Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-08-16


Neuquén, agosto 16 de 2007.

El doctor Kohon dijo:

I.- A fs. 157 se presenta Mauricio Adolfo Cacciatore, en su carácter de apoderado del Partido Intransigente, con patrocinio letrado. Solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 232 del Código Fiscal (T.O. 1997), asi como el restablecimiento de los derechos vulnerados tales como el orden constitucional, el derecho a la imposición, la indelegabilidad de las atribuciones de la Honorable Legislatura Provincial y otros de raigambre constitucional. Pide se le dé a la sentencia el efecto abrogatorio establecido por el artículo 30 de la Constitución Provincial (actual artículo 16 de la C.P. reformada).

Manifiesta que con motivo de la suscripción de acuerdos previos entre la firma Repsol-YPF y la Provincia del Neuquén, el diputado provincial del Partido Intransigente, Dr. Carlos A. Moraña, solicitó a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, información sobre la operatoria a llevarse a cabo. Específicamente, en lo que hacía al monto contractual y la determinación del impuesto de sellos, de conformidad con lo previsto por los artículos 210 y 212 del Código Fiscal. Dice que, pese a la insistencia de los pedidos, no recibió ninguna respuesta por parte de los funcionarios u órganos del gobierno.

Continúa relatando que, finalmente, con fecha 5/12/2000, el Gobernador de la Provincia suscribe con Repsol-YPF el contrato de prórroga -por el lapso de diecisiete años- de la concesión de la explotación de los hidrocarburos en el área Loma de la Lata-Sierra Barrosa. Indica que el Gobierno Nacional también formó parte del acuerdo asumiendo compromisos con la Provincia, que se detallaron en el título II, Sección I.

En relación al tema que nos ocupa, agrega que el contrato dispone en el artículo XIX: "En uso de las atribuciones que le otorgó el art. 232 del Código Fiscal, el Gobierno de la Provincia del Neuquén declara eximidos del impuesto a los sellos el presente acuerdo, las actas complementarias y todos los demás actos y documentos que se hayan extendido o deban extenderse para la instrumentación del otorgamiento de la prórroga de la concesión, dictando las disposiciones administrativas correspondientes." Seguidamente, el actor realiza diversas consideraciones en relación a la carencia de acto administrativo que habilitara la firma del contrato y la falta de aprobación posterior por la Legislatura Provincial; pero más tarde aclara que el planteo de inconstitucionalidad se circunscribe a la facultad de eximir el pago del tributo.

En este punto sostiene que el Código Fiscal establece en forma detallada cuáles son las exenciones al impuesto de sellos, autorizando al Poder Ejecutivo a conceder otras exenciones "cuando razones económicas de interés general así lo justifiquen" siendo imprescindible la intervención previa del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

Apunta que en la operatoria en cuestión se eximió a la empresa de pagar importantes sumas de dinero -aproximadamente ciento doce millones de pesos- en concepto de impuesto de sellos en el contrato mismo de prórroga de la concesión. Explica que ello es irregular, puesto que habitualmente se instrumentan mediante decretos, previa intervención del Ministerio citado. Dice que a su juicio, esto ejemplifica la peligrosa amenaza que implica la vigencia del artículo 232 del C.F.

Refiere que dicha normativa importa una delegación en abstracto de facultades reservadas por la Constitución Provincial a la Honorable Legislatura. Ello resulta, a su criterio, inconstitucional dada la expresa prohibición del artículo 7º de la Constitución Provincial (actual art. 12 CP). Asimismo, sostiene que el art. 232 del C.F. viola los principios de legalidad y el de igualdad, al conceder a algunos lo que se le deniega a otros.

Concluye sosteniendo que la amplitud de la delegación contenida en el art. 232 del C.F. impide su reglamentación, dado que no establece pautas para ello. Indica que las exenciones pueden ser de diferentes tipos (subjetivas, objetivas, temporales, perpetuas, parciales, totales, etc.) no aclarando el legislador a cuál de ellos se refiere. Cree que la indefinición de la norma otorga al Poder Ejecutivo una potestad que, imprudentemente utilizada, puede hacer desaparecer esta fuente de recursos impositivos.

Finalmente, funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda declarando la inconstitucionalidad del precepto en crisis, con los efectos abrogatorios contemplados por el art. 30 de la C.P. (actual art. 16 C.P.) II.- A fs. 170 y previo dictamen fiscal (fs.167/8) se dicta la Resolución Interlocutoria Nº 4544/05 que declara la admisibilidad de la acción.

III.- A fs. 172 se corre traslado de la demanda, el que es contestado a fs. 203/213 por la Provincia accionada.

Luego de la negativa de rigor, entra a analizar el artículo 232 del C.F. para concluir en su completo ajuste al esquema constitucional provincial.

Para ello, comienza realizando un racconto histórico de la normativa cuestionada, sosteniendo que su uso inveterado fue acorde con el fin perseguido en la ley fiscal.

Manifiesta que la cuestionada facultad de eximir se enmarca en la política fiscal de la Provincia. Relata que en agosto de 1993 se suscribió el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento donde se prevé la progresiva derogación del impuesto de sellos.

Expresa que en ese contexto el Poder Ejecutivo dictó una variedad de decretos referidos a exenciones impositivas en materia financiera, de seguros, hidroeléctrica, compraventa de petróleo crudo y gas natural, distribución de gas, etc. mejorando la calidad de vida de la población neuquina. Asegura que dichos decretos estuvieron orientados a disminuir la carga fiscal en actividades con impacto en sectores sensibles de la población, en procura de fomentar el empleo, la producción y el crecimiento económico de la Provincia.

Agrega que si bien la explotación hidrocarburífera quedó fuera de esta política fiscal, ante la crisis que produjo la privatización de YPF, también se decretaron exenciones impositivas para las empresas constituidas por sus ex agentes en aras de contribuir a su sostenimiento.

Todo esto evidencia, a su entender, el uso racional, oportuno, justo y responsable que el Poder Ejecutivo ha hecho de la facultad de decretar exenciones.

Entiende que el art. 232 del CF no importa una "delegación legislativa". Asegura que, por el contrario, la norma prevé en forma expresa una "autorización" al órgano ejecutivo que en la práctica implica una actividad discrecional de la Administración. Agrega que dicha facultad se encuentra a su vez delimitada por "razones de interés general que así lo justifiquen". Ello demuestra a su juicio, la constitucionalidad del precepto, la que sumada a la presunción de validez de que gozan los actos de los poderes públicos, determina el rechazo de la acción.

Finalmente, adjunta dictamen del Dr. Juan Carlos Cassagne que aborda los aspectos cuestionados por el accionante sobre el convenio de prórroga de la concesión. Solicita se rechace la acción con costas.

IV.- A fs. 216 se declara la cuestión de puro derecho.

V.- A fs. 220/222 dictamina el Sr. Fiscal del Cuerpo, quien propicia el rechazo de la demanda.

Define -con cita del Dr. Bidart Campos- lo que se entiende por "delegación", aclarando que el supuesto de autos es lo que la doctrina llama "delegación impropia". Explica que ella se configura cuando un órgano ejerce una competencia propia con base constitucional (legislativo dicta la ley, norma primaria) pero su implementación corresponde a otro para que la complemente (el Ejecutivo que la reglamenta, norma secundaria).

En base a ello, entiende que el Poder Legislativo provincial ejerció su competencia tributaria -atribuida por el art. 101 inc. 7 C.P., actual 189º inc. 7º de la C.P reformada- al dictar el Código Fiscal. Estima que allí la Legislatura fijó claramente la política tributaria y autorizó al Poder Ejecutivo a liberar de la obligación de tributar "cuando razones económicas de interés general asi lo justifiquen" (art. 232 del C.F).

Interpreta que esta "autorización" debe conjugarse con la previsión constitucional del art. 134 inc. 10 de la C.P (actual 214 inc. 10º de la C.P. reformada) que pone en cabeza del Poder Ejecutivo la facultad de "hacer recaudar y decretar la inversión de las rentas con arreglo a las leyes...".

VI.- A fs. 223 se dicta la providencia de autos, la que encontrándose a la fecha, firme y consentida, coloca a las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

VII.- Liminarmente corresponde aclarar que la acción de inconstitucionalidad, tal como se encuentra legislada en el esquema neuquino, constituye una acción que habilita un control abstracto de constitucionalidad y que, de ser admitida, produce la caducidad de la ley, ordenanza, decreto u orden en la parte afectada por la declaración (art. 16 C.P.).

En esta tarea se encuentra vedado al Tribunal el enjuiciamiento de supuestos de hecho y casos concretos, limitándose su actuación a la función abstracta de definir la compatibilidad lógica entre dos normas igualmente abstractas.

En efecto, no se enjuicia un supuesto de hecho singular, sino sólo el problema puramente abstracto de conformidad lógica entre la ley invocada y la norma de la Constitución.

Ello supone que el agravio concreto, surgido de la situación fáctica que invoca el accionante como muestra de la ilegalidad, no puede ser objeto de decisión por esta vía.

Desde esta perspectiva el análisis constitucional se circunscribirá a examinar si existe correspondencia lógica entre el precepto legal contenido en el art. 232 del Código Fiscal con el texto constitucional local, específicamente su art. 12 que prohíbe la delegación de funciones entre los órganos del gobierno.

VIII.- Aclarado ello, corresponde abocarse al análisis de la constitucionalidad del artículo 232 del Código Fiscal, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer exenciones al impuesto de sellos.

El vicio que el actor le imputa al precepto referido es que consagra una delegación en el Poder Ejecutivo de funciones que sólo puede ejercer el Poder Legislativo, lo cual se encuentra prohibido por mandato constitucional.

Por ello deviene fundamental establecer, en primer lugar, si la atribución constitucional de legislar en materia impositiva ha sido conferida en forma absoluta, exclusiva y excluyente a la Legislatura Provincial.

Despejado ello deberá analizarse si el órgano legislativo transgredió la prohibición del art. 12, es decir, realizó una delegación inconstitucional de sus funciones, al facultar al ejecutivo a eximir del pago del impuesto de sellos (art. 232 del C.F.).

Por último, deberá analizarse si la dispensa del pago de un tributo -en los casos autorizados por el art. 232 del C.F.- violenta las garantías constitucionales de igualdad y generalidad del impuesto.

IX.- Principiaré mi análisis destacando que el esquema constitucional adoptado por el Estado Neuquino, responde a la división tripartita de poderes, donde la delegación de funciones propias aparece como una trasgresión indeseable.

En efecto, el rasgo esencial del estado constitucional es la limitación y el control del poder por medio de la división del mismo. Su aplicación en la práctica implica la adopción de un sistema de frenos y contrapesos cuyo objetivo es que cada órgano gubernativo se desempeñe dentro de su respectiva órbita constitucional en forma independiente pero coordinada.

Como es sabido, esta fragmentación del poder está destinada a preservar el goce de la libertad de los habitantes y la plenitud de sus derechos constitucionales. La fiscalización que cada uno de los órganos del gobierno ejerce con respecto a los otros es la característica distintiva del principio de división de poderes.

Este ha sido el sistema adoptado por nuestra Carta Fundamental, en consonancia con el sistema republicano de Gobierno receptado constitucionalmente a nivel federal (art. 1º y 5º de la C.N y 1º de la C.P).

Para asegurar la vigencia del principio republicano, nuestra Constitución Provincial establece algunas prohibiciones expresas -tales como las contenidas en los arts. 10, 214 inc. 14, 215, 227, 233 entre otras- a fin de evitar la acumulación de poder, ya que la extralimitación de las facultades asignadas constitucionalmente puede provenir de cualquiera de los órganos del gobierno.

Estas limitaciones constituyen diversas aplicaciones del principio general establecido en el artículo 12 (anterior articulo 7º): "Los Poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán delegar sus atribuciones, ni los magistrados y funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. Ni unos ni otros podrán arrogarse, atribuirse ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que reglamenten su ejercicio." Ahora bien, el diseño constitucional estructurado sobre esta división tripartita de funciones donde no tiene cabida la delegación pura y simple, establece, sin embargo, una dinámica de enlaces y conexiones que posibilita el ejercicio del poder con unidad.

La división de funciones es un procedimiento de ordenación del poder conferido a la autoridad, que busca el equilibrio y la armonía de las fuerzas mediante una serie de frenos y contrapesos, sin que por ello deje de existir entre ellas una necesaria coordinación.

Al respecto resulta ilustrativa la frase de José Manuel Estrada -aplicable a nuestro orden constitucional- que dice: "la Constitución ha sido acertada estableciendo los poderes divididos, pero coordinados, de suerte que no crea tres gobiernos, sino un gobierno, órgano del Estado, dividido en tres ramas" ("Curso de Derecho Constitucional, Federal y Administrativo", pág. 212/213, Ed. Compañía Sud Americana de Billetes de Banco, Buenos Aires, 1895.).

X.- Desde esta perspectiva, deberá realizarse el examen de constitucionalidad requerido.

El artículo cuestionado, autoriza al Poder Ejecutivo a establecer exenciones al impuesto de sellos.

Ahora bien, constituye una derivación del principio republicano de gobierno, la legalidad del actuar de los órganos que ejercen el poder. De suerte tal que toda actividad realizada por una autoridad pública debe encontrarse ajustada a la ley.

En materia tributaria este principio adquiere especial relevancia, ya que constituye un modo de garantizar el patrimonio de los ciudadanos frente al poder de imposición del Estado. En virtud del mismo, la imposición sólo puede nacer de norma expresa que la ley establezca.

Esta máxima, que responde al aforismo latino de nullum tributum sine lege se encuentra receptado a nivel constitucional en los artículos 143, 144, 189 inc.7 y 42.

El primero de ellos establece en forma clara y terminante que: "La legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad, certeza y no confiscatoriedad constituyen la base de los tributos y las cargas públicas, las que se establecerán inspiradas en propósitos de justicia y necesidad social." El art. 144 de la C.P. a su vez identifica rotundamente al órgano productor de normas: "La Legislatura, al dictar leyes de carácter tributario, propenderá...".

Asimismo, entre las atribuciones de la Legislatura provincial se encuentra la de dictar las leyes impositivas: "Corresponde a la Cámara de Diputados:... 7. -Dictar la legislación impositiva estableciendo impuestos y contribuciones cuyo monto fijará en forma equitativa, proporcional o progresivamente de acuerdo con el objeto perseguido y con el valor o mayor valor de los bienes o de sus réditos, en su caso." (art. 189 inc. 7º C.P.) Por último, le confiere la atribución a la Cámara de tener la iniciativa sobre las leyes de impuestos (art. 189 inc. 42 C.P.).

De la simple lectura del texto constitucional se desprende que la facultad de legislar en materia impositiva ha sido otorgada por la Constitución Provincial al órgano legislativo en forma exclusiva y excluyente. Y, en cuanto tal, no es pasible de ser delegada en forma pura y simple en otro órgano del poder. Lo contrario implica una abierta violación al art. 12 de la C.P.

XI.- Pero, afirmar que la materia tributaria es competencia exclusiva del órgano legislativo, no implica que su ejercicio escape al diseño constitucional del poder.

Recuérdese que la Ley Fundamental no establece un esquema rígido de división de funciones de gobierno, sino un sano equilibrio de separación y actuación coordinada de los diversos órganos que componen el Poder.

Ello se evidencia a través de todo el texto constitucional. En particular, en el proceso de formación, aplicación e interpretación de las leyes.

En efecto, incumbe a la Legislatura provincial dictar las leyes (art. 189 inc 1 y en especial incs. 7 y 42º). A su vez, el Poder Ejecutivo concurre a dicho proceso de formación, mediante las atribuciones y facultades establecidas en el art. 214 incs. 2, 8, 11 - promulgación y veto de las leyes, iniciativa legislativa, convocatoria a sesiones parlamentarias- y especialmente inc. 3, que establece su facultad reglamentaria o de aplicación. Por su parte, al Poder Judicial compete en forma exclusiva y excluyente el conocimiento y decisión sobre todas las causas donde se debata la interpretación y aplicación del plexo constitucional y normativo vigente (art. 226 y cctes. de la C.P).

Ahora bien, a fin de avanzar en el exámen constitucional debemos centrarnos en las dos primeras etapas mencionadas -formación y aplicación de las leyes- donde la dinámica de actuación es más fluida.

En el ejercicio de sus atribuciones propias, cada órgano goza de discrecionalidad en la elección de los medios, alternativas u opciones, que mejor realicen la finalidad perseguida, potestad que emerge de sus "facultades implícitas".

En efecto, para poner en ejercicio un poder conferido por la Constitución es indispensable admitir que el órgano se encuentra autorizado a elegir los medios que a su juicio sean los más conducentes para el mejor desempeño de aquellos -salvo que sean irrazonables o incompatibles con las limitaciones impuestas por la misma Constitución-.

Así, la legislatura puede dar a sus leyes la extensión que considere adecuada. Puede fijar solo los lineamientos básicos o legislar con tanto detalle que no deje margen para el ejercicio del poder reglamentario del Gobernador.

Por lo general, la técnica de nuestras leyes se limita a la fijación de los principios fundamentales, dejando, implícitamente, al Poder Ejecutivo la tarea de dictar la normativa secundaria, de detalle o de integración.

Esta potestad el órgano Ejecutivo no la ejerce por "delegación" de funciones del Poder Legislativo, sino que por el contrario, constituye una atribución expresamente conferida por mandato constitucional -art. 214 inc. 3 C.P.-.

Para que nazca dicha potestad es condición el previo ejercicio, por parte del órgano Legislativo, del dictado de la normativa primaria. En ella debe fijarse claramente la política legislativa, los lineamientos básicos o pautas a seguir a fin de guiar su aplicación por parte del Poder Ejecutivo.

La cuestión ya fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia en el leading case "Delfino", fallado en 1927.

Allí el máximo Tribunal expresó: "Que el poder de reglamentación, sea que lo ejercite el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, designa una determinada facultad específica comprensiva de todas aquellas modalidades de interés secundario o de detalle indispensable para la mejor ejecución de la voluntad legislativa y si tal poder pertenece tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo por disposición expresa de la Carta Fundamental, es evidente que es una mera circunstancia de hecho lo que define en cada caso concreto la extensión del poder reglamentario del Poder Ejecutivo, ya que es incontestable que cuando el Congreso ha agotado la reglamentación en miras a la más perfecta ejecución de la ley, el Poder Ejecutivo no tendría materia o sustancia sobre la cual hacer efectiva lo que al mismo título le corresponde. El raciocinio es también verdadero cuando, como en el caso sub-judice, el Poder Legislativo, lejos de apurar la reglamentación, se ha limitado a señalar de un modo general la voluntad legislativa".

Agregando luego: "Que las observaciones precedentes autorizan a formular la conclusión que cuando el Poder Ejecutivo es llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que ha menester de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el artículo 86 (actualmente 99) inciso 2 de la Constitución y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder Legislativo. Habría una especie de autorización legal implícita dejada a la discreción del Poder Ejecutivo, sin más limitación que la de no alterar el contenido de la sanción legislativa con excepciones reglamentarias, pues, como es obvio, el Poder Ejecutivo no podría ir más allá de donde llega la intención de aquélla ni crear la ley, ni modificarla" (Fallos 148:430).

En otras palabras, siempre que la ley establezca claramente la política legislativa, el ejercicio de la potestad reglamentaria que se ajuste a ella será válido.

Por otra parte, tal atribución puede ser ejercida sobre cualquier materia. Sólo basta que el legislador asi lo haya considerado oportuno. La propia Constitución no restringe la competencia otorgada, facultando al órgano ejecutivo a "expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia." En definitiva, no constituye una cuestión de materia, sino de grado: la reglamentación será mayor cuanto menor sea el uso que de ella haya hecho el órgano legislativo, y viceversa.

Sin embargo, el ejercicio de esta atribución no es ilimitado. En efecto, a más de tener como condición y característica la de ejercerse en forma secundaria, debe adecuarse a la política legislativa o "pauta inteligible" establecida en la normativa que reglamenta, cuidándose de no "alterar su espíritu por medio de excepciones reglamentarias" (art. 214 inc. 3 C.P.). Asimismo, como todo órgano del poder, se encuentra limitado por el bloque de legalidad impuesto por la Constitución Provincial y las leyes que en su consecuencia se dicten.

XII.- Pues bien, el artículo 232 del Código Fiscal determina: "Facúltase al Poder Ejecutivo -previa intervención del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos -a conceder exenciones, totales o parciales, para los actos, contratos u operaciones, cuando razones económicas de interés general así las justifiquen." Si analizamos la normativa sistematizada en el Código en su conjunto, puede verse que el legislador ha determinado claramente los elementos sustantivos de la obligación tributaria.

Tenemos entonces que el legislador, además de regular los aspectos generales aplicables a la totalidad de las obligaciones tributarias, define el hecho imponible, indica el contribuyente y en su caso el responsable del pago del tributo (Títulos I y II), determina la base imponible, fija la alícuota o el monto del tributo (Títulos IV y V), establece exenciones (Título III), tipifica las infracciones y establece las respectivas penalidades (Título VI).

En ese contexto, el artículo 232 aparece legislado como una exención tributaria más. Allí el legislador ha considerado conveniente descansar en la atribución del Poder Ejecutivo a fin de abarcar otros supuestos posibles en los que la norma pueda ser aplicable.

La exención de una obligación tributaria depende de diversas circunstancias las que, en ciertos casos, pueden ser variables. En el esquema constitucional local, la dinámica del poder se encuentra estructurada de manera tal que el órgano Ejecutivo goza de una capacidad de respuesta más flexible y rápida que la propia Legislatura. Conoce los nuevos datos de la realidad cambiante y responde a ellos con decisiones prontas y adecuadas. Ello es lo que ha tenido en miras el legislador al permitir al Gobernador ejercer la facultad de eximir en determinadas situaciones.

Ahora bien, la constitucionalidad de tal precepto se encuentra dada por una adecuada determinación de una "pauta inteligible" que permita su correcta aplicación. En efecto, como se señalara anteriormente, la validez de la norma depende de la fijación de un programa o guía conductora inteligible, que acote la facultad de aplicación del Ejecutivo y habilite su posterior control político y judicial.

En otras palabras, debe analizarse si el precepto citado contiene una redacción vaga y genérica de manera tal que deja prácticamente librada toda la materia a una reglamentación posterior o, por el contrario, establece los lineamientos básicos dentro de los cuales el Poder Ejecutivo debe actuar.

Examinado el texto legal, surge que el legislador previó que la facultad de eximir solo podría ser ejercida "cuando razones económicas de interés general así lo justifiquen" (art. 232 in fine C.F.) Esto constituye una "pauta legislativa conductora" en tanto se establece en qué circunstancias podrá hacerse uso de esta facultad, reduciendo así la discrecionalidad del operador de la norma.

Como se advierte, la existencia de "razones económicas de interés general" constituye un concepto jurídico indeterminado en tanto requiere un enjuiciamiento previo del operador jurídico para precisar si concurre o no el supuesto de hecho previsto como antecedente normativo.

Sin embargo, ello no implica que no exista ninguna precisión. Por el contrario, la calificación del concepto en una circunstancia concreta no puede ser más que una: se dan o no se dan las razones económicas de interés general que exige la previsión legal.

No se encuentra definido en el ordenamiento jurídico cuáles serán esas razones, pero sí que deben ser de índole "económica". Tampoco se establece en qué consiste el "interés general". Sin embargo, su mención implica que dichas razones deben concernir a parte de la comunidad o a toda ella.

Es claro, entonces, que su concreta determinación necesita de una valoración que deberá realizar el órgano ejecutivo a fin de justificar la concesión de la exención. Pero si bien la discrecionalidad de la decisión administrativa se encuentra restringida, no se excluye totalmente.

En efecto, podrá analizarse si existen o no razones económicas de interés general que justifiquen el otorgamiento de la exención. Pero, verificada su presencia, la facultad del Poder Ejecutivo de otorgar o no la dispensa es absolutamente discrecional, desde que no está obligado legalmente a ello.

De lo expuesto surge que la concreta aplicación de la dinámica constitucional del poder importa una actuación coordinada entre los diversos órganos que lo componen. Ello autoriza al órgano Legislativo a decidir discrecionalmente la extensión reglamentaria de sus leyes, permitiendo que el órgano Ejecutivo complete la tarea a través de su aplicación al caso concreto (atribución dada por el art. 214 inc. 3 C.P). Labor que, por otra parte, se encontrará más o menos limitada dependiendo del mayor o menor uso que de tal atribución haya hecho el órgano Legislativo.

De lo expuesto se colige, entonces, que el poder de eximir ejercido por el Poder Ejecutivo en las condiciones impuestas por el art. 232 del C.F. no importa una "delegación" prohibida por la Carta Fundamental local, sino por el contrario, la actuación de sus preceptos.

XIII.- Por otra parte, la atribución de dispensar de impuestos -sea que fuera ejercida por el órgano legislativo o el ejecutivo en las circunstancias previstas por el art. 232 del C.F. - también importa una ejercicio constitucional del poder.

En efecto, tal potestad encuentra su fundamento en los artículos 143 y en especial 144 de la C.P. que establecen las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta para establecer exenciones, entre las cuales se encuentra "Aplicar políticas de incentivos fiscales destinadas al desarrollo de la producción agroindustrial, la minería, la industria, la ciencia y la tecnología y el desarrollo de las fuentes de energía renovable" (art. 144 inc. 5 C.P.).

Lo contrario significaría privar al órgano Legislativo de su facultad de establecer políticas de promoción del orden económico y social con el objetivo de lograr una efectiva justicia, fomentar el desarrollo de determinadas actividades convenientes para la comunidad, facilitar el progreso de áreas determinadas de la Provincia, etc.

Ello no violenta los principios de "igualdad" y "generalidad" del impuesto.

En materia impositiva la igualdad implica la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones (Fallos 179:86, 182:486, 188:464, 191:460 entre otros). Tampoco la generalidad se encuentra afectada por la formación de distingos o categorías, siempre que éstas sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria, injusta u hostil contra determinadas personas o categorías de personas.

Potestad de gravar y potestad de eximir van de la mano en una política de gobierno coherente, encaminada a la promoción del bien común. Y la actuación coordinada de los órganos del gobierno en todas las áreas y en especial la política fiscal, permite alcanzar los objetivos propuestos.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo el rechazo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta, con costas (art. 68 del CPCC de aplicación supletoria en la materia). Mi voto.

El doctor Badano dijo:

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Ricardo Tomás Kohon, y por sus mismos fundamentos emito mi voto en idéntico sentido. Mi voto.

El doctor Sommariva dijo:

Adhiero a la postura sustentada por el Señor Vocal que emitiera su voto en primer término, por lo que voto del mismo modo. Mi voto.

El doctor Eduardo Felipe Cia dijo:

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Ricardo Tomas Kohon, por lo que emito mi voto en igual sentido. Mi voto.

El doctor Fernandez dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos por el Señor Vocal que votara en primer término, doctor Ricardo Tomás Kohon me pronuncio en idéntico sentido. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, de conformidad Fiscal, por unanimidad, se resuelve:

1º) Rechazar en todas sus partes la acción autónoma de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido Intransigente en los términos de la ley 2130. 2º) Imponer las costas al actor vencido (art. 68 del C.P.C. y C. aplicable por reenvío previsto en el art. 78 de la Ley 1305).- 3º) Regular los honorarios profesionales, (arts. 6º, 7º, 10 y 38 de la ley 1594). - Ricardo T. Kohon. - Eduardo J. Badano. - Jorge O. Sommariva. - Eduardo F. Cía. - Roberto O. Fernández.