marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Frigorífico Pehuajó S.A. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no denuncia como violadas las normas legales actuadas en la sentencia ni indica cuál es la doctrina de la Corte que habría sido infringida.
Prescripción, acción
Materia: PENAL
Carátula: Nunes, Carlos Antonio s/ Robo en despoblado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-11

El dictado de la Ley 25.990 (B.O. 11/I/2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apartado cuarto, incisos 'b' a 'e') hace necesario que la Suprema Corte analice prioritariamente en el ámbito de su competencia extraordinaria -en virtud del cambio de calificación propiciado en el caso- si a raíz de tal innovación legal la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito cuyo encuadre legal ha sido modificado en esta instancia extraordinaria, y que bajo el imperio de la norma derogada se encontraba vigente, se ha extinguido; puesto que el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el artículo 2 del digesto sustancial.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Pil, Raimundo. c/ Sierra Grande SAMIC. s/ Inaplicabilidad de Ley. Admisibilidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-09-03

El art. 54 Ley 1504 está expresamente dirigido al empleador condenado. Por ello, de conformidad a lo establecido por el art. 53 in fine de dicha ley, cuando -como en el caso de autos- se recurre a la regulación de honorarios se aplica el art. 280 CPC.
Libertad sindical, derecho de reunión, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Roberto Urzagasti, Justo Pastor Leguizamón, Pilar Magdalena Ruiz y Ariel Marcelo Gutiérrez en la causa Farfán, Julio Antonio y otros s/ amenazas agravadas, daños agravados, turbación al ejercicio de la función pública, San Pedro de Jujuy c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

Corresponde destacar como requisitos sine qua non de la libertad sindical, el derecho de reunión, de opinión y de expresión, ya que sin el aseguramiento de las libertades indicadas, es poco menos que imposible que pueda ejercerse acabadamente el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, asegurado, asegurador, citación en garantía, tutela
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  la citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Resulta absolutamente inoponible a la víctima la defensa post-siniestral de no denuncia, no correspondiendo distinguir según sea quien cite en garantía a la aseguradora, lo cual resulta totalmente irrelevante, no siendo la inoponibilidad una prerrogativa concedida sólo a quien conoce la individualización de la entidad aseguradora o a quien acierta en determinado procedimiento -que no traerá consecuencias o diferencias en la tramitación de la litis- sino un medio de asegurar -contra actitudes negligentes o de mala fe- el fin social de protección a la víctima de un evento dañoso, perseguido y consagrado por la legislación. (Del Voto del Dr.

Angelides). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Desistimiento, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUAN Y GUILLERMO ADUNKA c/ DANIEL ALANIZ s/ Cambiaria (LIBRO: S151 - 484)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-26

El actor, antes de la caducidad, desistió de la demanda, por causa de la incompetencia del Tribunal, (por causa el monto, a raíz del plenario de la Corte, respecto de la competencia por valor de los Juzgados de Paz Letrados), el desistimiento en tales circunstancias no borra el efecto interruptivo de la prescripción, causada por la demanda desistida.- Se confirma la sentencia que rechaza la excepción de prescripción. (Se aplica como excepción el art. 3987 del C.C.).-
Contratos bancarios, operaciones bancarias, cláusulas especiales, rescisión con penalidades, control de legitimidad, cuenta corriente bancaria, contrato de caja de seguridad, tarjeta de crédito
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: De Benedictis, Carina Yamila c/ Banco Itau Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

1. A los fines de analizar la legitimidad de la cláusula de rescisión unilateral incausada prevista a favor de la entidad bancaria en la Solicitud de Servicios con relación a los productos bancarios en ella involucrados, cabe señalar que ésta viene dada porque debe entenderse natural en todo contrato de tiempo indeterminado la posibilidad de rescindir sin causa dando preaviso suficiente, desde que nadie puede obligarse por tiempo indeterminado sin tener posibilidad de romper el vínculo, pues la sujeción perpetua a un contrato es contraria al principio de libertad (conf. Klein, Michele, "El desistimiento unilateral del contrato", Civitas, Madrid, 1997, págs. 123 y ss.) y, en particular, con relación a la cuenta "corriente" porque cláusulas de ese tipo tienen fundamento en lo dispuesto por el art. 792 del Código de Comercio -vigente al tiempo de los hechos- (conf. Rouillón, A. y Alonso, D., "Código de Comercio comentado y anotado", T. II, pág. 330; Villegas, C., "La cuenta corriente bancaria y el cheque", Buenos Aires, 1986, págs. 138/139, n° 2.2). 2. De su lado, con relación al contrato de caja de seguridad (que en la especie se pactó por plazo determinado de un año, renovable automáticamente), la legitimidad de la cláusula de rescisión unilateral incausada a favor del banco, viene dada porque se reconoció la misma facultad al cliente (cfr. Quicios Molina, M., "El contrato bancario de cajas de seguridad", Aranzadi Editorial, 1999, pág. 53).
Recurso extraordinario, indefensión
Materia: PENAL
Carátula: Holzmann, Ignacio Francisco s/ Apremios ilegales con violencia en las personas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

Está en condiciones de ejercer debidamente su derecho de defensa quien tiene en sus manos la posibilidad de acudir a otro letrado o al defensor de pobres en su defecto, para ser asistido técnicamente en la instancia extraordinaria si su defensor no lo hace.
Responsabilidad del Estado, empresa, declaración de quiebra, recuperación de empresas, continuación de la empresa, interés público
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Swift de La Plata c/ Estado Nacional Argentino (PEN.) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

No es dable concluir que se haya dejado de cumplir con el art. 2°, inc. b), de la ley 18.832, por el hecho de que los recursos hayan sido recibidos por la empresa después de las fechas previstas, y tampoco sería razonable atribuir culpa al Estado porque aquellos recursos no hayan sido suficientes "para superar la situación de impotencia financiera", toda vez que aquél tomó la administración de una empresa que se hallaba en cesación de pagos.
Arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Del Olmo, Hugo Valentín c/ D.O.S.E.P. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-01

Razona Sagüés, de haberse concluido y consumado la dicha ilegalidad, sin tener prolongación hacia el presente, el amparo concluiría como "cuestión abstracta" o "moot case" (cierto sector de la doctrina prefiere hablar de "sustracción de materia"), y debería desestimarse ya que este proceso, generalmente, tiene sentido en la medida en que la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, históricamente acaecida, persista al momento de resolverse judicialmente el caso. Esto es, que mantenga actualidad ya que, si no es así, la cuestión en debate se tornaría abstracta (cfr. LA LEY, 2007-B, pág. 127).
Gasto público, sistemas provinciales de inversiones públicas
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: P., E.C. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

El gasto público es un importante factor de distribución del ingreso y del patrimonio nacional, de estabilización económica, de incremento de la renta con influencia decisiva sobre aspectos tan esenciales como la plena ocupación, el ahorro, la inversión.- En la actualidad es un medio de acción del Estado, un instrumento de gobierno de importancia decisiva por su efecto directo e indirecto sobre la actividad económico social de la colectividad.
Prueba, apertura a prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Montiel José c/ Cotti S.A. s/ Cobro de Pesos. Apelación de Sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-06

La ampliación del número de testigos prevista en el art. 84 C.P.L. lo es por la naturaleza de la causa o por el número de las cuestiones de hecho, lo que debe alegarse en la oportunidad de ofrecimiento de la prueba -en el caso, al demandar, art. 59 inc.e) C.P.L.- Ello conlleva descartar que en la hipótesis del precepto encuadre la circunstancia invocada por el apelante de que, conforme constancias del proceso, se trataría de un testigo que pudo conocer, por su rol, los hechos en controversia.
Tribunal de disciplina, resolución irrevisable en juicio ordinario posterior, acción de amparo, extinción del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ AVALOS CARLOS LEON c/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS s/ RECURSO DE AMPARO-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  OLIVERA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-23

Frente a la supuesta irrevisabilidad de la decisión del Tribunal de Disciplina cabe contestar que, no habiendo otra vía para impugnar el acto, el amparo es el único y adecuado cauce procesal para intentar la extinción del mismo.
Nulidad de testamento, falta de firma
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MARIN SILVIA CRISTINA s/ SUCESORIO TESTAMENTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-15

La falta de fecha en el testamento ológrafo importa una nulidad relativa sin posibilidades de ser invocada de oficio por el juez, máxime si no está cuestionada la capacidad de la testadora ni una eventual voluntad revocatoria posterior.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, ley penal en blanco
Materia: PENAL
Carátula: Ferrari, Jorge A. s/ Tenencia de arma de guerra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

No puede atribuirse al imputado la conducta descripta por el art.

189 bis del C.P. si el mismo no tenía conocimiento efectivo de que portaba un arma considerada de guerra, habida cuenta que el concepto de tenencia ilegítima de arma de guerra convierte a la norma citada en una norma penal en blanco, cuyo supuesto sólo puede conocerse por remisión a otra norma (ley 20.429) y su decreto reglamentario (395 75, art. 5).

Para penar esta conducta ilegal, debe determinarse que armas deben ser consideradas de guerra concretamente y no utilizar la técnica legislativa inversa que señala la mencionada ley y su decreto reglamentario.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Alderete, Oscar Angel. s/ Doble homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas con  pluralidad de víctimas (tres).
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

Si el letrado fue designado por el procesado como su abogado defensor particular en el acto mismo de la indagatoria y estuvo presente en la diligencia, más allá de que durante el iter evolutivo del acto no haya aceptado el cargo ni constituído domicilio (ni tampoco -obviamente- se lo tuvo formalmente nombrado como defensor) y pese a que se obvió la notificación al Defensor Oficial (art. 1; C.P.P. citado), no corresponde aplicar la sanción nulitiva prevista en el art. 128 -2do. párr.- del C.P.P. -ley 3589 y modif.- ya que la presencia del letrado durante todo el transcurso del acto y la consecuente posterior aceptación del cargo, revelan inequívocamente, tanto la aquiescencia tácita del profesional respecto de aquélla designación, así como la circunstancia de que el ulterior nombramiento del juez de grado ("Téngase por nombrado...) ratifica ex post la asistencia profesional durante la declaración del inculpado en los términos del art. 126 del Cód. Proc. Penal -ley 3589 y modif.-.
Control de constitucionalidad, delitos tributarios, falta de facturación
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Krill Producciones Gráficas  SRL s/ apelación de clausura. Morillas, Juan Simón c/ resolución de la Dirección General Impositiva. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1993-06-08

Es constitucional el art. 44, inc. 1 de la ley 11.683, pues la autorización otorgada al Congreso para establecer "la forma y condiciones" en que se deben emitir las facturas, establece claramente la determinación de los intereses que deben ser protegidos penalmente y de las conductas específicas que ponen a aquéllos en peligro y sólo ha conferido al Poder Ejecutivo la autorización de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de la norma legislativa.
Falsedad ideológica, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ FERNANDO s/ FALSEDAD IDEOLOGICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-04-02

La falsedad ideológica solo puede concretarse en un instrumento público; este es el elemento en que debe volcarse la acción comisiva.

Un documento resulta instrumento bajo forma pública cuando emana de funcionario o escribano público en ejercicio de atribuciones que le son propias según una disposición jurídica. No existe disposición legal alguna que establezca que corresponda a un oficial de policía la atribución de expedir tales certificaciones.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, crédito por expensas, cobro de expensas comunes, juicio ejecutivo, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio 86 (ex 78) Nudo 2 Barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución de Expensas Barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

Dado que la Ley Nro. 13.512 no determinó el procedimiento a través del cual puede reclamarse el cobro del crédito por expensas, daría lugar a que el cobro debiera tramitar por juicio ordinario, lo que resultaría inconveniente teniendo en cuenta que la percepción de las expensas es indispensable para el desenvolvimiento de la vida del consorcio, la doctrina y la jurisprudencia masiva encontraron una solución para esta dificultad admitiendo la vía ejecutiva para el cobro de expensas, siempre y cuando ella se hubiera pactado en el reglamento.	Si fue la propia deudora, quien redactó e impuso las cláusulas que hacen aplicable al caso la vía ejecutiva para el cobro de expensas, no sería jurídicamente valioso admitir, ante la ausencia en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de una regulación sobre esta materia, la improcedencia de esa vía, pretendiendo sustraer a aquélla de las estipulaciones que incluyera en el reglamento.

El reglamento de copropiedad es ley de las partes integrantes del consorcio, al que éstas deben ajustarse en el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus derechos.

Tratándose en el caso de un procedimiento contractualmente pactado, la legislación aplicable es la que se hallaba en vigor al momento de labrarse el reglamento de copropiedad, es decir el texto del Código Procesal vigente, sin las reformas posteriores (Del voto en disidencia parcial de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Ejecución fiscal, nulidad procesal, debido proceso adjetivo, defectos del procedimiento, incidente de nulidad, oportunidad procesal, recurso de nulidad, error judicial, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B:A. c/ Ares, María F. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

El vicio con potencialidad para originar una nulidad puede consistir en un defecto en la secuencia de los trámites que constituyen el proceso -lo cual vulnera la garantía del debido proceso adjetivo, y ha sido conceptualizado genéricamente como errores in procedendo- o bien en la existencia de una decisión jurisdiccional formalmente defectuosa. En el primer supuesto la parte afectada deberá promover el pertinente incidente de nulidad (arts. 153, 155 y cctes. CCAyT) mientras que, en el segundo la nulidad deberá plantearse al fundar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución o sentencia, que comprende el de nulidad (art. 229, CCAyT).

En cambio, si se han respetado los trámites y la decisión es formalmente válida, pero ostenta defectos en la solución sustancial del caso resuelto, se trata de existencia de errores in judicando. En este último supuesto no cabe la declaración de nulidad, sino la reparación de los eventuales agravios por medio del recurso de apelación.

Por último, si la nulidad pretendida no se sustenta en defectos de la resolución recurrida sino en la existencia de errores in procedendo que afectan a los actos procesales anteriores a ella la cuestión debe articularse por vía del incidente de nulidad. En ese sentido se ha sostenido que, cuando la parte afectada no tuvo oportunidad de conocer el vicio antes del dictado del pronunciamiento, deberá promover el incidente dentro del quinto día de conocido aquél, y no resulta impedimento para ello la existencia de la decisión posterior. En tales supuestos, si el planteo prospera se declarará nulo el procedimiento a partir de la configuración del vicio que lo invalida, y los efectos de la nulidad alcanzarán, por tanto, a la decisión subsiguiente.
Sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARBALLO, JUAN JOSE s/ SENTENCIA - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-07-23

Sentencia es la resolución del tribunal que pone término al proceso. En ese sentido, no cabe duda alguna de que la sentencia dictada por la Cámara del Crimen, la pronunciada por el Juez Correccional o el sobreseimiento dictado por el Juez de Instrucción, revisten el carácter de "definitivos", porque una vez pronunciados agotan la instancia jurisdiccional (C.P.P., arts. 129 y 491).

Las sentencias (las resoluciones judiciales) quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas y no corresponda su consulta (C.P.P., art. 136).-
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia civil, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Fogaba Sapem c/ Checika SRL y otros s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

Cuando -como en el caso- se pretende la satisfacción de deuda que se dice incumplida a través de la prosecución de la ejecución hipotecaria, la demanda debe tramitar ante la justicia civil (cfr. esta Sala F, 7/5/13, "Martinez María Cristina c/ Herreros Pedro Daniel y otro s/ ejecutivo" Exp. 33069/2012, íd. 22/8/13, "Banco de Inversiones y Comercio Exterior SA c/ Schild Griselda y otro s/ ejecutivo, Expte. 11411/2013). Ello a pesar de no soslayarse que la garantía se habría otorgado para facilitar el desarrollo de operaciones comerciales, en tanto la acción apunta a la ejecución de un derecho real de hipoteca de naturaleza netamente civil.
Ejecución fiscal, inhabilidad de título
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS c/ CARBOMETAL  S.A.I.C. s/ EJECUCION FISCAL - INHABILIDAD DE TITULO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Habiendo la actora reconocido que la suma expresada en el certificado de deuda no se corresponde con la que realmente se adeudaba, el título que se ejecuta no es idóneo para promover la ejecución (arts. 544 y 605 CPCC).
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARMONA LUIS c/ GUSTAVO DIAZ s/ INTERDICTO DE RETENER CARMONA LUIS c/ GUSTAVO DIAZ s/ INTERDICTO DE RETENER RICHEZZE, JORGE c/ LOTO SONIA MAGALI s/ COBRO DE PESOS-QUEJA DE LA DRA. MARIA JOSEFINA CACERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-04|1994-08-04|2001-12-19

Dentro de las facultades del Tribunal de Alzada está la de examinar la procedencia y admisibilidad del recurso, así como también las formas en que se lo ha concedido, ya que sobre el punto no está ligado por la conformidad de las partes ni por lo resuelto por el inferior.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, licitación pública, unión transitoria de empresas, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PLATERO, Omar c/ PROVINTER SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

La norma del art 30 LCT supedita la solidaridad legal a que los trabajos sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento, correspondiendo considerar como tal las actividades que podrían ser calificadas de secundarias, siempre que están integradas permanentemente a la explotación y coadyuven a su objetivo final. Por ello Si la adjudicataria de un llamado a Licitación Pública contrató a su vez con otra codemandada la prestación de un servicio, debe responder en forma solidaria con las restantes codemandadas.
Competencia contravencional y de faltas, violencia de género
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Incidente de Competencia en Autos PFM y otros  c/ Sobre 89 - Lesiones Leves s/ Conflicto de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde declarar la competencia Penal, Contravencional y de Faltas toda vez que es la que previno, y se trata de un caso de violencia de género que reclama evitar que la damnificada deba concurrir ante diversos tribunales para ventilar el hecho, con la consecuente revictimización que eso implica (de conformidad con lo resuelto por este Tribunal en "Incidente de competencia en autos B., P. U. s/ art. 149 bis, amenazas, CP s/ conflicto de competencia I", expte. N° 16365, sentencia del 21/10/2019). A esto se agrega el grado de avance y de conocimiento adquirido en el fuero local respecto del conflicto, dado que se dictaron medidas de investigación que concluyeron con la orden de averiguación del paradero del imputado, a efectos de posibilitar la intimación del hecho en los términos del art. 172 del CPPCABA. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal).
Hábeas corpus, recurso extraordinario, recurso de revisión (procesal), libertad corporal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pucheta, José Angel y otros s/ ASOC.  ILICITA CALIFICADA - TENENCIA DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

Interpuesto un recurso que resulta equiparable a un recurso de hábeas corpus, corresponde que la Corte decida si existe en el caso una restricción arbitraria en la libertad del condenado.