Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16


ANAEROBICOS S.A. contra RIVICHINI, Roberto D. Reg.: A y S t 205 p 382-384. Santa Fe, 16 de marzo del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado contra la sentencia de fecha 25 de abril de 2003 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "ANAERÓBICOS S.A. contra RIVICHINI, Roberto D. -Juicio Ordinario- (Expte. 31/01)" (Expte. C.S.J. nro. 440, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 25 de abril de 2003 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad resolvió confirmar la sentencia apelada, mediante la cual, a su turno, se hizo lugar a la demanda entablada por "Anaeróbicos" S.A. contra Roberto Domingo Rivichini.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el demandado recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Afirmó que la Sala no advirtió que la parte actora no colaboró con su propio interés y el de la justicia, en ninguna de las dos instancias, dado que no pidió la apertura a prueba en segunda instancia, a fin de poder arrimar aquellas que por su propia negligencia no produjo en primer grado, inclusive la absolución de posiciones del demandado, para lo que ningún obstáculo podía alegar. A pesar de ello, agregó, el Tribunal dice que la parte que no cooperó es la demandada.

Aclaró que la doctrina fundante de la carga dinámica de la prueba coloca la misma en cabeza de quien se hallaba en mejores condiciones de obtenerla para producirla en el juicio; tal el caso de la actora. Y que más allá de la "creación" de las pruebas por parte del inferior no existen elementos acreditantes de la existencia de los hechos invocados en la demanda, no siendo ello por falta de cooperación o de lealtad de su parte.

Sostuvo que el fallo impugnado no es el resultado de una operación lógica, ni reúne los recaudos expresados. Ni siquiera se funda en meras presunciones. Lo que la Sala califica de indicio es pura contingencia, no alcanzando entidad como para dar por acreditados hechos nunca admitidos y categóricamente negados.

Luego de referir a circunstancias concretas del caso, atacando las consideraciones formuladas por los sentenciantes concluyó en que es arbitraria la opinión del Tribunal que se empecina, antes que en dilucidar la verdad de los hechos acaecidos, en justificar su propia arbitrariedad, escudándose en la actividad jurisdiccional de su parte, a la que injustamente califica de obstruccionista.

Dijo que constituye una afirmación arbitraria que su parte negare sin motivo que lo justificase la cooperación ordenada por el Juez.

Destacó que las presunciones juegan como un elemento corroborante de pruebas, pero aquí no existe prueba alguna a corroborar, por lo que el decisorio se basa en la mera voluntad de quienes juzgan.

Sostuvo que en el caso, violando garantías constitucionales se llega a una condena sin que existan pruebas.

Puntualizó que es un concepto elemental inherente a la garantía de defensa en juicio que las decisiones judiciales se subordinen a las probanzas colectadas, so pena de convertir en intrascendente toda la actividad probatoria que informa el debido proceso legal. El fallo atacado -siguió- no se subordina a la prueba; sino que crea la prueba al recurrir a "indicios", a través de una interpretación ilógica, absurda, y arbitraria que no puede constituirse en fundamento fáctico de la sentencia. Afirmó que si el Tribunal no hubiera echado mano al argumento del "indicio" arbitrario, no tenía más solución que rechazar la demanda por falta de pruebas. Agregó que este es en esencia el agravio que lesiona el derecho de propiedad de su parte y el mínimo derecho a la jurisdicción que posee el justiciable.

2. Por decisorio de fecha 24 de septiembre de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por entender que el quejoso no ha logrado demostrar la arbitrariedad que le atribuye al fallo. Tal denegatoria motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte (f. 62/73).

3. Ante todo corresponde señalar que el impugnante no ha dado un adecuado cumplimiento a la carga que impone el artículo 3ro. de la ley 7055, desde que la lectura del remedio excepcional intentado revela la carencia de sistematización y claridad a la hora de precisar las causales de arbitrariedad en que supuestamente habría incurrido la Sala, como así también de una ordenada exposición de los antecedentes relevantes del caso. A lo que cabe agregar que las constantes remisiones a lo fallado en Primera Instancia solo pueden ser consideradas a efectos de lograr una mejor comprensión de los agravios postulados en relación a lo resuelto por la Sala, desde que aquél pronunciamiento no constituye el objeto procesal de la presente impugnación.

Aclarado ello, debe señalarse que aun cuando se consideren cumplidos los recaudos estrictamente formales de admisibilidad, el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

En efecto, de la confrontación del escrito recursivo con la sentencia impugnada sólo surge la mera discrepancia del quejoso con el criterio sustentado por los sentenciantes a la hora de fundar su decisión de confirmar el acogimiento de la demanda propiciado por el Juez a quo, asentada en su particular apreciación de los hechos, prueba y derecho procesal, lo que no constituye un caso constitucional que habilite la apertura de esta instancia de excepción.

La Sala, en el pronunciamiento impugnado, analizó los agravios articulados por el apelante dando respuesta a sus distintos planteos a través de una fundamentación clara y suficiente, que permite sustentar adecuadamente lo concluido -luego de referir a las presunciones judiciales reguladas en el artículo 226 del C.P.C. y C.- en cuanto a que la conducta obstruccionista como conducta relevante de la parte, persuade que la interpretación acordada por el juzgador en torno al resultado del pleito arriba a la verdad como meta de justicia.

Frente a ello, el impugnante se empeña en oponer su propia interpretación de los hechos que resultaron relevantes, de la carga de la prueba y de las normas procesales en juego, mas con argumentos que sólo denotan su disconformidad con lo resuelto por los sentenciantes en ejercicio de funciones propias a la hora de analizar la conducta asumida por quien fue demandado en juicio y las consecuencias que ello acarrea, lo que resulta insuficiente para persuadir que en el caso se hayan violado derechos de raigambre constitucional como se invoca.

Corresponde, pues, desestimar la queja interpuesta, habida cuenta que los planteos del recurrente se circunscriben a la mera discrepancia con la postura adoptada por la Sala respecto a cuestiones que le son privativas. En tales condiciones la sola invocación de arbitrariedad no puede configurarse como un medio para lograr el acceso a la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055 (cfr. criterio A. y S. T. 100, pág. 251; T. 106, pág. 176).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI (en disidencia)-NETRI-SPULER (en disidencia)- VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES GASTALDI Y SPULER: La postulación del recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la presente queja debe ser admitida.

Fdo.:GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)