marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GAIT, JOSE ASAFF s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-04-25

Si el tribunal apelado expresa fundamentos fácticos y legales suficientes, ello excluye la tacha de arbitrariedad
Quiebra, efectos entre partes, pactos preexistentes, créditos del fallido, moneda extranjera, conversión de moneda
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Tierno, Ana Maria  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

A diferencia del concurso preventivo, donde la conversión tiene lugar al solo fin del cálculo del pasivo y del cómputo de las mayorías, en la quiebra, sin embargo, tal conversión es definitiva, debido a que en este último proceso todas las situaciones patrimoniales deben quedar cristalizadas al tiempo del auto declarativo, porque es la manera mediante la cual se puede establecer una relación de equivalencia entre los acreedores que, en el juicio universal, concurren a la liquidación de un patrimonio (esta CNCom, esta Sala A, 6/9/16, "Raycco SA s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito promovido por Goettig Guillermina Inés"). En orden a ello, es que la LCQ 127 dispone que los acreedores en moneda extranjera concurran a la quiebra por el valor de sus créditos en moneda de curso legal en la República Argentina, calculados a la fecha de la declaración de quiebra o la del vencimiento si este fuera anterior. Así pues, la circunstancia de que el crédito haya sido otorgado en moneda extranjera no justifica un tipo de conversión, ajustado y distinto de aquel vigente a la fecha de la quiebra del deudor (conf. esta CNCom, esta Sala A, 12/10/18, "Talleres Su Motor SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito").
Contrato de trabajo, excepción de incumplimiento contractual, pago de la remuneración, salarios adeudados, falta de prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, FRANCISCO A. c/ PAPELERA HISPANO ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30

Cuando quien retiene el cumplimiento de su prestación persigue la actuación de una norma preexistente que efectivamente no es observada por quien debe hacerlo (verbigracia la obligación de pagar los salarios) la cuestión debe resolverse en el marco del artículo 1201 del Código Civil. Si lo que se intenta es presionar para obtener la modificación o creación de una nueva norma (ejemplo mejoras salariales no prevista legal ni convencionalmente) es de aplicación la norma de la ley 21400, la que se aplicará con criterio restrictivo teniendo en cuenta entre otras cosas, el grado de participación personal de cada uno de los trabajadores.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, empresa de limpieza, hoteles internacionales
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, Norma c/ City Hotel SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-30

No existe una razón seria que permita escindir la limpieza del lobby, los baños del lobby o los vestuarios de un hotel, de la limpieza de las restantes partes materiales que lo componen.

Todos esos sectores forman una unidad orgánica y no son separables, mucho menos tratándose de hoteles de 4 y 5 estrellas en las que las condiciones del lobby (su estado arquitectónico y de higiene) hacen a la excelencia del servicio que se brinda a quienes eligen hospedarse en una instalación de categoría alta.

Y si la codemandada tercerizó tal servicio, se conforma la hipótesis que reprocha el art. 29 de la L.C.T.
Regulación de honorarios, regulación provisoria, peritos, sentencia definitiva, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GRANVILLE  S.A. c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) Y  B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Encontrándose la causa en etapa probatoria y, por lo tanto, el juicio no concluido el perito deberá esperar el momento de dictarse la sentencia definitiva para solicitar la regulación de sus honorarios, toda vez que el decreto ley 16.638/57 no prevé la posibilidad de solicitar una regulación provisional.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, velocidad reglamentaria, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: MARENGHI, ROBERTO PABLO c/ VIOLA, CARLOS SANTIAGO s/ PROCESO ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-29

Los limites de velocidad no tiene un valor absoluto y si bien los conductores deben respetarlos, a la vez deben ajustar su conducta a las exigencias que impone el tránsito en cada caso concreto
Domicilio, domicilio especial, cambio de domicilio, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: TRONCOSO, Sara c/ DE LUCA, Silvio s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

El domicilio especial elegido por las partes para la ejecución de sus obligaciones, no necesariamente debe coincidir con el domicilio general, desde que el primero no reviste el carácter de único que caracteriza al segundo. De allí que, el cambio de destino al que se refiere el art. 101 del Código Civil, como fundamento de la pérdida de la garantía legal reconocida, debe acreditarse con pruebas precisas y no con meras presunciones, sin apoyatura fáctica concluyente.-
Derecho procesal, ley arancelaria, aplicación de la ley, efectos entre partes, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: A. E. F. en autos A. E. F. c. D. A. L. S.A. y otros cobro de pesos e indem. de ley s/ expediente de nulidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-29

Estamos ante un incidente y no una simple incidencia, siendo aplicable al caso el art. 32 de la ley de aranceles para abogados. El artículo citado en su primer párrafo textualmente dice: "En los incidentes, el honorario se regulará entre el Diez por Ciento (10%) y el Veinte por Ciento (20%) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario, salvo pacto en contrario, ser inferior a la suma de 8 jus.". La norma establece la base regulatoria sobre la que se deben determinar los honorarios en los incidentes, por lo tanto, la queja del recurrente en cuanto al punto es improcedente. El juez funda la regulación en el art.32 y aclara siempre que sobrepase el mínimo legal, en caso contrario, se aplicará este último. Ahora bien, teniendo en cuenta el tipo de incidente, su sustanciación y la oportunidad procesal en que se han regulado honorarios, esto es, previo al dictado de la sentencia en el principal, en virtud de las disposiciones del art. 46 y 32 de la ley de aranceles, corresponde fijar los mismos en porcentaje.
Contratos comerciales, contrato de publicidad, locación de obra, obligaciones de resultado
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASCENSORES  CONCORD  SA c/ TELINVER SA MELLER COMUNICACIONES SAUTE S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-15

El contrato de publicidad puede encuadrarse normalmente en la locación de obra, aplicándosele el CCIV art.1629 y ss., pese a tratarse de un contrato comercial a mérito de lo dispuesto por el art. I del Título Preliminar y el CCOM art.207. Puede definirse como aquella convención por la cual una de las partes, el anunciante, se obliga a pagar un precio cierto en dinero y la otra parte, el avisador, se obliga a ejecutar una obra material o intelectual, a su riesgo técnico y económico siendo el destino de esa obra la propaganda mercantil o de cualquier otra especie.

Caracterizado el contrato de publicidad como locación de obra, no cabe duda alguna de que participa de uno de los elementos fundamentales de la convención: la obligación de resultado. En efecto, el locador de obra se obliga a alcanzar un resultado material o inmaterial; la obligación es pues de resultado y no de medios; si surge el resultado, nace el derecho del locador de obra a obtener el precio. Si no alcanza el resultado, no debe el locatario de la obra ese precio (CNCOM, 3.8.84, "in re", "Mar publicidad S.C.A. c/ Laboratorios Bernabo y Cia. S.A.", II 1985-B-9, la doctrina y jurisprudencia allí citada).
Procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos, interpretación de la ley, personal militar, fuerzas de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado  Nacional (EMGE) s/ retiro militar yfuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Excepcionar a los organismos militares, de defensa y seguridad de las disposiciones de la ley 19.549 relativas a la revisión judicial de los actos administrativos, trasunta una interpretación no valiosa de las normas en juego en tanto conduce a consecuencias irrazonables (Disidencia parcial de los Dres. Julio S. Nazareno, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Discriminación laboral, presunciones, cambio de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: VELAZQUEZ VICENTE c/ SEALED AIR ARGENTINA S.A. s/ JUICIO SUMARÍSIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-15

Constituye un indicio de discriminación laboral el que un trabajador que se ha opuesto a aceptar una orden injusta sea cambiado de tareas o despedido en un lapso de tiempo inmediato.
Recurso contencioso administrativo, docentes, remuneración, política salarial, Estado, división de poderes, Poder Ejecutivo, acto administrativo, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gainza, Susana Raquel Alassio de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   N  66-1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Resulta improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto cuando, más allá de las formas o expresiones, giros lingüísticos, palabras o locuciones utilizadas, el planteo de la recurrente atiende centralmente a la posibilidad de que la Corte resuelva respecto a la procedencia de la política salarial que quedó establecida como consecuencia del acto administrativo instrumentado por decreto 664/89 del Poder Ejecutivo que tuvo como antecedentes actas de conciliación celebradas entre representantes del Ministerio de Educación, Secretaría de Trabajo y gremios docentes. Pero ello es de resorte exclusivo de los poderes políticos ya que integra el catálogo de las potestades del órgano que están, por regla general, exentas del control judicial. El órgano jurisdiccional no podría sustituirlos, entonces, en la apreciación de la conveniencia, mérito u oportunidad de un determinado régimen salarial, porque ello importaría invadir la esfera propia de sus potestades, contrariando el principio republicano de la división de poderes; siendo que la misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones.
Sobreseimiento, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pithod, Carlos Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-15

El informe del Ejército Argentino que da cuenta que el conscripto fue dado de baja del servicio militar obligatorio durante el mes de mayo de 1975 no permite, por sí solo, alcanzar la certeza negativa que exige el pronunciamiento de sobreseimiento revisado de cara a la imputación que se le cursa al encausado -privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas-, máxime cuando existen concretas medidas de prueba por producir y no se han relevado testimonios de otras víctimas del sistema represivo ilegal instaurado antes y/o durante la última dictadura militar.
Prescripción, simulación, cómputo del plazo, mediación privada
Materia: CIVIL
Carátula: SARALEGUI,  Marta  Catalina c/ SUSTAS, Miguel Ernesto s/ DIVISIÓNDE CONDOMINIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-09

Para quien reconviene por simulación la compra por mitades de un inmueble, toma conocimiento del pedido de división de condominio con la convocatoria a mediación privada para el advenimiento entre las partes al particional, por lo tanto la prescripción comienza a correr a partir de ese momento.

Cuando en la contestación de demanda se cuestionan aspectos formales de la convocatoria a mediación, se está reconociendo la recepción de la notificación. Más allá que la ley de mediación nada dispone en torno a quien debe ser el encargado de llevar a cabo la notificación - si la mediadora o el requirente -, lo cierto es que si se citaba a efectos de dividir el condominio del inmueble común al ejercer un derecho propio de dueño se estaba desconociendo lo que para el segundo era un negocio simulado, por tanto a partir de ese momento transcurrió el plazo de dos años, debe hacerse lugar a la defensa de prescripción articulada respecto de la acción de simulación.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paus, Alicia Nélida c/ Pcia. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-05

El carácter excepcional de una figura juris, lejos de una aplicación extensiva, no puede sino merecer una interpretación restrictiva.
Competencia civil, recursos, sociedades mutuales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL N. 396-88 Y N. 418-88 s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-05

Al interponerse directamente ante la Cámara Civil el recurso que autoriza el art. 36 de la ley 20.321, se ha sostenido en este sentido que -ante la ausencia de indicación alguna en la citada norma corresponde aplicar analógicamente las pautas normativas brindadas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y remitir el recurso ante la entidad recurrida para que examine las condiciones de admisibilidad y en su caso conceda el mismo.

Sin embargo, un examen minucioso de la cuestión conduce a conclusiones diferentes, en primer término, porque el art. 36 de la ley 20.321 dispone que las decisiones referidas a las sanciones previstas en el art. 35 y a la liquidación judicial o extrajudicial de las asociaciones mutualistas podrá recurrirse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. La interpretación gramatical de esa norma evidencia que el recurso debe presentarse en esta Cámara directamente, ya que no otro es el significado de la primera acepción de la preposición ante (en presencia de, delante de según Diccionario de la Real Academia Española, 19., ed., pág. 92) que utilizada la norma transcripta.

Además, cuando el legislador ha querido que sea una autoridad administrativa la que adopte medidas de trámite en este tipo de recursos, así lo ha especificado claramente, rigiendo el procedimiento de elevación, y cuando ha entendido asimilar el modo de concesión de un recurso -en relación- a lo dispuesto en el Código Procesal, también se ha expresado de igual modo.

Siendo así, la remisión de las actuaciones a la entidad recurrida Instituto Nacional de Acción Mutual- para que conceda el recurso, implica una violación al principio sustentado por el artículo 36 de la ley 20.231, puesto que allí nada se dice sobre concesión alguna, nada se dispone sobre elevación de ese Instituto a la Cámara Civil y nada lleva a creer que ese recurso directo sea susceptible de ser reencauzado por su envío a la misma autoridad administrativa que dictó la resolución recurrida.
Prescripción, expresión de agravios, principio de congruencia, renta vitalicia previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bricka, Andrea Verónica c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-19

Lo decidido por la cámara al confirmar el fallo en cuanto al fondo del asunto y disponer que las diferencias de haberes se abonaran desde dos años antes de iniciada la demanda, en virtud de lo establecido en el art. 82 de la ley 18.037, implica un claro apartamiento de los términos en que quedó trabada la contienda si el organismo previsional, al expresar agravios, no opuso la defensa de prescripción liberatoria y tampoco lo había hecho al contestar el informe al que se refiere el art. 8° de la ley 16.986 y el a quo tampoco podía aplicar la prescripción liberatoria de oficio ya que ni la actora ni su contraria habían aludido a esa cuestión en sus respectivos escritos de demanda y contestación.
Empleo público, jornada de trabajo, cambio de horario, facultades de la administración, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Catalán Carlos Nicolás c/ A.N.A. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La negativa de la Administración ante el pedido del agente para cambiar su horario de trabajo, no sólo se trata de una facultad privativa y discrecional de aquélla, sino que además no autoriza al agente a incumplir con los deberes y cargas propias de su función.
Acción de amparo, suspensión de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldin, Marcela Irene c/  GCBA y otros s/ amparo - suspensión de obras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

Los inmuebles que forman parte de la causa -tanto el que priva de sol y está en construcción como el privado de la luz por el que recurre la actora- están ubicados en lugares cuya edificación y urbanización está sujeta a reglas generales, cuya observancia pueden todos presumir. Mirado con alcance general, la vista que se tiene de un inmueble, por ejemplo, del Río de la Plata, una plaza, un parque u otro lugar puede válidamente persuadir a una persona de adquirir esa propiedad; previsiblemente esa persona analizará previamente si el CPU posibilita la construcción de obras que, por su altura, tamaño o características, alteren la vista que evaluó como determinante. Una situación similar se puede dar con la luz solar que aproveche un inmueble en razón de su ubicación. La luminosidad o la vista son, entre muchos otros, elementos que cualquier persona pondera al tiempo de invertir en un inmueble; y, ciertamente, encuentran reflejo en el mercado. En esas condiciones, cuando esas personas ven afectados sus intereses legítimos, tienen acción para perseguir la observancia de la ley y la reparación del impacto que singularmente deriva de la inobservancia. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Tasa de justicia, base imponible, concurso preventivo, crédito privilegiado, rechazo del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO PATRICIA MARIA s/ CONCURSO S/ INC. ACTUACIONES POR SEPARADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-26

En un concurso preventivo no cabe excluir de la base imponible para el calculo de la tasa judicial, el importe de los créditos privilegiados. La falta de ofrecimiento de acuerdo para los acreedores con créditos privilegiados resulta irrelevante, atento que en virtud del pedido y obtención de la verificación de las acreencias, medio servicio de justicia. El inicio de acciones individuales no implicaría doble tributación, porque se trataría de actuaciones diferentes, teniendo en cuenta la naturaleza de juicio universal del concurso preventivo.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., M.A. c/ F., A. s/ Separación de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

El art.1271 del Cód.Civil establece la presunción "iuris tantum" de ser gananciales los bienes adquiridos a partir de entonces y existentes al momento de disolverse la sociedad conyugal, salvo la prueba de que ellos pertenecían a uno de los cónyuges con anterioridad al matrimonio o de que los adquirió posteriormente por herencia, legado o donación. Tal presunción se extiende al valor de las mejoras a que se refiere el art.1272 del Cód.Civil, efectuadas durante la vigencia de la sociedad conyugal. En estos casos, a falta de prueba que demuestre lo contrario, se presume la ganancial.
Nulidad de sentencia, descripción de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: NIN, Daniel R. s/ NULIDAD    SENTENCIA.   FALTA  DETERMINACION  HECHO  MOTIVO  PROCESO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-15

Es nula la sentencia que no establece concretamente cuál es el hecho que motiva la condena, ya que ni en los resultandos ni en los considerandos se dice concretamente cuál es el objeto del proceso.

Al no establecerse con precisión el hecho cometido y las circunstancias de su comisión, se afecta la estructura del proceso y se dificulta la calificación legal, por lo cual debe procederse como lo dispone el art. 511 C.P.C.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, igualdad ante la ley, pensiones
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NEGRETTI, JOSE RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-06

Sin comprometer el examen superficial que significa la queja como revisión de un juicio de admisibilidad, no se demuestra derecho comprometido directa e ineludiblemente por una cuestión constitucional, resultando un sinsentido enjuiciar la adecuación de los artículos 25 y 28 de la ley 12867 respecto de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, si en instancia ordinaria se cimentó el vacío de sustento legal alguno a la pensión reclamada (el actor no quedó comprendido ni por el régimen de la ley 11586 ni por el de la 12867).

Entonces, hay ausencia de juicio concreto sobre el que la Corte pueda expedirse ulteriormente, toda vez que no hay desigualdad si el demandante pudo ser excluido de una categoría por no encontrarse en idénticas circunstancias a otro y por la misma razón fundamental -no estar encuadrado en las condiciones para acceder a la pensión reclamada- siquiera se violaría su derecho a la propiedad -como se declara- cuando al interesado no le asistía ningún haber patrimonial que pudiera ser alterado, disminuido o privado (De la ampliación de fundamentos del Dr. Angelides. En disidencia: Dres. Erbetta, Falistocco y Gastaldi).
Seguro colectivo, incapacidad laboral, obligaciones del empleador, asegurador, notificación, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPDEVIELLE,  OSVALDO  ARMANDO c/ SUD AMERICA CIA. DE SEGUROS DEVIDA Y PATRIMONIALES SA Y OTRO S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-11

Procede el reclamo deducido por un trabajador contra su empleador y una compañía de seguros por el cobro de determinada suma de dinero, con base en que era beneficiario de una póliza de seguro colectivo que cubría el riesgo de la incapacidad laboral permanente que padece (denunció esa incapacidad a ambas demandadas sin que hayan respondido a su requerimiento) cuando -como en el caso-, surge que la empleadora reconoció que el accionante presentó dentro del plazo la solicitud de indemnización por incapacidad sin que se le diera curso, ni comunicación a la otra coaccionada, por estimar que incluía declaraciones falsas que producían su nulidad. Ello así, toda vez que la pertinente póliza consignaba que las relaciones entre la compañía y los asegurados se desenvolverían siempre por intermedio del principal, de lo que no surge que éste tuviera capacidad para rechazar la solicitud, no pudiendo -por tanto atribuirse la determinación y decisión sobre si correspondía o no el pago del seguro. Máxime si, no sólo no probó haber comunicado la solicitud a quien estaba obligada al pago, sino que a más, tampoco remitió una respuesta formal a su ex-empleado. De modo pues, que el empleador se obligó a intermediar en las relaciones entre la compañía de seguros y el accionante sin cumplir lo pactado, pues al recibir la solicitud decidió rechazarla -por sí y ante sí- sin notificar a la aseguradora ni al reclamante.