Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-12


SENT Nro. 140 San Miguel de Tucumán, 12 DE MARZO de 2004.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por el apoderado de los fallidos en autos: "Rivas Pérez, Antonio y otro s/Concurso preventivo.-Incidente Regulación de Honorarios promovido por la Síndico Dra. Larcher de López Esther; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 26/34 se presenta el apoderado de los fallidos e interpone queja directa contra la sentencia de fecha 6/8/2003, que declarara inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11/2/2002 dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento recurrido en casación (fs. 1/7) confirmó la sentencia del juez a quo que oportunamente rechazara las excepciones de falta de personería e inhabilidad de título como así también el planteo de desindexación promovido por los fallidos.

El auto denegatorio de la casación (fs. 22) funda la inadmisibilidad del recurso señalando que el pronunciamiento impugnado no constituye sentencia definitiva (art. 813 inc. a del CPCC). Considera asimismo, que la insuficiencia del memorial casatorio obsta a la admisibilidad del remedio interpuesto.

II.- Se agravia el quejoso, alegando que los planteos rechazados resultan definitivos pues son "irreproducibles en un proceso de conocimiento posterior".

Señala por otra parte, que el memorial casatorio hizo un análisis puntual de los agravios que a su parte irrogaba el pronunciamiento impugnado. En concreto, señaló que al resolver la excepción de falta de personería opuesta por su parte, el tribunal -en franca contradicción con lo señalado por esta Corte- tuvo por acreditada la representación de la letrada interviniente en base a elementos de juicio extraños a la demanda. En relación a la defensa de inhabilidad de título, expresa que su parte -contrariamente a lo sostenido por el tribunal de alzada- cuestionó la validez de los instrumentos acompañados a la intimación de pago por carecer de la certificación actuarial que diera fe de la autenticidad de las copias respectivas.

Finalmente y en referencia al planteo desindexatorio, expresa que el pronunciamiento viene a imponer a su parte requisitos no previstos por la ley; en el caso, acreditar la diferencia entre los montos regulados y los que se estima adeudar. Sostiene que se han infringido principios que la jurisprudencia nacional y local ha sentado en relación a la aplicación de la ley 24.283 (que la oportunidad procesal para hacer el planteo desindexatorio es el proceso de ejecución de sentencia y que no existen requisitos legales que condicionen la aplicación de la ley desindexatoria: ni la obligación de depositar suma alguna, ni la obligación de expresar la diferencia entre el capital ejecutado y el que se estima adeudar, etc). Sostiene que estas directivas han sido admitidas por esta Corte y constituyen doctrina de la cual los tribunales inferiores no pueden apartarse. Alega que en el caso, dicho apartamiento descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Desde otra perspectiva, afirma que su parte alegó en tiempo oportuno la necesidad de adecuar los montos ejecutados a la ley 24.283 ofreciendo prueba instrumental, informativa y pericial contable, que fue admitida por el juez a quo. Expresa que tal como surge de las constancias de la causa, la no producción de la pericia contable no resulta imputable a su parte. Destaca que la presentación del dictamen respectivo estaba condicionado a que se contestaran los oficios correspondientes a la prueba de informes, lo que motivó la suspensión de los términos para la producción de la pericia. Señala que reabiertos los mismos se fijó un plazo de 5 días al perito designado, quien solicitó una prórroga alegando la imposibilidad de presentar su dictamen en dicho plazo. Sostiene que al rechazar la prórroga peticionada, el pronunciamiento prescindió de las constancias de la causa. Concluye afirmando que su parte no fue negligente en la producción de la prueba ofrecida y que el perito procuró sin éxito, dar cumplimiento a la tarea encomendada. Afirma que el sentenciante negó arbitrariamente a su parte la posibilidad de producir una prueba que curiosamente considera relevante para merituar la procedencia del p lanteo desindexatorio.

III.- Vista la queja presentada, se advierte que la misma no puede prosperar.

Pese a la forma en que se presentan los agravios y al esfuerzo argumental desplegado por el quejoso, no se advierte configurada la quaestio iuris que habilite la apertura de esta instancia extraordinaria. Las cuestiones propuestas remiten a cuestiones fácticas y de valoración de la prueba arrimada, vedadas como regla al control casatorio, salvo el supuesto de arbitrariedad que en el caso, no logra ser demostrado.

a.- En relación a la excepción de falta de personería, la Cámara a quo señaló que tal como fue invocado el mandato por la apoderada y existiendo prueba del mismo -incontestable para las partes- debía ser desestimado el planteo formulado sobre el punto.

La valoración de los extremos mencionados (el contenido del escrito respectivo y la existencia de la documentación respaldatoria) constituyen típicas cuestiones de hecho, reservadas a los jueces de mérito y ajenas como principio a la instancia casatoria. De conformidad a los fundamentos expresados, el criterio adoptado no luce arbitrario como para permitir, con carácter excepción, la apertura de la instancia extraordinaria.

b.- En referencia a la defensa de inhabilidad de título, los agravios siguen igual suerte. En efecto, la argumentación vertida en el memorial casatorio resulta insuficiente para rebatir el fundamento sentencial.

La Cámara a quo sostuvo que las copias del traslado acompañado a la intimación respectiva no habían sido observadas pero que aún en ese supuesto, y traídas a la vista las actuaciones principales, se advertía que las mismas eran fieles a los originales agregados a la causa.

El quejoso no logra demostrar eficazmente, que la posición adoptada para desestimar la excepción articulada resulte arbitraria. Y con ello, deviene inexorable el rechazo del recurso interpuesto, sobre el particular.

c.- Respecto al planteo desindexatorio, el recurso interpuesto resulta asimismo insuficiente.

El tribunal a quo señaló que "ante la falta de prueba de la situación que constituye el presupuesto de aplicación de la ley", su planteo desindexatorio no podía prosperar. Destacó que el recurrente no pudo justificar la desproporción entre los montos regulados y los que estima debe pagar al acreedor, premisa y fundamento ineludible para la aplicación de la preceptiva invocada en su favor.

El agravio encaminado a sostener que el tribunal condiciona la procedencia del planteo desindexatorio a la existencia de requisitos no previstos por la ley, resulta ineficaz para revertir el criterio adoptado.

Esta Corte ha señalado que quien invoca la ley 24.283 debe demostrar y convencer al juez de que el capital cuya ejecución se pretende no guarda relación con la economía real y el valor de los bienes involucrados, tornándose objetivamente injusto (CSJTuc., sent. del 28/8/96 en autos: "Vega, Rubén Benito vs. Ingeniería Alfa S.R.L. s/Enfermedad accidente-Incidente") pues la normativa invocada se orienta a la necesidad de un valor de comparación, que debe surgir del caso particular (cfr. arg. CSJTuc., sent. 223 del 9/4/2003, "López de De La Barra María del Valle vs. Gosen Enrique Armando s/Cobro ejecutivo"; sent. 233 del 12/4/2002, "Unión Cañeros Azucarera Ltda. s/Quiebra (Incidente de desindexación de anticipos); sent. 311 del 30/4/2001, "Salas, Juan Carlos vs. Empresa Construcciones Giacomo Fazio SACIFI s/Regulación de honorarios").

La aplicación de la ley 24.283 supone una distorsión irrazonable, tiende a corregirlas y a procurar evitar el desequilibrio patrimonial que se deriva de la aplicación indiscriminada de índices de actualización, que provocan la distorsión de los valores de la prestación de origen (Alterini Atilio A., "Desindexación de las Deudas", Abeledo-Perrot, 1994, pág. 33); extremos éstos que conforme se ha dicho, deben ser alegados y demostrados por el peticionante.

Desde esta perspectiva, el agravio citado carece de fundamentación, en tanto, no se logra demostrar el error de derecho alegado.

De otro lado, y en relación a las causas que impidieron a su parte acreditar el presupuesto legal, los argumentos esgrimidos resultan igualmente insuficientes.

La Cámara a quo expresó que la no producción de la prueba pericial ofrecida por su parte ya fue objeto de análisis y pronunciamiento firme en sentencias anteriores pasadas en autoridad de cosa juzgada. En efecto, el tribunal de alzada señaló que tanto en Iª instancia (sent. de fecha 2/8/2000) como en la alzada (sent. de fecha 15/12/2000) se resolvió el rechazo de la petición del perito solicitando una prórroga del plazo acordado para la presentación del dictamen respectivo; decisorios que quedaron firmes al declarar esta Corte, mal concedido el recurso de casación oportunamente interpuesto (sent. de fs. 472/475).

A mayor abundamiento, el tribunal a quo reiteró las razones dadas en el pronunciamiento anterior (que no existían motivos justificados para conceder un plazo adicional al perito, que aún a la espera de cierta documental, el profesional conocía desde el momento de aceptar el cargo la tarea encomendada, que pudo acceder a los oficios que esperaba, que el período de pruebas se amplió y suspendió oportunamente a efectos de la producción de la pericia en cuestión, que no existía afectación del debido proceso ni del derecho de defensa en juicio, etc.).

IV.- El memorial introductorio de la casación no satisface el requisito de autosuficiencia exigido por el art. 816 del CPCC ya que la fundamentación recursiva prescinde de las concretas razones expuestas por la Sala a quo; con lo que permanece indemostrado el error sentencial atribuido al fallo impugnado. Es doctrina de esta Corte que siendo el recurso de casación un medio impugnativo extraordinario, de estricto rigor formal, debe bastarse a sí mismo pues no basta sostener una determinada solución jurídica, contraria al decisorio impugnado, sino que es menester una crítica razonada del fallo, para lo cual se deben rebatir todos y cada uno de sus fundamentos (cfr. doctrina sent. 268 del 18/4/2000, "Coop. de Trabajo Agropecuario La Merced Ltda. vs. Cañeros Obreros y Empleados S.A. COESA y otro s/Rescisión de Contrato"; sent. 125 del 2/3/98, "Gómez Quinteros de Alberti, Blanca M. vs. Radiodifusora Independencia S.R.L. s/Daños y perjuicios").

La insuficiencia recursiva obsta a la demostración de los vicios que se imputan al decisorio y es precisamente el déficit señalado el que sella en forma adversa, la suerte del recurso intentado.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal a fs. 36, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por el apoderado de los fallidos, en contra de la sentencia de fecha 6/8/2003, dictada por la Excma. Cámara Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA