Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-24


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 24 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta el Dr. Hugo Molteni dijo:

1. La sentencia dictada a fs. 257/266 admitió la excepción de prescripción opuesta por "La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales", aunque hizo lugar a la demanda incoada por Stella Maris Gómez contra "La Independencia Sociedad Anónima de Transportes", condenándola a pagar la suma de cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($ 45.400), con más sus intereses y costas, a fin de resarcir los perjuicios causados con motivo del accidente ocurrido el día 30 de noviembre del año 2001, cuando la actora cayera del interno 12 de la línea de colectivos 365, en ocasión de efectuar el descenso de dicha unidad en la parada sita en la intersección de la calle Lacroze y la ruta 197 de la localidad de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires.

Disconforme con dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la demandante, cuya expresión de agravios de fs. 295/298, replicada por la citada en garantía a fs. 309/310, cuestiona la forma como se computaran los plazos referidos a la prescripción de la acción, a la vez que procura el incremento de la partida establecida para enjugar el "daño moral".

Por su parte, también la empresa demandada apeló el decisorio de grado, fundando su queja en el memorial de fs. 301/304, por medio del cual se crítica lo resuelto en punto a la excepción de prescripción impetrada por la compañía aseguradora, en el entendimiento que rige el plazo de dos años establecido en el artículo 4037 del Código Civil y que, en el eventual caso de confirmarse la admisión de esa defensa, debería hacérsela extensiva a su parte. En dicha pieza, que fuera objeto de responde por la accionante a fs. 306/307, se cuestiona además lo decidido en materia de responsabilidad, así como el alcance del resarcimiento fijado en concepto de "incapacidad sobreviniente", "daño moral" y "gastos médicos y de farmacia", cuya reducción se pretende.

2?. Contrariamente a lo sostenido por la emplazada en el apartado II) de su memorial, no resulta aplicable en la especie el plazo bianual de prescripción previsto en el artículo 4037 del Código Civil, pues no se trata de una acción por responsabilidad civil extracontractual, sino fundada en la responsabilidad de la accionada por incumplimiento del contrato de transporte celebrado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio, respecto de la cual rige el plazo anual de prescripción consagrado en el artículo 855, inciso 1? de dicho cuerpo legal, sea que se trate del transporte de cosas, como de personas (conf. esta Sala, mis votos en libres n? 422.612 del 04-07-2005 y n 422.733 del 08-07-2005; Moia, A. L. y Alonso D. F. en Rouillon "Código de Comercio comentado y anotado", t. II, pág. 980, núm. 2).

En efecto, el daño que sufre el viajero durante el transporte, implica el incumplimiento al deber de conducirlo sano y salvo hasta el punto de destino, de modo que el caso se rige por las normas de la responsabilidad contractual, con la consabida opción aquiliana si el hecho de que se trata degenera en un delito penal (conf. Llambías, J. J. "Código Civil anotado", t. II-B, pág. 726, núm. 8); alternativa que ni siquiera fue alegada en autos y que resultaría de todos modos improcedente a tenor del archivo dispuesto a fs. 43 de la causa correccional.

En consecuencia, y toda vez que no existe un plazo de prescripción distinto para la pretensión dirigida contra la compañía aseguradora citada en garantía, que al no ser autónoma, mal podría tener un régimen de prescripción diferente de aquél aplicable para la acción ordinaria contra el asegurado, estimo que resultó correctamente apreciada la procedencia de la defensa por ella opuesta desde la óptica de la norma aludida, al haber transcurrido más de un año entre la fecha del hecho dañoso y la de promoción de la demanda, aún cuando se descuente el lapso durante el cual estuvo suspendido el curso de la prescripción a causa de la mediación prejudicial obligatoria que precediera a la litis.

Con relación a esta última cuestión, sin entrar a analizar la aplicación temporal de la reforma introducida por la ley 25.661 al artículo 29 de la ley 24.573, que ha sido consentida por las partes, considero igualmente acertado el criterio adoptado en el decisorio apelado para efectuar el cómputo de tal causal suspensiva, desde que la suspensión del plazo de prescripción en los términos y con el alcance previsto en el segundo párrafo del artículo 3986 del Código Civil, no podría extender sus efectos al período posterior a la conclusión de aquella etapa previa a la instancia judicial, como erróneamente postula la actora, cuando sostiene que dicha norma lisa y llanamente añade un año al lapso de prescripción de que se trata, por lo que -a su entender- la acción hubiera prescripto el 30 de noviembre de 2003, es decir, dos años después de ocurrido el hecho en que se funda la demanda.

Este Tribunal ha sostenido que resulta relevante el plazo de duración de la audiencia de autocomposición, pues únicamente será de un año el lapso máximo del beneficio otorgado al acreedor por la ley sustantiva, en el supuesto que ésta se prolongara en el tiempo. Es que si bien el inicio del trámite de mediación supone el comienzo del cómputo de un año, durante el cual se suspende el curso de la prescripción liberatoria, tal circunstancia no es óbice para que el obrar de ese hecho suspensivo fenezca con anterioridad al límite anual en caso de haber cesado previamente la causal de suspensión y encontrarse, por ende, expedita la acción antes del año, por haberse anticipadamente frustrado la mediación (conf. esta Sala, r. n 494.742 del 21-12-2007 y r. n 503.166 del 27-05-2008).

En este sentido, más allá de no contarse en autos con el formulario de inicio correspondiente a la etapa prejudicial, sea que se considere que la prescripción quedó suspendida con la primera audiencia de mediación de fecha 2 de septiembre de 2002, o bien, con aquélla celebrada el día 3 de octubre de ese mismo año, con la participación del letrado apoderado de la aseguradora excepcionante (ver fs. 4 y 5 reservadas en sobre n 101.913/03), es innegable que el curso suspendido por efecto de ese trámite previo se reanudó al producirse el cierre de la mediación prejudicial el día 28 de abril de 2003, fecha en la cual operó el cese del término suspensivo, conforme surge del formulario de fs. 7, también reservado en Secretaría.

Por lo tanto, aún descontando, a todo evento, el lapso indicado para la reanudación del cómputo por el artículo 28 del decreto 91/98, no cabe sino concluir que al momento de interposición de la demanda (17-11-2003, conf. cargo inserto a fs. 18) el plazo de prescripción se encontraba cumplido, al haber transcurrido en exceso el lapso de un año desde la fecha en se produjera el accidente que motiva la presente litis (30-11-2001), de modo que la excepción opuesta por la aseguradora resulta apta para repeler la acción, tal como se resolviera en la sentencia de la anterior instancia.

3. Sin embargo, considero que debería modificarse dicho decisorio en punto al alcance de la defensa de prescripción opuesta por la citada en garantía, que no se hiciera extensiva a la empresa de transporte demandada por haber omitido articular esa excepción y por entender que entre el asegurador y el asegurado existe un litisconsorcio pasivo facultativo, en el que la deducción de tal planteo no proyecta sus efectos en favor del codeudor que no hizo valer la prescripción cumplida.

Ello así, pues más allá de la discusión que gira en torno a la calidad procesal que asume la aseguradora citada al juicio, la acreedora de la indemnización se encuentra compelida a demandar al asegurado para hacer efectiva, por conducto de la citación en garantía, la obligación debida por la aseguradora (conf. CNCiv., en pleno, in re "Flores, Oscar J. c/ Robazza, Mario O." del 23-09-1991, voto del Dr. Greco public. en E.D. 144-522 y LA LEY, 1991-E, 675), de modo que la acción que tiene la damnificada contra el asegurador no nace del contrato de seguro, sino de la propia ley 17.418, más concretamente del artículo 118, que permite ejecutar la sentencia contra la citada en garantía en la medida del seguro (conf. Rivera, J. C. "La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil", public. en J.A.1988-I-841).

No se trata, entonces, de dos acciones distintas, sino más bien de una misma y única acción originada en el incumplimiento del contrato de transporte celebrado con la empresa demandada, cuya condena puede eventualmente hacerse extensiva a la aseguradora en virtud del seguro contratado y en tanto la sentencia haga cosa juzgada a su respecto por haber sido citada al pleito, de suerte que ésta puede oponer todas las defensas atinentes al asegurado, incluso la de prescripción, que benefician o propagan sus efectos respecto de la situación de este último.

Es que, en rigor, no es el caso de obligaciones conexas, indistintas, concurrentes o convergentes, como aquéllas que puede hacer valer la damnificada respecto de la empresa transportista y del conductor de la unidad, nacida una de fuente contractual y la otra de origen extracontractual, toda vez que el efecto extensivo que la ley de seguros consagra con relación a la aseguradora no tiene causa en el contrato de seguro, al que resulta ajena la víctima, sino en el propio contrato de transporte cuyo riesgo aseguró la citada en garantía.

Esta es, justamente, la inteligencia del citado fallo plenario, por el cual se dispuso que la aseguradora puede apelar una sentencia que haya sido consentida por el asegurado, porque la autonomía de los litisconsortes admite excepciones vinculadas con el tenor de las defensas por ellos introducidas, a punto tal que si éstas contienen fundamentos de carácter general o común, que atañen a la esencia de la relación jurídica, la eficacia de su articulación por alguno de ellos, alcanza a la situación del litisconsorte inactivo que resulta beneficiado (conf. Masciotra, M. "El litisconsorcio facultativo y los efectos de la excepción de prescripción", public. en D.J. del 03-04-2008, pág. 841; esta Sala, r. n 200.912 del 07-08-1996, in re "Sosa c/ Estacionamiento Ayacucho 1132 S.R.L.", public. en LA LEY, 1998-D, 918; íd., mis votos en libres n 492.343 del 24-04-2008, n 492.138 del 30-05-2008 y n 504.596 del 27-06-2008).

Es cierto que no es necesario integrar la litis con la empresa de transporte cuando se lo ha hecho con quien conducía la unidad con su autorización (conf. CNEspCiv. y Com., en pleno, in re "Irago, Armando R. c/ Cabrera, Antonio" del 14-12-1984, public. en LA LEY, 1986-B, 622 y J.A. 1985-III-395), e incluso que la prescripción de la acción contra aquélla, en caso de haber sido demandada, no impediría la condena de la aseguradora si el chofer también lo ha sido y la acción a su respecto no ha prescripto. Empero, también es innegable que no habiéndose accionado contra el conductor del vehículo, una vez prescripta la acción contra la transportista asegurada, aquélla dirigida contra la aseguradora citada a juicio se extingue, al no poder ejercerse en forma independiente.

De allí, que implicaría un contrasentido admitir la defensa introducida por la aseguradora, apartando sólo a ella de la condena, porque al subsistir el derecho del asegurado a que aquélla lo mantenga indemne en cuanto deba pagar al tercero damnificado (artículo 109 de la ley 17.418), la citada en garantía debería igualmente responder por los daños inferidos a la víctima del siniestro, respecto de los cuales se habría condenado al asegurado, no obstante que paralelamente la sentencia la habría liberado de tal obligación por haber prescripto la acción correspondiente.

Precisamente por ello, se ha sostenido que no parecería razonable que la prescripción pudiera operar sólo en favor de la aseguradora y no del asegurado (conf. Rivera, J. C. "La citación en garantía en el seguro de responsabilidad civil", public. en J.A.1988-I-841). Este criterio fue incluso recogido en un precedente jurisprudencial, por el que se dispuso que no es posible declarar prescripta la acción de responsabilidad sólo con relación a la aseguradora, manteniéndosela respecto al asegurado (conf. SC Buenos Aires, in re "Mateu, Enriqueta c/ Potes, Rubén D." del 17-09-1985, public. en J.A. 1986-III-3 y E.D. 118-505), aunque allí se rechazó la defensa de prescripción articulada por la citada en garantía, por considerar que aquélla no podía deducir en forma autónoma una excepción ajena al contrato de seguro, mientras el asegurado no lo hubiera hecho; conclusión inadmisible en nuestro ámbito, donde a partir del fallo plenario "Flores c/ Robazza" antes citado, de obligatoria aplicación en los términos del artículo 303 de Código Procesal, se reconoció la legitimación de la aseguradora para entablar defensas y hasta apelar la sentencia consentida por el asegurado, con los consiguientes efectos que tal recurso producirá respecto de la situación de este último.

En definitiva, al encontrarse extinguida la acción contra la compañía aseguradora, cuya citación a juicio con sustento en el artículo 118 de la ley de seguros presupone la responsabilidad de la empresa asegurada por el incumplimiento contractual del transporte, mal podría subsistir la acción contra la transportista, fundada también en aquella defectuosa prestación del contrato.

Por consiguiente, estimo que correspondería acoger la queja que la demandada vierte al respecto y que no podría considerarse ajena a las cuestiones sometidas a decisión en la anterior instancia, como pretende la parte actora a fs. 306, apartado II), primer párrafo, porque el alcance de la excepción de prescripción no resulta extraña a la materia sujeta a consideración del Sr. Juez "a-quo" en los términos del artículo 271 del Código Procesal y recién pudo plantearse tal controversia, que la accionante tuvo oportunidad de replicar, una vez conocidos los limitados efectos que el fallo recurrido asignara a dicha defensa.

4?. Voto, pues, para que se revoque la sentencia apelada en punto a la extensión de la excepción de prescripción introducida por la citada en garantía, cuyos efectos debieran propagarse en favor de la empresa de transporte demandada que no articuló tal defensa, resultando abstracto el tratamiento de las restantes quejas referidas a la responsabilidad atribuida a la accionada y al alcance del resarcimiento fijado.

De tal suerte, correspondería declarar prescripta la acción incoada contra sendas emplazadas y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida por Stella Maris Gómez contra "La Independencia Sociedad Anónima de Transportes" y "La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales", con costas de ambas instancias a la parte actora que resultara perdidosa (artículos 68 y 279 del Código Procesal).

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.

El Dr. Fernando Posse Saguier dijo:

Debo indicar que discrepo con mis distinguidos colegas de Sala en relación a la interpretación que se le da a la ley 25.661 en torno a la suspensión y posterior reanudación del plazo de la prescripción de la acción con ulterioridad al inicio de la mediación obligatoria regulada por la ley 24.573. En efecto, tal como he sostenido en forma reiterada como vocal de la Sala "F" de esta Cámara Civil, la mediación suspende el plazo de la prescripción liberatoria por un año en los términos y con los efectos previstos en el segundo párrafo del art. 3986 del Código Civil (ver CNCiv., Sala "F", R. 478.812, "Caruso, Adriana Edith c/ Vásquez, Gabriel Fernando y otro s/daños y perjuicios", del 10-05-07, al cual me remito "brevatis causae").

Cabe, entonces, señalar lo siguiente: a) el hecho generador del reclamo ocurrió, conforme lo denunciado en autos, el día 30 de noviembre de 2001; y b) está fuera de discusión que a falta de constancia expresa del inicio del trámite de la mediación, en el caso particular se tomó como inicio de la suspensión de la prescripción prevista en el art. 3986 del Código Civil, la fecha en que tuvo lugar la primera audiencia de mediación, es decir, el día 02 de septiembre de 2002. Siendo así, el plazo de aquélla se venció el día 02 de septiembre de 2003, reanudándose, en consecuencia, el término anual de la prescripción opuesta en autos.

Por ello, considerando que desde el día del hecho hasta el día en que se suspendió el término de la prescripción, sólo habían transcurrido 9 meses y 2 días, es claro que, luego de reanudarse aquél el día 02 de septiembre de 2003, el actor contaba con 2 meses y 28 días para promover su acción; es decir, hasta el día 30 de noviembre de 2003.

Bajo tales parámetros, de acuerdo a la constancia del cargo inserto a fs.18 "in fine" de fecha 17 de noviembre de 2003, entiendo que corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta en autos.

Ahora, si bien es verdad que bajo esta línea de razonamiento, la solución que expongo propicia el rechazo de la excepción aludida, de conformidad con los votos precedentes de mis distinguidos colegas de Sala ha quedado sellada la suerte de la pretensión y razones de economía procesal me eximen de atender los restantes agravios expuestos por la actora.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se revoca el pronunciamiento recurrido, declarándose la prescripción de la acción incoada contra sendas emplazadas.

En consecuencia, se desestima la demanda impetrada por Stella Maris Gómez contra "La Independencia Sociedad Anónima de Transportes" y "La Economía Comercial Sociedad Anónima de Seguros Generales", con costas de ambas instancias a la parte actora vencida.

Toda vez que la acción fue rechazada, deberá determinarse para el caso, la entidad económica del planteo.

Al respecto, debe partirse del principio jurisprudencial, según el cual, en estos supuestos, el interés material discutido no varía según que la pretensión deducida prospere totalmente o sea rechazada. A esos efectos, la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho como la admisión de que el supuesto derecho no existe. De ahí que, ante la alternativa de rechazo de demanda, debe computarse como monto del proceso el valor íntegro de aquella, aplicándose analógicamente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida, salvo supuestos de montos exorbitantes, cuando a su vez se actúa bajo la concesión de un beneficio de litigar sin gastos (conf. esta Sala, H. n 263.444 del 18/2/99, id. H. n 393.030 del 13/2/04,entre muchas otras).

En consecuencia, valorando la extensión e importancia de los trabajos realizados en autos por los profesionales intervinientes, etapas cumplidas, dentro de las tres en las que se divide el presente proceso, lo normado por los arts. 1, 6, 7, 37 y 38 de la ley 21.839 y, en lo pertinente lo establecido por la ley 24.432, como así lo resuelto por este Tribunal en forma reiterada con relación al modo de retribuir los trabajos de los peritos médicos quienes carecen de arancel propio (conf. H. n 313.777 del 14/12/00 y sus citas, entre muchas otras), se modifican los honorarios regulados en la anterior instancia y se fijan los emolumentos de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. M.C., en PESOS TRES MIL ($ 3.000); los de los letrados apoderados de la citada en garantía, Dres. G.C., P.N. y Mariano J. Oneto, en conjunto, en PESOS CINCO MIL ($ 5.000); los de los letrados apoderados de la demandada, Dres. M.G. y S.S., en conjunto, en PESOS NUEVE MIL ($ 9.000); los del perito médico, Dr. C.C., en PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) y se confirman los de la mediadora, Dra. M.G.

Por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, regúlanse los emolumentos de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. M.C., en PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100); los del letrado apoderado de la demandada, Dr. M.G., en PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100) y los de la letrada apoderada de la citada en garantía, Dra. G.C., en PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300) (arts. 6, 7, 38 y 14 "in fine" de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432), sumas que deberán abonarse en el plazo de diez días. - Hugo Molteni. - Ricardo Li Rosi. - Fernando Posse Saguier (en disidencia).