Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 466 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 19 DE JUNIO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana con más la integración del señor vocal doctor René Mario Goane -por excusación de los señores vocales doctores Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por letrado apoderado de la concursada en autos: "Couto y Botta y Cía. S.R.L. s/Concurso preventivo de acreedores -actuaciones referidas al recurso promovido por la concursada-".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 56/61 por el letrado apoderado de la concursada, contra la sentencia de la entonces Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Ia. Nominación del 27/6/91, obra a fs. 48/53 de autos.

Previamente, por resolución del 31/10/91 este Tribunal, en anterior integración, hizo lugar al recurso de queja por casación denegada deducido por la misma parte. Remitidos los autos a esta sede, y llamados para dictar sentencia, el decreto pertinente no se notificó por falta de bono de movilidad. Con fecha 08/4/99, el Dr. Félix M. Herrero, invocando su condición de acreedor por honorarios, solicitó se informe sobre la caducidad de los plazos en el trámite del recurso de casación; y de no haber operado la misma, se dicte pronunciamiento. Dispuesto traslado de ley, y previo a hacerse efectivo, el peticionante se presentó a fs. 105 desistiendo de su posición. Se llega así al dictado de la providencia de fecha 04/7/2002, que ordenó el pase del recurso a conocimiento y resolución.

A requerimiento de esta Corte, el Juzgado Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación emitió informe sobre el estado de las actuaciones principales e incidencias relacionadas, que corre agregado a fs. 114/115.

2.- En estos autos, el letrado apoderado de la concursada reclamó la aplicación de la teoría de la imprevisión por excesiva onerosidad sobreviniente, al concordato aprobado y homologado. Peticionó la previa suspensión de términos de las cuotas concordatarias pactadas, y se convoque nueva junta de acreedores, con vista a la sindicatura y notificación a los acreedores quirografarios. Los hechos invocados consistieron en el desfasaje que se habría producido, con posterioridad a la aprobación y homologación del acuerdo, entre los precios en general y el precio del azúcar en particular; mercadería con la cual gira su mandante, y que habría sufrido un deterioro en relación a los productos considerados para la formación del nivel general de precios al consumidor.

El Tribunal de alzada confirmó el rechazo del planteo, resuelto en la primera instancia. El Sr. Vocal preopinante sostuvo que la doctrina invocada no puede emplearse para trasladar el riesgo del contrato de una u otra de las partes. Entendió que el argumento de la concursada, referido al pago de las tres cuotas asumido en el acuerdo con más la actualización pactada, carece de vinculación con la hipótesis prevista en el art. 1198 de la ley sustantiva; cuyos elementos no concurren en el caso de autos. Señaló además que los hechos expuestos en sustento de la apelación tampoco configuran las circunstancias extraordinarias e imprevisibles que constituyen el presupuesto de aplicación de la norma, atento a la fecha en que tuvo lugar la Junta; en circunstancias de gravísima aceleración del proceso inflacionario.

El Sr. Vocal Dr. Santiago Gallo Cainzo puso de relieve la discusión doctrinaria existente en torno a la aplicación de la teoría de la imprevisión (art. 1198, C.C.) en materia concursal; reseñando diferentes argumentos expuestos para sustentar la negativa. Así, la naturaleza plural del acuerdo y la especialidad del ordenamiento concursal, que imponen medios taxativos para desvirtuar los efectos del incumplimiento concursal; y la resolución como resultado no querido por el deudor, cuyo estado de cesación de pagos haría inatendible tal alegación. Puntualizó además la situación de mora del deudor, sin perjuicio de la ulterior homologación del convenio. Finalmente, puso de relieve que con la homologación, el acuerdo adquiere calidad de cosa juzgada, lo cual impide aplicar la doctrina de la imprevisión. Mas consideró decisivo que en el sublite, los hechos invocados en sustento de la pretensión "de manera alguna tienden a acreditar que las obligaciones que contrajera con sus acreedores concursales se haya vuelto excesivamente onerosa respecto a estos últimos, dejando de ser las prestaciones de las partes correlativas". Puso énfasis en que esta última circunstancia -soslayada por el impugnante- hace a la esencia del instituto; toda vez que la doctrina no es aplicable cuando la acreedora de la prestación pendiente no ha visto aumentado en absoluto el valor de ésta, como consecuencia de los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Que en definitiva, las dificultades alegadas son ajenas a los acreedores, y más bien resultan propias de los riesgos empresarios, por lo que no concurre el presupuesto de transferencia indebida y excesiva de beneficios de una parte hacia a la otra.

El Sr. Vocal Dr. Alberto José Brito adhirió a los votos precedentes, destacando que el art. 1198 no es aplicable al acuerdo homologado, por las razones que expuso el Sr. Vocal que le precediera; dado que el instituto no tiene cabida en la estructura procedimental establecida por la ley 19.551.

2.- Sostiene el recurrente que la teoría de la imprevisión es aplicable a los concordatos celebrados en juicios concursales, siempre y cuando estén reunidas las exigencias contenidas en el art. 1198 del C.C. Pone de relieve la naturaleza contractual del acuerdo, con cita de doctrina y precedentes jurisprudenciales que avalarían su posición; destacando que la ley de concursos no contiene ninguna normativa que niegue esta posibilidad.

Le agravia la estrechez que atribuye a la posición del Sr. Vocal preopinante, en cuanto sostuvo que la excesiva onerosidad debe afectar a la prestación misma prometida (en el caso, dinero). Según afirma, las circunstancias de hecho invocadas, que se vinculan al precio de la mercadería con la que giraba su mandante, jugaron un papel definitorio en la votación del concordato, y fueron determinantes del consenso a que se arribara. Reitera que el planteo de su parte se funda en el insólito desfasaje entre el incremento de los precios en general, y la nunca vista depresión del precio del azúcar en particular. Enfatiza que la inminente aprobación de un convenio entre su representada y la Dirección Nacional del Azúcar jugó un papel fundamental para arribar al acuerdo; en base a la presunción fundada de que el precio de esta mercadería, con la que venía girando en plaza, cuando menos acompañaría a los demás artículos en general. A su entender, el criterio de onerosidad atiende no sólo a la prestación principal, sino que tiene en cuenta las obligaciones accesorias; y no cabe exigir que el hecho sobreviniente al contrato afecte de manera directa, circunscripta e inmediata, exclusivamente a la prestación debida.

Pone de relieve que en su voto, el Sr. Vocal Dr. Gallo Cainzo admitió lo arduo del tema, sin tomar una posición definitiva al respecto. Reitera que según un sector de la doctrina, no cabe excluir la consideración de los factores que determinan la inejecución de la prestación, lo cual significa desatender el principio de amplitud para la solución preventiva de las crisis patrimoniales.

Como doctrina legal, postula que "Es indiferente que la excesiva onerosidad sobreviniente aducida para invocar la aplicación de la teoría de la imprevisión a mérito del art. 1198 Cód. Civ., incida de un modo directo sobre la prestación debida por el afectado o indirectamente al afectar toda su situación patrimonial de modo que el cumplimiento de dicha prestación debida, devengue ruinoso para el reclamante. En especial cuando el componente patrimonial más afectado ha sido particularmente tenido en cuenta por los contratantes".

3.- La denominada teoría de la imprevisión consagrada por el art. 1198 del Código Civil, tiende a guardar o restablecer la conmutatividad o ecuación económica inicial entre las prestaciones, cuando acontecimientos extraordinarios e imprevisibles la alteran, tornando excesivamente onerosa una de las mismas; más allá del riesgo propio o normal del negocio bilateral de que se trate.

Los planteos de la recurrente son ineficaces para advertir, en el caso concreto, la concurrencia de los elementos previstos en la ley sustantiva; cuyo presupuesto de hecho consiste en que la prestación se torne excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles.

Ha señalado la doctrina que un contrato es oneroso cuando da lugar a ventajas para ambas partes, o lo que es lo mismo, a sacrificios a cargo de ambas, pues lo que es ventaja para un lado, es sacrificio para el otro (cfr. López de Zavalía, F., Teoría de los Contratos, Parte General, pg. 423 y sig.. De Zavalía, 1975). "Para determinar si una parte se beneficia o no, hay que poner en relación la ventaja que recibe con el sacrificio que experimenta, medidos los valores de cada uno según un común denominador... Bajo este punto de vista podemos decir que una prestación (que implica un sacrificio para quien la realiza) es más o menos onerosa, según que ella supere en mucho o en poco el valor de la ventaja". De allí que la prestación será más o menos onerosa según que ella supere en mucho o en poco el valor de la ventaja; pudiendo llegar al grado intenso que la ley califica de excesivamente oneroso.

El planteo de la concursada no conduce a la determinación de una pretendida mayor onerosidad, por lo que no se verifica en este punto el pretenso error de derecho expuesto como motivo de casación. Los hechos invocados afectarían, a todo evento, la expectativa de ingresos de la empresa, relacionados con la propia actividad comercial; cuestión que resulta ajena al instituto contemplado en el art. 1198 del C.C. De acuerdo a lo considerado, su aplicación procede cuando el grado de onerosidad aumenta; y los hechos referidos por la concursada en modo alguno remiten al pretenso aumento de un sacrificio a su cargo, pues se circunscriben a la disminución o frustración de una expectativa de ganancia, ligada al valor de la mercadería con la cual gira habitualmente en plaza.

No procede conceder, por vía del art. 1198, una tutela para casos que la norma no ha previsto. Ineludiblemente, debe presentarse un aumento del valor del sacrificio, sin el correlativo aumento de la contraprestación, medidos en denominadores comunes; alterando de este modo el equilibrio originario. La articulación de la concursada se funda en circunstancias vinculadas a una relación jurídica diversa, en la cual resulta acreedora; y que por ende es ajena al acuerdo preventivo. En tal sentido, cabe subrayar que la recurrente no plantea la mayor onerosidad de las prestaciones dinerarias a su cargo, toda vez que no cuestiona ni pone en tela de juicio su valor o poder adquisitivo. Dicho de otro modo, no es la prestación debida -cuotas concordatarias-, la que se pretende excesivamente onerosa, sino que el planteo se basa en pretensas dificultades del deudor para abonarlas; situación que no importa beneficio alguno hacia los acreedores, lo que por otra parte tampoco fue alegado por el recurrente.

Se ha dicho que "El art. 1198 del C.C. requiere que sobrevenga una onerosidad en el cumplimiento de la prestación en razón de un acontecimiento imprevisible que altere la base, el fundamento del negocio. Tal acontecimiento debe ser la causa directa de dicha onerosidad, de manera que, si el factor es otro, la onerosidad sobreviniente no puede invocarse (cfr. CNCiv, Sala D, 24/08/81, autos "Puente, Rosa A. L. vs. Rodríguez de Volpe, María E.", LL, 1982-A, 253). El caso imprevisible se determina positiva y objetivamente: no se trata de analizar las posibilidades patrimoniales de cada deudor, o su concreta solvencia, sino de considerar desproporciones objetivas (López de Zavalía, F., ob. cit., pg. 432).

Cabe añadir que las situaciones personales o particulares del deudor son insuficientes para caracterizar a un acontecimiento como extraordinario; pues ello no traduce la alteración en las bases objetivas del negocio jurídico, independientemente de las representaciones subjetivas al momento de su concertación. De allí que como señalara el Tribunal a quo, los riesgos propios del contrato son ajenos a este instituto jurídico; que no tiene por finalidad reparar cualquier obstáculo surgido para una de las partes y que torne más difícil el cumplimiento de la prestación comprometida. Este principio adquiere mayor rigurosidad en materia mercantil; donde el régimen legal se asienta en la profesionalidad de los comerciantes, que supone ciertas aptitudes y capacidades mínimas para el manejo y administración de sus negocios (cfr. CNCom., Sala B, sentencia del 19/02/87, autos "Mancho de Suárez Bidondo y otros vs. Ozón, Carlos y otros", LL 1987-B, 481).

Conforme a lo considerado, no se advierte error de derecho en el fallo recurrido, en torno a la interpretación de los requisitos legales para la configuración del instituto previsto en el art. 1198 del Código Civil. Los motivos de casación esgrimidos son insuficientes para evidenciar la estrechez de interpretación que el recurrente asigna al Tribunal a quo, en relación a los presupuestos configurativos de la excesiva onerosidad sobreviniente. El art. 1198 del C.C. consagra una excepción a la regla contenida en su art. 1197; y su aplicación procede en las condiciones y con los efectos previstos por la norma legal, en cuanto altera lo concertado libremente El texto legal no autoriza a extender la hipótesis normativa de mayor onerosidad, a lo que el impugnante imprecisamente denomina obligaciones accesorias. Por lo contrario, del mismo resulta que el hecho sobreviniente debe afectar la prestación debida, en una determinada relación contractual; convirtiéndola en un acto excesivamente desventajoso para una de las partes, en desmedro de la otra.

4.- En el sublite, las circunstancias de hecho expuestas por la concursada resultan ajenas a la normativa del art. 1198, C.C.; pues no involucran desproporción sobreviniente de prestaciones recíprocas, que haga excesivamente onerosa la prestación a su cargo. La conclusión a que se arriba torna inoficioso emitir pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la doctrina consagrada en dicha norma sustancial, a las prestaciones comprometidas en el acuerdo preventivo. La invocación de principios o reglas jurídicas como la que consagra esta disposición legal, exige, en todo caso, la debida sustentación de la aplicación del remedio reclamado, mediante la demostración de que el supuesto concreto resulta subsumible en la solución que se postula. Ello no acontece en el sublite, por la señalada ausencia de los presupuestos normativos genéricos previstos en la ley sustancial.

Las costas serán soportadas por la recurrente vencida, por ser de ley expresa (arts. 106, 109 y cc. del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 56/61 por el letrado apoderado de la concursada, contra la sentencia de la entonces Excma. Cámara Civil y Comercial Común de la Ia. Nominación, del 27/06/91, con pérdida del depósito de ley.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE