Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-06


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil nueve, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia Presidida por Alejandro Javier Panizzi; integrado con los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando Salvador Luis Royer, para dictar sentencia en la causa caratulada "A., G. I. s/ Homicidio agravado por el vínculo" (Expediente 21.603 - A -2009).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 109: Rebagliati Russell, Pfleger, Panizzi, Caneo, Passuti y Royer.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I) El Tribunal Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn, conformado por los doctores Julia Josefa Lazcano, Silvia Susana Martos y Leonardo Marcelo Pitcovsky, elevó las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia por disposición de los artículos 179, inc. 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut y 377 del Código Procesal Penal, abriendo así la competencia de este Cuerpo para conocer el proceso en el que, con fecha 23 de diciembre de 2008 y mediante sentencia N° 77, se condenó a G. I. A. como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (artículo 80 inciso 1° y última parte del Código Penal), cometido en esa ciudad, en perjuicio de su madre T. S. A..

De acuerdo con la norma constitucional citada, la revisión del mecanismo legal denominado "consulta" debe contemplar la sentencia completa, sin prescindir de ninguna de sus partes, y debe efectuarse una ponderación de un segmento con otro.

II) El hecho materia de acusación se describió en la sentencia de la siguiente manera: "Entre las últimas horas del día 10 de enero de 2008 y las primeras del día siguiente en circunstancias que T. S. A. se encontraba en su domicilio, sito en Barrio 140 Viviendas, casa N° *** de Puerto Madryn, más precisamente en su dormitorio de la Planta Alta, es agredida por su hijo G. I. A., que residía también en dicha finca, quien con la intención de causarle la muerte le efectúa una brutal golpiza que comenzó en dicho lugar finalizando en la planta baja de la vivienda, ocasionando equimosis, hematomas y lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo con un arma blanca, así como fractura múltiple de costillas que dificultaron su capacidad respiratoria y fractura de cráneo lo que ocasionó su deceso".

III) Ingresaré directamente a analizar los distintos aspectos desarrollados en la sentencia, relacionadas con la materialidad del hecho, la autoría, culpabilidad, calificación legal y pena aplicada.

IV) En cuanto a la existencia del hecho, ha sido debidamente acreditado. Sin perjuicio que no ha sido materia de discusión, es preciso señalar que el plexo probatorio desplegado en el debate ha sido lo suficientemente contundente para determinar que T. S. A. ha sido brutalmente agredida por su hijo, G. I. A., cuando se encontraba en su domicilio, provocándole lesiones de todo tipo que dificultaron su capacidad respiratoria y circulatoria, lo cual provocó su deceso luego de una hora de agonía.

A tal fin se tuvo en cuenta el siguiente material probatorio: la prueba pericial y fotográfica que da cuenta que las marcas o huellas de zapatillas resultaron ser del imputado; las conclusiones del perito médico que determinó que el deceso ocurrió entre las última horas del día 10 y las primeras horas del día 11 de enero, y el llamado del imputado al hospital requiriendo atención médica fue cerca del mediodía; el certificado que acredita la defunción de la señora A.; la pericia que logró acreditar que la sangre existente en las prendas de vestir de A. pertenecía a la víctima.

V) El segundo aspecto analizado en la sentencia ha sido materia de discusión entre las partes y se vincula con la autoría del hecho.

Para ello los jueces tuvieron en cuenta las distintas versiones dadas por el imputado a lo largo del proceso. Cuando se inician las actuaciones niega rotundamente el hecho adjudicado, declarando que encontró a su madre en ese estado cuando regresó de su trabajo. Luego, en la audiencia oral y publica, sostiene que su madre se cayó mientras él se encontraba mirando televisión.

Sin embargo el a-quo logró derribar esta última versión, descartando que las múltiples lesiones que presentaba la mujer hayan sido producto de un accidente -como lo alegó el imputado- sino que se encontraban ante una muerte violenta.

A partir de este dato, fueron reconstruyendo lo que había ocurrido aquél día, utilizando las pericias criminológicas, que permitieron establecer donde comenzó el suceso y cómo se fue desarrollando, concluyendo que existieron maniobras para ocultar el hecho. Las manchas de sangre que fueron encontradas en la vestimenta también permitieron acreditar la autoría.

VI) Lo atinente a la culpabilidad ha sido uno de los planteos esbozados por la defensa en el debate, quien sostuvo la inimputabilidad de su asistido en los términos del artículo 34, inc. 1° del Código Penal.

No obstante, los jueces también descartaron de lleno este argumento y se encargaron de demostrar la plena capacidad de A. para cometer el hecho.

Tuvieron en cuenta el informe del médico forense que determina la inexistencia de patologías deteriorantes y/o debilitantes, comprendiendo la criminalidad de los actos, tanto propios como ajenos, ejerciendo dominio judicativo de sus acciones, dictaminando que tiene capacidad de delinquir. Amén de ello, valoraron los hechos antecedentes y consecuentes, que evidencian un cuadro compatible con lo indicado en el informe del artículo 206 del C.P.P.

Al planteo formulado por la defensa respecto de la emoción violenta, sostuvieron los jueces que de haber existido, tendría que haber cesado en algún momento y no extenderse tanto tiempo, teniendo en cuenta que padeció una hora de agonía y que varias horas después del deceso pidió auxilio, luego de intentar eliminar los rastros del delito.

Además, sostuvieron que no se acreditó que haya existido en ese momento un motivo moralmente relevante para provocar una reacción inmediata en el imputado.

Sin embargo aplicaron las circunstancias extraordinarias de atenuación. Para ello tuvieron en cuenta el contexto familiar vivido a partir del alcoholismo de la madre desde que A. y su hermano eran chicos, a tal punto que el mismo imputado, a raíz de situaciones traumáticas vividas en el seno familiar, también cae en un alcoholismo crónico, dando razones para explicar, de algún modo, los motivos por los cuales obró así el encausado.

Tengo mis reparos respecto de la aplicación de la atenuante que han escogido los jueces que conforman la mayoría, toda vez que en mi concepto han soslayado el análisis de aquellas circunstancias relativas al trato que el imputado dispensaba a su madre, y que si son indicadas por la sufragante en último término. Tales extremos como el maltrato físico, la existencia de una denuncia radicada por el otro hijo de la fallecida -S. A.- y principalmente por el amplio y rico testimonio brindado por J. R. que, en mi concepto, no puede ser dejado de lado.

Este testigo se encargó de dar referencias concretas respecto de la actividad que G. A. llevaba a cabo en la casa y las innumerables veces que el testigo vio lesionada a la víctima, algunas de ellas derivaron por consultorio externo y otra en internación hospitalaria. Ante interrogatorios y sugerencias del testigo, que implicaban al hijo como autor de tales lesiones, siempre la mujer adoptaba la misma actitud, ocultar toda referencia al respecto.

Las sospechas estaban fundadas, incluso en diagnósticos dados por facultativos, por caso, el de la médica que le indica claramente que a la mujer "le habían dado una buena paliza".

Empero, me abstengo de seguir señalando cuestiones que en mi concepto debieron ser analizadas al tiempo de escoger la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación y dar razones de por qué se apartó la mayoría de sus consideraciones, dado que no aparecen valoradas en ninguno de los votos que conforman la mayoría.

En consecuencia, la falta de recurso fiscal y lo dispuesto en el Art. 377, última parte del C.P.P., que impiden resolver en perjuicio del imputado, entiendo que el fallo debe ser confirmado en este sentido.

VII) En cuanto a la calificación legal escogida, la considero correcta. La violenta golpiza acreditada, la avanzada edad de la mujer, evidencian claramente la intencionalidad del sujeto de dar muerte a su madre, acreditándose dicho vínculo con la partida de nacimiento obrante en autos.

VIII) Por último, estimo adecuada la pena impuesta. Así, ha sido debidamente descartada la aplicación de la pena establecida en el tipo seleccionado por darse en el caso las circunstancias extraordinarias de atenuación mencionadas en el fallo.

También han individualizado circunstancias agravantes, mencionando la manera en que lo hizo, el estado de indefensión de la mujer teniendo en cuenta su avanzada edad y el deterioro de su enfermedad, la condición de empleado policial del imputado, aplicándose una sanción inferior a la requerida por el Ministerio Público Fiscal, y que se acerca más al mínimo que al máximo de la escala legal seleccionada.

De esta manera, y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, no advierto arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida contra el imputado.

IX) Por todo ello estimo que el pronunciamiento dictado por el a-quo, obrante a fs. 74/102vta., es una decisión motivada, correctamente razonada, que ha establecido con certeza la existencia del hecho y la participación de A., debiéndose confirmar la misma en todos sus términos.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo: I. Como bien lo ha señalado el distinguido Ministro de la Sala, ha llegado aquí por vía del instituto de la Consulta (art. 179.2 de la Constitución Provincial y 377 del C.P.P) la condena que el Tribunal Colegiado de Juicio de la ciudad de Puerto Madryn aplicó a G. I. A., mediante la sentencia emitida el veintitrés de Diciembre del año de dos mil ocho.

Ese órgano jurisdiccional lo halló autor material y criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 inciso primero y última parte y 45 del Código Penal), le aplicó catorce años de prisión y le cargó las accesorias legales y las costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.).

La sentencia envolvió el hecho endilgado al imputado, que ocurrió en la ciudad de Puerto Madryn entre las últimas horas del día 10 de enero de 2008 y las primeras del día siguiente, en la casa N° *** del Barrio 140 Viviendas y a su madre, la señora T. S. A..

II. La relación del contenido de la plana fáctica sobre la que versó el juicio y de algunos aspectos de la sentencia fueron desarrolladas en el primer sufragio.

Como en todos los casos en que tal cosa sucede, procedo omitiendo prólogos, a dar mi ponencia que, lo adelanto, es coincidente con la del Ministro Rebagliati.

III. Sólo una digresión.

Sostengo que en casos como el presente, y más aún cuando se trata de pura consulta, debe intervenir el pleno.

Las razones las he expuesto desde el mismo momento de constitución de la Sala en ponencia presentada al pleno, a cuyos términos me remito. Acepto que la posición fue derrotada - intelectualmente hablando- por amplio margen y es así como expongo este discurso al sólo efecto de reiterar mi criterio.

IV. Zanjado este aspecto, quiero poner de resalto el meduloso estudio que sobre el instituto de la Consulta ha realizado el doctor José Alberto Ferreyra, Secretario de este Tribunal, que en un más que prolijo abordaje anterior a la reforma, dio en la tecla al esbozar, con toda autoridad, un concepto sobre el tema.

Ferreyra afirma que "...tradicionalmente, dadas dos o más escalas funcionalmente jerárquicas, de consuno excitadas a pedido de parte, el legislador predispone a las superiores para que, en ejercicio de amplias potestades revisoras, prescinda del requisito voluntario (instancia) y, en una competencia "sui generis" estatuida en beneficio de la persona, no de la ley, apruebe, elimine o rectifique la expresión jurisdiccional del inferior...".

Este concepto, sencillo y brillante, marca el tono de cualquier consideración que pudiera hacerse al respecto y de ello se deriva que, según mi juicio, el legislador originario tuvo en miras evitar o disminuir, desde un orden político que en lo jurisdiccional poseía un talante vertical, las consecuencias de una resolución injusta que trajera aparejada penas inicuas y de consecuencias irreparables, aún sin la instancia Empero, la consulta sobrevivió a las mutaciones de orden ideológico que experimentaran los procedimientos y sigue en pie sin discusión, irguiéndose como una efectiva garantía adicional en el proceso criminal, a pesar de que sus orígenes encuentren una fuente decididamente ajena de aquella de la que viene el proceso penal moderno.

Estimo, por lo demás, que la consulta no es un recurso y por ende está fuera de las limitaciones que los agravios imponen a la competencia revisora, ya que más allá de la amplitud que aquellos autoricen, no acota al examen sino que éste puede concernir a todos los aspectos de la sentencia, como ya se verá en este análisis, salvo, claro, lo que no beneficia al condenado.

V. La sentencia de la Cámara no tiene máculas que la tornen injusta.

Desde la perspectiva de la objetiva materialidad, el hecho en su expresión natural, los Jueces han dado razones para tener por acreditada la muerte y sus circunstancias de modo y lugar.

Puede leerse en los sendos votos que componen el decisorio, una prolija relación de los elementos que se tuvieron en cuenta a tal fin.

Los Magistrados construyeron el discurso basándose en la sistematización de la prueba que transitó, desde el certificado de defunción de la mujer, por el camino que marcaron todos los que estuvieron en contacto con el cadáver.

Así, la médico asistencial que concurrió a atender a la señora, convocada por el propio incuso, escuchada en el debate; el Oficial F. M., que tomó nota y narró el contexto en que vio el cadáver y construyó el acta de inspección que dio inicio a las actuaciones; el Sargento V. R., acompañante de aquél en la emergencia y el testigo de actuación O. A., también exponente en el debate.

Los Jueces revisaron la autopsia que practicó el médico forense y la valoraron con apego a las reglas de la sana crítica, descartando, como no podía ser de otra manera, cualquier connotación accidental en el óbito.

Aún la contundencia de esos elementos, que han sido inspeccionados, se echó mano de expertos que intervinieron en la investigación.

Así el Oficial de Policía M. R. que recreó, a partir de su experticia, el cuadro del crimen y algunas circunstancias relevantes, tal como la existencia de estigmas que significaban arrastramiento y la intención del homicida de aventar rastros.

Como bien lo señaló el doctor Pitcovsky, es clara la coincidencia entre ese órgano de prueba y la percepción del forense que notó en el cadáver signos que ponían en evidencia que había sido arrastrado post mortem.

Así queda claro que la muerte fue por la acción de un tercero que aplicó las violencias que se exteriorizaron en el cuerpo muerto, con lo medios eficaces a ese fin, en el contexto de tiempo y espacio consignado por la sentencia.

VI. Es ajustado a derecho el juicio de autoría.

Indicios de presencia, indicios de mala justificación y evidencia objetiva que quedó en las ropas que gastaba, sometidas a pericia, además de las referencias del Oficial M. y del perito R., llevan, más allá de cualquier duda razonable, a predicar, como se hizo, que A. mató a su madre en el modo en que quedó fijado en la que se estudia.

Cada uno de los votos fue refutando el discurso en que se basó la defensa material, y esa actividad fue exitosa.

A. era el único que estaba en la casa y, nomás empezar, dio a la médica C. razones pueriles.

Y digo pueriles pues basta leer el texto de la sentencia al respecto y confrontarlo con los elementos que se han ventilado en el debate para concluir con el predicado visto.

VII. Con idéntico apego a las normas han actuado los jueces al tratar, prolijamente, la tópica atinente a la culpabilidad La Juez del primer voto ha tenido la generosidad de citarme en su ponencia, y creo que ese criterio es aplicable al caso como un elemento gravitante. Lo ha hecho también el doctor Pitcovsky con idéntica actitud y merecimiento.

He afirmado otras veces que la inimputabilidad es una circunstancia cuya constatación exige no sólo la información médica, sino también la ponderación de la conducta del sujeto de que se trata en el contexto del hecho que se fija.

Asimismo, la mera alegación sin fundamento ninguno es inocua para quebrar un cuadro, cuando este presenta que el acusado era capaz de administrar correctamente su conducta y de elegir entre el apego y el quiebre de la norma.

Comparto las argumentaciones de los jueces al respecto y nada más puedo agregar sobre el punto.

El sujeto cometió el homicidio de su madre, lo pretendió ocultar y ensayó, inmediatamente, una coartada.

Eso es suficiente para aventar cualquier distorsión de la subjetividad que excluya el reproche.

VIII. Lo mismo señalo para refutar el pretendido estado de emoción violenta.

Acuerdo con la cita que está en la hoja 93 reverso de la sentencia, en cuanto define esa situación particular.

Más allá de la brutalidad con que el homicidio fue perpetrado, no resulta evidente ese exabrupto que modifica las emociones y enerva los frenos inhibitorios, dentro de un marco de circunstancias excusables.

Nada puedo reprender a los Magistrados en ese sentido.

IX. La calificación legal se compadece con el cuadro que los miembros de la " a quo" trazaron.

Sin perjuicio de la opinión minoritaria, el acogimiento de la circunstancia extraordinaria de atenuación escapa a los límites de este tratamiento.

X. La pena es la correcta.

Ya lo ha dicho el doctor Rebagliati en su voto.

No veo ninguna infracción a los parámetros para medir la sanción que la norma penal impone en los arts. 40 y 41 de su texto.

El fallo debe ser confirmado.

Así lo voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I.En consideración al monto de la pena impuesta en la sentencia cosida a fs. 74/102 vta., las presentes actuaciones fueron elevadas en consulta, por la señora presidenta de la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Puerto Madryn, doctora Silvia Susana Martos, en los términos del artículo 179, punto 2 de la Constitución Provincial y su correlato, el art. 377 del Código Procesal Penal (v.fs.104).

Dentro de ese marco, procederé a realizar el examen del pronunciamiento que condenó a don G. I. A. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, al hallarlo autor penalmente responsable del homicidio de su madre, la señora T. S. A., mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (artículo 80, inciso 1° y ultima parte, artículo 45 del Código Penal) en un suceso que ocurrió entre las últimas horas del día 10 de enero del 2008 y las primeras de día siguiente, en la casa N° *** del Barrio 140 viviendas de la ciudad de Puerto Madryn.

II. Para hacer efectiva la revisión del fallo condenatorio, seguiré el mismo orden expositivo que mis colegas de Sala cuyos sufragios ya fueron emitidos, a fin de no desorientar al lector y mantener la lógica de este pronunciamiento.

No ha sido controvertido en la causa el deceso de doña T. S. A., empero la autoría del evento a manos de su hijo G. I. A. fue el tema más debatido en el juicio, así como las circunstancias de modo que rodearon a la acción homicida.

Mediante una prolija reconstrucción del suceso investigado, los magistrados tuvieron por probado que el acusado se encontraba junto a su madre en la casa N° *** del Barrio 140 viviendas de la ciudad de Puerto Madryn, sitio en el que la agredió brutalmente, causándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, luego de una hora de agonía.

Encuentro razonable el plexo probatorio utilizado por la Cámara para dar sustento a su afirmación sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el hecho endilgado a A., conformado por la declaración de la doctora R. del C. C., médica del Hospital Isola que tomó contacto por primera vez con el cuerpo inerte de la víctima, el acta confeccionada por el oficial M. que dio inicio a las actuaciones y el informe del médico forense H. G., quien además explicó durante el juicio el posible origen de las múltiples lesiones que presentaba A..

Adunaron a ello la declaración del oficial de policía M. R., que fue coincidente con las explicaciones brindadas por el médico forense, la pericia bioquímica del Lic. D. sobre los rastros de sangre humana hallada en el teatro de los hechos, y el informe del Perito B. sobre los rastros hemáticos levantados sobre las prendas que gastaba el acusado, los que pertenecían al patrón genético de la occisa.

Con este cuadro probatorio la Cámara logró derribar los fútiles argumentos dados por el acusado para señalar que el deceso de su progenitora había sido accidental -al intentar desvincularse de las iniciales presunciones en su contra- y afirmar, sobre sólidas bases, que el acusado había sido el responsable de que su madre perdiera la vida.

III. Uno de los últimos argumentos defensivos del insimulado, fue el estado de emoción violenta en el que dijo que se encontraba la madrugada del hecho en que falleció la Sra. A., planteo que fue desestimado por el a quo a través de una suficiente y motivada fundamentacion.

Los jueces señalaron, con acierto, que la brutalidad con que fue perpetrado el homicidio, el prolongado tiempo en que se extendió la agresión y agonía de la víctima, así como el pedido de auxilio que hizo el imputado varias horas después del deceso de su madre, fueron circunstancias válidaspara desechar la posibilidad de que A. transitara un estado de emoción violenta al momento de matarla.

Concuerdo con esta valoración judicial del hecho, pues encuentra fundadamente desestimada la causal de atenuación blandida por la defensa durante el juicio.

IV. El a quo calificó legalmente el evento como un homicidio agravado por el vínculo, en el que mediaron las circunstancias extraordinarias de atenuación normadas por el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, al considerar que el drama familiar vivido a partir del alcoholismo de la víctima y desde que el acusado y su hermano eran menores de edad, junto a la violencia física que el padre de ambos desplegó en el seno familiar antes de fallecer, marcó al imputado de un modo determinante para valorar la acción endilgada.

Esta trágica situación causaba mucha vergüenza a don A., lo que derivó en un crónico alcoholismo y estado de depresión que forjó su personalidad.

Nada habré de objetar a la aplicación de la atenuante, porque estimo que el Tribunal indicó concretamente cuáles fueron las circunstancias extraordinarias que justificaron la disminución de la pena que, por no haber sido oportunamente impugnadas, no habilitan la competencia material del Tribunal para modificar la sentencia en este sentido.

V. Para aplicar la medida de la pena seleccionada, los jueces tuvieron en cuenta, en la sentencia, las circunstancias personales del acusado, ciñéndose a las pautas legales que regulan el instituto.

De manera que no hay argumentos para adulterar o corromper la valoración circunstanciada que efectuó la Cámara para determinar la pena, pues no media contradicción con las pautas que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal.

VI. El acto jurisdiccional examinado ha sido construido por el Tribunal sobre sólidos fundamentos condenatorios, guiados por el principio de razonabilidad.

Los magistrados determinaron con precisión la materialidad del hecho enrostrado y la autoría del evento en manos del acusado, ajustaron a derecho la calificación legal del mismo y la pena impuesta, conforme la participación real en el evento.

Por ello, coincido con mis colegas preopinantes en que deberá confirmarse el fallo dictado por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Puerto Madryn, en todas sus partes.

Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

Comparto plenamente el sufragio del señor Ministro, doctor Daniel Alejandro Rebagliati Russell. La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn es una decisión jurisdiccional fundada que aplica correctamente la ley sustantiva y justifica la gravedad de la pena impuesta.

La materialidad del hecho ha sido acreditada mediante la prueba ventilada en el debate oral y público, la cual fue detallada y analizada debidamente.

Respecto a la autoría adjudicada a G. I. A., la sentencia también evaluó este aspecto correctamente.

En primer término valoró negativamente las diferentes versiones dadas por el imputado en las distintas etapas del juicio.

Asimismo, descartó la hipótesis del accidente basándose en las lesiones halladas sobre el cuerpo de la víctima, como así también en las evidencias encontradas en la vivienda, que lograron determinar que la mujer fue arrastrada, y que se intentó lavar la escena del crimen.

Sustentaron que la pretendida inimputabilidad no puede ser admitida desde que el informe respecto del estado y desarrollo de las facultades mentales y físicas de A. aclaró la inexistencia de patologías deteriorantes y/o debilitantes, que no hay trastorno de conciencia y que comprende la criminalidad de los actos, ejerciendo dominio de sus acciones. Incluso fue valorado el alcoholismo denunciado y se dijo que no obstante el mismo, tiene capacidad para delinquir.

Respondiendo al planteo subsidiario de la defensa, se rechazó también la emoción violenta, argumentándose que no se daban las condiciones del tipo, y ponderaron las conductas anteriores y posteriores del imputado.

En punto a la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación, habré de coincidir con el doctor Rebagliati Russell en cuanto a que el Tribunal, en mayoría, si bien tuvo en cuenta el contexto familiar por el alcoholismo de la víctima, no analizó el mal trato que el imputado otorgaba a su madre, lo cual quedó acreditado con el testimonio de S. A. (hermano del imputado) y J. R.. Sin embargo, como lo sostiene mi colega de Tribunal, al no haber recurso fiscal, deberá confirmarse la sentencia en este sentido.

El encuadramiento jurídico escogido es correcto, el imputado evidenció su intención de dar muerte a su madre, y lo hizo, y el vínculo que justifica la aplicación de la agravante quedó plasmado en el certificado obrante en autos.

En cuanto a la pena, los jueces no aplicaron la correspondiente al tipo por entender que se daba el caso extraordinario de atenuación.

No obstante ello, se analizó la dinámica del hecho, la edad de la víctima, su estado total de indefensión y otras circunstancias, imponiéndose una sanción inferior a la requerida por el Ministerio Público Fiscal.

De esta manera no se advierte irregularidad ni arbitrariedad en este acto, debiéndose confirmar la sentencia en todo su contenido.

Así voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

En mi opinión el fallo del Tribunal Colegiado de Puerto Madryn ha respondido con éxito a cada una de las cuestiones planteadas.

La versión dada por el imputado A. fue desvirtuada por los jueces, quienes utilizaron para ello la prueba incorporada al debate.

La existencia del hecho delictuoso perpetrado por el nombrado en perjuicio de su madre, fue establecida con la certeza que exige una resolución condenatoria.

La pericia que precisó la presencia del encausado en el lugar, la pericia médica que fijó el horario del deceso y el horario en que el imputado se comunicó con el hospital, el certificado de defunción, y la pericia que determinó que la sangre que se halló en las prendas de vestir del imputado pertenecía a la víctima.

Además los magistrados ponderaron las dos versiones dadas por el acusado en el proceso, las cuales lograron refutarse con la prueba de cargo.

Por último descartaron los planteos formulados por la defensa respecto de la existencia de emoción violenta, dando razones legales en su fundamentación.

También habré de coincidir con el doctor Rebagliati Russell en que no correspondía en el caso la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación, pero el principio legal de la prohibición de la reformatio in pejus, me impiden modificar esta cuestión.

Estimo, en fin, que el fallo venido en Consulta debe ser confirmado, siendo correcta la calificación jurídica escogida y la pena aplicada se ajusta a derecho.

Así voto.

El Juez Fernando S. L. Royer dijo:

El Tribunal de Puerto Madryn impuso la pena de catorce años al acusado, produciendo una sentencia fundada: la existencia del delito, la participación responsable del imputado, la calificación legal seleccionada y la sanción aplicada, son capítulos del fallo que se sostienen con razón suficiente y ajuste a la ley penal.- Los vocales intervinientes valoraron con sana crítica racional los testimonios brindados en el debate y la prueba pericial rendida en juicio, para sustentar cada una de las premisas de la condena.

Han sido descartados correctamente los planteos de la defensa, contestando el tribunal a cada uno de los mismos.

Adhiero a los votos precedentes que rechazan la existencia de las circunstancias extraordinarias de atenuación, y opino que no se dan los supuestos para aplicarlas, no obstante lo cual, al no existir impugnación de la acusación, no votaré por modificar este aspecto del fallo.

Siendo ello así, voto por confirmar en todos sus términos la sentencia protocolizada bajo el número 77/2008 de la ciudad de Puerto Madryn.

Así voto.- Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-- S E N T E N C I A - 1°) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el n° 77, dictada el 23 de diciembre de 2008 por el Tribunal de Colegiado de la ciudad de Puerto Madryn.

2°) La presente es firmada por cuatro miembros del Superior Tribunal, por encontrarse en comisión de servicios el doctor Javier Alejandro Panizzi y en uso de licencia el doctor Fernando Royer.

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti