marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, Estado Nacional, energía eléctrica, traslado
Materia: CIVIL
Carátula: Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe c/ Estado Nacional (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o Secretaría de Energía de la Nación) s/ Amparo Ley 16.986 y Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-02-29

Como medida para mejor proveer y previo a resolver la cautelar de no innovar solicitada por la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe (EPE) a fin de que se suspendan los efectos de la nota 8752/2011 de la Secretaría de Energía de la Nación, -en cuanto dispuso que "todo aumento de tarifa a los usuarios finales de los Agentes Distribuidores y/o prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica, respecto de los valores tarifarios correspondientes al mes de noviembre de 2011, se considere que forma parte del costo mayorista de compra del Distribuidor"-, corresponde dejar sin efecto el pase al acuerdo ordenado, y notificar a la demandada de la resolución de primera instancia de los fundamentos del recurso de apelación presentado así como del escrito de comunicación de hecho nuevo y la documentación acompañada, teniendo presente que la medida cautelar solicitada sido denegada por el magistrado de primera instancia y por ello no ha tenido oportunidad de ser oída la contraria, y que -eventualmente- la efectividad de la medida peticionada no se vería afectada, a fin de garantizar el debido proceso y la garantía de defensa en juicio, y atendiendo a la mínima demora que implica correr traslado a la contraria por el plazo de ley (art. 150 C.P.C.C.N). (Del voto en disidencia de la Dra. Vidal)
Fallido, convocatoria de acreedores, multa administrativa, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: LA PRENSA  S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ RECURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Si la sumariada se presentó en convocatoria de acreedores, debe aceptarse el argumento referido a que no está en condiciones de oblar la multa impuesta como condición previa para acceder a la instancia judicial. Si bien tal exigencia procesal no implica de por sí una restricción inconstitucional de las garantías de igualdad y defensa en juicio, tal doctrina no resulta aplicable al caso en que la empresa se ha presentado en convocatoria de acreedores.
Medidas cautelares, impuestos internos, monto mínimo, venta de tabaco, peligro en la demora, falta de prueba
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Tabacalera Sarandí S.A. c/ EN - AFIP - DGI s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde revocar la medida cautelar que suspendió respecto de la actora la aplicación del monto mínimo del gravamen establecido para la comercialización del tabaco, toda vez que no se ha ofrecido prueba alguna dirigida a cuantificar la gravitación que el pago del tributo tendría sobre la renta o sobre el patrimonio de aquella, razón por la cual no hay forma de evaluar el peligro en la demora ni se evidencia que agravios no puedan ser válidamente remediados con la sentencia final a dictarse. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Proceso penal, imputado, derecho al recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SERRANI, PEDRO MATIAS c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-02

El derecho a un recurso amplio e integral se satisface plenamente con un reenvío horizontal, y si bien dicha modalidad no se encuentra expresamente prevista en la ley procesal, cierto es que la misma resulta derivación directa de normas convencionales -referidas a la garantización de un recurso amplio e integral para cuestionar sentencias o autos procesales importantes- e interpretación de las mismas por parte del órgano predispuesto para ello: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco es nocivo que las eventuales interpretaciones jurídicas generen disparidad de criterios entre tribunales de igual grado ya que de todos modos ello ocurre entre decisiones adoptadas por Colegios de distintas circunscripciones; no obstante lo cual, resultaría importante y valioso -habida cuenta de la inexistencia en nuestro diseño institucional de una instancia casatoria intermedia o un tribunal de impugnaciones al estilo pampeano- que la actual diversidad interpretativa que se detecta incluso entre integrantes de un mismo Colegio sea homogeneizada por nuestro Máximo Tribunal provincial a partir de una mayor vocación aperturista de los recursos que lleguen a su conocimiento, cumpliendo de tal modo una función pedagógica y uniformadora de jurisprudencia -hoy indispensable-, porque de ese modo se tornaría previsible el trámite, permitiría a los operadores desempeñar mejor su rol y potenciaría el proceso de reforma. (Del voto del Dr. Orso) - CITAS: Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Mohamed vs. Argentina", 23 de noviembre de 2012.
Riesgos del trabajo, incapacidad laboral, principio protectorio, tratados internacionales, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: BUCCI, ADRIANA ELBA C/ RADIO Y TELEVISION RIO NEGRO S.E. LU 92 TV CANAL 10; ARTE RADIO TELEVISIVA ARGENTINA S.A. (ARTEAR S.A.); HORIZONTE A.R.T Y PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ APELACION LEY 24557 (l) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-07-16

Hubo pronunciamiento de este Cuerpo acerca de la inconstitucionalidad del número cerrado del listado de enfermedades remitido por la LRT (cf. STJRNS3 Se. 28/15 "COYAMILLA") de acuerdo con los lineamientos del Máximo Tribunal (cf. Fallos: 330:5435 "SILVA"), en tanto resultaba incongruente que el legislador, al establecer todas las obligaciones previstas en la LRT dejara sin sanción a la ART y sin cobertura al trabajador, sujeto de la tutela genérica del principio "no dañar a otros" contenido en el art. 19 CN, conformada específicamente en materia laboral por el art. 14 bis de la misma Norma Fundamental. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, prueba, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTIN ANTONIO Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Para hacer jugar el art. 1101 C. Civ. en el juicio iniciado por el titular de un certificado de depósito con invocación de la garantía de la ley 22.051, es necesario, entre otras cosas, probar que el actor haya sido denunciado o querellado penalmente, o sometido a proceso de esa índole por decisión judicial, o que la emisión del certificado resulte comprendida en la investigación criminal.

Ello no ocurre si al Banco Central se le dió por perdido el derecho de producir la prueba tendiente a acreditar la vinculación entre los juicios y no replanteó la cuestión en la oportunidad prevista por el art. 260 C. Procesal.
Facultades del juez, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Vicente Robles  SAMCICIF c/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques Nacionales) s/ nulidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

A los jueces no les está permitido alterar el texto inequívoco de los contratos con el argumento de que de otro modo resultarían nulos.
Notificación, domicilio real, defensa en juicio
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez   Jorge   Guillermina c/ Universidad  de  Buenos  AiresFacultad de Ciencias Económicas s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

Si bien el actor había prestado servicios en la Facultad de Ciencias Económicas, y fue ante esa sede donde tramitó el expediente administrativo, ello no obsta a la exigencia legal de que el traslado de la acción se curse al domicilio de la entidad demandada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 32, inc. 1 de la ley 18.345, que está orientado a resguardar el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.). Aún cuando el art. 50 de la ley 18.345, como el art. 169, último párrafo del CPCCN, vedan la declaración de nulidad cuando el acto, no obstante su irregularidad, logra la finalidad a que estaba destinado, esta directriz no resulta aplicable en el caso pues no puede ignorarse que las personas jurídicas de naturaleza pública, cuyo desenvolvimiento interno se encuentra reglado por procedimientos administrativos, carecen de la elasticidad y rapidez de reacción que por naturaleza caracteriza a las personalidades privadas y, al menos ante la duda, debe priorizarse la garantía constitucional de la defensa en juicio. En el caso, la acción fue dirigida contra la Universidad de Buenos Aires y la cédula de notificación de la demanda se remitió a la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, institución que, pese a funcionar en la órbita universitaria, no es persona de existencia ideal. Toq. 1236.
Acción penal, defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Es deber del titular de la acción penal, sea ésta pública o privada, describir el hecho que se atribuye circunscripto en tiempo y espacio concretos, pues lo contrario implica que el encausado deba defenderse de una imputación cuya plataforma fáctica se encuentra indeterminada. (del voto del Dr. Juan Carlos Gemignani en disidencia parcial)
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional, interés público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cáceres, Jorge. c/ Angel Gabriel Yachesen. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2003-03-04

La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene sentada doctrina en reiterados pronunciamientos que "La repercusión patrimonial de la cuestión sometida a su consideración no basta para configurar un supuesto de gravedad institucional" " No se configura un supuesto de gravedad institucional si lo decidido no excede el interés individual de las partes ni atañe de modo directo al de la comunidad.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, costas, costas en el orden causado, responsabilidad del Estado, responsabilidad del funcionario público, información sensible, disidencia, trabajo inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: V., H. I. c/ Provincia del Neuquén. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-03-26

Procede declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, e imponer las costas de esta instancia en el orden causado, regulando los honorarios de los abogados intervinientes de conformidad a lo establecido por el art. 15 de la Ley 1594, pues la falta de crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia que estableciera la responsabilidad civil del Estado Provincial y fijara el monto del resarcimiento del perjuicio ocasionado al actor - a raíz de la imprudencia de la funcionaria pública que, al no codificar la información sensible surgida de la información médica confidencial del accionante, permitiera su difusión - (arts. 19 de la Const. Nac.; 27 de la Const. Prov.; 1.071 bis del Cód. Civil; ley 23.592; ley 23.798; dec. regl. 1.244/91; Decl. Americana de los derechos y deberes del hombre, art. 5; Decl. Universal de derechos humanos, art. 12; Pacto Int. De derechos civiles y políticos, art. 17.1; Conv. Americana sobre derechos humanos, art. 11.2), impiden a la alzada la apertura de la instancia a los efectos de su revisión. ( del voto del Dr. Medori )
Nulidad de sentencia, Ministerio Público Fiscal, querella, falta de acción, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: U., M. S. y otros c/  s/ defraudación a un menor o incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Es nula la decisión adoptada por la cámara nacional de apelaciones que revocó la de primera instancia y ordenó la realización de nuevas diligencias en las actuaciones si omitió dar la intervención correspondiente al Ministerio Público Fiscal para resolver la cuestión sometida a su decisión, pasó directamente los autos a estudio del tribunal y seguidamente, se expidió evacuando la consulta prevista en el art. 348, segundo párrafo, segundo supuesto, C.P.P.N. Corresponde extender los efectos de la nulidad a partir del decreto mediante el cual se dispuso que pasaron los autos a estudio del tribunal sin dar intervención a la fiscalía, así como al decreto de clausura de la instrucción y a todos los actos posteriores que emanan de ése y son su consecuencia, incluida la resolución que recurre la querella mediante recurso de casación es decir, la que hizo lugar a la excepción de falta de acción deducida por la defensa y el consecuente sobreseimiento de los imputados. Si bien luego de aquel vicio se otorgó intervención al fiscal general ante los tribunales orales en el incidente de falta de acción, no es menos cierto que éste se expidió directamente sobre la vista conferida en el marco de la excepción interpuesta por la defensa, que apuntaba a la imposibilidad de continuar con el trámite de la causa mediante el impulso solitario de la parte querellante, y no expresamente sobre el fondo del asunto, es decir, sobre el acierto o error del criterio volcado en el dictamen del otro fiscal que postuló el sobreseimiento de los imputados. En ese contexto, a la luz de los previsto en el art. 173, CPPN, y dada la posición ya asumida y adelantada por los jueces de la cámara de apelaciones, corresponde apartarlos y reenviar el caso para que se designe a los nuevos integrantes que habrán de intervenir conforme a los citados lineamientos (voto del juez Sarrabayrouse).
Beneficios previsionales, caducidad de instancia, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Galvalisi, Giancarla c/ ANSeS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23

La sentencia que confirmó la caducidad de la instancia incurrió en un exceso de rigor formal que no se aviene ni con la índole de los derechos en juego ni con la actitud diligente que asumió la interesada en el curso del litigio al no considerar que la recurrente instó en reiteradas ocasiones la búsqueda del expediente administrativo extraviado y que la parte nunca fue intimada a aportar dato alguno.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Verificación de créditos, intereses, cosa juzgada, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: Furlong, Dora c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Con el pronunciamiento verificatorio se decidió la cuestión inherente a la cuantía del crédito y sus intereses; y ello pasó en autoridad de cosa juzgada, por lo que esa decisión no puede ser modificada sin grave desmedro de la seguridad jurídica.
Doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, defensa en juicio, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Godoy, Marcelo Francisco y otro s/ robo de automotor -Causa nx 20.733-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Concursos, quiebra, acuerdo resolutorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POLICHINO JOSE s/ Quiebra Voluntaria Recurso Directo (LIBRO: A070 - 451)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-03

La posibilidad de homologación de un acuerdo resolutorio, necesita como presupuesto su aceptación por los acreedores,lo que no se da si no concurre ninguno de ellos con derecho a voto a la junta, ya que no puede constituirse como acto unilateral.
Tasa de justicia, desindexación
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDEI, Jorge L. c/ IGLESIAS, Lidia s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La ley 24.283 no es aplicable cuando se adeuda una suma de dinero al Fisco en virtud de expresas disposiciones de la ley 23.898, que prevé el ingreso del tributo en relación al monto reclamado.
Proceso de verificación, verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fisco Nacional (Direccion General Impositiva) s/ Incidente de Revision de Credito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29

Cabe declarar verificados los créditos a favor del Fisco Nacional, ya que éste ha formulado ante el síndico el pedido correspondiente, indicado la fuente obligacional del mismo y ha acompañado la documentación de la acreencia fiscal cuestionada -art. 32 de LCQ-, la que no ha sido desvirtuada por prueba alguna, ello de conformidad con el principio de verdad jurídica objetiva.
Principios procesales, proporcionalidad de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

Este principio opera para limitar los excesos del poder punitivo estatal, y solo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación penal pueda ser aceptada en un estado de derecho.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: G, C E s/ HOMICIDIO CULPOSO      EXPTE NRO 358-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-24

La prioridad de los peatones para atravezar las sendas peatonales funciona cuando el cruce ha sido realmente encarado, no antes, porque no se concibe que la norma reglamentaria -ap 5.15.1 del Código de Tránsito de Rosario- hubiese querido que los peatones gozaran de una prioridad absoluta, puesto que ello implica en los hechos la paralización del tránsito en cada encrucijada o zona de cruces de seguridad. La presunción de culpa que pueda pesar sobre el conductor que hubiese embestido a un peatón, es juris tantum, de modo que si se demuestra que aquél conduce a velocidad reglamentaria y discurre expedita y que la víctima intenta el cruce de manera intempestiva y a escasa distancia del vehículo, la presunción legal cae por la prueba contraria que demuestra la inexistencia de aquellas condiciones necesarias para sostener la presunción.
Instrumentos privados, fecha cierta, tercería de dominio, bienes muebles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzei, Daniel c/ Tuges, Antonio s/ Terceria de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

No habiendo quedado archivado el documento en la repartición pública que certificara sus firmas, el mismo se halla desprovisto de fecha cierta, resultando indiscutible que el timbrado fiscal por sí solo no viabiliza la pretensión de tener a un boleto de compraventa -en el caso de una cosechadora-, como dotado de fecha cierta (art. 1035 C.C.). En consecuencia la tercería intentada debe rechazarse.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, trabajador, abandono de trabajo, interpelación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Flores, Andres c/ Transporte 9 de Julio S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de   pesos (Expte. CSJ Nro.  431-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el recurrente que argumenta que la Sala extrae de la no contestación de un telegrama que no llegó a ser entregado por "destinatario ausente", una presunción a favor de la demandada no prevista en el ordenamiento jurídico y, por ende, arbitraria. Ello así, toda vez que, conforme lo expuso la Alzada en la sentencia, el abandono de trabajo se traduce en un incumplimiento unilateral del trabajador que no se reintegra a sus tareas habituales no obstante el requerimiento del empleador, apreciando el a quo que "...en dichos supuestos el emplazamiento debe contener la afirmación de los hechos causales, un plazo para responder el requerimiento y el apercibimiento del caso, frente a lo cual si la intimación es desoída por el trabajador, se presume la existencia de abandono de trabajo, configurándose entonces la causal de distracto laboral, salvo prueba en contrario...". Y es en ese contexto en el que el Tribunal consideró lo acontecido en el caso, en tanto apreció que "...no se trata que la comunicación de intimación previa cursada por telegrama ... no hubiera llegado a conocimiento del actor por un defecto o inconveniente del medio elegido para hacer la notificación, o bien que no se hubiera acreditado el acto de recepción por vencimiento del plazo de conservación de dicho despacho por la oficina de correos, sino que ello respondió a encontrarse ausente el destinatario, circunstancia ésta que no cabe hacer recaer en el remitente como consecuencia negativa a su accionar, en tanto el mismo lo envió al domicilio que correspondía esfera jurídica de conocimiento, y en la forma debida, siendo atribuible al destinatario la no recepción, en tanto no justifique que ello respondió a un motivo impeditivo claramente ajeno a su voluntad, máxime si en tales casos es norma de correos dejar aviso al destinatario del envío del telegrama a fin de ser retirado de la oficina respectiva, a fin de desvirtuar la presunción de abandono..."
Delitos contra la integridad sexual, acción dependiente de instancia privada, víctima menor de edad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCES, RUBEN OMAR Y OTROS s/ VIOLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-05-22

SI BIEN EN ESTE TIPO DE DELITOS,SOLO EL DAMNIFICADO O SU REPRESENTANTE LEGAL TIENEN LA POSIBILIDAD DE PONER EN MARCHA LA ACCION PENAL, NO PUEDE DEJAR DE INTERVENIR LA AUTORIDAD POLICIAL ANTE UNA REAL SITUACION DE PELIGRO AUN CUANDO TOME CONOCIMIENTO A TRAVES DE UNA MENOR. ESTA ACTUACION DE OFICIO NO INVALIDA LA INVESTIGACION POSTERIOR A LA DENUNCIA DEL PROGENITOR.
Periodistas, colaborador permanente, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: MURILLO USTARIZ, RENATO c/ EL ECONOMISTA EMPRESA EDITORIAL SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-02-17

Está encuadrado en el cargo de redactor y no en el de colaborador permanente, el empleado de una editorial, respecto del cual el empleador ejerce poder de dirección modificando o publicando parcialmente las notas por éste presentadas, e incluso ordenándole a quién debía entrevistar, y las notas por éste presentadas corresponden a la actividad específica de la editorial.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHOQUE, A. A. c/ MUZA, R. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

La imposición de costas al demandado, ha seguido el principio objetivo de la derrota, receptado por el art. 68, 1er.p. del C.P.C.C. pues ni el allanamiento que en su hora efectuara el vendedor hoy fallecido, en otro juicio anterior que concluyó por caducidad de instancia ni el impedimento para escriturar que en aquél juicio invocara, pueden justificar apartarse de la norma adjetiva indicada. Menos aún las dificultades procesales que pueda haber sufrido el accionado como actor en aquellos actuados ya que el juicio mencionado concluyó, como ya se dijera, por caducidad de instancia-art. 310 del C.P.C.C.- no siendo dable traer a este litigio consecuencias procesales que sólo pudieran incidir en aquél proceso.