Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-19


AUTO NUMERO: CATORCE Córdoba, DIECINUEVE	de	ABRIL	del año dos mil cuatro.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "LOVELI S.A. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. letra "L", nº 08, iniciado el quince de diciembre de dos mil tres), en los que:

A fs. 110/125 vta., la firma Loveli S.A. por intermedio de sus apoderados, Dras. María Gabriela Moreno y Natalia Alejandra Koch, según lo acreditan con la documentación acompañada a fs. 15/17, interpone acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Provincia de Córdoba, persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Provincial Nº 2148/02 que regula el ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud humana en especial los arts. 184 in fine De los Ópticos Técnicos y 220 de las Casas Mayoristas y/o Distribuidoras o Vendedoras de Óptica por ser violatorios del principio de supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional), en tanto aquellas disposiciones resultan contrarias al Decreto Nacional Nº 2284/91 (ratificado por Ley Nº 24.307) que consagra los principios de desregulación económica y a la Ley Provincial Nº 8.551, la cual ratificara el acta de adhesión al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, con sustento en que dicha legislación limita, condiciona y obstaculiza arbitrariamente a la accionante la libre comercialización en el territorio provincial de los productos de anteojos para sol y anteojos pregraduados para la presbicia de igual grado en ambos ojos sin fines terapéuticos, toda vez que prohíbe el expendio de dichos productos fuera de los comercios habilitados como ópticas.

1.2. Manifiestan las comparecientes que la entidad que representan tiene por objeto la importación y comercialización de anteojos de sol y gafas de lectura pregraduadas en resinas termoplásticas, especialmente condicionados para compensar el defecto simple de la presbicia, sin fines terapéuticos. Añade que tales productos se encuentran inscriptos en el registro pertinente de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, organismo que además, fiscaliza el control de calidad de dichos productos.

Señalan que el monopolio y la regulación impuestas por la ley fueron tácitamente derogadas por el avance tecnológico, ya que tales elementos presentan una serie de novedades en cuanto a la elaboración, en tanto son las fábricas de cristales ópticos quienes terminan confeccionando, mediante la utilización de técnicas de producción diseñadas para alcanzar con una extraordinaria calidad, lentes más comunes con material ya graduado en base a dioptrías clásicas, luego de ser sometidos a un estricto control de calidad a cargo de técnicos ópticos. Por ello, ha desaparecido la actividad artesanal del óptico para este tipo de productos, ya que la misma ha quedado circunscripta a las lentes individuales y personales con fines terapéuticos que interpretan recetas de los especialistas (oftalmólogos) en los casos de afecciones serias de la visión.

Puntualizan que como consecuencia del giro comercial que tomaron las distintas actividades del mercado y a modo de materializar una situación de hecho que ya imperaba, se procedió al dictado del Decreto Nº 2284/91 (ratificado por Ley Nacional Nº 24.307) por el cual se dejan sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio de la Nación . Sin embargo, relatan que, recientemente, clientes de la firma, como perfumerías y farmacias, que habían adquirido anteojos para sol para su expendio en locales comerciales que no se encuentran habilitados como ópticas, procedieron a la devolución de la mercadería adquirida por existir a nivel provincial, la prohibición de venderlos en locales no autorizados como ópticas y por haber sido intimados por inspectores o funcionarios municipales al retiro de la mercadería invocando la legislación vigente, bajo apercibimiento de su posterior secuestro.

Expresan que la Resolución Interpretativa Nº 102/95 dictada por el Ministerio de Economía, diferencia claramente dos grupos de anteojos: a) el formado por aquellos con fines terapéuticos respecto de los cuales en resguardo de la salud de la población se establece que su expendio será por cuenta de los técnicos ópticos; y b) el formado por los que no revisten fines terapéuticos por ser inocuos para la salud de la población (anteojos contra el sol, para la corrección de la presbicia con igual grado en ambos ojos, prehechos y pregraduados) permitiendo su libre tenencia y comercialización en establecimientos que no sean ópticas, en virtud del Decreto Nº 2284/91, quedando en consecuencia derogadas todas las normas que estén en pugna con aquella desregulación y con los objetivos perseguidos con su sanción. Por ello, las disposiciones impugnadas del Decreto Provincial 2148/02 devienen nulas e inconstitucionales al transgredir los arts. 14, 17, 31, 42 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución Nacional; 1, 6, 15 y 33 de la Constitución Provincial.

Plantean que la cuestión en debate enfrenta claramente dos conceptos: la desregulación económica por un lado, y por el otro, un monopolio injustificado, arbitrario y perjudicial que opera directamente en detrimento de la entidad que representan y de la población en general. Al encontrarse los anteojos para sol acondicionados para su venta al ser estandarizados y no necesitar ningún tipo de adecuación del medio óptico protector de los rayos solares, la normativa provincial resulta violatoria de derechos constitucionales al favorecer irrazonablemente a determinado sector del comercio -casas de ópticas en detrimento de todos los otros - mayoristas y/o distribuidores de óptica que expenden productos verificados por A.N.M.A.T. INTI, siendo una exigencia para la obtención de la habilitación, que exista un Director Técnico a cargo, Técnico Óptico de la firma Loveli S.A., cuyo nombre y matrícula aparece en cada rótulo adherido a los anteojos. Advierten también, que la normativa cuestionada elimina la competencia para que haya más oferta y bajen los precios a fin de que sea el mercado el que dirima las preferencias.

Hacen notar que la firma Loveli S.A. cumplimentó su inscripción de conformidad a las exigencias del Decreto Nº 1490/92 y de la Disposición Nº 607/93, asignándole al Registro A.N.M.A.T. el Nº 001432. En ese marco, señalan que para el ingreso a la plaza de las lentes pregraduadas para la presbicia simple sin fines terapéuticos, la entidad debe cumplimentar los requisitos relativos a verificación de calidad y condiciones de rotulada.

Destacan que es palmaria la desproporción entre el supuesto objetivo perseguido por el poder de policía provincial y la limitación legislativa a que se llega, teniendo en cuenta la intención finalista del legislador. La actividad que debió desarrollar el Poder Ejecutivo en ejercicio de esta atribución, era adecuarse a la totalidad del ordenamiento jurídico vigente.

Acto seguido, las letradas apoderadas puntualizan que se encuentran reunidas en el caso, las condiciones para habilitar la instancia. Ello por cuanto se postula la inconstitucionalidad de una norma acto administrativo de carácter general por ser violatoria de principios constitucionales nacionales y provinciales, con la finalidad de precaver las consecuencias de un acto en ciernes y fijar las relaciones que vinculan a las partes en conflicto.

Asimismo, destacan que en el caso se encuentran reunidos los dos presupuestos exigidos para la procedencia de la acción impetrada, a saber: por un lado, la legitimación activa de la firma Loveli S.A. fundada en el interés jurídico, personal y directo que dimana de las prescripciones referenciadas, en particular el Decreto Nº 2148/02, art. 220, cuando consagra la prohibición de comercializar en forma mayorista los artículos ópticos en otro establecimiento que no sean las casas de óptica. Por otro lado, sostienen que ha existido actividad suficiente que ha puesto en tela de juicio el derecho subjetivo que se ejerce, afectando el interés invocado, al mediar actos concretos del poder administrador, aportando prueba documental a fin de demostrar la lesión sufrida.

1.3. Por último, solicitan se ordene como medida cautelar innovativa, y hasta tanto se dicte sentencia en estos autos, la prohibición para el Estado Provincial y para la totalidad de los municipios que integran su territorio, de aplicar el Decreto Nº 2148/02, en particular los arts. 184 y 220, debiendo en consecuencia, abstenerse de efectuar respecto de comercios no habilitados como ópticas, emplazamientos, confeccionar actas de infracción y/o aplicar sanciones y/o multas y/o decomisos y/o secuestros de los productos ópticos y/o cualquier otro acto o medida que implique restringir o impedir la libre comercialización de anteojos para sol o pregraduados de igual grado en ambos ojos, hasta que medie pronunciamiento definitivo en la acción principal.

A los fines de la procedencia de la precautoria requerida, advierten que se encuentra reunidos los requisitos en orden a la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y suficiente contracautela.

Ofrecen prueba y formulan reserva del caso federal.

2. A fs. 130/135 vta. el Sr. Fiscal General de la Provincia evacua la vista que le fuera corrida (fs. 129) expidiéndose por la inadmisibilidad formal de la demanda, en razón de que la pretensión carece del requisito de caso concreto, en tanto el mismo debe entenderse en conexión con la naturaleza declarativa de la acción originaria de inconstitucionalidad, con su función preventiva y con el estado de hecho que constituye el fundamento de la acción: la amenaza de un derecho y no su lesión efectiva.

3. A fs. 136 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 136 vta.), deja la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

La naturaleza excepcional de la acción directa de inconstitucionalidad deducida en autos, exige un pronunciamiento por parte de este Tribunal Superior de Justicia, respecto de la admisibilidad formal de la misma. A tal fin, es menester analizar si en la especie concurren los presupuestos necesarios para ello, establecidos en el artículo 165 inciso 1º, apartado a) de la Constitución Provincial y en el artículo 11, inciso 1°, apartado a) y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 8435.

Dicho examen, por mandato constitucional, corresponde efectuarlo con un criterio restrictivo, dado que ella requiere la intervención originaria y exclusiva de este Tribunal Superior de Justicia en pleno, pues esta vía directa de inconstitucionalidad provincial constituye una acción sustancial mediante la cual se viabiliza el ejercicio de la jurisdicción constitucional en instancia originaria atribuida taxativamente al Tribunal Superior de Justicia a través de la normativa antes referenciada, y cuyo carácter restrictivo autoriza al Tribunal a disponer su rechazo in limine cuando su inadmisibilidad aparece en forma manifiesta y ostensible, desde que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de la confianza legítima de los ciudadanos en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, al mantenerse innecesariamente en duda la regularidad constitucional de las normas cuestionadas mientras se sustancia la causa (Conf. T.S.J., en pleno, Asociación Vecinal Leandro N. Alem y Otros c/ Municipalidad de Río Cuarto Acción Declarativa de Inconstitucionalidad , A.I. Nº 18 del 15/03/1999).

En función de tales conceptos, es dable entonces proceder, previo a todo otro análisis, a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de la acción declarativa intentada en orden a las exigencias de caso concreto y parte interesada .

En orden al primero de dichos requisitos, es dable precisar que el sentido de la expresión "caso" contenida en el citado precepto constitucional equivale a "conflicto de intereses" que puedan suscitarse entre distintos "sujetos o partes" de una relación jurídica sustancial.

De tal suerte que el justiciable legitimado, aun cuando no haga valer una pretensión de condena, necesita de la intervención del Tribunal, para que mediante el pronunciamiento jurisdiccional se le confiera certeza a una situación jurídica dudosa, susceptible de producirle un daño.

Por consiguiente, este último supuesto constituirá una causa judiciable en los términos del art. 165 inc. 1, apartado "a" de la Constitución Provincial.

En ese orden, es menester precisar que el carácter constitucional y extraordinario de la acción declarativa de inconstitucionalidad, no exime al pretensor de cumplimentar las prescripciones establecidas por el art. 175 del C.P.C. y C., referidas a los requisitos de la demanda.

El proceso en el que se articula la presente acción no se sustrae de la regla del "contradictorio" o de la "bilateralidad", razón por la cual, es menester que se designe con precisión el nombre y domicilio del demandado o legitimado pasivo, es decir la persona jurídica de la cual emana la resolución cuestionada, quien será citada al proceso a través de su representante.

En el caso, si bien en el escrito introductorio de la presente, el actor demanda la inconstitucionalidad de los arts. 184 y 220 del Decreto Nº 2148/02, no indica, en momento alguno, el domicilio del demandado (cfr. fs. 5/7), deficiencia ésta que obsta a su admisión (art. 176 del C.P.C. y C.), ya que la debida constitución de la relación procesal, exige no solo conocer con precisión a quién se demanda, sino también el domicilio donde deberá ser citado, en tanto ello posibilitará asegurar el debido proceso y consecuentemente el ejercicio de derechos o prerrogativas que garanticen una adecuada y correcta defensa en juicio.

Por lo demás, la solución propuesta resulta ajustada a la normativa citada toda vez que, mediante la exigencia de un "caso concreto", se procura excluir del control directo de constitucionalidad la mera transgresión abstracta de intereses, de carácter simplemente consultivo o que ponga de manifiesto una indagación meramente especulativa.

Dicho recaudo no constituye un formalismo enervante de la tutela judicial que ampara el art. 19.9. de nuestra Carta Magna local, sino que tiende a facilitar que se logre el objetivo de esta acción: crear certeza jurídica mediante una sentencia, que aun cuando sea de efecto declarativo, vincula a todas las personas respecto de las cuales ha de tener el efecto propio de la cosa juzgada.

No obstante la objeción formulada en orden al incumplimiento de los presupuestos formales de la demanda en que se ha incurrido en autos, y con relación al carácter preventivo de la acción declarativa de inconstitucionalidad, cabe señalar que el mismo tampoco se satisface en la especie.

A tales fines, resulta preciso recordar que en el sistema ordinamental cordobés, la acción de inconstitucionalidad de carácter "preventivo" o "declarativo" compete originaria y exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia (art. 165 inc. 1, apart. "a" Const. Pcial.). En cambio, la inconstitucionalidad de carácter "represivo" corresponde a los tribunales inferiores. En este último supuesto, la vía procesal es indirecta o incidental, de "excepción o defensa de inconstitucionalidad".

Lo señalado precedentemente conforma una constante doctrina del Tribunal Superior de Justicia (conf. "Banco Social de Córdoba c/ Municipalidad de San Francisco", Sent. Nro. 50 del 050883, L.L. Córdoba, 1984, p. 239 y ss.), a través de la cual se ha puesto de manifiesto que nuestro régimen procesal conoce las dos vías clásicas que aseguran la efectiva aplicación del texto constitucional: la directa, por acción o demanda de inconstitucionalidad y la indirecta o incidental. En tanto que esta última puede ser juzgada por cualquier juez provincial, con conocimiento en instancia última por vía de recurso del Tribunal Superior, este Alto Cuerpo conoce de la primera en vía originaria con competencia exclusiva y excluyente (art. 165 inc. 1 apart. "a" C. Pcial.).

Así, mientras la vía directa pone en conocimiento del juez la cuestión constitucional en toda su pureza, esto es, desprovista de toda cuestión litigiosa, la vía incidental permite llevarla "injertada" por así decirlo dentro de una controversia principal a la cual accede "incidenter tantum" y a la cual condiciona como cuestión prejudicial. Una y otra vía responden a situaciones y necesidades bien distintas, y en esa diferencia reside su naturaleza peculiar. En la vía incidental el derecho del actor ha sido afectado por una violación ya consumada, y el proceso sirve para establecer la vigencia y efectividad del orden jurídico alterado. La causa de pedir es un perjuicio concreto sufrido por aquél a quien se concede la acción, para que obtenga satisfacción mediante la condena del infractor; se trata, respectivamente, de una acción y sentencia de condena, y esta última sirve de título hábil para perseguir la ejecución compulsiva del demandado.

La acción declarativa de inconstitucionalidad, en cambio, presupone no una violación constitucional ya consumada, sino una amenaza, esto es una relación jurídica o un derecho en trance de verse lesionados.

Ello provoca un estado de incertidumbre respecto de quien la sufre, que genera el interés por la obtención de certeza, la que, considerada como un bien en sí misma, el Estado asegura mediante la acción y la sentencia de mera declaración de certeza ("mero accertamento"), la cual no es seguida de ejecución alguna, pues la pretensión del actor se agota en la sola declaración provista de los efectos de la cosa juzgada.

Consecuente con su naturaleza declarativa, la acción de inconstitucionalidad en vía principal cumple un rol preventivo propio de su función productora de certeza jurídica, al eliminar los conflictos antes de que un derecho sea transgredido, cuando sólo pesa sobre él una amenaza. Se trata, no de reaccionar contra la violación actual de un derecho de orden constitucional local, que aparece como insatisfecho, incumplido o violado, sino de eliminar la incertidumbre producida por su amenaza. De tal suerte que si el daño se consuma, la acción declarativa pierde toda su utilidad.

Dentro de este marco conceptual "el interés en su deducción reposa en el estado de incertidumbre que no presupone un daño actual, en el sentido de derecho violado, sino en el interés en prevenir una situación perjudicial, dado por una situación de hecho que, sin la declaración de certeza, sobrevendrá" (Enderle, Guillermo Jorge "Acción de Inconstitucionalidad", Diario La Ley de fecha 06/03/02).

Así, la expresión "caso concreto" debe entenderse en conexión con la naturaleza declarativa de la acción originaria de inconstitucionalidad, con su función preventiva y con el estado de hecho que constituye el fundamento de la acción: la amenaza de un derecho y no su lesión efectiva.

Ello por cuanto la misma participa de los caracteres de toda acción declarativa y por ende "posee perfiles nítidamente propios y con dimensiones que se proyectan e incardinan en el campo de operatividad de las modernas tendencias procesales que postulan la consolidación de la función preventiva de la Jurisdicción" (Enderle, Guillermo Jorge "Acción de Inconstitucionalidad", Diario La Ley de fecha 06/03/02).

En este sentido tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "procede la acción declarativa de inconstitucionalidad en la medida que ...responda a un caso y busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye la ilegitimidad..." (Fallos 307:1379; 312:1003, 316:2855; 320:1093; 322:678, entre otros).

En el caso de autos, no se cumplimenta el requisito señalado supra respecto del "estado de incertidumbre" o "amenaza" ya que el decreto cuya inconstitucionalidad se persigue por esta vía, ya ha sido aplicado, por lo que se habría consumado el supuesto agravio fundamento de la acción. De allí la inadmisibilidad del remedio intentado.

La conclusión opuesta esto es la admisibilidad de la demanda luego de consumada la lesión que se procura evitar desvirtuaría la naturaleza excepcional de la acción de que se trata. El Tribunal Superior de Justicia asumiría competencia originaria frente a toda conducta o acto fundado en normas pretendidamente inconstitucionales, lo que no se compadece con la excepcionalidad de dicha competencia.

Teniendo en cuenta los conceptos antes vertidos, y a los fines de resolver adecuadamente respecto a la admisibilidad de la demanda incoada, cabe indicar que la accionante postula la inconstitucionalidad del Decreto Provincial Nº 2148 que regula el ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud humana en especial los arts. 184 in fine De los Ópticos Técnicos y 220 de las Casas Mayoristas y/o Distribuidoras o Vendedoras de Óptica por ser violatorios del principio de supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional), en tanto aquellas disposiciones resultan contrarias al Decreto Nacional Nº 2284/91 (ratificado por Ley Nº 24.307) que consagra los principios de desregulación económica y a la Ley Provincial Nº 8.551, la cual ratificara el acta de adhesión al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, con sustento en que dicha legislación provincial limita, condiciona y obstaculiza arbitrariamente a la accionante la libre comercialización en el territorio provincial de los productos de anteojos para sol y anteojos pregraduados para la presbicia de igual grado en ambos ojos sin fines terapéuticos, toda vez que prohíbe el expendio de dichos productos fuera de los comercios habilitados como ópticas.

El análisis de los términos de la presentación y demás antecedentes acompañados por la entidad accionante, revelan con meridiana elocuencia que la normativa cuya inconstitucionalidad se persigue, ya ha sido aplicada efectivamente con anterioridad a la interposición de la presente demanda, lo que obsta a la admisión de la misma en tanto no se satisface el requisito relativo al carácter preventivo que reviste la acción impetrada, conforme los conceptos vertidos en los párrafos precedentes.

En efecto, las propias manifestaciones formuladas por la postulante ponen de relieve la circunstancia apuntada y que permite arribar a la conclusión expuesta. Así, la actora expresa: ...recientemente (...) clientes de la firma, perfumerías y farmacias entre otros, que habían adquirido anteojos de sol para su expendio en locales comerciales que no se encuentran habilitados como ópticas, ubicados en distintas ciudades de la Provincia de Córdoba, procedieron a la devolución de la mercadería adquirida (anteojos para sol) (...) por haber sido objeto de inspecciones y emplazamientos por parte de funcionarios municipales, quienes invocando la legislación imperante han intimado al retiro de la mercadería (...) bajo apercibimiento de su posterior secuestro ... (cfr. fs. 111 y vta.).

Luego, resalta: ...queda acreditado en los presentes que ha existido actividad suficiente que ha puesto en tela de juicio el derecho que se ejerce (...) al mediar actos concretos del poder administrador. Aportando para demostrar la lesión o amenaza (...) la nota por la cual procede a la devolución de la mercadería adquirida, el acta de infracción Nº 1686 (20/11/2003 Expte. Nº 17914 Letra A) y la cédula de notificación por la cual se lo intima a formular su descargo; que nos fuera remitida por un cliente (...) de la firma en la ciudad de Villa María Provincia de Córdoba Perfumería Mistral Armonía S.R.L., de las cuales surge con grado suficientemente concreto la prohibición normativa y su aplicación en caso de contravenirla (...) materializándose así la presunción fehaciente de la vigencia y aplicación de las normas impugnadas. (cfr. fs. 118 y vta.).

Pues bien, del análisis de los propios dichos de la accionante y de la documentación a que se hace referencia en el párrafo transcripto, la que se glosa a fs. 97/99 de autos, surge el pleno e indiscutido reconocimiento de la reclamante en orden a que las normas impugnadas por vía de esta acción de competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia, ya han sido observadas y acatadas por funcionarios públicos y propietarios de comercios no habilitados como ópticas.

Dichos extremos constituyen un valladar infranqueable a la procedencia formal de la acción de inconstitucionalidad incoada en la medida que conforme jurisprudencia constante de este Alto Cuerpo, para que resulte admisible la acción originaria es menester que la violación a los derechos constitucionales que se esgrime en sustento de la acción, no se haya configurado.

Ello así por cuanto la naturaleza declarativa de la vía intentada y su función esencialmente preventiva requieren que mediante su ejercicio se persiga poner remedio a la amenaza de un derecho y no a su lesión efectiva.

En el sub lite, la consumación efectiva del daño invocado por el acatamiento de los involucrados en las disposiciones cuestionadas (comerciantes e inspectores municipales) torna inadmisible la pretensión ejercida por tardía, por lo que procede declarar formalmente inadmisible la acción incoada.

Así las cosas, podemos concluir en que la petición ejercida en la demanda no es conciliable con la naturaleza preventiva de la acción directa de inconstitucionalidad, ya que la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se persigue, ya ha sido aplicada y por lo tanto, no existe incertidumbre respecto de la prohibición que consagra la norma impugnada de comercializar anteojos de sol y gafas de lectura pregraduadas en resinas termoplásticas para la presbicia simple de igual grado, sin fines terapéuticos, en el ámbito de la Provincia de Córdoba y de los derechos que invoca la actora como supuestamente lesionados, en calidad de entidad dedicada a la importación y venta de los artículos mencionados, que amerite la intervención de este Tribunal Superior de la Provincia en virtud del ejercicio de una acción declarativa de inconstitucionalidad.

Ello así, toda vez que la pretensión ejercida no se condice con los objetivos de la vía intentada por cuanto en lugar de procurar superar una situación de falta de certeza en cuanto a una probable lesión futura que se materializaría de ponerse en ejecución la normativa cuestionada en su regularidad constitucional (conf. doct. Sent. Nº 50 del 05/08/83, "Banco Social de Córdoba c/ Municipalidad de San Francisco Inconstitucionalidad", Rev. L.L. Córdoba, 1984, p. 239 y ss.) se persigue la inaplicabilidad de una ley cuya vigencia y acatamiento mediante actos concretos emanados de la Administración y de particulares han sido expresamente reconocidos por la accionante, circunstancias que por lo demás, surgen irrefutables de la prueba aportada a la causa. En virtud de ello, el supuesto daño que se invoca ya se ha consumado.

En el sublite la presentante carece de un interés jurídico concreto que busque fijar la modalidad de una relación jurídica o prevenir o impedir las lesiones a un derecho de base constitucional, lo que torna inadmisible la vía intentada.

Como corolario de lo expuesto corresponde declarar formalmente inadmisible la pretensión incoada, no resultando procedente pronunciarse acerca de la medida cautelar solicitada en virtud de su carácter accesorio de la pretensión principal, por lo que su tratamiento se ha tornado inoficioso.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General de la Provincia (Dictamen Nº E1065, de fecha 29/12/2003, fs. 130/135 vta.), SE RESUELVE:

Declarar formalmente inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad incoada por las Doctoras María Gabriela Moreno y Natalia Alejandra Koch en nombre y representación de la firma Loveli S.A. , con relación al Decreto Nº 2148/02, en particular los arts. 184 y 220, como así también la medida cautelar de no innovar reclamada.

Ordenar la transferencia del monto del depósito correspondiente al art. 81 de la Ley 9067 (fs. 127) a la Cuenta Especial del Poder Judicial creada por la Ley 8002, a cuyo fin ofíciese al Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Tribunales.

Protocolícese, hágase saber y dese copia.