Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-02-27


AUTOS Nº 77748 (5° JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 11296) "CRIADO Nora Lucia C./ Caja Mutual de la Provincia Contencioso Administrativo II Cpo." /// En la ciudad de San Juan, a 27 días del mes de Febrero de dos mil quince, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Daniel Olivares Yapur y como vocales los Dres. Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Recio, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 153, concedido a fs. 157, contra la sentencia de fecha 01 de junio de 2012, obrante a fs. 146 / 152 de autos .

EL SR. JUEZ DE CAMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, DIJO:

El señor Juez del Quinto Jugado Civil a fs. 146 / 152 en sentencia definitiva resolvió "Hacer lugar a la demanda , en consecuencia dejar sin efecto el Decreto N° 1413 de fecha 10 de Septiembre de 2004 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, debiendo regir la resolución n° 457UPC00, dejando sin efecto también cualquier resolución que se oponga a la precedentemente indicada. Condenar a la CAJA MUTUAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y PROVINCIA DE SAN JUAN para que dentro del término de diez días de consentida o ejecutoriada que sea la presente le abone a la actora NORA LUCIA CRIADO la suma de $79.607,67, con mas lo dispuesto por la ley 4119 desde el momento en que dicho monto debió ser abonado, todo con costas a cargo de la vencida. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad".

Contra dicho pronunciamiento interpone la demandada recurso de apelación a fs. 153, concediéndosele el recurso a fs. 157. Expresa agravios a fs. 161 / 166, los que fueron respondidos por la contraria a fs. 170 / 176. Esta parte hace reserva de los recursos extraordinarios de la Ley 2275 y del caso federal del art. 14 de la ley 48.

ANTECEDENTES DEL PROCESO Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Juez Aquo, se exponen los antecedentes del proceso. La causa se inicia con la demanda contenciosa administrativa que deduce la Sra. Nora Inés Criado a través de apoderado, contra la Caja Mutual de la Provincia y Gobierno de la Provincia de San Juan, con el objeto de que se deje sin efecto el Decreto 1413 de fecha 10 de septiembre de 2004 refrendado por el Sr. Gobernador y el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, y en su lugar se dicte el decreto y / o resolución pertinente que la instituya beneficiaria del seguro Mutual dejado al fallecimiento del señor Miguel Alberto García a favor de la actora y proceda al pago del mismo, rigiendo plenamente la resolución N° 457UPC00 revocada por decreto 1413 motivo de la presente acción contenciosa administrativa, como también se deje sin efecto la resolución 076UPC00, admitiendo el recurso jerárquico oportunamente interpuesto. Todo lo cual consta en Expediente N° 409 54999 Siniestro 12.503 del Registro de la Caja Mutual de la Provincia.

El decreto 1413 es de carácter definitivo y afecta el derecho legítimo de la actora como beneficiaria instituida para el cobro del seguro en base a aun rigorismo formal que excede el límite de lo razonable. La institución de beneficiaria fue expresada en formulario pertinente y legalizado por escribano público, en los términos del art. 979, 980 y 988 del C. Civil, cumpliendo con los recaudos legales para su validez. El argumento de la Administración respecto del sobre, llevó a producir el informe pericial de fs. 23 / 24, que concluye que los pliegues de la impresión dígito pulgar del instituyente estampado en el contenido, no aparecen en la impresión digital del sobre. El dictamen del Asesor Legal de Gobierno N° 168 / 99 sugiere observar los fundamentos de Contaduría General, lo que motiva la intervención de la actora con patrocinio letrado. Prosiguen las actuaciones administrativas hasta el dictado de la resolución 076 ( 1022000) dejando sin efecto la institución y requiriendo la declaratoria de herederos, trámite que se cumplió a fs . 54 y 58, declarándose vacante la herencia. Nunca se atacó la institución de beneficiario sino que los cuestionamientos fueron dirigidos al sobre y sin motivo alguno se requirió la declaratoria de herederos , siendo que el beneficiario adquiere el derecho al momento de producirse el evento del siniestro y su derecho no deviene iure hereditatis . El seguro instituido por ley 1834 tiene caracteres especiales que lo distinguen de otros seguros pero no deja de ser tal , siendo regulado por la ley 1834 y supletoriamente estar a las disposiciones de la ley 17418 . En caso de dudas debe investigarse las circunstancias que permitan establecer la voluntad del asegurado . Sostiene el accionante que las irregularidades de las actuaciones continuaron, en tanto el nuevo Coordinador General de la Unidad de Control Previsional remite las actuaciones a la Justicia del Crimen dando lugar al Sumario 12.492/00 "Actuaciones venidas de la Caja Mutual de Seguro por denuncia del Coordinador General CPN Gallardo Enrique Alberto" del Segundo Juzgado de Instrucción , en los que se dicta la resolución de fs. 87 y vta, en la que previo dictamen fiscal, se desestima la denuncia y se ordena el archivo de las actuaciones . Dictándose la resolución N° 457 / 00 del 29 de agosto de 2000 por la que mantiene la validez de la institución de beneficiario de la señora Criado y se aprueba la liquidación .

A partir de 21092000 que se dicta resolución n° 111 CGP00 por la que el Contador General de la Provincia formula observación legal a la resolución N° 457 / 00, se producen distintos dictámenes y resoluciones : el Asesor Letrado del Ministerio de Economía emite dictamen N° 751 (131100) sugiriendo que la Unidad de Control Previsional , en caso de que coincida con el criterio de Asesoría Letrada de fs. 113 / 114, dicte nuevo acto administrativo fundado en tales consideraciones . Se dicta así la resolución N° 739 (061200) por la que el Coordinador General de la Unidad de Control Previsional insiste en la legalidad de la resolución N° 457/ 00 . La que es nuevamente observada por Contaduría de la Provincia ( Resolución 158CGP2000 del 26122000), terminando el trámite con el dictado de la Resolución N° 071 (20022001) que hace lugar a la observación legal en la resolución 739 / 00. Contra la misma se dedujo Recurso Jerárquico obrante a fs. 134 / 139, insistiendo en la validez de la institución de beneficiaria de la Sra. Criado . Se abre a prueba el mismo y se produce prueba pericial caligráfica que concluye en que la impresión dígito pulgar obrante en el ángulo superior izquierdo del sobre correspondiente a la Caja de Seguros de Vida e Invalidez ley 1834, pertenece al asegurado afiliado N° 9789 Miguel Alberto García . Sustanciado el recurso obra dictamen del Asesor Letrado del Ministerio de Economía Dr. Osvaldo Juan Bock ( 180501) quien aconseja hacer lugar al Recurso Jerárquico, contra la resolución N° 071 , declarando la validez de la institución de beneficiario a favor de la Sra Criado . Se emiten distintos resoluciones y dictámenes hasta que en fecha 29 08 01, Asesoría Letrada de Gobierno pronuncia dictamen N° 088 ( fs. 184 / 186 ). El que da lugar al dictado del decreto n° 1413 del 10 de septiembre de 2004, objeto de ésta acción contencioso administrativa por la que se revoca la resolución n° 457UCP00 por ser nula de nulidad absoluta , incurriendo en un error de derecho inexcusable, por cuanto no se encuentra comprendida en ninguno de los incisos del art. 14 de la ley 1834 sino por el contrario encuadraría en el art. 16 por cuanto la invalidez de una cláusula accidental o accesoria no importa la nulidad de éste, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido. Considera inaceptables los argumentos esgrimidos en tanto la recurrente no ha consentido ningún acto administrativo, ni la resolución N° 076 en tanto ésta requirió la declaratoria de herederos, trámite que se cumplió para la oportuna percepción del seguro, acreditada la vacancia de la herencia. El decreto 1413 / 2004, objeto de la presente acción, contraría la doctrina de los actos propios y estabilidad de los actos jurídicos cuya naturaleza se funda en el principio de la buena fé, en el derecho de toda persona a la veracidad ajena y al comportamiento legal y coherente de los otros.

A fs. 29 / 32 toma participación la Provincia de San Juan a través de Fiscalía de Estado, contestando la demanda los apoderados de ésta, Dres. Marcelo E. Miranda y Eduardo Ponce . Solicitan el rechazo de la misma , con costas . Sostienen que las resoluciones dictadas en el seno de la Unidad de Control Previsional N° 076UCP00 de fecha 01022000 y el decreto n° 1413 de fecha 20022004 son válidos por ser dictados conforme a derecho y su validez y legitimidad, descansan sobre tres ítems . El primero, la firmeza de la resolución 076UCP00, no recurrida ni impugnada en tiempo oportuno, mas aún fue cumplida y ejecutada por la actora, citando fallo de la Corte de Justicia de la Nación y Corte de Justicia de San Juan (PRE sala segunda 2002II332 Fallo de fecha 292002). El segundo, es la nulidad absoluta e insalvable de la resolución 457UCP00 de fecha 290800 y tercero, la extemporaneidad indudable del recurso jerárquico interpuesto por la actora .

La actora postula la vigencia de la resolución 457/00 que la Administración declara nula de nulidad absoluta por ser ese acto administrativo, opuesto a la ley 1834 y contradictoria a la resolución 076/00 que denegó la institución. La Unidad de Control Previsional insistió mediante Resolución 739UCP00 en la legalidad de la Resolución 457UCP00 , pero la Contaduría General de la Provincia observa la misma, generando la resolución 071UCP01 del 200201 que hace lugar a tal observación. Ello con fundamento en que la resolución 739 resulta opuesta a la ley de Contabilidad de la Provincia, art. 103 inc. B. apartado 2°, en cuanto dispone la incompetencia de ese organismo para insistir en la legalidad de un acto administrativo. La administración entiende con justicia que la resolución 071 no es acto definitivo para ser recurrido a través del recurso jerárquico, pero a través del mismo se pretende cuestionar o revisar una cuestión tratada y resuelta en un acto administrativo firme (Resolución 076UCP00)) no obstante hacerlo contra otro acto administrativo (Resolución 071UCP00) . Debe concluirse que el Decreto 1413 dictado en fecha 1492004 por el Poder Ejecutivo debe ser confirmado descartando la pretensión actora . Tramitada la causa, se dicta en fecha 01 de junio de 2012 sentencia definitiva, la que corre a fs. 146/152, contra la cual se alza la demandada en recurso de apelación a fs. 153, concedido a fs. 158 . Expresa el apelante agravios a fs. 161/166 , los que contesta la actora a fs. 170/176 .

Los agravios expresados por el apelante pueden sintetizarse de la siguiente forma: Primer Agravio: Lo constituye la circunstancias de que el sentenciante estima inadmisible el consentimiento de la Resolución 076UCP00 de fecha 010200 por parte de la actora, ignorando tal suceso y sus consecuencias legales . La misma , que declara inválida la institución de beneficiario quedó firme y no puede ser objeto de revisión posterior so pena de violentar el plexo normativo administrativo , que en materia recursiva son leyes de orden público. El consentimiento a tal resolución fue a través de notificación de la propia actora en fecha 140200 obrante al folio 55 vta del expediente administrativo 409.954. También demostrado a través de la absolución de posiciones de fs. 123 de autos. El debido análisis y valoración de ésta defensa opuesta por su parte hubiera llevado al sentenciante a sostener la validez del decreto 1413 , tal como lo solicita su parte a través del recurso . Segundo Agravio : Le agravia el desentendimiento del Aquo de la nulidad absoluta e insanable que contiene la Resolución 457UCP00. El decreto 1413 es claro e inequívoco al puntualizar las razones para considerar nula de nulidad absoluta la resolución 457UCP00 la que se dictó en violación a la ley 1834 . La institución es válida o inválida conforme art. 28 y sgtes de la ley 1834 y si se da el último supuesto nada puede convertirla en válida menos por el hecho de que el asegurado carezca de herederos . La sentencia es arbitraria al calificar de válido a tal acto , en tanto la resolución 457UCP00 mantiene la validez de la institución que ya había sido declarada inválida. por resolución 076 UCP00. Tercer agravio: Constituye un desacierto dejar sin efecto el decreto 1413 en base que el asegurado instituyente no tiene herederos forzosos y que la institución es válida formalmente , contradiciendo las normas de la ley 1834 . El art. 35 de ésta norma dispone el destino del monto del seguro en el supuesto del causante sin deudos. Cuarto Agravio: Lo constituye la imposición de costas a la demandada , decisión que no respeta la legislación vigente y doctrina judicial . El Aquo ha ignorado la ley 7675 que establece la imposición de costas en el orden causado en la causa en que sea parte el Estado Provincial, sus Entes descentralizados o centralizados. Y si consideró el sentenciante que el litigio se encuentra alcanzado por las excepciones a tal regla procesal debió fundar tal posición, bajo pena de nulidad (art. 20 ley 7675). Tal ley es de orden público. También existe otra legislación que coadyuva nítidamente con la finalidad de la ley, cual es la ley 7210 que en su art. 1 establece que en las causas que tengan origen o causa en derecho previsional, las costas serán por su orden , habiendo la Corte de Justicia de la Provincia ordenado la aplicación de tal norma a los juicios cuyo objeto sean reclamos relacionados con la contratación del seguro mutual (P.R.E S. 2da. 2008I102 ) .

Los agravios son contestados por la actora a fs. 170, quien articula la inconstitucionalidad de las Leyes 7675 y 7210, cuestión sustanciada con la contraria ( fs. 198/201) y Fiscalía de Cámara (fs. 212/214 ) .

TRATAMIENTO DEL RECURSO Entrando a considerar el primer agravio de la recurrente relativo a que el juez aquo estima inadmisible el consentimiento de la Resolución 076UCP00 de fecha 010200 por parte de la actora, ignorando tal suceso y sus consecuencias legales . La misma , que declara inválida la institución de beneficiario quedó firme y no puede ser objeto de revisión posterior so pena de violentar el plexo normativo administrativo , que en materia recursiva son leyes de orden público, anticipo mi criterio que propiciaré su acogimiento .

En efecto, de la simple lectura de las actuaciones administrativas surge que la Resolución Administrativa 076UCP00 de fecha 010200 , en su artículo 2° resuelve: "Dejar sin efecto la institución de beneficiario efectuada por el causante a favor de la señora NORA LUCÍA CRIADO M.I. N° 5.283.660 conforme lo dictaminado por Asesoría Letrada de este Organismo y del Ministerio de Hacienda , debiéndose requerir la presentación de Declaratoria de Herederos . " constando a fs . 53 vta de las actuaciones administrativa que la actora en fecha 14 de febrero del año 2.000 se notificó del acto administrativo citado .

Resulta necesario precisar, con independencia de las consideraciones que más adelante se vertirán, que el art. 2 del acto administrativo, en lo referente a su fundamentación es remisivo a dictámenes legales y con independencia de la existencia de pruebas incorporadas posteriormente, cuando el acto estaba consentido, que desvirtuarían las primeras pruebas arrimadas, también se cimienta en el incumplimiento de las previsiones del art. 28 cuestión que resulta autosuficiente para fundar debidamente la resolución en cuestión .

Que, además, el mismo dictado en uso de las facultades regladas nunca fue recurrido por la Sra. Criado, consecuentemente ha quedado firme y consentido, ya que han transcurrido prácticamente quince años. Es por ello, que claramente se ha producido la caducidad del plazo procesal para interponer cualquier planteo en sede judicial.

En el mismo orden de ideas constituye una regla esencial del proceso contencioso administrativo, que el juez, debe analizar, aún de oficio, si se han cumplido los presupuestos especiales de admisibilidad de la demanda, tales como : si se ha efectuado la impugnación de actos administrativos de alcance individual , el agotamiento de la vía administrativa a través de la interposición de los recursos pertinentes en tiempo oportuno y obviamente el estricto cumplimiento del límite temporal para interponer la acción en sede judicial , recaudos que claramente no se han cumplido .

Es más, todas las actuaciones administrativas posteriores que además constituyen un dispendio administrativo estéril , no enervan la validez y firmeza del acto administrativo ya precisado y menos aún pueden hacer renacer un derecho fenecido .

Así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia y doctrina "La caducidad del plazo procesal determina la inimpugnabilidad del acto en sede judicial , esto es su imposibilidad de cuestionamiento ante la justicia. La fundamentación de éste principio llamado también " acto consentido " estriba en la aquiescencia presunta del particular y en la necesidad de dar pronta seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos . ... " Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero , Pozo Ivonne Maria Elizabeth c / Consejo General de Educación de la Provincia s / Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción ,de fecha 11 / 09 / 2006 ; idem mismo tribunal autos Jimenez Reyes Guillermo y Tenreyro Daniel c / Honorable Cámara de Diputados de la Provincia Santiago del Estero s / Recurso Contencioso Administrativo ; de fecha 21 / 12 / 2006 ." Por todo lo expuesto propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora confirmando por lo fundamentos aquí dados el decisorio apelado y en consecuencia hacer lugar a la excepción opuesta por la demandada , en tanto la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo para deducir la pretensión y contra un acto consentido ..." Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín , autos Machuca Alberto G . c / Estado Provincial de fecha 19 / 10 /2007 . "........ En general , sobre ésta noción existe mayor coincidencia doctrinaria considerándose que adquieren firmeza aquellos actos que resultan irrecurribles por el administrado , ya sea por haberse vencido el plazo para recurrir en sede administrativa , o bien en virtud de que el acto no es susceptible de revisión judicial...........el acto administrativo recién cobra estabilidad cuando el acto es firme..." Derecho Administrativo , tomo II , Cassagne Juan Carlos Ed . Abeledo Perrot . sexta edición actualizada , pág .283 .

También, amén de la existencia de acto administrativo firme y consentido, que le da estabilidad al mismo, se puede también colegir que existe cosa juzgada administrativa, que tornan improcedente el acceso a la vía judicial .

Al respecto la jurisprudencia ha dicho: "Si la parte interesada consintió el acto administrativo de homologación del convenio conciliatorio celebrado al no formular la impugnación pertinente en la misma sede por razones formales o sustanciales , corresponde asignarle los efectos de la cosa juzgada " Suprema Corte de Buenos Aires , autos " Azcurra Juan Carlos c / Pedro petinar e hijos .Despido "fecha 11 / 03 /1997 ; idem , el mismo Tribunal autos " Cha Juan Carlos c / Papel Prensa y / o quien resulte responsable. Indemnización por despido ." fecha 04 / 07 / 2007 .

En función de lo expresado es que propicio reitero admitir el recurso interpuesto por la demandada, consecuentemente me pronuncio por la revocación de la sentencia de primera instancia de fecha 01 de junio de 2012 obrante a fs . 146 / 152 , precisando además que en función de las consideraciones precedentes resulta inoficioso analizar el resto de los agravios traídos por la recurrente , salvo el relativo al de la imposición de costas a su representada .

Ahora bien, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de los art. 1, 20 y 27 de la ley 7675 y art. 1 de la ley 7210 , referido a la imposición de costas, y que constituye el fundamento del cuarto agravio del apelante y por el cual se imponen las costas del proceso a su parte, los analizaré en forma conjunta habida cuenta que versan sobre la misma temática .

Al respecto, diré en este caso puntual y compartiendo la postura recientemente tomada por éste Tribunal en caso similar ( AUTOS N° 46472 ( 9° JUZ. CIVIL ) (SALA III 11201 ) " REINOSO GERONIMO FABIAN C / PROVINCIA DE SAN JUAN Y OTRO DAÑOS Y PERJUICIOS PROT. SENT T° I F° 01 / 17 AÑO 2015 con voto de la Mayoría )que : no puede soslayarse que el ejercicio por parte de la jurisdicción del deber facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma importa una tarea muy delicada para la cual la tradicional línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado en torno a su análisis " el principio de aplicabilidad restrictivo " toda vez que , implicando como efecto natural de la declaración de inconstitucionalidad el de la abrogación de una norma emanada del Poder Legislativo , razón por la que pudiendo ponerse en crisis las facultades de incumbencias propias de este, se afectare el adecuado equilibro que debe existir entre los tres poderes del Estado. Por tal fundamento el pronunciamiento judicial en tal sentido ha sido conceptualizado históricamente por el máximo Tribunal del País como "aquel que importa la última ratio del orden jurídico". A modo ejemplificativo cito "Cabe recalcar la jurisprudencia de esta Corte según la cual la declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental , pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (fallos: 14:425; y 147:286) Además cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución ( fallos 300:1029; 305:1304)".

A partir de ello, surge claramente que la posibilidad de que el juzgador declare la inconstitucionalidad de una norma requiere de un delicado y profundo análisis comparativo y confrontativo de donde emerja nítidamente que la norma en cuestión contraría el precepto constitucional , es decir que no puede caber duda alguna de ello aplicando un criterio absolutamente restrictivo.

Entrando al análisis de la norma en cuestión el artículo 20 de la Ley 7675 prevé que: "Fracasados los modos alternativos y debiendo el juicio ser resuelto por sentencia definitiva las costas serán impuestas en el orden causado . Igualmente las costas serán por su orden en el caso de conclusión de la causa por conciliación y transacción sobreviniente, salvo que las partes pacten lo contrario.". Se establece así el principio según el cual sólo si la causa resulta resuelta por sentencia las costas serán impuestas por el orden causado, no en los casos de conciliación o transacción donde las partes pueden pactar las mismas libremente.

La norma que estamos analizando se encuentra contextualizada en un plexo normativo ( ley 7675 y modificatorias ) que tiene por objeto regular el procedimiento a seguirse en aquellas causa en que el ESTADO sea parte, ya sea como " demandado o actor " ( arts. 1 y 7 ) y cuya observancia es obligatoria para todas las partes que intervienen en el proceso. Dicha normativa no solo fija pautas procesales que las partes deben respetar, sino que también regula lo atinente a las costas del proceso por su orden (art. 20) y su imposición a cualquiera de las partes que incurrieran en las causales previstas en el art. 21, siendo su aplicación " de orden público y aún de oficio "( art. 27 ).

Por lo que asimismo y también compartiendo en este aspecto lo ha señalado ya la Sala IV en lo Contencioso Administrativo de esta Cámara , a lo que adhiero :"...estamos frente a un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés general, colectivo (por oposición a las cuestiones de orden privado en las que sólo juega el interés particular). Por ello son aplicables aún contra la voluntad de los interesados y con prevalencia respecto de cualquier otra legislación , incluso las normas del código de procedimientos ." (C.C. SALA IV Nº 137) " BRAVO OSCAR HORACIO Y OTRA C / MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA DAÑOS Y PERJUICIOS ". 26 / 05 / 2014 ).

Por otro lado la Corte de Justicia de nuestra Provincia ha dicho que:" Más aún: la naturaleza de orden público de las disposiciones contenidas en las leyes 7965 y 7966, conllevan su aplicación inexcusable e inmediata, y su prevalencia respecto de cualquier otra legislación, incluso las normas del código de procedimientos en que el tribunal a quo se apoya para no aplicarlas" ( Autos Nº 9359 81970 caratulados: "Yanzón de Graffigna Mónica y otros c / Provincia de San Juan Expropiación Irregular"; P.R.E. S.2ª 2012V905 ).

En este orden de ideas es indudable que el art. . 20 de la ley en cuestión es de orden público y aplicable aún de oficio, tiene preeminencia o prevalencia por sobre toda otra legislación, respecto de las disposiciones del CPC en materia de costas.

Asimismo cabe precisar que para declarar a una norma inconstitucional se debe analizar la razonabilidad de la misma; cuestión que en el presente se dá en razón de que en el art. 21 de la Ley citada se establecen una serie de excepciones, al principio fijado en el art. 20 de la misma norma jurídica, entre otras y en especial la facultad que se le atribuye al Juez que aprecie palmariamente si ha incurrido con intención, culpa grave o notorio desconocimiento del derecho en conductas procesales que produzcan un desgaste jurisdiccional en las respectivas actuaciones o culpa grave en desarrollo de la relación jurídica sustancial, y ello haya sido motivo directo del juicio. Reitero que la razonabilidad de la imposición de las costas por su orden está dada por las excepciones fijadas en el art. últimamente citado.

Siguiendo este criterio es que entiendo que el régimen instituido por el art. 20 de la ley 7675 no afecta el derecho a la igualdad ante la ley establecido por la Constitución Nacional en su art. 18, por cuanto rige para ambas partes ( arts. 1 y 7 de la ley 7675 ), por lo tanto las mismas se mantienen en igualdad de condiciones frente al proceso. "El principio de igualdad ha sido claro , reiterado y correctamente entendido como igualdad en iguales circunstancias , tal como lo expresa el dictamen de la Fiscal de Cámara . Trato que en el caso es igual para ambos litigantes , no configurándose en consecuencia lesión alguna a la garantía constitucional". ABREGU RAMON ALBERTO Y OTROS C/AGROINDUSTRIAL DEL MILAGRO COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS s/COBRO DE PESOS, Fecha: 24/05/2012{F}, Sentencia Nº: 73 , Cámara L Sala 4 LEX9 .

Por otro lado, tampoco quebranta el derecho de propiedad (art. 16 de la Constitución Nacional) del obligado al pago, ya que el hecho de que tenga que abonar los honorarios del profesional que le prestó el servicio , no implica la confiscación de sus bienes , ni violenta el derecho de propiedad de los profesionales que representan a la Provincia , habida cuenta de la relación de empleo público que los vincula conforme la ley 5558, por la cual perciben, entre otros rubros una remuneración mensual .

"Hoy no admite discusión el alcance constitucional otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término " propiedad ", en cuanto comprende todos los bienes apreciables en dinero; pero tampoco existe debate respecto que los derechos reconocidos por la constitución " no son absolutos ", ya que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.

Nuestro máximo Tribunal de la Nación , como último intérprete de la constitucionalidad de las normas , ha sostenido al analizar una norma similar a la que nos ocupa, que: "La circunstancia de que el art. 21 de la ley 24.463 ( Adla, LVC, 2913 ) disponga que las costas se abonen en el orden causado no trae aparejada una lesión a las garantías de la igualdad y propiedad, pues, el régimen favorece a ambas partes por igual, y no se advierte que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique la confiscación de los bienes del obligado" ( CSJN Flagello, Vicente c. ANSeS o 20/08/2008 Publicado en: LA LEY 03/09/2008 , 7 o LA LEY 2008E , 285 o LA LEY 10/09/2008 , 11 o DJ 17/09/2008 , 1395 o DJ 2008II , 1395 o IMP 2008 19 (Octubre) , 1703 o ED , 19 Cita Fallos Corte: 331:1873 Cita online: AR/JUR/5819/2008 )." También la C.S.J.N. al fallar en las causas "Vago Alicia C/ Anses" V. 111, XXXIII. R.O. y "Boggero, Carlos C/ Anses" B. 1524. XXXII, ambas de fecha 10/12/1997, instituyó que el tema relativo a las costas es de carácter procesal y puede ser tratado por las leyes ( como la 7675 ) de la forma más justa sin que sea menester que en todos los casos se impongan al vencido" ( Sala IV Contenciosa Administrativa , ver fallo citado )".

En la causa en estudio , y siguiendo los lineamientos antes vertidos que rigen la materia enunciados anteriormente no se advierte que exista inconstitucionalidad en la norma bajo estudio , sino que además , en virtud del resultado que propugno en la presente el ESTADO resulta vencedor . La declaración de inconstitucionalidad no puede ser una declaración abstracta, sino que debe surgir del caso concreto , analizando las posiciones de las partes y sus probanzas , aún cuando no haya sido solicitada por las mismas .

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Mill de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Ángel Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa. M. 102. XXXII. M. 1389. XXXI. Recurso de Hecho" " el ejercicio de tal facultad en orden a la misión de mantener el imperio de la Constitución sólo puede considerarse autorizado en situaciones muy precisas. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que su existencia no importa desconocer que la invalidez constitucional de una norma sólo puede ser declarada cuando la violación de aquélla sea de tal entidad que justifique la abrogación , en desmedro de la seguridad jurídica ( Fallos: 306:303 citado, voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 19 ). La declaración de inconstitucionalidad es según conocida doctrina de este Tribunal una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad , al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera , en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable ( Fallos: 247:121 y sus citas ). Es por ello que con más rigor en este caso, la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa ( Fallos: 260:153, considerando 3° y sus citas ). En segundo término, debe ponderarse que su ejercicio no supone en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual debe optarse entre la aplicación de una norma de rango inferior en pugna con la Constitución Nacional o de ésta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del art. 2 de la ley 27 (doctrina de Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 4). De estos recaudos habrá de derivar necesariamente el carácter incidental de este tipo de declaración de inconstitucionalidad , en el sentido de que, por definición y al tratarse de una declaración oficiosa, no habrá sido solicitada por las partes; de allí que sólo será necesaria para remover un obstáculo la norma inconstitucional que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación directa a ésta de la Ley Fundamental; dicho en otros términos, esa declaración será el presupuesto para el progreso de otra pretensión (causa A.529.XXII. "Asociación Bancaria c/ Chubut, Provincia del", sentencia del 15 de junio de 1989) o, en su caso, defensa. Y, finalmente, deberá tenerse presente que de acuerdo a la doctrina de este Tribunal, las decisiones que declaran la inconstitucionalidad de la ley, sólo producen efectos dentro de la causa y con vinculación a las relaciones jurídicas que la motivaron y no tienen efecto derogatorio genérico (Fallos: 247:700; 248:702; 255:262; 264:364; 315: 276; 322:528 entre muchísimos otros).

De dicha posición del Superior Tribunal del país, surge que el juez está limitado al caso concreto tratado y debe limitarse al análisis de la causa conforme los planteos argumentales de las partes. De no ser así , se facultaría al magistrado a declarar la inconstitucionalidad de la o las norma/s afectada/s , cada vez que sea factible su aplicación , convirtiéndose la función jurisdiccional en una facultad de veto a las normas dictadas por los otros poderes.

En función de lo expresado y los fundamentos vertidos precedentemente son de aplicación al resto de los artículos, al que se le endilga la tacha de inconstitucionalidad .

Por lo dicho propicio rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1, 20 y 27 de la Ley 7675 y art. 1 de la Ley 7210 este caso concreto, imponiendo las costas por el orden causado en ambas instancias (art. 20 Ley 7675 ) .

Diferir la regulación de honorarios por la labor profesional desarrollada en ésta instancia para su oportunidad .

Los Señores Jueces de Cámara Dres. Daniel G. Olivares Yapur y Juan Carlos Pérez, dijeron: Por sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Luis Alberto Recio.

Por ello SE RESUELVE:

1 ) Admitir el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de fecha 01 de junio de 2012 obrante a fs. 146 / 152, interpuesto a fs. 153 por la demandada, revocándola totalmente, consecuentemente se rechaza la demanda, por los fundamentos vertidos precedentemente .

2 ) Desestimar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 1, 20 y 27 de la Ley 7675 y art. 1 de la Ley 7210 .

3 ) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 20 Ley 7675 ).

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. JUAN CARLOS PEREZ; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE SECRETARIA PROT. SENT. T° I F° 35/45 AÑO 2015