Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 392 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada, en autos: "Empresa Diego Galvez S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Nulidad-Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y los doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 17 de diciembre de 2009 (fs. 401/404). Corrido traslado del recurso y contestado, el mismo (fs. 415/417) fue concedido por resolución de fecha 27 de mayo de 2010 (fs. 421).

2.- El recurrente sostiene que el decisorio impugnado afecta el derecho de la demandada a establecer, conforme los principios de equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza, una tasa retributiva de servicios, en tanto la misma fue legalmente establecida y reúne todos esos elementos básicos amalgamados en una norma que el órgano legisferante del municipio local sancionó en la órbita de su competencia funcional.

Señala que el fallo atacado, con arbitrariedad manifiesta desconoce la causa y motivación del acto administrativo emitido por Rentas, y en tal empecinamiento termina aniquilándolo y con ello, el tributo que la Municipalidad intenta cobrar por servicios efectivamente prestados.

Afirma que yerra el sentenciante al establecer dogmáticamente que la Resolución de la Dirección de Rentas deja sin tratar o resolver cuestiones planteadas por la actora, ya que lo cierto es que dicho acto administrativo expresa y materializa en el mismo cuerpo del acto una clara remisión al art. 21, inc. a del Código Tributario, de plena vigencia, por lo que -continúa- va de suyo que dicha resolución sí establece cuál es la causa o el hecho imponible que da nacimiento a la contribución pretendida por el municipio. Añade que dicho servicio no emana de un mero voluntarismo de la resolución atacada sino, por el contrario, del órgano legislativo municipal.

Manifiesta que resulta antojadizo concluir que la norma no es lo suficientemente clara o descriptiva de los servicios prestados, surgiendo de ella que el hecho imponible, esto es, los servicios prestados, es toda la actividad que se relaciona, directa o indirectamente, con el servicio público de los cementerios.

Expresa que es irrazonable y arbitrario considerar que cuando la norma hace mención a traslados se está refiriendo a los que se ejecutan dentro del cementerio, por cuanto con ese criterio, que, según su punto de vista, no tiene relación práctica con lo que efectivamente ocurre en una necrópolis, queda fuera una de las actividades principales relacionadas con el cementerio, cual es el traslado de los restos mortales desde la sala velatoria a éste último.

Indica que la resolución tachada de nulidad hace una remisión que involucra de modo directo el servicio público de inhumaciones que se presta en todo cementerio y demás prestaciones vinculadas indisolublemente a él y que habilita la imposición del tributo. Concluye en que la resolución nulificada describe como hecho imponible, entre otros, al traslado del cortejo fúnebre que llevan a cabo las empresas de este tipo por las calles y arterias principales de la ciudad con destino final al cementerio, y en tal inteligencia el acto administrativo dictado por la Dirección de Rentas Municipales asoma apto y legítimo, con adecuada causa y motivación para imponer sus efectos jurídicos en el contribuyente particular.

3.- La sentencia impugnada destacó que no existe disputa alguna sobre las actividades de la actora que fueron objeto de determinación tributaria y que ellas son el traslado de cadáveres, sin inhumación ni exhumación previa, desde la sala velatoria hasta cementerios situados fuera de la circunscripción municipal.

Consideró que, a los fines del juzgamiento de la invalidez de la resolución de la Dirección de Rentas Municipales que determinó la confección de un cargo tributario contra la actora en concepto de "contribuciones que inciden sobre los cementerios-traslado de cadáveres por los períodos septiembre, octubre y noviembre de 1995", resultaba esencial y determinante que fueran identificados los servicios municipales que justificaban su dictado, porque la imputación unilateral de esta deuda resultaba incomprensible sin el antecedente de una prestación municipal.

Puso de relieve que aunque esta objeción de inexistencia en el caso de una prestación servicial efectiva era una defensa conducente en grado insoslayable, fue ignorada por completo en la resolución del procedimiento impugnativo previo, y que la demandada no cumplió con su obligación de resolver esa objeción, ni intentó tampoco atemperarla con alguna explicación sobre la causa material de la deuda que imputaba al actor. Señaló que en los informes y dictámenes administrativos se apeló en forma reiterada a una argumentación exclusivamente normativa, de modo que fue soslayada la elemental justificación de la realización fáctica de los presupuestos hipotéticos de la norma tributaria.

La Cámara entendió que en las peculiares circunstancias de esta causa, concurren varias razones que enseñan con evidencia que la demandada debía afrontar la justificación de una prestación servicial efectiva para poder imputarle válidamente un cargo tributario al actor, tales, la garantía del debido proceso adjetivo, la interdicción de la arbitrariedad de una obligación sin causa, los requisitos esenciales de todo acto administrativo y una muy especial necesidad de que brindara una explicación suficiente acerca del gasto o servicio municipal que tuvo en mira la reglamentación anual complementaria del tributo originario.

Destacó que el art. 21, inc. a, punto 2° de la Ordenanza Fiscal Anual n° 2019/92, que gravaba el traslado de cadáveres de tránsito por el ejido municipal con destino a cementerios ubicados fuera del mismo, se fundaba en una remisión expresa a la contribución establecida en el art. 172 del Código Tributario y fue derogado por los arts. 21 y 65 de la Ordenanza Fiscal Anual n° 2728/98. Por ello, consideró que era aquí insoslayable la identificación del servicio municipal prestado a la actora durante el tránsito por el ejido que pudiera quedar subsumido dentro del marco prestacional definido para esta contribución en el art. 172 del Código Tributario.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, se funda en infracción normativa y en la doctrina de la arbitrariedad y se ha dado cumplimiento a la exigencia del depósito con la boleta de fs. 407, por lo que corresponde abordar su procedencia.

5.- Confrontados los argumentos del recurso con los fundamentos de la sentencia impugnada, se advierte que el mismo no puede prosperar.

El art. 172 del Código Tributario Municipal, "Contribuciones que inciden sobre los cementerios", expresamente dispone: "Por la concesión o permiso de uso de terreno por inhumaciones, ocupación de nichos, mausoleos y sepulturas en general, apertura y cierre de nichos, fosas, urnas y bóvedas, depósitos, traslados, exhumación y reducción de cadáveres, colocación de lápidas, placas, plaquetas, monumentos y demás actividades referidas a los cementerios, se pagará conforme a las alícuotas o importe fijos mínimos que establezca la Ordenanza Fiscal Anual, en virtud de los servicios de vigilancia, limpieza, desinfección e inspección, exhumación y reducción de restos y otros similares que se presten en los cementerios." Con relación al tributo mencionado en dicha norma, esta Corte ha señalado recientemente que constituyen el hecho imponible de esta tasa "una serie de actividades vinculadas con los cementerios, que no necesariamente se deben cumplir dentro de éste, sino que siendo relacionadas o vinculadas esencialmente con las necrópolis, como lo son los traslados hacia los cementerios del ejido municipal (la disposición expresamente menciona 'los traslados' sin especificar si son dentro, fuera o hacia el cementerio).originan la tasa con que se gravan los servicios prestados por el municipio en los cementerios" (cfr. CSJT, sentencia N° 940, del 29 de noviembre de 2010).

Precisando la configuración del hecho imponible mentado en la norma en cuestión, el precedente mencionado estableció que "no se grava con la tasa el tránsito por el ejido municipal en sí mismo, sino la actividad de traslado de cadáveres hacia el cementerio, como actividad comprendida y necesariamente vinculada a la actividad de los cementerios, en cuya virtud el municipio presta los servicios de vigilancia, limpieza, desinfección e inspección, exhumación y reducción de restos y otros similares, en los cementerios".

Es claro entonces que el mero tránsito de un cortejo fúnebre por las arterias de la ciudad de San Miguel de Tucumán no genera la obligación tributaria establecida en el art. 172 del Código Tributario Municipal, sino que es la actividad necesariamente unida a la de los cementerios, en razón de la que la municipalidad presta ciertos servicios públicos, la que justifica la obligación del contribuyente de afrontar el pago del tributo. Es ese traslado de restos humanos desde la sala velatoria o domicilios particulares hacia cementerios ubicados dentro del ejido municipal, el que ha sido considerado por este tribunal como una actividad que se encuentra unida de manera "esencial e ineludible" a la actividad de los cementerios, en cuya virtud el municipio presta servicios públicos.

Si el traslado de restos mortuorios no se dirige hacia cementerios ubicados en el ejido municipal, sino hacia cementerios ubicados fuera del mismo y, por ello, sujetos a la potestad tributaria de otros municipios, no se advierte qué servicio pueda prestar la Municipalidad de la capital ante el solo traslado de cadáveres con destino a cementerios ubicados fuera de su jurisdicción, como ocurre en el caso de autos.

Ello es expresión del principio de territorialidad fiscal, que delimita el ámbito espacial de ejercicio del poder tributario del municipio capitalino. Para Bidart Campos, la competencia que el estado ejerce en materia tributaria "puede imponer contribuciones -o eximir de ellas- dentro del territorio, respecto de bienes, actividades y servicios que se sitúan, se realizan o se prestan en ese espacio geográfico, de forma que las potestades fiscales responden al mismo criterio de territorialidad" (Bidart Campos, Germán, "El principio de territorialidad fiscal", LL 2001-E, 1282).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido desde antaño que es de la naturaleza de la tasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente (Fallos, 234:663). Si la Municipalidad de San Miguel de Tucumán no brinda ni puede brindar, en las concretas circunstancias del caso a la actora, ningún servicio vinculado a los cementerios ubicados en las localidades de Yerba Buena, Santa Rosa de Leales, Trancas, Cevil Pozo o La Ramada (cfr. fs. 402 vta. y 77), va de suyo que no puede el fisco municipal pretender gravar a la actora por un servicio público que, en todo caso, habrá de ser prestado por los municipios de las localidades mencionadas. Dicho de otro modo, no se advierte qué servicio, concreto, efectivo e individualizado con relación al contribuyente, "de vigilancia, limpieza, desinfección e inspección, exhumación y reducción de restos y otros similares" (art. 172, Código Tributario), pueda brindar la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a la actora en cementerios ubicados en localidades ajenas al ámbito de competencia de la demandada.

En virtud de ello, lejos está de ser "antojadizo" concluir -como lo hizo la Cámara- que la mera remisión al texto de la norma no era suficiente para justificar la pretensión fiscal de la demandada. Tratándose del traslado de restos mortuorios hacia cementerios ubicados fuera del ejido municipal, constituye deber de la administración municipal, el de explicitar las razones que justificaran su determinación tributaria, tal como señaló en varias oportunidades el tribunal sentenciante.

La insistencia del recurrente en la cita del art. 172 del Código Tributario y la pretendida justificación del cargo tributario, anulado en la sentencia recurrida, desatiende el argumento central en el que fundó el tribunal su decisión; esto es, que el traslado de cadáveres hacia un cementerio ubicado en otra jurisdicción no implica actividad de ninguna índole que se concrete en el contribuyente y que permita considerar realizado el hecho imponible descripto en la norma.

Dicho de otro modo, la línea argumental del fallo, sustancialmente basada en que las actividades de la actora que fueron objeto de determinación tributaria se refieren "al traslado directo de cadáveres, sin inhumación ni exhumación previa- desde la sala velatoria hasta cementerios situados fuera de esta circunscripción municipal" y en que la demandada "no consideró con atención y cuidado, ni decidió las cuestiones sustanciales planteadas como estaba obligada a hacerlo, conforme a las prescripciones de los arts. 133 y 134 de la Ordenanza de Procedimientos Administrativo", no ha sido mínimamente conmovida por los agravios del recurrente.

En mérito a todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con costas a su cargo, en atención al hecho objetivo de su derrota (art. 105, CPCyC).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, oído el señor Ministro Fiscal (fs. 430), la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 17 de diciembre de 2009 (fs. 401/404).

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029133-01.