Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18


Rawson, 18 de Septiembre de 2.007.- VISTO:

Estos autos caratulados: "Recurso de Queja en autos: "V, D J y otra c/ R, J A y otros s/ Sumario (Daños y Perjuicios)" Expte. Nº 16.048/2006" (Expte. Nº 20.951-R-2007).

DE LOS QUE RESULTA:

Llegan los presentes a conocimiento del Tribunal en virtud de la presentación directa de fs. 19/29 vta., efectuada por la compañía S B R C L, en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala "A", -obrante en copia a fs. 15/16 vta. que declaró inadmisible la casación que interpusiera contra la resolución de ese mismo Cuerpo, que también en copia, luce a fs. 3/4.

1.- La Alzada declaró inadmisible su casación porque se dirigió contra una decisión que resuelve sobre nulidades procesales, afirmó, que se trababa de una cuestión de carácter netamente procesal que no constituye una sentencia definitiva ni frustra el derecho federal invocado.

2.- La compañía de S B R C L. relata los hechos trascendentes de la causa, necesarios para resolver la presente queja.

Expone las razones por las cuales la interlocutoria, que desestimó la nulidad de la notificación de la cédula que le comunicaba que los autos se encontraban en la Secretaría de la Cámara, para fundar la apelación que interpusiera contra la sentencia de Primera Instancia, posee las características de una sentencia definitiva. Afirma que con la misma se conculca toda posibilidad de presentar su expresión de agravios.

Refiere que la resolución es arbitraria y viola las disposiciones constitucionales del art. 16, en cuanto establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y las del art. 18 que reconoce la inviolabilidad del derecho de propiedad.

Considera que dichos preceptos han sido avasallados en la resolución recurrida, cercenándose su derecho de defensa en juicio.

Manifiesta que la sentencia es arbitraria toda vez que se contradice con lo resuelto en otro fallo dictado por este mismo Tribunal. Señala que el art. 288 inc. "a" del C.Pr., dice claramente que la resolución tiene que ser casada cuando se fundare en una interpretación de la ley que hubiera influido sustancialmente en su dispositivo y que fuere contraria a la hecha por un Tribunal Colegiado de única o ultima instancia de la Provincia. Cita un fallo, de la misma Sala que dictó el que nos ocupa y lo transcribe.

Refiere que a pesar de haber invocado el precedente que transcribió, al momento de resolver el incidente de nulidad, no se consideró lo resuelto con anterioridad, en el sentido de que es absolutamente irregular consignar varios destinatarios en la misma cédula de notificación, pues ello atenta no solo contra lo dispuesto por el art. 136 inc. 1ero. del C.P.C.C., sino incluso con el debido proceso y su derecho de defensa en juicio.

Hace referencia a las irregularidades cometidas en la notificación de la citada en garantía, toda vez que se consignó erróneamente el nombre de la misma, no se aclaró el carácter del abogado que actuaba, es decir, si era apoderado o patrocinante y se notificaron dos temas distintos.

Sostiene que en el caso se consignó erróneamente su nombre y además el del demandado J A R y luego el del abogado Dr. M H P D, sin aclarar el carácter de este último.

Argumenta, en la resolución se objeta que, efectivamente, su nombre fue registrado erróneamente pero se argumentó que como se puso el nombre del Dr. P D, tal circunstancia hizo suponer que como apoderado quedó notificado por la citada en garantía, lo que a su juicio, es incorrecto y no se compadece con la interpretación real de la situación. Expone cual seria el razonamiento correcto. Señala que el letrado actuó en el juicio como apoderado de la C. de seguros y como letrado patrocinante del Sr. J A R, entonces para que la cédula fuese válida solo debía haber actuado el letrado en representación de una sola persona y como ello no fue así, era necesario que se confeccionase una cédula para cada destinatario. Refiere que el nombre del letrado fue colocado debajo del nombre del patrocinado por lo que sólo para este último la notificación fue válida.

También manifiesta estar en desacuerdo con la fecha en la cual se consideró que tomó conocimiento del acto.

Señala que debe tenerse en cuenta que el incidente de nulidad no fue contestado por la contraria.

Ratifica la reserva del caso federal.

CONSIDERANDO:

Conforme el art. 299 del C.P.C.C. corresponde examinar si el recurso ha sido bien o mal denegado con arreglo a lo normado por los arts. 286, 288 y 289 del mismo código de rito.

- I.- Reiteradamente se ha manifestado que el fallo no es susceptible de ser impugnado mediante el Recurso de Casación, cuando carece de las notas distintivas necesarias para ser considerada sentencia definitiva que, conforme las describe la Corte Suprema de Justicia de la Nación han de ser aquellas que ponen fin al pleito, impiden su continuación, o causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos, 242-460; 245-204, 248-402, 307-784), teniendo en cuenta el específico criterio de supervivencia de la pretensión del recurrente.

Conforme lo enseña, Manuel Ibañez Frocham, no es posible establecer un "numerus clausus" de resoluciones que asuman las características enunciadas y es labor intelectiva, de no siempre clara y fácil solución, establecer en cada caso si la resolución recurrida es o no sentencia definitiva a los fines del recurso de casación ("Tratado de los recursos en el proceso civil", Ed. Feyde, 4ª. Ed. año 1969, pág. 342), resulta esencial detenerse en la noción de "definitividad" de la sentencia y su nota característica, esto es el efecto de poner fin al pleito o causar su extinción, sea que la causa extintiva fuese sustancial o formal es suficiente que el pronunciamiento tenga la virtualidad de ponerle fin o impedir su continuación, de lo contrario no hay recurso.

Ha de tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras ésta subsista y el pleito pueda continuar no habrá sentencia definitiva. Ni la invocación de cláusulas constitucionales eventualmente conculcadas, ni la alegación de la doctrina de la arbitrariedad excusa la falta del requisito de sentencia definitiva cuando el agravio puede encontrar remedio en las mismas instancias ordinarias o por vía de la intervención de este Superior Tribunal al dictarse el fallo final de la causa.

Los criterios expuestos han sido ya sostenidos con anterioridad por este Superior Tribunal de Justicia. Así, se ha dicho: "Para determinar si una sentencia es o no definitiva lo que se necesita saber es si la cuestión puede o no revocarse en otra oportunidad o en otro juicio, pues la nota de definitividad se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo" (Conf.: S.I. Nº 02/86; 50/90; 53 y 121/91; 6/94; 90/98; 13/99 y 112/S.R.E./00; S.D. Nº 23/S.R.E./97, 19/S.R.E./99 y 68/S.R.E./05, entre otras).

En concreto, así lo han detallado también otros Superiores Tribunales del país, por ejemplo el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero el 11/02/1996 (según reseña de fallo que se extrae de Lexco Jurisprudencia), dijo: "La sentencia definitiva a los fines del recurso de casación es aquella que define la cuestión de fondo materia de litigio, declara la voluntad de la ley y termina la controversia, sin que sea posible renovarla.

Sentados los criterios con los que este Cuerpo ha conceptualizado a las resoluciones que poseen carácter de sentencia definitiva, se advierte que en la especie se equivocó la Cámara de Apelaciones cuando consideró que la atacada no posee tal carácter y ello es así porque como consecuencia de lo resuelto no existirá una nueva oportunidad en que este Cuerpo pueda resolver si lo decidido en el incidente de nulidad, que coarta la posibilidad de la quejosa de expresar agravios y fundar su apelación, resulta ajustado a derecho. Es que debe advertirse que esta temática no podrá renovarse en otra oportunidad.

Es más, como consecuencia de quedar firme la resolución atacada también ocurrirá lo propio con la declaración de deserción de la apelación de la compañía S B R C L, por lo que, si en más de una oportunidad se han declarado admisibles casaciones interpuestas contra resoluciones que declaraban desiertos recursos como ser, en S.D. N° 33/92; 3 y 25/S.R.E./97, entre otras y el art. 299 del C.P.C.C., prevé la interposición de quejas contra resoluciones que declaran desiertos recursos concedidos por las Cámaras, es evidente que la resolución atacada reviste el carácter de definitiva. Por lo que el requisito contemplado en el art. 286 del C.P.C.C. se encuentra cumplido.

II.- En forma confusa expuso la quejosa en su casación el motivo casatorio por el cual considera que la sentencia en crisis se encuentra viciada y es susceptible de interponer contra la misma recurso extraordinario.

Tal es así que, refirió que la misma era arbitraria porque se contradecía con lo resuelto en otro fallo por el mismo Tribunal. Mencionando posteriormente lo dispuesto por el inc. "a" del art. 288 del C.P.C.C. -ver fs. 23-. Incluso dijo, "Como se advierte claramente, a pesar de haber invocado este precedente judicial al momento de interponer el incidente de nulidad, el que fue soslayado abiertamente por el Tribunal (art. 288 inciso "c"), este caso es igual al citado." -ver fs. 25-.

Debido a esta falencia la casación se interpuso en forma incorrecta de acuerdo a la doctrina sentada por este Cuerpo en S.I. N° 23/94; 35/S.R.E./02; 13/S.R.E./04 , donde se dijo que: "... de la detenida lectura del recurso, surge que el actor no indicó cuál es en concreto el motivo casatorio de los distintos enunciados en el art. 288 del C.P.C.C. en el que funda el remedio intentado." Y finalmene se declaró inadmisible el recurso. Es que ese debe ser el resultado del recurso cuando no indica el motivo casatorio en que fundó el recurso en forma concreta. (Conf. S.T.J.CH., S.I. N° 35/S.R.E./02 y 16/S.R.E./04).

Los motivos casatorios contemplados en los incisos "a" y "e" del art. 288 del C.P.C.C. son distintos; el primero, se produce cuando se ha dictado un fallo que se funda en una interpretación de la ley que hubiere influido sustancialmente en su dispositivo, y que fuere contraria a la hecha por otro tribunal colegiado de única o última instancia en la Provincia, dentro de un lapso no mayor de tres años y el segundo, cuando la sentencia sea arbitraria. Es que puede ocurrir que un fallo sea contrario al dictado en los tres años anteriores por otro tribunal y sin embargo no sea arbitrario. Por lo que ante la falta de claridad y precisión de la impugnación del fallo en crisis por no haber cumplido con lo dispuesto en el inc. "a" del art. 289, la casación resulta inadmisible. El inciso "c" del art. 288 del ritual, no se comprende porque fue invocado por la compañía aseguradora.

III.- Por otra parte, a mayor abundamiento, se advierte, que luego de la pertinente búsqueda, en el sistema Eureka, del fallo citado en esta presentación directa, como mencionado en la casación y contrario al que nos ocupa, se detecta que el mismo es el interlocutorio N° 95 del año 2005, dictado por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la misma Sala de la Cámara que dictó el fallo cuestionado, por lo tanto en razón de lo dispuesto en el inc. "a" del art. 288 del código de rito y lo decidido por este Cuerpo en S.D. N° 2/S.R.E./99 y 11/S.R.E./05, entre otras muchas más, en el sentido de que es posible el planteamiento de la casación fundada en la causal mencionada cuando los fallos provengan de una misma Cámara, pero de distintas Salas, la casación fue incorrectamente planteada y en consecuencia la queja debe rechazarse por inadmisible.

IV.- Además, se observa que el criterio de la quejosa es simplemente contrario al decidido por la Alzada y ello no puede traer aparejado el considerar arbitraria la sentencia (Conf. S.T.J.CH., S.I. N° 17/94; 85/S.R.E./97; 12/S.R.E./02; 82/S.R.E./03; 03, 18, 22, 69/S.R.E./04, 35/S.R.E./05 y S.D. Nº 40/90 y 08/S.R.E./04).

Es que no resulta arbitrario lo decidido por haber considerado la Cámara que la diferencia existente en el nombre del destinatario no fue obstáculo para que éste conociera la solución, colocándolo en la posibilidad de conocer sus derechos. Criterio similar al sostenido por Alberto Luis Maurino en "Notificaciones Procesales", edit. Astrea, Bs. As., 1985, pág. 297, cuando expone las situaciones en las que no procede la declaración de nulidad de la notificación y de la CNEspCivCom, Sala II, 7/10/81, ED, 97-342.

Ni tampoco puede ser arbitrario por aplicar lo dispuesto por el art. 50 de nuestro C.P.C.C., que dispone: "OBLIGACIONES DEL APODERADO. El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.". Y, además, seguir sobre el particular la misma corriente jurisprudencial de la Cám. 2°, Salla II, La Plata, causa 82.215, reg. Sen. 524/56; A-4861, reg. Int. 194/62 citada por Morello y otros en "Códigos ...", edit. Abeledo Perrot, 1984, T. II-A, pág. 944 en el sentido de que: ".... si el mandatario conoce una notificación, se estima que el mandante también la conoce (Cám. Civ. 1ª. Cap., La Ley, v. 21, p. 396), teniendo eficacia dicha notificación aun cuando el apoderado sea substituido por otro (Cám. Civ. 2°, Cap., Juris. Arg. v. II, p. 570)"(Cám. 2ª, sala II, La Plata, causa 82.215, reg. sen. 524/56; A-4861, reg. Int. 194/62), como la restante jurisprudencia citada en misma obra de Morello y otros bajo el título Obligaciones del Apoderado en pág. 943.

E incluso tampoco puede resultar arbitraria la sentencia porque haya aplicado la teoría del conocimiento que, según Eisner, Isidoro, Notificaciones fictas, tácitas, y compulsivas en el proceso civil, en ED. 139-1197, sección doctrina, "... estima que si el fin perseguido consiste en hacer saber efectivamente una providencia a la parte interesada, la falta o defecto de los procedimientos y requisitos formales de la diligencia respectiva, no puede ser óbice para reconocer eficacia y valor de notificación al conocimiento que, por otros medios, haya logrado aquélla. De esta manera se está a la realidad y a los fines de la ley, a la vez que se asegura el principio de celeridad y el de lealtad en el debate judicial [...] es exacto que el principio de la 'recepción' se conforma con atribuir plena validez a la notificación cumplida respetando las prescripciones formales de la ley, sin atender al 'conocimiento' real que puede recibir el sujeto de la misma; pero ello no impide que a la vez el sistema admita el efecto notificatorio a los supuestos en que resulta indudable la efectiva noticia por parte del destinatario". Expresa que para que el conocimiento reemplace a la recepción establecida legalmente deben converger tres elementos: "Diría que no basta conocer para estar notificado. Es menester: a) tener conocimiento efectivo; b) saber con certeza que tal conocimiento habrá de ser computado en el proceso a partir de determinado momento, y c) que resulte justificado de un modo seguro y objetivo de manera que cualquiera pueda saber y afirmar que el sujeto está notificado jurídicamente".

V.- Finalmente, se procederá a regular los honorarios profesionales del letrado interviniente. Por ello, como ya se decidiera en S.D. N° 13/S.R.E./05 y en S.I. N° 104/S.R.E./06 y dado lo dispuesto en el art. 299 (3er. Párrafo) del C.P.C.C., corresponde imponer las costas a la compañía de S. B. R. C. L. (Conf. art. 68 del citado código) y regular los honorarios del Dr. M H P D, teniendo en cuenta la calidad, extensión, el resultado obtenido, en un 25% de los que se fijaron al mismo, en la instancia de origen. (Conf.: art. 14 del Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere.

Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

-R E S U E L V E ---- 1º) DECLARAR INADMISIBLE el recurso de queja interpuesto a fs. 19/29 vta.

2º) IMPONER las costas a la compañía de S B R C L (Conf. art. 68 C.P.C.C.) y REGULAR los honorarios del Dr. M H P D, en un 25% de los que se fijaron a su favor en la instancia de origen. (Conf.: art. 14 del Dto. Ley N° 2.200. T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere.

3º) REGÍSTRESE, notifíquese y por Secretaría remítanse estos actuados a la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones Comodoro Rivadavia, para que proceda a remitirla al Juzgado de origen, para su posterior agregación por cuerda a la causa principal.

Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando S.L. Royer.

Recibida en Secretaría el 19 de Septiembre del año 2007.

Registrada bajo el Nº 100 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez -Secretaria- Rawson, de de 2007.

NOTA n°	/07 S.I.J.