marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reconocimiento en rueda de personas, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Carlos Manuel s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-12-31

Los reconocimientos anulados por haber observado los testigos la noticia a que alude el ejemplar de "Crónica" del 30 de Julio de 1976, en la que aparece individualizado el imputado, están al margen de cualquier defecto formal en los respectivos actos procesales.

El resultado de una anomalía como la que se menciona no es un defecto formal del acto. Hace a sus esencias como entidad probatoria por el camino de la "sana crítica", porque, en efecto, reconocimientos de este jaez son sospechosos de haber sido influenciados por la noticia conocida previamente.-
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonini y Cía. Construcciones S.C. c/ Municipalidad de San Pedro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

En los casos de una demora impuesta por la Administración en la ejecución de obra, con la consiguiente extensión del plazo contractual, ésta no puede soslayar las consecuencias económicas del reconocimiento formal de la mora no imputable, toda vez que procedió consecuentemente a la extensión del plazo contractual.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Oswald,  Victoria  María  y  otros c/ Lalor  S.A. ConsignatariaMandataria y Financiera. s/ notificacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

El planteo atinente a la notificación tácita no cumple el requisito de fundamentación autónoma si el escrito recursivo no contiene un relato adecuado de los antecedentes de la causa al respecto y obliga a la lectura del expediente para una cabal comprensión del asunto.
Traslado de jueces, jueces naturales, independencia del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

Tratándose el tema de traslado de magistrados una cuestión que viene de lejos en el tiempo y con creciente tendencia a expandirse, lo justo es que se evite que al resolver la causa se consolide un problema mayor, que no es solamente interno y cuantitativo, relativo al número de magistrados trasladados, sino también externo y cualitativo, en tanto se vincula con la garantía del juez natural y la justicia independiente y no se trata de una preocupación corporativa, sino de un problema sistémico que compromete a cláusulas de las llamadas parte dogmática y parte orgánica de la Constitución Nacional, en tanto afecta a la garantía del derecho a la jurisdicción (art. 18) y a la conformación de uno de los poderes del Estado (arts. 94, inc. 4 y 114 incs. 1 y 2).
Contravenciones de juego, penas contravencionales, clausura del establecimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. de Bs. As. c/ M, S. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-22

Es improcedente aplicar la pena de clausura por la comisión de la contravención prevista en el artículo 2 de la Ley Nro. 255, atento no resultar la imputada, en la actualidad, ni propietaria ni titular del local del que se valiera para cometer la contravención. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión del Dr. Dessanti)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ALFANI, VICTOR H. c/ CIA. MINERA SAN LUIS Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  269 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

No pueden receptarse como agravio constitucional las quejas sustentadas en el supuesto soslayamiento de antecedentes del mismo Tribunal en el que incurriera el Sentenciante. Es que, más allá de los cambios que pudiera haber sufrido la integración del Tribunal, lo cierto es que, tal como tiene dicho esta Corte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el alegado supuesto no configura "per se" arbitrariedad, pues tal doctrina "no cubre el alegado apartamiento de precedentes jurisprudenciales, aunque hayan provenido del mismo Tribunal", predicándose lo propio respecto de pronunciamientos de otros tribunales.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, cuestiones de competencia, privación de justicia, avocación jurisdiccional
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA  ORIGINARIAMENTE  INSTRUIDA  POR EL CONSEJO SUPREMO DE LAS  F.A.  EN CUMPLIMIENTO DEL DEC. NRO. 158/83 DEL P.E.N
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

Las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas, ni pueden ser equiparadas a ellas -en los términos del art. 14 de la ley 48- en tanto medie denegación del fuero federal o una efectiva privación de justicia, y la ausencia de sentencia definitiva que inspira dicho principio y no puede suplirse aunque se invoque la la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales. La circunstancia de que en el caso no se trate específicamente de una cuestión de competencia sino de la avocación por el tribunal de alzada de la causa que estaba a conocimiento del inferior no es suficiente para apartarse de esos principios, ya que no se advierte que ello produzca para los recurrentes perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior, ya que en caso de producirse agravios constitucionales en la tramitación o decisión del proceso, la Corte podrá entrar a conocer de ellos si se dedujere el recurso extraordinario federal contra la sentencia definitiva (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Expropiación, indemnización expropiatoria
Materia: CIVIL
Carátula: GRANDINETTI, JOSE LUIS c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION IRREGULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

Del juego de los arts. 10, 13 y 54 de la ley 21.499, surge que no cabe distinguir a los efectos resarcitorios entre una expropiación voluntariamente celebrada entre las partes y la que se resuelva por ante los estrados judiciales, por lo que corresponde el reconocimiento del incremento del 10% (art. 13 de la ley cit.) por todo concepto como correspondientes a los daños que sean consecuencia directa de la expropiación.
Protección de consumidores y usuarios, productor asesor de seguros, daños y perjuicios
Materia: INFORMATICO-LABORAL-CIVIL
Carátula: Sánchez, Hugo Daniel c/ Díaz, Daniel Horacio  s/ Ordinario Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-25

Los proveedores de bienes y servicios en general, y en particular los productores de seguros y compañías aseguradoras, tienen del deber de información, debiendo cumplir cabalmente con el art. 4 de la Ley 24.240.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garritano, Julio c/ Pacha, Néstor Raúl y otros s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

No negada la calidad de locatarios y fiadores por parte de los excepcionantes, si el contrato de locación fue suscripto con el actor a quien ahora se le desconoce legitimación para accionar, no procede la excepción de inhabilidad de título
Personal municipal, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lachner Alberto c/ Municipio de Morón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La omisión del traslado para que el sumariado formule su alegato no causa agravio constitucional cuando aquél formuló su descargo sin ofrecer prueba alguna en apoyo de sus alegaciones.
Lesiones culposas, responsabilidad médica, negligencia, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: SALOMON, Fernando y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

En los delitos imprudentes, para afirmar la tipicidad de la conducta, resulta necesario comprobar la violación a un deber objetivo de cuidado y la vinculación (normativa) entre esa violación al deber y el resultado, es decir, la conexión de antijuricidad.

Si del peritaje se desprende que la actuación profesional de los imputados se realizó conforme a las reglas médicas aplicables para el caso, mal podría afirmarse la existencia de un riesgo no permitido y, en consecuencia, si el actuar de los imputados se mantuvo dentro de los límites del riesgo propio de ese tipo de intervenciones, no podría atribuírseles responsabilidad penal. Ello, máxime cuando la mínima variación estética que sufrió el damnificado en el dorso nasal fue una consecuencia colateral deeste tipo de intervenciones quirúrgicas que aún cuando pueden preverse no pueden evitarse y, por lo tanto, forman parte de los riesgos normales de este tipo de actividad. Razón por la cual lo ocurrido no fue fruto de un actuar negligente por parte de los imputados sino, antes bien, un riesgo propio de la actuación médica, la cual es de medios y no de resultados.

Por ello,corresponde confirmar el sobreseimiento de los imputados.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ledesma,  Luis c/ Santiago  del Estero, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Quedan excluidos de la competencia originaria de la Corte Suprema todos aquellos casos en que se pretenda imputar responsabilidad patrimonial a una provincia por los daños y perjuicios que invoquen sufrir los ciudadanos de otro Estado local, o un extranjero, por la actuación o por la omisión de los órganos estatales en el ejercicio imperativo de sus funciones administrativas, legislativas o jurisdiccionales, entendidas todas ellas como una "potestad pública" propia del estado de derecho, más allá de que resultaren exclusivas o concurrentes con las correspondientes a las autoridades federales; materia cuya regulación corresponde al campo del derecho público local y de resorte exclusivo, en la medida indicada, de los gobiernos locales con arreglo a lo dispuesto por los arts. 121 y concordantes de la Constitución Nacional; y que encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado.
Cuestiones de competencia, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, MARIO ALBERTO c/ UBA - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-09

La acción de amparo no puede ser utilizada para sustraer la cuestión debatida del conocimiento de la autoridad competente en el caso el consejo directivo de la UBA, organismo éste ante el cual se encuentra en plena sustanciación, el último de los remedios adjetivos administrativos intentados por quien aquí promueve el amparo.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Martiarena, Héctor A. s/ Robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-05

No existen en el tipo penal del art. 166 inc. 2 elementos normativos que autoricen a interpretar que no constituye verdadera arma la que se encuentra en circunstancial incapacidad funcional. La certeza de que el arma funcione y que esté cargada no son condiciones que aparezcan legalmente impuestas como requisito de validez de un juicio afirmativo del empleo de armas a los fines de la configuración del supuesto art. 166 inc. 2 del Código Penal (del voto del doctor de Lázzari). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, nombramiento, Ferrocarriles Argentinos, contrato de trabajo, ley vigente, Derecho administrativo, indemnización
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: WALTER ABEL BEIRAL c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DESPIDO.    EMPLEADOS PUBLICOS.    INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Al tratarse en el sub examine -en el que se hizo lugar al pago de las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo por entender que el dependiente no se hallaba encuadrado en el régimen de la ley 21.580, habida cuenta que su disponibilidad fue notificada cuando ya había dejado de tener vigencia temporal dicha norma- de una atribución reconocida por una ley federal, que instrumentaba un sistema de reordenamiento administrativo otorgando al órgano empresario facultades exorbitantes del derecho privado, su aplicación al caso debe regirse por los principios de derecho administrativo aunque se invoque la naturaleza común de la relación laboral.
Actividad normal y específica propia del establecimiento, ley de contrato de trabajo, apreciación de la prueba, relación de dependencia, obligaciones solidarias, subcontratación laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Avero Margarita Viviana  c/ Aguilar Mónica Maria Alejandra y otros  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-20

Considero que Rotonda Group S.A. es solidariamente responsable en los términos que el precitado art. 30 in fine, prevé para el segundo supuesto de solidaridad, esto es, ante la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia de su establecimiento. El precepto regula dos situaciones bien diferenciadas en la cuales la responsabilidad del deudor directo (el empleador real) se debe extender en forma solidaria al deudor vicario (el cedente o contratista). La primera de ellas, se configura cuando el titular del establecimiento o explotación habilitado a su nombre cede -total o parcialmente- el mismo al empleador real. El segundo supuesto -que es el que interesa a los fines de dar solución al caso de marras-, contempla la situación del titular del establecimiento o explotación habilitado a su nombre que contrata o subcontrata trabajos o servicios inherentes a la actividad normal y específica propia del establecimiento de aquél. Es que más allá de las dificultades interpretativas que ha acarreado el art. 30 de la LCT a lo largo de su existencia, existe consenso en que la actividad "normal y específica" es la habitual y permanente del establecimiento. Es la referida al proceso normal de producción de bienes o servicios y resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares (Voto Stettler, en disidencia. Minoría)
Daños y perjuicios, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO RAUL O. c/ COLOMBO HECTOR F. Y/U OTRA s/ DIFERENCIA SUELDOS Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-17

El fuero laboral es competente para entender en causas entre trabajadores y empleados relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común y, consecuentemente, no se podrá aducir que carezca de competencia el sentenciante de primera instancia, so pretexto de que los supuestos daños acontecieran luego del despido y se endilgue la responsabilidad sobre ellos al trabajador en su calidad de "intruso", cuando precisamente no puede asignarse tal carácter si la permanencia del mismo en el inmueble se origina como consecuencia de un contrato de trabajo en virtud del cual le otorgaran el uso de la vivienda; y los supuestos daños y perjuicios se habrían originado en el incumplimiento del trabajador con su obligación contractual.
Intereses, intereses moratorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASIRAGHI HNOS.  S.A. c/ NESTOR GODOY s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-09

Si la base de la pretensión esgrimida son intereses moratorios es obvio que ellos sólo pueden correr hasta que su fuente productora se ha extinguido por el pago, pero ocurrido éste los réditos insolutos reclamados en la nota de débito asumen carácter autónomo y no accesorios del capital, por cuyo motivo pueden generar nuevos intereses de producirse la mora del obligado.
Prisión preventiva, plazo máximo, prórroga del plazo, contrabando de automotores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTIRE, GENARO. s/ Contrabando, contralor de prisión preventiva conforme lo dispuesto por el art. 1 de la ley 24390.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-01-27

El plazo máximo de dos años por el cual una persona puede ser privada de su libertad sin que se haya dictado sentencia condenatoria en su contra puede ser prorrogado por un año con base en la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa (Art. 1, Ley 24390, modif. por Ley 25430, que reglamenta al Art. 7, p. 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), y en tanto el imputado se encuentra procesado por integrar una organización destinada a la obtención y/o sustracción de automóviles para trasladarlos a otro país mediante la utilización de documentación adulterada, habiendo participado en tres de los quince hechos calificados como contrabando de exportación, se advierte en el caso la magnitud de los hechos investigados que, por su naturaleza, resultan de difícil acreditación - tanto su existencia como los responsables de su comisión -, y tales circunstancias justifican la demora en la tramitación del expediente y habilitan la prórroga de la prisión preventiva a la cual se encuentra sometido el imputado, sin perjuicio de que, habiendo dispuesto el juez elevar la causa a juicio respecto de aquél, el plazo de un año de prórroga resulta excesivo, debiendo reducírselo a un mes.
Calumnias, injurias, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ACUÑA,  CARLOS  M.,  TORLASCO,  JORGE  E. EN REP. DE DAZAY, CARLOS A. s/ QUERELLA POR CALUMNIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

Corresponde al agraviado demostrar que el delito de acción pública que le fue atribuido constituye una falsedad. Ello es así, aun cuando el querellado no evidenció actividad encaminada a probar la realidad de lo que afirmara. Por pertenecer la falsedad de la imputación al tipo de calumnia, debe inexorablemente ser acreditada, no siéndole eximido al querellante la demostración de tal extremo por la legislación penal.
Asociaciones sindicales, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-09

Al denegar una garantía expresamente reconocida por la Constitución a un gremio para asegurar la exclusividad de otro se ha ocasionado un severo agravio al principio que asegura el derecho a una organización sindical libre y democrática, por lo que cabe concluir que la preexistencia de un sindicato con personería gremial de primer grado en el ámbito laboral donde se desempeñan los trabajadores de la actividad que la federación de la cual la actora es miembro también representa, no puede constituir un motivo válido en términos constitucionales para privar de la protección especial establecida en el art. 52 de la ley 23.551 a una de sus dirigentes (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Inconstitucionalidad, caja notarial, escribanos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GASSMAN JOSE c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ INCONSTITUCIONALIDAD-COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1987-07-10

Si del análisis del artículo 16 de la Ley Nro. 5574 surge que no establece un sistema jubilatorio determinado para los escribanos que viole la Constitución Provincial, ya que aquél sólo autoriza a la Asamblea del Colegio de Escribanos de Entre Ríos a resolver el monto de las prestaciones y otros beneficios, sus características y modalidades, es decir faculta a la misma a determinar un sistema jubilatorio y la circunstancia de que esta norma haya derogado la anterior redacción que consignaba el sistema proporcional, no significa que tal sistema se encuentre prohibido, pues nada obsta a que la Asamblea, determine tal modalidad cuando las condiciones económicas o las circunstancias de la Caja así lo permitan . Y teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Constitución Provincial, al disponer el sistema de proporcionalidad entre aportes y beneficios lo refiere a los funcionarios y empleados permanentes provinciales y municipales; siendo el notario figura distinta a la del funcionario público y a la del profesional del derecho tomados estos dos en su concepto puro, cabe concluír que debe acogerse el recurso de apelación interpuesto revocando la sentencia dictada en cuanto declara la inconstitucionalidad del precepto normativo en cuestión
Defraudación, fraude a la Administración Pública, falsificación de instrumento privado, tentativa inidónea
Materia: PENAL
Carátula: DE BENEDETTI, Silvina Alejandra. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-12

La adulteración del certificado médico realizado por la incusa, descarta la aplicación la tentativa inidónea, art. 44, C.P., pues las grafías incorporadas, independientemente de la falta de ortografía, consignada al escribir la palabra "doce" con "s", aparece como apta para producir el fin perseguido, enmarcando dicho accionar en la previsión contenida en el art. 292, inc. 5°, C.P.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, Poder Judicial, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

La autorización de las copias que el Juez ordena dejar en el expediente no es actuación judicial que -como una audiencia, una inspección o una diligencia- deba llevar, para su validez (artículo 49 Código Procesal Civil y Comercial), la certificación o fedatamiento del Actuario, Oficial de Justicia, empleado notificador, etc., sino una mera actuación procesal que no conlleva a fortiori, la nulidad. Aquéllas podrán ser nulas si les falta la firma del actuario; éstas -las de incorporación- deberán ser subsanadas en caso de defecto u omisión, y podrán ser pasibles de consecuencias de otro tipo (sanciones, multas, carga de costas, etc.) pero no determinan, en principio, la nulidad de los demás actos del proceso.

(Del Voto del Dr. Luppi). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Simulación, prueba, pacto de retroventa, contradocumento, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEFARATTI, ABDUL O. c/ TRITUMOL SA s/ QUIEBRA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Si bien el "pacto de retroventa" suscripto por las partes no tiene per se el carácter de un "contra documento", ello no impide que pueda ser considerado como un indicio más de la existencia de simulación, incluso con el alcance de principio de prueba por escrito del acuerdo simulatorio. Voto del Dr. Monti.