Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-19


Salta, 19 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "INCIDENTE DE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA U.D.P. Nº 4 DRA. MARINA BOUHID EN CAUSA CONTRA ALFARO, ALEJANDRO RUBEN POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL - APELACIONES GARANTIAS CON PRESO", Expte. Nº 127980/15 del Juzgado de Garantías 1ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº G01 127980/15 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO 1) Que arriban los presentes obrados a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 01/03 por la Sra. Defensora Oficial Penal de la Unidad de Defensa Pública Nº 4, Dra. Marina Bouhid, en ejercicio de la asistencia técnica de Rubén Alejandro Alfaro, contra el auto dictado en fecha 20/11/15 cuyas copias certificadas se incorporan a fs. 103/106, mediante el cual se ordenó la prisión preventiva del imputado.

Correspondiendo efectuar el control de los recaudos previstos por el Art. 527 del código adjetivo, se determina que el recurso fue presentado en legal término y forma, resultando en consecuencia admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión planteada.

2) En el auto atacado medularmente, la A-quo entendió acreditada con la probabilidad suficiente para esa etapa del proceso, en el marco de la A.P. 919/14, 939/14 y 216/15, la participación del encausado en los supuestos delitos de lesiones agravadas por la relación de pareja y por el género, amenazas y desobediencia judicial, todos en concurso real y, por otra parte, dentro de la A.P. 893/15 respecto a las figuras de Desobediencia Judicial en concurso ideal con Violación de Domicilio (art. 150 del C.P.), en concurso real con Amenazas, Daños (art. 183, 1° párrafo del C.P.), lesiones leves agravadas por el género y la relación de pareja y lesiones leves agravadas por el vínculo.

Entiende también la Sra. Juez que los hechos mencionados fueron cometidos en un contexto de violencia de género y que en la especie, atento a las particularidades de la causa y la personalidad del acusado (agresiones y amenazas varias a la víctima en su domicilio, indefensión de la misma, agresión a los hijos, etc.), la aplicación en firme de una pena privativa de libertad no se podría descartar para el momento del juicio, resultando necesario también preservar a la damnificada para que pueda declarar en esa etapa, de lo que se infiere el peligro de fuga y de entorpecimiento para la averiguación de la verdad.

3) La Defensa Técnica se agravia sosteniendo que si bien la resolvente consideró como probable la intervención del imputado en los ilícitos mencionados, ignoró la regla que postula el art. 367 del C.P.P., en cuanto dice: "?toda persona a quien se le atribuya participación punible en el hecho investigado permanecerá en libertad durante el proceso?", por lo que ese primer requisito no tiene fuerza autónoma para fundamentar la prisión preventiva.

Posteriormente, aduce que en el auto apelado se dieron por cierto los dichos de la Fiscalía y que a esa parte no le consta la resolución de exclusión del hogar y si la prohibición de acercamiento fue debidamente notificada al encartado, agregando que los relatos de la denunciante le parecen increíbles.

Con relación a la posibilidad de entorpecimiento para la investigación al surgir la grave sospecha que su defendido pueda influir sobre la víctima y su grupo familiar, expresa que no se motivó este punto y que no se analizó otro tipo de medida menos gravosa.

Asimismo, no se tuvo en cuenta que según lo informado por la pericia psiquiátrica realizada al imputado, éste no reviste peligrosidad actual para sí o terceros y, por otra parte, que la afirmación de que el nombrado se habría aprovechado la condición de vulnerabilidad de su ex pareja se contradice con la circunstancia de no haberle podido sacar el teléfono celular mediante un forcejeo. Finalmente, solicita se revoque la resolución y se le otorgue la inmediata libertad a su representado.

Bilateralizado el recurso la Sra. Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 se pronuncia a fs. 06/07 vta. por el rechazo del mismo, realizando una serie de consideraciones a las que cabe remitirse por razones de economía procesal.

4) Ahora bien, pasando al tratamiento del objeto apelativo propuesto como primer defecto concreto emerge, según la óptica de la recurrente, el insuficiente juicio de probabilidad acerca de la participación que le cupo al encausado en los delitos atribuidos, tildando como inverosímil el relato brindado por la ofendida y alegando el desconocimiento de ciertos elementos de convicción, como por ejemplo el decisorio por el cual se impuso al aludido la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento a la denunciante.

Frente a esta crítica, prioritariamente debe subrayarse que a diferencia de lo argumentado, de la compulsa de las piezas que conforman este incidente se advierte a fs. 18/19 una copia certificada del auto dictado por el Juzgado en lo Civil y de Personas 1ª Nominación por el cual se dispusiera las medidas urgentes previstas por la Ley 7.403, pronunciamiento que al estar incorporado al legajo fiscal, no puede ser ignorado por la defensa a esta altura del proceso.

Además las dudas sembradas en torno al mérito sustantivo alcanzado, deberá ser materia de producción probatoria, actividad reservada en sentido estricto y exclusivamente para el estadio propio del plenario, con excepción de los medios definitivos e irreproducibles (Art. 255 del C.P.P.), al encontrarse la I.P.P. únicamente destinada a la recaudación de información que permita el avance a ese momento central del proceso.

No obstante ello, la versión aportada por la Sra. Toscano, detallando circunstanciadamente la sucesión del accionar supuestamente criminal desarrollado por el imputado, que no sólo la tuvo a ella como víctima, al haberse dirigido también hacia todo el grupo familiar y en particular a uno de los hijos menores de la pareja, de nombre Matías, goza en abstracto de credibilidad por lo que constituye un elemento más de convicción que abastece el grado o nivel de conocimiento jurisdiccional requerido para la adopción de la cautelar aquí cuestionada; es decir probabilidad sobre los extremos de la imputación o, en otros términos, verosimilitud del derecho verificada, sin perjuicio de la futura comprobación de su validez acreditante durante el debate.

En lo tocante a los índices de peligrosidad procesal encontrados se sostiene, a modo de agravio, una total adhesión de la Magistrada a los fundamentos esgrimidos por el órgano acusador, pasando por alto ciertos elementos de naturaleza objetiva reunidos en la causa.

El riesgo de evasión, de conformidad a las distintas pautas descriptas por el art. 387 del C.P.P. que manda a valorar las circunstancias objetivas y subjetivas presentes en el caso, se colige del pronóstico de una sentencia condenatoria de efectiva privación de libertad, evaluación en la que le asiste razón al inferior en grado, quien no soslayó la hipótesis acusatoria plural formulada en autos abarcadora de distintas conductas delictivas consumadas en el ámbito familiar en las que sobresale como nota distintiva la evidente fragilidad de los sujetos pasivos (mujer e hijos menores del imputado).

Ante ese contexto, no puede desconocerse que las distintas imputaciones contra el acusado influirá con un sentido agravante en la única sanción punitiva que podría aplicarse (arts. 55 y 41 del C.P.).

A mayor abundamiento, a tenor del art. 388, inc. a) del ordenamiento adjetivo, la presunción de no sometimiento al proceso o contumacia se consolida si se considera la imposibilidad de una eventual pena de ejecución en suspenso por registrar el causante un antecedente condenatorio de efectivo cumplimiento de fecha 08/02/05; según se desprende del informe del Registro Nacional de Reincidencia glosado a fs. 43/44, al no haber transcurrido el plazo legal de diez años fijado en el art. 51 inc. 2º) del C.P. desde su imposición, vencimiento a partir del cual el imputado adquiere nuevamente la condición de primario (norma concretamente aplicable en la especie), extremo que se confirma si se coteja con los días en que habrían sido cometidos los hechos investigados en el marco de las Averiguaciones Preliminares N° 919/14, 939/14 y 26/15 -14/11/14, 21/11/14 y 07/01/05- mientras que si el análisis se reduce únicamente al Legajo Fiscal N° 893/15, en donde los injustos se perpetraron supuestamente el 19/10/15, el beneficio en cuestión sí podría ser pasible de otorgamiento.

Continuando con esta línea de razonamiento, deviene como puro acto de fe esperar que una persona que no respeta obligaciones ordenadas por otro fuero, cumpla con las medidas de restricción que eventualmente podrían despacharse como alternativas al encierro preventivo recurrido, lo que sostiene con mayores fundamentos el peligro de sustracción a la justicia por Alfaro.

En lo concerniente al temido peligro de entorpecimiento a las diligencias tendientes a la consecución de la verdad -uno de los fines del proceso penal junto a la actuación de la ley sustantiva- el mismo encuentra asidero en el ambiente de continua violencia que rodea a los protagonistas, lo que otorga visos de seriedad a la posibilidad de futuras maniobras coactivas de presión directa o indirecta sobre la persona de la ofendida, pronóstico que se fortalece si se pondera la adicción al alcohol que sufre el encausado lo que acentúa su propensión al desborde hostil, conclusión que se desprende de su examen psiquiátrico de fs. 04 y vta., razón por la cual, en miras de garantizar la veracidad de la declaración testimonial de la denunciante en el plenario, la medida de coerción personal impugnada luce necesaria y proporcional para tal cometido.

Sin embargo, la Sra. Juez se equivoca cuando incluye como parámetro para justificar el encierro cautelar del acusado, la necesidad de brindar protección a la Sra. Toscano en su calidad de testigo, finalidad que por el contrario se satisface con las medidas protectorias e inhibitorias normadas en los arts. 102 y 248 del C.P.P., criterio diferenciador adoptado por esta Vocalía en el precedente Nº G02 123897/15, en el que se dijo: "...para la determinación de las pautas para fundar una prisión preventiva, se debe atender únicamente a las previsiones contenidas en los arts. 386, 388, 389 y concordantes del ordenamiento adjetivo, que "per se" se enderezan a neutralizar excluyentemente cualquier peligro procesal, ya sea de fuga o de frustración de la investigación, sin negar con ello que en el "sub lite" como consecuencia concomitante no buscada de la privación de libertad dispuesta, se blindó a la víctima con una cobertura preventiva ante eventuales actos de hostigamiento o acometimiento dirigidos hacia ella, pero siempre como efecto indirecto del citado instituto...".

Asimismo, en relación a la presunción de obstaculización resulta enteramente aplicable las consideraciones desarrolladas en el precedente emitido por esta Sala en el Expte. Nº C01-115824/14 en donde se dejó sentado que: "?la compleja materia que ofrecen los casos de violencia familiar, supuestos delictivos en los que se observan el mayor grado de retractaciones por parte de las víctimas, lo que deja traslucir el temor instaurado en ellas a partir de la falta de un adecuado acompañamiento institucional del Estado que haciendo operativos los derechos reconocidos en el Art. 99 inc. b) de la ley de ritos, evite las condiciones propicias para una eventual victimización secundaria?"(Sic).

También como indicador del escaso dominio de todo freno inhibitorio por parte de Alfaro y de sus conductas ofensivas, se erige el haber dirigido su accionar contra su propio hijo menor de edad.

Párrafo aparte, es menester poner de resalto que el conflicto intrafamiliar que subyace en autos no puede resultar indiferente para la jurisdicción, siendo sumamente relevante en esta dirección las previsiones consagradas en la "Convención Belém Do Pará", conforme a la cual el Estado Argentino adquirió el compromiso -al suscribir la misma- de prevenir, sancionar, reparar y erradicar toda violencia contra la mujer, so pena de responsabilidad internacional en el caso de incumplimiento, en atención a lo cual no debe olvidarse que según lo indican las estadísticas criminales, este tipo de agresión se manifiesta cíclicamente y su intensidad desgraciadamente va en aumento, lo que exige de todos los actores estatales poner un cepo a este flagelo social, reiteración delictiva que en autos se confirma al ponderar el corto espacio cronológico entre la sustanciación de las averiguaciones preliminares identificadas ut-supra, por lo que inequívocamente se trataría de un agresor habitual.

Consecuentemente con ello y como repetidamente lo vengo sosteniendo en otros precedentes de esta Sala, es evidente que el caso traído a conocimiento, por la naturaleza del hecho atribuido y el indudable riesgo corrido no sólo por la Sra. Toscano, sino también por todo su familia, adquiere connotaciones de notable gravedad, diagnóstico apoyado en la declaración de emergencia en materia de violencia intrafamiliar vigente en nuestra provincia, cualidad que también corresponde ser sopesada para el rechazo del planteo intentado por la apelante; ello en función de lo normado por el Art. 19 de la Constitución de la Provincia y la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos deben servir como guía para la interpretación de lo consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica (CSJN, Fallos:319:1840), en tanto sostuvo en el considerando 28 del informe 2/97 que: "...La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia...".

Resta señalar que el derecho a permanecer en libertad no reviste una naturaleza absoluta ya que, por el contrario, está condicionado por las atribuciones coercitivas de todo magistrado y las consecuentes necesidades de evitar cualquier daño para la consecución de los fines del proceso, propósito instrumental que goza de jerarquía constitucional.

En definitiva, al concurrir los presupuestos legitimadores de la prisión preventiva dictada, el recurso de apelación promovido no puede prosperar.

Antes de concluir considero indispensable recomendar a la Sra. Juez y/o Secretarios que al formar los incidentes de apelación (incoados por cualquiera de las partes) deberán incluir en la carátula el nombre y apellido del imputado, las piezas pertinentes (copia del decreto de la citación de audiencia de imputación, del pedido de prisión preventiva, planilla prontuarial, etc.) en orden cronológico al desarrollo de los actos procesales y además agregar todas las fotocopias debidamente certificadas y la correspondiente a la resolución recurrida, debiendo incluirse los datos del juez y secretario/a, que la refrendaron, no debiendo ser extraída del sistema Iurix tal como surge de lo dispuesto por la Corte de Justicia en su Acordada 11224 del 06/08/12 en su aparatado II), al no constar la firma del Juez ni del Secretario.

En mérito a ello y normas legales citadas , EL VOCAL 2 SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACION, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 01/03 y, en su mérito, CONFIRMAR el auto resolutivo de fecha 20/11/15, cuyas copias certificadas se incorporan a fs. 103/106, por el que se ordenara la prisión preventiva de Rubén Alejandro Alfaro.

II) EXHORTAR al Juzgado interviniente el estricto cumplimiento de lo consignado en el último párrafo de los considerandos.

III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.