Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-26


Salta, 26 de Marzo de 2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "GEREZ, Guillermo Esteban vs. MONTERO, Jorge Antonio -Ejecución Hipotecaria", Expediente Nº 52.665/02 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8va Nominación del Distrito Judicial del Centro, Expediente CAM Nº 98.751/04 de Sala Primera, y CONSIDERANDO:

I. A fs. 401 se presenta la Dra. Glenda María Amado, en representación de la parte actora, a interponer recurso de Inconstitucionalidad previsto en el art. 297 del C.P.C. y C. , en contra del decisorio de la Cámara de Apelaciones Sala I de fs. 397/399, solicitando que se revoque el fallo precitado.

La Dra. Glenda María Amado expresa que el yerro en que incurre la sentencia objeto del recurso de inconstitucionalidad radica en considerar, en base a omisiones serias en la valoración de las constancias de autos, que el bien inmueble gravado con garantía real de hipoteca que en autos se ejecuta, integra el patrimonio del demandado Jorge Antonio Montero, así como en la falta de aplicación del derecho vigente, todo lo cual la lleva a concluir que se ha vulnerado en autos el principio de congruencia así como el deber de fundar las sentencias respecto de la jerarquía de las normas que indica el art. 34 del C.P.C.C. con fundamento en el art. 31 de la Constitución Nacional, revelando una falta importante como es el deber primordial de los Señores Magistrados de resolver los casos en cuestión de conformidad al derecho vigente y sobre la base de las reglas de la sana crítica racional y sobre la base de la prueba objetiva.

Manifiesta que el agravio grave que vulnera la sentencia objeto de este recurso radica en haber omitido valorar que la muerte del Sr. Jorge Antonio Montero ocurrió tres años después de la venta que realizara el nombrado del bien hipotecado, y en la omisión de aplicar el art. 3162 del Código Civil, así como la doctrina y jurisprudencia aplicable para determinar la competencia del juez del sucesorio.

Relata los hechos y aduce que el Sr. Jorge Antonio Montero, quien fuera ejecutado en estas actuaciones originariamente, falleció en fecha 12 de setiembre de 2007, es decir, casi tres años más tarde de haberse desapoderado del inmueble objeto de esta ejecución hipotecaria, venta instrumentada en escritura pública Nº 65 pasada por ante la Escribana Sandra Lucía Poma de fecha 2 de junio de 2003, que implicara la transmisión del dominio del inmueble identificado con matrícula Nº 6179, significando que el mismo no integra más el patrimonio del causante y, consecuentemente, no puede ejercerse ningún fuero de atracción sobre este proceso que atañe a la ejecución de un derecho real de garantía.

Cita jurisprudencia y señala que la ejecución hipotecaria puede y debe continuar en contra de los terceros adquirentes de un bien inmueble gravado con derecho real de hipoteca y que no puede soslayarse que tratándose de un derecho real de hipoteca regulado por el Código Civil, su ejecución debe ser juzgada independientemente de la naturaleza específica de la acreencia garantizada, resultando competente la justicia civil para entender en tales cuestiones y ello, también, en razón de lo convenido por las partes oportunamente.

Cita jurisprudencia y agrega que omitir que la hipoteca es el derecho real de garantía más amplio que confiere a su titular los mayores y más extensos derechos, entre los cuales se encuentra el de poder perseguir el bien aún en caso de enajenación a un tercero y produce sus efectos desde el día de su otorgamiento; sería afectar los principios de igual rango constitucional del debido proceso legal y derecho de defensa en juicio.

Afirma que permitir que el juicio sucesorio del causante José Antonio Montero ejerza su fuero de atracción, significaría integrar el bien inmueble objeto de esta ejecución hipotecaria a su acervo sucesorio, cuando resulta evidente que dicho bien no pertenece al mismo, pues resulta de titularidad dominial de terceras personas, llegándose al absurdo jurídico de que quien en la actualidad es la única propietaria del inmueble objeto de la presente ejecución hipotecaria, vería seriamente afectado su derecho de propiedad, en tanto este inmueble ha sido declarado como perteneciente a un acervo sucesorio de una persona que ni siquiera le transmitió el dominio.

Finaliza diciendo que, en base a los argumentos expuestos, la sentencia dictada por los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones es contradictoria y contiene solo fundamentos aparentes en tanto se ha omitido valorar las constancias de autos, para aplicarse un precepto legal que no cabe al presente caso y que el concepto de sentencia arbitraria resulta de una creación pretorianza de la Corte, por la que se estableció que ésta es aquella donde existe un desacierto total de la sentencia en recurso, ya sea por la prescindencia en ella de la ley aplicable, o de los hechos probados o por la invocación de prueba inexistente en la causa, violando el principio de congruencia que debe inspirar las decisiones judiciales, lo que implica lisa y llanamente atacar una vez más el derecho de defensa en juicio de su instituyente. Cita doctrina.

A fs. 404 pasan los autos a Despacho, providencia firme y consentida.

II. Es criterio reiterado de la Corte de Justicia local, que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad es de carácter excepcional y por ende de interpretación restrictiva por lo que, su objeto, lejos de importar la apertura de una tercera instancia revisora de las sentencias pronunciadas por los tribunales de apelación, se ciñe exclusiva y excluyentemente al control de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales; y que su admisión como su procedencia conllevan la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de fondo (CJSalta, Tomo 25, fs. 1.505, Tomo 43, 1ª parte, fs. 475/479: Tomo 44, fs. 1.219, entre otros), es decir, la introducción temporánea y adecuada de la cuestión constitucional, lo que implica no sólo plantearla en la primera oportunidad que brinda el curso del procedimiento y mantenerla en todas las instancias posteriores, sino además, explicitarla, exponiendo clara y concretamente los temas de orden constitucional que se someten a decisión, especificando la forma como resultan conculcadas las garantías invocadas y acreditando la vinculación directa entre ellas y el pronunciamiento recurrido (CJSalta, Fallos Tomo 43, 1ª parte, fs. 467/472, Tomo 44, fs. 545, Tomo 47, fs. 237/246).

En el caso, si bien el recurso sub-examen ha sido deducido en tiempo propio, esto es, dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 298 del Código Procesal Civil y Comercial, y la cuestión constitucional ha sido planteada en ocasión de formular el memorial de agravios con el que se sustentara la apelación, no obstante, como se verá, no existe en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, indispensable para habilitar la vía excepcional intentada.

Conforme se ha señalado, no puede pretenderse la utilización de la doctrina de la arbitrariedad para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fs. 1.133).

Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253.345, 269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable (CSJN.ED. 71-520), ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino que aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde (CApel.CC. Salta, Sala III, Tomo 1994, fs. 160/161).

Los agravios de la quejosa sólo trasuntan meras divergencias con el resultado de la sentencia e implican una pretensión de revisión, a modo de tercera instancia, extraña a la competencia que habilita esta vía extraordinaria. Basta analizar el escrito de deducción del recurso para advertir que, a través del mismo, aquélla reedita e intenta discutir los mismos temas de hecho, prueba y de derecho común, que han sido objeto de controversia y decisión en las instancias ordinarias.

Ello se advierte de un simple cotejo de las presentaciones. Sobre el tema se ha expresado que "la supuesta cuestión constitucional carece de entidad suficiente, toda vez que el material de agravios es una repetición de los argumentos con que se interpuso el anterior recurso.

Reeditarlos esta vez, como fundamento del recurso extraordinario, implica convertir al mismo en una tercera instancia de revisión, desnaturalizándose su finalidad". (CJSalta, T. 42, fs. 1555/1560). La mera reedición de los argumentos vertidos en las instancias anteriores sobre cuestiones ya resultas con suficiente fundamentación de derecho, traduce la intención de acceder a una instancia superior con el solo propósito de lograr una distinta interpretación de cuestiones ajenas al recurso extraordinario, lo que desnaturalizaría su función específica (CJSalta, Año 2004, T. 95, fs. 45/46).

Es principio básico en la teoría de los recursos el que sostiene que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través de una crítica concreta y razonada, como consecuencia de lo cual no basta a ese efecto la reiteración de manifestaciones anteriores atendidas a su turno por el sentenciante, máxime si esas objeciones se vinculan con aspectos irrevisables en la instancia extraordinaria (CJSalta, Año 2004, T. 95, fº 191/202).

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias; requiere para su procedencia que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación (CJSalta, Año 2004, T95, fs. 427/436), lo cual, no acontece en el caso.

En efecto, la sentencia cuya descalificación se pretende, se apoya en el examen de elementos probatorios aportados en punto a dilucidar la realidad de la controversia y el sentido jurídico de los hechos acreditados. En forma liminar (en los considerandos) se analizó el vínculo jurídico que unía las partes, se efectuó el encuadre jurídico del mismo, y se evaluaron sus efectos.

Todo, con fundamento en la ley sustancial, en mérito de lo cual, previo examen y ponderación de la prueba aportada, todo expuesto con cita de jurisprudencia, se llegó a la conclusión arribada.

Por otra parte se han expuesto las razones que avalan la conclusión, por lo que, el actual planteo de la recurrente no configura, sino, disconformidad con la interpretación y ponderación que, de los hechos y de la prueba, hiciera este Tribunal, y en cuya virtud se arribara a un resultado diferente del pretendido por ellos, sin que se advierta en ello defecto o exceso capaz de vulnerar garantías de índole constitucional. Más allá que se discrepe con el resultado, no puede sostenerse que el fallo carezca de fundamentos, ni que contenga errores, desaciertos u omisiones de gravedad que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido.

De todos modos, cabe hacer notar que la jurisprudencia tiene resuelto que no es obligación del juez hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las prueba producidas, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes en relación al objeto del proceso (CSJN, Fallos 250:36, 302-253; E.D. 99-54; 18-780; L.L. 112-492, 1975-B-365; 1978-B-663, 34.593-S; CApel.C.C. Salta, Sala III, Año 1991, fs. 535; id. Año 1993, fs. 212; id Año 1995, fs. 465, entre otros); y que la prescindencia, por parte del tribunal de segunda instancia, de determinadas pruebas, no basta por sí misma para invalidar la sentencia, si ésta ha hecho mérito de otros elementos de prueba arrimados regularmente al proceso, y con suficiente trascendencia como para sustentar su decisión (CJSalta, Año 2005, Tomo 96, fs. 273/280).

Finalmente, cabe destacar que las decisiones referidas a la asignación de competencia (derecho comercial y procesal) y a procesos ejecutivos no son en principio impugnables mediante el recurso extraordinario, y que no se demuestran razones para un apartamiento de ese criterio (CF.

C. J. Salta, Tomo 79:153; 83:939; 86:757).

Quedan así sin sustento los agravios expuestos por la quejosa quien no ha logrado demostrar de qué manera y en qué medida habrían resultado conculcadas garantías constitucionales de cuya violación no existe en autos evidencia alguna, pues las partes han tenido la oportunidad de formular sus planteos, y de hecho lo hicieron, y el Tribunal ha dado respuestas a cada uno de ellos.

Las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, descartan la techa de arbitrariedad y dejan sin basamento la invocada existencia de cuestión constitucional y de vulneración a las garantías del debido proceso, de igualdad, de defensa en juicio, y de propiedad, lo que inviabiliza el recurso sub-examen.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL.

I.- DECLARA LA INADMISIBILIDAD del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 401/403.

II.- MANDAR se copie, regístrese, notifíquese y oportunamente BAJE al Juzgado de origen.