Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-27


SENT Nro. 944 San Miguel de Tucumán, 27 DE NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de reposición interpuesto, por su propio derecho, por el letrado Enrique Sancho Miñano en autos: "Brovia, Carlos Alfredo vs. Sergio Tata y Víctor Daniel González s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de reposición "in extremis" interpuesto por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 30/4/2003 que no hace lugar al recurso de revocatoria deducido por aquél en contra de la sentencia de la misma Corte de fecha 25/02/2003.

II.- El recurrente basa su planteo en el hecho de que el fallo en crisis, contiene un error esencial que posibilitaría la consumación de una grave injusticia, la alteración de la estructura esencial del procedimiento y la violación de la sentencia del 27/10/86 que, con respecto a las regulaciones de Tata y González, está firme con autoridad de cosa juzgada, implicando tales vulneraciones la afectación de las bases mismas del sistema procesal. Alega también el principio de economía procesal y cita precedentes jurisprudenciales.

Relata hechos de la causa de los que, a su criterio, demostrarían la alteración de la estructura esencial del procedimiento y la necesidad de declaración de la existencia de la cosa juzgada. Sostiene que a fs. 400 el juez actuante reguló honorarios de conformidad al art. 14 de la ley 5480 y que Tata y González sólo apelaron por altos, por lo que la cuestión referida a la base regulatoria respecto de ellos quedaba firme. Que los litisconsortes Tata y González, no interpusieron recurso extraordinario en contra de la sentencia de casación de fecha 09/10/91 (que hace lugar al recurso de casación interpuesto por el recurrente y mantiene como base regulatoria la suma reclamada en la demanda) por lo cual esta cuestión quedó firme en relación a aquéllos.

Expresa que, debido a que contra la sentencia de fecha 09/10/91 sólo interpuso recurso extraordinario la Aseguradora, tal recurso, en virtud de la doctrina de la divisibilidad de la sentencia arbitraria, no puede beneficiar a los demás codemandados respecto de los cuales aquel pronunciamiento quedó consentido y amparado por la autoridad de la cosa juzgada.

Entiende que al volver de la CSJN el expediente, el Juez de reenvío alteró la estructura esencial del procedimiento y violó la sentencia de fecha 27/10/86, regulando nuevamente los honorarios por la defensa de Tata y González; que la Cámara fue más allá y declaró que no correspondían tres regulaciones independientes. Que la sentencia de casación reconoció la existencia de cosa juzgada de las tres regulaciones pero que también tendría que haber declarado que las regulaciones por Tata y González efectuadas mediante sentencia del 27/10/86 quedaban firmes.

Sostiene que tal declaración no es abstracta, sino necesaria, dado que la cosa juzgada había sido violada de dos maneras: por el juez de reenvío y por la Cámara.

Concreta sus agravios exponiendo que de estas tres cuestiones: a) apelación por altos de los honorarios, por parte de Tata y González, dejando firme la sentencia de fecha 27/10/86; b) recurso extraordinario interpuesto por la Aseguradora que no beneficia a los litisconsortes mentados; c) sentencia del 27/10/86 que fue violada y desconocida en dos oportunidades, se desprende la necesidad de que la Corte hubiera reconocido la existencia de cosa juzgada de esta sentencia. Agrega que la no declaración de cosa juzgada mantiene sin solución el conflicto que afecta al orden público, a la seguridad jurídica y a las bases mismas del sistema procesal pues ordenar a la Cámara que regule nuevamente los honorarios firmes y ya regulados por la defensa de Tata y González implican el mantenimiento de la violación de la cosa juzgada.

Cita como fundamento los arts. 34 y 81 procesal; la doctrina de la divisibilidad de la sentencia arbitraria, jurisprudencia y doctrina en apoyo de sus dichos.

Solicita se haga lugar al recurso tentado, se adecuen las costas del recurso de revocatoria y respecto a las costas del presente, solicita que en caso de denegarse el mismo, se lo exima de ellas por tener razón probable para litigar, dado que el planteamiento se efectúa con apoyo en la doctrina de la CSJN sobre la divisibilidad de la sentencia arbitraria y en doctrina pacífica de los tribunales locales en lo que respecta a la apelación de los honorarios por altos.

III.- Esta Corte Suprema de Justicia tiene dicho que "los recursos in extremis, de excepcional admisibilidad, pueden atenderse cuando las circunstancias del caso demuestran una ostensible consumación de grave injusticia" (CSJTuc. sentencia 509 del 13/12/93; 521 del 27/6/2000). La doctrina ha definido a la reposición in extemis como un recurso excepcional y subsidiario, para subsanar errores materiales y también excepcionalmente yerros de los denominados "esenciales", groseros y evidentes, deslizados en pronunciamientos de mérito, que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan agravio trascendente para una o varias partes. En tal sentido, se entiende por "error esencial" a aquel que sin un yerro material, es tan grosero y palmario que puede y debe asimilarse a este último. La interposición de este tipo de recursos presupone que se está atacando una resolución que no es susceptible de otras vías impugnativas o que, de serlo, las mismas son de muy difícil acceso o de procedencia notoriamente incierta. Asimismo, su viabilidad exige que no se alegue la necesidad de suplir una equivocación jurídica o un déficit de actividad de las partes en materia de recolección de material probatorio (cfr. Peyrano Jorge en "Estado de la doctrina judicial de la reposición in extremis", Revista de derecho procesal Nro. 2, p.61 y ss.) (CSJT, sent. nro.270 del 23 /4/2002).

Siendo el recurso de reposición in extremis un procedimiento atípico de reparación por las condiciones ya expresadas, y nunca de reexamen o reconsideración de la causa, no cabe por la presente vía el cuestionamiento del criterio del Tribunal sobre la declaración de la existencia de cosa juzgada (su necesidad, admisibilidad o procedencia, en la sentencia de fecha 25/02/2003) respecto de los honorarios determinados por la defensa de los Sres. Tata y González.

Y es que es esto mismo lo que pretende el recurrente por la presente vía, a través de la reedición de planteos anteriores, a la par que se observa que deja sin rebatir los explícitos argumentos que esta Corte Suprema ha ofrecido, mediante el fallo en embate, a fin de fundamentar la falta de expedición sobre la materia en cuestión.

En efecto, este Tribunal ha resaltado el hecho de que la cuestión que se presenta ahora como litigiosa no ha sido propuesta por el aquí recurrente en la instancia extraordinaria de la casación y, por ende, no podía entrar dentro del ámbito de conocimiento y decisión del recurso de revocatoria (ex art. 32 ley 5480). Asimismo, ha manifestado que el agravio del impugnante referido a la omisión en la declaración de la cosa juzgada de la sentencia de fecha 09/10/1991 respecto de los codemandados Tata y González no ha sido propuesto en su escrito que rola a fs. 1134/1154, sino que el mismo es referido a la aplicación del art. 14 de la ley 5480 y a la existencia de cosa juzgada exclusivamente en relación a la cuestión litigiosa resuelta por la Cámara por lo que el gravamen quedaba circunscripto por el propio recurrente a los límites objetivos y no a los subjetivos de la cosa juzgada. Que por ello el Tribunal no pudo expedirse -vía el recurso de revocatoria regulado por el art. 32 de la ley 5480- sobre dicha materia, pues ella no entró dentro del ámbito de la jurisdicción del Tribunal que quedó delimitado por la casación impetrada oportunamente.

Descartó este Tribunal, asimismo, la aplicación del art. 34 procesal toda vez que, se dijo en esa oportunidad, si bien la declaración de la cosa juzgada pueda ser efectuada de oficio por el tribunal, ello es así ciertamente, en la inteligencia de dicha normativa, esto es: cuando tal declaración resulta necesaria, indispensable y estrictamente conducente a la solución a dar al litigio; hipótesis que no fue la de autos, donde el foco de la cuestión litigiosa traída a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia a través de los agravios casatorios del recurrente pudo ser resuelta -y lo fue efectivamente- sin necesidad de pronunciarse respecto de los límites subjetivos de la cosa juzgada, y en tanto la situación procesal de los codemandados Tata y González no entró dentro del ámbito competencial de este alto Tribunal. Agregaba que el fallo impugnado trató todos y cada uno de los puntos objeto de gravamen y con ello ha dado adecuado fundamento a la solución a que se arribó; que nada dijo sobre los codemandados Tata y González por la sencilla razón de que ello no fue materia de ca sación y que tal omisión en esa oportunidad procesal no provocaba alteración alguna en la estructura esencial del proceso ni suponía la afectación de la cosa juzgada, por lo que ninguna razón existía -ni existe- para expedirse en relación a estos.

Concluyó que, en definitiva, al no resultar propuesta ni conducente a los efectos del recurso de casación la materia objeto de agravios en el presente recurso, de modo alguno puede entenderse que la competencia de la Corte para decidir dicha cuestión haya quedado habilitada, ni en la oportunidad de la casación ni en la del recurso de revocatoria que se resolvía.

El aquí recurrente pretende demostrar la existencia de alteración en la estructura esencial del proceso o violación de la cosa juzgada alegando la necesidad de la declaración de la cosa juzgada aquí analizada por parte de este alto Tribunal. Para ello, relata los hechos de la causa intentando acreditar (mediante los tres puntos que menciona a fs. 1295 vta. in fine y citados supra) la necesidad y conducencia de la declaración de cosa juzgada de la sentencia de fecha 27/10/86 en relación a los Sres. Tata y González. Agrega que por ello, no pueden regularse nuevamente honorarios respecto de los mismos como, dice, manda a hacer la sentencia de esta Corte de fecha 25/02/2003.

Ahora bien, esta Corte, en virtud del fallo de fecha 25/02/2003, ha receptado el agravio del recurrente referido a la inaplicación del art. 14 de la ley 5480 y a la violación de la cosa juzgada existente en la cuestión de la triple regulación de honorarios y corregido el error de la sentencia de Cámara -que veía procedente una única regulación- sobre la base de que la temática de la triple regulación había quedado firme y por ende el tribunal de alzada no podía expedirse sobre ello sin exceder su jurisdicción. Es decir que este alto Tribunal ha resuelto el agravio del recurso casatorio en el sentido indicado -el derecho del impugnante a regulaciones independiente- y, conforme a ello, manda "regular honorarios aplicando el art. 14 de la ley 5480" (fs. 1257); esto es: respetar la existencia de una triple regulación -desestimando una regulación única- y ordena "dictar nuevo pronunciamiento" conforme a ello (1257 vta.).

Como se advierte, esta Corte, ha resuelto la materia litigiosa sobre la que debía conocer y decidir; no se ha expedido sobre la existencia o inexistencia de la cosa juzgada de la sentencia del 27/10/86 en relación a Tata y González por las razones expuestas y, a la vez, ha ordenado respetar en autos la triple regulación que emana del art. 14 de la ley 5480 y no -como expresa el recurrente- "que se regulen nuevamente los honorarios ya regulados y firmes por las defensas de Tata y González" (fs. 1296).

Por todo lo expuesto, ni del contenido de las sentencias de fecha 25/02/2003 y 30/4/2003 emerge, ni por la expresión de agravios del presente recurso se logra acreditar, que este alto Tribunal pudo haber violado la cosa jugada o alterado la estructura esencial del procedimiento, o la seguridad jurídica o el orden público por lo que no se dan los supuestos que habiliten el recurso tentado.

A ello cabe agregar que el recurrente indica que la no declaración de cosa juzgada "mantiene sin solución este conflicto" (sic fs. 1296) lo que significa, según sus propios términos, que la cuestión no adquiriría ribetes de definitividad; que podría ser editada oportunamente (decimos "editada" y no "reeditada" pues no lo fue en oportunidad de interponer la casación o la apelación ante la Cámara) y por ende, tampoco desde esta perspectiva se advierte la grave injusticia que admitiría la vía impugnativa interpuesta.

En definitiva, pareciera que, de lo que aquí se trata, es simplemente de la discrepancia del recurrente respecto a las vías y la oportunidad de la declaración de cosa juzgada de una sentencia de autos en relación a algunos litisconsortes, advirtiendo esta cuestión el mismo recurrente recién en instancias procesales posteriores a la casación y agraviándose porque la Corte o Cámara "podría haber declarado la existencia de la cosa juzgada de la regulación de honorarios de fs. 400"(sic 1296 vta.). Ello, como prístinamente se advierte, en modo alguno puede brindar fundamentos serios para habilitar el recurso incoado.

En cuanto a las costas, se imponen al recurrente vencido (art. 106 procesal) haciendo notar que no se advierte que la doctrina de la divisibilidad de la sentencia arbitraria o la que hace a la apelación de los honorarios por altos -citadas por el recurrente para demostrar la "razón probable para litigar"- puedan incidir seriamente en la aplicación de las costas del presente recurso apartándose del principio general de la materia, toda vez que ninguna de ellas influye determinativamente ni guardan relación estrecha sobre los motivos sustentatorios de las soluciones propuestas en las sentencias citadas que se refieren a las vías y oportunidad del planteo y de la declaración de la cosa juzgada y no a la existencia de ésta como cuestión de fondo.

Por ello, y encontrándose recusado sin expresión de causa el doctor Antonio Gandur y excusado el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de reposición "in extremis" interpuesto por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, contra de la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 30/4/2003.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO RENE MARIO GOANE