Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-11


SENT Nro. 662 San Miguel de Tucumán,11 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la VIIIa. Nominación en autos: "Rojas, Marcos Ariel s/Abuso sexual con acceso carnal, etc."; y C O N S I D E R A N D O :

1.- A fs. 24/25 la Sra. Defensora Oficial en lo Penal de la VIIIa. Nominación plantea queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, por haberle sido denegado el recurso de casación deducido contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. del 25/4/2003. Cuestiona el auto del 27/6/2003, que resolvió no conceder la vía impugnativa, por considerar que lo pretendido es una revaloración de la prueba producida; añadiendo que según doctrina de este Tribunal, la alegación de arbitrariedad por violación de las reglas de la sana crítica racional, no basta para habilitar la instancia extraordinaria.

Sostiene la defensa que tal fundamentación es insuficiente, por ignorar las pautas señaladas en el memorial recursivo; e incompleta, en tanto omite considerar los planteos sobre nulidad de los reconocimientos e incorporación extemporánea de pruebas, alegadas en oportunidad de deducir el recurso denegado. Expresa, con cita de doctrina, que los jueces de grado deben indicar los motivos en los cuales fundan su convicción, de acuerdo al principio de la sana crítica racional; por lo que en la instancia casatoria cabe la revisión de logicidad en la motivación, y la validez legal de los medios de prueba utilizados.

A su entender, los agravios planteados son de derecho, y no se limitan al mero cuestionamiento de la aptitud conviccional de los medios probatorios. Puntualiza haber denunciado infracción de normas adjetivas, que refieren a la nulidad de actos procesales (arts. 184, 185 inc. 3º, 190 y cc. del CPP); falta de fundamentación (art. 142 y 413, inc. 4º CPP); ausencia de coherencia y congruencia en la valoración de la pericia médica de la víctima; violación al principio de razón suficiente al valorar la pericia médico-bioquímica del imputado, y la pericia médica con la que se habría acreditado la supuesta violencia; violación del principio de coherencia en la valoración del reconocimiento de las víctimas, e infracción a normas constitucionales referidas al principio de preclusión y contradicción (arts. 18 de la Constitución Nacional y art. 28 de la Constitución de la Provincia) 2.- Según emerge de la resolución atacada, obrante en copia a fs. 21, el Tribunal a quo consideró -citando doctrina de esta Corte Suprema de Justicia- que la alegación de arbitrariedad, por haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, no basta para habilitar la instancia extraordinaria; con lo que se convertiría en una instancia revisora de aspectos fácticos del juzgamiento.

En el sistema procesal local, la arbitrariedad de la sentencia no constituye motivo autónomo de casación; sino que debe estar referida a alguna de las causales que habilitan la instancia extraordinaria local; esto es, violación o errónea aplicación de normas de derecho procesal o sustantivo. Si bien incumbe a esta Corte Suprema de Justicia juzgar sobre la existencia o inexistencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia denunciado, ello no exime a los órganos judiciales que deben expedirse sobre la concesión del recurso de casación, de resolver circunstanciadamente si los motivos expuestos cuentan con fundamentos para sustentar la invocación de esta excepcional doctrina. De no ser así, la jurisdicción extraordinaria se vería habilitada o denegada sin razones que expliquen uno u otro resultado, en perjuicio al derecho de defensa de los litigantes.

Cuando se ha invocado el déficit de arbitrariedad, es necesario una apreciación mínima y provisional de los fundamentos esgrimidos por el impugnante, a fin de establecer si el planteo ha sido motivado, y guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso. En el primer juicio de admisibilidad, el Tribunal de mérito no determina si la sentencia es o no arbitraria, sino que analiza si el planteo formulado, encuadra en una hipótesis abstracta de arbitrariedad que no resulte manifiestamente ajena a la litis. Tal examen no importa un juicio pleno y definitivo sobre la corrección jurídica de lo resuelto, sino que tiende a verificar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad propios de la vía extraordinaria local.

En el caso, la impugnante ha explicitado las presuntas falencias atribuidas a la decisión de la Cámara, en alegada violación a las normas que cita; y que a su entender implicarían la concreción del vicio de arbitrariedad atribuido al pronunciamiento. A más de tratarse de una sentencia definitiva, impugnada en término por quien se encuentra legitimada a tal efecto, se verifica que los motivos de casación esgrimidos han sido mínimamente explicitados; y que los mismos no se limitan a la violación de las reglas de la sana crítica, sino que la defensa reclama además pretensas nulidades procesales.

A mérito de lo considerado, y encontrándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad previstos en la ley adjetiva, corresponde admitir la queja en examen; sin perjuicio de un ulterior examen pleno sobre las cuestiones planteadas.

Por ello, y oído a fs. 27/29 el Sr. Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs 24/25 por la Sra. Defensora Oficial en lo Penal de la VIIIa. Nominación, contra la resolución de la Excma. Cámara Penal, Sala VIIa. de fecha 25/4/2003.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA