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Procedimiento administrativo, acción contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, autoridad administrativa de última instancia, excepción de incompetencia, sumario administrativo, suspensión del agente
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NIEVA, HECTOR OSCAR c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Y ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-10-25

A partir de la notificación del acto por el que se dejó sin efecto el sumario que se le iniciara, la actividad administrativa desplegada por el actor tendiente a lograr su restablecimiento en los cargos y funciones desempeñados antes de su suspensión, como así también el pago de los salarios dejados de percibir como consecuencia de ello, debe considerarse concluida con la emisión de la Resolución Ministerial que le deniega lo solicitado y que se cuestionada con la presente acción de plena jurisdicción y anulación.

En el caso, el Ministro de Educación es la autoridad de última instancia y por lo tanto el acto administrativo dictado por dicho funcionario en uso de atribuciones legales que le son propias debe considerarse definitivo, de conformidad a lo prescripto por el Art. 122 -2do. par grafo -última parte- del C. P. A, circunstancia que habilita a la actora para accionar judicialmente, conforme lo disponen los Arts. 1, 5 y 7 del C.C.A... no resultando necesario interponer otros recursos para agotar la vía administrativa, como pretende la demandada al fundamentar la excepción de incompetencia por falta de agotamiento de la vía administrativa previa.

En efecto, cuando han existido reclamaciones previas que han provocado el dictado de un acto administrativo por la autoridad administrativa de última instancia, exigirle al accionante la presentación de un recurso , importa un ritualismo inútil, ya que con aquél pronunciamiento de última instancia, la Administración ha tenido oportunidad de merituar los fundamentos del reclamo.

En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de incompetencia articulada por el estado provincial, debiendo continuar la causa según su estado, con costas a cargo de la demandada.
Exacciones ilegales, prueba testimonial, valor probatorio, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: BARBIERI, Flavio E. s/ Causa 44.153
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Disidencia del Dr. Tozzini: Los numerosos testimonios contestes en afirmar que nunca el acusado ni otro alguno, les pidió o exigió dinero para contratarlo o renovarle el contrato, y que si entregaron dinero alguna vez, lo fue en forma de donación voluntaria para que, con un fondo así formado, pudieran adquirir bienes y servicios para el buen logro y prosecución del programa, no registrándose queja alguna sobre el modo como administraba los dichos fondos ni el destino que a ellos les daba, no permiten determinar con la debida claridad si medió un comportamiento delictivo, más allá de lo ilegítimo que aparece su conducta, de aceptar y administrar dinero ajeno sin autorización, desde el punto de vista administrativo, por aplicación estricta del beneficio de la duda.
Embargo, traba del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GASTALDI GREGORIO FRANCISCO c/ SANTA TERESITA S.A. s/ COBRO    DE  HONORARIOS  NOTARIALES  INCIDENTE  DE  APELACION  (PIEZA  SEPARADA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-11

La responsabilidad que en el presente caso se pretende se haga extensiva a la Sociedad a los fines de la traba del embargo preventivo,debió contar con el respaldo probatorio de la inscripción de la Sociedad,circunstancia que no se encuentraprobado en estas actuaciones-y por ello y en este estado no corresponde hacer lugar al recurso de apelación y consiguiente embargo,por no estar acreditado uno de los requisitos legales que hacen a la verosimilitud del derecho invocado,tal es-se tiene dicho-la inscripción de la Sociedad .-
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vitale, Josefina Marta c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

El adicional "especial por jerarquización" instituido por la Ordenanza 6296 para el personal que reviste en el grupo ocupacional jerárquico, sólo incluye a quienes efectivamente cumplen tareas jerárquicas específicas, dejando fuera de la misma a los agentes que revistan en otros agrupamientos aunque a los fines salariales y de acuerdo a la especial circunstancia originada por la renuncia a un cargo de Director, se la haya equiparado salarialmente a quienes cumplen funciones jerárquicas como Subdirector.
Juicio ejecutivo, abuso de firma en blanco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LLADON, PEDRO RICARDO c/ PADILLA, EVERGISTO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-07

No es admisible alegar en el juicio ejecutivo el abuso de firma en blanco del instrumento ejecutado, por ser ajeno al supuesto de adulteración admitido por el Código Procesal y por desbordar el ámbito de la ejecución al abrir debate sobre la causa de la obligación.
Verificación de créditos, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: D.G.I. en autos ""C., P. y Z., C. s/Quiebra -Indirecta-" s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-17

"Es procedente la verificación de crédito en concepto de multas establecidas conforme al procedimiento administrativo del cual se dio la correspondiente participación a la concursada obligada al pago. En efecto, el estado falencial no impide la transmisión de la multa y su ingreso a la masa, pues la deudora morosa debe soportar las consecuencias de su incumplimiento".
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañía Argentina de Cemento Portland S.A. c/ Onorato, Juan y otro s/ Cobro de pesos Ital Gas S.A.C.I. c/ Agrivec S.C.C. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-21|1984-12-11

Exigir que la documentación que avala los asientos de los libros de comercio esté reconocida o su autenticidad probada a los fines del art. 63 del Código de Comercio no constituye una interpretación razonable del art. 43 porque desnaturaliza el principio del código sobre la eficacia probatoria de los libros entre comerciantes; contradice lo prescripto en el art. 26 inc. 1º; otorga mayor importancia a las facturas o los remitos que a los libros de comercio, debilitando así la confianza del público en esos instrumentos y deja sin aplicación práctica la sabia disposición del párrafo cuarto del art. 63 que, justamente para los casos en que los asientos -y la documentación complementaria- puedan aparecer dudosos faculta al juez a pedir prueba supletoria.
Hipoteca, subasta, precio vil, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL
Carátula: ROSEMBLAT DE BEMRENS, ROSA c/ SARMIENTO, RAMIRO s/ HIPOTECA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

En las subastas judiciales, en algunas oportunidades el precio es inferior al que pudiera obtenerse en una venta privada, y ello es así, fundamentalmente, por las circunstancias que rodean la venta forzada que hace que los postores ofrezcan menos de lo que el inmueble vale, puesto que la misma adquisición está sujeta a la aprobación judicial y supeditada a los avatares propios del trámite procesal. Lógicamente, ello no puede ser motivo de nulidad de la subasta mientras no concurran otros elementos que invaliden dicho acto jurídico.
Interrupción de la prescripción, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: ZAIDMAN, SALOMON c/ GRINBERG ARGENTINA IDAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

El efecto interruptivo de la prescripción derivado de una demanda, no se extiende de una acción a otra cuando difiere en la 'causa petendi', el objeto o en ambos elementos, por lo que no puede hacerse valer para interrumpir la prescripción liberatoria en una causa laboral una acción penal ejercida contra el mismo demandado por usurpación y violación de domicilio.
Sociedad anónima, acción social de responsabilidad, impugnación de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENTRO COMERCIAL ALBORADA  SA c/ MORRONE, DOMINGO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

El lapso establecido por la LS: 277 no guarda similitud con la naturaleza del plazo que prescribe la LS: 251, sino que entre ambos preceptos solo puede observarse, desde un punto de vista temporal, una semejanza meramente cuantitativa en tanto ambos refieren a períodos de tres meses. De la lectura de los dos preceptos mencionados puede deducirse que en el caso de la LS: 251 la acción de impugnación de una decisión asamblearia solamente puede deducirse dentro de los tres meses de clausurada la asamblea, sin agregarse ninguna otra consideración al respecto. Forzoso resulta concluir que fuera de ese lapso no puede ejercerse tal acción, y en consecuencia es indudable que este es un plazo de caducidad. Por el contrario, en la hipótesis resuelta por la LS: 277 la acción social de responsabilidad, con posterioridad a los tres meses contados "desde" la fecha del acuerdo, puede ser deducida por cualquier accionista, lo que es lo mismo que afirmar que no se pierde la posibilidad de ejercer dicha acción por mas que transcurra el plazo mentado en el precepto.
Compraventa inmobiliaria, obligaciones del comprador, gastos de escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: BELGRADO c/ FERNANDEZ s/ ESCRITURACION - COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-18

Conforme lo dispone el art. 1415 del Código Civil, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida, si no hubiese pacto en contrario, pero por no ser gastos, de la entrega, son a cargo del comprador los honorarios del escribano que otorga la escritura traslativa de dominio, los gastos de sellos de la escritura matriz y del testimonio, y los de anotación en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Honorarios del abogado, ley arancelaria
Materia: LABORAL
Carátula: Valverdi Bernardo David Y Otro c/ Montane María Victoria Y Otro s/ Abreviado - Consignación De Alquileres - Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-15

El efecto retroactivo que el art. 125 de la ley 9459 de Córdoba atribuye a su art. 36 en referencia al valor del ius, no obstante incidir de modo inocultable sobre la cuantificación del honorario a calcular en función de aquella pauta regulatoria, carece de aptitud intrínseca para lesionar derecho ni garantía alguna de raigambre constitucional.
Estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: I, C. A. s/ Estafa procesal (EXPTE. Nº 168-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-29

Que el mero propósito de cobrar lo indebido, no configura una tentativa de estafa, es admisible, pero siempre y cuando no se haya empleado un ardid o engaño para lograrlo. Pues cuando alguien intenta aquello por este medio, penetra en el tipo del artículo 172 del Código Penal, como uniformemente lo sostiene la doctrina y la jurisprudencia.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Frieboes de Bencich, E.I. s/ incidente de determinación de crédito de O.S.N. y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Aguas Argentinas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión, y ésta no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).
Sentencia, fundamentación de sentencias, imputado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BUSTOS, DELFIN s/ SENTENCIA - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1959-02-27

No es nula la sentencia por basarse en prueba ilegal,tal como las declaraciones del imputado y ante la policía, el juez de paz lego y el juez de instrucción, prestada sin asistencia de defensor, si ella no se funda sólo en las indagatorias del imputado, sino también en otros elementos de juicio de tanto valor como son las declaraciones del testigo que presenció el hecho y relató circunstancias de él aceptadas por la sentencia y recibió del imputado manifestaciones de culpabilidad; el relato de lo acontecido, que el condenado le hizo al médico que realizó su examen psiquiátrico y que la sentencia también acepta; las manifestaciones del comisario sobre las diligencias mediante las cuales estableció que el procesado estuvo en el negocio de la víctima al ocurrir el delito; el examen químico demostrativo de la existencia de manchas de sangre humana en el pantalón que el imputado usaba en el momento del hecho y,por último, las contradicciones y falsedades del victimario al negar su responsabilidad. Esa prueba, que contradice la inocencia alegada en el debate por el condenado, sustenta de manera independiente la conclusión de la sentencia sobre la condición de autor del imputado y el modo como considera que sucedió el hecho.-
Proceso penal, dictamen fiscal, razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: O., C. H. s/ Encubrimiento (Expte. Nro. 354-01, Resolución Nro. 96, Tomo 9, Folio 463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-14

En la vista que se le corra el Fiscal podrá expedirse sobre cualquier otro tópico que haga a la procedencia del instituto en consideración, en cuanto refiera al aspecto penal. En consecuencia, los dictámenes fiscales son inválidos al haber actuado el funcionario en ellos fuera de la esfera de su competencia, y haber omitido brindar allí su opinión -que la ley exige- acerca de lo que específicamente es de su incumbencia. El auto que resuelve el pedido de suspensión, sin que el Fiscal haya emitido dictamen positivo o negativo acerca de una proyección condenatoria de ejecución en suspenso, como lo requiere el cuarto párrafo del art.

76 bis C.P.; y sin que se emita fundadamente -y con abstracción de la "opinión" del damnificado- el juicio de razonabilidad del ofrecimiento de reparación, como lo exige el tercer párrafo del art. 76 bis del Código Penal.
Entrega del certificado de trabajo, sanciones conminatorias
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Damer, María Belen  c/ Jacob, María del Carmen y otro  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-31

Las sanciones conminatorias, previstas en el art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación, encuentran justificación en la negativa infundada a cumplimentar un deber jurídico impuesto en una resolución judicial, siendo factible su establecimiento a cargo de terceros, siempre que se incumpla alguna orden impuesta en el procedimiento; son un medio de compulsión, un procedimiento de coerción que ejerce sobre los bienes del condenado; se persigue presionar la voluntad del deudor, constreñido a ejecutar la condena o la manda judicial. También los jueces tienen el imperium de imponer sanciones conminatorias como medio de compulsión para que las partes cumplan con lo que se ordena en las resoluciones judiciales, según lo dispuesto por el art. 34 del CPCC. (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Actos jurídicos, acto administrativo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

En la discusión doctrinaria sobre la llamada "inexistencia del acto" (o "acto inexistente") se advierte que en realidad lo que sucede es que se confunden dos cuestiones: por un lado se habla de un acontecimiento humano, de la naturaleza, algo que está en el mundo de las cosas, y por otro lado se menciona algo con trascendencia en el mundo jurídico. Puede, en consecuencia, el acto efectivamente, ser, existir, para el mundo de las cosas, pero no tener la esencia requerida en el mundo jurídico. Es un acto naturalmente existente, ciertamente, pero que jurídicamente no tiene sustancia bastante, es decir es un acto jurídicamente inexistente.

En realidad la doctrina negatoria es la que adolece de un defecto lógico (no terminológico) insuperable. En efecto, la legislación establece que para que exista un acto se deben reunir esencialmente, algunos requisitos y-o elementos. Si falta uno y no obstante ello hay una decisión: podrá decirse que existe un acto?, podrá ejecutarse?. Lo segundo está expresamente resuelto en la ley 19549, artículo 9: "La Administración se abstendrá...de comportamientos materiales que importen vías de hechos administrativas...". Lo primero que nos planteamos: qué es aquéllo que es una decisión de la Administración o de sus agentes, sin que reúna los elementos requeridos en grado de esenciales para ser un acto administrativo?.

En este caso la incongruencia es esencial, mientras en el otro es sólo falta de lenguaje, terminología, por eso mientras en este caso el defecto se corrige enmendando la locución (acto jurídicamente inexistente, en lugar de acto inexistente), en aquél no hay solución lógica posible".
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, culpa de terceros, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Savarro de Caldara, Elsa Inés y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos (Buenos Aires) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

No habiéndose demostrado la culpa exclusiva de la víctima y del tercero, no puede liberarse totalmente de responsabilidad por los daños causados por el riesgo de la cosa.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS Eduardo Jaime s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-25

Conforme lo establece el art. 4015 del Cód. Civ., para que se opere la adquisición de dominio por usucapión, es necesario el ejercicio de la posesión continua durante más de veinte años; quien pretende la adquisición del derecho debe probar el hecho de la posesión y el transcurso del plazo legal.

La usucapión, como modo excepcional de adquirir el dominio, requiere de una prueba plena e indubitable, que demuestre que se ha detentado el bien en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, con ánimo de someterlo al ejercicio de un derecho de propiedad; es el actor quien debe probar el inicio de la posesión, y el transcurso del tiempo legalmente exigido, siendo insuficiente, a tal fin, la sola prueba testimonial.
Honorarios del abogado, costas, acuerdo de partes, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRYL SA c/ BANCO ARGENFE SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

La ley 21839: 55 no autoriza la interferencia de los profesionales en el contenido del acuerdo a que llegaron las partes en punto a la declaración de las costas por su orden. Dicha norma solo les otorga una seguridad en la percepción de sus honorarios.

Podrían actuar en resguardo de su emolumento, pero carecen de facultades para modificar lo convenido por las partes respecto a las costas del juicio.
Causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, abandono del hogar conyugal, abandono no malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: F., R.S. c/ R., U.E. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

1- Aún cuando pueda cuestionarse la validez de los convenios tendientes a eximir mutuamente a los cónyuges de la convivencia, dados los términos del art. 199 del Código Civil, ello no impide concluir que esos acuerdos, puedan constituir una eficaz defensa contra una imputación de abandono voluntario y malicioso, ya que justifica que no hubo abandono sino separación de común acuerdo.- 2- Cuando el alejamiento ha sido consecuencia de una amigable separación de hecho, no puede atribuírsele los rasgos de maliciosidad para configurar un abandono voluntario y malicioso, máxime cuando tampoco surge que hubiese sido acordada con carácter temporal y provisoria
Recurso de casación, procedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: K., P.J.; V., D.E.; T., L.E.CH. de; T., S.A. de s/ Aborto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1983-02-17

No todo vicio procesal será así capaz de sustentar la casación constitucional, sino sólo aquél que afecte de manera directa, concreta y fundamental, la garantía del debido proceso y con ello los principios esenciales que la propia Constitución ha pretendido salvaguardar.
Daños y perjuicios, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: B., B.M. c/ R., C.B. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-28

Cada cónyuge administra los bienes gananciales que adquiere y, por tanto, salvo que el esposo no propietario acredite haber pagado los daños, carece de legitimación para reclamar los sufridos en cosas gananciales propiedad de la consorte. No es argumento valedero para afirmar lo contrario el que los reparos de bienes particulares de los esposos sean cargas comunes de la sociedad conyugal.
Seguros, interés asegurado, compraventa, compraventa de automotores, privilegios (civil), inscripción registral
Materia: COMERCIAL
Carátula: GODOY, SILVIO c/ CIA. DE SEGUROS UNION COMERCIANTES  S.A. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-05

Habiéndose procedido a la venta del automotor asegurado, pero encontrándose pendiente el precio, no se produce alteración alguna en el interés asegurable, pues por aplicación del cciv 3892 el vendedor de una cosa mueble no pagada goza del privilegio por el precio sobre la cosa vendida, aunque la misma se encuentre en poder del deudor. Máxime, si se tiene en cuenta que en materia de automotores, el dominio se adquiere con la inscripción registral, por lo que no estando tal anotación efectuada, mal puede hablarse de inexistencia de interés asegurable, por cambio de titular.
Bonos de consolidación, ejecución de sentencia, aplicación de la ley, capitalización de intereses
Materia: ECONOMIA
Carátula: Conapa Compañía Naviera Paraná SA c/ Banco Nacional de Desarrollo s/ inc. de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-09

Cabe dejar sin efecto la sentencia que admitió el planteo de la actora -en el marco de la ejecución de sentencia- vinculado con una diferencia a su favor de bonos de consolidación, pues la Cámara para declarar la existencia de la diferencia a su favor en concepto de renta correspondiente a cupones vencidos entre la fecha en la que comenzaron a abonarse la Renta y Amortización y la fecha en la que fueron depositados los Bonos de Consolidación, se sustentó en lo dispuesto por los artículos 19 y 20 del Decreto N° 2140/91 que impone la capitalización mensual de los intereses, cuando el demandado no había criticado este mecanismo, sin dar adecuada respuesta al planteo que en realidad y efectivamente realizó el Estado Nacional. -Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que la Corte remite.-.
Indemnización, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VEGA, HUMBERTO ATILIO c/ ROBLEDO WALTER Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-12

Respecto al valor vida, la indemnización de su importe no puede volcarse a cifras o cálculos meramente matemáticos. La indemnización no se debe a título de lucro cesante sino de reparación del daño emergente.