Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-03-17


SENTENCIA NÚMERO: DIEZ En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia Sesto de Leiva -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 07/14, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas, en contra de Auto Nº 36/13, de Expte. Nº 126/11 -Tula Garín, Omar A. - Les. Culposas", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿El recurso de casación ha sido debidamente concedido? 2º) En su caso, ¿Corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta al abogado defensor del imputado? 3º)	¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 11, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 36/13, de fecha 9/12/13, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación resolvió, en lo que aquí concierne, lo siguiente: I) No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad articulado por la defensa técnica del imputado a fs. 186/187, por resultar el mismo improcedente, dilatorio y manifiestamente obstructivo en orden al accionar de la Justicia (art. 470, 430, 441 y concordantes del CPP), con expresa imposición de costas (arts. 536, 537, 539 y correlativos del CPP). II) Imponer al Abogado de la defensa técnica Dr. Luciano Alberto Rojas una multa equivalente al salario de un Secretario de Primera Instancia por incumplimiento de sus obligaciones procesales y profesionales (art. 126, 125 y concordantes del C.P.P.; ley de Creación del Colegio de Abogados de la provincia; Ley orgánica del Poder Judicial -art. 108- y art. 45 del CPC y C) II. Contra esa decisión se alza el defensor del imputado Omar Atilio Tula Garín, Dr. Luciano Alberto Rojas, que interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo previsto en el inc. 1 del art. 454 del CPP., es decir, la errónea aplicación de la ley sustantiva.

Dice que es un error del juzgador sostener, como lo hizo en este caso, que la constitucionalidad de las normas sólo se puede plantear mediante un recurso en contra de una sentencia o un auto, por lo que, a su entender, confunde el recurso de inconstitucionalidad con la acción de inconstitucionalidad; por lo que pide al Tribunal que case la decisión cuestionada y ordene la remisión de las actuaciones a otro juzgado para la resolución del planteo de inconstitucionalidad efectuado.

Dice también que los tribunales tienen distintas herramientas para quitarles virtualidad a los planteos de las partes sin afectar el libre ejercicio de la defensa y que, por ello, en tanto cercena el derecho de defensa de su asistido, le agravia la sanción que le impuso el Juez a quo, la impugna y pide a la Corte que la deje sin efecto.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III) Después de revisar las presentes, observo que el juicio efectuado por el tribunal a quo sobre la admisibilidad del presente recurso de casación omitió la debida consideración que merece la cuestión relativa a la definitividad de las decisiones cuestionadas, como condición indispensable para la procedencia de la vía intentada.

Asimismo, que en el Punto I de la resolución recurrida el tribunal a quo rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la pena prevista en el art. 94 Código Penal para el delito de Lesiones Culposas en el que, desde el inicio del proceso, fueron enmarcados legalmente los hechos atribuidos al imputado Omar Tula Garín.

Constato también que se encuentra pendiente el debate o juicio que defina la situación del imputado por lo que la acusación no ha sido aún mantenida ni ha sido emitida todavía opinión por el Fiscal Correccional sobre el mérito de la prueba que sustenta la imputación. Así las cosas, cabe concluir que si dicho funcionario eventualmente mantuviera la acusación y solicitara la aplicación de una pena en los términos de la norma referida, el planteo constitucional efectuado podría ser reeditado.

Por ello, en tanto puede tener remedio en una fase ulterior del proceso, el gravamen constitucional invocado en el caso no es de imposible reparación ulterior.

Así lo considero puesto que comparto los siguientes conceptos de Chiara Díaz sobre gravamen irreparable: "Esto es, un perjuicio, menoscabo o agravio en expectativas, derechos o pretensiones de los sujetos actuantes que no puedan tener remedio en el curso del mismo trámite o procedimiento o en una fase ulterior del proceso, constituyendo en vez de ello, una circunstancia que de no ser removida consolidará una determinada situación en detrimento de quien la sufre sobre su interés o posición (conf. Código Procesal Penal de Bs. As. Comentado" Chiara Díaz y otros, pág. 395, Ed. Rubinzal Culzoni, 1° edición).

Por las razones expuestas, sobre el planteo de constitucionalidad, dado que no clausura con carácter definitivo la discusión propuesta por el recurrente, la resolución impugnada no causa gravamen irreparable y, por ende, carece de la nota de definitividad que exige esta instancia. Así las cosas, la resolución sobre dicho punto no es susceptible de revisión por la vía intentada y, por ello, contrariamente a lo juzgado por el tribunal a quo, estimo que el recurso es formalmente inadmisible y que así debe ser declarado.

Por ende, con relación al planteo constitucional, mi respuesta a la cuestión planteada es negativa. Así voto.

En cuanto al también impugnado Punto II) de la resolución recurrida, debido a la discusión relativa a que si carece de fundamento o si se encuentra justificada la aplicación de la sanción impuesta, estimo que la cuestión no puede ser replanteada en otra oportunidad y que, por ello, el agravio invocado no es susceptible de reparación ulterior.

Por ende, considero que la vía fue correctamente habilitada para el control sobre la procedencia de la sanción impuesta al Dr. Rojas. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, por las mismas razones, adhiero a sus votos y me expido de igual forma.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que propone el Dr. Cáceres. Por ende, por los motivos que él suministra, voto de la misma manera.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Después de revisar el trámite seguido en el principal y de considerar los antecedentes de la sanción cuestionada por el recurrente, como también la etapa del proceso que transcurre y la naturaleza del planteo efectuado por el letrado sancionado, estimo que la multa es adecuada y proporcional a la conducta procesal invocada en su sustento. Así opino dado que surge de autos que el debate fue suspendido en seis oportunidades, ya sea por supuestas dolencias médicas invocadas sobre la hora de realización de la audiencia; otras veces por planteos improcedentes del Dr. Rojas, rechazados como tales por el Juez de la causa (rechazo de probation, a fs. 151; rechazo del planteo de nulidad absoluta, a fs. 175/177 y el auto que ahora también cuestiona, a fs. 190/193) y calificados también de ese modo por este tribunal que, por ello, en la Sentencia 41/13, con remisión a lo resuelto por Sentencia 38/13, dispuso lo siguiente: " recomendar al citado letrado que ajuste su proceder a la ley que informa el ejercicio de su profesión".

Por otra parte, sabido es que el agravio constitucional debe ser invocado en oportunidad de trabarse la litis o en la primera oportunidad que brinde el procedimiento (TSJCba, Setiembre de 1991 -Ragor S.A. en Ruesch y Cía. Quiebra, LLC 1992,331) puesto que en otra oportunidad puede razonablemente ser interpretado -como de hecho lo fue en el caso- como una mera ocurrencia o una maniobra dilatoria del proceso. Así opino puesto que, lejos de traducir un cercenamiento al derecho de acceso a la jurisdicción y a exigir la tutela judicial efectiva que invoca el recurrente, la oportunidad en que fue planteado el tema constitucional, antes del debate (suspendido varias veces por otras solicitudes y planteos de esa parte), permite afirmar el interés de esa parte en impedir el dictado de una sentencia de fondo, en tiempo razonable.

Por ello, considero que la sanción impuesta es legítima y debe ser confirmada en tanto resulta acorde con lo dispuesto por la CSJN en causa "G. 1074. XLV!!I. PVA Grupo Clarín s/denuncia privación de justicia", con relación al deber de buena fe procesal exigible a las partes y a la debida diligencia que le corresponde observar a los tribunales con la adopción de las medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas y, en su caso, con la aplicación de las sanciones que correspondiesen.

Asimismo, estimo adecuado reiterar la exhortación efectuada en la sentencia Nº 38/13 y requerir al juez interviniente que disponga lo pertinente para que el progreso de la causa a la etapa de su definición no se paralice a cuyo fin, como indicó la CS en el precedente mencionado, en función de la rápida finalización del proceso, todo incidente que planteen las partes o terceros deberá ser interpretado restrictivamente.

Por las razones dadas, estimo que el agravio sobre el punto no es de recibo en tanto la sanción impuesta se encuentra adecuadamente fundada y, por ello, no vulnera lo dispuesto en los arts. 8 ni 25 de la CADH.

Mi respuesta a la segunda cuestión planteada es, por ende, negativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que propone el señor Ministro Dr. Cáceres. Por ende, adhiero a ella y, como consecuencia, mi voto también es negativo.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por las consideraciones efectuadas sobre las cuestiones precedentes y el modo en que ellas fueron votadas, opino que debe ser reiterada la exhortación efectuada al recurrente en las Sentencias Nº 38/13 y 41/13 y requerir al juez interviniente que disponga medidas útiles para que el progreso de la causa a la etapa de su definición no se paralice a cuyo fin, como indicó la CS en el precedente mencionado, en función de la rápida finalización del proceso todo incidente que planteen las partes o terceros deberá ser interpretado restrictivamente.

Por ello, considero que el tribunal debe dictar la siguiente resolución: I) Declarar mal concedido el recurso de casación con relación al planteo constitucional. II) Declarar formalmente admisible el recurso con relación a la sanción impuesta al Luciano A. Dr. Rojas. III) No hacer lugar al recurso con relación a la sanción impuesta al Dr. Rojas. IV) Con costas (arts. 536, 537 del C.P.P) V) Devolver las actuaciones al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado, sin más demoras injustificadas, con arreglo a las recomendaciones efectuadas en los considerandos. VI) Téngase presente el recurso federal y el recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto y me pronuncio de igual forma.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres. Por ello, por lo motivos que él expone, voto de igual manera.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar mal concedido el recurso de casación con relación al planteo constitucional.

2º) Declarar formalmente admisible el recurso con relación a la sanción impuesta al Dr. Luciano A. Rojas.

3º) No hacer lugar al recurso con relación a la sanción impuesta al Dr. Rojas.

4º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5º) Devolver las actuaciones al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado, sin más demoras injustificadas, con arreglo a las recomendaciones efectuadas en los considerandos.

6º) Téngase presente el recurso federal y el recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

7º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría Penal a mi cargo. Doy fe.