marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ JOSE LUIS s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Se dá en autos el supuesto en que es imposible respetar los extremos de mínimo y máximo que prescribe el art. 267 L.C. con relación a la totalidad de honorarios a regularse. En tal situación considera el Tribunal al analizar la reforma introducida por la ley 22917, al art. 290 de la ley 19551, sosteniendo que debe prevalecer el mínimo de la escala arancelaria a riesgo de violar inconstitucionalmente el derecho a un justa y adecuada retribución. Esa solución aparece más sostenible en le presente dado que la norma vigente establece como novedad la posibilidad de atender a dos mínimos y en su caso tener en cuenta el mayor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de obra pública, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sierra Chica S.A. c/ Municipalidad de San Vicente s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La exigencia de la reserva ha sido dispensada en el ámbito del derecho público local únicamente cuando una norma de tal naturaleza expresamente lo determina y así sucede en el marco de la ley 6021 (art. 45), cuando al establecer la procedencia de los intereses moratorios la norma indica que no resulta necesario formular reserva alguna.
Filiación, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ausfet Miscione, María Florencia c/ Ausfet, Héctor Eugenio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

La responsabilidad civil en favor del hijo no reconocido no varía por la inexistencia de matrimonio entre los progenitores, y la imputable al padre se nutre en el incumplimiento de los deberes propios emergentes de la concepción, y no se debate que la madre satisficiera sus paralelos deberes. No se trata de si hubo culpas en el hecho de la concepción, porque la demanda versa de las consecuencias dañosas para el menor del desprecio por el progenitor varón de sus obligaciones como tal. No amengua la importancia de la condena el extenso intervalo transcurrido entre el alumbramiento y la demanda por filiación. Ello no prueba que el daño fuera menor, pero, además, y suponiendo que la madre no permitiera al padre visitar a su hija u obstruyera un acercamiento entre éstos -como se afirma- era dado al padre procurar, incluso judicialmente, la satisfacción de tales derechos-deberes, haciendo previamente el reconocimiento espontáneo respectivo, que injustamente resistió.
Despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Pacheco, Tito Rigoberto c/ Arena, Alfredo y otro s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

La rigidez formal del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo debe ceder al meritar la real toma de conocimiento de la causal imputada pues la exigencia de la norma no tiene un fin en si mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, abogados, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: COLEGIO DE BIOQUIMICOS. c/ INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN. s/ COBRO (ORDINARIO).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-01

Con diferentes integraciones la Corte local ha adherido al criterio de que en materia de prescripción liberatoria de aranceles debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen; o lo que es lo mismo, entre honorarios regulados y honorarios devengados.

Esto es así porque tratándose de honorarios no regulados lo prescriptible es la acción tendiente a su fijación, en tanto que la acción por cobro de los emolumentos ya regulados prescribe a partir de su determinación judicial.

Al respecto, la doctrina ha puesto de relieve la ausencia de norma expresa que determine el plazo de prescripción cuando los honorarios han sido regulados en el proceso, por lo que resultan de aplicación los principios generales que rigen la materia; esto es, el art. 4023 del Cód. Civil, a tenor del cual a falta de disposición especial, toda acción personal por deuda exigible prescribe a los diez años.

Desde otra perspectiva se puede afirmar que cuando se trata de honorarios ya fijados judicialmente rige el plazo de la actio iudicati, también decenal y computable desde que los mismos fueron regulados.

(ESTOFAN - GANDUR - POSSE)
Carta de ciudadanía, confirmación de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Wu, Lan Lan c/  s/ Solicitud de ciudadanía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

La extensa y heterogénea enumeración temática contenida en el recurso extraordinario obliga a confrontarla con los hechos y fundamentos dados en los dos pronunciamientos que fueron impugnados, a fin de discernir si ella tiene relación directa con alguna cuestión federal que justifique la apertura de la instancia extraordinaria (art. 15 de la ley 48). Estando a la propia versión dada por la señorita Wu Lanlan en su escrito inicial, ella ingresó irregularmente al país en junio de 2016. Dos meses más tarde se presentó ante el juez para pedir la carta de ciudadanía. Frente a ello, el magistrado consideró que la solicitante no reunía los dos años de residencia exigidos por el artículo 2, inciso 1°, de la ley 346 de Ciudadanía. El Ministerio Público Fiscal dictaminó en el mismo sentido en ambas instancias. En la sentencia que es objeto del remedio federal se confirmó la decisión.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, continuidad de la injuria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: K. DE C.R.A. c/ C.C.A. s/ DIVORCIO - INJURIAS GRAVES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

No es necesario para configurar la causal de injurias graves, que se acredite la repetición o permanencia de los extremos afrentosos, puesto que la ley señala al juez la obligación de apreciar los hechos de acuerdo con la educación posición social y demás circunstancias de hecho. De acuerdo con esta preceptiva legal, si las expresiones que los testigos atribuyen a la cónyuge resultan claramente injuriosas para el marido, no es menester, para configurar la causal, que se produzcan otras probanzas.
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Clinica Merlo S. A. c/ Haristegui Salvador s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Si bien los asientos de los libros de comercio no constituyen prueba plena frente al no comerciante, en los términos del art. 63 del Código de Comercio -ya que éste último no podría neutralizarlos con su propia contabilidad- cabe, sin embargo reconocerles valor presuncional, cuya eficacia probatoria el Juez debe apreciar y establecer de acuerdo con las circunstancias del caso.-
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reynoso, Pedro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-30

La incapacidad es una disminución que afecta a la víctima en su relación con la genérica aptitud que como individuo en uso de su propio cuerpo, detentaba con antelación al hecho dañoso, mientras que el lucro cesante es la disminución de la ganancia líquida que con motivo del ilícito puede haber dejado de percibir la víctima, por lo que son rubros bien distinguibles, aunque este último se haya generado por la existencia de la primera.
Competencia, guarda del menor
Materia: CIVIL
Carátula: R.M.I. c/ G.P.S. s/ EJECUCION DE CONVENIO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-03

Son competentes para resolver la solicitud de guarda de menores no sometidos al patronato los jueces civiles y comerciales con competencia asignada en materia de familia, conforme lo dispuesto por la ley 7676, art. 16 inc. 8vo. y art. 21 inc. 8vo. (art. 22 Ley 8000).

La intervención del Estado para disponer la custodia de menores en ejercicio del patronato se justifica cuando están abandonados. El patronato se ejerce cuando éstos carecen de padres, tutores o guardadores, o cualquiera de ellos no cumple con sus obligaciones de asistencia, educación y cuidado integral o cuando se encuentran en la situación objetiva de abandono o grave peligro material o moral.

La guarda de hecho se caracteriza porque una persona, sin una atribución de la ley o delegación del juez, en los hechos y por propia autoridad toma un menor a su cargo. Si el menor no se encuentra bajo una guarda de hecho no está sometido al patronato. En cuanto al procedimiento es de aplicación la ley 7676, imprimiéndose el trámite del juicio especial con procedimiento verbal y actuado (art. 21 inc. 8vo. y 85 Ley Fuero de Familia).
Viajantes de comercio, viáticos, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: DIEZ, CARMEN c/ LOPEZ SILVA, CLAUDIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

La condición de viajante de comercio supone necesariamente la realización de tareas fuera del ámbito de la empresa, lo cual hace presumir razonablemente la realización por parte del trabajador de diversos gastos para los traslados que debiese efectuar y que, obviamente, no debe soportar de su propio peculio. Por otra parte, el art. 7 de la ley 14546 dispone claramente que los viáticos integran en todos los casos la remuneración del viajante.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Formosa c/ Cárcano, Luciana y García, Eduardo s/ Ordinario García, Eduardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-12-01

Disentir con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios.
Depreciación monetaria, régimen de consolidación de deudas, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: TENORIO FERNANDO ESTEBAN c/ AEROLINEAS ARGENTINAS Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

En lo que respecta a la tasa que corresponde computar con posterioridad al 1.4.91 debe tenerse presente que de conformidad con el art. 17 de la ley de presupuesto para 1996 (nro. 24.624) se consideran consolidadas en los términos de la ley 23.982 las obligaciones emanadas de la actividad aseguradora de la ex Caja de Ahorro y Seguro -en liquidación-. En todos aquellos casos en que otorgó cobertura por diferentes riesgos al Estado Nacional o cualesquiera de sus entes, empresas u organismos alcanzados por la ley mencionada, tal como lo es Aerolíneas Argentinas S.E.. Por lo tanto, se deberá aplicar la tasa que corresponda de conformidad con la opción que efectúe el acreedor en los términos del art. 10 de la ley 23.982.
Desagio, actualización monetaria, moneda, inflación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Inmar  S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

La escala de conversión prevista en el art. 4x del decreto 1096/85 es aplicable a las obligaciones a plazo cuyo curso comenzó con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto y venció después, siempre y cuando las expectativas inflacionarias estuvieran ciertamente implícitas al convenirse la relación creditoria.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de competencia, denegatoria del fuero federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Reserva Natural Puerto Mar del Plata c/ Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata s/ amparo ambiental.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

Si bien las cuestiones de competencia no habilitan la instancia del art. 14 de la ley 48 por no estar satisfecho el recaudo de sentencia definitiva, tal regla admite excepción en los asuntos en los cuales media denegación del fuero federal.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sideco Americana  S.A.C.I.I.F. c/ Chubut, Provincia del s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Se hallan excluidos del concepto de causa civil aquellos supuestos cuya solución requiere la aplicación de normas de derecho público provincial.
Crédito laboral, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: JUAREZ DE GOMEZ JULIA ROSA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-21

El problema de la determinación de los intereses moratorios es una cuestión de derecho de fondo (art. 75, inc. 12, C.N.) ajena a las facultades regulatorias de las provincias y ubicada en el ámbito de la razonable discreción de los jueces de la caus (art. 622 C.C ). Sin embargo, dichas resoluciones han sido recurridas por el Superior Gobierno de la Provincia para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,sin que a la fecha exista pronunciamiento al respecto que permita tener certeza sobre la solución que en definitiva tendrá el aspecto en cuestión.

Tal circunstancia, a la que se agrega que no está en juego el derecho indemnizatorio de los sucesores de la actora, sino sólo una parte del cuantum económico que les corresponde, autoriza al Tribunal a pronunciarse sobre el allanamiento formulado por el accionante, a fin de evitar un desgaste juridiccional inútil.

A mérito de la oportunidad en que se formalizo -al comparecer ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia-y al consentimiento prestado por la compañia,deben admitirse, con costas por su orden.
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, tasas, impuestos
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Selcro  S.A. c/ Jefatura Gabinete Mos. deci. 55/00 (dto. 360/95 y67/96) s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas.
Sentencia, acusación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: AGUIRRE, VICENTE ENRIQUE s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1967-05-30

Cuando de todos los elementos probatorios resulte que los hechos han acontecido conforme los relata la acusación, la remisión a ella es válida para satisfacer la exigencia legal de determinar precisa y circunstanciadamente los hechos.-
Obligaciones del empleador, empleo no registrado, asignaciones familiares
Materia: LABORAL
Carátula: Enriquez, Hugo César c/ Biancucci, Rubén A. s/ Laboral (Expte Nro. 436-01, Resolución Nro. 124, Tomo 21, Folio 94/100)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Si el empleador no cumplió con la notificación prevista en el art. 2, inc. c) de la Ley 22.161, corresponde el pago de las asignaciones familiares aunque la acreditación de la existencia del vínculo sea posterior a la extinción del contrato de trabajo. No corresponde al dependiente demostrar que la mora no le es imputable, pues el cumplimiento de las obligaciones impuestas al empleador depende de su iniciativa. Si la empleadora es responsable de una situación anómala - empleo en negro-, no cabe exonerarla de la condena en materia de asignaciones familiares.
Derecho procesal, incidentes, excusación, improcedencia del recurso, interpretación de la ley, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Anthonisen, Elsa Cristina y otro c/ Pordenone SA y otro s/ meedida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde admitir el pedido de excusación del magistrado para intervenir en ciertos expedientes. Ello por cuanto, aun cuando los motivos de excusación son más amplios que los de recusación y cubren tanto ciertos supuestos de delicadeza y casos de violencia moral en los que solo al Juez le es dable saber en qué medida pesan sobre su conciencia, no puede soslayarse que, en principio, los fundamentos del derecho de abstención que consagra el CPR 30 deben apreciarse con estrictez y prudencia en tanto importa el extrañamiento de la causa de su juez natural (conf. esta CNCom, Sala A, 20/11/20, en "Liborio Erena, Jacquelina Gisella y otro c/ Miranda, Natalia Soledad y otro s/ ordinario"; 17/07/08, "Banco Federal Argentino SA s/ quiebra"; íd,, íd., 27/10/15, "Caroplast SRL s/ quiebra c/ Carbel SRL s/ Ordinario s/ incidente de extensión de quiebra"; en igual sentido: íd., Sala C, 15/03/79, "Canteras Malagueño SA C/ Kicsa Ind. y Com. SA"). Asimismo las causales de excusación previstas por el CPR 17 se refieren, como regla, a la relación con las partes del proceso y no con los letrados que las patrocinan o representan (CNCom, Sala A, sentencia in re "Liborio Erena" ya citada; Sala C, in re "Cherel SRL s/ quiebra s/ incidente de recusación con causa", del 14/6/88; ídem, Sala E, in re "Ortiz Almonacid, Juan c/ Industrias Mecánicas del Estado SA en liquidación s/ ejecutivo", del 12/12/96; íd. Sala C, 16/6/00, "Metalúrgica Macons SAICYF s/ concurso preventivo"; íd. Sala D, 21/02/89, "Lavorato Natalio s/ concurso s/ inc. de excusación"), no obstante ese principio debe ceder cuando quien se excusa evidencia un puesto de violencia moral para seguir interviniendo, y en el caso, la relación puesta de manifiesto en los términos de la excusación solicitada, trasuntan una situación apta para suscitar una situación de violencia moral de parte del magistrado que la invoca, para intervenir en los obrados a los que se refiere su pedido, máxime teniendo en cuenta que resta pendiente proveer la solicitud de regulación de honorarios que ha sido formulada; y es por ello que corresponde atender a las razones de delicadeza expresadas, debiendo aceptarse dicha excusación. Ahora bien, atendiendo a la circunstancia de que hallándose vacante el tribunal de origen, en el mismo Juzgado se encuentra otro Juez a cargo, como subrogante, de la otra Secretaría plena de dicho tribunal, se entiende razonable, a efectos de no desplazar las causas de su radicación originaria, disponer que se mantenga dicho tribunal, mas desplazando su radicación a la otra Secretaría de ese mismo juzgado, estableciendo que esta medida debe subsistir mientras el magistrado solicitante sea subrogante en dicho juzgado. Disidencia de la Dra. Uzal
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, locación, prueba documental, firma, reconocimiento en sede judicial, omisión de exhibir documentos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: DIANI, MARIO c/ TOCCI, MARCELA Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  PESOS (EXPTE.. C.S.J. NRO. 537 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

Corresponde rechazar la queja desde que la solución de la Cámara para tener por acreditada la celebración del contrato y de la firma del mismo como garantes por parte de los demandados, deriva razonadamente de la apreciación de elementos probatorios.

En el caso, el recurrente se agravia que el fallo incurre en violación de expresas disposiciones legales relacionadas con los contratos y formas de prueba taxativamente impuestas del Código Civil, entre ellos la firma como condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada (art. 1012), atribuyendo al pronunciamiento sancionar al demandado por negarse a reconocer una fotocopia con un reconocimiento ficto; dado que la parte actora estaba obligada a exhibir el documento, el cual debía ser examinado en original y en caso de negarse la firma, proceder a comprobar su autenticidad por medio de la prueba pericial, ordenándose el cotejo con las firmas puestas en documentos públicos o privados reconocidos judicialmente.

Sin embargo, la Alzada consideró que " la sentencia [de baja instancia] efectúa una impecable valoración del reconocimiento que efectuara la codemandada... en la cual reconoce su firma obrante en el acta de entrega de llaves..." y que "su manifestación en el sentido de que hay un error en su contenido...no puede ser interpretada bajo ningún concepto en beneficio de la misma.

Por el contrario resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1028 del Código Civil que establece que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido".
Principio de congruencia, garantías procesales, principio dispositivo
Materia: PROCESAL
Carátula: M., T. G. c/ F., A. O. y/o F., A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-02

No basta que la cuestión haya sido propuesta en segunda instancia para provocar un juicio sobre el mérito; es menester, además, que esté contenida en los escritos que conformaron la relación procesal. Se ha recalcado con insistencia que una de las garantías del debido proceso consiste en la restricción que tiene la judicatura de introducir cuestiones sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer plena y oportunamente el derecho de defensa. Por ello, la conformidad entre la sentencia -aun la de segundo grado- y la demanda y contestación, en cuanto a las personas, objeto y causa, es ineludible exigencia en cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los poderes del juez. En cuanto se supera este marco de operatividad se produce el quebrantamiento del principio de congruencia.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Malfa, Antonio c/ Banco Crédito Provincial s/ Cum. contractual Expreso Ranelagh S.A.C.I.F. y otro c/ Turina, Oscar y otro s/ Daños y perjuicios Muñoz, Miguel c/ Clínica Modelo Quilmes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26|1994-10-18|2000-02-15

En materia civil y comercial, rige el principio dispositivo, según el cual las partes deben presentar al juez el necesario material de conocimiento probando lo que desean que el magistrado tenga en cuenta, ya que éste sólo podrá atender lo que surja demostrado en el proceso.
Intervención de línea telefónica, conocimiento de nuevo delito, allanamiento, prueba, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "LORENZO, Teresita s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-08

En el marco de una intervención telefónica legítima, si el juez que la dispuso advierte la posible comisión de otros hechos delictivos, distintos a los que conformaban el objeto procesal, no está impedido de formular la pertinente denuncia en tanto la obtención de evidencia casual valída la iniciación de otra causa distinta, analógicamente con lo que ocurre con la incautación legítima de elementos demostrativos de la comisión de un delito distinto de aquel que fundó la orden de allanamiento, si éste fue advertido en franca o simple vista mientras se practicaba una requisa domiciliaria.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pino, Leyla y otros c/ Municipalidad de Olavarría. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

No se requiere pedido de revocatoria previa si antes del dictado de acto, la Administración había sido puesta en conocimiento -por los interesados- de los hechos, circunstancia que le permitió estar plenamente informada del asunto.