Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-02


Expte. n° 7566/10 "Oroz, Carlos Enrique s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Oroz, Carlos Enrique s/ infr. art. 78 CC'" Buenos Aires,	2	de agosto de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La defensa del Sr. Carlos Enrique Oroz interpuso recurso de queja contra la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que declaró inadmisible su recurso de inconstitucionalidad.

Dicha impugnación fue presentada contra la decisión de la Sala II que -frente a la apelación interpuesta por la fiscalía contra la sentencia absolutoria de primera instancia- declaró de oficio la nulidad del requerimiento de juicio formulado oportunamente y, además, declinó la competencia del Poder Judicial local para entender en el caso (fs. 2/5). 2. En el recurso de inconstitucionalidad la defensa sostuvo que la resolución de la Cámara resultaba equiparable a una sentencia definitiva, en los términos en los que se expidió la CSJN en los casos "Mattei", "Olmos" y "Polak". Para reforzar esa línea argumental también citó otros precedentes -de tribunales nacionales y locales- que entendió aplicables al caso. En cuanto a los motivos de agravio generados por la resolución, indicó que lo decidido resultaba arbitrario por falta de fundamentación suficiente y que, además, había lesionado la garantía de debido proceso, el derecho de defensa, los principios de preclusión y acusatorio, y la prohibición de bis in idem y de reformatio in pejus.

Cuestionó, resumidamente, que los camaristas -en lugar de fallar sobre la apelación que había interpuesto la fiscalía- hayan resuelto de oficio una declaración de incompetencia que pone al acusado frente a la posibilidad concreta de que se inicie un nuevo proceso -basado en una nueva y más gravosa calificación legal- respecto del mismo hecho por el cual la justicia local ya lo había absuelto. 3. El Sr. Fiscal General, al contestar la vista conferida, propició que se hiciera lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad -ambos con relación a la lesión al principio acusatorio y a la garantía que prohíbe el doble juzgamiento-, se revoque la decisión cuestionada y, por último, se reenvíe el caso a la Cámara para que se dicte un nuevo pronunciamiento (fs. 53/63).

Fundamentos: La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja cumple con los requisitos de forma que prevé la ley nº 402. Asimismo, la defensa brindó fundamentos suficientes para criticar el auto denegatorio que ataca.

En efecto, la resolución de la Cámara que declaró, de oficio, la nulidad del requerimiento de juicio y se declaró incompetente es, en el caso, equiparable a una sentencia definitiva, en tanto pone en juego la vigencia de la garantía de ne bis in idem en los términos en los que fue desarrollada por la CSJN en el caso "Polak" (Fallos: 321:2826). Por esa razón, los agravios presentados resultarían de imposible, tardía o insuficiente reparación posterior.

Asimismo, la decisión objetada por medio del recurso de inconstitucionalidad, que esta queja defiende, pone fin -al menos en lo que respecta a la órbita local- a la discusión incidental relativa a cuál es el fuero que debe intervenir en esta causa y en ese punto constituye un auto equiparable a definitivo que habilita la competencia apelada del Tribunal.

En efecto, ello es así porque la declinatoria de competencia -de adquirir firmeza, o, igualmente, de ser resuelta a favor de uno u otro magistrado, nacional o local, por el superior común- sustrae esta causa y principalmente dicha cuestión de manera definitiva del conocimiento y jurisdicción de los integrantes de este Tribunal Superior, intérpretes últimos de la Constitución de la Ciudad -arts. 113, CCABA y 27, ley nº 402- (cfr. "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, resolución del 21/03/2001, entre otros).

2. En este proceso contravencional se investigó la presunta comisión de la contravención tipificada en el art. 78 del CC. Luego de que el Ministerio Público Fiscal formulara la correspondiente acusación, y de que se celebrara el debate, el magistrado de primera instancia decidió absolver al acusado por el hecho en cuestión.

La fiscalía apeló la decisión a fin de obtener la condena que no había logrado luego del juicio. Los camaristas intervinientes, en vez de resolver la apelación fiscal, consideraron que los hechos imputados no sólo presentaban los caracteres típicos de la figura contravencional, sino también los de la figura penal del art. 194 del CP y frente a esa hipótesis -dijeron- el fiscal debió declinar la competencia a favor del fuero penal de la justicia nacional en vez de formular acusación por aquella contravención.

En consecuencia, anularon el requerimiento de juicio y declararon la incompetencia de la justicia local.

3. En rigor, lo que los jueces trataron como un problema de competencia no era tal sino un supuesto diferente, esto es, un posible concurso aparente entre aquella contravención y el delito que prevé el art. 194 del Código Penal.

En ese sentido, debe señalarse que el legislador local previó situaciones semejantes dándole primacía al carácter penal del conflicto al establecer que la acción penal desplazaba a la contravencional; así lo dispone expresamente la norma del art. 15 del CC: "[e]l ejercicio de la acción penal desplaza al de la acción contravencional" (el destacado está añadido).

Resulta claro que la finalidad del precepto es la de impedir la persecución múltiple de un hecho en distintas jurisdicciones puesto que, en esas situaciones, la justicia contravencional debe inhibirse de intervenir o de seguir haciéndolo -según el caso- cuando tramita una causa penal por ese mismo suceso.

Sin embargo, en el presente caso la acción penal no había sido instada -vale destacar que nadie hizo alusión a esa circunstancia- y, por ello, la actuación del fiscal contravencional estuvo debidamente habilitada al no existir un interés puntual de parte de las autoridades nacionales para enjuiciar penalmente a los participantes de la manifestación callejera.

Frente a esa situación y ante el silencio de los titulares de la acción penal no podían los jueces, y menos aún los de esta Ciudad, pretender impulsarla de oficio para así justificar la declaración de incompetencia.	En este sentido, corresponde recordar lo dicho por la CSJN en Fallos 321:2826 en cuanto a que "los preceptos adjetivos se presumen sancionados en salvaguardia de los derechos fundamentales de los justiciables contenidos en los mandatos de la Constitución Nacional (Fallos: 305:913); y sobre esto cabe señalar que la garantía del debido proceso, en la que se integra la del juez natural determinado por las normas sobre competencia, ha sido consagrada fundamentalmente en favor del acusado, por lo que no es válido recurrir al argumento de la incompetencia para adoptar una decisión que importe someterlo nuevamente a juicio (confr. doctrina de Fallos: 234:786 y 240:456), temperamento éste que lesiona el fundamento garantizador -como tal de raigambre constitucional- que ha inspirado la consagración legislativa de ciertos pilares básicos del ordenamiento penal, entre los cuales se encuentra el principio del non bis in idem, admitido ya en el caso de Fallos: 272:188".

4. La decisión de la Cámara, entonces, importa exponer al acusado al riesgo de verse sometido a un nuevo juicio luego de haber sido juzgado y absuelto en este proceso contravencional.

Ese segundo juzgamiento no podría realizarse sin afectación de la garantía del ne bis in idem porque en el juicio contravencional que derivó en una absolución se cumplieron regularmente las distintas etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia.

Insisto, el requerimiento de juicio que la Cámara declaró nulo no contenía ningún vicio invalidante. La acusación formulada fue el resultado del ejercicio regular de las atribuciones del Ministerio Público Fiscal local. Es que hasta los propios magistrados de la Sala II compartieron el razonamiento de la fiscalía en cuanto a que los sucesos podían encuadrarse en las previsiones del art. 78, CC, y justamente por ello debe descartarse que el acusador haya actuado de modo irregular.

En resumen, si el supuesto vicio detectado no era tal, mal puede propiciarse que el proceso sea reeditado sin que se lesione la prohibición de doble juzgamiento.

5. En conclusión, frente a la inexistencia de una acción penal en curso, los camaristas debieron limitarse a resolver el recurso de fiscal a la luz de los agravios planteados y no exorbitar su competencia impulsando de oficio el inicio de una acción penal, luego de anular actos esenciales de un proceso contravencional sustanciado con regularidad.

6. Por las razones expuestas, voto por hacer lugar a la queja y al recuso de inconstitucionalidad, revocar la decisión cuestionada y reenviar el proceso a la Cámara para que jueces distintos a los que intervinieron en el caso resuelvan la apelación interpuesta por la fiscalía. El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. C. Ruiz.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja cumple con los requisitos de forma que prevé la ley nº 402. Expone, además, una crítica concreta y desarrollada que logra poner en crisis el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad pues, si bien dicha presentación no ataca una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 402, la defensa ha logrado aportar determinados argumentos que permiten corroborar la insuficiencia de una reparación ulterior en el caso. En efecto, el recurrente señala que la resolución de la Cámara que declaró, de oficio, la nulidad del requerimiento de juicio y la incompetencia de la justicia local para continuar interviniendo en el caso, promoviendo la iniciación de una causa ante la justicia nacional en lo Criminal y Correccional, importa un exceso jurisdiccional que impone retrotraer el proceso invalidando diversos actos procesales convalidados por las partes y el juez del caso, poniendo en juego los principios de preclusión y progresividad y, consecuentemente, el debido proceso legal (art. 18, CN). Entiendo que los argumentos que respaldan tal decisión deben ser ponderados en este momento con la finalidad de establecer si, como lo denuncia la recurrente, atento a las particularidades de este proceso, se ha producido una afectación a una garantía susceptible de tutela inmediata, como lo es la que asegura que las personas acusadas resuelvan su situación procesal sin dilaciones indebidas (cf. doctrina de la CSJN en Fallos: 272:188, entre otros, y mutatis mutandi, este Tribunal en "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Parodi, Juan José s/ infr. art. 183 CP'", expte. nº 7123/10, resolución del 26/4/2011, como sus citas)	Asimismo, la decisión objetada por medio del recurso de inconstitucionalidad que esta queja defiende, pone fin -al menos en lo que respecta a la órbita local- a la discusión incidental relativa a cuál es el fuero que debe intervenir en esta causa y en ese punto la sustrae de manera definitiva del conocimiento y jurisdicción de los integrantes de este Tribunal Superior, intérpretes últimos de la Constitución de la Ciudad -arts. 113, CCABA y 27, ley nº 402- (cfr., mutatis mutandi, "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, resolución del 21/03/2001, entre otros).

En consecuencia, voto por hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

2. El recurso de inconstitucionalidad debe ser también admitido.	En primer lugar, en torno a lo afirmado por el representante del Ministerio Público Fiscal al contestar el traslado del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del señor Oroz (foja 131, autos principales) cabe señalar que la presentación en estudio fue interpuesta en término. Esto es, dentro de los diez días de notificada la defensa de la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (cf., mi voto, in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Barrios, Nelson s/ infr. art.(s) 111 CC'", expte. nº 7511/10, resolución del 10/3/2011).

3. Ahora bien, la escueta fundamentación expuesta por los jueces de la Sala II para anular el requerimiento de juicio y los restantes actos cumplidos resulta manifiestamente insuficiente para justificar la reedición de aquellos actos. En este proceso contravencional se investigó la presunta comisión de una contravención, tipificada por el representante del Ministerio Público Fiscal en el art. 78 del CC, en razón de los hechos que tuvieran lugar el día 25 de marzo de 2009, oportunidad en la que se realizara una manifestación de la Asociación Docentes Estatales de Enseñanza Media y Superior (Ademys), frente al domicilio de la ex vicejefa de gobierno de esta Ciudad.

Formulada la acusación y celebrado el debate, el magistrado de primera instancia decidió absolver al acusado. Consecuentemente, la fiscalía apeló la decisión a fin de obtener la condena que no había logrado luego de concluido el debate.

Los camaristas intervinientes, en vez de limitarse a resolver la apelación fiscal, consideraron que los hechos por los que se había requerido el juicio no sólo presentaban los caracteres típicos de la figura contravencional, sino también los de la figura penal del art. 194 del CP.

Frente a dicha hipótesis, consideraron aplicable al caso el art. 15, CC, en tanto "supedita la posibilidad de ejercer la acción contravencional a la inexistencia en el caso de una figura delictiva" (foja 113 vuelta, autos principales).

Por ello, entendieron que el fiscal debió declinar la competencia a favor del fuero penal de la justicia nacional en lugar de formular acusación por aquella contravención y, por ello, anularon el requerimiento de juicio y declararon la incompetencia de la justicia local.

Al respecto debo señalar que, ciertamente, el legislador local ha previsto que "[e]l ejercicio de la acción penal desplaza al de la acción contravencional" (art. 15, CC, el destacado está añadido). La regla, que impide el concurso ideal entre delitos y contravenciones, prioriza, así, el ejercicio de la acción penal por sobre la contravencional.

Sin embargo, en el presente caso la acción penal no había sido instada -vale destacar que nadie hizo alusión a esa circunstancia- y, por ello, la actuación del fiscal contravencional se encontraba debidamente habilitada al no formalizarse un interés puntual de parte de las autoridades nacionales para enjuiciar penalmente a los participantes de la manifestación a raíz de la cual se originó esta causa.

Frente a esa situación y ante el silencio de los titulares del ejercicio de la acción penal, los jueces no podían válidamente pretender impulsarla de oficio para así justificar la declaración de su incompetencia para intervenir en el caso.

En ese escenario, la decisión de la Cámara que declaró la nulidad del requerimiento de juicio en autos no reposa en el incumplimiento de alguna de las formas sustanciales del proceso y por ello importa retrotraer el juicio a etapas ya superadas, concluidas válidamente.

El requerimiento de juicio que la Cámara declaró nulo no contenía vicio invalidante pues la acusación formulada fue el resultado del ejercicio regular de las atribuciones del Ministerio Público Fiscal local.

Es que hasta los propios magistrados de la Sala II compartieron el razonamiento de la fiscalía en cuanto a que los sucesos podían encuadrarse en las previsiones del art. 78, CC, y justamente por ello debe descartarse que el acusador haya actuado de modo irregular.

En resumen, si el supuesto vicio detectado no era tal, mal puede propiciarse que el proceso sea reeditado en perjuicio del imputado.

4. En conclusión, la decisión cuestionada afecta las reglas vinculadas con la garantía de la defensa en juicio oportunamente invocadas por la defensa pues la razón enunciada para retrotraer las actuaciones, en las condiciones expuestas precedentemente, no resulta consistente (cf. doctrina de Fallos. 272:188).

Frente a la inexistencia de una acción penal en curso, los camaristas debieron limitarse a resolver el recurso del fiscal a la luz de los agravios planteados y no exorbitar su competencia impulsando de oficio el inicio de una acción penal, luego de anular actos esenciales de un proceso contravencional que no se exhiben palmariamente irregulares.

5. Por las razones expuestas, a) voto por hacer lugar a la queja, b) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la decisión cuestionada en cuanto fuera materia de recurso, c) reenviar el proceso a la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que jueces distintos a los que intervinieron en el caso resuelvan la apelación interpuesta por la fiscalía.	Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz, y a los fundamentos contenidos en el voto de mi colega José Osvaldo Casás.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto. 2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad intentado, revocar la decisión cuestionada y reenviar el proceso a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para que jueces distintos a los que intervinieron en el caso resuelvan la apelación interpuesta por la fiscalía.	3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.