Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-11


V., L. y otros contra S., J. y otros Reg.: A y S t 213 p 3-6.

Santa Fe, 11 de abril del año 2006.

VISTOS: los autos "V., L. y otros contra S., J. y otros -Calumnias e Injurias- (Expte 1080/03) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

Nro. 235, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Tribunal de fecha 30.11.2005 (A. y S. T. 211, pág.

23), por el que se dispuso la remisión de la causa al Juzgado de origen para que se pronuncie respecto de la prescripción de la acción penal, la parte querellante interpone recurso de revocatoria.

Expresa que, utilizando la regla hermenéutica que rescata la relevancia de las consecuencias que se deriven sobre la realidad objeto de la regulación jurídica, no es posible soslayar la estimación de los tiempos que demandará resolver la prescripción de la acción penal. Sostiene que, si bien en principio la competencia de la Corte Suprema no puede ser ampliada, no es posible ignorar las particularidades de los casos concretos sometidos a juzgamiento.

Entiende que, sin que ello implique apartamiento alguno de lo normado en el inciso 1º del artículo 93 de la Constitución provincial, este Tribunal puede resolver, sin más trámite, la cuestión sobre la prescripción de la acción penal.

Advierte que la remisión dispuesta no sería óbice para que la cuestión vuelva a ser objeto de resolución por esta Corte, por vía recursiva, con lo que solo se registraría una injustificada dilación de tiempos sin beneficio alguno, la que aparece aun más grave a juzgar por los tiempos que ambos tribunales ordinarios han insumido para resolver la querella.

Manifiesta que el caso reviste particular relevancia institucional para el país atento que, en virtud de los tratados internacionales suscriptos, el Estado nacional se ha comprometido no sólo a la protección del honor de sus habitantes sino, además, a la represión penal de quienes atenten o destrocen el buen nombre y honor de las personas.

Considera que la acción penal no se encuentra prescripta en el sub júdice, argumentando en torno al alcance que corresponde asignar a los incisos "c" y "d" del artículo 1 de la ley 25.990 en el caso de acciones privadas, a los actos que es razonable interpretar que tienen efecto interruptor de la prescripción y a la fecha de producción de tales actos procesales en la causa y los plazos que mediaron entre ellos.

2. Decretado por Presidencia el pase de los autos para resolver, corresponde decidir acerca de la revocatoria interpuesta.

3. Se adelanta que la impugnación no puede prosperar.

En efecto, de conformidad con el criterio que invariablemente ha sostenido este Tribunal -siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, sus fallos y resoluciones no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria, en la medida que revisten carácter final y, por ende, no pueden ser objeto de impugnaciones por medios ordinarios (Fallos 182:557; 189:294; 206:372; 241:249; 252:21, 50; 265:133; 280:347; 291:80; 297:381, 543, 558; 303:241 y A.

y S. T. 136, pág. 474; T. 143, pág. 448; T. 152, págs. 126, 257; T. 164, págs. 82, 209; T. 170, págs. 214, 247; T. 175, págs. 196, 329; T. 189, pág. 175; T. 197, pág. 251; entre otros).

Con esa inteligencia, el más alto Tribunal de Justicia de la Nación ha insistido constantemente en la insusceptibilidad de sus fallos para ser atacados a través del recurso de revocatoria (Fallos 305:603, 1162), a excepción de aquellos supuestos de error esencial (Fallos 310:858), en los que se hace ostensible el riesgo de consumar una injusticia notoria.

Por su parte, la Corte provincial trazó el perfil de la "revocatoria in extremis" en la causa "Malvicino" (A. y S. T. 140, pág. 416), donde se afirmó que esa figura debía entenderse como un procedimiento atípico de "reparación" del error indisputable y nunca de "reexamen" o "reconsideración de la causa".

Es decir, el remedio juega dentro de un determinado ámbito, específico y circunscripto a situaciones serias e inequívocas que ofrezcan una nitidez manifiesta -en las que cuadra apartarse de aquel principio-, y en el que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los fundamentos que sustentan el pronunciamiento (Fallos 315:2581); no pudiendo -jamás- erigirse como un "nuevo juicio".

En la especie, la parte querellante pretende que esta Corte reexamine su decisión a la luz de una argumentación que -lejos de evidenciar un error material, grave, evidente- cuestiona el juicio del Tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible (cfr. Fallos 315:406; A. y S. T. 152, pág.

435, entre muchos otros).

No es ocioso reafirmar lo señalado por este Tribunal en el decisorio impugnado -y que constituye inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así, desde Fallos 311:2205)-: que el pronunciamiento sobre la prescripción de la acción es previo a cualquier decisión sobre el fondo. Y frente al criterio seguido por este Cuerpo para abordar el tratamiento y resolución de dicha cuestión, el recurrente opone su propia opinión sobre el particular, exponiendo una serie de argumentos acerca de los que caben efectuar ciertas precisiones.

En primer lugar, respecto del planteo vinculado con la invocada relevancia institucional del caso y la obligación internacional del Estado de "represión penal de quienes atenten o destrocen el buen nombre y honor de las personas", debe indicarse que el diseño de los tipos penales y, en general, las condiciones de perseguibilidad penal de las conductas, son determinaciones del legislador que no agotan la tutela de los bienes jurídicos.

En tal sentido, cabe tener en cuenta que "la legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la Constitución, el derecho internacional y el resto de la legislación.

En esos ámbitos se trata de bienes jurídicos tutelados" y que "[l]a ley penal sólo eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular, pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza fragmentaria y excepcional" (Zaffaroni, Eugenio Raúl; Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2000, pág, 464).

También corresponde aclarar -atendiendo a las citas efectuadas por el recurrente en sustento de sus agravios, extraídas de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en "Arancibia Clavel" (del 24.8.2004, publicado en L.L. T. 2004-F, pág.

292)- que esta causa indudablemente no involucra un delito de lesa humanidad y es en ese contexto que se emitió el pronunciamiento aludido por el impugnante.

El traslado acrítico de los razonamientos allí efectuados al ámbito de los delitos comunes resulta inadecuado -por la concepción del Estado subyacente a tal postulación, más propia de un Estado autoritario o policial- y hasta absurdo -pues toda prescripción de una causa penal acarrearía responsabilidad internacional del Estado-.

En la causa "Caballero" (fallo de la Corte nacional del 8.11.2005, publicado en D.J.

Sup. Nº 48, del 30.11.2005, pág. 931) se precisó que "con frecuencia, la declaración de prescripción exige la comprobación de algo más que el mero transcurso del tiempo. La constatación de tales aspectos supone, invariablemente, una controversia, es decir, el debate sobre ciertos puntos decisivos para la suerte del litigio que debe ocurrir bajo el amparo de reglas acordes con el debido proceso" (voto del Dr. Petracchi).

Y se observó "[q]ue afirmar el carácter de orden público del instituto no legitima a los tribunales a obviar las instancias procesales legalmente previstas y a declarar de oficio que la acción penal no se ha extinguido, cuando tal decisión depende de la discusión de diferentes aspectos fácticos y jurídicos. La declaración de oficio de la subsistencia de la acción penal, en todo caso, sólo puede ser justificada excepcionalmente, en aquellos supuestos en los que la declaración de prescripción violenta el orden público internacional (cf. A.533.XXXVIII Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros - causa Nº 259", del 24 de agosto de 2004), situación que, por cierto, no se plantea respecto de la persecución de conductas como las atribuidas a los imputados" (voto del Dr. Petracchi, considerando 13).

En otro orden, y con relación a las manifestaciones vertidas respecto de la provisión del servicio de justicia, cabe advertir que el recurrente obtuvo dos sentencias -en primera y segunda instancia- que resolvieron sobre el fondo de la cuestión por él introducida - aunque, eso sí, absolutorias, es decir, contrarias a su pretensión punitiva- y esta Corte ordena la remisión de los autos al A quo al solo efecto de evaluar la subsistencia de la acción penal, y ello en atención a la reforma introducida por la ley 25.990 al artículo 67 del Código Penal.

La decisión, además, conforma al derecho de defensa, a cuya debida protección está obligada esta Corte, sin que se advierta un menoscabo de los derechos del querellante, pues la dilucidación de la acotada cuestión no tiene por qué insumir -en principio- un tiempo considerable.

Finalmente, cabe señalar que el procedimiento seguido por esta Corte (reiterado numerosas oportunidades: T. 40, págs. 115, 126, 132 y 140; T. 75, pág. 153; T. 80, pág.

205; T. 86, pág. 336; T. 113, pág. 260; T. 134, pág. 308; T. 185, pág. 262; T. 190, pág.

459; T. 206, pág. 477; etc.) no contradice el temperamento adoptado por la Corte Nacional (así, cfr. "Caballero" -citado- o "Pérez" -de fecha 6.12.2005-).

En suma, el recurrente no pretende la reparación de un error obvio e indisputable sino que, antes bien, solicita lisa y llanamente la inadmisible reconsideración de lo resuelto.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar por inadmisible el recurso interpuesto.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)