marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Polígona S. R. L. y otro c/ Dimatía, Bernabé Julio s/ Cobro de australes por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

La situación del empleado que usa el vehículo de su patrón, dista de ser la del poseedor "animus domini" del "usuario" o del "usufructuario". Estas últimas calidades son las únicas que legitiman al reclamante de daños y perjuicios en relación a un automotor, para ser inherentes a la propiedad de la cosa, y en consecuencia (quien las alega) se halla amparado por el derecho que otorga el art. 1110 del C.C.
Contrato de trabajo, retención de aportes previsionales, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Molina  Brisson,  María  del  Carmen c/ TESUR SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-10

Para que proceda la sanción dispuesta en el art. 132 bis LCT, es preciso que haya mediado una efectiva "retención" de los aportes, es decir que ellos ahyan sido descontados de la remuneración del trabajador. La intención del legislador no es sancional al empleador por no haber efectuado los aportes a los distintos organismos de la seguridad social, sino sancionar su inconducta por haber retenido las sumas a su empleado y no haberlas ingresado. Por ello no corresponde la aplicación de la sanción del artículo referido por el sólo hecho de no haber registrado adecuadamente la relación, es decir por haberla inscripto con una fecha posterior a la verdadera o con un salario inferior al abonado, pues sobre las sumas no registradas no ha mediado, regularmente, una retención.
Fallos de la Corte Suprema, regulación de honorarios, conciliación laboral
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Burgueño, Walter Ricardo c/ Barugel Azulay Y Cía. SAIC s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-05

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado como principio que, en materia de honorarios, el acuerdo transaccional que pone fin al pleito tiene vigencia a los fines regulatorios respecto de todos los profesionales que intervinieron en el pleito (CSJN, in re "Murguía Elena Josefina c/ Green Ernesto Bernardo s/ cumplimiento de contrato", del 11/04/06; entre otros). No obstante, ese Alto Tribunal admitió también que tal oponibilidad podía ser soslayada cuando existiesen elementos que permitiesen presumir que tal acuerdo hubiera tenido por finalidad burlar la justa retribución de los profesionales. Y eso es lo que ocurre en el caso, desde que la pretensión de la parte demandada de oponer al letrado del tercero citado y el mediador, el acuerdo celebrado resultaría claramente abusiva ya que, de la naturaleza y entidad de las sumas en juego, es claro que el referido acuerdo no les resultan oponibles a los efectos que aquí se tratan. (En el caso, la demanda tuvo por objeto el cobro de más de $900.000 y el acuerdo prosperó por $60.000).
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Salazar, Dionisio Jacinto y otro s/ Robo calificado por el empleo de armas Castilla, Roberto Eliseo s/ Robo calificado Paz, Ramón s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09|1991-07-30|1991-09-03

Desde el punto de vista ontológico el arma es un objeto físico, de una estructura determinada (forma y materia) y de índole instrumental, apta para una función específica, que exige un manejo adecuado y que se la emplea con un fin preterido (matar o herir). Es factible matar o herir con un objeto que no sea un arma, pero con ello se pone de manifiesto el error de confundir el "ente" en sí mismo (arma), con la "función" que se le hace desempeñar. En tal caso el carácter óntico se desvirtuaría para convertirse en la variable de una función. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasas, derechos de exportación, igualdad ante la ley
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-29

La norma contenida en el art. 3° de la ley 854 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur consagra una desigual carga ya que, además de considerar solo los productos que se exportan, los diferencia según su destino -si se exporta al territorio continental, la alícuota es del 2% en cambio, si se exporta a otros países, es del 3%- , de tal manera, lo que se exige además de carecer de justificación en el régimen promocional, afectaría en el régimen tributario el principio de igualdad y demuestra claramente que no se persigue la retribución de un servicio ya que, en todo caso, frente a supuestos procesos de verificación análogos, se fijan tasas diferenciales sin una justificación razonable que lo sustente.
Actuaciones administrativas, ENTEL, principio de contradicción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SEDINCO  S.A. c/ ENTEL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

La sustanciación de actuaciones administrativas según las reglas del decreto 2772/61, no parece compatible con el principio de bilateralidad, ni con el de la imparcialidad en la dirección de los trámites que debe primar en la dilucidación de conflictos de índole contractual, como es el suscitado en la especie.
Derechos adquiridos, poder
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Prieto, Carlos Alberto c/ A.N.S.E.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-05

Atender a los reclamos de la seguridad social es una de las funciones esenciales del Estado moderno, y contra las modificaciones de un sistema por otro -cuando las circunstancias así lo aconsejan- no cabe in-vocar por ningún individuo la existencia de derechos adquiridos. Se trata de decisiones emergentes de valoraciones cuyo análisis es privativo de los poderes políticos y ellas escapan a la esfera jurisdiccional. (Del voto del Dr. Laclau).
Concursos, acción revocatoria concursal, facultades del acreedor, silencio
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIDONAZ SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

La ley no da un método o forma para que los acreedores presten su conformidad, simplemente exige el artículo 119, párr. 3°, LCQ que debe haber autorización previa de la mayoría del capital quirografario para poder continuar con la acción, sin especificar cuál es la forma de obtener dichas autorizaciones. Tal exigencia de autorización previa, aunque no lo exprese la ley, debe ser requerida a los acreedores legitimados para concederla o negarla, los que deben ser citados para que expresen su voluntad al respecto. Y, en el caso, la magistrada de grado mandó intimar a los acreedores a fin de que manifestaran su eventual oposición al curso de la acción, constando expresamente el apercibimiento de que el silencio, como manifestación de voluntad, sería entendido como autorizando su inicio. En tal contexto, el silencio observado por aquéllos será interpretado como consentimiento o autorización toda vez que se ha consignado en el auto que ordenó la notificación el apercibimiento de que tal conducta será interpretada como asentimiento (Sala E, 27.12.02, "Francisco Bolado e hijos SA c/ Alkanos s/ ordinario", Sala C, 23.4.04, "Estación de Transferencia el Tajo SA s/ quiebra c/ Estéves Alberto s/ ordinario", esta Sala, 08.11.04, "Agroanta Forestal SA s/ quiebra", entre otros). Con base en ello, resulta evidente que no se está disponiendo de los derechos de los acreedores, sino simplemente encauzando la forma de oponerlos de manera acorde a los intereses del concurso. Desde tal perspectiva, el silencio guardado por los acreedores ante la obligación de expedirse, deberá ser interpretado como una válida expresión de voluntad por cuanto, existe una resolución del tribunal concursal que así lo determinó. Va de suyo entonces que no existe óbice legal para el procedimiento determinado por la juez de grado a los fines de computar las autorizaciones requeridas por el artículo 119 LCQ
Procedimiento laboral, suspensión del juicio a prueba, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Mortondo, Oscar Roberto c/ Horacio Arena S.A.C.A.I. s/ Laboral Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-10

La circunstancia de que la sentencia condenatoria dictada en primera instancia en sede penal no fuera tratada en la Alzada por aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba previsto por el art. 76 bis del Código Penal no mengua su calidad convictiva y menos aún impide su consideración en sede laboral, pues tal instituto significa la paralización del trámite de la causa condicionado a las exigencias de la norma, mas a los fines de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, la resolución no causa estado (confr. Art. 76 quater del Código Penal), salvo expresa conformidad del damnificado.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, energía eléctrica, cosas
Materia: CIVIL
Carátula: Prille de Nicolini, Graciela Cristina c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

La electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311 del Código Civil) presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en la última parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil.
Honorarios, honorarios del abogado, carácter alimentario, costas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LARGHI, Héctor Dionisio c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-26

Los honorarios del abogado tienen carácter alimentario, pues esos frutos civiles del ejercicio de su profesión, constituyen el medio con el cual se satisfacen las necesidades vitales propias y de su familia, incluyendo en este concepto lo necesario para preservar una mínima subsistencia; o sea, los alimentos naturales, habitación, vestuario, atención de las enfermedades, esparcimiento, como la educación e instrucción, etc. (arg. arts. 372 y 3790 del Código Civil). De ahí que, si la suma regulada a cargo de la Comuna, no alcanza a la remuneración del Jefe de Gobierno que prevé el art. 395 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires como parámetro, los honorarios fijados se encuentran dentro de la excepción prevista en dicha norma.
Rechazo de la demanda, daños y perjuicios, asegurador, contrato de asistencia integral al viajero, prueba insuficiente, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Dávila, Velia Graciela y Pugliese, Néstor Mario c/ Universal Assistance S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-22

Cabe rechazar íntegramente la pretensión material instaurada contra la compañía de seguros y la agencia de viajes, dado que el objeto de la pretensión consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios que los actores invocaron sufridos como consecuencia del incumplimiento del contrato de asistencia al viajero celebrado con la demandada a través de la codemandada, los reclamantes debieron acreditar los hechos constitutivos de su derecho, por lo que al no haber logrado determinar que medió relación de causalidad entre la intervención quirúrgica deficiente a la que fue sometido el viajero y el incumplimiento atribuido, impone excluir la responsabilidad endilgada, pues la orfandad probatoria en que incurrieron, sellan la suerte adversa de la pretensión.
Participación criminal, instigación
Materia: PENAL
Carátula: G., R. s/ Víctima
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-21

"... La inducción debe ser de tal entidad que pueda conectarse causalmente, desde el punto de vista psíquico, con la voluntad de inducido... Necesaria será, por tanto, la presencia de elementos adicionales que fundamenten el desvalor de acción de la inducción y justifiquen su equiparación a la autoría. Esta exigencia adicional se plasma en la necesidad de que la incitación represente, desde una perspectiva "ex ante" y atendiendo a los especiales conocimientos del inductor, un incremento relevante del riesgo de que el inducido adopte y ejecute la resolución delictiva a la que se le incita...

Consecuencia de esta exigencia de peligrosidad es el requisito, exigido expresamente en la ley, de que la incitación sea directa...

para tener relevancia como forma de participación castigada con la misma pena que la verdadera autoría, la inducción debe ser, además de directa, eficaz, es decir que tenga entidad suficiente para que el inducido decida cometer el delito y comience, por lo menos, su ejecución... El límite mínimo de la inducción lo constituye su diferencia con la simple recomendación o consejo al autor del delito, que, en principio, sólo puede servir para fundamentar la responsabilidad a título de complicidad...".
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva, prueba crítica, prueba documental, Derecho laboral, empleador, libros, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: LEIVA, ROBERTO ORLANDO c/ BETTINI, EMILIO -PROPIETARIO PANADERIA "LAURITA"- s/ COBRO DE PESOS     RUBROS LABORALES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 172-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-07-05

Debe acogerse la queja interpuesta, no pudiendo basarse la inadmisibilidad del recurso en la falta de planteamiento oportuno, de acuerdo a lo reiteradamente sostenido por esta Corte, si los cuestionamientos efectuados a la sentencia de segunda instancia, se plantean como propios de ésta y perfilan suficientemente una cuestión constitucional que prima facie exceden de un mero disenso con la interpretación y valoración que de las pruebas colectadas y de los hechos, efectuara el Tribunal A Quo.

En el caso, el recurrente imputa a la sentencia arbitrariedad por apartarse de la prueba reconocida por las partes -certificado de servicios y remuneraciones donde constaba la fecha de ingreso del trabajador, recibos de aportes sindicales, presentación del Libro Especial de la empleadora-, contradecir la existente en los autos, incurrir en autocontradicción.
Delitos contra la integridad sexual, prueba, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, ALFREDO MIGUEL s/ VIOLACION  AGRAVADA  REITERADA,  CORRUPCION  DE  MENORES AGRAVADA EN  CONCURSO REAL (ARTICULO 122 EN FUNCION DEL ARTICULO  119 INCISO 1/55  Y  125  ULTIMA PARTE  Y  55  DEL  CODIGO PENAL EN PERJUICIO DE  NN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-13

Los delitos contra la honestidad, por lo general no dejan huella material de su perpetración y comúnmente se realizan en un ambiente cerrado en forma clandestina, la forma más eficaz para acreditar la materialidad del hecho y la culpabilidad del autor, es la de recurrir a la prueba compuesta, que se integra con elementos directos e indirectos.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SALTA, terminación del proceso, auto de sobreseimiento, prescripción, extinción de la acción penal, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: MONTALDI, DANIEL c/ "CARRIZO, DANTE LEOPOLDO s/ HURTO CALIFICADO Y ROBO  EN PERJUICIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-07-30

El art. 62 inc. 2º del C.P. de Salta, establece que en los delitos conminados con penas privativas de la libertad divisibles, la acción penal prescribe después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave, daños y perjuicios, culpa civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coria, Mirta c/ Ventura, Carlos s/ Daños y perjuicios La Previsión Cía. de Seguros s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06|1996-02-06

La culpa concurrente excluye a la culpa grave. Esta última se equipara con el dolo, identificándose más con la voluntad consciente que con el descuido y se debe apreciar con relación a las circunstancias y particularidades de cada situación y con criterio restrictivo (art. 70 ley 17418).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Agar Cross S.A. c/ Tamborini, Carlos s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos (Expte. CSJ Nro.  54-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

El denominado principio de congruencia está dirigido, a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por imperio del cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico.
Inhabilidad de título, causa de las obligaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  DEL TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR c/ PASTORINO JOSE LUIS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-27

La inhabilidad de título planteada no puede prosperar toda vez que el pagaré ejecutado reúne los recaudos legales pertinentes, resultando improcedentes los planteos efectuados respecto a la espera o compromiso documentado toda vez que ellos no se ajustan a los requisitos que deben cumplimentarse para la viabilidad de tales excepciones, que en última instancia están dirigidas a cuestionar la causa del título ejecutivo lo que importaría ingresar a un debate que está vedado por el art. 523 inc. 4to. del C.P.C.C.
Ordenanzas municipales, ley material
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EL TENAZ S.R.L. s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-13

Las Ordenanzas Municipales revisten la naturaleza de leyes en sentido material, caracterizadas éstas por su contenido de alcance general. Ello así, y para tales casos, la ficción de su conocimiento por los administrados es un recurso técnico que adoptan todos los sistemas jurídicos, y que nuestra legislación recepta en el artículo 2° del Código Civil.
Alimentos, cuota alimentaria, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: B DE D.C.E. Y D.I.C. s/ DIVORCIO ARTICULO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-12

El artículo 645 del código procesal, en su nueva redacción, regula lo concerniente a la caducidad del derecho a percibir las cuotas alimentarias atrasadas en razón de la inactividad del beneficiario, régimen éste que es aplicable tanto al supuesto en que se adeuden prestaciones íntegras como al caso en que se trate de diferencias entre lo debido y lo efectivamente abonado por tal concepto, puesto que no existe razón alguna que justifique una limitación del ámbito de aplicación de la norma.
Jubilación por invalidez, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COCHA, José c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

El hecho de que quien es portador de una incapacidad se encuentre en desventaja en el mercado de trabajo respecto de quienes se encuentran sanos, no es por sí solo suficiente para conceder el beneficio de jubilación por invalidez. El presupuesto general para obtener este beneficio es la existencia de incapacidad física o intelectual en medida tal que impide el desempeño de cualquier actitud compatible con las aptitudes profesionales del agente (art. 20 inc. a) ley 18038).
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, suspensión del agente, plazo máximo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ, JOSE c/ COVIARA s/ APELACION- EMPLEO PUBLICO- CESANTIA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Ante la prosecución de un sumario, la ausencia de resolución que pusiere término a la suspensión decretada a un agente, pese al vencimiento del plazo establecido en el art. 33 del Reglamento de Investigaciones, configura una irregularidad que no puede ir en perjuicio del sumariado creando una causal de separación no prevista legalmente.-
Responsabilidad extracontractual, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CEPEDA LAURA CRISTINA c/ ZAVALLA JUAN MANUEL Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-04

En los supuestos de responsabilidad civil extracontractual es aplicable al caso la ley vigente a la fecha en que acaeció el hecho antijurídico dañoso.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP  DGI  30004/10  (AG  46) c/ CONTI EXPRESS S.R.L. s/ medidacuatelar AFIP".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-15

La inhibición general de los bienes solo procede en el caso en que no se conozcan los bienes del deudor y es siempre subsidiaria. Incluso en el art. 111 de la ley 11.683 se afirma ese carácter subsidiario de la medida, la que se dictará en defecto del embargo, porque la inhibición general de bienes es una medida precautoria que surge como consecuncia de la falta de conocimiento de bienes del deudor para su embargo o de la insuficiencia de los conocidos (Cons. VI).
Resoluciones irrecurribles, concesión errónea del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Fuente Maria Valeria c/ Klink Eduardo s/ Inc. apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-04

En relación al artículo 150 del Ritual, la Cámara de Apelaciones de Neuquén, en posición que se comparte, ha dicho que: [...] resulta inapelable para la parte el decisorio dictado en la instancia de origen luego que se corriera un traslado no contestado por ella, por lo que sólo cabe declarar mal concedido el recurso [...] (conf. P.I. 1998, T°II, f°333; PI 2000, Nº113, TºII, Fº225; PI 2001, Nº337, TºIII, Fº599/600; PI 2003, T°I, F°175; y PI 2004, N°307, T°III, F°563/564)" [Cfr. "L. M. E. c/ C. I. A. s/ INC. DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA", EXP Nº 9182/3, sala I; citado por esta Sala en autos "L. M. c/ L. R. A. s/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS" (Expte. JJUFA-41247/2015), R.I. del 12/10/16, del registro de la Oficina de trámite].
Contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almuina, Marcelo c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La recepción definitiva excluye toda responsabilidad por los vicios ocultos que no pudieron detectarse al instante de la recepción provisoria y cuya denuncia no se hiciera dentro de los sesenta (60) días de descubiertos, salvo, claro está, el supuesto de dolo del locador y, en caso de obra inmueble, cuando dichos vicios provoquen la ruina total o parcial de la misma.
Competencia contencioso administrativa, suministro de gas, Registro Único de Instaladores Matriculados de Metrogas, exclusión del registro, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SIMGES c/ Metrogas S.A. s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Corresponde declarar la competencia del fuero Contencioso Adminsitrativo Federal para conocer en la acción de amparo promovida por el Sindicato de Instaladores Matriculados de Gas, Electricidad, Sanitarios y Afines, contra Metrogas S.A., en virtud de haber excluido de a un alto número de gasistas -en su gran mayoría afiliados al SIMGES- del Registro único de Instaladores Matriculados de Metrogas S.A.