Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-18


2º Instancia. - Santa Fe, agosto 18 de 2009.

1º ¿Es nula la resolución recurrida? 2º ¿Es ella justa? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? 1º cuestión. - El doctor Saux dijo:

A fojas 162/163 de autos, el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10 Nominación de esta ciudad de Santa Fe se expide en relación con la medida cautelar peticionada en la demanda (consistente en la solicitud de que hasta que se resuelva la cuestión principal debatida en esta causa, que está vinculada a la legitimación del Presidente y Secretario electos del Sub Comité de Cuenca Sur de la localidad de Arroyo Aguiar para cumplir tales roles, se ordene a los codemandados Juan Carlos Ingaramo y Juan Fernando Marocco, respectivamente, que se abstengan de realizar cualquier acto que pueda suponer el ejercicio efectivo de esos cargos), haciendo lugar a la misma y expidiendo la orden inhibitoria ambicionada por los amparistas conforme a lo postulado en el escrito introductivo de la instancia a fojas 12/vta. de estos obrados.

Tal decisorio es impugnado mediante la interposición de los recursos de nulidad y apelación por el codemandado Marocco (fojas 172), siendo tales planteos concedidos por el a quo a fojas 176; haciendo lo propio los apoderados del codemandado Ingaramo y del Sub Comité de Cuenca a fojas 179, siendo también tales planteos viabilizados por el Juzgador de anterior instancia a fojas 182.

Estando pendiente de remisión la causa a esta Alzada para la tramitación de tales planteos, el a quo se expide respecto de la cuestión principal debatida en la causa (vide sentencia de fojas 249/251), acogiendo la pretensión contenida en la demanda oportunamente interpuesta por los amparistas, y en su mérito declarando que la designación de los mencionados Ingaramo y Marocco como Presidente y Secretario, respectivamente, del Sub Comité de Cuenca Sur de Arroyo Aguiar no se ajusta a derecho por no reunir los mismos los requisitos exigidos por el artículo 3º del Decreto 4960/86 -reglamentario de la ley provincial nº 9830 que creara y regulara los mencionados Comités de Cuenca-. Tal decisión definitiva, va de suyo, subsume e integra la inherente a la cautelar, con lo cual, habiendo sido la misma también impugnada por nulidad y apelación por uno de los codemandados (el apoderado de Juan Fernando Marocco lo hace a fojas 258/261 vta.), cabe abocarse a su tratamiento priorizando el mismo respecto del inherente a las impugnaciones previas dirigidas contra la medida cautelar, direccionada en similar sentido que la sentencia definitiva.

Esto sentado, queda claro liminarmente que en lo que concierne al recurso de nulidad el recurrente no lo fundamentó de manera autónoma al expresar agravios en esta sede (vide libelo de fojas 258/261 vta.), y no advirtiéndose por otra parte razones que justifiquen su abordaje "ex officio", cuanto cabe es su desestimación, y así voto.

El doctor Cordini dijo, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

La doctora De Césaris dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión. - El doctor Saux dijo:

En lo que concierne al recurso de apelación, el contenido de los agravios -coincidente y de alguna manera anticipado en los que se plantearan contra la cautelar- tiene que ver con lo que los recurrentes postulan como una errónea interpretación del texto normativo aplicable al sub lite hecho por el a quo, en el sentido de que cuando el mencionado artículo 3º del Decreto 4960/86 reglamentario de la ley 9830 expresa que "... los representantes de las Comunas serán sus autoridades designadas por Ordenanza y desempeñarán esa función por el término de duración de sus mandatos...", no está exigiendo que se trata de autoridades "electas" por el voto popular, sino funcionarios regularmente designados para cumplir ese rol de "autoridad" comunal o municipal, y en el caso de autos ambos codemandados (Ingaramo y Marocco) han acreditado ser funcionarios de los respectivos entes territoriales que representan ante el Sub Comité de Cuenca (Ingaramo por la Comuna de Nelson y Marocco por la de Laguna Paiva) y con ello estar debidamente legitimados para cumplir los roles de Presidente y Secretario del mismo para los cuales fueran designados regularmente mediante Asamblea del 21 de abril de 2008.

Más allá de esta cuestión que es la nuclear en sustento del agravio, el fundamento ofrecido por el recurrente abunda en la consideración de la normativa provincial que regula la estructura y funciones de los entes Comunales y Municipales -además de la ya mencionado ley 9830 regulatoria de los Comités de Cuenca a nivel provincial, la nº 2756 Orgánica de Municipalidades-, poniendo de resalto que en el caso concreto del apelante, Juan Fernando Marocco, fue designado por Decreto nº 066 del DEM de Laguna Paiva para representar a dicha localidad ante el Sub Comité de Cuenca de Arroyo Aguiar, siendo además Secretario de Obras y Servicios Públicos de dicha Municipalidad (designado por Decreto 220 del DEM del 10 de diciembre de 2007) con mandato vigente al tiempo de la Asamblea cuestionada, con lo cual no hay razón legal alguna que pueda resultar atendiblemente obstativa a su designación, consensuada por mayoría en dicho acto asambleario.

En concreto, se agravia el recurrente de que la sentencia a qua declare que la correcta télesis del controvertido art. 3º del Dcto. 4960/86 implica que los representantes de las Comunas y Municipalidades ante los Comités de Cuenca deban ser "autoridades" que surjan de elección por el voto popular, exigencia que no surge en modo alguno de dicha norma, y que perfectamente permite que lo sean funcionarios ("autoridades", en sentido amplio) regularmente designados dentro de la estructura funcional del ente que representan, y que tienen un plazo de mandato vigente que es el inherente a esa designación de rango política y no administrativa.

Cabe traer a referencia que la sentencia a qua, en breves fundamentos (puntualmente desarrollados a fojas 250 vta.), se expide interpretando que el texto del Decreto en cuestión impone que los representantes de las Municipalidades y Comunas ante los Comités de Cuenca sean "autoridades elegidas directamente por el voto popular" (debe entenderse, Intendentes, Concejales, Presidentes Comunales o miembros electos de sus estructuras legales), atento a la referencia de que "... desempeñarán su función por el término de duración de su mandato..", lo cual debe ser interpretado gramaticalmente como "encargo o representación por elección", según acepción del Diccionario de la Real Academia Española; integrándose además tal conformación legitimante con una designación "ad hoc" hecha por Ordenanza Municipal o Comunal que habilite aquella representación. En el caso concreto, el Juez de anterior instancia interpreta que ni Ingaramo ni Marocco son "autoridades electas", y además que si bien Ingaramo fue designado mediante Ordenanza para representar ante el Comité a la Comuna de Nelson, Marocco tampoco acreditó tal delegación.

La cuestión objeto de decisión, entonces, pasa prácticamente a ser de puro derecho, y vinculada a la interpretación que quepa asignarle al texto normativo del artículo 3º del Decreto 4960/86, puntualmente en el sentido de si las "autoridades" que el mismo menciona como posibles representantes de Municipalidades y Comunas ante los Comités de Cuenca provinciales, deben efectivamente ser "electas" por voto popular directo, o si pueden ser funcionarios de dichos entes públicos territoriales aún designados políticamente por dichas autoridades electas.

Como echa de verse -y la cuestión recién se perfila a partir de la integración de la litis y de la producción de la prueba, no siendo como tal claramente estructurada al tiempo en el cual esta misma Sala revocó el rechazo "in límine" de la demanda resuelto oportunamente por el a quo, mandando tramitar el proceso (vide resolución de esta Sala de fojas 30/32 vta.)- tal objeto de decisión es claramente incompatible con la naturaleza misma de una acción de amparo, en la medida en que si una norma requiere de interpretación auténtica o judicial, no puede sostenerse válidamente que haya "ilegitimidad manifiesta" relacionada a su aplicación en los términos del artículo 17 de la Constitución Provincial y de la ley 10.456 regulatoria de la instrumentación procesal de dicha garantía constitucional.

Cabe recordar, desde lo puramente fáctico, que en lo que concierne al codemandado Juan Carlos Ingaramo fue designado por la Comuna de Nelson como Coordinador del Área de Infraestructura Rural (ver Ordenanza 104/05 del 31 de marzo de 2005, agregada en copia a fojas 47), y además, posteriormente (en 10 de abril de 2008, es decir once días antes de la asamblea controvertida, ver Ordenanza 239/08 a foja 145) fue designado también por la misma Comuna como representante de ella ante el Comité de Cuenca, vale decir que al tiempo de la asamblea de marras Ingaramo era funcionario comunal de Nelson y contaba con una Ordenanza designándolo representante de la misma ante el mencionado Comité. Y en lo que tiene que ver con el codemandado Juan Fernando Marocco, desde el 10 de diciembre de 2007 reviste el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Laguna Paiva (ver Decreto 0220/07 a fojas 74), y además, al igual que Ingaramo, fue designado representante de dicha Municipalidad ante el Comité de Cuenca mediante Decreto 66/08 del 9 de abril del 2008 (ver copia a fojas 75), con lo cual también al momento de la asamblea en la cual resultaran electos como Presidente y Secretario de dicho Comité eran autoridades en las comunas y municipios que representaban, y habían además sido designados representantes de ellas ante ese Comité mediante decisorios específicos expedidos con antelación.

El hecho de que no fueran autoridades "electas" sino designadas por quienes así lo fueron, y que en el caso de Marocco no se lo hubiera nombrado mediante "Ordenanza" sino mediante "Decreto del DEM" (lo que obedece al hecho de que representa a una Municipalidad y no a una Comuna) no pareciera, en principio, como un elemento que justifique concluir en que en el caso se ha incurrido en un supuesto de ilegitimidad manifiesta por vulneración del texto legal aplicable (el ya remanido artículo 3º del Decreto 4960/86), toda vez que así como el Juez de anterior instancia propone una interpretación normativa determinada, no resultan también desatendibles las razones expuestas por los recurrentes para sostener la contraria, en el sentido de que en ningún lugar de dicha norma se dice que deba tratarse de autoridades municipales o comunales "electas", y que la duración de su mandato también se predica respecto de las autoridades no electas sino designadas para acompañar políticamente a las mismas durante su gestión.

Ello implica, entonces, que como lo anticipé supra, en mi opinión la vía del amparo resulta claramente improcedente para elucidar la controversia, que en su caso debió generar un requerimiento mere declarativo de certeza, pero que bajo ningún aspecto conforma la existencia de un caso de apartamiento manifiesto de la ley aplicable, como lo postula la demanda y lo interpreta, a mi criterio erróneamente, el a quo.

Como lo ha declarado esta Sala en algún precedente afín (vide "Godoy, Miguel A. c. Provincia de Santa Fe s/ amparo", fallo del 22/3/05, Protocolo Único, tomo 1, folio 111 y ss.), ante todo, la constatación del carácter manifiesto del vicio de ilegitimidad debe surgir de la consideración primaria del caso, "prima facie", sin necesidad de prueba alguna mas allá de la que es compatible con la tutela excepcional y acelerada del amparo (conf. Lino E. Palacio, "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LA LEY, boletín del 7/9/95, pág. 1). Como lo ha reiterado esta Sala en precedentes donde fue analizada la cuestión (vide entre otros fallo del 5/8/97, "Aralla y otros c. Colegio de Técnicos Radiólogos s/amparo", Autos 37-88; así como 22/9/97, "González, Balbina c. Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia", Autos 37, f. 223) constituye condición de admisibilidad de la privilegiada vía del amparo la necesidad de una exteriorización cierta, actual y evidente de actos o conductas arbitrarias e ilegales, las que "deben ser manifiestas, lo que implica que aquellos vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial" (esta Sala, 5/8/96, "Granrío S.A. c. Municipalidad de Sto. Tomé s/amparo", Autos 36-33, así como 5/3/99, "Graziola c. DPV s/amparo", Fallos 47-183).

Como expresa Osvaldo Gozaíni ("El Derecho de amparo", op. cit., pág. 31), "... Ilegalidad supone que algo es contrario a la ley, y por lo tanto es ilícito",..." pero la ilegalidad puede ser manifiesta, es decir, evidente, indudable, absolutamente clara, ausente de incertidumbre alguna; o bien ser producto de una interpretación equívoca, irracional, de ostensible error, de palmario vicio en la inteligencia asignada, casos en los cuales dicha ilegalidad asume la forma de la arbitrariedad". En palabras de Fiorini ("El recurso de amparo", LA LEY, 93-946) debe ser tan patente que se manifiesta podría decirse "en forma física, visible, ostensible y notoria".

Según refiere Sagüés ("Reflexiones criticas sobre la ley nacional de amparo", EDLA 1982-1053), el concepto de arbitrariedad es sumamente elástico, cubre supuestos de apartamiento de la ley, de la justicia y de la razonabilidad, extensivo a fallos que consuman una interpretación inadecuada o inequitativa de una norma. Sin embargo, la palabra "arbitrariedad" dentro del contexto de la legislación de amparo sólo es discutible si se la interpreta restrictivamente, mas no cuando la doctrina le otorga una hermenéutica generosa, equiparándola a "irrazonabilidad". No debe perderse de vista, singularmente, que tratándose de actos emanados de la autoridad pública, el principio de validez presuntiva que es inherente a los mismos requiere un reforzamiento del rango manifiesto de la ilegalidad o arbitrariedad (Alí J. Salgado, "Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad", Astrea, Bs. As., 1987, pág. 28).

En esa inteligencia, no advirtiéndose -según lo expuesto- que se corporice en lo documentado en la presente causa (concretamente, en la interpretación que la Asamblea que designara las autoridades del Sub Comité de Cuenca Sur Arroyo Aguiar hiciera del texto del artículo 3º del Decreto 4960/86 al designar Presidente y Secretario de dicha entidad a los aquí codemandados Juan Carlos Ingaramo y Juan Fernando Marocco, respectivamente) un supuesto de ilegalidad manifiesta que habilite la vía del amparo, cuanto cabe es hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia a qua y desestimar la pretensión contenida en la demanda, con costas a los recurrentes en ambas instancias (art. 251, CPCyC). Así voto.

El doctor Cordini dijo, a su vez, iguales razones en términos semejantes y votó, por consiguiente, en igual sentido.

La doctora De Césaris dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

3º cuestión. - Los doctores Saux y Cordini manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde rechazar el recurso de nulidad pero hacer lugar al de apelación, revocándose la sentencia a qua y en su lugar desestimando integralmente la demanda, con costas en ambas instancias a los actores.

La doctora De Césaris dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Resolvió: Desestimar el recurso de nulidad pero acoger el de apelación, revocando la sentencia de anterior instancia y desestimando la pretensión contenida en la demanda, con costas en ambas instancias a los actores. Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la ley 6767, oportunidad que se correrá vista a la Caja Forense. - María Cristina De Cesaris. - Edgardo I. Saux. - Raúl J. Cordini.