marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OKUN, MARIO - CABRAL, RENATO s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

No se respetan los derechos relativos a la defensa del imputado, lo que acarrea la nulidad de oficio de la declaración indagatoria (arts. 167 inc. 3 y 168, segundo párrafo, del C.P.P. ), si de las actas correspondientes no surge que se les hizo saber el derecho de consultar previamente a dicho acto con su letrado defensor (art. 197 del C.P.P. ), no existiendo tampoco constancia de que tal entrevista haya tenido lugar o que los imputados hayan considerado innecesaria la misma. Tal falencia, no puede entenderse suplida por la lectura de los derechos que se realizara en sede prevencional, pues el cumplimiento de tal requisito incumbe a aquel funcionario o magistrado que tenga a su cargo alguno de aquellos actos procesales a que alude el art. 197 citado.
Delitos, método de unificación, querellante, abogados
Materia: PENAL
Carátula: SPADAVECCHIA, N. B. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

Magistrado que dispuso unificar la representación de los distintos acusadores particulares.

Agravio: Recurrente que se ve imposibilitada de designar un letrado de confianza que represente sus intereses, siendo privada del acceso a la justicia.

Normativa que dispone que cuando los querellantes son varios y existe comunidad de intereses entre ellos, deben actuar bajo una sola representación (art. 416 del CPPN). Letrados patrocinadores de la querella unificada que deben brindar la asistencia técnica en función del interés de todos. Intervención conjunta que tiene como propósito el orden y dinamismo del proceso penal toda vez que, de lo contrario, los imputados deberían enfrentar la acusación del fiscal y la carga de responder a todos y cada uno de los acusadores particulares, situación que conspiraría contra la igualdad de armas.

Confirmación.
Gravedad institucional, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, pornografía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Russo, Ricardo Alberto Guillermo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Russo, Ricardo Alberto Guillermo sobre 128 1 párr. - delitos atinentes a la pornografía (producir/publicar imágenes pornogr. c menores 18) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

La alegación de la existencia de un caso de gravedad institucional no habilita en el caso la instancia del art. 14 de la ley n° 48 en tanto es fruto de una reflexión tardía, al haber sido introducida primigeniamente al momento de interponer el presente recurso extraordinario. Por lo demás, cabe remarcar que la referencia a la doctrina de la gravedad institucional a la que acude la defensa, no se encuentra respaldada con una fundamentación apta para demostrar de qué manera la decisión recaída efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional (Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Accidente de tránsito, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Achitte, Miguel Angel c/ Empresa  Puerto  Tirol SRL y el Instituto Provincial del Seguro de la Provincia de Misiones s/ Daños y Perjuicios el Instituto Provincial del Seguro de la Provincia de Misiones s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-03-16

Los rubros indemnizables respecto de los cuales no han mediado pagos efectuados por la víctima, no devengan intereses sino a partir de la sentencia definitiva.
Jueces naturales, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ GRAFFIGNA, Santiago; Alday, Horacio; Macchi Carlos A.; Marun de Sobelvio, Rosalba; Quiroga Ramoino Juan P.; Melvin, Ana M.; Bustos, Victor H. y Videla, Fernando c/  s/ S/ Fraude a la Administración Pública - Incidente de Recusación S/ CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2020-10-30

Son jueces naturales los que por la organización judicial y jurisdiccional les corresponde entender en la causa con arreglo a las leyes aplicables. No se viola la garantía constitucional de los jueces naturales por el hecho de intervenir nuevos jueces en los juicios pendientes como consecuencia de la organización de la justicia o en la distribución de la competencia (LL-91-703). La garantía no sufre menoscabo porque el juez de la causa sea reemplazado por otro juez permanente en razón de la organización de justicia (cfrme. Fallos, 308:817; 322:1142).
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Horacio Nieva Construcciones c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Los gastos improductivos pueden devengarse durante la vigencia del plazo original de la obra, como en sus ampliaciones, debiendo en este último caso comprobarse su efectiva materialización.
Competencia federal, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bertella María c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

Se ve configurado el supuesto de materia federal ajena a la justicia provincial, si los fundamentos del reclamo estarían constituidos por la facturación excesiva y un proceder -ante el reclamo del usuario- supuestamente contrario a lo previsto por el Reglamento General (art. 39 del mismo).
Trabajadores marítimos, salario a órdenes, franco compensatorio, compensación
Materia: LABORAL
Carátula: MONTENEGRO, PABLO c/ ASTRAMAR CIA. ARGENTINA DE NAVEGACION s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-19

No pueden compensarse entre sí los pagos por salarios a órdenes, con lo percibido por descanso compensatorio, pues ambos rubros no guardan ninguna relación.
Competencia civil, daños y perjuicios, accidente ferroviario
Materia: CIVIL
Carátula: RESMAN,  Isaac  y  otro c/ EL RÁPIDO ARGENTINO y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-17

Las víctimas cuando persiguen una indemnización de los daños y perjuicios derivados del accidente producido entre la formación ferroviaria que las transportaba y un ómnibus de la demandada, es competente la Justicia Nacional en lo Civil. Ello, toda vez que las actuaciones no se encuentran regidas por el derecho administrativo, sino que versan sobre una materia típicamente civil, pues la demanda se endereza a obtener el resarcimiento de las lesiones provocadas a los accionantes.

No cabe interpretar que todas las causas en donde los órganos de la Provincia de Buenos Aires, los Municipios, los entes descentralizados u otras personas sean parte, cualquiera sea el objeto del litigio, deban pasar a tramitar automáticamente a ese ámbito contencioso administrativo. Debe reunir, además, el requisito de la materia propia de esa jurisdicción.
Suspensión del juicio a prueba, clausura del establecimiento, cómputo de la pena, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, NORA NOEMI. s/ Infracciones tributaria, quebrantamiento de faja de clausura.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-07

1 - Si bien la sanción de clausura no está prevista en el Art. 76 bis del CP, no puede interpretarse que la procedencia de la suspensión del juicio a prueba queda excluida, dado que si el imputado de un delito reprimido con pena de reclusión o prisión que no exceda los tres años puede solicitar la suspensión del proceso en su contra, parecería lógico que también pueda hacerlo quien es sancionado con clausura.- 2 - En tanto la resolución por la que, en una causa seguida por infracción a la ley 11683, se hace lugar a la suspensión del juicio a prueba y le fija a la imputada una determinada cantidad de horas de tareas comunitaria, la fijación de una cantidad de días de clausura del local comercial implicaría imponer la misma pena cuyo cumplimiento suspende el Art. 76 bis del CP.- 3 - El tiempo de suspensión del juicio no puede superar los tres años (conf. Art. 76 bis del CP) por lo cual debe recogerse favorablemente el agravio relativo a la carga horaria fijada a la imputada - por infracción a la ley 11.683 - para el cumplimiento de las tareas comunitarias, dado que en el establecimiento propuesto (en el caso, un comedor comunitario) pueden prestarse servicios de hasta dos horas diarias, dos veces por semana, de modo tal que las horas fijadas por el juez a ser cumplidas extendería el plazo a más de diez años y, aún en caso de poder asistir diariamente, el plazo excedería los cuatro años.- 4 - La fijación de dos mil ciento sesenta (2160) horas para prestar tareas comunitarias a la imputada, en una causa seguida por infracción a la ley 11683 en la que se ha hecho lugar a la suspensión del juicio a prueba, resulta excesivo en relación a la gravedad del delito, en tanto la pena máxima de arresto prevista por la ley (conf. Art. 44, Ley 11683) equivaldría a setecientas veinte (720) horas.
Víctima menor de edad, testimonio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N. N. y N. N. c/  s/ Por abuso sexual gravemente ultrajantre en perjuicio de N. N. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-14

"Con relación al agravio donde se critica la forma y el modo en que fue realizada la Cámara Gesell, el mismo carece de todo sustento y razonabilidad, desde el momento en que las audiencias fueron llevadas a cabo con estricto apego a lo normado por el artículo 296 bis del C.P.P, resultando acertada la intervención de la proficional interviniente y en procura de que fuese el mismo psicólogo el que actuara en todo el proceso, para evitar la revictimización de los menores.

En cuanto al procedimiento seguido sobre este particular la defensa en su momento no puso objeción alguna y consintió la medida. Además se advierte que durante el debate la defensa tuvo amplia facultad de interrogar a la profesional que participó de la entrevista de los menores, se le dio acceso al total control la prueba, como así también tuvo posibilidad de evaluar cualquier falta de precisión o mendacidad, de modo que resulta una afirmación vacía de contenido lo dicho acerca de la violación de la defensa en juicio.

No aconteció ni existió ninguna situación de indefensión, que sirva para teñir la prueba que ahora se ataca por resultarle desfavorable a sus intereses".
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: BAZAN CESAR OSVALDO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-13

La agresión esta dada por una conducta con voluntad de atacar que implique un peligro real y actual o inminente para la persona o derechos del agredido. Se ha considerado que, en general, no constituye agresión el solo ademán de sacar armas, la simple posesión de un arma en manos de la víctima o las actitudes provocativas, pero ello se limita a las diferentes situaciones particulares que revelaran la entidad de lo sucedido.
Sociedad de hecho, regularización de sociedades, fiador, obligaciones del fiador
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOP BRANDS INTERNATIONAL (TOBRA)  SA c/ HIDALGO, JOSE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

La regularización de una sociedad de hecho, que se opera mediante la adopción de uno de los tipos legales previstos y su correspondiente inscripción en el registro público de comercio, no implica su disolución, toda vez que la regular continua su personalidad con sus derechos y obligaciones, ello, sin perjuicio de destacar que la modificación varia la responsabilidad de los socios a partir de la fecha de inscripción del tipo adoptado -en el caso sociedad de responsabilidad limitada-. Por tanto, quien originariamente se constituyó en fiador de la sociedad irregular no modifica su situación por la posterior circunstancia de la regularización de la misma, siendo improponible su pretensión de eximirse de responsabilidad.
Infracciones de tránsito, exceso de velocidad
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE TOLEDO c/ RODOLFO CURTI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-30

No importa que el infractor sea o no propietario del móvil, ya que lo castigado es el exceso de velocidad que se imprimió al mismo, independientemente del carácter de propietario, siendo suficiente el uso que se haga del vehículo en contravención de normas dispuestas en aras de la seguridad de personas y bienes.-
Prueba testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Venturino Guillermo Antonio Fortunato c/ Carlos Dal Ri y/o quién supiera resultar propietario s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-02

Un testigo es atendible cuando su declaración es idónea para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a que dicha declaración se refiere y para apreciar la eficacia del testigo debe atenderse a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones.
Comité de Derechos Humanos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, tobas, violencia sexual, debido proceso, partes del proceso, querellante, REPÚBLICA ARGENTINA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - L. N. P. Vs. República Argentina -  Derecho de protección especial a la vida privada, honra y reputación por ser menor - Derecho de acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-07-18

Una niña perteneciente a la etnia autodenominada Quom -pueblo originario Toba-, residente en un poblado del norte de la provincia del Chaco, República Argentina, fue agredida sexualmente por tres jóvenes. Trascurridos varios años, la sentencia de Cámara decidió absolverlos. Habida cuenta que no fue notificada de lo dispuesto en el marco de un proceso íntegramente sustanciado en español -lengua ajena a la menor-, recurrió ante el Comité de Derechos Humanos alegando violación a sus derechos amparados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de cultos, derecho de réplica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La defensa de los sentimientos religiosos, a través del ejercicio del derecho de respuesta, forma parte del sistema pluralista que en materia de cultos adopto nuestra Constitución.
Prueba, carga de la prueba, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Calabrese, Daniel Abel c/ Ministerio de Seguridad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

Si fue negada por el principal la oportunidad en que el dependiente invocó haber tomado conocimiento de su incapacidad, se coloca a cargo de la parte actora la demostración de dicho extremo, actividad probatoria a la que queda supeditada, en consecuencia, el éxito o el fracaso de la defensa de prescripción (conf. arts. 344, 375, C.P.C.C. y 31 ley 11.653).
Contratos administrativos, contrato de suministros, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: American Tech  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

El contrato de "suministro", es reglado por disposiciones de derecho administrativo, respecto del cual las normas de derecho civil son sólo de aplicación subsidiaria. En este tipo de contratos, la Administración goza de privilegio consistente en la decisión unilateral, previa y ejecutiva, que la autoriza a intervenir en la ejecución del contrato, pudiendo imponer sanciones pecuniarias, y el co-contratante debe cumplir la prestación a su cargo, a cambio de una remuneración que debe cubrir los gastos y amortizaciones, más una utilidad normal y razonable. Por eso es que, para los contratos de suministro, son aplicables las leyes 21.391 y concordantes para la actualización de las remuneraciones convenidas, en razón de la alteración de los valores que ocasiona la permanente inflación que, desde largo tiempo atrás, aqueja al país; asimismo, es práctica usual incorporar a tales contratos cláusulas de ajuste para paliar el perjuicio que el deterioro monetario causa a los co-contratantes.

Lo que genera el derecho al reajuste de la remuneración del co contratante, no es la mora de la administración sino la propia naturaleza de aquélla, que se encuentra regida por el Derecho Público y garantizada por el principio general del mismo de la "intangibilidad de la remuneración". La deuda de la administración en tales contratos consiste, en un "quid", no es un "quantum", lo cual es característica de las deudas denominadas "de valor".

Siendo "de valor" las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama, puesto que el dinero "es una mera medida de valor objeto de la deuda o de la utilidad que debe ser respetada".

Tratándose de obligaciones con cláusula de ajuste, no corresponde la aplicación de las correcciones establecidas en el Decreto 1096/85, porque aquéllas no contemplan la inflación futura, sino la pasada.
Procedencia del recurso, asegurador, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Costilla, Ramón Antonio y Calderón, De Costilla María Cristina c/ Cruz, Ariel Darío s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-10

Cabe hacer lugar al recurso de apelación deducido por la aseguradora contra la resolución que resolvió no hacer lugar al planteo de caducidad de instancia promovido por ésta, y en consecuencia declarar perimida la instancia, ello pues, surge que el último acto impulsorio lo constituyó la contestación de demanda realizada por la aseguradora citada en garantía con el decreto dictado en consecuencia y desde allí hasta la fecha en la que se planteó la caducidad de instancia transcurrió el plazo de caducidad, no surgiendo de autos que se hayan producido actos interruptivos del curso de perención; habiendo transcurrido entre uno y otro acto procesal un tiempo mayor al establecido por el art. 203, inc. 1 del CPCC. La caducidad de la instancia constituye uno de los modos anormales de terminación del proceso y tiene lugar cuando en el lapso establecido por la ley no se lleva a cabo ningún acto de impulso procesal. Se basa en el principio dispositivo, cuya característica esencial es que el proceso no sólo se inicia, sino que además avanza y se desenvuelve en virtud de la voluntad de las partes. Por ello quien da vida a un proceso contrae la carga de urgir su resolución y sustanciación; la inactividad procesal que se sanciona consiste no solamente en la abstención de realizar actos procesales, sino también en la ejecución de aquéllos que carecen de idoneidad para impulsar el procedimiento.
Accidente de tránsito, legitimación pasiva, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, Automóvil Club Argentino
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: TAGLIABUE,  Germán c/ ALCARAZ, Asunción Mary y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-31

La intervención que le corresponde al Automóvil Club Argentino en la concertación de un seguro y en su tramitación - inclusive las referidas al pago de los siniestros - es como mero auxiliar de la aseguradora, una especie de "organizador", intermediario o gestor administrativo, y por lo tanto no asume obligación personal alguna, en la esfera contractual, respecto del pago de la indemnización. Se trata de una estipulación a favor de tercero, si no se acredita una relación paralela entre el estipulante y el beneficiario que le genere responsabilidad. Desde esta perspectiva corresponde admitir la excepción opuesta por la aludida institución respecto del reclamo indemnizatorio por un accidente de tránsito.
Insuficiencia del agravio, principio de legalidad, robo en poblado y en banda, asociación ilícita, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Lencina, Claudio Ezequiel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Carece de fundamentación el planteo de vulneración al principio de legalidad al calificar el hecho imputado como constitutivo del delito de robo agravado por haber sido cometido en banda, pues no resulta posible exigir como requisito del art. 167, inc. 2, CP la totalidad de los elementos que prevé el art. 210 CP. Esta última norma al definir el contenido de la asociación ilícita, se refiere a una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos. Derivar de ello que toda banda tiene un carácter permanente y una finalidad de cometer delitos indeterminados implica una falacia inadmisible. El art. 210 CP dice que toda asociación ilícita es una asociación o una banda de tres o más personas, pero no a la inversa, es decir, que toda banda de tres o más personas es una asociación ilícita. Según su redacción, la asociación ilícita es una especie, mientras que la banda es el género. En esos términos, la interpretación propuesta infiere de la ausencia de la especie, la inexistencia del género, lo cual es inadmisible desde el punto de vista lógico. Dicho en otros términos: que tres o más personas no tengan una organización permanente destinada a cometer delitos indeterminados puede querer decir que esas tres o más personas no son una asociación ilícita. Pero nunca puede decirse por esa sola circunstancia que no sean una banda. En tanto el inc. 2 del art. 167 C.P. se trata de un robo que se agrava por haber sido cometido en banda. Es decir que se requiere una distribución de funciones en el hecho delictivo a fin de que proceda la figura calificada (voto del juez Días)
Empleo público, renuncia al empleo, retractación de la renuncia, aceptación de la renuncia, notificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ETCHEPARE, EDUARDO VICTOR c/ GOBIERNO NACIONAL (MRIO. DE CULTURA Y EDUCACION) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

La retractación de la renuncia del agente público es un acto privado que para producir efectos debe comunicarse a la administración. En cambio, el acto administrativo de aceptación de la renuncia es válido aunque no esté notificado, pues la falta de notificación sólo posterga su eficacia.
Derecho procesal, excepciones procesales, arraigo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jebsen & Jessen (GMBH UCO) KG. c/ Dutch Starches International SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

Cabe recordar que, en la excepción de arraigo, el CPR 348 dispone que "si el demandante no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la República, será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda". Así el arraigo constituye una carga exigible al actor respecto a prestar una caución destinada a garantizar el pago de los gastos del proceso frente a la eventualidad de resultar vencido. Ahora bien, el CCCN 2610 suprimió la necesidad de arraigar y cualquier tipo de caución por ser violatorio de las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad de las partes, además de ser una restricción al derecho de acceso a la jurisdicción.

De esta manera, en armonía con la Constitución Nacional -arts. 16, 18 y 20- y con la Convención de La Haya sobre Procedimiento Civil de 1954, en su art. 17, y siguiendo modernas tendencias en el derecho comparado, la reforma del Cód. Civil y Comercial de la Nación introdujo "el principio de igualdad de trato procesal" que garantiza el pleno reconocimiento del derecho de acceso a la jurisdicción argentina en condiciones de igualdad de las personas, tanto físicas como jurídicas, sean nacionales o extranjeras. Así, tanto las personas humanas como las jurídicas con domicilio en el extranjero se encuentran en igualdad de condiciones con los residentes argentinos en lo referente al acceso a la jurisdicción.