Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-12


SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y OCHO En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los doce días del mes de noviembre de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 41/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en representación de Marcela del Valle Iturres en contra de la Sentencia Nº 07/2010 dictada en Causa Expte. Nº 90/08 'Iturres, Marcela del Valle - Espeche, Carlos Antonio ss.as. Robo doblemente calificado por ser cometido con armas, en poblado, etc.", contra la Sentencia Nº SIETE/2010, dictada en fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿ Es formalmente admisible el recurso? 2º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas con relación a los Hechos Nominados Primero y Segundo? 3º) ¿Es nula la resolución en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización judicial de la pena a la imputada Marcela del Valle Iturres? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 22, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; y en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia nº 07/2010, del 23/03/2010, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría, resolvió: "I) Declarar culpable a Marcela del Valle Iturres de condiciones personales relacionadas en la causa como coautora penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas y por haberse cometido en lugar poblado y en banda, dos hechos (arts. 166 inc. 2º primer supuesto y 167 inc. 2º del C. Penal) (Hechos Nominados Primero y Segundo) en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal) condenándola en consecuencia a sufrir la pena de doce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Unificar la condena establecida en el párrafo anterior con la recaída en causa Nº 256/05 acumulado Expte. 274/05 y 128/06 en Sentencia Nº dos/2008 de fecha 28 de febrero del año dos mil ocho, dictada por este Tribunal como coautora penalmente responsable del delito de robo (arts. 164 y 45 del C. Penal), (Hecho correspondiente al requerimiento fiscal de fs. 425/429 vta.) por la que se la condenara a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo (arts. 40, 41 del C. Penal). Imponiéndole en consecuencia como pena única, la de quince años de prisión conforme lo estatuido por los arts. 58 y concordantes del C. Penal y arts. 407 y concordantes del C.P.P., con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.)".

Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Pedro Justiniano Vélez -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico de la imputada, Marcela del Valle Iturres, e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incisos 2º y 3º del art. 454 del C.P.P..

Con relación al primer interrogante planteado, observo que el recurso es incoado por parte legitimada, el defensor de la imputada Marcela del Valle Iturres, en forma y en tiempo oportuno, y se dirige contra sentencia definitiva, por lo tanto el recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 07/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por los arts. 454, 455 y 460 del C.P.P..- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

II. El defensor dirige su primer embate contra el voto de la mayoría del tribunal, por considerar que se ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P.), y que no se ha acreditado con el grado de certeza requerido la participación de su asistida en los delitos imputados.

Refiriéndose al Hecho Nominado Primero, sostiene que la mayoría del tribunal da por sentada la participación de su defendida, en base al reconocimiento en rueda de personas efectuado por el testigo Juan Aristóbulo Carrizo, y la declaración testimonial brindada en instrucción por Ramón Rigoberto Páez. Asevera que dicho acto de reconocimiento, en relación a otros testimonios y pruebas obrantes en la causa, carece de credibilidad si se analiza que Carrizo, en la denuncia manifestó la imposibilidad de reconocer a los autores del hecho, debido a la oscuridad reinante al momento del suceso delictivo y describió a la única mujer que actuó en el hecho, como de una altura aproximada de 1,60 metros, de contextura delgada, de cabello rubio, corto, expresando que de volverlos a ver a los autores no los reconocería. Que luego en la ampliación de su declaración, describió de una manera más concreta la fisonomía de los otros individuos involucrados en el hecho, fundando sus dichos en haber tenido mayor tiempo para tratar de recordar y encontrarse más tranquilo, agregando que podría reconocer a los autores. Considera que la primigenia descripción resulta disímil con la operada al momento del reconocimiento.

Critica también la valoración de los dichos del comisionado policial, Ramón Rigoberto Páez. Dice que es un testimonio de segundo grado, que puede servir para dar comienzo a la investigación del hecho pero nunca servir para fundar una condena.

De igual modo manifiesta que el testigo Jonathan Silva, lejos de corroborar los dichos del empleado policial, favorece la posición exculpatoria de su cliente, cuando dijo que había tomado conocimiento por parte de una amiga de nombre Tamara, cuyo apellido no recuerda, que ésta le habría sacado a un remisero el monedero, agregando que esta chica posee características similares a su defendida, describiéndola como de estatura baja, gordita, con el cabello teñido de color naranja.

Luego, el recurrente plantea la inconstitucionalidad del art. 391 inc. 3º, argumentando que la valoración de los testimonios de Páez y Carrizo, quienes estuvieron ausentes en el debate, resulta violatorio del derecho de defensa (art. 18 y 31 de la C.N. y arts. 8 inc. 2º, letra "f"de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3º, letra "e"del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, solicita se absuelva a su asistida por el Hecho Nominado Primero, afirmando que no se ha demostrado con la certeza requerida, su participación en el hecho imputado.

En relación al Hecho Nominado Segundo, se agravia porque dice que el reconocimiento en rueda de personas efectuado por el testigo Juan Manuel Valdez, adolece de análogos defectos que los apuntados con respecto al reconocimiento de Carrizo. Sostiene que Valdez, describió a la mujer que luego reconoció -Iturres- con contradicciones. Destaca que en la denuncia, el mencionado testigo al referirse a las dos mujeres, dijo que eran de contextura física delgada, de 1,50 mts. de estatura, no pudiendo divisar ningún otro detalle. Que en la ampliación de su denuncia, realiza un pormenorizado detalle de sus fisonomías, destacando, en relación a las mujeres, que sólo puede decir que una de ellas, por sus características físicas, era de contextura robusta, de estatura media, de cabello largo teñido de color rubio, de tez morocha, de aproximadamente 20 años de edad. Mientras que, al momento de prestar declaración en audiencia de debate, manifestó que era petisa, cuerpo normal, no era gorda, agregando que es lo que recordaba en ese momento. Sin embargo -enfatiza-, al llevarse a cabo el reconocimiento en rueda de personas, en la descripción previa del sujeto a reconocer, manifestó que la mujer era petisona, regordeta, de 1,60 mts., entre 18 o 19 años; que a la otra mujer no la puede describir; reconociendo en la oportunidad a su defendida. De esta manera, el recurrente argumenta que las disímiles descripciones efectuadas por el testigo sobre la misma persona, quita virtualidad probatoria y credibilidad al reconocimiento.

También en este capítulo, formula idénticas criticas a la valoración del testimonio de Ramón Páez.

Finalmente sostiene que la sentencia es arbitraria, que no se ha acreditado con el grado de certeza necesario la participación de su asistida en el hecho investigado, razón por la cual solicita su absolución.

II. a. De lo reseñado precedentemente, cabe analizar si efectivamente el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas con relación los hechos atribuidos a Marcela del Valle Iturres, y en su caso, si corresponde su absolución por el beneficio de la duda, como se pretende.

El Hecho Nominado Primero, que el tribunal tuvo por acreditado consiste en "Que con fecha trece de Enero de 2008, en un horario que no se puede determinar con precisión pero que podría estar comprendido a las 00:15 hs., en circunstancias en que el ciudadano JUAN ARISTÓBULO CARRIZO se encontraba desarrollando tareas laborales manejando un taxi marca Volkswagen Gol Dominio GUM - 453 licencia 335 circulando por calle Maipú y Mardoqueo Molina de esta ciudad capital, tres sujetos de sexo masculino -aún no habidos por la instrucción- y Marcela del Valle Iturres detienen la marcha del vehículo, suben al mismo un masculino adelante y los dos restantes y Marcela del Valle Iturres en el asiento de atrás, allí le comentan a Carrizo que los lleve al Barrio San Antonio Sur. Ante ello, Carrizo tomó por calle Mardoqueo Molina hasta Lavalle luego hasta Gobernador Correa y llegó a una calle paralela a Bonifacio Cobacho y por indicación del sujeto que iba adelante, siguió por esa calle hacia el oeste hasta llegar a un descampado ingresando unos cien metros y en el evento uno de los sujetos de sexo masculino le puso una hoja de sierra en el cuello de Carrizo, apretándole el mismo manifestándole que le diera la plata, luego le sustrajeron en forma violenta un reloj color gris con malla metálica, un celular marca Samsum color gris plateado, una billetera de cuero color negra y la suma de PESOS CUARENTA Y DOS, intentando apoderarse del stereo no llevándolo a cabo, luego de apoderarse ilegítimamente de los elementos indicados y previo a tirar las llaves del vehículo, Marcela del Valle Iturres y los tres sujetos de sexo masculino se dieron a la fuga".

El presente recurso se alza contra el valor convictivo del reconocimiento efectuado en rueda de personas a la imputada, Marcela del Valle Iturres, por la víctima -Juan Aristóbulo Carrizo-; como así, del testimonio del comisionado policial, Ramón Rigoberto Páez, que para los juzgadores determinaron la certeza respecto de la participación de Iturres en el hecho.

En primer lugar, del análisis integral de las actuaciones y de los términos expuestos por el tribunal que juzgó la seriedad y eficacia del acto del reconocimiento, se puede advertir que la imputada Iturres, en el acto procesal que ahora se cuestiona, no sólo ha sido asistida por su defensa técnica, sino que además, esta última, no ha formulado a lo largo del proceso, hasta el momento de los alegatos -dos años más tarde-, cuestionamiento alguno a la rueda de reconocimiento de persona, que ahora tilda de inválida, aunque sin denunciar anomalías en su constitución.

En lo que a este tópico se refiere, cabe recordar lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores, en donde se dijo que no existe declaración de nulidad por la nulidad misma, y menos aún, cuando las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que además, se llevó a cabo de legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

Ahora bien, en cuanto a las aseveraciones de la defensa, pretendiendo poner en duda la credibilidad del acto de reconocimiento, al afirmar que la víctima, Juan Aristóbulo Carrrizo, al formular su denuncia manifestó la imposibilidad de reconocer a los autores del hecho y que con posterioridad, en una ampliación de su denuncia, manifestó que ha tenido mayor tiempo para recordar, por encontrarse más tranquilo y por ello podría reconocer a los autores del ilícito; debo decir que estas objeciones no exhiben idoneidad bastante para conmover la conclusión adoptada. Es que, contrariamente a lo señalado por el recurrente, la víctima desde un primer momento, es decir, al formular su denuncia -el día 13/01/08, a la hora 02:00- describió las características físicas de la mujer que intervino en el hecho, pese aludir a la imposibilidad de reconocer a los autores. No obstante ello, transcurridos cuatro días, el 17/01/08, Carrizo declaró nuevamente, luego de recuperar un poco la calma, y logró brindar mayores detalles de las características físicas de las personas que lo asaltaron. Sabido es que la prueba testimonial se complementa cuando median reconocimientos en rueda de personas donde se sindica de modo indubitable al acusado, como ha sucedido en el caso de autos. El reconocimiento en rueda de personas constituye por su naturaleza y consecuencias, una forma de testimonio, y por ende, un elemento de prueba directa. Al respecto el a quo, no sólo fundamentó su postura con jurisprudencia relativa al tema en cuestión, sino que puntualmente ponderó, que el control intrínseco de las manifestaciones vertidas por el denunciante, conforme a las normas de la sana crítica racional, no evidencia interés alguno que pudiera hacerlo apartar consciente o inconscientemente de la verdad, no existiendo causa alguna para dudar de la veracidad de las mismas, circunstancia ésta que no ha sido rebatida por el recurrente.

Desde otro ángulo, el recurrente asevera que el testimonio del comisionado policial, Ramón Rigoberto Páez, es un testimonio de segundo grado, y por lo tanto carece de valor probatorio. Cabe aclarar que el casacionista efectúa un análisis fraccionado del material probatorio, puesto que el juzgador ponderó que lo declarado por el referido testigo (quien manifestó que al ser comisionado para la investigación del hecho, pudo determinar de acuerdo a las características físicas brindada por el damnificado, y por el modo operante, que una de las posibles autoras del hecho sería María del Valle Iturres (a) Chili), luego se complementa con el Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas (122/122 vta.), llevada a cabo con fecha 18/01/08, es decir, cinco días después de sucedido el hecho. De esta manera, el tribunal puso de resalto que en el referido acto procesal, Juan Aristóbulo Carrizo, luego de describir a la mujer interviniente en el hecho como de: "...1,60 a 1,65 mts. más o menos, pelo corto, con colorete en el pelo, morocha y delgada, cara normal...", coincidió en líneas generales con lo vertido en su denuncia, en donde manifestó que la chica "...era delgada, de 1,60 metros de altura aproximadamente, cabello rubio corto...; y con lo manifestado a fs. 106/106 vta. en donde dijo que "...la chica es morocha, con cabello corto, rubio, aparentemente teñido, delgada, de 1,60 metros de altura aproximadamente, entre 18 y 20 años de edad aproximadamente...". Consecuentemente, la mayoría del tribunal, merituó que el testigo había reconocido con total y absoluta seguridad a Marcela del Valle Iturres, como la mujer que describió en su declaración y que se encontraba en el asiento de atrás del remis que conducía. Con arreglo a ello, y atento a que la motivación en este punto no admite fisuras, es que no pueden ser atendidas las críticas del recurrente.

Por último, cabe considerar los argumentos brindados por el casacionista, intentado tildar de inconstitucional el art. 391 inc. 3º por considerar violatorio del derecho de defensa, la valoración por parte del tribunal, de los testimonios de Páez y Carrizo, siendo que los mismos no concurrieron a debate. Sobre el punto, resalto que la propia defensa de Iturres, ha consentido que las declaraciones sean introducidas al debate por su lectura, y ahora, frente al resultado adverso para su cliente, intenta alegar violación al derecho de defensa. Lo dicho se refleja de manera expresa en las constancias obrantes en el Acta de Debate (fs. 448), en donde se vislumbra que, al corrérsele vista a la defensa de la imputada, del desistimiento por parte del Ministerio Público del comparendo de los testigos Carrizo y Páez, y de que oportunamente se incorporaren por su lectura la denuncia, ampliación de denuncia y declaración testimonial de Carrizo y la declaración testimonial de Páez, el asistente técnico de Iturres consintió tal petición, no formulando objeción alguna. Por esta razón, el tribunal, resolvió tener por desistido el comparendo, ordenando que oportunamente se incorporen por su lectura la denuncia y las declaraciones testimoniales pertinentes.

A más de ello, debo decir que el recurrente pretende se declare la inconstitucionalidad de una norma (art. 391 inc. 3º), más omite referir al cuerpo normativo al que pertenece. Aún induciendo que se refiere la ley procesal penal provincial, el artículo que invoca no posee ninguna clase de incisos, como lo señala el casacionista; es decir, tampoco ha especificado concretamente cuál es la norma cuya declaración de inconstitucionalidad pretende.

Cuestiona también el recurrente, en relación al Hecho Nominado Segundo la valoración del reconocimiento efectuado por el testigo Juan Manuel Valdez. Atribuye a dicho acto, análogos defectos que los apuntados con respecto al reconocimiento de Carrizo, por ser disímiles las descripciones efectuadas por el testigo sobre la misma persona, lo que a su entender, le quita virtualidad probatoria y credibilidad como medio de prueba. Consecuentemente, alega que no se ha acreditado con el grado de certeza necesario la participación de su asistida en el hecho investigado, proponiendo su absolución.

El análisis del fallo en cuestión, permite descalificar el embate al reconocimiento efectuado por la víctima, por encontrar que el mismo está respaldado argumentalmente en los términos de la denuncia efectuada por Valdéz, a una hora de ocurrido el hecho, oportunidad en la que hizo referencia a las dos mujeres que intervinieron, describiéndolas en forma ligera y general. Asimismo, justificó la falta de precisión en el estado de nerviosismo en el que se encontraba el denunciante teniendo en cuenta las características del hecho acometido en su contra, no obstante lo cual, la segunda declaración, efectuada ese mismo día, pero a la hora dieciséis, Valdez expuso precisiones en cuanto a las descripciones no sólo de los sujetos intervinientes en el hecho, sino además, con relación a los objetos sustraídos, lo cual resulta plenamente comprensible conforme las normas de la sana crítica -ponderó el sentenciante-.

Igualmente, refiriéndose al acto procesal de reconocimiento, el a quo destacó que Valdez logró reconocer a Iturres con total y absoluta seguridad.

En consonancia con lo expresado, estimo oportuno recordar que "son muchas las variables que influyen en la exactitud de los recuerdos que tiene un testigo presencial de un hecho. Es indudable, en este orden de cosas, que deben utilizarse, como dice la doctrina psicológica-científica, las tres clásicas del procesamiento de la información humana: codificación, almacenamiento y recuperación. Estas variables son difícilmente controlables por el juzgador, pero en la medida en que este control pueda llevarse a cabo, sólo quien bajo la inmediación y la contradicción puede ver, oír y percibir las reacciones de quienes declaran, constatando los datos que hayan de servir para determinar el grado de verdad a través de la verosimilitud, está en condiciones de fijar su credibilidad" (Ruiz Vadillo, Enrique; La actividad probatoria en el proceso español, en "Estudios de derecho procesal penal", Granada, Comares, 1995, p. 241; S. nº 22, 06/11/09).

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable de la incoada Marcela del Valle Iturres en los hechos -Nominados Primero y Segundo- que se le endilgan, razón por la cual, como ya se adelantara, los agravios aquí analizados deben ser rechazados.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Subsidiariamente, el recurrente introduce como segundo motivo casatorio, el previsto en el inc. 3º del art. 454 del C.P.P.. Funda el presente embate aseverando que el fallo -en sus votos mayoritarios- ha violentado lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P.. Refiere, que el a quo sólo ha mencionado las normas citadas, analizando de manera parcializada la supuesta peligrosidad de la encartada, sin examinar las demás pautas de valoración y sin tener en cuenta todas las circunstancias atenuantes que mencionan dichas normas. Destaca que el tribunal, para mensurar la pena, funda la supuesta peligrosidad de Iturres, en la participación de tres sujetos más, lo cual se encuentra contemplado en el concepto de banda, como así también, se refiere al riesgo de vida por la utilización de un arma y daño físico ocasionado, conceptos que se encuentran insitos en la figura aplicada (utilización de un arma y violencia propia del robo), por lo que mal puede realizarse una doble valoración. Reitera que no se ha tomado en cuenta ninguna circunstancia atenuante, como la edad, la falta de educación, las costumbres y la calidad de los motivos que la determinaron a delinquir, en especial la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos. Cuestiona que se haya considerado como circunstancia agravante la supuesta instrucción de su defendida, sus estudios primarios, los cuales a su entender deben ser valorados como atenuante, dado que esta instrucción es evidentemente escasa -enfatiza-. Asevera que las circunstancias mencionadas precedentemente, con respecto a la miseria y dificultad de ganarse el sustento propio, surgen del Informe Socio Ambiental y del Informe Psicológico de la imputada. Considera que si bien se ha tomado como agravante la circunstancia de que no se recuperaron muchos de los bienes producto de ilícito, no obstante ello, afirma que debe funcionar como atenuante el escaso daño causado. Asevera que el voto mayoritario le impuso a su defendida la pena de 12 años, violando la norma del art. 41, sin tener en cuenta ninguna circunstancia atenuante.

Solicita se haga lugar al recurso interpuesto, se dicte nueva sentencia reduciendo la pena impuesta en atención a las circunstancias atenuantes que menciona.

Formula expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. a. Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados, han incidido o no, en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta a la imputada Marcela del Valle Iturres. El recurrente, concretamente denuncia la indebida fundamentación de la pena, pues su reproche, se dirige a cuestionar que se ha omitido valorar circunstancias atenuantes, que hubiesen impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena. En idéntica dirección, cuestiona que el voto mayoritario del tribunal ha incurrido en doble valoración.

Conforme lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre otros), cabe recordar que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Al ingresar el tratamiento de la Tercera Cuestión, el voto mayoritario del tribunal puntualizó, que la pena conminada en abstracto en el caso del art. 166 inc. 2º, primer supuesto del C. Penal, tiene una pena de cinco años a quince años de prisión o reclusión, y en el caso del art. 167 inc. 2º del C. Penal, de tres a diez años de reclusión o prisión. Asimismo, resaltó que la acusada, Marcela del Valle Iturres, cometió dos hechos independientes encuadrados en esa doble calificación legal. Es decir, que aplicando las reglas del concurso material de delitos (art. 55 del C. Penal), la pena a imponer estaría comprendida entre cinco y veinticinco años de reclusión o prisión.

Un detenido y pormenorizado análisis de los fundamentos brindados por el a quo al momento de individualizar judicialmente la pena a imponer a la incoada Iturres, permite adelantar que las críticas formuladas no resultan de recibo. Digo ello porque el tribunal, luego de haber realizado un desarrollo argumental en el que prolijamente ponderó las pautas y circunstancias de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del C.P., con base en doctrina y jurisprudencia que estimó pertinentes para su análisis y resolución, concluyó que estima justo imponer la pena de doce años de prisión.

En efecto, no se vislumbra que el tribunal haya incurrido en doble valoración y mucho menos, que haya valorado parcialmente la peligrosidad de la acusada. Ello en razón de que, al ponderar la peligrosidad de Iturres, el juzgador lo hizo de manera integral. Así destacó, que en ambos hechos actuó en connivencia con tres sujetos más, en horas de la noche o madrugada, en forma sorpresiva, poniendo en riesgo la vida de ambas víctimas. De igual modo, al considerar la peligrosidad que trasunta la modalidad comisiva, el a quo resaltó que entre al comisión de ambos hechos transcurrieron sólo tres días, y que no se recuperó ninguno de los elementos sustraídos, lo cual -apreció- constituyen circunstancias agravantes. Al respecto debo decir que tampoco pueden prosperar las apreciaciones del quejoso, en cuanto refiere al escaso daño causado, pretendiendo se considere esta circunstancia como atenuante. En este sentido, destáquese que puntualmente el tribunal puso de resalto que lo único que se logró recuperar, ha sido sólo documentación relativa al vehículo y a sus propietarios.

En su expresión de agravios, el recurrente insiste en que no se ha tomado en cuenta ninguna circunstancia atenuante, como la edad, la falta de educación, las costumbres y la calidad de los motivos que la determinaron a delinquir, enfatizando que la miseria y la dificultad de ganarse el sustento propio, surgen del Informe Socio Ambiental. No obstante las críticas formuladas, debo decir que contrariamente a lo que se pretende, el a quo ha ponderado todas estas circunstancias, pero lo ha hecho en sentido negativo. De esta manera, al referirse a la edad de la acusada, consideró que la misma no puede erigirse como atenuante, y que por el contrario, debe tenerse en cuenta la grave precocidad delictiva lo que aconseja en el caso de autos, un tratamiento penitenciario que permita su rehabilitación (destáquese que al momento de la comisión de ambos ilícitos, Marcela del Valle Iturres se encontraba gozando del beneficio de la libertad condicional). Al referirse a su educación, el juzgador entendió que se trata de una persona con instrucción (7º grado primario), y que estas circunstancias gravitan en forma negativa en la mensuración de la pena, ya que se trata de una persona que por su corta edad debe responsabilizarse por sus propios actos. Sumado a ello, destacó que el Informe Socio Ambiental de fs. 191/191 vta., evidencia que: "... Iturres no tiene actividades fijas ya que no concurre a ningún establecimiento educacional y no concurre a trabajar a ningún lado, suele pasar muchas horas del día divagando por su barrio y zonas aledañas. Por averiguaciones que se realizaron en inmediaciones del domicilio, en personas que no quisieron brindar sus datos, dijeron que Iturres ante sus vecinos posee una mala imagen, es una persona algo conflictiva. Los conflictos con los vecinos se agravan cuando se droga, la mayoría de las veces con pegamento. También se pudo averiguar que Iturres es una persona que se encuentra frecuentada por gente del ámbito delictivo, que ha sido muchas veces sindicada por varios vecinos de delitos ocurridos en el barrio donde vive y que no es la primera vez que tiene problemas con la justicia, ya que en otras oportunidades ha sido sindicada en varios hechos delictivos, pero en esa circunstancia Iturres era menor de edad y las causas en esa oportunidad fueron tramitadas ante el Juzgado de Menores".

El análisis que precede, conduce a afirmar que los cuestionamientos efectuados respecto a la omisión de valoración de circunstancias que, a entender del casacionista, operan como atenuantes, quedan sin sustento. Repárese además, que el recurrente introduce cuestiones que no han sido oportunamente planteadas al momento de formular los alegatos, conforme lo evidencia claramente el Acta respectiva (fs. 453/454), por lo que, mal puede hablarse ahora, de omisión de pronunciamiento respecto a la valoración de circunstancias atenuantes. En segundo lugar, destáquese que tampoco se ha demostrado que aquella circunstancia deba necesariamente determinar una disminución del monto de la pena impuesta.

Por lo expuesto precedentemente, entiendo que no se advierte la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio -recuérdese que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros)-. Tampoco advierto, como se dijo, que el a quo haya vulnerado el principio del non bis in idem; ni que haya incurrido en arbitrariedad en cuanto a la aplicación de la pena, puesto que la misma ha sido impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/10 vta., por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico de la imputada Marcela del Valle Iturres. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/10 vta., por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de asistente técnico de la imputada Marcela del Valle Iturres.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber, y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste.