Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-15


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los quince días del mes de junio del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Benjamín Moisá y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Subrogantes Dres. Omar Higinio Magallanes y Mariela González de Vicel, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "C., J. P. y otros c/ R., H. E. y otros s/ Sumario" (Expte. Nº 208/05 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- Atento a la integración del Tribunal, lo dispuesto por el art. 9 del Acuerdo N° 3/82 CANO, y practicado el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC entre los Subrogantes, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. MOISÁ - MAGALLANES - GONZALEZ.

Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 228/233 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión, el Dr. Moisá dijo:- 1. Por Sentencia N° 28 de fecha 02 de junio de 2005 (fs. 228/233 vta.), el Sr. Juez de primera instancia decide hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por los Sres. J. P. C. -por sí y en representación de su hija menor de edad P. A. C.-, D. N. e I. V. S. M. contra los Sres. H. E. R. y O. R. J., haciendo extensiva la condena, in solidum y en la medida del contrato de seguro, a la C. A. O. S.A., citada en garantía, con costas.- 2. Contra tal decisión se alza en apelación la parte actora a fs. 239, recurriendo en el mismo escrito, además, los honorarios regulados al perito interviniente, Perito en Criminalística L. A. A., por considerarlos altos (art. 49, Dcto. Ley N° 2.200). Ambos recursos son concedidos a fs. 240.

A fs. 257/259 vta., expresan agravios los recurrentes, los que, previo traslado (fs. 260), no son contestados por la contraria (fs. 261).

En lo concreto y conducente, los actores se agravian por considerar reducido el monto de la condena por el rubro "daño moral", solicitando que este Cuerpo eleve la indemnización por el mismo a la suma peticionada en la demanda o a la que considere adecuada de acuerdo con las constancias obrantes en la causa.- Con citas doctrinarias y jurisprudenciales, en definitiva, los apelantes entienden que son insuficientes las sumas de: a) $40.000.- otorgada a P. A. C.; b) $40.000.- otorgada -para cada uno- a D. N. e I. V. S. M.; y c) $25.000.- otorgada a J. P. C.; hija, padres y cónyuge respectivamente de D. V. N..- Por lo demás, en líneas generales, sostienen los recurrentes que los importes que les han sido asignados en concepto de indemnización por daño moral han sido inexplicablemente cuantificados por el señor magistrado de la instancia anterior, y que, si bien son concientes de las dificultades para la fijación de la reparación, de ninguna manera el monto que se fije en concepto de daño moral tiene que ser arbitrario o basarse en la sola subjetividad del juzgador.

Finalmente, citan en apoyo de su reclamo el fallo de esta Excma. Cámara dictado en los autos: "B., J. S. c/ C. de T. S. A. S.A. s/ Sumario" (Expte. N° 267/03 CANO).- 3. Resumidos de la manera que antecede los agravios de los apelantes, corresponde que me aboque a la consideración de los mismos con miras a fundar mi voto en la resolución del recurso en cuestión.

Puesto en tal tarea y considerando que objetivamente, en principio -esto es, mientras no se demuestren circunstancias particulares que modifiquen la conclusión-, el dolor que provoca la pérdida de un hijo debería ser el mismo para cualquier persona, entiendo que resultan aplicables a este caso los fundamentos vertidos en mi voto del precedente citado por los apelantes.- Así, he dicho: "Circunscripta entonces la cuestión al daño moral, soy de la opinión de que 'la reparación del daño moral derivado de la muerte de un hijo no requiere la producción de prueba directa del perjuicio, ya que difícilmente se pueda concebir un hecho de mayor proyección espiritual, pues se aparta del orden natural de las cosas; máxime si la muerte se produjo en circunstancias trágicas' (CNFed. Civil y Com., Sala II, octubre 24-995. - B., M.A. c. ENTEL - LA LEY, 1997-D, 830 -39.621-S-).

En el caso 'B.' -al que he hecho referencia supra [SDC N° 49/03 CANO]-, compartiendo las enseñanzas de Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ sobre el tema, tengo dicho: 'la fijación de la cuantía de la indemnización del daño moral, es asunto actualmente librado a la personal apreciación y decisión del magistrado, sin más guía que su intuición al efecto de esclarecer la equidad de la suma indemnizatoria...'.

Ahora bien, es axioma comúnmente aceptado el de que la discrecionalidad judicial no debe significar arbitrariedad. Sin embargo, ¿dónde está el límite en esta materia?.

Quienes ejercemos la magistratura podemos sostener que, aún indagada con prolijidad la entidad del daño moral en el caso, subsiste a continuación la incógnita sobre la equitativa entidad de la reparación. El examen de la calidad del daño moral no es intrínsecamente conducente a la decisión sobre la cantidad de la indemnización y sólo aporta un marco muy general a esta resolución.

Suele decirse que no es fácil para los jueces fijar la cuantía de la indemnización; 'nosotros pensamos que es diabólico...' (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Daños a las personas. Integridad sicofísica, pp. 520 y 522, Hammurabi, Bs. As., 1990).

No obstante, puesto en el ineludible deber de juzgar, aún ante la ausencia de pautas objetivas que orienten mi criterio con relación al quantum indemnizatorio (art. 15, Cód. Civ.; art. 165, CPCC), teniendo en cuenta el dolor que significa para un padre la pérdida de un hijo, en el caso, me parece prudente fijar en concepto de indemnización por daño moral la suma de $50.000.- para cada progenitor" (SDC N° 28/04 CANO).- 4. Tratando de objetivar al máximo mis conclusiones, con el ánimo de evitar arbitrariedades, entiendo que el dolor por la pérdida de un padre o de un cónyuge, siempre en principio, es legalmente equiparable -sin perjuicio de los reales sentimientos del damnificado, que sólo él conoce- al causado por la muerte de un hijo. Fundamento mi postura en el idéntico grado de parentesco en que se encuentran el hijo y el padre, en línea descendente y ascendente respectivamente, de conformidad con el art. 352 del Código Civil. Y, respecto del cónyuge, no siendo propiamente un pariente, en que tiene la misma vocación hereditaria que los hijos, en los términos del art. 3570 del Código Civil.- En suma y atento a lo expuesto, estimo que la indemnización por el "daño moral" causado por la muerte de D. V. N. -hija, madre y esposa- debe fijarse en el mismo monto, esto es $50.000.-, para cada uno de los damnificados.

5. En cuanto a la apelación por altos de los honorarios del perito, evaluada la tarea efectuada, en base a las pautas indicadas por los arts. 6 y 61 del Dec. Ley Arancelario, en especial en cuanto a la naturaleza y complejidad del trabajo, el mérito de la labor profesional y su trascendencia para el dictado de la sentencia, entiendo que el porcentaje fijado es elevado y debe ser determinado en un 2% del monto del proceso.

A idéntica cuestión, el Dr. Magallanes dijo:- Vienen los presentes autos a estudio del Tribunal en razón de haber sido apelada por los actores la sentencia definitiva obrante a fs. 228/233 vta. que hace lugar a la demanda por daños y perjuicios que entablaran contra los Sres. H. E. R. y O. R. J., y hace extensiva la condena a la citada en garantía C. A. O. S.A., "in solididum" y en la medida del contrato de seguro, con costas. Asimismo, recurren contra los honorarios fijados al perito interviniente, Perito en Criminalística L. A. A., por considerarlos altos.

De la expresión de agravios se desprende que atacan la sentencia recaída en los presentes por considerar reducidos los montos fijados en concepto de "daño moral", solicitando que este Cuerpo eleve la indemnización por el mismo a la suma peticionada en la demanda o a la que considere adecuada de acuerdo con las constancias de autos y a los parámetros determinados por esta Alzada para la fijación de tal indemnización, en la sentencia dictada en el Expte. N° 267/03 CANO.- Encuadrado el daño moral en lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, que indica que el mismo corresponde a los damnificados directos, entiendo que respecto al esposo e hija de la víctima, la indemnización apunta a compensar las consecuencia negativas que en la personalidad de los afectados ha generado el hecho lesivo, máxime tratándose, al momento de la desgracia, de un matrimonio de un año de casado y de una menor de dos años de edad. Dicho daño surge in re ipsa, por cuanto se presume derivado de la muerte temprana de una esposa y madre. El cónyuge que sobrevive y un hijo menor de edad no necesitan probar la existencia del daño porque su subsistencia habrá de resentirse con la desaparición de quien en vida era esposa y madre, creando el consiguiente desasosiego e inseguridad que la falta les reportará (conf. Doctrina del art. 1078 del Código Civil). Puesto en la difícil tarea de cuantificarlo, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 165 del C. P. C. y C., no estando sujeto a reglas fijas y dependiendo -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión, encuentro justo y razonable estimarlo en la suma de $50.000.- para el cónyuge y la suma de $50.000.- para la menor.

Refiriéndome, en el caso, al agravio formulado por los progenitores, es incuestionable la lesión de las legítimas afecciones de los padres y el consiguiente daño resarcible, que deriva de la muerte de una hija a raíz de un suceso que obliga a otra a responder. También la de ellos deriva de la calidad de herederos forzosos del citado art. 1078 del Código Civil. Entiendo que conforme a la naturaleza, los hijos se encuentran destinados a sobrevivir a sus progenitores y por tanto acompañarlos moral y materialmente hasta el fin de sus vidas. Mosset Iturraspe dice "La vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparables. El padre o la madre ven en los hijos el fruto de su amor, la continuación de sus vidas, más allá de las propias, y esperan recibir de ellos buena parte al menos del cariño que han depositado, como consuelo y ayuda espiritual, en los altos años de sus vidas" ("El valor de la vida humana", Rubinzal-Culzoni, pág. 137).- Frente a tal realidad y como el daño también se infiere a partir de la desaparición trágica de la hija, conforme la normativa en la que funde el ítem precedente, razono que es justo y coherente cuantificarlo en la suma de $50.000.- para cada uno de los progenitores.

Sentado ello y pasando al tratamiento de la apelación deducida contra el porcentaje fijado en concepto de honorarios del perito, analizada la labor desarrollada por el citado profesional en base a las pautas indicadas por los arts. 6 y 61 del Dec. Ley Arancelario, en especial en cuanto a su trascendencia para el dictado de la sentencia, entiendo que el porcentaje fijado es elevado y, consecuentemente, debe ser reducido y fijado en un 2% del monto del proceso.

A la segunda cuestión, el Dr. Moisá dijo:- Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) modificar la Sentencia N° 28 de fecha 02 de junio de 2005 (fs. 228/233 vta.) en la forma considerada, esto es, elevando el monto de la indemnización por el rubro "daño moral" a la suma de $50.000.- para cada uno de los actores: J. P. C., P. A. C., D. N. e I. V. S. M. y fijando, en definitiva, los emolumentos del perito en Criminalística L. A. A.en el 2% del monto del proceso; b) imponer las costas a los demandados (art. 68, CPCC); y c) fijar los honorarios de los Dres. R. L. G. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley -atento el logro obtenido a través del presente pronunciamiento-, en un 2,14% del monto por Daño Moral que se determine, con más el IVA pertinente. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A la misma cuestión, el Dr. Magallanes dijo:

Atento lo manifestado al votar a la cuestión anterior, opino que corresponde: a) modificar la sentencia definitiva de fs. 228/233 vta., fijando el monto en concepto de "daño moral" en la suma de $50.000.- para cada uno de los actores: J. P. C., P. A. C., D. N. e I. V. S. M. y determinado en un 2% del monto del juicio, los emolumentos del perito en Criminalística L. A. A.; b) imponer las costas a los demandados vencidos (art. 68, CPCC); regulando los honorarios de los Dres. R. L. G. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley, en un 2,14% del monto por Daño Moral que se determine, con más el IVA pertinente. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1) MODIFICAR la Sentencia N° 28 de fecha 02 de junio de 2005 (fs. 228/233 vta.) en cuanto: a) al monto de la indemnización por el rubro "daño moral", el que se fija, en definitiva, en la suma de $50.000.- para cada uno de los actores: J. P. C., P. A. C., D. N. e I. V. S. M., y b) a los emolumentos del perito en Criminalística L. A. A. los que se determinan en el 2% del monto del proceso (arts. 6 y 61 del Arancel).

2) IMPONER las costas a los demandados (art. 68, CPCC); regulando los honorarios de los Dres. R. L. G. y M. I. M., en conjunto y proporción de ley -atento el logro obtenido a través del presente pronunciamiento-, en un 2,14% del monto por Daño Moral que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el IVA pertinente. (art. 14 Dec. Ley 2.200).- 3) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta con el Tribunal integrado con el Sr. Juez de Ejecución, Dr. Omar H. Magallanes, por vacancia de dos vocalías y encontrarse inhibido el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral, y por dos Jueces por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550 y Acordadas Nº 3.223/00 y 3.303/03 STJ) y no haber hecho uso la Dra. Mariela González de Vicel, del derecho que le asiste conforme lo dispuesto por el art. 271, último párrafo, del CPCC, texto según Ley 4.550.

BENJAMÍN MOISÁ OMAR H. MAGALLANES REGISTRADA BAJO N° 15 DEL AÑO 2006. CONSTE.- Fdo Irma Alicia Carbó-Secretaria.-