marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Crédito laboral, acreedor laboral, acreedor privilegiado, competencia por la materia, competencia laboral
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Osti,  Egidio c/ Alpargatas  Textil S.A. s/ ejecución de créditoslaborales.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-05

En caso de mediar un proceso universal, y habiendo arribado la concursada a un concordato con sus acreedores, para el acreedor laboral (acreedor privilegiado) resulta de aplicación lo normado en el art. 57 de la ley 24.522, el cual establece que los acreedores privilegiados podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, que en el caso es el juez laboral. El art. 57 de la ley 24.522 ha derogado -en los casos de concordatos homologados- el art. 135 LO t.o. dec. 106/98, en tanto se trata de una ley posterior que, para más, es "especial", en el sentido de que regula todo lo atingente a los concursos y las quiebras. Y así como los arts. 21 y 133 de la ley 24.522 -en su redacción anterior a la ley 26.086 prevalecían sobre lo dispuesto en el art. 25 LO t.o. dec. 106/98, similar razonamiento debe llevar a que, en el caso de los acreedores laborales privilegiados, deba estarse a lo dispuesto en el art. 57 ley 24.522 y no a lo establecido en el art. 135 LO t.o. dec. 106/98. toq. 1238.
Recurso de inconstitucionalidad, juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, sentencia no firme, efecto suspensivo, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA, ROSA BEATRIZ Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-10-20

Estribando la materia del presente recurso de inconstitucionalidad en dilucidar si la Administración ha dado adecuado cumplimiento al procedimiento establecido en la ley 12036 para satisfacer los créditos provenientes de sentencias condenatorias contra el Estado provincial, es menester determinar el momento a partir del cual podía considerarse a la Administración obligada a poner en marcha dicho procedimiento, atento a que en diversas disposiciones la ley en cuestión hace alusión a la "sentencia firme" (v. artículo 2 -9 de la ley 7234-, 2do. párrafo, y artículo 3 -9 bis de la ley 7234-, 1er. y 3er. párrafo), y en el caso, al tiempo de deducirse el apremio, la sentencia se encontraba recurrida ante esta Corte por vía de queja. Y bien, como acertadamente señala el a quo y surge de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 7055, la mera interposición del recurso de inconstitucionalidad y de la posterior queja, por carecer de efecto suspensivo, no paralizó el trámite de la causa, ni obstaba a la ejecución de lo decidido, ni implicaba -si se daban los requisitos legales- que la deuda reclamada pudiera considerarse inexigible.

En consecuencia, el momento a partir del cual la condena se tornaba exigible, y por ende debían ponerse en marcha los mecanismos previstos normativamente para el cumplimiento de la sentencia, fue cuando se notificó a la Provincia el fallo de la Sala que, al hacer lugar a la apelación, condenó a la Provincia al pago de una indemnización por mala praxis médica.

Ello así, por cuanto en el caso es la propia sentencia la que determina por sí misma la cuantía económica en que se condena a la Administración.
Extinción del contrato de trabajo, despido con causa, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: WINGEYER, RAUL DARIO c/ CIA RIMIDIAN SA Y-O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DESPIDO POR JUSTA CAUSA      EXPTE NRO 311-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-31

De los artículos 218 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo se infiere la protección del interés probatorio y derecho de defensa de la parte que ha sido denunciada, a pesar de que se ha suprimido del texto original (artículo 264 Ley de Contrato de Trabajo) la existencia de detalle de los hechos motivantes, ha mantenido la obligación de la necesaria "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato" (artículo 243 Ley de Contrato de Trabajo) y su cumplimiento enerva la pretendida motivación, no obstante ello su cumplimiento no implica innecesariedad de la demostración en juicio de la existencia de la causal aducida. Si los términos de la comunicación de la suspensión o del despido no son suficientemente aclaratorios de la situación planteada, es posible demostrar que el destinatario de la comunicación conocía o pudo conocer cuál era la concreta injuria que se le imputaba por lo cual no cabe desestimar la causa que le diera sustento a la ruptura con solo fundamento que en la comunicación de la medida se incurriera en falta de precisión en la enunciación de la injuria. En el caso, imputar "irregularidades" o "manejo indebido" debió merecer una explicitación mayor y en el juicio no se han probado los motivos de la sanción disciplinaria ni que el trabajador conociera concretamente la injuria que se le imputaba.
Habeas corpus, competencia, pena
Materia: PENAL
Carátula: FARIAS DAVID ALFREDO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS EN SU FORMA CORRECTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-18

El Superior Tribunal ha sostenido que es de la competencia del tribunal de juicio las cuestiones referentes al cómputo de pena, ya que el necesario contralor jurisdiccional de la medida de encierro debe conciliarse con el principio de economía procesal, privilegiando cierta cuota de celeridad en los trámites que hagan a la resolución de temas relativos a la libertad de personas, los que encuentran su camino idóneo en la acción de hábeas corpus cuando existe en una persona privada de libertad la presunción del derecho al acceso de un beneficio que acorte su condena. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, escrituración, rebeldía
Materia: CIVIL
Carátula: BROCHERO ARTURO BERNARDO c/ FASSI JUAN DOMINGO Y OTRA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-04

El hecho de que el demandado no haya comparecido al juicio declarándoselo rebelde y que en la intimación efectuada por acta notarial no haya alegado nada en contra de lo manifestado por el actor en cuanto a que había cumplido con la obligación de abonar y que este hecho se injerte en la demanda, estarían probando juris tantum, que la obligación estaba perfeccionada, sin perjuicio de que los demandados puedan intentar, caso contrario, la acción de cobro de pesos.
Sociedad anónima, asamblea de accionistas, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIN,   ELIDA c/ CCI   CONCESIONES   Y   CONSTRUCCIONES   DEINFRAESTRUCTURA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03

La finalidad del derecho de receso es procurar el justo equilibrio entre el interés societario en el logro de decisiones asamblearías que por vía de modificación del estatuto lo vayan adecuando para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales y el también válido de los accionistas para exigir que la sociedad se mantenga dentro de aquel juego de normas estatutarias y legales en los que se fundamentan los derechos y obligaciones que adquirió y se obligó a cumplir cuando ingreso a la sociedad (V. esta sala, 9.9.82, "Almeida, Raúl c/ Sadela SA del Atlántico cia. Fciera", ll 1983-b-62, con nota de Horacio Fargosi, "Aumento de capital, derecho de receso y entidades financieras"). Así, si el desenvolvimiento de la sociedad exige una modificación de los estatutos para el logro del objeto social y la moción obtiene las mayorías necesarias establecidas por la ley, la misma podrá llevarse a cabo aún en contra de la opinión de aquellos que no consideran oportuna la modificación, pero seria muy injusto que no se dejare a estos la posibilidad de retirarse de la sociedad cuando se ha operado un cambio sustancial de las condiciones establecidas originariamente en los estatutos al cual no adhirió y susceptible de ocasionarle perjuicios.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, violencia como vicio de la voluntad
Materia: PENAL
Carátula: SANDOVAL HUMBERTO ANACLETO S.D ABUSO SEXUAL E.P ABEL E. ACHAVAL Y ADRIAN DAVID PAZ. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-21

La ausencia de violencia es irrelevante dado que la violación puede haberse consumado mediante violencia moral o intimidación suficiente.
Prisión domiciliaria, cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Diego Edgardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Si bien el pronunciamiento recurrido -concesión de la prisión domiciliaria- no se encuentra previsto en el art. 457 del C.P.P.N., ni resulta equiparable a sentencia definitiva por sus efectos, el recurrente ha señalado fundadamente que se encuentra involucrada una cuestión federal. Por eso, corresponde su análisis conforme los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 328:1108 ("Di Nunzio, Beatriz Herminia"), en virtud del cual se ha asignado a la Casación carácter de tribunal intermedio, facultado para conocer previamente en todas las cuestiones de naturaleza federal que intenten someterse a su revisión final.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, errónea apreciación de la prueba, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ ROSA E. c/ ROTGER M. ANGEL s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17

Configura un supuesto de sentencia arbitraria, y por ende, descalificable, el pronunciamiento que omite ponderar pruebas producidas en autos, que podrían resultar esenciales para la solución sentencial del litigio.
Rechazo del querellante, fraude a la Administración Pública, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Unidad de Información Financiera c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

Atento el concreto objeto procesal a investigar en las actuaciones -supuesto pago de dádivas en el marco del acuerdo para la implementación de inversiones en área hidrocarburíferas-, debe rechazarse la pretensión del impugnante para intervenir en el proceso en calidad de querellante pues, por el momento, la UIF no ha logrado demostrar el interés legítimo que se requiere, toda vez que ha basado su postura en la circunstancia, en abstracto, de que en autos se investiga la comisión de un delito de defraudación contra la Administración Pública y que de ello se sigue necesariamente una hipótesis de lavado de activos, máxime teniendo en cuenta que el fallo recurrido ha satisfecho el requisito de motivación y el recurrente no se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó, se halla garantizado el principio de la doble instancia y las decisiones de rechazar el pedido de la UIF de ser parte querellante tanto en primera como en segunda instancia, fueron consentidas por los representantes del MPF.
Acción de amparo, derecho a la salud, medicina prepaga, planes de cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: BENITO ANA c/ GALENO ARGENTINA s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

No está discutida la condición de discapacitada de la actora, de 87 años de edad -cfr. copia del certificado de discapacidad-, la naturaleza de la enfermedad que padece -síndrome demencial debido a infarto cerebral provocado por encefalopatía herpética, ni su condición de afiliada a Galeno Argentina. Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura de la medicación e internación en una institución de tercer nivel y la medicación necesaria para tratar la patología que presenta, según surge del certificado extendido por los médicos especialistas en neurología y geriatría y gerontología que asisten a la amparista. El mantenimiento de la medida dictada por el señor juez es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Richards, María Teresa c/ Montoreano, Isidoro Eduardo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario que la origina no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Redondo, José Eliseo c/ Molinos Concepción s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

Debe anularse de oficio el pronunciamiento dictado por el Tribunal del Trabajo desoyendo la orden de la Suprema Corte para que se integrara al efecto con jueces hábiles (arts. 166, C.P.C.C. y 65, dec. ley 7718/71).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad de los propietarios, daños en el inmueble, responsabilidad del contratista
Materia: CIVIL
Carátula: RODENAS, Marisa Adriana c/ GIACOMINI, Ernesto y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

La responsabilidad de los propietarios de un inmueble lindero a aquél en donde se produjo un hecho dañoso con motivo de la ejecución de una obra en el primero, nace por el hecho de haber encargado los trabajos causantes del suceso, lo que torna de aplicación la norma del art. 1113 del Código Civil, mientras que la de que quien ejecutó las tareas de las que derivaron los perjuicios, encuentra su fundamento en la culpa o negligencia, conforme lo establecido en el art. 1109 del mismo cuerpo legal, por no haber obrado con la prudencia y pleno conocimiento de las cosas, en orden a su capacitación profesional (arg. art. 512, "circunstancia de la persona"), actuando sin la diligencia requerida por la naturaleza de la obligación (arg. art. 902).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, delitos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: O, J. L. s/ Falso testimonio en concurso ideal con tentativa de estafa. Queja   por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   139-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-16

En lo relativo a la meritación realizada del plexo normativo se infiere que la solución propiciada por la Cámara en orden a tener por configurada en la especie los tipos previstos en los artículos 274 y 172 del Código Penal, deriva razonadamente de la aplicación del derecho común a los hechos probados de la causa sin que pueda hacerse pasible de reproche constitucional alguno.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ VALDEZ DE SANCHEZ, EUGENIA c/ ELMA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-16

No procede la reparación del daño moral derivado de un accidente del trabajo cuando no ha habido culpa por parte de la empresa pues, en este supuesto, no se está frente a un hecho ilícito. (Disidencia del Doctor Villarroel).
Debido proceso, non bis in ídem, tratados internacionales, jurisprudencia internacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAGIANI, DANIEL FERNANDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El artículo 8.4 de la Convención Americana establece que "el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos", sosteniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera reiterada que entre los que conforman la situación regulada por el artículo 8.4 de la Convención, se encuentra la realización de un primer juicio que culmina en una sentencia firme de carácter absolutorio, e insistiendo "que el principio de 'non bis in idem', consagrado en el artículo 8.4 de la Convención, se sustenta en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia dotada con autoridad de cosa juzgada", jurisprudencia recientemente ratificada en el Caso "Mohamed vs. Argentina" del 23.11.2012, donde consideró que el Estado Argentino no violentó el artículo 8.4 de la Convención Americana. Sentando ello, el presente caso no quedaría comprendido en los alcances interpretativos dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni se advierte que pueda encuadrarse en los supuestos que parte importante de la doctrina nacional y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación delineara como afectación al "non bis in idem" en su faz de "prohibición al múltiple juzgamiento".(DE LA DISIDENCIA DE LA DRA.GASTALDI).
Período de prueba, falta de prueba, registros laborales, prueba del contrato de trabajo, contrato de trabajo por tiempo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: GUAJARDO CLAVERO, Raúl c/ AUTOLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

Si la accionada no aportó elemento alguno que demuestre que esta especial modalidad contractual haya sido inscripta en el Sistema Unico de Registro Laboral, tal situación torna inaplicables los efectos propios del período de prueba y determina que el contrato suscripto por las partes deba ser interpretado como celebrado por tiempo indeterminado, sin sujeción a plazo o prueba alguna. Ello así aunque no haya existido otro contrato a prueba anterior celebrado entre las mismas partes y el trabajador haya sido inscripto en el libro especial del art 52 de la LCT.
Daño resarcible, daño moral, mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: P., C. c/ Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-21

Si se halla acreditado que durante la relación de trabajo y dentro del propio establecimiento patronal, la actora fue víctima de un trato hostil y desconsiderado por parte de su superior, dichas actitudes, además de implicar un apartamiento de la empleadora de las obligaciones que la LCT pone a su cargo, constituyen actos ilícitos de carácter extracontractual destinados a afectar la dignidad personal de la trabajadora que generan, en forma refleja, la responsabilidad de la empleadora (art. 1113 CC) por el daño moral provocado y que justifican el reconocimiento de una reparación de ese daño al margen del sistema tarifario previsto con relación a los incumplimientos de índole contractual.
Ejecución de sentencia, suma líquida
Materia: PROCESAL
Carátula: Donati, Sonia Haydée y Otros en autos "Supercemento S.A.I. y C.c-Prov. Chubut s-Demanda de Inconstitucionalidad" s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-05

Habiendo recaído sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de carácter divisible, y mediando recurso del demandado tendiente a la modificación parcial del pronunciamiento, éste puede ejecutarse de inmediato con relación a la parte de la condena que adquirió carácter firme, a raíz del alcance limitado de la impugnación. Se asimila al supuesto del artículo 502 del Código Procesal, porque aunque el mismo artículo 499 permite ejecutar parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto Recurso Extraordinario, alude a "los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme", es aplicable la norma respecto de los fallos que importen el cumplimiento de obligaciones de entregar cosas que sean susceptibles de fraccionarse. Y aclara que esta situación se da aún en el supuesto de que el vencedor resulte el apelante, porque la sentencia consentida por la otra parte no puede perjudicar al primero -reformatio in peius-.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, juicio político, facultades del Poder Legislativo, fallos del Superior Tribunal, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANTON ROBERTO ENRIQUE c/ LEGISLATURA DE C.A.B.A. s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

El artículo 123 de la Constitución de Buenos Aires y el artículo 29 de la Ley Nro. 54 -que regula el Jurado de Enjuiciamiento y el Procedimiento de Remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público-. no se refiere a la cuestión debatida en esta causa, esto es, el régimen del juicio político al Jefe de Gobierno y, en particular, la exigencia de publicidad de las reuniones de la Sala Juzgadora. Más aún, el Tribunal Superior de Justicia, en la causa , "Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ pedido de inhibitoria en Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo", expte. nº 4312/05sentencia del 9 de noviembre de 2005 no se ha expedido acerca de la aplicación, ya sea en forma directa o analógica, de tales normas y de la doctrina establecida en el fallo al ámbito del juicio político. Por otra parte, en este caso no se trata de la suspensión o paralización del proceso de juzgamiento, sino simplemente de controlar que su desarrollo se ajuste a las previsiones constitucionales. Así las cosas, no cabe sino concluir que el precedente mencionado resulta inaplicable a este caso. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Asegurador, derechos del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EGEA SALVADOR c/ COSECHA COOP. SEGUROS LTDA. s/ INDEMNIZACION POR SINIESTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-09-13

La inejecución por la aseguradora del deber jurídico que le impone el art. 56 de la Ley 17.878, vale decir, el deber de pronunciarse sobre el derecho del asegurado, no puede derivar por sí mismo, en el reconocimiento de una cobertura aseguradora que podría no existir.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: Retondo, María D. de Spaini s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-26

El recurso de queja ante la Corte (art. 282 y siguientes del Código Procesal) requiere, para su deducción válida, que se haya denegado una apelación -ordinaria o extraordinaria- para ante el tribunal.
Planteo en primera instancia, mediación, beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: DAVILA Daniel Marcelo c/ Pajares Santiago Enrique s/ Actuaciones para Tramitar Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-12

La Ley ritual 3.738 en su art. 89 establece: "Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellados de actuación. Estos serán satisfechos, así como las costas en caso de denegación.

Se hacen extensivos los efectos del beneficio de litigar sin gastos al proceso de mediación judicial dispuesto en esta causa, en los términos del art. 90 del C.P.C.
Competencia del tribunal de casación, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

Es deber de la Cámara de Casación intervenir siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de la Corte Suprema por vía extraordinaria, dado que dichos agravios deben ser tratados previamente por el Tribunal de Casación en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal a los efectos del art. 14 de la ley 48, conforme se ha establecido en Di Nunzio, Beatriz Herminia.