Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-25


SENT Nro. 484 San Miguel de Tucumán, 25 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora en autos: "Cancino, Gerardo vs. Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán s/Amparo", y C O N S I D E R A N D O I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, del 17/12/2001, por la cual no se hace lugar al recurso de apelación deducido por la misma parte en contra de la sentencia del 12/10/2000.

II.- El recurrente alega la arbitrariedad manifiesta del fallo (art. 92 inc. 3° del CPC) que transgrede los arts. 62 y 63 de la ley 6944 y desconoce los alcances del art. 18 CN.

Sostiene que la decisión inaplica la ley 24.240 haciendo ideal el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Cámara en fecha 12/6/2000 obligando a que el usuario deba articular un sinnúmero de acciones de amparo por cada vez que la concesionaria decida apartarse del marco de conducta señalado por el pronunciamiento firme; que es llamativo que el tribunal desconozca que el pacto de provisión de energía es de tracto sucesivo lo que significa que las pautas dictada por la alzada deben necesariamente demarcar la conducta futura de la concesionaria para evitar la reiteración de planteos que naturalmente deberían concluir con una decisión similar a la ya dictada; que se inaplica la ley que se utilizó (LDC) para arribar al fallo que se procura realizar puesto que al constatarse la infracción de leyes nacionales de jerarquía constitucional, dicha infracción habilita la aplicación de las mismas en tiempo oportuno.

Manifiesta que la ley 24.240 no sólo se utilizó para emitir el pronunciamiento de fecha 12/6/2000 sino también fue citada y explicada al articular la demanda. De allí que no se trata, según su criterio, de aplicar una ley nueva o juzgar una situación diversa a la que viene tramitando en autos, sino de hacer efectiva las sanciones previstas en la ley que se utilizó para decidir este juicio. Que resulta absurdo que, frente a lo dispuesto por el art. 31 de la LDC, se exija al usuario que, para cobrar la indemnización prevista en dicha disposición, ante el incumplimiento constatado y confesado por la accionada de haber facturado de más, se conmine al demandante a iniciar otro proceso judicial. Expresa que esta demora injustificada afecta el derecho de defensa; violenta el debido proceso y hace incurrir a la sentencia en una flagrante incongruencia. Aclara que la accionada reconoció la infracción, aunque la imputa a un error de sistema, aceptó las astreintes, pero rechazó la sanción de la ley 24.240, conducta permitida por la alzada.

En relación a la extemporaneidad con que la Cámara endilga al recurrente el planteo de la sanción mentada, sostiene que es otra contradicción de la alzada, toda vez que la sanción impuesta por la ley 24.240 adviene cuando el concesionario introduce en la factura conceptos indebidos y por ello la contradicción radica en que la demandada, para el tribunal, no puede ser pasible de una sanción legal pero sí judicial.

Explicita que es aplicable la LDC cuando las reglas provinciales que regulen el servicio domiciliario sean contrapuestas o limitativas de los derechos que contempla el ordenamiento nacional; cita el art. 42 y la prevalencia de la ley nacional por sobre la norma provincial limitativa de la misma.

Cita doctrina y jurisprudencia; hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado, dictándose la sustitutiva en razón de la celeridad del proceso de amparo.

Corrido traslado de ley, la contraparte contesta según términos vertidos en su memorial que obra a fs. 225/233.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 04/12/2002, la Cámara declara admisible el recurso tentado, correspondiendo en esta instancia, el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- La sentencia de alzada expresa que las pretensiones de la actora fueron satisfechas por sentencia de fecha 12/6/2000, la que se encuentra firme y que la actora pretende en esta instancia introducir cuestiones que no fueron oportunamente opuestas por lo que su tratamiento violaría el derecho de defensa de la contraria. Que la sentencia de fecha 12/6/2000 hace cosa juzgada y a ella debe remitirse. De allí que no advierta contradicción alguna en la sentencia apelada y la del 12/6/2000. Concluye no haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto y confirmando la resolución de fecha 12/10/2000 en sus puntos II y III.

V.- La cuestión constitucional únicamente puede ser materia de examen y pronunciamiento por el órgano judicial, cuando aquéllas configuran realmente cuestión concreta con arreglo al caso sub examine; y ello acontece únicamente si tales cuestiones revisten el carácter que, sola y determinativamente, son la última y única ratio para decidir sobre la fundabilidad de la pretensión demandada (cfr: CSJTuc., sent. nro. 666, del 07/9/99).

En la perspectiva de la precisión que antecede, corresponde ahora examinar lo que acontece en el caso en estudio. Al respecto cabe mencionar que, de la lectura de los términos de la demanda que corre glosada a fs. 27/34, se desprende prístinamente que el objeto del amparo consistía en lograr que la accionada recepte la dación en pago ofrecida por la actora y la medida cautelar de que la accionada se abstenga de pretender cobrar por vías de hecho un monto cuya génesis se desconoce, a la par que proteger los derechos que se entendían afectados por el proceder de la accionada. En dicho libelo de inicio, la parte actora no propone como thema decidendum la inconstitucionalidad de norma alguna, ni alude a ello en sus escritos posteriores. En la expresión de agravios ante la Cámara se refiere a la inconstitucionalidad de la sentencia de primera instancia, que, a su criterio, hizo prevalecer una norma provincial (ley 6608) frente a una norma nacional (ley 24.240) y que condicionó el actuar jurisdiccional a un reclamo administrativo previo (fs. 73 y 78/80). El recurso fue resuelto por sentencia de segunda instancia -rechazándose la cuestión constitucional pero haciendo lugar a la recepción de la dación en pago, a la vez que se confirmaba la medida de no innovar- y, tal cual lo reconoce el recurrente, goza ya de los efectos de cosa juzgada.

En la etapa de ejecución de la sentencia, el recurrente señala la transgresión de EDET en relación a lo dispuesto en el fallo, en tanto, en factura posterior y distinta de la que dio lugar a estos actuados, volvió a incluir el rubro "regularizaciones", amén de que no respetó la medida de no innovar impuesta, toda vez que procedió al cambio de medidor. De allí que se le aplicaron astreintes, las que se encuentran firmes. Afirma también que esta imposición de astreintes es contradictoria con la negación de imposición de la multa del art. 31 de la ley 24.240 pues precisamente la confección de la factura en la que se incluye el rubro "regularizaciones" a pesar de la decisión judicial, viabiliza tanto las astreintes como la imposición de la multa prevista en dicha ley. Es decir que lo sustancial del agravio del recurrente se refiere a la autocontradicción sentencial que se derivaría de la negativa por parte del Juzgador de imponer la multa en virtud de haberse facturado demás y, con ello, la omisión de aplicar la ley 24.240, frente a la admisión de las astreintes.

A este agravio, la Cámara responde manifestando que las pretensiones de la actora fueron satisfechas por sentencia de fecha 12/6/2000, la que se encuentra firme y que la actora pretende en esta instancia introducir cuestiones que no fueron oportunamente opuestas, por lo que su tratamiento violaría el derecho de defensa de la contraria; que la sentencia de fecha 12/6/2000 hizo cosa juzgada y a ella cabe remitirse; no advirtiéndose contradicción alguna en la sentencia apelada y aquélla.

A su vez, la sentencia de fecha 12/6/2000 recepta la dación en pago peticionada por el actor; rechaza el planteo de inconstitucionalidad en tanto que la decisión apelada no emite juicio respecto del rubro "regularizaciones" y no obliga al apelante a interponer un reclamo administrativo previo pues se refiere a que éste podrá hacer valer sus derechos por la vía y forma que corresponda; tampoco advierte el perjuicio que sostenga la inconstitucionalidad solicitada, toda vez que se dictó en autos medida cautelar que prohíbe a EDET el corte de suministro de energía eléctrica hasta tanto se dilucide la cuestión. De otra parte, la sentencia desestima la afirmación del apelante de que nunca EDET podrá incluir el rubro regularizaciones, multas o sanción aún en el supuesto de quedar firmes o ejecutoriadas por decisión administrativa o judicial y ello porque la demandada está facultada para la suspensión del servicio en virtud de los arts. 52 de la ley 6608, art. 45 de la Resolución nro.1 de la Dirección de Energía de la Provincia de Tucumán; art. 47 inc. "d", de la ley 24.240; porque el agravio se refiere a supuestos futuros e hipotéticos; porque la aclaratoria en el tópico fue rechazada disponiendo prohibir el corte de suministro pura y exclusivamente en lo relacionado con el rubro regularizaciones de la factura que dio lugar a este pleito, y nada tiene que ver con el consumo actual y posterior. En definitiva, es clara la sentencia de Cámara cuando afirma que las prestaciones de servicios eléctricos futuros, deberán ser cobradas y abonadas como corresponde a todo usuario, resultando ajenas totalmente a esta litis. Este fallo está firme.

Ahora bien, expuestas y examinadas de este modo las constancias e autos, cabe manifestar que este Tribunal ha sostenido que es requisito necesario para la admisión de este recurso, el cuestionamiento a la validez de la ley, decreto, ordenanza o reglamento bajo la pretensión de ser anticonstitucional. (in re: "Valladares, Federico M. vs. Helpa C.I.S.C. s/Daños y perjuicios" sentencia Nro. 1790 del 22/12/89 y 256 del 02/7/93). En autos, y en lo sustancial, no se controvierte dispositivo alguno como lesivo de tales garantías. También se ha expresado que, para su cabida, "es preciso no sólo un déficit del juzgador, sino también -y como previo un error del legislador, consistente en dictar una norma inconstitucional". (cfr. Hitters, J.C. "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación". Ed. Platense, 1984, pág. 484). Por ende es preciso la individualización y cuestionamiento de las normas que estime violatorias de la Carta Magna provincial; en tanto se persigue el control de su supremacía respecto de aquéllas que la conculquen.

Esta Corte advierte que, en la cuestión de fondo que plantea la actora -en su escrito de petición de amparo, o en la etapa de ejecución de sentencia-, no aparece ejerciendo una pretensión en que se controvierta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución Provincial y que ello fuera la materia principal de la discusión entre las partes. El art. 91 de la ley 6944 es claro y terminante en su exigencia, y, por consiguiente, la impugnación constitucional de la actividad procesal desarrollada durante la tramitación del amparo y su ejecución no configura el supuesto previsto en esa norma, que autorice la habilitación del recurso.

A la par de la observación de que la sentencia impugnada no es definitiva ni equiparable a tal, no se advierte que en esta causa el objeto principal de la controversia haya sido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna de las normas comprendidas en la cuestión propuesta (art. 31 de la ley 24.240, o la misma ley 6608 o la ley 6944 -arts. 62 y 63-), según exige el art. 91 para la admisibilidad del recurso, sino que los agravios formulados por el recurrente traducen, en realidad, un cuestionamiento a la decisión judicial en sí misma y tales planteamientos no son materia del recurso extraordinario local de inconstitucionalidad.

Tampoco concurre en el caso el supuesto a que se refiere el art. 92 inc. 3º Ley 6944, toda vez que, de un lado, como se expuso, no concurren los supuestos del art. 91 (el art. 92 es claro en establecer que sólo pueden ser objeto del recurso de inconstitucionalidad "las resoluciones definitiva referidas en el artículo anterior" en los tres casos que establece) y del otro, el recurso de inconstitucionalidad no comporta una tercera instancia ordinaria, ni se trata por este recurso de lograr los fines propios de la vía casatoria (corrección jurídica de la sentencia mediante la preservación de una adecuada interpretación y aplicación de normas formales y sustanciales) sino que el mismo debe utilizarse según su télesis, como medio tendiente a impugnar una sentencia que decide un caso constitucional, esto es: aquél que versa sobre la validez o invalidez de una norma cuestionada como contraria a la Carta Magna o sobre la inteligencia de alguna cláusula contenida en ella.

En el caso, la pretensa inconstitucionalidad se circunscribe exclusivamente a un alegado déficit del sentenciante y no a la norma legal o reglamentaria. El recurrente no logra demostrar que la cuestión a tratar hubiere controvertido "la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución Provincial", ni por sobre todo, que ella haya sido la materia principal de la discusión de las partes (arg. art. 91 del CPC). Concretamente, de un análisis pormenorizado de las constancias de autos, y específicamente, de la sentencia impugnada permite afirmar que no existe una desinterpretación de las normas constitucionales.

A más de ello, el remedio tentado es de carácter excepcional e interpretación restrictiva, por medio del cual sólo puede intentarse la revisión de actos jurisdiccionales cuando los agravios formulados tengan "trascendencia institucional o general que exceda el mero interés personal del apelante" (art. 92 in fine), supuesto que no se configuran en la especie.

Cabe señalar, por fin, que el recurso de inconstitucionalidad articulado incumple el recaudo de suficiencia impuesto en el art. 93 de la Ley 6944, que exige que el fundamento del recurso aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución provincial que se estiman vulneradas, lo que no acontece en el caso (cfr.: CSJT, sent. nro. 1096 del 19/12/2000). Ello así, porque, de lo que antecede, se puede concluir que, en última instancia, de reconocerse alguna incidencia en la cuestión debatida con las normas constitucionales citadas por el recurrente (arts. 42, 43 y 18 CN) ella sería mediata, no guardando, por consiguiente, la materia principal de la causa la relación directa e inmediata con la Ley Fundamental.

Por último, no hay que olvidar que la declaración de inconstitucionalidad constituye, por importar un acto de suma gravedad institucional, una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la CN, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (CS, Cocchia, Jorge Daniel vs. BNA y ot. Fallos, 326:2625).

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso tentado, con costas al recurrente vencido (arts. 31 del CPC y 106 CPCCT).

Por ello y habiendo dictaminado el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, del 17/12/2001.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA