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Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, concurso preventivo, crédito fiscal, jueces, intereses, modificación de la tasa de interés, igualdad entre acreedores
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: SANABRIA, JORGE L. c/ BURROTTI, HERNAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- PEDIDO DE QUIEBRA-HOY CONCURSO- INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP (EXPTE.: C.S.J. NRO. 357 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-08

No puede prosperar la queja incoada en cuanto refiere al tema "intereses", desde que no se configura en el caso, el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable, toda vez que sus agravios se abroquelan -principalmente- en la existencia de una disposición legal que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa y en la afirmación de que jurídicamente los reglamentos gozan de las prerrogativas de las leyes y deben ser aplicados e interpretados por los jueces de la misma manera que éstas.

Sin embargo, no logra demostrar que la tesis seguida por el A - quo - quien se enrola en una de las principales corrientes jurisprudenciales relativas al tema - implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor. En el caso, el sentenciante señaló haber sostenido invariablemente en general y particularmente, en el incidente de revisión de los accesorios reconocidos en procesos concursales... la facultad judicial de reducir las tasas cuando las mismas exorbitan parámetros de razonabilidad ofendiendo los principios consagrados en nuestra legislación por el artículo 953 y concordantes del Código Civil, lo que específicamente en los procesos concursales afecta, además, a la 'pars conditio creditorum' siendo por ello válida la solución igualitaria para quienes se encuentran en la misma situación otorgada en la anterior instancia para los accesorios solicitados por la entidad recaudadora incidentista, considerando procedente la facultad morigeradora mencionada, no solamente para los intereses convenidos sino incluso -como en el caso de autos- a los nacidos por determinación de una dependencia administrativa facultada por la ley para ello -ello sin distinción en lo legal o reglamentaria de ella- la que deviene en operativa cuando ellos aparezcan ostensiblemente apartados de la realidad económica, óptica a la que no son ajenos los procesos concursales..."
Procedimiento laboral, medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares
Materia: LABORAL
Carátula: Arrambide  Gustavo  Rogelio c/ Industrias  Spar  San Luis SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-30

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 203 del CPCCN, el presunto deudor, sujeto pasivo de la cautelar, puede solicitar la sustitución de embargo en tanto la nueva medida propuesta le resulte menos perjudicial, y a su vez, garantice suficientemente el derecho del eventual acreedor. Lo expresado remite al análisis de una cuestión de hecho y prueba y por ende, conforme las facultades que le son propias, el juez debe evaluar si los elementos ofrecidos aseguran el litigioso crédito invocado por el apelante. En el caso, la juez a quo admitió el pedido de sustitución del embargo sobre cuentas bancarias, ya que consideró que el inmueble y el seguro de caución eran una garantía suficiente del crédito. (Del dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Confirmación de sentencia, costas en el orden causado, excepción de prescripción, obra social provincial, falta de legitimación para obrar, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Campos, María Ester y otro c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-26

Debe ser confirmada la imposición de costas por su orden al resolver la excepción de prescripción, pues la obra social provincial carece de legitimación para recurrir, en tanto ello no le causa ningún agravio pues no se encuentra obligado al pago de los honorarios de sus letrados, en virtud de la especial vinculación que la une a sus representantes -art. 2 de la Ley 1594- (cfr. RI N° 6739/2009, en autos: "DEVECO S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN Y OTRO S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. N° 1537/05, doctrina reiterada recientemente -ver R.I. N° 15/18 "Sanchez Diego"-).
Declaración indagatoria, derecho a conocer el hecho imputado, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GENOVES, Héctor R. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-17

Una imputación correcta "es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico -penal a la que, se pretende, conduce o, de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, guían también a evitar la consecuencia o a reducirla" .

Si no se cuenta con las precisiones que pueden aportar las medidas de pruebapendientes de producción y los requisitos de imputación de un hecho concreto mediante una noticia íntegra, clara, precisa y circunstanciada que deviene necesaria desdeelcomienzo del proceso , se ha vulnerado la posibilidad de defensa material del imputado transgrediendo las garantías de rango constitucional, tales como, la de debido proceso y la de defensa en juicio (art. 18 C.N.).

En consecuencia, la declaración indagatoria no puede reputarse un acto jurisdiccional válido, como así tampoco los actos que de él se derivan correspondiendo declarar su nulidad.
Divorcio por presentación conjunta, sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C. de P., A. c/ P., O. R. s/ Incidente de nulidad de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

El art. 67 bis de la ley 2393 permite a los cónyuges acordar antes de la sentencia de divorcio, pero sujeto al dictado de esta, la forma de liquidar la sociedad conyugal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PEREZ ROQUE EUSEBIO c/ MINETTI Y CIA. LTDA.  S.A.I.C. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-15

Según se desprende del pronunciamiento, la Cámara a quo valoró un elemento de prueba incorporado a la causa y el impugnante no manifiesta que hubiera sido objeto de oposición alguna, por lo que se omite evidenciar violación al derecho de defensa. Pese a invocarse la sana crítica racional, ni siquiera se menciona en este punto alguno de los principios lógicos que la integran ni se procura demostrar concretamente su violación. La defectuosa motivación invocada, respecto de la prueba tomada en cuenta por la Cámara para determinar el grado de incapacidad deviene en mera disidencia con la selección y el análisis de dicho elemento de convicción, aspecto ajeno a la vía que se intenta.-
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, cuestión política, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orozco, Anabel Matilde c/  s/ expediente n° 14/2016 Procurador General Suprema Corte solicita enjuiciamiento Ley 4970 Dra. Anabel Orozco p/ jury p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

El proceso de remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política, cuyo objetivo reside, antes que en sancionar al acusado, en determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad; esa especificidad explica que el juicio político no pueda equipararse llanamente a una causa judicial; que las exigencias formales durante su trámite revistan una mayor laxitud; y que el control judicial posterior sobre sus resultados se realice bajo un estándar francamente riguroso.
Excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PERALTA BERNASCONI, PABLO ARIEL c/ BARRON, HECTOR RAUL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-19

Los arts. 776 y 777 del Código Civil consagran una limitación al derecho de libre imputación del pago por el deudor, por cuanto el acreedor tiene a su vez el derecho de exigir que se paguen los réditos antes que el capital. Ello es una consecuencia del principio de integridad del pago, que se quebrantaría si se le permitiera al deudor imponer al acreedor por vía de imputación un pago parcial. Si el deudor no niega haber estado en mora al tiempo de practicar el pago pendiente, no puede válidamente desconocer los efectos que ello le traería aparejado
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, nulidad de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Kaulinis, Juan Alfonso c/ Antonio Barillari S.A.C.I.F.I.A. s/ Haberes, indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

La anulación de oficio en los fallos dictados por los jueces en última instancia constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte y no asiste a las partes la facultad de efectuar un planteo de esa naturaleza en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vicente, Francisco Jesús s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Los honorarios deben ser regulados tomando como base valores actualizados al momento de dictarse sentencia.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, actos ilícitos, responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, legítima defensa
Materia: CIVIL
Carátula: Guía, Héctor D. c/ Xerox Arg. I.C.S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-29

En el Derecho Civil no existe un principio, que como en el Penal (art. 34, inc. 6, del Código Penal) declara no punible el daño, sin embargo se admite la ausencia de responsabilidad de quien provoque perjuicio en el ejercicio regular de la legítima defensa (conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", T.III, p.632 y ss.; Borda, "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", T.II, p.254 y ss.; Belluscio, "Código Civil...", T.V, p.15). Al respecto no se cumplen los requisitos previstos para el caso de legítima defensa, si el medio que empleó el demandado fue desproporcionado ante el estímulo recibido. Aún así y sin perjuicio de la reacción excesiva del demandado, es cierto que el actor debe compartir, aunque en escaso grado, la responsabilidad en este evento si su conducta fue la causa que desencadenó los hechos.

Si existía una rigurosa directiva de impedir el acceso a clientes detrás del mostrador y por dicho motivo o en cumplimiento de esa orden el empleado va en búsqueda del actor, se produce la pelea y retira violentamente al actor del local, habiendo ocurrido el hecho en horas de trabajo, cabe concluir que el empleado cometió el hecho ilícito con motivo del ejercicio de las tareas encomendadas, ya que "el desempeño de la función determinó el hecho delictivo (conf. "Rabanillo, F. Gobierno Nacional", Fallos, C.S.J.N., L.L. 43892).Aunque la conducta ilícita del demandado no fuera ordenada por la empresa, el principal debe responder de lo que haga el dependiente con fidelidad o sin ella (conf. C.S.J.N., "Rabanillo, F. Gobierno Nacional").
Procesamiento, principio de especialidad, tipo penal, robo calificado, arma de fuego
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C. E. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-07

Finalmente, Lucero señaló que asiste razón a la defensa en cuanto a que, por el principio de especialidad, sólo corresponde aplicar el tipo penal de robo agravado por el uso de arma y Divito adhirió a esta solución porque si bien entiende que pueden aplicarse ambas circunstancias calificantes, en el caso no se verifican los requisitros que exige el art. 210 del CP para tener por configurada una "banda".
Juicio de árbitros, jurisdicción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AMELOTTI VICTORIO c/ VALERIA A. VELOCE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-22

Estando en presencia de un litigio entre ascendientes, le cabe el trámite "forzoso" del juicio arbitral, pero si las partes han renunciado de común acuerdo, esa actitud voluntaria no merece reparos por cuanto "la jurisdicción arbitral no es de orden público y puede renunciarse".-
Proceso penal, juicio, reapertura del debate, partes, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C. DE M., M. s/ Queja (Expte Nº 244-02, Resolución Nº  182, Tomo 7, Folio 269)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

La compatibilidad entre la concreta reapertura a prueba ordenada en la causa y los principios constitucionales de igualdad de las partes procesales, de defensa en juicio e incluso de imparcialidad del juez, puede lograrse asegurando tres aspectos: que el magistrado no asuma el papel de acusador supliendo omisiones de la acusación, permitiendo el control de la prueba a realizar por las partes, y resguardando un posterior debate sobre la prueba que se producta. La prueba consistente en la transcripción mecanografiada de una historia clínica y su apreciación por la Junta Médica Forense, ya introducida y aceptada en la causa, no suple un defecto, sino que trata de lograr mayores precisiones sobre un punto, que tanto puede operar en beneficio de una como de otra parte.
Daño moral, falta de prueba, responsabilidad médica, error de tratamiento
Materia: CIVIL
Carátula: SAPIA, RUBEN DARIO Y OTROS c/ BATTISTESA, ROBERTO Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

El único aspecto que es materia de resarcimiento es el relativo al daño moral que habría sufrido la menor por haber permanecido internada en el Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) por veintiún días. Por cierto que no es lo mismo que un niño se encuentre atendido en su propia casa, con la calidez familiar que eso significa, que permanecer en un hospital por varios días. Sin embargo, de allí no se sigue necesariamente que se haya configurado un daño moral, el que no cabe presumir en tales circunstancias. No hay pruebas de que el tratamiento al que se la sometió haya sido cruento en alguna medida (esto ni siquiera fue invocado), ni menos aún que haya debido permanecer sola, sin la compañía de algún familiar querido. Tampoco hay elemento de juicio alguno que permita afirmar que el trato hospitalario haya sido inadecuado o que le quedara a la niña alguna secuela psicológica derivada de su permanencia en el hospital. Frente a las características del padecimiento físico de la menor y a su favorable y feliz resultado (quedó sin secuelas, ni dificultad respiratoria y no presenta incapacidad alguna) la parte debió allegar algún elemento de juicio que permitiera exteriorizar algún dolor moral y no limitarse a considerarlo como necesario o inevitable.
Indemnización, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: LANTERI MERLO, MARTHA DORIS c/ FERNANDEZ, OLGA MARTA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

El código procesal adopta el índice de precios mayoristas no agropecuarios para actualizar los valores a los efectos de la inapelabilidad, art. 242, ahora reformado por la ley 23850. Lo mismo ocurre con el arancel de abogados, art. 61 de la ley 21839. No obstante las diferencias que, por factores circunstanciales, suelen registrarse entre éste y el de precios al consumidor, corresponde a los efectos de actualizar la indemnización como consecuencia de un accidente de tránsito, atenerse al de precios mayoristas indicado en aquellas disposiciones legales.
Distribución de honorarios, sucesiones, cosa juzgada, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ PURA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-10-09

Atento la duplicación de regulación de honorarios profesionales de los letrados y peritos -por las actuaciones, apertura de juicio sucesorio e inventario, avalúo y partición de bienes- y advirtiendo que ninguna de las dos resoluciones regulatorias se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, corresponde disponer la nulidad de ambas, en razón de haber sido dictadas sin observancia de las normas regulatorias aplicables, particularmente en lo que hace al deber de fundamentación adecuada y al principio que determina que la fijación de estipendios debe ser el correlato de lo actuado en el proceso y su resultante ha sido -según quedara visto-, que se ha remunerado a dos letrados por una tarea que si bien cumplieron ambos, es menester dirimir el asunto pues, responde a una anomalía procesal que, en el caso, se tradujo en el dictado de dos resoluciones que despachan sendos pedidos sin hacerse cargo cada una de la otra.
Juicio abreviado, decomiso
Materia: PENAL
Carátula: Amaral, Paulo Sergio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-26

El tribunal de juicio excedió el marco del juicio abreviado celebrado entre las partes al disponer el decomiso del dinero producto de la venta del pasaje aéreo no gozado, pues los obstáculos jurisdiccionales que prevé el art. 431 bis inc. 5° CPPN operan, principalmente, como garantía del imputado evitando que se altere lo acordado en su perjuicio y vea afectada su situación procesal más allá de lo acordado. La disidencia sostuvo que toda vez que el ticket aéreo iba a ser utilizado para consumara el contrabando de estupefacientes, constituye un instrumento del delito, y el decomiso dispuesto resulta ajustado a derecho. (Dres. Madueño -en disidencia-, Fégoli y Cabral).
Abuso sexual, abuso sexual calificado, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: P. J. C. s/ Abuso Sexual con Penetracion Calificado por el Vínculo (Tres Hechos) en Concurso Real - Ciudad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-10

La individualización concreta de la punición del delito de abuso sexual con penetración calificado por el vínculo debe considerar la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño y del peligro causados y las características personales del acusado, atendiendo a que se trata de un injusto de gravedad social de alta relevancia, como lo refleja la importancia de la pena con la que amenaza la norma punitiva, con mínimo igual al del homicidio simple, y que el acusado se valió de la naturaleza esencialmente vulnerable de su hija menor edad, lo que trae aparejado un sensible y razonable aumento del sufrimiento por ella experimentado, pues quien resulta autor del hecho es su padre, tornando así más gravosa la ofensa sexual, habida cuenta que, por ser uno de los titulares de la patria potestad, era quien tenía a su cargo preservar su integridad psicofísica.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blanc, Lucrecia Edith y otros c/ Expreso Quilmes S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El principio que sienta el art. 318 del Código Procesal, a propósito de los efectos de la caducidad, y en cuanto edicta que no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo proceso, queda limitada por el principio jerárquico normativo superior, que sienta el art. 3987 del Código Civil en el sentido de que la "interrupción de la prescripción, causada por la demanda, se tendrá por no sucedida si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código Procesal (art. 31, Constitución Nacional).
Prueba pericial, apreciación del juez, carácter vinculante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cribelli, Néstor Angel c/ Almirón, Marcelo R. s/ Daños y perjuicios Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/ Valmar S.A. s/ Incidente de revisión Rodríguez de Pague, Leticia Dori y otros c/ Paz, Jorge Antonio s/ Daños y perjuicios Rodríguez de Pague, Leticia Dori y otros c/ Paz, Jorge Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19|2003-04-30|2006-05-24

Así como el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio pues ello convertiría al perito -auxiliar del juez- en autoridad decisoria dentro del proceso, la obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el ejercicio de su sola voluntad, constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de ponderación de la prueba.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Balenzuela, Graciela Susana s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-17

No cabe considerar que la C.S. ha derogado el art. 76 bis último párrafo en cuanto establece que no procede la suspensión del juicio a prueba respecto de delitos reprimidos con pena de inhabilitación. La disidencia sostuvo que la C.S. ha admitido tácitamente la procedencia de la probation para los delitos penados con inhabilitación. (Dres. Mitchell -en disidencia-, García y Yacobucci).
Fundamentación de sentencias, testigo presencial, lesiones en riña
Materia: PENAL
Carátula: L., L. M.; L., C. R. y L., Miguel Ángel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-17

Está debidamente fundado el pronunciamiento respecto de la intervención de los imputados en el evento en el que se descartó fundadamente que la víctima haya agredido a uno de ellos con un cuchillo, en forma previa a ser atacada, pues el tribunal de juicio descartó fundadamente las versiones de los imputados a partir de los testimonios de los testigos presenciales de distintos aspectos de la golpiza propinada a la víctima.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SORIA DE REINAGA, CRISTINA DEL VALLE c/ IRALASKY, SERGIO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC. YOCCA, CARLOS ALBERTO c/ PRODUNOA S.A. Y/O RESPONSABLES s/ SABADOS TARDES Y FERIADOS TRABAJADOS Y PERCIBIDOS SIMPLE Beltran, Emilio Manuel c/ Roberto Zamudio y/u otra y/u Prop. y/u Resp. s/ Diferencia de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-17|1999-04-06|1999-04-21

La prueba del trabajo extraordinario debe ser fehaciente, categórica y cabal tanto en lo que se refiere a los servicios cumplidos, como al tiempo en que se desarrollaron y crea una presunción desfavorable al trabajador que reclama recién al rescindir el vínculo.
Intervención de línea telefónica, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Ramón Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-21

La intervención del abonado perteneciente al imputado se fundó en elementos de juicio concretos que respaldaron probatoriamente la "sospecha mínima razonable" para otorgarle legalidad a la medida de prueba, mediante la cual se estableció la vinculación a través del análisis de los distintos contactos telefónicos que se realizaron desde el teléfono celular del piloto del avión siniestrado y el abonado del encartado.
Ministerio Público, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ Mora, Marcelo Germán c/  s/ por estafa reiteradas (tres hechos) en concurso real en perjuicio de Oscar Saleme y Carlos Ferreyra - Incidente de suspensión de juicio a prueba S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2019-06-05

La oposición a la suspensión del juicio a prueba por parte del Ministerio Público, debe estar fundada y serlo en base a argumentos convincentes que han de circunscribirse en torno al principio procesal de oportunidad y razones de política criminal.