Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-03


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los tres días del mes de febrero del año dos mil once, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "P., Á. O. p.s.a de Daños y Amenazas" (Expte. N° 21.450 - Folio 97 T.II - Año 2008).

El orden para la emisión de los votos que resulto del sorteo es el siguiente: Pfleger, Panizzi y Rebagliati Russell.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Concita la atención de la Sala la impugnación deducida por Á. O. P. en desmedro de la sentencia del señor Juez Penal de la ciudad de Sarmiento, doctor Daniel Camilo Pérez, quien lo condenó a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de daño y amenazas (arts. 183 y 149 bis del C.Penal), todo ello en concurso real (art. 55 del C. Penal) por el que fuera requerido su juzgamiento en relación con los hechos sucedidos en la ciudad de asiento el día 27 de Septiembre de 2007, en perjuicio de W. P. A. y de M. M. M..

La decisión de la que se agravia el recurrente también lo declaró reincidente en los términos del art. 50 del C.P., y le impuso las costas del proceso (dispositivo de la sentencia protocolizada bajo el número 23 del año 2008, adosada en las hojas 26 a 37 del legajo) II. En la expresión de agravios, que está entre las hojas 41 y 46 de la carpeta venida, P., con el patrocinio de la doctora F. U., realizó, en primer lugar, un recuento de la actividad procesal cumplida en el debate y de la acusación fiscal. Luego, reseñó las consideraciones del sentenciante en lo que toca a los dos hechos materia de requisitoria.

En capítulo aparte desarrolló los argumentos centrales de su protesta.

Principió adjetivando al fallo de injusto por una "... equivocada valoración de la prueba..." y por "... la ponderación de los agravantes..." al momento de la graduación de la pena.

Luego se introdujo en el tema de las denuncias formuladas por quienes se dijeron víctimas indicando, al final, que no se correspondía el marco temporal de la acusación y de la sentencia con el contenido de la noticia dada.

Así, alegó que, en el caso de la primera, fue efectuada el 29 de agosto de 2007 a las 20:00 horas por A. quien ubicó los hechos sucedidos en el 28 de agosto de 2007, mientras que la segunda fue radicada el 28 de septiembre de 2007 (un mes después) refiriéndose a los golpes en el portón y la sindicación de P. como el único y exclusivo responsable.

En otro ítem, criticó el valor que se había dado a los testigos A. y M., resaltando, con cita de doctrina, la precaución que los Jueces debían tomar en el análisis de los dichos de los denunciantes, señalando que, en el caso, no se había procedido con rigor científico que de aplicarse hubiera repicado en la absolución.

Señaló que, en relación con el segundo hecho, existía una contradicción entre los denunciantes y entre M. y el testigo M. pues mientras que A. y este último negaban la presencia de la mujer en el lugar de los hechos, ella alegó haber estado allí. Como consecuencia, prosiguió, la mujer es un órgano de prueba indirecto por cuanto lo que supo lo fue de oídas, desvaneciéndose el valor probatorio de su versión.

Después de esta postulación, el que recurre se dedicó al tema atinente al valor "... probatorio del segundo de los testimonios, a través del cual el a quo tiene acreditado el delito de amenazas...", y a la par abordó el problema de "... los dichos que se me endilgan y su entidad para ser calificados como amenazas...".

Respecto de lo primero se remitió a lo ya expuesto en torno de la testigo M., y destacó que, en todo caso, el sentenciante incurrió en error al expresar que las víctimas habían sido dos, cuando en todo caso era una (A.). Empero, continuó, indicó que no estaba presente el elemento subjetivo del delito de que se trata aún en el hipotético caso de que la frase hubiese existido.

Explicó el contexto en que según el testigo se profirieron las palabras puestas en su boca, negándolas a todo evento, las que en todo caso no estaban dirigidas a A. y con dudas de que aquél pudiera haberlas escuchado. Resaltó, además, que aquellas -según el propio testigo- no le causaron ningún temor, pues no pensaba que pudieran realizarse.

En otro capítulo de su crítica hizo alusión a los pretendidos daños.

Sobre el particular -y después de reseñar las apreciaciones de los testigos, el informe policial, las fotografías y un informe técnico pericial- concluyó no existe a su juicio ningún dato que fuera relevante para inculparlo, en la medida en que no está determinado el que pudieron provocarse en el momento señalado por la denuncia.

Otro punto de crítica fue aquello concerniente a la descripción del o de los daños que fueron materia del debate.

Al respecto, indicó las diversas y discordantes descripciones dadas por los testigos sobre el punto, concluyendo en que "... ninguna de las pruebas coleccionadas en el debate dan certeza de que antes del día 28 de agosto del año 2007 y/o del día 28 de septiembre de igual año, ese mismo portón, viejo, desvencijado y mal mantenido, haya estado en condiciones distintas a las que refleja el acta de inspección ocular y las fotografías...".

Finalmente, el impugnante expresó su disconformidad con la manera en que se graduó la sanción aplicada, en particular el cómputo de su negativa a reconocer el hecho acreditado y falta de arrepentimiento como motivos agravantes, las que, a su criterio, exorbitan las estipuladas por los arts. 40 y 41 del C.P. pues, según dijo en las explicaciones vertidas, la decisión judicial se pone en conflicto con el derecho del imputado a no declarar en contra de si mismo y el principio de inocencia.

III. Luego de formular una breve semblanza del caso, y en particular de los agravios que motivan el recurso, daré comienzo al trabajo de inspección siguiendo, en la exposición, el método que usó el recurrente a la hora de formular la crítica de la sentencia que lo ha condenado.

En ese sentido se tiene que:

III.1.- La cuestión atinente a la fecha de comisión de los hechos que fueron atribuidos.

Luego de leer con atención los documentos adosados en la carpeta fiscal, incorporados por lectura al debate, y escuchar los testimonios de cuantos depusieran en el juicio al respecto, arribo a la convicción de que la fecha consignada en el acta de denuncia padece de un error material que no la invalida, pues no ha mellado los intereses de la defensa en juicio, impidiendo o dificultando su desarrollo pleno.

En efecto, fluye claramente que, aun cuando el instrumento consignó la data "agosto" y la acusación y la sentencia fijaron el hecho en el mes de "septiembre" de 2007, los sucesivos relatos atributivos sucedidos en la audiencia de apertura de la investigación (ver la hoja 9) la audiencia preliminar (ver la hoja 18) y el debate precisaron el mismo tiempo y es de toda evidencia que el tema no fue argumentado hasta la expresión de agravios, una vez conocido el resultado adverso.

Descartado que el momento de elaboración fuese el que se escribió, es preciso ponderar si el acta es válida o si, acaso, se han infringido las normas procesales que determinan la manera en que se instrumenta el comportamiento estatal.

III. 2.- El delito de daño Es verdad que en numerosos pronunciamientos, he expuesto una posición en punto al sentido y alcance de la "máxima revisión" o, como también lo he llamado, el "máximo esfuerzo de revisión posible".

Empero, como ahora, es menester traerla a colación ya que, sin ser éste un "caso difícil", se han planteado en el recurso cuestiones que atienden al examen de la prueba.

He de recordar, entonces, que ese criterio de inspección que importa horadar todo lo procesalmente posible encuentra como vallado lo que es propio de la inmediación, es decir de la percepción directa e inmediata de los jueces, la que no puede ser suplida, ni aún cuando los adelantos técnicos en nuestros Tribunales colaboren a recrear las instancias del juicio aproximándonos a la realidad que aquellos, los Magistrados, tuvieron en cuenta para formarse convicción.

Porque sin dudar afirmo que la impresión directa que se recibe en el debate es irreemplazable. El lenguaje verbal es una expresión que se completa con el lenguaje mudo del cuerpo de quien lo emite (la mirada, los gestos, la actitud, el comportamiento) y que de la percepción de ese todo surge la selección que se realiza a la hora de la decisión.

Esta breve exposición tiene por objeto describir el cartabón con el que se verificará la racionalidad de la sentencia y su adecuación a las normas que le dan validez.

Así, tengo para mí que el señor Juez, partiendo de circunstancias objetivas irrefutables: la inspección ocular traducida en el debate por sus protagonistas y las fotografías que expusieron el estado de las cosas al momento de la intervención policial, derivó en la existencia del hecho presentado por la Fiscalía en lo que concierne a los daños materiales sufridos por una puerta de propiedad de los denunciantes, al tomar en consideración otra prueba concurrente.

Lo hizo para mí correctamente, pues creyó en los damnificados cuyas versiones estimó sinceras y coincidentes con otros datos que también enunció.

Y en efecto, las testimoniales de A. y de M. pudieron ser vehículo de certeza en la medida en que no sólo refirieron a hechos que dejaron improntas demostradas en el debate, tal se vio, sino también traídas por boca de otros testigos (S. y M.) que vieron el portón roto y, cada cual a su modo, contribuyeron a arreglarlo.

La autoría fue también acertadamente establecida sobre este ítem.

A los coherentes dichos de los esposos, se le añade el testimonio de S., a mi parecer un tanto económico en sus dichos, que fue reivindicado por el doctor Pérez como órgano de prueba de cargo; nótese que, a pesar de mantenerse en que había estado debajo de la camioneta durante el incidente, no dejó de reconocer que escuchó ruidos momentos antes de que A. le comentara que el grupo en el que estaba P. pateara la puerta.

Pese al pobre interrogatorio de la Fiscalía, puede extraerse de sus dichos la asociación entre los factores "grupo de la esquina", "cánticos", "P.", "A.", "hostilidad", "violencia sobre la cosa", todos ellos expuestos por la pareja M.-A., en el contexto temporal por ellos establecido. Y esos ingredientes son eficaces para sostener la arquitectura argumentativa sobre la que el Magistrado hizo reposar la conclusión imputativa que declaró que Á. P. había sido uno de aquellos que el 28 de septiembre de 2007 aproximadamente a las 18 horas, había pateado hasta romper uno de sus elementos, el portón de marras.

Es igualmente acertada la subsunción legal.

Sobre el aspecto de la norma que se pone en vilo señalo que no interesa al tipo penal en cuestión, el valor de la cosa en sí, sino el desmedro económico que le causa a su dueño. La necesidad de una reparación, aún de este portón antiguo, constituye una afrenta a la propiedad de las víctimas que la ley protege.

Veré ahora el asunto de la co-autoría endilgada.

Se ha sostenido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente y que Constituye un requisito fundamental del debido proceso penal (art. 495, regla cuarta, inc. 2°, del Código de Procedimientos en Materia Penal -ley 2372-) la necesidad de que las sentencias penales contengan el examen acerca de la participación de cada uno de los procesados en los hechos ilícitos que se consideren probados, en razón del derecho fundamental que posee el acusado, basado en el art. 18 de la Constitución Nacional, de tener un conocimiento efectivo del delito por el cual fue condenado (F. 547.XXIV.; Frin, Jorge Augusto y otros por estafa 18/08/1994 T. 317, P. 910 voto disidente de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Eduardo Moliné O'Connor).

Comparto esta posición y estimo que ella ejemplifica acabadamente cuál es el nivel de exigencia que ha menester aplicar en la faena de revisión de una sentencia.

Al respecto considero que el señor Juez ha procedido con acierto al abordar el tópico y establecido la coautoría de acuerdo a una adecuada interpretación de la norma en juego en relación con el hecho que dio por probado.

Como lo tiene dicho reputada doctrina, la decisión común es el vehículo que determina la conexión entre los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los que intervienen la parte de los otros.

Bacigalupo considera que el elemento esencial lo constituye el co-dominio del hecho y explica que "... Este elemento ha sido caracterizado por Roxin como un dominio funcional del hecho, en el sentido de que cada uno de los co-autores tiene en sus manos el dominio del hecho a partir de la parte que le corresponde en la división del trabajo..." (ver el autor en su "Derecho Penal- Parte General" 2da Edición, Ed. Hammurabi, página 501 y ss).

El hecho no es dominado por uno de los intervinientes sino por el conjunto, importando el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros.

Si un grupo se conjuga para romper una cosa (en este caso un portón) y va adelante pateándolo de consuno, poco importa quién pegó de modo más eficaz para cumplir el designio; todos serán co-autores, como se ha establecido en la sentencia.

Así no veo el obstáculo para confirmar el fallo en este aspecto.

III. 3. El delito de amenazas.

Ya se ha visto, en el punto anterior, la dimensión y límites de la revisión plena. A esos argumentos me remito.

De todas maneras es mi propósito agregar que superado el concepto de "prueba tarifada" es el Juez quien, mediando el mecanismo intelectual de la sana crítica, da valor a cada uno de los medios con que cuenta.

Al respecto, tengo para mí que, si bien es correcto tomar precauciones en relación con la prueba testimonial que puede ser, conforme renombrada doctrina, una "prueba insegura", no menos correcto es reivindicar su aptitud para justificar un predicado en la medida en que, quien lo pronuncia, dé razones plausibles.

Por esto -razones plausibles- entendemos a la explicación razonada del porqué, lo que incluye los aspectos internos y externos del relato y el contexto del episodio que se reconfigura intelectualmente.

En este sentido el señor Juez de la instancia apelada ha actuado con sentido, pues bien que calibró adecuadamente el peso de los dichos de A. y de M., tomando en cuenta ciertos antecedentes y circunstancias que le llegaron a partir de otros medios, vgr. el testimonio del Principal C. y del disponible S., quienes concurrieron al lugar, y -en el caso del primero- recibió una agresión verbal por vía del imputado, señalada por el otro, los dichos de M. en lo que atañe a la presencia de P. en el sitio a la sazón, y el antecedente de violencia que significó el ataque a la propiedad de las víctimas, todo ello ponderado en la sentencia.

No me parece, en clave de la norma penal en juego, que frases como las proferidas no cuadren al concepto de la norma prohibitiva.

Aún en el caso de aquella que fuera dicha a un tercero en vos alta, fluye claramente la capacidad de provocar temor, de amedrentar a quien la escucha, pues a él va dirigida, aún cuando, reitero, se profiera de modo oblicuo, o, mejor es decir, indirecto.

El tipo objetivo de la amenaza se abastece con el anuncio de un mal futuro dependiente de la voluntad de quien lo anuncia, produciendo en la víctima temor o intranquilidad de espíritu. Este anuncio ha de ser serio, posible y gobernado por el autor, condiciones, que en el contexto de su producción reúnen las palabras expresadas por el causante, en el marco en que fueron emitidas aparejando temor a los esposos.

El sentenciante ha dado en la tecla, entonces, a la hora de la subsunción y en este sentido cabe homologar su decisión al respecto.

IV. La pena. La reincidencia.

Creo, que en este sentido, que el monto de la pena impuesta se ha relacionado con el grado de reprochabilidad del sujeto por el delito cometido.

Comprobada la posibilidad de comprender la desaprobación jurídico penal del acto y la capacidad de motivación en la norma prohibitiva, el Juez ha fundado, acabadamente, la razón de la aplicación de la sanción tomando en cuenta la escala resultante de las reglas del concurso en relación con las figuras en juego y las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del C.P.

Nada tengo que objetar en relación con la declaración de reincidencia.

V. Colofón Por lo expuesto en los puntos tratados propongo consecuentemente el rechazo de la impugnación deducida y la confirmación en un todo de la sentencia impugnada.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El minucioso primer voto de esta sentencia, a cargo del prestigioso profesor Pfleger, dejó establecidos con claridad los hechos que fueron objeto del juicio y los motivos de la impugnación planteada por la abogada defensora de don Á. O. P., doctora F. M. U.. De manera que me remitiré a ellos para omitir superfluas reproducciones.

A Á. O. P., como quedó dicho en el voto aludido, se lo condenó por los delitos de daño y amenazas, a una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y se lo declaró reincidente, en los términos del artículo 50 del Código Penal.

La defensa impugnó la resolución condenatoria, denunciando que lo injusto de fallo radicó en una equivocada valoración de la prueba y en la ponderación de los agravantes.

II. Para una mejor comprensión de este voto seguiré el orden trazado por el doctor Pfleger en el anterior.

Con respecto al primer punto de agravio blandido por la defensa de don Á. O. P. (unificación y posición de ambos hechos el día 28 de septiembre de 2007 por parte de la Fiscalía y del juez sentenciador), suscribo la solución que se propuso en el primer voto, por compartir el juicio que se formó con respecto a que el acta de denuncia contiene un error que no la invalida. Esto es así por cuanto el error del que se agravia el impugnante, no ha provocado desacierto judicial evidente, ni tiene entidad de defecto grave que invalide el fallo como acto jurisdiccional legítimo.

Este error material del que pretende valerse el señor P. no le ha provocado menoscabo alguno, ni ha impedido el ejercicio de su defensa ni de ningún otro componente del desarrollo regular del proceso.

III. Con relación al primero de los hechos -delito de daño- se acreditó que el día veintiocho de septiembre de dos mil siete, aproximadamente a las 18,00 hs., en ocasión que el señor W. A. se encontraba reparando un vehículo frente a su domicilio, acompañado de su señora M. M. M. y de R. S., el imputado Á. O. P. junto a otras cinco o siete personas, mediante golpes de puño y puntapiés efectuaron abolladuras y hundimientos sobre dos chapas colocadas en un portón de la vivienda alquilada por el Sr. A..

La certeza sobre la existencia del daño fue adquirida por el sentenciador sobre la base de los testimonios vertidos por quienes presenciaron el evento y fueron víctimas de éste - W. A. y su esposa M. M. M.- los cuales resultaron coincidentes en que un grupo de personas, con P. incluido, comenzaron a golpear y patear el portón de referencia. Sus narraciones sobre lo sucedido se vieron reforzadas con la declaraciones de quienes procedieron a ayudar con el arreglo del portón -S. y M.- que dieron cuenta de la existencia del daño denunciado. A ello se agregan la inspección ocular suscripta por el suboficial de policía N. C. -el día del hecho- y la fotografía agregada a la causa y ratificada por la fotógrafa P.. Todo este plexo probatorio permitió al magistrado determinar con precisión y acierto la materialidad del hecho enrostrado.

Este mismo plexo probatorio permitió determinar fehacientemente la autoría del evento en cabeza del acusado. Si bien fue controvertido por la defensa la participación y autoría de P. en el caso, los considerandos del fallo demuestran una minuciosa labor por parte del juzgador. El magistrado, conforme lo expresó en la sentencia, consideró a Á. O. P. coautor del primer hecho incriminado sobre la base de la prueba acumulada en el proceso (declaraciones testimoniales de A., M. y S.) de las que no surgieron dudas en cuanto a que esa tarde un grupo de personas entre cinco y siete, incluido el imputado, golpearon con puntapiés el portón finalmente dañado.

Indicó con tino el tribunal de mérito que coincidía con el planteo de la defensa en la injusticia que genera que sólo uno de los autores sea traído a juicio y no el resto, pero que ello es resorte del titular de la acción y no de quien resuelve. A lo que agregó, con acertado juicio, que dichas conclusiones, en absoluto descartan la participación de P. en el hecho en juicio.

Asimismo, para resolver de este modo el a-quo hizo un análisis del artículo 45 del Código Penal llegando a la acertada conclusión que basta con formar parte del grupo acometedor para ser considerado autor del hecho.

IV. En cuanto a la calificación legal en la que subsume este primer hecho juzgado, es correcta la selección jurídica mantenida por el tribunal de mérito.

La conducta desplegada por P. se ajusta a la tipificada por el artículo 183 del Código Penal.

Ha quedado demostrado que el imputado mediante golpes de puño y puntapiés dañó una cosa mueble ajena, a sabiendas de lo que hacía.

V. Con relación al segundo de los hechos -delito de amenazas- ha quedado acreditado que horas más tarde de acontecido el primero de los sucesos, en oportunidad de hallarse el Sr. W. A., junto a un amigo de apellido M., arreglando el portón del garaje dañado momentos antes, apareció Á. O. P. y profirió frases concernientes a que dañaría a la familia de A., lo cual lo intimidó.

En la resolución, el juez penal expuso pormenorizadamente los motivos que lo convencieron de que lo expresado por P. a A., adquirió la entidad de una amenaza. Así llegó a tal acertado convencimiento en base a los testimonios de A., M. y de M. -que si bien no escuchó los términos de la amenaza da cuenta de que ésta existió-, y contaba con características de seriedad y veracidad. Tales testimonios fueron anudados al del suboficial C., quien manifestó que estando en el domicilio del señor A. se apersonó P. y ante la solicitud de que se retirara a su casa este le contestó "vos que te haces el polenta", en una clara actitud pendenciera.

Advierto que la operación intelectual realizada por el juez, al valorar la prueba de cargo de manera integral y armónica es correcta y fuera de toda objeción.

Asimismo, no encuentro razones para desvirtuar la calificación jurídica sostenida por el a-quo, en punto a este segundo hecho juzgado.

Lo que caracteriza a la figura de amenazas es el anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el amenazado. Aplicados los principios enunciados al caso, resulta con claridad que la acción de P., constituyó una amenaza en el sentido antes indicado.

En definitiva, la sentencia debe ser confirmada en todos sus términos.

IV. Con relación a la ponderación de los agravantes advierto que no hay argumentos para adulterar o corromper la valoración circunstanciada que efectuó el sentenciador para determinar la pena, pues no media contradicción con las pautas que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Ello es así por cuanto considero con adecuada razonabilidad las circunstancias del hecho, la existencia de antecedentes penales y las condiciones personales de P..

V. Por todo lo expuesto, concuerdo con mi colega de Sala prevotante en que la impugnación interpuesta por la defensa del acusado deberá ser rechazada y confirmada la sentencia en todos sus términos.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell:

I. En atención a lo normado por el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Penal -Ley 5478- procederé a emitir mi sufragio, en el que omitiré toda referencia a los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos por el recurrente, remitiéndome para ello a la síntesis que realizó el Juez Pfleger.

II. En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con mis colegas preopinantes.

III. En primer lugar diré que la ´peculiar situación´ denunciada por la defensa en cuanto a la circunstancia de tiempo en que ocurrió el primer hecho, la misma no tiene entidad suficiente para invalidar el acto, toda vez que es evidente que lo asentado en este sentido (mes de agosto) obedeció a un involuntario error material, que no afectó el derecho de defensa en juicio.

IV. Aclarado ello, paso a analizar el aspecto que se relaciona con la valoración de la prueba.

En primer término, y siguiendo el orden que dio el doctor Pfleger al asunto, comenzaré con el delito de daño.

Este hecho ocurrió el día 28 de septiembre de 2007, aproximadamente a las 18.00 horas, cuando A. P. se constituyó en el domicilio de W. A., y en presencia del mismo, de M. M. M. y una tercera persona, comienza a golpear con patadas un portón del garaje, junto con otras personas, rompiéndose uno de los marcos.

El a-quo valoró debidamente las pruebas rendidas en el debate.

En primer término evaluó las declaraciones de las personas que presenciaron el incidente - W. A., M. M. M. y R. M. S.-. Analiza que en lo sustancial han sido contestes en narrar lo sucedido, confirmando que entre el grupo agresor se encontraba P..

Asimismo consideró que las declaraciones de C. A. M. y de aquellos que fungieron como testigos de oídas (C., R. y T.) conformaron el cuadro de cargo que indicaba al mencionado como coautor del hecho investigado.

Continuó analizando el procedimiento policial que indicó la existencia del daño denunciado -acta de inspección ocular; declaración del Suboficial C.; fotografía agregada a la causa-.

Todos estos elementos probatorios mencionados de manera sintética han sido utilizados por el a-quo para confirmar la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo.

Otro de los puntos de controversia ha sido, justamente, la participación adjudicada en carácter de coautor.

Ninguna objeción merece esta distinción. La imputación es atinada ya que P., según los elementos probatorios descriptos, formó parte del grupo de personas que ejerció violencia sobre el portón.

En cuanto a la calificación legal escogida, coincido con mis colegas de Sala. Más allá de la nimiedad del daño, lo cierto es que existió un menoscabo a la propiedad, y esta acción se ajusta perfectamente a la figura descripta en el artículo 183 del Código Penal.

V. El segundo de los hechos ocurrió el mismo día, aproximadamente a las 21.50 horas, cuando W. A. junto a otro amigo se encontraba arreglando el portón dañado. En dicha circunstancia se presentó P. y le manifestó "vos hijo de puta me fuiste a denunciar vigilante de mierda, y al retirarse le dijo venite para acá, y traete los fierros que a ese milico lo hacemos cagas esta noche como así también que el y su viejo tenían la muerte comprada".

El juez confirmó la existencia de este hecho con la declaración de la víctima y su esposa, M. M. M., quienes relataron la existencia de la amenaza y el temor que ella les causo.

También mencionó la declaración de M., que confirmó la presencia de P. en el lugar, y el testimonio del suboficial C., que graficó la personalidad pendenciera del imputado.

En base a ello entiendo que la subsunción ha sido correcta, teniendo en cuenta la frase proferida y el temor causado en las víctimas.

VI. Respecto de la pena impuesta, considero que ha sido correcta la ponderación efectuada por el juez, valorando la misma conforme las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del C.P.

VII. Por todo lo expuesto voto por declarar improcedente la impugnación interpuesta y confirmar la sentencia en crisis.

Así voto.- Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--- S E N T E N C I A --- 1°) Declarar improcedente la impugnación interpuesta por el condenado y su Defensora, doctora F. M. U. (fojas 41/46), con costas.

2º) Confirmar la sentencia registrada con el número 23/2008 del Tribunal Penal de la Circunscripción Judicial de Sarmiento, Provincia del Chubut. (fojas 26/37).

3°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Daniel A. Rebagliati Russell.Jorge Pfleger.Alejandro Javier Panizzi-ante Mi: José A. Ferreyra Secretario.