Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-07


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 07 días del mes de febrero del año dos mil ocho, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Juan Pedro Cortelezzi, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Z. , G. F. p.s.a. de Homicidio Simple" (Expte. 20.073-153-2005).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 585: Pfleger, Panizzi y Cortelezzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Ha venido a consideración de esta Sala la sentencia emitida por Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Trelew, que el día 29 de marzo del 2005 declaró a G. F. Z. autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 del Código Penal), por el hecho ocurrido el 07 de marzo de 2004, a las 10,00 horas aproximadamente, en perjuicio de H. L. A. A. , "...en inmediaciones de calles P. de I. , entre R. N. y L. P. del barrio Abel Amaya..." de esa Ciudad.

En ella, la que se escruta, se atribuyó al imputado que: "... el día 07 de marzo de 2004, siendo aproximadamente las 10.00 hs., en la vía pública, en calle P. de I. entre R. N. y L. P. del Barrio Abel Amaya de esta ciudad de Trelew, en oportunidad en que el nombrado, portando arma de fuego, presuntamente calibre 22, habría efectuado disparos contra un grupo de personas y luego continuó con la intención de matar, efectuando un disparo que diera en el cuerpo de H. L. A. A ., ingresando en su brazo derecho y saliendo del mismo, perforando luego la cavidad torácica, perforando el pulmón derecho, ingresando al pericardio, perforando y egresando del corazón, egresando por la parrilla costal, deteniéndose en las capas musculares del pectoral izquierdo, produciéndole la muerte por la perforación del corazón...".

II. Contra esa decisión y por medio del escrito que está a fs. 409/20, el Defensor Jefe de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial de Trelew, doctor Alfredo Pérez Galimberti, interpuso casación aduciendo la causal prevista en el artículo 415 inciso 2do. del Código Procesal Penal (Ley 3155).

En el alegato, denunció la nulidad de la sentencia en base a los siguientes motivos:

1. "... Nulidad del juicio por la indebida constitución del Tribunal. Derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 44 y 182 de la Constitución del Chubut; arts. 54 y 335 C.P.P. y artículo 13 Ley 4245), 2. "... Nulidad por falta de motivación de la sentencia. Violación del principio de inocencia y del in dubio pro reo (art. 18 de la Constitución Nacional y 43, 44 y 169 de la Constitución del Chubut; Art. 363 inc. 3º C.P.P.).

El primero de ellos contiene una crítica formal a la composición del Tribunal que resuelve el caso, guardando para el segundo bloque las objeciones de fondo a la sentencia.

La protesta del punto 1 incluye también a la integración del Tribunal por un juez de refuerzo.

La objeción radicó, en ambos casos, en la vulneración a la garantía contenida en el artículo 18 de la Constitución Federal, ya que se habría violentado el principio del juez natural al haber sido detraído el caso de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Invocó también un resguardo similar enunciado en la constitución doméstica cuando establece que nadie puede ser juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley con anterioridad al hecho de la causa y designados de acuerdo con la carta basamental.

Afirmó que se han transgredido las normas que establecen el modo de cubrir las ausencias, normas contenidas en la ley de subrogación.

Agregó finalmente que ninguna razón por conveniente o eficaz que resulte puede debilitar las garantías constitucionales enunciadas al respecto.

Sobre el mérito de la prueba alegó que había sido arbitraria y puso el acento en la falta de justificación de las conclusiones relativas a la evidencia física.

Afirmó que la herida dejada por la bala que puso fin a la vida de A. tenía un recorrido, entrada y salida del cuerpo del occiso que, según lo había explicado el Médico Forense hacía presumir que la boca del cañon del arma estuvo situada a la derecha de la víctima, ligeramente por detrás y apuntando ligeramente hacia arriba.

Criticó la forma en que, sin embargo, el Juez del primer voto trató esa comprobación y de cómo llegó a la conclusión de que el autor del disparo era Z. que, en ese momento, integraba el grupo enfrentado con la víctima.

Puso de relieve que el Juez Lleral descartó la presencia de C. E. en el lugar del suceso pues dijo que P. A. expresó que no se encontraba allí, y sin embargo el Juez Portela pensó exactamente lo contrario.

Afirmó que, establecido por el Juez que el disparo partió del lado de los Z. , debería haber estimado la distancia del sujeto que disparaba al blanco, punto sobre el cual, por la disparidad de versiones colectadas en el juicio hacía imposible llegar a cualquier conclusión sobre la dinámica de los hechos.

Criticó la ponderación que el Tribunal de Mérito realizó del testimonio de S. E. M. . Sostuvo que su condición de enemiga de los Z. sumado al cambio de dirección de la testigo en el curso de sus manifestaciones incriminatorias la descalificaban como elemento de peso para descartar, sobre la base de su testimonio la posibilidad de otra persona armada en el lugar.

Destacó que se había cercenado el material llevado a debate porque no podía saberse la razón -conservada en secreto- por la cual se había preferido unos testigos sobre los otros, y cómo se había discriminado que el proyectil que hirió a A. hubiera sido disparado efectivamente por G. Z. y no por su hermano.

Fustigó la ponderación realizada por el Juez Lleral tildándola de "contradictoria" (sic) respecto de la formulada por el Juez Portela de quien, afirmó que, a la manera de un árbitro, no se había hecho cargo de la refutación de los argumentos de la defensa, y no permitía, por ello, la formulación de una crítica razonada.

Previa reserva del caso federal culminó peticionando se anule la sentencia en crisis y, asumiendo competencia positiva, se absuelva a G. Z. . .

III. Por una cuestión de natural orden, tomaré a tratamiento todo lo relacionado con la aducida nulidad del juicio como consecuencia de la violación al principio del juez independiente e imparcial.

La crítica de la presentación ya ha sido respondida por esta Sala Penal en ocasión de resolver en el caso "L. , L. A. p.s.a. de abuso sexual a J.B.L." (Expediente 20.402 - L - 2006, sentencia de fecha 11 de septiembre de 2006).

En tal oportunidad, en punto a la invalidez que se adujo como consecuencia del rol asignado a la doctora Villaseca como Juez de refuerzo en el juicio, adherí en un todo a los fundamentos dados por mi par, el juez Panizzi.

Sostuvo entonces el doctor Panizzi que: "... El Acuerdo Ordinario Nº 189/04 del Superior Tribunal de Justicia, ampliado por Acuerdo Extraordinario Nº 3425, tuvo como finalidad designar los reemplazantes de los jueces titulares de la Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Trelew, del modo establecido por el artículo 182 de la Constitución de la Provincia del Chubut. Dicha norma determina que el Superior Tribunal de Justicia puede, durante determinados lapsos y en la forma que lo prescribe esta Constitución, de conformidad con la reglamentación legal, disponer la actuación de jueces de refuerzo para complementar el servicio de justicia en cualquier órgano judicial que lo requiera. Los jueces de refuerzo tienen como misión dictar sentencias a fin de descongestionar la sobrecarga y desigualdades en el número de causas en trámite. En los tribunales de juicio oral pueden ser convocados por el Superior Tribunal de Justicia con el objeto de evitar la reiteración de los debates. Para ocupar ese cargo, es preciso reunir los requisitos de los jueces titulares. Este sistema ha sido concebido con el fin de remediar las falencias que provocan, en el servicio de justicia, las vacancias prolongadas o la saturación de los organismos jurisdiccionales. La tarea de estos funcionarios consiste en integrar los tribunales y contribuir a remediar sus falencias. Es decir, que son funcionarios a quienes se designa temporalmente en lugar de los jueces titulares para cumplir sus tareas...".

Con relación a la denuncia que realizó el Defensor, referida a la imposibilidad de su asistido de formular recusación respecto del juez de refuerzo convocado, he de disentir -nuevamente- con el letrado.

La integración de la Cámara con el doctor Gustavo Lleral en su calidad de Juez de Refuerzo fue notificada a las partes el mismo día de su designación realizada antes de la audiencia de debate.

Tanto es así que el Abogado Defensor, en ejercicio de su derecho de oposición, presentó una formal propuesta de nulidad en desmedro de la designación en cuestión, la que fue rechazada de manera fundada.

Posteriormente, en la audiencia del juicio propiamente dicho, el imputado tuvo oportunidad de recusar al juez Lleral si hubiesen existido algunas de las causales que prescribe el Código de Rito en el artículo 49 (Ley 3155) y no lo hizo, precluyendo la posibilidad brindada por la norma.

Este relato significa poner de relieve que no hubo una sorpresa que agraviara los intereses del perseguido porque tuvo oportunidad de ejercer sus derechos de modo que, admitir en esta instancia los argumentos presentados por el Agogado Defensor, representaría la consagración de la nulidad por la nulidad misma.

Sobre el punto, reiteraré la posición mantenida en causa anteriores: en materia de nulidades debe andarse con cuidado.

Los Tribunales han expuesto reiteradamente que esta sanción procesal es último recurso y que se debe atender tanto a la letra de la ley aplicable en la materia cuanto a la efectiva vulneración del derecho que la irregularidad implica.

En otras palabras. La nulidad está apareada a la expresa determinación de la norma y, fundamentalmente, al efecto pernicioso del acto sobre concretos derechos de quien o por quien se reclama, ya que no hay nulidades en solo beneficio de la ley o nulidad por la nulidad misma. El principio de trascendencia, que de eso se trata, importa considerar que no hay correctivo si la desviación no tiene trascendencia sobre garantías esenciales de la defensa en juicio, ya que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren surgir de la desviación (ver al respecto STJ Misiones 12-12-2001, expte. 357/ 2000, res. 635 publicado en "Garantías Constitucionales y nulidades procesales- I" Edgardo Donna- Director, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 569).

En el mismo sentido debe exponerse que es deber irrenunciable de quien invoca la nulidad de un acto -y de modo fundamental de la sentencia que pone fin al proceso, luego del debate oral y público- demostrar que la eventual exclusión habrá de conducir de modo decisivo y eficaz a una solución distinta y que "... de otro modo (la) impugnación carece de justificación que la sustente. Toda nulidad se vincula con la idea de defensa; si el vicio no priva a la parte de su ejercicio ni afecta la garantía en cuestión, la nulidad debe rechazarse." (STJ Santa Cruz, 14-03-2001 "Haro, Víctor Manuel s/ robo calificado por el uso de armas en la obra citada precedentemente tomo II. pág 498).

IV. Habiendo quedado resuelto, en mi opinión, el primer grupo crítico, resta avanzar sobre el antes denominado segundo bloque.

En atención a que el agraviado ha sometido a escrutinio cuestiones que envuelven la apreciación de la prueba y la manera de formular el discurso de justificación de una condena, me remitiré a lo que profusamente he tratado en causas en que se plantean similares problemas en los que orbitan los tópicos de la verdad, la certeza y la sana crítica, y, por añadidura, la arbitrariedad por ausencia de motivación.

Esta remisión implica ratificar cada uno de aquellos conceptos y dejar sentada la idea de que la tarea del Juez implica la reconstrucción histórica de un hecho y que sólo puede materializar mediante el ejercicio de la razón crítica, apreciando el todo que las partes le presentan con agudeza, con método, con honestidad intelectual.

Sólo así estará "en lo cierto", en la creencia, más allá de toda duda de poseer la verdad que es aquello "... que la razón reconoce exactamente... un juicio abstracto con razón suficiente...".

Por eso es correcto el proceder de los sentenciantes si, en la decisión, han predicado certeza luego de un proceso de evaluación de la evidencia realizado con apego a las reglas de la sana crítica, fundando debidamente el relato que traduce la opinión.

Además -y con ello intento brindar contenido al concepto de labor paciente, honesta y metódica, o sana crítica en acto- pondero que es una facultad de la instancia de mérito seleccionar el material probatorio, prefiriendo algunos elementos y descartando otros, no siendo suficiente, a quien se opone, expresar un mero criterio discordante.

Bajo estos parámetros, penetraré en el examen de la motivación de la sentencia y, al respecto, anunciaré -otra vez- mi disidencia con el planteo del recurrente, ahora, en lo que atañe a los vicios observados por el Defensor en la fundamentación del dispositivo.

V. En el examen de la sentencia en crisis se puede advertir sin esfuerzo, que la construcción de la certeza se realizó mediante la acumulación persistente de versiones que coincidían en los puntos esenciales del evento, para terminar en los detalles más importantes y difíciles de vislumbrar.

Partiendo de un extremo dibujado con evidencia verosímil: la gresca que se desató entre los grupos contendientes en el lugar indicado, se pasó a determinar quien había sido el autor del disparo homicida.

En esa tarea los Jueces de la mayoría tomaron como sinceros los testimonios de los sobrevivientes del grupo que acompañaron en aquella oportunidad a la víctima: M. A. R. , D. E. E. y P. A. A. quienes, aceptando haber participado en aquella arrojando piedras a los contrincantes, afirmaron que el autor del disparo que produjo el óbito de A. fue el imputado en autos.

A estas versiones la Cámara adunó la otorgada por la testigo S E. M , vecina del lugar donde se desarrollaron los hechos, quien afirmó en todo momento que los que portaban las armas de fuego eran los del grupo integrado por los Z. .

La testigo afirmó que vió tanto a C. como a V. Z. con armas disparar hacia los oponentes, aclarando que "... no tiraban al aire, tiraban al grupo para matar..." Dicho testimonio que el Abogado Defensor sindicó como parcial por incluir una confesión de enemistad con el incuso, fue rescatado sin embargo por los jueces de la mayoría al encontrarlo, de todas maneras, verídico en sus afirmaciones y relacionado en forma ajustada con los restantes testimonios de los presentes en el hecho.

El Juez del Primer voto sobre el punto expresó: "... La prueba de dicho tópico la dan los testimonios de D. E. y P. A. . El primero respondió a preguntas de este vocal que A. se encontraba a su izquierda, a dos metros aproximadamente y escuchó tres disparos y vio a su primo que estaba cayendo y con seguridad afirmó, que el arma la tenía "e. V.". Por su parte, Alarcón expresó que G. Z. . tenía el arma, apuntaba a todo el grupo -realizando el ademán de cómo lo hacía- y, le contestó a este magistrado, que el nombrado efectuó el disparo y el testigo se agachó, siguieron los disparos y cuando se levantó inmediatamente ve a su tío en el suelo. Estos dos testimonios, son concordantes y creíbles, no demostraron animosidad hacia el imputado, ni la búsqueda de otros intereses en sus deposiciones..." Asimismo, la "a-quo" explicó en forma suficiente las razones que la llevaron a descartar por falaces las afirmaciones de Á. C. -madre del prevenido, y de O. A Z. alias "C." hermano de aquel, al no encontrar sus dichos correlato en el resto de la prueba analizada.

También pondero lógicamente la versión otorgada por J. A. S. , al entender que si bien sus dichos eran ciertos, se referían a un momento posterior al enfrentamiento en donde se disparó a A. .

Desde esa perspectiva diré que el Tribunal de Merito ha brindado los fundamentos que legitimaron su conclusión condenatoria, en perjuicio de las lucubraciones elaboradas por la Defensa Técnica sobre la autoría de una tercer persona, en el caso, uno de los hermanos E. , que en mi opinión no logró sostenerse y aparece en el teatro de los hechos como un elemento artificioso y forzado.

Ello, por cuanto no resulta relevante a esos fines la mera comprobación de que el proyectil ingresó desde un costado del cuerpo del occiso, habida cuenta de que en una pelea callejera como la que nos ocupa, donde se arremetía y retrocedía sucesivamente, arrojando piedras hacia el contrincante, los cuerpos adoptaron sin duda, un sinnúmero de posiciones relativas a la dinámica propia del movimiento que justificaron el lugar del cuerpo en donde se produjo la herida letal.

VI. Antes de cerrar quiero referir a dos cosas.

La primera al hecho de que, siguiendo el progreso de los sistemas procesales hacia opciones más garantistas, el Código Mixto, aplicable al caso, proscribió las tachas de los testigos que contenía el ordenamiento Obarrio, para dejar a los jueces en libertad de apreciar a quienes percibieran con sus sentidos los hechos que concurren al debate. De allí que resulta legítimo, más aún cuando se dan razones válidas, tomar a unos y desechar a otros en clave de su fiabilidad.

En segundo lugar -y quizás en el mismo sentido- ha de evitarse juicios "a priori" respecto de la capacidad de evocación de los testigos proyectada en el tiempo, pues, no demostrándose una fisura medular en el relato, carece de rigor científico sentar la tesis de que, a más tiempo pasado, menor es la calidad del recuerdo. Por todo lo expuesto propicio la confirmación de la sentencia con costas (artículos 24, inciso 2º, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal).

VI. Concito la atención de la Sala para que se regulen los honorarios del letrado recurrente en la suma de trescientos setenta y cinco pesos ($ 375.-) (artículo 14 del Dto. Ley 2200 y 59 de la Ley 4920) Así me expido y voto. El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I) La ajustada y esmerada síntesis que, sobre los antecedentes del caso y los agravios contenidos en el recurso de casación de fs. 409/420, realizó el doctor Pfleger en el voto precedente, me dispensan de efectuar cualquier reseña semejante para introducirme en la cuestión a tratar.

II) Para responder el ataque del recurrente a la figura legal del Juez de refuerzo, resulta conveniente traer al caso lo dicho por esta Sala Penal al respecto, en la causa caratulada "LOPEZ, Luis Alberto p.s.a. de abuso sexual a J.B.L." (Expediente Nº 20.402 - L - 2006, Sentencia N° 35 del 11/09/2006).

Me remito a la trascripción de dicho fallo que -en su parte pertinente- anotó el doctor Pfleger en el primer voto.

La figura del Juez de refuerzo no transgrede los derechos reconocidos por la constitución al imputado, como tampoco lo hizo la designación del doctor Lleral en el caso, puesto que se cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales que su nombramiento requería.

Advierto, además, que -como quedó dicho- notificada la defensa de que el doctor Guillermo Gustavo Lleral integraría el Tribunal (auto de fs. 386 y constancia de notificación obrante a pie de página), el recurrente resignó ejercer -dentro del plazo legal para hacerlo- la recusación del magistrado, instrumento específico y eficaz para promover la cuestión concerniente a la constitución de la Cámara.

Yerra el recurrente al plantear como obstáculo para la recusación del Juez la falta de notificación al imputado de aquella designación, pues la notificación al defensor de esa cuestión técnica fue válida y lo habilitó para llevar a cabo todas las acciones que correspondían al ejercicio de su mandato.

Asimismo, este asunto ya fue promovido por el recurrente, con anterioridad al debate a fs. 387/388, planteo que fue rechazado por la Cámara mediante la resolución de fs. 389/391, utilizando los mismos argumentos esgrimidos por esta Sala Penal en el precedente "López" ya citado.

Por las explicaciones expuestas, coincido con mi colega preopinante en desestimar el planteo de nulidad impetrado por el recurrente III) En segundo lugar el recurrente solicitó la nulidad de la sentencia por falta de motivación, mediante un ataque meticuloso a la valoración del Tribunal sobre los elementos de prueba colectados en la causa, para luego calificar las conclusiones condenatorias como injustificadas.

Es oportuno poner de resalto que el óbito de H. L. A. A. se produjo en medio de una pelea callejera entre dos grupos contendientes, donde la agrupación de la víctima ejercía su agresión y su defensa lanzando piedras a sus adversarios, mientras que el grupo que integraba el acusado, además de devolver los embates a pedradas, utilizó un revolver calibre ,22 LR.

En un contexto dinámico, donde los participantes del hecho observaron lo sucedido desde diferentes perspectivas, en medio de corridas y embestidas, las versiones de los testigos sirvieron a la Cámara para reconstruir en forma integral y con certeza lo sucedido.

La defensa de Z. criticó los fundamentos del Tribunal para tener como autor del hecho a su defendido, argumentando la posibilidad de que el responsable de accionar el arma hubiera sido un sujeto de nombre C. E. , que a juzgar por las versiones de los presentes, nunca participó en el evento.

El a quo se encargó de derribar ese planteo, utilizando lo dicho por los testigos M. A. R. , D. E. E. y P. A. A. , quienes en forma coincidente declararon haber visto al acusado con un arma de fuego en sus manos, la mañana en cuestión. Añadieron que luego de varios disparos, vieron como inmediatamente A. cayó herido en el brazo derecho.

Sumado a lo expuesto está el testimonio de S. E. M. , quien colaboró para desbaratar la versión desincriminatoria del acusado de no haber estado aquel día en el lugar de los hechos, en tanto declaró haberlo visto allí, con el torso desnudo y formando parte del grupo agresor que contaba con un arma de fuego y tiraba al otro grupo "para matar" (textual).

El recurrente atacó la credibilidad de esta declaración, por razón de que la deponente reconoció ser enemiga del imputado por haber participado éste en hechos de violencia contra integrantes de su familia, que incluyeron una balacera en el frente de la casa de la testigo.

La Cámara, teniendo en cuenta esta circunstancia y valorando sus dichos en concordancia con el resto del material probatorio colectado en la causa, consideró la importancia de sus palabras para reconstruir lo sucedido y la ausencia de parcialidad que tendiera a perjudicar al acusado.

Más allá de ello, reitero aquí lo expuesto en cada oportunidad en la que debí resolver planteos defensivos relacionados con la valoración del a quo a los testimonios vertidos durante el debate: Al encontrarse en juego el límite de la inmediación me veo impedido de revisar la apreciación del Tribunal sobre las declaraciones colectadas en la causa.

Las experiencias obtenidas por los jueces en el debate, derivadas de su proximidad con la prueba, no pueden ser sustituidas por una nueva valoración de los magistrados en la alzada, puesto que la revisión casatoria supone el control de razonabilidad de la sentencia y no que se practique un nuevo juicio.

En punto al análisis que hizo el defensor sobre la dirección que adoptó el proyectil cuando ingresó al cuerpo de la víctima, y su correlación con el sitio desde el cual debió haberse disparado, para derribar con esos argumentos la autoría del acusado y ponerla en cabeza de un sujeto que -se comprobó en la causa- no participó del evento, diré que tal planteo desconoce que el resultado fatal fue consecuencia de una reyerta ocasionada entre corridas y agresiones, propias de la velocidad con que se desarrollan sucesos como de esa índole.

Por ende, sus participantes estuvieron en constante movimiento, situándose en diferentes sitios (y aun adoptando posiciones diversas) a medida que avanzaban o evadían las arremetidas a pedradas o los balazos que llegaban desde el grupo que formaba el acusado; y de acuerdo al grado de intensidad de las fuerzas empleadas por cada bando.

Por lo demás, la sentencia atacada cuenta con una motivación lógica -de parte de los jueces que votaron- apoyada en conclusiones con sostén jurídico y fáctico, y tiene, además, una adecuada fundamentación.

De manera que tampoco prosperará el segundo agravio del recurrente, contra la sentencia de condena.

IV) Con tales fundamentos, coincido con mi colega preopinante en que el recurso deducido por la defensa del imputado debe desestimarse, con costas, y confirmarse la sentencia bajo examen en todos sus términos (artículo 24, inciso 2°, 415 y 485 del Código Procesal Penal).

V) Estimo ajustada a derecho la regulación de honorarios profesionales a la defensa pública que realizó el primer juez que sufragó, por la labor conjunta desarrollada en esta instancia (artículos 14 y concordantes de la Ley 2200, T.O. 4335; art. 59 de la Ley 4920, decreto 1303, BO.24/10/02).

Así voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el art. 357 del CPP (texto según ley 4550).

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ----------------- 1º) Rechazar el recurso extraordinario de casación deducido a fs. 409/20, por el Defensor Jefe de la Defensa Pública, doctor Alfredo Pérez Galimberti, con costas (artículo 24, inciso 2, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal).

2º) Confirmar la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Trelew, registrada con el número 16/05 y cosida a fs. 400/407 vta.

3°) Regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública en la suma de trescientos setenta y cinco pesos ($ 375.-), no incluye el importe correspondiente al IVA (artículos 14 y concordantes de la Ley 2200, T.O. 4335; art. 59 de la Ley 4920, decreto 1303, BO.24/10/02).

4º)Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Cortelezzi, Pfleger y Panizzi.-