Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-27


Buenos Aires,	27	de febrero de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La empresa Metrovías S.A. dedujo mediante apoderados, recurso directo de apelación ante la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad (fs. 554/580) contra la resolución n° 17/EURSPCABA/2006 emitida por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por considerar que "la misma es nula de nulidad absoluta y manifiesta por adolecer de vicios esenciales en su competencia, (...) en su causa y en su procedimiento, así como por violar el principio del 'respeto de los propios actos' y los correspondientes al Derecho Administrativo Sancionador...". Señala que si bien se presenta conforme lo exige el art. 21 de la Ley nº 210 -reguladora del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos-, solicita como cuestión de previo y especial pronunciamiento la declaración de incompetencia del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad y que se giren las actuaciones a la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. Considera que mientras la resolución cuestionada sanciona a Metrovías por supuestos incumplimientos del Contrato de Concesión, el art. 23 del propio Contrato de Concesión establece que a los efectos derivados del contrato, las partes se someten a la jurisdicción Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, con exclusión de otro fuero o jurisdicción.

Asimismo, solicita la citación del Estado Nacional -por considerar que la concesión de la que es titular es una concesión nacional de carácter federal-, y la suspensión de los efectos del acto cuestionado, de acuerdo con el art 189 CCAyT.

2. La Sala I de la Cámara CAyT consideró que la causa versa sobre la impugnación de un acto administrativo emanado de una autoridad administrativa del Estado local, por lo que rechazó el planteo de incompetencia. Además, concedió la medida cautelar solicitada y declaró, de oficio, la inconstitucionalidad del art. 22, inc. 5, de la ley n° 210 que exige, implícitamente, el pago previo de la multa cuestionada (fs. 582/592).

3. Contra esa decisión Metrovías interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 593/600), que previa contestación por el GCBA (fs. 626/630) fue denegado por la Cámara (fs. 602/602 vuelta) por considerar que el fallo no reúne la condición de definitivo en relación a ninguna cuestión constitucional y la apelante no demostró que la resolución le ocasione un perjuicio irreparable.

4. Metrovías dedujo el recurso de queja previsto en el art. 33 de la ley 402 (fs. 611/619). Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propuso el rechazo de la queja (fs. 636/638).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja interpuesto por Metrovías fue deducido en legal tiempo y forma (art. 33, LPTSJ) y, como veremos a continuación, cuestiona una sentencia equiparable a definitiva y plantea adecuadamente un caso constitucional, lo que justifica la apertura de la queja y el tratamiento del pertinente recurso de inconstitucionalidad.

a) Si bien, por regla general, las decisiones en materia de competencia no constituyen sentencia definitiva, aquellas resoluciones que deniegan el fuero federal -supuesto distinto a la denegatoria del fuero nacional ordinario- constituyen sentencias equiparables a definitivas, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos (Fallos 281:311; 303:235; 303:1542; 304:1154; 306:2101; 311:430, 605 y 1232, entre otros).

b) Asimismo, en cuanto a la configuración del "caso constitucional" requerido por el art. 27 de la ley 402, la recurrente cuestiona la aplicación al caso del art. 21 de la ley 210, y considera que la decisión de la Cámara afecta sus derechos constitucionales a la defensa en juicio y el debido proceso (arts. 18 CN y 13 CCBA), porque contradice lo dispuesto por el art. 23 del contrato de concesión. Su esfuerzo argumental, si bien no es contundente -como veremos más adelante-, es suficiente para ser tratado en esta instancia, ya que obliga a expedirse sobre la garantía constitucional del "juez natural", piedra angular del debido proceso.

2. En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, como cuestión liminar cabe diferenciar claramente dos cuestiones: (a) la competencia del Ente Regulador para dictar el cuestionado acto administrativo sancionatorio, y (b) la competencia de la Justicia local para entender en el presente caso.

En esta oportunidad no corresponde emitir opinión alguna sobre (a) si el Ente Regulador era o no competente para sancionar a Metrovías por el incumplimiento de obligaciones asumidas como operador del servicio público de transporte subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que ello se dilucidará al dictar la sentencia definitiva, de manera tal que a los efectos de resolver el presente recurso ninguna incidencia tiene, y por ende no corresponde analizar la normativa local y federal referida al poder de policía en la citada materia.

En esta instancia lo que debemos determinar es (b) cuál es el juez competente para tramitar la pretensión deducida en autos, y lo que determinará dicha competencia es la forma en que fue planteada la pretensión, que es la que fija el objeto del proceso (conf. Palacio, Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", 17ª ed.act., pág. 194, Ed. LexisNexis, Bs.As., 2003; art. 5 CPCCN, ley ritual aplicable en el fuero federal que ambiciona la recurrente).

Y la pretensión deducida por Metrovías se orienta a obtener la declaración de nulidad de la resolución Nº 17/EURSPCABA/2006 emitida por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintos defectos que individualiza (ver fs. 554).

3. Tal como ha sido planteada dicha pretensión, resulta aplicable el art. 21 de la ley 210, que establece, en lo pertinente, que "Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del Ente y sus actos sancionatorios son apelables (...) mediante recurso directo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad ..." Por otra parte, el art. 48 de la ley 7 -Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires- establece que la Justicia en lo contencioso administrativo y tributaria entenderá en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado.

La ley 189 precisa el alcance de esta disposición, al determinar que "Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte ..." (art. 2), y "Se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires" (art. 1 -la negrita no se encuentra en el original-). El Ente Unico Regulador de Servicios Públicos se encuentra alcanzado por estas normas, ya que es un ente autárquico, integrante de la Administración Pública descentralizada (conf.art. 1 de la ley 210).

Es decir, tanto la ley especial (ley 210) como las leyes generales (ley 7 y 189) le confieren competencia a la Justicia Contencioso Administrativa local para entender en aquellas causas en las que se cuestionan decisiones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos, y ello es conteste con la forma de estado federal consagrada en la Constitucional Nacional (art. 1 CN) y el respeto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (art. 129 CN), disposiciones en virtud de las cuales aquellos actos administrativos de la Administración Pública porteña deben ser cuestionados ante el Poder Judicial del mismo Estado local, máxime cuando se trata de una relación de derecho público local, como lo es el ejercicio del poder de policía.

4. No obsta a dicha conclusión lo pactado en el art. 23 del contrato de concesión, según el cual "A todos los efectos derivados del presente Contrato las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción".

En primer lugar, dicho contrato de concesión fue firmado por el Estado Nacional -a través de su Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos-, en calidad de concedente, y Metrovías S.A., en calidad de concesionaria. Y como lo consagran las normas referidas a los contratos contenidas en el Código Civil, aplicables analógicamente a la contratación administrativa, el Estado Nacional y Metrovías son las partes del contrato, y sólo a ellas pueden obligar las cláusulas del mismo (conf.art. 1197 Cód.Civ.), sin que puedan oponerse a terceros ajenos al contrato, como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. art. 1199 Cód.Civ.).

La intervención que ha tenido en el contrato la ex - Municipalidad de la Ciudad, a través del por entonces Intendente Municipal, ha sido la de mero espectador, por lo tanto, y al no ser parte, no ha tenido facultad jurídica ni para modificar, ni para aceptar, ni para rechazar ninguna cláusula del mismo, lo cual no genera compromiso alguno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de continuadora de la ex Municipalidad, en lo relativo al ámbito jurisdiccional acordado.

Y en segundo lugar, luego de la firma del contrato de concesión (el 25/11/1993), fueron dictadas la reforma de la Constitución Nacional (en 1994) y la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 1996), que operaron un cambio fundamental en el esquema federal, con la consagración de la autonomía porteña. Ello significó conferirle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la facultad de organizar sus propias instituciones, y en tal sentido creó su Poder Judicial y le precisó el ámbito de su competencia, entre la que se encuentra entender en las acciones judiciales que cuestionen actos dictados por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos.

5. Las demás cuestiones planteadas en el recurso de inconstitucionalidad (si se trata de una demanda o de un recurso y si Metrovías consintió o no la jurisdicción del tribunal a quo) no son eficaces para modificar el criterio señalado en los puntos precedentes en cuanto a la cuestión central decidida por la Cámara.

6. Por todo lo expuesto, voto por admitir la queja, devolver el depósito efectuado, y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Las costas se imponen a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, primer párrafo, CCAyT).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde, en tanto expresa acabadamente los fundamentos por los cuales corresponde admitir la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Metrovías S.A, con costas.

En efecto, tal como lo subraya mi distinguida colega, ésta no es la oportunidad para emitir opinión sobre si el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad era o no competente para sancionar a Metrovías por los presuntos incumplimientos que dieron lugar a la multa impugnada. Lo que aquí se dilucida es qué tribunal resulta competente para tramitar la pretensión de autos, que tiene por objeto cuestionar la validez de un acto administrativo emanado de una autoridad administrativa local -Resolución n° 17/EURSCABA/06 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad-. Y, como fuera destacado, el proceso expresamente previsto a tal fin es aquel dispuesto en el art. 21 de la ley local n° 210.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Las resoluciones que deciden cuestiones de competencia, por regla, no constituyen sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad. En cambio, es equiparable a tal, la resolución que suponga sustraer una causa de la jurisdicción local (cf. TSJ in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, resolución del 21/3/2001). También lo sería aquella que importe la denegatoria del fuero federal, porque su eventual revisión por la CSJN en la vía extraordinaria, exige que el debate sobre el punto fenezca ante el Superior Tribunal de la jurisdicción local (Fallos 306:480 y 311:2478).

Desde su primer presentación, Metrovías S.A, postuló la competencia del fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para intervenir en autos, planteo que fue rechazado por la resolución de fs. 582/592 y que, ante la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad articulado en su contra, originó esta queja. Así entonces, por estar controvertido un pronunciamiento que denegó el fuero federal invocado por la actora, corresponde equiparar esa sentencia a una definitiva, admitir la queja y resolver el recurso de inconstitucionalidad de fs. 593/600.

2. Ante todo, cabe recordar que, a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia, debe atenderse a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y después, sólo en la medida que se adecue a ellos, el derecho que se invoca como aplicable al caso (cf. mi voto in re "Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) s/ acción meramente declarativa", expte. n° 3944/05, resolución del 30/11/2005 y Fallos 324:2031 entre muchos otros).

En el sub lite la recurrente articuló el recurso directo previsto por el art. 23 de la ley 210, a fin de impugnar la resolución 17/EURSPCABA/2006, por medio de la que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la CABA había sancionado a Metrovías S.A con una multa de $201.200 "por los incumplimientos constatados en los plazos de reparación de la escalera mecánica de la estación Piedras (...) y en la escalera mecánica de la estación Congreso", durante los períodos que identificó, y bajo la invocación de los arts. 2, 3, 20 y 22 de la ley 210, arts. 15 y 16 de la ley 757 y art. 47 de la ley 24.240. Para lo que ahora importa, solicitó como cuestión de previo y especial pronunciamiento la declaración de competencia de los "Tribunales Federales en tanto (...) son ellos quienes deben analizar el cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesión" (fs. 595). También requirió la citación del Estado Nacional y objetó la validez de la resolución 17/2006, entre otros motivos, por ausencia de competencia del órgano emisor para imponer la sanción allí dispuesta. Finalmente pidió el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución impugnada (fs. 554/580).

3. Por su parte, también corresponde señalar que a fin de decidir la radicación de las causas en las que estuviera de algún modo involucrado el servicio de subterráneos que opera en esta ciudad, cuando la competencia quedara disputada entre la justicia de la CABA y la federal, la CSJN tiene dicho que corresponde intervenir a esta última si "(...) a los efectos de resolver la pretensión de la actora, será necesario examinar las disposiciones que rigen la concesión del servicio y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada" [en el caso, la concesionaria] (Fallos 328:2716). Bajo las pautas enunciadas, que por lo demás coinciden con las que había establecido este Tribunal -aunque luego el precedente fuera revocado al diferir la CSJN en cuanto a su aplicación a los hechos de la controversia, por los alcances que ese estrado atribuyó a la pretensión en juego-, corresponde resolver los planteos formulados (cf. TSJ in re "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Asociación Vecinal Belgrano 'C' Manuel Belgrano y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo", expte. nº 1201/01, resolución del 10/9/2003).

4. En autos se controvierte, según la exposición de los hechos formulada por Metrovías S.A, la validez de un acto administrativo emanado del EURSP de la CABA que buscó apoyo en normas de carácter local y en el régimen que la ley 24.240 regula para ser aplicado por las provincias y la CABA.

En efecto, para lo que ahora importa, la resolución impugnada para arribar a la sanción en cuestión, analizó "los alcances del poder de policía local sobre los servicios públicos" que según explicó, en la visión tradicional, se proyectan "en materia de moralidad, de salubridad y de seguridad". A su vez, señaló que en relación con "la defensa y protección de los derechos de (...) usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente" el Ente podría actuar "en forma concurrente con otras jurisdicciones". También pasó revista de la normativa local que enmarca las funciones de policía de la CABA y las del órgano regulador (vgr. arts. 80, 46, 104 y 138 de la CCBA y leyes 210, 757 y 899), en especial recordó que la Ley de Defensa del Consumidor establece en su art. 41 que "las provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción". Así, la resolución 17/2006 concluyó que "de la interpretación armónica de la normativa citada surge que al Ente Único Regulador de los Servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) le corresponde ejercer ese poder de policía en lo que hace al control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos" bajo su control porque, además, es autoridad de aplicación de la ley nacional 24.240. También formuló referencias al contrato de concesión así como a las potestades de control que la CABA tendría a su cargo. Sin embargo, a criterio de la recurrente, el pleito, en razón de la materia y lo dispuesto por el contrato de concesión del servicio, corresponde a la jurisdicción federal. En tal sentido Metrovías S.A, argumentó que "la concesión de la que es titular (...) es una Concesión Nacional, en la que el Estado Nacional reviste la condición de Concedente y todo el marco normativo que regula la misma se mantuvo en ese ámbito" así como que el Estado Nacional conserva el control de la Concesión hasta tanto se cumplan los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente aún no ha sucedido" (fs. 595 vuelta/596). Finalmente, dijo que para analizar la cuestión de fondo sería necesario examinar las disposiciones que rigen la concesión del servicio y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada, circunstancia que conforme al precedente de la CSJN que cita en su apoyo, correspondería declinar la competencia a favor del fuero federal (fs. 597).

5. A esta altura del proceso, y a los efectos de resolver el planteo de incompetencia, adelanto que los argumentos de la recurrente no logran demostrar que la decisión de autos, vinculada con la validez o invalidez de un acto administrativo de carácter local, verse sobre materia federal, remita a la aplicación de normas federales, o requiera analizar el contrato de concesión y su cumplimiento. Tampoco que controlar el alcance atribuido al poder de policía ejercido mediante la resolución atacada, exceda el ámbito normativo local que el Poder Judicial de la CABA debe aplicar para resolver las controversias sometidas ante sus tribunales (arts. 129 CN y art. 106 de la CCBA). Metrovías S.A postula que todo ejercicio de control sobre el servicio que presta comprometería la interpretación del contrato, sin advertir la diferencia que existe entre interpretar un contrato y ejercer potestades sancionatorias -originadas en el poder de policía o en el régimen de consumidores y usuarios- que toman al contrato como antecedente, no indica de qué modo la resolución del EURSPCABA avanzó sobre la interpretación del contrato de concesión ni por qué idéntica necesidad pesará sobre los jueces que revisen la multa cuestionada.

Aunque las escaleras mecánicas permiten acceder al subterráneo, ellas no constituyen en sentido estricto el servicio público que consiste en circular por las vías, y la recurrente omite acreditar cómo la multa impuesta por presuntos desperfectos verificados en esos medios de acceso, afectaría la normal prestación del servicio. Tampoco por qué ese desperfecto no configuraría un hecho sometido a la jurisdicción local a los efectos del poder de policía en general o del régimen organizado por la ley 24.240.

En realidad, la tesis de la recurrente parecería postular, con carácter absoluto y automático, la repugnancia efectiva entre toda manifestación del poder de policía local que alcance alguna circunstancia conexa al servicio de transporte subterráneo, y las potestades del Estado Nacional en su carácter de concedente del servicio aludido. Sin embargo, el planteo formulado -analizada la cuestión bajo las reglas aplicables a los establecimientos de utilidad nacional- para progresar debería demostrar, por un lado, que las potestades concurrentes que invoca la autoridad local, no existen, o que su ejercicio interfiere de modo concreto con la normal prestación del servicio de que se trata. Por otro lado, de todos modos, habría que distinguir entre lo que se refiere a la legitimidad de la sanción y lo que atañe a la competencia del estado cuyos jueces deben controlar el acto impugnado.

En línea con lo dicho, en ocasión de expedirme sobre la existencia de centros inmunes al poder de policía local sostuve que "los poderes de la Nación y los de las entidades políticas locales con facultades propias de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio , aun el de la Capital Federal cuya legislatura es la de la Ciudad y no el Congreso (cláusula transitoria séptima de la CN), con excepción de aquellas ocasiones en que un poder está previsto como privativo (imposición aduanera, para la Nación, u organización judicial local, para los gobiernos locales, por ej.) o cuando, por razones de hecho, el ejercicio superpuesto es imposible, en cuyo caso prevalece el de la Nación (doctrina sentada in re Mc Culloch v. Maryland [17 U.S. 316, 1819], y recogida por la CSJN en Fallos 240:311; 305:1381; 306:1883; 308:403 y 647; 314:1425; 315:751, entre otros)" (v. mi voto in re "Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ inf. falta de habilitación y otros'", expte. n° 4808/06, resolución del 20/12/2006).

6. La recurrente no acredita por qué las cuestiones que involucra este proceso constituirían materia exclusiva de la justicia federal. En particular, Metrovías S.A no explica por qué la sanción impuesta excedería las atribuciones derivadas del poder de policía propio de la CABA, o cómo la potestad ejercida en el marco de la ley 24.240 quedaría ilegítimamente superpuesta con idéntico control proveniente de la órbita federal (v. art. 41 de la norma mencionada). Tampoco muestra que el contrato de concesión invocado excluya el control que el legislador nacional reguló en defensa de consumidores y usuarios (cuya aplicación incumbe a autoridades locales), ni que el concedente hubiera ejercido, dentro del marco contractual, una potestad que pueda ser asimilada a la ejercida en la resolución impugnada. Entre una multa retributiva, impuesta en sede local, y las sanciones disponibles para la autoridad nacional, destinadas a asegurar el funcionamiento del servicio público conforme a las condiciones que habilitan su prestación, no se verifica la identidad exigida para tener por configurado un supuesto de doble sanción ilegítima como pretende la recurrente para fundar la competencia federal que reclama (fs. 597 vuelta/598). En realidad, su argumento, no resuelve el problema de la competencia sino de la legitimidad de la sanción, esto es, no versa acerca de qué juez debe expedirse sino acerca de cómo corresponde hacerlo. Ello así, las resoluciones de la Comisión Nacional de regulación del Transporte, vinculadas con la evaluación del "Índice de Calidad de Escaleras Mecánicas" no proyectan consecuencia alguna en torno a la excepción de incompetencia bajo estudio.

Nuevamente, a esta altura cuanto menos, las alegaciones de la recurrente no pasan de ser una invocación genérica del contrato de concesión para reclamar una inmunidad que, en relación con el tema que nos ocupa (vgr. competencia del Poder Judicial de la CABA para intervenir en autos), no prueba haber recibido ni de la ley ni del contrato y que ella no podría atribuirse. También en este punto, los argumentos que invoca Metrovías S.A no son conducentes para dirimir la competencia discutida sino, en todo caso, para resolver la pretensión de fondo.	7. El ejercicio de la competencia jurisdiccional aludida, ciertamente no impedirá la revisión de las cuestiones federales que Metrovías S.A estimara configuradas, mediante el recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 que, cumplidos los recaudos pertinentes, permitiría a la CSJN neutralizar desbordes de los poderes locales en desmedro de potestades conferidas al gobierno nacional.

8. En las condiciones indicadas, habiendo puesto la recurrente en tela de juicio un acto administrativo local dispuesto, según el EUSPCABA, en uso del poder de policía conferido por la CCBA, sus leyes reglamentarias, y las normas que regulan los derechos de usuarios y consumidores, no surge de la pretensión esgrimida cuál sería la relación jurídica que involucra al Estado Nacional que justifique citarlo al juicio. Por el momento, los argumentos de Metrovías S.A no muestran que la sanción resistida colida con poderes ejercidos por autoridades nacionales, o que ella pudiera tener impacto sobre eventuales compensaciones a cargo del Estado Nacional, como esa parte pretende en su recurso (fs. 597vuelta/598). A este respecto, las críticas de la recurrente, en todo caso, conjeturan perjuicios económicos que no provendrían del ejercicio del poder de policía resistido, sino de uno posterior como lo sería la potestad de ejecutar la multa. En esa oportunidad, corresponderá, si fuera el caso, analizar la existencia de un gravamen concreto que pudiera impactar sobre la competencia de la justicia local para intervenir en el asunto suscitado por la mentada ejecución.

De todos modos, cabe recordar que la jurisdicción local otorgó una medida cautelar que suspende la ejecutoriedad de la sanción y el consiguiente deber de depositar el importe aludido.

Finalmente, ante la ausencia de elementos que permitan conectar los agravios de la actora en relación con la sanción impugnada y la ejecución del contrato de concesión a cargo de Metrovías S.A, pierde sustento la necesidad, invocada por la recurrente, de citar al Estado Nacional para que "la sentencia que en el presente caso se dicte, una vez firme, le sea oponible tanto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (...) como a la Secretaría de Transporte de la Nación (...)" (fs. 577).

En consecuencia, y sin que los fundamentos expuestos impliquen expedirse con un alcance mayor que el requerido para resolver las cuestiones de previo y especial pronunciamiento planteadas por Metrovías S.A, corresponde admitir la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Las costas se imponen a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, primer párrafo, CCAyT).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja presentada por Metrovías S.A. (en adelante, "Metrovías") cumple con sus correspondientes requisitos de tiempo y forma. Sin embargo, no puede prosperar dado que el recurso de inconstitucionalidad al que viene a sostener no se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva.

2. La Cámara resolvió no conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que desestimó el planteo de incompetencia efectuado por la actora.

Los jueces entendieron que el pronunciamiento impugnado no reunía la condición de definitivo con relación a ninguna cuestión constitucional dado que estaba dirigido contra la declaración de competencia realizada en autos por la Sala I. Agregaron que la recurrente tampoco había demostrado que la resolución atacada le ocasionara un perjuicio irreparable que hubiera permitido su equiparación a una sentencia definitiva.

3. Metrovías sostiene que el auto denegatorio obrante a fs. 602 y vuelta es arbitrario por basarse en afirmaciones dogmáticas. Argumenta que los magistrados eludieron analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entiende que la denegatoria del fuero federal lesiona el derecho de defensa en juicio y de debido proceso, generando un agravio de insuficiente o imposible reparación ulterior. Insiste en que esa doctrina permite asimilar la sentencia de la Sala I a un pronunciamiento definitivo a los efectos del recurso de inconstitucionalidad local.

4. La denegatoria del fuero federal en que Metrovías pretende fundar la equiparación a sentencia definitiva de la sentencia recurrida, no es un argumento viable en el marco del recurso regulado en los artículos 27 a 32 de la ley nº 402. Conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 311:1232; 316:3093; 311:605; 307:1831, entre muchos otros), una decisión que deniega el fuero federal es asimilable a sentencia definitiva a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario federal. Sin embargo, dicha excepción no es aplicable al juicio de admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad local.

De esta manera, corresponde utilizar aquí el mismo criterio que empleara al votar en las causas "GCBA c/Ledesma Miguel Ángel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 2314/03, resolución del 05/11/2003, y "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)`", expte. nº 2330/03, resolución del 11/12/2003, criterio que fuera establecido en autos `Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo`, expte. nº 726/00, resolución del 21/03/0001, en el voto que emitiera conjuntamente con mis colegas la jueza Ana M. Conde, y los jueces Guillermo A. Muñoz y José O. Casás. En todos los precedentes mencionados sostuve que la equiparación a sentencia definitiva sólo era justificada cuando la decisión recurrida sustraía definitivamente la causa de la jurisdicción local. Este supuesto no se cumple en el caso de autos. En efecto, la sentencia cuestionada por Metrovías no sustrae definitivamente la causa de la jurisdicción local sino que, por el contrario, declara que la justicia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad es competente para entender en los presentes actuados.

Por lo tanto, la decisión impugnada por la actora no puede equipararse a una sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad. Y, por fin, la invocación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso que se intenta a fs. 617 vuelta/618 no logra demostrar la existencia de un gravamen irreparable que permita hacer excepción al principio general según el cual las resoluciones en materia de competencia no tienen carácter definitivo.

5.	Por lo expuesto, voto por rechazar la queja intentada.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

A mi juicio, las decisiones de la Corte Suprema que amplían el significado de sentencia definitiva a decisiones interlocutorias iniciales de un procedimiento judicial, no son correlato de una interpretación correcta del art. 14 de la ley n° 48. En ese sentido, ya he expuesto múltiplemente que la sentencia que resuelve un problema de competencia, ya por incidente, ya de oficio, cuando quien lo decide tiene facultad para ello, no es, en caso alguno o, cuando menos, por regla, una sentencia definitiva. Y no lo es tampoco, cuando el problema de competencia consiste en el entrecruzamiento de dos jurisdicciones distintas, por ejemplo, la de los tribunales de la CABA frente a los tribunales nacionales, de una provincia frente a los de otra o de una provincia frente a tribunales nacionales o federales (ver mis votos en las causas "GCBA c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, resolución del 21/03/01; "GCBA s/ queja por recurso de apelación denegado en 'GCBA c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos [ENCOTESA] s/ ejecución fiscal", expte. n° 1892, sentencia del 12/02/03; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Osvaldo Buzzetti SA s/ otras causas donde la autoridad administrativa es actora'", expte. nº 2270, resolución del 11/06/03; "GCBA c/ Ledesma Miguel Ángel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 2314, sentencia del 5/11/03; "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios [excepto resp. médica]'", expte. n° 2330, 11/12/03; "OSCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Herrero, José Javier c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. n° 3195, resolución del 30/03/05; expte. nº 4591/06 "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Rodas, María Antonia c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica)'", a los que remito por razón de brevedad).

Mucho menos puede servir la inteligencia que la Corte Suprema le proporciona a la voz "sentencia definitiva" para interpretar el requisito que, con palabras idénticas, fija el art. 27 de la ley local nº 402, para el recurso de inconstitucionalidad. Aquí es claro que sentencia definitiva es la que finaliza el pleito en las instancias de mérito.

Pero lo que más desconcierta es la actitud de la actora que, sosteniendo la competencia de tribunales de otro estado -ante los cuales pudo haber demandado- se presenta ante jueces que estima incompetentes y hace valer, precisamente su queja por esa incompetencia de los jueces que él mismo ha elegido para demandar (cf. art. 21, ley local nº 210) cual si se planteara una excepción a su propia demanda ¿Cuál es la razón por la que no se presentó ante los jueces nacionales o federales establecidos en el mismo territorio donde demandó?, resulta ser una pregunta sin respuesta. Todo suena a pérdida de tiempo.

Si no se trata de una resolución con carácter de definitiva (sentencia que resuelve el conflicto planteado por la acción intentada), el recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 113, inc. 3º, CCBA y por el art. 27, LPTSJ (ley nº 402 Ciudad de Buenos Aires) resulta improcedente. Como consecuencia de lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la queja y rechazar, por tanto, el recurso de inconstitucionalidad, con costas al recurrente.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir el recurso de queja interpuesto por Metrovías S.A. y devolver el depósito de fs. 610.

2. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, con costas a la vencida.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.