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Seguros, seguro de responsabilidad civil, responsabilidad del asegurado, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESPOSITO TUCCILIO c/ PIRRONCELO VITO F. S. s/ SEGUROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-20

La culpa grave del asegurado es oponible a la víctima, porque según lo prescribe la ley 17418: 118, la sentencia que se dicte contra el asegurador solo será ejecutable contra el en la medida del seguro; lo que significa que el derecho del tercero está subordinado al marco de la cobertura que surge de las normas legales y cláusulas convencionales que vinculan al asegurador con el asegurado, aún cuando dicho tercero sea ajeno a la celebración del contrato.

A la víctima le es oponible el contrato de seguro en todos sus términos, incluso en aquellos aspectos que eliminan o restringen la garantía de la indemnidad respecto del asegurado a favor de quien se ha estipulado la relación contractual (ley 17418: 109).

Si bien la exoneración del asegurador se produce exclusivamente frente a la concurrencia de dolo o culpa grave del asegurado, pero no cuando el siniestro es causado por los dependientes o personas por las cuales el asegurado es civilmente responsable, en el caso, al momento del evento el autor del daño era el conductor del vehículo y, como tal, asegurado según la cobertura extendida por la póliza, alcanzado por las limitaciones en el supuesto de mediar culpa grave de su parte, restricción que le ha podido ser opuesta al tercero.
Interpretación de la ley, ley federal, entidades financieras
Materia: PROCESAL
Carátula: La Inversora Bahiense S.A. Cía. Financiera c/ BCRA. - resolución 598/89 S/ apelación y nulidad. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Son normas federales los arts. 41 de la ley 21.526,24, párrafo tercero, y 26 de la ley 22.529, y 49 de la ley 23.697.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sesan, Lorenzo c/ Pera, Carlos y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

No corresponde alegar violación a lo dispuesto en los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial cuando el profesional no invoca ninguna representación.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, Fernando Alberto s/ Tentativa de robo y homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

No media violación del art. 156 de la Constitución Provincial si el tratamiento de la cuestión referida a la cosa juzgada que se habría producido respecto del sobreseimiento dictado en relación a una muerte, en los términos del art. 381 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal, quedó desplazado en razón de haberse declarado la nulidad de la totalidad del fallo.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Horacio c/ Microómnibus Sur S.A. (Línea 160) y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

Aún cuando la víctima de un accidente de tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial público, debe incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y farmacéuticos, pues es notorio que existen gastos que deben ser solventados por el paciente, debiendo el resarcimiento guardar concordancia con la lesión la afección o la enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Rossi, Lucio c/ Emeca S.A. Ind. y Com. y otro s/ Despido Atela, Nancy y por su hijo menor c/ Zubiarrain de Rapallini, María Magdalena s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-03|1990-09-11

La teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector en este tema. De manera que, cuando el daño se produce en virtud de que actúa una cosa que presenta riesgo o vicio, la responsabilidad recae en el dueño o guardián de la cosa que lo generó, y siempre con arreglo a lo dispuesto en el art. 1113, parte segunda, in fine del Código Civil, pudiendo aquéllos considerarse excluidos de responsabilidad, si demuestran que la conducta de la víctima ha generado causal o concausalmente el evento dañoso.
Medidas cautelares, servicio público
Materia: PROCESAL
Carátula: Bregman, Myriam Teresa y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Gcba) y otros s/ amparo - usuarios y consumidores
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

En el marco de una acción de amparo en donde se cuestiona el accionar del Estado local en el dictado de la Resolución 5/SBASE/24, que establece un aumento de la tarifa del servicio público del transporte subterráneo, corresponde dejar sin efecto la medida precautelar que ordena a los demandados abstenerse de innovar en relación al monto de la tarifa al usuario del servicio, atento a que con la documental acompañada se da cumplimiento con el requerimiento formulado.
Cuestiones prejudiciales, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL -PROCESAL PENAL
Carátula: TINERI CAMILO Y OTROS c/ GALLARETTO JOSE s/ APELACION  -  NULIDAD  -  REMATE:  PUBLICIDAD  -  DOMINIO: PUBLICIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-11-19

En cuanto a la absolución dictada por falta de elementos probatorios que se funden no en la existencia del hecho, sino en elementos que configurarían la punibilidad o la antijuricidad, el juez civil puede, válidamente, rever lo acontecido e inclusive analizar la prueba producida dentro del proceso penal.
Concursos, sentencia de quiebra, recursos, recurso de reposición (procesal), aplicación de la ley, quiebra directa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cerrotta, Jorge Ariel c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-23

Corresponde rechazar la revocatoria del auto de quiebra opuesta por el fallido, en tanto fue declarada a raíz de la falta de presentación de las conformidades que requiere la LCQ 45, tal como lo prevé el art. 46 de la ley citada; por lo que el levantamiento de la quiebra regulado por la LCQ 96 no resulta aplicable al caso, en tanto no se trata de un supuesto de quiebra directa.
Contratos administrativos, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ETA GENERAL MOSCONI c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE: C.S.J.   NRO. 216 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Resultan de naturaleza administrativa las causas en que la pretensión radica en un incumplimiento presunto de un contrato administrativo y que, por tanto, habría lesionado un derecho subjetivo de ese carácter, ya que nada habría de resolverse que no consistiese, en definitiva, en un pronunciamiento sobre el amparo pedido para el derecho subjetivo de esa clase y, correlativamente sobre el cumplimiento de la respectiva obligación, pues los intereses demandados integrarían el contenido de la obligación contractual ya fuera de manera principal y específica, ya como accesorios o como solución subsidiaria.
Multa, defensa del consumidor, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Horacio Pussetto S.A.; Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados c/ Secretaria de Defensa al Consumidor s/ recurso de apelación directa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-19

La apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de sanciones pertenecen al ámbito de la Administración, cuyo ejercicio no debe ser sustituido por los jueces a quienes sólo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad (cf. CNFed.C.Adm., Sala III, LL, 2000-F-641), supuesto que no ha sido demostrado en autos, de modo que corresponde rechazar los recursos de apelación interpuesto y, en su mérito, confirmar la Resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: CIVIL
Carátula: SUAREZ CESAR WALTER c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-29

La Carta Magna Provincial constituye fuente de competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, no siendo ésta susceptible de ser ampliada ni restringida.
Juicio, partes, carga procesal, personería, acreditación de la personería, poder
Materia: PROCESAL
Carátula: OSUNA, GRACIELA ALICIA KUNZ DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 307-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-15

El artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe impone a los representantes voluntarios o convencionale s de las partes la carga de acreditar su personería mediante la presentación de la pertinente escritura de poder. Esta carga -que se presenta ab initio en el proceso- no puede ser considerada un mero prurito formal, desde que su omisión atenta contra los efectos de la cosa juzgada de la sentencia, que resultaría inoponible a quien fue representado por un falso personero con el consiguiente perjuicio real para la contraparte y estéril desgaste jurisdiccional para el oficio. De ahí, que se le reconoce al juez el deber de verificar o exigir oficiosamente la comprobación de la personería invocada.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORONEL, ELIO ARGENTINO c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-27

La acción de amparo resulta improcedente ante la mera invocación de la celeridad del trámite por cuanto la misma no puede erigirse en razón suficiente para hacer que los jueces se aparten de las vías procesales aptas paracumplir conel cometido protectorio de derechos.

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad procesal, pena, graduación de la pena, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Di Yorio, P.A. s/ Sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia, que, teniendo por acreditada la responsabilidad penal del procesado en orden al delito de falsificación de documento público, art. 292 del C.P.

impone una pena inferior al mínimo legal, tal defecto, no resulta subsanable en la alzada, frente a la falta de recurso acusador, lo que impide una modificación de lo resuelto en la sentencia en perjuicio del procesado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, autosuficiencia
Materia: PENAL
Carátula: Payné, Julio Omar s/ Violaciones reiteradas agravadas en concurso ideal con corrupción  agravada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de las notas propias de dicho medio de impugnación pues es en él donde deben expresarse los agravios en forma concreta, tarea que no se suple con remisión a lo dicho en instancias inferiores o a los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de nulidad.
Demanda, objeto de la demanda, monto indeterminado
Materia: CIVIL:
Carátula: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES c/ CLUB ARQUITECTURA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

En los supuestos en que el importe pretendido con la demanda depende de circunstancias de hecho que habrán de producirse, la estimación debe ser formulada en forma provisoria y sin perjuicio de lo que resulte oportunamente de aquélla (conf.

CNCiv. Sala A, E.D., 51-206; id. Sala D, c. 260.590 del 21/10/80;

id. Sala F, c. 212.490 del 19/10/76; id. 216.134 del 16/3/77; id.

c. 252.409 del 29/5/79), admitiéndose únicamente el incumplimiento de tal recaudo cuando existe gran dificultad para su determinación, mas no cuando su apreciación es posible (conf.

CNCiv. Sala B, E.D. 87-725; id. Sala F, y c. 255.510 del 12/6/79).
Disolución de la sociedad conyugal, medidas cautelares, bienes propios, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE T.Z. c/ T.P. s/ INC. ART. 250 C.P.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-11

Si bien las disposiciones de los arts. 1295 del Código Civil y 74 de la ley 2393 fueron dictadas en beneficio de la mujer, actualmente, en su contexto hermenéutico, ambas normas deben considerarse de aplicación genérica tanto cuando fueren solicitadas por la mujer como por el marido. El régimen de gestión separada de los bienes (art. 1276, Código cit.), legitima a cualquiera de los cónyuges a obtener medidas precautorias respecto a los que están en poder o bajo la administración del otro (conf. Zannoni, "Derecho de Familia", Ed. Astrea, Bs. As., 1981 t. I. p. 700 y su nota 35 con cita de Borda, "Derecho Civil-Familia", Ed. Perrot, Bs. As., 1969, t. I nro. 441, p. 316 y ss.).

La medida de no innovar está dentro de las que puede pedir un cónyuge cuando ambos acuerdan la administración común de bienes, puesto que está destinada a impedir que, durante el juicio, se altera la situación de hecho de los bienes en litigio, para evitar que la sentencia se haga inocua o de cumplimiento imposible. Por lo demás, puede ser útil para evitar actos materiales que pudieran disminuir el patrimonio ganancial (conf. Belluscio, "Derecho de Familia", ed. Depalma, Bs. As., 1981, t. III, p. 418-19).
Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-06


Autos: BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP.LTDO. C/ RAMOS JOSE ALBERTO S/ X* COBRO EJECUTIVO (RDS.-REC.DEM.SIN CAUSA.-JUZG.DE ORIGEN 7MA.-) Expte: 5283/01 - SALA II San Miguel de Tucumán, 6 de agosto de 2004.- Sentencia Nro. 323 Y VISTO :

El recurso de apelación deducido por el ejecutado JOSE ALBERTO RAMOS, contra la sentencia del 26.11.03, y CONSIDERANDO La sentencia recurrida no hace lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado y ordena llevar adelante la ejecución. Contra ella se alza el recurrente, presenta escrito de memorial de agravios a fs. 60 y vta., contestado a fs. 64.

Se agravia de la sentencia por el rechazo de la defensa de prescripción, alega que el cheque diferido tenía fecha de pago el día 03.07.00, habiéndose iniciado la demanda el 04.07.01, según da cuenta el sello de recepción de mesa de entrada, por lo que la acción se encuentra prescripta al haber transcurrido un día desde la fecha fijada para el pago correspondiente, Art. 61 de la ley cambiaria.- La sentencia apelada será confirmada, por cuanto es inexacto lo afirmado por el ejecutado sobre lo que expresa el art. 61 de la L. C., en efecto, en la última parte del primer párrafo dice: " En el caso de cheques de pago diferido, el plazo se contará desde la fecha del rechazo por el girado, sea a la registración o al pago". Es decir que en los cheques de pago diferido, el plazo de un año para la prescripción de las acciones judiciales contra el librador comienzan a correr desde que el cheque fue rechazado por el banco girado, tanto si fue por falta de registración o de pago.- Si se tiene en cuenta que los términos se computan por días enteros , no tomándose en consideración el dies a-quo, pero sí el dies ad quem (arts. 24 y 27 Cód. Civil), resulta que el término de la prescripción comienza a correr el día siguiente al rechazo del cheque por el Banco es decir en este caso el 05-07-00, y habiéndose iniciado la demanda el 04-07-01 el plazo no se ha cumplido.- Por lo que se rechaza el recurso de apelación con costas por ser vencido, art. 108 procesal.- RESUELVE RECHAZAR el recurso de apelación deducido por el demandado José A. Ramos contra la sentencia de fecha 26.11.03, con costas.- HAGASE SABER ANA LUCIA MANCA ARNALDO E. ALONSO
Concursos, verificación de créditos, acuerdo preventivo, pretensión
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONROE   AMERICANA  SA c/ RIBEIRO  DE  DIAZ,  MARIA  RAQUEL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Resulta improcedente la pretensión de la ejecutada en cuanto a que se le otorgue carta de pago por haber concluido su concurso preventivo, sin que el ejecutante se hubiese presentado a requerir verificación del crédito fundante de la acción individual en ejecución. Ello pues, la circunstancia de haberse declarado la conclusión del mentado proceso universal de la emplazada por no haber acreedores verificados, no implica per se la extinción del crédito cuya percepción es perseguida individualmente, pues no existe norma positiva que prevea tal consecuencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Blanco, Héctor Raúl c/ Piero S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Incurre en absurdo con violación del art. 44 inc. "e" del dec. ley 7718/71 el fallo que tiene por probada la justa causa de despido sobre la base únicamente de la declaración ineficaz de quien, como empleado de vigilancia de la demandada fue protagonista del episodio invocado y que resultó negado por el actor.
Excepciones procesales, excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LODOLI, Roberto c/ MASSALIN PARTICULARES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-26

No constituye una "primera presentación en el juicio" con los alcances previstos por el art. 3962 del Código Civil, el primer escrito presentado en el proceso por el accionado que tuvo por finalidad que se notificara adecuadamente el traslado de la demanda. Pues tal petición implica que al momento en que se dedujo, el interesado no conocía en debida forma el contenido del reclamo y por ende, no se encontraba en condiciones de oponer defensa alguna al progreso de la acción.
Acción de amparo, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: CARDENAS DE INFANTE MARIA LUISA c/ RESOLUCION DE HONORABLE CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ ACCION DE AMPARO.REVOCATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-30

La reposición en los procesos de amparo se encuentra permitida, a pesar de la naturaleza abreviada del trámite procesal que no admite dilaciones, en aras del saneamiento procesal tendiente a evitar que un simple error incidental provocado por las partes o por el órgano judicial - inconmovible a través de resoluciones irrecurribles - podría conducir el procedimiento de manera defectuosa y hasta hacerlo fracasar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inexistencia del acto jurídico, nulidad del acto jurídico, mandamientos, nulidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KAPLAN ISAAC c/ GROSSO DE ANDRETTA ANA MARIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-28

Aún para la doctrina que recepta la importancia de la distinción entre acto nulo e inexistente, el mandamiento en el que se omitió la firma del Juez pero fue diligenciado, no puede ser reputado inexistente y tampoco declarado nulo, si cumplió con su finalidad.
Recurso de casación, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: PATRICIA OLIVERA c/ FLORES URREJOLA, MARIA CRISTINA s/ EXTORSION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-13

La resolución que confirma el auto de procesamiento, atento el carácter provisional propio de la etapa procesal instructoria a la que remite en consecuencia, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidos por ley para la procedencia del recurso de casación desde que no pone fin a la acción ni impide que ésta continúe.
Personal penitenciario, derecho de habitación, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zanzero Ovidio Héctor c/ Mº de Justicia y Serv. Penit. Federal s/ retiro militar y Fuerzas de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Mediante decreto 1058/89 se reglamenta el derecho a casa-habitación o alojamiento o su compensación en efectivo consagrado por el art. 37, inc. f) de la ley 20.416. Comprende a los funcionarios en actividad que ejerzan la titularidad de los organismos enunciados en el art. 7º de esa ley y los que en Unidades, Institutos y Servicios se desempeñen como: Director, Subdirector, Jefe de Seguridad Interna, Jefe de Seguridad Externa, Jefe Administrativo y Secretario. El valor locativo de la vivienda otorgada se fija en el 10% de la totalidad del haber mensual que perciba dicho personal, excluido el salario familiar (arts. 1º y 2º decr. citado), se compensa en efectivo con el mismo monto a quienes habiten una vivienda de su propiedad en el lugar de destino o dentro de un radio de 100 km. de éste (art. 3º del decr.) y los aportes se calculan sobre el valor locativo asignado a la vivienda o sobre la compensación otorgada por no recibirla que son equivalentes (art. 4º). Respecto de los retirados y pensionados se prevé que podrán incrementar su haber de pasividad con el valor locativo del 10% fijado en el referido decreto en tanto hubieran gozado de casa-habitación al momento de cesar en sus funciones, debiendo efectuar previamente los aportes previsionales omitidos (art. 5º decr. citado). La exigencia de haber gozado de casa-habitación al momento de cesar en sus funciones debe interpretarse en armonía con la situación del activo y no puede significar que sólo comprende a quienes tenían la vivienda otorgada con exclusión de aquéllos que por desempeñar los cargos previstos en el art. 1º hubieran tenido derecho a ella o a la compensación, porque tal interpretación desvirtúa el espíritu de la reglamentación. Cabe recordar al respecto que los conceptos utilizados en las leyes jubilatorias deben interpretarse conforme a la esencia y sentido de la institución previsional (C.S.J.N. Fallos: 315:2564).
Trabajadores de la construcción, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña, Cesar Mariano c/ Hipermercados Mayoristas Makro S.A. y otros s/ Despidos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-25

La ley 22.250 no quiere perjudicar al empresario que contrata con otros la realización de una obra, atribuyéndole la obligación de responder por los empleados de sus contratistas o subcontratistas, salvo que exista el abuso de derecho con el objetivo de eludir el cumplimiento de las normas laborales a cargo del verdadero empleador.
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Federico Meiners Ltda. S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 496-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

No existe óbice constitucional en la posibilidad que tiene el Poder Legislativo de conferir al Ejecutivo o a un organismo administrativo cierta autoridad a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para su ejecución, como así también que dichas atribuciones queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.