marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ahorro obligatorio, restitución de sumas de dinero, intereses, depreciación monetaria, confiscatoriedad, falta de prueba
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: TRANSAX  S.A.C.I.F. c/ D.G.I. s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El planteo acogido en primera instancia relativo a la confiscatoriedad del ahorro obligatorio que conculcaría el derecho de propiedad porque el interés previsto en la ley no alcanza a cubrir el deterioro del valor de la moneda, cabe señalar que si bien la actora ha articulado la cuestión no ha producido la prueba pertinente hasta el momento de la devolución de la suma ingresada, el modo requerido por la CSJN, al establecer que la afectación de la propiedad debe surgir de la prueba de la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o el capital gravado. Lo expuesto, claro está, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle a la actora para plantear los agravios pertinentes al producirse la devolución del dinero ingresado en los términos de la ley 23256.
Modificación de la tasa de interés, AFIP DGI
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco Nacional -AFIP- s/ Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-05

La morigeración del interés calculado por la Dirección General Impositiva resulta inadecuada pues tal reducción sería ponderable en el ámbito de las relaciones bilaterales de derecho privado, pero no cuando para practicarla sea menester invalidar la ley que los autoriza por inconstitucional o reglamento por legal, decisiones que deben ser impetradas en forma explícita y necesaria.
Responsabilidad indirecta, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de Casación interpuesto por Dr. José A. Furque en causa Nro. 151/92 Mamani Silva, José Emilio s.a. Homicidio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-04-13

El Estado, como sujeto de derecho, como persona jurídica, no puede ser irresponsable frente al daño sufrido por un individuo -también sujeto de derecho- que se traduce en lesión, menoscabo, detrimento o perjuicio en su esfera jurídica personal. Tanto es así que, probada la existencia del daño y su autoría por autoridad, ente administrativo o dependiente y verificada la relación o nexo causal que media entre la acción u omisión estatal y el daño en cuestión, surge la obligación de resarcir. Por lo tanto, los argumentos y solución del fallo impugnado, en lo que es materia de recurso, no son antojadizos sino que están superados por el progreso jurisprudencial que, en numerosos fallos, ha aceptado la tesis de la responsabilidad indirecta, en otros ulteriores la directa y, en otros, ambas. De esa manera, este Tribunal se encuentra comprometido a definir la cuestión y a sentar precedente a los efectos de la doctrina legal.

La relación de causalidad que debe existir entre la función y el daño ha de establecerse como "causalidad adecuada", comprensiva no sólo del supuesto en que aquella es causa, razón o motivo directo de éste, sino de los otros supuestos en los que el daño es posible en razón del cumplimiento, regular o no, por parte del agente de las tareas que le fueron encomendadas. O sea que, de no mediar el antecedente de la función, el daño presumiblemente no habría ocurrido. De allí que puede admitirse que la función que es ocasión no constituye la causa del daño, sino la circunstancia que favorece la operatividad de la verdadera causa.

Por ello cabe sostener la teoría de la responsabilidad refleja o indirecta del Estado, puesto que de no mediar la función, el agente no hubiese tenido en su poder el arma. La función le facilitó la producción del perjuicio, la función obró como medio para la comisión del ilícito, sin que quepa presumir que, de no contar con el arma reglamentaria, se habría procurado otra.

Por lo tanto, corresponde casar la sentencia impugnada que resolvió rechazar la acción civil resarcitoria en contra del Estado Provincial en lo que fue materia de recurso, declarando al Estado solidariamente responsable por las consecuencias dañosas producidas por el codemandado agente policial. (Del voto del Dr. Oviedo)
Régimen penal de la minoridad, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: A., W. E. s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-20

Si se pretende que el derecho penal juvenil no sea uno de autor, en la ponderación para determinar la eventual consecuencia aplicable, deben incluirse valoraciones relacionadas con las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, entendidos no ya como historial delictivo, en el sentido de reincidencias, sino su procedencia socio-cultural, y el mayor o menor grado de vulnerabilidad. De allí, puede derivarse aspectos que remiten, en definitiva, a los parámetros que fijan los arts. 40 y 41, CP (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi).
Intervención de terceros, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción meramente declarativa-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-11-11

La citación a terceros se hace solamente para que tenga el citado oportunidad de defender sus intereses (art. 96 del C.P.C.). Por tal razón, es en definitiva una carga procesal que conserva su naturaleza aún frente a una acción meramente declarativa, ya que exige un determinado comportamiento de todos los sujetos de derecho involucrados, pero respetándoles la libertad de hacerlo en el sentido contrario al previsto en la norma. La esencia de la carga procesal que implica la citación, radica en la función de tutela de un interés propio del citado. Es decir, una vez citado el interesado, su negación a participar en el proceso, no es determinante de los alcances subjetivos de la sentencia.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sanduende, Emilio Dolores c/ Frigorífico Entre Ríos S.A. y/u otro s/ Diferencias salariales-Rubros impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-14

El fuero de atracción que establece el artículo 136 de la ley 19551 es inaplicable a los casos en que los procesos radicados en jurisdicción ajena a la de la quiebra y que en principio deben ser atraídos por ésta, han sido fallados en 1ra. Instancia y se encuentran radicados en la Alzada para que esta revise la Sentencia por vía de apelación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reapertura del procedimiento administrativo, cosa juzgada, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OCHIATO, ANUNCIACION c/ I.M.P.S. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Habida cuenta del carácter excepcional que cabe asignar a la reapertura de instancia tendiente a obtener la revisión de una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada, deviene lógico que para su procedencia se exija la presentación de prueba de acentuado valor de convicción que permita rever lo decidido.
Competencia provincial, entidades financieras, defraudación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Compañía Financiera Tesei s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Es competente la justicia provincial y no la federal, si las maniobras realizadas por directivos de una entidad financiera consistieron en la captación de depósitos a plazo fijo sin efectuar los reintegros; otorgamiento de créditos fraguando documentación, para lo cual se utilizaban carpetas y formularios en desconocimiento de sus titulares; reintegro actualizado de aportes irrevocables de capital a algunos directivos y otras irregularidades similares en el desarrollo de la actividad de la entidad, no advirtiéndose que con tales conductas se haya producido un desplazamiento patrimonial efectivo y directo en perjuicio del Banco Central de la República Argentina.
Control de constitucionalidad, gravedad institucional, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: T.F.M. c/  s/ Abuso sexual s/ Queja por Recurso Denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-08-10

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De modo que el control de constitucionalidad que compete al Poder Judicial debe efectuarse en un marco de estricta prudencia, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más delicada de los jueces, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última "ratio" del orden jurídico.
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, ley de orden público
Materia: CIVIL
Carátula: DELTER S.C.A. c/ SALAZAR, TOMAS VILLAN Y OTRA s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-07

El sólo hecho de tratarse de una ley de orden público, carácter que no puede desconocerse a la ley 14.005, no implica que el acto celebrado sin cumplimentarse alguno de sus requisitos ostente una falla de tal entidad que afecte el interés general o las buenas costumbres. La inscripción ha sido prevista en el interés particular del comprador, conclusión que se extrae sin dificultad de la propia ley; ella tiene por finalidad dotar al derecho del adquirente a la obtención del título de dominio de una oponibilidad "erga omnes" que lo haga prevalecer sobre otros acreedores del enajenante (art. 6), de donde se infiere que el conflicto entre adquirente con instrumento no inscripto y aquellos terceros deberá resolverse conforme con las disposiciones del derecho común y sin la especial preferencia derivada de la inscripción. Sobre esta base hay que distinguir : a) la relación entre las partes, en las que las normas imperativas de la ley 14.005 juega un rol intuitivo independientemente de toda inscripción previa de la voluntad del propietario de enajenar el inmueble fraccionado en lotes (art. 2) y de la posterior del instrumento celebrado con el comprador (art. 4);

b) las eventuales relaciones con terceros, en las que esas dos inscripciones son determinantes de la operatividad del régimen especial. El único que puede prevalecerse de esta omisión formal es el comprador, por lo que merece aquiescencia la consolidada corriente jurisprudencial que ubica la hipótesis en el ámbito del artículo 1048 del Código Civil (conf. C.N.Civ. Sala A, L.L. 94-35-6 y 109-920-1, en ambos casos por mayoría y con disidencia en el tema, del Dr. Llambías; sala B, E.D. 34-275; sala D, 36-459; sala C, E.D.

76-373; sala G, "Scialabba c-Petracca" del 9-10-84 e "infico S.R.L.

c-Diaz del 6-5-85).
Beneficios previsionales, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Barrios, Stella Maris c/ ANSeS y otro s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Sin desconocer las pautas que emanan de los arts. 105 y concs. de la ley 24.241, teniendo en cuenta las vicisitudes a que se vio sometida la interesada para lograr acceso a un beneficio indispensable para su supervivencia y la de sus hijos -inconvenientes a los que contribuyeron no sólo la maraña legislativa que hace al tema sino las propias entidades responsables que en lugar de coadyuvar, como era su función, al logro rápido y eficaz de tan necesario emolumento, fueron un obstáculo difícil de sortear que generó largos años de demora en la obtención de la pensión reclamada- resulta razonable que el beneficio se devengue a partir del día siguiente al fallecimiento del causante. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Proceso judicial, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: March, Sergio Federico s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

En las causas por registros escritos oriundas del procedimiento anterior, en las que no se aplica el recurso de casación, el régimen recursivo de las sentencias -incluidas la del juicio abreviado- se rige por las disposiciones y en el intervienen los órganos judiciales de la ley 3.589, debiendo tenerse presente la facultad que el art. 538 del C.P.P. otorga a los tribunales, en la especie a las Cámaras de Apelación y garantías, para adecuar el trámite según los casos y sin alterar la sustancia y finalidad del instituto.
Adopción de integración, mayor de edad, cambio de nombre, publicación de edictos
Materia: CIVIL
Carátula: T., M. D.  c/  s/ adopción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-28

Resulta razonable la publicación de edictos frente a la solicitud de modificación del apellido de una persona mayor de edad que fue adoptada por integración, habida cuenta que no se trata del supuesto de adopción de una persona menor de edad, en donde el impacto social, laboral o profesional que implica un cambio de apellido resulta de escasa o nula intensidad. En consecuencia, deben adoptarse los recaudos de publicidad pertinentes, en orden a prevenir eventuales conflictos que se generen por oposiciones o para resguardar el derecho de terceros que puedan plantear reclamos como consecuencia de la modificación de apellido solicitada.
Contrabando, ardid, ley penal en blanco
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Oliva Gerli, Carlos Gustavo y otros s/ Recurso de casación. Causa: 1604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-08

En la medida en que el servicio aduanero inducido a error y en virtud de él se haya obstaculizado el adecuado ejercicio de la función a su cargo, la conducta punible genérica del artículo 863 se cumple acabadamente; en otras palabras, para el delito de contrabando "... el empleo del ardid o engaño será idóneo cuando haga incurrir en error a la autoridad aduanera interviniente y de esa manera se impidiera o dificultare el rol o función que detenta". El artículo 863 en comentario, es un tipo penal abierto y participa de las características de las leyes penales en blanco, pues contiene una prohibición genérica que debe ser integrada mediante otras normas legales, para así poder saber cuales son las funciones que corresponden al servicio aduanero. (Voto Dr. Riggi)
Causales de divorcio y separación personal, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: S., C. R. c/ T., E. A. s/ Ordinario (divorvcio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-11

Después de la derogación del art. 118 del Código Penal, sin lugar a ninguna duda ya, podemos afirmar que el adulterio, como causal de separación personal y de divorcio vincular, se configura por el 'ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge.
Divorcio contradictorio, abandono del hogar conyugal, abandono no malicioso, reintegro al hogar, exclusión del hogar, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: R., A. c/ B., M. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

La decisión de la cónyuge de alejarse del hogar común no puede constituir la causal del inc. 5to. del art. 202 del Cód. Civil, cuando dicha actitud se debió a circunstancias extremas provocadas por el esposo y a las peculiaridades del clima familiar, circunstancias por las cuales el tribunal admitió, en el incidente respectivo, la exclusión del hogar conyugal de éste, pudiendo la cónyuge volver a habitar en la sede del mismo con los hijos menores habidos de la unión.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, interposición del recurso, circunstancias sobrevinientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Wright, Peter Milton c/ Buenos Aires, Provincia de s/ consignación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Las sentencias de la Corte deben atender a la situación existente en el momento de la decisión.
Acción de amparo, fertilización asistida
Materia: CIVIL
Carátula: Kittler Claudia Noemí c/ Osecac s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-14

Rechaza la acción de amparo interpuesta por una afiliada contra una obra social tendiente a que le otorgue cobertura integral del tratamiento de reproducción asistida en programa de ovodonación, dado que con la fecundación heteróloga se vulnera el derecho de los hijos a ser concebidos en el matrimonio y por el matrimonio, y no obsta a tal conclusión que en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación tal técnica de reproducción esté prevista, pues el mismo dice que todas las cuestiones relacionadas a dicho tratamiento deben regularse por una ley, y la misma aún no se ha sancionado.
Doctrina de los actos propios, principio de congruencia, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sa Meyer Paz Juan Bautista c/ Caja De Previsión Social De La Provincia De Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-12-17

La teoría de los actos propios guarda una íntima relación con el principio de congruencia, el cual es como un hilo conductor que recorre el proceso, uniendo sus distintas etapas procesales, procurando que exista correlación y concordancia entre la demanda y sus ampliaciones, las contestaciones y las pruebas rendidas, lo que también se aplica a la congruencia que necesariamente debe existir entre lo pedido ante la administración y la instancia judicial posterior.
Medidas cautelares, Administración Pública, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL DE EDUCADORES SANTIAGUEÑOS Y AFINES c/ MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO (INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCION COOPERATIVA) Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1993-03-23

Uno de los recaudos para la procedencia de la prohibición de innovar es el peligro de la demora que, cuando se solicita contra la administración pública, debe ser grave e irreparable.
Entes descentralizados, entes autárquicos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA  S.R.L. c/ HOSPITAL  NACIONAL  POSADAS  -  MINISTERIO  DE  SALUD Y ACCION SOCIAL s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

La expresión "entes descentralizados" comprende, salvo limitación expresa, también a las denominadas entidades autárquicas, conclusión que, para evitar inútiles reiteraciones, basta sustentar en las previsiones de la ley nacional de procedimientos administrativos, art. 1 párr. 1ro. y su reglamentación to. 1991, dec. 1759/72 Poder Ejecutivo Nacional y 1883/91 PEN, art. 2.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Servicio Penitenciario Federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlando, Claudia Roberta s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Si sólo se cuenta con la declaración de la denunciante que, por su falta de precisión, no resulta suficiente para afirmar que personal del Servicio Penitenciario Federal hubiera robado y agredido físicamente a un detenido, y tampoco se han practicado las diligencias necesarias tendientes a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que habrían rodeado al hecho, ni consta que el presunto damnificado haya sido interrogado al respecto, corresponde al juez que primero conoció de la "notitia criminis", y declinó su competencia respecto de ese hecho sin incorporar los elementos necesarios para darle pre cisión, subsanar tales deficiencias y resolver luego de acuerdo a lo que de ello surja. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Juicio ejecutivo, tercería de mejor derecho, boleto de compraventa, fecha cierta, cuestiones opinables, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Arturo Ramón Nicolás s/ En autos Nº 710/00 Zitelli, Silvestre c/ Santillan Iturres, Oscar A. s/ Ejecutivo - s/ Tercería de Mejor Derecho - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-30

Si bien en el caso el recurso de casación debe rechazarse por falta de autosuficiencia, parece oportuno señalar que puede fundarse la tercería de mejor derecho en un boleto de compraventa si se dan los extremos del art. 1185 bis del Código Civil porque, en tal caso, su titular tiene derecho a ser pagado antes que los embargantes, entendiendo el "pago en el sentido del art. 725 del Código Civil, es decir el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación".

En tal supuesto, el boleto de compraventa a favor de cuyo titular fue otorgada la posesión antes de anotarse el embargo en el Registro de la Propiedad, puede ser oponible al acreedor embargante, si tiene fecha cierta (art. 1035, Código Civil).

En el caso, deben confirmarse las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta el Ad quem cuando decidió que el boleto de compraventa del tercerista resultaba inoponible al acreedor embargante. En efecto, el art.1185 bis del Código Civil, para su operatividad, impone ciertas condiciones que se deben cumplir, como el requisito de la fecha cierta, que en el caso el recurrente entiende cumplido con la sola presentación de su boleto de compraventa ante la A.G.R a fin de pagar el impuesto de sellos.

Ahora bien, si para el Tribunal Ad quem resultó insuficiente la sola exhibición del documento con el fin de reponer el sellado, al entender que el art. 1035 inc. 1 del Código Civil requiere necesariamente que el instrumento quede archivado para darle fecha cierta, no parece desacertado dicho razonamiento, si aquellos se han basado en una de las interpretaciones posibles de la norma aplicada, la que fuera respaldada por prestigiosa doctrina y jurisprudencia de numerosos tribunales.
Sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, guarda del menor, traslado, retención indebida, derechos de las niñas, niños y adolescentes, residencia habitual
Materia: CIVIL
Carátula: P.,C. c/ S.B. d.P.,M. s/ Exhortos y oficios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-16

Conforme numerosas decisiones emanadas de La Base de Datos sobre la Sustracción Internacional de Menores -INCADAT, según sus siglas en inglés-, la injustificada negativa de la madre a acompañar de regreso al niño al estado de su residencia habitual -en el caso, la progenitora trasladó ilícitamente a su hijo desde Inglaterra a la República Argentina-, no impide el retorno del menor pues, si así no fuera, bastaría la mera voluntad para frustrar el objeto y fin del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Recurso de casación, recurso de queja (procesal), sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ GRACIELA Y OTRA c/ REINOSO DOMINGO EDUARDO Y/O RESP s/ DIFERENCIA DE SUELDOS ETC - QUEJA CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-05-22

Si bien por principio la resolución materia de casación no es definitiva por cuanto no pone fin al proceso, tratándose además de una decisión que rechaza el pedido de levantamiento de un embargo de carácter ejecutorio, se entiende que debe ser asimilada a ella, por cuanto es susceptible de provocar, agravio de imposible reparación ulterior.