Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27


Causa nº 9.512/05 "G. R. A. c/ Presidencia de la Nación Argentina -Secretaría de Cultura- s/ proceso de conocimiento" En Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil catorce, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "G. R. A. c/ Presidencia de la Nación Argentina -Secretaría de Cultura- s/proceso de conocimiento", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El juez de primera instancia rechazó, con costas, la demanda que había promovido R. A. G. contra el Estado Nacional (Secretaría de Cultura dependiente de la Presidencia de la Nación) por el cobro de $ 112.971,30 y los intereses correspondientes (fs. 456/458 y vta.).

Apeló el actor (fs. 463 y auto de fs. 464) quien expresó agravios a fs. 474/479 y vta. El traslado de fs. 481 fue contestado por el demandado a fs. 482/484 vta. El recurso contra la regulación de honorarios (fs. 465/469) será tratado al finalizar el Acuerdo.

II. El señor R. A. G. demandó al Estado Nacional por el cobro de $ 112.971,30 en concepto de servicios de transporte cumplidos a favor de la Secretaría de Cultura de la Nación en los meses de noviembre y diciembre de 2003. Expuso que sus pasajeros habían sido los integrantes del Coro Nacional de Niños, de la Banda Sinfónica de Ciegos, del Coro Nacional de Jóvenes, de las Orquestas Infantil y Juvenil de Santa Rosa y Sinfónica Nacional, de la Banda Sinfónica de Ciegos, del Ballet Folklórico Nacional y del Coro Polifónico Nacional O.M.N.A. "Juan de Dios Filiberto", a todos los cuales había trasladado en micros "de distintas empresas de transporte". Con motivo de esa relación comercial fue que -según explicó en su demanda- hubo emitido las quince facturas por el total reclamado, que fueron recibidas por la demandada a través de la señora Catalina Norma Flora. Fundó su derecho en lo dispuesto en el "Título II, Libro III del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, normas aplicables, doctrina y jurisprudencia del fueron en la materia" (fs. 1/6 y vta., la cita es de fs.2 y vta., numeral 3 y fs. 3).

III. El traslado de la demanda fue contestado por cuatro apoderados de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación (fs. 65/69 y vta., y copia de apoderamiento obrante a fs. 63/64).

Reconoció la demandada la recepción de las facturas mas negó el derecho de G. a cobrarlas. Explicó que la contratación no había sido formalizada de acuerdo con lo previsto en las normas de rigor, concretamente, con los decretos nº 436/2000 y 1025/2001. Destacó que esa era la sintética conclusión de todas las objeciones que habían sido enunciadas en el expediente administrativo nº 4091 concerniente a dichas facturas; puntualizó que en él se había constatado que el señor G. percibió $ 183.125 por el transporte de carga y pasajeros cumplido durante 2003 a través del nombre de fantasía "King's Trucks" con facturas emitidas como monotributista a nombre de "Gontur", "Siglo XXV" y "King's Trucks". También señaló las irregularidades que obstaron al abono de las facturas reclamadas: a) las distintas cotizaciones recibidas para un servicio determinado habían sido enviadas desde el mismo número de fax con diferencia de segundos y en secuencia consecutiva, lo que demostraba que no hubo concurrencia de oferentes; b) el prestador no aportó constancia de su inscripción en la Comisión Nacional de Transporte ("CNT"), ni de la habilitación de los vehículos a utilizar, ni de los seguros pertinentes; c) las cotizaciones por los servicios relativos a las facturas de autos fueron "sobrevaluadas". En conclusión, el accionado adujo el incumplimiento del proceso de contratación, extremo este que afectaba la validez y eficacia del contrato base de las facturas emitidas.

IV. El doctor Soto fundó el rechazo de la pretensión en la falta de cumplimiento de las previsiones legales para contratar con la Administración y, asimismo, en la inexistencia de elementos que pusieran en crisis las observaciones formuladas por el Estado Nacional en sede administrativa (considerando 2, del fallo, fs. 457 y vta., fs. 458).

Pues bien, en la expresión de agravios de fs. 474/479 y vta. se procura rebatir el razonamiento del a quo por vía de generalizaciones doctrinarias relacionadas con la nulidad de los contratos (fs. 474 y vta.), y con la diferencia que hay entre esa sanción y la inexistencia de aquéllos (fs. 475 y ss.). Pero lo cierto es que no rebate la aplicación de las normas de contratación establecidas en los decretos nº 436/2000 y 1025/2001, ni las irregularidades relacionadas con las facturas de autos. En este sentido tengo en cuenta el dictamen del tesorero de la Dirección de Administración Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Cultura de la Nación, Marcelo D. Franji producido a fs. 28/35del expediente 4091/2004 de la Presidencia de la Nación-Secretaría de Cultura (carátula verde), que fue ofrecido como prueba por el propio actor a fs. 5 y vta., numeral 7, que tengo a la vista y que corre con el principal en bolsa de plástico (ver reserva y elevación a fs. 470 y vta.). A catorce de las quince facturas aquí discutidas, las nº 0001- 000000005, nº 0001-000000008, nº 0001-000000009, nº 0001-0000000012, nº 0001-0000000010, nº 0001-0000000011, nº 0001-000000013, nº 0001-0000000014, nº 0001-0000000015, nº 0001-0000000017, nº 0001-0000000018, nº 0001-0000000019, nº 0001-0000000020 y nº 0001-0000000016 les caben las objeciones formuladas por el Estado Nacional en su responde, sobre todo, la relativa a la práctica de "sobrefacturación" ya que la diferencia con otras empresas del ramo es de $ 15.473,70 del año 2003, lo que representa el 15% del total facturado (fs. 1 y 36 del cit. expte. y fs. 1 y vta. y fs. 2 de esta causa). En lo restante no hay ningún hecho conducente que ponga en crisis los serios argumentos aportados en el fallo para rechazar la demanda por entero. El apelante se abstiene de referir los transportes efectivamente cumplidos, el acatamiento de las disposiciones regulatorias tales como la inscripción en la CNT, de las normas de seguridad de los vehículos, incluida la contratación de los seguros de rigor, etc..

Es del caso recordar, una vez más, que las normas de derecho común relacionadas con los contratos entre particulares no son aplicables, sin más, al ámbito administrativo; en éste la determinación de la voluntad estatal para formular una oferta o para aceptarla implica la competencia de la autoridad que toma esa decisión, la regularidad el proceso mediante el cual lo hace, y el interés público involucrado en el contrato (Bielsa, Rafael, Derecho administrativo, Buenos Aires, La Ley, 1964, tomo II, págs. 33 y 34). Esta disquisición atañe a los requisitos esenciales del contrato administrativo y está plenamente vigente (C.S.J.N. causa L.249.XLV. R.O. "Lix Klett S.A.I.C. -s/quiebra- c/Biblioteca Nacional -Secretaría de Cultura de la Nación s/cobro de sumas de dinero", fallada el 31 de julio de 2012, considerando 9º y sus citas).

Una factura no es un título eficaz, jurídicamente hablando, para crear derechos ex nihilo, esto es, que no se correspondan con una realidad económica transparente sustentada en el derecho. De ahí que la invocación al artículo 218 del Código de Comercio no surta el efecto propiciado por el actor (fs. 476 de su recurso).

En cuanto a la idea del enriquecimiento sin causa como sustento de la acción (fs. 477), hay que decir que ella es expuesta por primera vez en esta instancia (confrontar con el escrito inicial, fs. 1/6 y vta.), lo que determina su desestimación (art. 277 del Código Procesal).

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada. Con costas al recurrente vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Carlos A. Petre Buenos Aires, 27 de mayo de 2014.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas al recurrente vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Por la forma en la que se decide, corresponde tratar los recursos de apelación interpuestos a fs. 463 y 465 -concedidos a fs. 464 y 469- contra la regulación de honorarios de fs. 458vta.

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso (fs. 22), el resultado obtenido, las etapas cumplidas, el carácter de la actuación, el mérito, la extensión y eficacia de la labor desarrollada y en atención a que la estimación prudencial efectuada por el magistrado al regular los honorarios (fs. 458vta., segundo párrafo de la parte dispositiva) no fue cuestionada por los apelantes, se confirman los emolumentos fijados sobre tales bases (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Enrique H. Fernández, al mérito y la calidad de su dictamen de fs. 381/384, se confirman los honorarios regulados por el Juez de grado.

Por las tareas llevadas a cabo en la Alzada, atendiendo al resultado de la apelación y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los siguientes montos: pesos XXX ($ XXX) para la letrada del actor en doble carácter, doctora Fabiana E. Borgia y pesos XXX ($ XXX), en conjunto, para las letradas de la demandada en doble carácter, doctoras Natalia P. Bentancourt y Silvina P. Gregorovich (arts. 6, 7, 9 y 14 de la Ley de Arancel).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo Ricardo Gustavo Recondo