Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.338 CAUSA N° 18.212 /2010 SALA IV "VIVEROS ROMINA ELISABETH C/ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 44.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 31 DE MAYO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 182/186, que hizo lugar a la demanda, se alzan la actora (fs. 196/196 vta.) y la demandada (fs. 190/195).

II) La demandada se agravia, en primer lugar, porque el fallo atribuyó a la actora la calidad de "viajante", pese a que su actividad consistía en la venta de servicios, lo cual -a criterio de la recurrente- no se encuentra incluida dentro del régimen especial previsto en la ley 14.546.

Anticipo que la queja debería prosperar.

En efecto, como bien lo señala la apelante, está fuera de discusión que la actora se dedicaba a "la consecución de créditos y tarjetas de crédito" (cfr. manifestaciones de la propia demandante a fs. 9 vta. y conclusión firme del fallo a fs. 182 vta.), es decir a promover la llamada "venta de servicios" (en el caso: de servicios financieros), actividad esta no contemplada en la ley 14.546 (conf. doctrina sentada por esta Cámara en el fallo plenario N° 148 del 26/4/71, in re "Bono de Cassagne, María c/ ENTEL") Si bien personalmente entiendo que los vendedores de servicios pueden igualmente ser considerados viajantes en razón de lo dispuesto en la CCT 308/75, como lo he expresado al votar, entre otras, en la S.D. 95.363 del 29/4/11 in re: "Berardone, Diego Miguel c/ Orígenes AFJP S.A. s/ despido", lo cierto es que en esa misma causa la mayoría de esta Sala ha establecido el criterio opuesto. Allí, la Dra. Silvia Pinto Varela sostuvo -con adhesión de la Dra. Graciela Marino- que:

".No está discutido en autos que la labor prestada por la actora no consistía en operaciones de compraventa sino que actuaba como promotora destinada a lograr la afiliación de trabajadores dependientes a la administradora demandada o procurando su traspaso desde la que estaba afiliado. Al respecto, el estatuto de viajantes de comercio tiene pautas concretas precisas y claras de las que se permite inferir que sólo están comprendidos en dicho estatuto aquellos trabajadores que, en forma exclusiva o no, concierten operaciones de venta en forma habitual y personal, relativas al comercio e industria de sus representados, mediante una remuneración. Las menciones que la ley 14.546 hace a 'mercadería' y 'venta' impiden darle otro alcance. Al respecto, cabe destacar el dictamen del entonces Procurador General del Trabajo, Dr. Podetti al opinar en el Fallo Plenario 'Bono de Cassagne' (FP Nro. 148), destaca que lo que caracteriza al viajante de comercio son los negocios de venta (art. 451 Código de Comercio) y destaca todos los artículos de la norma en los que se menciona 'venta' y 'mercaderías' para determinar la labor del viajante de comercio y encuadrarlo en su ámbito de aplicación personal. Es cierto que, tal como ha sido redactado el fallo plenario, en principio estaría acotado a los productores de publicidad, pero en verdad, la mera lectura del dictamen del Procurador y del voto de la mayoría de los jueces, muestran el claramente la opinión mayoritaria de la Cámara respecto del alcance del estatuto a dependientes que no realizan operaciones de venta de mercaderías, aspecto que, al menos, constituye una pauta interpretativa de relevancia.

La actividad del viajante está dirigida a la obtención de un resultado único tenido en vista por el empleador, consistente en la venta de mercaderías, lo que supone el compromiso de transferir la propiedad de las cosas enajenadas. Tal como lo ha sostenido la Sala II de esta Cámara, con criterio que comparto, si bien un viajante de comercio es en cierto sentido un 'promotor', es decir una persona encargada de exhibir algún producto para mostrar su calidad e inducir a su adquisición para comercializarlos, no todos los promotores llegan a ser viajantes en los términos y alcance del estatuto (CNAT Sala II en autos 'Narváez c/ IHSA SA', SD 90638) Ahora bien, ello no se ve reflejado en la actividad de la demandante en la que, reitero, actuaba como 'promotora' con el fin de contactar trabajadores dependientes con el objeto de afiliarlos y/o lograr el traspaso de sus fondos de capitalización a su mandante, conforme el régimen provisional de capitalización vigente en ese momento (ley 24241). Dicha labor no encuadra dentro de la caracterización de 'viajante de comercio' del art. 1 y 2 del estatuto., en tales supuestos no existe compraventa en los términos del Código de Comercio; las pautas de la operación que se concierte estaba acotada a las reglamentaciones dictadas por el Estado. Asimismo, la labor de la trabajadora, que se intenta asimilar a la de 'viajante de comercio' carece de una de las características típicas de la función de viajante: la existencia de una clientela, con la que siga relacionada a través del tiempo, a fin de concertar nuevas operaciones. Repárese en que la 'clientela' constituye un elemento trascendente en la figura del viajante, a tal punto que la propia ley prevé, para cualquier supuesto de extinción del vínculo laboral, el pago de una 'indemnización por clientela'. Comparto, al respecto, lo sostenido por la Sala II de esta Cámara en cuanto establece que '.aun cuando la actividad de quien concierta tales operaciones tenga algunas similitudes con las que despliega habitualmente un viajante de comercio y aun cuando en la concertación de operaciones de adhesión a un determinado sistema (o de locaciones de servicios o de obra) se utilicen vulgarmente frases como por ejemplo 'ventas de afiliaciones', 'venta de servicios', "venta de tarjetas" o "venta de planes' (utilizando esas expresiones para referirse a la comercialización de servicios o locaciones) lo cierto es que, técnica y jurídicamente, las prestaciones derivadas de un contrato de adhesión a un sistema de seguridad social brindado a través de una AFJP o de la contratación de un servicio de obra, no constituyen una 'cosa' ni una mercadería susceptible de ser considerada objeto de una compraventa (Conf.. art. 1323, 1326, 1493, 1499, 1623 y 2311 del Código Civil)." (CNAT, Sala II en autos 'Misino, María Celina c/ Consolidar AFJP SA', SD 97858 de abril de 2010).

No soslayo que el CCT 308/75 extiende el concepto de 'viajante de comercio' a quienes comercialicen "servicios" pero, claro es, su aplicación se encuentra acotada a quienes se encontraban representados por los sujetos que celebraron dicho convenio el cual, es sabido, no puede aplicarse en forma analógica (art. 16 LCT). Desde tal orden de saber, las particularidades de la actividad desplegada por las AFJP., y las tareas de la actora: cuya finalidad era lograr la incorporación del eventual afiliado al sistema previsional de capitalización dispuesto por la norma legal entonces vigente, me llevan a compartir la solución propuesta por la Dra. Marino.".

Por estrictas razones de economía procesal adhiero entonces a ese criterio mayoritario, sin perjuicio de dejar sentada mi opinión personal en contrario.

Ello conduce a modificar la sentencia apelada, rechazando el reclamo de indemnización por clientela.

III) La demandada se agravia también porque el Sr. Juez a quo consideró que existió un despido directo encubierto bajo la figura fraudulenta de un plan de retiro voluntario.

Esta objeción no satisface, siquiera mínimamente, los recaudos del art. 116 de la L.O., pues la apelante insiste en que la actora "actuó con discernimiento, intención y libertad, tal como surge de las declaraciones de los testigos propuestos por esta parte", pero no indica cuáles serían los dichos concretos que supuestamente avalarían esa aseveración, y tampoco se hace cargo de los fundamentos expuestos por el Sr. Juez a quo para fundar sus conclusiones.

En efecto, el magistrado tuvo en cuenta que: a) los testigos que declararon a instancias de la trabajadora afirmaron que la empresa intentó convencer a los empleados que conformaban su fuerza de venta -entre ellos, los deponentes y la propia actora- para que aceptaran suscribir el plan de retiro voluntario (que finalmente se llevó a cabo en una sucursal de la Compañía, ante la presencia de directivos de la firma y un letrado designado por aquélla); b) esos testigos también fueron contestes al sostener que si los dependientes no aceptaban la propuesta de la empresa no recibirían indemnización alguna ni obtendrían referencias para futuros empleos, pues no iban a poder seguir vendiendo los productos de la empresa; c) esa circunstancia les fue expresamente prohibida por el supervisor y el gerente del establecimiento, viéndose imposibilitados de cumplir con sus tareas y aguardando instrucciones de la sociedad por el lapso de dos meses, ello con la excusa de que la firma se encontraba en crisis, mientras que en las sucursales las operatorias comerciales funcionaban normalmente; d) por ende, existió en el caso un despido directo (encubierto bajo la figura fraudulenta de un plan de retiro voluntario) que resultó injustificado, pues el accionar de la demandada constituyó una lesión en la autonomía de la voluntad de la trabajadora, a quien no le quedó otra opción que acogerse a la propuesta de su principal.

La apelante se desentiende por completo de esas motivaciones y ello sella negativamente la suerte de su impugnación, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266).

Corresponde entonces desestimar la queja.

IV) Asimismo se queja la demandada porque el fallo hizo lugar al reclamo de diferencias salariales (por comisiones impagas y "bajas de escala") con base en el art. 55 de la LCT.

Esta impugnación presenta iguales deficiencias que la anterior, pues:

a) la recurrente afirma genéricamente que ella "puso a disposición del perito contador toda la documentación que éste le exigió y que obviamente existía en su poder", pero no rebate en concreto la afirmación del magistrado de que "el experto contable señaló que la empresa no proporcionó datos tendientes a esclarecer quién o quiénes concertaron las operaciones indicadas en el escrito de inicio, como tampoco le fueron informadas las escalas de premios y comisiones liquidada pro las operaciones en las que intervino la actora." (fs. 184).

b) Contrariamente a lo sostenido por la apelante, el reclamo de comisiones adeudadas no luce "impreciso, vago y sin sustento alguno", porque la actora individualizó (con nombre, apellido y número de documento) los clientes respectivos, y asimismo precisó cuál era el producto bancario ("crédito" o "crédito personal", según el caso) generador de la comisión pretendida (cfr. fs. 10).

c) La apelante aduce con ligereza que la actora "no pudo acreditar en autos los dichos vertidos en la demanda, respecto a premios adeudados, comisiones adeudadas, baja en la escala comisional" (fs. 192), pero pasa por alto que el Sr. Juez a quo consideró que "los testigos que declararon a propuesta de la accionante apuntalaron la postura sustentada en el escrito de inicio" (cfr. fs. 184/185, donde el magistrado detalló los dichos de los testigos que corroboraban esa versión).

Por ello cabe rechazar también este agravio (art. 116 de la L.O).

V) Igualmente se agravia la demandada de la condena al pago del incremento del art. 2° de la ley 25.323, pese a que, a su criterio, "una vez detraídos los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda no existe diferencia salarial ni indemnizatoria, ni cuestión alguna que reclamar".

La objeción resulta parcialmente atendible, porque el propio actor sostuvo en su escrito inicial que la suma de $ 16.416,27 abonada por la empleadora en concepto de "gratificación por cese" constituía un "pago a cuenta" del monto debido al momento del distracto (fs. 12) y solicitó que se descontara de las indemnizaciones reclamadas (fs. 15). Este temperamento fue compartido por el Sr. Juez a quo, quien ordenó efectuar ese descuento (fs. 185vta.).

En consecuencia, se trata de un caso de pago insuficiente, por lo que el recargo del art. 2º de la ley 25.323, debe calcularse sobre el saldo impago (esta Sala, 20/10/06, S.D. 91.788, "Vidal, César Gastón c/ Luis María Laquis y Antonio Pascale Soc. de hecho y otros s/ despido"; íd., 29/3/10, S.D. 94.596, "Lacioppa, Conrado c/ Nestle Argentina SA s/ diferencias de salarios"; íd., 20/4/10, S.D. 94.633, "Ramírez, Walter Manuel c/ Formatos Eficientes SA s/ despido"; íd., 22/4/10, S.D. 94.650, "Rossi, Silvia Beatriz c/ Fundación Ricat s/ despido"; íd., 30/6/10, S.D. 94.794, "Andrizzi, Damián Alejandro c/ Silkey SA s/ despido"; íd., 31/10/10, S.D. 94.868, "Espeche, Hipólito Armando c/ Dunlop Argentina SA s/ despido"; íd., 29/9/10, S.D. 94.908, "Suárez, Jorge Sebastián c/ Roca Argentina SA y otro s/ despido"; íd., 22/10/10, S.D. 94.948, "Fitz Maurice, Gustavo Daniel c/ Aventis Pharma SA s/ despido"; íd., 8/2/11, S.D. 95.125, "Gamarra Clelia Alicia c/ Comintexa S.A. s/ despido"; íd., 28/2/11, S.D. 95.180, "Caja de Ahorro y Seguro SA c/ Papaianni, Horacio Ricardo s/ consignación"; íd., 23/5/11, S.D. 95.427, "Grosso Teresa Haydee c/ Orígenes AFJP SA y otros s/ despido"; íd., 7/9/11, S.D. 95.733, "Zermoglio, Guillermo Andrés c/ IBM Argentina SA s/ despido"; íd., 30/9/11, S.D. 95.777, "Rincón Ernesto Eduardo c/ Cervecería y Maltería Quilmes SA s/ despido"; íd., 12/10/11, S.D. 95.803, "López Da Silva Ana Haydee Susana c/ Orígenes AFJP SA s/ diferencias de salarios"; íd., 23/12/11, 95.985, "Baez Viviana Mabel c/ Lisadora SRL s/ diferencias de salarios"; CNAT, Sala II, 13/8/03, S.D. 91.885, "Izarnotegui, María c/ Bebidas de Calidad Para la Argentina SA s/ despido"; íd., Sala VIII, 12/5/04, S.D. 31.857, "Goncevate, Gustavo c/ Establecimientos Gamar SA s/ despido"; íd., Sala IX, 25/4/03, S.D. 10.441, "Efron, Ernesto c/ Amsa SA s/ despido"; íd., Sala X, 26/2/10, "Alcántara Guillen, Deysi Yoriela c/ Orígenes AFJP SA").

Corresponde entonces reducir el quantum del incremento a la suma que más adelante determinaré.

VI) La demandada se queja también porque el fallo la condena a abonar el certificado de trabajo bajo apercibimiento de astreintes, pese a que ello no fue motivo de reclamo en esta causa, sino en una anterior.

La objeción resulta atendible, pues, como acertadamente lo señala la recurrente, el actor no reclamó en autos la entrega de tal certificado. En cambio, lo hizo en otro proceso, que tramitó ante esta Sala, en el que obtuvo sentencia favorable (S.D. 94.812 del 15/7/10, in re: "Viveros Romina Elisabeth c/ Compañía Financiera Argentina SA s/ indem. art. 80 LCT L. 25.345").

Por ello, propongo dejar sin efecto esta condena.

VII) Asimismo cuestiona la empleadora de "la base de cálculo fijada por el sentenciante para realizar los cálculos de los rubros de condena por cuanto incluye rubros que no son normales y habituales y además no está probado en autos su procedencia".

Esta escueta impugnación no constituye técnicamente un agravio, porque la apelante no indica cuáles serían los conceptos mal liquidados (o cuya procedencia no estaría probada), ni tampoco individualiza los rubros que a su criterio no serían "normales y habituales".

VIII) La demandada impugna la aplicación de la tasa de interés activa, pues estima que "implica un beneficio de excepción respecto de toda la sociedad que resulta lesivo del principio de igualdad".

Anticipo que, a mi juicio, no le asiste razón.

Cabe recordar que, a partir del caso "Banco Sudameris c/ Belcam S.A. y otra" (pronunciamiento del 17/5/94, JA 1994-II-690 y Fallos: 317:507), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Cód. Civil como consecuencia del régimen establecido por ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.

Con arreglo a esa doctrina, esta Sala ha resuelto en reiteradas oportunidades que, a partir del 1 de enero de 2002 y de acuerdo con el criterio adoptado por la Cámara en pleno (Acta 2357 del 7/5/02), debe aplicarse el interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General (cfr., entre otras: S.D. 87.883 del 21/5/02, "Fernández, Osvaldo c/ Maco Transportadora de Caudales S.A. s/ despido"). Dicha resolución ponderó que "la supresión de la convertibilidad monetaria, y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento.la última de las cuales era de un 12% anual.que ya no puede sostenerse sin grave daño para los derechos que la Justicia Nacional del Trabajo declara y garantiza.que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, que equivale, al menos aproximadamente, al vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento del costo, sea éste real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito".

No está de más recordar que la Corte Suprema ha convalidado una tasa diferencial (15% sobre créditos actualizados) para los créditos laborales, señalando que, en atención a la índole de las acreencias, esa tasa no resultaba injusta o manifiestamente irrazonable (CSJN, "Suárez de Suárez Albina c/ Graziani S.A.C.I.I. y C.", Fallos: 303:684; íd., "Barneche, María Cristina Zuloaga de c/ Verde Onix S.C.A.", Fallos: 300:67; íd., "Camano, José Jorge c/ Banco de Avellaneda S.A.", Fallos: 300:520).

Por ello, propongo desestimar la queja.

IX) A su turno, la actora se agravia, en primer término, porque el fallo desestimó parcialmente el rubro incluido en el acápite "c" de la liquidación de demanda, por carecer ésta (a juicio del magistrado) de una explicación "concreta y circunstanciada" de los hechos en que se funda ese aspecto del reclamo.

La objeción merece acogimiento, pues el concepto en cuestión no constituye un rubro autónomo, sino simplemente la incidencia de las diferencias salariales (que fueron motivo de condena) en las vacaciones (como en forma escueta pero suficiente se indicó a fs. 15).

Más abajo liquidaré esa incidencia.

X) También se queja la actora porque estima que el fallo sólo incluyó en la base remuneratoria mensual la incidencia de las diferencias por comisiones adeudadas y omitió en cambio la incidencia de las diferencias por "baja de escalas comisionales".

Estimo que no le asiste razón, porque el actor indicó en su demanda que el promedio de las diferencias adeudadas por ambos conceptos representaba un importe total de $ 600 mensuales (ver fs. 15) , mientras que el Sr. Juez a quo liquidó la incidencia mensual de las diferencias salariales en un importe mayor: $ 2.100 ($ 4.408,66 + $ 2.100 = $ 6.508,66, cfr. fs. 183 vta. y 184 vta.). Por ello, y en virtud del principio que veda la reformatio in pejus, corresponde mantener lo decidido.

XI) Tampoco resulta atendible el agravio de la actora por el rechazo de la indemnización del art. 1° de la ley 25.323, ya que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, no estamos en presencia de un registro deficiente de la remuneración, sino de un pago insuficiente, que es algo bien distinto. Al respecto, esta Sala tiene dicho que, para interpretar los conceptos de "relación no registrada" y "registrada de modo deficiente" referidos en el citado art. 1° de la ley 25.323, cabe remitirse a las definiciones contenidas en la ley 24.013, de manera que el segundo supuesto sólo se configura cuando se consignare en la documentación laboral "una fecha de ingreso posterior a la real" -art. 9, ley 24.013- o "una remuneración menor que la percibida por el trabajador" -art. 10 de la misma ley- (S.D. 91.003 del 30/11/05, en autos "Coronel, Claudio Andrés c/ Cotecsud y otro s/ despido"). A su vez, esta última hipótesis únicamente se verifica cuando el empleador abona una suma determinada y asienta en los registros una cantidad menor, pero no cuando abona una suma inferior a la debida o se atrasa en el pago de salarios (esta Sala, 31/3/08, S.D. 93.153, "Castillo, María Azucena c/ Club Atlético Huracán Asoc. Civil").

Por ello propicio desestimar la objeción.

XII) Por lo que hasta aquí llevo dicho, corresponde reajustar la liquidación de condena del siguiente modo:

Indemnización por antigüedad (importe firme)	$ 13.082,40 Ind. sust. preaviso con incidencia SAC (importe firme)	$ 7.051,04 Integ. mes de despido con incidencia SAC (importe firme)	$ 3.995,60 Comisiones adeudadas (importe firme)	$ 2.100 Baja de escalas (importe firme)	$ 2.350 SAC sobre rubros remuneratorios (importe firme)	$ 370,83 Vacaciones sobre rubros remuneratorios	$ 271,51 Art. 2° ley 25.323	$ 3.856,38 SUB TOTAL	$ 33.077,76 MENOS: PAGO A CUENTA	($ 16.416,27) TOTAL ADEUDADO	$ 16.661,49 XIII) El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal), lo que torna abstracto el examen de los agravios vertidos sobre esos tópicos.

A pesar de las modificaciones propuestas, la actora conserva la calidad de vencedora en lo principal, en tanto la demanda prosperó, aunque por sumas inferiores a las estimadas en el escrito inicial, por la mayoría de los conceptos reclamados, por lo que corresponde mantener las costas de primera instancia a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal). Cabe recordar que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, "Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ despido"), de manera que si la actora resultó vencedora en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (CNAT, Sala II, 25/3/97, S.D.80.678, "Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido"; esta Sala, 16/12/06, S.D.91.956, "Lampón, José Vicente c/ Banco Río de la Plata y otro s/ despido").

En cambio, las costas de la alzada deberían imponerse en el orden causado, en atención al resultado de las cuestiones planteadas ante esta instancia (art. 71 del Código citado).

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, sugiero regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio de la actora en el 15%, los de la representación y patrocinio de la demandada en el 13% y los del perito contador en el 7%, todos del monto total de condena, incluidos los intereses; y los de los letrados de ambas partes, por su intervención en la alzada, en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (arts. 6, 7, 8, 9, 14 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

XIV) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a la suma total de $ 16.661,49, con más sus intereses en la forma establecida en origen, y dejando sin efecto la condena a acompañar el certificado de trabajo. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de primera instancia a la demandada y las de la alzada en el orden causado. 4) Regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a la suma total de $ 16.661,49, con más sus intereses en la forma establecida en origen, y dejando sin efecto la condena a acompañar el certificado de trabajo. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de primera instancia a la demandada y las de la alzada en el orden causado. 4) Regular los honorarios en los porcentajes indicados en el considerando respectivo.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria