Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-13


Salta, 13 de marzo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "FERNANDEZ MUIÑOS, Maria Soledad c/ PONS, Lorenzo y/o herederos o sucesores - ADQUISICION DEL DOMINIO POR PRESCRIPCION" - Expte. Nº 45.237/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación, Distrito Judicial del Norte - ORÁN; CAM Nº 413419/12 de esta Sala Primera, y CONSIDERANDO:

I.- Vienen estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 171 en contra de la sentencia de fs. 167/170, concedido a fs. 172 libremente y con efecto suspensivo.

En memorial glosado a fs. 173/174 se agravia del fallo apelado en cuanto se le rechaza la demanda instaurada. Sostiene que se han acreditado en la causa los requisitos para que prospere la acción, esto es la existencia de actos posesorios constatados en la inspección ocular y mediante los dichos de las personas que entrevistara el Juez de Paz al practicar dicha diligencia, destacando que se han adjuntado comprobantes de pago de impuestos, tasas y contribución de mejoras respecto del inmueble objeto de litis, (pago cordón cuneta, pavimentación, limpieza del inmueble), todo ello además de las escrituras públicas presentados al demandar.

Respecto a lo expresado en la sentencia apelada en donde se desestimaron las testimoniales porque los testigos no dieron razón de sus dichos, la apelante entiende equivocado tal argumento, señalando que si bien es cierto que no fueron declaraciones testimoniales propiamente dichas, no puede desconocerse el valor indiciario de las mismas ya que las personas entrevistadas declararon que residen en el lugar desde hace mas de cuarenta años.

En relación a lo dicho en el fallo recurrido relativo a que los impuestos y tasas también son pagados por los tenedores, asevera que en principio esos pagos crean la presunción de que los hace el propietario o poseedor, conforme lo establece en art. 24 inc. c) de la ley 14.159.

A fs. 177 se corre traslado del memorial, decreto notificado a la Defensora Oficial interviniente según constancia de fs. 177 vta.

A fs. 187 se llaman Autos para Sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.

II.- El recurso fue interpuesto en término, de acuerdo a constancias de fs. 170 vta. y 171.

III.- Como principio, es menester señalar que la procedencia de la declaración judicial de la adquisición de dominio por usucapión de inmuebles se encuentra supeditada a la demostración, a la prueba, de la posesión continua, pacífica, pública e ininterrumpida, durante el lapso que prescribe el art. 4015 del Código Civil, indicando el art. 2384 del mismo código aquellos actos que pueden reputarse como posesorios: la cultura del inmueble, la percepción de frutos, el deslinde, la construcción o reparaciones que en el mismo se hicieren y, en general, su ocupación, de cualquier modo que se exteriorice. A su vez, la Ley 14.159 establece ciertas restricciones a los medios probatorios a que puede recurrirse a los fines de acreditar la posesión. El art. 24, inc. c, si bien admite la amplitud de los medios de prueba, aclara que "... el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial". Ahora, en lo que hace al análisis y valoración de las pruebas, la jurisprudencia sostiene que: "... las pautas que deben regir la apreciación de las pruebas en los juicios de usucapión, deben ser estrictas; por lo mismo que se pretende revertir un título de dominio, es dable exigir la demostración de hechos concretos que no dejen duda acerca de la posesión animus domini, con apoyo formal, serio y convincente no sólo respecto a la posesión, sino también a la antigüedad de la misma (CCiv. y Com. Sta. Fe, Sala 3ª, 23-8-84, Tallarico, A. c. M. L. de Novillo s. Prescripción adquisitiva. Rep. Zeus 6-769). A su vez, es principio procesal de que, el que debe probar los actos posesorios durante el plazo de veinte años, es la parte que promueve la acción. Así la jurisprudencia tiene dicho que el poseedor accionante tiene en el proceso, junto a la carga de la afirmación, la de la prueba, no sólo por razón de su particular interés sino por el imperativo del interés general comprometido (CCiv. y Com. Sta. Fe Sala 3ª, 28-5-86, Lupotti y Franchino Ltda. S.A. s. Prescripción Adquisitiva. Rep. Zeus, 8-1369). Para probar la posesión veinteñal, se requiere que las pruebas arrimadas conformen lo que se denomina prueba compuesta, consistiendo la misma en la coordinación de elementos correspondientes a diferente naturaleza probatoria. Así las cosas, es facultad privativa de los jueces de la causa valorar la prueba testimonial y los demás elementos de juicios independientes y objetivos que deben ratificarla para hacer procedente este tipo de omisión (CACC Salta, Sala I, Tomo 2013 - SD: fs. 211/213).

En materia de usucapión las pruebas aportadas deben verificarse con visión de conjunto, en una ponderación global, rehuyendo del método analítico que suele dar resultados disvaliosos al desvirtuar el verdadero mérito de la prueba acopiada en el proceso por la vía de una visión parcializada, máxime frente a la exigencia del art. 24 inc. 2 de la ley 14.159, sin perder de vista el valor y trascendencia que haya de otorgarse a cada medio probatorio en particular. Además, la prueba de la posesión en los procesos de prescripción adquisitiva debe ser plena e indubitable, pero ello no importa modificar las reglas de producción y apreciación de las pruebas.

Asimismo, al haber invocado la accionante accesión de posesión, resulta necesario señalar que para ello se requiere la existencia de un vínculo de derecho, de un título traslativo de dominio oneroso o gratuito que ligue al actor con el sucedido, porque, en su defecto, la condición de suceder invocada desaparece y sólo se tendrán dos posesiones distintas. Para que la posesión del sucesor a título singular pueda unirse a la de aquel de quien la recibió es necesario que ninguna de las dos sea viciosa. En cuanto a la carga probatoria se ha resuelto que quien pretenda unir a su propia posesión la ejercida por presuntos antecesores debe acreditar no solamente el hecho de la posesión suya y la de aquellos, sino el vínculo jurídico que permita establecer que entre uno y otro poseedor existió un lazo de sucesión de continuidad -por sucesión universal o singular- o, como dice la ley, que procedan la una de la otra.

Sobre el hecho material de tal posesión es muy amplio el concepto de actos posesorios que nos da el art. 2384 del CC: "Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ella se haga, y en general, su ocupación de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes". Y no olvidemos que esta norma está tomada del art. 3821 del esbozo de Freitas que dice : "Son actos posesorios, tratándose de inmuebles: su cultura, comienzo de ella, percepción de frutos o corte de maderas; su deslinde, o cerco; cualquiera edificación, construcción o reparación que en ellos se haga, bastando hasta el acto de entrar en ellos o en alguna de sus partes" (ver A. T. de Freitas, "Código Civil, obra fundamental del Código Civil Argentino", traducción castellana, Buenos Aires, García Santos y Roldán, 1909, T. 2, p. 422 y Fernando Legón, "Tratado de los derechos reales", Buenos Aires, 1941, T. 3, p. 127).

La posesión mencionada en los arts. 3999 y 4015 del Cód. Civil requerida para la usucapión, es la que caracteriza el art. 2351. Esto es, cuando una persona mantiene una cosa bajo su poder con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.

IV.- La actora inicia la acción de prescripción adquisitiva veinteñal del inmueble individualizado en la demanda acompañando como prueba documental Escrituras de Cesiones de derechos. Relata que los esposos Julio Fernández Muiños y Margarita Francisca Baudino Fantone poseyeron el mismo desde el año 1951 hasta el fallecimiento del Sr. Julio Fernández Muiños y que al producirse su deceso, la viuda adquiere el 100% de los derechos sobre el inmueble en razón de la cesión de acciones y derechos hereditarios que le hicieron sus hijos Julio Eduardo Fernández Muiños y Vilma Inés Fernández en el año 1987 a través de escritura Pública. Expresa la actora que en septiembre de 2003 la viuda, pese a detentar aparentemente la posesión del inmueble, efectúa por Escritura Pública Nº 191 un reconocimiento de posesión, declarando que en realidad es su hijo Julio Eduardo Fernández Muiños quien en forma exclusiva ejercía la posesión de manera pública, pacífica e ininterrumpida desde el año 1983. Continúa relatando la accionante que en el mes de diciembre de 1983 mediante Escritura Pública Nº 247 Julio Eduardo Fernández Muiños reconoce gratuitamente a favor de su hija María Soledad Fernández Muiños todos los derechos, acciones, deudas reconocidas y en expectativa que le corresponden sobre el inmueble objeto de litis en virtud del contenido de la Escritura Pública Nº 191, y como cesionaria de Julio Eduardo Fernández Muiños es sucesora particular en todos los derechos y acciones que le correspondieran sobre dicho inmueble, indicando que la posesión por su padre -cedente- durante mas de veinte años, le permite a la cesionaria ejercer la presente acción. Expresa asimismo la actora que también es cesionaria a título oneroso de Margarita Francisca Baudino Fantone de todos los derechos posesorios (equivalentes a un 100%) instrumentada en Escritura Pública Nº 115.

Presenta plano de mensura, dando cumplimiento con el requisito formal de admisibilidad de la pretensión (art. 24, inc. b), ley 14.159).

También consta el informe de la Dirección General de Inmuebles indicando que la titularidad de dominio se encuentra registrada a nombre de Lorenzo Pons, habiéndose acreditado que se agotaron todas las vías para notificar al titular registral o sus herederos, publicándose edictos sin éxito alguno, (ver fs. 48/53), por lo que debió intervenir la Defensora Oficial.En la inspección ocular practicada en autos (fs. 121) el Sr. Juez de Paz del lugar dejó constancia de que el terreno se encuentra totalmente tapiado en su perímetro con una altura de dos metros aproximadamente, indicando que sobre el frente que da a calle Arenales se observan columnas de mampostería a la altura de la línea de edificación, especificando que ello daría la indicación de la existencia de una antigua verja, actualmente tapiada. Detalla asimismo que existe una construcción de mampostería derrumbada, una bomba de agua, un tanque elevado en estado de abandono, dejando aclarado que tanto el vestigio de construcción como el tanque son de antiquísima data. En ese acto el funcionario interviniente entrevistó a vecinos de la zona, quienes manifestaron que el terreno en cuestión perteneció a Fernández Muiños. Así Virginia Ruiz, quien reside al frente de la propiedad manifiesta que "el terreno perteneció al señor Fernández Muiños, que allí funcionó un aserradero". En el mismo sentido se pronuncia Teodolinda Díaz, también vecina del lugar, que expresa, "el terreno referenciado perteneció al señor Fernández Muiños desde hace mas de cuarenta años, desde que ella vive allí". Es que estas expresiones, adecuadamente entendidas, significan que Julio Fernández Muiños, quien en vida fuera esposo y padre respectivamente de los cedentes, utilizó y ocupó el inmueble como dueño, todo lo descripto es revelador -desde el examen del resto del material probatorio- de un conjunto de actos posesorios realizados por el causante. Así lo señala la ley cuando considera actos posesorios "en general, su ocupación de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes" (art. 2384, Cód. Civil; Salvat, Raymundo M., op. cit. t, I, p. 79). Téngase presente que las manifestaciones vertidas por las entrevistadas, fueron realizados por ser vecinas de la localidad y conocer a Fernández Muiños. De tal modo, es razonable concluir que sus dichos cubren el plazo de prescripción invocados por la demandante.

Cabe recordar que la posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa con la intención de tenerla como suya y la aprehensión debe consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga a la persona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla (arts. 2373 y 2374, Cód. Civil). Comentando los artículos citados expresa Salvat que la aprehensión de una cosa puede verificarse "por el solo hecho de encontrarse el poseedor en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla, es decir, sin ningún obstáculo que le impida disponer de ella; así por ejemplo, habrá aprehensión cuando yo me encuentro frente al campo que quiero poseer, sin que nada me impida disponer físicamente de él, es decir, entrar y recorrerlo libremente" (Salvat, Raymundo M., op. cit., t. I, p. 62). Esa disponibilidad física del inmueble quedó demostrada en estos autos. La doctrina señala, en apoyo del instituto de la prescripción adquisitiva, que durante el prolongado plazo que la ley establece el interesado "ha tenido tiempo más que suficiente para reclamar su propiedad: si no lo ha hecho, si ha guardado silencio el legislador ha podido pensar que consentía esa situación, y, por consiguiente, en la enajenación implícita de su derecho" (Salvat, Raymundo M., op. cit., t. I, p. 510).

Los datos que proporcionan los vecinos tienen relevancia probatoria junto a las cesiones de derechos sobre el hecho de la posesión. Aquí la situación encuadra en lo dispuesto por el art. 2377 del Cód. Civil: "La posesión se adquiere también por la tradición de las cosas. Habrá tradición, cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa, y la otra voluntariamente la recibiese".

Nada indica que la cesionaria del inmueble se desprendiera, o por cualquier motivo, no retuviera la posesión durante el término legal del art. 4015, C.C.; como tampoco surge prueba de otra manifestación de voluntad contraria que desdiga la conservación continua de la posesión (art. 2445, C.C.). O que hubieran habido durante el lapso de veinte años de la posesión actos turbatorios por terceros. Se infiere de la prueba rendida que la posesión se ejerce de manera pública y pacífica.

Ha quedado fuera de controversia en este estadio el pago del impuesto inmobiliario desde el año 1982 hasta el 2003, ello se acredita con la abundante documental traída por la actora (ver documental en carpeta reservada a partir de fs. 43/50). Al respecto la ley 14.159 señala expresamente que será especialmente considerado el pago por parte del poseedor de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión (art. 24, inc. c, ley cit.). Así se acreditó holgadamente el elemento subjetivo de la posesión, es decir, la intención de tener la cosa como propia (Salvat, Raymundo M., "Tratado de Derecho Civil Argentino", Ed. La Ley, Buenos Aires, 1946, Derechos Reales, t. I, p. 64). En cuanto a las mejoras para el inmueble, la actora acreditó el pago de las obras de cordón cuneta y de pavimento (documental reservada- fs. 136/140).

En síntesis, el pago de impuestos y tasas y su periodicidad constituyen una prueba a ser apreciada de acuerdo a las particularidades del caso y en conjunto con el resto del material probatorio (CACC Salta, Sala I, Tomo 2012: fs. 633/640).

Como quedara expuesto en capítulos que anteceden, la accesión de posesiones se produce cuando una posesión pasa y continúa de manos de primitivo poseedor a manos del actual (sucesor, causahabiente), sea a título de sucesor universal o singular, por efecto de la computación del tiempo de la usucapión ya transcurrida en ambos casos; para que tal accesión pueda concretarse, es necesaria la existencia de un nexo jurídico o causa para la transmisión, que puede ser una sucesión legal. "Al respecto debe tenerse presente que, conforme lo propuesto por el artículo 4005 del Código Civil, el suceso particular puede unir su posesión a la de su antecesor, si las dos son ligadas, a efectos del cómputo del plazo para prescribir" (CACC Salta, Sala I, Tomo 2014 - S.D: fs. 004/010).

En el sub judice, si bien el contenido de las Escrituras Públicas de cesiones de derechos presentadas adolecen de una deficiencia en su técnica, que no se compadecería con lo normado en el derecho sustancial, dado que dos posesiones iguales y de la misma naturaza no pueden coexistir, en cuyo caso se habría configurado una coposesión, no es posible soslayar el hecho de que la actora ha demostrado el vínculo jurídico entre su posesión y las anteriores que le ha dado derecho a invocar la accesión de posesiones, durante el plazo previsto de veinte años del artículo 4015 del Código Civil. Desde este punto de vista, puede hablarse de posesiones legítimas, no interrumpidas por una viciosa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2475 y 2476 de dicho Código.

Los actos posesorios descriptos precedentemente por la parte apelante, conceptualmente están comprendidos en la hipótesis legal del art. 2384 del Cód. Civil.

En definitiva se observa que en autos la prueba documental y la inspección ocular practicada aportan datos que conjuntamente con las declaraciones allí receptadas, permiten tener por acreditado con certidumbre el tiempo legal requerido para la procedencia de la acción intentada.

Por las consideraciones que anteceden, corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto.

V.- Que, en cuanto a las costas, no corresponde su imposición atento las especiales circunstancias atinentes a la traba de la litis.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, FALLA:

I. HACIENDO LUGAR al recurso de apelación, REVOCANDO la sentencia impugnada de fs. 167/170 y DECLARANDO consecuentemente que María Soledad Fernández Muiños ha adquirido por prescripción adquisitiva veinteñal el dominio del inmueble individualizado en la demanda, inscripto como Matricula 422 - Secc. 6º - Manz. 37 - Parc. 1 del Dpto. ORÁN, conforme al plano de mensura Nº 002610 de la Dirección Gral. de Inmuebles, aprobado el 21/09/04, a cuyo fin deberá por el Juzgado de origen librarse el oficio de rigor.

II. DISPONIENDO se registre, notifique y bajen los autos.