marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, intereses, cuestión no federal, convertibilidad
Materia: PROCESAL - ECONOMIA - FINANZAS - CIVIL
Carátula: Acopionor S.A s/ concurso    preventivo  s/  incidente  de  actuaciones  separadas  de  Cooperativa Ganadera de Arequito Limitada. de  actuaciones  separadas  de  Cooperativa Ganadera de Arequito Limitada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

La determinación de la tasa de interés a aplicar como consecuencia del régimen de la ley de convertibilidad 23.928 no constituye cuestión federal susceptible de habilitar la instancia extraordinaria.
Ejecución hipotecaria, mora, mora del deudor, intereses
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GALATI,  Vicente Salvador y otros c/ FREYRE, Pablo Gabriel y otro s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-01

El pago realizado libremente por el deudor en concepto de capital e intereses y aceptado por el acreedor, no puede ser luego revisado. Es que, aun cuando se haya pactado que ante la mora se produciría la caducidad de todos los plazos y se haría exigible la totalidad de la deuda, ello se refiere a lo adeudado y no al monto total del préstamo. En consecuencia debe descontarse todo lo pagado por la ejecutada en concepto de capital a través de las cuotas que fueron satisfechas, para luego, sobre ese capital resultante y a partir de la fecha en que se produjo la mora, cuantificar los intereses a la tasa establecida.
Intereses, anatocismo
Materia: CIVIL
Carátula: ARCA IGNACIO c/ PEREA JOSE PABLO Y OTROS s/ PREPARA VIA EJECUTIVA POR COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-05-15

El anatocismo reclamado por el ejecutado radica en que para la determinación del saldo deudor, inequitativamente se multiplican por 29 cuotas pendientes por U$S 1.733, reclamándose sobre dicho monto la aplicación de nuevas tasas de interés cuando en rigor de verdad la cuota de $ 1.733 pactada para el pago por el sistema de tracto sucesivo ya incluía intereses. Y es en este aspecto que la queja traída por el recurrente debe ser admitida, en virtud de la teoría del abuso del derecho (art. 1071 del Código Civil) que no puede ni debe ser convalidada por haber ganado la sentencia de trance y remate firmeza formal, toda vez que se está en presencia de una sobrevaluación de una obligación, que inicialmente con causa lícita se torna ilícita en la medida del exceso del monto reclamado en la ejecución de la misma por acumulación de intereses pretendidos y abusando la voluntad contractual de la contraparte (arts. 21, 953, 954 del Código Civil).
Acción de amparo, prueba insuficiente, discriminación por enfermedad, despido
Materia: LABORAL
Carátula: AGÜERO BALLAN LAURA DEOLINA C/ ECCO S. A. S/ ACCIÓN DE AMPARO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-06-30

Dado lo que surge de la prueba aportada a la causa, se advierte que la amparista no ha logrado superar el umbral mínimo probatorio, que permita entender que existe conexidad entre la enfermedad que la afecta o afectó (cáncer de mama) y el despido sin causa, lo que lo hubiera tornado, prima facie, discriminatorio; y si bien no existen indicios suficientes como para disparar la inversión de la carga de la prueba, y colocar en cabeza de la demandada la acreditación de las causas del despido de la amparista, de todos modos la accionada ha cumplido con dicha carga y ha demostrado que la causa del distracto resuelto respecto de la actora fue su bajo rendimiento, o no cumplimiento de los objetivos fijados.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jubilación por edad avanzada, reajuste jubilatorio, ley previsional, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORTIZ, RAQUEL c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ANTICIPO POR EDAD AVANZADA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 233 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-04

Corresponde rechazar la queja desde que la recurrente no logra demostrar que la decisión que impugna derive en un resultado irrazonable o inequitativo que la descalifique como acto jurisdiccional válido, máxime si se considera que no ha efectuado un esfuerzo argumental idóneo en orden a acreditar que la solución propiciada importe, efectivamente, una permanente categorización de los beneficios por circunstancias posteriores a su otorgamiento ni que, por tal razón, el sistema de la ley 9816 se torne de imposible administración.

En el caso, la Cámara consideró que la recurrente percibió el beneficio "anticipo por edad avanzada" de la cuarta categoría, determinada por el haber jubilatorio gozado en el mes inmediato anterior a la resolución de procedencia, ( artículo 40 de la ley 9816); pero que posteriormente la Caja de Jubilaciones le reconoció, "un incremento del haber jubilatorio", lo cual fijó su emplazamiento en la segunda categoría efectuándose con retroactivida d descuentos de ley por la "nueva categorización".

A partir de ese marco fáctico y jurídico, afirmó que los descuentos efectuados justifican el derecho reclamado, pues debe haber correspondencia entre la obligación cumplida por el afiliado y los deberes legales del Organismo en relación a otorgar el beneficio pretendido; de lo contrario -dijo- se consagraría un enriquecimiento injusto, reñido con la equidad y las exigencias de este tiempo. Y respecto de la imposibilidad de modificar el monto del beneficio por los cambios en el haber posteriores a la resolución de procedencia, expresó que la regla del artículo 40, no se agota con su aplicación originaria -al concederse el beneficio-, sino que debe aplicarse frente "a hechos sobrevinientes que alteran la 'base' misma indicada en la norma"; destacando que "específicamente" es el aumento del haber jubilatorio que implica cambio de categoría y mayores aportes, el que trae como consecuencia mayor "proporción" en el cálculo del beneficio. Por ello, percibir aportes correspondientes a la segunda categoría y contraprestar con montos de la cuarta categoría, repugna al valor justicia, transgrediendo el espíritu de la tercera parte del artículo 21 de la Constitución provincial".
Seguros, plazo, aceptación tácita
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTRONARDI  GUILLERMO  MARTIN c/ LIDERAR  COMPAÑIA  GENERAL DESEGUROS SA Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Aunque el incumplimiento del asegurado al pago de la prima importa su mora automática de pleno derecho, un comportamiento adecuado a la buena fe impone al asegurador, igualmente, pronunciarse acerca del derecho del asegurado para evitar que se haga efectiva en su contra la aceptación legal del art. 56, in fine, de la ley de seguros (conf. Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, Tº III, página 65;

Rangugni, E., Seguro - Comentarios sobre el artículo 56 de la Ley 17418, cáp V, LL 2002-C, p. 1066). En otras palabras, aun en la hipótesis de que el rechazo de la cobertura se funde en la falta de pago de la prima, el pronunciamiento respectivo debe ser anoticiado al asegurado en el plazo del cit. artículo 56, pues en caso contrario, la omisión deberá interpretarse como aceptación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, intereses, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAMBA, JONATAN c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

La quejosa no logra rebatir lo sostenido por la Sala en el auto denegatorio respecto a que la determinación de la tasa de interés se encuentra dentro del espacio reservado a la razonable discrecionalidad de los jueces de la causa, toda vez que el recurso consiste en una mera transcripción de precedentes jurisprudenciales con ausencia total de anclaje en las constancias de la causa y tampoco esboza cuál es la tasa que considera adecuada para el caso, ni demuestra o justifica concretamente la supuesta ausencia de razonabilidad en su determinación en el caso específico.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Doval Juan Carlos s/ Incidente de ejecucion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

Como regla general, todos los bienes del patrimonio del deudor que estén en el comercio (art. 2336 del Código Civil) se hallan afectados al cumplimiento de sus obligaciones y son susceptibles de embargo y ejecución forzosa. Las excepciones a dicho principio derivan en principio de la ley (art. 219 del CPC) y en supuestos muy especiales, de decisiones judiciales debidamente fundadas e inspiradas en el espiritu de aquella norma, es decir, tratándose de bienes de uso indispensable. La prístina expresión legal impide englobar indiscriminadamente bienes que más allá de su uso generalizado, no están siquiera cerca de erigirse en una necesidad ineludible. El televisor constituye un elemento destinado al entretenimiento, al que no debe asignársele el carácter pretendido por el ejecutado sin seria colisión frente al legítimo reclamo del acreedor insatisfecho.
Recurso de inconstitucionalidad, contrato de trabajo, remuneración, diferencias salariales, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: Masciarelli, Betina Alejandra c/ Centro de Contactos Salta S.A. y/o Atento Centro de Contactos Salta S.A.; BBVA Banco Francés S.A. Sucursal Salta s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-08-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el reclamo de diferencias salariales por entender que no se han expuesto los fundamentos del mismo pese a que en su demanda la actora manifestó que se encontraba registrada como administrativa "A" del mentado convenio, denunció su jornada laboral y señaló que percibió una remuneración menor que la prevista para dicha categoría y jornada. Acto seguido, formuló planilla, indicando respecto de cada período, la suma efectivamente percibida, la que a su criterio debió percibir y la diferencia pretendida.

La sentencia arbitraria incurre en un rigor formal excesivo que no se compadece con la finalidad última que inspiran las normas de derecho laboral que rigen el proceso, lo que torna descalificable el pronunciamiento como acto judicial, en tanto resulta frustratorio de los derechos de defensa en juicio y a un debido proceso.
Honorarios del abogado, costas
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA JUAN DOMINGO Y OTROS c/ F.R.S.E.S.A. Y OTROS s/ EJECUCION DE SENTENCIA Y HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-02

Si bien la Ley de Aranceles prevé que a los fines de la regulación de los honorarios se tenga en cuenta la labor profesional realizada en cada etapa, etc., ello lo es al solo efecto de la cuantía de los mismos, pero la determinación de quien es el obligado a su pago, nace de la condena en costas, y que en el presente caso es posterior a la fecha fijada por la Ley de Emergencia para ser abonada en la forma por ella prevista, más aún que la misma no fue objeto de cuestión alguna, la que se encuentra firme y por lo tanto ejecutable, como lo ha sido.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, jueces, DEBER DE ACTUAR CON INDEPENDENCIA DE CRITERIO, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: V., V. I. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - SUPRESION DE DOCUMENTO PUBLICO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 182 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-01

Corresponde conceder el recurso extraordinario federal respecto de la aludida afectación a la garantía de imparcialidad (art. 75 inc. 22 de la CN; 10 de la DUDH; 26 de la DADDH; 14.1 del PIDCP; 8.1 de la CADH), atento los nuevos alcances que en sentido progresivo el Máximo Tribunal de la Nación ha señalado en las causas "Rogiano" y "Pranzetti".

En este último, el dictamen de la Procuración General (al que remitió la Corte Suprema) destacó que "corresponde dejar sin efecto la sentencia que revoca la absolución y condena por contrabando agravado al imputado, si los mismos jueces que confirmaron su procesamiento fueron los que revocaron su absolución y condenaron, pues quedó resentida la garantía de imparcialidad, y si bien la recurrente no formuló dicho agravio, se trata de un vicio del procedimiento, producto de lo que en su momento se tildó de 'debilidad estructural del sistema', que afecta directamente una garantía constitucional y susceptible de provocar su nulidad absoluta"
Emergencia económica, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Lescano,  José  Bernardo y otros c/ OSN Administración General deObras Sanitarias de la Nación s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-24

La ley 25.827 (B.O. 22.12.2003) dispone en el art. 64, 2 párrafo, que "las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 23.982 y 25.344, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado con posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán canceladas mediante la entrega de los Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en el art. 66 de la presente ley, según lo que en cada caso corresponda". Las normas mencionadas integran el régimen jurídico de emergencia cuya norma básica es la ley 25.344. El art. 13 de la ley 25.344, tal como lo hace el art. 16 de la ley 23.982, establece que la ley de consolidación es de orden público, lo que implica que sus disposiciones son imperativas e irrenunciables para los funcionarios y órganos de poder encargados de aplicarla. En consecuencia, el acreedor no puede optar por un esquema de cumplimiento de obligaciones diverso al instituído por las normas que rigen el caso, ya que el sistema de cancelación de deudas allí previsto es de orden público. Toq. 1233.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, empleo público, concurso de cargos, reescalafonamiento, reclamo administrativo previo, gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carini y Otros c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-08

En la especie, la ponderación prudente de las circunstancias del caso -la naturaleza de la pretensión (esto es, el reencasillamiento de los actores y adecuación de la liquidación de sus haberes) y, en particular, las circunstancias temporales- pone en evidencia que la vía procesal del amparo no es la más idónea para la sustanciación del debate propuesto, toda vez que no se advierten razones para concluir que los derechos invocados no pueden encontrar adecuada tutela mediante los procedimientos ordinarios.

Por cierto, el tiempo que los actores han dejado transcurrir conduce a concluir que la pretensión, objetivamente, no reviste urgencia y en consecuencia, el derecho que -en su caso- les asistiera, puede ser satisfecho por otros medios sin que ello importe inferirles un perjuicio grave o irreparable.

La pertinencia de esta solución se ve corroborada en la especie, por la deducción de sendos reclamos en sede administrativa donde no se ha dictado resolución sobre el planteo de los actores. Nada les impide instar por los medios adecuados el dictado de los actos correspondientes y, en su caso, impugnarlos según corresponda.

La perduración de la lesión del derecho invocado, en virtud de la continuidad de los efectos de la presunta omisión impugnada, si bien puede cumplir el recaudo de la actualidad del perjuicio no constituye, per se, un factor que invalide la aplicación del criterio expuesto. Ello así, por cuanto la razón de ser del amparo finca en evitar la demora propia de la sustanciación de los procedimientos ordinarios, a fin de posibilitar el dictado de un pronunciamiento inmediato, en especial atención a la naturaleza de los derechos invocados en sustento de la pretensión. Mas esa finalidad esencial se muestra ab initio controvertida por la tardanza observada en acudir a la jurisdicción, por quienes sostienen haber sido perjudicados por una conducta que, en virtud del carácter continuo de sus efectos, habría mantenido vigente por un holgado lapso la vulneración de sus derechos. (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Arevalo, Viviana Elizabeth c/ Zotes, Juan Manuel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Ahora bien, este reconocimiento ficto de los hechos expuestos por la actora constituye una presunción de verdad que es consecuencia del principio que informa el CCIV 919, debiendo apreciarse la eficacia del mismo en virtud de los demás elementos que obran en el proceso, susceptibles de realzar sus efectos o desvirtuarlos por prueba en contrario (conf. CNCiv, Sala D, del 17/07/70 LL 151-193, 35-679 S).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rama,   Carlos  Daniel c/ Buenos  Aires,  Provincia  de -Poder Legislativo- s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-11

Cabe reconocer que la acción de amparo, de manera general, tramita en la instancia originaria, porque de otro modo en tales controversias quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el actual art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986.
Despido, Comunicaciones, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Héctor Hilario c/ Cerutti, Pablo A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-10-30

Según el principio de buena fe, "las partes deben expresarse con la mayor claridad, sin reticencias ni ambigüedades, en forma tal que no dejen lugar a dudas acerca de que es lo que piden, qué es lo que rechazan o qué es lo que comunican, pues en orden a esas manifestaciones han de requerirse conductas a las partes".
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Donadías de Grillo, Alejandra. c/ M.C.B.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

El resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física. De tal modo, no puede admitirse al mismo tiempo, y como partidas independientes rubros tales como incapacidad sobreviniente, necesidad de una vivienda adecuada a las nuevas urgencias de la víctima, necesidad de movilidad de la víctima fuera de su domicilio etc., so pena de incurrir en una doble reparación.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, desindexación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Olivera, Ana María y otros c/ Cerámica Disegni S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 180 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia anular la sentencia atacada que -en su momento- consideró que ésta en ningún momento interpuso pretensión desindexatoria basada en la ley 24283 sino que simplemente afirmó -ante el requerimiento del inferior- que ese ordenamiento legal era aplicable al "sub júdice". Así, al exigir la Sala las explicaciones concretas como el método de cálculo que avalen y den sustento a ese tipo de planteo, incurre en una clara extralimitación jurisdiccional con la consecuente conculcación de cláusulas de raigambre constitucional. Mal podía la Alzada entrar a juzgar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la pretensión de marras cuando ella aún no había sido incoada en la causa sino a riesgo de caer en un exceso consistente en negar un derecho no pedido ni debatido en el transcurso del pleito con grave afectación de las garantías consagradas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. En el caso, el debate acerca de la aplicación de la ley 24283 fue propuesto por el Juez de primer grado de conocimiento al darles vista a las partes a fin de que efectuaran los requerimientos que consideraran necesarios, acto procesal que motivó que la demanda expresara -lacónicamente- que la antedicha ley resultaba de aplicación al caso a lo que se opuso la actora en el entendimiento de que se trataba de una deuda de origen laboral, excluida de ese ordenamiento.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cadorín, Jorge Conrado y otros c/ Fernández, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

La privación de uso es resarcible con mayor razón tratándose de un camión en pleno funcionamiento, que por su naturaleza -prestar un servicio económico mayor que un automóvil particular-, hace presumir la existencia de un menoscabo económico (art. 1083 del C.Civil).-
Arraigo, Convención de la Haya sobre Procedimiento Civil, ratificación de tratados internacionales, observancia de tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ YI HAI c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ LAMBARE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La República Argentina ratificó, mediante la Ley 23.502 del 13.5.87 (Adla XLVII-B, 1507) la "Convención sobre Procedimiento Civil adoptada el 1.3.54 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado", cuyo art. 17, Cap. III, exime a los nacionales de los Estados contratantes -entre los cuales se encuentra la República Federal de Alemania, v. pág. 1511 del tomo de anales citado-, que sean demandantes o partes ante los tribunales de otro de estos Estados, de toda caución o depósito por su condición de extranjeros o por falta de domicilio en dichos Estados. Asimismo, en su párrafo segundo establece que la misma regla regirá para el pago exigible a los demandantes para garantizar las costas judiciales. Por su parte, cuando nuestro país ratifica un tratado que firmó con otro, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple (cfr. Boggiano, A., "Derecho Internacional Privado", T. I, p. 289; asimismo art. 75, inc. 22, párrafo 1°, de la Constitución Nacional). En tales condiciones, la excepción de arraigo opuesta no puede prosperar.
Extradición, nota de requisición del procesado
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ZODIACO, MARIO s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-01-16

A los efectos de la extradición, la nota de requisición del procesado, expedida por el Juez de la causa, equivale al mandato de prisión.
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARUSO JORGE CESAR c/ FOGLIA HECTOR N. s/ INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

El supuesto contemplado por el art. 5º de la Ley 11.357 ha consagrado una completa independencia entre el marido y la mujer, de tal modo que los bienes propios o gananciales que administra cada cónyuge no responden por las deudas del otro, salvo que se den las excepciones contempladas en el art. 6º del mismo cuerpo legal, sistema que se conecta con el implantado por el art. 1276 del C.

Civil, según el cual cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo con la salvedad prevista en el art. 1277.-