Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-09-09


N°897/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los nueve días del es de septiembre del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. MARÍA LUISA LUCAS y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"AGUIRRE, PONCIANO RODOLFO POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR C/ MILESSI, J. J. Y/O TURRACA DE B., I. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ", N° 53.871, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 642/654 y del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 655/660 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la demandada a fs. 642/654 y del recurso de inconstitucionalidad articulado por la codemandada a fs. 655/660 vta., contra la sentencia que obra a fs. 624/632, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 671 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 683.

A fs. 676/677 emite su dictamen N° 1586/03 el señor Procurador General y a fs. 686 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- Por razones de método, comenzaré por el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido.

a) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 642/654 por la demandada Turraca de Barbieri: Este remedio fue interpuesto en término, por la parte legitimada para recurrir y la sentencia atacada es definitiva.

Se observa que en el afán de vertebrar el remedio impugnaticio, la casacionista sostiene que la Cámara efectuó una incorrecta aplicación de la Ley N° 22.977, contraria a la doctrina legal sobre dicho punto, al desestimar la exoneración de responsabilidad planteada por la quejosa con fundamentos en que a la fecha del accidente la misma se había desprendido de la guarda y posesión del vehículo de marras.

Advierte que las juzgadoras siguieron a egregios autores pero de generaciones anteriores y aplicando jurisprudencia de vieja data, lo que la hace afirmar la existencia del vicio jurídico aludido.

Resalta que obra en la presente boleto de compra venta del automóvil y formulario 08, ambos de fecha anterior al accidente y con firma certificada por escribano público, lo que les otorga fecha cierta, invocando un precedente jurisprudencial que, en tal sentido, considera que si la transferencia del automotor aparece acreditada fehacientemente por boleto de fecha anterior a la ocurrencia del accidente, libera de responsabilidad al vendedor aunque no hubiese denunciado la venta al Registro del Automotor.

Arguye que a la fecha del siniestro su parte no poseía la guarda material ni jurídica como tampoco la posesión del automotor. Manifiesta que el principio de la responsabilidad objetiva constituye una excepción en nuestro derecho positivo, no existiendo en el sub lite el peligro de que tal atribución por riesgo desplace o suplante al principio general de la culpa.

Refiere que no es aplicable la Sentencia N° 302/92 de esta Sala, que considerara la alzada en su fallo por no existir una plataforma similar. Finalmente se agravia de la imposición de costas a su cargo, por los fundamentos esgrimidos precedentemente.

En tal orden de ideas esta Sala, en forma reiterada y con distintas integraciones, ha postulado que acerca de la naturaleza, fines y contenido del medio impugnativo intentado, destacando que el recurso de inaplicabilidad de ley procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones, a las que se atribuye violación de la ley o doctrina legal, a fin de que el tribunal superior declare cuál es el correcto derecho aplicable, es decir, cuál es en definitiva la solución jurídica que corresponde al caso, y tiende, fundamentalmente, a un problema de inteligencia jurídica, con exclusión de hechos y pruebas.

Se ocupa y se hace cargo de los vicios in iudicando. Su finalidad es juzgar la legalidad de la sentencia y la justicia del caso, garantizando la uniforme aplicación de la ley y asegurando a las partes la más correcta aplicación del derecho positivo a los hechos de la causa.

Sin constituir una tercera instancia ordinaria, su competencia se abre con el objeto primordial de lograr, en base a una revisión de los errores del juicio contenidos en la decisión definitiva de la última instancia ordinaria, la justa y uniforme interpretación del derecho (conf. Sent. N° 09/01, entre otras).

Se doctrinó asimismo que "el fin del recurso es, como se ha dicho, mantener la unidad de la interpretación de la ley, de modo que allí donde exista un error o aún una injusticia, pero no está afectado ese fin, no habría lugar al recurso.se trata exclusivamente de los errores de derecho acaecidos in iudicando que hacen a la existencia o al significado de la norma jurídica, esto es de aquellos errores de juicio que contenga la sentencia al aplicar el derecho en su dispositivo y como motivaciones esenciales." (Manuel Ibañez Frocham, "Tratado de los Recursos en el Proceso Civil", pág. 379, cit. en Sent. N° 09/01, ya citada, entre otras, de esta Sala).

Analizados los agravios vertidos, tengo que la cuestión a dilucidar es si los medios establecidos por el art. 27 de la Ley 22.977 para probar que el titular registral ha perdido la titularidad del vehículo -a los fines de exonerarse de la responsabilidad objetiva derivada de su utilización-, son taxativos o, por el contrario, existen otros.

Sobre el particular cabe recordar que esta Sala, integrada por la suscripta, se había pronunciado en Sentencia N° 302/92, en un caso que, si bien poseía ingredientes fácticos diferentes -ya que en el mismo la codemandada Provincia del Chaco seguía siendo propietaria del vehículo que participó en el evento dañoso y solamente lo había cedido en comodato a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña-, la solución jurídica arribada respecto a la interpretación de lo dispuesto por la Ley 22.977, debería ser aplicable al sub lite por su generalidad.

Ello es así en cuanto en aquella ocasión se rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la Provincia del Chaco señalándose expresamente que: "Ahora bien, la ley 22.977 ha venido a superar la cuestión al disponer expresamente que hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzca con el automotor "en su carácter de dueño de la cosa".

No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad".

El nuevo régimen impuesto por la ley 22.977 en materia de responsabilidad del titular inscripto, frente a terceros puede entonces, sintetizarse así: a) el dueño registral responde por los daños y perjuicios causados con el automotor frente a los terceros, aún cuando se haya obligado a transferir el domino del vehículo por instrumento público o privado y haya realizado la tradición, hasta tanto se anote la transferencia en el Registro; b) Esta responsabilidad cesa si el enajenante hubiere comunicado al Registro que hizo la tradición del automotor por haberlo enajenado.

Esta comunicación deberá ser hecha en forma fehaciente e incorporarse al folio real del vehículo, para que surta efectos respecto de terceros . En consecuencia, resultando correcta la solución adoptada por la Cámara en punto a la responsabilidad de la Provincia del Chaco como titular registral de la camioneta interviniente en el hecho motivo del presente juicio, por no darse el supuesto de cese de la misma, conforme lo prevé la ley 22.927, corresponde desestimar el agravio en tratamiento" (conf. Sent. 302/92 ut supra citada).

No obstante lo relatado, entiendo que corresponde un replanteo de la cuestión, dado que las circunstancias que he tenido en cuenta para arribar a aquella solución -tanto generales, como las particulares del caso- han variado luego de transcurridos casi doce años del dictado del aludido fallo.

Ello es así, ya que si bien en tal oportunidad se interpretó lo dispuesto por la norma mencionada como una enumeración de tipo taxativa, es insoslayable poner de resalto el hecho notorio de que las necesidades del tráfico comercial respeto a la transferencia de vehículos usados han cambiado, ya que en la actualidad, la crisis económica y el aumento del parque automotor hizo que se ampliara la cantidad de casos de enajenaciones de tales rodados efectuadas a diario, y en ello no puede obviarse un principio relevante como lo es el de facilitar la validez de tales negocios.

De esta forma también se privilegia, en los casos correspondientes, la existencia de buena fe por parte del vendedor, cuando de modo expreso queda demostrado que la operación de compraventa existió, y que no es su intención eludir una responsabilidad objetiva que le cabe como propietario del vehículo por un evento dañoso.

También debe tenerse presente el actual criterio de nuestro Máximo Tribunal, quien se pronunció al respecto diciendo que "Los efectos que dicha norma atribuye a la denuncia no excluyen, sin embargo, la posibilidad de acreditar en juicio de manera fehaciente que el titular registral ha perdido la guarda del vehículo con anterioridad al suceso que genera su responsabilidad y permiten -por ende-, que se evalúe en la causa si subsiste la responsabilidad que le atribuye la primera parte del art. 27 ley 22977" (CSJN, 21/5/2002.- Camargo, Martina y otros v. Provincia de San Luis y otra).- JA 2003-II-275, cit en Lexis N° 0003/009551), agregando en el párrafo siguiente que ".la conclusión antecedente se sustenta en una interpretación de la ley que atiende al propósito que la inspira y -a la vez- preserva y asegura su finalidad (Fallos 310:149, 203, 267; 311:193, 401, entre muchos otros), que es proteger al vendedor frente a la omisión negligente del comprador en efectuar la transferencia de dominio.

En tal sentido debe destacarse que si la ley exonera de responsabilidad a quien efectúa una denuncia unilateral de venta -cuya sinceridad no es objeto de comprobación-, no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión.

Esta solución se corrobora si se advierte que la ley no establece una presunción iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado el automotor conserva su guarda (art. 26 decreto ley 6582/1958), por lo que configuraría un exceso ritual privar al titular registral de la posibilidad -jurídicamente relevante- de demostrar si concurre tal extremo." (conf. Sent. ut-supra citada).

Siguiendo tal precedente, la Sala 2ª de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro expresó que "Cabe destacar que el titular registral, aun cuando no efectuara la comunicación a que se refiere el art. 27 decreto ley 6582, texto según ley 22977, puede eximirse de la responsabilidad que como tal le cabe, demostrando fehacientemente que se ha desprendido de la guarda del automóvil.

Tal lo resuelto en su momento por esta sala hasta que la doctrina contraria fuera decidida por la Suprema Corte de este Estado, que este tribunal admitiera por emanar de nuestro tribunal provincial.

No obstante, atento a lo expresamente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe ahora admitir la posibilidad de que el titular registral, aún no habiendo efectuado el aviso de venta a que se refiere la norma legal antes citada, se exima de responsabilidad si demuestra en forma haberse desprendido de la guarda del automotor interviniente en el hecho dañoso." (conf. trib. cit. En autos "Díaz, Lida M. v. Leguizamón, Rufino y otros s/ daños y perjuicios", fallo del 11/09/03, Lexis N° 14/91435).

Por lo demás, en el presente caso nos encontramos con que la codemandada-casacionista ha acreditado mediante documental adjuntada -específicamente boleto de compra-venta del automóvil y formulario 08, ambos con firmas certificadas por escribano público-, la efectiva transferencia del rodado al Sr. Juan José Milessi, en fecha anterior al evento causante del litigio.

Todas las apuntadas razones me convencen de que corresponde el cambio del criterio estricto aplicado en la Sentencia N° 302/92 dictada en los autos "Pértile Sergio y otros c/ Provincia del Chaco y/o Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña s/ Indemnización Daños y Perjuicios", Expte. N° 33.422/91.

En consecuencia cabe establecer que lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 22.977 no excluye la posibilidad de acreditar por otras pruebas o circunstancias fehacientes, que el propietario registral del vehículo ha transferido su titularidad, con anterioridad al hecho generador de su responsabilidad, a los fines de determinar si subsiste o no la misma.

Lo expuesto en el convencimiento de que esta nueva interpretación, consecuente con el espíritu de la norma y apartada de excesos rituales, debe establecer que la inscripción de la transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor o la pertinente denuncia de venta ante el mismo, no son los únicos medios de demostrar tal transmisión.

En el presente caso surge que la codemandada-casacionista lo ha efectuado mediante documental adjuntada -específicamente boleto de compra-venta del automóvil y formulario 08, ambos con firmas certificadas por escribano público-, la efectiva transferencia del rodado al Sr. Juan José Milessi, en fecha anterior al evento causante del litigio, lo que determina que tal criterio es de aplicación al caso de marras.

Corresponde en consecuencia casar la sentencia impugnada, por cuanto se ha configurado en autos uno de los supuestos previstos en el Decreto Ley 1413/62. Es así, ya que la violación de la ley consiste en no aplicar a un hecho la regla que le corresponde; el vicio se produce en la base jurídica, es decir en la premisa mayor, y se puede cometer de dos maneras, en sentido positivo, vulnerando el alcance del precepto; y en sentido negativo por desconocimiento o inaplicación del mismo (Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", edic. 1984, p. 209).

Por lo tanto, habiendo definido la situación fáctica de la Cámara, deviene la revocación del fallo de segunda instancia y consecuentemente el rechazo de la demanda deducida contra la demandada Sra. Turraca de Barbieri, apartándome de este modo de lo dictaminado por el Sr. Procurador General.

b) Recurso de inconstitucionalidad articulado por la Sra. Turraca de Barbieri a fs. 642/654: Dada la solución propiciada al tratar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por dicha parte, deviene inoficioso el tratamiento del presente remedio.

c) Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado Sr. Juan José Milessi a fs. 655/660 vta.: También el mismo ha sido interpuesto en término, media oportuno planteo de la cuestión constitucional, legitimación para recurrir y la sentencia atacada reviste carácter definitivo, por lo que corresponde ingresar a su tratamiento.

Sostiene el recurrente que la sentencia de Cámara le causa lesión en su derecho de propiedad, defensa en juicio, debido proceso e igualdad de las partes ante la ley.

Manifiesta que pese a que la propia alzada reconoce que el menor se interpuso en el área de circulación del Sr. Milessi -quien, no obstante efectuar la maniobra, no pudo evitar la colisión-, le asignan una mayor responsabilidad como conductor por no tener el mismo el pleno dominio de su rodado, cuando el ciclista era el culpable del accidente.

En tal sentido, agrega que las señoras camaristas analizan in extenso el obrar del conductor del automotor, obviando tratar la maniobra realizada por el niño en los premomentos del accidente.

Arguye que sólo se ha valorado el expediente penal, prescindiéndose de todas las demás pruebas producidas, especialmente las que fueron señaladas en las expresiones de agravios y que eran decisivas para la solución del pleito, lo que coloca al fallo como arbitrario. Se refiere a diversas testimoniales, demostrativas de que el menor se introdujo de manera abrupta en la trayectoria de marcha del vehículo.

Inicialmente debo señalar, en cuanto a la impugnabilidad de la decisión, que el tema planteado por esta vía, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, se encuentra excluido, en principio, de revisión en sede extraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna, salvo la existencia de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. N° 444/02, entre muchas otras de esta Sala).

En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene doctrinado que: "La valoración de la prueba, incluso la de presunciones, incumbe a los jueces de la causa y es, como principio, insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria" (Fallos 294:331).

En consecuencia: "Los agravios que se dirigen contra la valoración que los jueces hicieran de la prueba y su encuadre en las normas de derecho común aplicables, son ajenos a la instancia extraordinaria de no mediar prescindencia de lo dispuesto por la ley o de pruebas fehacientes regularmente presentadas" (CS, febrero 26-1981; RED XV, pág. 857, N° 314), doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local por estar informado de las mismas razones y fundamentos.

De ello se infiere que la procedencia del recurso está supeditada a la demostración de la existencia de un vicio de gravedad extrema que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad.

A la luz de tales directrices y del examen de los agravios formulados, adelanto mi opinión en el sentido de que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de los vicios que denuncia, de entidad tal que hagan descalificable lo decidido en base a la doctrina precedentemente referida, apareciendo el pronunciamiento apoyado en fundamentos fácticos y probatorios que -más allá que puedan o no ser compartidos- lucen suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido.

Por tal motivo, voy a propiciar la desestimación del recurso, coincidiendo de tal modo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General.

En efecto, de las constancias de autos surge del fallo de la Cámara que el mismo, al tratar la responsabilidad en el accidente, comienza destacando que al encontrarse encuadrada la cuestión en la preceptiva del art. 1.113 del C. Civil, la eximición basada en la culpa de la víctima ".debe ser demostrada certera, claramente ." (conf. fs. 628 y vta.), luego de lo que se pasa a ponderar las conductas de los partícipes.

En ese derrotero, para confirmar los porcentajes de atribución de responsabilidad a cada uno, las señoras camaristas tienen en cuenta que según las constancias del expediente penal ". el Sr. Milessi colisionó al menor con su frente impactando en el lateral izquierdo del biciclo y que en los premomentos -a través de los rastros e indicios constatados- el mismo circulaba a una velocidad del orden de los 84 km/h." (conf. fs. 628 vta./629).

A continuación valoran la declaración -prestada en la misma sede- por el Sr. Milessi, especialmente en cuanto transitaba ". a una velocidad aproximada de 75 km/hs., cuando . ve desde una distancia de 100 metros aproximadamente que dos chiquitos que iban por la Avenida en bicicleta, jugando y cruzándose hacia el centro de la misma .

Que ante ello comenzó a frenar, hizo juego de luces y tocó bocina y cuando llega justo al lugar del impacto uno de ellos, José Luis Aguirre, el lesionado, se cruza hacia el centro del asfalto, no pudiendo evitar colisionarlo con la parte izquierda de su vehículo; que dado la violencia del impacto el niño va contra el parabrisas y cae fuera de la cinta asfáltica." (conf. fs. 629), considerando que ".

Dicha admisión . revela que el demandado Milessi no conducía con el pleno dominio de su vehículo y por lo demás . a elevada velocidad, de lo contrario -recuérdese que inclusive llegó a frenar y realizó maniobra de esquive- hubiera evitado el embestimiento." (conf. fs. 629 vta.).

En virtud de ello dicen "Es preciso puntualizar que la conducta imprudente por parte del conductor del biciclo . no exime al Sr. Milessi de adoptar todas las medidas de precaución necesarias, pues él mismo reconoce que la avenida en la que se produjera el hecho, es de mucho tránsito ya que lleva al puente que une Chaco-Corrientes, siendo además de noche ." (conf. fs. 629 vta.), destacando sobre el particular, luego de considerar que por dicha arteria circulan peatones y que se trata de una zona urbanizada, que "Pero lo que resulta determinante de su responsabilidad es que a pesar de ello, y de haber divisado a los niños que venían zigzagueando a 100 metros de distancia, mantuvo una elevadísima velocidad, lo que, obviamente, y a pesar del frenado y maniobra de esquive, le impidió evitar la colisión cuando el menor giró hacia la izquierda.- Es que el Sr. Milessi estaba obligado, ante la presencia de menores, a extremar los recaudos inherentes a fin de poder sortear los obstáculos propios del tránsito vehicular." (conf. fs. 629 vta./630), lo que las hace concluir que ".si el citado hubiese transitado correctamente, más precisamente a velocidad adecuada y realmente atento a las contingencias del tránsito, aún frente a la maniobra -también imprudente- del hijo del actor, habría podido -como era su deber hacerlo- conservar el dominio de su rodado y evitar el accidente.- De lo dicho hasta aquí, surge sin dudas el obrar culposo del demandado" (conf. fs. 630 y vta.).

Posteriormente las sentenciantes se dedican a tratar la conducta desarrollada por el menor, lo que las hace finalizar diciendo que "Bajo tales lineamientos comparto el criterio sustentado por el a-quo en relación a que el accidente en cuestión es el resultado de la conducta de ambos protagonistas y entiendo también . que es la accionada quien tuvo mayor incidencia en la producción del hecho, por no haber adoptado las precauciones necesarias que mencionara supra, esto es el no haber tenido el pleno dominio de su rodado y el circular a una velocidad no adecuada a las circunstancias que rodearon al hecho en cuestión." (conf. fs. 631).

De lo relatado se desprende que el resolutorio en crisis ha rechazado los agravios atinentes a la falta de culpabilidad del conductor del vehículo y el porcentaje de responsabilidad atribuido al mismo, por entender que, de acuerdo a las circunstancias fácticas y probatorias expuestas y los principios antes referidos, tal solución era la que correspondía.

Extraigo así, que las señoras camaristas han hecho uso correcto de sus facultades como jueces de mérito, de efectuar una correcta interpretación de los hechos y su adecuación a la normativa aplicable al caso, dando debido tratamiento a las cuestiones llevadas a debate, resultando desde esa óptica, con suficientes fundamentos la decisión apelada.

En consecuencia, y tal como lo adelantara, no cabe más que concluir en que lo resuelto no contiene ningún vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto judicial válido.

Sobre el particular cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene decidido que "La tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputen tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (Fallos 307:75 y Sent. N° 180/96 y N° 123/98, entre otras); como así, que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tienen como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. N° 301/95).

En razón de lo expuesto, me expido por la improcedencia del presente recurso.

De consuno, propongo se haga lugar al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la demandada Sra. Turraca de Barbieri y se rechacen los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por ambas codemandadas. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTION EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inaplicabilidad o doctrina legal interpuesto por la codemandada Sra. Turraca de Barbieri a fs. 642/654 contra la sentencia dictada a fs. 624/632, por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad por motivo de la errónea aplicación del art. 27 de la ley 22.977.

Asimismo propicio que lo dispuesto por la citada norma no excluye la posibilidad de acreditar por otras pruebas o circunstancias fehacientes, que el propietario registral del vehículo ha transferido su titularidad, con anterioridad al hecho generador de su responsabilidad, a los fines de determinar si subsiste o no la misma En virtud de la solución arribada y de que la misma implica un cambio de criterio jurisprudencial obligatorio de esta misma Sala, a tenor de lo dispuesto por el art. 22 de la Ley Orgánica de Tribunales, el cual fuera seguido expresamente por la alzada en el fallo en crisis, las costas de las instancias inferiores, respecto de la litis trabada entre la actora y la demandada Sra. Turraca de Barbieri, en un todo de conformidad con lo establecido por el art. 68, 2° párrafo del CPCC, deben readecuarse, imponiéndose por el orden causado.

Las de esta instancia, por el citado remedio, atento lo decidido y no habiendo la contraria sostenido la sentencia impugnada, corresponde se impongan por su orden, conforme criterio adoptado por esta Sala a partir de Sentencia N° 06/80.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad de fs. 642/654, corresponde su rechazo por inoficioso su tratamiento, en virtud del resultado arribado al tratar el remedio precedente, imponiéndose por tales razones las costas por su orden.

Finalmente cabe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad articulado a fs. 655/660 vta. contra el aludido pronunciamiento de fs. 624/632 emanado de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, imponiéndose las costas de esta instancia, en virtud del resultado que propicio y lo dispuesto por el art. 68, primera parte, del CPCC, a la recurrente vencida.

Los honorarios de los profesionales intervinientes, deben ser regulados de conformidad a las pautas establecidas en los arts. 3, 5, 6, 7, y 11 de la ley arancelaria en vigencia, tomando como base el monto condenado, adicionándose, a éste único fin, los intereses -tasa pasiva- que suministra el Banco Central de la República Argentina para uso de la justicia.

Efectuados los cálculos pertinentes, estimo los de los Dres. Florencio Fortunato Suárez y Pedro César Espíndola en las sumas de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($697,50) y de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($558,00), a cada uno de ellos y como patrocinantes y apoderados, respectivamente; y los de la Dra. Azucena Maricel Skunca en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($1.395,00) en su carácter de patrocinante. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta de la Dra. María Luisa Lucas, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y estimación de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, que doy fe.

S E N T E N C I A N° 897/ RESISTENCIA, 9 de septiembre de 2004.- AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la codemandada a fs. 642/654 contra la sentencia dictada a fs. 624/632, por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad por motivo de la errónea aplicación del art. 27 de la Ley N° 22.977.

II.- DECLARAR que lo dispuesto por el art. 27 de la Ley N° 22.977, no excluye la posibilidad de acreditar por otras pruebas o circunstancias fehacientes que el propietario registral del vehículo ha transferido su titularidad, con anterioridad al hecho generador de su responsabilidad, a los fines de determinar si subsiste o no la misma, y de conformidad a ello, improcedente la demanda promovida en autos contra la Sra. Irma Turraca de Barbieri.

III.- IMPONER las costas de esta instancia por el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal ut supra resuelto en el orden causado.

IV.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad deducidos por las codemandadas a fs. 642/654 y a fs. 655/660 vta., contra la citada sentencia dictada a fs. 624/632, por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

V.- IMPONER las costas por el recurso de inconstitucionalidad de fs. 642/654 en el orden causado y las correspondientes al recurso de inconstitucionalidad de fs. 655/660 vta. a la recurrente vencida.

VI.- REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Dres. .....y ......en las sumas de PESOS ......y de PESOS ........... a cada uno de ellos y como patrocinantes y apoderados, respectivamente; y los de la Dra.......... en la suma de PESOS ..................... en su carácter de patrocinante.

VII.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidenta de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.