Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-28


AUTOS (Nº 12056 SALA III) (1° CIVIL Nº 139509) "RIPOLL María Alicia Isabel C/ Spajic Pedro Raúl - Ordinario" En la ciudad de San Juan a los 28 días del mes Junio de 2018, reunidos los Sres. Miembros de esta Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Luis Alberto Recio y con la asistencia del Señor Vocal Dr. Daniel G. Olivares Yapur a los fines de analizar el recurso de apelación articulado a fojas 176 por la parte actora que le fuera concedido a fojas 177, contra la sentencia definitiva dictada en autos en fecha 10 de agosto de 2017 que obra a fojas 163/171 de estos autos. Abierto el acto por el Señor Presidente:

El Señor Juez de Cámara Dr. Daniel G. Olivares Yapur, dijo:

En el pronunciamiento definitivo precedentemente referenciado el Señor Juez de Primera Instancia resolvió: "1) Desestimar la demanda de Escrituración deducida por la Sra. RIPOLL MARIA ALICIA ISABEL, en contra del demandado, Sr. SPAJIC PEDRO RAUL, con costas a la vencida. 2) Desestimar la excepción de prescripción opuesta por la parte actora-reconvenida. Hacer lugar a la reconvención por escrituración deducida por el demandado, Sr. SPAJIC PEDRO RAUL en contra de la actora, Sra. RIPOLL MARIA ALICIA ISABEL, ordenando la readecuación o reajuste del saldo pendiente de pago por parte del comprador, al momento de escrituración, el que se determina en la suma de U$S sin intereses, importe que se obtiene en función de los metros cuadrados efectivamente vendidos por el lote Nº 5 cuya extensión es de 441,37 m2., conforme los fundamentos dados en los considerandos precedentes. 3) Condenar a la actora, Sra. RIPOLL MARIA ALICIA ISABEL a suscribir la escritura traslativa de dominio a favor del demandado, Sr. SPAJIC PEDRO RAUL, respecto del inmueble descripto como Lote Nº 5 del plano de mensura Nº , parcela N.C. , San Juan; en el plazo de quince días de quedar firme la presente bajo apercibimiento, que la misma será firmada por el suscripto, a su costa y cargo, de ser ello posible. En el mismo acto de la firma de la escritura, deberá el demandado abonar a la actora la suma determinada en el punto 2º precedente. 4) Imponer las costas de la reconvención a la actora vencida. 5) Regular los honorarios profesionales por la demanda principal rechazada; al Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, por su actuación en doble carácter, como perdidoso y tres etapas (demanda, prueba y alegatos), en el 12,6%, esto es la suma de $ ; al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA doble carácter, como ganancioso y tres etapas (contestación de demanda, prueba y alegatos), en el 21 %, esto es la suma de $ ; y al perito EDGAR GELVEZ en el 2 %, esto es la suma de $ ; todos los importes fijados al día de la fecha. 6) Regular los honorarios profesionales por la reconvención admitida: al Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, como apoderado del actor, por la labor desarrollada en tres etapas (contestación de reconvención, prueba, alegatos), como perdidoso en el 12,6 %, esto es la suma de $ ; al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA por su actuación como apoderado del demandado y por la labor desarrollada en tres etapas (reconvención - prueba - alegatos) como ganancioso en el 21 %, esto es la suma de $ ; importes fijados al día de la fecha". Contra el precitado pronunciamiento impetró el recurso la parte actora por intermedio de su letrado apoderado dejando fundados los agravios mediante exordio que obra glosado a fojas 181/188, los que a su vez fueran contestados por la parte demandada reconviniente a fojas 191/193.

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sin perjuicio de la relación de la causa realizada por el Señor Juez, a fin de dotar de una mayor comprensión y autonomía al presente brevemente referenciaré.

La Sra. María Alicia Isabel Ripoll promueve en su calidad de vendedora la acción de escrituración con el objeto de que se condene al demandado a recibir la posesión del inmueble objeto del contrato (lote 5 plano de mensura Nº correspondiente a la parcela N.C. y a suscribir la escritura traslativa de dominio. Asimismo articula acción por cobro de saldo de precio y reajuste del mismo con el objeto de que se condene al demandado a pagar a la actora la suma convenida como saldo de precio y en la moneda pactada mas la diferencia en concepto de reajuste, entre aquella suma convertida a pesos conforme a la cotización oficial "precio comprador" y el valor real al momento que se efectúe la tasación judicial del 50% del bien a transferir, mas los intereses legales hasta el momento del efectivo pago. Solicitó condena en costas al demandado, ello con sustento en la teoría de la imprevisión y que el transcurrir del tiempo había producido una variación del precio originalmente pactado que repercutía en un enriquecimiento sin causa de la parte compradora demandada.

Corrido traslado de la demanda se presentó el demandado por intermedio de apoderado y a fojas 57/59 contestó la demanda e impetró reconvención; acción mediante la cual pretendió la correcta adjudicación del lote, según contrato, o readecuación de precio estipulado. Expreso asimismo que reconoce la existencia del contrato y agrega que el incumplimiento y el paso del tiempo se debe a la exclusiva negligencia del actor. Dice que fecha 31-11-2011 aproximadamente, su parte reconoció y ofreció pagar pero por desacuerdos y negativas de la Escribanía, no pudo efectivizar el pago. Asimismo, luego de la carta notarial de fecha 27/04/2012 por la que fue intimada al depósito del saldo del precio, manifiesta que se apersonó en la Escribanía de la Notaria Daniela Figueroa, pero la funcionaria igualmente se negó a recibir el dinero. Niega el revalúo unilateral del precio del lote y cambio de reglas del contrato, alegando la negligencia e incumplimiento de la parte actora, como asimismo de la improcedencia de la aplicación de la teoría de la imprevisión, toda vez que el contrato se celebró con posterioridad a la crisis económica del 2001.

Asimismo la parte demandada reconvino por escrituración de un lote de terreno de aproximadamente 495 o 505 m² según el contrato o readecuación en menos del precio pactado en función de la disminución de la superficie del lote ofrecido por la vendedora.

AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA APELANTE:

En primer lugar el recurrente sintetiza los agravios enumerándolos del siguiente modo 1. Expresa que en los vistos de la sentencia omite el Juez referenciar defensas esenciales invocadas por la actora como el abuso del derecho, enriquecimiento sin causa, la buena fe -lealtad en la interpretación, cumplimiento y conclusión del contrato, ruptura del sinalagma contractual etc.

Seguidamente expresa que la demanda de escrituración promovida por la actora, con costas, hace una interpretación tergiversada y antojadiza de la teoría de la imprevisión y sin considerar las defensas esenciales mencionadas anteriormente, haciendo un mérito caprichoso y arbitrario de la prueba rendida en autos, especialmente de la documental.

En tercer y último lugar dice que se han regulado los honorarios profesionales remunerando dos veces una misma tarea, en dos etapas del juicio.

Seguidamente desarrolla como agravio contra la sentencia las defensas cuyo tratamiento fue omitido por el sentenciante y a las que considera esenciales para la resolución del caso.

Dice que la actora debe entregar la posesión y escriturar en favor del demandado un lote de terreno, y éste debe pagarle el saldo de precio y que no hay fecha fija para el cumplimiento de la obligación, sino que el mismo se encontraba supeditado a la realización y terminación de todos los trámites necesarios para quedar en condiciones de escriturar. Afirma que en ningún momento se operó la mora en el cumplimiento de la obligación de escriturar.

Afirma que la actora pretende conjuntamente con el saldo de precio convenido que el demandado pague un reajuste por el mayor valor adquirido por la propiedad, ya que este supera en cinco veces aquel debido a acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, como así también por los servicios instalados, la actora acusa el abuso del derecho y enriquecimiento sin causa del demandado, e invoca la teoría de la impresión. Agrega jurisprudencia y doctrina respecto a la procedencia de la teoría de la imprevisión.

Dice que a fojas 164 vta. el fallo enumera la prueba ofrecida por las partes omitiendo la documental obrante a fojas 78/81 que es el boleto de compraventa del lote 6. Agrega que el fallo afirma que después de nueve años la actora comunica a la demandada que está en condiciones de otorgar la escritura traslativa de dominio solicitándole el pago del saldo de precio y de las mejoras realizadas en el inmueble entendiendo que este lapso de tiempo excedía todo límite normal y racional de tolerancia, no obstante afirma el recurrente que la demandada tuvo pleno conocimiento de que esos trámites fueron laboriosos y costosos y que nunca intimó ni constituyó en mora a la actora, por lo cual entiende que constituye un castigo la solución del caso alcanzada por el sentenciante.

Expresa que la sentencia en el punto 1-b referencia que el boleto de compraventa establece como precio U$S por 500 metros cuadrados aproximadamente, y que nada se dijo de la posibilidad de reajustar el precio pactado en una moneda de valor constante como el dólar estadounidense; sostiene que es un falso ejemplo en tanto en mayo de 2012 mientras el dólar estadounidense cotizaba a $ 4.92 lo que significa que el saldo de precio a ese momento era de $ mientras que la mitad del lote Nº 5 tenía un valor de $, es decir cinco veces mas. Sigue diciendo que el juzgador se equivoca al afirmar que no se da el acontecimiento extraordinario e imprevisible para la aplicación de la teoría de la imprevisión ya que por variadas y distintas razones el inmueble ha aumentado considerablemente su valor lo cual vulnera el derecho a la propiedad de la parte actora afirmando que esto autoriza a recurrir a los instrumentos que permite el Código Civil.

Expresa que la sentencia es incoherente cuando juzga que los 500 m² deben ser de uso exclusivo por cuanto los espacios comunes no forman parte de la propiedad individual de los dueños de los lotes, y sostiene que el Juez se equivoca ya que respecto de los espacios comunes los dueños son condóminos junto a los demás loteros. Dice que es un abuso del derecho y un enriquecimiento sin causa en favor del demandado la decisión del a quo de que le transfieran los espacios comunes sin costo alguno. Entiende que es una solución injusta la que propicia el sentenciante de que el saldo del valor del precio se deduzca de la superficie faltante para alcanzar los 500 m².

Seguidamente critica el fallo alegando que la carencia de prueba endilgada a su parte no es tal, y cita el informe valuatorio de fojas 32 alegando que no ha sido objetado por la contraria que tampoco cuestionó el intercambio epistolar, cita la pericia de fojas 128/132 la que ratifica el paulatino aumento del valor de inmueble (950 m² ).

Sostiene que la pericia es clara y categórica expidiéndose respecto de los servicios instalados y por ende se encuentran acreditadas las mejoras en el inmueble.

Dice que la sentencia indica que su parte debió ofrecer una constatación judicial o los planos de aprobación de instalaciones de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica, gas, etc., o facturas o recibos que acrediten tales supuestos; expresa que dicha afirmación resulta un error del aquo porque la prueba pericial realizada suple a la de constatación, y que la misma fue realizada por un perito experto y que por otro lado cuando se realiza una valuación del inmueble no se atiende en el mercado inmobiliario al costo de la instalación de los servicios sino a la incidencia que la instalación de esos servicios tienen en el valor del inmueble. Sostiene que aparece exagerada la posición del sentenciante en favor del demandado, al desestimar de reajuste por instalación de servicios, al ignorar documentación obrante en autos de la cual surge que los loteros son responsables en proporción a su respectivo porcentual en los costos y mantenimiento de apertura, instalación de cañerías y servicios, cloacas etc.. Afirma que la sentencia le permite al demandado hacer uso de los servicios instalados sin tener que pagar costo alguno.

Sostiene finalmente que la dinámica de la evolución económica produce notorias asimetrías y que la solución la provee el Código Civil mediante institutos como el enriquecimiento sin causa, abuso del derecho o frustración del fin del contrato etc. los cuales tienen por objeto preservar la equidad contractual.

TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS:

El análisis de la expresión de agravios que se ha sintetizado supra permite observar nítidamente que el recurrente bajo la invocación de una incorrecta valoración de la prueba rendida en autos y omisiones en materia de tratamiento de las defensas invocadas por la actora, se propone descalificar el fallo definitivo dictado por el Señor Juez de Primera Instancia, todo lo cual juzgo equivocado según se verá infra.

En primer lugar la sentencia de primera instancia ha efectuado el tratamiento de la demanda principal, enumerando a fojas 164 vta. toda la prueba producida en autos por la parte actora (punto I-a del proloquio) y luego describe la prueba rendida por la parte demandada. Seguidamente expresa que se analiza la pretensión del actor en función de la prueba rendida, principiando el análisis por meritar los términos contractuales.

En concordancia con el a quo advierto que el contrato ha sido reconocido en todos sus términos por las partes como también el tenor de las cartas notariales cursadas entre ellas nueve años después. El tiempo que insumió el cumplimiento por parte del vendedor en encontrarse en condiciones de otorgar la escritura traslativa de dominio y que la parte demandada reconviniente toleró, no pueden hacer cambiar la interpretación ni los términos en que el contrato fue suscripto, mas allá que resultaba incierta la identificación del inmueble vendido del que solo se referenció su dimensión aproximada en metros cuadrados.

La extensa expresión de agravios formulada por la recurrente no alcanza a conmover los sólidos fundamentos que el sentenciante vierte y que comparto respecto del análisis del contrato a la luz del pedido de reajuste del valor del inmueble vendido por factores supuestamente extraordinarios que invoca la parte actora y a los que considera alcanzados por la teoría de la imprevisión y el posible enriquecimiento sin causa de la parte demandada.

Entiendo insuficiente las alegaciones de agravios cuando refiere a la omisión de tratar "defensas" articuladas por la parte actora. Por el contrario en la demanda se planteo una pretensión de reajuste, y ella fue debidamente tratada por el sentenciante quien analizó el contrato y la restante prueba llegando a la conclusión que la demora en el cumplimiento de la obligación asumida por la vendedora (accionante) en poner el inmueble en condiciones de escrituración le era imputable, lo cual la hacía responsable de ese lapso dilatado de tiempo que trascurrió entre la firma del contrato y la consecución de la totalidad de los trámites que habiliten su escrituración.

A mayor abundamiento, surge del propio exordio de agravios, (donde el apelante reitera idéntica alegación y argumentos vertidos en la demanda) que el accionante trata de justificar la demora expresando que la tramitación resultó dificultosa y por ello insumió todo ese tiempo, con lo cual queda reconocido que es imputable a su parte la demora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a fin de estar en condiciones de exigir a la compradora el pago del saldo de precio.

Por tales fundamentos, concuerdo con el Señor Juez que la demanda de escrituración articulada por la accionante no puede tener acogida, y en consecuencia los agravios en este sentido deben ser desestimados.

Por otra parte, en el punto I-b el juez dio tratamiento por separado a la pretensión de pago de saldo de precio con más el reajuste que se pretende por aplicación de la teoría de la imprevisión, razón por la cual, no es correcto afirmar que el sentenciante omitió su tratamiento.

La sentencia aborda los términos contractuales considerando al contrato con deficiencias y frente a su escasa redacción y previsión de diversas circunstancias, lo cual comparto; y juzgo en forma concordante que, habiendo resultado la accionante responsable de los más de 10 años que tardó en realizar la tramitación de la división parcelaria y demás requisitos exigidos a fines de estar en condiciones de escriturar, no es posible ni se ajusta a derecho, pretender un reajuste de saldo de precio no previsto en el contrato que se celebró en moneda extranjera a la cual se considera de valor constante de mercado. Ello significaría tal como lo señalara el Juez de primera instancia apartarse del principio "pacta sun servanda" que prescribe el artículo 1197 del Código Civil anterior y que mantiene el art. 959 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

La aplicación de la teoría de la imprevisión resulta una regla absolutamente extraordinaria que se posiciona por encima de cualquier previsión lógica que tuvieran las partes al momento de contratar y que por ende no puede en el presente caso dar sustento a la pretensión de reajuste que enarbola la parte accionante.

En tal sentido y a fin de dejar definida la inaplicabilidad al caso de la teoría de la imprevisión, lesión y enriquecimiento sin causa que el apelante reitera en sus agravios debo decir, siguiendo al tratadista Zannoni que: "La lesión subjetiva es un vicio de los actos jurídicos, y por lo tanto se produce en el momento de su celebración. Dicho vicio consiste en la obtención de una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra parte." Puede verse claramente entonces que en el presente cado no resulta aplicable la lesión subjetiva que alega la parte actora.

"La imprevisión es el remedio que la ley otorga al contratante que sin culpa se ve perjudicado por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que tornen excesivamente onerosa la prestación a su cargo. No se la puede confundir con la lesión, por que la situación de imprevisión es sobreviniente, posterior a la celebración. sic"	El abuso del derecho consiste en su ejercicio irregular o antifuncional, y tiene un ámbito mucho mas general que la imprevisión. Pero hay que tener en cuenta que constituye un abuso la pretensión del acreedor de exigir el cumplimiento de la prestación al deudor cuando este se ha visto perjudicado por el acontecimiento extraordinario o imprevisible, que la torna excesivamente onerosa. El acreedor que se aprovecha de la ruptura del sinalagma contractual, abusa de su derecho. En consecuencia, puede considerarse a la teoría de la imprevisión como un caso especial de abuso del derecho. La asimilación de una y otra institución es evidente cuando se trata de reajuste de las prestaciones, porque el criterio de equidad que se aplica en uno y otro caso para establecer el quantum es idéntico. Cfr. Código Civil y Leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado- BELUSCIO Y ZANNONI, ED. ASTREA, pág 922.

A partir de ello, corresponde dejar sentado que, en materia de "teoría de la imprevisión" los hechos o acontecimientos extraordinarios a que se refiere el artículo, deben ser equivalentes al caso fortuito o fuerza mayor que define el art. 514 del C.Civ. anterior, es decir aquel que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse. Messineo expresó que "acontecimiento extraordinario es el que no es normal que se verifique y en el que las partes no pueden haber pensado porque está fuera de su imaginación" Aut. Citado Doctrina Gral. Tomo II, pág. 375, Citado por Belluscio y Zannoni, Cod. Coment. Ed. Astrea, pág. 926.

A más de ello, debe tenerse en cuanta que la imprevisión puede ser en su caso invocada por el contratante que "sin culpa" se ve perjudicado, mientras que en el presente caso se dan dos cuestiones que han sido certeramente señaladas por el Juez, como lo es en primer lugar la responsabilidad en cabeza del accionante respecto de la notable demora en dejar en condiciones de escrituración el inmueble, y que las partes contrataron en moneda extranjera la cual resulta de un valor constante frente a la moneda nacional.

Por tales fundamentos, concluyo en que los agravios vertidos por el apelante en materia de pretensión de reajuste por aplicación de la teoría de la imprevisión y enriquecimiento sin causa por parte de la demandada corresponde que sean desestimados.

Avocado al estudio del agravio relativo a los honorarios, introducido en el punto 2.3 de fs. 187 vta., debo destacar en torno a las etapas cumplidas en este proceso que: la primera en que se divide el juicio civil ordinario, y que equivale a la etapa comprendida por la interposición de la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas contestaciones, corresponde en el sub lite la regulación autónoma respecto a la demanda y a la reconvención.

Sin embargo, las actuaciones correspondientes a la segunda etapa conformada por las tareas sobre las pruebas, son labores que en el presente caso se han cumplido en forma conjunta y común para ambas acciones no correspondiendo efectuar una regulación autónoma o separada de ellas, ya que ello importaría remunerar doblemente una misma tarea.

Lo mismo ocurre con la última etapa relativa a los alegatos los que se efectuaron en forma conjunta ver fs. 146/153 y 156/157.

Conforme a lo expuesto advierto que le asiste razón al apelante en cuanto se ha regulado en forma duplicada los honorarios de los profesionales relativos a la segunda y tercer etapa del presente juicio.

Asimismo, siendo los honorarios la retribución de un servicio, su valor debe guardar correspondencia con la importancia, complejidad y eficacia de trabajo cumplido. Ello no sólo por imposición de la ley sino de la justicia conmutativa, que es la causa jurídica sustancial de la obligación de retribuir los servicios profesionales recibidos, el honorario de los profesionales debe fijarse teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de su labor, pero siempre en relación a la realidad económica imperante al momento de establecerlos.

Teniendo en consideración como base de cálculo para los presentes el monto que arroja la planilla practicada por el a quo a fs. 170 vta. y cuyo monto asciende a $, a la fecha de la sentencia de primera instancia esto es 10/08/2017, el valor, mérito de la actuación profesional desplegada por todos los profesionales intervinientes aún los peritos, concordando esto, con la normativa contenida en los arts. 14, 15, 19, c.c. y s.s. de la ley arancelaria, considero que los montos fijados en concepto de honorarios resultan elevados debiendo se llevados a su justa dimensión legal, por lo que propongo fijarlos de la siguiente manera: Regular los honorarios profesionales por la demanda principal rechazada; al Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, por su actuación en doble carácter, como perdidoso y tres etapas (demanda, prueba y alegatos), en el 6,4%, esto es la suma de $; al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA doble carácter, como ganancioso y tres etapas (contestación de demanda, prueba y alegatos), en el 14%, esto es la suma de $.

Regular los honorarios profesionales por la reconvención admitida: al Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, como apoderado del actor, por la labor desarrollada en tres etapas (contestación de reconvención, prueba, alegatos), como perdidoso en el 6,4 %, esto es la suma de $; al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA por su actuación como apoderado del demandado y por la labor desarrollada en tres etapas (reconvención - prueba - alegatos) como ganancioso en el 14%, esto es la suma de $; todos los importes fijados al día de la fecha fijada en la sentencia de primera instancia esto es 10/08/2017. Confirmar el resto de las regulaciones.

Respecto a las costas de esta instancia corresponde sean impuestas a cargo de la apelante vencida conforme al resultado del recurso traído a estudio, sin perjuicio de la modificación de los honorarios efectuada precedentemente (art. 66 del C.P.C.).

Atento a las constancias de autos corresponde se fijen los honorarios por la tarea cumplida en esta instancia recursiva y que de cuenta la presente resolución.

Tomando en consideración lo previsto por el art. 21 de la ley 56-O y los montos fijados precedentemente, propongo fijar los honorarios por la tarea en segunda instancia a favor del Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, como apoderado del apelante vencido en la suma de $ y al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA, en la suma de $, a la fecha de la sentencia de primera instancia esto es 10/08/2017.

Así voto.

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel G. Olivares Yapur.

SE RESUELVE:

I) Admitir parcialmente el recurso impetrado a fs. 176 en consecuencia regular los honorarios profesionales por la demanda principal rechazada; al Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, por su actuación en doble carácter, como perdidoso y tres etapas (demanda, prueba y alegatos), en el 6,4%, esto es la suma de $; al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA doble carácter, como ganancioso y tres etapas (contestación de demanda, prueba y alegatos), en el 14%, esto es la suma de $	Regular los honorarios profesionales por la reconvención admitida: al Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, como apoderado del actor, por la labor desarrollada en tres etapas (contestación de reconvención, prueba, alegatos), como perdidoso en el 6,4 %, esto es la suma de $; al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA por su actuación como apoderado del demandado y por la labor desarrollada en tres etapas (reconvención - prueba - alegatos) como ganancioso en el 14%, esto es la suma de $; todos los importes fijados al día de la fecha fijada en la sentencia de primera instancia esto es 10/08/2017. Confirmar la sentencia apelada en lo demás.

II) Imponer las costas de esta instancia recursiva a cargo de la apelante vencida.

III) Fijar los honorarios por la labor cumplida en la instancia recursiva y que da cuenta la presente resolución a favor del Dr. VALENTÍN ANTONIO ROCA, como apoderado del apelante vencido en la suma de $ y al Dr. CESAR A. PORTO-MARADONA, en la suma de $, a la fecha de la sentencia de primera instancia esto es 10/08/2017.

Protocolícese; hágase saber, dése copia autorizada y bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C. FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 118/126 AÑO 2018