Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 21 de 2006.

El doctor Vilar dijo:

I.- Contra la sentencia que obra a fs. 156/160, se alzaron la actora y demandada expresando agravios a fs. 177 y 181/194 contestados sólo estos últimos a fs.195.

II.- En los presentes la actora reclama los daños y perjuicios que dijo haber sufrido el día 23 de noviembre de 2001 aproximadamente a las 13.30hs como consecuencia de la agresión -mordida- del can raza Doberman propiedad del demandado. Reclamó por daño moral y gastos de farmacia, traslados y tratamiento psiquiátrico la suma total de $20.000.

III.- El fallo de grado admitió la pretensión y condenó al demandado a abonarle a la actora la suma de $5300 con más intereses y costas.

IV.- La actora se quejó por el rechazo del reclamo por tratamiento psicológico.

La demandada criticó el pronunciamiento en cuanto determinó su responsabilidad en el hecho dañoso, y también por la admisión de los reclamos indemnizatorios, por la fijación de los intereses y la imposición de costas.

V.- Responsabilidad:

Por una cuestión metodológica estudiaré en primer término los agravios concernientes a este punto.

1) El demandado, en sus agravios expresó que la magistrada aplicó erróneamente las normas de los arts. 1124, 1125 y sgtes. del Cód. Civil, argumentando que en la especie no hubo atribución recíproca de culpas, ni coincidencia en cuanto a las circunstancias de lugar relatadas en la demanda. Negó que la mordedura del can haya existido, como así también que la actora haya padecido algún daño causado por el perro de su propiedad. Refirió que en autos de acuerdo al informe del perito veterinario quedó demostrado que la conducta de la víctima fue una clara incitación culposa y de excitación. Agregó que el animal al girar la cabeza "roza" o "toca" a la actora, quien tropezó con el mismo mientras caminaba por la vereda "casi rozando la línea de edificación".

2) En cuanto a la existencia del hecho dañoso las quejas introducidas son inconsistentes y carecen todo de sustento fáctico, por lo que adelanto, corresponde su desestimación.

En primer lugar, llama poderosamente la atención que el demandado niegue a esta altura, la existencia misma de la mordedura del animal de su propiedad.

Así, transcribió en forma parcial lo informado por el Servicio de Profilaxis Rábica dependiente del Htal. Durand, y sólo se hizo cargo que del mismo surge la indicación a la actora de la toma de "antibiótico".

En este sentido, también pasó por alto lo informado por el perito veterinario -fs. 129- en cuanto a que "el antibiótico es de recomendación obligatoria ya que las bocas de los perros contienen bacterias que causan infecciones en la mayoría de los casos y el riesgo es aún mayor en las heridas punzantes".

Valoradas estas circunstancias, resulta inconsistente la versión de los hechos realizada por el demandado, ya que la indicación de este medicamento se tornaría innecesaria en caso de que hubiere sido cierto el simple "roce" o "contacto" de la cabeza de la perra con la pierna de la actora.

Además el quejoso no se hace cargo e intenta pasar por alto que la anterior sentenciante meritó que el día 23 de noviembre de 2001 Pacheco fue atendida en el servicio señalado precedentemente, presentando herida punzo cortante en el muslo derecho "por mordedura de can". Así, fue que se asentó en el libro correspondiente (caso-causa nº 5872) y tampoco parece advertir que en dicha oportunidad además de antibióticos, se le indicó a la accionante vacuna antitetánica, suero antitetánico y vacuna antirrábica con tratamiento diferido.

Por otra parte, y pese a lo extenso de su crítica, en ningún pasaje de la misma se hizo cargo que, a raíz de la causa administrativa citada y de la denuncia de la actora, se iniciaron actuaciones por ante el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" para ejercer una observación antirrábica del animal "agresor" durante el plazo de 10 días, la cual se cumplió por intermedio de la médica veterinaria Dra. V. C. B., quien otorgó el alta clínica a su perra (v. fs. 73).

Ninguno de los informes precedentemente citados, merecieron observaciones por parte del quejoso y fueron adquiridos por la causa.

Tampoco puedo olvidar que en su responde, lejos de negar el contacto del animal con la accionante, sostuvo que su perra le dio un simple "empellón en su muslo", y coincidió en las circunstancias de día, horario y lugar relatados en la demanda.

El material probatorio debe apreciarse en su conjunto mediante la concordancia o discordancia entre ellos, ya que es la única manera de crear la certeza moral necesaria para dictar el pronunciamiento judicial definitivo.

No es la certeza absoluta lo que ha de buscar el juzgador al ponderar la prueba, sino la certeza moral de características harto distintas.

Esta última se refiere al estado de ánimo en virtud del cual el sujeto aprecia, ya que no la seguridad absoluta, sí el grado de probabilidad acerca de la verdad de la proposición de que se trata, de tal suerte que superada la mera opinión pueda el juez fundar su pronunciamiento. Muchas veces, dicha certeza moral no se obtiene con una evaluación aislada de los diversos elementos de prueba sino en su totalidad, que es bien diferente. Probanzas que individualmente estudiadas pueden ser objeto de reparo, ser débiles o imprecisas, en numerosos casos se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juzgador la convicción de la verdad de los hechos.

Es esto lo que sucede en autos, pues analizando en su conjunto los distintos elementos de prueba, de acuerdo al principio de la sana crítica que rige en esta materia (art. 386 del Código Procesal), me llevan al convencimiento de que la agresión de la perra existió. Ello, por cuanto la herida punzo cortante en el muslo de la actora fue efectivamente constatada por el Htal. Público el mismo día del hecho, sumado a la denuncia ante el Instituto Pasteur efectuado por la actora, la observación antirrábica a la que fue sometido el animal durante 10 días, el reconocimiento de las circunstancias de día y horario y el contacto del animal con la víctima efectuadas al contestar la demanda.

Teniendo por existente el hecho dañoso, no cabe otra solución que desestimar el agravio relativo a la inaplicabilidad del encuadre normativo utilizado por la magistrada para la solución del caso.

El razonamiento efectuado por el recurrente en esta instancia, en el sentido de que en autos no hubo atribución mutua de culpa carece de todo sustento, además de que contradice actos propios anteriores realizados en la causa. Justamente en su contestación de demanda, el quejoso imputó culpa a la víctima (v. fs. 32 pto. V).

En la especie es de aplicación lo dispuesto por el art. 1124 y sgtes. del Código Civil, por lo que la inculpabilidad a que se refiere el art. 1128, debe probarla quien la alega, desde que la existencia de la presunta responsabilidad por el hecho dañoso causado por el animal doméstico, recae sobre el dueño, salvo que éste pruebe que el suceso se debió al hecho de un tercero, a la culpa exclusiva del damnificado, si el animal fue excitado por un tercero o que el daño provino por caso fortuito o fuerza mayor.

En el caso la carga de la prueba recae sobre el dueño del animal, y desde esta perspectiva es que se analizarán el resto de los agravios.

En este punto cabe destacar, que a pesar de la insistencia del recurrente en resaltar que habría actuado con diligencia, sus propios dichos demuestran lo contrario. En efecto, reconoció que estaba a punto de ponerle el bozal a su perra, lo que sin esfuerzo permite concluir que el canino no lo tenía colocado en el momento de la agresión. Además refirió que sujetaba a la perra de la correa, lo cual además que no ha sido probado, en nada cambia su conducta culpable, ya que por más que la perra hubiera estado sujeta, quedó evidenciado que no encontró ningún obstáculo para agredir a la víctima como en definitiva lo hizo. Es decir, que el propio demandado reconoció que no actuó con la prudencia necesaria como para poder evitar el hecho.

La culpa alegada de la víctima, tampoco ha sido demostrada, y los testimonios rendidos en autos en nada cambian este razonamiento. El testigo Mahle -fs. 133/4- no fue presencial, y además se refirió a hechos ajenos al de autos.

La testigo Lareu -fs. 135- tampoco vio el hecho, ya que explicó que se dio vuelta cuando sintió los gritos de una persona -resp. 1a-. Además su testimonio es sumamente contradictorio, y por ende carece de peso probatorio con el fin perseguido por el recurrente -demostrar la conducta culposa de Pacheco-. Por ejemplo, surge un interrogante acerca del lugar en el que verdaderamente se encontraba la testigo al momento del hecho, ya que no se entiende como, en primer término dijo que se dirigía hacia Rivadavia y cuando escuchó unos gritos se dio vuelta -lo que inevitablemente hace suponer que se encontraba de espaldas-, pero al seguir su relato sostuvo que observó "al pasar por esa casa" que en la entrada había una persona en silla de ruedas que le estaba poniendo un bozal a un perro, y si como dijo, pasó por esa casa luego de escuchar gritos, cabe concluir que iba en dirección hacia la misma y en consecuencia habría estado de frente al acontecimiento. Sin perjuicio del lugar en el que se hubiera encontrado, sus dichos no hacen más que confirmar la conducta imprudente del dueño de la perra, puesto que la testigo se encontraría a 10 o 15 metros del lugar al momento de los gritos, y recién después, cuando pasó por la casa, vio al demandado colocarle el bozal al animal, lo cual desvirtúa la versión brindada por éste, ya que la anterior colocación del protector, no fue tal.

El testimonio de Melgarejo -fs. 137- es insuficiente para demostrar la culpa de la víctima y además, se desprende de la descripción de los hechos que no pudo determinar, si cuando escuchó los gritos de la actora la perra se encontraba con o sin el bozal -3a-.

Lo informado por el perito veterinario fue sacado de contexto por el quejoso. El profesional se expidió de manera general y no particular, aclarando "que es probable" que el perro reaccione ante un "golpe inesperado" atacando al culpable ... es una respuesta defensiva y normal de un perro no acostumbrado a recibir "maltratos", y ante la orfandad probatoria del interesado, no se encuentra probado que la actora haya obrado en este sentido.

En consecuencia, estimo que se encuentra plenamente demostrada la agresión del animal y no la alegada "incitación culposa" de la víctima que, por lo demás y con respecto a esto último, se me hace difícil siquiera presumir o figurarme que la actora haya incitado o instigado a la perra, atendiendo al perfil psicológico de la accionante, el cual detallo en el capítulo VIII del presente voto.

En definitiva, entonces, considero culpable al demandado en el evento, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y entendiendo que tratándose de una perra de tales características ella debió salir a la calle con el bozal ya puesto y no tratar de colocárselo cuando se encontraba en la vía pública. Esta omisión indica que el accionado no obró con la diligencia debida, de acuerdo a las circunstancias (art. 512 del Código Civil).

VI.- Daño moral:

Se fijó por este concepto la suma indemnizatoria de $5000.

El demandado cuestionó tanto la admisión, como su cuantía.

El daño moral se fundamenta en el art. 1078 del Código Civil y se tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, pues se trata de una prueba "in re ipsa", esto es, que surge inmediatamente de los hechos mismos, sin que tenga que guardar proporción con los perjuicios admitidos.

Vale decir que el hecho de no haber dejado secuelas incapacitantes las lesiones padecidas y acreditadas -como lo sostuvo el recurrente-, no obsta a la procedencia del daño moral, pues éste queda configurado siempre que se infiera a la víctima un daño espiritual con las consiguientes angustias, padecimientos y dificultades, sin que sea exigible que la causa de tales padecimientos sea permanente.

Este perjuicio constituye una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir del ser humano, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho" (C.N.Civ., Sala H, "Jimenez Jorge A. c/ Contreras Juan A.", del 26-02-00).

Importa una lesión a los intereses extrapatrimoniales y a las afecciones legítimas, provocado por el ataque a los sentimientos por el sufrimiento padecido, vale decir, un detrimento de orden espiritual causado por las inquietudes, molestias, fobias o dolor (cfr. Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", pág. 231; "Belluscio - Zannoni, "Código...", T. 5, pág. 700).

La determinación de su cuantía se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, no dependiendo de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales, pues no media interdependencia entre tales rubros en tanto cada uno tiene su propia configuración. El mismo no requiere más prueba que la del hecho principal habida cuenta que se trata de un daño "in re ipsa" (cfr. Llambías, "Código Civil Anotado", T. II-B, pág. 329 y CNCiv., Sala H, 04/03/92, "Rojas c/ Bernhard y otro", J.A. 1993-II- pág. 72), sin encontrarse supeditado a la entidad del daño material.

De acuerdo a las precedentes directivas, sin perjuicio de reconocer el carácter estimativo de la cuestión, pues se trata de un demérito no susceptible de ser apreciado cabalmente en dinero, (cfr. Zannoni, "El daño...", p. 245 y doc. sentada en nota 30), teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones (herida punzo cortante a causa de la mordedura del can, que llevaron a que Pacheco deba ser atendida en el htal. Durand, con tratamiento diferido e indicación de antibiótico, vacuna y suero antitetánico), los sufrimientos padecidos, su edad (57 años) y las demás circunstancias personales de la damnificada que surgen del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos (fs. 12 y 13), y de la pericia psiquiátrica, así como los inconvenientes que pudo acarrearle dicho detrimento hasta su recuperación, sumado a la incertidumbre que seguramente se produjo ante la observación antirrábica a la que fue sometido el animal agresor, no encuentro elevado el monto determinado en el pronunciamiento recurrido, por lo que propongo sea confirmado.

VIII.- Gastos por tratamiento psicológico futuro:

Este reclamo fue desestimado por la anterior sentenciante, y contra lo decidido alzó su queja la actora.

Para así decidir, la Sra. Juez "a-quo" tuvo en cuenta que el perito psiquiatra refirió que el síndrome depresivo de la actora es "secundario" al estrés traumático a que fue sometida por la lesión ocasionada por el can.

Las críticas de la actora, no alcanzan a rebatir lo decidido en la anterior instancia.

Sin perjuicio de coincidir con la recurrente en lo impreciso del informe de fs. 92/94, el que además no contestó la totalidad de puntos periciales ofrecidos por la accionante y que contiene transcripciones de hechos ajenos al antecedente de autos -fs. 94 primer párrafo-, corresponde decir que la especialista se encargó de aclarar que el cuadro que evidenció Pacheco surgió de: la anamnesis, del examen psíquico y de los test psicológicos.

En consecuencia, corresponde remitirse a dichos antecedentes los cuales demuestran que la actora refirió a la experta que su madre falleció por antecedentes de consumo de alcohol, su padre está vivo y sufre de artrosis, está separada de su segundo matrimonio, padece insuficiencia cardíaca, arritmia y se encuentra medicada con Amiodarona, Enalapril y Clonazepan (la testigo Pansa -fs. 105- refirió además, que utiliza marcapaso).

La perito aclaró que al examen psíquico, el diálogo fue "apocado" y la actora se encontró poco colaboradora, para concluir luego, que padece un cuadro de depresión reactiva.

Ahora bien, se colige del examen efectuado, que el episodio vivido con la perra del demandado, no pudo generar la totalidad de las disfunciones de carácter psíquico reseñadas en la experticia.

Asimismo, quiero poner de resalto que la perito no destacó un hecho exclusivo como desencadenante de las disfunciones, sino que indicó que "los eventos traumáticos de la vida" pueden causar desórdenes psicológicos. En consecuencia, la pericia es demostrativa que existen una serie de hechos ajenos al de autos -a lo largo de la vida de la accionante- que pudieron haber influido en su estado emocional, como ser separaciones, muerte de un ser querido, enfermedad de su padre, insuficiencia cardíaca propia, etc..

Considero pues, que si bien la mordedura del perro produjo un desorden psicológico -por el cual no hubo reclamo resarcitorio- también cabe meritar que el episodio de autos incidió sobre una personalidad que ya se encontraban afectada.

Por otra parte, el porcentaje de incapacidad informado por el perito constituye una pauta orientadora que no ata al juzgador, pues este, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso.

Por las razones expuestas, y en relación al tratamiento aconsejado por la perito a fs. 111, puedo adelantar que -a la luz de la experiencia en este tipo de casos que a diario se presentan ante los Tribunales- me inclino por pensar que estos tratamientos tan prolongados en el tiempo y de tal frecuencia sólo pueden indicarse en casos de real gravedad, donde se afecte seriamente la integridad física del reclamante o se produzca la desaparición de alguna persona querida unida por una relación de parentesco estrecho o similar; es decir, en ocasiones que producen una importante modificación en la vida del sujeto, situación no asimilable a la de la accionante, quien afortunadamente hoy no presenta secuelas físicas permanentes a raíz de la agresión sufrida.

Por todo lo expuesto, propicio se rechacen los agravios y se confirme lo decidido en el fallo apelado.

IX.- Gastos de farmacia y traslados:

Se determinó la suma de $300 y se quejó la demanda por la inexistencia de prueba del perjuicio.

Respecto a estos gastos sabido es que, la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido que pueden presumirse cuando la índole de las lesiones permitan inferir que se han efectuado erogaciones en tal sentido (conf. C.N.Civ., Sala E, "Montañez Jorge Antonio c. Borges de Moura Ramón s/daños y perjuicios", del 13-03-00; esta Sala, "Rejn David c. Medina Damián Ricardo s/daños y perjuicios", del 07-08-00 y otros).

La estimación de este perjuicio queda librada al prudente arbitrio judicial, conforme a lo dispuesto por el art.165 del Código Procesal, para lo cual tendré en cuenta que la actora fue atendida en un hospital público.

Sin perjuicio de ello, la entidad del tratamiento al cual debió someterse -conforme la atención médica que recibió-, gastos de movilidad y fármacos que debió ingerir, considero apropiada la suma fijada por la anterior sentenciante, por lo que propongo sean desestimadas las quejas y se confirme la suma reparadora fijada.

IX.- Intereses y costas:

a) Los agravios intentados se relacionan con la procedencia de la pretensión resarcitoria, lo cual ya fue tratado precedentemente y, tratándose de simples manifestaciones subjetivas de la demandada, en un mero desacuerdo con lo resuelto por la anterior sentenciante, sin puntualizar categóricamente cuáles habrían sido los errores "in iudicando" o "in procedendo" en que habría incurrido la magistrada, propongo sea desestimada la queja y se confirme la imposición de costas y la tasa de interés resuelta en la anterior instancia.

b) Es importante señalar que la sumas indemnizatorias concedidas tienen como finalidad producir el equilibrio patrimonial de la víctima, objetivo que no se alcanzaría si se disminuyesen en la medida de las costas. De ese modo, se protege el principio de reparación integral que rige en sede civil.

Por estas razones, propicio que las costas devengadas en esta instancia sean soportadas por el demandado (art. 68 del Cód. Proc.).

X.- Por ello, voto por confirmar el pronunciamiento apelado, en todo lo que decidió y fue objeto de agravio, con costas en la Alzada a cargo del demandado.

Los doctores De los Santos y Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedente, el tribunal resuelve: I.- Confirmar el pronunciamiento apelado, en todo lo que decidió y fue objeto de agravio, con costas en la Alzada a cargo del demandado. II.- A efectos de conocer en la apelación de fs. 166 deducida por considerar bajos los honorarios regulados a fs. 160, se ponderará la naturaleza de la peritación realizada, calidad, importancia, complejidad, extensión y mérito técnico-científico de la misma, y proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos en relación a los de los letrados actuantes en el juicio (cf. art. 478 del Cód. Proc.).- III.- En consecuencia, por no resultar reducidos los honorarios regulados a favor de la perito médica psiquiatra designada de oficio en autos, Dra. F. S. F., su informe pericial de fs. 92/94 se los confirma. IV.- Por la labor profesional realizada en esta instancia que culminó con el dictado de la presente, regúlanse los honorarios del Dr. D. H. R., en el carácter letrado patrocinante de la parte actora, en la suma de pesos doscientos ($200) y los del Dr. J. C. A. L., en su carácter de letrado patrocinante de la parte demandada, en la suma de pesos ciento veinticinco ($125). -Elisa M. Díaz de Vivar. -Miguel A. Vilar. -Mabel A. de los Santos.