marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nieva, Rubén Ricardo c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

Comparece el actor interponiendo sendas acciones contencioso administrativas en contra del Poder Ejecutivo Provincial, persiguiendo se declare la ilegitimidad del Decreto S.Nº1325 de fecha 25/10/10, que le fuera notificado el 18/Oct/10, que rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el Decreto S-Nº608 del 18/06/09, que resuelve aplicarle la sanción disciplinaria de cesantía como agente de la Administración Pública, planta permanente, con prestación de servicios en el Hospital San Juan Bautista. Solicita se ordene el reintegro y/o reincorporación definitiva al cargo y funciones que desempeñaba, y el pago de los haberes no percibidos desde la suspensión.

Analizada la materia que involucra la pretensión, se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, se impugna un acto emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, todo de conformidad a lo previsto en los Arts. 1, 5, 7 y 13 del C.C.A., por lo que corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art.3 de igual plexo normativo.
Daños y perjuicios, monto del juicio, indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vilte, Aurelia Francisca c/ Compañia de Transporte Rio de la Plata SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Lleva dicho esta Sala (en autos "Kuper, Néstor Daniel c/ Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional", 1/11/16, y en la causa "Da Costa, Adelino Luis c/ Federación Patronal Seguros SA", 20/12/16, entre otras), con la salvedad que es potestad de la segunda instancia modificar el monto indemnizatorio cuando su inadecuación fuera notoriamente desproporcionada, que la crítica de un monto indemnizatorio por su excesividad -y también cuando se lo considera exiguo- requiere de un discurso sustentante de la proposición o, cuanto menos, de la expresión de la suma que hubiere correspondido fijar, pues sólo el análisis del argumento fundante del recurso o la comparación entre el monto criticado y el que según el quejoso hubiese correspondido en Derecho, permitirá comprobar el acusado exceso -o en su caso, la bajurade la suma fijada.
Excusación, sentencia firme
Materia: PROCESAL
Carátula: GALENDE DE DEL CASTILLO, ANA T. c/ D.I.B.A. s/ RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE PENSION- EXPEDIENTILLO DE APELACION MEDIDA (Reg. 13.131)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

Para que proceda la inhibición general de bienes es suficiente la manifestación del acreedor de que desconoce la existencia de bienes del deudor, puesto que para lograr la finalidad a que se destinan las medidas cautelares debe actuarse rápidamente y sin audiencia de la parte afectada.

No debe considerarse a la inhibición general de bienes como una medida cautelar irreversible, puesto que siempre podrá el deudor solicitar su levantamiento en la medida que entregue bienes a embargo, con lo cual el supuesto perjuicio que pudiere ocasionarle puede ser inmediatamente reparado, sin que ello ocasione perjuicios de cierta gravedad.

Tal extremo es aplicable máxime cuando se trata de un deudor reconocido por sentencia judicial firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, con lo que dicha situación amerita una disposición provisoria como la requerida.

No resulta aplicable la ley 23.982, a tales fines, cuando el tribunal ha resuelto la inconstitucionalidad de la consolidación de la deuda origen de las actuaciones. De tal modo, la medida cautelar resulta procedente, aunque limitada a que su traba no comprometa aquellos fondos públicos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público en los términos de la pertinente imputación que surgiere de la ley de presupuesto.
Accidente de tránsito, culpa de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: CIGNETTI Irma Rene c/ Massaccesi Adriana Violeta s/ Daños y Perjuicios" (Conexidad con Expte N° 105.896)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-12-23

Una vez más, el tercero citado contestó demanda respecto de las pretensiones del actor, ofreció prueba, absolvió posiciones, cuestionó pericias, etc no habiendo invocado la existencia de restricción alguna derivada de la calidad en que fue incorporado al proceso; por ello su posición durante todo el curso del mismo resultó equiparada a la de la parte principal, en uso de todas las prerrogativas, derechos y deberes que legalmente le competen, por lo que la sentencia debió condenarlo, congruente con la aplicación del art 1.113 C. Civil , que exime de responsabilidad al demandado por culpa del tercero por quien no debe responder.
Jurisdicción administrativa, adicionales de remuneración, juicios contra el Estado, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vivanco, Luis Alberto y Otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-30

Los actores en autos, mediante apoderado, entablan demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción en contra del Poder Ejecutivo Provincial a fin de que se declare la nulidad de la Disposición D.P.P. Nº 4753 de fecha 21 de Junio de 2007, emitida por la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; se deje sin efecto la compensación del Adicional Específico por Servicios Educativos, Culturales, Científicos y Tecnológicos, con el Adicional por Diferencia Escalafonaria y se disponga la liquidación y acreditación de dicho adicional más intereses, en las respectivas cuentas de sueldo de los actores.

La jurisdicción y competencia de este Tribunal se encuentra habilitada para entender en la presente causa.

Refuta que la demanda fue presentada en forma prematura, y luego refiere que es extemporánea. Más allá que no resulta claro el cuestionamiento, el hecho es que la demanda se observa promovida en término, toda vez que presentado el Pronto Despacho y Habilitación de Competencia con fecha 14 de agosto de 2008, tiene a partir de allí sesenta días corridos para obtener otra situación jurídica de acto denegatorio si la Administración no se expide, luego entablada la demanda con fecha 11 de Noviembre de 2008 en las dos primeras horas, no se advierte que estemos ante una presentación intempestiva.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley provincial, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: D, H. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Robo   calificado. Incidente de libertad ley 24390. Pretensión liberatoria   de habeas corpus (Expte. CSJ Nº 802-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

Las normas vinculadas con el proceso penal previstas en la ley 24390 -duración máxima de la prisión preventiva y posibilidad de su prórroga- han impuesto un límite "de mínima" infranqueable para las distintas legislaciones procesales locales, las cuales de ninguna manera pueden establecer plazos más gravosos que los allí establecidos, aunque sí podrían reglamentar institutos que acuerden mayor extensión a la garantía constitucional examinada. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Sociedad cooperativa, cooperativa de trabajo, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: Barón, Alfredo León c/ El Valle S.A.T.I:C. y Coop. El Valle Ltda. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-30

En las cooperativas de trabajo, el cumplimiento de tareas constituye precisamente el uso que los socios hacen de la estructura jurídica común, a la vez que un aporte para el sostenimiento de ésta.
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gomez Maria Elena c/ Sap Jorge Willen y Otra s/ Alimentos -Rec. de Queja Interp.por Dres.Hugo O.Daroca y Ezequierl  Daroca .
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-07

La Cámara al no conceder el recurso de inaplicabilidad de ley ha aplicado el criterio sentado por esta Sala, en forma correcta en la medida que fija cuota alimentaria mensual. Pero además de dicha cuota la sentencia es recurrida porque establece la obligación solidaria y subsidiaria de los abuelos paternos de afrontar la cuota alimentaria que pesa sobre el padre del menor demandante extremo que reconoce la naturaleza definitiva de la decisión. Que en virtud de ello e invocándose errónea aplicación de la ley y absurdidad corresponde conceder trámite al recurso de inaplicabilidad haciéndose lugar a la queja, mandándose a sustanciar el recurso librándose oficio a la Cámara para la elevación de los autos principales.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, cómputo del plazo, interrupción del proceso, procedencia del recurso, procesos de ejecución, embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Beynac Cazenac SA c/ El Chanta Cuatro SA y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Procede revocar la resolución que decretó la caducidad de instancia de las actuaciones. Ello por cuanto, en el caso, del estudio de la causa resulta que dentro del interregno mentado se verificaron actuaciones que resultan interruptivas del lapso de perención. En efecto, puede entenderse que con el agregado de la tasa de justicia y el bono la actora completó los requisitos para la promoción de la acción en un intento de continuar con el trámite del proceso. Luego de ello, se observa el responde del Registro Nacional de Buques dando cuenta que había registrado la anotación del embargo solicitado. Sin desconocer la corriente doctrinaria y jurisprudencial que considera que los trámites relacionados con las medidas precautorias son independientes de la sustanciación del juicio principal y, por tanto, carecen de efecto interruptivo de la perención respecto de éste, esta Sala A, sin embargo, ha venido sosteniendo mayoritariamente en sus anteriores composiciones, que ese criterio, pacífico en materia de juicios de conocimiento, no resulta aplicable al sub examine. Es que, en virtud de la naturaleza ejecutiva de estas actuaciones, la inhibición general de bienes tanto como los embargos trabados en el caso, hacen a su objeto propio, cual es, la posibilidad de cumplimiento de la sentencia de trance y remate (conf. esta CNCom, esta Sala A, 15/10/15, "Pilar Space Group SA c/ Quintanilla Arnaldo Gabriel y otros s/ Ejecutivo"; íd., íd., 02/05/13, "Comité de Adm. del Fid. del Rec. Crediticia Ley 12726 c/ Bello Alfredo Antonio y otro s/ Ejecutivo"; íd., entre otros). Sobre tales bases, considerando que las actuaciones mencionada revisten carácter interruptivos de la caducidad, cabe revocar la declaración de perención.
Sucesiones, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FREIRE Luis y otro s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Cuando la iniciación de un juicio sucesorio debe ser atribuído a dos presentaciones suscriptas por distintos representantes en el mismo día y con escasa diferencia de horas, corresponde establecer el carácter común de los mismos (conf. C.N.Civ. Sala E, L.L.l07-976, 8 086-s; íd. Sala F, E.D. 8-543; íd., Sala B, L.L.121-678, 13.070-S).

El escrito inicial de una sucesión es aquél que contiene, como requisitos mínimos indispensables, la acreditación del vínculo y la denuncia de bienes para acreditar la competencia del juez (conf. L.L 77-81; E.D. 26-287), careciendo de importancia que algún profesional haya representado o patrocinado a más herederos que otro (conf. L.L.

81-598).-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: FUNES, HECTOR L. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - ROBO DE AUTOMOTOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Al sustentarse la sentencia impugnada en doctrina que en materia constitucional emana de la Corte Suprema y estar en debate una cuestión federal, debe concederse el recurso extraordinario interpuesto por el Fiscal de Cámara que, con apoyo en la nueva integración del Alto Tribunal supone que los jueces que han pasado a formar parte de ella modificarán la doctrina emergente del fallo "Martínez, José".
Quiebra, notificación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD  DE  CORDOBA  REVISION  EN  AUTOS HOTEL NOGARO CORDOBA SOCIEDA  ANONIMA  COMERCIAL  E  INMOBILIARIA  CONCURSO    PREVENTIVO s/ CONCURSO PREVENTIVO - NOTIFICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-06-04

Las normas procesales que rigen en la ley de concursos tienen como finalidad asegurar la eficacia de las instituciones allí consagradas; esto no importa el total desplazamiento de las reglamentaciones locales, desde que se previó la aplicación supletoria de las normas procesales comunes en cuanto "no fueren incompatibles con la rapidez y economía del trámite concursal" (arg. art. 301 ley concursal; vid. Exposición de Motivos Ley 19551, Cap. III, Nro. 133).

Sobre el punto esta Sala, con distinta integración, ha destacado que: "...para establecer la forma de notificación de un acto que pone fin al procedimiento de impugnación, imponiendo su conclusión, debe tenerse presente que nos encontramos ante un supuesto que ostenta una trascendencia sustancial, decisivo en los intereses del letrado impugnante; esta consecuencia impone atender a la alternativa que mejor resguarde el adecuado ejercicio del derecho de defensa, mediante el aseguramiento de un modo efectivo de anoticiamiento.

Ello es así, desde que, frente a las razones de celeridad y economía, se empinan otras de rango superior: seguridad y justicia; éstas requieren de una notificación real, que evite acarrear la pérdida de un derecho sustancial; mal ocurriría si privilegiamos a la forma más ineficaz y más insegura a esos fines. Los preceptos procesales son instrumentos garantizadores de los dogmas y derechos fundamentales y, de suyo cualquier interpretación que de los mismos se haga no puede ser en desmedro de esa función esencial. De tal guisa, y en función del precepto del art. 301 L.C., que remite a las normas procesales locales, debe sostenerse la notificación expresa de los autos interlocutorios con fuerza de sentencia definitiva (arg. art. 63 inc. 9vo.), carácter que ostenta el acto decisorio cuestionado en revisión. Por lo demás, la solución propiciada no afecta la naturaleza concursal, ni atenta contra la rapidez y economía de aquél".

Los fundamentos del antecedente, reseñado adquieren idéntica eficacia en este caso pues la sentencia de primer grado disponía el rechazo del recurso de revisión interpuesto por la incidentista y le imponía las costas a su cargo. (Del voto del Dr. Moisset de Espanés).
Abogados, sanciones del Colegio Profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANDRONI REYNOSO CLAUDIO ALFREDO c/ CONSEJO DIRECTIVO DEL C.A.E.R. s/ RECURSOS DE APELACION Y NULIDAD CONTRA LA RESOLUCION Nro. 11.195 DEL  CONSEJO DIRECTIVO DEL C.A.E.R.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-08-19

Esa potestad disciplinaria ejercida por el organismo provincial que nuclea a los profesionales del derecho, poniendo en práctica las facultades reglamentarias que en este ámbito le compete, no controvierte, normativa constitucional alguna. En ese marco, se destaca que los abogados, desde su matriculación en la provincia, se someten voluntariamente al régimen disciplinario vigente, lo que obsta, por contradecir sus propios actos, la admisibilidad del planteo que por las razones expuestas, debe desestimarse.
Infracciones aduaneras, exportación temporaria, falta de reimportación, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS SANTA ROSA  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Habiéndose acreditado fehacientemente la pérdida de la mercadería y a su caracterización como "fuerza Mayor", resulta irrevisable a través de la competencia limitada de esta Cámara, y que tampoco se advierte en este sentido la configuracion de un error que implique dejar de lado ese principio, no puede discutirse que la imposibilidad de la exportadora de cumplir la obligación de retorno de la mercadería constituye una causal exculpatoria aún con prescindencia de analizar los reparos que el representante del organismo fiscal formula en su expresión de agravios contra la aplicación de preceptos del derecho civil en materia aduanera.
Obligaciones del médico, responsabilidad médica, mala praxis, daños y perjuicios, prueba, culpa de la víctima, dictamen pericial
Materia: CIVIL
Carátula: G. D. V., R. D. C. c/ B., L. N.; Clínica Metán S.R.L.; Instituto Provincial de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

La responsabilidad médica es la obligación que tiene todo profesional del arte de curar de responder por las consecuencias nocivas, es decir, por los daños, que ha provocado a través del ejercicio de su profesión. La culpa de los médicos está gobernada por las reglas generales del artículo 512 del Código Civil, debiendo los jueces meritar en el caso concreto la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.

La prueba de la culpa del médico, que debería ser aportada por el paciente, puede transformarse en una prueba diabólica, es decir, en un serio obstáculo para la justa reparación del paciente lesionado. Desde esa perspectiva, acreditada en autos la lesión de la actora, incumbía al médico demandado probar la existencia de una causa ajena a la cirugía por él practicada que trajera como consecuencia ese resultado, lo que no aconteció.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, derecho de opción
Materia: CIVIL
Carátula: MENDEZ PIÑEIRO, José Antonio c/ NAVENOR S.A.C.I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-20

Al tratarse de dos sistemas jurídicos netamente diferenciados -el laboral y el civil-, y una vez hecha la opción por uno de ellos, corresponde atenerse al régimen que éste establezca, tanto a los fines de establecer la responsabilidad del hecho, como al cuantificar el perjuicio sufrido al momento de fijar una indemnización, sin que sea posible combinar las posibilidades que ofrecen uno y otro.-
Delitos, desobediencia, violencia familiar, facultades jurisdiccionales, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos C.B.O. c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-04

Dado que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional ha intervenido en la causa preexistente y ha tomado conocimiento primeramente del contexto de violencia en el que se enmarca el caso, corresponde que sea dicho tribunal el que continúe con el trámite de la totalidad de las actuaciones, en tanto la situación conflictiva se sigue suscitando. La circunstancia de que las actuaciones que allí tramitan se encuentren en un estadio procesal más avanzado no perjudica la solución propuesta, ya que la asignación de los casos ante un único tribunal no implica, necesariamente, la acumulación jurídica de los procesos. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Intereses, crédito laboral
Materia: PROCESAL LABORAL -CIVIL
Carátula: DI RIENZO LUCIA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ INDEMNIZACION    -  CREDITOS  LABORALES:  INTERESES  RECURSO  DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-21

La aplicación de la tasa de interés en los términos del art. 622 C.C. constituye una facultad discrecional de los tribunales de mérito. Es una situación de hecho que los jueces deben resolver en atención a las circunstancias del caso. El ejercicio de esta facultad queda exento de revisión por este tribunal, a menos que se demuestre su utilización arbitraria, fijándose sin fundamentación, una tasa que en nada se adecue al 'precio' del dinero en plaza, referido siempre a capital actualizado. En el caso, no se ha demostrado que la tasa del quince por ciento anual aplicada sobre ese capital, resulte irrazonable, tomando en cuenta la cambiante situación económica que ha sufrido (y sufre) nuestro país y las particulares circunstancias de la causa.
Competencia federal, cohecho, cohecho activo, universidades nacionales, Universidad de Buenos Aires
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Navarro, Sandra Noemí y otro s/ tentativa de cohecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Corresponde a la justicia federal conocer en la causa en que se investiga la conducta de quienes, en su condición de alumnos del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, ofrecieron a un empleado de la Secretaría de Coordinación de aquél una dádiva con el fin de que se alterasen los respectivos registros para que figuraran como aprobadas materias que debían cursar, pues el hecho ha tendido a corromper el buen servicio de un empleado nacional.
Acción de amparo, jubilación por edad avanzada, cosa juzgada, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Di Veroli, Angel c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

Corresponde hacer lugar al amparo deducido por un jubilado - de muy avanzada edad - cuyo reclamo no consiste en reajuste alguno, sino en la petición de hacer cesar la actuación decidida unilateralmente por la condenada al pago en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y disponer la ejecución forzosa del fallo.
Recurso de apelación (procesal), tasa de justicia, falta de pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ÁBREGO, LUIS ALBERTO EN J° 29.813/111.740 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. (EXPTE. N° 87.567 ) c/ ÁBREGO LUIS ALBERTO s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-06

El art. 302 del Código Fiscal de la Provincia de Mendoza, no muestra irrazonabilidad manifiesta, ya que lo que se pretende es evitar dilaciones procedimentales a través de la mera interposición de recursos, incidentes, etc., sin el pago del tributo correspondiente.

En consecuencia, en respeto del derecho de defensa, para evitar el desglose automático por falta de pago de la gabela, la norma otorga treinta días para pagar o acreditar que se ha comenzado el trámite previsto en el art. 305 inc. d) del mismo cuerpo legal.

La no acreditación por parte del recurrente de estado de pobreza, del carácter confiscatorio del monto a depositar, ni que éste fuese tan alto que impida el acceso a la segunda instancia a una persona de recursos medios, ni que fuese desproporcionado a los valores económicos en juego, determinan que el recurso de inconstitucionalidad sea improcedente.