Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-09-07


Salta, 07 de septiembre de 2016.	(Tomo 207: 123/130 ) YVISTOS: Estos autos caratulados "MUÑOZ CUELLO, MARÍA LAURA VS. LA LÍNEA CHANNEL MANAGEMENT S.A.; FRÁVEGA S.A.C.E.I. - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte. N° CJS 38.237/16), y	_________________________ CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 44/48 vta., la codemandada La Línea Channel Management S.A. interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia se agrega a fs. 41/42 vta., que denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia obrante también en copia a fs. 33/34 vta., la que declaró mal concedido el recurso de apelación deducido, con costas.	Manifiesta la impugnante, luego de repasar los antecedentes de la causa, que la resolución en crisis prescinde de una justa valoración de todas las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, así como de una aplicación correcta de la ley, todo lo cual -dice- torna al fallo en inconstitucional al vulnerar principios básicos del derecho y producirle un menoscabo.	______ Expone que en el marco de lo dispuesto por el último párrafo del art. 70 del C.P.L., la Cámara concluye en que la apelación deducida ha sido mal concedida en razón de que las providencias impugnadas no encuadran dentro de los supuestos previstos por el art. 59 del mismo cuerpo normativo. Al respecto indica que el tribunal "a quo" omite toda referencia al error en el que incurrió -según refiere- el juez de grado al considerar que tenía 26 días para contestar la demanda, y al no ponderar que el tenerla por respondida fuera de término impide la incorporación de prueba documental de importancia para la resolución de la causa, hecho asimilable al descripto en el punto f) del mentado art. 59.	Añade a lo expuesto que la resolución denegatoria viola disposiciones constitucionales que se ubican por encima de cualquier norma procedimental, tales como los derechos de defensa en juicio y a un debido proceso.	Advierte que no existe vicio alguno en la citación para contestar demanda, pero destaca que la Cámara, efectuando una errónea interpretación de la normativa vigente, acude a un extremo formalismo, la inapelabilidad, para no analizar el yerro del magistrado de la primera instancia en el análisis que realiza de las facultades otorgadas por el art. 59 de referencia. En este horizonte, explica que la exégesis que concluye en que la Secretaria del Juzgado puede fijar el plazo para contestar demanda y que lo hizo concediendo 26 días a tal efecto, no resulta correcta, toda vez que la norma la autoriza a establecer el término a ser ampliado en razón de la distancia, y que es de 10 días el que se tiene para presentar el responde de conformidad con el art. 35 del C.P.L., con más los días que se otorgaren en razón de la distancia.	En cuanto a la imposición de las costas sostiene que en los reiterados traslados a la contraria, ésta puso de manifiesto que las providencias recurridas fueron dictadas inaudita parte, por lo que no correspondía sustanciar las impugnaciones, ni la aplicación del principio objetivo de la derrota.	A fs. 50 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.	2º) Que es criterio reiterado de este Tribunal que el recurso de inconstitucionalidad resulta de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, y que su admisión se circunscribe a los supuestos en que una cuestión constitucional, oportuna y debidamente introducida, deviene esencial para la resolución de la causa. Por ello, el remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no presenten vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64: 841; 70:229; 116:321).	3º) Que como también lo ha señalado esta Corte, las cuestiones procesales resultan propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario, cuando han sido resueltas con fundamentos bastantes para sustentar el pronunciamiento como acto judicial válido (cfr. Tomo 66:205; 67:541; 68:591; 69:877; 71:195; 72:771; 77:467; 89:733, entre otros).	Por otra parte, las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales no justifican, como regla, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de los planteos que suscitan, con excepción de los casos donde lo decidido frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, con vulneración de la garantía de la defensa en juicio (cfr. esta Corte, Tomo 60:955; 61:1; 62:197; 89:733; 96:977; 97:635; 116:121).	4º) Que en la especie, los razonamientos del apelante no logran demostrar la configuración de un caso de excepción a las reglas generales precedentemente señaladas.	En efecto, tal como lo advierte la Cámara, los agravios de la quejosa sólo evidencian una mera disconformidad con lo resuelto, en tanto más allá de detenerse en las actuaciones procesales realizadas en el expediente, no critican razonada y pormenorizadamente los fundamentos del fallo que califica de inconstitucional.	En este sentido se tiene que nada dijo la apelante sobre lo manifestado por la Cámara acerca de que el art. 59 del C.P.L. sólo admite como apelables las hipótesis allí previstas, siendo ajena a ellas la disconformidad con los plazos otorgados por el juzgado (26 días conforme providencia de fs. 35 del expediente principal), circunstancia que -en todo caso- debió ser manifestada oportunamente y no introducirla mediante esta vía apelativa cuando ya ha operado la preclusión con las consecuencias que ahora pretende objetar. Así tampoco desvirtuó con fundamento suficiente los argumentos vertidos en el pronunciamiento de la alzada en lo atinente a las costas, habiendo aplicado el art. 67 del C.P.C.C., de conformidad a lo estatuido en el art. 90 del C.P.L., valorando las contestaciones que obran a fs. 85 y 102/103 de los autos principales.______________________________________________________________<#LINE >	5°) Que por lo que resulta dicho, queda evidenciada la inexistencia de una cuestión de índole constitucional, revelando la pretensión de la quejosa una mera divergencia con cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, propias de los jueces de la causa y ajenas al remedio intentado (cfr. esta Corte, Tomo 60:375; 63:693; 65:1177; 66:617; 103:285). Así las cosas, siendo que la decisión atacada cuenta con fundamentos suficientes y no se halla reñida con los principios de juridicidad y logicidad normalmente esperables, se impone la desestimación de la queja deducida.	Por ello,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. RECHAZAR la queja interpuesta a fs. 44/48 vta. de autos.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Mariano H. Ciociano -Secretario de Corte de Actuación Interino-).