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Procesos voluntarios, obras sociales, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: F. J. M. s/ GUARDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-11-25

La orden de brindar al menor los beneficios sociales "que goza su guardador" excede los límites del proceso voluntario, pues ordena a un tercero ajeno la prestación de determinados servicios sociales en específicas condiciones, sin haber oído al prestador. El interés del recurrente no se ve tutelado a través del trámite impreso, desde que no puede equipararse a la debida intervención en un procedimiento contradictorio donde pueda hacer valer su posición jurídica y/o resistir una determinada pretensión. Por lo contrario, la manifestación de un conflicto de intereses pone en evidencia que los jueces de grado no estaban facultados para disponer a tenor de la resolutiva impugnada, en el marco de un procedimiento que por su naturaleza, no tiene por finalidad dirimir las controversias que pudieran suscitarse con un tercero. De allí que, en resguardo de los derechos de defensa y debido proceso legal, corresponde dejar sin efecto la decisión cuestionada, exclusivamente en cuanto determina las consecuencias de la guarda otorgada en la esfera del organismo recurrente (ap. VI de la resolutiva). En suma, el IPSST no fue parte en el trámite ni citado en calidad de tal, y su intervención posterior para resistir lo ordenado inaudita parte no subsana la nulidad de lo actuado a su respecto. La intervención del organismo se ha limitado a la impugnación de los deberes jurídicos establecidos en el ap. VI antes citado, lo cual tampoco lo convierte en "parte" del juicio voluntario ni autoriza a tener por establecida la relación procesal, si con ello se entiende que habrá de convalidar su ausencia de intervención. Lo actuado en autos afecta el derecho de defensa de raigambre constitucional (art. 18, CN), porque según emerge de las constancias de autos, lo que la resolutiva impugnada hace constar importa, en rigor, un pronunciamiento del órgano jurisdiccional acerca de los alcances de la guarda legal otorgada en la esfera de actuación del IPSST, sin su participación habida cuenta de que se dictó en el marco del trámite voluntario iniciado por el peticionante. De este modo se afecta la estructura esencial del proceso no contencioso, cuya naturaleza se ve excedida al disponer en la esfera de inter és de un tercero ajeno, con el que no se constituyó ninguna relación procesal. Advierto una violación a la estructura esencial del procedimiento no contencioso, que afecta las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso legal. La dispositiva en cuestión debe ser invalidada por tratarse de una nulidad insanable, declarable aún de oficio y sin sustanciación previa (arg. ex art. 167 último parágrafo CPCC).
Nulidad de sentencia, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: MANZANARES, Susana Beatriz c/ Victorica Martin Alejandro s/ Incumplimiento de Contrato - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-28

Conforme a lo preceptuado por el art. 168 inc. 6 del C.P.C., la sentencia definitiva de primera instancia debe contener: la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de las litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

Al omitir el a-quo pronunciarse sobre la reconvención, le causa al reconviniente, prima facie, un grave perjuicio. Su expreso tratamiento conforme establece obligatoriamente la ley ritual, puede cambiar total o parcialmente el resultado del juicio.

Incurre en el vicio de nulidad, no subsanable por vía de apelación, la sentencia que rechaza la acción y omite la decisión formal y expresa sobre la reconvención.
Honorarios, peritos, acumulación de acciones, pericia contable
Materia: PROCESAL
Carátula: MADRID JOSE Y OTROS c/ ZUAZO  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-20

La solución en casos de pericias contables con puntos comunes e individuales resulta compleja cuantitativa y cualitativamente ya que no tiene reflejo normativo en la ley arancelaria (Ley 8.226) debiendo recurrirse a la integración normativa, esto es a los arts.

43, 45 y 105 de la Ley 8.226 y la solución transita por el principio de "igual remuneración por igual tarea" (arts. 16 y 15 C.N.).-
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, locación, concurso preventivo, facultades del síndico del concurso, declaración de ineficacia, actos perjudiciales a los acreedores, depósito, rendición de cuentas, sanciones procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALNAVI SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE ELEVACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-20

Es procedente la resolución que removió al síndico de su cargo, atento a considerar que la actividad desplegada por el afectado, revestía una gravedad tal que lo hacia pasible de la aplicación de la máxima sanción que dispone la LC 255, en especial, en lo relacionado con el contrato de locación que fuera suscripto por la hoy fallida, respecto a una fracción de la planta fabril de ésta, motivo por el cual el juez actuante, teniendo en consideración que el contrato había sido celebrado durante el concurso preventivo y sin haberse requerido autorización previa (LC 16 y 17) lo declaró ineficaz, y no hizo lugar a la continuación del mismo pedida por el síndico -en forma insistente- sin perjuicio de lo dispuesto por la LC 186, norma ésta que autoriza al funcionario a convenir locación sobre los bienes del concurso, pero previa autorización del juez. A mas, el funcionario continuo, no obstante la declaración de ineficacia, con el contrato de locación y por ende percibiendo los alquileres de la empresa locataria, sin depositarlos a la orden del juzgado y sin rendir cuenta de los pagos efectuados; esto ultimo solo realizado ante la orden expresa del juzgado, inconductas todas éstas que efectivamente tornan adecuada la sanción impuesta.
Nulidad del acto jurídico, donación, donación inoficiosa, acción de reducción, reserva de usufructo
Materia: CIVIL
Carátula: Carcamo, María Luisa c/ Schaefer, Gustavo Carlos s/ Revocación de Donaciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

La nulidad de las donaciones, cuando ésta comprende todos los bienes del donante (art. 1800 del Código Civil), es una prerrogativa que la ley otorga al donante al margen de los vicios de la voluntad que el acto pudiera o no contener. Así como la ley autoriza a algunos herederos forzosos a ejercer la acción de reducción cuando la donación resulta inoficiosa (art. 1832 del Cód. Civ.), así también puede verse una suerte de inoficiosidad implícita que el legislador ha querido conferir al propio donante, por lo que tampoco corresponde la aplicación de la doctrina de los propios actos. Se trata de una prohibición legal que tiende a evitar el desamparo sea cual fuere la razón o motivación que hubiese tenido el donante en su fuero íntimo para efectuar la liberalidad en esos términos.
Seguros, seguro colectivo, principios procesales, seguro de vida, tomador del seguro, cobertura, prueba, deber de información
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rognone, Liliana Edith c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-09

En razón de que el seguros colectivo se celebra entre el asegurador y el tomador, el asegurado, a pesar de su condición de destinatario final de la prestación a cargo del primero, no participa ni le es factible influir en el contenido contractual de las condiciones particulares ya que, obviamente, dada la formación del contrato de seguro, jamás participará en la creación de las condiciones generales ni podrá influir en su texto. Ello significa que son ajenas a la discusión sobre el alcance de la cobertura, su determinación, su delimitación y, por consiguiente, las exclusiones de cobertura.

Lo expresado pone de manifiesto que el deber de información cobra, en la especie, una importancia decisiva. Se trata de un deber genérico de proceder de buena fe en la esfera contractual (art. 1198 del ahora derogado Cód. Civil, aplicable a la especie, teniendo en consideración la época en que se suscitaron los hechos del sub-lite, en razón de lo establecido por el CCCN 7) y el más específico consiste en adecuar el comportamiento al estándar del CCIV 902.

Es que el seguro colectivo de vida constituye una relación que involucra criterios de alta responsabilidad social y delicada acción comunitaria, por lo que su sentido honradamente solidarista impone, en su caso, una mayor obligación (cfr. Stiglitz, Rubén S., "Temas sobre el contrato de Seguro colectivo de vida", publicado en Revista del Derecho Comercial, 2011-B, año 44, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 642/643). En consecuencia, como en ningún otro riesgo, se hace indispensable que, como mínimo, el asegurado/beneficiario conozca el contenido del contrato y todas las modificaciones que se le introduzcan, ello a través de una información clara y precisa (cfr. Stiglitz, Rubén S., "Temas sobre el contrato de Seguro colectivo de vida", ob. cit., pág. 643).
Acumulación de acciones, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: Neuquén,  Provincia  del c/ Estado Nacional (MEI -Secretaría deTransporte- CNRT) s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

La acumulación subjetiva de pretensiones se justifica fundamentalmente por la necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias y el consiguiente escándalo jurídico que originaría el tratamiento autónomo de pretensiones que se encuentran vinculadas por la causa o por el objeto.
Determinación del haber jubilatorio, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MATEO, Teodoro c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 33 de la ley 18038 (t.o. 1974), teniendo en cuenta que la reforma introducida por la ley 22193, modificó el sistema consagrado en el citado artículo buscando paliar el perjuicio económico que provocaba al realizar el cómputo para determinar la prestación y que se reflejaba en el hecho de que al beneficiario, luego de haber realizados sus aportes en categorías superiores dentro de la escala que la legislación establece (art. 10 ley 18038, t.o.

1974), sólo se le liquidaba la jubilación mínima (cfr. C.S.J.N., 28.3.85, "Volonte").
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonaldi, Norberto Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-09-27

Al presentarse un recurso de casación por el motivo de Errónea apreciación de la prueba, con respecto a la omisión de un supuesto recibo de sueldo obrante en el expte.; dicho reproche no puede ser atendido por esta causal, porque por conducto de esta causal sólo puede encaminarse la "errónea apreciación de la prueba", y no la "omisión".
Homicidio atenuado por emoción violenta
Materia: PENAL
Carátula: Denicastro, Angel s/ Eximentes - Homicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

1) La emoción que prevé el inc. 1, letra a), del art. 81 del C.P.

debe ser violenta como impulsión, es decir como fuerza interna, y excusablemente padecida, desde el punto de vista de las circunstancias externas, éstas excusan la emoción pero no el homicidio.

2) La violenta conmoción del ánimo del autor, para ser jurídicamente admisible, debe responder a una causa eficiente, a cuya aparición y desarrollo, el sujeto activo haya sido extraño, y que haya operado en el ánimo del sujeto en el momento del homicidio, abarcando la determinación y la ejecución, sin solución de continuidad.

3) Desde el punto de mira psicológico, "la emoción violenta debe considerarse una variedad adaptativa de la que se vale el organismo para prever, evitar y suprimir las causas deletéreas que afectan su integridad corporal y espiritual, pero que adquieren cierto carácter de apremio o de urgencia...", puesto que, como toda emoción, es un proceso vivido subjetivamente y que asigna valores a las relaciones que median entre situaciones estimables de nuestra vida y los objetos que nos rodean, por lo cual la irrupción de un factor exógeno imprevisto origina una contienda entre los potenciales instintivos y su represión conciente, de la cual no surgirá casi nunca una respuesta adecuada, puesto que el sujeto pierde el tino, la seguridad, la reflexión, y el sentido de las proporciones, bajo el dominio de la impulsividad así nacida.

4) Es excusable la emoción violente del acusado, si el día del hecho recibió, por quinta vez en nueve años, la visita de un ladrón armado, en momentos en que se encontraba en su negocio con su mujer, todo lo cual lo llevó a reaccionar de un modo violento, como no lo había hecho en ninguna de las cuatro oportunidades anteriores en que había sido robado, trabándose en lucha con el agresor, quien, durante el forcejeo, no sólo lo golpeó en la cabeza, sino que también llegó a oprimir en su contra el gatillo, pero sin que se concretase ningún disparo, para finalmente, después de una puja violenta y muy peligrosa, que duró unos cinco minutos al decir de la cómplice de la víctima, ver que el ladrón intenta huir impune, por lo cual, exasperado por un nuevo atentado ilegal contra su propiedad, que también puso en peligro su vida, sintió que el agua rebasada el dique, y, excusablemente, puesto que era ajeno al origen del acto antilegal que la víctima le imponía, fue sacudido y ganado por una grave perturbación de la afectividad, que lo dejó a merced de sus impulsos indicativos, retributivos o de iracundia, privándole del sentido de la proporcionalidad en los actos de reacción, al par que de los frenos corticales que debían inhibir el acto desmesurado, aunque sin llegar un ningún momento al grado de desconexión de la función cognocitiva que la emoción patológica practica en la corteza cerebral.
Crímenes de lesa humanidad, reparación integral, derechos de la víctima, familiares de la víctima, imprescriptibilidad de la acción penal
Materia: CIVIL
Carátula: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-28

El derecho de las víctimas y sus familiares a la reparación pertinente abarca el resarcimiento de todo daño que les haya sido ocasionado y, en ese razonamiento, no cabe sino concluir que los principios y la finalidad que sostienen al imprescriptibilidad de la acción penal para la persecución de los citados delitos deben ineludiblemente proyectarse a la faz reparatoria en términos pecuniarios (Disidencia del Dr. Horacio Rosatti).
Obras sociales, administración centralizada, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: RICOM SRL. KARINA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-10

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es incompetente para entender en los sumarios promovidos por el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las disposiciones de la Ley 18610, siendo dichas cuestiones de competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo.
Recurso extraordinario, sentencia no firme, recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION      EXPTE NRO 208-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-16

No satisface el requisito de definitividad para acceder a la vía extraordinaria (ley 48), el auto que decide favorablemente un pedido de suspensión de medida administrativa en juicio contencioso administrativo que se encuentra en etapa inicial de trámite, dado que se está frente a una decisión de naturaleza cautelar, que suspende temporalmente la eficacia del acto sometido a contralor jurisdiccional, hasta que el Tribunal se pronuncie sobre la procedencia del recurso contencioso administrativo. De ello mismo resulta que no resuelve el fondo del asunto, ni pone fin al juicio o impide su continuación, como tampoco surge que provoque a la demandada un gravamen irreparable.
Recurso de inconstitucionalidad federal, admisibilidad del recurso, oportunidad procesal
Materia: Procesal Constitucional
Carátula: Febrero, Hector Omar c/ Fratesi, Alba Leticia Vda. de Menéndez s/ Interdicto de Retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-04-12

En orden a la tempestividad del recurso extraordinario, cabe señalar que el impugnante lo introdujo en la primera oportunidad procesal en que se habría manifestado la arbitrariedad que procura poner en evidencia, esto es, cuando dedujo apelación contra el fallo de Primera Instancia. A fs.254-260: oportunidad de interponer el Recurso de Casación, se hizo reserva de su derecho de recurrir ante la máxima instancia judicial, derecho que ha ejecutado mediante el memorial de fs. 296-301, en tiempo hábil.
Inscripción registral, publicidad registral, efectos con relación a terceros, bienes inmuebles, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. De Las M. c/ S., F. G. s/ ALIMENTOS s/ TERCERIA DE MEJOR DERECHO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-29

Un requisito más que se adiciona al tema de la inoponibilidad, es la necesidad de que el tercero que la invoque sea de "buena fe"; así: "La posibilidad de los terceros de alegar la inoponibilidad de los derechos reales por ausencia o insuficiencia de publicidad registral está limitada a ciertos terceros calificados para exhibir un interés legítimo y presunción de buena fe."..

No obstante ser la "buena fe" un concepto difundido en el derecho, aparecen ciertas dificultades para aplicarlo en cada caso concreto. En relación a ello comentan Llambías y Alterini: "En concordancia con la orientación expuesta, las Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Registral de San Rafael declararon: "Para que el tercero interesado pueda invocar el desconocimiento de la realidad extrarregistral de las mutaciones reales, debe ser de buena fe, la que se presume mientras no se pruebe que conoció o debió conocer la inexactitud del registro (incluso la existencia del acto causal)""
Honorarios, regulación de honorarios, aplicación de la ley, base regulatoria, realismo económico
Materia: PROCESAL
Carátula: Gardebled Hnos. S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Recurso de  revocatoria (Expte. CSJ Nº 23-81)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-15

A la luz de la Ley Provincial 11089 -artículos 6 y 8-, la pretensión de la impugnante dirigida a que el Tribunal se aparte de las pautas legales aplicables a los fines regulatorios de los honorarios profesionales prescindiendo del monto del juicio y de los mínimos legales en consideración de la realidad económica y social para morigerar el estipendio, carece de todo sustento normativo y se apoya en su exclusiva voluntad, sin que la invocación de la "realidad económica y social" que realiza en el escrito recursivo pueda hacer variar la solución adoptada, porque si bien en reiteradas oportunidades la actora se refiere a dicha circunstancia, en modo alguno demostró de qué manera las condiciones de la actual "realidad económica" inciden en la justicia de los honorarios regulados en legal forma, ni la "desproporción" de los mismos con la labor profesional realizada y, al no aportar la impugnante elemento de juicio alguno que permita su confrontación con la valoración efectuada oportunamente por este Tribunal, corresponde rechazar su pretensión.
Falso testimonio, declaración testimonial, absolución de posiciones, juramento y promesa de decir verdad
Materia: PENAL
Carátula: LOSASSO, S. s/ FALSO TESTIMONIO. Absolvente de posiciones.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-03

A los fines de la configuración del delito de falso testimonio, no puede considerarse testigo a quien absolvió posiciones, por ser parte que declara sobre hechos personales y no ajenos y no presta juramento de ley, requisito previo ineludible para que pueda consumarse el mencionado delito; por cuyo motivo corresponde convertir en definitivo el sobreseimiento recaído en la causa.
Recurso de casación, procedencia del recurso, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdivia, Claudia Marcela  c/ Municipalidad de Villa Nueva - Plena jurisdicción - Recurso directo s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-08

El motivo sustancial de casación previsto en el art. 45, inc. a) de la Ley n.º 7182, consistente en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal, sólo autoriza a controvertir los errores de derecho en que pueda incurrir el tribunal de sentencia. Dichos vicios se producen cuando la norma que constituye el fundamento legal del fallo no es el precepto que debía emplearse para resolver el pleito o bien cuando, aun siendo correcta su aplicación, se atribuye al imperativo legal contenido en la misma una interpretación inexacta. En consecuencia, el control que se realiza por este carril es puramente jurídico.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Chaparro, Adolfo José; Goycochea, Guillermo Marcelo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Resultan inidóneas para demostrar el carácter "equívoco" que el recurrente atribuye al indicio emergente de diversas declaraciones testimoniales las observaciones que respecto de las mismas formula descripciones "variadas", distancia, etc.) sin debido apoyo en normas sobre prueba.
Acción de amparo, medicina prepaga, Programa Médico Obligatorio, métodos anticonceptivos, salud reproductiva y sexualidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CANTARELLA ANA c/ SWISS MEDICAL GROUP SA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-13

Si bien el DIU con lubricación hormonal no se encuentra contemplado, en principio, en las previsiones de la ley nacional 25.673, modificada por la ley 26.130 sobre salud 'sexual' y procreación responsable, en situaciones particulares como las aquí planteadas, resultan aplicables por analogía los criterios orientadores que informan dicho ordenamiento, en cuanto a la necesidad de dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreación responsable, y en lo atinente al respeto del principio de autonomía personal y a la regla bioética y jurídica de no maleficencia y mal menor ya que lo contrario enfrentaría a la paciente a la necesidad de una cirugía de ablación que se puede evitar. Juzgo que en este caso, en que el único método anticonceptivo que por razones terapéuticas admite la accionante, no está previsto en el programa nacional de salud, no se puede aceptar la restricción a cubrir las necesidades de salud reproductiva sólo en los límites establecidos por el Programa Médico Obligatorio (P.M.O.), en el nomenclador nacional de prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico, aludida por la demandada y aceptada por el juez de primera instancia para rechazar el amparo, porque ello implica el incumplimiento de la empresa médica a su obligación de proveer medios anticonceptivos.
Sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Marco, Septimio s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Resulta erróneo considerar que los bienes gananciales adquiridos por uno de los esposos pertenecen durante la vigencia de la sociedad conyugal, en un cincuenta (50) por ciento al restante.