Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20


IMBRE S.R.L. contra DATTILO, Zulma Elena Reg.: A y S t 216 p 42-46.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "IMBRE S.R.L. contra DATTILO, Zulma Elena -Demanda de Escrituración- Daños y Perjuicios- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro 240, Año 2005).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Gutiérrez, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1.

En la presente causa el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 2 de la ciudad de Rosario hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a la accionada a otorgar la escritura traslativa de dominio del departamento 04-01 del Edificio Plaza Mayor sito en calle Buenos Aires y Córdoba de dicha ciudad en favor de la actora, en cumplimiento de la obligación asumida por el contrato de transferencia de acciones oportunamente suscripto, en el plazo de quince días; asimismo la condenó al pago de la cláusula penal acordada (0,066 % diario sobre el valor del inmueble, establecido en 250.000 dólares) desde el momento de la mora, que "se configura al momento de la recepción de la carta certificada de fecha 18.2.00" (fallo de fs. 146/148).

Apelado que fuera tal pronunciamiento, el mismo fue confirmado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial a fs. 197/198 v.

Contra el decisorio de la Sala dedujo la demandada recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3 , ley 7.055) agraviándose en su presentación de que aquélla ha eludido arbitrariamente el tratamiento de sus críticas al fallo de baja instancia con fundamento en "una inexistente extemporaneidad de los planteos y en una también inexistente contradicción", desconociendo -en primer lugar- que su parte introdujo la cuestión de la ausencia de mora por ineficacia de la intimación "en primera instancia, concretamente en el alegato (...) permitiendo así su consideración por el juez de grado y luego su revisión por la Alzada", tratándose además de una cuestión que surgió en el expediente a partir de la prueba rendida.

En tal sentido observó que habiéndose agraviado de que el Juez de baja instancia haya considerado verificada la mora a partir del 18 de febrero de 2000, era deber de la Sala "analizar si conforme a los antecedentes de hecho comprobados en la causa y el derecho aplicable se había producido o no la mora en esa fecha".

Sostuvo que, al destacar que Dattilo no podía discutir los términos de una intimación que había negado recibir, el tribunal se vale de una contradicción de su parte sólo supuesta, pues "si bien es correcto que en la contestación de demanda la Sra. Dattilo negó el cursado y recepción de la carta de fs. 6, y luego en la expresión de agravios (e inclusive antes en el alegato) se dedicó a analizar su contenido en orden a demostrar su invalidez jurídica para constituir en mora", ello no constituye contradicción pues "el cuestionamiento de la emisión y/o recepción de la misiva son planteos que sólo refieren exclusivamente a la emisión y/o recepción", y por eso "la eventual contradicción sobre el tema sólo podrá determinar la desestimación de dicho planteo, pero nunca, de manera alguna, podrá dotar de idoneidad a una carta intrínsecamente inidónea".

Finalmente se agravió de que los sentenciantes rechazaron su planteo relativo a la exorbitancia de la penalidad a que fue condenada la señora Dattilo invocando su extemporaneidad, desconociendo que cuando la cláusula penal es abusiva y contraria a la moral y las buenas costumbres procede disponer su reducción incluso de oficio sin necesidad de petición de parte -tanto más cuando ella al contestar la demanda se opuso al reclamo del actor respecto de la cláusula penal pactada- por lo que en definitiva lo decidido adolece de un injustificado rigor formal por sobredimensionar el instituto de la preclusión procesal haciéndolo extensivo a un ámbito que no hace a su finalidad (fs. 202/206 v.).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 211/216 v.), la Sala denegó la concesión del recurso por auto de fs. 217/218, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución registrada en A.

y S., T. 207, pág. 40).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he de propiciar la rectificación parcial del criterio que sustentara este Cuerpo en aquella oportunidad, al comprobar a partir de la lectura de los autos principales que el agravio dirigido contra la decisión que adoptara la Sala en cuanto a la existencia de mora en cabeza de la demandada se limita a traducir la mera discrepancia de su parte con el criterio adoptado por los sentenciantes en cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal, resultando inidóneos por ello para el progreso de la vía intentada, que -como se ha destacado en reiteradas oportunidades- no constituye una tercera instancia ordinaria ante la cual pueden cuestionarse decisiones equivocadas o que estimen tales según las divergencias de los impugnantes, ni tampoco tiene por objeto permitir la sustitución de los criterios adoptados por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas (cfr. R. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc.; en sentido concordante, Fallos, 297:29; 297:117; 297:291: 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros), pues lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos de los tribunales inferiores con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes (cfr. A. y S., T.58, pág. 307; T. 59, pág. 319; T. 134, pág. 294; T. 141, pág. 330).

En el caso -y en lo que interesa- el a quo, tras destacar que "son los términos de la litiscontestatio los que definen la controversia y que la Sala es instancia básicamente revisora (arg. arts. 243 y 246, CPC)", consideró que "al contestar la demanda, la accionada invocó concretamente, para justificar que no se hallaba en mora, que el actor no designó escribano (v. fs. 29).

Sin embargo, en su expresión de agravios, sostiene ahora que sí medió tal designación, recaída en el Esc. Giunta (v. fs. 174 in fine), planteando ante la alzada extremos no alegados en primera instancia, como que el actor no había proporcionado al referido notario, documentación para escriturar, y otros, referidos a la inconsistencia de ciertas intimaciones", alegaciones que - sostuvo- son "extemporáneas" al no haber sido introducidas "en la oportunidad procesal debida, pese a que pudo haberlo hecho", circunstancia que también se advertía configurada en cuanto la apelante"discute los términos de una intimación", mientras que en primera instancia "negó que hubiera habido carta alguna", colocándose así en abierta contradicción con su postura ante el juez de grado.

La impugnante pretende cuestionar tales conclusiones argumentando que la Alzada ignoró que su parte efectivamente había planteado en baja instancia la ausencia de mora por ineficacia de la intimación, pero no se hace cargo de que -en lo que constituye un dato no discutido por las partes- en oportunidad de contestar la demanda ella negó "que se hubiera intimado cursando carta alguna y/o que hubiera sido recepcionada" (fs. 29), introduciendo recién en su alegato la defensa de la ausencia de idoneidad de la intimación, sin desconocer ya que la misma existió, extremo que los sentenciantes -con un criterio que no puede tildarse de irrazonable o desprovisto de fundamentos- tuvieron en cuenta a la hora de hacer operativas las pautas de los artículos 243 y 246 del código de rito y considerar que se trataba de una defensa extemporánea, adoptando una tesis que no logra ser desvirtuada por la recurrente cuando alega que la eventual contradicción de su parte nunca podría dotar de idoneidad "a una carta intrínsecamente inidónea", argumento que -si bien se mira- no traduce sino la pretensión de remediar el fracaso de su tesis defensiva originaria (que se limitó a postular ausencia de mora por inexistencia de intimación) mediante la tardía proposición en su lugar de otra defensa inconciliable con aquélla (la de ineficacia/invalidez de tal intimación), cuya admisión -según el juicio de los sentenciantes- resultaba inviable a tenor de las pautas procesales mencionadas, lo que habilita a recordar que, sin llegar al extremo del exceso ritual, "también en las formas se realizan las esencias" (Fallos, 315:106; 323:2848, votos disidentes) y que, como se reconoce desde antiguo, el derecho de defensa en juicio no ampara la negligencia de los litigantes o las omisiones sólo a ellos imputables (Fallos, 287:145; 290:99 y 351; 306:475, entre otros).

Por ello resulta forzoso concluir en la ausencia de idoneidad del planteo en cuestión, a través del cual la recurrente procura en definitiva renovar ante esta Sede un debate (el referido a la existencia o no de mora de su parte, incluyendo la determinación de los efectos de la recepción de la intimación oportunamente cursada) ya cerrado en las instancias ordinarias con argumentos que, más allá de su acierto o error, resultan suficientes para satisfacer las exigencias del artículo 95 de la Constitución provincial.

Con el alcance que resulta de las consideraciones precedentes, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 298/299 v., voto por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Vigo dijo: Habiendo quedado limitada la cuestión a la condena al pago de la cláusula penal acordada desde el momento de la mora, cabe tachar de arbitrario el fallo que desechó los agravios concernientes al exagerado monto impuesto a raíz de aquella por considerar que los mismos eran tardíos al haber negado en primera instancia su aplicación por entender que su parte no estaba en mora.

En el caso concreto -cabe recordarlo- estimó el A quo que lo atinente al monto que arrojaba la cláusula penal acordada no formaba parte de la litis, mas lo cierto es que no puede soslayarse que al expresar agravios la accionada, bajo el título "clausula penal", expresó que "sobre esta cuestión agravia también a mi representada la desproporción del monto en relación al pretendido incumplimiento culpable.

La penalidad se fijó en el 0,066% diario del U$S 250.000 (valor acordado del inmueble), es decir en U$S 165 por día.

Desde fecha de mora fijada en la sentencia (18.02.00) hasta el dictado de ésta (13.08.02) transcurrieron 907 días, lo que se traduce en una penalidad de U$S 149.655, esto es, casi el 60% del valor del departamento.

Esta cifra aparece excesiva e injustificada en relación a los eventuales perjuicio que derivarían del supuesto incumplimiento.

(...) Por ello correspondería su reducción aún de oficio", concluyendo en que "además de exagerada, la penalidad impuesta es desproporcionada respecto de la totalidad de las prestaciones a cargo de la Sra. Dattilo", en tanto la prestación más importante había sido cumplida por la demandada (la posesión del inmueble) (fs. 176vto./177).

Tales agravios fueron contestados por la parte actora quien, en esa oportunidad - además de indicar que lo concerniente a la supuesta desproporción de la cláusula impuesta no resultaba un agravio técnicamente válido por cuanto tal pretensión recién había sido introducida en la instancia- señaló que con un simple cálculo matemático se advertía que el 0,066% diario equivalía a una tasa anual del 24,09% lo que a simple vista resultaba razonable(f. 187/vto.).

En tales condiciones, y sin desconocer que originariamente Dattilo había resistido la pretensión actoral de que se lo condene a pagar la referida cláusula penal con el exclusivo argumento de que su parte no estaba en mora, no es menos cierto que este concreto punto merecía por su naturaleza un tratamiento distinto del que le confirió la Alzada, y que sostener -como lo hizo el Tribunal a quo- que tal planteo no formaba parte de las cuestiones sometidas a su consideración, además de resultar ritualista (vide Fallos, 238:550 [1957]; también, Fallos, 322:179; 320:730 y 2209; 315:1186; 314:629; 311:2193; 303:2048; 301:725, entre muchos otros; de esta Corte, R. A. y S., T. 200, pág. 172), importó renunciar al deber impuesto a los jueces de controlar -incluso de oficio, art. 656, 2 párrafo, del Código Civil- que el resultado de la aplicación de lo oportunamente pactado por las partes no sea contrario a la moral y las buenas costumbres, sin otro fundamento que una interpretación excesivamente ritual de las normas en juego, por lo que corresponde anular el pronunciamiento con ese alcance a fin de que el Tribunal que corresponda se expida sobre el tema sin que ello implique emitir opinión sobre el carácter abusivo o no de lo pactado.

Con el alcance que resulta de las consideraciones precedentes voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Vigo dijo Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular -también parcialmente- la sentencia impugnada, imponiendo las costas en el 50 % a la actora y el 50 % a la demandada en proporción al éxito obtenido (artículo 252, C.P.C.C., apl. supl.).

Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular -también parcialmente- la sentencia impugnada.

Costas en el 50 % a la actora y el 50 % a la demandada.

Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)