Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2009-04-01


Posadas, abril 1 de 2009.

La doctora Cristina Irene Leiva dijo:

Pasan las presentes actuaciones a estudio de este Alto Cuerpo, a raíz de la presentación de un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, Arbitrariedad y Nulidad por parte de Miguel Angel Benítez con el patrocinio letrado del Dr. D. A. D. contra la Resolución Nº 34/07 dictada en fecha 21/05/07 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, de esta ciudad de Posadas, la cual luce a f s. 663/668 y vta. de estos obrados.

Pasando a analizar ahora los recaudos de admisibilidad formal del recurso interpuesto, advierto que el mismo ha sido deducido en fecha 21/06/07, habiéndose notificado el recurrente de la Resolución puesta en crisis en fecha 05/06/07; por lo que, efectuado un conteo de los plazos, se comprueba que el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno. Por lo demás, se ha cumplido con el recaudo del depósito exigido por la Ley, el monto del litigio es suficiente para la justificación de la apertura de esta instancia, resultando asimismo definitiva la sentencia recurrida; con lo cual considero que se han satisfecho los recaudos de admisibilidad formal que el Art. 289 del C.P.C.C. exige.

Que, según sostiene el recurrente, la sentencia puesta en crisis ha incurrido en las causales previstas por el Art. 296 del C.P.C.C., existiendo -según sus dichos-: a) Violación de la Ley, b) Aplicación errónea del Derecho, c) Manifiesto absurdo y arbitrariedad jurídica, y d) Violación de derechos constitucionales consagrados como esenciales.

Que atento a la naturaleza de la cuestión traída a conocimiento, y considerando la suscripta que el conflicto ventilado merece un análisis más profundo y exhaustivo, que supera esta primera etapa de conocimiento preliminar, voto para que se declare formalmente admisible el recurso interpuesto. Atento a lo expuesto y no adelantando con ello opinión sobre el fondo de la cuestión, siguiendo el procedimiento seguido por el C.P.C.C., corresponde se corra vista al Sr. Procurador General (Art. 289 C.P.C.C. 3º párrafo Iº parte). Así voto.

La doctora Ramona Beatriz Velázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

El doctor Mario Dei Castelli dijo:

Vienen las presentes actuaciones a consideración de este Alto Cuerpo como consecuencia del Recurso Extraordinario interpuesto a fs. 675/691 y vta. por la parte actora, contra la sentencia de fs. 663/668 y vta. dictada en fecha 21 de mayo del 2007 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -Sala IIa- de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones que resolvió: "1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Instituto de Previsión Social de la Provincia (I.P.S.) a fs. 525. 2) Revocar la sentencia de primera instancia de fs. 515/520 y en consecuencia rechazar la acción de daños y perjuicios incoada por el accionante Miguel Angel Benítez. 3) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 522...".

Efectuando el examen preliminar establecido por el art. 289 del C.P.C. y C. se advierte que el recurso ha sido interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, que se ha cumplido con el recaudo del depósito legal exigido y se encuentra acreditado el monto mínimo del litigio previsto por el art. 295 del ordenamiento ritual para habilitar la instancia.

Verificados estos recaudos elementales y básicos de admisión formal corresponde analizar si el recurso es sustancialmente fundado y autosuficiente.

Los antecedentes del caso dan cuenta que el Sr. Benítez ha promovido demanda por daños y perjuicios reclamando el pago de una indemnización en concepto de daño material y daño moral que le ha ocasionado el entonces Presidente del Instituto de Previsión Social -I.P.S.- al denunciarlo penal, administrativa y públicamente como autor de la firma de 139 cheques librados y abonados en forma irregular por el I.P.S., teniendo en cuenta que a consecuencia de ello además de haber sido suspendido y trasladado en su trabajo, estuvo en prisión durante 21 días siendo sobreseído totalmente luego de haberse probado mediante pericia caligráfica en el expediente penal que ninguno de los cheques librados y abonados por el I.P.S. hablan sido firmados por él, sino que las firmas habían sido falsificadas.

El Fallo que se recurre ha dado razón a la parte demandada entendiendo que el sufrimiento sufrido por el Sr. Benítez a raíz de su detención no podría serle atribuido a esta, dado que ante un hecho que podría constituir un delito el entonces Presidente del I.P.S. tenía la obligación legal de poner en conocimiento a la autoridad judicial competente para investigar y ordenar la detención en caso de considerarlo necesario.

Del análisis del escrito recursivo surge que el recurrente se queja del pronunciamiento de la Alzada por considerar que presenta graves vicios de fundamentación, que ha violado el principio de congruencia, de arbitrariedad, como también ha conculcado derechos esenciales consagrados en las Constituciones Nacional y Provincial.

Con relación a los agravios, cuadra señalar que el recurrente ha efectuado un análisis del fallo cuestionado apreciando los hechos, derecho y pruebas aportadas en el presente proceso con el objetivo de que este Alto Cuerpo decida sobre la existencia y fijación del daño moral sufrido como la procedencia de una indemnización por ello, cuestiones que en principio son ajenas a su revisión por esta vía estando reservadas a los jueces de grado.

"La fijación del daño moral constituye una cuestión eminentemente de hecho, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo" (S.C. Buenos Aires, agosto 18-981 Rep. LA LEY, XLI, J-Z, 2626 sum. 139).

El quejoso al pretender que se revoque el fallo en cuestión no hace más que pretender un reexamen sobre la interpretación de normas y sobre la valoración de las pruebas.

En cuanto a la apreciación de las pruebas, este Superior Tribunal de Justicia ha dicho en reiteradas oportunidades que es materia privativa de los jueces de grado y por ende ajena a esta instancia extraordinaria, salvo caso de absurdo o arbitrariedad, que en el caso concreto y del análisis del fallo cuestionado no surge.

A mi entender el recurrente expresa una mera discrepancia con la opinión de los juzgadores de la instancia inferior ya que no logra demostrar en el decisorio impugnado error grave, palmario o vicio de razonamiento que contrarié las reglas de la lógica, toda vez que el pronunciamiento no se ha basado en la exclusiva voluntad o capricho de los Magistrados, sino que la Alzada ha realizado una pormenorizada evaluación de los hechos y de las pruebas para dictar el fallo conforme a derecho y a su sana crítica.

Al respecto la Jurisprudencia ha dicho: "El escrito de interposición del Recurso bajo examen debe bastarse a si mismo, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal..." (S.C.B.A. -1985-v. II, p. 769; DJBA, v. 131, p. 114, entre otros, cit. por Morillo, Augusto M. y otros, en "Códigos..." -Abeledo Perrot-Platense-1988- T. III, ps. 626/627).

Por lo tanto, cabe desestimar la calificación de sentencia arbitraria que el impugnante enrostra al fallo, en cuanto que este Superior Tribunal tiene sentado que una sentencia es arbitraria cuando carezca de fundamentos o repose únicamente en la voluntad o capricho de los jueces, lo que no ocurre en el caso de autos.

Considero oportuno hacer mención que "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos presuntamente equivocados, sino cubrir graves defectos del pronunciamiento, por apartamiento inequívoco de la normativa vigente o carencia de fundamentación" (CS, 30/5/97. Espinosa Ana L. c. Globiaga, Enrique J.).

En consecuencia, voto para que se declare formalmente inadmisible el Recurso Extraordinario incoado en autos, con costas y pérdida del depósito.

El doctor Jorge Antonio Rojas dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.

Los doctores Roberto Rubén Uset, Humberto Augusto Schiavoni, Manuel Augusto Márquez Palacios y Ornar Muya (M.S.), dijeron:

Que adhieren al voto del Dr. Mario Dei Castelli.

Por Secretaria, se deja constancia que no emite opinión el Dr. Miguel Angel Pinero (M.S.), por encontrarse en uso de licencia al momento del pase (art. 18 de la Lev Nº 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley Nº 2441, modif. por Ley Nº 2819), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: I) DECLARAR INADMISIBLE el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad interpuesto en autos, con costas y pérdida del depósito. - Cristina Irene Leiva. - Ramona Beatriz Velázquez. - Mario Dei Castelli. - Jorge Antonio Rojas. - Roberto Rubén Uset. - Humberto Augusto Schiavoni. - Manuel Augusto Márquez Palacios. - Ornar Muya (M.S.).