Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 56/63vta. contra la Disposición nº1901 DGDyPC-2004 de fecha 17 de octubre de 2004, dictada en los autos caratulados: "VOLKSWAGEN COMPAÑÍA FINANCIERA S.A contra GCBA sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES", expte. RDC-1358/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dra. Nélida Mabel Daniele y Dr. Eduardo Ángel Russo, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la disposición apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: 1. En el presente caso, "Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados" (en adelante Volkswagen), interpuso recurso de apelación -obrante a fs. 56/63vta.- contra la Disposición nº1901-DGDyPC-2004, dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resolvió aplicar una multa de dos mil pesos ($ 2.000) al apelante por inf racción al artículo 4° de la ley 24.240. Para llegar a dicha decisión, la autoridad administrativa se basó en la denuncia presentada por Antonio José Sosa, en la cual relató que el día veintinueve de mayo de 2001, adquirió un vehículo marca Seat modelo Córdoba en la concesionaria Espasa de esta capital, pagando el 50% al contado y el restante en forma financiada con la firma apelante, en treinta y seis cuotas de pesos doscientos cuarenta y tres ($243.-), mas la de pesos ciento diecisiete ($117.-) correspondiente al seguro brindado por la compañía LUA Seguros La Porteña S.A. -la cual ofreció la cobertura de terceros completo-, que él mismo eligió. A su vez, señaló que aproximadamente en los meses de febrero y marzo del año 2002, la firma denunciada le hizo saber que habían desafectado a la compañía de seguros citada, y que en su lugar, el servicio sería prestado por Provincia Seguros, manteniendo las mismas condiciones ofrecidas por la aseguradora anterior. Manifestó también que, en la cuota nro. trece, Volskw agen le informó que el pago del seguro se incrementaría a la suma de pesos ciento ochenta y ocho ($188.-), aumento que según él era erróneo, ya que, según la documentación obrante en su poder, para ese mismo período, la cuota del seguro seguía siendo la misma que las anteriores. Asimismo, remarcó que al momento de abonar la cuota nro. quince, la financiera denunciada le informó que el pago del seguro nuevamente había aumentado, esta vez a la suma de pesos doscientos veinticinco ($225.-). Finalmente aclaró que: "Todas estas circunstancias fueron explicadas por dos notas entregadas en mano a la Compañía Financiera VW de Pacheco, las cuales fueron denegadas según notas enviada con fecha 15 de agosto del cte. año, habiendo sido entregada el día de ayer a mi domicilio particular por la empresa OCA" (ver fs. 2). 2. Abierta la instancia conciliatoria, las partes no arribaron a una composición (ver fs. 22 y 25). A fs. 28/31vta. se halla glosado el descargo presentado por la aquí recurrente respecto a la imputación po r la infracción al art. 4º de la ley 24.240, concluyendo que en ningún momento se infringió el artículo citado ya que la empresa recurrente brindó al consumidor información sobre las "características esenciales" (fs. 31, primer párrafo) de los servicios al momento de la contratación del crédito. Manifestó expresamente que: " ...Volkswagen Compañía Financiera posibilita la libre elección por el cliente de la aseguradora, de entre una lista de por lo menos cuatro. No obstante ello, en los cupones de pago mensuales se deja constancia de la compañía de seguros contratada por el cliente" (ver fs. 29, último párrafo). Asimismo, sostuvo que, el objeto de la firma es otorgar préstamos a particulares con el fin de posibilitar a estos la compra de vehículos 0 km. Aclaró al respecto que esta operación incluye la contratación -con una compañía aseguradora elegida por el interesado- de un seguro de vida y del automotor. Sobre el caso en particular refirió que, la firma envió al denunciante una carta simple en el mes de ma rzo de 2002 a los efectos de que opte por una nueva compañía de seguros. Y que, ante el silencio, la recurrente interpretó que Sosa estaba de acuerdo en contratar a Provincias Seguros S.A. A su vez, remarcó que, con fecha 30 de septiembre de 2002, volvió a informar al denunciante sobre la opción de contratar un seguro nuevo. Expresó que: "Mi mandante no puede dejar de contratar un seguro -ni tampoco quedar en la espera de una eterna respuesta" (ver fs. 30, segundo párrafo). Luego de fundar su postura conforme a lo dispuesto en los artículos 1896, 1909 y 1911 del Código Civil, y 221 del Código Comercial concluyó que "... al momento del cambio de compañía, el Sr. Sosa no manifestó su disconformidad" (fs. 30vta., segundo párrafo). 3. A fs. 47/9vta. obra la disposición N° 1901-DGDYPC-2004, a través de la cual la autoridad de aplicación le impuso a Volkswagen Compañía Financiera S.A. una multa de pesos dos mil ($2000.-) por encontrársela responsable de la infracción al art. 4° de la ley 24.240 ordenando a la sanci onada la publicación del mentado acto condenatorio (arts. 1° y 3°). Para fundar la resolución, la administración sostuvo -respecto a la presunta infracción al artículo 4°- que la obligación que recae en la parte denunciada de acreditar los argumentos fácticos en su descargo surge también del art. 37, inc. c) de la ley 24.240. Por esa razón, sostuvo que, los argumentos esgrimidos por la sumariada carecen de entidad suficiente para lograr su exculpación, ya que, sus dichos constituyen simples manifestaciones unilaterales sin respaldo probatorio de ninguna especie, en tanto omitió activar las pruebas documentales que le hubieran permitido acreditar los hechos alegados en su descargo. En ese orden de ideas remarcó que, la firma infringió el deber establecido en el art. 4º de la ley de Defensa del Consumidor, ya que, no informó en la forma establecida por la citada norma acerca de la posibilidad del cambio de la compañía aseguradora. A su vez, hizo hincapié en que el deber de información se engarza con el clásico deber de "la buena fe comercial", directiva que no se tuvo en cuenta al no informar acabadamente acerca del procedimiento en este íter negocial. 4. Volkswagen, interpuso recurso de apelación a fs. 59/63vta. En síntesis, la recurrente expresó los siguientes agravios: a) que la autoridad de aplicación, para imponer la sanción, no especificó la conducta violatoria del artículo supuestamente infringido; b) que las manifestaciones vertidas en el descargo oportunamente presentado, habían sido reconocidas por el denunciante en su escrito de inicio, por esa razón manifestó "...la prueba que ha ofrecido mi representada, se vincula a los hechos controvertidos. Los restantes hechos, respecto de los que la Dirección supone que mi representada ha intentado invertir la carga de la prueba NO SON HECHOS CONTROVERTIDOS" (ver fs. 60vta., segundo párrafo). A su vez, aclaró que el motivo de la denuncia siempre estuvo vinculado con los montos del seguro, más no con las condiciones de contratación y el derecho a la información; c) que quedó probado en autos que: 1- la elección de una compañía aseguradora, entre las ofrecidas por la firma, se encuentra entre las condiciones de contratación, hecho respecto del cual, el denunciante se encontraba plenamente informado; 2- en el momento en que Lua Seguros dejó de operar, en beneficio del denunciante la firma eligió interinamente otra compañía aseguradora e informó respecto de ese hecho al denunciante. Finalmente y en forma subsidiaria la recurrente se agravió también, ya que consideró que la multa que le fuera impuesta resultó ser absolutamente desproporcionada y violatoria de los topes impuestos por la ley 24.240. Asimismo señaló que el art. 47 de la ley en cuestión establece que la sanciones de multa pueden alcanzar "hasta el triple de la ganancia o el beneficio ilegal obtenido por la infracción" (fs. 62 vta., punto V, segundo párrafo), y no existiendo beneficio alguno a su favor, no corresponde la aplicación de la multa. 5. Por su parte, ante el traslado conferido, el Gobierno de la Ciud ad de Buenos Aires contestó los agravios vertidos por Volkswagen, con la presentación de fs. 72/5, a cuyos términos me remito por razones de brevedad. CONSIDERANDO: 6. En atención a la cuestión central aquí planteada, cabe advertir que el Tribunal no está obligado a seguir a la recurrente en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que fueran conducentes para dirimir el tema en debate (conf. C.S. Fallos 300:584, entre otros). 7. Llegado el momento de pronunciarme, deviene oportuno señalar las normas que resultan de aplicación al caso debatido en autos. La ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (art. 1º de la ley 24.240). A su vez, la Constitución naciona l prevé que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios " (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de lo s consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). 8. Sentada tales pautas generales, corresponde analizar si, en el caso, se ha acreditado la falta de información imputada por la administración a la empresa. A tales efectos, recuérdese que el art. 4º de la ley 24.240 señala que "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos". En tal orden de cosas, se ha dicho que "El deber de información impuesto a quienes produzcan, importe o comercialicen cosas o presten servicios se justifica en razón que se enfrentan en esta peculiar relación a un experto y a un profano, y la ley tiene un deber tuitivo con este último. El porque de una información al consumidor al usuario radica precisamente en la desigualdad evidente que tiene respecto del proveedor de los conocimiento sobre los productos y servicios. La finalidad que persigue la norma es facilitar la transparencia con que el consumidor o usuario debe prestar su consentimiento, ayudándolo a formar su criterio clara y reflexivamente. Se requiere además que el consumidor o el usuario posea toda la información necesaria, en razón que ese deber, relacionado con la buena fe se proyecta también, en un momento ulterior, en la etapa de ejecución del contrato. Entonces, para qué debe contar el consumidor o el usuario con la información tiene una respuesta doble: a) tiende a proteger el consentimiento a prestar, y b) una vez formalizado el contrato, debe ayudarlo a utilizar satisfactoriamente el producto o servicio" (conf. López Cabana, Roberto; Deber de información, en la Actualidad en Derecho Público, Ad-Hoc, Nª 12, p. 89). Asimismo, es conteste la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que el deber de información no se agota con la suscripción del contrato sino que "comprende (...) las tres etapas del íter negocial: a) en primer lugar, contempla el aspecto precontractual, al incluir la obligación de suministrar los datos que permitan al consumidor celebrar reflexivamente el contrato (protección del consentimiento); b) en segundo término, abarca toda la información necesaria en la etapa posterior a su celebración, tanto en el momento de la entrega de la cosa como durante la prestación del servicio, si ocurren en tiempos distintos; c) por último, incluye toda la información que resulte indispensable después de entregada la cosa, para un disfrute adecuado de ésta ..." (Juan M. Farina, Defensa del consumidor y del usuario, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, p.106 y esta sala in re "Citibank NA contra G.C.B.A. sobre otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expediente Nº RDC-485/0, sentencia de 4 de mayo de 2004, entre muchos otros). 9. Sentado ello, corresponde dar respuesta al primer agravio reseñado en el considerando 4), segundo párrafo, punto (a). En ese sentido es dable transcribir la parte pertinente de la disposición puesta en crisis que pone de manifiesto la omisión en la que incurriera Volkswagen respecto del deber de información. Allí se señaló que: " ...en el registro de referencia se considera que Volkswagen Compañía Financiera S.A. infringó el art. 4º de la Ley Nº 24.240, en tanto que no suministro al denunciante en forma cierta y objetiva información veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto de las características esenciales del contrato objeto de las presentes actuaciones, acerca de la posibilidad de cambio de la compañía aseguradora (ver fs. 48, tercer párrafo)". Ahora bien, a la recurrente se le imputa no haber cumplido con la obligación de informar al usuario respecto de las características esenciales del contrato que uniera a las partes, en cuanto no ha podido establecerse con certeza que el consumidor estuviera oportunamente informado respecto de la posibilidad de cambio de la compañía aseguradora. Así las cosas, la denunciante sostuvo que: "...aproximadamente en el mes de Febrero-Marzo, la financiera me avisa que habían desafectado a la compañía de seguros Lua, para dar a los clientes Volkswagen, sin mediar elección me cambian la compañía por Provincia Seguros ..." (fs. 2, tercer párrafo). A partir de ello, cabe concluir que la administración señaló expresamente la conducta por la cual a la recurrente se la encontró pasible de una sanción en supuesta infracción al artículo 4º de la ley 24.240. 10. En segundo lugar y por una cuestión de orden lógico corresponde tratar los agravios reseñados en el considerando 4), en los puntos (a) y (b) en forma conjunta. Ahora bien, la recurrente sostiene -ratificando todas y cada una de las manifestaciones vertidas en el descargo- que el motivo de la denuncia siempre estuvo vinculado con los montos del seguro, más no con las condiciones de cont ratación y el derecho a la información. En ese sentido, resulta esclarecedor remitirse al contenido de la presentación obrante a fs. 2/3, donde textualmente y como se transcribiera en el considerando 9), cuarto párrafo, de la presente, el denunciante si bien puso de manifiesto su disconformidad con el incremento sufrido en las cuotas del seguro, también señaló expresamente que, la compañía Provincias Seguros no fue por él elegida. Pues bien, aún cuando pueda considerarse que el mismo denunciante al iniciar la relación contractual aceptó que debería optar por una compañía aseguradora entre las ofrecidas por Volkswagen, lo cierto es que a partir de el mes de marzo del año 2002 (ver fotocopia obrante a fs. 12), la compañía aseguradora ya no era la misma. Sin perjuicio de ello, Volkswagen insiste en que mantuvo un intercambio epistolar con Sosa, y que en la carta remitida a él -de fecha 30 de septiembre de 2002- se le informaba nuevamente sobre las condiciones de la elección de la nueva aseguradora. Ahora bien, t eniendo en cuenta que en el punto III), del escrito de agravio, en forma liminar la firma sancionada ratificó todas y cada una de las manifestaciones vertidas en el descargo considero oportuno reproducir aquí lo allí expresado: "... mi mandante envió al Sr. Sosa una carta simple en el mes de marzo de 2002 a efectos de que opte por una nueva Compañía de Seguros .En caso de no hacerlo, mi mandante interpretaría que estaba conforme con Provincia Seguro" (fs. 29vta., segundo párrafo). Si bien, en principio, cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de su pretensión -art. 301 del CCAyT-, este criterio general se ve morigerado, a su vez, por la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas según la cual, cuando una de las partes está en mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos o de la causa, ésta debe soportar el onus probandi. Así, cuando por la índole de la controversia o de las constancias documentales de la causa surge evident e que uno de los litigantes se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el material probatorio -ya sea porque se encuentra en posesión del instrumento probatorio o por el rol que desempeño en el hecho litigioso-, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa que a su contraparte. En este sentido, no cabe duda, a mi entender, que el supuesto señalado ut supra se presenta en el particular; ya que, fue la propia recurrente quien sostuvo que: " ...dicha notificación se hizo mediante carta simple, ello por razones de economía...". Pero a su vez agregó "...por ello que no cuenta mi mandante con copia fehaciente para acompañar el presente" (fs. 29vta., tercer párrafo). A partir de ello, la propia recurrente interpretó que ante el silencio, Sosa estaba de acuerdo en contratar la compañía Provincia Seguro S.A. Pues bien, el artículo 919 del Código Civil dispone que: "El silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerad o como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes". Del texto transcripto se desprende claramente que el silencio no es una forma de expresión de la voluntad, aun cuando siga a un acto o a una interrogación proveniente de terceros. Pero este principio reconoce excepciones legales -que están previstas en la misma norma- que vinculan al silencio a un deber de manifestarse en virtud de relaciones precedentes, familiares o de otro tipo, o por imposición de la ley. 11. En este punto, no puede dejar de señalarse lo normado por el art. 35 de la ley de Defensa del Consumidor. Establece en su primer párrafo la disposición mencionada que "[q]ueda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un car go automático en cualquier sistema de débito que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice". Ahora bien, este precepto, incluido en el Capítulo VII de la ley 24.240 (denominado "De la venta domiciliaria, por correspondencia y otras"), impone efectuar algunas aclaraciones con relación a sus alcances. Liminarmente, con relación a la cosa como objeto del contrato, resulta necesario efectuar una distinción entre el ámbito comercial y el civil. Al respecto, es un lugar común sostener que las cosas muebles pueden ser objeto del contrato de compraventa comercial. Si bien esto es cierto, corresponde poner de resalto ciertas precisiones; efectivamente, tal como se ha sostenido (Garo, Francisco J., Derecho comercial - Compraventas, t. 2, Compraventas terrestres, Buenos Aires, Depalma, 1956, p. 79), además de las cosas muebles propiamente dichas podrán venderse mercantilmente los títulos de fondos públicos, las acciones de compañías y papeles de crédito comercial en gener al -artículo 451, 2ª parte, del Código de comercio, en concordancia con el art. 8º inc. 4º del mismo cuerpo legal-; las cosas accesorias al comercio, para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz -artículo 452 inc. 1º, 2ª parte del Código de Comercio-; la moneda metálica. Es decir, no puede desconocerse la amplitud que reviste el objeto en el contrato de compraventa mercantil. Por su parte, en el ámbito civil, rige lo dispuesto por el art. 1327, en cuanto establece que "[p]ueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos, aunque sean cosas futuras, siempre que su enajenación no sea prohibida". Conforme la doctrina, la cosa objeto del contrato de compraventa debe reunir los siguientes requisitos: a) debe ser una cosa, tal cual surge de la propia definición (art. 1323 y concordantes), entendiendo a la misma en los términos del art. 2311, como objeto corporal susceptible de tener un valor; b) que sea material y jurídicamente posible, lo que equivale a decir que debe es tar en el comercio; c) que exista al celebrarse el contrato, o que sea susceptible de existir -existencia actual o eventual-; d) que esté determinada al contratarse o sea susceptible de ser determinada posteriormente (art. 1333 del Código Civil); e) que, en principio y con las particularidades que establece el art. 1329, la cosa pertenezca al vendedor. En resumidas cuentas, es característico del contrato de compraventa el que su objeto esté constituido por una cosa conforme los términos del art. 2311 del Código Civil. Ahora bien, el art. 35 de la ley de Defensa del Consumidor, si bien se ubica dentro del Capítulo que regula la "venta domiciliaria" (es decir, aquellas operaciones que deberían tener por objeto sólo las "cosas" en el sentido antes aludido) resulta de una generalidad tal -obsérvese que hace indistinta referencia a las cosas y a los servicios- que, necesariamente, cabe otorgarle un alcance mayor que el que, en principio, determinaría el título en el que se encuentra inserto. En suma, aún cuando la presencia de la norma en el apartado dedicado a la "venta domiciliaria" parecería restringir su ámbito de aplicación, lo cierto y aquí determinante es que su propio texto impone una interpretación más amplia y, en consecuencia, la posibilidad de recurrir a ella en casos como el que nos ocupa. A partir de lo expuesto, entonces, cabe concluir que los efectos que la recurrente pretendió asignarle al silencio del denunciante importó un claro desconocimiento de la preceptiva bajo comentario. 12. Así las cosas, puede decirse que, se utilizó el silencio del consumidor como modalidad de imposición haciéndolo aparecer como una forma de expresión de su voluntad, siendo que, el principio general establecido por la normativa de fondo -art. 919 del Código Civil- y actualmente reforzado por la ley de Defensa del Consumidor, es y debe ser, que el silencio no tiene significación como conducta, como voluntad implícita o como supuestas manifestaciones indirectas. En el sub lite, la única constancia de venta es la que se acomp añó en copia a fs. 17/8, y de la misma no surge que se haya estipulado cláusula alguna que haga referencia a la opción de la compañía aseguradora. En ese sentido, es dable realizar algunas aclaraciones respecto de las reglas especiales que rigen para los contratos de consumo en cuanto al tema de la interpretación. La ley 24.240 trae dos artículos que disponen el principio de interpretación a favor del consumidor, estos son los arts. 3º y 37. El art. 3º de la ley 24.240 establece que: "[l]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor". Se trata aquí de la interpretación de la ley. El sistema jurídico de protección del consumidor constituye un todo en el que entra el cúmulo de normas mencionadas por el artículo citado. En ese plexo normativo aparecen unas que tienen el cará cter de lex imperativa (en principio lo son las de la L.D.C.: art. 65) y otras que mantienen su carácter de lex supletoria (por ejemplo, las que con esa tonalidad aparecen en el Código Civil o el de Comercio, regulando el contrato). Trátese de una lex imperativa o de una lex supletoria, la interpretación es siempre a favor del consumidor (López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, Tomo 1, Parte general, Buenos Aires, Zavalía, 2003, pág. 451) Por último, el art. 37 de la ley 24.240, en su penúltimo párrafo prescribe "...La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de si obligación se estará a la que sea menos gravosa". Sentada tales pautas no puede dejarse de lado el principio general de interpretación que rige en materia contractual, la buena fe El principio de la buena fe, tiene en el derecho un amplio ámbito y como tal, es decir como principio, impone una manera de comportamiento y exige una conducta proba. Ello e n la órbita del derecho privado aparece en el nuevo texto del artículo 1198 (primera parte) del Código Civil, que exige dicho ingrediente para la concreción, interpretación y ejecución del contrato. "A diferencia de otras reglas, y justamente por su naturaleza de cláusula general, la buena fe no impone, sin embargo, un comportamiento de contenido preestablecido, sino que encierra comportamientos diversos, positivos u omisivos, en relación a las concretas circunstancias de actuación del vínculo obligacional. De allí que, aplicada en la fase de ejecución del contrato, la buena fe siempre es una regla objetiva que concurre a determinar el comportamiento debido. A su vez, la buena fe, como principio general de comportamiento no esta subordinada a específicas previsiones contractuales; e, incluso, puede imponer a las partes de actuar diversamente de cuanto se ha pactado en el contrato. Ello es así por su carácter de regla de orden público" (Mayo, Jorge A., Estudios de Derecho Civil. Parte General-Obligaciones-Resp onsabilidad Civil-Contratos,Buenos Aires, La Ley, 2005, pág. 11). En ese sentido, la recurrente sostiene que: "[r]esulta ridículo pretender que el consumidor no estaba informado, o no estaba de acuerdo con las condiciones de contratación, ya que esto supone que aquí no es aplicable un principio fundamental del derecho como los es la doctrina del "venire contra factum non valet"" (fs. 61vta. in fine). "Como derivación de la buena fe, nace la doctrina de los propios actos que, como principio, impone e impide a un sujeto colocarse en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta. La regla enuncia "nadie puede ir válidamente contra sus propios actos" (venire contra factum non potest); porque no es posible que alguien asuma conductas o pautas que susciten ciertas expectativas o confianza y que, más luego, se contradigan en reclamos en la sede judicial. Se han diagramado y señalado que deben cumplirse ciertos requisitos para la aplicación de este principio, y ellos son: la conducta vinculante, el co mportamiento contradictorio que surge en un proceso judicial, el choque entre la actitud anterior y la asumida en el proceso, y por último, la existencia de dos sujetos que puedan identificarse" (Compagnucci de Caso, Rubén H., "La doctrina de los propios actos y los convenios sobre honorarios profesionales de abogados", LL, 8-III-2006, p. 6 y ss). En ese orden de ideas, la carta obrante a fs. 34 remitida a Sosa con posterioridad al inicio de las presentes actuaciones, pone de relieve que, el ejercicio del derecho subjetivo por parte de éste último no fue contrario a su conducta anterior. Máxime, cuando es la misma recurrente la que sostiene que: "...en resguardo de los intereses tanto del Sr. Sosa, mi representada decidió contratar a Provincias Seguros S.A. interinamente, mientras notificaba a Sosa de la situación y le brindaba la posibilidad de elegir otra Compañía" (fs. 60). En conclusión, considero pertinente señalar que, la conducta de la empresa denunciada, generó la afectación del bien jurídico tutelado de la norma en cuestión, es decir: "brindar información, clara, veraz, objetiva y detallada", que rige en todas las etapas del negocio jurídico; y esta información debe coincidir con la publicidad que opera en la etapa precontractual a fin de no caer en distorsiones y contradicciones que vulneren la confianza y las legítimas expectativas generales. 13. Por último, resta señalar que la quejosa se agravió también por cuanto la sanción impuesta no respete el sentido de la ley de Defensa del Consumidor, ya que no existiría ganancia alguna para la firma. No coincido con esa interpretación, habida cuenta que la finalidad que persiguen las sanciones en materia de "Defensa del Consumidor", es restituir el equilibrio que se quebró en la relación contractual, en atención a la disparidad de situaciones en la que se encuentran uno y otro de los sujetos de la relación de consumo. Esa finalidad de la actividad sancionatoria de la administración, que nace -en la materia- a partir de la repercusiones de la denomina "socieda d de consumo" (caracterizada -en lo que nos interesa- por la masificación y abstracción de las relaciones contractuales), busca un doble objeto, una situación de prevención general y otra de prevención especial. La prevención general procura tutelar esa incidencia colectiva que tipifican a las relaciones de consumo. Vale decir, prevenir que la falta que se cometió en forma específica, con relación al usuario o consumidor, no tenga un efecto multiplicador respecto a otros. Esto es, que el obrar antijurídico no se reitere con relación a otros usuarios y, a su vez, que otras empresas no incurran en una conducta igual o similar a la sancionada. No en vano, el art. 49 de la ley 24.240 emplea como uno de sus parámetros para graduar la sanción "los perjuicios derivados de la infracción". Asimismo, la sanción también tiene una finalidad de prevención especial o concreta. Esto es, que en lo sucesivo no se reitere la falta cometida (u otras) en punto al consumidor o usuario contratante, de manera de encauzar la relació n jurídica dentro de los estándares de derechos y garantías mínimos que persiguen las normas que tutelan a la dispar situación en la que se hallan los consumidores y usuarios. Así las cosas, para determinar si la multa aplicada por la Administración resulta ajustada a derecho debe tenerse presente que el artículo 47 de la ley 24.240 dispone que "verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (...) b) Multa de quinientos pesos ($500) a quinientos mil pesos ($500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción..." en tanto que el artículo 49 del mismo cuerpo legal establece que "se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho". En este marco normativo, debo destacar que prima facie el monto de la multa se ajusta a los límites establecidos en el artículo 47 y, por otra parte, la disposición recurrida se refiere expresamente a las pautas de graduación previstas en el artículo 49. Por ello, y ante lo manifestado precedentemente, considero que el argumento de la recurrente con el que intenta dar sustento a este agravio no puede tener favorable acogida. Por lo tanto, se propone al acuerdo que, en caso de ser compartido este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto, con costas a la vencida (art. 62 CCAyT). La Dra. Nélida Mabel Daniele y el Dr. Eduardo Ángel Russo, en virtud de las consideraciones expuestas por el Dr. Centanaro, adhieren a su voto. En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal por unanimidad RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuen cia confirmar la disposición nº1901-DGDyPC-2004. Con costas a la vencida (art. 62 del CCAyT).- Regístrese en el libro de recursos directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.