marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Faltas, proceso de faltas, recurso de apelación (procesal), legitimación procesal, Ministerio Público Fiscal, intervención fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Recurso de queja en autos HO-LA-LA SRL s/ s/ falta de plano de habilitación aprobado y otras .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-16

Para contar con legitimación subjetiva para interponer Recurso de Apelación en un proceso de Faltas el fiscal debe tomar intervención en la causa en los términos del artículo 41 de la Ley de Procedimiento de Faltas, requisito previsto tanto en el artículo 56 como en el 58 de la Ley de Procedimientos de Faltas.

Corresponde aclarar que el artículo 41 de la Ley de Procedimiento de Faltas no habla de "sostener la acusación", sino que solo hace referencia a que se le corre vista al ministerio público fiscal a fin de que "intervenga si lo considera pertinente de conformidad con los criterios generales de actuación elaborados de acuerdo al artículo 17 inciso 6 de la Ley Nro. 21".
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M., V. c/ F., A. y otros s/ Cobro de Pesos e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-15

Corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, a partir de la valoración realizada del cumplimiento de los requisitos, examen de los testigos y de sus declaraciones.
Proceso penal, sentencia penal, reglas de la sana crítica, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: C A., J. por homicidio - recurso de inconstitucionalidad penal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-22

El ordenamiento procesal penal de la Provincia de Salta adoptó como sistema de valuación de la prueba el de la libre convicción o sana crítica racional; por tal motivo, el juez no está sometido a limitaciones o reglas del régimen de la prueba legal, sino simplemente a las de esa sana crítica racional, es decir de la lógica, la psicología y la experiencia común. De allí que, en resguardo de los particulares y de la sociedad contra las decisiones arbitrarias, los jueces tienen el deber de motivar sus decisiones, lo que importa exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución. (Del voto en mayoría de los Dres. Catalano, Posadas, Samsón, Vittar y la Dra. Bonari).
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: OLANO VICTOR HUGO c/ JOVI BUS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-18

El trabajador debe acreditar la existencia de trabajo en horas extras y, si la demandada no exhibe el registro de ley, se crea una presunción en su contra (art. 87 del C.P.L.), debiendo el empleador aportar la prueba que la neutralice.
Competencia, competencia contencioso administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ana Maria Lucas de Estrada c/ Estado Provincial s/ Recurso de Casacion Recurso de Casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-02-06

La acción de pago de una suma de dinero, que se promueve con motivo de un acto administrativo, no es una acción civil de derecho privado, sino una acción de derecho público, una acción de carácter administrativo, cuyo juzgamiento le corresponde a la justicia con competencia en lo contencioso administrativo.

Esta es la doctrina legal de esta Corte, y es así, incluso hasta el caso más reciente.

Si el tribunal se considera incompetente para entender en determinado caso, así debe declararse y, no puede expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada dictando resolución rechazando la demanda, obturando la vía propicia para accionar.
Accidente ferroviario, transporte de pasajeros, obligación de seguridad, derechos del consumidor
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Montoya, Mauricio Javier c/ Transportes Metropolitanos General San Martín SA y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-26

Si no se encuentra controvertida la calidad de pasajero del actor ni que las lesiones sufridas han sido consecuencia de su caída a las vías del tren, correspondía a la empresa demandada demostrar los eximentes para poder interrumpir el nexo causal y exonerarse de responsabilidad, ya que por la obligación de seguridad que le compete debía trasladar al pasajero sano y salvo al lugar de destino, derecho previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios, por lo que aún cuando se admita que el demandante adoptó un comportamiento imprudente, la cámara omitió considerar que la demandada tuvo a su alcance la posibilidad de evitar la producción del siniestro, ya que su personal debió adoptar las diligencias del caso y controlar que no existiesen pasajeros ubicados en lugares peligrosos o que las puertas estuviesen cerradas cuando la formación se encontrase en marcha.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida, muerte de la víctima, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

La vida no es un valor indemnizable "per se", pues no es un bien en el sentido del artículo 2912 del Código Civil, ni es susceptible de ser apreciada en dinero. Lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino la cuantía del perjuicio que sufren quienes eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extingo producía. No existe el "valor vida", sino que la muerte puede significar para una persona viva un daño patrimonial. (Del Voto del Dr. Casiello).
Elecciones gremiales, estabilidad del delegado gremial, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: NOGUERA, MARIO TIMOTEO c/ SAMEN GASTRONOMICA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

El sentido de la norma al establecer que la notificación de la designación de un delegado contendrá el nombre, apellido y número de documento de identidad, es el de permitir la identificación del mismo para evitar dudas en caso de homonimia, pero la falta de un requisito formal no torna nula la comunicación si la misma cumplió el fin propuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), debido proceso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Padrón  Moyano  Juan  Manuel  Eladio,  Gutierres  Gregorio  e  Iturbe Coronel Arturo Carmelo s/ Tentativa  Imposible  de  Aborto  Consentido Seguido de Muerte, Grado  Partícipe y Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1990-10-17

Dadas las particularidades de la presente causa, y sin perjuicio del carácter preliminar del presente examen, invocándose en el libelo de interposición del recurso, que el pronunciamiento atacado "prima facie", alterado el principio del debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional), y encontrándose reunidos los recaudos adjetivos, es viable la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad previsto en el art. 19 de la Ley Nro. 1687 (Recurso de Casación) en orden a las disposiciones del art. 7 de la citada ley, "de los recursos en causas penales", del título VII, Capítulo III, arts. 1 y 2 del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional.
Interrupción de la prescripción, actos interruptivos, actos y diligencias procesales, interposición de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: Coccia de Negri c/ Olivera s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

Tiene efecto interruptivo de la prescripción de la acción, la presentación que, aunque no tenga el carácter de demanda en sentido estricto, origina la puesta en marcha de la actividad jurisdiccional sin que tenga incidencia el resultado adverso, si con ella el actor demuestra su intención de hacer valer su derecho; es decir, que no permanece inactivo o silencioso.

La presentación de la demanda ante el Centro de Informática implica por parte de la accionante una manifestación de voluntad exteriorizada suficiente para desvirtuar la presunción de abandono de un derecho.

El feriado judicial establecido para el Centro de Informática Judicial en atención a la unificación de la Justicia Especial y la Justicia Civil constituye un suceso excepcional susceptible de impedir el ejercicio de la acción dentro del término que acuerda la ley para hacerlo.
Caso fortuito, fuerza mayor, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Serena, Juan c/ Huayqui y Corvia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El suceso que constituye caso fortuito debe ser además de inevitable - sea porque no pudo preverse, sea porque aunque previsto o previsible no pudo ser evitado- extra ordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir, que no hubiere ocurrido por su culpa, asumiendo quién lo invoca la carga de su demostración.
Procedencia del recurso, queja por apelación denegada, ley de defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Bey, Hugo Jaime Walter c/ Assist Card Argentina SA de Servicios s/ sumarísimo - recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Corresponde admitir el recurso de queja interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora contra la decisión que desestimó el recurso de apelación incoado contra la resolución que imprimió a las actuaciones trámite ordinario -LDC 53-. Siendo que la cuestión referente a si la providencia atacada resulta apelable -en virtud de lo establecido por el CPR 319 in fine-, ya ha sido una temática abordada por esta Sala precedentes de análogas características (cfr. 17/6/10, in re: "Listek Saiz Enrique Daniel y otro c/ Banco Santander s/ ordinario", entre otros). Se expuso allí que la irrecurribilidad que dispone la norma en análisis se refiere exclusivamente a las decisiones que determinan el tipo de proceso cuando el código autoriza al juez a hacerlo, v.gr. en los casos del CPR 208 ó 322, ó "cuando la controversia versare sobre los derechos que no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso especial", y no fuera de esos casos (Kielmanovich Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación t. II, pág. 492, ed. Abeledo Perrot, 2003; en sentido análogo CNCom., Sala B, 26/5/06, "Damnificados Financieros Asoc. Civil para su Defensa c/ Siembra AFJP s/ sumarísimo s/ queja"; Sala D, 11/11/02, "Corrillo Raúl c/ Punta Mogotes SCA s/ medida precautoria s/ queja"). Así, dado que la inapelabilidad debe ponderarse con prudencia y estrictez, pues por ser norma de excepción no cabe extenderla a casos que no cuadran exactamente en los fines tenidos al establecerla (Cfr. Highton Elena I. Arean Beatriz A, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado con los Códigos Provinciales, t. 6, p. 28, ed. Hammurabi, 2006).
Prisión preventiva, presunción de inocencia, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, ALFREDO Y OTROS c/ E.N.  MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

La presunción de inocencia basta para fundar el derecho a la libertad pero no al de la indemnización a cargo del estado.
Superintendencia de Seguros de la Nación, empleados públicos, adicionales de remuneración, fondo de estímulo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Levy, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía y Superintendencia de Seguros de la Nación) s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El "fondo" creado por la ley 20.091, aun cuando se encuentre afectado a "estimular" al personal de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el cumplimiento de sus deberes y de los reglamentos del cargo, pertenece al patrimonio del Estado Nacional y, en consecuencia, constituye un fondo público (Disidencias del Dr. Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Antonio Boggiano).
Prueba, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: N., M. c/ S. SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-07

La prueba testimonial debe ser examinada en conjunto y si estos resultan acordes, su fuerza probatoria se robustece, más los pequeños desacuerdos y los diferentes vacíos en las narraciones, son más bien signos de espontaneidad.
Recurso de inconstitucionalidad, graduación de la pena, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROPPULO, NICOLAS JAVIER c/  s/ 1) HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL O CONCURSO REAL 2) PARTICIPE PPAL. DE HOMICIDIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Con relación al imputado condenado por el Juez de grado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas como partícipe principal del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso legal, se advierte que el diferente monto de pena dado por el Ad quem del consentido por el Fiscal de Cámaras devino por aplicación del artículo 402 II del Código Procesal Penal -según ley 12912-, que habilita a los jueces a imponer una pena superior o más grave a la pedida por el fiscal cuando ello sea consecuencia del cambio de calificación jurídica, norma que no fue atacada en su constitucionalidad, quedando así satisfecha la garantía de congruencia, regla que no se extiende, como principio, a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos. El tribunal que falla puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (iura novit curia) y se puede fallar un concurso real (C.P., 55) lo que para la acusación significó un concurso ideal (C.P., 54) o un concurso aparente (de leyes), siempre que la discrepancia sea meramente jurídica, es decir, la sentencia no agregue una circunstancia (temporal, espacial o de modo) no contenida en la acusación. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe -según ley 12912-, artículo 402 II.DOCTRINA: Maier, Julio B. J. "Derecho procesal penal. Tomo I. Fundamentos. Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2004. 2° ed. 3° reimp. págs. 569 y 576/577
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, efecto suspensivo, impugnación de la liquidación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Carballo, Abel Hugo Pedro s/ Incidente de Ejecución Parcial de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-06

No estando contemplado tampoco el trámite a seguir en caso de impugnación de la liquidación se le aplica las reglas previstas en el CPCC para los incidentes... - ...en consecuencia, los recursos debieron otorgarse entonces en relación y con efecto suspensivo, lo que así debe declararse en virtud de la facultad revisora que le compete a la Alzada para decidir sobre la procedencia de los recursos sin estar obligada ni por las partes ni por la concesión hecha por el Juez de primera instancia por más que se halle consentida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Robledo, Rosario y otros c/ Artes Gráficas S.R.L. y otros s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

Resultan ineficaces las impugnaciones que remiten al análisis de típicas cuestiones de hecho y prueba, si no se demuestra que los jueces de grado hubieran incurrido en absurdo.
Concursos, proceso de verificación, verificación tardía, costas, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA c/ liquidación judicial de aseguradoras s/ incidente de verificación de crédito de fidec. s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

Aun cuando el crédito sea de causa anterior al concurso o quiebra, al quedar determinado con posterioridad al plazo procesal para verificar, como en el caso, tal circunstancia obsta a que pueda imputarse tardanza en orden a imponer las costas del juicio, ni morosidad pues el incidentista debió necesariamente llegar tarde a verificar, lo que hace concluir que la demora no le es imputable y no hay razón para que soporte las costas, las cuales deben imponerse en el orden causado (CNCom, Sala B in re "Expreso Parque El Lucero SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Lujan" del 3011-06; Di Tullio, José A., "Verificación tardía en los concursos", RDCO n° 206, pág. 443).
Aduanas, mercadería aduanera, origen de la mercadería, certificado de origen
Materia: ADUANERO
Carátula: "Iochpe Maxion Argentina S.A. (T.F. 11.703-A) c/ D.G.A.". s/ aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-09

Ha de tenerse por acreditado el origen zonal de la mercadería si de la lectura de la declaración comprometida y de los certificados de origen expedidos por la autoridad brasileña debe concluirse en que, pase a alguna diferencia terminológica, existe coincidencia entre aquella mercadería declarada e introducida a territorio y lo certificado en la documentación extranjera. Ello es así teniendo en cuenta la finalidad propia de la ALADI de integrar económicamente esta parte del continente incrementando su comercio con la consiguiente complementación de sus industrias que desaconseja la existencia de exigencias excesivamente rigoristas de formalidades que sólo tienden a obstruir esa relación comercial (cfme. esta Sala, 12/3/86, "Fate SAIC"; 7/5/87, "Loma Negra S.A.", y 18/2/97, "Mercedes Benz Argentina S.A.", y Sala V, 27/9/00, "Bear Services S.A. c/D.G.A.", LL.22/2/01).
Fundamentación insuficiente, fallos de la Corte Suprema, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Monsalves, Diego Matías y otros c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

En materia de nulidades, resulta pertinente recordar la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que "la declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del normal cumplimiento de la ley (Fallos: 295:964; 298:312; 330:4549), resultando inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma".En relación a las nulidades introducidas por las defensas en esta ins tancia se advierte que los impugnantes reeditaron la cuestión sin haberse hecho cargo de rebatir los fundados argumentos expresados por el tribunal a quo en su sentencia.
Proceso penal, sentencia, sentencia absolutoria, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERCADO, Jorge A. c/ E.N. (Min. del Int.-Pol. Fed. Arg.) s/ JUICIO DE CONOC".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-26

"La absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aún cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Todo depende de las circunstancias del caso particular" (Marienhoff, Miguel S. "Tratado de D. Adm.", T. III-B, 2da. ed., actualizada, p. 428).
Aplicación de la ley, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO IDA MERCEDES c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-04

La ley aplicable en los casos de accidentes de trabajo, es la vigente a la fecha de la notificación a las partes, de los resultados de la pericia médica realizada, momento en que toman conocimiento de la incapacidad, su grado y cuantía del daño. En nada incide que la accionante haya tenido o no varias intervenciones quirúrgicas, pues en definitiva la pericia médica es la que determina la resultante final de las incapacidades.-
Prescripción de la acción penal, suspensión de la prescripción de la acción penal, extradición
Materia: PENAL
Carátula: " Kristiaan, Ana s/ rechazo de pedido de prescripción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

"El proceso de extradición no puede ser considerado una "cuestión previa" en los términos del artículo 67, primer párrafo del Código Penal". "Las cuestiones previas o prejudiciales a las que hace referencia el artículo mencionado son aquellas que "constituyen circunstancias impeditivas de la persecución penal, que no pueden ser situaciones de hecho, sino cuestiones de índole jurídica -constitucional, administrativa, civil, penal, etcétera-, cuya decisión concreta depende de un juez extraño al del proceso por el delito de que se trata y cuya materia no integra un elemento de dicho delito" (David Baigún, Eugenio Raúl Zaffaroni, Código Penal, Tomo 2 B, Ed. Hammurabi, segunda edición, 2007, Buenos Aires, página 226)"."Históricamente se interpretó que estas cuestiones eran aquellas que debían ventilarse en otros procesos, entre las que se mencionaban la relativa a la nulidad o validez del matrimonio, en los términos del artículo 1104, inciso 1°, del Código Civil de la Nación, el divorcio por causa de adulterio, el desafuero o antejuicio y la prelación jurisdiccional federal reglada por los artículos 19 y 20 del Código Procesal Penal (voto del Dr. Freiler en causa N° 37.854, "Nicosia", reg. 449, del 23/5/06)".

"Ahora bien, las cuestiones previas deben distinguirse de las prejudiciales porque, aunque ambas acarrean el mismo efecto jurídico (la suspensión del cómputo del plazo de la prescripción), son conceptualmente distintas.

Tal como dijéramos en el apartado anterior, el juez de primera instancia sostuvo que debe incluirse al proceso de extradición dentro del concepto de "cuestión previa", de modo que a ese concepto nos avocaremos". "Las cuestiones previas deben ser decididas antes del proceso penal, pero no hacen cosa juzgada; pueden operar impidiendo la iniciación del proceso penal -juicio político o jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales- o deteniendo su curso (prelación jurisdiccional reglada por los arts. 19 y 20 del Cód. Proc. Penal de la Nación)" (Baigún, Zaffaroni, op. cit., página 226). Las cuestiones previas, entonces, impiden el inicio del proceso penal o su consecución"."A poco que se repara en el proceso de extradición se advierte que no puede ser considerado una "cuestión previa". No existe ninguna normativa en nuestro derecho que impida que el proceso penal se inicie, o continúe, cuando medie un proceso de extradición en curso. Ambos procesos pueden transitar paralelamente, no afectándose mutuamente en absoluto.

Por esto no puede decirse que el proceso de extradición sea una "cuestión previa", cuya definición depende, como dijéramos párrafos atrás, de que constituya un impedimento para la iniciación o continuación del proceso penal".
Empleo público, trabajadores temporarios, cómputo de servicios, estabilidad del empleado público, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abad Fernández, Manuel Felipe y Otros c/ U.B.A.", del 22/12/87). (Del voto del Juez Argento, consid. II).U.T.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-24

Como lo ha hecho la C.S.J.N. in re "Rieffolo Basilotto", del 5/2/87, LL. 1987-E-321; "Jasso", ED. 5/11/87, fallo nº 40-399 y lo ha reiterado esta Sala en anteriores oportunidades (exptes. 15.885, del 22/3/88 y 15.721, del 21/4/88) el sólo transcurso del tiempo no convierte en personal permanente y estable al que está unido al Estado por contratos temporarios. Es que el transcurso del tiempo no es idóneo para trastocar de por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso del poder admnistrador (C.S.J.N. "Vidal Castro L.