marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración indagatoria, suspensión de la audiencia, abogados, facultades disciplinarias del juez, vestimenta inadecuada del letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: PAGANI, JORGE LUIS s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

Si el magistrado se sintió ofendido por la falta de formalidad, pudo haber hecho uso de sus poderes de corrección disciplinaria y el letrado hubiera tenido ocasión de impugnar su criterio, defendiendo los actos que invoca en el memorial, sin que las diferencias en la estimativa personal de ambos redundará en perjuicio simultáneo para la imputada y el buen servicio de la justicia.

Las disposiciones generales relativas al decoro atienden a la necesaria formalidad que impone la seriedad de la función que incumbe a magistrados, funcionarios, abogados y empleados, mas esta formalidad ocupa un lugar inferior cuando se encuentra en juego otros principios procesales como el de eficacia procesal que se integra con el de celeridad y economía que rigen todo proceso.
Despido, invariabilidad de la causa, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Villagra, Jorge Alberto c/ C.I.A.B.A. S.A. s/ Despido Fernández, Nicolás c/ Subpga S.A. s/ Despido Fuentes, Walter Santiago c/ Ganadera Salliqueló S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10|1988-12-27|1993-05-11

La circunstancia de no haberse probado la totalidad de los hechos invocados para disponer la cesantía del dependiente no implica transgresión del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando los acreditados son suficientes, a criterio del tribunal del trabajo, para considerar justificada la medida.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicios en que la Nación es parte
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jujuy,  Provincia  de c/ Estado  Nacional s/ cobro de sumas de dinero - incidente de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Es de la competencia originaria de la Corte, prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, la cuestión que se suscita entre una provincia y la Nación, y tiene naturaleza federal.
Empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad, contrato de trabajo, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: ORLANDO NISTA Y OTROS c/ JUNTA NACIONAL DE GRANOS s/ EMPLEADOS PUBLICOS- PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

Cuando se discute el ejercicio de atribuciones reconocidas por las leyes que instrumentan la prescindibilidad, la aplicación de sus disposiciones debe regirse por los principios del derecho administrativo, aunque se alegue la naturaleza común de la relación que vinculó a las partes. Así ocurre en el caso de quienes, al promover la demanda, alegaron encontrarse comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 22.140 que garantiza la estabilidad en el empleo público, por lo que no resulta un argumento eficaz para cuestionar la validez del acto que los declaró prescindibles, invocar el amparo de los principios propios del régimen del derecho laboral pues ello equivale, a apelar alternativamente a su condición de empleados públicos o de obreros para tomar de cada uno de los respectivos ordenamientos la solución legal que más favorezca sus intereses.
Personas con discapacidad, acción de amparo, educación inclusiva
Materia: CIVIL
Carátula: G.D.F. y otro c/ OSDE s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

La demandada no demostró en ningún momento que cumplió con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 24.901, muy por el contrario, simplemente se limitó a afirmar que de la evaluación realizada por la obra social, existirían escuelas públicas en las cuales el hijo de la actora podría llevar a cabo su formación educativa, y las citó; pero no logró acreditar concluyentemente haber puesto a disposición de los padres del niño con discapacidad el listado de instituciones educativas tanto estatales como privadas que cumplan con la modalidad prescripta por su médico tratante, que cuenten con vacante y a la vez cubran las necesidad que requiere J.D. En las presentes actuaciones ha quedado demostrado fehacientemente que el menor debe seguir concurriendo a la Escuela Casa de Moisés (v. pericial médica), y que no es aconsejable introducir cambios en la metodología empleada.

Es por ello, que resulta razonable inferir que la interrupción de la prestación colisionaría con los derechos reconocidos y consagrados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales (artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378;

esp. arts. 2, 7,10, 23, 24, 25 y 26); y Convención sobre los Derechos del Niño (esp. arts. 3, 23 y 24), con los que se alinea la ley 24.901 (esp. arts. 2, 11 y 15).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: V., F. M. c/ G., S. N. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-15

Es sabido que la prueba de testigos debe tomarse como formando parte de un todo, y es deber del juzgador valorarla cotejándola con el resto de los elementos del proceso, pues la atomización de cada contestación conduce al polo opuesto.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), actos u omisiones de autoridades públicas, Municipalidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNILLO DE APELACION EN "PARRADO, RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-20

Si se advierte que, el acto atacado se encuentra suscripto por el titular del Ejecutivo Municipal, debe aplicarse el art. 5º inc. "a" de la ley vigente sobre amparo, que establece la competencia del Superior Tribunal cuando el hecho, acción u omision se impute a los titulares de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Tratándose de un municipio que, goza de status jurídico de 1º categoría, su titular, el intendente, cabeza visible de dicho estado que goza de autonomía jurídica y política al igual que el resto de los titulares de los otros poderes, se encuentra comprendido en dicha normativa. Por lo que, corresponde la competencia al Superior Tribunal y conforme al Código de rito, requerir la remisión de las actuaciones del juzgado de 1º instancia.-
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Huck, Roberto Manuel y Sack de Huck, Laura Elvira c/ Díaz, Rafael Nazareno c/firma Cavilit S.R.L. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-06

Cabe atribuir el total de responsabilidad en el accidente a la actora que circulaba al doble de la velocidad reglamentaria permitida, según los carteles indicadores, y que embistiera el camión conducido por la demandada que circulaba, al momento del accidente, con todas sus luces encendidas, a muy reducida velocidad y que al inicio de la maniobra que realizara de ascenso a la ruta y giro, su conductor no tenía, por la velocidad a que se calcula venía el vehículo conducido por la actora y consecuente distancia a que se encontraba, posibilidad de advertirlo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, domicilio, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Schoklender, Sergio Mauricio y otro s/ homicidio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

La omisión de considerar la alegada falta de orden de allanamiento y de acta de secuestro respecto de ciertos elementos cotejados en una peritación química no sustenta el recurso extraordinario, si no se demuestra que su examen pudiera conducir a una solución diferente de la adoptada.
Agente encubierto, defensa en juicio, debido proceso, delito experimental
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Russo, Rodolfo Alejandro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-16

No se ha obrado de una manera que haya puesto en crisis las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso si la intervención de los agentes del estado se debió a una actuación inicial de particulares, que ante un público ofrecimiento que dañaba sus intereses o derechos, buscaron verificar la realidad de estas maniobras y si sólo con posterioridad los funcionarios llevaron adelante el control y comprobación de la actividad que desarrollaban los imputados -ofrecimiento de un software que permitía la "clonación" de los teléfonos celulares- anunciada en un sitio de internet, y las actuaciones fueron concretadas bajo control jurisdiccional. Sin perjuicio de la validez del procedimiento, corresponde el sobreseimiento por el delito previsto en el art. 10 de la ley 25.891 pues en el contexto en que se efectuó la adulteración -controlada, seguida y observada por los funcionarios y testigos convocados al efecto- no era pues factible que se creara el riesgo jurídicamente desaprobado, pudiéndose hablar de una especie de "delito experimental". La disidencia expresó que el recurso era inadmisible toda vez que los agravios presentados en el escrito de interposición no se plantea que el a quo hubiese infringido una norma cuya observancia se conmina con sanción de nulidad, sino que ellos sólo traducen una discrepancia acerca de si estaban reunidos los supuestos de hecho y de derecho que autorizaban la actuación anulada y someter a una segunda revisión cuestiones de hecho y prueba que no están comprendidas en ninguno de los motivos del art. 456 del CPPN. Los obstáculos de admisibilidad no pueden ser superados por la doctrina establecida por la CSJN en el fallo "Casal" pues la misma no se extiende también al caso en el que se trate del querellante. (Dres. Yacobucci, Mitchell, García -en disidencia-).
Requisa personal, falta de orden del juez, estado de sospecha, testigos de actuación, nulidad procesal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: NUÑEZ, Fernando O. s/ c. 75
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

No cabe declarar la nulidad de la requisa personal, efectuada por personal policial sin orden fundada de Juez competente, siempre que la misma se materializó en presencia de dos testigos y en circunstancias en que el imputado se resistía con ademanes violentos a ser indentificado, pues en tal estado, bien pudieron presumir los preventores que el incuso portara elementos peligrosos para sí o para terceros.
Accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: World's Lab  S.A. c/ Rusillo, Claudio Nicolás y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

La circunstancia de no haberse realizado los trabajos de reparación del rodado no implica que no deba incluirse la mano de obra en el daño resarcible, ya que de lo contrario el damnificado debería permanecer indefinidamente con el automotor deteriorado, sin tener la posibilidad de hacerlo arreglar para restituirlo al uso que, por su índole, está destinado.
Juez de ejecución, principio de legalidad, servicio penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Roldán, Marta Liliana c/  s/ legajo de ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

En cabeza del juez de ejecución se encuentra el control activo del cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por nuestro país y los derechos de los condenados que no hayan sido afectados por la condena (art. 3, ley 24.660). Resulta claro que el principio constitucional de legalidad se encuentra entre los derechos que el juez debe garantizar, y por ende, controlar que el servicio penitenciario lo respete. Con más razón aún, debe prestar especial cuidado de no conculcarlo él mismo (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).
Daños y perjuicios, indemnización, naturaleza alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Peluso, Rubén Francisco. c/ Estado Nac. Estado Mayor Gral. del Ejército. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

La recurrente no cuestiona el carácter alimentario de la indemnización cuyo cobro pretende, importando señalar que los derechos como el ejercitado en autos han sido puestos por el legislador fuera del tráfico comercial y su incolumidad fue motivo de particular preocupación.
Delitos, robo, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: G., C. D. s/ Robo agravado por escalamiento (Expte. Nro.89-00, Resolución Nro. 46,  Tomo 8, Folio 256)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-16

"En lo concerniente a la cuestión de la calificante por escalamiento, si bien existe la opinión dividida de los tribunales y autores con relación a este tema, esta Sala comparte la posición original sustentada por el autor del Código Penal, Rodolfo Moreno y modernamente por autores como Soler y Creus, quienes ponen de relieve que la razón de ser del escalamiento como agravante se configura cuando se superan defensas establecidas o se vencen obstáculos preconstituidos por la utilización de vías no destinadas al ingreso o salida de la propiedad. El cerramiento total del perímetro de un local, sin que existan aberturas que permitan el libre acceso al mismo, importa de por sí, oponer vallas u obstáculos para impedir que extraños puedan introducirse sin dificultades.
Permisos de pesca, ley provincial, inconstitucionalidad, libertad de contratar, igualdad de trato, jerarquía constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-14

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 2632 de Santa Cruz que -en aras de asegurar fuentes laborales en las tareas de pesca- introdujo un privilegio a favor de sus habitantes y de aquellas personas que acrediten más de dos años de residencia en ella, ya que no se concilia con la igualdad de derechos que consagra la Constitución Nacional entre los habitantes de las distintas provincias, siendo la única diferencia de trato que las constituciones provinciales contemplan la que concierne a los derechos políticos, ya que para poder ejercerlos, se requiere ser natural de una provincia o acreditar determinada cantidad de años de residencia en ella (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Juicio ejecutivo, pagaré, pago, intimación de pago, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COMAFI SA c/ HALABI, DIANA ESTER s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

Si en la ejecución de un pagaré, el ejecutante no ha indicado las circunstancias del acto de presentación observando una conducta dirigida a facilitar al tribunal y al accionado, el esclarecimiento de la verdad objetiva, razón por la que omitió referenciar, aun minimamente, las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias, procede establecer en consecuencia la fecha del dies a quo a partir del diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago (conf. CPCCN art. 531) en tanto tal acto procesal equivale a la presentación, por serle exhibido en dicha oportunidad copia de los documentos al emplazado. de modo pues, que corresponde recién en dicha oportunidad tener por consolidado el derecho del pretensor de conformidad con la doctrina del CPCCN art. 163-6
Acción de amparo, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Cuestión de Competencia Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

El Alto Tribunal de la Nación ha resuelto reiteradamente que es competente para entender en la acción de amparo sólo cuando caen dentro de su competencia originaria -en referencia a los casos aforados contemplados en la Constitución Nacional- porque de otro modo quedarían sin protección derechos fundamentales regulados en la vía de amparo.(Dra. Catella:en disidencia).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad formal, sentencia arbitraria, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Una vez suscitado el caso constitucional, no existe impedimento para que el Tribunal interprete tanto el derecho local como el común, toda vez que, a diferencia de la CSJN, órgano al que toca conocer en un recurso con evidentes similitudes, no pesa sobre el TSJ una restricción de la especie que el art. 75 inc. 12 y 116, CN, imponen a la justicia federal.
Automotores, valor venal
Materia: CIVIL
Carátula: Cosmos Remises San Juan SRL c/ Linares Ariza, José y Empresa de ómnibus Mayo SRL s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-10-23

Más allá, de que se haya o no producido daño en las partes estructurales del vehículo, la simple circunstancia de que un automotor reciba un impacto o deterioros en su carrocería hace perder al mismo valor venal. Pues es público y notorio que un auto chocado, jamás queda igual al estado que tenía con anterioridad a la colisión pese a las modernas técnicas de reparación que se pudieren emplear dado que las fábricas tienen sistemas de ensamble únicos que hacen inconfundible la presencia de reparaciones. El hecho de existir daños en las partes estructurales, vale para incrementar la pérdida de valor venal por las posibles secuelas de imperfección.
Recurso de inconstitucionalidad, autosuficiencia, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CHALBAUD Y SANGINES, JOSE MARIA JUAN LEONARDO (SUCESION) c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-18

Cabe desestimar las tachas dirigidas contra la reducción de honorarios profesionales dispuesta por la Sala en el pronunciamiento impugnado, desde que los quejosos en su presentación directa incumplen la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Sala para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en orden a que los agravios expuestos en el memorial del recurso de inconstitucionalidad revelaban el mero disenso de los recurrentes con la interpretación de normas procesales arancelarias y de criterios jurisprudenciales uniformemente sostenidos por los máximos Tribunales nacional y provincial, así como de recepción en la mayoría de los Tribunales del país, sin que logren demostrar que la solución a la que se arribó excediera los límites de logicidad y razonabilidad con arreglo a las particularísimas circunstancias de la causa y de las conexas o vinculadas. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8; Ley 12851, artículos 29 y 30
Aborto sin consentimiento, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

En el caso del aborto cometido sin consentimiento de la mujer, la dignidad de la mujer, y los derechos constitucionales que de tal dignidad se derivan en orden a la protección de su embarazo en todo momento, en forma paralela con la protección de la vida del nasciturus o feto (que aquella ha decidido incorporar a su cuerpo y a su proyecto vital), se verán lesionados con tal clase de comportamiento, sin que se aprecie motivo alguno para que no se tenga por verificada tal lesión en virtud del grado de desarrollo del fruto de la concepción. Ello es así, además, dada la índole y el alcance que cabe asignar a los derechos constitucionales en juego, que al momento de ser consagrados en textos escritos no efectuaron, adicionalmente, distinción alguna sobre el punto (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, impulso procesal, leyes, interpretación restrictiva, ley laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abdala, José Luis y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Caducidad   de instancia (Expte. CSJ N.  621-1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

No puede hacerse lugar al pedido de que se dispense a un proceso de los graves efectos de la caducidad por tratarse de un juicio de naturaleza laboral -empleados de la Provincia que demandan diferencias salariales-, y sus particulares características. Ello por cuanto existen dos valores comprometidos en el ámbito de la caducidad de la instancia que aparecen encontrados. Por un lado, los efectos que la misma produce en el ámbito del proceso contencioso administrativo, que imponen una interpretación restrictiva, particularmente en materia previsional, de características tuitivas similares. Pero, por otro lado, el interés público comprometido en todo proceso de esa especie, obliga también a valorar de manera estricta las causales que permiten excepcionar a la declaración de perención de la instancia.
Honorarios, regulación de honorarios, honorarios del perito, perito contador
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA CEREALERA DEL PLATA S.A. c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS (EFA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

A los efectos de la regulación, vinculada con un trámite incidental, cuadra tener presente que en el actual régimen de la Ley 24.432 los honorarios de los peritos pueden ser establecidos en sumas inferiores a las establecidas en sus respectivos aranceles cuando "la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes" indicaren que la aplicación lisa y llana de los mínimos ocasionará una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo cumplido y la retribución que les correspondiera en virtud de las normas arancelarias (art. 13, Ley citada). Frente a la sencillez de la labor cumplida por la perito contadora que insumió menos de dos carillas y no requirió más que una comprobación de simplicidad evidente, la aplicación lisa y llana del mínimo del decreto-ley 16.638/57 conduciría a una regulación absolutamente desproporcionada con la entidad del trabajo, extremo este que la ley 24.432 con toda razonabilidad persiguió cohibir.
Ejecución prendaria, cláusula de actualización, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Pequera, Alan Ezequiel s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-18

Las cláusulas de reajuste en las hipotecas o prendas con registro constituidas para garantizar obligaciones en dinero son procedentes en virtud de lo normado por el artículo 7 de la Ley 23.928, mantenida en su espíritu por el artículo 4 de la Ley 25.561 y lo establecido por el artículo 5 del Decreto 529/91, que establecen una excepción a la prohibición de todo reajuste por desvalorización monetaria.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Balcaldi de Wagener Zulma María Rosa y otro c/ Pacer Héctor M. y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-26

El agravio se centra en la absurdidad en la valoración de la prueba, se hace necesario su confrontación habiéndose dictado como medida de mejor proveer el requerimiento de medios probatorios no remitidos a esta Sala e invocados tanto por la Cámara en sustento de su decisorio como de la recurrente en apoyo de sus agravios. Ante dicha circunstancia, esta Sala procede al examen de la prueba colectada en autos en virtud de la absurdidad invocada.-