Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09


VI.DA.VI. S.R.L. contra COMUNA DE PIAMONTE Reg.: A y S t 197 p 356-365.

En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VI.DA.VI. S.R.L. contra COMUNA DE PIAMONTE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 157 del año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dos del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. VI.DA.VI. S.R.L. promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comuna de Piamonte tendente a obtener el cobro de lo adeudado ($45.275) por la misma como consecuencia del contrato de locación de obra celebrado el día 24 de diciembre de 1990, para la terminación del Jardín de Infantes N 125 y la ejecución del Hospital Comunal.

En su escrito de demanda la empresa actora invoca ser contratista de la Comuna de Piamonte por haber celebrado con ella contrato administrativo cuyo objeto era la realización de obras públicas.

Afirma que, a pesar de que se efectuó la recepción definitiva de la obra, la Administración no le ha abonado los certificados de obra pendientes, negativa de pago que luce contraria al derecho de propiedad y a la libertad de contratar.

Narra que, en 19.12.1990, mediante ordenanza 10/90, se le adjudicaron las obras contenidas en la Licitación N 1FN/90; y que el respectivo contrato de locación de obra se suscribió (24.12.1990) expresando que su objeto era la terminación parcial del Jardín de Infantes N 125, y la ejecución del Hospital Comunal; que el sistema era el de ajuste alzado; que el plazo de ejecución sería de 180 días y que el valor básico de la obra de A400.000.000 a octubre de 1990.

Prosigue detallando que, en 15.3.1991 se firmó el acta de iniciación de los trabajos y en fechas 28.8.1991 y 4.9.1991 se suscribieron las actas de recepción definitiva de la obra relativas a la terminación parcial del Jardín de Infantes N 125 y al Hospital Comunal, respectivamente. En ellas -sostiene- se dejó constancia de los trabajos adicionales realizados no contemplados en el Presupuesto Oficial pero de vital importancia para la realización de la obra, los que fueron ejecutados a pedido del representante técnico comunal, arquitecto Figoseco.

Posteriormente, remarca, presentó (en 16.9.1991) nota y resumen de cuenta a la Comuna solicitando el pago del saldo consistente en la suma de A318.838.835, pero que, al no obtener respuestas ni pago alguno, remitió carta documento con fecha 25.3.1992 mediante la que requirió se le abonara, en el término de 5 días, la suma de $31.883,88 más intereses desde el 15.9.1991 como consecuencia del incumplimiento en los pagos de los certificados aceptados, y en especial, de las actas de recepción definitiva recién mencionadas.

Como contestación a la misma, explica, la Comuna demandada le envió carta documento el 2.4.1992 rechazando el reclamo con fundamento en "las condiciones fijadas en el contrato de locación de obra (Plan de Emergencia del Empleo) artículo 59- ley 23.696", y en el artículo 4 del contrato suscripto.

Según entiende la recurrente, del artículo 4 antes mencionado surge que la obra sería realizada con el financiamiento que aporta el Tesoro Nacional, pero ello no enerva el reclamo, puesto que, considerando que el giro de fondos es previo al llamado a licitación y a la adjudicación de la obra, desde el momento en que la Comuna licitó la obra, el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno provincial no tienen nada que ver en el tema.

Por todo ello, expresa, rechazó dichas cartas documento ratificando sus reclamaciones e intimando nuevamente el pago de lo adeudado por la demandada, que a la fecha, totalizaba la suma de $45.275.

El silencio que, narra, se produjo luego de este requerimiento, motivó la interposición de reclamo administrativo previo tendente a percibir el monto demandado, ante lo cual tampoco obtuvo respuesta alguna.

Seguidamente, afirma, planteó pronto despacho en 23.11.1994, luego del cual, en 28.12.1994, recibió carta documento de la Comuna por la que se le notificaba el rechazo del reclamo incoado insistiendo en los mismos fundamentos.

La reconsideración que interpuso contra esta comunicación en fecha 16.2.1995, finaliza, fue rechazada mediante carta documento del 21.2.1995.

Solicita, en definitiva, el acogimiento de la demanda, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 55), comparece la Comuna demandada (f. 65) y contesta la demanda (fs. 140/149 vto.).

En el escrito de responde niega genéricamente todos y cada uno de los hechos en q También niega, con relación a los alegados trabajos adicionales: que hayan sido realizados por la demandante; que no hayan estado previstos en el Presupuesto Oficial; que haya sido necesario realizarlos por su vital importancia para la obra; que el arquitecto los haya solicitado (porque no le consta), y si lo hizo, que haya tenido competencia para ello.

A este respecto agrega que, de haberse ejecutado dichos trabajos, se hicieron sin proyectos, estudios ni dictamen y consultas previas; y que en ese caso, no generarían obligación a cargo de la Comuna, ya que la cláusula 8 del contrato lo impide, congruentemente con el artículo 1 inciso "k" del decreto nacional reglamentario del artículo 59 de la ley 23.696, en el sentido que el aporte de la Nación "...se aplicará exclusivamente al pago de obras originadas y aprobadas... y no alcanzará a sus ampliaciones y adicionales...".

En oportunidad de relatar los hechos la Comuna demandada entiende, en primer lugar, que la Provincia de Santa Fe debe intervenir en este juicio, exponiendo los motivos fundantes de dicha afirmación de la siguiente manera:

a) Sostiene que las obras públicas motivo de este pleito tuvieron causa en el imperativo legal del artículo 59 de la ley 23.696, y como objeto, ejecutar la construcción de una escuela y mejoras en un hospital, pertenecientes ambos a la Provincia de Santa Fe (Comuna de Piamonte, departamento de San Martín).

b) La participación real de la Comuna, agrega, fue la de intermediar "ministerio legis" administrando una cantidad determinada de fondos dispuestos por vía de subsidio por el Poder Ejecutivo de la Nación para que fueran aplicados en la ejecución de obras en beneficio de la Provincia, transferidos por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, con cargo para la Comuna de instrumentar la contratación y rendición de cuentas al Gobierno Nacional.

c) Estos eran los únicos compromisos legalmente impuestos a la Comuna, expone, que se desprenden de la ley 23.696, el decreto reglamentario 385/90, las ordenanzas 9 y 10 de 1990, y el contrato de obra pública suscripto.

En este marco la Comuna cumplió su rol de intermediaria y administradora, y le dio a los fondos que recibió el destino legalmente impuesto, habiendo percibido -la actora- lo que le correspondía como contraprestación contractual.

d) En esta relación de representación que vinculó a la Comuna con la Provincia, manifiesta, se aplica la teoría de la representación, de lo que se desprende que la primera sólo fue un tercero en la relación negocial, y aunque haya efectuado los pagos, no puede quedar obligado personalmente frente a los terceros con quienes contrató (los que además no pueden ser considerados verdaderamente como pagos y fueron efectuados por un tercero con el asentimiento del deudor).

e) Entiende que la Provincia tiene interés de hecho, jurídico y actual en la relación concreta y directa con el objeto y la causa de este proceso, por lo que debe integrar esta litis.

Finalmente, plantea de manera subsidiaria, defensa de desindexación, exponiendo que los certificados de acopio y obra extendidos por la actora y firmados por el arquitecto de la Comuna con sus respectivos anexos de "cálculos para ajustes de variación de precios", actualmente resultan viciados debido a que el componente inflacionario que contienen, provoca un desfasaje por excesiva e indebida onerosidad ficticiamente lograda; para lo que entiende aplicable al caso -y para el supuesto de que se acoja la demanda-, la ley 24.283.

Solicita, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

3. A foja 150 se emplaza a la Provincia de Santa Fe, la que comparece (f. 155) y contesta la demanda (fs. 160/171).

En su escrito niega particularmente cada afirmación de la demanda y específicamente, postula, en primer lugar, la inadmisibilidad de la vía contencioso administrativa de conformidad a lo que surge de los artículos 4 y 10 de la ley 4.106, y 161 a 164 de la Ley Orgánica de Comunas 2.439.

Exponiendo sobre el particular, sostiene que la Comuna llamó a licitación por ordenanza 9/90 para la terminación del Jardín N° 125 y el Hospital Comunal, y adjudicó la obra a la actora también por ordenanza 10/90.

No obstante, agrega, los reclamos formulados por la empresa en sede administrativa mediante cartas documento de fechas 25.3.1992 y 22.9.1994, fueron resueltos y notificados también por cartas documento de fechas 2.4.1992 y 28.12.1994, y el recurso de reconsideración del 16.2.1995 también fue resuelto por carta documento del 21.2.1995 emitida por el Presidente comunal.

Ello, afirma, implica que la declaración de voluntad en ellas contenida no reúne las formalidades exigidas por la norma mencionada para agotar la vía administrativa; la misma debió haber sido emitida en legal forma por ordenanza de la Comisión Comunal.

En segundo lugar, la Provincia plantea la improcedencia de su intervención como tercero demandado y/o su citación en garantía.

Para explicar esto relata a su modo de ver los hechos de la causa, y afirma que la Comuna de Piamonte fue la que licitó y contrató con la empresa actora en cumplimiento del artículo 59 de la ley 23.696, y no la Provincia, lo que surge de los fundamentos de la propia ordenanza 9/90.

En ese marco, expone, la Comuna presentó ante el Ministerio del Interior de la Nación una solicitud de apoyo financiero para proceder a la realización de esas obras, por lo que el Gobierno nacional resolvió y adjudicó un subsidio a favor de la misma para aplicarse a tales obras.

El decreto nacional 385/90, manifiesta, establece -como norma reglamentaria del artículo 59 mencionado-, que la obra será licitada, adjudicada, controlada y recibida por la Comuna titular del proyecto, la cual será responsable ante el Gobierno nacional de la ejecución de la obra y del destino de los fondos.

La Comuna, prosigue, licitó por A374.000.000 (y por esa cantidad adjudicó la Nación), y adjudicó por A400.000.000.

Sigue diciendo que en la ordenanza 9/90 se disponía que sería el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación quien realizaría las inspecciones, y siendo la autoridad de aplicación, en caso de irregularidades, podría disponer el cese del giro de fondos, revocando la resolución aprobatoria.

La Comuna reconoció y aceptó la reglamentación sometiéndose voluntariamente y sin reservas expresas a ese régimen jurídico, afirma, lo que determina la improcedencia de su impugnación ulterior.

Todo ello, concluye, pone de manifiesto que la relación jurídica contractual entre Comuna y empresa no puede extender efectos sobre la esfera jurídica de la Provincia, quien no tuvo participación alguna.

Destaca como notable que no se ha citado a la Nación, quien en el hipotético caso de que no haya girado los fondos comprometidos sería quien debería responder ante la Comuna, pero nunca la Provincia; y agrega que el decreto reglamentario expresamente prevé que la demora en la entrega de los certificados y la no entrega de ellos, hará a la Municipalidad contratante única responsable de los intereses y daños que se originen, gastos que serán a su cargo exclusivo, no pudiendo en caso alguno solicitar su reintegro al Gobierno nacional.

En tercer lugar, afirma la improcedencia de la pretensión sustancial de la accionante, sobre la base de que ella recibió el importe correspondiente a las obras encomendadas al mes de julio de 1991 por valor nominal de A381.997.899, esto es, superior al valor básico del Presupuesto que era A374.000.000, no obstante la adjudicación fue de A400.000.000.

En la hipótesis que existiera una acreencia a su favor, dice, sería mucho menor, aunque igualmente quedaría desvirtuada por cuanto suscribió el acta de recepción definitiva de ambas obras sin efectuar reserva expresa de que existía saldo deudor.

Finalmente, agrega que, en cuanto a los supuestos trabajos adicionales de vital importancia como reserva de futuros reclamos, resultan nulos y deben tenerse por no escritos, porque se contradicen con el régimen legal imperante en la licitación que así lo impedía (cláusula 8 del contrato), al que voluntariamente se sometió la empresa, por aplicación de la doctrina de los actos propios.

Solicita, en suma, se rechace la demanda, con costas.

4. Abierta la causa a prueba (f. 173) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 245/246 y 247/251 vto.). Dictada (f. 252) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

5. Se impone, previo al tratamiento de las demás cuestiones en debate, efectuar determinadas consideraciones en relación a los sujetos que deben considerarse comprendidos en el presente proceso.

Ello por cuanto la Comuna demandada en su escrito de responde planteó que la Provincia de Santa Fe debe intervenir "forzosamente" integrando esta litis y que deben hacérsele extensivas las consecuencias de la cosa juzgada que resulte de este juicio.

De las constancias obrantes en la causa se desprende que la Comuna de Piamonte celebró con la empresa actora un contrato de locación de obra dentro del marco del denominado "Plan de Emergencia del Empleo", establecido por el artículo 59 de la ley 23.696.

De acuerdo a esta norma dicho plan consistía en "la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico, y cuyos valores de contratación y plazo de ejecución no superen individualmente los cien millones de australes (A 100.000.000), a valores constantes y seis (6) meses de plazo, respectivamente".

Agregaba que "Dichas obras deberán ser licitadas y contratadas por las municipalidades, previo convenio a celebrarse con las autoridades provinciales, mediante procedimientos de contratación que aseguren celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo".

Durante el año 1992 la Comuna demandada realizó gestiones ante el Gobierno provincial a efectos de que se incluyera en dicho plan a las obras de "Ejecución 2da. etapa nuevo edificio hospital comunal y conexión con edificio existente" y "Segunda etapa edificio escuela jardín de infantes N 125. Piamonte".

De ello dan cuenta las actuaciones administrativas 00103-0003850-2 y 00103-0003849-2 de la Subsecretaría de Municipios y Comunas de la Provincia que en copia se reservaron en los presentes.

Con posterioridad, mediante ordenanza 9 del 21.11.1990, teniendo en cuenta los términos del artículo 59 de la ley 23.696 y su decreto reglamentario 385/90 y valorando que el gobierno nacional había otorgado el pertinente subsidio a esa Comuna, se llamó a licitación (N 1FN/90), en el marco de los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Comunas (2.439), para la "construcción de terminación de obra del Jardín de Infantes N 125 y Hospital Comunal" (fs. 76/78).

Por ordenanza 10 del 19.12.1990 la Comuna de Piamonte adjudicó a la empresa VI.DA.VI. S.R.L. las obras licitadas (f. 79).

En fecha 24.12.1990 la empresa mencionada y la Comuna suscribieron el pertinente contrato de locación de obra (fs. 1/6, expte. administrativo y original en sobre n 2421 reservado en Secretaría).

En dicho instrumento la Administración encomendó a la empresa la ejecución de la obra "Terminación parcial de Jardín de Infantes N 125 y Hospital Comunal" a través del sistema de ajuste alzado (art. 2 ) estableciendo el valor básico de los trabajos en la suma de cuatrocientos millones de australes al mes de octubre del año 1990 (art. 3 ).

En el artículo cuarto se aclaró que el financiamiento de la obra era efectuado por el Tesoro Nacional.

Los fondos serían transferidos por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a la cuenta especial n 550 "Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias" y luego girado al Banco Provincial de Santa Fe, sucursal Piamonte.

Entre otros aspectos se estableció un plazo de ejecución de 180 días (art. 5 ), la certificación quincenal de los trabajos, previo anticipo en concepto de acopio (art. 6 ) y el compromiso de la empresa de facilitar y aceptar las auditorías que se contemplaban en las normas reglamentarias del Plan de Emergencia del Empleo (art. 10 ).

Como surge de los antecedentes mencionados en precedencia, la Comuna se vinculó con la empresa actora a través de un contrato que tenía como objeto la realización de determinados trabajos públicos en bienes de uso común tales como el Hospital local y el Jardín de Infantes.

Los obligados directos en esa relación eran, por un lado, la Comuna de Piamonte quien tomó a su cargo las tareas de licitación, adjudicación, control, medición y recepción de los trabajos, como también de certificación y pago de los mismos y, por el otro, la empresa VI.DA.VI. S.R.L. quien debía ejecutar la obra comprometida.

Por lo tanto, los efectos jurídicos propios del incumplimiento de las obligaciones instrumentadas en esa relación contractual deben ser asumidos por quienes revistieron el carácter de partes en el contrato suscripto.

En este caso, la Comuna de Piamonte, como comitente o locataria de la obra contratada y la empresa VI.DA.VI. S.R.L. como cocontratante o locador.

Los aspectos inherentes a la financiación de los trabajos, se sitúan en el plano de las relaciones interadministrativas que, por imperio de la propia ley 23.696 debían entablarse entre la Comuna, la Provincia y el Estado nacional.

Mas dichos aspectos en modo alguno pueden imponer la calidad de parte a la Provincia dentro del contrato que motiva los presentes; ni tampoco los eventuales incumplimientos que se den en el marco de aquellos acuerdos y relaciones pueden ser ventilados ante este Tribunal, resultando un aspecto ajeno a la relación contractual generada entre los sujetos firmantes del contrato de locación de obra.

No empece a lo recién afirmado la circunstancia de que las obras contratadas hayan sido realizadas en bienes que, según expresa la Comuna, pertenecerían a la Provincia de Santa Fe por cuanto lo decisivo en el caso es que se optó por un modo de gestión de cometidos públicos en que el ente territorial demandado se convirtió en comitente de la obra, asumiendo la calidad de locatario en el contrato respectivo, el cual -como ya se expuso- se celebró mediante los clásicos procedimientos de selección del contratista estatal y se ejecutó bajo la dirección del ente público territorial quien pagó certificados de obra y recibió los trabajos.

La intervención que tuvo la Provincia durante la gestión del subsidio ante el gobierno nacional como durante la ejecución de los trabajos, no puede, en modo alguno, tener la virtualidad jurídica de convertirla en parte de la relación contractual ni, mucho menos, de transformarla en obligada directa por los incumplimientos en que hubiera podido incurrir la Comuna en su carácter de comitente.

Lo antedicho basta a efectos de concluir en la falta de asidero de la postulación de la Comuna basada en que su intervención se dio en el marco de una relación de representación lo que le impediría quedar obligada ante los terceros con quienes contrató y la consiguiente pretensión de que la Provincia sea considerada parte en este juicio.

6. Efectuada la aclaración precedente corresponde abordar ahora la cuestión referida al modo en que se agotó de la vía administrativa.

Del expediente administrativo remitido por la demandada surge que mediante carta documento del 25.3.1992 la empresa actora intimó a la Comuna al pago de $31.883,88 (f. 12, expte. adm.).

La Administración, por su parte, remitió carta documento rechazando la intimación de la empresa (f. 13, expte. adm.).

Ante dicha denegación VI.DA.VI. S.R.L. envió nueva carta documento reiterando la intimación de pago efectuada, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales (f. 14, expte. adm.).

Posteriormente, la empresa interpuso reclamo administrativo "como preparatorio de la vía contencioso administrativa (...) contra la Comuna de Piamonte" tendente al cobro de saldos que, según postulaba, estaban impagos del precio convenido en el contrato oportunamente suscripto (fs. 22/24, expte. adm.).

Dicho reclamo fue rechazado por el Presidente de la Comuna mediante carta documento del 28.12.1994 (f. 27, expte. adm.).

Contra dicha denegación interpuso la empresa recurso de reconsideración y/o denuncia de ilegitimidad (f. 23 de autos) que fue denegado por carta documento del 21.1.1995 suscripta por el Presidente de la Comisión Comunal.

De la reseña precedentemente efectuada surge con evidencia que la empresa actora utilizó los remedios administrativos previstos en la ley 2.439. Concretamente, denegada la pretensión de cobro formulada mediante reclamo, interpuso el recurso de reconsideración previsto en el artículo 165 de la citada normativa.

Desde esta perspectiva no puede razonablemente afirmarse que la recurrente no haya seguido las vías recursivas que el ordenamiento prevé para el agotamiento de la vía administrativa previa a la interposición de la demanda contencioso administrativa; y los vicios o incorrecciones que, en su caso, pudieran afectar a los actos denegatorios no podrían, obviamente, redundar en perjuicio de la situación de la demandante y en beneficio de la propia demandada.

Consecuentemente, el recurso resulta admisible.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso ¿es procedente el recurso interpuesto?- la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

7. La empresa VI.DA.VI. S.R.L. pretende el cobro de supuestos saldos impagos que aduce se han producido como consecuencia de la falta de cancelación por parte de la Comuna de Piamonte de la totalidad del precio de la obra contratada.

Corresponde, pues, determinar la existencia o inexistencia de la deuda invocada por la contratista.

A tales efectos deben examinarse las distintas constancias acompañadas a la causa.

Obran reservados en Secretaría los originales de la documentación en la que se instrumentó la relación contractual seguida entre las partes.

Entre otros elementos figuran el certificado de acopio y los doce certificados de obra y ajuste aprobados por el representante técnico de la Comuna de Piamonte, arquitecto Heraldo Figoseco, como así también las actas de recepción definitiva suscriptas por las partes el 28 de agosto y el 4 de setiembre de 1991.

Estos instrumentos resultan claramente relevantes, habida cuenta que los certificados constituyen, a la luz de la cláusula sexta del contrato, título suficiente para el cobro de la deuda allí documentada. En el caso de las actas de recepción definitiva su importancia radica en que constituyen un acto que pone fin al negocio y agota las prestaciones recíprocas de las partes y en que producida la misma debe practicarse el pago íntegro de los trabajos, comprendiendo todas las liquidaciones pendientes (S.C.B.A. "Construcciones S.R.L. c. Provincia de Buenos Aires", A. y S. 1994, I, 34).

Por otra parte, la Comuna demandada acompañó -en original y copias- los recibos de pago emitidos en favor de la empresa (fs. 80/84, y sobre n 2421 reservado en Secretaría). Del análisis de esta documental surge que los pagos efectuados se imputaron a la cancelación del certificado de acopio, de los certificados 1, 2, 3, 4 y 5, parcialmente, del certificado 6.

La compulsa de todos estos elementos permite concluir que se encuentran impagos parte del certificado 6 y los certificados 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ascendiendo el saldo sin cancelar a la suma de 318.838.835 de australes (esto es, 31.883,88 pesos) Consecuentemente, cabe tener por probada una deuda a cargo de la Comuna demandada derivada de la falta de pago de los créditos por ella misma reconocidos.

8. Finalmente, la "defensa de desindexación" que, con fundamento en la ley 24.283, formulara la demandada en el responde no puede ser analizada en esta etapa del proceso.

Si bien su aplicación al caso no puede ser descartada atento a que todos los certificados que documentan la deuda de la Comuna fueron ajustados mediante la aplicación de un promedio entre el índice de precios mayoristas nivel general y el índice de precios al consumidor nivel general publicados por el I.N.D.E.C. (Ver fs. 120/139 de autos), la ausencia al momento del dictado de la presente de elementos que permitan establecer la comparación a que hace alusión la ley de desindexación, aconsejan dicha solución.

Por lo tanto, el planteo deberá ser tenido en cuenta en la etapa procesal oportuna, lo que así corresponde declarar.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, condenar a la Comuna de Piamonte a abonar a la actora en legal forma y conforme a la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los treinta días de quedar firme la presente sentencia-, los saldos impagos mencionados en el punto 7 de la segunda cuestión con más los intereses a la tasa promedio pasiva mencionada en el decreto nacional 941/91, o la que en su caso se demuestre deba corresponder, hasta el efectivo pago. Costas a la demandada (art. 84, ley 4.106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri, Spuler y Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, condenar a la Comuna de Piamonte a abonar a la actora en legal forma y conforme a la liquidación respectiva -que se practicará dentro de los treinta días de quedar firme la presente sentencia-, los saldos impagos mencionados en el punto 7 de la segunda cuestión con más los intereses a la tasa promedio pasiva mencionada en el decreto nacional 941/91, o la que en su caso se demuestre deba corresponder, hasta el efectivo pago. Costas a la demandada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)