marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, prescripción, cómputo del plazo, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ ZALAZAR ROMERO DANIEL Y OTROS s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-27

El recurrente pretende extender los efectos de una supuesta suspensión de los plazos procesales, al plazo de prescripción de la "actio judicati" nacida a raíz de la sentencia de trance y remate. Tal pretensión no resulta ajustada a derecho, en tanto que los plazos de prescripción liberatoria y los plazos referidos al proceso (y con especial relevancia en el instituto de la caducidad de instancia como apunta la recurrente), operan en diferentes planos, resultando absolutamente independientes y autónomos entre sí. Esta circunstancia, constituye la derivación de la diferente naturaleza de la prescripción liberatoria y la caducidad de instancia, y se expresa con claridad cuando se analizan actos que poseen virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción pero no el de caducidad de instancia (conf., CSJT, sentencia nº 23 de fecha 13 de febrero de 2002). La señalada diferencia entre los distintos planos en los que operan los plazos de prescripción y los plazos referidos a la instancia procesal, responde principal y sustancialmente a que son distintas las normas jurídicas que regulan a cada uno, ya que -a diferencia de los plazos procesales referidos a la instancia- la regulación del instituto de la prescripción resulta una "facultad exclusiva de la legislación nacional, ejecutada aquélla mediante el dictado del Código Civil y de Comercio -fondo común de derecho-, no pudiendo una ley local derogar los plazos establecidos por leyes sustantivas dictadas por el Congreso" ( CSJT, sentencia nº 660, de fecha 8 de septiembre de 2010) .
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo, trámites judiciales, resolución denegatoria, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ISALEX SA c/ SACREU SCA s/ APREMIO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-20

Aun cuando no existe constancia de la comunicación de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, la queja debe entenderse deducida en término, atento a que en el caso de que la cédula de notificación hubiera sido recibida el mismo día de su despacho en la oficina de Correos (11-9), los términos procesales fueron suspendidos del 16 al 18-9 y el recurso interpuesto el 19-9, es decir en tiempo hábil para ello.
Recurso de casación penal, acción civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FLORES, BALTAZAR RAMON s/ RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-09-19

Debe rechazarse el agravio de que la sentencia para rechazar la acción civil se basó sólo en la absolución de la imputación penal sin darse las razones autónomas de hecho y de derecho.Si al ocuparse la Cámara de la acusación concluye fundadamente afirmando que el accidente se debió a la exclusiva culpa del imputado, por lo que no hacía falta razonar más el caso para desestimar la pretensión resarcitoria del actor contra el otro imputado, ya que este no sólo no fue culpable del accidente,sino que fue víctima también él del reprochable accionar de uno de los imputados.-
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOUKARZEL, FELIPE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-21

El amparo ostenta autonomía procesal sustancial, mientras que las medidas precautorias sólo se dan para asegurar la providencia definitiva de otro proceso. Estas se otorgan ante la simple verosimilitud de un derecho, en tanto que el amparo procede cuando se demuestra inequívocamente la lesión. Aquellas no hacen cosa juzgada y su existencia depende de la suerte del juicio principal;

el amparo, en cambio, puede adquirir la autoridad de cosa juzgada.-
Partes del proceso, terceros, intervención de terceros, parques nacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: T.S.R. Time Sharing Resorts S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

El pedido de citación de tercero de la Administración de Parques Nacionales debe ser rechazado pues, por un lado, no surge de los términos de la demanda de qué modo la sentencia podría afectarle, ni tampoco la actora desarrolla fundadamente la procedencia de una posible acción regresiva por su parte, supuesto típico que habilitaría el pedido (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y E. Raúl Zaffaroni).
Ejecución fiscal, excepciones procesales, excepción de pago, pago parcial
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION c/ TELEARTE  S.A.  EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Cuando la ejecutada opone excepción de pago total y ella prueba documentalmente haber cancelado únicamente sólo una parte de lo adeudado corresponde hacer lugar al pago únicamente respecto de los períodos oblados.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Empedocle, Juan Manuel s/ apelación art. 78 ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario.
Derecho procesal, concurso preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, ANGEL Y/O PANADERIA GALICIA s/ CONCURSO PREVENTIVO-II CUERPO-CONCURSO ESPECIAL PARA LA VENTA DE  BIENES PRENDADOS IMPETRADO POR EL BANCO DE SAN JUAN-ACTUACIONES  PARA ELEVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-21

La participación del martillero, en la etapa de ejecución no es a título de parte, sino de auxiliar de la justicia por cuya razón inicialmente, su actuación se encuentra subordinada al desarrollo del proceso y fundamentalmente al control jurisdiccional. Pero ello impone, a las partes, el ejercicio de sus derechos dentro del marco de la ley adjetiva, la buena fe y esencialmente , en un tiempo razonable. Es decir, debe ser ejercido sin abuso del derecho, en razón de que la ley no ampara actitudes de este tipo.
Recurso de reposición (procesal), admisibilidad del recurso, recurso extraordinario, denegatoria del recurso, costas, Comisión Nacional de Valores
Materia: PROCESAL
Carátula: COMISION  NACIONAL  DE  VALORES c/ PAPEL PRENSA SA s/ APELACIONDIRECTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Cabe hacer lugar al recurso de reposición incoado contra la resolución que impuso a la Comisión Nacional de Valores las costas por el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por el organismo. Ello así, pues más allá de la denegatoria del recurso extraordinario interpuesto por la CNV, cuando la administración pública comparece ante la Justicia en el marco de recursos deducidos contra actos suyos, dictados dentro de la esfera de su competencia administrativa, no defiende derechos particulares de la administración sino que actúa como poder público, de modo que su actuación no es equiparable a la de una "parte" de cualquier contienda judicial (conf. Sala A, "Inspección General de Justicia c/ Boca Crece SA s/ organismos externos", 20/02/07; Sala E, "Superintendencia de ART c/ Terminales Río de la Plata SA", del 08/11/06; Sala A "Superintendencia de ART c/ La Meridional ART SA s/ organismos externos", del 14/09/06; Sala D, "Inspección General de Justicia c/ Insuma SRL s/ recurso de apelación", del 20/04/05; entre otros).
Competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción, daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte de pasajeros
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yacarino, Eduardo Héctor c/ Jaime, Domingo y otro. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Se halla comprendida en el fuero de atracción de la quiebra (arts. 22 y 136 de la ley 19.551) la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito contra una empresa de transporte público de pasajeros.
Contrato de obra pública, mayores costos, Impuesto sobre los ingresos brutos, tasas
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: BUSANICHE Y CIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 77-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-14

Es irrelevante el hecho de que en el contrato de obra pública no se haya dicho nada sobre la posibilidad de que la diferencia de tasa en el impuesto a los ingresos brutos constituya un mayor costo, ni que no exista un reconocimiento posterior, porque la naturaleza jurídica de un instituto surge de sus caracteres específicos y no podría considerarse que varía de un sistema de contratación a otro, solo porque el primitivo haya omitido nominarlo.
Certificado de servicios, despido, astreintes
Materia: LABORAL
Carátula: Callejas, Elena Nancy c/ Cabrera, Walter Hugo s/ Ordinario - Despido - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-29

Deduce agravio porque el Inferior desestima el reclamo de multa (art. 80 LCT). por no cumplir con el emplazamiento previsto en el Decreto N° 146/01. Sostiene que si bien no intimó a su ex empleadora en el plazo estipulado lo efectuó al extinguirse el vínculo.

La Juzgadora ordenó la entrega de las certificaciones laborales, bajo apercibimiento de imponer astreintes. Pero, sin la pena que dispone la referida norma, sustentada en el incumplimiento de la intimación, pasados los treinta días que impone el Decreto relacionado. Debe anularse la sentencia en el aspecto que causa agravio. La parte actora aunque requirió al cumplimiento de la obligación de que se trata con posterioridad al plazo exigido por la normativa, teniendo en cuenta que la finalidad de la multa allí legislada es sancionar la renuencia en la entrega, verificada aquélla corresponde su condena.
Leyes, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caseras, Freddy y otros c/ Transporte Av. Bernardo Ader s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El art. 3 del Código Civil admite como principio la aplicación "inmediata" de la ley, lo que significa que la nueva toma a la relación o situación jurídica preexistente en el estado en que se encuentra al tiempo en que la norma es sancionada, y para regir los tramos de su desarrollo aún "no" cumplidos, en tanto que a los cumplidos, se los considera regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron lugar.
Transporte internacional, comercialización de combustibles, sobreprecio, fijación de precios, ratificación del decreto, delegación de facultades a la Administración
Materia: ADMINISTRATIVO-ECONOMIA
Carátula: YPF S.E. c/ Esso SAPA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta con el objeto de que se le abone a la actora el sobreprecio impago por las ventas de combustible para vuelos internacionales- denominados JP1-, durante todo el período de vigencia de la resolución 439/83 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, pues los decretos 1246 y 1546 de 1985 que la ratificaron con efectos retroactivos en los términos del art. 19 de la ley 19.549, son ilegítimos pues la delegación no era procedente en el caso y, por ende, la resolución dictada por un órgano incompetente, no podía ser válidamente ratificada, en razón de que las leyes 17.319 y 17.597 otorgaron al Poder Ejecutivo la facultad para fijar los precios de los combustibles pero no existía previsión legal de la que pudiera inferirse una autorización para subdelegar dicha competencia.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

La interpretación de los contratos es una cuestión de hecho reservada a la instancia ordinaria y excluída de la casación, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas del derecho que gobiernan esa interpretación.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Horacio c/ Abraham, Sergio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Si el monto del juicio quedó establecido mediante una decisión que se encuentra firme, no puede la alzada considerar uno distinto al atender las apelaciones contra las regulaciones realizadas en función de aquel monto, los que -además- sólo cuestionaban a éstas por "bajas" y "altas".
Ministerio Público Fiscal, legitimación procesal, facultades del fiscal, reforma de la constitución, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Universidad Nacional de La Matanza y otros  c/ E.N. - M. Cultura y Educación  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

De los debates efectuados en la Convención Nacional Constituyente de 1994 surge que la finalidad del Ministerio Público era la creación de un órgano extrapoder independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que promoviera la actuación de la justicia y la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad; pero no se desprende de aquellos debates que se haya querido crear un órgano dotado de legitimación para promover el control abstracto de constitucionalidad de cualquier norma o acto de los otros poderes (Voto del juez Rosenkrantz).
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, derecho a la privacidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Arrué Gowland, Mario José s/ ley 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La conducta descripta por el art. 6° de la ley 20.771 queda fuera del ámbito de inmunidad del art. 19 de la Constitución Nacional, pues es proclive a ofender el orden y la moral pública o causar un perjuicio.
Derecho procesal, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: TEJADA DE MESTRE, HELVECIA R. c/ CANTO, ADRIAN Y OTROS. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-28

La facultad saneadora debe ejercerse con la debida prudencia, limitándola a los supuestos en que la inadmisibilidad de la pretensión aparezca manifiesta.
Prueba testimonial, testigo único
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Hector Isidro c/ Coloma de Juri, María Concepción s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Si bien es cierto que en el proceso civil no rige el principio "testis unus testis nullus" y es dable al juez admitir esta declaración a los efectos de la configuración del hecho, debe, no obstante, la misma ser desechada, cuando un análisis comparativo de las declaraciones permite inferir inadvertencias o equivocada percepción de los hechos por parte del testigo. La convicción del juez se forma a partir de la totalidad de los elementos obrantes en autos, merituados de acuerdo a la sana crítica, experiencia y perspicacia para discernir lo verdadero de lo falso.
Juicio ejecutivo, procedimiento monitorio, recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA PREVISIONAL  para Prof. en Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan c/ Bocelli Alfredo s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-03-27

La aplicación del art. 516 del C.P.C.C.M. en este caso es errónea, toda vez que dicha norma rige para los casos de apelación contenidos en el art. 515 que claramente corresponde cuando la parte recurrente sea el ejecutado y no el accionante. El art. 532 del CPCCN es el equivalente a nuestro art. 495 que dice que será apelable la resolución que denegare la ejecución. Obviamente sólo el ejecutante puede interponer el recurso de apelación en este caso por lo que es una resolución que da por concluido el proceso, por lo que debe concederse con efecto suspensivo. Al respecto los autores citados dicen "El art. 495 en concordancia con lo dispuesto en el art. 532 del código nacional establece que será apelable la resolución que denegare la ejecución. La apelación es únicamente viable para el actor, esto es cuando se denegare la ejecución. El recurso es admisible, pues aun cuando se deniegue in límine la ejecución, por vía de providencia simple, ella en todo caso deberá aparecer fundada aunque sea sumariamente (art. 33, inc. 4). Por lo demás es una resolución que impide la prosecución del proceso. La apelación lógicamente lo será con efecto inmediato. El plazo y la forma de interposición del recurso de apelación es el común dispuesto por el código. El cómputo del plazo comenzará a partir de la notificación automática, al no estar prevista en ninguno de los incisos del art. 135".

Fuente del sumario: OFICIAL
Concursos, ejecución hipotecaria, desalojo anticipado, juez del concurso, facultades del juez, medida de no innovar, incidencia en otro juicio, suspensión de la subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARENAS DEL PINAR SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

En una ejecución hipotecaria que tramitó en un juzgado civil, en la que se ordenó el lanzamiento y desalojo anticipado de la propiedad sobre la cual recae la citada ejecución, resulta improcedente que el magistrado donde tramita el concurso de la accionada disponga una medida de no innovar respecto de aquella decisión. Ello, pues el cumplimiento de una orden dictada por un juez dentro de un proceso regularmente asignado para su conocimiento y decisión, no puede ser impedido por acto alguno emanado de otro magistrado o autoridad -salvo sentencia de un Tribunal de Alzada respecto de aquél-. Dicho principio, es plenamente aplicable aún frente a la previsión excepcional dispuesta por la Ley 24522: 24, toda vez que dicha norma faculta al titular del tribunal interviniente en el concurso para disponer temporariamente, en casos "de necesidad y urgencia evidentes", la suspensión de la subasta y de las medidas precautorias ordenadas en la ejecución hipotecaria, cuando esas medidas impidan el uso por el deudor de la cosa gravada, y -tal como acontece en el caso- no se verifican que concurran las hipótesis legales citadas.
Desistimiento del recurso, recurso in forma pauperis
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilar Aroco, Jehiner Efrain s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Aguilar Aroco, Jehiner Efrain s/ 189 bis 2/4° párr. portación de arma de guerra sin autorización c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-08

Corresponde tener por desistido el recurso intentado en forma pauperis por el imputado, por el que impugnó la resolución que rechazó la queja. Ello así, toda vez que la presentación efectuada por la defensa oficial, junto con la nota firmada por el recurrente, contiene su expresa manifestación de la voluntad de desistir de su impugnación. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, proceso penal, imputado, libertad condicional, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PERALTA, HECTOR FROILAN c/  s/ RECURSO DE APELACION (RECOLUCION DEL 2/11/17 - REVOCA LIBERTAD CONDICIONAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto pues, siendo que mediante el recurso de inconstitucionalidad se ataca estrictamente la resolución que confirmó la revocación de la libertad condicional -y además el no cómputo en el término de la pena de ejecución del tiempo en que estuvo en libertad el condenado-, ha de concluirse en que surge patente la ausencia de actualidad del agravio de la impugnante, desde que tales circunstancias fácticas formaron parte de una posterior decisión judicial en el marco de un procedimiento de acuerdo abreviado, que adquirió firmeza; disipándose así los gravámenes oportunamente planteados en su recurso de inconstitucionalidad.
Acción de amparo, caducidad, actos interruptivos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Salerno, Osvaldo Domingo c/ Banco del Chubut SA y Otro s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-02

El plazo de caducidad del ejercicio de la acción de amparo no se interrumpe por la interposición del recurso que se declaró improcedente por razones formales.
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: PROCESAL
Carátula: Abelín, Juan y otros c/ Provincia de San Juan s/ Expropiación Inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-23

Tratándose de intervención coactiva de terceros (art.100 del C.P.C.) presentado que éste fue al proceso, es correcto tenerlo por "parte", quedando su actuación enmarcada en las disposiciones generales del partícipe original. El tercero citado tiene capacidad procesal para comparecer a juicio y articular la defensa que estimare conveniente a fin de salvaguardar su interés.
Obligaciones del mandatario, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: L.B. SA c/ L., C.M. s/ Sumario (Impugnación de Cuentas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07

"La obligación de rendir o dar cuenta de la gestión le corresponde a toda persona que administra bienes total o parcialmente ajenos y realiza actos por encargo en nombre y por cuenta de otro".

Es por ello que la ley impone esa obligación no sólo al mandatario, sino también... al administrador de la cosa común" (art. 2701,CC).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, daños y perjuicios, lucro cesante, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Don Otto S.A. c/ Ingeniería Petrolera y Constructora S.A. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-14

Ha de señalarse en otro orden de ideas que tratándose del retiro transitorio de circulación de un vehículo de transporte colectivo de servicios públicos -a los efectos de ser reparado- el lucro cesante no se presume pues es normal que en esta situación se lo reemplace por otro sin que se altere la eficacia del servicio y número de usuarios, es decir, que la empresa accionante debe probar acabadamente que en el caso en tratamiento ha significado pérdidas, lo que no ocurrió en el sub-exámine, por lo que tratándose unicamente de la fijación de su monto, es dado el ejercicio de la facultad judicial acordada por la cláusula final del art. 165 del CPCC. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en igual sentido dijo: "La solución del juicio requiere fijar los elementos necesarios para evaluar correctamente y determinar en forma prudencial de acuerdo con el art. 165, in fine, del Código Procesal, la cuantía correspondiente a la misma", T.297 pag.280.