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Acción autónoma de nulidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RUSSOMANNO, PATRICIA ADRIANA c/ CMR FALABELLA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

Si bien la acción autónoma de nulidad no se encuentra reconocida expresamente en nuestro ordenamiento adjetivo, es indiscutible que la adecuada tutela de los derechos constitucionales reclama a los jueces santafesinos el reconocerle su operatividad, tomando nota de las claras directivas que en tal sentido emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconocimiento que se impone con particular fuerza en las circunstancias del caso, donde prima facie se advierte que la actora procura remediar la vulneración a su esfera de derechos producida en un expediente donde se la citó en un domicilio donde nunca se la encontró y que no era el domicilio constituido en el contrato ni el denunciado en la demanda (Del voto del Dr. Erbetta).
Sobreseimiento, acción meramente declarativa
Materia: PENAL
Carátula: ZELLARAYAN, Juan M. s/ SOBRESEIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

No existe el sobreseimiento por duda, tal como estaba regulado en el antiguo código procesal de Córdoba y Mendoza, luego de la llamada prórroga extraordinaria (art. 336 y ss., C.P.P.N.). El carácter conclusivo del sobreseimiento exige un estado de certeza corroborante sobre la existencia de la causal en que se fundamente y procede cuando no quedan dudas acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena (*).
Cuestiones de competencia, juicios contra el Estado, competencia contencioso administrativa, competencia por la materia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por un Hogar en Argentina  c/ E.N.-DNU 70/23  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-01-25

Para la determinación de la competencia corresponde atender a la exposición de los hechos en los términos de la demanda, y no determina una solución distinta la circunstancia que se demande a la Nación o que se discuta el alcance de un acto administrativo porque la competencia en lo contencioso administrativo requiere que, además de ser parte en el pleito una persona aforada, la pretensión esté regida preponderantemente por el derecho administrativo.
Constitución Nacional, ratificación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Alba Cía. Arg. de Seguros SA (TF 19.977-A) -Acum- c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-25

Cuando el país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, máxime si éstos están descriptos con una concreción tal que permita su aplicación inmediata (C.S.J.N. "Café La Virginia", 13/10/94) (Cons. VII).
Comisiones médicas, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

La revisión de lo decidido por las Comisiones Médicas, queda en manos en definitiva del Poder Judicial de la Pcia. de Entre Ríos, y solo se obliga al trabajador siniestrado a que previamente transite su reclamo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en base a un procedimiento administrativo reglado y con las debidas garantías (patrocinio letrado entre otros), sujeto a un plazo limitado, perentorio y fatal de solo 60 días, pudiéndose prorrogar en forma excepcional y fundada por 30 días más (art. 7 in fine res.298 SRT). Ello, es demostrativo de la razonabilidad del trámite (Voto Romero)
Prueba confesional, apreciación del juez, confesión calificada
Materia: PENAL
Carátula: Airasca, Héctor Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Media infracción de los arts. 238 y 239 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) si la Cámara modificó la confesión del procesado y extrajo una inferencia sin fundamento probatorio de modo que tuvo por simple la confesión calificada.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa de Betancor, Liliana B. c/ Beltrán, Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Nada hay en el art.1113 del Código Civil que permita establecer como requisito de su aplicación el que la víctima no haya participado en el uso de la cosa riesgosa. Lo único que impone dicha norma es que ella no haya propiciado el propio daño mediante una conducta culposa. La simple aceptación de ser transportado en una cosa riesgosa no lo constituye. Es que todo en la actividad humana implica una aceptación de riesgo. Tener en cuenta esta circunstancia para exonerar a los autores del daño importaría en los hechos suprimir la responsabilidad civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martino, José Alfonso c/ Martino, Luis Antonio s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Si bien el absurdo debe ser puesto de manifiesto en pocas palabras imperativo derivado de la naturaleza del tema traído- ello no libera de su fehaciente demostración.
Personal contratado, empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREYRA, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 56-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

La norma con la que se debe confrontar el acto administrativo que se designó al actor para determinar su legitimidad y el grado del vicio que -en su caso- pueda haberlo afectado y así analizar, a su vez, si su gravedad autorizaba la anulación de oficio del nombramiento, es la ley 8525 -Estatuto General para el Personal de la Administración Pública Provincial- que es la que regía a su ingreso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Ortega, Valentín s/ Homicidio con exceso en la legítima defensa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Es inatendible el agravio dirigido a negar la racionalidad del medio empleado por el imputado si el fallo no consideró necesaria tal racionalidad para encuadrar el hecho en el art. 35 del C.P..
Daño moral, dictamen pericial, asistencia psicológica
Materia: CIVIL
Carátula: M.A. y Otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior - Policía Federal y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

En las circunstancias particulares de la hija de la víctima, propiciaré englobar el rubro en el concepto de daño moral, reconociendo el derecho a una indemnización de $ 300.000 a favor de la joven B.R.M, apreciado a valores actuales. Las constancias de la causa -tanto el dictamen pericial de la experta designada de oficio como de la consultora técnica de parte- revelan que la niña ha necesitado y está recibiendo una terapia -de psicología y psicopedagogía- que debe continuar varios años más. La demanda presenta un reclamo de $ 37.440 por este rubro, si bien sujeta los montos a lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse. Por mi parte estimo que la necesidad de tratamiento prolongado en la etapa de la adolescencia ha surgido del dictamen pericial del año 2011 y, si bien en ese momento se contaba con prueba de tratamiento realizado en el pasado, se ignora si lo continuó hacia el futuro. En suma, propiciaré un resarcimiento por tres años de tratamiento psicológico a razón de dos sesiones por semana, lo que asciende a la suma que pondero en $ 58.000. Por tanto, el resarcimiento a favor de la hija B.R.M asciende a $ 858.000, a valores actuales.
Derecho bancario, Economía y finanzas, bancos, responsabilidad del banco, riesgo crediticio
Materia: BANCARIO
Carátula: Ballesteros, Gustavo Alberto  c/ Banco Ciudad de Buenos Aires  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

El otorgamiento de crédito y su devenir en el tiempo constituye una situación de "riesgo" para las entidades financieras, porque nunca se tiene la seguridad absoluta sobre el desenvolvimiento futuro de los deudores, una vez asistidos. De allí, la relevancia que se le asigna a la eficiente evaluación del riesgo crediticio y ponderación de la capacidad de pago del potencial cliente o de una persona que ya era cliente del banco cuya capacidad de pago se encontraba afectada (conf. Barreira Delfino, E. "Incidencias del Código Civil y Comercial. Contratos bancarios - 6", Director: Alberto J. Bueres, lera Edición, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2015, págs. 69/98).
Policía Provincial, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: S., R. C. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-02-27

La necesidad de que el agente tome su merecido descanso después de un año de servicios, y se ve reflejada en la normativa de la Policía provincial, particularmente en el artículo 8 del Decreto N° 343/90, cuando establece que la licencia anual reglamentaria no será compensable en dinero. Pese a que se establece como excepción a esa regla en el caso de pase a retiro obligatorio, ya que no podrá usufructuarla; es pertinente resaltar que durante los años de servicio, esa reglamentación ordena el goce efectivo de ese derecho a las licencias anuales reglamentarias en los períodos que el Estatuto Policial establece y con arreglo a los turnos que se fijen en las distintas dependencias.
Impuestos, régimen penal tributario, competencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: HORIBAL S.A. s/ Régimen Penal Tributario Causa 32134
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

No tratándose de las contribuciones previstas en el Art. 18, 1° y 2° párr., Ley 23771, si el hecho denunciado consistiría en la falta de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (que recauda la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) mediante una supuesta falsificación de boletas y atento la naturaleza local de dicho impuesto, corresponde el conocimiento de las actuaciones a la justicia en lo Criminal de Instrucción.
Sociedades comerciales, gerentes, pagaré, inoponibilidad a terceros, principio de apariencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Villar Rosas, Aladín Bruno c/ Enercom S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-15

Es responsable la sociedad por la firma del pagaré por uno de sus gerentes, aunque por el contrato social debieron llevar la firma de los cuatro, pues esa circunstancia no incide sobre su eficacia como papeles de comercio ni afecta su validez extrínseca por tratarse de una estipulación destinada a reglar la vida interna de la sociedad, no resultando oponible a los terceros de buena fe que necesariamente deben ser protegidos en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos cambiarios desde el momento mismo en que son lanzados a la circulación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Guilmen, Ramón Armando s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se ha limitado a oponer una personal interpretación de la prueba producida sin demostrar violación legal ni lógica ninguna.
Responsabilidad objetiva, responsabilidad concurrente, cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Pinto, Carlos Segundo c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-08

La mera prueba de la entrega por el dueño de la guarda de la cosa al guardián no puede entonces quebrar la concurrencia de las responsabilidades de ambos, visto que es precisamente esa circunstancia la que le da nacimiento. Para que el propietario se exima es menester algo más: el uso de la cosa contra su voluntad, con lo que su situación quedaría abarcada en la causal exonerativa del art. 1.113 in fine Cód. Civil, circunstancia esta que en la especie no fue alegada.
Nulidad del acto administrativo, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Buschiazzo, Rubén Daniel c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-17

...Si en algún caso no es imprescindible formular el ataque de nulidad, contra actos administrativo dictados en relación a la situación jurídica que se trae a controversia en el pleito, ello podrá admitirse así en los supuestos que si el acto no genera situaciones jurídicas sustanciales, limitándose al desconocimiento de un derecho preexistente ...si ya existe un acto válido y es su cumplimiento el que se reclama. Y para determinar cuándo ocurren estos supuestos, habrá de examinarse cada caso, desentrañando si el acto afecta la situación jurídica de las partes, o simplemente introduce una modificación accesoria que no la afecta esencialmente.
Recurso de inaplicabilidad de ley, violación de la ley o doctrina legal, tutela sindical, delegado gremial, exclusión de la tutela sindical, extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, indemnización por despido
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. D. c/ SUPERMERCADO NORTE S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-04

Atento a que la Cámara tuvo por acreditado que el contrato se extinguió por voluntad de la empleadora; que a la época de la extinción el actor gozaba de estabilidad gremial y que no se realizó el procedimiento de exclusión de tutela sindical, corresponde hacer lugar al recurso y acoger la demanda en cuanto reclama las indemnizaciones especiales de la Ley de Asociaciones Sindicales.
Tasa de justicia, marcas, registro de marca, cobro de aranceles
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GERONIS, CRISTINA NELIDA c/ CIA. QUIMICA SA s/ INCIDENTE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-02

Atendiendo al principio de la realidad económica que es capital en materia tributaria (art. 12 de la ley 11.683, T.O. 1978 Y modificaciones), resulta claro que en la actualidad y en tanto funcione el centro temporario para la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el trámite de inscripción de una marca devenga un arancel de u$s 60 -destinado el INTI por el procesamiento de registro o renovación de marca (cfr. Anexo I, Resolución 88/91) -y un básico de $ 28,50 y $ 6 que ingresan a la Secretaría de Industria y Comercio. De donde se sigue que si la ley de tasas judiciales ha previsto, como contraprestación del servicio de justicia, el mismo importe que se perciba para la solicitud de registro (ley 23.898, Art.

4°, inc. D, tercer párrafo), no concurre razón suficiente para marginar el arancel establecido por el I.N.T.I., que encaja perfectamente en la norma recién citada. No forma obstáculo a esa conclusión la circunstancia de que el art. 4° aludido haga referencia solo al monto que cobra la D.N.P.I. toda vez que ello se explica por la simple razón de que -al tiempo del dictado de la ley 23.898 y de la Resolución SIC 43/91 no se había formalizado aún el Convenio de creación del "centro temporario", cuya eficaz actividad ha comportado, al propio tiempo, un mejoramiento del servicio de justicia que merece que la tasa retributiva se adecue a esta nueva circunstancia. Cabe añadir, que el tributo en cuestión es ciertamente moderado y no puede constituir un escollo para acceder a la jurisdicción. Y si en alguna singular situación, poco concebible en la órbita de la producción y comercio de mercancías o servicios, el arancel exigible pudiere significar una dificultad seria para acudir a los tribunales de justicia, siempre existe la posibilidad de requerir el beneficio de litigar sin gastos que reglamenta la ley procesal.
Avocación jurisdiccional, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GUAJARDO, JOSE DARIO s/ PER SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-03-07

Sin perjuicio de que la presentación propuesta configura una vía "sui generis" que no constituye un supuesto de avocación según los casos legalmente contemplados y ni siquiera un "per saltum" dado que éste supone una decisión jurisdiccional de primera instancia, corresponde desestimar el pedido de intervención de este Tribunal por ser objetivamente improponible y, por ende, debe ser rechazado de acuerdo a la inveterada jurisprudencia de esta Corte, en el sentido que su competencia está constitucionalmente determinada por lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Carta Magna local y es sabido que entre dichas normas existe una notoria diferencia, porque al tiempo que la primera, regula la denominada competencia de gobierno o de superintendencia, es de carácter abierto y admite ser ampliada por normas legales, tal como reza su inciso 8, la segunda, la jurisdiccional, es de carácter cerrado y consagra en este ámbito de competencia un "numerus clausus" limitado a los casos allí previstos.

Por lo demás, todas aquellas situaciones que se estiman lesivas de derechos o involucren comportamientos reprochables desde el plano procesal, administrativo, penal y civil deben ser canalizadas por el interesado a través de las vías constitucionales y legales que correspondan.(Del voto del Dr.Erbetta) (Citas: CSJStaFe AyS T 90 p 290; T 91 p 414)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, logística
Materia: LABORAL
Carátula: Moyano Jorge Alberto c/ Molinos Río de la Plata SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-07

En el caso, debe juzgarse solidariamente responsable a Molinos Río de la Plata S.A., en los términos del art. 30 L.C.T. por las obligaciones laborales declaradas en autos respecto del actor pues, las tareas que fueron tercerizadas por dicha demandada aparecían como parte de su actividad principal, normal y específica. La empresa DHL (empresa de servicios eventuales que proporcionó al actor a Molinos Río de la Plata) se ocupa del transporte y distribución de los productos que produce aquella. Las tareas de logística, transporte y distribución cumplidas, aparecen como necesarias e inescindibles de la actividad principal, normal y específica de molinos Río de la Plata. No resulta factible sostener que una empresa pueda comercializar sus productos sin que se los transporte y distribuya a sus compradores.

Fuente del sumario: OFICIAL
Cuestión abstracta, queja por denegación o retardo de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Procuradora Fiscal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial - Clorinda - Dra. Gloria E. Gómez Mello c/  s/ Queja por Retardo de Justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-10-12

Se declara abstracta la queja por retardo de justicia y se insta al Sr. Juez, a que tramite las causas de su juzgado con la celeridad que requieren las mismas, puesto que los argumentos que ha vertido son improcedentes en cuanto a la justificación de la demora; existe mérito y oportunidad para requerirle mayor celeridad en el trámite de la causas de la misma naturaleza o en idéntica situación a la que se verifica con respecto al caso. Máxime que existen otras causas en las que ya intervino el STJ y en las que se ha aplicado un llamado de atención al referido magistrado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, acción de amparo, bien jurídico protegido, concubinato, competencia, competencia civil, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROJAS, LUCILDA GLADIS c/ CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 125 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad ya que si bien la recurrente sostiene que la Sala ha prescindido del texto legal aplicable, al apartarse de la normativa expresa dispuesta por la ley 11.330, desde que "la materia propia que constituyó el debate es de naturaleza administrativo" y que por esta razón el tribunal competente no podía ser otro que la Cámara de lo Contencioso Administrativo, tales alegaciones en modo alguno alcanzan a desvirtuar los fundamentos brindados por el a quo en orden a declarar la competencia de la justicia ordinaria para conocer en la acción de amparo promovida, considerando vinculante el criterio trazado por esta Corte in re "Domínguez", concluyendo que en las especiales circunstancias del caso en que está comprometida la extinción misma del derecho de pensión de la amparista, se encontraban acreditados los presupuestos necesarios para que la vía elegida resulte admisible, lo que naturalmente no se opone a la posibilidad de que asuntos análogos se tramiten por la vía del proceso contencioso administrativo previsto por la ley 11.330.
Juicio de apremio, juicio ejecutivo, sentencia, resoluciones recurribles, medidas cautelares
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gasparri, Oscar Pascual c/ Reyes, Miguel s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 30- 90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

El a quo que con el pretexto de encontrarse frente a un proceso de apremio, invoca en discurso generalizante, el artículo 484 del código de rito para sostener que los recursos han sido mal concedidos, desde que la resolución cuestionada no está comprendida dentro de las excepciones contempladas en la sección V del título correspondiente al juicio ejecutivo en general, se inspira en la lectura del régimen procesal cual si éste fuera un repertorio de compartimentos estancos; y riñe con la circunstancia de que las decisiones relativas a medidas precautorias -aun las dictadas o vigentes en procesos ejecutivos-, son susceptibles de ocasionar agravios que no podrán ser reparados en el juicio ordinario posterior a la ejecución, por lo que no son aplicables a su respecto los principios de irrecurribilidad genérica establecidos en el artículo 484 del código citado, para toda resolución que no sea la sentencia. (Del Voto del Dr. Falistocco)
Acto administrativo, presunción de legitimidad, medidas cautelares, interpretación restrictiva, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ulla, Decio Carlos Francisco c/ Santa Fe, Provincia de s/ accióndeclarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

Si bien, por vía de principio, las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles.
Sentencia arbitraria, in dubio pro reo, sentencia condenatoria, falta de denuncia, facultades del juez, reglas para dictar sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alarcón, Marcial s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-23

La sola imputación de la víctima, sumado a la ausencia de la oportuna denuncia y a la falta de certeza de la fecha del accionar enrostrado impiden arribar a un veredicto condenatorio, tornando aplicable el art. 3° del C.P.P.N. Si bien durante el trámite del proceso se admite que el tribunal se maneje en el plano de las probabilidades, ello no resulta aceptable al momento de dictar sentencia pues a los efectos de sustentar un pronunciamiento condenatorio debe arribarse a un estado de certeza apodíctica acerca de la existencia del hecho y de la atribuibilidad de éste al encausado. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Rodríguez Basavilbaso y Catucci).