Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-29


SENT Nro. 388 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 29 DE MAYO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de Saab Scania Argentina S.A. en autos: "El Ranchilleño S.R.L. y otro vs. Saab Scania Argentina S.A. y otros s/Daños y perjuicios (Incidente de regulación de honorarios promovido por el perito interventor C.P.N. Ramón Berrondo)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 226/241 por el letrado apoderado de Saab Scania Argentina S.A., contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala Ia. del 04/6/2002, que revocó el acogimiento de la defensa de inhabilidad de título dispuesto en primera instancia, y ordenó llevar adelante la ejecución de honorarios contra su representada.

Invoca violación de los arts. 24 y 25 de la ley 5480, 701 y cc., art. 1892 del Código Civil y arts. 779 y cc. del CPCC. Alega que el pronunciamiento es equiparable a definitivo, por haber sido dictado en una cuestión incidental a la que pone fin, o hace imposible su continuación; referida a la legitimación procesal de su mandante para ser condenada al pago de honorarios que legalmente no adeudaría (art. 813, CPCC). Afirma además que el caso presenta caracteres de gravedad institucional, que autorizan la apertura de la instancia reclamada.

En su relato de los antecedentes de la causa, expresa que el letrado Jorge Frías Alurralde solicitó embargo preventivo en contra de El Ranchilleño SRL -actora en los autos principales-, por los honorarios a cargo de esta empresa, condenada en costas en una incidencia. Por sentencia del 30/3/93 la Cámara del fuero hizo lugar a la cautelar peticionada, por la suma estimada de $ 168.000. Bajo responsabilidad del peticionante, el Tribunal dispuso embargo sobre la recaudación diaria de la empresa referida hasta cubrir dicho monto; designando al CPN Berrondo como interventor judicial. Destaca que tanto el Dr. Jorge Rougés como el Dr. Frías Alurralde actuaron por derecho propio, lo cual se corresponde con la naturaleza de la obligación ejecutada, dirigida a resguardar sus emolumentos. Añade que con fecha 23/9/93, el Tribunal de alzada hizo lugar a la sustitución de embargo, y con ello concluyeron las funciones encomendadas al interventor judicial.

A su entender, el fallo exhibe una arbitraria valoración de las constancias de autos, carente de apoyo legal, al sostener que Scania S.A. fue parte en el proceso cautelar, por su condición de responsable solidaria con El Ranchilleño S.A., en el pago de los honorarios del letrado Frías Alurralde.

De una parte, alega violación de la normativa contenida en el art. 779 del CPCC, dado que la Cámara se habría pronunciado sobre cuestiones que no fueron materia de agravios por parte del apelante. Pone de relieve que en su memorial recursivo, el CPN Berrondo planteó únicamente los efectos del convenio de fecha 16/10/98, en el cual se estableció que las costas del juicio principal y de los incidentes debían ser soportadas por el orden causado. Alegó entonces que por el principio dispositivo, o en virtud de la cosa juzgada, estaba facultado a percibir sus honorarios de Scania Argentina S.A.; planteo que estima totalmente improcedente.

Atribuye incongruencia al decisorio, cuyos fundamentos no se vincularían a los agravios del recurrente, sino que giran en gran medida en torno a la solidaridad entre su representada y la empresa condenada en costas, por los honorarios del Dr. Frías Alurralde; derivando de ello que Scania Argentina S.A. sería parte del proceso cautelar. Sostiene que han quedado firmes y sin posibilidad de revisión los considerandos de la sentencia del 29/10/2001, donde se estableció que su representada no fue beneficiaria del trabajo pericial, en el marco de una cautelar dirigida a garantizar el pago de los honorarios del Dr. Frías Aurralde; por lo que el título es inhábil a su respecto. Ello en tanto el perito no los cuestionó al fundar el recurso de apelación; como tampoco invocó la solidaridad en las costas, en sustento de la ejecución intentada.

Cuestiona la legitimación pasiva asignada a su mandante en este proceso, sobre la base de que la actividad del interventor no habría sido en exclusivo interés del beneficiario de los honorarios, sino también de la empresa que representa. A criterio de la sentenciante, tal interés derivaría de su condición de eventual responsable en el pago de las costas procesales; toda vez que a tenor de lo dispuesto por los arts. 25 de la ley 5480 y 701 del C.C., puede serle reclamado su pago, en caso de que la actora vencida no las abone.

A su entender, la solidaridad en el pago de tales honorarios no convierte a su representada en parte del proceso cautelar. Cita doctrina sobre el concepto de partes procesales; cuya nota característica es el reclamo o rechazo de una pretensión propia, independientemente de la legitimación que les asista para actuar en tal calidad. Pone además de relieve que acreedor y deudor de los mismos honorarios, no pueden revestir simultáneamente la calidad de "embargantes", como se desprende del fallo en recurso.

Califica de arbitrario y autocontradictorio el argumento sentencial, relativo a que en el escrito de fs. 161/162, el letrado ejecutante manifestó actuar por la representación ejercida. Reseña constancias de la causa, demostrativas de que el Dr. Frías Alurralde habría actuado en resguardo de sus honorarios y bajo su responsabilidad; lo que en todo caso derivaría de la naturaleza del derecho ejercido, y no de lo que las partes manifiestan. Desde este enfoque, sostiene que el fallo es violatorio del art. 1892 del C.C., a tenor del cual los negocios objeto del mandato no pueden ser de interés exclusivo del mandatario.

Concluye proponiendo doctrina legal acorde a los agravios esgrimidos, y plantea reserva del caso federal, por considerar conculcados los arts. 1, 14, 17, 19 y cc. de la Constitución Nacional.

Corrido traslado de ley, a fs. 244/246 es respondido por el ejecutante, quien alega la ausencia de definitividad del fallo cuestionado; y la procedencia de la ejecución de los emolumentos contra Saab Scania Argentina S.A., con fundamento en el convenio sobre costas obrante en copia a fs. 208; que según lo pactado deben soportarse por su orden en todos los incidentes, sin distinción alguna. Añade que de no haberse efectuado el trabajo pericial de intervención recaudadora, dicha empresa debía abonar los honorarios en su condición de cliente o beneficiario del trabajo (art. 24, ley 5480), por lo que resulta beneficiaria indirecta de su trabajo profesional.

2.- La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 13/9/2002. En el examen de admisibilidad que compete al Tribunal, se verifica que la impugnación se basta a sí misma, y ha sido interpuesta en término contra una sentencia que cumple con el recaudo de definitividad. Sobre esto último, es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que en los términos del art. 544 procesal, segundo párrafo (a contrario), el rechazo de una excepción de inhabilidad de título, en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material; y tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (tercer párrafo de la misma norma), por lo que el pronunciamiento impugnado no deja abierta para la ejecutada una ulterior vía de reparación; resultando definitivo a los fines de la casación (art. 814, CPCC; cfr. CSJTuc., sentencia del 30/8/94 en autos "Banco Municipal de Tucumán vs. Getar, Pablo F. y otros s/cobro ejecutivo"; "Lazarte, Carlos A. vs. Cavanagh, Guillermo s/cobro ejecutivo de dólares", sentencia del 13/02/98).

3.- Según destacara el Tribunal a quo, la cuestión a resolver se circunscribe a establecer si la ejecución de honorarios del interventor recaudador CPN Ramón Berrondo fue correcta o incorrectamente dirigida contra Saab Scania Argentina S.A.; y sin que ello importe emitir opinión acerca de su procedencia contra quienes no hubieran sido parte en esta litis.

El Tribunal de alzada resolvió la cuestión planteada, a partir de la premisa de que el letrado peticionante del embargo preventivo habría actuado en representación de la recurrente. El ejercicio de esta pretensión cautelar se explicaría, en los términos del fallo impugnado, en su presunto interés en asegurar el pago de aquellos honorarios, dada su condición de deudora solidaria de los emolumentos, conforme dispone la ley arancelaria local.

Es principio en la materia que la excepción de inhabilidad de título debe limitarse a las formas extrínsecas del instrumento; y sólo es viable si se cuestiona la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, o porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva, o bien porque ejecutante o ejecutado carecen de legitimación procesal, por no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor. Esta última hipótesis ha sido la invocada por el recurrente, en tanto alegó la falta de legitimación pasiva de su representada, por no haber sido parte en el proceso cautelar.

La legitimación procesal es el requisito en virtud del cual debe mediar coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso, y aquellas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva), respecto de la materia sobre la cual el proceso verse (cf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 1975, pg. 406). La noción no se identifica con el concepto de parte procesal, pues posee un alcance más restringido.

La doctrina procesal advierte cierta relación efectiva entre el derecho subjetivo y la legitimación ad causam; pues el ejercicio del derecho de acción importa reclamar a la justicia actos necesarios para tutelar un determinado interés. Luego, en la sentencia, se verá si ese interés posible de incitar la actividad jurisdiccional, tendrá los resultados esperados por las partes. Por ello, en la etapa inicial, no es necesario que quien exponga razones las tenga; basta la creencia de obrar asistido de buena fe (cfr. Gozaíni, Osvaldo A., "La legitimación en el proceso civil", Ediar, 1996, pg. 102). El proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis.

De lo expuesto se sigue que el examen de este requisito sustancial remite a una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico, y quien se presenta ejercitándolo como su titular; y para decidir su admisión o rechazo, no cabe prescindir del objeto del litigio.

3.1.- El recurso en examen debe prosperar, por arbitrariedad fáctica y normativa en la atribución de legitimación pasiva a la ejecutada Saab Scania Argentina S.A.

De las constancias de la causa resulta que estas actuaciones se inician con la presentación de fs. 42, en la que el CPN Ramón A. Berrondo solicitó se regulen sus honorarios por la gestión realizada como interventor recaudador; lo que tuvo lugar por resolución del 26/5/98 (fs. 83/85). Con posterioridad, obtuvo embargo preventivo sobre fondos de Saab Scania Argentina S.A. (fs. 91). Intimado el pago, a fs. 149/153 la ejecutada opuso excepción de inhabilidad de título, alegando no ser deudora del ejecutante, por cuanto la medida cautelar había sido trabada por el Dr. Jorge Frías Alurralde, para asegurar el pago de sus emolumentos. La sentencia de primera instancia, del 29/10/2001 (fs. 202), hizo lugar a la defensa y rechazó la ejecución promovida en su contra, haciendo mérito de la sentencia del 30/3/93, que despachó la cautelar requerida por el letrado en resguardo de sus honorarios.

La Cámara a quo hizo lugar a la apelación deducida por el ejecutante, con el argumento de que el nombrado profesional habría solicitado el embargo y la designación del interventor recaudador, recaída en el CPN Berrondo, en calidad de apoderado de la ejecutada.

A requerimiento de esta Corte Suprema de Justicia, se tienen a la vista las actuaciones caratuladas "El Ranchilleño S.R.L. y otros vs. Saab Scania Argentina S.A. y otro s/daños y perjuicios. Inc. de embargo preventivo promovido por la parte actora". Cabe poner de relieve que previamente, fue remitido otro incidente de embargo preventivo ($35.000) de los Dres. Frías Alurralde y Jorge Luis Rougés por honorarios de Cámara; que resulta ajeno a la presente litis, donde se regulan y ejecutan los honorarios del CPN Berrondo, por su labor como interventor recaudador cumplida en la causa reseñada en primer término.

En lo pertinente, se verifica que con fecha 30/6/92 (fs. 160), el Tribunal aclaró, a pedido de los demandados, que las costas del levantamiento de la cautelar resuelta en la causa principal serán a cargo de la actora. Seguidamente, el letrado Frías Alurralde -que intervino en representación de la demandada Saab Scania Argentina S.A.-, solicitó que a mérito de lo resuelto sobre las costas, se trabe embargo preventivo sobre bienes de propiedad de "El Ranchilleño S.R.L.". Invocó precedentes sobre la procedencia de las cautelares, aún cuando no existiera regulación; requiriendo se haga efectiva la medida sobre fondos que la actora tuviera depositados, y en las recaudaciones diarias de sus ómnibus a través de un interventor judicial a designar (cfr. fs. 161/162).

El contenido de la pretensión esgrimida excluye toda posibilidad de actuación en representación de su mandante; pues inequívocamente tal petición sólo pudo ser esgrimida por sus propios derechos. Así lo entendió el Juez de primera instancia, que en su resolución del 30/3/93 (fs. 172/173) procedió a estimar la base regulatoria "que servirá para el cálculo estimativo de sus honorarios". En la resolutiva, procedió a fijar "como embargo preventivo solicitado por el letrado Dr. Jorge Frías Alurralde, en resguardo de sus honorarios en los autos de referencia, en la suma de $ 168.000. En consecuencia previa caución juratoria del peticionante y bajo su responsabilidad", trabó embargo sobre la recaudación diaria en el modo dispuesto en la misma sentencia.

Consta en el mismo incidente que, luego del pedido de sustitución de embargo planteado por la actora, se registran sucesivas intervenciones del letrado Jorge Frías Alurralde, y también de Jorge Luis Rougés. En distintas presentaciones, manifestaron actuar por sus propios derechos (cfr. fs. 284, fs. 287/288), y haber pedido embargo por honorarios contra bienes del actor. A su vez, la sentencia de Cámara del 28/9/93, que hizo lugar a la sustitución de embargo e impuso las costas de la alzada por su orden, hizo mérito de que en autos no existen honorarios regulados; y que la medida cautelar "se trabó sobre recaudaciones diarias de la recurrente para garantir los estipendios profesionales del letrado Frías Alurralde; quien se opuso al pedido de sustitución de la actora (cfr. fs. 401/404). La sentencia del 25/11/93 (fs. 413/415) , rechazó la aclaratoria deducida por "los letrados Jorge Frías Alurralde y Jorge Luis Rougés, en ejercicio de sus propios derechos".

Se destaca que por auto posterior, obrante a fs. 512, fueron regulados los honorarios del Dr. Frías Alurralde en la suma de $ 23.703, por el levantamiento de la cautelar, por la que se habían impuesto costas a la actora. La resolución expresa que por esta razón, "mediante resolutiva del 30/3/93 (fs. 172) se dispuso un embargo preventivo a favor del Dr. Frías Alurralde, en salvaguarda de los honorarios que devengó en dicho levantamiento." 3.2.- La reseña precedente excluye de plano la actuación del Dr. Frías Alurralde como mandatario de Saab Scania Argentina S.A.; y es elocuente en evidenciar que tanto las partes como el órgano jurisdiccional entendieron que la petición cautelar fue ejercida en resguardo de sus propios derechos, para garantizar honorarios devengados a su favor, como resultado del progreso del levantamiento de embargo requerido en representación de Saab Scania Argentina S.A.

El pronunciamiento impugnado desinterpreta y desconoce el contenido integral de esas actuaciones, al sostener que la presentación del letrado, obrante a fs. 161/162, y la de fs. 174 de las actuaciones traídas a la vista, autorizarían a inferir que la ejecutada fue parte en el trámite de embargo preventivo. La referencia a "la representación ejercida en estos autos", no priva a las peticiones y actos procesales referenciados de su real contenido. La cuestión planteada a los jueces de mérito no pudo ser resuelta prescindiendo de la concreta pretensión cautelar esgrimida, y de la resolución judicial que la resuelve. Ello en tanto el ejecutante demanda el pago de honorarios devengados por su actuación como interventor recaudador; y ninguna disposición de la ley 3706, vigente al tiempo de cumplir su labor profesional, autoriza a reclamarlos de quien no fue parte en el proceso respectivo.

Ha señalado la doctrina que es "parte" en el proceso, toda persona física o de existencia ideal que reclama en nombre propio, o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquélla frente a la cual se reclama dicha satisfacción (cfr. Palacio - Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº 2, pg. 320 y sig. Rubinzal-Culzoni, 1997). Se trata de una noción limitada al ámbito del proceso, que alude a quienes de hecho intervienen o figuran en aquél como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión, con prescindencia de que revistan o no el carácter de sujetos legitimados para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate; "o sea independientemente de la titularidad de la relación sustancial controvertida". De allí que la ausencia de legitimación no afecta la calidad de parte. Por ende, no es parte quien no demanda ni es sujeto pasivo de reclamo alguno.

En el sublite, de ninguna manera puede sostenerse que Saab Scania Argentina S.A., por intermedio de su entonces mandatario, haya invocado un título propio y autónomo, para intervenir en un proceso cautelar dirigido a resguardar los emolumentos de aquél. Por lo contrario, la causa traída a la vista revela inequívocamente que el profesional actuó por sus propios derechos; y así lo entendió el Juez de primera instancia al disponer la traba de embargo preventivo, advirtiéndose que la resolución respectiva excluye la pretendida intervención de la aquí ejecutada en el trámite cautelar.

Cabe señalar que conforme a las disposiciones de la ley adjetiva, el solicitante de una medida cautelar deberá justificar en forma sumaria, la verosimilitud de su derecho y el peligro de su frustración o la razón de urgencia de la medida (arg. art. 226 procesal). La presentación de fs. 161/162 valorada por la sentenciante, sólo da cuenta del derecho propio esgrimido por el profesional; sin que de ella pueda extraerse algún fundamento que explique la procedencia de la cautelar en relación a su mandante. Resulta contrario a las leyes de la lógica y del sentido común, admitir que el embargo preventivo fue reclamado por Saab Scania Argentina S.A., cuando los términos de la petición de ningún modo involucran referencia a su condición de obligado concurrente al pago de tales emolumentos.

El Tribunal a quo no pudo soslayar el contenido integral de la pretensión esgrimida, y los fundamentos de las resoluciones judiciales dictadas en consecuencia. De ellas surge indubitablemente, que la cautelar procedió a pedido del profesional interesado, en resguardo de sus propios derechos y bajo su responsabilidad.

Soslaya la sentenciante que lo atinente al pago de las costas, constituye una responsabilidad de las partes en el litigio, y es de contenido estrictamente procesal. El art. 117 de la ley adjetiva establece que la condena en costas "comprende todos los gastos causados u ocasionados por la exigencia inmediata de la sustanciación del proceso, y fuera de éste cuando hayan sido imprescindibles.....". Se trata de solventar los gastos en el trámite procesal, que recaen sobre las "partes" intervinientes. Tratándose de un instituto de carácter procesal, son las normas adjetivas las que determinan el sistema, desplazando en consecuencia las normas de esencia civil. "El principio, entonces atrapa sólo a las partes y no corresponde dictar condena en costas contra quien no ha intervenido como parte en el juicio.... La principal definición ha de centrarse en la determinación del carácter de parte, para establecer, finalmente, quién resulta vencedor y quién el derrotado" (cfr. Gozaíni, A., Costas Procesales, pg. 35 y sig.).

No cabe sino concluir que la naturaleza y contenido de la pretensión cautelar estaba dirigida a la tutela de derechos propios del profesional; por lo que la referencia a la representación ejercida carece de significación en miras a establecer la condición de parte; lo cual excluye el pretenso ejercicio del mandato. La Cámara limitó indebidamente su interpretación, acudiendo a expresiones literales, pero sin vincularlas con su objeto ni con la consecuente resolución jurisdiccional. De esta exégesis parcial, extrajo que el reclamo fue en representación de la recurrente; cuando debió atender el contenido integral de las actuaciones cautelares, en miras a establecer la procedencia de la excepción de inhabilidad de título planteada por la ejecutada.

3.3.- El yerro conceptual del Tribunal a quo se hace evidente, cuando a más de extraer tal condición de "parte", de un análisis parcial y arbitrario de las constancias de la causa remitida a la vista, explica este aserto en el interés de la ejecutada, por ser deudora solidaria en el pago de las costas. Los hipotéticos beneficios derivados de la extinción de una obligación concurrente, tampoco bastan para calificar de "parte" a quien no tuvo intervención en el proceso. Por ende, no cabe recurrir a pretensas atribuciones sustanciales de legitimación para derivar la posición procesal de parte, y la consecuente responsabilidad por las costas.

De ninguna manera puede ser compartida la asignación de legitimación pasiva a la recurrente, con fundamento en lo dispuesto por el art. 25 de la ley 5480, y art. 701 y cc. del Código Civil. En su primera parte, el art. 24 de la ley 5480 dispone que los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse por la parte condenada en costas dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio, si no se fijara un plazo menor. Vencido este plazo sin que los emolumentos sean abonados, el profesional podrá reclamar el pago al cliente beneficiario de su trabajo, para que los abone en el mismo plazo a contar desde que es notificado de dicho reclamo. A su vez, el art. 25 citado por el Tribunal a quo, autoriza al profesional que obtuvo regulación judicial firme de sus honorarios para que, cumplidos los plazos y reclamos del artículo anterior, accione por el cobro contra el condenado en costas, o contra el beneficiario no condenado en costas, o contra ambos en forma conjunta y solidaria; reconociendo al segundo derecho a repetir contra el primero, en caso de pagar los honorarios de su profesional.

Ha señalado la doctrina, que originariamente estas deudas no son solidarias entre el condenado en costas y el beneficiario del trabajo, pues responden por causas distintas: uno por estar condenado en costas, otro por ser beneficiario o por haber encargado los servicios del profesional (cfr. Brito-Cardoso de Jantzon, Honorarios de Abogados y Procuradores, pg. 117). Se trata de obligaciones ab initio concurrentes, pero cuya solidaridad ha sido establecida por la ley cuando se trata de accionar por el cobro en relación al profesional acreedor, "con los efectos de los arts. 699, 700, 701, 705 y cc. del Código Civil" (cfr. Brito-Cardoso de Jantzon, ob. cit.).

En el caso, es de toda evidencia que la cautelar peticionada por el profesional, en resguardo de sus honorarios aún no regulados, y concedida bajo su responsabilidad, no constituyó un trabajo encargado o en beneficio de su mandante. Desde este enfoque, la doctrina emergente del fallo resulta violatoria de la estructura del procedimiento, al considerar como "parte" a quien, según su particular interpretación, tendría un eventual interés en la extinción de la deuda que el acreedor intentó garantizar por vía cautelar. De acuerdo a lo expresado en los considerandos precedentes, la hipotética titularidad de una relación sustancial, es insuficiente para esta calificar como parte a quien de hecho no intervino como sujeto activo de una pretensión.

3.4.- Establecido que la recurrente no ha sido parte en el trámite cautelar, tampoco cabe asignarle legitimación pasiva en este proceso en virtud del convenio glosado a fs. 208 de autos, según reclamara el ejecutante.

Es igualmente descalificable el aserto sentencial, que a mérito de aquella premisa errada (calidad de parte atribuida a la recurrente), entendió que cobra fuerza el argumento de la ejecutante, referido a que según lo pactado entre las partes, las costas de todos los incidentes serán soportadas por su orden. Ningún criterio interpretativo permite extender los alcances del citado convenio, obrante en copia a fs. 208 de autos, a los incidentes en los cuales la ejecutada no intervino como parte. Conforme a lo expresado precedentemente, la distribución de los causídicos supone la efectiva condición de parte en el proceso o incidente respectivo; y ello es aplicable también a los convenios que en la materia pudieran celebrarse, salvo pacto en contrario. Según puede advertirse, en autos tanto el ejecutante como el Tribunal a quo aludieron al mentado convenio, como consecuencia de la indebida atribución a la recurrente, del rol de parte en el proceso cautelar.

4.- Se concluye que el rechazo de la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva consagró una exégesis formal de la pretensión cautelar esgrimida, que no se condice con el contenido de la petición esgrimida, y de las resoluciones judiciales dictadas en consecuencia.

A mérito de las razones expresadas, procede hacer lugar al recurso de casación en examen, y confirmar el progreso de la excepción resuelta en la sentencia apelada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Los gastos generados por la traba de un embargo preventivo, no son ejecutables contra quien no fue parte del incidente respectivo. Es procedente la defensa de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, opuesta por el mandante que no participó del proceso cautelar iniciado por su mandatario, contra la condenada en costas, para garantizar el pago de sus honorarios." Dictando sustitutiva: "No hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 209/211 por el ejecutante Ramón Antonio Berrondo, contra la sentencia de fecha 29/10/2001 (fs. 202). En consecuencia, se confirma el decisorio apelado." Las costas se imponen en el orden causado en todas las instancias, a mérito de la complejidad de la cuestión propuesta, los antecedentes de la causa y los fundamentos por los cuales progresa la impugnación casatoria (arg. art. 106, inc. 1º y 108 in fine, CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante Dr. Héctor Eduardo Aréa Maidana, excepto en lo relativo a la imposición de costas, pues no advierto razón suficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota, por lo que, a tenor de lo dispuesto en los arts. 106 y 108 CPCC, propongo que se impongan al ejecutante vencido en todas las instancias. Mi voto.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 226/241 por el letrado apoderado de Saab Scania S.A., contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, Sala Ia. del 04/6/2002, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En consecuencia, se revoca la misma, y dictando sustitutiva: "I.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutante Ramón Antonio Berrondo, contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2001 (fs. 202). En consecuencia, se confirma el decisorio apelado. II.- Costas, de ambas instancias por el orden causado". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia parcial) ALFREDO CARLOS DATO