Empleo público, cesantía, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Raul Benito. c/ Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán y otro. s/ Nulidad / Revocación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-02-22

En la sentencia recurrida, luego de aclararse que el actor no está reclamando salarios caídos sino la reparación del daño cierto, concreto y actual que le ocasionó la ruptura del vínculo de empleo público, se hace expresa referencia a la prueba pericial producida, de la cual surge el total de ingresos que por año habría podido percibir el actor si hubiera seguido en el cargo.

Es decir que el monto indemnizatorio en cuestión se basa en realidad en los valores que, a modo de mero parámetro cuantitativo -mas no a título remuneratorio-, arroja el medio probatorio de marras (para confirmar tal aseveración basta con realizar una simple operación aritmética, consistente en multiplicar la cantidad de años que el demandante permaneció separado del cargo, desde la cesantía y hasta el dictado de la sentencia, por el monto anual que calcula el perito, lo que arroja como resultado una suma aproximada a la que finalmente estima la Cámara), lo cual es jurídicamente válido, a la luz de la doctrina que sobre el tema sentara esta Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 1.043 del 08-11-2007, dictada en los autos "Imperio Rojas Antonio Enrique c/ Municipalidad de las Talitas y otros s/ Daños y perjuicios".

En ese contexto se explica la referencia que el a quo hace en el punto respecto a la dificultad que la edad y salud del actor seguramente importaron para que éste pudiera conseguir otro trabajo.

Adviértase que de existir una norma legal que expresa y específicamente autorizara el pago de sueldos por funciones no prestadas durante el período que el agente estuvo separado ilegítimamente del cargo -lo que no acontece en la especie-, el reembolso de los salarios caídos procedería con total independencia de toda otra consideración, como ser, verbigracia, el hecho de que entre tanto el particular se hubiere desempeñado en un empleo distinto (público o privado) que le permita obtener nuevos ingresos.

Tal circunstancia, por el contrario, gravita en la determinación del monto que eventualmente corresponde abonar en concepto de indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales derivados de la cesantía ilegítima -supuesto de autos-; es que, en definitiva, el quantum del lucro cesante que tiene lugar en tales casos dependerá de que el particular haya o no podido obtener nuevos ingresos, siempre, claro está, que éstos lo sean en concepto de remuneración por labores realizadas durante el tiempo otrora afectado al cumplimento de las funciones propias del cargo del cual ha sido separado, o bien en un turno diferente pero en un cargo o empleo que guardan incompatibilidad con el que antes tenía.

De allí, entonces, que, a contrario de lo que sostiene la recurrente, no se trata de formular una mera hipótesis sino de valorar adecuadamente elementos que autorizan a inferir la ausencia en la especie de una circunstancia -por otro lado, no acreditada por la demandada, sobre quien recaía la carga respectiva (cfr. art. 302 in fine del CPCyC)-, como la de una fuente distinta de ingresos, que de haber existido conduciría inexorablemente a la reducción del monto indemnizatorio fijado.