marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba, apreciación de la prueba, presunciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: I., O.R. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - Falsificacion material de instrumento publico y tentativa de estafa En concurso ideal entre si (Expte.: C.S.J. Nº. 362 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto po r el recurrente, desde que en definitiva, surge del pronunciamiento criticado que la Cámara -más allá de su acierto o error-, adoptó una postura incriminatoria para con el imputado merced a la valoración unívoca de los elementos probatorios del proceso en su conjunto y no en virtud de una consideración fragmentaria y aislada de las pruebas, teniendo en cuenta cada una de ellas, de modo que resulte suficiente para otorgarles valor probatorio examinadas en su conjunto.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: FIQUENI DE MENDEZ SARA ESTELA Y MURRAY ALMADA NORBERTO PATRICIO S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS E.P. MENDEZ CELIA Y OTRAS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-30

La mera enunciación de principios no es bastante, pues se debe requerir, cuanto menos, la demostración de la cuestión federal comprometida. Así,la ausencia de una pertinencia argumental, referida a la oportuna introducción del "caso federal", limita la viabilidad del carril extraordinario. En efecto, todos los puntos controvertidos que justifican planteos concretos y específicos no se satisfacen con expresiones superficiales o genéricas. A la Corte se le debe señalar cuál es el daño directo -no potencial- sufrido, y cómo resultaría satisfecho con una resolución favorable. La falta de precisión en estos pasajes, por lo común, agudiza el cerrojo de la admisión.-
Tercería de dominio, suspensión del proceso judicial, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARRIOS,  NESTOR  (AUTOS:  CONFECCIONES CANAN SOCIEDAD ANONIMA CONTRA MIÑO, SUSANA SOBRE EJECUTIVO. s/ TERCERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-16

Si bien la suspensión dispuesta por el Código Procesal: 99 reviste el carácter de una medida cautelar, ella sólo debe entenderse limitada a la subasta de los bienes objeto de la tercería.
Sociedad anónima, canje de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOURO c/ XALLAS SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-08

Si bien la normativa legal no indica explícitamente que la sociedad deba quedarse con los títulos anteriores luego de un canje de acciones (Ley 19550 art.213-5°), el procedimiento normal del canje implica que la sociedad entregue los nuevos títulos a cambio de los anteriores, los que conserva a fin de que no sean negociados con posterioridad.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ CIRIACO SAYAGO Y OTROS s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-25

El valor de reposición que debe pagar el Estado por la expropiación, nunca puede cubrirse con la entrega de Bonos cuya recuperación se aplaza en el tiempo, y es precisamente el motivo por el cual el propio legislador excluyó del Régimen de Consolidación las deudas del Estado provenientes de causas expropiatorias.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, LEY DE CONCURSOS
Materia: COMERCIAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: El incumplimiento en primera instancia de los   requisitos de la presentación preventiva concursal (artículo 11 de   la ley 24522), ¿Es subsanable en la alzada? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-04

Respecto de los requisitos formales para el pedido de concurso preventivo (como dijera Zavala Rodríguez en relación al artículo 11 de la ley 19551, similar al artículo 11 de la ley actual de concursos), aunque parecieran -dado el calificativo de "formales"-, no tener tanta importancia como los sustanciales, que se refieren a la sustancia de las cosas, debe expresarse enfáticamente que son de tanta importancia y tan sustanciales como los primeros (los del artículo 10). Los iniciales, a los que la ley llama requisitos sustanciales, se relacionan con el derecho a invocar la apertura del concurso preventivo, y los segundos, aunque la ley los llame formales, sirven también para establecer si puede llevarse ante la actividad jurisdiccional una petición que por la forma de los elementos y hechos materiales que la integran, es acreedora a que la justicia se ponga en movimiento, buscando solucionar los requisitos sustanciales a que refiere la Sección I. Con eso se trata de asegurar la seriedad, la formalidad y la sensatez del arreglo que surgirá de esta petición. Es que las leyes de concursos, enfrentadas a la crisis de la empresa, brindan varias soluciones para resolver los problemas, evitando, por medio de medidas de paulatina incidencia, llegar al remedio extremo que es la quiebra de la empresa. Pero esa solución atenuada en provecho de todos -deudor, acreedores, Estado- no se adopta al azar, sino teniendo en cuenta una serie de factores, y también la conducta del empresario, y tomando en consideración todos los hechos, circunstancias y acciones que rodean el desarrollo de la empresa, para saber qué es lo más conveniente a ella, al comercio y a los intereses económicos generales. (De los Fundamentos del Dr. Serralunga).
Lesiones agravadas por el vínculo, homicidio calificado, tentativa, violencia de género, prisión, pena de inhabilitación, declaración de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Ocampo, Juan Marcelo c/  s/ p.s.a. amenazas, daño, lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-04-06

Cabe declarar al encartado autor penalmente responsable del hecho acusado, tipificado como homicidio doblemente calificado en grado de tentativa y aplicarle la pena de doce años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, decomiso y costas, puesto que la conducta desplegada por el acusado agravada por el vínculo se configura en razón de que con ánimo de darle muerte a la víctima con quien mantenía un vínculo de matrimonio convivencial y mediando una situación de violencia de género -caracterizada por un espiral de sometimiento físico y psicológico, donde el hombre se ubica en una posición de superioridad respecto a la mujer-, comenzó la ejecución del hecho al agredirla con un arma blanca y luego al conducir un vehículo pretendiendo chocarla contra la pared -hecho este último que no consumó por razones ajenas a su voluntad-, máxime que los dichos de la víctima aparecen plenamente creíbles, por ser precisos, claros y sin contradicciones y porque se compadecen con los datos aportados por los hijos de la pareja, quienes coincidieron en contar que los hechos de violencia venían desde que tenían uso de memoria.

Fuente del sumario: SAIJ
Procedimiento administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shuster, Martha c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Prov. de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Las constancias administrativas tienen fuerza probatoria en tanto no se las impugne y pruebe en su contra, actividad que recae en el actor.
Recurso de inconstitucionalidad, defectos en la consideración de extremos conducentes, apartamiento de las constancias de la causa, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Hernández, Miguel c/ Toscano, Salvador y Sanatorio Rawson s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Adecuación sentencia - Ampliación  embargo (Expte.: C.S.J. Nro. 515 año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-25

No resulta ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados en la causa el pronunciamiento de Alzada qu e revoca el del Inferior por entender que aquél había incurrido en el vicio "extra petita" toda vez que la propuesta de la tasa pasiva había sido consentida por el accionante y, con ello, fuera de controversia. Ello por cuanto los incidentes tramitados por cuerda separada respondían, básicamente, a una misma cuestión, cual es: el debate acerca de la estimación de los intereses a partir de la ley de convertibilidad mediante dos posturas absolutamente irreconciliables (tasa activa frente a tasa pasiva, posición del actor y de las demandadas, respectivamente). No empece a lo dicho la circunstancia que hayan tenido un origen diverso -uno, en la cuantificación del monto a fin de la traba de una cautela; y el otro, en el pedido de adecuación de sentencia- puesto que la materia debatida resulta ser siempre la misma: la tasa de interés que debía regir a partir del 1.4.1991. Es por ello que el Tribunal a quo al sostener que el actor había consentido la "tasa pasiva" -y que, por ende, el Magistrado inferior incurrió en el vicio "extra petita"-, en modo alguno se compadece con las constancias de la causa en donde consta la férrea resistencia del ahora recurrente a la aplicación de aquélla.
Patentes, derechos del titular de la patente, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: COMERCIAL
Carátula: DR. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRO s/ DENEGATORIA DE PATENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

El régimen normativo vigente al tiempo de ser efectuada la petición (14.3.96) era aquel que contemplo el decreto 590/95 y el acuerdo TRIPS-GATT, en su art. 33. Este acuerdo, aprobado por la ley 24.425, establece que la protección conferida por una parte no expirara antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. El art. 36, ley 24.481, modificado por la ley 24.572 no se refiere a la vigencia temporal de las patentes, mas el art. 36 del T.O. que "aprueba" el mencionado decreto 590/95, reconoce que la patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (esta sala, causa 49.104/95 del 9.11.95, Publ. en E.D., del 13.1.97, pág. 2). Bajo tales condiciones, ponderando el carácter provisional de esta decisión y sus fines solo cautelares, basta con tener en consideración lo que dispone el art. 33 del acuerdo TRIPS-GATT y lo que establece el art.

75, inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual abona la verosimilitud del derecho invocado por la actora.
Derecho laboral, despido, despido con causa, trabajador, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, ALFREDO AMERICO R. c/ EMPRESA BLAS PARERA SRL LINEA 3 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. COBRO DE PESOS LABORAL (CSJ EXPTE   Nº 1775-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

El proceder del trabajador anterior al despido se puede tener en cuenta a los fines de determinar la gravedad de la nueva falta cometida, o la esterilidad de las advertencias y hasta de la tolerancia previa, y si bien no puede invocarse para fundar un despido sin causa actual, son computables como antecedentes desfavorables para calibrar la gravedad de un nuevo acto injurioso.

Por otra parte, si la falta por sí misma es tan grave que impide la prosecución del contrato de trabajo, la conducta anterior del trabajador no ejerce influencia en relación con el hecho imputado.
Contrato de trabajo, empleo no registrado, registros laborales
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Elcira c/ Coluccio, Antonio y-o Quien Resulte Propietario del Comercio "La Super Feria" s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-30

Si bien el art. 7 inc. "b" de la ley 24.013, con su remisión al art. 18 inc. "a", consagra la obligación de registrar la relación laboral mediante la inscripción en los órganos previsionales y sociales, ello es sin desmedro de también llevarlo a cabo a través de la pertinente anotación en los libros del art. 52 L.C.T., según lo establece el inc. "a" del mismo art. 7 de la Ley de Empleo. Por tanto, intimar a justificar aportes previsionales y sociales -al margen de su incidencia en la configuración de una causal de despido indirecto-, significa en todo caso un requerimiento apuntado a constreñir al patrono a utilizar sólo uno de los dos medios a su alcance.
Tributos, revalúo impositivo, efecto retroactivo, facultades de la administración, buena fe, pago, escritura traslativa de dominio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: HILALE, Mario Gustavo c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-11

Toda vez que las mejoras efectuadas en el inmueble no pueden considerarse como realizadas por el propietario actual, debe concluirse sin más en que los pagos oportunamente efectuados tienen efecto cancelatorio.

La imposibilidad de atribuir las modificaciones efectuadas en un inmueble al actual propietario del mismo, constituye un obstáculo a la pretensión de cobro retroactivo de tributos por parte de la Ciudad, aún cuando se considere probado que la propiedad ha sufrido mejoras, refacciones, ampliaciones o cualquier otra modificación.

Por otra parte, si bien, en el caso, la escritura traslativa del dominio en favor del actual propietario establece que: "Se deja constancia que de acuerdo al artículo quinto de la Ley 22427, los compradores asumen la deuda que por tasas municipales, contribuciones o servicios sanitarios gravan el inmueble motivo de la presente", a la época en que el actor adquirió el inmueble -1991- se desconocía la existencia de una posible deuda para con la Administración originada por diferencias de ABL pues de ella se tuvo conocimiento con posterioridad a tal asunción.
Empleo no registrado, regularización del trabajador, intimación al empleador, plazo, despido indirecto, pago en negro
Materia: LABORAL
Carátula: GRESKO, MIGUEL c/ VERTIENTES  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

Si el actor se dio por despedido y la ruptura del contrato tuvo relación directa con las sumas pagadas en negro por la demandada, es procedente la indemnización establecida por el art. 15 de la ley 24013, para cuya efectivización es necesario esperar el plazo de 30 días, toda vez que en esta hipótesis, lo que interesa a la ley es la relación causal entre la cesantía y algunas de las irregularidades que preveen los arts. 8 a 10 de dicha ley. El plazo de gracia de 30 días es para que el empleador reconozca las irregularidades, lo que tiene por efecto borrar las indemnizaciones contempladas en los arts. 8, 9 y 10 de la citada ley.
Responsabilidad médica, responsabilidad colectiva, médico cirujano, médico ayudante, intervención quirúrgica, responsabilidad de la Municipalidad, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ GRACIELA ARMANDA c/ GALERATO OSVALDO Y OTROS s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - ASISTENCIA MEDICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Aún cuando se acepta que el médico ayudante no corta, no incide, no sutura ni cumple maniobra quirúrgica alguna, la posibilidad de aconsejar y advertir al cirujano expresamente reconocida permite ampliar la responsabilidad contra todos los partícipes en el acto quirúrgico, ya que siendo todos ellos profesionales de la medicina tenían posibilidades de hacer notar el riesgo que ofrecía el caso atípico de la enferma y que obligaba a adoptar precauciones de excepción. La responsabilidad del cirujano es clara como consecuencia de su función de jefe o director del equipo quirúrgico, pero no pudiéndose atribuir la culpa del daño a ninguno de los intervinientes, en forma exclusiva, corresponde establecer la responsabilidad colectiva de todos, sin perjuicio de las acciones que pudieran interponerse entre ellos para excluir o limitar la responsabilidad de cada uno.

La condición de que uno de los médicos codemandados asistía a la intervención en carácter de ayudante segundo no lo exime de responsabilidad para las consecuencias del acto, cuando no ha llegado a probar que aquella fuera atribuible a otro de los intervinientes, en forma exclusiva. La obligación de cada uno de los médicos es concurrente, y la de la Municipalidad es refleja como principal de quienes provocaron el perjuicio en su condición de dependientes de ella.
Comisiones médicas, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Loyaute, Ricardo Andino s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-06

La solicitud y la actuación ante las Comisiones Médicas, a los efectos de la apreciación de la invalidez debe efectuarse mediante los procedimientos que se establecen por la Ley Nº 3923 -T.O. Ley Nº 4251- y su reglamentación, con las garantías necesarias que salvaguardar los derechos de los afiliados.
Subasta judicial, subasta de inmuebles, adquirente en subasta, deudas impositivas, interpretación de la ley, privilegios (civil), orden de prelación, crédito fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Suquía S.A. c/ Scarinci, José N. y/u otra s/ Ejecución hipotecaria (Expte Nro.  486-01, Resolución Nro.  196, Tomo 9,  Folio 144/145)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-20

La postura de quienes hacen seguir pesando los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras sobre el inmueble vendido forzadamente y los trasladan al adquirente, consagra sin fundamento legal alguno un "ius preferendi" y un "ius persequendi" mayor que los propios derechos reales, principalmente el derecho de hipoteca, que es uno de los más fuertes del Código Civil. La tendencia doctrinaria y judicial que acuerda a los créditos fiscales ese súper privilegio y ese súper derecho de persecución por encima de todos los demás créditos, viola la norma expresa del art. 3266 del Cód. Civil y convierte al comprador del inmueble en el remate judicial, no en un sucesor singular, sino en un sucesor universal que carga con todos "los desaguisados" que haya podido cometer el propietario del bien rematado.
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa, exclusión de socio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VERA ORLANDO c/ T.A.C. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S151 - 019)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-08

En el caso en examen, la falta imputada al asociado se encuentra prevista en el Estatuto (art. 9) y en el Reglamento Disciplinario de la Cooperativa, con la sanción de exclusión, y se sustanció el correspondiente sumario administrativo, donde se aseguró el derecho de defensa del asociado, según surge del análisis efectuado por el a-quo en la resolución recurrida. Ello así el accionante no puede impugnar el valor probatorio de las declaraciones vertidas en dichas actuaciones administrativas, alegando que no han sido prestadas en sede judicial, resultando improcedente su pretensión de que la sanción se deje sin efecto, a través de la revisión judicial, ya que no se da en autos la situación de excepción que autoriza tal decisión.-
Juicio ejecutivo, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Francisco Sellart SAACIPIT c/ Fontana Juan Carlos y otro s/ Cobro ejecutivo Cooperativa Agropecuaria e Indust.de Irene Portela c/ Nazabal Carlos A.y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05|1988-02-23

Es aplicable al juicio ejecutivo el plazo de caducidad previsto en el art. 310, inc.3 del C.P.C., pues es el que mejor se compadece con las características del mismo.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montero, Jorge c/ Municipalidad de Chascomús s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

El ejercicio de las atribuciones de la autoridad administrativa en cuanto a la adecuación de la sanción a la gravedad del hecho está exento del control judicial en tanto no haya mediado ilegitimidad o arbitrariedad.
Interés del menor, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: García, Camila Belén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-12

El principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. El supuesto previsto por la norma en cuestión debe ser interpretado a la luz de los principios constitucionales que regulan la materia pues la supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la constitución. En efecto, teniendo en miras el interés superior del niño, la disposición legal del art. 166 de la ley 24.660 debe ser entendida de modo orientativo y nunca aplicada en forma automática para todos los casos, pues si bien ciertos supuestos en principio parecieran estar excluídos de aquella enumeración, lo cierto es que pueden constituir un deber moral susceptible de ser atendido, amparado en las necesidades de un menor. De esta manera y toda vez que las visitas domiciliarias permiten afianzar el vínculo con su hija y favorecer su integración a la vida social, también corresponde velar por la aplicación de este principio.
Autenticidad, prueba documental
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mazquiaran, Juan José c/ Brest SA y Otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-23

Gozan de autenticidad los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia, pero la sinceridad de las manifestaciones de las partes no se encuentran amparadas por la plena fe que emana del documento.
Presunción de contrato de trabajo, elementos del contrato
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Torres, José Alberto c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

La presunción del art. 23 de la L.C.T. entra a jugar cuando en la relación entre el dador de trabajo y el prestador del mismo se tipifican los elementos esenciales del contrato de trabajo. De lo contrario, toda transacción contractual en virtud de la cual una persona obtiene una ganancia por el trabajo de otra, o encomienda la realización de un acto o la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, debería encuadrarse en los límites del Derecho del Trabajo, con lo que se produciría una invasión de esta rama del derecho en otra, con la consiguiente problemática económica y social.
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artuzamunda, Rodolfo R. c/ Vicente, Antonio y ot. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

La excepción de inhabilidad de título no puede sustentarse en la existencia de una causa ilícita, o en la pretendida falta de causa de la obligación, defensas ajenas al proceso de ejecución, dentro del cual no podrían ser objeto de prueba y debate, sin desvirtuarlo, transformándolo lisa y llanamente en un proceso de conocimiento.