marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legitimación procesal, legitimación activa, publicidad de los actos de gobierno, derecho a la información
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar de No Innovar. L.A. N 53 F 305/320 N 94 del Sur -Proconsumer- c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar de No Innovar. L.A. N 53 F 305/320 N 94
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-29

"Con relación a la defensa de falta de legitimación, debe señalarse que, en el caso, no se intenta -como lo entiende la demandada- la representación de derechos comunes de los asociados, sino el ejercicio del derecho de acceso a la información pública del que, como persona jurídica, es también titular la asociación actora. Lo dicho precedentemente lleva asimismo a entender que en la especie se configura un caso o causa judicial que habilita la intervención de los jueces (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional). (cfr.: Causa 148649/2002 - "Asociación del Personal Legislativo -APL c/ EN -Honorable Congreso de la Nación -H Senado ley 23551 s/diligencia preliminar" - CNACAF - SALA IV - 03/06/2004.)
Querellante, desestimación de la denuncia, dictamen fiscal, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Palermo, Daniel Omar y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

El art. 180 CPPN, en la redacción originaria del código de procedimiento vigente, le otorgaba al querellante y en la -actualidad también a la víctima- la facultad de apelar "la resolución que disponga la desestimación de la denuncia" con arreglo al dictamen del Ministerio Público Fiscal. Cuando ello ocurría, el procedimiento a seguir venía explicitado en el art. 348 del mismo código, aunque para una oportunidad procesal diversa: las actuaciones eran remitidas a conocimiento de la cámara de apelaciones y, si ésta entendía que correspondía impulsar la investigación, apartaría al fiscal interviniente e instruiría en tal sentido al que designara el fiscal de cámara o al que siguiera en orden de turno (voto del juez Morin). Cita de "Sayes", CNCCC 28409/2013/TO1/2/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 1121/2018, resuelta el 12 de septiembre de 2018
Accidente de tránsito, contrato de transporte, responsabilidad del transportador, circulación con puerta abierta, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: LIFISCHITZ BENITO c/ Ttes. POMPEYA S.A. LINEA COLECTIVO 44 s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-29

La circunstancia de omitir la obligación de circular con la puerta cerrada basta por sí sola para atribuir responsabilidad a la empresa transportista cuando de ese hecho derive un daño (arts. 1113 del Código Civil y art. 184 del Código de Comercio), sin perjuicio de su eximición parcial en atención a la manifiesta imprudencia exteriorizada por la víctima al llevar a cabo su voluntad de descender cuando el vehículo de transporte está en movimiento.
Tenencia ilegítima de cédula de identidad, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: TUST LEGUIZAMON, LUIS HORACIO VALICENTI, ABEL DANIEL s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-14

Quien encuentra una Cédula de Identidad en la vía pública y la usa para registrarse en un hotel comete el delito de apropiación indebida, si no se puede demostrar que el tenedor de ella fue el autor de su adulteración como así tampoco si cuando la utilizó ya estaba adulterada.

La condición de cosa de la Cédula de Identidad está dada por su valor patrimonial que aunque ínfimo es mensurable por su costo de obtención.
Tratados internacionales, acción penal, prescripción, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
Materia: CONSTITUCIONAL - DERECHO INTERNACIONAL POLITICO
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Tte. de Navío Alfredo Ignacio Astiz. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Resultan inoperantes los agravios fundados en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad adoptada por la XXIII Reunión General de las Naciones Unidas el 23 de noviembre de 1968, por carecer de apoyo legal, habida cuenta de que la República Argentina no prestó su adhesión a aquélla, ni tampoco la ratificó.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, ampliación de la declaración indagatoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CATENA, C.A. s/ PRESC. ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-09

La declaración indagatoria ampliatoria de los mismos hechos por lo que ya fuere interrogado inicialmente carece de virtualidad interruptora de la extinción de la acción penal por prescripción.
Pagaré, lugar de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank (BLSA) Ltda c/ Bouchoux, Gustavo René y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-08

En casos en que no exista especial indicación del lugar de pago, se considerará tal el lugar indicado como de creación del pagaré, cumpliéndose con este requisito esencial, aún indicando, en sentido geográfico, la localidad, pueblo o paraje.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Olivieri, Stella Maris c/ La Plata Cereal Co. S.A.C.I.A.F. e I. s/ Cobro de diferencias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a exhibir su particular criterio relativo a que las remuneraciones que deben computarse a los fines del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo son las percibidas mensualmente por el trabajador, sin controvertir adecuadamente los fundamentos expuestos por el tribunal a quo (art. 279, C.P.C.C.), que se adecuan por lo demás a la interpretación efectuada por la Suprema Corte del precepto legal citado.
Martillero, honorarios del martillero, corredor, comisión del corredor
Materia: PROCESAL
Carátula: FUCHS DE RETMAN, María s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

La retribución del martillero -no prevista legalmente en el orden nacional- no puede asimilársela a la del corredor -alcanzada por el art. 77 de la ley 24.441-, habida cuenta la marcada diferencia entre ambas profesiones. Mientras el corredor es un agente auxiliar del comercio, que aproxima oferta y demanda para facilitar la celebración de negocios, el martillero, cuando es designado judicialmente, es un auxiliar y delegado del Juez, que vende públicamente y al mejor postor las cosas que se le encomiendan. En consecuencia, ante la ausencia de previsión legal, corresponde estipular, como comisión a percibir por el martillero, la de costumbre que, en materia de inmuebles, es del 3 por ciento del precio obtenido en la subasta.
Estado de familia, acciones de estado, litisconsorcio necesario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E., M. E. c/ M., H. A. s/ Reconocimiento de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Tanto el marido, a quien le cuadra la presunción de paternidad del art. 243 del Código Civil, como el tercero a quien se atribuye ser el verdadero padre, conforman un litis consorcio pasivo necesario en las acciones de impugnación y reconocimiento de filiación. (Minoría u opinión personal)
Régimen penal tributario, extinción de la acción penal, facilidades de pago, pago en cuotas, novación
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: BOTTACCHI, ANGEL LUIS MARIA s/ Régimen Penal Tributario,  incidente de extinción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-28

1 - Corresponde confirmar la resolución que no se hizo lugar a la extinción de la acción penal (Art. 14, Ley penal tributaria 23771) si el organismo recaudador informó no encontrarse satisfecha la deuda que motivara las actuaciones, teniendo en cuenta que la exigencia del efectivo cumplimiento de las obligaciones debe entenderse circunscripto a aquellas que estuvieran vencidas y no a las que estuvieran supeditadas a plazos no vencidos (Cf. Sala B, Reg. 332/199/, 478/1997 y 543/2000 - voto de la mayoría - y Sala A, Reg. 787/1998 - voto del Dr. Grabivker) (Del voto de los Dres. Pizzatelli y Grabivker).- 2 - La doctrina establecida por la mayoría de la Corte Suprema (FALLOS 320:1962) establece que todo pago en cuotas se considera parcial hasta que se cumpla íntegramente con lo debido y ello sólo ocurrirá cuando la deuda se encuentre definitivamente satisfecha, única oportunidad en la que podrá considerarse operativo el instituto de la extinción de la acción penal, y que la aceptación de un plan de regularización fiscal con el fin de saldar la deuda de la pretensión fiscal en cuotas no constituye una novación de la deuda originaria pues, después de aquella, la obligación nacida "ex-lege" se mantiene sin transformación esencial alguna; la sujeción a dichos planes sólo implica una alteración relativa al tiempo y modo de cumplimiento dejando intactos sus elementos principales - sujeto, objeto, causa - sin cuya variación sustancial no es posible pretender la extinción por novación (Art. 801 y 812 del CC) (Del voto de los Dres.

Pizzatelli y Grabivker).
Subasta judicial, bienes gananciales, sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonelli de Sibretti, Juana Francisca (suc.) c/ Martinelli, Renato y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Tratándose de un supuesto de venta forzosa (arts. 1324 inc. 4º, C.C.), en la que se prescinde de la voluntad del titular del dominio, resulta improcedente el planteo que, con fundamento en el art. 1277 del mismo Código, denuncia la falta de uno de los elementos integrantes del acto dispositivo: la declaración de voluntad.
Deuda previsional, recurso de apelación (procesal), depósito previo, exención de depósito, crisis económica, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SKI TOTAL S.A c/ D.G.I s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Quien alega imposibilidad de efectuar el depósito previo que prescriben los arts. 12 de la ley 18.820 y 15 de la ley 21.864 (ratificados por el art. 26 de la ley 24.463), debe demostrar de manera fehaciente el grado de precariedad o insolvencia económica que permitiría, en supuestos excepcionales, obviar el requisito referido (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.03.89, "Baun y Kadishevich S.A.", y sent. del 21.12.89, "Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A."), siendo notoriamente insuficiente a tal efecto aportar como única prueba el dictamen de un contador público independiente.
Derecho procesal, aclaratoria (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chorolque, Víctor H. s/ revocatoria y aclaratoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

La aclaratoria no aparece consagrada en el texto ritual, lo que la ley de forma prevé es una instancia de aclaración o rectificación cuya finalidad no va más allá de corregir errores o salvar omisiones materiales que no modifiquen, de modo esencial, las resoluciones dictadas por los magistrados (art. 126 del Código de rito).
Concursos, costas, acreedor no verificado
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS FIDEEROS DEL OESTE-D.G.I. s/ CONCURSOS - INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

No existe mérito para hacer pasible al acreedor del pago de las costas en el supuesto de no haber solicitado en la oportunidad de la ley de concursos: 33 la verificación de su crédito, cuando su exacta determinación depende de la realización previa de liquidaciones y trámites administrativos contables derivados del incumplimiento en que incurriera la deudora en la satisfacción de sus obligaciones impositivas.
Impuestos, error (penal), error de derecho extrapenal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Compañía   de   Radiocomunicaciones  Móviles  S.A. (TF 20.246-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

La existencia de error extrapenal como eximente de culpabilidad requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se encontró, es decir que si la persona actuó con prudencia y pese a ello incurrió en omisión, no se la puede condenar.
Ejercicio profesional, abogados, asesoramiento profesional, relación con el cliente, locación de obra
Materia: CIVIL
Carátula: MONTOTO, Fernando c/ SCHWEITZER, Juan s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

Si el abogado se obliga a evacuar oralmente o por escrito una consulta, redactar textos de contratos o proyectos, se estaría en presencia de un contrato al que, mayormente, le serían aplicables las normas de la locación de obra intelectual, ya que lo que interesa es el resultado del trabajo, u "opus", aunque ello no signifique que el profesional garantice el éxito de su cometido, salvo que hubiese sido expresamente pactado.
Indemnización, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: A., N. A. c/ B., A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-25

Los gastos médicos y farmacéuticos no deben ser acreditados mediante comprobantes cuando la gravedad de las lesiones autoriza a presumir que se han debido realizar.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martín, Juan José c/ Sotelo, Juan Ismael s/ incidente de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Resultando irrazonable el sistema regulatorio adoptado por la ley 10620, ya que lesiona garantías constitucionales, corresponde regular los honorarios del interventor judicial o contador, de conformidad a las normas análogas de la ley 8904. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramírez Duarte, Amado Ceferino c/ Concejo Deliberante de Campo Viera s/ Promueve Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-07-16

Cuando la situación de hecho existente al tiempo de dictar sentencia definitiva en los casos autorizados por el art. 149 de la ley 257, ha sido modificada por hechos ajenos a la voluntad de los litigantes (en el caso el fallecimiento del actor), modificación que obstaculiza una decisión compatible con la finalidad cuasi excluyente de la norma - comprobar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento - , la cuestión se torna abstracta y así debe declararse, no obstante que los intereses particulares que puedan verse comprometidos, sean postergados en su reparación contingente a otro juicio, en salvaguarda del debido proceso y la defensa en juicio. Distinta es la solución cuando el provecho individual coincide en cabeza de la parte, que promovió el juicio, pues el fallo si es favorable, cubriría toda la gama de expectativas. (Bertolini:

Según su voto).
Quiebra, extensión de la quiebra, acreedor verificado
Materia: COMERCIAL
Carátula: SASETRU  S.A.  POR LIPORACE  F. s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE EXTENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

En el pedido de extensión de quiebra, solicitado por un acreedor verificado -lo cual lo legitima para peticionarla-, no cabe requerir que tal sujeto satisfaga lo preceptuado por LC: 87 segundo párr. Tal norma se refiere al caso en que se pretenda la quiebra en forma directa. Por ende, cuando lo que se requiere es la extensión de la quiebra a terceros, el procedimiento a seguir será el regulado por la LC 165 y sig.
Sentencia no firme, juicio de apremio
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Verniz, Cecilia M. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

En tanto la decisión de la instancia no ingrese en el conocimiento de la causa de la obligación u otros supuestos excepcionales (v. gr. prescripción), las decisiones recaídas en el procedimiento de apremio no revisten carácter de definitivas en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que nada impide al recurrente el eventual ejercicio de la facultad que le otorga el art. 551 del Código citado respecto de la causa de la obligación (doctor SORIA, sin disidencia).
Daños y perjuicios, Policía Provincial, derecho de propiedad, hurto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lozano Gómez, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

No existe semejanza entre los daños causados a un vehículo por la policía provincial en oportunidad de recuperarlo para su propietario y el supuesto en el que se ocasionó un daño a la integridad física sin que ésta se encontrara particularmente amenazada ya que en el primer caso sólo se produjeron daños menores a la propiedad dando ocasión, además, de recuperarla para su titular, frente al daño cierto que para aquél significaba la situación en que se encontraba su automóvil.
Mandamientos, intimación de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miers Barrios, Florencio Juan c/ Comisión de Fomento de Colonia Pastoril s/ Acción  Contencioso-administrativa  (Inc. de ejecución de sentencia) Colonia Pastoril s/ Acción  Contencioso-administrativa  (Inc. de ejecución de sentencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-05-05

El llamado "mandamiento" de intimación de pago es el documento firmado por el Juez con el cual se requiere al deudor el pago de la suma que resulte adeudar según el título o para que en su defecto de a embargo bienes suficientes para cubrir su importe, señalándose asimismo que la demanda judicial contiene en realidad dos actos: a) la intimación de pago, acto necesario e irrenunciable toda vez que importa la citación para la defensa, y b) el embargo propiamente dicho, medida subsidiaria de resulta negativa la intimación, pues si el requerido paga al Oficial de Justicia, el acto es improcedente.

Además es facultativo del actor, de modo que la intimación de pago puede tramitarse con independencia de aquel. La intimación de pago que contiene el Mandamiento, desempeña una función procesal imprescindible, porque equivale a la notificación de la demanda, abriendo así el período contencioso de la ejecución y desde el punto de vista sustancial, coloca en mora al deudor. No olvidemos que el fallo que tuvo por iniciado el incidente de ejecución de sentencia, indica cual es la normativa aplicable y por consiguiente la intimación de pago que contiene el mandamiento es uno de los trámites esenciales e irrenunciables del procedimiento, porque independientemente de que se autoriza el libramiento de oficios para trabar embargo sobre fondos de coparticipación que reciba la comuna demandada, la medida tiende a preservar el derecho de defensa de la ejecutada.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, empleados públicos, honorarios, AFIP DGI
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FISCO NACIONAL D.G.I. c/ PAULISTA SA. s/ COBRO DE IMPUESTOS DE I.V.A. EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

No puede plantearse válidamente un conflicto sobre la legitimidad constitucional de la ley 22.681 si la DGI -que persigue el cobro de un tributo por vía ejecutiva- no es respecto de su agente judicial el contendiente que se requiere para admitir la existencia de una causa contenciosa entre partes, por no ser su adversario formal.
Responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo, acción indemnizatoria, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: R. F., J. L. c/ F. T. S.R.L. y P. ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

"En el ejercicio de la acción civil resarcitoria de un infortunio laboral, el trabajador debe probar los presupuestos de ella, que incluyen tanto el acto ilícito, la imputación y el nexo de causalidad entre la omisión y el daño, lo que, si bien es susceptible de una amplia interpretación, no puede ser ignorado, ya que nadie puede ser juzgado conforme a criterios que no sean los de la ley".
Testigos, idoneidad del testigo, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Malzone, Nancy Laura c/ Seijas, María s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-31

La falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba.

Cabe advertir que la idoneidad del testigo se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo.
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESIONALES PARA LA SALUD c/ PERALTA, Noemí Alicia s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-16

El deudor moroso debe los intereses que se hubiesen convenido en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiese fijado el interés legal, los jueces determinaran el interés que se debe abonar. Por tanto, en principio se deben los intereses convenidos. Y no se puede establecer una tasa judicial si existe una tasa convenida. La ley de creación de la Caja de Seguridad para profesionales de la salud no hace referencia a intereses, motivo por el cual no corresponde aplicar una disposición legal. En consecuencia deben ser fijados judicialmente porque no existe convenio que los determine.
Accidente de tránsito, prueba, facultades del juez, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: ZULIANI CESARIO c/ GIULIANO REINALDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

Aunque no se haya invocado la prueba de presunciones, la misma puede ser aplicada por el juzgador pues no constituye un hecho que se somete a su juzgamiento (conf. Art. 34 inc. 4 Y 163 inc. 6 del cpcc) sino en realidad un camino para evaluar las cuestiones (conf.

art. 163 inc.5 del cpcc).
Caución real, sustitución de la caución, prenda, embargo, automotores
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ORZANCO, Raúl s/ Causa 2.791
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

La propuesta del beneficiario de sustituir parcialmente la caución prestada en dinero por el embargo de dos automóviles, resulta de legítima procedencia, pues ello no desnaturaliza la modalidad impuesta de la exención de prisión otorgada, si se tiene en cuenta que el art. 324 del C.P.P. prevé distintas maneras de aseguramiento real, donde incluso la prenda cuenta con expresa acogida legal. No es óbice para ello, el argumento referente a la desvalorización que sufren los automotores y la posibilidad de que próximamente los modelos ofrecidos pudieran dejar de fabricarse, pues no puede desconocerse que constituyen bienes de intercambio comercial cuya justipreciación puede obtenerse a través de las tasaciones correspondientes, que pueden imponerse obligaciones accesorias al fiador para la adecuada conservación crediticia y más aún para la periódica actualización de los valores que también podría exigirse para mantener los fines del instituto en cuestión.
Pericia médica, autopsia
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensa Pública s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-13

La autopsia no se debe ordenar en todo caso de muerte, sino sólo si el cadáver presenta signos de violencia o las circunstancias del hecho indican que la muerte puede deberse a la comisión de un delito doloso o culposo, salvo que las causas de aquélla se compruebe mediante la inspección de visu del cadáver, sin necesidad de una investigación en el interior de su cuerpo.