marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso contravencional, aplicación de la ley penal, condena condicional, nulidad absoluta, reformatio in pejus, principio de legalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, J.D. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 39 Artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

La condena de ejecución condicional no tiene cabida en el ordenamiento normativo contravencional, por estricta aplicación de lo que dispone el artículo 10 del Código Contravencional.

Si en el sub-judice se ha aplicado una disposición ajena a la legislación local, el trámite y resolución de la causa adolecen de un grave vicio, que los ha desnaturalizado, imponiéndose entonces su corrección por esta Alzada.

Se verifica en la especie la violación del principio de legalidad, artículo 13 inc.3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que se ha aplicado un modo de cumplimiento de la pena que no tiene recepción legal, ya Beccaria, en su clásico "De los delitos y de las penas", afirmaba que "solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad reside exclusivamente en el legislador.

Siendo ello así, no corresponde sino privar de valor alguno a los actos procesales que hallaran sustento en tal infracción, pudiendo actuar este Tribunal de oficio al respecto, por tratarse de una nulidad de las llamadas absolutas, que afecta el orden público, y no existir manera alguna de enderezar las actuaciones conforme a derecho.

Al resolver como lo hacemos, declarando irritos los actos viciados, no incurrimos en reformatio in pejus, toda vez que el recurso de apelación, por ser consecuencia directa de aquéllos, se encuentra también alcanzado por la nulidad verificada en estos actuados.
Impuestos, impuestos municipales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "DGI (Autos Werk Constructora SRL TF 21.706-I)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

La tasa creada en el art 113 del Código Tributario Municipal de la ciudad de Rosario no grava las obras realizadas, sino que el objeto del hecho imponible consiste en un tarea cumplida por la Municipalidad, esto es, el control e inspección de las obras, lo que mediatiza la relación entre el hecho gravado por el impuesto al valor y aquél del tributo cuya deducción pretende y no se cumple con uno de los requisitos previstos para la no inclusión de la tasa en crisis en el precio neto gravado a los efectos del cálculo del Impuesto al Valor Agregado (Cons. V y VI).
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal contratado, remuneración, asignaciones familiares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PETRONI, FELICIANO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nº. 654 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

Resulta improcedente el recurso intentado, desde que las asignacione s familiares que, en su caso, hubieran debido abonarse al actor, estaban incorporadas en la suma única pactada y efectivamente abonada por la Municipalidad demandada. Además, cabe aclarar que, en el caso, no surge que con posterioridad a la celebración del contrato, se hubiere producido alguno de los hechos que dan lugar al otorgamiento de asignación familiar; y siendo que las contingencias por las que se reclama son preexistentes a la constitución de la relación de empleo, deben entenderse incluidas en la suma que, "por todo concepto", pactaron las partes.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, medidas cautelares, decretos, suspensión de la ejecutoriedad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Si bien el pronunciamiento que hizo lugar a la medida cautelar y dispuso la suspensión de los efectos del decreto 92/97 puede llegar a exceder el interés individual de las partes, dicha medida de por sí no genera un gravamen que repercuta con tal entidad que haga necesaria la intervención de la Corte en un tema ajeno al marco del recurso extraordinario en los términos del art. 14 de la ley 48 (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A.

Bossert).
Relación de dependencia, prueba testimonial, contrato de trabajo, presunciones
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Britos, Hugo Angel c/ Villegas, Roberto y/o Panadería Virgen del Valle s/ Haberes impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-18

Los testimonios rendidos en autos no son válidos para acreditar una prestación de servicios bajo dependencia como se aduce en la demanda -categoría de oficial panadero B de lunes a domingo.

La prueba es normalmente comprobación, demostración de las proposiciones formuladas en juicio, por lo que confrontada la plataforma fáctica base de la acción con los dichos de los testigos que sólo alegan que la veían repartir pan o que en algunas oportunidades se la veía atendiendo la panadería, hacen que la misma carezca de virtualidad jurídica a los fines de la acreditación de una prestación de servicios; consecuentemente, no acreditado dicho extremo, en modo alguno puede aplicarse el plexo presuncional contemplado en la ley de fondo respecto de la existencia del contrato de trabajo.
Competencia, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J.N. y Otros c/ Buenos Aires Provincia de y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-11

Aún en el marco del ejercicio de funciones administrativas, hay supuestos cuya dirimencia de competencia se dará en virtud de normas de derecho común, y la responsabilidad estatal devendrá subjetiva, u objetivamente en el marco del concepto de "falta de servicio", que indefectiblemente -de allí la dificultad que se viene señalando- se verá teñida de "pública" ante la presencia del sujeto estatal.- No obstante, según se adelantó, en tanto no es el criterio subjetivo el que a juicio de esta Sala y en ausencia de pautas rituales debe dilucidar la cuestión, sino el objetivo dado por los elementos ya descriptos, ha de efectuarse en cada caso un análisis riguroso para desbrozarlos. De lo contrario se corre el riesgo de -so pretexto de la naturaleza del sujeto y la índole de su función, siempre presente- estimar que en todos los casos en que se atribuya responsabilidad al Estado, la competencia debe ser contencioso-administrativa.
Código procesal penal, querellante, persona que no es parte, ley procesal, interpretación sistemática
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. Guillermo César Carricart c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-22

La aplicación de las normas introducidas por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal -conforme lo dispuesto por la Resolución 2/2017-, deben interpretarse en armonía con las normas procesales en su conjunto, por lo que la facultad de revisión de la víctima a la que remite el artículo 80 de dicho Código, sólo es admitida bajo tales supuestos quedando fuera en consecuencia toda posibilidad de impugnar el sobreseimiento, correspondiendo tal atribución a la parte querellante.
Recurso extraordinario federal, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CIVIL
Carátula: PIRICH JUAN c/ BELIZAN GENARO S/ REIVINDICACION s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-13

Las cuestiones federales deben ser deducidas en oportunidad de trabarse la litis; o en una ocasión posterior, tal el caso de la arbitrariedad sorpresiva, pero ello sujeto a que dicha oportunidad constituya la primera oportunidad posible y previsible que brinde el procedimiento.
Contrato de trabajo, modificación de la ley, ley de empleo, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: TOBAR, RODOLFO c/ BAGLEY SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

La modificación que las disposiciones contenidas en la ley 24013 introdujeron a la LCT no eliminan la solidaridad originariamente impuesta. Por el contrario, mediante el art. 75 del citado cuerpo legal se modifica específicamente el último párrafo del art. 29 LCT subsistiendo lo esencial que impone la indicada normativa, esto es, que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a ser proporcionados a otra empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Por su parte, las previsiones contenidas en el art. 29 bis de la LCT reformado por la ley 24013 impone que los empleadores que ocupan trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, serán solidariamente responsables con aquella, por todas las obligaciones laborales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, razonabilidad, responsabilidad del asegurador, indemnización tarifada, accidentes de trabajo, citación en garantía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIRRE, DELIA RAQUEL c/ GRIMOLDI S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-14

Más allá del esfuerzo argumentativo intentado por la quejosa, esencialmente referido a que se la condenó al pago de la reparación prevista en la ley especial de riesgos del trabajo, cuando sólo se demandó -tanto a su parte como a la empleadora- por la vía del derecho civil, se extrae de su propio relato que también fue citada en garantía de la empleadora; y frente a dicha situación procesal denunciada por la propia recurrente, no luce ilógica ni arbitraria la conclusión a la cual arribó la Cámara con sustento en doctrina del más Alto Tribunal de la Nación in re "Cura" y de esta Corte provincial en el precedente "Cristaldo", respecto a la posibilidad de que el empleador, condenado a satisfacer una reparación integral basada en el Derecho Civil, encuentre protección en la medida de su aseguramiento, mediante la condena a la citada en garantía aseguradora de riesgos del trabajo. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Netri) - CITAS: CSJN: Cura, C. 1936. XL; CSJStaFe: Cristaldo, AyS T 289, p 494.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, entidades deportivas, pase a préstamo, derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación
Materia: PROCESAL
Carátula: ASESORA DE MENORES E INCAPACES, 7MO. JUZGADO DE FAMILIA- EXPTE. N° 29500 - c/ FEDERACION DE BASQUET DE MENDOZA Y OTS. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-10-07

La negativa de un club a otorgar el pase definitivo de un jugador de básquet configura un acto abusivo que torna procedente la acción de amparo por arbitrariedad manifiesta. Con esta conducta se está violando y coartando derechos y garantías constitucionales, así como el derecho plasmado en el artículo 19 de la Constitución Nacional por el cual ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe; además del derecho de asociación que protege el artículo 14 de esa misma carta, el cual ha sido entendido no solamente en su dimensión inicial, esto es, derecho a incorporarse a estas estructuras colectivas con fines útiles, como es indudablemente la práctica deportiva, sino también en su faz final, es decir, derecho a separarse del núcleo asociativo cuando se desee en la medida, claro está, en que no se violenten normas o convenciones específicamente establecidas entre las partes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia, recursos, recurso de apelación (procesal), sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Abastey, Julio y otros c/ Cía. Swift de La Plata SA. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Aunque las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos locales deducidos ante los tribunales de la causa no justifican -como regla- el otorgamiento de la apelación extraordinaria, ello no es óbice para invalidar lo resuelto cuando la inteligencia asignada a las normas aplicables traduce un excesivo formalismo que frustra una vía apta para el reconocimiento de los derechos, con menoscabo de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).
Interpretación de la ley, asignaciones familiares, obligaciones del empleador, infracciones laborales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARCIA LARUMBE, JORGE ELICERC c/ C.A.S.F.E.C. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-12

El carácter de "cumplidor" que se arroga el recurrente no empece a que, hallada una infracción (en el caso al art. 3°, inc. b) de la ley 22.161), se haga cargo de su consecuencia (cfr. art. 5), ya que la amplitud que el legislador le ha impuesto a esos dispositivos legales (evidentemente coercitivo-punitorios), da cuenta que se persigue el cumplimiento de todas las obligaciones que le pesan.
Defensa de la competencia, proveedor de Internet, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación  para  la Defensa de la Competencia c/ Estado NacionalSecretaría de Comunicaciones s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

La intervención conjunta de la secretaría con atribuciones en materia de defensa de la competencia (actualmente la Secretaría de Comercio Interior -SCI-), que prevé el Reglamento General de Licencias para declarar la caducidad de una licencia (art. 2, inc. g, decr. 764/00), debe entenderse que está prevista a fin de permitir una valoración del impacto que ello podría tener en el mercado involucrado y, eventualmente, de establecer las medidas pertinentes para evitar la restricción o afectación de la competencia. Surge de la propia Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones (B.O. 20-8-2010) que no se cumplió con la referida intervención del órgano con incumbencia técnica en materia de defensa de la competencia, por lo que puede sostenerse, con grado de verosimilitud, que existe ilegalidad manifiesta suficiente para admitir la medida cautelar y suspender los efectos del acto hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.
Empleados públicos, nombramiento, estabilidad del empleado público, acto administrativo, debido proceso, derecho de propiedad, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ROBERTO OSVALDO FERRER c/ MRIO. DE DEFENSA s/ RESOL. NRO. 361
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-25

La estabilidad garantizada por los arts. 15, inc. a), y 16, de la ley 22.140 sólo se puede perder por las causas establecidas en dicho régimen; por lo que la baja dispuesta en base a un acto administrativo carente de sustento legal y en cuya sanción no se había observado el debido proceso resulta ilegítima y violatoria de los arts. 17 y 18 de la Carta Magna.
Concursos, SECLO, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: GERLINSKY, CARLOS c/ BELLO, RUBEN s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

El trámite administrativo ante el seclo tiene los efectos interruptivos de la prescripción establecidos por la ley 20744 art. 257, aun cuando haya sido iniciado cuando la empleadora ya se encontraba concursada; ello así, en primer lugar, pues se trata de un efecto propio de ese procedimiento, expresamente, regulado en la ley; pero, además, porque aun mediando la prohibición de la ley 24522 art. 16, no puede considerarse que dicho procedimiento resulte inoficioso; ya que la empleadora, al concurrir a la audiencia fijada al efecto por la autoridad administrativa, bien pudo reconocer la existencia de la relación laboral e informar, en su caso, el monto de la liquidación que le correspondía al trabajador, según las constancias del libro previsto por la LCT art. 55 que estaba obligado a llevar, lo que hubiese allanado el camino de la verificación al trabajador, además de interrumpir definitivamente el curso de la prescripción (Cód. Civil art. 3989).
Quiebra, desapoderamiento, realización de bienes, legitimación procesal del fallido
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MONTUSCHI, DINO s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  ADMINISTRACION  Y REALIZACION DE BIENES POR LA  SINDICATURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

Si bien el fallido carece de legitimación para efectuar peticiones vinculadas a bienes desapoderados, así como de inmiscuirse en las decisiones del juez respecto a la forma y modalidad en que es conveniente llevar a cabo la realización de los mismos, tal principio cede cuando la modalidad de realización admitida por el tribunal viola elementales atribuciones personalísimas del deudor como el derecho a la intimidad y el respeto de la vida privada de los hombres, consagrado por la constitución nacional (arts. 17 y 19), así como también derechos de terceros ajenos al concurso.

(En el caso, para evitar gastos de traslado y contratación de salón para la subasta, se autorizó que la misma se llevará a cabo en la propia casa del fallido, donde está asentado el hogar conyugal, con el consiguiente perjuicio psicológico y espiritual del deudor y su familia, alterando no solo la tranquilidad familiar sino también la del consorcio mismo, que podría invocar objeciones reglamentarias).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Viviendas Bancarias  S.A.C.I.C.I.F. y M. c/ Luis, Carlos y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

El recurso de inaplicabilidad de ley deducido contemporáneamente con el extraordinario no desvirtúa el carácter de definitiva de la sentencia, si la Cámara, al examinar el primero, no decidió cuestiones análogas a las planteadas en la apelación extraordinaria.
Contrato de trabajo, despido, mobbing, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Trerotola,  Sania  Karina c/ Supermercados  Norte  SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

A la trabajadora que ha sido víctima de maltrato verbal frente a sus compañeros por parte del gerente, más allá de la indemnización tarifada que prevé la L.C.T., por los trastornos psicológicos (depresión y ansiedad generalizada) que sufriera a raíz del stress generado por el maltrato de su superior jerárquico, cabe abonarle una suma adicional en concepto de reparación del daño provocado a la salud y el daño moral. Dicha reparación tiene su fundamento en el art. 1113 del Cód. Civil en cuanto el gerente en cuestión, era un dependiente de la empleadora por quien debe responder.
Leyes, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Laboratorios Rontag s/ ley 16.463.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

La primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto.
Alimentos, obligación alimentaria, cesación de la obligación alimentaria, prueba
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: M. de L. C., A. y otros c/ L. C., O. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-18

Si las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de dictar sentencia han variado y recién se denunciaron en la Alzada, no configurándose en la actualidad a juicio del obligado alguno de los presupuestos de los arts. 209, y 207, inc. 1), 2) y 3), del Código Civil, no se da la vía adecuada para ventilar y resolver dicha controversia, pues su análisis está vedado por el art. 277 del Código Procesal que fija los límites de la alzada. Si el alimentante se creyera con derecho, deberá articular, por vía y forma conducentes, la extinción del derecho de su contraria, acreditando los hechos que avalan dicha pretensión.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cipriano, Rubén Obdulio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

La doctrina del Tribunal permite a la demandada introducir nuevos argumentos, de hecho o de derecho, que se opongan a los del actor, confiriéndole a éste la oportunidad de controvertirlos eficazmente al contestar el traslado que se le confiera o al formular el alegato.
Derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem, proceso penal, hecho único, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL PENAL
Carátula: M, R.B. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.   INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO REITERADO Y   MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (CSJ EXPTE Nº 826-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

El más Alto Tribunal de la Nación tiene establecido que el principio del "non bis in idem" es reconocido y que -dicho principio prohibitivo- integra ahora también la dimensión normativa de nuestro ordenamiento jurídico federal a partir de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé -en el inciso 4 de su artículo 8- que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Se ha dicho también que dicha garantía constitucional protege contra la doble persecución por un mismo hecho, sin importar los diversos encuadramientos que se puedan efectuar respecto de aquél. La apreciación relativa a la independencia de las acciones (que en el caso, el agraviado pretende integran un mismo acto) teniendo en cuenta su hipotética pero posible separabilidad, constituye un juicio apoyado en razones de hecho y en la interpretación de normas de derecho común, que no autorizan la apertura del recurso extraordinario.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Inmar S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-20

En cuanto al grado y significación del desequilibrio de la ecuación económico financiera del contrato debe estarse a las previsiones de la ley 6021 de obras públicas. El art. 56 contempla una previsión en el beneficio de hasta un diez por ciento de la obra.
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, coautoría, homicidio con ensañamiento
Materia: PENAL
Carátula: ASSAD, J.A. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION    SECUELA DE JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

XI. Como lo pide el señor Fiscal de Cámara, en la especie, debe extenderse la pena accesoria prevista en el art. 52 del C. Penal a los coautores, teniendo en cuenta para ello no sólo la muerte dada a cuatro personas vivas, directamente por cremación con combustibles, y que no presentaban golpe alguno en la cabeza, que permitiera advertir siquiera un asomo de compasión por desmayarlas previamente, y el motivo de lucro que los movió, y que ninguna persona normal puede siquiera admitir como explicación para una masacre, sino también la falta total de arrepentimiento mostrada por los acusados.