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Declaración de inconstitucionalidad, capitalización de intereses, accidentes de trabajo
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Machuca, Rafael Hernán c/ Galeno ART SA s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-06

La Sala declaró la inconstitucionalidad del Decreto 669/2019 en autos "Rapetti, Florencia c/Berkley Internacional ART SA s/recurso ley 27.348" del 02/05/2023. Aplicó entonces, el art. 12 ley 24.557 (texto según art. 11 ley 27.348). Sin embargo, ni siquiera el criterio seguido por la Sala, esto es capitalizar los intereses a la fecha de notificación de la demanda (en las acciones directas) o del recurso de apelación contra las decisiones de las comisiones médicas (en el procedimiento de la ley 27.348), permite arribar a un resultado que conserve el poder adquisitivo de bienes y servicios que los créditos tenían en su origen, por lo que no resultan un método adecuado para obtener un resultado justo y equitativo. Fue plausible la intención del legislador, en la ley 27.348, de actualizar el IBM por RIPTE, a la fecha de un accidente o de la exteriorización de una dolencia; sin embargo, disponer que, a partir de ese momento, sólo se aplica la tasa activa, genera una brutal transferencia de ingresos del acreedor al deudor, conduciendo a un resultado injusto, desproporcionado y confiscatorio. Los intereses establecidos en la ley 24.557 (modificada por la ley 27.348) son claramente confiscatorios y afectan gravemente el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 CN. Por ello a los fines de actualizar el capital de condena debe aplicarse como interés moratorio el CER desde el momento del infortunio o exteriorización de la dolencia y hasta el efectivo pago.
Despido, apreciación de la prueba, injuria laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Medina, Martin Miguel c/ Aerolíneas Argentinas S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

El actor cuestiona que en la instancia anterior se rechazara la acción por despido por él interpuesta al considerarse probada la causa de disolución del contrato tras una incorrecta interpretación de la prueba. El actor fue despedido por Aerolíneas Argentina S.A. puesto que actuó negligentemente al no evitar las roturas del equipaje de una pasajera y consecuentemente faltante de contenido del mismo, ya que su función era estar al cuidado de los equipajes. Este comportamiento configuró una injuria grave y pérdida de confianza por parte de la empleadora. A este desenlace contribuye el relevamiento de los registros filmográficos del sector donde laboraba el actor, que lo muestran en actitudes sospechosas como concurrir en numerosas oportunidades al baño y siempre acompañado de otro sujeto, que luego se vio involucrado en los mismos hechos que él. Encontrándose acreditada la rotura de la valija, el extravío de equipo y que el actor era quien se encontraba a cargo del transporte del equipaje del vuelo, fue quien incumplió con los deberes que surgen de los arts. 84, 85 y 86 de la LCT incurriendo en un accionar negligente y una falta de responsabilidad hacia sus tareas. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior al considerar que el distracto del actor fue justificado.
Confirmación de sentencia, despido, compensaciones salariales
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Calvari, Jorge Horacio c/ Banco Central de la República Argentina s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-05

El Banco Central de la República Argentina apela el decisorio de la Sra. Jueza de grado toda vez que hizo lugar al reclamo del actor. Las partes discrepan respecto si le corresponde al accionante la percepción del beneficio por cese al que hace referencia la Resolución N° 272/11 del Directorio del Banco Central, toda vez que únicamente quedan excluidos de tal percepción quienes tengan causas judiciales o reclamos pendientes con la entidad bancaria accionada. El beneficio en cuestión tiene por objeto otorgar una compensación a quienes concluyen su vida laboral en virtud de los años trabajados para la entidad. Si bien surge de las constancias obrantes en la causa el actor se vio involucrado en las actuaciones administrativas que al efecto fueron labradas en virtud de la denuncia por una falta de resmas de papel en el área que tenía a su cargo, y en una causa penal en trámite por la desaparición de muebles, lo cierto es que el otorgamiento del beneficio no se encuentra sujeto al desempeño del trabajador ni a la ausencia de antecedentes disciplinarios y tampoco puede estar sujeto a la decisión de un servicio jurídico ni de ningún otro órgano. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia en cuanto hizo lugar al beneficio por el cese reclamado.
Medida cautelar innovativa, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ahumada Ortíz, Héctor Javier  c/ Estado Nacional Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (Ex Secretaría de Bioeconomía) s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-20

El actor interpuso recurso de apelación respecto de la resolución dictada por la Magistrada de grado que rechazó la medida cautelar intentada por la que pretendía su reincorporación en el puesto de trabajo. Ello así, con base en que prestaba tareas en el organismo demandado Instituto Nacional de Agricultura (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) a través de un contrato cebrado bajo la modalidad del art. 9 de la ley 25.164, el que habría culminado, y en que la demandada informó que el INAFCI se encontraba intervenido y en proceso de reestructuración, según decreto 285/2024, que en dicho marco se habrían cerrado todas las delegaciones ubicadas en el interior del país (el actor era delegado congresista Provincial por CTA en la Provincia de San Juan y que a la fecha de culminación del contrato por no renovación (conf. Decreto 84/2023), lo que tornaría operativa la norma del art. 51 de la LS pues el actor no contaba con un puesto laboral efectivo. Las características del vínculo y la decisión administrativa adoptada sobre el cierre de dependencias, imponen un examen restrictivo de la cuestión, sumado al carácter innovativo del requerimiento formulado por el actor. La CSJN ha expresado que la medida cautelar innovativa constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor estrictez en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, aspecto que se intensifica cuando se intenta la admisión de una medida que busca obtener la reincorporación del tipo en que lo ha solicitado el actor. Por ello, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Restitución de sumas de dinero, paquete turístico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Jorge Alfredo  c/ Organización Piamonte SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

Asimismo, el actor carece de derecho a reclamar reembolso alguno a la agencia de turismo por el concepto bajo estudio, ya que optó por reprogramar el crucero contratado, ejerciendo de tal modo una de las alternativas brindadas por la ley 27563: 28, pero por un acto suyo puramente discrecional no abordó el barco el día previsto para su partida.
Despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Sueiro, Diego Fernando c/ LAN Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-12

Debe hacerse lugar a la indemnización del art. 2 del DNU 34/19 toda vez que se verifican cumplidos los requisitos de forma y de fondo para su procedencia (Del voto del Dr. Guisado. El Dr. Díez Selva expresa en su voto que la sólida defensa de la demandada LAN en cuanto que dada la imposibilidad de ejercer en forma normal y habitual su actividad comercial por imperio de las normas que se decretaron como consecuencia de la Pandemia por Covid-19, en el marco del denominado ASPO, tuvo que adoptar medidas excepcionales de urgencia tales como adherir al Programa de Asistencia al Trabajo y la Productividad, en tanto la rebaja salarial del 50% aplicada en los términos del art. 223 bis de la LCT, también fue en el marco de garantizar el mantenimiento de la fuente laboral (art. 10 LCT), no obstante el desfavorable resultado final del cierre de la empresa en nuestro país. Sostiene que en la causa se advierten elementos objetivos que permiten aplicar la dispensa que consagra el segundo párrafo de la norma citada, por lo que correspondería le eximición de su pago a la demandada. Sin embargo, toda vez que dicho criterio no resulta mayoritario en la composición actual de esta Sala, por razones de economía procesal adhiere al primer voto).
Declaración de incompetencia, impuesto a las ganancias
Materia: ADUANERO-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural Derivados y Afines  c/ Estado Nacional Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-01

En primera instancia se dictó una resolución que declaró la incompetencia de la JNT para entender en el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.743, en cuanto impone el pago del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los representados de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural Derivados y Afines. La actora recurrió la misma. La normativa aplicable, el art. 20 de la LO, dispone que la JNT resulta competente para entender en conflictos individuales de derecho cualquiera fueran las partes (incluso la Nación), siempre y cuando las causas estén fundadas en contratos de trabajo, convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. En consecuencia, el reclamo de la entidad sindical en el ejercicio de la representación de sus afiliados, tiene raigambre eminentemente laboral, en el cual rigen presunciones y modos de análisis propios de la temática en cuestión, dado que se pretende la protección del salario de esos trabajadores, quienes resultan ser un "sujeto de preferente tutela", por lo que el juez natural para resolver la cuestión resulta ser, justamente, el juez laboral, quien debe valorar las circunstancias particulares, a la luz de los principios protectorios, a fin de resolver sobre la legitimidad de la ley 27.743. Cabe revocar el pronunciamiento de primera instancia y declarar la aptitud jurisdiccional de la JNT para entender en el caso. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Competencia contencioso administrativa, factura
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: YPF SA  c/ Distribuidora de Gas Cuyana SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

Resulta competente el fuero contencioso administrativo federal en el reclamo de pago de facturas en el marco del vínculo comercial entre la productora de gas y la distribuidora en el cual incidió el proceder de organismos públicos administrativos. A más, que la accionante invocó la ley 25565: 75, que fue la ley de presupuesto nacional del año 2002.
Sanciones conminatorias, despido, prueba
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Stebler, Luis Eduardo c/ Security AG SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-27

A los fines de establecer la extensión o alcance de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la LCT la condena por tal concepto debe incluir los periodos mensuales devengados desde la fecha de extinción del vínculo y hasta la fecha de interposición de la demanda, dado que los elementos del juicio aportados a la causa han acreditado el derecho de la actora hasta ese momento, mientras que con posterioridad a esa fecha las circunstancias pueden ser pasibles de modificación o variación. Ello de conformidad con la jurisprudencia de la CSJN en punto a que los pronunciamientos judiciales no pueden condenar para el futuro (Fallos 193.254). (Del voto del Dr. Fera, en mayoría. El Dr. Pompa adhiere por cuestiones de economía procesal en cuanto a la cuantificación de la sanción. A su entender la condena debe incluir los períodos mensuales devengados desde la fecha de la extinción del vínculo y hasta la fecha de interposición de la demanda debiendo extender la sanción conminatoria mensual "hasta que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos" con lo cual en la misma causa, en la oportunidad del art. 132 de la LO de ser necesario por vía de incidente de ejecución que tramitará por separado con intervención de ambas partes, se determinará la procedencia o no de una condena mayor teniendo en cuenta si en ese período posterior fueron ingresados y efectivizados por la demandada los fondos retenidos y no depositados. Este criterio fue expuesto por el Dr. Pompa en autos "Remedi, Paula Anabel c/Administración Salud S.A. y otros s/ juicio sumarísimo").
Contrato de trabajo eventual, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Adolfo, Edgar Ignacio c/ Gestión Laboral SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-31

El art. 29 de la LCT establece como directriz general que los trabajadores contratados "por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilicen su prestación" regla que contempla una nica excepción en casos de que se trate de dependientes reclutados por empresas de servicios eventuales habilitadas por autoridad competente "y en la medida que su desempeño se ajuste a los estándares establecidos por los arts. 99 de la presente y 77 a 88 de la Ley Nacional de Empleo", esto es que resulte afectado a la realización de tareas de carácter eventual. La empresa que se benefició con el trabajo del actor fue en realidad la verdadera empleadora y la empresa de servicios eventuales actuó como una simple intermediaria en la contratación. En este marco, no median fundamentos hábiles para restar eficacia a la disolución del vínculo que resolvió implementar la intermediaria con invocación del art. 29 LCT. Tal conclusión que deriva de las aplicación al caso de las previsiones instituidas por el art. 29 de la LCT en modo alguno neutraliza las consecuencias dimanantes de la comunicación de ruptura cursada por la accionada intermediaria toda vez que como es sabido el despido constituye un acto jurídico unilateral de carácter recepticio que se perfecciona y por lo tanto proyecta plenos efectos a partir de que su noticia ingresa a la esfera de conocimiento de la contraparte no disolvente. Así entonces, la extinción del vínculo tuvo lugar a instancias de la epistolar disolutoria cursada por quien fue dador de la mano de obra a partir de la fecha de ingreso del trabajador, por lo cual rigen las previsiones del art. 92 bis de la LCT y por lo que corresponde confirmar la desestimación de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de dicho ordenamiento. (Del voto de la Dra. Hockl, en minoría).
Trato digno, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Wendt, Adriana Ester  c/ Almundo SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-15

Desde tal perspectiva, surge nítido que la conducta de la demandada para con la actora, no sólo resulta contraria al trato digno que merece todo consumidor de conformidad con la LDC 8 bis y del principio de buena fe contenido en el CCCN 1725 que debe primar en toda relación contractual, sino que además denota un claro y grave desprecio por el derecho que le asiste a éstos, constituyendo un incumplimiento particularmente desaprensivo, que justifica la imposición de la sanción prevista por la ley 24240
Revocación de sentencia, medidas cautelares, salarios adeudados
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zobele, David Hugo Alejandro  c/ Ternium Argentina SA  s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-25

La demandada se alza contra la resolución del Juez de primera instancia, que hizo lugar a la medida cautelar, interpuesta por el actor y que, ordenó a la demandada a que abone los salarios que había dejado de satisfacerle o había pagado insuficientemente desde el momento en que el trabajador tomara licencia psiquiátrica por indicación de su médica particular; dicho criterio médico fue controvertido por la empresa toda vez que el galeno de la patronal consideraba que el mismo estaba apto para trabajar. En virtud de la discordancia de opiniones médicas, el trabajador se presentó en la instancia administrativa a fin de dirimir la misma y tener una tercera opinión, lo cual no fue posible porque la demandada declinó la instancia. No obstante, abonó al actor montos irrisorios, lo que motivara que interponga la cautelar a fin de logar el pago de sus haberes. Una medida cautelar, configura una pretensión de carácter accesorio a otra principal, tendiente a resguardar la indemnidad de un derecho durante el transcurso de un proceso destinado a su eventual reconocimiento, con la finalidad de asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (ver art. 232 CPCCN). Aun cuando el derecho invocado pudiera considerarse verosímil en función de las evaluaciones realizadas por la profesional que lleva adelante el tratamiento del accionante o las conductas contradictorias que el magistrado de grado atribuye a la demandada, no se advierte que la negativa a reconocer la imposibilidad de prestar servicios en función de la evaluación realizada por los profesionales que la asesoran implique "per se" una conducta ostensiblemente ilegítima que amerite una suerte de condena anticipada sin el trámite del debido proceso en el cual se dirima el conflicto suscitado entre opiniones médicas contradictorias ni, menos aún, una situación de urgencia que, por sus características, autorice al tribunal a prescindir de los trámites pertinentes emitiendo una sentencia de claro corte anticipatorio, no sólo porque la índole alimentaria del salario podrá habilitar un trámite urgente pero no una medida de tal carácter, sino también porque la urgencia no puede estar constituida a partir de la propia demora del interesado en actuar en defensa de su derecho, aspecto en el que se observa que la situación que se pretende evitar cautelarmente data, cuanto menos, de un año atrás. Por ello, no encontrándose configurados los presupuestos que podrían habilitar el dictado de una medida de carácter anticipatorio como la que supone la cautelar dispuesta, cabe revocar la decisión de grado y no hacer lugar a la medida cautelar solicitada. (Del voto del Dr Perugini, en minoría)
Despido, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: Giovinazzo Condomi, Sebastián Eduardo c/ Tiarg S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-04

El art. 231 de la LCT prescribe que el preaviso constituye una carga impuesta al empleador en aras de otorgar al trabajador un plazo de adaptación para reorientar su vida laboral. La relación de trabajo no se extingue con la notificación del preaviso, sino una vez cumplido el plazo legal. Mientras ello no ocurra, el vínculo se encuentra vigente y surte todos sus efectos; esto es que el preaviso opera como una condición suspensiva de la extinción pero no la configura por sí mismo. Resulta ineludible subrayar que el DNU 34/2019 se inscribe en un contexto de emergencia socioeconómica que legitima, e incluso impone, una lectura finalista del ordenamiento. Su propósito fue desalentar los despidos y proteger el empleo formal. Si la norma entró en vigor antes de la extinción del vínculo, resulta insoslayable su aplicación. Lo contrario implicaría frustrar su finalidad esencial. (Del voto del Dr. Catani, en mayoría)
Accidentes de trabajo, principios procesales, seguridad jurídica, declaración de incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Salto, Elizebeth del Valle  c/ SMG ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-20

En virtud de lo decidido por la CSJN, en la causa "Behrens c/Asociart ART SA" (5/11/24, Fallos 347:1709), ratificando la doctrina de la causa "Pogonza", donde se estableció que los lineamientos de la ley 27.348 no violan el orden constitucional; corresponde la descalificación de la decisión adoptada en primera instancia en la que el magistrado de grado se declaró competente para entender en la acción judicial interpuesta a pesar de que la interesada no había satisfecho el periplo de carácter obligatorio impuesto por el art. 1° de la ley 27.348 para acceder a la instancia judicial revisora. Ello, en virtud del leal acatamiento respecto de las decisiones del Superior dado que el Poder Judicial tiene una estructura vertical en la que corresponde a la Corte Suprema velar por el respeto al orden federal y legitimidad de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, encontrándose los jueces inferiores obligados respetar sus decisiones por un elemental principio de seguridad jurídica, economía procesal y eficacia jurisdiccional. Cabe declarar la incompetencia de la JNT para entender en las actuaciones hasta que no sea satisfecho el periplo administrativo impuesto por el art. 1° de la ley 27.348. (Del voto del Dr. Pose. La Dra. Craig, adhiere en atención a que la causa llega a la Sala para que se emita un nuevo decisorio de conformidad con lo dispuesto por la CSJN en la causa "Behrens c/ Asociart ART S.A.", que ratifica la doctrina establecida en la causa "Pogonza", sin que ello implique abdicar de su postura acerca de la inconstitucionalidad del Procedimiento Administrativo Previo y Obligatorio ante las Comisiones Médicas establecido por ley 27.348. Su criterio fue expuesto en la causa "Freytes, Lucas G. c/Experta ART S.A. s/ accidente ley especial" del 12/12/2017).
Despido, injuria laboral, falta de prueba, abandono de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zalazar, Cinthia Micaela c/ Recaudadora S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-26

La demandada se agravia porque la sentencia de grado concluyó que no logró acreditar la injuria invocada para despedir a la actora. Afirma que la prueba documental (e-mails) enviados por la actora fueron desconocidos, y ninguna prueba produjo a fin de acreditar su autenticidad y que lo dispuesto en el art. 3 de la Resolución 207/2020 no era aplicable a la accionante, pues cumplía tareas en modalidad "home office". Sostiene que la accionante hizo abandono de tareas, por tal motivo la emplazó en forma fehaciente, para que se reintegre bajo apercibimiento de considerarla incursa en abandono de trabajo, y luego, ante su incumplimiento, decidió dar por finalizada la relación laboral en los términos del art. 244 de la LCT. La actora le había hecho saber a la demandada en forma previa que se encontraba al cuidado de sus hijos menores de edad, y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3 de la Resolución 207/2020 se encontraba eximida de prestar tareas. No se encuentra acreditado que la actora hubiera incurrido en abandono de trabajo, en los términos del art. 244 de la LCT, pues la "ausencia" estuvo fundada en la retención de tareas que comunicó a la empleadora, en forma expresa, por lo cual no existió voluntad de la actora de abandonar su trabajo. El abandono de trabajo, en los términos del art. 244 de la LCT, no se configura cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal lo que, justificada o no la ausencia reclamada, revela su intención de no abandonar el contrato de trabajo. La demandada ha incumplido con la pauta de conducta que le era exigida, toda vez que adoptó una conducta rupturista injustificada, invocando un simple incumplimiento de la trabajadora. En razón de lo expuesto la accionada no logró acreditar que se hubiera configurado el abandono de trabajo imputado a la trabajadora en los términos del art. 244 de la LCT. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.