Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25


SENT Nº 98 San Miguel de Tucumán, 25 de Marzo de 2013.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada educido por el demandado en autos: "Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. vs. Luque Emilio Salvador s/ Ejecución hipotecaria"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Que viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 325 del 24 de agosto de 2012 dictada por la Sala III de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones. En dicho pronunciamiento no se hizo lugar al recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia Nº 97 del 16 de abril de 2012 de la citada Cámara.

Por esta última sentencia se rechazó el recurso de apelación del demandado y se confirmó la sentencia de Iª Instancia de fecha 22 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIª Nominación. A su vez, este pronunciamiento rechazó el incidente de nulidad deducido por el demandado.

II.- La decisión objeto del presente recurso directo no hace lugar a lo solicitado por entender que la sentencia cuestionada en casación y que resuelve la apelación interpuesta por el demandado no es definitiva, conforme lo requiere el art. 748 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT). Sostiene que no se advierte perjuicio en el derecho de defensa del recurrente ya que, durante el trámite de la causa, podrá cuestionar la procedencia de la pretensión regulatoria formulada en autos. A criterio del Tribunal la cuestión debatida no asume gravedad institucional ni excede el mero interés de las partes.

En relación a la infracción de la norma legal invocada por el recurrente, la Cámara sostiene que los argumentos desarrollados apuntan a cuestiones de hecho, en concreto a determinar si los letrados demandantes han actuado o no en el juicio en el que reclaman honorarios. En virtud de ello el Tribunal entiende que la decisión impugnada no cubre el requisito de admisibilidad exigido por el art. 750 CPCCT. Dispone por último, la pérdida del depósito en la proporción de ley, e impone las costas al recurrente.

III.- El recurrente en Queja, entiende que el recurso directo interpuesto cubre los requisitos exigidos por el art. 755 CPCCT.

Luego de hacer una relación de los antecedentes que motivan la presente queja, expresa agravios en contra de los tres argumentos esgrimidos para fundar la denegatoria, a saber: la falta de definitividad de la sentencia, la ausencia de gravedad institucional y que lo debatido versa sobre cuestiones de hecho.

En relación al primer agravio estima que la sentencia es recurrible por ser definitiva. Afirma que lo cuestionado no es un error de juzgamiento susceptible de recursos frente a una eventual regulación de honorarios de los letrados embargantes, sino que se basa en la inexistencia de actos que pretenden fundar la demanda, por lo que la nulidad interpuesta es el único remedio posible.

En relación al segundo agravio entiende que fue acreditado el extremo de gravedad institucional invocado, porque se han violado derechos constitucionales tales como el acceso a la justicia y el de igualdad ante la ley y en consecuencia el caso excede el mero interés personal.

Por último, en relación al tercer agravio aduce que el fallo no incurre en falta de valoración de prueba sino en un total apartamiento de la misma, lo que implica violación de los principios de la sana crítica. Advierte que las firmas con que se pretende probar la participación de los letrados en el juicio fueron incorporadas con posterioridad, lo que configura un delito de acción pública. Cita jurisprudencia que entiende aplicable y hace reserva del caso federal.

IV.- A fs. 39 y vta. obra dictamen del señor Ministro Fiscal quien estima que el recurso no puede prosperar. Entiende que la resolución cuestionada no resulta definitiva en los términos del art. 748 CPCCT, que no se verifica la concurrencia del supuesto de gravedad institucional invocado y que lo debatido en autos no trasciende los intereses del impugnante.

V.- En cuanto a la admisibilidad de la vía impugnativa directa, se advierte que el escrito recursivo se ajusta a lo estatuido por los arts. 706, 752 y 755 CPCCT, por estar cumplimentados los recaudos allí previstos. En consecuencia es admisible el remedio tentado.

VI.- Con relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación asiste razón al fallo cuestionado cuando afirma que la decisión recurrida no es definitiva ni impide la continuación del pleito principal.

En virtud de ello resta por analizar si la referida sentencia asume gravedad institucional, única hipótesis que habilitaría un nuevo análisis de admisibilidad y, en su caso, de procedencia del remedio casatorio por esta Corte Suprema de Justicia.

El punto dirimente es determinar si la sentencia cuestionada en casación, incurre en la gravedad institucional imputada por el recurrente, cual es que dicha decisión de la Cámara lesiona principios constitucionales perturbando el regular funcionamiento del servicio de justicia y alterando de esta forma la estructura esencial del proceso, trascendiendo así el interés de las partes.

Cabe advertir que es reiterada la opinión de esta Corte que ".las resoluciones que decretan, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, por principios no son apelables por vía extraordinaria, salvo cuando se demuestra que el perjuicio que puedan ocasionar es irreparable, requisito que no se cumple con la invocación de arbitrariedad o de agravios constitucionales." [Doctrina citada en fallo de CSJT N° 315 del 19 de mayo de 2012].

El recurrente en su escrito de interposición de la casación afirmó que ".las firmas que figuran en el escrito de la demanda que obra en el expediente fueron insertadas por éstos CON POSTERIORIDAD al inicio e incluso a la finalización de la presente causa consumándose un delito de acción pública.". Invoca violación a los arts. 31, 32, 33, 34, 165, 264, incs. 4 y 6 del 265 y 272 todos del CPCCT, el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, los arts. 15 y 499 del Código Civil, arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional y otros artículos que entiende aplicables al caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como se advierte, lo discutido en estos autos es la misma existencia del derecho que sirve de base a la medida recurrida y el planteo recursivo se basa en una directa imputación delictual (obrante tanto en el escrito casatorio -fs. 10 vta-, como en el recurso directo -fs. 25 y vta.-).

Esta circunstancia no fue tenida en cuenta por el Tribunal de mérito tanto en el fallo que resuelve la apelación, como en el que deniega la casación. La Excma. Cámara debería haberse expedido sobre lo denunciado porque cuenta con los antecedentes de la causa a la vista y por la grave implicancia de lo denunciado.

Siendo un Principio General del Derecho que nadie puede pretender obtener un beneficio (en este caso una medida cautelar) reconocido por la justicia a partir de un hecho ilícito, la dilucidación de la cuestión planteada en casación aparece directamente vinculada a la justificación del excepcional supuesto de gravedad institucional invocado. En consecuencia esta Corte Suprema considera que corresponde admitir provisoriamente el recurso de casación intentado a los efectos de realizar el examen definitivo de admisibilidad de la casación intentada y, en su caso, de su procedencia (cfr. art. 755 último párrafo CPCCT)..

Por todo lo expuesto, se R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, al recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 325 del 24 de agosto de 2012 expedida por la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (Sala III).

II.- DECLARAR ADMISIBLE de manera provisoria el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 97 del 16 de abril de 2012 expedida por la citada Cámara.

III.- DISPONER la devolución del depósito acreditado por el recurrente en queja en el marco de lo dispuesto por el art. 752 CPCCT.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (En disidencia) ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto en disidencia del señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán:

I.- Con relación a la admisibilidad de la Queja, el suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Angel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos".

Es que, como allí se dijera, ante los términos de la sentencia denegatoria del recurso de casación, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia Nº 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F s/ Despido", sentencia Nº 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia Nº 997 del 17/12/2010).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia Nº 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 252 del 11/5/2011).

De lo expuesto, se desprende que, si a sólo ello se redujera el problema bajo examen, en principio correspondería hacer lugar a la queja, y avocarse al examen de la casación denegada.

II.- Sin embargo, y puesto que la existencia de una quaestio juris configura tan sólo uno de los múltiples recaudos exigibles para habilitar la instancia casatoria, cabe aquí recordar dos aspectos de suma relevancia, a la hora de pronunciarse sobre la suerte del recurso tentado, a saber:

1.- En primer lugar, que, como reiteradamente lo ha señalado este Tribunal, el requisito de definitividad de la sentencia consiste un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad, o de infracción a normas de derecho (CSJTuc., "Cabsha vs. Fontdevila S.A. s/ Daños y perjuicios", del 19/10/1993; sentencias N° 820 del 25/10/1999; N° 937 del 10/10/2007, entre otras muchas). Tal recaudo autónomo no se satisface en la concreta especie de autos, como correctamente lo ha puesto de manifiesto el señor Ministro Fiscal, y en breve se habrá de examinar.

2.- Y en segundo lugar, que el art. 755 (art. 820) del CPCyC, en su penúltimo párrafo, prevé que si en ocasión de examinar la queja se advirtiera que el recurso de casación es manifiestamente improcedente se desestimarán ambos sin más trámite. Tal supuesto de improcedencia manifiesta se configura en el caso de autos, donde la mera lectura de la sentencia recurrida alcanza para advertir lo errado de la impugnación que intenta la parte actora, habida cuenta que los agravios en los que se funda no logran rebatir la sentencia en crisis ni, por ende, alcanzan para descalificar la solución que allí se toma.

III.- Con relación a la ausencia de definitividad, como recaudo propio y autónomo, cabe decir:

1.- Por de pronto, como correctamente lo pone de manifiesto el señor Ministro Fiscal, y reiterando lo ya dicho por este Tribunal en su sentencia N° 461 del 11/6/2007 con palabras que estimo plenamente aplicables a la concreta especie bajo examen, "el motivo denegatorio de la casación explicitado por la Cámara es correcto. La sentencia -resolución interlocutoria que deniega un incidente de nulidad- no es definitiva, ni equiparable a tal pues no concluye el pleito ni impide su continuación (cfr.: CSJTuc., sentencias N° 595 del 15/8/2003; Nº 453 del 19/6/2003; Nº 373 del 22/5/2001; Nº 491 del 20/6/2000; Nº 891 del 05/11/1999; entre muchas otras). Cabe advertir, en este sentido, que rechazado el recurso por falta de definitividad conforme art. 813 procesal, no alcanzan a demostrar el yerro sentencial las múltiples consideraciones vertidas en el memorial de la queja que no refieren concreta, puntual y específicamente a este aspecto".

2.- Añádase a ello que la ausencia de definitividad se encuentra, por decirlo de un modo gráfico, duplicada en la concreta especie bajo examen, pues la incidencia de nulidad ha sido propuesta a su turno a propósito de otra cuestión que, por su propia naturaleza, tampoco reviste el carácter de definitiva, pues esta Corte ha sostenido reiteradamente que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas ni preclusivas, de donde resulta que pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. Se trata de decisiones provisionales que pueden ser modificadas según lo aconsejen ulteriores circunstancias, sin que pueda invocarse a su respecto la cosa juzgada (CSJT, sentencia Nº 302 del 5 de mayo de 2010). Así, se ha dicho que las decisiones referentes a medidas precautorias, sea que las ordenen, las modifiquen o extingan, no revisten el carácter de sentencia definitiva (CSJT, sentencias Nº 952 de fecha 18 de octubre de 2006; Nº 125 de fecha 3 de marzo de 2006; Nº 509 de fecha 24 de junio de 2005; Nº 923 de fecha 21 de noviembre de 2003; Nº 625 de fecha 21 de agosto de 1998, N° 302 del 05/5/2010, Nº 937 del 10/10/2007, entre otras muchas).

Dicho criterio ha sido recientemente mantenido por este Tribunal en su sentencia N° 315 del 10 de mayo de 2012.

3.- Examinando los antecedentes del caso, no encuentro motivos dirimentes de peso por los cuales este Tribunal no habría de mantener el criterio expuesto, tan solo unos meses atrás. Sería sumamente difícil, en verdad, encontrar esos motivos, pues en ambos casos -y más allá de los respectivos discursos argumentativos enarbolados por cada uno a la hora de recurrir- lo único que siempre estuvo realmente en cuestión, fueron los recíprocos juegos de intereses particulares de embargante y embargado.

Con ello, me parece que también ha de quedar claro que lejos de encontrarse tipificado el supuesto de gravedad institucional que habilitaría excepcionalmente la instancia casatoria en la concreta especie bajo examen, inversamente dicha gravedad institucional se vendría a configurar si este Tribunal mutara aquél criterio señero; pues, pese a las cuestiones de hecho y prueba alegadas por la recurrente, no encuentro diferencias de carácter substancial entre ambos casos, que posean suficiente entidad como para eludir exitosamente la tacha de autocontradicción a la que esta Excma. Corte Suprema se vería expuesta, en caso de acoger favorablemente la queja interpuesta.

Existe en consecuencia una manifiesta ausencia de gravedad institucional, en los términos reiteradamente expuestos por este Tribunal (CSJT: sentencias N° 820 de fecha 25/10/1999, N° 940 de fecha 06/12/2011, y N° 515/2012 in re: "Provincia de Tucumán D.G.R. vs. Colombo de Anadón María Emilia s/ Embargo preventivo" del 27/6/2012, entre otras).

IV.- A idénticas conclusiones se arribaría por aplicación del art. 755 (art. 820) del CPCyC, en su penúltimo párrafo, pues de la sola lectura del recurso de casación y su compulsa con las constancias de la causa, cabe concluir que en la especie no han sido satisfechos otros requisitos de admisibilidad.

No ha mediado una crítica concreta, razonada y fundada de los argumentos vertidos en la sentencia impugnada. Los fundamentos del fallo para arribar a tal conclusión, no han sido rebatidos satisfactoriamente por la recurrente, que no ha aportado elementos necesarios para revertir la solución adoptada. De allí que el planteo casatorio se presente técnicamente insuficiente en la formulación de los agravios, al carecer de los indispensables desarrollos tendientes a poner de manifiesto el error y/o la ilegitimidad de la sentencia en crisis. Al no satisfacer el requisito de autosuficiencia, el recurso deviene inadmisible también por dicho motivo.

1.- En efecto: la argumentación central de la sentencia impugnada, apuntó a dos circunstancias: a) la inexistencia de un perjuicio al derecho de defensa del demandado, justificativo de la declaración de nulidad peticionada; y b) la ausencia de un vicio procesal en la fundamentación efectuada por el incidentista, que por el contrario habría invocado la ausencia de derecho a obtener la fijación judicial de honorarios.

2.- Sin embargo, de la simple lectura del memorial casatorio, se advierte que no resulta autosuficiente, desde el momento que se desentiende y, consecuentemente, no rebate los argumentos medulares en los que el fallo sustenta su decisión, circunscribiéndose su planteo a reproducir una concepción diferente, pues la mera invocación genérica de la violación de las formas sustanciales del proceso, no alcanza para satisfacer dicho recaudo, si no se demuestra, concreta y circunstanciadamente, de qué forma se habría llevado a cabo dicha afectación. Muy lejos de esa demostración circunstanciada, la recurrente se limita a expresar su discrepancia con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal -materia esta, en principio, ajena a la vía casatoria- en su pretensión de que en una litis incidental abierta a propósito de la cautelar, los órganos investidos de poder jurisdiccional se pronuncien de manera definitiva (pues incluso así lo admite en su queja a fs. 34) sobre la inexistencia de derecho del letrado embargante a percibir honorarios, todo ello, paradójicamente, en violación a la garantía a la defensa en juicio de aquél profesional.

Este Tribunal ha expresado reiteradamente que no basta que el recurrente sustente una determinada solución jurídica, sino que es menester que exponga una crítica concreta, puntual y razonada de la sentencia, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo, tarea que el recurrente no ha satisfecho en este caso (CSJT, sentencia N° 144 de fecha 09/3/1998) Pues también es doctrina de esta Corte en lo que concierne a la autosuficiencia del recurso que "...tal requisito exige que el escrito casatorio contenga una exposición suficiente de las razones que fundamentan la invocación de la violación de normas que se citan al respecto, crítica razonada de la doctrina que sustenta el fallo y expresión de los argumentos que den sustento suficiente a una solución sentencial que considera ajustada a derecho, contraria a la dada por el fallo recurrido, que permite inferir inequívocamente la doctrina que se propicia, aunque la misma no haya sido expresada en proposición formal" (CSJT sentencia Nº 749, del 29/12/1995, entre otras).

Cabe, en consecuencia, aplicar a la especie aquella doctrina, y la también explicitada por este Tribunal en sus sentencias N° 477, de fecha 16/8/1994; N° 1119 del 10/12/2002; N° 941, de fecha 06/11/2000; N° 681 del 24/8/2001; N° 101 del 04/3/2003; y Nº 33 del 08/02/2006.

3.- En consecuencia, y de conformidad con el art. 755 del CPCyC, corresponde desestimar ambos recursos sin más trámite ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.