Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-29


SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y CUATRO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia de Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 73/12, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. Mariana Vera - defensora Oficial Penal de Quinta Nominación (S.L.)-, en causa Nº 261/11 Migdal, Jorge Alberto - s/Salidas Transitorias - Capital-27/06/2012", contra el Auto Interlocutorio Nº 153 por el que el Juzgado de Ejecución resolvió no hacer lugar a la solicitud del penado Jorge Alberto Migdal de incorporación al régimen de salidas transitorias, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado, por haber inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva en tanto la cuestión no susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior, por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 15, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº CIENTO CINCUENTA Y TRES, del 12/06/2012, el Juzgado de Ejecución Penal, en lo que aquí interesa, resolvió: "I) No hacer lugar al pedido de incorporación al Régimen de salidas transitorias incoada por el interno Jorge Alberto Migdal, por la no concurrencia del requisito previsto en el art. 17 apartado IV de la ley 24.660." En lo esencial, para decidir como lo hizo, el juez a quo consideró (Punto VI de la resolución impugnada) que el abandono por el interno del taller de capacitación en Braille que estaba cursando constituye incumplimiento por éste de los reglamentos carcelarios que le imponen la obligación de educarse, y que el hecho de no haber completado el nivel educativo secundario, en ésta ni en las anteriores oportunidades de su alojamiento en el establecimiento penitenciario, también evidencia su falta de interés en mejorar su educación e instrucción, y comprender las normas de convivencia, como una herramienta que le posibilitaría una alternativa a lo delictual y su reinserción social definitiva.

También fue valorado como obstáculo a la solicitud los escasos antecedentes de amistad del interno con la persona propuesta como su tutor.

La negativa fue fundada, además, en el informe psicológico, por no constar que haya sido sostenido y continuo el tratamiento al interno ni que haya superado éste las aristas negativas que determinaron su realización por indicación judicial.

II. Contra esa decisión, es interpuesto este recurso de casación, por los motivos previstos en los incs. 2º y 1º del art. 454 del Código de Procedimientos Penales, por aplicación errónea de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia, por errónea aplicación de la ley de fondo.

Quien recurre manifiesta que la resolución impugnada carece de sustento adecuado en los informes invocados en ella como fundamento de la denegatoria de las salidas solicitadas.

En esa dirección, señala que el responsable del Área Educación informó que en el ciclo lectivo 2011 el interno Migdal cursó el taller de capacitación en Braille en la escuela para adultos Nº 43 "Dr. Julio Herrera" y destacó la asistencia del interno a las clases respectivas; y que, en tanto fechado en el mes de febrero de este año, ese informe nada dice sobre las circunstancias invocadas en el fallo relativas a este ciclo lectivo.

Dice que el tutor propuesto manifestó que conoce al interno desde hace veinte años aproximadamente, y a su familia, debido a que juntos realizaban trabajos de electricidad domiciliaria, y que los vecinos de su taller de electricidad y mecánica del automotor indicaron que hace mucho que lo tiene y que asiste al lugar todos los días.

Y señala que el tratamiento psicológico ordenado oportunamente por la Juez de Ejecución fue debidamente cumplido por el interno Migdal desde el mes de septiembre de 2011 en que fue ordenado judicialmente, y que claramente así surge del informe de esa especialidad, el que, además, es favorable a las salidas solicitadas.

III. Después de estudiar el planteo efectuado y la resolución impugnada, concluyo que, no obstante los defectos que presenta, ésta suministra fundamento suficiente de lo decidido.

Por una parte, observo que en la reseña que contiene la resolución en examen, fue omitida la mención de las siguientes circunstancias:

1) La casación parcial de la última condena dictada en contra del imputado y la consiguiente modificación de la pena unificada. La relevancia del punto deriva de su vinculación con el cómputo del tiempo mínimo de cumplimiento de la condena como condición indispensable para habilitar el examen de los demás requisitos para la procedencia de la solicitud del causante, por lo que, en el caso, su falta de consideración conduciría a no tener por satisfecho ese recaudo temporal indispensable.

Así, aunque de ambas circunstancias da cuenta la planilla faccionada en la División Judicial del Servicio Penitenciario Provincial que obra a fs.46 del Expte. del Juzgado de Ejecución Penal Nº 261/11, "Migdal, Jorge Alberto s/Salida Transitoria- Capital 2/08/11", que tengo a la vista, en el informe actuarial al que se refiere la resolución en crisis, ordenado a fs. 59 y producido a fs. 59/60 de esas actuaciones, ellas no están incluidas entre los indicados como "(.) los datos valorados a efectos de practicar el cómputo de pena (.)". Sin embargo, según ese mismo informe, la detención del interno data del 2/10/97, por lo que sólo con la consideración de la referida modificación en menos del monto de la pena impuesta en la última condena (de 19 a 14 años) y de la consiguiente modificación de la pena única (de 30 años y 5 meses a 25 años y 5 meses), puede ser tenido como cumplido el tiempo mínimo de cumplimiento de la pena.

2. Observo asimismo que los extremos vinculados con el resultado del tratamiento penitenciario en el Área Educación, invocados en la resolución en examen como obstáculos a la solicitud de las salidas transitorias del interno, no surgen de las conclusiones del Informe respectivo notificado a la defensora del interno, con lo que fue indebidamente privada ésta de la potestad de control y de contradicción de dichos fundamentos, lo que trasunta una indudable afectación al derecho de defensa, el que no se extingue con el dictado de la sentencia condenatoria sino que mantiene su plena vigencia durante la ejecución de la pena.

Así, las actuaciones del Juzgado de Ejecución Penal, Expte. 261/2011, caratuladas "Migdal, Jorge Alberto s/ Salida Transitoria, Capital, 2/08/2011", que tengo a la vista, dan cuenta de la solicitud de las salidas transitorias formulada por el interno el 8 de febrero de 2012 (fs.42); del Informe psicológico, datado el 22 de febrero de 2012 (fs. 50), de la vista corrida a la defensa del interno (fs. 67), de su contestación el 24 de mayo ( fs. 68 y 69), y de actuaciones en fax del Servicio Penitenciario, agregadas el 5 de junio, surge que el interno Migdal se había inscripto en Braile el día 28 de febrero y que realizó esa actividad hasta el 27 de marzo, en que dejó por propia voluntad, alegando falta de motivación (fs. 70 y 71).

De la reseña precedente surge que del abandono por el interno de las clases de Braile en este año lectivo y de su secundario incompleto nada dicen el Informe del Área Educación del que se le corrió vista a la defensora del causante y recurrente, con lo que fue privada ésta de la posibilidad de alegar sobre la idoneidad de esas circunstancias como obstáculos válido a la concesión de las salidas solicitadas, por lo que, a su respecto, su invocación como fundamento de la resolución apelada es sorpresiva y, por serlo, inadmisible.

3. El legajo tampoco suministra dato alguno que justifique sospechar del compromiso genuino de la persona propuesta como tutor para contener y sostener el tratamiento que viene realizando el interno, por lo que no cabe admitir como fundamento válido de lo decidido los invocados escasos antecedentes de su amistad con el interno Migdal.

Por una parte, Carlos Alberto Gordillo dijo que conoce a Migdal desde hace como veinte años y que juntos solían hacer trabajos de electricidad domiciliaria, y su aserto resulta compatible con el conocimiento que el causante tiene en la materia y con la actividad desarrollada por éste en el Penal, como surge de la recomendación del Director General del Servicio Penitenciario a la Jueza de Ejecución fs.56/56vta.), al mencionar que Migdal se ha desempeñado en el establecimiento como ayudante de electricidad, con muy buena predisposición.

También, la Trabajadora Social interviniente en las presentes estableció que hace pocos meses fueron entregadas las viviendas del barrio (127 Viviendas Sur) al que Gordillo mudó su domicilio particular, por lo que los nuevos vecinos recién se están conociendo, lo que explica que no suministren referencias sobre él o su familia. No obstante, en la zona donde desde hace muchos años el nombrado tiene radicado su taller de mecánica y electricidad del automotor, los vecinos dieron cuenta del buen concepto del que goza Gordillo y de sus hábitos de trabajo. Además, según el informe, las condiciones del domicilio de Gordillo son aptas para recibir al interno, y el grupo familiar de Gordillo manifestó interés en contener al interno en su proceso de reinserción social. Por ello, aunque sean escasos los antecedentes de la amistad del interno con la persona que propone como su tutor, considero que el argumento de la Juez a quo según el cual "no se observa un compromiso genuino de aquél (por Gordillo) para contener y sostener el tratamiento que viene realizando Migdal", no encuentra adecuado sustento en el Informe Socio ambiental agregado al legajo.

4. Por otra parte, con relación al informe psicológico, no constituye fundamento válido de lo decidido la aserción en la resolución, según la cual, "(.) no existiendo constancia en autos que el mismo haya sido sostenido y continuo, sin especificar la profesional actuante que el interno haya superado las aristas negativas que llevaron a la decisión antes mencionada (.)."; en tanto, por una parte, esas supuestas omisiones o falencias podrían haber sido superadas a requerimiento judicial con informes ampliatorios o aclaratorios; y, por otra, debido a que ninguna responsabilidad tuvo el interno en su confección, la insuficiencia o deficiencia del referido informe no debía ser puesta a su cargo.

5. No obstante, aunque el último informe psicológico da cuenta del tratamiento seguido por el interno, lo invocado en el recurso e indicado en dicho informe como "correlato clínico favorable": "Su actual adecuación al marco del tratamiento psicológico brindado le permite al interno una posibilidad de reflexión más cabal sobre sus dificultades", si bien determina su valoración como positivo, sólo lo es con relación al resultado del tratamiento o al progreso del interno, debido a que éste, como señala también la profesional interviniente: "logra implicarse más allá de los requerimientos legales, presentándose "cooperativo y comunicativo" y "comienza a emplear y administrar de un modo más adecuado su ansiedad e impulsividad, a partir de los señalamientos que se le realizan"; sin que quepa razonablemente valorar dicho informe como favorable a la solicitud del interno de acceder a las salidas transitorias. Es que, indudablemente, aunque auspicioso, el avance alcanzado no autoriza a concluir que hayan sido neutralizados los factores criminogénicos detallados en el Informe psicológico anterior (fs.20), ni que hayan disminuido significativamente, menos aún considerando el escaso tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento psicológico (en el mes de septiembre del año pasado). Por ende, en atención a la duración de ese tratamiento y no obstante su resultado positivo, resulta sensato admitir que persistirían aún aquellos factores criminogénicos referidos en el Acta del Consejo Correccional (fs. 55/55 vta.) y en la Resolución del Director del Servicio Penitenciario (fs. 56/56 vta.), con fundamento en la historia delictiva del interno, la que da cuenta de sus reiteradas reincidencias delictivas.

En esa dirección, de la sentencia Nº TREINTA Y NUEVE/2010 (dictada por la Cámara en lo Criminal de 1º Nominación) surge que los hechos delictivos por los que Migdal resultó condenado por última vez fueron cometidos el 12 de julio de 2008, el 1 de febrero de 2009, y el 21 de febrero, en oportunidad de encontrarse usufructuando de periodos de libertad otorgados al causante en el marco de la ejecución de una condena anterior (según el Informe psicológico de fs. 20, salida laboral y libertad condicional; según el acta del Consejo Correccional de fs. 55/55 vta., beneficios penitenciarios). Por otra parte, también surge de las presentes (fs. 46) que fueron unificadas esa sentencia con la dictada con anterioridad, y que el tiempo mínimo de cumplimiento de la pena que habilita la consideración de la solicitud del interno sólo puede ser tenido como satisfecho si en el cálculo es incluido el tiempo de cumplimiento de la condena anterior.

Así las cosas, resulta de aplicación al caso las consideraciones del Tribunal efectuadas en sentencia nº 42, de fecha 27 de agosto de 2012, en Expte Corte Nº 26/12, al resolver planteo similar con relación al interno Salas Bulacios. Por ende, en honor a la brevedad y para evitar reiteraciones innecesarias, en lo pertinente, a esas consideraciones me remito.

Por las razones expuestas, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:+ Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, y voto, como consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por las razones dadas al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a favor del interno Jorge Alberto Migdal. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, y me expido de igual modo.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo y voto en idéntico sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a favor del interno Jorge Alberto Migdal.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.