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Contrabando, correspondencia, inviolabilidad de la correspondencia
Materia: PENAL
Carátula: D.H.L. S.A. s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

1- No todo pliego cerrado tiene la protección constitucional como correspondencia epistolar y papeles privados (art. 18) y menos aún cuando se pueda presumir que bajo la forma de una carta o dentro de ella se colocaron objetos con el solo fin de ser enviados burlando el debido contralor postal o aduanero, ya que entonces dicho sistema será el modus operandi y la carta en cuestión un elemento de prueba del delito a investigar.- 2- Sólo la correspondencia de carácter epistolar, es decir la comunicación entre remitente y destinatario, tiene la garantía constitucional y no existe comunicación por el sólo hecho de que el remitente envíe una pieza escrita a un destinatario si la misma no implica elementos de un diálogo, por lo que no se puede entender por correspondencia toda pieza enviada por correo cualquiera sea su carácter.- 3- La apertura de los sobres de correspondencia interceptados ante la presunta comisión de un delito, pudo haberse efectuado por el magistrado si se consideran entre otros los siguientes elementos:1) la gravedad de la denuncia de un hecho delictuoso efectuada por un diputado de la Nación; 2) la constatación primaria de lo denunciado mediante el hallazgo y secuestro de variado tipo de mercadería en el procedimiento; 3) la mayoría de los envíos interceptados eran remitidos o estaban destinados a instituciones financieras y/o bancarias del extranjero; y 4) la comprobada existencia no explicada dentro de las sacas de un sobre abierto conteniendo una lámina de Bonex 82.- 4- La circulación de valores a través de piezas postales no es irrestricta pues deben ser declarados como tales ante el Correo y su salida del país sólo puede hacerse por la vía autorizada.- 5- El particular que envía mercaderías de su propiedad sin cumplimentar los requisitos aduaneros no puede desligar sin más su responsabilidad por el solo hecho de haber delegado el envío postal según el art. 17 de la ley de correos al expedidor hasta tanto no se haya entregado al destinatario o a la persona autorizada para recibirlo, por lo que los remitentes deberán ser oídos sobre la forma en que realizaron alguna declaración aduanera o postal respecto del contenido de los bultos y demás circunstancias relativas a la expedición de dicha mercadería.- 6- Por existir el grado de sospecha que menciona el art. 236, parte 1° del Cód. de Proced. Penal, en razón de los sobres secuestrados sospechosos de contener valores en su interior y de una lámina de Bonex/82 que conformaban el contenido de las sacas de correspondencia que una firma permisionaria iba a enviar al exterior, corresponde decretar su procesamiento y oírla en declaración indagatoria en la persona de su representante legal, o sea el presidente de la firma.
Construcción de viviendas, contrato de obra, vicios redhibitorios, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOFIO, DANIELA ANDREA Y OTRO. c/ AMERIO, RICARDO JORGE. s/ VICIOS REDHIBITORIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20

Debe confirmarse la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la defensa de prescripción y por consiguiente rechazó la demanda que tuvo su enclave jurídico en los vicios redhibitorios derivados del incumplimiento contractual de las normas que rigen la locación de obra, en la construcción y entrega de una vivienda bajo la modalidad comúnmente conocida como "llave en mano", por cuanto, como bien expone la sentencia recurrida, la voluntad común evidenciada fue la de obligarse a transmitir el dominio de una cosa futura (vivienda a estrenar) y de pagar un precio cierto en dinero por tal cosa, predominando entonces la prestación de "dar" más que la de "hacer".

Es decir, la convención encuadra en el tipo contractual del art. 1323 del Código Civil, esto es, una compraventa de cosa futura. Por lo tanto, el plazo de prescripción de la obligación es el que establece el art. 4041 del Código Civil, conforme al cual se prescribe por tres meses la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato de compra venta. (Del voto del Dr. Pacuarelli).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba documental
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reinoso, Gustavo Alberto c/ Clínica IPENSA de La Plata y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

La valoración de los escritos del proceso y de la prueba documental -Historia Clínica-, son cuestiones de hecho que sólo pueden ser revisadas en casación en caso de absurdo evidente.
Interpretación de la ley, principio de legalidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galván, Oscar Osvaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-28

La unidad del derecho positivo vigente en todo el territorio de Estado -unidad que en nuestro sistema jurídico surge del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso Nacional "a dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social"- quedan anuladas en virtud de la interpretación que de él hacen los distintos tribunales de justicia, pues los ciudadanos son sometidos -cuando recurren a ellos en pos de resolver sus conflictos- a soluciones disímiles ante casos idénticos. A ello se agrega que los individuos, cuando pretendan adecuar sus conductas a la interpretación judicial de las normas, a fin de evitar incurrir en desobediencia a los preceptos legales, correrán aquel riesgo que intentan evitar, pues esa interpretación puede no ser la aceptada por otros tribunales o en otras regiones. Más aún, en aquellos casos en que la diversidad de interpretaciones sea advertida, ya sea por ser pública y notoria o por los especiales conocimientos sobre la jurisprudencia de una persona en particular, la dificultad se acrecentará aún más, pues en tal supuesto carecerá el ciudadano de un parámetro válido que le permita conformar su conducta a las expectativas sociales que las leyes reflejan. Se verificará también una vulneración al principio de legalidad, consagrado en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, pues el mandato legal contenido en las normas vigentes no será ya adecuado para regular las conductas de los habitantes, habida cuenta que una misma situación podría resultar simultáneamente permitida y prohibida, dependiendo de que tribunal intervenga en su juzgamiento. (Voto del Dr. Riggi).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, asegurador por riesgos del trabajo, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: PREVENCION ART S.A. c/ FALCO, EDGARDO MIGUEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

Las consideraciones de la Sala en torno a la aplicación del artículo 39 inciso 5 de la ley 24557 -por considerar que la acción que ese precepto confiere a las aseguradoras de riesgos del trabajo nace ope legis al momento en que las mismas abonan la suma aludida al trabajador puesto que, antes de ello, ninguna relación jurídica la vinculaba con los terceros civilmente responsables del hecho ilícito- en modo alguno se advierten como irrazonables o dogmáticas, en tanto aun cuando los jueces hubieren entendido aplicable el plazo de prescripción bianual de la órbita extracontractual -tal como lo pretende la recurrente- conforme surge de las constancias de la causa, la presente acción no estaría prescripta si el plazo comienza a computarse a partir del pago y no desde la fecha en que ocurrió el siniestro. Y dicha conclusión, más allá de su menor o mayor grado de acierto, podrá o no ser compartida, pero no puede calificarse por inconstitucional, debiéndose tener presente que la tacha de arbitrariedad no procede si la inteligencia asignada por el a quo no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego, habiéndose formulado una exégesis del problema que cuenta con apoyo de la doctrina y la jurisprudencia y que traduce una comprensión admisible de la cuestión. (CITAS: CSJN: Fallos 304:1826; 306:1452).
Prueba testimonial, declaración testimonial, personal policial, falso testimonio, secuestro de bienes, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Gamarra Arenas, Abel y otra s/ Prueba testimonial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Los testimonios de los preventores no resultan idóneas a los fines cargados,si se presupone que,aún por un exceso en el cumplimiento de sus tareas mintieron expresamente sobre las circunstancias del secuestro de los efectos,echando así por tierra cualquier posibilidad de tomar como veraces la totalidad de sus afirmaciones.

Ello,estando a las reglas de la sana crítica,que permiten sostener que quien falseó su declaración en un sentido,también lo hará en otro con las mismas motivaciones,resultando apropiado invocar el art. 13 del Código ritual.
Tribunal administrativo de la navegación, sanciones administrativas
Materia: NAVEGACION
Carátula: Alles Gerónimo c/ Prefectura Naval Arg. -Disp.DPSJ JS1 Nº 57 A 97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

Por el art. 599.01.01 del REGINAVE se somete a la jurisdicción administrativa de la navegación y a la aplicación de sanciones, a los actos que sin constituir delitos tuvieron lugar en el ejercicio de la actividad del personal navegante de la Marina Mercante Nacional y que signifiquen acciones u omisiones en el cumplimiento de normas de la Navegación (Sala IV in re "Pintos, Horacio Carlos (Capitán) c/ Prefectura Naval Arg.", del 7/3/95). (Consid. V).
Jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Dusserre, Adolfo M. c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Indemnización ley 9688 y art.212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Corresponde efectuar un severo llamado de atención a los magistrados integrantes del tribunal del trabajo en razón de la falta de observancia de las prescripciones impuestas por el art. 168 segundo párrafo de la Constitución provincial y 45 inc. "f" del dec. ley 7718/71 (t.o. dec. 4444/93, entonces vigente), que determinan la nulidad parcial de oficio del decisorio y que se traduce en un dispendio de la actividad jurisdiccional que redunda en perjuicio de los justiciables.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santucho, Gustavo F. y Lorenzetti, María M. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

El pronunciamiento de la Cámara que confirma el rechazo del incidente interpuesto por la concursada, en razón de haber concluido el concurso preventivo por cumplimiento del acuerdo homologado, no es susceptible de ser recurrido por vía del art. 278 del C.P.C.C.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Prevision Social S.A. c/ José Domingo Pandolfino s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A142 - 023)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-06-17

Los actos cumplidos por el propio actor no fueron útiles, pues no impulsaron el procedimiento hacía la sentencia, no bien se pondere que respecto al primero de ellos, el Tribunal le proveyó "oportunamente" y al segundo "aclare su petición", quedando en consecuencia el proceso en el mismo estado en que se encontraba antes de su ejecución.
Autoridad administrativa, amparo colectivo, legitimación procesal, impugnación del acto administrativo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Padec c/ c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ s/ Otras demandas contra la aut. administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción colectiva y condenó al Banco a devolver los montos debitados en concepto de mantenimiento de caja de ahorro a cada uno de sus clientes, si no se ha evaluado en el caso la separabilidad de los objetos del proceso colectivo y los individuales, ni tampoco ha sido explicitado, aun mínimamente, cuáles serían los criterios susceptibles de aplicación para distinguir los miembros de una y otra subclase, cuestión que debería haber quedado zanjada aquí para establecer cuáles son los límites de una y otra subclase. En cambio, tal como ha quedado formulado, es posible y hasta muy probable que para elucidarlo sea necesario recurrir a un nuevo proceso de conocimiento, cuya reducción a incidente es más que opinable y, en todo caso, no depende exclusivamente de la voluntad de las partes presentes. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, cuestión no decisiva, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARROYO, JORGE ERNESTO c/ FERNANDEZ, JUAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

Se advierte que el principal agravio del recurrente se circunscribe a su disconformidad con la valoración probatoria realizada por la Alzada concretamente sobre dos testimoniales rendidas en la causa y a la errónea consideración de aquéllas como única prueba producida por entender que su parte desarrolló una amplia actividad probatoria; sin embargo, si bien es cierto que de la lectura de la sentencia atacada surge que el tribunal afirmó que del análisis de la prueba resulta que la única producida consiste en dos testimoniales, los agravios de la recurrente no logran demostrar la conducencia en miras a que la valoración de la prueba que se dice omitida, cambiaría la suerte del suscitado pleito; y frente a la ausencia de decisividad del planteo de la recurrente, cabe recordar que es facultad de los magistrados el decidir acerca de la procedencia o no de los agravios de la recurrente sin estar obligados a incluir en la valoración la totalidad de la prueba producida, sino sólo aquélla que resulte dec siva.
Quiebra, cesación de pagos, hechos reveladores, compraventa, precio vil, acción revocatoria concursal, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: EMPRESARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES s/ QUIEBRA-INCIDENTE REVOCATORIA CONCURSAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

1. La ley 19.551: 86-5To. enuncia como un hecho revelador de la cesación de pagos la venta a precio vil, conceptuándose como tal a aquellos actos de disposición de bienes por precios muy inferiores a su valor real, que importen una contraprestación desproporcionadamente baja con respecto al bien adquirido y que determinaría el agravamiento de la situación patrimonial del vendedor y en general, cuando a criterio del juez, se tipifique la lesión subjetiva, pues una importante desproporción de las prestaciones autoriza a presumir el estado de necesidad.

2. El precio vil a que se alude no altera la naturaleza del acto ni impide la formación del contrato de compraventa, lo que no significa que la convención no pueda impugnarse y eventualmente obtenerse una declaración de nulidad por vicio de lesión (código civil: 954).

3. La notoria desproporción de las prestaciones (en el caso el comprador pagó un precio 50% inferior al valor venal de dos inmuebles) no surge del precio pagado por el adquirente, pues si bien es evidente que éste sacó ventaja del negocio, ello en principio no compromete la licitud del acto ni permite afirmar que se ha consumado un verdadero despojo. En otros términos, el precio recibido por la vendedora -hoy fallida- no puede reputarse como una manifiesta, grosera o chocante inequivalencia de las prestaciones en relación al bien entregado, como para justificar la procedencia de la acción revocatoria concursal.

4. La no ignorancia por parte del comprador del precio ciertamente inferior que abonó, no permite por sí sólo inferir su conocimiento acerca de la gravedad, o entidad de la crisis patrimonial del vendedor, con el grado de generalidad y permanencia que caracteriza al estado de cesación de pagos, requisito indispensable para la declaración de inoponibilidad del acto a los acreedores concurrentes 5. Tal hecho constituye un indicio que requiere para alcanzar el resultado, una prueba idónea presuntiva, de la concurrencia de otros elementos de juicio de igual índole que, relacionados entre sí, pudieron o debieron alertar al comprador de que las ventas se realizaron a fin de sustraer el bien del patrimonio del vendedor, disminuyendo la garantía de los acreedores.

6. Las presunciones constituyen prueba cuando se fundan en hechos reales y probados que, por su número, gravedad y concordancia, producen convicción según la naturaleza del juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica.

7. Al deducir la acción revocatoria concursal, es el síndico quien debe aportar prueba suficientemente convincente de que el tercero tubo conocimiento del estado de cesación de pagos antes de celebrarse el acto o al tiempo de su concreción.
Certificado de depósito a plazo fijo, títulos de crédito, acción causal
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUPO, GRACIELA c/ TUTELAR CIA. FINANC. SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Corresponde clasificar como causal a un certificado de depósito a plazo fijo, no obstante ser un titulo de crédito, toda vez que existe una efectiva correlación entre el depósito constituido en la entidad financiera y la emisión del respectivo documento y su carácter determina que se aparte de los títulos de crédito abstractos (conf. Sala B, 13.4.94, "D'Angelo, Vito c/ Coop. de Créd.

Renacimiento")
Trámites judiciales, ejecución del convenio, resoluciones, expediente, notificación tácita, procedencia del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: N. c/ Q. s/ ejecución de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-05-31

La demandada se notificó tácitamente de la resolución que manda a llevar adelante la ejecución de convenio, si no quedan dudas de que su letrado patrocinante retiró el expediente, pues las razones de buena fe y lealtad procesal prevalecen sobre las excusas meramente formales que invoca la apelante al pretender la aplicación del principio general que manda notificar la demanda en el domicilio real.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, audiencia de conciliación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Graña, Rolando s/ Calumnias e Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

La presencia del querellante en el juzgado de instrucción minutos después del horario establecido para la celebración de la audiencia de conciliación prevista por el art. 591 del C.P.M.P. , manifestando haber incurrido en la demora por esperar a su letrado en la planta baja del edificio, resulta demostrativa de su interés en proseguir el trámite del proceso y susceptible de ser considerada justa causa en los términos del art. 592 del ritual.
Deuda pública, ley de emergencia, constitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BALVERDI EDUARDO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ LEY DE EMERGENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-24

El debido proceso debe resguardar el derecho de defensa y propiedad de ambas partes procesales. Convertirse en parte litigante para sostener una planilla que se realizó en contradicción con lo que se había dispuesto y aceptado por las partes, so pretexto de declarar "in abstracto" la inconstitucionalidad de una norma, es conducir lamentablemente a una resolución arbitraria que sólo valora el derecho de propiedad de la parte demandada.-
Adicionales de remuneración, interpretación de la ley, aplicación de la ley, ley laboral, orden público laboral, cuestión de derecho común
Materia: LABORAL
Carátula: Alanoca, Carlos Oscar c/ Libertad S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

No procede el recurso extraordinario en tanto el impugnante no demostró de qué manera la sentencia cuestionada afectó el orden público laboral -que adujo vulnerado-, dado que el art. 7º de la L.C.T. si bien veda la posibilidad de que las partes acuerden condiciones menos beneficiosas que las que emergen de normas imperativas, no impide que -como en el caso- se le reconozcan mayores beneficios que los establecidos por esas normas pagando salarios que superen aquéllos. El propio actor reconoció haber percibido estos beneficios, tales como mejor obra social y haberes por encima del básico convencional. (Del voto del Dr. Cornejo. Minoria)
Asociaciones sindicales, personería gremial, retiro de la personería
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Sindicato Único de Trabajadores Rurales y Estibadores de Tres Arroyos s/ Cancelación de personería gremial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-03

Dado que del expediente administrativo agregado como prueba y que corre por cuerda se desprende que el Secretario Gral. Seccional 075 de Tres Arroyos informó que el S.U.T.R.E. cesó sus actividades gremiales en el año 96/97 caducando su mandato y destruyendo toda parte administrativa y contable del mismo; que en consonancia con ello, la Sra. Veedora del Ministerio de Trabajo, luego de la inspección realizada llegó a idéntica conclusión y, toda vez que cabe presumir por ciertos los hechos expuestos por la autoridad administrativa en el escrito de demanda por efecto de la rebeldía de la accionada (art. 71 LO) y la ausencia de prueba en contrario, cabe concluir que la entidad sindical se encuentra acéfala (art. 386 CPCCN) y, ante ello, corresponde disponer la cancelación de la simple inscripción del Sindicato demandado.
Constitución Provincial, Convención Constituyente
Materia: CIVIL
Carátula: Salim, Nestor H.; Aye, Eduardo y otros c/ Municipalidad de Frias s/ Juicio por inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

La Constitución provincial distingue, la función del Poder Preconstituyente del Poder Constituyente, asignando en forma exclusiva al órgano legislativo la voluntad Preconstituyente, en tanto que la asignación del Poder Constituyente que llevará a cabo la reforma, lo es para la convención constituyente, esto es, un organismo especial diferente de aquellos que tienen a su cargo el ejercicio de los poderes constituidos.
Recurso extraordinario, queja por apelación denegada, sentencia definitiva, resoluciones equiparables a definitiva, procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Scioli, Daniel y Nicolini, Luca s/ accidente - Ramallo - Causa n° 57.714.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el recurso de queja por la apelación denegada contra la resolución que entendió que no se hallaban presentes los extremos necesarios para dictar el procesamiento no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos y diligencias procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ZUGASTI, Horacio A. s/ PRESCRICION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-20

El llamado a prestar declaración indagatoria del imputado, el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el fiscal, son actos que deben ser considerados secuela de juicio, art. 67, C.P. y como tales, aptos para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, por exteriorizar la potestad jurisdiccional de juzgar.