Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-24


DIAZ, Luis Víctor contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 203 p 85-89.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "DÍAZ, Luis Víctor contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 498, año 1994), de conformidad con el acuerdo celebrado el día diecisiete del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Luis Víctor Díaz promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se le liquide y pague la compensación sustitutiva de vivienda prescripta por el artículo 146 de la ley 6.769 y su decreto reglamentario 1.414/86, entre el 10.9.1987 y el 31.12.1989, debidamente actualizado hasta el 31.3.1991 y desde allí, hasta el momento de su efectivo pago, los intereses de la tasa activa del Banco de la Nación en operaciones de descuento de documentos sobre el capital actualizado, todo de conformidad a lo establecido por el artículo 3 inciso a) del decreto 1.414/86.

Afirma que el recurso es admisible por cuanto el 10.9.1992 solicitó la compensación sustitutiva de vivienda, a fin de que se le abone el beneficio prescripto por el artículo 146 de la ley 6.769 y su decreto reglamentario 1.414/86, lo que motivó que el Jefe de Policía de la Provincia, por resolución 43/93, solicitara al Ministerio de Gobierno su reconocimiento y liquidación por el período comprendido entre el 10.9.1987 y el 31.12.1989.

Narra que, por resolución 286 del 11.6.1993, el mencionado Ministro rechazó la solicitud efectuada, contra lo cual interpuso la revocatoria que fuera del mismo modo desestimada (resolución 152/93, del 22.10.1993). Contra ambas, prosigue, dedujo apelación, obteniendo como consecuencia el dictado del decreto 1.619 del 14.6.1994, mediante el cual el Poder Ejecutivo provincial puso fin a la instancia administrativa denegando su pedido.

Expone los hechos manifestando que fue trasladado el 20.7.1982 desde la Comisaría 3 de Los Tábanos a la Comisaría 1 de Vera, de la Unidad Regional XIX, siendo su domicilio real el de la localidad de Tartagal, distante 111 kilómetros de la citada comisaría, y que la función que desempeñaba (sumariante) le exigía la permanencia en el lugar de destino asignado.

En 1985, puntualiza, trasladó a su familia desde Tartagal a Vera, alquilando una vivienda hasta el 31.12.1989, fecha en que se instaló en una de su propiedad; y el 10.9.1992 solicitó el pago de la compensación mensual sustitutiva por vivienda con ese fundamento.

Entiende que, tanto la Asesora Letrada de la Unidad Regional XIX como el Jefe de Unidad, consideraron que le correspondía el pago de lo reclamado, ya que afirmaron que "en el período que origina estas actuaciones el Comisario de figuración tenía obligación de residir" fuera de su domicilio real. Fue por ello, razona, que la Asesoría Letrada General dictaminó a su favor considerando que "si bien tal traslado fue formulado a su pedido, también se ha establecido que el mencionado agente, en el período considerado, contaba con la obligación de residir en forma permanente en su lugar de destino (art. 4, decreto citado)", cuestionando sólo el período solicitado y aconsejando el reconocimiento entre el 10.9.1987 y el 31.12.1989 (de conformidad al criterio de Fiscalía de Estado respecto de la prescripción: 5 años, art. 4027 C.C.).

Apunta que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, fundándose en la resolución del Comisario Conte que expresó que "el traslado del interesado se efectuó a su pedido", entendió que no corresponde el reconocimiento de dicha compensación por lo establecido en el artículo 5, inciso a) del decreto 1.414/86, en la cual se fundó a su vez la resolución 286 del Ministro de Gobierno para rechazar su pedido.

Habiendo interpuesto contra ella revocatoria, sigue diciendo, el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (n 1619, del 6.10.1993) realizó una interpretación de la norma que conculcó sus derechos en beneficio de los intereses de la Administración, considerando que no tenía derecho a percibir dicha compensación sustitutiva porque de la interpretación conjunta de los artículos 4 y 5 inciso a) del decreto en cuestión, surge que si el traslado fue solicitado por el agente, no procede dicho suplemento, para aconsejar finalmente su rechazo, postura adoptada por el Ministro en la resolución 152 del 22.10.1993.

Afirma que el decreto que rechazó la apelación interpuesta contra esta última resolución, utilizó los mismos fundamentos antes expuestos, los que entiende carentes de motivos suficientes ya que las circunstancias fácticas esgrimidas en el primer reclamo y posteriormente no fueron resistidas ni contradichas, y en este sentido, sigue diciendo, tenía el deber y/o la obligación de residir en forma permanente en la localidad de destino, por la función que le asignó la superioridad.

Y -razona- como la misma norma establece en este caso, "aunque tuviera domicilio real o vivienda propia a menos de 60 kmts. (art. 4, decreto citado) o hubiera solicitado su traslado" tiene derecho a dicha compensación.

Pone de manifiesto que lo que no comparte es la interpretación realizada por la autoridad administrativa del artículo 5 inciso a) del decreto 1.414/86 y postula la suya, que consiste en entender que cuando el agente tiene deber de residir en el lugar al cual fue trasladado (sin importar si fue a su pedido o de oficio), le corresponde percibir el rubro en cuestión aunque tuviera domicilio real o vivienda propia a menos de 60 kilómetros.

Resalta que la interpretación efectuada por la Administración llevaría a un absurdo jurídico, por cuanto importaría sostener que aunque un empleado fuera trasladado a su pedido y sin nombramiento en un cargo en el que tenga el deber de residir donde desempeña funciones, por el mero hecho de "haber solicitado su traslado", aunque con posterioridad se lo nombrara en esas funciones en los términos del artículo 4, no percibiría en el futuro la compensación.

Finalmente, y luego de argumentar sobre la interpretación de las normas, concluye diciendo que corresponde el pago de la compensación sustitutiva de vivienda por el período fijado porque, aunque hubiere tenido domicilio real o vivienda propia a menos de 60 kilómetros del lugar de destino, y haya solicitado su traslado, el supuesto encuadra clara y nítidamente en el artículo 4 del decreto 1.414/86, porque aunque fue trasladado a su pedido, fue nombrado para desempeñar funciones con el deber de residir en forma permanente en la localidad de destino, porque el artículo 5 deja a salvo lo dispuesto por el artículo 4.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 22), comparece la demandada (f. 27) y contesta la demanda (fs. 30/32 vto.).

En su escrito de responde, opone primeramente excepción de prescripción, por entender que el reclamo administrativo tendente al cobro de las diferencias reclamadas fue presentado el 25.12.1992, o sea, luego de transcurridos más de 10 años del dictado del acto que promueve el traslado, y más de 3 años desde que el actor adquirió su vivienda.

En efecto, prosigue, si bien no existía al tiempo del reclamo norma expresa respecto al régimen legal aplicable al plazo de prescripción de la acción por el cobro de un crédito laboral originado en la relación de empleo público, la solución habrá de buscarse en la integración del ordenamiento con las normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Entiende que ese vacío legislativo fue cubierto por el artículo 26 de la ley 11.353 (Ley de Presupuesto 1997 prorrogado, que estableció el plazo de 2 años para este tipo de créditos) adoptándose igual temperamento en la ley 11.624 (Presupuesto 1998 prorrogado).

En el presente caso, afirma, es de aplicación la norma contenida en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la prescripción bienal en tanto se trata de una acreencia generada en la relación de empleo.

No obstante, y de manera subsidiaria para el caso que el Tribunal entendiera inadmisible la excepción planteada, niega que sea procedente el pago del adicional reclamado por cuanto no se han conculcado sus derechos ya que el caso no se encuadra en los términos del artículo 4 del decreto 1.414/86 mencionado.

Sostiene que la interpretación normativa realizada no ha sido errónea sino, por el contrario, lisa y llana de las directivas dispuestas en el decreto citado, y manifiesta que ha sido el propio actor quien reconoció en su pedido original que, habiendo sido trasladado el 20.7.1982, fijó su domicilio real en la ciudad de Vera en el año 1983 (como se desprende del D.N.I.).

Este sólo antecedente, apunta, sería suficiente para obstar la procedencia del posterior reclamo ya que, para acceder al suplemento en cuestión, el lugar de residencia debe distar a más de 60 kilómetros de aquel en el que el empleado debe cumplir funciones.

Se presentan, sin embargo -afirma-, otras razones obstativas del acogimiento del pedido que surgen de la propia resolución que dispuso el traslado: el hecho de que el traslado fue solicitado por él mismo (art. 5, decreto 1414/86), y que el acto resolutivo mencionado no hace alusión a funciones específicas en el caso del actor, por lo que no puede inferirse que dicho agente debiera obligatoriamente residir en la ciudad de Vera, en el cargo de sumariante, porque dichas funciones le fueron asignadas recién en 1985 por resolución 290/85, es decir, dos años después de que constituyó su domicilio en Vera.

Para concluir, resalta que llama la atención que, mientras su traslado fue dispuesto el 20.7.1982, el actor sólo dedujera reclamo administrativo tendente al cobro de dicho adicional transcurridos más de 10 años de acaecidos los hechos fundantes de su pedimento.

Solicita, en suma, se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la parte actora.

3. Abierta la causa a prueba (f. 33) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 46/48 y 49/50 vto.). Dictada (f. 51) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. Queda planteada la cuestión con el pedido del actor de que se le liquide y pague la compensación sustitutiva por vivienda que establece el decreto 1414/86 (reglamentario del artículo 146 de la ley 6769) por el período comprendido entre el 10.9.1987 y el 31.12.1989, resistido por la Provincia sobre la base de que se encuentra prescripto, y subsidiariamente, por falta de encuadre de la situación del actor en los artículos del decreto que otorgan tal derecho.

En primer lugar, resulta propicio el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por la Provincia demandada al contestar la demanda, quien postula la aplicación al caso del plazo bienal normado en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, manifestando que el reclamo administrativo fue planteado por el agente luego de los 10 años del acto que lo trasladó y a más de 3 años de haber adquirido una vivienda propia.

En tal sentido, corresponde recordar que este Cuerpo en el precedente "Volta" (registrado en A. y S. T. 197, pág. 366), al cual corresponde remitir por razones de brevedad, concluyó que "en materia de prescripción de reclamos derivados de la relación de empleo público y ante la ausencia de norma en el derecho público local, ha de preferirse la integración analógica con normas del derecho laboral, concretamente, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo".

En consecuencia, el plazo de prescripción aplicable al caso es el de dos años previsto en el la norma mencionada, por lo cual corresponde hacer lugar a la excepción planteada por el referido lapso, desde el reclamo administrativo.

Consecuencia de lo antes expuesto es la falta de éxito del recurso en estudio, puesto que, más allá de la diversidad de fechas que posee el pedido mencionado, y de las invocadas por el actor (10.9.1992) y la demandada (25.12.1992), ello no varía la suerte del remedio intentado ya que la fecha tope del pedido de pago fue el 31.12.1989, y los dos años de prescripción no llegan a ese límite sea cual fuere el punto de partida que se tome.

De todo lo expuesto se colige que, por los fundamentos vertidos anteriormente, el recurso no puede ser acogido. Las costas serán impuestas al recurrente (artículo 84, ley 4106).

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri, y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)