marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por la materia, competencia laboral, adicionales de remuneración, haber jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SUSO, PEDRO c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ DIFERENCIAS DE PAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-05

Como el reclamo de los actores estaba destinado a cobrar el adicional del haber previsional proveniente del Régimen de Complemento Móvil que abonaba el Fondo de Acción Social administrado por la empleadora, y tal cuestión tiene naturaleza previsional, corresponde que se tramite ante la Justicia Nacional del Trabajo, toda vez que no existen organismos de primera instancia competentes con relación a esa materia.
Impuesto sobre los capitales, inmuebles por accesión, explotaciones agropecuarias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bodegas y Viñedos Catena  S.A. c/ D.G.I. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

La rebaja establecida en el art. 5 , inc. b, de la ley 21.287 y el decreto reglamentario 1692/76, para el caso de inmuebles afectados a explotaciones agropecuarias corresponde también sobre el valor de los bienes que hubieran adquirido el carácter de inmuebles por accesion, tales como construcciones, molinos, alambrados y mejoras en general.
Temeridad o malicia, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Romero Etchenique y otro c/ Banco Masventas S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-11

La declaración de conducta temeraria y maliciosa es una facultad discrecional de los magistrados y no necesariamente debe ser invocada por las partes para que el juez declare su procedencia. En la apreciación de la configuración de tal proceder se sostiene que los jueces deben ser sumamente cautelosos y prudentes, toda vez que se encuentra en juego la garantía de defensa en juicio constitucionalmente amparada (art. 18 de la CN) La sola falta de razón no es motivo de temeridad como tampoco lo es la ausencia de fundamento o la injusticia de la pretensión o de la oposición, ni el error ni la ausencia o pobreza de fundamentación de las pretensiones, ni la negligencia, ni la existencia de jurisprudencia obligatoria contraria a la pretensión invocada, pues de lo contrario todo aquel que perdiere un pleito sería pasible de esta sanción. A los fines de determinar su existencia, ha de considerarse el factor subjetivo que se evidencia a través de la actuación desplegada en el proceso por el demandado y que se revela al juez.
Accidente de tránsito, transporte benévolo
Materia: CIVIL
Carátula: F. M. F. y otro c/ R., L. A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-11

"Para algunos el que aceptó subir a un automóvil asume los riesgos que ello implica, pero la verdad es que esto es totalmente ficticio, porque nadie en sus sanos cabales acepta que otro lo lleve si sabe que no desplegará toda la diligencia".
Cobro de sumas de dinero, comunicación del despido, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Abrigo Italo Ramon c/ Briosso Daniel Oscar  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-03

Se advierte en autos que el despido directo verbal del empleador no cumplió con la carga contenida en el art. 243 de la LCT. Se omitió la notificación al trabajador de la causa en modo fehaciente. La CD enviada por el empleador, que ha considerado la juez a quo para iniciar el análisis de la justa causa del despido invocada, consigna "Ratifico despido verbal" y fue emitida recién luego de que el trabajador emitiera telegrama reclamando deficiencias en las registración, y como tal no puede enmendar el acto de despido verbal, que acaeció en fecha anterior. Visto el asunto desde la perspectiva normativa que proveen los arts. 242 y 243 de la LCT, surge que la ley laboral general del país adoptó, el remedio del tradicional pacto comisorio, un sistema simple y tuitivo de los intereses del sujeto débil. Así, si bien no dotó al despido de formalidad alguna y por eso es válido el manifestado solo "verbalmente", cuando el empleador adopta la medida rupturista con fundamento en justa causa, la LCT expresamente le exige que el medio de comunicación sea "escrito" y contenga la "expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda" como carga para el empleador. El respeto del derecho de defensa (art. 18 CN) es el fundamento de esta opción legislativa y, como tal, también resulta aplicable en beneficio del empleador si quien decide el distracto es el trabajador (despido indirecto) (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Confirmación de sentencia, falta de legitimación para obrar, desaparecidos, Constitución Nacional, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Hagelin, Ragnar Erland s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Corresponde confirmar la sentencia que, sobre la base del derecho interno (art. 1097 del Código Civil), denegó participación en el proceso penal al padre de una desaparecida, pues lo resuelto es consecuente con las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en el marco del derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía superior (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) y en particular del Acuerdo de Solución Amistosa suscripto por el recurrente con el Estado (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, incongruencia, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BRAVO, WALTER c/ PERESSOTTI, DANIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, pues en torno a la cuestión sustancial concerniente en determinar la existencia y justificación del alegado despido indirecto ante la falta de pago de haberes, se advierte que la Sala por un lado consideró que el actor desempeñó tareas de farmacéutico en uno de los comercios del demandado-siendo primero empleado y luego adscripto- revelando una actividad de carácter subordinado , y por el otro subvierte dicho razonamiento-relegando a un segundo plano el principio de primacía de la realidad - al considerar rescindido el "contrato de adscripción" y no detallar los rubros solicitados que corresponderían ante un despido indirecto; cayendo en dicho proceder en un ritualismo -nacido incluso de una autocontradicción- que tiñe de arbitrariedad el pronunciamiento (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Gutiérrez, Netri y Spuler)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SEGURA ALEJANDRO ENRIQUE c/ LO BRUNO S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-13

Si los agravios que articula el recurrente consisten únicamente en una apreciación diferente de la prueba, y en su propia visión de los hechos, no corresponde habilitar la vía extraordinaria del Recurso de Casación.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, honorarios, defectos en la fundamentación normativa, regulación de honorarios, monto del juicio, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Dirección Nacional de vialidad. c/ Elido  y  Scian  Sociedad  Anónima  e  Ing.  y  Const. Ind.Comercial Agropecuaria eInmobiliaria. s/ expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-15

Si bien la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restringida en materia de honorarios, este principio admite excepción cuando -como en el caso- la decisión regulatoria deja de ser derivación razonada de las normas arancelarias vigentes con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Ello así, pues los arts. 7 y 19 de la ley 21.839 disponen que a los efectos de la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en los juicios se determine por el monto del proceso, y el a quo, si bien manifiesta que actualiza dicho monto, no explica sobre qué base de cálculo arribó a la estimación a la que llega, la que no aparece vinculada ni siquiera en forma aproximada a la aplicación del índice de precios al por mayor nivel general -adoptado en primera instancia- o de otros de razonable aplicación.
Delito de peligro abstracto, indemnización, daño
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arroyo, Eduardo Oscar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

El tercer párrafo del artículo 76 bis del C.P. impone al imputado la carga de ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, lo que indudablemente nos conduce a afirmar que el cumplimiento de tal obligación requiere, al menos, la existencia de un daño causado por el delito. Deviene también como una consecuencia lógica, que el concreto ofrecimiento de la parte y el análisis que dicho párrafo impone al juez, se encuentran supeditados a la real existencia de dicha circunstancia. Es por ello que a efectos de dictar la "resolución fundada" a la que hace referencia el art. 76 bis del C.P., debe el magistrado interviniente determinar la existencia y, en su caso, la entidad del daño producido, máxime en aquellos supuestos en que se endilga a los imputados la comisión de delitos de peligro abstracto. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia -en mayoría-).
Prenda, ejecución prendaria, falta de inscripción
Materia: PROCESAL
Carátula: "VEN-PAC S.A." c/ LOPEZ, PEDRO MARCELO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-07-04

El contrato de prenda no inscripto, carece de la acción ejecutiva prendaria. Tal conclusión no resulta modificada por la circunstancia de ejecutársela contra quien ha suscripto originariamente el certificado; porque el articulo 4º del decreto-ley 15348/46, al prever que el contrato tiene, entre las partes, plena eficacia desde su otorgamiento, no constituye una dispensa a la inscripción registral. El ejecutante de un contrato de prenda al que le falte el requisito de la inscripción debe someter el instrumento privado al procedimiento previo del reconocimiento de la firma por parte del deudor.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CISMONDI, EDUARDO c/ RAMON CASIANO ALONSO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-09-09

El principio general cuasidelictual sostiene que todo aquél que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Ante la imposibilidad de probar tal culpa, es improcedente la indemnización solicitada.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, fundamentación del recurso, debido proceso, defensa en juicio, derecho de propiedad, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COLQUE, ENRIQUE NICOLÁS c/ RUFINO ABÁN, CÁSTULO s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-26

Corresponde hacer lugar a la queja, si el material de agravios traído por el recurrente constituye fundamento suficiente para abrir la vía del control de constitucionalidad que autoriza el art. 297 CPCC, toda vez que se cuestiona el decisorio de la alzada, atribuyéndole arbitrariedad por modificar una sentencia firme, sin que medie al respecto un planteo de nulidad, lo cual, vinculado con una posible vulneración al debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad, posee entidad suficiente "prima facie", para abrir la vía del remedio extraordinario intentado.
Ministerio Público Fiscal, lesiones leves, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: C. R., R. D. c/  s/ archivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

El Ministerio Público Fiscal que recurrió la resolución invocó razones de seguridad o interés público (art.72 inciso 2 del Código Penal) pero los vocales precisaron que ".el Tribunal comparte el criterio en que se ha fundado la decisión adoptada, pues de las constancias de la causa no surge que M. T. N. S., V. F. V., C. P. A., Y. A., L. A. V. y la progenitora de C. L. L. P. hubieran instado la acción penal y el Dr. De Tommaso sólo invocó razones de seguridad o interés público en ocasión de la audiencia oral, lo que imposibilita atender tal extremo (arts. 445 y 454 del Código Procesal Penal), por lo que no corresponde incluir en la imputación las lesiones -todas de carácter leve- que habrían sufrido los nombrados, de acuerdo con lo establecido por el art. 72, inciso 2º, del Código Penal (de esta Sala, causas números 650080321/2011, "Canolei, Jorge", del 10 de noviembre de 2016 y 14076 "Canesa, Ezequiel" del 3 de agosto de 2018).." .
Juicio de alimentos, costas
Materia: CIVIL
Carátula: H., N. c/ M., E. s/ Inc. Cuota Extraordinaria en atos "H., N. c/M., E. s/Sumario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-05

"El principio que guía la imposición de las costas al alimentante en el juicio de alimentos, a efectos de no disminuir la cuota que percibirá el alimentado, no se extiende a las costas de los incidentes que en su curso se susciten, las que se impondrán o distribuirán conforme a los principios generales, dado que los intereses enfrentados no conciernen inmediatamente a los alimentos, sino que son, por lo general, meros conflictos de índole procesal.

De otro modo, un trato particularmente favorable al alimentado en este tema conspiraría contra el buen orden procesal, ya que justamente el riesgo de la derrota con costas en el incidente induce a las partes a abstenerse de plantear las cuestiones infundadas".
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: Barreto,  Alberto  Damián  y otra c/ Buenos Aires, Provincia de yotro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema lo atinente a la responsabilidad extracontractual de una provincia por la presunta "falta de servicio" en que habría incurrido un órgano del estado local, derivada del cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias.
Caducidad de instancia, inactividad procesal, impulso procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Formosa c/ Verón, Eduardo Clemente y Verón, Ramón Eduardo s/ Ejecución prendaria Clemente y Verón, Ramón Eduardo s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-06

Respecto de los litigantes, la inactividad procesal que determina la caducidad presupone que éstos se encuentren en una imposibilidad de impulsar el trámite del proceso hasta su fin. La caducidad supone el abandono voluntario del proceso, esto es, que los interesados no se encuentren en una imposibilidad absoluta de formular peticiones o presentaciones tendientes a activar la marcha del procedimiento por motivos ajenos a ellos, pues no ha de olvidarse que es directiva rectora en la cuestión que el impulso procesal compete fundamentalmente al litigante en acatamiento al principio dispositivo, y como consecuencia del mismo rige el procedimiento civil, es necesario que las partes activen la prosecución de la causa a fin de que se cumplan las distintas etapas procesales para concluir por medio de la sentencia la cuestión debatida y aunque el código permita la declaración del oficio de la caducidad, ello no implica liberar a las partes de la carga que también les incumbe en este aspecto y que continuará siendo primordial.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia interlocutoria, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: San Carlos del Guaviravi S.A.F. e I s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley Muller Schulz, Teresa s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley Hudema, Alberto s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-10-29|1988-06-03|1990-05-22

La resolución dictada sobre nulidades procesales no constituye "sentencia definitiva" a los fines de este recurso, toda vez que no se pronuncia sobre el tema esencial del litigio, de manera que no imposibilita la prosecución de la discusión sobre el derecho de las partes, hasta llegar a la sentencia que lo declare o constituya.
Exenciones impositivas, impuestos, funcionarios públicos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: OSTERMAN, MARCELO Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO -CAJA DE PREVISION SOCIAL- s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-13

El art.20 inc."p" de la ley de impuestos a las ganancias beneficia con exenciones a dicho tributo a los funcionarios nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los "Jueces de Primera instancia"; y a su turno, el inciso "r" comprende en la exención a los haberes previsionales referidos a las funciones aludidas. El extremo referido al "Juez de Primera instancia" en las esferas provinciales, remite en principio, al análisis de la estructura organizativa de la administración local de justicia, y en tal virtud la sentencia del Tribunal "a quo" ha entendido que en la jurisdicción rionegrina reviste tal carácter el Juez de Paz.-
Competencia, competencia contencioso administrativa, competencia ordinaria
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Las divergencias en las finalidades obliga a especializaciones jurídicas distintas, negarlo sería destruir la disciplina del Derecho Administrativo. A estas consideraciones deben agregarse los caracteres de la Administración que informan todos sus actos: la urgencia, la ejecutabilidad, la continuidad de los servicios públicos, etc, que imponen también una organización especial con una formalidad procesal diferente a los tribunales ordinarios. Los jueces de la justicia administrativa no podrían apartarse de la ley pero la apreciación sobre los hechos y los principios de equidad será siempre muy distinta de la de los jueces ordinarios.(Del voto del Dr. Ulla).
Defensa de la competencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: YPF SA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Respecto de la procedencia y admisibilidad de la vía intentada, cabe recordar que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 del Código Procesal, esta Cámara ha decidido que las sentencias interlocutorias dictadas por las Salas no son susceptibles del recurso de revocatoria (cfr. esta Sala, causa 7981/03 del 7.7.05 y sus citas). Y aunque el art. 53 de la ley 25.156 no contempla expresamente la aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial, se acude a ellas a los fines de examinar la procedencia formal del recurso (cfr. esta Cámara, Sala III, causa 10.355/05 del 12.9.06).
Competencia, competencia comercial, accidente ferroviario, daños y perjuicios, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MILAN, EDGAR RAMON c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-22

Si el actor invoca su calidad de pasajero de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, para demandar a ésta el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados durante el transcurso del viaje y funda su derecho en la norma del art. 184 del Código de Comercio, no es la Justicia Civil y Comercial Federal sino el fuero ordinario Comercial el que resulta competente según la normativa actualmente vigente, desde que la intervención del fuero federal quede reservada para el caso en que opte la empresa demandada.-
Derechos y garantías constitucionales, preclusión, cosa juzgada, desistimiento del recurso, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cacciatori, Enrique Armando c/ ocupantes de la unidad funcional nº 5 de José María Moreno 75.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

Los derechos nacidos de la preclusión procesal son tan dignos de protección constitucional como los surgidos con motivo de la cosa juzgada, por lo que al haberse consolidado la situación emergente de un desistimiento al amparo de aquel instituto, su desconocimiento en el caso lesiona las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Matrimonio, nulidad de matrimonio, impotencia, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIÑOLO HUGO c/ COGLIATI FRANCISCO s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S153 - 102)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-08

En el supuesto de nulidad del matrimonio por impotencia, debe considerarse al impotente de "buena fe", a menos que se pruebe que conocía su deficiencia a la época de celebración del matrimonio, por lo que la mala fe resultará de la acreditación de dicho conocimiento. No habiendo sido probado dicho extremo corresponde hacer lugar a la "nulidad del matrimonio" con los efectos del art. 221 del C.C.I. En esta caso la buena fe juega como categoría residual, a falta de prueba de los hechos que infieren directamente en el obrar de buena o de mala fe.-
Declaración de inconstitucionalidad, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, medida cautelar genérica
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Perez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

Cabe rechazar el recurso de queja pues la declaración de inconstitucionalidad de las normas, ultima ratio del sistema de control judicial, requiere un marco de debate que no parece compatible con la sumaria cognición del procedimiento cautelar. (Voto del Dr. José O. Casás).
Contrato de obra pública, mayores costos, licitación pública, cláusula de actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SENTRA SA Y SITRA SAICFIC c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 286-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-19

En los contratos de obra pública, las fórmulas matemáticas de reajuste de los precios ofertados, por definición, no requieren coincidir con la real evolución de los costos, dado su propio carácter de método ideal establecido para evitar las dificultades existentes en el momento de realizar una verificación eficaz y ágil de las erogaciones producidas en la ejecución de la obra.
Solicitud de excarcelación, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-15

Si de la calificación legal del hecho depende la libertad del procesado, puede modificarse la concretada en la prisión preventiva, al sólo efecto de resolver sobre el pedido de excarcelación. Pero no debe perderse de vista que ello no autoriza a discutir sobre el fondo del asunto y la inexistencia del delito.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: B.D. SRL c/ V., J.R. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-21

La expresión de agravios debe ser una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria y fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea.