Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-25


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 25 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada.

A las cuestiones propuestas el Dr. Posse Saguier dijo:

La parte actora, la demandada y la citada en garantía, apelaron la sentencia de fs.370/381, que hizo lugar a la demanda promovida por la primera y condenó a las dos últimas a abonarle a aquélla la suma de $13.180 por los daños y perjuicios que dijo sufrir el día 26 de mayo de 2005, en ocasión de haber visitado el estadio de fútbol del club demandado.

Mientras que el actor recurrió el pronunciamiento por entender bajos los montos indemnizatorios acordados por la magistrada anterior, la demandada y la citada en garantía lo hicieron porque -según entienden- el hecho por el cual se reclamó no sucedió y, por ende, no se las puede responsabilizar. Subsidiariamente, también se quejaron por lo alto de las sumas otorgadas.

La expresión de agravios presentada por la actora a fs.426/435, fue contestada por la citada en garantía a fs. 461/462 y por la demandada a fs.464/466. Luego, los agravios de la demandada (fs. 439/443), fueron contestados por la actora a fs.449/453 y por último, los de la citada en garantía (fs. 445/448) también fueron contestados por la actora a fs. 455/459.

I.- Liminarmente debo adelantar que, por un orden lógico de razonamiento, entraré a analizar las quejas expuestas por el club demandado y por la citada en garantía en torno al acaecimiento mismo del hecho, puesto que su suerte decididamente incidirá sobre la procedencia y admisibilidad de los restantes agravios.

Asimismo, corresponde dejar sentado que el encuadre jurídico dado al caso no fue objetado por los recurrentes, por lo que, sin perjuicio de reiterar aquí que se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva con causa en el deber de seguridad que deben prestar las entidades organizadoras de eventos y/o espectáculos deportivos a todos sus espectadores (ley 23.184 modificada por la ley 24.192; Fallos 330:563, entre otros), ello no será objeto de específico tratamiento.

Ahora bien, sabido es que para que todo el mecanismo de imputación de este tipo de responsabilidad objetiva entre a funcionar, lo único que se le exige al actor es acreditar la ocurrencia del hecho por el cual reclama y la relación de causalidad adecuada que existe entre éste y el daño.

II.- Es justamente de ello de lo que las accionadas se quejan: afirman que el hecho no ocurrió.

Y debo adelantar que, luego de un detenido estudio y valoración de la prueba aportada al proceso y de los términos en que quedó trabada la litis, es mi opinión que los agravios deducidos por éstas deben ser admitidos y la sentencia de primera instancia, revocada.

Digo así, porque tal como exponen las recurrentes entiendo que la interpretación de los únicos testimonios brindados en la causa por los señores Tobares y Chelno -y en los que aquélla se basó para tener por acreditado el evento- fue forzada, puesto que no sustentan ni justifican las contradicciones en las que el mismo actor cayó.

Antes de analizar sus dichos, es dable indicar que, casos como el presente, resultan ser de pura interpretación, tanto de la normativa aplicable como de las pruebas rendidas en el proceso. Y es a la luz de ella que, bajo el criterio de la sana crítica (art. 386 del Cód. Procesal), devendrá la convicción necesaria para arribar a la solución del litigio, sea que se trate de la admisión o del rechazo de la pretensión. Y específicamente, en lo tocante estrictamente a la prueba testimonial, corresponde recordar que su valoración constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden muy bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número, y en definitiva, las reglas de la sana crítica han de señalar caminos de interpretación del juzgador" (conf. CNCiv., Sala H, "Chiano Norberto E. c/ Salto Atenor y otro s/ daños y perjuicios", 29-09-97; Sala "M", "Vaquero Walter Adrián y otro c/ Quiroga Juan Carlos y otro s/ daños y perjuicios", de fecha 02-06-05; entre otros).

III.- Entonces, tenemos que, por un lado, el actor en su demanda claramente expuso: "el día 26 de mayo de 2005... concurrió al estadio de fútbol perteneciente al Club Atlético Boca Juniors ... a los efectos de presenciar la primera fecha del torneo Toyota Libertador, partido que fuera disputado entre el equipo de la entidad local y el Club Junio de Barranquilla... Que una vez abonada la entrada... accedió al interior del establecimiento, situándose en la tribuna General local (popular 12). En dichas circunstancias y una vez finalizado el partido... descendía junto a gran cantidad de personas por la escalera superior de la tribuna, cuando es empujado, cayendo y golpeando contra los escalones. Cabe destacar que la escalera por la cual circulaba... se encontraba mojada..." (sic).

Por otro lado, encontramos las declaraciones de los testigos antes referidos, que pese a coincidir en ciertos aspectos con el relato de los hechos expuesto por el actor, resultan insoslayables las contradicciones que de ellas emanan al ser confrontadas con las constancias que el actor arrimó.

En efecto, como primer y esencial punto debe resaltarse que tanto Tobares como Chelno indicaron haber estado con el actor en la "Tribuna 12" de la popular, ya que siempre van allí (v. fs. 164 "in fine" y fs. 167). Ello, en coincidencia con lo que el actor indicó. Sin embargo, fue éste quien para intentar acreditar que ese día estuvo presenciando el evento, acompañó una entrada tipo "magnética" de la cual surge que con ella se accedería a las puertas 6-7, en el sector sur del estadio (v. documentación reservada); es decir, en el punto cardinal opuesto al que ellos se refirieron, ya que la "popular 12" se halla en el ala norte del estadio y la puerta por la que el actor supuestamente entró -repito-, en el ala sur.

Así, si se tiene en cuenta lo que uno de ellos mismos afirmó de que con una entrada para la popular norte NO se puede ingresar al sector sur del estadio y que es justamente en la primera donde se ubica la "popular 12" (v. repreguntas quinta y sexta de fs. 165), nos encontramos ante un infranqueable obstáculo que ninguna prueba en contrario logró refutar, ni el actor intentó justificar. Ello resulta por demás sugestivo, si se tiene en cuenta la contundencia de los agravios que expusieron las accionadas y la orfandad de argumentos en las contestaciones del actor que siquiera ensaya revertirlos, limitándose a reiterar cuestiones tocantes al derecho aplicable.

Como abundamiento, debo señalar que los dichos acerca de la ubicación de las puertas y las tribunas, pueden ser fácilmente corroborados accediendo por internet al portal web oficial de la entidad demandada: http://www.bocajuniors.com.ar/elclub_bombonera_detalle.php.

Por otro lado, si a ello le sumamos, las auto-contradicciones en las que cayó el testigo Chelno al referir, en primer lugar, que sabía que el actor se accidentó ese día en el estadio porque el hecho ocurrió cuando "estaban saliendo de la cancha" y que como consecuencia de un balanceo de gente lo vio "a Giménez tirado con la cara ensangrentada"(v. pregunta primera de fs.166) y luego, en segundo lugar, enseguida afirmó: "no lo vi salir del estadio porque él salió antes que yo" (sic - v. segunda repregunta a fs.168). No queda claro entonces, el hecho de que si realmente pudo Chelno verlo a Giménez lesionado, cómo se explica que no lo haya visto a éste salir del estadio, si fue en esa ocasión en donde supuestamente se produjo la caída.

Por ello, si se tiene en cuenta que "la eficacia de la prueba testimonial debe ser ponderada en función de la razón de los dichos que suministren y de la impresión de veracidad que transmitan en sus exposiciones" (conf. esta Sala, "Kobzar de Palacio Mónica E. c/ Kraft Marcos A. s/ daños y perjuicios", del 09-05-95), no cabe más que -frente a tales evidentes contradicciones- descartar los prestados en esta causa.

Por otro lado, debo indicar que la "receta" de fs.5, a mi entender no alcanza para acreditar la atención médica que habría recibido el actor el día señalado con causa en el hecho relatado por éste en su demanda. Ello así, puesto que el simple hecho de que aquélla recete "vacunación antitetánica" y que haya sido emitida el mismo día del evento, no justifica en lo más mínimo que la lesión que habría experimentado el actor en el mentón y en su mano izquierda, sean a raíz de la caída en las circunstancias alegadas. Es dable señalar aquí, que el informe obrante a fs. 309 acredita la autenticidad de aquél y el de fs.320/1 su contenido, pero ninguno de ellos expone su causa; y si se pondera además que el mismo fue expedido por el Dr. Romagnino, sin especificar la hora en que tuvo lugar la atención y que el médico de guardia asignado para el evento fue el Dr. Guillermo Bartman (v. informe de fs. 203/205), no cabe más que inferir que aquella asistencia médica NO fue en ocasión de la justa deportiva.

Es evidente también que el certificado de atención médica expedido por el Dr. Jorge Díaz, del servicio de emergencias del Hospital "Evita" y que obra a fs.6 (que, dicho sea de paso, además de ser emitido en el mes de junio de 2005, sólo refiere -y en forma ilegible- que Giménez fue "asistido" el día 26 de mayo de 2005, sin especificar el por qué de la atención), no logra acreditar que el hecho ocurrió ni la causalidad adecuada que debe existir entre éste y el daño (art. 901 del Cód. Civil).

Y por si fuera poco, el certificado restante que obra a fs.7 refiere la misma circunstancia -con más la indicación de que el actor ese día habría sufrido fractura del escafoides de la mano izquierda- pero sin tener el más mínimo respaldo acerca de su veracidad. Y a su vez, éste fue expedido recién en el mes de agosto de 2005, es decir, tres meses después del supuesto evento, lo que resulta por demás llamativo si presumimos lo dolorosa que puede llegar a ser una lesión de ese tenor.

Todo lo expuesto me lleva a la certera conclusión de que el hecho denunciado no ocurrió y frente a ello, es claro que en el caso, el mecanismo de imputación de responsabilidad civil previsto por el Código Civil -bajo la óptica del deber de seguridad- y por la ley 23.184 modificada por la ley 24.192, no puede ser aplicado.

Siendo así, frente a la solución que se expone se tornan abstractos los restantes agravios deducidos por las partes en torno al "quantum" de los montos indemnizatorios otorgados en la instancia anterior.

Por todo ello, si mi voto fuese compartido, propongo revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida por Juan Ramón Giménez, con costas en ambas instancias a su cargo por resultar vencido (art. 68 del Cód. Procesal).

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, el doctor Galmarini votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se revoca la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se rechaza la demanda promovida por Juan Ramón Giménez, con costas en ambas instancias a su cargo por resultar vencido (art. 68 del Cód. Procesal).

Toda vez que este tribunal ha revocado lo decidido por el Sr. juez de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal corresponde adecuar los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.

Por ello y en atención al monto que surge de la demanda; trabajos realizados apreciados por su importancia, extensión y calidad, etapas cumplidas; y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 11, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -mod. por la ley 24.432-, por la representación letrada de la demandada, se regulan los honorarios de los Dres. J. L. R. V., P. M. W. y M. G. M., en conjunto, en DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS ($10.500). Por la representación letrada de la citada en garantía, se regulan los honorarios del Dr. E. J. Q. en DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS ($10.500). Asimismo, por la representación letrada de la actora, se regulan los honorarios de los Dres. M. A. M. y W. D. L., en conjunto, en NUEVE MIL PESOS ($9000).

Por las tareas de los peritos: médico Dr. L. M. J. y psicóloga Lic. L. N. V. L., apreciadas por su importancia y calidad, se regulan sus honorarios en TRES MIL PESOS ($3000) para cada uno.

Por la labor de Alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios del Dr. V. y W., en conjunto, en TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($3675) y los del Dr. Q. en TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($3675). Asimismo, se regulan los honorarios de la Dra. M. en DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($2700).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. - El Dr. Eduardo A. Zannoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. -Fernando Posse Saguier. - José Luis Galmarini.