Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05


La Plata, abril 5 de 2005.

1º ¿Es admisible el presente recurso? 2º ¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto? 1º cuestión. - El doctor Mancini dijo:

El recurso en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados, en lo pertinente, por los arts. 451 y concs. del C.P.P., a la vez que el recurrente se encuentra legitimado para recurrir, y en vista de que la sentencia objeto del recurso, se enmarca dentro de las resoluciones que el Código de Rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía, debe entonces admitirse el presente recurso de casación (arts. 421, 448 inc. 1º, 451, 454, 464 y concs. C.P.P.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Mancini dijo:

I. La recurrente, a fs. 20/29, expresó los motivos que sustentan la presente impugnación.

Denuncia como transgredidas las normas de los arts. 89 del Cód. Penal y el art. 210 del Cód. Procesal Penal.

En la exposición de los fundamentos en los que sustenta su queja, sostiene que del análisis de la autoría surgió que la testigo S. no fue presencial del acontecimiento puesto que sólo referenció que vio salir a los imputados de su casa cuando ella regresaba del destacamento policial.

Asimismo expresa que la discusión previa que mantuviera la testigo con el encartado no sirve para dar por probada su autoría ni puede extraerse de ella indicio alguno que permita fundar su participación en el hecho. Ello así porque la discusión lo fue con la testigo S. y la víctima resultó ser P. (ex concubino de S.), por lo que no hay identidad de sujetos.

Cuestiona el testimonio de la víctima P. señalando que varió su exposición en el debate respecto de la denuncia formulada en ámbito policial en la que expresara que lo golpearon en presencia de su ex pareja y la madre de ésta. En este segmento de la queja critica la actitud del a quo al tratar de hacer pasar lo contenido en el acta de denuncia como un error de redacción, concluyendo que el denunciante al firmarla tiene la oportunidad de verificar su contenido.

Por otra parte expresa que P. nada dijo de la supuesta discusión previa que referenciara S.

En cuanto a los dichos de la testigo R. -descalificados por el sentenciante por resultar "inentendibles"- expresó la recurrente que sus dichos no variaron a lo largo del proceso y que surgió de los mismos la imposibilidad de la testigo de individualizar a los sujetos agresores tanto en su persona como en el número de intervinientes.

Concluye señalando que el a quo sólo contó con el testimonio de S. -quien no presenció la pelea- y los dichos del denunciante. Y que de lo expresado por S. sólo puede extraerse válidamente la presencia de tres sujetos en el lugar, pero de ningún modo que J. G. haya sido uno de los autores del delito enrostrado en carácter de autor.

Solicitó la casación del fallo y absolución de su asistido.

II. La Fiscal Adjunta de Casación, doctora M., propició el rechazo de la impugnación puesto que tratándose de críticas fácticas la recurrente no logró demostrar la configuración de absurdo o arbitrariedad, habiendo realizado, distinto de ello, una revalorización de los elementos colectados.

III. La Defensora Adjunta de Casación, doctora B., mantuvo el recurso interpuesto por su predecesora y postuló su procedencia formulando reserva del Caso Federal (art. 14 ley 48).

IV. Del cuadro circunstancial descripto por el Juzgador surge que luego de que tres sujetos arribaran a la casa de S., ésta dejó la casa por unos momentos para dirigirse al Destacamento Policial en procura de agentes de la fuerza con motivo de una discusión generada en su domicilio, y surge también que al regresar advirtió que los tres sujetos salían corriendo observando a su ex pareja ensangrentado.

El sentenciante consideró acreditado, en base a los testimonios de S., de la víctima P. y de las certificaciones obrantes a fs. 2 y 29 del cuerpo principal, que el imputado G. resultó responsable penalmente del delito de lesiones cometido en perjuicio del nombrado P. en el interior de la vivienda de S., clara cuestión de hecho que, aún cuando admite la revisión casatoria, sólo resultaría censurable a través del absurdo o arbitrariedad que, en el presente, según veremos, no se ha demostrado.

La conclusión incriminatoria a que arribó el juzgador, constituye una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, sin que la actividad valorativa por él desplegada, ya para otorgar conducencia acreditante a determinadas pruebas, ya para restarles valor convictivo, se haya apartado de las reglas de la lógica, la experiencia o el sentido común.

En efecto, el Magistrado concluyó afirmativamente respecto de la responsabilidad que le cupo a G. en el evento, y decidió así en función de diferentes elementos que, a mi modo de ver, válidamente conducen a la solución arribada, sin evidenciarse error preceptivo alguno.

La crítica que en esta alzada esboza la recurrente, tema que trataré más adelante, se ciñe a realizar una actividad valorativa propia, con subjetividad no necesariamente compartible, y de manera discrepante con las conclusiones del a quo.

En tal sentido tiene dicho reiteradamente esta Sala que la sola presentación de hipótesis discrepantes con el criterio adoptado por el juzgador no abastece las exigencias rituales de recurrencia casatoria.

Las conclusiones extraídas de los testimonios valorados, en concordancia con el contenido del certificado e informe médico considerados, avalan suficiente y válidamente -a mi criterio- el dispositivo del acto sentencial cuestionado, y el razonamiento desplegado por el juzgador traspone adecuadamente el tamiz de las reglas de la lógica, alejando la idea de arbitrariedad y absurdo.

En efecto, el ataque recursivo de la Defensa, con la intención de cuestionar la declarada autoría de su asistido, en primer término señala que la testigo S. no fue presencial del hecho, pero dicha afirmación, como embate contra la sentencia, carece de entidad puesto que en ningún momento se afirmó lo contrario, ni tampoco se hizo derivar, de ella, conclusión alguna que merezca la tacha casatoria.

Por otra parte tampoco cuenta con suficiente entidad recursiva la afirmación de que la discusión previa fue con S. y no con la víctima. Ello así puesto que sin perjuicio de quién haya sido el sujeto pasivo de las ofensas proferidas (tal cual lo relatara S.), en nada afecta a la decisión del a quo que incrimina a G., puesto que dicha incriminación emana directamente de la sindicación realizada por la víctima y no guarda relación con la mentada disputa, lo cual surge con meridiana claridad de la cuestión segunda del veredicto al expresar "... P. es claro respecto a que las tres personas le propinaran golpes en la cara...", los que resultan compatibles con el tipo de agresión que recibiera y que fuera certificado documentalmente por profesionales médicos.

Tampoco es apto el mecanismo que la Defensa utiliza al realizar una crítica puntual respecto del testimonio de P., al señalar que su declaración varió en el debate respecto de lo que se expresara en sede policial, pues no resulta compatible con el principio de la sana crítica racional y de inmediación adoptados por el Código de rito para la valoración de las pruebas.

En el ámbito de la ley 11.922, en función del régimen de la oralidad allí consagrado, los testimonios son recibidos directamente por los encargados de juzgar, adquiriendo así relevancia jurídica los gestos, miradas, tonos de voz, etc., de modo tal que es el juicio el momento donde se produce la prueba, mientras que en la investigación penal preparatoria, los elementos probatorios que se colecten, por carecer de los requisitos esenciales de discusión y control de las partes, no pueden ser considerados como "prueba", salvo en los casos excepcionales donde no se puede esperar al juicio para producirla y por ello, se anticipa su producción.

Tampoco cuenta con los perfiles de recurrencia casatoria el cuestionamiento defensista que procura otorgar valor convictivo al descartado testimonio de R. puesto que dicha actividad -como antes dije- es propia del juzgador de grado quien, como sucedió en el caso, debe realizar una expresión escrita de sus razones, y todo agravio que de dicha actividad se pretenda configurado deberá estar avalado por la ya mencionada demostración de los vicios de arbitrariedad o absurdo, no quedando cubiertas por dicha doctrina las discrepancias de los recurrentes, sostenidas en su particular modo de ver los hechos, respecto del criterio adoptado por los jueces con relación a esos mismos hechos.

Por último, tampoco podrá ser admitida la queja referente a que el único testimonio valorado como presencial fue el de la víctima, ello así puesto que el aforismo latino "testis unus, testis nullus" no tiene cabida en el actual proceso penal de la Provincia. En efecto, no carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio -como sucedió en autos- resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, con los límites que quedaran expuestos previamente, es decir, la exigencia de que las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir -insisto- las leyes de la lógica.

Por todo lo cual, dado que la forma en que válidamente podría este Tribunal ingresar a los motivos que formaron la convicción del sentenciante no ha sido habilitada, concluyo que, conforme lo expuesto, sobre la prueba objetiva colectada en autos, no hay lugar para la arbitrariedad y excluye también el absurdo.

Sin agravio dogmático sobre la autoría, igualmente cabe decir que, tal como se tuvo por probado el hecho, el procesado G. no escapa del campo de responsabilidad penal autoral que le corresponde por su protagonismo.

En consecuencia, propicio al acuerdo el íntegro rechazo de la impugnación incoada, con costas. Arts. 448, 530, 531 y concs. del Cód. Procesal Penal.

Así lo voto.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Mancini en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve: I. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa Oficial que asistiera técnicamente al encartado J. R. G., contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca que, con fecha 12 de mayo de 2003, condenó al encartado J. R. G., como autor penalmente responsable del delito de Lesiones Leves, en los términos del art. 89 del Cód. Penal, a la pena de dos meses de prisión en suspenso. Rigen los arts. 448, 451, 454, 530, 532 y concs. del Cód. Procesal Penal. II. Rechazar, con costas, el recurso de casación incoado por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión. Rigen los arts. 76 bis del Cód. Penal y 404, 460, 530, 532 y concs. del Cód. Procesal Penal. - Fernando L. M. Mancini. - Jorge H. Celesia.