Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-10-26


N° 1.013 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintiseis días del mes octubre del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "PESO LINDA ROSA JOSEFINA C/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL S.A. S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", N° 54.349, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 120/126.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad articulado a fs. 120/126 por el Banco Hipotecario S.A. contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad de Resistencia, que obra a fs. 105/114 vta..

Concedido el mencionado recurso y elevada la causa, la misma se radica a fs. 134 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 142.

A fs. 137 y vta. emite su dictamen N° 1864/03 el Sr. Procurador General y a fs. 147 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- Abocado el suscripto a la consideración del recurso articulado, liminarmente es de señalar que en el presente tramitó una medida autosatisfactiva, conforme los términos del art. 232 bis del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de esta Provincia del Chaco, que fue promovida con el objeto de que el Banco Hipotecario Nacional S.A. recepte el pago del crédito hipotecario en los mismos porcentajes de pesos y bonos (quebrachos) en que percibía sus haberes la actora, como dependiente del Poder Legislativo, fundando la pretensión en la teoría de la imprevisión, el instituto de la fuerza mayor y en los derechos del consumidor. La acción fue promovida durante la feria judicial diciembre/01-enero/02 (07.01.02), expidiéndose la Sra. Juez del Trabajo de la Primera Nominación (a fs. 8/13) en sentido favorable al progreso de la medida reclamada y en tal mérito ordenó que la entidad demandada recepcione el pago de la cuota del préstamo hipotecario (Nº DN0671-025-00000-00000-000341) en el porcentaje de 60% en efectivo y 40% en bonos quebrachos y/o lo que en más o en menos pudieren variar en el futuro dichos porcentajes. Concluido el receso, la causa es remitida a la Mesa Receptora Informatizada del fuero laboral, ingresando luego al Juzgado del Trabajo de la Tercera Nominación (confr. fs. 13 y vta.), cuya titular asume intervención a fs. 14. Agraviado por el decisorio emitido a fs. 8/13 el demandado interpuso recurso de apelación a fs. 39 y vta., el que -fundado a fs. 50/60 vta.- es desestimado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Se advierte, pues, que el fallo atacado por este andarivel recursivo, trátase de un pronunciamiento emitido en el proceso de carácter urgente instado por un particular ante la imposibilidad de afrontar el pago de la deuda contraída exclusivamente en pesos, en razón de lo cual demandó que se ordene la recepción de los bonos quebrachos como instrumentos cancelatorios del préstamo hipotecario.

Ahora bien, siendo deber fundamental de los magistrados el ejercicio regular del poder jurisdiccional, la primera actividad que deberá afrontar es el de discernir si tiene o no atribución para conocer en el caso concreto, esto es, si está o no investido de competencia, lo que entraña un aspecto de esencial importancia para la correcta instrucción y decisión del litigio, toda vez que ". es un garantía constitucional que: "Ningún habitante de la Nación puede ser . sacado de los jueces designados por la ley.", o sea, de su juez natural (art. 18). La competencia es un presupuesto del proceso que puede ser discutido in limine litis . y sobre el cual debe pronunciarse en ciertas ocasiones el juez de oficio." (art. 4º y 330, párrafo segundo de nuestro código de rito) (confr. Podetti, "Tratado de la Competencia", Ed. Ediar, 2ª edición, p. 363/364).

En ese cometido, considerando a la materia del pleito, en particular, como factor funcional de determinación de la competencia, se observa que el acto referido como base de la cuestión planteada (recuérdese: mutuo bancario garantizado con hipoteca) es de naturaleza comercial lo que hace surgir manifiesta la incompetencia del fuero en que el que sustanció la medida autosatisfactiva, reservado a las hipótesis previstas en el art. 10 de la Ley 2383.

Enuncia la referida norma "Los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo conocerán: a) En los conflictos de derecho, individuales o colectivos derivados de la relación de trabajo, cualesquiera sean las disposiciones legales en que se funden, inclusive aquéllas que pudieren corresponder a trabajadores según el derecho común; b) En las causas contenciosas en que ejerciten acciones derivadas de normas jurídicas reglamentarias de la actividad laboral y sindical; c) En los juicios ejecutivos y ejecuciones de sentencias y de títulos ejecutorios devinientes de la materia laboral; d) En los recursos de apelación contra las sentencias de los Jueces de Paz, cuando éstos actúen en materia laboral; e) En los recursos de queja por apelación denegada; f) En las recusaciones, excusaciones o impedimentos de los Jueces de Paz cuando éstos actúen en materia laboral." Infiriéndose pues de lo que antecede que la materia propuesta a decisión por la peticionante de la medida no hace surtir la competencia laboral al no estar subsumida en ninguno de los supuestos que provocan la intervención de los tribunales de ese fuero y siendo que ". la competencia en razón de la materia, como del grado, es absoluta y responde a necesidades de orden público, resulta que no sólo las partes están impedidas de prorrogarlas, sino que el propio órgano jurisdiccional debe inhibirse de oficio de entender en la demanda, si de sus propios términos y exposición resulta que la causa no es de su competencia .; siendo dicha declaración, en esos supuestos, procedente en cualquier estado de la causa." (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales..", Ed. Platense-Abeledo Perrot, 1984, T. II-A, p. 63), no cabe sino declarar la incompetencia de los tribunales del trabajo para seguir entendiendo en la presente causa, cuyo conocimiento corresponde, dentro del esquema de organización local, a los tribunales en lo civil y comercial.

Conviene precisar finalmente que, sin mengua de reconocer que las medidas autosatisfactivas se hallan inscriptas en el género de los procesos urgentes, en tanto constituyen soluciones jurisdiccionales urgentes y autónomas, acordadas frente a requerimientos formulados por los justiciables ante situaciones que demandan una respuesta pronta y eficaz, o en la noción que nos aporta Peyrano ". es un requerimiento "urgente" formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota -de ahí lo de autosatisfactiva- con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal." (confr. "Régimen de las Medidas Autosatisfactivas. Nuevas propuestas." en "Medidas Autosatisfactivas ", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 27), ello no habilita a que se prohije la competencia universal en el conocimiento de dichas causas valiéndose de una aplicación analógica de las normas que rigen la acción de amparo, de cuyas diferencias nos advierte el propio mentor de este novel instituto, cuando reflexiona que "Tampoco nos seduce la hipótesis de que las medidas autosatisfactivas sean afines a los amparos. En primer lugar, porque puede suceder que resulte ineludible la emisión de una autosatisfactiva sin que medie un derecho de rango constitucional claramente conculcado. En segundo, porque el amparo no concede soluciones tan prontas como las proporcionadas por la medida autosatisfactiva." (en "Vademecum de las Medidas Autosatisfactivas", JA 1996-II, p. 711; "Reformulación de la teoría de las Medidas Cautelares: Tutela de urgencia. Medidas Autosatisfactivas", JA 1997-II, p. 932).

Colofón de lo expuesto, dado el ámbito de actuación de este Tribunal -comprensivo de las materias civil, comercial y laboral- y que es procedente la declaración "ex officio" de la incompetencia en razón de la materia en cualquier estado de la causa, en la inteligencia que los trámites realizados en el sublite no aparecen "prima facie" conculcando el derecho de defensa de las partes, o a todo evento no ha sido denunciada por éstas la lesión a dicha prerrogativa constitucional, corresponde decretar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, de esta ciudad y disponer la remisión del expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para que asuma intervención y dicte nuevo pronunciamiento. ASÍ VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se declare la incompetencia de los tribunales del trabajo para entender en la presente causa, en función de lo cual corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que obra a fs. 105/114 vta. y disponer la remisión del expediente al Tribunal considerado competente, el que resulte ser, en el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de esta ciudad, para que asuma intervención y dicte nuevo pronunciamiento.

Las costas de esta instancia, dado la solución propiciada, deberán imponerse en el orden causado, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que se dicte sentencia definitiva. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS DIJO:

A) En punto a pronunciarme sobre la procedencia de la vía extraordinaria intentada por la parte demandada, formulo formal disidencia a la solución propiciada por el colega preopinante.

En cometido de desarrollar las razones que vertebran mi opinión, en forma liminar cabe advertir que, conforme surge de la compulsa de lo actuado en el sublite, en estadio procesal alguno ha sido articulado cuestionamiento a la competencia del órgano jurisdiccional interviniente, cuyo debate recién surge al arribar la causa a la Alzada, promovido oficiosamente en el voto que -en disidencia- emitiera el Dr. Eduardo A. Siri, a la postre dirimido en sentido contrario.

Pues bien, pese a la ausencia de planteo por parte de los litigantes, controvirtiendo la actuación de los tribunales laborales en esta causa instada en los términos del art. 232 bis del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial (de aplicación supletoria por imperio del art. 147 de la Ley 2383), dada la conclusión arribada por el ministro preopinante, entiendo corresponde en rigor elucidar si concurre impedimento legal que provoque el apartamiento de los señores magistrados con competencia en la materia laboral.

En ese cometido, cuadra destacarse que ". las disposiciones que regulan la competencia . por materia, no responden a criterios sustanciales, sino simplemente a una mejor distribución de las causas respetando el principio de especialización.. Por ello, es que, frente a una cuestión de competencia, debe adoptarse un criterio que compatibilice la necesidad de una distribución de acuerdo con las normas que la regulan y la necesidad de efectuar una efectiva prestación de justicia. Al respecto debe tenerse presente que el alargamiento innecesario de las cuestiones de competencia puede significar una efectiva denegación de justicia, que va en detrimento de la garantía constitucional de defensa en juicio establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Cám. Nac. Com., sala B, 1-7-80, La Ley, 1981, v. A, p. 166; Juris. Arg., 1981, v. I, p. 546; Der., v. 89, p. 730) (confr. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales .", Ed. Platense-Abeledo Perrot 1984, T. II-A, p. 392/393).

Ahora bien, sin mengua de reconocer que la fijación de competencia en función de la materia es absoluta y responde a necesidades de orden público, arroja luz sobre la temática abordada escrutar la especial naturaleza y características que exhibe la presente estructura procesal.

Puntualmente es de precisar que la medida autosatisfactiva tiende a aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Adscriptas al género de los procesos urgentes, constituyen soluciones jurisdiccionales rápidas que brindan réplica pronta y eficaz frente al requerimiento específico del justiciable que amerite un trato peculiar. Se destaca que "El mayor beneficio del instituto radica en su maleabilidad para acordar una protección rápida y, por ende, eficaz ante conductas o vías de hecho que afectan un interés tutelable cierto y manifiesto. De esa manera contribuye a que el proceso permita la efectiva operatividad de los derechos sustanciales." (Mabel A. de los Santos, "Medida Autosatisfactiva y Medida Cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales)", Curso de Actualización en Derecho Procesal, Medidas Cautelares y Tutela Anticipada, Rubinzal-Culzoni, p.81).

Seleccionando -de una primera semblanza del instituto- la presencia de una situación excepcional a cuya tutela se debe proveer de inmediato en forma imperiosa, puesto que lo contrario conllevaría la frustración del derecho que se manifiesta en grado de cuasi certeza, fluye con claridad la discordancia que encierra sostener criterios que consientan la articulación o formulación oficiosa de cuestiones de competencia, cuando el acceso a una jurisdicción expeditiva se presenta ostensible, evitando al titular de un interés cierto y manifiesto una estéril dilación en la solución reclamada.

Tengo para mí pues que, frente a tan extraordinarias hipótesis y dada -en suma- la concurrencia de una situación de urgencia y la fuerte probabilidad de que el derecho material del peticionante es atendible, por sobre posibles alteraciones a las reglas de distribución y/o asignación de competencias habrá de privilegiarse el deber de dar una respuesta pronta, justa y efectiva.

Este ideario se fortalece, al reparar, verbigracia, en aquéllas situaciones en que los jueces, ya con indeferencia del fuero al que pertenecen, son llamados por imperio de ley a intervenir en calidad de subrogantes, lo que pone en evidencia cómo la obligación inexcusable de actuar el derecho e impartir justicia en el caso concreto resulta prioritaria, aún cuando la especialidad del magistrado verse sobre materia disímil a la llevada a su conocimiento.

En esa inteligencia y en función -valga la reiteración- de la solución jurisdiccional urgente que importa la medida autosatisfactiva, no puedo más que discrepar con la declaración de incompetencia que se propicia en el voto que me precede.

B) Avanzando en el examen de la vía deducida por el Banco Hipotecario S.A., aprecio que concurren los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, esto es, interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución reviste carácter definitivo y media oportuno planteo de la cuestión constitucional.

Alega el recurrente que la Cámara se esfuerza en justificar la procedencia de la vía elegida y que el fallo lo único que hace es indemnizar al deudor hipotecario de las consecuencias de actos cuya responsabilidad en el supuesto desequilibrio prestacional le atribuye con exclusividad al estado "emergencial" de la economía. Que los sentenciantes determinaron que su parte debe "conformarse" con el supuesto beneficio de atender el pago de impuestos y servicios locales con los bonos. Denuncia que la Alzada nada ha conservado del equilibrio o preservación del contraria, convalidando la mutación del mismo en su perjuicio. Aprecia que las "pruebas" que pudo arrimar el actor no justifican per se que el entuerto hubiera de resolverse a través de una acción de esta naturaleza. Estima que el derecho a la "jurisdicción oportuna" con que se santifica la medida en crisis, es en relación a una de las partes del proceso, aludiendo -a renglón seguido- a cierto sector de la doctrina que critica las medidas autosatisfactivas, por no resguardar debidamente la garantía del debido proceso. Endilga arbitrariedad a la resolución por referir a cuestiones que no fueron planteadas por las partes, tal cuando hace alusión al rol de los magistrados en cuestiones de naturaleza eminentemente social, como es proteger "a los más humildes" y pretender "restablecer el equilibrio del contrato". En esa tesitura, la Alzada deja sin efecto el Código Civil avalando que el deudor se desobligue entregando una cosa distinta y de menor valor, todo ello previo y expreso reconocimiento de que no es culpable de lo acaecido, dado que es tenido por responsable el poder político. Añade que el tribunal de segunda instancia se arrogó funciones legislativas al modificar las pautas contenidas en la Ley 4.951, cuando no pueden dejar de aplicarse los textos legales por motivos de equidad subjetivamente apreciados, a tenor de las directrices emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que transcribe. Que el ad-quem su propuso "armonizar" los derechos de ambas partes y "salvar" la vigencia del contrato de mutuo, lo que -denuncia- constituye un esfuerzo ultra petita. Reitera que los fundamentos desarrollados en el fallo, llevan a la derogación del Código Civil Argentino por vía de una norma procesal local, evidenciándose como se tuerce el derecho so pretexto de invocar dogmáticamente la cláusula "rebus sic stantibus", la "preocupación" de que su parte litigue muchos años y los gastos del proceso, mantener el contrato a fin de "evitar perjuicios a ambas partes", sostener que la revisión contractual es el "mal menor", es decir mediante afirmaciones dogmáticas y consideraciones abstractas de quienes suscribieron el fallo. Critica el argumento atinente a que si el Banco Central acepta el pago en patacones por qué no habría el apelante de aceptar el pago en quebrachos, reputando que esa fundamentación convalida una violación de claros preceptos legales, utilizando el ejemplo de otra violación de esos mismos preceptos (toda vez que tanto los patacones como los quebrachos violan el principio de integridad del pago establecido en el Código Civil); asimismo, indica que la invocación del art. 16 de la Constitución Nacional luce arbitrario ya que el fallo lo trae solo en beneficio del actor, quien goza de su vivienda merced al préstamo de miles de pesos o dólares (no quebrachos ni lecops) que su parte no puede recuperar en la moneda pactada. Reflexiona en torno a que es moralmente bueno ser solidario, pero no lo es torcer el derecho para coadyuvar a ello, y concluye reputando que el fallo es arbitrario por falta de fundamentación normativa suficiente, por prescindir -sin dar más razones que las que surgen de aquella crítica- de normas positivas directamente aplicables, dando en su sustitución pautas de excesiva latitud y, por último, ser violatorio de los derechos de propiedad, debido proceso legal y defensa en juicio al no habérsele permitido intervenir en el proceso adecuadamente.

Liminarmente se aprecia que estas objeciones, remiten a cuestiones de hecho, prueba y derecho no federal -interpretación de normativa provincial y de derecho público procesal local-, que son propias de los jueces de la causa y extrañas, en principio, a la instancia excepcional, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna. También se ha precisado que lo atinente al examen del alcance de las peticiones de las partes y la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es extraño, en principio, a la vía extraordinaria (Rep. E.D., 15, p. 846, N° 201) y que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, bastando con que se hagan cargo de aquéllos que sean conducentes para la solución del litigio (CS, Fallos 221:37; 222:183, cit. por Genaro y Alejandro Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", 3ª edic., v. I, p. 66), principios que admiten excepción en base a la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. N° 332 del 13-11-92) Ello sentado, estimo que en el caso se ha configurado el referido supuesto de excepción, pues si bien se satisface en ciertos aspectos el requisito de fundamentación mínima, las sentenciantes exponen los motivos de la conclusión arribada, en lo sustancial, apoyándose en aserciones dogmáticas, sin explicar razonadamente la aptitud o ineptitud de las cuestiones oportunamente planteadas por el demandado para llegar a la solución consagrada, de modo tal que el iter lógico de su razonamiento pueda ser conocido por el justiciable.

En tren de justificar esta afirmación, conviene aportar una síntesis de lo actuado en el presente, de cuyo examen se desprende que la medida urgente fue promovida con fundamento en el art. 232 bis del CPCC, solicitando la actora se ordene al Banco Hipotecario Nacional S.A. Sucursal Resistencia, la recepción del pago de la cuota del préstamo Nº DN0671-025-00000-00000-000341 en un 60% en efectivo (pesos de curso legal) y el 40% en bonos "quebracho" y/o en la proporción que en el futuro perciba como dependiente de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. A su turno, la Sra. Juez de primera instancia consideró que prima facie era atendible la medida peticionada, ordenando librar oficio a la entidad creditica para hacer efectiva la medida autosatisfactiva. Agraviado por la resolución emitida, el Banco Hipotecario S.A. articuló recurso de apelación, vertebrado -entre otras motivaciones- en la errónea, arbitraria e insuficiente fundamentación que presenta aquélla, de la que se desprende una total ausencia de análisis por parte de la juzgadora en cuanto a la procedencia de la medida, máxime el carácter excepcional y de aplicación restrictiva que ella exhibe, alegando por su parte la inexistencia de los presupuestos que hacen a la admisibilidad de la tutela decretada.

Pues bien, amén de resultar prioritario y trascendente para elucidar la problemática, el destinatario de la medida explícitamente controvirtió ante la Alzada la improcedencia de esta estructura procesal, lo que mereció por parte de dicho Tribunal un análisis confinado a los párrafos finales del decisorio -maguer la incidencia y trascendencia que exhibía para arribar a una adecuada resolución del conflicto-, y reducido, finalmente, a escuetas apreciaciones, restando así al fallo la fundamentación suficiente y necesaria que requiere el acto judicial para ser válido.

Con nitidez se aprecia que al iniciar el tratamiento de la materia debatida, si bien se informa que será encarado el análisis relativo a ". si concurre en el caso un situación de urgencia y fuerte probabilidad de que el derecho del postulante sea atendido .", vale decir de algunos de los recaudos exigidos para la viabilidad de la medida peticionada, de inmediato se escapa del concreto estudio anunciado, al sentar que ". la cuestión debe resolverse en el marco del estado de emergencia administrativa, económica y financiera que aqueja al estado Provincial (similar a la imperante también en el orden nacional), y particularmente la situación de déficit de las cuentas públicas que ha llevado a declarar mediante ley 4.951 -art. 1- que ello constituye causal de fuerza mayor en el Sector Público Provincial, deviniendo en un Estado de Necesidad no previsto en la normativa vigente.". Dicho esto, continuó el juez de primer voto virtiendo la opinión que le merece la emisión de los referidos bonos, la aceptación (impuesta) de los mismos por parte de los agentes de los tres poderes provinciales puesto que lo contrario llevaría a que los salarios queden parcialmente impagos lo que se agrava -según entiende- con la devaluación producida por las medidas económicas, cambiarias y financieras adoptadas en el orden nacional, temas éstos que en momento alguno integraron la materia recurrida. Acto seguido, atribuye a la normativa nacional y a la provincial la alteración de las relaciones contractuales y generación de situaciones injustas que ". corresponden sean subsanadas, atemperadas o morigeradas por el órgano judicial, ya que se trata de acontecimientos no provocados por las partes del contrato individual." (fs. 109 vta.), abundando respecto de la grave situación de crisis en que se encuentra inmersa la sociedad argentina, que derivó en que las contrataciones efectuadas en el país se vean alteradas provocando la crisis del contrato ". que no debe ser soportada solo por pocos, sino tratando de restablecer la economía de lo pactado armonizando los derechos de las partes" (fs. 109 vta. in fine/110). Y en este derrotero trazado por la Alzada se sostiene que el nuevo medio de pago impuesto ". ha colocado a los deudores, particularmente a la actora ... en una situación de emergencia y necesidad acreditada." a más que de no aceptar la acreedora hipotecaria el pago del crédito con la modalidad reclamada la pondría en situación de incumplimiento frente a la obligación contraida, poniendo en serio riesgo su subsistencia . De allí la urgencia y necesidad acreditada. (confr. fs. 110).

Conforme lo adelantara, esta reseña de las líneas salientes del fallo pone de resalto el deficiente trato acordado por la Alzada, en tanto mereciendo por estricta lógica un examen preferente en el orden, difiere uno de los planteos centrales de la problemática, repeliéndolo dogmáticamente en estos términos: ". si bien la apelante refiere a la existencia de otras vías que hubiera podido intentar la actora para enfrentar la situación de insuficiencia de moneda de curso legal, es de destacar que la urgencia viene determinada por su razonabilidad, cuando una respuesta ulterior deviene inútil o irreparable por tardía." (confr. fs. 110 in fine y vta.).

Pasible de reproche, asimismo, aparece el juicio de la Cámara en cuanto los sentenciantes acuden a afirmaciones de corte apodíctico para repeler la queja formulada por la entidad bancaria en orden a la ausencia de los presupuestos de admisibilidad de la medida autosatisfactiva, cuya estrecha conexión con el anterior agravio imponía incluso su tratamiento conjunto, y que debió suscitar en el tribunal un mesurado estudio de los aspectos litigiosos (sin ingresar en otros ajenos a esta litis), para alcanzar una solución razonable y razonada, con sustento en fundamentos normativos adecuados, máxime los especiales caracteres que presenta la medida reclamada, lo que indudablemente no se satisface con la aserción estampada a fs. 111 vta. en el sentido de que se encuentran ". en el caso debidamente cumplimentados los recaudos de procedencia de la medida autosatisfactiva.".

Queda evidenciado que la actividad jurisdiccional no refleja una ponderación del aspecto propuesto en revisión, acorde a la incidencia y trascendencia que exhibía para arribar a una adecuada resolución del conflicto, restando así al fallo de una fundamentación suficiente y necesaria que requiere el acto judicial para ser válido.

Para una mejor comprensión de la tarea que a los órganos jurisdiccionales provoca el conocimiento de esta índole de causas, preciso es señalar que inscriptas en el género de los procesos urgentes, las medidas autosatisfactivas constituyen soluciones jurisdiccionales urgentes y autónomas, acordadas frente a requerimientos formulados por los justiciables ante situaciones que demandan una respuesta pronta y eficaz. No son accesorias ni tributarias de una acción principal en tanto brindan una satisfacción definitiva a las pretensiones de los postulantes, no dependiendo su vigencia ni mantenimiento de la paralela o posterior articulación de un proceso de fondo, lo que lleva a predicar su calidad de autónomas (distinguiéndose -entre otros aspectos- de las medidas cautelares que exhiben un carácter instrumental).

En otros términos, ". dispensan a través de un proceso urgente una satisfacción o efectividad inmediata y definitiva, que agota y consume la litis, a través de un pronunciamiento en el mérito de la pretensión, cuyo efectos devienen de hecho irreversibles y, por ello, tornan innecesaria la continuación del proceso y abstractas las cuestiones que integraron la pretensión" (conf. Roberto Omar Berizonce, "La tutela anticipatoria en Argentina (Estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)", publ. en "Medidas Cautelares", Rubinzal-Culzoni, 2002, p. 159).

Sin que escape al conocimiento de la suscripta aquellas voces que entronizan esta nueva herramienta procesal por su relevancia e idoneidad para brindar respuesta a ciertas y especiales situaciones de marcada urgencia, se impone clarificar que este medio de tutela rápido tiene una naturaleza extraordinaria, lo que se desprende claramente del propio precepto que, incorporado a nuestra ley adjetiva por la Ley 4.559, edicta que "Los jueces a pedido fundado de parte . deberán excepcionalmente ordenar medidas autosatisfactivas", estableciendo el legislador a renglón seguido los recaudos cuya concurrencia se requiere para el despacho favorable.

La apuntada característica ha sido reconocida, asimismo, por uno de sus más fervientes defensores, como puede extraerse de aquella reflexión en la que expresa: "Tampoco nos seduce la hipótesis de que las medidas autosatisfactivas sean afines a los amparos. En primer lugar, porque puede suceder que resulte ineludible la emisión de una autosatisfactiva sin que medie un derecho de rango constitucional claramente conculcado. En segundo, porque el amparo no concede soluciones tan prontas como las proporcionadas por la medida autosatisfactiva. Se debe tener en cuenta que el trámite de aquél siempre lleva su tiempo. Cierto es que la parte interesada podría recurrir en su seno a una cautelar, pero si ello es así y la cuestión se puede resolver adecuadamente por esa vía, ¿a qué traer a cuento a la medida autosatisfactiva que, por definición, posee una naturaleza residual y hasta cierto punto in extremis?"(lo subrayado me pertenece) (conf. Jorge W. Peyrano, "Vademecum de las Medidas Autosatisfactivas", JA 1996-II, p. 711; "Reformulación de la teoría de las Medidas Cautelares: Tutela de urgencia. Medidas Autosatisfactivas", JA 1997-II, p. 932).

Esta faceta medular de la figura procesal halla cohesión en el plano normativo, en cuanto se acota su procedencia (reitero, de excepción) a la inexcusable concurrencia de los particulares y/o agravados presupuestos mentados en el art. 232 bis del CPCC, que -según ilustra la doctrina- refieren a: I) existencia de una fuerte probabilidad del derecho alegado (como mínimo) hasta alcanzar la certeza de su ser, esto es ". la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto, lo que supone cuando menos una fuerte probabilidad, y aun la certidumbre de que el derecho material del pretendiente sea atendible por fundado". (Berizonce, ob. cit. p. 162); II) situación de marcada urgencia que amerita proveer a la tutela de inmediato para conjurar la frustración del derecho, o la producción de un daño insusceptible de reparación; III) que la pretensión se articule para hacer cesar conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal (ap. a) del citado art. 232 bis); IV) que no sea necesaria la sustanciación de un proceso de conocimiento autónomo, en tanto que el interés del postulante debe circunscribirse ". de manera evidente a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines." (ap. b) del mismo dispositivo); V) prestación de contracautela, según la valoración motivada que de las circunstancias del caso hiciera el juez.

Desde la apuntada perspectiva -en ocasión de sentar su postura en torno a la conveniencia de acordar soporte normativo a esta índole de procesos- sostiene Roberto Omar Berizonce que las tutelas autosatisfactivas (o medidas de efectividad inmediata) no merecerían un ". tratamiento legislativo a la vista de su extrema excepcionalidad . y de los muy escasos supuestos que podrían ser en ella encuadrados.", añadiendo que ". no deberían ser decretadas en todos los casos inaudita parte. El ulterior contralor en vía recursiva no parece suficiente, tratándose de propios procesos de cognición restringida, que agotan el conflicto y lo resuelven de una vez y para siempre, desde que excluyen la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo." (ob. cit. p. 167/168) (lo destacado en negrita nos pertenece).

Estimo relevante señalar que estos procesos registran en su seno la existencia de reclamos dirigidos a obtener una respuesta pronta, eficiente y oportuna del órgano jurisdiccional, por lo que -sin que ello lleve a relegar el derecho que asiste a todo justiciable de que a su respecto se haga efectivo en tiempo útil el acceso a la Justicia- va de suyo que la tutela inmediata debe inexcusablemente dispensarse como consecuente de la existencia -comprobada, por cierto- de una situación de extrema urgencia.

Indiscutida como nota común a los procesos cautelares y al instituto subexamen, no obstante el recaudo denominado "periculum in mora" que se requiere en aquéllos, es sustituido aquí por un grado calificado o agravado de peligro en la demora, un "plus", dado por la necesidad de evitar la frustración del derecho alegado, o la irreparabilidad del perjuicio que generaría un reconocimiento posterior del mismo. Dicho está que pretensiones como la de marras exigen -entre otras- como condición: "El temor grave de que no sea reconocido el derecho que se reclama. Se requiere la "urgencia" como recaudo para incoar esta peculiar acción. . no basta con que exista el riesgo de que se convierta en ilusorio el reconocimiento, sino que debe tratarse de un peligro acreditado de tal forma que logre el convencimiento del juzgador. En suma, debe demostrar en el proceso autosatisfactivo que el rechazo del planteo provocará la "irreparabilidad del perjuicio" (Fernando A. Sagarna, Jurisprudencia Argentina Nº 6087, 29-04-98, p. 18/27). Se afirma que "Se trata de providencias definitivamente satisfactivas, cuya obtención se torna imprescindible pues de lo contrario se malogra el derecho. . El requisito del "peligro en la demora", propio de las medidas cautelares, en la materia se traduce en la exigencia de que la tutela inmediata sea imprescindible, frustrándose en caso contrario el derecho invocado" (conf. Mabel A. De Los Santos, "Curso de Actualización en Derecho Procesal. Medidas Cautelares-Tutela Anticipada, Fundación de Estudios Superiores e Investigación, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 83/107).

De tal suerte, amén de la proclamada y regulada naturaleza extraordinaria que exhibe esta novel estructura procesal, la urgencia en su dictado hace a su esencia y legitima su procedencia, en forma conjunta con la existencia de los recaudos referenciados "supra", en especial el atinente a la fuerte probabilidad de que lo postulado resulte atendible, respaldado debidamente por prueba, según prescribe el art. 232 bis del rituario.

Destacado, así, que las medidas se vertebran, por un lado, en la urgencia, y por otro en la evidencia que el derecho argüido existe, para proveer a la tutela el juez profundizará aún más el examen, sopesando que habrá de emitir una sentencia de mérito, dentro de un marco simplificado al extremo de que la bilateralidad se posterga a un estadio posterior al dictado del fallo, o excepcionalmente es circunscripta a la posibilidad de oir al destinatario de la medida, lo que se infiere de los incisos d) y e) de la norma de mención. El celo reclamado se impone, por otra parte, habida cuenta que la tutela acordada goza de una virtualidad definitoria, contrariamente a las tradicionales medidas cautelares en que se provee interina y provisionalmente, otorgando satisfacción definitiva al requerimiento del postulante, quien se encuentra eximido de incoar y tramitar el proceso de conocimiento principal.

Desde ese ángulo, y sin que estas consideraciones trasunten opinión de la suscripta acerca de las que en contrario se erigen contra este instituto procesal, el acotado -cabe reconocerlo- ejercicio del derecho de defensa que se acuerda al sujeto receptor, llevará al magistrado a extremar su prudencia frente a un proceso en que, tributando homenaje a la celeridad y en respuesta a imperativos de efectividad, el trámite es acelerado para arribar de inmediato a la resolución final del caso, con paralela mengua al derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), que no consiste sino básicamente en la oportunidad adecuada de audiencia y prueba que merece todo litigante.

Y si bien nuestro legislador aparecería resguardando la garantía del debido proceso adjetivo cuando establece un contradictorio aplazado en el tiempo, en tanto por vía de excepción admite ". una previa y reducida substanciación.", y como directriz que el despacho de la medida sea directo, para recién luego posibilitar la defensa en juicio, a través de la opción de interponer en forma directa el recurso de apelación, o iniciar un juicio declarativo general sumario de oposición (conf. inc. e) del aludido precepto), lo cierto es que con debida valoración de los específicos caracteres que exhibe, recaudos legales que exige y perfiles que la delinean, deberán ser ejercidas las potestades judiciales cuando se reclama una tutela de satisfacción inmediata.

En función de lo hasta aquí desarrollado, es de señalar que esta nueva figura procesal surge demandando -en lo sustancial- la acreditación del derecho en un grado de cuasi certeza y una manifiesta urgencia en el dictado inminente de la resolución, debiendo descartarse asimismo la existencia de vías alternativas de igual eficacia, las que de lo contrario deberán ser transitadas. Ello persuade de que estamos en presencia de una herramienta "in extremis".

Frente al puntual reclamo, el Juez habrá de asumir la plenitud de sus poderes-deberes, escrutando entre las afirmaciones vertidas y probanzas arrimadas por el peticionante, si median los ya referidos presupuestos, y una vez persuadido de su existencia, se pronunciará con prudencia, pero con plena decisión, dispensando la tutela.

En conexión con el quehacer del magistrado, no debe olvidarse que si bien es protagónica la función del mismo, no menos cierto es que campeando el principio dispositivo en el proceso civil -en cuya órbita se emplazan las medidas autosatisfactivas- de suma importancia para que no se distorsione la finalidad para la cual fueron instituidas, es la labor que cabe a las partes y profesionales que las representan, quienes reservarán la promoción de la vía prevista en el art. 232 bis de la ley adjetiva local a los exclusivos supuestos que la tornan viable; imperiosa es su participación, aportando el material de conocimiento que resulte suficiente para que el juzgador alcance el grado de certeza y despache la medida de satisfacción inmediata. El deber de buena fe y lealtad procesal constriñe a las partes y auxiliares del derecho a colaborar con el órgano jurisdiccional posibilitando el empleo razonable y adecuado de este instrumento procesal. Advertido el juez de la ausencia de los requisitos y ante un uso distorsionado del proceso, nuevamente ejercerá su imperium rechazando la pretensión.

Finalmente, considero que no es ocioso recordar que, concebido el proceso como ". el instrumento del cual se vale el Estado para aplicar el derecho material a los casos concretos", cabe al juez ".un rol activo aunque imparcial frente a una y otra partes, pues al Estado no le interesa que tal o cual litigante gane sino que el conflicto se solucione con la mayor justicia posible. Es que si bien el proceso, como herramienta para la aplicación de la ley a las relaciones jurídicas privadas, tiende decididamente a la satisfacción del interés privado, persigue y logra al mismo tiempo la tutela del interés público, representado en el caso por el restablecimiento de la efectividad del derecho y los efectos disuasivos de las sentencias, y ello contribuye en enorme medida al mantenimiento de la paz social . con cada sentencia que resuelve un conflicto en forma razonable se alcanza una finalidad mayor para toda la comunidad que la que se obtiene para las propias partes." (conf. Roland Arazi "Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal-Culzoni, 1999, T. I, p. 157 y 238).

En suma, provocada la intervención de la jurisdicción de Alzada en orden a la correcta aplicación e interpretación del art. 232 bis del código de rito, controvirtiendo el recurrente la procedencia de la vía impetrada, así como la concurrencia de los recaudos atinentes a su fundabilidad, el postergado tratamiento de estas quejas aunado a que la réplica quedó confinada a meras afirmaciones, determinan que el decisorio esté exento de una fundamentación suficiente, incurriendo los sentenciantes en un dogmatismo que, en su seno, trasunta omisión en la consideración de pretensiones o argumentos medulares para la solución del caso.

Finalmente, lo decidido por la Cámara no es derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa en tanto, al imponer la revisión judicial de los términos contractuales, autoriza al actor el pago del préstamo hipotecario en la forma en que el Estado le abona sus salarios, justificando esta solución en mérito de que la demandada se trata de una sucursal emplazada en la Provincia del Chaco, por lo que ".por su calidad de comerciante puede requerir del Estado Provincial, el ingreso al mecanismo de canje por Lecop, que se encuentra vedado al público." (confr. fs. 110 vta.), aserción que no contempla lo dispuesto en el art. 1º de la Resolución Nº 080, del 12 de marzo de 2002, del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco e importa una mera expresión de la individual voluntad de los sentenciantes.

Comprobadas tales irregularidades, resulta descalificable la resolución criticada, y sin que esta declaración trasunte opinión favorable a la postura del recurrente, la que debe ser examinada nuevamente con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios, entiendo que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de arbitrariedad, cuales son que el fallo se sustenta en afirmaciones dogmáticas o brinda fundamentos sólo aparentes, y soslaya circunstancias expuestas por la entidad bancaria que son conducentes para decidir la materia controvertida.

Es de recordar que esta Sala, en anterior integración -con cita doctrinaria y jurisprudencial- ha señalado que el deber de fundar las sentencias "... se asienta sobre consideraciones de orden jurídico e institucional. Lo primero, porque se dificultaría el ejercicio de la defensa si, desconocidas las razones de la decisión, resultara imposible la "crítica razonada del fallo" que exige el art. 265 y la fundamentación del recurso, art. 246; lo otro porque aleja la posibilidad de arbitrariedad en una institución de tan subida trascendencia como la cosa juzgada, de jerarquía constitucional" (Colombo, Cód. Proc. Civ. y Com. 4ta. ed. T.I, pág. 284). La doctrina de la arbitrariedad, conforme a la elaboración jurisprudencial de la Corte Suprema de la Nación, requiere para su procedencia un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva ausencia de fundamentación, como así, que se omita decidir sobre cuestiones conducentes para la solución del caso o se base en afirmaciones dogmáticas (STJ Chaco, Resol. N° 30 del 15/6/79, Expte. N° 16.124/78, cit. CS, marzo 8-977, Rev. ED. n° 4292, pág. 2) (Sent. N° 10 del 20.03.80).

Teniendo en cuenta lo expuesto y que el agravio de arbitrariedad resulta atendible por vía del recurso de inconstitucionalidad por importar violación de las garantías constitucionales invocadas, corresponde acoger favorablemente el presente, decretando la nulidad de la sentencia, por los fundamentos dados.

No empece a esta solución que, sin desmedro de las aristas que presenta la materia merced a la interposición de recursos procesales, dado el tiempo insumido desde que surgió el conflicto, los sentenciantes puedan eventualmente hacer mérito de la variación operada en el marco legal, de los nuevos aspectos que ofrece el fenómeno litigioso, de los efectos concretos que surtió la resolución apelada en función del grado de acatamiento que pudo haber merecido el mandato judicial y del posible interés que exhiban las partes en mantener abierto el debate, lo cual fluye del principio superior de que los procesos merecen ser instruídos para dilucidar contiendas concretas y reales, que permitan -como ya se subrayó- no sólo la composición de los intereses privados sino que operen como instrumentos de la paz social, al tiempo que se optimiza el rendimiento positivo y eficaz del servicio de justicia.

Colofón de lo que antecede, voto afirmativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 120/126 por el Banco Hipotecario S.A., y en consecuencia, se decrete la nulidad de la sentencia dictada a fs. 105/114 vta. por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, de esta ciudad de Resistencia, debiendo devolverse los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 Dec. Ley 1407/62).

Dado el resultado del recurso, las costas de esta instancia deben ser afrontadas por la parte actora, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que se dicte sentencia definitiva. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

Existiendo disidencia en los votos emitidos por los Sres. Magistrados, a los efectos de ser dirimida, esta Sala se integra con el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia (art. 29 de la Ley Orgánica de Tribunales, modif. por Ley 1950), según lo dispuesto a fs. 145.

I.- A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO Llamado a dirimir la disidencia suscitada entre los señores jueces de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, dejo anticipado que voy a compartir la solución propuesta por el Dr. Ramón Rubén Ávalos.

Ello resulta, en primer lugar, que por estar en juego la competencia ratione materiae, que ha sido instituida en función del interés general, riguroso es sujetarse a las directrices conforme a la cual la competencia por dicho factor de atribución es de carácter absoluto y por tal susceptible de ser examinada y declarada en cualquier estado del proceso. Sentado que las reglas que asignan tal competencia propenden a asegurar la eficacia de la administración de la justicia, no pueden por tanto ser prorrogadas por las partes ni soslayadas por los magistrados, a quienes la aptitud para ejercer su jurisdicción según la naturaleza del asunto les viene precisamente de la ley, cuyas pautas están ajenas a su discrecionalidad.

No conforma óbice, pues, para declarar la incompetencia de la justicia laboral para seguir interviniendo en la presente causa, la complacencia y/o falta de cuestionamiento por parte de los litigantes a la actuación de los tribunales del trabajo, en tanto que -como se adelantó- han sido afectadas las normas distributivas de la competencia en razón de la materia, cuyo contralor y observancia es deber ineludible de los jueces, aún de oficio.

En segundo lugar, ahondando en la fundamentación expuesta por el Dr. Ávalos, no cabe avalar la actuación de los tribunales del trabajo en causas como la de marras advocándose la aplicación analógica de la competencia universal que habilita la intervención en las acciones de amparo de los órganos jurisdiccionales, sin distinción de la materia, habida cuenta las diferencias existentes entre ambos institutos procesales (referidas en el voto al que adhiero), a lo que he de añadir -a título de colofón- que, frente a la extraordinaria situación que se denuncia como merecedora de una tutela urgente, habrá de resguardarse la intervención de los jueces competentes en razón de la materia, en el entendimiento que su especialidad aporta mayor garantía para brindar la respuesta pronta y eficaz que se demanda por la vía prevista en el art. 232 bis del CPCC. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Teniendo en cuenta la conclusión que arribara al tratar la primera cuestión para definir la disidencia, adhiero a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos, en el sentido de que se declare la incompetencia de los tribunales del trabajo para seguir interviniendo en la presente causa, en orden a lo cual corresponde declarar la nulidad de la sentencia emitida a fs. 105/114 vta. por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y disponer la remisión del expediente a la Cámara des Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, para que asuma intervención y dicte nuevo pronunciamiento.

Por encontrarse ajustado a derecho, presto también especí-fica adhesión a la propuesta del Dr. Ávalos respecto a la materia costas y arancelaria. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N°_1.013_ RESISTENCIA, octubre 26 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DECLARAR la incompetencia de los Tribunales del Trabajo para entender en la presente causa y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia dictada a fs. 105/114 vta. por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, de esta ciudad de Resistencia, correspondiendo la remisión del expediente al tribunal considerado competente, el que resulta ser, en el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

II.- REMITIR los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, asuma intervención y dicte nuevo pronunciamiento.

III.- IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente al Sr. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente remítanse los autos conforme está ordenado en el punto II.