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Interés superior del niño, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, revocación de sentencia, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y obligaciones de los padres, asistencia psicológica, abogado del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho del menor a ser oído, plan de parentalidad, derecho de comunicación, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-08-09

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el padre de tres adolescentes contra la decisión de la cámara que arbitrariamente revocó la designación del abogado del niño en el marco de un plan de parentalidad que aquél no respetó ante la negativa de sus hijos de volver al domicilio materno lo que motivó una orden judicial de regreso que fue imposible llevar a cabo por la grave crisis nerviosa de los menores al intentar concretarla, pues conforme resulta de toda la prueba producida madre e hijos carecen de contacto siendo indispensable modificar las acciones llevadas a cabo hasta el momento y derivar a un equipo técnico especializado las terapias a realizarse, cuyo objeto principal deberá centrarse en la recomposición de los lazos familiares y concreción de su interés superior garantizando el respeto a los tiempos y opinión de los adolescentes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, responsabilidad civil, daños y perjuicios, relación de causalidad, concausa, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

El agravio invocado por la Provincia en orden a la prescindencia de las reglas basales de responsabilidad del Estado para adjudicarla en supuestos claros de fuerza mayor, se presenta más bien como alegatos propios de las instancias ordinarias sin entidad constitucional que logre demostrar que el Tribunal pudiese haber excedido los límites propios de su labor jurisdiccional, toda vez que en los aparentes agravios constitucionales que intentan perfilar vinculados con el dogmatismo en el análisis probatorio y la valoración irrazonable de las constancias de la causa, los presentantes fallan en clarificar dónde radica la arbitrariedad pretendida, en tanto la Alzada, haciendo suyos los argumentos del Inferior y en ejercicio de funciones propias para la selección y valoración de las pruebas e indicios obrantes en la causa, dio razones fundadas de su decisión, determinando incluso al cuantificar los daños el porcentaje de responsabilidad -en orden a la incidencia de concausas- atribuido al tercero civilmente demandado, conformando un decisorio que no luce disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Acosta)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Genovese, Ricardo Aldo c/ Cinco Vial S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Si bien el recurrente describe diversas hipótesis de arbitrariedades, aquella doctrina atiende solo a supuestos en los que los agravios de la parte recurrente obtengan un tratamiento de extrema gravedad y en los que se evidencie que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de alguna de las soluciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar cualquier pronunciamiento menoscabando de esa manera los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes; por lo que en ese marco, y en honor a la brevedad, el suscripto remite a los fundamentos expuestos en oportunidad de proponer el rechazo de la queja. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Vargas. En disidencia: Dr. Falistocco, Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi)
Proceso penal, derechos y garantías constitucionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia internacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Es obligación de los órganos estatales encargados de la persecución penal y del juzgamiento garantizar un juicio justo (conforme al debido proceso) y en un plazo razonable, resultando indiferente a la situación del encartado las alegaciones que los distintos magistrados intervinientes puedan invocar para justificar una dilación temporal que carece de toda racionalidad y que repugna al más elemental sentido de justicia, debiendo también tener presente que la Corte nacional ha afirmado que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal; y que, ante la ausencia de plazos preestablecidos como indicativos de la duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han expuesto en diversos pronunciamientos ciertos criterios para su determinación y que pueden resumirse en la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, siendo un primer parámetro a tener en cuenta es el plazo de prescripción previsto para el ejercicio de la acción penal, lo que nos puede dar una primera aproximación en situaciones donde los plazos de tramitación están próximos a esos tiempos o excedidos con motivo de interrupciones o suspensiones del curso prescriptivo; en consecuencia, cuando la tramitación del proceso supera holgadamente -por mediar una causal suspensiva de la prescripción de la acción penal o por haberse sucedido a lo largo del tiempo diversos actos procesales con eficacia interruptiva- el término legal de la prescripción de la acción penal estipulado para el delito investigado, existe un indicio claro que obliga a analizar la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. (De los fundamentos del Dr. Erbetta) - C.I.D.H.: Informe 12/96 del 1.03.1996 en el caso "Jorge A. Giménez vs. Argentina"; CSJN: Fallos 272:188; 300:1102; 332:1492. Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, punto 6.1.; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. Nogueira, Juan Martín: "La razonabilidad del tiempo en el proceso penal" en Revista Jurídica de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Número 3, agosto 2018.
Recurso contencioso administrativo, fiscales, vacaciones no gozadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spelta, Adrián Alejandro c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Teniendo presente lo previsto en la ley 10160, respecto a la suspensión del funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial durante todo el mes de enero, sin perjuicio de lo cual los agentes que actúan durante las ferias judiciales acceden a las vacaciones compensatorias correspondientes, y que la compensación de las licencias no gozadas con la percepción de los haberes correspondientes sólo es procedente cuando el agente sea separado de la Administración de Justicia por cualquier causa (derecho al cobro de la parte de licencia proporcional al tiempo trabajado en el año calendario en que se produzca la baja), cuando se produzca el fallecimiento del empleado (sus derecho-habientes percibirán las sumas que pudieran corresponder por licencias no utilizadas) y cuando un agente subrogante finalice su suplencia sin haber hecho uso de la feria (compensación proporcional al tiempo trabajado); resulta evidente que el fiscal recurrente no pudo actuar durante el receso dispuesto en el período reclamado porque se encontraba suspendido, incluso con prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación, y no se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en el reglamento susceptibles de generar el pago de generar el pago de la licencia ordinaria no gozada, por lo que corresponde desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto. - CSJStaFe: Barquín, AyS T 105, p 117. - Ley 10160, artículos 248 y 253; Reglamento de Licencias para el Personal del Personal Judicial, CSJStaFe Acta 19, punto 6, del 1.4.1977.
Derecho laboral, encargados de casas de renta, aplicación de la ley, vivienda, juicio de desalojo, indemnización, despido, imposibilidad de continuar el vínculo, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Crámer 305/315/319/345/355/361/381/391 c/ Ramírez Miguel Ángel s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-09

El daño ocasionado por quien cometió una retención indebida de la vivienda otorgada en forma accesoria al vínculo laboral, que fue rescindido en su oportunidad, y que a partir de ese momento tornó ilegítima la ocupación del inmueble propiedad del consorcio, debe ser resarcido. Al respecto, y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 12.981, el suministro de vivienda es una obligación accesoria y cesa al extinguirse la obligación principal, por cualquier causa. De esta forma, la ley no habilita al trabajador a retener la vivienda siquiera en el caso de una supuesta falta de pago de la indemnización debida. Mucho menos, cuando el trabajador ha sido debidamente intimando por el plazo de 30 días a restituir la vivienda otorgada de acuerdo a la normativa vigente. Así entonces, en tanto el demandado ha ocupado ilegítimamente la vivienda, está obligado a reparar la falta de restitución del inmueble que le fuera oportunamente suministrado, en base a una cuantificación que tenga en cuenta el tiempo que duró la referida ocupación, esto es, desde los 30 días posteriores a la fecha del distracto, y hasta el momento en que se produjo la entrega de las llaves dela unidad, teniendo en cuenta que el demandado no consignó las llaves de la vivienda hasta ese momento, no obstante haber quedado firme el desalojo ordenado en la instancia de grado. Ello así, pues no debe ser consentido un enriquecimiento sin causa por parte del demandado. Cabe modificar la sentencia de primera instancia. (Del voto de la Dra. Ferdman, en mayoría)
Medidas cautelares, entidades deportivas, sociedad anónima, gravamen irreparable, peligro en la demora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación del Fútbol Argentino c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-09-02

Cabe suspender los efectos de los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, y de los arts. 2 y 5 del Dec. Reglamentario 730/2024, en cuanto habilitan la conformación de Sociedades Anónimas Deportivas, brindando un plazo de un año a los clubes para incorporarlas como una posibilidad en sus estatutos, puesto que la modificación impulsada (obligación de incluir una forma societaria hoy prohibida y la imposición de un plazo para la modificación de sus estatutos) urge ser suspendida, dado que resultaría irreparable el daño ocasionado por el transcurso del tiempo desde el inicio de la acción y la sentencia definitiva.
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vallejos Figueroa, Juan Alberto c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Las valoraciones que realiza el A quo en vinculación a lo que califica como graves consecuencias político-criminales, que -a su entender- implicarían hacer lugar a la prescripción de delitos leves, sólo evidencian dogmatismo al sustentarse en difusas especulaciones construidas desde un terreno inferencial y conjetural, al tiempo que no constituye un argumento atendible, en tanto la propia Corte nacional -en un antecedente anterior a la fecha de la resolución aquí impugnada- ha sostenido que tal afirmación olvida que la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por aquel en el ejercicio de sus propias facultades, en el entendimiento de que una exégesis normativa que exceda las posibilidades interpretativas de la cláusula legal en juego no puede ser el medio para evitar la extinción de la acción penal por prescripción en aquellos delitos sancionados con penas leves que, consecuentemente, prevén un plazo menor a los fines de su cómputo. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri y Dra. Gastaldi) CSJN: López, Fallos 34:331.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, indemnización tarifada, indemnización agravada, coronavirus, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Spretz, Rosa Nieves c/ Sánchez y Sánchez S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad (quejas admitidas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

En cuanto a los reproches formulados por la actora vinculados a la omisión de tratamiento de la pretensión de los agravamientos indemnizatorios establecidos en la normativa referida a la situación de emergencia sanitaria Coronavirus COVID 19, atento a lo resuelto en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, resulta inoficioso el abordaje de los mismos. - Jurisprudencia vinculada: Spretz, T. 2024, sentencia nro. 361, sumario J0052921.
Recurso contencioso administrativo, fiscales, feria judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spelta, Adrián Alejandro c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Si bien es cierto que la situación del Fiscal recurrente no es estrictamente equiparable a la de quienes se hallen en goce de licencias extraordinarias (sin goce de sueldo o por enfermedad), también lo es que no existe fundamento alguno para que su situación reciba una solución más favorable en comparación con la de quienes no fueron sancionados, sino que se vieron imposibilitados de prestar funciones en razón de gozar de una licencia otorgada de conformidad con el ordenamiento jurídico; asimismo, el planteo del recurrente parte de la errónea base de considerar que las únicas excepciones a la imposibilidad de compensación de la feria judicial son los casos de licencia por enfermedad o licencia sin goce de haberes, cuando en realidad se trata sólo de dos supuestos especiales contemplados expresamente, cuya previsión despeja cualquier duda que pudiere surgir frente a la coexistencia de dos licencias distintas, de modo que la solución reglamentaria en cuestión no hace más que confirmar la base misma que da sustento a la compensación: haber prestado efectivamente funciones durante la feria judicial -lo cual no hizo el actor al hallarse suspendido-. - Reglamento de Licencias para el Personal del Personal Judicial, artículos 14, 15, 17 y 17 bis.
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, violación, proceso penal, responsabilidad civil, sentencia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

En cuanto a los agravios dirigidos contra la reparación civil, basta con señalar que la descalificación constitucional de la condena penal por violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable impone la anulación de la sentencia estimatoria de la responsabilidad civil del imputado, en tanto el fundamento de la reparación civil radicó -únicamente- en la declaración de responsabilidad penal del encartado; y, siendo en el caso esta consecuencia directa y necesaria trazada por la Cámara, esto es, que determinada la responsabilidad penal le sigue de manera inexorable la responsabilidad civil, carece de la motivación suficiente en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, debiendo el subrogante legal analizar de manera suficiente nuevamente los presupuestos de la faz civil conforme los hechos y el derecho aplicable al caso. (De los fundamentos del Dr. Erbetta).
Acción de amparo, acciones de clase, funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, impuesto a las ganancias, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación y otro c/ E.N. - P.E.N. - Dto. 652/24 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-03

Corresponde admitir el tratamiento, como proceso colectivo, del amparo promovido por la asociación que representa al personal del Servicio Exterior de la Nación contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de las normas que introdujeron modificaciones al impuesto a las ganancias (arts. 5 y 9 inc. g, del Dec. 652/24), habida cuenta que el reclamo, fundado en que dichas normas excederían las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo en cuanto derogan el art. 280 de la reglamentación de la ley de ganancias, cuestiona la constitucionalidad de una norma que afecta a todos los integrantes del Servicio Exterior de la Nación.
Quiebra, gastos del concurso, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Schreder, Paula Elena  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

En el primer caso, cuando se han liquidado parcialmente los bienes y el deudor pretende, como en la especie, la conclusión de la quiebra, la cantidad de dinero obtenida en la venta debe cubrir capital e intereses. De no ser así, debe seguirse con la liquidación de los bienes. Esta solución fluye de la segunda parte de la LCQ 228 conforme la cual si existe remanente, debe pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra (Rivera, Julio C., "Derecho Concursar, Buenos Aires, 2010, T. III, p. 572).
Concurso preventivo, resoluciones apelables, categorización de acreedores
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Edisud SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-27

En otras palabras, la apelabilidad de la resolución de categorización introduciría una dilación y complicación en el trámite concursal, que no parece admisible, ni conveniente (conf. CNCom, Sala D, in re "Listas Argentinas SA s/ concurso preventivo s/ inc. de apelación art. 250", del 30/03/99).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, intereses, pago, acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Bridgestone Argentina S.A.I.C. c/ Comuna de Melincue s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Los argumentos traídos a consideración por la demandada sólo trasuntan su mera discrepancia, sin entidad constitucional, con los fundamentos expuestos en la sentencia impugnada, no obstante lo cual no podría calificarse como arbitrario que la Comuna demandada, cuyas autoridades en efecto suscribieron el acto cuestionado no obstante sus groseros yerros, deba abonar los intereses a los que fue condenada, más allá de la cuestión si el acto se hallaba o no subsistente, respecto de lo cual se advierte que la Administración comunal, en la resolución 91/21, no dispuso en rigor su retiro -aludiendo de manera vaga a facultades reduplicativas- sino únicamente dejó sin efecto la notificación de lo erróneamente decidido. - Resolución 91/2021 de la Comuna de Melincué.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, relación de causalidad, caso fortuito
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Genovese, Ricardo Aldo c/ Cinco Vial S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

De la respuesta extrajudicial brindada por la demandada ante la denuncia de siniestro formulada por el actor, ocasión en que la concesionaria vial había rechazado el reclamo mediante una nota en la que exponía, en primer lugar, que la aparición del elemento que obstaculizó su trayectoria fue sorpresiva, por lo que reunía las cualidades de imprevisibilidad e irresistibilidad del caso fortuito, eximiendo de responsabilidad a la empresa, se desprende tanto que la demandada no negó de entrada el acaecimiento del hecho, como asimismo que a continuación lo puso directamente en duda; de manera que la apreciación efectuada por la Sala, en el sentido de que por medio de aquélla la demandada había negado tanto el suceso invocado como la responsabilidad que se le imputaba, se amolda a una lectura posible u opinable de tales extremos del caso al no transgredir los márgenes de logicidad tolerables desde la perspectiva constitucional, no siendo la vía prevista en la ley 7055 idónea para suplantar una de las alternativas admitidas por el ordenamiento jurídico por otra. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dr. Falistocco, Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi)
Confirmación de sentencia, quiebra, crédito verificado, intereses, costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Makianich, Lidia Noemi  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Cabe confirmar la resolución que desestimó el pedido de conclusión de la quiebra, y también intimó a la fallida a depositar las sumas suficientes para afrontar el pago de los créditos verificados en autos, conforme actualización efectuada por la sindicatura, con más un 50% estimado para intereses, gastos y costas.
Diferencias salariales, homologación administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Romero, Claudio Daniel y otro  c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

No puede otorgarse a la actuación administrativa homologatoria del Ministerio de Trabajo, el efecto de "caso juzgada" ya que ello supone la existencia de una sentencia firme o bien un acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio emanada de un órgano jurisdiccional en la que se hubiera resuelto la misma cuestión con identidad de objeto, sujetos y causa que la del proceso iniciado con posterioridad. Así, la homologación administrativa de los acuerdos colectivos (prevista por la ley 14.250) no puede asimilarse a la homologación administrativa o judicial del art. 15 LCT. Por ello una cláusula convencional homologada por la autoridad administrativa no hace cosa juzgada en un reclamó judicial, que sea individual o pluriindividual, en el que se discute su consonancia con normas superiores de rango constitucional y/o preceptos que constituyen el orden público laboral.