marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, competencia contencioso administrativa, concejales, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LOPEZ GONZALEZ, JORGE JAVIER (PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPALIDAD DE HUILLAPIMA) c/ PROVINCIA DE CATAMARCA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-22

En relación a la competencia originaria de esta Corte de Justicia en materia contencioso administrativa la Constitución Provincial, en su Art. 204, ha adoptado el sistema subjetivo, al establecer: "....decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso administrativas, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionan por parte interesada", de tal precepto no se infiere que el presidente de un concejo deliberante de un municipio del interior provincial pueda estar legitimado para actuar ante esta Corte de Justicia, por vía del amparo en materia contencioso administrativa pretendiendo la revisión de la política del gobierno provincial, al impugnar una licitación en trámite, para la realización de una obra pública de suministro de agua potable.

En efecto, si bien el proceso licitatorio es un acto administrativo, también es un acto de gobierno, pero que, en el caso, no le causa al actor agravio en los términos del artículo aludido supra para provocar la apertura de la competencia originaria de La Corte de Justicia en amparos que involucren materia contencioso administrativa. (jurisprudencia de este cuerpo sentada en el "caso Altamirano" y Art. 4 de la Ley 4642- reformado por el art. 1 de la Ley Nro. 4998/00).

En consecuencia, el actor que no ha sido parte en la emisión del acto, es titular de un simple interés, que lo habilita para accionar por vía del amparo común, porque lo que discute como materia de fondo o sustancial es la constitucionalidad del proceso licitatorio, y la cuestión a tratar, al involucrar sustancialmente materia constitucional, determina la competencia de los Jueces Inferiores.- Del voto ampliatorio del Dr. Cáceres
Conflicto de poderes, medida cautelar genérica, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires s/ conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-24

En materia de medidas cautelares la regla general es exigir periculum in mora -peligro en la demora-, y fumus boni juris -apariencia de buen derecho-, mientras que aquí se reclama "irreparabilidad por la sentencia" y que "la ilicitud resulte manifiesta", lo que es a todas luces diverso.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arancibia  Clavel,  Enrique  Lautaro s/ homicidio  y asociación ilícita -causa nº 259-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-08

Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio exigen que la acusación describa con precisión la conducta imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho a ser oído y producir prueba en su descargo, así como también el de hacer valer todos los medios conducentes a su defensa, que prevén las leyes de procedimientos (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Competencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: V. D. C. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-12

No compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos.
Falsificación de instrumento público, consumación del delito, tipo penal, certificado de estudios
Materia: PENAL
Carátula: SAEZ, Pedro Rubén s/ fals.doc.públ. Causa nro. 11.343
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

La circunstancia de que la certificación configure perfeccionamiento de la ilicitud, no pone en crisis su anterior consumación. Por ello la falsedad de un certificado analítico secundario se halla consumada aún cuando no se perfeccionara con la respectiva legalización. El delito en el cual se ha participado, se consuma con la sola confección del instrumento público falsificado, sin que se requiera además la exhibición o uso a los que podría estar destinado. Ello surge en forma manifiesta de la lectura del tipo penal que subsume el mentado delito, artículo 292 del Código Penal, por cuanto reprime al que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Resulta irrelevante que el instrumento carezca de la firma del imputado en el rubro "interesado" pues ello no sería obstáculo para su legalización en el caso de haber sido auténtico.
Despido, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: González de Sánchez, María Rosa c/ Cristina Dortona s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-07-03

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, ya que en el fallo cuestionado no se ha desinterpretado el art.243 de la Ley 20744 (Contrato de Trabajo), del cual resulta que cuando de las causales del despido se trata, existe una suerte de fijeza prejudicial, la cual deviene violentada con la introducción en la demanda de la causal de abuso de confianza. Toda vez que ni fue alegado, ni resulta acreditado, que la trabajadora debía fundamentalmente conocer, que más allá de las causas denunciadas en la comunicación del distracto existía otra más, en la cual objetiva ahora el abuso de confianza, que no fue invocado en la comunicación del distracto.
Leyes, retroactividad de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battista, Benedicto Enrique c/ Nasif, Moisés Félix s/ Cobro ejecutivo Rodríguez, Daniel y otro c/ Taxicop, Cooperativa de Provisión para Taxistas Limitada s/ Determinación judicial de honorarios profesionales Pedro Masi e hijos S.A. s/ Incidente de calificación de conducta Quiroga Moss, Martín c/ Quiroga Moss de Von Grolman, Marcela s/ Consignación Laffitte, Armando Douglas. Concurso preventivo, hoy quiebra s/ Incidente de responsabilidad Lara, Fernando Horacio s/ Quiebra Tempone, José Rafael y otros c/ Centro de Empleados de Comercio de Mar del Plata y otros s/ Revisión de contrato Alfredo Alvarez e hijos Sociedad Colectiva (su quiebra) c/ Banco Francés del Río de la Plata S.A. s/ Acción revocatoria concursal Toro, Sandra Karina c/ Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Banco de La Pampa c/ Cuevas, Emilio Alfredo s/ Cobro ejecutivo Plata y otros s/ Revisión de contrato Alfredo Alvarez e hijos Sociedad Colectiva (su quiebra) c/ Banco Francés del Río de la Plata S.A. s/ Acción revocatoria concursal Toro, Sandra Karina c/ Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Banco de La Pampa c/ Cuevas, Emilio Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03|1995-06-13|1996-02-06|1997-02-25|1998-05-12|1999-04-27|2002-02-19|2000-02-23|2004-06-30|2005-06-08

El art. 3 del Código Civil establece que las leyes se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están "in fieri" o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico.
Relaciones de familia, divorcio, atribución de la vivienda, canon locativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANZORENA EDUARDO en J:"54740-Torres Recabarren Olga en J: 45746-Torres Recabarren O. c E. Anzorena p/Incidente" s/ Determinación Valor Locativo (LIBRO: S071 - 361)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-08

Nuestro régimen legal establece el pago de una renta por la ocupación del inmueble que fue asiento del hogar conyugal, solo cuando el bien es propio del cónyuge culpable. No procede en caso de que sea ganancial, interpretando indebidamente las reglas del condominio, ya que en materia de familia existen disposiciones concretas, que al ser de orden público y contemplar específicamente casos puntuales, hace que no sean aplicables las normas generales aunque puedan presentar similitud con la situación a considerar.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, despido, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-03

Considerar el derecho a la estabilidad de relativo, tal como ocurre con otros derechos constitucionales, tiene como finalidad esclarecer su contenido en términos generales, a fin de advertir que éste no comprende, sin más, todo supuesto de separación del agente de su cargo. De no ser esto así, debería entenderse, vgr., que el art. 14 bis protege incluso a los agentes que fueran objeto de dicha medida por causas razonables y justificadas de incumplimiento de sus deberes, conclusión sin duda insostenible. A ello se suma, por el otro, que tampoco resulta dudoso que del carácter antes señalado no se sigue, necesariamente, que el art. 14 bis excluya la estabilidad propia.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, sanciones pecuniarias, tarjeta de crédito, conducta fraudulenta, impugnación del resumen de cuentas, información crediticia, banco de datos, lista de deudores morosos, banco central
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

A los fines de considerar la aplicación de la multa punitiva referida por la LDC 52 bis, cabe señalar que la "gravedad del hecho" no es pauta para calificar la conducta del sujeto responsable, sino para medir la cuantía de la multa; es decir, solo es tenida en cuenta para graduar el quantum de la sanción y no como condición de su procedencia (conf. Mosset Iturraspe, J. y Wajntraub, J., Ley de defensa del consumidor, Santa Fe, 2008, p. 281; Ghersi, C. y Weingarten, C., Tratado Jurisprudencial y Doctrinario - Defensa del Consumidor, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 638).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, certificado de deuda, impuesto inmobiliario, revalúo impositivo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: G.C.B.A. c/ PROP. MARISCAL RAMON CASTILLA 3023 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-19

Disidencia del Dr. Sansó:

Si el certificado de deuda presentado por el Municipio fue expedido de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4, párrafo segundo, de la ley 12704 -modificado por la ley 19782, y de él surge cuál es la deuda concreta que se reclama, sus rubros y fecha de vencimiento de pago, el cuestionamiento formulado por el ejecutado que apunta a discutir la legitimidad de la pretensión de cobro impetrada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y, por esa vía, el revalúo inmobiliario, y no las formas del título, debe desestimarse.-
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lozada Natividad c/ Peroni Juan Carlos y otros y/o quien resulte responsable o propietario s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-24

Debe reconocerse como daño psicológico el padecimiento sufrido durante el lapso transcurrido desde el hecho generador hasta que esté en condiciones de abordar el costo del tratamiento indicado, pues configura un daño cierto que merece ser reparado más allá del costo de la terapia (art. 901, 903, 906 y 1068 del Código Civil).
Concurso preventivo, verificación de créditos, honorarios, actualización monetaria, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ  LANZENI, JUAN CARLOS EN AUTOS : EMPRESA GRAL. PAZ S.A.C.I.F. - CONCURSO PREVENTIVO - s/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-06-26

Los honorarios regulados al abogado en juicio laboral y reclamada su verificación en el concurso, debe admitirse con actualización monetaria hasta su efectivo pago. Esa actualización es congruente con el privilegio que por si tiene la acreencia reclamada (art. 270, Inc. 1° In fine, ley concursal y art. 273 L.C.T.) y por la accesoriedad que tiene con relación al crédito principal.
Contrato de obra pública, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Terreri S.A.C.I.F.I.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Lo que se debe en la obra pública no es sólo la suma establecida desde el origen de la obligación, sino un valor que compense la prestación cumplida por el contratista, resultante del costo real en función del cómputo de la obra realizada, acotado por un tiempo preciso de pago y por las variaciones de costos habidas durante los períodos de ejecución, ponderadas por el sistema elegido para medirlas, canceladas también en tiempo oportuno.
Costas, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMAYA, JUAN CARLOS Y OTROS c/ O.S.S.E. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-09

La imposición de las costas por el Juez no debe ser el resultado de una operación aritmética entre lo que se demando y el monto por el que progresa la demanda, sino que las mismas deben surgir de una prudente valorización, no solo de la actuación de los litigantes, sino fundamentalmente, sobre si el reclamante ocurrió al órgano jurisdiccional fundado en legitimo derecho.-
Error de hecho (penal), inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: R., V.J. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-07-29

Para la admisibilidad de la eximente fundada en el error de hecho del agente sobre la existencia de una agresión -haciendo jugar coordinadamente los incs. 1° y 6° del artículo 34 del Código Penal-, el mismo -el error- debe revestir características tales que hubieren llevado invenciblemente a la situación de una necesaria defensa conforme a la apreciación de las circunstancias del hecho -anteriores y concomitantes- que determinan la conducta del autor del delito.
Abogados, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ARENA JORGE NICOLAS c/ HUANQUINAO FRANCISCO Y/U OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-26

La sola circunstancia de haberse impuesto las costas a la actora vencida en la incidencia, en virtud de una resolución dictada de oficio, en ejercicio de la facultad ordenatoria del juez, no faculta al letrado de la contraria a percibir honorarios, pues no hay obligación sin causa, ni retribución por actuación profesional no cumplida (art. 499 del Código Civil), debiendo, en consecuencia revocarse la providencia recurrida.
Competencia, competencia civil, competencia de menores, Tribunal de Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIVERO PASCUAL RAMON GASTON s/ SU GUARDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-22

Planteado un conflicto negativo entre Juez de primera instancia en lo civil y Juez de menores debe este tribunal dirimirlo en virtud de la potestad jurisdiccional asignada -artículo 5 ley 8618- tratándose el caso de una demanda ejercitada en función de la Ley de Patronato de Menores, vinculada a la guarda e internación del menor en un Hogar del Consejo Provincial del Menor habiéndose dictado sentencia donde se hace lugar a la acción. El fallo en cuestión se encuentra firme y ha adquirido el carácter de cosa juzgada formal y si bien no causa estado puede ser modificado, es meramente provisional y no es inmutable, procede el cumplimiento de su parte dispositiva y ello debe ser de acuerdo a lo dispuesto por Acordada del 26/02/92 todo ello en virtud del carácter que invisten tales disposiciones y a su vez las de competencia que son de orden público y ser improrrogables, por lo que dirimiendo la competencia negativa planteada debe "ejecutar" -en el término de ejecución como sinónimo de cumplimiento-, la Señora Juez de Menores de conformidad a las normas del Capítulo Segundo, apartados c) y d) de la acordada mencionada.
Responsabilidad del concesionario vial, accidente de tránsito, defensa del consumidor, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Simonassi Hugo Rolando c/ Sigma Construcciones S.R.L Y Otros s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-07

Dado que el accidente ocurrido en el camino concesionado se debió a la negligencia del chofer codemandado, quien circulaba por la autopista remolcando un trailer que no reunía las mínimas condiciones de seguridad y del cual se desprendió una pala mecánica que embistió al automóvil de los actores, no corresponde atribuir responsabilidad a la empresa concesionaria vial, pues la prevención de un acontecimiento de este tipo no puede serle exigida y su responsabilidad emergente del contrato de concesión de hacer cumplir la normativa de tránsito vigente conforme las facultades que se le otorguen no le confiere poder de policía ni de control de carga, máxime cuando no era sencillo advertir a simple vista la deficiente unión entre el camión y su remolque.
Justicia militar, delitos militares, Código de Justicia Militar, modificación de la ley, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar
Materia: PROCESAL
Carátula: Fábrica Militar de Touleno Sintético s/ Presuntas    irregularidades    que  habrían  sido  cometidas  en  la  producción y comercialización de productos elaborados
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Uno de los fines sustanciales de la reforma al art. 108 del Código de Justicia Militar, introducida por la ley 23.049, ha sido el de restringir la competencia militar a los delitos de tal naturaleza, excluyendo de esa jurisdicción a los delitos comunes en tiempo de paz.
Delito penal, indemnización, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: Nicolás, Ernesto c/ Gatica, Juan Antonio s/ Incumplimiento de Contrato -Daños y Perjuicios- Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-10-25

"No obstante su ubicación, el artículo 1101 del Código Civil, se aplica a todos los casos en que el pronunciamiento en lo civil se halle íntimamente vinculado al resultado del proceso criminal, pues en todos ellos existe la misma razón de orden público que da fundamento a la norma".
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MILENA NOGUERA, I. c/ LO IACONO, OSVALDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

La circunstancia de haberse invocado como único sostén del recurso de inaplicabilidad de ley emanado de la propia sala sentenciante, es suficiente para desestimarlo dado que la impugnación tiene por finalidad unificar la jurisprudencia contradictoria de las distintas salas del tribunal, no procede contras decisiones originadas en la misma sala. Ello es así pues tal discrepancia - si existiera - solo configuraría un cambio de criterio o variación de doctrina de esa sala, insusceptible de revisión mediante el recurso articulado.
Divorcio, honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bez, Héctor Orlando y Catalina Juana Jojol s/ Divorcio Vincular. Báez, Héctor Orlando y Catalina Juana Jojol s/ Divorcio Vincular.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-02-17|1992-02-17

Lo resuelto por el A-quo está ajustado a derecho, habida cuenta que ello resulta de la aplicación de expresas directivas legales, que consagran una garantía para el cobro del honorario profesional, al limitar de alguna manera el derecho de los litigantes a dar por concluido el trámite del divorcio iniciado, hasta tanto surja de las constancias de autos el pago de los honorarios. Razón por la cual el Juez se vio impedido a librar el oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas, a fin de que tome razón en nota marginal del divorcio decretado,resultando dicha circunstancia un vallador ante lo estatuido por el art. 39 de la ley 2011 y sus modificatoria 2385. El traslado corrido a los abogados, y no contestado, no puede interpretarse como consentimiento tácito ya que la ley exige que sea por escrito expreso.
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORONEL, ANTONIA BEATRIZ c/ CARRERA, MARCELO HORACIO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-18

El peatón distraído e incluso imprudente configura un riesgo común inherente al tránsito y el conductor del rodado en su carácter de guardián de la cosa peligrosa debe prever esta contingencia como de probable acaecimiento, extremando su atención a la evolución de la circulación y conservando el pleno dominio de su rodado, para ponerlo a cubierto de maniobras y actitudes inadecuadas de terceros.
Derecho contravencional, teoría del delito, culpabilidad, inimputabilidad, crisis económica
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: AVALOS, Evaristo s/ infr. art. 83 ley 1472-Apelación 1472-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-10

Difícilmente podría entenderse la inminencia de un "mal grave", al que alude el texto del artículo 34 inciso 2 del Código Penal, frente a situaciones de la vida diaria, generalizadas, como puede ser el desempleo y la falta de recursos económicos sufridos por el sujeto, como en el caso de autos; sino más bien que el "mal grave e inminente" debe circunscribirse a un intervalo manifiesto y determinado, el que reducirá la autodeterminación del sujeto al momento de su accionar.
Acción de amparo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Vera, Miguel Angel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Recurso de Queja por denegación de Recurso de  Inconstitucionalidad Aires s/ Amparo s/ Recurso de Queja por denegación de Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-04

La decisión de la Cámara incurre en un doble equívoco: a) considerar que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no resulta aplicable el plazo del art. 2, inc. f, de la ley 16.986; b) a renglón seguido actúa como legislador negativo creando por vía hermenéutica un plazo indeterminado cuya duración no se especifica y que quedaría librado al criterio de razonabilidad que, en cada caso, sustente cada una de las instancias a las que le toque intervenir. (Del voto del Dr.

Muñoz).
Sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, accidente in itinere, fundamentación de sentencias, reparación integral, acción civil, defectos en la fundamentación normativa
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Dirección Nacional del Antártico) en la causa Martínez, Rosa Argentina c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/ accidente de trabajo/enferm. prof. acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

Es arbitraria la sentencia que encuadró el infortunio sufrido por la actora como un accidente in itinere, calificación que se adecua a los hechos descriptos en la demanda y que podía encontrar su correlato normativo en el art. 6°, inc. 1° de la ley 24.557, pero sin embargo ese dispositivo legal no ha sido el fundamento jurídico de la condena, en tanto la alzada hizo lugar a la pretensión deducida en concepto de reparación integral, con apoyo en el derecho civil, sin justificar de qué manera la mencionada figura tenía cabida en tal marco normativo.