Requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal, auto de procesamiento, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERMOSO, Pablo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-07

El único sistema por el cual el legislador no ha previsto el auto de procesamiento como requisito para requerir la elevación a juicio, es el de la instrucción sumaria (arts. 353 bis y ter).

Una interpretación aislada de la norma del art. 215 puede resultar confrontada con otros mecanismos e institutos previstos que emergen de la economía del procedimiento aplicable.

La declaración indagatoria sugiere siempre la necesidad de resolver la situación procesal del imputado (arts. 294, 306 y 307).

El requerimiento de elevación a juicio, aun en causas delegadas, supone el dictado del auto de procesamiento, como claramente se desprende de las disposiciones del art. 346 del ritual (*).

Ello en tanto resultan accesorios al procesamiento otros institutos como el embargo (art. 518), las restricciones, abstenciones, obligaciones de concurrencia, inhabilitación especial y exclusión del hogar del art. 310, así como la medida provisoria vinculada a la conducción de automotores del art. 311 bis. So pretexto de criterios de celeridad procesal no puede justificarse el apartamiento de preceptos que regulan el proceso penal, entre los cuales se encuentra el auto de procesamiento, en el que debe subsumirse el hecho al tipo delictivo correspondiente (**), en tanto este auto y la calificación legal que le es inherente, tienen incidencia en institutos de trascendencia, tales como la excarcelación, pues el dictado de aquél oficia de parámetro en orden a lo que el juez habrá de tener en cuenta (art. 318), con mayor razón en aquellas situaciones que, justamente, posibilitan la apelación de la calificación legal -siempre auto de procesamiento mediante- y que pueden vincularse con otros institutos que permiten discutirla al imputado o su defensa.

Prescindir del dictado del auto de procesamiento importa un desmedro al ejercicio del derecho de defensa del imputado, ya que no se ve qué intervención efectiva pueda ofrecerse a la defensa -ya que no es el caso de flagrancia, que diera lugar al régimen de la información sumaria o citación directa de los regímenes provinciales, de los que se extrapoló el contenido del art. 215  en cuestión-, puesto que con sólo abrigar una postura diferente a la del imputado conforme su versión en indagatoria, habrá de requerirse la elevación de la causa a juicio, luego de llevar a cabo una instrucción donde la defensa bien puede contar con rechazos en torno a la producción de medidas probatorias (art. 212 in fine).

La interpretación armónica de las disposiciones procesales pertinentes, lleva inexorablemente a concluir en que el imputado cuenta con la expectativa de no superar la etapa preparatoria, a todo evento, mediante la apelación del auto de procesamiento y su revisión por la alzada.

El derecho a la doble instancia no sólo ampara a la sentencia penal condenatoria, sino a todo "auto importante" que agravie al imputado (***). Ello, máxime cuando ese "auto importante" lleve consigo una calificación legal con incidencia directa en el régimen de coerción personal.

Por ello, corresponde confirmar la resolución dictada que decreta la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado.