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Caducidad de instancia, interrupción del plazo, oficios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: La Oxígena S.A. Industrial y Comercial. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-25

La presentación al juzgado de un oficio-ley conteniendo un mandamiento de intimación de pago y embargo y citación de remate, constituye un acto impulsorio del procedimiento, es decir tiene aptitud para interrumpir el plazo de perención de instancia.
Preclusión, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Berenstein, José E. c/ Municipalidad de Exaltación de la Cruz s/ Materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-09-13

El consentimiento de la accionante al pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró su incompetencia cierra toda posibilidad de acudir a las vías recursivas sucesivas; de allí que el planteo formulado por el recurrente en el recurso de inaplicabilidad de ley resulta inatendible.(doctor Soria, sin disidencia)
Ignorancia deliberada, origen de los fondos, delito doloso, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/  s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2019-03-08

El concepto o principio de ignorancia deliberada -no querer saber aquello que puede y debe saberse-, representa una conducta dolosa, pues existe un deber de conocer que impide cerrar los ojos ante circunstancias sospechosas, encontrándose el dolo en el hecho de que la lógica, la ciencia y la experiencia indican que nadie se presta a determinados negocios sin percibir una contraprestación, por cuanto quien se pone en aquella situación, negándose voluntariamente a conocer aquello que debe conocerse, y se beneficia de tal situación, está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, impugnación de la liquidación, incidentes
Materia: PROCESAL CIVIL COMERCIAL
Carátula: Rivardo, Claudio Domingo c/ La Madrileña S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-06

Practicada la liquidación por la actora y objetada la misma por la demandada, esa impugnación tramita por la vía incidental, conforme lo prevé el art. 504 apdo. 2do. CPCC al remitir a los preceptos de los arts, 178 y sgtes.del mismo cuerpo legal, de modo que la resolución judicial que define la cuestión constituye una auténtica sentencia interlocutoria en sentido estricto, en tanto decide artículo y es dictada previa sustanciación, contra la que viene autorizado el recurso de apelación por expresa disposición del art. 242 inc. 2do CPCC. Así pues, interpuesto tal recurso en tiempo idóneo por quien contaba con personería suficiente para representar al actor, cuya legitimación activa a los fines recursivos surge clara, pues al reducirse el monto de su liquidación se le provoca indisputable gravamen entendido el mismo como diferencia desfavorable entre la petición formulada y lo decidido...- El control de admisiblidad o procedencia formal de la apelación que la ley difiere a los jueces de Primera Instancia, de haber sido razonablemente realizado, hubo de arrojar resultado positivo y debió concederse entonces el recurso, sin perjuicio de la razón que pueda o no asistirle al apelante en cuanto al fondo de la cuestión, materia que tocará resolver en su oportunidad a la Cámara.
Competencia, responsabilidad del Estado, poder de policía, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Wagner, Adolfo F. c/ Estado Nacional y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-26

El Estado Nacional ha sido traído a juicio imputándosele ejercicio irregular del poder de policía sobre las vías navegables y sus riberas, cuestión que se relaciona con facultades y deberes propios de la Administración y encuadrada en las normas específicas que regulan su actividad; es decir que habrá de ser decidida por aplicación preponderante de preceptos del Derecho Público.

En tales condiciones este juicio corresponde al conocimiento del fuero especializado en lo contenciosoadministrativo.
Derecho a conocer la identidad de origen, adopción, derecho a la identidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: L., A. K. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ASESORA DE MENORE  S -APELACION RESOLUCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 338 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

Analizando si el resguardo del derecho a la identidad asiste solamente al adoptado, o si su reconocimiento puede ser reclamado por otras personas, más allá del grado de parentesco - biológico o legal- que ostente respecto del menor dado en adopción, se considera que, en razón de las características propias dentro del cual se enmarca la materia bajo análisis, el impedir a una persona averiguar el paradero de otro sujeto con quien mantuvo durante mucho tiempo un estrecho vínculo afectivo y familiar, no resulta acorde con lo que se desprende de una interpretación lógica e integral del "derecho a la identidad".

Es que, tal como lo manifiesta Cifuentes, "resulta de mayor importancia para el individuo la cercanía e intensidad con el vínculo afectivo, más que la relación existente por el vínculo de sangre".

En el caso, no puede pasar inadvertido que, si bien los menores a los que alcanza la pretensión esgrimida no tenían, al momento de disponerse la adopción, una estrecha relación con quienes fueran sus padres biológicos (por cuanto precisamente habían sido declarados en abandono), sí tenían una fluida relación con quien ahora viene pretendiendo saber su paradero , esto es, su hermana mayor, lo que permite concluir que en el caso existen circunstancias que no pueden llevar a desconocer el requerimiento de la recurrente con el argumento de que, en razón de lo normado en el artículo 323 del Código Civil, ya no le asiste un derecho reconocido en la legislación vigente, sin que ello implique poner en tela de juicio la imposibilidad de restablecer el vínculo biológico, extinguido a partir del otorgamiento de los menores en adopción plena, puesto que la misma es "irrevocable".

Pero, vale destacarlo, ello no formó parte de la pretensión esgrimida por la apelante. (De los fundamentos del Dr. Falistocco)
Ley de emergencia, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, obligaciones en moneda extranjera, mutuo, mora del deudor, pesificación, esfuerzo compartido, reajuste de precios, tipo de cambio, derechos del acreedor, tasas de interés, tasa mix
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

Conforme a los precedentes y opiniones doctrinarias citadas, y en tanto el art. 11 de la Ley 25561 (modificado por la ley 25820) prevé mecanismos de reajuste equitativo del precio (además del CER. y CVS.), corresponde en la especie aplicar el principio del esfuerzo compartido en vista a repartir, prudencialmente, las resultas de la desgracia común constituida por la repentina y brusca devaluación del signo monetario nacional ("Una nueva pretensión: la distributiva del esfuerzo compartido.

Comentarios procesales sobre el régimen de pesificación forzosa de obligaciones en moneda extranjera no vinculadas al sistema financiero" por Jorge W. Peyrano, en "Efectos de la emergencia económica en las relaciones jurídicas", obra colectiva editada por Nova Tesis, 2002).

En el caso, analizando sus particulares circunstancias por aplicación del principio del esfuerzo compartido, el monto de condena dispuesto por el Tribunal "a quo", deberá ser reajustado, y la diferencia que exista entre esa cantidad en pesos (tomándose como base la paridad vigente a la hora de contratar uno a uno) y el valor del dólar estadounidense según cotización en el mercado libre de cambios deberá ser absorbida por las partes en un 50 -cincuenta- por ciento cada una. Es decir que se deberá convertir los dólares a razón de $1 más el 50 -cincuenta- por ciento de la brecha entre $1 y el valor del dólar en el mercado libre de cambios a la cotización de la fecha en que se practique la liquidación.

Por último, y si bien el planteo deducido sobre la tasa de interés aplicada por la Cámara de Apelaciones (tasa "Mix") fue formulado para el caso de que se rechace la pesificación propuesta - ya sea en la relación de $1 = 1U$S y/o "esfuerzo compartido"), corresponde señalar que este Superior Tribunal de Justicia, recientemente, en autos "PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ TORDI, J.", Se. Nro. 63/04 del 28-07-04, ha ratificado la aplicación de la Tasa Mix para el cálculo de los intereses moratorios, motivo por el cual debe confirmarse en tal aspecto la decisión del Tribunal de Alzada.
Competencia, cuestiones de competencia, juez previniente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GREGORIO PITERMAN s/ INFRACCION AL ARTICULO 255 DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-27

Los conflictos de competencia que se den entre Jueces de distintas jurisdicciones, deben ser resueltos por la Cámara de la que dependa el juez que previno en primer término de acuerdo a lo establecido por el art. 24, inc. 7 del decreto Ley 1285/58.
Indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Massera, Francisco José y Otra c/ Telefónica de Argentina y Otra s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-12

La sola privación del vehículo implica por si un daño que debe ser indemnizado, sin necesidad de demostrar otro perjuicio derivado de tal privación.
Pérdida de la posesión, posesión de mala fe, clandestinidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUETO LUIS ALBERTO c/ RICARDO VILLARREAL Y/U OTRO s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-07-03

La desposesión mediante clandestinidad se refiere a aquellos actos que se desarrollan de manera oculta o se realizan en ausencia del poseedor o adoptando precauciones para sustraerlo al conocimiento de la persona que tiene derecho a oponerse art. 2369 del Código Civil.
Suspensión del juicio a prueba, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: All, Guillermo-All, Marcelo-Larrateguy, Eugenio A. s/ Quiebra fraudulenta- Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-04-21

Cabe señalar con referencia al ofrecimiento del imputado para hacerse cargo de la reparación del daño "en la medida de lo posible", que es necesario cuando se impetra la solicitud de probation que se ofrezca la producción de algunas probanzas vinculadas a las circunstancias personales de los imputados en relación a la aparición ofrecida, sin perjuicio de tener la misma carga el Ministerio Fiscal y las restantes partes, acercando los elementos de hecho que permitan al juez decidir "sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada" (artículo 76 bis, Código Penal). En sub judice no se advierte que los interesados hayan desarollado tal actividad que debe efectivizarse en forma incidental, ágil y brevemente, para que el juzgador cuente con piezas de ponderación que le permitan asentar fácticamente su pronunciamiento sobre la aludida razonabilidad del ofrecimiento, todo sin perjuicio de las facultades oficiosas del órgano jurisdiccional para disponer lo conducente, ordenando diligencias o admitiendo las propuestas u ordenando el rechazo de medidas ofrecidas por considerarlas inoficiosas, dilatorias o superabundantes. A título ejemplificativo cabe reseñar que, a los fines de la ponderación, no es idéntica la situación de aquellas que se encuentran sometidos a prisión preventiva a la de los que gozan del estado de libertad ambulatoria; los que tienen ingresos estables a los que no lo poseen; los que reciben una remuneración significativa a los que cuentan con un sólo magro sueldo; los que tienen un grupo familiar para sustentar a los que carecen del él; los que tienen un oficio o profesión susceptibles de brindarles recursos regulares o son propietarios de bienes a los que padecen de la imposibilidad de lograrlos, etc.. Todo ello es posible acreditarlo en forma sumarísima, sin demoras significativas, permitiendo sustraer la pretensión de suspensión del juicio a prueba de un ámbito discrecional para motivarla y decidirla en función de elementos de convicción incorporados. Obviamente, si la solicitud se formulare durante el desarrollo de la audiencia de debate, deberá ajustarse la actuación para no perjudicar al mismo. Lo expuesto no modifica la conclusión desestimatoria de la pretensión recursiva señalada en el capítulo anterior, pero apunta a superar situaciones que -como en el caso- suelen advertirse en expedientes como el que nos ocupa. La pretensión partial y la resolución que sobre la misma recaiga fundada en piezas convictivas que permitan la formación de una plataforma fáctica sobre la que se asiente, sin perjuicio de los argumentos jurídicos del judicante, permite el más adecuado y justo contralor casatorio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, Poder Judicial, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

La omisión del actuario de cumplimentar oportunamente con lo ordenado en la providencia que tiene por parte al apoderado de la actora "en mérito al poder acompañado, el que por ser general se devolverá, dejándose copia autorizada en autos", acorde con lo establecido en el artículo 36 de la ley procesal 5531, no autoriza al demandado a poner en tela de juicio la legitimación procesal de los personeros de la actora -que en todo caso debe hallar fundamento en la anomalía, inexistencia o insuficiencia del poder adjunto- y sí sólo a reclamar oportunamente que el actuario cumpla con la mentada certificación, para luego afrontar el examen del mandato a través del testimonio fehaciente que reemplaza al documento público de mandato general. (Del Voto del Dr. Salgado). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Juicio, proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario, ley procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

Juicio no es cualquier procedimiento impulsor, o el desarrollo de actos procesales previos o preparatorios, por más trascendencia y necesaria prelación que se les asigne, sino la etapa del proceso iniciada con la acusación y estructurada con la integración de la defensa, prueba y sentencia jurisdiccional. La clara diferenciación efectuada por el legislador en el artículo 64 del Código Penal, al introducir un concepto legal unívoco y no una mera excepción, ilumina la interpretación del término "juicio" del artículo 67, párrafo cuarto (ambos vinculados a la vida jurídica de acciones penales), con la lógica congruencia que implica encontrar un criterio compatible en el interior del sistema. Asimismo, tratándose en ambos casos de normas procesales, aunque de contenido sustancial, resulta acertado adecuar el lenguaje al de la ciencia procesal y al utilizado por el legislador nacional y provincial que al regular la materia sólo denomina juicio a la etapa plena y contradictoria del proceso. (Del Voto del Dr. Suárez). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Accidentes de trabajo, siniestro, denuncia
Materia: LABORAL
Carátula: Billordo, Domingo Emiliano c/ Checnak S.A.- Icne S.R.L. y Simec Construcciones S.R.L. s/ Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-10-18

La función social atribuida al seguro que es reparar el perjuicio sufrido por la víctima y la aseguradora citada en garantía está legitimada para oponer alegaciones con la sola limitación de ser anterior el siniestro. El efecto que trae aparejado el incumplimiento del art.46 de la ley 17418 puede ser el del decaimiento del derecho del asegurado, ello lo ser siempre en la relación jurídica sustantiva asegurativa. Pero tratándose de una defensa posterior al siniestro, pues la carga de denuncia sucede, obviamente, cronológicamente a éste, no es oponible a terceros. La falta de comunicación del asegurador es una defensa ulterior que no puede invocarse por quién fue citado en garantía frente al tercero víctima. En síntesis, siendo la defensa interpuesta en autos por la Cía. aseguradora posterior al siniestro, resulta inoponible al actor sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponderle contra el asegurado, careciendo de relevancia que la citación al juicio lo haya sido a pedido de una de las aseguradas distinta a la condenada, en tanto la responsabilidad de la aseguradora no está dada en razón de quien lo citó, sino por mediar un contrato de seguro en el que el asegurado resulte condenado, y va de suyo que tratándose de un contrato con pluralidad de asegurados, la citación efectuada por una favorece a todas.
Deuda previsional, cooperativa de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Montagne Outdoors S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-16

En el marco de la ley 12.713 y, reconocida la facultad del organismo de imputar cargo en los términos del art. 30 de la LCT, este tribunal comparte el criterio doctrinal y jurisprudencial que considera que actividad normal y específica propia del establecimiento abarca la actividad principal del proceso productivo -en el caso costureras, trabajo a domicilio- y las actividades accesorias que hagan al logro de la actividad normal, es decir aquella que el empresario ha delineado en su proyecto de trabajo para lograr su fin económico y que muchas actividades tercerizadas son proclives a contener empresarios insolventes para responder en caso de reclamos sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y de la seguridad social, situación que es conocida por el principal que para abaratar costos contrata con estos terceros sin impórtales si pueden y cumplen con las obligaciones a su cargo (cfr. Carlos Ibáñez; "Los alcances de la solidaridad prevista por el art. 30 LCT", Universidad de Palermo). Pues, resulta ardua tarea el desentrañar cuando el trabajo es a domicilio, ya que es una forma de precarización del contrato laboral y encubre el incumplimiento de las cargas de la Seguridad Social, no pudiendo dejar de señalarse que es en la rama de la confección donde se concentra la mayor cantidad de obreros a domicilio y talleristas.
Accidente de tránsito, carga de la prueba, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Galmez Laura Rosana y otro/a c/ Mungai Lucas y otros s/ daños y perj.autom. c/les. o muerte (exc.Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Pesaba sobre la parte actora la carga de probar la participación del accionado en el accidente de tránsito, pero aquélla, aun sabiendo que por las especiales circunstancias del caso se vería impedida de contar con otras pruebas, y pese a que podría haber aportado dos valiosas testigos para echar luz sobre ese hecho constitutivo, solo instó la declaración de una sola de ellas (arts. 1.734, 1.736 y 1.744 del CyC.C.; art. 375 del C.P.C.C.) motivo por el cual no logró probar la participación activa del demandado en el accidente sellando sin más la suerte de este litigio, porque tal déficit probatorio recae sobre un hecho constitutivo de su pretensión.
Indemnización por accidente de tránsito, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Muñoz Mónica Viviana c/ Alfaro Ema Rosana s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-02

A fin de cuantificar la indemnización por el daño patrimonial ocasionado a la víctima de un accidente de tránsito, si bien deben considerarse los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos, constituyen sólo uno de los parámetros a estimar en la formación del pertinente juicio de valor sobre el daño que sufrió la víctima y sobre la medida de dicho daño, debiéndose ponderarse en conjunción con otros factores, a fin de poder esclarecer de qué manera dichos porcentuales gravitan en la situación específica del afectado.
Proceso penal, recurso de casación, delitos contra la propiedad, reglas de la sana crítica, sentencia condenatoria, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: NO TIENE ACTOR c/ LABARI, OCTAVIO JAVIER s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-13

Si la sentencia cuenta con debida motivación, tanto en lo relativo a la reconstrucción fáctica del hecho como al derecho aplicable, y es fruto de una valoración acorde con las reglas que rigen la sana crítica racional, no puede sostenerse seriamente que el fallo cuestionado adolezca de falta de motivación, ni que se halle sustentado en conjeturas, suposiciones o inferencias que, en todo caso, de haber existido, resultarían innecesarias frente al caudal probatorio rendido en la causa.
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: SEGURA, NESTOR s/ Imputabilidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1964-08-13

Excepto los casos de ebriedad patológica y de alcoholismo crónico, en que la imputabilidad del agente puede estar excluida si se halla en alguna de las situaciones previstas en la última parte del inc. 1 párrafo 1, art. 34 C. Penal, el que delinque en estado de ebriedad completa y voluntaria es imputable por mandato de la citada norma que se inspira en el principio de las "actiones liberae in causa", no obstante ello y según las probanzas de cada caso, puede no ser culpable por el delito cometido en dicho estado, o serlo, a título de dolo o de culpa, si las respectivas circunstancias psicológicas que integran una u otra forma de culpabilidad concurren en su conducta al tiempo en que se embriagó.
Caducidad de instancia, recusación sin causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROGA BEATRIZ c/ EDUARDO IMAZIO s/ Cobro de Pesos (LIBRO: A074 - 064)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-27

Surge claro del C.P.C. art. 16 inc. IV,que la recusación sin expresión de causa no suspende los plazos, ni los trámites, al igual que la recusación con causa.-