Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15


Causa Nº caratulada: "F, R. O. s/ inf. art. 189 bis del C.P.-Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzode 2007, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch para resolver las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

Contra el pronunciamiento de la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 29, María Araceli Martínez, que sobresee a R. O. F, por no encuadrar el hecho del que resultara imputado en estos obrados en una figura legal -art. 56 inc. 3 párrafo b de la Ley 1287 ref. Ley 1330- (fs. 99/100, punto dispositivo I), la Sra. Fiscal, Graciela Eva Navarro, interpuso recurso de apelación por entender que el auto remisorio dictado de oficio interrumpió el curso de la investigación que se hallaba a la espera de los "...informes del RENAR respecto si el arma de fuego secuestrada se encuentra registrada o no, si posee impedimento, si el imputado está o no inscripto en las distintas categorías, etc.". Agrega que así privó a las partes de la posibilidad de requerir esa solución de estimarlo procedente "...interviniéndose en el proceso de manera intempestiva sobre 'igualdad de armas' y 'desarmando' a ambos contendientes", conculcándose la vigencia del principio acusatorio previsto en el art. 13 inc. 3 de la CCBA (fs. 107/108).

Ante el rechazo por parte de la "A-Quo" del remedio impugnaticio, la Fiscal articuló queja, razón por la cual esta Sala revisó oportunamente la existencia de los requisitos que impone la normativa procesal local y nacional de aplicación supletoria para su admisibilidad y hallándolos cumplidos, habilitó la vía de hecho intentada (fs. 138/139), circunstancia que motivó la posterior concesión del recurso de apelación (fs. 142) y el nuevo envío de las actuaciones a esta instancia.

El Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, al contestar la vista correspondiente, sostuvo que el sobreseimiento dictado adolece de nulidad insalvable en virtud de dos órdenes de argumentos: 1) por carecer de motivación suficiente, el que pareciera estar referido al concepto de "arma" sostenido por el Sr. Fiscal y al hecho de que a su juicio los fundamentos del Magistrado corresponden a la etapa de debate; y 2) por haberse dictado el sobreseimiento de oficio, siendo que conforme al art. 56 inc. 3 c) de la Ley 1287 ref. 1330 aquél procede a pedido de parte, con lo que entiende afectado el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el principio de congruencia y el sistema acusatorio Sin perjuicio de su requisitoria de nulidad absoluta, en definitiva, afirma que "...corresponde hacer lugar al recurso impetrado, revocar la resolución en crisis en tanto dispuso el sobreseimiento de F. y su consecuente libertad, y apartar a la Sra. Magistrada interviniente..." (punto VI, fs. 151).

La Defensa, con sustento en citas doctrinales, rechazó el planteo recursivo y respondió a las críticas del acusador en cuanto a la posible afectación al sistema acusatorio y a la falta de fundamentación de la resolución en crisis que "...la Sra. Jueza resolvió con la celeridad que el caso ameritaba, habida cuenta que el imputado se encontraba privado de su libertad, de modo razonable y lejos de lo afirmado por el Sr. Fiscal de Cámara lo resuelto se encuentra debidamente fundamentado..." (fs. 166/68).

CONSIDERANDO:

I. La admisibilidad de la vía, en tanto esta Sala encomendó a la titular de la instancia anterior la concesión del recurso de apelación interpuesto por la Navarro en el marco de la queja impetrada, ya ha sido resuelta, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad tanto en lo que atañe a sus aspectos objetivos como subjetivos .

II. En lo que hace al fondo del asunto, se impone el análisis de las razones expuestas por la fiscalía para decidir sobre el aspecto central de su objeción, dirigida a cuestionar la validez del decisorio.

II.1. El primer carril de crítica se relaciona, como dijéramos antes, con la alegada falta de fundamento del auto desvinculante. Sobre este punto, cabe recordar aquí que tradicionalmente se ha caracterizado al sobreseimiento diciendo que "El proceso penal puede agotarse cognoscitivamente antes de llegar a la sentencia, para desincriminar al imputado. Así ocurre cuando se dicta el sobreseimiento por el órgano jurisdiccional, el que procede en cualquier momento de la instrucción o investigación penal, o sea como coronamiento de las investigaciones o de las críticas instructorias, por algunas causales también durante el juicio, y por extinción de la pretensión penal en cualquier estado y grado de todo el proceso. Este sobreseimiento es definitivo en su eficacia sustancial, Causa Nº 25246-00/CC/2006, Sala II.

favoreciendo al imputado con el non bis in iden al igual que la sentencia absolutoria; pero no se trata en realidad de una absolución sino de un truncamiento del proceso que evita el juicio o su resultado" (Conf. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. "Derecho Procesal Penal", Tomo III, Rubinzal-Culzoni. Editores, mayo de 2004, Santa Fe, pág. 12). Es decir puede ocurrir que previamente al dictado de la sentencia, la investigación penal preparatoria se agote en razón de una causal que imposibilita su continuación y torna innecesario el ingreso a la etapa del plenario.

Por otro lado, entre las hipótesis en que puede fundarse el sobreseimiento, se distinguen las objetivas, subjetivas y extintivas. Sobre las primeras se ha dicho que: son "... las que se refieren al hecho contenido en la imputación y comprenden la no comisión de ese hecho, o su imposibilidad de encuadrarlo en alguna norma penal. Lo primero se limita a lo fáctico; lo segundo se circunscribe a la relevancia jurídica del hecho cometido. En ambos casos se trata de la existencia del objeto procesal en el mundo de la realidad, que resulta negado en uno u otro de sus aspectos; el fáctico o el jurídico penal, limitadamente a la tipicidad" (Conf. autor y obra cit. pág.14).

De lo anterior, se sigue que son causales objetivas las contenidas en los ítems "b y c" del art. 56 inc. 3 apartado b) de la Ley 1287 ref. 1330, es decir cuando "el hecho no encuadra en una figura legal" y " el hecho investigado no ha existido".

Las subjetivas, en cambio, se relacionan con "...el elemento personal de la imputación. Captan la imposibilidad de atribuir material o jurídicamente el hecho imputado, o de considerar a éste penalmente responsable por ese hecho; falta de participación, justificación, inculpación y excusa absolutoria" (Conf. autor y obra cit., pág. 14). Por consiguiente, aquéllas se encuentran previstas en los ítems "d y e" del art. art. 56 inc. 3 apartado b) de la Ley 1287 ref. 1330.

Por último, las extintivas "...se refieren a la pretensión penal cuya desaparición impide que se continúe con el ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción. Se trata de todas las previsiones del Código Penal sobre la extinción de la acción penal, entre ellas la prescripción", contemplada en el ítem "a" del art. 56 inc. 3 apartado b) de la Ley 1287 ref. 1330.

Ahora bien, de la resolución en crisis surge que el sobreseimiento dictado en favor de F. obedeció a una causal objetiva, es decir, relativa al hecho de la imputación en tanto el mismo no resultó subsumible en una figura legal. Para decidir así, el juez tuvo en cuenta el resultado del peritaje que demostró la incapacidad funcional del arma de fuego, al determinar categóricamente que "...el revolver de simple y doble acción, Marca TEJANO, calibre .32 LARGO, Nº 07507, Serie B remitido para estudio, resultó ser NO APTO PARA EL TIRO EN LAS CONDICIONES EN QUE FUERA RECEPCIONADO. Debido a las siguientes falencias: -Al no poseer la cola del disparador se imposibilita accionar el mecanismo de disparo. -Al tener el freno del tambor suelto dentro del mecanismo de disparo, traba totalmente éste", habiéndose ilustrado lo expuesto con las placas fotográficas que acompañan el informe descripto (v. fs. 83 y 84).

Por otra parte, cabe destacar que la experticia tampoco detectó en la numeración del arma de fuego descripta "...maniobras de adulteración o erradicación sobre la misma, opinándose al respecto que podría tratarse de la numeración original..." aconsejándose corroborar lo expuesto con la realización de otros estudios periciales (v. fs. 83vta.).

La conclusión de los peritos de la División Balística de la Policía Federal Argentina resultó determinante para que la Juez "A Quo" puesta en conocimiento de las fallas que presentaba el arma de fuego -cuya tenencia en forma ilégitima pesaba en cabeza de F. - en forma inmediata y sin otras medidas probatorias pendientes de realización dictara el sobreseimiento por no encuadrar el hecho imputado en una figura legal, disponiendo en consecuencia la inmediata libertad del nombrado.

Sostuvo en tal sentido que "...la idoneidad del arma para el disparo es un requisito que debe estar presente para tipificar esta conducta como delictiva. De lo contrario no sería factible afirmar la afectación concreta del bien jurídico protegido 'seguridad pública' cuando el elemento, cuya tenencia y portación se reprime, no satisface su propia naturaleza ni se ajusta a las particularidades funcionales exigidas por la ley" (fs. 99 vta.).

De este modo se advierte inconsistente la crítica formulada en el sentido de que la decisión aparece desprovista de fundamento, pues se han aportado las razones que la sustentaran y que por derivación necesaria -exenta de vicios de logicidad- condujeran a la solución adoptada, las cuales, por otro lado, se aprecian Causa Nº 25246-00/CC/2006, Sala II.

conformes con el derecho vigente y con la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en la materia..

Esta misma Sala ha tenido oportunidad de establecer en anteriores pronunciamientos, respecto de figura del art. 189 bis del C.P. que: "...resulta atípica la tenencia o portación de armas de fuego que no sean estructuralmente aptas para sus fines específicos..." (conf. causa nº 1792-00-CC/2006 "Aldao, Mauricio Ángel s/ inf. art. 189 bis del C.P.-Apelación", rta. el 14-03-2006) y que "Corresponde sobreseer al imputado, acusado del delito previsto en el art. 189 bis del Cód. Penal, si del peritaje efectuado sobre el arma surge que el revólver incautado al menor, que lo había sido sin municiones, resultó no apto para producir disparos en las condiciones en la que fuera recibido, debido a que carece del martillo completo, pieza directamente vinculado con su ciclo de disparo, pues la falta de idoneidad en el objeto referido impide tener por satisfechos los requisitos del tipo objetivo de la figura en cuestión y, por ende, se revela como falto de aptitud para provocar una afectación al bien jurídico que protege la norma" (Conf. causa nº 13570-00/CC/2006 carat. "Alcaraz, Marcelo Andrés s/ inf, art. 189 bis del C.P.-Apelación", rta. el 22-09-2006).

En el mismo sentido se ha expedido el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, al decir que: "Corresponde revocar la resolución que condenó al imputado como autor del delito de portación de arma de uso civil, sin la debida autorización, si el juez tuvo por demostrada la capacidad funcional del arma en sus presuntos conocimientos de criminalística pues, tratándose el arma de un objeto mecánico y habiéndose determinado que la secuestrada presentaba una cierta irregularidad en su conformación estructural - en el caso le faltaba el tornillo de la traba de tambor- la certera constatación sobre su adecuado funcionamiento y aptitud para el disparo exigía la realización de particulares constataciones por un experto" (Conf. TCPBA, Sala III, causa carat. "Basualdo, Juan C s/ rec. de casación", sumario publicado en La Ley Online).

Desde otro punto de vista, también se ha observado con acierto que: "De tal manera se evita la confusión entre los delitos de peligro abstracto con aquellos que pueden denominarse de peligro presunto, pasibles de serios cuestionamientos de índole constitucional, pues se trata de aquellos ilícitos en los que la peligrosidad de la conducta constituye la 'ratio legis' y no debe constatarse en el caso, es decir, no se requiere la comprobación siguiera de la potencialidad lesiva de la conducta desplegada por el sujeto activo; ciertamente dicha opción resulta incompatible con un Derecho Penal orientado a la protección de bienes jurídicos" (Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala III, causa carat. "Basualdo, Juan C s/ rec. de casación", rta. el 127/03/2005, del voto del Mahiques, sentencia publicada en La Ley Online).

Frente a ello, la discrepancia que manifiesta la fiscalía en la instancia sobre la base de que a partir de la sanción de la Ley 25.882 el concepto de arma habría variado, más allá de trasuntar su opinión sobre tal temática, no implica, como se pretende, que el decisorio aparezca huérfano de consideraciones, ni que tal cuestión debe ser necesariamente, materia de debate en otra etapa del proceso.

Lo dicho permite descartar la tacha nulificante del decisoro apoyada en el primer orden de agravios ensayado por el Ministerio Público.

II.2. El segundo carril de crítica, sostiene centralmente la imposibilidad del juez de dictar un sobreseimiento de oficio a la luz de la norma prevista en el art. 56, inc. 3° de la Ley 1287 ref. 1330 y en el art. 13 de la Constitución local que consagra el sistema acusatorio.

La cuestión resulta harto controvertida, no sólo en el orden local sino también en otros ordenamientos procesales provinciales, y su posible solución carece de la claridad y contundencia que parece reconocer el Sr. Fiscal de Cámara.

Ello es así, en primer lugar, pues si bien el texto literal de la norma refiere que el sobreseimiento es resuelto por el juez a requerimiento del Sr. Fiscal o del imputado o su defensor, forzoso resulta reconocer que no prohibe expresamente que pueda ser decidido aún sin petición expresa de las partes en tal sentido. Es claro que cuando en distintos cuerpos adjetivos el legislador quiso impedir tal posibilidad lo estableció de modo más expreso (v.gr. art. 334 que impide tal modo de culminación del proceso luego de finalizada la instrucción).

Véase incluso, como referencia de la complejidad del problema, que quienes cuentan con vasta experiencia en el ejercicio de la Magistratura en el marco de un sistema acusatorio, tal el que rige en la Provincia de Buenos Aires, sostienen que "Remitiéndonos al texto legal tenemos que la mera circunstancia de Causa Nº 25246-00/CC/2006, Sala II.

que el comienzo del artículo 321 del C.P.P. haga referencia a que el imputado, su defensor y el fiscal en cualquier estado del proceso podrán solicitarle al juez de garantías el sobreseimiento, lo que no implica que la ley excluya al juez de la facultad de disponerlo. Así las cosas, no sólo por el axioma de que todo aquello que no está prohibido está permitido sino porque es propio de la naturaleza de la actuación del juez de garantías disminuir o hacer cesar de oficio toda medida de coerción evitable como lo es el mantenimiento injustificado de un proceso en detención, o no, puesto que en estos casos donde se verifican las causales del sobreseimiento, la aplicación de la ley se transforma en un argumento abstracto (art. 144, segunda parte, C.P.P.). A mayor abundamiento y para quienes encuentren en la interpretación exegética un valladar al sobreseimiento de oficio por parte del juez, es de aplicación lo dispuesto en el art. 1° del C.P.P. en cuanto prescribe que la inobservancia de una regla de garantía -y el sobreseimiento lo es- establecida en beneficio del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. A ello hay que agregar que tal como tiene dicho la C.S.J.N. (in re Mattei) si el sometimiento a proceso implica una innegable restricción de la libertad, el sobreseimiento de oficio no sería ni más ni menos que uno de los supuestos por los cuales la ley procesal le permite al juez de garantías disponer de oficio el cese de las medidas de coerción (art. 147). Tampoco el tamiz de los principios que informan el nuevo código impiden adoptar el temperamento a quí sostenido. Ni la vigencia del sistema acusatorio, ni la igualdad de armas, ni el contradictorio se ven agrietados por el sobreseimiento de oficio....Del mismo modo no existe una intromisión indebida en las facultades del fiscal. En primer lugar, porque si bien el representante del Ministerio Público puede escoger dentro de su estrategia qué prueba producir en la investigación penal preparatoria y cuál establecer en el debate, lo cierto es que de ningún modo puede esconder los elementos de cargo o de descargo con que cuente (....) Por lo tanto, si quiere solicitar la prisión preventiva o requerir la elevación de la causa a juicio debe echar las cartas sobre la mesa. Las estrategias del fiscal -o del defensor- no pueden erigir al proceso penal en un juego de azar, donde saltar un casillero signifique ganar o perder el partido o peor aún, que la base del éxito de la disputa sea la sorpresa del contendiente. El proceso siempre debe ser un juego limpio (con cita de Hassemer, "Un proceso limpio es la base para la tarea resocializadora del derecho", en Fundamentos de Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 1984, pág. 311). Por su parte, tampoco existe gravamen para el fiscal, en la medida en que se mantiene intacta la posibilidad de apelar el sobreseimiento así dictado por el juez. Por último y ubicados particularmente en la etapa del requerimiento de elevación a juicio, ella supone la clausura de la etapa investigativa y por lo tanto puede presumirse seriamente que el fiscal no tiene más actividad probatoria que desarrollar. Justamente el período que se abre tiene por objeto la crítica instructoria y el control de los requerimientos acusatorios o conclusivos del Ministerio Público que hacen mérito de la etapa preliminar, con amplio derecho de oposición y por lo tanto una de sus finalidades es evitar que lleguen a juicio casos sin "causa probable"...Esta función le compete al Juez de garantías que no es un mero convalidador de la actividad fiscal, sino que mantiene su poder jurisdiccional inalterado, sobre todo en las deci siones de mérito.......la etapa intermedia se presenta como el filtro necesario y oportuno para evitar el avance a estadíos superiores de aquellos casos que el recto entendimiento aconseja descartar. Por lo tanto, como bien señala Maier, la justificación política de esta etapa es la de prevenir la realización de juicios mal provocados por acusaciones con defectos formales (control formal) o insuficientemente fundadas (control material). (Falcone-Madina, "El proceso penal en la Provincia de Buenos Aires", Ad Hoc pág. 145 y ss., Buenos Aires, febrero 2005).

También enfocando el análisis en el procedimiento penal instaurado en la Provincia de Buenos Aires, ante el concreto interrogante "¿puede el juez disponer el sobreseimiento de oficio", José Luis Ares sostiene: "Creemos que no hay razones realmente valederas para contestar en forma negativa, más allá de que deberían ser las partes las que peticionen en tal sentido y resulta deseable y esperable que a ningún defensor celoso de su cometido o incluso a ningún fiscal, que debe actuar con criterio objetivo, escape una causal que, como se dijera, debe resultar evidente que permita el dictado de sobreseimiento, planteándola oportunamente. Sin embargo, como sostuvimos respecto de las excepciones, creemos procedente la actuación de oficio del órgano jurisdiccional en una decisión que favorece al imputado" (Lexis n° 9200/000331).

En igual sentido se han pronunciado Federico Domínguez, expresando que si se dictare el sobreseimiento de oficio, el mismo sería válido (Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires comentado, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 274) y Héctor M. Granillo-Gustavo Herbel, afirmando que "El juez puede disponer el sobreseimiento tanto de oficio como a pedido de parte, encontrándose legitimados para peticionarlo el fiscal, el imputado y su defensor." (Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Buenos Aires, Comentado y Anotado, Avellaneda, P.B.A., octubre/2005, pág. 660).

Causa Nº 25246-00/CC/2006, Sala II.

Tales desarrollos argumentales que en términos generales compartimos, permiten descartar la idea de que el juez de garantías se vea absolutamente imposibilitado de dictar un auto de sobreseimiento aún no existiendo pedido formal de las partes.

Ahora bien, en el caso de estudio se advierte además que, conforme las constancias agregadas al legajo, una eventual declaración de nulidad respondería claramente al sólo interés de la ley interpretada con un excesivo rigorismo formal. En efecto, ello se aprecia con toda evidencia, en primer término, a partir de las consideraciones formuladas en el punto II.1 de esta pieza en punto a la corrección de la decisión del "a quo" que estableció y fundamentó convenientemente la atipicidad de la conducta sobre la base de las probanzas acollaradas al proceso, en consonancia con jurisprudencia emanada de este y de otros Tribunales y la doctrina mayoritaria.

En segundo lugar, de la atenta lectura del escrito de apelación glosado a fs. 107/108 se extrae que la Sra. Fiscal, más allá de expresar su opinión sobre lo que considera "arma" a los efectos del tipo en cuestión, en ningún momento explica qué probanzas se vió privada de requerir o realizar con relación a la aptitud funcional del elemento, ya que las únicas pruebas que menciona, que se encuentran pendientes de producción, nada tienen que ver con tal temática (informe del Renar sobre registro del arma e impedimento, inscripción del imputado, etc.); tampoco alegó siquiera la eventual posibilidad de requerir un nuevo peritaje sobre el punto -sin perjuicio de la contundencia del resultado del ya realizado-, ni la presencia de alguna otra cuestión a zanjar que amerite la apertura de la etapa plenaria, sobre todo teniendo en cuenta que se carece del elemento exigido para que pueda configurarse el reproche, esto es un arma de fuego apta para poner en peligro el bien jurídico que la norma del art. 189 bis del C.P. intenta proteger, la seguridad pública.

De la misma manera, el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara que obra glosado a fs. 148/151, tampoco aporta en el sentido indicado pues aparece limitado a cuestiones meramente formales.

Esto no hace más que demostrar la inexistencia de un perjuicio material concreto para el Ministerio Público originado en el dictado del auto en crisis ya que, en rigor, no ha sido siquiera alegado, pese a que la fiscalía en la instancia impetra la nulidad absoluta de aquél decisorio, la cual no sólo debe encontrar sustento en un agravio de ese tipo sino que debe además conculcar garantías constitucionales.

Sobre este último aspecto, si bien al mantener el recurso el Walter Fernández adujo la afectación del derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el principio de congruencia y el sistema acusatorio, no logró, -ni siquiera intentó-, argumentar la conección de tales alegaciones con algún perjuicio concreto ni con lo obrado en el expediente, quedando sólo en la mera invocación de violaciones constitucionales y con el esbozo particular de un modelo acusatorio que entiende desconocido pero que, en virtud de lo señalado en párrafos precedentes, no es compartido.

Cabe recordar que la doctrina absolutamente mayoritaria en materia de nulidades y la Jurisprudencia de nuestros más altos tribunales señalan que "La nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de una nulidad por la nulidad misma." (CS Fallos 322; 507, DJ 2000-1, 20, 31/3/99, "Romero Svero, César A., La ley 1999-E, 669); y que "Tanto las nulidades absolutas como las relativas pueden ser declaradas siempre y cuando el vicio del acto haya impedido alcanzar su finalidad. Ello, dado que es inadmisible declarar la nulidad por la nulidad misma, sólo en beneficio de la ley." (CNCP, sala IV, 18/9/99, "Ronsisvalle Andrés E., La Ley 2000-C, 903).

Del mismo modo se ha dicho que "Es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público.....No debe confundirse el respeto a los recaudos que Causa Nº 25246-00/CC/2006, Sala II.

tienden a asegurar la protección del ejercicio de una garantía constitucional con la incolumidad de la garantía misma, pues suponer que una hipotética omisión formal.....pudiera causar la nulidad del acto, implicaría convertir a los medios tendientes a proteger el ejercicio de aquella garantía en una garantía en sí misma, con olvido del carácter meramente instrumental que tales medios revisten." (S.C. B.66.XXXIV - "Bianchi, Guillermo Oscar s/ defraudación" - CSJN - 27/06/2002, El Dial - AA1208).

Finalmente, no puede pasarse por alto que en el caso de autos la decisión de la Magistrada buscó dar rápida solución a la situación del encausado que se encontraba privado de su libertad por una conducta que consideró acertadamente como atípica, y si bien también debe señalarse que tal circunstancia podría haber encontrado otro canal procesal de tratamiento -verbi gratia, la revocación de la prisión preventiva, la notificación a la defensa del resultado del peritaje, etc.-, lo cierto es que no se advierten en la especie razones suficientes que permitan sustentar la declaración de nulidad que se pretende, máxime cuando ya la propia defensa técnica ha manifestado claramente su voluntad de que se acoja el sobreseimiento dictado o de eventualmente requerirlo en la primera oportunidad posible.

Acorde a lo que venimos exponiendo, se impone confirmar la resolución en crisis en cuanto dispone el sobreseimiento del encartado de conformidad con lo que establece el art. 56 inc. 3 párrafo b) ítem "b" de la Ley 1287 ref. 1330, en razón de no encuadrar el hecho investigado en una figura legal y ordena la inmediata libertad del nombrado.

Por todo lo expuesto, habiendo finalizado el Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR los puntos I y II del decisorio de fs. 115/116 del legajo en cuanto disponen sobreseer a R. O. F., de las demás condiciones personales obrantes en autos en orden al hecho descripto y constitutivo del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil de conformidad con el art. 56 inc. 3 párrafo b) ítem "b" de la Ley 1287 ref. 1330 y ordenan disponer la inmediata libertad del nombrado, respectivamente.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente a fin de que se cumplan con las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.