marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajador, indemnización por incapacidad, monto de la indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: AVILE, OSCAR RAUL c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

No se advierte de la crítica vertida la conexión de la cuestión constitucional que se plantea con la materia del litigio, toda vez que el Tribunal -más allá de su grado de acierto o error- ha fundado su decisión por aplicación de pautas debidamente valoradas y en orden a la determinación de los montos indemnizatorios en forma actualizada a la fecha de la sentencia de grado, de modo que la condena se traduce como un equivalente dinerario que si bien es criticado por el recurrente, éste soslaya indicar cuál es el error, y acreditar fundadamente cuál el cálculo que considera correcto, lo que, de la confrontación de lo argumentado por la parte con las razones brindadas en la resolución impugnada, no logra entreverse como configurado.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, peatón embestido, senda peatonal, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: LLANOS, Sara Esteher c/ BERTASIO, Norberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

El peatón tiene en las zonas urbanas prioridad sobre los vehículos para atravesar la calzada por la senda de seguridad señalada para tal objeto. Donde no exista tal señalamiento se considerará zona reservada para el peatón la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal. Al aproximarse a esta senda, el conductor en todos los casos debe reducir la velocidad y si es necesario detener por completo su vehículo para ceder espontáneamente el paso a los peatones, a fin de que éstos puedan cruzar siguiendo su marcha normal y sin ser molestados en ninguna forma. En todo accidente producido en esa zona se presume la culpabilidad del conductor (art. 49 inc. a) del Reglamento General del Tránsito, aprobado por ley 13.893).
Contracautela, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, medida de no innovar, ordenanzas municipales
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rosario de Lerma c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-09

Corresponde decretar como medida de no innovar la suspensión de la ejecución de la ordenanza a través de la cual se aprobó la nueva grilla salarial del Concejo Deliberante del municipio, pues si bien esta Corte ha señalado que no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares tendientes a obtener la suspensión de la ejecución de las leyes o actos administrativos, atento a la presunción de validez que ostentan los actos de los poderes públicos, sin embargo, también ha afirmado que esa prohibición no es aplicable cuando tales actos son impugnados sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales. El derecho invocado por la actora aparece como verosímil cuando sostiene que la norma cuestionada rompe el equilibrio presupuestario al establecer mayores erogaciones sin indicar la fuente de financiamiento, apartándose así de la regla general del art. 68 de la Constitución de la provincia de Salta. Por otro lado, el peligro en la demora aparece suficientemente configurado por el perjuicio que la aplicación de la ordenanza es susceptible de causar al interés público, en cuanto los aumentos allí ordenados alterarían el equilibrio presupuestario de la Municipalidad. Y en relación con la contracautela, cabe tener a la actora por exceptuada de prestar caución de conformidad con lo establecido en el art. 200, inc. 1º), del Código Procesal Civil y Comercial
Derecho procesal, medidas cautelares, intimación de pago, improcedencia del recurso, pedido de quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Medilogos SA c/  s/ pedido de quiebra por aseguradora de riesgos del trabajo liderar sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Procede rechazar la medida cautelar solicitada, de suspensión por el término de 180 días de la intimación ordenada al pago de las primas correspondientes al contrato que las partes unió, fundado el pedido en la posibilidad del dictado de medidas económicas como la ley de Emergencia Económica, Social y Sanitaria y nuevos planes de Regularización de deudas. Ello por cuanto, en efecto, no se ha controvertido que la ley 27541 contempla una "invitación" a las aseguradoras de riesgos del trabajo a otorgar facilidades de pago, pero no existe norma que ordene la suspensión de las ejecuciones, ni de procesos como el de autos. Tampoco se ha desvirtuado el hecho, apuntado por la juez, relativo a que la posibilidad de un acuerdo de pago ya fue analizada y rechazada por la Sindicatura de la acreedora. Por otra parte, tampoco ha tomado en consideración la recurrente que la accionante no es una aseguradora que se encuentre en actividad, por el contrario su acreedora resulta hallarse en una liquidación judicial, por lo que cualquier medida que se disponga de postergar el cobro de sus créditos afecta claramente a terceros, como lo son los acreedores de la accionante, circunstancia que obliga a que una medida cautelar como la pretendida deba fundarse en razones de necesidad y urgencia que no han sido debidamente acreditadas en autos.
Excepciones procesales, defecto legal, lucro cesante
Materia: COMERCIAL
Carátula: KROLOVETZKY, EDUARDO Y OTRO c/ MIRELMAN, DANIEL Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

No procede la excepción de defecto legal por la falta de especificación cuantitativa del rubro "lucro cesante" reclamado, al ser imposible su actual determinación, debiendo surgir de la prueba a producir, ya que el accionado no se ve impedido de contestar la demanda, preservándose así la defensa de sus derechos.
Delitos contra la humanidad, cooperación internacional
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: A.M.I.A. s/ Amparo - Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Así como el Juez de la causa tenía limitado su poder jurisdiccional al territorio nacional y debió canalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores los requerimientos de cooperación internacional para su diligenciamiento, dicho Ministerio tenía vedado constitucionalmente -no obstante las dificultades o aun el fracaso de las negociaciones tendientes a hacer efectiva dicha cooperación y aun frente a la legítima aspiración de contribuir a la dilucidación del caso- sustituirlos al punto de establecer en forma conjunta con el Estado que la negaba, otro modo de averiguación de la verdad y de determinación de las responsabilidades que podrían caber a varios de los imputados en la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, relación de causalidad, culpa de la víctima, responsabilidad de los padres, deber de vigilancia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: VILLAN, FRANCISCO c/ PEPICCE, ENZO OSCAR Y/U OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.NRO. 240 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-20

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la valoración del comportamiento del niño y su incidencia causal en lo acaecido como así también el consecuente análisis de la conducta paterna, a la luz de la normativa que los juzgadores consideraron aplicable - artículos 1113, 2da. parte y 921 del Código Civil- , no aparece como arbitraria -más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido- pues no excede los márgenes interpretativos que justamente estas normas permiten ni los parámetros de razonabilidad aceptables.
Contrato de trabajo, despido, injuria laboral, delito penal
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA, SALVADOR SALUSTIANO Y OTRO c/ KRAWCHIK, ERNESTO AARON s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

Existen diferencias ontológicas entre el delito y la injuria. En este sentido señala Eduardo Álvarez en "Reflexiones sobre injuria laboral y delito en el Derecho del Trabajo Argentino", Ed. Rubinzal Revista de Derecho Laboral, Extinción del Contrato de Trabajo, 2000-1, que el primero está predeterminado con imperatividad en coherencia con la gravedad del perjuicio emergente de la antijuridicidad, y la injuria laboral está descripta ".sobre la base de una textura abierta que remite a una evaluación judicial ulterior y libre dentro de la prudencia de la apreciación subjetiva.". Y en el caso, el actor fue despedido por pérdida de confianza, de modo que la causal invocada encuadra dentro del marco del contrato de trabajo, más allá de la existencia o no de una sentencia penal condenatoria.
Agencia de turismo, responsabilidad contractual, eximentes de responsabilidad, venta de pasajes
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO MARGARITA SUSANA c/ VIASA VENEZUELAN INTERNATIONAL AIRWAYS Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

La circunstancia de que el agente de viajes propusiera a la demandante -impedida, por razones personales, de utilizar el vuelo "cubana de aviación" del viernes 18.9.92- viajar por Viasa, lo que fue aceptado, no cambia la responsabilidad, toda vez que tal sugerencia no alteró el hecho de que "Kien S.A.", en la venta del billete, obró como mera intermediaria por cuenta y orden del transportista aéreo y no asumió el servicio como prestación propia, según el informe de Viasa y los términos del voucher.
Recurso de reposición (procesal), amicus curiae, falta de regulación, Superior Tribunal de Justicia, Poder Legislativo
Materia: PROCESAL
Carátula: C., N. O. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

El instituto cuya aplicación se reclama -amicus curiae-, no se encuentra regulado en el trámite que por ante esta Corte prescribe la ley 7055, ni en el Código Procesal Civil y Comercial al que aquélla remite supletoriamente; asimismo, el dictado de esas leyes o su eventual modificación y/o incorporación de nuevas figuras, son facultad del Poder Legislativo local y, por ende, quedan excluidas de las atribuciones reconocidas a esta Corte por la Constitución provincial; y si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido y regulado la participación del instituto mencionado a través del dictado de la Acordada Nro. 28/04 (que, vale destacar, tuvo disidencias que señalaron que esa Corte carece de atribuciones para regular la intervención procesal del Amigo del Tribunal), no es menos cierto que esa circunstancia no obliga ni condiciona en manera alguna a este Tribunal, atento a que esa misma Corte ha reconocido que las provincias no han delegado en la Nación el dictado de los Códigos de procedimiento con los que hacen aplicación de las leyes de fondo en sus respectivas jurisdicciones y que no cabe duda que los códigos procesales son materia de legislación provincial. - CITAS: CSJN: dictamen del Procurador al que se remite en Fallos 327:608. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículos 92 y 93; Ley 7055, artículo 13; CSJN: Acordada 28/04.
Acción de amparo, preclusión
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., C.S. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-07

Impugnar la vía por la que transitara el proceso -acción de amparo- cuando existe ya sentencia de segunda instancia, resulta absolutamente improcedente y carente de toda importancia, atento a que la cuestión se encuentra precluída. (Del voto de los Dres.

Lucangioli y Dessanti)
Competencia, cuestiones de competencia, insolvencia fraudulenta
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, GUILLERMO s/ COMPETENCIA TERRITORIAL - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-22

El delito de insolvencia fraudulenta se reputa cometido tanto en el lugar de la disposición de los bienes como en aquél donde estuviere radicado el juicio.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILBERMAN ROSARIO DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-29

Resulta improcedente el recurso extraordinario si la resolución que se pretende impugnar tiene fundamentos en preceptos de naturaleza común y también de derecho local, por lo que falta el requisito de la relación directa e inmediata de la cuestión federal con la materia del pleito, que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquella. De ello se sigue que no basta la mera invocación formulada por el recurrente de la violación de normas constitucionales para que se cumpla con el requisito de la existencia de cuestión federal.
Municipalidad, personal municipal, exoneración, leyes, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zorzoli, María Cristina c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 194-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-05

Si bien de una lectura superficial del artículo 65 de la ley 9286 (en la parte introducida por la ley 9743) podría originar dudas respecto de su legitimidad constitucional, cuando no exige sumario previo para producir la cesantía de empleados municipales, es preciso establecer la presunción de constitucionalidad de los actos de los poderes públicos siempre que, mediante una interpretación razonable puedan ser armonizados con la Constitución, porque la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad y debe ser considerado como una última ratio del orden jurídico.
Cuestiones de competencia, competencia federal, Cámara de Apelaciones, Bahía Blanca, primera instancia, Viedma
Materia: PROCESAL
Carátula: Boock, Rodolfo y otros s/ pta.  inf.  arts.  5  ,  inc. a), 14 y 11, inc. c) de la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La finalidad del art. 4 de la ley 23.158 ha sido la de habilitar a la Cámara Federal de Bahía Blanca para decidir toda clase de incidencia que pudiera suscitarse en los procesos en los que previamente hubiese actuado como órgano de alzada del Juzgado Federal de Viedma.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, banco central, defraudación, moneda extranjera, seguro de cambio
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Gutmacher, Isaac Jaime por Guya  S.A. s/ querella por estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Es competente la justicia militar federal si el otorgamiento del seguro de cambio sobre la base de documentación falsa acerca de la existencia de un crédito en moneda extranjera significó para el Banco Central asumir una obligación al margen de la reglamentación vigente, y la consecuente salida indebida de divisas de sus arcas, por lo que el hecho puede ser calificado en principio, como defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5x del Código Penal).
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Lanche, Alberto; Koppe, Cecilio Argentino. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Las características de las denominadas pruebas "directas" no las inhabilita para generar la inferencia presuncional reglada en los arts. 255 y 256 -n.a.- del C.P.P..
Rescisión del contrato, rescisión unilateral
Materia: CIVIL
Carátula: MENENDEZ, César Florencio c/ CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-28

Ante la recepción de una carta documento, en la que uno de los contratantes exterioriza la voluntad de rescindir, imputándole al otro incumplimiento de las obligaciones contractuales, este último tiene la carga jurídica de responderle, rechazando estar incurso en la conducta antijurídica referida. Su silencio, dado su obligación legal de expedirse, importa aceptar los términos contenidos en dicho requerimiento. La inexistencia de un plazo convencional o legal para rechazar la decisión de rescisión, no obsta a la obligación de éste de hacerlo en tiempo razonable.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, imputado, acusación, defensa en juicio, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LORENZO, JORGE ALBERTO JOSE c/  s/ SU DENUNCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Si bien la impugnante hace referencia genéricamente a que la decisión cuestionada en relación a las acusaciones alternativas aceptadas por el A quo afectaría el derecho de defensa, lo cierto es que estas alegaciones resultan insuficientes en orden a demostrar la concurrencia de un perjuicio que habilitaría a excepcionar la ausencia del recaudo de defitinividad de sentencia, por cuanto no alcanza la quejosa a acreditar que la resolución atacada le irrogue un gravamen de aquéllos que -excediendo el derivado del sometimiento a un proceso penal- este Tribunal ha considerado con entidad suficiente como para excepcionar la referida regla, por ejemplo, por resultar de la resolución una restricción a la libertad del imputado, o una veda al ejercicio de su profesión; ni persuade de que se configure en el caso una hipótesis de gravedad institucional que habilite el remedio intentado, toda vez que no logra evidenciar que estas cuestiones excedan el marco del interés individual y afecten de manera directa a la comunidad. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 271, p 224; T 270, p 1; T 262, p 485; T 83, p 284; T 86, p 6; T 104, p 20; T 129, p 382; T 232, p 312.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. c/ Muñoz, Pedro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

La no inclusión del adjetivo 'deudor' al lado de la palabra 'saldo', en el certificado expedido por el Banco, si bien indica un descuido por parte de la entidad legalmente autorizada para confeccionar el papel ejecutivo, no es un defecto suficiente para inhabilitarlo ejecutivamente.-
Propiedad intelectual, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ Hernández Dardo y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

Si bien el art. 79 de la ley 11.723 contempla la suspensión, en forma preventiva, del uso del repertorio musical para proteger los derechos del autor, al no estar determinado en estos autos si el anticipo jurisdiccional que se pide está dirigido a cautelar el derecho moral del autor o el pecuniario derivado del derecho intelectual, la aplicación de dicha medida aparece como abusiva e inadecuada pues en la práctica equivale al cese de la actividad propia de los establecimientos a los cuales se dirige, tornando ilusoria la garantía del crédito que se reclama. (Minoría u opinión personal)
Proceso penal, prisión preventiva, excarcelación, libertad condicional, cuestiones procesales, estímulo educativo, coronavirus, faltas relacionadas con la higiene y la salud
Materia: PENAL
Carátula: Cesar, Yair Alejandros/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-05

Corresponde hacer lugar y reenviar a su origen para que el juez a cargo de la ejecución de la pena realice un nuevo examen de la cuestión planteada con la celeridad que el caso requiere -excarcelación en términos de la libertad condicional-, sin que ello implique anticipar opinión con relación a la viabilidad de lo solicitado por la defensa, en tanto la resolución recurrida no cuenta con fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser considerado un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del CPPN. Ello es así, toda vez que el juez hizo una referencia tan sólo parcial de los estudios cursados y aprobados por el imputado, pero no brindó razones suficientes de porqué arribó a la reducción temporal de tres meses y tampoco desarrolló el pedido de la defensa que procuraba una disminución mayor, en virtud de la aplicación del estímulo educativo (art. 140 de la ley 24660). Sin perjuicio de ello, se debe encomendar al tribunal a quo que requiera a la unidad carcelaria donde se encuentra alojado Yair Alejandro Cesar que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene. El voto concurrente remarcó que el a quo omitió analizar la reducción por estímulo educativo con relación a los cursos de formación profesional invocados por la parte (art. 140, inc. "b", de la ley 24.660) y el ciclo lectivo anual que habría insumido la concreción del nivel secundario (art. 140, inc. "a", del citado cuerpo legal). La disidencia consideró que el a quo efectuó un prudente análisis de la cuestión sometida a estudio, sin que las críticas formuladas por el impugnante logren conmover los fundamentos expuestos en su decisión y por ello postuló el rechazo del remedio casatorio. En efecto, consideró que el razonamiento efectuado por la defensa en cuanto a la doble ponderación del ciclo lectivo anual correspondiente a 5to. año del colegio secundario, se aleja de la correcta interpretación que merece el texto del artículo 140 de la ley 24.660, el que contempla en forma separada la reducción temporal que corresponde a la finalización de cada ciclo lectivo anual de aquella resultante de la culminación de los estudios secundarios y por ello, en casos como el presente, sólo debe otorgarse el reconocimiento la culminación de nivel educativo, puesto que lo contrario importaría valorar dos veces la misma circunstancia. Por otro lado, señaló que la defensa no logra refutar las afirmaciones del a quo en cuanto a que el resto de los cursos de formación profesional efectuados por Cesar no cumplen con el requisito de anualidad establecido en el inciso b) del artículo 140 de la ley 24.660. Dres. Barroetaveña, Figueroa -voto concurrente- y Petrone -en disidencia-.
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, aplicación errónea de la ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V., L.N.; R., G.J.; A., R.J. s/ Robo con Armas en Concurso Real con Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-07-02

El acierto o el error de la subsunción legal seleccionada por el Tribunal del Mérito será resultado de una confrontación entre los hechos definitivamente fijados en esa Instancia y el ordenamiento sustantivo que a juicio de este Cuerpo deba ser movilizado. Y tal examen supone la acabada identidad de la plataforma fáctica sobre la cual discurrió el inferior y puso en discusión el remedio extraordinario. Si la impugnación casatoria, lejos de respetar estos postulados ya forjados desde los Jueces del Plenario, los substituye en sus aspectos esenciales: muta la causa eficiente de la muerte de la damnificada y suprime la intención criminal finalmente conexa, por otros antecedentes, extraños a la causación establecida, trae ante esta sede del puro derecho un suceso distinto al judicialmente receptado, que hace estéril cualquier elucubración que acepte o rechace la normativa empleada.