marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de la pena, informe de establecimiento penitenciario, libertad condicional
Materia: PENAL
Carátula: Guzzetti, Claudio A. y otro s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-14

El sistema de estímulo educativo previsto en el art. 140 ley 24.660 es aplicable a los institutos de las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional y la libertad asistida. La libertad condicional -sin que ello implique alterar los requisitos regulados en los arts. 13 a 17 CP- se corresponde propiamente con uno de los períodos del régimen de tratamiento progresivo a los que se refiere el art. 140 ley de ejecución, aún cuando por sus notas particulares no pueda accederse a dicho régimen en función de consideraciones o situaciones resultantes del tratamiento penitenciario, distintas a la incorporada en dicho artículo y no previstas en el CP; en tal sentido, no resulta exigible que para obtener la libertad condicional el interno deba haber transcurrido el período de prueba, como sí se requiere a los fines de la obtención de las salidas transitorias y la semilibertad, tampoco resultaría legalmente posible que una persona que hubiere transcurrido con éxito las distintas fases y períodos del régimen de tratamiento penitenciario accediese al régimen de libertad condicional por fuera de los requisitos dispuestos por el código de fondo. Sostener que la reducción prevista alcanzara solamente al período de prueba y no a los institutos que lo integran implicaría vaciar de contenido al instituto del estímulo educativo. El voto concurrente agregó que las reducciones temporales establecidas en el art. 140 ley 24.660 resultarán de aplicación a todas las fases, períodos e institutos del régimen de progresividad penitenciario que posean límites temporales para su acceso, reducciones que no habrán de resultar de una automática verificación del cumplimiento con las obligaciones educativas, sino que corresponderá relevar el cumplimiento con esas obligaciones, con la determinante valoración para la reducción de culpabilidad compensatoria: el cumplimiento efectivo y la disposición al cumplimiento con las normas por parte del agente, y agregó que esta nueva situación no modifica la pena impuesta al reo, sino que adelanta los tiempos en que el recluso puede ir progresando dentro del tratamiento penitenciario lo que de ninguna manera modifica el vencimiento de la pena. La disidencia parcial, si bien coincidió en cuanto a la aplicación de la reducción del plazo temporal previsto para la procedencia de las salidas transitorias, consideró que en tanto el interno se ve impedido de acceder a las salidas transitorias y al beneficio de la libertad condicional en virtud de que no cumple con los requisitos para ello, resulta inoportuno el planteo relativo a la aplicación de la reducción prevista en el art. 140 ley 24.660. (Dres. Hornos, Borinsky -disidencia parcial- y Gemignani -voto concurrente-).
Sociedades comerciales, facultades de la administración, representación legal, principio de eficacia, principio de apariencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sojo, Isabel Mercedes c/ Benedit Bursatil SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

2 - Otro elemento objetivo que debe reunirse es una apariencia suficiente. Es requerido entonces la existencia de una situación de hecho que, por su objetividad, sea absolutamente idónea para llevar a engaño a los terceros acerca del estado real de aquélla (CNCom, Sala F, in re "Helmbold, Daniel Alberto c/ Orbis Cía. Argentina de Seguros SA y otros s/ ordinario").
Recurso extraordinario, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Fernando Marcos c/ Transportes Metropolitanos GeneralRoca S.A. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si el planteo conduce a determinar el alcance de normas federales (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) el tribunal no se encuentra constreñido por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto controvertido.
Recurso de casación, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), responsabilidad extracontractual, embargo por deuda anterior
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C. s/ QUIEBRA s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Conforme a todo lo expuesto, y considerando que conforme a las constancias de la causa se encuentra acreditado que el bien inmueble afectado oportunamente como bien de familia figura inscripto dominialmente sólo a nombre ... (cónyuge de la recurrente); y que el hecho generador de la responsabilidad (mala praxis) es anterior a la constitución e inscripción del bien de familia (la reducción de la fractura en el Hospital López Lima fue practicada el 13-10-90 y la operación en la Clínica Roca tuvo lugar el 15-10-90; la escritura de constitución de bien de familia es del 25-10-90 y la inscripción en el RPI recién el 30-10-90), corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la recurrente.
Acción de repetición, rechazo de la demanda, Fondo Nacional de la Vivienda, aportes previsionales, empleados públicos, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BUENOS  AIRES,  PROVINCIA  DE  C/  DIRECCION  NACIONAL DERECAUDACIONPREVISIONAL s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-08

Corresponde rechazar la demanda por repetición de una presunta deuda por aportes y recargos -creados por ley 21.581- destinados al Fondo Nacional de la Vivienda, si la provincia actora no ha invocado ni demostrado haber ejercido la facultad concurrente de promover el acceso a una vivienda digna de sus agentes públicos en el lapso por el que pretende la repetición, por lo que no se ha configurado supuesto alguno de superposición de aportes a cargo de una misma persona con desconocimiento de la prohibición del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Recurso de casación, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sassoon Attie, Raúl Nissin s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. Se cumple así un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente por que lo han sido.
Facultades tributarias municipales, impuestos municipales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUNA,RUBEN OMAR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE FEDERAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-31

A la Ley Orgánica Municipal corresponde precisar los alcances de su aplicación material; esto es , que personas, cosas o formas de actividad podrán ser gravadas y sometidas a la competencia municipal, para concluir en que los Municipios tienen la facultad de fijar cuales serán los hechos imponibles bajo su competencia.-
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Chaves,  Fabián  Mario c/ Tucumán,  Provincia  de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

La culpa de la víctima con aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio debe aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito o fuerza mayor.
Crédito fiscal, modificación de la tasa de interés, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COCERAMIC COOP. DE TRABAJO LTDA s/ Incidente de Revisión prom. por Acreedor (Legajo Nº 62)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-02-27

Procede la morigeración de intereses fiscales excesivos en las ejecuciones colectivas. Constituye una facultad de los jueces que encuentra fundamento en los artículos 656, 953 y 1071 del Código Civil.
Concesión para la venta de automotores, incumplimiento del contrato, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martínez Manuel Rodolfo c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ sumarísimo (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-26

En el examen de procedencia del rubro demandado, debe decirse que el Sr. Juez de grado no solamente tuvo en consideración el incumplimiento de lo pactado por la demandada, sino que ésta, además, incumplió deberes esenciales a su cargo -en el caso, el deber de trato digno y el deber de buena fe-. Así las cosas, las constancias de autos demuestran con claridad las molestias que la conducta desaprensiva de la demandada debió ocasionar al actor; los cuales ocasionaron que éste se viera en la necesidad de iniciar actuaciones administrativas y judiciales para el reconocimiento de sus derechos. Indudablemente ello debió lesionar sus afecciones legítimas, provocando en su ánimo graves mortificaciones al ver frustrada su legítima expectativa de acceder a un automotor.
Revocación de sentencia, estafa, extinción de la acción penal, sobreseimiento, empleados públicos, ley vigente
Materia: PROCESAL-PENAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Giannoni, M. A. y otros  c/  s/ estafa (Causa Nº 85.347/2000)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-06

Extinción de la acción penal por vencimiento del plazo razonable y sobreseimiento.

Múltiples maniobras de fraude que habrían cometido funcionarios y empleados públicos en perjuicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de las contrataciones directas y licitaciones realizadas durante los años 1998 a 2000 en el ámbito de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con las obras de mantenimiento edilicio y mejoras de los establecimientos educativos dependientes de dicha Secretaría.

Actuaciones en donde, desde la ocurrencia de los hechos hasta la actualidad, ha transcurrido holgadamente la pena máxima prevista para el delito imputado y el tope de doce años fijado en el artículo 62, inciso 2, del Código Penal pero concurre la causal de suspensión del curso de la prescripción por la condición de funcionarios públicos de varios de los imputados.

Análisis del concepto "plazo razonable". No aplicación al caso de la doctrina que emana de los fallos de la CSJN "Mattei Angel s/ Recurso de Hecho", rta. 29-11-1968 y "Barra, Roberto Eugenio Tomás s/defraudación por administración fraudulenta", B. 898 XXXVI, rta. 9-3-2004 (Sala IV, causa N° 33744/17/2 "Díaz Flaqué", rta. 14-12-2018). Maniobra compleja y difícil de ir desentrañando, situaciones éstas que han tenido incidencia directa en el tiempo que demandó el trámite y la resolución de las múltiples contingencias procesales en razón de la elevada cantidad de hechos e imputados múltiples. Actuaciones en donde no se han verificado retrocesos o marchas y contramarchas sustanciales. Legajo que ha transcurrido la etapa de instrucción y se encuentra pronto a avanzar al tiempo de debate definitivo. Informes que dan cuenta que varios de los imputados continuaron ejerciendo la función pública, algunos de ellos incluso hasta el 31 de diciembre de 2021 o en la actualidad. Reglas expresas de la ley procesal que indican que la acción penal conserva su vigencia -artículo 67, segundo párrafo del Código Penal-. Plazo de juzgamiento insumido que no resulta irrazonable.

Revocación.
Ejecución hipotecaria, nulidad de la ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría c/ Dematei de Bastarrechea Yoseli y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Lo que el art. 2916 del Cód. Civil dispone es que cuando el inmueble está gravado con usufructo, no se lo puede hipotecar con los efectos normales de la hipoteca. Pero no hay ningún inconveniente en que se hipoteque la nuda propiedad, lo que significa que en caso de ser ejecutado el inmueble, el usufructuario mantendrá íntegramente sus derechos cualquiera fuera el adquirente.
Recurso extraordinario, interposición en subsidio
Materia: PENAL
Carátula: Cervera, Marcelo Daniel y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

La doctrina que considera improcedente la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios va más allá del exceso ritual pues incorpora un requisito de admisibilidad formal (no plantear la subsidiariedad) que la ley ni expresa ni implícitamente contempla.

No es posible crear derecho a voluntad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: ROMITI, Vicente s/ Inf. art. 174 inc. 5to. en relación al 173 inc. 2do del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Para la acreditación del tipo del artículo 173 inciso 2do. del C.P., no es menester que exista interversión del título o apropiación, sino que resulta suficiente con que exista una no restitución ilegítima a su debido tiempo, ya que en el supuesto en análisis el perjuicio deviene de la privación temporaria.-
Competencia, competencia por la materia, contratos civiles, responsabilidad civil, responsabilidad profesional
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cano, Antonio Carlos c/ Universidad  de  Buenos Aires - Inst. de Oncología Angel Roffo y otro s/ Responsabilidad médica.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-11

La ley 23.637, en su artículo 43, inc. c), dispone que los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal conocerán en las causas relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes o a la responsabilidad civil de aquéllos. A los efectos de esta ley - aclara - sólo se considerarán profesionales las actividades reglamentadas por el Estado.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gonzalez Luis c/ Hermida Borja Diego s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

El accionante al comando de su ciclomotor invadió la mano contraria de circulación, en franca contravención con lo dispuesto por el artículo 51 inc. 3 de la Ley 5.800, vigente a la época del siniestro, embistiendo al que conducía el codemandado lo convierte en único responsable del siniestro (arts. 113 C. Civil).
Concurso preventivo, resoluciones inapelables
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOFRE, WASHINGTON D. s/ QUIEBRA INDIRECTA-RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-20

La ley (nuevo régimen de concursos y quiebras ley 24522) cuando quiere apartarse del principio general, lo dice expresamente. El principio general establece la inapelabilidad de las resoluciones en el proceso concursal, pero el principio lo sienta el art. 273 Principios comunes: salvo disposiciones procesales: (art. 273 Inc.

3º). Las resoluciones son inapelables, 4º) cuando se admite la apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo.
Elevación en consulta, homicidio con alevosía
Materia: Penal
Carátula: F., J. H. y M., H. O. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-03-26

Es necesario tener presente que la mera ausencia de riesgo o de peligro para el victimario, no constituye alevosía. Es menester que se haya procurado esa situación. Asimismo no existe la agravante en cuestión cuando la inexistencia del peligro ha sido una circunstancia, sin influencia alguna en la determinación de los acusados, por no haber entrado en sus previsiones.
Tribunal Fiscal de la Nación, liquidación de impuestos, determinación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Agro-Riojana de Jojoba S.A. c/ A.N.A. (TF 6819-A).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El Tribunal Fiscal tiene facultades suficientes para practicar de oficio liquidaciones si advierte error en las presentadas por las partes, de conformidad a lo establecido en los arts. 1143 y 1166 del Cód. Aduanero. (cons. II)
Amicus curiae, ministros de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Zaffaroni, Eugenio Raul c/  s/ solicitud para ser tenido como amicus curiae
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por un ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser tenido como amicus curiae del tribunal porque, si bien alegó que conoce a uno de los imputados, invocó la arbitrariedad de la sentencia dictada por el Tribunal Oral, solicitando la anulación de la misma, y aportó argumentos jurídicos acerca de la cuestión que se ventila en las actuaciones, expresando su competencia en la materia que es objeto del recurso de casación.
Apreciación de la prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Z. de L., E. c/ B., J. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-02

Teniendo en cuenta que la tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: VENTICINQUE EDGARDO NORBERTO c/ OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-08

El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario admite expresamente el dictado de medidas cautelares de contenido positivo, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción de amparo promovida.

No obstante, los recaudos que hacen a la admisibilidad de esta clase de medidas deben ser analizados con mayor prudencia, habida cuenta de que podrían configurar un anticipo de jurisdicción anterior al dictado del fallo final. (Sala I, autos: Triay, Roberto Oscar c/ GCBA s/Amparo-, del 24/11/00).
Defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Argul, Eduardo M. s/ Nulidad. Declaración indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

Es nula la indagatoria por la cual el procesado no fue formalmente indagado, pues se omitió preguntarle en forma expresa si fue él quien produjo el daño que se le imputaba (art. 241 del C.P.M.P.).

Dicha omisión vulnera la garantía de defensa al impedírsele ejercer el acto liminar de la defensa material como lo es la observancia de las formas sustanciales.
Demanda, identidad del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: ARCADIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. c/ JOSE DIAZ VELAZCO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Es admisible la promoción de una demanda existiendo cierto grado de indeterminación en la persona del sujeto pasivo, cuando esa persona sea susceptible de identificación conforme a las circunstancias que al respecto suministre el actor, siendo carga de éste la averiguación de los datos que hacen al cumplimiento de los recaudos legales de procedencia.
Actuaciones administrativas, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orzuza Luis Alberto c/ Municipalidad de Parana s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-15

El decreto en cuanto declara lesivo a los intereses públicos municipales por razones de ilegitimidad la resolución del Honorable Concejo Deliberante no puede ser impugnado por ninguna de las acciones o pretensiones procesales contempladas en el C.P.A.. En efecto, la decisión que se pronuncia por la lesividad de un acto de la administración tiene carácter declarativo, y por ende no cabe contra ésta recurso alguno, se trata solo de un acto interno del poder administrador impuesto por la ley procesal -art. 17, Inciso a) del C.P.A.- como exigencia previa a la interposición de la pertinente demanda de nulidad.
Coprocesado, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: HERNANDEZ,Raúl Domingo s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

Puede ser utilizada como indicio la declaración judicial del coprocesado que no es exculpatoria de su responsabilidad, ya que goza de licitud y responde a las exigencias normativas.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, plazos procesales, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cerulli, José Abel y otros c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Cabe confirmar la resolución que decretó operada la caducidad de la instancia en los presentes obrados a pedido de la codemandada. Cabe recordar que, como principio, el impulso del proceso corresponde a quien lo promovió, porque al activar el mecanismo jurisdiccional concretó una pretensión que habilita el curso de la instancia, que se desarrollará hasta la sentencia (Osvaldo O. Gozaíni, "Código procesal civil y comercial de la nación, comentado y anotado", Buenos Aires, 2002, T. II, pág. 144). Y no basta al actor proponer la demanda ante el órgano jurisdiccional para llegar a una sentencia definitiva, pues seguidamente el código de rito le impone la carga de instar el procedimiento, notificando el traslado de la demanda, y la de gestionar oportunamente todas las peticiones necesarias para llevar el expediente a la situación de sentencia; situación que se denomina "impulso de parte" (Fenochietto, "Código procesal civil y comercial de la nación, comentado, anotado y concordado", Buenos Aires, 1999, t. 2, pág. 183). Así, mientras la demora en el dictado de una providencia no se vincule con el de aquellas resoluciones que oficiosamente debe pronunciar el órgano jurisdiccional y en especial las que hacen al fondo de la disputa, pesa sobre el actor la carga de urgir el dictado de las providencias de simple trámite, pues hace a la misma el impulso procesal correspondiente al estadio procedimental que se aspira a transitar (arg. CPR 311 y 315; Fassi, S. Código Procesal, v. I. p. 531, Editorial Astrea, septiembre 1971). Desde tal interpretación conceptual, hasta la fecha del acuse de caducidad, transcurrió el plazo de seis meses establecido por el CPR 310-1°, sin que se adviertan actos procesales idóneos para revertir tal temperamento. No cambia las cosas la incorporación virtual de cierto escrito, subido a las actuaciones pasados los seis (6) meses, enviado en formato digital y que habría quedado pendiente en la bandeja de Lex 100. Ello así, por cuanto el envió de la copia digital de un escrito ya presentado en autos y despachado, no posee virtualidad alguna para el avance de la causa.