marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empresas del Estado, trabajadores de Luz y Fuerza, horas extra, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SCHNEIDRER DE GOSENDE, ROSALIA c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-31

La nueva doctrina de la Corte Suprema a partir del caso Soengas, Héctor c//Ferrocarriles Argentinos, 7 de agosto de 1990 S101-XXII, ha venido a declarar los límites de aplicación del precedente Nordensthol en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley 21476.

Dentro de ese marco, y en lo que se refiere a la liquidación de horas extras, teniendo en cuenta el plazo de vigencia de las leyes 21476, 23126 y hasta vencida la prórroga que acordaron las partes colectivas 1 de junio de 1986, corresponde que se abonen las pautas de la LCT, ya que las disposiciones de la CCT 78/75 no resultaban aplicables.
Derecho de trabajar, derecho de propiedad, sanciones disciplinarias administrativas, escribanos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Registro  Nacional  de  la  Propiedad  -  Seccional  Capital  N  41 - s/ comunica    situación   planteada  en  certificación  de  firmas  del  escribano José María Marra  adscripto  al Registro Notarial N 1131 de  la Capital Federal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La norma contenida en el art. 52, inc. f), de la ley 12.990 no vulnera el derecho de trabajar y la garantía de la propiedad ya que importa una razonable interpretación de la reglamentación del ejercicio profesional notarial, cuyos límites y estrictas exigencias se justifican por su especial naturaleza, en orden a que la facultad atribuida a los escribanos de dar fe a los actos y contratos - que constituye una concesión por el Estado, dada la calidad de funcionario público de que se los inviste - tienden a resguardar y tutelar el interés público comprometido.
Contestación de la demanda, escritos judiciales, presentación equívoca
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: JORDA, JUAN c/ ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-06

Si bien la regla es que los escritos judiciales deben ser presentados en la sede del tribunal que entiende en la causa a la que corresponden, esta Cámara, mediante resoluciones instrumentadas en las Actas 316 y 371 dispuso la creación de mesas receptoras de escritos en los edificios de Diagonal 760 y Lavalle 1268 especificando que cada mesa recibe escritos de los juzgados con asiento en el edificio respectivo (arts. 2 del Acta 316 y 9 inc. 2 del Acta 371). De manera que si se ha dejado la contestación de demanda en una mesa receptora del edificio en el que no funciona el juzgado al cual iba destinada, la situación se asimila a la presentación en un juzgado equivocado y debe considerarse como fecha y hora de presentación las que constan en la recepción por el juzgado adecuado.
Empleo público, cesantía, salarios caídos, recurso directo, inadmisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AUSINA, JORGE DANIEL s/ APELACION DE RESOLUCION DEL M.O.S.P. (K0003404)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Toda vez que en el sub examine se pretende el pago de los salarios caídos con motivo de la cesantía de la que fue objeto el Señor Ausina, resulta inadmisible la vía intentada, habida cuenta que el objeto aquí perseguido está referido a un supuesto no previsto por el art. 40 de la ley 22.140.
Partidos políticos, apoderado del partido, revocación del mandato
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en AA./CC.: Partido del Frente s/ reconocimiento personería política (Expte. N° 07/95)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-14

El mandato conferido al apoderado es -en principio- esencialmente revocable, pues su designación resulta un acto de confianza dispuesto principalmente en interés del mandante (cf. art. 1970 del Código Civil); es decir, de la agrupación política (cf. Fallos CNE 305/86; 306/86; 629/88; 1360/92; 2670/99; 2858/01; 3270/03; 3397/05 y 3683/06).
Verificación de créditos, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Desiderio, marcelo G. ot. s/ Incidente de escrituración en autos: Carullo, Roque S/Conc. prev.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Si los actores no han realizado en tiempo útil la necesaria verificación de su crédito (art. 32 ley 24.522), de lo cual no se liberan por el sólo hecho de tratarse de una obligación de hacer a cargo del concursado, deben cargar con las costas respectivas.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, exceso de velocidad, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABRILE CLAUDIO Y OTRO c/ PERAZZONE JORGE FELIPE s/ ORDINARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-07-27

Se estima que la prioridad de paso desde la derecha es una regla de oro, que debe entenderse y respetarse a ultranza y sin condicionamientos, a fin de que no se intente ganar en base a velocidad y desenfado el centro ideal de la calzada. Por ende, tiene prioridad no simplemente quien llega "primero", sino quien llega "desde la derecha", pues tal ordenamiento de tránsito gobierno inclusive la hipótesis de arribo más o menos simultáneo de ambos vehículos.

La culpabilidad de quien no cedió el paso al rodado que se aproximaba desde la derecha, no queda enervada por ser éste el embistente, en tanto y en cuanto aquella prioridad no hubiese quedado enervada por la magnitud del adelantamiento del rodado embestido.

La condición de embistente tiene un valor relativo en materia de culpabilidad, ya que es fácil colocarse en la situación de embestido mediante una incorrecta maniobra, sea el adelantamiento cuando hubiera debido frenar, sea con algún giro envolvente en relación al vehículo que gozaba de prioridad.

Inclusive, la prioridad de paso no deja de aplicarse por algún adelantamiento mínimo, sino sólo cuando el vehículo "subordinado" estuviese prácticamente completando el cruce, por haber traspuesto más de la mitad de la respectiva intersección.

Si un vehículo debe ceder el paso, la conducta exigible y relevante no es sólo llegar a la esquina a velocidad moderada y reducir la velocidad, sino frenar si ello es necesario.

A la inversa, quien llega desde la derecha tiene derecho a avanzar para trasponer el cruce, ante la legítima expectativa de que será el otro rodado quien detendrá su marcha.

Se justifica declarar una concurrencia de culpas, en la hipótesis en que quien cuenta con prioridad, arriba a la intersección con cierta velocidad y apresuramiento. Con frecuencia, se trata de una concausa, pues aún así no queda descartado el papel causal convergente del otro conductor, quien debió a todo evento frenar y ceder el paso.

Ningún derecho puede ser ejercido abusivamente (art. 1071, C. Civil), y ese principio general de derecho también se aplica al de prioridad de paso desde la derecha en las intersecciones. Pues esta preferencia cumple ciertamente una valiosa función de ordenamiento del tránsito, pero no autoriza a arrollar cuanto se encuentre en el camino.

Si el automotor en movimiento es una cosa riesgosa, esa peligrosidad se acentúa proporcionalmente a la intensificación de la velocidad de dicho movimiento.-
Falsificación de instrumento público, documento nacional de identidad, idoneidad para engañar, tenencia ilegítima de documento nacional de identidad
Materia: PENAL
Carátula: ARRIOLA, BEATRIZ s/ INFR. ART. 292, 2DO. PARRAFO DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

Si bien la tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno comienza con la apropiación ilícita del instrumento, y es independiente de la actividad desplegada sobre él, parece claro que para vulnerar uno u otro bien jurídico - la fe pública o la protección de los medios con que el Estado cuenta para la identificación, registro y calificación del potencial humano -, el documento detentado debe conservar su calidad de tal y no haber perdido su virtualidad por obra de las burdas maniobras realizadas en su texto - confección -. Dicho en otras palabras, lo que no sirve para burlar la fe pública, tampoco sirve para menoscabar el correcto ejercicio de la función estatal.
Derecho contravencional, acción contravencional, autoridad de prevención, coacción directa, facultades de la autoridad de prevención contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Fernández, Ariel Gustavo s/ s/Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación-Incidente de Nulidad en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

El hecho de hacer cesar una conducta presuntamente contravencional implica, de algún modo, el comienzo de las actuaciones, máxime cuando tal proceder afecta el desarrollo de la actividad de una persona.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., A. H. c/ L., A. O. s/ Divorcio. Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

El apartamiento a los términos de la relación procesal, configura una violación al principio de congruencia (arts. 34 inc. 4º, 163 inc. 6º del CPC) que encierra además la vulneración de los de bilateralidad, igualdad y equilibrio procesal, en suma, la arbitraria alteración del debido proceso legal, pues una de las garantías del mismo vinculada con el derecho de defensa en juicio (art. 18 Const. Nacional y 9 Const. Provincial) es la imposibilidad del Juzgador de introducir en el juicio sorpresivamente y fuera de la oportunidad para ello, alegaciones o cuestiones de manera que se alteren aquellas otras que están consentidas.
Cuestiones de competencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Moram, Omar Arnaldo c/ Edesur SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-16

A los fines de dilucidar cuestiones de competencia, ha de estarse, en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, excepciones procesales, Administración Pública, ministerios, resoluciones
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MAREGA GUERINO, JOSE. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. s/ IMPUGNA RESOLUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis por considerar que la resolución impugnada no era la definitiva en la esfera de la administración pública, si el a quo omitió pronunciarse sobre los argumentos de la demandante relativos a la vigencia de normas locales que declaran irrecurribles las resoluciones del tipo de la impugnada. La mención de disposiciones constitucionales y legales de dicha provincia, efectuada por el a quo para sustentar la procedencia de la defensa opuesta, no conlleva una declaración de invalidez del decreto invocado por la actora ni justifica prescindir de sus términos, máxime cuando no se expide tampoco sobre la delegación de funciones que traduce ni acerca de su legitimidad a la luz de las normas superiores locales.
Proceso penal, recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Mario M. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto, en contra de Sentencia Nº 45/11 de Expte. Nº 001/07 - Gutierrez, Mario M. - Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-28

Siguiendo el criterio sentado por esta Corte en numerosos precedentes, cabe resaltar que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. nº 16, 14/01/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. nº 14, 30/06/08, entre otros).

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad, a su vez, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Igualmente, se ha señalado que "salvo en caso de ejercicio arbitrario, la individualización de la pena resulta ser un poder exclusivo y discrecional del tribunal de juicio, sin embargo, la mera enumeración de los criterios de que se sirvió para graduar la pena, sin expresar cómo esos criterios se tuvieron en cuenta, de qué forma se los hizo operar para actuar a favor o en contra del condenado, no se ha considerado suficiente para dar cumplimiento al art. 41 del Cód. Penal.

No habría allí fundamentación de la pena impuesta". (BREGLIA ARIAS, Omar - GAUNA, Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, anotado y concordado", Astrea, 4ª edición actualizada, Buenos Aires, 2001, p. 356/357, art. 41 nota 1).

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, en lo relativo a la motivación de la individualización de la pena impuesta al mencionado imputado (art.18 Const. Nac., 208 Const. Prov. y 408 inc. 4° C.P.P.), y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de juicio, a fin de que fundamente la graduación de la pena impuesta al imputado conforme las pautas prescriptas en los arts. 40 y 41 del C. Penal.
Registro de la propiedad inmueble, certificación registral, error registral, compraventa inmobiliaria, hipoteca, daños y perjuicios, falta de inscripción
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Mazzotta, José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La omisión de consignar en las certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad la existencia de un derecho real de hipoteca, en tanto haya permitido la enajenación de un bien como libre de gravámenes, provoca la frustración de la garantía, generadora de daños y perjuicios.
Recusación, prejuzgamiento
Materia: LABORAL
Carátula: Colombo, Walter Marcelo c/ Altuna, Julio César y otra s/ Accidente-Incidente de Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-07

Siendo presupuesto necesario para que exista prejuzgamiento que el juez se pronuncie expresamente en forma anticipada e inoportuna, de manera tal que permita inferir la dirección lógica que tendrá el resultado final del pleito, y no constituyendo pronunciamiento definitivo sobre la procedencia de la acción, haber mandado producir una nueva pericia médica, fundado en una anterior resolución dictada en el auto de apertura a pruebas y en lo dispuesto por el artículo 7 inciso c) del Cód. Procesal Laboral, debe rechazarse la recusación planteada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Buena fe, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: REMIRO, IGNACIO C/ U.T.H.G.R.A. S/ AMPARO (e-s) S/ APELACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-08-17

En función del principio de buena fe, el ordenamiento jurídico no protege las conductas contradictorias, mucho menos frente a quien tiene un plus protectorio por su condición de persona con discapacidad (cf. STJRNS4 Se. 121/21 "FERREYRA", Se. 06/22 "MIGLIO"). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Asegurador por riesgos del trabajo, trayecto, domicilio, empleador, relación de dependencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vinisky, Martín Gerardo y otros c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

El art. 6 de la L.R.T. pone en cabeza del dependiente, a los fines de excepcionar los casos en que el tra-bajador altera su trayecto original, declarar por escrito ante el empleador (dentro del plazo allí estable-cido) que "...el in itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador...", lo cual trasluce la obligación de poner en conocimiento del dador de trabajo cual-quier modificación relacionada con el trayecto habitual utilizado para arribar a su lugar de prestación de tareas o desde éste a su domicilio, incluyendo dicha carga la de notificar cualquier modificación aún cuando fuere transitoria, del domicilio del dependiente (cfr. C.N.A.T., Sala II, sent. del 18.09.03, "Brandell Ayala, Francisca por sí y en representación de sus hijos c/ Macchiavello Construcciones SRL y otro"). (Disidencia del Dr. Fernández).
Juicio de desalojo, poseedor, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Palacio Gerardo Marcos, Palacio Marcos Antonio, Linares Beatriz Del Carmen c/ Avellaneda Cinthya Del Valle s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-02-28

De las constancias de la causa se desprende con incontrastable claridad que la demandada no detenta la alegada calidad de poseedora del inmueble en litigio, de lo que se concluye que la accionada no cuenta con título que acredite su ocupación, por lo que se debe hacer lugar a la acción de desalojo.
Aplicación de la ley, ley derogada
Materia: PROCESAL
Carátula: ROMERO SAMUEL SANTIAGO c/ GONZALEZ MIRIAM Y OTRO s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-08-05

Entiende este Tribunal que la invocación por parte del recurrente de la normativa legal citada art. 276 LCT (según la redacción establecida por la ley 23.616, B.O. 10/11/1988) sobre actualización resulta errónea, ya que lo que se está discutiendo aquí es si en la demanda se ha solicitado la aplicación -o no- de intereses. Dicha norma resulta inaplicable, ya que la misma se opone al texto literal de la Ley Nro. 25.561 -art. 4- que impide cualquier forma de actualización de los créditos, nótese que mantiene "derogadas, con efecto a partir del 1 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.".
Intereses moratorios, expropiación, indemnización, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ovelar, Omar José A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ expropiación - recurso de apelación - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-09-09

La recurrente ha sometido a debate la tasa de interés moratorio aplicable a la indemnización mandada a pagar, con motivo de los juicios de expropiación. La materia en cuestión, sujeto a unificación del T.S.J., es analizado dentro del marco normativo que determina el art. 13 Ley 6394, en cuanto estatuye la tasa del 6% anual. Dicha disposición, a juicio del Sr. Vocal opinante, se encuentra inescindiblemente ligada a la actualización monetaria del monto que corresponde abonar en concepto de indemnización por la expropiación que el mismo precepto contempla. Por ende sostiene, debe considerársela derogada, juntamente con la supresión de los mecanismos indexatorios dispuesta por la Ley de Convertibilidad. La interpretación literal del precepto instituye la actualización de la deuda como compensación por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. También agrega, que en tal caso la tasa de interés moratorio se fija en el 6% anual. En puridad, el interés así establecido se erige en una obligación que deviene accesoria de otra principal, que por imperio legal está conformada por el capital actualizado. De manera tal, siendo que en el año 1991 -esto es, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley n° 6394- la Ley de Convertibilidad derogó de manera genérica toda norma que establezca o autorice la indexación o actualización monetaria, entre las que obviamente debe considerarse igualmente comprensiva de la tasa de interés fijada como accesorio del capital sujeto a indexación (arg. Art. 525 C. Civil). Desde otra perspectiva, apunta que la circunstancia de que la indemnización debida sea considerada como una "obligación de valor" tampoco resulta argumento idóneo. Tal razonamiento supone que desde el momento de la tasación del bien hasta el tiempo en el que el expropiado percibe la indemnización, la moneda mantiene inalterado su valor, situación que no se condice con la realidad de nuestro país en los últimos años. Mantener en la actualidad la magra tasa del 6% anual, terminaría por desnaturalizar el interés moratorio cuya función es resarcir el daño generado por el cumplimiento tardío. Una tasa de interés negativa, que está por debajo del índice inflacionario, lejos de indemnizar al expropiado, le provoca un perjuicio patrimonial.
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, falta de acción, inmunidades parlamentarias, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Marchi, Héctor Daniel  c/ Carrió, Elisa María Avelina y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

La sentencia que desestimó la excepción de falta de acción opuesta -como de previo y especial pronunciamiento en una acción de daños y perjuicios- por un diputado fundada en la inmunidad parlamentaria, es equiparable a definitiva, pues ocasiona un agravio de imposible o tardía reparación ulterior, al impedir a los apelantes la posibilidad de ejercer útilmente un derecho en la oportunidad procesal habilitada por la ley, en tanto aquéllos deberán cursar un proceso civil en el cual podrían ser sometidos a interrogatorio judicial, neutralizando la garantía del art. 68 de la Constitución Nacional (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ Scrum SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Los tribunales de las instancias anteriores constataron que la resolución administrativa cuestionada adquirió firmeza, pues Scrum S.A. no inició el proceso para el que se encontraba facultado, en el que podía debatirse la inconstitucionalidad de las normas que dieron base a la determinación del impuesto adeudado y a la aplicación de la multa por evasión. Dicho de otra manera: Scrum S.A. no sometió a la revisión judicial una decisión administrativa final -vía administrativa agotada-, que, en consecuencia, quedó firme