Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27


SENT.DEF.Nº: 19112	EXPTE. Nº: 28.114/ 10 (27.954) JUZGADO Nº: 26	SALA X AUTOS: "FRELLATT MIRIAM ISABEL C/ LIBERTY ART S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" Buenos Aires,27/10/2011 El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

El señor juez que me precede, mediante una resolución dictada al finalizar una audiencia, dio homologación al acuerdo conciliatorio al cual arribaran las partes con apoyo en el art. 15 de la L.C.T. (fs. 66/67) y el señor fiscal de primera instancia, al notificarse de tal providencia, apela y expresa agravios en disconformidad con lo resuelto (fs. 68/69). Esos agravios merecieron réplica de la demandada (fs. 73).

Arribada la causa a esta instancia revisora, se confirió vista al señor fiscal general, quien mantiene los agravios expresados.

Anticipo que en mi voto voy a propiciar la revocatoria de la decisión homologatoria, aunque no porque en las actuaciones no se produjo un dictamen médico de un perito designado de oficio por el juez según lo prescribe el art. 91 de la ley orgánica (fs. 68 vta.), tal como se sostiene en el memorial recursivo. Coincido con el recurrente, en cambio, en cuanto a que el informe médico aportado al tiempo del convenio conciliatorio (obrante a fs. 65) carece de eficacia convictiva como para que, de conformidad con las reglas de la sana crítica, pueda emitirse válidamente una resolución judicial fundada con los alcances que requiere el art. 15 de la L.C.T.

En efecto, el informe médico proporcionado por la demandada en el acto de la audiencia (verlo a fs. 65) hace saber, de manera ciertamente dogmática, que la actora sufrió un traumatismo en su pie izquierdo (con fractura de F 1 del quinto dedo) y así agrega derechamente, a modo de conclusión, que ello determina un grado de ".incapacidad (del) 6 %..." en ".relación con (el) accidente del trabajo.", aunque no se adiciona ningún razonamiento técnico o científico que posibilite ejercitar la sana crítica judicial y consecuentemente formar convicción sobre la cuestión (art. 386 CPCCN).

En tal sentido, he sostenido reiteradamente como juez de la anterior instancia que un dictamen pericial debe suministrar los antecedentes y explicaciones que posibiliten esa convicción para que, de ese modo, se brinde un real asesoramiento al juez, a quien le cabe en definitiva valorar el acierto de las conclusiones explicitadas.

De acuerdo con ello, el escueto informe aportado a la causa no evidencia, ni siquiera mínimamente, las características de un dictamen al carecer de explicación pormenorizada de las evaluaciones y estudios técnicos realizados como también los principios científicos en los que se sustenta la allí denominada "conclusión" que no alcanza en extensión mayor a un renglón.	Voto, en consecuencia, por: 1) Revocar la resolución recurrida y devolver las actuaciones al Juzgado de origen para que a su vez lo remita al juez que sigue en el orden de turno para la prosecución del trámite. 2) Hacer saber a las partes que, si lo estiman menester, podrán arribar a un acuerdo conciliatorio, aunque esta vez con adjunción a la causa de un dictamen médico con los recaudos técnico-científicos señalados, para así evaluar la judicial homologación requerida de ese acuerdo según lo prescribe el art. 15 de la L.C.T.. 2) Costas en el orden causado dado la forma de resolver y la índole de la cuestión planteada (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Aunque no es nada simple, dada la subjetividad del razonamiento, apreciación de las circunstancias y posición en la que se sustenta, determinar en todos los casos cuándo efectivamente se alcanzó una justa composición de derechos e intereses de las partes, a los efectos de homologar un acuerdo conciliatorio, tal como requiere el art. 15 L.C.T. (to); si es razonable y lógicamente exigible, si se prescinde de realizar el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas, por resultar dicho organismo, conforme lo tildó la accionante, inconstitucional y no resguardarse con dicho trámite, entre otras garantías, el debido proceso, que una vez escogida la vía judicial, en procura del reconocimiento del derecho que se denuncia conculcado, que se respeten y acaten las normas procesales y de fondo que rigen el tema, pues de lo contrario la intervención judicial no pasa de ser un mero requisito formal, desprovisto de los elementos en los que debe sostenerse todo pronunciamiento; máxime frente a los alcances que el mismo reviste (conf. arts. 69 L.O., 15 L.C.T. to).

En este contexto, en el cual lo que se debate puntualmente, es la incapacidad del trabajador víctima de un accidente de trabajo regido por la ley 24.557 (conf. art. 6), es condición que tal extremo resulte de una pericial médica, pues la apreciación de tal hecho requiere conocimientos especiales (conf. art. 457 C.P.C.C.N.), y la designación de los peritos, en todos los casos, es de oficio (así reza el art. 91 L.O.); extremo este no observado en el "sub lite". Pero además, aunque se pudiere soslayar tal requisito con la designación de un consultor de parte (circunstancia que, por otra parte, no fue invocada por las partes en el acuerdo que celebraron a fs. 66, ni resulta de fs. 65, y que está sujeto al régimen previsto por los arts. 458, 459, 462 y conc. C.P.C.C.N.), o si se quiere, en beneficio de la parte actora, con un informe médico, mínimamente el mismo debe ser acompañado de los estudios médicos en los que, quien lo suscribe, se basó para determinar la existencia o inexistencia de incapacidad, y en su caso, el baremo que utilizó a tales fines.

En el presente tales exigencias, reitero, mínimamente requeribles dentro de un proceso laboral regular, y necesarias para poder establecer un grado cierto de incapacidad o minusvalía de un trabajador, como condición de respeto al orden público laboral, al principio protectorio y de irrenunciabilidad de derechos, no fueron cumplimentadas. Repárese además, que tampoco se trata de imprimir un criterio restrictivo en materia de apreciación de la prueba, ni está en tela de juicio las reglas de la sana crítica o las facultades con la que cuenta el sentenciante a la hora de evaluar los antecedentes de rigor, sino en todo caso, de respetar y mantener coherencia con la doctrina emergente del Plenario Nº 57, dictado por esta Excma. Cámara en autos "Correa Hernandez, Angel c/ Cía. Seguros El Sol Argentino", en orden a que "En lo juicios en que se reclama indemnización por accidente de trabajo, lo efectos de los artículos 62 y 69 de la ley orgánica, no alcanzan a la incapacidad invocada por el accionante".

En tales condiciones adhiero al voto de mi distinguido colega el Dr. Daniel E. Stortini.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución recurrida y devolver las actuaciones al Juzgado de origen para que a su vez lo remita al juez que sigue en el orden de turno para la prosecución del trámite. 2) Hacer saber a las partes que, si lo estiman menester, podrán arribar a un acuerdo conciliatorio, aunque esta vez con adjunción a la causa de un dictamen médico con los recaudos técnico-científicos señalados, para así evaluar la judicial homologación requerida de ese acuerdo según lo prescribe el art. 15 de la L.C.T.. 2) Costas en el orden causado dado la forma de resolver y la índole de la cuestión planteada (art. 68, segundo párrafo, CPCCN). 3) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.