marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), exceso ritual manifiesto, recurso extraordinario, recurso directo, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: GOMEZ, FELIX c/ BLUA, DANTE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  (CSJ EXPTE Nº 150-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-01

Muestra una granítica rigidez que apunta más hacia el cumplimiento de un rito caprichoso que a la justa composición del caso, el juicio de admisibilidad de la queja que efectúa el A quo (Tribunal Colegiado), en tanto principia su razonamiento siguiendo a pie juntillas las exigencias que debe cumplir el recurso directo, pero luego pretende que -en pos de la autosuficiencia- se reiteren los argumentos que sirvieron de base a la interposición de la apelación extraordinaria. Esa hermenéutica no sólo traspasa los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados sino que importa un excesivo apego a las formas que torna descalificable al decisorio atacado por conducir a la frustración de garantías constitucionales, básicamente a la de defensa en juicio.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, responsabilidad médica, mala praxis, responsabilidad penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Mazziotti Irigoyen, Alejandro s/ c. 26.262
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-08

El Tribunal es soberano en la valoración de la prueba, aun cuando verse sobre temas en los que se deban expedir expertos - art. 346 C.P.M.P. - y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, pues así como la medicina no es una ciencia exacta, las pericias tampoco constituyen un plesbiscito.

La atribución judicial para la valoración permite excluir la frecuente tendencia a relativizar conclusiones, como consecuencia de posibles solidaridades corporativas o profesionales, que impedirían, de hecho, juzgar jurídicamente las actuaciones de los médicos.
Alimentos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., A. c/ C., E. s/ Fijación de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

En el juicio de alimentos el recurso de apelación sólo está previsto para la sentencia definitiva y siendo la apelada una providencia simple que no causa agravio irreparable al recurrente, debe declararse mal concedido el recurso de apelación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, injurias, ofensas cometidas por medio de la prensa, prueba, prueba documental, ofensa escrita, ofensa televisiva, programa de televisión, videocassette, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Timerman, Jacobo s/ injurias -causa Nx 22.835.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Es arbitraria la sentencia que -con fundamento en no haberse acompañado el texto "desgrabado" de la videocassette- declaró la nulidad de lo actuado en una causa por injurias, pues tal exigencia aparece como mera creación legal de los jueces.
Usurpación de inmueble, dolo directo
Materia: PENAL
Carátula: PAEZ, OSVALDO s/ USURPACION.  HOTELERO  QUE IMPIDE EL INGRESO A LA VIVIENDA, COLOCANDO  UN  CANDADO.  PASAJERO:  NO  PUEDE  SER  SUJETO  PASIVO  DEL  DELITO.  CONTRATO  DE  HOSPEDAJE QUE  NO  DA  LA  TENENCIA AL  QUE  OCUPA  LA HABITACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-23

en lo que se refiere a la conducta acriminada, la misma satisface el aspecto objetivo del tipo legal normado en el articulo 181 del c p., Puesto que el damnificado y su familia se vieron impedidos de ingresar a la habitación, pero para agotar totalmente el tipo legal hace falta que esa conducta vaya acompañada de un elemento subjetivo , es decir el dolo, pues la figura en cuestión requiere necesariamente la existencia de un dolo directo pues el autor debe tener la voluntad de despojar al tenedor de "...La posesión o tenencia de un bien inmueble".
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-01

La acción de amparo constituye una garantía constitucional otorgada a los particulares para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos, y, por lo tanto, su procedencia debe ser analizada con criterio amplio, conclusión que se ve corroborada, en el ámbito local, por la disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, según el cual el procedimiento del amparo está desprovisto de formalidades que afecten su operatividad.

La rápida respuesta jurisdiccional a la violación o amenaza de un derecho constitucional hace a la esencia del amparo, y para que esta finalidad no se frustre es necesario limitar la prueba a producirse, pues un amplio debate o prueba es incompatible con la celeridad que requiere el instituto. De allí que, como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que alude el texto constitucional requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, o de amplio debate o prueba.

Est evaluación debe efectuarse cuidando de no extremar el rigor del criterio interpretativo, pues el amparo también es un proceso de conocimiento, aunque el objeto, esto es, evitar o hacer cesar la lesión o amenaza ilegítima o arbitraria a un derecho de raigambre constitucional, resulte menos complejo en su explicitación.
Competencia, resoluciones irrecurribles, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: EDENOR S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-07

Las resoluciones en materia de competencia, cuando no media denegación del fuero federal, no son susceptibles de la apelación extraordinaria por no revestir el carácter de sentencias definitivas, no pudiendo ser equiparadas a ellas en los términos del art. 14 de la ley 48. Siendo además, que la falta de ese presupuesto no se suple con la invocación de garantías constitucionales o de la doctrina sobre la arbitrariedad (Fallos 281:311; 290:302; 296:610; 303:1151; 310:169, 849, 1425 y 2214; 311:430, 455, 522, 1232 y 2004; 312:290; 313:249 y 314:1714; esta Cámara, Sala 1, causa 6.732/11 del 6/10/11; Sala 3, causas 2581/02 del 26.08.04; 35/2000 del 02.06.00; esta Sala causa 2916/97 del 22.05.01; entre muchas otras). En el caso que la resolución impugnada atribuyó el conocimiento de esta causa a la Justicia Federal con asiento en la provincia de Córdoba, en consecuencia, no hubo denegatoria del fuero federal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, honorarios del abogado, perpetuatio jurisdictionis
Materia: PROCESAL
Carátula: Spota, Alberto Gaspar y otros c/ Caja  de  Subsidios  Familiares  para  el  Personal  de la Industria. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Procede el recurso extraordinario cuando el a quo - ante los agravios concretos de los letrados interesados cuestionando la existencia de algún título ejecutivo en su contra y la legitimación procesal para ser traídos al incidente - no ponderó el caracter accesorio que los procesos incidentales revisten respecto de la causas ni la necesidad del juzgador de conducir el proceso como un todo coherente, respetando el principio de economía procesal y el derecho de defensa de todos los litigantes.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, ANSSAL, prestación básica universal, derecho de los beneficios de la seguridad social, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Taborda, José María del Socorro c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Toda vez que la ANSeS no ha demostrado el perjuicio que le irroga, procede la actualización de la prestación básica universal justificada en los cambios económicos producidos entre el momento en que se adquirió el derecho jubilatorio hasta la elaboración del indicador al que alude el caso "Badaro" de esta Corte Suprema.
Despido, despido con causa, sanciones laborales
Materia: PROCESAL
Carátula: LEAL, Javier Orlando c/ LAJAD, Manuel y Otro s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-17

Si el empleador, invocando una sanción, despidió con justa causa, debe probar los hechos que motivaron aquella.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, daño estético, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: SCHVARTZMAN, Felipe c/ TOLEDO, Alberto s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-01

Contradice el principio de congruencia, el sentenciante que al tratar la incapacidad sobreviniente, toma en cuenta los rastros antiestéticos que padece la víctima de un accidente de tránsito, si de las actuaciones correspondientes no surge que se haya reclamado por lesión estética.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil), legitimación activa
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CEBER, Juana c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 151/96 s/ RECURSO PROPIEDAD INMUEBLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

Fallecido el restante condómino de un bien inscripto como bien de familia, serán sus herederos, en consecuencia, quienes deberán intervenir en el trámite de desafectación, ya que, a partir de la muerte del titular, son los únicos legitimados al efecto.-
Delito reiterado, bien jurídico protegido, método de la suma aritmética
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Rojas, Eduardo Walter s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

El sistema aritmético seleccionado por el sentenciante resulta adecuado a la conducta reiterada del encausado quien se ocupó de exteriorizar una clara intención de cometer hechos delictuales con menosprecio hacia los bienes jurídicos de la vida y seguridad pública. No es imperativo componer las penas, opción válida tanto como la aritmética aplicada dadas las características de los sucesos y la personalidad revelada por el autor.
Recurso de casación penal, sentencia penal, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Salgado Latorre Robinson, Alejandro-Imio Imio, Cristian s/ Robo calificado por uso de arma y violación en grado de tentativa  s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-05-24

Procede el recurso de casación penal contra la sentencia que contiene una deficiencia que se vincula con al tarea de elaboración volitiva, y lógico jurídica del pronunciamiento y al estar viciada la articulación de ese proceso, la sentencia contiene un defecto que hace a su estructura y autoriza la casación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, trabajador, tareas de limpieza, incapacidad, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTILLO, ANTONIA MARIA c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-06

El Sentenciante refirió que la compareciente se conformaba con remitir a un certificado de trabajo, a recibos de sueldo y a testimoniales para acreditar que laboraba como limpiadora, cuando -evidenció- de dichas pruebas no surgía en modo alguno la realización de posturas forzadas y posiciones ergonómicas e incómodas alegadas por la accionante, añadiendo además, que tampoco se había demostrado ni existía pauta alguna, siquiera mínima, del modo específico y concreto de desarrollarse las tareas, basándose la pericia médica exclusivamente en los meros dichos de la propia accionante interesada, sin que tales alegaciones hubieran sido corroboradas por ninguna otra probanza de autos; y frente a tales consideraciones, la compareciente centra su postulación directa invocando un supuesto de falta de fundamentación y de apartamiento de las constancias de la causa, limitándose a expresar su mero disenso, sin demostrar cómo lo resuelto excedería de tratarse de cuestiones fácticas y probatorias, las que resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa y ajenas a la órbita del remedio extraordinario -y por ende, de excepción- interpuesto.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, domicilio, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: Volker, Pedro Alberto s/ inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

El régimen legal que sirvió de sustento a la doctrina jurisprudencial según la cual el último domicilio conyugal determina la competencia en razón del territorio respecto de la acción por alimentos, ha quedado derogado por la ley 23.515 que introdujo el nuevo texto del art. 228, inc. 2 del Código Civil.
Daños y perjuicios, caducidad de instancia, ley de defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación de Defensa del Asegurado -ADA- Asoc. Civil c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros SA s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-13

Corresponde hacer lugar a la caducidad de instancia, toda vez que los derechos de los consumidores son susceptibles de extinguirse por inacción. Así resulta del hecho de que, aun cuando nos hallemos ante un ámbito calificado por la misma ley como de orden público, esa noción aquí no tiene las consecuencias que tiene la nulidad prevista en el CCCN 386, que se mantiene de posibilidad de extinguirse. Como es claro, el hecho de que el derecho corresponda a un consumidor y que se extinga no es susceptible de violentar las bases morales o económicas sobre las que se organiza el Estado, por lo que no existe razón alguna que impida la extinción de tales derechos por vía de aplicar las normas generales.

No se ignora que la LDC 52 establece que, ante el abandono de la instancia, el juicio puede ser continuado por otro legitimado. Pero, como es claro, esto sólo requiere que, tras tener por comprobado ese abandono -lo cual lleva implícito que el juez se ha pronunciado acerca de si la caducidad de la instancia se configuró o no-, ofrezca al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de asumir la titularidad activa de ese proceso abandonado. Es claro que esa caducidad tendrá aquí una particularidad cual es que no conllevará la terminación del proceso si él fuera asumido por el mencionado Ministerio Público Fiscal. Esa solución concilia los dos intereses que aquí aparecen enfrentados, cuales son, por un lado, la preocupación que el legislador exhibió al disponer del modo en que lo hizo en el citado artículo 52; y, por el otro, el interés público implícito en la necesidad de que los derechos adquieran estabilidad.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tronando, Juan J. c/ Sanatorio Modelo Quilmes S.A. y otros s/ Daños y perjuicios Monzón, Eleuterio c/ Gnovatto, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07|1994-10-27

Para desvirtuar la conclusión razonada y fundada de un experto es imprescindible aportar elementos de juicio que permitan advertir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el perito hubiere hecho de los conocimientos de los que por su título, se supone dotado; por ende, la falta de tal prueba específica -que debe tener, cuando menos, igual poder de convicción que el dictamen que se impugna- hace que la discrepancia con el informe producido no pueda ser considerada por el tribunal, máxime cuando la gestión que se cuestiona aparece cumplida con seriedad (doct. art. 473, CPCC).
Reglamento general de tránsito, licencia de conducir, ciclista
Materia: CIVIL
Carátula: Zacarias Raul H. c/ Guzzo Horacio s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-18

La ley 5800 (Cód. de Tránsito de la Provincia de Bs.As.) exige únicamente la habilitación para conducir para los vehículos motorizados (v.art. 51 de la ley 5800), pudiéndose advertir asimismo que si se autoriza a circular en bicicleta a menores de 14 años de edad sin la mencionada licencia (v.art.43 incs. 3 y 4 de la ley citada), con mayor razón aún podrán hacerlo los mayores de edad.
Proceso judicial, integración de la litis, demanda, notificación
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ, Fernando David y otros c/ MOYA, Luis Eusebio y/o EXPRESO LIBERTAD-NORTE, E.A. s/ SUMARIO: Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-03-23

Al ser el proceso un conjunto de actos en que cada uno de ellos no puede dejar de coordinarse con los demás para la obtención de su finalidad, la inexistencia de alguno de ellos compromete su vida misma. La normativa procesal no se limita a una mera técnica de organización formal en los procesos, sino que tiene como finalidad y objetivo la salvaguarda, por sobre todo, de la defensa en juicio. El proceso tiene comienzo a partir del escrito de demanda y se integra con el traslado de la misma a la contraria, pudiendo ésta contestarla o no, asumiendo las consecuencias de su rebeldía. Pero sea o no contestada la demanda, el debido conocimiento de la parte demandada sobre lo que se acciona en su contra es la base del derecho procesal, puesto que es allí donde quedan fijadas definitivamente las pretensiones de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Depreciación monetaria, honorarios, honorarios del abogado, costas
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: ARMANDO CHIAVARO Y OTROS. c/ FEDERACION   GREMIAL  DE  PERSONAL  DE  LA  INDUSTRIA  DE  LA  CARNE, DERIVADOS Y AFINES. s/ REGULACION DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS.    DEPRECIACION MONETARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que dispuso que la obligación de la parte no condenada en costas de pagar los honorarios regulados a su ex-letrado apoderado debía actualizarse solamente a partir de los treinta días de haber sido constituida en mora. Ello es así, pues de seguirse el criterio postulado por el a quo, se llegaría a la curiosa situación de que exista un mismo acreedor, identidad de objeto y de causa en ambas obligaciones y, sin embargo, la deuda quede desdoblada, pues mientras al condenado en costas se le podría reclamar el crédito debidamente actualizado, si luego el pedido se dirige contra el cliente sólo sería posible exigirle el pago de la cifra nominal de la regulación a pesar del tiempo transcurrido -en el SUB LITE más de un año-, que en un proceso inflacionario de la magnitud del que sufre el país implica una sustancial reducción del efectivo valor del crédito.
Avocación jurisdiccional, competencia contencioso administrativa, empleo público, acción de amparo, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: DURAN, EMANUEL OSCAR; BERNARD, VERONICA SILVINA; ORDONEZ, MAURICIO GONZALO Y JEDRZEJKO, AYELEN ANHAI c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-23

Las argumentaciones de los actores son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón los derechos reclamados en sus demandas -ingreso de personas discapacitadas a la Administración Público provincial a través de una relación de empleo público en el marco de la ley 9325 y sus decretos reglamentarios- sólo pueden ser eventualmente satisfechos procesalmente mediante la acción urgente y expeditiva del amparo, ni por ende, por qué motivo en las circunstancias del presente caso, el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa podía acarrearle un perjuicio irreparable; debiendo tenerse en cuenta en este punto que no debe descartarse la aplicación del régimen de tutela cautelar establecido en la Ley 11330, como así también de las cautelares autónomas. - CITAS: CSJN: Ballesteros, Fallos: 317:1128 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9325; Ley 11.330.-
Prueba pericial, ofrecimiento y producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Segundo Pacífico s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

Debe ser reconocida la prueba pericial producida y acompañada por el defensor dentro del término autorizado por la ley procesal (art. 220 -n.a.- del C.P.P.) ajustándose a lo dispuesto en el art. 3 de dicho ordenamiento y la Acordada 1687/75 art. 5, porque así lo autoriza el art. 229 (n.a.) del C.P.P. y el auto de apertura a prueba fue notificado al agente fiscal sin que mediara oposición alguna al respecto, habiéndose producido la ratificación en plenario.
Honorarios, regulación de honorarios, recursos administrativos
Materia: CIVIL
Carátula: RODA, MIGUEL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Los honorarios en un recurso contencioso administrativo deben regularse aplicando en forma analógica las normas de la ley arancelaria correspondiente a honorarios de alzada.

Si bien por la naturaleza del proceso, la actividad profesional excede el ámbito genérico de la que regularmente se desarrolla en Cámara, ello debe compensarse con el margen de porcentuales que da el art. 7 de la ley 21.839.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, suspensión de la caducidad, tasa de justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINDICATO UNION OBREROS PERSONAL ESTACIONES SERVIVIO GARAGES PLAYAS DE ESTACIONAMIETO Y GOMERIAS DE CUYO c/ OSCAR J.L. PIZZUTO s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A132 - 127)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-21

Es jurisprudencia invariable de este Tribunal que los trámites atinentes a la tasa de justicia no suspenden ni interrumpen el curso de la caducidad de instancia, dado que no impulsan el procedimiento.
Contrato de trabajo, prueba, presunciones, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández César Manuel c/ Sindicato de trabajadores viales de la Provincia del Chaco s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-03-22

Considero que el criterio estricto de aplicación e interpretación del art. 23  de la L.CT., cede, en el sub-discussio, dado que prestación de servicios, el corpus de la relación de trabajo, expresamente contemplado en el art.22 de la L.C.T. se efectúa en el ámbito físico de la accionada. O si se prefiere, probados los trabajos y la persona en favor de quienes se realizaron, como que éstos lo fueron en el ámbito físico de esta última no es desacertada la aplicación presuncional que efectuara la sentenciante, máxime si el sindicato, como empleador, solo alega para enervar la presunción, que tenía un reducido plantel de empleados, que eran ayudados por los miembros de la Comisión Directiva y por afiliados, lo que no excluye la probabilidad de prestaciones subordinadas no registradas.