marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicios contra el Estado, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estancia Punta Loyola S.A. c/ Y.P.F. S.E. s/ expropiación servidumbre administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-18

El crédito está claramente comprendido en el régimen de la ley 23.982, pues se trata aquí de una obligación de causa o título anterior al 1/4/91, de carácter dinerario, cuyo cobro es dirigido contra YPF S.A., por quien responde directamente, el Estado Nacional. Consecuentemente, el sometimiento de aquél crédito a la ley de consolidación es insoslayable; máxime si se tiene en cuenta que la demandada cumplió con los requisitos establecidos en el ordenamiento. Asimismo el art. 3º del decreto 2140/91 establece que las obligaciones que reúnan los requisitos establecidos en la ley y en el presente para su consolidación y resulten a cargo de cualquiera de las personas jurídicas y organismos mencionados en el art. 2º de la ley, están consolidadas de pleno derecho, cualquiera sea el acreedor, incluyendo las provincias, las personas de derecho público, y los beneficiarios de la consolidación. En caso de duda -enfatiza- se resolverá a favor de la consolidación. (Conf. Sala I del fuero in re: "Telecenter S.A. c/E.N. -Sec. de Defensa y Difusión s/ proceso de conocimiento", del 16/11/95). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. V).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, beneficios previsionales, denegatoria del beneficio, pensiones
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ballarin, Eva María c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

El recurso extraordinario contra la sentencia que denegó la pensión sobre la base de que la interesada no alcanzaba el grado de incapacidad psicofísica exigida por los arts. 38 y 39 de la ley 18.037 es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Honorarios, asesor de menores, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: CIVIL
Carátula: M.F. c/ B.M. s/ Acción de reclamación de filiación extramatrimonial extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-24

Si el asesor de menores actúa patrocinando -facultado por ley orgánica (art. 79 Inc b)- y además como apoderado, debe sostenerse ha actuado como letrado o abogado de parte; que es la misma función que compete a los defensores de pobres, ausentes e incapaces, para la cual, la ley orgánica preve se fijen honorarios (art. 80 últma parte) cuando carga con las costas la parte contraria a la asistida por ser perdedora en el proceso (letrado actuante en doble carácter de apoderada y patrocinante)
Fundamentación de sentencias, etapas del proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Comisaría 27° s/ Investigación muertes asfixia por inmersión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-15

La motivación de una resolución judicial consiste en la exposición completa y lógica de las causas que inducen al juzgador a determinar y luego calificar una situación fáctica del proceso (ver "LOREA", Se. 166/99), y se debe adecuar al grado de avance o conclusión del proceso. En este sentido, la hipótesis delictiva se va confirmando o negando conforme con las etapas del proceso, hasta culminar con la sentencia luego del debate oral y público, y requiere de la determinación y generación de distintos estados de conocimiento, intermedios entre la certeza negativa o positiva de la hipótesis primariamente articulada. (Voto del Dr. Balladini).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: More, Alfredo c/ Massalin Particulares S.A. s/ Despido. Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

Es posible interpretar en sentido amplio la citación en garantía efectuada por el demandado, pero ello no permite trasponer los términos en que la misma fue propuesta, indagando sobre elementos de responsabilidad autónoma, evaluando cuestiones de hecho que no formaron parte de la estructura de la litis.
Extradición, aplicación territorial de la ley penal, doctrina de la arbitrariedad, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

El Estado argentino ha decidido continuar con la investigación por la desaparición de la víctima. Además se cuenta con los medios necesarios y no existen obstáculos que impidan su persecución. En consecuencia, el principio de territorialidad debe prevalecer en caso de conflicto de jurisdicciones (como el que se presenta aquí) sujeto a que en dicho Estado existan recursos adecuados y eficientes para el juzgamiento de tales crímenes y se garanticen las reglas del debido proceso a los presuntos responsables, así como la existencia de una voluntad efectiva de juzgarlos. Por lo tanto, aún de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 30 de la Ley 24.767 ello no hubiera hecho variar la determinación de reabrir la causa y continuar su trámite ante la justicia federal. De este modo, los argumentos expuestos en la resolución impugnada referidos a la existencia de un menoscabo al legítimo interés del recurrente de participar en el juicio donde se discutirían los aspectos formales que hacen a la viabilidad del pedido, a ala luz de los reseñados con anterioridad, dan la pauta de que se trata de afirmaciones dogmáticas que conspiran con la voluntad del Estado de juzgar al imputado en Argentina. Con fundamento en todo lo precedentemente expuesto, es que entiendo que la decisión por la que se hizo lugar al planteo de la República Federal de Alemania debe anularse, ya que se ha declarado la nulidad por la nulidad misma, sin especificar el perjuicio e interés en su declaración, en razón de que el recurrente no ha manifestado cuales son las defensas o excepciones que se ha visto privado de oponer. (Dra. Ledesma según su voto).
Responsabilidad del Estado, régimen penitenciario, readaptación del condenado, obligación de seguridad, daños y perjuicios, indemnización, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: ACOSTA DE ARGAÑARAZ DOLORES ROSA c/ POLICIA FEDERAL ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

En los casos de lesiones sufridas por los penados, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la seguridad como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del art. 18, Constitución Nacional, los de los propios reclusos. "Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ... de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos" ... La irregular prestación del servicio es causa de responsabilidad para el Estado, y "la falta de cumplimiento de los fines constitucionales y las obligaciones que generan, imponen la obligación de reparar el daño" (Causa B 142, XXIII, "Badín, R. y Otros c/Provincia de Buenos Aires", de 19.10.95, considerandos 3, 9 y 10).
Declaración indagatoria, abstención de declarar, valoración de la negativa, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GATTO, DANTE Y OTRO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-14

Es inadmisible la valoración contra el procesado de la negativa a declarar, por ser manifiestamente violatorio de la garantía constitucional del art. 18.
Contrato de trabajo, encargados de casas de renta, protección contra el despido arbitrario, indemnización por despido, ley más favorable, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: "Castro,  Andrés c/ Cons. Prop. Edif. Torre 7 Barrio Gral . Savio s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-12

El art. 6 de la ley 12981 establece como mecanismo de protección contra el despido arbitrario un sistema indemnizatorio que, comparado en su integridad con el sistema que establece la LCT para ese mismo fin, hace evidente que el primero es más beneficioso. Obsérvese que contempla un lapso de preaviso superior al establecido en la norma general. Ahora bien, la norma estatutaria no especifíca la extensión temporal de la fracción computable a fin de establecer el importe de la indemnización por antiguedad, por lo que cabe considerar que un solo día (y no un lapso mayor de tres meses) habilita el cómputo de un período. Como el art. 9 de la LCT, al declarar aplicable el principio de conglobamiento orgánico por instituciones, descartó la posibilidad de "acumular", beneficios provenientes de la atomización de normas laborales, no cabe duda que no puede extraerse la "mejor condición" de cada norma en juego formando una "nueva" e inexistente, por lo que debe aplicarse el régimen que, comparando por instituciones en conjunto, resulte más favorable al trabajador, aún cuando alguna condición en particular no lo sea. Tal régimen, como se ha visto, es el de la ley 12981 que no prevé la denominada "integración del mes de despido", por lo que no corresponde admitir la viabilidad de este aspecto de la pretensión (art. 499 C. Civil).
Costas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Lezcano, Wenceslao Daniel c/ UCAL Unión de Cooperativa Agrícola Algodonera Ltda. y/o quien Res. resp. s/ Indemnización por enfermedades, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-25

Siendo que las pretensiones recursivas del apelante han sido admitidas en su totalidad, resulta ser la actora la que aparece como perdidosa y por consiguiente quien debe soportar las costas del juicio en ambas instancias, por cuanto no se advierte en la causa, razón alguna que justifique apartarse del principio general del "hecho objetivo de la derrota" consagrado en la materia (art.129 ley 2383). Ello de conformidad con el criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia en Sentencia N. 226, del 23/08/96, dictada en autos: "Sagatelli Raúl Adolfo y otros c/Banco de la Provincia del Chaco S.E.M. s/Diferencia Remuneraciones Impagas".
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, exención de depósito
Materia: CIVIL
Carátula: QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en RLJMF Y OTROS  c/  s/ 2 BIS - INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR (DESTRUCCIÓN DE BIENES O DISMINUCIÓN DE VALOR PARA ELUDIR CUMPLIMIENTO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Rechazada la queja tendiente a cuestionar, en último término, la sentencia de la Cámara que confirmó la de primera instancia en cuanto declaró la atipicidad de la conducta investigada -que había sido provisoriamente encuadrada dentro del art. 2 bis de ley n° 13944-, corresponde eximir a la recurrente de la integración del depósito en virtud de la índole alimentaria de los derechos cuyo resguardo, en definitiva, invoca perseguir (cf. "LAP", expediente n° 16441/2016-11, sentencia del 12/10/2022 y "LAP", expediente n° 16441/2016-10, sentencia del 28/12/2022). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Obras sociales, asistencia médica, prestaciones de la obra social, establecimientos asistenciales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ramp, Juan Rodolfo y otra c/ Cruz Médica San Fernando S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La obligación primordial de la obra social es asegurar la asistencia médica de sus afiliados, por lo que debe proveerles un nosocomio que, conforme las circunstancias del caso particular cumpla con tal objeto, evitando toda deficiencia del servicio médico prestado (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Competencia previsional, asignaciones familiares
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sindicato énico  de  Trabajadores del Neumático Arg. c/ EstadoNacional Ministerio  de  Trabajo,  Seguridad Social y otros s/ asig. familiar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

Lo atinente a las asignaciones familiares es materia propia de la seguridad social.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arias, Cecilia Palmira c/ Gourdin, Eugenio Jorge s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La calidad de locadora de quien acciona, la habilita por sí para peticionar el desahucio del bien arrendado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrer, Luis Alberto c/ Honorable  Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson s/ Ordinario - I - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-30

No es admisible la medida cautelar si para determinar la verosimilitud del derecho se hace necesario tratar por anticipado los temas que deben ser objeto de la acción principal.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, ejecución de sentencia, decreto judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: DELGADO, PATRICIO LAUREANO c/ ATEM S.R.L
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-07-07

Entiendo que el recurso no puede prosperar. En primer lugar, porque el recurso de apelación está dirigido a sentencias definitivas y a resoluciones que pongan fin total o parcialmente al pleito, caracteres que no detenta la providencia que obra en autos.

En segundo término, porque por el mismo motivo, no estamos frente a una resolución "que decrete o deniegue medidas cautelares", (inciso "h" del art. 59 CPL) sino de una mera providencia.

Finalmente, porque estamos dentro de un proceso de ejecución de sentencia, donde impera el principio de inapelabilidad del art. 73, tercer párrafo, de la ley ritual laboral, que prevé excepciones puntuales, no siendo procesalmente adecuado en este tipo de procesos, ajeno a las previsiones legales.
Accidentes de trabajo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: LILLO HUGO O. c/ COMPAÑIA DE PERFORACIONES RIO COLORADO SA s/ ORDINARIO s/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-03-30

Bien es cierto que el derecho a la reparación nace contemporáneamente con el evento lesivo (accidente o enfermedad).

Con arreglo a la ley de ese momento se concede existencia al derecho que posteriormente es declarado en la sentencia. Pero esto no tiene necesariamente que atar y condicionar la dimensión dineraria de esa reparación, cuyo cálculo puede efectuarse según mecanismos y pautas que concedan a aquel derecho ya nacido, un volumen financiero.Estos procedimientos de cálculo, no desmerecen la tesis que localiza el nacimiento del derecho coincidentemente con el accidente-o la enfermedad-. Simplemente indican el procedimiento a seguir para que aquel derecho a ser reparado, llegue a un determinado rango dinerario. El derecho de la víctima es remitido a aquel momento y no a la fecha en que se emite la decisión judicial. Pero el quantum de ese derecho, el cálculo que permite saber cómo se traduce en moneda aquel derecho, bien puede obtenerse mediante la aplicación de mecanismos que nada tienen que ver con la causa que engendró la existencia misma de aquel derecho. Una cosa es el deber de reparar y otra la magnitud o volumen dinerario de esa reparación. Por ello cuando la ley dice que el tope estará dado por un cálculo efectuado sobre la base del salario mínimo, vital y móvil vigente al tiempo de la determinación, considero que ese es el tiempo, la oportunidad, el momento de la sentencia que declara aquel derecho y calcula el monto del mismo con arreglo a ese salario mínimo, vital y móvil.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, NANCY c/ COOPERATIVA LA UNION LTDA. Y EMPRESA ANELLI TURISMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-11

Cuando el art. 1068 del Código Civil, alude al "perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria" que se sufre por el mal hecho a las "facultades" de la víctima, permite emplazar allí todo menoscabo económico emergente de la lesión a la salud del individuo, comprensiva de sus aptitudes físicas y síquicas, que le permiten vivir y obrar con normalidad.
Acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, nulidad de oficio, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARRA, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 192-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

El acto administrativo ilegítimo que no ha sido anulado de oficio por la misma autoridad administrativa, no sólo existe sino que también es eficaz, por lo que debe ser ejecutado y observado como un acto perfectamente válido.
Costas, demanda, procedencia parcial, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Díaz Cortez,Fernando G. c/ Centro Hogar Distribuciones y/o Jose N.Gomez y/o quien resulte responsable. s/ Daños y Perjuicios. Diaz Cortez,Fernando G. c/ Centro Hogar Distribuciones y/o Jose N.Gomez y/o quien resulte responsable. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-07-07|1993-07-07

Cuando ninguna de las partes obtiene la satisfacción íntegra de su pretensión o de su oposición, las costas deber n distribuirse proporcionalmente.En el Sub-lite, la accionada se opuso a la pretensión de resarcimiento por daño moral, con resultado positivo, de lo que resulta un vencimiento parcial y mutuo, encuadrado en lo dispuesto por el art.71 del Código de rito.
Administración Pública, facultades discrecionales, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VULLO, MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 55-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

La administración que invoca como fundamento de sus actos, razones de servicio de apreciación discrecional, no está exenta de respetar el fin en miras al cual se le atribuyó esa potestad, que responde a reglas objetivas sin que se la pueda considerar como "una esfera ilimitada de acción".
Sumario administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianelli, José Luis c/ Municipalidad del Partido de Chacabuco s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

Si el auto de imputación dictado en el trámite del procedimiento disciplinario se sustenta en prueba de cargo idónea (en el caso, el testimonio concordante de dos agentes), corresponde al imputado demostrar la inexistencia de la falta imputada o de la responsabilidad que en su comisión se le atribuye, tanto en sede administrativa como en sede judicial.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALVEZ, BLAS ALBERTO c/ JUAN BAUTISTA FINI s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-21

Cuando una sentencia no es definitiva ni reviste carácter de tal, resulta improcedente el recurso de Casación interpuesto.-
Poder Ejecutivo, política salarial, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miguel Angel Baz y otros c/ CONET s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Las decisiones del Poder Ejecutivo en materia de política salarial, adoptadas en virtud de una ley que lo habilita al efecto, sobre la base de criterios de oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta al momento de su dictado, no son susceptibles de revisión judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), delitos, monto de la pena, unificación de penas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., C. G. Y M., C. D. c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES GRAVES EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Corresponde admitir parcialmente la queja sólo en relación a los agravios vinculados con la pena impuesta, pues tanto las postulaciones de la compareciente dirigidas a cuestionar el monto de la pena impuesta, como lo alegado en relación a uno de los imputados se le habría unificado la impuesta en este proceso con una anterior que ya se encontraba vencida, cuentan -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importan articular una hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la disidencia parcial del Dr. Erbetta)
Libertad de prensa, Comunicaciones, publicidad de los actos de gobierno, facultades discrecionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Si el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad competente, que se concede o retira a modo de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la fuente preferente de financiamiento del medio, no es aventurado sostener que unos serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener la que les fue asignada y otros, para alcanzarla (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A.

Bossert).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: V, L. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  la prescripción de la acción penal (Expte. CSJ No. 74-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-16

Deviene inadmisible la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad cuando el quejoso no ha logrado desmerecer plausiblemente en el escrito de queja, en franco incumplimiento de la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055, lo dispuesto por el Tribunal a-quo en relación a que la idoneidad interruptora de la prescripción en materia penal, debe ser evaluada en cada caso concreto, desde la óptica de la aptitud progresiva que el acto hubiera tenido en el proceso y de la finalidad persecutoria del mismo, resultando claro y nítido que sin dicho decreto no se hubiera podido dictar una sentencia válida y de este modo, consideró que la resolución que amputa la parte viciada de un proceso y remite la causa a un nuevo juez para que dicte nueva sentencia se trataba de una decisión emitida por quien tenía a su cargo la resolución de la acción penal y era netamente persecutoria del imputado al encontrarse orientada al dictado de una sentencia útil.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ Milich, Juan y otro s/ Cobro ejecutivo Banco Cooperativo de La Plata c/ Inmar SA s/ Cobro ejecutivo Banco Municipal c/ Aprocym de Frutas y Hortalizas s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15|1993-09-27|1996-09-12

Si bien el art. 793, último párrafo, del C. de Comercio, establece que las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria -extendidas por los funcionarios que allí se mencionan- serán considerados títulos que traen aparejada ejecución, lo cierto es -y de conformidad con todo el contexto de la norma legal- que es a condición de que se trate de saldos definitivos. Es que de lo contrario, de no haberse cumplimentado el trámite previsto en los párrafos 1 y 2 de la citada norma legal, no se estaría frente a una obligación exigible, que es la condición indispensable para procederse ejecutivamente (art. 518 del C. Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)