Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-02


Causa 422-00-CC/2005 "GCBA c/ Florentini Cuba. Julio Cesar s/ ejecución de multas - apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de febrero de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Marcelo Pablo Vázquez, José Sáez Capel y Elizabeth A. Marum a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución obrante a fs. 76/7 de la presente causa, de la que RESULTA:

I) Que, en la primera ocasión en que este Tribunal debió intervenir en el presente proceso, fs. 44/5, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el mandatario del GCBA y revocó la decisión del a quo, obrante a fs. 23/4, que, sobre la base de considerar aplicable, por resultar más benigno, el régimen instaurado por ley 451 -toda vez que no preveía causales de interrupción del plazo de prescripción de la sanción- y por aplicación analógica de los principios generales del proceso penal, prescribió de oficio la multa que se pretende cobrar compulsivamente en este proceso.

Para decidir como lo hizo este Tribunal advirtió que la sanción que se pretende cobrar compulsivamente mediante el procedimiento que determina el art. 23 de la ley 1217 fue impuesta mediante resolución de fecha 14/06/2000 y fue notificada recién el 26/05/2003 (alrededor de tres años después), momento en que estaban vigentes las leyes 19690 y 19691, de modo que sólo resultaba posible aplicar la ley posterior (451) en caso de resultar más benigna en el caso concreto, máxime cuando el TSJBA estableció que, a la luz del régimen actualmente vigente, no resulta admisible la declaración oficiosa de prescripción de una multa que se encuentra en condiciones de ser ejecutada (fallos TSJBA "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ ejecución fiscal'", expte. n° 3998 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Impsat SA s/ ejecución de multa'", expte. n° 3966, ambos del 19/10/2005).

Por lo expuesto y si bien la ley 19691 contenía una causal de interrupción de la prescripción de la sanción (la comisión de una nueva falta), se dijo que resultaba necesario verificar en el presente caso si se produjo, puesto que dicha ley, tal como fue advertido por el Juez Julio Maier (in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005), establecía, a diferencia de la ley 451, por un lado que las disposiciones generales del Código Penal resultaban aplicables siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas por ella y que no podía aplicarse por analogía otra ley en perjuicio del imputado (art. 4 y 5 de la citada ley), y por otro, que tanto las acciones como las penas se extinguían, entre otros motivos, por el transcurso del plazo de prescripción que era de dos años a contar desde el dictado de la sentencia definitiva (ver arts. 26 y 27 de la ley 19691) y que "la prescripción [de la pena] se declarará de oficio aunque el imputado no la hubiere opuesto" (art. 27 in fine de la ley aludida en último término).

Esta decisión fue fehacientemente notificada a la parte actora (fs. 47).

II) Que recibidas que fueron las actuaciones nuevamente por el a quo, se dispuso el libramiento de oficios a fin de verificar la presencia de la causal interruptiva prevista por la ley vigente al momento de los hechos (fs. 49 y 53). Dicha diligencia arrojó resultado negativo (fs. 61/4 y 68/70).

III) De conformidad con lo manifestado por este Tribunal en la resolución ut supra referida, con sustento en la doctrina jurisprudencial del TSJBA, el a quo resolvió correr vista al actor acerca de la posible prescripción de la deuda sancionada en autos. En ocasión de evacuar la vista conferida la actora reiteró que no resulta procedente tratar la prescripción de la multa cuando la demandada no se ha presentado en autos ni ha ejercido esa defensa.

IV) Que a fs. 76/7 luce la resolución del Sr. Juez de Grado quien nuevamente declaró prescripta la multa impuesta a Julio César Florentini Cuba y, en consecuencia, no hizo lugar a la ejecución de la deuda cuyo certificado obra a fs. 4 del presente legajo.

Para así decidir, entendió que teniendo en cuenta la ley vigente al momento de la aplicación de la sanción impuesta al ejecutado, se verifica que desde la notificación de la resolución adoptada por el órgano administrativo -26/05/2003- hasta la actualidad, ha trascurrido largamente el plazo de prescripción de la pena, de dos años, previsto en el art. 27 de la ley 19.691 sin que se haya constatado la comisión de nuevas faltas por parte del demandado en autos -único supuesto que a criterio del a quo resultaba interruptivo de dicho plazo de conformidad con el art. 27 ley 19.691.

A mayor abundamiento, señaló que de conformidad con la ley aplicable, la declaración de oficio de la prescripción de la pena no sólo resultaba una facultad, sino más bien un deber del juez y que ello no ha sido refutado por la argumentación de la actora quien tuvo posibilidad de expedirse sobre el particular y sin embargo no omitió opinión alguna.

V) Que a fs. 81/9 luce el memorial del recurso de apelación que, interpuesto a fs. 79, se concedió a fs. 80.

Por su intermedio se agravia la recurrente articulando básicamente dos críticas.

La primera de ellas se dirige a cuestionar que el a quo decretó la prescripción de la sanción de oficio "sin analizar los antecedentes de la presente causa" (sic, fs. 81 vta.). Entiende, en este sentido, que la resolución en crisis resulta arbitraria, atento que el Juez de Grado, conforme lo establece tanto la ley aplicable al caso, como la doctrina y la jurisprudencia, se encuentra imposibilitado de tratar y decretar de oficio la prescripción de la deuda ejecutada. Añade que el fallo recurrido priva a su parte de la oportunidad procesal de defenderse de una cuestión judicial que no fue debatida en este proceso ejecutivo y que fue intempestivamente introducida por el Juez de Grado al declarar la prescripción de oficio de la deuda reclamada en autos.

El segundo eje crítico del memorial bajo examen cuestiona que el a quo se apartó de las previsiones del art. 3986 del Código Civil que establece que "la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor". Entiende que de la naturaleza propia del instituto de la prescripción, surge en forma incuestionable que el inicio de la acción ejecutiva interrumpe el cómputo de su plazo.

Así, desde su perspectiva, considera que, de conformidad con lo establecido en los arts. 26 y 27 de la ley 19.691, el plazo de prescripción de la pena es de dos años "a contar desde el dictado de la sentencia definitiva". Luego explica que "la sentencia mediante la cual se impuso la multa que se pretende ejecutar quedó firme el día 26/05/2003, comenzando a correr a partir de dicha fecha el plazo de prescripción" que habría operado el día 27/05/2005 (fs. 86); sin embargo toda vez que la acción se inició el día 29/09/2003 dicho acto interrumpió el curso de la misma, por ello solicita que se revoque el erróneo cómputo efectuado por la resolución en crisis. Cita en su apoyo precedentes jurisprudenciales de diversos Tribunales.

VI) Que toda vez que en el presente caso no se encontraba trabada la litis las actuaciones quedaron, de conformidad con el decreto de fs. 94, en estado de ser resueltas, siendo necesario dilucidar en primer término si el recurso ha sido correctamente concedido para luego, en su caso, desentrañar la decisión a adoptar.

Los Dres. Marcelo Pablo Vázquez y Elizabeth A. Marum dijeron:

PRIMERA CUESTION El recurso, oportuno y formalmente admisible, ha sido correctamente concedido en relación sin trámite diferido, toda vez que la decisión en crisis no constituye, en sentido técnico, sentencia definitiva. Por su parte, la presentación del memorial que intenta conmover la decisión en crisis ha sido oportunamente aportado (arts. 224 y 231 CCAyT).

SEGUNDA CUESTION El primero de los agravios gira en torno a la declaración de la prescripción de la sanción de multa que se pretende cobrar compulsivamente mediante la presente acción en forma oficiosa. Para demostrar la sinrazón de lo decidido alega la recurrente que dicha forma de obrar entraña un apartamiento de la normativa aplicable; sin embargo, en el mismo escrito bajo examen señala como aplicable el régimen previsto por las ley 19.691 que precisamente, como se explicó en la resolución de fs. 44/45, impone a los jueces el deber de declarar, aunque el imputado no la hubiere opuesto, la prescripción de oficio (art. 27 in fine ley 19.691).

Es claro que ante este estado de cosas la impugnación bajo examen es manifiestamente incapaz para demostrar la incorrección del decisorio en crisis.

Tampoco puede sostenerse que la declaración de oficio de la prescripción de la sanción que aquí se pretende cobrar compulsivamente, impuesto como deber por la ley aplicable, haya sorprendido a la actora. En efecto, ella fue notificada de la resolución de este Tribunal que advirtió la existencia de dicha facultad-deber en el caso (fs. 47). Como si eso fuese poco, el Sr. Juez de Grado le corrió traslado para que se expida acerca de la posibilidad de que la multa se encuentre prescripta (fs. 72). Sin embargo, omitiendo toda consideración a la norma cuya aplicación no controvierte, entendió que no debía expedirse sobre el particular (fs. 75). Frente al marco de situación expuesto, resulta claro que la crítica en este punto, tal cual ha sido presentada en el recurso de apelación, ni siquiera permite advertir qué error se está cuestionando a la decisión en crisis que declaró prescripta la sanción de multa sobra la base de la ley aplicable al caso.

En este punto, no está de más recordar que "Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma vigente conducente a resolver el caso sin la previa declaración de inconstitucionalidad, ya que la sentencia que prescindiera de tal declaración y desaplicase el derecho vigente queda descalificada por arbitraria" (Del voto de los Dres. Guillermo A. Muñoz, José O. Casás y Ana María Conde in re "Perrone Héctor Alejandro c/ Gobierno de la Ciudad s/ amparo", Expte. TSJBA nº 30/99, del 21/04/1999).

Ahora bien, ingresando al segundo de los agravios presentados por el recurrente en su escrito se desarrollarán ahora los motivos por los cuales tampoco logra con sus críticas demostrar que la prescripción ha sido mal declarada en el caso por haberse omitido considerar la capacidad interruptiva del curso de la prescripción de la sanción que, a criterio de la recurrente, posee la interposición de la demanda.

En efecto, el recurso bajo examen señala, desde la perspectiva literal de la ley aplicable al caso, que el "art. 27 de la ley 19.691 establece que el transcurso del plazo de prescripción es de dos años a contar desde el dictado de la sentencia definitiva" (sic, fs. 86). Desde esta óptica propuesta por el recurrente cabe destacar que la sanción administrativa que se pretende ejecutar en estos actuados se dictó el 14/06/2000 (recién fue notificada tres años después, el 26/05/2003, fs. 4) de modo que, aún a la luz de este razonamiento, la sanción habría prescripto el 14/06/2002, es decir aún antes de interpuesta la demanda a la que el recurrente asigna propiedades interruptivas del curso de la prescripción de la multa.

Por otra parte, el impugnante, simultáneamente, considera que el hito a partir del cual debe computarse el plazo previsto por el art. 27 de la ley 19.691 es el 26/05/2003 (es decir la fecha en que la sanción administrativa fue notificada conforme el certificado de deuda, fs. 4), sin explicar por qué escoge esa fecha y no, por ejemplo, la fecha en que el acto administrativo quedó firme (aunque se deduce de fs. 86 que confunde ambos momentos fusionándolos en uno solo).

Desde esta nueva perspectiva explica que la sanción que se pretende ejecutar no se halla prescripta toda vez que la interposición de la demanda realizada el 29/09/2003 posee condiciones interruptivas de la prescripción.

Ahora bien, el problema acerca de los factores interruptivos de la prescripción de la sanciones administrativas que se pretenden ejecutar mediante este tipo de procesos ha sido señalado por el Juez Maier, quien dijo: "Tengo la impresión de que aquí, con la invocación de diferentes leyes infraconstitucionales que pueden gobernar el caso, se está discutiendo, antes bien, la posibilidad de la existencia o inexistencia de un suceso interruptor del plazo de extinción de la acción ejecutiva por prescripción" (del voto del aludido Juez in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'GCBA c/ Impsat SA s/ ejecución de multa'" Expte. n° 3966 del 19/10/2005).

En efecto, en la ley aplicable al caso no existe un suceso interruptor del plazo de extinción de la sanción que se pretende ejecutar distinto a "la comisión de una nueva falta" (art. 27 ley 19691).

Frente a un problema similar, si bien suscitado en el seno del sistema contravencional, se afirmó que "(...) el art. 31, CC, después de fijar los plazos de prescripción, considera una única causa de interrupción de la prescripción" de lo que se desprendía que no cabía crear pretorianamente una nueva causa de interrupción de la prescripción, no prevista en la ley (del voto del Juez Maier in re "Andretta, Carlos Hugo s/ art. 41 -causa n° 648-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad" Expte. n° 811/2001 del 15/05/2001). Dicha doctrina resulta trasladable al caso de examen, máxime cuando la propia ley aplicable al caso, que -reiteramos- no aparece controvertida por el recurrente, establecía que "no podrá aplicarse por analogía otra ley que la que rige el caso, ni interpretarse extensivamente en contra del imputado" (art. 5, ley 19691).

Asimismo, otra circunstancia que demuestra la irrazonabilidad de aplicar a la ejecución de una sanción dispuesta por la autoridad administrativa local, con motivo de una infracción a las normas propias del poder de policía de esta jurisdicción, las regulaciones que acerca de la prescripción efectuó el legislador nacional en ocasión de legislar acerca de la adquisición y pérdida de los derechos reales y personales por el transcurso del tiempo (Libro IV, Sección III, Capítulo I del Código Civil), radica justamente en el carácter local de la materia en cuestión.

En este sentido, vemos que cuando en el régimen de faltas el legislador local, en ejercicio de su facultades propias, consideró necesario remitirse a las disposiciones del legislador nacional, así lo hizo expresamente (a modo de ejemplo, art. 15 ley 451). Por ello mismo, no corresponde considerar que si el legislador local dispuso expresamente que el plazo de prescripción de la sanción se interrumpía exclusivamente por la comisión de otra falta; haya establecido, implícitamente, alguna otra causal interruptiva.

Dentro del ejercicio de potestades del poder de policía propio, es lógico que la normativa local pueda regular tanto lo relativo a las conductas que pueden afectar a la salud y seguridad públicas como los aspectos relativos a la sanción por la infracción a esas normas (es decir, lo atinente al plazo de prescripción asi como a los factores que tienen capacidad interruptiva de dicho plazo).

En un importante antecedente jurisprudencial del máximo Tribunal de esta Ciudad donde se discutió -si bien en materia Tributaria local- si debía aplicarse el plazo de prescripción previsto en la legislación local (que en aquel caso era mayor) o el contemplado en la legislación nacional (que en aquel caso era menor) se establecieron pautas que claramente dan solución al punto aquí controvertido (ver: TSJBA in re "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC (Res. nº 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)", Expte. nº 2192/03 del 17/11/2003).

En tal sentido, se afirmó que: no puede admitirse la aplicación del Código Civil en materias cuya regulación no ha sido delegada en el gobierno federal (del considerando d del voto de Ana María Conde en la causa citada), toda vez que "Ello impediría que, como sucede en la realidad, los plazos de prescripción de los deberes emergentes de un código de faltas, o de contravenciones, o del Derecho administrativo sancionatorio puedan ser regulados por las leyes específicas" y de ese modo "los motivos de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal que él [por el Código Penal] regula, desplazarían totalmente, por el mismo argumento de la inconstitucionalidad aquí examinado, a la institución que regulan los códigos de faltas o contravencionales, o el derecho administrativo sancionatorio, muchas veces de legislación local, en el sentido más circunscripto de municipal o vecinal, para aquellas provincias de organización jurídica federal interna. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, la prescripción regulada por el Código Contravencional (art. 31) devendría, con ese razonamiento, contraria a la CN, 75, inc. 12, pues, como resulta natural y racional, esa regulación no acepta plazos tan extensos como los reglados por el Código Penal y determina sus propias formas de suspensión e interrupción del plazo, en atención a las características y fines de la legislación contravencional." (del considerando 3 del voto del Juez Julio Maier en la causa citada).

En síntesis, no asiste razón a la recurrente en cuanto pretende la aplicación de supuestos interruptivos de la prescripción de la sanción que se pretende ejecutar que no han sido previstos por la ley específica sino por el legislador nacional.

A mayor abundamiento, aún cuando asistiese razón al recurrente en cuanto a que la interposición de la demanda tuviese efectos interruptivos del plazo prescriptivo de la sanción de multa que se pretende ejecutar lo cierto es que la conclusión a que arriba la decisión en crisis igualmente debería ser confirmada. Ello así por cuanto, en derecho, todo plazo que se interrumpe renace; entonces, aún cuando la interposición de la demanda efectuada el 29/09/2003 hubiese tenido efectos interruptivos del plazo en cuestión el recurrente no advierte acerca de la existencia de algún otro hito interruptor, de lo que se desprende que, a la fecha, la sanción que se pretende cobrar compulsivamente mediante este proceso se encontraría de todas formas prescripta.

Por las razones expuestas propiciamos la confirmación de la resolución en crisis, obrante a fs. 76/7, en cuanto declaró prescripta la multa impuesta a Julio César Florentini y, en consecuencia, no hizo lugar a la ejecución de la deuda cuyo certificado obra a fs. 4 de las presentes actuaciones.

El José Sáez Capel dijo:

En lo atinente a la admisibilidad del recurso bajo examen coincido con lo manifestado por mis colegas de Sala. Sin embargo en cuanto al fondo del asunto en cuestión, debo remitirme a lo manifestado en el precedente "GCBA c/ Woloszczuk, José María s/ Ejecución de multas" Causa 409-00/CC/2005 del 23/03/2005.

Alli, expresé que tal como reiteradamente he sostenido en los autos "GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ ejecución de multas" Causa 184-00/CC/2004 rta. 10/08/2004; "GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ ejecución de multa- apelación" Causa 365-00/CC/2004, rta 3/11/04 y "GCBA c/ Annie Millet SA s/ ejecución de multa- apelación" rta. 3/11/2005 entre otros, nos encontramos frente a un reclamo patrimonial en virtud de una obligación exigible, que tiene su origen en una sanción administrativa impuesta a la demandada, correspondiendo aplicar el procedimiento establecido en los artículos 450 y cc. del CCAyT, en el que la prescripción debe ser opuesta por el demandado como excepción.

El Juez de grado, una vez presentada la demanda, sólo está facultado para hacer un examen del título tendiente a determinar si el mismo tiene las cualidades necesarias para proceder a su ejecución, es decir, si representa un título ejecutivo.

En otras palabras, sólo debe examinar cuidadosamente la concurrencia de los presupuestos formales del título, que le dan fuerza ejecutiva; este examen implica determinar si él es hábil y si prima facie existe legitimación procesal por parte de la actora para efectuar el reclamo. Pero en modo alguno el Juez, de oficio, debe suplir la actividad de la parte demandada resolviendo una cuestión que hace al fondo de la cuestión sin haber sido interpuesta como excepción.

El juicio de ejecución fiscal normado en el artículo 450 ibídem es independiente de la naturaleza administrativa sancionatoria de las multas impuestas por los otrora Jueces Administrativos de Faltas o los Controladores de la Ciudad.

Por ello, es indistinto a criterio del suscripto, que el procedimiento utilizado en la multa lo haya sido con anterioridad o no de la vigencia de la ley 1217 ya que desde su vigencia en julio de 1999 el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece este procedimiento para la ejecución de tales sanciones (el destacado es a los efectos de enfatizar la aplicación del procedimiento expuesto aún en el caso particular).

Procedimiento que con el nombre de apremio había sido ya regulado en nuestro derecho por la vieja ley 50 y recepcionado localmente por los Códigos de procedimiento de los Estados de la Federación, porque como sostienen Peretti y Tessone (La ejecución fiscal en la ley 11.683. - pagina 17. Buenos Aires, 1997), a lo que tienden estos procedimientos es a la necesaria y rápida satisfacción de las rentas públicas y la presunción de legitimidad que acompañan a las liquidaciones de deuda expedidas por funcionarios públicos, con lo que se estructura un proceso de ejecución destinado a que el fisco perciba las cantidades dinerarias que se le adeudan y busca un mínimo equilibrio que se contempla en una restringida faz de conocimiento, fuertemente simplificada con relación a los procesos plenarios, en aras, precisamente de agotar la coacción de la manera más acelerada posible.

La estrechez de este procedimiento de ejecución fiscal revela una limitación del conocimiento y denotan inequívocamente que la intención del Legislador porteño ha sido la de acentuar la estrictez del régimen de ejecución.

Por otra parte así lo ha entendido el TSJ en el expediente 3966 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Impsat SA s/ ejecución de multa" y expediente 3998 "GCBA s/ queja por recuso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ ejecución fiscal" ambos resueltos el 19/10/05, en los que se hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se revocaron las resoluciones de esta Sala, ordenándose la continuación de los tramites de ejecución fiscal en el estado que se encontraban.

Por todo ello voto para que se revoque la resolución en crisis, por la que el señor Juez del JCyF nro. 6 declaró prescripta la multa impuesta y, en consecuencia, no hizo lugar a la ejecución y se ordene la continuación del trámite de la presente causa.

Por lo antedicho, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, por mayoría RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución en crisis, obrante a fs. 76/7, en cuanto declaró prescripta la multa impuesta a Julio César Florentini y, en consecuencia, no hizo lugar a la ejecución de la deuda cuyo certificado obra a fs. 4 de las presentes actuaciones.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera instancia, a sus efectos.

Ante mi: