marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pagaré, pagaré con vencimiento a día fijo, actualización monetaria, cláusula de actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: FINBER CIA. FINANCIERA  S.A. c/ CENTRAL MOTOR  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

La cláusula de actualización por índice de ajuste de préstamos comunicación a 185 B.C.R.A. -, no se encuentra prevista en la normativa que regula el pagaré a día fijo, resultando insusceptible de ser asimilada al supuesto expresamente determinado en el dec.Ley 5965/63:5, que prevé la incorporación del convenio de intereses en las letras a la vista o a cierto tiempo vista, por cuánto la naturaleza jurídica de ambos supuestos es sustancialmente diversa, lo inválido en tal caso es la cláusula actualizatoria, no el resto de la declaración documental.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: R., G.E. c/ I., R. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-29

Establecida la cuota alimentaria en un porcentaje de los ingresos del alimentante, la referencia que se hace al grado militar que detenta éste al momento de la suscripción del acuerdo, no puede llevar a interpretar que el porcentaje pactado debe seguir calculándose sobre el sueldo correspondiente a ese grado, cuando el deudor ha sido promovido a una jerarquía superior. Pretender que ese porcentaje se aplique sobre aquella suma, cuando los ingresos que se han visto incrementados a raíz de un ascenso, importaría excluir a los alimentarios de las ventajas obtenidas como consecuencia de la mayor jerarquía alcanzada.
Aplicación de la ley, proceso en trámite, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: SAAGER c/ CORTINA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

De acuerdo al principio de la aplicación inmediata, el proceso puede ser alcanzado por la nueva ley dictada durante su curso, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior. Esta excepción se justifica, por cuanto tales actos se hallan amparados por el principio de preclusión, al que prestan respaldo, en nuestro ordenamiento jurídico, las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio.-
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Abelli, José s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-10-13

El fallo se encuentra suficientemente fundado no siendo descalificable por arbitrariedad, toda vez que analiza las pruebas rendidas y decide de acuerdo a las normas vigentes.
Relación de dependencia, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Stakul, Luis Alberto c/ Damián Pablo Senoff y Librería Senoff y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de Haberes, Indemnización por Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-12-17

No procede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora por la valoración que hace el a-quo de los testigos ofrecidos. Ello así, ya que junto a la mayor relevancia otorgada a las testimoniales de la parte demandada se ubica la existencia de 27 recibos de pagos suscriptos por el actor que dan cuenta de la existencia de una relación no encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo, siendo de advertir a este respecto que llama la atención como el actor, quien según sus alegaciones sobre tareas cumplidas, sería una persona medianamente instruida, consintió una relación laboral de más de un año sin exigir la entrega de recibos de pago de remuneraciones; dice asimismo que cobraba por debajo de lo reglamentario, según planilla faccionada no percibía sueldo o lo hacía tan escasamente como para juzgarlo inexistente, todo ello difícilmente admisible atento la naturaleza alimentaria del salario, asimismo surge que nunca percibió Sueldo Anual Complementario lo que lleva a recordar que en determinadas circunstancias esto se convierte en seria presunción en contra de la existencia de relación laboral, ya que el silencio en cuestión no se compadece con el curso ordinario y natural de las cosas en el tracto laboral, siendo pauta interpretativa del negocio jurídico la actividad de las partes durante la ejecución del mismo.
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22

Al fijarse la cuota alimentaria debe procurarse mantener un equilibrio que permita dar satisfacción a todos los alimentados teniendo al mismo tiempo en cuenta las posibilidades económicas del obligado a satisfacer dicha prestación.

En ese contexto, al fijarse la cuota alimentaria debe buscarse un prudente equilibrio entre el monto de la misma, las necesidades a cubrir y la aptitud del obligado para llenar tal finalidad.
Prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., H. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-07

La limitación de la libertad personal durante el proceso motivada -como en el caso- en el reproche o en la repulsa social de ciertas conductas, sin referir las circunstancias en que se fundamenta el peligro de fuga aludido, importa alterar arbitrariamente los ámbitos propios de las distintas esferas constitucionales para el ejercicio de prerrogativas legisferantes y desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada, pues la aspiración social de que todos los culpables reciban pena presupone que se haya establecido previamente esa calidad.
Recurso de casación, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Azocar, Alejandrino s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-21

Cuando la casación es interpuesta en forma subsidiaria al recurso de revocatoria debe declararse improcedente, pues debe advertirse que dicho remedio extraordinario se ha estructurado en el Código de Procedimiento de la Provincia para ser planteado en forma independiente y no en subsidio de ningún otro remedio procesal, como sería la situación contemplada en el inc. 1 del artículo 241 del C.P.C.C..
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Valdez Vda. de Alderete, Eufracia y Alderete Rómulo c/ Sian  de  González,  Lucia Berta y Mendoza de Scoffield, Lidia Leonor s/ Daños y Perjuicios Sian  de  González,  Lucia Berta y Mendoza de Scoffield, Lidia Leonor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-06-04

Los gastos por asistencia pública médica y farmacéutica derivados de un accidente de tránsito no necesitan de una prueba fehaciente para que sean reconocidos, cuando la naturaleza de las lesiones producidas a la víctima los hacen presuponer.
Prescripción, jubilación de magistrados, aplicación supletoria de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rondano Herminio Hector c/ E.N. (P.J.N.) s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Conforme el texto ordenado de la ley de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, aprobado por decreto 2700/83, las jubilaciones de los funcionarios se regirán por las disposiciones de la ley 18.464 y, en lo no modificado por ésta, por las normas de la ley 18.037. El régimen de jubilaciones y pensiones que sustituyó al ya mencionado -ley 24.018- que entró en vigencia el 1° de enero de 1992, establece una regla de supletoriedad al sostener que las jubilaciones de los beneficiarios de esta ley y los pensionados de sus causahabientes se regirán por las disposiciones de esta ley y en lo no modificado por ésta por las normas de la ley 18.037 (t.o. 1976). Por lo tanto, en ausencia de una norma de prescripción específica en el régimen de regulación especialmente aplicable a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, corresponde acudir para solucionar el caso a lo prescripto en la ley 18.037. En el art. 82 (t.o. 1976) de esta norma se establece que "...prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud de beneficio..." (Sala IV, 7/2/95, in re "Paz, Juan Alejo c/ E.N. s/ juicio de conocimiento").
Trabajadores telefónicos, remuneración, quinquenios, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: COLOMINA, HORACIO ALBERTO c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

La sanción de la ley 21476 en nada impidió a los trabajadores de ENTEL que pensaron que el beneficio denominado 'quinquenios' estaba comprendido en la derogación por ella impuesta, a recurrir a la justicia por lo menos con un planteo de inconstitucionalidad, y por ello, no pueden invocarla como la 'imposibilidad de hecho' a que alude el artículo 3980 del Código Civil.
Terceros, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sánchez, Pascacio c/ Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada y otra s/ Incumplimiento de contrato y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-13

Dado que el art. 96 del Cód. procesal prescribe que "En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, lo afectará como a los litigantes principales", tanto el demandado como el tercero pueden ser ejecutados, pues de otro modo no podría el segundo quedar afectado por la decisión si no se le extendieran todos los efectos prácticos de la misma en un proceso en el que ha participado y donde fue tenido por parte, lo que le permitió ejercer los derechos que en el juicio la asisten como tal.
Daños y perjuicios, caída en la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: Roisman, Esther Violeta c/ Estado Nacional - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-19

Se modifica la sentencia de primera instancia y en consecuencia se eleva el monto indemnizatorio determinado en virtud de los daños y perjuicios sufridos por la actora por una caída padecida en la vía pública. En este sentido, ha quedado acreditado no solo las lesiones padecidas por la actora en el brazo, codo y la fractura de la cúpula radial derecha, sino también el nexo causal alegado; lo cual lleva a incrementar el daño cuantificado en la sentencia recurrida.
Emergencia económica, ley de emergencia económica, aplicación temporal de la ley, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, honorarios, deudas consolidadas
Materia: ECONOMIA-CIVIL
Carátula: TINTORERIAS  BIERCAMP SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE  VERIFICACION  POR FISCO NACIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

Si las tareas realizadas por los profesionales beneficiarios de los emolumentos fueron efectuadas con anterioridad a la fecha de corte señalada por la ley 25344:

13, tales honorarios quedan subsumidos en el regimen que contiene dicha normativa, que consolido las deudas del estado imponiendo un procedimiento especial de cancelación sin modificar la ley arancelaria.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Barbarosch, Alfredo y otros s/ Recurso de casación - Causa n. :1621.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

Son cuestiones de hecho todas las que refieren a la estructuración subjetiva y objetiva, física, psíquica de lo sucedido. (Voto del Dr. Tragant).
Prescripción, derechos del trabajador, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MERELLES, SILVIA LILIANA Y OTROS c/ MODAS DENISE SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-30

La prescripción no puede constituir un medio de vulnerar los derechos esenciales del trabajador, por lo que toda duda debe resolverse en favor del mantenimiento de la acción. (Conforme Sala IV, in re 'Salvatierra, Francisco c/ Swift de La Plata SA.', 31 de julio de 1972, DT. año 1973, página 139 y ss.).
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ BAZÁN JOS? BENITO s/ EJECUCIÓN FISCAL - CASACIÓN CIVIL FISCAL - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-20

La regla de apreciación judicial es que la nulidad de subasta debe interpretarse con criterio restrictivo, a fin de evitar un clima contrario a esta clase de actuación judicial. En otras palabras, la eventual anulación de una subasta judicial se adscribe a un marco extremadamente restrictivo, evitándose de ese modo crear un clima contrario al que debe inspirar una enajenación pública ordenada por la autoridad judicial.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, juicio político, gobernador, ley provincial, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La Corte Suprema no puede revisar lo decidido respecto del juzgamiento político de un gobernador sin que las normas provinciales - tal como fueron interpretadas - hayan sido atacadas como inconstitucionales, ya que ello está vedado por las normas legales y constitucionales que rigen su competencia, con notoria invasión de la zona de reserva jurisdiccional de las provincias.
Procedimiento administrativo, reapertura del procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marini, Omar Angel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

La norma legal es clara acerca de la admisión de pedidos de reapertura del procedimiento cuando no se funden exclusivamente en cuestiones de derecho o en jurisprudencia o interpretación legal, judicial o administrativa, desprendiéndose de la norma reglamentaria la desestimación sólo cuando la prueba ofrecida fuera manifiestamente inconducente a los fines de la modificación de la resolución recaída, sin que ello importe prejuzgamiento acerca del derecho peticionado. (Minoría u opinión personal)
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, reglas procesales, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Liflaud, Sylvia Nelly c/ Bbva Banco Frances SA s/ ordinario s/incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede revocar la resolución mediante la cual se desestimó el pedido del accionante, de embargo - CPR 212-3°- sobre fondos que la demandada tenga depositados en el Banco Central de la República Argentina, con base en que no se hallaba acreditado el peligro en la demora, no viendo comprometida la solvencia del Banco demandado. El CPR 212-3°, permite trabar embargo, si quien lo solicita obtuvo sentencia favorable, aunque estuviere recurrida, tal como sucede en el presente caso. Y esa sentencia dictada en autos a favor de la actora, confiere "per se" un máximo grado de verosimilitud del derecho; aun encontrándose apelada, y en ello se funda la norma para admitir el embargo preventivo, el cual no requiere, además, demostrar el peligro en la demora (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado- Concordado-Comentado", Tomo II, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1983, pág. 271). Tal ha sido la solución adoptada por esta Sala en situaciones similares (v. "Fileppo Patrón Juan Pablo c/ Di María Gabriel y otro s/ ordinario", del 27/11/13; "Proyección Electroluz SRL c/ Global Auto SRL s/ ordinario s/ inc. art. 250", del 16/5/16; "GCC Group SA c/ Banco Finansur SA s/ inc. de medida cautelar embargo", del 28/12/17). Así, la queja fundada sobre la base de que el recaudo del "peligro en la demora" no debe estar presente de manera conjunta con el de "verosimilitud en el derecho" para ordenar la cautelar pedida en autos, debe ser reconocida.
Automotor decomisado, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: JUNCOS, Juan José y otros c/  s/ recurso de casación  (Registro N° 162/17)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

Si bien es cierto que el vehículo utilizado para llevar adelante las maniobras delictivas no resulta propiedad del imputado, no encuadra en el supuesto de excepción al decomiso (último párrafo del art. 30 ley 23.737), pues en el interior de rodado se secuestró una cédula azul a nombre de la titular autorizando el uso del vehículo decomisado al encartado.
Depósito previo, plazos procesales, notificación defectuosa
Materia: PROCESAL
Carátula: Lapadula, Pablo Víctor c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Lapadula, Pablo Víctor sobre 9.1.1 - obstrucción de inspección
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-03

Corresponde rechazar la petición efectuada por el actor tendiente a que se tenga por acompañado el depósito de la queja que fuera presentado con posterioridad al plazo otorgado a ese fin. Ello así, dado que tal solicitud se funda en una supuesta errónea notificación del auto de intimación a integrar dicho depósito pero en el escrito referido no demuestra que la notificación no haya sido enviada o que ella adoleciera de algún defecto. Conforme surge de las constancias obrantes en EJE, la notificación electrónica cursada en la presente causa fue efectuada en los términos dispuestos en el "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO", Anexo I de la Resolución CM n° 42/2017, con las modificaciones de la Resolución CM n° 19/2019 y no contiene defecto alguno, habiendo sido debidamente enviada y recibida en el domicilio electrónico constituido por el recurrente. No obsta a lo afirmado el hecho de que, tal como alega el recurrente, no hubiese recibido en su casilla de correo personal el "correo electrónico de cortesía", pues dicho correo no constituye una notificación electrónica, sino un simple aviso sin efecto procesal alguno (cf. el voto de la jueza De Langhe en "K, B. N.", expte. n° 17321/19, sentencia del 29/12/2020). (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Cómputo de servicios, prueba, apreciación de la prueba, in dubio pro reo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MOSCHIAR, ELENA ESTHER c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

La acreditación de servicios por prolongados períodos de tiempo no puede admitirse en base a elementos aislados, presuntivos o amparados en criterios jurisprudenciales en exceso amplios en cuanto a la evaluación y aplicación del principio de la duda, porque a contrario de discernir lo justo en el caso particular, lo que se hace es afectar injustamente al resto de la comunidad que sí ha cumplido con sus deberes previsionales e integrado el fondo contributivo del cual saldrán los recursos para pagar un beneficio cuya percepción no se ha justificado legítimamente (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, 8377, 9.4.91, "Barga, Julio" -voto en disidencia del Dr. Fernández-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, fallo plenario, jurisprudencia vinculante, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, equidad, sentencia, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la constitucionalidad de la obligatoriedad de las decisiones plenarias recordando que "la circunstancia de que se haya elaborado determinada jurisprudencia plenaria no es suficiente para imponer la obligatoriedad general de su doctrina, pues, en último extremo, nada impide a los particulares cuestionar el acierto de tal interpretación por las vías procesales pertinentes". La doctrina del Alto Cuerpo preserva la constitucionalidad de disposiciones de inveterada práctica en nuestro foros, y habilita a las partes -ahora sí en un caso concreto- a emplear los medios a su alcance para impedir la aplicación de lo decidido en el pleno, viabilizando el apartamiento del juzgador y/o la revisión del criterio por un órgano superior, vía por la que es posible superar cualquier error o abuso que pudiere atribuirse al acuerdo pleno, eliminando las razones por las que se insiste en una injustificada crítica. (Del Voto del Dr. Suárez). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Prueba documental, rechazo de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Prevision Social S.A. c/ Fernando Viñuela s/ Ejecutivo (LIBRO: S139 - 024)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-21

Cuando aquellas copias de la prueba documental ofrecida por las partes que se agregan al expediente, quedan "cosidas" y no son desglosadas cuando son declaradas inadmisibles por el juzgador, no pueden ser consideradas como tales. Su permanencia física en el lugar, no significa su incorporación jurídica al proceso, pues para que ello puede acontecer, es requisito "sine quanon" que previamente haya sido admitida.
Conversión del proceso previsional, inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal), radicación del expediente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: DIAZ, JUANA NELDA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

Si bien en innumerables precedentes se ha sostenido que diversas circunstancias concomitantes permitían considerar que la causa se encontraba radicada en la Sala, y ésta habilitada para conocer -aún cuando el sorteo se hubiera realizado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y a la presentación del escrito -en aquellos casos en que se cuestionaba la validez constitucional del art. 24 de la ley 24.463, para ello es necesario que al momento de deducirse la tacha el principal conteniendo el recurso de apelación interpuesto en las condiciones establecidas por la ley 23.473 se encontrara en Secretaría General y que, con posterioridad, hubiera sido sorteado a la Sala y se hubiere hecho saber que ella iba a conocer. Dichas condiciones no se verifican cuando la presentación que dice de inconstitucionalidad fue deducida directamente ante la Cámara, en tanto el principal que contiene el recurso de apelación se encontraría en el organismo. En consecuencia, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido en forma autónoma y remitir las actuaciones a la Secretaría General para que proceda a su sorteo entre los Juzgado Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, cuya intervención compete. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).