Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, CONTENC. ADM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-09-10


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: NOVENTA En la ciudad de Río Cuarto, a diez días del mes de Septiembre de dos mil doce, se reunieron los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de esta ciudad ante mí, Secretaria autorizante, a fin de dictar resolución en estos autos caratulados: "MOLINA, OSVALDO ALBERTO C/ BELTRAMINO, LUIS JOSÉ - ORDINARIO - RESOLUCIÓN DE CONTRATO - RESTITUCIÓN DE INMUEBLE" (Expte. 521537), elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Huinca Renancó, cuya titular, la Dra. Nora Gilda Lescano, por Sentencia Definitiva Número Ciento veinticuatro, de fecha quince de septiembre de dos mil once, resolvía: "I) HACER lugar a la demanda promovida por el Sr. Osvaldo Alberto MOLINA en contra del Sr. Luis José BELTRAMINO, D.N.I. Nº 13.590.744 y en consecuencia declarar la resolución del contrato de compraventa, obrante en fotocopia autorizada a fs. 17/17 vta. por incumplimiento del accionado, condenándolo a restituir al autor el inmueble motivo de dicho contrato, dentro del plazo de diez días de notificada la presente resolución y bajo apercibimiento de ley, con la pérdida de las sumas entregadas por el Sr. Luis José BELTRAMINO, que se imputan a la indemnización de daños y perjuicios.- II) IMPONER las costas a cargo del demandado a cuyo fin regúlanse con carácter definitivo los honorarios del Dr. Raúl Roberto José Favot, en la suma de pesos cuatro mil quinientos setenta y nueve ($ 4.579,oo), más I.V.A.".

Los señores Vocales se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

1. ¿Resulta ajustada a derecho la sentencia recurrida, en aquello que ha sido motivo de agravio? 2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad al resultado del acuerdo, se dispuso que el orden de emisión de votos sería el siguiente: los Sres. Vocales Daniel Gaspar Mola, José María Ordóñez y Horacio Taddei.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Vocal Daniel Gaspar Mola, dijo:

1. El caso.

Osvaldo Alberto Molina sienta demanda reclamando la resolución del contrato de compraventa de un inmueble, que describe en su libelo introductorio (agregado a fs. 18/21) y la retención de los importes percibidos, según lo pactado, como indemnización convencional, ambas cosas por el incumplimiento contractual que atribuye al demandado Luis José Beltramino, quien no comparece a la causa, siendo declarado "rebelde" (decreto de fs. 23). La magistrado de la anterior Instancia se expide admitiendo la demanda, declarando resuelto el contrato con costas al accionado, según surge de la transcripción precedente (resolución de fs. 57/66).

2. El Recurso.

2.1. Comparecido el accionado, luego de notificado de la sentencia de condena que lo afecta, interpone recurso de apelación en contra de esa resolución (escrito de fs. 68).

2.2. Radicada la causa ante este Tribunal de Grado, el apelante expresa sus agravios, según escrito que corre agregado a fs. 81/83 y allí, para fundar su queja, sostiene:

Agravio A: Citando el mismo precedente de que se vale la juez, emanado del mismo tribunal a quo y luego fallado por esta alzada, sostiene que le agravia a su parte el apartamiento que se ha efectuado con lo anteriormente sentenciado, confirmado por esta Cámara; afirma que, más allá de su incomparecencia anterior, el actor se encontraba en estado de concurso preventivo, por lo que no le era posible entregar la escritura traslativa de dominio, correspondiendo por tanto la restitución de lo que las partes se hubieran entregado con motivo del boleto de compraventa en cuestión, por lo que pide la parcial revocación del resolutorio aludido.

Agravio D (rectius "B"): En función de los argumentos precedentes entiende que corresponde que la condena en costas sea "nuevamente calculada", imponiéndose las mismas al actor apelado.

2.3. A fs. 85/86, el apoderado en juicio del recurrido refuta aquellas quejas solicitando su rechazo y agregando que lo atinente a que su representado se encontraría en concurso preventivo se trata de una cuestión traída en la apelación que no fue materia de la litis, por lo que no podrá ser considerada por la alzada.

2.4. Con lo reseñado precedentemente, sumado al pormenorizado detalle que suministra la sentencia sobre lo actuado en el anterior grado, han quedado cumplimentados los recaudos formales de ley (art. 329, CPCC), por lo que, dictado y firme el llamamiento de autos para definitiva (fs. 87) y llenados los recaudos fiscales pertinentes, en cuanto a la condición tributaria de los letrados intervinientes (fs. 88/92 y 95), ha quedado la causa en condiciones de ser fallada.

3. Sobre las sumas pagadas a cuenta.

3.1. Este Tribunal de Grado ha tenido oportunidad, antes de ahora, de expedirse sobre el destino de las sumas recibidas por el vendedor cuando se produce la resolución contractual por causa atribuible al incumplimiento del comprador, y así, en los autos caratulados: "Roccia de Schmidt c/ Alanis y Trevisan - Resolución de Contrato - Daños y Perjuicios" (Sent. 78 del 29.11.2001), se consideró que ello resultaba pertinente cuando se daban, como aquí -me adelanto en la opinión-, las circunstancias que hicieran posible la ejecución de la previsión contractual (supuesto que, cabe aclarar, no luce planteado en el precedente a que alude la a quo y refiere el apelante, donde la orden de restitución de lo percibido no fue objeto de agravio).

3.2. El contrato celebrado entre las aquí partes (al igual que en el precedente que he citado en el encabezamiento del apartado anterior) establece, en la cláusula SEPTIMA, para el caso de "rescisión" que se deberá restituir el inmueble "...quedando el dinero recibido, en poder del vendedor en compensación de los daños y perjuicios causados".

3.3. De dicha previsión contractual se toma la actora para reclamar, junto con la resolución del contrato y como consecuencia de ello, la retención de los importes recibidos, habiendo cumplimentado con el recaudo que se requiere de efectuar la exigencia de tal pago para que no pueda interpretarse "...como una renuncia tácita al resarcimiento de los perjuicios" (conf. Ramella, "La resolución por incumplimiento", Astrea, 1979, pág. 169), lo cual surge de lo específicamente requerido en la demanda y de lo indicado en la carta documento remitida por el vendedor que expresamente alude a la citada cláusula séptima (fs. 16), instrumentos en los que queda manifestada la intención de retener los importes recibidos.

3.4.1. Esa comunicación y la propia demanda no son respondidas y el cuestionamiento viene propuesto en el análisis que se efectúa en la expresión de agravios, donde se alude a una supuesta imposibilidad que atribuye al vendedor de otorgar la condigna escritura traslativa de dominio.

3.4.2. Aspecto sobre el cual, no sólo ningún elemento aporta, sino que, además, cabe prestar oídos al apelado quien, hace notar que el asunto no fue instalado en la instancia procesal oportuna, pues, claramente el argumento desarrollado ante esta alzada, que no ha sido propuesto en la instancia procesal oportuna, supone centrar el eje del debate ante el tribunal de segundo grado en argumentaciones y circunstancias fácticas que no se esgrimieron antes, lo que derechamente implica sino modificar (desde que la demanda no ha sido confrontada con argumento de defensa alguno), si traer material de conocimiento que no se ha propuesto antes de ahora (conf. "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba", Director Ferrer Martínez, Advocatus, sobre el tema, Fontaine: T. I, pág. 657) al traer cuestiones no propuestas ante el juez de primera instancia, significando ello alejarse de lo que constituye la función del órgano de apelación, que no es otra, en principio, que verificar el acierto o error de la sentencia impugnada, confrontando su contenido con el material fáctico y jurídico ya incorporado en la instancia anterior (conf. Azpelicueta - Tessone: "La Alzada - Poderes y deberes", LEP, págs. 87 y 163), ya que en virtud del principio de congruencia se le exige a la Alzada prestar especialísima atención a dos estadíos procedimentales, cuales son el de la traba de la litis, y el de interposición y fundamentación del recuso de apelación, pues las potestades decisorias sufren una doble restricción: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante voluntariamente imponga a través del escrito de interposición del recurso y de la pieza que contiene el desarrollo de los agravios (ibídem, pág. 163), todo ello, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 332, CPCC que, en el caso y por lo que se ha visto, no se presenta como hipótesis.

3.4.3. En consecuencia y habiendo quedado trabada la litis en los términos expresados (el vendedor que acusa el incumplimiento contractual y reclama la resolución del contrato con retención de lo percibido y el demandado que no niega aquella circunstancia ni resiste las pretensiones), se lleva adelante el proceso que concluye con el dictado de la sentencia que no se muestra más que como su natural consecuencia, siendo la expresión de agravios la primera oportunidad en que se formaliza la argumentación que ahora se trae -la pretendida imposibilidad de escriturar- y semejante posición, amén de su manifiesta extemporaneidad, ciertamente no muestra los visos de verosimilitud que ha menester pues simplemente se dice ello sin acreditar elemento alguno y fundamentalmente, omitiendo demostrar que el hecho, de ser tal, generó una actuación de su parte que procuró definir la situación, llegando a esta instancia sin nada que funde tal aseveración, aún con las limitantes que significa hacerlo en grado de apelación.

3.4.4. En este aspecto, además de lo señalado, también tropezamos con la circunstancia procesal ya apuntada, en orden a las consecuencias que la incontestación de la demanda provoca y en tal sentido, según ha quedado sentado por el ilustrado fallo dictado por la Cámara colega de esta ciudad ("Ingraf c/ Caseros - D. Ord.", Sent. 79 del 21.08.92) y las consideraciones que sobre el punto dejó expresadas uno de sus miembros (Avalos: "Consecuencias procesales de la incontestación de la demanda", SJ nro. 1062, pág. 507), autor que, luego de un minucioso estudio del asunto, arriba a la siguiente conclusión: "la rebeldía o la simple incontestación en principio justifican el dictado de una sentencia favorable al actor, siempre que los hechos afirmados en la demanda, que deben ser verosímiles, personales o de posible conocimiento del actor (rectius: demandado), no resulten desvirtuados por prueba contraria, siendo también requisito del progreso de la demanda que la acción deducida sea arreglada a derecho", pues no resulta posible prescindir del hecho de que "el accionado tiene la carga de expedirse en forma explícita, clara y circunstanciada acerca de cada uno de los hechos contenidos en la demanda" (CNCom. Sala E, 27.08.90, "Sintequim SA c/ Migra Especialidades Medicinales SA s/ Sum.", "Revista de Derecho Procesal - Demanda y Reconvención" -Síntesis de fallos-, Vol. 2004-1, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, marzo 2004, págs. 377 y 379).

3.5.1. No obstante y si bien nada aporta el apelante como fundamentación de su agravio, más allá que la circunstancia extemporáneamente citada y sin elemento alguno que contribuya a su acreditación -al menos sumaria-, concurren a su favor -eventualmente- las facultades y deberes que recaen sobre los jueces en orden a la posibilidad de morigerar, incluso de oficio, las cláusulas penales establecidas por las partes en un contrato. Y es esto lo que hace posible el análisis de la cuestión.

3.5.2. En las presentes actuaciones el asunto de los daños y perjuicios y su tarifación contractual en la muy usual cláusula que indica la retención de lo recibido (con prescindencia de su incidencia porcentual en el precio), ha pasado prácticamente desapercibida por los litigantes e incluso de la juez a quo, lo que no impide que esta alzada se ocupe del tema.

3.5.3. En el precedente citado y habiendo existido algún planteo al respecto (a diferencia, según se ha indicado, de lo habido en la citada causa "Suc. de Muñoz c/ Luna y Roth."), se determinó que la retención del 25% de lo percibido "es una cifra que compensa adecuadamente los perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento en que incurrieran los compradores", teniendo para ello en consideración las particulares circunstancias del caso.

3.5.4. Aquí se advierte que el comprador, según la demanda, que no ha sido contestada (con los efectos ya reseñados), abonó las cuatro primeras cuotas (equivalente a U$S 1.200) y U$S 200 de la quinta, lo que hace un total de U$S 1.500 (ver copias de pagarés de fs. 6/15 y el reconocimiento que al respecto se efectúa en la demanda -punto "3.- INCUMPLIMIENTO:", de fs. 18vta.-), lo que representa un 21% aproximadamente, del precio pactado, porcentual que, según se ha indicado, se juzgó adecuado, a lo que en el caso se suma la falta de reclamo -en uno y otro sentido- que pudiera llevar a un eventual replanteo de la situación y la tácita aceptación que la inconstestación de la demanda supone.

4. Sobre la imposición de costas.

Desde que el agravio levantado sobre este rubro ha sido concretado, según fuera reseñado, en el parcial éxito que se atribuye a la luz de la eventual admisión de la queja levantada, la falta de acogimiento de la misma deja huérfano de sustento el planteo, no existiendo razón jurídica alguna que justifique apartarse del principio objetivo de la derrota que, como principio general, determina la primera parte del art. 130, CPCC.

5. Conclusión.

Respecto de la cuestión sometida al acuerdo, que se concreta en la pretensión de modificar la resolución recurrida en orden a las sumas que se han autorizado a retener por el comprador y la total imposición de costas al demandado, me expido por la negativa y así lo dejo votado.

A LA PRIMERA CUESTION, los Sres. Vocales José María Ordóñez y Horacio Taddei, dijeron:

Que adherían al voto precedente.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Vocal Daniel Gaspar Mola, dijo:

1. Corresponde, por lo expuesto, rechazar el recurso de apelación deducido, confirmando la resolución recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio.

2.1. Imponer las costas al apelante, correspondiendo determinar los honorarios profesionales bajo las disposiciones de la ley 8226 (aplicable en función de lo dispuesto por el art. 125, ley 9459, en cuanto a la vigencia temporal de uno y otro ordenamiento, teniendo en consideración la fecha de interposición de la demanda -julio de 2007- y la de entrada en vigencia del nuevo ordenamiento -enero de 2008-) y a cuyo ordenamiento corresponderán las normas que se citen de seguido.

2.2. En consecuencia, tomando como base regulatoria, lo que ha sido materia de cuestionamiento y que se determina por la suma que surge del monto de los honorarios regulados ($ 4.574,00) y la mandada a pagar ($ 6.360,00 -pesificada a valores de la sentencia apelada -U$S 1.500 x $ 4,24), alcanza a la suma de pesos Diez mil novecientos treinta y cuatro ($ 10.934), ponderando la actuación cumplida por el Dr. Raúl Roberto José Favot, a la luz de las pautas de evaluación cuantitativas y cualitativas previstas en el mencionado art. 36, en particular las de los incs. 1) (el valor y eficacia de la defensa), 2) (la complejidad de las cuestiones planteadas), 4) (la responsabilidad comprometida por el profesional en el asunto) y 5) (el éxito obtenido), se estima prudente regular a su favor honorarios equivalentes al porcentaje de un cuarenta por ciento (40%) -conf. arg. art. 37- del mínimo de la escala del art. 34 elevada en dos puntos -en el caso el diecisiete por ciento (15 + 2 %) -por corresponder aplicar la escala que va hasta 5 U.E.-, considerando para ello la unidad económica vigente a la fecha de la sentencia dictada en esta instancia de grado, reducida al cuarenta por ciento (40%) (conf. criterio asumido por este Tribunal in re "Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sarracini de Rached - Ejecutivo", Sent. 42 del 08/05/2012 y reiterados en otros pronunciamientos a partir de lo dispuesto en las causas "Parramon c/ Ghiotti y otro - Ordinario", A.I. 137 del 07.06.12 e "Inc. de Verif. en 'Barraca Muñoz-- Pequeño Concurso Preventivo - Hoy Quiebra'", A.I. 141 del 08.06.12 y las posteriores dictadas en similar sentido), ya que, conforme se señalara en el primero de los precedentes, con dicho proceder se respeta el criterio determinado por la legislación aplicable y, al propio tiempo, se mantienen debidamente actualizados los valores en disputa.

2.3. Efectuados los cálculos pertinentes de conformidad a los lineamientos expuestos, redondeo mediante, resulta la suma de Pesos setecientos cuarenta y cuatro ($ 744,00), en que deberán regularse los honorarios del Dr. Raúl Roberto José Favot por su actuación ante esta instancia de grado, con más la de Pesos ciento cincuenta y seis con dieciséis centavos ($ 156,16) en concepto de IVA, dada la condición que al respecto tiene acreditada, importes que devengarán intereses a la tasa decidida en la anterior instancia, desde la fecha de aquel pronunciamiento, por haberse tomado valores a ese momento y hasta la fecha del efectivo pago.

2.4. Se difiere la determinación de los honorarios del Dr. Cristian J. Gallo para cuando así sea solicitado (arg. art. 25, ley citada).

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTION, los Sres. Vocales José María Ordóñez y Horacio Taddei, dijeron:

Que adherían a la propuesta de resolución precedente.

Conforme las razones expuestas y los propios fundamentos de la resolución recurrida, por unanimidad del Tribunal, SE RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de apelación deducido por el demandado, confirmando la resolución recurrida en todo cuando decide y ha sido materia de agravio.

II. Con costas. Regular los honorarios profesionales del Dr. Raúl Roberto José Favot por su actuación ante esta instancia de grado, en la suma de Pesos setecientos cuarenta y cuatro ($ 744,00), con más la de pesos ciento cincuenta y seis con dieciséis centavos ($ 156,16) en concepto de IVA, con más los intereses determinados.

Protocolícese y bajen.