Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 454 San Miguel de Tucumán, 19 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: La presentación efectuada por los actores Oscar Antonio José López, Ramón Alfredo Luna por si y por la asociación civil Red de Defensa del Consumidor (REDECO) y Edmundo Héctor Romano en los autos "López Oscar Antonio José y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y otros s/Acción declarativa de inconstitucionalidad"; y C O N S I D E R A N D O :

Con fecha 05/6/2003 Oscar Antonio José López, Ramón Alfredo Luna por sí y por la asociación civil Red de Defensa del Consumidor (REDECO) y Edmundo Héctor Romano manifiestan que presentan denuncia en contra del Superior Gobierno de la Provincia, en la persona del Ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés y del Presidente Subrogante de la Legislatura en ejercicio del Poder Ejecutivo, Juan Antonio Ruiz Olivares, por la comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y de las garantías constitucionales previstas en el art. 1 inc. a) de la Ley provincial Nro. 6686 y art. 5 de la CP.

Exponen que el presidente subrogante de la legislatura en ejercicio, en ese entonces del Poder Ejecutivo, Juan Antonio Ruiz Olivares y el Ministro de Economía José Alberto Cúneo Vergés procedieron el día 26/5/2003 a dictar el decreto de necesidad y urgencia Nro. 1.049 (ME), sin haber cumplido con la condición sine qua non exigida por la ley provincial 6686, art. 1, inc. a): "que en el mismo acto por el cual se dicte el decreto, este sea remitido a la legislatura de la provincia para su consideración...", y que hasta el 04/6/2003 el citado decreto no ha ingresado a la Legislatura para su tratamiento, ofreciendo en documentales publicación original del diario La Gaceta pertinentes.

Asimismo sostienen que ponen en conocimiento de esta Corte causales jure et de jure de juicio político que involucran a los citados funcionarios por gravísimo atentado contra la forma republicana de gobierno que violenta con extraordinaria gravedad institucional al art. 3 de la CP, solicitando la interposición del mencionado juicio político.

Por otra parte peticionan la declaración de inconstitucionalidad de oficio del decreto provincial 1049 del 26/5/2003 y, en su defecto, presentan acción declarativa de inconstitucionalidad y/o nulidad. En ese sentido exponen que ese decreto produce una flagrante destrucción liminar de la forma republicana de gobierno establecida por la CN en su art. 1 y del mandato del art. 5, receptados por la CP en sus arts. 1,3, 6, 13, 22, 108, 133, 134 inc. 5 y cc, toda vez que el Poder Ejecutivo provincial ejerciendo facultades exclusivas e indelegables del Poder Legislativo, en lo que refiere a su función más esencial, el dictado de leyes, ha transgredido las condiciones sine qua non previstas para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia.

Por último solicitan medida cautelar de no innovar. Piden que se ordene al Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el decreto Nro. 1049 por ser nulo de nulidad absoluta según lo normado por el art. 3 de la CP hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la nulidad, declaración de oficio de inconstitucionalidad y/o acción declarativa de inconstitucionalidad.

De los términos de la presentación efectuada por los actores se desprende que la misma está centralmente dirigida a cuestionar el decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1049, sustancialmente desde la perspectiva de su constitucionalidad por no haber sido remitido a la Legislatura de la Provincia para su consideración, formulando, como consecuencia de la descalificación efectuada al referido instrumento, denuncia de delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el Superior Gobierno de la provincia, en la persona del Sr. Ministro de Economía y del Sr. Presidente subrogante de la Legislatura en ejercicio del Poder Ejecutivo y pedido de que se promueva el juicio político de los funcionarios responsables.

Es principio reiterado por esta Corte, en sus diferentes integraciones, que para determinar la competencia en razón de la materia, debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto, pues, será la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho -norma positiva- que invoque el demandante (CSJTuc., "Centro de Alta Complejidad Regional S.R.L. vs. Asociación de prestadores del PAMI (A. Pre. Pa) S/Cobro Ordinario" -competencia-).

De la demanda surge que la pretensión central de los actores, dirigida a obtener la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1049, se funda en la denunciada omisión en que habría incurrido el Organo Ejecutivo del Estado Provincial de remitir el mencionado instrumento a la Legislatura Provincial para su tratamiento en los términos previstos por el art. 1, inc. a) de la ley provincial 6686, sustituido por el art. 1° de la ley 6774, afectándose la forma republicana de gobierno. Como se advierte, la impugnación no apunta a lo decretado por el Poder Ejecutivo en el instrumento cuestionado, es decir a la modificación del primer párrafo del art. 1° de la Ley 7171 dispuesta en el mencionado decreto, sino a la omisión de actuación de índole administrativa, imputada al Organo Ejecutivo del Estado Provincial. Consecuentemente el caso no resulta aprehendido en el primero de los supuestos excepcionales -y por ende, de interpretación restrictiva- previstos en el art. 4, segunda parte del CPCT, quedando fuera del ámbito competencial contemplado en ese dispositivo legal.

Por lo expuesto resulta competente para conocer en estos autos, en razón de la materia, la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, a tenor de lo dispuesto por el art. 57, primera parte, de la LOPJ.

Respecto de lo solicitado por los actores en los apartados 2, 3 y 4 del petitorio de su presentación, los mismos deberán ocurrir por la vía y forma correspondiente "De ese apartado 2, en lo que le compete, dése intervención al Ministerio Fiscal. A sus efectos remítanse actuaciones autenticadas al Sr. Ministro Fiscal".

Por ello y compartiendo lo aconsejado por el señor Ministro Fiscal a fs. 31/32, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR la incompetencia de esta Corte Suprema de Justicia y determinar que compete a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo entender y decidir en la presente causa.

II.- En lo demás estése a lo considerado precedentemente.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA