Procedimiento laboral, doble instancia, estabilidad del delegado gremial, acción de reinstalación
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cejas, Walter R. y otros c/ Calzados Catamarca S.A y/o QRR s/ Acción de Reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-17

Al ser rechazada la acción de reinstalación que surge de la ley 23.551, los actores interpusieron recurso de apelación en subsidio de revocatoria en contra del proveído que no hizo lugar a la presentación de expresión de agravios por no haber sido interpuesta (formal) apelación contra la sentencia definitiva.

Una moderna doctrina en procedimiento civil señala que el juez debe dejar el rol de espectador para erigirse en director del proceso, en busca de la verdad objetiva y con ese propósito a la vista deben interpretarse las normas procedimentales. Si ello es así en el proceso civil, de carácter eminentemente dispositivo, más lo será en el laboral que es cuasi inquisitivo, más aún teniendo presente la especial naturaleza de los intereses en juego que otorgan singular trascendencia a este proceso.

El proveído que rechazó la presentación de los agravios sólo pudo ser enervado por el recurso de hecho o de queja, único medio idóneo que permite la norma ritual. Entonces, el recurso de revocatoria con el de apelación en subsidio se encuentra incorrectamente interpuesto y, por ende, mal concedido por el iudicante, que debió desestimar la apelación. Al estar mal concedido el recurso, desde el punto de vista ritual, bastaría para dar por cerrado todo tipo de pretensión de la perdidosa.

Sin embargo, a fin de proteger la garantía de la doble instancia, teniendo en cuenta que en el caso no se denegó un recurso de apelación sino que simplemente se desestimó por improcedente una expresión de agravios y, asimismo, considerando el tipo de procedimiento de que se trata, los valores y carácter de los derechos que se discuten -alimentarios, el derecho al pleno empleo y la libertad sindical- el recurso intentado puede ser tomado como procesalmente válido.

Aun así, el remedio intentado no alcanza para desvirtuar el proveído recurrido, porque la ley 23.551 señala cuál será el procedimiento en la acción de reinstalación: la violación del empleador de las garantías establecidas en la ley dará derecho al afectado a demandar judicialmente por vía sumarísima la reinstalación en su puesto y los salarios caídos durante la tramitación judicial. Al ser desestimada su demanda, los actores se limitaron a expresar agravios, sin apelar ni esperar que se les conceda el recurso. Por ello, a simple vista, el proveído recurrido parece inobjetable. Empero, es necesario volver a lo señalado sobre las especiales características de la cuestión. Haciendo, entonces, un esfuerzo de interpretación, se puede inferir que el escrito de expresión de agravios pretende revocar la sentencia y, haciendo una lata interpretación de la norma, se puede entender que en esa presentación los actores, aunque errando totalmente el procedimiento, apelaron y expresaron agravios al mismo tiempo.

Pero aun cuando se obviara la inidoneidad el recurso de apelación en subsidio y se lo tomara como válido en cuanto a las formas, atendiendo a lo dispuesto por el CPC sobre los procesos sumarísimos, ha sido presentado fuera de término.

Una vez más, por tratarse de una cuestión que atañe a temas delicados como lo es el del pleno empleo, el buen servicio de justicia exige realizar los esfuerzos necesarios en busca de un fallo que no se detenga en cuestiones rituales y deje sentada una postura de fondo sobre el tema. Por ser tema netamente procesal, que está dentro de la órbita provincial que tiene un Código de Procedimiento de Trabajo y porque se debate un problema laboral, se puede entender que los actores pudieron creer que eran aplicables al caso los plazos y modos de la ley 4799 y se puede interpretar que el recurso se encuentra bien interpuesto y entrar a su análisis de fondo.

La libertad sindical tiene jerarquía constitucional y la ley 23.551 señala que será garantizada por todas las normas que se refieran a la organización de las asociaciones sindicales. Es así que los actores pretenden ampararse en el art. 48, primer apartado, de la ley, entendiendo que UTICRA los invistió para ocupar cargos representativos y luego se produjo el distracto laboral. Siendo las partes contestes en aceptar la existencia de una relación laboral, la cuestión es, entonces, resolver si los actores gozaban de protección sindical.

La ley mencionada protege a los trabajadores que ocupan cargos representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o cargos en organismos que requieren representación gremial, grupo en el que pretenden encuadrarse los actores.

Puesto que no hubo ningún tipo de elección, no pueden ser incluidos en el primer grupo. Tampoco pertenecen al segundo, pues no ejercen ninguna representación y sólo tienen como tarea formar un gremio.

Para ello, inician trámites administrativos, pero los dejan truncos, participan en asambleas que no se realizan en legal forma y cuando cursan comunicaciones sobre su carácter con la empresa, ésta las rechaza, pues son otros los delegados del personal elegidos de acuerdo a la ley. Por ello no están comprendidos en el art. 48 que invocan y no tienen estabilidad gremial, por lo que corresponde el rechazo del recurso interpuesto y la confirmación del decisorio en todo lo que fue materia de agravios. (Del voto del Dr. Herrera)