Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-31


Comodoro Rivadavia, 31 de marzo de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "D.C.R y Otros c/ COLEGIO S. D. F. Y/O quien resulte responsable s/AMPARO", Expte. Nº. 14.896/05 venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nro.3, Secretaría Nro.5 (Expte. Nro. 45/05), por haber interpuesto - mediante apoderado - la parte demandada a fs.36/42, recurso de apelación contra la resolución de fs.28, que hizo lugar a la medida innovativa decretándola contra el Colegio S. D. F. - U. E. P. de Gestión Privada E.G.B. - Polimodal - T.I.P. y/o quien resulte responsable del mismo, y ordenó retrotraer la situación de hecho existente y se admita al alumno C.E.D.B como regular para cursar el segundo ciclo Polimodal hasta que se dicte sentencia definitiva.

I.- Que a fs.36/42, se agravia respecto de la resolución por considerar que la misma carece de fundamentación. Que se impone su revocación por cuanto solo se hace lugar a la medida cautelar solicitada, y no se expresa consideración alguna respecto a los tradicionales requisitos en la materia como lo son de "verosimilitud del derecho" y el "peligro en la demora" que son insoslayables a la hora de dictar este tipo de medidas.

Transcribe la resolución atacada, y destaca que si bien la providencia aparenta ser fundada en virtud de remitirse al art.7º de la ley 4572, no es factible sostenerlo, por cuanto entiende que dicho artículo solamente expresa la facultad que tiene el Sr. Juez de ordenar la medida precautoria, no cumpliendo su mera remisión con el fin de fundar el acto.

Hace mención de doctrina y jurisprudencia, respecto de la necesidad del examen de la verosi-militud del derecho y el peligro en la demora, y concluye que estos requisitos fueron pasados por alto al momento de dictar la resolución.

Señala que la medida que se decreta es de interpretación restringida conforme lo señala calificada doctrina, cuyos fragmentos transcribe.

Agrega que lo decidido en autos importa una transgresión al postulado del principio de la seguridad jurídica.

Hace reserva del caso federal.

A fs.46 y vta. contesta traslado la parte actora.

II.- Referido a los agravios invocados contra la resolución apelada, cabe señalar que se coincide con el criterio que, ante el carácter excepcional de la medida cautelar el juez, al emitir la decisión, debe explicitar los argumentos por los que considera verosímil el derecho, el motivo de la urgencia de su dictado o el peligro que implicaría la demora, y cuales son los elementos de convicción que la justifican, conforme se desprende del texto de la norma citada (conf. C.C.C. Fed. Sala II Cattani Luraschi - Irur-zun14.7.2000 "B.R.P s/embargo preventivo" Causa 16.824 Reg. nro. 17.760 J. 12 - S.24).

Sin perjuicio de ello, resulta por demás atendible el principio general, que aquí se debe equilibrar con el precitado, en cuanto que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa y la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.

Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica.

De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes.

No obstante que podría resultar comprensible el agravio esgrimido por el recurrente, en cuanto a la falta de fundamentos de la resolución de fs.28, no es menos cierto que la verosimilitud en el derecho invocada y el peligro en la demora son notorios, máxime en este último supuesto en que ya se ha iniciado el ciclo lectivo, debiendo primar en el caso los derechos del amparado, ante la pobreza instrumental de la resolución de grado.

No puede soslayarse sin mas los argumentos invocados por la parte actora, y desestimarse la medida cautelar por no fundamentar el a-quo lo elocuente, que en el caso resulta ser la posibilidad de admisión como alumno regular a C.E.D como regular para cursar el segundo ciclo polimodal hasta que se dicte sentencia definitiva.

Ello así, y para el caso concreto, es de recordar que para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor la verosimilitud del derecho invocado "fumus bonis iuris" y el peligro de un daño irreparable "periculum in mora", a los que debe unirse un tercero establecido, de modo genérico para toda clase de medida cautelar en el art. 199 del CPr.

Estos recaudos se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable el rigor acerca del "fumus" se puede atenuar.

Por otra parte, las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agotó su virtualidad.

En el caso, el anticipo de jurisdicción en las medidas cautelares innovativas no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del actor.

Lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado, toda vez que la medida reclamada supone un remedio judicial que, de ordinario debe aplicarse con criterio restrictivo y cuyo fundamento reside en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el litigio, evitando que se conviertan en ilusorias las sentencias que le ponen fin.(conf.C.F.S.M.P- FossatiCausa n°38 "G.A. c/Federación C Arg. S/amparo" Sala de Feria - Sec.Civ.- Reg. n°1 (Int.) Rta. 27/1/00 Juzg.Interv: JF.

M S.3 Ficha n°1.00; Fallos 306:2060 y CS in re "C.A.M c/G SRL y otros del 7/9/97, LL 13/10/97).

Que conforme todos los parámetros expuestos, cabe equilibrar los principios mencionados y atento el carácter provisional de este tipo de medidas (conf.art.202 del CPr.), corresponde rechazar los agravios expuestos y confirmar la medida cautelar innovativa.- III.- Las costas se imponen en el orden causado en virtud de la forma en que se resuelve la presente cuestión (conf.art.68 y cc. del CPr.). Regulando los honorarios de los letrados intervinientes, de conformidad con el carácter incidental del presente, resultado obtenido, mérito de la labor profesional, trascendencia para las partes y demás pautas de la ley 2200-4335 (arts. 6, 7, 9, 14, 27, 33 y cctes.).- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 36/42 y en consecuencia confirmar la resolución de fs. 28.- 2).- Las costas se imponen en el orden causado(conf.art.68 y cc. del CPr.). Régúlanse los honorarios del Dr. I.D.F.D.C en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) y los de la Dra. N.L en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) (conf. arts. 6, 7, 9, 14, 27, 33 y cctes., ley 2200-4335).- 3).- Téngase presente la reserva del caso federal.- 4).- Regístrese, notifíquese y devuélva-se.- Fdo: Nélida Susana Melero -Presidente-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 052 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS