Víctima menor de edad, acuerdo de partes, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., W. E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 45/10 recaída en causa Expte. Nº 103/09 caratulada: C., W. E. p.s.a. Abuso Sexual Gravemente Ultrajante, etc. Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-10-05

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente con la víctima. Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de inconstitucionalidad peticionando que se declare la inconstitucionalidad de la escala penal prevista en el art. 119, segundo párrafo en función del cuarto párrafo, inc. f del C.P., argumentando que esta norma violenta los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad (arts. 1, 16 y 33 C.N.) Los recurrentes, invocando los arts. 454 inc. 1º del C.P.P. y 18 C.N., denuncian violación al principio constitucional de defensa en juicio. Argumentan que la sentencia es nula y que causa gravamen irreparable, fundando sus pretensiones en la causal de casación contendida en el inc. 1º del citado artículo, esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Cuestionan que el tribunal haya valorado el testimonio de la menor víctima y que haya fundado la sentencia de condena en prueba de cargo decisiva, que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar, en desmedro del derecho consagrado en los arts. 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido, manifiestan que el mencionado testimonio tiene la particularidad de haber sido recibido en sede instructoria (Fiscalía) cuando aún no existía imputación; razón por la cual, la defensa no pudo asistir al acto y controlar su realización.

Citan jurisprudencia al respecto.

Estimo oportuno destacar que la jurisprudencia de la CSJN citada por los recurrentes (Fallos 329:5556, Benítez Leonel Aníbal), difiere del planteo que aquí se efectúa, puesto que allí se resolvió incorporar los testimonios de quienes no comparecieron al debate, con expresa oposición de la defensa del imputado, lo que no ha ocurrido en el sub-examine, donde la defensa consintió la incorporación del testimonio cuya meritación ahora cuestiona.

Sumado a ello, cabe agregar que la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas durante la instrucción resulta procedente siempre que éstas hubieren sido recibidas por funcionarios del Poder Judicial (repárese que dicha declaración fue tomada por el Fiscal de Instrucción interviniente encontrándose presentes, además de la menor víctima, su progenitora, la Asesora de Menores y el Secretario actuante) y medie acuerdo entre el Tribunal y las partes. De igual modo, sostengo que sólo procede la sanción de nulidad respecto a la incorporación por lectura al debate de testimonios prestados en la etapa instructora cuando no se le garantizó al imputado, al menos, en algún momento del procedimiento, el derecho de efectuar un control útil y eficaz de tales declaraciones, supuesto en el cual la inclusión de los dichos incriminatorios conculca los derechos que consagran la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que conllevaría a la descalificación del acto procesal y del pronunciamiento que ha sido su consecuencia cuando la prueba restante no habilita un juicio de certeza acerca de la culpabilidad del acusado. De las constancias de la causa, se advierte que son diversos los actos procesales en los cuales el imputado y su defensa tuvieron oportunidad de ejercer el control del cuestionado testimonio. Así, al momento de recibir la declaración del imputado, se le hizo todas y cada una de las pruebas que existían en su contra, a lo que respondió darse por enterado de las mismas. De igual modo, al momento de notificársele a los impugnantes el requerimiento fiscal de prisión preventiva, como el dictado de la misma por el Juez de Control de Garantías, ninguna manifestación formularon en contra de lo atestiguado por el menor víctima; cuestionamiento que también omitieron realizar al momento de notificarse del requerimiento fiscal de citación a juicio. De igual modo, se advierte que la defensa omitió ofrecer prueba en los términos del art. 360 del C.P.P., dejando vencer el plazo legal para ello.

Tampoco puede dejar de considerarse que la licenciada en psicología perteneciente al Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial, informa lo previamente solicitado por el tribunal, respecto de que la menor no está en condiciones de comparecer a audiencia de debate.

En consecuencia, la mencionada profesional puntualizó que "se debe evitar instancias no saludables para el psiquismo de la menor, como exponiéndola a estímulos que simbolizan el acontecimiento traumático y más aún a la presencia del victimario".

A fines de agotar el tratamiento de la cuestión, debo decir que no sólo la defensa no se ha opuesto a la incorporación del testimonio de la menor que en esta instancia denuncia sino que, además, al momento de formular los alegatos, ha realizado consideraciones específicas tomando en cuenta lo relatado por la menor En suma, los agravios expuestos por los quejosos no conducen, en modo alguno, a conmover la validez lógica de la sentencia, ya que la conclusión de la misma se asienta en prueba legal y apta para derivarla, con ajuste al principio de razón suficiente no advirtiéndose la vulneración constitucional que invocan como agravio.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.