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Recurso de inconstitucionalidad, cosa juzgada, liquidación judicial, consentimiento, capitalización de intereses, sentencia extra petita
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PERALTA, MIGUEL Y OTRA c/ LUNA, HUGO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-JUICIO EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 61 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

No ofrece las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, vulnerando garantías consagradas constitucionalmente el pronunciamiento que al acoger la capitalización mensual de los intereses, derechamente deja de lado resoluciones firmes y consentidas dictadas en el mismo proceso, esto es: la sentencia de remate emanada del Juez de baja instancia y la liquidación aprobada por el mismo Magistrado. Es que, so pretexto de la provisoriedad, la Sala ha alterado aspectos de decisorios anteriores firmes y sobre los cuales operó la preclusión. En el caso, la provisoriedad de la liquidación y su consecuente aprobación se limitaba a la temática de la tasa de interés acordada en el contrato, pues el demandado por considerarla exorbitante y el actor por la imposibilidad de establecerla con precisión, no habían conseguido allegar al Tribunal los elementos idóneos para su definitiva fijación; pero la capitalización -o más precisamente la no capitalización- ya había quedado zanjada definitivamente en virtud de resoluciones firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada. Enfocado desde otra óptica: si la liquidación debe constituir el reflejo de las condenaciones de la sentencia, mal podía la Alzada admitir el rubro de marras cuando el propio emisor del fallo había considerado, en decisión firme y consentida, que la capitalización no estaba pactada ni contenida en la sentencia. Es decir que el A quo se aparta del criterio del propio emisor del fallo, plasmado en resoluciones firmes y, por esa vía, de la cosa juzgada en que había pasado la sentencia de remate.
Juicio político, revisión judicial, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa s/ recurso en SCD-187/09 s/ denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

Sin desconocer la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida al alcance de la revisión judicial en materia de juicio político; parece razonable seguir la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos toda vez que, en materia de juicio político, el órgano internacional admite un control judicial amplio del proceso de destitución por considerar que se no se trata simplemente de un juicio de conveniencia sino de un proceso legal, criterio que se condice con el respeto por los derechos y garantías constitucionales que los jueces están obligados a observar en el ejercicio de sus funciones constitucionales. (Voto del Dr. Carlos F. Balbín).
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milán, José c/ Ruiz Díaz, Pedro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-23

Cuando los plazos procesales se suspenden por un lapso definido, no existe razón para exigir el dictado de una providencia específica o pretender que se libre cédula para notificar algo que se debería conocer.
Asociaciones sindicales, personería gremial, facultades del juez, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: UNION RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-11-17

El artículo 45, inciso c) de la Ley 20615, autoriza al órgano jurisdiccional Judicial a conocer en una cuestión de encuadramiento, si bajo la apariencia de ese acto se estuviera resolviendo una cuestión fundamental respecto del alcance de una personería gremial preexistente, aún cuando no fuera el supuesto de concesión de personería a una nueva entidad.

(Del dictámen del Procurador General del Trabajo).
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Cándido c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Metalúrgica s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Transgrede el art. 44 inc. "e" del dec. ley 7718/71 el fallo que establece conclusiones fácticas contradictorias entre veredicto y sentencia.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, contrato de obra pública, certificados de obra, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Copanco Ingeniería Sociedad Anónima c/ Estado   de  la  Provincia  de  Corrientes  y/o  Dirección  Prov.  de Vialidad. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que la modificación del plazo para el pago de los certificados de la obra, dispuesta por la administración comitente, fue el resultado de la autorización expresa otorgada por la contratista en un convenio, pues ello no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias particulares de la causa.
Cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CIVIL
Carátula: DORADO MARCELA ELIZABETH Y CASASOLA CLAUDIA ALEJANDRA c/ COLEGIO FARMAC?UTICO DE SANTIAGO DEL ESTERO S/ RECURSO DE AMPARO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-04

La existencia de arbitrariedad sorpresiva, supuesto de caso federal de creación jurisprudencial cabe ser admitida cuando el perjuicio que invoca la parte surgido de una decisión que no se encontraba en condiciones de prever con anterioridad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Objeto del proceso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bermúdez, Hugo Daniel c/  s/ queja en: Bermúdez, Hugo Daniel C /Toledo, Ricardo y otra S / daños y perjuicios (ordinario) s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

El objeto de la queja está constituido por la demostración acabada de la existencia de error en el criterio aplicado por el Tribunal denegante al declarar su inadmisibilidad, por lo que se exige una exposición contundente de las razones del yerro, en defecto de lo cual el recurso de hecho deviene formalmente insuficiente, imponiéndose su rechazo (cf STJRNS1 - Se. N° 1/18, in re: "MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI"). (Voto de los Dres. Barotto, Mansilla y Apcarian sin disidencia).
Extradición, nacionalidad del imputado, Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Gorostiza, Guillermo Jorge s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-15

La nacionalidad del sujeto requerido constituye una circunstancia que en ningún caso puede impedir la extradición (art. 20 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889).
Recurso extraordinario, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Frigorífico Bancalari  SAIC s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

En razón de existir circunstancias que pudieron inducir a la apelante a creerse con derecho a sostener su posición, corresponde imponer por su orden las costas de la instancia extraordinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAÑETE, MARIA ELENA Y OTRO c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO s/ Recurso de inconstitucionalidad-Apelación (Expte.: C.S.J. Nº. 1055 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

La gravedad institucional -cuya configuración autoriza excepcionalmente a obviar recaudos de admisibilidad- no constituye causal que, en forma autónoma, justifique la apertura del recurso de inconstitucionalidad en nuestro ordenamiento local.
Prescindibilidad, razones de seguridad, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: GIMENEZ, RAMON c/ ISSP. INDUSTRIA DE LA CARNE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-06-09

La retractación formal de la autoridad competente para decretar la remoción, sobre las causas que la determinan, declarando injustificada la prescindibilidad del agente fundada en constituir un factor de perturbación y señalando que debía haberse apelado a 'razones de mejor servicio', constituye la adecuada reparación del afligimiento moral que pueda haber padecido aquél por la primitiva imputación, siendo improcedente una condena pecuniaria en concepto de daño moral, máxime cuando el hecho agraviante no ha trascendido ni fue divulgado. La reparación pretendida debe ser, en principio, en especie, y no a través de la fijación de una suma en metálico.

(En igual sentido: Sala I, 14 de abril de 1976, 'Fontal, Alberto c/ CAP.', DT. 1976-320).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vieyra, Rafael E. c/ Lienau, Carlos R. (suc.ab intestato) s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Determinar si medió o no pago constituye una cuestión de hecho inabordable- en principio- por la Corte.
Recurso de apelación (procesal), desistimiento
Materia: PENAL
Carátula: Warman, Jacobo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Si el Agente Fiscal interpuso recurso contra el fallo de primera instancia y el Fiscal de Cámaras se notificó de la providencia de la Cámara por la cual se somete la causa al acuerdo, ésta quedó firme, con lo que se mantiene el recurso, ya que la no mantención debió haber sido formulada expresamente.
Prueba pericial, ofrecimiento y producción de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Donnarumma, Enrique s/ Incost. ley 11761 Tercero: Caja de Jub., Sub. y Pens. del personal  del Banco de la Prov. de Bs. As.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Corresponde no hacer lugar a la oposición de prueba si la misma guarda relación con las cuestiones ventiladas en la causa y resulta "prima facie" idónea para formar la convicción de este Tribunal en punto al esclarecimiento de los hechos controvertidos en la misma.

Ello, sin perjuicio de la valoración que del dictamen pericial que deberá efectuar el Tribunal, con arreglo a las pautas contenidas en ar. 474 del CPCC al momento de dictar sentencia definitiva (arts. 362, 457, del CPCC y 25 del CPCA). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por accidente de tránsito, culpa de la víctima, faltas de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Escanilla, Daniela Belén c/ Contreras, Roberto Armando y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2017-04-12

Corresponde atribuir un 10% de responsabilidad a la actora en ocasión del accidente en el que fue partícipe, pues su conducta -violatoria del art. 48 incs. b) y c) de la ley 24.449-, contribuyó a la producción de los daños que reclama y por lo tanto en ese porcentaje debe disminuirse la indemnización que fue acordada en Primera Instancia.
Pago, presunciones, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Sotavento Viajes c/ Cocinero, Daniel s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-29

Por principio la prueba del pago incumbe al deudor, pues cuando el acreedor ha demostrado la existencia de la obligación, aquél debe acreditar el hecho del pago que invoca por aplicación de las reglas generales en materia de la carga de la prueba (art. 361 del Código Procesal Civil). Es decir que recae sobre la parte que lo ha invocado, pues el pago no se presume, y si bien por ser un acto jurídico, su prueba puede ser realizada por cualquiera de los medios que autorizan el Código Civil y el Código Procesal, y dicha amplitud probatoria lleva como contrapartida que, ante la falta de recibos, la comprobación se examine con criterio severo, riguroso y restrictivo.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, cobertura médica, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: ALFONSO, BASILIO c/ SANATORIO DE LOS BUENOS AIRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

No es perceptible que los Sentenciantes hayan tenido en consideración el convenio de servicios médicos celebrado entre la obra social de la actora y la entidad sanatorial codemandada, a tenor del cual ésta se hallaba obligada a brindar atención profesional en la rama de internación sanatorial a los beneficiarios de aquélla, incluyendo servicios de hemoterapia y unidad de terapia intensiva; ni luce suficientemente ponderado el dictamen de los expertos del Instituto Médico Legal -en el cual los Magistrados dijeron apoyar sus conclusiones-; en especial, no se desprende de la fundamentación expuesta en la sentencia que se haya tomado en cuenta el reiterado hincapié hecho por los integrantes de la junta médico forense en relación a las funciones del equipo de profesionales de soporte en el acto quirúrgico.
Servicios eléctricos, competencia nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Central Puerto S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

La ley 15.336, en su art. 6° -que no ha sido derogado por la ley 24.065-, declaró de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando los servicios se vinculen con: la defensa nacional (inc. a), el comercio de esa energía entre la Capital Federal y una o más provincias o entre una provincia con otra (inc. b), los lugares sometidos a legislación exclusiva del Congreso Nacional (inc. c), los aprovechamientos hidroeléctricos interconectados (inc. d), la red nacional de interconexión (inc. e), el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera (inc. f) y, la generación de energía eléctrica mediante energía nuclear o atómica (inc. g).
Indemnización, muerte de un hijo, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: VERGARA Rolando Eduardo y Otra c/ Muñoz Puga Juan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-09-22

Las nociones y repercuciones concretas del daño consistentes en la pérdida de chances tiene el mayor campo de aplicación en los casos en que, como el de autos, deba cuantificarse el valor vida o daño material por la muerte de un hijo, sea menor o mayor de edad. No olvido que sobre los hijos pesa obligación alimentaria respecto de los padres, la que comprende no sólo aspectos económicos sino también de índole asistencial, extremos éstos no considerados por el A-quo y que en definitiva descalifican en éste punto lo resuelto en la resolución recurrida, al rechazar el rubro indemnizatorio en cuestión. Sin olvidar el principio procesal que impone a la parte que invoque un hecho, su acreditación, en juicios como el presente en que se dirime la cuantía indemnizatoria por los perjuicios derivados de una muerte ilícita, se ha sostenido a los fines de su cuantificación, dada su certeza relativa, "la indemnización por la pérdida de vida procede aún sin prueba atento a que el daño se presume y a falta de prueba cierta en lo relativo al quantum, actúa la función profética del juez, la que estará fundada en la posibilidad de un conocimiento, por descontado imperfecto, de lo que aún no existe".

Definitivamente no puede negarse la indemnización por "pérdida de chance", que por su propia naturaleza es solo una posibilidad, tampoco con el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte de un hijo vaya a resultar perjuicio, pues ello importaría exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de la indemnización de que se trata, siendo dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y sostén para los progenitores, según el curso ordinario de las cosas.
Modificación de cuota alimentaria, interés superior del niño, actualización monetaria
Materia: PENAL
Carátula: C.E.S. y B.R.A. c/  s/ Divorcio por mutuo consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-31

La aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE), como forma de actualización automática y de forma semestral (el 30/06 y el 31/12), es la solución más razonable y beneficiosa para los alimentados, segura y de fácil aplicación (por resultar accesible su cálculo con información disponible en internet), siendo la alternativa que mejor satisface el interés superior del niño.
Aplicación analógica de la ley, aplicación de la ley tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Eves Argentina  S.A. s/ recurso de apelación -  IVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

No cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales, para extender el derecho o imponer obligaciones más allá de lo previsto por el legislador.
Honorarios, base regulatoria, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: JULIO NOVA Y OTROS c/ NICOLAS AJIS FERNANDEZ Y OTROS s/ JUICIO  ORDINARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SOBRE RECONSTRUCCION   EXPTE. N. N-5606-73
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-04-30

Los intereses integran el monto del juicio a los efectos arancelarios, atento a que su procedencia depende de la actividad profesional desplegada a los efectos de reconocimiento del mismo, la misma pauta debe seguirse con respecto a los intereses aplicados en concepto de sanción por malicia procesal, pues ésta, no ha sido declarada de oficio, sino que ha prosperado a petición de parte.
Tasa activa, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Bocanera Laureano Jesus c/ Ojeda Claudia Carolina s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

Corresponde la aplicación de la tasa de interés activa que cobra el Banco Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento a treinta días al cobro ejecutivo de un cheque, pues siendo la obligación de la demandada poseer fondos suficientes en su cuenta para cubrir el pago de los cheques librados o haber solicitado autorización para girar en descubierto, sabido es que en este último supuesto, la institución bancaria hubiese cobrado por tal servicio una tasa de interés activa.
Amparo por mora, recurso de apelación (administrativo), improcedencia del recurso, plazos procesales, acción de amparo, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Morandi,  Cándido  Héctor c/ Jefe  del  Estado  Mayor  General del Ejército s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar al amparo por mora, cuando, la demandada tomó conocimiento al momento de requerírsele el informe previsto en el art. 28 de la ley 19.549 que en la causa se aplicarían supletoriamente las disposiciones de la ley 16.986 (el art. 15 de la misma establece que el recurso de apelación contra la sentencia debe interponerse dentro de las 48 horas de notificada).
Proceso penal, acción civil, actor civil, caducidad, cónyuge
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARBONETTI, PASCUAL s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1975-06-11

Si existía la vía legítima, el planteamiento oportuno del incidente por vía de excepción permitía el adecuado contradictorio en paridad de posibilidades, para alegar y probar en legal forma y conforme al derecho constitucional de defensa.

Acordada en forma la participación en virtud del derecho invocado y no contestado oportunamente, bajo sanción de caducidad, aquella invocación, como no se trata aquí de acciones de estado (constitutivas o declarativas), hace cosa juzgada respecto de la acción civil resarcitoria deducida por el cónyuge supérstite y los hijos del occiso, puesto que al no mediar oposición oportuna, ni exclusión de oficio por la Cámara, ni tan siquiera indicios que controviertan aquella situación, la intervención, en calidad de parte, acordada, fue definitiva a todos sus efectos.-
Cuestiones de competencia, Derecho contravencional y de faltas, juez de circuito, juez de faltas
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME c/ SILVA, PEDRO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-26

Corresponde asignar el conocimiento de los autos -que versan acerca de la apelación de la decisión de la justicia municipal de faltas de la condena por una infracción de tránsito- al Juzgado de Primera Instancia de Circuito, en virtud del segundo párrafo del artículo 120 de la ley 10160 y hasta tanto sea creado el Juez Comunitario de las Pequeñas Causas con asiento en la ciudad, pues considerando el bloque normativo comprometido y los fines que inspiraron la ley 13178, los Jueces en lo Penal de Faltas de Distrito que conocen -en lo que aquí refiere- en última instancia de las impugnaciones deducidas contra resoluciones de órganos administrativos que deciden sobre faltas en materia municipal, sólo deberán entender en los planteos de este estilo que se deduzcan contra decisiones en los municipios en los cuales tienen su asiento.
Prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., A. c/ D., N. O. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

Las declaraciones del testigo que conoce el hecho sobre el que depone, por referencia o indirectamente, carece de fuerza de convicción y valor probatorio.
Aplicación de la ley, funcionarios públicos, delitos contra la Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: G., C. A. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-17

Los vocales explicaron, con cita jurisprudencial y doctrinaria, que era suficiente para aplicar la norma en cuestión que el imputado desempeñe la función pública (en los términos del artículo 77 del Código Penal en consonancia con el artículo 1 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) e independientemente de su rango jerárquico y de la capacidad que tenga o no para obstaculizar, porque la norma actúa como reaseguro del correcto ejercicio de sus labores. Destacaron que la Ley 25.188 que introdujo la modificación en el segundo párrafo del art. 67 del CP señaló en su artículo 1 que se aplica "a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos". Por último, agregaron que "....la actual redacción normativa ya no limita la suspensión únicamente a algunos delitos contra la administración, sino que contempla "cualquier delito cometido en el ejercicio de la función pública", abarcándose a "todos los casos que reúnan esa condición, se trate de figuras descriptas en el título XI de este código, o de otras cometidas mediante la utilización del cargo público, aun cuando no sea previsto como una circunstancia agravante del tipo penal en cuestión" (D´Alessio-Divito, ob cit., 2ª edición, p. 997)..."