marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, presupuesto
Materia: CIVIL
Carátula: PARODI DARIO MATIAS c/ MUNICIPALIDAD  DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-12

Como presupuesto de la caducidad, la paralización debe ser total en el sentido de que no se debe realizar ningún acto tendiente a continuar su tramitación, o si éste es realizado, sea inidóneo, extemporáneo o producido fuera del proceso.
Contienda negativa de competencia, juzgado de menores, guarda del menor, interés superior del niño, privación de la responsabilidad parental
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MENORES HIJOS DE CRISPIN, SOLEDAD SILVANA s/ COMPETENCIA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MENORES DE LA CUARTA NOMINACION Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE FAMILIA DE LA QUINTA NOMINACION, AMBOS DE ROSARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-06

Estando en juego los más preciados derechos de un menor de edad, corresponde analizar y decidir la cuestión teniendo presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre la posibilidad de que los organismos jurisdiccionales superiores, salvando los defectos en orden a la efectiva traba del conflicto de competencia, puedan resolverlo para evitar mayores dilaciones.

En ese sentido, resulta innecesaria toda consideración respecto a la aplicación o no al caso de lo dispuesto por la ley 12.967, toda vez que lo decisivo para su resolución radica en considerar la pretensión formulada por la Asesora de Menores respecto del menor en tanto pide "la pérdida de la patria potestad de su progenitor y se convierta en preadoptiva la guarda otorgada ".

Siendo ello así, resulta claro que, en los términos en que este Tribunal se ha expedido uniformemente respecto a estas cuestiones, la competencia le corresponde al Tribunal Colegiado de Familia quien, de conformidad al artículo 68 -incisos 3 y 4- de la ley 10.160 debe entender en "los litigios que versan sobre pérdida de patria potestad" y "sobre tenencia incidental de hijos, suspensión y limitación de la patria potestad y sobre tutela y curatela".
Responsabilidad del Estado, perjuicio a terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-08

Hoy se encuentran superadas las épocas del quod principi placuit, del volente non fin injuria y vigilando o a los de iure imperio, y que ya es principio recibido por la generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia, nacionales y extranjeras, el de la responsabilidad del Estado por sus actos que originan perjuicios a particulares.
Trata de personas, cuestiones de competencia, competencia federal, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ezquiaga, María Fabiana y otro c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-29

Corresponde a la justicia federal entender en la causa que se investiga los delitos previstos y reprimidos en los artículos 125 bis, 145 bis y 145 ter, incisos 1°, 4° y último párrafo, del Código Penal, pues si bien el imputado dentro de un contexto de vulnerabilidad y subordinación coactiva habría promocionado el ejercicio de la prostitución de dos de sus empleadas, de "escasos dieciocho años", la escisión de la investigación y su posterior juzgamiento, expondría a las víctimas de trata (con protección legal especial y específica por parte de la ley 26.364, según texto de la ley 26.842) a someterse a dos procesos diferentes, con los efectos adversos que, eventualmente, podría acarrear esa circunstancia, tanto para ellas como para el imputado quien se encuentra en prisión preventiva. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Honorarios, ejecución de honorarios, prescripción, prescripción decenal
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, FRANCISCO c/ MARTINEZ BRANDAU, CARLOS s/ EMBARGO PREVENTIVO-MEDIDA CAUTELAR-INC. DE EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-13

Una vez regulado el honorario, lo que esta sujeto a prescripción es la acción para reclamar su cobro, motivo por el cual en tal hipótesis corresponde aplicar la prescripción decenal de la "actio iudiceti", lo que no ocurre cuando el crédito por honorarios es todavía ilíquido y pende de determinación, por no haberse efectuado la correspondiente regulación.
Interpretación de la ley, convertibilidad, intereses, mora
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Hemmerling  Basurco  de  Arroyo,  Nancy  Yolanda y otros c/ HotelPanamericano S.A. y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

La determinación de los accesorios en los términos del art. 622 del Código Civil, como consecuencia del régimen establecido en la ley 23.928, queda comprendida en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-01-16


Esquel, 16 de enero de 2007.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 208, por la Dra. C. M. L., en representación de la Sra. V. C. S., contra el resolutorio de fecha 3 de enero de 2007, el cual no hace lugar al pedido de habilitación de la presente feria judicial; y CONSIDERANDO:

Que previo a entender en los motivos de agravio que dieron origen a la presente impugnación, es de señalar que este Tribunal -como Juez del Recurso-, es el que en definitiva debe resolver sobre los requisitos de admisibilidad del remedio impugnativo de que se trata, sin que lo resuelto por el Juez de Grado al respecto lo condicione u obligue.

Que así ello, se advierte que conforme lo dispuesto por el art. 153, primer párrafo in fine del C.P.C.y C., no procede la apelación de las resoluciones que deniegan la habilitación de días y horas, -y por ende de la feria judicial-, las que sólo podrán recurrirse por reposición.

Así lo ha interpretado nuestra jurisprudencia, quien ha expresado: "Las resoluciones denegatorias de la habilitación de la feria judicial sólo son pasibles del recurso de reposición" (B., E. S. RQU c/ Gob. Nac. s/ Amparo", CNACAF, Sala F - M., G. y G. 11/01/1994 Nro. De ficha 2064 Citar: elDial - AH7F7).

Que en consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 208.

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E 1°) DECLARAR mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 208.

2º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASSBENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL Nº02 DEL AÑO 2007. CONSTE.- Norma MARRERO Secretaria de Cámara
Subasta, subasta de inmuebles, comodato, efectos del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAPIA DE RAQUIEN, AMALIA c/ GUERRIEN, ALAIN s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

Encontrándose el inmueble embargado, ocupado conforme a un contrato de comodato, la subasta debe efectuarse en el estado en que se encuentra, y todo planteo atinente a la oponibilidad del mentado negocio contractual es insusceptible de ser ventilado antes de la oportunidad contemplada en el cpr 589.
Recurso de nulidad, honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMAN, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 119 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-05

El artículo 108 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (aplic. supl., art. 23, ley 4106) dice: "las providencias y resoluciones judiciales de que no se hubiere interpuesto recurso dentro del término legal quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna".

En el caso, debe señalarse que si bien el justiprecio de los honorarios fue efectuado teniendo en cuenta la base estimada por su contraria y de allí la mención que se hace en los considerandos respectivos al artículo 27 de la ley de aranceles, resulta decisivo valorar que esta norma legal (vgr. ley nro. 6767) autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 -inciso a- y 27), pero no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de fijar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas al interponer revocatoria.

Con esa inteligencia, corresponde rechazar la nulidad deducida desde que de ninguna manera puede alegarse falta de intervención en la fijación del contenido económico del presente proceso en razón de que, al notificarse la regulación de los emolumentos profesionales, el impugnante pudo alegar todas aquellas cuestiones que hacían a su postura y que, ahora, mediando firmeza del auto regulatorio, resultan el fruto de una reflexión tardía que no puede ser admitida.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-22


//////////nos Aires, 22 de septiembre de 2010.

Y Vistos, Y Considerando:	I.- Interviene la Sala para resolver la apelación articulada por la defensa oficial contra el punto I de la decisión de fs. 22/vta., que dispuso no hacer lugar a la externación del menor Fernando Salas, alojado preventivamente en el Instituto San Martín desde el 27 de agosto último.

II.- Realizada la audiencia -artículo 454 del código adjetivo- y, habiendo deliberado los suscriptos, nos encontramos en condiciones de resolver.

III.- En primer lugar corresponde señalar que el 10 de septiembre último se declaró inimputable y se sobreseyó a Fernando Salas en orden a los sucesos por los que fue indagado, con expresa mención de que la formación de este sumario en nada afectó el buen nombre y honor de que gozare (artículo 336, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación; fs. 81/85 del principal).	En consideración a ello, ha cesado la intervención jurisdiccional que la titular del Juzgado N°6 tenía respecto del nombrado, lo cual torna improcedente la prolongación de la internación oportunamente dispuesta, la que por tanto revocaremos.

Sin perjuicio de lo expuesto, deberá librarse oficio al Dr. Gustavo Candia coordinador del Departamento de Fortalecimiento, Promoción y Protección Integral de Jóvenes en Conflicto con la ley penal, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, a fin de que el equipo encargado de seguimiento de los niños, brinde asistencia y seguimiento al menor que se viera involucrado en esta causa, así como a la persona encargada de su educación, con el propósito de cumplir acabadamente con los preceptos enunciados en la ley 26.061.	Por ello, el tribunal resuelve:

I.- Revocar el punto I de la decisión de fs. 22/vta. en cuanto fue materia de recurso, y disponer el egreso del menor Fernando Salas, del establecimiento "Instituto San Martín".

II.- Librar el oficio dispuesto ut supra a los fines allí previstos.

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota. La jueza María Laura Garrigós de Rébori no suscribe la presenta por hallarse de licencia por cuestiones académicas.

Mirta López González Rodolfo Pociello Argerich	Ariel Vilar	Secretario
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, exención de depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Juan B. Alberdi S.A. c/ Ford Motors Argentina S.A. s/ Ds. y ps. Establ. Textil Oeste S.A. s/ Inc. de revisión (iniciado por BANADE) R., Y. V. c/ A., D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22|1999-02-16|2000-02-29

No corresponde considerar al perito contador recurrente -que lo hace por su propio derecho respecto de sus honorarios-, comprendido en la excepción prevista en el tercer apartado del art. 280 del C.P.C. en virtud del carácter de su presentación, desde que tal exención es otorgada cuando el recurso se deduce en ejercicio o interés para el cual se ha efectuado la designación, pero no cuando el agravio es atinente a su propio interés. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, cuota alimentaria, homologación del acuerdo, modificación de cuota alimentaria, principio de congruencia, costo de vida
Materia: CIVIL
Carátula: R., C. G. c/ L., F. A. R. s/ inc. aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-19

Debe ser confirmada la resolución que al hacer lugar al incidente de aumento de cuota alimentaria la fija en el 20% de los ingresos del incidentado, ello es así pues no puede soslayarse la mayor edad de la niña (8 años a la fecha) y que transcurrieron seis años desde la homologación del acuerdo en el expediente principal (cfr. hojas 45 en autos "R., C. G. C/ L., F. A. R. S/ ALIMENTO PARA LOS HIJOS", JNQFA1 EXP 58376/2013), habiendo iniciado la escuela primaria en ese ínterin y aumentado, en consecuencia, sus necesidades. Esta situación no requiere acreditación alguna. (Del voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, suministro de estupefacientes, acusación fiscal, sobreseimiento provisional, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: LIZEVICHE, ANTONIO A. Y OTROS s/ FISCAL. PLENARIO. NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-21

1) Si el fiscal acusó al prevenido por los delitos de tenencia de semillas aptas para producir estupefacientes en concurso ideal con tenencia de estupefacientes y requirió paralelamente el sobreseimiento provisional de aquél respecto del delito de suministro de estupefacientes y el Sr. Juez de Sentencia no resolvió éste último pedido, por entender que en principio trataríase de un único hecho delictivo, difiriendo el pronunciamiento para la oportunidad de dictar sentencia, el procedimiento no es nulo.

2) El incumplimiento de la norma del art. 460 C.P.C. no es en el caso causal de nulidad, ya que ello sólo ocurriría en aquellos supuestos en que el acusador ejercita la pretensión con sentido desincriminador -impidiendo el juicio con la postulación de sobreseimiento- y el Tribunal reputa que hay mérito bastante para la sustanciación del plenario; supuesto que no es el de autos, donde la resistencia del Magistrado a sobreseer, descansa en la idea de que admitir la clausura de los procedimientos vendría en la especie a consagrar el desdoblamiento del único objeto del proceso.
Proceso penal, cómputo de la pena, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Jorge Francisco s/ recurso de casación -causa nº 1813-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

No corresponde hacer lugar al agravio referido a la aplicación, en el cómputo de la pena, del beneficio previsto por la ley 24.390 si la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere en forma genérica a la situación de los inculpados con anterioridad al dictado del pronunciamiento final y no contiene mención alguna a la concreta situación del recurrente, cuya situación procesal fue definida mediante sentencia condenatoria (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Responsabilidad del Estado, legítimo ejercicio de un derecho, trabajos en la vía pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mansilla Lidia Rosa c/ Provincia de Buenos Aires s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-10

El gobierno no puede ser responsabilizado cuando, en ejercicio de su legítimo derecho de ocupación de la vía pública, las obras que ejecuta en terreno público, no tocan de manera alguna la propiedad individual que se dice perjudicada, pues el ejercicio regular de un derecho propio no puede ser causa eficiente de responsabilidad para el que lo ejecuta (art. 1071 del C.C.; Fallos: 33:131; 197:9;

"Sánchez, Arturo c/ Segba S.A.", publicado en LL. T.137, pág. 116;

"Galanti, Carlos Alberto c/ M.C.B.A.", del 22/12/87; "Beccan, Manuel de Jesús c/ M.C.B.A.", del 9/5/89). (Consid. III.1).
Improcedencia del recurso, prescripción adquisitiva, corpus posesorio, carga de la prueba, animus domini, tenedor, interversión de título, actos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: Almaraz Edith Elizabeth  c/ Luna Juana Paula s/ prescripción adquisitiva - Expte. Nº 8/20.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-03

Cabe no hacer lugar al recurso de apelación incoado por el Defensor Oficial en representación de la actora, dado que aún cuando la recurrente insiste en que su posesión cuenta con más de 20 años necesarios para adquirir por prescripción, lo cierto es que no resulta suficiente el corpus, pues pesaba sobre ella la obligación de acreditar cómo es que comenzó su posesión a título de dueña, de forma exclusiva y excluyente respecto de la anterior poseedora; es decir, debía justificar no sólo el tiempo de su posesión sino también el animus domini -como lo expresó la a quo sin que fuera rebatido por la recurrente-. Luce probado que la accionante habitó el inmueble con su entonces pareja, como tenedora precaria del inmueble y ha realizado un acto de interversión al contestar demanda de desalojo en su contra, acto en el que expresó que era propietaria y poseedora del inmueble. Así las cosas, fue el primer acto posesorio a partir del cual exteriorizó indubitablemente su voluntad de detentar la cosa con ánimo de dueña y de excluir al titular registral o al poseedor. Luego, desde allí -interversión- es que debía acreditar que su posesión fue pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo que exige por la ley -20 años-, plazo que no se cumplió en la especie.
Facultades de la Municipalidad, revisión judicial de actos administrativos, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A.E.S.Y.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-17

La valoración acerca de la actividad de la autoridad municipal o bien de la oportunidad de su decisión, debe ser desarrollada dentro del marco y el particular diseño institucional que constitucional y legalmente ha establecido nuestro ordenamiento para la revisión de la legitimidad de los actos administrativos.
Proceso penal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: González, Infraín; Catrilao, Alejandro Sabino s/ robo en poblado y en banda en grado de tentativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa.
Recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), traslado, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 77-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-14

Si se concedió el traslado de las actuaciones administrativas vencido en varios días el término para interponer el recurso de revocatoria (artículo 42, Decreto 10204/58), resulta obvio que la Administración no cumplimentó su obligación de correr el traslado "de inmediato" (artículo 44), por cuya falta el recurrente no podía fundar el recurso como era su obligación. Ergo, se imponía la suspensión de los términos, porque estaba en juego la garantía de la defensa que no puede supeditarse a devaneos y tardanzas burocráticas.
Actividades laborales, tareas de vigilancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORGANIZACION RODRIGUEZ-SERVICIO DE SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La actividad desarrollada por las agencias de vigilancia -por su propia naturaleza- no puede ser realizada por propia y exclusiva resolución de éstas y sin intervención de los poderes públicos, porque ello implicaría ejercitar una facultad que sólo podría corresponder a un sistema de gobierno "dualista", extraño al concepto de Estado de derecho moderno.
Servicio público, servicio telefónico, facturación excesiva, prueba, carga de la prueba, monopolio, obligaciones del concesionario (administrativo), derechos del usuario, defensa en juicio, entes reguladores, interés público
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BIESTRO DE BOVER AMELIA T. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-16

Deberá ser quien está en mejor posibilidad de probar quien acredite con certeza lo facturado; no pudiendo tomar una posición de mera expectativa la concesionaria del servicio público, en su calidad de prestataria sobre una actividad de interés público general como es la de telecomunicaciones en la actualidad. Y respecto de la cual ella tiene no sólo el monopolio, sino el control cuasi unilateral de lo facturado, importe que legalmente puede incluso perseguir por vía ejecutiva y aún más, apremiando de hecho al usuario con el corte del suministro además de las acciones judiciales pertinentes; lo cual agrava la merma del apoyo inicial del ejecutado a su derecho de defensa. Esta razón hace "harto valedera" la necesidad de un mayor o vigorizado control administrativo, que justifica la esencia de la relación tripartita de servicios públicos (empresa concesionaria-ente regulador/Estado concedente-consumidor o usuario).
Desindexación, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Morilla, Joaquín y Otro c/ Resero SA s/ Apelación auto interlocutorio-Incidente de Inconstitucionalidad y  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-31

Conforme una recta interpretación de la ley 24.283, atendiendo a la literalidad de su texto y también a la intención del legislador que la informa, debe entenderse que el deudor se encuentra facultado para ejercer la facultad que le es reconocida aún en etapa de ejecución de sentencia.
Obligaciones, seguros, asegurador, destrucción total del automotor, aplicación de la ley, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOREYRA,  ROSA  ESTHER c/ FEDERACION  PATRONAL COOP. DE SEGUROSLTDA. S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

En una acción en la que se condenó a pagar a la aseguradora defendida cierta suma de dinero por mediar destrucción total del vehículo del pretensor, resulta improcedente que la compañía de seguros postule la aplicación de la Ley 24283 cuando, -como en el caso-, no hay actualización monetaria ni indexación de ninguna especie, sino que el capital de la cobertura quedó "congelado" en su expresión nominal dada por la póliza, de modo que el régimen de la mentada norma es enteramente inaplicable.
Cómputo de servicios, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NOYA, JOSE RAUL s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29

La sanción impuesta al trabajador por el artículo 25 de la ley 18037 (to. 1976) ante la omisión de denunciar los incumplimientos del empleador respecto al régimen de seguridad social está referida a aquellos casos en los que el empleado, teniendo cabal conocimiento de la irregularidad, no la denuncia al organismo administrativo pertinente.