Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31


SENT.DEF.Nº: 20086	EXPTE Nº: 17.184/2010 (29.475) JUZGADO Nº: 58 SALA X AUTOS: "OJEDA QUESADA EVA C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires,31/07/2012	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 433/438 interpusieron -en forma conjunta- las codemandadas Santander Río Servicios S.A. y Banco Santander Río S.A. a tenor del memorial obrante a fs. 446/464, el cual mereció la respectiva réplica adversaria (fs. 466/472). Asimismo la perito contadora (fs. 439/440) apela los honorarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.	2°) Se agravia la demandada por cuanto la señora juez que me ha precedido consideró nulo el acuerdo extintivo celebrado por las partes ante el SECOSE -homologado mediante resolución dictada por el SECLO- con base en las declaraciones de los testigos deponentes en la causa. El análisis de la totalidad de los testimonios receptados me lleva a coincidir con lo resuelto por la magistrada de grado en orden a que de dicho convenio no puede surgir efecto alguno.

Así el testigo Lambardi (fs. 238/239) manifestó "que conoce a la actora porque primero fue compañera del testigo y luego el testigo fue jefe de la actora. Que conoce al Banco Santander Río S.A. porque trabajó allí y que conoce a Santander Río Servicios porque era empleado de esa empresa (.) que la actora prestó servicios hasta fines del año 2007, noviembre de 2007. Que la actora dejó de trabajar porque la desvincularon. Que la decisión de esa desvinculación la tomó la compañía, el Banco con Orígenes (.) Que esa desvinculación se instrumentó de la siguiente forma: le avisamos a la gente que iba a ser desvinculada, y la llevamos a Suipacha 1111, al estudio Grondona, Pires Alatti, y no recuerda quien otro mas, era un estudio de abogados. Que de la firma de ese convenio participaron: supervisores, vendedores, gerente del sector, y gerente departamental de ventas, más la representante legal del banco. Si no firmaba este convenio, los desvinculaban de Orígenes y de Santander. Que no hubo negociación, era una suma estipulada de acuerdo a la cantidad de años, era lo que se pagaba, no hubo posibilidad de negociar nada. Que lo sabe, porque el testigo era jefe del sector (.) que una vez que estaban firmando el convenio en el estudio de abogados, se enteraron de la suma que les abonaron. Que no contaban con patrocinio letrado. Que si no firmaban, los desvinculaban (.) que cuando el testigo manifestó que no hubo representación letrada, se refirió que no hubo ningún abogado representándolos".

En forma coincidente el deponente Perez (fs. 236/237) refirió que "en noviembre de 2007 se desvincularon del Banco Santander, cuando el Banco Río vende Orígenes al grupo ING, holandés, que sabe que la actora se desvinculó porque todos tuvieron que concurrir a una unidad de mediación (.) y les dijeron que llevaran el DNI, fueron acompañados por supervisores y el gerente de marketing, Adrián Tallarico, y fueron obligados a firmar o eran despedidos de Orígenes y obviamente de Santander (.) que donde firmaron era en Suipacha y Santa Fe, que fueron acompañados por supervisores y gerente de marketing de Orígenes, que los obligaron a firmar, en la oficina de mediación (.) que la firma del convenio llevó entre dos o tres horas de todo el grupo, que el grupo eran 60 personas aproximadamente, los que se negaron a firmar la terminación del contrato con el Banco Río fueron desvinculados en los días posteriores, que era a cambio de $500/1000 pesos estipulados por ellos, que no era un arreglo, que posteriormente los desvinculaba de Orígenes AFJP, los despedían sin causa, que el monto del convenio lo fijaba el Banco Santander Río, venía de arriba esto, que nadie los asesoró para la firma del convenio, que no había asesoramiento en el momento de la firma del convenio, o se hacía o se iban".

En similar sentido el testigo Weber (fs.208/209) manifestó "Que de la firma de esto participó el gerente de Orígenes Talarico, un abogado de Santander, la persona del Ministerio de Trabajo, y al que lo echaban. Que de telemarketing, eran, más o menos 60 personas, y después eran los vendedores (.) si no firmaban ese convenio, como toda empresa privada, si uno no firma esos papeles, uno tiene miedo a perder el trabajo. Que las sumas de ese convenio no se negoció, era una suma fija (.) que en el caso del testigo le dieron $500".

3°) La prueba testimonial referenciada, a la luz de lo normado por los arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N., se revela convictiva ante la debida razón de sus dichos -máxime si se toma en cuenta la participación personal de los deponentes en los hechos relatados y su condición de compañeros de trabajo de la actora- extremo que me lleva a coincidir con la magistrada de la instancia precedente en cuanto a las circunstancias en las que desarrolló la desvinculación aludida.

En efecto, de las precedentes declaraciones se evidencia la imposibilidad de negociar las condiciones de la extinción del contrato de trabajo ya que la misma fue impuesta por la empleadora como condición para conservar el vínculo laboral que cada uno poseía con Orígenes A.F.J.P., a cambio de un monto fijado unilateralmente y en ausencia total de asesoramiento letrado para los dependientes incluso en oportunidad de firmar el acuerdo (art. 90 L.O.).

Por lo tanto, como ya lo ha expresado esta Sala en diversas oportunidades, el valor y fuerza probatoria de un testimonio depende de que su análisis integral, realizado conforme los principios de la sana crítica, autorice a formar convicción sobre los hechos que interesan al proceso. Precisamente, en el caso los testimonios en los que la sentenciante basara su fallo lucen categóricos y convictivos (conf. art. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.), sin que medien elementos de juicio que lleven a afirmar que los testigos faltaron a la verdad o que sus dichos estuvieran condicionados por un especial interés en beneficiar a la actora, motivo por el cual deben ser desestimadas las articulaciones tendientes a descalificar la validez de sus declaraciones y cabe mantener lo decidido en este punto en el pronunciamiento anterior.

Nótese además que conforme surge del acta del SECOSE (ver fs. 172) el letrado que representó en dicha ocasión a Santander Río Servicios S.A. constituyó domicilio en la calle Suipacha 1111 piso 18 de C.A.B.A., sitio señalado tanto por la actora (ver fs. 17/vta.) como por los testigos Lambardi y Perez como lugar donde se concretó la firma del acuerdo resolutorio, circunstancia de la cual puede inferirse al menos un comportamiento particular y llamativo de la empleadora que optó por formalizar el acto en cuestión en el estudio jurídico de su propia asistencia letrada, cuando según sus propias afirmaciones se trató de una extinción laboral acordada con los trabajadores.

Sobre tal base y si bien de acta del acuerdo conciliatorio objeto de análisis se desprende la presencia del Dr. Gastón Pérez Lloret en calidad de letrado de la actora (ver fs. 172) lo relevante es que en el caso (conf. declaraciones antes citadas) el convenio invocado por la demandada presenta un 'vicio instrumental trascendente' ya que en virtud de las circunstancias en las que se desarrolló el acto, surge que la trabajadora no tuvo la posibilidad de negociar válidamente las condiciones de la extinción, ni fue asistida legalmente del modo querido por el legislador, lo que lleva a concluir que la suscripción del mismo no respondió a un accionar voluntario y libre de su parte, sino a un acto viciado e impuesto como se sostuvo en el fallo recurrido, todo lo cual hace que el mismo deba ser invalidado, careciendo, por lo tanto, de toda eficacia como para poner punto final a los derechos emergentes de la relación laboral que uniera a las partes (ver en igual sentido, S.D. N° 14.847 de esta Sala X del 14/12/06 "in re" "Rodríguez Jorge Alberto c/Orígenes S.A. y otros s/despido" y S.D. Nº 19.056 del 18/10/2011, en autos "Gorod Juan Alberto c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/ diferencias de salarios").	Por los motivos expuestos no puedo más que coincidir con lo resuelto por la señora juez de primera instancia en cuanto a que resulta nulo el acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, sin que puedan surgir los efectos legales que la recurrente pretende, ya que se trató de un despido encubierto.

Tampoco resulta atendible el segmento de la queja que señala la omisión de la actora de agotar -previamente a la promoción de las presentes actuaciones- la vía procesal administrativa (conf. disposiciones de la ley 19.549) para impugnar la homologación del acto celebrado por cuanto, tal como ha sostenido esta Sala en diversas oportunidades, la nulidad del acto administrativo puede ser declarada mediante resolución judicial cuando -como en el presente caso- ha quedado probado un vicio sustancial del mismo (esta Sala X S.D. Nº 13.584 del 29/4/05 in re: "Blumin, Norberto R. y otros c/ Peugeot Citröen Argentina SA s/ despido" y S.D. Nº 14.225 del 30-3-06, en la causa "Benedetto, Jorge O. y otros c/ Peugeot Citröen Argentina SA).

Con la exclusiva finalidad de abundar y conforme a los términos en los que fue planteado el agravio -en el cual se solicita la aplicación subsidiaria del supuesto previsto por el art. 241 L.C.T. 3er. párrafo- señalo que el hecho que la actora hubiese guardado silencio por el lapso señalado en el memorial en análisis, en modo alguno obsta a sus pretensiones, conforme lo expresamente establecido al respecto por los arts. 12 y 58 de la L.C.T., toda vez que -reitero- se trata en el caso de un despido impuesto -en forma encubierta- por la empleadora.

Cabe, pues, desestimar los agravios vertidos en los aspectos aquí considerados.	4°) Incluso no tendrá favorable tratamiento el segmento de la queja que cuestiona el monto de la base salarial considerado por la magistrada de grado para el cómputo de la liquidación practicada en el fallo. Me explico. No existe controversia en punto a que la actora fue contratada por la codemandada Santander Río Servicios S.A. "en relación de dependencia" (hecho reconocido expresamente por dicha litigante a fs. 74) para la promoción de productos pertenecientes al Banco Santander Río S.A. y que la demandante paralelamente se encontraba trabajando para Orígenes AFJP S.A -también en tareas de promoción y captación de afiliaciones- conforme surge de los escritos constitutivos.

Obsérvese que la codemandada Santander Río Servicios S.A. asevera que la actora dedicaba "una pequeña porción de su jornada laboral" para las tareas de promoción de productos del Banco Santander Río S.A, motivo por el cual resultaba justificado que su remuneración consistiera únicamente en el pago de comisiones por ventas concertadas por cuanto su actividad principal la desarrollaba para Orígenes AFJP. Por ende correspondía a dicha parte -dado el carácter excepcional de la modalidad contractual invocada- acreditar dicho extremo, aunque de las constancias de la causa no surge que la recurrente haya logrado tal objetivo. En efecto, en cuanto a la prueba testimonial el deponente Lambardi (238) refiere "que la actora vendía productos de Orígenes AFJP y Santander Río y Santander Rio Servicios (.) Que se comercializaban todos los productos juntos, se llamaba para hacer traspasos, vender paquetes, tarjetas, cuentas, lo que se le podía vender, se vendía. Que la remuneración era variable, porque estaba sujeta a la cantidad de ventas que realizaban básico no había".

En similar sentido el testigo Perez (236) dijo "que vendieron productos del Río, trabajando para Orígenes (.) que en la venta del Banco Santander ocupaba en ese tiempo el 90 por ciento del tiempo, que el dicente habla del año 2007, de las 12 horas que uno tenia acreditado para vender, que la remuneración del Banco Santander estaba compuesta solo por comisiones, que no había sueldo, que la actora vendió desde el año 1994 hasta que se desvincularon". Finalmente el declarante Weber (208) expresó "Que la actora, vendía los productos de Santander, y el traspaso de AFJP. Que los productos que vendía la actora, correspondían a Santander y los traspasos por Orígenes. Que no sabe como distribuían el tiempo para la venta de los productos".

De las citadas declaraciones no surge ningún elemento que permita corroborar la postura sostenida por la demandada en torno a la forma en la cual la actora distribuía su jornada laboral (art. 377 C.P.C.C.N.).

Tampoco resulta idóneo a tales fines el planteo formulado por la recurrente en torno a que de los anexos del informe pericial surge que los montos percibidos por la demandante en concepto de comisiones por ventas concertadas revelarían que solo habría vendido unos escasos productos del Banco Santander Río S.A. a lo largo del vínculo laboral. Lo relevante es que la pericia contable no aporta tal información (ver fs. 286/403) y además la experta informa que la demandada no ha exhibido a su requerimiento ningún tipo de constancia o documentación laboral correspondiente a los períodos de vigencia del contrato de trabajo habido con la actora (ver fs. 396/vta.), lo que torna aplicable la presunción contemplada por el art. 55 L.C.T., máxime cuando dicho dictamen pericial no ha merecido cuestionamiento alguno por parte de la recurrente.

Por tales circunstancias coincido con la juez que me ha precedido en cuanto consideró adecuada la remuneración denunciada por la actora en el inicio -a falta de otros elementos probatorios- como base para el cálculo de los rubros reclamados, puesto que la misma resulta ajustada y equitativa a las condiciones en que se desarrolló la relación laboral y no se aprecia excesiva ni irrazonable en función del trabajo cumplido, la antigüedad en el empleo y el nivel remuneratorio imperante a la época que aquí interesa (conf. arts. 56 L.O. y 56 L.C.T.).

Lo resuelto sella la suerte de los cuestionamientos atinentes al cálculo de la indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso practicado en el fallo de grado, así como el de las diferencias salariales, por cuanto contrariamente a lo señalado por la recurrente, no surge del informe pericial el pago a la actora de suma alguna en concepto de comisiones (conforme lo explicitado en el párrafo anterior), ni de ninguna otra constancia de la causa que permita sostener que dicho concepto fuera abonado durante el período reclamado en el inicio -diciembre 2006 a noviembre de 2007- del modo exigido por el art 138 de la L.C.T., mientras que el monto percibido por la disolución del vínculo ($1.000) ha sido debidamente descontado conforme surge del fallo apelado (ver liquidación de fs. 437) , por lo que corresponde confirmar lo decidido en la anterior instancia.

5°) Igual suerte correrá el agravio planteado en torno al progreso de la indemnización por vacaciones no gozadas del año 2007, por cuanto la extinción del vínculo laboral se produjo en noviembre de ese año -encontrándose pendiente aún el goce del descanso proporcional correspondiente a dicho período- y conforme lo dispone expresamente el art. 156 de la L.C.T. corresponde a la trabajadora la percepción del concepto en tratamiento tal como lo dispone la sentencia recurrida.

6°) Serán desestimados los agravios vertidos por la codemandada Banco Santander Río S.A. en orden a la decisión de la magistrada de grado de condenarla solidariamente en los términos del art. 30 de la L.C.T.

La recurrente pretende revertir este aspecto de la condena argumentando en su queja que las tareas desempeñadas por la actora en la promoción y comercialización de sus productos bancarios son totalmente ajenas a la actividad normal y específica de dicha entidad bancaria y que tampoco se corresponden con una actividad coadyuvante, más lo cierto es que dicha afirmación no resulta corroborada por las constancias de la causa.

Así, en sus respectivos escritos constitutivos las propias codemandadas han reconocido la existencia de una relación comercial entre ellas por la cual Banco Santander Río S.A. contrató los servicios de Santander Río Servicios S.A. para la promoción de diversos productos que la entidad bancaria vuelca en el mercado y que para llevar a cabo esta tarea la segunda contrató a un grupo de personas entre las que se encontraba la actora (ver fs. 45 y 73 vta. y 74), circunstancias corroboradas además por la totalidad de la prueba testifical.

De las declaraciones de los testigos Weber, Perez y Lambardi surge que la actora vendía los productos del Banco Santander Río S.A. entre ellos tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y corriente, "Supercuentas 1,2,3 y dentro de las supercuentas, American y Visa" (ver declaraciones de fs. 208, 236 y 238 respectivamente).

De acuerdo con lo que surge de lo hasta aquí reseñado, las codemandadas poseían una vinculación que tenía como objetivo promocionar y vender productos comercializados por Banco Santander Río S.A. atinentes a los servicios bancarios que ella presta y a los cuales estuvo afectada la reclamante, los cuales constituyen parte de su actividad normal y específica propia. En estos términos, si la contratación se refiere al objeto empresario, es decir un medio del que se vale la empresa para la explotación de su industria -tal como acontece en la especie-, no existen dudas sobre la aplicación de la solidaridad contemplada en el art. 30 de la L.C.T.

Solo a mayor abundamiento, señalo que respecto al tema que nos ocupa adhiero al criterio amplio que extiende la solidaridad en los casos de actividades que se hallan integradas en forma permanente al establecimiento, sean éstas la principal prestación del mismo o no. Por actividad normal no sólo debe entenderse aquella que atañe directamente al objeto o fin perseguido por la demandada, sino también aquellas otras que resultan coadyuvantes y necesarias, de manera que aún cuando fueran secundarias, son imprescindibles e integran normalmente -con carácter principal o auxiliar- la actividad, debiendo excluirse solamente las actividades extraordinarias o eventuales (en igual sentido CNAT esta Sala X in re: "Hermida Eugenio Héctor c/ Videlu SRL y otro s/ accidente ley 9688").

En virtud de las consideraciones que anteceden, estimo que debe confirmarse la condena dispuesta solidariamente sobre ambas demandadas con los alcances del art. 30 de L.C.T.

7°) También será desechada la queja que cuestiona la fecha de ingreso al empleo de la actora considerada en la instancia anterior.

En este sentido resultan concluyentes los testimonios de Lambardi y Perez que ubican el comienzo de prestación de servicios de la actora para la codemandada Banco Santander Río S.A. en la fecha denunciada en la demanda (conforme declaraciones de fs. 236 y 238, a las que me remito por razones de brevedad).

Ello sumado a que del informe pericial surge que la única constancia sobre el inicio del vínculo laboral es una certificación con membrete del Santander Río Servicios S.A. (obrante a fs. 9), donde se consigna que el mismo se produjo con fecha 02/05/1994 -tal como lo sostiene la demandante-, debido a la renuencia de las demandadas a exhibir los libros contables, ni ninguna otra documentación laboral correspondiente a los períodos solicitados por la actora que avalen su postura (ver fs. 395/vta., 396, 400/vta., 401, 402), tornan aplicable la presunción contemplada por el art. 55 de la L.C.T., máxime cuando dicho informe, no ha merecido cuestionamiento alguno por parte de las recurrentes y -lo reitero- la fecha invocada por la actora ha sido ratificada por los testigos citados, por lo que cabe confirmar también en este aspecto la sentencia apelada.

En atención a la solución propuesta habré de desatender el planteo formulado en torno al progreso del agravamiento indemnizatorio previsto por el art 1° de la ley 25.323, por cuanto de lo expuesto precedentemente surge que se encuentran debidamente acreditados en autos los presupuestos de admisibilidad que requiere la aplicación de la referida norma (falta de registración o registración defectuosa del contrato), por lo que cabe sostener lo decidido en primera instancia.

8°) Será desestimada la crítica vertida por la demandada en orden a la admisión de la indemnización del art. 2° de la ley 25.323 en la medida en que la actora intimó a su empleadora en procura del pago de las indemnizaciones derivadas del despido sin justa causa del cual fue objeto (ver fs. 7) e inició las presentes actuaciones a fin de procurar el cobro de sus derechos, por lo que cumplimentó el recaudo previsto por la normativa en análisis.

En tal sentido, como ya ha sido sostenido por esta Sala en su integración anterior, para eximirse total o parcialmente la demandada del pago de la multa establecida por el citado art. 2° -conforme a lo establecido en su segundo párrafo- debió demostrar que intentó abonar a la actora las indemnizaciones generadas por su despido, lo que no acontece en el caso concreto, en el que tampoco se advierte en el responde alguna justificación atendible de la conducta adoptada que la pudiera habilitar para no cumplir con el incremento legal (ver en este sentido del registro de esta Sala S.D. Nº 12.843 del 12/7/04 en autos "Dohle, Ingrid c/ Desler SA s/ despido", por lo que propicio la confirmatoria de este tramo del fallo.

9°)El agravio de la demandada dirigido a revertir lo decidido en grado en torno a la condena a entregar los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. y el agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 45 de la ley 25.345, no puede progresar.

Digo ello en tanto la recurrente afirma que puso a disposición de la actora en tiempo oportuno el certificado de trabajo y la certificación de servicios previstas por el art. 80 L.C.T., no obstante, tal circunstancia no ha sido acreditada en autos.

Por otro lado, la quejosa argumenta que la actora no acreditó haber cursado intimación en los términos previstos por el art. 3° del decreto 146/01, no obstante del despacho telegráfico obrante a fs. 7 surge claramente que se dio adecuado cumplimiento a la referida normativa.

Por último, es correcta también la condena a entregar las certificaciones aludidas, pues la obligación prevista en el Art. 80 de la L.C.T. no ha sido cumplida por las demandadas.

Sin perjuicio de lo expuesto y ante los términos de la queja vertida por Banco Santander Río S.A. señalo que en cuanto a la condena solidaria a la entrega del certificado de trabajo, la recurrente omite considerar que la solidaridad legal se encuentra referida a las obligaciones contraídas con los trabajadores y la seguridad social, con motivo de la contratación o subcontratación de tales servicios, entre las que obviamente se encuentran las obligaciones cuyo incumplimiento sanciona el señalado artículo. Por otra parte, la recurrente soslaya por completo que tales incumplimientos de su subcontratista son consecuencia directa, a su vez, de los incumplimientos en que incurriera la propia apelante, quien se encontraba legalmente obligada a exigirle a aquélla el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social (art. 30 L.C.T), por lo que mal puede agraviarse ahora de la condena que, en definitiva, son consecuencia de su propio incumplimiento.

Por los motivos expuestos corresponde confirmar en este tramo la sentencia recurrida.

10°) Al haber resultado las demandadas vencidas no encuentro mérito para apartarse del principio general de la derrota contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. por lo que también en este aspecto propongo la confirmatoria del fallo apelado.

11°) En atención al mérito e importancia de la labor desarrollada por la representación letrada de la actora y por la perito contadora, facultades del art. 38 de la L.O. y normativa arancelaria vigente estimo razonables los porcentuales asignados en la anterior instancia por lo que sugiero mantenerlos (arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57).

Propongo asimismo imponer las costas de alzada en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas en la contienda (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

Por lo expuesto de prosperar mi voto correspondería: l) Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de alzada en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas en la contienda (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.) 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:	Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: l) Confirmar el fallo apelado en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios 2) Imponer las costas de alzada en forma solidaria a cargo de las demandadas vencidas en la contienda (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.) 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Ante mí: