Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-04


BONACHE, Griselda Haydeé contra GINOVICH, Celso Emilio y otros Reg.: A y S t 206 p 446-450 Santa Fe, 4 de mayo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución nro. 65 del 24.9.2001 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, en autos "BONACHE, Griselda Haydeé contra GINOVICH, Celso Emilio y otros -Ordinario- (Expte. 299/00)" (Expte. C.S.J.

nro. 214, año 2002); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de autos que el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de esta ciudad hizo lugar a la demanda de simulación, por lo que declaró la nulidad de las donaciones instrumentadas en la Escritura Pública nro.

24 (19.5.1994) e impuso las costas a la demandada, quien apeló tal decisorio.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe - por mayoría- admitió el recurso de apelación. Contra este pronunciamiento dedujo la parte actora recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055.

En la pieza de interposición del memorial recursivo expresa que el fallo contradice abiertamente las constancias de autos -en que se sustentó el juez inferior- al afirmar que en el sub lite no se han producido pruebas suficientes que permitan declarar la nulidad o revocación del acto.

Señala que pacíficamente, doctrina y jurisprudencia, fijaron como criterio rector la amplitud probatoria en los supuestos de simulación alegada por terceros y que, en el sub examine, su parte cumplió con la carga probatoria, mientras que la demandada se abstuvo de colaborar, pues solamente defendió la forma del acto y su inscripción en el Registro General (al contestar la demanda y en su expresión de agravios).

Afirma que el Tribunal a quo prescindió de ciertas constancias de autos que constituyen indicios y presunciones serias de simulación del acto, refiriéndose en primer término a la "causa simulandi". Al respecto, manifiesta que la misma fue alegada al demandar, al expresar que las donaciones impugnadas fueron simuladas y fraudulentas, que se realizaron para perjudicar a los acreedores, entre ellos personal dependiente despedido -entre quienes se encontraba su parte-, al transferir el donante sus bienes para erigirse en un aparente insolvente. Tal circunstancia, dice, se acreditó con pruebas testimoniales, documentales y demás presunciones e indicios.

Señala que la parte accionada tan sólo afirmó que las donaciones eran legítimas y que el título de dominio inscripto registralmente gozaba de plena fe hacia terceros (artículo 2505, Código Civil).

Refiere luego a la "necessitas (innecesidad)", la que representa la contracara de la causa simulandi. Expresa que doctrina y jurisprudencia han sostenido que quien debe demostrar tal indicio es quien resulta demandada por simulación, por lo que si ésta no produce prueba alguna, el silencio obra en su contra.

El fallo, afirma, prescindió de tales lineamientos al imponerle la carga probatoria, valiéndose de una mera afirmación dogmática al pretender justificar la omisión de la demandada, al expresar "...esa necesidad materializa una natural situación de la vida real, como lo es el deseo de los padres de distribuir anticipada y equitativamente bienes de una herencia, atendiendo no sólo al aspecto económico sino a las necesidades actuales de cada hijo...". Lo expuesto, dice, evidencia la incongruencia del pronunciamiento al resolver una cuestión que no integró la litis.

Expresa que los juzgadores tampoco han demostrado cuáles eran las necesidades actuales de cada hijo, tan siquiera las mencionaron, por lo que sus expresiones importan una generalización absoluta, un razonamiento abstracto e impreciso.

Otro indicio que se dice preterido, es el de "omnia bona (enajenación plural)".

Puntualiza que en autos se han transferido todos los bienes, muebles e inmuebles del matrimonio donante, señalando que resulta sospechoso que el vendedor transfiriera aquellos bienes que por razones económicas, en cuanto hacen a su principal fuente de ingresos, son los que hubiera procurado mantener en su poder.

Por consiguiente, cuestiona la transferencia documentada del Hotel Florida a un hijo menor del transmitente, por no contar con experiencia en el giro empresarial frente a los veintiséis años de experiencia de su padre, lo que juzga irrazonable.

Destaca a posteriori la importancia de los vínculos de parentezco ("affectio"), los que exigen confianza recíproca y que no fueron ponderados.

Expresa que los sentenciantes también omitieron considerar que los donantes mantuvieron la posesión de los inmuebles donados, continuando el desarrollo del giro comercial, a la vez que incurrieron en afirmaciones dogmáticas al pretender justificar la retención del inmueble. Desconocieron además las distintas conductas asumidas por las partes.

Le agravia que los judicantes concluyeran dogmáticamente que las donaciones impugnadas se concretaron dos meses antes del despido de la actora y que las mismas fueron anteriores a la ejecutoria de la condena en más de tres años, pues a su entender, ello constituye un indicio contrario a la existencia del animus simulandi o fraudulento.

Al respecto, considera que el tiempo transcurrido entre la donación y el despido no puede operar como indicio contrario a su postura, por el contrario, permite concluir en la existencia de un fraude organizado ex profeso cuyos autores conllevan la pretensión de sustraerse al pago de las indemnizaciones derivadas de la resolución incausada del contrato de trabajo (artículo 693, Código Civil).

Los jueces tampoco ponderaron el comportamiento simulatorio del donante, el que guarda coherencia en ambos juicios: laboral y civil. Asimismo, el fallo pretirió evaluar la confesión ficta de César Ginovich, ante su falta de respuesta acerca de los hechos expuestos en la demanda como así de las presunciones en que se sustentara el inferior. Expresa que Celso Genovich presentó certificados médicos de dudosa enfermedad para no responder en este juicio en que se le imputa simulación y fraude.

Afirma que el fallo decide cuestiones no planteadas al sostener que las donaciones realizadas se apoyan en el deseo de los padres de distribuir anticipada y equitativamente bienes de una herencia, atento a las necesidades actuales de cada hijo, pues tales términos no formaron parte de la litis.

Finalmente aduce que la Sala prescinde del texto legal aplicable sin dar razón plausible, por cuanto su parte planteó alternativa y subsidiariamente las acciones de simulación, fraude y/o inoponibilidad que prevén los artículos 955, 967, 969, cs. del Código Civil y, sin embargo, el Tribunal a quo al analizar los presupuestos de la acción de simulación tangencialmente refirió a la acción pauliana, expresando sin ninguna motivación que "no se han rendido pruebas suficientes para acreditar el fraude pretendido, la causa simulada o el obrar doloso".

La Sala a quo -por mayoría-, mediante auto nro. 104 del 3.6.2002, denegó la concesión del remedio extraordinario por considerar que la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento no se encontraba configurada en autos, resultando dichos planteos ajenos al remedio intentado. Ello motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede.

2. Lo aseverado por el Tribunal a quo en oportunidad de efectuar el análisis de admisibilidad que prevé el artículo 6 de la ley 7055 es correcto y no logra ser desvirtuado por la quejosa en su recurso directo, quedando incumplida la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055.

Ello así, por cuanto, aún cuando la compareciente acusa al fallo de carecer de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, del desarrollo de los agravios en su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge que no obstante la arbitrariedad invocada, en sus planteos prima el mero disenso con lo resuelto por los juzgadores de grado en ejercicio de funciones propias, ámbito que tal como lo sostuviera la Sala, resulta extraño al recurso extraordinario.

Sabido es, que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba. Por lo que pretender invadir esa esfera significaría que este Cuerpo sustituyera a aquéllos distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna local.

En efecto, bajo distintas causales de arbitrariedad -contradecir constancias de autos, prescindir de indicios y presunciones, como así de prueba confesional, decidir cuestiones no planteadas y prescindir del texto legal aplicable- la recurrente, en definitiva, discute lo resuelto por el Tribunal a quo, al sostener que no procede la revocación o nulidad del acto de donación efectuado por el matrimonio constituido por los esposos Celso Ginovich y Nidia Almada, en favor de sus hijos César, Alicia y Claudia Ginovich, el que afecta a varios donatarios por entender que la actora no produjo prueba suficiente para demostrar la simulación o fraude de dicho acto.

Para así decidirlo, analizó el plexo probatorio de la causa y en esta tarea, restó validez a ciertos indicios en favor de la actora, como ser la tenencia o continuación de la posesión del inmueble del hotel por Celso Ginovich, por cuanto el mismo dejó aclarado que el propietario del hotel es su hijo, César Ginovich y exhibió a tal fin un talonario de facturas y una habilitación comunal para explotar hospedajes a nombre de este último (del expediente de aseguramiento de pruebas) máxime, sostuvo la Sala, si se tiene en cuenta que al tiempo de la donación los donatarios y dicho hijo ya residían en el lugar. Asimismo restó importancia a la confesional de César Ginovich, por considerar que el mismo no tenía obligación de estar interiorizado de hechos anteriores a la explotación del hotel, haciendo lo propio con lo testimoniado por la señora Angela Rodriguez. Dicho análisis condujo al Tribunal a quo a afirmar certeramente que tales probanzas no bastaban para demostrar la simulación o fraude (artículo 224 C.P.C. y C.) menos aún, expresó, si se tiene en cuenta que sobre el inmueble del hotel, el donatario había constituido dos hipotecas, indicio que por el contrario, demuestra el ejercicio pleno de su derecho de propiedad.

Consideró además que el acto cuestionado, es un acto múltiple realizado entre varios sujetos disponentes y beneficiarios, referidos a objetos distintos, que se materializa en una natural situación de la vida real, como es el deseo de los padres de distribuir anticipada y equitativamente bienes de una futura herencia, atendiendo no sólo el aspecto económico sino a las necesidades actuales de cada hijo, razón por la cual en principio exite un motivo serio de verosimilitud del acto, generador de que un tercero -en este caso, la actora, en cuanto acreedora por su relación laboral- que pretende cuestionarlo debe probar plenamente la causa simulandi o el obrar doloso, es decir, el interés espúreo que habría llevado a efectuar el presunto acto simulado o en perjuicio o fraude de la acreedora del donante, máxime que las respectivas donaciones se concretaron dos meses antes del despido de la actora y precedieron a la ejecución de la condena en más de tres años, constituyendo ello indicio contrario a la existencia del "animus simulandi o fraudulento".

Frente a tal criterio la quejosa opone su particular enfoque de la causa, sosteniendo que los sentenciantes se apartan de los lineamientos fijados por la doctrina y jurisprudencia, en cuanto le imponen la carga de probar la simulación o fraude en que incurrieron los donatarios, desconociendo la pasividad probatoria que caracterizó a la parte demandada a lo largo del proceso, afirmando definitivamente que si se hubieran ponderado los indicios y presunciones que reseñó, los juzgadores hubieran concluido -tal como lo hizo el juez inferior- en la existencia de simulación o fraude del acto impugnado el que, a su entender, pretende encubrir un estado aparente de insolvencia de los donantes frente al crédito generado por la relación laboral mantenida con los mismos.

Lo expuesto evidencia que el Tribunal a quo no prescindió de los indicios y presunciones alegados por la actora en pos de demostrar la simulación del acto, sino que muy por el contrario, tal como surge de la lectura del decisorio los analizó en el contexto de la causa asignándoles una interpretación y alcance distinto al pretendido por aquélla, quien por lo demás no aportó elementos de convicción suficiente para tener por acreditado el fraude o simulación, por lo que sus planteos quedan reducidos a un mero disenso con lo resuelto por el Tribunal a quo -más allá de su grado de acierto o error-, lo que resulta insusceptible de revisión en esta instancia de excepción.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR MARIO LUIS NETRI El planteo de la impugnante, que cuenta con asidero en las constancias de autos, ostenta entidad constitucional y resulta idóneo para operar la apertura de esta instancia de excepción; ello desde el análisis mínimo y provisorio que corresponde a este estadio y sin perjuicio de lo que, con los principales a la vista, se resuelva en la ocasión establecida en el artículo 11 de la ley 7055.

Por lo tanto, y encontrándose reunidos asimismo los restantes recaudos de admisibilidad, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Ordenar la devolución del depósito efectuado. Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)