Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-30


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y OCHO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia de Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 58/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en causa Nº 250/08 - "BAIGORRIA, Noelia Gabriela y CORONEL, Luis Miguel - Homicidio Calificado por Alevosía - Capital, contra la Sentencia Nº 11/2010, dictada con fecha catorce de abril de dos mil diez por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º)¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 2º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº Once/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia nº Once/2010, del 14/04/2010, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "...2) Declarar culpable a Luis Miguel Coronel, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como coautor penalmente responsable del delito de Homicidio Simple, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de veintidós años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley y costas (arts. 79, 12, 40, 41 y 45 del C. P. y art. 537 del C.P.P.).- II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Víctor Manuel Pinto -en adelante el recurrente-, en carácter de asistente técnico del imputado, Luis Miguel Coronel, e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en el art. 454, incisos 2º y 3º del C.P.P..

II. a. Luego de fundar la impugnabilidad objetiva y subjetiva de su pretensión y de efectuar una breve síntesis de la causa, el recurrente, propicia la nulidad de la sentencia, al sostener que en ella el tribunal ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de pruebas de valor decisivo, causando gravamen irreparable (arts. 408 inc. 3º en función de los arts. 186 inc. 3º y 187, y art. 454 inc. 2º del C.P.P., y art. 18 C.N.) Centra su primer embate, argumentando que los magistrados han arribado a una conclusión condenatoria en base a un análisis sesgado del material probatorio. En consecuencia, afirma que el hecho imputado fue reformulado, por lo que la primera declaración de Coronel -que en definitiva sirve de basamento para su condena-, no puede ser considerada en plenario atento a que resulta un acto procesal "suplantado" por la nueva declaración frente a la igualmente nueva imputación. Por ello, sostiene que es la segunda declaración indagatoria la que debe ser considerada y no la primera, so pena de afectar tangencialmente el principio de congruencia. Si a ello se le suma la inexistencia de motivos para cometer el ilícito por parte de Coronel y la influencia y manipulación que padece por parte de la coimputada quien, a su vez, a lo largo del proceso ha tratado de evadir su responsabilidad derivando toda responsabilidad delictiva en Coronel, nos encontramos ante un panorama sumamente confuso para sostener la certeza requerida para condenarlo. Afirma que no existe constancia ni posibilidad alguna de conjeturar que haya sido Coronel quien arrojó una piedra a la víctima y que sea justamente esa piedra la que le haya ocasionado la muerte.

Culmina peticionando la revocación del fallo y la absolución de su asistido por aplicación del in dubio pro reo.

II. b. En el presente embate, el recurrente reitera planteos oportunamente efectuados al momento de alegar; cuestionamientos que, a su vez, han sido fundadamente desechados por el tribunal al tratar la primera cuestión. Concretamente, el eje central de la cuestión traída a estudio, radica en analizar si en el fallo en crisis se ha afectado el principio de congruencia -conforme lo aseverado por la defensa-. En tal sentido, cuestiona que el tribunal haya merituado los dichos vertidos por el imputado en su primera declaración (fs. 195/198 vta.), lo que fue suplantado por lo manifestado en la segunda oportunidad (fs. 494/495), al momento de modificarse el hecho imputado (fs. 491), que es lo único que se debió valorar.

En primer lugar, cabe resaltar que el decreto de determinación del hecho obrante a fs. 155 ha sido modificado en virtud de lo prescripto por el art. 333 del C.P.P. (fs. 491), sólo en relación a las circunstancias de modo, pues se ha mantenido la misma calificación legal, como así, las circunstancias de tiempo y lugar. De esta manera, advierto que en ningún momento el Ministerio Público Fiscal ha declarado la nulidad del decreto anterior, sino que, en base al nuevo material probatorio recolectado, decidió modificar el hecho, mutando el encuadre fáctico con respecto a las circunstancias modales de ejecución del ilícito atribuido. Consecuentemente, y a fines de garantizar al máximo el debido proceso y la defensa en juicio, ordenó la nueva recepción de declaración a los imputados. Ahora bien, la invocada violación al principio de congruencia se manifiesta ante la falta de identidad fáctica entre el hecho por el que resultó condenado el encausado y el enunciado en la acusación intimada, no advirtiéndose en el caso bajo examen la aludida falta de identidad. Digo ello, porque el hecho transcripto en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, como así, el intimado en el debate, resultan idénticos al descripto en la sentencia, hecho por el cual Coronel resultó condenado, beneficiándose incluso el imputado con una calificación atenuada en relación a la que se le había intimado.

En consecuencia, en modo alguno se verifica vulneración al principio de congruencia, tampoco se ha demostrado cuáles son los cambios de calificación que generan agravio, ni de qué manera han afectado la estrategia defensiva del acusado impidiéndole formular sus descargos.

En relación al cuestionamiento de la errónea valoración de la declaración del imputado, cabe recordar que la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio tiene su base en el art. 18 de la Constitución Nacional toda vez que, en forma implícita y explícita, establece que "nadie puede ser condenado sin ser oído" y "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo". Igual reconocimiento tiene dicha garantía a través de los Pactos y Tratados Internacionales incorporados por la misma Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22 (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, art. XXVI, segundo párrafo; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 1, 2, g) y 3).

Dicha normativa alude a la defensa material del imputado, que se realiza mediante las manifestaciones que el mismo puede hacer en el proceso cuantas veces quiera con la única condición de su pertinencia (art. 276 del C.P.P.). Con relación a las normas citadas precedentemente, la doctrina ha manifestado que "ninguna pena puede aplicarse sin audiencia del interesado, cuyas declaraciones no deben ser requeridas bajo juramento o promesa de decir verdad, o mediante coacción o amenaza, hasta el grado de que las preguntas deben ser formuladas siempre clara y precisamente, sin que en ningún caso puedan ser capciosas ni sugestivas" (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T. II, p. 379; art. 268 y sgtes. del C.P.P.).

De esta manera, nadie pone en duda que la declaración del sometido a proceso, analizada desde la óptica del imputado, importa un medio idóneo para la materialización de su defensa en juicio. Por ello, dicho acto, desde la perspectiva del juez en lo penal, puede constituir una fuente eventual de pruebas pues, de lo contrario, si las manifestaciones del imputado estuvieran ajenas a todo tipo de valoración, no pasarían de ser meras expresiones formales, ineficaces desde el punto de vista de la defensa material.

De las constancias del fallo en cuestión, se advierte que el a quo, a más de reconocer que la declaración de imputado es un acto procesal que constituye un medio de defensa y no de prueba, aclaró que si la confesión del hecho se efectúa de manera libre, voluntaria y prestada en presencia del abogado defensor, ello permite al juzgador valorarla con arreglo a las normas de la sana crítica racional, siempre que el mérito conclusivo encuentre su respaldo en otras pruebas independientes. En esta dirección, el a quo puso de resalto que las explicaciones dadas por Baigorria y Coronel, más allá de pretender atenuar y hasta excluir su reproche penal, encontraron justificativos en sus propios dichos mediante datos objetivos externos y corroborables, que sumados a las referencias aportadas por diferentes testigos, especialmente Greta Bellhorst, además de la prueba científica valorada, le permitieron al tribunal efectuar la reconstrucción conceptual del suceso criminoso, de un modo al que entendieron lógico, razonable y respetuoso de la sana crítica racional. De esta manera, el a quo ponderó que "...Luego de la caída de Ortega, de espaldas al agua -lo que provoca las lesiones en la parte occipital de su cabeza y las excoriaciones en otros sectores de su integridad-, éste se repone y vuelve hacia la orilla a pesar de la incomodidad que representaba la circunstancia de tener sus manos atadas y la consecuente obnubilación por la caída y por el golpe aplicado con un elemento contundente en una zona viral del organismo, para resultar ser blanco de la certera y decisiva agresión, nuevamente en su cabeza, con una piedra de medianas dimensiones, por parte de Luis Coronel, quién se encontraba cerca del murallón...". Destáquese aquí lo referido por el tribunal en cuanto a la postura exculpatoria asumida por el acusado en su segunda declaración, entendiendo el a quo que si Coronel hubiese estado lejos del playón ello hubiese imposibilitado que escuchara los pedidos de auxilio de Ortega, sumado a su total desentendimiento del cariz de los sucesos, lo que se presenta como un fuerte indicio de mala justificación. De este modo, el juzgador interpretó como más ajustado a la realidad que Coronel se haya encontrado a una distancia cercana a la pareja, en inmediaciones del mismo playón y que al ver correr a su amiga, él se haya acercado al murallón para ver que sucedía y allí dar el golpe final a Ortega, tal como surge de su primera declaración y de las exposiciones de la coimputada. Repárese asimismo, como se dijo, que ello encuentra correlato en los dichos de la testigo Greta Bellhorst y en la prueba científica debidamente incorporada a debate y ponderada por el tribunal.

Despejado así el problema relativo a la ilegalidad de la valoración de los dichos del imputado, estimo que el presente embate no puede prosperar. En consecuencia, voto negativamente a esta cuestión.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. a. Subsidiariamente, el recurrente esgrime como segundo motivo casatorio, el previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P. Denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena. Concretamente puntualiza que, si bien el tribunal efectuó una valoración de atenuantes y agravantes en forma conjunta para ambos imputados, realizando las pertinentes distinciones, ninguna de ellas se refleja en el monto estipulado para la pena efectivamente impuesta a su asistido. Considera contradictorio el resultado del análisis en cuestión con la efectiva pena impuesta a ambos. Cuestiona que se haya valorado como agravante el daño causado, al haber los imputados atentado exitosamente contra la vida. Sostiene que ha existido doble valoración, y que un atentado no exitoso nos ubicaría ante una tentativa. A continuación, refiere a la naturaleza y modalidad delictiva, poniendo de resalto que Baigorria comete el hecho, según la apreciación de los jueces -aclara el recurrente-, para "sacarse de encima" a una persona que la acosaba. Coronel arroja una piedra advertido de la situación y ante la amenaza de la víctima de matarlos mientras salía de la represa. Coronel tenía una impresión negativa de la víctima por las expresiones de su amiga. Se pregunta el recurrente si ¿puede aplicarse idéntico reproche penal a ambos imputados? Manifiesta que las motivaciones de uno y otro son dispares y dispares deben ser en consecuencia las penas a imponer. Enfatiza, que la señalada circunstancia impide que ambos deban soportar idéntica entidad agravante, lo que resulta desmedido y evidentemente violatorio del principio de igualdad ante la ley. Destaca también que el tribunal consideró en contra de Baigorria la ausencia de arrepentimiento, pero no existe ninguna mención de ello con respecto a Coronel. Concluye sosteniendo que no se comprenden los motivos para equiparar el reproche punitivo a ambos imputados; imponerles idéntica pena, resulta arbitrario. Por último, refiriéndose puntualmente a las circunstancias atenuantes ponderadas por el tribunal, destaca que el a quo valoró a favor de ambos imputados, su juventud y la carencia de antecedentes penales computables; la historia de vida con ciertas carencias afectivas, especialmente respecto a Coronel, el debido de gratitud de éste con el padre de Baigorria y su característica de influenciable por la coprocesada. Argumenta que, así como existen más agravantes en contra de Baigorria, y más atenuantes a favor de Coronel, ello no se ve reflejado en la pena impuesta. Asevera que el carácter influenciable de Coronel es un atenuante que sólo puede beneficiarlo. La situación de vida y las carencias afectivas son circunstancias que se manifiestan en Coronel con absoluta nitidez y lo favorecen personalmente. De igual modo, refiere que no se han valorado adecuadamente y en forma separada las cuestiones relativas al grado de educación de cada imputado. En tal sentido, resalta que mientras Baigorria se encuentra cursando una carrera de grado en una Universidad Nacional, Coronel es un changarín, lo que habla de la distinta capacidad de cada uno para comprender la criminalidad y reproche de cada acto.

Finaliza su escrito formulando expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. b. La discusión radica en analizar si, efectivamente, los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo, con relación a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado, Luis Miguel Coronel. En el presente embate, el recurrente denuncia la indebida fundamentación de la pena, pues su reproche se dirige a cuestionar la valoración de circunstancias que ya se encuentran contenidas en el tipo penal aplicado con lo cual, asevera, se ha vulnerado la prohibición de doble valoración. En idéntica dirección, afirma que se ha violado el principio de igualdad ante la ley, que existe una desproporción en la comunidad valorativa impuesta.

Como punto de partida, cabe recordar lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores (S. 18; 21/09/09), en donde se dijo que una circunstancia fáctica que agrava la escala penal nunca puede valorarse doblemente; es decir, como calificante en el tipo penal y como agravante en la individualización judicial. Ello, obedece a que su consideración más gravosa ya fue motivo de valoración por parte del legislador a los efectos de la estructuración del respectivo tipo penal, y por ende, cometido el delito, su nueva selección por el juzgador a la hora de acrecentar la sanción importa una vulneración de la prohibición de la doble valoración, comprendida actualmente como un aspecto de la garantía del non bis in idem.- Concretamente, en primer término, habré de analizar si ha existido vulneración al mencionado principio que ocasionó el acrecentamiento arbitrario en el monto de la pena impuesta al imputado Coronel.

Al respecto, debo decir que una simple lectura de la Tercera Cuestión del fallo impugnado, permite adelantar que no se advierte el defecto denunciado por el recurrente. Lo dicho, encuentra sustento en los propios fundamentos de la sentencia cuestionada, en donde se aprecia que el tribunal, al referirse a la extensión del daño causado, si bien alude a la pérdida humana lo hace en referencia a que ese irremediable daño que se ha causado, extiende sus efectos hacia los familiares de la víctima; es decir, que a lo que apunta es a ponderar el dolor, el sufrimiento y la angustia que se siente frente a la pérdida de un ser querido.

Ahora bien, a fin de continuar con el examen de los embates esgrimidos por la defensa de Coronel, adelanto que estimo suficientes los argumentos expuestos por el recurrente para sostener que, en la determinación de la pena, la sentencia vulnera el principio de igualdad (art. 16 de la C.N.). En el caso bajo examen, ha quedado demostrada la referida desigualdad con el parámetro de comparación que propone el recurrente, quien se agravia porque Coronel fue condenado a la misma pena que Baigorria. De los argumentos brindados, se advierte que, si bien el recurrente reconoce que ambos imputados han sido condenados por el mismo hecho (Homicidio Simple), no obstante ello, cuestiona que pese a que el tribunal valoró las atenuantes y agravantes en forma conjunta, haciendo la salvedad de efectuar las pertinentes distinciones cuando procediere, ellas no se reflejan en el monto de pena efectivamente impuesto a Coronel. Concretamente, considero que habiéndose demostrado que ambos imputados se encontraban en iguales condiciones - premisa indispensable a los fines de la operatividad de la garantía invocada-, el trato diferente dado a cada uno de ellos en la merituación de las pautas previstas para la individualización de la pena, exigía que sea necesariamente diferente la pena impuesta a cada uno, por lo que los argumentos vertidos por el recurrente resultan idóneos para hacer variar lo resuelto en el fallo en cuestión.

En efecto, de la sola lectura de la Tercera cuestión planteada en la resolución en crisis, se advierte que el Tribunal de Mérito prescindió, al momento de fijar el monto de la pena a imponer a Coronel, de brindar las razones que justifiquen la identidad de sanción cuando, expresamente, en dicha oportunidad, el sentenciante valoró distintas circunstancias, tanto a favor como en contra, para ambos imputados y dentro del mismo encuadre legal (fs. 841/842 vta.).

En la presente, entiendo que el tribunal ha ejercido la facultad discrecional apuntada de manera arbitraria, incurriendo en el yerro consignado en los párrafos precedentes.

En consonancia con lo expresado, resta decir que las particularidades del caso y razones de celeridad y economía procesal tornan innecesario reenviar la causa para que el Tribunal de origen renueve parcialmente la sentencia, habida cuenta que el nuevo decisorio, por aplicación del principio de la reformatio in peius, no podrá tener en cuenta circunstancias agravantes no contempladas anteriormente y que sólo debe sustituirse la parte dispositiva de la sentencia recurrida. En tal dirección, cabe aclarar que en lo referente al punto de ingreso a la escala penal establecida para el tipo determinado -Homicidio Simple-, a los fines de considerar adecuadamente las agravantes y atenuantes, es necesario aplicar un criterio que le permita al Tribunal elegir la sanción que estime más adecuada y justa para el caso concreto, en la inteligencia de que cada hecho y cada autor son diferentes y presentan particularidades que difícilmente puedan reducirse a criterios estandarizados y rígidos; no obstante ello, considero la necesidad de partir del punto medio de la penalidad amenazada, y que a partir de allí comiencen a operar las atenuantes o agravantes, en una y otra dirección de la escala sancionatoria, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo su incidencia en la escala correspondiente de las circunstancias del caso. Entiendo que esta metodología de selección se presenta en la actualidad como la más justa, desde que suministra un parámetro de fijación equidistante, estableciendo así un punto de ingreso certero para la libre y racional dosificación sancionatoria.

Asimismo, considero que posicionarse en los extremos de cada escala para, desde allí, ascender o descender de acuerdo a la evaluación de las atenuantes o severizantes verificadas importa, a mi modo de ver, desde lo dogmático, generar situaciones de iniquidad y, si se quiere, hasta poner en crisis los conceptos de justicia y de igualdad ante la ley. Por lo demás, quienes así abrevan desatienden, a mi juicio, la inveterada doctrina legal por la cual se dejara sentado nítidamente que la posición penal, tanto de los máximos sancionatorios como de los mínimos legales, resulta de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen (S. nº 24, 22/12/08, "Godoy"; S. nº 26, 23/12/08, "Mancini"). Basta para ello señalar como ejemplo lo sostenido por la S.C.J.B.A., en P 62.632, sentencia de fecha 23/04/03, en autos "B., H. A. s/estupro agravado", cuando señaló: "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo".

Ahora bien, en consonancia con lo referido y tomando como base mensurativa las pautas establecidas normativamente por los arts. 40 y 41 del Código Penal para la individualización de la pena a aplicar, se computan como circunstancias atenuantes la juventud del imputado, su carencia de antecedentes penales computables, su falta de instrucción, su historia de vida (con carencias afectivas, se ha acreditado que en su infancia ha sufrido malos tratos por parte de su padrastro, desde pequeño debió asumir roles no acordes a su edad cronológica; que es una persona callada, tímida, muy compañero del padre de Noelia, que lo ayudaba en algunas tareas, amigo de Noelia, muy humilde -que era la primera vez que venía a la ciudad-, con carácter de influenciable). También se ha constatado que, pese a las situaciones descriptas, su personalidad nunca se alejó de los parámetros normales de convivencia, las cuales siempre fueron de respeto y buen comportamiento para con la sociedad que lo rodea. Como circunstancias agravantes, se ponderan aquellas tenidas en cuenta por el a quo, como son, el daño causado a los familiares de la víctima ante la pérdida irreparable de un ser querido; la modalidad homicida cometida por Coronel, quien aplica certeramente una piedra de medianas dimensiones sobre el sector izquierdo superior de la cabeza de la víctima, zona corporal de suma sensibilidad, impacto que es realizado al momento que la víctima salía del agua e intentaba reponerse (en estado de obnubilación) y que deviene en el desvanecimiento del agredido, que a la postre determina eficientemente su muerte por sumersión.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la escala penal prevista para la figura bajo examen, como así, las atenuantes verificadas y las agravantes señaladas precedentemente, estimo justo y apropiado posicionarme "in re" por encima del término medio aludido oportunamente.

En consecuencia, considero justa la pena de dieciocho años de prisión, más accesorias de ley (arts. 40, 41, 5, 12 y ccdtes. del C.P. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Luis Miguel Coronel. II) Hacer parcialmente lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado Luis Miguel Coronel y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia en crisis en lo relativo a la individualización judicial de la pena impuesta al encartado (art. 18 C. Nac., 208 C. Prov. y 408 inc. 3° C.P.P.). En su lugar, corresponde modificar el término de veintidós años de prisión efectiva aplicado al acusado en el fallo en crisis, debiéndosele imponer la pena de dieciocho años de prisión efectiva (arts. 12, 5, 40 y 41 del C.P.). III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/6 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado Luis Miguel Coronel.

2º) Hacer parcialmente lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado Luis Miguel Coronel y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia en crisis en lo relativo a la individualización judicial de la pena impuesta al encartado (art. 18 C. Nac., 208 C. Prov. y 408 inc. 3° C.P.P.). En su lugar, corresponde modificar el término de veintidós años de prisión efectiva aplicado al acusado en el fallo en crisis, debiéndosele imponer la pena de dieciocho años de prisión efectiva (arts. 12, 5, 40 y 41 del C.P.).

3º) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.