marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FURNARI ROBERTO c/ GUILLERMO FERNANDO SANCHEZ s/ Sumario (LIBRO: S107 - 012)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-02-19

Si el demandado se allanó a pagar una suma menor que la reclamada y la demanda no logró entera satisfacción -en rigor ha mediado un vencimiento recíproco que puede razonablemente estimarse como equivalente, siendo por ende legítimo y justo disponer que cada litigante pague sus costas y la mitad de las comunes. La presente resolución fue recurrida mediante Recurso de Casación teniendo andamiento el mismo mediante resolución del 26 04 88.
Escritos judiciales, error material
Materia: PROCESAL
Carátula: E.M.S.A. e Instituto Provincial del Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-05

El escrito en cuestión hay que considerarlo con todos sus efectos y alcances en él comprendidos, legalmente existente como acto procesal, es decir que es válida la presentación del escrito recursivo efectuado por lo tanto el acuse de negligencia deducido por la parte accionante debe ser desechado, por considerarlo un mero error material, pero a su vez por ello, la parte que incurre en dicho error debe soportar las costas.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, cuestión no federal, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, JORGE CARLOS s/ Contrabando, Incidente de eximición de prisión Causa Nro. 31419.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

1-Si bien la Corte ha decidido que las resoluciones sobre la excarcelación y eximición de prisión, aún cuando no constituyen la sentencia definitiva del Superior Tribunal de la Causa, pueden excepcionalmente dar lugar al recurso extraordinario porque todo lo relacionado con la libertad de las personas debe ser considerado en forma especial para evitar un claro quebrantamiento de garantías constitucionales, no se dan en el caso los supuestos que justifiquen la intervención de la Corte si no está involucrada una cuestión federal, siendo además extemporáneo el planteo.- 2-Pese a la arbitrariedad que se invoca, no corresponde la admisión de esa vía para la instauración de una tercera instancia de debate de cuestiones no federales por su naturaleza ajenas al remedio extraordinario, sino solo para aquellos casos de defectos graves de fundamentación o razonamiento que priven a la sentencia del carácter de acto jurisdiccional (Cf. CSJN-FALLOS 308:372, 301:970).- 3-Las discrepancias del recurrente con la interpretación de normas de derecho común que rigen el caso no autorizan a sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que por su naturaleza les son privativas (Cf. CSJN-FALLOS 303:436).
Prueba pericial, dictámenes, perito de parte, jueces, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: DON MANOLO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -IMPUGNACION RESOLUCION ASAMBLEA 199 2 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 59 AÑO 2004 Y ACUMULADO NRO. 553 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-13

Si bien es cierto que el perito técnicamente sabe más que el juez sobre el punto propuesto como objeto de la pericia, es preciso advertir que la valuación jurídica del hecho técnicamente apreciado es también necesaria siempre, y no puede ser sino función soberana del juez. Ante todo, el objeto de la pericia, como el de las pruebas simples, es el hecho, no el derecho. Las partes pueden producir y alegar en los autos opiniones de jurisconsultos, abonando la tesis que defienden; más no podría nunca el juez recurrir a los peritos para oir su opinión en una cuestión de derecho. De igual manera tampoco deberá pedirse al perito, en un contrato de adjudicación, por ejemplo, dictamine si aquél llevaba o no consigo determinadas obligaciones: la interpretación del contrato es función del juez.
Recurso de revisión (procesal), acción dependiente de instancia privada
Materia: PENAL
Carátula: Vera Chamorro Joaquín s/ Interpone recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-03

El nuevo art.72 del C.P. no declara la no punibilidad de la conducta, ni disminuye su penalidad, como así tampoco consagra una manera más favorable al condenado de computar la prisión preventiva, sino sólo establece un requisito de procedibilidad por el que se subordina el interés general al interés particular en la iniciación de la acción, lo cual indudablemente constituye una norma legal más benigna, pero que, por la necesidad de preservar el principio de la cosa juzgada, sólo es posible invocarla antes que la sentencia adquiera firmeza, quedando vedada su introducción al debate luego de ello, en razón de la interpretación estricta del art.315 del C.P.P.
Despido con causa, empleados de banco, asalto
Materia: LABORAL
Carátula: Cerutti,  Silvia  Beatriz c/ LLoyds  TSB  Bank PLC s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Las consecuencias gravosas para el banco demandado producidas a raíz de que durante un asalto sufrido no se encontraba activada la clave de seguridad del tesoro -extremo que la accionada imputa a una falencia negligente de la actora-, no pueden ser atribuídas más que a su incumplimiento de las medidas elementales de seguridad impuestas por la normativa especial prevista para la actividad (circulares de BCRA), y es una muestra evidente de las condiciones de desprotección en que tuvo que cumplir sus funciones la actora. El proceder de la trabajadora, a lo sumo puede calificarse de imprudencia motivada por el acostumbramiento a los riesgos propios del desenvolvimiento de su tarea en las condiciones referidas y que le eran impuestas por la empleadora. De modo que no puede haberse configurado la situación prevista en el art. 242 L.C.T.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: JOHNSON  &  JOHNSON  MEDICAL  SA c/ RODRIGUEZ  FERRETI, MARIA s/ EJECUCION PRENDARIA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-14

1 - La Ley 26536 que modificara el CPR: 242, fue publicada en el Boletín Oficial el 27/11/09, entrando recién en vigencia el 5/12/09 -conf. CCIV: 2-. Así pues, su obligatoriedad -en tanto la aludida normativa no lo determina- es a los ocho días de su publicación, resultando que a la fecha de interposición del recurso habían transcurrido. De tal modo, su aplicación es inmediata y alcanza a los procesos en trámite, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que no han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior (Conf. Lino E. Palacio "Derecho Procesal Civil, T° I pág. 50; CSJN Fallos 249:256; 288:407; 302:263). 2 - No resulta óbice a tal conclusión, que el CRP: 242, en su actual redacción establezca que "a los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto que rija en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención". Ello así, por cuanto de la lectura armónica de la norma citada, se deriva que tal previsión refiere indudablemente al párrafo precedente, que prevé la adecuación anual que eventualmente efectuará el Máximo Tribunal respecto del monto establecido como límite de apelabilidad en el sexto párrafo. Una distinta interpretación implicaría privar de operatividad a la Ley 26536 respecto de la totalidad de las causas que fueron iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia, desvirtuando el espíritu final de la norma (CNCom, Sala D, in re "Banco Supervielle S.A. c/ Castro Matías s/ejecutivo", del 26.2.10).
Accidente de tránsito, testigos, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: CUELLO VIUDA DE CAPARA c/ DELPOZZI HERMANOS S.C.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Si el testigo, además de dependiente de la parte accionada, era quien conducía el vehículo al tiempo de ocurrir el accidente y cuya responsabilidad penal, patrimonial y aún oral podría verse comprometida, resulta lógico que sus dichos sean analizados con la mayor severidad y rigor crítico; más aún si es el único que presta declaración en tal carácter.
Juicio político, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Gerardo Walter c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Solamente una decisión definitiva, o una que resultase equiparable a tal, emitida por el Senado, puede ser objeto de revisión judicial por la vía del recurso extraordinario.
Ampliación de la declaración indagatoria, fiscales, recurso de apelación (procesal), instrucción
Materia: PENAL
Carátula: MOYA, Enrique. s/ QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-30

El pedido de ampliación de declaración indagatoria solicitado por el fiscal en ocasión de la vista conferida -art. 346, C.P.P.N.- no es equiparable al pedido de medidas de prueba que pueden eventualemente cumplirse en la etapa de instrucción suplementaria; por lo tanto no, se halla dentro de los presupuestos de inapelabilidad previstos por el art. 199, C.P.P.N.
Prisión preventiva, prisión domiciliaria, inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, rechazo del reclamo, detención, pandemia, coronavirus, faltas relacionadas con la higiene y la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Chazarreta, Marcelo Fabián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso deducido, pues el tribunal expresó válidamente las razones que determinaron su decisión, sin que se verifique -ni el recurrente logró demostrar- la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad. En el sub examine, la condena recaída -confirmada por esta Sala-, y el rechazo del remedio federal intentado, ha provocado que la detención que cumple el impugnante deje de revestir carácter cautelar. En consecuencia, su revisión no debió ser canalizada por vía de la excarcelación, sino de conformidad con las previsiones de la ley 24.660. Por otra parte, el a quo ponderó el estado de salud del condenado en el actual contexto 26 excepcional derivado de la pandemia declarada en razón del COVID19. En este sentido, el tribunal a quo, en base al informe efectuado por el médico a cargo del HPC I del Complejo Penitenciario Federal I, descartó que Chazarreta presente patologías vinculadas al grupo de riesgo ante la pandemia. De este modo, se evidencia que los jueces, en ese punto, fundaron razonablemente su decisión con ajuste a las recomendaciones contenidas en las acordadas n° 3/20 y 9/20 de este cuerpo. Sin perjuicio de ello, se debe encomendar al tribunal interviniente que disponga lo pertinente para que en la unidad carcelaria donde se encuentra detenido, se arbitren los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene. La disidencia sostuvo que, encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 463 del rito, corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y, en consecuencia, fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado, lo que de ningún modo importa anticipar criterio respecto a la materia impugnada. Dres. Mahiques, Slokar -en disidencia- y Yacobucci.
Emergencia económica, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gandolfi, Fabiana Ester y otros c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-28

En cuanto a la exigencia de valorar el interés público, la posibilidad de ver afectada la capacidad económica para hacer frente a los gastos corrientes de la vida familiar no afecta exclusivamente a los accionantes sino en general a todos los habitantes, quienes en mayor o menor medida se encuentran alcanzados por los riesgos sociales y las dificultades inherentes a su vida en una comunidad de fortuna. Por ello resulta ineludible la consideración del interés público comprometido en la ley que se cuestiona, conforme lo indicara el alto Tribunal Federal.
Sentencia absolutoria, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Minciotti, María Cristina s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-05

Cuando el reenvío del juicio se funda en errores o arbitrariedades en que se incurrió en la primera sentencia donde se absolvió al imputado, la decisión liberatoria alcanzada tras la primera audiencia de debate no representa la sentencia o procedimiento válido que define la situación del imputado ante la ley, y por consiguiente, el nuevo contradictorio llevado a cabo por esta instancia debe considerarse que no representa reabrir un debate sobre cuestiones que quedaron válidamente resueltas, porque no se trata de un supuesto de doble juzgamiento en el sentido que prohibe nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto no puede entenderse que la causa fue juzgada dos veces ni que se produjo la retrogradación del juicio, violándose así el principio del "non bis in idem", por la circunstancia de que se haya anulado la primera sentencia dictada, que había absuelto al imputado, por la existencia de vicios esenciales del procedimiento.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Improcedencia del recurso, recurso de inconstitucionalidad, aborto no punible, fundamentación insuficiente, derechos de la persona por nacer
Materia: PROCESAL
Carátula: Cari, Irene - Presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades; Defensoría Oficial Civil Nº 4: Dra. Natalia Buira - acción de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-07-12

Cabe rechazar la acción de inconstitucionalidad del decreto atacado, debido a que constituye un medio racionalmente adecuado para regular las delicadas cuestiones sometidas a consideración y no presenta la oposición a la Constitución sostenida por las demandantes, el decreto no implica, bajo ningún concepto, la legalización -por vía reglamentaria- del aborto o de alguna práctica dirigida a interrumpir libremente, por voluntad de la madre y sin causas que condicionan su excepcional licitud, el embarazo; en nuestro derecho positivo, el reconocimiento a la vida del "nasciturus" no admite discusión ni retractación legislativa -sea por derogación, abrogación o modificación-, pues la vida es un derecho protegido desde el momento de la concepción por el bloque de constitucionalidad vigente en la República Argentina.(del voto por su fundamento de los Dres. Catalano y Ferraris)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, prisión preventiva, peligrosidad del imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Quintana, Ignacio c/  s/ tenencia ilegitima de arma de fuego calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-11

La conclusión de los Sentenciantes, quienes consideraron configurados en el caso los requisitos legales exigidos para la procedencia de la prisión preventiva, se refuerza con lo expuesto por el representante del Ministerio Público de la Acusación,quien al contestar el traslado previsto en el artículo 4 de la Ley 7055, refirió a la extrema peligrosidad de las armas que se encontraban en lugares muy próximos de donde el justiciable pernoctaba -ponderando la posibilidad de perforar vidrios antibalas- y los cuantiosos elementos que no podían desconocerse en relación a las pautas de peligrosidad procesal por la presunta pertenencia del imputado a un grupo criminal -que se encuentra investigado por la justicia federal, con procesamientos emitidos- y que contaría con 'pistas clandestinas' que inciden en el peligro de fuga; y tales argumentos no resultan desvirtuados por la profusa mención que la compareciente hace de principios y garantías constitucionales que aparecerían violentados por la resolución, sin el acompañamiento de la necesaria fundamentación que demuestre la relación directa que debe mediar entre lo decidido y aquéllos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 4
Despido, declaración testimonial, redes sociales
Materia: LABORAL
Carátula: Ledesma, Graciela Noemí c/ Urbano Express Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

Carece de entidad suficiente la impugnación de la declaración de los testigos propuestos por la trabajadora por parte del empleador, acompañando copia de los perfiles encontrados en una red social, aduciendo que la actora y los deponentes eran amigos y argumentando que los testimonios se encontraban teñidos de parcialidad, toda vez que el hecho de figurar como amigos en las redes sociales, no los convierte necesariamente en tales en la realidad y argumenta que resulta bastante común que cualquier persona simplemente conocida pida una solicitud de amistad en una red social. Además, los testigos resultaron coincidentes en varios aspectos, teniendo en cuenta la limitación en sus declaraciones, por tratarse de personas que no trabajaban con la actora.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: A. E. T. S.R.L. en autos "A. E. T. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ Contencioso Administrativo (Exptre Nro. 06/2013)". s/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-19

Se ha señalado en reiteradas oportunidades que es principio general que la contracautela debe ser real, salvo el caso excepcional de pudiencia como hecho notorio del demandado o el caso de verosimilitud manifiesta, limitándose la caución juratoria sólo a supuestos de máxima verosimilitud del derecho expresamente contemplados en los arts. 212 incs. 2 y 3 y 214 incs. 2 y 3 por expresa remisión del art. 201 del CPr.

Al respecto, la Corte Suprema de la Nación decidió que la contracautela exigida por el art. 199, como requisito para el dictado de toda medida precautoria, debe ser, en principio y salvo supuestos excepcionales, de carácter real o personal y no simplemente juratoria, con la finalidad de garantizar debidamente los eventuales derechos de aquél contra quien se traba la medida.
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial. s/ Plantea Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1996-06-18

A pesar de que el Estado constituye una personalidad jurídica única e indivisa, es evidente que sus relaciones con terceros pueden abarcar cuestiones regidas por el derecho público o privado. Como se dijo in re Superior Tribunal de Justicia. "Para que el contrato concluido entre la Administración Pública y en particular sea de índole administrativa, es necesario que se rija por normas distintas a las que se aplican a las relaciones de los particulares entre sí, reglas de derecho público a las que se subordina el particular asumiendo la Administración el papel de superior preponderante, lo que admite (y supone) la existencia de cláusulas exorbitantes... Un contrato celebrado entre el Estado y un tercero particular que no afecte un interés público determinado, se rige por el derecho común..."
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, Municipalidad, ordenanzas municipales, nulidad del acto administrativo, transporte de pasajeros
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad  Cooperativa de  Transporte  Automotor  Litoral  Limitada (SCTALL.) c/ Municipalidad   de   San   Nicolás s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La sentencia que dispuso la anulación de las ordenanzas dictadas por la Municipalidad de San Nicolás, reconoció el derecho de la actora a la restitución de la explotación del servicio público de transporte automotor y condenó a la demandada al pago de una suma de dinero en concepto del derecho amparado, ha excedido su jurisdicción pues dichos capítulos no fueron propuestos por la actora en el escrito de demanda, por lo que debe dejarse sin efecto.
Obligaciones de dar cantidades de cosas, rechazo de la demanda, falta de prueba, dólares
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Isola, Carlos Andrés  c/ YPF  s/ acción de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-06

Corresponde hacer lugar al agravio de la codemandada, en cuanto postula el rechazo de la demanda por no resultar admisible la pretensión del actor al no haberse configurado los requisitos de una decisión írrita que amerite su nulidad. Ello es así, por cuanto las circunstancias puestas de resalto por la actora, no han aportado al proceso prueba alguna para demostrar cuál era el valor actual de mercado del bien al momento del pago efectuado, como para realizar una comparación que conduzca a comprobar la extrema injusticia de la decisión, ya que se ha limitado a insistir, a mi modo de ver de forma errónea, con la comparación con un monto en dólares estadounidenses a la fecha de la pericia.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, suspensión del proceso judicial, cosa juzgada, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Trozzo, José Rafael y Banco de Intercambio Regional S.A. c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Si bien el pronunciamiento que decretó la suspensión del trámite del proceso principal, no constituye, como principio, sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicha regla si el fundamento del recurso extraordinario radica en que lo resuelto importa un apartamiento palmario del fallo dictado en la causa, en términos que, por vulnerar el principio de la cosa juzgada, causan lesión a derechos tutelados por expresas garantías constitucionales.
Embargo, reforma del Estado, Ley de Reforma del Estado
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIPROM SACIFI c/ SERVICIOS  DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOB s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

Sea el embargo de carácter preventivo, o ejecutorio, resulta alcanzado por los efectos de la ley 23696.
Sociedad anónima, sociedad irregular, administración de la sociedad, representación de la sociedad, responsabilidad del socio, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: VINOTTO JOSE F. c/ CIUDAD FLORIDA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

La representación de la sociedad anónima no constituida regularmente (art. 7 de la ley de sociedades comerciales) es sólo un aspecto parcial del problema de la responsabilidad que resuelve el art. 23 de la ley citada, en el sentido que los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedan solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin posibilidad de invocar, frente a terceros, limitaciones, derechos o defensas nacidas del contrato social.

La administración y representación de la sociedad la tienen todos los socios (art. 24 de la ley citada), ejerciéndola cualquiera de ellos, de suerte que específicamente no se configura el fenómeno de la representación, consecuencia de las restricciones que se imponen a la personalidad de las sociedades irregulares.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, indemnización, acto administrativo, responsabilidad directa, prueba, causa fuente, bien común
Materia: CIVIL
Carátula: El Jacarandá S.A. c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

Cuando se trata de resarcir daños causados por actos administrativos dispuestos por razones de interés general, es necesario acreditar la existencia de una relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre la conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue.