Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-17


Salta, 17 de abril de 2018.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "Martínez, Santiago Pedro y otros vs. Tolaba, Esther - Desalojo", Expte. Nº 466.061/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación; Expte. Nº 466.061/14/17 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) A fs. 236 el doctor Matías J. Brogín, por derecho propio, apela el punto II de la sentencia de fs. 233/235, en virtud del cual se impusieron las costas por el orden causado.

A fs. 252/254 el apelante expresa agravios solicitando se revoque la forma en que fueron impuestas las costas en la decisión recurrida. Dice que lo agravia, y también a la parte que representa, que se haya fundado el apartamiento del principio general en el escueto argumento de que la parte pudo creerse con derecho a litigar, ya que debieron darse argumentos de peso, los que estima no concurren en el caso, en tanto con el transcurso del proceso los actores debieron advertir su falta de derecho y aún así continuaron litigando. Sostiene que los contrarios pudieron haber desistido, pero decidieron avanzar en el proceso hasta la sentencia, cuestión que -afirma- tiene un precio (fs. 252 vuelta).

Dice que la demandada debió realizar una serie de gastos, tales como el pago del adelanto correspondiente a la prueba pericial, cuestión que no fue valorada por la sentenciante, como tampoco fue justipreciado el tipo de proceso y la duración del mismo, ni que la sentencia se funda en gran medida en los argumentos y pruebas de la parte demandada.

A fs. 259, la contraria contesta el traslado conferido, solicitando se declare desierto el recurso por insuficiencia del memorial, y luego pide el rechazo del recurso invocando que su parte contaba con elementos que fundaban su demanda, la que resultó desvirtuada por documentación cuya existencia desconocían.

II) Siendo este Tribunal el "Juez del recurso", el órgano natural de la apelación, tiene todas las facultades para analizar los aspectos formales del remedio intentado y su viabilidad (art. 270, última parte, del Código Procesal Civil y Comercial). En tal dirección, se señaló que el Tribunal de Alzada se halla habilitado para revisar el trámite de primera instancia y examinar si el apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la interposición del recurso, etc., pudiendo, en su caso y de oficio, declararlo mal concedido (CApel. CC. Salta, Sala III, 17/11/86, Fallos año 1986, fº 1413; íd., íd., 15/12/88, Fallos año 1988, fº 1347). Es dable apuntar que las cuestiones referentes a la admisibilidad del recurso de apelación atañen al orden público (CApel. CC. Salta, Sala I, año 1985, fº 204/205; año 1988, fº 303/304 y 401; Podetti, J. Ramiro, Tratado de los Recursos, 1958, pág. 143), y deben ser revisadas por la Sala, no obstante lo que haya resuelto sobre el particular el Juzgado y aún cuando mediara el consentimiento de las partes (CApel. CC. Salta, Sala I, año 1981, fº 85; id., Sala III, tomo año 2006, fº 1078).

De las constancias de autos surge que el recurso de apelación de fs. 236, fue interpuesto por el doctor Matías J. Brogín, actuando por sus propios derechos. Con posterioridad, en ocasión de fundarlo, reitera hacerlo por sus propios derechos (v. encabezamiento del escrito de fs. 252), pero sólo invoca agravios -que califica de irreparables- que se habrían causado a su mandante, tales como el pago de los importes solicitados en concepto de adelanto de gastos de pericia.

Repetidamente se ha dicho que constituye un requisito subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione gravamen o perjuicio a quien lo interpone (CApel. CC. Salta, Sala V, año 1981, fº 61/63; id. id., año 1983, fº 639 y 1011; id. id., año 1992, fº 301, id., Sala I, año 1988, fº 473 y 488; id., Sala III, año 1994, fº 366; id. id., año 2004, fº 1237), y el letrado apoderado de la parte demandada carece de interés en el recurso intentado, dado que las costas fueron impuestas a las partes y no a él. En efecto, la imposición de costas por el orden causado, o costas por su orden, significa que cada parte debe pagar las costas que ha causado y las comunes por mitades (CNCiv., Sala A, 27-8-68, E.D. 25-500; íd., Sala F, 18-10-73, E.D. 52-319; íd., Sala G, 21-7-81, Rep.E.D. 16-283, n° 38; CApel. CC. Salta, Sala III, 15-5-06, "Andreussi vs. Nicceli", expediente de Sala n° 120.866, tomo año 2006, fº 430/431), no siendo el abogado en consecuencia afectado en modo alguno por la forma en que se impusieron las costas.

Así, se dispuso que "los abogados no tienen legitimación para lo atinente a la condena en costas" (TSJ Córdoba, Sala Civ. y Com., 4/9/00, "ICI Argentina vs. Daniel Victor Regondi", citado por Loutayf Ranea, Roberto G., en El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil, de. Astrea, T. I, pág. 498). Por regla, quienes intervienen en un proceso como auxiliares - tales como los representantes, apoderados y letrados, pueden apelar aquellas resoluciones que los perjudiquen. Indica Loutayf Ranea, en tal sentido, que "se ha admitido que los abogados, procuradores y demás auxiliares de la justicia puedan apelar la regulación de honorarios a su favor, pero no tienen legitimación para discutir lo atinente a la condena en costas, que es una cuestión que involucra directamente a las partes en el proceso y no a sus abogados" (conf. Autor y obra citada, pág. 237 y jurisprudencia allí reseñada). Es que, si bien "los honorarios de los abogados y procuradores integran las costas, ellos no son parte en la cuestión de fondo y, por lo tanto, carecen de legitimación para recurrir por derecho propio, la resolución que impone o exime de costas" (C 2° Civ. y Com. Córdoba, del 01.04.97, Rep. La Ley, 1998-2160, n° 28; reseñada por Loutayf Ranea, ob. cit. p. 237, nota al pie N° 32).

En sentido concordante con la jurisprudencia que deniega facultades recursivas al letrado patrocinante o apoderado que invoca su propio derecho, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Azul, sostuvo que el letrado de la parte demandada carece de legitimación para apelar la resolución que impuso las costas a su patrocinada citada en garantía -pretensión de la actora que no prosperó-, toda vez que ello no le causa agravio; máxime cuando la propia patrocinada si bien había apelado otros aspectos del decisorio adverso, no se agravió de la imposición de costas en su "condictio iure" de vencida (CApel. CC. Azul, Sala II, causa n° 42.548, "B. H. c/ Lazarte.", del 07.06.01, voto del Dr. Jorge Mario Galdós). Asimismo, este criterio ha sido sustentado por quienes sostienen que, si bien el profesional puede tener interés en que el condenado en costas sea el adversario de su cliente, este interés es meramente económico y es común con el que puede tener cualquier otro acreedor de las partes. Así se sostiene que "por tal, no se le confiere legitimación [al letrado] para sustituir a ellas y disponer de sus derechos interviniendo en el juicio principal" (conf. Fernández, Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el C.P.C.C. de Córdoba, pág. 74, citado por Loutayf Ranea, ob. cit. pág. 237, nota al pie n° 35).

El hecho que el letrado apelante, al fundar el recurso, invoque agravios que la resolución recurrida ocasionaría a su mandante, no torna procedente el recurso, en tanto el escrito por el cual se dedujo el recurso fue interpuesto por el letrado por sus propios derechos y no por la parte Corolario del análisis que antecede, es que el recurso debe declararse mal concedido.

III) Las costas generadas en la presente instancia se imponen por el orden causado dado que el recurso se resuelve con argumentos propios del tribunal.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA I) DECLARA MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 236, por el doctor Matías J. Brogin, actuando por sus propios derechos. COSTAS por el orden causado, conforme considerandos.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y REMÍTASE.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: MARCELO RAMÓN DOMÍNGUEZ, JOSÉ GERARDO RUIZ. SECRETARIA: DRA. MARÍA VICTORIA MOSMANN. SALA III LIBRO SENT. DEF. T. 2018 Fº 150/151. 17/04/18.