Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-13


2º Instancia.- Buenos Aires, 13/10/2009 El doctor Stortini dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada con motivo de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 179/182 interpuso el actor a tenor del memorial obrante a fs. 183/186, el cual mereció la réplica respectiva (ver fs. 193/194). El demandante apela también la totalidad de los honorarios regulados por considerarlos elevados (fs. 186 pto. VII).

El actor se agravia por cuanto la señora juez que me ha precedido consideró con justa causa el despido directo del caso. Sostiene que la conclusión de la "a quo" respondió a una incorrecta valoración de la prueba producida ya que -a su entender- no existen elementos de juicio válidos que demuestren las inconductas que le fueron endilgadas como sustento de la decisión.

2º) Adelanto que los agravios no resultan suficientes a fin de revertir lo resuelto en el fallo, no obstante la enjundia evidenciadas en el memorial recursivo.

Se encuentra fuera de discusión que Riguet trabajó para la empresa de seguridad demandada desde el 01/02/1997 como vigilador y que lo hizo hasta que con fecha 19/12/2006 la empleadora resolvió despedirlo (ver demanda y su contestación). El acto disolutorio fue comunicado mediante carta documento que -en lo sustancial- decía "En atención a que el día 14 de diciembre de 2006 a las 22,45 hs. en oportunidad de presentarse en el objetivo del banco HSBC casa central sito en la calle Florida 201 después de concluido su período de goce de vacaciones, sin autorización ni directivas de ninguna especie de este empleador, toda vez que Ud. conoce perfectamente que tiene que anunciar su regreso y esperar la designación del objetivo para el cumplimiento de sus tareas de vigilador lo que es norma de esta empresa, luego de cumplido el plazo de la licencia, que ante la notificación que se le efectuara respecto a que en el mismo el puesto se encontraba cubierto por otro vigilador, Ud. en forma desproporcionada, agresiva, descontrolada y totalmente inadmisible, se dedicó a insultar soezmente a todo el personal de Viset Seguridad Integral que se encontraba en dicha sucursal bancaria, los Sres. Ibañez, Ramos, Mosquera y Dottori, como asimismo a las autoridades de la empresa, haciéndolo también en presencia de dos personas pertenecientes a la empresa de limpieza del banco. No conforme con ello, además pateó en reiteradas oportunidades la puerta de ingreso para el público con capacidades especiales, todo lo que fuera registrado en imagen y sonido por las cámaras de seguridad del banco. El hecho descripto significa una grave inobservancia de las obligaciones a su cargo...por todo lo expresado se lo despide por su exclusiva culpa..." (ver documental de fs. 3).

Del análisis de la prueba testimonial como así también de los instrumentos ofrecidos encuentro probada las inconductas que le fueron endilgadas al actor en la comunicación rescisoria (art. 377 C.P.C.C.N.).

En efecto. Carlos Arturo Ibañez -vigilador- da certeza en cuanto al proceder intempestivo adoptado por el actor al reconocer haber suscripto el parte de novedades referido al accionar de Riguet el día 14/12/2006 en el objetivo bancario (ver fs. 118/119 y "memorando" de fecha 18/12/2006 obrante en el sobre de prueba reservada).

Este testimonio se encuentra corroborado por los dichos de Juan Daniel Moreno y Pedro Norberto Reynoso quienes dan cuenta de la reacción del trabajador al observar el episodio a través del sistema de monitoreo de seguridad del banco (ver fs. 157/158 y 159).

Las citadas declaraciones (Moreno y Reynoso) merecen valor convictivo al ser contestes en cuanto a los hechos que relatan. Nótese en este sentido que los testimonios analizados guardan estricta correspondencia con el referido "memo" de novedades que suscribió y reconoció Ibáñez (fs. 118/119) y dan cuenta de hechos que no fueron expresamente desconocidos por el actor tanto en la demanda como en las comunicaciones postales previas (afirmando Riguet haberse limitado sólo a reclamar sus derechos). Por ello, la crítica que formula el apelante en relación con esta testimonial, la ausencia del citado video y la falta de pruebas respecto de actos de indisciplina de su parte deviene inconducente (arts. 90 L.O. y 386 del C.P.C.C.N.).

Dentro del marco probatorio descripto y a fin de resolver la presente contienda es preciso remarcar que en el escrito de demanda y tampoco al expresar agravios, se adujo -ni mucho menos se probó- que la reacción del actor frente al superior jerárquico haya respondido a una previa agresión o provocación -verbal o de hecho- de su ex empleador que justifique el proceder asumido en el caso. Tal circunstancia podría suprimir la falta, atemperarla o atenuarla, quitándole la indispensable gravedad (art. 242 L.C.T.).

Así los testimonios ofrecidos a instancias del actor no aportan elementos de convicción en tal sentido (art. 90 L.O.). Obsérvese que si bien Fernando Santiago Oneglio y Silvio José Vendrell refirieron trabajar con el actor en el objetivo del H.S.B.C. Bank como vigilador y encargado de limpieza, respectivamente, nada dicen respecto de las circunstancias en que Riguet se desvinculó de la demandada (ver fs. 112 y 116/117).

Véase -además- que al momento de contestar la comunicación del cese Riguet sostuvo que cumplió con las normas de la empresa en relación con la comunicación del reintegro. Sin embargo llega firme a esta instancia que el actor no aportó elemento de prueba válido que acredite que se comunicó en forma telefónica con la empresa a la vuelta de su licencia vacacional y que le fuese otorgado un objetivo para cubrir en la misma entidad bancaria. Así entiendo que la comunicación que se le formuló el día 14/12/2006 acerca de que no tenía objetivo asignado ni autorización para tomar servicio (conf. declaraciones cit.) no amerita ser considerada como "provocación" que atempere -reitero- la inconducta en que aquel incurrió (art. 242 L.C.T.).

En definitiva me inclino por confirmar el fallo en el aspecto aquí considerado.

En lo concerniente a los honorarios de los profesionales intervinientes, incluido el perito contador, estimo que no lucen elevados con base en las pautas arancelarias vigentes y el mérito, importancia y extensión de los trabajos realizados, (conf. arts. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 dec. ley 16.638/57).

Las costas de esta instancia propicio imponerlas a cargo del actor también vencido en esta instancia (art. 68 primer párrafo del C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de su representación letrada y de la demandada en el 25 % y 25% respectivamente, sobre lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria).

En definitiva, por las razones expuestas, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a cargo del actor (art. 68 primer párrafo del C.P.C.C.N.). 3) Regular los honorarios de su representación letrada y de la demandada por su actuación en esta instancia en el 25% y 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14 ley arancelaria).

El doctor Corach dijo:

I. Respetuosamente, me permito disentir con la solución antes propuesta, adelantando mi opinión en el sentido que le asiste razón al demandante en cuanto se agravia porque se consideró ajustado a derecho el despido dispuesto por la principal y, consecuentemente, se rechazó la demanda incoada.

De los términos en que quedó trabada la litis se extrae que la demandada despidió al accionante imputándole no observar las reglas internas de la empresa relativas a la reincorporación de la licencia por vacaciones y "en forma desproporcionada, agresiva, descontrolada y totalmente inadmisible (haberse dedicado a) insultar soezmente a todo el personal de Viset Seguridad Integral que se encontraba en dicha sucursal bancaria, los sres. Ibañez, Ramos, Mosquera y Dottori, como asimismo a las autoridades de la empresa, haciendo también presencia de dos personas pertenecientes a la empresa de limpieza del banco. No conforme con ello, además pateo en reiteradas oportunidades la puerta de ingreso para el público con capacidades especiales, todo lo que fuera registrado en imagen y sonido por las cámaras de seguridad del banco" (lo escrito entre paréntesis me pertenece).

En lo que hace a la primera de las inconductas enrostradas, en la que se ha centrado exclusivamente el análisis de la sentencia recurrida, más allá de la falta de prueba cabal en autos con respecto a la existencia de una supuesta regla interna rígida con relación a la reincorporación a la finalización de las vacaciones (repárese que si bien los testigos Ibañez y Moreno, traídos por la accionada, darían cuenta de tal extremo, ambos continúan siendo dependientes de ella -aspecto que profundizaré más adelante- y el testigo Oneglio los contradice), considero que el hecho de haberse presentado directamente al objetivo de ningún modo puede ser considerado una injuria con la gravedad requerida por el art. 242 de la LCT en el sentido de impedir la prosecución del vínculo.

En lo que hace a la segunda de las conductas esgrimidas en el telegrama rescisorio -en mi opinión- las pruebas arrimadas a la causa no logran acreditar cabalmente la ocurrencia de los hechos tal como han sido alegados.

En concreto, las probanzas producidas a instancia de la emplazada son la documental constituida por la exposición efectuada por Ibañez en el marco de un memorando interno (fs. 60/61) y los testimonios vertidos en autos por el referido Ibañez (fs. 118), por Moreno (fs. 157) y por Reynoso (fs. 159) y si bien una primer lectura de las mismas parecería dar sustento probatorio a la versión alegada en el responde, a poco que se realiza un análisis profundo y pormenorizado de ellas se arriba a una conclusión diametralmente diferente.

Es dable hacer un paréntesis para aclarar que los relatos efectuados por los señores Dottori y Ramos y, así también, por el actor, arrimados como documental con el responde, carecen de todo valor probatorio en tanto fueron expresamente desconocidos por este último a fs. 88 y ninguna prueba se ha producido tendiente a acreditar su autenticidad.

Ahora bien, con respecto al memorando efectuado por Ibañez no puedo dejar de recordar que -como ya lo ha explicado este Tribunal- la declaración prestada en forma extrajudicial carece de todo valor aún cuando haya sido posteriormente reconocida, si no se declaró nuevamente en el expediente con la posibilidad del debido control de la contraparte (C.N.Trab. sala I 26-2-81 "Carletti, Angela c/Alfonso SAICFI" Leg.Trab. t.XXIX-A-p.575; id.id. 24-7-80 "Castro c/Lotería Nacional" en Leg. Trab. t. XXVIII-B-p.958) y traigo ello a colación por cuanto, a pesar de que Ibañez sí compareció a declarar en la presente causa, el testimonio que aquí brindó difiere sustancialmente del relato volcado en el memorando o, en el mejor de los casos para la reclamada, lejos está de corroborarlo.

En efecto, repárese que mientras en ese último refirió insultos dichos por el demandante y los transcribió literalmente y afirmó que éste arrojó una patada que impactó en la barrera de vidrio de los molinetes, cuando declaró en autos se limitó a manifestar que el actor "se alteró" y que "estaba reclamando sus derechos".

Con relación a Moreno cabe resaltar que el declarante reconoce que no presenció los hechos en cuestión sino que los observó desde "el sector de monitoreo al cual se ven todas las cámaras de la sucursal y lo vio por video", con respecto a lo cual el testigo agregó "que las cámaras no tienen audio", de modo tal que mal puede el testigo afirmar, como lo hizo, que el actor profirió insultos. A lo expuesto se suma la ausencia de toda explicación, por parte del deponente, de los motivos por los cuales observó un hecho ocurrido -según lo afirmó la propia demandada- a las 22:45 horas cuando explicó que su horario "era de 23 a 07 hs".

Similar es lo que ocurre con Reynoso aunque, en rigor, menos directo aun es el conocimiento que dice poseer el tercer testigo enumerado, en tanto lisa y llanamente reconoce "que lo sabe porque le informó el personal que estaba en ese momento y luego lo vio por monitoreo", aclarando, también, "que el circuito cerrado de televisión no tiene audio".

Es así que no se cuenta con ninguna prueba válida de que el actor hubiese insultado a compañeros o a autoridades de la empresa, a lo que se agrega que -salvo por el memorando de Ibañez cuya objeción ya expuse- ni siquiera se cuenta con elemento alguno que permita conocer cuáles fueron en concreto los insultos que el actor supuestamente profirió, circunstancia esta última que imposibilita la acabada valoración de la conducta.

La falta de audio del circuito cerrado de televisión no sólo resta fuerza probatoria a los dos últimos testimonios sino que, también, quita seriedad a las afirmaciones efectuadas por la propia demandada en la misiva rupturista en tanto expresamente sostuvo que todo estaba registrado "con imagen y sonido".

Por si lo dicho hasta aquí fuera poco, los tres testigos son dependientes de la accionada, circunstancia que los incluye en las previsiones del art. 441 inc. 5 del C.P.C.C.N., es decir, dentro de las generales de la ley y que, de alguna manera, tiñe de cierta subjetividad sus declaraciones -obviamente sin que ello implique una conducta maliciosa o intencionada de su parte- y los coloca en una situación que impide merituar favorablemente sus dichos sin la existencia de otras pruebas que permitan corroborarlos, ya que -como ha dicho la jurisprudencia- el tener relación de dependencia obliga a interpretar los dichos restrictivamente (conf. Sala I SD 58.650 del 6-8-90 en autos "Rodriguez Emilio c/Expreso Permigiani Hnos S.A.s/despido"; íd. SD 59.388 del 12-2-91 in re "Martínez c/Vimonsand S.A. s/despido", entre muchos otros).

Con respecto a esto último, a la falta de elementos que corroboren los testimonios prestados en la causa, no puede omitir resaltar que resulta, cuanto menos, llamativo que no haya sido arrimado el supuesto video que habría registrado los hechos que motivaron el distracto ni, tampoco, hayan sido ofrecidos los testimonios del personal de limpieza que, según la versión de la accionada, también, habría estado presente y que, demás está decirlo, hubiese constituido una prueba imparcial y, por ende, cabal sobre el modo en que ocurrieron los hechos debatidos; máxime cuando la producción de dichas pruebas no implica ninguna dificultad.

Concluyo, entonces, que las pruebas producidas en autos de ningún modo permiten tener por acreditado una reacción "desproporcionada, agresiva, descontrolada y totalmente inadmisible" por parte del actor que hubiese autorizado, sin más, la ruptura del vínculo y, consecuentemente, entiendo que se impone la modificación de la decisión adoptada en la sede anterior, en cuanto consideró ajustada a derecho la decisión rupturista, y el acogimiento de las indemnizaciones por despido reclamadas.

II. De acuerdo a la solución propuesta corresponde acoger las indemnizaciones por despido reclamadas (arts. 232, 233 y 245) de la LCT y, a tal efecto, estaré a la liquidación practicada por la perito contadora a fs. 144, con dos salvedades.

Por un lado, no corresponde hacer lugar al incremento previsto por el art. 2º de la ley 25.323 pretendido, en tanto de las constancias obrantes en autos no surge acreditado el cumplimiento de la intimación exigida por la norma.

Por otro lado, en virtud de la fecha del distracto, 19 de diciembre de 2006, el incremento originalmente establecido por el art. 16 de la ley 25.561, conforme el decreto 1433/05 debe ser calculado en base al 50% de la indemnización por antigüedad, motivo por el cual asciende a la suma de $5.437,45.

Así las cosas, corresponde diferir a condena la suma de $ 18.805,40 que, de acuerdo al criterio expuesto por la Cámara en pleno en el Acta 2357 del 7/5/02 -ref. por Res. Nº 8/2002-, llevará, desde que cada suma es debida, la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la plantilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara.

En este estado, corresponde referirse al planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, efectuado al inicio.

Como reiteradamente ha sido el criterio de esta Sala, habida cuenta de lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (Ley de Convertibilidad) modificados por el art. 4º de la ley 25.561 en el sentido que "el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada", no se admite actualización monetaria alguna, manteniéndose derogada desde el 1º de abril de 1991 toda norma que establezca o autorice dicha actualización (conf. ya lo he expuesto en las SD Nº 10.541 del 19/4/02, dictada en autos "Mazza Leonardo Mitchell c/Galerías Pacífico SA", entre otros).

Ahora bien, esto no significa que nuestros Tribunales hayan soslayado la pérdida de valor de nuestro signo monetario dada la crisis económica por la que tuvo que atravesar nuestro país en los años anteriores, siendo por ello que se ha decidido -a partir del 1/1/02- la aplicación de la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según plantilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara (conf. CNAT Acta 2357 Resolución 8/02).

Pero aún sin perjuicio de todo esto debe destacarse que no surge en modo alguno de la presente litis el perjuicio que, supuestamente, podrían llegar a irrogarle a las partes la norma cuya inconstitucionalidad se pretende, de manera tal que aquéllos no se encuentren reparados con la tasa de interés aludida precedentemente.

Por lo expuesto, propondré desestimar la inconstitucionalidad pretendida.

III. En virtud de la solución propuesta y de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios.

En ese orden de ideas, sugiero imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y, de acuerdo al mérito y extensión, las pautas arancelarias vigentes y las facultades otorgadas por el art. 38 de la L.O., propongo regular los honorarios de la representación letrada del actor, de la demandada y de la perito contadora, por las labores desarrolladas en la sede de grado, en el 15%, 12% y 6% del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses.

Asimismo, propicio fijar los emolumentos de la representación letrada del actor y de la demandada, por las tareas desarrolladas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la sede anterior (art. 38 L.O.).

IV. Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Revocar en lo principal el fallo apelado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda entablada, condenando a Viset Seguridad Integral S.R.L. a abonar a Jorge Omar Riguet, dentro del plazo de cinco días, la suma de pesos dieciocho mil ochocientos cinco con cuarenta centavos ($ 18.805,40), que llevará los intereses fijados en el capítulo II; 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida; 3) Regular los honorarios de primera instancia de la representación letrada del actor, de la demandada y de la perito contadora, en el 15%, 12% y 6%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses; 4) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide; 5) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada, por las tareas desarrolladas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la sede anterior.El doctor Fera dijo:

Por compartir los fundamentos del voto del Dr. Stortini, adhiero al mismo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de alzada a cargo del actor. 3) Regular los honorarios de su representación letrada y de la demandada por su actuación en esta instancia en el 25% y 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia.- Daniel E. Stortini.- Gregorio Corach.- Mario S. Fera.