marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "IATES  S.A. c/ Estado  Nacional -Fuerza Aérea Argentina- M° deDefensa- s/ Contrato de obra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-27

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con que verosimilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, imponiendo el principio de buena fe a los contratantes un comportamiento oportuno, diligente y activo (esta Sala, "Vialco S.A.I.C.I. y otros c/ D.N.V. s/ contrato e obra pública", 5/05/94). Estos principios resultan aplicables a la relación contractual administrativa (Fallos: 305:1011). (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons V).
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREZ, ANTOLIN RENE c/ PROTEINAS ANIMALES SA (PROTASA) s/ LABORAL     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 18-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-12

No da satisfacción al recaudo de autosuficiencia el escrito introductorio del recurso en el que se revela carencia de una exposición de la base fáctica y una deficiencia en la fundamentación -en tanto omite exponer con claridad y precisión sobre la admisibilidad del recurso, no demostrando la concurrencia en el caso de los requisitos formales necesarios, y sobre la procedencia con relación a los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada-.
Retiro policial, permanencia en el cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coradazzi, Abel Antonio c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La interpretación del art.112 inc.b) ap.3 del dec-ley 9550/80 y del art.362 del dec.1675/80, efectuada por la autoridad administrativa para denegar la bonificación por permanencia en el cargo pretendida por el actor, resulta inobjetable si exigió, además del tiempo mínimo de permanencia en el cargo impuesto por el decreto reglamentario, la aptitud integral para el ascenso -incluyendo la calificación- consagrada por la ley.
Querellante, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gutman, Armando s/ Recurso de casación - Causa:1614
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Los verbos "intervenir" y "participar" empleados en la redacción del inciso 2 del art. 167, así como el carácter esencial del vicio contenido en esa norma, autoriza a inferir que la sanción de nulidad está prevista en aquellos casos en los que se ha omitido la actuación del querellante en los actos y diligencias consignados en la ley. Se advierte pues que la nulidad absoluta encuentra su razón en el quebrantamiento de los principios del debido proceso y de la defensa en juicio.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar, aplicación de la ley, sentencia, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos SAFIB (2)  c/ Poder Ejecutivo Nacional  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

La parte actora se queja por la decisión del juez de grado que viabilizó el amparo y rechazó la medida cautelar de no innovar solicitada que disponga la inhibición de la aplicación de los arts. 264, 316, 317, 319, 320, 321, 323, y 324 del CNU 70/23 hasta que la sentencia de fondo declare su inconstitucionalidad. Ello por la inminente afectación y eliminación de derechos laborales, sanitarios y sindicales de raigambre superior (arts. 14 bis, 75. Inc. 22 CN el Convenio 87 OIT y otras normas de jerarquía constitucional). El sindicato accionante, de Farmacéuticos y Bioquímicos SAFYB, ha incoado la medida a fin de evitar la pérdida de puestos de trabajo de sus representados y las consecuencias irreparables de ello. No se discute la existencia de verosimilitud, la cual debe adecuarse a la intensidad del anticipo de la jurisdicción que se peticiona, que ha de valorarse teniendo en cuenta la entidad del peligro en la demora. Asimismo, cabe destacar que el requisito imprescindible para autorizar una medida innovativa es la irreparabilidad del perjuicio. Se trata de evitar un daño mayor sino se otorga en forma total o parcial alguna prestación. Asimismo, los intereses que con la medida se pretende defender, son precisamente los de sectores socialmente vulnerables, donde se encuentra comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria (art. 2 y 13 de la ley 26.854) Así entonces, visualizados los perjuicios que se derivan de manera inmediata de la entrada en vigencia del DNU 70/23 en lo que hace a la modificación y derogación de los arts. 25, 26 y 42 de la ley 17.565 (cfr. arts. 319, 320 y 321 del DNU 20/2023) que afectan el trabajo y profesión de los farmacéuticos en su fuente laboral, y toda vez que todos los recaudos prima facie se encuentran reunidos, corresponde revocar lo decidido en grado y hacer lugar -parcialmente-a la suspensión de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a las regulaciones implementadas por los arts. 319, 320 y 321 exclusivamente-hasta tanto se dicte resolución definitiva.
Entidades financieras, banco central, responsabilidad del banco, régimen de garantía de los depósitos, restitución de sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: MERPERT, JORGE E. c/ B.C.R.A.  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

El B.C.R.A. se halla sometido al imperativo categórico que lo obliga a actuar con la máxima cautela cuando queda obligado a hacer efectiva la garantía de un depósito como el de que aquí se trata. De ello se infiere que no cabe discusión en cuanto a la potestad inquisitoria del Banco Central en situaciones como la que se ventila en estos autos. Frente al referido derecho y al mismo tiempo inexcusable obligación, se erige el de quienes efectúan depósitos en entidades financieras, como los verificados por el actor, actuando en ellos, obvio es decirlo, la idea de ver reintegrados sus importes más el interés de rigor, dentro del plazo pactado, esto dicho sin desconocer que en situaciones especiales puede verse demorado ese reintegro. Este último derecho es tan respetable como aquél primero, por tratarse de fondos pertenecientes a habitantes de la Nación, amparados por las garantías que consagra la Constitución Nacional.
Matrimonio, nulidad de matrimonio, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: Ana Amelia Cavallo c/ Víctor Alfredo Acosta s/ Nulidad  de  Matrimonio  -  Alimentos  -  Disolución y Liquidación de  Sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-06

No es suficiente el simple acuerdo de las partes representado por un allanamiento, pues todo lo que hace a la nulidad de los matrimonios afecta al orden público y no pueden las partes, si no se dan los presupuestos, aspirar a que se decrete una nulidad de matrimonio.
Tributos aduaneros, concursos, importador, seguro de caución
Materia: ADMINISTRATIVO-ADUANERO
Carátula: "Aseguradora   de  Créditos  y  Garantías  S.A.  (T.F.  13.089-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

De encontrarse el importador en concurso, la Aduana sólo se encontraría obligada a verificar su crédito en sede concursal si pretendiese reclamarle a él el crédito resultante de la resolución por la que liquidó e intimó el pago de los tributos, no encontrándose empero constreñida a ello si, ante la ausencia de pago por parte del importador que tomó el seguro, pretende hacer valer los efectos de ese acto administrativo contra la aseguradora que, a través del seguro de caución, le garantizó el pago de esos tributos por parte de aquél. (Del voto del Dr. Buján, consid. VII.6).
Contrato de trabajo, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ SOMOZA RICARDO ORLANDO c/ SIPRECO - COLEGIO DE MÉDICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLES s/ COMISIONES IMPAGAS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-28

En todos los casos de falta de contestación de la demanda laboral por la parte interesada, el tribunal, dando por reconocidos hechos y demás circunstancias de la relación invocada por el actor, dictará sentencia dentro de los siete días posteriores al vencimiento del plazo respectivo, sin más trámite que el de verificar la procedencia de la acción con arreglo a derecho.

En consecuencia, si el actor denunció un determinado hecho: haber prestado servicios para el demandado; no es arbitrario ni vulnera norma alguna, aplicar la presunción del art. 23 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, dando así por acreditada la relación laboral, ante la conducta omisiva del demandado.
Inadmisibilidad del recurso, Ministerio Público Fiscal, revocación de sentencia, secuestro de bienes, tenencia ilegítima de material explosivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gorordo Juan Alberto - González Orlando Horacio - Rosales Diego Martín c/  s/ Tenencia de armas de uso civil, fabricación o tenencia de materiales explosivos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-01

Resulta inadmisible la impugnación extraordinaria deducida por el Ministerio Público Fiscal, contra el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación, que revoca la decisión adoptada por el Juez de Garantías y declara la nulidad de todos los secuestros efectuados por la policía en el marco del procedimiento que llevaran a cabo en las presentes actuaciones por disposición de la fiscalía, en tanto no se verifican las hipótesis de arbitrariedad alegadas. (del voto del Dr. Massei, en mayoría).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

La obligatoriedad de los fallos plenos supone un lapso de tiempo en que son además irrevisables -salvo Plenario-; y, posteriormente, sin dejar de ser obligatorios pueden ser modificados. Ello surge del texto, en cuanto si bien habla de la vigencia -en la expresión "obliga"- incluye su revisabilidad. El tramo referido al plazo de cinco años, hace la salvedad que -entre tanto- sólo puede revisarlo un "Tribunal Plenario". De modo que la expresión "por el lapso de cinco años" queda reducida a la inmodificabilidad de la obligación o vigencia que se establece desde entonces. La expresión "por el lapso de cinco años" tendría un sentido extintivo de la vigencia del pleno si el texto no refiriese sino exclusivamente a su vigencia, o bien expresamente si dispusiera claramente la caducidad. Por el contrario, la coexistencia en él de la regulación de su modificabilidad implícita y explícita revela su sentido claro: en dicho lapso el pleno no podrá modificarse por el mismo órgano que lo dictó. La vigencia -de la cual la inmodificabilidad originaria es un ingrediente- una vez transcurrido dicho lapso se mantiene pero sujeta a modificación o extinción por cualquier otra circunstancia;

mas no por un plazo legal predeterminado. (Del Voto del Dr. Donati).
Prisión preventiva, criterio de razonabilidad, aplicación de la ley, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: LLEBEILI RICARDO c/ DEMETRIO EMILIO DANIEL, VILLARREAL DIEGO S., VILLARREAL FERNANDO M., EACOBAR OSCAR LEONIDAS Y OTRO s/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA Y CRIMINIS CAUSA EN  CONCURSO REAL CON ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-17

Ciertamente es conveniente, y si se quiere necesario, fijar límites temporales a la forma de coerción personal que admite el ámbito procesal, habiéndose entendido en ese plano que su aplicación no es automática. También ha dicho la Corte Suprema que existe un conflicto entre el interés fundamental de la sociedad y una rápida y eficiente ejecución de la ley, y el interés individual a ser juzgado para definir su situación ante la ley y la sociedad, debiendo en consecuencia buscarse un punto de equilibrio para armonizar ambos extremos, sin que uno sufra en desmedro del otro, como sucedería en el caso de la liberación anticipada de quien está a punto de terminar su proceso ante la inminencia del juicio oral. Debemos entender que en la Ley 24390 se establecen parámetros orientadores respecto del criterio de razonabilidad, sin que ello signifique una aplicación automática de los plazos previstos, quedando en manos de los jueces la atribución de fijarlo definitivamente en las causas, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas. Debe dejarse entonces para cada caso la solución que mejor permita armonizar el interés del individuo, sometido a proceso con el de la sociedad, edificando en la situación concreta una relación de equilibrio "a la medida" del caso. "La aplicación de la ley no importa solamente lógica, sino también una cierta dosis de poder discrecional. Todas las tentativas para eliminar éste último elemento, y para hacer al derecho puramente mecánico, han terminado en el fracaso. La justicia exige que en lugar de adaptar el caso a la regla, adaptemos la regla al caso" (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado, régimen de consolidación de deudas, honorarios, ley de emergencia, carácter accesorio, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez Peña, María de Las Mercedes c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Recurso de inconstitucionalidad -Apremio por honorarios profesionales  (Expte.: C.S.J. Nro. 110 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Tan cierto es que la ley 23.982 contiene y continúa con el principio de accesoriedad, previsto en la ley 23.696, que su artículo 16 hace expresa referencia a dicha situación al establecer que "no se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en leyes especiales en tanto se contrapongan con lo normado en la presente ley. No serán exigibles a los titulares de créditos consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dichos créditos, sino en las condiciones de esta ley"'. Frente a una norma tan clara, desconocer el principio de accesoriedad importaría tanto como negar la letra de la ley, conducta que, obvio resulta señalarlo, le está prohibida al juzgador. Resulta de total evidencia entonces que la accesoriedad ha sido expresamente reconocida por el legislador, quien en el referido artículo 16, inspirado claramente en principios de igualdad y de justicia, la ha consagrado. Dichos parámetros serían desconocidos y desbordados si el Tribunal permitiera que se consolidasen deudas que no acceden a una obligación principal consolidable. En tales condiciones, cabe concluir que los créditos por honorarios de causa o título anterior al 1º de abril de 1991 sólo son consolidables si acceden a una obligación principal consolidable, ya que la propia ley ha condicionado la consolidación de las obligaciones accesorias a la circunstancia de que se encuentre consolidada la obligación principal a la que acceden (art. 1, inc. d., ley 23.982).
Contratos comerciales, excepción de incumplimiento contractual, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: METROCOP  S.A. c/ ONISZCZUK, CARLOS s/ CONTRATOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-25

Si la obligación principal a cargo del accionante -colocación de un cartel publicitario- quedó incumplida, el accionado debió probarlo, pues si la defensa presenta su descargo contra los hechos vertidos por su contraria, no puede pretender trasladarle la carga de esa prueba, por cuanto el peso de probar no depende de la calidad de actor o demandado; sino de la posición asumida por uno y otro en la controversia.
Contrato de obra pública, mayores costos, teoría de la imprevisión, contratista, Impuesto sobre los ingresos brutos, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: SAVYC SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nro. 92-83) LAROMET SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 93-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-28|1989-12-28

Sólo una perturbación suficientemente profunda en el equilibrio económico financiero del contrato, que evidencie un álea anormal y no el álea normal a cargo del co-contratante puede generar derecho a obtener el reconocimiento de las diferencias producidas en las certificaciones de obras y variaciones de costos ocasionadas en la ejecución de una obra pública en razón del incremento de la alícuota general del impuesto a los ingresos brutos posterior a la celebración del contrato.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fideca Sociedad Anónima Comp. Financiera c/ Constructora e Inmobiliaria Vazquez-Torres S.A. s/ Cobro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

Es deber del juez examinar cuidadosamente el instrumento mediante el cual se deduce la ejecución y si el déficit del control jurisdiccional permitió despachar el mandamiento cuando el título no era idóneo, deberá declararse su inhabilidad al momento de dictarse la sentencia. Pues el procedimiento ejecutivo, de defensas limitadas para el deudor, exige que su beneficiario -que no es otro que el acreedor-, acredite "in limine" ser merecedor de ese trato privilegiado (arts. 529, 549 y 598, CPCC.).
Enfermedad profesional, comisiones médicas, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: De Manterola Maximiliano c/ Prevencion ART.S.A. s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-08

Las Comisiones Médicas fueron creadas por ley 24.241 -art. 51-. La independencia e imparcialidad de sus miembros, se ve garantizada en principio porque los profesionales que la integran deben lógicamente contar con título médico, matrícula y ser especialistas, demostrando idoneidad a través de un concurso público de antecedentes y oposición conforme al orden de mérito obtenido -res. 45/18 SRT-. Por lo demás, no puede ponerse en tela de juicio su independencia por el hecho de que los médicos perciban sus haberes de un fondo al cual aportan entre otros, las propias ART, (además de los empleadores auto asegurados y la ANSES -res. 59/18 SRT y art. 51 ley 24241) pues es dable acotar que las ART no resultan por este hecho, empleadoras de los integrantes de aquellas, ni cosa que se parezca (Voto Romero, en disidencia)
Seguros, póliza, siniestro, denuncia del siniestro, reconocimiento del derecho del asegurado, silencio del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEDEZMA, RUBEN IRINEO c/ OMEGA COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

La circunstancia de que una aseguradora no se haya expedido en el plazo establecido por la ley 17418: 56 con relación a las denuncias formuladas por un asegurado -por medio de las cuales le comunicó el acaecimiento del vuelco que padeció con su vehículo mientras circulaba por una ruta- no habilita a estimar el pedido de cobertura formulado por el accionante, con el excluyente fundamento de haber mediado "aceptación" del derecho del asegurado en los términos establecidos en dicha regla legal. Ello así cuando, -como en el caso-, surge que la pertinente póliza de seguro "no cubría" daños totales o parciales producidos al rodado con motivo de la ocurrencia del accidente, por lo que el silencio mantenido por la compañía de seguros no produjo ope legis la aceptación del derecho del pretensor a obtener cobertura.
Juicio de apremio, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Bs.As. c/ Transportes Automotores La Estrella S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

La parte recurrente pretende suspender los presentes actuados por el hecho de haber promovido una Acción declarativa antes que existiera sentencia firme en este expediente - cuestionando la causa de la obligación- , y ello implica en definitiva una situación similar al juicio posterior que determina el art. 551 del C.P.C.C., por lo tanto, no se puede infringir dicha norma (art. 18 del dec. ley 9122 /78) solicitando la suspensión del presente juicio de apremio, pues este proceso no hace -en principio- cosa juzgada con respecto al ordinario que autoriza la norma de marras, con referencia a aquellas cuestiones que no pueden resolverse en esa clase de juicio. La posibilidad revisora contenida expresamente en esta norma, no es tal únicamente por la existencia de un supuesto juicio ordinario posterior, sino que encierra un principio más amplio y apunta a la mutabilidad del contenido de la sentencia condenatoria de un proceso ejecutivo en cuanto posibilita la discusión de ciertas pretensiones excluídas del proceso, no tratadas en aquél.
Salario mínimo, vital y móvil, accidentes de trabajo, muerte del trabajador, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Landero, Erna c/ Compañía de Investigaciones Geofísicas (ProcedimientosSchlumberger) Sociedad Anónima s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-03

Las hipótesis que deben distinguirse para determinar el salario mínimo vital aplicable son las siguientes: a) En caso de accidente de trabajo, la fecha del evento dañoso; b) Si el accidente o enfermedad profesional provocan la muerte del trabajador, la fecha del deceso; c) De tratarse de una enfermedad profesional o accidente, la toma de conocimiento de la exteriorización del daño sufrido por la víctima.
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Alfredo Alejo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-04

El hecho de que el interno se hubiera ausentado por treinta minutos a diez cuadras del domicilio de trabajo no puede ser considerado como una falta grave que conlleve, sin más, la revocación del régimen de salidas transitorias, máxime cuando el propio empleador justificó su ausencia en virtud de estar cumpliendo una demanda que su actividad le requería. (Dres. Hornos, Diez Ojeda y González Palazzo).
AFIP DGI, sanciones administrativas, clausura del establecimiento, condonación de sanciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Daman Sociedad Anónima s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

Se encuentran reunidas las condiciones que hacen procedente la condonación (art. 1° del decreto 493/95 y art. 5°, párrafo cuarto, de la resolución general 4065 de la DGI.) en el caso en que la actora fue sancionada por haberse comprobado que había empleado un método incorrecto para facturar y registrar sus operaciones y, ante la imposibilidad de retrotraer la operatoria realizada, es evidente que se trata de una infracción insusceptible de ser subsanada con posterioridad, máxime tratándose de un hecho anterior al 31 de julio de 1995.
Recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ponte Fernando José y otro c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Ejecución de honorarios H.M.J.del V. c/ F.V.I. s/ Reconocimiento de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09|1995-08-24

La previsión del art. 253 del C.P.C. se circunscribe a las impugnaciones vinculadas con los vicios procesales que afectaren a la resolución judicial en sí misma. De tal modo, la supuesta nulidad por vicios anteriores a ella debe ser introducida en la instancia en que se han producido, por medio del incidente correspondiente y dentro del plazo hábil.