Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 13 de 2010.

Y Vistos:

1.) Planteó CNA ART SA revocatoria contra la providencia de fs. 150 por la cual se la intimó a pagar, dentro del quinto (5º) día de notificada, la tasa de justicia en los términos de la modificación introducida por la Resolución SRT nº 1665/09 - de fecha 26.11.09- y el Decreto 1694/2009.

2.) La aseguradora solicitó que este Tribunal de Alzada hiciera aplicación del "principio de la ley más benigna" y, por ende, que se declarara la irretroactividad del nuevo valor del MOPRE establecido mediante la Resolución SRT Nº1665/09.

Pues bien, la materia aquí involucrada impone contemplar la situación planteada desde la óptica de los arts. 2 y 3 del Código Civil.

La primera de esas normas señala que la entrada en vigencia de un cuerpo legal se produce luego de su publicación en el Boletín Oficial y que será obligatorio, desde el día que se determine si se designa tiempo, o dentro de los (8) ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial. La segunda norma, indica la manera en que han de efectivizarse los efectos de la nueva ley -en el caso, resolución administrativa-, con relación al tiempo y a las relaciones preexistentes. Dicho art. 3º establece, textualmente, que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias." Esta última alternativa, exige ahondar en los alcances del mentado art. 3 CCiv. en aquellos casos en que se plantee alguna controversia sobre la debida aplicación del nuevo ordenamiento legal a las relaciones y situaciones jurídicas ya existentes y sus consecuencias.

Repárase en que la interpretación de la norma de aplicación tiene como pilares dos principios fundamentales: la irretroactividad de la ley -salvo disposición en contrario que en ningún caso podrá afectar derechos amparados con garantías constitucionales- y su aplicación inmediata a partir de la entrada en vigencia "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".

Cabe profundizar aquí, en el primero de esos principios, esto es, aquél que veda toda posible aplicación retroactiva no prevista expresamente y que lleva de la mano a precisar cuándo una ley es retroactiva, lo que presenta particulares dificultades si se trata de hechos in fieri, es decir, en curso de desarrollo. Ello, a fin de apreciar si la aplicación de la reforma en el caso, implicaría una indebida aplicación retroactiva.

Recuérdase que se ha dicho que se configurará una aplicación retroactiva: a) cuando se vuelva sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurídica anteriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiera a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyan efectos que antes no tenían a hechos o actos jurídicos, si estos efectos se atribuyen por la vinculación de esos hechos o actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiera a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurídico propio, en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes (confr. Roubier P.,"Les conflicts des lois dans le temps" t.1, págs. 376 y sigs.; Borda G. "La reforma del código civil. Efectos de la ley con relación al tiempo" E.D. T.28 pág. 809; Coviello y Busso, citados por LLambías J. J. "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Tº 1, pág. 144/5, en nota 68 bis).

Pues bien, la ley 24.557 en su art. 32 establecía que el incumplimiento por parte de las ART sería sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOS (Aporte Medio Previsional Obligatorio), sino estuviera involucrado un delito más severamente penado. Luego, el AMPO fue reemplazado por el Módulo Previsional (MOPRE), en todas las menciones de las leyes 24.241, 24.347, 24.463 y 24.557, sus decretos reglamentarios y resoluciones conexas de los distintos organismos de la administración pública nacional (art. 3 del Decreto 833/97). A su vez, el art. 1 de la Resolución Conjunta 1114/97 MEc y 661 MTy SS fijó en $80 el valor del módulo previsional.

Finalmente, fue dictado el 05.11.09 el Decreto Nº 1.694/09 que en su art. 15 estableció "a los efectos del artículo 32 de la ley 24.557 y sus modificaciones, la equivalencia del Valor Módulo Provisional (MOPRE) en un treinta y tres por ciento (33%) del monto del haber mínimo garantizado...". Asimismo, el art. 16 del mismo decreto indicó en forma expresa que sus disposiciones entrarían en vigencia "a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".

Asimismo, por Resolución SRT Nº 1665/09 -de fecha 26.11.09- se fijó en "... pesos doscientos cincuenta y cuatro con treinta y cinco con 35/100 ($254,35) el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Decreto Nº 1694...".

A la luz de lo anteriormente expuesto, el planteo introducido por la presentante de fs. 151/152 debe ser acogido.

Repárese en que el Decreto 1694/09 (de fecha 05.11.09) fue dictado con posterioridad a la comisión de la falta sancionada -la cual se concretó en el año 2005- e, incluso, luego de la emisión de la Resolución SRT nº 1.582 que impuso la multa -17.11.09.

Tratándose entonces de una situación consumida con sus efectos jurídicos propios en el pasado, es claro que no puede ser alcanzada retroactivamente por una norma posterior que, además, expresamente dispone que sus efectos se "aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir" de la fecha de su publicación (conf. esta Sala in re "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ HSBC La Buenos Aires Seguros s/ organismos externos (SRT nº 01662/07)" (registro de cámara nº 19244/2010) del 30.06.10 y "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Mapfre Argentina ART s/ organismos externos (SRT nº 7707/07)" (registro de cámara nº 017255/2010) del 30.06.10).

A mayor abundamiento, se muestra conducente puntualizar que es sabido que las sanciones administrativas integran el derecho penal especial (Fallos: 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202), lo que motiva la supletoria aplicación de los principios generales y normas del derecho penal común (Fallos 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202).

En efecto, el art. 2 del Código Penal establece que "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por la ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho".

Esta disposición entonces, no viene sino a reforzar la solución expuesta precedentemente a la luz de las normas de derecho civil. Máxime que a partir de la reforma constitucional del año 1994, se ha otorgado a este principio jerarquía constitucional -art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (CSJN, 15.06.94, "Fornieles de Elkuizen María Inés", Tº 327, Fº 2280; 11.04.06, votos de los Dres. Carlos S. Fayt y Carmen M. Argibay in re "Cristalux SA s. ley 24.144"; 01.04.08, "Arce Enrique Herminio s. homicidio agravado por ensañamiento", Tº 331, p. 472).

3.) Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de reposición deducido por CNA ART SA y, con el comprobante de fs. 154, tener por acreditado el pago de la tasa de justicia.

Notifíquese a las partes por cédula y oportunamente remítanse las actuaciones al organismo de origen. La Señora Juez de Cámara Dra. María Elsa Uzal no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - Alfredo Arturo Kölliker Frers. - Isabel Míguez.