marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Horas extra, prueba documental
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: RAMALLO, JULIO CESAR c/ IMPULSO TELEVISORA S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-14

Si bien la crítica del recurrente se dirige fundamentalmente a afirmar que el rechazo de su demanda por horas extras responde por un lado, al uso de jurisprudencia que considera obsoleta y a la omisión de aplicación de la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por el otro a argumentar que la documental acompañada por la demandada (planilla de horarios y descansos) no es lo mismo que la planilla especial de horas suplementarias ni que el registro especial de horas extras que exigen las leyes , no siendo valorados los testigos de su parte, no alcanza a desmerecer lo aseverado por la Cámara en torno a la contundencia de la prueba documental aportada por la contraria -registro especial de horas trabajadas en exceso de la jornada convencional pero inferior a la legal y recibos de sueldo que acreditan el pago de las horas extras reclamadas- y la ausencia de convicción suficientes de los testimonios de su parte; conclusión que no se advierte como lesiva de los derechos de defensa en juicio y garantías protectorias del trabajador, desde que "la carga de convencer sobre la realidad de sus aseveraciones" ante la negativa de la demandada y la prueba documental que aportara, no se observa como una interpretación o aplicación de jurisprudencia obsoleta -como afirma- sino más bien de las reglas básicas del "onus probandi".
Compraventa mercantil, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ahmar Dakno Salvador c/ Perez Jose y Otros s/ Cobro Ordinario de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

La presunción que emana del art.474 del Cód. Com., es en contra del comprador y no del vendedor en lo que se refiera a la aceptación del negocio y la falta de impugnación sobre la calidad, cantidad, precio de las mercaderías recibidas dentro de ese plazo de plazo de diez días, pero en modo alguno el silencio de este le otorga "carta de pago" para justificar el traslado de la carga de la prueba de lo contrario al vendedor que emite el documento como respaldo probatorio de la compraventa. Esa recepción "ficta", derivada de la ausencia del reclamo dentro de los diez días hace entender que el comprador no podría ser admitido a negar más tarde autoridad al título.
Concesión de servicio público, transporte de pasajeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Expreso Merlo Norte SA de Transporte c/ Municipalidad de Merlo s/ Inconstitucionalidad. Ordenanza 3449/89
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El denominado boleto preferencial secundario, vale decir, con tarifa reducida para "los alumnos" que presenten el carnet respectivo propende al cumplimiento de varias de las finalidades explícitas y también de las residuales que contempla el art. 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iglesias, Julio Alberto y otro c/ Gorosito, Rolando Alberto y otro s/ Daños y perjuicios-Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-04

Si no hay discusión acerca de que la conductora del ciclomotor emprende el cruce de las bocacalles al amparo de la luz verde del semáforo respectivo (tenía, pues, derecho de paso) y si emprendido tal cruce se enciende la luz amarilla en el mismo semáforo (tampoco ello es controvertido), no se pueden pretender conductas altamente discutibles e inclusive riesgosas (como la de detener su marcha en plena encrucijada); el sentido común y las normas generales de convivencia, indican que debe concluir su travesía y son aquellos conductores cuyo paso ha de quedar expedito los que deben obrar con tiento, facilitando dicho cruce; más aun en el presente caso en que el ciclomotor circulaba por la derecha de la pick up (arts. 901, 903, 1068, 1113 Cód. Civil; 163 inc. 5, 266, 384 Cód. Proc.; 64, 71, 85, 86, ley 5800, vigente al tiempo del hecho).
Aduanas, tributos aduaneros, principio de legalidad
Materia: ADUANERO
Carátula: "Procter  &  Gamble  Argentina  SA c/ DGA AUTO 6/VII/00 y Resol.3428/96 (Expte 400016/00) s/ Administración Nacional de Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

La resolución (A.N.A) 3.428/96 viola el principio de legalidad al exigir el pago de un tributo (tasa) sin que una ley que lo establezca (del voto del juez Otero, cons. 5°).
Actualización monetaria, mora del deudor, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

No es la mora del deudor la circunstancia que habilita y condiciona el reconocimiento del reajuste, sino la variación del valor de la moneda que se da con independencia de aquélla y cuyo fundamento se encuentra en la inviolabilidad de la propiedad garantizada por el art. 17 de la Constitución Nacional.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jockey Club Pcia. de Buenos Aires s/ Incidente de impugnación (Cruset, José María)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

Imbricándose el proceso en el período informativo de una quiebra indirecta (arts. 194, 195, 196 y concds. ley 19551), deviene imperativo conjugar el plazo de caducidad que edicta el artículo 38 del citado ordenamiento legal con las particularidades de un estadio post-concursal, donde el hito temporal de realización o clausura de la junta de acreedores es de inviable cómputo (arts. 129, 130:

primera parte, ley cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, recursos, apreciación de la prueba, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Baraldini, Luis Enrique y otros s/ Causa  instruida  en virtud del decreto n. 2540/90 del  PEN  por los  hechos ocurridos el 3 de  diciembre  de  1990  -  causa  n.  1197  -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias no cubre las discrepancias del recurrente con el criterio empleado por los jueces para interpretar, de conformidad con la prueba reunida, los hechos y normas de derecho común aplicables al caso.
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, querellante, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, FABIO s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Incidente de  apelación Causa Nro. 36929.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-07

1-Debe revocarse la resolución apelada por la que no se hizo lugar a la pretensión del apoderado de una aseguradora de fondos de jubilaciones y pensiones de ser tenido por parte querellante y aceptarlo como tal, dado que las consecuencias perjudiciales de las maniobras denunciadas pueden ser múltiples y de variada índole, y frente al eventual perjuicio que los hechos traen a la sociedad que aquel representa debe dársele oportunidad de hacer valer sus derechos en el proceso, máxime cuando en el caso no existe aún certeza sobre la calificación legal que en definitiva corresponda atribuirle a los hechos (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- 2-El bien jurídico protegido por la ley sustantiva (art. 135 de la ley 24241) es la libertad de elección del trabajador. Y quien es afiliado sin su consentimiento a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, es el titular del bien (Del voto en disidencia del Dr.

Romero).- 3-Toda persona con capacidad civil y que se considere particularmente ofendida por un delito de acción pública está legitimada para actuar durante la sustanciación de un proceso (art. 82 C.P.P.). Las personas simplemente damnificadas por un posible hecho delictuoso, esto es cuando no son ofendidas, no pueden tener personería para intervenir en una causa penal como querellante particular. Ello así porque el "ofendido" es el titular del bien jurídico tutelado y que el hecho delictuoso ataca poniéndolo en peligro o destruyéndolo. En cambio, "damnificado" es quien por un hecho sufre un perjuicio patrimonial por la disminución o destrucción de un bien tutelado por la ley y apreciado económicamente. Los simplemente "damnificados" sólo podrán introducirse como sujetos secundarios del proceso penal en calidad de "actores civiles", pero nunca adquirirán la calidad de acusadores (Jorge Clariá Olmedo, "Derecho Procesal Penal", p. 321) (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Retiro militar, haber de retiro, suplementos del haber jubilatorio, personal militar en actividad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARCO, TOMAS Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-11

Debe confirmarse la sentencia que, respecto a los actores cuyos reclamos corresponden a períodos de actividad, rechazó la demanda por la que se pretendía el reconocimiento del carácter general y bonificable de los adiciones y suplementos creados por los Decs.

2000/91, 2115/91, 628/92 y 2701/93.
Derecho procesal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMIREZ, JUAN ANTONIO c/ CORSUNSKY, JORGE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-24

El principio general es que todas las medidas cautelares pueden ser sustituidas. El fundamento que lo sustenta es doble, que se mantenga adecuadamente protegido el crédito que garantizan, y al mismo tiempo que no se causa innecesariamente perjuicio al deudor.
Prescripción, suspensión de la prescripción, asegurador por riesgos del trabajo, interpelación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CAPITAL CIA. ARG. DE SEGS. S.A. c/ CAPITAN  Y/O  PROPIETARIOS  Y/O  ARMADORES  BUQUE  'NEDLLOYDNASSAU'. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-12

Con relación a la aplicación de la suspensión de la prescripción contemplada por el art. 3986, Segunda parte, del código civil, la exigencia de que el requerimiento de pago sea apropiado en cuanto al objeto adeudado debe ser interpretado conforme con las modalidades de cada caso. (S1,1771,120783)
Ley de contrato de trabajo, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Azzi, Miguel Angel c/ López de Nurchi y-u Otros s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes e Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-23

"No se configura el abandono de trabajo en el sentido del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de ausencia que, justificados o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo.

Concretado el despido, el incumplimiento alegado debe valorarse a la luz del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo".
Actos voluntarios, relación de causalidad, consecuencias mediatas, consecuencias inmediatas
Materia: CIVIL
Carátula: E.N. (Cdo. en Jefe de la Fza. Aérea) c/ COTENOR S.A. y OTROS s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Las consecuencias mediatas son también consecuencias probables, adecuadas o normales, y por ello, previsibles; pero se diferencian de las inmediatas en que en lugar de provenir directamente del suceso, sólo provienen de la interposición de un acontecimiento distinto (confr. Belluscio C.C. , com al art. 904, ps. 73 y ss).
Derecho tributario, principios tributarios, solve et repete, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIP WORK SERVICES S.R.L. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES - SEC. DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. s/ DEMANDA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-06-22

La aplicación del principio en estudio ("solvet et repete") reside en la presunción de legalidad de los actos del poder público, como así también en la necesidad de que las rentas del Estado sean percibidas en el momento que determina la Ley. Por todo lo expuesto voto para que se declare la inadmisión de la demanda presentada en autos. (Dr.Roberto Rubén Uset. Según su voto). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Acceso a la información pública, interpretación de la ley, deber de información, mandamiento de ejecución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mesa, Sabina c/ Municipalidad de Dina Huapi s/sumarísimo - mandamus c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-03-13

Ante el requerimiento de información pública a los poderes del Estado y la falta de entrega o la negativa al acceso de sus fuentes, el suministro incompleto o la obstaculización de cualquier forma del cumplimiento de los objetivos de la Ley 1829, la persona afectada puede hacer uso del mecanismo previsto en el art. 44 de la Constitución Provincial -arts. 5 y 7 Ley 1829-. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Acción de amparo, concursos, residencia médica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Mónica Adriana c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-20

La presente acción es improcedente en atención a que la pretensión de la actora está claramente orientada a obtener un nuevo puesto de residente por mandato judicial. Si el acto que excluyó a la actora (que motiva el inicio de la acción) se considera nulo por haberse utilizado un método de desempate ilegítimo entre los dos candidatos, este acto no puede ser objetado parcialmente en cuanto a sus efectos (sólo en cuanto excluye y no en cuanto designa), tal como pretende la actora (excluida).

Así, para que el Poder Judicial otorgue lo que la actora pretende (un nuevo puesto de residente), la declaración de nulidad del acto de exclusión, en definitiva, no resultaría eficaz, pues sólo conduciría, eventualmente, a la realización de un nuevo procedimiento de desempate -siempre y cuando no se afectaran derechos adquiridos-.
Depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Coronel, Leticia Noemí c/ Enrique R. Daniel Temperini y/o Empresa Edymar s/ Indemnización Daños y Perjuicios. Coronel, Leticia Noemí c/ Enrique R. Daniel Temperini y/o Empresa Edymar s/ Indemnización Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-04-14|1988-04-14

Habiendo la actora demandado el cobro de una suma determinada o la mayor y/o menor que resulta de las pruebas y/o fluctuaciones monetarias, si bien es cierto que podría exigirse mayor claridad expositiva en el pretensor, se entiende que el rubro reclamado es la desvalorización monetaria, por cuanto a nadie escapa que el envilecimiento que desde hace muchos años sufre nuestro signo monetario produce la pérdida en su poder adquisitivo. Tal fenómeno no se produce en una línea constante de desmejoramiento sino que las oscilaciones determinan fluctuaciones. Privilegiar una interpretación atendiendo a la semántica, cuando la voluntad en la postulación aparece definida, conduciría a incurrir en un exceso ritual manifiesto que no se compadece con el logro de una justicia conmutativa, sobre todo en lo referente al pago con valores históricos, que sólo lleva a producir un enriquecimiento incausado del deudor moroso con su equivalente que es el detrimento patrimonial del acreedor. El pago extingue la obligación y aceptarlo a valores históricos es olvidar principios de justicia conmutativa;

el equilibrio del sinalagma se ve alterado por culpa o dolo del deudor moroso, que se beneficiaría con el pago que quiere realizar en moneda envilecida y que, de haber cumplido en término con su prestación, no hubiera obtenido el rédito que pretende.
Cosa juzgada, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO POPULAR ARGENTINO  S.A. c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-06

Cuando un fallo pasa en autoridad de cosa juzgada, comprende no sólo la parte resolutiva sino sus considerandos, es decir las razones sobre las cuales ha de ejecutarse aquél.-
Obras sociales, medidas cautelares, tratamiento médico, embarazo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: DA  SILVA  NATALIA   BEATRIZ c/ OBRA   SOCIAL  DE  LA UNION DELPERSONAL CIVIL DE LA NACION s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

Entiende este Tribunal que, con la limitación que impone el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (conf. Sala 1, doctr. causas 4176 del 10.8.99 y 394 del 1.3.01), ponderando el avanzado estado de embarazo de la actora, así como la necesidad de tratamiento médico y realización de los respectivos controles, así como la acreditación de afiliada a "Accord Salud" (el "plan privado de Unión Personal"), resulta prima facie verosímil el derecho alegado (conf. esta Sala, causa 6885 del 3.9.02).
División de condominio, audiencia, designación de perito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LUQUES, TERESA C/ SAP, JORGE FABIÁN y/o quien resulte condómino propietario S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO (- TPRO: DIVISIÓN DE CONDOMINIO)" - Expt. N° 6078/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-24

En los procesos de división de condominio, la norma del art. 660 CPCC tiene prevista la fijación de audiencia para el nombramiento de perito y para que convengan la forma de división siempre que ella no haya sido establecida en la sentencia, remitiendo el artículo a las normas relativas a la división de herencia para la designación y a las del juicio ejecutivo para los procedimientos ulteriores. Dicha audiencia es considerada en todos los casos, un trámite imprescindible, sea que en la sentencia se hubiere establecido o no la forma de división, pues el objeto de la convocatoria será el nombramiento de los peritos correspondientes y, según lo acordado, proponer los peritos que han de concretarla.
Eximentes de responsabilidad penal, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA, José s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-24

El estado de necesidad solo puede excluir la punibilidad de un hecho típico cuando el autor ha enfrentado la insalvable disyuntiva de cometer el delito o provocar un mal mayor que el de la infracción supone, o al menos de una intensidad tal que no quepa efectuarle un reproche suficiente como para así justificar la imposición de la pena.

En este caso la "estrechez económica" no alcanzó los límites necesarios como para poseer eficacia como causa de impunidad, siendo dicha circunstancia ponderable según el art. 41 del C.P. .
FRANCIA, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, deber de información, responsabilidad internacional del Estado, Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - Laurent Gabre Garaboum Vs. Francia -  Derecho a no ser discriminado por origen nacional, racial o étnico - Inversión de la carga de la prueba c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-05-10

Debe el Estado Francés difundir ampliamente la opinión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el caso en que ha sido declarado responsable por violación a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en perjuicio de un ciudadano francés de origen africano que padeció discriminación laboral y violación al derecho a la igualdad de trato ante los tribunales, en razón de su raza, debiendo asimismo, en un plazo no mayor a 90 días informar las medidas adoptadas a los fines de su cumplimiento
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, víctima del delito, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., E. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR RAZON DEL VINCULO DE ASCENDIENTE Y POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS Y ABUSO SEXUAL SIMPLE, EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

Los Magistrados valoraron que el Tribunal de grado había construido su decisión en una minuciosa y pormenorizada evaluación de los dichos de la víctima, junto a la de diversos integrantes de su familia y de otras personas que tenían conocimiento de lo acontecido; y así se concluyó que la condena no sólo se había apoyado en la sindicación que efectuara la denunciante sino a través del apuntalamiento en el resto de los testigos propuestos, quienes ya sea por circunstancias familiares directas o indirectas, corroboraban el discurso de aquélla.
Seguro de vida, contratos, buena fe, beneficiario del seguro, declaración jurada, ley de seguros, reticencia, peritos, prueba, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bezic, Mirta c/ H.S.B.C. New York Life Seg. de vida s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-23

[...] no se desconoce la diferencia central que existe en este caso, con los restantes juicios en los que se produce la prueba pericial: la relevancia de la reticencia en la contratación no es materia de decisión judicial, estrictamente, sino del "juicio pericial"; sobre este particular aspecto, el perito es el juez.
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balmaceda, Angela. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

No puede tenerse por válida la notificación de una resolución administrativa por la mera referencia a ella hecha en los considerandos de otra resolución notificada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, prescripción liberatoria administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solís Herrera, Bárbara y otros c/ Provincia de Salta (Ministerio de Salud Pública) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-20

Frente a la ausencia de normas administrativas expresas en materia de prescripción de las obligaciones por créditos salariales adeudados a los agentes públicos, corresponde aplicar las disposiciones del art. 4027 del Código Civil -5 años- (vigente al tiempo de la litis).
Delitos cometidos por medio de la prensa, ofensas cometidas por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, director editorial, responsabilidad del editor, responsabilidad penal, libertad de prensa
Materia: PENAL
Carátula: GUIDI, HUMBERTO s/ Calumnias e Injurias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-05

1) No configura el delito de calumnias, sino el de injurias las expresiones aparecidas en una revista que hacen referencia a un "vaciamiento" y a "coimas" que no se afirma llegaron a concretarse, porque para la configuración del delito de calumnia se requiere la imputación concreta de un delito de acción pública; en cambio, los mencionados cargos quedan como un menoscabo desacreditante para el honor, es decir, en el marco de uno de los supuestos del artículo 110 del Código Penal: la difamación, que adquiere plenitud consumativa con la difusión escrita de la ofensa en una revista.

En cuanto al elemento subjetivo, basta el dolo genérico cuando las expresiones son, como en autos, objetiva y suficientemente injuriosas.

2) Debe ser responsabilizado el director de la publicación, dado que si, como expresó, su finalidad "consistió" en poner al descubierto delitos de acción pública, no se advierte la necesidad del empleo de frases agraviantes antes de que la Justicia se pronunciase. Tampoco pueden ampararse tales expresiones en el ejercicio de la libertad de prensa cuando eran procedentes otras que, sin desmedro para el honor personal, cumpliesen igual función informativa y denunciante.