marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: SESCAM c/ SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL s/ COBRO DE PESOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-15

Ante una entidad prestataria de naturaleza comercial, la normativa que debe regular los intereses en estos casos, al no haberse pactado nada especialmente al respecto, es el art.565 del Código de Comercio y sus disposiciones concordantes. En consecuencia, corresponde establecer que los intereses legales son los que cobran los bancos públicos, estos son conforme a la tasa activa, que en el caso debe ser la del Banco de la Nación.
Locación de inmuebles, convenio de desocupación, cláusula penal, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Ryba Hersz c/ Balbidares Esther s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

A efectos de indexar el monto de la multa pactada en el convenio de desocupación, el juez no se encuentra obligado a aplicar la pauta de actualización convenida en el contrato de locación. La pena no varía porque la sentencia condene a pagarla con intereses, en atención a que éstos no son compensatorios de la obligación principal, sino de la demora en el pago.
Contratos bancarios, depósito a plazo fijo, certificado de depósito a plazo fijo, pago, legitimación procesal, prueba, libros de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: PESOUT SA c/ BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

Cabe hacer lugar a la demanda instaurada contra un banco, por cobro del importe de un certificado de depósito a plazo fijo nominativo, intransferible, que había sido extraviado, no pudiendo el accionado oponerse a ello amparado en supuestos defectos formales y sustanciales que presentaría la demanda de cancelación -cuya promoción le exigió al titular del certificado como requisito para devolverle la suma depositada-, toda vez que, según surge de los libros de comercio llevados por ambas partes, las registraciones coincidentes respecto del certificado motivo de la litis, torna inequívoca la legitimación y legitimidad del reclamo; además, tal oposición resulta contradictoria con el ofrecimiento -que por otro lado efectuará de abonar el importe de dicho certificado -u$s 122.030, 79- en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin aditamento de los intereses; y con el pago, ya efectuado, de otros dos certificados de plazo fijo denunciados como robados el mismo día que el que suscita esta cuestión, emitidos por un monto inferior -u$s 14.000 y u$s 6.809-.
Transferencia de fondo de comercio, cesión de derechos, cedente, notificación, obligaciones solidarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: KON, ALBERTO c/ SAN ROMAN, ENRIQUE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Si en una cesión de fondo de comercio los cedentes se comprometen al pago de una multa diaria para el caso de no cumplir con la notificación de la cesión al propietario del inmueble y la obtención de conformidad, frente a la demora en el cumplimiento de tales requisitos, y no surgiendo del contrato que alguno de los cedentes se haya obligado en forma solidaria -toda vez que la solidaridad en materia comercial por ser excepcional debe ser expresa-, debe entenderse que ambos se comprometieron en un pie de igualdad, debiendo responder cada uno por la parte que le corresponde, no por la totalidad de la multa.
Seguros, seguro con franquicia, oponibilidad a terceros, inconstitucionalidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros s/ daños y perjuicios (acci. tran. c/ les. o muerte).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-06

Corresponde admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación y revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 4°, anexo II de la resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación ya que no basta para determinar la irrazonabilidad de la misma con señalar que deudas como la de autos tienen aptitud para provocar algún tipo de crisis financiera en la empresa de transporte al tener que afrontar las condenas hasta la suma establecida y que ello se refleja en una baja probabilidad de ejecución rápida y efectiva por parte de la víctima.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Cuestiones de competencia, facultades jurisdiccionales, ampliación del objeto de la pesquisa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nisman, Alberto c/  s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-04

En atención a las cuestiones de competencia, ha manifestado el Más Alto Tribunal de la Nación en reiteradas oportunidades, que las dilaciones por los sucesivos planteos en torno al tema de la competencia producen un notable perjuicio para la buena administración de justicia, por lo que corresponde que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 continúe con la tramitación de esta nueva pesquisa ya que su magistrado es quien ha tomado cabal conocimiento acerca de la totalidad del expediente principal.
Defensa en juicio, alegato, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

El resguardo de la defensa en juicio -en términos acuñados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- requiere que a toda persona se dé oportunidad para ser oída y de producir la prueba en que funda sus derechos. Es que contradecir, probar y alegar han constituido, de modo uniforme, tres momentos esenciales del derecho de defensa.

(De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Defensa del consumidor, recurso directo, plazo, actuaciones administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: "MSC  Cruceros S.A. c/ DNCI- Disp604/06 (Expte. S01 425704/05) s/ queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-04

El plazo del recurso directo previsto en el art. 45 de la ley 24.240 debe computarse en días hábiles judiciales ya que teniendo en cuenta que -de conformidad con lo establecido por el art. 25 de la ley 19.549- el plazo perentorio para deducir la acción judicial contra el Estado o sus entes autárquicos es de noventa días "hábiles judiciales", la circunstancia que la ley 24.240 prevea una forma excepcional de ejercer la "acción" a efectos de una revisión judicial, no permite apartarse de ese principio. Ello es así por cuanto, el recurso interpuesto es la vía prevista para abrir la instancia judicial, a efectos de cuestionar el acto administrativo de caracter sancionatorio.

(Cons. III).
Expulsión anticipada de extranjeros, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Villaruz Castillo, María Rowena s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-19

Pese a no contar con los requisitos establecidos por el art. 64 de la ley N° 25.871, corresponde hacer lugar a la solicitud de expulsión anticipada del país efectuado por una condenada extranjera madre de un menor de dos años de edad -el cual se encuentra en su país de origen al cuidado de una hermana de la encartada, quien no posee capacidad económica ni ostenta la guarda legal del menor, y además, no tiene relación con su progenitor-, previa constatación de la existencia del niño y de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra atendiendo su interés superior, ello a fin de que pueda brindar los cuidados correspondientes a su hijo y evitar que el mismo sea institucionalizado y separado de su familia.
Régimen penal tributario, promoción industrial, simulación, dolo, falta de dolo, sobreseimiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: TESORIERE, EDUARDO ANDRES; SCOPESO, CLAUDIO DANIEL; FIGUEROA, EDUARDO M. s/ Régimen Penal Tributario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-05

1 - Se ajusta a derecho el sobreseimiento dictado respecto de los imputados en orden al delito de aprovechamiento de beneficios fiscales, pues si bien es cierto que la devolución mediante un mutuo del aporte efectuado con motivo de un diferimiento impositivo es indicativa de una simulación, esto sólo ocurrió temporariamente puesto que al cabo de unos meses se reintegró el préstamo y se concretó la inversión. (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 2 - Dado que con posterioridad al hecho fue sancionado el Decr. 1240/96, reglamentario de la ley 22021 el cual estableció que la efectiva inversión debía hacerse antes de transcurrir el plazo de noventa días, eso sería indicativo de que, con anterioridad a ella, no regía ese plazo y que, en consecuencia, la inversión con la que se beneficiaron los imputados fue legítima a pesar de haberse efectivizado recién al cabo de seis meses pues aún cuando pudiera entenderse que esa manera de proceder tergiversa el propósito de la ley que estableció el beneficio fiscal, no cabe atribuir un comportamiento doloso a quienes obraron entendiendo estar amparados por esa ley antesde que la reglamentación les impusiera un recaudo no previsto en ella. (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Pago, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILA GUSTAVO c/ BENJAMIN MEZA s/ Daños Perjuicios (LIBRO: A066 - 373)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-02-14

Según el art. 3986 CCI, con el requerimiento de pago del crédito, realizado en forma auténtica por el acreedor, se cumple la exigencia de interpelación a los efectos de la mora.
Daños y perjuicios, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Constantino, Rubén y otros c/ Zumbo, Josefina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

Encuadrada juridicamente la cuestión en el marco de la responsabilidad civil de origen contractual, resulta de los términos en que se trabara la litis (arts. 330 y 354 inc. 1 del CPCC) como del plexo probatorio (arts. 375 y 384 del CPCC), la culpa del profesional en el cumplimiento de su gestión (arts. 512 del C. Civil). Por ello, desde la óptica de la responsabilidad profesional del abogado, y más grave aún para el supuesto apoderamiento, pretender que, como las notificaciones no llegaban a sus manos - vía clientes- se vio imposibilitada de responder los traslados, es francamente descalificante. Si no tenía contacto con sus mandantes, o interés en continuar, o imposibilidad de hacerlo, o cualquier otra causa, debió renunciar al mandato. Está claro que no puede alegar su propia torpeza.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa, Antonia Rosa c/ Massalin Particulares S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite efectuar un ataque frontal y eficaz al fundamento esencial del juzgador de grado.
Notificación, defensa en juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FABER DE LYON, ELSA GERTRUDIS Y OTROS c/ MERNIES, ALEJANDRO AMERICO Y OTROS s/ ORDINARIO-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-07-16

Si la notificación de la sentencia se efectuó con posterioridad al fallecimiento del letrado patrocinante, en el domicilio oportunamente constituido y que correspondía al estudio de dicho profesional, hechos ambos públicos y notorios, no debe hacerse operar la subsistencia prevista por el último párrafo del artículo 39 del Código Procesal Civil y Comercial con el objeto de asegurar el ejercicio del derecho de defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-11

La concordancia de los fundamentos expuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los que fundan la decisión relativa al alcance de lo dispuesto por el art. 115 de la Constitución Nacional, permite preservar de responsabilidad a la República frente a la comunidad internacional por el incumplimiento de sus compromisos con otras naciones (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Aplicación errónea de la ley, excarcelación, condena condicional, calificación legal, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Serón, Cristian Jonathan c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

Se verifica una errónea interpretación y aplicación de las normas que rigen la libertad durante el proceso en la decisión denegatoria de la excarcelación, pues si bien el hecho de que el imputado cuente con antecedentes impide la eventual imposición de una pena de ejecución condicional, la calificación jurídica asignada al suceso atribuido -tentativa de robo agravado por haberse cometido con el uso de llave verdadera previamente sustraída, hallada o retenida- prevé una escala penal cuyo máximo es inferior a los ocho años de prisión, lo cual determina que no se presenten en el caso los presupuestos objetivos a partir de los cuales el legislador presume riesgos procesales (artículos 316 y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación). Además, el imputado posee contención de un grupo familiar y una actividad laboral para desempeñar en caso de recuperar la libertad, se encuentra correctamente identificado, se conoce su domicilio y los hechos reprochados no revisten particulares características de gravedad o violencia.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra, Mario s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia omisión del tratamiento de los agravios referidos a la pena, si la Cámara resolvió -bien o mal- la cuestión planteada, aunque no haya tratado expresamente los argumentos de la defensa.
Daños y perjuicios, Comunicaciones, libertad de prensa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sciammaro, Liliana E. c/ "Diario Popular" y otro s/ Daños y perjuicios Sciammaro, Liliana E. c/ Diario "El Día" s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-22|2000-11-22

Resulta responsable del daño irrogado el medio periodístico que propale información contraviniendo las expresas prohibiciones establecidas en los arts. 18 de la ley 10.067 y 1 de la ley 20.056, lesionando derechos del menor y sin que haya de modo alguno demostrado o intentado demostrar que la difusión de la noticia obedeciera a un interés de la comunidad que fuera a su vez superior al interés mismo del menor comprometido en la especie, al que expresa y específicamente se le otorga rango superior (arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, procesado, recurso de casación, proceso penal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Guzmán, Rodolfo Eduardo s/ HOMICIDIO  EN  PERJUICIO  DE ROSALIA VILLARUEL DE GUZMAN - CASACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Incurre en una autocontradicción que la descalifica como acto judicial, la sentencia que invoca normas del Código de Procedimientos de San Juan que exigen la reposición del papel sellado "en caso de ser vencidos" para sustentar la exigencia previa del depósito para la admisibilidad del recurso de casación.
Remuneración, pago, terceros
Materia: LABORAL
Carátula: Meneghini, Orlando Cesar c/ Abraham Textil S.A. y/o quien resulte reponsable s/ Salario, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-07-15

No prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que la condena a pagar remuneraciones por no tener por acreditado su pago por parte de tercero. Ello así, ya que la apelante insiste en sostener la eficacia jurídica de un acuerdo que, en puridad, conlleva renuncia por el 25% restante del derecho adquirido por el trabajador, en orden al monto de la contraprestación remuneratoria; por otra parte, puede ser considerado como proveniente de obligaciones litigiosas o dudosas; la falta de incertidumbre tampoco admite considerar la posibilidad de una transacción, menos aún si, dicho acuerdo no hubo recibido por parte de la autoridad administrativa ante la cual se lo hubo formalizado, la homologación respectiva que exige el art.15 de la ley 20744 (Ley Contrato de Trabajo), y en segundo término, porque tampoco existe prueba escrita que permita tener por acreditado el pago de los salarios en cuestión, en el porcentaje pretendido por la apelante, quien soslaya la existencia del instrumento privado de mayor trascendencia en la relación emergente de un contrato de trabajo, con lo que su pretensión recursiva resulta manifiestamente infundada, ya que sin perjuicio de todo lo expresado, siquiera es dable tener por acreditado el pago del 75% de la remuneración por parte del empleador, como lo alega al contestar la demanda.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cadeau S.A. c/ Mazzei, Aurora M. s/ ejecución Diaz, Carla Daniela y otro s/ intervención
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-25|1996-06-05

El documento transmitido por fax es ineficaz para tenerlo por formalmente interpuesto. El medio utilizado no puede ser admitido para la presentación por las partes de escritos judiciales, desde que ello implica prescindir del debido resguardo de las formas exigibles en documentos de ésa naturaleza.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, poder de policía, faltas del servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAS ROSAS CABLEVISION S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-13

El ejercicio regular del poder de policía no genera responsabilidad, que surgirá si la Administración ejerce esta potestad de modo irregular; y para poder determinar si se ha configurado una falta de servicio que opere como causa de imputación jurídica de los daños a la Administración, debe efectuarse una valoración en concreto atendiendo a la naturaleza de la actividad, a los medios de que dispone el servicio y al grado de previsibilidad del daño, pues la obligación del servicio se satisface aplicando la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar (Del voto del Dr. Netri, al que adhirió el Dr. Rodil. En disidencia: Dres. Erbetta, Gastaldi y Gutiérrez).
Contrato de obra pública, sistema de ajuste alzado, teoría de la imprevisión, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DUCANOR S.R.L. c/ Poder Ejecutivo y/o Estado Provincial y/o I.P.V. s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y Anulación  o Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-01

En un contrato con sistema de ajuste alzado, los errores en que hubiere incurrido el contratista integran el riesgo que asume en este modo contractual, que supone invariabilidad de obra e invariabilidad de precio, las variaciones de los costos de obra, la necesidad de realizar mayores inversiones debido a modificaciones inevitables en el proyecto y cualquier otra dificultad técnica o económica que surgiera, a excepción de los supuestos de aplicación de la teoría de la imprevisión, vedando con ello en forma definitiva cualquier pretensión de peticionar aumento de precio.

En efecto, no obstante no ser la imprevisión la teoría invocada por la actora sino la del hecho del príncipe, el elemento común a ambas para su aplicación, la imprevisibilidad, se encuentra ausente y ante ello el resultado es el mismo.

Conforme a las constancias de autos y dichos del propio actor, de las circunstancias que rodearon el trámite licitatorio y que provocaron la relación contractual, nada surge que razonablemente no se haya podido prever en el momento de la celebración del contrato, y si bien los tiempos que demandó el proceso licitatorio resultaron excesivos, son los habituales, y si bien puede haber llegado a perjudicar al actor, no pudo sorprenderlo a punto tal de no haber tomado los recaudos necesarios, toda vez que el tiempo de duración de la exención impositiva era de público conocimiento al igual que el término que restaba para la obtención del beneficio al momento de contratar. En consecuencia no hay acontecimiento perturbador imprevisto que motive rever la situación por aplicación de teoría alguna. Ante ello, corresponde rechazar la Acción de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad o Anulación deducida con el objeto de obtener el pago en concepto de mayores costos dado que el importe en concepto de Ingresos Brutos no integró la oferta licitatoria por haberse especulado con una exención impositiva que a la postre no se concretó.
Demanda, demandado, notificación, domicilio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acosta, Martiniano y Amaya Miguel T. c/ Fleitas Juan C. y/o T.I.C.S.A y/o quien Res. Resp. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-08

Examinadas las actuaciones surge que se libró cédula para notificar al codemandado del traslado de la demanda, conjuntamente con la firma Ticsa S.A. al domicilio que, es el de dicha empresa y no su domicilio real. Por lo tanto, la diligencia de notificación de demanda no resulta eficaz para tener por cumplido el acto a fin de preservar garantía de defensa en juicio -como consecuencia de ello, no existe respecto de dicha parte reclusión procesal. El vicio manifiesto de la notificación de nulidad de todas las actuaciones posteriores como resolviera la Juez Inferior-.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez José Oscar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

No corresponde examinar la procedencia del reclamo indemnizatorio que no se formuló en sede administrativa al interponer el recurso de revocatoria ya que la competencia constitucional de la Corte en materia contencioso administrativa es meramente revisora de lo decidido en aquélla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder de policía, policía del trabajo, competencia, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TECSEL SA c/ GCBA s/ OTRAS DEMANDAS CONTRA LA AUT. ADMINISTRATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

La competencia para la aplicación de sanciones por las acciones u omisiones que constituyan infracciones a las normas del trabajo corresponde a los servicios de inspección en cuya respectiva jurisdicción éstas se hubieren cometido (Comadira, Guillermo, "Poder de policía y policía del trabajo", en AAVV, Jornadas sobre Servicio Público, Policía y Fomento de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Buenos Aires, RAP, 2003, p. 381).

Así, en lo que se refiere al denominado "poder de policía" laboral (o policía del trabajo), ninguna duda puede caber de que la Ciudad de Buenos Aires, conforme a las directivas que emanan de los artículos 44, 80, inciso 2º, ap. d) y 104, inciso 12 de su Constitución, cuenta con competencia para legislar y administrar sobre la materia (Leyes 265 y 1033).
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.A.D.I. C.A.P.I.F. A.C.R. c/ Alvarez de Treviño, Avelina s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Dentro de la ley 11.723 el fonograma no está legislado como obra en sí mismo y no se confiere al productor calidad de autor de una obra protegida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)