marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: LELEV OSVALDO AUGUSTO c/ CARRIZO CARLOS s/ PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-25

Las reglas de la sana crítica (art. 386 párr. 1 del CPCC) aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen por ende la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata por un lado, de los principios de la lógica y por otro lado, de las "máximas de experiencias", es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente como fundamentos de posibilidad y realidad.
Sentencia, liquidación, honorarios, juicio, partes, lealtad procesal
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SENTRA SA Y SITRA SAICFIC c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº  286-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-04

El escrito por el que se solicita se intime a la contraparte el pago del capital e intereses, y, honorarios y aportes profesionales no deja de ser una liquidación, si discrimina cada uno de los rubros pretendidos y esboza mínimamente los elementales cálculos aritméticos que hacen a su control. Por ello, y más allá de la innecesariedad de practicar liquidación para la ejecución de sumas líquidas o que puedan liquidarse por simples operaciones aritméticas sobre las bases que la sentencia misma determina (art 262 del CPC y C aplicable por disposición del art 23 de la ley 4106), el principio de colaboración procesal impone a la contraparte poner de relieve los errores que pudiere contener tal elemental liquidación pues, para el caso, la intimación opera además como manifiesto, no resultando fundamento atendible de la impugnación la dilación del trámite por el trámite mismo.
Hurto, hurto de energía, cuerpo del delito, acta notarial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: González, Alberto s/ Hurto - Energía Eléctrica
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Es insuficiente para la demostración del cuerpo del delito - apoderamiento del fluido eléctrico - el acta notarial que da cuenta de la existencia de una conexión clandestina, sin verificar la existencia de artefacto eléctrico en funcionamiento. Lo que no se hizo en oportunidad de labrarse el acta, no puede ser suplido por un razonamiento judicial, pesando sobre el Ministerio Público la carga de demostrar algún acto de apoderamiento de la energía eléctrica.
Prueba, apreciación de la prueba, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bolatti, Ricardo José c/ Comuna de Moises Ville s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 316-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-16

Los jueces no están obligados a ponderar una por una todas las pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, como tampoco están constreñidos a tratar minuciosamente todas las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los argumentos que a su juicio no posean relevancia.
Defensa del consumidor, relación de consumo, servicio público, responsabilidad objetiva
Materia: COMERCIAL
Carátula: Achilli Diego Roberto y otro c/ Edenor S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-21

Dado que en el marco de la relación de consumo el factor de atribución de responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos -en el caso, de suministro de electricidad- es objetivo, esas empresas, para eximirse de responsabilidad, deben demostrar el casus o el hecho del tercero equiparable a él, o la culpa de la víctima, pues no les basta con probar su "falta de culpa" .
Filiación, filiación extramatrimonial, daño moral, allanamiento, costas, improcedencia del recurso, pretensión procesal, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: B., P. G. c/ D. C., M. Á. s/ filiación y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2010-03-05

"El allanamiento es 'efectivo' cuando va acompañado del cumplimiento de la prestación reclamada" (Loutayf Ranea, ob. cit., p. 105). Aunque en este caso no se estaba ante una pretensión de condena, lo cierto es que lo que la actora quería era quedar emplazada en la condición de hija extramatrimonial de D. C., con la correspondiente inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (fs. 7v.), para lo que bastaba con que el demandado formalmente la reconociera (art. 248 inc. 1, Cód. Civil). Sin embargo el demandado, pese a "allanarse" al peritaje, no acreditó haberla reconocido, ni dijo haberlo hecho. "Cuando, no obstante el allanamiento, el actor debe proseguir el juicio para obtener la satisfacción de su reclamo, por circunstancias atribuibles a quien se ha allanado, quien no ha cumplido las obligaciones a su cargo simultáneamente o en la primera oportunidad jurídicamente posible, el allanamiento no ha sido efectivo y por ende no reúne los requisitos del art. 70" ("Código Procesal...", Colombo-Kiper, T. III,. p. 284/285). En definitiva, no hubo en este caso allanamiento "efectivo".-
Proceso de faltas, sistema acusatorio
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gassmann, Alicia María s/ inf. art. 2. 2. 3, obra no autorizada -L 451- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 9054/12 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

Asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que rige en el proceso de faltas el "sistema acusatorio" no, en cambio, a las conclusiones que de la aplicación de ese sistema extrae: la inconstitucionalidad de los artículos 46, inc. b, y 52 de la ley 1.217. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, MIGUEL ORLANDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE FRIAS Y/O RESPONSABLE s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-16

La intervención de los municipios solo tiene una finalidad: la continuidad del gobierno municipal para asegurar la prestación de los servicios esenciales. Se trata, pues, de garantirle al municipio sus autoridades y su razón de ser. La Constitución Provincial dispone que, durante el tiempo que dure la intervención, el interventor atenderá exclusivamente los servicios municipales ordinarios con arreglo a las ordenanzas vigentes, por lo que resulta desechable el argumento invocado por los actores, afirmando que la ordenanza dictada por el Interventor Municipal los privó de un derecho de naturaleza alimentaria, deviniendo improcedente el Amparo incoado.-
Loterías, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA s/ CONFLICTO DE PODERES S/INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-04-29

En suma, que de todo ese plexo -Constitución Provincial Art.139 inc.17 y 239-, y de la propia naturaleza de la actividad de los juegos de azar, no puede concluirse que la regulación de estos últimos resulte materia específicamente comunal, que es el recaudo expreso que el art. 225, Constitución Provincial, fija para la prelación normativa contradictoria inferior. Y es del caso señalar aquí que ya la Provincia haya legislado de modo expreso y con anterioridad sobre el tema..."
Impuestos, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Video club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

El poder administrador no puede recaudar ninguna contribución que no haya sido creada por acto legislativo formal.
Quiebra, honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LOKMAN  JAIME  INCIDENTE  DE  REVISION  EN  SETEMBRINI  OSCAR ROBERTO s/ QUIEBRA PEDIDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-05

La base regulatoria no esta determinada por lo que el demandante hubiese podido cobrar, sino por lo que pretendió obtener a través del proceso, vale decir, por el valor de la demanda independientemente del resultado a que hubiera podido conducir en caso de ser admitida.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, salida a la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: MANGIALAVORI, Pedro c/ PIPERNO C s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Quien pretende ingresar un automotor a la línea de circulación desde cualquier lugar de estacionamiento está intentando una maniobra riesgosa, ya que introduce una alteración en el curso normal del desplazamiento vehicular en la vía pública; motivo por el cual quien la intente está obligado a tomar todos los recaudos indispensables para evitar la producción de daños en la persona o bienes de terceros.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia, causales de revocación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación de Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios -Adacu- Asociación Civil c/ La Segunda Cooperativa Ltda de Seguros Generales s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

1 - Corresponde dejar sin efecto la resolución de grado en la cual se rechazó la citación de terceros oportunamente solicitada en los términos del CPR 94, pues se advierte que en ocasión de contestar demanda la compañía de seguros emplazada (i) opuso excepción de incompetencia territorial; (ii) dedujo excepción de falta de legitimación activa como de previo y especial pronunciamiento, y (iii) subsidiariamente, contestó demanda y solicitó la citación de terceros.
REPÚBLICA ARGENTINA, sistema federal, MENDOZA, desaparecidos, responsabilidad internacional del Estado, principios del derecho internacional de los derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, doctrina de los actos propios
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Garrido y Baigorria c/ Argentina s/ Sentencia de Reparaciones Y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1998-08-27

Considerando que desde el momento de la aprobación y ratificación de la Convención Americana, la República Argentina actuó como si la competencia en materia de derechos humanos correspondiera al Estado federal, no puede ahora invocar la cláusula federal refiriendo a su estructura federal de Estado para imputar la responsabilidad del caso a la Provincia de Mendoza, máxime cuando reconoció su responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana -en perjuicio de dos personas que, en el año 1990, luego de ser detenidas en aquélla ciudad, padecieron desaparición forzada-, pues incurriría en violación a la regla del estoppel que impide asumir posturas contradictorias con posterioridad.
Acción de amparo, vendedor ambulante, división de poderes, facultades discrecionales, límites a la discrecionalidad, facultades de la administración, deberes del juez, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A.V.I.C.P.R.A. c/ G.C.B.A. s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27

La Administración, reiteradamente, aprecia el sistema de división de poderes como la rígida disección del aparato de gobierno en órganos totalmente independientes entre sí. Esta concepción, por simplista, induce fácilmente a una permanente llamada a la discrecionalidad.

El acento en la moderación, en el control aunado de la actuación funcionalmente separada es lo que da contenido a un poder dividido. Tanto así, que resulta válido pretender que, pese a la revocatoria de la sentencia de primera instancia, el presente decisorio resulte un alerta sobre las desprolijidades y atrasos que en el sub examine se han revelado. Si tanto al poder administrador, como al poder judicial interesan genéricamente la cuestión del gobierno conformado a las reglas del derecho vigente, la Administración no debería necesariamente depender de la capacidad coactiva de otro poder, para sanear determinadas tareas que se le requieren a través de los particulares. Desde esta óptica la división de poderes, en su realización, presenta límites difusos. Difusos, en tanto dinámicos; necesarios. No para facilitar una actuación discrecional ajena a cualquier interferencia, sino al contrario, demarcados cotidianamente, detenidos en forma recíproca -la noción de detención requiere del movimiento-, aun cuando no medie la coerción. Esta reciprocidad en la actuación de los poderes avala, asimismo, la necesidad de informar a la legislatura lo resuelto por esta Alzada. Simplemente, a efectos de dar debida publicidad a la situación de hecho que se ha ventilado en estas actuaciones (falta de legislación sobre la actividad en la vía pública) y que abona la urgencia del debate parlamentario.
Interrupción de la prescripción, accidentes de trabajo, incapacidad laboral, mora del deudor
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERA RICARDO DANIEL c/ ZONIS CARLOS LUIS Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-14

Corresponde consignar que tanto por aplicación del art. 257 de la LCT o del art. 3986 del Código Civil, la interrupción de la prescripción se produjo con la denuncia ante la CM, trámite que concluyó con el dictamen referido datado en abril 2010, no pudiendo constituir dicho hecho un supuesto de suspensión toda vez que no ha existido constitución en mora del deudor, ya que la Comisión Médica estableció la falta de incapacidad laboral y el fin de las prestaciones sistémicas, de conformidad a los art. 43 y 44 de la LRT. La interrupción de la prescripción operada por la interposición de una reclamación administrativa no puede durar más que lo dura el procedimiento concreto, de conformidad a lo estipulado expresamente en el art. 257 de la LCT, norma específica de aplicación en la materia. En el caso se ha considerado la fecha de la toma de conocimiento del dictamen de la CM, que resulta posterior al fin de la relación laboral, siendo lo más beneficioso para el trabajador.
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D'Angelo de Cademartori, Olga Zunilda c/ Cademartori, Julio Alberto s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

No surgiendo de la ley expresa sobre competencia de los Juzgados de Paz Letrados del interior de la Provincia de Buenos Aires, la posibilidad de entender en una estimación de daños y perjuicios, corresponde que el Juez de Paz se inhiba en una pretendida acción que intenta impetrar la actora, para no exceder los términos de la ley y ser un deber de los jueces el así hacerlo, remitiendo las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial Departamental en turno, a los fines que el mismo estime corresponder. ( arts. 1, 4, 7 / 13 Cód. Proc. ; arts. 50, 61 y cdts. ley 5827; art. 172 Const.

Prov. ; arts. 1, 12 y cdts. dec. ley 9229/ 79 ). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Triana, Juan Saverio c/ Ilarregui y Goñi, Micaela y otros s/ Adquisición por usucapión Acuña, Jorge Rufino c/ Brunner, Otto Francisco s/ Usucapión Videla, Eladio Marciano c/ De Dios, Hugo Alberto y otro s/ Prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21|1988-08-25|1995-08-29

Además de tener por acreditado el "corpus" posesorio, es decir el elemento material, debe presumirse el "animus" que es el elemento intencional, que si bien es abstracto, ha menester de hechos exteriores que conduzcan a tenerlo por acreditado. El "corpus" no hace presumir el "animus", el que debe ser probado por quien lo invoca, cuya prueba debe ser terminante y restrictivamente considerada, ya se trate de quien acciona como usucapiente, como de quien opone la prescripción como defensa.
Leyes, Poder Legislativo, Poder Judicial, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, interpretación de la ley, Constitución Nacional, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema.
Admisibilidad del recurso, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leineker, José Antonio c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-09

Frente a un supuesto de estas características, la accionada a quien se le atribuyó el reconocimiento de los hechos expresados en la demanda, no puede pretender desconocerlos posteriormente desvirtuando aquella sanción procesal a través de una excepción o de una defensa de fondo que la coloque en actitud de clara contradicción con la conducta que ministerio legis asumió en el proceso.
Notificación, domicilio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cía. Azucarera Las Palmas S.A.I.C.A. s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-02-16

No es procedente el recurso de apelación interpuesto contra el interlocutorio del a-quo que considera que la notificación de la demanda efectuada en los autos principales, resulta ser un acto válido. Ello así, ya que, es de destacar que la Sede de Paseo Colón N° 171 corresponde al edificio principal del Ministerio de Economía, y aunque tenga varias dependencias pertenecen al mismo, de manera tal, que más allá de la organización administrativa o funcional del M.E.O. y S.P., en distintas Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Nacionales, con funcionamiento en diferentes direcciones, siendo la sede de dicho Ministerio el de Paseo Colón N°171, y que a éste le fue transferida la participación accionaria de la Cía. Azucarera Las Palmas S.A.I.C.A. y que el mismo reviste carácter de autoridad de Aplicación, la cédula notificada en dicho domicilio ha alcanzado el objetivo propuesto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, indemnización tarifada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASSARO, SANTIAGO TELMO c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-03

La arbitrariedad endilgada al pronunciamiento no se advierte plasmada, pues de la lectura del mismo surge que la Cámara valoró las circunstancias fácticas del caso y evaluó que el trabajador concurrió a la vía judicial, pues en sede administrativa no correspondía hacerlo, a fin de cuestionar la validez constitucional del tope indemnizatorio dispuesto por el decreto 1278/00 y por tanto reclamó la diferencia que le hubiera correspondido percibir sin la aplicación del mismo; y, frente a tales consideraciones, confirmó la descalificación de la norma en cuestión con sustento en jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional (in re "Ascua" y "Vizotti") y por entender que el tope indemnizatorio establecido por el mentado texto legal altera la finalidad protectoria y reparatoria de la norma, ya que no cubre la merma de ingresos que sufre el trabajador siniestrado, sino una cifra arbitraria y que repara los daños padecido sólo en apariencia; de lo que no puede colegirse -como asevera la recurrente- que el Tribunal haya soslayado el efecto liberatorio y cancelatorio del pago íntegro de la exacta prestación dineraria que exigía la ley y de acuerdo al porcentaje de incapacidad dictaminada por la Comisión Médica. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Ascua, Fallos 333:1361; Vizzoti, Fallos 327: 3677. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 14, inciso 2, apartado a); Decreto 1278/00
Evasión fiscal, IVA, procesamiento, embargo, error (penal)
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: CONTRIBUYENTE: ESTANCIAS VIDANIA S.A. s/ Régimen penal tributario, incidente de apelación del procesamiento de Roberto Carlos Porro Toyos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-06

Corresponde revocar el procesamiento y embargo de quien fuera imputado de haber evadido en cuatro oportunidades el pago del tributo al valor agregado - adeudado por la sociedad anónima de la que es representante legal - omitiendo declarar ventas efectuadas en los respectivos períodos mensuales, en tanto al prestar declaración ante el juez, éste reconoció la omisión incurrida invocando haber obrado por error, abundando en explicaciones acerca de las modalidades de las operaciones celebradas entre la contribuyente y la empresa adquirente; esas explicaciones no se encuentran de ninguna manera desvirtuadas y la circunstancia de que los tributos hubieran sido solventados una vez puesta de manifiesto la omisión por los inspectores de la entidad recaudadora contribuye a darles verosimilitud por lo que, en esas condiciones, lo resuelto no se ajusta a derecho.
Homicidio culposo, individualización de la pena, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, fallos del Superior Tribunal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Núñez, Arnoldo Aníbal s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro, en contra de Sentencia Nº 66/08 de Exptye. Nº 008/05: Nuñez, Arnoldo Aníbal - Homicidio Culposo - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-31

La defensa técnica interpuso recurso de casación, invocando el motivo sustancial previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P., en contra de la sentencia que condenó al imputado por homicidio culposo a una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación especial de seis años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Ante la pretendida insinuación del recurrente en el sentido de que son inexistentes las circunstancia agravantes, lo que implica a su entender la aplicación del mínimo legal, cabe recordar al respecto lo sostenido por esta Corte en el precedente Mancini, en donde expresamente se aclaró que "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08).

Tal es el criterio, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".
Costas, integración de la litis, carga
Materia: PROCESAL
Carátula: Baz de Graglia, Inés Dina c/ Salva de Arbe, Teresa María s/ Proceso sumario (Cuestión de vecindad).
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-12-09

Como la inadecuada integración de la litis provocó el rechazo de la demanda, el actor ha resultado indudablemente vencido y por ello debe cargar con las costas del juicio. (Art. 69, Cód. Pr.)
Velocidad reglamentaria, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: D., J.M. c/ Ch., J.O. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-08

La pauta jurisprudencial más difundida afirma que "la velocidad puede resultar excesiva según las circunstancias del caso, del mismo modo que no será inexorable eximente conducir dentro de los límites máximos".