Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24


000051/2013 Comodoro Rivadavia, de abril 2013.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "G., N. V. c/V. F. A. s/ EJECUCION DE CONVENIO", Expte. Nº 51/2013, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia Nro. 2 (Expte. Nro.569/12).

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y estudio de esta Sala por haber interpuesto la actora, a fs. 67, recurso de apelación contra la providencia simple de fs. 66 por la que se rechaza el pedido de aprobación de la liquidación practicada sobre el estado de la deuda mantenida con el IPV y DU por el demandado, como asimismo el pedido de embargo de sueldos de éste.

A fs. 69/72 obran glosados los agravios del recurrente. Considera que el pronunciamiento impugnado resulta desacertado, por cuanto la a quo dio trámite al presente de ejecución de sentencia, habiendo esto sido consentido por la contraria, quien no ha objetado el trámite. Señala que la actora sí resulta acreedora de la deuda, por cuanto en el acuerdo homologado en los autos principales, el demandado se comprometió a saldar la deuda con el IPV y DU en el término de diez meses y no cumplió con dicha obligación a su cargo, lo que hace procedente la ejecución y el embargo solicitado.

Indica los efectos jurídicos de la homologación del acuerdo arribado por las partes y las particularidades del título ejecutorio. Manifiesta que el embargo solicitado tiene como finalidad cumplir con el pago de la deuda mantenida con el Fondo Fiduciario del IPV y DU a fin de poder concretar la cesión del bien inmueble a nombre de la actora, tal cual como se acordara en el convenio que se ejecuta.

II.- Corresponde una breve reseña de los antecedentes obrantes en la causa. A fs. 53/54 la Sra. N. V. G. promueve incidente de Ejecución del Acuerdo celebrado con el demandado y oportunamente homologado por la aquo.

En dicha oportunidad, limita la ejecución promovida a lo dispuesto en la cláusula cuarta del acuerdo, la que dispone "El Sr. F. A. V. se compromete a cancelar el saldo adeudado al Fondo Fiduciario de la provincia y a efectuar la cesión gratuita del inmueble sito en calle Código *** Casa N° *** del Barrio S. C. de esta ciudad a favor de la Sra. N. V. G. y presta su consentimiento para que el inmueble se inscriba a nombre de la Sra. G." (sic fs.4 vta.-) Acompaña documental de la que surge el monto adeudado a la fecha -fs.2/3- y pide se corra traslado al demandado de la petición y se lo intime a dar cumplimiento al acuerdo, abonando al IPV y DU los importes adeudados, bajo apercibimiento de proceder al embargo de dichas sumas para la cancelación de la deuda, más intereses y costas.

A fs. 55, la juez a quo tiene por promovida la presente Ejecución de sentencia e intima al Sr. F. A. V. a que en el término de cinco días proceda a abonar al IPV y DU la suma que corresponda por el compromiso asumido, bajo apercibimiento de ley. Orden judicial que es notificada al demandado a fs. 57, provocando la presentación de fs.62.

En esta oportunidad, el demandado acompaña el pago de dos cuotas e informa que gestionará un plan de pago con el IPV y DU para cancelar la deuda y concretar la cesión gratuita del inmueble a favor de la actora, contestando de esta manera la intimación cursada.

A fs.63 la juez a quo, intimó al accionado a acreditar en autos -en el término de diez días- las gestiones realizadas ante el IPV y DU a fin de regularizar mediante un plan de pagos la cancelación de la deuda reconocida, en cumplimiento del acuerdo homologado, nuevamente bajo apercibimiento de ley.

Debidamente notificado de esto y vencido el plazo otorgado, la actora solicita el embargo de los haberes del demandado hasta cubrir el importe de la deuda a fs. 65. Petición que es rechazada por la a quo a fs. 66 por no resultar la actora acreedora de las sumas reclamadas.

III.- Es necesario comenzar el análisis del presente, teniendo en cuenta que el fundamento de la Jueza de grado para rechazar el pedido efectuado por la parte, fue que la misma no resulta acreedora de las sumas reclamadas.

Sin embargo, bajo tales rigurosos parámetros tenidos en cuenta por la Jueza a quo, tampoco debió tenerse por promovida la ejecución de sentencia, ni intimado el cumplimiento del acuerdo al demandado, ni intimado a acreditar gestión alguna, ambas intimaciones bajo apercibimiento de ley. Entender que la petición de la actora es procedente a fin de dar curso a la presente ejecución de sentencia e intimar bajo apercibimiento de ley, no se condice con el rechazo de fs. 66, el cual no ahonda en sus fundamentos. Afectándose el principio de congruencia y debido proceso.

Más aún, cuando no ha existido petición o defensa alguna planteada por el ejecutado, sino por el contrario, un expreso reconocimiento de la obligación a su cargo y su incumplimiento injustificado.

Ahora bien, tal como afirma la recurrente y ya ha sido sostenido por este Cuerpo, en el marco del proceso civil moderno y particularmente en el proceso de familia, las formas procesales no constituyen un "fin" en sí mismas, sino -diversamente- un "medio" para procurar la seguridad jurídica y resguardar el normal y pleno ejercicio de los derechos y garantías procesales de raigambre constitucional, entre los que se destacan el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, CN).

En el caso de autos, la comprobación de esas cualidades exige determinar si el apercibimiento de ley de fs. 55 y 63 puede resolverse en un embargo preventivo sobre los haberes del demandado, tal como peticiona la actora a fs. 65.

"La creación del Tribunal de Familia tuvo en miras la institucionalización de una jurisdicción exclusiva y excluyente en derecho de familia. Esta línea de pensamiento finalista, por de pronto se nutre de una visión realista y utilitaria (o pragmática) de la actividad de la justicia. Es además la adecuación de los instrumentos formales (leyes procesales) a su propia finalidad funcional al servicio de la actuación del derecho objetivo, es una "instrumentalidad útil" que no se desentiende del resultado a alcanzar; cual es el logro de un rendimiento pleno del servicio de justicia, que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se comparece con un excesivo rigor formal. (EXCMO. TRIBUNAL DE FAMILIA (Fallo Nº 176/93, suscripto por los Dres. E. Cabrera; L. Eidler; S. Zabala de Copes) Fallo: sentencia Fecha: 19/5/93 Citas Doctrin.: Morello-Passi-Lanza, "Interpretación de la Norma Procesal", Ed. Platense, 1982, pág. 497.Citar: el Dial.com - AUB45).- Aparece configurado en autos un exceso ritual manifiesto de parte del juzgado de primera instancia quien ha privilegiado la forma en detrimento del fondo, frustrando la finalidad esencial para la cual las formas procesales han sido establecidas, esto es, organizar el proceso, pero nunca aniquilar derechos, como el de debido proceso y preclusión de las etapas procesales.

Sabido es que el juez detenta el poder y deber de dirigir, ordenar y sanear el proceso -art. 34 inc. 5 del CPR-, el que está orientado hacia la simplificación y la facilitación de la actividad procesal, evitándose así el inútil desgaste de tiempo, energías humanas y económicas. La simplificación de los actos y diligencias del proceso significa, entonces, el deber del juez de reducir al mínimo (condicionado por la necesidad de asegurar el orden del debate, el derecho de defensa y el conocimiento de la causa) las exigencias del formalismo procesal.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y disponer que en la instancia de grado, se libre oficio a la empleadora del demandado, a fin de trabar embargo preventivo sobre sus haberes, previos descuentos y en proporción de ley, por la suma de $8308,75.- en concepto de capital reclamado, más la suma de $1.000 que provisoriamente se presupuestan para atender las costas e intereses del proceso.

Atento el trámite de la presente ejecución, trabado el embargo, deberá citarse de venta al demandado a fin de que oponga las excepciones que considere hacen a su derecho.- Finalmente, deberá hacerse saber a la actora que las sumas que sean cauteladas conforme el embargo dispuesto, no podrán ser retiradas por ella ni tendrán otro destino que no sea la cancelación de la deuda mantenida por el Sr. F. V. con el Fondo Fiduciario de la Vivienda (cuenta 200649/4), en cumplimiento del acuerdo que se ejecuta (cláusula cuarta).- IV.- Las costas de la Alzada serán soportadas por el demandado, conforme criterio rector en la materia de costas al alimentante (art. 69 del CPr.). A los fines de la regulación de honorarios del incidente se tendrá en cuenta el resultado obtenido, la trascendencia y eficacia de la labor profesional desarrollada en función de los porcentuales y mínimos previstos por el art. 32 y pautas del art. 13 de la Ley XIII-4.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 67 y revocar la providencia simple de fs. 66.- 2) Disponer el embargo preventivo sobre los haberes que el demandado percibe de su empleadora, por la suma de $8308,75.- en concepto de capital reclamado, más la suma de $1.000 que provisoriamente se presupuesta para atender las costas e intereses del proceso.- 3) En la instancia de grado, líbrese oficio a la E. S. A. I. (P.) tal como se solicita y, trabado el embargo en los porcentuales dispuestos por la ley, cítese de venta al demandado.- 4) Hágase saber a la actora que las sumas que sean cauteladas conforme el embargo dispuesto, no podrán ser afectadas a otro destino que no fuera la cancelación de la deuda mantenida por el Sr. F. V. con el Fondo Fiduciario de la Vivienda (cuenta 200649/4), conforme considerando respectivo.

5) Costas de esta instancia al demandado. Regulándose los honorarios profesionales de la Sra. Defensora Pública, Dra. María Andrea Caleri, en la suma de dinero equivalente a CUATRO JUS.- 4) Regístrese, notifíquese, devuélvase. La presente se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y coincidir en la solución del caso (cfme. ley V N°17 DJCh).- REGISTRADA BAJO EL N° DEL AÑO 2013 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.