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Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Corresponde admitir la demanda incoada contra una concesionaria y el fabricante automotriz por el adquirente de un automotor 0 Km, y condenar a las demandadas a entregar el vehículo acordado, o el modelo que lo reemplace de igual o superior valor. Ello así, toda vez que el actor y el concesionario celebraron un contrato de compraventa, en cuyo marco el comprador pagó el precio pactado, pero el vendedor incumplió en forma injustificada su obligación de entregar el auto, pues resultó inoponible la cláusula -que no fue suscripta ni debidamente informada-, según la cual el precio podía ser válidamente modificado por el vendedor sin notificación previa.
Constitución Nacional, reforma de la constitución, derechos y garantías constitucionales, derechos de incidencia colectiva, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Youssefian, Martín c/ E.N. -Secr. de Comunicaciones s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-23

No cabe duda que cuando la reforma de la C.N. reconoció la existencia de nuevos derechos que pueden ser globalmente caracterizados como de incidencia colectiva; cuando, además, les otorgó protección jurisdiccional e identificó a los distintos sujetos que podían hacerlos valer ante el Poder Judicial, esas normas constitucionales produjeron un impacto en el ámbito del proceso. Este impacto trasciende los aspectos vinculados con la legitimación y alcanza tanto a los sujetos que pueden integrar la litis como a los alcances de la sentencia (confr. Sala III, 23/9/97, "Defensor del Pueblo de la Nación -Incidente III- c/E.N.").
Prueba testimonial, testigo único, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SIMAHAN, Mirta Aurora c/ CRUZ, Ajejandro y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

La calidad de testigo único, su relación de amistad con la víctima y su contradicción con los testigos aportados por la contraria, constituyen obstáculo suficiente para considerar que, con esta sola probanza, pueda tenerse por demostrada la autoría del hecho dañoso, porque cuando se trata de dar por probado un hecho, sólo mediante declaraciones testimoniales, éstas deben ser cetegóricas, amplias, sinceras, dando razón de los dichos y no dejar lugar a dudas.-
Obligaciones en moneda extranjera, pesificación, comercio exterior, avalista, entidades financieras, aplicación de la ley
Materia: ECONOMIA-COMERCIAL
Carátula: Transco S.A. c/ Estado Nacional y otro s/ amparo contra actos de particulares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Debe ser revocado el fallo que había determinado la pesificación, en los términos del art. 3 del Decreto 214/2002, de la deuda en moneda extranjera que la actora mantenía con una entidad bancaria a raíz de una compra de tractores efectuada en dólares, abonada a través de cartas de crédito y, en parte, financiadas mediante el libramiento de letras a favor del exportador extranjero que fueron avaladas por la institución bancaria, habida cuenta que las operaciones que dieron origen a las actuaciones son financiaciones vinculadas al comercio exterior en las que intervino una entidad financiera como avalista. Cabe destacar que tras la pesificación dispuesta por la Ley 25.561 y el Decreto 214/2002, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 410/2002, que excluyó de dicha medida a las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la Corte).
Suspensión del beneficio, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ZANARDI OCAMPO, MARÍA ELINA c/ ANSES s/ PRESTACIONES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-14

Corresponde confirmar la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la demanda y dejó sin efecto la resolución por la que el organismo había dado de baja uno de los beneficios de pensión, ordenando la liquidación y pago de los haberes de pensión suspendidos e importes indebidamente debitados, al considerar que desde el punto de vista del Derecho Administrativo, la A.N.Se.S no podía revocar el acto oportunamente dictado, ya que el art 17 de la ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación determina que la Administración Previsional debe recurrir a la Justicia para obtener la declaración de nulidad de un acto firme y consentido que ha generado derechos subjetivos que se están cumplimiento .
Costas, costas al demandado, juicios contra el Estado, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diferencia de haberes jubilatorios
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PASTO DE PANDELO, Clorinda c/ GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-12

Aún cuando el accionante se haya acogido a los beneficios del decreto 2497/98, tal circunstancia no libera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de soportar las costas del proceso, si obligó al particular a peticionar judicialmente y admitió su obligación luego de haber planteado excepciones y cuestionado la deuda.
Constitución Nacional, jueces, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donate, Fermín. s/ Mandamus. Jueces.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-11-29

La provincia de Río Negro ha dado a la irreductibilidad salarial de los jueces un alcance similar, pero no idéntico al del art. 96 de la Constitución Nacional y no por ello el gobierno federal dejar a de garantizar a Río Negro el goce y ejercicio de sus instituciones.
Sobreseimiento, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, José María. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

La acción antijurídica es reprochable al autor cuando éste pueda estar motivado por la norma, y en consecuencia, tenga el deber jurídico de no realizar la acción (*). El derecho penal no admite formas de responsabilidad objetiva: la reprochabilidad por el incumplimiento de la orden, del mandato normativo, supone fatalmente que el sujeto a quien se dirige tenga la posibilidad de cumplirla, lo que en términos jurídico penales se ha dado en llamar capacidad de motivarse en la norma. En el análisis de la capacidad de dirigir las acciones, es decisivo ponderar si el autor es capaz de contrarrestar sus impulsos mediante las inhibiciones (**). Si el imputado careció de dicha posibilidad en razón de un acto irreflexivo, irreductible, que la voluntad no pudo controlar o inhibir, corresponde sobreseerlo (***).

(***) Nota del Secretario: El peritaje psiquiátrico arrojó como conclusión que el autor, al momento del hecho, padeció un desarrollo vivencial anormal de contenido paranoide y depresivo sobre el cual se produjo un acto impulsivo, con impedimento de la dirección de la conducta imputada.
Responsabilidad del Estado, fuerzas de seguridad, poder de policía, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SALCEDO LILIANA DEL VALLE ARREGUEZ DE Y OTRO c/ POLICIA DE LA PROVINCIA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-14

"Constituye una cuestión de hecho atribuir la culpa y consecuente responsabilidad. Sólo el absurdo y no un distinto criterio posibilita en casación la revisión de cuestiones de hecho" (SCBs. As., 24/9/85 , JA, t, 1986-IV, p.827) . Resulta arbitraria la sentencia que basa su decisión en la apreciación del sumario policial apart ndose de las constancias en 'l obrantes, resultando por ello insostenible.

En efecto, el fallo que se impugna sostiene que el Estado debe responder porque el daño - muerte del cónyuge de la actora -, es producto de la actuación altamente negligente de la policía, siendo ella la causa eficiente del daño.

Que a ello arriba luego de analizar el sumario de denuncia de amenaza, estimando que casi pasó un mes desde la denuncia de amenaza al homicidio, que poco o nada se hizo, que se llenaron papeles al vicio, que transcurrieron 30 días para poner en conocimiento al fiscal para disponer medidas, que se debió extremar las medidas urgentes, y de ello deduce que existió omisión antijurídica de medidas expresas o implícitas de la ley o derivadas del poder de policía y/o falta de servicio, y así concluye que las conductas incumplidas provocaron el daño que generan la responsabilidad del Estado y que este debe responder.

Ahora bien, las críticas formuladas en el fallo al sumario policial en donde hace radicar la culpabilidad se aleja de la realidad fáctica, en tanto al día siguiente de la denuncia se pone en conocimiento del fiscal de turno y se inicia la investigación, bajo las órdenes de la autoridad judicial competente, el papelerío donde se asientan las diligencias practicadas es inevitable y es donde consta que el hecho fue investigado y los plazos son prudencialmente son cumplidos.

Es decir que el sumario de prevención responde a los pasos, tiempos y demás exigencias legales que demanda dicho proceso dentro de lo razonable y de los límites que la normativa de forma y fondo penal y la misma Constitución Nacional y Provincial imponen; desde esa óptica no se advierten, y tampoco se especifican, irregularidades u omisiones que, encuadradas en una conducta culposa de la policía genere responsabilidad al Estado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, habeas corpus correctivo, rechazo in límine, grupos de riesgo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, MILAGROS AYELEN c/  s/ ROBO CALIFICADO-HABEAS CORPUS-RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

En relación a las postulaciones sobre la alegada arbitrariedad en la actividad decisoria y afectación a mandas constitucionales, se advierte que la compareciente no logra desmerecer lo dicho por el Magistrado en cuanto a que el hecho de que la imputada integre la nómina de personas de riesgo confeccionada por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe no es suficiente a fin de tener por acreditado que la permanencia de la misma en la unidad de detención en la que se encuentra alojada, la coloque en un peligro para su vida o su integridad o la de sus hijos; ni rebate lo concluido en torno a que el factor de riesgo invocado resulta conjetural, y que de llegar a producirse un agravamiento de la condición médica de la interna, en su momento se dispondrá en consecuencia y en su caso con planteo oportuno. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido por fuerza mayor
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Zampichiatti, Carlos c/ Electromecánica VIC S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 22-00, Resol. Nro. 135, Tomo 24, Folio  151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-28

Abordando las normas de los arts. 513 y 514 del Cód. Civil y en cuanto a lo que interesa a esta resolución, el hecho se considera imprevisible cuando supere la aptitud normal de previsión que es dable exigir al deudor, en función de sus condiciones personales y la naturaleza de la obligación; es inevitable cuando el deudor sin culpa de su parte y enclavado en las circunstancias que le sean propias, haya sido impotente la impedir el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación. Es insuperable cuando el obstáculo es absoluto. La mera dificultad para el cumplimiento no exime de responsabilidad al deudor, es necesario que se configure una verdadera imposibilidad. Si ésta es definitiva, el deudor queda liberado; si es transitoria sólo se exime de los daños y perjuicios moratorios y debe cumplir la obligación, cesado que sea el obstáculo. Debe el deudor que alega el caso fortuito eximente de responsabilidad, probar la existencia de ese hecho y que reúne todos los caracteres del "casus". La imposibilidad de cumplimiento alegable como caso fortuito, ha de ser tal para todos y no solo para el deudor.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación legal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Longo, Alejandra Viviana c/ Construcciones Sur SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

Cabe confirmar la resolución que rechazó la demanda de remoción de los integrantes del directorio interpuesto por una socia minoritaria. Ello por cuanto, en el caso, resulta reprochable la postura de la demandante quien luego de percibir las utilidades a lo largo de los años sin efectuar ninguna reserva, invocó la política de distribución de dividendos como una causal para fundar la remoción (CNCom, Sala D, 10/12/19, en la causa "Santoro Domingo Rubén c/ Agrolucía SA y otros s/ ordinario"; expte. 26.224/2013). Máxime cuando, eventualmente, dicha cuestión podía ser subsanada mediante reunión ulterior del órgano de gobierno. Y en la especie no puede soslayarse que la actora señaló que no concurrió a dicha asamblea. Si las causas que esgrimió al promover la acción eran, a su juicio, de tal magnitud como para justificar la remoción de los administradores de la sociedad debió haber asistido por si o a través de sus representantes para dejar sentada su posición respecto de los puntos que se trataron en dicho acto.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, recurso extraordinario, ejecución de sentencia, jubilaciones, caducidad, jubilación de privilegio, Estado, emergencia previsional, leyes, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE IRIONDO, JORGE DEL CORAZON DE JESUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 73-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-16

Declarada por la Corte Nacional, la nulidad de los actos administrativos que dispusieron la caducidad del beneficio jubilatorio del actor otorgado conforme la ley 9214 y la denegación de los recursos interpuestos, es consecuencia ineludible reconocer el derecho a percibir los haberes jubilatorios correspondientes.

Debe, por ello, condenarse a la Provincia de Santa Fe a pagar los haberes pendientes de percepción si existieren -previa deducción de lo ya abonado en virtud de lo resuelto en el recurso de amparo tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y de lo cobrado hasta la fecha en que se dejó sin efecto la suspensión de la medida administrativa-, actualizados según lo dispuesto en la ley 8800, a partir de la fecha en que cada prestación debió ser abonada y hasta el 31-3-91 (artículos 1, 7 y 13, ley 23928) si se hubieren devengado con anterioridad; con más intereses a la tasa del 6% anual hasta el 31-3-91. De allí en más deberá computarse la tasa promedio pasiva mencionada en el decreto nacional 941-91. Dicho pago deberá realizarlo en el término de veinte días de aprobada la liquidación respectiva, la que deberá practicarse en el plazo no mayor de quince días; condena cuya ejecución no corresponde suspender porque "el presente caso no se encuentra incluido en el artículo 4 de la ley 10799" (interpretación con la que, por lo demás, coincide la Caja de Jubilaciones y Pensiones según surge de la resolución de dicho organismo).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, trabajador, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MILKAUT S. A. c/ MALUF, RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EXCLUSION TUTELA SINDICAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 65 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el procedimiento a seguir para excluir la tutela sindical de un representante gremial a quien se desea sancionar se trata de una cuestión de naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, y, por ende, exenta -en principio- de revisión por la vía extraordinaria. En el caso, no merece ser descalificado el decisorio impugnado - tildado de arbitrario, como violatorio del principio de congruencia y del derecho de defensa del accionante por morigerar la sanción propuesta por la empleadora cuando dicha cuestión no había integrado el debate, circunscripto a dilucidar si la accionante había (o no) intentado excluir "en blanco" la tutela sindical- desde que el solo hecho de enrolarse en la posición que estima necesario tratar conjuntamente la cuestión sindical y la contractual, no resulta suficiente para fundar un reproche de índole constitucional.
Jueces, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AGUZZI DANIEL EDUARDO c/ SIALLE DE MEUS, ANALIA DEL VALLE Y OTRO s/ DESALOJO-RESTITUCION DE LA COSA LOCADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-08

Al juez corresponde apreciar según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de las declaraciones testimoniales, correlacionadas con los demás elementos de prueba objetivos obrantes en la causa.
Cheque, aviso de falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lapadula Emilio César c/ Colombo Néstor Hugo s/ Cobro ejecutivo Le Radial S.R.L. c/ Supicich Eduardo Domingo s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27|1997-03-18

La finalidad del aviso no es otra que la de poner al librador en conocimiento de las circunstancias que impiden al pago del cheque, otorgándole la posibilidad de pagarlo y evitar las consecuencias del reclamo judicial. Por eso el aviso debe darse en todos los casos en que el cheque no fuere pagado, cualesquiera fuere la causa (art.39 Ley 24452).
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: Sanz de Alberdi, Pilar c/ Fanego, Antonio N. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-12-30

Ese beneficio de la duda significa que la participación reprochable del peatón en el suceso ha de acreditarse de manera convincente y sus infracciones, como regla, deben considerarse leves. Sus distracciones, vacilaciones en la marcha, avances y retrocesos mientras intenta el cruce, así como los apartamientos de la senda peatonal, no son, en principio, suficientes para eximir totalmente de responsabilidad al conductor embistiente, porque ninguna de esas conductas resultan para éste enteramente imprevisibles y de allí la posibilidad de evitar la colisión. Cuando más, esos comportamientos del peatón originan una liberación parcial de la responsabilidad por el daño causado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, daños y perjuicios, responsabilidad civil, titular del automotor, responsabilidad del Estado, faltas del servicio, falta de prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Frutillas del Litoral S.A. c/ Pagani, Fabio Idilio y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

Si bien el compareciente describe diversas hipótesis de arbitrariedades, aquella doctrina atiende solo a supuestos en los que los agravios de la parte recurrente obtengan un tratamiento de extrema gravedad y en los que se evidencie que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de alguna de las soluciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar cualquier pronunciamiento menoscabando de esa manera los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes; y en ese marco, es de ver que los argumentos brindados por la Alzada referidos a la falta de responsabilidad del titular registral del inmueble por considerar que no se trataba de un daño ocasionado por el riesgo o vicio del inmueble en sí, sino por las cosas allí almacenadas por el poseedor del mismo, y a la falta de responsabilidad de la municipalidad demandada por entender que no se encontraba configurado un supuesto de falta de servicio, no lograron ser rebatidos con las genéricas alegaciones de la recurrente relativas a una supuesta incongruencia y apartamiento legal, puesto que ello no luce suficiente para imponerse como la necesaria solución del tópico, manteniéndose incólumes los argumentos de los magistrados de Alzada. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Responsabilidad civil, menores, culpa civil, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Picciano Roque Gerardo y otra. c/ Establecimiento  Educativo  Esc.  Nac.  Técnica  Electrónica  N. 2 de Haedo y otro. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

La responsabilidad que le cabe al menor por su obrar imprudente, aún cuando no sea exclusiva-, debe ser tenida en cuenta, en el marco de que se trata de un menor dotado de discernimiento, acostumbrado a utilizar este tipo de herramientas en los talleres de su escuela, porque así lo exige el tipo de instrucción que recibe en su aspecto práctico. En tales circunstancias entonces el aprendiz debió poner mayor cuidado y atención en el empleo de la sierra circular que causó el daño, ya que estaba en condiciones de saber que se trataba de un elemento de riesgo. En las condiciones apuntadas el 50% de la responsabilidad por el hecho que originara este reclamo deber serle imputado al menor Ariel Gerardo Picciano, por quien deberán responder sus padres.
Colegio profesional, ingenieros, jubilaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROITBARG DE JAIMOVICH, SARA c/ CAJA  DE  PREVISION  SOCIAL  PARA  PROFESIONALES  DE LA INGENIERIA DE ENTRE RIOS s/ RECURSO POR DENEGATORIA DE JUBILACION ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-02-23

La falta de ratificación anual de la matrícula trae como consecuencia automática la suspensión de la inscripción -art. 11 Dec. 1496/58- con lo cual a su vez se dan dos consecuencias: la no acreditación del ejercicio profesional en los términos del art. 35 y la falta de aportes. Lo primero hace a la justificación de los 25 años de ejercicio profesional que requiere la norma citada, y lo segundo hace al principio elemental en materia de previsión en el sentido de que no hay beneficio sin el correlativo aporte.
Nulidad de la notificación, falta de notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: BCO.SAN JUAN c/ DINERSTEIN FERNANDO JAIME Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-12

Si bien, la omisión de notificar la resolución de Cámara o de hacerlo, en un domicilio equivocado, constituye una violación a un trámite esencial del procedimiento (art.135, Inc. 12 del C.P.C.), lo que habilita a declarar, aún de oficio, la nulidad de la notificación, por violar la garantía constitucional de la defensa en juicio (art.150 del Código citado); deben cumplirse además, todos los requisitos, que preceptúa dicha norma y el art.174 ibid.