marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: TREVERSET, ADOLFO ANTONIO c/ TRANSPORTES SANCHEZ  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-14

La habitualidad y regularidad del obrero en concurrir a la empresa, su permanencia, que se le pague por el simple hecho de su estadía en la planta, con independencia de los viajes a cumplir, como así también la exclusividad, son elementos que traducen la dependencia jurídico personal de aquél, sin que el realizar sus tareas con vehículo de su propiedad pueda desdibujar lo fundamental del contrato laboral subordinado. (Conforme C.N.A.T. , Sala II, sentencia 31 de marzo de 1982, 'Delón, L. A. c/ Cunnington C.I F.I.S.A. , D.T. 1982, número 6 página 724).
Fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: MANSILLA MARTIN EMANUEL c/  s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-09

No existe ausencia de mayoría real (por la falta de coincidencia argumental de los votos que hicieron mayoría), si el magistrado preopinante brindó respuesta al planteo de la defensa, sin que se verifique contradicción o falta de coincidencia con el voto dirimente elaborado por su colega integrante del Tribunal de Impugnación, pues el segundo complementó al primero.
Jueces, remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergolani, Mario Luis c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-28

No existe conflicto de poderes en el caso si no es objeto del proceso "fijar" los sueldos de los jueces ni sustituir en ese menester al Poder Administrador, sino solamente mantener el adecuado reajuste que exige el art. 96 de la Constitución Nacional, también operante, respecto del Poder Judicial de nuestra Provincia.-
Despido, responsabilidad del empleador, crisis económica, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA EULALIA IRMA c/ MEDISUR S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-02-19

El empleador para eximirse de responsabilidad ante el despido del trabajador, debió demostrar que la crisis económica contenía el elemento de "perdurabilidad" exigido por la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 247, y además la ausencia de medidas concretas a paliar el déficit de la empresa y evitar que el despido se produjera, no siendo suficiente la mera invocación de que se realizaron todos los esfuerzos y no pudieron evitarlo.
Recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, Poder Ejecutivo, gobernador, decretos, recurso de reposición (procesal), fundamentación del recurso, Administración Pública, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VOLTA, JUAN ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 31 AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

Si bien es claro que un decreto dictado por el Poder Ejecutivo sólo produce agotamiento de la vía administrativa cuando resuelve un recurso de apelación (art. 53, decreto 10.204/58), en las particulares circunstancias del caso, corresponde rechazar el planteo de inadmisibilidad que postula la Administración teniendo en cuenta sus propios dichos, desde que surge del análisis de los expedientes administrativos que la misma admitió y dio trámite a los planteos efectuados por el agente y, en base a las actuaciones realizadas, el Poder Ejecutivo adoptó la decisión de rechazar el requerimiento de reconocimiento y pago de retroactividades. Es más, en los considerandos del acto mencionado, la Administración entiende "Que sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo al principio de economía procedimental, al hecho de que el interesado expresó las razones en que fundamenta su reclamación y que al Poder Ejecutivo competirá en definitiva la decisión, Fiscalía de Estado se expide sobre el aspecto substancial del tema de marras". Con ello, no sólo salva la cuestión de interponer luego una nueva revocatoria -que, por otra parte, se traduciría en un excesivo alongamiento de los plazos-, sino que resuelve sobre el fondo de la pretensión, otorgando el efecto de agotar la instancia administrativa, entendiendo ésta como la oportunidad dada a la Administración de resolver sus cuestiones en su ámbito. Es que, según el tratamiento que dispensó a su petición la Administración, el agente podía razonablemente presumir que la vía administrativa se encontraba suficientemente agotada, lo que se compadece con el criterio reiterado de la Corte local respecto a que una decisión en otro sentido, atento a las particularidades de la causa, se tornaría en un excesivo rigor formal, que contraría el artículo 7, tercer párrafo, de la Constitución provincial que prevé el derecho de acceso a la jurisdicción, así como el principio de atenuación del rigor formal en favor del administrado.
Tributos, pago de tributos, excepción de pago
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ InterlicchiaJose s/ Ejecucuión fiscal InterlicchiaJose s/ Ejecucuión fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

La viabilidad de la excepción de pago documentado requiere la presentación del documento de pago emanado del acreedor o su legítimo representante, o bien que constituya una constancia fehaciente y vinculante respecto del pago de la deuda.

En el instrumento que se acompaña como base de la excepción debe existir una clara e inequívoca imputación al crédito reclamado, debiendo tal documentación ser autosuficiente para acreditar la defensa, sin que resulte menester efectuar investigaciones adicionales.

En la especie se advierte que los montos oblados por el ejecutado no coinciden con los reclamados por la Comuna, mientras que para los períodos cuyo pago reclama la ejecutante, los recibos aportados rezan "sin actividad".

Ello así, la excepción de pago total no puede acogerse, sin perjuicio de lo cual, y habiéndose probado la existencia de pagos parciales, ellos deberán ser deducidos del total reclamado a tenor de la liquidación que se realizará oportunamente.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, agencia de turismo, acción de reintegro, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Julia Tours SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución que ordenó a la agencia de viajes accionada, el inmediato cese del cobro de "cargo de gestión", "tasa de administración", "cargo administrativo" u otro similar cuando el precio del producto o servicio se cancela mediante tarjeta de crédito. En ese marco, como medida adicional, el pronunciamiento ordenó a la asociación actora supervisar el efectivo cumplimiento de todo lo decidido. Ello así, no se vislumbra la discriminación aludida por la accionada, sino que el fallo estableció ciertas directivas para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, entre las cuales se le requiere a la asociación que informe el modo en que la condenada cumple con sus deberes de pago. Esto es ni más ni menos lo que en la práctica realiza todo abogado que vela por los derechos de su defendido ante la obtención de una sentencia favorable que reconoce un crédito a su cliente. Por lo demás, no se ven afectados los derechos de defensa de la demandada que podrá efectuar todos los planteos y recursos que crea conveniente y que hagan al resguardo de sus intereses.
Locación de cosas, depósito en garantía, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAREAL DE AULMANN AMALIA c/ POPOLIZIO MARIA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-18

El dinero depositado por el locatario en garantía no puede compensarse con el crédito del locador por arriendos, pues la devolución de dicho depósito no es exigible hasta que no se haya satisfecho la totalidad de la deuda y se encuentren extinguidas todas las obligaciones a cargo del locatario.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, elecciones, diputados nacionales, inhabilitación para ejercer cargos públicos
Materia: PROCESAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Ghiglione, Carlos Marcelo s/ pedido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Corresponde revocar el pronunciamiento que declaró que, atento a que el recurrente se hallaba inhabilitado para ser candidato a diputado nacional en una anterior elección, no correspondía oficializar la lista que lo postulaba; ya que dicha inhabilitación no se encuentra firme ni pasada en autoridad de cosa juzgada, pues la Corte Suprema mandó que en la máxima instancia judicial sanjuanina se dicte una nueva resolución referente a la procedencia o improcedencia del recurso deducido contra la sentencia condenatoria.
Indemnización, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Marmol Edgardo Juvenal c/ Cemar S.A. y Comisa y/o Cemar, Comisa -UTE- s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-02-18

Más allá de la procedencia o no de la compensación que se interesa, la misma no fue deducida ni interesada en el escrito de demanda por lo que constituye una cuestión que no ha sido sometida al juzgador en la instancia anterior, por lo que no puede receptarse ni resolverse en segunda instancia un argumento o cuestión que no fue sometida ni motivo de decisión, ya que lo contrario implicaría violar el principio constitucional de defensa.
Prescripción, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SUAREZ, Carlos Ramón c/ MENDEZ, Jorge Federico s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-17

El demandado y los terceros citados a juicio deben oponer la prescripción en la contestación de la demanda o en cualquier presentación anterior procesalmente idónea para hacerlo ( al oponer excepciones previas ). Los terceros que comparecen voluntariamente al proceso son los que deben oponer la prescripción en la primera presentación que hagan al juicio. Ni el demandado que contestó la demanda sin oponer la prescripción ni el que no ha contestado la demanda por que tuvo la posibilidad de hacerlo pueden oponer la prescripción por cuanto no se trataría de la primera presentación en juicio.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la ley, ley federal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Peña, Luis c/ Estado Nacional (Estado Mayor General de la Armada) s/ haber de retiro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

En la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales la Corte Suprema no se encuentra limitada por las posiciones de la cámara ni del recurrente sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16, ley 48) según la interpretación que rectamente le otorga.
Empleo público, diferencias salariales, prueba, personal de planta permanente, jurisprudencia no aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SZULC, RICARDO c/ G.C.B.A. s/ EMPLEO PUBLICO (NO CESANTIA NI EXONERACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27

La causa "Ottonello, Juan Carlos y Otros c/ GCBA s/Empleo Público" (Expte. Nro. EXP 1065) resuelta por esta Sala con fecha 27 de febrero de 2004, se refiere a un grupo de preceptores de escuelas transferidas por el Gobierno Federal que reclaman para que se les reconozca una situación salarial equivalente a la de los preceptores de las escuelas que ya pertenecían a la ex Municipalidad. En ese caso, la Sala I sostuvo que era el Gobierno quien debía mostrar qué diferencia a los preceptores aquí actores de los restantes, para no asignarles el índice que se les reconoce a todos aquellos, pues del régimen jurídico docente no surge, de su simple lectura.

El caso de autos es totalmente diferente, dado aquí se trata de diferencias salariales entre agentes de la planta permanente y de la planta transitoria. Entonces, que quien debía respaldar con su actividad probatoria la diferencia salarial existente entre quienes se desempeñaban en una planta y otra era el accionante, no contando, ni siquiera, en autos, recibo o prueba alguna tendiente a demostrar cuàl era el importe que éstos recibían. Es que, según surge del examen de las actuaciones, no se ha producido prueba alguna tendiente a respaldar la invocación formulada en ese sentido por el actor. Por ello, no corresponde que el Gobierno sea condenado a abonar las diferencias salariales pretendidas, ya que era obligación del actor probar la existencia de las mismas y ello no ha ocurrido.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Andrés Alfredo y otros s/ Robo agravado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Es ineficaz el agravio del recurrente, en el que denuncia la violación de los arts. 251 a 253 del Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y sus modif.-, alegando que los testigos describieron, en oportunidad de declarar al dictado de rostro, a una persona que resulta ser totalmente distinta a lo que posteriormente reconocen en la rueda de personas, señalando que dicha circunstancia hace aflorar la duda respecto de las diligencias, si la Excma. Cámara resolvió que las diferencias apuntadas constituyeron una circunstancia que no impidió el reconocimiento del encartado, y las afirmaciones del recurrente no alcanzan para desvirtuar lo así resuelto, ni evidencian la transgresión de las normas de la prueba testimonial que denuncia, ni tampoco la concurrencia de duda que alega.
Sucesiones, juicio, legitimación pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, Enrique Roberto c/ Sucesión Agustín B. Perez y/o Blanca Vaccarilli s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-04-15

Si bien la sucesión en cuanto tal no es persona física ni ideal, es un patrimonio de titular o titulares, que son personas físicas o ideales, y que estas oportunamente incorporarán al acervo hereditario a su patrimonio personal, por esa razón al demandarse a la sucesión en realidad se está demandando a quienes eventualmente resulten o sean declarados herederos del causante en aquella.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, derivación razonada del derecho vigente, sociedades comerciales, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Don Manolo S.A. c/ Santa Rosa S.C.A. s/ Queja por denegación del recurso de Inconstitucionalidad - Acción de  nulidad -Nulidad de asambleas -disolución social (Expte. C.S.J.   Nro. 174 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

No puede prosperar la tacha de arbitrariedad endilgada por el recurrente al fallo del A quo -el cual confirmó el del juez de primera instancia que a su turno había rechazado la demanda de nulidad de asambleas y disolución de sociedad entablada por la accionante-, desde que la Alzada ponderó los elementos sobre los que la apelante sustentó su posición, pero estimó que los mismos eran insuficientes para respaldar la hipótesis de nulidad sobre la que fundó su pretensión, y brindó una solución fundada en derecho y explicó los motivos que lo llevaban a adoptarla, en una tarea que, si bien disconforma a la quejosa, no puede considerarse que haya transgredido los márgenes de razonabilidad tolerados o resulte inequitativa o ilógica, de modo tal que merezca su descalificación como acto judicial.
Carta orgánica municipal, falta de impugnación, medida de no innovar, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rocha, María Inés c/ Concejo Deliberante de Valle Viejo s/ Medida Cautelar s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-04

Comparece la Dra. M.I.R., por derecho propio, solicitando medida cautelar de no innovar en contra del Municipio de Valle Viejo. Expresa que, ante el temor de ser desplazada en sus derechos a ser tenida en cuenta como postulante para el cargo de Juez de Faltas Nº2 del citado Municipio, solicita tutela cautelar a efectos de que se ordene la suspensión del tratamiento por el Concejo Deliberante del único pliego elevado por el Ejecutivo Municipal, hasta que llegue al mismo el currículum vitae presentado por su parte en Mesa de Entradas del Ejecutivo Municipal, el cual no fuera elevado para su tratamiento por el Concejo, vulnerando sus derechos constitucionales. Solicita la medida hasta tanto su currículumásea recepcionado y tratado por el Concejo Deliberante como postulante que aspira al cargo de Juez de Faltas Nº2.

Analizadas las constancias de autos en relación al requisito de verosimilitud del derecho, corresponde señalar que no se advierte la concurrencia fáctica de este presupuesto, pues el fumus bonis iuris alegado por la parte como fundamento de la medida impetrada no alcanza a crear el grado de posibilidad o certeza necesario respecto del derecho cuya declaración se pretende en este excepcional proceso cautelar.

Tal circunstancia obsta a que se tenga por configurado, en el marco propio de las medidas cautelares, el presente requisito, atendiendo de manera preponderante a la presunción de legitimidad de que gozan las ordenanzas municipales, que conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Corte de Justicia se asimilan a leyes en sentido formal y material, cuya impugnación cuenta con un procedimiento propio y específico.

En ese orden, debe destacarse que la peticionante no cuestiona la clara normativa contenida en el Art.83 de la Carta Orgánica Municipal, que en el punto que interesa establece: "El Tribunal de Faltas Municipal estará a cargo de . y será designado por el Intendente con acuerdo del Concejo Deliberante.", es más, la propia parte lo agrega como prueba, no surgiendo normativa alguna de que todos los legajos o currículum presentados deban ser remitidos a consideración del Concejo Deliberante.

De ello se colige que el sometimiento voluntario a un determinado régimen jurídico no da acción en derecho y, por ende, no puede argüirse que exista causa o caso que habilite la jurisdicción extraordinaria de esta Corte de Justicia.

Conforme a lo expresado, la falta de verosimilitud del derecho torna que el peligro en la demora alegado sólo encuentre sustento en las manifestaciones de la peticionante, debiendo resaltarse el incumplimiento del tercer requisito, por cuanto la demandante no ofrece contracautela.

Por ello, debe concluirse que en el sub lite no se dan los requisitos de viabilidad de la medida cautelar solicitada, correspondiendo desestimar la misma por improcedente, con costas.
Justicia municipal de faltas, poder de policía
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V, S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

El poder de policía, consistente en la restricción del ejercicio de los derechos individuales acorde al cumplimiento de un fin mayor, esto es, el bien común, está destinado a la preservación de la paz o convivencia social entre los miembros de la comunidad de que se trate. Este poder de policía, se implementa a través de decisiones del órgano constitucional que lo tenga a su cabeza, lo que en la teoría constitucional moderna, implica el Poder Ejecutivo. El contenido de esas decisiones, se ve implementado en las normas administrativas que ese poder dicte, normas que constituyen la diaria preocupación de los habitantes de la comunidad, en temas referidos a la convivencia: seguridad, salubridad, educación, ornato, etc.

Este poder de policía, no debe constituirse como un imposición arbitraria, sino que, debe responder esa necesidad de reglamentar la paz social.
Competencia penal, rendición de cuentas, fondos para la producción agropecuaria, Estado Provincial, Formosa
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional  (Ministerio  de Economía y Obras y Servicios Públicos) c/ Formosa, Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Ante la posible comisión de un delito de acción pública relacionado con los faltantes que resultan de la rendición de cuentas presentada por la Provincia de Formosa relativa al manejo de fondos aportados por el Estado Nacional para el cumplimiento del Subprograma de Emergencia Agropecuaria, corresponde dar intervención a la justicia penal (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Gustavo A. Bossert y disidencias parciales del Dr. Carlos S. Fayt y del Dr. Guillermo A. F.

López).
Impuesto de sellos, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: E., H. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-12

Corresponde hacer lugar a una demanda que pretende el reintegro de sumas de dinero en concepto de impuesto de sellos y declarar la inconstitucionalidad del art. 39, primera parte, capítulo II, Título IV de la Ley XXIV N° 57, y su inc. 2 que diferencia el porcentaje del impuesto a abonar según la radicación de la concesionaria, toda vez que la única distinción que establece la norma es que aplica una u otra alícuota en la inscripción inicial según el lugar de procedencia del vehículo. Más no se acreditaron circunstancias justificantes que respalden dicha diferenciación, por lo que su implementación deviene absurda. No resulta razonable que el domicilio de compra de un vehículo, genere una categoría diferenciada para pagar un tributo con una alícuota superior, ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese solo extremo integre un grupo diverso que deba ser sometido a regulaciones diferentes.
Competencia, competencia por la materia, depósito en moneda extranjera, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ginestet, Irma c/ CITIBANK N.A. SUCURSAL BUENOS AIRES s/ Incumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-02

Toda vez que el sustento de la pretensión se relaciona con leyes, decretos y resoluciones del Estado Nacional y del Banco Central de la República Argentina, dictados en el ejercicio de facultades y deberes propios de la Administración -en el caso concreto en la emergencia económica y financiera- ello encuadra en las normas específicas que regulan su actividad. Es decir que el caso habrá de ser decidido por aplicación preponderante -lo que no equivale a decir exclusiva- de preceptos de derecho público.
Confirmación de sentencia, daños y perjuicios, falta de legitimación para obrar, improcedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pastrana Guillermo y otro c/ GCBA y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

Se confirma parcialmente la sentencia que admitió la demanda interpuesta por un sobreviviente a la tragedia de "Cromañón". Desestimación del recurso de los padres del sobreviviente por la admisión de la falta de legitimación activa. Validez constitucional del art. 1078 del Código Civil que limita el reconocimiento del daño moral al damnificado directo. Responsabilidades emergentes del hecho. Distribución de la proporción de la condena. Daño psicológico. Tratamiento psicológico. Daño moral. Gastos médicos, farmacéuticos y de movilidad. Tasa de interés. Punto de partida de los intereses.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez, Blanza Angelica c/ Acevedo, Jorge Marcelo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

La disminución física se refiere a todo daño a su salud corporal y mental. Es materia obligada de resarcimiento, independientemente de la disminución de la capacidad de trabajo y de su incidencia patrimonial, porque la ley ampara la personalidad íntegramente considerada. Lo contrario importaría sostener que el daño corporal o mental inferido a quien no trabaja no tiene relevancia alguna respecto a los efectos indemnizatorios.