marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Claudio Alfredo y otros c/  s/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c), infracción ley 23.737 (art. 11 inc. c), infracción ley 23.737 (art. 11 inc. e), infracción ley 23.737 (art. 7), infracción art. 303, tenen.arma guerra (art. 189 bis-4°par) mod. Ley 25886 y acopio de armas (art. 189 bis 5° par) mod. Ley 25886" y su acumulada n° FLP 35808/2015/to2 caratulada "Torres Pablo Eliseo s/ inf Ley 23737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-09

Por lo demás, se señala que "La explotación de juegos de azar constituye un emprendimiento de alto riesgo en relación con la amenaza de criminalidad financiera en la medida que ella viabiliza la circulación diaria de una muy importante masa de dinero en efectivo a través de operaciones no siempre significativas en lo que a su valor concierne. Ello hace que -sin una precisa supervisión- sea dificultoso no sólo conocer el origen de los fondos apostados y la identidad del apostador, sino también la exacta relación entre las ganancias obtenidas y los premios pagados por el explotador. En esta materia, las tipologías criminales se presentan tanto en el nivel de la participación societaria en las empresas destinadas a la explotación de casinos y otras casas de recreación -permitiendo el lavado del dinero ilícito de los accionistas-, cuanto en el nivel del juego propiamente dicho, cuando los premios se formalizan con documentos de pagos -permitiendo el lavado del dinero ilícito del apostador- (el resaltado no se corresponde con el original; Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani, Diario La Ley, Thomson-Reuters. 06.03.09).
Constitución Nacional, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley de Punto Final, obediencia debida
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "CRESPI, Jorge R. y otros s/ falta de acción".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

La Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al Estado argentino el deber de investigar y penalizar las violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, la sanción y la vigencia de las leyes 23.492 y 23.521, en tanto impiden llevar adelante las investigaciones necesarias para identificar a los autores y partícipes de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno de facto (1976-1983) y aplicarles las sanciones penales correspondientes, son violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dado que implican una valla que imposibilita llevar a cabo el cumplimiento del deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por este tratado en los artículos 2 (2,3) y 9 (5).

Las leyes 23.492 y 23.521 frustran el propósito de sancionar penalmente a los responsables del crimen de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, receptado por el derecho internacional, toda vez que impiden investigar los hechos y dejan impunes a los responsables de actos de tal naturaleza.
Rescisión del contrato, injurias
Materia: LABORAL
Carátula: Luján, Mirta Azucena c/ Hotel Gran Residencial y-o Lidio Pérez Carrero s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-04-24

Las injurias como causales de la rescisión del contrato de trabajo, requiere que revistan un "quantum" suficiente para que su gravedad sea proporcionada con la sanción máxima que significa la ruptura unilateral del contrato de trabajo sin derecho indemnizatorio, y que no se puede recurrir a esta sanción sino ante una injuria de gravedad extrema.
Infracciones de tránsito, suspensión del juicio a prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Martínez Valea, Gonzalo Daniel s/infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, -CC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

La mera concesión de una probation, en esta etapa procesal, -aunque produce consecuencias derivadas del sometimiento voluntario del interesado a cumplir determinadas obligaciones- no causa estado, en tanto no define la controversia respecto de la imputación ni determina con carácter definitivo el final del proceso, sino que sólo resuelve el aprovechamiento de una vía alternativa al juicio, cuyo resultado favorable no puede presuponerse en abstracto. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Empresa de transporte, socio empleado, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: HARIMBAT, ADRIAN c/ LINEA 76 DE  T.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

Las sociedades de componentes, conocidas también como de accionista explotante, constituyen un sistema de organización empresaria, tradicionalmente destinado en nuestro país para explotar líneas de transporte de colectivos. Ante la complejidad de normas jurídicas que las rigen, en principio, correspondería excluir al llamado componente de la tutela de la legislación laboral. No obstante, ha de ser una cuestión exclusiva de hecho y prueba, el determinar cuando el socio se encuentra cumpliendo una actividad subordinada y dependiente de la sociedad.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiscal General Dr. Baclini, jorge Camilo c/ Hoischiter, Sergio Raúl s/ denuncia irregularidades fiscalía regional 2-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

El recurso extraordinario interpuesto es formalmente inadmisible, ya que por su intermedio la recurrente pretende que el Máximo Tribunal Nacional revise una sentencia de esta Corte acerca de una materia que integra el derecho público local; puntualmente, sobre cuál es el órgano facultado para continuar el trámite disciplinario -luego de la instrucción correspondiente- de un agente que se desempeñaba en el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe; y los genéricos reproches de la impugnante sobre arbitrariedad normativa, invocando una vez más el alcance del principio de autonomía funcional y administrativa de su Ministerio, no logran derribar idóneamente las premisas expuestas por la mayoría de este Tribunal de acuerdo al plexo normativo y constitucional en juego, traduciéndose sus agravios en un diferente criterio respecto de la posición sustentada por esta Corte -como intérprete máximo de la Constitución de la provincia de Santa Fe- para declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad local. (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Falistocco y Netri)
Contrabando, ocultación de mercadería al control aduanero, moneda extranjera, ardid, falta de ardid, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: ALONSO IBAÑEZ, MARGARITA. s/ Tentativa de contrabando de divisas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-12

1 - No configura delito de contrabando el hecho relativo a la detección de una cantidad de moneda extranjera que la imputada llevaba entre sus ropas en oportunidad de viajar al exterior, toda vez que la ley aduanera describe al delito de contrabando refiriéndolo a las funciones de control sobre importaciones y exportaciones (Art. 863 del CA) y esas funciones de control son distintas de las que se refieren al control de cambios (conf. Fallos 312:1920 in re "Legumbres"); no cualquier acto que afecte la actividad estatal en materia de policía económica puede ser considerado contrabando y los bienes jurídicos en función de los que se castiga el contrabando son distinto de los tutelados por el régimen penal cambiario, por lo que interpretar que éstos se encuentran comprendidos en los primeros sería aplicar analógicamente la ley penal, lo que está vedado por el Art. 18 CN. Y, por otra parte, la ocultación del dinero efectivo es la actitud normal de todo pasajero y no puede entenderse que constituya ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero de importaciones o exportaciones, por lo que no encuadra en la figura legal de contrabando, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad administrativa encargada del control de cambios (Del voto de los Dres. Hendler y Repetto).- En igual sentido: Sala A, Reg. 646/2002, "Szawula de Strazberg, Josefa" s/Contrabando, Set.24.02; Reg. 867/2002, "Spaccarotella, Elio - Spaccarotella, Giuseppe - Spaccarotella, Jose" s/Contrabando, Dic.6.02.
Prescripción tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta c/ Maidana, Leonardo s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-04-28

La resolución que determina la deuda supone un acto con trascendencia a los fines de afectar el curso de la prescripción, pues mediante su dictado la Administración precisa e identifica la deuda, exteriorizando su voluntad de perseguir su cobro. En consecuencia cabe hacer lugar a la defensa de prescripción de aquellos períodos que al dictado de la resolución se encontraban prescriptos, no así respecto de los periodos cuyos plazos de cinco años se encontraban aún en curso.
Obligación alimentaria, Convención sobre los derechos del niño, derecho a la identidad
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. C. c/ L., D
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-13

En orden a la determinación de la obligación alimentaria, corresponde considerar que la faceta dinámica del derecho a la identidad de la menor que recibió trato de hija por parte del demandado que fuera pareja de su madre -faceta esencialmente cambiante, configurada por lo que constituye el patrimonio ideológico cultural y vital de la personalidad que se trasunta en el exterior y que se refiere a hechos objetivos por los cuales se identifica a la persona, a través de su historia individual y social-, se encuentra tutelada en relación al demandado por el art. 75 inc. 22 CN que, al incorporar la "Declaración Internacional de los Derechos del Niño", obliga a interpretar el derecho de familia bajo nuevas premisas, entre ellas el "favor minoris", que exige que el derecho a la "identidad" de los niños sea entendido en un sentido amplio, comprensivo tanto de la faz estática como dinámica, a lo cual se suma que en toda cuestión en que se vean afectados derechos de los niños, se debe resolver respetando su interés superior (art. 3 de la declaración citada).
Competencia federal, denegatoria del fuero federal
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C.  c/ A. A. S.A. y otro  s/ cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

No se encuentran verificados los supuestos que justificarían el trámite de las actuaciones ante la Justicia Federal ya que, las disposiciones que consagran la jurisdicción federal, que por su naturaleza es limitada y de excepción, deben ser interpretadas restrictivamente, descartando su aplicación analógica a situaciones que no sean expresamente contempladas en cada caso.
Juicio correccional, homicidio culposo, recurso de casación, pena de inhabilitación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Trujillo, Luis Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Jorge Lionel Toledo en Expte. Trujillo, Luis A. - s.a. Homicidio Culposo Agravado - Ruta Nac. 38 - El Pantanillo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-02

El Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba.

Contra dicha resolución, el defensor del imputado -por Homicidio Culposo Agravado- interpone este recurso de casación.

Después de estudiar los planteos efectuados, de nulidad de la sentencia por defectuosa fundamentación (1º agravio) y por falta de fundamentación (2º agravio), estimo pertinente tratarlos en orden inverso al que fueron propuestos en tanto, de prosperar el último, la sentencia sería irremediablemente nula, lo que tornaría abstracto el control del alegado como primer motivo de la impugnación.

En contra de lo que sostiene el recurrente, opino que la resolución impugnada no carece de fundamento. Así lo considero puesto que en ella constato que, aunque de manera escueta, el Tribunal a quo sí expresó las razones por la que decidió no conceder la solicitud formulada en el caso para que el juicio a prueba sea suspendido.

En esa dirección, como obstáculo legal insalvable a la procedencia del Instituto y, por ende, como fundamento de la denegatoria en cuestión, el tribunal invocó la pena de inhabilitación prevista para el delito reprochado en el caso al imputado.

Esa solución era al menos previsible, dada la conminación en abstracto de esa especie de pena en el art. 84 del Código Penal para la comisión del delito de homicidio culposo atribuido al imputado, y en tanto según los términos del art. 76 bis del mismo Código esa categoría de delitos se encuentra expresamente excluida de la aplicación del instituto de la probation.

En ese sentido es uniforme la jurisprudencia de los tribunales locales y la debida diligencia en el ejercicio profesional aconseja conocerla para no reiterar, como en el caso, objeciones repetidamente rechazadas, sin refuerzo argumental novedoso que exija revisar esa postura.

Por ello, la remisión efectuada por el Juez a quo, a lo resuelto en casos semejantes por este tribunal -la que, contrariamente a lo que propone el recurrente, no exige reproducción de los argumentos pertinentes- no sólo expresa economía procesal en tanto evita un desgaste jurisdiccional innecesario, sino que constituye fundamento suficiente de la decisión impugnada, puesto que, en tanto se encuentran adecuadamente expresados, son claros e inequívocos los motivos que la sustentan.

Además, en principio, y de conformidad con conocida jurisprudencia de la Corte Suprema, es bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores (confr. Fallos: 311:2293 y sus citas; 327:954, Voto del Dr. Fayt ).

Por ello, el agravio carece de fundamento y corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Suma ilíquida, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: Hube, Pablo Adolfo c/ Fernández, Ataulfo Arcadio s/ Resolución Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-12

La iliquidez de la deuda no obsta a la mora, porque cuando la deuda es ilíquida el deudor está precisado a pagar aquella parte que de buena fe no puede dejar de admitir como cierta y valedera.
Lucro cesante, procedencia medidas de prueba, daños y perjuicios, telecomunicaciones
Materia: CIVIL
Carátula: Frisicale, María Laura c/ Telecom Personal S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Conforme el texto del artículo 1.727 del Código Civil y Comercial, las consecuencias de un hecho pueden ser inmediatas, mediatas y casuales o remotas. La pérdida patrimonial que reclama la recurrente por haber sido privada de la posibilidad de disponer de una suma de dinero destinada a la inversión financiera que acostumbraba a efectuar -plazos fijos- encuadra dentro de las consecuencias casuales en tanto excede el ámbito de la previsibilidad contractual cuando el objeto es la prestación de un servicio telefónico.(del voto del doctor de Lázzari)
Sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Simón, Sergio Adrián s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Las correcciones disciplinarias aplicadas por las Cámaras de Apelación, no son susceptibles de recursos extraordinarios (arts.

446 del Código de Procedimiento Penal y 75 ter de la ley 5827).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, actos ilícitos, prescripción, cómputo del plazo, cuestiones prejudiciales, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: RENE ARMANDO GONZAGA c/ LA GACETA SOCIEDAD ANONIMA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-04-02

La prescripción prevista en el artículo 4037 del Código Civil comienza a correr desde el momento del hecho, sin que se vea interrumpida por la promoción de acciones civiles o penales ajenas a la indemnización de los da/os y perjuicios.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Auligine de Acevedjo María Elisa c/ Trotta Héctor y otros s/ Daños y perjuicios otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-15

Si la víctima fatal del accidente, en un acto diligente y en beneficio de la obra, acometió un trabajo que a otro correspondía por más que no le fuera ajeno el contacto con las máquinas afectadas a la misma, afrontó innecesariamente un riesgo cuyas consecuencias necesariamente deben serle imputadas y proyectadas sobre la esfera de responsabilidad del otro (art. 1111 C. Civ.) máxime si de tal modo, este último se ha visto privado de toda posibilidad de dirigir, prevenir, controlar o vigilar esa conducta en orden a evitar situaciones lamentables . (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sosa, Tomás c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Los agravios referentes al rechazo de la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente ferroviario, si bien remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia ajena - como regla y por su naturaleza - al remedio del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no constituye óbice para ello cuando la alzada ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y se ha apoyado en afirmaciones dogmáticas que le dan al fallo un fundamento sólo aparente.
Jurisdicción y competencia, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: A.P.S.  (ASOCIACION  DE  PRESTACIONES  SOCIALES  PARA  EMPRESARIOS  Y PERSONNAS  DE  DIRECCION  DE  EMPRESAS  DE  LA PRODUCCION, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS). c/ INMOBILIARIA GINAINI. s/ JURISDICCION Y COMPETENCIA. PRORROGA.    ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

Aún cuando la ley 7718 de la Provincia de Buenos Aires admite implícitamente la prórroga de competencia territorial, debe prevalecer en el caso lo dispuesto por el art. 19 de la ley 18.345 que establece que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, incluso la territorial, será improrrogable.
Superior Tribunal de Justicia, excusación
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: Carolina Teresa López c/ Estado  Provincial  (Poder  Judicial  de  la Provincia de Santa Cruz) s/ Demanda Contencioso - Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-20

No corresponde la excusación por parte de este Tribunal en virtud que se fundan las intervenciones de sus miembros, en pronunciamientos emanados del ejercicio de facultades de superintendencia, conferidas por mandato e imperio constitucional (art. 131, inc. 1) y cuya delegación se encuentra expresamente prohibida por el art. 31 del citado texto constitucional.
Prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Harriague de Rolón c/ Hospital Italiano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

Las afirmaciones del absolvente de posiciones prueban en contra de él, pero no a su favor, lo cual encuentra su lógica dentro del esquema primario del proceso: si fuera dado al demandado, por medio de sus dichos al absolver posiciones, crear un elemento de convicción a su favor, ello sería tanto como otorgar ese mismo peso a otros actos suyos como la contestación de demanda, lo cual choca con las reglas de la alegación y prueba que gobiernan el proceso.
Filiación, producción de la prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: NN s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-08-07

Importa recordar que la ley de fondo faculta a los tribunales para proveer, aún de oficio, la producción de ciertas pruebas si éstas no han sido ofrecidas por las partes, aunque ello haya sido así, no ha sido instada oportunamente su realización. Puede ordenarse y practicarse por impulso del tribunal aún después de clausurado el período probatorio. En este sentido, la ley de fondo, en materia de acciones de filiación autoriza la realización de toda clase de pruebas, incluso biológicas, que podrían ser decretadas, aún de oficio, o a petición de parte (art. 253 C.C.). Ellas se deben hacer efectivas en tiempo oportuno; sin embargo se pueden hacer de oficio.

Es que en ciertos casos la preclusión cede frente a la importancia de la materia discutida y la calidad de la verdad perseguida (Derecho a la identidad personal). Así es que ellas deben ser ordenadas aunque el período probatorio estuviera ya clausurado, como medida para mejor proveer. Tal criterio se funda, esencialmente, en el hecho de que el impulso procesal de oficio y la necesidad de descubrir la verdad real en la filiación pesan sobre el tribunal. En nuestro procedimiento de familia -de carácter esencialmente inquisitivo en algunas materias- tales principios prevalecen, por lo cual es indiferente la eventual negligencia de las partes. En estos supuestos, la cuestión hace a derechos esenciales que por su valor son indisponibles y cuyo esclarecimiento afecta derechos personalísimos (identidad) y al estado civil de las personas.

Fundamento de la Dra. Elsa C. de Dri.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Prestupa de Klekotz, Nilda c/ Cristalerías Cattorini S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Cuando el daño se origina en virtud de que ha actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, la responsabilidad está a cargo del dueño o guardián de la cosa que generó el daño, que sólo puede eximirse probando que no existió o que se interrumpió la relación causal entre el hecho de la cosa y el daño causado. Lo que interesa concretamente, es la idoneidad de la actuación de la víctima para producir el evento dañoso, con independencia de que esa conducta configure o no culpa o, en su caso, si la conducta de ésta concurre con la actuación de la cosa causando el daño, desplazando proporcionalmente la responsabilidad de aquél (art. 1113, segunda parte in fine, Código Civil).