marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, cesantía, reincorporación, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BENAGLIA, JOSE LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 579 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

Corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto por el agente que reclama su reingreso a la Secretaría de Trabajo en la categoría que detentaba como personal transitorio antes de solicitar licencia sin goce de sueldo para desempeñar un cargo político, ya que -sea cual fuere la situación en relación al pedido de licencia- lo decisivo en el caso es que, aun en el supuesto que pudiere considerarse que ésta se le hubiere otorgado, esa sola circunstancia no tendría virtualidad para cambiar la naturaleza de la relación que no era de carácter permanente. Asimismo, tratandose de un empleado de carácter transitorio, la duración viene decida por lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 8525; y si bien el recurrente postula tener derecho a reingresar al cargo afirmando que "cobra plena operatividad el principio que emerge de la Constitución provincial (art. 52, 2da. parte) y que en el sub examen es de aplicación analógica... como lo es el de la licencia automática sin goce de sueldo por todo el tiempo que dure el mandato", tales alegaciones no resultan atinentes pues no es que se le niegue discriminatoriamente el derecho al reingreso, sino que el actor en el ejercicio del cargo público agotó el período previsto para su designación como personal transitorio. Y es el agotamiento del plazo y no otra cuestión la que resulta concluyente para decidir su planteo al acusar la ilegitimidad del obrar administrativo.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: AUTOMOTORES, GARLISI  S.A. c/ GERMANIER, E. MIGUEL s/ EJECUCION PRENDARIA EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-10-04

La discrepancia con la interpretación del plazo legal de la Ley de Prenda con Registro para apelar resoluciones que desestiman excepciones opuestas constituye una cuestión de derecho común procesal ajeno al recurso extraordinario por arbitrariedad.
Cuestiones de competencia, falsificación de instrumento público, libreta universitaria, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HIGA, Natalia Raquel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Son documentos con carácter público, los instrumentos enunciados en el art. 979 del C.C. y todos los que otorgan o refrendan los funcionarios públicos, o quienes desempeñan oficios públicos dentro de las esferas de su competencia, cumpliendo con las formalidades reglamentarias o legales que los indican como auténticos (*).

La falsificación en la libreta universitaria del Ciclo Básico Común de la U.B.A., de una nota, la firma del titular de la cátedra y su aclaración, produjo una afectación o entorpecimiento del normal funcionamiento de dicha entidad, por cuanto la documentación espúrea involucrada por si sola, afecta el buen servicio de la institución nacional, en tanto se refiere a instrumentos de carácter nacional destinados a acreditar la aprobación de materias (**).

Por ello, corresponde que intervenga la Justicia federal.
Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-19


Causa nº 41.698/2003 "CARROZZINO SALVADOR c/E.N.-Mº J S Y DDHH-Dto. 2744/93 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg" En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil nueve, se reunieron los señores jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con la presidencia del doctor Carlos Manuel Grecco y la presencia de los vocales abajo firmantes, dejándose constancia de que el Dr. Alemany se encuentra de licencia y de que cinco vocalías están vacantes, para resolver en la causa nº 41.698/2003 "Carrozzino Salvador c/E.N.-Mº J S Y DDHH-Dto. 2744/93 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg" y dijeron:

Y VISTO: Que admitido el recurso de inaplicabilidad de ley, con sustento en la doctrina contradictoria que informan las sentencias oportunamente individualizadas y la dictada en la presente causa, respecto a si cabe asignar el carácter de remunerativo y bonificable a los suplementos que creó el decreto 2744/93, no obstante precisar la norma que los mismos son de carácter "no remunerativo" y "no bonificable". Y;

CONSIDERANDO: Que en la integración actual de las distintas Salas que conforman la Cámara, la totalidad de las mismas resuelven en forma coincidente la cuestión sometida a plenario, por lo tanto, conforme los fundamentos que informan sus pronunciamientos, se fija como doctrina legal la siguiente: "Corresponde atribuir carácter remunerativo y bonificable a los suplementos establecidos por el decreto 2744/93" Por lo tanto, déjase sin efecto el fallo que motivó el recurso y pasen las actuaciones a la Sala que resulte sorteada para que pronuncie una nueva sentencia, ajustada a la doctrina plenaria precedentemente establecida.

Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces por ante mí, doy fe. Fdo: CARLOS M. GRECCO-NESTOR BUJÁN-GUILLERMO GALLI-JORGE EDUARDO MORÁN-PEDRO COVIELLO-PABLO GALLEGOS FEDRIANI-JORGE ARGENTO-MARTA HERRERA-SERGIO FERNÁNDEZ -Ante mi Noemí Beatriz Jalabert- Secretaria de Cámara. REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 54, FOLIO 305, TOMO IV
Parto inducido, anencefalia, derecho a la salud, derechos de la persona por nacer, derecho del menor a ser oído
Materia: CIVIL
Carátula: Ch., L. I. y C., F. c/  s/ solicitan autorización Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2005-05-17

Corresponde autorizar la intervención quirúrgica en la menor madre con la finalidad de inducir anticipadamente el parto del nasciturus -que padece anencefalia-, pues dicha pretensión versa sobre derechos personalísimos de la menor madre, a saber, su derecho a la salud, por lo que cabe también inquirir acerca de la posibilidad que la expresión de voluntad que a ella le atañe pueda ser exteriorizada, le asiste el derecho a ser oída, con sujeción a lo instituido por el art. 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, teniéndose debidamente en cuenta su opinión, en función de la edad y madurez del niño y sin que contra una interpretación semejante pueda argumentarse que tiene más de dieciocho años, como lo prescribe el texto constitucional, a mérito de una interpretación extensiva que no perjudica en nada su posición, y más aún teniendo en cuenta que, conforme al derecho civil argentino, la peticionante recién alcanzará su mayoría de edad y, por ende, su capacidad plena al cumplir los veintiún años.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Longinotti, Omar Luis c/ Spacapan S.A.C.I.F.I.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Si el daño fue consecuencia necesaria del hecho culposo sin necesidad de la intervención de sucesos imprevisibles, fácilmente se advierte la relación de causalidad, y por ende la responsabilidad (arts. 512, 520, 901, 902, 903, 904, 1109, 1113 y concs. del C.Civil).-
Faltas, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Medus, Ana María - Geriátrico San Agustín s/ Falta, art. 127 del C. de F. y art. 2 Ley Prov. Nº 6822 - Salud Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-04-28

La interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo, salvo que expresamente se disponga lo contrario.
Trabajadores petroleros, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pago de la remuneración, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: VALLINA, JOSE c/ YPF s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

La obligación del pago de la BEC, dependió siempre de una reglamentación que en determinado momento varió de origen -por decisión de las partes- y se tornó convencional. Tal beneficio no fue suprimido sino que fue modificado su modo de cálculo, como consecuencia del decreto 2321/80. Mediante el acta suscripta por YPF y el SUPE, se reinplantaron 135 artículos del convenio de 1975, pero se excluyó a la BEC. En dicho marco, el CCT 30/90 ("convenio salarial") establece respecto de la BEC "que se pagará por última vez lo correspondiente al año 1990" y en lo sucesivo las partes convienen en acordar un sistema de pago por "mayor eficiencia". (del voto del Dr. Lasarte, al que adhiere el Dr Moroni modificando su criterio sostenido hasta el momento).
Sentencia condenatoria, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., S. y C., C.A. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-16

Es requisito ineludible de una sentencia condenatoria válida la existencia previa del debido proceso, el cual supone la acusación, defensa y prueba. Pero si en el sub-lite la defensa en juicio de los imputados sufrió un cercenamiento evidente por falta de intimación de los nuevos hechos que se les atribuían, tal imputación adicional -en cuanto repercute en la decisión de la A-quo- es perfectamente nula.
Locación, lugar de pago, domicilio no designado, domicilio del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: MANCINI HECTOR c/ SCARDINI ANTONIO s/ CONTRATO DE LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Si bien la mención expresa del lugar del pago no requiere términos sacramentales, al no ser éstos claros y precisos, lleva la interpretación a que no quedó aquel establecido y como es sabido, si las partes no han pactado expresamente el lugar donde el inquilino debe abonar los arriendos éstos se realizarán en el domicilio del deudor conforme lo establecido por el art. 747 del Cód. Civil.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Itzigsohn de Márquez, Martha Paulina y otro. s/ arts. 109 y 110 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

La acción de informar ha de ser preservada al máximo, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información, que constituye al periodismo escrito en reducto privilegiado para el pleno ejercicio de la libertad de expresión autónoma.
Jurisdicción y competencia, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, juicios en que es parte una provincia, entes autárquicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE JUJUY s/ CUESTION DE COMPETENCIA POR INHIBITORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

La circunstancia de que otras autarquías provinciales concurran como demandadas en la causa, no obsta a la competencia originaria de la Corte fundada en que se demanda a una provincia.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Francisco Urbano c/ Indunor S.A.C.I.F.I.F. s/ Indemnización art.8 inc.b) -Ley 24028, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-07-08

Para que el daño sea indemnizable, es necesario la determinación de la existencia de un infortunio (enfermedad o accidente) que origine daño en la salud (incapacidad) y una relación causal o concausal entre ese daño y el trabajo. Si la presencia del trabajador o sus actitudes en el momento y lugar donde sufre el infortunio tiene justificación en las tareas de su cargo, hay daño psicofísico indemnizable. También, si la incapacidad se origina en una enfermedad que tiene relación causal o concausal con el trabajo. La relación concausal se da, cuando el trabajo o el infortunio del trabajo, evidencie o agrave los estados patológicos preexistentes.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Giglioti, Oscar Alberto c/ Toso y Reig S.A. y otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

No resulta motivo válido de desestimación de la acción por incapacidad derivada de enfermedad accidente, la desvinculación del actor con anterioridad a la promoción de la demanda y comprobación de su incapacidad porque adjudicada la misma a tareas de esfuerzo desempeñadas por más de veinte años para la firma demandada y habiéndose demostrado la relación de concausalidad, es irrelevante en qué grado o medida ha participado el trabajo, siendo suficiente con que haya actuado como factor agravante aunque no sea el desencadenante o definitorio de la afección padecida.
Sentencia arbitraria, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-17

El Tribunal Superior de Justicia ha expresado reiteradamente que la manifiesta arbitrariedad en las reglas de la sana crítica aparece configurada cuando en forma ostensible surge de la sentencia impugnada que el a-quo ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, como consecuencia de no haberla hecho de conformidad a las reglas de la sana crítica, esto es, a las normas de la lógica formal, que obligan a formular el silogismo sentencia con ajuste a los principios de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, y fundamentalmente el de razón suficiente.
Salarios caídos, plazo máximo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE, EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-16

Para determinar el tiempo por el que corresponde reconocer haberes caídos al agente público cuando se declara ilegítima su cesantía o suspensión resulta necesario fijar un criterio objetivo que consiste en el tiempo que normalmente insumiría al agente público a partir de la notificación de su cesantía o suspensión en realizar la reclamación administrativa previa, agotando la vía recursiva prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo hasta que quede habilitada la vía judicial con su normal desenvolvimiento posterior. Por lo que el plazo máximo en que normalmente debe desarrollarse el reclamo administrativo y judicial no puede exceder razonablemente un periodo de dos años, si se imprime a las actuaciones el ritmo en que conforme a las normas legales y sin innecesarias dilaciones deberían desarrollarse.
Beneficio de litigar sin gastos, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Coop. de Periodistas Independientes Ltda. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

Si el actor se desempeñaba como Juez de la Nación y como docente universitario, tareas por las que percibe ingresos que inequívocamente no encuadran en una interpretación estricta del inciso 2 del artículo 78 del Código Procesal, la cuantía del reclamo, estimativamente efectuado por el propio demandante, hace que tanto los gastos ciertos que debe realizar - pago de la tasa de justicia -, como los eventuales - pago de los honorarios profesionales -, pueden llegar a exceder sus posibilidades económicas, con la correlativa frustración de sus aspiraciones de justicia. De modo que para garantizar no sólo su derecho de defensa en juicio, sino también la igualdad de las partes en el pleito, eximiéndolo del pago del cincuenta por ciento de las costas y gastos judiciales (artículo 84 del Código Procesal).
Contrato de comisión, pago, depósito bancario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOSI LUIS c/ BULCHI RAUL s/ CONSIGNACION JUDICIAL - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-27

El art. 759 del C.C., dispone que la consignación que no fuese impugnada por el acreedor surte todos los efectos del verdadero pago. Es que el pago por consignación es una modalidad de pago, que como tal produce todos los efectos del mismo, y en especial detiene el curso de los intereses, trasladando al acreedor los riesgos relativos a la prestación objeto de pago. Así, si el acreedor estimó que el riesgo derivado del proceso inflacionario se vería paliado por la tasa de intereses que abonaría el banco (plazo fijo), y así lo solicitó al tribunal, sin que en ningún momento manifestara su intención de retirar los fondos. Si no lo hizo no puede pretender ahora que el demandado cargue con las consecuencias de su inacción . El efecto extintivo de la obligación que produce el pago tiene carácter definitivo y representa un derecho del obligado; pretender que este responda después de que el acreedor, sin reserva alguna, aceptó el pago, es afectar el derecho de propiedad del deudor, quien ha quedado liberado de la deuda.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito laboral, privilegios (comercial), animador de televisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: RADIODIFUSORA EL CARMEN  S.A. s/ CONCURSO  S/  INC.  DE VERIFICACION  POR  VELAZCO  FERRERO,  SERGIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

Si el crédito por honorarios cuya verificación se insinuara tiene su origen en la actuación del incidentista como animador y productor de un programa televisivo, no corresponde el reconocimiento de los privilegios previstos en la LC: 265-4 y 270-1 , pues los mismos se refieren a créditos debidos al trabajador en virtud de cierta relación laboral, vinculación que no existe en el supuesto analizado, donde el origen de la acreencia es un contrato atípico que presenta características diversas a las contempladas por la LCT:

21.
Despido, igualdad de trato, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Pirchi, Humberto c/ T.I.R.S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Habiendo exteriorizado todos los dependientes de la empresa idénticas conductas que el principal no consideró suficientes para decretar sus cesantías con justa causa, éste no tiene absoluta libertad para elegir al trabajador que quiere despedir, seleccionándolo mediante injusta discriminación al dispensarle un trato desigual (arts. 81 y 242, L.C.T.).
Honorarios, dinero, embargo, sentencia condenatoria, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: LLORENS CASTRO, Daniel Faustino c/ Coop. Eléctrica Agroindustrial y de SS. de Caucete s/ Ejecutivo - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-09

Quien tiene a su favor una condenación en costas tiene la ventaja de peticionar el embargo legal el cual tiene su razón de ser en que goza del privilegio de poder hacer efectiva la misma, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que no es el caso de quien cobra a su propio mandante sin tener condenación en costas porque el crédito para este último nace de la relación civil y no de una orden judicial.

El traspaso de la propiedad del dinero embargado se produce cuando el juez imputa el mismo a determinada deuda que se encuentra en proceso de ejecución con embargo sobre el mismo, da la orden de abonar al acreedor emitiendo el correspondiente libramiento y este acepta el pago recibiendo el mismo.

Se debe tener en cuenta que el pago es un acto jurídico bilateral que en el caso de la ejecución la jurisdicción suple y ordena la voluntad del demandado ejecutado y subastado haciendo el pago forzado.

El profesional que tiene embargo legal sobre el objeto del pleito no tiene necesidad jurídica de demandar a su propio cliente para hacer efectiva su acreencia porque tiene en su favor la correspondiente condenación en costas a cargo de los demandados.

Una recta interpretación indica que cuando existe una ejecución individual el dinero obtenido primariamente debe ser imputado para satisfacer el crédito del ejecutante hasta desinteresarlo totalmente. Pero el mismo artículo estatuye como primera excepción, acordándole por cierto preferencia para su cobro, a las costas de la ejecución.
Subasta judicial, publicación de edictos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos c/ Surraco, Lauro Argentino y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-05

El hecho de que no se haya realizado una propaganda adecuada no vicia de nulidad el remate, desde que la ley sólo estima necesario la publicación de edictos. Si no se demuestra la influencia que en el resultado del remate puede tener la deficiencia de publicidad o el perjuicio causado al impugnante (arg. art. 166 cód. Procesal) la nulidad de la subasta resulta improcedente.
Declaración indagatoria, prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Alfaro, Fabián Marcelo s/ Homicidio Duarte Mernis, Carlos Iván s/ Homicidio Bobadilla, Héctor Manuel. Morales, Jacobo Emanuel y otros s/ Robo y homicidio calificado Gil, Guillermo Oscar s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28|1995-08-29|1993-02-16|1997-03-25

A partir de la incorporación del inc. 5 del art. 434 del Código de Procedimiento Penal por la ley 10.358, el procedimiento legalmente previsto para la adquisición de las declaraciones del imputado excluye la indagatoria que se prestaba ante la instrucción policial.

Desde el punto de vista sistemático perdería sentido la prohibición consagrada en el inc. 5 si el propio régimen contemplara su desplazamiento por vía lateral. De modo que dicho texto legal consolida, por su simple presencia, la exclusión de la posibilidad jurídica de incorporar, fuera del sistema de los arts. 126 a 137 y concordantes del Código de Procedimiento y no a título meramente investigativo sino de prueba de cargo, manifestaciones del imputado recogidas en el ámbito conceptual de los procedimientos sumariales.

De manera que, más allá de la letra del art. 434 inc. 5, la exclusión no se restringe al funcionario instructor sino que incluye el indicado ámbito sumarial con referencia a quienes se encuentran sometidos a imputación con motivo de una investigación judicial o policial. A partir de la reforma introducida por la ley 10.358, la ilegitimidad de tales vías no sólo resulta de no estar previstas, respecto del imputado, en la ley sino también del sentido implicado en la restrictiva y expresa autorización para interrogar al "procesado" o al "imputado" -al que se refiere la segunda parte del art. 126- solamente "sin que quede constancia en autos" y "para simples indicaciones y al solo efecto de la indagación sumaria". No se trata, en el caso, de consagrar una especie de inhabilidad testimonial absoluta para determinadas personas o de abrir juicio sobre la aptitud probatoria de los medios utilizados -las declaraciones de los funcionarios policiales- para incorporar las supuestas manifestaciones del imputado pues la presente doctrina no se refiere a medios de prueba sino a ciertos hechos a probar: las indicadas manifestaciones del imputado.
Derecho procesal, recusación, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTEMAR S.A. c/ LASKO, RICARDO R. s/ EJECUCION PRENDARIA-(INFORME ART. 25 C.P.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-05

"las causales de recusación previstas en el art. 16 del C.P.C., Son de interpretación restrictiva, por lo que se ha decidido que su enumeración es taxativa y las allí expresadas de interpretación taxativa"
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A. SA c/ N., A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-09

Es, por lo tanto, de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 del CPCC, en virtud del cual el Tribunal de Alzada "no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia". Como lo destaca Palacio, la regla general que consagra la norma es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: METALNOBEX S.A. c/ CARLOS ALBERTO MATUS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-04-18

Modificada la sentencia de tribunales inferiores, el Superior, de oficio debe adecuar la regulación de honorarios conforme a la nueva solución dada al caso.