Agravantes de la pena, concurso real, recurso de casación, escala penal, fundamentación de sentencias, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., M.O. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en contra de Sentencia recaída en causa Expte. 127/09, caratulada: C., M.O. s.a. Exhibiciones Obscenas Agravadas (1º hecho), etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-11

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, resolvió declarar culpable a MOC como autor penalmente responsable de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas, abuso sexual agravado continuado, abuso sexual con acceso carnal agravado -dos hechos en concurso real-, abuso sexual agravado, abuso sexual agravado, suministro de material pornográfico, todo en concurso real condenándolo, en consecuencia, a sufrir la pena de veintiún años de prisión más accesorias de ley.

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Subsidiariamente, los recurrentes propugnan la nulidad de la sentencia invocando inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.). Sostienen que, al momento de determinar la pena a aplicar, los jueces incurren en un excesivo rigor para valorar las agravantes y dejan de lado la consideración de cualquier atenuante. Solicitan se aplique a su asistido el mínimo legal establecido para el tipo de delitos en cuestión. Finalizan formulando expresa reserva del caso federal y de los recursos contenidos en el art. 2 apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo, en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado MOC.

En el punto, adelanto opinión en el sentido de que las críticas expuestas por los quejosos no resultan procedentes, por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria.

Advierto que el juzgador justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado a las menores víctimas, las particularidades personales y morales del acusado, todo ello habiendo tomado conocimiento directo y de visu del acusado.

Considero acertados los fundamentos expuestos en el voto de la mayoría del tribunal.

Es que, al tratar como pauta de mensuración la extrema peligrosidad en el accionar del acusado, puntualmente refirió a la cantidad de víctimas (dos), como también a la edad de las menores (una ocho años y la otra, entre trece y catorce), sin que ello, en modo alguno, implique incurrir en doble valoración.

Ello porque, aun cuando la minoría de edad de las víctimas resulta un elemento del tipo penal objetivo correspondiente al delito de abuso sexual, el cual no puede volver a ser tenido en cuenta a efectos de fijar la pena, dentro de ese parámetro resulta ponderable la escasa edad de las menores, por cuanto implica un alto grado de vulnerabilidad y una mayor dosis de injusto.

Reforzando sus argumentos, el sentenciante se refirió detalladamente a la magnitud de los daños causados en las menores. En tal sentido, ponderó como agravante lo plasmado en los Informes Psicológicos y Psiquiátricos debidamente incorporados al debate en relación a la menor C.

En igual sentido, el a quo ponderó lo constatado respecto de la menor Q. en el Informe Psiquiátrico incorporado. Sumado a ello, el tribunal también puso de resalto, en su análisis, la inconveniencia señalada por la profesional interviniente de que las menores comparecieran a la audiencia de debate. Lo expuesto denota con claridad la indudable afectación a la calidad de vida de las menores, la que se ha visto alterada con posterioridad a la producción de los hechos. Por ello, el tribunal concluyó que "los evidentes daños causados a las menores víctimas gravita en forma evidentemente agravante, máxime dada la magnitud de los daños".

Sumado a ello, también consideró el grado de instrucción del acusado (estudios terciarios), poniendo de resalto que se encuentra plenamente acreditada su capacidad para comprender la criminalidad de los delitos cometidos, como así, la gran diferencia de edad (52 años) existente entre éste y las menores víctimas.

En idéntica dirección, puntualizó que se debe tener en cuenta, a los fines de la graduación de la pena, que el acusado, además de haber actuado con un instinto brutal y de total desprecio hacia las pequeñas víctimas, aprovechó no sólo su condición de maestro y Director (circunstancias ya contempladas en la calificación legal, aclaró el a quo), sino del cercano trato que tenía con las familias de las menores víctimas, resaltando que el imputado incluso era padrino de bautismo de C. C. y de confirmación de su hermano C.A.C., conforme los certificados autenticados obrantes en la causa.

Es decir que el tribunal ponderó como agravante la vinculación previa que existía entre el imputado y las familias de las víctimas, razón por la cual aprovechó esa situación de confianza generada entre las partes para delinquir de manera más eficiente y sencilla.

En definitiva, no se advierte que el a quo haya infundado la cuestión que se ataca ni mucho menos que se haya remitido a cuestiones que son comunes para el tipo penal en juego, como lo aseveran los recurrentes.

En consecuencia, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala.

Adviértase, además, que las expresiones utilizadas por el tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta al imputado, satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar las penas, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.