Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-08-12


La Plata, agosto 12 de 2003.

1º ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Mahiques dijo:

En el caso se ha cuestionado la legalidad de la revisación y requisa sin orden judicial del automóvil en el que H. O. R., tras haber participado en un desapoderamiento armado en el comercio denominado "Buenos Vecinos" de la calle Catamarca 1248 de Mar del Plata, pretendía huir del lugar de los hechos en virtud de ser perseguido por particulares, que lograron aprehenderlo, y ha sido materia de debate el ámbito de protección del vehículo, y su relación con lo que se ha resuelto.

Como señalara en el precedente "Arocena, Alfredo J.", causa 180 (registro de presidencia 4007), cuando no hubiera mediado autorización del interesado, el procedimiento policial debe adecuarse a lo dispuesto por el art. 294 incs. 5 del Cód. Procesal Penal y con ello la necesidad de comprobar la existencia de suficientes motivos de sospecha y si mediaron las razones de urgencia que habilitaban la diligencia sin orden judicial.

En el caso, el personal preventor fue puesto al tanto de la aprehensión del sospechoso por parte de particulares, entre ellos la propia víctima quien refirió no haber perdido de vista a quien lo damnificara que en tales circunstancias, y luego de haber asegurado al detenido y efectuarse sobre aquel una requisa personal, se procedió de igual modo con el automotor, desde cuyo interior, se secuestró el arma utilizada, circunscribiéndose la cuestión controvertida a si en la especie esta última diligencia se encuentra justificada.

Se ha dicho que la requisa personal, como medio de prueba autorizado por la ley para la incorporación al proceso de material convictivo vinculado a su objeto o circunstancias, importa una restricción de la libertad que exige el respeto de las garantías individuales consagradas por la Constitución Nacional y los tratados mencionados como complementarios de esos derechos del art. 75, inc. 22. Y que, como intervención corporal, "crea tensiones, por un lado, entre privilegiados resguardos constitucionales como la dignidad personal, el derecho a la integridad física y moral y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho del detenido a no declarar o a no hacerlo contra sí mismo y a no confesarse culpable, y el derecho a la intimidad personal, por el otro, entre la sociedad que tiene un interés de no menor preponderancia en una persecución penal eficaz.

Si bien no cabe negar legitimidad a las injerencias corporales, tampoco resulta tolerable imponer limitaciones que tornen inocua la función investigativa sin llegar, tampoco a conferir a quienes la cumplen un arbitrio absoluto en cuya virtud los ciudadanos se encuetran desprotegidos ante cualquier desborde" (confr. D'Albora, Francisco J., "La requisa en el proceso penal", La Ley, suplemento especial, Buenos Aires, 15 de noviembre de 1995, ps. 38/39).

La clave de interpretación que ha seguido la jurisprudencia -en casos que guardan marcada analogía con el presente-, como cada vez que ha debido enfrentarse a supuestos en que se cuestionaba la validez de las aludidas medidas de coerción personal, sobre todo cuando eran llevadas a cabo sin orden judicial, fue integrar lógicamente los ámbitos de operatividad de los arts. 29 inc. 5 y 225 del Cód. Procesal Penal (por su adecuación al caso, ver lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa 219, registro 335, "Vicente, Ana María s/ rec. casación", rta. El 2 de noviembre de 1994, y las razones "in extenso" allí desarrolladas).

En esta causa, como se desprende del auto recurrido, no se confirió eficacia legitimante a las constancias del proceso para tener por acreditado que mediaron motivos de urgencia que habilitara la requisa policial y en consecuencia, a excepcionar la regla general de la exigencia de orden judicial a tales fines.

Siendo ello así, y atendiendo a que en materia de requisas personales sin orden judicial, la existencia de sospechas suficientes y de razones de urgencia -requisitos de legitimidad de esas diligencias- involucran extremos de hecho y prueba, más allá del acierto o desacierto de lo decidido, no habiéndose encarrilado el agravio en el absurdo valorativo en que habrían incurrido los jueces de mérito al descartar la existencia de los motivos de urgencia, ni denunciado siquiera la errónea aplicación de las normas que regulan la valoración probatoria (arts. 210 y 373, Cód. Procesal Penal), el recurso no puede prosperar. Es, pues, negativa, la respuesta al primer interrogante.

El doctor Borinsky dijo:

Sin perjuicio de recordar que el precedente "Arocena" corresponde al caso de una "requisa" con consentimiento, tengo para mí que el recurrente denuncia la inobservancia de las normas que gobiernan la requisa además de demostrar, a mi ver, el absurdo en que se incurre, por lo que, más allá de la falta de mención de la norma advertida en el voto que abre el acuerdo es mi parecer que el recurso es procedente.

Por cierto la intimidad es una esfera de la persona que está exenta del conocimiento generalizado por parte de los demás, como enseña Nino y cita Langer al comentar "la requisa personal en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal" y la orden de requisa no se encuentra limitada para los casos que se investigan cosas que un individuo lleva sobre sí (en su cuerpo y entre sus ropas) y alcanza a la búsqueda de las que la persona lleva consigo o que se encuentran en los vehículos en los cuales se transporta.

Convengo igualmente, con el comentarista de cita, que la medida en cuestión no es discrecional y también que los "motivos suficientes" deben encontrarse verificados y además, que "urgencia" no es algo que quepa confundir con "flagrancia", ya que pese a la existencia de la segunda puede ser que no medie urgencia y haya que requerir la orden.

Pero este parecer que no es el caso pues, de dos ladrones que escapan en un automotor perseguidos por la víctima y solidarios vecinos, uno abandona el volante y se da a la fuga, mientras que el restante no logra salir del vehículo al quedar uno de sus pies atrapado con el zócalo de la puerta, siendo en esas circunstancias en que es aprehendido, incautándose el arma que se encuentra en el interior del rodado y que por supuesto pudo utilizarse para resistir a la aprehensión, entre otros posibles supuestos.

Observo al pasar que salvo una fragmentación de lo actuado, no surge cuanto menos para mí, que el secuestro se hubiera realizado luego de poner a buen recaudo al sujeto imputado de haber utilizado la pistola para apuntar a la cabeza de la madre del asaltado, y que es localizada a palmos de sus narices, o lo que es igual, en el interior de la guantera del automotor.

Así las cosas, es claro que la búsqueda y requisa efectuadas no necesitan de orden judicial, pues los policías debían proteger sus vidas y las de los paisanos presentes en el lugar e impedir la destrucción u ocultamiento de pruebas por parte del imputado que se encontraba al alcance inmediato del arma -confr. en este sentido Corte Suprema de los Estados Unidos "Chimel v. California", 395 u.s. 752 81969-, por lo que abro mi disidencia a fin de postular se haga lugar al recurso, casando la resolución impugnada, con reenvío a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata para que, debidamente integrada, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho, tratando el agravio defensista desplazado por la decisión recurrida.

En consecuencia, a esta cuestión, voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

En cumplimiento de lo prescripto por el art. 465 inc. 2 del Cód. Procesal Penal, debo primeramente señalar que, además de haber cumplido los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición, el planteo abastece los recaudos de admisibilidad tanto en el plano subjetivo como objetivo, puesto que el fiscal se encuentra legitimado en función de lo previsto por el art. 452 inc. 3 del ritual y el resolutorio atacado resulta asimilable a sentencia definitiva puesto, al sobreseer al imputado, imposibilita que continué la acción.

En lo que hace a la procedencia del recurso, quiero dejar sentado que, a mi modo de ver, el planteo referido a la "urgencia" de la requisa no se dirige a cuestionar los hechos fijados por el a quo sino a controvertir si en las circunstancias de autos, la ley autorizaba o no el cuestionado proceder policial, discusión que se asienta en una valoración puramente jurídica en la que resulta inatingente e innecesaria la demostración del absurdo y la cita de las normas referidas a la merituación de la prueba.

Aclarado ello, en lo restante adhiero por sus fundamentos al voto del doctor Borinsky.

Así lo voto.

2º cuestión. - El doctor Mahiques dijo:

En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión procedente corresponde hacer lugar al recurso, casando la resolución impugnada, con reenvío a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata para que, debidamente integrada, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho, tratando el agravio defensista desplazado por la decisión recurrida.

Los doctores Borinsky y Natiello dijeron:

Que por sus fundamentos votan en igual sentido que el señor juez preopinante.

Con lo que no siendo para más se dio por terminado el acuerdo dictando el tribunal la siguiente resolución:

I. Hacer lugar al recurso interpuesto. II. Casar la resolución impugnada con reenvío a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata para que, debidamente integrada, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho, tratando el agravio defensista desplazado por la decisión impugnada (arts. 448, 459, 465, Cód. Procesal Penal). - Carlos A. Mahiques. - Ricardo Borinsky. - Carlos A. Natiello.