Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-13


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 13 de 2010.

I. Por recibido de la Fiscalía General ante la Cámara.

II. Y Vistos:

1. Viene apelada la resolución copiada a fs. 26/29 por medio de la cual el juez de primera instancia rechazó la solicitud de la parte actora tendiente a que el juez hiciera una declaración expresa en el sentido de que goza del beneficio de gratuidad. El expediente principal es un pedido de extensión de quiebra formulado por ex-dependientes de la fallida.

La parte actora en ese proceso invocó que el crédito alegado para solicitar la extensión de falencia tiene naturaleza "alimentaria laboral" (v. fs. 4) y, sobre la base de lo dispuesto por el art. 20 LCT, que establece un beneficio de gratuidad en los procedimientos administrativos y judiciales en favor de los trabajadores y sus derecho-habientes, reclamó que se hiciera una declaración en tal sentido a su respecto, aun cuando consideró que dicho beneficio era operativo de pleno derecho.

2. El juez de primera instancia consideró improcedente conferir el beneficio de gratuidad. Explicó que el pedido de extensión no se originó en la relación laboral sino que procura la recomposición patrimonial de la fallida pretendiendo hacer repercutir la falencia en otro sujeto. Destacó el juez que los peticionantes de la extensión de la quiebra actúan en autos como acreedores, no como dependientes persiguiendo el cobro individual de su crédito. Por eso, concluyó que no era aplicable en esta situación la gratuidad para litigar de la ley laboral, sin perjuicio de demostrar la insuficiencia de fondos por vía de un pedido de beneficio de litigar sin gastos.

Tras ello, el primer sentenciante intimó a los actores a cumplir el pago de la tasa de justicia según el monto para juicios de monto indeterminado (art. 6, ley 23.898).

3. La parte solicitante de la exención apeló la resolución referida (memorial de fs. 530/533). Insistió en que su pedido es admisible ya que los créditos que dan fundamento al pedido de extensión son de naturaleza laboral y derivan de relaciones individuales del trabajo. Considera que debería aplicarse un criterio según el cual el beneficio aludido es procedente cuando se trata de pedido de declaración de quiebra.

4. El Representante del Fisco dictaminó en el sentido de confirmar la resolución apelada teniendo en cuenta que el juez dispuso que la tasa de justicia se abone en los términos del art. 6 de la ley 23.898 (v. fs. 33).

5. La Fiscalía ante la Cámara opinó que tenía que revocarse la decisión de primera instancia sobre la base de lo dispuesto por el art. 20 LCT, que entendió aplicable al pedido de extensión de quiebra.

6. Hay que determinar si es aplicable al proceso principal la extensión del beneficio de gratuidad estatuido por la ley 20.744 (art. 20).

Si bien es cierto que el pedido de extensión de quiebra, que la parte solicitante del beneficio de gratuidad formuló en autos, procura la liquidación colectiva del patrimonio de quien es reputado deudor, también lo es que, en última instancia, los peticionantes de la declaración de falencia persiguen el cobro de sus acreencias.

Ello los ha motivado a solicitar la extensión de quiebra y el fundamento de ese interés radica, en definitiva, en créditos de origen laboral, a los que es inherente el carácter alimentario.

Si ahora solicitan la quiebra, es evidente que pretenden, en la medida de lo posible, cobrar sus acreencias mediante la incorporación de bienes a la masa de activo liquidable.

Como no puede discernirse el interés de los actores -exdependientes de la fallida- de ver satisfechos sus créditos del de solicitar la extensión de la quiebra de "Compañía Láctea del Sur S.A.", a diferencia de lo explicado por el Juez de primera instancia cuando aludió a los planteos en sede laboral, es dable apreciar el pedido de extensión de quiebra como una continuación de cualquier reclamo realizado en aquella sede.

Desde esa perspectiva, es posible entender que el beneficio de gratuidad establecido en la LCT se extiende a estas actuaciones, necesarias para concretar, en alguna medida, el cobro de los créditos.

Así lo entendió esta Cámara a través de su Sala E en el caso citado en el dictamen precedente. Se trató de un caso en que se discutía la eficacia para pedir la quiebra de una carta-poder otorgada en sede laboral. La Sala E -por mayoría- consideró que debía seguirse el criterio jurisprudencial según el cual, si el pedido de quiebra era consecuencia de una sentencia laboral incumplida, tenía que enterdérselo como "continuación" del juicio laboral, en tanto por vía de un eventual dividendo falencial el acreedor pretende percibir su acreencia. Por tal razón, atribuyó eficacia al acta-poder a los fines del pedido de quiebra. Destacó el Tribunal en esa ocasión que esa solución concordaba con el principio de gratuidad para el trabajador en los procedimientos judiciales (art. 20, LCT) (v. Sala E, 15.9.92, en "Beraldi, Lidia M. s/pedido de quiebra por Maguna, Félix A. y otro"; LA LEY, 1993-C, 111).

El criterio sustentado en ese caso acerca del pedido de quiebra como "continuación" del juicio laboral corrobora que también es posible reconocer el beneficio pretendido en el supuesto de pedirse la quiebra -o la extensión de quiebra- con sustento en créditos laborales, como en este caso.

Cabe entender que la gratuidad predicada por dicha normativa abarca la tasa de justicia y aquellos gastos que sean necesarios para el inicio y la prosecución de las actuaciones (arg. art. 20 LCT), sin perjuicio de lo que corresponda decidir sobre las costas a la luz del resultado que arroje el pedido de beneficio de litigar sin gastos, que se hallaría en trámite según dice la apelante.

Por tales razones, a las que se añaden las brindadas por la Fiscalía ante la Cámara, se justifica reconocer a la parte solicitante de la extensión de quiebra el beneficio de gratuitad establecido por el art. 20 LCT y que opera respecto de la tasa de justicia y de los gastos que sea menester realizar hasta el dictado de sentencia.

7. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General ante la Cámara, se Resuelve: admitir el recurso de apelación y revocar la resolución copiada a fs. 26/29. En consecuencia, se declara que la parte solicitante de la extensión de quiebra goza del beneficio de gratuidad establecido por el art. 20 LCT con el alcance que surge de la presente.

Hágase saber al Sr. Representante del Fisco y a la Sra. Fiscal General ante la Cámara, a cuyo fin pasen estos autos, sirviendo la presente de nota de envío.

Hecho, devuélvase encomendando al Sr. juez de primera instancia cursar las notificaciones del caso.

El Dr. José Luis Monti suscribe la presente en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de esta Cámara del 25.11.09.

El Dr. Alfredo A. Kölliker Frers quien actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta Cámara nº 26/10 del 27.4.10, no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - Juan R. Garibotto. - José Luis Monti