Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-11


SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA Y TRES En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once días del mes de noviembre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 144/12, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto p/ el Dr. Edgardo Teme en contra de sentencia Nº 112/12 de Expte. Nº 060/08 - 'Moreno, Rodolfo Sebastián-Homicidio Culposo' ", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1°) ¿Es nula la resolución por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva? 2°) ¿Es nula la resolución por errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra una sentencia que, en tanto condenatoria, es definitiva; por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo con el resultado de la votación efectuada (fs. 13), los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. En lo que aquí interesa, el punto 4º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada -Nº 112/12, dictada el 05/11/2012 por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación- da cuenta del acogimiento parcial de la demanda civil incoada por Ramón Eduardo Castro en contra de la Compañía aseguradora "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada", y de la condena a ésta, en forma conjunta y/o solidaria con Rodolfo Sebastián Moreno (imputado condenado penalmente) y con Juan Carlos Moreno (demandado civil), a abonar al actor civil la suma de doscientos ochenta y siete mil pesos ($287.000) en concepto de indemnización por daño material ($245.000), moral ($35.000) y psicológico ($7.000); y el Punto 8º establece que la sentencia se extiende a la Empresa de Seguros citada en garantía, "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada", en los términos y con los alcances previstos en los arts. 117 y 118 de la ley de Seguros Nº 17418, en los límites de la cobertura del seguro (arts. 109 y concordantes de la ley Nº 17418).

II. Contra dicha resolución, el representante legal de la Cía. Aseguradora mencionada, Dr. Edgardo Teme, interpone este recurso y los agravios que desarrolla son los previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del ritual: inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva e inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, respectivamente.

Dice el recurrente que hay contradicción entre los puntos 4º y 8º de la sentencia con relación a la responsabilidad de indemnizar asignada a su representada; puesto que dice, en el 4º, que esa responsabilidad es solidaria y, en el punto 8º, que su responsabilidad se extiende en los términos de la cobertura.

Por otra parte, sostiene que es arbitraria la indemnización fijada por daño material debido a que no fueron consideradas por el tribunal las objeciones sobre el tema que esa parte había opuesto en el debate por la falta de determinación y discriminación del daño emergente y del lucro cesante. Manifiesta que el tribunal debió tener en cuenta la edad de la víctima y que el contrato de locación presentado es posterior a la fecha del deceso de la víctima por lo que carece de valor probatorio de la inversión referida en la sentencia.

Cita jurisprudencia que estima de aplicación al caso, pide que la sentencia sea revocada y su representada eximida de responsabilidad y hace reserva del caso federal.

III. Después de estudiar los argumentos recursivos concluyo que carecen de entidad a los fines pretendidos.

Por una parte, la denunciada contradicción de la sentencia es sólo aparente. Así opino debido a que, en tanto importan la motivación de lo resuelto, los fundamentos consignados en una resolución integran dicha resolución y constituyen fuente válida de interpretación de lo decidido en ella. Por ello, corresponde atender a los fundamentos expuestos por el tribunal a quo al tratar la cuarta cuestión planteada, referida a la acción civil y a las costas. En esa tarea, observo que, categórica e inequívocamente, sólo con relación a las costas, la aseguradora es responsabilizada en forma "solidaria y/o conjunta" con los demandados Moreno. Sin embargo, el tribunal no dijo lo mismo con relación a la acción civil, no responsabilizó solidariamente a la empresa aseguradora citada en garantía, como fue agregado en el punto 4º, sino hasta los límites de la cobertura contratada, como fue precisado en el punto 8º del Resuelvo.

Por ello, si bien, en tanto meramente material, podría haber sido corregido oportunamente por vía de aclaratoria, el error carece, no obstante, de entidad a los fines de descalificar la sentencia; en tanto -reitero-, una adecuada hermenéutica de lo resuelto no puede prescindir de las razones suministradas en su sustento, y la consideración de las que constan en la sentencia tornan improcedente el recurso debido a que, en las condiciones señaladas, la pretendida revocación de la sentencia por esa causal sólo expresaría un indebido exceso formal.

Por las razones dadas, mi respuesta a la primera cuestión es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por los motivos expuestos en su sustento, estoy en un todo de acuerdo con la solución propuesta en el voto precedente. Por ello, con arreglo a los mismos fundamentos, mi respuesta a la cuestión planteada también es negativa.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, por los mismos fundamentos, me expido de igual modo.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por otra parte, carece de fundamento suficiente el agravio vinculado con la prueba del daño que en la sentencia es ordenado indemnizar a la aseguradora representada por el recurrente. Así lo considero puesto que las objeciones expuestas por el recurrente no fueron presentadas en el juicio. Por ende, ninguna valoración hizo el tribunal a quo sobre las circunstancias invocadas en esta oportunidad por lo que esta Corte nada puede controlar sobre el punto. Así, da cuenta el acta del debate que, en su carácter de representante de la aseguradora, el ahora recurrente expresó que "salvo en lo concerniente a los argumentos vertidos por la defensa civil de Juan Carlos Moreno, adhiere a todo lo expuesto por el Dr. Contreras, fundamentalmente sobre el rol de la víctima en el suceso y su responsabilidad". Dijo que los rubros reclamados por la Acción Civil se rigen por los preceptos del Código Civil y deben fundamentarse, y señaló que el imputado estaba habilitado para conducir, no obstante su miopía.

Sobre el hecho, destacó la relevancia de la declaración del testigo Rossiano debido a que éste vio que Castro cruzó la Avenida Belgrano cuando no debió hacerlo; sostuvo que cabía valorar la responsabilidad del Estado por su falta de ordenamiento de ese lugar y en cuanto al cruce de peatones, sobre la velocidad y la sincronización de los semáforos, etc., que la ubicación del automóvil después del suceso no es una circunstancia para nada indicativa, y que la responsabilidad del siniestro debía ser atribuida al Estado y a la víctima; pero esas pretensiones no son mantenidas en el recurso.

Y, en el debate, no desarrolló argumentos sobre la falta de determinación y discriminación del daño emergente y del lucro cesante que en esta oportunidad lo agravia, como tampoco sobre la edad de la víctima como factor relevante a los fines indemnizatorios, ni sobre la fecha del contrato de locación presentado por el actor y su valor probatorio con relación a la inversión tenida en la sentencia como frustrada.

Así las cosas, esa omisión del recurrente, de la debida actuación en la etapa procesal correspondiente, privó al tribunal a quo de la oportunidad de pronunciarse sobre las reparos contra la sentencia opuestos en esta instancia, y a esta Corte de resolución sobre ellas susceptible de su revisión.

El recurrente tampoco rebate los argumentos de la sentencia sobre la justicia del resarcimiento del daño causado si el reclamo está fundado en la condena penal, no obstante las deficiencias técnicas de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el art. 29 del Código Penal que, en defecto de plena prueba, autoriza a los jueces a fijar prudencialmente el monto de la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, como consecuencia del delito; ni demuestra falta de prudencia del tribunal en la ponderación de la indemnización fijada ni su desarreglo con la finalidad reparatoria y no lucrativa que tiene asignada.

Por otra parte, el recurrente no demuestra el desacierto del fallo con relación a la ponderación del rubro daño material que el tribunal ordena indemnizar. Ningún argumento ofrece que ponga en evidencia el error que implica la inclusión realizada en el rubro daño emergente de los gastos por el féretro, sepelio, medicación o asistencia. Observo, asimismo, que tampoco desvirtúa lo afirmado en la sentencia con relación a que, no obstante el desorden en su presentación, la voluminosa prueba proporcionada por el actor acredita de modo suficiente el menoscabo patrimonial reclamado a título de lucro cesante. Sobre el último concepto, estimo que el agravio invocado también es insuficiente puesto que involucra solamente a una de las constancias valoradas sobre el punto: el contrato de locación inmobiliaria, al que impugna únicamente porque data de fecha posterior al hecho. Sin embargo, nada dice de los demás comprobantes considerados por el tribunal para tener por acreditada la adquisición de balanzas y equipamiento para la instalación de un nuevo local comercial, y que tienen fecha anterior al hecho. Con esa omisión, el recurrente no desvirtúa la suficiencia de los demás elementos de convicción invocados como fundamento del juicio y de la resolución cuestionada y, por ende, no demuestra la irrazonabilidad de esa valoración ni el desacierto de la decisión que critica.

Por los motivos expuestos, estimo que el agravio no puede ser acogido. Por ende, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución postulada por el Dr. Cáceres, por los motivos que él desarrolla. Por ende, en honor a la brevedad, a ellos me remito y, voto de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Por las razones que él expone, estoy de acuerdo con la respuesta dada a la cuestión por el Dr. Cáceres. Por ende, con sustento en ellas, voto de la misma manera.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por el modo en que fueron votadas las cuestiones precedentes, estimo que debe ser dictada la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación incoado por el Dr. Edgardo Teme a favor de "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada", la compañía aseguradora citada en garantía en el principal. II) No hacer lugar al recurso de casación incoado. III) Con costas (arts. 536 y 537 del CPP). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

En atención a las votaciones precedentes, corresponde resolver la cuestión del modo propuesto por el Dr. Cáceres. Por ende, adhiero in totum a su voto.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

La solución postulada por el Dr. Cáceres es acorde al modo en que quedaron votadas las cuestiones anteriores. Por ello, estoy de acuerdo con ella y voto de igual manera.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1°) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a favor de "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada".

2°) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto a favor de "Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada".

3°) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4°) Téngase presente la reserva del caso federal.

5°) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.