marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra la humanidad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Piccione, Guillermo Aníbal y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-13

El voto concurrente agregó que en términos del imperativo general de investigar y de establecer las responsabilidades y sanción, el Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura que azotó a nuestra sociedad, pues la impunidad de esos atroces hechos no será erradicada y, en consecuencia, no cesará aquel deber internacional, hasta que sus responsables sean sancionados y cumplan con la pena que les fuera eventualmente impuesta. (Dres. Gemignani -voto concurrente-, Borinsky y Hornos).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, falsificación de instrumento público, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de cámara norte de la CABA s/ Queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en Lazo, Miguel Alejandro c/  s/ 292 1°parr - falsificación de documento público y privado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia que revocó la condena dictada en orden al delito de uso de documento público falso y absolvió al imputado. Ello así, toda vez que los agravios del MPF remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba, relativas a la existencia de un estado de necesidad justificante. Tal discusión no es constitucional ni federal (Fallos: 311:2478). Por su parte, tampoco demuestra, más allá del acierto o error de la sentencia, que el a quo haya incurrido en arbitrariedad. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Fianza, fiador, principal pagador liso y llano
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orengo, Eleonor Beatriz c/ Giusti Pablo Eugenio y ot. s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

El acuerdo de pago celebrado entre la locadora y el locatario, en virtud del cual convinieron la determinación del monto total de la deuda, incluyendo los intereses punitorios pactados en el contrato y las costas judiciales, compensando el crédito del demandado en concepto de depósito, estableciendo forma y lugar de pago, y caducidad de plazos en caso de mora, implica una típica transacción (arts.832, 837, 838, 801 y conc. del C. Civil). Tal transacción, en manera alguna extingue las obligaciones de los fiadores solidarios, lisos , llanos y principales pagadores. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ VDA. DE PONCE, ALICIA A. c/ GONZALEZ DE MARTI, NORA s/ DUVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-10

En tanto el art. 584 del C.P.C. y C. acuerda primacía a las costas de la ejecución, la norma coincide con la regla contenida en el art.

3879 inc. 1 del Código Civil, en cuya virtud tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles, los gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores.

Entre dichos gastos se hallan comprendidos los honorarios regulados al letrado y al apoderado del ejecutante. Es así que una vez practicado el Proyecto de Distribución de Fondos, corresponde conferir prioridad a la parte actora, para luego, y si hubiere remanente, ser dados al deudor.
Cheque, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grill, Hugo Daniel c/ Morchón, Alberto s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Tratándose de cheques, la constancia consignada por el banco girado al dorso de aquél con expresa mención del motivo de la negativa al pago, determina el momento en que el demandado incurre en mora, ya que dicha constancia, como es sabido surte los efectos del protesto (art. 38 D.L. 4776/63, ratificado por la ley 16478).
Fuerzas Armadas, fuerzas de paz
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Scursatone, Horacio Oscar c/ Estado Nacional - M° de Defensa - IAF s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

La llamada estatal a integrar "fuerzas de paz" no constituye una circunstancia que concierna habitualmente al personal militar, de lo que se sigue que no resultó válido alterar unilateralmente una de las condiciones económicas establecidas, sin una definida situación de emergencia que justificase innovar con detrimento de la cuantía de estas últimas (Disidencia del juez Rosatti).
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., L.E. s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-30

El recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara que denegó el pedido de "suspensión del juicio a prueba" solicitado por el imputado de un delito que tiene prevista pena de inhabilitación, y que ofreció una "autoinhabilitación", es inadmisible.
Contrato de turismo, servicios aéreos, aplicación de la ley, código aeronáutico, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Orsi, Ana María y otro c/ Despegar.Com.Ar SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

1 - Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto admitió una demanda incoada por el adquirente de un pasaje aéreo contra la aerolínea comercial y un agente de turismo aeronáutico, con motivo de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la cancelación de un vuelo previsto. En ese marco, cabe señalar que aún cuando la actividad del agente de turismo sea valorada como un simple caso de intermediación, éste también tiene una responsabilidad solidaria conforme la LDC 40. 2 - Es que, en su carácter de vendedor profesional, debe desarrollar una adecuada y diligente conducta, ya sea brindando la información e instrucciones necesarias al cliente acerca del viaje, asesorando en la elección del organizador y su solvencia, detectar posibles deficiencias en la diagramación del viaje, etc. Dada la confianza que el turista deposita en su agente de viajes, no tiene otro medio idóneo para contar con una información veraz que le permita adoptar una decisión adecuada (ver Ghersi, Carlos A. - Weingarten, Celia "Defensa del Consumidor - Tratado Jurisprudencial y Doctrinario" T. 1, pág. 105, ed. La Ley, Bs. As., 2011). 3 - Es lógico que si percibe una retribución por atender los requerimientos de sus clientes, su actividad no puede quedar circunscripta a la mera entrega de las boletas electrónicas de la línea aérea, cometido que el pasajero podría obtener sin mayor dificultad desde su propio ordenador personal. Si acude al agente de viajes es claro que espera de éste algo más, un asesoramiento al decidir el curso de su travesía y la línea aérea que utilizará, así como una mínima colaboración para superar eventuales obstáculos (conf. CNCom, Sala C, "Schuster, Matías Nicolás c/ Air Madrid y otro s/ ordinario" del 13/04/10).
Locación, sublocación
Materia: CIVIL
Carátula: ALCHIERI DE OLIVERA c/ D'ERRICO, Vicente s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

El inquilino que cede el arrendamiento, permanece obligado respecto del acreedor, salvo que éste acepte liberarlo, lo que debe concretarse en forma inequívoca, no bastando el solo consentimiento con la cesión.-
Intervención de terceros, sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: IRUSTA, NELIDA D. c/ CONSORCIO PROP. AV. CNEL. DIAS 2257/87 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

La regla del art. 96, C.Procesal, según la cual la sentencia afecta al tercero como a las partes litigantes significa que la sentencia le es oponible, pero salvo que así lo disponga la ley expresamente, art. 118 ley 17418, no es posible ejecutarla en su contra. En otras palabras, la condena no puede recaer sobre el tercero convocado al pleito por la demandada, ni debe padecer su ejecución, porque no reviste el carácter de litisconsorte, sino que en caso de ser condenatorio el fallo solo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de regreso frente al citado. En ese sentido, ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que al tercero se lo cita para poner en su conocimiento las cuestiones debatidas para asegurar su derecho de defensa frente a una eventual acción regresiva, pero la citación no lo convierte en demandado y no puede ser condenado. Y es que el principio de congruencia que consagran los arts. 34, inc. 4 y 163, inc.6, Código Procesal, impide al juez decidir mas alla de lo pedido; y esa seria la consecuencia -salvo supuestos de estricta excepción- de condenarse a un no demandado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Titarelli, Juan Carlos c/ Almafuerte S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente es atribución privativa de los jueces de grado, irrevisible en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo.
Sentencia absolutoria, tenencia de estupefacientes, allanamiento domiciliario, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Elba Liliana c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

Corresponde hacer lugar al recurso del fiscal en relación a la absolución de uno de los imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización toda vez que el hecho de que en el domicilio del nombrado no hayan encontrado elementos de valor para la investigación no elimina ni oscurece el resto del cúmulo probatorio incriminante incorporado por el debate y analizado por el órgano de juicio, por lo que el estado de duda planteado por el a quo no se deriva de las constancias del proceso, lo que evidencia una defectuosa valoración de la prueba, por ende invalida la sentencia y da lugar a su censura por arbitrariedad.
Menores, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: RETAMAL, ALEJANDRO G. Y OTRO s/ PIRV. ILEG. LIB. CALIF., ROBO CALIFICADO, HOMICIDIO CALIFICADO Y  VIOLACION REIT. EN CONCURSO REAL S/ CASACION'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-02

El principio general de la ley 22278 -régimen penal de la minoridad- es la no punición de quienes delinquen antes de los 18 años, puesto que solo se podrá imponer pena cuando ello resulte fundadamente necesario. La aplicación de sanción esta subordinada a los requisitos que la normativa establece: modalidades del hecho, antecedentes del menor, resultado del tratamiento tutelar e impresión directa recogida por el juez y si bien es cierto que la gravedad del delito de que se trata no obsta, en principio, a la obtención del beneficio de la exención de pena, ninguna de las pautas que menciona el art. 4 puede ser considerada de modo aislado, en detrimento o con exclusión de las demás, sino que será la valoración conjunta de todas ellas la que determinara la necesidad de imponer o no sanción; dicha necesidad resultará de la peligrosidad delictiva del menor, evidenciada por su falta de recuperación y adaptación social, con fuertes indicios de proclividad a la reincidencia, constatadas luego de finalizada la observación tutelar.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad del transportador, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: GRANERO y/o GRANEROS, Delia del Carmen y otro c/ JOVER BERRUTTI, José Gerardo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-10

En los casos de transporte benévolo, si el daño es causado por el riesgo de la cosa, no hay responsabilidad del transportador, ya que la reparación de ese daño se basa en la creación del riesgo, en el cual participa conjuntamente con el transportador el propio transportado.
Recurso de apelación (procesal), honorarios, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ TRANSPORTADORA CORAL S.A. s/ INTERRUMPE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-24

La inapelabilidad que resulta de la circunstancia de haberse previsto sólo una instancia para todo el proceso en razón del exiguo monto cuestionado, veda la intervención de la alzada para la decisión de cualquier cuestión que se plantee durante su trámite, y dentro de esa amplitud de supuestos, no obstante lo dispuesto por el art. 244, Párrafo 2 del código procesal, queda comprendida la materia regulatoria. (S1,1552,240683)
Inadmisibilidad formal, daño resarcible, familiares de la víctima, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, REPÚBLICA ARGENTINA, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-10-30

No corresponde que la Corte Interamericana considere beneficiarios de reparaciones a los familiares de quien fue declarado víctima por el Tribunal, en el caso que motivó la declaración de responsabilidad internacional de la República Argentina por violación a la Convención Americana, pues la Comisión Interamericana no los consideró en tal calidad en su Informe de Fondo ni solicitó expresamente que el Tribunal declare una violación de la Convención en perjuicio de aquellos.
Propiedad horizontal, partes comunes, construcción en las partes comunes
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA VDA DE COSTAS ANTONIA c/ ALBORNOZ LUIS RODOLFO s/ ESPECIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-06

"Corresponde descalificar como acto jurisdiccional válido, a la sentencia que infringió el artículo 3 de la ley 13.512y el Reglamento de Copropiedad, al haber denegado al propietario de una habitación de planta alta de un edificio sometido a propiedad horizontal, el derecho a ingresar a la misma por el único acceso posible, consistente en una escalera y un palier de distribución que tienen el carácter de superficie común de uso común".
Prueba, hecho notorio, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: LORENZO, NORBERTO c/ GODOY, AMELIA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

Un material impreso públicamente no constituye "prueba" en un pleito concreto (salvo que se debata justamente su publicación). Por lo tanto no existe óbice para su incorporación al expediente, en tanto solo ilustra sobre un hecho notorio, asible para el juzgador aún en defecto de la agregación corporal de los "documentos" a la causa.
Derecho penal, recurso de casación penal, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Avalos, Martin; Cabrera, Gabriel Alejandro; s/ Robo calificado por uso de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2004-05-26

Que el Tribunal de Casación, debe aplicar la ley vigente al momento de resolver, aunque sea diferente a la existente al tiempo del pronunciamineto del fallo, siempre que no se viole la prohibiciòn de "reformatio in peius", ya que de no ser así se inobservaría la ley sustantiva
Apertura a prueba, defensa en juicio
Materia: CIVIL
Carátula: KAUSAS VIDEO BAR S.A c/ COSMOS CIA ARG. DE SEG.S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

La apertura a prueba del juicio es la regla como conducta procesal acorde con la amplitud que debe acordarse al principio de la defensa en juicio (conf. C.N.Civ. Sala B, 20-7-67, L.L. 128-961, 15.914-s; Sala A, 9-5-63; L.L. 112-772, 9447-S), y debe ordenarse ante la mínima duda acerca de la posibilidad de emitir un pronunciamiento justo, de atenerse únicamente a los elementos de juicio agregados a la causa ( conf. Fassi "Código Procesal...", T.

I, p. 654, párr. 1292).
Insuficiencia del agravio, testigos, establecimientos penitenciarios, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Ruben, Jorge Ariel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-07

El primer voto concurrente agregó que los agravios que plantea la defensa, vinculados con la presencia de un solo testigo de actuación en el procedimiento, no habrá de tener favorable recepción, en la medida que la defensa no ha demostrado el perjuicio que dicha circunstancia le ha acarreado, teniendo en consideración que las especialísimas circunstancias que genera el lugar en el que se efectuó el mismo -un Establecimiento Carcelario-, en el que se hace muy difícil hallar testigos ajenos al ámbito laboral propio de ese sitio, por el carácter restrictivo o prohibido como es la cárcel. Por lo demás, el mentado elemento probatorio contó con la fecha, nombre y apellido de las personas que intervinieron, las diligencias realizadas y su resultado, es decir, la totalidad del contenido y formalidades que fuera dispuesto por ley. El restante voto concurrente refirió que los defectos en la instrumentación de las actas de procedimiento no implican, necesariamente, la nulidad de todos los actos posteriores. Es por ello, que la previsión del art. 138 del CPPN en cuanto se refiere a la asistencia de los testigos ajenos a la repartición en el acta que da cuenta de la diligencia, solo será aplicable en este tipo de requisas en la medida en que resulte razonable respecto de los fines que ellos procuran, de manera tal que no los tornen ilusorios, debiendo tenerse especialmente en cuenta la dificultad que representaría el exigir a las autoridades penitenciarias que procuren el ingreso de civiles al establecimiento penitenciario. Y agregó que el nuevo Código Procesal Penal Federal, ha receptado tal interpretación, pues en su art. 110 - que aún no ha entrado en vigencia- además de consignar las formalidades necesarias para la producción de las actas (mención del lugar, la fecha, la hora, firma de los participantes del acto, razones del por qué si alguno no la firmare, la mención de las diligencias realizadas y resumen de su contenido) determina expresamente que "La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta o torna invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba.". Dres. Barroetaveña, Figueroa y Petrone (votos concurrentes).
Honorarios, sucesiones, etapas del proceso, inscripción de la declaratoria de herederos, bienes inmuebles, extraña jurisdicción
Materia: CIVIL
Carátula: ROCA DE CUSANO, LEONOR s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-03

En lo relativo a los gastos originados en la inscripción de la declaratoria de herederos, deben distinguirse los derivados de la gestión de un diligenciador de los destinados a afrontar aranceles en el Registro de la Propiedad Inmueble. Los primeros deben excluirse de los gastos que ha de afrontar el heredero cuando se trata de inmuebles situados en otra jurisdicción, con lo que se está en presencia de una tarea ya retribuida al profesional, quien si la delega en un tercero lo hace a su costa. Los segundos, en cambio, constituyen erogaciones que deben ser soportadas por los sucesores al tratarse de pagos realizados en su beneficio.-
Seguros, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA HISPANO ARGENTIA CIA. DE SEGUROS SA c/ STAF SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

El crédito del asegurador que ha satisfecho la reparación de los daños contra el responsable del daño constituye una deuda dineraria, porque cada vez que una aseguradora paga un siniestro, los fondos son tomados de la masa de primas que administra, y la acción de recuperación (art. 80, Ley 17.418) no tiene otro sentido que el de reponer en esa masa la suma pagada. El pago de un siniestro es sólo el desembolso estadísticamente previsto que la masa de primas debe cubrir, y la acción subrogatoria no está destinada a resarcir el valor de un daño que sería correcto si el demandante fuese el damnificado mismo -sino recuperar una porción de dinero, por lo que el crédito de la compañía aseguradora es así un crédito rigurosamente dinerario y no de valor (cfr. C. 1ra. Apel. Bahía Blanca, del 4.2.72, voto del Dr.

Pliner, LL, 148-296; en igual sentido, esta Cámara, Sala I, LL, 1975-B, pág. 368, espec. pág. 376).
Expropiación, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GORRINI, ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-14

El orden de prioridades que se establece entre los principios constitucionales que dan fundamento al instituto expropiatorio y un regimen legal dictado por razones de emergencia nacional, prevalecen los primeros. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO EMETERIO c/ CUPALEN S.R.L. Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-30

La jurisdicción positiva del órgano de casación no desnaturaliza esta función e implica una economía que no debe desdeñarse.-
Acción de inconstitucionalidad, medida cautelar innovativa
Materia: PROCESAL
Carátula: SOSA EDUARDO EMILIO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-20

Ante el planteo de la medida cautelar innovativa es dable destacar, que encontrándose disciplinada constitucionalmente la acción autónoma de inconstitucionalidad, como principio, la naturaleza de la mencionada acción no es ingrediente que permita inferir distingos en torno a la procedibilidad de la actuación preventiva. Máxime si consideramos a título ejemplificativo que el art. 231 del C.P.C.C. consigna respecto a la prohibición de innovar, que podrá decretarse en toda clase de juicio; de ello la doctrina desprende que también la acción de inconstitucionalidad es territorio apto, a pesar de que el efecto que se aspira a neutralizar proviene nada menos que de una Ley, Decreto, Ordenanza o Reglamento, que como todo acto de los poderes públicos goza de una evidente presunción de validez. VOTO: DR. GONZALEZ