Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-14


STJSL-S.J. N° 135/08.

SAN LUIS, Marzo catorce de dos mil ocho.

AUTOS Y VISTOS: Los autos caratulados ?BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS ?DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA? Expte. Nº 23-B-05.

Y CONSIDERANDO: I) Que a fs. 38/49 vta. el Banco de la Nación Argentina promueve demanda contencioso administrativa, peticionando asimismo, inconstitucionalidad del previo pago exigido por el art. 11 (entendemos debió decir art. 115º) del Código Tributario.

II) A fs. 124/125 vta. la accionada contesta el traslado ordenado a fs. 118, respecto del planteo de inconstitucionalidad del requisito de pago previo exigido para promover la demanda contencioso administrativa, solicitando se rechace el mismo en todas su partes por falta de agravios constitucionales, con costas.

III) A fs. 133/134 obra dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, quien opina se debe rechazar el planeo de inconstitucionalidad al entender que en el presente, no se advierte que la actora haya demostrado y/o acreditado de manera fehaciente el perjuicio que le origina la aplicación de tal disposición.

Por su parte cita Jurisprudencia del Alto Tribunal Nacional quien se manifiesta sobre la constitucionalidad del principio ?Solve et repete? en las condiciones que allí se expresa.

IV) En primer lugar debe destacarse, que este Alto Cuerpo ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema en estudio en autos: STJSL 213/07 ?AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA. DE SAN LUIS-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO?, 6-06-07, de estricta aplicación al presente caso.

Que en los mencionados autos se expresó, entre otros conceptos que: ?Al respecto Halperin, David A. y Gonzales del Gesso, Maria V., en su obra Derecho Tributario, Titulo: El principio Solve et repete.

Su Subsistencia frente al Pacto de San José De Costa Rica, expresaron que este precedente ?Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A? importó en definitiva una morigeración a la aplicación de la regla solve et repete, eximiendo del requisito del pago previo al recurrente que demuestre cabalmente la imposibilidad real y efectiva de oblar la imposición, que cercene de este modo su acceso a la justicia en pos de ejercer su derecho de defensa?. (Considerando VII, párrafo 8vo.).

(...) ?Sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ?con posterioridad de la reforma de la C.N del año 1994- ha mantenido el criterio sostenido en el caso ?Expreso Sudoeste S.A. c. Buenos Aires, Provincia de, 27/12/1996 Publicado en: Fallos:319:3415? al expresar: ?...que según resulta de la doctrina establecida por esta Corte en el caso ?Microómnibus Barracas de Belgrano? (fallos:312:490), los alcances que cabe otorgar a lo dispuesto por el artículo 8º, inciso 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos ?a la que el inciso 22º del artículo 75º de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional ? son equivalentes, en relación con el principio ?solve et repete?, a los fijados por la jurisprudencia del tribunal elaborada con mucha antelación a dicho tratado, con fundamento en el derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional? -en igual sentido se manifestó en la causa: ?Agropecuaria Ayuqui S.A. s/ amparo?, el 30/06/1999, Publicado: JA 2000-III, Fallos:322:1284-.

?Así, las excepciones admitidas respecto de la validez constitucional de las normas que requieren el pago previo de las obligaciones fiscales como requisito para la intervención judicial contemplan, fundamentalmente, situaciones patrimoniales concretas de los particulares, a fin de evitar que ese previo pago se traduzca en un real menoscabo de la defensa en juicio.? (Considerando VII, párrafo 12º y 13º).

(...) ?Que en este orden de ideas, del estudio de los presentes autos se exterioriza, en forma evidente, suficiente capacidad económica, por parte del recurrente, para afrontar el pago previo de las sumas exigidas, en concepto de diferencia de impuesto a los sellos y Fososa, por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos?. (Considerando VII, párrafo 16º ).

(...) ?Esto es, el recurrente, no alego imposibilidad de abonar las sumas reclamadas por Dirección de Ingresos Públicos, por lo que no estamos en presencia de excepciones admitidas por el Alto Tribunal de Justicia, respecto de la validez constitucional que requieren el pago previo de las obligaciones fiscales y que no importan ? ante la capacidad económica de Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

un real y efectivo menoscabo de la defensa en juicio?. En el caso, ante la evidente capacidad económica del Banco Nación Argentina.

?Por último y no obstante lo manifestado, deberá excepcionarse del previo pago exigido por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, las sumas reclamadas en concepto de multa ... equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) del monto impuesto omitido de abonar ?Art. 57 C.T.). (Considerando VII, párrafo 18º y 19º).

En el presente caso la multas impuestas son equivalentes al cien por ciento (100%) del monto del impuesto omitido por los años 1999, 2000 y 2001, de las distintas sucursales del Banco de la Nación Argentina (Suc. Metro Max, Suc. Villa Mercedes, Suc. Merlo, Suc. Justo Daract y Suc. Tilisarao) (art. 63 del C.T.) Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Declarar la Inconstitucionalidad del Art. 115 del Código Tributario en relación a las sumas reclamadas por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, en concepto de multa equivalentes al cien por ciento (100 %) del monto del impuesto omitido correspondiente a los períodos 1999, 2000 y 2001 de las Sucursales del Banco de la Nación Argentina (Suc. Metro Max, Suc. Villa Mercedes, Suc. Merlo, Suc. Justo Daract y Suc. Tilisarao)..

2) De conformidad con lo previsto por el art. 10 de la Constitución de la Provincia comunicar la declaración de inconstitucionalidad declarada en el punto 1º al Sr. Gobernador de la Provincia, y a los Sres. Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Provincia, mediante oficios a los que se adjuntará fotocopia certificada de esta sentencia.

3) Imponer las costas por su orden, (50 %) a cada parte, ante el vencimiento parcial y mutuo de las pretensiones.

4) Intimar a la actora para que en el término de diez días abone las sumas reclamadas por la D.G.I.P. (art. 115 del Cód. Tributario y art. 869 del C.P.C.), bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la demanda, con excepción de las multas.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

No firma el Dr. FLORENCIO DAMIÁN RUBIO por encontrarse en uso de licencia.

FDO. DRES. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA- SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.