Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-11


Salta, 11 de Junio de 2010.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "GIOVANNINI, Fernando vs. EXPRESS S.A. Directores y síndicosIncidente de responsabilidad social" expte. n° INC 143.305/05 del Juzgado de 1ª. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 1ª. Nominación - Expte n° CAM - 245.321/08 de esta Sala Tercera y, _ C O N S I D E R A N D O I) La sentencia de esta Sala de fs. 365/372 es objeto del recurso de inconstitucionalidad previsto en los arts. 153 III de la Constitución de la Provincia y 297 del Código Procesal (fs. 480/490). Dice el apoderado de los concursados que el planteo se fundamenta en la violación de las garantías constitucionales de legalidad, de propiedad, del debido proceso y de defensa en juicio, consagradas por los arts. 14, 17 y 18 de la Carta Magna Federal. Señala luego que se ha vulnerado el principio de congruencia ya que la actora, en su demanda, refiere como hechos fundantes de su pretensión a la venta de una camioneta Ford modelo 1987; a la no integración de un vehículo Volvo modelo 1985; a la no presentación de libros sociales y de comercio y a la falta de colaboración en la quiebra. Y a pesar de la negativa expresada de su parte, el Juez de grado dicta un fallo que completa la demanda en cuanto a los hechos, haciendo referencia a cuatro vehículos; a la venta de un inmueble; a supuestas reducciones de capital para concluir que se abandonó la sociedad, al no acudir a los remedios legales previstos. Dice que expresión máxima de ello es que el Juez decide signar el daño supuestamente causado sin que exista correspondencia con lo solicitado por la actora quien dejó librada la determinación del perjuicio para un estadio ulterior. Alude seguidamente a circunstancias tales como la falta de consideración en la sentencia de la quiebra de Lapa S.A., que afectó de manera sensible el desarrollo comercial de la sociedad; al incumplimiento de las obligaciones legales de parte de la sindicatura y al remate de las acciones sociales. También, sostiene que se debe tener en cuenta el límite de responsabilidad, dado por el capital social y no por la deuda falencial.

En el apartado VI se señala que hay en el fallo en crisis un abuso interpretativo que deriva en arbitrariedad de tomar la mejor y más extensa doctrina desarrollada en un caso de extrema y temeraria mala administración y aplicarla, abusando de la analogía, a un supuesto en que los incumplimientos formales no agravaron la situación societaria. Recordemos que Express S.A. era una empresa de más de cincuenta empleados que prestaba servicios a un solo cliente y que ante la quiebra de Lapa entró en cesación de pagos pero no hubo ni una sola denuncia penal ni venta a pérdida ni incremento malicioso del pasivo.

II) Como se verá, en base a los agravios que sustentan la presentación, no existe en autos la cuestión constitucional esgrimida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad. Conforme se ha señalado, no puede pretenderse la utilización de ésta para reexaminar cuestiones no federales cuya resolución es de exclusiva competencia de los jueces de la causa, si es que no se demuestra un notorio apartamiento de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamentación (CJSalta, Fallos, 1988, Tomo 39, fº 1133). Es que, lo referido al modo en que los jueces de la causa valoran las constancias de hecho y prueba, o las divergencias respecto de las normas comunes que rigen el caso, no son cuestiones susceptibles de revisión en esta instancia excepcional (CSJN, Fallos 253:345;269:250), porque la tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias en cuanto al criterio como fueron decididos los extremos de hecho, prueba y derecho no federal, cuya solución es opinable (CSJN. E.D. 71-520), ni alcanza a las resoluciones que no prescinden, sino aprecian los hechos de la causa y aplican el régimen legal vigente con el alcance que, a juicio del Tribunal, corresponde (CApel.CC Salta, Sala III, Tomo 1994, fº 160/161; Id. Id. Tomo 1997, fº 729; Id. Id. Tomo 1998, fº 644/650).

En la especie, basta la lectura de la sentencia atacada para concluir que la misma, lejos de contener fundamento aparente o de apoyarse en un voluntarismo judicial, es el resultado del discernimiento del Tribunal quien resolvió la pretensión deducida de conformidad a las circunstancias fácticas imperantes y a las normas legales aplicables. Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, aquélla se apoya en el examen de los elementos probatorios aportados en punto a elucidar la realidad de la controversia y el sentido jurídico de los hechos acreditados. Contiene argumentos lo suficientemente sólidos que aparecen encadenados a las circunstancias comprobadas de la causa y a la normativa de aplicación y con apoyo doctrinario y jurisprudencial que avalan la solución a la que se arribó, lo que quita basamento al recurso sub examen. En efecto, la sentencia de la Sala, a partir del considerando tercero, ha formulado el encuadre normativo del caso y en el considerando cuarto destacó cual es el parámetro con que debe juzgarse la actuación de los directores a fin de que proceda la acción de responsabilidad. Seguidamente, en el considerando quinto se hizo cargo del primer planteo de los apelantes en cuanto al alcance de la pretensión para determinar si hubo violación o no al principio de congruencia. Verificado que no la hubo, se sustenta el rechazo del recurso en el Informe General de la sindicatura, cuyas conclusiones no fueron objeto de observación, para poner de resalto que Visuara transfirió el dominio del automóvil C1376612 sin respetar el procedimiento legal previsto para reducción de capital social, ni acreditar el ingreso producido del mismo y que no concretó la integración del rodado dominio C1494944. Por otra parte, se destacó como hecho de grave irresponsabilidad social, el incumplimiento de la obligación de llevar libros contables, cuanto de igual modo la falta de colaboración en la quiebra, pues los apelantes no brindaron respuesta a los reiterados reclamos de la sindicatura, quien tuvo que pedir al Juez sean intimados a la entrega de la documentación requerida, carga tampoco satisfecha.

En base a tales hechos, no desvirtuados por los quejosos, se llegó a la conclusión de que se verifica el obrar doloso impuesto para la configuración de la responsabilidad que se le imputara a los demandados, pues la sumatoria de las conductas reprobables generó que los acreedores verificados no puedan percibir sus acreencias ante lo exiguo del monto obtenido en la subasta del único bien habido en el proceso principal.

Y no puede alegarse que la cita de jurisprudencia no resulta ajustada, toda vez que las circunstancias señaladas son demostrativas de la desidia en el obrar de los deudores, pues la falta de libros sociales y la no colaboración en el proceso concursal, son datos objetivos que demuestran que el cargo de responsabilidad formulado está debidamente sustentado.

En cuanto al alcance de la indemnización, también refleja un criterio ajustado, pues hay una correspondencia entre la negligencia extrema de los fallidos y el daño ocasionado a sus acreedores, reflejado en el monto del pasivo verificado.

De todos modos, cabe hacer notar que la jurisprudencia tiene resuelto que no es obligación del juez hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las pruebas producidas, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes en relación al objeto del proceso (CSJN, Fallos 250:36; 302-253; E.D. 99-54; 18-780; L.L. 112-492;1975 - B -365; 1978-B-663, 34.593-S; CApel.CC.Salta, Sala III, Año 1991, f° 535; id. id. Año 1993, f° 212; id. id. Año 1995, f° 465, entre otros); y que la prescindencia, por parte del tribunal de segunda instancia, de determinadas pruebas, no basta por sí misma para invalidar la sentencia, si ésta ha hecho mérito de otros elementos de prueba arrimados regularmente al proceso, y con suficiente trascendencia como para sustentar su decisión (CJSalta, Año 2005, Tomo 96, f° 273/280).

Los agravios de la quejosa sólo trasuntan meras divergencias con el resultado de la sentencia e implican una pretensión de revisión, a modo de tercera instancia, extraña a la competencia que habilita esta vía de excepción; basta analizar el escrito de interposición del recurso para advertir que, a través del mismo, aquél reedita e intenta discutir los mismos temas de hecho, de prueba y de derecho común que han sido objeto de controversia y decisión en las instancias ordinarias. Mas allá que se discrepe con el resultado, no puede sostenerse que el fallo carezca de fundamentos, ni que contenga errores, desaciertos u omisiones de gravedad que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido. Quedan así sin sustento los agravios de la recurrente quien no ha logrado demostrar de qué manera y en qué medida habrían resultado conculcadas garantías constitucionales de cuya violación no existe en autos evidencia alguna, pues las partes han tenido la oportunidad de formular sus planteos, y de hecho lo hicieron, y el Tribunal ha dado respuestas a cada uno de ellos. Por ello:

LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) DECLARA LA INADMISIBILIDAD FORMAL del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 480/490.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y oportunamente BAJE.