Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21


Expte: 12151/0 "cDAKOTA S.A. / GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)" ///dad de Buenos Aires,21 de febrero de 2006. VISTOS: Estos autos, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 158, contra la sentencia de fs. 150/1; y CONSIDERANDO: 1. Que el señor juez a quo desestimó la excepción de defecto legal planteada por la demandada, con costas. Para así decidir, tuvo en cuenta que a los fines de la procedencia de la excepción de defecto legal, las falencias de la demanda deben revestir entidad suficiente como para afectar efectivamente el ejercicio del derecho de defensa del demandado, privándolo de la posibilidad de oponerse adecuadamente a la pretensión de la contraria. En ese sentido, estimó que la actora expuso adecuadamente las razones por las cuales necesita que se realice la pericia para determinar el monto, teniendo en cuenta que la base para su cálculo depende de la cantidad promedio de autos que pueden estacionar en los espacios no entregados para su explotación y que, por lo tanto, esa determinación requiere de operaciones técnicas complejas que necesariamente deberán dilucidarse en la pericia correspondiente. Señaló, además, que la estimación del monto en el caso sólo es secundaria, debido a que antes de llegar a su determinación concreta, corresponde dilucidar si la actora tenía derecho a recibir los espacios de estacionamiento para su explotación y de ser así, cuáles, cuántos y desde cuándo. 2. Que contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada agraviada por considerar que la forma en que ha sido planteado el escrito de inicio conculca su derecho de defensa, "por cuanto ante la ausencia total de estimación del monto del supuesto perjuicio patrimonial, se le impide presenta r las defensas adecuadas y ofrecer la prueba necesaria" (fs. 163). Alega que la ley de rito establece la obligación de precisar el monto reclamado o su estimación, si es posible (art. 269, inc. 9, CCAyT), por lo cual este es un requisito ineludible de la demanda, y la excepción a su consignación es la "imposibilidad" de su estimación, la cual no puede provenir solo de la declamación del accionante, sino resultar evidente de las constancias de la causa. Finalmente, se agravió por la forma en que fueron impuestas las costas en la anterior instancia y solicitó que, para el supuesto de confirmarse en todas sus partes la resolución apelada, se la exima de pago por aplicación de lo establecido por el art. 62, último párrafo, del CCAyT. Asimismo, mantuvo las reservas de recurrir por inconstitucionalidad y caso federal. 3. Que la excepción opuesta se encuentra contemplada en el art. 282, inc. 5 del CCAyT y puede articularse cuando la demanda no se ajusta, en su forma y contenido, a las prescripciones legales. Podrá a sí oponerse cuando se hubieren omitido datos o resulte incomprensible el contenido de la demanda y ello pusiera en riesgo el derecho de defensa de la contraparte por su imposibilidad de contestarla adecuadamente (Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Comentado y concordado, Balbín, Carlos F. (dir.), Buenos Aires, LexisNexis, 2003, título VIII, cap. III, comentario al art. 282, § 6, p. 600). Al respecto, se ha señalado que "...la excepción de defecto legal constituye el medio acordado para denunciar la omisión o la formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles al escrito de interposición de la demanda [...] las falencias de que en los indicados aspectos puede adolecer la demanda deben revestir entidad suficiente como para afectar el derecho de defensa del demandado, privando a éste de la posibilidad de oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándole la eventual producción de la prueba" (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t.

VI, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1990, 3º reimpresión, p. 111). 4. Que en el caso de autos la cuestión que llevó al planteo de la excepción de defecto legal ha sido la falta de determinación o estimación del monto de la demanda, siendo ello recaudo de admisibilidad de acuerdo a lo dispuesto en el art. 269, inc. 9 del CCAyT, en tanto establece que la demanda debe contener el monto reclamado o su estimación, si es posible. Resulta así ser uno de los aspectos objetivos que debe cumplimentar la demanda y su fundamento reside en que "La exigencia de precisar el monto reclamado se relaciona, como es obvio, con el principio de congruencia, el que aparte de contar con formulaciones normativas expresas (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del CPN) tiene fundamento en el art. 18 de la Constitución Nacional, pues si la sentencia definitiva excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión o se pronuncia sobre cuestiones no incluidas en la oposición del demandado, menoscaba el derecho de defensa de la otra parte, a quien, a raíz de ese proceder, viene a privarse de toda oportunidad procesal útil para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia" (Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, 4º reimpresión, pp. 290/1). 5. Que del análisis del escrito de demanda no surge el monto reclamado ni su estimación; tampoco se expresa que ello resulte imposible y menos aún, su causa: -en el punto II se expresó sobre el objeto, en el caso, la reparación de daños y perjuicios, lucro cesante más intereses y la repotenciación dineraria: "...por las sumas que arrojen las pericias que se realizarán en autos" (fs. 2). -en el punto IV que: "...la determinación del "quantum" indemnizable que se reclama deberá quedar sujeto [...] a las opiniones periciales que establezcan la cantidad promedio de vehículos que habrían estacionado en los espacios y playas omitidas, la rotación de tales rodados, y, en síntesis, las distintas variables que han provocado un evidente lucro cesante en el patrimonio de mi mandante" (fs. 5vta). -en el punto VII, C1), relativo a la prueba, se ofreció pericial a cargo de un experto ingeniero a fin de que establezca: "...mediante muestreos, comparación con otras zonas, etc., y , en síntesis, a través de los mecanismos científicos, que correspondan, la cantidad de horas promedio diarias, semanales y mensuales, en que los espacios no entregados -sean en superficie mediante parquímetros o máquinas tickeadoras o en playas de estacionamiento- se hallarían ocupados por vehículos de haber sido utilizados para el fin especificado en el Acta de Acuerdo de Recomposición Contractual..." (fs. 8, el destacado no pertenece al original). -en el punto VII, C 2b), sobre la pericia contable, formuló que el profesional "...determinará los ingresos dejados de percibir...", "establecerá la utilidad neta que dichos ingresos hubiera generado a favor de la actora desde la fecha en que la entrega de espacios debió efectuarse de conformidad con el acuerdo de marras y hasta el momento d el informe" (fs. 8vta.). Como puede advertirse fácilmente, no surge de ninguna parte del escrito, ni indicación ni referencia alguna acerca de que resulte imposible la determinación, o siquiera la estimación del monto del reclamo. A su vez, si la determinación sólo dependiera de un muestreo o estudio comparativo, como pareciera de la lectura de los puntos de pericia propuestos, no se advierte obstáculo alguno para que la empresa pueda realizarlo, aunque más no sea en forma aproximada, dado el rubro al que ella se dedica y al conocimiento que se presupone debe tener sobre el manejo propio de su negocio y por el cual seguramente se aconsejó la adjudicación. Adviértase que tanto el Pliego de Bases y Condiciones Generales como el Particular, para la evaluación y aceptación de las ofertas exigían antecedentes, capacidad y experiencia en relación a la concesión licitada (ver arts. 25, 30 inc. h), 31, 33, del primero -fs. 44, 48/50 respectivamente-; arts. 5.1, 5.3 del segundo -fs. 99/100-), como claramente no podría ser de otra manera. Asimismo no puede olvidarse que constituye deber de la parte actora cumplir con la determinación o en su defecto estimación del monto reclamado, y si ello no fuera posible cuanto menos invocar y demostrar las razones al tiempo de la demanda. Ello es así en tanto la regla la constituye la determinación o estimación, si es posible (art. 269, inc. 9º, CCAyT); de allí que la excepción -imposibilidad- obliga inexcusablemente, en primer término, a su invocación y luego necesariamente a explicar el por qué de ello. De lo contrario, cualquier afirmación, por somera que sea, bastaría para cambiar la regla y transformarla en excepción, sustrayéndose así del pago de la tasa de justicia y de una futura responsabilidad por costas. De todo lo expuesto se concluye que no se ha dado cumplimiento a la exigencia legal emergente del art. 269, inc. 9º del CCAyT, pues la accionante se limitó a enunciar y reclamar perjuicios que, conforme se analizó, aparecen como marcadamente genéricos. No es suficiente la me ra remisión a lo que resulte de la prueba pericial en tanto más allá de resultados meramente numéricos, no parece precisa la conformación misma del objeto del reclamo. 6. Que asimismo, por aplicación del principio dispositivo el Tribunal no puede suplir a las partes en sus invocaciones o peticiones. Aún cuando hipotéticamente no resultara posible la determinación del monto del reclamo -lo que ni siquiera se invocó- la parte actora, cuanto menos, no se encontraba impedida de efectuar una estimación aproximada con la precisión necesaria en la conformación y delimitación pertinente. La misma supeditada y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la prueba a producirse en autos. Ello es una exigencia que debe registrar todo reclamo en directa relación con el efectivo daño sufrido y las pautas propias de probidad y buena fe, en miras a excluir la posibilidad de que se configure estado de indefensión de la accionada, sea porque se afecte la oposición de las defensas adecuadas, sea porque le restrinja el completo of recimiento de las pruebas conducentes que estime corresponder. Por lo demás con ello se preservan las garantías de igualdad de las partes, del derecho de defensa y debido proceso. De acuerdo con lo hasta aquí expresado, corresponde revocar la sentencia apelada de fojas 150/1, en el punto 1) de su parte resolutiva en cuanto desestima la excepción de defecto legal; con costas en ambas instancias a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (art. 62 del CCAyT). En consecuencia, deberá dejarse sin efecto la reanudación de los plazos para contestar demanda, decretada en el punto 2) de la parte resolutiva de la misma sentencia, hasta la oportunidad procesal correspondiente. Disidencia del Dr. Eduardo Ángel Russo: 1. Coincido con el relato de los hechos efectuado por mis colegas preopinantes, en los cons. 1º y 2º, a los que me remito brevitatis causae. 2. Que, en principio, corresponde al actor designar la 'cosa demandada', pues su imprecisión puede dar fundamento a la excepción de oscuro libelo. Ello no e s viable cuando existe imposibilidad de precisarla por depender de circunstancias, particularidades y elementos que constituyen el objeto mismo de la instrucción del proceso, razón por la cual no es procedente la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda (Fenochietto, Carlos Eduardo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, Editorial Astrea, p.321). 3. Que la excepción opuesta se encuentra contemplada en el artículo 282, inciso 5 del CCAyT. Se puede acusar cuando la demanda no se ajusta, en su forma y contenido a las prescripciones legales. Sin embargo en cuanto a los defectos u omisiones de la demanda, se ha visto que el tribunal, antes de ordenar su traslado, verifica los requisitos procesales y en su caso los manda subsanar. Sin perjuicio de ello, el demandado podrá oponer esta excepción cuando se hubieren omitido datos o resulte incomprensible el contenido de la demanda y ello pusiera en riesgo su derecho de defensa por su imposibilidad de contestarla adecuadamente. Al re specto, la jurisprudencia ha considerado que la excepción de defecto legal constituye el medio acordado para denunciar la omisión o la formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles en el escrito de interposición de la demanda o reconvención. Las falencias de que en los indicados aspectos pueda adolecer la demanda deben, asimismo, revestir entidad suficiente como para afectar el derecho de defensa del demandado, privándolo de la posibilidad de oponerse adecuadamente a la eventual producción de la prueba ("Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Comentado y concordado", Carlos F. Balbín (Director), LexisNexis, p. 600). La excepción, clásicamente denominada de oscuro libelo, es de interpretación restrictiva, y por ello, en caso de duda, los decisorios se inclinan por su improcedencia. Así, conforme lo expuesto, se exige que la omisión u oscuridad de la demanda coloque al contrario 'en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las def ensas adecuadas u ofrecer pruebas conducentes'" (Fenochietto, Carlos Eduardo, op. cit., p. 391-392). En consecuencia, una interpretación restrictiva y razonable del instituto en análisis lleva a concluir que en autos no se encuentran configurados los requisitos que habiliten su procedencia. En efecto, la actora refiere en su demanda que "... la determinación del "quantum" indemnizable que se reclama deberá quedar sujeto... a las opiniones periciales que establezcan la cantidad promedio de vehículos que habrían estacionado en las (sic) espacios y playas omitidas, la rotación de tales rodados, y, en síntesis, las distintas variables que han provocado un evidente lucro cesante en el patrimonio de mi mandante" . Dicho argumento es cuestionado por el recurrente con afirmaciones de carácter genérico, sin establecer en forma concreta en qué medida se encontraría afectado su derecho de defensa, razón por la cual corresponde confirmar lo resuelto en la anterior instancia. 4. Que en relación a la impugnación efectuada sobre las costas, cabe señalar que, como principio general, el vencido en juicio, sea actor o demandado, debe pagar todos los gastos (art. 62 del CCAyT) y como excepción, el juez podrá eximir total o parcialmente la condena al litigante vencido (art. 62, 2º párr., del CCAyT). Por lo tanto, no existiendo motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota corresponde confirmar la imposición de costas efectuada en la anterior instancia. Dr. Eduardo Ángel Russo Por todo lo expuesto, el Tribunal por mayoría RESUELVE: I. Revocar la sentencia apelada de fojas 150/1, en el punto 1) de su parte resolutiva en cuanto desestima la excepción de defecto legal, a la que se hace lugar. Con costas en ambas instancias a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (art. 62 del CCAyT). II. En consecuencia de lo dispuesto en el punto precedente se deja sin efecto la reanudación de los plazos para contestar demanda decretada en el punto 2) de la parte resolutiva de la misma sentencia hasta la oportunid ad procesal correspondiente. III. Regístrese en el libro de sentencias interlocutorias y notifíquese.