Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-12-21


Salta, 27 de diciembre de 2006.

Y VISTOS: Estos autos caratulados ?JARA, Rosa Beatriz y otro vs. EDESA S.A. - ORDINARIO?, Expte. Nº 474/0 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 9ª Nominación; Expte. Nº 112367/04 de Sala y C O N S I D E R A N D O La doctora Graciela Carlsen dijo:

I. Los señores Mario Eduardo Reyes y Rosa Beatriz Jara promovieron acción por resarcimiento de daños y perjuicios por la suma de $452.000 contra Edesa S.A, con motivo de un accidente ocurrido en fecha 23 de febrero de 2000, en el que falleciera por electrocución un hijo de ambos de nombre Mario Eduardo Reyes.

La sentencia acogió la demanda y condenó a la demandada y a la citada en garantía Compañía de Seguros Cigna Argentina, a pagar a los actores la suma de $ 402.000 con más los intereses, en el término de diez días, con costas.

Apelaron las nombradas (fs. 583 y 585), y al fundar el recurso a fs. 601/603, la citada en garantía manifiesta que se agravia del fallo en cuanto determina que no se acreditó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, pues considera acreditado en autos que el accidente ocurrió por culpa de la víctima (niño de ocho años) o de sus padres o familiares que debieron cumplir con el deber de vigilancia.

Agrega que el sentenciante no considero ni valoró que la dueña del inmueble donde ocurrió el accidente (tía del menor) construyó primero la planta baja sin presentación de planos ni aprobación municipal, entre ellos los de instalación eléctrica y su conexión con la línea domiciliaria. Que luego construyó la planta alta o primer piso cuyo balcón excede la línea de edificación municipal y no se modificó la altura del tendido de los cables de luz.

Que este hecho ha sido reconocido por la propietaria del inmueble y surge de numerosas pruebas, entre otras del informe de los peritos, de donde emerge una grave negligencia de su parte. Que los peritos también informan que la bajada del medidor había sido alterada al hacer la obra sin autorización ni control de Edesa. Considera por ello que no existe responsabilidad de la empresa pues el hecho de que el cable estuviera ?panzeado?, obedece a que cuando el menor pisó la baranda del balcón y se colgó del cable desprendió la línea. Solicita se revoque el fallo y se libere de responsabilidad a Edesa y a la aseguradora.

En subsidio, para el supuesto que no se revoque la sentencia, se agravia del monto indemnizatorio fijado por pérdida de chance y daño moral, los que implican un enriquecimiento sin causa y solicita se reduzcan sensiblemente, lo mismo que la tasa de interés establecida la que se debe fijar según lo aceptado por la jurisprudencia.

Por último, para el caso que se considere que existió culpa concurrente, solicita se fije un porcentaje bajísimo para Edesa y se condene a su parte hasta el monto de la franquicia.

Los agravios de Edesa S.A. rolan agregados a fs. 606/611. Manifiesta que la sentencia es arbitraria y violatoria de normas constitucionales, calificándola de ?lamentable?, desde que no analiza prueba alguna, sustentando el fallo en afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes. Sostiene que el accidente ocurrió por culpa exclusiva de la víctima y de su tía abuela propietaria del inmueble, lo que libera de toda responsabilidad a su parte.

Analiza la prueba rendida en sede penal y concluye que la culpa de la víctima es manifiesta al subirse a la baranda para agarrar el cable; como también es manifiesta la culpa de la propietaria del inmueble que construyó sin autorización municipal ni aprobación de planos avanzando sobre la línea municipal y con ello sobre el tendido de baja tensión.

Que tampoco siguió el procedimiento solicitando el corrimiento de la línea, y, una vez realizada la construcción, tampoco solicitó a Edesa la adecuación de la acometida sino que la resolvió por medios propios, con lo que el riesgo de la cosa no eran los cables, sino el inmueble construido al margen de las normas administrativas.

Se agravia por último del monto de la condena, el que no tiene fundamento alguno que lo respalde, por lo que ?afirma-, es una mera imprudencia arbitraria. Solicita se revoque la sentencia, con costas, y hace reserva del caso federal.

Contestados los agravios por la parte actora con fundamentos de apoyo al fallo impugnado (fs. 614/629), a los que brevitatis causae cabe remitirse y llamados los autos para sentencia (fs. 630), queda la causa en estado de resolver.

II. Las quejas de la demandada y de la citada en garantía resultan similares, desde que ambas cuestionan la responsabilidad de Edesa atribuida en el fallo, y los montos fijados a la indemnización reclamada, por considerarlos altos.

En orden a la responsabilidad de la demandada, al tratarse de una muerte por electrocución ?acaecida al tomar contacto la víctima con un cable conductor de energía-, se resuelve la cuestión con encuadre en la normativa del art. 1113, apartado segundo, párrafo final, del Cód. Civil, por tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva, tal como lo estableciera la sentencia impugnada, lo que no ha sido cuestionado por las recurrentes.

Tratándose de un caso de un daño causado por el riesgo de la cosa, basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquella, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardián de ella, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (cf. Aída Kemelmajer de Carlucci, Código Civil anotado, dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, t. 5, p. 521, Ed. Astrea; Compagnucci de Caso, "Fundamentos de la Responsabilidad Civil, Culpa y Riesgo", en "Homenaje a Jorge Mosset Iturraspe", p. 57 y sgtes.; Trigo Represas, "Responsabilidad Civil por Riesgo o Vicio de la Cosa", La Ley, t. 1989-E, 8; CS, in re ?González vs. Ferrocarriles Argentinos, La Ley, t. 1995-B, 278).

No encontrándose cuestionado el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa, corresponde examinar si la accionada ha acreditado los eximentes alegados, esto es, la culpa de la víctima y de un tercero ?tía del menor fallecido-, por quien no deba responder.

Es decir, si ha acreditado la ruptura del nexo causal, siendo insuficiente a tal efecto, pretender demostrar su falta o ausencia de culpa (cf. Roberto A. Vázquez Ferreira, ?El hecho del tercero o de la víctima como eximente en la responsabilidad objetiva?, en La Ley, t. 1996-C, p. 148).

La mera invocación del hecho del tercero resulta ineficaz para lograr la exención de responsabilidad, si no se configuran los extremos propios del caso fortuito, que atañen a la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho (art. 514, Civil; CSJN, Fallos: 313-1184, JA, 1991-II-106, La Ley 1979-C, 620, entre otros).

En doctrina se discute si es realmente necesario demostrar la existencia de culpa por parte de la víctima o del tercero, en referencia a una falta de diligencia en sentido lato o amplio, es decir una omisión de diligencia que hace al interés del omitente (cfr. Bueres, Alberto, ?La culpa profesional?, p. 75 de la obra colectica ?Las responsabilidades profesionales Libro homenaje al doctor Luis O. Andorno?, Ed. Platense, 1992); o bien si resulta suficiente el simple hecho del tercero en la medida que éste reúna los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor (cf. Alterini Atilio, ?Caso fortuito? en ?Temas de responsabilidad civil? de Alterini, Atilio y López Cabana, Roberto, Coedición de la Facultad de Derecho de la UBA y Ediciones Ciudad Argentina, 1995, p. 73 y siguientes).

Si nos inclináramos por la tesis amplia, y en el mejor de los supuestos para Edesa, que admite que basta el hecho del tercero para que funcione la eximente de responsabilidad, corresponde examinar si éste ha sido imprevisto o inevitable, es decir si reúne los requisitos del caso fortuito.

En las circunstancias del caso, el hecho alegado por la accionada como eximente de su responsabilidad, esto es, que la propietaria del inmueble donde ocurrió el siniestro haya edificado sin planos aprobados por la autoridad competente, y sin requerirse la intervención de Edesa para adecuar la conexión a la nueva edificación, si bien se trata de una grave negligencia, no alcanza para interrumpir el nexo causal que eximiría de responsabilidad a la demandada, desde que tales hechos no revisten las características de imprevisibles o inevitables, es decir del caso fortuito.

En efecto; quedó demostrado con las pruebas periciales incorporadas en autos (fs. 374/393), y en la causa penal ofrecida como prueba que se tiene a la vista (fs. 56/62), y las testimoniales e informativas producidas, que la causa eficiente del daño reclamado fue el riesgo creado por la empresa accionada con la precaria y antirreglamentaria instalación del tendido eléctrico en la arteria donde ocurrió el siniestro, en especial en el frente del inmueble en el cual se encontraba el menor accidentado.

Resulta contundente a tal efecto, la conclusión del experto en cuanto a que, aun sin la edificación del piso superior del inmueble, el tendido eléctrico era altamente riesgoso desde que no respetaba la altura ni la distancia mínima de seguridad de 5 metros desde el nivel del suelo, y de 2 metros de la línea de edificación, respectivamente (fs. 389/392, e informe aclaratorio del Ing. Salom de fs. 426/428).

Este informe resulta coincidente y ha sido corroborado con el croquis ilustrativo, fotografías e informe de la División Criminalística de la Policía de la Provincia (fs. 87, causa penal), e informes de la Asociación Electrotécnica Argentina (fs. 257, punto 3), y del Enresp (fs. 249).

Quedó acreditado además, y reconocido por la propia empresa accionada (fs. 355), que el tipo de cable que provocó la muerte por electrocución del menor, por tratarse de un cable neutro, no debía transportar energía (cfr. informe pericial, fs. 387/388 y testimoniales de Cavalleri y Caliva de fs. 302/304 y 331/333).

Las declaraciones testimoniales referidas, brindadas por testigos calificados por ser técnicos en la materia, ingenieros Roberto Daniel Caliva (fs. 331/333) y José María Caballeri (fs. 302/304), resultan altamente ilustrativas en orden al precario y deficiente estado del tendido eléctrico en general en la ciudad y en el supuesto particular de autos, como asimismo de la violación del deber de seguridad por parte de la empresa demandada (cfr. declaración de Cavalleri, en especial respuestas a las preguntas nº 5 y 6 y de Caliva, respuestas nº 5, 6, 8, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 23).

Por su parte el perito Reyes Tejerina destaca en el informe presentado en la causa penal, que en el inmueble colindante con el del accidente, ?el cable negativo tocaba la canaleta? (cfr. fs. 59), lo que coincide con las fotografías agregadas a fs. 49/50 del expediente de la Procuración General de la Pcia. de Salta, caratulado ?nota nº 677/2000?.

Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptarlo. Reiteradamente se ha sostenido que cuando se trata de un informe técnico, científico, etc., ajeno a la formación cultural de juez, éste para apartarse de sus conclusiones deberá oponerle argumentos de la misma naturaleza debidamente fundados: pero en esos mismos casos, si el juez comparte las conclusiones del dictamen, bastará con que así lo exprese sin necesidad de rebatir en su sentencia las impugnaciones que le hayan opuesto las partes (CNFed. Civ. y Com., sala III, 26/8/1992; "Fernández, Víctor M. c. Empresa Ferrocarriles Argentinos", íd. Sentencia del 23/03/1982, La Ley, 1993-A, 438; entre muchas otras).

El perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquéllos puntos que requieren conocimientos especiales. Dicha situación hace razonable la aceptación de sus conclusiones aún respecto de los ítems en los que expresa su opinión personal, siempre que tales afirmaciones obedezcan a elementos de juicio que el perito ha tenido en cuenta pese a que no los haya expuesto con toda amplitud (CNCiv., sala C, La Ley, 1989-A, 654, entre muchos otros).

No es ocioso recordar que el tribunal no se encuentra obligado a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CS, Fallos 258:304; 262:22; 263:30) y, por otra parte, los jueces no están obligados a ponderar exhaustivamente todas las pruebas agregadas, sino aquéllas que se estimen apropiadas para resolver el caso (CS, Fallos 274:113; 280:320 y art. 386 Cód. Procesal).

No encontrándose discutido el hecho del fallecimiento del menor Mario Eduardo Reyes por electrocución al establecer contacto con un cable existente en el lugar y que transportaba la corriente suficiente para producir el deceso, la relación existente entre las instalaciones de la empresa demandada y sus efectos, resultan claramente descriptas en la pericia técnica que el ingeniero electricista Miguel Angel Salom agregó a fs. 374/393 acompañada de fotografías y esquema de montaje.

Con la prueba examinada quedó descartado asimismo, que el menor se haya ?colgado del cable? como alegan la demandada y la aseguradora, sino que el mismo rozó su cabeza quedando ?enganchado? con su mano izquierda al pretender ?instintivamente- liberarse.

Sobre el deber de vigilancia invocado especialmente por Edesa S.A en relación a los padres del menor fallecido en el accidente en consideración, o la tía, a cuya falta atribuye el siniestro, aparecen mal interpretadas las disposiciones de la ley respecto de esta cuestión.

El art. 1114 del Cód. Civil (t.o ley 23.264) destaca la responsabilidad de los padres por los daños producidos por los menores que habitan con él y la adjudica a estos últimos cuando superan la mayoría de los diez años de edad.

Surge claro así que la referencia es expresa sobre los hechos dañosos producidos por los menores, por su accionar, pero no cuando ellos resultan víctimas de actos realizados por terceros.

Iguales derechos reparatorios tendrían los padres de un hijo de cualquier edad si resultara víctima de un accionar antijurídico de terceros. La muerte de un menor de 8 años víctima de un accidente no permite adjudicar culpa alguna a sus padres, salvo que ese menor hubiera sido el causante directo del daño. La desviada interpretación del deber de vigilancia de los padres sobre sus hijos no permite mayores consideraciones al respecto y no debe tenerse como agravio alguno.

En consecuencia, por todo lo expuesto, la pretensión ensayada por Edesa S.A y la compañía aseguradora en sus agravios, pretendiendo la exoneración de responsabilidad en el caso, con fundamento en la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, no puede tener acogida.

III. En lo que atañe al monto de la reparación, de lo cual escuetamente se agravian las recurrentes, cabe ante todo precisar, que la supresión de la vida, aparte de las aflicciones espirituales que produce y que no son objeto de consideración en este acápite, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial que deben ser indemnizados.

Pero lo que se mide en signos económicos no es la vida que ha cesado, que no tiene valor económico en sí misma, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora o productora de bienes, y su valor consiste en la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esa fuente de ingresos se extingue (CS, "Balbuena, Blanca Gladys c. Pcia. De Misiones", 05/07/1994, Fallos 317:728).

Es por ello que en su estimación no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino que se deberán considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima -su edad, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.- como con los damnificados -grado de parentesco, edad, educación, etc.- (íd. Fallos 316:912).

Que en tales condiciones, la indemnización establecida en el fallo luce excesiva, por lo que corresponde su morigeración. El reclamo comprende el daño material sufrido por los padres, estimado como la pérdida de la "chance" de contar con un futuro sostén económico por parte de la víctima.

Con relación a la posibilidad de ayuda futura, se ha decidido que si de lo que se trata es de resarcir la "chance" que -por su propia naturaleza- es sólo una posibilidad, no puede negarse la indemnización con el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte de un menor vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de "chance", de cuya reparación se trata (CS, Fallos: 308:1160).

Por otro lado, tampoco cabe excluirla en función de la edad del fallecido, pues aun en casos como el del sub examine es dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y sostén para los progenitores, expectativa legítima de acuerdo con lo dispuesto por el art. 367 del Código Civil, y verosímil según el curso ordinario de las cosas, particularmente en medios familiares de condición humilde (cf. CS, Fallos: 303:820; 308:1160 considerando 4°).

Al tiempo de su fallecimiento, el menor Mario Eduardo Reyes tenía 8 años de edad y cursaba estudios primarios en los que, según los certificados reservados, había alcanzado el segundo año EGB 1 con buenas calificaciones.

Sus padres, Mario Eduardo Reyes y Rosa Beatriz Jara, de 45 y 35 años, tienen otras hijas (fs. 5, expte. penal) que contaban con 11 y 7 años a la época del accidente y se desempeñaba como empleado no pudiéndose constatar sus ingresos por no haberse elevado el expediente s/Beneficio de litigar sin gastos ofrecido como prueba, pero se presume de dicha causa y de la copia certificada de la sentencia recaída en el mismo (fs. 419) que estos son escasos.

De acuerdo a estos antecedentes, es dable inferir la probabilidad de ayuda futura por parte del menor -que contaría en la actualidad con 15 años- en el marco de una visión realista de la situación económico-social de la familia sin perder de vista las posibilidades de sobrevida de sus integrantes.

Por ello, resulta apropiado fijar en $ 40.000 la indemnización por este concepto.

IV. En lo que se refiere al daño moral, cabe asimismo atender el agravio y morigerar el monto establecido en el fallo impugnado que luce desmesurado. Para ello se tienen en cuenta las especiales circunstancias del caso, en que dos jóvenes padres perdieron a su hijo de corta edad, viviendo la trágica experiencia que ello supone, quizá la mayor causa de aflicción espiritual.

El valor ético de la vida del hijo se proyecta moralmente en la existencia de los padres (Zavala de González, "Resarcimiento de daños" Ed. Hammurabi, Vol. 2b p. 276/277). Ello porque ante la muerte del hijo, el sufrimiento tiene una dual proyección: ante todo los progenitores padecen por lo que aquél mismo ha perdido al no poder seguir gozando de la vida, y además por lo que pierden personalmente con la extinción del hijo. Ese dolor intenso y perdurable determina que el daño moral de los padres se infiere presuncionalmente -"in re ipsa"- y sin otro aditamento a partir del sólo hecho de la desaparición trágica del hijo.

Por consiguiente, la procedencia de la indemnización de marras no admite objeciones, estimando en $ 140.000 el monto de este rubro, debiendo modificarse la sentencia apelada en este aspecto.

El reclamo se completa con el reintegro de los gastos en que se incurrió, cuyos montos ilustran las facturas cuyos originales se encuentran reservados en secretaría. El monto de la condena asciende a $ 2.000, importe que debe ser confirmado, por no haber sido objeto de agravio alguno por las recurrentes.

V. Los intereses igualmente se morigerarán por resultar excesivos en consideración a la naturaleza de la cuestión resuelta y jurisprudencia predominante, debiéndose calcular a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde el 23 de febrero de 2000 -día del accidente- hasta el efectivo pago.

Cabe aclarar por último, que la condena a la aseguradora lo es hasta el monto de la franquicia contratada con la empresa demandada (cfr. copia de fs. 41/73).

VI. Atento al resultado de los recursos, las costas en la alzada se imponen por el orden causado (art. 71 y 273, CPCC).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) HACE LUGAR parcialmente a los recursos de apelación interpuestos y MODIFICA la sentencia en lo que se refiere al importe de la condena, el que asciende a la suma de $ 182.000, con más los intereses en los términos expresados en los considerandos. Costas de alzada por el orden causado.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.