Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-15


Comodoro Rivadavia, 15 de junio de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "T., S. L. s/ AMPARO", Expte. Nº 15.018/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Mineria y de Instrucción de la Ciudad de Sarmiento (Expte. Nº 14/2005).? I.- Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada por haber interpuesto la demandada a fs. 97/99 recurso de apelación contra la sentencia de grado de fs. 88/93, que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Señora S. L. T., y declaró la inconstitucionalidad de las Ordenanzas 116/04 y 117/04 (artículo 54 de la Constitución de la Provincia de Chubut y art.10 de la ley 4572).

A fs.97/98 expone sus agravios la recurrente, considerando errado lo resuelto por el a-quo, que se soslayo el planteo acerca de la situación legal catastral de las tierras objeto de la acción de amparo, y que una cosa es juzgar sobre la equidad del impuesto inmobiliario que debe abonar el amparista, resultante de la aplicación de la ordenanza nº114/04; obviando el encuadramiento catastral que las tierras tienen conforme las ordenanzas nº116 y nº117 y otra es decidir sobre equidad y consecuentemente el carácter confiscatorio del impuesto observando ese encuadramiento catastral que se origina en la facultad del Estado Municipal para determinar normas para las expansiones edilicias y de crecimiento de la ciudad.

II.- Corresponde en primer término considerar si el amparo es la vía idónea para lograr la declaración de inconstitucionalidad de las Ordenanzas 116/04 y 117/04.

Al respecto es dable precisar que en el orden nacional, tanto la acción de amparo (art.43, const.nacional) como la acción meramente declarativa (art.322, cód.Proc.civ.y com. De la Nación) constituyen vías idóneas para plantear la inconstitucionalidad de una ley. Pero ambas tienen una regulación distinta y características que es conveniente tener en cuenta al momento de decidir por cuál de ellas habrá de formularse el planteo de inconstitucionalidad.

Doctrina autorizada entiende que, si la circunstancia si el objeto del proceso es exclusivamente la declaración de inconstitucionalidad de una ley, la vía adecuada es la meramente declarativa de certeza, que la Corte Suprema ha admitido como sustento de la acción de inconstitucionalidad. No obstante lo señalado, dada la amplitud del art.43 de la Const. Nacional, nada impide que la pretensión de sentencia meramente declarativa sea introducida por la vía del amparo.

Pero, por el contrario, el cese de un acto (en cuanto importa una condena de no hacer - o de hacer, si lo cuestionado es una omisión-) no puede ser planteado por la vía del art.322 del Cód.Proc.Civ.Com. de la Nación, ya que en tal caso el pronunciamiento no se agotaría en una mera declaración de certeza (conf Ali Salgado "Juicio de Amparo" Ed.Astrea, pág.144).

Esta Cámara de Apelaciones ha expresado que "Si el acto y omisión se sustentan en un norma general - ley, decreto, ordenanza, etc...,- no exhiben como regla arbitrariedad o ilegalidad notorias, y que la demanda de amparo no constituye, como principio, la vía adecuada para discutir la validez o constitucionalidad de la leyes o reglamentos, a menos que la violación de los derechos o garantías sea palmaria, en cuyo caso pueden los tribunales declarar la inconstitucionalidad en este procedimiento sumario (conf. "A., J. C. y otros c/ Municipio de Comodoro Rivadavia s/ Recurso de Amparo" del 08/09/1995).

La pretensión contenida en esta acción de amparo tiene como finalidad que se declare la inconstitucionalidad de las Ordenanzas 116/04 y 117/04 dictadas por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Sarmiento, que tiene por finalidad la primera modificar los límites de la zona urbana de la localidad y la segunda que modificó la percepción del impuesto inmobiliario municipal de acuerdo a la nueva zonificación y que por ende ha producido dicha normativa que su inmueble quede ubicado en zona urbana y que en la actualidad tribute como tal, ya que el procedimiento de formación de dichas ordenanzas no han sido controvertido.

No se advierte que se impugne el sistema de formación de la ordenanza, esto es al procedimiento que antecede y concluye con su dictado, representado como una infracción formal, sino que la acción de endereza a examinar la decisión política del municipio, tal como lo señala la quejosa, " es indiscutible que la categorización de las tierras que conforman el ejido municipal es una cuestión estrictamente política" Alega la actora que ambas normas le modifican su situación tributaria, cuestionando se reitera los nuevos lineamientos del ejido municipal, pero especialmente el incremento del tributo inmobiliario, circunstancia cuyo examen se encuentra restringido en el ámbito de la justicia, dado que las facultades de revisión encuentran un límite ubicado en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado, tal como sostuvo la CSJN, en: "PRODELCO c/PEN s/Amparo, 07/05/1998).- En el mismo precedente la Corte Suprema ha manifestado que desde esa perspectiva, el Poder Judicial ejerce un verdadero control de constitucionalidad cuando verifica si los actos de los otros dos poderes se han cumplido dentro de sus respectivas esferas de actuación. De tal modo, esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en que medida -si existe alguna- el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial, facultad que sólo puede ser ejercida cuando haya alguna violación normativa que ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere. Así recuerda la tradicional jurisprudencia del Tribunal cuya sintética formulación postula que las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial (Fallos 98:20; 147:402; 150:89;

160:247). No obstante admite el control de constitucionalidad en el caso concreto de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos (Fallos: 112:63; 150:89; 181:264; 261:409), por lo que constatada la iniquidad manifiesta de una norma o de un acto de la Administración corresponde declarar su inconstitucionalidad.- Estas conclusiones no implican menoscabo al derecho de cada habitante de la Nación, de acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados sus derechos constitucionales de modo que exija reparación - como ocurriría si alguien que se encuentra legitimado, demostrase un derecho subjetivo afectado por una tarifa irrazonable- tal como lo ha sostenido desde antiguo la Corte, cuando el ejercicio de los poderes políticos afectó tales garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer por sí misma las facultades de otro poder (Fallos: 179:98; 185:12; 194:428; 195:250).- En el caso de autos, el a quo ha circunscripto la resolución a dilucidar si el tributo que el municipio impone es confiscatorio de otra potestad del mismo y es lo relativo a la situación legal catastral de las tierras del ejido urbano.

El actor reconoce a fs.31vta. que, el Honorable Consejo Deliberante, sanciona en el ámbito de sus facultades, las ordenanzas 116/04 y 117/04 lo que implica que no cabe dudas que la ampliación de la zona urbana y la fijación del impuesto inmobiliario ha sido conclusión de un procedimiento que compete al municipio como entidad que determina su ejido municipal detallando lo que resulta ser zona urbana y zona rural o no urbana.

Asimismo no se advierte que lo resuelto en las ordenanzas aludidas resulte irrazonable, si se observa que las pautas a considerar para tal fin resultan adecuadas al fin de acompañar el crecimiento poblacional y edilicio del municipio, toda vez que por un lado responde a criterio económicos-sociales, y por otro se adecuan los tributos a los valores que corresponde a la zona urbana.- La delimitación y la fijación de nuevos valores tributarios establecidos por la ordenanza no exceden el ámbito de razonabilidad que admita la revisión del sistema, ya que en definitiva se trata de que "las decisiones administrativas puedan soportar una explicación objetiva, no es imprescindible que sea aceptada por una mayoría significativa, basta una respuesta satisfactoria, una buena respuesta, capaz de convencer, o al menos, una respuesta razonable, sostenible, susceptible de resistir la comparación con otras decisiones igualmente posibles. Es decir no es un cometido de los jueces reemplazar la alternativa motivada mediante una respuesta sustentable por otra igualmente razonable y proporcionada al mismo fin, pues ello comporta el ejercicio de una facultad discrecional que sólo al poder administrativo y legislativo le incumbe valorar y decidir" (cfme. Administración Pública. Actividad Reglada, Discrecional Técnica Nuevos mecanismos de control judicial, Domingo Juan Sesin, p.348/349).- En tal sentido la Corte Suprema ha dicho que: "el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse. Solo casos que trasciendan ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces" (CSJN, Fallos 247:121).- Tampoco aparece vulnerada la igualdad en el caso concreto ya que como tiene dicho de antiguo la Corte Suprema, la garantía del art. 16 de la Constitución Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no es la igualdad absoluta o rígida, sino la igualdad para todos los casos idénticos que importan la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto no sean arbitrarias, esto es no obedezcan a propósito de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación, aún cuando su fundamento sea opinable (Fallos 295:197; 299:181) más admitir las pretensiones de la amparista, constituiría si, una vulneración al principio de igualdad.- En consecuencia y por lo expuesto debe revocarse el resolutorio apelado.

Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con la ley arancelaria local, trabajo realizado, actividad desarrollada, mérito de la labor profesional y demás pautas aplicables.-	Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,	R E S U E L V E:

1).- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs.97/99 y en consecuencia revocar la resolución de fs. 88/93.- 2).- Costas de ambas instancias a la actora vencida, regulando los honorarios profesionales, correspondientes a la primera instancia, de los Dres. M. A. E. y Dr. F. M., conjuntamente en la suma de pesos UN MIL ($1000) y del Dr. P. F. D. G. en la suma de pesos QUINIENTOS ($500), y los de esta segunda instancia al Dr. M. A. E. en la suma de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA ($350) (conf. arts.6, 7, 9, 14 y 36 del Dto.2.200 modificado por ley 4335).- 3).- Tener presente la reserva del Caso Federal.- 4).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señorita Juez de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL N° 043 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS