Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-03-24


Dictamen del Procurador General de la Nación:

Suprema Corte:

El juzgamiento de la presente causa corresponde a V. E. por razón de la materia ya que se trata de una acción entablada contra una Provincia, directa y exclusivamente fundada en la inconstitucionalidad del cobro impositivo cuya repetición se intenta (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional).

No obsta a esta conclusión la circunstancia de que hayan mediado procedimientos de apremio tendientes a realizar ese cobro, los que tramitaron ante la justicia local de la Provincia de Buenos Aires, pues la jurisdicción originaria es improrrogable en el caso precisamente porque ella resulta de la naturaleza del pleito, o sea ratione materiae, y no de la distinta vecindad de las partes.

En consecuencia, opino que V. E. debe declarar su competencia para conocer del sub judice. - Buenos Aires, 3 de mayo de 1957. -Sebastián Soler.

Buenos Aires, marzo 24 de 1958.

Vistos los autos: "Bemberg, Otto Eduardo y otros c./ Buenos Aires, la Provincia s./ repetición", para resolver sobre las excepciones opuestas por la demandada a fs. 94.

Considerando:

Que la parte actora manifiesta en su escrito de demanda que ante un pronunciamiento de la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires que le imponía el pago de obligaciones fiscales y de multas, el asunto fue llevado en apelación ante la Cámara Fiscal de dicha Provincia, la cual aunque modificó en algo la resolución administrativa la confirmó en sus partes substanciales; que denegados los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, el Fisco promovió juicios de apremio. Para recuperar lo pagado en virtud de tales juicios, como asimismo lo que haya de pagar en el futuro, inicia esta acción en jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Sostiene reiteradamente (fs. 39 y 42) que el único fundamento de la acción radica en las transgresiones constitucionales en que habría incurrido la sentencia de la Cámara Fiscal, aunque impugna también (fs. 44 vta.) la constitucionalidad de los textos legales y reglamentarios que aplicó dicho organismo y critica a fs. 40 y 41 la interpretación dada por la Cámara a dichos textos.

Que corrido traslado de la demanda, el apoderado de la provincia interpuso las excepciones previas de incompetencia de jurisdicción, defecto legal en el modo de proponer la demanda y arraigo del juicio, defensas cuya extemporaneidad sostiene la actora expresando que el auto de fs. 88 que concedió la prórroga le refirió exclusivamente a la ampliación solicitada a fs. 87 para contestar la demanda, por lo que el término para oponer excepciones venció el 26 de junio, es decir el día antes de la interposición de las defensas. Tal alegación debe desestimarse en razón de la expresa conformidad prestada por el apoderado de la actora en el otro sí del escrito de fs. 89, de que la ampliación comprendiera tanto el término para la contestación como el referente a la oposición de excepciones.

Que la demandada funda sustancialmente la excepción de incompetencia -además de las razones que aduce en razón de las personas- en que se pretende repetir sumas pagadas en juicios de apremio seguidos ante jueces locales, en que incluye también la devolución de sumas que aun no se habrían pagado y en que la acción no se funda solamente en la inconstitucionalidad alegada del gravamen sino también en la mala aplicación que se habría hecho del mismo. La actora, a su vez, sostiene que la competencia originaria de esta Corte surge en virtud de lo establecido por los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional, ya que se trataría de una demanda regida por la Constitución y en la cual es parte una provincia; que esa competencia exclusiva no puede ser limitada por la exigencia de iniciación de juicios de repetición ante los jueces locales del apremio; que la constitucionalidad de las leyes locales debe juzgarse desde el punto de vista de su aplicación al caso de tal modo que basta sostener que el gravamen cobrado por aplicación de la norma provincial importa una exacción violatoria de la Carta Fundamental y finalmente, que nada obsta para que se repitan pagos aún no realizados cuando en los juicios respectivos existe sentencia de trance y remate.

Que el Señor Procurador General dictamina a fs. 77 y 113 que la circunstancia de haber tramitado juicios de apremio en la jurisdicción local no obsta a la procedencia de la competencia originaria de la Corte porque ésta es improrrogable cuando resulta -como en el caso- de la naturaleza del pleito o sea ratione materiae; y que el hecho de que la demanda persiga la repetición de cobros de futuro además de las sumas ya abonadas no puede obstar a la competencia del Tribunal, sin perjuicio de que el pronunciamiento debe circunscribirse a los pagos efectivamente realizados.

Que ante todo, es necesario dejar establecido que cuando se trata de una causa reservada a la competencia de la justicia nacional como son las que versan sobre puntos regidos por la Constitución y en que es parte una provincia, la competencia originaria de la Corte Suprema surte con prescindencia de la nacionalidad o vecindad de las partes, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional. Carece de trascendencia, por consiguiente, examinar si en el caso los actores son argentinos o extranjeros, si están domiciliados en el país o no o si dentro del mismo son vecinos de la provincia demandada o de alguna. otra. La competencia originaria procede en ese supuesto por la reunión de dos requisitos: uno, el de la materia, reservada por el art. 100 de la Constitución a la Justicia Nacional; el otro el de la persona, la provincia, cuyos asuntos deben ventilarse necesariamente ante esta Corte, ya sea actora o demandada.

Que para que una causa pueda considerarse que versa sobre puntos regidos por la Constitución, como lo ha declarado recientemente esta Corte en autos "Cruz Alta S. A. c/ Tucumán, la Provincia s/ cobro de pesos" (11 de diciembre de 1957) reiterando lo resuelto en Fallos: 238:318 y jurisprudencia anterior, es necesario que lo debatido en el pleito no comprenda cuestiones de índole local y de competencia exclusiva de los jueces provinciales, conducentes para la solución del juicio.

Que en el presente caso, además de las objeciones de carácter constitucional a las leyes fiscales provinciales, a la interpretación dada por la Cámara Fiscal a las mismas y al procedimiento seguido, y no obstante manifestarse reiteradamente que el único fundamento de la demanda son esas objeciones, se trata de demostrar a fs. 40 y 41 que el fallo de la Cámara que dio origen a los juicios de apremio interpretó mal los propios textos de las leyes fiscales de la provincia al no tomar como base para la determinación del impuesto la propiedad de un inmueble o conjunto de inmuebles por una misma persona natural o jurídica (leyes 4834, 5118 y 5246) excediendo la definición legal del hecho imponible; y al interpretar el concepto de "conjunto económico" del art. 12 del Código Fiscal. Inclusive se discuten cuestiones de hecho y prueba como son las de que no se demostró jamás que las sociedades pertenecieran exclusivamente a los actores, que no existe entre éstos parentesco de padres a hijos sino de hermanos sin posibilidad de heredarse entre sí y que los señores Federico y Otto Bemberg no eran ausentes y estaban y están (los herederos del primero y el segundo) domiciliados en la Capital Federal.

Es evidente, entonces, que la causa no versa solamente sobre puntos regidos por la Constitución Nacional y que los agravios de la actora pudieron encontrar remedio en juicios de repetición ante los propios jueces locales, a quienes está reservada la interpretación de las leyes de esa índole y la apreciación de los hechos que dan lugar a su aplicación.

Que asimismo obsta a la declaración de la competencia originaria de esta Corte la circunstancia de que los pagos hayan sido realizados como consecuencia de juicios de apremio. En Fallos: 189:135, en concordancia con lo resuelto en numerosos casos (181:101, 106 y 108;184:59; 186:308; 196:642; 199:252; 202:465, etc.) la Corte tiene declarado que cuando han intervenido los tribunales provinciales en razón de su propia competencia, este Tribunal sólo puede a su vez intervenir en virtud del recurso extraordinario establecido por el art. 14 de la ley 48 y siempre que las cuestiones allí indicadas hayan sido resueltas en una sentencia definitiva, como sería la del juicio ordinario subsiguiente al ejecutivo. Es éste -dijo la Corte- el sistema de la Constitución, y de la ley; es el que respeta las autonomías provinciales.

Que al ocurrir a sus propios jueces para la percepción de los impuestos y al establecer la competencia del juez del apremio para entender en el juicio de repetición subsiguiente, la provincia no incurre en prórroga de jurisdicción ratione materiae. Ello es la consecuencia necesaria del principio de que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas, dictan sus leyes de impuestos, reglamentan su cobro y fijan el procedimiento para hacerlo efectivo, sin intervención del Gobierno Nacional, como lo recordó la Corte en el fallo indicado. Los precedentes que se citan, según los cuales esta Corte afirmó su jurisdicción originaria para entender en demandas de repetición de impuestos promovidas contra provincias, corresponden a casos en los cuales el pago del tributo tachado de inconstitucional, se efectuó directamente y no a raíz de juicio por cobro tramitado ante los tribunales locales (Fallos: 51:349; 91:25; 94:361; 95: 327; 191:40; 127:383; 130:29; 134:401).

Que todo ello conduce, necesariamente, a la conclusión de que el presente juicio no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema; y hace innecesario examinar las demás cuestiones y defensas planteadas.

Por ello, y habiendo dictaminado el Sr. Procurador General, se hace lugar, con costas, a la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada. -Enrique V. Galli. -Carlos Herrera. -Benjamín Villegas Basavilbaso.