marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNDO CONSTRUCCIONES S. A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- HONORARIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 150 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28

La norma del art. 8 inc. a de la ley 6767 establece que "si la demanda prosperare parcialmente, los honorarios se fijarán tomándose como cuantía mínima del juicio, la mitad del 'quantum' reclamado o la cantidad que resulte de la sentencia si ésta reconociere un monto mayor", por lo que no habiéndose configurado este último supuesto, surge evidente que la base económica debe estar conformada, como mínimo, por la mitad del importe pretendido por la accionante.
Enfermedades inculpables, indemnización por enfermedad, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Verdun, Rodolfo Alberto c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-10-16

A partir de la fecha de la junta médica comenzó a correr el plazo de prescripción de la acción pues recién a partir de allí estaba en condiciones de promover una demanda no temeraria, ya que durante el lapso anterior fue sometido a diversos tratamientos inclusive el quirúrgico, cuyo resultado quedó sujeto a posteriores evaluaciones; por lo tanto, la fecha en que se interpuso la demanda, no habían transcurrido los dos años que exige como plazo de prescripción el art. 19, primer párrafo de la Ley 23.643.-
Recurso de queja (procesal), plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Crismanich, Carlos c/ Verdecchia, Juan y otra s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

El art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial establece que el recurso de queja ante esta Suprema Corte debe interponerse dentro de los cinco días de la notificación de la resolución que deniega los recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Secretario judicial, deberes del secretario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CASTRO DE MANSSUR, ALICIA ESTHER Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-INCIDENTE DE OPOSIICON SRA. JUEZ CIVIL CUARTA NOM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-12

Los secretarios, ya sea de un tribunal unipersonal o colegiado, son fedatarios de las decisiones del magistrado, por lo tanto carecen de imperium.
Homicidio, dolo eventual, lesiones culposas, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: CASELE, Javier Fernando. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Desentrañar la presencia de dolo eventual requiere de una tarea dificultosa para el magistrado cuando debe profundizar en la mente del imputado, y conocer minuciosamente lo que atravesó sus pensamientos en el momento del hecho. En los casos en que no pueda el juzgador despejar las dudas, debe rechazarse el dolo por no estar comprobado y los obstáculos para su comprobación no permiten apartarse de los principios básicos con que corresponde mirar y resolver los problemas de derecho penal (*).

Si no existen elementos para sostener que la intención del imputado -aun eventual- haya sido dar muerte a la víctima con el golpe en la cabeza efectuado, debe sostenerse la calificación de lesiones leves.

No puede acogerse favorablemente la alegación de la defensa respecto a que el golpe propinado por su pupilo fue el resultado de una reacción defensiva frente a una agresión ilegítima prevista en el art. 34, inc. 6° del C.P., si ello quedó desvirtuado por las declaraciones de los únicos testigos imparciales de lo sucedido.
Falsificación de instrumento público, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentos públicos, empleados públicos, licencias administrativas
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Ferraro, Vicente F. s/ Falsificación de Instrumento Público
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Resulta atípica la falsificación de las credenciales atribuidas falsamente a la Inspección General dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires, pues para que un documento reúna la calidad de público, propio de la tipicidad del art. 292 del C.P., debe revestir las condiciones establecidas en el art. 979 del C. Civil y no dándose dichos extremos, toda vez que las licencias no fueron autorizadas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones ni los requisitos de su otorgamiento proceden de una ley en sentido formal (emanada del Congreso de la Nación), los dichos documentos son insusceptibles de causar perjuicio.
Accidente de tránsito, seguro de vida obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: JOFRÉ Silvana Blanca s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-18

La norma del art. 68 al establecer el pago de los gastos de sanatorio, funda su precepto en las normas constitucionales de protección a la salud, en consecuencia, cumple "una función de previsión social o de cobertura básica por vía de una indemnización automática de los daños mencionados".

Resulta así evidente que, poner un límite máximo a los gastos sanatoriales resulta irrazonable y contrario al espíritu de la Constitución y de la ley que los autorizó, en la cual el seguro obligatorio cumple, también, una función de previsión social mediante una cobertura básica, por vía de indemnización automática, de los daños mencionados en el citado artículo.

El seguro obligatorio respecto a terceros víctimas, previsto por el art.68 de la ley Nro. 24.449 ha sido reglamentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en las Resoluciones Generales Nro. 21.999/92 y la Nro. 25.429/97, en las cuales se prevé una cobertura por gastos sanatoriales por persona, hasta la suma de Mil Pesos ($1.000). La circular Nro. 3809/98 considera que la Resolución General indicada es reglamentaria del art.68 de la ley 24.449.
Seguros, citación en garantía, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguirre, Teresita de Jesús c/ Ablo  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

La citación en garantía a instancias del asegurado no se reduce a una mera llamada a la causa del asegurador, sino que implica el ejercicio de una acción contra este último. Ante un mismo juez se esgrimen dos pretensiones una, la del damnificado contra el presunto responsable civil, otra, la del damnificado contra su asegurador, acción que por su contenido patrimonial se ve comprendida en el fuero de atracción establecido en el art. 136 de la ley 19.551.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Moreyra, Antonio Emilio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

Para la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es preciso que el caso constitucional haya sido planteado en el juicio y exista decisión del juzgador de última instancia en contra de las pretensiones del recurrente, abriéndose así la competencia asignada a la Corte de conformidad con lo establecido por el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia. Ello ha ocurrido en el presente caso en que el pronunciamiento del Tribunal de Casación que declara la nulidad del debate y todos los actos que son consecuencia - ordenando la celebración de uno nuevo con total ajuste a lo establecido en el art. 4 inc. 3 de la ley 12.059- resolvió implícitamente sobre la inconstitucionalidad que decretara la Cámara de Apelación y Garantías de dicha norma procesal. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, reagravación, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SALAZAR, HERMINIA ESTER c/ LYN SACI. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

La percepción en sede administrativa del monto máximo indemnizatorio admitido por la ley vigente al momento del accidente, en base a una incapacidad inferior a la total, no agota la obligación de abonar el resarcimiento de la reagravación, derivada de las consecuencias mediatas no previstas por ser desconocidas al fijarse la incapacidad anterior; el daño nuevo se rige por la ley vigente al tiempo de su configuración.
Impuestos, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: NFZ S.A. (TF 15053-I) c/ D.G.I. s/ devolucion de impuestos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

El art. 86, inc. b, de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de la cámara, quedando excluida de ella, en principio, el juicio del Tribunal Fiscal de la Nación respecto de los extremos de hecho, y si bien -como surge claramente del último párrafo del mencionado artículo- no se trata de una regla absoluta, la cámara debe apartarse de las conclusiones del mencionado organismo jurisdiccional cuando éstas presentan deficiencias manifiestas.
Personal jerárquico, beneficios sociales, comedor, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: VAN GELDEREN, FEDERICO c/ LLOYDS BANK s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-31

El uso del comedor de la empresa demandada por parte de su plana mayor gerencial constituye un beneficio social que carece de carácter remuneratorio, art. 1 inc. a del dec. 333/93.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Fulgencio c/ Carlos E. Enríquez S.A s/ Laboral por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-05

Para establecer el importe del resarcimiento debe tenerse en cuenta la disminución de la integridad física de la víctima, la medida en que conserva su aptitud laborativa y los ingresos que obtenía por su actividad, según sus condiciones personales;

particularmente su edad puesto que debe computarse su vida útil, amén que habida cuenta que se paga en forma de capital, no de renta, su importe debe adecuarse a tal circunstancia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Payné, Julio Omar s/ Violaciones reiteradas agravadas en concurso ideal con corrupción  agravada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Resulta innecesario citar normas procesales cuando se invoca absurdo valorativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Depósito judicial, interpelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Nevada S.A.C.I.F.I.A. c/ Moracho, Pablo Agustín s/ Sumarísimo s/Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-15

La sugerida intimación a realizar el depósito que debería haber efectuado la Cámara ad-quem "para acceder a la instancia superior por recurso judicial", carece del más mínimo andamiaje jurídico normativo, en tanto y en cuando, la Ley 1687 -Recurso de Casación- en modo alguno prevé tal tesitura diferenciándose de otros ordenamientos procesales que recuadran no sólo tal posibilidad sino además, la del depósito insuficiente o incompleto (vgr. art. 286 del C.P.C.C. Nacional y art. 280 del C.P.C.C. Bs.As.) más, se insiste, tal normativa no halla asidero analógico en nuestra legislación provincial por lo que se torna -esencialmente- inaplicable.
Régimen de visitas entre parientes, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: F., E.M. c/ INSTITUTO NUESTRA ESCUELA s/ RÉGIMEN DE VISITAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12

En el régimen de visitas los que no son parientes en el grado indicado en el art. 376 bis del Código Civil solo tienen un interés susceptible de ser legítimo que puede ser tutelado por el ordenamiento en la medida en que coincida con un interés superior de los sujetos por visitar. Cuando se trata de demandas promovidas por quienes invocan un interés legítimo, éstos, además de probar su existencia, han de acreditar que lo pretendido resulta beneficioso para quien sería visitado así como que la oposición que se revela arbitraria o abusiva. El derecho a las visitas es de carácter ambivalente, ya que por un lado satisface la apetencia a visitar del sujeto activo y por el otro atiende el requerimiento de ser visitado y asistido del sujeto pasivo. En la armonización de ambos intereses debe priorizarse la parte mas necesitada, que es el menor o incapaz cuya conveniencia física y espiritual será determinante. Es así que la valoración prudencial de los elementos arrimados a la causa debe primar al tiempo de determinar lo que resulte mas conveniente al supremo interés del menor involucrado.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cuvillana, Carlos Alberto y Raggio, Luis Miguel s/ causa N. 21.493. Martínez, José Agustín s/ robo calificado s/ causa N. 32.154. Gómez, Ricardo y Federico, Eduardo Alberto s/ robo agravado - automotor - arma de fuego
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06|1989-06-06|1989-06-08

Establecida la irrazonabilidad o iniquidad manifiesta de las decisiones de quienes ejercen el Poder Legislativo, corresponde declarar su inconstitucionalidad.
Derecho a la intimidad, alarma electrónica, apreciación de la prueba, requisa personal
Materia: CIVIL
Carátula: Sudamérica Compañía de Seguros y Patrimoniales S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-04

El fallo de mérito sostiene que se verificó tanto la intromisión cuanto la arbitrariedad (art. 1071 bis Código Civil- Derecho a la intimidad), y valoró la prueba en consecuencia. Por ello es improsperable el argumento de pretender que fue un error involuntario el que motivó se disparase la alarma del negocio y como consecuencia la intervención del guardia de seguridad para la requisa de la clienta. A lo que había que atenerse es al hecho de si hubo o no un arbitrario entrometimiento en la intimidad; y la prueba valorada por el a quo, así lo determinó; la explicación de los motivos por los cuales se produjo el referido entrometimiento, no pueden constituir causales de exculpación de la demandada, pues no se debe confundir la responsabilidad de ésta con la del guardia de seguridad.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, estación de servicio, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: VISCO, RENE OSVALDO c/ GUALDNAY  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-24

No resulta procedente la declaración de solidaridad en los términos del art. 30 LCT, respecto de la empresa codemandada Isaura s.a. , por la explotación de la estación de servicio de propiedad de la demandada Gualdnay s.a. , no obtenida por cesión ni subcontratación de aquélla y en la que se expedían derivados del petróleo suministrado por la primera. Ello en virtud de que en el caso no se verifica ninguno de los presupuestos de hecho que constituyen el antecedente fatispecie de la regla jurídica que consagra la responsabilidad solidaria: la contratación o subcontratación de trabajos o servicios propios de la actividad normal y específica del establecimiento (cfr. art. 6 LCT).
Accidente de tránsito, reparación integral, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: Nuñez, Valeria Margarita c/ Collantes, José Manuel y/o Gomez, Rafael y/o Propietario y/o Guardador del Camión Dominio XXX- y/o Quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-07

Se advierte que de mantenerse la compensación del crédito acordada en primera instancia y no modificada por la Alzada por falta de recurso sobre el punto, se configuraría una injusticia en orden al principio de reparación integral que pretende salvaguardar, importando dicho resultado un apartamiento de la realidad económica existente, con menoscabo de la verdad jurídica objetiva y de los derechos de propiedad y defensa en juicio. (del voto del juez Alberto Mario Modi por la mayoría).
Prueba testimonial, declaración testimonial, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: KIRIKIAN, Jorge Alberto y otro c/ DELMAS SABIA, Marcos Angel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-03

Acreditada la indisposición del letrado oferente de la prueba en hora próxima a la celebración de la audiencia que le impidió concurrir al acto, teniendo en su poder el interrogatorio correspondiente, por aplicación de un principio de amplitud, favorable a la adquisición probatoria y a la plenitud del ejercicio del derecho de defensa en juicio amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional, cabe considerar justificada la circunstancia que conduce a la declaración del testigo en segunda instancia.
Compraventa mercantil, resolución del contrato, seña
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA TODDY  S.A.C.I.F. c/ MAINAR  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Tratándose de una suma entregada como "seña" (CCIV) 1202 y CCOM 475) corresponde su devolución a quien la obló si no se ha configurado un supuesto de "arrepentimiento" sino de "resolución" del contrato (CCIV 1204 y CCOM 216).

Si ha mediado incumplimiento culpable y, por otro lado, no se configura la hipótesis contemplada por el CCIV 1189 y 1202, la resolución admitida autoriza el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios irrogados (CCIV 519, 520, 521, 622 y cctes.), pero no a retener el importe de la seña que cumple una función diferente.
Declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMINAT, LUIS F. c/ BANCO DEL BUEN AYRE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-24

Cuando las declaraciones testimoniales son lógicas, metódicas, analíticas y describen con pulcritud hechos que han caído directamente bajo la acción de los sentidos, sin que exista motivo razonable alguno para dudar de su idoneidad y resulta obvia la verdad que trasciende de sus dichos, el magistrado no necesita abundar consideraciones doctrinarias para evaluar la fuerza de tales declaraciones, máxime si guardan debida concordancia con las demás pruebas de autos (artículos 90 Ley Orgánica y 456 Código Procesal Civil y Comercial).
Delito de acción privada, querella
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MASSACCESI, HORACIO c/ RAJNERI, NELIDA E. s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS S/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-25

Dado que con el acto de ejercicio de la acción el titular del derecho de querella formula acusación ante el órgano jurisdiccional, la pretensión ha de quedar objetiva y subjetivamente limitada al hecho imputado y a la persona acusada. El órgano jurisdiccional no puede extender, ni objetiva ni subjetivamente, la imputación mas allá del contenido de la querella, porque ello significaría proceder "ex officio". En los delitos de acción privada la exclusión de la acción de oficio atiende, -más que al resguardo del derecho ofendido por el delito frente al "strepitus fori" como en los dependientes de acción privada-, al interés que el ofendido pueda tener en la represión en el caso concreto.
Sanciones procesales, abogados, expresión de agravios, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORCIVIA CARLOS Y OT. c/ PODER EJECUTIVO DE LA PCIA. Y MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A072 - 184)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-07-26

Los abogados no pueden reproducir simplemente su planteo defensivo cualquiera sea el mérito jurídico del mismo. Para expresar agravios deben señalar por qué la sentencia no es justa, los motivos de su disconformidad. Si a ello se suma el intento de modificar una situación ya juzgada, corresponde imponer costas solidariamente con los profesionales intervinientes.
Juicio de desalojo, falta de pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bayerque, Raúl Miguel c/ Collins, Carlos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-15

Aunque el Cód. Procesal de la Prov. de Bs. As., no tenga un artículo que excluya los testigos en los juicios de desalojo por falta de pago y contrato vencido como el Código Nacional (art. 685), la exigencia de la prueba documental de pago, tratándose de alquileres, surge de las normas sobre ejecución de estos, las que deben aplicarse al juicio de desalojo.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FUNDACION CREANDO ESPACIOS c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

El decreto 299/91 configura un acto inicialmente ilegítimo en tanto autoriza la realización de una actividad en la vía pública, que se halla expresamente vedada por el Código de Habilitaciones, prohibición que ha sido reafirmada por la ordenanza municipal Nº47.035/93.-
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, personas jurídicas de carácter público, entes autárquicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Donatti,  Luis  Alberto c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, es una persona pública y autárquica, agente financiero de la Municipalidad de Buenos Aires, la que responde por sus operaciones en las condiciones establecidas en la norma orgánica (decreto - ley 9372/63, modificado por leyes 19.642 y 22.301).
Divorcio contradictorio, injurias graves, deberes de los cónyuges, deber de fidelidad, homosexuales, bisexuales
Materia: CIVIL
Carátula: S., M.E.C. c/ E., G. s/ Nulidad de Matrimonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

La homosexualidad o bisexualidad del marido constituye una gravísima injuria a la cónyuge. El matrimonio requiere como condición elemental la diversidad de sexos y entre las obligaciones fundamentales de los cónyuges se encuentra la de la mutua fidelidad (art. 50, ley 2.393), por consiguiente, el comportamiento homosexual o bisexual de cualquiera de los cónyuges no puede menos que considerarse injurioso, porque vulnera la institución matrimonial en lo que constituye su base y, además, porque es constitutivo de un vicio aberrante del marido que ninguna mujer podría tolerar y que imposibilita la continuación de la vida en común. Tal vicio del accionado importa una violación de sus deberes matrimoniales y constituye una afrenta a la dignidad de su cónyuge, configurando la causal prevista en el art. 67, inc. 5 de la Ley 2.393.
Intereses, intereses convencionales, reglamento de copropiedad y administración, expensas comunes
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS RAMON L. FALCON c/ WEBER DE SUSINI, Celia Catalina s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-14

En la medida que los intereses, entre compensatorios y punitorios, fijados en el reglamento de copropiedad no superen el 30 por ciento anual, habrá de estarse a lo pactado pues por debajo de ese guarismo no se advierte lesión a la regla moral que prescribe el art. 953 del Código Civil.