Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-21


Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. Marcela Lidia Mancuso inició, ante la justicia en lo Contravencional y de Faltas, una acción de amparo (fs. 78/82 del expediente principal) con el fin de que se declarase la invalidez y posterior archivo del procedimiento tramitado en su contra ante la Dirección General de Educación Vial y Licencias del GCBA -DGEVyL- y, como consecuencia de ello, se ordenase el reintegro de los elementos de su propiedad retenidos.

El procedimiento citado tuvo su origen en el contenido del acta de comprobación nro. B3903310, labrada el día 16/03/2005, que documentó la falta consistente en la conducción del vehículo con taxímetro CFK 725, propiedad de la amparista, por un chofer no titular cuya habilitación se encontraba vencida por más de ciento veinte días (fs. 9 del expediente principal).

2. La actora sustentó la ilegitimidad del procedimiento en cuestión en la circunstancia de que ella, en su calidad de titular de la licencia del vehículo secuestrado, había abonado en forma voluntaria, ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas -UACF-, la suma de cincuenta pesos en concepto de multa por infracción de su dependiente (el conductor no titular) a las prescripciones del art. 4.1.9 de la ley nro. 451 [Régimen de Faltas] (fs. 8 y 24 del legajo administrativo).

En este sentido, la Sra. Mancuso argumentó que la decisión de proseguir las actuaciones administrativas ante la DGEVyL por un hecho que ya había sido ponderado por la UACF -esta vez, en función del art. 41 bis de la Ordenanza nro. 41.815, modificada por la ley nro. 787 [Régimen de funcionamiento y control del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro] (fs. 7 del expediente principal)-, vulneró la prohibición del bis in idem, lesionó el principio de igualdad ante la ley y, a su vez, afectó ilegítimamente su derecho constitucional de trabajar.

3. La jueza de primera instancia consideró improcedente el amparo deducido por la actora, puesto que el labrado del acta de comprobación nro. B3903310 permitió que se evaluase, de manera legítima, un doble orden de responsabilidades.

Por un lado, la UACF analizó la responsabilidad del conductor no titular que operó con su permiso vencido y, como consecuencia de ello, impuso una sanción de cincuenta pesos de multa que fuera abonada por la actora (cf. art. 5, ley nro. 415).

Por otra parte, la DGEVyL intentó verificar la responsabilidad que le correspondería a la Sra. Mancuso -titular de la licencia del taxímetro- por permitir que el hecho (descrito en el acta de comprobación citada) ocurriera.

En ese sentido, la jueza de primera instancia entendió que el accionar del GCBA no resultaba manifiestamente ilegal o arbitrario, sino que constituía una expresión válida del poder de policía propio del Estado local (fs. 117/123 del expediente principal).

4. Apelada esta decisión por la Sra. Mancuso (fs. 126/130 del expediente principal), la Sala I de la Cámara en lo Contravencional y de Faltas revocó el fallo de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo incoada y ordenó que la DGEVyL del GCBA archivase el expediente tachado de ilegítimo y restituyese a la amparista los elementos retenidos.

Al fundar su sentencia, los jueces señalaron que la acción incoada se hallaba extinguida a causa del "pago voluntario" (cf. art. 17, I, ley nro. 451) que había efectuado la ahora amparista ante la UACF y que, asimismo, las actuaciones ante ese organismo se habían iniciado respecto de la propia actora y no contra el conductor no titular de la licencia del vehículo (fs. 155/160 del expediente principal).

5. Frente a esa decisión, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 175/179 vta. del expediente principal), cuya denegatoria (fs. 194/196 vta. del expediente principal) motivó la presentación del recurso de queja bajo estudio (fs. 31/38 vuelta).

El recurrente consideró arbitraria la decisión de la Cámara puesto que, a su entender, los jueces desconocieron la vigencia de las normas jurídicas que regulan el servicio público de automóviles de alquiler con taxímetros; apreciaron de manera errónea los hechos al considerar que en la causa se realizó un "pago voluntario" en los términos del art. 17, ley nro. 451; y, por último -como consecuencia de esa evaluación particular de los hechos-, arribaron a una solución para el caso que interfiere de manera ilegítima en las funciones administrativas de control propias del Poder Ejecutivo local.

De este modo -sostuvo el GCBA-, la sentencia recurrida afectó el interés público comprometido, frustró el correcto ejercicio del poder de policía del Estado local, creó un privilegio inadmisible para la amparista y puso en peligro la seguridad pública (fs. 33/33 vuelta).

6. El Fiscal General Adjunto, en oportunidad de emitir su dictamen, entendió que la decisión de la Cámara tachada de inconstitucional no sólo importó una injerencia arbitraria del Poder Judicial en una función propia de la Administración local sino que, a su vez, esa sentencia desconoció los hechos de la causa al valorar como "pago voluntario" la suma que la amparista había abonado ante la UACF, puesto que el pago de ese importe debía ser entendido como cumplimiento de la sanción impuesta.

Consecuentemente, el Fiscal General Adjunto solicitó que se declarase procedente la queja intentada, se revocase la decisión recurrida y se reenviase las actuaciones al tribunal a quo para que él dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (fs. 45/48).

Fundamentos El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. En primer lugar, la queja, pese haber sido introducida en el plazo previsto por la ley y de la manera exigida por ella -por escrito; cf. art. 33, ley nro. 402-, no cumple con uno de los requisitos básicos del recurso en cuestión: en ningún momento critica la razón central por la cual la Cámara denegó su recurso de inconstitucionalidad, esto es, la inexistencia de un "caso constitucional" (reglas o principios constitucionales en juego).

En efecto, el recurrente, en el punto IV de su recurso (fs. 34 y ss.), apenas repite las razones por las cuales él entiende que debió dársele la razón en el pleito, al punto de que no menciona disposición constitucional alguna -sino, tan sólo, reglas infraconstitucionales- y se limita a aclarar que tiene "facultades que surgen de la Constitución Nacional y Constitución de la Ciudad de Buenos Aires" y que, con la sentencia, "se violó el principio de defensa en juicio y el principio de división de los poderes, y además interfirió en las decisiones de los otros poderes legalmente constituidos" (sic). 2. Según se observa, estas manifestaciones constituyen, precisamente, aquello que el Tribunal Superior ya ha aclarado hasta el cansancio que no puede surtir su competencia constitucional, pues "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes).

Ya desde este punto de vista el recurso es improcedente, puesto que resulta claro que el recurrente no ha logrado desvirtuar el argumento básico brindado por la Cámara para declarar inadmisible el recurso intentado.

3. A su vez, tiene razón la Cámara cuando deniega el recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA por no contener cuestión constitucional alguna.

Más allá del acierto o desacierto de la decisión cuestionada, es claro que el recurrente parece creer tener derecho a una nueva revisión judicial sobre los hechos y sobre el Derecho común (infraconstitucional).

Así lo explica en su queja e insiste en que la decisión viola el poder de policía de la Administración (con desconocimiento de su control judicial), en que la sentencia es arbitraria por yerro en la valoración de la prueba y en una interpretación del Derecho común aplicable al caso -mencionado expresamente-, quizá correcta, pero excluida del control recursivo que es competencia propia de este Tribunal.

Según se observa, aún desde este punto de vista, tiene razón la Cámara al no conceder el recurso de inconstitucionalidad, más allá del acierto o desacierto de su solución como último tribunal de mérito.

Se debe repetir aquí lo expuesto en el punto 2 de este voto en relación con la inexistencia de una tercera instancia sobre los hechos y el Derecho aplicable, que no cubre el recurso por inconstitucionalidad.

4. Por lo tanto, propongo rechazar la queja y confirmar la decisión de la Cámara que declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad. La jueza Ana María Conde dijo:

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, LPTSJ), posee un relato preciso de los antecedentes de la causa, como también, una crítica fundada del auto denegatorio del recurso cuya seriedad defiende. Asimismo, da cuenta de un caso constitucional real que debió habilitar la concesión del recurso resistido, lo cual, determina su procedencia desde el punto de vista formal y material.

En este sentido, los argumentos expuestos por la Cámara para declararlo inadmisible de ninguna manera logran objetar la entidad de los planteos propuestos en esa oportunidad -pues no resultan suficientes y se lucen desprovistos de la idoneidad necesaria para fundar su rechazo-.

Es necesario recordar que si bien, en principio, las cuestiones fácticas exceden el marco del recurso extraordinario local, esa regla no es absoluta y reconoce excepciones cuando, como en el caso, se denuncian con seriedad, deficiencias lógicas en el razonamiento del tribunal recurrido, pues, la previa existencia de un pronunciamiento válido es un requisito inexcusable para la adecuada vigencia de la garantía del debido proceso y su afectación efectiva habilita su evaluación, incluso, en esta instancia de control constitucional (cf. mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Vicla S.A. c/ DGR (Res. Nº 4412/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR'", expte. nº 1988/02, resolución del 02/04/03).

En rigor, no se trata de un supuesto en el que corresponda discutir un suceso histórico que se tuvo por acreditado en las instancias de mérito, sino, antes bien, reconocer si los extremos que se analizaron para aquello, surgen ciertamente de las constancias agregadas a esta causa o si, por el contrario, obedecen a una forma irracional o irreflexiva de comprenderlas.

Adviértase, que tanto el Fiscal General Adjunto como el recurrente coinciden en que los fundamentos de la decisión denotarían un acto de mera voluntad del tribunal a quo (fs. 47/vta) en virtud del señalamiento de gruesos y concretos errores que condujeron a la extraña determinación de la solución del caso.

Esa denuncia de ilegitimidad debe ser contrastada ante esta instancia pues, de concurrir los defectos que se apuntan, el estado de indefensión que pudo producir la resolución, lo exige.

Entonces, si el núcleo de la decisión se asentó en expresiones o elementos cuyos alcances no surgen del contenido del expediente -o representan un confuso juego dialéctico de lo ocurrido en el mismo-, se transforma en una construcción jurídica incierta e infundada que, desde su génesis, conmueve un derecho constitucional que llama a ser resguardado (cf. mi voto en "Rosa, Juan Manuel s/ art. 39 CC -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 3999, resolución del 13/10/05). En suma, los motivos que me conducen a admitir la queja son: por un lado, la generalidad de los argumentos brindados para fundar el rechazo de la vía extraordinaria y, por el otro, la invocada afectación del debido proceso bajo el ropaje de la denominada doctrina de la "arbitrariedad" -agravio que, conjuntamente, engloba el cercenamiento de las potestades constitucionales propias de la administración en el ejercicio del poder de policía-.

2. En mérito a la procedencia de la queja corresponde adentrarse en el estudio del recurso de inconstitucionalidad.

El razonamiento de la alzada puede sintetizarse del siguiente modo: ante el pago voluntario por una infracción al RF, la administración no puede continuar persiguiendo esa conducta a la luz de otra norma legal, debiendo proceder, en cambio, al archivo de toda actuación pues no puede negársele su efecto jurídico de extinguir la acción pública contra la titular de la licencia o explotación; de manera que, el Estado tiene la potestad legal para llevar adelante la nueva pesquisa administrativa cuando se comprueba el hecho y se aplica una 'sanción' en un procedimiento de faltas y, sólo en ese caso es posible disponer las sanciones administrativas (legalmente previstas) en el marco de su competencia respectiva.

En definitiva, el a quo precisó que sólo por la extinción operada era imposible tramitar el sumario administrativo que motivó esta acción de amparo y por ello resolvió hacer lugar a la misma.

El recurrente, por su parte, sostuvo que las constancias de la causa no permitirían tener por acreditado un pago voluntario, sino que, por el contrario, la autoridad de contralor (UACF) había sancionado con multa a la amparista (por la conducta prevista en el art. 4.1.9, RF) y en razón de ello, era ineludible la ulterior activación de la investigación en virtud del art. 41 bis de la OM 41.815, en la órbita de otro órgano administrativo (DGEVyL).

En su apoyo, alegó que aquella norma tiende a proteger el orden público local en cuanto al adecuado funcionamiento del 'servicio de taxi' y, eventualmente, al comprobarse la existencia de faltas, la administración puede sancionar a los permisionarios con la caducidad de sus licencias.

La actora, en términos generales, coincidió con el a quo en cuanto a la inexistencia de una acción que permitiera llevar adelante el nuevo sumario administrativo.

Enmarcada así la discusión corresponde evaluar objetivamente si las conclusiones obtenidas respecto de las constancias que se dicen valoradas responden a las reglas lógicas de la sana crítica pues, puede afirmarse con acierto que, el desacuerdo reseñado constituye una cuestión jurídicamente relevante por sus efectos atento que en un caso se extinguiría la acción y en el otro no (o en otras palabras, en un supuesto sería imposible continuar el trámite administrativo tachado de ilegítimo y en el restante no).

Ciertamente, la sentencia de Cámara incurrió en serios errores en su argumentación al apartarse de los hechos debidamente acreditados y esto afectó el debido proceso del recurrente al situarlo en un estado de completa incertidumbre.

Ello fue así, por varios motivos:

(i) En efecto, se partió de una premisa inválida que fue considerar que la jueza de instancia anterior había referido que se encontraba comprobado el supuesto pago voluntario efectuado por la amparista (fs. 16, 2º párr.).

Este punto de partida es incorrecto en tanto, puede apreciarse que "después de analizar los hechos ...no se extinguió la acción sino que, evaluados los hechos por la controladora, se llegó a la conclusión de que la conducta irregular existió imponiéndose una sanción" (fs. 11, resolución de primera instancia, resaltado en el texto).

De ese modo, la extraña aserción de la Sala fulmina la hipótesis fáctica sobre la que se asienta su decisión, toda vez que su tesis se presenta como un sofisma que pretende persuadir acerca de la veracidad de un estado de situación que, hasta ese momento, no era tal.

(ii) La simple lectura de las constancias mencionadas para fundar la solución, visiblemente, demuestran que su revisión fue desacertada pues se desestimó el sentido y alcance inequívoco que correspondía otorgarles (ver, en particular: fs. 25/vta de este incidente; fs. 24 de las copias certificadas del legajo nº 12844/05; fs. 114 de los autos principales), en tanto, de ellas surge que se aplicó una sanción de multa (de $50) aún cuando inconsistentemente se pretendió argumentar lo contrario.

En verdad, existió un pago voluntario, pero aquél se fijó con relación a un acta de comprobación que no guarda relación con el objeto procesal de este amparo (tampoco con la licencia que podría ser revocada) y por lo tanto no puede tener consecuencias jurídicas sobre éste.

(iii) Por último, se reconoció la ilegalidad del otorgamiento de un pago voluntario en un caso en el cual no estaba permitido -el monto abonado no se corresponde con el exigido (75% del mínimo) y no tenía andamiento por ser una conducta reprimida con inhabilitación- y no obstante, se insistió en presentar (sin base legal alguna) a una sanción impuesta y consentida por la actora como algo diferente, cuyo efecto, vale aclararlo por redundante que pudiera parecer, determinaba el fatal destino de un sumario administrativo.

Entonces, es claro que no se trataba exclusivamente de una cuestión de hecho, sino, más bien, de un planteo que repercutía en forma directa en el derecho aplicable y en la solución que se imponía adoptar de conformidad con aquel: de no existir el pago voluntario el amparo debía ser rechazado en virtud de los fundamentos de la propia Cámara.

El recurrente, al demostrar que la sentencia se construyó en base a una aparente (o falsa) apreciación de sus constancias evidenció que ella no constituye un acto judicial válido -esto es, la derivación lógica y razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas-.

En consecuencia, me pronuncio por revocarla en esta instancia (cf. art. 31, LPTSJ).

Del mismo modo, corresponde rechazar la acción de amparo habida cuenta que no se advierte la irrazonabilidad o ilegitimidad manifiesta en la coexistencia de los distintos tipos de sanciones que la administración intenta hacer efectivas.

Ello es así, en tanto, la regulación del servicio de taxi se trata de una facultad propia del poder de policía local y si por razones de mérito o conveniencia se prevé que, a la inobservancia de la normativa en materia de faltas (por su gravedad o persistencia), le sigue la imposición de una sanción de carácter netamente administrativa como la caducidad de una licencia o habilitación -cuya concesión vale recordar, siempre es restringida por la administración que los controla, reglamenta y fiscaliza por referirse al uso del espacio público y la prestación de servicios que allí se realiza-, no encuentro obstáculos de orden constitucional que lo impidan. Estas observaciones no importan emitir un juicio acerca del eventual resultado que pueda derivar de la reapertura del sumario que aquí se ordena sustanciar (Expte. nº 18.573/DGEVyL/2005).

3. Por ello, voto por: 1) admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad; 2) revocar la resolución de fs. 13/18 y, en consecuencia rechazar la acción de amparo intentada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de la doctora Ana María Conde.

Sólo deseo enfatizar que debe descartarse que el pago de una multa impuesta por violación al Régimen de Faltas inhiba al Estado local para ponderar tales infracciones y, ante su gravedad o reiteración, ejercer las potestades propias e indelegables que posee en todo lo que hace al control de una actividad de relevante interés para la comunidad, como sin duda es el servicio de transporte público de pasajeros (en el que cabe incluir el prestado por taxis, remises, colectivos, etc.), actividad definida por calificada doctrina como un verdadero "servicio público impropio" (cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 25).

En este sentido, es posible prever sanciones de apercibimiento, suspensión e, incluso, la posibilidad de decretar la caducidad de la licencia que permite ejercer la mencionada actividad (cf. art. 41 bis de la ordenanza nro. 41.815, texto según ley nro. 787).

De lo contrario, caeríamos en una situación ciertamente irrazonable, dado que nos encontraríamos ante un sistema que tolera que los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros violenten las reglas contenidas en el régimen que regula la actividad, mientras puedan afrontar las sanciones pecuniarias, esto sería como consagrar para los permisionarios el apotegma "infrinja mientras pague".

Por las consideraciones expuestas y las vertidas en sentido concordante por el señor Fiscal General Adjunto, corresponde: a) admitir la queja interpuesta por el GCBA; b) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad; y c) rechazar la presente acción de amparo iniciada por la señora Marcela Lidia Mancuso.

Así lo voto. El juez Luis F. Lozano dijo:

1. Adhiero a la solución propuesta por la jueza Ana María Conde.

2. Sintéticamente expuesta, la situación de autos es la siguiente.

Mediante el procedimiento del régimen de faltas se arribó al pago de una multa fijada por el controlador de faltas.

La conducta reprochada consistió en que el taxi, de titularidad de la actora, circulaba en infracción a las normas que regulan el servicio (artículo 4.1.9 del Código de Faltas).

Posteriormente, la actora instó este amparo a fin de impedir que la Dirección General de Educación Vial y Licencias ejerciera las competencias que le son propias para examinar si existían las causales del art. 41 bis de la Ordenanza nro. 41.815 -conforme la modificación introducida por la ley nro. 787- que podrían determinar la pérdida de la licencia de servicio de taxi nro. 2681.

La solicitante de amparo sostuvo que de ese modo resultaba violada, entre otras, la garantía del non bis in idem, en razón de que la aplicación de aquella primera sanción impedía volver a considerar la misma conducta a efectos de aplicar una segunda sanción.

El otorgamiento de la licencia de servicio de taxi importa conceder un servicio público.

Es decir, no es un derecho del que goce toda persona, sino un privilegio que asiste a aquellos que la Administración escoge, siguiendo reglas de selección de naturaleza legislativa, y sobre quienes pesan, a partir del otorgamiento, cargas de las que depende su mantenimiento.

El procedimiento administrativo que comenzó a desarrollar la Dirección General de Educación Vial y Licencias no tenía más propósito que expedirse acerca de estas cargas y, en su marco, el retiro de la licencia no es, como principio, una sanción penal, o penal administrativa, puesto que no priva de un derecho, sino que ejerce una potestad de la Administración en el contexto del vínculo de derecho público que la liga con el licenciatario.

La compatibilidad entre la sanción de multa impuesta (art. 4.1.9 CF) y la caducidad de licencia (art. 41 bis, ya citado) obedece a que la última guarda "relación con la supremacía especial que dimana (...) de la prestación de un servicio" o porque existe entre la "Administración y el sujeto (...) una relación de supremacía especial".

La concurrencia de ambas potestades se admite por "la dualidad de fundamento[s]" que las justifican (cf. Joaquín Meseguer Yerba, "El principio 'non bis in idem' en el procedimiento administrativo sancionador", ps. 19/22, Bosch, Barcelona, 2000).

En el primer caso, proteger la seguridad en la circulación (uno de cuyos aspectos consiste en facilitar el control policial) y, en el segundo, asegurar el funcionamiento del servicio público conforme a las condiciones que habilitan su ejecución, en relación con cada licencia otorgada.

Mientras que el régimen de faltas vincula a la categoría genéricamente considerada (todos los titulares o responsables que infrinjan la reglamentación), la caducidad de la licencia del servicio implica la supresión de un privilegio, originado en un vínculo particular entre la Administración y el licenciatario cuya vigencia está supeditada, en principio, al cumplimiento de las condiciones impuestas al prestador.

La infracción administrativa analizada (art. 4.1.9) se dirige a una clase específica, cuyos miembros están sujetos a una supremacía especial (vgr. remises y/o taxis).

Sin embargo, esa sanción no aparece a propósito del ejercicio de aquella supremacía, sino como una manifestación del control de la circulación del tránsito, idéntica a la que se ejerce sobre todo automovilista, aunque alcanza a elementos requeridos específicamente para la clase involucrada y con ello a dicha clase.

Para ilustrar el concepto, basta señalar que cualquier automovilista para circular debe contar con licencia para conducir, aunque, ella deberá ser profesional en los casos regulados como tales, conductor de taxi por ejemplo.

La infracción que sanciona el incumplimiento de la regla emana, para ambos supuestos, de la misma fuente, régimen de faltas, y no, en el caso del conductor de taxi para continuar con el ejemplo dado, de la relación especial que consagra el servicio público en cuestión.

Cierto es que la Ordenanza 41.815 coloca el art. 41 bis dentro el Capítulo X denominado "De las penalidades". Pero, el título no es suficiente para extraer consecuencias.

"Sanciones" o "penalidades" hay también en el mundo de los contratos; no solamente dentro del ámbito penal o penal administrativo.

Lo determinante en el caso es que el bien del que se vería privado el presunto incumplidor es la licencia, y la conducta reprochada, un incumplimiento de los deberes que asume como licenciatario.

Ello no significa que la pérdida de la licencia no pueda ser escogida, por el legislador, como sanción penal, o penal administrativa.

Sería ése el caso si la pérdida obedeciese a una conducta calificada como delito o falta; pero, en la medida que no constituyera infracción a un deber asumido con la licencia y, a su vez, no uno que pese genéricamente sobre cualquier persona o sobre una clase.

En lo que nos ocupa, la sanción de multa aquí aplicada (art. 4.1.9) y la pérdida de la licencia para prestar el servicio en cuestión (art. 41 bis, Ordenanza nro. 41.815, texto ley nro. 787) son manifestaciones de potestades estatales diversas que no pueden ser confundidas.

En relación con la primera, la ley nro. 451 establece las faltas y las sanciones relativas a las infracciones cometidas por una categoría de sujetos (arts. 4.1.7 y ss), sin incluir el control de las licencias en sentido propio; mientras que la ley nro. 1217 atribuye a la UACF la aplicación de aquellas, sujetas luego al control judicial ejercido por la Justicia Contravencional y de Faltas.

Por su parte, ya el decreto nro. 132/96 asignaba el control del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro a una autoridad administrativa. El ejercicio de tal función fue concretado, en el caso, por la Dirección General de Educación Vial y Licencias, cuya decisión, habría quedado expuesta, a requerimiento de parte legitimada, al control judicial.

En tales condiciones, la presente actuación judicial ha venido a frustrar arbitrariamente el desarrollo de una función administrativa, sin que concurra la mínima apariencia de una doble sanción.

Vale señalar que, en el criterio del a quo, bastaría la actuación unilateral del administrado -pago voluntario- para enervar el derecho de la administración a mantener el vínculo tan sólo con los licenciatarios cumplidores; algo difícil de comprender.

La norma contenida en el art. 17 del Código de Faltas prevé un mecanismo para extinguir ciertas acciones, las dirigidas a castigar las faltas cuya única consecuencia sea la multa.

Obviamente, aun cuando el pago hubiera sido voluntario, y la consecuencia que la actora teme una sanción, no habría sido posible evitarla por el mecanismo del art. 17 mencionado, precisamente porque quien plantea la aplicación de esa norma busca con ella evitar una consecuencia bien distinta de una multa.

En otras palabras, si la caducidad de la licencia fuera una sanción, no cabría eludirla mediante el pago voluntario.

3. Por lo expuesto voto por hacer lugar a la queja, así como al recurso de inconstitucionalidad y rechazar la acción de amparo.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto de la jueza Ana María Conde.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado con el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir el recurso de queja interpuesto a fs. 31/38 vuelta.

2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de fs. 185/188 del expediente principal.

3. Revocar la resolución de fs. 155/160 del expediente principal y, en consecuencia rechazar la acción de amparo intentada.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita este legajo a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, junto con los autos principales.