Prisión preventiva, prisión domiciliaria, inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación de la resolución, cuestiones procesales, delitos especiales
Materia: PROCESAL
Carátula: Pasalagua, Mario Agustín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-21

Corresponde declarar inadmisible el recurso deducido, pues la resolución impugnada cuenta con los fundamentos mínimos y suficientes para ser considerada como un acto jurisdiccional válido (art. 123 del C.P.P.N.); y la defensa no demostró la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 328:1108). De acuerdo con el requerimiento fiscal de elevación a juicio, los hechos atribuidos a Pasalagua fueron calificados como tráfico de estupefacientes y el nombrado permanece detenido, en forma preventiva, desde el 23 de octubre de 2018, no encontrándose superado el plazo previsto por la ley 24.390. Consecuente con esa línea argumental, el tribunal de mérito indicó que, analizado el caso con las pautas de los arts. 210, 221 y 222 del CPPF, las medidas de coerción establecidas en el artículo 210, incisos "i" y "j", no resultaban suficientes para asegurar la comparecencia de Pasalagua y consideró vigentes los indicadores de riesgo de fuga que justificaron el dictado de la medida de coerción cuestionada. En esas condiciones, el tribunal infirió que, en caso de recaer condena, la pena eventualmente aplicable habrá de imposibilitar, por un lado, una condena de ejecución suspendida, y, por el otro, acceder al instituto de la libertad condicional, atento al escaso tiempo de detención que lleva hasta el momento el interno, lo que lleva a inferir un concreto indicio de posibilidad de sustracción al proceso y riesgo de fuga, en los términos del art. 221 inc. "b" del CPPF. En otro orden, el tribunal de la anterior instancia concluyó que la situación de Pasalagua no resultaba tampoco comprendida en los arts. 10 del CP, y 32 de la ley 24.660 (según ley 26.472). Expresó que no se verificaban en el caso, los supuestos previstos en los incisos a) y b) de aquella normativa y, de adverso a lo invocado por la impugnante, 33 estimó que el nombrado contaba en su lugar de alojamiento con atención médica, psicológica y psiquiátrica adecuada a las afecciones denunciadas y que recibía el tratamiento y seguimiento aconsejado por los especialistas. Respecto de la solicitud basada en los arts. 10, inc. f) del C.P., y 32 de la ley 24.660, dada la condición del interno de ser padre de un menor de tres años de edad, el tribunal de mérito ponderó, correctamente, las constancias previamente reseñadas, en particular la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal, a través de la cual se infiere que el menor no está en una situación de desamparo económico ni emocional, contenido por la madre, y con sus necesidades básicas satisfechas. A esta altura, cobra relevancia la circunstancia de que Pasalagua no forma parte de la franja etaria establecida como población de riesgo y, pese a las patologías de orden psiquiátrico que padece, ninguna de ellas lo ubica en una situación de mayor peligro de contagio frente a la pandemia de COVID-19. Tampoco se encuentra en el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal denominado "Población penal alojada. Informe en relación a (COVID-19)". En las condiciones precedentemente reseñadas, el nombrado no habrá de ser considerado en ninguno de los supuestos contemplados en el punto 2 de la Acordada 9/20, por fuera de que su situación, en consideración a la entidad de los delitos que se le adjudicaron y lo dispuesto en el pto. 3 de la referida acordada de este tribunal, debe ser evaluada "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo". Por último, en razón de la pandemia declarada, corresponde encomendar al a quo que disponga lo pertinente para que las autoridades de la unidad carcelaria de alojamiento, arbitren los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene. El voto concurrente remarcó que el a quo ha concretado una adecuada ponderación de los intereses en juego, constituida por el balance entre los riesgos para la salud del detenido y las finalidades y modos disponibles para asegurar su juzgamiento por los delitos por los que fue requerida la elevación a juicio. La disidencia señaló que correspondía fijar la audiencia prevista en el art. 465 bis del CPPN, dado que los agravios invocados podrían constituir alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN y por enocntrarse prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, lo que de ningún modo implica anticipar criterio respecto a la materia impugnada. Dres. Yacobucci, Mahiques -voto concurrente- y Slokar -en disidencia-.