Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-07-06


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 6 días del mes de julio del año dos mil doce, se reunieron en Acuerdo los Miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger, y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "N., V. V. s/ Dcia. Abuso Sexual representación hija menor s/ Impugnación" (Expediente N° 22130 - F° 11 -Año 2010).

Del sorteo resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Rebagliati Russell, Pfleger y Panizzi.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. Contra la resolución Nº 1182 del año 2010, dictada en la audiencia de apertura por la Jueza Penal Mariel Suárez, las doctoras Liliana Ferrari y Lorena Garate, en representación del acusador público, plantearon impugnación extraordinaria.

Mediante aquel pronunciamiento la magistrada sobreseyó al imputado C. M. B., en los términos del artículo 285, inciso sexto del Código Procesal Penal.

II. En su presentación las impugnantes entendieron que la desvinculación del atribuido carecía de motivación suficiente, se fundaba en una errónea valoración de la prueba y omitía la consideración de evidencias esenciales.

Luego, efectuaron una reseña de los antecedentes del caso y reproducen la resolución cuestionada.

Sostiene que las entrevistas mantenidas entre la víctima y la Licenciada Ana María Antal se realizaron a los fines de validar el relato de aquella, como medida investigadora en los términos del artículo 268 del ceremonial.

Distinguieron que esta diligencia resultaba indispensable por razón del delito investigado, y autoriza al Fiscal a reunir elementos suficientes para disponer la apertura de la investigación preparatoria (artículo 274 del rito).

Señaló que en la audiencia de apertura de la investigación preparatoria el Ministerio Público Fiscal no intentó pruebas ya que no es la etapa procesal en la que tienen que hacerlo. Agregó que el acusador público, como director del proceso, es quien evaluará qué pruebas se ofrecerán para sustentar todo el proceso de investigación.

En esa ocasión, continúa, entre los medios probatorios que se ofrecen se encuentra la declaración de la víctima en Cámara Gesel a fin que el Tribunal pueda conocer y el imputado ejercer su derecho de defensa.

Explicaron que el informe elaborado por la Licenciada Antal no constituye una pericia, ya que su finalidad es validar el relato.

Más adelante, alegaron que la Jueza Penal omitió intentar sanear el acto antes de declarar su nulidad y que el sobreseimiento intempestivo dictado excede ampliamente el marco de la audiencia de apertura de investigación preparatoria, así como sus facultades jurisdiccionales.

Por otro lado destacó que el Ministerio Público Fiscal no tuvo la oportunidad de expresar su oposición a la desvinculación del imputado.

Censuraron que la sentencia dictada era arbitraria y contradictoria.

Ello por cuanto se advierte una grave carencia de fundamentación, lo que privó a esa parte conocer en profundidad el criterio de la magistrada, y en su caso aceptarlo o cuestionar los argumentos de lo que se ha validado.

Por último sostuvieron que se violó el principio de igualdad señalando que la Fiscalía, como representante de la sociedad no puede encontrarse privada de continuar con el ejercicio de la acción ante la decisión unilateral de cerrar una causa penal por un criterio de interpretación que no se corresponde con las garantías de la constitución.

III. Idéntica situación se ha planteado en autos "H., I. del C. s/ dcia. abuso sexual s/ impugnación" (Expte. N° 22.016 - Folio 192 - Año 2010), y si bien no integré en dicha ocasión el Tribunal para dictar sentencia, concuerdo plenamente con los argumentos allí blandidos.

Así, luego que la Fiscalía comunicara el hecho imputado, y solicitara el plazo para la investigación, la defensa pide la nulidad de la validación del relato de los hechos efectuado por la menor ante la Licenciada Antal, y de todo otro acto que derive de ello. En primer término, y como bien lo apuntaba el doctor Pfleger en el antecedente mencionado, la doctora Suarez ha excedido sus atribuciones al dictar el sobreseimiento en esta etapa del proceso.

El artículo 274 describe claramente el alcance que tiene la audiencia de apertura, y determina que el juez convocará a una audiencia con la finalidad de informar al imputado el inicio de la investigación y los derechos que le asisten.

Si bien es cierto que debía resolver el pedido de nulidad esgrimido, el sobreseimiento dictado no era la solución adecuada.

Así, ingresó directamente a analizar cuestiones que debieron valorarse en otra etapa.

Sin perjuicio de ello, y en cuanto al alcance que tienen estos informes, esta Sala se ha expedido recientemente en autos "A., J. P. s/ denuncia Abuso sexual s/ impugnación" (Expediente N° 22.164 - F° 16 - Año 2010).

Allí se sostuvo que las evidencias arrojadas durante ese lapso no tienen el carácter de prueba, como equivocadamente proclamara la juzgadora. Recién lo adquirirán cuando sean incorporadas al debate, de acuerdo al rito, donde la bilateralidad debe ser plena e inviolable -del voto del doctor Panizzi-.

Siempre he dicho que estos informes se efectúan para determinar el grado de credibilidad de la víctima y conocer su propio testimonio.

Conforme lo previsto en el artículo 258 estos dictámenes no tendrán valor probatorio para fundar la condena.

Por este motivo, y de acuerdo a la edad de las víctimas, las entrevistas son privadas y se desarrollan con la intervención de un profesional especializado. Esta condición es impuesta por la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que todo niño víctima de delito sexual deberá contar con la debida protección y se le deberá asegurar todo lo necesario para su bienestar.

Una vez iniciada la investigación, las partes podrán solicitar la declaración bajo la modalidad de Cámara Gesel, oportunidad en la que la defensa tendrá la facultad de controlar y proponer diferentes alternativas.

Va de suyo que en esta actividad las partes deberán velar siempre por el interés superior del niño, procurando que las intervenciones estatales que tengan por finalidad recabar su testimonio, lo sean en tiempo oportuno, evitando en lo posible su reiteración, que al tiempo que desvanezca su espontaneidad no implique una revictimización del menor. Ante ello, parece aconsejable tener en cuenta la excepción que la misma norma contiene -Art. 258- en cuanto posibilita el anticipo de prueba y bajo las formalidades que tal recepción implica. En mérito de lo expuesto, entiendo que corresponde revocar el sobreseimiento dictado a favor de B. y remitir las actuaciones a la Oficina Judicial, a sus efectos.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Breve relación introductoria El Juez Rebagliati Russell ha realizado una detallada descripción de los antecedentes del caso y del contenido de la impugnación, lo que me exime de abundar al respecto.

Solo diré que la causa llegó a esta Sala por la impugnación extraordinaria de la Fiscalía General, presentada contra la resolución número 1182 del año 2010 dictada por la Jueza Penal de Comodoro Rivadavia, en la que se sobreseyó al imputado C. M. B. en los términos del artículo 285, inciso 6° del Código Procesal Penal.

Luego de escuchar con atención la reproducción que acompaña el legajo bajo estudio, puede extraerse que la decisión de la Jueza de grado fulminó de nulidad el informe que la licenciada Ana María Antal había presentado a la Fiscalía por cuanto no había podido ser confutado por la defensa.

La quejosa denunció una falta de motivación suficiente, y que la decisión se fundó en una errónea valoración de la prueba y omitió la consideración de parte del conjunto de pruebas.

II. La solución del asunto.

De partida advierto la simetría de este caso con otros ya resueltos por la Sala, cuya doctrina legal al respecto percibo inobservada tozudamente.

Esto importa que la solución que se tomará ha de ser la predecible, y su adelanto está en el primer voto al que adhiero.

Tal vez fuera posible mentar las decisiones que se han tomado al respecto, pero la necesidad de confirmar la tesis sostenida por la Sala, sumada al imperativo de motivar y fundar los votos, conducen a un relato profuso en el que se traten temas otrora considerados.

III. Algunas aproximaciones y reflexiones de índole general.

a. Las nulidades Como lo he sostenido en causas anteriores, la relevancia que para la solución del asunto posee el tema de las nulidades, conduce a reiterar un concepto general acerca de ellas que ha sido persistente en mis sufragios.

En efecto, por sus consecuencias graves para el desarrollo del proceso, ha de andarse con suma precaución en el punto.

Al respecto, se ha expuesto reiteradamente que esta manera de sanción procesal es último recurso y que debe atenderse tanto a la letra de la ley aplicable en la materia cuanto a la efectiva vulneración del derecho que la irregularidad implica.

En otras palabras. La nulidad está apareada a la expresa determinación de la norma y, fundamentalmente, al efecto pernicioso del acto sobre concretos derechos de quien o por quien se reclama, ya que no hay nulidades en solo beneficio de la ley o nulidad por la nulidad misma.	El principio de trascendencia, que de eso se trata, implica considerar que no hay correctivo si la desviación no tiene consecuencias nocivas sobre garantías esenciales protegidas por el orden constitucional, ya que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación (ver al respecto STJ Misiones 12-12-2001, expte. 357/ 2000, res. 635 publicado en "Garantías Constitucionales y nulidades procesales- I" Edgardo Donna-Director, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 569).

En el mismo sentido debe exponerse que es deber irrenunciable de quien invoca la nulidad de un acto demostrar que la eventual exclusión habrá de conducir de modo decisivo y eficaz a una solución distinta.

Toda nulidad se vincula con la idea de defensa, ello es exacto; pero si el vicio no priva a la parte de su ejercicio ni afecta la garantía en cuestión, la nulidad debe rechazarse (STJ Santa Cruz, 14-03-2001 "Haro, Víctor Manuel s/ robo calificado por el uso de armas en la obra citada precedentemente tomo II. pág 498).

Puesto en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ".La procedencia de la nulidad por vicios de forma exige, como presupuesto, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho, ya que de otro modo la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público." (A 63 XXXIV; "Acosta, Leonardo y otros.04/05/2000T. 323, P. 929)	En el mismo precedente: ".La idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de modo que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, y tan delicado equilibrio se malogra cuando la facultad de anular actos procesales excede la finalidad que ésta protege, lo que se manifiesta evidente en aquellos casos en que su ejercicio resulta innecesario para preservar la garantía de la defensa en juicio, lo que puede tornar en la práctica, estéril, la persecución penal de graves delitos.".

En suma, la nulidad de un acto procesal y su proyección negativa en un caso determinado, ocurre cuando hay infracción concreta a un derecho constitucional, situación que debe ser racionalmente explicada por el órgano que toma la decisión, o por quien la postula.

b. Los casos de abuso sexual. La prueba y los informes preliminares obtenidos durante la etapa de averiguación. El testimonio del niño.

Como regla general respecto de la prueba mantengo que libre de cualquier tasación, los Jueces pueden evaluar toda demostración que sea legalmente incorporada al proceso, brindándole valor.

Ni el testigo único ni el incorrectamente denominado "testigo de oídas" son inaceptables en tanto fuentes de prueba, en un contexto determinado, aún cuando fueren de cargo.

Mucho menos el relato de un menor víctima de un delito sexual, o las opiniones técnicas a partir de las cuáles se forma convicción, sobre lo que reflexionaré en las líneas que vendrán.

En este sentido traigo a colación a Michele Taruffo quien en su "Simplemente la verdad" alude a la construcción del relato de los jueces y su confirmación y enseña: ".el grado de confirmación de un enunciado resulta de inferencias lógicas que toman en cuenta la cantidad y calidad de las pruebas disponibles respecto de un determinado enunciado, su grado de fiabilidad y su coherencia. Se trata de un análisis racional que se funda en argumentos y contra argumentos en valoraciones y comparaciones, al final del cual se determina cuál es el grado de fundamentación racional que corresponde a ese enunciado." (Autor y obra, Ed. Marcial Pons, 2010, página 248).

Y sigo con él en la nota al pie de aquella página cuando -el italiano- afirma: ".Vale al respecto la regla epistemológica según la cual la combinación de varios elementos de prueba tiene mayor valor que la confirmación que cada elemento de prueba singular puede atribuir a la conclusión, de modo que la combinación de diversos elementos de prueba, cada uno de los cuales atribuya a la conclusión un grado de confirmación débil, puede sin embargo, producir un grado de confirmación conjunto bastante fuerte. Esta posibilidad depende de varios factores, como la intensidad con que cada elemento de prueba individual confirma la conclusión, la fiabilidad de cada elemento de prueba considerado en sí mismo y la cantidad de elementos de prueba disponibles." (Ver nota 139 en la misma obra y página).	Desde el ángulo visto puede derivarse que es facultad de los Magistrados el seleccionar el caudal probatorio que es producido en la etapa de juicio, poniéndolo en valor mediante la técnica de la sana crítica o la libre convicción que, como herramienta, cimienta la construcción del discurso de justificación que se vierte.

Esa regla resulta aplicable en cualquier estadio del proceso, naturalmente.

Sobre algunas pruebas en particular, los testimonios especialmente, tengo dicho que el juicio sobre la convicción acerca de la virtud de un testigo para emitir un predicado no es una cuestión de fe, entendida ésta como la creencia en algo por la autoridad o la fama de quien lo emite (quinta acepción de la Real Academia del idioma). De ningún modo.

Todo testigo ha de ser examinado en sí y en relación con las demás evidencias que nutren el debate, otra manera de dar contenido a las categorías "coherencia interna" o "externa" de un relato que orbitan alrededor del examen. Con menos pulcritud y sapiencia, la noción de Taruffo.

Cuando el relato del testigo se expone en un discurso que es expresión de una vivencia posible, carece de alteraciones, no es contradictorio en sí mismo, es nítido y persistente, cuando exterioriza acerca de percepciones ostensibles en un contexto temporo espacial concreto, hay coherencia interna.

Cuando se corresponde con evidencia palpable, cuando se vincula con circunstancias de la causa que han sido traídas por otra vía, cuando encastra perfectamente con el todo, como una pieza que completa el damero, allí hay coherencia externa.

Cuando se produce ese enlace la validez es indiscutible.

Si un testigo se mantuvo silente hasta que detonó un episodio que lo condujo a hablar, es harina de otro costal.

Las conductas humanas guiadas por sentimientos variados (el miedo, el afecto, la ausencia de compromiso) son a veces inexplicables o inextricables.

Pero en la sentencia no se analizan las sensaciones. Puede someterse a un test de validación los motivos que conducen a hablar en un momento y lugar determinado; pero la circunstancia- despejado cualquier contra argumento- no quita verdad a la versión que una persona brinda cuando la ocasión es propicia, ni la descalifican porque sí.

En relación con los tipos de delito de la naturaleza del que ocupa debo admitir que se trata de "casos difíciles", pues como todo asunto que concierne a la determinación de abusos sexuales que por lo general suceden en un contexto muy privado, existen numerosos factores que inciden en el análisis de la prueba de cargo o de descargo.

Esto conduce a aguzar los sentidos cuando, sana crítica mediante, se efectúa lo que los viejos maestros llamaban el pasar por la "zaranda procesal" a los elementos que se tuvieron a la mano a la hora de emitir un juicio.

Alguna vez he citado a Aída Kammelmajer de Carlucci quien, en el epílogo de un artículo de su autoría titulado "El inestable equilibrio entre el interés superior del niño y el derecho de defensa en juicio" ( ver Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal n° 9, editorial "Ad hoc", pág. 215 a 235) referidos al tema decía que "...los conflictos planteados y sus dificultades muestran qué importante es tener una Magistratura sensible, especialmente preparada para responder a los nuevos requerimientos de los tiempos. El legislador debe dictar normas claras y eficaces, pero la interpretación y la aplicación de la ley, fundamentalmente en este tipo de materia no pueden desentenderse de las especiales circunstancias de la causa y de las consecuencias futuras de la decisión. Por eso, el equilibrio sólo puede marcarlo el juez; pero para que la decisión cumpla con el famoso recaudo de la proporcionalidad, no solo se requiere sentido común, sino razonabilidad y eficiencia, elementos afanosamente buscados por los destinatarios del sistema de justicia...".

El testigo niño es un testigo "especial" en tanto merece protección "especial"; pero no es un testigo calificado, en todo caso sus dichos son obtenidos mediante procedimientos especiales (para su protección) y sometidos a sistemas de validación diferentes que - en interacción- son analizados por los jueces en el marco en que se ha expuesto.

Pero, y es tautológico, son éstos no otros los que otorgan peso a las expresiones del testigo, menor o mayor, y no son suplidos por otros órganos cuya experticia también es objeto de tamiz.

Me refiero con esto a lo que, quizás impropiamente, llamamos "validación" del testimonio del menor, pero que llámese como se llame solamente importan técnicas de abordaje a ese órgano de prueba que, como "especial", merece atención en los términos dados.

Por fin no menos correcta es la aseveración tantas veces formulada de que la certeza se construye sobre la base de confrontación de hipótesis probables en torno al hecho de que se trata y se afirma, en un sentido u otro, cuando prima la más consistente, sin dejar de lado que en toda especulación siempre hay una última anfibología que indefectiblemente se plantea y que debe revisarse para asegurar que la lógica aplicada es la prevaleciente.

Generalmente los expertos que intervienen en el proceso para auxiliar a los jueces en una materia tan delicada se pronuncian pues están capacitados para percibir la calidad de una evocación infantil, aunque el contacto sea breve. Puedo emitir este juicio basado en mi propia experiencia como Magistrado.

Pero, y permítaseme la insistencia, esas opiniones no "prueban" el hecho, ni "certifican" la veracidad de un relato. La locución "validar" con la que es común denotar la conclusión, sirve en todo caso- y como ya lo dije antes- para orientar la apreciación que, luego e inexorablemente, deberá formular el Juez Hay que ser precavidos, retorno, en el análisis de los testigos niños cuando el interrogatorio es intermediado por un profesional, cuya intervención, aún quiera que no, puede interferir de algún modo si no en la evocación (los recuerdos, pienso, no pueden manipularse en ese breve lapso) al menos en la manifestación.

IV. El caso concreto.

Ya se ha dicho acerca del momento del proceso en el que sucedió el dictado del sobreseimiento y de la justificación dada por la Jueza interviniente.

Por ello, continuaré el trabajo sin hacer evocación y me atendré al análisis de las normas de las que se deriva el error de la que emitió juicio.

La simple lectura del art. 268 del C.P.P.Ch, brinda andamio suficiente para razonar en el sentido que, conocido un hecho que se insinúa como delito, y más allá de catalizar su obligación de investigar, corresponde al Ministerio Fiscal la protección de la víctima y de los testigos.

De ello se deduce que no resulta incorrecta la intervención que se da a los organismos de asistencia a la víctima, los que- obviamente- han de mantenerlo informado del estado de cosas.

Pero además, carecería de sentido esa capacidad otorgada al Ministerio Público antes de enfrentarse con el menú de opciones que le abre el art. 269 del ritual, si acaso no abordara a la víctima para verificar la solidez del caso a presentar.

Lógicamente si la víctima reúne las condiciones especiales a las que se hizo referencia, ha menester abordarla mediante técnicas especiales (la psicóloga forense, por caso) y su resultado, el del interrogatorio, será analizado en ese contexto.

Si la psicóloga forense emite su impresión a través de un informe, ello es nada más que eso una información que nutre la "averiguación" entendida ésta como una breve encuesta para obtener datos que le permitan "valorar inicialmente" (nomen del art. 270 del adjetivo) el asunto.

Luego, anular esos datos por haberse desdeñado la participación de la defensa descartando que esa evidencia sea incorporada para escucharse en el debate constituye un exagerado prurito y una falsa protección de garantías, pues no hay lesión evidente que justifique la aplicación de la censura procesal.

La exaltación de las garantías vaciándolas de contenido cuando no hay agravio constitucional ninguno, es tan perniciosa como su inobservancia.

Se rompe la delicada tensión que existe entre el derecho del imputado de ser sometido a un proceso legal y regular, y el de la comunidad de hacer que la ley se cumpla, conforme a esos cánones.

Las normas procesales son en si mismas una garantía, por lo que es falsa la contradicción "garantismo- no garantismo"; los Jueces entonces han de aplicar las reglas con suma prudencia, pues para eso son árbitros de un juego de opuestos.

Entre otros que ya enunciaré, el defecto de la Jueza ha sido considerar que ese informe merecía el tratamiento de la prueba pericial, seguramente basada en un "a priori": la posibilidad de contaminación.

Esta manera de pensar es prepóstera, pues aunque el prejuicio no fue enunciado con claridad, se extrae de su discurso aún la pobreza argumental que lo nutre.

Más grave aún es la nulidad de la prueba testimonial de la niña.

Nuevamente ha incurrido en el vicio de considerar que una técnica de interrogación particular le quita al testimonio su condición de tal.	Ya expliqué arriba lo suficiente al respecto, lo que señalo es que tampoco existe una relación indefectible entre el informe preliminar y el testimonio, prueba reproducible si la hay, de modo que no hay fruto envenenado, porque los árboles son diferentes, error conceptual inaceptable.

Si en el futuro el testimonio será recibido acorde las reglas -una verdad de Perogrullo, aunque no deja de ser un augurio- no hay razón alguna para anclar ese futuro a la invalidez que proclamó, a mi juicio de modo extraviado.

Desdeñó la Magistrado, sin dar razón potente (más allá de toda duda al respecto) todo el andamiaje argumental que el Ministerio Fiscal presentó en la audiencia de apertura y liberó al causante obturando la investigación, excediendo así la capacidad que el rito le confiere.

No percibo evidente menoscabo de ningún derecho constitucional en el caso.

Propongo así que se anule la decisión venida en recurso y se devuelva a la instancia para que continúe según su estado bajo los parámetros sentados. También propicio que se recomiende -una vez más- a la Magistrado emisora que atienda a la doctrina legal sentada por la Sala, o que al menos brinde mejores argumentos para apartarse de ella, en aras de evitar el dispendio que implica un recurso cuya suerte puede anticiparse.

V. Epilogo Por lo expuesto, coincidiendo con el Juez Rebagliati Russell, propicio la revocación de la resolución en crisis y la remisión de la actuaciones a la instancia previa.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Los Ministros que me precedieron en el voto han poco menos que agotado el tema a resolver pero, por expresa manda del artículo 25 del Código Procesal Penal, exhibiré mi parecer, coincidente al de mis distinguidos colegas.

II. Las titulares de la vindicta pública, doctoras Liliana Ferrari y Lorena Garate, atacaron el sobreseimiento de C. M. B., dispuesto por la Jueza Penal Mariel Alejandra Suárez, en el marco de la audiencia de apertura de la investigación.

Las fiscalas cuestionaron aquella decisión por considerarla carente de fundamentos, al responder a una errónea valoración de la prueba y omitir la consideración de evidencias esenciales.

III. Como bien lo apuntó el Ministro Rebagliati Russell análoga cuestión se resolvió en los autos "H., I. del C...." (Expediente Nº 22016/2010, sentencia del 12 de agosto del 2011, protocolizada bajo el número 47/2011).

Al igual que en aquella oportunidad, advierto que en los presentes la magistrada de grado se apresuró al pronunciarse sobre el mérito del informe psicológico efectuado por la Licenciada Ana María Antal a la niña L. A. M.

Es que, en la ocasión de la audiencia prevista en el artículo 274 del rito, el juez deberá noticiar al imputado sobre el inicio de la investigación, controlar la regularidad del proceso y asegurar la defensa del atribuido. Es decir, hasta allí llegan sus facultades y el alcance de su actuación. La discusión sobre la admisibilidad o pertinencia de la prueba es ajena a esta etapa, por lo que la decisión acerca de la prueba fue adoptada antes de tiempo.

Sin perjuicio de ello, esta Sala también ha fijado su criterio en punto a la naturaleza de las entrevistas que las psicólogas forenses mantienen con las víctimas dentro de la fase de averiguación preliminar, a la que hace mención el artículo 268 del ceremonial.

Se estableció que la investigación que desarrolla el titular de la vindicta pública en esa fase, tiene el propósito de sustentar la investigación, que servirá de base, en el futuro, para sostener la acusación. Las evidencias arrojadas durante ese lapso no tienen el carácter de prueba, sino que lo alcanzarán cuando sean arrimadas al debate, de acuerdo a las normas rituales, en el juicio bilateral y contradictorio.

Así las cosas, como en aquella etapa procesal el incuso sólo es informado del comienzo de una investigación en su contra y, el informe psicológico cuestionado no resulta definitivo ni irreproducible, ya que tiene por finalidad validar la denuncia. Por lo tanto, hago mía la decisión de mis colegas que votaron antes: el sobreseimiento dictado, deberá revocarse y las actuaciones deberán devolverse, para que continúen según su estado.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A --------------- 1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria obrante a fs. 11/22 vta.

2º) Revocar la resolución protocolizada con el número 1182/2012.

3°) Remitir las presentes actuaciones a la Oficina Judicial de la ciudad Comodoro Rivadavia, a sus efectos.

4º) Protocolícese y notifíquese.- Fdo. Alejandro Javier Panizzi-Jorge Pfleger-Daniel A. Rebagliati Russell-Ante mi: José A. Ferreyra. Secretario.