Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-10


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 10 de 2008.

1. Apeló la parte actora la decisión de fs. 127/128 que admitió la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada (v. fs. 130, 131 y 166).

Los fundamentos del recurso lucen expuestos en fs. 134/139 y fueron respondidos en fs. 169/173.

2. Los peticionarios invocaron su calidad de accionistas de la sociedad Oro Blanco S.A.I.C. y F. y para acreditar tal extremo invocaron ser herederos de Lidia Elena Lasota, quien así los instituyera por testamento respecto de todos sus bienes, entre los que se encuentran las acciones que su extinto padre, Pedro Lasota, tenía en dicha sociedad representativas del 99,81% del capital social.

Acompañaron copia simple del testimonio expedido en los autos caratulados "Lasota Lidia Elena s/sucesión", del cual surge transcripto el testamento otorgado a favor de los actores y las providencias que declaran su validez en cuanto a sus formas y abierta la sucesión testamentaria, como así también la designación de Enrique Aidenbaum como administrador definitivo de los bienes del sucesorio y su aceptación del cargo (fs. 33/35), y copia de la declaratoria de herederos dictada en los autos "Lasota Pedro s/sucesión", en favor de Lidia Elena Lasota y Ana María Hladik, hija y esposa del causante (fs. 31).

Los actores promovieron la presente demanda contra la sociedad y la presidente de su directorio, Ana María Hladik, con el objeto de impugnar la Asamblea General Ordinaria de Oro Blanco S.A. celebrada el 12 de febrero de 2004, y la nulidad absoluta de todo lo actuado por los demandados en dicho ente (reuniones de Directorio y decisiones adoptadas, y de las asambleas de todo tipo que hubieran sido convocadas y de lo que allí se hubiera decidido o resuelto) con posterioridad al 4 de marzo de 2002, fecha de fallecimiento del entonces presidente del directorio, Pedro Lasota (fs. 37 vta., punto 1 y 2).

Asimismo, se demandó por los daños y perjuicios que según se dijo habrían sido causados por los demandados.

También se reclamó la exhibición de libros y los papeles de la sociedad Oro Blanco S.A. para su examen, y la remoción de Ana María Hladik como Presidente del Directorio, y de cualquier otro director titular o suplente que hubiere, y su apartamiento de los negocios sociales, pidiendo la designación de un interventor judicial.

Para admitir la defensa la señora juez de grado consideró, que los actores no tenían inscriptas a su nombre las acciones que integran el acervo hereditario, y que por ello no pueden ejercer los derechos sociales y, en su virtud, demandar a la sociedad o a algún socio invocando un carácter que aún no poseen.

Señaló que la participación accionaria es al presente incierta, por no haber sido resuelta la partición de bienes que determinará justamente que bienes le corresponderán a cada uno de los herederos del fallecido, quien sí detentaba la calidad de socio conforme los títulos invocados.

Distinguió la situación de los herederos forzosos con los herederos testamentarios, como los aquí demandantes, remarcando que mientras para los primeros la transmisión de los derechos hereditarios se produce con la muerte del causante, del modo dispuesto por el Cód. Civil 3410, sin ninguna formalidad, los segundos se hallan obligados a pedir la posesión hereditaria a los jueces en orden a lo dispuesto por el Cód. Civil 3413, no pudiendo ejercer ninguna acción que dependa de la sucesión, ni demandar a los detentadores de los bienes hereditarios según lo previsto por el Cód. Civil 3414, hasta que se otorgue la aludida posesión hereditaria.

También resaltó la diferente situación que se produce en la transmisión de la calidad de "socio" de una sociedad donde el "de cujus" fuera miembro, indicando que no necesariamente tal transmisión debe producirse ineludiblemente con el deceso del causante, por lo que podría disponerse en la partición.

Concluyó, sobre tal base, que los actores no revisten la calidad de socios de Oro Blanco S.A.I.C.F. por no haberse acreditado que se hubiera ordenado la transferencia de las acciones de la sociedad a su nombre.

3. En primer lugar corresponde señalar que, en tanto no ha sido recurrida la providencia de fs. 166, no resulta adecuada la vía elegida por la demandada para cuestionar la personería del apelante de fs. 130, al contestar los agravios de la actora en fs. 169/171 vta., punto I.

En virtud de ello, dicho planteo no será atendido.

4. Es cierto que existe cierta discrepancia jurisprudencial, en cuanto a los requisitos previos que deben cumplir los herederos del accionista fallecido para ejercer los derechos sociales derivados de las acciones transmitidas, e incluso la opinión de doctrina que considera cuanto menos necesaria la intervención del administrador de la sucesión hasta la declaratoria de herederos, para ejercer los derechos societarios emergentes de las acciones del socio fallecido (Nissen, Ricardo A., "Transmisión mortis causa de acciones", en "Transferencias y Negocios sobre Acciones", Buenos Aires, 2007, p. 401 y sigtes., y jurisprudencia allí citada).

También es cierto que es práctica habitual prever en el estatuto social cláusulas limitativas para la sucesión en la condición de socio, y que la situación provocada por la muerte de un socio genera múltiples problemas que deben ser analizados con apego a las particularidades del tipo societario y a las variantes que en orden a la autonomía de la voluntad acuerda la propia LSC (Gagliardo, Mariano, "Incorporación y exclusión de los herederos del socio", en Revista Errepar, Nº 238, septiembre 2007, p. 885 y sigtes).

Sin embargo, se advierte que en autos no obra anejada copia del estatuto social correspondiente a la codemandada Oro Blanco S.A.I.C.F., por lo que se desconoce en esta instancia si existe alguna cláusula que prevea la situación de fallecimiento de alguno de los accionistas, que se refiera a la solución para los herederos del socio fallecido y al socio sobreviviente, en relación al derecho de preferencia.

Si bien ese dato podría ser de suma relevancia para conocer los alcances de los derechos transmitidos mortis causa, ello no resulta óbice a la solución que corresponde adoptar en el caso.

Los actores invocaron ser herederos testamentarios de Lidia Elena Lasota (no se adjuntó copia de la declaratoria que así los declare), coheredera universal del socio fallecido (Pedro Lasota), sin que en ninguno de los dos procesos sucesorios se hubiere dictado la partición de bienes, en particular en el de Pedro Lasota (ver pieza glosada sin foliar entre fs. 55 y 56).

Sin perjuicio de ello, resulta de especial relevancia, y dirimente para resolver el recurso, el hecho que en el juicio sucesorio de Pedro Lasota fuera designada y se encuentra actuando una administradora provisoria, cargo que recayó en la codemandada Ana María Hladik (fs. 55).

En tal caso, teniendo en cuenta que lo cuestionado por la parte actora es la actuación que en la sociedad tuvo la mencionada administradora provisoria, como consecuencia del desempeño del cargo que le confiriera el juez que entiende en la sucesión de Pedro Lasota, es ante dicho proceso que deben plantearse las cuestiones relativas a su desenvolvimiento y su eventual remoción.

Por ende, mientras los derechos societarios emergentes de las acciones del socio fallecido sean ejercidos por la administradora provisoria de la sucesión, los accionantes carecen de legitimación para instar el presente reclamo en forma individual, máxime si se tiene en consideración que de lo informado por el juez que entiende en la sucesión de Pedro Lasota, aun no ha sido posible practicar las operaciones de inventario y avalúo, ni la partición de bienes, y que la demora también estaría relacionada con un juicio de filiación de otra supuesta hija de Pedro Lasota, hecho que fuera denunciado por la demandada en fs. 58 y no desconocido ni desvirtuado por los actores.

Ello resulta suficiente para rechazar el recurso en examen.

5. Por las razones expuestas, se resuelve: Rechazar el recurso de fs. 130. Con costas de alzada a los recurrentes vencidos (cpr 68 primer párrafo).

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.- Gerardo G. Vassallo.- Juan J. Dieuzeide.- Pablo D. Heredia.