Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 124/131.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra el acuerdo 132 del 18 de mayo de 2016, dictado por la Sala Tercera -Integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "ARMOA, GUILLERMO RAUL Y OTROS contra SCHMID, HUGO WALTERIO Y OTROS -DEMANDA ORDINARIA- (EXPTE. 124/15 - CUIJ 21-04966594-3)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511447-8); y, CONSIDERANDO:

1. Por sentencia del 18.05.2016, el Tribunal rechazó el recurso interpuesto por la accionada confirmando, en consecuencia, el fallo de baja instancia, con costas. Contra dicho pronunciamiento, la compareciente interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.

Tras relatar los antecedentes relevantes del caso, le atribuye arbitrariedad a la Sala al desestimar de manera inmotivada y dogmática el agravio relativo a tenerlos por confesos fictamente, por cuanto prescinde de la prueba que acredita de modo documentado lo contrario y de la norma aplicable que exceptúa de aplicar los apercibimientos cuando el citado acredite justa causa de su incomparecencia (art. 162, C.P.C.C.S.F.).

A este respecto, narra que del acta de audiencia de absolución de posiciones del 15.03.2007 surge que su parte expresó que justificaría su inasistencia solicitando que se designe nueva fecha de audiencia a los mismos fines que las anteriores y peticionando que no se apliquen los apercibimientos de ley; y que, pese a que las audiencias de absolución de posiciones fueron designadas a los mismos efectos que las anteriores y que se integró la justificación con la documentación (factura expedida a nombre de Hugo Schmid por el Taller Mecánico "La Tuerca Floja" y los tickets emitidos por Vial 5 SA) y prueba subsidiaria (filmaciones del peaje) que no fueron objetadas ni rechazadas por el Tribunal, no podía luego el Tribunal en forma contradictoria tenerlos por confesos. Asimismo, le reprocha a la Cámara que haya desestimado el agravio referido a la errónea interpretación y valoración parcial de la prueba y del derecho aplicable y que se le otorgue validez absoluta al testimonio del corredor inmobiliario y a la documental de fojas 168, traslandando la arbitrariedad de tenerlos por confesos.

También se agravia que se le confiera valor absoluto a la confesión ficta sin considerar la prueba en contrario, siendo que aquélla en nuestro sistema procesal tiene valor de presunción "juris tantum".

En ese sentido, refiere que la prueba en contrario omitida ha sido el testimonio del corredor inmobiliario Jose Luis Rivero, de donde surge que: éste tenía conocimiento de la existencia de una deuda impositiva menor, reconociendo que cuando el escribano pidió la documentación para escriturar la deuda era superior al valor de venta del inmueble; no puso a disposición de los vendedores suma de dinero alguna ni efectuó intimación fehaciente para ponerlos en mora, como así tampoco la puso a disposición del comprador; carecía de facultad para recibir pagos en representación de los compradores, ya que el poder invocado en el testimonio sólo lo autorizaba a poner en venta o alquilar el inmueble.

Postula que la teoría de los actos propios no es aplicable en el caso en razón de lo dispuesto por el artículo 733 del Código Civil. Relativo a ello, señala que jamás reconoció que el corredor inmobiliario recibió pagos en nombre de los demandados, sino que se admitió que el mismo fue de utilidad en los términos del precepto mencionado, lo que no implica reconocerle facultades generales al efecto. Señala que tampoco el supuesto pago que invoca la actora fue ratificado ni consta que haya sido puesto a su disposición ni que haya sido de utilidad, siendo que la prueba de la misma queda a cargo del deudor que hizo efectiva la prestación al tercero (arts. 731 y 733, C.C.), por lo que -aduce- de haber existido el pago de todas maneras es inoponible a su parte.

Indica, por otro lado, que el acuerdo omite considerar que al dar como válido el pago realizado al interventor inmobiliario, el ofrecimiento de $1.500 que efectuaron los compradores como obligación recíproca (saldo de precio) a los efectos de intimar a su parte a que escriture el inmueble resultaba insuficiente, ya que en realidad el saldo alcanzaba la cantidad de $3.500, de modo tal que más allá que en el contrato de compraventa se haya consignado que el saldo se abonaba contra escrituración, el ofrecimiento de cumplimiento del pago del saldo de precio resultaba insuficiente a tenor de los artículos 510 y 1201 del Código Civil.

Por otra parte, le atribuye arbitrariedad al decisorio por cuanto al invocar los principios generales de la buena fe y la conductas de las partes, soslaya que toda la documentación se encontraba en poder del escribano para escriturar y que advertido de una deuda impositiva no detectada por el profesional a quien se le encomendó dicha tarea y confeccionó el boleto de compraventa, se suspendió temporalmente la celebración de la escritura en razón de la onerosidad que presuponía el pago de impuestos y hasta se le ofreció por carta documento y de modo fehaciente el otorgamiento de un poder irrevocable para escriturar incluso como manifestación de última voluntad, por lo que mal se puede decir que su parte obró de mala fe.

En ese orden de reflexión, alegó que, posteriormente, ante la abusiva conducta del comprador de pretender la escrituración sin permitir resolver el problema impositivo, sumado a insuficiente ofrecimiento cancelatorio atento la ineficacia del pago que expresaban habían efectuado al corredor, se dio por resuelto el contrato de compraventa, depositando lo recibido a cuenta de precio, mientras que los compradores no consignaron el saldo de precio, aspecto no valorado en la sentencia.

Le achaca también al pronunciamiento que haya desestimado sin más los agravios relativos a: la ausencia de mora en función de la inexigibilidad de cumplimiento de la obligación recíproca; la existencia de un hecho sobreviniente no imputable a su parte que tornó excesivamente onerosa la prestación; la interpretación en su perjuicio del intercambio extrajudicial; y el traslado de la responsabilidad del corredor inmobiliario a su parte.

Insiste, en esa línea argumental, que el ofrecimiento de saldo no fue cancelatorio en los términos del 1201 del Código Civil, sin perjuicio que el impedimento posterior de la deuda impositiva sea exclusiva responsabilidad del corredor al no detectarlo siendo una obligación a su cargo.

Le agravia asimismo que el A quo razone que la deuda impositiva como hecho imprevisible no le es oponible a la actora y que no se ha producido prueba que permita determinar con precisión su existencia y entidad, ya que el caso se ajusta a los supuestos de procedencia de la teoría de la imprevisión (art. 1198) y la misma actora acordó otorgarle intervención al corredor inmobiliario, profesional responsable a tales efectos. Por último, expresa que la sentencia atacada pretirió pronunciarse sobre el saldo de precio (35%) que de tomarse a valor nominal configura un abuso de derecho violatorio de la buena fe y de la equidad y un enriquecimiento ilícito por parte de los compradores.

En ese temperamento, aduce que la Sala no se pronuncia sobre el reajuste del saldo de precio, teniendo presente que asciende al 35% y el valor nominal consignado en el boleto ($10.000) en relación al valor actual de mercado resulta irrisorio, generando, en la eventualidad de la firmeza de la sentencia, una onerosidad desproporcionada y violatoria de la buena fe.

2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto 118 del 30.06.2017 (fs. 49/52), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 1/8).

3. Se adelanta que la presente queja no puede prosperar, pues la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la sentencia atacada, revela que los cuestionamientos de la recurrente, pese a invocar vicios de arbitrariedad, no pasan de su mera discrepancia con lo resuelto por la Sala en torno a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, en base a fundamentos suficientes del mismo orden que la interesada no consigue desvirtuar desde el punto de vista constitucional.

Así, para arribar a la solución impugnada, el Tribunal a quo -respecto al agravio de la parte demandada relativo a que se la tuvo por confesa fictamente- memoró que la actora, ante la inasistencia de los accionados para producir la prueba confesional, solicitó que se tuviera a los demandados por confesos en la sentencia, los cuales, por su parte, propusieron la justificación de su inasistencia, empero no cumplieron con la carga de probarla, motivo por el cual el Juez de baja instancia los tuvo por confesos "en la sentencia" acorde a lo peticionado por la actora y el artículo 162 del Código Procesal Civil y Comercial (f. 17v.).

Por otro lado, ante los reproches de errónea interpretación y valoración parcial de la prueba y del derecho aplicable y de conferírsele validez absoluta al testimonio del corredor inmobiliario y a la documental de fojas 168, argumentó la Cámara -en sustancia- que, sin perjuicio de que los demandados han quedado confesos de las posiciones contenidas en el pliego de referencia, no se pueden soslayar los principios básicos que rigen la interpretación de los contratos (se celebran para ser cumplidos y buena fe), destacando la importancia en lo debatido en autos de la interpretación fáctica de los contratos referida a los hechos de los contrayentes subsiguientes al contrato como pauta interpretativa de la intención de las partes.

En esta inteligencia, el A quo puso de manifiesto que "Surge del propio boleto que los vendedores expresamente reconocieron la intervención del testigo en la compraventa, y de la propia contestación de la demanda que recibió pagos en nombre de los demandados", abonando lo señalado con citas doctrinarias que hacen mención a la buena fe en que deben interpretarse los procedimientos de pago (f. 19).

Por otra parte, con relación a los argumentos de la impugnante vinculados a la insuficiencia de los pagos, el Tribunal arguyó que le asiste razón al actor en cuanto aduce que de acuerdo al contrato celebrado el saldo se abonaba al escriturar, no resultando dirimente a los fines de decidir sobre el incumplimiento de ésta obligación lo debatido acerca de la validez y eficacia del pago realizado por el corredor inmobiliario (cfr. fs. 19/v.).

Por último, respecto a las alegaciones de la apelante atinentes a la existencia de un hecho sobreviniente no imputable a su parte que tornaba excesivamente onerosa la prestación a su cargo, los Sentenciantes dieron razón a la actora "(...) en cuanto sostiene que los argumentos vinculados a la deuda impositiva como hecho imprevisible no le son oponibles y que no se ha producido prueba que permita determinar con precisión su existencia y entidad" (vgr. Informativa de los organismos públicos correspondientes) (f. 20v.). Frente a ello, la recurrente le achaca -en esencia- a la Alzada arbitrariedad: al tenerla fictamente por confesa; al conferir valor absoluto al testimonio del corredor inmobiliario; al no considerar la insuficiencia e inoponibilidad a su parte del pago realizado al interventor inmobiliario; y al desestimar la existencia de un hecho sobreviniente no imputable a su parte que tornó excesivamente onerosa la prestación (deuda impositiva).

Mas con su discurso la quejosa no persuade sobre la irrazonabilidad del criterio de los Judicantes que, en ejercicio de funciones propias, destacaron que resultaba decisivo tener presente que las partes habían pactado que el saldo de precio sería abonado al firmarse la escritura traslativa a favor de los compradores y que la deuda impositiva alegada como hecho imprevisible no resultaba oponible al actor y que, por todo ello, correspondía no hacer lugar al recurso interpuesto, solución ésta que, como es sabido, queda comprendida dentro del marco de la ponderación que han efectuado los Judicantes en torno a cuestiones de hecho, derecho y prueba, las que resultan materia que ingresa en la esfera propia de las facultades de los jueces del proceso al decidir las causas sometidas a su decisión; y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no acaece en el "sub examine"-, no resultan susceptibles de ser revisadas por esta vía de excepción, desde que no compete a esta Corte, al ejercer la jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia (cfr. A y S. T. 99, pág. 102; T. 100, pág. 251; T. 101, pág. 408; en sentido análogo, Fallos: 306:143; 307:234; 307:716).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI(POR SU VOTO)-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI:

La presente queja debe ser rechazada.

Es que en una aproximación a lo sustancial propia de este estadio se advierte que si bien en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se articulan diversas hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, de la liminar confrontación de tales cuestionamientos con el decisorio atacado no logra entreverse que las causales de descalificación invocadas guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso o que la decisión del litigio dependa de las supuestas arbitrariedades esgrimidas, quedando los planteos recursivos así reducidos a una mera manifestación de disconformidad de los impugnantes con el criterio expuesto por el Tribunal a quo -en ejercicio de funciones propias- en la valoración e interpretación de las cuestiones fácticas y jurídicas del caso, lo que no configura cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055.

En efecto, si bien los impugnantes le achacan a la sentencia de la Cámara los vicios de falta de fundamentación, dogmatismo, omisión de pronunciamiento, valoración irrazonable de la prueba y apartamiento de la ley, lo cierto es que queda sin rebatir, en el plano constitucional, el argumento central sobre el cual los Sentenciantes basaron su decisión de rechazar las objeciones opuestas por los demandados a la pretensión de escrituración -relativas a la postulada ineficacia de un pago parcial de $2.000 efectuado por los accionantes al corredor inmobiliario, aduciendo la ausencia de facultades de este último para recibirlo y, por tal conducto, la insuficiencia del ofrecimiento contenido en la demanda respecto del saldo en los términos de los artículos 510 y 1201 del Código Civil-.

Sobre el particular los Magistrados expusieron que del tenor del boleto surgía que los vendedores habían reconocido expresamente la intervención del corredor en la celebración de la compraventa y, asimismo, que al contestar la demanda aquéllos admitieron que dicho intermediador ya había recibido otros pagos parciales por su cuenta, sumado ello al testimonio del propio corredor que corroboró la recepción del pago en entredicho, de modo que, al decir de la Sala, los hechos de los contrayentes subsiguientes al contrato y relacionados con lo discutido resultaban la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de su celebración, con arreglo al principio de la buena fe (art. 1198, Cód. Civ.); o bien, como lo había puesto el Juez de baja instancia en la sentencia confirmada por la Alzada, que la negativa de los demandados a reconocer en el corredor el carácter de tercero indicado para recibir el pago en cuestión iba en contra de sus propios actos anteriores.

Frente a ello los recurrentes insisten con su postura originaria -esto es, que del testimonio del corredor y de la documentación aportada por el mismo surgiría que aquél solo tenía autorización expresa para ofrecer el inmueble a la venta o alquiler, mas no para recibir pagos, de modo que a su entender no resultaría de aplicación el art. 731 inc. 7 del Código Civil sino el art. 733 del mismo cuerpo legal, de manera que el pago en disputa no les sería oponible por no haber sido de su utilidad ni haberlo ratificado-, reiterando así las postulaciones esgrimidas en las instancias ordinarias -que, como surge de la reseña que antecede, fueron desechadas por la Alzada al confirmar el fallo de grado, aportando para ello fundamentos suficientes-, no trasuntando otra cosa que su particular postura respecto a cómo deberían valorarse tales extremos fácticos y jurídicos del caso, con un enfoque opuesto al sostenido por la Cámara y en un intento de renovar el debate sobre dichos aspectos, lo cual no depara caso constitucional que posibilite la revisión de lo resuelto por vía del remedio intentado, al no perfilarse irrazonabilidad en ese tramo de la respuesta brindada por el Tribunal, siendo oportuno recordar que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por la jurisdicción ni puede constituirse como un medio para sustituir a los magistrados en la decisión de cuestiones que le son privativas (por todos, A. y S., T. 100, pág. 251).

Siendo entonces que los quejosos no logran desvirtuar, a tenor de su formulación, el núcleo argumental del decisorio atacado -y que permite sustentarlo autónomamente-, se sigue que carecen de decisividad los cuestionamientos restantes, al no recaer sobre extremos conducentes para la resolución del caso; pues es sabido que no basta para la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad el planteamiento de supuestos de arbitrariedad, aun cuando éstos pudieran tener una elemental sustentación en las constancias de autos, sino que es inexcusable, además, la liminar demostración de que de su aprehensión como fundamento de la sentencia descalificatoria depende la solución del litigio (art. 1, últ. párr., ley 7055).

Así, no lucen dirimentes los reparos fincados en una supuesta irrazonabilidad en la valoración de la absolución de posiciones de los demandados en torno al pago parcial controvertido -por haber prescindido el Tribunal de computar las constancias presentadas en orden a justificar su inasistencia a la audiencia respectiva y por haber ponderado la prueba confesional aisladamente, sin integrarla con los demás elementos obrantes en la causa-, desde que los quejosos, con los argumentos que exponen, no alcanzan a demostrar de qué manera una supresión de la confesión ficta hubiera podido hacer variar la suerte final del pleito.

Tampoco aparecen como definitorios los reproches dirigidos contra la argumentación adicional brindada por la Alzada -referida a que, en última instancia, el debate sobre la eficacia del pago parcial no resultaba determinante en autos pues el saldo debía abonarse recién al otorgarse la escritura pública-, toda vez que igualmente queda en pie la conclusión de los Sentenciantes que, con base en el carácter asignado a la intervención del corredor en dicho pago, desestimaron la postulada ineficacia del mismo.

Por lo demás, también carece de gravitación el dogmatismo endilgado al rechazo de la defensa fundada en la teoría de la imprevisión (art. 1198, Cód. Civ.), dada la manifiesta insustancialidad del planteo, en tanto resulta cuanto menos dudoso que la alegada toma repentina de conocimiento acerca de la preexistencia de una abultada deuda tributaria que gravaba al inmueble vendido, pueda verdaderamente erigirse como acontecimiento extraordinario y sobreviniente, que no hubiera podido anticiparse obrando con cuidado y previsión, con aptitud causal para tornar excesivamente onerosa la prestación a cargo de la parte vendedora.

En suma, no se vislumbra en el "sub lite" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que habilite el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. Ello en razón de que no son suficientes las meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, sino que es necesaria la liminar demostración de su conexión con las constancias de la causa y de su incidencia sobre el pronunciamiento que se impugna, lo que -como se vio- no ocurre en la especie.

Por ello, corresponde rechazar la queja interpuesta.

FDO.: NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Cañada de Gómez.