Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2008-04-30


Resistencia, abril 30 de 2008.

1º ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? 2º En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Costas y honorarios.

I. 1º cuestión. - El doctor Ricardo Fernando Franco dijo:

1. Arriban estos autos a conocimiento y decisión del Superior Tribunal de Justicia, en virtud del recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por el actor a fs. 133/136, contra la sentencia Nº 169 dictada en fecha 22 de agosto de 2007, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en grado de apelación, obrante a fs. 123/125 vta.

Concedido dicho recurso a fs. 138 y radicada la causa en la Secretaría Técnica Nº 2 (fs. 148), se corre vista al Sr. Procurador General y se ponen los autos para la presentación del memorial de la parte recurrida (art. 30, Dec. Ley 1407/62, modific. por Ley 5951). A fs. 151/152 vta. se expide el Sr. Procurador General, quien mediante dictamen Nº 1963/07, aconseja el rechazo del recurso extraordinario incoado y a fs. 153/154 vta. se agrega la memoria presentada por la actora. A fs. 156 se llama autos para sentencia.

2. Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde que me expida previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del que ahora consideramos.

Efectuada tal tarea, constato que ha sido interpuesto en término, por la parte legitimada para recurrir y que se trata de sentencia definitiva, por lo que corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo que motiva los agravios constitucionales formulados.

Sostiene básicamente el recurrente que la sentencia de Cámara lesiona gravemente sus derechos y garantías constitucionales, al fallar con un exceso de rigor formal que torna arbitraria la decisión. Que en su contenido prescinde de todos los instrumentos legales vigentes, apartándose así de la solución normativa prevista para el caso.

Alega en tal sentido, que la Cámara rechaza la acción de amparo deducida por su parte, basándose en la sola voluntad de los sentenciantes, con ajenidad a la plataforma fáctico-procesal y sin un análisis del contexto normativo que debe regir en la causa. Que la nota recibida del Sr. García, no puede considerarse respuesta a su pedido de atención, toda vez que no reúne los requisitos establecidos en el art. 118 del Código de Procedimientos Administrativos, que establece que los actos emanados de organismos de la Constitución, de la administración descentralizada y entes autárquicos, se producirán en forma de resolución o disposición o la que les haya fijado la ley especial, sin que pueda equipararse una simple nota del jefe del sistema medido, a un acto administrativo, ya que éste no tiene facultades para resolver el reclamo, conforme surge de la ley 2499, el Decreto Nº 61- Estatuto de SAMEEP y modificatorias. Que por tal motivo, no puede considerarse una contestación denegatoria de su reclamo en calidad de cliente, ni podría dar lugar a instancia recursiva alguna, como lo pretenden los jueces.

Manifiesta que esa fue la razón por la cual el actor reiteró su solicitud, en razón de que conforme lo establece el art. 11 de la ley 848, la autoridad administrativa tiene 60 días para expedirse, contados a partir del reclamo. Que en autos, al no darse respuesta por la autoridad competente al pedido efectuado en fecha 7/10/05, hizo uso de la facultad de insistir o instar el dictado del acto administrativo final que agotara la vía; reiteración que considera debe entenderse de pronto despacho, que sin motivo alguno no fue resuelta por el Directorio de SAMEEP, que es el órgano competente para resolver su pedido.

Considera que en el caso de autos, la solución de la Cámara, en relación al punto que el organismo demandado dio respuesta al pedido del actor y que no recurrió por la vía pertinente de dicha decisión, es arbitraria pues reconoce un argumento de carácter dogmático y se basa en la sola voluntad de los jueces sentenciantes, apartándose de las constancias de autos y de la legislación vigente. Cita fallos de la Corte Suprema en relación a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y solicita se conceda su recurso, con costas, haciendo reserva del caso federal, en los términos del art. 14 de la ley nacional Nº 48.

3. Tras el análisis de los agravios sintetizados, dejo anticipado desde ya mi voto, en el sentido de la procedencia del recurso incoado, por considerar que la sentencia recurrida es arbitraria por adolecer de autocontradicción interna y contener fundamentos meramente dogmáticos, derivados de una evaluación subjetiva que le da un aparente sustento.

Ello así, por cuanto, los Sres. Camaristas, luego de analizar los argumentos vertidos en la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 67/76, que hace lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. Gabriel Duarte y ordena al Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep) a que se expida en el término de dos (2) días respecto de la solicitud concreta efectuada por el actor de dar de baja el medidor de agua de su domicilio y la re-instalación de la tarifa fija, fundado en la ausencia de legislación que lo obligue a mantener aquel sistema, bajo apercibimiento de ley, incurriendo a mi entender en un excesivo rigorismo formal, expresan: "... la acción deducida por el accionante y aceptada por la señora Juez de grado -amparo por mora- no está prevista en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1140, como lo hace la Ley Nº 19.549 (artículo 28) en el orden nacional y legislaciones provinciales como la de Corrientes (Ley Nº 3460, artículo 216)" y que: "Nuestra Constitución Provincial la incluye en las previsiones del artículo 25 -Mandamiento de Ejecución y Prohibición- al disponer que ante el incumplimiento de un deber legal de un funcionario o entidad pública el particular damnificado puede demandar ante el juez competente la ejecución inmediata de los actos que "... fuere moroso en cumplir...", señalando concretamente que esa era la vía que debió escoger el accionante para obtener respuesta a su reclamo, conforme surge de los párrafos siguientes, al decir: "Este Tribunal ha sostenido respecto al mandamiento de ejecución que se trata de una especie de amparo jurisdiccional protectivo de aquellos supuestos en que una entidad pública o funcionario determinado, omita cumplir el deber a su cargo que de manera expresa sea su obligación efectivizar..." "En este caso el objeto es fijar un plazo para que la administración o el funcionario responsable emita una respuesta a la pretensión del recurrente, sin entrar a considerar el fondo de la cuestión. Este sería el caso de autos, conforme lo sostiene la señora juez de primera instancia" (fs. 124 vta.).

Sin embargo, en forma contradictoria, señalan que por otra parte el accionante no agotó la vía administrativa, al no haber impugnado la respuesta obtenida del responsable del área, al poner de relieve: "Sostuvo esta Cámara en forma reiterada que es obligación de la Administración pública implementar las medidas necesarias a fin de que el cauce procedimental para la producción de sus actos se cumpla dentro de los plazos legales establecidos, y si no existiera plazo para ello, deberá cumplir en uno razonable". Y a renglón seguido, expresan: "En el sub-lite conforme los antecedentes obrantes en la causa, tal como fueron desarrollados los hechos, no se verifica un supuesto de mora administrativa. Toda vez que la Empresa a través de la persona responsable del área, como se expusiera supra, ha contestado al Sr. Duarte, denegando su pedido, dentro del tercer día hábil (fs. 17/18 de autos). Contra ese pronunciamiento de la empresa el señor Duarte, tenía habilitada la vía impugnativa prevista en la ley de procedimiento. Una interpretación en contrario desnaturaliza el instituto en trato" (fs. 125).

Considero que esta última afirmación, es meramente dogmática y carece de sustento normativo alguno, habida cuenta que mal podría haber seguido el accionante la vía impugnaticia contra una simple nota del responsable del área, por la sola razón de que la misma no constituye acto administrativo susceptible de recurso, por no haber emanado de la autoridad administrativa competente, que en el caso, es el Directorio de SAMEEP, cuando además lo único que pretendía el amparista, era obtener una respuesta a su pedido dentro de un plazo razonable. Ello así, por cuanto, lo que aquí se discute no es si asiste o no razón al recurrente en cuanto al reclamo de fondo, sino la obligación genérica que pesa sobre la Empresa del Estado provincial, de expedirse frente a cualquier reclamo de los usuarios.

Tampoco es feliz la afirmación que efectúan los sentenciantes en cuanto a que la vía que debió elegir el amparista, es la del mandamiento de ejecución, toda vez que del texto constitucional expreso (art. 25 C.P.) y de su ley reglamentaria Nº 3183, surge claramente que este instituto sólo opera en supuestos en que una entidad pública o funcionario determinado, omita cumplir un deber a su cargo que de manera expresa sea su obligación efectivizar. De consuno -como ya lo anticipara-, no estando discutida en autos si correspondía o no retirar el medidor de agua del domicilio del amparista y la re-instalación del servicio de tarifa fija, sino la falta de respuesta oportuna al reclamo por el mismo formulado, cualquier acción judicial en tal sentido hubiera sido prematura, pues no surge palmaria la obligación de la Empresa estatal demandada, de retirar o no el medidor de agua y lo que sí se verifica, es la mora administrativa en dar respuesta por la autoridad competente, ante un pedido concreto formulado.

La contradicción surge evidente, cuando al referirse a este instituto, manifiestan que "Su finalidad reside en que no siempre al particular le conviene aplicar la solución del "silencio administrativo", constituyendo un medio eficaz para posibilitar a quien es parte en el procedimiento administrativo, acudir a la vía judicial a fin de emplazar a la administración a que cumpla su cometido, en el caso, decidir cuestiones sometidas a su decisión en el plazo que fije el juez" (fs. 124), para luego concluir afirmando que el Sr. Duarte tenía habilitada la vía impugnativa prevista en la ley de procedimiento y que una interpretación en contrario desnaturaliza el instituto en trato.

En tal sentido, se ha expresado: "Aun cuando el demandante pueda configurar el silencio denegatorio, también le asiste el derecho a ocurrir por medio de la acción de amparo por mora para, supuesta la manifiesta ilegitimidad y arbitrariedad de su conducta, emplazar a la autoridad renuente a resolver en forma expresa, habida cuenta del carácter opcional que para el interesado en el procedimiento administrativo, tiene dicha vía. El nuevo Código Contencioso Administrativo expresamente prevé que la configuración del silencio administrativo no impedirá la utilización de esta alternativa procesal (art. 76 Ver Texto/NXT/lexisnexis.dll?f=id$id=L_BUE_LY_12008.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p= inc. 3 ley 12.008, según ley 13.101 Ver Texto/NXT/lexisnexis.dll?f=id$id=L_BUE_LY_13101.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=)" (Conf. Sup. Corte Bs. As., 03/11/2004, "San José Sud- Mouriño S.A. y otros v. Provincia de Buenos Aires s/amparo por mora", Expte. B. 66552, publicado: BA- B91368. Lexis Nº 14/102872). Y que: "Si el procedimiento administrativo se encuentra pendiente de una información que debe suministrar una dependencia estatal, habiendo vencido con holgura los plazos previstos por las normas, sin mediar razones fundadas de la autoridad administrativa para justificar la demora en continuar y concluir el procedimiento, no puede más que afirmarse que existió, en la espera, un comportamiento ilegítimo que se traduce en el incumplimiento del deber jurídico de expedirse oportuna y fundadamente" (Expte. Nº B 66552- Publicado: BA B91369. Lexis Nº 14/103009).

Se dijo además, que: "El amparo por mora, encuentra su origen, conforme la conceptualización jurisprudencial consagrada en el caso 'Goldberg v. Universidad de Buenos Aires', en que 'la Administración está obligada a decidir expresamente, correspondiéndole al administrado la opción por la negativa tácita -al peticionar el 'pronto despacho'- o por obligar a la Administración a expedirse, mediante la queja o el amparo por mora...'". (Conf. Sup. Trib. Just. Jujuy, 27/10/1999, "Herrera, Carlos Alberto v. Municipalidad de Palma Sola", Expte. Nº 6861/99, Lexis Nexis Nº 26/1103).

Asimismo se ha expresado: "Las discrepancias de la Administración en torno al encuadramiento legal de un determinado asunto no la eximen de cumplir con el deber jurídico de resolver en un tiempo prudencial y razonable los reclamos que se someten a su decisión, de modo tal de no menoscabar con su conducta omisiva el derecho de defensa de los interesados" y que: "El libramiento de una orden de pronto despacho en el marco de una acción de amparo por mora no implica en modo alguno abrir juicio acerca de la fundabilidad de la petición a decidir, ni sobre el contenido de la resolución administrativa que deba adoptarse" (Conf. Sup. Corte Bs. As., 01/12/2004, "González, Edgardo M. v. Provincia de Buenos Aires s/amparo". Sumarios publicados en BA. B91394 y BA B91395, Lexis Nexis Nº 14/103502 y Nº 14/103433, respectivamente).

A mi entender, la cuestión en examen fue resuelta con un excesivo rigorismo formal, a cuyo respecto señala Pedro J. Bertolino, que dicho vicio constituye una exagerada sujeción a las normas formales, las cuales abusivamente son mal o indebidamente utilizadas, o lo que es igual, se produce cuando la aplicación de una norma procesal ha sido llevada a cabo con injustificado rigor formal que afecta la defensa en juicio o con palmario apartamiento de lo que de ella se desprende con inequívoca claridad (Conf. "El exceso ritual manifiesto", pág. 41 y sgtes.).

Este Superior Tribunal ha dicho reiteradamente que: "Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Por tanto, careciendo la sentencia de la fundamentación mínima que la valide como acto judicial o incurriendo en errores de gravedad que la descalifiquen como tal, debe ser declarada arbitraria, pues en ambos supuestos se encuentra desprovista de fundamentación que es recaudo de su validez y que tiene base constitucional" (Sentencias Nº 19/04, 90/04, 160/04, entre otras de este Tribunal).

Por los argumentos desarrollados, soy de opinión que la sentencia impugnada no está dotada de argumentos suficientes con apoyo en los hechos de la causa y en el derecho aplicable, todo lo cual la hace pasible de la tacha de arbitrariedad que se le endilga, propiciando el acogimiento del recurso deducido por el amparista. En tal sentido, propongo que en ejercicio de las facultades excepcionales que posee este Tribunal, tal como se hiciera en sentencias Nº 20/05 y 182/06, entre otras de la Secretaría Técnica de este mismo Tribunal, se asuma la competencia positiva a efectos de evitar mayores postergaciones que ocasionen un perjuicio para las partes y un dispendio inútil de actividad jurisdiccional, a modo de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva y al plazo razonable, que consagran los tratados internacionales con jerarquía constitucional -art. 75, inc. 22, Const. Nacional 1994-, ordenar, sin reenvío, a la accionada Servicio de Agua y Mantenimiento - Empresa del Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.), que se expida en el término de dos (2) días de notificada la presente, respecto de la solicitud concreta del Sr. Gabriel Duarte, de dar de baja el medidor de su domicilio y la re-instalación de la tarifa fija, bajo apercibimiento de ley, sin que ello implique anticipar opinión sobre el derecho de fondo. ASI VOTO.

El doctor Alberto Mario Modi dijo:

Los fundamentos vertidos por el Juez que me precede en el orden de votación, resultan ajustados a derecho, por lo que adhiero a ellos y emito mi voto en el mismo sentido. ASI VOTO.

La doctora María Luisa Lucas dijo:

Las razones de hecho y de derecho valoradas por el Sr. Juez de primer voto, resultan acordes a las constancias de la causa y al derecho aplicable, por lo que adhiero a ellas, votando en los mismos términos. ASI VOTO.

El doctor Ramón Rubén Avalos en disidencia parcial dijo:

Comparto en todas sus partes el análisis efectuado por el juez de primer voto, como asimismo que la sentencia impugnada adolece de la tacha de arbitrariedad que se le endilga, motivo por el cual el recurso de inconstitucionalidad incoado por el amparista debe prosperar.

No obstante ello, considero que en mérito a dicha conclusión, corresponde anular el fallo recurrido y devolver los autos a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a fin de que con la integración que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, en los términos del art. 44 del Decreto Ley 1407/62, habida cuenta que la jurisdicción positiva atribuida excepcionalmente a este Cuerpo por la norma citada, debe ser ejercida con prudencia, sólo en los casos que ameriten adoptar la decisión definitiva en sustitución de los jueces de la causa. ES MI VOTO.

El doctor Rolando Ignacio Toledo dijo:

Por compartir los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el primer voto, adhiero al mismo y voto en forma coincidente. ASI VOTO.

II. 2º cuestión. - El doctor Ricardo Fernando Franco dijo:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido a fs. 133/136 por el amparista, contra la sentencia Nº 169 dictada en fecha 22 de agosto de 2007, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo actuando como Tribunal de Segunda Instancia, a fs. 123/125 vta., con los alcances indicados al tratar la primera cuestión.

Las costas de segunda y ulterior instancia, dado el resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 68, en concordancia con el art. 277 del C.P.C.C., deben ser impuestas a la parte vencida y atento a ello, no corresponde regular honorarios al representante legal de Servicio de Agua y Mantenimiento - Empresa del Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.), en virtud de la relación que lo une con la misma, conforme criterio sentado in re: "Gómez Neri c. I.P.D.U.V. s/demanda contencioso administrativa", mediante Resol. Nº 305/95 y jurisprudencia allí citada. Consecuentemente con ello, los honorarios de la Dra. S. A. P., se estiman de conformidad con lo dispuesto por los arts. 3º, 4º, 11 y 25 de le ley 2011 y modificatorias, de la siguiente manera: a) por la labor desarrollada en segunda instancia: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA ($490) como patrocinante y PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS ($196) como apoderada y b) por la labor desarrollada en esta instancia extraordinaria: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA ($490) como patrocinante y PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS ($196) como apoderada. ASI TAMBIEN VOTO.

El doctor Alberto Mario Modi dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ricardo Fernando Franco, respecto de la presente, adhesión que abarca lo relativo a imposición de costas y honorarios profesionales. ES TAMBIEN MI VOTO.

La doctora María Luisa Lucas dijo:

Conforme la cuestión tratada en primer lugar respecto del recurso impetrado, corresponde hacer lugar al mismo. Arribo a idéntico resultado que el Sr. Juez que me precede, respecto de costas y regulación de honorarios. ASI TAMBIEN VOTO.

El doctor Ramón Rubén Avalos dijo:

Teniendo en cuenta el criterio sostenido al tratar la primer cuestión respecto del remedio extraordinario intentado por la parte actora, el pronunciamiento que se impone en estos autos consiste en su acogimiento, compartiendo la propuesta efectuada en cuanto a imposición de costas y regulación de honorarios. ASI TAMBIEN VOTO.

El doctor Rolando Ignacio Toledo dijo:

En virtud del resultado arribado al tratar la primera cuestión, coincido en que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad incoado, como asimismo aceptar la propuesta relativa a costas y honorarios profesionales. ASI TAMBIEN VOTO.

Vistos: Los fundamentos del Acuerdo que antecede, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, por mayoría y con la disidencia parcial del Dr. Ramón Rubén Avalos RESUELVE: I. HACER LUGAR al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido a fs. 133/136 por el amparista, contra la sentencia Nº 169 dictada a fs. 123/125 vta. de autos, el 22 de agosto de 2007, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo actuando como Tribunal de Segunda Instancia y ordenar, sin reenvío, a la accionada Servicio de Agua y Mantenimiento - Empresa del Estado Provincial (S.A.M.E.E.P.), que se expida en el término de dos (2) días de notificada la presente, respecto de la solicitud concreta del Sr. Gabriel Duarte, con el alcance indicado en el considerando precedente. II. IMPONER las costas de ambas instancias, a la demandada vencida. III. REGULAR los honorarios de la Dra. S. A. P., de la siguiente manera: a) por la labor desarrollada en segunda instancia: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA ($490) como patrocinante y PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS ($196) como apoderada y b) por la labor desarrollada en esta instancia extraordinaria: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA ($490) como patrocinante y PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS ($196) como apoderada, sin que corresponda regulación de honorarios al representante legal de la accionada, por los motivos ya expresados. - Ricardo Fernando Franco. - Alberto Mario Modi. - María Luisa Lucas Ramón. - Rubén Avalos. - Rolando Ignacio Toledo.