marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba documental, competencia penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Mercedes N. c/ Parisi y Muchnik, Abel y ots. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Las constancias del sumario policial carecen de eficacia probatoria en el juicio civil si no han sido reiteradas o ratificadas con el control de las partes, salvo que actor y demandado hubieran invocado aquellas constancias como evidencia de la responsabilidad que recíprocamente se atribuían.
Empleo público, procedimiento administrativo, prescripción, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Molina Luis c/ Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S263 - 119)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-08

En materia administrativa, para el cómputo de la prescripción son aplicables los plazos establecidos por el CPA para los distintos tipos de nulidad: actos anulables (2 años), nulos (5 años), ello si la pretensión (subsidio por incapacidad por accidente de trabajo) del impugnante nace de una relación de empleo público.
Accidentes de trabajo, culpa grave del trabajador, granada de mano
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ, FRANCISCO A. c/ JACINTO SAFFRATTI SA. Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-11-28

Si el trabajador se involucró en el evento con temeridad y voluntariamente, sin orden ni autorización, sin necesidad ni utilidad, aceptando un riesgo innecesario e ilógico, al haber consentido y alentado a otro operario a que guardase una granada en el armario de ambos, ocultando su tenencia a la empleadora (que además lo prohibía) sin adoptar una actitud enérgica y expeditiva contra su posterior manipuleo (pese a conocer perfectamente la peligrosidad tremenda del acto generador del siniestro) actuó con culpa grave e inexcusable, contraviniendo y dejando contravenir las precauciones más elementales y violando lo dispuesto por los artículos 62, 63 y concordantes del RCT.
Jurisdicción y competencia, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, terceros
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ANTONIO CAYETANO ARAMBURU c/ NORMOTOR  S.A.  Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Los institutos reglados por los arts. 88, 90 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se aplican a los casos de jurisdicción originaria, aun cuando ello conduzca a la intervención de personas no aforadas y sin que quepan distinciones respecto del grado y carácter de tal participación procesal.
Juicio ejecutivo, excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Fernández, Adriana y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

La dinámica de los negocios mercantiles, en los que el cliente del banco sólo posee la libertad de contratar o no, pero no la de discutir el contenido de la convención salvo unas pocas condiciones particulares atinentes al precio, quedando reducido a aceptar las cláusulas predispuestas so pena de verse privado del acceso a los servicios, la prueba del pago no puede ser apreciada con los criterios más estrictos que la doctrina judicial y autoral ha elaborado para otros supuestos en torno a la expresión "pago documentado" contenida en el inciso 6 del art. 542 del Código Procesal.
Ejecución prendaria, excepción de nulidad
Materia: CIVIL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ GAYOSO GERARDO FRANCISCO s/ DERECHO PROCESAL. EJECUCIONES ESPECIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

La excepción de nulidad prevista en el art. 30 inc. 6 de la ley de prenda, debe resultar del contrato mismo, lo que implica que no es viable si se aducen hechos que no resultan del contrato sino que se vinculan con el origen o causa de la obligación.
Costas, asegurador, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: MORENO RICARDO RAMON c/ JOSE MINETTI Y CIA.  S.A. s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-09

La aseguradora sostiene que la citación en garantía es improcedente, declinando su responsabilidad, toda vez que el actor no figura en la nómina de personal de la póliza contratada cuya existencia reconoce. La propia aseguradora acompaña la póliza por accidentes de trabajo contratada por la demandada y de cuyas condiciones particulares surge la improcedencia de su pretensión de declinar la cobertura. En tales condiciones, la aseguradora obligó con su actitud a la demandada a litigar enla presente causa, por lo que, las costas referidas a los honorarios de sus letrados apoderados deben ser impuestas a la aseguradora.-
Deuda pública, deudas del Estado, bonos de consolidación, pago, pesificación, acción contencioso administrativa, equidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MORENO, HUMBERTO JOSÉ c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION E ILEGITIMIDAD O ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-05

En el caso, la Administración debió tomar como deuda reconocida y firme al actor, la establecida por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial con denominación dólar y no transformarla en pesos a la cotización establecida por la convertibilidad, sino a la nueva paridad vigente al momento de la nueva transformación, ésto es a $ 1,40 más Cer, pues de otra manera se desconoce la legítima opción de moneda practicada por el actor, acreedor de una deuda consolidada que fue legitimada por el propio Estado mediante el Decreto aludido. En efecto, la demandada hizo caso omiso de la Legislación nacional de pesificación- decreto del PEN Nro. 471/02-, que habiendo modificado la paridad monetaria, intentaba lograr un punto de equilibrio -siempre complejo- entre los derechos de acreedores y deudores que la crisis había anarquizado; ese punto de equilibrio, al que la Provincia adhirió, no fue respetado por la administración, pues se interpretó incorrectamente que, cuando la Ley Provincial ordenaba la emisión de bonos solo nominados en pesos, toda conversión debía hacerse a una paridad que ya no estaba vigente. Pero además, existen razones de equidad para admitir la acción contencioso administrativa articulada en la medida que la deuda tiene origen previsional y es, en consecuencia, de carácter alimentario, y que mas allá de la espera burocrática a que el acreedor debió someterse, también tuvo que aceptar que su acreencia se consolidara y fuera liquidada en certificados de deuda pública, con ventaja financiera para el Estado deudor por la elongación de su efectivización; por lo que un criterio mínimo de razonabilidad indica que no se puede cargar sobre las espaldas del actor, todas las consecuencias negativas de la crisis financiera, correspondiendo aplicar a su crédito los patrones de actualización y cálculo establecidos por el propio Estado Nacional y Provincial para liquidar sus deudas. En conclusión, corresponde hacer lugar a la acción de plena jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación interpuesta, y ordenar al Estado Provincial que deber recalcular lo adeudado a la paridad Pesos Uno con Cuarenta Centavos ($ 1,40) por cada Dólar estadounidense más Cer e intereses, restándose de ello la suma ya abonada.
Régimen de consolidación de deudas, daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima
Materia: ECONOMIA-CIVIL
Carátula: RUIZ, Miguel Angel c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-09

Frente a una sentencia de condena contra la Empresa de Ferrocarriles Metropolitanos, si el hecho que motivó el proceso ocurrió durante el período señalado en el art. 13 de la ley 25.344 de emergencia económica, la deuda debe cancelarse en bonos de consolidación en los términos de la norma citada o de la ley 23.982 atendiendo a la fecha de los daños que se indemnizan.
Encargados de casas de renta, personal suplente, estabilidad laboral, condición resolutoria, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ, RAMONA ARGELIA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO VIRREY LORETO 2443 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

El suplente del encargado permanente de casas de renta (artículo 9 ley 12981) tiene derecho a la estabilidad durante el lapso que va desde su ingreso hasta el vencimiento del plazo de conservación del empleo del reemplazo, pero sujeto a una condición resolutoria que el titular se reincorpore en el interín. El despido sin causa durante aquel lapso, pendiente la condición, genera el derecho a las indemnizaciónes previstas en el estatuto.
Delitos contra el honor, prueba, competencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR. FRANCISCO MIGUEL ROMERO s/ PROMUEVE QUERELLA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-02-15

En los delitos de calumnias e injurias cometidos por medio de la prensa, debe estarse al lugar donde fueron impresas las mismas, pues solo tal circunstancia comporta la exteriorizacion de los terminos ofensivos para la dignidad o decoro de otra persona.
Prescripción, diferencias salariales
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: R., G. S. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-02-01

La contienda mantiene interés para los actores en relación con las diferencias pretendidas por la denunciada errónea liquidación de haberes, desde la promoción de la acción y por los períodos no prescriptos. Así es, en tanto esas liquidaciones, hasta la emisión del Decreto N° 1453/15, no han sido reajustadas, y por ello claramente quienes demandan conservan un interés particularizado en obtener un decisorio sobre la cuestión. Acoto aquí que tales diferencias han de ser las correspondientes a los cinco (5) años previos a la promoción de la acción, pues es jurisprudencia conteste del Tribunal que en tales supuestos debe aplicarse el art. 4027 inc. 3° del Código Civil, concordante con los arts. 7 y 2537 del Código Civil y Comercial.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, comuna, asamblea extraordinaria, nombramiento, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CECCHI, ARNALDO OSVALDO c/ COMUNA DE VILLADA s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 82-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-16

Debe denegarse el pedido de suspensión de la medida administrativa impugnada si no aparece configurada con el grado de evidencia que requiere el artículo 30 inciso a) del código contencioso administrativo, la aducida violación de la ley (9286), porque para decidir al respecto es preciso juzgar la validez de la decisión de la asamblea extraordinaria -no convocada según la prescripción establecida por el artículo 30 de la ley de comisiones de fomento nro 2439 que la autorizó a rever los nombramientos efectuados en determinado período-; para lo cual deberán considerarse las facultades de las comunas y municipios a la luz de disposiciones constitucionales y legales, lo que implica problemas jurídicos cuya naturaleza y complejidad impide considerar que se ha violado "manifiestamente" la ley.
Intereses, tasas de interés, tasa activa, tasa pasiva, ley de desindexación, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: N.N
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

La tasa activa y la tasa pasiva pueden subir o bajar como cualquier otro precio y ello no resulta violatorio de la ley 23.928
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Heredia, Osvaldo Leonardo s/ Robo agravado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 256 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- fundada en que el acta que se impugna no cuenta con la rúbrica del procesado, si ni siquiera se ha intentado demostrar que, a los efectos del artículo denunciado, exista norma legal que establezca como condición de validez del instrumento la firma del procesado y, en cuanto a la impugnación de su contenido, no se acompaña fundamento alguno que avale las afirmaciones formuladas al respecto (art. 355, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-).
Fondos comunes de inversión, partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pardo  Helena c/ PEN  Ley 25.561 Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

En los fondos comunes de inversión actúan una sociedad gerente y una sociedad depositaria, cuyas obligaciones son básicamente las de administración, en el caso de la sociedad gerente, y de custodia, en el caso de la sociedad depositaria, de los activos que componen las carteras de dichos fondos. (Consid. 3°).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MACHUCA, RAMON EZEQUIEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Si bien el pronunciamiento recurrido -en cuanto deniega la producción de pruebas ofrecidas por la defensa para el juicio- no reúne el carácter de sentencia definitiva o auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación en los términos del artículo 1 de la ley 7055, puede equiparse a tal, en tanto existe la posibilidad de que lo resuelto le irrogue a la impugnante un gravamen de tardía o imposible reparación ulterior. En efecto, este Tribunal ha sostenido que la adecuada hermenéutica que corresponde asignarle al último párrafo del artículo 305 del Código de rito determina que la decisión que tome el magistrado durante la etapa intermedia sea concluyente en relación a la discusión acerca de la posibilidad de realización o no de una prueba durante el debate, por cuanto, toda vez que ésta no va a poder introducirse en el juicio, ni reeditarse la discusión acerca de su admisibilidad -a fin de no comprometer la imparcialidad del tribunal de juicio, ni distorsionar el sentido de la audiencia preliminar y el debate-, debe considerarse que el rechazo de su producción podría causar a la parte que la ofreciera un perjuicio de imposible reparación ulterior que habilita las vías impugnativas ordinarias y extraordinarias.
Actos de servicio, rebelión, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Admitir que las facultades de mando dirigidas a la subversión del orden constitucional son propias del servicio, constituiría la negación de toda regla, ya que en estos casos el ejercicio del mando es absolutamente irregular y espurio, porque es incompatible con el servicio en todos los actos que lo concretan. Desde este punto de vista, la decisión adoptada y ejecutada por los tres comandantes generales el 24 de marzo de 1976 no se vincula con el ejercicio regular del mando y no puede considerarse que - de constituir delito - haya sido cometido en actos de servicio.
Acto administrativo, nulidad de oficio, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Para proceder a anular de oficio un acto administrativo se requiere la presencia ineludible de ciertas condiciones. En primer lugar, la existencia de la ilegitimidad del acto; en segundo, la existencia de razones de interés público a la anulación, debiéndoselas valorar no sólo en el momento de la emisión del acto sino también en el de la anulación, es decir, debe mediar un interés público concreto y actual a la eliminación, o sea, distinto al genérico interés del simple restablecimiento de la legalidad violada como único motivo, por lo que, si el acto de anulación de oficio no tuviera en cuenta este interés actual será, él mismo, ilegítimo. En tercer término, el acto de anulación debe ser convenientemente motivado; además -como cuarta condición- sólo se puede anular en tanto la autoridad administrativa esté aún investida del poder de proveer. En quinto término, cuando el acto de anulación de oficio incida sobre situaciones jurídicas de los sujetos que puedan tener interés en el mantenimiento del acto a retirar, debe dárseles oportunidad de opinar. En sexto lugar, ante un determinado acto administrativo ilegítimo que concede o confirma un derecho o una ventaja jurídicamente relevante deben observarse determinadas reglas y, en séptimo lugar, es menester determinar los límites temporales del ejercicio de la potestad de anulación de oficio.
Quiebra, denegatoria del recurso, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Epelbaum, Lucio c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-10

Corresponde rechazar la apelación incoada contra el proyecto de distribución, en relación al importe que fue fijado prudencialmente para atender los emolumentos regulados a favor de la martillera, en tanto resulta una mera reserva provisional y no se percibe que pueda ocasionar agravio concreto alguno. Pues, en definitiva, ellos quedarán finalmente determinados al tiempo en que corresponda atender la revisión de la regulación (conf. LCQ 272).
Regímenes jubilatorios especiales, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Requena, Abel Vicente c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Habiendo acreditado el actor el ejercicio de la profesión de procurador durante los años 1985 a 1989, debe permitírsele abonar la cuota anual obligatoria establecida a partir de la modificación al art.12 de la ley 6716 por la ley 10.268, a los efectos de alcanzar los 25 años de ejercicio profesional equiparables a los de un abogado, a los efectos de obtener el reajuste del haber previsional en los términos del art.2 inc.b) del Convenio aprobado por la ley 10.049.
Separación de hecho, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: HINCKELMANN MARCELA BEATRIZ c/ GUTIERREZ GUIDO SPANO MIGUEL RAUL s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-01

La separación de hecho de los cónyuges no trae como consecuencia la disolución de la sociedad conyugal, la que se entiende que subsiste a pesar de ese hecho fáctico. (Sumario confeccionado por el Saij)
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soler Ponce, Jorge M. y otros c/ Caballero, Hugo C. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

La sola privación del uso de un locomóvil representa para el dueño un perjuicio indemnizable, no siendo impedimento para ello la falta de recibo o documentos probatorios, ya que se presume, en principio, que quien tiene y usa un automotor lo hace para llenar la necesidad, presunción que es harto fundada si se trata de un profesional o de un comerciante.-
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, competencia laboral, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: Delgado Penailillo, Olivia c/ Provincia del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-11-14

Este Tribunal, que entiende habitualmente por la vía del recurso de apelación ordinaria en las causas promovidas por accidentes y enfermedades de trabajo, en que la Provincia o sus entes son parte y tramitan por ante el órgano jurisdiccional del fuero laboral, por corresponder a la competencia común de los tribunales inferiores.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, Municipalidad, autonomía municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garay, Eugenio de Jesús c/ M.C.D. de Clorinda s/ Acción prevista art. 189, Ley 1028 prevista art. 189, Ley 1028
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-11-08

Declarada abstracta la cuestión a resolver, - debido a la adecuada solución dentro de la propia estructura municipal - debe remarcarse la posición autorrestrictiva de este Superior Tribunal, en lo que respecta a su intervención en los conflictos entre autoridades municipales, por entender que, cuando la Constitución establece que el Superior Tribunal de Justicia es el único Juez competente en esos conflictos, lo hace para garantizar la autonomía municipal, enalteciendo las funciones del gobierno local y su jerarquía institucional. Sólo se justifica su intervención en supuestos excepcionalísimos y como última ratio del orden jurídico, cuando el órgano deliberativo actúa fuera del marco de la autonomía que la Constitución Provincial reconoce a los Municipios como órganos descentralizados de administración local y para evitar que la situación planteada quede sin remedio jurídico.
Accidente de tránsito, giros
Materia: PENAL
Carátula: M, H R s/ LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL      EXPTE NRO 202-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-08

El imputado cuando inició la maniobra de giro hacia la izquierda, por un error de cálculo, intentó el cruce de la mano contraria, con el agravante que la disposición de los canteros centrales de la avenida lo obligaba a circular un trecho de contramano por esa arteria, interponiéndose así en forma harto peligrosa a la marcha del otro automotor, que apareció por su derecha y a velocidad quizá excesiva.

La maniobra correcta hubiera sido continuar unos metros más hacia el este y doblar allí hacia la izquierda para retomar Avenida Alem por el otro carril e ingresar luego por Velez Sarsfield.

Existe un incumplimiento del deber de cuidado en la medida que, no obstante observar anticipadamente el avance en sentido contrario del otro rodado a gran velocidad, realiza una maniobra de giro por sí misma riesgosa en cuanto implicaba obstrucción de la mano de circulación opuesta, en circunstancias especialmente exigentes de precaución como lo fueron las características especiales del lugar, el pavimento mojado y que el otro vehículo se desplazaba por la derecha. Pese a ello, no se debe descartar la responsabilidad del otro conductor, porque se admite la conducción a velocidad peligrosa en función de las circunstancias y el carácter de embistiente en el conducido, aspectos éstos sobre los que no es posible adjudicar responsabilidad exclusiva a uno u otro conductor.
Contratos, locación, bienes inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NIGLIO YOLANDA c/ LUIS RAGONESE Y OT. s/ Desalojo (LIBRO: S070 - 028)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-30

Habiendo existido intimación fehaciente respecto de los meses precedentes, la falta de intimación no constituye una conducta abusiva del locador cuyo locatario conocía su intención de demandar el desalojo por falta de pago, máxime cuando de aquella intimación existía un saldo impago. La intimación previa tiene carácter imprescindible como previo a la demanda de desalojo, pero constituye un recaudo predominantemente formal.
Recusación con causa, excusación, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Ridao, Francisco s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-12-21

Con referencia al art. 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), sobre el trámite que debe darse al incidente de recusación con causa dicha norma no fue violada por los jueces de mérito, quienes aceptaron la excusación de la Secretaría formulada con anterioridad a la recusación, sin más trámite, porque ese es el tratamiento que debe darse a las excusaciones, conforme ya lo determinó el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo Nº 12/77 -vigente- y porque así surge de la L.O.P.J. que establece un trámite para las recusaciones, y no para la excusaciones, con relación a las cuales basta que estén fundadas en causa legal para que sean aceptadas.