marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fianza comercial, firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: N.C.R. ARGENTINA  S.A. c/ DATASUD  S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

No constituye fundamento válido para desestimar la fianza la falta de fecha en el documento en el cual se instrumentó la misma, pues ello no es un requisito esencial de los instrumentos privados.

Puede aparecer o no, de acuerdo a la voluntad de las partes, salvo en los casos en que obligatoriamente la ley así lo prescribe.

Resulta inatendible la cuestión relativa a la falta de firma de la actora en el ejemplar presentado por ella, toda vez que el Código Civil 1013 no exige que cada una de las copias tenga la firma de las partes otorgantes del instrumento, bastando con que cada parte posea una copia con la firma de la otra, pero no es necesario que su propia firma esté estampada pues a quien posee una copia del instrumento le interesará probar la voluntad de obligarse de la otra parte, pero no su propia voluntad manisfestada con la sola exhibición del documento.
Hipoteca, principio de especialidad (civil), cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: NICOLINI, IRIS c/ BLANCO, ANGEL AGUSTIN s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

El Código Civil no brinda ninguna pauta de la cual pueda inferir que la determinación del techo hipotecario en una suma de dinero apunte exclusivamente a una cantidad en moneda nacional. La orientación que descarta que el crédito puede ser expresado en moneda que no sea de curso legal, es extraña a la normativa del código, que trata como deudas dinerarias también a las contraídas en aquella moneda (art. 617).

La doctrina ha entendido que en el sistema del Código, es irreprochable que la determinación del monto de la garantía se exprese en moneda extranjera, aún en los casos en que no se consigne su equivalente en la nacional, y que pueda estipularse de igual modo que el pago del crédito hipotecario, lo sea en moneda que no sea de curso legal en el país. En virtud de lo que se extrae de la ley 21 309, no existe impedimento para que entre los diversos módulos estabilizadores posibles, se opte por alguna moneda extranjera, amplia posibilidad electiva que también se presenta en el art. 15 de la ley de Prehorizontabilidad 19.724, en cuanto a las cláusulas de reajuste de precio de la compraventa.
Destrucción de estupefacientes, secuestro de estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galian, Matías Marcelo y otros c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-05-26

Corresponde destruir la sustancia estupefaciente secuestrada, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 23737
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Von Wernich, Roberto Federico c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-05

No se vulnera el principio que tiende a mantener la equivalencia las prestaciones aún cuando, como sucede en el caso, por un período el actor percibió la prestación conforme determinado régimen que luego fue derogado. Ello no lo autoriza a pretender que, establecido el nuevo régimen, se adecue su haber de pasividad conforme las bonificaciones que se hallaban previstas en el derogado.
Empleo público, facultades de la administración, reescalafonamiento, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Becher, Armando M. c/ E.N. -Mº de Relaciones Ext. Com.Int. y Culto s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-19

Si bien, la jurisprudencia del Alto Tribunal reconoce la revisión judicial de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional sobre ubicación escalafonaria del personal cuando medien supuestos de retrogradación, merma de salarios y, más genéricamente, ilegitimidad o arbitrariedad (Fallos: 290:138; 292:351; 295:634, 807) con el fin de evitar que el agente encuentre frustrados sus derechos (Fallos: 306:371); cierto es que ha de reconocerse a la autoridad competente una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos elementos calificativos de sus agentes.
Restitución internacional de menores, celeridad procesal, principio de inmediación, cuestiones de competencia, interés del menor, acceso a la justicia
Materia: CIVIL-PROCESAL-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: B.C.,J.G. c/ R.P.,C.J. s/ Restitución internacional de niños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-29

Corresponde que a los fines de dirimir un conflicto de competencia originado en un proceso de restitución internacional de menores, considerar que las características que rodean la cuestión imponen como prioridad el resguardo del principio de inmediatez en procura de una eficaz tutela de los derechos fundamentales del menor de edad, enfoque que deviene coherente con la directiva del artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación que, entre los principios generales que deben gobernar los procesos de familia, consagra expresamente el respeto por el mejor interés del niño, la tutela judicial efectiva y la inmediación. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Representación de la sociedad, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Estancia de Fierro S.A. s/ Sumario por Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-16

El tema ha sido resuelto correctamente por la Cámara, desde que nos encontramos ante una representación voluntaria y como tal regulada por las disposiciones del contrato de mandato -artículo 1869 y concordantes del Código Civil- aplicables también a las representaciones necesarias y procuraciones judiciales, en tanto no se opongan a las leyes especiales y procesales (artículo 1870 incisos 1 y 6 del Código Civil). En nuestra provincia, cuando el derecho de postulación procesal se pretende ejercer en nombre de un tercero y no por derecho propio, está expresamente limitado a los abogados y procuradores inscriptos en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación obligatoria impuesta por la ley (artículo 125 Ley 7046, 2 de la Ley 5079 y 6 del Decreto Ley 4109 /56), por ello pueden actuar directamente, pero con patrocinio letado, las sociedaes civiles y comerciales y las asociaciones con personería jurídica, por intermedio de sus socios administadores o representantes legales.
Caducidad de instancia, actos interruptivos, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CREDIBONO CIA. FINANCIERA c/ MARUSSO, STELLA s/ PERENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-02

El Cpr: 495 en su 2do. párr., establece que no existiendo prueba pendiente, el juez declarará clausurado el período correspondiente.

Impone, en consecuencia, la realización de una actividad al tribunal cuando toda la prueba se hallase producida, o restase únicamente la informativa; ello en virtud de la posibilidad de prescindir de la misma, contemplada en el primer párrafo del mismo art.

Síguese de ello que, en el caso, debió haber mediado la declaración prevista en el primer párrafo del cpr: 495, a los efectos previstos en el 2do. párr. de esa norma, con lo cual se produjo en autos el supuesto obstativo al curso de la caducidad de la instancia, regulado en el Cpr: 313-3.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, escrito deficiente, sentencia, fundamentación de sentencias, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LUINI, NORBERTO JORGE c/ PETRICH, ANDRES Y-U OTROS s/ COBRO DE PESOS LEY 7945.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 53-86 SAN CRISTOBAL SASG c/ OSELLA DE VARVELLO, NORMA ESTELLA s/ CONSIGNACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 445-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-11|1989-02-08

No obstante que el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad adolezca de deficiencias al no dar entera satisfacción a las exigencia del artículo 3 de la ley 7055, si tales falencias no impiden al Cuerpo entender el agravio del quejoso condena desmesurada sin suficiente motivación y autocontradicción-, y desde una apreciación mínima y provisional propia del plano de la admisibilidad, constituyen una cuestión constitucional con suficiente sustento en las constancias de la causa, resulta idónea para operar la apertura de la instancia de excepción, en cuanto se hallen satisfechos los restantes recaudos de admisión.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, abogados, honorarios del abogado, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Haydee c/ G C B A s/ Repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

El artículo 8 de la Ley Nro. 21.839, modificado por el artículo 12 de la Ley Nro. 24.432 establece que "...los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a quinientos pesos ($500)", de lo que se deduce que la finalidad del legislador fue establecer una excepción al principio general sobre responsabilidad en materia de costas contemplado en el artículo 1 de ésta última ley.

Por otra parte, si se repara en el hecho que ese precepto se explica en la necesidad de resguardar la dignidad en el ejercicio de su profesión y que su finalidad excede el mero interés de los abogados, pues también tiende a evitar que, ante la insignificancia de la retribución, los ciudadanos no encuentren quien los asista profesionalmente para la defensa de sus derechos, se robustece la conclusión a la que se arribara precedentemente.
Participación criminal, concurso de delitos militares, Fuerzas Armadas, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Si bien los hechos que constituyeron materia de acusación configurarían, además de la autoría mediata establecida, una recíproca participación de cada uno de los integrantes de las ex Juntas Militares en los delitos cometidos durante el período en que compartieron la comandancia de sus respectivas fuerzas, no resulta acertado sostener que la subsunción de tal complicidad en la autoría mediata, opere sólo respecto del procesado a quien se le atribuye el hecho, a título de autor. Tampoco lo es, por lo tanto, que, descartada la autoría de los otros dos integrantes de la ex Junta de que se trate, recobre vigencia aquella supuesta responsabilidad como cómplices. Ello es así pues las contribuciones, especialmente la llamada garantía de impunidad que se procuran recíprocamente los integrantes de cada ex Junta Militar, si bien configuran actos de complicidad, no modifican la autoría mediata, ya que media entre ambas formas de intervención en el delito de una relación concursal sólo aparente, que se resuelve en favor de la forma más grave. En efecto, los actos de complicidad con los propios subordinados trajeron aparejada, además, la contribución en los hechos ilícitos cometidos por los subalternos de sus pares en cada período, empero no acreditados los extremos de la autoría, la ilicitud de tales actos de participación se encuentra ínsita en la ilicitud de la autoría mediata de los hechos atribuidos a cada encausado.
Acreedores del concurso, fuero de atracción, crédito laboral, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Mongolini, Hernán July y Otros c/ Banco Patagónico S.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-07-04

"La circunstancia de que los empleados reclamaran sus créditos ante el Juez del Concurso, no puede interpretarse como una renuncia al resto de la indemnización que eventualmente pudiera corresponderles conforme la disposiciones laborales, toda vez que no se trata de una atomización de hecho de un solo crédito, sino que es una fragmentación única de índole jurídica, fundada en un solo criterio impuesto por la ley: la mitad o el todo, según haya o no culpabilidad de la patronal en su quiebra".
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zea, Alejandro c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

El reingreso de un agente en calidad de temporario no implica reposición en el cargo ni resulta un argumento idóneo para afirmar que se desempeñó por un prolongado lapso en el cargo, situación que haría posible analizar si la administración incumplió lo dispuesto por el art. 5 de la ordenanza municipal 1658/86, es decir la incorporación al plantel permanente.
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, prueba, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: IMPERIALE DE IMPERIALE, ERMELINDA ROSA c/ INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Resulta evidente que a la actora no se le presto la atención médica adecuada, de tal modo que el Hospital solo pudo eximirse de responsabilidad acreditando que en al caso concreto la hemorragia expulsiva que determino la atrofia del ojo derecho de la actora hubiera sucedido de cualquier modo, aun adoptando las precauciones preoperatorias vinculadas con la tensión ocular y habiendo agotado los estudios encaminados a la etiología de la presión arterial que los médicos omitieron. Pero como nada se ha probado en tal sentido, y ni siquiera se han formulado conjeturas sobre la posible concurrencia de otras causas, el mismo cirujano reconoció en sede administrativa que la hemorragia se produjo por un aumento de la presión ocular, cabe aceptar en este caso la responsabilidad del Hospital demandado.
Régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores autónomos, movilidad del haber jubilatorio, ley derogada, convertibilidad, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aguiar López, Eduardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La vigencia del régimen de movilidad dispuesto por el art. 38 de la ley 18.038 - según las variaciones del nivel general de las remuneraciones - no ha quedado derogada por la ley 23.928, ni por el art. 7, inc. 1, ap. b), de la ley 24.463 (Disidencia de los Dres.

Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Entes reguladores provinciales de servicios públicos, facultades de control
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ente Provincial Del Agua y Del Saneamiento (E.P.A.S.) c/ Municipalidad de Las Heras s/ Conflicto
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-09-06

Los entes reguladores que controlan los servicios públicos privatizados tienen en el sistema jurídico argentino un fuerte apoyo constitucional, al intérprete no le está permitido desplazar a otro poder del Estado las facultades de control sobre esos servicios que la ley reglamentaria les otorga, si no encuentra en los textos constitucionales normas claras o principios generales indubitados que así lo autoricen (Voto ampliatorio Dra. Kemelmajer de Carlucci).
Recurso extraordinario, fundamentos insuficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LENO, GERARDO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 545-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-14

La fundamentación autónoma del memorial del recurso extraordinario requiere, entre otros componentes, la crítica correcta, circunstancia, y prolija de todos y cada uno de los fundamentos esenciales del fallo apelado, ya que deben rebatirse todos los argumentos en que se funda el a-quo para llegar a las conclusiones que motivan los agravios. De lo contrario, el recurso extraordinario resulta improcedente. En consecuencia, si el impugnante cuestiona un argumento de la sentencia pero omite formular reparos de orden constitucional en relación a otros fundamentos del fallo que le brindan sustento suficiente, la decisión del caso puede basarse en el aspecto no criticado, que al quedar incólume, determina que aquel pronunciamiento permanezca firme.
Concursos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CURIA JUAN J., CURIA NORA C. Y OTROS s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Si bien es inaplicable al caso el art. 24 del Reglamento para las Receptorías de Expedientes, que dispone la radicación en una misma secretaría de todos los pedidos de quiebra, convocatoria de acreedores o concurso civil de un mismo concursado, dada la diversidad de sujetos involucrados a partir de su responsabilidad individual y participación societaria, tal norma reglamentaria confirma el principio al cual el tribunal adhiere en orden a la conexidad jurídica dimana del art. 6to. del CPC. Esto es, la posibilidad de llevar a conocimiento de un mismo juez cuestiones que si bien, en atención a su naturaleza, pudieran ser de competencia de otros, presentan suficientes elementos comunes como para mantenerlas vinculadas, efectivizándose el principio de la "perpetuatio jurisdictionis". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AYUCH, DANIEL c/ RUBEN NASSIF s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-20

En el caso de decretos que toleran una apelación directa (apelables directamente), la competencia del Tribunal de Alzada queda fijada por la fecha del decreto que se apela, puesto que el juez que la ha dictado no puede resolver sobre él y solo corresponde que se expida sobre su admisión o rechazo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, Derecho laboral, extinción del contrato de trabajo, jubilaciones, interpelación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COLMAN, ISABEL IRENE c/ INSTITUTO DEL NIÑO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-12-07

Es inadmisible la queja cuando la recurrente no logra convencer a este Cuerpo acerca de que la Sala hubiese propiciado una hermenéutica de la normativa aplicable que resulte, en las circunstancias del caso, irrazonable o ilógica, con la consecuente conculcación de los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental. En el caso, el voto mayoritario destacó que el legislador estableció dos requisitos indispensables para que el empleador proceda a cursar el llamado "preaviso de jubilación" previo a la extinción del contrato de trabajo, cuales son: estar en condiciones de obtener una de las prestaciones de la ley 24241 e intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndose los certificados de servicios y demás documentación necesaria, destacando que en autos había quedado probado el primer requisito y , respecto al segundo, la demandada había enviado el telegrama pertinente, habiendo la actora guardado silencio, lo que hacía pensar que había consentido dicha notificación. Sentado ello, añadió que si bien es cierto que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria coincide en que el plazo comienza a correr desde la efectiva entrega al trabajador de la documentación necesaria para los trámites jubilatorios, no lo es menos que dicha interpretación debe concretarse cuando existe reticencia expresa de parte del empleador a la entrega de la documentación, lo que no ocurría en autos, destacando como reveladora la existencia de un vínculo de treinta y cuatro años de ejemplar cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo por parte de la empleadora.
Propiedad intelectual, derechos de autor, pago, plazo legal, cómputo de intereses, mora, cumplimiento de la obligación, cuestión de derecho público local, vacío legal, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ARGENTORES c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

En el caso, ni las facturas emitidas ni la específica normativa que rige la relación entre las partes respecto al pago de facturas originadas en los derechos económicos de autor (Leyes Nro. 11.723 y 20.115, decreto Nro. 461/73 y concordantes) establecen plazo de pago alguno. En este contexto, resulta aplicable el artículo 12 de la Ley 11.723 que señala que "la propiedad intelectual se regirá por las disposiciones del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente ley".

A efectos de establecer el momento a partir del cual deberán comenzar a computarse los intereses, más que el plazo de pago de las facturas presentadas, corresponde dilucidar la naturaleza de la obligación que funda el reclamo de la demandante.

La falta de plazo alguno estipulado para el reclamo de este tipo de crédito (el derivado de la Ley de Propiedad Intelectual) no importa más que consagrar una obligación pura y simple, esto es, de exigibilidad inmediata.

Ahora bien, se presenta la dificultad de saber si el deudor queda constituido en mora desde el instante en que la obligación se constituye o si debe ser intimado, previamente, en caso de que no cumpliera la obligación.

Es que, respecto de estos supuestos, el artículo 509 del Código Civil no fija un principio -postura que ha sido duramente criticada (ver, por ejemplo, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, 5ª ed., § 103 bis, p. 125 y ss.)- que establezca la necesidad del requerimiento por escrito al deudor y luego las excepciones. Frente a ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia han esbozado diversas posturas.

Las particularidades del régimen de protección a la propiedad intelectual han generado una línea jurisprudencial que, señala que la mora coincide con la exigibilidad de la obligación; en otras palabras, que los intereses comienzan a devengarse desde el momento en que se reproduce la obra. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Accidente de tránsito, hurto de uso, hurto simple
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 295/2021 (Cámara de Casación Penal - Vocalía 1) caratulado: M., G. A. - Hurto Simple seguido de Homicidio Simple, Lesiones Graves (dos hechos) y Lesiones Leves (tres hechos) en Concurso Real e Ideal. El Carmen c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2022-12-29

En relación al delito de Hurto de Uso atribuido al imputado, si bien no escapa a la suscripta que el automóvil que protagonizara el injusto había sido entregado al inculpado por los dueños del mismo, no lo es menos que lo fue a los fines de efectuarle reparaciones, más no para realizar actos de disposición sobre el mismo, actividad a partir de la cual es justo predicar que el inculpado sustrajo el objeto de la custodia y plena disposición de sus dueños, apropiándose ilegítimamente del mismo en los términos exigidos por el Art. 162 del C.Penal