Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-09


SENT Nro. 435 San Miguel de Tucumán, 09 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por el abogado defensor del imputado en autos: "Navarro, Jorge Antonio s/Homicidio (Incidente)"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por el abogado defensor del imputado, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal Sala Ia. de fecha 14-4-2003 que en fotocopia se agrega a fs. 9 donde se resuelve no conceder el recurso de casación en contra de la sentencia de ese mismo tribunal del 13 de marzo del corriente año que en fotocopia también se agrega a fs. 5, y que rechaza la solicitud de cese de prisión preventiva formulada a favor del encartado Jorge Antonio Navarro.

2.- El recurrente sostiene que en el caso existe gravedad institucional porque está en juego el principio de libertad e inocencia consagrado por Convenciones Internacionales incorporadas a la Constitución Nacional y desarrolladas en la ley 24.390 y en el Código Procesal Penal de Tucumán, y esto se da ante la denegación del cese de prisión preventiva, por lo que pide la apertura de la instancia casatoria.

3.- Corresponde examinar si se han cumplido los recaudos de admisibilidad exigidos por el digesto de forma penal para la interposición del recurso de queja, así como para la utilización de la vía de impugnación extraordinaria de la casación. Ello porque, aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la deducción del primero, resulta inoficioso admitirlo si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación tentada.

4.- El primer requisito a examinar es el de la definitividad del pronunciamiento, que en la especie no se cumple pues la resolución del 13-3-2003, obrante en fotocopia a fs. 5, no es definitiva y tampoco se trata de un auto que ponga fin a la acción, o que haga imposible que continúe, o que deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Téngase presente que el quejoso reclama el cese de la prisión preventiva dictada por la Sala Ia. de la Cámara Penal a petición del Ministerio Fiscal (ver fallo de ese tribunal de fecha 04-02-2003). (fs. 1).

Tampoco concurre en el caso el excepcional supuesto de gravedad institucional, que si es el argumento central de la queja, que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc., "Juárez O.M. s/Lesiones gravísimas" 21-12-1994). La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional.

Al no satisfacer el recaudo de admisibilidad del art. 469 CPP, el recurso ha sido correctamente denegado, correspondiendo en esta instancia desestimar la queja tentada.

No obstante ello es oportuno añadir que la negativa del cese de la prisión preventiva recaída en la resolutiva del 13-3-2003 (fs. 5 y vta.), se encuentra correctamente fundada por la imputación de uxoricidio en los términos del art. 80 inciso 1° del CP, ante la probabilidad cierta que el imputado influido por la grave amenaza de una eventual condena a reclusión o prisión perpetua obstaculice el hallazgo de la verdad, o no se someta al cumplimiento de la pena, teniendo en cuenta que la causa transita en los actos preliminares y restan el debate, la sentencia y la etapa recursiva, destacando también el a quo que al haberse dispuesto la cautelar con fundamentos en las razones antes dicha, sólo puede ser revocada en la sentencia definitiva en los supuestos contemplados por el art. 283 procesal.

5.- Merece especial consideración la conceptualización del art. 281, que determina la prisión preventiva cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, en donde esta medida se dictó a requerimiento del Ministerio Fiscal, y que el hecho imputado de homicidio agravado, impide la condena de ejecución condicional.

Por otra parte es cierto que corresponde al Estado demostrar la existencia de peligros que justifiquen la limitación o restricción a la libertad del imputado, pero ello se consagra con la presunción de que tales peligros existen toda vez que la amenaza penal exceda cierto límite.

Este peligro es objetivamente presumido, cuando se estime prima facie que en caso de condena ésta será de cumplimiento efectivo como es el caso en subexamen, que cae bajo las disposiciones del art. 281, inc. 1 del Código Procesal. (ver fs. 52 de la obra de Cafferata Nores "Introducción al Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba").

A ello debe sumarse que la detención dispuesta por el tribunal de la causa tiene fecha 4 de febrero del corriente año (fs. 1), lo que también torna inaplicable los términos del art. 283 procesal.

Siendo así y de conformidad con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal subrogante, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR, al recurso de queja por casación denegada interpuesto por el abogado defensor del imputado Jorge Antonio Navarro, en contra de la sentencia de fecha 14 de abril del 2003, dictada por la Cámara Penal, Sala Ia..

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA