marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expresión de agravios, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Diamante, Gustavo G. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

Para traer a conocimiento de la Casación agravios referidos al artículo 456, inciso 2° del C.P.P.N., es indispensable no sólo citar supuestas deficiencias o reglas de lógica presuntamente conculcadas, sino que es necesario que cada defecto enunciado halle debido correlato con algún aspecto particular del fallo, respecto del cual los vicios formales resulten relevantes. Es que una motivación no discriminativa del recurso, no consulta la necesidad de que los agravios deben exponerse clara y puntualmente a fin de permitir a esta Casación abordar su tratamiento, establecer su exactitud y conocer cabalmente sobre qué puntos recaen los errores y omisiones acusados. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Cosa juzgada, competencia, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACI Y C c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-29

Si bien no se debe admitir nunca una cosa juzgada tácita o implícita, no ocurre lo propio con la preclusión de cuestiones sobre la competencia que puede consistir tanto en actos positivos como en omisiones.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, deberes del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Cooperativa de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada de Leandro N. Alem s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-04-23

Es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, toda vez que ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma. La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor del razonamiento no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción. En esta tarea no es siempre mérito recomendable el atenerse estrictamente a la palabra de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de los que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa y de la judicial. En tal sentido no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.
Recurso contencioso administrativo, informalismo a favor del administrado, contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUSSIN HNOS. S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-23

Más allá de que en algún tramo de la reclamación administrativa se haya invocado el artículo 54 de la ley 5188 (obra pública), el debate -tanto en aquella sede como en ésta judicial- ha transitado claramente por los carriles de los denominados "mayores costos", contemplados genéricamente por los artículos 82 y siguientes de la ley 5188; desde cuya óptica, los pedidos de la actora se advierten razonablemente tempestivos y suficientes para exteriorizar la pretensión administrativa, máxime a la luz del principio de atenuación del rigor formal que rige en aquella sede, por lo que corresponde declarar admisible el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Beneficio de litigar sin gastos, gastos del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Giorgio, Osvaldo y Otro s/ Benef. Lit. sin Gastos, autos "Di Giorgio, Osvaldo y Otro  c-Prov.del Chubut y Otros s-Demanda Conten.Administrativa"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-20

"El Beneficio de litigar sin gastos que se solicita durante el proceso en trámite no alcanza a los gastos que de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud".
Reducción de aporte previsional, contribuciones patronales, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IMPASA DISTRIBUIDORA S.R.L. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-22

La existencia de una diferencia poco significativa (en el caso, $ 26,21.-) a favor del organismo administrativo, no es causa suficiente para dar por decaído el beneficio de reducción de aportes cuya instrumentación -a través del Dec. 2609/93 y su complementario Dec. 292/95- fue objetivo prioritario de la política económica nacional; máxime si la recurrente cumplió con sus obligaciones previsionales y demostró desde el inicio su firme voluntad de depositar lo que correspondía y, al advertir el error de cálculo y las diferencias entre lo declarado y lo depositado, inmediatamente lo rectificó.
Cuestiones de competencia, competencia electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Albistur, Enrique s/ infracción art. 128 bis del Código Electoral
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-13

Cada juez electoral tiene plena competencia para entender en las cuestiones que se originen en el ámbito de su distrito (arts. 44 del Cod. Electoral Nacional y 12 de la ley 19.108 modif. por ley 19.277).

Munné
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Denino, Rafael. Quillotay, Américo Donato s/ Homicidio simple Gil, Miguel Angel s/ Homicidio en ocasión de robo Ferrari, Luis Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23|1992-10-20|1996-08-20

Mas allá de la letra del art. 434 inc. 5, la exclusión no se restringe al funcionario instructor sino que incluye el indicado ámbito sumarial con referencia a quienes se encuentran sometidos a imputación con motivo de una investigación judicial o policial. La ley 10.358 no sólo amplió dicho ámbito -al excluir también el procedimiento de la indagatoria policial- sino que mediante la última parte del indicado inc. 5 del art. 434 reforzó la exclusión de ciertos procedimientos, pues a partir de la reforma la ilegitimidad de tales vías no sólo resulta de no estar previstas, respecto del imputado, en la ley sino también del sentido implicado en la restrictiva y expresa autorización para interrogar al "procesado" o al "imputado" -al que se refiere la segunda parte del art. 126- solamente sin que quede constancia en autos y para simples indicaciones y al sólo efecto de la indagación sumaria. No se trata de consagrar una especie de inhabilidad testimonial absoluta para determinadas personas o de abrir juicio sobre la aptitud probatoria de los medios utilizados -las declaraciones de dos funcionarios policiales- para incorporar las supuestas manifestaciones de los imputados pues la presente doctrina no se refiere a medios de prueba sino a ciertos hechos a probar: las indicadas manifestaciones del imputado; a punto tal que no sólo es aplicable cuando el sistema de los arts. 126 a 137 y 434 inc. 5 fuere a desplazarse por vía testimonial.
Leyes, interpretación de la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Indo S.A. c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ repetición (ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

No son admisibles aquellas interpretaciones que equivalgan a prescindir del texto legal, excepto si ha mediado debate y declaración de inconstitucionalidad de aquél.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carniglia -Tito- Del Zotto S.A.C.I.F.I. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa Astori, Luis Italo y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27|1998-08-04

El dictamen pericial constituye una prueba trascendente para resolver las cuestiones cuando cuenta con elementos de convicción suficientes para su aceptación.
Procedencia del recurso, efecto suspensivo, autosuficiencia del agravio, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Licciardi, Cristian Ariel sobre 149 bis - amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-22

Corresponde otorgar a la interposición de la queja el efecto suspensivo que se solicita. Ello así, en tanto la argumentación del recurrente resulta suficiente, en este estado de análisis, para controvertir la presunción de legitimidad de la denegación del recurso de inconstitucionalidad que viene a defender -que había sido interpuesto contra la resolución que dispuso la suspensión del proceso a prueba respecto del imputado, a pesar de la oposición del Ministerio Publico Fiscal-. Se constata en el caso, prima facie, la existencia de una decisión que resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal y el planteamiento de un caso constitucional que involucra la interpretación de las reglas que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen sus competencias y atribuciones (arts. 13.3 y 125, CCABA). (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, dependientes, personal policial
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Furnier, Patricia María c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

La circunstancia de que la víctima fuera, también, dependiente de la institución policial, no obsta al reconocimiento de la responsabilidad de la provincia por los daños derivados del accionar de un agente policial, pues pueden ser titulares de la acción de reparación tanto los terceros extraños a la relación de empleo como cualquier otro agente público que resulte afectado por el comportamiento del funcionario que actuó irregularmente en el ejercicio de sus funciones.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 431-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

La norma del artículo 1113 del Código Civil, que consagra la imputación objetiva del deber de reparar, deja de lado la exigencia de un soporte subjetivo para la responsabilidad y la atribuye por los daños ocasionados por el riesgo o vicio de la cosa, favoreciendo la exigencia generalizada de que los daños sean reparados.
Buques pesqueros, permisos de pesca, canon pesquero, facultades del gobierno provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P. S.E. s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-29

En las resoluciones administrativas que instrumentan los permisos de pesca, se establece que para el desarrollo de la actividad autorizada, los permisionarios deben dar cumplimiento a las disposiciones legales provinciales que regulan la actividad, encontrándose entre ellas, precisamente, el pago del canon anual pesquero.
Recursos, admisibilidad del recurso, facultades de la Cámara de Apelaciones
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., A. s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

Esta Cámara, en ejercicio de funciones que le son propias, puede y debe pronunciarse, aún de oficio, respecto de las condiciones de admisibilidad de los recursos que abren su competencia, a fin de no dar trámite a aquellos que no reúnan los requisitos que la ley exige para ello.
Acusación de la querella, acusación defectuosa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

El alegato de la querella manifestado durante la audiencia no debe ser valorado, atento a que dicha parte no ha requerido la elevación de la causa a juicio dentro de la previsión normativa contenida en el art. 346 del Código de rito por lo que la pieza acusatoria resulta incompleta, ya que el sólo alegato no puede suplir la inacción inicial que sí fue requerida por el fiscal actuante.
Concursos, honorarios del síndico del concurso, regulación de honorarios, deberes del síndico del concurso
Materia: CIVIL
Carátula: TORRES DE ARDITI ROCHA, DOMITILA s/ CONCURSO - SINDICO - HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1940-07-05

Es deber de los síndicos, en defensa de los intereses que se les ha confiado, apelar de la regulación de sus honorarios, sin cuyo requisito no se considerarán consentidos.
Contrato de trabajo, codeudor solidario
Materia: LABORAL
Carátula: CARRAZANA, ANTONIO ENRIQUE. c/ DISTRI-AR S.R.L. Y OTRO. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-26

Es criterio de esta Corte que el acreedor laboral de una deuda de codeudores solidarios tiene la carga de demostrar en el proceso todos los presupuestos que dan origen a su pretensión, esto es, que es dependiente de una empresa, que ésta realiza una actividad que se identifica con la actividad ordinaria y específica de otra, con la cual está unida por un contrato o subcontrato, y que se han omitido deberes de control (art.

30 LCT).

En otras palabras, debe aportar la prueba de los requisitos que establece la ley para que la solidaridad se produzca (CSJT, "Robledo, Lucas Eduardo vs.

Terán, Julio César y otro s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 469 del 30/6/2010) .

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GOANE (CON SU VOTO) - SBDAR.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, impulso de oficio, medidas urgentes, medidas provisionales, daño irreparable
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bueno Alves c/ Argentina s/ solicitud medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-02-02

En el marco de los artículos 25 del Reglamento de la Corte Interamericana y 63.2. de la Convención, en cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario con el fin de evitar daños irreparables, podrá el Tribunal de oficio o a instancia de parte, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, siempre que de los antecedentes presentados al Tribunal resulte prima facie, la configuración de una situación de extrema gravedad y urgencia y la inminencia de daño irreparable a las personas.
Escribanos públicos, habilitación profesional, motivación del acto administrativo, anulabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABULI, VICTOR c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE JUSTICIA). s/ ORDINARIO- NULIDAD- VICIOS- FRAUDES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-11

La motivación del acto administrativo tiene una conexión indudable con ciertos valores ponderables que aseguran la juricidad del quehacer de la administración, como la certeza, la responsabilidad del funcionario, la facilidad para hacer efectivo el contralor de legitimidad y oportunidad.

El acto cuestionado puede o no ser materia discrecional pero, en ambos casos, y con más razón si o fuera, debió ser motivado suficientemente. Como no está expresamente contemplada en la norma la insuficiencia de motivación como supuesto de nulidad absoluta, la sanción que corresponde es la anulabilidad (art. 15, 19.549), y en el caso corresponde la anulación del acto.

También corresponde a la autoridad administrativa determinar la procedencia o no del otorgamiento del registro puesto que el tribunal puede juzgar la razonabilidad o irrazonabilidad pero nunca, sustituir a la Administración en la valoración de las circunstancias del caso y la decisión final.-
Recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, corretaje inmobiliario, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATLLE CASAS, IVANA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-03

Lo resuelto por el Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal no aparece con la arbitrariedad aducida por la impugnante, desde que ésta con sus genéricos argumentos no consigue demostrar que dicho pronunciamiento se base en una norma legal -la ley 13154- que, al regular los requisitos que deben cumplimentar quienes ejerzan el corretaje inmobiliario -en armonía con lo dispuesto por la ley nacional 20266, modificada por ley 25028-, atente de manera indudable contra derechos consagrados por la Constitución, restringiendo irrazonablemente el derecho de ejercer el comercio y profesión lícita o afectando derechos adquiridos. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 20266, 25028 y 13154
Prescripción veinteñal, prueba testimonial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: OTAROLA, Ricardo Pablo s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-09-03

Esta norma exige para demostrar la prescripción adquisitiva, la prueba compuesta, esto es que la testimonial por sí sola no resulta suficiente para obtener una sentencia favorable de usucapión, precepto que reitera el art. 677 del C.P.C.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galli, Raúl y otro c/ Burgwardt S.A. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Además de resultar improcedente el intento de confrontar y lograr la prevalencia de las propias convicciones por sobre las del pronunciamiento, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que soslaya las consideraciones del mismo, que aunque opinables o poco convincentes, lo sustentan y repelen también la tacha de absurdidad que se formula.
Levantamiento de medidas cautelares, régimen de consolidación de deudas, juicios contra el Estado, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: E.F.A. c/ Martínez Anticresis  S.A.C.I.F. s/ Contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-10

La liberación de las medidas ejecutivas y el levantamiento de las medidas cautelares dictadas contra el estado dispuestos en el art. 4 de la ley 23.982 - que traduce claramente la intención del legislador de poner en un plano de igualdad a todos los créditos consolidados y que alcanza a todos los depósitos sin hacer distinciones acerca del momento en que ellos fueron practicados - no puede ser declarada inconstitucional.
Decomiso, pena accesoria, juicio abreviado, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Salleh Mohd Nor Bin s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-21

Para que proceda el decomiso resulta imprescindible que el juzgador dé los fundamentos por los que entiende que ese bien está alcanzado por la pena accesoria, siendo que las vacuas afirmaciones contenidas en el decisorio en crisis constituyen sólo una fundamentación aparente que lo descalifica como acto jurisdiccional, asimismo, el tribunal excedió el límite al que estaba circunscripta su actuación al expedirse más allá de lo pactado por las partes en el acuerdo de juicio abreviado celebrado. La disidencia sostuvo que por tratarse el decomiso de una pena accesoria, que constituye un efecto de la sentencia condenatoria, su imposición es imperativa para el tribunal y ajena a la negociación de las partes -en el caso al acuerdo de juicio abreviado- y que tampoco puede prosperar el planteo de arbitrariedad puesto que el fallo da razones suficientes de por qué procede la incautación cuestionada.
Cuestiones de competencia, inadmisibilidad del recurso, preclusión, principio de progresividad
Materia: PENAL
Carátula: FARIÑA, Jorge Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-06

Es inadmisible el recurso de casación pues si bien las cuestiones de competencia no constituyen sentencia definitiva (art. 457 CPPN), corresponde excepcionar ese principio cuando se deniega la competencia el fuero federal, lo que no se verifica en el caso en tanto la competencia de los jueces del fuero penal económico es de naturaleza eminentemente federal, lo mismo que la calificación legal de los hechos. Es contrario a los principios de preclusión y progresividad llevar el trámite del expediente a una etapa anterior del proceso.
Recurso extraordinario de nulidad, homologación del acuerdo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Daniel c/ De Zan, P. y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-02-25

El pronunciamiento de la Cámara que revoca la resolución de primera instancia ordenando dictar el correspondiente auto homologatorio del acuerdo de pago, no es susceptible de ser recurrido por la vía del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no produce el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su continuación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superintendencia, funcionarios judiciales, nombramiento del personal judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez Segura, Juan Cruz - oficial mayor -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

La determinación de los requisitos de idoneidad que deben reunir los aspirantes a los efectos de su nombramiento o promoción en cada fuero constituye materia de superintendencia directa de las cámaras, y no corresponde en principio su revisión por la Corte Suprema a menos que medie manifiesta extralimitación o arbitrariedad, se evidencie un claro apartamiento de la normativa general dispuesta por el Tribunal o razones de superintendencia la tornen necesaria.
Asignaciones familiares, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Flores,  Aníbal  Ricardo c/ De  La  Fuente, Luis Alberto s/ Ley 22250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Si en la causa no hay constancia alguna que acredite que el demandado haya dado cumplimiento con la notificación que prevé el art. 2 inc. c) de la  ley 22161 para que el trabajador denuncie su estado civil y cargas de familia, el accionado no puede invocar que dicho incumplimiento recaiga en cabeza del trabajador, cuando se trata de obligaciones que la ley asigna expresamente al empleador (conf. arg. art. 79 LCT).
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio, prestación básica universal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "VÁZQUEZ  ESTÉVEZ,  JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Impugnación  de  fechainicial de pago".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el organismo contra el pronunciamiento del "a quo" que ordenó el recálculo de la PBU, PC y PAP, aplicando -en lo relativo a la determinación del haber inicial- la doctrina emergente de lo dispuesto por la C.S.J.N. en autos "Baudou, Osvaldo Jorge" (sent. del 31.08.99), toda vez que dicho precedente era de aplicación para un sistema previsional distinto a aquel en el cual el accionante obtuvo su beneficio. (Disidencia del Dr. Laclau).