Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-22


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 22 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes La sentencia de primera instancia, de fs. 385/396, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Fabián Dante Di Marco y Lucía María Domínguez de Di Marco contra Y.P.F. S.A. En consecuencia, si bien admitió como válida la pretensión de la parte actora de percibir las bonificaciones adeudadas por la encartada, y en atención a que aquélla reclamaba la cancelación de un gravamen hipotecario, tuvo por compensado el referido crédito con la deuda que los accionantes tenían con la emplazada emergente de la rendición de la ventas efectuadas por cuenta y orden de Y.P.F. S.A. Así las cosas, el fallo sujetó la cancelación de la hipoteca reclamada por los actores al depósito por éstos a favor de la demandada de la suma de $ 4.036,28 (como resultado de la compensación antes mencionada) y a la rendición de las obligaciones laborales pendientes. Por último, la decisión de grado rechazó la indemnización por daños y perjuicios reclamada en el escrito constitutivo del proceso.

Contra el mencionado pronunciamiento la parte actora expresó agravios a fs. 426/430, los que fueron replicados a fs. 434/437. En cuanto a la emplazada, sólo limitó su queja a la imposición causídica; la que fue dispuesta por la juez que me precedió en un 60 % a los pretensores y un 40 % a la accionada.

La causa tuvo su origen en la demanda de fs. 43/50, sustentada en el contrato de fs. 8/23 que ligó a las partes, y conforme al cual los demandantes tomaron a su cargo "las operaciones de venta de aeroproductos propiedad de Y.P.F. S.A. en la Aeroplanta habilitada en el Aeropuerto de Junín" (ver cláusula primera, a fs. 8). La rescisión del contrato dispuesta por la encartada genera el juicio de marras, por el que se pretende el cobro de las bonificaciones, la cancelación de la hipoteca constituida en garantía de las obligaciones asumidas ante Y.P.F. S.A. (ver cláusula diecisiete, a fs. 14) y los daños y perjuicios que los accionantes dicen haber sufrido.

II. Análisis de los agravios He de señalar primeramente que el libelo de la actora de fs. 426/430 es harto dudoso que cumpla con los requisitos exigidos por el art. 265 del ritual. Sin embargo, no he de proponer que se declare desierto su recurso de apelación en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.). Es este precepto precisamente el que para mi concepto impone utilizar la facultad que acuerda el art. 266 del C.P.C.C.N. con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una transgresión a la citada preceptiva legal; circunstancia que no se presenta en estos actuados. En tal sentido, este Tribunal viene declarando de modo concordante que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica al fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del C.P.C.C.N., según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho la mentada carga procesal (ver al respecto mis votos in re "Hinckelmann c/ Gutiérrez Guido Spano s/ liq. de soc. conyugal" del 28/10/2005, ED 217-327, JA 2006-I-845, LA LEY, 2006-A, 679; íd., en autos "Menéndez c/ Alberto Sargo S.R.L. s/ ds. y ps." del 23/11/2005; íd., in re "Berguer y otro c/ Periodismo Universitario S.A. s/ ds. y ps.", del 31/3/2006, RcyS 2007-II-109. Ver, también, CNCiv sala E, del 24/9/74, LA LEY, 1975-A, 573; íd., Sala G, del 10/4/85, LA LEY, 1985-C, 267; íd., Sala H, del 15/6/2005, JA 2005, III, Fascículo 12, del 21-9-2005, p.58; entre muchos otros).

Ingresando al estudio de los endebles argumentos esgrimidos por la quejosa, se verá que su primer cuestionamiento apunta a que no tendría fundamentos probatorios el pago del saldo por $ 4.036,28 dispuesto por la juez como uno de los requisitos para proceder al levantamiento de la hipoteca oportunamente constituida. Nada preciso se indica aquí para rebatir la sentencia de autos, pues ésta se fundamenta en la experticia practicada conforme a la cual surge una deuda en cabeza de los actores de $ 10.636,28, producto de ventas efectuadas a terceros y no rendidas; y esta constancia se compadece en un todo con la certificación de deuda de fs. 75.

Adviértase, en relación a lo expuesto, que la cláusula tercera de la escritura hipotecaria antes referida le confiere particular valor a la "certificación de deuda" que expida la emplazada, a tal punto que se pactó que constituye un instrumento suficiente para que "se proceda ejecutivamente sobre el bien hipotecado" (ver fs. 96). Por otra parte, a la luz de la cláusula décima del contrato que vinculó a las partes (ver fs. 10), "el mandatario (por los accionantes) estará obligado a rendir en su totalidad los importes producidos"; y a su vez la cláusula veintiséis impone "rendir ante Y.P.F. S.A. los comprobantes pertinentes" (ver fs. 16); no obrando en autos constancias fehacientes de que tal rendición se haya concretado.

En cuanto al depósito que invocan los agraviados, me parece insostenible la pretensión de aplicarlo a la cancelación de la deuda que registran. Es cierto lo que dice la juez en el sentido de que dicha constancia no tiene imputación concreta, por lo que no es posible relacionarlo con aquella deuda. Es que, ante la comprobación de la acreencia, correspondía a los actores la prueba de los hechos extintivos de la obligación nacida (art. 377 del ritual); labor que brilla por su ausencia en los presentes actuados (ver CN Com., Sala D, 30-8-1983, ED, 197-674; Devis Echandía, Fernando, "Teoría General de la Prueba Judicial", t. I, p. 497, 3º edición, Buenos Aires, 1976).

Desde luego que es acertada la decisión de la judicante en cuanto sujeta la cancelación de la hipoteca de autos a la "rendición de cuentas de las obligaciones laborales pendientes". Por de pronto no se acreditó haber desinteresado al ex-dependiente Miguel A. Villegas y, al respecto, es verdad que al menos se encuentra pendiente la rendición de cuentas sobre este punto; y lo mismo ocurre con Rafael López Fernández, hoy fallecido (ver fs. 334). Claro está que no constituye argumento válido para neutralizar este compromiso la eventual "prescripción" de los reclamos laborales, cuando ni siquiera se sabe a ciencia cierta si éstos se han efectuado o no. La cláusula veintiséis del contrato que relacionó a los litigantes es terminante al disponer que, "en caso de rescisión... el mandatario se obliga a indemnizar a todo su personal" (ver fs. 16).

Asimismo, en lo que hace a los daños y perjuicios pretendidos por los actores, lo hasta aquí narrado comporta irremediablemente desechar ese reclamo, pues en la especie se está ante una situación en que los pretensores han incurrido en incumplimientos contractuales, lo que habilita a la contraparte a resistir la cancelación de la hipoteca planteada por los deudores. Por lo demás, lo que se expone a fs. 429/430 lejos está de constituir un verdadero agravio como lo quiere la ley (art. 265 del CPCCN); de manera que nada más cabe agregar sobre la cuestión.

Por último, y en relación a las costas, destaco que el punto ha motivado el agravio de ambas partes. Desde ya anticipo que propiciaré a mis colegas no hacer lugar a ninguna de las quejas. En cuanto a la actora, si bien le asistía el derecho a percibir las bonificaciones, claro está que la imposición causídica es correcta en tanto no se accede como fue requerido a los demás planteos contenidos en el escrito inaugural. Empero, entiendo que tampoco corresponde imponerle a los accionantes el total de las costas o elevar el porcentaje de ellas más allá de lo dispuesto por la juez de grado. Téngase en cuenta que la sociedad demandada no cumplió con lo que a ella le concernía, que era el pago de las bonificaciones; a lo que se le suma la facultad que el art. 1956 del Código Civil confería a la actora para que -en su condición de mandataria- retuviere los "bienes y valores" del mandante hasta ser pagada de las sumas que le correspondían.

III. Conclusión Por las razones fácticas y jurídicas desplegadas en el presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravio. Con relación a las costas de Alzada, y en lo que hace al recurso fundamentado a fs. 426/430, se imponen en su totalidad a la actora por haber resultado sustancialmente vencida. En lo atinente al recurso sustentado a fs. 431/432, y dado que no ha mediado contradicción, la imposición causídica será por su orden.

Los Dres. Sansó y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravio. Con relación a las costas de Alzada, y en lo que hace al recurso fundamentado a fs. 426/430, se imponen en su totalidad a la actora por haber resultado sustancialmente vencida. En lo atinente al recurso sustentado a fs. 431/432, y dado que no ha mediado contradicción, la imposición causídica será por su orden.

El Tribunal de Alzada está facultado para examinar de oficio la procedencia, temporaneidad y admisibilidad del recurso de apelación y de sus fundamentos, pues sobre el punto, no está ligado por la decisión del juez a quo ni por la conformidad de las partes (conf. C.N.Civ., esta Sala, R 219.986 del 16.07.97; id. id., RH. 71.103/98 del 08.11.01; id. id., H. 406.453, del 30.11.04; id. id., H. 99.802/99 del 11.07.07, entre otros).

En la especie, la parte demandada quedó notificada de los emolumentos fijados en el decisorio de fs. 385/396 con la cédula agregada a fs. 398, por lo que el recurso por altos traído a fs. 417 deviene improcedente por extemporáneo en orden al plazo establecido por el art. 244 del Código Procesal.

En su mérito, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 417. Lo que así se decide.

Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 375) los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. E. C. y en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) los del letrado apoderado de la parte demandada Dr. E. A. M. (conf. arts. 14, 49 y cctes. del arancel), los que deberán abonarse en el mismo plazo que el fijado en la instancia de grado.

Notifíquese y devuélvase. -Mauricio Luis Mizrahi. -Geronimo Sanso. -Claudio Ramos Feijoo.