Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-27


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.317 CAUSA NRO. 8.535/10 AUTOS: "MAISTRUK DANIEL ELIO C/ CURTIDURIA ALFA S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 17 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Diciembre de 2.011, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs. 227/228 es apelada por la parte actora y demandada a tenor de los memoriales obrantes a fs. 229 y fs. 231/233, respectivamente, mereciendo esta última réplica de la contraria a fs. 237/238.

II. Por una cuestión de estricto orden metodológico, trataré en primer lugar el recurso interpuesto por la parte demandada.

Se agravia porque la Sra. Jueza de grado, luego de declarar la cuestión como de puro derecho, admitió el reclamo al considerar que el actor se consideró despedido justificadamente.

La Sra. Magistrada de origen luego de transcribir el intercambio telegráfico habido entre las partes, concluyó, con fundamento en el art. 52 de la ley 23.551 que la demandada no podía descontar sumas de dinero al actor sin contar con venia judicial, con independencia de que le asistiera o no razón sobre el fondo de la cuestión. Agregó que el régimen de la ley 23.551 impone un mecanismo de control judicial, que no ha sido respetado en la causa y por ello, la decisión del actor de considerarse despedido resultó ajustada a derecho. Cabe memorar que la parte demandada alegó que el actor con motivo de su designación como delegado del personal (a partir del 5/4/07) comenzó a tomarse permisos gremiales y en virtud de ello se ausentaba de su lugar de trabajo, ya sea el día completo y en oportunidades se retiraba por varias horas, a media mañana o al mediodía para no retomar sus tareas. Señaló que no acreditaba que tuviera un permiso sindical, y que de acuerdo a lo previsto en el CCT 125/75 se encontraba excedido en los días de licencia y horas por motivos sindicales, por lo que a partir de Julio/07 procedió a descontarlas del salario. Manifestó por los argumentos que expone, que actuó legítimamente y no modificó las condiciones de trabajo, por lo que la situación no encuadraría en lo previsto por el art. 52 de la ley 23.551 (v. fs. 155/vta/156 de la contestación de demanda). Ante esta Alzada la parte demandada reitera dichos argumentos y señala que la Sra. Magistrada no los tuvo en cuenta, cercenando la garantía de defensa en juicio al privarlo de la producción de la prueba que acreditaría que la falta de pago de salarios invocada se encontraba justificada, en especial la testimonial y pericial contable. Coincido con la solución adoptada en origen.

Cabe señalar que en el caso de autos la demandada no ajustó su conducta a derecho. Hago tal afirmación porque aún cuando hubiera justificado las razones por las cuales no abonó el salario, no puede soslayarse que la ley 23.551 adoptó un procedimiento especial para proteger a los trabajadores/as que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales, entre otros organismos (art. 48 LAS), circunstancias que a mi entender y en modo alguno altera las facultades organizativas que el art. 65 y concs.LCT otorga al empleador. En concreto, la demandada previo a cualquier alteración del salario, aún por ausencias injustificadas, debió acudir al procedimiento previsto en la norma citada, es decir solicitar la venia judicial que lo autorizara para actuar como lo hizo, sin embargo ello no ocurrió.

En efecto, el artículo 52 de la ley 23.551 prevé una forma especial de protección a la estabilidad en sentido amplio que conlleva la imposibilidad de afectar los contratos de trabajo de los representantes sindicales si no mediare "resolución judicial que los excluya de la garantía".	Dicho dispositivo establece un sistema de propuesta. Por lo tanto, si el empleador pretende suspender o variar las condiciones de trabajo de un representante sindical debe, con carácter previo, iniciar una acción en la que se describa precisa y concretamente los hechos que lo motivan y cual es su proposición y en ese sentido, se configura una confluencia de voluntades: la del empleador que tiene la iniciativa y la del órgano judicial que la admite y la legitima.

Sin embargo, no es éste el supuesto de autos, en los hechos, la demandada alteró la remuneración sin haber ocurrido al mecanismo legal antes indicado, por lo tanto no puede sostenerse la eficacia o autonomía aislada de la decisión del empleador ya que el Juez interviniente de este Fuero, en este aspecto, está facultado para analizar en plenitud el proceder y la conducta, para desentrañar si se advierte o no en la propuesta, un proceder antisindical y viabilizar o no la medida requerida.

En consecuencia, todo intento de afectar el contrato de trabajo, por parte del empleador durante el lapso que alude el art. 48 de la ley 23.551, debe ser encausado por la vía dispuesta en el art. 52, del mencionado dispositivo legal. Su incumplimiento determina que la pretensión de sancionar, despedir o modificar las condiciones de trabajo, carezca de idoneidad y eficacia en su estructura de acto jurídico. (v. mi voto en "Hotel Waldorf S.A. c/ Adaro Sandro Fabián s/ Juicio Sumarísimo" S.D.: 87.032 del 26/9/2011 del Registro de esta Sala).

Añado que la producción de prueba que pretende el apelante en modo alguno alteraría la solución del litigio, pues aún en el mejor de los casos, reitero, la demandada soslayó realizar el procedimiento de exclusión de tutela sindical para obrar como lo hizo circunstancia que tornó ineficaz de decisión unilateral del empleador al respecto. Po ello, considero adecuada la resolución de la Magistrada de grado al declarar a fs.223 vta. la causa de puro derecho. Por lo expuesto correspondería confirmar el pronunciamiento apelado.

III. La parte actora se agravia porque considera errónea la liquidación que realizó la Sra. Magistrada respecto de la indemnización prevista por el art. 52 Ley 23.551, dispositivo legal que prevé que el trabajador al colocarse en situación de despido indirecto tendrá derecho a percibir además de las indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior.

En virtud de lo dispuesto precedentemente, y, teniendo en cuenta que el actor percibía un salario de $ 1.800, que se consideró despedido el 6/6/08 y que su mandato finalizaba el 5/4/2009, circunstancias que llegan firmes a esta Alzada, resulta acreedor además de las indemnizaciones por despido a la prevista por el art.52 Ley 23.551 por la suma de $ 39.600 ($1.800 x 22 meses).

Por tales razones debería modificarse la liquidación practicada por la Sra. Jueza de grado a fs. 228 de la siguiente manera: 1) Indemnización por antigüedad: $ 7.200; 2)Preaviso omitido: $ 1.950; 3)Integración del mes: $1.440, 4) Días del mes: $360; 5) Vacaciones no gozadas: $ 504; 6) Sac proporcional: $900; 7) Diferencias salariales: $ 1.439; 8)Art. 52 Ley 23.551: $39.600 y 9) Art. 2º ley 25.323: $ 5.295, lo que hace un total de $ 58.688.

IV. De acuerdo a lo resuelto en el considerando III de este decisorio corresponde modificar el fallo elevando el monto de condena a la suma de $ 58.688 más los intereses dispuestos en origen que llegan firmes a esta Alzada. V. Atento la modificación que propicio y lo dispuesto por el art. 279 CPCCN, corresponde imponer las costas de ambas instancias, a la demandada vencida en lo principal, dado que no observo que existan razones atendibles para apartarme de la regla general estatuída por el art. 68 CPCCN. Asimismo, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y demandada resultan reducidos, por lo que propicio elevarlos al 16% y 14% respectivamente, debiendo ser calculados sobre el nuevo monto de condena, incluídos los intereses (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación ).

En cuanto a la actuación en esta Alzada, regúlanse los emolumentos de los letrados firmantes por la parte actora y demandada en el 27% y 25% respectivamente a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839). VI. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma de $58.688 más los intereses dispuestos en origen; 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando V. La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma de $58.688 más los intereses dispuestos en origen; 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando V. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela A. Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.