marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, actos interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: B.C.R.A. c/ Zurcher, Luis Alberto Antonio s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Como principio para producir efectos interruptivos de la caducidad de la instancia, los actos deben ser realizados en el mismo expediente. Ello es lo que surge del art. 311 del Código Procesal, en el que se ubica como origen del plazo de caducidad la última petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal, aludiendo siempre, de ese modo, a una actividad cumplida por o ante el órgano jurisdiccional. Si bien ese principio no es absoluto, las excepciones deben ser interpretadas con criterio restrictivo, por tratarse de una pretensión de hacer valer una supuesta actividad que aunque eventualmente vinculada a la marcha del proceso, no goza de la certeza o credibilidad que le otorga la intervención judicial.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil), desaparición del núcleo familiar
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIROTA VICTOR c/ SIROTA SALOMON s/ ORDINARIO S/ INCIDENTE DE EMBARGO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

Si bien es cierto que a los fines de la ley 14394 se entiende por "familia" la constituida por el propietario con alguna de las personas mencionadas en su art. 36, no lo es menos que a los efectos del art. 49 Inc. D) del mencionado cuerpo normativo, la falta de subsistencia del grupo familiar solo puede ser invocada como causal de desafectación cuando el mismo ha desaparecido a raíz de la extinción de los vínculos jurídicos que ligaban a sus integrantes, más en caso de fallecimiento, deberán haber muerto todos los beneficiarios como expresamente lo exige el citado art. 49, para que ella proceda.
Declaración indagatoria, facultades discrecionales del juez, resoluciones inapelables, prueba pericial
Materia: PENAL
Carátula: GATABRIA, Omar. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-25

La decisión de que el imputado preste declaración indagatoria es una medida técnicamente discrecional para el juez y, por tanto, inapelable (*). El juez no está atado a las conclusiones de los peritos, cualquiera sea el número de los intervinientes, sino que su deber es someterlas a su concienzudo examen y aceptarlas sólo si lo convencen plenamente (**).
Empleados públicos, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Eleodoro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

El criterio de evaluación empleado por el municipio que, a los efectos de lograr una mayor eficiencia de la actividad estatal decidió mantener en actividad a parte del personal que había solicitado el retiro voluntario no se presenta como disvalioso, sobre todo cuando se trata de la confrontación de intereses particulares con el interés público; a lo que cabe agregar que no resulta admisible, so pretexto de que el acto impugnado carece del requisito de motivación, cuestionar las facultades genéricas de organización de la Administración comunal.
Monto de la indemnización, reparación integral, responsabilidad civil, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, derechos y garantías constitucionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

Toda persona tiene el derecho a una reparación integral de los daños sufridos y este principio basal del sistema de reparación civil encuentra su fundamento en la Constitución Nacional y está expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, 5° y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: Sogga, Luis Constantino c/ Consejo Provincial de Vialidad y/o Gobierno de la Provincia s/ Recurso de amparo ACOSTA, HUGO ANGEL Y/U OTROS c/ DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y/U OTRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-30|2005-09-07

La competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, que proviene de la propia Constitución Provincial, no es susceptible de ampliación por ley o acuerdo de partes, y la sola naturaleza del amparo no autoriza el allanamiento de las instancias de grado.
Contratos, leasing, venta con reserva de dominio, fijación de precios, aplicación de la ley, legislación extranjera, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MSF/HSF Argentina SA c/ Galeno SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Los contratos de leasing que la doctrina denomina lease intented as security, conforman una modalidad regulada por el Uniform Commercial Code de los Estados Unidos en el art. 9 (security of transaction, esto es, operaciones garantizadas) y en su art. 2 (sales, es decir, compraventas) por ser consideradas ventas de equipos. Trátase de una venta con reserva de dominio, de un arrendamiento para garantizar el derecho del acreedor que transmite el uso del bien y, a la postre el derecho de propiedad de aquél, una vez satisfecho su precio íntegro (CNCom, Sala D in re "The Capita Corporation de Argentina SA c/ Intervet Argentina SA", del 28/11/08; cfr. Martorell, en "Tratado de los contratos de empresa", Buenos Aires, 1998, t°. I, pág. 380, nro. 5, con abundante cita de doctrina).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, pornografía, menores, prescripción
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ Queja Por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Correa Magne, Juan Sebastian Sobre 128 1 Párr. - Delitos Atinentes a la Pornografía (Producir/Publicar Imágenes Pornogr. C Menores 18)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

No cabe reducir a impericia o negligencia las causas posibles de una solución benigna, sino que un ejercicio eficiente del poder investido en el MPF propende, al menos, a tres legítimos fines: asegurar una respuesta penal, aun cuando no sea la óptima; obtenerla en el mínimo tiempo posible, para despejar la incertidumbre de procedimientos prolongados que muchas veces llevan a la prescripción de la acción, frustrante no solo para la sociedad sino también para el imputado; y consumir las mínimas energías del aparato fiscal y judicial, energías siempre escasas. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto in re "Armella", expte. n° 91293; resolución del 04-10-2023).
Orden de allanamiento, fundamentación de la resolución, autoridad de prevención, comunicación al juez, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL
Carátula: Garrido, Alejandro J. y otros s/ Recurso de casación. Causa: 2102
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

La orden de allanamiento se encuentra suficientemente fundada si el magistrado interventor recibió información policial -en los términos del art. 195 del C.P.P.N.- y fue avanzando en precisiones respecto de las hipótesis delictivas pesquisadas. Esa información precisa y circunstanciada emanada de autoridades policiales expresamente citada, hace a la fundamentación de la orden, sin que fuese menester, so riesgo de incurrir en exceso de rigor formal, la repetición del contenido de las notas.
Constitución Nacional, debido proceso, defensa en juicio, juicio político, ley provincial, derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

No se advierte violación a la garantía constitucional del art. 18 de la Constitución Nacional, si en la tramitación del proceso destitutorio se cumplió la totalidad de los trámites previstos en las leyes 5496 y 5502 de San Juan, que garantizan al enjuiciado la posibilidad de ser oído y probar los hechos que creyera conducentes para su descargo.
Recurso de queja (procesal), derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Kostzer, Moisés s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA) Autónoma de Buenos Aires c/ Kostzer, Moisés s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-25

La regulación normativa en materia de acceso a la información está destinada a facilitarlo razonablemente y no a restringirlo. Pretender que porque el ente demandado no se encuentra comprendido en la ley que regula la garantía, no debe proporcionar al actor la información que este requiere, constituye un argumento inadmisible.
Nulidad de sentencia, revocación de la prisión preventiva, privación ilegal de la libertad, coautoría, robo calificado, homicidio calificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-29

Corresponde anular la resolución que dispuso el cese de la prisión preventiva si omitió analizar debidamente las particulares circunstancias del caso, las condiciones personales del encartado, y la gravedad de los hechos imputados (amenazas; allanamiento ilegal reiterado; privación ilegítima de la libertad reiterada, cometida por abuso funcional agravado por el empleo de violencias y amenazas; tormentos agravados; robo agravado y homicidio doblemente agravado, todos ellos en concurso real y en calidad de coautor).
Abogados, ejercicio profesional, escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vivas de Alvarez, María Veneranda s/ sucesión ab intestato Dionisio de Aristu, Ana María s/ su sucesión Bortolín, José s/ sucesión ab intestato Vivas de Alvarez, María Veneranda s/ sucesión ab intestato Vivas de Alvarez, María Veneranda s/ sucesión ab intestato Vivas de Alvarez, María Veneranda s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04|2001-08-13|2002-03-01|2000-02-04

El patrocinio letrado es bastante para certificar la identidad del suscribiente, asumiendo el letrado la responsabilidad que tal acto pudiera importar (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, abogados, sentencia penal, juicio de apremio, acción civil, proceso penal, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: GIUSSANI, ORESTE L c/ GARRIDO, ENRIQUE FEDERICO s/ APREMIO.    CONFLICTO DE COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 86-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-13

Los reclamos por honorarios devengados, regulados y consentidos pero impagos- ya sea por la actuación del profesional que cumplió el rol de poderdante del actor o demandado civil, ya por la de quien atiende la defensa técnica del justiciable -demandado o no civilmente- se hallan incluidos en la "iusprivatización" de la ejecución de la sentencia penal a que alude el art 575 del código procesal penal cuando se refiere al "pago de las costas".
Prenda, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ODERZO BEINAT S.A. c/ CIA. MINERA VALLECITO S.A. s/ Ejecución Prendaria (LIBRO: A072 - 085)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-10-04

"... si bien puede reconocerse, ... que el tema de los efectos procesales del domicilio contractual, es materia opinable, por las dudas que puede merecer la autenticidad del documento en que consta el mismo, no se discute que, reconocido por su otorgante ( o, lo que es lo mismo, no desconociendo oportunamente, como en el caso de autos) adquiere el mismo valor que el de los instrumentos publicos entre los que lo han suscripto.-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia definitiva, falta de prueba, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Boiry,  Liliana  Enriqueta  Juliana c/ Vergara del Carril, MaríaRosa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar a la acción de simulación y declaró simulada la adquisición de dos inmuebles, si no se ha acreditado que la decisión materia del recurso extraordinario ocasione un agravio actual e insustituible de reparación ulterior (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Corte Nº 063/08 en Expte. Corte Nº 47/07 "Sacayan, José Ramón c/ Cámara de Senadores y/o Estado Provincial s/ Acción de Amparo" s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-28

Corresponde rechazar el recurso extraordinario federal deducido en contra de la Sentencia Definitiva Nro. 7/08 dictada por este Tribunal ante el incumplimiento de los requisitos reglamentarios de admisibilidad establecidos por la CSJN, mediante Acordada Nro. 4/07, en cuanto a la cantidad de renglones permitidos y al contenido de la carátula al omitirse la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BELGRANO SOC. COOP. LTDA. Y OT. EN J: CERUTTI OLGUIN ADRIAN RUBEN c/ JOSE CAPEL Y OTS. s/ Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad - Casación (LIBRO: S254 -  149)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-16

La incapacidad no sólo atiende a las pérdidas laborales, sino que alcanza a las lesiones que deterioran la vida en relación.
Sucesiones, embargo, bienes inmuebles
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ Oscar Miguel s/ Sucesorio - Inc. de Redición de Cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-06-09

Si bien, la sucesión no es una persona jurídica, el embargo del bien inmueble resulta procedente, aunque su dominio no se encuentre todavía inscripto a nombre de los herederos (arts. 3410, 3416, 3417, 3418, 3431, 3432, 3565, y concordantes del Código Civil), en razón de que los honorarios regulados constituyen una carga del sucesorio.

Los honorarios de los abogados que actúan en el proceso sucesorio, en principio son una carga de la sucesión por cuanto es imprescindible el patrocinio letrado para actuar en juicio; sin embargo, la sucesión debe cargar únicamente con los honorarios por trabajos en beneficio común realizado por profesionales que actúan por quienes gozan de un título que legitime la participación en el proceso.
Tarjeta de crédito, cuenta corriente bancaria, mandato
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COOPERATIVO DE CASEROS c/ ROBERTO CASO s/ CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

La cláusula mediante la cual los solicitantes de una tarjeta de crédito confieren al banco poder irrevocable para proceder a la apertura de una cuenta bancaria destinada a debitar en ella las deudas generadas por el uso de la tarjeta es abusiva pues su finalidad es posibilitar la vía ejecutiva, mediante la aplicación del CCOM. 793, respecto de deudas originadas en operaciones con tarjetas de crédito que no tienen asignado ese procedimiento para su cobro (en el caso la demanda fue de todos modos rechazada porque hubo coincidencia en considerar que el banco, al abrir la cuenta con posterioridad a la generación del débito y al solo efecto de proceder a su cierre inmediato para dar ejecutividad a la deuda, hizo uso abusivo de la cláusula en cuestión).
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PEREZ PRIETO, GREGORIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-13

La Ley de Consolidación de Deudas del Estado (23.982) prevé, junto con las normas que lo integran (Dec. 2140/91, Res. M.E.y O.S.P. n1 1463/91 y Dec. 1639/93) un procedimiento para el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconozcan la existencia de obligaciones alcanzadas por la consolidación. Ello en virtud de que "la aplicación del régimen de consolidación no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales declarados por sentencia firme, sino que sólo limita temporalmente su percepción" (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.05.96, "Luchetta, Rodolfo"; ídem, sent.

del 10.12.96, "Antedoro, Antonio"). Dicho procedimiento regula una serie de actos que, concatenados, tiende al efectivo pago de la deuda; y de ellos, la liquidación del crédito resulta ser el primer paso (cfr. art. 5, ley 23.982).
Acciones personales, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Multicolor S.A. Argentina L.C. c/ Industrias Fima S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-07

Para determinar la competencia territorial en las acciones personales, el artículo 5 del Código Procesal establece en el inciso 3 como principio general el lugar de cumplimiento de la obligación, debiendo considerarse los demás supuestos contemplados domicilio del demandado y lugar del contrato- como excepciones subsidiarias a la regla. Tales principios son plenamente aplicables al "sub examine", donde se establece en las facturas base de la presente acción, el lugar de pago con toda claridad, no siendo válido argumentar que se trata de la "letra chica" de un contrato predispuesto, toda vez que la inserción de tal elemento surge al frente del instrumento -si bien en tamaño menor- con toda claridad.

Principio del domicilio de pago seleccionado -en la opción que brinda la norma al actor- en ejercicio de facultades del accionante que no se denotan de actuación abusiva.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Nemesio o Nemesio Colome, José Agustín c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente  de caducidad interpuesto por la parte demandada (Expte CSJ Nº   289-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-02

Cuando ha transcurrido holgadamente el plazo previsto por el artículo 63 de la ley 4106 sin que se haya realizado en autos actividad impulsoria alguna corresponde declarar la caducidad de la instancia, resultando insuficiente la oposición de la actora fundada en que se encuentra comprendida en la excepción que la misma norma contempla relativa a la improcedencia de la caducidad cuando el juicio se halle paralizado por cualquier causa independiente de la voluntad del recurrente, alegando que tal causa consistió, concretamente, en su absoluto desconocimiento de la falta de continuación del trámite. Al respecto, cabe recordar que para que una causal opere con efectos suspensivos del cómputo del plazo de caducidad, tiene que ser de una entidad tal que-aún sin constituirse en fuerza mayor- torne inocua cualquier expresión de voluntad del actor, y, en el sub judice, la sola voluntad de continuar el trámite no basta para que no se opere la perención si no se exterioriza en tiempo y forma legales.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, prueba, producción de la prueba, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: FERREYRA GARCIA, RAUL RAMON s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-09-17

La decisión de declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el imputado -contra lo decidido por el juez de grado sobre el pedido de la defensa de intervenir en el diligenciamiento de la declaración testimonial- no constituye sentencia definitiva porque indudablemente no resuelve el fondo del asunto y la posibilidad de que la sentencia final de la causa sea absolutoria y disipe el agravio que se invoca torna improcedente -por prematuro- su tratamiento; y en la hipótesis opuesta, puede ser llevado a conocimiento de la Corte por vía del recurso extraordinario contra la sentencia que cierre el caso (Del voto de los Dres.

Gutiérrez y Spuler)
Denuncia del siniestro, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: Altrui Arnaldo Y Otros c/ Caja De Seguros S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

La omisión del asegurador de pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro del plazo previsto en la ley de seguros constituye un reconocimiento implícito de la garantía y funciona -en principio- como un impedimento para obtener en adelante la liberación de la obligación de indemnizar, razón por la cual pueden atribuirse a ese silencio los siguientes efectos: a) aceptación tácita de la garantía; b) producción en forma automática, salvo casos de excepción, de la caducidad del derecho de la aseguradora de rechazar el siniestro; y c) mora de la aseguradora, corriendo a partir de ese momento sus efectos propios.
Abuso deshonesto, homosexuales, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: PALACIOS, J. s/ ABUSO DESHONESTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-20

No puede responsabilizarse al procesado por el delito de abuso deshonesto en base exclusiva a los dichos del menor -de 13 años de edad- y a la referencia de aquél de haber sido homosexual. Es que aún aceptando como cierto su pasada desviación sexual y no su declarada superación del problema, la causa no contaría con un medio de prueba del hecho, pues la referencia a un tipo de personalidad no quita ni pone nada, a la demostración de que tal o cual personalidad realizara el hecho concreto que se le atribuye. No respetar este límite impuesto por nuestra ley, transformaría peligrosamente al derecho penal vigente en un derecho penal de autor y por ende, en un sistema represivo inconstitucional.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castro Martínez, Enrique Alfredo s/ Inc. de determinación de base regulatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

El pronunciamiento de la Cámara que regula honorarios en forma provisoria no reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)