Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1908-02-18


Sentencia del Juez Federal:

La Plata, noviembre 8 de 1906.

Considerando: 1º Que en el juicio verbal a que fueron convocadas las partes con arreglo al art. 6º de la ley de expropiación de bienes de 1866, reglamentaria del art. 17 de la Constitución Nacional, la señora Bustos de Silva, dedujo contra el auto de foja 7 vuelta, el cual acordó la ocupación provisoria, del terreno a expropiarse (no la sentencia como equivocadamente la llama), los recursos de reposición y apelación en subsidio, de nulidad del auto, así como el de nulidad de todo lo actuado.

2º Que argumentando sobre este último, ha involucrado no sólo una incidencia de inconstitucionalidad del art. 1º de la ley citada, sino una de incompetencia de jurisdicción, que es de resolución previa, ya que la jurisdicción federal es esencialmente restrictiva y su incompetencia debe ser declarada aun de oficio, en cualquier estado de la causa que ella aparezca.

3º Que la competencia del juzgado, es objetada a mérito de no tener el Congreso, facultad para autorizar a una compañía particular a expropiar tierras dentro del territorio de la provincia, (tesis que no es exacta como se verá más adelante) ni el proveyente "jurisdicción para esas expropiaciones, en que se ejercita un atributo de la soberanía provincial, comprendida en el dominio eminente"...

Se padece un error. La jurisdicción del infrascripto es evidente, si se tiene en cuenta que según el art. 100 de la Constitución, le corresponde el conocimiento y decisión de todas las causas, que versen sobre puntos regidos por ella y por las leyes del Congreso, como es la ley especial número 4417, autorizando a la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia para construir una línea férrea de trocha angosta, ley que no ha sido objetada de inconstitucionalidad y que por lo tanto, mantiene toda su integridad.

4º Que en cuanto al recurso de reposición, se funda en que el infrascripto, ha "declarado" urgente la construcción de la vía, siendo así, que la ley de concesión referida no le ha atribuido ese carácter, y además en que no se ha procedido estrictamente en orden al procedimiento establecido, en el art. 4º de la ley de expropiación de bienes, pues aún en el caso de urgencia y aunque el "trámite poco vale" debe hacerse saber al expropiado el precio ofrecido, recibiéndosele una manifestación al respecto autorizándose la ocupación provisoria cuando el precio no es aceptado.

5º Que si bien, según el artículo citado, la expropiación no se perfecciona mientras no haya sido entregado o judicialmente consignado el precio, o la indemnización sin embargo, en caso de "urgencia" habrá derecho a la ocupación, desde que el expropiante consigne a disposición del propietario, el precio ofrecido y no aceptado.

El juzgado, al autorizar la ocupación, ha tenido precisamente en cuenta la urgencia de la obra pública, cuya construcción fue concedida a la Compañía General de Ferrocarriles, urgencia que está declarada implícitamente en el contexto de la ley referente y particularmente en el art. 4º, el cual señala términos perentorios para la ejecución de las obras. El juzgado no ha hecho tal declaración de urgencia, ni tampoco ha podido hacerla, porque una declaración semejante, no era de su incumbencia.

Al efectuarlo así, ha seguido la práctica uniforme de los tribunales judiciales de la Nación, práctica que ha sido una vez más sancionada por la Suprema Corte, en un caso de igual naturaleza que se registra en el t. 82, p. 89.

La circunstancia, dice la Corte, de deber ser construida y estar terminada la vía dentro de diez meses, demuestra, que sin la posesión provisoria la obra no puede terminarse en el plazo fijado.

El procedimiento observado ha sido correcto y no contra derecho, pues el art. 4º de la ley de expropiación de bienes, no preceptúa que deba oírse al propietario en la emergencia en "trámite que tan poco vale", como dice acertadamente la recurrente y ya que según su art. 6º, el verdadero juicio de expropiación comienza recién, cuando, no habiendo avenimiento, se procede verbal y sumariamente a decidir la diferencia sobre el precio, con el mérito de los informes de peritos que las partes nombren para apoyar sus pretensiones.

6º Que haciendo aplicación de estos principios, la Excelentísima Cámara, confirmando un auto del proveyente en un caso análogo (tomo 3º, página 379) dice: "Que, comprobado así, que no hay ley ni doctrina que obligue a los jueces a apreciar la urgencia de la aplicación actual de las leyes de expropiación, los que deben solamente cuidar que se ejecuten sin menoscabo de los derechos individuales, en virtud de jurisdicción preexistente que tales leyes no modifican, veamos si en el caso apelado se ha falseado la ley en perjuicio del recurrente".

La desposesión la ordena el poder legislativo y el poder administrador la cumple. El poder judicial rige los casos, en que el poder ejecutivo no ha podido por actos directos obtener la propiedad. En estos casos, procede una serie de actos judiciales simples y llanos que, en su forma principal, constituye un juicio sumarísimo. No hay otras formas que las que estatuye la ley: ésta previene en el art. 4º "que la expropiación no se perfecciona mientras no haya sido entregado o Judicialmente consignado el precio o indemnización; esto es derecho común y no contiene una separación de los principios generales. Pero, siguiendo la índole de estos hechos, los trámites pueden entorpecerla, inmediata consecuencia de los fines de interés público que determina la expropiación, y entonces viene la previsión de la ley que, sin menoscabo del derecho particular, autoriza la inmediata ocupación. En caso de urgencia habrá derecho a la ocupación, desde que el poder ejecutivo consigne a disposición del propietario, el precio ofrecido y no aceptado, quedando ambos obligados a las resultas del juicio. En esta disposición se basa el auto reclamado y no hay razón ni motivo para presentar la resolución como un "agravio", como un acto arbitrario.

"Indudablemente que la desposesión no puede, por regla general, ser un acto agradable ni inofensivo; es por su excepcionabilidad, odioso; pero si es así, no puede considerarse como contrario a todo derecho. Siempre la ley consulta propósitos de equidad y el particular que, rehusando la indemnización que se le ofrece, no puede detener la obra de interés general que se tiene en mira, ni retardarla; debe reconocer que el interés publico que determina su separación de la propiedad que conservaba, obliga asimismo a poner en práctica una medida legislativa, que concilie su derecho con el interés público. De este modo la consignación y declaración del Poder Ejecutivo de que la obra no admite dilación, autorizan su ejecución, a la vez que salvan la prometida indemnización, cuando se hayan llenado los trámites para establecerla definitivamente.

"De este modo, la disposición del art. 4º citado, ha sido siempre aplicable en los innumerables casos de ejecución de trabajos de utilidad general y su ejecución no afecta la inviolabilidad del derecho privado".

"Que tampoco es en estos casos de atribución judicial, la determinación de la urgencia que, como se ha expresado antes, es atribución del Poder Ejecutivo o Legislativo, que generalmente está implicada en todas las obras de utilidad que se ordenan, como se ha dicho, en vista de una necesidad o conveniencia, de antemano reconocida y declarada; queda, entonces, al juez conocer y decidir en el juicio sumario, de la 'extensión' y 'cuantía' en que debe fijarse la indemnización, para lo que el expropiado tiene el derecho y la oportunidad de hacer reconocer y apreciar los perjuicios irrogados, tanto por la desapropiación, como por la desposesión prematura, como lo establece el art. 16 de la ley".

"La indemnización previa, estatuida por la ley fundamental y el Código Civil, subsiste y se hace efectiva; porque, como lo dice la misma ley, 'no se perfecciona la expropiación, sino por la entrega o consignación judicial del precio o la indemnización'". Es en la interpretación errónea de estas palabras que se funda el recurso, que, ante el concepto de la ley y de la doctrina, no puede prosperar.

"Una vez hecha la consignación del precio, comienza el derecho del expropiante; primero a la ocupación, y luego, fijado definitivamente el precio, tiene lugar la transferencia del dominio. Si el precio que el expropiante consigna, a los efectos de la ocupación provisional, no es suficiente, tiene que ampliarlo y el recargo de las costas, art. 18 Laurent, citado por Llerena, dice: La Constitución y el código Civil, (art. 545, Código Francés), quieren que la indemnización sea justa y previa: los magistrados vigilarán que sea justa, y es previa en el sentido que debe ser pagada antes de tomar posesión". Llerena, Concordancia, página 305 del tomo 7º...

7º Que no siendo, pues, arbitrario el auto recurrido, como dice la Excma. Cámara, no procede la reposición solicitada, pero como él causa, sin embargo, gravamen irreparable, como lo ha declarado la Suprema Corte y la Excma. Cámara (tomo 2º, página 261) procede se acuerde en relación, (Suprema Corte, tomo 65, página 202) la apelación interpuesta subsidiariamente.

8º Que el recurso de nulidad del auto, se funda en que no puede clasificarse de urgente, una obra que no tiene ese carácter por la ley de concesión, careciendo el juzgado, por consiguiente, de la facultad y atribución para hacer la declaración, la cual, por otra parte, se encuentra en contradicción con los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional que declaran la inviolabilidad de la propiedad y la de la defensa en juicio de los derechos.

Es obvia la improcedencia de este recurso, porque además de lo anteriormente expuesto, él no procede cuando los fundamentos que se dan para apoyarlo, sólo se refieren a la injusticia intrínseca de la sentencia, como resulta ser el argumento sacado de la ley especial de la concesión y el sacado del art. 17 de la Constitución, que pueden servir a los fines de la apelación, pero no para apoyar un recurso de nulidad.

Así lo establece el art. 233 de la ley de procedimientos federales, cuando preceptúa que tiene lugar el recurso de nulidad, contra las sentencias dadas con violación de la forma y "solemnidad" que prescriben las leyes o en virtud de un procedimiento "en que se haya incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición de derecho anulasen las actuaciones".

9º Que por lo que hace al argumento basado en el art. 18 de la Constitución, argumento que podría servir a los fines de la nulidad, puesto que se arguye violación del principio de la defensa en juicio de los derechos, esto es, injusticia extrínseca por no haberse oído a la recurrente en el pedido de posesión provisoria, hay que hacer notar que en la audiencia de juicio verbal se le notificó el auto de la referencia y que esta era la oportunidad legal de hacerlo, pues, como ya se ha dicho, el juicio de expropiaciones, recién comienza cuando se convoca a las partes al juicio breve y sumario, en el que debe oírseles con respecto al precio y a todos las demás defensas que respectivamente puedan exponer.

10. Que el recurso de nulidad de todo lo actuado, se funda en que si el "Congreso tiene facultades para autorizar a una compañía particular a expropiar tierras dentro del territorio de la provincia, ni el juzgado jurisdicción para esas expropiaciones, en que se ejercita un atributo de la soberanía provincial, comprendida en el dominio eminente, que no corresponde al estado nacional".

En los Estados Unidos, según la recurrente, "el gobierno nacional no puede autorizar, ni autoriza la expropiación, dentro del territorio de los Estados y las concesiones que hace de ferrocarriles, que cruzan por dos o más estados de la Unión no comprende el trazado de una línea, que pueda afectar y perjudicar los intereses del Estado Federal de tal forma, que hecha la concesión por el gobierno Nacional, el concesionario debe obtener del gobierno del estado, el trazado de la línea y la autorización para expropiar.

"Del dominio eminente, continúa, deriva el poder de establecer impuestos y el de expropiar y si con arreglo a la buena doctrina, el Gobierno Nacional, no puede establecer impuestos territoriales en la provincia, tampoco puede expropiar y por consiguiente, el art. 1º de la ley de expropiación de 1866 que lo autoriza dentro de la provincia, es 'inconstitucional' y así pide se declare".

Si los tribunales, agrega, por medio de un fallo en este asunto, consagraran el dominio eminente de la provincia, se impediría para siempre, que los intereses de un estado particular o sea el colectivo de sus habitantes, sufra menoscabo en beneficio de los intereses particulares de una empresa, a quien la provincia niega una concesión por esa causa, y el Congreso Nacional se la concede haciendo ostentación de su prepotencia".

"Si el soberano territorial es la provincia, y si la expropiación es un atributo de la soberanía, la empresa demandante no podría expropiar, sino en nombre de la provincia y por consiguiente el ejercicio de esa acción, no podría hacerse valer ante el Juzgado Federal sino ante los jueces provinciales".

Y concluye con este argumento ab terrorem. "Mientras tanto, en el hecho son los concesionarios del Gobierno nacional, generalmente extranjeros, los que por delegación, valiéndose del Juzgado Federal, ejecutan en el territorio de la provincia un acto repugnante a la soberanía de éste".

11. Que estrictamente y a estar a los fundamentos aducidos, tampoco es procedente este recurso de nulidad, porque no se aducen consideraciones demostrativas de haberse violado el procedimiento legal y por que en el fondo lo que se pretende fundar es la incompetencia de jurisdicción del infrascripto para conocer en este juicio. Pero como también se aduce de inconstitucionalidad del art. 1º de la ley de expropiación de bienes, reglamentaria del art. 18 de la Constitución, el juzgado estima pertinente examinar si en efecto el Gobierno Nacional, carece de jurisdicción para contratar la construcción de ferrocarriles, en el territorio de la República, con prescindencia de los poderes locales.

12. Que la facultad del Congreso para acordar esas construcciones destinadas a unir las provincias con la capital federal y por ende la de expropiar, para el efecto las tierras del dominio provincial y la de los particulares, no es dudosa.

Corresponde al Congreso, según el art. 67, inc. 16 de la Constitución Nacional "proveer lo concerniente a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de todas las provincias... promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles... la importación de capitales extranjeros... por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo"...

A ese efecto está armado del derecho, según el inc. 28, de "hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes", inciso concordante con la cláusula 18 de la Constitución Norteamericana, que ha dado nacimiento a la teoría de los poderes implícitos, cuestión siempre debatida por los constitucionalistas de aquel país y de esta República.

No puede negarse que la construcción de ferrocarriles, es una de las obras más apropiadas para promover el adelanto y bienestar del país. El establecimiento y acrecentamiento de los medios de transporte, continúa siendo en la actualidad como lo era antes, un problema de vital importancia, de cuya resolución depende el progreso material, fuente de bienestar general.

Si el Congreso tiene, pues, la obligación de desarrollar el adelanto y bienestar de las provincias, fomentando a la industria y la construcción de ferrocarriles, sin duda ninguna, tiene, y la Constitución ha entendido darle, todos los poderes incidentales, para poner en movimiento el primero, porque "la soberanía del Congreso aunque limitada a objetos especificados es plenaria, en cuanto a esos efectos (Decisiones Constitucionales Orlando Bung 80) y porque, la Constitución debe ser interpretada, de la manera que mejor promueva los grandes objetos para que fue hecha, cuyo fin se conseguirá, mejor evitando los extremos en las reglas de interpretación y teniendo en vista firmemente, los propósitos para los cuáles fue instituida". (Decisión 2.a).

No fue seguramente, la mente de los constituyentes, como supone la recurrente, supeditar los poderes del Congreso en materia de tan vital importancia, como la construcción de ferrocarriles a la buena voluntad, a la incuria, o a la falta de recursos de los "estados, porque los poderes confiados por la Constitución al gobierno general, para ser ejercida en beneficio de todos los estados, no deben ser nulidificados, por astutas argumentaciones verbales, sin consideración por el grande objeto y fin del instrumento y de los principios en que está basada" (Decisión 193).

Calley, citado por el doctor González en la Cámara de Diputados, refiriéndose a la cláusula 18 de la Constitución (nuestro inc. 28 del art. 67, dice): "El significado de esta cláusula, es que el Congreso, tendrá todos los poderes incidentales necesarios y apropiados, para poner en ejecución todos los poderes que le han sido concedidos.

"Ella no extiende, ni limita ningún poder expresamente concedido, ni es la atribución de una nueva facultad al Congreso, sino una simple declaración para resolver toda incertidumbre sin esta y otras facultades incidentales semejantes, el gobierno se hallaría en absoluto privado, de los medios de perpetuar su existencia, como ocurrió a la Confederación". Y concluye: "En cuanto a la necesidad el Congreso es el juez exclusivo respecto de lo que es necesario y apropiado, cuando los medios elegidos son conducentes al fin propuesto y no están expresamente prohibidos".

13. Que sí es cierto, que la facultad de construir ferrocarriles en todo el territorio de la República por parte del gobierno federal es concurrente, con la de las provincias, según el art. 107 de la Constitución Nacional, esta concurrencia no obsta al ejercicio pleno del poder por parte del primero, siempre que los ferrocarriles estén destinados a unir las provincias entre sí o con la capital federal, porque la esfera de acción de las segundas, está limitada a la construcción de ferrocarriles puramente locales, a objeto de servir su comercio interno. Desde el momento en que este punto de conexión se produce, dice, el doctor Joaquín V. González, "se pone en contacto la jurisdicción provincial con la nacional y no habrá un criterio desapasionado y sereno, que en este caso, opte por la jurisdicción de una sola provincia, en oposición a la jurisdicción de la Nación y de todas las demás que están interesadas en mantener su soberanía".

"Para decidir -dice la Suprema Corte (t. 18, serie 4.a, p. 236)- la línea que separa las facultades del gobierno federal, de los derechos privativos de las provincias, es indispensable estudiar la naturaleza misma y la estructura de las instituciones argentinas".

"Si bien es cierto que hemos adoptado un gobierno que encontramos funcionando, cuyos antecedentes y cuya jurisprudencia deben servirnos de modelo, también lo es que en todo lo que nos hemos separado de aquél, nuestras instituciones son originales, que no tienen más precedentes y jurisprudencia que los que se establezcan en nuestros propios tribunales".

"El punto sometido hoy al fallo de la Corte Suprema, es precisamente uno de estos".

"En la Constitución Norteamericana, no existe una prescripción análoga a la que consigna el inc. 16 del art. 37 de la Constitución Nacional".

"Por esa disposición, el Congreso tiene el deber, de proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de todas las provincias... promoviendo la construcción de ferrocarriles... por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo".

"La Constitución al imponer este deber al Congreso y al acordar la facultad de hacer concesiones y acordar recompensas, no ha establecido más limitación que la de que ellas sean temporales; pero nada ha dicho respecto de la naturaleza o del carácter de esas concesiones. En cuanto a la temporalidad de la excepción, el caso sub judice la contiene".

"Si, pues, para los fines de policía, de reglamentación del comercio interprovincial, o simplemente como medida de estímulo, para promover la construcción de un ferrocarril, el Congreso cree conveniente acudir al privilegio de exención del pago de impuestos locales, esta disposición será perfectamente constitucional, porque ella no importará sino el ejercicio de una facultad del Congreso cuyas leyes priman sobre cualquiera disposición contraria, que pudieran contener las disposiciones o leyes de provincia; resolver lo contrario sería reconocer en los gobiernos de provincia, la facultad de anular o entorpecer los efectos de la legislación del Congreso, en cuanto ella se dirigiese a los objetos previstos en el inc. 16 del art. 67".

"Las provincias, haciendo uso de la facultad de imponer, podrán llegar con sus contribuciones a hacer imposible la realización de las concesiones y privilegios, que el Congreso acordase, destruyendo así, uno de los más primordiales propósitos del pueblo argentino, al limitar en aquellas ciertas prerrogativas autónomas que pertenecen a los estados, en las federaciones puras, pero que en la unión argentina han sido dadas a la Nación por prescripción expresa de la Constitución".

"Si se estudian los términos del inc. 16 del art. 67, se verá que la Constitución encarga al gobierno general proveer todo lo concerniente... 'al adelanto y bienestar de todas las provincias'".

Ese encargo está dado a la Nación, porque nuestros constituyentes comprendieron que tratándose de un país con tan vasta extensión territorial, los elementos aislados de cada provincia, no podrían bastar al desarrollo de sus propias riquezas, y quisieron que fuera la Nación la que, por medio de estímulos a la industria, a la inmigración, a la construcción de ferrocarriles y canales, a la introducción de capitales extranjeros, etc., etc., formulase el desarrollo de la riqueza y del progreso de todas las provincias, sin perjuicio de las facultades concurrentes, que a ella reconoce el art. 107 de la Constitución.

En el caso sub judice, se trata de un ferrocarril de carácter nacional, destinado a unir varias provincias con la capital federal; no se trata de una obra de utilidad local, de una arteria destinada al comercio puramente interno de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno Nacional, al acordar la construcción de la vía a capitalistas extranjeros, que venidos por la fraternal invitación de nuestra carta fundamental, se proponen agregar una línea más a las muchas que cruzan sus fértiles llanuras, ha usado de un poder que le ha sido expresamente delegado por la Constitución y no infiere, ni puede inferir agravio a la soberanía local. Sólo por un falso miraje, ha podido afirmar la señora de Bustos, que la concesión de la línea, coloca a la provincia de Buenos Aires, en una situación "deprimente" ; porque no se concibe que una provincia, pueda creer violada su integridad, cuando el Congreso Nacional y capitalistas europeos, tomen una parte de su territorio privado, para crear en ella una fuente de prosperidad.

14. Que se arguye, que en los Estados Unidos, el gobierno federal no pueda autorizar, ni autoriza la expropiación de tierras, dentro del territorio de los estados, de tal forma, que hecha la concesión por el Gobierno Nacional, el concesionario debe obtener del gobierno del estado, el trazado de la línea y la autorización para expropiar.

Así sucedía en efecto, hasta el caso de Rohl versus United States, que figura en el tomo 91, página 367; en el cual quedó establecido, el poder directo de los Estados Unidos, para tomar la tierra de los estados que fuera necesaria, para objetos de utilidad nacional (Cherokee Nation V. Soukhan Kausas, R. R. C., tomo 135 de los fallos).

En el caso de Chappell versus United States (tomo 160 página 499) se decidió que la "ley de agosto 1º de 1868, del Congreso Federal, que autoriza al secretario del tesoro 'cuando en su opinión fuese necesario o ventajoso para los Estados Unidos, adquirir tierras para establecer un paso, por expropiación', ante una costa de los Estados Unidos del distrito, en que la tierra está situada, ¿es constitucional?"...

Más aún. No solamente los Estados Unidos pueden expropiar tierras de los estados, sino que los estados están autorizados para expropiar tierras de los Estados Unidos.

"Parecería a primera vista -dice Campbell Black en su manual- que no había autoridad en un estado, para expropiar bajo el poder del dominio eminente, bienes pertenecientes a los Estados Unidos y a la inversa que el gobierno federal, no pudiera autorizar la adquisición de una propiedad de un estado". Pero está decidido que, a menos que la propiedad en cuestión, haya sido ya destinada a un uso público, bajo la autoridad de o en conexión con el Gobierno de los Estados Unidos, el estado dentro de cuyos límites se halla la tierra pública, puede autorizar su aplicación para algún destino público, como es la construcción de un "ferrocarril"...

15. Que también se arguye que en los Estados Unidos, la autoridad nacional, no puede conceder autorización de expropiar tierras de los estados, a las compañías "particulares", prescindiendo del gobierno local, lo que tampoco se puede hacer entre nosotros.

Esto tampoco es exacto, ni en los Estados Unidos, ni entre nosotros; pero aunque allí no se pudiera, no se deduce necesariamente, que aquí deba suceder igual cosa.

Entre nosotros, ya se ha visto, el art. 67, inc. 16 faculta al Congreso, para promover la construcción de ferrocarriles, por leyes protectoras y por concesiones temporales. La autorización es expresa.

En la Constitución de los Estados Unidos no existe una cláusula igual a nuestro inc. 16; pero el poder de crear corporaciones que es una herencia de la madre patria, inherente a la ley común inglesa, fue declarada por la jurisprudencia norte americana, en los casos de "Texas and Pacific" R. C. v. Kik y V. Murphy en el tomo 115 pág. 1 de la colección y en el caso de "Penbina Marning C. V. Pensylvania", en el tomo 125, pág. 181, y en cuyo último caso, se establece esta doctrina: "Que el Estado Federal tiene facultad para crear las 'corporaciones' que directamente han de realizar el bien público, tal como el Congreso resuelve hacerlo..." (véase el erudito discurso del diputado Joaquín V. González, en la sesión del 31 de julio de 1899 en la Cámara de Diputados.

16. Que el Congreso está facultado para construir ferrocarriles en la República, por intermedio de corporaciones, destinados a unir las provincias entre sí o con la Capital Federal y por consiguiente para expropiar las tierras necesarias, en el territorio de los Estados, ya pertenezcan estos al dominio provincial o a los particulares, no solamente por el inciso recordado, sino también por el inc. 12 del mismo art. 67, el cual le acuerda el poder de "reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí, poder delegado, cuyo designio y Estados, respecto a los derechos comerciales y prevenir distinciones odiosas e injustas, que los celos locales o los intereses parciales o locales, estuvieran dispuestos a introducir y mantener (Decisiones constitucionales número 150).

El poder para reglamentar el comercio abraza todos los instrumentos, por los cuales puede ser efectuado el tráfico, el transporte de pasajeros, los fletes, la comunicación, la compra venta y cambio de mercaderías, en una palabra, el giro mercantil con las naciones extranjeras y entre los diversos Estados, y es fuera "de duda", que uno de los instrumentos típicos, por los cuales el comercio puede ser ejercido, son los ferrocarriles.

"El comercio con las naciones extranjeras y entre los diversos Estados, no significa más que el intercambio con aquellas naciones y entre aquellos Estados, para los propósitos del tráfico cualquiera que sea su objeto, y este intercambio debe incluir todos los medios por los cuales se pueda practicar, ya sea por la libre navegación de las aguas, de los diversos Estados o por el pasaje terrestre de los mismos, por donde ese tránsito se hace necesario al intercambio comercial entre los Estados. El Congreso está investido del poder de reglamentar ese intercambio y ningún Estado tiene el derecho de intervenir en su ejercicio". (Decisión 193).

17. Que dadas las soluciones a que se ha arribado, teniendo el Congreso poder para expropiar por sí o por intermedio de corporaciones tierras de los Estados, para obras de utilidad pública nacional, evolucionando así el rol que le encargara la Constitución, instrumento de gobierno hecho y adoptado, por el pueblo para objetos prácticos relacionados con el comercio, los negocios y necesidades de la vida humana, la disposición del art. 1º de la Ley de Expropiación de Bienes de 1866. estableciendo que están sujetos a expropiación, aquellos bienes del dominio provincial o de particulares, cuya ocupación se requiere para efectuar obras de utilidad nacional, no es irritante a sus preceptos.

Por las consideraciones expuestas, omitiendo otras en obsequio a la naturaleza sumaria de este juicio, se resuelve primero, no hacer lugar a la incidencia de incompetencia de jurisdicción; segundo: no hacer lugar a la reposición del auto de foja 7 vuelta, concediéndose en relación y en el sólo efecto devolutivo la apelación subsidiariamente interpuesta, a cuyo efecto se sacarán las copias pertinentes elevándose al superior en la forma de estilo; tercero: no hacer lugar al recurso de nulidad del mismo auto, ni tampoco a la nulidad del procedimiento; y cuarto: rechazar la incidencia de inconstitucionalidad del art. 1º Ley de Expropiación de Bienes. Y proveyendo al estado de la causa, intímese a la recurrente, proponga perito dentro de tercero día, bajo apercibimiento de serle nombrado de oficio.- Marcelino Escalada.

Sentencia de la Cámara Federal:

La Plata, abril 16 de 1907.

Vistos: Por sus fundamentos y de acuerdo con las consideraciones aducidas en el fallo de esta Cámara en la causa seguida por el ferrocarril Central Córdoba extensión a Buenos Aires contra don Santiago Valige por expropiación, se confirma con costas el auto apelado del fojas 38. - Pedro T. Sánchez.- Joaquín Carrillo.- Daniel Goytia.

Dictamen del Procurador General Buenos Aires, agosto 31 de 1907.

Por razón de la materia aplicación de la ley de expropiación general de bienes de 1866, compete a V. E., conocer de este recurso que ha sido bien acordado, según el art. 6º de la ley 4055 y su correlativo el inc. 3º del art. 14 de la ley 48.

Y en cuanto a su fondo y para no incurrir en inútiles repeticiones, me permite reproducir las consideraciones de la sentencia de primera instancia de foja 38, confirmada por la de segunda instancia a foja 77, en lo pertinente y dentro de los límites bien marcados en el dictamen fiscal de foja 69, donde se ha reducido la cuestión a términos concretos, que permiten apreciarla y resolverla fácilmente dentro de las mismas ideas de la mencionada sentencia, y dentro de la propia jurisprudencia de V. E.

Por todo ello, requiero la confirmación de la sentencia recurrida de foja 77, en todas sus partes.- Julio Botet.

Fallo de la Corte Suprema:

Buenos Aires, febrero de 1908.

Considerando: 1º Que en lo concerniente a la declaración de competencia de los tribunales federales para conocer del caso sub judice no es admisible el recurso extraordinario del art. 6º, ley 4055 y art. 14, ley número 48, como quiera que no hay decisión contraria a dicha competencia y con ello al derecho pretendido por el expropiante al amparo del art. 100 de la Constitución Nacional y 2º de la ley número 48 citada, (fallos, tomo 101, página 70 y otras).

2º Que aún cuando así no fuera, el examen de la inconstitucionalidad que se alega de la ley número 189, corresponde al fondo del asunto, y ha debido ser hecho por el juez federal de La Plata y la Cámara de la segunda circunscripción, dada la naturaleza de la causa, o sea el de tratarse de un caso regido por una ley del Congreso.

3º Que el art. 17 de la Constitución Nacional no ha limitado las facultades del Congreso a los bienes situados dentro de la capital, y territorios nacionales.

4º Que pudiendo ser la expropiación, necesaria o conveniente para la defensa nacional, reglamentación del comercio o conducente a la prosperidad del país, no es dudoso que el Congreso, en uso de las facultades que le confiere el art. 67, incs. 9º, 12, 13, 16, 27, 28 y otros de la misma Constitución, está habilitado para adquirir directamente dentro del territorio de las provincias las propiedades cuyo uso sea indispensable a los fines indicados, o para autorizar la adquisición a concesionarios.

5º Que el art. 1º de la ley número 189, no es así, inconstitucional, en concepto de vulnerar el dominio eminente que sobre sus respectivos territorios corresponde a las provincias, según implícita y explícitamente ha sido en numerosos casos resuelto por la jurisprudencia, aun en circunstancias en que la propiedad había sido antes expropiada, y se encontraba destinada a obras de utilidad local (sentencia de esta Corte de octubre 13 de 1906. Empresa del puerto del Rosario con la compañía de Gas, sobre expropiación y otros).

6º Que al hablar el artículo mencionado "de bienes del dominio provincial", lo ha hecho refiriéndose a bienes ubicados en las provincias, y no precisamente a los que éstas puedan poseer en calidad de personas jurídicas, dentro de la capital, o territorios nacionales, puesto que no había tenido objeto la mención expresa de la ley al aspecto, pudiendo agregarse, que los antecedentes de la discusión parlamentaria de la ley número 189 no dejan duda alguna al respecto.

7º Que el art. 4º de la citada ley se compadece con el art. 17 de la Constitución Nacional en cuanto declara que, en casos de urgencia, habrá derecho a la ocupación, desde que el poder ejecutivo consigne, a disposición del propietario, el precio ofrecido y no aceptado, porque si bien el precepto constitucional (art. 17) consigna en términos absolutos que la indemnización debe ser previa, el Congreso ha podido, consultando la razón y propósitos de ese precepto, conciliarlo con otras exigencias imperiosas de progreso y bienestar público, emergentes de la propia ley fundamental (art. 14 y 28 Constitución Nacional).

8º Que en este orden de ideas, la reglamentación contenida en la ley número 189, no es incompatible con el espíritu de la cláusula constitucional citada, desde que en aquélla se prescribe lo necesario para que el desposeído en casos de urgencia, obtenga rápida, segura y cumplida indemnización, mediante un procedimiento verbal y sumario, y no por la vía lenta de los juicios comunes.

9º Que en efecto, la ley establece que la expropiación no queda perfeccionada sin la entrega o consignación del precio o indemnización, lo que vale decir, que no se opera antes de lo último la transferencia del dominio, y que la privación del goce de la cosa, que también debe ser resarcida, está en condiciones análogas a otras restricciones ineludibles y más o menos extensas a la posesión o dominio que autorizan las leyes pendiente un juicio o antes de iniciarlo, como los embargos preventivos, secuestros o depósitos judiciales.

10. Que, además, el art. 4º del proyecto de ley sobre expropiación, que se discutía en el Honorable Senado Nacional, estaba concebido en estos términos: "Art. 4º La expropiación no se perfecciona mientras no haya sido entregado o judicialmente consignado el precio o la indemnización. Sin embargo, habrá derecho a la ocupación desde que el poder ejecutivo ofrezca al interesado el precio o la indemnización; y explicándolo decía el miembro informante: ¿cuál ha de ser ese precio que el poder ejecutivo ofrecerá? ¿será un precio judicial o será arbitrario? No será judicial, porque como ha dicho el señor senador por Buenos Aires, el procedimiento no es todavía sometido a la acción de la justicia. Tampoco será arbitrario, pues ha de ser aconsejado por peritos en la materia, según lo dispone el art. 5º" ("Diario de Sesiones", Honorable Senado, 1866, página 388).

11. Que la enmienda al proyecto, con los agregados que aparecen en la ley vigente, se hizo, en cuanto puede inferirse de las palabras del senador que la propuso, para armonizar la ley con la Constitución y en la inteligencia de que había ya una cantidad fijada administrativamente por peritos, como precio probable de la cosa.

12. Que el recurrente no ha impugnado la sustanciación de la causa, sosteniendo que al determinarse la suma consignada se han omitido formalidades legales, del punto de vista de los arts. 4º y 5º.

13. Que bajo el imperio de disposiciones constitucionales, idénticas a las nuestras, en cuanto al requisito de la indemnización previa, la doctrina y la legislación han decidido también, que no era posible sujetarse a la interpretación rigurosa y literal de esas disposiciones, porque, entre otros motivos, la ocupación es, a la vez, de interés para el estado y propietario, que tiene seguridad de pago, y a quien conviene la pronta terminación de los trabajos (Dalloz, expropiation pour cause d'utilité publique número 756).

14. Que la interpretación estricta de la cláusula constitucional de que se trata, podría entorpecer indefinidamente las expropiaciones, ya por obra de los propietarios, que con fines ilegítimos dilaten el juicio respectivo, estén ausentes o sean desconocidos, ya porque impediría las medidas preliminares, tendientes a averiguar si la utilidad pública requiere que se adquieran y en qué extensión, determinados inmuebles (Cooley, Const. limit página 813); aparte de que en muchos casos, obligaría a entregar la indemnización a personas cuyo título de dominio es discutido por terceros.

15. Que el mismo apelante no tacha de inconstitucionalidad el art. 2512 del Código Civil, y, por el contrario, admite que el estado pueda apoderarse de la propiedad privada sin forma alguna de juicio y sin previa indemnización, cuando median circunstancias anormales y un interés público extraordinario (foja 26), no obstante que la cláusula constitucional no hace distinción al respecto.

16. Que si la ley de expropiación de 13 de septiembre de 1866 y la jurisprudencia establecida a su tenor durante los años transcurridos desde esa fecha, hubieran interpretado mal la verdadera intención del poder constituyente, con perjuicios de las garantías a la propiedad y del desenvolvimiento económico del país, es presumible que tan grave asunto habría ocupado un lugar preferente entre las enmiendas que se han venido haciendo a la ley fundamental.

17. Que por lo que hace a la urgencia prevista por el art. 4º, no cabe sostener que ella sólo pueda ser declarada por ley, dado que en tal supuesto, aparecería la de expropiación, obra del Congreso, autorizándose él mismo para sancionar esa medida; y porque en el artículo se dice que habrá "derecho" a la ocupación y no que el poder ejecutivo "deberá proceder" a ocupar la cosa como debiera decirse, si se tratara del cumplimiento de un mandato legislativo.

18. Que, por otra parte, la Constitución sólo exige que la expropiación por causa de utilidad pública sea calificada por ley y es independiente de esa calificación todo lo relativo a los trámites del juicio.

19. Que la cuestión de si ha habido urgencia en el presente caso, a los fines de entrar a ocupar el inmueble, es cuestión de hecho, no de interpretación de ley; y en su mérito no incumbe a la Corte rever lo "decidido"; sobre el particular por el tribunal a quo (art. 14, inc. 3º, ley 48 citada).

20. Que en el procedimiento seguido en la causa, no existe desconocimiento de la inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, sea cualquiera la inteligencia que debe darse a las palabras "precio ofrecido y no aceptado" del art. 4º, en cuanto a la oportunidad del ofrecimiento y del rechazo, pues, como se ha decidido reiteradamente, es la privación completa de la defensa o una restricción sustancial a ella, lo que puede dar lugar a la apelación extraordinaria del art. 14, ley 48 y art. 6º, ley 4055.

Por estos fundamentos, los de la sentencia recordada de octubre 13 de 1906 y los concordantes de la recurrida se confirma ésta en la parte que es materia del recurso. - A. Bermejo. - M. P. Daract. - C. Moyano Gacitúa (en disidencia). - Octavio Bunge (en disidencia). - Nicanor G. delSolar.

Disidencia.

Considerando: Que el auto que ha motivado el recurso de apelación pendiente, es el de foja 9 que concede la posesión provisoria del inmueble que se trata de expropiar.

Que tanto por lo dispuesto en el art. 6º de la ley número 4055 como por lo que establece el art. 14 de la ley 48, para que la Corte Suprema conozca en grado de apelación de las sentencias pronunciadas por las cámaras federales, o en su caso, por los tribunales superiores de provincia, se requiere que esas sentencias sean definitivas.

Que así lo ha establecido la jurisprudencia constante de esta Corte, en multitud de casos, especialmente al tratar de la naturaleza del auto en el que se manda dar la posesión provisoria al expropiante. Tomo 96, páginas 280 y 409.

Que a las conclusiones precedentes no deben obstar las emergencias que la ley no prevé, siendo de esta clase las declaraciones científicas o teóricas, más o menos oportunas, que hicieren los jueces, durante la tramitación de los litigios, sin haber dado a las partes términos hábiles para dilucidar tan graves cuestiones, así como las que hicieron las partes del carácter de las que se han promovido por el demandado en esta causa, durante la celebración de un juicio verbal, y sobre las cuales quedaría habilitada la Corte Suprema para pronunciarse cuando llegara el momento fijado de la resolución definitiva con arreglo a los arts. 6º y 7º de la ley numero 189.

Por esto, y oído el señor procurador general, se declara improcedente el recurso de apelación concedido a foja 80; y devuélvanse, repuestos que sean los sellos.- Octavio Bunge.- Nicanor G. del Solar.