Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-11


Buenos Aires, diciembre 11 de 2009.

Considerando:

I. Que a fs. 67/102 vta. se interpone recurso de apelación contra las Resoluciones de la AFIP-DGI Nº 114 y Nº 115, a través de las cuales se determinó de oficio la obligación fiscal del contribuyente Uriburu Quintana, Miguel Pio frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2001 y frente al Impuesto Sobre los Bienes Personales, por el mismo período fiscal, aplicándose respecto a este último una multa en los términos del art. 45 de la ley 11.683 por el tributo pretendidamente omitido. Se agravia el recurrente de que las resoluciones recurridas se encontrarían fundadas en "meras presunciones", y del modo en que el Fisco habría descalificado los elementos probatorios -tanto documentales como testimoniales- aportados. Señala que el contrato de Representación y Asistencia Comercial suscripto entre Benelond S.A y el contribuyente el día 7 de diciembre del 2000 contendría fecha cierta ya que habría sido protocolizado en instrumento público. Que a los efectos de su acreditación ante la AFIP-DGI, habría sido protocolizado nuevamente y legalizado por el Consulado Argentino en Montevideo. Entiende que tratándose el pasivo impugnado de un contrato, resultaría de aplicación el artículo 2246 del Código Civil en cuanto el mutuo podría celebrarse verbalmente, debiendo probarse por instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta si el empréstito supera el valor de diez mil pesos. Que dichas condiciones se encontrarían cumplidas y que habiendo aceptado ambos contratantes las piezas documentales, mal podría el Fisco descartar la virtualidad probatoria de las mismas. Refiere que le asistiría razón al organismo fiscal respecto a que toda la prueba ofrecida "se basa en dichos y manifestaciones", ya que precisamente serían la representación de las conversaciones y de las condiciones convenidas. Que lo expresado por el Fisco en el sentido de que no se habría acreditado que el prestamista tuviera a disposición la suma entregada, significaría exigir al contribuyente el rendimiento de una prueba "diabólica". Califica de "extraño" la conclusión del Fisco en el sentido de que no existirían constancias que acrediten que Benelond S.A. habría remitido los importes comprometidos, por cuanto tanto a través de los documentos y testimonios se habría acreditado en sede administrativa que tales fondos habrían sido remitidos a través de distintas agencias de cambio desde el Uruguay e ingresados al patrimonio del contribuyente. Rechaza que la "eventual falta de formalidad" pueda ser el basamento de la imposición. Niega que la falta de capacidad económica de Benelond S.A. pueda ser considerada como una prueba en contra del contribuyente. Que no se trataría de una "sociedad holding" ya que siempre habría tenido y aún hoy tendría actividades comerciales. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas.

Que a fs. 216/226 contesta el recurso interpuesto la representación fiscal. A fs. 240 se abrió la causa a prueba, obrando producida la testimonial a fs. 267/269 y la respuesta al exhorto que fuera librado en autos a fs. 311/320. A Fs. 334 fue clausurado el período probatorio. A fs. 336 fueron elevados los autos a Sala. A fs. 340/341 obran los alegatos del Fisco nacional, ejerciendo su derecho la actora a fs. 343/350. A fs. 351 pasan los autos a sentencia.

II.- Que corresponde examinar si se ajusta a derecho el criterio fiscal por el que se dispensó en el Impuesto a las Ganancias el tratamiento de ganancias gravadas y en el Impuesto Sobre los Bienes personales el tratamiento de dinero situado en el exterior de propiedad del Contribuyente, a los importes girados al exterior en el mes de noviembre del 2001.

III.- Que como sostuve al sentenciar en la causa "Vicente Manuel Orue S.A.C.I.L.E. S/ apelación I.V.A.", sentencia del 30/05/90 (cuya doctrina reiteré, in re: "Alfafín S.A.", del 31/05/95; "La Emiliana de Exportación S.A., del 18/08/95 y Procesamiento Industrial de Laminados Argentinos Residuales S.A. (P.I.L.A.R), del 11/6/2003, (entre otros), cuando el juez fiscal se encuentra frente a las operaciones de alcance internacional debe examinar la proyección en el exhaustivo análisis de las probanzas, a fin de que la operación invocada se corresponda con la real operatoria acordadas por las partes, reiteradamente puntualicé la distinta situación del residente argentino con rentas de fuente argentina o extranjera a la de aquél que recién se incorpora a la actividad económica local, en cuyo caso resulta indicativa la normativa de la Circular General Nº 264 del año 1949, en cuanto establece pautas referidas a las pruebas de aumento de capital o enriquecimiento originado en la introducción de capitales del exterior. Se establecía en esa normativa de la administración fiscal que, a falta de otros medios, debía considerarse probado el origen de los capitales cuando concurriese alguna de las siguientes circunstancias: a) inversiones efectuadas por el contribuyente al poco tiempo de si ingreso al país, siempre que con anterioridad no hubiese desarrollado en el mismo actividades a las que razonablemente pudiera atribuirse el enriquecimiento o aumento de capital; b) liquidación, reducción o enajenación de inversiones o bienes poseídos por el interesado en el exterior, que guarden relación aproximada en su monto y en el tiempo, con la capitalización comprobada en el país; c) movimiento de cuentas en entidades bancarias o particulares del exterior o del país que reflejen las variaciones aludidas ut supra.

Que los desplazamientos de flujos financieros de zonas de alta presión a otras de presión baja o nulas muestra, dijimos, "...la elección de verdaderos itinerarios por los que el capital o los derecho se desplazan -y sus retribuciones lo hace en sentido inverso- a través de "zonas intermediarias" cuyo rol es el de ser el punto de pasaje necesario para el capital en tránsito. La entrada a una zona de baja o nula presión no solo esta dada por las ventajas fiscales sino por otras facilidades generales como puede ser la autorización legal de llevar los libros y la contabilidad en un país extranjero...Por ello, dejando de lado los problemas de reciclaje se afirma, hoy, que el paraíso fiscal o la zona de baja presión fiscal existe en función y con relación a zonas de alta presión fiscal. El itinerario fiscal de los flujos financieros puede escalonarse, requerir la utilización de varias compañías de base o sociedades domiciliadas, o una suerte de conductos escalonados ("Stepping Stone"). Así, es posible dislocar una porción del beneficio atribuible a una filial (e incluso a un establecimiento permanente) mediante la interposición de una o varias compañías domiciliadas en un paraíso fiscal o en una zona intermediaria de baja tributación localizando en ellas una porción del beneficio atribuible a la entidad del país de la fuente mediante el artificio de disminuir el precio de venta internacional y domiciliar simultáneamente la reventa en el paraíso, anclando el beneficio en el tax heaven, en perjuicio de los sistemas de alta o mediana presión (del de la fuente y del domicilio de la matriz y/o beneficiario efectivo)." Que la República Oriental del Uruguay se caracteriza por la nula presión fiscal a las sociedades con actividad off shore u otras con activos sólo extranjero o "sociedades financieras de inversión" (González Cano, Hugo, "Informe sobre la situación actual de la tributación en los países miembros del MERCOSUR", Boletín Impositivo de la AFIP, Nº 53, Buenos Aires, diciembre de 2001, pág. 2022) y, aunque no esté indicada en nuestro ordenamiento como paraíso fiscal -contrariamente a los que otros postulan- es un dato que debe tener presente el intérprete en la evaluación de la totalidad de las circunstancias que configuran los hechos de la causa.

Que como consecuencia de la doctrina expuesta, cuando se invoca un préstamo acordado con una sociedad vinculada domiciliada en el extranjero, particularmente en un país con ventajas fiscales para la operatoria off shore, débense acreditar tres extremos: la introducción de capitales al país, el origen de los fondos en el patrimonio o actividad de la sociedad prestamista y la oportunidad y condiciones del mutuo. Además, cuando se invoca un negocio jurídico con una sociedad vinculada -sin perjuicio de las consecuencias mas severas en cuanto a la prueba que se prescriben cuando es un paraíso fiscal para el ordenamiento argentino- se requiere además, "...acreditar en la sociedad extranjera una cierta "consistencia" (en lo temporal, patrimonial y actividad propia de su objeto), esto es, que no se trata de una sociedad ficticia, un montaje jurídico artificial constituido y desarrollado sólo por motivaciones de fraude" (v. Leservoisier, Laurent: "Les paradis fiscaux" - PUF - París - 1992 - pág. 86).

IV.- Que según resulta de autos, por Orden de intervención 18.409/8, Miguel Pio Uriburu Quintana, contribuyente cuya actividad principal es la Elaboración de Productos Alimenticios, fue sometido a fiscalización por haber sido detectados dos giros de fondos al exterior en el mes de noviembre del año 2001: uno el 20/11/2001 por un importe de u$ s. 500.000 y otro el 30/11/2001 por un importe de u$ s 440.000. La fiscalización solicitó la justificación del origen de dichos giros, informando la responsable que los mismos correspondían a un préstamo recibido de una Sociedad domiciliada en el Uruguay. No acreditados sus dichos, el Fisco concluyó que los mismos pertenecían al contribuyente, efectuando un ajuste en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto sobre los Bienes Personales, ambos por el período fiscal 2001. Para así resolver, se tuvo en cuenta que el contrato de Asistencia Financiera que se pretendió hacer valer reunía las siguientes condiciones: 1) no se encontraba celebrado ante Escribano o Notario que otorgue fecha cierta de su celebración; 2) no había sido acompañada documentación a los efectos de acreditar la personería de los firmantes; 3) no contaban con certificación consular; 4) no contaban con avales de ningún tipo, lo que llamo la atención de actuantes atento la envergadura de los montantes. Con relación a los recibos Nros. 2 y 3 emitidos por "Benelond S.A." por la cancelación del préstamo los inspectores observaron que las firmas que constaban en los mismos diferían, que eran ilegibles y que se encontraban sin aclaración. Se observo que no figuraban mayores datos de la entidad emisora de los mismos tales como número de teléfono, mail, etc., que permitieran efectuar por parte de los inspectores averiguaciones sobre la real existencia de dicha sociedad. Se constató que el ingreso de los fondos al país se encontraba respaldada por la documentación aportada por el contribuyente por un total u$u 876.940, y que los mismos fueron recibidos en seis importes ingresados en el transcurso del mes de enero de 2001. Se observó en la documentación correspondiente al ingreso de divisas la intervención de dos casas de cambio "Divisar S.A." y "Alhec Tours S.A.", no surgiendo como ordenante de la supuesta operación la Sociedad otorgante del préstamo "Benelond S.A.", sino que el ordenante era el Sr. Manuel Alejandro Méndez. Por su parte, en cuanto a la obligación fiscal del responsable frente al Impuesto Sobre los Bienes Personales, se procedió a comparar el monto de los giros de fondos efectuados al exterior a fines del mes de Noviembre del año 2001, con los saldos que había declarado al cierre del ejercicio 2001 en la Declaración Jurada de dicho impuesto, observándose que no se encontraban declarados los mismos.

V.- Que en primer lugar, cabe dejar sentado que si bien la recurrente niega que Benelond S.A. pueda ser considerada una sociedad "Holding" ya que habría realizado y aún hoy realizaría actividades -sin aportar prueba fehaciente que confirme sus dichos- dichas alegaciones contrastan con la respuesta que obtenida y acompañada por el Fisco a la NOTA NRO. 1987/04: solicitud de colaboración efectuada por este organismo, relativa a la firma Benelond S.A., de la ciudad de Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay, para su conocimiento". A fs. 2 de dicha contestación, la Liga de Defensa de Uruguay informó que "respecto a tipo de sociedades conocidas como Holding, corresponde señalar que en nuestro Derecho su funcionamiento está regido principalmente por la Ley Nº 11.073..." y que "debe tenerse presente que la Sociedad Titular como todas las de su tipo, no desarrollan actividad comercial ni industrial en el país".

VI.- Que, en otro orden, se observa que el recurrente se agravia de que los actos apelados habrían sido fundados en presunciones, surgiendo de la lectura de los mismos que efectivamente el juez administrativo al resolver remite al párrafo primero del artículo 18 de la ley 11.683. Con relación al mismo, este juzgador en oportunidad de resolver la causa "Maggioni Antonio s/apelación IVA-Ganancias" del 19/3/2009 (entre muchos otros) se pronunció sosteniendo que "la ley tributaria con el fin de llegar a la mejor determinación del an y del quantum de la obligación fiscal, prevé la aplicación de presunciones simples o de hecho (u hominis), que prescriben la observancia de una regla de experiencia no preseleccionada por el legislador, admitiendo, por otra parte, la prueba de que, en el caso concreto, los hechos se han desarrollado de forma diferente; y, por tanto, que del hecho conocido no es deducible el hecho desconocido, no ungido como hipótesis por el propio legislador, sino predeterminado por el juez o el administrador. En esta clase de presunciones, el enlace entre hecho conocido y el hecho ignorado exige que el razonamiento inductivo se desarrolle sólo si los elementos de juicio que se sostienen sobre el hecho conocido resultan graves, precisos y concordantes; y, por tanto, la valoración de que ello debe hacer el juez administrativo se convierte en un facto necesario en la premisa del razonamiento y el resultado al que se llega debe presentar un enlace de coherencia lógica con la premisa establecida al insertarse en una estructura que siempre es predeterminada por la norma la ley 11.683 al establecer en su artículo 18 tercer párrafo que "la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo" recepta el criterio denominado "regularidad causal", en cuya virtud la prueba por presunción no exige la identificación del hecho ignorado como un lazo de normalidad o probabilidad relevante, según una conexión posible y verosímil de hechos. Es suficiente, en efecto, que entre el elemento de la situación o del hecho imponible (que es el hecho conocido, asumido como premisa) y el ignorado (que es el derivado) se ponga de relieve un lazo de consecuencia razonablemente posible y se obtenga un resultado mediante una regla de inferencia fundada sobre el criterio del Id quod plerumque accidit". Que ello así, el ajuste debe ser analizado partiendo de la base de que cualquier sujeto contra quien se interpone una pretensión basada en ciertos elementos de hecho, resulta obligado a desmentirla sólo después que tales elementos de hecho hayan sido suficientemente demostrados, según criterios empíricos o dictados por la ley. Aunque el contribuyente debe impugnar el acto de liquidación, ello no prejuzga la distribución de las cargas probatorias; es decir, no modifica los casos en que debe ser la administración tributaria (atendida su posición respecto a los específicos hechos para demostrar) la que mantenga su propia pretensión".

VII.- Que entrando al análisis de los hechos, cabe señalar que no existe discusión entre las partes con relación a las siguientes circunstancias: a) el efectivo ingreso de fondos al país respaldado por la documentación aportada por el propio contribuyente (a.a. Cpo.Ppal de Ganancias f. 110) por un total de u$s 876.940, recibidos en seis importes ingresados en el transcurso del mes de enero de 2001; b) las transferencias realizadas con fecha 20 de noviembre y 1º de diciembre de 2001 con destino al Banco de Galicia Uruguay por u$s. 500.000 y u$s. 450.000, sin que sea informado el Nº de cuenta del beneficiario. (a.a. Cpo. Ppal de Ganancias, fs. 110). Expuesto ello, corresponde analizar a la luz de las probanzas arrimadas si, efectivamente como determinó el Fisco, dichas sumas debieron ser reputadas como ganancias gravadas en cabeza del contribuyente frente al Impuesto a las Ganancias y como moneda extranjera situada en el exterior de su propiedad, o si, como sostiene la actora, se trató de un préstamo acordado con la sociedad uruguaya Benelond S.A., correspondiendo las montantes a los conceptos recibidos en virtud del mismo y los egresos a su posterior cancelación.

Que de los antecedentes administrativos acompañados surge que, tal como señalara el Fisco, el contribuyente pretendió hacer valer un supuesto contrato de asistencia financiera que no se encontraba celebrado ante Escribano o Notario que pudiera acreditar la fecha cierta de su celebración (a.a.Cpo.Ppal. De Ganancias fs. 8/vta.), no acreditando con la documentación correspondiente la personería de los firmantes. Asimismo, dicho instrumento no contaba con certificación consular ni con avales que garanticen tal operación. Al respecto, si bien niega la apelante que la "eventual falta de formalidad" sea sustento suficiente para la pretensión fiscal, ello no obsta a que, verificados tales extremos, sea la recurrente quien deba acreditar la operatoria alegada.

Que al respecto, si bien la apelante considera que se encontraría acreditado que las sumas ingresadas han sido remitidas por la otorgante del préstamo cuestionado, la sociedad uruguaya Benelond S.A., sus manifestaciones contrastan con los hechos acreditados. En efecto, en la documentación correspondiente al ingreso de divisas se observa la intervención de dos casas de cambio "Divisar S.A." y "Alhec Tours S.A.", sin que de las copias acompañadas surja constancia alguna que permita tener a Benelond S.A. como la emisora efectiva de dichos fondos (a.a. Cpo. Ppal. De Ganancias fs. 15, 19, 21, 23 y 27). Cabe destacar asimismo que dichas constancias concuerdan con lo informado por Alejandro Manuel Méndez quien, indagado acerca de dichas operaciones, informó que en las mismas había actuado como ordenante e intermediador financiero, precisando con posterioridad haber actuado por cuenta y orden de una empresa uruguaya cuya razón social no recordaba, desconociendo la causa por la que se giraron los fondos y tener relación alguna con la firma "Benelond S.A." o con sus directivos y/o representantes (a.a. Cpo. Ppal. Dde Ganancias fs. 175 y fs. 187/88 respectivamente). Resta dejar sentado que de las respuestas brindadas por las casas de cambio "Alhec Tour S.A." y "Divisar Sociedad Anónima" tampoco surge que Benelond S.A. haya tenido participación o intervención de algún tipo en la remisión de los fondos cuyo tratamiento se cuestiona en autos.

Que expuesto cuanto antecede, corresponde valorar la prueba rendida en autos a los efectos de establecer la conexión final entre los medios de prueba presentados y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio. La prueba producida, adelanto, no logra enervar el criterio fiscal. A fs. 65/66 el recurrente acompañó certificado contable emitido por contador público del Uruguay informando que de la documentación que habría tenido a la vista y del libro Diario que correspondería a la sociedad Benelond S.A., surgiría que la misma habría firmado un contrato de asistencia financiera con el Sr. Miguel Pio Uriburu por la suma de u$s. 876.940, dejando constancia de los giros que habría efectuado la sociedad uruguaya como consecuencia de dicho contrato. Al respecto, se debe señalar la escasa eficacia probatoria de dicho medio a los efectos de acreditar las cuestiones fácticas objeto de discusión en la presente causa. En efecto -y tal como ya fuera expuesto a fs. 252- el medio conducente para introducir en autos tales elementos de juicio era la pericia contable que pudiera realizarse en libros de terceros de conformidad a doctrina de esta Sala (Industrias Forestales Andino Patagónicas" Expte. Nº 11.224-I, del 9/11/19908) cuya tramitación en el plano internacional requiere su introducción por la vía informativa pertinente y el Control por la autoridad jurisdiccional de la potencia extranjera. Ahora bien, rechazada la producción de la prueba informativa dirigida a la firma Benelond S.A. por inadmisible ya que manifiestamente tendía a sustituir el medio de prueba que por la naturaleza de los hechos controvertidos hubiera correspondido, el informe agregado es ineficaz por haber sido producido a espaldas de la contraparte, no pudiendo asimismo el Tribunal fiscalizar la regularidad del procedimiento utilizado para hacer llegar al juicio dicha información, pues la idoneidad en cuanto al medio, puede no serlo con relación a las formas utilizadas para hacer llegar dicha prueba al expediente. La ineficacia aludida, se impone en tanto la contraparte se ha visto privada de ejercer su derecho al contradictorio, garantía que le reconoce la posibilidad de intervenir preventivamente en todo aquello que pueda influir sobre la decisión de la controversia y que engendra una serie de implicancias, asumiendo particular importancia en lo que aquí interesa las que la vinculan con la adquisición y valoración de las pruebas a los efectos de la decisión sobre el hecho. Por otra parte, ya desde un ángulo estrictamente formal, la validez del documento resulta al menos cuestionable toda vez que la firma del suscriptor no ha sido certificada por la autoridad pertinente del país de origen, sin perjuicio de no contar con la certificación consular correspondiente a los efectos de su validez en extraña jurisdicción.

VIII.- Que igual suerte corren las testimoniales producidas en autos obrantes a fs. 267/269 en cuanto a su idoneidad para conmover la pretensión fiscal. En efecto, la declaración de Ángel Vicente Campiotti, quien manifestó haber sido presidente de la sociedad Benelond S.A., no ha agregado nuevos elementos de juicio a la causa favorables a la recurrente, por no resultar en el presente la representación mediante relatos eficaz para contrarrestar el valor probatorio de los elementos acompañados por el Fisco. La referencia a hechos que, de haber sido acreditados, hubieran podido engendrar un valor indiciario a favor del contribuyente -a título de ejemplo, que "el directorio de Benelond S.A. habría aprobado la entrega de fondos plasmando ello en el acta de directorio"- sin las debidas constancias que den cuanta de tales afirmaciones, hace que las mismas queden en el plano de la eventualidad sin que sea posible tenerlas por ciertas o, al menos, verosímiles. En cuanto al testimonio del escribano Diego Asenjo, sólo cabe señalar que el valor probatorio del mismo es nulo por haber consistido su actuación en plasmar en un acta, años más tarde a la fecha en que habría acontecido la cuestionada operación, las declaraciones del recurrente y del Sr. Campiotti sobre los supuestos préstamos concertado entre las partes.

Qué párrafo aparte merece el testimonio de Manuel Alejandro Méndez quien, consultado acerca de su función en las transferencias de fondos desde Uruguay por parte de Benelond a favor del Contribuyenteämanifestó haber actuado como contacto entre las casas de cambio del Uruguay, el Sr. Uriburu Y)a firma Benelond. Al respecto, resulta llamativo el hecho de que dicho sujeto al declarar ante este tribunal en el mes de junio del año 2006, lograra establecer el vínculo entre Benelond S.A. y Uriburu Quintana, cuando en sede administrativa, precisamente tres años antes, había manifestado no recordar el nombre de la sociedad uruguaya, sin que la mención que hiciera el Fisco de dicha firma revirtiera la situación de olvido. Así, si bien no cabe hablar de contradicción ya que no existen declaraciones en sentidos opuestos -no correspondiendo asimismo considerarlos meros detalles o insignificantes imprecisiones por la gravitación del hecho omitido- resulta curioso que el sujeto recuerde un dato -que parecía olvidado- tres años más tarde. En consecuencia, y dado que las declaraciones inmediatas posteriores al hecho ofrecen mayores garantías de espontaneidad que las que son realizadas luego de transcurrido cierto tiempo por la contemporaneidad temporal con el hecho caído bajo la impresión de los sentidos, el valor de las declaraciones, en efecto, si bien es lógico que no se vea afectado cuando el testigo depone sobre acontecimiento de muy antigua data e incurre en error, confusión u olvido, sí se ve menoscabado cuando ocurre la situación contraria -esto es, que con el transcurrir del tiempo se recuerden hechos presuntamente olvidados- atentando ello contra la fuerza de convicción resultante de sus afirmaciones a los efectos de demostrar la verdad legal de los hechos alegados.

IX.- Que resta merituar los contratos de asistencia financiera celebrados en instrumento público que obran agregado a fs. 311/320, debidamente autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto. En relación a tales instrumentos, cabe recordar que un documento público -siempre que haya sido elaborado por el sujeto apropiado, de acuerdo con los procedimientos debidos- tiene un efecto vinculante para cualquiera y en particular para el tribunal. No obstante, este valor probatorio se atribuye a las declaraciones del autor del documento de la escritura, los hechos que declara haber percibido personalmente, el hecho de que alguien haya realizado alguna declaración en su presencia, las firmas de estas personas y la fecha del documento. En general, el valor probatorio formal del documento cubre "lo que el documento dice"; esto es, las declaraciones fácticas hechas por su autor. Ese valor no abarca la verdad de ningún otro enunciado, ni de las partes ni de ninguna otra persona, que se registre en el documento. Por lo expuesto es que precisamente la prueba de la falta de sinceridad en lo expresado en escrituras públicas por los otorgantes no requiere el procedimiento de la querella de falsedad cuando se trata de aquellas manifestaciones que el escribano se limita a hacer constatar, pudiendo los hechos, declaraciones o afirmaciones que relatan las partes y cuya exactitud el funcionario publico no comprueba ser destruidos por simple prueba en contrario.

Que partiendo de lo señalado ut supra es que corresponde determinar el valor probatorio del medio de prueba aportado por la recurrente en relación al hecho específico discutido en autos, a los fines de establecer en qué grado puede ser considerado verdadero el enunciado que afirma la existencia de la operatoria cuestionada, debiendo merituarse las circunstancias acreditadas por la representación fiscal y el modo en que las mismas gravitan contrarrestando el valor que dicha prueba documental por sí sola pudiera engendrar. Y debe destacarse que son varios los elementos que debidamente ponderados relativizan el poder de convicción de dicho medio probatorio, debiendo dejar sentado que no se han producido en autos pruebas circunstanciales o indirectas sobre los hechos jurídicamente relevantes. En efecto: 1) no se ha acreditado que los fondos ingresados se originaran en el patrimonio de la supuesta prestamista o estuvieran disponibles para ella, como podría concluirse de movimientos en las cuentas de las entidades bancarias, sustento documental de la transferencia al país ; 2) no se encuentra probado que los importes girados a la República Oriental del Uruguay por el contribuyente, fueran recibidos por la supuesta prestamista extranjera; 3) no existe constancia de la efectiva existencia y posterior cancelación del plan de inversión que los fondos remitidos habrían estado destinados a financiar; 3) que si bien las salidas por cuenta bancaria prestan evidencian un egreso de depósitos, no existen elementos que permitan vincular tales salidas con la mentada cancelación de los préstamos concertados; 4) los recibos acompañados en fotocopia simple son ineficaces a los efectos de acreditar los extremos invocados (a.a. Cpo. Ppal. de Ganancias fs. 9).

Que en virtud de lo expuesto, no habiendo la actora producido pruebas fehacientes a los efectos de acreditar los extremos señalados, no existiendo agravios respecto a la multa e intereses aplicados, y no encontrando razones para apartarse de las soluciones a las que arribara el Fisco, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.

Por ello, SE RESUELVE:

Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. -Agustín Torres. - Carlos A. Porta. - Juan Pedro Castro.