Empleo público, modificación del contrato, modificación del sistema remunerativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Matienzo, María Martha c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-09-14

La actora, por intermedio de apoderado interpone demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y de nulidad en contra del Estado Provincial, solicitando la devolución de las diferencias retenidas indebidamente a sus salarios desde el mes de junio de 2007 que se estiman en la suma de $24.035,72, con más los intereses que pudieran corresponder.

En el caso, la actora cuestiona la aplicación en sus haberes desde el mes de junio de 2007 hasta el dictado del Decreto Nº763/10, de topes a los que califica de ilegítimos e inconstitucionales por cuanto afectan derechos constitucionales y se sustentan en decretos y leyes que carecen de elementos esenciales.

El Estado puede unilateralmente modificar el contrato de empleo público, incluido lo concerniente a la remuneración, ya que el derecho al sueldo por su naturaleza publicista no es un derecho absoluto, pues en el derecho público las necesidades de adaptar el contrato a las conveniencias generales produce un quebrantamiento del principio de inmutabilidad permitiendo esa modificación. (Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo III-A pág 395/396).- En este punto reviste incidencia decisiva vislumbrar las causas que justificaron la adopción por parte del Estado de las medidas dispuestas, y la razonabilidad de aquéllas para combatir los efectos no queridos pues la finalidad alegada debe ser sincera, cierta, verdadera.

Resulta vital hacer alusión a los claros lineamientos que tuvo la normativa cuestionada, cuya implementación buscó ".corregir la política salarial del sector." así lo expresan los considerandos del Decreto Nº 2406/92, norma que instituyó en Septiembre de 1992 la regla del tope para la remuneraciones de los agentes de la Administración Pública Central y Organismos Descentralizados; y que fue modificada más tarde por el Decreto Nº775/97;

que también apuntó "a reorganizar y reformular los regímenes salariales ante las distorsiones detectadas en las modalidades de las remuneraciones, en orden a generar una adecuada equidad remunerativa.".

Con ese objetivo se señalaba: "Que las reglas del tope deben tender a armonizar los esquemas salariales adoptados y mantener incentivos reales, garantizando un restablecimiento de las condiciones de equidad, conforme a la responsabilidad en todos los niveles". Posteriormente en el año 2005 se emite el Decreto Acuerdo Nº 1220/2005 luego modificado, el que reproduce el claro objetivo de "restablecer bajo la base del principio de igualdad de trato y de igual remuneración por igual tarea, la pirámide salarial que debe reflejar la estructura remunerativa de los agentes y funcionarios de la Administración", y finalmente en julio de 2010 recordando la facultades previstas en el Art.149 de la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo emite el Decreto Acuerdo Nº 763/10 mediante el cual se fija como tope la remuneración bruta total vigente del Sr.

Gobernador de la Provincia, fundado en el principio de que las remuneraciones deben contemplar la jerarquía en relación a la responsabilidad por las tareas que desempeñen.

De la cita efectuada surgen sin mayor dificultad la causa -como han sido las distorsiones detectadas en las modalidades de las remuneraciones-, el objeto -la creación de los topes-, la motivación y la finalidad -restablecer la pirámide salarial a fin de generar una adecuada equidad remunerativa-.

De allí que se encuentren reunidos los elementos esenciales a los que se condiciona la validez de la actividad administrativa, tornándose ineficaz la impugnación realizada, la que bajo la apariencia de la ausencia de aquéllos en los actos examinados, intenta trasladar la discusión de la aplicación de los topes a la vigencia de las leyes de emergencia, que como se sabe, imponen remedios extraordinarios por tiempo limitado.

Por lo expuesto, corresponde rechazar la Acción de Plena Jurisdicción y Nulidad interpuesta.