marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bancos, responsabilidad del banco, culpa grave, apertura de cuenta corriente
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESPINOSA, JORGE c/ CITIBANK  N.A. s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Ante la solicitud de apertura de cuenta corriente, la entidad bancaria tiene el deber de obrar prudentemente de conformidad con las pautas impuestas por la reglamentación vigente, lo que se traduce en verificar debidamente la identidad del solicitante, entre otras. Por tanto, la falta de diligencia en la observancia de las reglas y directivas prescriptas por el B.C.R.A. Es causal suficiente para imputar responsabilidad, toda vez que configura un supuesto de culpa grave.
Corrupción, tipo penal, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: CARNESECCA OSVALDO HECTOR s/ CASACION PENAL - CORRUPCION - ABUSO DESHONESTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-13

En el delito de promoción a la corrupción (c.P. 125), La criminalidad no reside en el logro de la corrupción sino en la simple dirección del acto; no se trata de un delito de resultado material, sino de un delito formal de peligro abstracto porque no es necesario que las acciones del delincuente obrando exitosamente en el animo de la víctima, la hayan puesto a esta en efectivo peligro de corromperse o de acrecentar la gravedad de esos estados.
Procedencia del recurso, admisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: Mazzoni, Roberto Domingo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-13

La disidencia consideró que el recurso cumple con los requisitos de fundamentación del art. 463 CPPN. Dres. Gemignani, Borinsky y Hornos -disidencia-.
Beneficio de litigar sin gastos, Constitución Provincial, reglamentación de la ley
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MARINI NELSO JOSE c/ ALZAPIEDI  S.A. s/ DECLARATORIA DE POBREZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-13

La descripción del art. 49 de la Constitución de la Provincia, no es una claúsula operativa por cuanto allí se afirma que la ley establece el sistema de asistencia gratuita para no limitar el acceso a la justicia por cuestiones económicas ( o sea que es necesario su reglamentación) y el art. 8 del llamado Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por la Ley Nacional 23054 a la que adhiere la Provincia de Córdoba por la Ley Provincial 7098, se trata de una declaración de derechos y garantías judiciales independientemente del arancel de un juicio civil de contenido económico.-
Recurso de casación, pagaré, intereses
Materia: Comercial
Carátula: BANCO DEL SUD S.A. c/ RAGONESI, Alfredo José s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-10-20

El documento agregado en autos estipula intereses no previstos en el pagaré, en consecuencia deben tenerse por no escritos conforme lo disponen los arts. 5 y 103 del Decreto-Ley 5965, por lo que no tiene sentido práctico la agregación de la solicitud de crédito mencionada.
Reconocimiento en rueda de personas, aspecto de los integrantes, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: ROBINSON, LUIS. s/ RECONOCIMIENTO EN RUEDA. PRUEBA PERITOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

1) EL RECONOCIMIENTO EN RUEDA no puede ser decidido por el tipo de calzado de los integrantes, pues la analogía en las vestimentas es en cuanto resulta posible y lo que se pretende es que no surjan en la rueda, particularmente en el imputado detalles de tal significación que lo estan marcando; no produciéndose esto por tener distinto tipo de calzado.

2) Si bien las PERITACIONES deben ser realizadas por lo menos por dos expertos, caben excepciones cuando por ejemplo uno solo pudo ser habido y en el comienzo de la investigación, la premura en constatar materialmente la calidad de arma pudo satisfacer la singularidad del perito. Por otra parte en la pericia oficial se deja constancia de la intervención en la tarea pericial de otro perito, y si ello no fue cuestionado en su oportunidad, el planteo de invalidez que efectúa la defensa resulta extemporáneo e injustificado, porque no existe violación de lo prescripto en el art. 323 C.P.C.
Proceso penal, sentencia condenatoria, nulidad procesal, prueba, regla de exclusión, prueba prohibida
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Oddone, Luis Alberto s/ infr. arts. 172 y 173, inc. 7° C.P. (causa n° 8886).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

No corresponde decretar la nulidad de lo actuado si la condena no se basó exclusivamente en el valor probatorio de documentos incautados irregularmente, sino en otras pruebas legalmente obtenidas (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Litisconsorcio, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Braccelarge de Rojas, Liliana Noemí c/ Sosa, Carlos Daniel y otro s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

Tratándose de un litisconsorcio pasivo facultativo, la prescripción sólo debe acogerse en favor de quien la opuso, no beneficiando al otro codemandado.
Acción de amparo, caducidad, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Acebes, Ladislao s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-21

La pérdida de la acción de amparo por el transcurso del plazo de ley, más allá de sancionar la falta de diligencia en la defensa de los propios derechos y garantías de prosapia constitucional, está estrechamente relacionada con la seguridad jurídica, ya que, no produciéndose la impugnación en determinado tiempo, debe estimarse que la relación de que se trata se ha consolidado, por lo que un planteo posterior afectaría a dicha seguridad, representando, esta última, uno de los valores que corresponde sea preservado por quienes asumen la responsabilidad de juzgar.
Cuestiones de competencia, radicación del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Egger Argentina S.A. c/ GCBA - AGIP - DGR s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-22

El límite para la transferencia de expedientes está dado por el principio de radicación, el cual se consolida con el dictado de actos típicamente jurisdiccionales, que son aquellos que importan la decisión de un conflicto mediante la adecuación de las normas aplicables, como resulta característico de la función jurisdiccional encomendada a los jueces; es decir las causas en las que ha recaído un acto jurisdiccional de ese tipo -ya sea que se encuentre firme o no, o que dé por terminado el proceso por alguna de las formas de extinción previstas en la ley-, deben continuar su trámite por ante el juez que lo dictó. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Rufianería, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ MIRANDA, JULIO s/ RUFIANERIA   -  MULTIPLICIDAD  SUJETO  PASIVO  -  ACTIVIDAD  UNITARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-12

Con referencia al acusado de rufianería, el "hacerse mantener" es concepto que evoca la idea de una actividad unitaria, una "unidad de conducción de vida punible", por manera que resulta insusceptible de multiplicarse por el número de meretrices explotadas.
Retiro voluntario, extinción por mutuo acuerdo, homologación del acuerdo laboral, Ministerio de Trabajo, aplicación de la ley, acto administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: MACRINO, RUBEN c/ CASFEC s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-21

Cuando el empleado, agente de CASFEC, en este caso, se acoge al retiro voluntario celebrado un acuerdo con su empleadora ante funcionarios del Ministerio de Trabajo, siendo éste homologado ante otros funcionarios del mismo Ministerio, aunque la figura que se ha creado y desarrollado en base a los arts. 240 o 241 y 15 TORCT ofrezca ciertas dudas en cuanto a su encuadramiento nominal en las figuras jurídicas clásicas, no hay duda alguna de que el resultado se proyecta por un lado sobre la disolución de la relación laboral y por otro sobre el derecho a cobrar una indemnización gratificación o como quiera llamársela- como derivada de esa disolución. El acto jurídico administrativo complejo que se ha usado para producir efectos es válido y goza de presunción de legitimidad porque el art.

15 TORCT prevé expresamente que esa puede ser una de las vías apropiadas para celebrar un acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio y en cuanto a su invalidez total o parcial sólo puede ser cuestionado por las vías previstas por la ley 19549.
Sentencia arbitraria, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLDEVILLA, JUAN AGUSTIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-04-20

La Ley de Contrato de Trabajo impone la solidaridad a las empresas -organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades- que, teniendo una actividad propia, normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otros esa realización de bienes y servicios. Ello debe determinarse en cada caso, atendiendo a las circunstancias particulares acreditadas.

Al rechazar la solidaridad alegada por considerar que la actividad principal de la codemandada era la explotación de pozos gasíferos para su comercialización, habiendo reconocido esa parte que efectuaba distribución y venta de productos, y probado que el actor los llevaba entre ambas sucursales, con un uniforme de la empresa y en un camión de ésta, la sentencia es descalificable por vulnerar la defensa en juicio y el debido proceso al prescindir de prueba conducente.
Medidas cautelares, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: De Leonardis Juan c/ De Leonardis Antonio s/ Exclusión de socio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

Para pedir embargo preventivo tendiente a garantizar la percepción de costas basta que se haya dictado una sentencia que las imponga, sin que ni siquiera sea necesario que se encuentre firme, pues las costas integran la condena y por lo tanto lo dispuesto en el inc. 3 del art. 212 le da suficiente sustento. (Minoría u opinión personal)
Concubinato, sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giudici Eduardo Guillermo c/ Denovi Estela Carmen s/ Disolución de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

El concubinato no determina por sí mismo el surgimiento de una sociedad de hecho y quien alega dicha sociedad debe acreditarla mediante la prueba de aportes en dinero, bines o trabajo personal, seguidos del propósito de correr una suerte económica común.
Supresión del estado civil, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: ALMADA de HAZAN, María Teresa s/ prescripción Causa nro. 28.434
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

Tal como lo ha resuelto esta Cámara en supuestos análogos en relación al delito de alteración y supresión de estado civil de un menor de diez años (art. 139, inc. 2º, del Código Penal), la procedencia de este tipo penal exige el propósito de causar perjuicio para lo cual no basta con la mera ofensa al estado civil, que eventualmente operaría como el medio para perjudicar a la víctima o a un tercero.
Asegurador, tercero citado en garantía, juicio, desistimiento, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: R, R. O. s/ Homicidio culposo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   228-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-23

Opera el fuero de atracción de la quiebra, no obstante el desistimiento de la actora y la falta de citación en garantía de parte de la asegurada (demandada), si ésta se presentó en el juicio cuando dicha intervención ya había sido dispuesta.
Relación de dependencia, prueba, testigos, partes
Materia: LABORAL
Carátula: Sotelo La Cruz, Oscar c/ Frontera S.A.I.C. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-25

Debe revocarse la sentencia de primera instancia en cuanto tiene por acreditada la relación laboral entre las partes. Ello así, ya que ante la manifiesta disparidad entre las versiones brindadas por ambos grupos de testigos parte actora y demandada no queda otra alternativa que prescindir de la prueba testifical. Esta decisión reviste carácter excepcional, sin embargo ésta situación de excepción se da en la especie motivo por el cual no resulta lícito ejercer la facultad que constituye la regla (de optar por dar preferencia a una versión sobre otra contrapuesta). Dicha circunstancia fáctica no torna sin más aplicable la proposición normativa contenida en el art.23 de la ley 20744, toda vez que en el sub discussio no aparece debidamente acreditada la subordinación respecto de la demandada; o mejor dicho si tal hecho de prestación de servicios fue prestado bajo su dependencia jurídica, técnica y económica. Admitir lo contrario, implicaría violentar las reglas de la sana crítica, íntimamente relacionada con la garantía constitucional del debido proceso, al hacerse jugar una presunción legal, no obstante que la prueba aportada para acreditar el hecho de la prestación de servicios en relación de dependencia, no fue lo suficientemente eficaz en el cometido propuesto.
Cheque, firma, razón social, responsabilidad penal
Materia: PENAL - COMERCIAL
Carátula: RAJIL, M.R. s/ CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1962-06-22

No puede sostenerse que el firmante del cheque correspondiente a la razón social girara en libreta ajena con el nombre propio a los fines de eximirlo de responsabilidad penal conforme a la jurisprudencia en vigencia si resulta que tenía registrada su firma en el banco tanto personal como social.

NOTA: Ver ley 16.643, art. 10, inc. 4.
Impuestos, régimen penal tributario, medidas cautelares, embargo
Materia: PENAL
Carátula: EXPTE. 3461 s/ Incidente de apelación promovido por el Dr. Ricardo Juan Alfredo  Cossio Causa 33494
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-21

1- Debe confirmarse la resolución apelada que no hizo lugar al embargo solicitado por la Dirección General Impositiva (D.G.I.) pues si bien el Art. 16 de la ley penal tributaria prevé la solicitud de medidas judiciales de urgencia por parte de la autoridad administrativa, dicha norma no deroga las que rigen respecto a la adopción de medidas precautorias en el proceso penal, por lo que el Juez tiene atribuciones para admitirlas o rechazarlas (Cf. Chiara Díaz, Carlos A., Ley penal tributaria y previsional N° 23771, p. 242: "quedando a las resultas de cada Código de Procedimientos en lo Penal establecer si tal decisión es o no susceptible de impugnación, porque el articulado nada dice sobre el particular y se trata de una materia de índole procesal").- 2- Es aplicable en la causa (en la que no se ha procesado a persona alguna) el Código de procedimientos en materia penal que dispone que el embargo preventivo podrá ser decretado cuando medie una situación de urgencia que lo haga aconsejable a partir del llamado a prestar declaración indagatoria.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vampa, Edmundo Agustín c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Si el actor no percibió en forma simultánea la remuneración del cargo de la Cámara de Senadores con la de Profesor en la escuela de la órbita nacional, ni con ningún otro cargo docente nacional o provincial, la resolución que rechazó el reclamo de incremento del haber sobre la base de los servicios docentes no afectó la proporcionalidad que necesariamente debe existir entre el haber de pasividad y el que le correspondía percibir si estuviera trabajando y tampoco viola los arts. 41 y 77 de la ley 8587.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, apartamiento de la doctrina de la corte, control de constitucionalidad, jueces, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOTTARI, MAURICIO A. c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

Aún si hipotéticamente se entendiera que lo resuelto no se alinea con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Gatarri -hipótesis para la cual debieran dejarse de lado los lineamientos que el Máximo Tribunal nacional sentara con posterioridad en Vizzoti, Aquino y Torrillo-, lo cierto es que tampoco ello resultaría suficiente para lograr la apertura de la presente instancia extraordinaria. Ello así pues la mentada doctrina de leal acatamiento no puede alterar la garantía de imparcialidad y menos aún la independencia -interna- de los jueces, ni incidir negativamente en el sistema de control de constitucionalidad argentino, pudiendo los magistrados apartarse de lo decidido por el Alto Tribunal en caso de modificación normativa, diferente hipótesis fáctica o introducción de nuevos argumentos si encuentran nuevas razones o cuestiones no tratadas por la Corte o, siguiendo lo decidido, dejar a salvo su opinión divergente (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Gatarri, de 1988; Aquino, Fallos 327:3753; Vizzoti, Fallos 327: 3677; Torrillo, Fallos 332:709.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, sentencia, iura novit curia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LERDA, ANDRES BERNARDO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Que el actor no haya reiterado en la instancia judicial la normativa invocada en sede administrativa no implica que el juez "a quo" se extralimite en la sentencia al aplicar aquélla, pues como es sabido, por el principio "iura curia novit" corresponde a éste -y no a las partes- aplicar el derecho al caso concreto.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, actividad normal y específica propia del establecimiento, supermercado
Materia: LABORAL
Carátula: Fraschini, Patricio Oscar c/ Disco S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

En el caso de un empleado de una empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos, que trabajaba como "data entry" para Disco S.A. (esto es, ingresar datos en el sistema informático de esta empresa vinculados con el sistema de puntaje acumulado por compra según el sistema de tarjetas Disco Plus), cabe hacer lugar a la responsabilidad solidaria de Disco S.A. en los términos del art. 30 LCT, por cuanto esta empresa cedió parte de su establecimiento a la empleadora del demandante para la realización de tareas informáticas, las cuales le son imprescindibles y están integradas de modo permanente a su actividad propia y específica como es la venta de mercaderías en los supermercados que explota. Una empresa de tamaña envergadura no podría funcionar eficientemente sin un sistema informático, máxime cuando ofrece a su clientela la llamada tarjeta Disco Plus.
Correo electrónico, agregación de escrito, validez de los actos procesales, debido proceso
Materia: CIVIL
Carátula: Delgado Daniel Roberto c/ Estado Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-04-12

El escrito enviado mediante un correo electrónico que fue impreso y agregado al expediente, carece de valor sustancial, porque no puede certificar una "presentación" que, en propiedad, no ha existido, y ni siquiera puede identificarse con una nota de recepción, violentando la certeza que el debido proceso exige como presupuesto y que la ley adjetiva tiene como finalidad garantizar, máxime si se desconoce quién tomó a su cargo la impresión de la comunicación y su incorporación al expediente.
Demanda, ampliación de la demanda, litisconsorcio pasivo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Birencwajg Adrián Edgardo c/ Telearte S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

No procede la ampliación de la demanda, a los fines de ampliar los términos de la litis, si una de las codemandadas ya había sido notificada y contestado la acción. En este sentido, se aprecia que el art. 70 L.O. -según texto ley 24.635- es muy preciso al fijar un límite temporal para el ejercicio de la facultad en examen: "El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada...". Y ante el argumento del actor en el sentido de que la modificación que pretendía involucraba únicamente a la acción dirigida contra la codemandada que no se encontraba notificada al momento en que formuló la petición, cabe sostener que la CNAT, en uso de la atribución conferida por el art. 23 in fine de la L.O., dictó la resolución 18/97 interpretativa de las previsiones de la ley 24.635, mediante la cual textualmente se estableció que "Art. 10: La modificación de la demanda en los términos del artículo 70 del procedimiento laboral, reformado por el artículo 39 de la ley 24.635, podrá hacerse hasta el momento en que la notificación del traslado llegue a poder de alguno de los demandados...". Así quedó fuera de discusión que, en supuestos de litisconsorcio pasivo, la modificación de la demanda únicamente puede tener lugar antes de que alguno de los codemandados sea notificado del traslado. Toq. 1236.
Prueba documental, certificación bancaria, valor probatorio, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEL, ALBERTO c/ BARBARELLA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

La certificación bancaria puede tener virtualidad en los usos comerciales, pero como no emana de un funcionario ni escribano público y no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 979 del C Civil es insuficiente para conferir autenticidad al contenido del documento, siendo menester el reconocimiento judicial o la demostración en juicio, art. 1026 del C.Civil.
Recursos, admisibilidad del recurso, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CHACA, Eduardo M. c/ E.N. s/ RETIRO MILITAR"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

La carga de acreditar las condiciones de admisibilidad de los recursos corresponde a quién los acredita y éstas deben cumplirse al deducirlos (confr. C.S.J.N., Fallos, 307:634 y 670; esta Sala in re "Serafini", del 19-5-87; "E.N. c/ Steffanoni García", del 18-8-88;

"Danieletto y Allerand", del 24-8-88).
Responsabilidad solidaria, empresa de limpieza, subcontratación laboral, establecimientos asistenciales
Materia: LABORAL
Carátula: Ilyushchenko, Antonina c/ Paradisus SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-31

Si bien la finalidad de la clínica en la que prestaba labores de limpieza la actora es la de curar y dar atención médica a sus pacientes, no puede dejar de advertirse que para que ese servicio pueda cumplirse en debida forma, es necesario un ambiente de asepsia que resulta inesdindible, por lo que las tareas de limpieza e higiene se constituyen en normales y propias del establecimiento, pues de lo contrario resultaría contradictorio aceptar que un nosocomio brinde un servicio de salud y no esté obligado a realizarlo dentro de un ambiente acorde con dicha finalidad. Así, dichas actividades importaron una cesión parcial de una actividad normal y específica propia de la clínica codemandada, por lo que corresponde responsabilizarla en los términos del art. 30 LCT