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Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Fica, Roberto Alejandro c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.  s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

El actor quien laboraba en calidad de conductor de transporte urbano de pasajeros, inicia acción con fundamento en el art. 1113 del Cód. Civil contra la ART, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido al ser agredido con intenciones de robo, sufriendo lesiones producidas por un arma blanca y por golpes de puño. La aseguradora no puede ser responsabilizada con fundamento en el art. 1113 Cód. Civil -norma aún vigente a la fecha del infortunio- por no ser ella ni la dueña ni la guardiana de las cosas -en el sentido de aprovechamiento económico- que habrían provocado el daño padecido y acreditado. La ley 24.557 ha puesto en cabeza de las ART una obligación cuasi-estatal, como lo es la seguridad y vigilancia en los lugares de trabajo, estableciendo precisos deberes cuyo incumplimiento puede generar la responsabilidad de aquéllas frente a la persona trabajadora en caso de que esta sufra un daño laboral. A fin de que pueda admitirse la responsabilidad de las aseguradoras con fundamento en el art. 1113 Cód. Civil, debe acreditarse que la ART dejó de observar los deberes que la legislación vigente pone a su cargo y, asimismo, que tal inobservancia guarda un nexo adecuado de causalidad con el evento dañoso. Así, no se aportaron elementos de juicio que permitan concluir que las secuelas que presenta el accionante y derivadas del infortunio guarden nexo de causalidad adecuado con alguna omisión o incumplimiento de la aseguradora respecto de los deberes a su cargo ni, por consiguiente, resulta posible subsumir los hechos en el supuesto que contempla el art. 1074 del Cód. Civil -vigente también a la época del infortunio- pues en el caso no resulta posible establecer una relación causal entre los eventuales incumplimientos de la ART (el actor alega omisión de la aseguradora de realizar visitas de control de las condiciones de trabajo, exámenes periódicos de las unidades y del recorrido, condiciones de seguridad e higiene) y la producción del evento dañoso, pues no se advierte qué controles o recomendaciones hubiesen podido conjurar la producción del hecho delictivo y por consiguiente, evitar el daño ocasionado.
Decomiso, fraude a la Administración Pública, corrupción, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Nacional de Vialidad y otros c/ Collareda, Mauricio y otros s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-11-18

El decomiso cumple una función de neutralización del beneficio ilícito, reparación del daño social causado por la corrupción y cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino (Convención ONU y OEA contra la Corrupción).
Medicina prepaga, beneficios sociales, asignaciones no remunerativas
Materia: LABORAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Pérez Rodríguez, Ignacio c/ Granar S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-24

El concepto medicina prepaga se asimila a los "gastos médicos" que se caracterizan en el art. 103 bis LCT y si bien es otorgado en el marco de un contrato de trabajo, no retribuye la puesta a disposición del trabajador (art. 103 LCT) sino que constituye un beneficio social otorgado con el objeto de mejorar la calidad de vida del dependiente y su familia frente al acaecimiento de determinada contingencia. No procede otorgar a dicho rubro carácter remuneratorio (Del voto del Dr. Ambessi, en mayoría).
Cuenta corriente bancaria, extinción del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Caros Divisores SRL c/ Metales del Talar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Uno de los típicos caracteres funcionales de la cuenta corriente regulada por el CCCN 1430 a 1441 es, ciertamente, la "inexigibilidad" de los créditos resultantes de las remesas incorporadas a ella. De acuerdo a tal característica funcional, el efecto de cada remesa singular consiste en que el cuentacorrentista, al ejecutarla, pierde el derecho de exigir su valor mientras la cuenta esté vigente, y tampoco puede extraer una partida y pedir su reembolso. Así, hasta que no llegue la fecha del cierre, no se puede pretender que el valor de aquélla sea acreditado a su favor en la cuenta correspondiente.

Por lo demás, desde el punto de vista jurídico, las remesas no son pagos (ni tampoco daciones en pago) y, por ello, queda erradicada la posibilidad de una imputación en los términos del CCCN 900, de manera que no extinguen obligaciones por cumplimiento. En otras palabras, las remesas son generadoras de créditos contra la parte que las recibe, para ser extinguidos al cierre de la cuenta. De tal suerte, el cuentacorrentista se hace credendi (no solvendi) causa, siendo ésta última el mismo contrato de cuenta corriente, cabiendo distinguir, en tal sentido, entre la causa del contrato de cuenta corriente y la causa de cada particular remesa. En suma: los créditos, conforme van naciendo, son objeto de aplazamiento hasta la fijación del saldo. Y aunque pudieran considerarse créditos vencidos, no son exigibles: pactum de non petendo; y pasan a espera de ser compensados al extinguirse el contrato, o en el momento fijado por las partes (véase estudio "La cuenta corriente mercantil y las cuentas simples o de gestión, a propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a la luz del régimen anterior y posterior a la unificación de la legislación civil y comercial", en la obra "Corte Suprema de Justicia de la Nación - Máximos Precedentes - Derecho Comercial", Buenos Aires, 2015, t. I, p. 533, espec. ps. 544/545, y sus múltiples citas).
Confirmación de sentencia, responsabilidad solidaria, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alcantara, Silvia Giselle y otro c/ Renault Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Cabe confirmar la resolución que condenó a las demandadas solidariamente, en los términos de la LDC 17-c), por las reparaciones defectuosas en el automóvil adquirido por el actor, defectos que aún persisten, a entregar a los actores, el 30% del valor actualizado de un rodado de idénticas características, modelo y año de fabricación del adquirido. Ello por cuanto, las anomalías presentadas por el vehículo carecen de entidad suficiente para justificar la reposición del vehículo o la indemnización del 100% de su valor, máxime cuando no se ofreció la devolución del rodado ni se impidió su uso, a tenor de los kilómetros que poseía al momento de la segunda inspección del perito. Tratándose de una deuda de valor la indemnización en cuestión sólo generará intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días en caso de injustificada demora por parte de la demandada en el cumplimiento de este pronunciamiento. La condena a entregar a la actora el 30% de un valor actualizado del que corresponde al vehículo no exonera a las accionadas de pagar aquellos intereses a consecuencia del retardo en el que incurrieron en ocasión de su estado de mora en el cumplimiento de su obligación. Disidencia parcial de la Dra. Tevez
Responsabilidad solidaria, defectos de fabricación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rivara, Pablo Joel  c/ Sidway SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

Corresponde condenar a la concesionaria y a la automotriz de forma solidaria a indemnizar al adquiriente de una camioneta 0 km en tanto poseía una serie de desperfectos que no fueron solucionados. Ello por cuanto si bien es cierto que los mencionados desperfectos no afectan el normal funcionamiento del vehículo, no lo es menos que el accionante adquirió un vehículo 0 km, lo que implica que el mismo debe ser entregado sin defectos ni desperfectos, los que no tienen que ser tolerados por quien abonó un vehículo a su valor completo. En este contexto es que cabe otorgar al accionante una quita proporcional del precio pagado por la desvalorización derivada de los mencionados desperfectos respecto de una unidad cero kilómetro (0 km) similar, pero en perfecto estado (LDC 17-c).
Corretaje inmobiliario, restitución de sumas de dinero, reserva de compra
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Tabak, Carolina Laura  c/ Remadex SA  s/ ordinario - remadex sa c/ Tabak, Carolina Laura s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Corresponde confirmar la sentencia de grado que condenó a una sociedad dedicada al corretaje inmobiliario a devolver la suma depositada por la actora en concepto de reserva para la compra de un inmueble, toda vez que la demandada omitió comunicar a la compradora que la definitiva aceptación de la vendedora estaba condicionada -bajo apercibimiento de quedar sin efecto la compraventa inmobiliaria- a que ésta última consiguiera para sí otra vivienda dentro del plazo de 60 días, extremo que representó un incumplimiento a lo previsto por el CCCN 1347, como igualmente a lo establecido por la ley CABA 2340: 10 y, más ampliamente, a la obligación de información impuesta a los proveedores por la LDC 4. Sin embargo, corresponde rechazar la pretensión de la devolución doblada de las sumas entregadas, ya que al contrario de lo manifestado por la accionante, no se trató de una seña en los términos del CCCN 1509. Surge del mismo título del instrumento que documentó la recepción del dinero que se trató de una reserva y luego un refuerzo. Y desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, nunca pueden las reservas ser consideradas como una seña que integra un contrato definitivo ya concertado, al menos que de las circunstancias del caso pueda inferirse lo contrario. Desde el plano subjetivo, la pretensión es igualmente improcedente porque: a) lo previsto por el CCCN 1059, solamente podría aprehender a las "partes" del negocio mediado, pero no al corredor intermediario habida cuenta de su ajenidad; b) del documento de reserva no surge ninguna previsión acerca de que la corredora inmobiliaria demandada se obligaba personalmente a devolver dobladas las sumas entregadas por la oferente; y c) en la especie ni siquiera se configuró la hipótesis de arrepentimiento de la vendedora prevista en las cláusulas, sino que lo ocurrido fue el cumplimiento de la condición (resolutoria) a la cual ella había ligado la aceptación de aquélla.
Comisiones médicas, enfermedades inculpables, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Coronel, Johana Araceli  c/ Swiss Medical ART. S.A.U. s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-08

Se inició el trámite administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional por "Rechazo por enfermedad no listada". Se determinó el carácter inculpable de las afecciones denunciadas el 25/10/2024. Tal decisión es cuestionada por la parte actora directamente ante este ámbito jurisdiccional el 15/11/2024. "...esta Alzada, con sustento en el art. 23 in fine de la ley 18.345, reglamentó el procedimiento concerniente a las causas derivadas de los recursos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 27.348 (conf. Acta n° 2669/2018). En dicha ocasión, en lo que al caso importa, quedó establecido que "los recursos deberán presentarse en la comisión médica que corresponda y ser sustanciadas en dicha sede administrativa con el agregado de las constancias de las notificaciones cursadas a las partes" (conf. parte resolutiva 1° apartado b) y 2°)". ".de conformidad con lo normado por el artículo 2° último párrafo de la resolución SRT 298/17, en los trámites por rechazo de la denuncia de enfermedad profesional no listada, no está prevista la intervención del Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y se canalizan por el inc. b) del apartado 2 del art. 6° de la ley 24.557, siendo el dictamen de la Comisión médica la decisión apelable en los términos del art. 46 Ley de Riesgos del Trabajo. Si bien es cierto que de estar a lo normado en la previsión reglamentaria y señalada precedentemente, la presentación que nos reúne debió ser deducida y fundada ante la autoridad de aplicación en el plazo especialmente estatuido; no es menos verdad que la jurisprudencia ha admitido, en aras de privilegiar el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva, la dispensa de tal requisito cuando la interposición se lleva a cabo, en tiempo y forma, ante la Secretaría General de esta Excma. Cámara. Finalmente y, en resguardo del derecho de defensa en juicio de la demandante, nótese que el primer párrafo del art. 25 bis de la ley 19.549 (redacción conforme art. 44 de la ley 27742; BO 08/07/2024) dispone -por un lado- que cuando en virtud de una norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa y -por otro lado- deroga todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores.
Despido, costas en el orden causado
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: González, Walter Hugo c/ Miro, Oscar Horacio s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-27

Si bien el principio general en materia de costas, impone que estas sean impuestas a la parte vencida, quien debe afrontar todos los gastos efectuados por su contraria en el juicio conforme al principio del vencimiento objetivo o principio objetivo de la derrota, que requiere que en el litigio haya un "vencedor" y, por ende, un "vencido" y desecha la injerencia de factores subjetivos, lo cierto es que el referido principio admite excepciones, como las que se verifican cuando median determinadas circunstancias que permiten inferir la existencia de una razón fundada para litigar, de suficiente elasticidad para resultar aplicable cuando por las particularidades del caso quepa considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una razonable convicción acerca del derecho pretendido en el pleito. Y en tanto en el litigio obran evidencias que permiten concluir que el accionante pudo considerarse objetivamente asistido de mejor derecho a formular su reclamo del modo en que lo hizo, en virtud de las razones que expuso en el inicio como fundamento de las pretensiones articuladas, que denotan elementos atípicos y opinables en el caso (cfr. art. 68 2° párr. CPCCN), cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto impuso las costas en el orden causado.
Abuso sexual, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

Si bien el art. 119 del Código Penal se encuentra estructurado como una figura delictiva que va de menor a mayor en cuanto a su intensidad criminal y a la gravedad de la ofensa al bien jurídicamente tutelado, contiene tipos perfectamente determinados y especiales en cada uno de sus tres primeros párrafos, los cuales exigen diversas resoluciones criminales, diversos grados de vulneración al bien protegido y diversos medios comisivos. (Del voto en disidencia de los Dres. Guillermo Alberto Catalano y Sergio Fabián Vittar)
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, despido indirecto, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nápoli, Mariano Gabriel c/ FADECINT SAIyC y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-16

La parte actora cuestiona que la Sra. Juez de grado no tuvo por acreditadas las situaciones de despido indirecto en que se colocaron los trabajadores, en virtud de que los pertinentes telegramas no fueron remitidos al domicilio legal de la empresa, disponiendo que las relaciones laborales que unieron a las partes se extinguieran en los términos del art. 251 de la LCT. A fin de resolver la contienda resulta determinante que en las actuaciones no obra prueba idónea alguna que acredite la autenticidad del intercambio telegráfico denunciado en el inicio, y menos aún que la decisión rupturista adoptada por los trabajadores haya llegado a la esfera de conocimiento de la empleadora. Los demandantes sólo instaron la prueba informativa al Correo Argentino de la que se desprende que, excepto dos intimaciones previas cursadas por uno de los coactores, no pudo constatarse la verosimilitud del resto del intercambio habido -incluyendo el supuesto telegrama donde el aludido coactor se consideró despedido- a causa de su destrucción por el vencimiento del plazo reglamentario de guarda. El carácter de instrumento público que revisten las comunicaciones postales y sus consecuencias, no priva de entidad a la teoría recepticia que rige este tipo de controversias, y que otorga efectos a las comunicaciones entre las partes recién a partir del momento en que ingresan en la esfera de conocimiento del destinatario. Ante la absoluta orfandad probatoria sobre la cuestión no cabe más que desestimar este segmento de la queja (Del voto del Dr. Balestrini al que adhiere el Dr. Pompa por razones de económica procesal).
Abuso sexual simple, sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

El fallo que condenó al imputado, en orden al delito de abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo, CP) fue emitido conforme a derecho, toda vez que satisfizo las exigencias de toda decisión jurisdiccional, al contar con una debida motivación, confirmando la subsunción de los hechos probados en la figura penal correspondiente, dado que el informe médico dio cuenta de la ausencia de lesiones en la zona genital y en el cuerpo de la menor impide concluir, con la certeza necesaria, que el encartado la haya accedido carnalmente y encuadrar el hecho en el tercer párrafo de la figura mencionada. (Del voto en disidencia de los Dres. Guillermo Alberto Catalano y Sergio Fabián Vittar)
Nulidad de sentencia, abuso sexual simple, fundamentación de sentencias, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bravo, Sergio Fabián c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2025-05-13

Cabe declarar la nulidad de la sentencia que aplicó la figura de abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo, CP), al imputado acusado de haber accedido carnalmente a una menor de edad, habida cuenta que el Tribunal de Impugnación omitió el abordaje y tratamiento de la declaración brindada por la víctima, no evaluó las declaraciones de la médica que revisó a la niña, ni valoró las críticas formuladas por la Fiscalía al instar la revisión de la sentencia, referidas a las expresiones de la menor sobre el atentado a su indemnidad sexual. (Del voto de las Dras. Adriana Rodríguez Faraldo, Teresa Ovejero Cornejo y del Dr. Pablo López Viñals)
Despido, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Amarilla, Gustavo Adrián  c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICA Y G y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-11

En su demanda el actor indicó que llevó adelante reclamos para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros y compañeras y se postuló como delegado de personal, elección que perdió. Denunció que ocho meses después la demandada lo despide sin causa aparente, relacionándose ello con su actividad sindical. La demandada negó dichas afirmaciones y señaló que el despido se produjo debido a un proceso de reestructuración de tareas dentro de la empresa y reclama el daño moral por el despido discriminatorio denunciado. El actor debió haber acreditado en el lapso posterior a las elecciones que su activismo sindical había molestado a la empleadora. El actor alegó también que el despido fue impuesto por la empresa en connivencia con los delegados designados por el sindicato contra su persona por oponerse a la dirigencia del gremio, lo cual no fue probado. Y toda vez que no se probó el despido discriminatorio, no resulta viable la indemnización agravada por daño moral. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Despido discriminatorio, falta de prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Trejo, Matías Daniel c/ Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-28

El accionante se agravia de la conclusión del fallo de grado que desestimó que el despido dispuesto por la demandada haya respondido a un supuesto de discriminación peyorativa en los términos de la ley N° 23.592. Señala que el distracto se produjo a los pocos días de haber gozado de una licencia médica debido a que sufrió un corte en su mano en un partido de fútbol con compañeros de trabajo. Ante la orfandad probatoria no obran los indicios relevantes que permiten inferir que haya mediado supuesto alguno de discriminación peyorativa como el invocado. En cuanto al despido como consecuencia de su patología preexistente (epilepsia) cabe poner de relieve la absoluta orfandad probatoria que de cuenta, que la demandada tuviera conocimiento de dicha enfermedad. Ello obsta a considerar que la decisión extintiva adoptada por la accionada haya sido consecuencia de una patología sobre la que nunca tuvo conocimiento. Por lo expuesto y por lo señalado por el Alto Tribunal en los autos "Pellicori", "Varela" y "Caminos" en materia de distribución de la carga probatoria en los casos en que se invoca un despido discriminatorio, lo cierto es que, no se encuentran cumplidos los presupuestos fácticos que justifiquen enmarcar la decisión extintiva adoptada por la demandada en un supuesto de discriminación peyorativa como el previsto en la ley N° 23.592. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Rechazo de la demanda, teoría de la imprevisión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mefri SRL y otro  c/ Outfire SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-23

Cabe rechazar la demanda por la excesiva onerosidad sobreviniente en el marco de la relación contractual que vinculó a las partes. Ello por cuanto un comerciante debe tomar todas las precauciones del caso para hacer un buen negocio y, si no lo hizo o debió prever el acontecimiento que provocó la excesiva onerosidad, no puede ampararse en la teoría de la imprevisión. Ello se debe a que reviste un carácter profesional que le da una capacidad para los negocios de la que carece el "hombre común" y, por tanto, cuando se manifiestan signos de alto riesgo, toma de antemano las medidas tendientes a conjurar tal estado de cosas o los aprovecha para obtener ventajas. Ello por cuanto en su recurso no demostró de qué forma los hechos en los que sustentó su demanda resultaron imprevisibles, máxime considerando su carácter de profesional en la materia, circunstancia que le exige un conocimiento pleno de las cosas (CCIV 902).