Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-10-29


Salta, 29 de octubre de 2004 AUTOS Y VISTOS: Expte N° 19449/04 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario N° 5899/04 del Juzgado de Ejecución de Sentencia caratulado ?APELACION DE SANCION DISCIPLINARIA DEL INTERNO PROCESADO RAUL ALEJANDRO CACERES? Y, CONSIDERANDO Los Dres. LUIS FELIX COSTAS Y ENRIQUE GRANATA dijeron:

Que el presente incidente se inicia en razón del recurso de apelación a la sanción disciplinaria dictada por el Sr. Director de la UC N° 1 contra el interno procesado RAUL ALEJANDRO CACERES procediendo la Sra. Defensora Oficial de Cámara a fundamentar la vía impugnaticia a fs. 8/9.

Instancia rechazada mediante auto rolante a fs. 10 y contra éste la defensa interpone recurso de apelación con efecto suspensivo en los términos de los arts. 24 inc. 1 última parte y art. 29 último párrafo del C.P.P.

El A-quo concede la vía impugnaticia mediante proveido dictado a fs. 17 sin referencia alguna al control de admisibilidad que la ley adjetiva pone a su cargo, a la vez que omite citar la norma que estima de aplicación para ordenar la elevación de los autos al tribunal.

Enseña LINO ENRIQUE PALACIOS en su libro ?Recursos de Apelación en materia penal? pag. 57 que: ?Como ocurre con todo recurso vertical, la competencia para decidir la admisibilidad de la impugnación se distribuye en forma tal que un primer examen acerca de ese extremo corresponde al Juez de primera instancia (de instrucción, correccional, en lo penal económico, de ejecución y de menores), y uno ulterior y definitivo, acompañado eventualmente del examen de fundabilidad, al tribunal superior ( Cámara de apelaciones o, en algunas provincias, tribunales con funciones de juicio).? Es menester tener presente que la naturaleza jurídica especial que presenta la ejecución de la pena posibilita la coexistencia de actividades heterogéneas asignadas a diferentes órganos, administrativos unos, y judiciales otros, situación que ha gestado dispares criterios con respecto a la interpretación de las normas que regulan la materia recursiva.

No deja de llamar la atención el silencio casi absoluto que la ley 24.660/96 guarda sobre los remedios recursivos en esta materia, con la única excepción hecha en el art. 96 y siguientes que se refiere exclusivamente a los recursos sobre sanciones disciplinarias.

En el caso concreto de autos se concede un recurso de apelación sobre un pronunciamiento apelativo, es decir que no es dable imaginar la procedencia de la vía recursiva sobre un pronunciamiento dictado a su vez como resultado de un trámite apelativo porque con dicha apelación la vía de recursividad originaria se agota y el pronunciamiento que pone fin a esa revisión, a lo sumo será susceptible de una revisibilidad extraordinaria: recurso de casación o inconstitucionalidad.

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia tiene dicho: ?El recurso de casación es un instrumento operativo de la garantía prevista en el inc. h del punto 2 del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en el caso, se revocó la decisión que denegó el recurso de casación respecto de una resolución del Juez de Ejecución que había confirmado la sanción de quince días de detención en celda de aislamiento impuesta por el servicio penitenciario a un recluso- pues un aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte un gravamen irreparable a una persona o cuando ese gravamen se de por haberse afectado los derechos y libertades fundamentales.ù(CS, 2004/03/09- Romero Cacharane, Hugo - L.L. 31-05-04 pag. 16).

Ahora bien la ley 24.460 en su art. 3 consagra la nota esencial durante la etapa ejecutiva de la pena en los siguientes términos: ?La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades estar sometida al permanente control judicial.

El Juez de ejecución o juez competente garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la republica Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o la ley.? De igual modo en orden al control recursivo en la etapa de ejecución reconoce dos tipos de instancia: A) las resoluciones administrativas ( vgr. sanciones disciplinarias) y B) pronunciamientos judiciales ( incidentes de ejecución de la pena y medida de seguridad).

Respecto la primera siempre bajo el control del Juez de Ejecución conforme lo dispuesto en el art. 29 segundo apartado del C.P.P., pero en relación a las segundas, esto es cuando la resolución primaria proviene del juez de ejecución el tribunal encargado de la revisibilidad de ésta es la Cámara de Acusación, art. 24 y 29 último apartado del C.P.P.

La intervención del Juez de Ejecución ante la sanción disciplinaria dictada por la autoridad administrativa satisface el control judicial sobre los actos administrativos garantizando el derecho de defensa del interno, por lo que -reitero- deviene improcedente la interpretación de la recurrente en la materia.

Por todo lo expuesto la Cámara de Acusación, Sala II, RESUELVE I) DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de la defensa promovido a fs. 14 de conformidad a los arts. 24 y 29 del C.P.P.

II) REGISTRESE, PROTOCOLICESE, NOTIFIQUESE y bajen los autos al Juzgado de Origen.

Fdo: Dres. Costas, Luis Felix - Granata, Enrique