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Derecho laboral, convenios colectivos de trabajo, recurso de queja (procesal), empleados de banco, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación Bancaria y otro c/ Banco Hipotecario S.A. s/ otros reclamos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-13

El Banco Hipotecario se queja porque en primera instancia se la condenó a pagar la contribución extraordinaria establecida en el acuerdo de fecha 15 de mayo de 2013, celebrado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE). La accionada sostiene que dicho acuerdo no le resulta aplicable por haber suscripto un convenio colectivo de trabajo de empresa, registrado bajo el número 750/05. El Decreto 1135/04 ordenó el texto de la ley 14.250, con las modificaciones de la ley 25.877, que introdujo el capítulo V, denominado "Articulación de los Convenios Colectivos" estableciendo en el art. 18 que "Los convenios de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito mayor que los comprenda, podrán considerar: a) Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor b) Materias no tratadas por el de ámbito mayor c) Materias propias de la organización de la empresa d) Condiciones más favorables al trabajador". El CCT 750/05 suscripto por el Banco Hipotecario, por ser un convenio colectivo celebrado por una empresa dedicada a la actividad bancaria, es del ámbito menor, el que, por lo dicho, no desplaza el CCT de ámbito mayor (CCT 18/75 Bancarios). Teniendo en cuenta que el CCT 18/75 se suscribió en el año 1975, debe entenderse que, para la suscripción del CCT 750/05, ha existido una delegación implícita. Dado que el convenio de ámbito mayor no delegó ninguna otra materia el mismo rige en todo lo que exceda el de ámbito menor incluyendo los acuerdos celebrados dentro del marco del CCT 18/75. La primera regla ordenadora en las relaciones entre convenios colectivos de trabajo de distinto nivel de negociación, consiste en la dominación del convenio colectivo de trabajo de nivel superior sobre el convenio colectivo de trabajo de nivel inferior. Su consecuencia: los sujetos de la negociación del convenio colectivo de trabajo de nivel inferior solo podrán pactar sobre cuestiones no reservadas al convenio colectivo de trabajo de nivel superior. De ello se extrae que el CCT 750/05 rige en el ámbito del Banco Hipotecario, exclusivamente en las materias a las que se refiere, implícitamente delegadas por el convenio de ámbito mayor. Nunca se delegó en el CCT de ámbito menor, la posibilidad de pactar contribuciones como las que motivan este litigio que indudablemente, alcanzan a la institución demandada, en tanto el acuerdo ha sido homologado por la autoridad administrativa y, a partir de ese acto, es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas de la actividad, conforme lo dispuesto en el art. 4° de la ley 14.250.
Concurso preventivo, incidente de revisión, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Curtiembres Fonseca SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito p/ corral uno sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Siendo que, en el caso, la insinuación incoada conforme la LCQ 32 contó con opinión sindical favorable (salvo en punto a las retenciones impositivas), sin que recibiera de la deudora u otro acreedor, impugnación u observación alguna, como tampoco la recibió al tiempo de corrérsele traslado a la cesante del presente incidente; así pues, más allá de que el magistrado no haya formado convicción al tiempo de dictar la resolución de la LCQ 36 -declarando derechamente inadmisible la acreencia-, lo cierto es que tampoco puede obviarse que se ha acogido favorablemente el crédito en revisión. Tal contexto fáctico revela la existencia de un justificativo suficiente para autorizar que los gastos causídicos sean soportados en el orden causado.
Contaminación ambiental, fallos de la Corte Suprema, recomposición del daño ambiental, CUENCA HÍDRICA MATANZA RIACHUELO
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-22

Corresponde concluir que los objetivos institucionales propuestos por la sentencia de la Corte en la causa "Mendoza" se encuentran cumplidos con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental -PISA- que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo- y con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR- a cargo de su cumplimiento.
Derecho laboral, despido discriminatorio, discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, prueba, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: Trinidad, Paola Andrea c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-15

La juez de grado consideró que el desplazamiento de la actora de su puesto de trabajo fue debido a motivos ideológicos constituyendo ello un claro indicio de que el despido directo incausado del que fuera objeto en realidad encubrió un despido discriminatorio en razón de pertenecer a una agrupación política distinta de la que asumió el gobierno de la Nación en 2019. Las pruebas agregadas a la causa no evidencian que la demandada haya actuado guiada por un prejuicio reprochado por la ley 23.592. Así, la carga dinámica del "onus probandi' a la que aludiera el Máximo Tribunal en la Sentencia "Pellicori c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal" s/ acción de amparo" no exime de generar un grado de convicción que, en el caso, no se encuentra alcanzado. Lo cierto es que aun cuando se corroborara la adhesión o militancia de la actora a favor del frente político opositor al partido político gobernante, conforme surge de la prueba testimonial y documental, ello no resulta suficiente por si para establecer un nexo causal de represalia direccionado específicamente hacia la actora en el contexto por ella descripto. Era la parte actora quien tenía la carga de acreditar aquellos indicios que permitieran escindir- aunque sea en forma superficial- su situación particular en el marco de la conflictividad general. Por ello, no es posible concluir que la aplicación de tal categoría prohibida de discriminación fue la razón por la cual se habría fundamentado el trato diferenciado dado a la accionante. Asimismo, cabe recordar que la Procuración General de la Nación ha señalado que corresponde morigerar el criterio sustentado por la Corte Federal en "Pellicori" cuando surge evidenciado, como en autos, que la demandada ha extinguido en supuestos análogos la relación laboral de diversos agentes. En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha especificado que como punto de partida para el análisis de supuestos como el reclamo de la actora, debe tenerse presente que las actuaciones de las autoridades estatales están cubiertas por una presunción de comportamiento conforme a derecho por lo cual, para desvirtuar esta presunción de buena fe, una actuación irregular por parte de aquéllas tiene que aparecer apoyada en alguna probanza. Por ello, y toda vez que no media siquiera el aporte de "indicios" válidos que admitan la inversión de la carga probatoria que conduzca a que sea la demandada a quien le corresponda demostrar que su acto extintivo no tuvo una razón política e ideológica, cabe revocar la sentencia de la anterior instancia.
Incidente de verificación, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA  c/  s/ incidente de verificación de crédito por cerezo, rodolfo tobias y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-05

A mayor abundamiento, lo peticionado tampoco podría ser favorablemente acogido pues, en definitiva, la improcedencia de actualizar la suma asegurada en supuestos como el sub examine resulta una consecuencia directa de los efectos que derivan de la liquidación decretada y la imposibilidad de alterar la igualdad de los acreedores (arg. conf. LCQ 125 y siguientes).
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, incidente de revisión, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Maringa Maderas SA  c/  s/ concurso preventivo s/ inc. rev. por latam usd exim investment fund ltd
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-04

Cabe confirmar la resolución pronunciada por el señor juez a quo, en cuanto tuvo por cumplida con la condición que impone la LCQ 4 para habilitar el reconocimiento de un crédito pagadero en el extranjero. Es que aun cuando se admitiera -solo por hipótesis-, que la sociedad externa insinuante realiza actividad habitual en el país sin encontrarse debidamente registrada aquí, de ello no se sigue que carezca de "capacidad legal para obrar" (sic), de modo de obstarle a reclamar judicialmente lo debido. En el ámbito jurisprudencial, la falta de legitimación así fundada ha sido rechazada. Se ha ponderado al efecto -y en lo sustancial- la mala fe implícita en una defensa de esa especie, que presupone que, tras haber recibido los fondos prestados sin haberle importado si la sociedad prestamista se hallaba o no bien inscripta, el prestatario pretende no devolverlos invocando ese argumento. Esto debe entenderse sucedido en el caso, puesto que más allá de las negativas meramente generales en torno a la existencia de la deuda -cuya eficacia fue correctamente descartada por el señor juez de grado-, los elementos aportados a la causa permiten dar cuenta de lo contrario. Así resulta no solo del contrato de mutuo que cuenta con certificación de la rúbrica del representante de la concursada, sino además del propio reconocimiento de deuda que, también con certificación notarial de firma, fue extendido por la recurrente.
Derecho procesal, ejecuciones especiales, ejecución fiscal, organismos del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: Florentín, Elías Alejandro  c/ Delta Compresión SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-25

La accionada, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, interpone recurso de apelación contra la resolución dictada en la instancia de grado que rechazó su impugnación a la liquidación de intereses practicada por la actora e intimó a la accionada a que deposite en el plazo de cinco días una suma en concepto de intereses sobre capital de condena y de honorarios bajo apercibimiento de ejecución. La impugnación de la demandada radica en que el trámite de previsión presupuestaria realizado de conformidad con los arts. 168 y 170 de la Ley 11.672 no puede interpretarse que conlleve a un organismo público estatal a constituirlo en un deudor moroso. Sostiene que ni el traslado de la liquidación ni la notificación de la resolución que aprueba los cálculos es hábil para encuadrar el caso en la pretendida aplicación de intereses punitorios ni en la excepción del art. 770 de CCCN. La demandada es una repartición integrante del Estado Nacional, por lo que todas sus erogaciones están reguladas por la Ley de Presupuesto Nacional; rigiendo el mecanismo de previsión presupuestaria previa para la cancelación de deuda pública de imperativa aplicación. Ello impone que los interesados se sometan a las disposiciones de la ley 23.982 y a los mecanismos administrativos y su reglamentación a fin de percibir los créditos reconocidos en este proceso (conf. art. 16 de la ley citada y art. 13 de la ley 25.344). Se advierte que la primera liquidación practicada por Secretaría y aprobada por el Juzgado fue incluida en la previsión presupuestaria y abonada por la demandada lo que motivó que la actora practicara nueva liquidación por intereses punitorios previstos en el pronunciamiento y aplicara el art. 770 inc. c) CCyCN por la mora en la que había incurrido la accionada, quien en dicha oportunidad sólo objetó la liquidación practicada por la parte actora en cuanto por derecho corresponde y se intimó a la C.N.R.T. para que deposite una suma en concepto de intereses punitorios y resarcitorios sobre capital y honorarios, bajo apercibimiento de ejecución. Respecto de las sumas reclamadas derivadas de sentencias judiciales rige lo establecido en la Ley 11672 (t.o. 2014) motivo por el cual las sumas adeudadas en autos serian incluidas en el próximo Anteproyecto Presupuestario correspondiente al ejercicio. Cabe confirmar la resolución cuestionada.
Derecho laboral, despido discriminatorio, daño moral, afiliados políticos
Materia: LABORAL
Carátula: Salcedo, Mariano Gonzalo c/ Radio y Televisión Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

La accionada se queja porque la magistrada de grado calificó el despido como discriminatorio y admitió la pretensión por el pago del resarcimiento del daño moral ocasionado. Cierto es que el actor fue objeto de discriminación por motivos políticos en la oportunidad de su desvinculación, lo cual configuró un ilícito extracontractual que debe ser reparado. Si bien la indemnización tarifada que consagra el art. 245 LCT resulta prima facie omnicomprensiva de todos los daños correspondientes a las consecuencias contractuales ordinarias que se generan por la extinción del vínculo, en modo alguno ello autoriza a colegir la imposibilidad para el trabajador de reclamar otros daños que no están previstos en aquel diseño legal y que son inescindibles de la persona humana como tal. Asimismo, la valoración del daño moral corresponde al juez de la causa quien ha de determinar su procedencia e indemnización. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Derecho laboral, indemnización, intereses, despido, actualización monetaria, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Quispe Flores, Marco Antonio c/ Directv Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-22

Si en la etapa prevista en el art. 132 LO, la liquidación que se practique de conformidad con los parámetros fijados en las Actas N° 2783 y 2784 arrojara un resultado más gravoso para la demandada que el que daría de estarse a las pautas fijadas en el fallo de grado, habrá de tomarse como límite del monto total de condena la suma que surge, en definitiva, del cálculo allí efectuado, a fin de evitar caer en una reformatio in pejus para la accionada única que cuestionó el monto de codena arribado en la instancia de grado.
Concurso preventivo, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Compañía de Tratamientos Ecológicos SA  c/  s/ concurso preventivo s/incidente de revisión de crédito de cordoba recicla se
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-22

Ello por cuanto de las cláusulas del contrato de cesión celebrado con la concursada, analizadas conforme las pautas de interpretación que surgen del CCCN 1061, 1063, 1064 y 1065, se puede concluir que la primera asumió a los trabajadores de la cedente para la prestación del servicio de recolección de residuos urbanos, por lo que era la responsable por el pago de los salarios y demás prestaciones laborales durante la vigencia del acuerdo.
Incidente de verificación, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA  c/  s/ incidente de verificación de crédito por cerezo, rodolfo tobias y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-05

A más, lo solicitado implicaría una indebida modificación de una sentencia judicial que cuenta con carácter de cosa juzgada.
Derecho laboral, despido, pago en especie, rubros indemnizatorios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Agostinelli, Javier c/ Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-26

La demandada cuestiona la decisión de la anterior instancia de considerar los bonos semestrales abonados por la institución como una obligación que debía cumplir la empleadora por ser habituales. La demandada logró acreditar mediante correos electrónicos que aportó como prueba documental, que esas gratificaciones nunca fueron un derecho adquirido de ningún empleado o empleada, que no se pagó siempre y que correspondía a los objetivos previamente alcanzados, objetivos que eran determinados por la mesa ejecutiva de la entidad. Sin embargo, estos documentos fueron desconocidos por el actor al momento de producirse el traslado dispuesto por el art. 71 LO y la prueba informática que podía dar sustento a la postura de la demandada fue abdicada por la interesada. La prueba aportada en autos dejo traslucir que cada fin de semestre implicaba, al mes siguiente el pago de una suma por este concepto, equivalente a 50% del salario. La cesación de estos pagos semestrales no exhibe explicación razonable, el único atisbo que puede extraerse de las manifestaciones realizadas por la demandada en su escrito de conteste es que ello se debió a la situación de pandemia por la que atravesó nuestro país. Sin embargo dice que esa situación incidió en los distintos objetivos que debía cumplir cada sector y por ello se dejaron de abonar estas gratificaciones. Los meses más complejos podrían situarse durante el año 2020 y primera parte del año 2021, pues allí estuvieron vigentes las medidas de aislamiento y distanciamiento obligatorio que en forma progresiva fueron dejadas de lado. Pero durante esos meses, el pago de los bonos semestrales al actor fue efectivizado, tal como se desprende del informe contable. Es decir que no existe un motivo razonable y justificado que permita concluir que la demandada tuvo derecho a disminuir el salario del trabajador. El pago de los bonos eran conceptos de indudable naturaleza salarial pagados con una periodicidad semestral (cfr. art. 103 LCT). Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Quiebra, incidente de revisión, boleto de compraventa, hipoteca, inscripción registral
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Erke SRL  c/  s/ otros quiebra s/ inc. de revisión promovido por evangelina fernández y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-03

Frente a los supuestos de boletos de compraventa que se hubieran suscripto con anterioridad a la inscripción de la hipoteca, cabrá razonar del mismo modo que en el caso de que fueran posteriores, máxime, si la posesión de la o las unidades ocurre luego de la inscripción de la garantía real. Es que, la ausencia de inscripción registral obsta para reconocer en cabeza de los acreedores con derecho a escriturar, un mejor derecho que el que detenta el acreedor hipotecario que se vinculó con el titular dominial -salvo que acrediten la mala fe de este último- derivándose de ello la oponibilidad del gravamen (CNCom, Sala A, Expte. N° 14631/2016/109 "Construcciones Potosí 4013 SA s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión de Crédito por La Grotta, Emilia Ofelia y Otro", 28/06/23).
Derecho laboral, indemnización, intereses, despido, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Torre, Andrea Cecilia c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-24

El Juez de grado rechazó la petición del accionante de aplicar la capitalización anual dispuesta en el Acta 2764 de la CNAT, por considerar que en esta etapa procesal la sentencia definitiva se encuentra firme. Se agravia el accionante pues la sentencia previó la aplicación de Actas futuras de la Cámara, aspecto que la demandada no había cuestionado y por tanto se encontraba firme y consentido. La Sala mediante sentencia interlocutoria confirmó lo resuelto respecto al mecanismo de actualización del capital, en tanto y en cuanto en ese aspecto la decisión se encontraba firme por no estar cuestionada por ninguna de las partes. Confirmó la sentencia definitiva de grado que dispuso que son aplicables "las eventuales modificatorias que pudiera emanar del Superior en virtud de las variaciones económicas por las que atraviese la economía del país". Toda vez que la sentencia de sala se encuentra firme y consentida, con efecto de cosa juzgada, y que a esa fecha se encontraba vigente el Acta de la Cámara N° 2764, cabe revocar la sentencia de la anterior instancia y establecer que el monto de condena debe fijarse con más la capitalización anual establecida en el Acta 2764. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría)
Derecho laboral, indemnización, intereses, despido, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Torre, Andrea Cecilia c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-24

El juez de grado rechazó la petición del accionante de aplicar la capitalización anual dispuesta en el Acta 2764 de la CNAT, por considerar que en esta etapa procesal la sentencia definitiva se encuentra firme. Se agravia el accionante pues la sentencia previó la aplicación de Actas futuras de la Cámara, aspecto que la demandada no había cuestionado y por tanto se encontraba firme y consentido. La Sala mediante sentencia interlocutoria confirmó lo resuelto respecto al mecanismo de actualización del capital, en tanto y en cuanto en ese aspecto la decisión se encontraba firme por no estar cuestionada por ninguna de las partes. Confirmó la sentencia definitiva de grado que dispuso que son aplicables "las eventuales modificatorias que pudiera emanar del Superior en virtud de las variaciones económicas por las que atraviese la economía del país". No corresponde aplicar el Acta 2764 porque ello significaría vulnerar lo decidido por el Superior en el Fallo "Oliva c/ Coma S.A. (sent. del 29/02/24) proyectándose la figura de la cosa juzgada judicial contra la accionada por un tema que no fue objeto de estudio en la sentencia de esta CNAT. Cabe confirmar lo decidido en la anterior instancia. (Del voto del Dr. Pose, en minoría)
Contaminación ambiental, fallos de la Corte Suprema, recomposición del daño ambiental, CUENCA HÍDRICA MATANZA RIACHUELO
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-22

Luego de los informes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR- en el sentido de que se ha alcanzado un grado relevante de cumplimiento del programa; teniendo en cuenta que no hay un momento específico en que se pueda establecer que un sistema ambiental complejo está descontaminado, ya que cambia permanentemente, corresponde declarar el cese de la supervisión de la Corte, y dejar que la ACUMAR y los sujetos obligados sigan cumpliendo con el plan, disponiendo que la ejecución, aun después de que cese la supervisión del Tribunal, no puede apartarse de las reglas fijadas en las sentencias declarativas, que causan cosa juzgada (Ampliación de fundamentos del juez Lorenzetti).