Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-18


AUTOS Nº 100.353 (Primer Juzgado Civil) (SALA III Nº 9909) "FERNÁNDEZ Camilo José C/ Cia. Aseguradora la Caja de Ahorro y Seguro S.A. y Otra Daños y Perjuicios" ///En la ciudad de San Juan, a 18 días del mes de Mayo de dos mil diez, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Moisés Moya y los Dres. Humberto R. Caballero y Catalina Celia Cúneo de García, como vocales, para conocer sobre los recursos de apelación concedidos al actor a fs. 147 y a la codemandada Municipalidad de la Ciudad de San Juan a fs. 153, modificada su forma de concesión a fs. 157; contra la sentencia de fecha 13 de marzo de 2009 obrante a fs. 141/145.

CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA dijo: La Sra. Juez aquo resolvió: "I) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la codemandada CAJA DE SEGURO S.A., en virtud de los fundamentos dados en los considerandos precedentes, con costas a la actora vencida.

II) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada, CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos que anteceden, con costas a la actora vencida.

III) Desestimar las excepciones de falta de legitimación activa opuestas por la codemandada MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, en virtud de los fundamentos dados en los considerandos precedentes, con costas a la codemandada vencida.

IV) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la codemandada MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, en virtud de los fundamentos dados en los considerandos precedentes, con costas a la actora vencida.

V) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en la Ley Provincial 4072".

Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso de apelación a fs. 146, el mismo se le concede a fs. 147.

Expresa agravios a fs. 172/175 los que fueron respondidos por la codemandada a fs. 183/186 y por la demandada a fs. 188/190 vta. Hace reserva de los recursos de la Ley 2275 y de la Ley 48.También se alza contra el fallo la coaccionada Municipalidad de la Ciudad de San Juan a fs. 152, el recurso le fue concedido a fs. 153 y modificado a fs. 157.

Expresa agravios a fs. 178/180 y hace reserva de los recursos de la Ley 2275 y de la Ley 48.

Los agravios no fueron contestados por el actor, según constancias de fs.191 y vta. .

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez aquo en la sentencia apelada diré que: La presente causa tiene origen en la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el actor, Camilo Fernández contra la compañía aseguradora La Caja de Ahorro y Seguro S.A. y contra la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a fs. 17/22 vta. el 05/10/07.

Relata que desempeña funciones como empleado municipal de la coaccionada.

Pagaba por descuento en sus haberes, un seguro de vida colectivo a su nombre y otro de iguales características, pero de inferior monto, a nombre de su esposa, los que giraban bajo los códigos 600 y 601 respectivamente.

Dichos descuentos fueron realizados por el empleador municipal desde el año 1984 y hasta el mes de junio de 2003, volviendo a realizarse en octubre de 2004 hasta febrero del 2006.

Su cónyuge falleció el día 07/10/05, efectuó la correspondiente gestión ante la "Caja de Ahorro y Seguro S.A.", para que le abonara la suma comprometida por la cobertura contratada por la Municipalidad de la Capital.

La aseguradora le notificó que su reclamo no procedía, porque su esposa ingresó al seguro con una enfermedad preexistente que con posterioridad le ocasionó la muerte (situación prevista por el art. 4 del Contrato de Seguro para rechazar el pedido).

Declinó dicha notificación e intimó a que se le abone lo debido, toda vez que nunca dejó de aportar la prima del seguro contratado, a lo que la aseguradora respondió que iba a revisar el caso, instancia que derivó en un nuevo rechazo de la solicitud.

Frente a dicha situación recurrió a la vía judicial, iniciando el proceso con medidas preliminares a fin de reunir los medios de prueba existentes, para contar con un panorama claro en relación a los hechos.

Reconoce que de la documental proporcionada por la aseguradora, surge la existencia de póliza con cobertura a favor de su cónyuge desde el 01/11/04.

No obstante ello manifiesta que, incorporó a su esposa en el seguro de vida colectivo el 10/07/1995, a través de la póliza N° 57.381 ante el anterior asegurador "Caja Nacional de Ahorro y Seguro"; cuya continuadora es la demandada, renovándose la póliza original preexistente, en los términos del art. 19 de la Ley 17.418.

La demanda también la dirige contra la Municipalidad de la Capital, en la medida de su responsabilidad porque incumplió con su deber de policía administrativa, con su deber de velar por los intereses de sus dependientes, en su carácter de tomadora de las primas que se abonan y porque, durante un año y cuatro meses no se descontaron los importes en concepto de prima por seguro colectivo, colocándolos a los beneficiarios en una posición total de indefensión.

No tenía obligación de conocer si se realizaban o no los pagos, por lo que no puede imputársele tal circunstancia como justificación para el no pago de la suma asegurada.

Agrega que existe un funcionamiento irregular de la función y obligación municipal, frente a lo cual pretende el resarcimiento civil por la muerte de su cónyuge.

Ha quedado configurada la responsabilidad civil de la coaccionada, con fundamento jurídico en lo dispuesto por el art. 1112 del Código Civil.

Reclama por: a) Daño material: El importe de la prima asegurada que no fue pagada, por la suma de $13.309 con más intereses legales y costas, contados a partir del momento en que se produjo el deceso.

b) Daño moral: La suma de $12.400 a la fecha de la muerte de su cónyuge.

El monto total reclamado asciende a $25.709, o lo que en más o en menos resulte de la liquidación final producto de la prueba a rendir.

Ofrece y rinde la siguiente prueba: I) Documental: Agregada en copia a fs. 01/16.

Expediente Nº 89.759 caratulado "Fernández Camilo José Medidas Preliminares".

A fs. 87/93 vta. la Caja de Seguros S.A. comparece a juicio y solicita se desvincule a la Caja de Ahorro y Seguro S.A.,contra quien dirigió la demanda el actor, por no haber contratado el tomador con ésta última el seguro.

Opone excepción de prescripción (art. 330 2° párrafo del C.P.C.), porque al momento de interponer la demanda el actor, había transcurrido el plazo de un año establecido por el art. 58 de la Ley 17.418, para la prescripción de las acciones fundadas en el contrato de seguro.

Dicho plazo debe contarse a partir de la fecha en que el actor conoció el rechazo por el asegurador del supuesto siniestro.

El 21/12/05 se le notificó tal rechazo mediante carta documento que recibió en fecha 24/12/05, encontrándose prescripto el plazo para ejercer la acción al 05/10/07. Para el caso que se considere a las medidas preliminares llevadas a cabo por el actor, como interruptivas de la prescripción, también ha transcurrido el plazo previsto por el art. 58.

Las mismas se interpusieron en mayo de 2006 , respondiendo el oficio que le fuera cursado el 28/06/06.

Por lo tanto, a la fecha de promoción de la demanda, había transcurrido el plazo de un año.

Las medidas preliminares, no fueron un acto procesal relevante porque la demanda se interpuso por una causa que ya era conocida por el actor, y que no requería diligencia preliminar alguna.

También de los recibos del actor, surgía que el código 601 correspondiente a la cónyuge por póliza se dejó de descontar en julio de 2003.

No figura en el periodo que va desde el 07/2003 al 09/2004, descuento alguno por tal concepto.

Mal puede sostener el actor que las pólizas se renovaron automáticamente cuando por más de 14 meses no se pagó prima alguna.

Agrega, que si se tiene en cuenta la notificación que se le efectuara al actor el 28/07/06, por la cual se le recordaba que las pólizas en cuestión quedaron rescindidas a partir de las 0 hs. del día 01/09/03 y que quedaban cubiertos por una nueva póliza a partir del 01/11/04, también a la fecha de la interposición de la demanda, la acción se encontraba prescripta.

Subsidiariamente, responde la demanda incoada en su contra, negando todos y cada uno de los hechos expresados por el accionante.

Manifiesta que la póliza contratada con la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro por la Municipalidad de la Capital, fue rescindida por falta de pago en las primas.

El 22/12/03 se intima a la Municipalidad de la Capital al pago de la suma adeudada, bajo apercibimiento de tener por rescindidas las pólizas, intimación que no fue cumplida acarreando la rescisión del contrato de seguro.

La Municipalidad le informó el 06/04/04, que a partir de junio de 2003 se dejaron de descontar los códigos correspondientes al seguro voluntario de vida, por lo que dicha circunstancia era conocida por el actor porque no se le descontaba de su sueldo el importe en cuestión.

La falta de cumplimiento por parte de la Municipalidad tomador del seguro, de las obligaciones a su cargo, hace que la rescisión del contrato por mora en el pago de la prima le sea oponible al aseguradobeneficiario.

Niega la procedencia de los rubros reclamados.

Ofrece y rinde la siguiente prueba: I) Documental: agregada en copia a fs. 37/86, cuyos originales se tienen a la vista en este acto.

Pide el rechazo de la demanda, con costas.

La Caja de Ahorro y Seguro S.A. comparece al proceso a fs. 101 y vta. y opone al progreso de la acción excepción de falta de legitimación pasiva.

Solicita se la declare ajena al presente proceso, con costas.

El actor no contestó el traslado de fs.125 de dicha excepción.

La codemandada Municipalidad de la Capital, comparece a fs. 119/123 vta. y opone al progreso de la acción excepción de falta de acción o falta de legitimación activa para accionar en su contra.

Manifiesta en primer lugar, que el actor no se encuentra habilitado para accionar en virtud de lo dispuesto por los arts. 4 y 5 de la Ley N° 7675.

En segundo lugar, expresa que debe admitirse la excepción respecto del reclamo de daños y perjuicios, porque no existe una relación causal entre los hechos o la actividad administrativa del Municipio y el reclamo formulado por el actor, conforme a los propios dichos de la demandada.

El Municipio en el seguro de la cónyuge del actor (no dependiente del Municipio), es un mero agente pagador de un contrato de seguro voluntario, en el que él es ajeno a la relación contractual entre el actor y la aseguradora.

Relata que frente a las innumerables irregularidades que se presentaron con los códigos de descuento, el 08/07/2003 dictó el Decreto N° 575/2003 que obligaba a todos aquellos que pretendían un código de descuento en el Municipio, a presentar un disket de impresión con la firma de los responsables, a fin de que la información fuera verificada por el Dpto. Personal, previo a enviarse al Centro de Cómputo para su descuento.

A partir del dictado de Decreto aludido, la Caja de Seguros S.A. dejó de cumplimentar dichos requisitos y presentar los diskets en las condiciones solicitadas por lo que los descuentos dejaron de efectuarse y consecuentemente los pagos no se realizaron, todo ello con pleno conocimiento de la actora y de la aseguradora.

Asimismo, opone excepción de prescripción de la acción de daños y perjuicios en base a lo dispuesto por el art. 4037 del Código Civil.

Han vencido sobradamente los dos años previstos en el artículo citado, a contar desde el supuesto obrar negligente del Municipio (periodo junio/2003 a octubre/2004), hasta la presentación de la demanda en fecha 05/10/07.

En subsidio, contesta la demanda e impugna los rubros reclamados. Ofrece y rinde prueba: I) Documental: acompañada en copia a fs. 105/118, cuyos originales se tienen a la vista en este acto.

El actor a fs. 130 y vta. responde el traslado de las excepciones opuestas por la demandada y codemandada.

Solicita el rechazo de las mismas, con costas.Por decreto del 11/07/08 (fs. 133), la Sra. Juez aquo deriva la presente causa al Centro Judicial de Mediación.

A fs. 135 el Centro Judicial de Mediación informa al Juzgado que la instancia mediadora ha concluído, sin haber llegado a acuerdo alguno.

A fs. 139 llama autos para resolver las excepciones opuestas.

Contra la sentencia se alza la parte actora y la codemandada.

Expresan agravios que subsumiré de la siguiente forma:

Agravios del actor: Se agravia de que la Juez aquo haga lugar a la excepción de prescripción opuesta tanto por la demandada como por la codemandada sosteniendo que: "El origen de la presente acción es de carácter contractual debiendo tomarse el plazo establecido por el art. 58 de la Ley 17.418", el que se encuentra vencido, al entender que no hay otro acto interruptivo más que el informe de la compañía aseguradora.

No tuvo en consideración la sentenciante que, el fundamento normativo de la acción que interpone, tiene su origen en la responsabilidad civil que se origina frente al incumplimiento o inobservancia por parte de la Municipalidad de sus deberes de vigilancia o de policía frente a sus empleados (comprendiendo no sólo a éstos sino también a todos sus causahabientes, como ocurre en el presente caso).

Es erróneo lo sostenido por la juez aquo en el sentido que hay relación contractual de seguro de vida colectivo con la cónyuge del accionante y con fundamento en ello, aplica la ley especial.

En el caso de marras debe aplicarse el plazo bienal aducido y no el anual informado.

No es real lo expresado por la Inferior al decir que "la relación contractual se evidencia en el escrito de demanda cuando el actor reclama, como daño material la prima que no fue debidamente cobrada." ya que, el importe reclamado en tal concepto no es más que un factor indicativo formal y necesario para la procedencia de la acción (donde también se reclama el daño moral como integrante de la indemnización) y expresamente, se hace referencia a que los rubros reclamados son "en más o en menos" de lo que resulte de la liquidación final, por lo que podrían no respetarse los importes peticionados a través de esta vía.

A todo evento y para el caso que el Tribunal considere que la fuente de la relación es exclusivamente contractual, aplicando la ley especial que regula la materia, los plazos de prescripción no se habían cumplido a la fecha de presentación de la demanda, resultando indiscutida la procedencia de la acción interpuesta. Los plazos de prescripción se encontraban interrumpidos y no "conculcados" como lo manifestara la sentenciante.

Se iniciaron acciones preliminares tendientes a recabar información y prueba a fin de accionar correctamente y evitar el desgaste jurisdiccional innecesario, revistiendo tales medidas el carácter de actos positivos de manifestación de voluntad clara tendientes a mantener vivo su derecho y por ende constituyen un verdadero acto interruptivo.

Le agravia que la Inferior sostenga que la medida impetrada finalizó con el informe de la compañía de seguros y que ningún acto posterior, tuvo entidad suficiente para cumplir los efectos interruptivos.

Si bien es real, que las acciones se iniciaron para que la compañía expresara las causas de su negativa a pagar la indemnización, una vez obtenido el informe se evidenció que había aún más por investigar, debiendo dirigirse las medidas y los actos contra la Municipalidad de la Capital, los que una vez obtenidos y con un panorama completo del estado en el que se encontraba, se inició el reclamo que por el presente proceso se ventila.

Mal puede sostener la Inferior que la medida se agotó con el informe de la compañía aseguradora, toda vez que el encadenamiento de las diligencias fueron de relevancia para poder iniciar el proceso.

De allí surge la responsabilidad del Municipio, por el estado de indefensión en que lo colocó a él y a su cónyuge y el de la compañía de seguros al no brindar la información completa sobre el lapso comprendido entre junio de 2003 y octubre de 2004.

Reitera que el plazo previsto por el art. 58 de la ley 17.418 se encuentra vigente toda vez que quedó interrumpido con las actuaciones preliminares.

En el punto b) del escrito de expresión de agravios el apelante, se allana a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Caja de Ahorro y Seguro S.A., solicitando se la exima del pago de las costas.

Expresamente manifiesta que la presente acción la dirige contra la Caja de Seguros S.A., quien respondió la demanda.

Agravios de la codemandada: Municipalidad de la Capital.

Primero: Le agravia que la juez aquo le imponga las costas por el rechazo de la excepción que opuso (falta de legitimación activa).

La Inferior hace una interpretación errónea y arbitraria de las constancias y argumentos esgrimidos por su parte.

No existe duda que la parte actora no ha cumplido con el procedimiento previsto por los arts. 4 y 5 de la Ley 7675 y que no presentó el certificado que exige el art. 27 de la citada ley en virtud de lo cual, el planteo de falta de legitimación activa o falta de acción se ajusta a derecho.

Se encuentra plenamente justificado el planteo realizado y si la Inferior entiende que el planteo se volvió abstracto, porque se remitió con posterioridad la causa a mediación, de ninguna manera eso implica que su parte resultó perdidosa sino más bien, todo lo contrario.

Quedó acreditado que a su parte le asistía razón en el planteo, resultando inexplicable y arbitrario que le imponga las costas a su cargo.

Solicita se le impongan a la actora o en su defecto, por su orden en ambas instancias.

Segundo: Le agravia que la Inferior no haya tratado, el primer y principal argumento que sirvió de sustento a la excepción de falta de acción (incumplimiento del proceso previsto por los arts. 4 y 5 de la Ley 7675 y falta de presentación del certificado exigido por el art. 27 de dicha ley) e incurra en la arbitrariedad de tratar sólo el segundo de los argumentos (que tiene que ver con la cuestión de fondo falta de la relación causal) el que desestima, por considerar que el mismo no es sustento para "una falta de acción manifiesta"Aclarando, que ello no implica expedirse sobre el fondo de la cuestión.

Hace una análisis caprichoso de los dos argumentos esgrimidos, declarando abstracto el primero, omitiendo expedirse sobre el fondo de la cuestión, no aplicación de la Ley 7675 y evaluando sólo el segundo, como sustento de una excepción manifiesta, cuando en realidad este argumento apunta a la cuestión de fondo, dejándola en un estado de indefensión, ya que la hace aparecer erróneamente como derrotada en el planteo cuando en realidad, la juez aquo al advertir la procedencia del mismo, tomó las medidas para subsanar el defecto y mandó a mediación el expediente (incluso a pedido de la actora fs. 130 y vta.).La imposición de las costas a su cargo atenta contra el debido proceso, el derecho de defensa y el de propiedad.

Agrega que la Inferior impone las costas a su cargo, apartándose sin fundamento alguno a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley N° 7675.

La codemandada al responder los agravios del actor (fs. 183/186) solicita se declare desierto el recurso por no cumplir, la fundamentación del mismo, con los caracteres de crítica concreta y razonada del fallo apelado (art. 265 del C.P.C.).

Igual pedido formula la demandada a fs. 188/190 vta.

Tiene dicho en forma reiterada este Tribunal que: "De acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 265 del C.P.C., la expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas o injustas.

De no ser ello así corresponde declarar desierto el recurso, conforme a las prescripciones del art. 266 ibid.

No obstante las normas legales precitadas y de acuerdo a jurisprudencia constante de este Tribunal, estando expresados mínimamente los agravios, se trata el recurso."(PROT. DE AUTOS Tº I Fº 117/119 AÑO 2002).

Trataré en primer lugar el agravio de la codemandada referido al rechazo de la excepción de falta legitimación activa del actor, planteada.

Invocó la Municipalidad de la Capital la falta de cumplimiento, por el accionante de las disposiciones contenidas en los arts. 4°, 5° y 27 de la Ley 7675, referidas a la mediación.

Como bien se expresa en la sentencia apelada la cuestión deviene abstracta por cuanto la causa fue derivada a mediación.

Respecto a que es ajena a la relación contractual y que no son imputables a su parte las causas por las que la aseguradora deniega el beneficio, en el fallo se analizan las cláusulas de la póliza ( fs. 55) por las que se responsabiliza al empleador por el pago de las primas, por lo que el actor si tenía acción, al margen de los argumentos expuestos en relación al descuento de los items correspondientes.

Además así lo dispone el art. 27 de la Ley de Seguros N° 17.418.

En este caso se contrató un seguro de vida colectivo para terceros (actor y esposa) .

El tomador ( Municipalidad de la Capital) que es quien celebró y concluyó el acuerdo con la Caja, a nombre propio, pero por cuenta ajena (asegurado), no es un simple intermediario que actúa como agente o como aparente representante de la aseguradora, sino que es un contratante del seguro.

En este aspecto se rechaza el agravio sobre el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa del actor.

Respecto de las costas, no habiéndose planteado la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 7675, las costas deben ser impuestas por el orden causado, en ambas instancias.

Por lo que el agravio de la codemandada debe ser admitido parcialmente.

Agravios de la parte actora referido a la prescripción de la acción.

Ataca el fallo en cuanto considera de aplicación la norma del art 58 de la Ley 17.418, que establece en un año el plazo de prescripción y admite la excepción por considerar que a la fecha de la interposición de la demanda, había vencido dicho plazo ya que las diligencias preliminares cesaron con el informe de la aseguradora.

Tiene dicho la jurisprudencia Comercial de la Nación: "La ley de seguros ha instituido un régimen expreso para la prescripción fijando el termino de un año, que se basa en el aprovechamiento de toda una experiencia al respecto y persigue el propósito de evitar confusiones (art. 58).Autos: CNCOM. B 24576 ED 68248. Ref. Norm.: L. 17418: 58 Sala: C Fecha: 22/03/1985).

"Las acciones fundadas en el contrato de seguro se prescriben en el plazo de un año (ley 17418: 58, que reemplazo al confuso ccom 8532plicacion).

En este contrato, como en todas las acciones, la prescripción comienza en cuanto puede hacerse valer el derecho en justicia (art. 58, 1Plicacion parte).

En seguros, el régimen de la interrupción de la prescripción es el establecido en general por el código civil (ccom 844).(Autos: TAMAGNONE GUILLERMO C/ AMPARO CIA. DE SEGUROS.

Ref. Norm.: L. 17418: 58 C.CO.: 853 AP. 2 C.CO.: 844 Sala: A Mag.: BARRANCOS Y VEDIA VIALE JARAZO VEIRAS Fecha: 30/07/1982)Jurisprudencia Comercial de la Nación.).

Concluyo así que todas las acciones emergentes del contrato de seguros se rigen por la Ley de Seguros y el plazo de prescripción aplicable, es el del art 58 de la Ley 17.418.

Hemos resuelto que: "El cómputo del plazo de un año que establece el art. 58 de la Ley 17.418, comienza desde que la obligación es exigible; a partir de ese momento tiene el asegurado expedita la acción judicial.(PROT. DE AUTOS Tº I Fº 176/177 AÑO 2008 Sala III).

Dicho plazo comenzó a correr desde la fecha del rechazo del siniestro por la aseguradora, según carta certificada de fecha 21/12/05 recibida el 24/12/05.

El actor en los Autos N° 89.757 caratulados " Fernández Camilo José", promueve medidas preliminares de juicio el 23/05/2006 a fin de iniciar acción judicial contra la Caja de Seguros S.A.

Solicita se oficie a la demandada ( sic) para que remita copia de todo lo actuado en los Siniestros N° 5100006 póliza N° 5100988416501 perteneciente a la asegurada Sra. Angela Ramona Cáceres.

Expresa que necesita dichas constancias para fundamentar e iniciar la vía judicial por el reclamo de la indemnización denegada.

El requerimiento lo cumple la Caja de Seguros S.A. el 28 de junio de 2006, según constancias de fs.09/119, de dichas actuaciones.

El 07 de noviembre de 2006, el actor, en las Medidas Preliminares, solicita se oficie a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a fin de que informe sobre el seguro de vida colectivo identificado como Póliza N° 5100988416501 contratado con la Caja de Seguros S.A., según el detalle allí indicado.

La Municipalidad contesta el oficio según constancias de fs. 129/146 y se ordena agregar las actuaciones el 09/03/2007.

La prescripción consiste en la extinción de las acciones derivadas de un derecho en razón de su abandono por el titular.

El supuesto de hecho de la prescripción liberatoria lo constituye la inacción del titular del derecho expuesto a extinguirse por no uso (Spota Alberto "Prescripción y Caducidad" pág. 349).

Por constituir la prescripción un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo fijado por la ley, sirve a la seguridad jurídica en cuanto determina la estabilidad de los derechos.

En razón del carácter de orden público del instituto (art.3947, Cód.Civil), no puede desconocerse la regulación del derecho de fondo, además, obliga a efectuar una interpretación estricta.(PROT. DE SENT. Tº I Fº 1/4 AÑO 2008 Sala III).

La prescripción se interrumpe por causas legales, borra el término transcurrido y vuelve a correr por el término de ley, a partir de la cesación de la causa interruptiva.

De conformidad a las prescripciones del art.3986 del Código Civil la interposición de la demanda interrumpe la prescripción.

Según Salas Trigo Represas; Código CivilAnotado Tº 3 pág. 316 (Ed.1978): "En la norma anotada, la palabra "demanda" no tiene el sentido estricto con que se la emplea en derecho procesal, sino que comprende todas aquellas manifestaciones judiciales que importan la voluntad del titular del derecho de mantenerlo vivo, siempre que por su contenido sea apta para llegar a su actuación, pero esto no debe considerarse con criterio restrictivo, porque la abdicación de un derecho no se debe presumir".Tenemos dicho que: "Tratándose de gestiones judiciales, la jurisprudencia ha tenido y tiene un criterio amplio.

Por demanda no sólo se entiende la acción formalmente entablada, sino también todo acto procesal que demuestre en forma auténtica que el acreedor no ha abandonado su crédito y que tiene el propósito de hacerlo valer (Borda, obra citada pág. 10 y sig.; Llambías D. Civil, parte General Tº II pág. 658 y sgts.).

Por lo tanto produce efecto interruptivo el pedido de medidas preparatorias" (Prot. de Sent. Tº IFº 1/41996).

Al respecto, como bien lo señala la jurisprudencia: "Cualquier actitud procesal que demuestre inequivocadamente la voluntad de hacer valer un derecho contra el deudor, debe considerarse como eficaz a los fines de interrumpir el curso de la prescripción, de lo contrario, por observar la simple lectura de la Ley, se dejaría de lado lo que constituye el fundamento y justificación de la norma indicada (E.D. 16512).

(Prot. de Autos Tº IIIFº 440/4431996).( PROT. DE AUTOS Tº IV Fº 634/639 AÑO 2003).

La jurisprudencia Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto: "El efecto interruptivo de la prescripción en términos del art. 3986 del Código Civil está dado, con relación a la acción puesta en movimiento mediante promoción, en la medida en que exista identidad entre el derecho reclamado y el objeto de la pretensión que luego se demande; con el límite del desistimiento de la demanda o la deserción de la instancia, que determinan que la interrupción deba tenerse por no acaecida (art. 3987 Código Civil).(Referencia Normativa: Cci Art. 3987Cc0100 Sn 8530 Rsd1737 SFecha: 21/08/2007.Cc0100 Sn 8717 Rsd328 SFecha: 03/04/2008Juez: Telechea (sd)Caratula: Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. (su Quiebra) C/ Podestá Luis Horacio S/ Cobro EjecutivoMag. Votantes: Telecheativanofernandez Balbis).

"La presentación judicial que exterioriza de manera indubitada la voluntad de accionar de un particular es idónea para interrumpir el curso de la prescripción liberatoria, aun cuando no se trate de la demanda propiamente dicha.

En consecuencia, la solicitud de una diligencia preliminar por quien va a ser parte en un proceso de conocimiento (art. 326 del Código Procesal), es hábil a esos efectos.

(Sumario N°17334 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°9/2007).

(Autos: EPIFANIO Gladys Mabel c/ LLOUSAS Guillermo Antonio s/ INTERDICTO DE RECOBRAR. Magistrados:DE LOS SANTOS, VILAR. Sala M. Fecha: 16/11/2006 Nro. Exp.: L.434300 ).

Las diligencias preliminares son las que se tramitan con anterioridad al proceso a un proceso, procurando a quien ha de ser parte en un juicio de conocimiento hechos o informaciones que no podría obtener sin la actuación jurisdiccional...

(Fenochietto AraziCódigo Procesal Civil y Comercial T°2 pág. 138 y siguientes).

Las diligencias preliminares, que comprenden las medidas preparatorias del juicio; en general tienden a la obtención de informaciones que son indispensables para la "ulterior" constitución regular y válida de la litis.(PROT. DE AUTOS Tº I Fº 83/84 AÑO 2003).

Según las prescripciones del art.312 del C.P.C., en el escrito en que se solicitaren las medidas preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.

Por este último aspecto se entiende la exposición clara del litigio sobre el que versará el juicio y la justificación de la necesidad de la medida preliminar (ver FenocchiettoArazi obra citada pág. 160).

Es decir que se concede efecto interruptivo a los actos preparatorios, siempre y cuando en ellos se ponga de manifiesto con claridad, cuál es el derecho que se pretende hacer valer, indicando la persona del deudor aunque ella no tenga participación en ese trámite y la demostración inequívoca de que se procura mantener vivo el derecho que se pretende ejercer (E.D. 54151).(Protocolo de Sentencias T° IIF° 256/258año 1990).

La Corte de Justicia de la Provincia en el fallo dictado por la Sala Primera resolvió: "A los efectos de que una medida preliminar obre como interruptiva del curso de la prescripción, en la misma se debe dejar explicitada una manifestación de voluntad idónea y positiva, de mantener vivo el derecho.

No cualquier actuación judicial tiene tales características.(Expediente N°386(CEREZO Carlos Ramón C/ EL CABILDO COMPAÑIA ARGENTINA DE SegurosCumplimiento de ContratoOrdinario.Incosnt.y Casación el 31/07/1991).

En el caso en estudio, la diligencia preliminar se inició indicando como futura demandada a la Caja de Seguros S.A., agotándose con el requerimiento cumplido por ésta, con el objeto de la medida.

El pedido de informes efectuado a fs. 124 dirigido a la Municipalidad de la Capital no cumple los requisitos de las medidas preparatorias y por ende no interrumpe la prescripción de la acción contra la demandada, no contra la codemandada.

Por lo que corresponde rechazar el agravio analizado.

Respecto al pedido de eximición de costas referido a la excepción articulada por La Caja de Ahorro y Seguro S.A., alegando un error de tipeo en la demanda considero no es procedente.

El actor no contestó el traslado de dicha excepción en primera instancia y tampoco pidió eximición de costas.

Tenemos dicho: "Para que proceda la eximición de costas a favor de quien lo formula, el allanamiento debe ser real, incondicionado, total, oportuno y efectivo, realizado por quien no ha dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial.

Sólo reunidos estos requisitos, el allanamiento tendrá la virtualidad de liberar del pago de las costas al allanado.

Por eso, la exención que contempla la ley en el art.76, inc.2º del C.P.C., debe interpretarse con sentido estricto, en razón de su excepcionalidad, ya que la condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, cuya apreciación debe hacerse objetivamente.

Se debe atender en forma primordial el derecho que tiene el vencedor del pleito de ser resarcido de sus gastos judiciales (Prot. de Autos de esta Sala: Tº II Fº 394/397 1998; y Prot.de Sent. TºIII Fº 582/584 1997, entre otros).

"Es importante destacar que el allanamiento a la demanda no significa que no medie un vencido a los efectos de la condenación en costas.

"Es que la actitud del allanamiento supone vencimiento por admisión de la pretensión contraria, y sólo circunstancias de excepción permiten dispensar de costas al demandado que se allana" (C.J..B.A. v 6053).(PROT. DE SENT. Tº III Fº 506/510 AÑO 2003PROT. DE SENT. Tº III Fº 412/415 AÑO 2004 PROT. DE SENT. Tº I Fº 10/13 AÑO 2007 PROT. DE SENT. Tº I Fº 84/87 AÑO 2008 ).Se rechazan así los agravios del actor y las costas de la alzada se imponen a su cargo (art.74 y conc. del C.P.C.).

LOS DOCTORES MOISES MOYA Y HUMBERTO CABALLERO, por sus fundamentos adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido al actor a fs. 147 y admitir parcialmente el concedido a la codemandada Municipalidad de la Ciudad de San Juan a fs. 153, modificada su forma de concesión a fs. 157; contra la sentencia de fecha 13 de marzo de 2009 obrante a fs. 141/145, la que se confirma y sólo se modifica en el punto III), en cuanto impone las costas de la excepción de falta de legitimación, a la codemandada Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

En su lugar se imponen en ambas instancias por el orden causado ( art.20 de la Ley 7675).

Las costas de la alzada en el recurso del actor que se rechaza, se imponen a su cargo (art. 74 y conc. del C.P.C.).

Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.FDO:DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA .

ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA PROT. DE SENT. T° IIF° 253/264 010