Proceso penal, arresto domiciliario, ejecuciones especiales, coronavirus, enfermedades crónicas, grupos de riesgo, interés superior del niño, emergencia sanitaria
Materia: PENAL
Carátula: De Irazú, María Belén c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-19

Corresponde hacer lugar al recurso y reenviar al a quo para que, con la celeridad que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con el criterio aquí establecido, en estricta aplicación de la Acordada CFCP 9/20. En el caso, se advierte, como postuló la defensa, que las genéricas alusiones a las medidas adoptadas por el SPF no resultan suficientes para justificar, sin más, el rechazo de la morigeración por motivos humanitarios. De Irazu es una persona inmunosuprimida -a causa del VIH- e integra la población de riesgo frente a un eventual riesgo de contagio del COVID 19, situación que encuadra en el supuesto del punto 2.f (Ac. 9/20 CFCP). Por otra parte, en lo atinente al interés superior de las niñas y niños involucrados, el a quo consideró que la restitución de la madre al núcleo familiar y la sustracción de las dos hijas menores del ámbito en el que son criadas y cuidadas, podría ser contraproducente ya que -según los informes- las y los menores se encuentran escolarizados, contenidos y cuidados por otros familiares. Sin embargo, omitió considerar en este punto que el Asesor de Menores -luego de entrevistarse con las niñas y niños y adultos a cargo- concluyó que sería beneficioso que su madre accediera a la prisión domiciliaria. Por otra parte, en atención al contexto actual del aislamiento social preventivo y obligatorio, la madre de María Belén De Irazú se encuentra a cargo de tres niños que en la actualidad no concurren a la escuela, lo que produce una sobrecarga de la única persona adulta, quien debe ocuparse de la limpieza, provisión y preparación de alimentos, cuidados, ayuda en tareas escolares, contención emocional y recreación de tres niños en un contexto excepcional. Además, de los informes y las consideraciones de las personas adultas a cargo, no surge que la revinculación pudiera ser perjudicial o disruptiva. Es que, a pesar de las dificultades que pudieran conjeturarse en la reincorporación al hogar de su madre para asumir sus deberes parentales, no es función del órgano de ejecución disponer sobre la readecuación de las tareas de cuidado. En definitiva, más allá de la necesaria óptica contraria a una concepción heteropatriarcal, gobierna también el extremo el principio de trascendencia mínima de la pena, de modo de garantizar el interés superior de los niños y niñas dentro del marco de las múltiples normas de derecho internacional de los derechos humanos (Reglas de Bangkok, Convención de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño) -en consonancia con el principio pro homine-, todo ello junto con el debido resguardo a la salud de la madre. Se evidencia que, el a quo subordinó el derecho a la salud de la causante, al extremo de colocar en riesgo su vida, a partir de meras apreciaciones -sin ajuste a los informes- en orden a sus falencias sobre el ejercicio del rol maternal. Se destacó que el objeto de la pretensión de la incidencia no guarda relación con el argumento del a quo relativo al adecuado tratamiento que recibe por su condición, sino que lo determinante es que su cuadro, aun siendo abordado adecuadamente, la coloca en especial situación de riesgo frente al COVID- 19. Así, la detención domiciliaria, bajo los requisitos que el a quo establezca, constituye la solución aceptable hasta el cese de la pandemia, ocasión en la que eventualmente, conforme peticionen las partes, se podrá realizar una nueva evaluación de la medida. A los fines de la continuidad del tratamiento, deberá facilitarle la provisión de medicamentos prescripta, sin perjuicio de la intervención de los órganos pertinentes para su inclusión en los programas médicos y asistenciales. El voto concurrente señaló que el tribunal no ponderó adecuadamente los intereses en juego, con especial referencia al contexto en que se integra la solicitud. La acusada, por su afección de salud y la patología que sufre, es paciente de riesgo alto en caso de infección COVID-19, encontrándose en el listado efectuado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Tampoco se ha atendido el interés superior del niño, conforme las exigencias convencionales y los elementos obrantes en el legajo, especialmente el dictamen del Asesor de Menores, quien se expidió favorablemente, aspecto no controvertido por los restantes informes, en la medida en que nadie desaconsejaba la modalidad domiciliaria. Dres. Slokar y Yacobucci - voto concurrente-.