Tribunal: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-26


1º Instancia. -- Mar del Plata, marzo 15 de 1999.

Considerando: 1. La querellante relata que la acción promovida tiene su antecedente en el marco de una diligencia extrajudicial realizada en su carácter de abogada y dirigida al cobro de un deuda dineraria registrada, según sus dichos, por un cliente del querellado con sus mandantes Eduardo A. Iampietro, Antonio Iampietro y Mario A. Iriarte.

Que luego de haber mantenido una entrevista en su estudio particular con el supuesto deudor --quien fuer citado mediante una misiva-- y en la que habrían llegado a un principio de acuerdo, recibió un llamado telefónico del doctor R. quien le habría hablado en un "tono por demás impertinente y amenazador con la finalidad de que cese en la intimación a su cliente". Que a posteriori, el día 16 de abril de 1998, recibió una carta documento en la que se le endilga "'falsa y maliciosamente' el despliegue de una conducta criminal con la finalidad de obtener el pago de la deuda de marras".

De dicha documental la querellante transcribe la parte pertinente de la que, a su criterio emerge la materialidad del delito de acción privada. Respetándose los términos resaltados se lee "...su impertinencia e improcedencia interpretativa se tiñe de malicia y temeridad al reclamar en el evento y 'como último aviso' la suma de $ 1.130... que coactivamente intima se le abone al estudio jurídico que integra... no me queda otro camino que responsabilizarla a Ud. a título personal y profesional por toda consecuencia, advirtiéndole que si en el plazo de 24 horas no revisa su actitud expresa, procederé sin más a interponer respectivas denuncias por ante el Colegio de Abogados y la Justicia criminal en turno dándole a continuación los fundamentos que motivan dicha contingencia. En primer lugar y más allá de negar personería, legitimación para actuar, y la deuda propiamente dicha, el tono o el sentido expreso de su misiva, como el reclamo, vulnera largamente la ley de ética al establecer el art. 24 que la función del abogado debe estar impregnada de decoro profesional que deberá ejercitarlo con la amplitud del caso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que a derecho correspondan, trayendo a colación lo normado en el art. 59 de la ley 5177 en cuanto a que el abogado es un servidor de la justicia. Su reclamo raya con el absurdo habida cuenta que como profesional del derecho debe saber o conocer que su reclamo, de ser cierto se encuentra sobradamente prescripto y sus montos, plazos, su intimación y su apercibimiento implica un atentado hacia el derecho de propiedad (art. 17, Constitucional Nacional), pretendiendo infundir un temor absurdo que alteró la salud de mi cliente y su familia, más allá de su alarma disparada bajo su exclusiva y excluyente responsabilidad no significa otra cosa que amedrentar en los términos del art. 149 bis del Cód. Penal, delito que se propondrá su investigación conjuntamente con el art. 173 inc. 2º del mismo texto sustantivo y en concurso real (art. 55, Cód. Penal) en el extremo de que no restituye a su debido tiempo todas y cada una de las instrumentales que Ud. pretende hacer valer, refiriéndome concretamente a la devolución de los títulos ejecutivos, escritura de la propiedad de mi cliente en copia, etc. que como reza la norma citada tiene obligación de devolver y/o entregar...".

La doctora M. A. C. en los aparts. IV y V de su presentación, pasa a exponer de manera extensa y pormenorizada los hechos vinculados al reclamo de sus clientes y a su actuación profesional, ventilando circunstancias propias de una contestación de demanda civil.

2. Es reconocido en doctrina que una de las singularidades de este juicio por delitos de acción privada es que el ámbito de la decisión jurisdiccional no sólo debe ceñirse a los hechos afirmados por el acusador sino también a la calificación asignada y que la causa se inicia directamente en el juicio. Asimismo que el juez debe decidir si la querella tiene mérito para disponer su avocamiento si los hechos descriptos encuadran en alguna de las figuras que describen a los delitos de acción privada ateniéndose al relato formulado (v. D'Albora Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación comentado", ps. 604/622).

En el delito de calumnias el bien jurídico penalmente tutelado es el honor, concepción normativo-fáctiva que no se puede hacer depender de la propia estima del sujeto que puede ser infundadamente mucha o poca; el tipo objetivo consiste en imputar falsamente un delito perseguible de oficio, requiriendo por su parte el tipo subjetivo el dolo y además un elemento subjetivo de intención, el "fin de dañar" del que hablara Carrara (Bustos Ramírez J. "Manual de Derecho Penal, Parte Especial", ps. 142/4; Ed. Ariel; Soler S. "Derecho Penal Argentino", t. V, p. 245 cita 27, Ed. Tea.

3. Sentado lo anterior, de los elementos aportados en el escrito de fs. 4/14 y del contenido de la carta documento dirigida con exclusividad a la profesional que se siente agraviada en su honor resulta que las expresiones vertidas por el doctor D. R. en el carácter invocado de abogado apoderado de Ramón Orbaiceta en el contexto de un litigio privado no reviste entidad típica, más allá de las consecuencias que puedan o no acarrear en un juicio ventilado ante un Tribunal de Etica.

Por todo lo expuesto, no teniendo la querella promovida por la doctora M. A. C. contra el doctor D. R. mérito para disponer su avocamiento, desestímasela, con costas (arts. 381, 383, 530, 531 y concs., Cód. Procesal Penal y su doctrina; art. 109, Cód. Penal). -- Jorgelina Camadro.

2º Instancia. -- Mar del Plata, abril 26 de 1999.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Acotado por el deber de evitar ulteriores desvinculaciones de este proceso, eventualmente impuestas por el Cód. Procesal Penal, art. 47, inc. 1º, entiendo que la acusación particular en que consiste toda querella implica una demanda al sistema jurisdiccional para que, aprobado el examen de admisibilidad formal y comprobado prima facie el objeto (delito de acción de ejercicio privado) sobre el cual apunta (art. 109, Cód. Penal), el órgano competente convoque y confiera traslado a la accionada en el modo previsto por los arts. 388 y 391, cualquiera que fuere la opinión del primer juzgador acerca del probable destino de aquélla. No hacerlo así implicaría no sólo privar del derecho de jurisdicción al querellante, sino desnaturalizar una lid que tiene sus propios modos de tramitación, composición y finalización (arg. arts. 116 y 117, Cód. Penal; arts. 381 y 394, Cód. Procesal Penal). Este abanico de posibilidades procedimentales obtuvo amplios desarrollos doctrinarios favorables a su "marcado carácter dispositivo" y otros rasgos definitorios de su peculiar índole, entre otros en Clariá Olmedo, "Tratado..." t. VI, p. 438, ed. 1967; Juan P. Ramos, "Los delitos contra el honor", ps. 178-9, 185, 265, 275, 281-2 y otras; Ernesto V. Ghione, "Constituye calumnia...", LA LEY, 108-1000-1018.

En el caso bajo examen, la a quo decidió liquidar con propias ciencias y decisión las expectativas procesales de la querellante, obturando así el andamiento de una litis cuya admisibilidad formal acepta implícitamente en el proveído de fs. 25/6 vta.; logra con ello la economía de expedientes y trámites en su juzgado, aun si ahora quedara expedita la vía para la traba del pleito como corresponde, y al precio de cercenar los derechos de las partes reconocidos en el Cód. Procesal Penal, arts. 381, 389, 391, 393 y 394 y en la legislación de fondo (arts. 15 y 170, Constitución bonaerense). Por los fundamentos del primer párrafo de este voto, propongo se revoque la sentencia apelada y se remita la causa al juez hábil que siga en orden de turno, a fin de que se imprima a la acción el curso que corresponde por ley. Así lo voto.

El doctor Laborde, votó en igual sentido por aducir los mismos fundamentos.

Con lo que finalizó el acuerdo, en mérito de cuyos argumentos, el tribunal resuelve: revócase la sentencia de fs. 25/6 vta., que desestima la querella promovida por la doctora M. A. C. contra el doctor D. R., remítase la presente causa al juez hábil que siga en orden de turno, a fin de que se imprima a la acción el curso que corresponde por ley (arg. art. 109, Cód. Penal); arts. 381 a 394, Cód. Procesal Penal; 15 y 170, Constitución bonaerense). -- Carlos E. Haller. -- Daniel M. Laborde.