Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-06


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil doce, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y Fernando S. L. Royer, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "COMISARÍA RIO MAYO s/Informa muerte en acc. Laboral r/víctima M. E. S.. S/Impugnación" (Expediente N° 22.340 - Fº 46 - Año 2011).

Del sorteo resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Pfleger, Panizzi y Royer.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Introducción a. Ha llegado a conocimiento de la Sala, por vía del recurso extraordinario del Ministerio Fiscal, la resolución del Juez Penal de Sarmiento que, el día once de Abril de dos mil once, resolvió: ". 3) SOBRESEER a H. R. P., H. L. P. y M. R. Q. por el delito de homicidio culposo (art. 84 CP) enrostrado, por el hecho acaecido el día 3 de febrero de 2009 en la localidad de Río Mayo, en el que perdiera la vida E. S. M..".

Así lo decidió el Magistrado al considerar que el Ministerio Público Fiscal había trasgredido ostensiblemente el principio de congruencia al llevar a juicio a los encartados por hechos distintos de aquellos por los cuales fueron apercibidos, vulnerándose de tal suerte el derecho de defensa de cada uno.

b. El debate había girado en torno al hecho que la Fiscalía presentó del modo que sigue: ". III.- Los hechos objeto de la presente acusación son: Los acaecidos el día 03 de febrero de 2.009, aproximadamente a las 19:00 horas, oportunidad en la que se encontraban trabajando dentro de una zanja de aproximadamente 2.80 metros de profundidad por 2.50 metros de ancho y 50 metros de largo, ubicada en la calle H. I., entre ** d. M. y B. de la localidad de Río Mayo, los empleados de la empresa "A. M. E Hijos S.R.L.", E. S. M. y M. C. R.; en la ocasión realizaban tareas de conexión de caños correpondientes a la red cloacal de la localidad y en las inmediaciones, a corta distancia, se encontraba en funcionamiento una máquina retroexcavadora de gran porte. A raíz de haberse incumplido las normas que regulan las condiciones de seguridad, particular y específicamente en lo relacionado a los requisitos indispensables a cumplimentar cuando se realizan tareas en excavaciones, se produjo el derrumbe de uno de los laterales de la zanja, sepultando a los dos operarios. Como consecuencia de tales circunstancias ocurre el fallecimiento de E. S. M., quien perece por paro cardiorrespiratorio traumático por asfixia por aplastamiento. Se destaca que el representante técnico de la obra era el Ingeniero Civil H. R. P. y el director técnico era el Ingeniero H. L. G. P., en tanto el operador de la retroexcavadora era M. R. Q." (Extraído de la acusación de 52/54).

c. En desmedro de esa resolución jurisdiccional el Ministerio Público Fiscal introdujo impugnación por entender que se había desarrollado un argumento insuficiente como fundamento de la determinación tomada, ya que, sostuvo, bajo ningún punto de vista pudo el Juez, con el razonamiento desplegado, arribar a la solución liberatoria del sobreseimiento.

Manifestó que del análisis de la sentencia recurrida se desprende que la misma le puso fin a la tramitación, cerrando el proceso en forma definitiva e irrevocable con relación a las personas a las que se refiere, sin posibilidad de reapertura, lo que consideró un error ya que, en el improbable supuesto de que se tuvieran por válidas las objeciones relacionadas con la acusación y su admisibilidad, la conclusión no debió ser el sobreseimiento, sino que el juez debió haber ordenado al acusador su corrección con fijación de plazo razonable para ello, conforme lo dispone el art. 295 del C.P.P..

Puso de relieve que el artículo 274 del C.P.P. establece pautas absolutamente razonables y lógicas en lo que atañe a la disposición de la apertura de la investigación, pues tal como se afirma en la mayoría de los casos de los que toma conocimiento, en ese momento preprocesal no se cuenta con las precisiones referidas a la circunstancias de tiempo, lugar y modo de la historia que insinúa el delito, y que es por ello que el legislador solo exige la enunciación sucinta de los hechos a investigar.

En tal sentido remarcó que en ningún momento de la etapa preliminar, desde la apertura de la misma, ni las partes, ni el Juez, realizaron o resolvieron ningún planteo al respecto, y que, consecuentemente, nada de lo actuado se invalidó.

Dijo que el avance de la investigación que se realizó asegurando a los imputados todos los medios adecuados para que pudieran ejercer sus derechos, demuestra que efectivamente han tenido todas las garantías necesarias para ejercer sus defensas.

Negó categóricamente que hubiese existido una violación al principio de congruencia, tal cual lo afirmó el a-quo en la resolución, y resaltó que la tacha de nulidad de la acusación, que se esgrimió en la motivación, no constituye un argumento que justifique el sobreseimiento dictado.

En el final solicitó que se revocara la resolución recurrida, decretándose su nulidad, y que se ordenara la apertura del juicio oral conforme lo dispone el art. 298 del C.P.P.

d. Por la Querellante, a fojas 168/181 vta., interpusieron impugnación los doctores V. H. y M. R. C. con el patrocinio letrado de la doctora D. S.

Invocaron como motivos errónea aplicación de los preceptos legales que surgen de los artículos 15, 57, 58, y 107 del C.P.P.; artículos 35 y 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut; artículos 1097, 842 y cctes. del Código Civil; artículos 18,28 y 75 (22) de la Constitución Nacional; artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Luego de realizar una reseña de la causa, alegaron sobre la buena fe de esa parte ya que, sostuvieron, cuando el juez le preguntó si se habían iniciado acciones civiles o si acaso arribado a algún acuerdo patrimonial, el doctor R. C. respondió que se habían promovido las demandas civiles y estaban siendo notificadas.

Negaron enfáticamente que la percepción de cincuenta mil pesos por parte de sus representados, que fueran pagados por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Prevención ART S.A., importe de manera alguna un "acuerdo".

Dijeron que era preocupante que el Juez considere en su sentencia a la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por la empresa A. M. e Hijos SRL, como parte del proceso penal.

Señalaron con cita del doctor Carlos Chiara Diaz que: ". el asegurador no es un damnificado por el hecho delictivo, ni tampoco se encuentra entre las personas que según las leyes civiles deba responder por el imputado en relación al daño derivado del delito. Consecuentemente, el asegurador no podrá ser parte civil en el proceso penal, ni como actor civil ni como tercero civilmente demandado." Afirmaron que por más que se aceptara la citación en garantía del asegurador en el proceso penal, por parte del damnificado actor civil, el imputado o el tercero civilmente demandado, aquél (el asegurador) seguiría siendo un tercero, no un demandado, porque la citación no equivale a demanda en sentido técnico formal.

En otro punto del escrito pusieron énfasis en marcar las diferencias que existen entre el querellante y el actor civil.

En esa inteligencia sostuvieron que el artículo 1097 no debía ser interpretado con ignorancia de otras disposiciones del mismo cuerpo legal, como por ejemplo el artículo 842 del Código Civil, que integra y delimita su alcance.

Opinaron que la acción penal tiende a la sanción y encierra un interés público, por lo que resultaría inadmisible que el damnificado quiera negociar con el imputado su pasividad con respecto a la pena.

En cuanto a ". La irrenunciabilidad en sus indemnizaciones por accidente de trabajo.", afirmaron que la ley 24.557 del riesgos del trabajo, en su artículo 11, ap. 1° establece: ". Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas." Luego de señalar las facultades de las que gozan los derechohabientes del trabajador fallecido, resaltaron que no tenían razones para hacer reserva alguna en el recibo que suscribieron cuando percibieron los cincuenta mil pesos en concepto de compensación dineraria adicional de pago único, prevista en el artículo 11 ap. 4° de la ley 24.557. Suma que consideraron de carácter irrenunciable.

En el punto 5 solicitaron que se ordene testar unos párrafos de la resolución en crisis, por resultar agraviante.

En otro apartado negaron que hubiera mudado la base fáctica por la que se imputara el delito.

Dijeron que el hecho que se endilgó fue en todo momento cierto, único y preciso, desde el momento de la apertura de la investigación.

Afirmaron que los coimputados tuvieron conocimiento cabal del hecho que diera origen a la investigación, incluso antes que esa parte se constituyera en querellante.

Hicieron mención a los informes técnicos obrantes en el legajo de investigación que daban cuenta de todos los incumplimientos a las normas de seguridad e higiene por parte de los responsables técnicos y de la negligencia de Quintero al mantener encendida la máquina retroexcavadora cercana a una zanja cuyas paredes eran verticales.

Pusieron de manifiesto que los imputados estaban en conocimiento de los defectos de la obra, por las advertencias que había realizado la consultora que auditaba el cumplimiento de las normas de seguridad, y que ya había puesto en su conocimiento respecto de la peligrosidad de la zanja.

En el final se quejaron de la imposición de costas solicitando se imponga las mismas, en todo caso al Juez Casal.

Después de ofrecer pruebas, hicieron reserva del caso federal y peticionaron que se declarase la nulidad de la sentencia en crisis y se dispusiese la prosecución de la causa a los fines del juicio oral y público.

II. La solución.

a. Tres cuestiones a resolver generan los planteos de los Acusadores sobre la decisión en crisis.

1. Discernir si efectivamente hubo una irregularidad en la formulación de la plataforma fáctica donde se asentó el reproche.

2. Si el remedio aplicado, esto es, el sobreseimiento de los acusados, deviene ajustado a derecho.

3. La exclusión de los Querellantes.

El testado del párrafo indicado por la Impugnante y la imposición de costas devendrá insustancial a la luz de la solución que se propondrá.

Iré por partes.

b. La descripción del objeto procesal en el comienzo, contenida en el decreto de apertura de la investigación preparatoria dictado el 12 de Junio de 2009 (fojas 31), es a todas luces insuficiente para demarcar el ámbito de responsabilidad que se reprocha en la participación de un delito.

Ello es así, por cuanto no incluye la conducta que, considerada prohibida, hubiera determinado el óbito de la víctima.

Más adelante en el proceso, al tiempo de realizar la acusación, se agregaron algunos elementos de una vaguedad que impedía conocer, a ciencia cierta, cuál era la conducta que se reprochaba como ilegal.

En verdad, no se alcanza a vislumbrar si se trataría de conductas positivas o negativas.

Esa indeterminación en la formulación de un hecho de manera descriptiva integral, que delineara de manera clara cuáles eran las conductas que se endilgaban, se vio enturbiado aún más por la pluralidad de imputados que no tuvieron una incumbencia en el aporte, semejante entre si, ni temporal ni espacialmente.

De tal importancia fue la omisión en la que incurrió el Ministerio Fiscal en su tarea expresiva, que después de una lectura atenta del hecho no se pueden conocer las respuestas a preguntas elementales, como por ejemplo y en torno del maquinista M. R. Q.: ¿a qué distancia estaba la máquina en marcha?, ¿tenía la obligación de deternerla?, ¿que reglamentos de seguridad trasgredió?.

La nulidad de la pieza persecutoria es la consecuencia.

En lo que toca al Ingeniero Civil H. R. P., no pueden develarse estas incógnitas: ¿en qué consistió la conducta que se le achacó como causa del resultado letal en el cuerpo de un operario?, ¿fue responsable del modo en que se trabajó en ese momento?, ¿lo hacía así habitualmente? , ¿en qué consistía el método de trabajo?, ¿qué hizo mal?, ¿qué no hizo de aquello que tenía la obligación de hacer? Respecto del Director Técnico, Ingeniero H. L. G. P., los enigmas sin respuesta son: ¿faltó a las reglas o preceptos establecidos por las Autoridades competentes que rigen la actividad que nos ocupa? ¿a cuáles?, ¿en qué consistieron esas faltas? Por otra parte, resulta difícil admitir los argumentos que esgrime el Fiscal cuando pretende explicar esas carencias con la excusa de lo "incipiente de la investigación".

La razón que sustenta en un proceso penal la existencia de la etapa de investigación preparatoria, es -justamente- el tiempo que requiere el acusador para reunir los elementos que le permitan construir una hipótesis de delito o, por el contrario, requerir el sobreseimiento.

Cuando hablamos de tal concepto -delito- entendemos necesaria la existencia de un núcleo fáctico, sea una o varias conductas, que deben ser determinadas de manera que puedan reprocharse -ya en el campo de lo jurídico- acorde a la manera de construcción que importa la aplicación de la teoría del delito sobre la el tipo seleccionado. Todo, hecho y derecho, de modo claro y preciso, para se puedan ejercer la contradicción o confutación de manera efectiva.

Justamente, la investigación está dirigida a superar un estado de incertidumbre, mediante la búsqueda de medios que servirán de prueba, sobre la base de lo que hemos llamado "insinuación delictual".

El Acusador Público, titular de la acción penal, es el responsable de la investigación y debe reunir todos los elementos probatorios que le permitan sustentar una acusación en el proceso penal.

En ese camino cuenta con el auxilio de la Policía y de todos los Institutos y reparticiones Públicas de los que puede valerse en la tarea de encontrar medios útiles al mejor esclarecimientos de los hechos y a la determinación de responsabilidades jurídicas.

Asimismo, puede recurrir a la pericia específica de los cuerpos Forenses, de las Universidades y las distintas entidades públicas según lo requiera el caso investigado.

Esto, como vemos, no se vio reflejado en la determinación del hecho, y como lo ha ponderado el Juez Penal, debía ser desactivado con la declaración de nulidad del acto acusatorio.

b. Paso al segundo tópico. La solución dictada por el Tribunal, esto es: el sobreseimiento.

A pesar de la opinión vertida en el punto a. adelanto que al respecto voy a coincidir con el Impugnante.

En el texto de la resolución en crisis no surge ningún pasaje que explique las razones que llevaron al Juez a elegir la decisión definitiva invocada.

En otras palabras, no se pueden conocer las causas que llevaron a la cabeza del sentenciador la convicción de que la solución adecuada era el sobreseimiento.

Esta cuestión es imperativa en función del sistema republicano de gobierno y de la naturaleza del instituto liberador que al adquirir firmeza causa estado, pues cierra definitivamente el proceso respecto de los imputados por los hechos ventilados.

En definitiva, la ausencia de motivación o fundamentos es uno de los presupuestos de la sentencia arbitraria, y ellas -como lo hemos señalado- carecen de aptitud para convertirse en lo que debe ser toda decisión jurisdiccional: una derivación del derecho vigente con atención a las particularidades del caso.

El "a-quo" no ha indicado cuál es el precepto legal aplicado, y a juzgar por las características propias del evento y su calificación legal, el sobreseimiento no aparece ajustado a derecho.

En el Código Adjetivo, prevé entre los actos conclusivos de la etapa preparatoria el dictado del sobreseimiento; pero también se estipulan allí los requisitos que deben observarse para decretarlo.

Sobre el mismo, el artículo 286 del Código Procesal Penal titulado "CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN" establece que: ". La resolución que decide el sobreseimiento deberá contener la identidad del imputado, la enunciación de los hechos objeto de la investigación, los fundamentos fácticos y jurídicos y la parte resolutiva con citas de las normas aplicables." (Debe resaltarse la última parte).

En síntesis, el Juez no ha cumplido estos requerimientos legales de motivación y por ende la decisión tomada deviene infundada y debe ser revocada.

3. En cuanto a la exclusión de los querellantes, estimo que le asiste razón a los quejosos.

Aciertan cuando sostienen que el artículo 1097 del Código Civil debe ser interpretado en forma conjunta con el artículo 842 del mismo cuerpo legal.

Este último prescribe que la acción civil sobre indemnización del daño causado por un delito puede ser objeto de transacciones, pero no la acción para acusar y pedir el castigo de los delitos, sea por la parte ofendida, sea por el Ministerio Público.

Este es criterio aceptado en doctrina cuando se señala que ". No procede transigir sobre la acción penal por la cual es dable acusar al autor de un delito criminal para que se le imponga la pena respectiva, cualquiera sea la índole del hecho cometido. En cambio, no hay objeción para que se transija sobre la acción civil, originada en el mismo delito, tendiente a la reparación de un perjuicio que ha sufrido la víctima, como lo autoriza el art. 842. La distinción está justificada. En la acción civil por reparación de perjuicios sólo juega el interés particular del damnificado: de Ahí que él pueda convenir lo que sea de su conveniencia con el responsable. En cambio, la acción penal es de interés público y atiende a la satisfacción de la justicia en resguardo de la digna subsistencia de la sociedad. En vista de esta finalidad que hace al bien común, resulta inmoral que el damnificado quiera negociar con el delincuente su pasividad respecto de la aplicación de la pena. Por ello está prohibido cualquier transacción sobre esa materia, sin discriminación alguna según que el delito sea de acción pública, privada o de instancia privada (Lafaille, Colmo, Machado, Llambías. Comp.: Salvat, Llerena, Trigo Represas)." (Jorge Joaquin Llambías-Fernando Posse Saguier. Código Civil Anotado, Tomo II A, Abeledo Perrot, año 2004, p. 601.).

Poseen razón también en lo que atañe a la percepción del seguro de riesgos del trabajo, que es irrenunciable y una compensación automática para que los derechohabientes no padezcan las consecuencias inmediatas del infortunio.

En el caso, entonces, resulta irrelevante para la persecución penal, que se haya percibido como reparación el monto de cincuenta mil pesos entregado por parte de la A.R.T., u omitido hacer reserva al momento de su entrega, por las características expuestas con claridad por los recurrentes.

III. Conclusión Por lo expuesto, estimo que deben declararse procedentes las impugnaciones extraordinarias interpuestas por el Ministerio Público Fiscal y la Querellante, y revocarse la resolución en crisis, ordenándose, asimismo, la remisión de la causa al Juez a sus efectos.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Comenzaré mi sufragio sin enunciar los antecedentes que motivan los recursos, en atención a la prolija exposición realizada en el primer voto, a cuyos términos me remitiré.

II. En cuanto al abordaje de las cuestiones a resolver, seguiré el orden dado por el juez que lidera el acuerdo.

III. El sentenciador de grado, mediante resolución interlocutoria Nº 56/2011 decretó la nulidad de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, en el entendimiento de que los hechos imputados adolecían de notables deficiencias.

Ciertamente, de la lectura de los sucesos descriptos en el decreto de apertura de la investigación preparatoria, emergen innumerables imprecisiones, que impiden describir concretamente las acciones u omisiones atribuidas, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

No fueron mencionadas de forma clara las conductas que se ponen en cabeza de cada uno de los atribuidos, ni surge nítidamente el contexto del accidente. Así, como apuntara el juez Pfleger, a modo de ejemplo, no se explicó en la imputación formulada a qué distancia de la zanja se encontraba la retroexcavadora, qué obligaciones pesaban sobre cada uno de los incusos, qué deber de cuidado se consideró violado, ni qué reglamentos o normas de seguridad se infringieron.

Como en el especial caso de los delitos culposos resulta esencial e ineludible que el hecho atribuido esté íntegra, precisa y circunstanciadamente descripto, a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa, las indeterminaciones percibidas provocan la nulidad de la acusación oportunamente formulada.

Por lo demás, no puede aceptarse el pretexto preparado por el acusador en punto a que los defectos en la descripción del hecho obedecían a lo incipiente de la investigación. Precisamente, durante la etapa preparatoria el fiscal debe practicar todas aquellas diligencias que permitan la averiguación y el esclarecimiento del hecho, pudiendo contar con la colaboración de la policía, entidades públicas, peritos y demás profesionales.

En mérito de lo expuesto, la sanción impuesta por el juez de grado, fue correctamente decidida, por lo que, corresponde su confirmación.

IV. La segunda cuestión a resolver, siguiendo el orden propuesto por el Ministro Pfleger, concierne al sobreseimiento decretado por el a quo.

El fallo dictado por el Juez Penal de Sarmiento se presenta al análisis como una decisión desprovista de una adecuada fundamentación. Juzgo que no se ajusta a los estándares impuestos por la Constitución de la Provincia del Chubut ni el ceremonial.

Es que, en la inspeccionada el sentenciador no brindó los argumentos en los que apoyó su decisión de desvincular a los encartados, ni tampoco citó la normativa que avalaba aquella medida que clausuraba el proceso.

Así las cosas, toda vez que la resolución impugnada -en este aspecto- no se adecua a las pautas de justificación que estipulan la Constitución Provincial y el digesto adjetivo local, se torna arbitraria, por lo que, corresponde su revocación.

V. Resta, por último, analizar la cuestión atinente al rol de la parte querellante en el proceso.

El magistrado Casal los excluyó del procedimiento. Entendió que, por aplicación del artículo 1097 del Código Civil, la circunstancia de haber percibido cincuenta mil pesos ($ 50.000.-) en concepto de la indemnización tarifada de la Ley Nº 24557, les vedaba la posibilidad de continuar.

Pero, como tenazmente han sostenido los querellantes, el asunto sometido a consideración debe analizarse a la luz del artículo 842 del Código Civil.

La norma en cuestión prohíbe la transacción de la acción penal derivada de los delitos, toda vez que ésta, ejercida por el Ministerio Público Fiscal o el querellante, involucra el interés público, es decir, tiene como fundamento la pretensión punitiva del Estado. Por lo tanto, resulta inaceptable que el querellante la negocie. Mucho más, por fuera del proceso penal.

Por otro costado, es dable aclarar que el cobro de cincuenta mil pesos en concepto de indemnización, de acuerdo a lo regulado por la Ley de Riesgos del Trabajo, no empece la intervención de la querella en los presentes actuados. Ello, por cuanto, la mentada prestación pecuniaria reviste carácter irrenunciable y, de esa manera, torna ociosa cualquier reserva de iniciar acciones legales.

En mérito de lo expuesto, la resolución que excluyó a los presentantes del procedimiento, deviene arbitraria por ilegal.

VI. En conclusión, corresponde declarar procedentes las impugnaciones extraordinarias deducidas por los acusadores público y privado, revocar la sentencia interlocutoria Nº 56/2011 y, remitir los presentes actuados a la instancia de origen, a sus efectos.

Así voto.

El Juez Fernando S.L. Royer dijo:

I. De acuerdo con el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- emitiré mi sufragio, con exclusión de toda referencia a los antecedentes del caso y a los agravios esgrimidos por el recurrente, merced a la minuciosa síntesis efectuada por el Juez Pfleger.

II. En cuanto a la solución del caso habré de coincidir con mis colegas preopinantes.

III. Siguiendo el orden dado en el primer voto, comenzaré con la nulidad decretada por el juez Roberto Antonio Casal.

Si la acusación fiscal contenía un delito culposo (C.P., art. 84) la descripción del hecho debió ser clara, precisa, circunstanciada y específica.

El Ministerio Público Fiscal tenía la obligación de exponer en la acusación las acciones u omisiones reprochadas a cada uno de los imputados, e indicar concretamente el precepto legal violado.

En cambio formuló una descripción genérica que impidió un ejercicio pleno del derecho de defensa.

De esta manera, votaré por confirmar la nulidad decretada.

IV. Sin perjuicio de ello, y como también ha sido objeto de agravio, entiendo que el sobreseimiento dictado en la misma resolución es infundado.

La nulidad de la acusación fiscal no implicaba per se la desvinculación de los imputados del proceso.

Así, al no sustentarse en ningún precepto legal, la resolución dictada es arbitraria.

En este sentido voto por revocar los sobreseimientos pronunciados.

V. Por último y, respecto a la cuestión atinente a la intervención de la parte querellante en estos autos, también habré de coincidir con mis colegas en este aspecto.

El pago que denuncia la defensa provino de la A.R.T., y no como consecuencia de un convenio suscripto por las partes en sede civil.

En el presente caso no existió ninguna negociación.

En este sentido, el artículo 842 del Código Civil menciona el término "transacción" y, en el mismo cuerpo legal, define a este acto jurídico como el acuerdo bilateral en virtud del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguieron obligaciones litigiosas o dudosas -art.832 del C.C.-.

Siendo ello así, adhiero a la solución dada por los ministros preopinantes.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Declarar procedentes las impugnaciones extraordinarias deducidas por los Acusadores público y privado.

2º) Revocar la sentencia interlocutoria Nº 56/2011 (fojas 123/132 vta.) 3°) Remitir los presentes actuados a la instancia de origen, a sus efectos 4°) Protocolícese y notifíquese.- fdo. Alejandro Javier Panizzi-Jorge Pfleger-Fernando S. L. Royer- Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.