Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-06


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 6 de 2008.

Considerando:

I. El Sr. Juez de Primera Instancia rechazó la presente acción de amparo, con costas. Para así decidir, consideró que de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 42 y 43 de la C.N. y visto el objeto de la asociación actora y las demás manifestaciones vertidas en el dictamen fiscal, resultaba improcedente la defensa de falta de legitimación para obrar opuesta por el demandado. Por otra parte, en lo concerniente a la procedencia de la vía intentada, hizo referencia a los recaudos exigibles y al carácter procesal de excepción del amparo, que no ha sido alterado por la reforma constitucional de 1994. Así destacó que el art. 43 de la C.N. mantiene el criterio de excluir la acción cuando, por las circunstancias del caso concreto, se requiere de mayor debate y prueba y, por lo tanto, no se da el requisito de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la afectación de los derechos y garantías constitucionales. Ponderó que, en autos, a poco que se repare en las cuestiones a ser consideradas -de contenido eminentemente técnico y científico- se advierte que para su dilucidación requieren, evidentemente, de una mayor amplitud de debate y prueba, ajena -por principio- a la excepcional vía intentada e incompatible con el restringido marco cognoscitivo de ésta. Al respecto, indicó que para adoptar la decisión requerida por la actora debería previamente verificarse no sólo la toxicidad de las lámparas fluorescentes de bajo consumo, sino también su nivel de contaminación, su perdurabilidad en el tiempo, su incidencia ambiental y sus efectos para la salud de los habitantes (entre muchos aspectos) y, principalmente, evaluar éstos en contraposición con las consecuencias que trae aparejada la utilización de las tradicionales lámparas incandescentes, como ser el mayor consumo energético y los efectos por la generación del respectivo recurso, entre otros. De esta forma, concluyó que no aparece nítida la lesión -cierta o ineludible- ocasionada por la autoridad pública demandada -con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta- en tanto la cuestión aquí planteada exige de una mayor amplitud de debate y prueba (vide fs. 66/9).

II. La parte actora apela y funda su recurso a fs. 72/75 vta.

La recurrente cuestiona, en primer lugar, la validez de la notificación de la sentencia, pues -según aduce- la misma se encontraba mal fotocopiada (luego, dice con defectos de compaginación) y ello cercena su derecho de defensa. Solicita que se declare la nulidad de la notificación que se proceda a ordenar un nuevo traslado con copia fiel de la sentencia. No obstante ello; en subsidio, expresa agravios. Al respecto, sostiene que el tratamiento de la temática en cuestión, a través de un juicio de conocimiento, con todas las etapas que lo constituyen y la sobrecarga de trabajo que atiborra a los juzgados y lentifica lesivamente los procesos, podría provocar un daño irreparable al medio ambiente y, consecuentemente, a la sociedad en su conjunto. Indica que el juez no se ha detenido a analizar el informe acompañado con el escrito de demanda, como así tampoco ha prestado atención al expreso reconocimiento del demandado, sobre la toxicidad del mercurio. Sostiene que -a contrario de las consideraciones expuestas en el Cons. IV de la sentencia- el accionar atribuido al demandado y reconocido por éste, pone de manifiesto la existencia de ilegalidad, arbitrariedad y agravio constitucional a los derechos difusos y complejos, cuya amenaza de daño inminente invocan en el amparo, sin que resulten extraños a esta acción, ni excedan su ámbito cognoscitivo. Considera que en atención a la gravísima ingerencia del mercurio por su toxicidad, se debió habilitar la procedencia de la acción a los fines protectorios y de prevenir los efectivos daños irreparables cuya inminencia se denuncia, en violación a derechos constitucionalmente garantizados. Señala que el Estado ha omitido cumplir con deberes insoslayables, tales como: informar a la población acerca de los peligros que acarrea el uso de lámparas de mercurio y tener previsto el espacio pertinente para la captación de las mismas, su tratamiento y destino final, una vez que se produce su agotamiento o ruptura. Entiende que estas graves omisiones constituyen mérito suficiente para la apertura de la excepcional vía del amparo, dada la premura que la inminencia del daño y del derecho eventualmente conculcado reclama. También se agravia en relación con la imposición de las costas del proceso.

A fs. 80/5, obra la contestación de agravios presentada por el Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y, a fs. 87/91, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien se pronuncia en sentido favorable a que se confirme el pronunciamiento apelado.

III. En primer lugar, en punto a la cuestión relativa a la validez de la notificación, cabe señalar que sin perjuicio de las manifestaciones vertidas por la actora acerca de los errores de fotocopiado o de compaginación de la copia de la sentencia dictada en la causa, lo cierto es que a juzgar por los planteos efectuados en el escrito recursivo y a las consideraciones formuladas sobre lo decidido, no se advierte que -de haber existido tales defectos- se haya producido cercenamiento alguno en el derecho de defensa de la parte. Es que, la actora -al expresar agravios- ha rebatido puntualmente los fundamentos contenidos en el pronunciamiento en cuestión, que llevaron al juez a decidir el rechazo de la presente acción de amparo.

Ante lo expuesto, sin entrar a distinguir los efectos que acarrea la falta de copia de la resolución en el acto de notificación, toda vez que -por principio general- la nulidad por vicios del procedimiento carece de un fin en sí misma y su declaración sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte que la invoca (CSJN, Fallos: 314:290; 319:119; 320:1611; 322:507 y 324:1564; esta Sala, "STENFAR S.A." del 6/5/1994; "Palma, Jorge Francisco y otro c/ CPCF" del 4/5/2001; "Ramos Feijoo Claudio c/ PEN- dto 1570/01 y resol. 850/01 (Mº E) s/ amparo ley 16.986" del 6/2/06, entre otros;), lo que -en la especie- no se verifica, corresponde rechazar el planteo en cuestión (conf. art. 169 del Código Procesal).

IV. Ello sentado y a fin de ingresar en el conocimiento de la apelación y dar tratamiento a los agravios expuestos por la recurrente corresponde poner de relieve que este Tribunal -en reiteradas oportunidades- ha señalado que la ley 16.986 no ha sido derogada expresamente por la reforma constitucional de 1994 y, en tanto no se oponga a su letra y espíritu, subsiste la vigencia de los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo establecidos por ésta.

En ese encuadre, su apertura requiere, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño, concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 1º de la ley 16.986 (conf. C.S., Fallos 319:2955; 321:1252; 327:2459; 330:2877; etc.; esta Sala, "Kenny Carolina y otros c/EN -Mº Defensa- Dto. 1386/06 s/ amparo ley 16.986", del 18/12/06; "Horianski Claudia Analía c/ EN -Mº Interior - PSA- Dto. 1088/03 y 147/05 s/ amparo ley 16.986, del 19/9/07; "INSUGRA S.A. c/ EN -ley 26095- Dto. 1216/06- Mº Planificación Res 2008/06 y/o y Otros s/ amparo ley 16.986", del 26/6/08, entre otros).

Además de ello, es indispensable que se acredite -en debida forma- la inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio invocado (C.S., Fallos: 274:13; 300:1231), o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior (C.S., Fallos: 263:371; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; LA LEY, 1976-D, 650, 33.836-S; 1976-C, 262; 301:801; 303:419 y 2056; 307:2419; esta Sala, "Asociación Bancaria", del 11/10/96; "Lucas, Osvaldo", del 26/10/00; "Peralta Carlos Luis", del 26/4/06; "Dow Agrosciences Argentina SA", del 3/11/06, entre otros).

Por otra parte, resultan descartadas aquellas situaciones opinables y que requieren un amplio marco de debate y prueba, o cuando los perjuicios que pueda ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento de sus derechos por los procedimientos ordinarios (esta Sala, "Martínez, Hernán Diego Luis c/ Superintendencia de Seguros de la Nación s/ amparo ley 16.986", del 23/3/05; "Giménez Leonardo Fabián c/ E.N. - PFA (ex 162-18-97/02) - Dto. 993/91 s/ amparo ley 16.986", del 18/4/06; "MOLINOS ARGEPAM S.A. c/ EN -SE- Resol 1281/06 y otro s/ amparo ley 16.986", del 25/2/08, entre otros).

V. En la especie, la apelante -mediante el planteo vertido en su memorial de agravios- no logra rebatir los fundamentos expuestos en la sentencia en recurso, respecto a que las cuestiones debatidas en la causa presentan un contenido eminentemente técnico y científico y que, por lo tanto, requieren de mayor debate y prueba; lo que determina que no se encuentre configurado un supuesto de ilegitimidad o arbitrariedad de carácter manifiesto, en los términos del art. 1º de la ley de amparo y el art. 43 de la Constitución Nacional.

Al respecto, cabe ponderar la índole y el alcance de la pretensión que la asociación actora estructura en virtud de lo dispuesto por el decreto 140/07, sobre el uso -en forma masiva- de lámparas de bajo consumo, con sustento en la circunstancia de que el mercurio -que poseen las mismas- es un elemento con altos componentes de toxicidad y un residuo peligroso.

Si bien cierto que con el escrito de inicio la parte acompañó informe suscripto por un farmacéutico especializado en toxicología (vide fs. 32), no se puede dejar de advertir que la temática que se debate -en esta litis- excede la valoración de los efectos nocivos de los que se da cuenta en el mismo y los que puedan atribuirse al mercurio, pues hace -como lo invoca la propia actora- al impacto ambiental en función de su forma de desecho y, principalmente, a la confrontación de éste con los objetivos que motivaron el dictado del decreto en cuestión, cuya dilucidación no se ajusta al acotado ámbito de conocimiento de esta acción.

De esta forma y en atención a los términos del decreto 140/07, por el que se dispuso "iniciar las gestiones conducentes para el reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, en todas las viviendas del país- (Anexo I, p. 1.2), no es posible concluir que -en el caso- se encuentre configurado un supuesto de ilegalidad o arbitrariedad de carácter manifiesto, ni que halla quedado demostrada la existencia de un daño concreto y grave sólo reparable por esta vía, como aduce la recurrente.

Además, en lo que a la litis interesa, no es dable soslayar la relevancia de la cuestión, ya que en el decreto 140/07 -por el que se adoptó la medida que motiva esta causa- se declaró "de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía" (art. 1º) y fueron aprobados los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía (art. 2º).

En tales condiciones y de cara a las consideraciones expuestas por el Estado Nacional en oportunidad de presentar el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, en punto a que se han realizado los estudios pertinentes y que aún se continúan analizando las formas de desecho de las lámparas de bajo consumo y el tratamiento del mencionado material, el planteo no se presenta con aptitud suficiente para abrir la vía de la acción de amparo.

Ello es así por cuanto, teniendo en cuenta las posiciones de ambas partes, se concluye que el planteo requiere de un análisis con mayor debate y prueba, que excede el ámbito de conocimiento de la acción de amparo, ya que -como se destacó en la sentencia en recurso- la decisión requerida por la actora exige una evaluación previa de la incidencia ambiental del uso y desecho de las lámparas fluorescentes de bajo consumo y su contraposición con las consecuencias que trae aparejada la utilización de las tradicionales lámparas incandescentes, como ser el mayor consumo energético, en función del uso racional y eficiente de la energía, que fue tenido en cuenta para el dictado del decreto 140/2007 y declarado -en éste- como propósito de interés y prioridad nacional.

En este contexto, no se demuestra que el caso quede apartado de la necesidad de aplicar la doctrina que excluye de la vía intentada aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, pues los temas opinables o aquellos requeridos de mayor debate y aporte probatorio, son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir los trámites y requisitos previamente instituidos (C.S., Fallos: 297:65; 300:688; 300:1033; 301:1061; 302:535; 305:223; 306:396; esta Sala, in re: "Vázquez", del 16/2/95; "Pérez Bustamante Laura c/ E.N. - Mº Economía y P y otros s/ amparo ley 16.986", del 28/5/07, entre otros).

VI. No obstante lo que se decide en relación a la improcedencia de la acción de amparo, resulta atendible el agravio vertido por la apelante en lo atinente a las costas de primera instancia.

En efecto, teniendo en cuenta la índole y particularidades de la cuestión, así como a la forma en la que se decide en la presente -por razones que hacen a su improcedencia formal-, se encuentran motivos suficientes para apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 14 de la ley 16.986 y por el art. 68 del Código Procesal.

En consecuencia, corresponde modificar en este punto la sentencia en recurso, estableciendo que las costas de primera instancia deben ser soportadas en el orden causado (conf. art. 68, ap. 2do. del Código Procesal).

Por lo tanto, se resuelve: hacer parcialmente lugar a la apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia en recurso en cuanto rechazó el amparo promovido por la Asociación Bonaerense de Investigaciones Ambientales (A.B.I.A.) y, asimismo, establecer que las costas de ambas instancias deben ser soportadas en el orden causado (art. 68, ap. 2, del C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese, y devuélvanse. -Jorge Esteban Argento. -Carlos Manuel Grecco. -Sergio Gustavo Fernández.