Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-06-09


Salta, junio 9 de 2003.

Considerando: 1º. Que contra la sentencia de fs. 178/179 vta. y su aclaratoria de fs. 182, que hizo lugar a la demanda, interpusieron sendos recursos de apelación el actor y la demandada (fs. 184 y 187, respectivamente).

Para resolver como lo hizo, el a quo consideró, en lo esencial, que al acreditar las res. 0319/94 y 035/95 el contrato de locación de servicios celebrado entre el actor y el municipio demandado, como la comprobación de la efectiva prestación de tareas de acuerdo a las testimoniales recibidas en la causa y la certificación de servicios expedida por la comuna, resulta procedente el reclamo por los haberes mensuales impagos con más sus intereses conforme la tasa activa promedio para operaciones de descuento de documentos del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, impuso las costas por el orden causado al no advertir temeridad en la conducta procesal desplegada por la demandada.

Los agravios del actor (fs. 196/197) se dirigen a cuestionar la distribución de las costas por el orden causado que efectúa el fallo en revisión. Afirma que la accionada ha obrado con un propósito dilatorio y obstruccionista por cuanto, sin fundamento, ha negado los hechos comprobados de la causa, como así también la documentación que respaldó el derecho invocado en la demanda cuyo desconocimiento no podía alegar por proceder de la propia municipalidad.

Por su parte, la demandada, al expresar los agravios (fs. 202/204 vta.), objeta el valor probatorio de las declaraciones testimoniales producidas en el proceso, como también niega la autenticidad del contenido de la certificación de servicios incorporada a fs. 22. Resalta el informe producido por el jefe de personal de la comuna, donde da cuenta de la inexistencia de planillas o tarjetas que registren la asistencia del actor a su lugar de trabajo. En subsidio, cuestiona el rubro sueldo anual complementario reconocido al actor, por cuanto, afirma, el vínculo que unió a las partes estuvo encuadrado en la figura de un contrato de locación de servicios y no en una relación de empleo público. Además, se agravia en cuanto a la tasa de interés activa aplicada al capital adeudado, con invocación de la ley de convertibilidad. Sostiene, por último la aplicación al caso de las leyes 6837 y 6583 en virtud de la adhesión del municipio por ord. 043/97.

A fs. 210 y vta. se pronuncia el fiscal ante la Corte por la improcedencia del recurso del actor y la admisión parcial -en cuanto al rubro sueldo anual complementario- de la apelación de la demandada, conforme los argumentos que allí explicita.

A fs. 212 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra consentida.

2º. Que atento la índole de los agravios propuestos por los recurrentes, corresponde atender, en primer término, a la apelación planteada por la demandada.

En cuanto a la discusión en torno a la prueba de la efectiva prestación de servicios por parte del actor, como condición para el pago de las remuneraciones adeudadas, debe señalarse que la circunstancia de no haber sido desconocido por el Municipio el contrato de locación de servicios y su posterior renovación, y la inexistencia durante su vigencia de elemento alguno que haga suponer su incumplimiento, hace aplicable al caso el principio que impide venir contra los actos propios, en virtud del cual "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (CSJN, Fallos: 294:222). Es decir, si la demandada, frente a la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato (cláusula cuarta) consintió su continuidad y, a más de ello, lo renovó por un nuevo período, se ve impedida de denunciar el incumplimiento del deber básico encomendado al actor una vez concluido el vínculo contractual. En este sentido, las alegaciones relativas a la inexistencia de control de asistencia no resultan suficientes para modificar tal aserto frente a las distintas modalidades de ejercicio de la función que pudieron convenirse con el contratado, como lo dispone expresamente la cláusula segunda del contrato que sujetó a las partes.

A más de ello, constituía una carga de la demandada en la etapa procesal oportuna, al atribuir falsedad ideológica a la certificación de servicios agregada a fs. 22, producir la prueba necesaria para comprobar sus dichos, ya que la actividad probatoria constituye un imperativo del propio interés de cada parte. Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito.

Por lo demás resulta útil recordar, que en materia de selección y valoración de las pruebas, los jueces no están obligados a tratar una por una todas las producidas, sino que basta que se mencionen aquellas que a su juicio sean decisivas para fundar la solución que adopten (esta Corte, 80:705).

3º. Que reconocido el derecho del actor a percibir la retribución reclamada, con respecto a la condena al pago de la parte proporcional del sueldo anual complementario asiste razón a la demandada, en cuanto no corresponde su retribución por tratarse de un contrato de locación de servicios, que reviste el carácter de un contrato de derecho común de la administración, donde las relaciones entre ésta y el particular se encuentran sustraídas del régimen jurídico de empleo público, debiendo estarse a lo pactado en el contrato, con arreglo a lo dispuesto por el art. 1198 del Cód. Civil.

Acerca del agravio relativo a la tasa de interés aplicada por el juzgador, cabe señalar, conforme se pronunciara el tribunal en anteriores oportunidades, que la determinación del interés a aplicar en los términos del art. 622 del Cód. Civil, como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa, que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (esta Corte, 61:845, 72:121, 79:453; 80:705, entre otros). Siendo ello así, y atendiendo a la naturaleza alimentaria del crédito reclamado, corresponde que el interés sea fijado conforme a los que resulten del promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuentos de documentos comerciales, criterio seguido en el caso por el a quo.

Finalmente, cabe puntualizar que no obstante haberse pronunciado una sentencia de condena, en los casos como el presente, en los que corresponde la aplicación de una norma de emergencia económica que dispone la reprogramación de deudas, el cumplimiento de dicha condena procede a través del mecanismo previsto en la ley misma. De tal modo que a pesar de que el principio general implica, de que cuando no se fija plazo la sentencia es susceptible de ejecución inmediatamente luego de quedar consentida o ejecutoriada, tal disposición debe adecuarse a las leyes de emergencia, sea a través de su invocación por la demandada por vía de excepción de espera, sea mediante su aplicación de oficio por tratarse de normas de orden público (esta Corte, 81:87).

En autos, al haber operado el vencimiento de la obligación debida antes del 1º de enero de 2000, resultan aplicables las disposiciones sobre reprogramación de deudas comprendidas en el art. 1º de la ley 6837 y sus modificatorias, de conformidad a lo prescripto por la ley 7125 y sus prórrogas (leyes 7176 y 7228), dictada en adhesión al régimen de la ley nacional 25.344 -Emergencia Económica Financiera-, que en su art. 4º establece que "... las disposiciones sobre reprogramación de deudas contenidas en el art. 1º de la ley 6837, se tendrán por aplicables a aquellas obligaciones, a cargo del sector público provincial y municipal de la provincia de Salta, cuyos vencimientos hubiesen operado en la época prevista por el art. 13 de la ley nacional 25.344 (anteriores al 1 de enero de 2000)..."; además es de hacer notar que el Municipio de la Ciudad de Embarcación se adhirió a la citada ley mediante ord. 043/97 de fecha 31/01/97.

En igual orden de ideas, es dable resaltar que la reprogramación de deudas del sector público dispuesta por ley 6837 y su modificatorias, norma de carácter imperativo (art. 21, Cód. Civil), no priva al particular del beneficio patrimonial legítimamente reconocido ni le niega la propiedad, sino que sólo limita temporalmente su percepción, a fin de superar o atenuar una situación de crisis (esta Corte, 76:179).

4º. Que sentado ello, corresponde analizar los agravios esgrimidos por el actor relativos a la distribución de las costas por el orden causado, efectuada en la sentencia apelada.

La temeridad mencionada al efecto por el art. 15 del CPCA supone una conducta mañosa, la maniobra desleal, las articulaciones de mala fe y sin sustento jurídico o fáctico alguno, máxime cuando son reiteradas y nadie puede tener ninguna duda de que no obedecen a un simple error o distintas posibilidades que brinda una jurisprudencia divergente sobre el punto o, al menos, enfoques susceptibles de hacerla variar, sino que trasuntan claramente dolo procesal (esta Corte, 69:389; 72:471, entre otros). En el caso, la demandada ha persistido en una conducta contraria a la buena fe procesal, al continuar sosteniendo sus defensas a sabiendas de la existencia de documentación respaldatoria del derecho del actor, la que no podía ignorar por provenir, principalmente, del propio municipio (esta Corte, 73:657, 76:179). Tal circunstancia ha quedado plenamente comprobada con las constancias de la causa y hace mérito para imponer las costas a la vencida, en virtud del precepto contenido en el art. 15 citado.

5º. Que, en definitiva, corresponderá hacer lugar al recurso de apelación del actor y acoger parcialmente la impugnación de la demandada, con costas por el orden causado en la presente instancia (art. 15, CPCA).

Por ello; la Corte de Justicia, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 184 y, en su mérito, declarar a cargo de la demandada las costas de primera instancia. II. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de fs. 187 y, en su mérito, dejar sin efecto la condena al pago del rubro sueldo anual complementario que integra la sentencia de fs. 178/179 vta., estableciendo que el capital adeudado y los intereses que aquí se confirman serán percibidos en el plazo y conforme los procedimientos fijados por la ley 6837 y sus modificatorias. III. Imponer las costas de la presente instancia por el orden causado. - Guillermo A. Posadas. - Edgardo Vicente. - Alfredo G. Puig. - María C. Garros Martínez. - Antonio O. Silisque.