marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad médica, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: MORENO FERNANDEZ, MARTIN c/ OBRA  SOCIAL PERSONAL ESTACIONES DE SERVICIOS, DE GARAGES Y PLAYAS Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE PRESTACION OBRA SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

En la generalidad de los casos es de aplicación la responsabilidad que tiene como base obligacional el consentimiento, tanto del paciente como del profesional que brinda su asistencia.

Consecuentemente, es la norma del art. 902 Cod. Civil la que debe regir la forma de obrar de los profesionales de la medicina. Y ello es así porque incluso cuando existe una entidad "estipulante" (hospital, clínica, sanatorio, obra social, incluso un médico jefe de equipo o cualquier otra persona física o jurídica) que sea la contratante del profesional actuante "promitente", la figura jurídica de la estipulación a favor de un tercero "beneficiario" (art. 504 Cód. Civil), es la que perfila la relación generada entre las diversas partes intervinientes. Esto se da en las diversas cadenas convencionales que establecen una relación de cobertura en beneficio del paciente, que por la virtualidad del nexo se transforma contractualmente en acreedor de la asistencia médica, y praxis pudiere ocasionarle.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, libreta sanitaria materno infantil, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BALZA, Héctor Jorge. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

Encuadrar la conducta en el delito de conservación de materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer falsificaciones (art. 299, C.P.), sería prematuro si se trataría de una tenencia sólo circunstancial y no permanente, por lo que no puede hablarse de conservación.

Por otro lado, la presunta falsificación de una libreta sanitaria, podría afectar el bien jurídico salud pública, que es aquello que, con su otorgamiento, se procura tutelar.

Por ello, corresponde asignar competencia a la justicia de instrucción.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Méndez, José Enrique s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

La mera referencia descriptiva de lo decidido en la sentencia originaria respecto de una cuestión debidamente llevada a conocimiento de la alzada no constituye resolución explícita o implícita de la misma sino una omisión que acarrea la nulidad del fallo.
Patentes, daños y perjuicios, producción de la prueba, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ancase  S.A. . c/ Zulogan  S.A. s/ Cese de Uso de Patente de Invención. Nulidad de patente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

Hay desde luego un principio general, aplicable también en esta rama del derecho, de acuerdo con el cual el damnificado debe acreditar la existencia del daño, y también su cuantía. Es cierto que en este último aspecto su obligación es menor, ya que acreditada la existencia del perjuicio, el juez está habilitado para fijar su entidad.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Boyko María Esther c/ Gasti Omar José s/ Incidente de medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

No es exigible la contracautela cuando las medidas cautelares se fundan en normativas de fondo, como la exteriorizada por los arts.

1195 o 233 del Código Civil, en especial tratándose de embargos.- (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, peligro en la demora, Registro de Nombres de Dominio en Internet
Materia: PROCESAL
Carátula: Alfacar S.A. s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-01

La decisión de registrar un nombre de dominio idéntico a la marca de su titularidad, y no otro similar, es una atribución de quien, como principio, ha demostrado un interés legítimo para ello, por lo que no es razonable que la recurrente -quien no ha acreditado en este estado liminar la legitimidad de su interés en ese registro- sostenga que no existe peligro en la demora pues es utilizado por Habana Automotores S.A., toda vez que el registro del nombre de dominio efectuado por el accionado en las referidas circunstancias, cercena la posibilidad de la actora de acceder al mercado de Internet con la marca que se intenta proteger, constituir su propio sitio y administrarlo de la manera que crea conveniente para distribuir o informar desde allí sobre los productos que distribuye (cfr. Sala II, doctr. causa 5050/99 del 30-12-99).
Iura novit curia, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: AUTINO ANDREA DEL VALLE Y OTRO c/ DORCASBERRO MARIO RODOLFO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-04-19

El principio "iura novit curia", permite superar errores de encuadre legal entre las distintas causales de un mismo recurso, no así cuando el error versa sobre la elección del recurso extraordinario local (inconstitucionalidad o casación), atendiendo a las diferencias cualitativas de ambas vías.
Intereses, intereses compensatorios, intereses punitorios, acuerdo de partes, fuerza obligatoria de los contratos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ VUOSO HNOS s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Si las partes pactaron expresamente intereses compensatorios y punitorios, ellos se deben mandar liquidar hasta el efectivo pago (cfr. Sala III, Causa 8346 del 18.3.92; Sala I, doct. de las Causas 1180 del 20.9.91 y 8435 del 22.12.92); puesto que, en definitiva, lo acordado por las partes es ley para estas (art. 1197, CCIV.; CSJN, in re "Automóviles Saavedra SACIF c/Fiat Argentina SACIF", del 4.8.88).
Aduanas, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, certificado de origen, plazo
Materia: ADUANERO
Carátula: Ciadea S.A. -TF 8140-A contra A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

Las mismas partes integrantes de la A.L.A.D.I. establecieron un plazo dentro del cual debían emitirse los certificados de origen a los fines de poder ser imputados a determinadas operaciones, plazo que no fue cuestionado por la actora desde su razonabilidad. Un certificado emitido en determinada fecha solo puede ser invocado por su beneficiario para amparar mercadería embarcada a partir de esa fecha o dentro de los sesenta días anteriores, sin perjuicio del plazo de vigencia de 180 días establecido en la resolución 78 del comité de representantes de la A.L.A.D.I. (cons. VIII).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PALLAVIDINI, JORGE CARLOS DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 357-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

En relación a la incidencia de la anulación de los actos administrativos en los ascensos posteriores del actor (agente policial), debe reiterarse lo señalado al respecto en "González Palicio" (A y S T 92, p 466) en el sentido de que 'frente a ese régimen jurídico (régimen de promociones, ley 6769), es muy poco probable que el agente ascienda de grado en grado en los tiempos mínimos previstos, en especial cuando se trata de los tramos más elevados del escalafón; y el normal acontecer así lo demuestra'.

Por tanto, no puede, sin más, este Tribunal reconocer que, como consecuencia de que el actor debió ascender al grado de Comisario tiene derecho, a su vez, a ser ascendido a los grados de Comisario Principal y Comisario Inspector.
Cosa juzgada, orden público, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Causa art. 10 de la ley 23.049 por hechos acaecidos en Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional que habría correspondido al V Cuerpo del Ejército (Armada Argentina).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

La estabilidad de las decisiones judiciales, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional.
Tributos, entidades financieras
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de la Banca Especializada, Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-16

El Convenio Multilateral constituye un acuerdo celebrado entre jurisdicciones locales con poderes tributarios propios, que tiene por objeto armonizar o coordinar aspectos referidos al impuesto a los ingresos brutos -gravamen que todos esos fiscos han sancionado- aplicable a actividades realizadas en más de una jurisdicción. Este acuerdo interjurisdiccional pasa a ser derecho local a partir de su ratificación por cada Legislatura local, y sólo puede ser derogado o modificado por unanimidad de sus integrantes. Es de acatamiento obligatorio para cada jurisdicción.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Tornquist c/ Morquecho, Ekel Santiago s/ Apremio. Recurso de queja Municipalidad de General Rodríguez c/ Frigorífico General Rodríguez S.A. s/ Apremio Fisco de la Provincia c/ Compañía de Transporte Vecinal S.A. s/ Apremio Municipalidad de Pilar c/ Echeverría, Horacio s/ Apremio Fisco de la Provincia c/ Continental S.A. s/ Apremio Municipalidad de Dolores c/ Arber Hnos. S.C.C. s/ Apremio. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03|1986-04-29|1985-03-05|1988-03-08|1984-09-25|1997-05-27

Las decisiones recaídas en el procedimiento de apremio establecido por el decreto ley 9122 no revisten carácter de definitivas en el concepto del art.278 C.P.C.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sciutto, Susana Beatríz c/ Díaz, Ismael Roberto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-27

Durante la tramitación del proceso ejecutivo es irrecurrible toda resolución que recaiga en la extensión del juicio, desde la preparación hasta el cumplimiento de la sentencia de remate siempre, claro está, que no se trate de situaciones totalmente extrañas o ajenas al mismo, o bien, excepcionales que obliguen al tribunal a seguir un criterio contrario.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro, Griselda c/ Mederos, Héctor A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-12

La prueba de testigos es peligrosa siempre y siempre deleznable y no puede ser aceptada sino sometiéndola a todo el control que aconseje la lógica..."; "De ahí que es menester la crítica del testimonio. Y la teoría crítica del testimonio reconoce que, para la exacta valoración del dicho de los testigos, el juez debe tomar en consideración ciertos factores de cuya concurrencia depende la credibilidad de los mismos, tales como: idoneidad, moralidad, afectividad, verosimilitud, concordancia, exposición, razón del dicho, etc.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia ultra petita, costas, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PAVIOTTI, GRACIELA RAQUEL c/ SANATORIO MEDICO QUIRURGICO SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 453 AÑO  2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-17

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Sala incurre en un desborde de su competencia funcional, con lesión delas garantías del debido proceso y de la propiedad al modificar la distribución de los gastos causídicos porque se hallaba constreñida por la propia conducta de la demandante que consintió el fallo de primera instancia que le había impuesto el cargo de las costas en un 40%.

Por tanto, la jurisdicción apelada no le concedía a la Sala la facultad de variar la imposición de los gastos causídicos de primera instancia en perjuicio de la demandada, toda vez que este aspecto de la decisión no mereció observaciones por parte de los apelados. En otras palabras: si la sentencia fue apelada únicamente por la accionada, la Alzada se encontraba impedida de agravar su situación, lo que no es otra cosa que la aplicación de la prohibición de la "reformatio in peius".
Compraventa de automotores, círculo cerrado, plan de ahorro previo, cancelación anticipada
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ SIMIELI, MIRTA c/ CIRCULO DE INVERSORES SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21

La resolucion 1/02: 1 de la inspeccion general de justicia (igj) tuvo por objeto impedir a las empresas administradoras de planes de ahorro previo bajo la modalidad de círculos cerrados, variar el valor de las cuotas de ahorro o amortización pendientes en función de las enormes variaciones experimentadas en el precio de los automóviles a raíz del incremento en el tipo de cambio; por ende, esa reglamentación, no podría habilitar la cancelación anticipada sobre la base de una cuota que ninguna proporción económica guardaría con el valor del vehículo, en torno del cual gira en definitiva la organización del sistema y el consiguiente aporte de los adherentes; ya que no es dable pretender la cancelación anticipada sobre la base de una cuota depreciada o que fue establecida por la autoridad de contralor para amortiguar los efectos de la emergencia económica desatada a raíz de la crisis del año 2002; interpretar de ese modo dicha resolucion implicaría, la destrucción del sistema, la mutualidad y lealtad insitas en el sistema de ahorro.
Violencia laboral, despido indirecto, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: A. A. B. c/ Giacomini Latinoamérica S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-20

Corresponde hacer lugar a la demanda por despido indirecto iniciada por una empleada que sufrió malos tratos por parte de su jefe en diversas oportunidades, puesto que las declaraciones de las testigos tornan altamente verosímil la versión de la actora, máxime porque se está ante un caso de violencia de género en las relaciones laborales (art. 6, inciso c, Ley 26.485) en el que se aplica el principio de amplitud probatoria que fijan los arts. 16 inciso i, y 31 de la Ley 26.485, de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia.
Curanderismo, ejercicio ilegal de la medicina
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FISCAL (EXPTE. Nro. 25.070) c/ TORRES MUÑOZ, JOSE L. s/ CURANDERISMO EN CONCURSO IDEAL CON ESTAFA EN 	FORMA REITERADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-02-14

La conducta del imputado encuadra en la figura de Curanderismo en Concurso ideal con Estafa, (art. 208 inc. 1, 54, 172 y 55 del C.P.), en razón de que el encartado haciéndole creer a las victimas que estaba autorizado para el ejercicio del arte de curar, les prescri-bía y administraba medicamentos, cobrando dinero por ello, conducta reiterada habi-tualmente con diferentes personas.
Jueces, deberes y facultades del juez, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, SEGUNDO ZACARIAS c/ AGUERO, RAMON s/ DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-17

Ya que el juez al dictar sentencia debe hacerlo de conformidad con lo alegado y probado por las partes ("sententia debet esse conformis libello", "Iudex iudicare debet secundum allegata et probata"), resulta ser imperativo del propio interés de los litigantes la alegación ("carga de la afirmación", "carga de la negación") y posterior acreditación ("carga de la prueba") en el curso del proceso, de los hechos controvertidos que resulten trascendentes al mismo; es decir, de los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos del derecho (art. 896 Cód. Civil), en que los contendientes sustentan sus pretensiones encontradas.

Condicionado el interés de la parte por la asunción de la carga, el litigante puede optar entre realizarla -obteniendo el resultado útil que de la misma se derive- o no cumplirla, aceptando el riesgo de que, por dicha conducta omisiva, se le pueda llegar a generar un perjuicio.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Concurso especial en tiribelli Hnos. S.A. s/ Concurso preventivo Di Constanzo, Santiago y otros s/ Concurso especial - Ejecución de privilegio en autos: Iglú S.A.I.C.  s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30|1992-02-04

Con respecto a las costas en el concurso especial se ha sostenido que corresponde que sean impuestas, en principio, al acreedor, ya que el concurso especial no devenga costas a cargo del concursado, y menos a cargo "del concurso", pues constituye una actuación del acreedor instada por éste, quien incluso debe contribuir a los gastos; salvo que una actuación contradictoria de la concursada o del síndico pueda determinar una concreta imposición de costas al oponente en caso de ser derrotada esta resistencia. Constituye una excepción el crédito laboral donde la urgencia en el cobro es un elemento necesario, y en esa inteligencia las costas deben ser a cargo del concurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apertura a prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Laso, María Elena c/ Velázquez, Alberto s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-25

El interesado en el replanteo de la prueba en la segunda instancia está obligado a fundarlo.
Ius cogens, proceso penal, principio de legalidad, jerarquía constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Parece a todas luces exagerado inferir que, en virtud del art. 118 de la Constitución Nacional, sea posible la persecución penal en base a las reglas propias del derecho penal internacional. De allí no se deriva que se puede atribuir responsabilidad individual con base en el derecho internacional, en tanto no se establece cuáles son los principios y normas que rigen la persecución de crímenes iuris gentium. Por lo tanto, la norma citada no permite concluir que sea posible en nuestro país la persecución penal con base en un derecho penal internacional que no cumpla con los mandatos del principio de legalidad (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COLASANTI, MAXIMO Y OTRA s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-21

Dictar sentencia extra petita comporta decidir sobre lo que no está en el juicio- materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. San Martin c/ Jacobs s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

En materia de interpretación de preceptos propios del régimen impositivo, debe recurrirse a los principios del derecho común con carácter supletorio cuando las leyes y preceptos propios del régimen tributario no resulten decisivos.
Etapas del proceso, acción popular, control de constitucionalidad, alegato
Materia: PROCESAL
Carátula: Karcher Moreno, Aroldo Gabriel c/  s/ acción popular de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-12

En el alegato cada una de las partes expone al juez, por escrito, las conclusiones que les sugieren las pruebas producidas en el proceso. No procede, pues, que en él los litigantes introduzcan cuestiones o defensas que no fueron propuestas en oportunidad de la demanda, contestación o reconvención. Por lo tanto no corresponde analizar las nuevas argumentaciones introducidas por el actor con posterioridad a la traba de la litis, atinentes a la tacha de inconstitucionalidad del art. 9º de la Ley 8036. No obstante, es fácilmente advertible que el legislador se ha limitado a cumplimentar un mandato constitucional expreso al respecto, pues el art. 92 de la Constitución Provincial delega al poder constituido la fijación de la sanción de la que son pasibles los firmantes de una demanda manifiestamente improcedente.
Obligaciones de dar sumas de dinero, mutuo comercial, intereses, desindexación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEBALLO, EDGARDO c/ BANCO HIPOTECARIO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

Corresponde rechazar la solicitud -con base en las leyes 24283 y 24855- de desindexar o recalcular la deuda dineraria contraída por la actora con la entidad bancaria demandada en virtud de un contrato de mutuo, en tanto no se trata en el caso de un supuesto de contrato con "tasa fija", sino de un contrato con cláusula de recomposición "abierta", el cual contiene implícitamente pactada la posibilidad de modificar el sistema de reajuste por decisión unilateral, facultad que se halla -en él caso- claramente justificada por las características del Préstamo.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, seguros, seguro con franquicia, oponibilidad a terceros, acordadas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ardiles, Feliciana Haydée c/ Nuevo Ideal S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

Teniendo en cuenta que el haber omitido acompañar la carátula a que hace referencia el art. 2° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 no constituye un obstáculo insalvable corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario (art. 11 del citado reglamento), revocar la sentencia apelada y admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación.
Propiedad intelectual, fraude a la propiedad intelectual, software, protección del software, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Roitman, Adrián Raúl P. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-28

La inclusión expresa del software en el artículo 1, operada por la ley 25.036, no puede valorarse como determinante para concluir que dicha obra no estuviera contenida en la disposición referida, en su antigua redacción; sino que, antes bien, la cuestión fundamental se centra en determinar si el software, en relación a cada caso en concreto, reúne los requisitos sustanciales para ser considerado una obra intelectual abarcada por la protección penal prevista por esa ley de 1933. (Voto del Dr. Hornos -en minoría-).
Contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, resumen de cuentas, rectificación de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANGLADA, SILVIA c/ BANCO ITAU BUEN AYRE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

De la aprobación tácita del saldo de una cuenta corriente bancaria, no deriva la pérdida del derecho a hacer uso de las facultades que reconoce al titular de la cuenta el CCOM art. 790, esto es acción de rectificación de saldo. Ello pues, cuando existen errores o anotaciones indebidas, el cuestionamiento será procedente más allá de la aprobación o del carácter "definitivo" que pueda atribuirse al resultado de la cuenta. En tal sentido cabe precisar que la aprobación de la cuenta es nada más y nada menos que el reconocimiento de una obligación preexistente. Presupone necesariamente una deuda a cargo de quien se reconoce deudor, una lícita causa de deber (CCOM art.723).

Si resultare luego que la obligación no existía en realidad al tiempo de ser reconocida, el acto de reconocimiento carecerá de valor. Esto por cuanto el acto de reconocimiento sólo tiene por finalidad acreditar que la deuda existe, disipando toda duda al respecto. Es decir, los efectos del reconocimiento quedan subordinados a la verdad del hecho reconocido.