Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2010-09-22


2º Instancia. - San Miguel de Tucumán, septiembre 22 de 2010.

Resulta: Que a fs. 1/10 La actora entabla demanda en contra de Sociedad de Cementos Armados y Centrifugados S.A., persiguiendo el cobro de diferencias de indemnización, surgidas del pago realizado por la accionada a los actores mediante un convenio celebrado y homologado a través del expediente administrativo Nº 512.505-V-81, en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación invocando las condiciones establecidas en art. 247 LCT. Impugna la actora la eficacia de este convenio con sustento el art. 12 LCT, sosteniendo que los actores aceptaron la celebración del convenio con la voluntad viciada por la sus necesidades apremiantes, y que en el mencionado convenio a pesar de haber sido homologado no se llega a una "justa composición de intereses"; solicitando que se declare su nulidad; e invocando la actora la aplicación del art. 245 LCT, es decir indemnización por despido incausado, despido producido en fecha 31/03/83.Reclama también la actora el pago del rubro escalafón para cada uno de los accionantes.

Que a fs. 11/22 contesta demanda la accionada negando adeudar suma alguna, reconociendo la celebración del convenio cuya eficacia defiende alegando que se dio cumplimiento con todos los requisitos del art 247 y 15 LCT; que por la grave crisis económica y falta de producción de la planta de Lules, se debió recurrir a una "economía de Guerra", debiendo cerrarse la plata por causas no imputables a la accionad. Plantea 1) Defensa de Cosa Juzgada Administrativa 2) Defensa de Fondo de Falta de Acción y 3) Excepción de previo y especial pronunciamiento de Litispendencia.

Se hace lugar a esta excepción de Litispendencia, a la que parcialmente se hace lugar, contra la cual la actora intenta recurso de apelación, y Casación, los cuales resultan denegados.

Que de la Resolución de Incidente de Nulidad de Fecha 29-12-86 obrante a fs. 61 se desprende que los actores en condiciones de continuar con la presente demanda contra la accionada Sociedad de Cementos Armados y Centrifugados S.A. (SCAC S.A.) son: a)Evaristo Manuel Escobar cuya fecha de ingreso fue el 16-05-70, b) Faustino Francisco Leguizamón con ingreso en 26-02-70;c)Juan Alberto Urquía, cuya fecha de ingreso fue 23-03-70; d)Miguel Augusto Rodríguez el día 15-12-69; d) Ángel Luciano Rodríguez el día 04-06-76; e) Santiago Eusebio Vázquez el 26-02-70; y f) José Díaz en fecha 13-04-70; g)Segundo Pedro Herrera en fecha 17-02-70.- Que la actividad en la fábrica era, la fabricación, venta y colocación de productos de cementos, centrifugados, vibrado, precomprimido y similares, siendo el principal artículo que fabricaba "los Postes", aplicados a la realización de Obras Públicas.

Cita los autos tramitados en el Juzgado Laboral de la 3ra nominación: Robles Francisco R, y otros vs. SCAC- S.A. S/ cobro de pesos, en los cuales, explica como actuó detalladamente frente a la crisis, adoptando una economía de guerra, consistente en: suspender personal, reducir gastos normales, extraordinarios o imprevisibles, originando el cierre de la fábrica de la ciudad de Lules; homologación del acuerdo liberatorio, efectúa defensa de fondo de falta de acción, excepción de litis pendencia, ofrece pruebas, solicita libramientos de oficios, plantea recurso extraordinario del art. 14 Ley 48 (ley 22.434).

Solicita se lo tenga por presentado, por contestada la demanda, por ofrecida la prueba, oportunamente se rechace la demanda con costas.

A fs 414/ 415 se realiza la Homologación del Convenio mediante sentencia de fecha 15/10/93.- A fs. 424 se encuentra la sentencia de fecha 20/11/02 en la cual se ordena la reconstrucción del primer cuerpo.

A fs. 514 se realiza el informe del Actuario.

A fs. 515/518 presenta alegato la parte actora, y a fs.519/522 alega la parte demandada, encontrándose los presentes autos en estado del dictado de Sentencia de Instancia Única por ésta Cámara ,y Considerando Voto de la sra vocal María A. Poliche de Sobre Casas:

I).-Que atento a los términos como quedó trabada la litis, los puntos litigiosos y sobre los que deberán recaer pronunciamiento se circunscriben en :1).-determinar la Procedencia o no de la Defensa de Cosa Juzgada Administrativa; 2).-determinar la Procedencia o no de la Defensa de fondo de Falta de Acción planteada por la parte demandada; -3).- determinar si en el sub-examen se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por el art. 247 de la LCT; y 4).-de la resolución de los puntos anteriores dependerá la procedencia o no de la presente demanda. Paso a considerarlos.:

A la primera cuestión:

Cabe entrar en el análisis de las pruebas pertinentes ofrecidas por las partes ,las que serán analizadas a la luz de lo prescripto por los arts. 33, 34, 40, 308 y conc. del CPC y C (de aplicación supletoria en el fuero laboral). Así vemos que:

a).-La actora ofrece como prueba:

a.1) Las constancias de autos (fs. 431) referida especialmente a la documentación adjuntada al accionar; a.2) la Instrumental consistente en recibos de sueldo y certificaciones de servicios de los accionantes (fs. 432/433) en los que se detallan los datos de fecha de ingreso, categoría profesional y tiempo trabajado bajo la dependencia de la accionada, al igual que remuneración percibida de las tareas efectivamente cumplidas por los mismos; a.3) Instrumental consistente en: a) expediente Administrativo Nº 512.505-V-83, b) Expte. Caratulado "Robles Tadeo Edmundo y otros vs. S.C.A.C. s/ Cobro de pesos" tramitado ante Juzgado del Trabajo de la II Nominación, c)Publicación en diario Clarín en el que la accionada ofrece puestos de trabajo para otras plantas (fs.434/439), y 4) pericial contable (fs. 440/472).

b).-Por su parte la demandada ofrece los siguientes medios probatorios:

b.1) Informativa, consistente en pedidos de oficio: a) a la Federación Económica de Tucumán, y b) al Sr. Juez de Trabajo de la 2 Nom, para que remita el informe de la Federación Económica obrante en el expte. "Robles Francisco Ricardo vs. S.C.A.C S.A."; (fs. 473/479);

b.2) Instrumental, consistente en a) constancias de Expte Adm. 512.505-V-83, b) constancias del juicio: "Robles Tadeo Edmundo y otros vs S.C.A.C. s/Cobro de pesos", tramitado ante Juzgado del Trabajo de la II Nom., pericial contable e informe de Federación Económica de Tucumán obrante en dicho expediente;

b.3) Instrumental, consistente en Recorte de La Gaceta y su correspondiente oficio;

b.4) Informes a) Juez de Paz de Lules c) Delegación Regional del Ministerio de Trabajo (fs. 489/499) 5)Instrumental consistente en a) constancias del juicio "Robles Tadeo Edmundo y otros vs. S.C.A.C s/Diferencias y pericial contable obrante en el mencionado juicio.- A fs. 507 corre glosada sentencia Interlocutoria Nº 192 del año 2007, teniéndose por no producida la prueba Instrumental ofrecida referida a los expedientes administrativos por cumplimiento imposible.

De la prueba aportada por la actora debe destacarse la documental glosada a fs 432, y de manera fundamental la prueba pericial contable glosada a fs. 440, en la cual el perito contando con la documentación arrimada por las partes, y las escalas salariales vigentes a la fecha del despido pudo determinar la existencia de diferencias salariales reclamadas a favor de los actores, como también la procedencia del rubro Escalafón, teniendo en cuenta que conforme lo informa el perito, el pago del mencionado rubro se encuentra establecido en el Convenio Colectivo 110/75 aplicable a la actividad de los accionantes.

Corresponde el análisis de la prueba aportada por la demandada, tendiente a acreditar que no adeuda los rubros reclamados por los actores, y que estos fueron despedidos e indemnizados cumpliéndose los requisitos establecidos por los arts. 15 y 247 de la LCT.

El art. 247 LCT establece que cuando el despido se produzca por falta o disminución de trabajo, esta causal no debe ser imputable a la empresa, fehacientemente justificada.

La prueba instrumental aportada consistente en informes de la Federación Económica de Tucumán obrante a fs. 475 no resulta suficiente para acreditar el estado emergencia económica o situación de crisis que el demando invoca como causal para el cierre de la planta de Lules.

Frente a una situación de falta de trabajo, el empleador debe acreditar que el estado crítico de la empresa no le es imputable y que ha tomado medidas válidas destinadas a paliarlo. Tratándose de una excepción a la obligación de dar tareas, debe interpretarse restrictivamente.- La alegación de la inflación imperante en la época no es causal suficiente e inimputable, ya que debió demostrar que ese hecho lo afectó, caso contrario se considera riesgo propio de empresa.

Asimismo, del análisis de las constancias de autos "Robles Francisco Ricardo y otros vs S.C.A.C. S.A. Sociedad de Cementos Armados y Centrifugados Establecimiento Tucumán s/Cobro de Pesos" ofrecido a fs. 480, juicio en que se hizo lugar a la demanda, resultando inidónea para acreditar que los actores fueron debidamente indemnizados.

Con respecto a la prueba informativa dirigida al Juez de Paz Lules en la que se constata el cierre definitivo de la fabrica desde el mes de Abril de 1983, que corre glosada a fs. 489/492, nada aporta que pueda formar la convicción de esta vocalía. Sin embargo resulta determinante el informe evacuado por la Delegación Regional del Ministerio de trabajo, en el sentido de que la firma S.C.A.C, con planta industrial en los Sarmientos figura inscripta en la Sección de Documentación Laboral, no existiendo constancias de que se haya solicitado la Baja del Libro de Remuneraciones, a la fecha de la evacuación del requerimiento, 25-11-1988(fs. 499 vta.).

Por último, con las constancias de autos "Robles Tadeo Edmundo y otros vs. S.C.A.C S.A. s/Diferencias de Indemnización por Antigüedad" ofrecidas como prueba a fs. 500, y de la copia aportada por el letrado de la demandada del acuerdo homologado al que se arribó en el mencionado proceso, glosado a fs. 414/415 de autos, con las que la demandada dice acreditar que nada adeuda, demuestran contrario sensu un reconocimiento expreso de su falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas con los actores.

"Cabe señalar que, la invocación de la causal de Fuerza Mayor en el marco del Art. 247 L.C.T tiene el efecto de desplazar la carga de la prueba en la accionada respecto de los requisitos exigidos por dicha norma, quien deberá justificar fehacientemente los mismos a los fines de poder abonar válidamente la indemnización reducida reducida a la mitad de la del Art. 245 a que alude dicha norma, teniendo en cuenta que la aplicabilidad del art. 247 L.C.T. debe interpretarse con criterio restrictivo."(Excma. Cámara laboral sala I, Sentencia Nº 226 de fecha 29/12/200).

"En autos, la causal de despido invocada por la demandada, vinculada con el cierre del establecimiento -por razones económicas- originadas en la profunda crisis y estado de emergencia que vive el país, debe regirse por las disposiciones del art. 247 de la LCT, debe ser fehacientemente acreditada, resultado insuficiente su alegación, solo sostenida en un proceso de crisis generalizada en el país, o como en el caso, la existencia de causas generadas por deudas que hacen al giro y administración de la empresa, circunstancias ajenas al trabajador y que no pueden serles opuestas como eximentes de responsabilidad". Excma. Cámara Laboral sala V, Sentencia Nº 154 de fecha 15/08/2008.

La prueba de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad del empleador debe ser inequívoca por lo excepcional, ya que deja sin efecto la inmutabilidad contractual, la protección y la tutela que la legislación laboral establece en favor de los trabajadores y la responsabilidad del empleador por el riesgo empresario.

En consecuencia, habiendo sido los actores despedidos por la accionada invocando el Art. 247 LCT, cuyos requisitos debió acreditar fehacientemente, y no habiendo dado cumplimiento con ello, en los términos del mismo art., corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la accionada al pago de los rubros reclamados por la actora. Así lo declaro A la primera cuestión:

Cosa Juzgada Administrativa:

Con la demanda se propone la revisión de lo actuado ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo mediante Expte. Nº 512.505-V-81, con invocación de determinados vicios eventualmente nulificantes. La accionada contesta oponiendo a fs. 21 Defensa de Cosa Juzgada Administrativa, alegando que se celebró el citado acuerdo "liberatorio" en los términos de los arts. 15 y 247, con intervención del ya citado organismo, alcanzándose una "justa composición de derechos", tratándose además de un Acuerdo Homologado y por lo tanto irrevisable.

Cabe señalar que, el sentido de cosa juzgada administrativa varía del de cosa procesal o civil, ya que en la primera la inmutabilidad de su validez se manifiesta por la irrevocabilidad, en tanto en la segunda, su vigencia se mantiene por su indiscutibilidad.

"La cosa Juzgada administrativa se refiere sólo a la inextinguibilidad o inmutabilidad del acto en sede administrativa, actuando la Administración Pública por sí y ante sí, más no impide su cuestionamiento ante el organismo jurisdiccional". (CSJ Mendoza, Quiroga Oscar Abel c/Caja de Jubilaciones y Pensiones de La Provincia. Sent. De fecha 08-08-1988). En consecuencia, apoyado por el criterio, y tratándose además de derechos amparados por la Constitución Nacional no cabe admitir la procedencia de la defensa intentada. Así lo declaro.

Procedencia de Defensa de Falta de Acción:

A fs. 23 la demandada opone Defensa de Fondo de Falta de Acción, sobre la base de que los actores en autos fueron despedidos en forma justificada por las causales de falta de trabajo y fuerza mayor originadas por la crisis económica y cierre definitivo de la fábrica.

Se entiende por falta de acción cuando el actor (activa) o el demandado (pasiva) no son las personas habilitadas por la ley para asumir la calidad de tal frente a la materia concreta sobre la que versa la litis.

En el caso en análisis ha quedado suficientemente demostrado que las partes estaban vinculadas con un contrato de trabajo y que la demandada no cumplió adecuadamente con sus obligaciones indemnizatorias, al no acreditar fehacientemente que cumplió con los requisitos exigidos por el art.247 LCT. Para ello cabe remitirse a las pruebas documentales arrimadas a esta causa, especialmente constancias de autos "Robles Tadeo Edmundo vs S.C.A.C".- En esta última consta el reconocimiento de la deuda de la accionada para con sus trabajadores. Por ello la desestimación de la defensa de fondo aquí analizada se encuentra ajustada a derecho. Así lo declaro.

Ante el progreso de la presente demanda, se practicará planilla discriminatoria de la condena tomándose como base el informe pericial contable rendido a fs. 448/51 y vta y contestaciones a observaciones e impugnaciones de fs. 456/57 y fs. 471 y vta de autos; aplicándosele a los montos arribados lo resuelto en la causa "Medina Juan Antonio vs. Vicente Trapani S. A. s/ Cobros de Pesos", en Sentencia Nº 126 del 26/07/2004, dictada por esta Excma. Cámara del Trabajo Sala VI.-Que ante la grave crisis económica por la que atraviesa el País y la emergencia en la que estamos sumidos, conciente de que el Juez no puede ser ajeno a su valoración por encontrarse justamente inserto protagónicamente en el contexto social que nos toca vivir a través de la resoluciones que dicta y los efectos que las mismas producen, más aún en el fuero laboral, reexamina la metodología y criterio que venía sustentando y aplicando al respecto del cálculo de intereses en las resoluciones definitivas dictadas, teniendo en cuenta la necesidad de establecer criterios de cálculos más acordes a la realidad socioeconómica y buscando preservar siempre la integridad del valor de los créditos laborales reclamados de naturaleza y carácter eminentemente alimentarios, considera lo siguiente: a).-Que se debe encontrar por los motivos expuestos precedentemente un procedimiento razonable y ajustado a dicho estado de emergencia que proteja a ambas partes en litigio de los profundos desequilibrios que se verifican como resultado de la crisis, y que de mantenerlos fomentarían el desempleo y obligan a mantener la oferta de trabajo al margen de la legislación laboral vigente, con la consiguiente precarización del mercado de trabajo.-b).-Que el procedimiento adoptado pretende tener en consideración los puntos expuestos ut-supra, consistiendo el mismo en un "Mix" entre la tasa pasiva del BCRA (siguiendo el criterio sustentado por la C. S .J .T. en los autos "Navarro Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y Perjuicios-Sent. Nº 756 del 25/10/1996) hasta el 06/01/2002, y la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el 07/01/2002 hasta la fecha del efectivo pago del crédito laboral condenado.-Corresponde señalar que se entiende por tasa activa la que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días vencida.-Esta operación no cuenta con garantías prendarias ni hipotecarias.-Debe entenderse que la diferencia o "spread" entre tasa activa y pasiva, que significativa, opera en el procedimiento elegido como factor de corrección en los cálculos de los créditos laborales, compensándose de esta manera los desajustes producidos como consecuencia del estado de emergencia económica y social por la que atravesamos.-Con éste procedimiento adoptado, esta Vocalía estima que se estaría razonablemente garantizado el mantenimiento del valor adquisitivo de los créditos laborales reclamados y por los que prospera la demanda, adecuando los mismos.-Ya que de otra manera el simple paso del tiempo vulneraría y desvirtuaría los fundamentos jurídicos que amparan al trabajador frente al despido sin causa, llegándose al absurdo que una metodología equivocada produciría efectos que podrían ser considerados contrarios a la legislación de fondo y al principio tuitivo y protectorio del derecho del trabajo, de raigambre constitucional, que reconoce también como fuente al derecho internacional.-Verbigracia Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- "Protocolo de San Salvador"-, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenciones de la OIT; conforme art. 75 inc. 22 de la CN.-Así lo declaro. El cambio de criterio en el procedimiento de cálculo de intereses de los créditos laborales, no altera en materia de regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso, lo descripto por los arts. 50, 51 y 52 de la Ley 6204.-.- Este criterio se sostiene con fundamentos sólidos en claras, reales y precisas razones económicas, de equidad y de justicia social contenidas en Tratados y Normas Internacionales de raigambre constitucional, Criterio éste ya aplicado en los Tribunales Nacionales del Trabajo: (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Acta 2357/2002- del 7/05/2002, publicado 7/06/2002, acuerdo plenario -Compendio de legislación laboral 2.008, pag. 741-); Cámara Federal de Tucumán autos: Ruiz Ernesto Raúl C/ Caja Complementaria para la actividad docente s/ Cobro de Pesos - Expte. Nº 49.862 del 24/7/2007, Tribunal del Trabajo Nº 5 Quilmes, departamento judicial Quilmes ,entre otros.- Así lo declaro.

II). Costas: Atento los términos en que se trabó la litis; en especial la discusión en torno al cumplimiento de las exigencias del art. 247 LCT,(progresan todos los rubros reclamados), considero que la parte actora tuvo razón para litigar. Por lo que es justo y equitativo se impongan las costas procesales a la parte perdidosa -demandada- (Art. 106 CPC inc. 1) CPC y C). Así lo declaro.- III) Honorarios: para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes se tomará como base el monto de la condena, conforme art. 50 inc. a) de la ley Nº 6204. A los fines regulatorios serán de aplicación los arts. 15, 16, 18, 39, 42, 43, 60 y concordantes ley Nº 5480.

IV) Conforme lo considerado y declarado en el tratamiento de las cuestiones precedentes, corresponde se remita en la etapa de cumplimiento de sentencia copia de la presente resolutiva a la AFIP, conf. ley 25.345. Así lo declaro.- Voto del señor vocal Carlos San Juan:

Que vengo respetuosamente a disentir sobre el rechazo a la defensa de cosa juzgada administrativa.- A tal efecto hago propia la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que dice: "En el caso, versando el contenido del acto homologatorio sobre la existencia de crisis de la empresa como causal de despido según art. 247 LCT, y reclamándose en este juicio la indemnización del art. 245 LCT por negación del supuesto del art. 247 LCT, existe identidad de causa con el acuerdo homologado en relación al principal rubro reclamado, sobre el cual recayó cosa juzgada administrativa respecto a la causa del despido. La inimpugnabilidad de la resolución homologatoria del acuerdo le otorga autoridad de cosa juzgada, tanto en el sentido formal como en el sentido material, y tal cualidad impide abrir un proceso sobre la misma materia contenida en tal acto". (Sentencia Nº: 1142, Fecha 28/12/2.000 "Juárez Joaquín José vs. Establecimiento La Mariposa S.A. S/Cobros").

Cabe señalar que los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los Tribunales inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente" (C.S.J. de Tuc. "Albornoz, Estela vs. Grafa S.A. S/ cobros", sent., Nº 158 del 15/03/1996).- En base a lo expuesto, propongo admitir la defensa de cosa juzgada administrativa, rechazándose la demanda con costas a los actores vencidos (Art. 106 del CPCCT de aplicación supletoria). Es mi voto.- VOto de la señora vocal Silvia Eugenia Castillo:

Que viene a conocimiento de esta vocalía los votos emitidos por los señores vocales, María A. Poliche de Sobre Casas y Carlos San Juan, quienes me preceden, para la resolución de disidencia generada respecto de la defensa opuesta por el demandado basada en cosa juzgada administrativa.

Al respecto manifiesto mi conformidad con los fundamentos dados por el señor vocal Carlos San Juan, en cuanto a que los criterios de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los Tribunales inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente. Así en el fallo citado por el señor vocal que me precede ha sentado como doctrina legal que "Existe cosa juzgada en el orden a los motivos del despido, fundado en el procedimiento de crisis previsto por la ley 24.013, y dispuesto en virtud del acto administrativo reglado por sus arts. 98 a 105, en razón de la identidad de elementos entre la resolución homologatoria recaída en dicho procedimiento y el juicio en que se promueve la pretensión que le niega efecto". Sentencia : 1142, del 28.12.2000, Juárez Joaquín José vs. Establecimiento La Mariposa S.A. s/cobros. Dres.: Dato - Goane - Gandur, pronunciándome en idéntico sentido. Es mi voto.- Honorarios: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el articulo 46 inciso "b" de la ley Nº 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación 50 inciso "b" de la citada ley, por lo que toma como base el 45 % del monto demandado, a saber Planilla para regulación de honorarios:

Listado de actores y montos Importe en pesos argentinos 1- Escobar Evaristo Manuel 5.929,61 2- Leguizamón Faustino Francisco 5.867,46 3- Urquía Juan Alberto 5.920,94 4- Rodríguez Miguel Augusto 6.131,61 5- Rodríguez Ángel Luciano 3.065,81 6- Vázquez Santiago Eusebio 5.854,09 7- Díaz José 5.225,29 8- Herrera Segundo Pedro 5.532,82 Importe de la demanda 43.527,63 Fecha de egreso: 31/03/1983 Actualización de la demanda CONVERSION EQUIVALENCIA Pesos argentinos: ($a) a Australes: (A) $a 1.000,00 = 1 austral Australes a Pesos A 10.000,00 = $ 1,00 Importe de la demanda al 31/03/1983: $a 123.250,55 Conversión de pesos argentinos a pesos $a 43.527,63 = $ 0,004352 ACTUALIZACIONES a) Indice de Precios al Consumidor Nivel General Desde 31/03/1983 al 31/03/1991 Indice de Marzo/1983: 0,5316 Indice de marzo/1991: 199.821,00 Coeficiente: 199.821,00 / 0,5316 = 375.886,06 Valor actualizado al 31/03/1991 ($ 0,004352 x 375.886,06) 1.635,86 Intereses 7% anual desde 31/03/83 al 31/03/91 (7/12)x 96 55,99% 915,92 Total al 31/03/1991 2.551,77 b) Intereses tasa pasiva BCRA del 31/03/91 al 31/07/2010 408,8052% 10.431,78 Total demanda al 31/07/2010 12.983,55 Base regulatoria: 45 % s/12.983,55 = $ 5.843.- Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 39, 43, 60 y concordantes de la ley Nº 5.480 y 51 del C.P.T., con los topes y demás pautas impuestas por la ley Nº 24.432 ratificada por ley provincial Nº 6.715, se regulan los siguientes honorarios:

Por la etapa de conocimiento:

E.M.:

Apoderado simple, 1e: 55 % s/156 = $86.- Apoderado simple, conjunto, 1e: 55 % s/156 ¸3 = $ 43.- Total = $ 129.- (una consulta escrita, conforme art. 39 in fine ley 5.480) = $ 1.000.- P.O. (H):

Patrocinante, 1e: 8 % ¸ 3 = $ 156.- Apoderado simple, conjunto, 1e: 55 % s/156 ¸3 = $ 43 Total = $ 199.- (una consulta escrita conforme art. 39 in fine ley 5.480) = $ 1.000.- M.B.: Patrocinante, 1e: 8 % ¸ 3 = $ 156.- (una consulta escrita conforme art. 39 in fine ley 5.480) = $ 1.000.- J.F.S.: (d.c. 1e) 8 % + 55 % ¸ 3 = $ 242.- (una consulta escrita conforme art. 39 in fine ley 5.480) = $ 1.000.- R.W.: (d.c. 2e) 16 % + 55 % ¸ 3 x 2 = $ 966.- (por aplicación de la ley Nº 24.432) = $ 838.- (una consulta escrita conforme art. 39 in fine ley 5.480) = $ 1.000.

A.W.: (d.c. 1e) 16 % + 55 % ¸ 3 = $ 483.- (por aplicación de la ley Nº 24.432) = $ 419.- (una consulta escrita conforme art. 39 in fine ley 5.480) = $ 1.000.- Perito Contador CPN D.A.-: 4 % = $ 234.- (por aplicación de la ley Nº 24.432) = $ 203.- (una consulta escrita conforme art. 7 ley 7.897) = $ 1.000.

Por incidente resuelto a fs. 215. Base honorario mayor principal, patrocinante = $ 939.- E.M.: 55 %S/ $188 = $ 103.- E.G.: 20 % = $ 188.- R.W.: 10 % + 55 % = $ 145.- Incidente resuelto a fs. 222. Base honorario mayor principal, patrocinante = $ 939..- E.M.: 55 % S/ $ 94 = $ 52.- P.A.: 10 % = $ 94.- R.W.: 20 % + 55 % = $ 291.- Incidente resuelto a fs. 243. Base honorario mayor patrocinante regulado en incidente de fs. 222 = $ 188.- E.M.: 55 % S/ $ 66 = $ 36.- P.A.: 10 % = $ 66.- R.W.: 20 % + 55 % = $ 93.- Incidente resuelto a fs. 366. Base honorario mayor principal, doble carácter, = $ 1.449.- J.F.S.: 20 % = $ 289.- A.W.: 10 % = $ 144.- Incidente resuelto a fs. 376. Base honorario mayor regulado en incidente de fs. 366 = $ 289.- J.F.S.: 35 % = $ 101.- A.W.: 25 % = $ 72.- Por ello, ésta Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI integrada al efecto, Resuelve:

I) ADMITIR las excepciones interpuestas por la demandada a fs. 21/23, por los fundamentos considerados.- II) Rechazar la demanda instaurada por Evaristo Manuel Escobar, Faustino Francisco Leguizamón, Juan Alberto Urquia, Miguel Augusto Rodríguez, Ángel Luciano Rodríguez, Santiago Eusebio Vázquez, José Díaz y Segundo Pedro Herrera en contra S.C.A.C. S.A. Sociedad de Cementos Armados y Centrifugados S.A. Por los fundamentos considerados.- III) COSTAS: a la parte vencida -actores- por lo considerado.- IV) Honorarios: regular honorarios a los letrados 1) E. M., por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento e incidentes de fs. 215, 222 y 243, la suma total de $ 1.191; 2) P. V. O., por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento, la suma de $ 1.000; 3) M. B., por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento, la suma de $ 1.000; 4) E.G., por su trabajo profesional en incidente de fs. 215, la suma de $ 188; 5) P. A., por su trabajo profesional en incidente de fs. 222 y 243, la suma total de $160; 6) J. S., por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento e incidentes de fs. 366 y 376, la suma total de $ 1.390; 7) R. W., por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento e incidentes de fs. 215, 222 y 243, en la suma total de $ 1.529; 8) A. W., por su trabajo profesional en la etapa de conocimiento e incidentes de fs. 366 y 376, la suma total de $ 1.216; y al Sr. Perito CPN D.A., por su trabajo profesional, la suma de $ 1.000; por lo tratado. - María A. Poliche De Sobre Casas. - Carlos San Juan. - Silvia Eugenia Castillo