marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guastavino, Julio Enrique c/ Fernández, Carlos Abel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Conlleva riesgos tener por admitido o confesado un hecho a partir de una lectura excesivamente literal y estanca de cerradas respuestas a posiciones individuales, con olvido de que estas pueden cobrar su real y verdadero sentido en el lecho de todo el discurso confesorio que ofrece la declaración total del absolvente, tomada como una unidad, en la que las distintas respuestas se enlazan entre sí para exteriorizar su significado. Y así, cuando las parcelas del discurso que se refieren con precisión y explícitamente al hecho investigado niegan rotundamente el mismo, tenerlo por tal a partir de encontrarlo implícitamente confeso en la admisión de un vocablo, sin ninguna otra prueba que lo demuestre y sin siquiera un indicio que lo haga presumir, no parece una acertada apreciación probatoria de la declaración confesional.
Intereses, jueces, tasas de interés, modificación de la tasa de interés, reducción de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DEL NOROESTE COOP. LTDO. c/ BARRIONUEVO CACERES, Josefina Graciela Angenla; SARAVIA DE ARANDA, María Graciela s/ SUMARIO: COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-03-17

En cuanto a la revisibilidad judicial de la tasa de interes, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que el principio de la libertad de contratación consagrado por el código civil en su art. 1197, consecuente con el criterio individualista que imperaba en la epoca de su sanción, no es absoluta. El mismo cuerpo legal estatuye normas expresas que la limitan o cercenan, entre las que cabe destacar la del art. 623 y los genericos y amplios arts. 502, 530, 953 y concordantes del Código Civil, prohibitivos de los actos contrarios a la moral o las buenas costumbres, la reforma introducida en la ley 17711 ha venido a limitar aun mas aquel principio (arts. 656, 954 y 1071). Con pie en esas disposiciones, la jurisprudencia desde tiempo atras ha reducido a su justo limite el interes estipulado, atendiendo a las circunstancias del caso en relación a las de caracter económico y social del momento, entendiendo que, si bien se admite la libertad de contratar, la tasa de interes, art. 621 del Código Civil, no se trata de una potestad ilimitada. En sintesis, cualquiera sea la denominación acordada, intereses moratorios, punitorios, clausulas compensatorias o estipulaciones penales en su conjunto, no pueden exceder una tasa final que, en último caso, determina el juzgador como moralmente aceptable en al estado actual de nuestra sociedad.
Recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva, regulación de honorarios, monto indeterminado, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Autos Corte Nº 50/15 "ESTADO PROVINCIAL en autos Nº 276/07 NORUZI S.A. c/  s/ Pequeño Concurso Preventivo -Hoy Quiebra -s/ Extensión de Quiebra- s/RECURSO DE CASACION".
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-21

Compartiendo los argumentos vertidos y expresados por el Sr. Ministro Cáceres, que inaugura el acuerdo, sobre la confirmación de la sentencia que se pretendió poner en crisis y en consecuencia rechazar el recurso con costas, cabe agregar que la doctrina ha señalado, en relación a la competencia del Juez de la quiebra para entender en la extensión que se peticione, que el mismo es un reflejo del principal, que es la quiebra del principal, de allí surge en principio la unidad de competencia (Víctor Luis Montesi y Pablo Gustavo Montesi : Extensión de la quiebra -Astrea - página 40), y el solo hecho que la ley - art. 164- instituya el procedimiento ordinario para el trámite de la extensión en manera alguna nos coloca en un proceso autónomo, ya que tal exigencia, obedece al respeto del derecho de defensa por cuanto importa el procedimiento indicado, una amplitud de debate que por las características de nuevos emplazamientos lo requieren, correspondiendo que en el caso se aplique el inciso b) del art. 6to. de la Ley Provincial Nº 3956.-
Recurso de casación, ejecución de sentencia, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Voss, Carlos Federico s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-04-17

El vicio que se intenta demostrar, estaría configurado en la circunstancia de que el a quo rechazó la defensa de inhabilidad de Título. Al tratarse de una excepción que no se encuentra prevista en nuestra ley adjetiva, como defensa que pueda articularse en el trámite de las ejecuciones de sentencia (art. 325 del C.P.C.), existe una jurisprudencia mayoritaria que rechaza esta posibilidad por entender que la ley desecha terminantemente la circunstancia de ampliar las defensas oponibles en los juicios compulsorios. Pero al lado de ésta, existen pronunciamientos que buscando compatibilizar una justicia concreta, con las normas legales, flexibiliza el principio admitiendo la inhabilidad de título cuando ab inicio y manifiestamente, no se reúnen requisitos de viabilidad lo que ocurre, por ejemplo, cuando está ausente la legitimación activa o pasiva, o se carece de deuda líquida. Sea que se considera que la excepción está implícitamente autorizada en estos procesos. Sea que se considere que este Tribunal está obligado a analizar el título para verificar que reúne todos los requisitos exigidos por la ley es evidente la facultad (o deber) que le asiste para entrar a tratar el fondo del planteo analizado por el excepcionante. En el sub examen ha quedado acreditada la legitimidad del crédito, la liquidez de la suma reclamada, como la exigibilidad de su pago por el demandado, sólo respecto a los honorarios regulados (señalando la suma que conforma el capital reclamado). El presente recurso no puede prosperar, pues el recurrente mediante su réplica no ha logrado destruir el argumento esencial que apuntala la construcción jurídica del pronunciamiento, y no ha demostrado la contradicción que pudiera existir entre las afirmaciones de las sentencias y lo que objetiva y ostensiblemente expresa el documento en el que se basa. Siendo además, el razonamiento esencial a los fines de la resolución de la litis toda vez que si se lee la sentencia del a quo se observa que basa en el documento aludido (resolución de autos principales) su decisión de rechazar la excepción articulada y mandando llevar adelante la ejecución.
Prenda comercial, prenda con registro, secuestro de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: MINDEL, SERGIO c/ ZEGEN, MAXIMO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

Si el contrato prendario no se encuentra inscripto en el registro respectivo, el secuestro del bien, a que aquel se refiere, no resulta procedente.
Rechazo de la demanda, incumplimiento del contrato, juicio de desalojo, prueba insuficiente
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Agostino, Daniel Eduardo c/Provincia del Neuquén s/Acción procesal administrativa y Su acumulada c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-18

Corresponde rechazar la demanda interpuesta por el Sr. Agostino y hacer lugar al desalojo peticionado por la Provincia de Neuquén sobre el inmueble ubicado en la intersección de la Ruta N° 7 km. 4,5 y Conquistadores del Desierto, Parque Industrial Neuquén, debido a la rescisión por incumplimiento dispuesta por la Resolución N° 1037/06 del Ministerio de Producción y Turismo. Las partes se han vinculado a través de un contrato sujeto al régimen de promoción económica en los términos de la Ley Provincial 378. En ese marco se aceptó la propuesta de inversión efectuada por el Sr. Agostino dentro del Régimen de Promoción Económica de la Ley 378 para construir, instalar, poner en marcha y explotar por su cuenta y cargo una boca de expendio de GNC como combustible en vehículos automotores, reparación, mantenimiento y construcción del equipamiento para alimentar automotores con GNC. Consiguientemente, partiendo del hecho controvertido en la causa: incumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio, es dable observar que la prueba producida en autos, no alcanza para conmover la legitimidad del acto de rescisión, en atención a que no ha logrado desvirtuar el incumplimiento que se tuvo por configurado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, prueba, valor probatorio, dictamen pericial, testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: Monserrat de Frietas, Delia Beatriz c/ Lorden, Raúl Horacio y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Al establecer el valor probatorio del dictamen pericial a luz del art. 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el tribunal debió sopesar el consentimiento de la demandada conjuntamente con las restantes pruebas allegadas en el expediente y atender al principio de que las declaraciones de los testigos no pueden prevalecer sobre los dictámenes periciales cuando no media una razón de suficiente entidad para dejar de lado la prueba técnica, máxime frente a las razones expresadas por el consultor técnico de la actora sobre la causa probable del hecho.
Prueba, testigos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Sanchez, Oscar Raimundo c/ Galdo, Manuel Antonio s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-24

No son descalificables los testigos por el hecho de trabajar para una de las partes, si se reconoce seriedad y credibilidad en sus dichos; tampoco si se trata de testigos necesarios por su intervención personal y directa en diversos aspectos de la vinculación entre las partes y sus dichos son coincidentes.
Sanciones conminatorias, astreintes, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: DELORENZINI, Juan José c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

La imposición de sanciones conminatorias tiene como presupuesto la demostración de que el obligado se sustrae voluntaria y deliberadamente al cumplimiento que debe, actuando a modo de coacción psicológica, con el objeto de vencer la resistencia del obligado renuente y lograr el cumplimiento estricto del deber jurídico impuesto en una resolución judicial. De allí que, frente al incumplimiento de la sentencia, el juez debe imponerlas, aún de oficio.-
Acción de amparo, plan para la vivienda, políticas sociales, deberes de la administración, derechos y garantías constitucionales, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

En el caso, corresponde ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incluya a los amparistas en el programa creado por el Decreto Nro. 690/06, les otorgue el subsidio allí previsto y, asimismo, continúe con dicha prestación mensual hasta tanto se cumplan con los objetivos generales y específicos del programa, o bien hasta que demuestre que las circunstancias de emergencia habitacional en la cual los amparistas se encuentran han desaparecido.

Ello, dado que de la constancias obrantes en autos, y de los dichos de la demandada, no surge que, más allá del agotamiento de las prestaciones otorgadas a los actores por el Decreto Nro. 895/02, la precaria situación de los amparistas se haya modificado. Por el contrario, los actores continúan en situación de emergencia habitacional, razón por la cual cobra plena actualidad la doctrina de la Sala por la cual, una vez adoptados lo planes habitacionales por parte de la Ciudad, determinados sus beneficiarios y, en consecuencia, garantizado un nivel mínimo de efectiva vigencia del derecho a la vivienda, la interrupción en forma intempestiva del goce de las prestaciones comprometidas, sin el reconocimiento de prestaciones alternativas de igual naturaleza, vulnera, en forma ilegítima, derechos y principios de raigambre constitucional.

La invariable opinión de este Tribunal ha sido que la Administración se encuentra obligada, en caso de decidir la suspensión de las prestaciones, a proceder a la reubicación de los beneficiarios en otros programas que reconozcan, al menos con igual alcance y extensión, las prestaciones otorgadas en su oportunidad.

Ello porque un comportamiento contrario implicaría incumplir con el deber estatal de garantizar, de conformidad con parámetros mínimos de efectiva vigencia, el derecho a la vivienda de las personas incluidas en tales programas.

De acuerdo con los argumentos antes detallados, y a diferencia de lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia, la operatividad del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, la existencia de una obligación por parte de la Ciudad de efectuar prestaciones positivas a efectos de auxiliar a las personas en situación de emergencia habitacional se deriva de la interpretación armónica, sistemática y dinámica de las normas supranacionales, nacionales y locales sobre la materia, así como del alcance que los tribunales nacionales y los órganos de aplicación de diversos tratados internacionales -en todos los cuales Argentina es parte-, han reconocido a los derechos sociales en general y al derecho a la vivienda en particular.

Con independencia de la incidencia de los tratados de derechos humanos, el derecho a la vivienda forma parte del derecho positivo argentino, sin que de los textos constitucionales federal y local surja alguna diferencia entre él y los restantes derechos reconocidos.
Revocación de sentencia, concurso preventivo, incidente de verificación, prescripción, apertura del concurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Logexpor SRL  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito de gcba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-05

Cabe revocar la resolución que hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la concursada en los términos de la LCQ 56. Ello por cuanto, más allá de la fecha concreta de apertura del concurso, lo cierto es que ese hecho, esto es, el pleno conocimiento de la apertura del concurso, respecto de terceros, se tiene por concretado, erga omnes, recién a partir de la publicación de edictos. Así, siendo que en el caso, la presente demanda verificatoria fue iniciada cuando no había transcurrido el plazo desde la publicación edictal, se evidencia tempestiva.
Derecho electoral, sufragio, leyes, derechos y garantías constitucionales, voto en blanco
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Holder, Joel Archie y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido por el Tribunal Electoral  (Expte CSJ Nº 654-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-29

En un contexto en el que no cuadra hablar propiamente de libertades preferidas y en el que el sufragio es, preponderantemente deber y función, no es difícil imaginar que la aparente tensión entre el derecho a profesar libremente el culto y el deber de sufragar puede resolverse sin forzamientos en clave conciliadora. Es cierto que en el antecedente "Portillo" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aceptó la objeción de conciencia, pero no lo es menos que el problema se resolvió a nivel de conciliación y concertación del derecho y del deber. En la especie tal concertación opera con el voto en blanco por virtud del cual se cumple con el deber impuesto por el derecho objetivo y, al par, no se desconoce la libertad religiosa. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr.

Falistocco)
Excarcelación, condena condicional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ANDRADE, HUMBERTO GREGORIO Y OTROS s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1973-12-03

Procede la excarcelación cuando atendiendo a lo que hasta el momento surge sobre el probable proceder del imputado en los hechos que se le atribuyen (en el caso exacciones ilegales calificadas reiteradas), la naturaleza de los mismos y modalidades que los rodearon como pautas para apreciar su peligrosidad delictiva, el juicio resulta favorable y se estima, conforme al art. 315, inc. 2do , C.P.P. (ley 5154.), que en caso de condena lo será en forma condicional.-
Recurso extraordinario federal, recurso de queja (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Trapanesi, Fernando Daniel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-02

Las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación referentes a la procedencia y trámite del recurso extraordinario federal y de la queja por su denegación integran un régimen específico que, por ello, no puede ser alterado por la norma general del art. 442 del C.P.P.N., pues razonablemente cabe entender que la alusión al recurso extraordinario ahí efectuada lo es respecto a los de casación e inconstitucionalidad y que ello es así, dado que "si se reputase que la sentencia no puede ser ejecutada, y se computase la detención posterior al rechazo del remedio federal como cautelar, la eventual desestimación de la queja no podría operar su característico efecto retroactivo y se habría contabilizado como prisión preventiva la que en realidad había sido ejecutiva. En caso contrario, de prosperar la queja y el recurso extraordinario pendientes, ello provocaría el dictado de una nueva sentencia que, a su vez, aparejaría la práctica de otro cómputo con arreglo a la distinta circunstancia, por lo que no mediaría, tampoco, un agravio definitivo para el recurrente.
Recurso de casación, recurso in forma pauperis, planteo oportuno
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., G. I. s/ Incidente de ejecución de pena s/ Casación" (Expte. Nº 27027/14 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-07

La interposición del recurso en tratamiento es tempestiva desde una doble consideración. Por la primera, en tanto la petición in pauperis que pone de manifiesto la voluntad recursiva del interno fue temporal, y, conforme la segunda, porque no se exigió un tiempo determinado para la readecuación técnica de dicha petición.

En definitiva, la interposición del recurso (in pauperis) se realizó en tiempo oportuno y la intervención que la Cámara en lo Criminal le confirió al defensor para readecuar la impugnación se realizó sin término ni bajo apercibimiento de sanción.

Por lo tanto, la deficiencia del decreto del Tribunal inferior y la demora del defensor no son oponibles al interno y no pueden ocasionarle consecuencias perjudiciales, como podría ser negarle el cumplimiento de la temporaneidad de la vía recursiva. (Voto del Dr. Apcarián por la mayoría).
Trabajadores telefónicos, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GALAY, FABIAN F. c/ ENTEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-12

Sólo los trabajos o servicios destinados a la prestación de un servicio telefónico al público son los que por razones de protección de la intangibilidad de los créditos laborales, resultan aprehendidos por el art. 30 como presupuestos de la responsabilidad solidaria del empresario titular del establecimiento, por los créditos de tal carácter debidos por el contratista o subcontratista. Para que ENTEL pudiera ceder la explotación del comedor de su personal, en los términos del art. 30, era condición que realizara allí una explotación gastronómica.
Privatizaciones, propiedad participada, acciones societarias
Materia: LABORAL
Carátula: PAILLOLE, MIGUEL c/ EDESUR S.A. s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR RETIRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

La disponibilidad de las acciones que corresponden al programa de propiedad participada sólo queda habilitada cuando han sido satisfechas las cuotas de amortización respectivas, y como no se invoca norma jurídica alguna que determine que quienes fueran cesados en la empresa estuvieren legitimados para exigir la liquidación del valor de acciones que hasta la fecha no habían siquiera adquirido, deviene infundado el reclamo de tales acciones.
Estado Provincial, prisión preventiva, excarcelación, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-03

El examen de constitucionalidad del régimen de la prisión preventiva y la excarcelación vigente en la Provincia de Buenos Aires debe llevarse a cabo exclusivamente sobre la base de las reglas contenidas en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales que vinculan a las legislaturas provinciales (Disidencia parcial de la Dra. Carmen M. Argibay).
Aplicación de la ley, categoría laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Clementoni, Águeda Noemí c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-02

La ley 10.430 estableció, de manera precisa y concreta, que quienes ejercieran funciones de Jefe de Departamento, serían equiparados a la categoría salarial 21.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Bai, Julio César s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que, sin ocuparse de rebatir lo decidido en el fallo, sustenta sus argumentaciones en una versión sobre el acontecer fáctico distinto a lo que declaró acreditado el tribunal.
Secretario judicial, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: ADAMO, GUILLERMO ANDRES Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-28

No corresponde llamarle la atención al Actuario si las muy escasas enmendaduras que corresponden a las foliaturas de la sentencia de primera instancia, no justifican la medida disciplinaria en especial frente a lo legible que resultan las numeraciones corregidas.
Prueba confesional, valor probatorio, presunciones, competencia provincial
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, RAMON s/ PRUEBA CONFESION - JUSTICIA PROVINCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-10-12

Las declaraciones del imputado ante la justicia provincial deben tenerse como válido medio de prueba confesional, conforme lo prevén los arts. 316 y 321 C.P.C., en relación con el art. 73 del mismo cuerpo legal, y no en calidad de mero elemento indiciario.
Recurso de casación, fundamentación del recurso, cuota alimentaria, maniobras dilatorias
Materia: CIVIL- PROCESAL
Carátula: Bonaldi, Norberto Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-27

El recurso de Casación presenta severas falencias, cuando para fundar sus alegaciones, atribuye como error del mérito confirmar el monto establecido como cuota provisoria fijada en base a un informe obrante en el expte. que dice que el negocio figura a nombre de un tercero.

De la lectura de la resolución atacada no surge que el tribunal a-quo haya fundado su decisión de fijar la cuota alimentaria, tomando como base la documental que señala el casacionista, antes más bien la descarta.

De la lectura del libelo recursivo sólo se advierte una mera actitud dilatoria de la contraria, tendiente a perjudicar el interés de los alimentados, por lo que conforme a las facultades establecidas en el Art. 15 del C.P.C. y 22 de L.O.P.J., debe prevenirse a los letrados apoderados del recurrente a los fines de evitar su reiteración.