Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-13


En la ciudad de Trelew, a los 13 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia a cargo del Dr. Juan Humberto Manino y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. C. Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados:

"O., J. C. c/ D.M., H. s/ COB. DE HAB. DE INDEM. DE LEY" (Expte. nº 21084 - año: 2005). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 186.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó:

1º) .- La sentencia de origen de fs. 171/175 hizo lugar a la pretensión de indemnizaciones por despido y accesorias, declarando injustificado el distracto producido por el empleador Sr. D.M. contra el actor Sr. O..- En el punto, el Sr. Juez a-quo analizó, a partir de la comunicación del despido instrumentada en la carta documento de fs.69, solamente la enunciada allí como causa con el numeral 3, de no cumplir órdenes estrictas impartidas al actor que causaran un grave perjuicio al empleador.

Se trató en el caso de la presunta falta o retraso en la presentación ante el ente AFIP de documentación impositiva/contable (Declaraciones Juradas DDJJ de retenciones) perteneciente a una empresa (S. S.A.) clienta del demandado que es Contador Público Nacional. En esto el Sr. Juez a-quo descartó por completo la posible incidencia en la justificación del despido de otras causales mencionadas en la misiva (fs. 172, vta., párr. 1º), por las razones allí explicitadas que -adelanto- han quedado firmes en la causa.- El juzgador de origen concluyó que el empleado no había incurrido en falta a sus deberes laborales con la injuria invocada, atendiendo a la claridad del informe de AFIP obrante a fs. 89, donde este organismo informara que la DDJJ de retenciones de la firma S. S.A. de Diciembre/2001 había sido presentada con fecha 17/1/2002; y que por ello la presentación era correcta al vencer el plazo de presentación según así lo informara AFIP a fs.89 con fecha 23/1/02. Inexistencia de mala conducta del dependiente que encontró si se quiere ratificada por información anexa de AFIP de fs. 131/133 que reiteraba, agrego, que la presentación fue el 17/1/02, esto es en término.- Por esto hizo lugar a la pretensión liquidando las sumas y rubros respectivos a fs. 174 vta. para arribar al monto de la condena pronunciada.- Pero antes de ello, explicitó el Sr. Juez a-quo a fs. 174, párr. 3º, que la cuestión de la categoría laboral de O., esto es, si era un empleado administrativo de la Categoría "D" del CCT. 130/75, ó si por el contrario era de categoría "B", carecía de relevancia por cuanto no se habían reclamado diferencias salariales. Pero agregó en el punto que según las tareas, la categoría que le correspondía a O. era la "B" y no la "D".- 2º) .- En su memorial de agravios de fs. 180/183, la demandada consiente el cauce de dirimición que el juzgador del anterior grado estructura en la causa, formulando queja sobre los siguientes únicos puntos:

a) - Que la presentación en término de la DDJJ del cliente de su parte, comprobada por la propia AFIP, no quitaba que el actor había incurrido en violación de sus deberes con envergadura suficiente para justificar el despido -por aquello de la causa nro. 3 de la carta documento aludida-, toda vez que a la empresa S. S.A. se le había aplicado una multa con fecha 11/1/2002 que resultaba del comprobante glosado a fs. 9 de la documental demandada reservada (d.d.r.).

Reconoció que no se había autenticado dicha comunicación que agregara como prueba documental a fs. 26 (b-documental, letra "f"), desconocida expresamente por la actora en el traslado de la documental ofrecida (fs. 29, IIº), pero que debía atenderse a que se trataba de documentación emanada de un ente público que revestía suficientes recaudos de legitimidad.

Para esta cuestión se explayó la recurrente, por cierto con extrema largueza, sobre las leyes impositivas, actuaciones del ente AFIP, Ley 11.683, resoluciones sobre el tema que de una fecha de vencimiento de la presentación para una data la habían prorrogado para fecha posterior y demás consideraciones; para concluir en que pese a lo informado en la causa por AFIP -ya relatado- debía considerarse que tuvo razón de derecho para proceder al despido de su empleado O..- También destacó el apelante que había mediado un despido (verbal ?) el 16/1/02, cual ya lo comentara a fs. 24 de su responde, ratificado luego por su despacho de fs. 69 del 22/1/02, mientras que la presentación ante AFIP de las DDJJ de la firma S. S.A. se había realizado el 17/1/02.

Por cierto, aclaro aquí, que quedó sin explicación la paradoja de que, si D.M. había despedido a O. el 16/1/02, cómo era factible que el dependiente tuviera y diligenciara documentación proveniente del demandado en atención a su clienta S. S.A., presentándola en AFIP el 17/1/02 como quedara comprobado en la causa.

Finalizando este agravio conque a pesar de la presentación de las DDJJ en término, a su clienta se le había aplicado una multa por grave violación de los deberes de su empleado y en consecuencia sus intereses resultaron gravemente injuriados por el proceder del actor; por lo que pidió la revocación del fallo en este aspecto.- b) - Otro agravio de su parte fue el referido al pago de la remuneración de Diciembre de 2001 y SAC proporcional 2da. cuota 2001, que el actor reclamaba, remitiéndose en este ítem al oficio librado y diligenciado según fs. 112, que motivara la contestación del Banco Nación de fs. 97 que acreditaba que había depositado estos rubros y que los mismos habían sido percibidos por retiros por O.. Circunstancias de estos pagos que el Sr. Juez a-quo no había considerado en su sentencia.

c) - El postrer agravio fue el relacionado con la liquidación que el juzgador de origen formulara a fs. 174 vta., considerando como remuneración del actor la correspondiente a un empleado administrativo "D" del CCT. 130/75, cuando el sentenciante había declarado expresamente que la categoría que le correspondía a O. no era la "D" sino la de menor valía "B".

Que ello implicaba una contradicción entre asignar una categoría al demandante y liquidar sus créditos por una superior, con remisión al efecto al informe de fs. 41/42 de la obra social OXX donde constaban las reales remuneraciones del empleado. Aunque no pidió expresamente se reformulara la liquidación, impugnó la llevada a cabo por el Sr. Juez a-quo.- Cual ya lo adelantara, el resto de las conclusiones a que arribara el Sr. Juez a-quo en el litigio, v. gr. lo relacionado con la fecha de ingreso, antigüedad en el empleo que de ella se deriva, así como el desechar de plano otras causales del despido comunicado en el despacho del empleador, han llegado a esta Alzada con firmeza ganada por ausencia de agravio alguno al respecto.- 3º) .- De los tres agravios formulados, cabe desestimar por irrelevante el señalado en el apartado "b" del punto anterior, toda vez que en la liquidación del monto de condena de la sentencia (fs. 174 vta.), los rubros Diciembre/01 y SAC prop. 2da. cuota no fueron ni consignados ni formaron parte de dicha liquidación.

Así que el apelante está expresando agravios sobre algo por lo cual no fue condenado, careciendo de interés alguno en este aspecto y recordando por tanto que el interés es la medida de la apelación.- Restan por tanto para ser tratados los dos restantes agravios.

La justificación (o injustificación) del despido dispuesto.- Los argumentos del apelante no alteran la justicia del fallo. Si fue despedido por violación de sus deberes como empleado, perjudicando los intereses del principal por la atención de una clienta suya (S. SA), el despido fue injustificado. O. presentó -con aquella paradoja de una especie de despido el 16/1/02, presentación de las DDJJ en AFIP el 17/1/02. etc.-, la documentación de la empresa clienta en tiempo y forma toda vez que así lo manifestó en forma harto clara AFIP.

Con lo que no se advierte donde estuvo la grave violación de los deberes a su cargo.

El apelante la sustenta en la aplicación de la multa según comunicación de fs. 9 de la d.d.r.. Aduciendo que si bien no fue considerada por el juzgador por el desconocimiento y falta de autenticación, debe dársele ese carácter por el organismo de donde emana y que configura el grave perjuicio que se le causara a una empresa de la zona a la cual atiende como Contador Público Nacional. Allende la fuerza convictiva del documento de fs. 9 de la d.d.r., igualmente y de su lectura se desprenden algunos elementos que vale la pena comentar.- La AFIP notifica una resolución de donde surge la multa. Tiene fecha del 11/1/02 y -recordemos- que las DDJJ fueron presentadas en término el 17/1/02.

Pero en la resolución no solamente se admite o acepta que si existe inmediata presentación de la documentación que allí figura no presentada, se reduce la multa a la mitad y no se registra como antecedente en contra del contribuyente (S. S.A.), sino que y lo más importante, establece que si se hubiese efectuado la presentación, dentro del plazo ya fijado de 15 días (desde el 11/1/02) deben - y pueden - exhibir la documentación que acredite haber cumplido con la carga impositiva. Desprendo que hay una multa, pero no concretada de manera terminante por los detalles que expongo.- Y si la propia AFIP informó que se había prorrogado el término de presentación hasta el 23/1/2002 y que (fs.89) la presentación de las DDJJ había sido hecha en tiempo y forma, se arriba a la única y racional conclusión que la multa aplicada no llegó a ser concretada, o que a todo evento, era una cuestión a discutir y tratar en AFIP a partir de que el ente mismo reconocía cumplimiento en término de la obligación de la presentación.

Pero en lo que aquí importa, O. no dejó de cumplir con la obligación de presentar las DDJJ a las que el Contador D.M. le asigna y en esto con razón, la importancia de cuidar los intereses de su clienta.- No obstante, aun cuando se considere que la actitud del dependiente constituyó una falta a sus deberes laborales para con el demandado, ella no justifica en mi criterio el despido dispuesto, por falta de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción consecuente por extinción del contrato.

En cada caso en particular cual lo dispone el Art. 242 de la LCT., la injuria que decide la extinción del contrato laboral debe analizarse según las circunstancias propias de cada suceso y "prudencialmente".- Con la norma prevaleciente del Art. 10 LCT. tendente a la preservación del contrato, reiteradamente hemos decidido por este Cuerpo (confr.,S.D.L. 58/93, exp.10356; 81/93, exp. 10478; 71/94, exp.10953; 139/95, exp.11706; 111/96, exp.12091; esta Sala "A", S.D.L. 81/99, exp. 15524; 14/01, exp. 16805), que la injuria laboral para cualquiera de las partes del contrato de trabajo debe evaluarse en base a los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad.

Esto es si entre el incumplimiento de órdenes de trabajo del accionante y la extinción decidida por la demandada, medió suficiente proporcionalidad entre "falta" y "sanción".

Ya que el despido disciplinario, como en el caso aconteciera, constituye la sanción más grave del contrato de trabajo, el principal puede y debe encauzar conductas no deseables o inaceptables por medio de la vasta gama de medidas correctivas que la ley le autoriza a tomar (Arts. 67, 219 y concs. de la LCT.), acudiendo al despido como última posibilidad.- En consecuencia y concluyo, como lo hiciera el Sr. Juez a-quo, no hubo violación de los deberes laborales de O. que condujeran a considerar que el despido dispuesto fue justificado, por lo cual desestimo este agravio del demandado.

La liquidación practicada y la remuneración.- Por el contrario aquí lleva la razón la demandada en su queja. Si el Sr. Juez a- quo concluyó que la categoría que le correspondía al actor era la clase "B" del convenio respectivo (CCT. 130/75), mal pudo luego practicar la liquidación de los rubros de la condena aplicando remuneraciones previstas para la categoría "D".- Es de hacer notar que la actora no apeló la sentencia, aun siéndole favorable en lo principal, pero impugnando y criticando con las razones que entendiera procedente la asignación de categoría que el juzgador llevara a cabo.

Media por tanto una contradicción o tal vez un error de cálculo en el fallo pues no se puede asignar una categoría dada y liquidar los montos de condena por otra que se ha declarado expresamente que no corresponde.

Propongo pues revocar este aspecto del fallo del anterior grado, mandando que en el trámite de ejecución de la sentencia, se reliquiden los montos de condena con aplicación de la escala de remuneraciones para la categoría "B" y no la "D", según surge de la escala salarial respectiva obrante en la causa (fs. 37/38) o la que corresponda según la data temporal del contrato laboral que uniera a las partes.

Conclusiones.

La revocación parcial del fallo apelado que propongo, impone la adecuación de la imposición en costas de la sede de origen (Art. 279, CPCC.), así como fijar las costas de Alzada y honorarios correspondientes.

Costas y honorarios de la primera instancia.

Dada la definición final del litigio, caso de concordar mi colega de Cuerpo con este mi voto, entiendo que deben distribuirse las costas de la primera instancia, teniendo en consideración las pretensiones deducidas, la suerte de las mismas y su preponderancia. Como el actor resulta ganancioso en lo sustancial del pleito, soy de opinión que las costas de la primera instancia deben serle impuestas en un 70 % a la demandada y en el 30 % al actor (Art. 71, su doct., CPCC.).

Sin necesidad de adecuar honorarios porque al estar fijados en porcentuales se ajustarán de manera automática.- Costas y honorarios de la Alzada.

El apelante triunfa en uno de sus agravios, mientras continúa derrotado en el restante relacionado con el despido dispuesto. Pero dado que el agravio en que persiste su derrota es el de mayor importancia de lo discutido en autos, entiendo y propongo que las costas de Alzada también se distribuyan en un 70 % a cargo de la demandada y en el 30 % restantes a cargo del actor por el citado Art. 71 del cód. ritual.

En relación con los honorarios del Dr. D. E. F., letrado apoderado del demandado, atendiendo al trabajo realizado y pautas arancelarias aplicables (Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y concs. de la Ley 2.200), propugno fijarlos en la suma equivalente al 4 % del monto del proceso que se establezca en la etapa procesal respectiva.

A todos los honorarios deberá adicionarse el IVA (Leyes 23.349/23.871).

Voto la cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:- I.- En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.- Poco de novedoso puedo añadir a la argumentación que el preopinante desarrollara en sustento de su sufragio. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos los dos últimos de la ley 4.550), formularé las consideraciones siguientes.

II.- Aunque, por hipótesis, consideráramos acabadamente demostrado el incumplimiento por el trabajador de su prestación laboral consistente en presentar ante la A.F.I.P. la declaración jurada de retenciones correspondiente a la empresa cliente del empleador, encuentro que la extrema sanción del despido no guarda proporción con la entidad de esa falta.

Es que, dentro de la economía de un sistema legal que otorga prioridad a la continuidad del contrato laboral y consagra la proporcionalidad de las medidas disciplinarias con las faltas cometidas (arts. 10 y 67 ley cit.), ha de entenderse que únicamente la violación muy grave de los deberes importará una injuria que justifique la máxima sanción del despido, porque ésta es procedente sólo cuando la entidad de la injuria no consienta la prosecución de la relación, con el añadido todavía que la valoración debe ser hecha prudencialmente, atendiendo, entre otras pautas, a las circunstancias personales de cada caso (art. 242 ídem; esta sala c. 16.891 S.D.L. 11/01, c. 20.388 S.D.L. 29/05).- En la especie, entre dichas circunstancias personales se contaba la de que el empleado poseía al momento de la denuncia del contrato una antigüedad de más de cuatro años -ingresó en noviembre de 1997, según conclusión del "a quo" que ganó firmeza- y no registraba antecedentes disciplinarios computables, que sólo lo son aquellos en que las faltas cometidas recibieron condignas sanciones, esto es los incumplimientos respecto de los cuales el empleador ejercitó temporáneamente sus facultades disciplinarias (doc. arts. 67, 68, 218 L.C.T.; esta Alzada, c. 12.412 S.D.L. 96/97, c. 14.962 S.D.L. 41/99), lo que, como bien indicara el sentenciante del previo grado, en autos no fue acreditado.

Sancionar con el despido a un empleado de esa antigüedad ante su primer incumplimiento computable resulta una desmesura, pues el empleador tenía a su disposición todo una abanico de medidas disciplinarias con cuya utilización progresiva podía aspirar a lograr la enmienda de la conducta eventualmente reprochable.

Por tal razón, parcialmente distinta a la expuesta por el juzgador de la anterior instancia, opino que el fallo atacado debe ser en este tópico confirmado, cual entra en los poderes del tribunal "ad quem" llevar a cabo, pues si bien él debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos le asisten facultades idénticas a las del órgano "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos diferentes a los invocados por las partes y por el juez de la anterior instancia (confr.: C.S.N., L.L. 149-411; este cuerpo, c. 16.257 S.D.L. 53/00, c. 17.757 S.D.L. 13/02, c. 20.100 S.D.L. 7/05, c. 20.273 S.D.L. 17/05).

III.- Constituye presupuesto subjetivo de admisibilidad de la apelación que quien la interponga sufra un agravio, pues de lo contrario se hallaría ausente el interés, que es requisito causal no sólo de todo recurso, sino de todo acto procesal (confr.: Palacio, "Derecho procesal civil", Abeledo-Perrot 1972, IV-31, n° 335 y V-85, n° 546).

Para verificar si existe o no tal agravio, se ha de atender a lo resuelto en la parte dispositiva del fallo, pues, como regla, es esa la porción del pronunciamiento que en rigor puede o no provocar el perjuicio al litigante (confr.: Colombo, "Código Procesal...", Abeledo-Perrot 1.969, II-454, n° 17); si dicha parte dispositiva no desfavorece al impugnante, desaparece el interés jurídico tutelable para criticar el decisorio (confr.: C.N. Civ., sala "B", L.L. 1.975-D-338; ídem, sala "E", L.L. 1.980-D-532; este cuerpo, c. 14.812 S.D.C. 44/99).- Por tanto, si el sentenciante de origen no pronunció condena contra el demandado a pagar salarios del mes de diciembre de 2001 ni la segunda cuota del s.a.c. de ese año, mal puede él agraviarse por un gravamen que no le ha sido inferido.

IV.- Es evidente lo autocontradictorio del fallo que, tras declarar que el actor se halló encuadrado en la categoría "B" del C.C.T. 130/75, al liquidar los rubros integrantes de la condena partió del salario mensual correspondientes a la categoría convencional "D". Contra lo aseverado por el juzgador, la cuestión de las categoría no era de escasa relevancia, pues de su decisión dependía la base de cálculo de tales ítemes.

Si tal decisión acerca de la categoría de revista ganó firmeza, pues el actor perjudicado por ella no recurrió la sentencia, ante el agravio del demandado corresponde revocar parcialmente aquélla, disponiendo que los rubros condenatorios sean recalculados de acuerdo al salario correspondiente a la mentada categoría convencional "B".- V.- Frente a los éxitos y fracasos cosechados por las partes en sus planteos, es adecuado distribuirlas las costas de ambas instancia imponiéndolas al demandado en un 70% y al actor en un 30% (arts. 71 y 279 C.P.C.C.).

Los honorarios que el Dr. Manino propiciara regular por las labores profesionales desplegadas en ambas instancias los hallo adecuados a la extensión, calidad y eficacia de las mismas (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200, texto del dec. 138/99).

Me expido consecuentemente en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino:

Visto el acuerdo arribado, corresponde:

REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado mandando que en el trámite de ejecución de la sentencia, se reliquiden los montos de condena con aplicación de la escala de remuneraciones para la categoría de personal administrativo "B" y no la "D", del CCT. 130/75, según surja de la escala salarial respectiva obrante en la causa o la que corresponda según la data temporal del contrato laboral que uniera a las partes; CONFIRMANDO el fallo en todo lo demás que fuera materia de recurso;

DISTRIBUIR las costas de ambas instancias, aplicando el 70 % de ellas a la parte demandada y el 30 % restante al actor;

REGULAR los honorarios del Dr. D. E. F. por sus tareas en la Alzada, en la suma equivalente al 4 % del monto del proceso que se establezca en la etapa procesal respectiva;

DISPONER que a todos los honorarios deberá adicionarse el IVA..- ASI LO VOTO.

A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Manino, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia circunstancial del Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550).- Trelew, 13 de marzo de 2006.- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado mandando que en el trámite de ejecución de la sentencia, se reliquiden los montos de condena con aplicación de la escala de remuneraciones para la categoría de personal administrativo "B" y no la "D", del CCT. 130/75, según surja de la escala salarial respectiva obrante en la causa o la que corresponda según la data temporal del contrato laboral que uniera a las partes;

CONFIRMANDO el fallo en todo lo demás que fuera materia de recurso;

DISTRIBUIR las costas de ambas instancias, aplicando el 70 % de ellas a la parte demandada y el 30 % restante al actor;

REGULAR los honorarios del Dr. D. E. F. por sus tareas en la Alzada, en la suma equivalente al 4 % del monto del proceso que se establezca en la etapa procesal respectiva;

DISPONER que a todos los honorarios deberá adicionarse el IVA..- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- l.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 12 DEL AÑO 2006 - SDL.- Conste