marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL
Carátula: B. c/ C. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-13

Si la accionante ha ingresado la tasa judicial correspondiente al cincuenta por ciento de los bienes integrantes de la sociedad conyugal, la circunstancia de que se intime al demandado para que abone la tasa de justicia faltante por el cincuenta por ciento de los bienes que integran la sociedad conyugal, no implica desconocer la solidaridad frente al Fisco.-
Competencia, cuestiones de competencia, declaración de oficio, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q, E.A. y B, J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Aires s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-21

Se equivoca el Sentenciante al omitir declararse incompetente en razón de la materia para entender en estos actuados, y girar la causa a la Justicia de Faltas a los efectos legales pertinentes.

No obstante, advertida esta circunstancia por esta Cámara, corresponde a la misma declarar de oficio la incompetencia según lo dispone el artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación, aplicable supletoriamente en este Fuero conforme lo establece el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Partidos políticos, elecciones, votantes
Materia: POLITICO Y ELECTORAL
Carátula: Ríos, Antonio Jesús. s/ Oficialización  canditura  Diputado  Nacional  -  Distrito Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Los partidos políticos desarrollan la conciencia política de los electores y exponen con mayor transparencia las alternativas políticas, objetivos y medios. De lo contrario, los ciudadanos no podrían conocer con precisión qué perfil ideológico distingue a los diversos postulantes. El partido político, a través de la prédica de sus propósitos, plataformas electorales, estatuto de la regulación interna, definición de objetivos y la demostración de su idoneidad para alcanzarlos, y la concordancia entre palabras y hechos, ofrece pautas orientadoras para los electores, que pueden comprobarse por los antecedentes del partido en los distintos aspectos de la vida pública, en su actividad política y en la labor administrativa.
Marcas, usurpación, daños y perjuicios, monto de la indemnización, oportunidad procesal, defecto legal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Obiter dicta, la indeterminación del monto reclamado en demandas de resarcimiento de infracciones marcarias no genera, como regla general el derecho a articular la defensa prevista en el art. 347, inc. 5 del código procesal. Se trata de un supuesto en el que la exigencia contenida en el art. 330, inc. 6, 2 par. del código citado, debe ser morigerada, por lo que basta al actor, en su caso, que indique únicamente la cosa demandada, pues tal precisión no se vincula ya con el monto del reclamo, sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud conforme lo impone el inc. 3 de esa misma disposición ritual.
Recurso extraordinario federal, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Morgante, Ana Maria c/ Jhonmic S.A. s/ Incidente S/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-06

La cuestión federal, base del recurso extraordinario, debe introducirse idóneamente en la primera ocasión posible que brinde el procedimiento, a fin de que los Jueces de la causa puedan tratarla y resolverla, pues tanto la admisión como el rechazo de las pretensiones de las partes son eventos previsibles que obligan a plantear en su momento las defensas a que hubiera lugar (cf CS, Fallos 302:194, 656, 705; 308:736). Tal oportunidad es, en principio, la primera que el procedimiento brinda y el respectivo planteamiento debe hacerse de manera que los Jueces de la causa puedan considerar y resolver la cuestión federal que en juicio se halle involucrada (cf Fallos 257:270; 265:186). Por regla general ese momento es el que se concreta al trabarse la litis en Primera Instancia; excepcionalmente en ocasión posterior, pero siempre en la primera posible en el curso del procedimiento (cf Fallos 257:169; 261:199; 266:275; Morello, A. M., "El Recurso Extraordinario", Ed. Abeledo Perrot - Librería Editora Platense 1999, p. 240). (Voto del Dr. Apcarian, Dras. Zaratiegui y Piccinini sin disidencia)
Procedimiento aduanero, ofrecimiento de la prueba, oportunidad procesal, caducidad
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Antonio María Delfino Sanyc -T.F. 7808-A c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Es conjuntamente con el escrito de interposición del recurso o demanda la etapa procesal oportuna en la que el actor debe ofrecer toda la prueba ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1151 del C.A. y 19 del reglamento de Procedimiento del T.F.N.). El no ofrecerla en dicha oportunidad impide hacerlo en el futuro, porque la regla de que a las partes incumbe urgir para que la prueba se produzca dentro del término respectivo, no queda abolida por el art.

1143 del Código Aduanero. (Consid. 3º).
Falta de denuncia de domicilio, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Papaleo, Lidia Elba c/ Graiver, María del Sol y Otro s/ Autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-21

Corresponde dejar sin efecto la providencia que ante la omisión de constituir domicilio electrónico, tuvo al recurrente por notificado de la sentencia de la Corte por ministerio de ley, pues conforme el art. 41, primer párrafo del CPCCN - al que remite la Acordada 31/2011 -, se trata de uno de los dos únicos supuestos excluidos de ese modo de notificación."
Requisa personal, comercialización ilegal de estupefacientes, portación de armas
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Marco Sebastián c/  s/ robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-21

Corresponde desechar el planteo de nulidad del procedimiento de detención, y la posterior requisa y secuestro llevado a cabo en las actuaciones, puesto que de las constancias surge que el móvil policial concurrió al lugar del hecho alertado por el posible comercio de estupefacientes, no así en la búsqueda del imputado, y que el oficial interviniente procedió a la detención y requisa del imputado de manera regular, mediante un cacheo para desechar la posible portación de armas y, luego de que esa diligencia arrojara resultado negativo y al encontrarse ya resguardada la seguridad de los efectivos intervinientes y aun de los transeúntes, procedió a requisar la bolsa que el individuo llevaba consigo y que dejó caer, decisión que era perfectamente coherente al haber sido convocado ante el presunto tráfico de estupefacientes. Carece de lógica además pretender que el preventor pudiera priorizar la convocatoria a los testigos de actas de manera previa a verificar no solo su efectiva necesidad sino, más importante aun, realizar un cacheo y posterior requisa tendiente a paliar la posible utilización de armas por parte de la persona sospechada (voto del juez Morin al que adhirieron los jueces Días y Sarrabayrouse).
Protección a la familia, restitución de menores
Materia: CIVIL
Carátula: M., A. A. y otros c/  s/ medida de protección (digital)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-07-26

Conforme al art. 57 inc. e) de Ley provincial N° 9861, la medida de protección excepcional (MPE) siempre está destinada a garantizar la pronta restitución del niño o adolescente a su familia de origen a través de un plan de acción, y no es una medida sustitutiva del grupo familiar de origen, por lo que debe ser adoptada luego de haberse agotado las instancias para la incorporación dentro de la familia extensa.
Separación de hecho, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: H., A.M. c/ C.V., J.A. s/ Ordinario -Divorcio Vincular-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-14

Del juego armónico de los artículos 198, 201 y 210 y concs. del Código Civil, normativamente para que cese el deber en cuestión (deber de fidelidad) resulta indispensable, al menos, la sentencia judicial que decreta la separación personal. De ello se sigue, entonces, que la separación de hecho de los esposos, sea cual fuere la intención de alguno de ellos, no es suficiente para la dispensa alegada.
Malversación de caudales públicos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: MARIN, Omar s/ MALVERSACION DE CAUDALES Y SUPRESION DE CORRESPONDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

Para determinar la tipicidad penal de una conducta, habrá que averiguar, además de su adecuación objetiva y subjetiva a la norma, si está afectado el bien jurídico, habida cuenta de la función garantizadora o limitadora que éste desempeña para reducir a sus debidos límites la materia de prohibición.

El objeto específico de protección de las normas contenidas en el capítulo referido a las malversaciones consiste en proteger la normal y regular actividad patrimonial de la administración pública.
Contratos comerciales, resolución del contrato, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHIROU HERMANOS Y COMPAÑIA c/ FRIGORIFICO REGIONAL FRIAR SOCIEDAD ANONIMA s/ CONTRATOS: RESOLUCION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-10

Para el ejercicio de la facultad resolutoria el acreedor no necesita formular la interpelación que prevé el Código de Comercio:

216 y el Código Civil: 1204, ya que si la intimidación de cumplimiento y la consiguiente concesión de plazo de gracia fueran presupuestos esenciales del ejercicio de la pretensión resolutoria por vía judicial, ésta quedaría sin sentido, puesto que tendería a provocar una resolución operada "ministerio legis" en cuanto habrían quedado resueltas sin más las obligaciones emergentes del contrato.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañía Financiera SIC S.A. s/ Pedido de quiebra. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

La decisión que ordena la suspensión de la realización de los bienes de la fallida conforme lo dispone el art.101 de la ley 19551 no tiene carácter definitivo en los términos de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional - Ministerio de Economía - Secretaría de Energía  y Minería c/ Provincia de Misiones y Electricidad de Misiones Sociedad   Anónima (E.M.S.A.) s/ nulidad e inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

Como resulta de su naturaleza, las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.
Sentencias contradictorias, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: DOLEATO JUAN TOMAS Y OTRO c/ ESTACION DE SERVICIO "EL SIMBOLAR",   DE HECTOR ROBERTO DAPELLO Y/O PROPIETARIOS s/ JORNALES IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-01

La tacha de sentencia contradictoria se encuentra abonada por el hecho de que el Tribunal considera improcedente la percepción, por parte de los actores, de los salarios caídos durante el tiempo de la suspensión.
Acción de amparo, omisiones administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La omisión denunciada de aplicar al actor el decreto n° 282/96 no aparece como manifiestamente ilegítima o arbitraria, requisito básico para la procedencia del amparo (art.43 CN; art.14 CCBA y art.1° de la ley 16.986). (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Responsabilidad del Estado, policía federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Sayago  Horacio  Adrián  y  otro c/ EN  -PFA y Otro s/ Daños yPerjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-11

Es suficiente que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el acto dañoso para que surja la responsabilidad del Estado, toda vez que el hecho no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma y, en tal sentido, se observa que la función guardó conexidad con el hecho dañoso (Fallos: 327:5295 y 317:1006) (Del voto del juez Grecco, cons. 3).
Recurso extraordinario federal, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Defensor Oficial Fuero Universal Nº 1 de la Segunda Circ. Jud. Dr. Ricardo S.B. Forés p/ Carlos Fructuoso Márquez s/ Recurso de Casación en "Expte. Nº 204/07 - Márquez, Carlos Fructuoso S/ Abuso Sexual."
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2010-04-19

El recurso extraordinario federal resulta inadmisible pues el mismo no es autosuficiente dado que no ha atacado ni rebatido debidamente los argumentos recurridos, ni ha demostrado en forma concreta y específica la o las normas federales supuestamente violadas o erróneamente aplicadas por la sentencia de grado, condición indispensable para habilitar la instancia extraordinaria.
Defensa del consumidor, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Líneas Aéreas Privadas Arg. S.A. c/ Sec. de Comercio e Inversiones Disp.DNCI 328/98
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-03

En relación a la legitimación para accionar, el art. 55 de la ley, le atribuye a las asociaciones de usuarios, cuando resulten objetivamente afectados o amenazados los intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en el párrafo 2º del art. 58. (Consid. III).
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, jubilaciones, extinción del derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BOZZONI, LUIS JOSE RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 108-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-23

Si el recurrente tuvo dudas sobre el alcance de lo resuelto por el Tribunal al disponer la suspensión de los efectos del acto administrativo que había declarado caduco el beneficio previsional, o si consideró omitido algún aspecto de su petición, hubo de valerse de la pertinente aclaratoria, en lugar de intentar mediante la formulación de un pedido posterior, una orden de pago de retroactividades.
Sentencia absolutoria, fundamentación de sentencias, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Moringa, Juan Alberto; Metrevich, Eduardo Daniel y Jara, Claudia Carolina s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

La carencia de prueba concluyente, que conduce a la ausencia de certeza apodíctica acerca de la participación de los acusados en la empresa delictiva investigada, torna incuestionable el temperamento liberatorio, sin que las argumentaciones del fiscal no logren conmover tal solución. La disidencia sostuvo que no cabe la retrogradación de los procedimientos por vía de un recurso articulado por la acusación contra la sentencia absolutoria que obedeció exclusivamente a errores o vicios no atribuibles a la defensa, por entender prelucidas a favor del imputado, ajeno a dicha frustración, la totalidad de las etapas que transitó el juicio. (Dres. Rodríguez Basavilbaso -en disidencia-, Fégoli y Madueño).
Nulidad de la notificación, curatela
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Coronel, Juan Domingo y Otros c/ Agüero, Ramona  Aureliana s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-11-27

La omisión de notificar la demanda al codemandado declarado incapaz -que debe tenerse por configurada porque la notificación se cursó a su curador en su carácter de codemandado pero no en el de representante de la persona declarada incapaz-, lo cual determinó la ausencia de comparecencia del curador y del Ministerio Pupilar y la falta de contestación de la demanda como representantes legales del incapaz, constituye un supuesto expresamente sancionado por la nulidad por el Código Civil (cfr. arts. 59, 494, 1038 y 1041 del Código Civil).
Incidentes, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Distefano, Graciela M. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-23

A diferencia de otras normas procesales donde expresamente el legislador instaló la carga de determinado acto procesal en cabeza de alguna de las partes (arts. 354, 375, 381, 432, 461 y 547, entre otros), en el caso del ya citado art. 69 párrafo segundo nada se dice al respecto, por lo que de una recta y razonable interpretación de la norma no puede inferirse que ésta exija al incidentista que peticione la determinación de las costas, y menos aún que al no hacerlo cobre operatividad la prohibición allí dispuesta. (Minoría u opinión personal)
Juicio por jurados, juicio por jurados populares, prueba, informe in voce, audiencia, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S.E.R.  c/  s/ femicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-24

En la integración del jurado en el proceso de la audiencia de voir dire (-decir en voz alta- allí a los jurados se le formulan preguntas con el fin de establecer si pueden asumir la función de juezas y jueza; Schivano, Nicolás. El juicio por jurados, página 281. Ed. Hammurabi, CABA 2016). En esa actividad, le corresponde a la parte establecer la existencia de un interés en el caso, si tiene algún sesgo o prejuicio. Esa tarea, no se logra con solo establecer que el jurado vive en Catriel o que tuvo un acceso general a las noticias que circularon del caso. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, obligaciones en moneda extranjera, bonos externos
Materia: PROCESAL
Carátula: CERROTTA NORBERTO A. Y OTROS c/ LANTERI HECTOR A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

Es innecesario acompañar el título ejecutivo que organiza el art.

4 de la ley 21.309, si la acción fue promovida con la cotización de bonos externos -serie 1984-, conforme el valor dólar estadounidense del día 10 de abril de 1989. Con éste dato y los términos del mutuo surge la liquidez del crédito, ya que para ello basta una simple operación aritmética en torno al rubro capital actualizado.
Concursos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Distribuidora Flopy de Rosana Nicolini y Carlos Daniel Nicolini sociedad de hecho s/ Pequeño concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-29

La determinación del punto de conexión sede de la sociedad y/o lugar de explotación, atributivo de la competencia territorial para conocer en el concurso de una sociedad no constituída regularmente, debe establecerse para el caso no sólo en función de lo que los socios han estipulado en el plano convencional, sino atendiendo esencialmente a la realidad del giro del negocio. En función de lo dicho, es un factor de gran importancia permite definir la cuestión; el hecho de que, la totalidad de las facturas, remitos, notas de crédito y demás documentación atinente a las obligaciones que conformarían el pasivo concursal consignan, como domicilio de la deudora una misma dirección emplazada en esta jurisdicción, lo cual no representa un dato menor; refleja, por un lado, que precisamente ése era el sitio considerado por los acreedores como domicilio del deudor y por ende, cabe colegir, en él los primeros han centrado las expectativas de cobro de sus créditos, siendo que en principio deberían acudir a la jurisdicción que lo cobija para ejercer jurisdiccionalmente sus derechos (conf. art. 5 inc. 3, CPCC). Por el otro, permite también suponer ante la falta de prueba en contrario que en ese domicilio se registraban también las operaciones comerciales, pues cabe inferir que a él se cursaba tanto la mercadería cuanto la documentación respectiva.
Impuestos, impuesto a la ganancia mínima presunta, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Unión  Geofísica  Argentina  S.A. c/ EN - AFIP - DGI (Ag 50) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

Con la provisoriedad propia de todo despacho cautelar, no resultaría, en principio, aplicable el temperamento adoptado por esta sala respecto a una pretensión que cuestionaba los anticipos del impuesto a la ganancia mínima presunta, cuyos resultados debían examinarse a la luz del período fiscal en curso, que se refleja en el balance a presentarse el año próximo (conf. esta sala in re ¨Guilford Argentina S.A. -inc. med (25-X-10) c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva", causa N° 47.595/2010 del 15/3/11).
Cuestiones de competencia, falta de tribunal superior común, competencia de la Corte Suprema, facultades del juez, facultades conminatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Superior Tribunal de  Justicia  de  la  Provincia de Formosa s/ susolicitud en  autos: Dres. Carlos Gerardo González, Mariano Francoy  Rubén Spessot s/ sumario administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

En ejercicio de la jurisdicción que le confiere el art. 24, inc.

7°, del decreto - ley 1285/58, la Corte Suprema puede disponer las medidas pertinentes, incluso de carácter conminatorio.
Impuesto a las ganancias, contadores públicos, sociedades comerciales, interpretación de la ley, categorización de contribuyentes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Paracha, Jorge Daniel c/ DGI s/ recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-02

Cabe revocar la decisión que dejó sin efecto la resolución por medio de la cual la AFIP determinó de oficio la obligación tributaria del actor -contador público- en el impuesto a las ganancias, liquidó intereses resarcitorios y y le aplicó una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683, pues las rentas en cuestión provienen de una sociedad civil comprendida en el inciso b del artículo 49 de la ley 20.268 y, por ello, están alcanzadas por la tercera categoría, siendo los ingresos obtenidos por aquél -en carácter de socio de una sociedad civil- no una contraprestación directa por el desarrollo de manera personal de su actividad profesional, sino que derivan de su participación en una sociedad, lo que en los términos de tal normativa determina la categoría de la renta, dado que los ingresos no provienen -o al menos, no provienen solamente- del ejercicio de una actividad profesional, sino de la organización de un conjunto de factores productivos -entre ellos, el trabajo de otros profesionales que se desempeñan en relación de dependencia-, que dirige el actor junto con los restantes socios, reflejando que la fuente de las ganancias es una conjunción del capital y el trabajo, lo que es propio de la tercera categoría prevista por la ley 20.628. -Disidencia de la jueza Highton de Nolasco. Del dictamen de la Procuración General al que se remite-.