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Prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, cómputo del plazo, prórroga de la prisión preventiva, ley reglamentaria, Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Astudillo Sánchez, Ramiro s/ Causa 26.340
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-22

Si bien la Ley 24.390 resulta reglamentaria del artículo 7 inciso 5 del Pacto de San José de Costa Rica, expresamente incorporado a nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inc. 2, no ha derogado las normas rituales que rigen el instituto de la excarcelación.

En esa dirección, parece incuestionable que el establecer la aludida ley 24.390, la libertad bajo caución y las particulares condiciones que el tribunal determine, lejos de haberse instaurado un sistema de libertad automática, se pretendió dar al instituto el carácter de excarcelación, razón por la cual para su concesión necesariamente deberá estarse a las disposiciones contenidas a ese respecto en el catálogo adjetivo, entre ellas, obviamente, el art. 380 del C.P.M.P..
Ejecución de sentencia, leyes, inconstitucionalidad, derecho de trabajar, derecho de propiedad, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ACHAR, RODOLFO c/ CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

La ley 23982 debe ser declarada inconstitucional al postergar la deuda social interna y cargar el mayor peso del ajuste estructural en quienes menos tienen, violentando abiertamente el art. 14 bis y el art. 16 de la CN. Vulnera la propiedad privada de los actores, art. 14 bis de la CN al desproteger a los trabajadores, llevando para un después la satisfacción de las necesidades básicas que muy bien podrían satisfacer ahora con sus acreencias. Violenta el art.

16 CN al establecer un nuevo impuesto, el de espera, alterando la igualdad entre los ciudadanos.
Conciliación, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Salvare, María A. c/ García de Juri, Elsa s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-12

Cuando las partes de una litis firmaron una clara conciliación, donde no hay allanamiento ni vencido, pedir al juez que resuelva sobre las costas no implica darle poderes omnimodos para decidir al margen de lo actuado, como en el caso de autos, en que se las impone integramente al demandado; correspondiendo aplicar el art. 73 del CPC y no los arts. 68 y 70 del mismo rito.
Prescripción, mutuo, pretensión procesal, acción de restitución, acción causal, daño emergente, aplicación de la ley, cómputo del plazo, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Pasquinelli, Carlos Alberto c/ Kobaru, María Noemi y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-21

Si bien -como en el caso- el importe del mutuo otorgado era debido desde la celebración del contrato, lo cierto es que no era exigible sino hasta el vencimiento de las cuotas acordadas. Es que, si se acordó el pago en cuotas, debe computarse el plazo de prescripción desde el vencimiento de la última cuota y no, desde la exigibilidad de cada una de ellas, pues resultaría injusto que la prescripción corra durante la vigencia del contrato, si no se ha exigido eficazmente el pago, ya sea por consideraciones comerciales, o bien, por su índole si, como en el caso, el contrato en sí, es de duración continuada. Así las cosas, cabe afirmar que mientras el contrato se encuentra en curso, hay acto recognoscitivo interruptivo de la prescripción (cfr. esta CNCom, esta Sala A, in re: "Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ Ivalsa SRL y otro s/ ordinario", del 06/06/08; Isaac Halperín "Seguros", 3° edición actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato, Ed. Depalma, Bs. As. 2001, pág. 1038). Siendo que no está controvertido en esta instancia el régimen legal de prescripción aplicado en el caso, es decir, el plazo decenal ordinario, ya sea el previsto por el CCOM 846, o el del CCIV 4023, en ambos casos, el cómputo comienza a correr desde que la prestación se torna exigible. Se advierte así, que la exigibilidad del pago de la prestación de marras (CCOM 846 y ss.), debe entenderse operada al vencimiento de la última de las cuotas acordadas y, el plazo decenal de prescripción, debe computarse desde tal fecha. Por ende, vista la fecha de interposición de la demanda, y toda vez que el plazo de prescripción debe computarse a partir del vencimiento de la última de las cuotas acordadas que resulta de los pagarés acompañados y que evidencian las condiciones del mutuo celebrado, no cabe sino concluir en que, a esa fecha, no se encontraba cumplido el plazo de prescripción aludido.
Excarcelación, caución real, daño resarcible, medidas cautelares, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CAPUTTO, JUAN C. s/ Exención de prisión, Causa nro. 14.062
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Como ya ha sostenido el Tribunal en otras oportunidades, debe recordarse que la caución real no tiene por finalidad la reparación del daño ocasionado, objetivo éste que se cumple mediante la adopción de las medidas cautelares dispuestas al dictarse el auto de procesamiento, o bien en el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 518 del Código Procesal Penal.
Despido con causa, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Carolina Adriana c/ Carsa S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-12-26

Los recaudos del abandono de trabajo son: constitución en mora por el empleador, intimación al trabajador a reanudar tareas por un plazo adecuado a las modalidades del caso y comunicación del distracto posterior al vencimiento del plazo otorgado. En razón de ello, la intimación cursada durante el transcurso de la licencia por enfermedad no reúne los requisitos referidos en el párrafo anterior, en tanto la trabajadora no se encontraba en mora, sino que la falta de prestación de servicios obedeció a la comunicación de enfermedad inculpable, diagnóstico que debió ser verificado por la patronal en debida forma y por los canales adecuados a tal efecto. En consecuencia, de ningún modo la conducta de la trabajadora puede ser interpretada como desinterés en la continuidad del vínculo laboral, tal como lo advirtió expresamente el Sr. Juez de Grado.
Falta de fundamentación, sentencia, regulación de honorarios, monto del juicio, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Damonte, Ricardo y otro c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Gool SRL s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Si bien no cabe negar la facultad de los jueces de regular honorarios debajo de las escalas o los mínimos establecidos por la ley n° 5134 cuando existe una evidente e injustificada desproporción entre los que resultarían de su aplicación y las tareas realizadas por los profesionales, dicha facultad debe ser ejercida por los magistrados a partir de una valoración concreta, razonada y explícita del trabajo realizado por los profesionales (a partir de las pautas generales del artículo 17 de la ley n° 5134 o de otras desarrolladas por la jurisprudencia). (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Defensa en juicio, menor procesado, designación de defensor, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., M. O.  c/  s/ designación de defensa - abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-13

El interés superior del menor debe ser garantizado en todo momento, lo cual implica respetar su voluntad y autonomía progresiva en la elección de su defensor, siempre que esta decisión no perjudique sus derechos y garantías procesales. En consecuencia, resulta pertinente que la defensa continúe en cabeza del letrado avalado por el adolescente, quien fue claro en desechar la posibilidad de una actuación conjunta con el profesional designado a instancias de su progenitor. No obstante, si bien el menor tiene derecho a designar a su propio abogado defensor, se debe asegurar que el progenitor esté informado sobre las alternativas del proceso y sus opiniones sean consideradas, garantizando así una defensa integral y participativa.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Isea, C. A. - Isea, I. - Díaz, J. F. s/ Robo calificado Automotor. Robo calificado y Violación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-01-17

Ha de conceptuarse excesivo el acordar rango de pauta indiciaria la "semejanza" de las fotografías sacadas al imputado y glosadas en la causa, con las parciales descripciones de la persona autora de los injustos efectuadas por los testigos presenciales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Debate, audiencia de debate, defensor público de menores e incapaces, legitimación procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: De Nardis, Ariel Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

La representación de los Defensores Públicos de Menores es un principio de carácter tuitivo y no técnico defensivo; es así que si bien tienen el deber de asistir al debate, no se les ha conferido la asistencia técnica. Expresamente se les otorga el carácter de parte necesaria sólo en el expediente tutelar.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Desaci S.A. c/ E.F.A. s/ Contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Cuando la sentencia trató solamente dos de las defensas planteadas por la demandada, y no resolvió las dos cuestiones restantes que integraban la litis, cuestiones éstas básicas en el planteo de la demandada, en tales condiciones debe considerársela nula (art. 256 del C.P.C.C.).
Acción de amparo, pueblos originarios, derechos del aborigen, usufructo, facultades del juez, propiedad comunitaria de la tierra, reservas indígenas, mora de la administración
Materia: CULTURA
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El Decreto P.E.N. N* 82506/41, asignó las tierras de la RESERVA LIPETREN, que posteriormente dieron lugar a la Ley N* 694, en la práctica incumplida hasta ahora en cuanto al contenido del texto y la necesidad de adecuación a los arts. 11 y ss. de la Ley N* 2287, arts. 7 y ss. de la Ley Nacional N* 23302 (con la adhesión de la Ley N* 2553) y principalmente al inc. 17 del art. 75 de la C.N.. Hay una explícita voluntad política del Gobierno de la Provincia al dictar el Decreto N* 310/98, que en el Art. 1° dice: "...El nuevo Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas estará integrado de conformidad a lo expresado en el punto 8 del Acta - acuerdo de la Coordinadora del Pueblo Mapuche que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto..." y que en dicha Acta - acuerdo se establece: "...5. Rechazar todo proyecto de titularización de las tierras en forma individual.- Y promover la entrega comunitaria de las tierras, con plena Participación y Consentimiento de los pobladores mapuches implicados. Asimismo desarrollar investigaciones y estudios previos sobre la situación de las tierras a regularizar...". La DIRECCION DE TIERRAS Y COLONIZACION parece haber tenido una actuación distraída al respecto, no solamente por la demora de décadas, sino por la omisión de la legislación específica de la "cuestión indígena" y sus reglamentaciones a aplicar a los pobladores de dicha Reserva en cuanto a regularizar la situación de la tierra fiscal, ampliar hacia otras tierras aptas aledañas, operar con las reconocidas organizaciones que se desenvuelven en ese medio y colaborar con las actividades del CODECI. en procura de resultados más eficaces según el ordenamiento jurídico en vigencia, incluyendo los lineamientos del inc. 17 del art.75 de la C.N., la Ley Nacional N* 23303, el art. 42 de la C.P., las Leyes N* 2287 y N* 2553, los Decretos N* 1693/90 y N* 310/98, etc.. La determinación de la oportunidad, mérito y conveniencia que es atribución exclusiva del Poder Administrador, se ve superada por una realidad de afectación de derechos esenciales de los representados por la amparista, correspondiendo entonces al Poder Judicial ejercer sus potestades de control en cuanto a la constitucionalidad y a la legalidad de la situación de ello derivada y la pertinente corrección ante la mora o la omisión de los textos legales por la Administración.
Proceso judicial, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Florcam S.A.C.I.F.I.A. c/ Telavión S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

Las normas procesales tienden, y ese es su sentido, a facilitar el despliegue del litigio y la defensa de los derechos. De otro modo, el requerimiento procesal devendría en formalismo, con todo lo que esto significa en su carga de agravios contra el derecho, que es un contenido, no una forma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, cuidador de ancianos, cumplimiento de órdenes e instrucciones, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA AGUIRRE, DELIA c/ GERMEN, ALBERTO OSCAR s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Entre las partes medió un vínculo laboral de subordinación que no puede encuadrarse en el marco de una "locación de servicios", en tanto ninguna prueba ha sido arrimada a la causa que acredite la existencia del contrato de locación y aún en el supuesto de que ello se hubiera acreditado la solución no sería distinta. Esto se debe a que en la presente causa debe considerarse que lo único con que la actora contaba para brindar o "arrendar" era su fuerza de trabajo y que fue contratada por el demandado de quien recibía directivas cumpliendo un horario convenido para el cuidado de una persona enferma (art. 71 L.O).
Despido indirecto, deportistas profesionales, jugador de fútbol, salarios adeudados, incumplimiento del convenio colectivo, falta de depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Orieta, Matías Fabián c/ Club Atlético Huracán s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Corresponde rechazar el recurso deducido por un club de fútbol contra la sentencia que admitió el reclamo por despido indirecto de un futbolista profesional, dado que la puesta a disposición mediante misiva, por parte del club demandado, de los créditos reclamados por el actor no cumple cabalmente con el cumplimiento de la obligación, ya que no acredita el pago de las sumas adeudadas, máxime cuando no se discute que resulta aplicable el art. 13 inc. b) del CCT 557/09 que expresamente establece que el empleador debe depositar dichas sumas en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados con el recibo correspondiente, circunstancia no acreditada por la accionada en el expediente.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, daño moral, pena privativa de la libertad, error judicial, error excusable
Materia: CIVIL
Carátula: Ribeau, Germán Jesús c/ Estado de la Provincia del Chubut s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-02-27

En relación a los daños materiales expresados en la sentencia recurrida , entiendo que estos deben acreditarse fehacientemente y fijarse razonablemente; y en cuanto al daño moral (angustia o padecimiento) debe probarse y regularse en función de la personalidad y angustia del afectado y demás circunstancias obrantes en la causa, extremos estos omitidos.
Quiebra, hipoteca, mutuo, extensión de la quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELFO SOCIEDAD ANONIMA c/ BANCO CASA COOPERATIVO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

1) Procede declarar la ineficacia de la hipoteca constituida en favor de la entidad financiera en garantía del mutuo por ésta contratado por la hoy fallida,si al tiempo de la contratación aquella conoció el estado de cesación de pagos en que ésta se encontraba.

2) La imposibilidad que tuvo la entidad financiera de evaluar la gestión empresaria de la fallida (atento el desorden en que se encontraba su contabilidad), la concesión pese a ello de un cuantioso préstamo en violación a las prácticas habituales y a las normas expresas del BCRA, y el destino final de los fondos (que fueron utilizados para saldar deudas de un tercero cuya quiebra se ha decretado por extensión), constituyen un conjunto coherente de argumentos de prueba suficientes que demuestran el conocimiento por parte de la entidad financiera, del desequilibrio económico en que se encontró la hoy quebrada al tiempo de la contratación del mutuo que se garantizó con la hipoteca cuya declaración de ineficacia se postula.
Ejecución hipotecaria, bienes gananciales, embargo, acreedor del cónyuge, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: TRILLINI, Norberto c/ RICCI, Alejandro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

La calificación de los bienes de la sociedad conyugal no puede ser discutida en el juicio ejecutivo, correspondiendo sustanciar estas cuestiones en un juicio de conocimiento. La naturaleza sumaria de la ejecución hipotecaria impide que se admitan, en principio, controversias sobre el carácter propio o ganancial de la finca hipotecada. Ello lleva a que, una vez que se ha hipotecado el inmueble por su titular registral, el cónyuge del hipotecante carece de aptitud para intervenir en su ejecución, sin perjuicio de las acciones que considere procedentes respecto a la nulidad u oponibilidad de la hipoteca a su respecto. Lo mismo ocurre con la declaración del estado civil del constituyente.

Un inmueble ganancial puede ser embargado y subastado por los acreedores del cónyuge titular, por lo que la falta de cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 1277 del Código Civil para la constitución de la hipoteca, sólo provocaría la falta de privilegio del acreedor y no la inejecutabilidad de la deuda.
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-01


Rawson, 01 de junio de 2009.

Y VISTOS:

Los presentes "E., C. R. s/ Cese de prisión" (Expediente número 21.418, letra E, folio 91 tomo II, letra E, año 2008) donde a fojas 27/34 vuelta interpuso apelación el Abogado Adjunto de la Defen-soría Penal, Javier Nicolás Francisco, en contra del auto interlocutorio dictado por la Excma. Cáma-ra Primera en lo Criminal de Trelew, que no hizo lugar al cese de la prisión preventiva impuesta a C. J. C.

Y CONSIDERANDO:

Que si el límite máximo de la prisión preven-tiva no podrá ser superior a los dos (2) años y seis (6) meses de efectivo encarcelamiento sufrido por el procesado, en los casos en que el mismo se cumpliese habiéndose dictado sentencia condenatoria y ésta no se encontrare firme (Ley n° 4096, art. 1°), la decisión recurrida -que no hizo lugar a la libertad del detenido- es arreglada a derecho.

Que la Ley n° 4096 supedita el cese de la pri-vación de la libertad a que exista una "sentencia condenatoria y ésta no se encontrare firme"; tal condición no ocurre en el sub-lite: el fallo del Tribunal del juicio fue confirmado por la Sala en lo Penal el veintiuno de Mayo de 2008 ya que ésta rechazó los recursos de casación articulados a fa-vor de los imputados.

Que, se ha explicado que "Cualquiera que sea el motivo de casación, si el recurso ha sido desis-tido expresa o tácitamente... o es rechazado por cualquier causa por el tribunal de casación, la sentencia también quedará firme y desde su origen. Si el recurso de casación es rechazado, a nadie se le ocurrirá sostener que la decisión de la relación controvertida está constituida por la decisión de la Corte Suprema. La sentencia del tribunal de ca-sación que rechaza el recurso, hace adquirir, inme-diatamente, el carácter de cosa juzgada a la sen-tencia que fue objeto de impugnación. Esa decisión tiene carácter meramente declarativo y se limita a dejar en vigor la sentencia de mérito. No es la sentencia del tribunal de casación la que constitu-ye la cosa juzgada material, sino que ese carácter lo tendrá la sentencia definitiva, que resulta por esta vía confirmada, expedida en su eficacia jurí-dica" (Barberá de Riso, María C.: Proceso oral, se-lección de doctrina judicial en materia penal del T.S.J. de Córdoba; Córdoba, Marcos Lerner, 1994; p. 163).

Que, por ello, la Sala en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia;

--------------- R E S U E L V E: ------------------	1°) DECLARAR que la apelación de fojas 27/34 vuelta es improcedente, con costas (Código Procesal Penal, artículos 485, 486, 488 y concordantes) .

2°) REGULAR los honorarios profesionales que corresponden a la actuación profesional del Abogado Adjunto de la Defensoría Penal, J. N. F., en la su-ma de Pesos Doscientos ($ 200), cantidad que no contiene el Impuesto al Valor Agregado (Ley 2200, artículo 14). 3°) PROTOCOLÍCESE y notifíquese.

Fdo: Panizzi, Pfleger.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, nulidad de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Vidal, Juan Manuel c/ Martín Amato y Cía. S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

La denuncia de transgresión de los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia no es atendible por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso de inconstitucionalidad, apreciación de la prueba, responsabilidad del escribano, responsabilidad contractual, daño, relación de causalidad, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: DO-MA-ZO SRL c/ DE BLADI LOPEZ, ELISEO; WOLOCHWIANSKI, JOSE Y BORSANI, JORGE E s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS Y PERJUICIOS - CONTRACTUAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 7 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

La relación jurídica del escribano con las partes del acto tiene carácter contractual - caracterizando la obligación como de resultado-, de modo que acreditado el incumplimiento la culpa se presume -iuris tantum- y el notario, para eximirse de responsabilidad, deberá probar la ausencia de culpa (dentro del plano de la inculpabilidad) o la existencia del caso fortuito o la ruptura de la cadena causal (dentro del plano de la incausalidad).

En el caso, el incumplimiento atribuido consistió en no haber comunicado de modo fehaciente la imposibilidad de concreción del negocio por falta de firma de las cónyuges de los vendedores, revistiendo la conducta del notario el carácter de condición sine que non, consumándose el daño al considerar como "recibo" la expresión que consta en la escritura inexistente, donde el vendedor declara haber recibido el pago.

Ahora bien, siendo el pago (generado r del daño en la relación causal) un presupuesto inexorable de la responsabilidad ensayada y teniendo en cuenta que la prueba del mismo debe ser apreciada por el juez con un criterio estricto conforme a la jurisprudencia dominante, las reglas de la lógica y la experiencia imponían un grado de convencimiento mayor en torno a la acreditación del daño o perjuicio que podía inferirse del proyecto de escritura.

Sin embargo, ninguna eficacia probatoria se le confiere al instrumento nulo, a lo que cabe agregar que ninguna prueba trajo el actor para acreditar el supuesto pago siendo que recaía en cabeza de éste la comprobación de dicho acto jurídico.

En definitiva: el cúmulo de elementos obrantes en la causa no ha sido valorado por el Tribunal, se sobredimensionó el valor probatorio del proyecto de escritura puesto en crisis frente a aquellos preteridos en su ponderación y ello constituye una infracción a las reglas que gobiernan la sana crítica. Se arriba, así, a un deficitario juicio de hecho que ha desvirtuado el derecho que debía regirlos.