Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1035 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Catán, Rosa Beatriz vs. Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Pie Diabético y otros s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 190/194, la parte actora plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, de fecha 12 de agosto de 2002, obrante a fs. 172/175 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 29 de mayo de 2003 (cfr. fs. 209/vta.). Ninguna de la partes, según surge del informe actuarial de fs. 215, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del Código de Procedimientos del Trabajo.

II.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, al rechazar la demanda con fundamento en la inexistencia de relación laboral por no haberse configurado los elementos fisonómicos de subordinación económica, técnica y jurídica, ha violentado los artículos 21 y 22 de la LCT.

Alega que la sentencia hace lugar a la tacha de las testimoniales de fs. 114 a 116 vta., porque considera que es imposible materialmente estar "presentes todos los días durante casi treinta y dos meses, para poder verazmente afirmar un desempeño de lunes a lunes"; sin embargo la testigo Vilchez en ningún momento sostuvo ello, y si bien resulta dificultoso observar la continuidad de la tarea de la actora, no era imposible ya que vivía al frente del sanatorio y concurría habitualmente por razones de salud, no sólo de familiares, sino de vecinos y amigos internados.

Seguidamente transcribe el artículo 23 de la LCT, norma que considera no observada objetivamente, toda vez que los sujetos que considera típicos de la relación laboral son el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Pie Diabético y la trabajadora, siendo el primero la organización productiva o prestadora de servicios que utiliza la capacidad laborativa de la empleada.

Define la relación de trabajo, destacando los aspectos de: a) puesta a disposición de la trabajadora (vinculado a la jornada y a la remuneración) y b) la organización ajena, desde donde se organiza, se dirige y dispone del trabajo del dependiente. La dependencia se manifiesta a partir de la subordinación económica (puesta a disposición de la energía de trabajo a cambio de una remuneración) y de la subordinación jurídica (dirección y fiscalización del empleador).

Estima que en el caso, independientemente de no haberse acompañado contrato alguno, las características antes mencionadas se reflejan en la vinculación de autos, ya que la actora se puso a disposición de la accionada para prestar servicios de limpieza a cambio de una remuneración mensual, dependiendo jurídicamente de la misma pues cumplía sus órdenes. A tales efectos se le asignó un lugar de trabajo para el cumplimiento de sus tareas, fijándole un horario y sus obligaciones y pagando por ello un estipendio (artículos 21 y 22 LCT), los cuales no fueron valorados oportunamente.

Considerando que existió relación laboral, la recurrente entiende que corresponde merituar sobre un punto omitido por la sentencia, cual es que el despido se produjo por el embarazo, después de haberle concedido la accionada tres meses de licencia, no obstante admitir que la existencia del embarazo constituye una cuestión de hecho que deben merituar los jueces y cita jurisprudencia.

Como tercera cuestión, cuya consideración alega omitida por el fallo en crisis, remite al planteo de los rubros y montos reclamados.

Por todo ello pide se deje sin efecto el pronunciamiento con costas a la accionada.

III- A su turno, la sentencia en recurso, luego de sintetizar la posición de las partes, afirma que cuestionada la existencia de relación laboral, quien la pretende debe acreditar la subordinación económica, técnica y jurídica, elementos fisonómicos del contrato de trabajo. Ello supone sujeción a órdenes, directiva y el pleno ejercicio del poder de dirección y disciplinario por el empleador.

La parte demandada admite la limpieza realizada por la actora en cada uno de los consultorios que ocupaban los médicos demandados, pero el tribunal no lo considera suficiente para declarar la existencia de relación laboral, atento a la ausencia de los elementos fisonómicos de la misma, en tanto se encuentra comprobado que los accionados concurrían a sus consultorios en horarios vespertinos, mientras la actora los limpiaba en la mañana, sin sujeción a orden alguna (no se acredita), pudiendo disponer de la jornada a su criterio para la realización de las labores.

Atento a los testimonios de fs. 114/116 vta. (tachados por la demandada), en cuanto a la jornada semanal cumplida, los considera insuficientes, haciendo lugar a la tacha por las razones que explicita. Además la actora en la absolución de posiciones reconoce que el doctor Frau ocupa uno de los consultorios, conjuntamente con la doctora Blanca, pero que a él no lo demandó, pues fue el único que se "portó como un caballero".

Considera especialmente en el análisis de la cuestión tratada, "que la actividad desarrollada por la actora que no constituye el objeto de la demanda, -prestación de atención médica,- lo que obsta a la operatividad de la presunción del art. 23 LCT. No oponiéndose a ello, la existencia de los instrumentos glosados en la demanda, ya que no identifican de modo alguno a ningún "empleador" o persona, de la cual la demandante aparezca recibiendo sumas nominadas como "sueldo", "limpieza", etc." (SIC).

Por ello concluye que, si bien hubo prestación de servicios, no consta que la misma fuera cumplida en relación de dependencia, razón por la cual no ha configurado la existencia de contrato laboral.

Consecuentemente, por la solución a la que arriba, considera irrelevante tratar la extinción de la relación, causa y justificación y los rubros y montos reclamados.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente si el mismo ha sido correctamente concedido.

Si bien el recurso incoado ha sido interpuesto en término conforme surge de la notificación de fs. 181 vta. y del cargo inserto a fs. 194 vta., el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; y resulta innecesario el cumplimiento del requisito del afianzamiento exigido por el artículo 133 del CPT por recurrir la parte actora, sin embargo el recurso exhibe una fundamentación de derecho aparente.

En efecto, la recurrente se agravia porque el pronunciamiento habría realizado una errónea valoración del cuadro probatorio tendiente a demostrar la existencia de relación de trabajo, derivada, básicamente, de una presunta interpretación incorrecta de la regla contenida en el artículo 23 de la LCT, que ameritaría la revocación del fallo en crisis.

Para desentrañar la cuestión, resulta de utilidad transcribir previamente el texto del mentado artículo 23: "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio." Esta norma, consecuencia práctica del principio protectorio, medular del derecho del trabajo, que constituye una técnica utilizada para evitar fraudes laborales, establece una presunción ("iuris tantum"), dadas ciertas circunstancias, respecto de la existencia de contrato de trabajo.

La interpretación de esta disposición legal en cuanto a su sentido no es unánime. La dificultad interpretativa referida al texto legal, que ha dividido a la jurisprudencia nacional y a la doctrina, estriba fundamentalmente en determinar qué clase de prestación de servicios se requiere para que opere la presunción de la existencia de contrato laboral.

Mientras para unos, basta que se acredite la prestación de un servicio personal (criterio amplio), otros se limitan a las situaciones en que se haya acreditado una prestación "dirigida o bajo dependencia".

Coincido con esta última posición, seguida, entre otros, por Justo López (quien sostiene que: "Debe entenderse que la prestación de servicios que genera la presunción es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22, LCT) y que, por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquélla entre a jugar", en López, Centeno, Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", t. I, pág. 194) y Vázquez Vialard, (quien considera que: "...la expresión 'prestación de servicios', que usa el art. 23 de la LCT, no se refiere a cualquier clase de ellos, sino, obviamente, al que corresponde al ámbito propio del derecho del trabajo", en "Tratado de Derecho del Trabajo", dirigido por Vázquez Vialard, T. 3, cap. X, pág. 433).

Es que conforme a la LCT, según expresa este autor, para precisar la característica de la actividad humana dirigida, considerada como trabajo regulado por ese cuerpo legal, la define siempre como: "prestación dirigida" (artículo 4º); "bajo la dependencia" (artículos 21, 22 y 99); "en relación de dependencia" (artículos 32, 3er párrafo y 253); "haber puesto su fuerza de trabajo a disposición" de la otra parte (artículos 103, in fine y 197), etc.; conceptos todos ellos sinónimos, que caracterizan la puesta de la capacidad laboral de una persona a disposición de otra, que puede dirigirla durante un lapso y en las condiciones convenidas por las partes.

Por lo tanto, considera que, si quien afirma la existencia del hecho, es el que debe probarlo, también está a su cargo acreditar su carácter laboral cuando no surge evidente por sí mismo (normalmente así ocurre en la gran parte de los casos) y ha sido negado. Entiende que ésa es la interpretación que corresponde asignar a la regla, pues de lo contrario se le daría un sentido lato que no es el querido por el legislador.

De acuerdo al criterio amplio, que descarto, las prestaciones personales de carácter "autónomo" estarían en principio y de hecho, consideradas como laborales en cuanto estuvieran realizadas por una persona, con la única excepción de que el que las recibió pruebe que no lo son. Esa inversión de la prueba (consecuencia de la interpretación amplia que un sector asigna a la norma) no resulta de la aplicación de la regla que contiene el artículo 23 LCT y que puede llevar a situaciones de indudable injusticia.

Es evidente que algunos servicios pueden prestarse en forma "autónoma" o "en relación de dependencia".

En estos supuestos, en cada caso, se debe examinar si la prestación corresponde o no al ámbito laboral, lo cual depende de una situación fáctica concreta, no sólo de lo que las partes han convenido.

El solo hecho de que se acredite la prestación del servicio, no significa que sin más deba presumírselo de índole laboral. El hecho acredita la existencia de una relación contractual (que por lo común no se niega, que es lo que establece la regla contenida en el artículo 23, primer párrafo, LCT), lo cual no supone trasladar al demandado la carga de demostrar que el contrato no es de trabajo.

Es exagerado, por lo menos no surge de la interpretación del mencionado artículo 23 LCT, que la prestación laboral sea lo normal y que las demás constituyan la excepción.

Establecida la interpretación que a mi juicio corresponde asignar al artículo 23 LCT, y volviendo pues al examen del presente caso, no luce descaminada la afirmación sentencial que al actor correspondía acreditar la prestación de servicios subordinada.

Sin embargo, a partir de allí, se advierte que los agravios del recurrente, dirigidos a demostrar un déficit en la valoración del cuadro probatorio tendiente a acreditar la existencia de relación laboral, parten de una equivocada interpretación de la norma, desatendiendo la afirmación sentencial básica de que la relación de trabajo posee caracteres fisonómicos propios que la diferencia de otros contratos, refiriéndose a la subordinación jurídica, técnica y económica. Aun cuando algunos aspectos de ella estén ausentes, es imprescindible la subordinación jurídica que implica por parte del empleador, el poder de dirección y disciplinario, manifestándose de tal modo una falta de autonomía del trabajador por la sujeción a cierta disciplina u orden interno de la empresa, obligaciones que no comparte el trabajador autónomo.

Nada de ello acredita la actora, ya que las testimoniales refieren a la jornada semanal de trabajo, pero en modo alguno evidencian las facultades antes referidas.

Si bien la accionada reconoció en el responde el hecho de la prestación de servicios, la actora no ha probado con suficiencia la existencia de una prestación de servicios dependientes. No debe olvidarse que de esta circunstancia fáctica depende, que la presunción establecida en el artículo 23 LCT, cobre operatividad.

Todos los aparentes argumentos de derecho de la recurrente, giran en torno a una supuesta interpretación errónea de la norma, pero en realidad lo que pretenden es soslayar los fundamentos fácticos de la sentencia, cuando concluye en la inexistencia de rasgos fisonómicos que permitan calificar la prestación de servicios como relación de trabajo.

El escrito recursivo exhibe, así, una aparente fundamentación de derecho, como modo sesgado de evadir la conclusión del tribunal sobre la inexistencia de pruebas que acrediten una prestación de servicios subordinada, la cual no resulta reprochable.

Por lo expuesto, corresponde considerar inadmisible, y por lo tanto mal concedido, el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia atacada.

Atento a la conclusión a la que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los agravios referidos a las supuestas omisiones sentenciales en considerar un supuesto despido por embarazo y los rubros que en tales conceptos se reclama en la demanda.

VI.- Por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse íntegramente a la vencida, actora en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación planteado por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, de fecha 12 de agosto de 2002, obrante a fs. 172/175 de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO