Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.639 CAUSA NRO. 17.382/11 AUTOS: "MINISTERIO DE TRABAJO C/ ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA S/ LEY DE ASOC. SINDICALES" En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Abril de 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para considerar el recurso interpuesto contra las resoluciones dictadas en sede administrativa en la causa del epígrafe y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.- Que el Sr. Ministro de Trabajo en la Resolución n° 454/09 glosada a fs. 50/52 consideró que la peticionante revestía el carácter de sindicato de empresa (art. 10 inc.c) de la LAS) y argumentó que el agrupamiento personal y territorial podría colisionar con el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES por el personal docente y por el personal no docente con la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C), por ello, con sustento en lo normado por el art.29 de la Ley 23551, rechazó el pedido de personería gremial formulado por la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA.

Posteriormente, mediante Resolución n° 191/2011 (v.fs. 69/70), desestimó el recurso de reconsideración deducido por la apelante contra al resolución citada supra. En virtud de lo expuesto, la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICADE SALTA (A.P.U.C.Sa) interpuso recurso de apelación (fs.2/12 del Expediente n°1-2015- 1443168-2011 agregado a estas actuaciones) y solicitó se declare la inconstitucionalidad del art.29 de la ley 23551 y la nulidad de las Resoluciones 454/09 y 191/11. En subsidio, peticionó se ordene al MTSS que instruya el procedimiento previsto por los arts.25 y 28 del texto legal citado.

Habiéndose sustanciado el recurso con las entidades sindicales mencionadas y dictaminado el Sr. Fiscal General a fs.188, la causa se encuentra en estado resolver. II.- Atento las manifestaciones vertidas por el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES (v.fs. 168 punto IV), corresponde señalar que según prescriben los arts. 62 y 61 de la L.A.S., la aptitud jurisdiccional de esta Cámara se ciñe a las resoluciones definitivas que se emiten una vez agotada la instancia administrativa. En el presente caso, la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA (A.P.U.C.Sa) dedujo recurso de reconsideración que fue tramitado y resuelto por el Sr. Ministro de Trabajo de la Nación con fecha 28-2-11 quien consideró la existencia de una duda razonable acerca de la eficacia de la primera notificación así como también la actividad desplegada por la repartición de origen (v.fs.65 del Expediente n° 142.361/10).

Al respecto, destaco que nuestro más Alto Tribunal ha señalado, desde antiguo, que las garantías destinadas a la protección y en su caso, la reparación de los derechos y libertades humanas constituye uno de los pilares básicos fundamentales del Estado de Derecho en una sociedad democrática y no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que sean efectivos y de tal manera que permitan alcanzar la protección judicial requerida.((CSJN Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio de abogados de la Capital Federal", S.C.P.n°489, L.XLIV). En este marco, no resulta viable la argumentación de la mencionada entidad sindical pues tal como señala el Sr. Fiscal General, no puede juzgarse definitivo un acto que está sujeto a un pedido de reposición previsto por el propio ordenamiento, por ende, la decisión adoptada en sede administrativa ha sido adecuada, además, tampoco corresponde efectuar interpretaciones rígidas pues debe privilegiarse el acceso a la jurisdicción en los términos señalados.

III.- Con relación al fondo de la cuestión, considero pertinente realizar algunas consideraciones. Recuerdo que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) emitió una Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo objeto de los convenios (86.a Reunión Ginebra, junio de 1988), entre otros, los referidos a la libertad sindical y de asociación, resaltando el compromiso de todos los miembros incorporados a la organización internacional, aún cuando no hubieran ratificado los convenios reconocidos como fundamentales, de respetarlos, promoverlos y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con su Constitución y la Declaración de Filadelfia.

Desde esa perspectiva, nuestro país adhirió a la Organización Internacional del Trabajo y ratificó el Convenio n° 87 de Libertad sindical, sin embargo, los órganos de control, Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y Recomendaciones de la OIT se han expedido en forma reiterada formulando serios cuestionamientos al art.29 de la Ley 23551 por considerarlo contrario a las disposiciones del convenio citado, conforme los principios de autonomía y libertad sindical en tanto restringe el conocimiento de personería gremial a un sindicato de empresa al supuesto en que ".no obrare en la zona de actuación y de la actividad o categoría una asociación de primer grado. ( "El sindicalismo" en Valdovinos Oscar y otros - Grupo de Expertos en Relaciones Laborales - Estado Actual del Sistema de Relaciones Laborales e la Argentina - 2008 - Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni Editores). Por otra parte y según referencia el Sr. Fiscal General en el dictamen 53416 que en copia adjunta (v.fs. 187) , la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de Asociaciones sindicales" del 11/11/08, (Fallos 331:2499), afirmó que el convenio n° 87 de la OIT tiene rango superior a las leyes y que la interpretación de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y Recomendaciones es vinculante para el Derecho Nacional tanto como lo puede ser "el texto mismo del convenio", instrumento que conforme el criterio sustentado por el Dr. Jorge Rodríguez Mancini ( v. "Las Instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo y la Constitución Nacional" en Alvarez, Eduardo y otros - "Derecho Colectivo del Trabajo" - 1998 - Buenos Aires: La Ley y consultar también: Simón, Julio César -Director - Federico Pavlov - coordinador, en "Tratado Jurisprudencial y Doctrinario - Derecho del Trabajo Relaciones colectivas " - tomo I - 2010 - Buenos Aires: La Ley ), al haber sido incorporado mediante el art.75 inc.22 de la Constitución Nacional ". al texto constitucional por la vía de la jerarquización a ese nivel supremo del ordenamiento jurídico de los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y su protocolo Facultativo, aprobado en Nueva York en el seno de las Naciones Unidas, ratificado por nuestro país por la ley 23.313.", tal inclusión presenta una firmeza más contundente en orden a ".la necesaria confrontación de las leyes en vigor con esas disposiciones de rango superior".

En orden a tales consideraciones, si bien es cierto que la C.S.J.N. reiteradamente ha señalado que por la gravedad de sus implicancias en el orden jurídico vigente, la declaración de inconstitucionalidad o de alguna de sus partes, constituye un acto de suma gravedad institucional y que debe ser considerada "ultima ratio" del orden jurídico( Fallos 288:325; 324:3345; 325:645, entre otros, al que solo corresponde llegar una vez establecida su contradicción con los preceptos de la Ley Fundamental (Fallos 296:117) no es menos cierto que en este caso en particular, conforme las consideraciones vertidas, el art.29 de la ley 23551 aparece violatorio del derecho a la libertad de asociación sindical amparado por el art.14 bis de la Constitución Nacional a la par que resulta contrario a los principios y derechos fundamentales consagrados en el convenio n° 87 de la O.I.T., por ello, propicio se declare la inconstitucionalidad de la norma impugnada y se revoque la resolución administrativa que fue objeto de recurso.

IV.- No obstante la solución que propicio, observo que la autoridad administrativa, además de invocar el mentado art.29 de la LAS para rechazar la personería gremial solicitada, señaló que el agrupamiento personal y territorial podría colisionar con el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES por el personal docente y por el personal no docente con la UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C), remitiéndose a la consulta realizada a la Dirección Nacional de Asociaciones sindicales quien se expidió a tenor de las constancias obrantes a fs. 40/43 ( Expediente n° 1-225-138.304/08 glosado a esta causa) pero a mi modo de ver, de tal informe no se desprende que se hubiera dado cumplimiento al procedimiento contemplado en los arts.25 y 28 de la Ley 23551, razón por la cual, propongo que se ordene al Ministerio de Trabajo que cumpla con el procedimiento previsto en los arts.25 y 28 de la ley 23551 y en caso de determinar que la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA (A.P.U.C.Sa) resulta la entidad sindical más representativa en el ámbito de la empresa, le otorgue la personería gremial, con prescindencia de lo normado por el art.29 de la ley 23551.

V. Por último, atento la naturaleza de la cuestión decidida y su complejidad, propongo que las costas se declaren en el orden causado (art.68 2do.párrafo del CPCCN).

En definitiva y compartiendo el dictamen emanado del Sr.Fiscal General a cuyos fundamentos me remito y debe ser considerado parte integrante del presente, de aceptarse mi voto, propicio: 1. Declarar la inconstitucionalidad del art.29 de la ley 23551 y en consecuencia, revocar las resoluciones administrativas apeladas; 2. Ordenar al Ministerio de Trabajo que cumpla el procedimiento previsto en los arts.25 y 28 de la ley 23551 y para el caso de determinar que la Asociación del personal de la Universidad Católica de Salta (A.P.U.C.Sa.) constituye la entidad sindical más representativa en el ámbito de la empresa, le otorgue la personería gremial, con prescindencia de lo normado por el art.29 de la ley 23551; 3. Imponer las costas en el orden causado, atento la naturaleza y complejidad de la cuestión debatida (art.68 2do.párrafo del CPCCN).

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

A mérito d elo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1. Declarar la inconstitucionalidad del art.29 de la ley 23551 y en consecuencia, revocar las resoluciones administrativas apeladas; 2. Ordenar al Ministerio de Trabajo que cumpla el procedimiento previsto en los arts.25 y 28 de la ley 23551 y para el caso de determinar que la Asociación del personal de la Universidad Católica de Salta (A.P.U.C.Sa.) constituye la entidad sindical más representativa en el ámbito de la empresa, le otorgue la personería gremial, con prescindencia de lo normado por el art.29 de la ley 23551; 3. Imponer las costas en el orden causado, atento la naturaleza y complejidad de la cuestión debatida (art.68 2do.párrafo del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela A. Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara