Tribunal: CAMARA 2da DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-05-05


CAMARA 2a DE APELACIONES C.Y C. PROTOCOLO DE SENTENCIAS N°: FOLIO:

SECRETARIA: CLAUDIO PERONA	Ch.L. C. de C. J.de O.: 5° C. y C. Juez: Dr. Ricardo Monfarrel Inicio: 14/08/2014 SGO Autos: "A. E. G. y O. c/ Superior Gobierno de la Prov. de Córdoba - Ordinarios - Otros" 1 SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SIETE En la ciudad de Córdoba, a los Cinco días del mes de Mayo del año Dos Mil Quince, reunidos en Audiencia Pública los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Segunda de Apelaciones de esta ciudad, a los fines de dictar Sentencia en estos autos caratulados "A. E. G. Y OTROS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA - ORDINARIOS - OTROS" (Expte. N° 2291722/36) venidos a Despacho en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en contra de la Sentencia número Ochenta, de fecha Doce de Mayo de Dos Mil Catorce dictada por el Sr. Juez Dr. Ricardo Guillermo Monfarrel, por la que se resolvía: "I. Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por E. G. A. en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, y en consecuencia condenar a ésta última a abonar al primero en el plazo de diez días la suma de pesos Trescientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve con treinta y cuatro centavos ($ 378.849,34) en concepto de lucro cesante, y la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) en concepto de Daño Moral más intereses fijados en el considerando respectivo. II. Rechazar el rubro reclamado por E. G. A. en concepto de Agravamiento de daño moral por inexistencia de seguro .III. Imponer las costas por la demanda entablada por E. G. A., a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres. Héctor Vélez y Marcela Filiberti, en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos XXX ($ XXX), y en la suma de pesos XXX ($ XXX) en concepto del inc. 5to del art. 104 de la ley 9459, con más la de pesos XXX ($ XXX) a favor del Dr. Héctor Vélez en concepto de IVA atento su carácter de inscripto. Regular los honorarios de los peritos intervinientes Dra. Beatriz María A. Cáceres y Dr. Carlos Eleazar Garzón en la suma de pesos XXX (quince jus) cada uno. IV. Rechazar la demanda entablada por Rubén Eduardo A. y Sara Méndez, por derecho propio, en concepto de daño moral, con costas a su cargo a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres. Lorena del V. Facciano y Pablo Reyna, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos XXX ($ XXX). PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA" (fs.285/306 vta.).

Este Tribunal, en presencia del Actuario, se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1.¿ Es procedente el recurso de apelación del Actor ?.

2.¿ Qué pronunciamiento corresponde emitir ?.

Efectuado el sorteo de ley, la emisión de los votos resulta en el siguiente orden: 1°) Dra. Silvana María Chiapero 2°) Dr. Mario Raúl Lescano y 3°) Dr. Delia Inés Rita Carta de Cara.

A LA PRIMERA CUESTION, LA SRA. VOCAL DRA. SILVANA MARÍA CHIAPERO, DIJO:

1.Contra la Sentencia N° Ochenta (80), dictada con fecha Doce de Mayo de Dos Mil Catorce (2014) por el Sr. Juez de Primera Instancia y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, interpusieron el Sr. E. G. A., mediante apoderado, sus progenitores Sres. Rubén Dario A. y Sara Méndez, y la Demandada, sendos recursos de apelación, siendo todos concedidos por el A-quo (fs. 311). Ulteriormente los Sres. Rubén Darío A. y Sara Méndez desisten del recurso (fs. 335). Radicados los autos en esta Sede, expresa agravios el Sr. E. G. A. (fs. 345/351 vta.) los que son confutados por la Demandada (fs. 354/356). A su turno expresa agravios la Demandada (fs. 360/362 vta.), los que son confutados por la parte Actora (fs. 364/368). Dictado y consentido el proveído de autos, queda la causa en estado de estudio y resolución.

2.Apelación de los Sres. Rubén Darío A. y Sara Méndez:

Los progenitores de E. G. Méndez desistieron en la anterior Instancia del recurso de apelación oportunamente deducido. Siendo una facultad disponible por las partes, la de desistir en cualquier oportunidad (art.349 C.P.C.) corresponde admitirlo, sin costas atento la ausencia de sustanciación y labor profesional de la contraria que amerite justiprecio (arg. art. 130 C.P.C.).

3.Apelación del Sr. E. G. Méndez:

Se queja, en prieta síntesis, por lo siguiente: a. Porcentaje de incapacidad psiquiátrica: Se agravia por la reducción arbitraria al Doce y medio por ciento (12,50%) de la incapacidad psiquiátrica que fuera fijada por el perito en el Veinticinco por ciento (25%) de la T.O. (fs. 230/236). Se queja asimismo por la reducción aplicada como consecuencia de la Doctrina de la "capacidad residual", lo que importa concederle "...escasamente un 6,8% de la T.O. por las disminuciones psiquiátricas que adolece" (sic fs. 345 vta.). Denuncia que es injusta la reducción a la mitad del porcentaje de incapacidad fijado por el perito, basado exclusivamente en que el experto sostuvo la necesidad de un tratamiento psiquiátrico de un año de duración a razón de una sesión por semana, toda vez que importaría desconocer que el perito oficial psiquiatra ha determinado el porcentaje de incapacidad con cabal conocimiento de la necesidad de un tratamiento terapéutico por un año y, no obstante, consideró que la disminución de la capacidad laborativa del Actor se fije en un Veinticinco por ciento (25%). Advierte que la contraria no objetó el porcentaje de incapacidad fijado por los peritos oficiales, ni el perito de control presentó disidencias, como asimismo que no existirían razones válidas para suponer que semejante trauma psiquiátrico como consecuencia de la pérdida irreversible y de por vida de la visión de un ojo, pueda ser superado mediante una sesión semanal de terapia durante un año. Agrega que el A-quo no concedió importe alguno para afrontar el tratamiento recomendado, pese a que el perito estimó su costo en Diez Mil pesos ($ 10.000), lo que tornaría contradictorio el razonamiento sentencial quebrando la lógica de su análisis. Pide en definitiva que se conceda al Actor el porcentaje de incapacidad psiquiátrica fijada por el perito oficial en el Veinticinco por ciento (25%) de la T.O., aplicándose sobre el Cien por ciento (100%) de la total humana; b. Monto de daño moral: Se agravia por la reducción a la mitad del monto demandado por daño moral (reclamado $ 100.000 = concedido $ 50.000).

Tras destacar que ninguna suma puede reparar la minoración sufrida por el Actor, destaca que la reparación no puede traducirse en la concesión de un importe simbólico alejado de la suma reclamada y carente de toda relación con el padecimiento real sufrido. Pide se condene a pagar la suma reclamada, teniendo en cuenta el real poder adquisitivo del dinero en el momento histórico en que se debe pronunciar y su directa relación con el fin perseguido por el derecho resarcitorio que lo autoriza. Se queja por el apoyo del fallo en otros precedentes jurisprudenciales, destacando que debe considerase inmotivado por falta de sustento respecto de la demostración de la semejanza entre aquéllos y el caso en análisis. Con apoyo en citas doctrinarias pide se evalúe "concreta y fundadamente" las repercusiones que la lesión infirió en el ámbito subjetivo de la víctima, o lo que es, igual, se individualice el daño ameritando todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza subjetivas como objetivas. Se queja finalmente por la no concesión del reclamo adicional por daño moral agravado solicitado en el punto V.2.3. de la demanda, pese a constituir un elemento más de sufrimiento espiritual como consecuencia del incumplimiento de la Demandada al mandato expreso de la ley que impone a los colegios públicos o privados la obligación de asegurarse.

4. Apelación del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba: a. Defectuosa aplicación de la teoría de la responsabilidad civil. Inexistencia de análisis de los presupuestos necesarios para su procedencia. Falta de nexo causal adecuado.

Se agravia la Demandada por cuanto el A-quo no habría analizado correcta y legalmente cada uno de los presupuestos que condicionan la responsabilidad civil. Dice que se cuestiona una supuesta falta de seguridad imputable al establecimiento educativo, por no haber prestado el servicio de vigilancia por un bollo de papel que lanza otro compañero impactando en ojo del actor, sin detenerse en advertir que "...no existe nexo adecuado de causalidad entre el supuesto hecho fuente y el daño causado", en virtud de que en los colegios por más que los menores estén constantemente vigilados, pueden ocasionar travesuras que impliquen un daño a sus pares.- Sostiene que en el caso no puede hablarse de causa en referencia a la actuación o falta de presunta seguridad de los empleados del establecimiento educativo, cuando el joven de un instante a otro violentó al Actor con un bollo de papel. Destaca que el lugar del hecho "...solo obró como mera condición u ocasión pero nunca como causa adecuada del daño en los términos del art. 906 del C.C." (sic. fs. 362).

Pide se rechace la demanda; b. Agravio subsidiario. Distribución proporcional de la responsabilidad. Pide que, en la eventualidad que su parte haya tenido responsabilidad en el hecho, se determine que la tiene en una porción minoritaria, ya que el joven que causa el daño con el bollo de papel tiene responsabilidad en su actuar. Pide se declare la "culpa concurrente" o "concurrencia causal" de ambas conductas, y se condene a su parte a responder "...solo en la medida en que contribuyó al daño, la porción restante será soportada por el generador de este hecho" (sic fs. 362).

5. Análisis de los agravios.

Por razones estrictamente metodológicas principiaremos con el análisis de los agravios de la demanda para recién abordar los del Actor. Esto obedece a que la primera cuestiona el "an debeatur" en tanto que el segundo circunscribe su recurso al "quantum debeatur", por lo que si prosperara la eximición de responsabilidad que propicia el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, se tornaría ocioso el tratamiento de los agravios del Actor.

La expresión de agravios del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba bordea los límites que suficiencia técnica que la ley impone a los fines de considerar inaugurada la competencia funcional de la Alzada (arg. art. 374 C.P.C.) desde que hace caso omiso al correcto encuadramiento que el A- quo hizo de la plataforma fáctica llevada a su consideración, limitándose a discrepar sin efectuar una crítica puntal a las razones que sustentan el decisorio.

Damos razones (art. 326 C.P.C. y 155 C.P.).

Como bien ha ponderado el fallo cuestionado, el hecho dañoso que diera motivo a la presente demanda se encuentra regido por lo normado por el art. 1.117 C.C. en su texto reformado por la Ley 24.830, promulgada el día 03 de Julio de 1997 y publicada en el Boletín Oficial el día 07 de Julio del mismo año, que comenzó a ser obligatoria luego de transcurridos los Ocho días indicados por el Código Civil en su art. 2°, segunda parte.

El art. 1.117 en su redacción vigente prescribe lo siguiente: "Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán de las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario".

El diputado Enrique Mathov, autor del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 24.830, reformadora del art 1.117 del Código Velezano, al fundar su proyecto señaló que la nueva norma encuentra base en cuatro premisas fundamentales a saber: 1. Preexistencia de un vínculo jurídico entre los representantes legales de los alumnos y los propietarios de los establecimientos educativos que hace emerger una responsabilidad de naturaleza contractual por los daños sufridos por los alumnos; 2. Los establecimientos educativos asumen contractualmente, junto con la obligación principal de prestar educación, la obligación de seguridad cuyo incumplimiento hace nacer su responsabilidad directa y objetiva; 3. Los establecimientos educativos responden objetivamente por los daños causados por los alumnos a terceros ajenos, en base al deber de garantía; 4. La necesaria objetivación de la responsabilidad de los establecimientos educativos debe unirse al seguro obligatorio.

Respecto de esta obligación de seguridad, conocida también como de "indemnidad", el autor del proyecto transformado en ley, sostiene categóricamente: "Esta obligación de seguridad asumida por los establecimientos educativos es siempre de resultado y hace nacer así su responsabilidad objetiva ante los daños que puedan sufrir sus alumnos".- Para el legislador y autor, ello es así pues simultáneamente con la obligación principal de educar a los alumnos, asumida por dichos propietarios, existe la obligación de seguridad que: "está basada en el factor garantía que hace nacer, ante su incumplimiento, una responsabilidad directa y objetiva de dichos propietarios de los establecimientos (educativos), sólo desvirtuable por la ruptura del nexo causal, ya sea en virtud del hecho propio del propietario o de las personas de que se sirve o de las cosas que utilice".

Según opinión del legislador: "los propietarios de los establecimientos educativos son los que eligen el personal que tendrá la misión de cuidar a los alumnos; son los obligados al adecuado mantenimiento edilicio y de las cosas generadoras de riesgos de que se sirven; son los obligados a tomar todas las medidas de organización y control para el desarrollo seguro de la actividad desplegada; son los que presencian la ocurrencia del hecho dañoso que puede sufrir el alumno, en circunstancias totalmente ajenas a la posibilidad de control por parte de los padres, son los que, en definitiva, deben hacerse cargo del riesgo que su propia actividad implica, y así un cúmulo de argumentos más que pueden esgrimirse, de tal evidencia que hace innecesario extenderse más al respecto" (Novellino, Norberto José, en: "Responsabilidad por daños de establecimientos educativos", Rubinzal Culzoni, Editores, pág. 69 y sgtes.).

Las transcripciones precedentes permiten concluir que según el texto legal vigente, existe en cabeza de los propietarios de establecimientos educativos una obligación tácita de seguridad, manifestada como una obligación de resultado cuyo incumplimiento abre la imputación de responsabilidad de la mano de un factor objetivo de atribución genéricamente denominado garantía.

El deber de asegurar la indemnidad de los alumnos torna esa responsabilidad en objetiva, por lo cual la sola circunstancia del acontecimiento dañoso genera la obligación de reparar (Código Civil comentado. Responsabilidad Civil Jorge Mosset de Iturraspe - Miguel A. Piedecasas, Directores, Rubinzal Culzoni Editores, comentario al art. 1.117 C.C., pág. 363 y sgtes.).

El artículo dispone, en forma amplia, que los propietarios responden cuando el alumno dañado "se halle bajo el control de la autoridad educativa".

Esta locución significa que la norma comprende no solo los daños acaecidos bajo el control del director, sino también de aquellos causados estando el alumno menor bajo el control de personas que, incluso, no son docentes, pero forman parte de la organización educativa (vbg. portero, preceptor, secretario del colegio, bibliotecario, etc.).

Además, pese a que la ley dice "se halle", no significa que se encuentren excluidos los daños que sufra el alumno cuando no se encuentra bajo el control de la autoridad, justamente porque la autoridad no ha cumplido con su obligación de controlar.

Como reflexiona la Doctrina: "Quizás el tiempo verbal no sea suficientemente claro, pero la solución sí lo es, en efecto, el artículo debió decir, cuando el alumno "se halle o debiera hallarse bajo el control", pues si de hecho no se encuentra bajo control porque la autoridad no lo cumple, la responsabilidad subsiste (por ej. daño causado o sufrido por el menor que se escapa del establecimiento por falta de control" (Kemelmajer de Carlucci, Aída. "La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997" L.L. 1998-B-1047/1071, el resaltado me pertenece).

Y aquí es donde cobra virtualidad el razonamiento sentencial, al destacar justamente que la responsabilidad de la Demandada surge como consecuencia de la falta de prueba del caso fortuito (art. 514 C.C) alegado como determinante de la fractura del nexo causal adecuado, desde que las declaraciones de los testigos presenciales revelan que "...no había ningún profesor presente en el aula al momento de ocurrir el hecho" y que "...los mismos permanecieron solos en el aula", lo que torna evidente la inobservancia del deber de seguridad en el caso y descarta la concurrencia de un caso fortuito extraño a la actividad educativa desarrollada por el establecimiento y externo al riesgo que permitiera exonerarlo de la obligación de reparar el daño producido.

Por consiguiente y contrariamente a la valoración del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha quedado demostrado que el daño se perpetró dentro del ámbito espacial del establecimiento educativo, y cuando los menores estaban sin el control debido de las autoridades, docentes o dependientes del establecimiento.	Por tanto, el análisis no puede soslayar que el Legislador de 1997, tuvo en cuenta que cuando los padres confían a sus hijos a instituciones encomendadas a su educación y guarda, es esperable de estas últimas una vigilancia activa y eficaz para evitar peligros que se deriven en daños.

La objetivización de la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos educativos torna imprescindible fijar con certeza el ámbito de responsabilidad, no siendo pertinente ampliarla fuera de los estrictos límites temporales o espaciales previstos por la norma, pues estos 14 son los únicos conciliables con este tipo de responsabilidad, pero tampoco flexibilizarla al extremo de desvirtuarla.

Quien es propietario de un establecimiento educativo, privado o público puede y debe ejercitar la facultad-deber de instruir al personal docente y auxiliar subordinado sobre el modo en que las funciones que se le atribuyen deben ser cumplimentadas, por lo que pesa sobre aquellos la responsabilidad por los daños ocasionados por alumnos a los que no logró inculcar las pautas de disciplina necesarias o sobre quienes no ejerció una adecuada vigilancia tendiente a evitar el hecho dañoso.

Por todo lo expuesto y habiendo quedado firme la Sentencia en cuanto ha dejado establecido que el factor de atribución es el riesgo de la actividad, y que no se ha probado la concurrencia de caso fortuito externo capaz de quebrantarlo, la conclusión que se impone es la responsabilidad integral de la Demandada, conforme ha concluido el fallo anatematizado, sin perjuicio, caro está de la que le pudo corresponder al autor material del hecho, que no ha sido demandado en estos actuados.

Esta conclusión descarta de plano el agravio subsidiario enderezado a que esta Cámara evalúe supuestas "culpas concurrentes", toda vez que la responsabilidad de la Demandada surge como consecuencia de un factor objetivo de atribución (riesgo de actividad, garantía) que es extraño a todo reproche subjetivo a la conducta del civilmente responsable.

Despejada esta cuestión corresponde ingresar al tratamiento de los agravios del Actor, Sr. E. G.A.

La crítica enderezada a la cualificación del porcentaje de incapacidad psiquiátrica utilizado para el cómputo del lucro cesante futuro no merece recibimiento favorable, porque las dos reducciones efectuadas reconocen razones válidas que justifican la disminución.

La reducción a la mitad del porcentaje de incapacidad, en razón de haber ponderado el perito oficial que a través del tratamiento psicológico (durante un año a razón de una vez por semana), "el daño psicológico puede ser disminuido y aliviadas las consecuencias sufridas", debe confirmarse, porque responde a una correcta distinción entre las secuelas subsanables y las secuelas incapacitantes que puede sufrir la víctima de un hecho dañoso.

Veamos. Toda lesión invalidante es desde luego jurídicamente grave, pero no toda lesión médicamente grave es incapacitante.

De un traumatismo serio no deriva siempre una merma residual posterior, ya que depende del potencial de recuperación del afectado y de la eficacia de los eventuales tratamientos a los que puede ser sometido el paciente. Y como en teoría es factible una plena rehabilitación psiquiátrica, sin secuelas irreversibles, resulta prácticamente de rigor que el Actor hubiera producido prueba pericial que fundamente la configuración de una incapacidad psiquiátrica sobreviniente consolidada e insusceptible de ser revertida con las terapias psicológicas adecuadas, lo que no ha hecho.

En el sub lite, el dictamen del perito oficial, al recomendar un tratamiento de un año (con sesiones semanales), permite inferir que con la terapia es factible revertir el padecimiento psíquico, aunque sea parcialmente. Ello ha permitido al Iudex razonablemente concluir que la secuela incapacitante que presentaba el Actor a la fecha del examen pericial podría revertirse o atenuarse luego de recibir la terapia psicológica recomendada.

Tocante a los gastos terapéuticos, que fueran valuados por el experto en la suma de Diez Mil pesos ($ 10.000), la censura no puede ser recibida, desde que la falta de reconocimiento e integración a la condena de dicho rubro obedeció a la falta de reclamo, de modo que el reconocimiento pretendido recién en esta Alzada, importaría quebrantar el postulado de la congruencia, y el legítimo derecho de defensa en juicio de la contraria, quien no pudo defenderse a ese respecto por no haber integrado la traba de la litis (arts. 330, 332 y 356 C.P.C.).La segunda de las reducciones encuentra fundamento en el sistema de cálculo de incapacidades residuales, o de las incapacidades múltiples y simultáneas, según el cual las minusvalías restantes se cuantifican sobre el saldo útil de capacidad. Este método de cálculo, se justifica en que el organismo es una unidad, por lo que cada patología puede determinar una minusvalía determinada, de modo que las restantes discapacidades operan sobre el remanente útil que le queda a la víctima.

Cuando las lesiones o incapacidades sobrevinientes afectan distintas funciones, el procedimiento más idóneo y acertado para calcular el porcentaje de incapacidad es la regla médica de la capacidad restante o residual, conocida como "Fórmula Baltazard" que consiste en sumar las incapacidades parciales, calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas.

Así pues es correcto el método seguido por el A-quo de restar el primer porcentual a la capacidad total, y sobre el resto deducir el segundo porcentual. (cfr. (Zavala de González, Matilde, "Tratado de daños a las personas - Disminuciones psicofísicas". 2", Astrea, pág. 192 y sgts.).

En ese sentido esta Cámara ha adherido inveteradamente a esta forma de cálculo al expresar, en anterior integración: "Cuando las lesiones o incapacidades sobrevinientes afectan distintas funciones, el procedimiento más idóneo y acertado para calcular el porcentaje de incapacidad es la regla médica de la capacidad restante o residual, conocida como "fórmula Baltazard" que consiste en sumar las incapacidades parciales, calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas. Si pues, lo correcto es restar el primer porcentual a la capacidad total, y sobre el resto se deduce el segundo porcentual, y así sucesivamente, teniendo en cuenta las distintas dolencias y grados de incapacidades" (esta Cámara 28/12/2006, Zeus Córdoba, 10-279).

La aplicación de esta técnica sirve para evitar que la suma lisa y llana de los porcentajes de incapacidad supere la capacidad total teóricamente adjudicable a una persona sana y de la edad de la víctima, o bien para impedir que se desborde la capacidad previa de la que gozaba con anterioridad al hecho dañoso.	El agravio acerca de la cuantificación del daño moral tampoco merece recibimiento favorable.

Compartimos plenamente la solución propuesta por el A-quo en orden a la necesidad de adaptar las condenas en este rubro a variables más o menos uniformes en relación a las que los restantes Tribunales vienen fijando para situaciones análogas.

Tomar como parámetro para la fijación del daño moral la práctica judicial no es antojadizo, sino que goza de amplio respaldo doctrinal a punto tal que, ciertos autores -opositores a la tarifación del daño moral- llegan a propiciar lisa y llanamente la "tarifación judicial iuris tantum del daño moral" como modo de fijar pautas flexibles con cierto grado de uniformidad que permitan alcanzar el objetivo de seguridad, predictibilidad y tratamiento equitativo para casos similares.

En esa senda, basta cotejar el monto concedido a la víctima por el Juzgador ($ 50.000) con el fijado por la Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad en los precedentes citados, para concluir que la suma fijada por el Sentenciante, es sensiblemente superior a la propuesta por los Tribunales de Apelaciones para casos similares o de razonable analogía con el hecho que se discute en estos actuados, lo que brinda sustento al monto concedido a la luz de una mirada comparativa de la Jurisprudencia local.

La lectura del fallo también desvanece el reclamo enderezado a que se cuantifique el sufrimiento en función del momento histórico en el que tuvo lugar al accidente, ya que la condena por daño moral ha sido justipreciada a la fecha del hecho incluyendo intereses contados a partir de dicha data, lo que impide que el paso del tiempo torne simbólica la condena.

Además, la cifra fijada resulta incluso superior a la que esta Cámara ha fijado en supuestos de mayor gravedad como son aquellos en que el evento dañoso derivó en secuelas incapacitantes mucho mayores a las que padeció el Actor (Sent. 122, 03/06/2010 in re "Bandi, Sebastián Alberto c/ 20 Empresa Ciudad de Córdoba S.A.C.I. y F. y otros - Ordinario - Daños y perjuicios - Accidentes de tránsito - Recurso de apelación - Expte. N° 616903/36 donde se redujo la condena por daño moral a $20.000 sobre una lesión incapacitante del orden del 36%; Sent. 98, 06/05/2010 in re "Farias, Lino Raúl c/ Asociación Bancaria Sociedad de empleados de Banco y otro - Ordinario - Daños y perjuicios - Accidentes de tránsito - Expte. N° 503122/36, donde se estableció la condena por daño moral en $10.000 ante una lesión incapacitante del orden del 21%).

A ello se suma que, no es verdadero que el ludex no hubiera ponderado las circunstancias subjetivas y objetivas que rodearon el caso. La lectura serena del fallo (Considerando VII fs. 300 vta./303) revela que el Magistrado analizó puntualmente las testimoniales rendidas, las que ilustran en torno al estado del ánimo del Actor con posterioridad al accidente como consecuencia de las secuelas incapacitantes remanentes. Asimismo ponderó la menor edad que tenía la víctima al tiempo que tuviera lugar (14 años), lo que constituye una circunstancia que pudo estar en la causa del otorgamiento de un monto superior a la media para supuestos de secuelas incapacitantes del tenor de la probada en estos actuados.	Por tanto, aunque la lesión a intereses personalísimos torna presumible un perjuicio existencial, y obviamente la salud es indispensable para desplegar una vida normal, y si ha sido afectada, no resta sino concluir en su trascendencia negativa, estimamos que la entidad de dicha incidencia ha sido correctamente justipreciada por el A-quo, ya que ponderó los datos relevantes (sustancia de la incapacidad = porcentaje de secuelas aminorantes) su gravedad y duración, como asimismo la edad del damnificado atento el menoscabo de actividades productivas, vocacionales o de habituales recreación, y su repercusión negativa en el equilibrio existencial de todo individuo.--- Era al Actor a quien le correspondía brindar mayores precisiones sobre circunstancias concretas que permitieran calificar la medida del daño moral en una suma superior, a falta de las cuales, la aplicación de parámetros genéricos y prudenciales a la que ha acudido el A-quo luce ajustada y merece confirmación.	Finalmente el agravamiento de la condena por daño moral como consecuencia del incumplimiento de la Demandada al mandato expreso que le impone disponer las medidas para que se cumplimente la contratación de un seguro de responsabilidad civil, tampoco tiene auspicio, pues no se ha alegado y mucho menos probado que el eventual cumplimiento por la Provincia de Córdoba de dicha manda legal, le hubiera asegurado al Actor la satisfacción inmediata de su reclamo.

Por el contrario, las reglas de la experiencia demuestran que las aseguradoras suelen adoptar una estrategia procesal común con su asegurado, por lo que el eventual cumplimiento de la obligación de aseguramiento, aunque deseable, no hubiera garantizado al Actor un adelantamiento de la satisfacción de su indemnización ni le hubiera ahorrado el derrotero que le ha impuesto el presente proceso.

Por tanto el incumplimiento carece de nexo causal adecuado con el padecimiento moral que dice haber sufrido el Actor por la demora en la satisfacción de la indemnización que la tramitación de este juicio le habría generado.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. VOCAL DR. MARIO RAÚL LESCANO, DIJO:

Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Sra. Vocal preopinante, votando de la misma manera.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, LA SRA. VOCAL DRA. DELIA INÉS RITA CARTA DE CARA, DIJO:

Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Sra. Vocal Chiapero, votando en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA SRA. VOCAL DRA. SILVANA MARÍA CHIAPERO, DIJO:

En mi opinión, corresponde: 1. Tener a los Sres. Rubén Darío A. y Sara Méndez por desistidos del recurso de apelación oportunamente deducido (art. 349 C.P.C.), sin costas atento la ausencia de sustanciación y labor profesional de la contraria que amerite justiprecio (arg. art. 130 C.P.C.); 2. Rechazar la apelación del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, con costas atento su condición de vencido (art. 130 C.P.C.), fijando los honorarios correspondientes al Dr. Héctor Guillermo Vélez, por sus labores en esta Alzada en el Cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 sobre lo que ha sido motivo de discusión en esta Alzada (arts. 26, 36, 39 y 40 Ley 9.459); 3. Rechazar la apelación del Actor, con costas a su cargo, fijando los honorarios correspondientes a Pablo Juan M. Reyna Lorena del Valle Facciano, en conjunto, en el Cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 sobre lo que ha sido motivo de discusión en esta Alzada (art. 26, 36, 39 y 40 Ley 9.459) y no hacerlo a favor del Letrado del Actor, sin perjuicio de su derecho (art. 26, contrario sensu Ley 9.459). Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. VOCAL DR. MARIO RAÚL LESCANO, DIJO:

Que adhiere al voto y fundamentos expresados por la Sra. Vocal preopinante, votando de la misma forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA SRA. VOCAL DRA. DELIA INÉS RITA CARTA DE CARA, DIJO:

Que adhiere al voto y fundamentos vertidos por la Sra. Vocal Chiapero, votando del mismo modo.- A mérito del resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1.Tener a los Sres. Rubén Darío A. y Sara Méndez por desistidos del recurso de apelación oportunamente deducido (art. 349 C.P.C.), sin costas atento la ausencia de sustanciación y labor profesional de la contraria que amerite justiprecio (arg. art. 130 C.P.C.).

2.Rechazar la apelación del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, con costas atento su condición de vencido (art. 130 C.P.C.), fijando los honorarios correspondientes al Dr. Héctor Guillermo Vélez, por sus labores en esta Alzada en el Cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 sobre lo que ha sido motivo de discusión en esta Alzada (arts. 26, 36, 39 y 40 Ley 9.459).

3.Rechazar la apelación del Actor, con costas a su cargo, fijando los honorarios correspondientes a Pablo Juan M. Reyna Lorena del Valle Facciano, en conjunto, en el Cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 sobre lo que ha sido motivo de discusión en esta Alzada (art. 26, 36, 39 y 40 Ley 9.459) y no hacerlo a favor del Letrado del Actor, sin perjuicio de su derecho (art. 26, contrario sensu Ley 9.459).---------------------- 4. Protocolícese y bajen.---------------------------------- Silvana M. Chiapero Mario R. Lescano Delia I. R. Carta de Cara Vocal Presidente Vocal