Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18


///la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio del año dos mil trece, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Mariano Borinsky, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n? 54/2013 caratulada: "Silva, Andrés Nicolás/recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal doctor Javier Augusto De Luca y de la señora Defensora Pública Oficial ad hoc doctora Graciela Liliana Galván, por la asistencia técnica del condenado.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Riggi, Borinsky.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

La señora Juez doctora Liliana E. Catucci, dijo:

PRIMERO:

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada con motivo del recurso de casación articulado por la defensa a fs. 4/11, contra el pronunciamiento que en copia luce a fs. 1 / 2 vta. dictado por el Juzgado Nacional de Ejecución nº 2 que no hizo lugar a la incorporación al régimen de libertad condicional del condenado Andrés Nicolás Silva.

La impugnación fue concedida a fs. 12 y mantenida a fs. 19.

Las partes acordaron la renuncia a los plazos procesales pendientes, por lo que la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

I.- La defensa encausó la vía recursiva en la primera hipótesis del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

Solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 17 y 50 del Código Penal y en su consecuencia, se resuelva la inaplicabilidad del artículo 14 del mismo texto legal, por vulnerar los principios de resocialización de la pena, de igualdad ante la ley, de culpabilidad, de ne bis in ídem, el derecho penal de acto, e implican un agravamiento en el modo de ejecución de la pena.

Expresó que el sistema progresivo reglamenta el principio de reinserción social consagrado en los tratados internacionales, bloque constitucional que determina la interpretación de la reglamentación.

Manifestó que el efecto disuasorio de la pena privativa de la libertad no se puede trasladar a la regulación de su ejecución que posee otra finalidad.

Reclamó que es obligación del Estado favorecer la reinserción del reincidente y que la Constitución Nacional no admite diferencias en cuanto a la finalidad de la ejecución penal y en ese contexto concluyó en que el artículo 14 del Código Penal recorta, sin fundamento legítimo, las posibilidades de toda reinserción a través del instituto en ciernes.

Consideró que la posición tradicional de la Corte Suprema sobre la reincidencia se encuentra en crisis, a partir del voto mayoritario del fallo "Gramajo" del Alto Tribunal y la disidencia del doctor Zaffaroni en el fallo "Argul".

Apuntó que la resolución fundada en argumentos antiguos del Superior, cuyo criterio ha sido relativizado con fallos posteriores, carece de fundamento atento al marco contemporáneo del debate y a la inclusión en el bloque constitucional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión de Juez de Ejecución, se declare la inconstitucionalidad postulada y se conceda la libertad condicional del encartado.

Hizo reserva del caso federal.

II.- En el término de oficina, el Sr. Fiscal General formuló aclaraciones y adhirió al planteo de la defensa, y sostuvo que la prohibición de la concesión de la libertad condicional a los reincidentes de manera automática y en todos los casos, es inconstitucional. Consideró que la única manera de salvaguardar la norma cuestionada consiste en el análisis en cada caso en concreto y conjuntamente con las demás pautas que se mencionan en los artículos 13 a 17 del CP y la ley 24.660.

Por ello, dictaminó que se haga lugar al recurso interpuesto.	III.- La defensa avaló lo expuesto por su antecesor, y consideró que al caso resulta aplicable lo decidido por la Sala II de este Cuerpo en "Argañaráz, Pablo E. s/recurso de casación" del 8 de mayo de 2012.

Destacó que, pese a ello, la existencia de un dictamen favorable de la vindicta pública, impone hacer lugar a la impone hacer lugar al recurso planteado en virtud del principio acusatorio que consagra la Constitución Nacional (art. 18, 75 inc. 22 y 120), y que es trasladable a la etapa de ejecución penal.

TERCERO:

A) A fin de resolver el recurso impetrado, he de efectuar una breve reseña de las presentes actuaciones.

Surge de los antecedentes de este incidente, que por sentencia de fecha 4 de diciembre de 2008 Andrés Nicolás Silva fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 13, en la causa nº 2842, a la pena de diez años de prisión por ser coautor penalmente responsable del delito de robo con arma de fuego en concurso real con amenazas simples en calidad de autor, y a la pena única de diecisiete años de prisión, comprensiva de la mencionada precedentemente y de la pena de ocho años y nueve meses de prisión, aplicada en la causa nº 1104 del Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 por los delitos de robo agravado por el uso de armas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra, en concurso real con resistencia a la autoridad, este último en concurso ideal con lesiones graves.

En esa oportunidad se le revocó el beneficio de la libertad condicional, que le fuera otorgado el 21 de noviembre de 2006, en el legajo nº 6104 y se lo declaró reincidente.

La defensa oficial solicitó la invalidez constitucional de artículo 50 del Código Penal y la inaplicabilidad de los artículos 14 y 17 del mismo cuerpo legal, y se otorgue a Silva la libertad condicional.	El Sr. Fiscal de Ejecución Penal puso de relieve la extemporaneidad del planteo porque la declaración de reincidencia fue consentida tácitamente y no se verificaron hechos posteriores que ameriten su invalidación.

Sin perjuicio de lo cual, insistió en la doctrina tradicional del Alto Tribunal que legitima el régimen de la reincidencia, que el precedente "Gramajo" citado por la defensa carece de vinculación con el caso, y que el artículo 17 del catálogo penal no ha sido derogado por lo que resulta un impedimento para otorgar el beneficio pretendido.

En tales condiciones, se expidió en sentido negativo.	El Sr. Juez a cargo de la ejecución rechazó la solicitud de la defensa en concordancia con dictaminado por el señor Fiscal y agregó que aplicando los artículos 14 y 17 del Código Penal al caso de autos ".siendo que el T.O.C. Nº 13 en causa nro. 2842 le ha revocado la libertad condicional otorgada por esta sede judicial en fecha 21 de noviembre de 2006 en el legajo 6104 y que lo ha declarado reincidente, y tal condena es la que en autos se ejecuta, se desprende claramente que han quedado configurados los impedimentos legales antes referidos, configurándose como excepcionalidades legales a la incorporación a tal régimen, siendo que.es una posibilidad dentro de la progresividad y no así una incorporación automática, debiendo evaluar previamente si el condenado se encuentra en condiciones de ser incorporado al mismo.".

Señaló que ".en primer lugar no se deben configurar las excepciones dispuestas por la ley, y en segundo lugar y en base a su evolución penitenciaria se encuentren dadas las condiciones para que pueda acatar las reglas de conducta que le serían impuestas.[.] si bien la búsqueda de la progresividad es determinante para la ejecución de una condena, la misma debe ser llevada dentro de un marco de legalidad, no pudiendo dejar de lado las excepciones establecidas por el legislador.".

Finalmente, subrayó que ".lo establecido en el artículo 14 y art. 17 del Código Penal no coarta la posibilidad del condenado, ya que la ley 24660 contempla diferentes modos de garantizar el régimen progresivo del condenado a través no sólo del instituto de la libertad condicional, sino por medio del régimen de libertad asistida, salidas transitorias, semilibertad, modificación de cambio de régimen penitenciario, entre otros.

B)Centrado pues el agravio planteado a la inconstitucionalidad del artículo 50 del Código Penal y la inaplicabilidad de los artículos 14 y 17 del mismo cuerpo legal, debe señalarse que, más allá de la tardía introducción de la cuestión constitucional, resaltada por el Sr. Fiscal de Ejecución, el pedido carece de fundamentos en los términos de la conocida jurisprudencia del Superior (cfr. entre otros Fallos: 226:688; 242:73; 263:309; 300:241; y 305:1304).

De la atenta lectura del decisorio en crisis, se aprecia que tanto la defensa en su planteo, como el representante del Ministerio Público Fiscal, en su intervención ante esta instancia, se limitaron a insistir en sus propias opiniones sobre el tema debatido, sin confutar la doctrina del Alto Tribunal sentada in re: "Gómez Dávalos, Sinforiano s/ recurso de revisión" (Fallos: 308:1938), por lo que su agravio se torna insustancial.

Ausencia de fundamentos, que serían ya suficientes para su rechazo. Más aún cuando los fundamentos del Superior que la defensa califica de "antiguos" y que dice fueron relativizados en fallos posteriores, se advierten, por el contrario, vigentes a la fecha, en atención a que en su actual integración ha mantenido el criterio señalado en "Gómez Dávalos" (confr. in re A.577.XLV. "Álvarez Ordoñez, Rafael Luis s/causa nº10.154").

Sin embargo y en esa misma línea de objeción a su progreso, se advierte que tampoco refutaron el criterio del magistrado, que, por lo demás concuerda con el criterio seguido por la suscripta como integrante de la Sala I de esta Cámara in re: "Collia, Damián Joaquín y otro s/ recursos de casación e inconstitucionalidad", c. n? 4594, reg. n? 5680, rta. el 28 de febrero de 2003; "Bonfanti, Oscar Roberto s/ recurso de casación", c. n? 6634, reg. n? 8635, rta. 23 de marzo de 2006; "Saavedra, Martín Andrés s/ recurso de casación", c. n? 7081, reg. n? 9086, rta. el 26 de junio de 2006; "Rivero Villasante, Walter Hugo s/ recurso de inconstitucionalidad", c. n? 7805, reg. n? 10.416, rta. el 4 de mayo de 2007; "Arciénaga Sosa, Alejandro Miguel s/ recursos de casación e inconstitucionalidad", c. n? 7891, reg. n? 10.543, rta. el 5 de junio de 2007; "Fernández, Carlos s/ recurso de inconstitucionalidad", c. n? 8172, reg. n? 10.979, rta. el 10 de septiembre de 2007, y sus citas, entre tantas otras; y como juez de esta Sala III in re: "Gómez, Humberto Rodolfo s/ recurso de casación", c. n? 13.074, reg. n? 457/11, rta. el 19 de abril de 2011; "Arriola, Carlos Lauro s/ recurso de inconstitucionalidad", c. n? 13.638, reg. n? 1279/11, rta. el 5 de septiembre de 2011, "Crespi, Daniel Eduardo s/recurso de casación e inconstitucionalidad" c. nº 14.255, reg.122/12, rta. 29/02/12, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.

En mérito a esa doctrina, no confutada por la Defensa ni por el representante del Ministerio Público Fiscal, más allá de sus discrepancias, corresponde rechazar el planteo.

Resta señalar que la variación de criterio de la parte acusadora, en nada limita a la potestad jurisdiccional, ni resiente el sistema diseñado por el código de forma.

Por ello, auspicio al Acuerdo el rechazo del recurso de casación articulado por la defensa, con costas (arts. 456, 470, 471 a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.	El señor Juez Doctor Eduardo Rafael Riggi, dijo:

Por compartir en lo sustancial los argumentos, tratándose la presente de un planteo análogo al recientemente resuelto por esta misma Sala en la causa Nº 16.729 "Linares, Víctor Pedro s/recurso de casación e inconstitucionalidad", Reg. nº 1789 del 14/12/2012, adherimos a la propuesta de la colega preopinante.

El señor Juez Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. Por compartir en lo sustancial los fundamentos esgrimidos por la distinguida colega, doctora Liliana E. Catucci, tal como lo he expresado en ocasión de emitir mi voto en Sala IV in re "Hernández, Juan Ramón s/ recurso de casación" causa nº 14.672, rta. el 07/03/2012., reg. nro. 248/12 y "Arrieta, Walter Sergio s/inconstitucionalidad" causa nº 13.630, rta. el 27/03/2012, reg. nro. 360/12; y como integrante de esta Sala III in re "Linares, Víctor Pedro s/recurso de casación e inconstitucionalidad" causa nº 16.729, rta. el 14/12/12, reg. nro. 1789/12 y "Vivas, César s/recurso de casación" causa nº 16.327, rta. el 08/03/2013, registro nro. 192/13-, adhiero a la solución allí propiciada.

En efecto, el resolutorio dictado por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal nº 4, que no hace lugar a la pretensión defensista de inconstitucionalidad de los artículos 17 y 50 del Código Penal de la Nación y rechaza la solicitud de incorporación de Andrés Nicolás Silva al régimen de libertad condicional, se encuentra debidamente fundado en las constancias de la causa y resulta ajustado a derecho.

Sentado ello, entiendo que las consideraciones introducidas por el Señor Fiscal ante esta instancia, doctor Javier Augusto De Luca -en cuanto postula que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 14 del C.P. y hacer lugar al recurso interpuesto-, son formalmente improcedentes. Ello es así, especialmente, en atención a la posición que sostuvieron tradicionalmente las cuatro Salas de esta Cámara con respecto a la constitucionalidad del art. 50 (in re "Bonfanti, Oscar Roberto s/casación", causa 6634, rta. 23/3/06, reg. Nro. 8635 de la Sala I; "Salas, Gabriel Darío s/casación", causa nº 5106, rta. 5/4/05, reg. Nro. 238.05 de la Sala III) y la denegatoria de la libertad condicional en los casos de reincidencia (confr. in re "Castro, Miguel Ángel s/casación" causa nº 4340, rta. 11/11/02, reg. Nro. 5470, de la Sala I; "Ferreira, Héctor Fabián s/casación", causa nº 6507, rta. 9/6/06, reg. Nro. 8714 de la Sala II; entre otras).

En concreto, corresponde citar lo señalado por la Sala IV -con diferente integración-, in re "Ortíz, Juan Carlos s/inconstitucionalidad", causa nº 1837, rta. 11/12/2000, Reg. Nro. 3047, en cuanto a que "el beneficio de la libertad condicional no viene impuesto por la Constitución Nacional; y si por opción legal el legislador estableció el régimen, está dentro de sus facultades reglamentar razonablemente cuándo y en qué casos procede y a qué condiciones habrá de someterse al liberado; así como prever los supuestos de su improcedencia siempre que el criterio de exclusión resulte atendible y justificado, marcando una pauta de política penitenciaria que se asienta en un dato insoslayable de la realidad".

"Es que los argumentos, señalados por el recurrente, se hallan dirigidos a cuestionar los fundamentos de la reincidencia y se vinculan con materias propias de política criminal, que en tanto no den lugar a normas que contradigan nuestra carta Magna, son aspectos propios de la esfera del Poder Legislativo y por lo tanto ajenos a la competencia de los jueces" (cfr. C.S.J.N. "Valdez"). Tiene dicho la Corte que "el principio de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal de que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas aunque su fundamento sea opinable" (C.S.J.N. Fallos 299:146; 300:1049 y 1087; 301:1185).

En síntesis, la discusión planteada por el representante del Ministerio Público Fiscal, debe ser rechazada en esta instancia. Ello, toda vez que el señor Fiscal no trajo nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la constitucionalidad del art. 14 del C.P. (cfr. causa "L`Eveque, Ramón Rafael", Fallos: 311:1452, sentencia del 16 de agosto de 1988) ni tampoco el fiscal logra refutar la posición de la constitucionalidad adoptada por el suscripto en fallos unánimes de Sala IV y Sala III (in re "De Gracia, Lucas Héctor s/ recurso de casación" causa nº 16.530, rta. 16/5/13, registro nº 682/13 de la Sala IV, "Vivas, César s/recurso de casación" causa nº 16.327, rta. el 08/03/2013, registro nº 192/13 de la Sala III, entre otros).

En efecto, no sólo comparto la doctrina establecida por el más Alto Tribunal en el fallo mencionado, sino que, además, corresponde su acatamiento en el caso, en atención a la autoridad institucional que revisten sus fallos, dado su carácter de último intérprete y salvaguarda de la Constitución Nacional (Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 270:335; 307:1779; 312:2007).

II. En definitiva propicio al Acuerdo se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensora oficial de Andrés Nicolás Silva a fs. 4/11, con costas (arts. 470, 471, ambos a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Tener presente la reserva del caso federal.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación articulado a fs. 4/11, CON COSTAS (arts. 456, 470, 471, -a contrario sensu-, 530 y 531 del C.P.P.).

Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y remítase al Tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Dres. Liliana E. Catucci - Eduardo R. Riggi - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes Lopez Alduncin. Secretaria de Cámara.