marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Campero, Luis Esteban c/ Cifre, Antonio y/u otros s/ Desalojo-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-26

No hay nulidad cuando el juez, de una forma u otro ofrece resolución del juicio mediante una decisión positiva que satisface -equivocada o no- los términos que hacen al objeto de la demanda y, lo que la doble instancia requiere como mínimo, no es que todas la cuestiones estén rigurosamente sometidas a ella, sino que existan dos sentencias que examinen la demanda y el responde y den una solución al litigio en base a razonamientos fundados en puntos que han integrado la litis y que a juicio del sentenciante son suficientes para su decisión.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, alteración de la fachada, obra antirreglamentaria, demolición de obra
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CABILDO 886/900 c/ HEUSER BENVENUTO DE MARTINEZ CARPIO, Nelly s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

No corresponde ordenar la destrucción de un cerramiento, si la armonía que hace a la estética del edificio, ya estaba alterada con construcciones preexistentes e igualmente antirreglamentarias como la que realizó la demandada, puesto que ello implicaría permitir un ejercicio abusivo de los derechos por parte del consorcio actor y colocar a la demandada en una situación de desigualdad frente a los demás propietarios autores de las obras antirreglamentarias no objetadas por el consorcio.-
Diferencias salariales, excepción de prescripción, prueba extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Condori, Sergio Alvaro c/ Parque Sociedad Anónima; Politi, Héctor Armando  s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2023-03-14

El fundamento esgrimido por la recurrente en contra del progreso de las diferencias salariales sustentado en que conforme lo establecido por el art. 256 LCT, se encontrarían totalmente prescriptas, resulta improcedente; toda vez que la oportunidad procesal para oponer la defensa de prescripción, es al contestar demanda (art. 39 CPL) y no al formular alegatos, como sostuvo el recurrente. Por lo que la pretensión de análisis de períodos prescriptos, no fue correcta ni oportuna; en mérito a ello, corresponde desestimar la crítica.
Protección contra el despido arbitrario, indemnización por despido, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: LUKASZEWICZ, JACOBO c/ YELMO  S.A.C.I.F.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-15

El sistema de topes establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no es invalidable por vía constitucional, ya que si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección contra el despido arbitrario, no especifica el procedimiento a seguir dejando el punto librado al criterio legislativo.
Responsabilidad del banco, daños y perjuicios, inhabilidad para cuentas bancarias, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUEDA, ELENA LUJAN c/ CITIBANK NA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-04

Es responsable la entidad bancaria por los daños y perjuicios derivados de la incorrecta inhabilitación de uno de sus clientes para operar en cuenta corriente bancaria, independientemente de la celeridad con que pidiera su rectificación al banco central, pues mas allá del tiempo que duró aquella -lo que influirá en la valuación de la indemnización-, el reproche jurídico formulado a la referida entidad no se centra en la duración o el tiempo que demando corregir el error, sino en el hecho mismo de la inhabilitación injustificada.
Tribunal colegiado, fundamentación de sentencias, voto de los jueces, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cañete, Carlos Eusebio y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Los magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe -cuanto menos- a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo; así sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad; es decir no basta con el nudo imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva para dar validez y fijar los alcances de un pronunciamiento si este se asienta en motivaciones lógicamente desconectadas y/o sustantivamente inconciliables.
Reconocimiento en rueda de personas, reconocimiento en sede policial, robo con intimidación en las personas, robo con armas, arma propia, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: COSTAS, HECTOR. s/ RECONOCIMIENTO   EN  RUEDA.  SENTENCIA.  ROBO.  ARMAS.  INTIMIDACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

1) No son nulos los RECONOCIMIENTOS EN RUEDA realizados en sede policial, pues tales diligencias están comprendidas dentro de las amplias facultades que confiere el art. 184 C.P.P., especialmente en sus incisos 5to y 8vo, máxime que en la ocasión se observaron todas las formalidades legales; a lo que se añade que tales ruedas no fueron cuestionadas por ninguna de las partes en las diversas oportunidades procesales en las que tuvieron ocasión de hacerlo, clara pauta de la normalidad con que fueron concretadas.

2) La nulidad de piezas procesales si bien debe analizarse en los Considerandos, no debe ser tema de decisión puntual en el FALLO, por no figurar entre las reglas establecidas en los arts. 495 y 496 C.P P.; razón por la cual corresponde que se deje sin efecto el punto dispositivo de la sentencia que declara la nulidad de los reconocimientos en rueda practicados en sede policial.

3) El accionar de los procesados no configuró el delito de robo con armas (art. 166 inc. 2do C.P.E.), sino el de robo con intimidación en las personas (art. 164 inc. 2do C.P.E.), por cuanto las armas estaban descargadas y atento la vigencia del plenario "Costas" del 15-10-86.-
Declaración indagatoria, hecho único, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: ZUCCO, E.N s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-04-14

Ante la eventualidad que fluye de la indagatoria, -en el sentido de que los hechos que se han puesto a cargo del procesado en los términos del art. 366 C.P.C. podrían comportar una sola conducta continuada-; en homenaje al "favor rei", cabe admitir tal unicidad de acción.
Seguros, seguro de automotores, interés asegurado, daño material
Materia: COMERCIAL
Carátula: HISI, GUSTAVO c/ CNAS s/ COBRO DE SEGUROS CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-08

En el seguro de daños patrimoniales el objeto del contrato, no es la cosa, el automóvil en este caso, sino el interés del asegurado que puede ser afectado por el riesgo lo que implica una relación jurídica o económica entre el asegurado y la cosa, de modo que el daño o la pérdida de este importe para aquél un perjuicio apreciable en dinero. Este concepto subjetivo del interés asegurable es esencial para la existencia del seguro.
Facultades del ombudsman, legitimación procesal, interpretación de la constitución, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- M° E. - dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

Resulta desatinado suponer que pese a los términos omnímodos utilizados por el convencional en el art. 86 de la Constitución Nacional -norma que específicamente crea el instituto del Defensor del Pueblo y le confiere "legitimación procesal-, lo que ha querido aquél es otorgarle solamente la legitimación procesal que le fue reconocida en el art. 43 de la Constitución Nacional para interponer el recurso de amparo (Voto de los Dres.

Enrique Santiago Petracchi, E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti).
Declaración extrajudicial, valor probatorio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ DE RAMIREZ, LUPERFINA Y OT s/ ABORTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-05-29

LAS DECLARACIONES DEL IMPUTADO TOMADAS POR LA POLICIA NUNCA PUEDEN SER UTILIZADAS EN SU PERJUICIO, PUESTO QUE POR EXPRESA DISPOSICION CONSTITUCIONAL (ART.42 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL DEL NEUQUEN), ELLAS CARECEN DE VALOR PROBATORIO EN TAL SENTIDO.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Wainofsky, Perla E. c/ Juárez, Raquel H. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

La alegada "incongruencia y arbitrariedad" del fallo, en tanto supone la denuncia de un error de juzgamiento, resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, objeto principal de la empresa, industria petrolífera, empresa de limpieza, empresas relacionadas
Materia: LABORAL
Carátula: Ajis de Caamaño, María Rosa y otros c/ Lubeko S.R.L. y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

Cabe dejar sin efecto la sentencia que prescinde de que a los efectos de la asignación de responsabilidad solidaria no basta la índole coadyuvante o necesaria de la actividad para el desenvolvimiento empresario, extendiendo desmesuradamente el ámbito de aplicación del articulo 30 de la ley 20.744 de un modo que su texto no consiente, máxime cuando se acreditó que los actores eran dependientes de la empresa de limpieza contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A pero sin vinculación laboral con ésta última, y no se alegó ni probó vinculación y/o participación económica o jurídica entre las codemandadas, mas alla del contrato de prestación de servicios de limpieza, mantenimiento y maestranza (Disidencia de los Dres. Ricardo L. Lorenzetti y Carlos S. Fayt).
Procedimiento judicial de la seguridad social, beneficios previsionales, carácter alimentario, caducidad de instancia, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PALMA, RAFAEL RAMON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

Conforme lo dispuesto por el Tribunal en el caso Lanata, Norberto Abel (sent. del 10.09.97), el instituto de la caducidad de instancia (cuya supresión de la ley ritual civil postula el proyecto de reforma del Dr. Augusto Mario Morello, en tanto que el proyecto del Dr. Carlos J. Colombo sólo la admite en la etapa de constitución del proceso, es decir, hasta la audiencia preliminar), es potencialmente apto para frustrar el carácter irrenunciable e imprescriptible de los derechos de la seguridad social que en dicho proceso se debaten (art. 14 bis y 75, inc. 23 de la C.N.), ya que es la vigencia efectiva de tales derechos -y no su quebranto irreversible- la que interesa al orden público constitucional, por lo que constituye un deber indelegable de los tres órganos del Estado velar por su integridad dentro de su esfera de competencia. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero)
Competencia, sucesiones
Materia: PROCESAL
Carátula: DE PAULI DE CARDILLO, Gloria - Sucesorio Testamentario s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-30

Debe declararse la competencia para entender en los juicios sucesorios, uno testamentario y otro ab intestato, de los causantes casados entre sí, en los que las constancias de los autos demuestran elementos de conexidad entre los dos acervos hereditarios, al magistrado que intervino en el testamentario. Ello por el principio de prevalencia prescripto por el artículo 720 del Código Procesal Civil y Comercial, y las razones de conveniencia que aconsejan que un solo juez determine las cuestiones que se susciten entre los herederos.
Trabajadores portuarios, sereno de buque, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: POUSADA, CAMILO Y OTRO c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-04-29

El trabajo realizado por los serenos de buques es una actividad de carácter eventual, no por el tipo de contratación celebrado, sino por la forma en que se encuentra organizado en nuestros puertos; la circunstancia que el servicio se cumpliese en una plazoleta arrendada no enerva tal tipificación que no puede ser conceptualizada como contrato a plazo fijo.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: LUIS ERNESTO DIAZ Y OTROS c/ MASSA CARLOS, AHUMADA MIGUEL, VAZQUEZ DANIEL, LUJAN JULIO, DIAZ MARIA, DIAZ FELIX, LIZARDO MERCEDES, DIAZ ESTELA DEL CARMEN s/ HOMICIDIO, ENCUBRIMIENTO, VIOLACION DE DOMICILIO Y LESIONES CARDONA LUIS c/ JUAREZ, OSCAR RUBEN s/ HOMICIDIO DIAZ MARIO c/ NORIEGA FABIAN s/ HOMICIDIO LESIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-16|2002-12-18|2002-08-12

El exceso en la defensa, presupone una acción inintencional, creada por la distorsión en la apreciación del estado de necesidad por parte del imputado, sobrepasando los límites legales. Por ello, para valorar los elementos objetivos y subjetivos, debe el juzgador colocarse en la situación particular de los protagonistas, la que se encuentra condicionada a la personalidad de los mismos y las circunstancias que los rodean. En nuestro derecho se distingue entre necesidad y proporcionalidad, debiendo esta proporcionalidad guardar relación con las circunstancias del caso y no estimar la misma en modo abstracto.
Tribunal de alzada, jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Sieber Peralta de Quiroga, Rosa c/ Federico, Vazquez s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-06-17

El tribunal de apelación no es consultor ni revisor automático de las providencias dictadas por los magistrados de la instancia de origen, desde que la jurisdicción de la Alzada se abre cuando de las decisiones judiciales se advierte la presencia de un gravamen jurídico actual y concreto, cualquiera haya sido el acierto o el error de la resolución cuestionada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero de Molina, Josefa c/ Arana, Miguel Eduardo s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

No corresponde anular de oficio el veredicto y sentencia si el tribunal del trabajo estableció con claridad, y sin contradicciones que invaliden el pronunciamiento, los hechos que consideró acreditados, apreciando en ejercicio de facultades privativas los antecedentes de la causa y prueba aportada, resolviendo con el debido sustento legal, la pretensión sometida a su consideración, sin omitir el tratamiento de ninguna cuestión, y no evidenciándose razones que impidan el conocimiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos, ley vigente, retroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

El legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente; los jueces, investigando la intención de aquél podrán, a su vez, atribuir a la ley ese mismo efecto, pero ni el legislador ni el juez pueden en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, recusación
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCOSAVIGNON BELGRANO, CARLOS HORACIO s/ Contrabando, Incidente de recusación Causa 30311-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-28

Las cuestiones atinentes a la recusación de los Jueces- en el caso, el Fiscal de Cámara-no son susceptibles del recurso extraordinario previsto en el Art. 14 de la Ley 48.
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PETRONI CARLOS ALBERTO c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-16

La potestad sancionadora disciplinaria no es de carácter penal, ni se identifica con el poder punitivo del estado. Frente a las faltas disciplinarias, a diferencia de la vieja teoría en la que se enroló Rasponi, las llamadas penas disciplinarias no son penas en el sentido de la ley penal, aún cuando se pretenda diferenciarlas en el grado, por su menor importancia en la transgresión y medida de la pena. Laband critica con éxito la posición teórica penalista, porque en el derecho administrativo no rige la regla del penal, "nebis in idem", dado que el poder disciplinario se ejerce o podría ejercerse, con sanción de tal carácter por el mismo hecho en el que ya recayó una pena (sanción con pena y medida disciplinarias paralelas y conjuntas). La pena delictual prescribe y la disciplinaria subsiste;

la persecución penal es deber del estado y en cambio el poder disciplinario depende de la discrecionalidad de las autoridades administrativas que pueden ser indulgentes. El poder disciplinario no es jurisdiccional -única vía penal posible-, sino que entra en la esfera del acto administrativo. Las penas disciplinarias son posibles aún si el grupo de funcionarios de que se trata está excluido de un estatuto, que es el que los rige en general, pues ello significa que no se les aplica directamente, lo que no significa que carezcan de todo estatuto. Además, las medidas disciplinarias de sustancia penal no se conciben que sean aplicadas analógicamente, pues implicaría aumentar sin ley la pretensión punitiva del estado. Por lo que no se podría aplicar un estatuto establecido para un sector de agentes a otro carente de estatuto.

Pero las penas meramente disciplinarias, como suspensión tiene procedencia obvia aún sin norma expresa que las contemple o autorice.
Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia correccional
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Fiscal Correccional y de Menores 2 - Primera Circunscripción Judicial s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-13

Como no se trata de un problema de competencia entre Jueces de Instrucción sino uno entre un Tribunal Colegiado y uno en lo Correccional, el conflicto suscitado debe ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia; y atento a la normativa vigente (artículo 25 y 39 inciso 2. del Código Procesal Penal Oral) es imprescindible e inmediato declarar que es competente el Señor Juez en lo Correccional. Así lo exige el artículo 110 del Código Penal y el citado artículo 25 del Código Procesal Penal, más allá de la autorizada doctrina o criterios que puedan existir en otras jurisdicciones.
Elevación en consulta, inconstitucionalidad, querellante, facultades del querellante, elevación a juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: STORCHI, Fernando. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-08

1) El segundo párrafo del art. 348 del C.P.P.N. afecta garantías constitucionales, por lo cual debe declararse su inconstitucionalidad.

2) Cuando hay particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, sin perjuicio de la opinión del Ministerio Público Fiscal, corresponde a la querella, en forma autónoma, impulsar los procedimientos al comienzo de un asunto (art. 180 del C.P.P.N.) y al finalizar la instrucción (art. 346 del C.P.P.N.), con las pertinentes limitaciones (del voto del Dr. Bruzzone).

La parte querellante se encuentra legitimada para requerir la elevación a juicio de las actuaciones de manera autónoma (del voto del Dr. Elbert).
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, amnistía, torturas, ausencia por desaparición forzada
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Barrios Altos c/ Perú s/ Sentencia de Fondo Perú s/ Sentencia de Fondo Perú s/ Sentencia de Fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-03-14

Resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, las de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fusero, Roberto c/ Rodríguez, Juan s/ Cumplimiento de contrato, escrituración y consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

El modo o procedimiento utilizado por el a quo para actualizar el saldo de precio (incluidos los casos en que existe mora del vendedor) es una cuestión de hecho privativa de las instancias ordinarias y exenta de revisión en casación, salvo que se denuncie y demuestre que en tal menester el juzgador ha incurrido en absurdo.
Acción de amparo, cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, actividad comercial, denuncia policial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ZARZA CLAUDIO MARCELO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-08-23

Rebatiendo los argumentos esgrimidos por la Jueza Civil para rechazar la atribución de competencia, sin desconocer las denuncias policiales obrantes en autos y la posible comisión de delitos que se investiga, se reitera que en el sub lite emerge nítidamente que el objeto principal de este juicio apunta a mantener la continuidad de la explotación comercial de la empresa por lo cual la parte actora reclama una tutela diferenciada a la que brinda el derecho penal, a los fines de garantizar sus derechos a ejercer industria lícita, a trabajar y el derecho de propiedad; máxime cuando la peticionante aclara que ha deducido las correspondientes denuncias penales.

Asimismo la parte actora invoca como fundamento de la acción el artículo 43 de la CN y el artículo 299 inciso 1º del CPC y C. Este último declara la aplicación del proceso sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial al amparo que se deduce contra un particular. El amparo surge como un medio tuitivo de aquellos derechos o garantías que explícita o implícitamente son reconocidos por la Constitución Nacional un tratado o una ley y que han sido lesionados, restringidos, alterados o amenazados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

De todo ello resulta que, en razón de la materia, el fuero penal no resulta el competente a los fines de conocer en la presente acción de amparo.