marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso, falta de fundamentación, partidos políticos, elecciones, reducción del plazo
Materia: PROCESAL - ELECTORAL
Carátula: Inc. de  oficialización  de candidatos de la UCeDe. (intervención) elección 30/06/96. - Bousquet, Jorge L. s/ sol. de avocación en autos:"Inc.  de  oficialización de candidatos  de la UCeDe" expte 506.501/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Debe rechazarse la reposición, si el recurrente no concreta los perjuicios que le habría ocasionado la reducción de los plazos dispuesta por la Corte en función de la necesidad de dictar pronunciamiento en tiempo útil debido a la proximidad de las elecciones, ni invoca la eventual existencia de defensas que se habría visto privado de oponer.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo, presentación extemporánea, plazos procesales, plazo de gracia, Poder Judicial, sistema informático, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ucedo, Pamela Vanina c/ Cruz, María Cecilia y Cruz, Ana María Sociedad de Hecho y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-10-10

Teniendo presente que esta Corte tiene dicho que la consagración del llamado día de gracia no significa en absoluto un alargamiento del plazo, que el escrito se admite en el horario habitual del día siguiente como si hubiera sido presentado antes de la medianoche y no se alarga el plazo, sino que se retrotrae al efecto de la presentación material del escrito, para no restringir su defensa; asimismo en torno a esta cuestión, también ha determinado que los escritos presentados electrónicamente en horario vespertino, esto es, entre las 14.30 y las 20 horas, serán cargados a partir de las 7:15 del día hábil siguiente, siendo esta la fecha válida a todos los efectos procesales para el ordenamiento de forma; el justiciable debió presentar el escrito introductor al día siguiente inmediato y hábil del vencimiento del período para deducir el recurso, entre las 7:15 y las 12:45 horas, lo que no se aprecia cumplido en la especie, por cuanto el memorial se presentó en el día de gracia, pero a las 18:15 horas ante la escribana pública y fue subido al Sistema de Gestión Sisfe a las 18:17 horas, es decir fuera del límite de temporaneidad horaria indicado. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 93, p 27. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 6; Ley 7055, artículo 2; CSJStaFe: Acordada del 25.4.2023, Acta 11, punto 10; Acuerdo Ordinario del 21.3.1984.
Contratos civiles, contratos comerciales, revisión del contrato, abuso del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: TALAMO, JOSE c/ RESERO SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

El esquema fundado en el abuso del derecho no ha de ser utilizado en forma indiscriminada derivando de el la consecuencia de que siempre que el acreedor exige el cumplimiento exacto de lo pactado aunque ello implique cierto desmedro en la conmutatividad inicial propia del contrato- incurre en tal ejercicio antifuncional. Pues por un lado está en juego el sinalagma contractual, y por el otro, el marco de la seguridad esencial para el desenvolvimiento de la vida en sociedad.
Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales, obligaciones del Estado miembro, derechos del aborigen, derecho a la identidad, debido proceso, garantías procesales, derechos y garantías constitucionales, pueblos originarios, situación de vulnerabilidad
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-17

Conforme lo establecen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana -de protección y garantías judiciales-, los Estados deben ofrecer recursos sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, el cual debe ser respetado en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pudiera afectar los derechos de las personas y, tratándose de pueblos indígenas, los Estados, en el marco de esa protección efectiva, deben tomar en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, sus valores, usos y costumbres, así como su situación de especial vulnerabilidad.
Responsabilidad médica, carga de la prueba, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Juárez Jorge Adrián Marcelino y Otros  c/ Fierro Jorge y Otr s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-16

Le competía a la parte actora demostrar la falta de diligencia o prudencia del médico puesta en evidencia en la omisión de cuidado y atención, la inobservancia de las reglas de la ciencia y el arte por ignorancia o torpeza y falta de previsión, y no tan sólo el resultado negativo del tratamiento o la intervención quirúrgica del paciente. Ello no se ve modificado -como lo pretende la parte recurrente- por la invocación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, puesto que más allá de la parte a quien le incumbiera acreditar la pretendida culpa médica, su ausencia en este caso concreto ha quedado absolutamente demostrada a partir de los resultados arrojados por cada uno de los informes periciales aportados.
Instancia administrativa, oportunidad procesal, declaración de inconstitucionalidad, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, Rosario Aurina c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

La exigencia de introducir el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 21.864 en la instancia administrativa constituye un formulismo estéril que conduce al cumplimiento de un requisito inocuo, habida cuenta de la imposibilidad de acceder a la pretendida declaración por parte de los organismos administrativos, atento su incompetencia para resolver planteos de la índole señalada.
Cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación, declaración de la víctima
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ramírez, Carlos y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-02

No obstante que todo lo relativo a la fijación de los hechos y de la prueba es en principio ajeno a esta instancia casatoria, advierto, con relación a las probanzas colectadas por el tribunal, que el testimonio brindado por la víctima ha tenido para el sentenciante vital importancia, habida cuenta que se erigió, a mi ver, como el verdadero hilo conductor de la pesquisa y fue meritado prioritariamente por aquél para arribar a la solución condenatoria. Nótese que el fallo impugnado se fundó necesariamente en esa deposición, de tal forma que si lo suprimiésemos mentalmente no se hubiera podido concluir como se hizo, pues el resto del plexo cargoso -declaraciones de los policías que intervinieron luego de que la víctima diera aviso del atraco, actas de detención y secuestro y peritajes-, sólo estuvo dirigido a corroborar sus manifestaciones con posterioridad a la ocurrencia del suceso. Atento lo expuesto, considero que nos encontramos en el sub lite ante prueba incriminatoria dirimente. (Voto del Dr. Mitchell).
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, personería jurídica, delegado liquidador, banco central, Ley de Entidades Financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANESTO BANCO SHAW c/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA. ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Quien suscribió los boletos de compraventa en su carácter de subdelegada liquidadora del BIBA y apoderada del BCRA si bien lo hizo a nombre del BCRA, deben ser imputados al BIBA. Ello así, por cuanto lo contrario implicaría confundir lisa y llanamente la persona del demandado con la de quien lo representa, con el agregado de crear un obligado solidario en términos inaceptables en el sistema de la ley 21.526 (Cfr. CSJN, in re "Oliver SA c/Manuel Casco y otro", Fallos:

310:2375). De otro lado, las sociedades en liquidación conservan su personalidad para cumplir los actos necesarios para realizar el objeto propio de la liquidación (cfr. art. 101 de la ley 19.550; Villegas, C. G., "Derecho de las Sociedades Comerciales", p. 260, N° 141, ed.

Abeledo-Perrot, 1993).
Recurso extraordinario, facultades del Poder Judicial, cuestión justiciable, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

El principio atinente a la no revisión judicial de los casos expresamente reservados a los poderes políticos por la Constitución Nacional subsiste sin mengua, incluso bajo la perspectiva de una interpretación dinámica de la Constitución Nacional, porque es también función judicial el resguardo de la jurisdicción que la ley atribuye a organismos no judiciales, principio que es obvio para la competencia de explícito origen constitucional (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Verificación de créditos, costas, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa del Personal de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina Integral Ltda. s/ Incidente de verificación tardía.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

Promovido por la actora el proceso laboral cuya litis trabóse con anterioridad a la iniciación del concurso del demandado, razón ésta por la que se continuó con la radicación en sede laboral, la posterior presentación de la verificación motivóse en el desvío de tal radicación, siendo resistido el crédito por la sociedad demandada y por el síndico de la quiebra. De tal modo, acogido posteriormente el crédito de la insinuante por el juez, mal puede hacérsele cargar con las costas por verificación tardía, ya que aquella ha actuado con la diligencia exigible y además el concurso fue vencido (art. 69 CPC; art. 278 Ley 24522).- (Minoría u opinión personal)
Dominio, restricciones al dominio, forestación
Materia: CIVIL
Carátula: SCIETTI, JUAN c/ CONSTANZA, JUAN s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-26

Conforme lo normado por el art. 2628 del C.Civil, corresponde el retiro de los árboles y/o arbustos que no se encuentren ubicados a la distancia allí establecida, sin requerirse que esas especies provoquen un daño a la propiedad lindera. Así mismo, tampoco se puede requerir la remoción de especies, aunque sean perjudiciales, si se encuentran emplazadas a las distancias prohibidas.
Igualdad ante la ley, principio de no discriminación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

Una norma que no contiene una distinción sospechosa en sentido estricto, sino que en su literalidad aparece como neutra porque no distingue entre grupos para dar o quitar derechos, puede, sin embargo, prima facie -aplicada en un contexto social- producir un impacto desproporcionado en un grupo determinado, en cuyo caso resulta necesario para analizar su constitucionalidad -ante el riesgo de una discriminación a ese grupo- comprobar la manera en que dicha norma se ha implementado justificando, en consecuencia, que el tribunal analice los efectos que su aplicación genera en la realidad.
Daños y perjuicios, prueba, prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cornejo, Lidia c/ Martins Mogo, Norberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Si las declaraciones y constancias del sumario policial han sido invocadas por las partes como prueba de la responsabilidad que mutuamente se atribuían, el valor de esas actuaciones quedó admitido por ambas partes en calidad de hecho integrante de la relación procesal y tienen eficacia en juicio civil, aún cuando no hubieran sido ratificadas en éste, con el control de las partes.
Relación de dependencia, apertura a prueba
Materia: LABORAL
Carátula: TOLOZA CLAUDIO FABIAN c/ CORRALON ANICAR DE VICTOR ARIEL PAZ Y/U OTROS S/ MES INTEGRATIVO DE DESPIDO ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-18

La ley no autoriza a abrir la causa a prueba a fin de acreditar la relación laboral, salvo los supuestos del art. 106 del Código de Procedimiento Laboral.
Daños y perjuicios, valor vida, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mareco, Román c/ Arrondo J. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

La determinación de la medida del daño en supuestos de incapacidades es diferente a la que cabe en casos de muerte. Mientras que en estos últimos no se trata de cuantificar el valor intrínseco que la vida troncada tenía para su titular sino tan solo de recrear el aporte patrimonial que éste hacía a las víctimas jurídicas de su homicidio (damnificados indirectos); en los supuestos de incapacidad, como lo que se menoscaba es la plenitud de la vida del titular de la misma damnificado directo), lastimando la más de las veces un racimo de derechos que hacen a su dignidad personal, la cuantificación de ese daño ha de ser muy diversa y atender a plurales menoscabos o marchitajes de la esfera de su ser.
Facultades del juez, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, jerarquía constitucional, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Si bien los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión de derecho, ínsita en la facultad de los jueces que se resume en el antiguo adagio iura novit curia y que incluye el deber de mantener la Supremacía de la Constitución (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Prueba insuficiente, Impuesto sobre los ingresos brutos, REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN
Materia: PROCESAL
Carátula: Gotlip S. A. c/ Provincia de Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-05

Del resumen probatorio se concluye que la firma accionante no ha logrado acreditar la efectiva realización de la actividad efectuada en los términos exigidos por la normativa -art. s/nº inc. b) siguiente al art. 199 C.F -Código Fiscal-; arts. 1º, 2°, 3° b.2) y 6° del Decreto 961/99- más allá de la falta de presentación del certificado expedido por el RIN - Registro Industrial Nacional- que le permitía gozar del beneficio de gravabilidad cero por ciento (0%) en el impuesto a los ingresos brutos -IIBB- (art. 2° Decreto 961/99).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ledesma, Flora s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Es insuficiente el agravio por el que se impugnan las presunciones que enuncia la Cámara para rechazar la excusa alegada por el procesado, si se omite relacionar el mismo con los contenidos legales previstos para la prueba de presunciones y correspondientes al concepto mismo de presunción, los que debieron vincularse con el art. 239 del Código de Procedimiento Penal que se invoca.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión, prueba documental, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dinella Alberto c/ Municipalidad de Ramallo s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Argüido por la Municipalidad reivindicada que la actora le cedió el terreno objeto de la acción, debió acreditar ello no sólo por los testimonios de funcionarios actuantes, sino por la vía instrumental, ya que un acto de tales características requiere ineludiblemente de la forma escrita. Es que en el ámbito de la actividad administrativa la trascendencia de las formas es relevante, en cuanto cumplen una función de garantía tanto de los derechos de los administrados como del orden, acierto, justicia y legalidad que deben existir.
Actualización monetaria, procedimiento tributario, crédito fiscal, compensación de saldos, reintegros impositivos, repetición de impuestos
Materia: CIVIL - TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Argentina de Seguros Minerva  S.A. c/ D.G.I. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

El reconocimiento de que la actualización por depreciación monetaria participa de la misma naturaleza del crédito a que corresponde - y que no es un accesorio sino la misma deuda expresada en diferente unidad de medición -, aparece en la legislación tributaria en el art. 115 de la ley 11.683, reformado por la ley 23 314 e inspiró la reforma del art. 129 del citado cuerpo legal, cuyo segundo párrafo fue sustituido por la ley 23.905.
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

No es fundado el recurso de casación que descansa en una distinta interpretación de los hechos sustentadores de la responsabilidad que el Tribunal estima como acreditados en el respectivo veredicto.
Desacato, delito de acción pública, denuncia, denuncia obligatoria, jueces
Materia: PENAL
Carátula: PEDRO J. PANETH s/ INCIDENTE OPONIENDO EXCEPCION DE FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-13

1 - El delito de desacato es de acción publica y por ende la "notitia criminis" puede ser suministrada por cualquier persona que tomare conocimiento del mismo.

2 - Si el denunciante es un Juez de la Nación, tiene la obligación legal de denunciar el delito de desacato para lo cual se encuentra legitimado.
Caducidad de instancia, integración de la tasa de justicia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Gomerz Esquivel Raúl c/ Anibal Baez s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-06

Las actuaciones vinculadas con la integración de la tasa exigida por el a - quo para continuar el trámite del proceso son interruptivas del curso de la caducidad.
Caducidad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Siso, Alejandro c/ Spaccarotella, Horacio s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-11-25

Si bien el criterio para aplicar el instituto de la caducidad debe ser restrictivo ya que se debe estar por mantener vivo el proceso, el mismo resulta operativo sólo para casos dudosos.
Honorarios, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRAVO HECTOR HUGO c/ HUGO H. SAAD s/ COBRO DE HONORARIOS Bravo, Hector Hugo c/ Hugo H. Saad s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-28|1994-10-28

La carga de la prueba no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloca en el proceso. En un reclamo de honorarios por dirección técnica de una locación de obra, ante la afirmación del actor-director de obra- de que su trabajo lo fue en un 40 % de la obra, (hecho constitutivo de su derechos), corresponde al demandado acreditar que tal afirmación no es veraz, probándolo ya sea mediante hechos extintivos, impeditivos o modificatorios oponibles a los que dan sustento a la pretensión actora.-
Menores, adopción, bien jurídico protegido, derecho a la identidad, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: SUBNAF s/ MEDIDA EXCEPCIONAL DE LOS MENORES T. C. A. Y OTRA -CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-30

En casos don se ponga en juego los intereses superiores de los niños, estos -casos- deben ser objeto de un concreto análisis en singular, "toda vez que el interés superior del niño (art. 3 CDN, art. 3 Ley 26.061), requiere de una valoración particular según las circunstancias fácticas en las que el grupo familiar se desenvuelve. De modo tal que para separar a un niño del grupo de hermanos, dicha decisión debe estar fundada debidamente.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Carlos Enrique c/ Sodipa S.A. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-27

Es factible que además del incumplimiento contractual laboral, la conducta del empleador ocasione un daño en el espíritu del dependiente que nos lleve a ingresar en el campo del daño moral. Mas en tal circunstancia, dicha conducta empresaria debe sucederse por fuera de las derivadas del vínculo contractual anudado con el contrato de trabajo. Si la conducta del principal por el contrario se encuentra comprendida dentro de las derivaciones del contrato mismo, entonces nos debemos ceñir concretamente a la reparación que para ello establece la ley especial.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, leyes, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Navas, Gabriel Francisco y otros c/ Caja de Previsión Social de los agentes civiles del Estado s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nro.  509-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

El artículo 14 de la ley 9816 establece que la categoría del beneficio a acordarse estará determinada por el sueldo sujeto a aportes jubilatorios o haberes jubilatorios correspondientes al mes de fallecimiento del causante. Por tanto, su sueldo o haber al mes del fallecimiento es el que determina la categoría del seguro. En el caso de autos, ante el dictado del nuevo decreto mediante el cual se actualizaron las escalas de sueldo y, por ende, los montos del seguro, se trasladó la cuarta categoría del decreto nro. 2757/89, a la sexta del decreto nro. 0330/90. La conversión se realizó, conforme resolución de la Caja, trasladando las categorías al nuevo decreto. Se realizó, entonces, una adaptación de la categoría del seguro al nuevo decreto de escalas a fin de que él o los beneficiarios perciban un importe similar al que hubieran cobrado, en su caso, de no haberse practicado el ajuste en la nueva escala.

Sin embargo, la Sala entiende que frente al reconocimiento expreso de la Caja de que correspondía imputar el seguro reclamado como de categoría cuarta -por ser en la que revistaba el agente al tiempo del siniestro- así debía, sin más, liquidársele a los solicitantes, siendo irrelevante en virtud de qué decreto el causante había accedido a dicha categorización. Se advierte, entonces, que ha prescindido del encuadramiento legal, fundado en el sueldo o haber jubilatorio computable, por cuanto mediante lo resuelto, el seguro en cuestión quedaría ubicado, en los hechos, en una cuarta categoría del decreto nro. 0330/90 para sueldos de A 200.001 hasta A 500.000 y con un aporte personal de A 360, cuando el haber computable del interesado era de A 94.245, y por ende, nunca pudo aportar para esa nueva categoría porque, además de estar fallecido, nunca gozó de un haber mayor a A 200.001.Tal criterio carece de razonabilidad porque, sin dar razón plausible para así decidirlo, se aparta de la télesis de la norma que tiende a asegurar una proporcionalidad entre el aporte personal por beneficio a acordarse y el monto del seguro. La desinterpretación incurrida por el A quo convierten al decisorio impugnado en arbitrario.