Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24


RUIZ, César Gabriel contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 338-344. Santa Fe, 24 de marzo del año 2.004.

VISTOS: los autos "RUIZ, César Gabriel contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -C.P.L.- (Expte. 570/96) sobre APELACIÓN LEY 12036" (Expte. C.S.J. Nro. 347, año 2.002); y, CONSIDERANDO:

1. La Municipalidad de Santa Fe compareció ante esta Corte planteando el recurso de apelación contemplado en el artículo 10 de la ley 12.036 contra las resoluciones dictadas el 17 de mayo y 30 de agosto del año 2002 por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral número tres de esta ciudad, aclarando que el mismo lo interpone sin perjuicio de los recursos de revocatoria y apelación en subsidio incoados paralelamente contra la mencionada resolución por ante el a quo.

Relató los antecedentes de la causa, los que en prieta síntesis refieren a que el actor obtuvo sentencia favorable en un reclamo de indemnización contemplada en el inciso "g" del artículo 23 de la ley 9286; que aprobada la respectiva liquidación e intimado su pago, la parte actora inició la ejecución de sentencia; que se ordenó trabar embargo por la suma reclamada con más intereses y costas sobre las rentas generales de la Municipalidad; que ésta interpuso contra esa resolución recursos de revocatoria, nulidad y apelación en subsidio, y concedidos en principio estos últimos, se originó una incidencia en torno a la nulidad del decisorio en el que se dispuso el embargo; y que el Juez interviniente en fecha 30 de agosto de 2002 rechazó la postura de la recurrente y ordenó, el 12 de setiembre del mismo año, la ampliación del embargo trabado.

Como fundamento de la apelación expuso de manera pormenorizada las nuevas disposiciones de la ley 7234 y concluyó que lo dispuesto por el a quo constituye una violación a lo previsto en los artículos 8, 9 y 9 bis de esa ley. Repasó el sistema de adhesión de la Municipalidad de Santa Fe a las normas de la ley 11.696 y expresó que, sin perjuicio de ello, también resulta procedente el recurso por cuanto la resolución recurrida importa una alteración grave en razón del monto, tanto del orden de prioridades de pago del artículo 7 de la ley 12.036, como de la ejecución presupuestaria normal.

Aclaró que el crédito del actor ocupa el lugar n 135 del registro de sentencias condenatorias firmes ordenado cronológicamente y, conforme a lo expresado por la Secretaría de Hacienda del Municipio, la Dirección de Finanzas procedió a imputar presupuestariamente hasta el número de orden 50 de ese listado, "habiéndose agotado con ello el crédito presupuestario del corriente ejercicio" (en alusión al del año 2002).

Alegó que la disposición de un embargo sobre la cuenta de rentas generales de la Municipalidad implica un supuesto de gravedad institucional. Por último, formuló el planteo del caso constitucional para el supuesto de una resolución adversa.

2. Recibidos los autos en esta sede, se dispuso correr traslado al embargante, el que fue contestado a fojas 69/76 solicitando el rechazo de la postulación recursiva.

3. Un escollo insalvable se opone a la admisibilidad del presente recurso.

En efecto, la competencia de esta Corte está constitucionalmente determinada por lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Carta Magna local; y es sabido que entre dichas normas existe una notoria diferencia, porque al tiempo que la primera, que regula la denominada competencia de gobierno o de superintendencia del Poder Judicial, es de carácter abierto y admite ser ampliada por normas legales, tal como reza su inciso "8", la segunda, la jurisdiccional, es de carácter cerrado y consagra en este ámbito de competencia un "numerus clausus" limitado a los nueve casos allí previstos (Cfr. A. y S., T. 90, pág. 290; T. 91, pág. 414).

Ya en la causa "Municipalidad de Rosario contra Oscar Ortiz" este Tribunal, con diferente integración, destacó que "... cuando la Constitución se propuso dejar a una ley un eventual campo de aplicación, así lo ha dicho (art. 93, incs. 2 y 8, Const. de la Prov.)", aclarando, además, "Que en contrario no puede invocarse el precepto del artículo 92, inciso 8, de la Constitución, que atribuye a este Tribunal el ejercicio de 'las demás funciones que le encomiende la ley', porque, en la sistemática de la Constitución, el referido artículo comprende solamente a las funciones no jurisdiccionales de la Corte".

Es decir que la competencia jurisdiccional de esta Corte no puede ser alterada por normas infraconstitucionales, salvo su disminución en los casos excepcionales del inciso 2 del artículo 93 (criterio de "Makianich", A. y S. T. 91, pág. 414).

En tales condiciones la instancia recursiva intentada por la Administración no puede ser admitida. Los reparos que esgrime contra las resoluciones impugnadas deben transitar los carriles procesales ordinarios y podrán, eventualmente, habilitar la competencia apelada de esta Corte por la vía del recurso de inconstitucionalidad sólo en la medida que se cumplimenten los requisitos propios del mismo en cuanto a su admisibilidad; pero de ninguna manera puede admitirse la aplicación de un remedio por el cual la ley rompe el cerco del artículo 93 de la Constitución al consagrar un recurso que no resulta subsumible en ninguno de los supuestos allí contemplados (cfr, entre otros fallos, "Makianich", citado; "Gabenara Boero"; "Marchetti").

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso interpuesto. Costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI (por sus fundamentos)-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

1. La actora plantea la inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 12.036 invocando que altera la Constitución provincial en tanto modifica su artículo 93 incorporando dentro de la competencia exclusiva de esta Corte el recurso de apelación directo, al que califica de "per saltum". Sostiene también que la norma viola la igualdad ante la ley y genera un desequilibrio procesal que atenta contra la garantía del debido proceso, desde que el único sujeto legitimado activamente para hacer uso de este medio de impugnación es el Estado, "en cualquiera de sus manifestaciones".

A efectos de un mejor abordaje de estos planteos cabe tener presente que la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos: 323:1787; 320:2701, entre otros) y que en materia de interpretación de las leyes, debe preferirse la que mejor concuerde con las garantías, principios y derechos consagrados por la Constitución. De manera que solo puede predicarse la inconstitucionalidad de aquellas que palmariamente se apartan de ella y cuando no resulte susceptible de una interpretación concordante con la Carta fundamental (Fallos 105:22; 112:63; 182:317; 200:187). En el mismo sentido también tiene dicho el Máximo Tribunal nacional que un precepto legal debe ser interpretado analizando todo su contexto legal, su espíritu y en especial las demás normas que sobre la materia contenga el ordenamiento jurídico, debiendo estarse preferentemente por su validez (Fallos: 285:60; 287:79; 290:56; 301:460; 302:1600; 312:296 y 974).

Partiendo de estas premisas, cabe señalar, en primer lugar, que el remedio en cuestión constituye un mecanismo procesal y como tal, en principio, encuadrable en el marco de las competencias asignadas al Poder Legislativo de la Provincia por el artículo 55 inciso 4 de la Constitución provincial, en orden al dictado de las leyes de procedimientos judiciales. Desde esta perspectiva no se habrían sobrepasado las ámbitos de validez que como, competencia constitucional, corresponden al legislador provincial.

En segundo lugar, las motivaciones de su dictado se consignaron en el mensaje de elevación (Nro. 2500, 16 de mayo del 2002) y en el pertinente debate parlamentario. Según todo ello, la ley 12.036 habría tenido en miras, primordialmente, evitar el riesgo de colapso financiero del Estado ante la extraordinaria situación imperante y la necesidad de prever una atención ordenada de las sentencias judiciales y servicios esenciales. Teniendo en cuenta esa finalidad de preservación de sus cometidos públicos básicos y esenciales y de naturaleza presupuestaria es donde cabe analizar al instituto procesal normado por el artículo 10 de la ley 12.036.

En esa tesitura, y ciñéndonos a la cuestión de autos, esta disposición autoriza al Estado provincial, Municipios o comunas y otras entidades a deducir "recurso de apelación" directamente ante esta Corte cuando una medida de embargo de fondos dictada con violación de las disposiciones legales (arts. 8, 9, y 9 bis ley 7234) provocare una alteración grave del orden de prioridades de pago o menoscabo al equilibrio presupuestario.

Sin perjuicio que pudiere considerarse o no conveniente lo preceptuado, apreciando el texto en su contexto y fines perseguidos, se tornan insustanciales las afirmaciones de que el recurrimiento importe "desigualdad procesal" cual un "privilegio" en favor de la Administración, y ello así en tanto el medio escogido por la norma no se exhibe como irrazonable en atención a los perjuicios que se estimaron evitar.

Similar suerte debe correr la impugnación constitucional sobre la base de una supuesta violación del artículo 93 de la Constitución provincial.

Cierto es que esta Corte provincial, con otra integración, en la causa "Makianich" (A. y S. T. 91, pág. 414, voto del Dr. Ulla) sostuvo que no puede actuar judicialmente en los casos no previstos en el artículo 93 de la Constitución dado que su jurisdicción constitucional es limitada y no puede ser alterada, "salvo su disminución en los casos excepcionales del inciso 2 del artículo 93". Agregó que este artículo consagra un "numerus clausus" que excluye toda posibilidad de intervención del Tribunal fuera de los supuestos previstos en esa norma.

Mas en el presente caso no se trata de una nueva competencia jurisdiccional asignada al Tribunal. En efecto, juzgo que el recurso en examen debe ser interpretado como una excepcional modalidad de la competencia por apelación de esta Corte, prevista por el artículo 93 inciso "1" de la Carta Magna provincial. Pues en concreto la propia ley 12.036 identifica el supuesto de irreparabilidad en los perjuicios que por arbitrariedad normativa vendrían a provocarse con la afectación de fondos del Tesoro provincial o municipal. Ello así pues la disposición sustenta la exigencia que la medida impugnada conculque lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 9 bis de la ley 7234 e importe una alteración grave en razón del monto del orden de prioridades de pagos con fondos del Tesoro provincial originados en la ejecución del presupuesto de la Administración provincial o de la ejecución presupuestaria normal, trasunte una sustancial afectación de un cometido público o menoscabe el principio de equilibrio presupuestario.

Ello significa que únicamente en casos en que -además de transgredirse la ley 7234- se demuestre acabadamente que se ha producido una notable y grave afectación al normal funcionamiento financiero del Estado -o a un cometido público-, propia de la situación de emergencia que justificó la sanción de la ley 12.036, podría habilitarse el remedio en análisis. Por ello es dable interpretar que la mecánica de este recurso supone una resolución equiparable a definitiva. Y desde esta perspectiva, la norma no impone a esta Corte asumir una competencia distinta de la que naturalmente tiene, salvo la de anticipar la oportunidad natural de intervenir respecto al posible recurrimiento de medidas cautelares. Desde este entendimiento considero que no cabe excluirla del alcance competencial del texto del artículo 93 inciso 1 de la Constitución de la Provincia. Pues el recurso autorizado presupone la existencia de una cuestión constitucional en la decisión del juez inferior, con fundamento en la arbitrariedad normativa y la irreparabilidad de los perjuicios, cuestiones éstas que, si bien excepcionalmente por su equiparación a definitivas (ver Fallos: 317:363; 316:2922; 314:1968; 314:1202, entre otros), se incluyen en la competencia por apelación. Como consecuencia de lo recién expuesto, y al no advertirse extralimitación manifiesta del texto constitucional, cabe adentrarnos en el planteo recursivo.

2. Conforme las conclusiones recién vertidas, debe ahora analizarse la cuestión traída a conocimiento por esta vía excepcional. a. Dicha tarea impone efectuar determinadas consideraciones con respecto a la procedencia de la pretensión ejercida por el Municipio demandado.

Como se expuso en el punto anterior, el mismo texto del artículo 10 de la ley 12.036 exige que la medida que se impugna, además de resultar violatoria de los artículos 8, 9 y 9 bis de la ley 7234 (reformada por la 12.036) debe importar una alteración grave en razón del monto del orden de prioridades de pagos con fondos del Tesoro provincial o municipal originados en la ejecución del presupuesto de la Administración provincial o de la ejecución presupuestaria normal, afectar sustancialmente un cometido público o menoscabar el principio de equilibrio presupuestario. Ello significa que partiendo del texto de la norma, y en tanto importa obviar las instancias apelatorias previstas por las disposiciones comunes, es necesario para que el recurso proceda y, en consecuencia, se revoque por esta vía excepcional la medida cautelar despachada, que se configure una situación tal que en el mantenimiento de la misma se produzca un perjuicio cierto, directo, actual, grave, no susceptible de ser modificado por otra vía ("Agroexport", A. y S. T. 192, pág. 101, voto de la suscripta).

Consecuentemente, en casos como el sub examine, presupone acreditar acabadamente que se ha producido una notable y grave afectación al normal funcionamiento financiero del Estado. Fuera de esos particulares supuestos, no cabe admitir este tipo de planteos que, por otra parte, encuentran una adecuada solución dentro de los carriles procesales propios de cualquier litigio y ante los tribunales que el ordenamiento prevé. Este es además el entendimiento con que una jurisprudencia inveterada considera la habilidad de remedios extraordinarios frente a medidas cautelares.

b. De las constancias adjuntadas a los presentes surge que:

En fecha 2.5.2000 la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Santa Fe y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró procedente la acción por cobro de la indemnización prevista en el artículo 23 inciso "g" de la ley 9286. La sentencia quedó firme el 16.6.2000. La planilla se aprobó el 22.8.2000 y con las intimaciones pertinentes se hizo lugar a la ejecución ordenando trabar embargo por la suma de $67.927,97 más $20.378 (22.12.2000). La Municipalidad, entonces, alegó que se había trabado embargo en una fecha en que la sentencia no se encontraba aún en condiciones de ser presupuestada (fs. 179/186, 8.2.2001), refiriendo al plazo de un año de firmeza que la ley 11.696 fijara para ello. Se suscitaron entonces diversas vicisitudes en las cuales la actora solicitó se le ofreciera una oferta razonable de pago (fs. 201/202, 22.2.2002) a lo cual en resumidas cuentas se contestó por el ente público que el presupuesto alcanzaba al número 50 del orden de sentencias, agotándose con ello la partida para el pago de sentencias (fs. 226/227) y que a la actora le correspondía el número 135 en el listado cronológico. Dentro del incidente recién descripto, el Juez de Primera Instancia (mediante resolución 132 del 17.5.2002, f. 242) rechazó la postulación de la Municipalidad por entender que la propuesta de pago carecía de razonabilidad y ordenó trabar embargo sobre la cuenta bancaria denunciada hasta cubrir la suma de $67.927,97 imponiendo las costas a la incidentista.

Contra esta resolución el Municipio planteó nulidad y recursos de revocatoria y apelación en subsidio, y así luego de sucesivas revocatorias, apelaciones e incidencias en definitiva el 30.8.2002 el juez rechazó las impugnaciones, decretando la ampliación del embargo. En 25.9.2002 el Banco de Santa Fe informó a la Dirección de Finanzas de la Municipalidad la recepción del oficio de embargo y la postergación de su cumplimiento por tres días a menos que se acreditara la presentación del recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

En la misma fecha, la Municipalidad compareció ante esta Corte e interpuso el recurso de apelación directo previsto en el artículo 10 de la ley 12.036 contra la resolución 132 y el auto del 30.8.2002 dictados por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral número cuatro de esta ciudad.

c. La valoración de las actuaciones reseñadas a la luz de los criterios expuestos en el considerando 2.a. llevan a sostener que las argumentaciones de la demandada resultan insuficientes para demostrar, con manifiesta evidencia, que se encuentran reunidas las singulares condiciones exigidas por la ley, lo cual determina que la petición no pueda ser acogida.

En efecto, la Municipalidad se limita a alegar que la sentencia incurre en violación a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 9 bis de la ley 7234; y que importa una alteración grave en razón del monto, del orden de prioridades de pago del artículo 7 de la ley 12.036, excepcionando la legalidad presupuestaria. Mas dichas afirmaciones genéricas en modo alguno satisfacen la exigencia de demostrar los perjuicios irreparables y el sustancioso acatamiento por la Municipalidad respecto a las normas en juego. Pues este excepcional remedio supone el claro apartamiento normativo y la irreparabilidad de perjuicios y de ninguna manera podría amparar las conductas desentendidas en el cumplimiento de las sentencias. En lugar de ello, la accionada, que desde el año 2001 debió presupuestar el cumplimiento, pretende que se revise la cautela ordenada, intentando demostrar la alteración de la cronología -del número 135- en el año 2002, cuando lamentablemente solo alcanzó a atender en ese período hasta la sentencia número 50 del orden respectivo (ver informe de f. 209). En estas condiciones no cabe sino entender que se pretende una interpretación mecánica y aislada de los textos que en modo alguno puede ser atendida. Es que el sistema legal tiende a resguardar de los perjuicios graves la atención de los servicios esenciales ante la alteración de las prioridades de pago del sistema implementado por la ley. En punto a ello de inicio cabe remarcar que no es menor la entidad que confiere la ley en sus artículos 7 y 9 al cumplimiento de las acreencias previsionales (entre las cuales no puede excluirse la del caso de autos, art. 23 inc. "g" de la ley 9286, con sentencia firme desde junio del año 2000).

Desde esa sola circunstancia se advierte que el recurso a más de no demostrar los perjuicios no se hace cargo siquiera elementalmente de la demostración de la arbitrariedad invocada. Además de la falta de demostración del perjuicio, no surge la menor evidencia de una imposibilidad de atender el crédito en razón de su monto, ni de cualquier otro gravamen. Esta circunstancia debe también ser analizada en el contexto de las constancias de autos (f. 206, informe de la Dirección de Finanzas) donde surge que en el presupuesto en el cual se debía atender esta sentencia, el 60% de la partida se erogaría en un solo cumplimiento, soslayando toda atención al orden de prioridades que también viene indicado por los artículos 7 y 9 de la ley 12.036 y en que por su particular naturaleza se encontraría el supuesto de autos.

Es que el instituto reglado en la ley 12.036 no ha tenido el propósito de elaborar un medio adjetivo para superar las dificultades, angustias, o trastornos, aun serios que puedan producirse en el curso de un proceso hasta su definitivo juzgamiento, incluso cuando en ello esté interesado, directa o indirectamente, el interés público. Por consiguiente, no se ha demostrado la irrazonabilidad del embargo trabado en las condiciones de la presente causa. El fundamento concreto y preciso que sí ha sustentado al instituto es el de proveer a una custodia expeditiva de los recursos presupuestarios únicamente cuando se hallaren comprometidos en términos de una rigurosa gravedad y siempre que el recurso directo de apelación se exhiba como único medio eficaz para esa protección. Fuera de esos casos, ausentes dichas sustancias, cualquier intento de modificar el curso regular de los procesos no merece sino el más terminante rechazo por este Tribunal.

Por ello, el recurso resulta improcedente.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)