Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21


Buenos Aires,21de junio de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La Comisión Municipal de la Vivienda inició el 19/4/94 ante la justicia civil una demanda de desalojo contra Miguel Ángel Jorge, Hugo Luis Calista y otros subinquilinos u ocupantes del predio sito entre calles Basualdo, Santander y Avda. Derqui y el remanente de las tierras del Barrio Cardenal Copello, por cuanto los demandados otorgaban al predio un destino ajeno a la autorización administrativa (fs. 154/156, expte. n° 27.540/94, del registro de la Justicia Nacional en lo Civil, al que corresponde la foliatura indicada en este punto). En lo que ahora interesa, la demanda se notificó al Sr. Calista -y a los demás codemandados- en el siguiente domicilio "Predio con accesos por las calles Basualdo 2810 y 2830 y Santander 4608/12/60/84" (fs. 162, 163, 169), quien compareció a contestarla (fs. 166/167). La sentencia de primera instancia (fs. 419/422 vuelta) hizo lugar al desalojo en contra de Calista y de los demás ocupantes, y el lanzamiento terminó el día 6/8/99 (fs. 455/456).

2. En el mes de noviembre de 1995 la Comisión Municipal de la Vivienda promovió ante la justicia nacional en lo civil una demanda por daños y perjuicios (con la que se vincula la queja en trámite ante este Tribunal) contra Miguel Ángel Jorge y Hugo Luis Calista, por la suma de $ 641.900, estimados en base al valor locativo del inmueble mencionado en el punto anterior. En este juicio, aquél fue ofrecido como prueba (fs. 10/12). El traslado de la demanda a los Sres. Calista y Jorge fue efectuado mediante sendas cédulas de notificación dirigidas al domicilio denunciado "Predio con acceso por Santander 4660 y Basualdo 2830" (fs. 17 y 18). En cuanto a Calista el oficial notificador informa que fue atendido por el requerido, quien se negó a firmar (fs. 17 vuelta). A solicitud de la actora, el a-quo declaró la rebeldía del Sr. Calista (fs. 28 y vuelta). La notificación de esta decisión, dirigida al mismo domicilio, fracasó (fs. 31 vuelta). Por esa razón se libró una nueva cédula bajo responsabilidad de la parte actora que fue fijada en la puerta de acceso (fs. 34 vuelta).

Declarada la incompetencia de la justicia nacional (fs. 202/203) las actuaciones se radicaron en los tribunales en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad (fs. 209). El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a Miguel Ángel Jorge y Hugo Luis Calista a abonar la suma que resulte de aplicar el valor locativo admitido en la sentencia ($ 2.800) a los meses que duró la ocupación (158), más actualización de las sumas correspondientes a períodos anteriores a abril de 1991, intereses y costas (fs. 289/294). La sentencia dispuso que "En cuanto al codemando Calista, hágase saber a la parte actora que deberá realizar las medidas necesarias a fin de poder conocer el domicilio real del mentado codemandado y proceder a notificar la sentencia" (fs. 294). La parte actora solicitó el libramiento de oficios a la Cámara Nacional Electoral, a la DGI y a la Policía Federal para que informen el domicilio real de Calista (fs. 308) lo que así fue ordenado por el juez (fs. 309).

La Cámara Nacional Electoral informó que el codemandado se domicilia en Basualdo n° 2742 (fs. 311), y en igual sentido lo hizo la AFIP (fs. 325). La parte actora denuncio, entonces, ese domicilio como el real del Sr. Hugo Luis Calista y solicitó que allí se le notifique la sentencia (fs. 328). El 9/10/03 el oficial notificador entrevistó a un "habitante casa" en esa dirección, quien se negó a recibir la cédula, por lo que fue fijada en la puerta de acceso (fs. 330 y vuelta).

3. El 20/10/03 se presentó el Sr. Calista en el proceso y planteó la nulidad de todo lo actuado ya que su domicilio real fue siempre el mismo, nada se hizo para correrle traslado de la demanda en él, ni se le notificó la declaración de rebeldía. Manifiesta que se afectó su posibilidad de ejercer su defensa y oponer excepciones, y que de no admitirse su planteo se afectarían sus derechos de propiedad, defensa en juicio e igualdad ante la ley (fs. 331/336) La parte actora contestó el planteo y solicitó su rechazo pues consideró válida la notificación practicada en el predio cuya tenencia otorgó la CMV y donde el Sr. Calista tenía un depósito y ejercía la compraventa de materiales de construcción y de chatarra (fs. 342/344). Señala que el impugnante no planteó la falsedad del instrumento de notificación, por la vía correspondiente.

El juez de primera instancia rechazó el planteo de nulidad (fs. 348/351).

Calista apeló esa decisión y expresó agravios contra ella (fs. 356/357 vuelta). Contestado los agravios por la parte actora (fs. 361/364), la Sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la decisión impugnada (fs. 368/369 vuelta).

4. Contra la sentencia de la alzada, el Sr. Calista planteó el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 372/375, que fue contestado por la actora a fs. 377/382 vuelta. El 23/6/05 la Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 387 y vuelta), lo que se notificó al recurrente el 4/7/05.

El 2/8/05 el Sr. Calista interpuso ante la Sala un nuevo recurso de inconstitucionalidad, en contra de la decisión del 23/6/05 que declaro inadmisible su primer recurso de inconstitucionalidad. Corrido traslado a la parte actora fue contestado (fs. 397/399 vuelta) por ella, y rechazado por la Cámara (fs. 401/402). El demandado quedó notificado de esta sentencia el 18/11/05 (fs. 404).

5. Frente a esta resolución, el Sr. Calista presentó una queja ante el Tribunal (fs. 42/62, expediente de queja).

6. El Fiscal General Adjunto se pronunció a favor del rechazo del recurso de hecho intentado (fs. 70/71 vuelta).

Fundamentos:

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. Como lo señala correctamente el Sr. Fiscal General Adjunto, el recurso de queja interpuesto a fs. 42/62 fue deducido tardíamente (art. 33, ley nº 402). Por esa razón debe ser rechazado.

2. En efecto, de conformidad con la ley n° 402, para cuestionar la decisión denegatoria del recurso de inconstitucionalidad -cuyo conocimiento y resolución corresponde al Tribunal- dictada por el juez de grado la parte puede acudir en queja ante este estrado (art. 33, LPTSJ), en el plazo y con los recaudos que la ley establece. De esa manera, puede plantear ante el tribunal ad-quem la revisión del juicio de inadmisibilidad pronunciado por el a-quo, cuya sentencia se recurre.

3. Surge del relato efectuado en las resultas:

a) que el demandado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que rechazó su apelación y confirmó el pronunciamiento de primera instancia, b) que la alzada no lo consideró admisible (por resolución del 23 de junio de 2005), c) que el Sr. Calista fue notificado de esa decisión el 4 de julio de 2005. En consecuencia, el plazo para interponer el recurso de queja comenzó a correr el día siguiente al de esa notificación.

4. El planteo de un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara que no concedió el primero, no interrumpe el cómputo del plazo para deducir la queja.

Como ya lo ha señalado el Tribunal, el plazo establecido en el art. 33 de la ley n° 402 es fatal y perentorio y no se interrumpe ni suspende por la interposición de otros recursos improcedentes [in re: "Bujman Adela s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bujman Adela c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración'", expte n° 2498/03, resolución del 18/12/03 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'D´Urso, Hernán María c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)'", expte n° 3007/04, resolución del 12/8/04). A igual solución se arriba si se aplica lo dispuesto por el art. 137, CCAyT (cf. art. 2, ley n° 402).

5. El recurrente articuló un planteo inoficioso con un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión denegatoria de la Cámara, no previsto en la ley. Mientras tanto caducó el plazo para el ejercicio de la facultad de recurrir mediante la queja la decisión denegatoria del recurso de inconstitucionalidad. La actuación de la parte recurrente, trae aparejado que el recurso de hecho deducido el día 28 de noviembre de 2005 (ver cargo inserto en fs. 62) sea manifiestamente extemporáneo, circunstancia que determina el rechazo de la queja.

Las juezas Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz dijeron:

Adherimos al voto del juez de trámite, Dr. Luis F. Lozano.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Comparto las consideraciones expuestas en el voto del señor juez de trámite, Luis Francisco Lozano, y los fundamentos que en sentido concordante desarrolla el señor Fiscal General Adjunto en su dictamen (70/71 vuelta), en cuanto sostienen que el recurso de queja interpuesto a fs. 42/62 no fue deducido en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), razón por la cual debe ser rechazado. A ellos me remito en homenaje a la brevedad.

2. Tal como fuera destacado por mi colega, la ley de procedimientos ante este Tribunal n° 402 dispone en su parte pertinente que "si el tribunal superior de la causa deniega el recurso, puede recurrirse en queja ante el Tribunal Superior de Justicia dentro de los cinco (5) días de su notificación por cédula" (art. 33, primer párrafo).

En el presente, el recurrente se notificó del rechazo del recurso de inconstitucionalidad el día 04/07/2005 (fs. 389 vuelta, autos principales). A partir de esa fecha comenzó a correr el plazo perentorio de cinco días establecido en el art. 33 de la ley n° 402. No obstante, el recurrente articuló un planteo inoficioso mediante un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala II denegatoria del primer recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Mientras tanto caducó todo plazo para el ejercicio de la facultad de interponer un recurso de hecho ante este estrado.

En razón de lo expuesto, la interposición del recurso de queja efectuada recién el día 28/11/2005 (fs. 62), resultó claramente extemporánea. Esta circunstancia sella la suerte desfavorable de la queja.

Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja interpuesto a fs. 42/62 no fue deducido en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), razón por la cual debe ser rechazado.

En efecto, a partir de la información que brindan las constancias obrantes en los autos principales n° 1586/01, unidas a las restantes constancias de la queja, se revela la secuencia temporal de tres actuaciones sucesivas deducidas por el recurrente: a) la primera de ellas es un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala II de la CCAyT del 4/2/2005, decisión por la que la alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda planteada por la CMV contra (entre otros) el Sr. Calista -cobro de una suma de pesos en concepto de indebida ocupación y retención de un predio de su propiedad?; b) la segunda actuación es un "segundo" recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Sr. Calista contra la decisión de la alzada del 23/6/2005, notificada el 4/7/2005, en la que la Cámara declaró inadmisible su anterior recurso de inconstitucionalidad; c) finalmente, el 28/11/2005, Calista plantea el recurso de queja que motiva esta litis y en el que no ataca la sentencia del 23/6/2005, sino la que vuelve a denegarle, el 10/11/2005 -circunstancia notificada al recurrente el 18/11/05?, el "nuevo" recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

2. Resulta claro, entonces, que el recurso de queja de fs. 42/62 fue deducido más de cuatro meses después de la notificación por cédula al recurrente de la resolución del tribunal superior de la causa que rechazó su recurso de inconstitucionalidad -el "primero" y único relevante al caso pues, luego de la sentencia del 23/6/2005, sólo resultaba admisible para el Sr. Calista, en el marco de esta controversia, la articulación de la queja ante el TSJ dentro de los cinco días de la notificación de la sentencia, de acuerdo con la previsión contenida en el art. 33 de la ley n° 402 (LPTSJ)?.

Por consiguiente, la demora en que incurrió el quejoso para presentar un recurso con contenido impugnativo, resulta decisiva para resolver su improcedencia a tenor de lo dispuesto en la normativa mencionada.

Ello es así porque ninguno de los preceptos que regulan el recurso de inconstitucionalidad -arts. 27 a 32 de la ley n° 402?, admite que la interposición de un segundo recurso de la misma naturaleza suspenda el curso del plazo para interponer el de queja; por lo demás, el escrito que he identificado como un nuevo o segundo RI, articulado contra la denegatoria de ese mismo remedio procesal, resulta claramente inoficioso.

3. En consecuencia, resulta aplicable al caso el contenido del voto de mayoría (jueces Conde, Maier y Casás) in re "Bujman Adela s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bujman Adela c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)'", expte. nº 2498/03, sentencia del 18/12/2003, del que surge expresamente que el plazo de la queja es fatal o perentorio (art. 33, ley nº 402, LPTSJ; énfasis suplementado). Ello también está expuesto en la ampliación de fundamentos de la jueza Ruiz quien, asimismo, hace referencia al art. 137 del CCAyT en cuanto éste dispone que, salvo prórroga específica acordada por las partes, los plazos legales o judiciales son perentorios; cf., asimismo, "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'D' Urso, Hernán María c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)'", expte. n° 3007/04, sentencia del 12/8/2004.

En razón de lo expuesto, la queja deducida a fs. 42/62 es manifiestamente extemporánea, circunstancia que determina su rechazo.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja planteada por Hugo Luis Calista a fs. 42/62 y dar por perdido el depósito de fs. 41.

2. Mandar que se registre, se notifique, y oportunamente, se devuelva el principal con la queja.