marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, Francisco Bautista. s/ RECURSO DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-02-29

Es improcedente el recurso de amparo donde la lesión o amenaza no aparezca en forma manifiesta e inmediata como arbitraria, sin necesidad de controversia y al margen de toda investigación, razón suficiente para rechazar esta vía cuando se requiera de la producción de abundante prueba -art. 5, inc. 1 Decreto nro.

2582/46.
Daños y perjuicios, indemnización, fórmula matemática
Materia: CIVIL
Carátula: ARRIETA Franco Emiliano y Ramos Maria Belén c/ Mecina Antonia Elia y Ceballos Anabela s/ Ordinario - Conexidad Con Autos Nº127062
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-17

Si bien la crítica de la parte actora relativa al monto fijado, hace referencia a la necesaria aplicación de fórmulas matemáticas, ello no fue planteado en el escrito de demanda como método de cuantificación del daño por "incapacidad sobreviniente", por lo que al no haber sido propuestos a la decisión del juez de primera instancia, sino que -por el contrario- se dejó expresamente a criterio del sentenciante la determinación del monto, no puede prosperar como agravio en esta instancia recursiva (arg. art. 262, CPCCyM).

Sin perjuicio de ello, se ha sostenido en la doctrina que para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidente de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que debe tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio (que no es arbitrariedad) judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte como por incapacidad permanente.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Municipalidad, docentes, remuneración, antigüedad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MAÑA, GUSTAVO ADOLFO c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

El reproche de la compareciente resulta atendible puesto que, siendo necesaria la acreditación de la falta de pago del adicional por antigüedad reclamado como presupuesto para continuar analizando la pretensión esgrimida, fue soslayado por el Tribunal al dictar un pronunciamiento que se desentiende de las circunstancias que sirven de base a su conclusión; y si bien es cierto que en el caso de los docentes dicho suplemento no se abonaba de conformidad a lo establecido en la ley 9286 (que acuerda para el pago de la antigüedad en los casos del personal del escalafón general el 1%, luego modificado al 1,5% y finalmente, al 2% del básico) de las constancias de la causa se desprendía el pago del mismo, aunque en modo diverso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 71/15 de la Municipalidad de Puerto General San Martín.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA MARIO BALTASAR c/ AGUIRRE PINASCO S.A s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-02

Para la concesión del recurso extraordinario, no procederá la tacha de arbitrariedad de sentencia en el caso de que la sentencia impugnada tenga fundamentación suficiente y el apelante sólo cuestiona el enfoque e interpretación de la decisión recurrida.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, intendente, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olmos, Jsoé Ramón c/ Muncipalidad de Granadero Baigorria s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 262-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-13

No son suficientes a los fines de encuadrar el caso en el artículo 14 de la ley 11330, las razones que propone el actor para demostrar la ilegitimidad del acto por el cual el Intendente municipal revocó el decreto mediante el que se lo había designado como personal de planta permanente, ocupando un cargo vacante, puesto que del examen liminar propio de esta instancia, no surge que dicho decreto hubiera dispuesto la "promoción automática" del actor -lo cual, por lo demás, supondría que ya pertenecía a la planta del personal permanente-; y, especialmente a la luz de los artículos 38 y 43 del Anexo II de la ley 9286, no resulta que la sola invocación del artículo 92 de ese mismo cuerpo normativo justifique el otorgamiento de la tutela cautelar que pretende el recurrente.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Russo, Patricia c/ Instrumedica S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-18

La naturaleza de algunos de los productos comercializados no es lo que determina su encuadramiento convencional sino que ello depende de su actividad principal - conforme Fallo Plenario 36 del 22/03/1957, "Risso, Luis P. c/ Química La Estrella" - . Por ende, en el caso de la demandada, no resulta aplicable el C.C.T. 130/75 (comercio) por cuanto no se trata de una entidad mercantil ni estuvo representada en su negociación, sino que es una sociedad dedicada al mantenimiento, reparación y venta de equipos médicos hospitalarios. En consecuencia, corresponde encuadrar la labor desarrollada por la actora dentro del ámbito del C.C.T. 260/75 (metalúrgicos). (Del voto del Dr. Zas, en mayoría)
Estado de necesidad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: M, S. s/ Hurto (EXPTE. Nº 16-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-22

El estado de necesidad no precisa ser expresamente probado ni por quien alegue su existencia ni por quien la niegue en tanto y en cuanto de las propias particularidades del caso y de las constancias de la causa sea válido arribar a conclusiones valederas en uno u otro sentido.
Derechos humanos, retroactividad de la ley, orden público
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La imperatividad de las normas que rigen en materia de derecho internacional de los derechos humanos las torna aplicables aun retroactivamente en virtud del principio de actualidad del orden público internacional (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Despido, reingreso a la actividad remunerada
Materia: LABORAL
Carátula: Zenequelli Eleonora c/ Asociación Civil Universidad Argentina John F. Kennedy s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-29

No existe un derecho a despedir pagando, sino que, antes bien, el despido entraña un acto ilícito; y se justifica la obligación de indemnizar a cargo del empleador en la idea que éste lesiona la expectativa del dependiente a conservar el puesto de trabajo hasta encontrarse en condiciones de alcanzar el beneficio de la jubilación. Pero lo cierto es que la situación del despido del trabajador activo no es la misma que la que atañe al trabajador pasivo y, por lo tanto, la persona jubilada que reingresa a la actividad no ve lesionada su expectativa a conservar su puesto de trabajo hasta alcanzar las condiciones necesarias para jubilarse, porque ya accedió a la jubilación. De allí, que a la trabajadora que ya había obtenido su jubilación y había continuado trabajando para el mismo empleador, al ser luego de algunos años despedida, la indemnización por antigüedad debe computarse desde la fecha de su jubilación y no desde la fecha inicial de ingreso.
Juicio abreviado, Ministerio Público, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: JORGE LUIS RUIZ s/ ROBO EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-05

En un procedimiento de juicio abreviado el pedido de pena formulado por el Ministerio Público es el que fija el marco punitivo al que debe atenerse el tribunal.

En orden a la calificación jurídica y el pedido de pena propuestos, se ha dictado el siguiendo fallo CONDENANDO al acusado a la pena de TRES MESES DE PRISION DE EJECUCIÓN EN SUSPENSO Y COSTAS, por resultar autor penalmente responsable del delito de ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA, en los términos de los arts. 164, 42, 29 inc. 3º, 40 y 41 del Código Penal.- Se impone además al penado y por el término de Dos Años, a partir de la fecha en que la presente quede firme, la obligación de constituir domicilio, la de presentarse dentro de los diez primeros días de cada mes por ante la autoridad policial con jurisdicción de su domicilio, la de abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, y la de procurar una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades, todo ello mientras dure el término de prueba, bajo apercibimiento de Revocarse a Condicionalidad de la pena impuesta (art. 27 bis del Código Penal).-
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, responsabilidad objetiva, culpa civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Beleizán, Lorenzo c/ Lotz, Luis Ramón; Astudillo, Enrique Jorge; Don Martín SA s/ Daños y Perjuicios por Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-08

Siguiendo a Mosset Iturraspe esta Sala ha sostenido que la concurrencia de dos comportamientos riesgosos no neutraliza la imputabilidad a título de culpa, como la concurrencia de dos conductas culposas no impide la aplicación de los principios de la imputabilidad subjetiva.

Se trata, pues, de medir cuál es el porcentaje de riesgo con el que ha contribuído cada una de las partes en la producción del daño.

Indudablemente para ello será necesario entrar en la teoría de la culpa, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho indiscutible de que las cosas son más o menos riesgosas; de tal modo que la conducta humana viene de ese modo a tener un papel preponderante en la determinación de la responsabilidad que corresponde asignar a cada uno".
Sentencia definitiva, desindexación, aplicación de la ley, cosa juzgada
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: BONAVITA, JUAN c/ ELMA s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Resulta inaplicable el art. 1 de la ley 24283 cuando existe sentencia definitiva confirmada por la Sala, de lo contrario se afectaría el derecho de propiedad del acreedor, al poder replantear en la etapa de liquidación una cuestión ya resuelta en forma definitiva (cfr.

C.N.Civil Sala C y K 14.9.94 y 22.11.94 respectivamente).
Despido, notificación, trabajadores de la construcción, rescisión del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: López, Juan Carlos c/ Inmar S.A. s/ Haberes por estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

La declaración de la cesantía dispuesta por el empleador como la del trabajador que se considera despedido revisten el carácter de recepticias y por tal razón una vez que la comunicación llega a la esfera jurídica del destinatario, la rescisión contractual queda consumada y resulta improcedente toda consideración respecto de la conducta que posteriormente asuman el trabajador o el principal y que ninguna gravitación puede tener sobre la relación de trabajo ya extinguida, sin que pueda sostenerse que la obligación contenida en el art. 22 de la ley 22.250 tenga como efecto restar eficacia a la cesantía dispuesta ni alargar una vinculación laboral ya extinguida.
Sentencia, nulidad de oficio, veredicto
Materia: LABORAL
Carátula: Pueblas, Pedro y otro c/ Frigorífico Mellino S.A. s/ Diferencia de salarios, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Deben anularse de oficio el veredicto y la sentencia del tribunal del trabajo si en la primera de dichas piezas procesales no se ha concretado si se acreditaron o no las circunstancias fácticas que resultaban imprescindibles establecer para la solución del caso, conforme la cuestión planteada, ni tampoco se resolvieron los temas cuya dilucidación se planteó y que son abordados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo cual impide a la Suprema Corte el ejercicio de su potestad revisora.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rossi, Rodolfo c/ ABOUT S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

El pedido de ordinarizar las actuaciones en función de las causales de hecho y derecho invocadas precisamente como fundamento de las excepciones de falta de legitimación e inhabilidad de título opuestas, resulten totalmente improcedentes porque tal aspiración importa negar la existencia misma del proceso abreviado y desconocer el principio de rigor cambiario que apuntala la seguridad del título cheque y su circulación (arts. 5l8, 521 Código Procesal).
Obligaciones internacionales, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica, supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina c/  s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-11-22

Conforme lo establecido por la Convención Americana -artículo 68-, los Estados Parte se comprometen a ejecutar lo resuelto por la Corte Interamericana en todo caso en que sean parte, lo que incluye asimismo, el deber de informar al Tribunal sobre las medidas adoptadas a fin de cumplir con cada uno de los puntos ordenados, resultando tal conducta esencial para garantizar el cumplimiento efectivo de la Norma Convencional.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, daño irreparable, actuación de oficio, medidas urgentes, medidas provisionales, deber de información, debida fundamentación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Millacura Llaipén y otros s/ medidas provisionales respecto de la República Argentina
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-02-13

A fin de mantener las medidas provisionales es necesario que la situación acreditada de extrema gravedad y urgencia, y la necesidad de evitar daños irreparables, tenga vigencia manteniendo una relación directa con los hechos que motivaron el otorgamiento de las medidas provisionales, por lo que ante requerimientos de la Corte Interamericana para evaluar su mantenimiento, dicha información debe estar debidamente acreditada y fundamentada, en razón del carácter excepcional de este tipo de medidas, referidas siempre a una situación específica, temporal y que, por su propia naturaleza, no pueden perpetuarse indefinidamente.
Contratos, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: DAKAK, Humberto c/ COLLAVINO, Alfredo R. s/ Ordinario: Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-11-06

Los contratos deben ser interpretados de buena fe, de acuerdo a los que verosímilmente las partes creyeron o pudieron creer (art.1198 CC.). Si los negocios jurídicos son claros no es menester interpretarlos, en razón de que dicha tarea se inicia cuando los convenios presentan dudas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, competencia comercial, acción de amparo, nulidad de la resolución, sociedad por acciones simplificada, cuestión de derecho común, tipo societario, aplicación supletoria de la ley, LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Asea - Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil y otros c/ Inspección General de Justicia  s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Es competente el fuero en la nacional comercial para entender en la acción de amparo destinada a obtener la declaración de nulidad -por inconstitucionalidad- de las resoluciones generales de la Inspección General de Justicia 5, 9, 17, 20 y 23/2020 vinculadas a las sociedades por acciones simplificadas, pues se advierte que el contenido material de la pretensión requiere -primordialmente- establecer el sentido y alcance de normas de derecho común, típicas y especiales del derecho comercial; en tanto sin perjuicio de la caracterización que de estas sociedades formula la ley 27.349, lo cierto es que ella constituye un nuevo tipo societario, con aplicación supletoria de las disposiciones de la ley general de sociedades 19.550
Evasión previsional, monto mínimo, deuda previsional, régimen penal tributario
Materia: PENAL
Carátula: Rey, Gabriela s/ Archivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Para analizar si la deuda supera los topes previstos en el art. 3 de la ley 23.771 debe entenderse a la deuda global y no al resultado de la sustracción de las sumas que se ingresan con posterioridad.
Depreciación monetaria, jueces, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: AGUSTIN DURAÑONA Y VEDIA Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO DE LA NACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

El hecho que la lesión producida por la inflación, en la retribución de los magistrados correspondiente a mayo de 1985, no haya continuado en los meses siguientes, no ha cancelado la subsistencia de los efectos de la misma lesión.
Información sumaria, cuestiones de competencia, derecho a la identidad, procedimiento laboral
Materia: CIVIL
Carátula: SHAW,   Robert c/ DYPSA   DESARROLLOS  Y  PROYECTOS  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

La información sumaria tendiente a consignar la identidad de una persona demandada en un expediente laboral sobre despido, sobre la cual recayó sentencia condenatoria y la identificación tiene por finalidad la ejecución del fallo, debe radicarse ante el juzgado del trabajo que previno en el proceso laboral, dado que declaraciones como la solicitada sólo son admisibles dentro del contexto de un trámite determinado y no en abstracto. Lo expuesto sumado a razones de celeridad, economía procesal y prevención, impone radicar la causa ante el fuero del trabajo.

(Sumario N°20555 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Asociaciones sindicales, personería gremial, conflicto intersindical, libertad sindical
Materia: LABORAL
Carátula: CTERA c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-10

La CTERA es una entidad sindical de 3' grado con personería gremial y con una zona de actuación amplia, pero no nacional. El hecho de que dos asociaciones sindicales adheridas a CTERA hayan decidido emprender una experiencia federativa, revela el ejercicio de la libertad sindical, pero no constituye obstáculo alguno a la plena realización de los trabajadores representados por dichas asociaciones o encuadrados en aquélla.
Docentes, prescindibilidad, razones de seguridad, inhabilitación profesional, derecho de enseñar y aprender, daños y perjuicios, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESPERANTE, ELVIRA c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION) s/ ORDINARIO- DOCENTES- PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-14

En cuanto a la nulidad de la resolución ministerial que inhabilitó a la actora por razones de seguridad (art. 1 de la ley 21 381), para ejercer la docencia en instituciones privadas, cabe recordar que la Sala I tiene declarado con reiteración que en virtud del derecho de "enseñar", que garantiza la Constitución Nacional en su art. 14 y la protección de que goza el trabajo con arreglo el art. 14 bis, interpretados en relación con el art. 18, que prohíbe penar a ningún habitante de la Nación sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, no cabe interpretar que en el art. 1ro. de la ley 21.381, se haya facultado a las autoridades ministeriales para disponer con carácter punitivo la inhabilitación de los docentes a quienes se imputen gravísimas inconductas, sin el debido proceso sumarial, o la suficiente fundamentación fáctica; y, mucho menos, que las medidas adoptadas fueran irrevisables por el Poder Judicial, contra los principios consagrados en los arts. 95 y 100 de nuestra Carta Fundamental.- En cuanto a la reincorporación, atento que la actora no se encuentra en relación de empleo público con el Ministerio de Cultura y Educación, sino sólo vinculada con una institución privada en la que ejercía la docencia, no resulta procedente puesto que, además, en el SUB JUDICE solo se discute la inhabilitación legal genérica.

En cuanto a la indemnización, la CSJ ha reconocido en casos como el SUB LITE la existencia de un da╦o cierto que guarda relación causal con el hecho determinante de la responsabilidad, sin que la exigencia de prueba negativa de no haber realizado otras tareas, remuneraciones o no haber reemplazado la actividad habitual, se compadezca con una razonable interpretación de los principios que rigen la carga de prueba.- El CUANTUM resulta adecuado porque no se ve la razón de que las sumas a pagarse deban abarcar más allá de la fecha en que le firme la nulidad de la resolución mediante la cual aquella fue inhabilitada y menos aún extenderse hasta que estuviera en condiciones de jubilarse, ya que a partir de ese momento nada le impide, removido el obstáculo legal, dedicarse nuevamente a sus tareas específicas.- El da╦o moral se encuentra fundado en la gravedad objetiva de la falta de sustento de la tacha subversiva o disociadora que motivó su inhabilitación, lo cual razonablemente, provoca una lesión anímica, un detrimento espiritual que debe ser reparado (art. 1078 del Código Civil).

El tiempo transcurrido durante la inhabilitación corresponde conmutarlo a los fines previsionales como un modo de resarcir integralmente los perjuicios que se le ocasionara.-
Superintendencia, llamado de atención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santa Marina, Alberto Patricio s/ Avocación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El llamado de atención reviste el carácter de sanción cuando implica una invocación al orden de carácter enérgico y conminatorio aplicada a magistrados y funcionarios (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A.F. López).
Sociedad cooperativa, exclusión de socio, restitución de aportes, indemnización, intereses moratorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. Nro. 37085 RAMíREZ, CARLOS FABIAN c/ COOP. DE VIV. PERS. Y.P.F. GENERAL MOSCONI s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-05

Cuando el objeto principal de una demanda está constituido por el reembolso de los aportes efectuados en una cooperativa, con motivo de la exclusión de un asociado de esta entidad, lo lógico sería reconocer como único rubro indemnizatorio -consistente en una suma de dinero que deberá desembolsar la Cooperativa accionada-, a los intereses moratorios por la demora en la efectivización de la restitución de esos aportes.
Recurso extraordinario, trámites judiciales, juicio político, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: Moliné O Connor, Eduardo s/ su juicio político.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-27

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde correr traslado a la Cámara de Diputados de la Nación del recurso extraordinario cuya denegación origina la queja.
Improcedencia del recurso, deserción del recurso, violencia de género
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Pequera, Alan Ezequiel s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-18

La resolución que declara desierto el recurso de apelación, por no haberse presentado el memorial de fundamentación dentro del plazo, no resulta susceptible de impugnación por la vía de la queja.