Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los quince días del mes de Agosto del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez y Froilán Zarza, bajo la Presidencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de considerar los autos caratulados: "EXPTE. Nº 391-STJ-2009 - DEFENSORA OFICIAL EN LO CORRECCIONAL Y DE MENORES Nº 2 DE LA IIª CIRC. JUDICIAL s/ RECURSO DE CASA-CIÓN en autos: "EXPTE. Nº 294/08 - JARA ARAYA, JULIO A.; JARA ARAYA, LEOPOLDO ALBERTO; ANCHAU, WALTER DANIEL; ESQUI-VEL, PABLO s/ ROBO CALIFICADO".- De acuerdo con el sorteo realizado corresponde votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dr. Froilán Zarza, 2) Dra. Cristina Irene Leiva, 3) Dra. María Laura Niveyro, 4) Dr. Roberto Rubén Uset, 5) Dr. Jorge Antonio Rojas, 6) Dr. Sergio César Santiago, 7) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 8) Dr. Humberto Augusto Schiavoni y 9) Dra. Ramona Beatriz Velázquez.- Concedida la palabra al Dr. Froilán Zarza, di-jo:

Que, vuelven nuevamente a estudio del suscrip-to los presentes autos, para el dictado de la sentencia correspondiente, en función de la resolución n° 87 de fecha 19 de Mayo de 2010, dictada por este STJ, por el cual se ha declarado formalmente admisible los recursos de casación impetrados por las defensas de los imputados Julio Antonio JARA ARAYA - Leopoldo Alberto JARA ARAYA y ANCHAU WALTER DA-NIEL, en contra de la SENTENCIA dictada en fecha 03 de Septiembre del año 2009, por el Tribunal de Juicio nº 1 de la ciudad de Oberá, Misiones, en el Expte. Nº 294/2008 - JARA ARAYA JULIO ANTONIO - JARA ARAYA LEOPOLDO ALBERTO - ANCHAU WALTER DANIEL S/ROBO CALIFICA-DO", por el cual se resolvió condenar a los encartados Sres. Jara Araya a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas (Arts. 12, 29 inc. 3º, 166 inc. 2, 3er párrafo y 167 inc. 2 del C.P.A.), declarándolos reincidentes por primera vez (Art. 50 CPA) y al Sr. Anchau a la pena de 3 años de pri-sión de cumplimiento efectivo y costas, como autores y coautores penal-mente responsables respectivamente del delito de ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS ATENUADO EN POBLADO Y EN BANDA.- Que a fin de ordenar el análisis, procederé a tra-tar en forma separada los recursos incoados por las defensas, como así también los agravios formulados por cada uno de ellos, a saber:

A).- El Dr. Ricardo Sigfrido B. Fores, actuando en el carácter de defensor Oficial de los Sres. Julio Antonio Jara Araya y Leopoldo Alberto Jara Araya, a fs. 454/461 interpone recurso de casación en contra de la sentencia referenciada, procediendo a encuadrar jurídica-mente el planteo en la 1ª causal del art. 461 del CPPP -Ex Ley 2677- Ac-tual Ley XIV - Nº 3 - Digesto Jurídico-, manifestando que en la sentencia atacada se ha aplicado erróneamente la ley sustantiva, sintiéndose agra-viado por cinco (5) motivos; a saber:

1º) Que se haya dictado sentencia por hecho consumado y no tentado.- 2) Que se haya impuesto una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público en la audiencia debate.- 3) Que se haya declarado la reincidencia.- 4) Que se le haya denegado la excarcelación de sus defendidos.- 5) Que no se ha acreditado debidamente en el proceso que sus defendidos sean las mismas personas de los informes de antecedentes.- A.- 1º.- AGRAVIO.- Que se haya dictado sen-tencia por hecho consumado y no tentado.- A fs. 455, el Dr. Fores describe: Que del relato de los hechos realizados por el juez que emitió el primer voto del fallo recurrido -al que adhirieron los demás miembros del tribunal-, surge como PRIMERA CUESTION a objetar por la defensa, en cuanto a LA CA-LIFICACION LEGAL que fue escogida para el dictado de la sentencia co-rrespondiente.- Manifiesta textualmente: "Obsérvese que ante la supuesta inmediata persecución policial y su detención en el camino, trans-portando el objeto que habían robado, y sin conseguir abrir la caja fuerte, que evidentemente era transportado a un lugar seguro para los perpetrado-res, sin conseguirlo por la intervención policial, es propio de la tentativa y no del tipo penal consumado".- Referencia una serie de fallos de jurispruden-cia sobre el planteo, de los cuales a fin de poder emitir mi conclusión opor-tunamente me permito destacar y reproducir:

Citar: WebRubinzal ppypenal 48.4.r157, y tam- bién la que ha sentado, que: "Corresponde encuadrar como robo en grado de tentativa el accionar de quien se despoja de la res furtiva durante una persecución ininterrumpida, en la que nunca fue perdido de vista, por cuan-to no ejerció poder de disposición alguna sobre la cosa ajena, más allá de que ésa no sea recuperada para su dueño. (TOCrim., Cap. Fed. Nº 21, 17/3/2006, Ibáñez, Christian Damián, causa n° 1836, Jueces Barroetaveña, Bossi, Días).- Además, la parte pertinente de la doctrina sen-tada por la sala II de la Excma. CNCP en las causas referenciadas por la defensa a fs. 455 vta., ."En consecuencia, no puede estimarse consuma-do el hecho si los autores no tuvieron el poder real del dinero en cuestión, máxime si tenemos en cuenta QUE ENTRE EL HECHO Y LA DETENCION -que se produjo a media cuadra- TRANSCURRIERON BREVES MINU-TOS.".- Manifiesta la defensa la violación directa de la ley sustancial por interpretación errónea, al calificar el robo como consumado, cuando en realidad se trataba de una conducta meramen-te tentada, así las cosas se le impuso a sus defendidos una pena muy superior a la señalada en la ley, que debería haber sido la de cinco (5) años y no la de siete (7) que determinara e impusiera el tri-bunal.- Que, a fin de resolver el presente agravio es importante remitirnos a la secuencia de cómo acontecieron los hechos in-vestigados; surgiendo claramente y estando debidamente probado en la causa, que se inicia el día 16 de octubre del año 2007 en horas de la no-che, entre las 21,25 a 22,00 horas, momento en que huyen con rumbo des-conocido a bordo de un vehículo, llevándose consigo la caja fuerte del domicilio de las víctimas, siendo anoticiadas las fuerzas de seguridad a las 22,20 horas aproximadamente, según constancia de fs. 01 del expe-diente.- Que, se iniciaron las actuaciones por las fuerzas del orden tendientes a investigar el hecho, siendo localizados y detenidos los presuntos autores, en la localidad de Salto Encantado dependiente de la comisaría de Aristóbulo del Valle, el día 17 de Octubre de 2007 a las 2,20 hs. según dan cuenta las actuaciones obrantes a fs. 16 de autos, proce-diéndose además al secuestro de la caja fuerte y del vehículo en el que se desplazaban.- Que, si valoramos estas circunstancias, fácil-mente nos damos cuenta que desde el momento en que ocurrieron los hechos en el domicilio de las víctimas hasta el momento en que fueron de-tenidos, secuestrado el vehículo y la caja fuerte, había transcurrido más de 4 horas, dentro de las cuales nadie sabía la ubicación y/o paradero de los autores materiales y del objeto del ilícito.- Que, esta sola situación echa por tierra el plan-teo de la defensa, a mérito de que no surge en el presente caso: Que el hecho no se haya podido cometer por circunstancias extrañas ajenas a la voluntad de los autores, tal como lo requiere el art. 42 del CPA. Por lo que entiendo que el presente agravio debe ser rechazado en virtud de que se ha consumado la figura penal imputada, debiendo confirmarse en conse- cuencia el encuadre jurídico realizado por el tribunal de juicio, así opino.- Que como fundamento DOCTRINARIO de mi voto, cito a Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, Parte Especial Tomo II-B-Rubinzal-Culzoni Editores, Edición 2001. Pág. 31. Define a la acción ma-terial constitutiva del hurto, como el apoderamiento de cosa mueble ajena que se sustrae o que se ha sustraído a quien la tenía consigo; y en la Pág. 47, al tratar de la Consumación y tentativa: "El delito se integra por dos fa-ses ejecutivas, perfectamente diferentes, que son el desapoderamiento de la cosa, por un lado, y por el otro, la toma efectiva de poder sobre la cosa por parte del ladrón, recién en este punto se consuma el delito. Solo se puede hablar de consumación si el agente puede disponer materialmente de ella, aunque sea por unos breves instantes. (Frías Caballero, la acción material constitutiva del delito de hurto cit.). "Edgardo Alberto Donna".- Que la jurisprudencia ha manifestado: "Se confi-gura el delito de robo consumado y no en grado de tentativa, si de los rela-tos del damnificado, como los del personal policial que aprehendiera al im-putado, surge que la detención del mismo tuvo lugar a pocas cuadras del sitio en que se produjera el hecho y cuando la víctima lo había perdido to-talmente de vista, pues en tales condiciones no existió una persecución sin solución de continuidad hasta lograrse su aprehensión, circunstancia que hubiera mantenido el robo en grado de tentativa, sino que por el contrario ha quedado de manifiesto que el imputado tuvo, aun cuando por breves instantes, la posibilidad de disponer físicamente del dinero sustraído, situa-ción que implica la consumación del delito. La violencia física contra la per-sona tipificante del robo puede ser simulada a condición que sea apta para dar la apariencia de verdadera y de esa forma quebrar la defensa del dam-nificado. (C.N.Crim. y Correc., Sala III, 26/8/86 ED, 122-675 A-676). Ex-traído del Capitulo I del CD de jurisprudencia de Rubén Enrique Fígari - Robo análisis doctrinario y jurisprudencial, Editorial Mediterránea, Edición 2006.- A.- 2° AGRAVIO: Que se haya impuesto una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público en la audiencia de deba-te.- A fs. 456 punto IIº, manifiesta el quejoso que la condena impuesta a sus defendidos resulta "ultra petita, en razón de que la Sra. Fiscal del Tribunal solicitó la imposición de una pena de cinco (5) años, en tanto que el Tribunal Juzgador les impone 7 años y los declara formal-mente reincidentes. Que para el Dr. Aguirre, que emite el voto, el funda-mento de tales penas residiría en el uso de arma de fuego, en pleno centro de la ciudad.ello demuestra la peligrosidad de los encausados.- Que, como antecedente de mi opinión traigo a colación una parte del voto de la Dra. la Señora Vocal Doctora Aída Tarditti, en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sala Penal 17 de no-viembre de 2008, sala Penal, en los autos "ALMIRON, Gustavo Alberto p.s.a. robo calificado -Recurso de Casación-" (Expte. "A", 51/06): "En el su-puesto de aceptarse la pretensión de la recurrente en orden a la ampliación de la jurisprudencia referida a los supuestos vinculados estrictamente con el monto de la sanción impuesta, resultaba imprescindible que acompañara su reproche de afectación a una debida defensa con argumentos orienta-dos a demostrar que el tribunal de juicio al momento de estimar la pena que consideraba justo imponer a Almirón, incluyó en su análisis circunstancias agravantes, vinculadas con la modalidad de los hechos de la acusación, que hubieran sido desechadas por el Ministerio Público, pero ello en modo alguno sucedió., ...Es que, podría considerarse una razonable derivación de aquélla, la prohibición de imponer una pena superior a la pedida por el Fiscal, en aquellos supuestos en los que se ponderan como calificantes, circunstancias fácticas, no típicas, que integraban la acusación, pero que el Ministerio Público descartó durante el juicio".- Que, a fin de resolver el presente agravio consi-dero -a tenor de las actas correspondientes- que el debate se ha desa-rrollado de acuerdo a los lineamientos del requerimiento de elevación de la causa a juicio, incorporándose debidamente las pruebas a la audiencia, permitiendo a las partes la debida fiscalización de las mismas, sin haberse modificado la base fáctica, como tampoco la calificación jurídica otorgada a la misma, circunstancias estas por las cuales no avizoro violación del dere-cho de defensa, ni afectación al principio de congruencia, ni al contradicto-rio, siendo una facultad del tribunal de sentencia la ponderación mesurada de la cuantía de la pena de acuerdo a los lineamientos legales establecidos por los arts. 40 y 41 del CPP, acorde a como lo realizara a fs. 450 el Dr. Aguirre al momento de emitir su voto, entendiendo por lo tanto que el pre-sente agravio debe ser desestimado.- A.- 3° AGRAVIO.- Que se haya declarado la reincidencia.- A fs. 456 punto IIº, se queja el recurrente porque el Tribunal Juzgador declara formalmente reincidentes a los hermanos Jara Araya. Y a fs. 456 vta., manifiesta el juez nada dice acerca de que sus de-fendidos hubieran cumplido parcial o totalmente con pena privativa de liber-tad, requisito ineludible del art. 50 del CPA para la procedencia de la decla-ración. No se valora si estuvieron detenidos, ni cuándo recuperaron la li-bertad, ni el tiempo trascurrido entre ese evento y la fecha de comisión del que se le endilga en autos, en su caso si el mismo fue anterior o posterior a la fecha de la condena que pudieron recibir en la otra causa, todo lo cual determina que tal declaración resulte infundada, arbitraria, violatoria del principio de razonabilidad que deben guiar los actos de gobierno conforme lo dispuesto por el art. 1º de la CN, además de violentar la garantía del de-bido proceso prevista en el art. 18 de la norma fundamental.- Que tal como lo trata Andrés José D`Alessio, en el Código Penal de la Nación, comentado y anotado 2ª edición actualizada y ampliada al realizar el comentario del art. 50: "El régimen legal vigente establece la denominada reincidencia "real" (por oposición a la llamada re-incidencia "ficta" -porque se exige que la condena anterior haya sido efecti-vamente cumplida) y "genérica" (por oposición a la "especifica" -porque no se requiere que el nuevo delito sea de la misma naturaleza que el anterior), la que -en líneas generales- se verifica cuando una persona que haya cum-plido -al menos parcialmente- en forma efectiva, y como condenada, una sanción privativa de la libertad, comete dentro del plazo fijado por la ley -un nuevo delito reprimido con esa misma especie de pena. Siendo los requisi-tos de la Reincidencia: 1.- Condena Anterior a pena privativa de la libertad. 2.- Cumplimiento efectivo de pena. 3.- Nuevo delito.- Que el art. 50 CPA dispone: "Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. ...La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera trans-currido un término igual que aquél por la que fuera impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años.- Por consiguiente, de las actuaciones obrantes en la causa se desprende a fs. 422 vta., se incorporaron debidamente los informes de los organismos correspondientes como medios de pruebas, poniéndose a disposición de las partes, antes de procederse a la clausura de la audiencia debate -a cuyo cotejo me remito- surgiendo de dichas ac-tuaciones que los imputados han sido condenados a pena privativa de liber-tad, cumpliendo parte de las mismas y a la fecha de comisión del presente hecho no han transcurrido los plazos del art. 50, de 5 años como mínimo exigido por dicha norma a los fines de que no se aplique la reincidencia.- Que a tenor de las consideraciones expuestas corresponde rechazar el presente agravio.- A.- 4° AGRAVIO.- Que se le haya denegado la excarcelación de sus defendidos.- El tratamiento del presente agravio resulta en este momento improcedente a mérito de la ratificación por medio de mi voto de la sentencia dictada por el tribunal de juicio y en virtud de los argumen-tos esgrimidos al tratar los puntos anteriores referentes a la acreditación de la participación de los imputados en el hecho investigado, la calificación legal otorgada, la condena impuesta y la declaración de reincidencia, lo que torna inviable el otorgamiento del instituto excarcelatorio.

A.- 5º AGRAVIO.- Que, no se ha acreditado de-bidamente en el proceso que sus defendidos sean las mismas personas de los informes de antecedentes.

Manifiesta el recurrente a fs. 458 y vta., que los informes del Registro Nacional de Reincidencia no podían ser tenidos como probatorios de nada porque efectivamente el art. 198 del CPPP establece que las cuestiones del estado civil deben ser probadas por los medios que al efecto establecen las normas respectivas, ., diciendo que las condenas fueron impuestas a personas que tenían otros nombres, en tanto y en cuan-to no existiera una declaración emitida por autoridad judicial competente, no pueden ser tomados como prueba plena, porque no reúnen los requisitos sacramentales que las normas exigen a aquéllas que acreditan el estado civil.. .Cabe señalar que los mismos no fueron acusados por esos diver-sos nombres, que no constan en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, y que tampoco se amplió la acusación en el debate.- Que, a fin de resolver el presente agravio, es dable destacar que en la audiencia del juicio se han incorporado las actas de reconocimiento de personas, en las cuales son contestes los testigos en que los imputados han intervenido en el hecho investigado, ocurriendo lo mismo en la audiencia. Además el presente planteo fue formulado por parte de la defensa en el debate dentro de las cuestiones preliminares, tal como consta en el acta obrante a fs. 417 vta., corriéndose la correspondiente vis-ta al ministerio público fiscal y resolviendo el tribunal diferir lo solicitado por la defensa hasta tanto se cuente con los informes correspondientes de los Organismos Nacionales, para poder acreditar si son o no las mismas per-sonas.- Que, destaco además que a fs. 418 vta./419, en la audiencia debate al momento en que Presidencia se procede al interro-gatorio e identificación de los imputados, manifiesta el Sr. Leopoldo Alberto Jara Araya, dentro de su declaración, que registra antecedentes condenato-rios en el Juzgado de la Matanza, donde fue condenado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión y que salió en libertad el 19 de marzo del año 2003. Lo mismo ocurre con el coimputado Sr. Julio Antonio Jara Araya, . que registra antecedentes condenatorios, que fue condenado a la pena de 4 años de prisión por el Juzgado de la Matanza en septiembre del año 2001.- Que asimismo a fs. 419 vta., prestan declaración los coimputados Jara Araya, manifestando Leopoldo Alberto que en otras oportunidades se hizo pasar por Mario Oscar Lepe o Juan Pizarro Santibá-ñez y Julio Antonio como Miguel Ángel Ganga o Wilson Haedo o Patricio Vera Carrasco.- Que por estas circunstancias coincido con la conclusión a la que ha arribado el juez preopinante Dr. Aguirre a fs. 448, al fundamentar la sentencia dictada, en cuanto a que nos encontramos con las mismas personas que surgen de los informes y a las cuales estamos juzgando en esta instancia. Por lo cual entiendo que se debe rechazar el presente agravio.- A.- Conclusión: Que, a tenor de los argumentos expresados en los párrafos precedentes, considero que se debe confirmar la sentencia en todo lo que respecta a los coimputados Leopoldo Alberto Jara Araya y Julio Antonio Jara Araya. Así voto.- B).- La Dra. María Graciela Abdolatif, actuando en el carácter de defensora Oficial del imputado Anchau Walter Daniel.- A fs. 462/467, se encuentra agregado el escrito por el cual interpuso el recurso de casación, que hoy nos convoca en be-neficio de su defendido.- Que la recurrente, funda su ataque a la senten-cia recurrida en base a la supuesta inobservancia de las normas del Código de Procedimiento Penal, previsto en el inciso 2º del art. 461 del CPPP -Ex Ley 2677- Actual Ley XIV - Nº 3 - Digesto Jurídico-, sintiéndose agraviada por dos motivos, a saber:

1.- Por interpretar que no se han observado en la sentencia las reglas de la sana crítica racional con respecto a los ele-mentos probatorios de valor decisivo para la causa.- 2º.- Por habérsele aplicado a su defendido la pena de tres años de cumplimiento efectivo y no en suspenso tal como lo solicitara la fiscalía.- B.- 1º AGRAVIO: no se han observado en la sentencia las reglas de la sana crítica racional con respecto a los elementos probatorios de valor decisivo para la causa:

Manifiesta la recurrente a fs. 463, que no niega la materialidad histórica del hecho; lo que su defendido negó y lo sigue haciendo es su autoría material en el mismo. Tanto en sede de instrucción como en el debate, el Sr. Anchau explicó con detalles cómo y por qué estu-vo ese día del hecho en el lugar equivocado, sin embargo, nada de lo dicho fue valorado ni confrontado con los dichos de los testigos, ni valorado las innumerables contradicciones que hubieron entre ellos. Para el tribunal mi defendido fue autor porque los tres testigos (Núñez y los hermanos Rosa) lo reconocieron en rueda de personas.- Dice que la sentencia se basa en pruebas testi-moniales apartándose en la valoración de lo que manda la ley, pidiendo la absolución de su defendido porque dice que no participó y no hay pruebas que avalen la posibilidad de condena y que para el caso de condena que sea en suspenso, tal como lo requirió el fiscal de juicio.- Que no cabe duda del hecho, pero si existe du-da en cuanto a la participación del Sr. Anchau y que se debe a la torpeza del mismo por la edad en haber confiado en su primo, por lo cual ha solici-tado la absolución del mismo.- Que a fs. 482, la Dra. Abdolatif, manifiesta al pá-rrafo 3° que la sentencia que se impugna se ha sustentado en la íntima convicción, lo cual se halla prohibido y debe referirse a las probanzas de autos, probanzas que no han sido totalmente merituadas, por el contrario se han seleccionado determinadas pruebas, en detrimento de otras, tan importantes como aquellas que ocasionan la parcialización en la meritua-ción de los hechos, que inclinan la balanza en modo arbitrario y antojadizo en detrimento de una valoración que debe fundarse en la sana crítica racio-nal.- Que a fin de resolver el presente agravio, es im-portante destacar que se ha llevado a cabo la audiencia de RECONOCI-MIENTO EN RUEDA DE PERSONAS por ante el juez de instrucción de la causa (fs. 104/109 de autos), siendo importante destacar que a la misma, no han concurrido ni el representante del ministerio público fiscal, ni los de- fensores de los imputados, a pesar de estar debidamente notificados.- Que, la mencionada audiencia se ha llevado a cabo a tenor de las previsiones legales del art. 256 del CPPP, en la cual han participado la Sra. Mariela Núñez y los hermanos Edgardo Rubén Sosa y Leandro Iván Sosa, en el carácter de testigos-víctimas del hecho investi-gado, resultando ampliamente reconocidos los Sres. Jara Araya Julio Anto-nio - Jara Araya Leopoldo Alberto y el Sr. Anchau Walter Daniel como los autores del hecho investigado.- Define Eduardo M. Jauchen en la página 463/464 del Tratado de la prueba en materia penal que: "Se puede concep-tualizar al reconocimiento de persona como el medio de prueba tendiente a establecer, entre otras semejantes, la identidad o identificación de una per-sona por medio de otra que la menciona o la alude, afirmando conocerla o haberla visto". Que en virtud de la especial naturaleza que reviste este me-dio de prueba derivada del factor psicológico preponderante en la persona llamada a reconocer, se advierte de inmediato que se está frente a un acto definitivo e irreproducible.- Que en cuanto a la SANA CRITICA RACIONAL: El juez puede admitir cualquier medio de pruebas, AMPLITUD PROBATO-RIA, pero se le impone su valoración conforme a los principios de la sana crítica racional, o sea que debe apreciar la prueba y fundar su decisión ba-sándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano. Esto trae como conse-cuencia que el juez fundamente debidamente la sentencia. El magistrado debe imperativamente expresar cuáles son las razones que, surgidas sólo de las pruebas, determinan la decisión adoptada, indicando cuál fue el ca-mino deductivo seguido para llegar a esa conclusión y no solo el resultado de la operación mental. Así, es menester que esas razones se extraigan sólo y directamente de las pruebas producidas en la causa y no del cono-cimiento privado del juez o de constancias no introducidas legalmente a la causa. (Tratado de la prueba en materia penal Jauchen, págs. 48/49).- La sana crítica, cuya identidad con las libres convicciones ha sido puesta de manifiesto por Vélez Mariconde (derecho., T. II, págs. 199/202), consiste en ponderar la prueba recibida en el debate -con ajuste a los preceptos legales reguladores de su producción, conforme los distintos medios- aplicando los principios de la lógica, la psicología y la experiencia común" .ante la necesidad de que los autos y sentencias sean motivados. C.P.P.N. Francisco J. D´Albora, Anotado - Comentado - Con-cordado - 3º Edición Abeledo Perrot - Pág. 679.- El reconocimiento en ruedas de personas por la cual han sido reconocidos los imputados como autores materiales del hecho investigado, fue valorado oportunamente al momento de dictarse el procesamiento a fs. 190, como así también en el requerimiento de eleva-ción de la causa a juicio a fs. 312, no siendo atacadas estas resoluciones, ni la medida probatoria por ninguna acción de nulidad dentro de la etapa de instrucción, ni dentro de la etapa preliminar del juicio, no avizorándose la violación de algún derecho del imputado que nos lleve a declarar la nulidad absoluta del mismo, por lo que considero que lo manifestado por la defen-sora, es una mera discrepancia con el tribunal de sentencia en la forma de realizar el análisis de valoración de la prueba en un loable esfuerzo en de-fensa de su pupilo, sin que el suscripto encuentre motivos para hacer variar la conclusión arribada por el tribunal, circunstancia por la cual se debe des-estimar el presente agravio.- B.- 2° AGRAVIO: PENA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO y NO CONDICIONAL.- Que a fs. 465 vta., la Dra. Abdolatif incorpora otro agravio a tratar en cuanto a que el tribunal de juicio ha impuesto a su defendido la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, mani-festando además que de modo antojadizo y arbitrario se ha apartado de su propio criterio, que fue el de otorgar para los delincuentes primarios, meno-res imputables, con buenos informes ambientales, sin procesos en trámites, como son los que caracterizan a su defendido, una pena de 3 años o me-nos. .Que la propia fiscal del tribunal ha hecho suyo este criterio, solici-tando para el Sr. Anchau la pena de 3 años de prisión en suspenso.- Que a fin de resolver el presente agravio, ade-lantando que comparto la opinión de la defensa, e invoco como fundamento de mi voto la opinión vertidas por Nicolás F. D´Albora, CPPN, Anotado, Comentado, Concordado, 8° Edición, pág. 737: Si se dan las condiciones para imponer una pena de cumplimiento en suspenso, los jueces deben fundar por qué deciden en el caso en concreto imponer una pena de carác-ter efectivo. El tribunal no solo debe enumerar los criterios utilizados para individualizar la pena, sino que debe demostrar de qué forma los hizo ope-rar, pues se trata de una facultad discrecional pero no se tolera su ejercicio arbitrario.- Que asimismo la CSJN, se ha expedido en fa-vor de la aplicación de la condena condicional. Por cinco votos a favor y uno en disidencia, la Corte Suprema en la causa "García, José Martín s/causa n° 97.999 S.C.G. 772, L. XLIV, hizo lugar a un recurso extraordina-rio presentado por la defensa del imputado García, un hombre que había sido condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. El Procurador ante la Corte Suprema Ezequiel Casal sostuvo, en su dictamen del 26 de mayo de 2009, advirtió que "la defensa de García tachó de arbitraria la sentencia de condena, por considerar que desechó la ejecución condicional de la pena con base en fórmulas genéricas y consideraciones abstractas, y desatendiendo la mayo-ría de las pautas previstas al efecto en el artículo 26 del Código Penal". El Procurador ante la Corte recordó que la defensa del hombre sostuvo que el fallo que lo condenó "omitió tomar en cuenta la personalidad moral" de Gar-cía así como "su actitud posterior al delito y los motivos que lo impulsaron a delinquir". Casal también enfatizó que "el instituto de la condenación condi-cional tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cum-plimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión". Coincidieron con el Procurador Casal los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni (que integraron la mayoría) en tanto que la ministra Carmen Argibay votó en disidencia y sostuvo que el recurso extraordinario era "inadmisible".- Conclusión: Que a tenor de los argumentos ex- presados considero que se debe hacer lugar al presente agravio, revocán-dose la sentencia a favor del imputado Anchau, solamente en lo que res-pecta al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, debien-do ser la misma de cumplimiento en suspenso, por lo que se deberá re-mitir a quien corresponda, para que dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos de los fundamentos explicados.- Propongo además, como Doctrina Legal, por el presente voto, que al momento de notificar personalmente o por cédula, se proceda a acompañar copias certificadas de la correspondiente resolución a las partes interesadas, a fin de que las mismas puedan contar con el detalle de los fundamentos de la sentencia, permitiendo de esta manera agilizar el trámite procesal, el manejo del expediente ante posibles planteos impugna-tivos y además no entorpecer el derecho de defensa de los imputados am-parado por la CN. Así opino.- Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro Dr. Froilán Zarza, y en lo que respecta al tratamiento del A.- 1º.- agravio adhiero a la solución propuesta, toda vez que, los argumentos que sobre este punto esgrime la defensa resultan insuficientes para enervar el razonamiento lógico jurídico seguido por los sentenciantes. Entendiendo además, luego de haber reali-zado un análisis exhaustivo de las actuaciones, que el encuadre jurídico efectuado por el Tribunal de Juicio resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo de las circunstancias comprobadas de la causa. Así Voto.- Concedida la palabra al Dr. Roberto Rubén Uset, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Froilán Zarza.- Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

En primer lugar, me adhiero al voto del Sr. Ministro Dr. Zarza, en cuanto a los fundamentos y conclusiones a las que arriba, en relación al recurso interpuesto por el Dr. Forés, defensor de los condenados Julio Antonio Jara Araya (ver fs. 502) y Leopoldo Jara Araya (ver fs. 503), quienes denuncian, a fs. 512/513 la renuncia del Dr. Forés al cargo a fs. 497 de autos, designándose a la Defensora Oficial N° 2 Dra. María Graciela Abdolatif quien acepta el cargo de defensora de ambos, presentando memorial a fs. 517/518, ratificando todos y cada uno de los fundamentos atacados a fs. 454/461, por el anterior Defensor.- En cuanto a la defensa de la Dra. Abdolatif, respecto del condenado Anchau, Walter Daniel, a mi juicio el Tribunal ha observado todos y cada uno de los elementos probatorios de valor decisivo para decidir sobre la conducta de este condenado en el ilícito para la imposición de la pena de tres años de cumplimiento efectivo y no en suspenso.- Ello en virtud de que se tratan de pruebas testimoniales; cuestión de hecho cuya valoración queda librada a la soberanía de los Jueces, salvo absurdo o arbitrariedad que no se demuestra, siendo el recurso una mera discrepancia con el criterio del Tribunal y no hallarse incorporados elementos decisivos para hacer variar el resultado al que arribó el dicho Tribunal.- Más aun, teniendo en cuenta que el referido condenado Anchau, ha sido quien facilitó el vehículo para que se cometa el ilícito; participó del traslado de la caja fuerte; la cual fue virtualmente arrancada del lugar donde estaba empotrada y trasladada en el mismo vehículo por los condenados. Así también se constató que el condenado Anchau, viajaba en la parte trasera del vehículo que transportaba el elemento sustraído, todo ello durante la persecución policial que se llevó a cabo desde San Vicente hasta Salto Encantado (Aristóbulo del Valle), distante más de 40 kms. y que a raíz de haber atropellado un "lomo de burro", Anchau fue despedido del automotor al abrirse una de las puertas de la furgoneta Fiorino, cayendo a la cinta asfáltica donde fue aprehendido por la policia.- Las circunstancias de que Anchau suministró el vehículo marca Fiat Fiorino tipo furgoneta, se encuentran acreditadas en los incidentes, donde la madre del mismo, solicita la restitución de los elementos secuestrados. Ello se puede constatar en el expte. N° 391-STJ-09, donde corre por cuerda el expte. N° 1764/07 "Anchau, María Estela s/ Sol. Rest. Automotor".- Por ello, considero corresponde confirmar el fallo aludido, en cuanto impone la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo al condenado Anchau, Walter Daniel. Con costas. Asi Voto.- Concedida la palabra al Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.- Concedida la palabra al Dr. Sergio César San-tiago, dijo:

Que adhiero a la solución propuesta y a los fundamentos vertidos por el Dr. Zarza, salvo en lo que hace a la posición doctrinaria tomada respecto al momento en que se consuma el Robo (o hurto), pues a criterio del suscripto el mismo se materializa cuando el autor quita la res furtiva del ámbito de custodia de su dueño, tomando poder de la misma, sin que sea necesario que pueda disponerse de la cosa, pues el tipo solamente exige su apoderamiento ilegítimo. Así voto.- Concedida la palabra a los Dres. Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez y María Laura Niveyro, dijeron:

Que adhieren al voto del Dr. Jorge Antonio Ro-jas.- Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 41 de la Ley IV - Nº 15 - Antes Decreto-Ley Nº 1.550/82);

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) RECHAZAR los Recursos de Casación inter-puestos en autos, y en consecuencia confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, por los fundamentos expuestos en los considerandos.- II) REGISTRESE, cópiese, notifíquese y oportu-namente, vuelvan los autos a origen, oficiándose a tales efectos.-