Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-11


San Miguel de Tucumán, 11 de Agosto de 2004.-	Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada	deducido por la defensa de María de los Ángeles Carrier en autos: "Cisterna, Ángel Antonio y otros s/Defraudación (Expte. N° 111/99-Q2)"; y	C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de María de los Ángeles Carrier, contra la resolución de la Sala Ia. de la Excma. Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción, del 27/02/2004, que deniega el recurso de casación contra el fallo del mismo Tribunal del 23/12/2003.

2.- Corresponde examinar si se han cumplido los recaudos de admisibilidad exigidos por el CPP para la interposición del recurso de queja, así como para la utilización de la vía impugnativa extraordinaria de la casación. Ello porque aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la deducción del primero, resulta inoficioso admitirlo si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación tentada.

3.- El recurrente se agravia de los fundamentos del auto denegatorio del 21/02/2004, de donde emerge que los agravios contenidos en el recurso de casación exhiben la mera disconformidad con la forma de merituar los elementos de convicción elaborados en el transcurso del Debate, ponderación que corresponde de modo exclusivo a los Tribunales de mérito, salvo el supuesto de arbitrariedad que estimó no configurado en el caso.

Afirma que dicha valoración resulta errada, toda vez que su parte invocó como motivos de casación la arbitrariedad, contradicción, incongruencia y falta de fundamentación de la sentencia; como asimismo la falta de tratamiento y decisión de cuestiones esenciales que hubieran permitido arribar a un pronunciamiento diametralmente opuesto.

Sobre esa base afirma que el pronunciamiento que impugna infringe la garantía del debido proceso legal, configurándose en el caso el excepcional supuesto de gravedad institucional.

3.1.- Con relación al recurso de casación interpuesto (fs. 19/26), se advierte que como primer motivo invoca inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, con fundamento en que se encuadró la conducta de la imputada María de los Ángeles Carrier en la figura del art. 173 inc. 7, no obstante no haberse acreditado que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo de la Administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y que con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño violando sus deberes, hubiera perjudicado los intereses confiados, u obligado abusivamente al titular de estos.

Sostiene que no concurren, en el caso, los elementos del tipo penal aplicado, que requiere, como elemento constitutivo, una disposición patrimonial perjudicial y un dolo específico consistente en el aprovechamiento de la circunstancia de administrar bienes ajenos, y afectar el patrimonio confiado, en beneficio propio o de terceros, o simplemente para causar daño.

Hace notar que la imposibilidad del Tribunal de aplicar legítimamente la figura penal en cuestión se ve reflejada en la inusual terminología empleada en el punto II de la resolutiva del 23/12/2003, al declarar que Carrier es "autora voluntaria y penalmente responsable de los hechos de extraer fondos de la cuenta corriente 3401-1 con abuso de confianza, tipificado como delito por el art. 173 inc. 7 CP".

Ello así por cuanto la acción de extraer fondos de una cuenta corriente bancaria, no puede configurar administración fraudulenta por parte de quien a nadie representa, ni reviste la calidad de administrador ni por imperio de la ley, ni por un acto jurídico, ni por disposición de autoridad alguna.

En esa dirección expresa que la investigación fiscal da cuenta de que su defendida no tenía el cargo o la función de Administradora de bienes o fondos de los obreros del Ingenio La Corona, o de la Cooperativa creada a fines de posibilitar la realización de un barrio de Viviendas; y que en el Debate no se demostró o alegó lo contrario, de donde se sigue que Carrier nunca tuvo el manejo, administración o cuidado de bienes o intereses ajenos.

Sostiene que lo único que se demostró en el Juicio es que su defendida llenó y posibilitó con su firma en alguna documentación introducida como prueba, la extracción y/o movimiento de fondos de la cuenta corriente 3401-1; pero que como el Tribunal se negó a requerir informes sobre el destino y uso dado a los fondos, no pudo probarse que los fondos fueron extraídos de los bancos donde fueron depositados;

ni tampoco si se pagaron o no los terrenos de propiedad del Instituto de la Vivienda de la provincia; y que el mero hecho de cumplir con los requisitos bancarios administrativos del llenado y confección de boletas no configura el delito de administración fraudulenta.

Afirma que el Tribunal considera erradamente que Carrier actuó con abuso de confianza, por cuanto ésta supone falta de precauciones de parte de la víctima en virtud del conocimiento previo que tiene del autor, y el aprovechamiento por parte de éste de dicha circunstancia, para lograr la disposición patrimonial.

En esa dirección señala que en el Debate quedó demostrado que algunas de las presuntas víctimas conocían a Carrier por ser vecina del pueblo, pero que ninguna la reconocía como su administradora o encargada de negocios o de la custodia o administración de fondos o bienes.

Sobre esa base sostiene que su defendido no recibió en virtud de un acto anterior preexistente válido, autorización, autoridad, o poder de administración alguno de ninguna de las partes involucradas en el proceso; y que no existiendo mandato expreso o tácito, no pudo ser mandataria o administradora infiel.

Alega que Carrier actuó de buena fe, realizando diligencias y gestiones a pedido de personas que no fueron imputadas en la causa y que el Tribunal no quiso investigar; las que le pidieron que reemplazara a uno de los firmantes en la metodología bancaria, pero no que firmara en el banco, extrajera los fondos, y efectuara los pagos de terrenos por ante el Instituto de la Vivienda.

Y que no se demostró que la imputada hubiera obrado con dolo específico, queriendo estafar o quedarse para sí o para un tercero el dinero que con su firma posibilitaban las extracciones; ni que haya extraído y se haya llevado el dinero del banco dándole algún destino.

Desde otra perspectiva estima que tampoco se acreditó que las presuntas víctimas sean víctimas reales, ya que se limitaron a alegar que les cobraron dos veces el terreno, mas tal extremo no fue acreditado en autos.

En sentido corroborante afirma que las supuestas víctimas que comparecieron como testigos al Juicio admitieron no pagar la cuota de la casa donde viven, usando como excusa que se pretende cobrarle dos veces el terreno donde están asentadas las viviendas; habiendo concluido el Debate sin que se incorporaran los recibos que los declarantes se comprometieron a presentar;

y sin que el Instituto de la Vivienda haya arrimado elemento de prueba alguno de que se cursaron intimaciones o boletas con el pretendido doble cobro de los terrenos, no obstante haberse librado oficio -como consta en las actas del Debate-, para que el Director de dicho organismo se apersone con la documentación correspondiente.

En suma, continúa, no se demostró que el terreno se pagó o se cobró dos veces, de donde se sigue que no hay disposición patrimonial perjudicial, ni tampoco víctima alguna.

Concluye el punto afirmando que resulta materialmente imposible condenar a Carrier por el delito tipificado en el art. 173 inc. 7 CP, por cuanto no concurren los requisitos exigidos por la figura.

3.2.- Como segundo motivo de casación invoca la arbitrariedad del pronunciamiento del 23/12/2003, por violación de la doctrina y normas procesales de los arts. 192, 193, 194, 413 inc. 3 y 4, 468 inc. 1 y 2, 469 última parte y 479 CPP. Afirma que la sentencia valora como prueba consideraciones dogmáticas, hipotéticas, probables y carentes de sustento, por lo que exhibe una fundamentación y motivación sólo aparentes.

Señala que el fallo en crisis omite deliberadamente el tratamiento y decisión sobre la exclusión probatoria de la nota que la defensa del co-imputado Ostapczuk dice haber presentado en el Banco Noar comunicando que Carrier lo reemplazaba en la firma bancaria necesaria para la habilitación de extracción de fondos de la cuenta corriente 3401/1.

Destaca que la nota mencionada no tiene fecha de recepción, ni firma del agente bancario receptor; por lo que no debió ser aceptada como prueba por el Tribunal, el que, además, no hizo mención esta cuestión esencial, lo que torna arbitrario y tendencioso el pronunciamiento del Tribunal.

Ello así por cuanto, según afirma, la Sala de instancia no quiso aceptar ni producir la prueba que demostraría quién usó los fondos y dineros extraídos de la cuenta corriente y qué destino se dio a los mismos; pero, al mismo tiempo, admitió una prueba tachada por ser violatoria de garantías constitucionales, haciendo omiso caso de la exclusión solicitada por la defensa.

Desde otra perspectiva imputa incongruencia y contradicción al fallo en crisis, toda vez que, según afirma, por idénticos motivos condena a Carrier y absuelve a Ostapczuk.

Refiere que el Tribunal absolvió de culpa y pena a Juan Eduardo Ostapczuk, por el beneficio de la duda y con el argumento de que justificó medianamente que las extracciones de dinero que efectuó, tuvieron por fin abonar una suma razonable en concepto de gastos de locación y de servicios para el funcionamiento de la Cooperativa.

Advierte que en el punto la sentencia exhibe una incongruencia evidente, por cuanto si a Carrier se la condenó por extraer o posibilitar con su firma la extracción, con abuso de confianza, de fondos depositados en una cuenta corriente destinados a pagar los terrenos de propiedad del Instituto de la Vivienda, desconociéndose su destino final, igual criterio debió adoptarse con Ostapczuk, puesto que en ninguno de los dos casos se acreditó que con los montos extraídos se hubiera pagado la tierra.

Sobre esa base afirma que se absolvió a Ostapczuk por el beneficio de la duda, en idéntica situación y por la misma conducta por la que se condenó a Carrier, con el agravante de que se consideró legítima la excusa dada por el primero de los nombrados para justificar el cambio de destino de los fondos, cuando el tipo penal no admite tal justificativo.

Y que a Carrier no se le otorgó el beneficio de la duda, a pesar de que desde el inicio de la causa favoreció la investigación aportando datos sobre aquellos que se beneficiaron con el dinero, mediante la realización de plazos fijos y compra de propiedades, según se habría demostrado con la prueba testimonial rendida en el Debate.

Desde otro enfoque alega infracción a la libertad probatoria garantizada por el art. 192 CPP, por no haber permitido el Tribunal que la imputada produzca una prueba que reclamaba desde hace años (fs. 499 y 500 vta., y ante los jueces de la Sala Ia.), consistente en requerir informes sobre el destino y uso dado a los fondos.

Cita las normas que estima violadas, propone doctrinas legales, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado.

4.- A partir de un análisis completo y relacionado del cuadro probatorio producido en el proceso, la sentencia del 23/12/2003 tuvo por acreditada la existencia del hecho y la responsabilidad de los imputados; y encuadró su conducta en la figura del art. 173 inc. 7 CP.

4.1.- En orden a la primera cuestión -existencia del hecho y responsabilidad penal-, la Sala de instancia dejó establecido:

A.- Que los imputados Juan Eduardo Ostapczuk, María de los Ángeles Carrier, y Silvia Noemí Ponce, fueron acusados por el supuesto retiro de fondos de la cuenta corriente n° 3401-1 del Banco Mayo de la Ciudad de Concepción, en sus calidades de miembros de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., y/o autorizados para las extracciones de los fondos allí depositados por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán para el pago de los terrenos (lotes) del Barrio ya construido "Plan Habitacional 100 Viviendas", sito en la ciudad de Concepción, que debió efectivizarse a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, y los desviaron en su provecho y/o de terceros.

B.- Que del informe bancario de fs. 113 emerge que Ostapczuk extrajo junto con Cisterna (quien está prófugo) $1000 y $715; que María de los Ángeles Carrier extrajo junto con Cisterna $177.600 y $4.656; y que Silvia Noemí Ponce extrajo con Cisterna $3.100, $13.200 y $2.050.

C.- Que Carlos Alberto Chocobar y otros miembros el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Corona, denunciaron que el crédito por un monto aproximado de $200.000, destinado al pago del terreno donde se asientan las casas del Barrio ya mencionado (a razón de $2.000 por cada lote) -otorgado por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán a través de la Cooperativa para que ésta pague al Instituto de Vivienda de la Provincia-, fue extraído por los imputados y desviado en provecho propio o de terceros, de modo tal que los adjudicatarios de las casas se vieron burlados en su buena fe y estafados, debiendo abonar tanto el lote como la vivienda, con el perjuicio económico consecuente.

D.- Que al prestar declaración -en la etapa de investigación y en el Juicio-, Ostapczuk alegó que extrajo fondos para abonar el mobiliario y pagar el alquiler y servicios de las oficinas de la Cooperativa. Que Carrier adujo que sólo firmó la documentación para las extracciones de dinero, y en otra declaración alegó que fueron retirados por Cisterna; en tanto que su defensor técnico, Dr. Nacul, sostuvo que los dineros fueron depositados a plazo fijo por Toledo, Director del Instituto de la Vivienda, y que su pupila fue usada para las extracciones. Por su parte, Ponce se abstuvo de declarar.

E.-Que los careos realizados entre Cisterna y Carrier, Ostapczuk y Carrier, y Ostapczuk y Cisterna dieron como resultado lo siguiente: Cisterna y Carrier reconocen haber efectuado extracciones por los montos de $3.000 y $177.600; Ostapczuk sostiene que fue 2 veces con Carrier a retirar dinero del Banco, desconociendo el destino que se dio al dinero, en tanto que Carrier manifiesta que se lo dio a Cisterna que debía rendir cuentas ante la Cooperativa;

Ostapczuk expresa que concurrió al Banco a retirar fondos para pagar el mobiliario, la locación y el servicio de vigilancia y que autorizó a Carrier para retirar fondos porque la conocía y le merecía confianza, ya que él, Carrier y Toledo se conocían, y Cisterna reconoció que entre Toledo y Carrier existía un vínculo de pareja.

F.-Que en el Debate declararon adjudicatarios de las viviendas, quienes manifestaron haber sido estafados por Ostapczuk, Carrier y Ponce, quienes habrían extraído fondos destinados al pago de los terrenos donde se ubican las viviendas del barrio ahora denominado "Presidente Perón", y no le pagaron al Instituto Provincial de la Vivienda como se había convenido entre el Sindicato de Operarios del Ingenio La Corona, la Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda. y el Instituto, por lo que abonaron boletas por las casa y por el lote respectivo, con el consecuente perjuicio económico.

G.- Que la existencia de extracciones de dinero por parte de los encartados y la consiguiente desviación de esos fondos es una verdad que no fue cuestionada ni por los mismos acusados; careciendo de eficacia las excusas invocadas para eximirse de responsabilidad, a excepción de Ostapczuk, quien extrajo alrededor de $3.000 para gastos del local destinado al funcionamiento de la Cooperativa "Galería Minitti", España al 1300 de la Ciudad de Concepción, extremo que el Tribunal estimó acreditado por ofrecimiento de los componentes del Ente Cooperativo y tanto el local como el mobiliario y servicios se justifica su pago por los meses que allí funcionó la sede, siendo razonable el importe abonado.

Apoyándose en el conjunto de elementos probatorios producidos en la causa, ponderados de modo integral y relacionado, el Tribunal tuvo por acreditada la extracción de dinero de la cuenta n° 3401-1, Caja de Ahorro del Banco Mayo y/o Banco Noar, por parte de los encargados Carrier y Ponce, y el desvío de esos fondos, por no pago al Instituto de la Vivienda del terreno base del Barrio 100 Viviendas o Barrio "Presidente Perón", con perjuicio económico para los adjudicatarios de las casas allí situadas, fondos que fueron utilizados en provecho propio y/o de terceros por parte de los encargados, a excepción de la participación de Ostapczuk ya referida.

Con relación a las excusas invocadas por la Sra. Carrier, quien alegó que había prestado atenciones o favores o servicios, firmando la documentación en el Banco para las extracciones de esos fondos, sostuvo que dichas explicaciones carecían de eficacia como excusa absolutoria, y también como eximentes de culpabilidad en la autoría material de los hechos investigados, dado el grado de cultura, instrucción y conocimiento de aquella.

Destacó el Tribunal que según las propias manifestaciones de la Ingeniera Carrier, ésta ingresó a trabajar en la Cooperativa a instancias del Ingeniero Toledo (circunstancias corroborada por este último al declarar en la Audiencia de Debate);

y tenía un poder para retirar el dinero en cuestión, quedando debidamente determinada cuál era su obligación administrativa, por el cabal conocimiento del destino que debería haberse dado a esos fondos. No obstante, en lugar de depositarlos en la cuenta del Instituto Provincial de la Vivienda, como era su obligación, facilitó la extracción de los montos y desvió el curso natural del dinero en una actitud de comisión por omisión y con dolo directo.

Puso de relieve que la figura del art. 173 inc. 7 admite alternativamente la concurrencia de dos elementos subjetivos: el objetivo de obtener un lucro indebido, cuya concreción es ajena a la realización del tipo bastando con que el sujeto haya obrado con esa finalidad. Y que el autor, con idénticos objetivos, comprometa el patrimonio que representa, con actos violatorios de sus deberes, sea disminuyendo el activo, sea incrementando el pasivo.

Advirtió que a Carrier se le confió el manejo, administración y cuidado de dinero, con una finalidad determinada Y que respecto de las imputadas Carrier y Ponce, el elemento subjetivo se cumplió acabadamente puesto que obtuvieron un lucro indebido, actuando con el fin de obtener una ganancia o beneficio económico para sí o por un tercero; y que ambas obraron con dolo, ya que sabían lo que hacían y conocían el peligro concreto de su acción.

4.2.- Con relación al tipo penal aplicable, encuadró la conducta de las imputadas en la figura del art. 173 inc. 7 CP. Para ello tuvo en cuenta que las extracciones de dinero (acreditadas por el informe bancario de fs. 113), aparecen ligadas a la conducta desplegada por los encartados en sus calidades autorizadas por miembros de la Cooperativa sobre la base del reconocimiento personal por ser de confianza.

Y que de ello se colige que tuvieron conocimiento, voluntad, discernimiento para cometer los hechos de las extracciones de dinero y desvío de los fondos en su provecho o de terceros, así como el no pago al Instituto de la Vivienda, abusando de la confianza que depositaron los integrantes de la Cooperativa.

Destacó que los imputados se conocían entre sí; que Carrier y Ponce sabían de la existencia de la Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda., así como de la cuenta de ahorro 3401-1 del Banco Noar o Banco Mayo, y que actuaron sabiendo lo que hacían.

La Sala de instancia consideró que la conducta desplegada por Carrier y Ponce, consistente en la apropiación con abuso de confianza de dinero que se hallaban autorizadas a retirar, depositado en el Banco con un fin específico del que tenían conocimiento, con el consecuente perjuicio económico para los adjudicatarios que quedaron en deuda con el Instituto de la Vivienda, queda aprehendida en el tipo penal del art. 173 inc. 7.

Sostuvo que en el caso concurren los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal, toda vez que estando autorizadas para retirar fondos para pagar al Instituto, los extrajeron y omitieron el pago, abusando de la confianza dispensada por los miembros de la Cooperativa y por aproximadamente 100 operarios del Sindicato.

5.- De los términos del memorial introductorio del recurso de casación, se desprende que los fundamentos recursivos no cumplen con el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 474 CPP, a la vez que remiten al tratamiento de cuestiones de hecho irrevisables, en principio, en esta instancia excepcional, pues su valoración corresponde excluyentemente a los tribunales de mérito.

5.1.- Con relación al agravio referido a la inobservancia o errónea aplicación del art. 173 inc. 7 CP, cabe advertir que a partir de la valoración de los elementos probatorios producidos en la causa (informe bancario de fs. 113; declaraciones de Carrier -fs. 7 y 12 y vta.-, el resultado del careo entre esta imputada y Cisterna -fs. 7 vta.-, los testimonios de los adjudicatarios de viviendas que declararon en la Audiencia de Debate, la circunstancia de que Carrier que ingresó a trabajar en la Cooperativa a instancias del Ingeniero Toledo, y la declaración de éste en igual sentido), la Sala de instancia tuvo por acreditadas las extracciones de fondos de la cuenta corriente 3401-1 del Banco Noar o Banco Mayo, realizadas por la imputada Carrier, quien tenía poder para retirar el dinero en cuestión, y que tenía cabal conocimiento del destino que debería haberse dado a esos fondos y las obligaciones respectivas.

Las conclusiones de la sentencia constituyen típicas cuestiones de hecho, fijadas sobre la base de la valoración de los elementos probatorios existentes en la causa, en ejercicio de una potestad que corresponde de modo exclusivo y excluyente al Tribunal del Juicio, y que no resultan por ende, controlables por vía del recurso extraordinario de casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no aparece configurado en la especie.

El argumento invocado por la recurrente para discutir la calificación legal se centra en que la imputada Carrier nunca tuvo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses ajenos (fs. 20), pues no se demostró que por disposición de la ley, de la autoridad, o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo de intereses ajenos (fs. 19 vta.);

ni recibió en virtud de un acto anterior preexistente válido autorización, autoridad, o poder de administración alguno de ninguna de las partes involucradas en el proceso (fs. 20 vta.), de donde se sigue que "mal puede configurar administración fraudulenta, pues quien no es administrador de nada, ni representa a nadie, resulta más que obvio que no puede mal administrar lo que no administra ni por imperio de la ley, ni por un acto jurídico, ni por disposición de autoridad" (fs. 20).

No obstante el esfuerzo argumentativo de la defensa técnica, los agravios formulados no logran demostrar el error o inobservancia del precepto contenido en el art. 173 inc. 7 CP, ni se advierte contradicción o quebrantamiento de las reglas de la lógica en el razonamiento del Tribunal.

Al respecto resulta oportuno señalar que, conforme las previsiones del art. 173 inc. 7, es sujeto activo del delito tipificado en la norma de cita, aquel que por disposición de la ley (por ej., tutores, curadores, albaceas), de la autoridad (por ej., delegación efectuada por un funcionario público dentro de los límites de su competencia), o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos.

La calidad de sujeto activo del delito de Administración Fraudulenta originada en un acto jurídico (regulado en el art. 944 Cód. Civil) abarca no sólo aquellos contratos que impliquen la obligación de administrar, cuidar o manejar bienes ajenos (por ej., el mandato, que puede ser expreso o tácito); sino que, más ampliamente, abarca distintas situaciones:

desde un mandato o comisión, la gestión de negocios, la funciones de un empleado o de un gerente, hasta los casos de elección de directores en asamblea de una sociedad anónima, de autoridades gremiales, de un club deportivo, etcétera (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala V, "Abad, Antonio J.2, La Ley 2000-B, 183)	En sentido concordante se ha hecho notar que el tipo actual tipificado en el art. 173 inc. 7 CP es mucho más amplio, abarcando situaciones más genéricas.

Las acciones tienen que constituir una violación de los deberes del agente en sus funciones de manejo, administración o custodia. Los límites de esos deberes son los determinados por la ley, las disposiciones de la autoridad o las cláusulas de los convenios o estatutos que dan origen a la facultad o que la han regulado con posterioridad (p. ej., modificaciones del mandato), o por las instrucciones válidas del principal (cfr. Creus, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", t. I, p. 517 y 518, Astrea, Buenos Aires, 1991).

Sentado ello es menester que el acto jurídico quedó precisado, pues la Sala de instancia destacó que según las manifestaciones de la propia imputada, ésta ingresó a trabajar en la Cooperativa a instancias del Ingeniero Toledo -circunstancia corroborada por éste al declarar en el Debate-; y que tenía un poder para retirar el dinero en cuestión, quedando debidamente determinada cuál era su obligación administrativa, por el cabal conocimiento del destino que debería haberse dado a esos fondos.

Al mismo tiempo el Tribunal desechó las explicaciones y excusas proporcionadas por la Ingeniera Carrier, por los argumentos vertidos a fs. 9, 10 y vta.

Del contexto integral de la sentencia emerge que el Tribunal consideró probado que Carrier violó su deber de fidelidad hacia quienes le habían confiado el manejo y cuidado de los dineros -al menos de una parte de ellos- depositados en la cuenta corriente ya mencionada, y respecto de los cuales tenía el poder manejarlos como consecuencia de la autorización o delegación de funciones efectuada por Ostapczuk.

En esas condiciones no se advierte en dónde radica el error del Tribunal al encuadrar la conducta en la figura del art. 173 inc. 7º del Cód. Penal, ya que consideró que las acciones de Carrier constituyeron una violación de los deberes del agente en sus funciones de manejo, administración o custodia,	Desde otra perspectiva el agravio en examen incumple el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 474 CPP, puesto que el recurrente se desentiende de aspectos esenciales del fallo, y ello define negativamente la suerte del recurso en este punto, toda vez que la crítica autosuficiente exige que se rebatan todos y cada uno de la sentencia impugnada, lo que no acontece en el caso.

5.2.- El agravio fundado en la imposibilidad de que en el caso se configure un abuso de confianza, por cuanto ninguna de las presuntas víctimas reconoció a la ingeniera Carrier como su administradora o encargada de negocios o de la custodia o administración de fondos o bienes, remite también al tratamiento de una cuestión fáctica irrevisable en la instancia extraordinaria de la casación, y que no ha sido objeto de una crítica suficiente e idónea para demostrar la existencia de arbitrariedad o absurdo en la conclusión a que arriba la sentencia. El Tribunal de mérito sostuvo que en el Debate declararon adjudicatarios de las viviendas, quienes manifestaron haber sido estafados por Ostapczuk, Carrier y Ponce, quienes habrían extraído fondos destinados al pago de los terrenos donde se ubican las viviendas del barrio ahora denominado "Presidente Perón", y no le pagaron al Instituto Provincial de la Vivienda como se había convenido entre el Sindicato de Operarios del Ingenio La Corona, la Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda. y el Instituto.

Sobre la base de la valoración de dichas declaraciones en forma conjunta con los restantes elementos probatorios producidos, arribó a la conclusión fáctica con la que discrepa el recurrente, pero sin que logre demostrar irrazonabilidad, arbitrariedad o absurdo en el razonamiento de la sentencia.

5.3.- La impugnación basada en la inexistencia del dolo específico requerido por la figura, afirmación a la que el recurrente vincula a que no se ha demostrado que Carrier haya extraído el dinero y se lo haya llevado del banco dándole algún destino, incumple el requisito impuesto por el art. 474 procesal.

En el punto, la Sala de instancia señaló que la figura del art. 173 inc. 7 admite alternativamente la concurrencia de dos elementos subjetivos: el de obtener un lucro indebido, cuya concreción es ajena a la realización del tipo bastando con que el sujeto haya obrado con esa finalidad;

y que el autor, con idénticos objetivos, comprometa el patrimonio que representa, con actos violatorios de sus deberes, sea disminuyendo el activo, sea incrementando el pasivo.

En esa dirección advirtió que a Carrier se le confió el manejo, administración y cuidado de dinero, con una finalidad determinada. Y consideró que, a su respecto, el elemento subjetivo se cumplió acabadamente, puesto que actuó con el fin de obtener una ganancia o beneficio económico para sí o por un tercero, sabiendo lo que hacía y el peligro concreto de su acción.

Ello así por cuanto estando autorizada para retirar fondos para pagar al Instituto, los extrajo y omitió el pago, abusando de la confianza dispensada por los miembros de la Cooperativa y por aproximadamente 100 operarios del Sindicato.

Lo que emerge del razonamiento de la sentencia es que el tipo subjetivo se ve configurado en el caso por el conocimiento por parte de la imputada de que en su accionar se estaban excediendo las facultades de administración, manejo o cuidado que le competían en función de la fuente de su posición de garante, que es la delegación de funciones efectuada por Ostapczuk, extremo acreditado en autos y no discutido por ninguna de las partes.

Y ese argumento central de la sentencia no ha sido refutado por el quejoso.

Igual déficit exhibe el agravio referido a la falta de acreditación del perjuicio sufrido por las víctimas por no haberse demostrado que tuvieron que pagar dos veces el terreno, toda vez que no alcanza a desvirtuar los argumentos del Tribunal, ni logra demostrar la existencia de un error de derecho en el fallo de la Sala sentenciante. A tenor del art. 173 inc. 7º CP; lo que cabe indagar es si en la causa se ha concretado de manera cierta el perjuicio patrimonial que la figura exige, el que fue considerado acreditado por el Tribunal a partir del análisis completo y relacionado del cuadro probatorio producido en la causa, no advirtiéndose arbitrariedad o absurdo en la fijación de este hecho, desde que en el caso las acciones son claras y concretas de daño, y esta comprobación es bastante demostración del delito.

En consecuencia, los agravios se desestiman (art. 474 CPP).

5.4.- La imputación de arbitrariedad fundada en la violación de las reglas de la valoración de la prueba y la insuficiente o aparente motivación de la sentencia encierra la pretensión de obtener la revisión los hechos establecidos por el Tribunal sobre la base del examen integral de las pruebas producidas, lo que no constituye un motivo invocable por vía del recurso extraordinario de casación.

Como se dijo en los puntos precedentes (4.1.-, 4.2.-, y 5.1.-), sobre la base de un análisis completo e integrado del cuadro probatorio producido en el proceso, el Tribunal estimó acreditadas las extracciones de fondos de la cuenta corriente 3401-1 del Banco Noar o Banco Mayo, realizadas por la imputada Carrier, así como el conocimiento del destino que debía darse a esos fondos, y sus obligaciones respectivas (informe bancario de fs. 113, declaraciones de la imputada Carrier de fs. 7 y 12 y vta., el careo entre esta imputada y Cisterna a fs. 7 vta., los testimonios de los adjudicatarios de viviendas que declararon en la Audiencia de Debate y manifestaron que los imputados extrajeron los fondos y no los depositaron con la finalidad y conforme lo convenido entre el Sindicato de Operarios del Ingenio La Corona, la Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda.

y el Instituto; así como la circunstancia valorada por el Tribunal de que la imputada reconoció que ingresó a trabajar en la Cooperativa a instancias del Ingeniero Toledo y tenía un poder para retirar el dinero en cuestión), no obstante lo cual, en lugar de depositarlos en la cuenta del Instituto Provincial de la Vivienda, como era su obligación, facilitó la extracción de los montos y desvió el curso natural del dinero en una actitud de comisión por omisión y con dolo directo, ocasionando perjuicio a los adjudicatarios de las casas que se vieron burlados en su buena fe y estafados, debiendo abonar tanto el lote como la vivienda.

Las circunstancias reseñadas precedentemente y fijadas por el Tribunal del juicio a partir de la valoración del cuadro probatorio producido en la causa, que sustentan la conclusión sobre la existencia del hecho examinado y a la participación de la imputada ahora recurrente, constituyen típicas cuestiones de hecho, reservadas al Tribunal de mérito, no advirtiéndose en su determinación quebrantamiento de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional.

La lectura del fallo del 23/12/2003 demuestra que el Tribunal de juicio ha efectuado un examen completo, detallado, y relacionado de la totalidad de los elementos probatorios existentes en la causa, y ha proporcionado fundamentos adecuados y suficientes para sustentar válidamente la solución a la que arriba.

El desacuerdo del quejoso con las afirmaciones contenidas en la sentencia evidencia la pretensión de obtener la revisión de los hechos y de las pruebas aportadas al proceso, mas dichas cuestiones no pueden ser invocadas como motivos de casación, a tenor de lo dispuesto por el art. 468 CPP, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie.

La impugnación centrada en la alegada infracción al art. 192 CPP, por no haber permitido el Tribunal que la imputada produzca una prueba que reclamaba desde hace años (fs. 499 y 500 vta.), consistente en requerir informes sobre el destino y uso dado a los fondos, resulta manifiestamente inadmisible.

La Sala sentenciante, habiendo analizado y valorado las pruebas producidas en la causa, tuvo por acreditada la existencia material del hecho intimado y la responsabilidad penal de las imputadas Carrier y Ponce, encuadrando sus conductas en la figura del art. 173 inc. 7 CP y con relación a la investigación por presunta participación de las personas mencionadas a fs. 11, señaló expresamente que dichas personas no vinieron incriminadas por la acusación de base (cfr. fs. 11).

En esas condiciones, no se advierte, ni el recurrente logra explicar, de qué manera la prueba que menciona posee incidencia sobre la decisión a que se arriba, ni tampoco en qué elementos funda la pretensa infracción a la norma del art. 192.

A lo que cabe añadir que se ha hecho notar que no resulta necesario, a los efectos de la consumación del delito tipificado por el art. 173 inc. 7 CP, que el sujeto activo, o un tercero, obtenga el beneficio perseguido por el primero, pues como se ha intentado dejar en claro, el afán de lucro es uno de los modos en que puede traducirse el elemento subjetivo específico de esta figura, pero no forma parte del tipo objetivo (conf. Creus, Carlos, "Derecho Penal-Parte Especial", t. 1, p. 519 y ss., Astrea, Buenos Aires, 1991).

Reiteradamente ha señalado esta Corte Suprema de Justicia, que el reexamen de los hechos y de las pruebas rendidas en el proceso está reservado a los jueces de mérito, y excede los límites propios de la vía extraordinaria local. De otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar la instancia ante esta Corte Suprema de Justicia, lo que la convertiría en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (CSJTuc.: "Aguirre Cristian Andrés y otro s/Robo agravado", 27/4/98; "Lazarte, Julio César s/Homicidio con exceso en la legítima defensa", 21/5/97; entre otros)	En esas condiciones, el invocado vicio en la apreciación de la prueba y la pretendida falta de fundamentación de la sentencia, no exceden la mera discrepancia de la defensa con las conclusiones del Tribunal sentenciante.

Los fundamentos recursivos no logran descalificar el discurso lógico que sustenta el pronunciamiento impugnado; pues en definitiva se postula una diferente interpretación de algunos de los elementos probatorios apreciados, sin integrarlos al contexto global de la sentencia; lo cual es insuficiente para descalificar el fallo por arbitrario o carente de motivación.

Los motivos se desestiman por no satisfacer los recaudos procesales impuestos por los arts. 468 y 474 CPP.

5.5.- El agravio vinculado a la omisión de tratamiento y decisión de la exclusión probatoria de la nota que Ostapczuk dice haber presentado en el Banco Noar comunicando que Carrier lo reemplazaba en la firma bancaria necesaria para la habilitación de extracción de fondos de la cuenta corriente n° 3401/1, resulta manifiestamente inadmisible.

De un lado el agravio resulta extemporáneo, toda vez que el pretenso vicio denunciado por el recurrente, no fue planteado en las oportunidades previstas por los arts. 188 inc. 1 y 361 CPP, que es cuando deben articularse las nulidades producidas en la etapa de la investigación fiscal preparatoria; sino recién en oportunidad de la Audiencia de Debate (CSJTuc., "Hoyos, Martín Sebastián s/Robo agravado.

Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa del imputado", sentencia N° 520 del 27/6/2000".

A ello cabe añadir que no basta con la mención de presuntas irregularidades para invalidar el pronunciamiento, si la sentencia de condena se funda en una serie de elementos probatorios, que valorados en forma conjunta generan una eficacia conviccional que no logra ser desvirtuada, tal lo que acontece en el caso.

Adviértase que la sentencia del 23/12/2003 no se sustenta de modo alguno como elemento o prueba dirimente en el instrumento de mención, a lo que cabe añadir que la autorización o la delegación de funciones efectuada por Ostapczuk a favor de Carrier para la extracción de fondos de la cuenta corriente en cuestión es un extremo que no ha sido discutido por ninguna de las partes, y aparece claramente evidenciado por el hecho simple de que la imputada Carrier efectivamente extrajo los fondos, según emerge de sus propias declaraciones y del informe de fs. 113.

En esas condiciones no existe interés jurídicamente relevante que justifique la nulidad invocada, por lo que se desestima el agravio (art. 474 CPP).

5.6.- Finalmente, la impugnación centrada en la supuesta incongruencia y contradicción del fallo por haber absuelto a un imputado que se hallaba en idéntica situación que su defendida que fue condenada, lo primero que cabe advertir que el Tribunal absolvió Juan Eduardo Ostapczuk por el beneficio de la duda.

Dicha conclusión constituye una típica cuestión fáctica, cuyo establecimiento queda reservado a los jueces de mérito y exento, en principio, del control casatorio salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo, el que no se ve configurado en la especie.

La sentencia en recurso decidió la absolución de este coimputado, con fundamento en que ha quedado acreditado en la causa que justificó que las extracciones de dinero que efectuó, tuvieron por fin abonar una suma razonable en concepto de gastos de locación y de servicios para el funcionamiento de la Cooperativa.

Ello implica que a juicio del Tribunal la conducta desplegada por este coimputado no fue realizada con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar un daño, es decir, que no actuó con dolo, faltando entonces el elemento subjetivo del tipo penal contenido en el art. 173 inc. 7 CP.

La lectura de los argumentos contenidos en el recurso de casación, demuestra que el recurrente no ha rebatido esta conclusión del fallo, la que, por lo demás, se asienta en una típica cuestión fáctica, a la que se arriba sobre la base del análisis de los hechos y de las pruebas aportadas al proceso, que resulta irrevisable por la vía excepcional del recurso de casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo que no se ve configurado en la especie.

Al respecto, vale la pena recordar que es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que, en principio, el control del fallo en miras a establecer la aplicabilidad del beneficio de la duda implica, en definitiva, la pretensión de efectuar un reexamen de los hechos y de la prueba rendida en autos.

Ello en tanto el precepto contenido en el art. 406 procesal funciona en el área de la prueba y su valoración, lo que como principio es de incumbencia exclusiva de los tribunales de juicio y escapa al control casatorio (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 825 del 23/12/94, autos "González, Juan Olegario s/Homicidio"), salvo que se verifiquen vicios lógicos en la fundamentación del pronunciamiento, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, el recurso deviene inadmisible en este punto (artículos 469 y 474 CPP).

6.- Los fundamentos expuestos permiten concluir que los agravios formulados no cumplen con el recaudo de suficiencia impuesto por el art. 474 CPP, ni autorizan a descalificar lógica ni jurídicamente a la sentencia como acto jurisdiccional válido, lo que define negativamente la suerte del recurso intentado.

El memorial casatorio exterioriza su propia interpretación de las pruebas colectadas; pero el impugnante se desentiende de aspectos esenciales del fallo bastantes para motivarlo, sin que logre demostrar que el análisis del plexo probatorio en su conjunto presente los déficit invocados.

Es doctrina jurisprudencial de esta Corte que al interponerse un recurso de casación es menester que se exponga una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual deben rebatirse todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido, lo que no acontece en la especie donde el recurrente se limita a sostener una determinada solución jurídica sin exponer una crítica razonada de la sentencia impugnada, (CSJTuc., "Rodríguez M.E. s/Homicidio", 13/8/97; "Elizondo, J.F.s/Corrupción de menores", 19/11/97; "Brito Justa Rufina vs. Suc. Rodríguez Horacio Rafael s/Nulidad de cosa juzgada írrita". Recurso de casación, 4/6/97 entre otros).

El recurso de casación es improcedente formalmente cuando el escrito de agravios no contiene una crítica autosuficiente de la sentencia recurrida, con desarrollo concreto de los motivos de impugnación contra la totalidad de los fundamentos en los que se sostiene el decisorio atacado.

Estando dirigido el remedio extraordinario local al control de legalidad de fallo impugnado, la falta de fundamentación de los agravios esgrimidos define negativamente la suerte del recurso intentado.

Por otra parte, los fundamentos esgrimidos por el impugnante remiten al tratamiento de cuestiones de hecho irrevisables, en principio, en esta instancia excepcional, pues su valoración corresponde excluyentemente a los tribunales de mérito. La alegada violación de normas procesales y la pretensa arbitrariedad del fallo en crisis, importa, en verdad, la pretensión de obtener el reexamen de los hechos y la revalorización de la prueba, tarea que resulta extraña a esta instancia excepcional.

En el marco del presente examen de admisibilidad, y en orden al alegado déficit de motivación de la sentencia señalado por el recurrente, cabe advertir que la lectura del fallo impugnado demuestra que el Tribunal ha efectuado un examen integral y detallado del cuadro probatorio, sin que se advierta violación a las reglas de la sana crítica, ni omisión en la consideración de las probanzas arrimadas a la causa, por lo que el invocado vicio en la apreciación de la prueba y la pretendida falta de fundamentación de la sentencia, no exceden la mera discrepancia de la defensa con las conclusiones del Tribunal sentenciante.

La descalificación del fallo por arbitrariedad o absurdo implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en la especie, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes, no verificándose el quebrantamiento de las reglas de la lógica y la sana crítica racional.

El reexamen de los hechos y de las pruebas excede los límites propios de la vía extraordinaria local, que no consiste en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (CSJTuc., "Bulacio Walter Marcelo s/Robo agravado", sentencia del 14/3/2000 "Aguirre Cristian Andrés y otro s/Robo agravado", 27/4/98; "Lazarte Julio César s/Homicidio con exceso en la legítima defensa", 21/5/97; entre otros);

sino que su competencia se circunscribe a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (CSJTuc., "Solórzano P.R. s/Lesiones culposas", 15/02/95).

En el caso, el Tribunal ha proporcionado fundamentos suficientes para dar sustento a la solución a la que arriba, las que no aparecen irrazonables o arbitrarias.

En esas condiciones, la queja dirigida a la pretensa falta de fundamentación de la sentencia, carece de sustento adecuado, sin que haya logrado evidenciar la conculcación a las reglas de la lógica y del sentido común en la fijación de los hechos del proceso.

7- Conforme a lo expuesto, el recurso de casación en examen deviene inadmisible, al no satisfacer los recaudos de admisibilidad que imponen los arts. 468 y 474 CPP, por lo que corresponde desestimar la queja interpuesta contra su denegatoria.

Por ello y oído el Sr. Ministro Fiscal (fs. 38/39),se	R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de María de los Ángeles Carrier, a fs. 29/36 de autos.

HÁGASE SABER.-	ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA