIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Por el juego de los arts. 109 y 110 inc. a) de la Ley 17.418, el asegurador debe afrontar el pago de las costas originadas en el proceso. En cuanto a su alcance, éste comprende la totalidad de los accesorios. Ni el artículo 111 ni el 118 de la Ley citada, forman obstáculo a esta conclusión; siendo del caso, aclarar que la "regla proporcional" rige exclusivamente entre los contratantes del seguro, pero no para los terceros ajenos a dicha relación contractual. Asimismo, aunque es verdad que el artículo 118 de la Ley 17.418 dispone que "la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro", la armónica interpretación de éste con los arts. 109; 110, inc. a) y 111 lleva a concluir en que dicha limitación se refiere sólo al capital de condena y no a las costas del proceso (cfr. Sala I, Causa 2.787/91 del 30.5.96; Sala II, Causa 14.002/96 del 29.8.96, "Rossini de Foncueva, Stella Maris c/Empresa Argentina de Serv. Públicos SA y otros sobre "Incidente Ejecución de Honorarios"), pues de lo contrario, los preceptos recogidos en estos artículos carecerían de sentido. Ver, asimismo, Sala III, Causa 8.970/94 del 17.9.96.
Superior Tribunal de Justicia, trabajador, facultades regladas
Materia: CIVIL
Carátula: IRUSTA ROSA CLARA c/ ESTADO  PROVINCIAL  (PODER  JUDICIAL  DE  LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ) s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-12-13

La atribución de remover empleados subalternos del Poder Judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia (art. 133 inc. 2do. de la Constitución Provincial), no constituye un acto discrecional, sino una actividad claramente delimitada o "predeterminada específicamente" por el ordenamiento vigente, en tanto su ejercicio está sujeto a las precisas previsiones establecidas por los arts. 14 bis de la Constitución Nacional, 32 de la Constitución Provincial y 18 penúltimo párrafo de la Ley nro. 1. A través de las dos primeras se enuncia y garantiza la estabilidad del empleo público; mediante la última se especifica el mecanismo utilizable para quebrar dicha estabilidad a raíz del mal comportamiento o indebido desempeño del empleado (voto en disidencia Dr. Sosa).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia de la Corte Suprema, ley provincial, parques nacionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración de Parques Nacionales  c/ Río Negro, Provincia de  s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-05-28

La acción declarativa deducida constituye la vía idónea para motivar la intervención de la Corte, toda vez que no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro a las que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ORTEGA ALEJANDRO JAVIER c/ BANK BOSTON S.A. S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-10

Si bien es exacto que lo tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de la petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente, incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna), aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior.
Concursos, inhibición general de bienes, levantamiento de la inhibición, quiebra, rehabilitación del fallido
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CASCONE, MARCELO s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-20

Procede disponer el levantamiento de la inhibición general del fallido rehabilitado, únicamente, a los efectos de la disposición de bienes adquiridos con posterioridad a su rehabilitación (LC arts. 104, 106, 107, 108 inc. 2 y 236).
Asignaciones familiares, decretos, validez de la ley, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LAMANNA, RUBEN c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-04

Si bien los decretos 770 y 771 /96 fueron derogados por la ley 24.714, que creó un nuevo régimen de asignaciones familiares, la misma comenzó a regir desde el 1 de agosto de 1996, además dicha norma fue objeto de observación por parte del PEN mediante el decreto 1165/96 (B.O. 18/10/96). Sin entrar a considerar la validez de este decreto, corresponde expedirse sobre la validez de los reglamentos impugnados que alteraron substancialmente el régimen de asignaciones familiares durante un período al que no puede aplicársele la nueva ley. En tal sentido, corresponde concluir que el PEN no está habilitado para ejercer funciones y potestades legislativas modificando por medio de decretos de "necesidad y urgencia" una ley hasta entonces vigente toda vez que tales disposiciones afectaron a un sector importante de trabajadores (los que percibían más de 1000 pesos mensuales)suprimiéndoles lisa y llanamente un derecho sin respetar tampoco el requisito de la "transitoriedad" de la medida, pues no establecieron límites temporales a su vigencia.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, recurso de inconstitucionalidad, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Briozzo, Nilda Graciela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

Toda vez que la Cámara pasó por alto el planteo que el GCBA había introducido en la contestación del acuse de caducidad, esto es, el invocado cambio de domicilio que la parte actora no habría oportunamente notificado, corresponde revocar la decisión que declaró caduco e inadmisible el recurso de inconstitucionalidad. A su vez, deberán devolverse las actuaciones a otros jueces para que se expidan acerca de dicho planteo y aquello que fuera consecuencia de la resolución que adoptaren. Ello así, en tanto expedirse acerca de la perención del recurso requiere despejar cuestiones que incumben, como principio, a los jueces de la causa, que han omitido hacerlo a pesar de que el punto les fue oportunamente propuesto. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Juicio de desalojo, reconvención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Gregorio, Josefa R. c/ Denis, Sergio y/o demas ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

El desalojo no escapa a las reglas generales que permiten acoger la viabilidad de la reconvención, bajo ciertas condiciones. Se hace menester actuar los principios con flexibilidad, a tenor de las exigencias del tráfico y de las propias particularidades de cada situación conflictual; resultando preponderante atender a la inconveniencia de escindir la continencia de la causa, por lo que la acumulación será admisible siempre que la decisión que haya de dictarse respecto de una de las pretensiones sea susceptible de producir cosa juzgada respecto de la otra (art. 188 inc. 3 "in fine" CPCC). Las particularidades del presente, en que se articula la defensa de derecho de retención que se asienta en las mejoras objeto de la reconvención torna aconsejable la flexibilización antes aludida sin que sea obstáculo para ello que la reconvención no se sustancie por los mismos trámites aplicables a la pretensión originaria, en función que la determinación de las aducidas mejoras y su cuantificación, reviste trascendencia para posibilitar el cumplimiento de una eventual sentencia de desalojo, frente al derecho retentivo que invoca el demandado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación con causa, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA  CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE  JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE  LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA  Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES CUADERNILLO DE RECUSACION CON CAUSA PRESENTADO POR EL SR. GUILLERMO ALEGRE C/ JUEZ DE CRIMEN DE 2° NOMINACION EN AUTOS: HERRERA JUAN CARLOS Y OTROS S.D. FALSIFICACION Y ENCUBRIMIENTO E.P. N.N. s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA INTERPUESTO POR DR. WEYENBERGH EN EXPTE. N§ 579 L3/05 DENUNC. FORMULADA POR DRA. MATACH YOCCA N. EN REPRESENTACION DE ZARAGOZA AURELIO s.d. A ESTABLECER c/ MENDEZ, OSCAR E. s/ CASACION CRIMINAL DUMONT DE CHASSART, STEPHANE s.d. RESITENCIA Y ATENTADO e.p. PERSONAL POLICIAL Y OF. DE JUSTICIA QUE SE TRAMITAN ANTE SECC. 47 (INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA) s/ CASACION CRIMINAL DATTOLO, ANTONIO HIGINIO s.d. USURPACION DE PROPIEDAD e.p. ROMANO, NICOLAS (CUADERNILLO DE RECUSACION) s/ CASACION CRIMINAL DELSART NESTOR ALCIDES S.D. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO E.P. ACOSTA LUIS MARINO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12|2002-09-10|2007-12-18|2008-04-15|2008-05-12|2008-03-25|2008-04-15

No es sentencia definitiva ni equiparable a tal, la resolución que rechaza la recusación con causa.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, declaración indagatoria, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Coria López Torres, Alfonso Ramón s/ recurso de casación". Causa n. : 1786.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-03

La convocatoria que un juez le hace a una persona para que preste declaración indagatoria -aún cuando no implique por sí afectación como sujeto activo- es un acto jurisdiccional de impulso procesal -el primero-, pues sin él no podría proseguirse la causa contra persona alguna. Este auto constituye secuela de juicio con entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal. (Voto del Dr. Mitchell).
Contratos de tracto sucesivo, interpretación del contrato, plazo, extinción del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Automóviles Saavedra  S.A.C.I.F c/ Fiat Argentina  S.A.C.I.F. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

En un contrato de tracto sucesivo, en el que las partes no fijaron expresamente un plazo de extinción, su duración no debe ser, en principio, ilimitada; en el supuesto previsto en los arts. 541 y 1198 del Código Civil, debe atenderse a la voluntad manifestada en forma expresa, y a falta de esta, los tribunales deben indagar la voluntad probable de las partes.
Transporte marítimo, Transporte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARGENPAR S.A.C. c/ RIALSA S.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

Si bien el buque remolcado debe esencialmente limitarse a obedecer órdenes del remolcador y cooperar en la navegación y maniobras que éste realice, en ocasiones puede mantener a bordo alguna tripulación para manejar el timón, en cuya hipótesis conserva cierta autonomía que impide asimilarlo a las cosas conducidas en bodega: y, en consecuencia, en la medida en que su autonomía puede haberse traducido en un obrar de la tripulación del buque remolcado que haya incidido en la causación de un daño deberá ser computada a los fines de distribuir la responsabilidad. (Sala 1,1783 230983)
Falsificación de instrumento público, acta policial
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MORAN, María Isabel s/ procesamiento Causa nro. 27.631
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

La planilla que la Policía Federal denomina "folio", cuya confección se atribuye a la imputada, constituye un documento de control interno de la fuerza de seguridad, cuyo falso contenido no puede menoscabar de manera alguna el bien jurídico protegido por el título doce, capítulo tercero del Código Penal. El fin de los mentados folios, más allá de que están regulados por una ley en sentido material, es ordenar, en la esfera interna, el proceso de confección y otorgamiento de un pasaporte, pero sin dotarlos de una prestancia acreditadora "erga omnes" ni de trascendencia jurídica alguna:podrían inducir a error pero no a lesionar la fe pública.
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: DIEZ, RICARDO ALBERTO c/ TECSA SA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 87-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-29

En la acción de derecho común derivada de un accidente de trabajo, no rige el principio de la indiferencia de la concausa, por ello la responsabilidad patronal resulta de los efectos de la acción causal o concausal de la labor realizada por el trabajador.

Para que la "cosa", sea arena o tierra, desplazada a pala sea peligrosa, aun cuando los objetos inertes no son considerados peligrosos en sí mismos, pueden constituirse en dañosos según las circunstancias, ello debe acreditarse, de lo contrario, no alcanzan a configurar en caso de accidente el supuesto de daño producido con las cosas previsto por el artículo 1113 del Código Civil.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olmos Cárdenas, Amilcar Omar c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

No siendo el caso del último párrafo del art. 19 del dec. ley 9650 /80, t.o. 1994, el agente tiene derecho a que se computen los servicios jornalizados que desempeñara en la Dirección de Vialidad durante los años 1945 a 1947, no obstante que la ley vigente en tal oportunidad los excluyó del sistema previsional, en tanto por la norma que regula la concesión del beneficio que reclama, tales servicios resultan de afiliación obligatoria al organismo de previsión provincial (arts. 1 de la ley 4656, 2, 19, 23 y 71 del dec. ley 9650/80, t.o. 1994).
Acción de amparo, competencia, acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "ROJAS HUGO MARCELO Y CHAVEZ RAMON ESTERGIDIO c/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE FRIAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-19

Pese a la naturaleza eminentemente política de la decisión (resolución adoptada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Frías, en virtud de la cual no se los incorpora como concejales) no cabe sustraer este supuesto a la esfera del Poder Judicial cuando se suscita una controversia eminentemente jurídica que exige un pronunciamiento que le ponga fin a través de la solución que en derecho corresponde.
Administración fraudulenta, perjuicio patrimonial
Materia: PENAL
Carátula: AGUINIS ESTHER SUSANA s/ DEFRAUDACION  CALIFICADA  POR  ADMINISTRACION FRAUDULENTA CONTINUADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-02-27

El acto reprimido por el inc. 7mo. del art. 173 C. Penal, consiste en que el autor se exceda de su facultad o poder para obligar al titular del patrimonio, reconociendo, por ejemplo, una deuda que no existe. Para la configuración del tipo contenido en aquélla norma, basta que de modo arbitrario se dé una ventaja o provecho aún transitorio.

El delito de defraudación por administración por infidelidad o abuso (art. 173, inc. 7mo. C. Penal) es un modo defraudatorio por abuso o infidelidad en donde resultará siempre un elemento compositor del tipo la nota del perjuicio, el que necesariamente debe importar una producción efectivamente dañosa. Si, en el caso, la imputada por disposición de una acto jurídico que emanaba de la autoridad competente (Ministerio de Economía y Finanzas de la Provincia de Córdoba) en virtud de la cual se encomendaba el manejo y la administración de bienes e intereses de la administración pública (restauración del Teatro del Libertador Gral. San Martín), violando sus deberes y con el fin de procurar para sí y para un tercero (el coimputado) un lucro indebido, le adjudicó en apariencia a terceros, ya que en realidad nunca fueron adjudicatarios y, por lo tanto, tampoco intervinieron en la obra de restauración, mediante la utilización de facturas y presupuestos apócrifos la intervención en el desarrollo de la obra realizada, perjudicando los intereses que se le habían confiado, debe responder por el delito de administración fraudulenta (art. 173, inc. 7mo. C. Penal).-
Declaración de insania, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: M.F.J. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

El juicio de insania carece de contenido patrimonial, pues tiende a la protección de la persona del incapaz. La limitación que establece el art. 634 del Código Procesal, no es óbice a esa conclusión, toda vez que la referencia contenida en dicha norma constituye un tope y no un criterio para regular los honorarios en ese porcentaje, aún cuando la carencia de contenido económico no impide considerar el monto de los bienes para establecer una justa retribución (conf. C.N Civ., Sala E, c.30.176 del 29/5/87).
Personal de casas particulares, cuidador de enfermos
Materia: LABORAL
Carátula: POMPILLO PEREYRA, SARA c/ SANTA MARIA DE GOMEZ, MARIA E. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

Si la demandante no demostró ser enfermera, y además de atender a la madre del empleador, realizaba tareas domésticas, tal situación encuadra en el decreto 326/56, siendo indiferente que en los recibos de sueldo se haya hecho constar que los pagos se realizaban "en concepto de atención a su madre" o por el "cuidado de su madre".
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio, sociedad de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE L. DE M. c/ D., J.E. s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

La ley 21.839, en el capítulo II del título II no prevé el monto que debe tenerse en cuenta en procesos de disolución de sociedad.

Ninguno de los artículos, desde el 19 al 35, establece cual es el monto de un proceso en el que uno de los concubinos pretende el reconocimiento de una supuesta sociedad de hecho, que por sentencia definitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada, no fue reconocida y se rechazó la pretensión de la existencia de tal sociedad.

El patrimonio de una sociedad de hecho, no está dado por sus ingresos, pues también deben considerarse sus pérdidas, sus inversiones, su patrimonio neto.

La pretensión de la actora marca sí la importancia económica del asunto sometido a la jurisdicción, pero no determina, ni precisa el monto del proceso. Los intereses defendidos, existencia o inexistencia de una sociedad de hecho no son susceptibles de apreciación pecuniaria, por lo que debe concluirse que se está ante un expediente con contenido económico, pero de monto indeterminado.

Si un detallado análisis de las constancias de la causa permite conocer la holgada posición económica en que se desenvolvió la vida de las partes, esta circunstancia debe ser valorada para determinar la justa retribución de los profesionales.-
Expropiación, intereses, despojo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARINO, LORENZO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA (CSJ EXPTE NRO 23-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

En materia expropiatoria, los intereses deben reconocerse desde que el actor fue efectivamente desposeído del bien de que se trate.