Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-06-16


Dictamen del Procurador General de la Nación:

Suprema Corte:

Habida cuenta de los agravios del apelante -toda vez que tacha de inconstitucional el decreto-ley 7914/57 sobre la base de que sus disposiciones vulneran la garantía de la propiedad- considero que en razón de existir cuestión federal bastante, el recurso extraordinario deducido a fs. 64 debe ser reputado procedente (art. 14, inc. 3º, de la ley 48). Ha sido, pues, bien concedido por el a quo.

En cuanto al fondo del asunto, no es exacta la manifestación del recurrente en el sentido de que la asignación mensual de $ 150.- establecida por el cuerpo legal cuestionado en favor de los empleados y obreros de la industria privada que tengan a su cargo hijos menores de quince años o incapacitados, deba ser pagada a éstos y menos aún, que los declare "acreedores" del empleador; por el contrario, los arts. 1º y 2º del decreto disponen con absoluta claridad que el pago de la aludida asignación debe ser hecho efectivo a los propios trabajadores y no a sus hijos. La existencia y número de éstos -en las condiciones fijadas- constituye en el sistema de la ley la base para el reconocimiento y graduación del beneficio, y sólo traduce la elección por el Estado de un determinado criterio para la concesión a cierto grupo de empleados, de remuneraciones mejor adecuadas a sus necesidades, en ejercicio de una facultad cuya validez ha sido reconocida por V.E. (conf. "Prattico, Carmelo y otros c/ Basso y Cía.", sentencia del 20 de mayo ppdo.).

A mérito de lo expuesto pienso que no corresponde sino confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto ha podido ser materia de apelación extraordinaria. - Buenos Aires, 5 de julio de 1960. - Ramón Lascano.

Buenos Aires, 16 de junio de 1961.

Vistos los autos: "Roldán, José Eduardo c/ Antonio Borrás s/ salario familiar".

Considerando:

1º) Que por el presente recurso extraordinario se impugna la validez constitucional del decreto-ley 7914/57 (arts. 1º y 2º), que estableció una asignación mensual de m$n. 150 en favor de los empleados y obreros de la industria privada por cada uno de los hijos menores de 15 años o incapacitados que tengan a su cargo. El empleador funda sustancialmente su agravio constitucional en que aquella obligación legal vulnera el derecho de propiedad establecido por la Constitución Nacional en los arts. 14 y 17 y por ende la libertad de contratar y la libre actividad privada. Sostiene también que la obligación legal aludida importa expropiación de bienes sin indemnización y creación de impuestos en beneficio de particulares. Cita a tal fin distintas disposiciones constitucionales vinculadas a lo que entiende como defensa sustancial del derecho de propiedad.

2º) Que esta Corte ha tenido oportunidad de ratificar recientemente su doctrina sobre la cuestión constitucional involucrada en el presente caso. Así en Fallos: 246:345, sentencia de fecha 20 de mayo de 1960, se afirmó que "los actos estatales encaminados a conceder a los trabajadores remuneraciones que les aseguren "un nivel de vida adecuado" suponen ejercicio válido del poder de policía". También, que con referencia a lo que ahora, dentro del ordenamiento constitucional argentino, puede llamarse "salario vital mínimo", o para el caso de autos, "protección integral de la familia" o "compensación económica familiar" (art. 14 de la Constitución Nacional, según reforma de 1957), "toda vez que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer sobre aquélla, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. No otro es el sentido de la cláusula que los constituyentes de 1957 agregaron a continuación del art. 14 de la Ley Fundamental" (considerando 6º, in fine).

3º) Que no parece inoportuno recordar que la tesis constitucional reiterada en el precedente citado, fue ya acogida por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso "West Cost Hotel Co. v. Parrish" (sentencia de fecha 29 de marzo de 1937, 300 US 379) y por nuestra Corte Suprema, con base en él, en el pronunciamiento registrado en Fallos: 199:483, considerando 5º (sentencia de fecha 1-9-1944). El Juez Presidente Hughes, exponiendo la opinión de la Corte en 300 US 379, sostuvo que "...en lo concerniente a la relación entre empleadores y empleados la Legislatura tiene un amplio campo discrecional respecto de lo que considere puede ser adecuado para la protección de la salud y la seguridad y para que la paz y el buen orden sean promovidos mediante regulaciones tendientes a asegurar condiciones humanitarias de trabajo y libertad contra la opresión" (freedom from oppression). Y afirmando la idea básica de la doctrina expresó: "la libertad salvaguardada es la libertad dentro de una organización social, la que requiere la protección de la ley contra los peligros que amenaza la salud, la seguridad, la moralidad y el bienestar del pueblo".

Desde entonces, la constitucionalidad de las leyes protectoras del trabajo y la exclusión del agravio de que ellas violan el derecho de propiedad y la libertad de contratar, ha sido reiteradamente reconocida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Así, el juez Stone, en el caso "United States v. Darby" (32 US 100, año 1941) pudo afirmar, refiriéndose a la validez de las disposiciones de la legislación federal sobre salario mínimo y horario en las relaciones de trabajo: "Desde nuestra decisión en "West Cost Hotel Co. v. Parrish" no es discutible la cuestión de que la fijación de un salario mínimo es facultad del Poder Legislativo y que el hecho desnudo de su ejercicio no constituye negación del debido proceso legal con arreglo a la enmienda 5º, ni según la enmienda 14. No está tampoco por más tiempo abierta la cuestión de que corresponda al Poder Legislativo fijar el horario del trabajo" (confr. Tresalini, American Constitutional Law, pág. 321, Nueva York, 1959).

4º) Que el fundamento normativo de tan firme doctrina, por una parte se apoya en una razonable interpretación de las normas constitucionales referentes a las facultades del Estado Federal y los estados provinciales; por la otra, en la debida comprensión del sentido de los derechos individuales consagrados en la propia Constitución. Sobre esto Potter ha podido decir: "La presente actitud de la Corte no está basada en una restricción de sus poderes para proteger la libertad; más bien, está basada en la idea de que quizá la invalidación de tal legislación, porque ella interfiere con derechos económicos, es errónea, pues esa legislación en su efecto total, en verdad protege la libertad. Pues la legislación que interfiere o limita los derechos económicos de una persona puede extender o proteger los derechos económicos de otra" (Allen M. Potter, American Government and Politics, pág. 271, 2º impresión, Londres, 1960).

Por lo demás, el fundamento valorativo de la solución reposa en inexcusables principios de justicia social (Fallos: 181:210; 246:345 y otros) y en la ponderada estimación de las exigencias éticas y condiciones económico-sociales de la colectividad a la que se aplica.

5º) Que las demás impugnaciones del recurrente tampoco pueden prosperar. En efecto, las normas legales en examen no guardan relación alguna de fundamento con los poderes impositivos o expropiatorios del Estado (doctrina de Fallos: 181:210; 189:234; 246:345 y otros). Tampoco las especiales modalidades del sistema de asignaciones familiares establecido por el decreto-ley nº 7914/57 y cuyo correcto sentido ha sido señalado en el precedente dictamen del Señor Procurador General, autorizan otra consideración que la aplicación a él de la doctrina recordada en este pronunciamiento. En tales condiciones, es claro que las otras cláusulas constitucionales invocadas por el recurrente carecen de relación directa e inmediata con lo resuelto. Por ello, y lo dictaminado por el Señor Procurador General, se confirma la sentencia apelada en lo que ha podido ser materia de recurso extraordinario. - Benjamín Villegas Basavilbaso. - Julio Oyhanarte. - Pedro Aberasturi. - Ricardo Columbres. - Esteban Imaz.