Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-20


Salta, 20 de Diciembre de 2016.	Y VISTO: Esta Causa Nº G01 76286/16 de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, caratulados: "INCIDENTE DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AL DRA. BABICZ, LORENA - DEF. OFICIAL PENAL Nº 3, DISTRITO TARTAGAL - EN REPRESENTACIÓN DE MIRANDA, AYELÉN KELLY - APELACIONES GARANTÍAS CON PRESO", Expte. GAR Nº 76286/16 del Juzgado de Garantías Nº 1, del Distrito Judicial del Norte, Tartagal y	______________________CONSIDERANDO	I. Que vienen estos obrados en revisión a esta Sala del Tribunal de Impugnación, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial Penal Nº 3 del Distrito Judicial de Tartagal, Dra. María Lorena Babicz (fs. 01/02 Incidente G01), contra del auto resolutivo de fecha 24/10/2016, que dispone la prisión preventiva a la imputada Ayelén Kelly Miranda (rola a fojas 80/82 del cuerpo de fotocopias).	Que, como fundamento de la resolución impugnada, el Juez de Garantías valora en primer lugar, la existencia en autos de elementos de convicción suficientes respecto a la participación de la imputada en el hecho investigado, como así también el monto de la pena, ya que de recaer condena sería de cumplimiento efectivo, toda vez que la escala penal para el delito atribuido en abstracto, tiene un mínimo de cuatro años y un máximo de quince años de prisión.	En relación al peligro procesal concreto, sostiene que en los actuados se verifican los supuestos receptados en el artículo 388 incisos "a" y "c", tanto en razón que la pena que se espera como resultado del procedimiento sería de ejecución efectiva como respecto a la existencia de elementos de convicción que permiten presumir que la acusada no se someterá al proceso, de encontrarse en libertad. Agrega que se constatan datos objetivos de los que se infiere cierto riesgo procesal y consecuentemente dispone la conversión de la detención en Prisión Preventiva.	II. Contra dicha resolución, la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 3 del Distrito de Tartagal, interpone recurso de apelación (fs. 01/02 del incidente G01). Se agravia la defensa toda vez que sostiene que no existen datos objetivos de donde se infiera peligro procesal. Considera que el Juez realiza una aplicación mecánica de la normativa procesal, sin fundamento ni motivación alguna, que es insalvable, ya que se atenta contra la libertad que debe regir durante el proceso.	Consecuencia de ello, la resolución del "a quo" deviene arbitraria por falta de fundamentación, por cuanto carece de indicación de los actos o circunstancias concretas que hacen temer que en libertad la imputada entorpecerá la actuación judicial, siendo que al momento de su aprehensión no opuso resistencia e indicó voluntariamente que tenía en su poder sustancias estupefacientes, actitud que no denota peligro procesal alguno.	Conforme ello, la Sra. Defensora solicita se deje sin efecto el auto de prisión preventiva contra Ayelén Kelly Miranda.	III. A fojas 06/07 del Incidente G01, el Fiscal Penal de Prof. Salvador Mazza, Dr. Armando Cazón, en su contestación de vista sostiene que la imputada debe permanecer en prisión preventiva durante el proceso que se sustancia, a fin de no entorpecer la investigación; en consecuencia, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto.	IV. Que la impugnación se interpuso en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de las cuestiones suscitadas.	V. Que impuesto de la crítica apelativa, en el estricto marco de los límites del art. 528 del CPP, cabe señalar que ella se circunscribe a la validez de la prisión preventiva.	VI. Sin lugar a dudas que el examen de cualquier resolución vinculada a la prisión preventiva debe partir del escrutinio de la concurrencia preliminar del "fumus boni iuris", que implica, por un lado el examen de los antecedentes que justifiquen la presencia del delito que se investiga y por otro la existencia de referencias que permitieren presumir fundadamente que el imputado tuvo participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Verificado dichos extremos sobreviene "periculum in mora" o sea el estudio del peligro, tanto de la fuga como el de entorpecimiento a la investigación, al amparo de las pautas indicadas por artículo 388 del C.P.P. para evaluar una eventual soltura del imputado.	Ahora bien, luego de hacer mención a los requisitos, corresponde visibilizar algunos de los principios que la doctrina y la jurisprudencia marcan respecto de este instituto procesal, en particular a los de "provisionalidad", "excepcionalidad" y por último "proporcionalidad".	a) Provisionalidad. Las decisiones jurisdiccionales que disponen la prisión preventiva están destinadas a durar sólo mientras sean necesarias y siempre que permanezca vigente el procedimiento penal. O sea que este tipo de medida cautelar carece de aptitud para perdurar indefinidamente en el tiempo, irremediablemente será revocada en el momento en que las causas que dieron lugar a su aplicación desaparezcan. En orden a ello cabe subrayar que las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad -Reglas de Tokio- en el Punto 6.2 señala "la prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos fijados en el Punto 6.1 -investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima-". En tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "José, Jorge y Dante Peirano Basso en el Punto 108 dijo: "Que el principio de provisionalidad impone la necesidad de controlar que todos los presupuestos de la prisión preventiva aún subsisten. Desaparecidos sus fundamentos, el encarcelamiento debe cesar". A su vez el art. 399 del C.P.P. prevé "El imputado y su defensor podrán solicitar la revisión de la prisión, de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. Previa vista al Fiscal y al querellante, el Juez de Garantías decidirá en el término de tres (3) días por resolución fundada. Se podrá practicar una averiguación sumaria". (El resaltado no es original) y el art. 370 al referirse al carácter de las decisiones sin tapujos dice: "El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio" (el resaltado es propio).	Por último, vinculado a este tema, esta Sala IV en resolución registrada en Libro: 2016-12R As: 755/761 dijo ".la prisión preventiva en nuestro sistema procesal no es más que una medida cautelar o un instituto de excepción, que una vez dictada puede y debe ser revisada y eventualmente ceder a favor de la libertad, inmediatamente cuando desaparecen las causas que la autorizaron o que puedan ser reemplazadas por otras medidas menos gravosas" (El resaltado no es original).	b) Excepcionalidad. El C.P.P. en el Libro Segundo, Título III al referirse a la Situación del Imputado en el Capítulo I, al indicar las Reglas Generales, fija el criterio de que "toda persona a quien se le atribuya participación punible en el hecho investigado permanecerá en libertad durante el proceso" es decir que la regla es la libertad y la particularidad está conformada por la restricción al derecho a la libertad ambulatoria y la afectación al estado de inocencia, contexto este que sólo puede desprenderse en caso de absoluta necesidad para proteger los fines del procedimiento. Es más, es dable afirmar que la prisión preventiva reviste un carácter doblemente excepcional, toda vez que una vez que se ponderó que una medida cautelar es absolutamente indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley -conf. primera parte del segundo párrafo del artículo 368 del C.P.P.- sobreviene un nuevo análisis respecto a la ineficacia o insuficiencia de las demás medidas cautelares -art. 382 del C.P.P.- o sea que en materia de medidas cautelares la prisión preventiva debe observar una aplicación subsidiaria, ya que la prisión preventiva es la última ratio, habida cuenta que se trata de la medida cautelar con mayor ingerencia respecto de la persona del imputado.	c) Proporcionalidad. La circunstancia que el Estado haya monopolizado la administración de justicia no habilita a que ejercite su poder de manera incontrolada, por el contrario el proceso penal se erige en un garantía para el ciudadano y la sociedad de que habrá un juicio ajustado a un código procesal que regula las garantías emanadas de la constitución.	Sobre este contenido la Sala IV del Tribunal de Impugnación en fallo registrado en Libro: 2016-01R As. 14/15 dijo refiriéndose al artículo 1 del C.P.P. "Ahora bien, la citada norma procesal constituye, como lo dice el título del artículo 1 del C.P.P., una "Garantía Fundamental". En efecto, la circunstancia que el Estado haya monopolizado la persecución penal, no lo autoriza de ninguna manera a un proceso penal sujeto al arbitrio de los órganos estatales predispuestos, toda vez que la citada garantía se instituye en un seguro del justiciable, en el sentido que tiene consolidado un camino preestablecido por la ley para alcanzar la eventual condena o absolución".	En torno a este ítem dice Cuellar Serrano, González B. en su obra "Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso Penal", p. 189, Colex, Madrid, 1990, se trata de "un subprincipio del principio constitucional de prohibición de exceso que tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos individuales frente a las limitaciones que pudieran imponer en su ejercicio los poderes públicos". De esta manera un ciudadano asistido por el estado de inocencia no debe ser privado de libertad salvo absoluta necesidad y, además, esa privación de libertad anterior a la pena no puede de ninguna manera superar la pena esperada. Es por ello que el requerimiento de proporcionalidad en la prisión preventiva exige considerar a esta medida, como ya se dijo, como última ratio, ya que se debe dar preferencia, siempre que sea posible, a medios que afecten a la libertad de la manera menos perjudicial. Este principio es receptado de manera expresa en el ordenamiento local a través del artículo 1 inc. "d" cuando dice: "Los derechos reconocidos al imputado por las normas de orden constitucional solo podrán ser restringidos de conformidad a lo establecido en este Código y el acto jurisdiccional que imponga la restricción describirá en su fundamentación la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida"; (El resaltado es agregado). Ello así, la prisión preventiva aplicada con ausencia de criterios de proporcionalidad desnaturaliza al instituto ya que pasaría a cumplir fines "represivos propios", los que no condicen con la naturaleza de medida cautelar.	VII. Resolución impugnada.	Una vez asentados los principios aludidos, cabe analizar a la luz de ellos, los agravios esgrimidos por la fiscal, en cuanto afirma que la resolución de prisión preventiva no se encuentra fundada en las circunstancias de la causa, que no se explicitan los actos que hacen sospechar que la imputada entorpecerá la investigación; y que ella deviene en arbitraria, por carecer de motivación.	Que es menester adunar a ello, que el Juez garante no ha argumentado íntegramente la disposición restrictiva de la libertad formulada contra la acusada Miranda, toda vez que de manera genérica indica la presencia de elementos de convicción suficientes para sostener como probable la existencia del hecho y la participación de la imputada en él, como así también que la pena a imponerse sería de ejecución efectiva.	Luego de ello, analiza el peligro procesal y efectúa consideraciones superficiales, no razonadas en datos concretos de la causa. En cuanto al peligro de fuga valora el monto de la pena que se espera, para el caso de recaer condena en su perjuicio y la modalidad de cumplimiento efectivo de ella y en cuanto al peligro de entorpecimiento arguye que "surgiendo de las constancias de autos datos objetivos de donde se infiere un riesgo procesal, resulta procedente hacer lugar a lo peticionado por el Fiscal Penal." (el resaltado no es original).	En efecto, es dable aseverar que en la resolución impugnada no se advierten ciertas precisiones que permitan inferir un análisis circunstanciado del juzgador respecto a los peligros procesales concretos, contextualizados respecto a la particular situación de la imputada Miranda y los elementos de la investigación del hecho rolantes en autos. Ahora bien, no se considera carente de motivación ni arbitraria la resolución del Juez, pero sí puede calificarse de incompleta, carente de cierta especialidad o concreción fáctica a la luz de las pautas interpretativas del procedimiento.	VIII. Peligros procesales ponderados	a. Peligro de fuga. Sin lugar a dudas este eje conforma la piedra angular de la resolución cuestionada, toda vez que valora que la pena en expectativa, al ser de ejecución efectiva, le permite inferir que obsta a que la imputada espere el juicio en libertad, ya que no se sometería a proceso.	Si bien el artículo 388 del C.P.P. en relación al peligro de fuga refiere en su primer inciso "la pena que se espera como resultado del procedimiento", la sola mención a ello no alcanza para fundar "en abstracto" la existencia de peligro de fuga. Los siguientes incisos de la disposición legal refieren principalmente a situaciones concretas, del hecho y del imputado, su comportamiento durante el procedimiento de esa causa o el mantenido en otras actuaciones anteriores y al arraigo que posee en el país; elementos que no fueron explicitados o valorados en plenitud en la resolución del juez garante.	En esta línea de razonamiento es necesario traer a colación lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el pronunciamiento recaído in re Estevez (Fallo 320:2105), donde sostuvo que la sola referencia a la pena establecida para el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que se halla particularizado cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permiten presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio. O sea que la pena en expectativa y la condena de ejecución efectiva, no son por sí solas circunstancias determinantes para disponer la prisión cautelar, en tanto el análisis debe extenderse a la posibilidad concreta que la imputada pueda eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La simple referencia a la escala penal abstracta para el delito de marras no resulta suficiente para fundar la medida precautoria restrictiva de la libertad; aunque sí es un elemento a tener en cuenta por el juzgador, en su conjunción con otros de ellos en juego.	Asimismo, corresponde en este punto resaltar el comportamiento mantenido por la Sra. Miranda durante su aprehensión, que se desarrolló de manera pacífica, toda vez que no solo se sometió al procedimiento policial sin oponer resistencia, sino que afirmó, de manera espontánea, que tenía en su poder sustancias estupefacientes e indicó de entre sus prendas donde se hallaban, siendo secuestradas posteriormente a ello (Acta de Procedimiento de fs. 13 del Cuerpo Fotocopias).	Cabe adicionar que la nombrada es madre de tres niños menores de edad, circunstancia que bien puede ser enjuiciada a favor de determinar la base de un arraigo en el lugar -art. 388 inc. "b" del C.P.P.- Por otra parte no registra antecedentes penales de ningún tipo, ni denuncias en su contra, menos aún rebeldías o capturas, conforme surge de la planilla del prontuario obrante a foja 63 del expediente.	De esta manera la omisión de justipreciar datos, demuestra una tasación incompleta de las constancias del legajo de investigación, consiguientemente la mentada situación resta valor a la ponderación del magistrado y a la vez las consideraciones practicadas en torno a la fundamentación, muestran fisuras que impiden validar la decisión de adoptar la medida de coerción más severa que prevé el ordenamiento legal de forma._	b. En relación al peligro de entorpecimiento, cabe reseñar que "a quo" señala "datos objetivos" de los que se infiere un riesgo procesal, sin embargo no se encarga de identificarlos para un real y efectivo control de ellos.	IX. De esta manera, cabe predicar que los fundamentos esgrimidos por el Juez a quo, no se hallan revestidos de la firmeza suficiente para sustentar la decisión adoptada. No obstante, la situación planteada de este modo habilita a este Tribunal a un nuevo estudio de la dualidad libertad y prisión preventiva._	X. Provisionalidad de la prisión preventiva y control jurisdiccional de oficio.	_________________________________________________________	Cabe reflexionar sobre el carácter de Provisionalidad" de la resolución que decide la prisión preventiva, tratada en el punto VI a. y la permanente revisión de ella, a que se encuentra obligado el juez actuante.	Es dable adunar, en forma coincidente a lo ya dicho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso José, Jorge y Dante Peirano Basso, Caso N° 12.553 Uruguay, en el considerando 102 expuso de manera literal: "En este sentido, sobre el órgano a disposición del cual se encuentra detenido el individuo pesa la obligación de disponer la libertad, aún de oficio, cuando hayan cesado los motivos que originariamente la habían sustentado. De lo contrario, se estaría legitimando una privación de la libertad que carece de fundamento"; seguidamente, en el considerando 104 instituye: "Por ello, el juzgador deberá revisar, periódicamente, si los motivos que originariamente fundaron la prisión preventiva aún subsisten." y en su última parte enuncia "Este deber encuentra fundamento en la necesidad de que el Estado renueve su interés en mantener la prisión preventiva con base en fundamentos actuales". De manera concordante el Considerando 118 reafirma sus fundamentos en tanto "El control jurisdiccional no se refiere exclusivamente a las circunstancias de la detención sino también a la continuidad de la privación de la libertad -dictado, cese o continuidad de la prisión preventiva- toda vez que corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate del inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia"._	Es clarificante lo establecido por el organismo internacional en cuanto instaura en cabeza del juez, el ejercicio del poder jurisdiccional referido al control de las medidas restrictivas de la libertad que pesan sobre el imputado, el que debe efectuarse en todo momento y fases del proceso, de manera permanente, al ser solicitado por las partes y aún de oficio, conforme lo señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el precedente referenciado en el párrafo anterior. Es que es el juez el garante y obligado en simultáneo, tanto de evaluar la subsistencia de los requisitos por los que se impuso las medidas de coerción, como así también de reeditarlas cuando lo entienda necesario, en cada caso peculiar sometido a su ámbito de actuación._	XI. Aplicación de medidas sustitutivas a la prisión cautelar.	Determinada la factibilidad de la revisión acaece la necesidad de evaluar, en esta instancia impugnaticia, la determinación de la aplicación de una medida sustitutiva a la prisión, en relación a la Sra. Ayelén Kelly Miranda.	En ese contexto, en el marco del artículo 1 de la ley procesal local, que instituye una serie de pautas legales fundamentales, imperantes durante todo el proceso penal; el inciso "c" en consonancia con el "g" refieren que el sujeto sometido a éste, debe ser tratado como inocente hasta el dictado de sentencia firme que declare lo contrario y en todo tiempo estar a lo más beneficioso para él; correlativamente, los incisos "d" y "e", establecen que las restricciones a los derechos fundamentales, deben tener basamento en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a la vez que toda afectación en la libertad del imputado es de interpretación restrictiva. A la luz de los esgrimidos principios rectores del proceso penal, el estado de inocencia y la libertad del imputado ocupan la cúspide en la escala de derechos fundamentales de la tramitación procesal.	A su vez esta postura se ve reafirmada por el artículo 368 del mismo cuerpo legal, que establece "la libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley ... El imputado tendrá siempre derecho a que el Juez de Garantías examine su situación aunque se haya dictado su prisión preventiva.". La imposición de la prisión preventiva por parte del juez, debe ser la última ratio a aplicar, y efectuarse con estricto apego a los principios de proporcionalidad, necesariedad y excepcionalidad, en tanto la privación de la libertad ambulatoria de una persona constituye una medida de extrema gravedad en el sistema penal, que debe ser de interpretación restrictiva.	El nuevo sistema procesal de la Provincia prevé un régimen de medidas sustitutivas a la prisión, a las que puede y, en su caso, debe acudir el juez, para evitar la restricción de la libertad ambulatoria, siempre que ella no sea un obstáculo para concretar los fines del proceso. En efecto, el encierro cautelar hoy tiene carácter subsidiario y proporcional, habida cuenta que procederá cuando la finalidad del peligro de fuga o de entorpecimiento a la averiguación de la verdad, no pueda ser neutralizado por la aplicación de modalidades de coerción atenuada prescriptas por la ley. O sea que el órgano judicial debe escudriñar en el caso las hipótesis que permitan viabilizar la medida necesaria para el caso particular y si ellas fracasan será recién el turno de la prisión preventiva.	Por consiguiente, ajustado a este marco legal y a las circunstancias de hecho obrantes en la causa, cabe resaltar que siempre que el tribunal "a quo" considere factible y viable la imposición de una medida menos gravosa para la imputado, debe estarse a favor de su acogimiento. Ello en la convicción que, la consecución de los fines del proceso ha quedado asegurada mediante las medidas alternativas a la prisión provisional; de ese modo esta última deja de ser necesaria e indispensable, para tornarse injustificada. Es decir que, si luego de efectuada la ponderación del caso, el riesgo procesal se considera evitado o superado a través de la imposición de un medio menos gravoso para el encartado, la jurisdicción se halla obligada por el orden legal, constitucional y convencional a restaurar el orden procesal derivado de las garantías constitucionales, ya que deja de ser una facultad judicial para convertirse en una obligación de actuar en ese sentido.	En efecto, el artículo 382 del C.P.P. dispone que siempre que el peligro de fuga o entorpecimiento a la investigación, pueda ser evitado con una medida menos gravosa para el imputado, podrá el juez o tribunal imponer una o algunas de las medidas previstas en el dispositivo legal, a lo largo de sus doce incisos, en sustitución de la prisión cautelar. A ello, instituye en su primer inciso "a) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el órgano judicial que la dicta disponga". El dispositivo legal de esa forma prevé una modalidad, también de carácter netamente cautelar, orientado a obtener la comparecencia del imputado al proceso en marcha, ante el requerimiento del órgano juzgador.	En las presentes actuaciones el arresto domiciliario de la imputada se vislumbra como una medida sustitutiva adecuada a la prisión preventiva, ya que es mucho menos restrictiva y gravosa. A la vez que, si ella se instaura con la modalidad de vigilancia de la autoridad policial, el riesgo del peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la actuación jurisdiccional, se ve neutralizado; enlazado a ello, no debe escaparse que se registran en la causa varios pedidos de audiencia de la Sra. Miranda con el juez interviniente con motivo del otorgamiento del arresto domiciliario (fs. 115 y 130 del cuerpo de fotocopias remitido), como así también un pedido efectuado por su defensa oficial (fs. 99) tendiente a ello.	En consecuencia, no se logra apreciar en la resolución del magistrado, peligro procesal a configurarse, conforme el análisis efectuado en el acápite anterior. En efecto, esta alzada justiprecia a la prisión preventiva como desproporcionada, de esta manera el arresto domiciliario aparece como la medida justa y razonable, ya que la custodia policial a la que se encontrará sometida impedirá la fuga o el contacto otras personas a las que eventualmente pueda influenciar.	En orden a lo analizado y a la valoración formulada en los párrafos precedentes, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de interpuesto y revocar la resolución impugnada.	En mérito a ello,	_________EL VOCAL Nº 3 DE LA SALA IV DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN,	________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Penal N° 3 del Distrito Judicial de Tartagal que rola a fojas 01/02 del Incidente G01 y en su mérito REVOCAR el auto resolutivo de fecha 24/10/2016, cuya copia rola a fs. 80/82 del cuerpo de fotocopias del expediente GAR-76286/16.	II. DISPONER el arresto domiciliario con custodia policial de la imputada AYELÉN KELLY MIRANDA, de condiciones personales que rolan en autos, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, que deberá hacerse efectivo por el Juez de Garantías de 1ra. Nominación del Distrito Judicial de Tartagal, previo efectuar las constataciones pertinentes, de conformidad al artículo 382 inciso "a" del C.P.P.	III. RegIstrar, PROTOCOLIZAR, NOTIFICAR, y oportunamente BAJAR los autos al Juzgado de origen	TRIBUNAL DE IMPUGNACION DE LA PROVINCIA DE SALTA- SALA IV- VOCALIA Dr. OMAR SILISQUE - Fallo: 81. As: 293/298, Libro 216-01R.