Improcedencia del recurso, sentencia condenatoria, accidente de tránsito, insuficiencia del agravio, prisión, homicidio simple, dolo eventual, calificación legal, ley penal más benigna, ley vigente, falta de acción, incapacidad sobreviniente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B. T., M. F. c/  s/ homicidio simple en perjuicio de B., V. B., G.; B. O.; G., A.; R., M. A. Y V., D. A.-recurso de casación con preso
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-09-02

Resulta improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de la imputada contra la sentencia mediante la cual fue condenada a la pena de ocho años de prisión -por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual-, dado que su expresión de agravios luce insuficiente para rebatir la sentencia atacada.

En cuanto al agravio vinculado a la falta de acción por prescripción, la decisión sobre la absolución y el sobreseimiento, lo son sobre el hecho investigado y no en relación al tipo penal o calificación jurídica en la que se encuadre. Es que, la calificación jurídica contenida en el auto de prisión preventiva o la efectuada por el fiscal al momento de formular la acusación, no obligan al juzgador al momento de resolver la excepción de prescripción. Por lo dicho, es correcta la decisión del a quo en rechazar el sobreseimiento por prescripción de la acción.

Lo adverso de la postura del recurrente vinculada al cambio no asentido del régimen procesal, no sólo presenta contornos difusos, sino que exterioriza algún matiz formal que se vincula con una mirada sesgada; por eso no es de recibo dicho agravio. En este orden, corresponde recordar que la defensa solicitó el sobreseimiento de la imputada por la causal de insubsistencia de la acción penal por plazo razonable, sin que dicho instituto tuviera algún viso de recepción en la Ley 6345 y sus modificatorias 7262 y 7562. Si bien no se desconoce su raíz constitucional ante la falta de previsión expresa, lo concreto es que su delimitación tiene base concreta en las disposiciones del CPP Ley 7690.

Aunque la defensa expresó que la perito de parte -psiquiatra- indicó que la imputada no se hallaba en condiciones de comprender el hecho que se le imputaba, ha de apreciarse que su contenido no parece encontrar apoyatura en lo dispuesto por el art. 95 del CPP en lo que refiere a suspensión del debate, por una sobreviniente incapacidad mental de la persona imputada.

Tampoco pueden prosperar los agravios con respecto a los vicios en la reconstrucción de los hechos y en la selección y valoración de la prueba, pues los argumentos defensivos se advierten insuficientes.

En relación a la calificación de error de subsunción, ésto es, sobre la calificación jurídica aplicable al hecho, cabe decir que existió una conducta dolosa por parte de la acusada; en definitiva, luce probada la atribución del dolo. Por ello, cuando se trata de mensurar el grado de respuesta que al Derecho Penal le atañe comunicar desde su función, la disposición de la persona cuando emprende un obrar contrario a lo que la regulación penal le impone -disvalor de acción-, será el criterio base para establecer desde lo comunicativo, cuán intenso y extenso se muestra el mandato contrariado, desde una relación individuo-sociedad.

Por último, con respecto al argumento referido a la procedencia de un supuesto de aplicación de la ley penal más benigna -art 2 CP-, debe precisarse que los presupuestos establecidos por el legislador para que una persona imputada por un homicidio en circunstancias de conducción vehicular, acceda a ese menor reproche, son marcadamente limitados y rígidos en cuanto a caudal de concurrencia. Ello así, Cotejadas dichas variables con la casuística del caso, se observa que la sola verificación de más de una víctima fatal ya agota el cupo fijado por el legislador, como límite de tolerancia para atenuar el reproche penal, máxime que la imputada no intentó socorrer a alguna de las víctimas, por lo que la exclusión de la regla como aplicable al caso, se torna inexorable.