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Hábeas data, oportunidad procesal, representación legal, legitimación procesal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Aunque en el escrito de interposición del habeas data no se haya justificado la representación, si la beneficiaria intervino con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva que la incluyó en su parte dispositiva, con el objeto de impugnarla, y se ha concedido a su favor la apelación federal por ella interpuesta, ha mediado una resolución implícita favorable al reconocimiento de su legitimación (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Suspensión del acto administrativo, facultades del juez, presunción de legitimidad, medidas cautelares, procedimiento administrativo, verosimilitud del derecho invocado, contracautela, peligro en la demora, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Uslenghi Figueroa Carlos Reinaldo c/ Muñiz Virginia Inés s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres. Expte. N° 5326/21
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-05-15

Corresponde a los jueces decretar como medida cautelar la suspensión de los efectos de los actos administrativos cuando se cumplan los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora, contracautela y que no impida prestación de funciones o servicios públicos, debiendo aplicarse restrictivamente por cuanto importa una limitación a la presunción de legitimidad de los actos administrativos, a la ejecutoriedad y al carácter no suspensivo de la impugnación judicial.
Lesión subjetiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Huérfano el proceso de toda prueba asertiva sobre el estado objetivo de la lesión, no cabe presumir la existencia de explotación, ni mucho menor del estado de inferioridad el que, aún cuando hubiera resultado acreditado, no mejoraría la suerte de este juicio ante la ausencia de toda prueba sobre la notoria desproporción entre el precio convenido y el valor real de la propiedad a la fecha del negocio jurídico impugnado, como asimismo de la subsistencia de esa pretendida desproporción a la fecha de la demanda.-
Costas, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Rico, Adriana Scuccimarra de c/ Meitar Aparatos S.A. y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ Nº 60- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

Si el resultado global del pleito no fue -ni siquiera en mínima parte- favorable a los demandados (ninguna de cuyas defensas fue acogida y teniendo en cuenta que "vencida", es la parte en contra de la cual se declara un derecho o se dicta la decisión judicial, es forzoso afirmar que en el caso de Alzada no pudo invocar el canon del artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial e imponer las costas como lo hizo en atención al referido "éxito obtenido", toda vez que, no concurriendo los presupuestos necesarios para el funcionamiento aquél, era insoslayable la pauta objetiva del artículo 251 del mismo código -según la cual "la parte vencida será siempre condenada a pagar las costas del juicio"-.
Resistencia a la autoridad, tenencia de armas, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Ardiles Anibal Gabriel s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-03

Debe reputarse resistencia típica (art. 239 del CP) la intimidación -o coerción moral (vis relativa)- que, como en la especie, importa el huir y apuntar contra los funcionarios, sin perjuicio de que no se haya acreditado pericialmente la calidad técnica del arma del objeto blandido, toda vez que la conducta posee la virtualidad de afectar el ámbito psicológico del servidor público (por miedo o justo temor) y comprometer su voluntad en el cumplimiento de un acto de autoridad. Corresponde el reenvío para el decisorio de una nueva pena y con el fin de preservar el derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial, cabe que sea un nuevo órgano el encargado de imponerla. La disidencia parcial expresó que resultaba acertada la calificación legal escogida por el a quo -art. 189 bis, inciso 2º, párrafo 2º del CP- en tanto se acreditó que el imputado tenía en su poder un revólver calibre 38, sin autorización legal para ello, resultando irrelevante la falta de peritación de los proyectiles, y que el error de prohibición debía ser rechazado ya que el alegado desconocimiento por parte del encausado sobre la categoría del arma que tenía, resultaba producto de su propio desinterés por conocer el verdadero alcance de su conducta jurídica. Agregó que se encontraba acreditada la configuración del delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del CP en tanto quedó comprobado que el imputado, tras advertir la presencia de los preventores que querían detenerlo se opuso a su detención no sólo mediante la fuga sino, también, apuntando con el arma. Con respecto a la fundamentación de la pena consideró que había mediado una doble ponderación de circunstancias que conforman el tipo penal, al valorar elementos propios del delito de resistencia a la autoridad y que correspondía al tribunal de origen intervenir a fin de efectuar una nueva fundamentación y fijar una nueva pena. La otra disidencia parcial -si bien coincidió con la mayoría en que correspondía anular la determinación de la pena y apartar a los magistrados intervinientes y remitir la causa a la oficina de sorteos para que desinsacule los nuevos integrantes que, previa audiencia con las partes, emitan un nuevo pronunciamiento- consideró que correspondía absolver al encausado del delito de tenencia de arma por violación al principio de congruencia y por ausencia de pruebas de cargo -falta de peritaje de los proyectiles incautados para determinar si nos encontramos ante un arma propiamente dicha- y en consecuencia, del delito de resistencia a la autoridad en tanto al no haberse determinado si el elemento que portaba el imputado reunía las características de un "arma", no podía tenerse por acreditado el medio violento requerido por la figura penal en cuestión.
Armas, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ECHEVERRIA, Carlos Alberto - MILAN SOUZA, Gastón Eladio s/ Robo calificado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

Ninguno de los testigos que asevera el empleo de las armas dice que no tuvieran la aptitud que les es propia por naturaleza y basta leer los relatos para advertir tal circunstancia. La situación es notoriamente diferente cuando, secuestrada el o las armas, un informe pericial prueba deficiencias de funcionamiento que demuestran objetivamente la falta de aptitud para el disparo.

Dejar librado a meras conjeturas y a la buena imaginación de la defensa un eventual defecto de funcionamiento, sin otro real asidero, importa una apertura indebida a la fantasía defensiva.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Horacio c/ Devoto de Ortíz, Basualdo María Teresa s/ Indemnización art. 1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Incurre en absurdo el fallo que omite la valoración de prueba esencial incorporada al proceso.
Dirigente gremial, duración del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: GODOY HUGO ALBERTO c/ LITORAL CITRUS S.A. s/ SUMARISIMO DE REINSTALACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-07

El dirigente sindical goza de una garantía pero no de un privilegio y si todos sus representados fueron suspendidos -según expreso reconocimiento al absolver posiciones- por terminación de la zafra, no se trata de una medida discriminatoria, persecutoria o de represalia, sino de una suspensión general a todos los trabajadores temporarios por terminación de zafra, razón por la cual, al no ser una medida tan sólo dirigida al delegado, se hace innecesaria la acción judicial previa que pretende el recurrente.
Acción de revisión, inadmisibilidad del recurso, carácter taxativo, interpretación restrictiva, delitos, pena, graduación de la pena, inhabilitación especial, defensa en juicio, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDOZA, NICOLAS MANUEL c/  s/ REVISION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-04-30

El recurrente postula que la Alzada, al modificar la forma de concurrencia de los diferentes resultados culposos -homicidio y lesiones- y disponerla en los términos del concurso ideal, si bien adecuó el monto y modalidad de la pena de prisión, mantuvo la pena de inhabilitación especial, pese a que su duración excedía el límite máximo legal de acuerdo al nuevo encuadre legal. Y así las cosas, se advierte fácilmente que tales elementos con base en los cuales funda su planteo revisionista respecto a la determinación de la pena de inhabilitación, no encuadran en ninguno de los tres primeros supuestos descriptos en el artículo 409 del Código Procesal Penal, ni resultan novedosos en los términos exigidos en el inciso 4 del artículo citado; sino que por el contrario, se trata de cuestionamientos -por los que se invoca afectación de los principios de legalidad, debido proceso, culpabilidad e igualdad- que perfectamente pudieron haberse esgrimido en el momento procesal oportuno -al ponerse en conocimiento lo resuelto por la Alzada en audiencia a la que concurrió tanto el imputado como sus dos defensores-; lo que impide superar el valladar formal a la revisión de la cosa juzgada, imponiéndose el rechazo del mismo. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Spuler y Netri). En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 282, p 348.
Pago, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: MORON, ELSA NELLY c/ E.N.  (PREFECTURA NAVAL ARGENTINA) s/ PENSION MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

El pago en sentido técnico - cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación (art. 725 C.C. - se configura en el momento en que el acreedor esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de lo debido, para lo que se requiere que, previamente, se haga saber que los fondos están a su disposición.
Seguros, asegurador, pago, buena fe
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.C.S.L. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-13

El asegurador no puede alegar la posible existencia de otros beneficiarios, porque si bien se le puede notificar la designación con posterioridad al evento (art. 46 2da. parte) paga bien si al momento del pago lo ignoraba"..."queda suficientemente protegido con la validez del pago hecho de buena fe a quien el conocía como titular del derecho al capital (arts. 731 y ss. C.C.).
Honorarios del abogado, renuncia anticipada, regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: CALVO, FRANCISCO c/ RETAM SOC. DE HECHO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

Aún cuando un juicio tenga por objeto la disolución de una sociedad de hecho, de ello no puede concluirse que exista monto del proceso en los términos de los arts. 6-A) y 19 de la ley de arancel. Por ello, es que a los fines de regular los emolumentos correspondientes a los profesionales intervinientes en el proceso, se debe tener en consideración un pie regulatorio que se adecue a las circunstancias del caso concreto y aplicarse un cierto objetivo, no susceptible de apreciación pecuniaria en los términos del art 6-a) ley citada, sin perjuicio de lo que cuadre evaluar de las peculiaridades del caso concreto -como dato referencial- en orden a lo dispuesto en los incisos b) a f) de la referida norma legal.(En el caso, a fin de regular los trabajos realizados por el ex letrado apoderado del ente societario accionado hasta su renuncia, y ponderando que no se dicto sentencia, procede aplicar la ley 21839: 20 y 48-párr. 2 , que dispone que la regulación se hará en función del mínimo que pudiere corresponder al profesional que cese. Sin embargo, para dicha regulación no procede atenerse a parámetros exclusivamente matemáticos, sino que por su mismo carácter -provisorio- corresponde una valoración prudencial de las pautas articuladas en el ordenamiento, en donde el arbitrio judicial goza de un ancho margen de apreciación, asegurando a los profesionales un mínimo que retribuya razonablemente las tareas cumplidas hasta el momento en que se alejan del proceso).
Alimentos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., H. c/ R., C. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Habiéndose dictado sentencia de divorcio vincular por la causal objetiva prevista por el art. 214 inc. 2º con los efectos previstos por los arts. 217, 218 y 236 del C.C., no era suficiente con la demostración del vínculo y el caudal del alimentante, sino que debieron acreditarse los extremos previstos en el art. 209 C.C..
Incidente de caducidad, costas, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: PINTO MARIA CONCEPCION c/ CARLOS I. MARINERO Y OTRO s/ MEDIDA PREPARATORIA-HOY ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-01

Aún cuando se haya dispuesto que la perención de la segunda instancia (computando el plazo desde la fecha en que se dedujo la apelación), es un caso novedoso, no es menos cierto que la situación ocurrida se produjo por la exclusiva actitud del apelante, quien debe cargar con las costas.
Modificación de la cosa juzgada, aprobación de la liquidación, lucro cesante, indemnización, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARIZIO BRUNO VIVIANA INES C/ RON, LILIA MABEL S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

Procede modificar la resolución en la que el juez de grado aprobó, en lo sustancial, la liquidación practicada por la perito liquidadora designada disponiendo la modificación de los rubros "valor llave" y "notebook". El valor llave, o avviamiento, es un elemento del fondo de comercio estrechamente unido al mismo, y derivado de la organización de los elementos de que él está constituido, y sobre los cuales se funda la esperanza y posibilidad de lucro futuro (v. Vítolo, Daniel Roque; "Manual de Derecho Comercial", pág. 225, año 2016). Y si bien, en el caso, no estamos ante la transferencia de un fondo de comercio, la estimación histórica del valor llave es una variable más a tomar en cuenta para poder fijar el precio de la indemnización por el equivalente de la mitad del valor que la sociedad hoy disuelta tuvo en un tiempo determinado. No obstante ello, juzga esta Sala que no debió prescindirse del dictamen de liquidación. Pues la falta de certeza o carencia de documentación sustentatoria no puede ser impedimento para aprobar las cuentas que el perito designado para liquidar en la etapa de ejecución de sentencia hizo en reemplazo de las partes (conf. arg. esta Sala, "Resguardo CiaArg. de Seguros S/ Liquidación Forzosa S/ Devolución de Compañía S/ Incidente de Ejecución de Sentencia", del 28/06/19). La discusión en torno al valor del 50% de la sociedad disuelta quedó sometida al juicio de un perito liquidador designado para la valuación de la empresa. Y si bien en la sentencia definitiva no se lo aclaró expresamente, esa delegación se dispuso en los términos del CPR 516. Dicho eso, y por expresa disposición del CPR 773, cabe entender que debe aplicarse al caso las reglas de la pericia arbitral. En base a ello, entiende esta Sala que no cupo al juez de grado apartarse sin razón fundada alguna de las cuentas brindadas por el perito designado en esta etapa de ejecución de sentencia.
Proceso contravencional, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: De los Santos, Mirta s/ nfr. art. 83, ley 1472 - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-28

El requerimiento de elevación a juicio es una mera hipótesis basada en pruebas no definitivas emergentes de una investigación preparatoria prácticamente unilateral y que por lo tanto deberá ser sometida a comprobación en el debate, tras las sustanciación del debido proceso, con la incorporación definitiva de los elementos de cargo y descargo ante el tribunal y con la activa participación de la defensa. En tales condiciones, no puede considerarse válidamente que con dicho acto que sólo importa formular la pretensión, el titular de la acción ha renunciado al resto de los aspectos que caracterizan su ejercicio, como el impulso, la delimitación de los hechos, aporte de pruebas, la determinación del thema decidendum y la disponibilidad. (Luis Jorge Cevasco, "Procedimiento Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Ed. Fabián Di Plácido, Buenos Aires, 2000, pág. 95).
Recurso de queja (procesal), coronavirus, prisión domiciliaria
Materia: PENAL
Carátula: Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa nº 102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada nº 102.558 habeas corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal- c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-05-05

Corresponde declarar admisible el recurso de queja, conceder el recurso de inaplicabilidad de la ley articulado y suspender los efectos de la sentencia que beneficia con prisión domiciliaria a los detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus, toda vez que el quejoso ha demostrado cabalmente que no se ha dado respuesta idónea al postulado de equiparación a definitiva del fallo que clausura la discusión jurídica de lo debatido y tampoco se ha expedido sobre la existencia de una situación de gravedad institucional que permitiera excepcionar el recaudo de la inexistencia de sentencia definitiva, dichos déficits repercuten en la estructura de la motivación del auto que declarara la inadmisibilidad.
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Moraez o Moraes, José s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-09-15

No puede escaparse a nadie que en principio, el uso normal de una pala, no puede reputarse como el uso de una cosa riesgosa, de allí que si se pretende que un elemento o herramienta normalmente exenta de riesgo por sus condiciones propias, ha pasado a constituirse en un objeto riesgoso o vicioso, forzoso será que se individualice perfectamente en qué consiste ese vicio o riesgo que modifica su condición habitual, y al cual se atribuye ser la causa eficiente del daño.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, monto de la indemnización, lucro cesante, fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Intermares  S.A. c/ Transportes Mesina s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-22

Entre los fundamentos dados por la mayoría en el plenario "Cinefot S.A. c/Aerolíneas Argentinas s/Cobro de Pesos"y "Cortefilms Argentina S.A. c/Aerolíneas Argentinas s/Cobro de Pesos",del 27 de mayo de 1988,se dijo;"se debe tener presente que nos hallamos en presencia de una relación contractual de transporte, cuyas obligaciones están sujetas a reglas propias que excluyen la aplicación de otros dispositivos que atienden a realidades distintas" "...recordamos que en esta materia del transporte y en supuesto de pérdidas de mercadería, la obligación del transportista incumplidor se circunscribe al valor de los efectos no entregados, circunstancia que excluye, como principio, el resarcimiento de otros pretendidos daños..." Y en la causa 3239 del 29-11-85 esta Sala,específicamente con relación al lucro cesante expresó que de acuerdo con la doctrina que en materia de transporte de cosas, el Código de Comercio (en el citado art. 179) se aparta del régimen seguido por el Código Civil en cuanto a la indemnización del daño contractual y adopta al respecto el criterio objetivo,determinado por el valor que las cosas averiadas o no entregadas, tendrían en el tiempo y lugar de la entrega, con lo cual prescinde de la situación personal del acreedor, de otro daño emergente y del lucro cesante salvo dolo o culpa grave.-
Proceso penal, recurso de casación, sana crítica racional
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. Á. c/  s/ por homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio - recurso de casación con preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-31

La obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito, entre otras cosas, tomar en consideración todas las pruebas fundamentales incorporadas al juicio (este Tribunal, Sala II, fallo 398, asiento 1411, libro 03R-2017; entre otros). Cuando de forma arbitraria el Tribunal excluye una prueba decisiva, deja de considerarla o prescinde ilegítimamente de uno de los elementos que tiene el deber de valorar, la sentencia será nula conforme lo señala el art. 488 inc. "c" del C.P.P. Es por ello que la superación de dudas en un juicio oral, debe ser la expresión de una consideración racional de las pruebas que explique de qué modo pudieron ser disipadas las dudas y cómo se llega a la convicción de culpabilidad del imputado. Por lo tanto, para llegar al estado de certeza que se necesita para condenar, el juzgador debe recorrer un camino preestablecido, debe seguir las reglas de la experiencia, la que conoce el hombre común que encuentra sus límites en los conocimientos técnicos especializados; de la psicología, que se da para las relaciones humanas; y las de la lógica de lo que es razonable. Esas son las reglas que debe respetar el juzgador. Esto es lo que se tiene que comprender como una lógica de lo que es aceptable o razonable, comprensible o justificable. Solo la inobservancia de estas pautas de razonabilidad en la formación de convicción se traduce en una violación de las reglas de la sana crítica y del recto entendimiento capaz de afectar el juicio lógico que contiene la sentencia.
Indemnización por accidente de trabajo, bonificación anual por eficiencia, carácter remuneratorio, base indemnizatoria del accidente
Materia: LABORAL
Carátula: BASILIO, SAVINO c/ SEGBA s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

El hecho de que la Bonificación Anual por Eficiencia se haga efectiva anualmente no le quita el carácter remunerativo, art. 103 LCT, como así tampoco carece de tal carácter la compensación a la que se refiere el rubro "22", no requiriendo ni el art. 11 de la ley 9688, ni la doctrina legal emergente del Plenario 243, que se computen únicamente las remuneraciones mensuales, normales y habituales, sino todas las remuneraciones, incluso el Sueldo Anual Complementario, percibidas por el trabajador por todo concepto durante el año anterior a la fecha de consolidación del daño.
Asociaciones sindicales, Estado Provincial, licencia gremial, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) c/ ESTADO PROVINCIAL DE E.R. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-23

El límite de licencia instituído por el Estado Provincial en favor del empleado designado para desempeñar cargos a asistir a asambleas o congresos de las entidades gremiales y de cuyo cuestionamiento la actora no precisa las razones en que sustenta su interpretación - atentar contra el aseguramiento del goce de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los representantes gremiales -, no insinuando siquiera que el plazo total de licencia previsto sea insuficiente ni que ello impida efectiva y concretamente a algún representante gremial el cumplimiento de la función para la que fuera elegido, , y si el monto de dicha licencia no se revela manifiestamente irrazonable, ilegítima y concretamente afectatoria de la garantía constitucional, la acción de amparo articulada no puede prosperar.- .