Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-26


Causa nº 029-00/CC/2006 caratulada "CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO SOC. CIVIL s/ Cables expuestos y otras - APELACION".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS A fs. 191/193 vta. promueve el Ignacio Javier Costa -en su carácter de letrado apoderado del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil- recurso de apelación contra la sentencia de fs. 188/190vta. -suscripta por la Luisa María Escrich, interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 23- que condena a su representada a la pena de multa de pesos seis mil ($6.000), de cumplimiento efectivo, por la comisión de diversas faltas cuyas actas de comprobación obran a fs. 3, 6, 7 y 9 a 19, con costas.

Una vez celebrada la audiencia de juzgamiento -días 13 y 14 de febrero de 2006-, la Magistrada inició el análisis del caso llevado a su conocimiento orientando el estudio de las conductas endilgadas en función de los tipos infraccionales presuntamente revestidos por la accionada, independientemente de la cantidad de actas conformadas por la autoridad de verificación. A continuación, desestimó la única objeción presentada por el apoderado de la asociación -relativa a la falta consistente en la ausencia de certificado de funcionamiento final del natatorio extendido por Aguas Argentinas-. Para ello, tomó en cuenta que el documento de fs. 165 -en el que la mencionada empresa aduce que no es de su competencia expedir ese tipo de constancias- obra sólo en copia simple, y que la accionada no cumplió con la intimación, oportunamente cursada, de presentar el original respectivo. Sostuvo que mantiene vigencia la disposición del art. 3º, inc. b, del Anexo I del AD 798.1 en tanto exige la presentación del certificado de marras, y que pesaba sobre la encartada la obligación de efectuar las averiguaciones tendientes a cumplimentar en tiempo y forma con la totalidad de la documentación necesaria para la habilitación y funcionamiento de las instalaciones del club. En consecuencia, y toda vez que resulta válida el acta que imputa tal infracción, tipificó la conducta como constitutiva de la fa lta descripta en el art. 4.1.1 de la Ley 451.

En la misma línea de razonamiento, estimó cometidas las restantes infracciones objeto del juicio, a las que vinculó con la inobservancia de diferentes normas. Del modo descripto, meritó que la imputación de carecer la encartada de libretas sanitarias del personal implica una violación al art. 4.1.21 de la Ley 451 y al art. 28 del Capítulo III del Anexo I AD 798.1; la omisión de presentar el libro de registro de mantenimiento de caldera, una transgresión al art. 4.1.1 del cuerpo sustantivo de faltas y al art. 6 de la Ordenanza nº 33.667 (AD 794.5); la "falta de higiene" en el subsuelo, el quebrantamiento del art. 2.2.14 del Régimen de fondo y del art. 6.3.1.1 del Código de la Edificación, al igual que la "falta de seguridad" consistente en la presencia de elementos potencialmente peligrosos en el predio, prevista, además -en relación a las diversas actas labradas por la autoridad prevencional- por los arts. 6.4.3 y 8.10.1.5 del C.E. Encuadró, finalmente, la constatación de "cables expuestos al alcance de la mano" en el tipo del art. 2.1.2 de la Ley 451 y en el art. 8.10.1.3 del referido Código.

Seguidamente, indicó los parámetros de individualización de la sanción a imponer, a la luz de lo dispuesto en el art. 28 del Régimen de Faltas y en especial consideración de las actividades desarrolladas en el sector inspeccionado -colonia de vacaciones del club, al que concurrían niños cuya salud resultaba puesta en peligro, a su criterio, por el cariz de las violaciones observadas-. Sopesó tales índices con la situación económica de la asociación -que, de acuerdo con las manifestaciones vertidas por su representante, se halla en concurso de acreedores- y con la notoria evergadura de su giro comercial, todo lo cual la llevó a imponer la sanción mencionada en el primer párrafo. En relación al monto obtenido de aquella ecuación, luego de desechar por carente de apoyo legal la pretensión fiscal de cuadruplicar la multa determinada por la Controladora administrativa, expresó -con sustento en decisiones anteriores de esta Sala- que si bien resultaba mayor al impuesto en aquella sede -cinco mil quinientos pesos-, no operaba en el caso quebrantamiento de la prohibición de modificación de la condena en perjuicio del imputado, habida cuenta de que tal instituto no resulta de aplicación en la primera instancia de juzgamiento de las faltas.

Finalmente, fundó la modalidad efectiva de su cumplimiento interpretando que el artículo 32 de la Ley 451 no distingue entre resolución emanada del órgano administrativo o del judicial a efectos de considerar cuál es la "primera" condena Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

del imputado y acceder al beneficio de la ejecución suspensiva de la sanción. Entendió que, de estar a la versión propugnada por la encartada -que postula que sólo las condenas surgidas de un proceso formalmente judicial obstarían a la aplicación del instituto- carecería de sentido la manda del art. 46 inc. d) de la Ley 1.217 en tanto ordena al Magistrado la solicitud de antecedentes infraccionales que pudiera registrar la imputada. Ello llevaría, de acuerdo con esta tónica de razonamiento y en virtud del carácter voluntario que reviste la solicitud de "pase" de las actuaciones a la Justicia en lo Contravencional y de Faltas, a la circunstancia de que quien nunca requiera la intervención judicial, jamás contaría con antecedentes que pudieran ser considerados primera condena a los efectos de la fijación del cumplimiento de la sanción. Dedujo entonces que, en orden a que del informe respectivo surge que la asociación contaba con una condena anterior impuesta en sede administrativa -de fecha 1º de junio de 2004-, procedía precisar que la sanción por la comisión de las faltas objeto del proceso debía ejecutarse en forma efectiva. Por último, ante la inexistencia de motivos que permitieran eximir a la encartada de las costas generadas por la tramitación, se las impuso.

El primer agravio formulado por el impugnante se funda en la pretensión de haber incurrido el a quo en una violación al principio de prohibición de la reformatio in pejus, evidenciado en la "elevación" de la multa de cinco mil quinientos pesos fijada por la Controladora a seis mil. Propicia que, si bien un perfil del particular versa sobre el agravamiento judicial de una pena impuesta en sede administrativa, la institución resulta de aplicación analógica, pues el imputado no puede verse expuesto al riesgo de ser sancionado con mayor vigor en virtud del cuestionamiento de una resolución que considera injusta. Tal constreñimiento afectaría el derecho de defensa de su representada, en tanto el ejercicio de su derecho a ser juzgada la colocó en una situación más desfavorable que aquella en la que se encontraba con anterioridad a él (ver fs. 191).

Ataca también el quejoso el sentido impreso por la sentenciante al art. 32 de la Ley 451. Entiende que la primera "condena" a la que se refiere la norma debe interpretarse como la primera decisión de castigo emanada del órgano judicial, y no del administrativo sancionador. Aduce en sostén de su posición, en primer lugar, un motivo de orden sistemático: la ubicación del referido art. 32 en el Título IV de la norma -"Individualización de las sanciones por faltas"- obraría de indudable indicativo en relación a que la manda se encuentra dirigida a los Jueces y no a los Controladores. En segundo término, argumenta que la facultad de "condenar" corresponde a los Magistrados, virtualidad que se encontraría refrendada por la propia Ley que establece el Régimen de Faltas, que, cuando delinea la actuación del funcionario administrativo no hace referencia al concepto de "condena" -que sólo aparece entre los requisitos de la sentencia que da fin al juzgamiento-, sino al de "sanción". Finalmente, extiende su controversia terminológica a la vulneración de la garantía de juicio previo, que impone que, para que haya condena, debe haberse verificado un proceso judicial con acusación, defensa, prueba y sentencia -posición que abona con cita de un precede nte del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 10- (ver fs. 192).

En consecuencia, solicita que se modifique la sentencia en crisis, llevando el monto de la sanción a la suma de cinco mil quinientos pesos -ver punto b) del petitorio dirigido a esta Cámara- y disponiéndose la ejecución de la multa impuesta en suspenso.

El Sr. Fiscal de Cámara, a fs 200/203, contesta la vista oportunamente conferida. Luego de reputar admisible la vía incoada, sostiene que no debe acogerse favorablemente la pretensión de haberse transgredido la prohibición de la reformatio in pejus, por resultar ésta una garantía propia del sistema judicial de tipo acusatorio. En el caso, estaríamos en presencia de dos procesos independientes de diferente naturaleza -el administrativo y el judicial-, en el que se descarta la posibilidad de que en la última sede se revise lo actuado en la primera, tal como propugna el quejoso. Por otra parte, afirma que las sanciones como la impuesta en el legajo administrativo no revisten el carácter de "condena" en sentido lato sino que "simplemente se tratan de sanciones administrativas", pues en el procedimiento sustanciado en aquella sede no se dictan sentencias, sino sólo resoluciones tendientes a determinar la validez del acta de comprobación y la "penabilidad" que le corresponde.

Señala, sin embargo, que la sentencia recurrida resultaría, a su criterio, arbitraria, toda vez que el a quo habría incurrido en contradicción al momento de su fundamentación. La inconsistencia estaría dada por la afirmación de que el imputado cuenta con "antecedentes condenatorios en sede administrativa" a fin de argumentar la imposición de la modalidad efectiva de cumplimiento de la pena, Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

cuando, con anterioridad, había sentado que las sanciones allí impuestas no constituyen estrictamente condenas.

No obstante ello, entiende que la determinación de la forma de ejecución de la pena fijada en la sentencia ha sido delineada como facultad del juzgador y no como deber de actuación, y que, al momento de ejercerla, no cabe tener en cuenta los antecedentes que pudieran pesar sobre el imputado. En otro orden, interpreta que la "primera condena" a la que se refiere el art. 32 de la Ley 451 es la primera sentencia judicial condenatoria, emanada del órgano judicial; tal prescripción normativa supone una legislación especial destinada a regir la materia, quedando así desplazada la posibilidad de aplicar las previsiones del art. 27 del Código Penal. Así, propone el mantenimiento de la modalidad efectiva del cumplimiento de marras, en atención tanto a la mentada atribución del sentenciante como a la magnitud y gravedad de las infracciones en juzgamiento.

A continuación, expresa cuáles, a su criterio, deben ser las faltas documentadas en la causa que merecen ser objeto de castigo y cuáles, en virtud de las deficiencias de motivación que en cada caso detalla, de la absolución por parte de este Tribunal. De este modo, entiende que por todas las infracciones en que se reprocha la exposición de cables al alcance de la mano -reunidas en varias actas, que enumera- debe dirigirse una sola imputación, y que el monto de la multa correspondiente debe regularse en la suma de mil cien pesos. En relación a las restantes faltas endilgadas -a excepción de la ausencia de certificado de funcionamiento final del natatorio expedido por Aguas Argentinas-, el Sr. Fiscal promueve su desestimación, por encontrarse su efectiva punición sólo aparentemente fundada en ley.

En efecto, sostiene que el art. 6 de la Ordenanza nº 33.677 -sobre cuya inobservancia construyó el proveyente la comisión de la "falta de libro de registro de mantenimiento de caldera"- exige la certificación profesional de la contratación de una póliza de seguros contra terceros relativa al artefacto, de manera que el Juez de grado habría confundido tal documento con el libro de cuya carencia de presentación testimonia el acta respectiva. Respecto de las otras infracciones -con la excepción antedicha- la absolución debiera provenir de la circunstancia de encontrarse la condena fundada en la transgresión al punto 6.3.1.1 del Código de la Edificación, que se refiere al deber de conservación de las "obras" y no de los "inmuebles", como mal habría entendido el Magistrado.

Postula, en definitiva, la determinación de una pena de multa de mil setecientos pesos, abarcativa de las faltas consistentes en tener cables expuestos al alcance de la mano -única imputación en la que se subsumirían todas las actas labradas por ese motivo- y carecer de certificado de funcionamiento final del natatorio, expedido por la empresa proveedora de aguas.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, el legajo se encuentra en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.

Se observa, en lo que hace a los requisitos formales de estructuración de la vía, que el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva, por escrito fundado, ante el Tribunal que la dictó y por quien tenía derecho a deducirlo -art. 57 de la Ley 1.217-. Las impugnaciones vertidas encuentran adecuado encuadre en la causal de arbitrariedad prevista en el art. 56 de la L.P.F., toda vez que atacan la fundabilidad de la pieza y la transgresión de principios liminares que hacen a la garantía de defensa en juicio. Todo ello conduce a reputar bien concedido el remedio impugnaticio ensayado.

2.

De la reseña efectuada supra -y de las contancias del legajo- se extrae, en resumen, que el día 17 de enero de 2005 se labró, en relación al sector en que se desarrollaban las actividades de la colonia de vacaciones del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil, un total de diecisiete actas de comprobación por diversas infracciones al Régimen de Faltas. La Controladora administrativa condenó a la encartada en virtud de lo referenciado en catorce de ellas y declaró la inexistencia de las faltas endilgadas en las tres restantes. En sede judicial, la Magistrada subrogante agrupó -correctamente- los hechos que surgen de los documentos de fs. 3/19 en seis imputaciones; la pena impuesta como resultado del tratamiento de cada una de ellas se sostuvo en el grado de reprochabilidad evidenciado por la magnitud de cada injusto, que en algunos casos se Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

verificó materialmente -por observarse repetidamente desplegada la conducta prohibida, lo que se tradujo en el llenado y rubricación de sucesivos formularios-, y en otros se dedujo de la dimensión de la lesión a los bienes jurídicos protegidos por las diversas normas.

Lo dicho importa, de antemano, descartar cualquier hipótesis de múltiple persecución o de acumulación indebida de sanciones, toda vez que cada acta fue evaluada separadamente en cuanto a la cantidad de infracciones documentadas, y seguidamente aquellas que informaban la comisión de la misma falta fueron aunadas en una única acusación, sustanciada la cual se fijaron penas a cuya individualización contribuyó, entre otros parámetros de cuantificación, aquel grado de exigibilidad de cumplimiento apuntado en el párrafo anterior.

Sentado ello, y en atención tanto al cariz de las alegaciones que surgen del dictamen fiscal como a lo que se resolverá en definitiva en estos actuados, el tratamiento de las cuestiones presentadas a estudio del Tribunal deberá ser expuesto a la luz de las prioridades que de tales tópicos emanan. Lo dicho, en primer término, pues las conclusiones que se obtendrán respecto de las aristas advertidas por el órgano acusador podrán tornar dispendioso el análisis del primero de los dos ataques efectuados por el quejoso; en segundo lugar, porque la digresión vinculada con la modalidad de ejecución de la pena tendrá su lógico espacio una vez discutida y precisada aquélla. La senda discursiva se iniciará, por consiguiente, con la contemplación de los señalamientos normativos emergentes del análisis fiscal en conexión con cada una de las imputaciones reformuladas por el a quo -y su influencia sobre la determinación de la sanción en esta instancia-; continuará con la ventilación de la controversia en torno a la eventual transgresión de la prohibición de la reformatio in pejus y finalizará con la dilucidación del problema de la forma de cumplimiento de la sanción. Todo ello en el marco de un debate que se vislumbra limitado al tratamiento del derecho vinculado con los hechos objeto de juicio, en tanto la impugnante no sólo no ha logrado revertir las imputaciones a ella dirigidas, sino que ha reconocido la comisión de las faltas que se le recriminan -lo que, en virtud de la inversión de la carga de la prueba que rige en este procedimiento, implicará sin más la imposición de la sanción que corresponde a las infracciones que constituyen su objeto- y se ha ceñido a solicitar la atenuación del castigo y el beneficio de su aplicación en suspenso, aspectos que cercan el ámbito de examen a la significación jurídica que revela el conjunto de acciones aquí juzgado.

Debe observarse que las faltas identificadas en el decisorio de fs. 188/190vta. con los números "1" y "2" (carencia de libretas sanitarias de los bañeros y de certificado de funcionamiento final del natatorio extendido por Aguas Argentinas), no han merecido objeción alguna, por lo que, no advirtiéndose que se haya incurrido durante su juzgamiento en ningún vicio de procedimiento o de aplicación del derecho vigente que conlleve a la modificación de lo decidido a su respecto, el monto de la sanción fijada por su comisión -multa de seiscientos pesos- será en esta instancia mantenido en los términos expuestos a fs. 190, primer párrafo in fine.

Respecto de la infracción consistente en poseer conductores eléctricos al alcance de la mano -individualizada con el número "6" en la sentencia recurrida- no se advierte, como indica el Sr. Fiscal, que se haya dado una indebida imputación plural. Es clara la redacción del punto 6) de fs. 188vta., en cuanto enrostra a la asociación "falta de seguridad por cables de 220 v. expuestos al alcance de la mano, verificada en los lugares que a continuación se indican:...". Se desprende de ello que la consecutiva enumeración de los sectores del club en que se observó la irregularidad no implica, como parece desprenderse de la pretensión del dictaminante, la proyección de siete acusaciones independientes y la aplicación de diversas penas por el reproche de hechos distintos, sino, por el contrario, su agrupamiento en una única imputación que derivó en una sola sanción. Obsérvese que a fs. 189vta. queda centrado el tratamiento de la "falta nº 6 (...) consistente en la falta de seguridad por cables expuestos al alcance de la mano...", que surge de las actas allí precisadas; y que a fs. 190, primer párrafo, la sentenciante impuso una única multa por tal conducta, sanción que resulta comprendida en el espectro punitivo fijado por la norma represiva -art. 2.1.2 de la Ley 451, cuyos parámetros mínimo y máximo eran, al momento de su verificación, quinientos y cinco mil pesos respectivamente, sensiblemente menores a los vigentes con posterioridad a la modificación impresa por el Dec. Nec. y Urg. nº 1/2006 del Poder Ejecutivo de la Ciudad y por ello de aplicación prevalente, conf. art. 3º del referido Régimen-.

De este modo, no asoman motivos que lleven a esta Alzada a modificar la decisión adoptada en la primera instancia interviniente, máxime teniendo en cuenta que el Sr. Fiscal se ha limitado a enunciar que "debió habérsele aplicado Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

una sola multa, un poco más alta del mínimo" (ver fs. 202vta., primer párrafo), sin más precisiones que iluminen acerca de qué partes del fallo traslucen, a su criterio, la múltiple imposición que critica. A ello no obsta la circunstancia de haber agrupado la a quo una infracción de poseer "cables expuestos" en la "falta nº 5", pues, bajo su óptica, por las características del hecho, aquélla debía revestir en el tipo general de "falta de seguridad" por incumplimiento de las normas del Código de la Edificación -art. 2.2.14 de la Ley 451, que diseña un mínimo menor que el del art. 2.1.2- y no en la calificación especial que emana de este último. Tal encuadramiento no aparece ajeno a las opciones que las normas locales prevén para la represión de faltas, ni luce inadecuado al fin perseguido por la norma tuitiva del bien jurídico respectivo, ni emerge desprovisto del correcto discurrir deductivo -circunstancia ésta que descarta per se cualquier asomo de arbitrariedad-; antes bien, evidencia un lúcido y meditado balance de la situación infraccional de la asociación y de las mellas infligidas al orden regulatorio en completa apreciación tanto de las aristas de la conducta endilgada como de las diferentes alternativas que el conglomerado normativo dedica a fin de punir las transgresiones enjuiciadas. Por lo demás, toda pluralidad de acciones, en una primera etapa de análisis, resulta pasible de ser correlacionada, como en el caso, con una pluralidad de imputaciones; con posterioridad, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, nada impide que -como en el caso- el s entenciante estime asociadas unas acciones con otras y configure con las hipótesis en estudio una unidad de conducta cuya reprochabilidad devenga finalmente potenciada por esa misma complejidad infraccional.

Frente a este panorama, y como se adelantó, no tendrá favorable acogida la propuesta fiscal; consecuentemente, se mantendrá la sanción de tres mil quinientos pesos impuesta por la Juez de grado en el punto IV de la parte dispositiva.

La pretensión del representante del Ministerio Público, finalmente, incluye la absolución a la imputada por el resto de las faltas detectadas, bajo el criterio de encontrarse encolumnadas en el quebrantamiento de lo dispuesto en el art. 6.3.1.1 del Código de la Edificación, que no resultaría de aplicación al caso en estudio. Ello así, en tanto la obligación de mantener en perfecto estado de uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética se dirige al propietario de una obra, concepto que se define en el art. 1.3.2 del mismo Código (AD 630.4) como "trabajo que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización de un edificio, estructura, instalación, demolición, mensura o urbanización". De acuerdo con esta interpretación, la Magistrada habría confundido el término "inmueble" del art. 2.2.14 de la Ley 451 con la "obra" del C.E., por lo que la resolución también se encontraría sólo aparentemente fundada en ley en este aspecto.

Tal esforzada exégesis colisiona, a poco que se medite, con el espíritu que infunde a la norma y aun a sus posibilidades de aplicación. Adviértase, en primer lugar, que la definición de obra aportada por la propia Ordenanza es abarcativa -aun a salvo de cierta oscuridad de redacción- de la de ciertos bienes inmuebles en sentido amplio, en especial "edificios", "instalaciones" y aun "demoliciones" -vocablos no incluidos en el tesauro propuesto, por lo que deben incorporarse en su sentido literal-. Así es que por "edificio" no puede sino entenderse una "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos" (conf. Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es) y por "instalación" el "recinto provisto de las cosas necesarias para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio" (íd., acepción 3, que se presenta ejemplificada con las expresiones: "instalaciones industriales, educativas, deportivas").Estas referencias léxicas encuentran entera adecuación en la disposición del art. 2.315 del Código Civil de la Nación, que define a las cosas inmuebles por accesión como las "...muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad"; en la nota al art. 2.314, asimismo, el Codificador consignó que "...los edificios son designados en el Cód. francés como inmuebles por su naturaleza, cuando en verdad sólo lo son por un hecho de accesión, tal es en efecto el origen que el Derecho romano asigna a esta especie de inmovilización de los materiales que por su naturaleza eran muebles...". Cl aro es, entonces, que el concepto en tratamiento no puede diferir del de inmueble en sentido estricto, y resulta comprensivo, además, del de todo proyecto de edificación y de la disposición progresiva de los elementos que lo ejecutan durante la etapa de construcción, hasta la concreción definitiva (obra terminada).

Por otra parte, si por "obra" se entendiese algo diferente de "inmueble" en la orientación examinada, se desvanecería sin más el ámbito de aplicación de la totalidad de la Sección 6 de la Ordenanza de marras, citada en sustento de la interpretación restrictiva propuesta por el acusador. Con sólo recorrer los artículos de esta parte del Código, surgirá de inmediato la equiparación en ella de los conceptos de "obra" y de "inmueble" en los términos antes vertidos. Así, bajo el Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

título "Obras en contravención" el art. 6.3.1.2, inc. a) se refiere a las "edificaciones y estructuras, como [también] instalaciones"; al tratar las "Obras en mal estado o amenzadas por un peligro" (art. 6.4.1.0), el C.E. hace mención de los "Trabajos por estado de ruina y amenaza de peligro en edificios o estructuras"; del mismo modo, el propio art. 6.3.1.1 -vinculado en forma directa con la inobservancia de las cargas legales de la encartada-, cuyo título es "Obligaciones del propietario relativas a la conservación de obras", hace referencia, en el segundo párrafo, al "aspecto exterior de un edificio o estructura", debiendo tenerse en cuenta a fin de apreciar el tenor de las mandas allí diseñadas el "emplazamiento y las características del lugar", ideas todas relacionadas con la de "inmueble" o "edificio" y no solamente con la "construcción" o su "proyecto". Estas vinculaciones se repiten en la enumeración del tercer párrafo del mismo artículo, que extiende la carga del propietario al mantenimiento de elementos o sectores íntimamente vinculados con el "edificio" -en tanto inmueble por accesión- y no meramente con la "obra" definida en la Sección Primera del cuerpo. Así: b alcones, terrazas y azoteas (inc. a); cornisas, saledizos, cariátides, atlantes, pináculos, crestería (inc. c); muretes, cargas perimetrales de azoteas y terrazas (inc. d).

Cabe entonces colegir que la obligación del propietario de mantener en buen estado la "obra" comprende al "edificio" terminado y continúa durante la totalidad del período de su emplazamiento, aun hasta finalizados los trabajos de demolición. No otra ha sido la intención del Legislador al diseñar la infracción del art. 2.2.14 de la Ley 451, afirmación que resulta confirmada al cotejar las disposiciones del Capítulo en que está inmersa -"Actividades constructivas"- y verificarse que lucen insertas, indistintamente, reglas de cuidado que caben al propietario de obras en ejecución o de inmuebles. A estos últimos se refieren, en el mencionado sector de la norma, los artículos 2.2.5 -"Numeración de Inmueble"-, 2.2.8 -que impone multa al propietario de un inmueble o establecimiento en el que funcione un generador de vapor a presión y que carezca de mantenimiento efectuado por foguista matriculado-, 2.2.9 -"Falta de vivienda del encargado", infracción del que son sujetos activos "el consorcio de propietarios o en su caso solidariamente todos los propietarios de los departamentos que conforman el edificio"-, 2.2.10 -"Falta de locales obligatorios vivienda encargado", obligación que pesa sobre los mismos sujetos-, 2.2.11 -"Falta de local destinado al servicio de portería", ídem-, 2.2.12 -que pune el incumplimiento de los requisitos atinentes al funcionamiento de playas de estacionamiento y garages-, entre otras. Con lo dicho, queda zanjada la cuestión metodológica introducida por el Sr. Fiscal en su dictamen, debiéndose concluir que la exigibilidad del cabal mantenimiento se proyecta tanto sobre una "obra" como sobre un "inmueble", cualquiera sea el estado de progreso de edificación. En suma, tanto la "obra" como el "inmueble" -trabajo que comprende el todo de la realización de un edificio, conforme la débil técnica lexicográfica del AD 63 0.4- reciben, en lo que aquí interesa, el mismo tratamiento.

Consecuencia ineludible será, por carácter necesario, la confirmación de la solución adoptada por la Magistrada subrogante, vinculada con la sanción impuesta por la comisión de las faltas descriptas en el punto III de la pieza recurrida.

Asiste razón al dictaminante, en cambio, en sus manifestaciones relativas a la "falta nº 3" -carencia del libro de registro de mantenimiento de caldera-, pues resulta cierto que la aplicación de la sanción respectiva viene sustentada en disposiciones que no son de aplicación al ilícito cuya comisión se tuvo por acreditada. En efecto, la a quo ha encuadrado la conducta de marras en la regla del art. 4.1.1 del ordenamiento sustantivo, que legisla la "ausencia de habilitación" de toda actividad lucrativa, o su ejercicio en infracción a la autorización concedida. Tal vulneración vendría dada por la inobservancia del art. 6 de la Ordenanza 33.677 (AD 794.5); mas es lo cierto que la referida norma no regula la obligación de los titulares de explotaciones en las que se utilicen instalaciones térmicas de llevar libros de registro de su estado de mantenimiento. La disposición referida forma parte de un régimen que impone a los propietarios de instalaciones destinadas a producir, transportar y utilizar vapor o agua caliente el deber de contar con un seguro de responsabilidad civil comprensivo de los daños que podría ocasionar el uso de ellas, incluido el almacenaje, transporte y quemado del combustible (art. 1º). Esta regla se complementa con el art. 3º -que requiere que la contratación de la póliza se encuentre convalidada por un profesional que certifique que la instalación reúne las necesarias condiciones de seguridad-; el art. 4º, último párrafo -que exige la inscripción del profesional interviniente como Instalador ante la Empresa Gas del Estado en caso de tratarse de instalaciones que utilicen gas natural- y el art. 5º -que establece que la certificación implica que se encuentran cumplidas las disposic iones municipales y de la Empresa Gas del Estado referidas a seguridad e instalación del sistema-. Con claridad surge que tales previsiones normativas en modo alguno abarcan la conducta finalmente Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

endilgada -ausencia de libro de mantenimiento de caldera-, por lo que, en verdad, en este aspecto la resolución recurrida carece de sustento jurídico real.

Esta falencia, que importa un vicio in iudicando en tanto la sentenciante no ha cerrado el juicio de tipicidad en armonía con las reglas del correcto entendimiento y con la ley que correspondía aplicar, se traduce en la violación de una nota esencial que informa la garantía del debido proceso, cual es el de que las sentencias deben constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias acreditadas en la causa. En este caso, la Magistrada ha fallado en la tarea de subsunción de la conducta enrostrada en el molde típico, deficiencia que se evidencia, como se dijo, en la invocación normativa efectuada al momento de precisar la figura diseñada en el referido art. 2.2.14, que constituye una variante infraccional de ley penal en blanco -por su remisión al articulado del Código de la Edificación- y que debe encontrar precisa integración en la sentencia, a riesgo de resultar ésta arbitraria por encontrarse sólo aparentemente motivada. Cabe consignar que el error del que se advierte a este Tribunal en el dictamen de fs. 200/203 dista en mucho de constituir una mera interpretación incorrecta de la norma aplicable, ni establece recortes o extensiones típicas que puedan ser subsanadas al activarse la competencia de esta Alzada; no se trata siquiera del ataque a un criterio por el cual se consideró agravada una conducta que no lo era -o viceversa-; antes bien, el encuadramiento objeto de esta crítica ha resultado de una palmaria equivocación en cuanto al derecho aplicable, cuya lamentable consecuencia ha sido la determinación de una pena sin el debido sustento legal. La sentencia, en el pun to expuesto, deviene entonces irremediablemente infundada y consecuentemente injusta la sanción allí fijada. Adunada a ello la pretensión absolutoria de quien ejerce la titularidad de la acción pública, no cabrá otra solución que satisfacer aquí la propuesta del órgano acusador, declarando la nulidad del punto en crisis y absolviendo al apelante por la falta de referencia (acta nº 2-0770025 de fs. 7).

3.

Las dos últimas cuestiones tienen relación con los planteos vinculados con la modalidad de ejecución de las sanciones que corresponde afrontar al club San Lorenzo de Almagro y con la alegación defensista de haberse vulnerado la prohibición de la reformatio in pejus -que se constataría al determinar la Sra. Juez una pena más gravosa que la fijada en sede administrativa-.

Con anterioridad al presente pronunciamiento -causa nº 270-00-CC/2004, rta. el 14/03/2005-, esta Sala ha tenido ocasión de expedirse acerca del problema suscitado en torno a la legitimidad de la fijación de una pena de monto mayor al fijado en el expediente administrativo al resolverse la cuestión en la primera instancia judicial. Allí se resaltaron las notas principales del procedimiento de faltas que llevan a concluir que no existe posibilidad de que la decisión del Juez de primera instancia incurra en violación al referido principio, en especial, por iniciarse el juicio de faltas con la radicación ante el Fuero de las actuaciones labradas por la autoridad administrativa -art. 40 de la Ley 1.217-. Se dejó también sentado que el procedimiento administrativo y el judicial conforman dos instancias independientes, lo que equivale a decir que lo resuelto por el Controlador no obliga al juez de la causa ni cerca su competencia; lo contrario implicaría vulnerar garantías expresamente acordadas en la Constitución Nacional, a la vez que alterar la sustancia del principio republicano de gobierno -lo que ocurriría si se vedara o limitara al Juez el ejercicio del control de legalidad de lo decidido en sede administrativa-. Éste último y no otro es el objeto del pedido de "pase" a la Justicia en lo Contravencional y de Faltas del legajo ejecutivo, y en relación a él es que se estructura el juzgamiento materialmente judicial, de modo que el justiciable encuentre en la tramitación de un amplio proceso de conocimiento -si bien informado, como se expuso, por las características propias de la materia, originada naturalmente en el poder regulador del estamento político- la satisfacción de garantías explícitamente acogidas por nuestras constituciones nacional y local, que imponen la sustanciación de un -debido- proceso en sentido estricto como condición sin la cual la concreción de la atribución punitiva del Estado sólo encontraría sustento en la sola autoridad de quien lo determina, práctica que resultaría también ajena al mentado republicanismo que de inicio estructura nuestra Carta Magna. Ello significa sin más que el diseño de judicialización de las infracciones declaradas y sancionadas por la Administración no se ha delineado al solo fin de otorgar una chance al administrado para que se mantenga o reduzca el castigo impuesto; la susceptibilidad de ocurrencia de la contingencia apuntada devendrá, como surge de la elaboración anterior, del necesario análisis efectuado por el Juez en relación a lo que adopta naturaleza técnica de causa judicial, examen que sí constituye el fin último del cambio de radicación de las actuaciones -cuya voluntariedad no sólo se establece en función de la presunción de legitimidad de los actos administrativos que originan y concluyen la vía, sino, además, en el otorgamiento al peticionante de aquella seguridad de que el perfil sancionador de la autoridad será racionalmente ejercido, Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

lo que en el caso implica activar la manda republicana de control recíproco de los actos emanados de los poderes del Estado-.

Sin perjuicio de lo dicho, corresponde recalcar que el instituto de la prohibición de la modificación de la sentencia en perjuicio del imputado, cuando no media recurso fiscal, en sentido estricto, es propio del proceso judicial y "...debe tenerse por configurada toda vez que, abierta la instancia recursiva sólo por el imputado, la sentencia aplica una pena principal más grave en cuanto a su calidad o extensión, agrava una pena accesoria o impone ésta sin petición fiscal..." (Palacio, Lino Enrique Los recursos en el proceso penal. Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1ª edición, 1998). Ello impone situar la figura en el marco de una competencia del carácter descripto otorgada por la ley a un Tribunal habilitado por ella a efectuar un reexamen de lo decidido por el inferior y acotada en principio por el tenor de los agravios formulados; tal competencia viene activada en virtud de la interposición de un recurso -naturaleza que no reviste el pedido de pase de las actuaciones a juzgamiento- interpuesto por el condenado y en atención al dictado de una sentencia, todo lo cual conduce a descartar llanamente la eventualidad de ocurrencia de la vulneración alegada por t ratarse éste de un espectro de actuación de muy distinta índole.

Del modo descripto, se mantendrá el criterio de la sentenciante en relación al agravio traído a estudio.

La segunda queja, por último, no encontrará el éxito propiciado por el recurrente; en primer lugar, porque la Magistrada no se encontraba obligada a decidir de la forma que éste postula, toda vez que el otorgamiento el pretendido beneficio constituye una facultad y no un deber de actuación del Juez en el presente procedimiento -conf. art. 32 de la Ley 451-.

En segundo lugar, una interpretación armónica de las disposiciones del Título VI -"Individualización de las sanciones por faltas"- lleva a concluir que la "condena" allí tratada no puede sino ser la resolución condenatoria emanada tanto de la autoridad administrativa como de la judicial. Obsérvese, por ejemplo, que el art. 30 allí contenido impide atenuar la sanción a quien la impone -sin distinguir entre Controlador o Juez- en los casos en que el presunto infractor se haya acogido por tres veces al beneficio del pago voluntario por infracciones a faltas incluidas en una misma Sección de la norma. Del mismo modo, el art. 28 fija como uno de los parámetros de determinación de las "sanciones por faltas" -generalmente consideradas- "la existencia de pagos voluntarios o sanciones impuestas por infracciones a normas contempladas en una misma Sección de este Régimen de Faltas en el transcurso de los últimos dos años" (inc. 4), sin que asomen criterios de distinción entre jurisdicción administrativa o judicial a efectos de su aplicación.

De los ejemplos precedentes fácilmente trasluce el espíritu de la disposición del art. 32 L.P.F. y de la norma en la que está inmersa: punir con mayor rigor a quien, por debida determinación de una legítima autoridad, registra antecedentes de violación a los deberes que sobre él pesan en virtud de la regulación de las actividades permitidas que desempeña en el ámbito citadino. La interpretación contraria -"sólo debe considerarse la condena emanada de un órgano judicial a efectos de meritar la procedencia del cumplimiento suspensivo de la sanción"- deviene forzada y contraria a aquella finalidad, además de posibilitar la generación de efectos evidentemente no deseados. Por caso, la imposibilidad de que las causas de extinción de la pena alcancen a aquella fijada en sede judicial, pues el art. 33 del mismo cuerpo dispone que "las sanciones por faltas se extinguen por...", y nada dice en cuanto a las "condenas". De estar entonces a la pretensión de la quejosa, resultaría legitimada, v. g., la absurda eventualidad de que una sanción impuesta por el Controlador administrativo pudiera prescribir, pero no una emanada de sentencia judicial (inc. 3); o la de que el indulto alcance a aquéllas (conf. inc. 5), pero no a los castigos provinientes de decisiones judiciales.

Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente a fin de concluir que deberá confirmarse la modalidad de cumplimiento de la sanción seleccionada por la Sra. Juez de grado.

En consecuencia, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.-.CONFIRMAR LOS PUNTOS I, III, IV y VI del dispositivo de la sentencia de fs. 188/190vta., en cuanto condena al Club Atlético San Lorenzo de Almatro Asociación Civil, CUIT nº 30527929772 a las siguientes penas: multa de PESOS TRESCIENTOS ($300) por carencia de libretas sanitarias de las personas que se desempeñan como bañeros del natatorio, consignada en el acta de infracción nº Causa nº 029-00/CC/2006. Sala II.

0770073 obrante a fs. 3 -en función del art. 28 del Capítulo III del Anexo I AD 798.1 y art. 4.1.21 de la Ley 451-; multa de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600) por falta de seguridad verificada en las actas nº 20770072, 20749128, 20770093, 20770092, 770090 y 0752553 -en función de los arts. 6.3.1.1 C.E., 6.4.3 C.E. y 8.10.1.5 C.E.; art. 2.2.14 de la Ley 451-; y multa de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) por falta de seguridad por cables de 220 v. expuestos al alcance de la mano, verificada en las actas nº 20770074, 20770091, 20770090, 20770089, 20752553 y 20752551 -en función del art. 8.10.1.3 C.E.; art. 2.1.2 de la Ley 451, todo ello con más las costas del procedimiento de primera instancia a la condenada (art. 55 inc. h Ley 1.217).

II.- CONFIRMAR PARCIALMENTE EL PUNTO II del dispositivo de la sentencia de fs. 188/190vta., en cuanto condena al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil, CUIT nº 30527929772, por la falta de certificado de funcionamiento final del natatorio extendido por Aguas Argentinas, consignada en el acta nº 20749127 de fs. 6 a la pena de multa de PESOS TRESCIENTOS ($300) que surge de la individualización obrante a fs. 190, primer párrafo in fine - en función del art. 3º inc. B del Anexo I AD798.1 y art. 4.1.1 de la Ley 451; y DECLARAR LA NULIDAD del mismo punto en la parte que dispone condenar a la imputada a la pena de multa de PESOS TRESCIENTOS ($300), conforme surge de la individualización obrante a fs. 190, primer párrafo in fine de la resolución apelada, por falta de libro de registro de mantenimiento de caldera consignada en el acta nº 20770025 de fs. 7 en función del art. 6 de la Ordenanza nº 33.677, art. 4.1.1 de la Ley 451, ABSOLVIENDO a la encartada por dicha falta.

III.- REVOCAR PARCIALMENTE EL PUNTO V del dispositivo de la sentencia de fs. 188/190vta., CONDENANDO EN DEFINITIVA al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil, CUIT nº 30527929772, a la pena de multa de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($5.700.-), y MANTENIENDO LA MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO de la pena impuesta en la presente.

IV.- SIN COSTAS en esta instancia (arts. 33 y 55 inc. h de la Ley 1.217).

V.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal en relación a la dilucidación del primero de los agravios formulados, vertida en el punto 4 de la presentación de fs. 191/193vta.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, a fin de que el Sr. Magistrado a quo ordene practicar las restantes notificaciones.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas