Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-11-08


Expte. Nº 4401 "CARMONA, Liliana del Carmen c/ Natania Coop. de Vivienda y Consumo Ltda. y otros - Daños y Per-juicios - Rescisión de contrato - INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN" En la Ciudad de San Juan, a ocho ( 08 ) días del mes de noviembre del año dos mil diez, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Jus-ticia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega, a fin de resolver los recursos de inconsti-tucionalidad y casación interpuestos por la parte codemandada CONSTRUIR S.A., contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil ocho, en autos Nº 19322 (73653) caratu-lados: "CARMONA, Liliana del Carmen c/ Natania Coop. de Vivienda y Consumo Ltda. y otros - Daños y Perjuicios - Rescisión de contrato"; procedieron a considerar las si-guientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DI-JO: ---- --- La demandada interpone recursos de inconstituciona-lidad y casación contra la resolución de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Minería cuya copia obra a fs. 81/90, en cuanto admite parcial-mente el recurso interpuesto por la actora y, en conse-cuencia, revoca el fallo del Sr. Juez del Cuarto Juzgado Civil, en los puntos II, III y IV, declarando resuelto el contrato de compraventa inmobiliaria, a partir de no-viembre del año 2002, como pretendía la parte actora. Finalmente, el fallo cuestionado ordena la restitución del dinero dado en pago, con más intereses a tasa acti-va, desde la fecha de la resolución del contrato.------- --- Los recursos fueron admitidos formalmente y sustan-ciados con la contraria, y se dio intervención al Fiscal General de la Corte, quien dictaminó conforme constan-cias de fs. 119/122. ------- --- El recurso de inconstitucionalidad, lo encuadra en el art. 11 inc. 3º de la ley 2275, por entender que el a quo ha incurrido en arbitrariedad al interpretar las normas aplicables al caso. Además, porque -a su enten-der- se ha dejado de valorar prueba esencial y pertinen-te a los fines de resolver los temas objeto de debate, cuestión que originalmente reconoce como ajena a la com-petencia y conocimiento de la instancia extraordinaria pero que, en el caso, configuraría un supuesto de arbi-trariedad, por manifestarse en la valoración de la prue-ba y de los hechos, lo que resulta violatorio de su de-recho de defensa. - --- Se agravia la recurrente diciendo -en primer lugar- que para la aplicación de la disposición del art. 10 bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, como lo ha efectuado el a quo, se ha considerado que la vendedora estaba en situación de incumplimiento contractual, res-pecto del plazo de entrega de la vivienda. Para ello, dice que se ha partido de una errónea valoración de la prueba documental aportada, que daría cuenta que la par-te actora -compradora- también se encontraba en mora y que, por tal motivo, no estaba autorizada a solicitar la resolución contractual. ---- --- Estima que la solución dada en la sentencia cuestio-nada, genera un nuevo orden jurídico de resolución de los contratos, para los casos comprendidos en la ley de Defensa al Consumidor, al disponer que no se deben apli-car las normas y conceptos generales previstos en el art. 1204 y 1201 del Código Civil, interpretación que genera un abuso del derecho, haciéndole carecer de se-riedad, jerarquía y eficacia a la institución "contra-to". --- --- Por último, dice que el modo en que se ha resuelto el caso, trae como consecuencia, la inaplicabilidad del resto de las normas del Código Civil, sin que tal manda-to surja de modo implícito o explícito de la ley 24.240. Por todo lo dicho, solicita que se declare la nulidad del fallo recurrido, se ordene la remisión de estos au-tos a la Sala que sigue en nominación, a fin de que di-cte nuevo fallo, que haga mérito de la circunstancia de si el vendedor estaba o no en mora y que, en función de ello, se evalúe nuevamente si la demandada habría incum-plido su obligación de entregar el inmueble.--- --- Sostiene que la violación al derecho de defensa, surge de la carencia de fundamentos reales y serios para afirmar que, en los casos comprendidos por esta ley 24.240, quedan de lado los principios generales que ri-gen la resolución de contratos bilaterales, conmutativos y de tracto sucesivo, dándole mayor jerarquía a la ley de Defensa del Consumidor, sin que haya motivo alguno para pretender una interpretación excluyente.-- --- Paralelamente, interpone recurso de casación, enmar-cado en los incisos 1º y 2º del art. 15 de la ley 2275, con el objeto de que este Tribunal establezca la exacta, correcta y uniforme interpretación de las normas y prin-cipios jurídicos que resultan aplicables al caso.------- --- Manifiesta que el a quo hace una errónea interpreta-ción del art. 10 bis de la ley 24.240, al considerar que dicho articulado ha creado un nuevo sistema de resolu-ción de contratos, que deja de lado todos los principios y normas del Código Civil. Dice que ello implica desen-tenderse de los arts. 1201 y 1204, que disponen, para los casos de resolución contractual, el requisito de una intimación previa, comunicando a la otra parte cuál es la obligación que se considera incumplida. Además, que estas normas exigen otorgar un plazo razonable para su cumplimiento, bajo apercibimiento de resolución. Por úl-timo, el recurrente atribuye al fallo desentenderse de la circunstancia de que, para exigir el cumplimiento de la otra parte, se debe estar al día en el cumplimiento de las obligaciones propias. -------- --- Expone que las normas del Código Civil contienen el principio esencial que tiende a mantener la vigencia de los contratos, mediante el imperio de la buena fe, y que la opción resolutoria, implica la frustración de aque-llos. Agrega que la interpretación del a quo, es ajena a la sana doctrina y jurisprudencia nacional y provincial, que desde larga data sostiene que los contratos nacen para ser cumplidos y que para exigir el cumplimiento, se debe estar al día en las obligaciones, principios que nacen de la equidad y buena fe y rigen no solo para su ejecución, sino también para el momento de la resolu-ción. -- --- Finalmente, enfatiza que en ninguna parte del arti-culado de la ley 24.240, se dispone que las normas del Código Civil resulten inaplicables o derogadas a los ca-sos que caen bajo su órbita. -------- --- En primer lugar, cabe señalar una diferenciación en-tre los recursos de inconstitucionalidad y casación. En tal sentido, es doctrina fijada por este Tribunal que "entre los posibles vicios que pueden dar pie a los re-cursos extraordinarios provinciales, hay dos que a pri-mera vista pueden ser confundidos. Por un lado, aquél que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta misma Corte han denominado "apartamiento injustificado de la norma legal aplicable al caso" (una hipótesis de arbitrariedad que, en consecuencia, debe plantearse me-diante el recurso de inconstitucionalidad). Por otro, el supuesto previsto en el art. 15 inciso 1° de la ley 2275, que se caracteriza por la "omisión de aplicar la norma que corresponde", y debe ser denunciado a través del recurso de casación. Pues bien, esta Corte ha deli-mitado estos dos motivos de impugnación, a partir de ve-rificar si el fallo explica o no, las razones por las que la norma no debe aplicarse. Ha dicho este Tribunal que se presenta una típica cuestión casatoria, si el a quo expone tales razones y que, en cambio, se configura arbitrariedad, cuando aquél omite hacerlo" (P.R.E. 1998-Sala 1ª-II-300). --- Aclarada la sutileza referida a la vía recursiva, me abocaré primeramente al tratamiento del recurso de in-constitucionalidad, por cuanto y tanto conforme sea la solución que se propicie al mismo, corresponderá el tra-tamiento de la casación, ya que ". para expedirse en ca-sación se requiere la existencia de una sentencia váli-da" (PRE 2000, S.l°, II, 402/407). -- --- Adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad, debe ser acogido favorablemen-te. ---- --- Baste para arribar a tal conclusión, la verificación de dos de los agravios invocados por la recurrente, a saber: el apartamiento injustificado de las normas rela-tivas a la resolución contractual previstas en el código civil, sin motivación explícita para ello y, como conse-cuencia de lo anterior, la falta de valoración de la prueba, lo que torna al fallo cuestionado, en un pronun-ciamiento carente de los requisitos para ser calificado tal. --- --- Es sabido que la sentencia debe contener los funda-mentos y la aplicación de la ley (arts. 169 y 169 del C.P.C./ley 3738, hoy arts. 164 y 165/ley 8037), respe-tando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, pues sin tales recaudos la sentencia es nula (art. 33 inc. 4° del C.P.C.), además de violar el derecho de la defensa en juicio, amparado por los arts. 18 de la Constitución Nacional y 33 de la Constitución Provincial. ----- --- En tal sentido se ha dicho que la sentencia consti-tuye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos existentes al momento de la decisión, cuya validez descansa, no solamente en el imperio del tribu-nal, sino en las motivaciones en que se base el pronun-ciamiento (CSJN, ED 99-678). -------- --- En el caso particular de autos, el Sr. Juez de pri-mera instancia, desestimó la demanda de resolución de contrato, básicamente por considerar que a la fecha de la entrega de la vivienda (marzo/2002), la actora no había cumplido con la principal obligación a su cargo: esto es, estar al día en el pago de las cuotas pactadas.

--- Apelada que fue la resolución por la parte actora, quien se fundó en la doctrina de la "frustración del contrato", el tribunal a quo, luego de hacer una refe-rencia genérica a dicha teoría, pasó a establecer que la negociación celebrada por las partes, se encontraba al-canzada por la ley 24.240 de Defensa al Consumidor. A renglón seguido, refirió al art. 10 bis de la mencionada normativa (incorporada por Ley 24.787), que faculta a rescindir el contrato en caso de incumplimiento del ven-dedor de la oferta o del contrato. Por último, aludió al art. 65 de la ley 24.240, que dispone que el régimen mencionado, es de orden público. ---- --- Aunque hizo referencia al principio de buena fe que debe regir en la celebración, ejecución e interpretación de los contratos, pasó a señalar una serie de circuns-tancias que surgían del tenor del contrato (calidad de las partes contratantes, incumplimiento de las obliga-ciones del socio cooperativo, incumplimiento de la co-operativa de entregar la vivienda), y concluyó que en el contrato no se previó sanción alguna, para el caso de incumplimiento en la entrega de la vivienda por parte del vendedor, lo que catalogó como una cláusula "abusi-va", que desnaturalizaba las obligaciones y derechos del consumidor. ----- --- A razón de ello, la Sala hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y revocó el fallo de primera ins-tancia, que había desestimado la demanda; y en su lugar, declaró resuelto el contrato a instancias de la actora, ordenando la devolución de las sumas abonadas.- --- De lo dicho se desprende que el tribunal a quo, lue-go de hacer teorizaciones sobre la "frustración del con-trato", que finalmente no aplicó al caso, pasó a anali-zar la disparidad existente entre las partes, con espe-cial énfasis en las cláusulas contractuales que conside-ró abusivas, en desmedro de los derechos de la actora (consumidor), aunque soslayando que no eran esas cláusu-las las invocadas para solicitar la resolución contrac-tual. Por su parte, en lo que se refiere al estado de "mora de la actora", solo mencionó que no era una cues-tión a tener en cuenta cuando se aplicaba la ley de de-fensa al Consumidor, sin dar razón legal alguna.-------- --- En función de ello, consideró aplicable el art. 10 bis de la ley 24.240 que reglamenta el art. 42 de la C.N. y se justificó diciendo: "por ser de preferente je-rarquía al art. 1204 del Código Civil que tiene natura-leza supletoria, que autoriza al adquirente a rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado". Por su parte, refirió que: "la ley de defensa del consu-midor no pone como valla, obstáculo o impedimento para pedir la resolución, el estado de mora del comprador (socio cooperativista) como si lo hace el art. 1204 del Código Civil. Es decir, estamos ante un régimen legal distinto, en el cual se privilegia la defensa del sujeto consumidor ante los abusos de los vendedores o proveedo-res. Hay una ratio legis inspirada en razones de índole social, en la defensa de las partes débiles que deben celebrar contratos con empresas con poder económico que con una elaborada ingeniería jurídica imponen distintas cláusulas que dejan sin defensa a los compradores ante los incumplimientos de ellos.". ----- --- Tales circunstancias tornan al pronunciamiento cues-tionado en un fallo arbitrario, por falta de fundamento y por resultar -en definitiva- contradictorio con las circunstancias fácticas y las argumentaciones verifica-das en autos. --- --- En efecto, la sentencia cuestionada no explica de qué modo o con qué motivación, el encuadramiento del ne-gocio en el ámbito de la ley de 24.240, y la consecuente aplicación del art. 10 bis, habilita dejar de lado principios básicos y generales contenidos en el Código Civil, tales como: que la resolución contractual sólo puede solicitarse por la parte no culposa (arts. 510, 1201 y 1203), lo referido al esquema básico de resolu-ción de contratos (art. 1204), la diferenciación exis-tente entre los efectos del incumplimiento de la oferta con los efectos del incumplimiento del contrato (art. 1148 y 1150; art. 1137, 1198, y 1071), y la interdepen-dencia o nexo lógico de reciprocidad, que existe en los contratos con prestaciones recíprocas, máxime cuando se trata de la compraventa de un inmueble (art. 1197 y 1203). - --- El texto del art. 10 citado, no excluye expresamente la aplicación de la legislación común en materia de re-solución de contratos y si bien el aquo dice que el art. 1204 tiene naturaleza supletoria, no da razones que fun-damenten porque, en este caso, no se aplica dicho régi-men supletorio. Actualmente, con la modificación intro-ducida a la ley de Defensa al Consumidor, por la ley 26.361 (B.O. 07/04/2008), de fecha posterior a la de la sentencia impugnada, el art. 3° dispone -como regla- la integración de la normativa "consumerista", con el resto del ordenamiento jurídico vigente (en el caso, las nor-mas del Código Civil), lo que debe interpretarse como una relación de coordinación y complementariedad de am-bos regímenes, entendida en el sentido de que lo que no esté reglamentado en el estatuto especial, debe encon-trar su respuesta en el derecho común.

--- Además, si se razona detenidamente el tema, esta in-tegración resulta por otro lado indispensable, por cuan-to la ley de Defensa del Consumidor no es autosuficien-te, en la medida que no se autoabastece regulando lo re-lativo al nacimiento, efectos y extinción de las obliga-ciones. --- La doctrina y jurisprudencia mayoritaria, han enten-dido que ha de prevalecer siempre una interpretación que tienda a la coherencia de todo el sistema jurídico vi-gente. En este sentido la C.S.J.N. ha dicho que las le-yes han de interpretarse evaluando la totalidad de sus preceptos y los propósitos finales que las informan, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico res-tante y con los principios y garantías de la Constitu-ción Nacional (doctrina de Fallos: 255:192; 263:63; 267:478; 285:60; 296:22; 297:142; 299:93; 302:1600; 304:849; 308:1118; 310:500; 311:254; 312:111; 313:1223). --- Por todas las razones que se exponen precedentemen-te, concluyo que carece de fundamento suficiente la sen-tencia recurrida, al rechazar los agravios planteados por la demandada al apelar y habiendo sido ello determi-nante para la decisión adoptada, procede hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado. En consecuen-cia, debe anularse el fallo impugnado y enviar la causa al tribunal que sigue en orden de nominación, a fin de que dicte nuevo pronunciamiento, resolviendo si las nor-mas del Código Civil relativas a la resolución de los contratos, son o no aplicables al supuesto de autos y, en su caso, si lo es todo el régimen o sólo parte de él, como asimismo disponer lo que corresponda conforme las pretensiones de las partes.

--- Atendiendo al resultado al que se arriba al tratar el recurso de inconstitucionalidad, deviene innecesario el tratamiento del recurso de casación.-------- --- Las costas de esta instancia extraordinaria deben imponerse en el orden causado, teniendo en cuenta para ello que se trata de una cuestión novedosa sobre la que no existe pronunciamiento previo del Tribunal.- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de in-constitucionalidad deducido, anular la resolución recu-rrida y devolver la causa al Tribunal de origen para que, previo conocimiento, la remita al que sigue en or-den de nominación a fin de que dicte nuevo fallo con arreglo al presente. II) Atendiendo al resultado al que se arriba al tratar el recurso de inconstitucionalidad, deviene innecesario el tratamiento del recurso de casa-ción. III) Imponer las costas en el orden causado. IV) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y opor-tunamente archívense.- Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Bala-guer, Ángel Humberto Medina Palá y José Abel Soria Vega. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.- VR Ef-4401 P.R.E. S.1ª.- 2010-IV-614