Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 6 de 2007.

Considerando: I.- Contra la resolución de fs. 583/586 se alzan los codemandados Guardado y Langellotti quienes a fs. 593/614 expresan agravios, los que son contestados a fs. 616/621 por la parte actora.

II.- En primer término, ha de ponerse de resalto que el Tribunal no comparte los fundamentos brindados por el anterior sentenciante, pues la cuestión no roza el principio de indivisibilidad del derecho de hipoteca -que es un carácter natural de este derecho real de garantía y atañe a que el gravamen se extienda totalmente al objeto afectado y a cada una de sus porciones con independencia de la divisibilidad o indivisibilidad del crédito y la deuda o de la cosa (conf. doct. y arg. art.3112, Highton, E. en "Código Civil" Bueres, A. Highton, E. T: V-C, págs. 289/291, Ed. Hammurabi, 2005), todo lo cual deja también huérfana la alegación que sobre la base de tal argumento efectuara el recurrente.

A su vez, se destaca que tampoco cabía dejar de lado una cualidad de la sentencia dictada, tal como el límite subjetivo de la cosa juzgada, en cuanto a la extensión de sus efectos, sin que medie una consistente motivación.

III.- Ahora bien, a los fines de precisar si efectivamente debió integrarse la pretensión de la actora con las coacreedoras Pantano y Vazquez, es menester indagar el objeto último de la acción de nulidad incoada, que tendió a la declaración de nulidad de la escritura de cancelación de la hipoteca (Nº 251 de fecha 10/11/98) con la finalidad de que se proceda a modificar la anotación registral pertinente.

En tal orden de ideas, no es ocioso destacar que la cuestión -en cuanto a sus fines prácticos- hacía a mantener la publicidad y tornar oponible a terceros la registración de la hipoteca, por cuanto el asiento de cancelación extingue formalmente la anotación de aquélla al desregistrar el contenido del asiento cancelado, el cual -por vía de negativa- fenece registralmente y queda privado de vigor.

Cierto es que, por regla, toda nulidad de acto jurídico genera un litisconsorcio necesario por cuanto uno de los elementos que demuestra su existencia radica en que la sentencia se halle subordinada a la circunstancia de que pueda ser dictada útilmente solo en la medida en que intervengan todos los interesados y ello se encuentra determinado por la misma naturaleza de la relación o situación jurídica controvertida, ya que, en la medida que se encuentre en tela de juicio una relación o estado jurídico que es común e indivisible, es menester integrar la litis con todos los que la componen procurando un pronunciamiento judicial único para todos los litisconsortes (doct. y arg. art. 89 CPCC), empero este caso en particular presente matices y singularidades que tornan disfuncional -a los fines de la efectiva realización del derecho- acoger las quejas de los demandados quienes tardíamente y enancados sobre el ritual procuran desnaturalizar la télesis de la aludida figura procesal pues no deben darse soluciones generales y abstractas, que a la postre puedan resultar injustas, sino observar y meritar en su real dimensión y alcance las características del caso concreto (conf. Fassi, S.- Yañez, C. en "Código ...", T: I, pág. 503, ed. Astrea) .

IV.- En efecto, y no obstante la omisión de la instancia de grado en punto a integrar la litis ex officio, se ha calificado de tardío su intento no solo por infringir toda pauta emergente de las directrices contenidas en los arts. 169 a 174 del CPCC, sino también en punto a sus principios rectores de especificidad, trascendencia, convalidación e instrumentalidad de las formas.

Sin soslayar que -en cuanto a la segunda de tales reglas la cuestión devendría de orden sustancial más que procesal, y que seguidamente se abordará- se destaca que en la oportunidad que la ley prevé no han deducido la denominada exceptio plurium consortium, ni mencionado siquiera tangencialmente la ausencia de un presupuesto procesal de carácter indispensable, ni tachado oportunamente el trámite del proceso -que han consentido íntegramente hasta el llamado de autos e incluso la sentencia en él recaída- que hizo lugar a la demanda y declaró material e ideológicamente falsa y por ende nula la escritura n(251 autorizada por el escribano Carlos Prato Murphy.

Ese consentimiento respecto de la sentencia recaída en autos sellaba la suerte de la actuación de los quejosos y no se alcanza a comprender en virtud de que desinteresado supuesto los apelantes intentan mutar ahora su situación, procurando resguardar el derecho a la defensa en juicio de terceros acreedores -a la sazón menoscabados por aquél acto hoy declarado nulo- por cuanto de las resultas del sub lite no solo no habrían visto vulnerada tal garantía, sino que sus alcances resguardan precisamente sus derechos sustanciales, de ahí que la cosa juzgada lejos de perjudicarlos los favorecería.

En síntesis, desde la óptica del Tít. III, Cap. X del ritual la vía incidental ni la protesta intentada han de prosperar.

V.- Desde otra esfera, conviene poner de relieve que como acto jurídico unilateral, la cancelación resulta extraña a la actividad del deudor hipotecario, circunstancia que se vincula con el principio de que la acción de nulidad es personal y puede ser promovida por quien y ante quien se la pretende hacer valer (conf. CNCiv. esta Sala G. "Filgueira, C. c. Figueroa, J. s/ ordinario, del 27/9/93, JA, 1994-III-525 y sus citas).

La conformación de un litisconsorcio necesario con todos los partícipes de un acto jurídico radica en evitar la afectación de los derechos de los omitidos a raíz de la declaración de nulidad y tiende a evitar la autocontradicción que emergería si tal declaración pudiera alcanzar a unos y no a otros.

Empero, si el acto fue declarado nulo -y en rigor de verdad constituye el paradigma del acto inexistente- por cuanto no ha existido como tal ya que no solo no participación en él los accionantes, sino tampoco las coacreedoras Vazquez y Pantano -pues respecto de estas últimas ni siquiera se han garabateado sus firmas en la escritura de cancelación anulada- solo cabe concluir que de no mediar la sentencia recaída en autos, el mantenimiento del acto inexistente indudablemente las perjudicaba.

Frente a la ausencia de aquél elemento esencial del acto, como es el sujeto, lo que la ley busca amparar -ante supuestos como el de marras en que no se verifica autoría- amén del resguardo de los sindicados como partícipes que no lo han otorgado, es la protección de la apariencia brindada a terceros que hubieran adquirido derechos de buena fe y a título oneroso (art. 1051 del Código Civil) y que, conforme las constancias de la causa, no los hay en el supuesto de marras.

Adviértase que -conforme las singularidades que presenta el caso- este último configuraría el único perjuicio relevante que tornaría de imposible cumplimiento la sentencia dictada en autos, mas no la mayor protección que indirectamente y mediante la sentencia recaída, a la sazón obtendrían las omitidas Sras. Pantano y Vazquez no viéndose afectado el interés sustancial común a que todo litisconsorcio necesario propende.

VI.- Tal como se aprecia, los fundamentos que habitualmente hubieran conducido a la integración de la litis en autos se desvanecen y la finalidad que el litisconsorcio necesario tiende a resguardar carece de contenido a poco que se advierta que las coacreedoras -que debían integrar la faz activa- no participaron del acto cuya nulidad ha sido decretada, la ejecución de la sentencia no se dirige obviamente contra ellas ni les causa perjuicio y lejos de toda indefensión sus efectos las favorecen (conf. ED, 80-303, citado por Highton, E. en "Juicio Hipotecario", T:III, pág. 661, Ed. Hammurabi).

Finalmente, se destaca que se erige además como cortapisa al acogimiento de la postura argüida por los recurrentes un elemento del cual no cabe prescindir y que está constituido por la circunstancia de valorar si la presencia del omitido hubiera variado el resultado del juicio (conf. Arean, B. en Highton, E. Arean, B. en "Código Procesal ...", T: II págs. 362/363 y sus citas de Fenochietto-Arazi en nota 64 y de Colombo en nota 65) y la respuesta negativa se impone, de modo que el incumplimiento de aquél recaudo que ahora se menea aparece hoy superfluo a poco que se advierta que no torna inutiliter data, ineficaz, ni de imposible cumplimiento la sentencia dictada.

En atención a lo expuesto y por los fundamentos aquí vertidos que difieren de los expresados por el anterior sentenciante, el Tribunal Resuelve:

I.- Confirmar la decisión de fs. 583/586 en cuanto fuera materia de agravios. II.- Con costas a cargo de la vencida. III.- Disponer que el magistrado de la anterior instancia dicte las providencias pertinentes con el objeto que se libre de inmediato testimonio a fin de que se proceda a dejar sin efecto el asiento de cancelación de la hipoteca aclarándose que ello lo es en forma total e incluyendo la persona y el crédito correspondiente a cada uno de los cinco acreedores. - Carlos A. Bellucci. - Beatriz A. Areán. - Carlos A. Carranza Casares.