marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delito de comisión por omisión, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Salinas  García  Sanabria,  Marcelo  Luján  Ricardo s/ recurso decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-24

Debe confirmarse el sobreseimiento del imputado si no puede sostenerse que los riesgos creados por la conducta imprudente de la víctima hubieran podido ser previstos objetiva ni subjetivamente por el encausado. Es que en este tipo de delitos para que sea posible la imputación objetiva del resultado producido no es necesario afirmar una verdadera relación de causalidad naturalística, sino que basta que el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado cuando se hallaba en la posición de garante. (Dres. Catucci, Madueño y Rodríguez Basavilbaso).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.,A.V. c/ R., A.O. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

El Tribunal de apelación tiene cercenado su accionar por dos cortapisas fundamentales, a saber, por un lado, la que resulta de la relación procesal de Primera Instancia; y, por el otro, la que impone el recurrente por mediación de la fundamentación del escrito impugnativo.-
Improcedencia del recurso, conciliación, querellante, aplicación de la ley, dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Boerr, L. c/  s/ Sobreseimiento y Conciliación. Administración fraudulenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Es procedente confirmar el rechazo de la homologación del acuerdo conciliatorio celebrado entre el acusado y el querellante, en virtud del art. 30 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que aunque tal disposición no haya entrado en vigencia, sirve como pauta de interpretación de modo que una valoración global del instituto permite inferir fundadamente que el legislador estableció la conciliación como uno de los supuestos de disponibilidad de la acción reconocidos al Ministerio Público Fiscal, lo que torna indispensable su consentimiento -siendo uno de los presupuestos mínimos para la procedencia del instituto-. En el caso, luce ausente la conformidad del Ministerio Público Fiscal, a partir del dictamen fundado en los términos del art. 69 del Código Procesal Penal y que se concilia con las pautas que ha fijado la Procuración General de la Nación en su Res. N° 97/19 en torno a la implementación del art. 31 del Código Procesal Penal Federal
Empleo público, prescindibilidad, razones de servicio, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corradini Oscar O. c/ E.N. -Policía Fed. Arg. -Mº del Interior s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

La mera referencia a "razones de servicio" no importa contradecir la necesidad de fundamentación que imponen los arts. 1º, inc. f), ap. 3º y7º inc. e) de la ley 19.549, ya que ese recaudo esencial del acto administrativo no puede desvincularse de la amplitud de facultades ejercidas por la Administración para remover a sus agentes bajo el impero de la ley 21.274 (Fallo 311:1206). (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, consid. V).
Servicios de vigilancia, despido por falta o disminución de trabajo, fuerza mayor, indemnización reducida
Materia: LABORAL
Carátula: Barros, José Alberto c/ Vip - Empresa de Vigilancia y/u otro s/ Indemnización y otros beneficios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-02-26

La rescisión de un solo contrato no conlleva la disminución de trabajo alegado por la empresa demandada como excusa del despido del actor. Ya que si así fuera, debería poseer marcada incidencia en la economía de la empresa, dando lugar a un procedimiento de crisis en el seno de la misma, o a situaciones recesivas que autoricen a compartir entre empleador y empleado la consecuencia de tal estado de cosas. Lo contrario implicaría permitir que se utilice dicho conducto legal para enfrentar no un estado recesivo, sino para evitar hacerse cargo del aleas o riesgo que imponen los negocios, a los fines de mantener los mismos márgenes de ganancias a través del despido del actor, con la consecuente y discutida indemnización reducida. Por ello, corresponde el rechazo del recurso de apelación interpuesto.
Recurso de casación, orden de allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: Galinari, Damián Héctor s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-23

En las actuaciones primigenias en las que la orden de allanamiento fue dictada, razonablemente se podrían encontrar satisfechos todos los recaudos legales que le otorgan validez -habida cuenta que en las mismas se halla glosado el auto respectivo pudiendo en ellas las partes efectuar el pertinente contralor, invalidar lo legítimamente actuado, declarando la nulidad de un acto regularmente cumplido, constituiría un grave absurdo, pues privaría de ciertos efectos jurídicos al mismo allanamiento, no obstante a que en la otra y primigenia actuación judicial instruida en relación a la misma persona mantendría su plena validez y efectos. Por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa. (Voto del Dr. Riggi, adhieren los Dres. Ledesma y Tragant).
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, delitos contra la humanidad, prescripción de la acción penal, interpretación de tratados internacionales, interpretación de la constitución
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El principio de imprescriptibilidad consagrado en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, al alcanzar jerarquía constitucional, integra el conjunto de principios de derecho público de la Constitución (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Non bis in ídem, suspensión preventiva, despido, sanciones laborales, sumario administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: SUAREZ, MIGUEL c/ HIDROELECTRICA NORPATAGONICA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

No se halla comprometido el principio non bis in idem cuando la suspensión precautoria que precedió al despido, no tuvo carácter de sanción disciplinaria sino que se fundó en las causas que motivaron el sumario interno y la investigación dispuesta por el empleador.
Competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, Constitución Nacional, compensación, indemnización
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mariategui  SACIMAC . c/ Neuquén, Provincia del s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

No es causa civil aquélla en que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, tienda al examen y revisión de aquel tipo de actos de las provincias en cuyo otorgamiento éstas hubiesen procedido dentro de las facultades propias reconocidas por el art. 104 y siguientes de la Constitución Nacional.
Prueba testimonial, testigo indirecto, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ll., M. c/ S., M. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

"Los testigos que han conocido los hechos por vía indirecta -referencias de terceros o de las partes-, no deben, en principio, ni aceptarse ni rechazarse íntegramente, sino que deben apreciarse en relación con las demás probanzas que se aporten y como un conjunto de antecedentes armonizados entre sí que permitan llegar a una solución concreta".
Prueba pericial, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AMAT HECTOR c/ DE PASCUA JOSE s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

El informe del perito importa la necesidad de apreciación científica específica del campo del saber del experto, técnicamente ajeno al hombre de derecho, por lo tanto, para desvirtuar tal apreciación es imprescindible traer elementos del juicio que permitan concluir fehacientemente sobre el supuesto error o inadecuado uso que el técnico hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado.
Convenios colectivos de trabajo, homologación del convenio colectivo, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: BARRAZA, CARLOS c/ FONDO  COMPENSADOR  DE  JUBILACION  Y  PENSION DE EX-EMPLEADOS DE ACA s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

Si el convenio colectivo de trabajo fue sometido a la homologación de la autoridad administrativa para darle un valor distinto del que goza un acuerdo que no está homologado, los derechos de los trabajadores y reconocidos por aquél se incorporan a su patrimonio y no pueden ser alterados in-peius por un posterior CCT no homologado.
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, afiliados previsionales, inmunidades especiales, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arnus, Daniela Alejandra c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

No puede hacerse lugar a la pretensión de la actora en el sentido de que se le imponga a CASSABA la obligación de no considerarla afiliado, pues ello no es pasible de ser puesto a consideración de un organismo de poder judicial. De hacer lugar a dicho planteo, la resolución que disponga la desafiliación implicaría el otorgamiento de una suerte de inmunidad frente a créditos eventuales, tornando inaplicable in eternum, exclusivamente respecto de la actora el sistema previsional vigente en el ámbito de la Ciudad para los letrados que ejercen en esta jurisdicción. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Marcas, renovación de marca, uso efectivo de marca
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Minetti y Cía.  LTDA c/ Establecimiento Mod. Bahía Blanca s/ op. marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-21

Para que los registros anteriores gravitan de modo de que se aplique un criterio tolerante al pedido de reinscripción, es insuficiente la mera coexistencia registral de los signos en litigio. Se justifica que se mitigue una aplicación rigurosa de los requisitos legales cuando el titular de buena fe de una marca impugnada la ha utilizado durante muchos años y, de ese modo, adquirió una clientela y prestigio significativos. La actora no ha acreditado en autos empleo alguno de su designación "PURA" y la circunstancia de que dejó vencer al registro para casi inmediatamente solicitar la reinscripción parece demostrar que no se hallaba en condiciones de probar el uso, de la forma que en ese momento exigía la DNPI interpretando el art. 20 de la Ley 22.362.
Extinción de la acción penal, tesis del paralelismo
Materia: PENAL
Carátula: Concejales María E. Trigo y Alejandro Pizarro c/ Marinero Mauro (Intend. Dpto. Iglesia) s/ Marinero Mauro (Intend. Dpto. Iglesia) por Infracción Arts. 248 y 249 del C.P. (Denuncia de Concejales María E. Trigo y Alejandro Pizarro) - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-04-17

Sobre este aspecto debo destacar mi adhesión a la llamada "tesis del paralelismo" para la cual la acción que nace de cada delito prescribe independientemente, y cuyo efecto, en los casos de concurso material de delitos, es el de tomar como término máximo de persecución penal el de la pena prevista para cada delito en particular y no su acumulación.
Sucesión testamentaria, facultades del juez, interpretación del testamento
Materia: CIVIL
Carátula: MIRGO, PEDRO A. s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Quien ha de interpretar un acto de última voluntad, es decir, el juez, debe sobre todo guardarse de desatender las intenciones del testador, sea porque éste no se haya acordado de algo y, por lo tanto, no haya dictado sobre ello las disposiciones correspondientes, o porque su voluntad no aparezca expresa en el testamento.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Córdoba Ramona del Carmen c/ Croarrini Hugo Roberto y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

El sentenciante para poder establecer la causa del daño que sirve de base para el reclamo indemnizatorio, debe realizar un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal apropiada con el hecho ilícito, vale decir que la consecuencia dañosa es la que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica (art. 901 C.Civil).-
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Miranda, Rubén Darío s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de nulidad e  inaplicabilidad de ley Ríos, Gregorio s/ Recurso de casación. Estafa y sustracción de persona agravada por la  muerte de la víctima, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31|2001-12-27

El recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente, al no reunir los requisitos propios del mismo ya que si bien se denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se funda en el contenido normativo de dichos preceptos, sino que se intenta traer a examen de este Tribunal infracción a expresas normas procesales, tema este ajeno al mismo. (Minoría u opinión personal)
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CAMPOS, CLAUDIO LUIS s/ RECURSO DE CASACION Causa 340
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-26

El preso ha satisfecho ese requisito si, sin infracciones graves por su naturaleza o agravadas por su reiteración, ha observado las normas disciplinarias, laborales y educativas del establecimiento carcelario donde cumple su condena. (voto del Dr.

Hornos)
Queja por recurso denegado, ejecución de multas, recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Edesur SA s/ 23 - ejecución multa determinada por controlador
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

Corresponde rechazar la queja toda vez que el recurrente no se hace cargo de explicar concretamente en qué reside la arbitrariedad de la aplicación que hicieron los jueces de mérito de la ley más benigna cuando ha sido pedida por la parte interesada y, según el sentido literal de la norma, procede siempre, es decir, es operativa incluso en casos en que ha recaído sentencia (cf. art. 3, ley n° 451). De este modo, la argumentación de la parte pierde de vista que la fundamentación del fallo que critica en el recurso de inconstitucionalidad que la queja viene a defender, no reposa en principios penales, sino en una cláusula del propio régimen de faltas y ello conduce a descartar el cuestionamiento del recurrente. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Robo calificado, comercialización
Materia: PENAL
Carátula: E, E A s/ ROBO, ESTAFA Y ROBO CALIFICADO EN CONCURSO REAL      EXPTE NRO 230-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-06

En el caso nos encontramos con un hecho cometido con efracción (fractura) de un vidrio del techo del local mediante el empleo por parte del procesado de fuerza para posibilitar la remoción del obstáculo que le impedía el ingreso al sitio donde se hallaban los efectos que sustrajo. En esta tesitura y más allá de puntualizar que por tratarse de un comercio el obrar en crisis escapa al tipo penal del artículo 167 inciso 3; es dable mencionar que si la fuerza, como ingrediente constitutivo de la figura genérica del artículo 164, es posible definirla como el despliegue de una actividad tendiente a vencer anormalmente resistencia al apoderamiento, si la misma se efectivizó sobre un vidrio que podría no haber estado intacto pero sin dudas cumplía el rol específico para el cual estaba colocado y por fin- porque de cualquier manera como elemento constitutivo de la cubierta del negocio se integraba con éste en un todo y tiene evidente carácter de obstáculo o cierre, su destrucción llega a estar subsumida en aquella fractura, consecuencia de la fuerza desplegada, de que nos habla la norma penal citada.

Si bien es cierto que el vidrio no estaba cuanto menos en perfectas condiciones, también es exacto que el justiciable debió quebrarlo (o lo que es lo mismo destruirlo), para pasar su cuerpo y entrar al local y si la fractura es sinónimo de "quebrantamiento, corte, destrucción con daño de características especiales", estimó que su rotura más allá de su espesor, tamaño o de que cumpla una función de tutela contra los elementos telúricos para dejar paso a la luz, tiende a menoscabar su rol específico y primordial que no es otro que un cerramiento protector que debe ser respetado como tal y consecuentemente en la medida que cumplía a fin para el cual estaba colocado no interesa su estado anterior pues "lo importante... es que se trate de rompimiento de cosas dotadas de alguna resistencia física defensiva que cierren o delimiten un ambiente y que cumpla esa función de manera evidente e intencional". Consecuentemente la acción desplegada queda enmarcada en las previsiones del artículo 164 del Código Penal que se califica en la medida que se perpetró con escalamiento.
Facultades del Poder Legislativo, transporte interno
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Gutiérrez  SRL c/ Catamarca, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

En ejercicio de sus facultades, el legislador nacional dictó la ley 12.346 y sus normas complementarias y a ellas deben adecuar su actividad las provincias (art. 31 de la Constitución Nacional). Esas disposiciones colocan las condiciones generales del transporte bajo la potestad del gobierno federal cuando une puntos situados en más de un estado, excediendo así el ámbito exclusivamente reservado a cada provincia.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ameri, Atilio Camilo c/ Prov. de Bs. As. (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

La no interposición de los recursos previstos por el ordenamiento procedimental administrativo aplicable, imposibilita la revisión judicial de la decisión administrativa impugnada, al no mediar en tal caso resolución definitiva en los términos de los arts. 1º y 28 del C.P.C.A., correspondiente al particular interesado realizar las gestiones conducentes para su obtención. En el caso, el actor accionó después de haberle sido denegado el recurso de reconsideración por el funcionario que le aplicó la sanción expulsiva, sin interponer el recurso de apelación ante el Poder Ejecutivo que prevé el decreto ley 9550/80. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Violencia familiar, principio de integralidad
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: P., M. A.  c/ D. C., D. L.  s/ violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-12

La Ley XV-12 y 26 a los fines de prevenir la violencia familiar determina el accionar conjunto del Estado Provincial, municipios y sociedad civil y establece el principio de integralidad por el que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública deben procurar proteger a la víctima de una sola vez y de manera automática (art 1 XI c). El Juez debe utilizar la orden de Protección a la Víctima siempre que lo considere necesario, con independencia de que el supuesto de violencia familiar o de género constituya delito (Principio de aplicación general).
Honorarios, regulación provisoria
Materia: CIVIL
Carátula: Nazar, Juan Jose c/ Nazar Maria Ines y otro s/ accion de peticion de herencia y reforma de adjudicacion s/ legajo de copias
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-12

La regulación provisoria de honorarios (aunque se refiere a una parte del proceso) es tan "definitiva" como la definitiva, a tenor de la cosa juzgada y exigibilidad que establece el último párrafo del citado art.20 Ley 7046 pues el profesional cuenta allí con un derecho adquirido a lo regulado y un derecho en expectativa a lo que en más se regule al momento de dictarse la sentencia definitiva.
Impuestos, régimen penal tributario, competencia, cuestiones de competencia, falsificación de sellos, juez previniente
Materia: PENAL
Carátula: Dirección General Impositiva solicita orden de allanamiento s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de competencia negativa Causa  33063
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-04

Ante la cuestión de competencia planteada corresponde que siga entendiendo el Juez que previno en la causa (Art. 37 del CPMP) donde se investiga una maniobra consistente en la presunta evasión de tributos mediante falsificación de sellos, si no se encuentran suficientemente averiguados los hechos que determinan la instrucción del proceso, más allá de si se trata de la aplicación de la Ley 23771 o si entran en juego las reglas sobre concurso de delitos, resultando por otra parte la presunta falsificación un hecho conexo a la evasión impositiva que se investiga..- [Nota:la cuestión de competencia se trabó entre el Juez en lo Penal Económico, que consideró que la falsificación de sellos es un delito más severamente penado que la evasión impositiva, quedando desplazada la figura del Art. 1 de la Ley 23771 por el Art. 288 del Código Penal, y el Juez Federal que no aceptó la competencia atribuida por considerar que la falsificación mencionada fue realizada con el objeto de evadir tributos.
Cuestión constitucional, admisibilidad formal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Loñ, Carolina y otros c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido y su acumulado inconstitucionalidad concedido y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-22

Aquí no ha sido puesta en juego la inteligencia de una actividad privada sujeta, desde luego, al control estatal, según leyes constitucionales básicas que impliquen su lesión. En este contexto, la mera enunciación de reglas constitucionales, sin vincularlas con tachas concretas, no suple esta omisión, que deja huérfano de solidez al recurso y lo torna inoficioso.

De acuerdo con jurisprudencia reiterada del Tribunal, la referencia ritual a derechos, principios y/o cláusulas constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente para fundar un recurso como el aquí examinado, ya que si bastara la invocación de un derecho, principio o garantía de raigambre constitucional, el Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera (nueva) instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: Sogga, Luis Constantino c/ Consejo Provincial de Vialidad y/o Gobierno de la Provincia s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-30

El Superior Tribunal de Justicia puede entender en forma originaria en materia de amparo, cuando quien acude a ésta vía rápida y excepcional así lo decide haciendo uso de la facultad que emerge del artículo 4º de la normativa legal vigente ( Ley 6.296 ), que consagra de modo expreso la libre elección del juzgador, en cuanto establece, que: "la acción puede deducirse ante cualquier Juez o tribunal, sin distinción de fueros o instancias..." (Minoría u opinión personal)