Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-08-31


En la Ciudad de San Juan, a treinta y un días del mes de agosto del año dos mil once, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los artículos 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 583 del Código Procesal Penal, conforme fuera dispuesto en la audiencia celebrada el día tres de agosto del año dos mil once.

El Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Conforme surge de las constancias de autos (fs. 624/639), la Sala Tercera de la Cámara en lo penal y correccional, falló dictando sentencia condenatoria contra Cristian Gastón Rodríguez, Federico Arnaldo Villalba y Leonardo Emilio Rodríguez.

Que el primero de los nombrados, recibió la pena de Diez Años de Reclusión, por los delitos "Robo Agravado por el uso de arma de fuego y Resistencia a la Autoridad, en concurso real" (Arts. 166, inciso segundo, párrafo segundo, 239, 55 y 56, del Código Penal), en perjuicio de San Cristóbal Compañía de Seguros y otros; con costas y accesorias legales); sobre los restantes acusados, (Federico Villalba y Leonardo Rodríguez), recayó la idéntica pena de Nueve Años y Ocho Meses de Prisión, por el delito "Robo Agravado por el uso de arma de fuego" (art. 166, inciso segundo, párrafo segundo, del Código Penal), en perjuicio de San Cristóbal Compañía de Seguros y otros; con costas y accesorias legales.

Contra la sentencia se alzó en favor de Villalba, la Defensora de Pobres y Ausentes, a cargo de la Defensoría Oficial Nº 4, motivando el recurso respectivo, en las dos hipótesis principales del art. 574 del C.P.P.

En cuanto al primer agravio, expresa que la sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva, debido a que el accionar de su defendido fue encuadrado en el art. 166, inc.º 2, segundo párrafo del Código Penal, no obstante de tratarse la conducta juzgada, de una figura atípica.

Menciona asimismo la carencia de prueba suficiente, para que el tribunal tuviera por acreditado la presencia del condenado en el momento en que se cometiera el ilícito, imponiéndose por tanto, la solución absolutoria.-- Alega, en cuanto a la segunda motivación, que el Sentenciante incurre en la violación de normas constitucionales y procesales, valorando arbitrariamente la prueba rendida, manifestando que al momento de formular sus alegatos, cuestionó la validez del allanamiento del domicilio sito en calle Brasil 828 (O), Capital.

Critica el procedimiento sosteniendo que no contó con autorización judicial escrita y careció asimismo, de justificación procesal, obteniéndose por dicha vía, prueba en violación de Derechos Fundamentales de su asistido, resultando aplicable la regla de la exclusión probatoria.

Destaca que distintos reconocimientos en rueda de personas, de su defendido, arrojaron resultado negativo, resaltando que primero se le exhibió a Godoy Cantero el D.N.I. con la foto de Villalba y luego se ordenó el reconocimiento en sede judicial, provocando tal situación, el recuerdo del rostro señalado.- Aduce que no hallándose Villalba imputado, no procedía el allanamiento de excepción, (sin orden judicial), explicando que el art. 257 del código de rito no menciona la palabra "sospechoso"; mencionando por último, que no puede soslayarse el reconocimiento de Cristián Rodríguez, de la autoría del delito, hecho que sustenta la inocencia de su asistido Villalba.

Recurre también en casación, la defensa de Leonardo Emilio Rodríguez, fundamentando la impugnación, en primer lugar, por la inobservancia de normas constitucionales que rigen y garantizan el procedimiento; vicio que provocó a su entender, nulidades absolutas e insanables.

Señala en tal sentido, que el fallo otorgó el carácter de legítimo, a "acreditados procedimientos ilícitos" de la prevención policial, agraviándose por la violación que ello implica a las normas de la defensa en juicio y debido proceso; agregando que al momento de alegar invocó la doctrina de "los frutos del árbol venenoso", no acogiendo dicha tesis el Tribunal.

Refiere que los policías ingresaron al domicilio de calle Brasil, careciendo de orden de allanamiento o autorización de los moradores, quedando acreditado que detuvieron a Leonardo Rodríguez dentro de un domicilio particular, donde concurrió a saludar al dueño de casa, no siendo encontrado in fraganti en el lugar del delito, ni resultando perseguido o sindicado por alguien como autor de algún ilícito.- Persiste enfrentando la forma de valoración del Juzgador, puntualizando críticas en distintos apartados, insistiendo en la ausencia de pruebas para un fallo condenatorio y en el argumento que la condena reposa sobre la base de afirmaciones subjetivas y que soslaya violaciones procesales.

Enuncia también como motivo, el error in iudicando, que comprende, a su decir, todo lo que el Tribunal de Mérito asume jurídicamente respecto de la cuestión de fondo a resolver, interpretándose de manera incorrecta las normas sustanciales correspondientes al caso; regresando inmediatamente la impugnante a críticas anteriormente vertidas, en orden a la valoración de la prueba, etc.- Solicita finalmente la absolución del condenado y formula reservas.

Radicados los autos en esta Instancia, se produce la adhesión en forma completa, por parte de la defensa técnica de Cristian Rodríguez, a los recursos planteados a favor de los condenados Federico Villalba y Leonardo Rodríguez, (fs. 671/672).- La defensa de Villalba mantiene y amplía los fundamentos a fs. 674/677.

Por su parte, el Ministerio Público solicita el rechazo de las pretensiones de los condenados y la confirmación del auto dictado, respondiendo en primer lugar, al asunto de la ilegalidad invocada, haciendo notar el extenso análisis del Sentenciante, respecto del allanamiento efectuado.

Aduce que la persecución policial se realizó sin solución de continuidad, hasta dar con los condenados en el domicilio allanado, no requiriéndose orden judicial, haciendo la salvedad que la forma de ingreso de aquellos a la vivienda, admitía la solución procesal del art. 227 Inc. 2º C.P.P.

Advierte que, según el acta de fs. 17, la Titular del juzgado y el secretario convalidaron con su presencia el accionar de la policía, careciendo de aplicación la teoría esgrimida por la defensa.

Enfrenta el planteo relativo a la calificación legal impuesta, por obrar incorporado las pericias correspondientes al arma de fuego y cartuchos obtenidos en la investigación.

Califica además como "inexistente", al agravio en torno a la invalidez del reconocimiento llevado a cabo por Andrea Godoy Cantero, en virtud que el Tribunal lo excluyó (tácitamente) como elemento cargoso contra Villalba.

Replica los fundamentos del recurso a favor de Leonardo Rodríguez, aseverando que en contraposición a la aludida carencia de probanzas, proliferan los elementos de cargo en su contra, mencionando especialmente, el reconocimiento en rueda de personas, por el testigo Andrés Walter Julio Jofré.- Reserva un último análisis para el recurso de Cristian Gastón Rodríguez, dispensándole duros términos, en razón del reconocimiento que hiciera el nombrado de la autoría del delito.- Celebrada que fue la audiencia prevista en el art. 583 del código de rito, solicitada por la defensa técnica de Leonardo Rodríguez y efectuada la deliberación por esta Sala, procedo a emitir mi opinión sobre los planteos introducidos por la vía casatoria.-- Anticipo desde ya, mi rechazo absoluto a los recursos de Federico Arnaldo Villalba, Leonardo Emilio Rodríguez y Cristian Gastón Rodríguez, cuyos planteos, con excepción de pequeños matices, participan de una idéntica línea argumental.

En cuanto a lo expuesto en favor de Villalba, se expresa como primera motivación contra el fallo, el vicio in iudicando consistente en: "tener por acreditado los elementos constitutivos de la figura del Robo Agravado por el uso de arma, cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada", siendo que la conducta fue atípica.

La segunda motivación ofrecida al análisis, postula la idea de la ilegalidad del allanamiento del domicilio, donde fue habido el condenado; procedimiento mediante el cual, (se esgrime), se vulneraron Derechos Fundamentales de Villalba.

Aprecio el primer agravio, como notoriamente artificial, en razón que la calificación efectuada en el fallo recaído, se ajusta a las circunstancias probadas en autos.- En dicha inteligencia, comparto plenamente los fundamentos brindados por el Sentenciante a fs. 627/637 y vta., (en lo pertinente), a los cuales doy por reproducidos en aras de una sana brevedad; sin privarme de manifestar, no obstante, la precariedad del motivo invocado.

En efecto, el planteo enfrenta la sólida arquitectura del fallo, oponiendo el argumento antojadizo e infundado de la atipicidad de la conducta de Villalba; proposición que carece de mínima seriedad, ante la abrumadora colección de probanzas que indican que los requisitos del tipo legal, resultaron corroborados.- Menciono en tal sentido, entre el cúmulo de probanzas que se consignan a fs. 630 vta./633 vta, por ejemplo, el secuestro del arma de fuego y los cartuchos, la constatación de la herida por disparo en una de las víctimas, declaraciones testimoniales recibidas, etc.; bastando para descartar definitivamente la tesis pretendida por la recurrente.

En relación al segundo motivo que ofrece la impugnante, considero igualmente que debe restársele atención.

Entiendo, que la afirmación cuestionando la irregularidad del allanamiento en el cual se aprehendió a Villalba, (junto con los otros condenados), reedita parcialmente lo alegado por la parte, en la etapa oportuna, (fs. 618/619) y que esta Sala ya fijó criterios en torno a lo innecesario de un nuevo estudio de tales planteamientos, cuando estos no agregan nada novedoso y si, asimismo fueron, respondidos apropiadamente por el Juzgador, (como por ejemplo, en P.R.E. S.2ª 2010-IV-705); no obstante ello, sin apartarme un ápice de la postura de este Superior Tribunal, la gravedad de la denuncia, (y en esto me anticipo), sostenida también por los restantes condenados), me obliga a detenerme brevemente en el asunto.- Compruebo, de la lectura de fs. 628/630, que el Tribunal de Mérito respondió con meridiana claridad a los cuestionamientos formulados, valorando la licitud del proceder, por ingresar los funcionarios policiales al domicilio llevando a cabo una persecución, sin solución de continuidad.

Coincido con la solución adoptada, por resultar lógico que una tarea de persecución o seguimiento, (en pos de la aprehensión), puede desarrollarse aún sin contacto visual, mediante la utilización de informaciones obtenidas por medios electrónicos, satelitales, etc., como ocurrió en este caso y que una vez acaecida la aprehensión, reviste la naturaleza de "flagrancia".

Confirmo así en este caso, la concreción de la hipótesis del inc. 3º del art. 257 del código ritual, como asimismo, la observancia del art. 224 C.P.P., (por hacerse presente la Sra. Jueza de instrucción, a escasos minutos del ingreso a la vivienda), lográndose en consecuencia la aprehensión de los ahora condenados, el secuestro de la movilidad empleada, la obtención de los efectos sustraídos, etc. (fs. 16/18).

Así, la invocación a la violación de Garantías Constitucionales constituye una estrategia que no merece acogida, por cuanto, amparar tales pretextos en una situación de flagrancia como la que fuera juzgada, implicaría, (además de favorecer la impunidad), interpretar erróneamente una cláusula pétrea, proyectando la arquitectura endeble de un fallo irrazonable y consecuente-mente, injusto.

A riesgo de resultar fatigosa la lectura de este voto, a mayor abundamiento cito la opinión del Juez Harlan, (de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el leading case, "Miranda vs. Arizona" 1966), evocando las palabras del Juez Jackson en "Douglas vs. Jeannette", (1934), donde este último advirtiera que, añadiendo nuevos pisos al templo del derecho constitucional, se corre el riesgo que sucede con los templos, que suelen derrumbarse cuando se les agrega algún piso en exceso. (Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, Miller, Gelli, Cayuso, Gullco, Pág. 134).-- Restan apenas las quejas sobre la aplicación por el Sentenciante, del término "sospechoso", a efectos de admitir una de las hipótesis del allanamiento sin orden y respecto del reconocimiento de Villalba, por parte de la deponente Godoy Cantero (fs. 141/142), cuestionando el acto la impugnante en razón de haber visto la testigo, la fotografía del abandonado D.N.I. del nombrado, previo al acto judicial.

En cuanto a lo primero, el argumento es irrelevante, debiendo estar a los usos corrientes del lenguaje, como lo explica el Sentenciante a fs. 628 vta..

Comparto por ende, que el art. 257 inc.º 3, del C.P.P., permite que pueda allanarse sin orden judicial un domicilio, para aprehenderse no solo a un "imputado", sino también a un "sospechoso" de delito a quien se persigue, aunque este término no se halle en dicha norma; tratándose el asunto, de una mera sinonimia. El segundo reproche resulta incomprensible e injustificado, por no haber meritado el fallo dicha probanza (fs. 630 vta./631).- En resumen, no procede como dijera, el planteo precedente.

Me aboco ahora al recurso articulado por la defensa del imputado Leonardo Emilio Rodríguez, (del cual anticipara, mi disposición a negarle eficacia), rechazando de plano que se justifique la recepción de la doctrina conocida como los frutos del árbol envenenado.- Por cierto que el desarrollo argumental, permite coincidir con los postulados de la teoría en abstracto, pero no sucede lo mismo al intentar aplicar el cuerpo doctrinal, al caso en estudio, por cuanto las probanzas incorporadas no lo consienten.

Corresponde entonces, pese al loable esfuerzo de teorizar, demostrado en el recurso, refutar el planteo de la ilegalidad del allanamiento producido, por los mismos fundamentos expuestos previamente.

Descarto también la queja de la supuesta ausencia de probanzas, para condenar a Leonardo Rodríguez, comprobando que el razonamiento desplegado por el Tribunal de Mérito al abocarse a dilucidar la presencia de aquel junto a los restantes autores, fue preciso y analítico.- En tal sentido, abunda el acápite "Prueba", (especialmente a partir de fs. 633 vta.), de elementos valorados para definir al recurrente como uno de los perpetradores del ilícito.

Así, el Sentenciante examinó con gran minuciosidad la prueba incorporada durante todo el proceso, prestando atención especial a los descargos efectuados, concluyendo en apartarse de las coartadas ofrecidas por la magnitud de inconsistencias brindadas, en cuanto a circunstancias de actividades, lugares, horarios, etc.; descalificando la coartada de la impugnante, a través de un razonamiento exento de arbitrariedad alguna.

Esta Sala ha expresado que: ". cuando la sentencia resulta fundada y contenga un razonamiento lógico y no surja un flagrante y grosero error, por más que el fundamento no pueda compartirse ello no autoriza a anularla por arbitrariedad." (P.R.E. S.2ª 1995-I-50, P.R.E. S.2ª 2006-III-598, entre muchos otros).

En cuanto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, (fs. 654), consistente en que el Sentenciante ".ha errado la interpretación y la aplicación de las normas sustanciales y de fondo sentadas en los arts. 40, 41 y 166 del Código Penal.", la recurrente no explica de qué forma fue inobservado el derecho sustantivo que cita y tampoco, cuál aplicación pretende.

Compruebo que, lejos del motivo que invoca, el argumento no responde a la hipótesis del inc. 1º del art. 574 C.P.P. y se limita en cambio, a aseverar que el acusado fue condenado por una sola prueba, (su presencia en el inmueble allanado), respondiendo la pena impuesta, según la queja, a la exclusiva voluntad del juzgador.

Entiendo entonces que el agravio carece de contenido, circunscribiéndose a la reiteración del fallido reproche por vicio in procedendo, por cuanto, habiéndome expresado con anterioridad en tal asunto, resulta suficiente la remisión a lo predicho para fundamentar su rechazo.

Como último recurso a tratar, se encuentra el correspondiente a Cristian Rodríguez, cuya defensa técnica adhiriera en sus fundamentos, (a fs. 671/672), a los planteos deducidos por los anteriores impugnantes.

Si bien corresponde, a efectos de rechazar la pretensión recursiva, estar a los argumentos brindados para los casos anteriores, (de Villalba y Leonardo Rodríguez), destaco la circunstancia particular de haber evaluado el Tribunal de Mérito, la declaración indagatoria que ofreciera el recurrente, durante el debate.

Cristian Rodríguez, por cierto, solicitó declarar y admitió la autoría del delito juzgado (fs. 608 vta., 633 vta./634), hecho que demuestra la escasa consistencia de su posición, oscilando entre la colaboración procesal pasada, declarándose culpable y el ataque actual (y aventurero), al fallo recaído.

No puede prosperar por ende, el análogo recurso intentado.

Como anticipara a inicios de este voto, me inclino finalmente por el rechazo de los recursos incoados y la confirmación total del fallo del Tribunal A-quo.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSE ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar los recursos incoados y confirmar el fallo del Tribunal A-quo.- II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Dra. María Graciela Aguilar de Fornés - Secretaria Letrada.- Cp-5504 S.E.

P.R.E. S.2ª 2011-III-460