Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29


(Libro de Acuerdos Nº 47 Fº1834/1837 Nº 791 ). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro, reunidos los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo, Héctor Fernando Arnedo y Héctor Eduardo Tizón, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el expediente Nº 2437/2004, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte 7281/03 (Sala I Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Ejecutivo: Jujuy Motos Sociedad de Hecho c/ Ugarte de López, Silvia Karina y López, Raúl Delfín".

El Dr. del Campo dijo:

Al resolver la demanda ejecutiva de los autos principales, el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 mandó llevar adelante la ejecución seguida en contra de Silvia Karina del Pilar Ugarte y Raúl Delfín López por la suma de $684.- más el coeficiente de estabilización de referencia (en adelante, CER) y los intereses moratorios equivalentes a la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina, desde la mora y hasta el efectivo pago.

La demandada promovió en contra del tal pronunciamiento recurso de apelación agraviándose de la condena a pagar el CER. Destacó que la obligación fue pactada, originariamente, en dólares estadounidenses y que, encontrándose en mora, la acreedora pudo ejecutarla en la moneda de origen. Habiendo optado por la pesificación a razón de un peso por cada dólar, no puede pretender incluir el CER, pues al crédito en cuestión no le son aplicables las disposiciones de la ley 25.561 y decreto 214.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones consideró que la recurrente había aceptado, a su turno, la pesificación de la deuda y el sometimiento de ella a las disposiciones de esa ley (25.561) por lo que no podía agraviarse de la resolución que hizo lugar al reclamo del CER, pero estimó que el a-quo se extralimitó al respecto pues, a criterio de ese Tribunal, tal coeficiente debe aplicarse sobre el capital a partir del dictado del decreto 214/02 (3 de febrero de 2002) y que, a partir de entonces, ya no se devengan intereses moratorios pues, a tenor de lo dispuesto en el art. 7 del decreto 410/02 "a los contratos alcanzados por el art. 8 del Dec. 214/02 no le serán de aplicación las tasas de interés referidas en el art. 4 del citado decreto". Resolvió, en definitiva, modificar la sentencia del Juzgado de origen para establecer que la deuda ejecutada devengaría intereses hasta el 3 de febrero de 2002 y, a partir de entonces y hasta el efectivo pago, se le aplicaría el CER.

En contra de tal pronunciamiento la actora interpone el recurso de inconstitucionalidad agregado a fojas 6/16 de autos. Dice que el fallo es arbitrario en tanto se extralimita y modifica cuestiones resueltas por el a-quo que no fueron planteadas en el recurso de apelación articulado por su contraparte. Alega que la rectificación dispuesta respecto de los intereses moratorios, se funda en normas inaplicables al caso. Agrega que el fallo confunde el CER con los intereses moratorios, que se hace aplicación aislada de una norma que no está llamada a resolver la cuestión y que prescinde de una interpretación integral de la normativa relativa a la pesificación de las deudas expresadas originariamente en moneda extranjera.

El recurso fue contestado, en tiempo y forma, por los demandados, con el patrocinio letrado de la Dra. Elsa Susana Salinas quien sostiene que el fallo es ajustado a derecho y que no le asiste razón a la actora al pretender el pago tanto del CER como de los intereses moratorios sobre el capital debido.

Luego de integrado el Tribunal, asumí la presidencia de este trámite y dispuse se remitieran los autos a estudio del Ministerio Público Fiscal, expidiéndose la Sra. Fiscal General habilitada a favor del recurso articulado. Opina que el Tribunal de la Alzada excedió la competencia de la instancia al resolver cuestiones que no fueron planteadas, contraviniendo así lo normado en el artículo 47 del Código Procesal Civil. Sin perjuicio de ello, interpreta que la adición del CER a los créditos que originalmente se pactaron en moneda extranjera y hoy están pesificados, fue dispuesto a fin de mantener incólume el poder adquisitivo del capital debido, tras la salida de la paridad cambiaria. La circunstancia de que el decreto 410/02 dejara sin efecto la disposición del art. 7 del decreto 214 sin prever ningún tipo de interés para las obligaciones establecidas en el art. 8, no significa que no se deban intereses moratorios. Aconseja, en definitiva, se haga lugar al recurso, revocando la resolución cuestionada.

A la fecha se encuentra firme y consentido el decreto por el cual los autos fueron llamados para el dictado de la sentencia, por lo que corresponde, sin más, emitirla con ajuste a lo dispuesto en las acordadas 37, 56 y 79, todas de este año.

Coincido con la opinión de la Sra. Fiscal General habilitada y hago mías sus consideraciones.

En efecto, es evidente que al modificar -acotando- el período durante el cual el capital reclamado devenga intereses, el a-quo sobrepasó el límite de su competencia, expidiéndose sobre cuestión no llevada a su estudio y resolución por el apelante. Ello, sin duda, contraviene lo dispuesto en el art. 47 del Código Procesal Civil.

Esto es suficiente para descalificar el pronunciamiento. Pero cabe acotar, además, que lo resuelto es producto de una errónea interpretación de las normas llamadas a resolver la cuestión. En efecto, el CER que el artículo 4º del decreto 214 y el 3º de la ley 25.280 disponen para los créditos originariamente expresados en moneda extranjera y pesificados a partir de la sanción de la ley 25.561, cualquiera fuere su origen y naturaleza, haya o no mora del deudor, está dirigido a compensar la depreciación del valor real de la obligación, ocurrida como consecuencia de la salida del régimen de convertibilidad de la ley 23.928 por la que un dólar estadounidenses equivalía a un peso de la moneda nacional. Ese concepto o rubro (CER) en modo alguno reemplaza ni los intereses que pudieran haber pactado las partes por el uso del capital, ni -mucho menos- los moratorios por la falta de oportuno cumplimiento.

Así lo expresamos en el fallo registrado en L.A. 47 Fº 1349/1351 Nº 588 -entre otros- diciendo que "por la distinta naturaleza jurídica de los mismos (el CER y los intereses) no resultan incompatibles o excluyentes".

Idéntico criterio cabe para la resolución del presente.

Es que, aún cuando el artículo 7 de la ley 25.561 mantiene la prohibición de repotenciar las deudas, tratándose de aquellas originalmente pactadas en dólares estadounidenses y convertidas a pesos a razón de uno por cada dólar, tanto el CER como el coeficiente de variación salarial, están dirigidos a compensar la depreciación del valor real de la prestación, con lo que, entiendo, vuelve a cobrar vigencia a la hora de resolver conflictos como el que nos ocupa, la vieja distinción entre deudas de dinero y deudas de valor que tanto la doctrina como la jurisprudencia fueron elaborando en épocas en que la inflación monetaria comenzó a azolar la economía argentina. Cabe entonces volver a evocar aquel viejo principio que el despacho de comisión de las Primeras Jornadas de Derecho de San Nicolás dejó expresado en el año 1964 al decir que "cuando hubiere mora, la deuda de valor no excluye el accesorio de los intereses moratorios, ya que éstos no están destinados a cubrir la depreciación monetaria, sino el daño sufrido por el acreedor por la privación del uso del capital durante el lapso de la mora y hasta el momento del cumplimiento".

Partiendo de tal principio, una razonable interpretación de las normas actualmente vigentes lleva a concluir que lo que el artículo 7 del decreto 410/02 impide, es la aplicación de las tasas de interés referidas en el artículo 4 del decreto 214/02, pero en modo alguno prohíbe el cálculo de intereses con tasas distintas.

Por lo demás, interpretar como lo hace el a-quo, importa, para casos como el de autos, quitar todo efecto a la mora del deudor, haciéndola impunible a partir de cierta fecha (el 3 de febrero de 2002) lo que -en mi opinión- contraviene el principio de igualdad que impide impartir el mismo trato a quienes se encuentren en situaciones diferentes, ya que pone en pie de igualdad a deudores morosos y no morosos. Ello además de la irrazonable e injusta privación al acreedor de la compensación que le corresponde por el retardo en la satisfacción de su crédito.

Voto, en consecuencia, por la admisión del recurso articulado propiciando se revoque la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y se confirme la del Juzgado de Primera Instancia Nº 4, Secretaría Nº 8, en todos sus términos.

No encuentro razón que justifique prescindir del principio general sentado en el artículo 102 del Código Procesal Civil respecto a las costas, por lo que propongo cargarlas al vencido.

Por aplicación de la doctrina legal sentada en "Argentores c/ Video Bar Luisiño" (L.A. 39 Fº 994/996 Nº 382), propongo se regulen los honorarios profesionales de la Dra. María Laura Apaza, quien intervino en representación de la vencedora y en el doble carácter de procuradora y patrocinante, en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450.-) por la labor desplegada en la instancia anterior y de cuatrocientos cincuenta pesos ($450.-) por la desarrollada en ésta. Los honorarios de la Dra. Elsa Susana Salinas, quien patrocinó a los demandados vencidos, los estimo en las sumas de doscientos diez pesos ($ 210.-) por su actuación en el recurso de apelación y de doscientos diez pesos ($ 210.-) por la cumplida ante este Superior Tribunal de Justicia. A todos esos importes se les sumará el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

Expte. Nº 2437/2004, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte 7281/03 (Sala I Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Ejecutivo: Jujuy Motos Sociedad de Hecho c/ Ugarte de López, Silvia Karina y López, Raúl Delfín".

Los doctores Arnedo y Tizón, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia, Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad promovido por Jujuy Motos Sociedad de hecho y, en su mérito, revocar la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el 22 de diciembre de 2003.

2. Confirmar en todos sus términos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, Secretaría Nº 8, el 2 de septiembre de 2003.

3. Imponer las costas por la labor cumplida en las dos instancias recursivas, a la demandada vencida.

4. Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Laura Apaza en las sumas de cuatrocientos cincuenta pesos ($450.-) por la labor desarrollada en cada una de las instancias recursivas y los de la Dra. Elsa Susana Salinas en las de doscientos diez pesos ($ 210.-) por cada una de las instancias recursivas, en todos los casos con más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

5. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.