marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Adopción de integración, adopción simple
Materia: CIVIL
Carátula: NN c/ NN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-08-28

Tratándose de una adopción integrativa simple en los términos del art. 621 del CCyC, corresponde crear un vínculo jurídico entre el menor y los parientes del adoptante por consanguineidad hasta el tercer grado -padres, hermanos y sobrinos del adoptante - atento que el joven tiene trato habitual y familiar con los integrantes de la familia extensa del adoptante, y porque además se ha otorgado la adopción plena de su hermano para con el adoptante, atento se impone el principio de igualdad entre los hermanos a fin de conservar su vida de relación.
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, quiebra
Materia: PROCESAL
Carátula: Dircie, Isaac. c/ Santos, José Luis. s/ Sumario s/competencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Las razones que tornan necesario el fuero de atracción de la quiebra son de mayor entidad y prevalecen por sobre las que justifican el carácter preclusivo de los trámites de un juicio particular. La tutela general que ejerce el juez de la quiebra sobre las obligaciones pasivas del deudor y bienes de la masa, procura que los acreedores obtengan la satisfacción de sus créditos a través de los trámites propios del proceso concursal, y evitar así que algunos, por el sólo hecho de haber iniciado un juicio o aún obtenido una sentencia favorable puedan lograr el cobro de sus deudas a espaldas de los demás. El orden público del fuero de atracción responde a un interés general de la masa y trasciende la vida interna del expediente, por lo que no hay preclusión ni etapa procesal que impida la remisión de la causa.
Absurdo, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Mierinhos, Luis A. c/ La Mónica S.R.L. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

Incurre en absurdo el fallo que hace una errónea evaluación de la prueba de testigos, máxime que los dichos de éstos no resultan corroborados por ningún otro elemento probatorio adunado a la causa.
Dolo, culpabilidad, delitos contra el honor, prueba directa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RODRIGUEZ DE FLORES, MONICA ESTELA c/ CLAVIJO, ERNESTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-07-01

No es necesario la prueba directa del dolo o la culpabilidad, pues el daño al honor surge inmediatamente de los hechos ocurridos, si no existen probadas causales de exoneración por la cuales demuestre el denunciante haber cometido un error, haber tenido información equivocada o falta, o haber estado convencido de la verdad del delito imputado ante la autoridad, proporcionando elementos convincentes.
Acción cambiaria, procesos de ejecución, procesos de conocimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAN SEBASTIAN SAICIFA c/ MEDINA DE CHIAMA, BEATRIZ s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-19

La acción cambiaria puede ser ejercida tanto por vía ejecutiva como de pleno conocimiento.
Recurso contencioso administrativo, ejecución de sentencia, cosa juzgada, jueces, liquidación judicial, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REBOLA, MIGUEL AMERICO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - SOLICITUD  DE PLUS POR DESVALORIZACION MONETARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 754 AÑO  1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 248 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia -supletoriamente aplicable al recurso contencioso administrativo-, "pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto al pleito, con excepción de los incidentes seguidos en pieza separada". Por ello, en el caso, resulta inadmisible la postulación de la actora -que solicita se adicione a la liquidación aprobada el plus por desvalorización monetaria de las sumas retroactivas según costo de vida, indice de precios al consumidor que publique cada mes el INDEC, C.E.R., tasa activa fijada por el Banco Nación y/o criterio similar que estime la Corte a fin de recomponer el equilibro de sus pretensiones- por cuanto al existir sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dicha pretensión importa su modificación, lo que resulta inadmisible pues supera el marco de la mera ejecución de la sentencia y, a diferencia de otros supuestos en los que-tal como ocurrió con la Ley de Convertibilidad del Austral- una ley de orden público impone la modificación de la ejecución, en la especie la actora pretende introducir un debate que la desborda.
Defensa del consumidor, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: JUEZ DEL JUZGADO DE EJECUCION NRO. 2 SEC. NRO. 4 EN AUTOS: "M. T. S.A. c/ P., R. O.s/ EJECUTIVO, EXPTE. NRO. 2376/12 s/ INCIDENTE NEGATIVO DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-12-14

El artículo 36 de la LDC destierra la libertad contractual a los fines de establecer la competencia territorial del tribunal para entender en litigios relativos a contratos de tal naturaleza. Al mismo tiempo, declara competente a aquel correspondiente al domicilio real del consumidor, y considera nulo cualquier pacto en contrario.
Compraventa mercantil, principio de ejecución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIESPEC CUYO S.A. c/ MUTUAL DEL CIRCULO POLICIAL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-06

Las facturas y remitos son la prueba por excelencia de la ejecución del contrato de compraventa mercantil (art. 474 del C. de C.). Es que, acreditada la entrega de las cosas como hecho material, así como la entrega de las facturas que dan sustento a la calificación jurídica de tal hecho como compraventa, ello constituye el específico instrumento mercantil que prueba cómo se ha ejecutado la prestación del vendedor, pues de la propia literalidad de la norma legal resulta que dicho documento se vincula con géneros que se han "vendido y entregado" y sustenta, cuando no ha sido oportunamente reclamada, una presunción relativa a los efectos de cuentas "liquidadas".
Querellante particular, partes del proceso
Materia: PENAL
Carátula: A.R.O. s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-07-03

El querellante particular, a partir de su constitución como tal, es una parte más del proceso, y su actividad es autónoma, pero la debe ejercitar, es decir no puede ni debe esperar que la Fiscalía desarrolle la actividad que el querellante no cumple. Si el querellante es intimado a que presente la dirección del testigo propuesto y ni siquiera manifiesta el Nº de documento ni que no conoce el domicilio, no se le debe atribuir esta falta de información al Sr. Juez de Instrucción, sino a la propia querella.

Ejercitar la pretensión punitiva aún en forma autónoma, requiere actividad, plena y propia para lograr el objetivo y no puede descansar en la actividad de la Fiscalía, que por otra parte es independiente de lo que realiza la querella.
Daño moral, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SAAD ALICIA IN?S c/ CREDECON S.A. s/ AGUINALDO Y PREAVISO NO GOZADO, ETC. - CASACIÓN LABORAL PREAVISO NO GOZADO, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-18

El daño moral contractual transfiere su reparación de un sistema objetivo tarifado, a uno subjetivo de condiciones extralaborales que requieren conductas adicionales producto de un actuar doloso o innecesario del empleador, es decir requiere que más allá de las dificultades materiales y que las circunstancias del despido puedan influir negativamente en el ánimo del trabajador despedido, deje secuelas o se diferencie sustancialmente de los despidos sin causa o arbitrarios que normalmente suceden, y que se tratan de reparar o indemnizar a través del pago de las sumas determinadas en las normas de la LCT.
Empleados públicos, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LATINO, PEDRO AUGUSTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 231-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Si bien no se pretende minimizar la importancia del derecho de defensa de los administrados por ante la misma Administración, hay especiales supuestos en los que es evidente que la hipotética violación de este derecho no le habría causado perjuicio concreto al recurrente, y la anulación de los actos sólo por aquella razón, importaría violar el principio "no hay nulidad si no hay perjuicio".
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Luca, María c/ Transportes Automotores Riachuelo S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-18

Más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes, el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar, se le plantea a los jueces que deben expedirse al respecto cuando las circunstancias así lo exijan. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, interpelación, interpelación personal, identidad del receptor
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ROBERTO OMAR s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

La ley no exige que la comunicación sea recibida personalmente por el intimado. No está dentro de límites razonables exigir más que la comunicación sea recibida en el lugar a que fuera dirigida. Esa razonabilidad también indica que cuando una comunicación es recibida por un miembro de la familia de la persona a quien va dirigida, lo lógico es que sea entregada al destinatario y no que por esa sola circunstancia se pretenda dejar de aplicar el precepto penal. (Del voto del Dr. Sustaíta).
Daños y perjuicios, violación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solís, Susana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

En el delito de violación resulta casi imposible conseguir la prueba directa de su realización, por lo cual corresponde recurrir a la prueba de indicios o presunciones, las que son admisibles cuando entre el hecho que se tiene por demostrado y el que se trata de establecer, existe una conexión tan íntima y estrecha que aleja la posibilidad de llegar a conclusiones distintas (art. 163 inc. 5º, C.P.C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inspectores del trabajo, plena fe, policía del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEDIDOS YA S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Los planteos esgrimidos por la compareciente no denotan sino su disconformidad con la solución a la cual arribó la Cámara al confirmar la resolución del Ministerio de Trabajo de esta Provincia, desde que, en relación al reproche consistente en que las actas administrativas se encuentran viciadas de nulidad, deviene vacío de todo contenido para desmerecer lo decidido por el Tribunal, por lo que no corresponde su aceptación desde un punto legal ni constitucional, puesto que expresamente el Sentenciante señaló que la inspección efectuada en autos fuera de un establecimiento -que detalló- no desborda las posibilidades que las normas contemplan, teniendo en consideración la modalidad del servicio prestado bajo nuevas formas de contratación, ello en atención al carácter de instrumento público que la doctrina le atribuye a las mentadas actas administrativas, en razón de que la Ley provincial 10468 otorga el valor de plena fe a las actas circunstanciadas labradas por los inspectores del trabajo -salvo prueba en contrario-, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y fiscalización, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente; y las amplias facultades de competencia, jurisdicción, comprobación y juzgamiento que la ley le atribuye a la policía del trabajo, a lo que remarcaron los Juzgadores la concordancia que lo expuesto tiene con la normativa internacional del trabajo que detallaron y la doctrina jurisprudencial que exhaustivamente desarrollaron. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10468, artículos 1, 29, 32, 44 y 51.
Recurso de casación, costas, costas al vencido, daños y perjuicios, indemnización, reparación integral
Materia: PROCESAL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la recurrente debiendo aplicarse en el caso, el principio objetivo de la derrota en materia de costas (art. 68 del CPCyC.). Ello, en atención al principio de reparación integral del daño causado, y de que las pretensiones sustanciales del actor han sido -en definitiva- admitidas.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, falta de fundamentación, excarcelación, revocación de la excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lizarraga, Reinaldo Oscar s/ excarcelación en autos 1213.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Corresponde dejar sin efecto la resolución que revocó la excarcelación concedida al procesado, si los argumentos referidos a que pudo ser el organizador de las maniobras delictivas, y su condición de despachante de aduana, aparecen como afirmaciones dogmáticas, con una decisiva carencia de fundamentación y contradictorias con las constancias de la causa.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ U.B.A. s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

La primera fuente de interpretación de la ley -lo mismo que de la C.N -es su letra, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos:

200:165; 281:144; 312:2075). En tal sentido, es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley mediante un examen atento y profundo de sus términos, que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador (Fallos: 291:359; 302:973;

307:146). En especial, es preciso tener en cuenta que cada palabra de la C.N. deber tener su fuerza y su significado propio, no debiendo suponerse que ella ha sido inútilmente usada o agregada, y rechazarse como superflua o sin sentido (Fallos 95:334). (De la ampliación de fundamentos del Juez Coviello, consid. 2º).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, subasta judicial, martillero, contrato de obra, aplicación de la ley, LEY DE CONCURSOS
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ Quiebra. Subasta. Cuestión a resolver: Si en la quiebra fracasa la   subasta por causa no imputable al martillero ¿Tiene éste derecho a   percibir honorarios? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-13

El sistema retributivo de la legislación concursal configura la actuación del martillero en la quiebra como una locación de obra. Se cobra en tanto se obtuviera el resultado perseguido, resultando indiferente a los fines retributivos el haber puesto los medios necesarios si el "opus" no se obtiene, aún cuando el fracaso sea no imputable al martillero. La falta de derecho al cobro de retribución cuando una subasta fracasa en una liquidación falencial, forma parte del álea o riesgo aceptado por quienes admiten colaborar como enajenadores en las quiebras. Dicha conclusión tiene un límite dado por el modo de conclusión de la quiebra y el origen de la suspensión de la subasta. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Suministro de gas, Ente Nacional Regulador del Gas, sanciones administrativas, excepciones procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DISTRIBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ ENARGAS 8/93 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

No corresponde la aplicación de la excepción contemplada en el inciso b) del art. 3 del decreto 2.255/92 -que estipula que la excepción no regirá si el incumplimiento incurrido ha motivado una intimación anterior- cuando previamente al dictado del acto administrativo sancionatorio impugnado, la sociedad actora fue intimada formalmente.
Acción contencioso administrativa, etapa probatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Oroño, Mariela Lorena c/ Municipalidad de Sacanta - Plena jurisdicción c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-27

Al momento de iniciarse un sumario administrativo, no cabe ser extremadamente celoso en la identificación de los hechos ya que, al igual que los requerimientos de investigación penal instructoria, es suficiente que se indique qué tipo de hechos motivan la investigación, describiéndolos genéricamente y de manera potencial, los que puntualmente se corroborarán luego de diligenciada la prueba. De allí que en esa etapa procesal no se requiere del aporte de mayores datos específicos ya que es de suponer que surgirán luego de la investigación correspondiente.
Prisión preventiva, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA SONIA SUSANA s/ DENUNCIA   INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  DEBERES  DE  ASISTENCIA  FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-20

La 'a-quo' debió agregar las copias certificadas de la sentencia que estableció la obligación alimentaria a favor de la hija de la denunciante y el incuso, como primer elemento de prueba para tener semiplenamente acreditado el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Prescripción, sociedades comerciales, plazo, acciones escriturales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SARMIENTO 1599 SA c/ COSTA CLAUDIO ROBERTO Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

Es de aplicación el CCom 848 - 1° a reclamos que versan sobre la inscripción de acciones escriturales y, a la acción deducida por una sociedad contra el sujeto a quien le atribuyó ser su controlante, por los daños que le ocasionó ese control ejercido abusivamente y con culpa grave, cuestiones a las que se juzgó comprendidas en las "operaciones sociales", por tratarse de acción que deriva directa e inmediatamente del contrato social o bien que requiere la existencia de la sociedad para ser ejercida; otras salas del mismo Tribunal han entendido subsumible al plazo en ella previsto a la acción de responsabilidad promovida por la sociedad contra los directores o administradores a la demanda por cobro de dividendos distribuidos por la asamblea, a la tendiente a obtener la devolución del excedente de un depósito irrevocable para la suscripción de acciones de un futuro aumento de capital a la dirigida por un accionista contra un socio oculto, para obligarlo por las responsabilidades de la sociedad a las del síndico contra la sociedad persiguiendo el cobro de los honorarios devengados por el ejercicio de dichas funciones a la acción social de responsabilidad incoada por el síndico de la fallida por actos dañosos para la sociedad cumplidos con dolo o culpa de los administradores y, a las incoadas por el socio del socio; inclusive el Tribunal en pleno en un antiguo fallo consideró aplicable el plazo de tres años contenido en el inciso 1° del artículo 848 a la obligación asumida por el suscriptor de acciones emitidas por una sociedad anónima al comprometerse a integrar el saldo del capital suscripto de acuerdo con las resoluciones que el directorio determine.
Derecho bancario, Economía y finanzas, banco central, control de cambio, moneda extranjera, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bernasconi, Marta Elisa  c/ Industrial and Commercial Bank of China Argentina SAU  s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-04

Corresponde admitir el amparo deducido y ordenar al banco demandado que permita a la actora el acceso al mercado de cambios para adquirir los dólares estadounidenses necesarios para continuar con los pagos del mutuo que motivó esta acción, por cuanto si bien no se ha denunciado la efectiva promoción de la ejecución hipotecaria, la intimación que recibió la actora de parte de su acreedor, aunado a la negativa del banco de permitirle el acceso al mercado de cambios conforman una situación encuadrable en un amparo, por cuanto no puede desconocerse, que la negativa ante el paso del tiempo solo conlleva un mayor perjuicio para la deudora puesto que, de ese, modo se ve incrementada su deuda.

En el caso, la acción fue entablada contra una entidad bancaria de carácter privado en los términos del CPR 321 que establece que se aplican las normas del CPR 498, de lo que se sigue que entre las condiciones de procedencia de esta acción sumarísima se encuentra la necesidad de "reparación urgente del perjuicio" o "cesación inmediata de los efectos del acto" lesivo, y que la cuestión no deba sustanciarse por algunos de los procesos establecidos en el ordenamiento ritual u otras leyes (esta CNCom, esta Sala A, 13/11/07, "González, Juan Ángel c/ Páginas de Negocios SA s/ Amparo").

Asimismo procede el amparo solicitado, por cuanto no se advierte que el banco accionado hubiera efectuado una adecuada aplicación de la normativa del Banco Central de la República Argentina al rechazar la pretensión de la actora de acceder al mercado de cambios, alegando que no estaba vigente la deuda de la actora, por cuanto ésta cumplió con los requisitos exigidos por esas normas -Comunicación "A" 6770, Comunicación 6844 y ley 27541- en tanto sólo se estipula que el acceso al mercado de cambios autorizado lo será a su vencimiento, expresión que sólo puede ser interpretada en el sentido de que dicha autorización sólo podía ser conferida al vencer la deuda y no, en forma anticipada.
Martillero, Superior Tribunal de Justicia, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Raúl Alfredo y Otros c/ Estado Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-12-10

El título de martillero público, como título de grado cuyo otorgamiento compete a las universidades nacionales por exigencia legal -Ley 25028-, no debe asimilarse a la matrícula de martillero expedida por las Cortes y Superiores Tribunales en aquellas provincias -como la nuestra- que no cuentan con Colegio de Martilleros. En consecuencia, con la acción declarativa de certeza deducida, la incertidumbre que se pretende despejar con relación a lo establecido en la Acordada 4010/07 es una incertidumbre meramente subjetiva e inhábil a los fines perseguidos.

Tal aserto se evidencia por el propio contenido de la Acordada impugnada, que reconoce la plena vigencia de la Ley 25028, y por las previsiones contenidas en la legislación sustancial -Art.2 del Código Civil- con relación a la vigencia de las leyes. Además, la Corte de Justicia tiene la organización y gobierno de la matrícula de martillero y el poder de evaluar, mediante examen la idoneidad a los martilleros judiciales como auxiliares de la justicia dentro de la normativa del código de procedimiento civil y comercial, materia reservada a las provincias por mandato constitucional.

En conclusión, corresponde declarar formalmente inadmisible la acción declaración de certeza respecto de la Acordada de la Corte de Justicia y la pretensión de condena por anulación de actos administrativos particulares, emergentes de su aplicación.
Conscriptos, accidente en acto de servicio, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDINA, MIGUEL FEDERICO c/ E.N.  EMGFA s/ COBRO DE HABERES - AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

La ley 19101 es clara al otorgar a los conscriptos que como consecuencia de los actos de servicio militar resulten con una disminución de menos del 66%, únicamente un haber indemnizatorio previsto en el art. 76, inc. 3 ap. a)