Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-14


NEUQUEN, 14 de mayo de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "DARUICH JOSE ANTONIO Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO S/ ESCRITURACIÓN" (EXP Nº 351072/7) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Fernando GHISINI, por encontrarse excusado el Dr. Jorge PASCUARELLI -fs. 108-, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecila PAMPHILE dijo:

I.- A fs. 44/45 vta. el Sr. Juez de Primera instancia dicta sentencia y rechaza la demanda de escrituración entablada.

Disconforme con tal pronunciamiento, recurre la parte accionante y expone sus agravios a fs. 40/61 vta.

II.- Sostiene el recurrente que las partes firmaron un contrato de compraventa mediante el cual el Municipio demandado vende a los actores la manzana 144-A, cuya escrituración pretende en autos. Dice que hubo tradición del inmueble y que su parte pagó el precio pactado, a tenor de la devolución del pagaré oportunamente suscripto para garantizar la operación.

Esgrime que el juez de grado incurre en un error al poner en cabeza de la actora dos obligaciones que son concernientes a la demandada, tal como el decreto de adjudicación en venta y la aprobación del Concejo Deliberante.

Reitera que su parte realizó las mejoras en el lote y pagó el precio, es decir, que cumplió con las obligaciones que fija la normativa vigente -Ord. 375/90-, de modo que el Municipio ha demostrado que no tiene intención de adjudicar en venta y ordenar la escrituración.

Dice que no son los actores quienes deben pedir la aprobación del Concejo Deliberante, sino el Municipio demandado.

Agrega que si bien es cierto que la falta de contestación de la acción no es impedimento para resolver de manera contraria a la pretensión de la actora, no lo es menos, que el juez de grado no aplicó las presunciones que establece el Código de Procedimientos para este tipo de casos, por lo que debió tener por reconocidos los hechos y, en consecuencia, hacer lugar a la acción instaurada.

III.- El Municipio demandado responde agravios a fs. 67/70.

Argumenta que de la documental acompañada por la actora no surge que se haya dado cumplimiento a las disposiciones que emanan de la Ordenanza de Tierras Nº 375/90.

Que tampoco acredita la apelante ningún tipo de documentación que obligue a la Municipalidad a realizar la escrituración del lote, puesto que solo aporta un acta de tenencia precaria que da cuenta de una serie de obligaciones a cargo del tenedor precario a fin de llegar a la adjudicación en venta de los lotes y posterior escrituración, pero del que no surge ningún reconocimiento de la Municipalidad.

Alega que no estamos frente a un contrato de compraventa de inmueble, sino solo de actas de tenencia precaria y un procedimiento que se encuentra bajo las disposiciones de la Ordenanza de Tierras que no ha sido cumplida por los actores.

Luego agrega que los Sres. Daruich se encuentran tramitando en la Secretaría de Demandas Originarias un juicio contra la Municipalidad de Centenario en el cual solicitan la nulidad del Decreto Municipal Nº 1235/04, que dispone la caducidad de la tenencia precaria que les fuera otorgada por no haber cumplido con las obligaciones a su cargo, exigidas por la ordenanza 375/90.

IV.- A fs. 72/73 esta Sala, en su anterior composición, se declara incompetente para entender en los presentes, remitiendo las actuaciones a la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior de Justicia.

El actor interpone revocatoria. Plantea que conforme surge de la copia del Decreto 1235/04 que se acompaña, el Municipio declaró la caducidad del Acta de Tenencia Precaria con relación a la Manzana 143-A, no así respecto a la Manzana 144-A cuya escrituración persigue en autos.

A fs. 81 y vta. se rechaza la revocatoria intentada.

Elevados los autos, el Tribunal Superior de Justicia considera precluída la oportunidad para analizar la competencia y, en consecuencia, remite en devolución el expediente a esta Cámara de Apelaciones.

V.- Conforme lo decidido entonces por el Tribunal Superior, es esta Sala el órgano competente para tratar el recurso de apelación deducido por la parte actora.

A ello nos avocaremos a continuación.

Tanto al acceder a la instancia judicial, como en la etapa recursiva, el actor reconoce que la entrega del lote que invoca fue realizada bajo el régimen establecido en la Ordenanza Municipal 375/90, que regula el procedimiento de adjudicación en venta o en arrendamiento de la tierra fiscal municipal.

Ello implica que el caso se enmarca y debe ser resuelto en el ámbito del derecho público comunal, sin que sea posible aprehenderlo bajo las pautas privatistas del Código Civil -contrato de compraventa-, como pretende el quejoso, máxime cuando no se ha acreditado la suscripción de un instrumento tal (en sustento de la pretensión se ha adjuntado un acta de tenencia precaria para lotes en zona industrial, en copia simple y sin fecha legible, y un convenio de fecha 30 de agosto de 1996, en los términos que surgen de fs. 5/7).

Desde esta perspectiva, no aparece objetable el razonamiento del A-Quo, quien remarcó la ausencia del acto administrativo de adjudicación del lote, así como la falta de ratificación por parte del Concejo Deliberante, tal como se indicaba en el acta de fs. 12vta. (la entrega de las tierras se hace "ad referéndum" del Departamento Legislativo).

De la escasa documentación acompañada en la demanda se observa que, frente al pedido de escrituración efectuado ante las autoridades municipales en enero del año 2005 (fs. 09), y la respuesta del Jefe de División de Tierras que sugería dirigirse a la Secretaría de Obras Públicas para solicitar la correspondiente mensura, ningún otro requerimiento formal se habría efectuado dentro del trámite administrativo (sin perjuicio de la misiva de fs. 3). Nada se ha probado al respecto.

Más aún, cuando el responde del citado funcionario municipal tenía sustento en el art. 27 de la Ordenanza citada, que dispone: "las mensuras que deben practicarse en tierras rurales o urbanas fiscales, por ocupación de sus titulares o a su pedido, serán a cargo exclusivo de los interesados.".

Nótese que la entrega y adjudicación de tierras fiscales en la esfera municipal, constituye una cuestión que debe ser decidida -de acuerdo a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia- dentro de ese ámbito, conforme las normas de derecho público comunal que rijan en cada caso, sin que sea posible admitir que los jueces suplan tal decisión en los casos en que no se demuestre haber transitado el procedimiento administrativo pertinente ni la arbitrariedad del proceder de la Administración.

Es que el destino que la Comuna otorgue a las tierras que se encuentran bajo su dominio, no deja de tener vínculo directo con el planeamiento territorial y de fomento, cuya competencia exclusiva recae sobre el Municipio: es, en definitiva, dicho órgano quien despliega las tareas de ordenamiento del espacio geográfico perteneciente a su ejido, tanto urbano como rural.

Así "desde la perspectiva del planeamiento también es posible considerar al municipio como un ente complejo, como un sistema conformado por relaciones internas de distinta naturaleza e intensidad que tiende a autorregularse y cuyo desenvolvimiento genera demandas y cuestionamientos de orden funcional e institucional".

"Desde el punto de vista funcional se plantea la estructuración dialéctica entre lo urbano y lo rural, la clasificacion del territorio, la zonificación según sus usos, la programación vial, el ordenamiento parcelario, la regulación de las subdivisiones del suelo, etc".

"...si la planificación es 'esencialmente un proceso de comprensión de las necesidades humanas y de determinación y formación de la futura política pública para atender a aquellas necesidades con un máximo de efectividad', nadie mejor que el propio municipio para planificar el desarrollo territorial de sus actividades. Es el municipio el que mejor conoce las modalidades de la convivencia vecinal, las carencias y potencialidades de su territorio y los problemas infraestructurales y de equipamiento en materia de obras y servicios públicos" (cfr. Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Municipal, T.I, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 219 yss).

Por lo demás, la necesaria intervención del órgano legislativo municipal para la enajenación de tierras fiscales no constituye un "error de concepto del juez de grado", como alega el quejoso, sino un recaudo previsto en la propia Constitución Provincial.

La Ley Fundamental de la Provincia establece que son atribuciones de todos los municipios con arreglo a sus cartas y leyes orgánicas "...administrar los bienes municipales, adquirirlos o enajenarlos. Para este último caso se requerirá dos tercios (2/3) de votos del total de miembros del Concejo" (actual art. 273, inc. e); ex art. 204, inc. e).

En consonancia con esta directiva, la Carta Orgánica de la Municipalidad de Centenario, entre las atribuciones del Concejo Deliberante, dispone: "Sancionar ordenanzas para adquirir, administrar y enajenar los bienes de la Municipalidad. Para enajenar se requerirán dos tercios (2/3) de votos del total de miembros del Concejo Deliberante, debiendo ajustarse a lo dispuesto por la Constitución provincial en su artículo 204, inciso e)" (art. 33, inc. f).

Luego, no resulta procedente el agravio del recurrente, en punto a que únicamente el Poder Ejecutivo podía solicitar la aprobación del órgano legislativo y no él, como máximo interesado en la escrituración que reclama.

A todo evento, nunca podría tenerse por aprobada tácitamente, sin siquiera haber acordado intervención previa al órgano competente, mediante las peticiones conducentes a tal efecto.

A lo expuesto se suma que la parte actora afirmó haber dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, de conformidad a la Ordenanza 375/90. Puntualmente, sostuvo haber realizado mejoras y que ello surgía de la propia documental, puesto que en el lote se estableció una fábrica de ladrillos.

Pero la mención a la existencia de una fábrica, sólo se extrae de las notas presentadas por los requirentes, sin ningún tipo de constatación fáctica que corrobore tal aserto (nótese que en el convenio de fs. 5/7 sólo se indica que los beneficiarios se dedican a la fabricación de ladrillos y ladrillones, sin referencia expresa a las mejoras que pudieran haberse realizado).

Todas estas falencias llevan a confirmar el rechazo de la acción decidida en la instancia de grado, sin perjuicio de la falta de contestación de demanda por parte del Municipio.

Ello, por cuanto esta situación procesal -rebeldía- no impone automáticamente al juez una decisión favorable a las pretensiones del actor, sino que lo autoriza a acceder a ellas si estuvieran acreditados sus presupuestos en debida forma.

Es que la rebeldía no significa, por sí sola, que se emita una sentencia de condena, sino simplemente que los hechos puedan ser aceptados como verdaderos, marginando el tránsito por la etapa de prueba, con el alcance de que tal declaración no vincula al órgano judicial en punto a la admisión de la pretensión, pues siempre al dictar el juicio lógico que supone todo pronunciamiento, ha de realizase la tarea de subsunción de los hechos admitidos en el plexo del ordenamiento jurídico, a los fines de verificar cual es el derecho aplicable a los hechos reducidos a tipos jurídicos. O sea, ha de enlazar a través de una tarea de coordinación una situación particular específica y concreta con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley (cfr. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, ed. póstuma, nº 178 a 182).

En el mismo orden de ideas, se ha subrayado que si bien es cierto que la conducta de quien no afronta la litis permite suponer un tácito reconocimiento del derecho de la contraparte, la presunción de verdad a favor de lo alegado en la demanda no ha de considerarse como absoluta; su admisión queda librada al prudente arbitrio judicial, que tendrá en cuenta los elementos de convicción que se hayan acompañado con el escrito inicial o, en su caso, la prueba rendida, desde que, como ha quedado expuesto, la ley dice expresamente que la "rebeldía no alterará la secuela regular del proceso" (cfr. Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales...", T. II-B, p. 26 y jurisprudencia allí citada).

Todo lo hasta aquí expresado decanta, necesariamente, en el rechazo del recurso deducido, con costas al recurrente perdidoso. Mi voto.

El Dr. Fernando GHISINI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido.

Por ello, por unanimidad, esta Sala I RESUELVE:

1.- RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 40/61 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 44/45 vta. en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPCC).

3.- Regístrese, notifíquese electrónica-mente, a la parte actora, no habiendo denunciado en la causa el domicilio electrónico, sin perjuicio de las expresas disposiciones normativas (Ley 2801, Acuerdo 4905 punto 8 y Acuerdo 4955), en los estrados del Tribunal y a la parte demandada al no haber constituido domicilio electrónico y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, en la casilla asignada por el Poder Judicial a la Dra. Pieroni. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Ghisini - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.