marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asociaciones sindicales, acción judicial, aplicación de la ley, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: U.T.I.C.R.A c/ Calzados Catamarca s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-06-04

Respecto de la exigencia -art 22 del Decreto Reglamentario de la Ley de Asociaciones Sindicales- de que para representar los intereses individuales de los trabajadores deberá acreditarse el consentimiento por escrito, existen opiniones doctrinarias que sostienen lo contrario.

En efecto, se sostiene que conforme los artículos 23 y 31 de dicha ley, la exigencia de una solicitud por el interesado, al sindicato, con anterioridad a la gestión, contraría el sentido sindical y resulta disvaliosa.

Pero en el caso-problema de encuadre convencional-la exigencia del otorgamiento de mandato expreso-aquí acta poder- a fin de entender en un reclamo que puede modificar el contrato individual de trabajo de los interesados, en modo alguno implica sostener una postura antisindical que se oponga a las recomendaciones de la OIT, más aún cuando en el caso ni siquiera se intentó un planteo de inconstitucionalidad de la norma aplicable.

En consecuencia, debe confirmarse el fallo del A quo que desestimó la acción por falta de legitimación de la entidad sindical.
Acto administrativo, trabajador, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Beveraggi María Bibiana c/ U.A.D.E.R. s/ Acción de Amparo y Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-22

El órgano-institución, conformado por el ordenamiento jurídico como "autoridad de nombramiento", solamente expresa la voluntad administrativa a través del acto formal respectivo, que no puede ser reemplazado por la mera expresión de palabra de la persona ocasionalmente ocupante de la función atribuida o por simple actitudes gestuales, desde que ninguna de ellas sustituye la voluntad de la autoridad competente, la que trasciende a su circunstancial ocupante. No es posible superar los recaudos administrativos que trasunte regular y adecuadamente la voluntad del órgano: en el caso la autoridad de nombramiento investida como tal por la ley.
Dirección Nacional de Previsión Social, organismos del Estado, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "KECO S.A. c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

En el ejercicio de sus facultades de inspección, el organismo tiene diversas atribuciones, y entre ellas, la de citar y hacer comparecer al responsable y obligado, o a terceros, para contestar o informar -verbalmente o por escrito-, dentro del plazo que se les fije, todos los requerimientos vinculados a situaciones contempladas por las leyes de previsión. Si el empleador previamente intimado a facilitar los libros, registros y demás elementos de juicio que le fueran requeridos no lo hiciere, la administración está facultada para determinar de oficio la deuda por aportes y contribuciones, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder (conf. art. 10, 16 y cc., ley 18.820).
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kachizky Vallenari Diego s/ Peticiona Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-11

El trámite de regulación de honorarios por la realización de tareas extrajudiciales debe hacerse de acuerdo a las normas del proceso sumarisimo lo que necesariamente implica dar la intervención debida a los comitentes denunciados.
Costas, honorarios, leyes, aplicación de la ley, equidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía. de Estudios y Construcciones Ing. Rodolfo Cornero SRL c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Honorarios  perito contador. Recurso de Aclaratoria (Expte CSJ Nº 195-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-18

La norma del artículo 522 de la ley 10160 supone aplicar la legislación arancelaria de abogados y procuradores, a otros auxiliares de la justicia cuando prestan servicios en juicio. Parece, entonces, justo y equitativo que si se desplaza la legislación arancelaria propia de cada profesión cuando se trata de justipreciar honorarios en juicio, se aplique a otros profesionales la ley 6767 (originariamente prevista para abogados y procuradores), con todas sus inconvenientes, pero también con sus ventajas (entre éstas, la del inciso e) artículo 28), cuando se recurre la cuantía del honorario pericial. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr.

Rouillon).
Daños y perjuicios, lesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riera Liener c/ Galeano, Osvaldo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-16

La persona humana es titular del derecho a la vida y a la integridad física como bienes cuyo desmedro da lugar a indemnización, independientemente que las lesiones provoquen o no incapacidad a la víctima como secuela de las mismas pues la incapacidad puede ser también parcial y transitoria y no dejar secuelas incapacitantes.
Honorarios del perito, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: Vega Mario Héctor c/ ISO Therm SRL y otros s/ Sucesión - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-12

El Estado Nacional tomó conocimiento de su obligación al ser notificado de la regulación de honorarios practicada por este tribunal, el 27 de mayo de 2014, ya que esa resolución no fue objeto de recurso alguno. Bien pudo entonces realizar la correspondiente previsión presupuestaria para el año siguiente, en su condición de obligada al pago. Por cierto, no resultaba necesario que el ingeniero Geretto alegara que su crédito se encontraba excluido del régimen de consolidación de deudas, ya que ello surge de las constancias de la causa, pues se funda en la fecha de realización de las tareas remuneradas. Nótese, además, que fue la propia apelante la que así lo determinó unilateralmente ante la iniciación de un requerimiento de pago en bonos. En consultor técnico de la actora se encontraba facultado a proceder ejecutivamente al momento en que solicitó el embargo de fondos de la deudora, por lo que corresponde desestimar las quejas del Estado Nacional, al no haberse invocado ni acreditado la carencia de crédito suficiente para satisfacer la obligación reclamada.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un menor, daño por vicio o riesgo de la cosa, culpa concurrente, responsabilidad de los padres, responsabilidad del consorcio
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA, Avelino Raúl y otra c/ YEDIT, Elías s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

Demandados por los padres daños y perjuicios debido a la muerte de su hijo que a la fecha del accidente contaba con dos años de edad, en circunstancias en que mientras la madre se encontraba colgando ropa en la terraza el niño cayó al vacío por uno de los huecos existentes en el lugar y que carecía de toda protección, el hecho es encuadrable en lo prescripto por el 2 párrafo del art. 1113 del Código Civil, es decir como daño causado por el riesgo o vicio de las cosas (conf. Belluscio, "Código Civil comentado anotado y concordado" t. V, p. 531 nro. 52 nota 624).

Si se encuentra acreditado que los accionados propietarios del inmueble, estaban en infracción, art. 5.10.l.l. del Código de la Edificación, ya que existían aberturas de aire y luz que carecían de protección, dicha situación los hace responsables de los daños que pudieran producirse por falta de seguridad, máxime si los testigos son contestes en afirmar que la totalidad del techo era utilizado como terraza por los ocupantes del edificio.

Pero existió concurrencia de culpas ya que el hecho en importante medida se produjo por negligencia de la progenitora pues ante la falta de seguridad debió adoptar medidas tendientes a resguardar a su hijo de ese peligro. Si advirtió la caída al vació del menor una vez que ello se produjo, demuestra que no se encontraba prestando la debida atención a los movimientos del niño, máxime si está demostrado que el menor solía subir solo al lugar, a punto tal que los vecinos colocaron una madera para que no se pudiera acceder a la escalera, advirtiéndole a la madre el peligro que tal circunstancia representaba por lo que cabe atribuir un 70% de culpa en el evento dañoso a la madre y un 30% a los accionados.
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Charito San Luis S.A. c/ Petruzzi, Lucía s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-03

En función de la regla general en cuya virtud el patrimonio del deudor constituye prenda común de los acreedores, como principio, todos los bienes del obligado son embargables a fin de responder a los créditos insatisfechos y, en forma excepcional, la ley dispone la inembargabilidad de ciertos bienes con fundamento, principalmente, en el respeto de la persona humana y el sustrato de corte solidarista que preside la sociedad moderna (arts. 3878 Código Civil y 219 Código Procesal), siendo tarea del juzgante hacer mérito respecto a si el bien reviste el carácter de "uso indispensable" del deudor; es decir verificar si se está en presencia de un bien de naturaleza imprescindible. (Minoría u opinión personal)
Concursos, propuesta de acuerdo preventivo, categorización de acreedores, fundamentación de la resolución
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAUD MOL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

Si la concursada al peticionar la exclusión de la afip, en forma subsidiaria y para el hipotético supuesto en que no se hiciera lugar a dicho planteo, requirió que, amen de las categorías generales de la ley 24522: 41 se considere a la afip incluida en una categoría independiente, y la sindicatura, en oportunidad de emitir el informe general previsto por la lc: 39, entendio que ante la existencia de acreedores quirografarios laborales, debían respetarse las categorías mínimas previstas por la lc: 41 -lo cual fue observado por la concursada-, el juez debió dictar la resolución de categorización prevista por la lc: 42, o en su caso, expedirse fundadamente acerca de su prescindencia; ello así pues, la necesidad de asegurar que el agrupamiento y clasificación de los acreedores sea serio y responda a bases fundadas de razonabilidad impone como necesaria la intervención judicial, a fin de que realice no ya un control meramente formal de la propuesta de categorización, sino que este sea sustancial; ya que, la intervención del órgano jurisdiccional tiene el propósito de corregir o subsanar los defectos en que pudiera haber incurrido el deudor al clasificar a sus acreedores y especialmente el de acotar su discrecionalidad, pudiendo el juez moverse libremente para decidir lo que estime apropiado, sin estar sujeto en modo alguno a los términos de la propuesta de la lc: 41, -que no es vinculante-, ni a los fundamentos expuestos por la sindicatura en la opinión a que se refiere la lc: 39-8°, como tampoco por las observaciones formuladas en la ocasión prevista por el art. 40 de la citada normativa (cfr. pablo d. heredia, "tratado exegetico de derecho concursal", t. 2, Pág. 39 buenos aires, 2000).
Demanda laboral, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: SANATORIO LAMPARELLI S.A. c/ MONZON, CANDIDA s/ SUMARISIMO (ART. 52 LEY 23551)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-05

Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal por motivo de errónea aplicación del art. 52 de la Ley 23551 y declarar que, en la acción de exclusión de tutela sindical, no es un requisito de la demanda, el de precisar cual es la sanción disciplinaria que se pretende aplicar al trabajador.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: GUIDI Gustavo Fernando y otros s/ ROBO CALIFICADO DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

No hay razones para desmerecer la tarea de instrucción policial, mientras recurra a medios lícitos para colectar la prueba y obtener a los autores y en esa idea debe aceptarse la posibilidad de que el sospechoso detenido confíe datos que merezcan ser investigados en orden al descubrimiento de la verdad o la aproximación a ella y acorde a las normas de rigor.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, sociedad anónima, acciones societarias
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Sichel, Gerardo Federico c/ Massuh  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

La afirmación del a quo en el sentido que resulta curioso el modo de aumentar el capital por la vía de distribución de utilidades, mediante emisión de acciones señalando que correspondió hacerlo en efectivo, luego de consideraciones acerca de las maniobras usuales de las sociedades se formuló sin recurrir a extremos o constancias suficientes de la causa que pudiesen acreditar la existencia de tales operatorias y que éstas resultaren frustratorias de derechos y susceptibles, entonces, de generar la protección de la ley al tenedor de las acciones preferidas.
Nulidad del acto jurídico, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CROGNALE, MARIO s/ INFRACCION LEY 20.771
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

No acarrea la nulidad de la orden de allanamiento ni lesiona la garantía de la defensa en juicio la falta de fundamentación de la misma por no afectarse formas esenciales del procedimiento.

La nulidad es una sanción de tal envergadura que debe aplicarse cuando se afecten formas esenciales del procedimiento por lo que resultan inútiles los excesivos rigorismos formales, sin perjuicio de que al momento de la sentencia se juzguen sus incidencias en el conjunto de las probanzas que se reúnan para la dilucidación del caso.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Marcelo Luis y otros c/ Del Campo, Osvaldo José y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) la queja interpuesta contra la declaración de extemporaneidad del recurso extraordinario (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, divorcio, disolución de la sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, bienes gananciales de administración propia, gestión de bienes, inscripción registral
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: :BATTISTELLI, ALBERTO ENRIQUE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR GLADIS TERESA ECHEVARNE EN AUTOS "BATTISTELLI, ALBERTO ENRIQUE -QUIEBRA-RECURSO DE REVISION CREDITO ECHEVARNE, GLADIS TERESA-" (EXPTE.: C.S.J. NRO. 769 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

No cabe hacer lugar a los planteos de la quejosa que sólo evidencian mero disenso con el criterio del Tribunal a quo, el que expresó que no habiéndose efectivizado la liquidación de bienes, si bien por la sentencia de divorcio, queda de pleno derecho disuelta la sociedad conyugal con relación al día de la notificación de la demanda (artículo 1306 C.C.), no obstante los cónyuges o ex- cónyuges continúan siendo erga omnes los titulares de los derechos que, antes de esa disolución, la ley les atribuía respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Así entonces, de existir algún bien inmueble ganancial de titularidad del marido, es decir, adquirido por él durante la vigencia de la sociedad conyugal (art. 1276 C.C.), disuelta ésta, se produce lo que la doctrina tradicional denomina la indivisión post-comunitaria, que si bien hace que dichos bienes dejen de estar sujetos a la exclusiva administración del marido -titular registral- y queden sujetos a la gestión de ambos cónyuges, para asegurar la liquidación, no obsta a que esos bienes sigan siendo del marido. Esto es, la sociedad conyugal está disuelta, pero los cónyuges continúan siendo erga omnes los titulares de los derechos que, antes de la disolución, la ley les atribuía respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Lo que significa que si la disolución crea, respecto de los bienes a liquidar, relaciones de comunidad entre los cónyuges, tales relaciones interesan fundamentalmente al vínculo interno que se establece a los fines de la liquidación -exigirse mutuamente las restituciones, compensaciones y finalmente la partición por mitades de los bienes, art. 1315 C.C.-, sin trascender externamente como co-titularidad de cada uno de los derechos que integran la comunidad.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Elía, Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Este Tribunal ha sostenido que en los casos de demandas planteadas en los términos del art. 26 de la ley 4373 la determinación del procedimiento respectivo queda sujeto a las previsiones de dicho cuerpo legal no siendo de aplicación el plazo que prevé el art. 13 del código de la materia. En tal sentido la propia norma señalada establece un plazo especial para promover la acción judicial dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo que motiva la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Crovetto interpone Recurso de Casación en causa N° 6.405/2
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-23

El artículo 457 del CPPN establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso de casación que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, entre las que no se encuentra la resolución que resuelve una nulidad procesal.
Propiedad horizontal, prehorizontalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arce, Daniel Osvaldo c/ Distribuidora Fer S.R.L. s/ Rescisión de boleto de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

La mera infracción a la ley 19.724, de no afectar el inmueble a su régimen, no autoriza por este solo incumplimiento a reclamar la resolución del contrato.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Fernando Federico; Espíndola, José Luis s/ Privación ilegal de la libertad; violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Ha sido intempestivamente introducido el agravio referido a la violación del art. 72 del Código Penal si en oportunidades procesales anteriores al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa nada dijo de la falta de instancia privada. (Minoría u opinión personal)
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, revisión judicial
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: REVAINERA DE CARRERAS, ELIZABETH Y OTROS. c/ GOBIERNO NACIONAL. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-15

Si bien el levantamiento del estado de sitio implica de por sí el cese inmediato de los arrestos que el Poder Ejecutivo hubiera dispuesto fundado en virtud de esa situación excepcional, no habiendo sido tratada una de las requisitorias del recurrente y siendo necesario para que la Corte se expida sobre tal punto una constancia fehaciente, emanada del actual Poder Ejecutivo Nacional, corresponde previo a resolver el pedido de aclaratoria formulado, oficiar al mismo a fin de que informe si en la actualidad hay personas detenidas a su disposición a raíz de los decretos nros.

1368/74 y 2717/75 (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt) .
Proceso judicial, aplicación de la ley, Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tordillo c/ Varas, Elbio Dugan s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

El legislador nacional sólo puede establecer pautas para la Capital Federal o territorios federales. Ha dicho el Supremo Tribunal Nacional que los poderes no delegados o reservados por las provincias, sin los cuales es inconcebible el federalismo argentino, no pueden ser transferidos al Gobierno de la Nación, en tanto no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en Congreso General Constituyente
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Guenzatti, Rubén Oscar s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no funda su reclamo en norma alguna.
Privilegios (civil), subrogación real, acreedor laboral, caducidad, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: N. s/ PRIVILEGIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

El plazo de caducidad previsto por el art. 269 de la L.C.T.

-respecto del derecho reipersecutorio del acreedor laboral sobre los bienes asientos de su privilegio en poder de terceros-, no influye con relación a la subrogación real operada como consecuencia de la enajenación de dichos bienes.-
Compraventa de automotores, resolución del contrato, mora del vendedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PANZA ROQUE SALVADOR c/ VAZQUEZ MANUEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-09

Cuando media mora de la vendedora, procede la resolución de la operación conforme lo autoriza el pacto comisorio implícito en todos los contratos y de acuerdo con lo previsto en el art. 1204 del Cód.

Civil. Pero además hay supuestos en que la resolución procede aunque la mora no se hubiese operado y así ocurre cuando las circunstancias demuestran igualmente que se está en presencia de un incumplimiento definitivo ó que sea evidente que la obligación no se cumplió, ó se produce la imposibilidad de la entrega comprometida. Si el tiempo transcurrido supera con creces el que, de ordinario y según la naturaleza de la obligación, podría haberse previsto para el cumplimiento de la prestación a cargo de la vendedora, justifica también la pretensión del adquirente de un automotor de resarcirse de la inversión que efectuara y los perjuicios derivados, ya que no se lo podría constreñir a seguir esperando con desmedro de su patrimonio, cuando la otra parte no estaba dando cumplimiento a la obligación a su cargo y era evidente que no lo haría en un tiempo razonable según los principios de la buena fe contractual. Si no se avizora la posibilidad de que el vendedor entregue la documentación del vehículo vendido según le incumbía corresponde hacer lugar a la resolución de la operación de compraventa con la indemnización necesaria para colocar al contratante en la misma posición en que se encontraba antes de la celebración del sinalagma.
Cheque sin autorización para girar en descubierto, autorización tácita
Materia: PENAL
Carátula: VALESTRA, CARLOS A. s/ Cheque sin fondos Causa 29227-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

La autorización para girar en descubierto no necesariamente debe ser escrita. (Del voto del Dr. Cortelezzi).
Rechazo de la demanda, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, obras públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estancias Marré  SAIAF. e I. c/ Provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios con respecto a las provincias de Córdoba y La Pampa si no existen elementos probatorios que demuestren la participación de sus organismos dependientes en las obras denunciadas como causantes de los daños o que la actividad antrópica que se atribuye a terceros haya contado con su autorización.