Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12


Causa Nº 314-01-CC/2005 caratulada Incidente de apelación en autos Sánchez Hinostroza, Alex y otros s/ infr. art. 81, Ley 1472.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fer-nando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Mediante el auto de fs. 141/143 la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 24, Dra. María Alejandra Doti, resolvió rechazar el planteo de nulidad efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Luis Esteban Duacas-tella Arbizu, respecto del decreto de fs. 136, por el cual la Jueza a quo, ante la imposi-bilidad de notificar personalmente al imputado, decidió suspender la audiencia de jui-cio oportunamente fijada y remitir el legajo a conocimiento del Sr. Fiscal interviniente, con el objeto de que se continúen las tareas investigativas tendientes a determinar el actual paradero del Sr. Jesús Vergara Solís.

Contra ello el Sr. Fiscal interpuso el recurso de apelación de fs. 144/146, el cual fundó en los argumentos que se sintetizan a continuación: 1.- carácter de sentencia de-finitiva del auto impugnado, en tanto resuelve retrotraer el trámite a la etapa de inves-tigación preliminar; 2.- afectación del debido proceso legal en perjuicio del Ministerio Público Fiscal, al haberse impedido la continuación regular del trámite del proceso y menoscabado la autonomía funcional de ese organismo; 3.- aptitud del acto para poner en crisis la correcta administración de justicia; 4.- fundamentación aparente de la resolución recurrida, en la medida en que los argumentos expuestos no se vincularían con los antecedentes del proceso, ni se relacionarían con la ley de forma aplicable (arts. 12 y 46 LPC). Sobre esa base, el Dr. Duacastella Arbizu solicitó que se revoque la decisión impugnada y se ordene continuar con el proceso conforme lo establece el art. 46 de la LPC....

Radicadas las actuaciones ante esta Alzada, la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. San-dra Verónica Guagnino, por las razones que expuso en su dictamen de fs. 153/157, re-quirió que se declare la nulidad de la citación cursada al imputado en virtud del decre-to de fs. 112, es decir, de un acto distinto y anterior a aquel cuya validez fue cuestio-nada por el Sr. Fiscal de primera instancia.

El Sr. Defensor Oficial, Dr. Gerardo Lionel Ghirsfeld, por su parte, contestó a fs. 162/164 la vista que le fue conferida.

Cumplidos los pasos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.

Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, no se presentan en el caso los requisitos necesarios para considerar admisible la vía intentada.

En efecto, el recurso no se dirige contra una sentencia definitiva como lo afir-ma el Dr. Duacastella Arbizu, pues manifiestamente el acto impugnado no pone fin al proceso ni impide su continuación. Tampoco se trata éste de un supuesto respecto del cual se encuentre expresamente prevista la posibilidad de recurrir.

En consecuencia, dado que en el caso se ataca lo resuelto respecto del planteo de nulidad del decreto de fs. 136, el análisis de los recaudos relativos a la admisibili-dad de la impugnación deducida, remitirá necesariamente a la consideración de si aquella decisión la cual de ninguna manera tiene el alcance de retrotraer el proceso a etapas ya superadas puede ocasionar al recurrente un gravamen de insusceptible repa-ración ulterior.

El examen de esa cuestión conduce a advertir con claridad que no se presenta en este supuesto un perjuicio de esa índole. Baste observar en tal sentido que para la regu-lar continuación del juicio será suficiente con que el Sr. Fiscal implemente las diligen-cias sugeridas, o bien devuelva las actuaciones al juzgado interviniente dictaminando acerca de la procedencia (o improcedencia) de aquellas o expresando cuáles serían a su criterio los pasos a seguir en el marco de un normal desenvolvimiento del proceso, sin que ello implique afectación alguna de las facultades propias del Ministerio Público Fiscal y sin que la decisión cuestionada haya importado la adopción por parte de la Sra. Jueza a quo de actos de impulso o sostenimiento de la acción que le están veda-dos. Se evidencia así, entonces, que la impugnación ha sido mal concedida.

Por lo demás, la pretensión de la Sra. Fiscal de Cámara tendiente a que se decla-re la nulidad de actuaciones que no fueron cuestionadas en la instancia anterior resulta ajena al objeto de conocimiento de esta Sala, el cual, como es manifiesto, se circuns-cribe a aquello que fue materia de crítica por parte del Dr. Duacastella Arbizu, sin que se advierta, por otra parte, vicio alguno que amerite su declaración en forma oficiosa.

II.

Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a la argumentación que ha sido desarrollada por los representantes del Ministerio Público Fiscal y con el objeto de evitar mayores dilaciones de este proceso, conviene precisar los alcances de las normas ritua-les que rigen el caso.

En primer lugar, es necesario conciliar lo previsto en el art. 12 LPC, en cuanto dispone que serán consideradas válidas todas las citaciones y notificaciones cursadas al domicilio que hubiere constituido el imputado en su primera presentación ante el Fiscal o el Juez de la causa, con lo regulado por los arts. 359 y 154 CPPN (de aplica-ción supletoria), en la medida en que establecen que su citación al juicio será efectuada bajo apercibimiento y por medios que aseguren una notificación cierta (diligencia-miento policial, carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado).

La correcta interpretación de tales disposiciones conduce a considerar la norma nacional como una regulación específica del supuesto particular al que refiere y, en consecuencia, como regla de aplicación prevalente frente al precepto local general.

Ese entendimiento, por lo demás, se impone también desde una consideración basada en las consecuencias que para el caso de incomparecencia se establecen en el régimen contravencional, pues sólo cuando el imputado se hallare efectivamente cita-do a la audiencia es posible que, pese a su inasistencia, se produzca la prueba testimo-nial incorporada al juicio, tal como lo admite el art. 46 LPC.

La necesidad de armonizar esa disposición con la garantía constitucional del debido proceso legal (art. 18 CN), en cuanto exige que se asegure al imputado la posi-bilidad de ejercer su defensa material, no puede sino determinar la exigencia de verifi-car, previo a proceder en los términos del art. 46 LPC, que él ha sido efectivamente citado al juicio. En el supuesto contrario, es decir, cuando el resultado de la citación indique que se ha sustraído al proceso, se tornará gravemente cuestionable la legitimi-dad constitucional de la realización de la audiencia, al tiempo en que se hará manifies-ta la prudencia de examinar la procedencia de otras consecuencias procesales, tal como la declaración de rebeldía (art. 288 CPPN); pues la materialización del debate en tales condiciones, aun cuando meramente se produzca una parte de la prueba, podría impor-tar una trasgresión a aquel principio constitucional, quizá análoga a la que significaría habilitar la prosecución del juicio contra quien ha sido declarado rebelde en las prime-ras instancias del proceso.

III.

Tal como lo ha advertido la Sra. Fiscal al dictaminar ante esta Alzada, el expe-diente pone en evidencia, cuando menos, un manejo descuidado de sus constancias.

A este respecto, baste señalar que actuaciones correspondientes al cuerpo prin-cipal han sido glosadas en el incidente de apelación oportunamente formado, corri-giéndose la foliatura originaria sin que existiera una orden en tal sentido y generándose así la continuación del trámite en ese legajo. Se aprecia también que la resolución de esta Sala pronunciada en el incidente aludido ha sido incorporada a los autos principa-les y que no existen en ellos las constancias propias de ese proceso.

Ante este estado, habrá de encomendarse a la Sra. Jueza a quo que proceda a la adecuada recomposición del expediente y a la incorporación al legajo principal de las actuaciones incidentales cuya tramitación se hallare fenecida.

Habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso deducido por el Sr. Fiscal, Dr. Luis E. Duacastella Arbizu, contra el auto de fs. 141/143.

II.- ENCOMENDAR a la Sra. Jueza a quo, Dra. María Alejandra Doti, la ade-cuada recomposición del expediente y la incorporación al legajo principal de las actua-ciones incidentales cuya tramitación se hallare fenecida.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y, oportunamen-te, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notifica-ciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.