Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-30


SENT Nro. 288 .C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 30 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Pasa S.A. vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/Cumplimiento de Contrato".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 27/6/2002, que no hace lugar al recurso de apelación deducido por aquélla y sí, en cambio, al incoado por la actora, confirmando la sentencia de fecha 02/7/2001, modificándola únicamente en cuanto deja sin efecto el límite de $ 500.000 establecido respecto a los intereses.

II.- El recurrente expone extensamente los precedentes del caso; explicita luego que no se agravia de la decisión adoptada en cuanto a la falta de acción y sí, en cambio en relación al fondo de la litis, distinguiendo, en este supuesto, la confirmación del fallo de primera instancia en cuanto condena a su parte a pagar la suma reclamada, de la revocación respecto al límite cuantitativo de la responsabilidad.

Respecto del primer tema, sostiene que la fianza no alcanzaba a las operaciones o pagos de las mismas hechas con anterioridad al dictado de la Resolución 310/97, que es la forma válida, según la ley 5115 de obligar contractualmente a la Caja Popular de Ahorros. Se agravia, entonces, de la solución sentencial en tanto, dice, equivoca el enfoque del tema a resolver toda vez que no puede sostenerse que, en el caso, nada tengan que ver los alcances temporales de lo garantizado con el contrato de fianza y el momento de perfeccionamiento de dicho contrato, aduciendo también el tribunal que la fianza puede celebrarse antes, durante o después de haber nacido la obligación; aserto éste último que recibe el acuerdo del recurrente excepto que aclara que debe estar estipulado expresamente en el contrato (o en la resolución que asume la obligación de afianzar) que se garantizan obligaciones o pagos que deban efectuarse por operaciones celebradas antes de emitirse la declaración de voluntad del fiador. Expresa, entonces, que si no existe tal declaración por parte del garante, no puede obligárselo a que responda más allá de esos límites temporales y que hacerlo responder por vía interpretativa por pagos de operaciones llevadas a cabo con anterioridad al otorgamiento de la fianza supone violentar la regla contenida en el artículo 218 inc. 7 del C de C y el art. 1198 del CC. Manifiesta que si Pasa S.A. hubiese querido tal alcance temporal debía haberlo pactado expre samente en el contrato o pedido se aclare en la resolución 310/97. Por tanto, no sólo por aplicación de las normas citadas, sino también por el carácter restrictivo con que debe interpretarse la fianza (arts. 1986, 1995, 1996 y ccdts., nota al art. 1997) no puede extenderse a la misma más allá de los términos expresos del contrato o Resolución de la demandada, pretendiéndose aplicar efectos retroactivos al mismo.

Agrega que la Cámara reconoció que los instrumentos de la garantía son "harto lacónicos". Ante este reconocimiento resulta contradictorio y jurídicamente inaceptable inferir, como lo hace el sentenciante, que el fiador garantizó las obligaciones preexistentes de CACSA con anterioridad al dictado de la resolución 310/97 (noviembre de 1997). Que tal interpretación no resiste el menor análisis, puesto que, siendo que los términos son harto lacónicos, estaba reconociendo que no había claridad en los mismos y, si son breves, ante la duda, la interpretación debe ser restrictiva y no amplia (art. 218 inc. 7 C. de C y doctrina citada). Agrega que la solución sentencial viola el art. 3 del CC que establece la irretroactividad de las leyes, siendo el contrato ley para las partes (art. 1197 CC), el que no tienen efecto retroactivo, salvo que se hubiere convenido lo contrario.

Señala, desde otra perspectiva, que la Cámara no ha tenido en cuenta prueba esencial en este punto (a pesar de que el propio tribunal dispuso -fs. 570 vta.- tener presente para definitiva las observaciones realizadas por el recurrente a la misma), cual es la del perito agrónomo que indica que los campos podían ser fertilizados o abonados con uréa al 46% con posterioridad al mes de noviembre y que si bien era aconsejable hacerlo antes de esa fecha, nada impedía efectuarlo posteriormente (distingue época recomendada a época propicia). Así, entiende que nada autorizaba al tribunal a quo a interpretar que la fianza se otorgaba en resguardo de operaciones realizadas con anterioridad a la constitución de la misma; que es un contrato consensual concluido para producir sus efectos propios desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento (art. 1140 CC), siendo ley entre las partes lo acordado (art. 1197 CC) con la aclaración de que, caracterizada la fianza como contrato unilateral se obliga el fiador, no el acreedor.

Aclara que su afirmación respecto a que la Resolución 310/97 sea una promesa de fianza -que así la hace parecer la Cámara- era sólo una hipótesis de trabajo que expresamente se encarga de aclarar en el mismo escrito al expresar que, respecto a ello no existen opiniones concordantes.

También se agravia, respecto a la pericial contable, de que el tribunal de mérito descalifique infundadamente el reproche que hace al argumento del juez a quo, al llegar a sostener que el inferior sólo habla del reconocimiento de la corrección de los cálculos aritméticos y no de las consecuencias de la falta de impugnación de su parte a dicho informe pues esta interpretación de la sentencia no se compadece con las constancias de autos (reproduce las razones expuestas en la apelación) y resulta, por ende, arbitraria.

En definitiva, manifiesta que la doctrina emergente de los arts. 1168, 1198 y cdts. CC y 218 inc. 7º del C de C se opone a la interpretación dada por la Cámara respecto a la extensión temporal de la fianza, pues los contratos no tienen efecto retroactivo, salvo pacto en contrario.

Respecto al segundo tema entiende que el límite pactado con respecto a la responsabilidad del fiador comprende tanto a la obligación principal como para los intereses. Se agravia entonces, de la solución dada por la Cámara en el punto. Manifiesta que las fianzas se distinguen en definidas e indefinidas; que las primeras tienen precisado concretamente el límite, mientras que las segundas no. Que en doctrina está la regla de que la fianza definida dada para una obligación principal no se extiende a los accesorios; consecuentemente, siendo de aplicación la regla de la interpretación restrictiva, no se extendería a los intereses que son un accesorio del capital. A ello se añade la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que la fianza de lo principal abarca lo accesorio. Sostiene que a tenor del art. 1997 CC si la fianza fuere del principal o expresase la suma de la obligación principal comprenderá no sólo la obligación principal, sino también los intereses, estén estipulados o no, por lo que en las fianzas definidas, están comprendidos los intereses por ser accesorios del capital pero siempre dentro del límite que fija el acuerdo celebrado con el fiador, pues tal fue la voluntad del garante. De allí que sostenga lo errado del razonamiento de Cámara que refiere a que los intereses moratorios quedan fuera del límite en cuanto la naturaleza, causa y finalidad de los mismos nada tienen que ver con el tope dinerario pactado entre acreedor y fiador.

Hace reserva del caso federal y concluye solicitando se haga lugar al recurso tentado, con costas a la contraria.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 749/752.

III.- Por auto interlocutorio del 19/11/2002 la alzada hace lugar a la concesión del recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado, en relación a los agravios analizados, sostiene que los gravámenes del apelante demandado acerca de la extensión temporal de la fianza caen en el error de confundir e identificar los alcances temporales de lo garantizado mediante el contrato de fianza, con el momento de perfeccionamiento del mismo (Resolución de fecha 27 de noviembre de 1997 a la que califica como "promesa de fianza y contrato de fianza del 15 de diciembre de 1997), cuando en realidad se trata de dos cuestiones totalmente distintas y sin influencia una respecto a la otra. Pues, como bien lo indica el inferior, citando calificada doctrina (sobre lo que no se expresaron agravios y por ende deviene firme) el contrato de fianza puede celebrarse antes, al mismo tiempo o después de haber nacido la obligación principal. Tratándose de un contrato voluntario nada impide que las partes puedan concertarlo en cualquiera de tales oportunidades.

Señala que, sobre el desarrollo lógico-jurídico llevado a cabo por el a-quo en los párrafos 3 y 4 del fs. 670, acerca de los alcances objetivos y temporales del contrato de fianza en cuestión, así como en lo referente a su conclusión de que, dada la determinación de lo garantizado, nada obsta incluir las operaciones preexistentes o futuras referidas a ello con el límite temporal del 30/9/98, el recurrente se limita a expresar que la fianza debe interpretarse con sentido restrictivo y que no tiene efectos retroactivos. Entiende que la extensión que alcance la fianza debe resultar de dos extremos previstos necesariamente en el contrato: a) sujeto beneficiario y b) objeto afianzado (arts. 1986, 1988 CC, con cita de doctrina). En este sentido, considera harto lacónicos los instrumentos de la garantía (fs. 28/33) respecto a la descripción del objeto afianzado; que la resolución del Directorio 3210/97 hace referencia al pago de la compra que realiza la firma Pasa S.A. por la firma CACSA de 45 tn. de urea al 46% destinado a fertilización de las plantaciones cañeras para la zafra de 1998, teniendo como límite temporal el 30 de setiembre de 1998 y un límite objetivo que llega a U$S 500.000.

Teniendo en cuenta lo dicho, e interpretando, según lo considera, con extrema restricción -como lo pretende el recurrente demandado- a las modalidades de la fianza, observa la inusitada amplitud con que la propia actora define el objeto de la garantía en ella prestada con lo que queda incluida en la misma cualquier operación de compra a la firma Pasa S.A. por CACSA de urea al 46%, en cualquier tiempo en que ella hubiere sido realizada con tal que se cumplan las condiciones de que no supere el límite de los U$S 500.000, se haya realizado hasta el 30/9/98 y que haya sido destinada para la fertilización de cañaverales para la zafra del año 1998. Por ello, rechaza el agravio en este aspecto. Aclara finalmente que yerra el accionado apelante al afirmar que el a quo pretende, a partir del hecho de la no impugnación del informe pericial, tenerlo por reconocido sobre la extensión temporal de la fianza, ya que en este aspecto el inferior sólo habla del reconocimiento de la corrección de los cálculos aritméticos.

De otra parte, la Cámara, da razón a la actora apelante. Así, menciona que la fianza es una relación obligacional entre el acreedor de la obligación principal (aquí actor) y el fiador (aquí demandado) y en este caso tiene un monto límite de U$S 500.000, es decir que el fiador deberá pagar en su caso al acreedor, hasta esa suma en concepto de cumplimiento de la mentada relación obligacional. Que diametralmente opuesto es la naturaleza, causa y finalidad de los intereses moratorios, los cuales tienden a compensar la privación del uso de capital de quien tenía derecho al mismo (cita precedentes de esta Corte Suprema de Justicia), por lo que los mismos quedan fuera de dicho límite. Agrega que tampoco surge de los instrumentos de la garantía que tal límite abarque también a los intereses y demás accesorios que por todo concepto podían ocurrir a lo largo de la vida de la relación obligacional.

Concluye, entonces no haciendo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y sí, en cambio, al incoado por la actora, confirmando la sentencia de fecha 02/7/2001, modificándola únicamente en cuanto deja sin efecto el límite de $ 500.000 establecido respecto a los intereses, los cuales se deben hasta el cumplimiento de la sentencia aún cuando su monto supere esa suma. Aplica las costas al demandado vencido (arts. 106 y 108 procesal).

V.- Los puntos centrales materia de agravio por parte de la recurrente son, esencialmente, dos. El primero referido al alcance temporal de la fianza, que remite al problema de la determinación de cuáles son las operaciones comerciales comprendidas en la garantía dada por la demandada. El segundo referido a la inclusión -o no- de los intereses moratorios en el límite cuantitativo de U$S 500.000, fijado en el contrato.

Respecto del primer gravamen, se adelanta que el mismo no puede prosperar puesto que, de un examen pormenorizado de las constancias de autos, de los términos de la sentencia en crisis puestos en relación con los del memorial casatorio, se advierte que la solución sentencial en esta temática no es arbitraria ni el tribunal sentenciante ha violado las normas de fondo que cita el impugnante.

En efecto, la sentencia de alzada remite y reproduce en parte las consideraciones del Juez a quo referidas a: a) que del análisis del contrato de fianza surge que se ha garantizado el pago de la compra de 2.500 tn. de abono de uréa al 46%, estableciéndose como límite cuantitativo la cifra de U$S 500.000 y como único límite temporal el de 30/9/98; b) que de ello emerge con claridad la determinación de la obligación garantizada, sin que nada obste a que sean incluidas operaciones preexistentes o futuras con el único límite temporal señalado y en tanto no se advierten referencias al tiempo de inicio de esas operaciones. El pronunciamiento en embate meritúa que tales expresiones no logran ser rebatidas por los argumentos del recurrente que refieren al carácter restrictivo con que debe interpretarse la fianza y que ella no tiene efectos retroactivos. A su vez agrega que los términos del instrumento de garantía son harto lacónicos respecto a la determinación del objeto afianzado y que la propia actora define con inusitada amplitud el mismo. De allí que entienda interpretar con extrema restricción las modalidades de la fianza como lo pretende el recurrente, en la solución que da en el tópico: fianza comprensiva de cualquier operación de compra a la firma Pasa S.A. por la razón social CACSA de uréa a 46% en cualquier tiempo en que hubiere sido realizada siempre que no supere los límites cuantitativos y temporales ut supra referidos y que sea destinada para la fertilización de cañaverales para la zafra 1998.

Estos argumentos, concretos, precisos y contundentes no logran ser rebatidos por las razones expuestas en el memorial de agravios del impugnante. Este sostiene que la fianza debe interpretarse restrictivamente y que tal principio, así como la regla del art. 218 inc. 7° del C de C., han sido violados. Sin embargo, no se advierte dicha infracción. Y ello, porque el artículo mentado alude a los "casos dudosos" que no puedan resolverse "sobre las bases establecidas", lo que no constituye la hipótesis de autos, toda vez que la Cámara pondera la amplitud con que se determinó el objeto de la operación, para derivar de allí sus conclusiones. Por eso, a pesar de que el recurrente pretende derivar cierta incerteza del calificativo utilizado por la Cámara al aludir a que los términos referidos a la determinación del objeto garantizado hecha en el contrato son "harto lacónicos", aquélla no resulta con virtualidad suficiente como para aplicar la regla de que en la duda debe estarse a favor del deudor, cuando el tribunal de mérito, interpretando y valorando las "bases establecidas", los datos objetivos emergentes del contrato y de los ante cedentes incorporados al mismo, entiende "inusitada la amplitud" con la que se garantizan las operaciones de CACSA, operaciones de compra de material fertilizante, para la zafra 1998, a la que refiere expresamente la resolución de la demandada, que forma parte del instrumento de garantía. Y, precisamente por tal amplitud, entiende interpretar lo más restrictivamente posible los términos contractuales relacionándolos con las operaciones detalladas en la resolución del Directorio 310/97.

Por otro lado, el recurrente menciona el carácter restrictivo de interpretación de la fianza citando los arts. 1986, 1995, 1996 CC, mas esas normativas no se consideran violentadas en relación a las circunstancias del presente caso, puesto que de ellas se deriva, claramente, que la obligación del fiador no puede ser más gravosa que la del deudor principal, cosa que no está acá en discusión.

En definitiva, del contexto global de la sentencia en crisis -que apoya y remite a considerandos concretos de la sentencia del juez a quo (que, a su vez, alude a la "claridad" en la determinación de la obligación garantizada y a que "sin hesitación" surge lo que está garantizado -fs. 670-), que advierte demasiado amplios los términos del contrato, que entiende detalladas las operaciones garantizadas en la resolución 310/97 (integrante del instrumento de fianza), etc.- no se advierte violación al principio de interpretación restrictiva.

En segundo lugar, tampoco el art. 1140 resulta violado, ya que no puede derivarse de lo en él previsto (que el contrato consensual nazca desde que se da el consentimiento de partes) el alcance temporal de los efectos del mismo (pues hay que distinguir el momento del nacimiento, celebración o perfeccionamiento del contrato, de la extensión temporal de sus efectos, sometido a la regla del art. 1197). Y es que no obsta en nada a que, por el principio de autonomía de la voluntad, la fianza se extienda a pagos que resultan de operaciones anteriores a la de la fecha en que se perfeccionó la fianza. Por esto último, no resulta un argumento válido mentar a los arts. 3 -ofreciéndose respecto del mismo una interpretación por demás forzada- y 1168 del CC, respecto de los cuales no se advierte violación alguna desde que no obstaculizan a que la fianza tenga por objeto garantizar el pago debido por operaciones anteriores, preexistentes al momento de contratar la fianza y subsistentes a esa fecha. Por lo demás, la extensión del objeto de la fianza, conforme al art. 1993 se opone a la interpretación que el recurrente pretende dar en la especie al art. 1168.

Pero ello no es todo. Si leemos claramente el libelo recursivo observaremos que, en realidad, el recurrente no alega -ni, por ende, se agravia- propiamente que la fianza no pueda -in abstracto, y como posibilidad genérica- extenderse a las obligaciones anteriores, sino que argumenta que, en el caso de autos, a fin de que ella tuviera tal efecto, debía haberse explicitado concretamente en el contrato, lo que no ha sucedido. De allí que la alusión a los artículos analizados supra, al no surgir de ellos ninguna prohibición o imposibilidad jurídica respecto a la extensión del objeto caucionado (en el caso: obligaciones preexistentes y subsistentes al momento de la garantía) no coadyuva en nada con la finalidad de demostrar que la concreta voluntad de las partes en punto a las operaciones que comprende la fianza de que tratamos haya sido la de excluir -o abarcar- aquéllas, siendo ésta una cuestión fáctica y de interpretación de este particular contrato. La pretensa violación de la regla de interpretación restrictiva de la fianza y del art. 218 inc. 7° C de C, y demás normas alegadas en el tópico, plantea sólo de modo aparente una cuestión de derecho, pues lo que el recurrente en verdad pretende es el reexamen y la nueva fijación de una cuestión de hecho -la determinación de las operaciones comerciales que son afianzadas- lo que fue establecido por el tribunal de mérito en base a una fundada e integral interpretación de las cláusulas del contrato. Esta cuestión fáctica resulta revis able, en principio, en la instancia extraordinaria de la casación, salvo el supuesto de arbitrariedad o absurdo, el que no aparece configurado en la especie (conf. CSJT, sent. nro.863/97).

En este sentido, y en tercer lugar, no sólo la sentencia no viola norma alguna sino que además no resulta arbitraria en su interpretación. La Cámara considera que la demandada, en virtud de los términos de la resolución nro.317/97 ha garantizado en forma amplia -derivada de la amplitud de los términos al definir su objeto- las obligaciones del deudor con el límite temporal y cuantitativo previstos en su artículo primero (fs. 32). A más de la forma en que está redactada -amplitud terminológica-, ello surge del objeto mismo de las operaciones detallado en los considerandos de la resolución (el instrumento "garantizará el pago de su compra por 2.500 tns. de abono urea al 46% destinado a facilitar la fertilización de los cañaverales de sus cañeros y los de esa COMPAÑIA con el fin de asegurar los volúmenes de caña de azúcar para la zafra 1998", sic fs. 31) -puesto ello en relación con los antecedentes contractuales y valoración probatoria que analizaremos infra- de tal manera que, al no haberse excluido expresamente las operaciones de compra de urea efectuadas con anterioridad, las mismas se encuentran incorporadas en los términos contractuales al surgir de una sana hermenéutica que toma en cuenta los antecedentes y los términos mismos del contrato.

En efecto, además de lo expresado sobre los términos del contrato, de los antecedentes contractuales: orden de compra de CACSA del 28/8/97, cartas enviadas entre las partes, solicitud de CACSA a la CAJA Popular de Ahorros, Resolución 310/97 que remite a la operación de compra de abono por parte de CACSA -objeto garantizado-, finalidad del contrato, época óptima para aplicar fertilizantes, especificada en la pericial agronómica y corroborada ésta, por la obrante a fs. 636 -que ratifica informe del INTA-; la intención de CACSA de fertilizar en tiempo propio -y, por ende, adquirir los productos al efecto con anterioridad al mes de diciembre de 1997 (en este sentido ver carta de CACSA a PASA S.A. de fecha 07/10/97 -fs. 27-); las declaraciones testimoniales -en especial declaración del Sr. César Paz (fs. 260 vta. y ss.) -de donde se deduce claramente que las tratativas previas a la presentación del aval, el acuerdo anterior y verbal sobre sus términos, etc. fueron realizadas con intervención de los funcionarios de la Caja Popular de Ahorros (que es lo que usualmente suele acontecer en este tipo de operaciones), pericial contable (la cual, en punto a sus cálculos, ha sido considerada correcta por la demandada -fs. 612-) y de donde emerge, entre otras razones, que la factura cuyo único monto reconoce deber la Caja Popular, en realidad reemplaza a factura de fecha 31/10/97 cuyo pedido de venta y remitos de mercadería son anteriores al 15/12/97 -fecha de celebración del contrato de fianza- (ver fs. 605); etc.- surgen razones por demás suficientes para no advertir ni violación al art. 1198 1° parte del CC -como lo sostiene el recurrente-, ni arbitrariedad sentencial en la interpretación dada al contrato de fianza por la Cámara, sino, antes bien, para considerar que ella resulta conforme a las constancias de autos, razonable, no absurda, ni excesiva en cuanto a la extensión temporal otorgada a la garantía. El tribunal de mérito intelige la voluntad de las partes de acuerdo al principio de la buena fe, en un todo de conformidad con el art. 1198 primera parte del CC, de acuerdo, a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender al celebrar el contrato.

Por lo expuesto, no advirtiéndose violación normativa alguna ni arbitrariedad sentencial, corresponde desestimar este agravio.

VI.- En punto a la temática que refiere a los intereses moratorios, la sentencia debe ser casada, mas sólo en tanto sostiene que el límite cuantitativo expresado en el contrato no abarca los intereses moratorios. Ello merece una importante aclaración; pero vayamos por partes.

En primer lugar, cabe expresar que la distinción efectuada por la Cámara acerca de la naturaleza, causa y finalidad de los intereses moratorios no puede ser válida para sustentar la exclusión de los mismos del límite de la fianza. Los fallos de esta Corte Suprema de Justicia, citados en la sentencia en embate sobre el punto, no tiene que ver ni directa, ni indirectamente con el contrato en cuestión (fianza). La distinción efectuada lo fue para los fines que en esos precedentes se especifican y que no tienen relación con el tema que ahora nos ocupa: la inclusión o no de este concepto en el límite cuantitativo fijado en la fianza.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el fiador responde por los intereses moratorios generados por la falta de cumplimiento de la obligación principal en tiempo oportuno por parte del deudor. Que los intereses -estén estipulados o no- queden comprendidos en el objeto de la fianza, surge del art. 1997 CC. Ello, no sólo en la tesis doctrinaria -amplia- que, por aplicación de la regla "accesorium sequitur principale", entiende comprendidos en lo afianzado a más de los intereses, las costas (entre otros conceptos), sino también en la postura que -para las fianzas definidas y por aplicación del mentado art. 1997 CC- restringe sólo a aquéllos la garantía en tanto no admite la aplicación de la analogía (ni, por ende, la extensión a otros "accesorios") en virtud del principio de interpretación restringida.

Pero más allá de lo expuesto, cabe hacer notar que, bien leído, el memorial no presenta agravio respecto a la procedencia -o no- de los intereses moratorios (arg. art. 1997 CC y aplicación del mismo para la fianza definida, carácter que el propio recurrente asigna al contrato en cuestión) sino respecto de que, según lo resuelto por la Cámara, ellos no estén incluidos en el límite cuantitativo expresado en el contrato.

Ahora bien, en relación a éste último punto, corresponde efectuar la aclaración cuya necesidad adelantáramos supra y que viene impuesta por el carácter mismo de la fianza (en tanto obligación accesoria de otra principal), por lo dispuesto en el art 1997 CC y por el debido respeto al principio de la voluntad de las partes que, en el caso, han querido -y aceptado- imponer un límite a la garantía.

En efecto, el contrato de fianza tiene por objeto "inmediato" la obligación que contrae el fiador frente al acreedor. Esta obligación presenta, a su vez, su propio objeto constituido por el dar o el hacer concretos del fiador que constituye -o funciona como- el objeto "mediato" del contrato. En el caso, ello está constituido, según lo visto, por el capital y los intereses que hubieren sido generados por la falta de cumplimiento del deudor, y por los cuales responde el fiador, hasta el límite estipulado.

En este sentido, resulta claro que la Caja Popular de Ahorros, sólo quedó obligada a responder por los pagos que CACSA debiera efectuar a PASA S.A., en virtud de las operaciones de compra de uréa, para ser aplicadas a la zafra de 1998, pero ello sólo hasta la suma de U$S 500.000, límite cuantitativo expresamente estipulados en el contrato.

Pero, a su vez, si interpelado el fiador no responde por la deuda ajena caucionada (comprensiva, en el caso, del capital reclamado y los intereses moratorios devengados, y siempre que ello no supere la suma de U$S 500.000, como límite cuantitativo derivado del contrato de fianza), es decir: cuando -dado este límite cuantitativo comprensivo de los intereses moratorios del deudor- la obligación contractual que asume el fiador no es cumplida en tiempo propio genera, por aplicación de los principios generales de la materia, el deber de responder por los intereses moratorios correspondientes.

Así entonces, la mora del deudor generó los intereses correspondientes; intereses de los que (también) responde el fiador interpelado e incumplidor, esta vez no como efecto de su propio incumplimiento, sino como efecto del incumplimiento en término del deudor de la obligación principal caucionada. En el caso, estos intereses, junto con el capital, y hasta un monto de $ 500.000 constituyen el "dare" del fiador que funciona como objeto mediato del contrato de fianza.

En definitiva, cuando al fiador interpelado se le reclama el monto adeudado, derivado de la obligación principal garantizada y cuando éste fiador no cumple con lo requerido, no sólo no cumple con la deuda del deudor principal, sino tampoco con su obligación (deuda) como fiador. Respecto de los intereses moratorios derivados de la obligación principal, al ser el objeto mediato del contrato de fianza, responde sólo hasta los límites estipulados en ésta (capital reclamado, más intereses moratorios devengados y siempre que tal cifra no supere los U$S 500.000; en caso de ser superior, sólo responderá hasta U$S 500.000). De alcazarse eventualmente este monto, y más allá del mismo, responderá por su propia mora (los intereses se aplicarán sobre aquel límite contractual o suma menor, según resulte de los cálculos a efectuarse).

Una interpretación semejante a la que el recurrente propone sería absurda, en tanto no puede sostenerse válidamente que lo adeudado por el fiador quede fijado en el tiempo en U$S 500.000, cualquiera sea el lapso entre la exigibilidad de la deuda y el efectivo pago, pues ello violentaría seriamente los principios generales y normas que rigen las obligaciones y sus efectos (arts. 508, 509, 511, 512, etc.); contrariaría el principio de buena fe contractual; rayaría el abuso de derecho e induciría al fiador a dilatar indefinidamente el cumplimiento de lo debido. De allí que no pueden caber dudas de que el límite cuantitativo fijado en la fianza -en tanto en él se incorporan los intereses moratorios del deudor- no puede eximir al fiador de responder por los daños y perjuicios que se generen en virtud de su propia mora.

Pero habrá que tener en cuenta, en el monto a abonar en definitiva por el fiador, que éste, en principio, se obliga a lo que se obliga el deudor principal y sólo hasta donde éste se obliga. Si se hubiera obligado el fiador a más de lo que se entiende obligado el deudor, la fianza debe quedar reducida a los términos de la obligación principal. Este es el criterio hermenéutico que debe reinar en el punto. Este no puede responder a más de lo que hubiere respondido aquél. (conf. arg. art. 1995).

Por último, cabe expresar que lo dicho es sin perjuicio de las liquidaciones y pagos que a posteriori se hicieren y de las correspondientes imputaciones que en definitiva corresponda efectuar sobre el monto de lo debido al acreedor en virtud de la obligación principal, cuestión ésta que no corresponde ser tratada por esta vía ni en esta instancia.

Por lo expuesto, corresponde casar el pronunciamiento en embate, conforme a la siguiente doctrina legal: "Cuando en la fianza se hubiere fijado un límite cuantitativo al objeto garantizado, este monto -hasta donde responde el fiador- incluye los intereses moratorios generados por el deudor de la obligación principal caucionada", dictándose como sustitutiva: "II.- HACER LUGAR a la apelación de la parte actora y, en consecuencia, MODIFICAR la sentencia de fecha 02/7/2001 y CONDENAR a la demandada a abonar la suma de $414.107,62, en el término de diez días de notificada la presente resolución, con más los intereses moratorios conforme la tasa pasiva promedio mensual que fija el B.C.R.A., desde la fecha de cada una de las facturas hasta alcanzar, eventualmente, el límite cuantitativo pactado. Sobre el monto total resultante -y siempre que no supere tal tope dinerario- se aplicará igual tasa de interés hasta el momento del efectivo pago, con más gastos y costas del juicio".

VII.- Las costas del presente recurso de casación, atento a las particularidades del caso, y al resultado en parte favorable y en parte adverso al recurrente, se imponen por su orden (arts. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala IIa. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 27/6/2002, en tanto modifica en el sentido en ella indicado lo dispuesto en primera instancia; en consecuencia se casa la misma a tenor de la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva la siguiente: "II.- HACER LUGAR a la apelación de la parte actora y, en consecuencia, MODIFICAR la sentencia de fecha 02/7/2001 y CONDENAR a la demandada a abonar la suma de $414.107,62, en el término de diez días de notificada la presente resolución, con más los intereses moratorios conforme la tasa pasiva promedio mensual que fija el B.C.R.A., desde la fecha de cada una de las facturas hasta alcanzar, eventualmente, el límite cuantitativo pactado. Sobre el monto total resultante -y siempre que no supere tal tope dinerario- se aplicará igual tasa de interés hasta el momento del efectivo pago, con más gastos y costas del juicio". Desestimar el agravio restante. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS como se consideran.- III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.- HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA