Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-06


Nº 49 En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los seis días del mes de abril del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RICARDO FERNANDO FRANCO y MARIA LUISA LUCAS, quienes emitir n su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente n§ 54.657, año 2003, caratulado: "BENITEZ MANUEL y MEDINA MIGUEL EDUARDO S/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONADA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 443 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes C U E S T I O N E S 1ø) Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 389/397? 2ø) ACU' pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

I- La defensa oficial interviniente ataca mediante esta vía recursiva el pronunciamiento Nº 39 de la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Ángela, fechado el 15 de julio del 2003 y obrante a fs. 368/386, en el que se condena: a MANUEL BENITEZ como autor penalmente responsable del delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS, PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONADA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION y ABUSO DE ARMAS (arts. 166 inc. 2ø; 189 bis 3ø párrafo y 104 2ø párrafo en función del 55 todos del C.P.), a la pena de SIETE AÑOS DE PRISION EFECTIVA, accesorias legales (art. 12 C.P.) y costas; y a MIGUEL EDUARDO MEDINA como autor penalmente responsable del delito de ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS (art. 166 inc. 2ø C.P.), a la pena de CINCO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con accesorias legales y costas.- El a quo, en resolutorio de fs. 405 y vta., concede la impugnación elevándose la causa a esta Sala Segunda (fs. 414 y vta.) donde queda radicada, recibiendo la pertinente tramitación.- Luego de hacer referencia al objeto de su presentación, expresa que la misma lo es por ambos motivos del art. 434 del C.P.P. Dice que en el fallo no se respetaron las reglas de la sana critica y carece de la debida fundamentación. Aduce que fue fijada la hora 23,30 como de consumación del hecho, por lo que los imputados no pudieron haberlo cometido porque hasta las 24 hs. estuvieron conversando con Contreras como 'ste lo dijo. Cuestiona la validez del allanamiento practicado por no reunir los requisitos del art. 15 C.P. y 214 del C.P.P., rechazando los argumentos convalidantes de la Cámara, pues a su entender la situación no se encuentra al amparo del art. 213 inc. 3ø de rito como se argumenta; que también en este supuesto hay que notificar a los moradores, hacer acta y respetar el horario diurno; refiere a los frutos del rbol venenoso. Cita y transcribe jurisprudencia y doctrina.- Objeta la validez del secuestro documentado a fs. 19 por falta de notificación a la defensa. Que las mencionadas se tratan de pruebas esenciales y su nulidad dejan sin base a la sentencia. Considera violado el principio de razón suficiente, respecto al secuestro y reconocimiento de las monedas de cinco centavos, por partirse de una premisa falsa con un resultado consecuentemente falso. No admite como prueba de cargo las coincidencias físicas de los imputados surgidas de los dichos de los integrantes de la familia damnificada. Entiende que es falaz el informe de fs. 1 respecto al secuestro de armas, porque el testigo de ese acto Carlos Barreto dijo que no vio que ello ocurriera, por lo que no puede validamente aseverarse tal circunstancia. Aduce que por todo lo dicho, no puede concluirse en que los imputados fueron los autores del hecho.- En cuanto a la causa nº 1431/00, sostiene que tampoco está motivada, por haberse efectuado una consideración parcializada de la testimonial relacionada con el secuestro de la escopeta recortada, habiéndose violado -además- el art. 217 del C.P.P.- Respecto del expte. 338/02, argumenta que presenta los mismos vicios que los anteriores no aceptando que los testigos Cañete y Sra. de Cordero individualicen en la oscuridad y en un grupo de personas a Benítez como al autor de los disparos. Que el informe médico no determina que las heridas presentadas por aquellos fue producida por arma de fuego, como se sostiene en el fallo. Que el acta de constatación es impreciso y no puede servir de base para determinar que en ese lugar se efectuó un disparo con arma de fuego.- Finalmente, peticiona se proceda conforme al art. 448 del ritual, haciéndose lugar a su impugnación.- II.- La reseña practicada de la impugnación que nos convoca, enfrentada con las argumentaciones expuestas en el decisorio vinculadas al expte. principal, deja al descubierto como agravio central y vinculante el ataque a la validez del allanamiento que practicara la prevención policial, de cuya suerte depende la estabilidad del fallo por constituir el basamento de la conclusión condenatoria resistida defensivamente. Adelanto mi conclusión desestimatoria por las razones que seguidamente ser n expuestas, ajustadas a la doctrina y jurisprudencia seguidas por esta Sala respecto a la cuestión propuesta.- Entiendo que el planteo impugnaticio que nos ocupa carece de la capacidad nulificatoria que se alega y ello as¡, aún frente a las consideraciones vertidas por el suscripto en el caso "Ledesma..." -sent. 26/99- citado como apoyo jurisprudencial por la recurrente, en las que se analizara las disposiciones contenidas en el art. 15 de la Constitución Provincial. Sostengo que dichos conceptos devienen inaplicables al sub caso toda vez que el desarrollo de la actuación policial concretada en esta ocasión a fs. 4/6 presenta circunstancias determinantes que permiten enmarcarlo en lo previsto por el art. 213 inc. 3§ del C.P.P. como ya fuera orientado por el Tribunal a quo al dar respuesta a lo que defensivamente se alegara en la audiencia de debate.- Debe tenerse presente que sin perjuicio de la preocupación por garantizar la inviolabilidad del domicilio mediante la exigencia de variados requisitos (art.15 Carta Magna), la ley de rito ha contemplado algunas situaciones especiales en cuyo caso el allanamiento se ejecuta, legítimamente, aún sin orden judicial (art. 213 C.P.P.) y esto lo hizo en consideración a la tutela de otros bienes fundamentales de la comunidad (cf. esta Sala in re "De Jes£s...", sent. 87/00).- En relación a lo expuesto, debe reconocerse la incuestionable facultad policial, contemplada expresamente por el art. 178 inc. 5 del CPP, para, excepcionalmente, en los casos taxativamente enumerados por aquella disposición, proceder al allanamiento de una morada sin necesidad de contar con una orden judicial previa.- Si bien es cierto que 'esta última norma no lo especifica y una parte de la doctrina pareciera direccionar la dispensa a los casos en que "un delincuente o sospechoso...se refugia en morada ajena" (Cfr. Vázquez Iruzubieta-Castro, Procedimiento Penal Mixto, T.II, p.114), no constituye óbice para su aplicación, e inclusive opera como mejor argumento aún, que la morada requisada sea la del propio imputado o sospechoso y no la de un tercero absolutamente ajeno al hecho o la del damnificado por el mismo.- En cualquier caso, esta potestad extraordinaria, por estar referida a la invasión de un ámbito que goza de la protección constitucional del art. 18 de la Carta Magna, debe ser ejercida observando, como presupuesto de procedibilidad, las exigencias normativas indispensables que fija la ley reglamentaria, que en la sub especie no es otra que el mencionado art. 213 (Cfr. CNCasación Penal, Sala IV, L.L., Sup.Jurisp.Penal, 30/3/98. pg. 1) para que la diligencia pueda ser concretada bajo tales circunstancias.- Y precisamente de dicha disposición, en función con la norma general del art. 210 del CPP, emergen los requisitos para que pueda operar la excepción, los que en el concreto supuesto del inc. 3§ refieren: a) que la introducción a la morada se halle precedida de una previa persecución del imputado, persona evadida o sospechada de criminalidad, y b) que exista una razón de "urgencia" por la cual no resulte posible postergar el acto (Cf. mi voto in re "King..", sent. 11/03).-.- Estas condiciones aluden respectivamente a la justificación de la medida y a la necesidad de practicarla sin demora (Cfr. Finzi, Marcelo, LL, T. 30, pg. 990), habilitando en tal caso las atribuciones policiales del referido art. 178 inc. 5 del CPP, que emparenta al allanamiento con la requisa personal sin orden judicial.- En cuanto a la primera de ellas -donde el art. 210., 1er. párrafo, tan claramente establece el carácter que puede revestir el "perseguido" que torna ocioso abundar con cualquier consideración al respecto-, también de los precedentes de esta Sala surge que "...la exigencia normativa de "persecución"..." (in re "Franco..." 92/98), se puede verificar con "... la existencia de una continua e ininterrumpida actividad por parte de la autoridad policial en la investigación y detención de los autores del hecho..." (in re "De Jesús..." ya citado), lo que resulta una premisa insoslayable para que pueda operar la excepción, ya que es precisamente la que dota de fundamento a la actuación policial autónoma.- La segunda condición, es decir la existencia de una razón de "urgencia", tiene la significación que resulta de adosarle a la persecución policial, que la condujo hasta una morada, la circunstancia de que no haya sido posible o resulte absolutamente impráctico requerir una orden judicial previa (CFA. CNCasación Penal, in re "Barbeito", JA, 1995-I-581), con lo cual se completa el singular cuadro previsto en la referida previsión ritual, que desliga a la autoridad policial de la obligación de requerir la autorización jurisdiccional para la concreción del allanamiento de una morada (King" citado).- Por lo tanto, y conforme lo sostiene la doctrina, si bien es cierto que los jueces se encuentran en una posición de mayor serenidad y objetividad que la policía para disponer medidas limitativas de garantías constitucionales, ello no empece a que excepcionalmente puedan sustituir a los magistrados, cuando concurran razones de urgencia que hicieren riesgoso para el éxito de la detención, supeditarla a la obtención de la orden judicial (Cfr. Carrió Alejandro, "Justicia Criminal", pg.18 y sgtes.).- De todas formas, la existencia de las condiciones que hacen operable la excepción se encuentra sujeta al control jurisdiccional (Cfr.CN Casación Penal, in re "Gutierrez", LL, 1995-B-46), ámbito en el cual se deber apreciar la razonabilidad y legitimidad de la diligencia, atendiendo a las particularísimas circunstancias de cada caso concreto, pero sin dejar de lado "... la necesidad de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal." (Fallos 321:510).- Bajo el marco de tales postulaciones, debe señalarse que en el caso sub examine, en cuanto al primero de los requisitos mencionados, se encuentra debidamente acreditada la existencia de una "persecución" previa, lo cual surge tanto de la constancia inserta a fs. 4 y vta. como del respectivo acta de allanamiento de fs. 5/6, ratificadas en el debate por el funcionario policial interviniente en el procedimiento Ramón Daniel Ramírez y sostenidas por los dichos de Ricardo Alberto Lugo y del testigo Rubén Álvarez.- Observadas las particularidades del caso y las características singulares del procedimiento derivadas del modo con que se concretara, conforme lo asentado en el fallo, no resulta ilegítimo, extraño ni ajeno a la actividad, sino simplemente una modalidad tendiente a lograr que los propios sospechosos conduzcan a la prevención hacia un lugar que podría resultar de interés para la investigación. Al respecto, es menester consignar, dando repuesta al alegato defensivo formulado en torno a este punto, que resulta tarea propia del tribunal de juicio la de interpretar, desentrañar y clarificar los dichos de los testigos y que, cuando de determinar la labor policial se trata, resulta absolutamente razonable que las explicaciones respecto a la forma en que se desarrollaron las diligencias sean requeridas a quienes fueron partícipes del procedimiento (cf. caso "King"), como aquí¡ ocurriera.- La segunda exigencia, consistente en la necesidad imperiosa de que la medida sea practicada en forma "urgente", debe ser analizada, con la equilibrada visión que impone el dinamismo del concepto, considerando básicamente el contexto dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos que dieron lugar a aquella y la existencia de un notorio riesgo de frustración en caso de procederse de otro modo.- En este caso, queda al descubierto que no resultaba posible, teniendo en cuenta que el procedimiento debía efectuarse en la localidad de Villa Berthet, diferir su ejecución hasta gestionar y obtener la orden judicial por parte del Tribunal interviniente, con sede en la ciudad de Villa Angela, a m s de 60 kms. del lugar en que debía realizarse la diligencia, sin el grave peligro de que se vea malogrado el resultado de la misma por la eliminación de pruebas esclarecedoras e incriminantes.- En ese sentido, Clariá Olmedo sostiene que la "... tarea a cumplir en la prevención policial permite advertir su necesidad frente a muchas causas que requieren urgente y segura investigación...Los tribunales de instrucción no siempre están radicados en el lugar del hecho o cerca de 'l, y por lo general tienen su tiempo dedicado a las causas en trámite con recargo de tareas. En la práctica todo esto impide un inmediato avocamiento del instructor que recibe la comunicación y justifica que la policía actúe con facultades autónomas, aunque dentro de los límites indicados...Piénsese en la flagrancia, en la posibilidad de fuga u ocultación de los autores del hecho, en la desaparición de rastros y otros elementos de convicción, en la adulteración de pruebas, y podrá advertirse el riesgo que se corre para el descubrimiento de la verdad si en los primeros momentos no se procede con urgencia, por un organismo ágil y capacitado..." ("Derecho Procesal Penal, T.II, pg. 549).- En tales condiciones, debe concluirse que la actuación policial desplegada en la ocasión resultó la adecuada al caso, en tanto la huida e ingreso de los sospechosos a su morada ocurrieron en circunstancias en las que hubiera resultado contraproducente para la operatividad del procedimiento la obtención de la orden judicial para proceder al allanamiento del domicilio, de forma tal que la diligencia debe ser enmarcada dentro del procedimiento de excepción previsto por el art. 213 de la rituaria, como razonablemente entendiera el tribunal de juicio.- Es decir, el modo con que se han conducido los funcionarios policiales permite llegar a dicho desenlace jurídico, que si bien dieron inicio a su labor investigativa con la inspección ocular documentada a fs. 2/3, ocasión en que hallaron semihundida en el barro una zapatilla lado derecho (fs. 60 vta.) cuyo dibujo plantal coincidió con el de los rastros hallados en el lugar del hecho, también lo es que dicha actividad -suspendida por la obscuridad del lugar y lluvia- continuó de la manera y con las trascendentes novedades esclarecedoras del evento que se reflejan y exteriorizan a fs. 4 y vta., oportunidad en que siguiendo el rastro dejado por la zapatilla lado izquierdo llegaron al inmueble donde ingresara quien la calzaba; esta circunstancia les permitió obtener datos precisos del domicilio donde entraron y se encontrarían los presuntos autores del hecho, peligrosos por la manera que lo consumaron y cuya persecución investigativa se había iniciado a partir del seguimiento de tales rastros.- Sin solución de continuidad, la policía interviniente -dadas las circunstancias que exteriorizan- decide allanar el domicilio en los términos del art. 213 inc. 3ø C.P.P., documentando todo lo actuado y el resultado del procedimiento en un acta labrada por separado obrante a fs. 5/6 y vta., destacándose la aprehensión de los dos imputados, el hallazgo de la otra zapatilla -lado izquierdo- de idénticas características y de efectos reconocidos posteriormente por el damnificado.- Lo expuesto supra y demás situaciones precisadas en las actas pertinentes bastan para sostener que el allanamiento concretado a fs. 5/6 -reitero- fue legal y debe ser encuadrado en el art. 213 inc.3§ del Código Procesal Penal que prevee la directa actuación de la policía sin previa orden judicial cuando: "Se introduzca en una casa o local alg£n imputado de delito a quien se persigue para su aprehensi¢n..."; que al decir de N£¤ez "Es el caso del delito in fraganti o no" (Conf. "Comentario del Código Procesal de Córdoba" ed. Lerner, p g. 201).- Tanto la jurisprudencia como la doctrina han admitido de modo unánime, con distintos alcances y fundamentos, la validez de todas aquellas disposiciones procesales que, no obstante la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, hicieron una excepción a la regla y confirieron la facultad de efectuar allanamientos sin previa orden de un Juez entre cuyos supuestos se encuentra el que nos ocupa, es decir, cuando un sujeto es sorprendido "in fraganti" delito o ante la existencia de datos que indican de manera vehemente que aquí'l ha participado en la comisión de un ilícito penal (Cf. mi voto in re "De Jesús", sent. citada).- Expresa Clariá Olmedo: "No cabe duda que esta modalidad del allanamiento significa una limitación más profunda a£n a la garant¡a constitucional. Sin embargo, reducida a su justo campo y aplicada en función del criterio de la estricta necesidad se estar dentro de los límites reglamentarios, que no la afectar n en grado de alteración" (Conf. "Der.Proc.Penal" T.V. p g.423) que es lo que aconteciera en el sub-examen.- También coincide Raúl W. Abalos al señalar que la preocupación por los bienes fundamentales y la situación de necesidad en ciertas hipótesis, obligan a quebrar la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio. Pero como 'ésta aparece como un bien menor frente a situaciones de emergencia, se justifica el registro o el allanamiento sin orden judicial previa, que la ley enumera los casos en forma taxativa. Al referirse a nuestro inciso 3§ indica que "El mal que produce el infractor a la Ley Penal justifica el entrar en la morada ajena para su detención. No se trata solamente del perseguido que instantes antes ha cometido un delito: puede tratarse de un individuo a quien se le impute la comisión de un delito cometido en otro tiempo distinto del actual; de un pr¢fugo...etc." (Conf. "Derecho Procesal Penal", T. II, p gs. 454/455).- Surgiendo de todo lo supra expuesto que se ha otorgado validez al allanamiento que practicara la prevención policial, y constituyendo el mismo prueba esencial sostenedora de la conclusión condenatoria dispuesta contra los imputados Benítez y Medina, deviene inoficioso considerar los demás planteos recursivos propuestos por la defensa oficial, por carecer los mismos de efectos probatorios desequilibrantes y decisivos para las conclusiones plasmadas en el pronunciamiento jurisdiccional en base al sistema de la exclusión mental hipotética.- As¡ es que en relación a otras pruebas cuya ilegitimidad se alega, comparto la jurisprudencia dominante, en el sentido que las nulidades deben interpretarse restrictivamente, y su declaración solo procede cuando se ha lesionado un interés fundamental (LL. 76-340). De allí que no corresponde declarar nulidades en el solo interés de la ley o para satisfacer meros pruritos formales (LL. 88-104). Quien alega la nulidad debe haber padecido un perjuicio efectivo (LL. 88-95) y debe especificarse el derecho afectado por la omisión (LL. 78-593), porque no procede la nulidad por la nulidad misma (J.A., t. 64, p. 570), ya que debe existir un interés jurídico lesionado (¡d, p. 739).- El Tribunal cimero también sostiene que en materia de nulidades procesales debe primar un criterio de interpretación restrictiva y solo cabe anular cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garant¡a de la defensa en juicio, de otro modo la sanci¢n de nulidad aparecer¡a respondiendo a un formalismo vac¡o, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta soluci¢n de las causas, en lo que tambi'n est interesado el orden público. Agrega razonablemente el Máximo Tribunal de la Nación, que no debe confundirse el respeto a los recaudos que tienden a asegurar la protección del ejercicio de una garantía constitucional con la incolumidad de la garantía misma ( CSJN, 27/06/02, "Bianchi Guillermo..."; esta Sala in re: "Torres...", sent. 110/03).- En suma, en esta causa principal aparecen suficientemente acreditados los extremos fácticos resistidos por la recurrente, tanto la existencia del hecho como la autoría responsable de ambos imputados y la utilización de armas, situaciones a las que el a quo arriba -en lo pertinente- mediante la meritación de las pruebas en el marco de la sana crítica, solidificando sus conclusiones con el recordado allanamiento que es concatenado entre otros elementos con el reconocimiento de los efectos secuestrados, especialmente el de las monedas de cinco centavos con especiales características; con lo testimoniado por Graciela Leiva, Pedro Strazzabopo, Mirta Duarte y Romina Strazzabopo.- En lo que respecta a la causa agregada por cuerda nº 1431/02, la quejosa introduce un agravio relacionado con la violación del art. 217 C.P.P. al efectivizarse el secuestro del arma por parte de las autoridades policiales. Inicialmente cabe dejar consignado que se tendrá n en cuenta las normas procesales en vigencia a la fecha de ocurrencia de tal circunstancia (16/07/01), oportunidad en que entre las atribuciones de los funcionarios de la policía estaba la de proceder a los secuestros impostergables conforme lo disponía el art. 178 inc. 5ø del ritual, ello como excepción -en lo pertinente- a las reglas contenidas por el art. 217 del mismo cuerpo legal.- En el presente caso, se advierte que la "noticia criminis" fue dada a los policías intervinientes a través de la R.T. policial de la Unidad de Investigaciones, circunstancia por la cual se han constituido al lugar que se les indicara como de ocurrencia del hecho, donde hallaron al imputado Manuel Benítez portando un arma de fuego, a quien aprehendieron secuestrándole una escopeta Cal. 16 serie nº 32778, culata y cañón recortados, sistema Mauser, sin marca visible y tres cartuchos del mismo calibre de vaina color rojo; de tal modo, dichos funcionarios corroboraron la existencia de la actividad delictiva de que fueron informados, y en el transcurso de ella fue que ha surgido inequ¡vocamente la necesidad de efectuar el secuestro inmediato del arma incriminada que estaba en poder del encartado junto a los mencionados cartuchos; esta circunstancia es la desencadenante de la excepción que legitima el accionar policial, al marcar una indiscutible razón de impostergabilidad de ese proceder dirigido a preservar la integridad física tanto de los policías como del propio Benítez y eventualmente de terceras personas que pudieren estar en esa zona barrial donde se produjeron los hechos; como también individualizar al culpable, reunir la prueba útil para dar base a la acusación y hacer cesar los efectos del hecho presuntamente delictivo que posteriormente fuera calificado judicialmente como portación de arma de fuego de uso civil condicionada sin la debida autorización (art. 189 bis 3ø p rr. C.P.).- Admitida del modo supra expuesto la validez de la pieza probatoria atacada por la defensa, queda inconmovible la fundamentación del pronunciamiento en relación a este hecho, con la consecuente derivación condenatoria, por estar sustentado en pruebas aptas meditadas en el marco de la sana critica, cuyo peso conviccional corresponde ser evaluado privativamente por el juez de m'rito, como ocurriera en este caso.- En relación al expte. identificado con el nº 338/02, la casacionista cuestiona el valor conviccional que el a quo otorgara a los testimonios que utiliza, del modo relacionado en el punto I que antecede. Este embate recursivo as¡ planteado tampoco puede prosperar, toda vez que los sentenciantes se sirvieron de pruebas con entidad suficiente para arribar a la conclusión condenatoria de Benítez, sin haberse acreditado que hayan incurrido en absurdo o arbitrariedad que autoricen a descalificar el fallo respecto a este hecho.- La plataforma fáctica acreditada consistió en que en la fecha señalada "...Félix Martín Cañete, sale de su vivienda junto a su concubina Luz Sonia Cordero, quien lo hizo porque escuchó gritos provenientes del exterior. Cuando ocurre ello, observa a Manuel Benítez portando una escopeta de treinta centímetros de largo, quien efectuó un disparo que impacta en el cuerpo de su concubina, concretamente a la altura de la pantorrilla derecha". Para el a quo, fueron la denuncia de Cañete, su declaración testimonial y la de su concubina los elementos de convicción determinantes para tener por comprobado tanto la existencia del hecho como la autoría responsable en el mismo del imputado Benítez, con el acompañamiento del informe médico que menciona y del acta de constatación practicado por la prevención policial.- Debe recordarse que el contenido de las resoluciones judiciales debe "valorar, ajustándose a las pautas de racionalidad, los hechos, las pruebas y el derecho aplicable", lo que fue cumplido en el caso, toda vez que -en definitiva- los argumentos que desarrolló constituyen derivación razonada del derecho vigente" (Cf.Sosa, "Recaudos Constitucionales para una sentencia válida", J.A., 1981-III, p. 781; ¡d. Corte Suprema, Fallos 278:266; etc.).- Es evidente que la critica impugnaticia se apoya en la personal apreciación respecto a la objetividad que representan los dichos de los testigos mencionados; debe destacarse que la sana cr¡tica con que act£a el juzgador al fundar o desestimar la eficacia probatoria de alguna prueba testimonial, debe proceder respetando las reglas que gobiernan el razonamiento humano: lógica, psicología y experiencia común. Y, cuando esa elaboración racional puede captarse del pronunciamiento, la sentencia es inatacable en su legitimidad formal -como en este caso- aunque se discrepe con las conclusiones que de la misma deriven.- Téngase en cuenta que la producción y valoración de los referidos testimonios hallan sustento legal en las normas de los artículos 227 y 381 -párrafo 2ø- del C.P.P., que consagran sucesivamente la amplia capacidad testimonial y el modo de meritarlas con un sistema que se caracteriza por la inexistencia de disposiciones legales que predeterminen el valor conviccional de los elementos probatorios. La valoración de aquellos al igual que los de cualquier prueba como lo dice Caferatta Nores, queda exclusivamente en manos de los sentenciantes, quienes pueden extraer libremente sus conclusiones a condición de que para llegar a ellas respeten las recordadas reglas ("La Prueba en el Proceso Penal", p g. 124/5), como ocurriera en el sub-examen.- Por los argumentos consignados precedentemente, me expido negativamente en esta cuestión. ASI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Adhiero a las consideraciones y conclusión a que arribara el preopinante. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO dijo:

Conforme al resultado de la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 389/397. Sin costas, por haber intervenido la defensa oficial. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, MARIA LUISA LUCAS dijo:

Adhiero a la solución propiciada por el colega preopinante en esta cuestión. ES MI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mi, Secretario que doy fe.- S E N T E N C I A Nº 49 Resistencia, 06 de abril del 2004.- Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 389/397; sin costas.- II- Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos.-