Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-28


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 28días del mes de Marzo del año 2007, se reunió en Acuerdo en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia Presidido por Alejandro Javier Panizzi; integrado con los señores Ministros Juan Pedro Cortelezzi y Jorge Pfleger, para dictar sentencia en "MINISTERIO PUBLICO FISCAL s/Incidente de Nulidad en Expte. Pral. Nº 1/06" (Expte. 20.632Folio 241M2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 65: Pfleger, Cortelezzi y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

Convoca la atención de esta Sala la resolución emitida por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia que el día 7 de Julio del año 2006 resolvió: 1) declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de fs. 385/391, y del decreto de citación a juicio de fs. 748/vta., invocando los artículos 149, 150, 305 del CPPLey 3155, 44 de la Constitución de la Provincia del Chubut, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 8 ap. 2do. inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, con los alcances explicitados en los citados precedentes; y 2) remitir el expediente al Juzgado de origen, y tener presente las circunstancias referidas en los considerandos, y el hecho que se encuentra pendiente de sustanciación el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de M.

II. La resolución impugnada, fue la respuesta del Tribunal al expreso pedido del Fiscal General, de nulidificación del requerimiento de elevación a juicio por entender que no se había respetado el principio de congruencia, en perjuicio de la previsión constitucional contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en una correlativa afección a la garantía de la defensa en juicio que ampara a todo justiciable sometido a proceso.

Además, por no haberse precisado en dicha pieza acusatoria las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el suceso que se le endilgaba a R R M, circunstancia que entendía incumplía el mandato que bajo pena de nulidad prescribe el artículo 305 inc. 2do. del Código Procesal Penal - Ley 3155.

III. A fs. 19/27 la doctora Diana S. G. de Kazakevich, Defensora Pública, a cargo de la defensa técnica de R C G, interpuso casación justificando el recurso en la causal prevista en el artículo 415, inciso 2º del Código Rituario.

Denunció que la "Aquo", argumentando un pretendido resguardo del derecho de defensa, dispuso nulificar la requisitoria de elevación a juicio, el decreto de citación a juicio y remitir la causa al Juzgado de Instrucción, sin poder individualizar qué perjuicio concreto se vió impedido de ejercitar su asistida.

Puso de manifiesto que no se cumplieron con los plazos de procedimientos establecidos por la ley ritual y que, en momentos en que lo único que restaba era la realización del juicio, el tribunal de merito, con la resolución ahora en crisis y la pretendida remisión a etapas ya precluídas, afectó derechos fundamentales de su pupila, la que -señaló no dio causa ni motivo para ello, por lo que no se le puede imponer ninguna consecuencia gravosa.

Señaló que no se actuó en resguardo del principio de igualdad procesal cuando el tribunal autorizó a quien fue el exclusivo responsable de la nulidad que invocó, en el caso el órgano acusador, a reproducir actos procesales inherentes a su actividad.

Consideró que la remisión ordenada afectaría irremediablemente el derecho a obtener sentencia en un plazo razonable consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Citando el caso "Mattei" de la CSJN indicó que la voluntad cuestionada de la Cámara resultó violatoria de la garantía de progresividad en perjuicio de la seguridad jurídica y del derecho de la imputada de obtener una administración de justicia rápida.

Sostuvo que el retroceso a una etapa procesal superada importaba en los hechos un doble juzgamiento, que se encuentra vedado por normas fundamentales.

Concluyó peticionando que se case la resolución en cuestión y se prosiga la causa según su estado.

IV. A fs. 28/33 el Defensor Público, doctor Eduardo Marcelo Cerda, en representación de R R M, interpuso casación invocando las mismas razones citadas por la doctora Kazakevich y encasillando su impugnación en la causal prevista en el artículo 415 inciso 2º del Código Procesal Penal Ley 3155.

Sostuvo que la resolución impugnada retrotrajo injustificadamente el proceso a etapa ya fenecidas, en contra del principio de progresividad que lo rige, y en consecuencia, produce una doble persecución penal (non bis in idem), contrariando la formativa constitucional.

Con citas del fallo "Mattei" y doctrina de Carrió, consideró que: "... la apática actividad realizada por el Ministerio Público Fiscal, después de realizada la requisitoria de elevación, minuciosamente arriba detallada, engrosa la extemporaneidad del planteo, y supliendo el aquo, con el decisorio, dichas deficiencias acusatorias, contamina la imparcialidad que enarbola su actuación jurisdiccional..." Concluyó solicitando se revoque el resolutorio en crisis y se remita el proceso para que una nueva substanciación determine la continuidad del procedimiento en las condiciones en que se encuentra.

V. Principiaré acotando que el examen que se hará de la impugnada será amplio, aún cuando atenido al contorno de los agravios. Es que el abordaje de la casación, introducida por o en beneficio del imputado, lo ha de ser acorde el precedente "Casal" que - emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró la teoría del "máximo rendimiento" o de "máxima capacidad de rendimiento" en esos casos, traducida en que el Tribunal posee respecto de los hechos sometidos a su control las más amplias facultades con el solo límite de lo que es propio de la inmediación y, naturalmente, del marco dado por el recurso. (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N, 8.2. h. de la CADH y 14. 5 del PIDCP. respectivamente).

En esa inteligencia pasaré vista de la resolución y diré a modo de adelanto que le asiste razón a los casacionistas en los planteos por ellos formulados.

Estimo oportuno dejar en claro, como punto de partida de mi razonamiento, que el derecho procesal penal es una garantía constitucional del imputado, que se levanta como un tejido limitador del poder que el estado detenta en la organización de las instituciones judiciales.

Es que las normas de derecho procesal, además de cumplir la función dinamizadora del derecho sustantivo para el restablecimiento del orden jurídico, cuando es alterado, constituyen la herramienta sistemática que le otorga - o pretende otorgarle al perseguido, las notas inherentes a la seguridad jurídica, frente a un coloso de varias cabezas, cuales son la persecución en manos de las agencias policiales y del acusador público, la judicatura y las instituciones asistenciales, entre otras.

Por ello, el juego limpio, amerita una mirada prudente y meticulosa cuando se trata de igualdad de fuerzas y de derechos entre las partes.

En el caso, acertó la Defensa Técnica de los incusos cuando alegó que la decisión en crisis, con la declaración de nulidad, retrotrajo el curso del procedimiento a un momento anterior, permitiendo con ello que la Fiscalía, causante de la nulidad argüida, mejore eventualmente la apuesta, perfeccionando mediante una corrección de la plataforma fáctica, sus posibilidades de éxito en perjuicio del prevenido.

Con el agravante que la irregularidad fue generada por la misma parte que reclamó su rectificación, sin ninguna participación de los imputados, de manera que la pretendida preocupación esgrimida por el Ministerio Fiscal en resguardar la incolumidad de los derechos y garantías de aquellos deviene, sino falaz, equivocada, y violatoria de los principios de progresividad y preclusión procesal.

En concordancia con lo dicho, he venido sosteniendo, en causas anteriores, que en materia de nulidades debe andarse con cuidado.

Los Tribunales han expuesto reiteradamente que esta sanción procesal es último recurso y que se debe atender tanto a la letra de la ley aplicable en la materia cuanto a la efectiva vulneración del derecho que la irregularidad implica.

En otras palabras. La nulidad está apareada a la expresa determinación de la norma y, fundamentalmente, al efecto pernicioso del acto sobre concretos derechos de quien o por quien se reclama, ya que no hay nulidades en solo beneficio de la ley o nulidad por la nulidad misma. El principio de trascendencia, que de eso se trata, importa considerar que no hay correctivo si la desviación no tiene trascendencia sobre garantías esenciales de la defensa en juicio, ya que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación (ver al respecto STJ Misiones 12122001, expte. 357/ 2000, res. 635 publicado en "Garantías Constitucionales y nulidades procesales I", Edgardo Donna Director, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 569).

Desde esa perspectiva, lo paradojal aquí es que la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de fs. 385/91 y del decreto de citación a juicio de fs. 748/vta., lejos de haberse realizado para garantizar la posición de los imputados lo ha sido para favorecer a la persecución, ya que el Ministerio Público retrotrayendo el proceso a un estadio anterior como ya he manifestado, podría ajustar el marco fáctico y así intentar con mejor suerte la persecución y condena.

Consecuentemente, debe aceptarse el planteo casatorio por cuanto se han trasgredido las reglas del debido proceso legal y regular y como consecuencia de ello mellado el ejercicio de la defensa en juicio, derechos que han merecido protección especial en el Bloque Constitucional Federal (art. 18 y 75 inc. 22, en lo que a los Pactos incorporados, que versan sobre la materia) y en la Constitución de la Provincia del Chubut en el capítulo de las garantías(art. 44, 45 y 46 ), reguladas por los arts. 148, 149 y ss. del C.P.P. (Ley 3155).

Propongo así, hacer lugar a los recursos de casación interpuestos y declarar la nulidad de la resolución atacada, enviando el caso a la Cámara de Juicio para que prosiga con el juicio conforme a derecho, siguiendo los lineamientos de esta sentencia.

VI. Asimismo, estimo adecuado regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública en la suma de trescientos pesos ($ 300.), sin I.V.A. (Ley 2.200, artículo 10 y Ley 4920, artículo 59).

Así me expido y voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

Poco me queda por añadir al completísimo voto del juez Pfleger, y, habiendo agotado el tema que nos convoca, habré de formular unas breves consideraciones a fin de no caer en reiteraciones innecesarias.

En la oportunidad de resolver el caso "Q, G; M, H y otros s/ Homicidio Simple" (expte. 19.425Q2004, sentencia del 14 noviembre de 2006) esta Sala Penal sostuvo que una vez superado el contralor previo del artículo 312, el Ministerio Público Fiscal no puede retrotraer la causa a etapas anteriores sin afectar el principio de progresividad y debido proceso. Sobre todo, cuando esta trasgresión al espíritu del Código tiene como finalidad otorgar una nueva oportunidad al Ministerio Público Fiscal.

La propia agencia se ataca con el pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, lo cual evidencia la clara intención de ´rearmar´ la plataforma fáctica para mejorar su situación en la audiencia y aumentar la posibilidad de condena. Propongo así hacer lugar al recurso de casación, y declarar la nulidad de la resolución de fs. 14/17/vta., reenviando el caso a la Cámara Primera en lo Criminal para que continúe con el trámite correspondiente.

Coincido con lo postulado por el juez Pfleger en relación a los honorarios. Así voto.

El Juez Alejandro Panizzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Juan Pedro Cortelezzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 texto según ley 4550, art. 7.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente S E N T E N C I A 1º) Declarar procedentes las casaciones interpuestas a fs. 19/27 y 28/33, con costas (C.P.P. ley 3155, artículos 485, 486, 488 y concordantes).

2º) Declarar nula la resolución protocolizada con el número 123/2006, que luce a fs. 14/17 vta.

3°) Regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública en la suma de doscientos pesos ($ 300.) no incluye I.V.A. (Ley 2.200, artículo 10 y Ley 4920, artículo 59).

4º) Devolver el incidente y el principal a la Cámara de origen.

5º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Dres. Panizzi, Cortelezzi y Pfleger.