Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-13


Expte. Nº 5488/0 "Spisso Rodolfo Roque c/ Legislatura y Otros s/ Daños y Perjuicios (Excepto Resp. Médica)" En la Ciudad de Buenos Aires a los días del mes de julio de dos mil seis, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro (quien se ha excusado de intervenir en la presente) y Eduardo Ángel Russo, para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y demandada respectivamente, contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 251/263). Habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dra. Nélida Mabel Daniele y Dr. Eduardo Ángel Russo resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteda la Doctora Nélida Mabel Daniele dijo que: Antecedentes: 1.- La parte actora promovió demanda de daños y perjuicios contra la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en lo sucesivo la "Legislatura") por el procedimiento irregular que aquella llevó a cabo al considerar su pliego propuesto por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para el cargo de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativ o y Tributario, y "(...) por las expresiones injuiriosas, gravemente deshonrosas, vertidas por distintos legisladores, en ejercicio de sus funciones" (ver fs. 2, punto II y fs. 41). Luego de reseñar sus extensos antecedentes académicos y profesionales, relató que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad convocó a concurso de antecedentes y oposición para la designación de Jueces de esta Cámara (concurso 1/99) ocupando el primer lugar para integrarla tras obtener el mayor puntaje. Remitidos los pliegos de los candidatos propuestos a la Legislatura, se llamó a una audiencia pública y se dispuso la apertura del registro de impugnaciones. Sin que se haya formulado ninguna impugnación, la audiencia se llevó a cabo el día 13 de setiembre de 2.000 con la presencia de algunos legisladores que integran la Junta de Ética y Acuerdos y la Comisión de Justicia. Agregó que la normalidad del procedimiento se vio alterada cuando la citada Junta entró en la consideración "extraoficial" de una denuncia anónima que imputaba a l actor la comisión de supuestas irregularidades en el ejercicio de su profesión. Manifestó que dicha denuncia no fue incorporada a ninguna actuación o expediente ni tampoco se le corrió traslado de ello. Ese proceder violó -a su entender- las disposiciones del capítulo VI de la Ley 6, puntualizando que "Sin perjuicio de que la legislatura no corrió traslado (...) de la denuncia, todo hace suponer que su autor, con evidente malicia no desprovista de picardía, envió vía fax al actor una transcripción no textual de la denuncia recibida por algunos legisladores. Esto lo pudo comprobar tardíamente (...), cuando, a pedido del Fiscal de Cámara, la Legislatura agregó una copia de dicha denuncia a la acción de amparo caratulada: "Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA (Legislatura), exp. 1/2000". La diferencia esencial entre la denuncia recibida por el actor vía fax y la remitida a los legisladores consistió en que la primera se acentuaba notablemente la supuesta evasión fiscal que se le imputaba tanto al actor como a su cónyuge , mientras que en la segunda se ponía énfasis en la utilización indebida por parte del actor de un poder caduco por la muerte del poderdante" (v. fs. 2 vta., 2º párrafo). En ese orden, se presentó espontáneamente a brindar explicaciones ante la Junta de Ética y la Comisión de Justicia de la Legislatura, oportunidad en la cual ningún legislador le hizo objeción alguna con relación al ejercicio de su profesión, explayándose sobre la denuncia por evasión fiscal que le remitieran vía fax. Es decir, al no haber conferido la Legislatura traslado del objeto de la denuncia, el actor no supo concretamente de qué defenderse, haciéndolo -como consecuencia del ardid que reseñó- por una cuestión sobre lo cual no versaba el anónimo. Expresó que si bien es posible que las explicaciones que brindó en punto a la supuesta evasión fiscal hayan resultado insuficientes para los legisladores, como se expresó en el dictamen del 26 de setiembre de 2000 y en los Considerandos de la Resolución Nº 308/00, respecto a la otra acusación ( "utilización de poderes caducos") no se le concedió posibilidad de defensa y se consideró ilícito un acto regular (ver fs. 2 vta., penúltimo párrafo). Esos acontecimientos -dijo- generaron un clima de sospecha generalizada en su contra, dando cuenta de diversas declaraciones efectuadas por ciertos legisladores (v. fs. 3 vta./4) y publicaciones de lo acontecido en los diarios Clarín (v. fs. 15) y Ámbito Financiero (v. fs. 16). Recordó que la Legisladora Oyhanarte, quién fundó el despacho por la mayoría, le atribuyó una sola irregularidad, a saber: "(...) haber utilizado el poder de su suegro, luego de su fallecimiento, en un solo juicio, sin imputarle maniobras de desbaratamiento de derechos, constitutivas de delitos o que hubiesen producido perjuicio a terceras personas (...)" (v. fs. 3 vta. 2º párrafo). Por su parte, el Legislador Roque Bellomo -según la versión taquigráfica de la sesión de la Legislatura de fecha 28.09.00- afirmó que el Dr. Spisso pudo "(...) haber incurrido en una falta grave en el ejercic io de su profesión e incluso, en un delito de acción pública". Sin embargo, aclaró el actor que nunca nadie se preocupó por indicar qué delito habría cometido. Así las cosas, la Legislatura por Resolución Nº 308/2000 dispuso que se formule denuncia penal contra el accionante y requerir la intervención del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados para que se juzgue su conducta profesional. En su oportunidad, el Juzgado de Instrucción Nº 17, Secretaría Nº 153, en la causa Nº 118.356/00 que promovió el Ministerio Público a instancias de la Legislatura, por sentencia de fecha 13.02.03 resolvió sobreseer al Dr. Rodolfo Spisso por inexistencia de delito haciendo expresa mención que la instrucción del sumario no afectó su buen nombre y honor. De igual modo, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados absolvió al actor de las irregularidades que se le imputaron, habida cuenta que no incurrió en ninguna de las causales del artículo 44 de la Ley 23.187. Asimismo, el accionante refiere haberse pre sentado ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 en autos "Molinari de Gutierrez, Delia c/ Gloza, Carlos José s/ Ejecución Hipotecaria" en donde había utilizado el poder cuestionado por los legisladores, explicitando las razones que le imponían actuar como lo había hecho sobre la base de lo dispuesto por el artículo 1980 del Código Civil. En ese orden, el Juez -por auto de fecha 11.10.00- ordenó el archivo de las actuaciones al entender que no medió ninguna conducta irregular. A su turno, el Juzgado Nº 2 del fuero, por sentencia del 24.10.00, declaró la nulidad de la Resolución Nº 308/00, y ordenó a la legislatura que inicie en el plazo de 10 días el trámite previsto en el artículo 118 de la Constitución Local; pronunciamiento que fue confirmado por las instancias superiores. En otro orden, expresó el actor que la Legislatura fue contumaz en el cumplimiento de la sentencia, lo que dio lugar a que el Juzgado interviniente intimara a los legisladores a dar cumplimiento con lo resuelto por el Tribunal Superior de la Ciudad, bajo apercibimiento de astreintes y de remitir las actuaciones a la justicia criminal. Ante ese estado de cosas, la Legislatura convocó, por Resolución Nº 42/00, a una audiencia pública para el 31 de mayo de 2002 para considerar la idoneidad y resolver las impugnaciones que pudieran presentarse contra el Dr. Spisso. Refirió el actor cierta animosidad de algunos legisladores, quienes mediante declaraciones que desconocieron los pronunciamientos dictados por el Juzgado Criminal de Instrucción y el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, volvieron a imputarle evasión fiscal. Así las cosas, el legislador Fernández en una entrevista con el periodista Eduardo Feinman por Radio 10, el día sábado 6 de abril de 2002 manifestaba que la Legislatura había rechazado el pliego del actor por habérsele imputado evasión fiscal, circunstancia que dijo se hallaba probada. Por último, señaló que la Legislatura no le otorgó el acuerdo por Resolución Nº 132/02. Fundó en derecho su pretensión, cuantif icó el reclamo por daño moral y pérdida de chance. Requirió la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en los diarios Clarín, La Nación y Ámbito Financiero. 2.- A fs. 42 se ordenó el traslado de la acción interpuesta, la accionada se presentó a fs. 46/58, solicitando la desestimación del temperamento propuesto por su contraria con expresa imposición de costas. Luego de negar los extremos expuestos por la actora, indicó que es función de la Legislatura elegir libremente y sin expresión de causa entre aprobar o rechazar los candidatos propuestos por el Consejo de conformidad con el artículo 118 de la Constitución local. Agregó que en la especie no se trata de un acto administrativo, sino de un acto político. Dijo que el fundamento central del actor consiste en que algunos legisladores han pronunciado expresiones injuriosas y gravemente indecorosas durante las sesiones en las que trataron su pliego, pero -a su entender- la demanda no puede prosperar por cuanto de conformidad con el artículo 78 de la C onstitución local ningún diputado puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por sus opiniones, discursos o votos que emita en ejercicio de sus funciones. De ello entendió que las inmunidades parlamentarias pertenecen al cuerpo legislativo y no al legislador, por lo cual mal puede demandarse a la legislatura por daños y perjuicios. 3.- A fs. 62/68, contestó demanda la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reiterando los argumentos sostenidos por el Gobierno Comunal. A fs. 73, ambos Departamentos unificaron personería en la representación de la Legislatura. 4.- A fs. 251/263, el Señor Juez de Primera Instancia, admitió parcialmente la demanda interpuesta condenando a la Ciudad de Buenos Aires a pagar al actor la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-), con más intereses e impuso las costas a la vencida. Para así resolver abordó tres cuestiones, a saber: (1) si la inmunidad de los legisladores se extinde al Estado; (2) la existencia de ilegitimidad y (3) la existencia de daño. (1) En p unto a la primera cuestión -con buen criterio- el magistrado de grado recordó que tanto el artículo 78 de la Constitución de la Ciudad como el 68 de la Constitución Nacional "(...) cubre exclusivamente al legislador ya que (la imnunidad) como excepción al principio de igualdad, se debe interpretar restrictivamente: la Constitución impide perseguir judicialmente al legislador y sólo a él (..)" (v. fs. 255, 3º párrafo). Así las cosas, agregó que cuando se dice que el beneficio se establece en razón de la "independencia funcional de las Cámaras" ello no equivale a sostener que el privilegio corresponda a la legislatura, sino que es personal, esto es para el órgano persona. Asimismo, luego de reseñar los supuestos que hacen procedente la responsabilidad del Estado, sostiene que "(...) aunque el agente legislador goce de inmunidad, la Administración será responsable por los hechos que ejecute cuando su actuación genere una falta de servicio, porque la responsabilidad es objetiva en cuanto no es necesario individua lizar al agente que actuó irregularmente, no es necesario saber de su voluntad y (...) para el caso, de su inmunidad (...). En cambio no es objetiva en cuanto a que se debe alegar y probar el defectuoso funcionamiento del servicio (...)" (v. fs. 256, 4º párrafo). En tal orden, conluyó el a quo que la inmunidad del legislador no libera al Estado de su responsabilidad si se ha cometido una falta de servicio. (2) Con relación al segundo aspecto se señaló que "(...) el obrar de los legisladores en el caso y en relación a este punto se da esencialmente en el procedimiento que desemboca en el primer rechazo del pliego del actor por resolución Nº 308/2000 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del 28 de setiembre de 2000, resolución que fue declarada nula (...)" por sentencia del Tribunal Superior de Justicia in re "Spisso, Rodolfo R. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado" en "Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ amparo". Por tanto, según el criterio del magistrado de la instancia anterior, los legi sladores imputaron al Dr. Spisso actuar en juicio con mandatos vencidos, pero no indagaron si aquél obró por necesidad y dentro de las previsiones de los artículos 1980 y 1969 del Código Civil, configurando ello una negligencia subsumible en el artículo 1109 del Código Civil al que reenvía el artículo 1112 del mismo cuerpo normativo. Así, entiende que el actor probó que se le imputó una ilegitimidad, sin que la accionada haya prodido en el sub lite acreditar dicho extremo, lo cual acarrea que su conducta sea negligente conllevando a la responsabilidad del Estado por falta de servicio. (3) En lo relativo al daño moral, el a quo manifestó que una vez determinada una ilegitimnidad como la que se imputa a la Comuna, no es necesaria la prueba rigurosa del mismo por cuanto es una consecuencia que -razonablemente- se sigue de ella. Del análisis de los términos de la demanda y de los elementos de juicio allegados a la litis, el Señor Juez consideró que no mediaba sustento para admitir el reclamo de pesos cincuenta mi l ($ 50.000.-) estimado por la actora. Por ello, con cita de jurisprudencia de esta Sala in re "Naccarato, Roberto Anibal" de fecha 02.07.02 y recordando la díficil determinación del daño moral habida cuenta que no se encuentra sujeto a cánones objetivos ni procedimiento matemático alguno, admitió el rubro indicado en la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000.-). Por otro lado, en lo atinente al reclamo por pérdida de chance el Sr. Juez de grado recordando que lo resarcible no es la utilidad dejada de percibir sino la pérdida de la oportunidad, y teniendo en cuenta la pobre argumentación de la actora y la escasa prueba producida al respecto fijó el monto por este rubro en diez mil pesos ($ 10.000.-). Finalmente, desestimó la pretensión de la actora en sentido que se publique la parte resolutiva del fallo habida cuenta que ello no alcanza a ilustrar debidamente sobre la situación de autos. 5.- A fs. 264, apeló la parte actora, expresando agravios a fs. 271/273, los que pueden sintetizarse en los siguientes pu ntos, a saber: (a) Cuantificación del daño moral: Luego de reiterar los extremos reseñados en la demanda -y extensamente presisados por el Señor Juez de grado en la sentencia recurrida- (v. fs. 271/272, pto. II, ap. 2.1), agrega que la Legislatura en ningún momento trató de enmendar el daño ocasionado, por el contrario asumió una conducta contumaz mediante la cual pretendió soslayar la ilicitud de su obrar (v. fs. 272, pto. II.-, ap. 2.2). En ese orden, expresa que en la denuncia penal que le formulara el Ministerio Público, a instancias de la Legislatura, no se señaló el delito que podría haber cometido, lo cual comprueba que la denuncia se hizo con el único propósito de "(...) que el juez investigue para ver si encuentra algo" (v. fs. 272 vta., pto. II, ap. 2.3). Así las cosas, entiende que el accionar de la Legislatura -en palabras del testigo Jorge E. Rodríguez- consistió en una "caza de brujas", y recuerda las palabras del testigo Tomás Julio Otaño en punto a que tales acontecimientos le causaron preocup ación por su honorabilidad profesional y personal. Por lo demás, reitera los dichos de la testigo -Dra. Alí, profesora de la Universidad del Salvador- en sentido que los extremos debatidos en la litis fueron muy comentados en la Sala de Profesores de la citada Universidad como en los almuerzos mensuales de la Asociación Latinoamericana de Derecho Público (v. fs. 272, pto. II.-, ap. 2.4). Por tanto, reiterando los dichos de los testigos, las declaraciones de algunos legisladores y los antecedentes académidos del actor concretamente se agravia por considerar que "(...) el monto reconocido en la sentencia no resulta razonable por lo cual" pide "su elevación a la suma de Doscientos mil pesos" (272 vta./273, pto. II, ap. 2.5). (b) Publicación de la sentencia: Sostiene que por la trascendencia pública que tuvo la cuestión, debe accederse a lo solicitado en su escrito de demanda y revocar en punto a ello el pronunciamiento de la instancia de grado. En ese orden, señala que cuando su parte solicitó la publicación de la parte resolutiva tuvo en consideración lo gravoso que sería para la demandada la íntegra publicación de la sentencia. Por tanto, agrega que si la publicación de la parte resolutiva resulta insuficiente frente a los hechos y los fundamentos de la decisión, ello puede superarse con la publicación de un breve resumen del pronunciamiento, previa aprobación del Juzgado en la etapa de ejecución de sentencia (v. fs. 273 pto III.-) 5.1.- Dispuesto el pertinente traslado (v. fs. 274), la accionada procede a contestar la expresión de agravios en los términos que surge del líbelo agregado a fs. 283/284. En lo sustancial refiere que, en autos, no hay prueba concluyente que compruebe que el abatimiento moral del actor se deba a los hechos que invoca. Por lo demás, dice que la elevación del monto del resarcimiento solicitado por la actora carece de todo sustento. En punto a la cuestión de la publicación de un "resumén" del fallo, sostiene que media una lesión al principio procesal de congruencia toda vez que ello no fue solicitado en la oportunidad procesal respectiva. 6.- A fs. 265, apeló la Comuna, expresando agravios a fs. 277/279, exponiendo -en lo sustancial- que: (a) "No sería posible que declarado nulo el fruto del irregular procedimiento, éste subsista y produzca efectos dañosos. Justamente uno de los efectos de las nulidades es volver las cosas al statu quo ante que regía previo a la producción del acto nulo. Hay que estar a las verdes y a la maduras, por ende cómo prodríamos indagar sobre lo producido durante un procedimiento declarado finalmente irregular, y que no ha producido los efectos a los cuales estaba encaminado. Siendo así, cómo es posible rescatar de dicha nulidad las manifestaciones, que por su irregularidad llevan a nulificar el procedimiento, para así reconocerles a éstas una virtualidad ofensiva que sostiene el razonamiento de la sentencia apelada. Estemos pues a que si el procedimiento irregular ha desembocado en la nulidad de lo resuelto al cabo del mismo, no podremos tomar ninguna parte de aquél para sustentar la sentencia que agravia a mi mandante (v. fs. 278, pto. II, párrafos 7 y 8); (a.i.) de ello colige que no existió falta de servicio imputable a la Comuna; (b) la sentencia recurrida afecta la división de poderes por cuanto se responsabiliza al órgano (cuerpo Legislativo) por la actividad de alguno de sus miembros quienes estan "protegidos" por una manda constitucional. Por ello plantea como una amenza para la institución parlamentaria que se impute responsabilidad a la legislatura por la actividad de los legisladores; (c) no medió -a su entender- una expresión injuriosa o agraviante contra el actor; (d) en subsidio, se agravia por el monto fijado por el Sr. Juez de grado respecto del daño moral. En punto a la pérdida de chance, expresa el agraviado que "En el sub examine la prueba pericial contable, de cuya falta se queja acertadamente el a quo, hubiera sido el factor decisivo para acreditar el extremos invocado por el requierente. En su ausencia deberá desecharse absolutamente el rubro preten dido" (v. fs. 279, pto. IV). 6.1.- Ordenado el pertinente traslado, el actor solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por su adversaria, en los términos de la presentación de fs. 281, a cuyos términos corresponde remitir brevitatis causae. Considerando: 7.- Preliminarmente, corresponde recordar que los jueces no se encuentran obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni tampoco hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que se valoren aquéllas que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. atrículo 310 del CCAyT y doctrina de la Excma. CSJN Fallos 272: 225; 274:486, entre muchos otros). Sentado ello, corresponde comenzar a tratar los gravios expuestos por las partes. Por una cuestón metodológica se abordarán en primer lugar los de la actora y luego los de la accionada. 8.- Expresión de agravios de la actora: (a) Como quedó reseñado en el Considerando 5, en punto al primer agravio ("cuantificación del daño moral" ) la actora se limita a recordar los hechos del caso y las declaraciones testimoniales -todas ellas, por lo demás, extensamente precisadas y correctamente valoradas por el Sr. Juez de grado-, sin exponer los motivos concretos que importen precisar que aquél formuló una apreciación incorrecta de la prueba u omitió considerar extremos fácticos o jurídicos relevantes para la dilucidación de la causa. En efecto, no introduce la actora argumento alguno que, con sustento, contrarreste o enerve las conclusiones del a quo. Es más, el agravio expuesto en sentido que no es razonable el monto fijado en la instancia anterior en concepto de indemnización del daño moral y peticiona su elevación a doscientos mil pesos ($ 200.000.-) no puede ser admitido, por cuanto no sólo no argumenta por qué el pronunciamiento recurrido es irrazonable sino que tampoco precisa (aunque sea brevemente) las pautas que -a su juicio- sustentan la elevación del resarcimiento por daño moral. A mayor abundamiento, debemos señalar que el pronunciam iento recurrido funda debidamente la procedencia del resarcimiento en concepto de daño moral, y a su vez lo cuantifica dentro de parámetros razonables que atienden a las condiciones personales del actor y la prueba testimonial rendida en autos. En ese orden, corresponde recordar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, sentencia de fecha 03.05.05, in re " Goncalves, Franklin A. y otro c. Villafañe, Claudia R. y otro", precisó, en doctrina que comparto, que "La cuantificación del daño moral sufrido por la víctima de un hecho ilícito queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos." Por ello, del análisis de la causa, se advierte que el Juez de Primera Instancia consideró criteriosamente cómo el curso de los hechos acreditados en el sub lite pudieron l legar a mortificar al Dr. Spisso, fijando el monto de la indemnización de un modo que justiprecio en forma prudente los distintos elementos de juicio arrimados a la causa (recordemos brevemente: la denuncia penal, la denuncia ante el Colegio Público, las manifestaciones de los legisladores al tratar el pliego del actor, la sentencia del Tribunal Superior declarando nula la Resolución Nº 308/00, los dichos de los testigos). En base a lo expuesto, tengo para mí que el agravio introducido debe ser rechazado. (b) En lo relativo al segundo agravio ("publicación del fallo") la presentación del actor también se exhibe lúgubre a la hora de contrarestar el criterio del a quo. Pero, a su vez, elípticamente pretende incorporar en esta instancia una cuestión no propuesta al magistrado de la otra instancia. Así las cosas, entiendo que la pretensión de publicar una especie de "resumen" de la sentencia, más allá de la falta de argumentación jurídica en la petición, se trata de una cuestión no planteada al juez de grado, por lo cual no puede ser admitido su tratamiento en esta instancia (conf. artículo 247 del CCAyT). Pero más allá de ello, y entrando en el fondo del tema propuesto, tan sólo para evitar caer en extremos rituales, es menester recordar que el artículo 1071 bis del Código Civil, en su parte respectiva dispone que "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad (...) será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación." Resta señalar, como lo sostuvo el Alto Tribunal, que "Las normas deben ser interpretadas indagándose su verdadero alcance mediante un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador (...)" (CSJN, Fallos 310: 572). En ese orden, ni de la letra ni de la intensión del legislador se sigue que pueda darse a difusión un "resumen" de una sentencia. En efecto, la letra de la ley es clara en punto a que lo que puede publicarse es la sentencia (íntegra) y la intensión del legislador es dar a conocer una decisión judicial objetiva y un "resumen" del mismo que puede apoyarse en las subjetividades de quien decida qué es lo más y menos importante. Por lo cual, si bien la Corte Suprema (in re "Costa, Héctor R. c. Municipalidad de la Capital y otros ", de fecha 12/03/1987, publicado en L.L 1987-B, 269) reconoció que en las cuestiones vinculadas con el derecho al honor es de aplicación lo preceptuado en el artículo 1071 bis del Código Civil, la publicación del fallo debe ser integral, toda vez que lo que debe difundirse a la sociedad es el pronunciamiento y no una trama compuesta por algunos de sus episodios fácticos y algunos de sus fundamentos jurídicos. 9.- Expresión de agravios de la demandada: Tampoco puede seguir mejor suerte la presentación de la Comuna. A continuación analizaremos cada uno de los agravios individualizados en el Considerando 6.- (a) En punto al primer agravio, debo recordardar que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes que el apelante considere equivocadas (conf. art. 236 CCAyT). En ese orden, entendió esta Sala que no constituye una crítica concreta y razonada, aquella expresión de agravios que tan sólo discrepa con el criterio interpretativo dado por el juzgador, sin sustentar jurídicamente dicha discrepancia (in re "GCBA v. Pujol 1516 P. 5 s/ ejecución fiscal", de fecha 23.05.01, criterio reiterado por esta Sala in re "Vanguardt" de fecha 14.02.02). De igual manera, la Sala I de esta Cámara indicó que no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia de grado, la expresión de agravios que solamente traduce un disenso con las co nclusiones a las que arribara el anterior sentenciante sin un desarrollo crítico que ponga en evidencia los aspectos del decisorio recurrido que considera equivocados (in re Asociación Argentina del Ozono -ADELO- c/ Ciudad de Buenos Aires, de fecha 07.10.03). Así las cosas, si bien la regla indica que se debe evaluar con amplitud la procedencia del recurso de apelación, lo cierto es que cuando la expresión de agravios reitera los argumentos expuestos en la demanda que fueron debidamente considerados en la instancia anterior, o mismo cuando no media un fundamento sostenido y sustentable que indique la presencia de rigor jurídico en las manifestaciones del recurrente; el recurso debe ser declarado desierto. El artículo 246 del CCAyT exige del apelante un mínimo esmero argumental por rebatir en derecho el criterio del a quo. En rigor, la ausencia de un razonamiento jurídico sostenible conlleva a que la expresión de agravios carezca del umbral requerido por la norma en análisis, siendo -en consecuencia- aplicable s las previsiones de artículo 247 del CCAyT. (a.1) En ese sentido, el agravio tendiente a sostener que un acto administrativo declarado nulo no puede producir efectos dañosos, por cuanto una de las consecuencias de la nulidad es justamente volver las cosas a su estado anterior, desconoce el más mínimo sentido común y no posee ningún asidero jurídico. En efecto, si durante la vigencia de un acto luego declarado nulo se ocasionaron perjuicios a los administrados, esos daños deben ser resarcidos. Hacer referencia a los efectos retroactivos del acto declarado nulo, implica -a la inversa de lo que propone la accionada- que se debe volver a la situación anterior a su dictado, es decir -en la emergencia- si el actor padeció agravios infundados por parte de la accionada dichos agravios deben ser resarcidos. (b) En lo que hace al segundo punto, la accionada no logra explicar por qué a su entender con el pronunciamiento en crisis se afecta el principio de la división de poderes. Es más, el agravio bajo análisis luce co mo dogmático y carente de sustento jurídico, lo que lleva a su inadmisibilidad. A mayor abundamiento, el accionado considera como una "amenaza" para la institución "legislativa" que se impute responsabilidad al Estado por la actividad de los legisladores, quienes están "protegidos" por un mandato constitucional. Tal aseveración, no encuentra cuadratura en nuestro ordenamiento jurídico, el cual superó hace largas décadas el problema que acarreaba la demandabilidad del Estado. En ese contexto, debo señalar que coincido con el criterio sostenido en la instancia anterior, habida cuenta que si en el ejercicio de sus atribuciones propias cualquiera de los órganos que constituyen el Estado Comunal ocasiona un daño a los particulares el mismo debe ser resarcido, de lo contrario la expresión absolutista "Quod principi placuit, legis habet vigorem" cobraría plena actualidad, sin encontrar ello amparo en nuestros textos constitucionales tanto nacional como local. Por tanto, en el sub lite, si los legisladores en ejercic io de sus funciones constitucionales dictaron un acto que fue luego declarado nulo por el Poder Judicial y ese acto ocasionó daños al actor, tal proceder es imputable al cuerpo, en otras palabras al departamento Legislativo. De igual modo si las expresiones de los legisladores en las sesiones resultaron agraviantes respecto del actor, la inmunidad alcanza al órgano persona (legislador) no al órgano abstracto (legislatura), que, en suma, responde por los actos y hechos ilegítimos de aquéllos. Así queda resguardada la inmunidad de los legisladores y los derechos de los ciudadanos que pueden verse afectados por la actividad de aquéllos, haciendo en suma responsable al Estado (en la especie la Legislatura). (c) Por último, en lo que respecta al agravio identificado como (c) no median argumentos jurídicos ni fácticos que alteren la sentencia recurrida. En efecto, no puntualiza concretamente las razones por las cuales debe estimarse equivocado el criterio del Sr. Juez de grado. Tampoco existe un desarrollo jurídico crítico que otorgue sustento a las vagas e imprecisas afirmaciones realizadas por la accionada. Así las cosas, cabe señalar que no sólo han sido las manifestaciones de algunos legisladores los extremos valorados por el Juez para hacer lugar a la acción, ya que también tuvo en consideración, entre otros hechos, la declaración de nulidad por parte del Tribunal Superior de la Ciudad de la Resolución Nº 308/00. Sin embargo, no debe perderse de vista que las expresiones de algunos legisladores al tratar el pliego del actor resultaron agraviantes de su conducta profesional (al acusarlo de "utilizar poderes caducos") y personal (al imputársele "evasión fiscal"). No debemos obviar que: el Juzgado Penal sobreseyó al actor por no existir delito alguno, el Juzgado Civil decidió que no había irregularidad alguna en la conducta profesional del actor y el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados absolvió al Dr. Spisso por entender que él en todo momento observó la legislación vigente. Entonces, el proceder d e algunos legisladores (cuya conducta se imputa al departamento legislativo de esta Ciudad) fue cuanto menos imprudente y acusaron al actor sin examinar los hechos del caso y su encuadre jurídico. Es decir, si sostuvieron que el accionante obró con poderes caducos debieron indagar (previo a acusar) si ello se debió a los supuestos en los cuales la ley civil permite actuar así. Resta agregar que en lo que hace a la procedencia del daño moral, el pronunciamiento recurrido se apoya en un razonamiento sostenido por este Tribunal. En rigor, esta Sala dijo que frente a determinados actos (y hechos, agrego) arbitrarios del Estado resulta razonable que la accionante haya sufrido desequilibrios espirituales (in re "Baladrón, María C. c. Ciudad de Buenos Aires" de fecha 13.04.04) que deban ser resarcidos al margen que exista o no una prueba exhaustiva de ello. En la emergencia, no hay dudas que frente a las opiniones vertidas por ciertos legisladores, la causa penal en la que se vio involucrado, la denuncia en el Coleg io de Abogados, la dimensión pública que adquirió el tema y la declaración de nulidad de la Resolución 308/2000 de la Legislatura, el actor -un reconocido profesor universitario- se sintió afectado en las condiciones de su existencia para fallar como lo hizo el Sr. Juez de la anterior instancia. (d) Por último, en lo relativo a la pérdida de chance, debe recordarse que es procedente cuando existe la posibilidad de obtener un beneficio concreto que se ve frustrado por un accionar dañoso imputable a un sujeto que resulta responsable, por tanto no procede el resarcimiento cuando la posibilidad frustrada es muy general, pues -en tal caso- se trataría de un perjuicio puramente eventual o hipotético (CNACAF, sala II in re L., H. R. c. Estado nacional, de fecha 11.02.99, publicado en L.L. 1999-E, 419). En autos, no se trata de determinar las utilidades dejadas de percibir lo cual se identificaría con el lucro cesante cuya determinación es objetiva; sino a la existencia de una "chance" que ha tenido un cierto grado d e certeza o verosimilitud para convertirse en cierta pero que se turbó por culpa del responsable. Así las cosas, la cuantificación de la "pérdida de chance" se encuentra sujeta a la prudente valoración que de los extremos de la causa efectúe el juez, ya que -a diferencia de la certeza que caracteriza al lucro cesante- aquélla es una probabilidad concreta y verosímil que se vio frustrada. Por tanto, soy de la opinión que -en autos- la "pérdida de chance" fue correctamente valorada por el juez de grado, ya que las declaraciones de los testigos dan cuenta de una merma, en el período que va de setiembre de 2.000 a enero de 2.002, de clientes en el estudio del actor; esto es que el hecho dañoso se configuró no sólo en un agravio moral sino en la pérdida de oportunidades laborales verosímiles que fueron correctamente valoradas por el a quo. Por todo lo expuesto, propongo confirmar la decisión apelada e imponer las costas de esta instancia en el orden causado, toda vez que han mediado vencimientos recíprocos. En est e sentido dejo expresado mi voto. El Dr. Eduardo Ángel Russo adhiere, por los fundamentos expuestos, al voto precedente. El Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por haberse excusado de intervenir. En mérito a lo antedicho, el tribunal resuelve confirmar la decisión apelada, imponer las costas de esta instancia en el orden causado, toda vez que han mediado vencimientos recíprocos (art. 65 del CCAyT). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse al juzgado de origen.