Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-09


Nro. de Sentencia: 008 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C., E. E. c/ S. C. P. LTDA. s/ SUMARISIMO", Expte. nro. 15.414/05, venidos del ex Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 -Actual de Ejecución nro. 2- (Expte. nro. 478/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 96), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 77/79 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 80) de la sentencia de fs 77/79, que tiene presente el allanamiento formulado, hace lugar al mismo y condena a la S C P Limitada a entregar la constancia escrita donde se establezcan los derechos y obligaciones de cada una de las partes con relación a la exigencia de la S C P Limitada a integrar un mayor aporte de capital con el objeto de financiar la obra, renovación de la redes de agua y cloaca en el Barrio G M; ordena que por secretaría se extraiga fotocopia certificada para cada uno de los exptes. acumulados, impone las costas por el orden causado y regula los honorarios.

A fs 82/832 vta. se agrega la expresión de agravios del actor, quien entiende que lo sostenido por el a-quo con relación a quienes suscriben la constancia acompañada por el demandado, constituye una mera suposición del a-quo, por cuanto no se acredita en el expte. la representación de la S C.

Sostiene que los firmantes carecen de legitimación para representar a la Cooperativa.

Refiere que el Estatuto de la S C P Limitada (art. 60 y 75) establece quiénes se encuentran facultados para representarlos.

Se agravia también por la imposición de las costas, y luego de transcribir el art.70 del CPCCCh, expresa que está reconocido que los actores previo a la interposición de la demanda, cursaron carta documento al síndico intimándolo al cumplimiento de la obligación que hoy se reclama, por lo que la demandada se encontraba en mora y por su culpa ha dado lugar a la presente acción.

Sostiene que no procede la exoneración porque el allanamiento no ha sido efectivo por cuanto la accionada no cumplió con su obligación en la primera oportunidad posible, es decir al contestar la demanda y por otra parte es ella quien obligó a promover la demanda.

A fs 85 la demandada contesta los agravios.

Conforme el régimen de la ley 20337, artículo 73- la representación del ente cooperativo corresponde al presidente del consejo de administración. Este es el órgano a quien la ley le confiere en forma ordinaria la representación de la persona jurídica. En relación a los gerentes, el artículo 72 admite la posibilidad de que sean designados, más no constituyen un órgano de imprescindible existencia en la estructura cooperativa.

Asimismo el art.60 del Estatuto Social de la S C P Limitada de Comodoro Rivadavia, establece a cargo de quién estará el Consejo de Administración, disponiendo quiénes no pueden ser consejeros y en el punto g) cita a "las personas que perciban sueldos, honorarios, y comisiones de la Cooperativa, con la salvedad que fija.

A su vez el art. 71 establece cuáles son los deberes y atribuciones del consejo, siendo relevante el inciso m) de donde se desprende que están facultados para otorgar al gerente, otros empleados o terceros, los poderes que juzguen necesarios para la mejor administración, siempre que estos no importen delegación inherentes al consejo y en el inc.l, delegar en cualquier miembro del cuerpo el cumplimiento de disposiciones que a su juicio, requieran ese procedimiento, para su más rápida y eficaz ejecución.

Sobre este aspecto la doctrina ha tenido ocasión de puntualizar que la representación legal compete a los órganos considerados y no al gerente de la cooperativa, que no es órgano social ni ejercer aquélla, y no reviste otro carácter que el de un empleado de la misma, un mero ejecutor de las decisiones del órgano de administración, y en consecuencia, sólo puede representar al ente en los términos del mandato que se le pueda otorgar y para la realización de los actos que específicamente se determinen -del voto de la mayoría, en disidencia el Dr. Ulla- (Doctrina: ALTHAUS, Alfredo "Tratado de Derecho Cooperativo", p 444)."C A G C P LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE - Corte Suprema de Justicia de Santa Fe - Expte.: C.S.J. NRO. 82 AÑO 1989 - 26-3-1997".

Y lo señalado por el fallo con relación a los gerentes entiendo, alcanza a los firmantes de la documentación acompañado, quienes ostentan los cargos de Coordinador General Area Técnica y Legal, SCPL y Gte. Plan. y Desarrollo.

Y si bien es cierto que el art. 25 de la ley 24240, reformado por la ley 24.787, dispone que las empresas prestatarias de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario "constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas contratantes" no estableciendo quiénes son los encargados de ello, tal obligación de informar surge insoslayable de los artículos mencionados.

Ante ello, corresponde rechazar el allanamiento formulado por la demandada, toda vez que el mismo no ha sido efectivo, pues si bien reconoce el derecho que le asiste al actor; no acompaña la documentación requerida en debida forma.

En consecuencia, admitir los agravios y por ende las pretensiones del actor en su demanda.

Advierto y tal como lo consigna el sentenciante, que no ha objetado el actor el contenido de la documentación aportada, de allí que deberá la SCPL entregar en el término de cinco días de firme la presente al Sr E E C, la documentación que emitiera y acompañara con la contestación de demanda, firmada por quien acredite representación legal para ello.

Atento a cómo se resuelve el agravio sobre las costas, deviene inconducente de acuerdo a lo que dispone el art. 278 del CPCCh.

Adecuaré costas y honorarios.

Las costas de ambas instancias las impongo al demandado vencido.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6, 7, 1014 y 39 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Admitir los agravios de la parte actora, rechazar el allanamiento de la parte demandada y, en consecuencia, revocar el punto 1) de la sentencia de fs 77/79 vta, condenar a la S C P L a entregar constancia en los términos de la agregada a fs 26/30, con las formalidades que dispusiera en el considerando respectivo.

2) Modificar el punto 3) de la sentencia e imponer las costas al vencido 3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 20/2005 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción que tuvo presente el allanamiento formulado por la demandada y condenó a la S C P Limitada a entregar la constancia escrita donde se establezcan los derechos y obligaciones de cada una de las partes con relación a la exigencia de esta persona ideal de integrar un mayor aporte de capital con el objeto de financiar la renovación de la red de agua y cloaca en el barrio G M, lo que tuvo por cumplido con la presentación de la demandada (fs. 79).

El Sr. C, hoy apelante, promovió acción contra la Cooperativa para que entreguen constancia escrita donde se establezcan los ítems los derechos y obligaciones en relación al capital, la demandada se allanó a fs. 31/4. Se tuvo en consideración en el fallo atacado que el allanamiento es un acto procesal por el cual el demandado abdica de toda posición o renuncia a contraponer defensas aviniéndose a lo pretendido, reconociendo más que la exactitud de los hechos, la legitimidad de las pretensiones del actor. Con este argumento hizo lugar al allanamiento de la demandada y condenó a la S C Ltda. a entregar la constancia escrita que señalara precedentemente y se la tuvo por cumplimentada.

A fs.80 apeló y a fs. 82/3 expresó agravios donde dice que la sentencia es incongruente, ya que tuvo por cumplida la entrega de la documental, es una afirmación inexacta porque no hay constancia en el expte. que quienes firman tengan legitimación y la actora pretende que quien represente legalmente a la sociedad las suscriba, más allá que C sea ingeniero y trabaje para la cooperativa, es un tercero. El Estatuto establece quiénes se encuentran facultados para representarla, y también la imposición de las costas.

A fs.85/6 se contestó el traslado del memorial que se confirió, sosteniendo que la ley 24240 Art. 25 habla de constancia escrita en ningún momento dice que debe estar suscripta por quien la represente, además fue acompañada al expediente judicial por los letrados que la representas, no fue tampoco cuestionado por el apelante. Respecto de las costas es inoficiosa porque ni bien le fue requerida la presentó.

Sostiene también el apelante que la sentencia del Aquo por no haber atendido sus argumentaciones es nula, no obstante lo invocado siguiendo una postura anterior, transcribo jurisprudencia que comparto "La sentencia de primera instancia es nula cuando no resuelve las cuestiones planteadas. Sin embargo, las deficiencias que ostenta este pronunciamiento pueden subsanarse por vía del recurso de apelación (del voto del juez Argento, consid. III), "B, E E y otro c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento", Causa: 8395/96CNACAF, SALA III - M, M, A - 21/11/96Nro Ficha: 6180Citar: elDial - AH17F6). Por lo cual he de desestimar el agravio referido a la nulidad del fallo venido en crisis.

En primer término hay que establecer qué significa como figura jurídica el acto procesal de allanarse.

Según distintos autores importa un reconocimiento o conformidad con la legitimidad de la pretensión del actor importa la renuncia a continuar sosteniendo una pretensión de fondo o forma, con el mismo no hay más litigio, constituye el reconocimiento de hechos y derechos, entre las definiciones expuestas dice que "es la declaración de voluntad del demandado en cuya virtud reconoce la fundabilidad de la pretensión interpuesta por el actor (ver Fassi, Santiago "Cod.Procesal...", t.2, pág.603, Ed.Astrea-89, cita a Palacios, Derecho Procesal, V p.545).

Siguiendo a dicho autor entiendo que se trata de la declaración de voluntad unilateral de la demandada por la cual se somete a la pretensión inter-puesta por el actor. La cuestión debe tomarse objetivamente, en consecuencia resulta indiferente la conformidad subjetiva del demandado con los términos de la pretensión y, en consecuencia, tampoco interesan los motivos que pudo tener en vista el demandado para allanarse.

En la mayoría de los casos quien se allana a una pretensión lo hace por entender que le asiste razón al actor y por eso abdica de defenderse. El allanamiento constituye un acto procesal de carácter unilateral, que se manifiesta con la declaración de voluntad del demandado, sin que sea menester contar con el acuerdo del actor. Sin embargo y como ocurrió en el presente, el demandado pide ser eximido de las costas, se dispone correr traslado al actor solamente a tales efectos, pero aun cuando el accionante accede a esta petición accesoria, lo que no ocurrió, ello no convierte al allanamiento en un acto bilateral (Arlas "El allanmiento en el proceso civil", pág.192 cita autor mencionado ob.citada).

Formulado el allanamiento a la demanda en cualquier etapa del proceso, corresponde dictar sentencia a fin que las pretensiones del actor no se discutan en otro proceso o sea para que se beneficie con los efectos de la cosa juzgada, la sentencia debe condenar la condena en los términos pedidos, es decir estableciendo que deben cumplir las obligaciones.

En escrito de fs. 31/4 no desistió sino que se allanó con el alcance determinado, la representación de la persona ideal por los letrados resulta suficiente para ello, pero la obligación a cargo de la demandada no se encuentra satisfecha, era una obligación de dar entrega de constancias escritas, no hay más pleito, se reconoció que debe entregar pero no lo hizo, acompañó documental que no está suscrita por los representantes de la empresa, y bajo esta óptica hay que analizar la figura procesal a la que me estoy refiriendo.

Según cierta doctrina procesalista, si la prestación no se cumpliera, el allanamiento tampoco carece de sentido, porque al igual que el desistimiento impide la reedición de la causa aun para los procesos en los que se obtiene sentencia con cosa juzgada formal (Falcón, Enrique "Cod.Proc....", t.II, pág. 490, Ed. Abeledo Perrot-89).

Siguiendo la misma digo que el allanamiento no paraliza el proceso sino, que es el fundamento para que el juez dicte una resolución. La resolución va a variar si el allanamiento se realiza juntamente con el cumplimiento de la prestación, en cuyo caso la resolución que lo resuelve es interlocutoria.

Por el contrario, debe dictarse una resolución de merito, cuando la prestación no se cumpla, circunstancia que no es potestativa del deudor, sino que se da, o bien cuando no es posible el cumplimiento simultáneo (generalmente en las obligaciones de hacer, o en la condena de futuro) o bien el deudor no está en condiciones de cumplir la prestación en ese momento.

La resolución de allanamiento (excepto que se cumpla conjuntamente con la prestación), se dicta conforme a derecho, es decir de acuerdo con la forma procesal que corresponda al tipo de proceso que se ha incoado. En los procesos de conocimiento se prescinde de los considerandos, los que solo sirven para enunciar que el allanamiento no altera el orden público (ob.cit., pág. 490).

En base a todos estos planteos argumentales, encuentro que debe aceptarse el allanamiento a las pretensiones del actor, no obstante en punto a que la documentación acompañada a fs. 26, 27, 28, 29, 30, en el momento de contestar demanda y allanarse desconocida por el actor, he de coincidir con la Sra. Camarista prevotante en cuanto a que los que suscribieron tales constancias son empleados de la demandada y no tienen aptitud para representarla desde la óptica de la legislación societaria.

A todo lo dicho, también interpreto que el Art.25 de la ley 24240 cuando se refiere a los servicios publico no efectúa la disquisición de aquellos usuarios que son o no así mismo asociados al ente prestador, de allí que no he de receptar el argumento del demandado de fs.85 en cuanto a la masividad, y específicamente en el caso que me ocupa, ya que se encuentra agregado el expte.13363 y que el tema fue abordado por la suscripta en sentencia definitiva nro. 24/03. En síntesis, deberá ordenarse la entrega por parte de quien represente a la persona ideal, de las constancias referidas al mayor aporte de capital, conforme fue peticionada al incoar demanda y a la que se allanó la demandada.

Por ello, deberá modificarse la sentencia venida en apelación, teniendo por aceptado el allanamiento de la Sociedad demandada a las pretensiones del actor y disponer que en el término de 10 días se acompañe la documentación reclamada debidamente suscripta por los representantes legales de dicha persona ideal.

En cuanto a las costas del proceso, en la instancia de grado, deben imponerse a la demandada, por cuanto el allanamiento no fue acompañado de la prestación reclamada, lo que implicó la admisión de la legitimidad de las pretensiones del actor, pero no fue oportuno en cuanto al cumplimiento específicamente de lo requerido lo que no habilita la aplicación del Art.70 del código de procedimientos.

Las costas de la Alzada se imponen a la demandada vencida, pues el principio objetivo de la derrota previsto en el Art.68 del ritual no se ve conmovido con el resultado del recurso interpuesto, ya que el devenir de los pasos procesales indicados pudieron haberse obviado de haberse cumplido simultáneamente con la prestación a cargo del demandado allanante.

Respecto de los honorarios de los profesionales actuantes, ha de mantenerse la decisión del a quo habida cuenta la forma en que fuera resuelta la cuestión, regulándose los de la Alzada en el acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por todo lo expuesto esta vocalía propone para el acuerdo:

1.- Receptar parcialmente el agravio, revocando la sentencia venida en crisis, haciendo lugar al allanamiento de la s C Limitada de Comodoro Rivadavia y ordenando entregue la constancia peticionada a fs. 10 y 10 vta. suscripta por representante de dicha persona ideal al actor E E C en el término de 10 días de quedar firme la presente sentencia.

2.- Modificar la imposición de las costas en la instancia de grado conforme considerando respectivo que corresponden al demandado vencido.

3.- Costas de la Alzada a la parte demandada según considerando respectivo.

4.- Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en esta instancia al momento del Acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinantes, la temática sobre: 1) en cuanto a que las personas que suscribieron las constancias son empleados de la demandada sin aptitud para representarla desde la óptica de la legislación societaria; 2) la documenta-ción a entregar por la demandada a la actora y 3) la imposición de costas de primera y segunda instancia a la demandada vencida, quedando como desacordadas las cuestiones atinentes a:

a) procedencia o no del allanamiento formulado por la demandada y b) el plazo de entrega por parte de la demandada de la documentación.

Las circunstancias apuntadas hacen que me avoque a la emisión de mi voto sobre los puntos individualizados como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCh, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A-a) En cuanto a la procedencia o no del allanamiento formulado por la demandada, es entendimiento de la suscripta que es un a acto que tiene por destinatario al juez, de conformidad con las formalidades que rigen los actos procesales y dentro de los límites de disposición del derecho, aquél examinara la presencia de los recaudos necesarios y, de ser procedente, dictará la sentencia de allanamiento que pondrá fin al proceso (conf. Carlos Eduardo Fenochietto, en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T.2 - pág. 179, Edit. Astrea).

En sentido similar se ha expedido la jurisprudencia cuando determina que el allanamiento no hace desaparecer el objeto litigioso, no extingue la pretensión, sino que la fortalece, y como la pretensión del actor tiende a que se condene al cumplimiento de la prestación o a la creación de un estado jurídico o a la eliminación de una incertidumbre, siempre será necesaria una sentencia del juez para cumplir esos efectos (Causa: "P, J C" -Fallo Nº 869/98-; Superior Tribunal Formosa; Secretaría Civil, Comercial y del Trabajo: elDial - AU1A), razones todas ellas por las cuales cabe hacer lugar al allanamiento de la demandada en los términos en que son coincidentes las Sras. Camaristas prevotantes.

I.B-b) En lo referente al plazo de entrega por parte de la demandada de la documentación correspondiente, siendo práctica habitual de la jurisprudencia el otorgamiento para el cumplimiento por la parte vencida de la condena dispuesta por el sentenciante, el de diez (10) días de quedar firme la decisión, arribo a la conclusión que debe ser dicho plazo el determinado para que la demandada cumpla con lo dispuesto en esta Alzada.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco de Bellver y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCCh, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar parcialmente el agravio, revocar la sentencia venida en crisis de fs. 77/79 vta. y hacer lugar al allanamiento de la S C P Limitada de Comodoro Rivadavia, ordenando entregue la constancia peticionada a fs. 10 y 10 vta. suscripta por el representante de dicha persona ideal al actor E E C en el término de 10 días de quedar firme la presente sentencia.

2) Modificar la imposición de las costas en la instancia de grado conforme considerando respectivo, las que corresponden al demandado vencido.

3) Costas de la Alzada a la parte demandada según considerandos respectivos, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. C A R en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300) y de los Dres. N B.L de Escribano y J.F L G, conjuntamente, en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO ($175).

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 08 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS