Empleo público, policía, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BRITOS, MANUEL EDGARDO c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA s/ - PLENA JURDIDICCIÓN-RECURSO DE APELACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-16

El efectivo cumplimiento de funciones administrativas, sin que se haya dictado el acto administrativo pertinente, encuadra teóricamente en el enriquecimiento incausado del Estado, que se cristalizará ilegalmente ante la negación de su reconocimiento.

El art. 14 bis de la Constitución Nacional, otorga a quien presta servicios el derecho a una retribución justa, compensatoria del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido o sea de la utilidad o provecho logrado con el esfuerzo del empleado.

Si se tiene en cuenta que el actor, Oficial Principal Contador prestó efectivamente funciones en el cargo que invoca y sin embargo, no percibió las remuneraciones correspondientes a los servicios cumplidos, es dable concluir que esta garantía constitucional sería transgredida por el obrar de la Administración, si no se reconociera el pago de las diferencias que reclama el actor.

Ello es así por cuanto la demanda no ha desconocido el mayor beneficio derivado de la actividad desempeñada por el accionante en interés positivo de aquélla.

El cumplimiento efectivo de mayores responsabilidades públicas de los agentes sometidos a una sujeción especial de carácter estatuaria, cuando tienen su causa eficiente en impostergables razones de continuar con inmediatez y eficacia la función administrativa, no genera un supuesto de enriquecimiento sin causa o ilícito que la Administración deba siempre y en todos los casos asumir como consecuencia inseparable de la designación de una mayor función, ya que para ello sería menester que concurra una relación directa y exclusiva de causa a efecto entre el obrar administrativo y el daño, es decir, sin interferencia en el proceso causal de la conducta del propio agente que demanda la reparación de su interés patrimonial.

Es que no puede admitirse el principio de enriquecimiento sin causa para hacer lugar al a pretensión de pago de una mayor remuneración, ya que para ello sería necesario-además- excluir la existencia de una causa legal para asignar al agente una mayor responsabilidad que le corresponde a su cargo de revista.

ES por ello, el reconocimiento del derecho del agente a una mayor remuneración tiene su habilitación positiva en el ordenamiento jurídico en virtud del contenido del Art. 14 bis de la Constitución Nacional cuando consagra una "retribución justa" (concordante con el art. 31 de la Ley 7233) y es por tal motivo, que no puede aceptarse como tal aquélla que corresponde a un cargo de inferior jerarquía a las funciones cuyo cumplimiento efectivo fue fehacientemente acreditado y admitido por la propia Administración demandada, quien no desconoció las razones de servicio que no generaron la necesidad de cubrir con inmediatez esas mayores funciones y tampoco ha aducido y menos aún probado una imposibilidad predispuesta concreta o con falta de idoneidad del agente o funcionario, para proteger el cumplimiento de ese imperativo constitucional.

Me pronuncio en sentido favorable a la procedencia de la apelación articulada, debiéndose revocar el decisorio recurrido remarcando la obligación del Estado Provincial de repetir del funcionario o funcionarios que autorizaron o consintieron la prestación del servicio sin cumplimentar los recaudos impuestos por el ordenamiento jurídico (art. 14 Ley 7233) los fondos públicos que deban imputarse para el cumplimiento íntegro y efectivo de este decisorio, para lo cual el titular del Poder Ejecutivo Provincial debe arbitrar las actuaciones indispensables para dictar el acto que haga efectiva la responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes impuesta por el ordenamiento jurídico vigente. (Voto del Dr. Lafranconi, por dud fundamentos).