Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14


SENT Nº 335	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Vellido Ramón Rodolfo vs. Química Montpellier S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 5 de octubre de 2007 (fs. 447/452), el actor interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 12/02/2009 (fs. 494). En el informe actuarial de fs. 519 consta que solo la parte demandada ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPL.

2. La sentencia recurrida no hizo lugar a la demanda, declaró abstracto el pronunciamiento sobre los planteos de inconstitucionalidad del Decreto 833/02 formulado por la demandada y del art. 4 de la Ley 25561 deducido por el actor, impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

El Sr. Vocal preopinante Dr. Osvaldo Pedernera expresó que las cuestiones litigiosas a resolver estaban referidas 1) a la causa y fecha de extinción de la relación laboral; 2) procedencia o no de los importes que por distintos conceptos se reclaman; 3) inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25561 y del Decreto 833/02; 4) costas y regulación de honorarios.

Afirmó que como lo reconocen las partes, con fecha 28 de julio de 2.004 la demandada comunicó el despido al actor detallando las circunstancias que lo motivaron, "razón por la que el despido dispuesto por el actor con fecha 27 de Agosto del mismo año, resulta ineficaz pues a esa fecha ya se encontraba extinguido el vínculo en virtud del despido con invocación de causa efectuado por la demandada, siendo ésta la fecha en que se produjo la extinción de la relación que vinculaba a las partes".

Juzgó que la particularidad del caso "requería de una prueba más precisa del hecho que se imputa e invoca como causa del despido, ante la posición sustentada por las partes, pues el hecho fundamental consiste en dilucidar si el actor concurrió a las farmacias que informa, con independencia de las personas que dice haber entrevistado, pues lo informado con respecto a que en tales farmacias no habría empleados con los nombres que menciona el actor y a los que habría entrevistado, no se considera suficiente prueba con respecto a su concurrencia a las mismas, considerándose de importancia a tal fin, el testimonio de los titulares o responsables de las mismas, por lo que, mi criterio, la demandada no habría acreditado debidamente el hecho injurioso que invoca como justa causa para despedir al actor, correspondiendo considerar, además, que frente a la aclaración que efectúa la demandada con respecto a la operación comercial que debía cumplir el actor en tales farmacias, al tratarse la misma del ofrecimiento de un beneficio económico, aparece como un objeto prohibido por el inc b) del art. 10 de la Ley N° 5.926, resultando ser un objeto excluido de la relación laboral, en virtud de lo dispuesto expresamente por el art. 38 de la L.C.T., por lo que corresponde considerar como injustificado el despido del actor".

Por su parte, el Sr. Vocal Dr. Luis Enrique Antoni formuló disidencia en lo concerniente a la extinción del contrato de trabajo, pero compartió el voto del Vocal preopinante respecto del rechazo de los "otros rubros". Consideró: "La carta documento de despido expresa claramente los motivos, conforme artículo 243 LCT (.) en la contestación -no se precisa negativa o explicación a lo puntualmente acusado por la empleadora-, contrariamente a lo prescripto por artículo 243 LCT (que le exige a la parte que extingue el contrato PRECISIÓN para que la otra pueda defenderse puntualmente de cada uno de los cargos, proporcionando su versión de los hechos). LO CONTESTADO CONTEMPORÁNEAMENTE es importante, aún cuando no crea ninguna presunción en contra del trabajador derivada del artículo 57 LCT. Respuesta evasiva que sí hubiera creado presunción contra el empleador conforme el mismo artículo. EL CARGO DE LA PRUEBA SIGUE EN CABEZA DEL EMPLEADOR. Los argumentos de defensa, recién los invoca en la demanda: (fojas 11 vuelta, 12,13 y 13 vuelta)" (sic).

Señaló que la existencia y la confección de los partes diarios indicados en el despido por la demandada "son expresamente reconocidos por la parte actora en fojas 319, sin observación o aclaración alguna". Respecto de la declaración testimonial de José Sergio Martínez, expresó: "no fue materia de tacha, ni en su persona ni en sus dichos. Por lo cual la considero con plena validez, y esencial para dictar sentencia (.) En la estructura de una empresa, como lo define el artículo 5 de LCT, además del titular existen jerarquías, y en este caso considero que en razón de su función jerárquica el testigo cumplió su función específica, es decir, es un testigo necesario".

Afirmó que en la absolución de posiciones "el actor corrobora cada uno de los motivos del despido". También sostuvo: "No es justificado ni razonable que un APM, entreviste a cualquier persona en una farmacia, y de cómo explicación que PUEDE SER EMPLEADO EN NEGRO. Es elemental, que para vender o promover un producto, se debe entrevistar A UNA PERSONA AUTORIZADA PARA COMPRAR, dueño, contador, habilitado etc. Esa sola explicación del trabajador, es un incumplimiento que por su gravedad autoriza a la demandada a extinguir el contrato de trabajo. Además de lo ya analizado en las pruebas de reconocimiento de documentación del actor, testimonial del señor José Sergio MARTINEZ, existe un agravante 'FALTA DE COMUNICACIÓN A SU EMPLEADORA' si leemos la respuesta de la posición nueve... "la farmacia NEUQUEN, no figuraba como tal SEGÚN EL ACTOR FUNCIONABA COMO FONO FARMACIA... (AÚN CUANDO FUE DADA DE BAJA EL 31/01/05)... Considero por lo analizado precedentemente, que el despido dispuesto por la empleadora fue CON JUSTA CAUSA, en consecuencia corresponde rechazar las indemnizaciones: por antigüedad, sustitutiva de preaviso, sanción de ley 25.323 y sanción de ley 25.561" (sic).

Vota en el mismo sentido, la Sra. Vocal Dra. María A. Poliche de Sobre Casas.

3. El recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo y adjetivo y "arbitrariedad manifiesta" en el fallo impugnado. Asimismo se agravia de la base regulatoria adoptada por el tribunal toda vez que este consideró el máximo porcentaje (60%) previsto por el art. 50 inc. b) del CPL.

Destaca el voto del Vocal Dr. Pedernera, señalando que en autos hay una evidente insuficiencia probatoria respecto de la causal invocada por la demandada para fundar el despido.

Alega que la sentencia vulnera las disposiciones contenidas en el art. 67 de la LCT. Sostiene que en el caso nos encontramos ante un empleado que durante más de quince años se ha desempeñado en sus tareas con un alto grado de eficiencia, sin que jamás haya sido sancionado y ni siquiera apercibido por su empleadora. Afirma que en modo alguno se ha configurado la gravedad de la supuesta injuria que imposibilite la prosecución de la relación laboral, tal como lo exige el art. 242 de la LCT. Prosigue en que, de haber existido la falta que se le atribuye -lo que niega- en modo alguno, esta resulta causa suficiente para fundar un despido si se tiene en cuenta la antigüedad del trabajador y la circunstancia de que jamás recibió sanción disciplinaria alguna. Añade que la simple imputación de faltas cometidas los días 12/7/2004 y 13/7/2004 y no probadas, tornan arbitrario y desproporcionado el despido.

Expresa que el pronunciamiento viola el art. 38 de la LCT que dispone: "No podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos". Manifiesta que tal como lo expresa el voto del Dr. Pedernera y surge de la carta documento remitida por la demandada, en el despido se invocaron como causa distintos hechos, referidos todos a que el actor no habría justificado su concurrencia a distintas farmacias donde debía ofrecer transfer. Al respecto, señala que el art. 10 inc. b) de la Ley 5926 expresamente establece: "Queda absolutamente prohibido a los agentes de propaganda médica: (.) b) ofrecer comisiones, premios, regalos o dádiva alguna a los profesionales del arte de curar, recetar o expender especialidades del arte de curar, recetar o expender especialidades cuya información se realiza." Asevera que la demandada no solo viola flagrantemente la citada norma legal y obliga a sus dependientes a hacerlo, sino que además, funda su despido en la falta de cumplimiento de actividades expresamente prohibidas por la ley, lo que ha sido señalado por el Dr. Pedernera.

Denuncia que el fallo viola igualmente el art. 10 de la LCT que establece: "En caso de duda las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato". Reitera que el despido se ha fundado en el incumplimiento por parte del trabajador de una actividad expresamente prohibida por la ley, fundada en prueba emanada en su totalidad de sus propios dependientes y clientes, en modo alguno avalada siquiera mediante la actuación de un escribano público que diera fe de las circunstancias señaladas por el jefe del accionado en oportunidad de elevar los supuestos informes a su empleadora. Resalta que ninguna copia se ha presentado en autos de los informes que 'supuestamente' presentó a la empresa el Sr. José Sergio Martínez, y que no se lo notificó al actor de dichos informes a fin de permitir su descargo y cuestionar su procedencia, conforme lo establece el art. 67, 2º párrafo de la LCT.

Sostiene que el fallo ha violado o inobservado las expresas disposiciones de los arts. 46 del CPL y 40 del CPCyC al carecer de fundamentación, toda vez que el tribunal se ha limitado a transcribir textualmente las cartas documentos intercambiadas por las partes, las audiencias testimoniales y el acta de absolución de posiciones de la parte actora, "efectuando respecto de cada una pequeños comentarios en los que apoya su fallo, sin fundamento jurídico alguno". Cuestiona la "errónea interpretación" de las cartas documento intercambiadas por las partes, en especial, la respuesta de su parte, respecto de la cual la Cámara concluyó que en la contestación no se precisó negativa o explicación a lo puntualmente acusado por la empleadora. Asevera que su respuesta constituyó un claro rechazo de la causal de despido invocada por el demandado desde que expresó que la carta documento de despido era falaz y no atendía a la realidad de los hechos.

Insiste en que el fallo incurre en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo, en especial, el art. 67 de la LCT; que resulta totalmente desproporcionada la sanción aplicada al actor "atento la falta imputada y no acreditada fehacientemente por la accionada"; y que en el caso se ha configurado el supuesto de sentencia arbitraria que autoriza la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido toda vez que sin haberse fundado con el debido rigor jurídico la existencia de justa causa, admite la procedencia del despido del que fue objeto el actor.

Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y propone doctrina legal.

4. El recurso fue deducido tempestivamente contra una sentencia definitiva, invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia e infracciones normativas, se basta a sí mismo y no es exigible el afianzamiento por ser el actor el recurrente (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar su procedencia.

5. De la reseña de los agravios precedentemente efectuada surge que estos están sustancialmente dirigidos a cuestionar la conclusión del tribunal acerca de que el despido fue dispuesto por la empleadora con justa causa.

En el caso, la causa de despido invocada por la empleadora consistió en que este informó en los partes diarios de los días 12/07/04, 13/07/04 y 15/07/04 que visitó diversas farmacias donde debía vender transfer -que no vendió-, sin consignar en algunos casos la persona a quien entrevistó y en otros consignó que entrevistó a personas "inexistentes", según luego constató su jefe José Sergio Martínez, quien logró concretar las ventas en cuestión; asimismo que en el parte diario del 13/07/04 informó concurrencia a farmacia cerrada, que desde el mes de marzo no existe más. El trabajador rechazó "por improcedente, maliciosa y mal intencionada" la carta documento de despido. Afirmó que además de falaz, esta no atendía a la realidad de los hechos que "fueron dibujados" para despedirlo, y negó categóricamente que existiera causal alguna para su despido. Tales posiciones fueron mantenidas en los escritos constitutivos del proceso (fs. 7/20 y 36/51).

En lo pertinente, el voto mayoritario de la Cámara consideró que en la absolución de posiciones el actor corroboró cada uno de los motivos del despido. Sostuvo: "No es justificado ni razonable que un APM, entreviste a cualquier persona en una farmacia, y de cómo explicación que PUEDE SER EMPLEADO EN NEGRO. Es elemental que para vender o promover un producto, se debe entrevistar A UNA PERSONA AUTORIZADA PARA COMPRAR, dueño, contador, habilitado etc. Esa sola explicación del trabajador, es un incumplimiento que por su gravedad autoriza a la demandada a extinguir el contrato de trabajo. Además de lo ya analizado en las pruebas de reconocimiento de documentación del actor, testimonial del señor José Sergio MARTINEZ, existe un agravante 'FALTA DE COMUNICACIÓN A SU EMPLEADORA' si leemos la respuesta de la posición nueve... 'la farmacia NEUQUEN, no figuraba como tal SEGÚN EL ACTOR FUNCIONABA COMO FONO FARMACIA...' (AÚN CUANDO FUE DADA DE BAJA EL 31/01/05)... Considero por lo analizado precedentemente, que el despido dispuesto por la empleadora fue CON JUSTA CAUSA, en consecuencia corresponde rechazar las indemnizaciones: por antigüedad, sustitutiva de preaviso, sanción de ley 25.323 y sanción de ley 25.561" (sic).

Confrontado el planteo del actor con los fundamentos del fallo y los antecedentes del caso a la luz de lo dispuesto por el art. 242 de la LCT, se advierte que el recurso debe prosperar.

La sola lectura de la sentencia revela que el tribunal no fundamentó adecuadamente su conclusión respecto de que el despido dispuesto por la empleadora fue con justa causa. No hay en el fallo referencia alguna a la acreditación de los hechos invocados como causa del despido del actor y a su configuración como grave injuria en los términos del art. 242 de la LCT. El voto mayoritario de la Cámara sostuvo que no era justificado ni razonable que un APM (agente de propaganda médica), entreviste a cualquier persona en una farmacia y dé como explicación que puede ser empleado en negro; asimismo consideró que la explicación que el dependiente brindó en la absolución de posiciones "es un incumplimiento que por su gravedad autoriza a la demandada a extinguir el contrato de trabajo". Sin embargo, como ya se dijo, omitió evaluar si los hechos invocados por la demandada en la carta documento de despido fueron acreditados y si estos constituyen grave injuria que justifique el distracto de conformidad a las pautas previstas por el art. 242 de la LCT. No cabe perder de vista que la "explicación" que el tribunal considera "un incumplimiento que por su gravedad autoriza a la demandada a extinguir el contrato de trabajo" fue brindada en juicio (prueba de absolución de posiciones de fs. 394/395), aproximadamente un año después del despido; no se trata de una respuesta -o explicación en los términos del fallo- a una intimación formulada por la empleadora como instancia previa a decidir la extinción del vínculo laboral.

Corresponde señalar que el análisis de la justificación del despido con causa exige, preliminarmente, la constatación de la inobservancia por parte del trabajador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, que es el presupuesto objetivo de la injuria. Así, se ha dicho: "El carácter lesivo de la conducta está definido por la presencia de un daño, que no debe ser necesariamente material. Es injuria todo acto u omisión contrario a derecho que importe una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable al trabajador que lesione el vínculo contractual. Es decir, que a fin de analizar un despido disciplinario primero corresponde determinar la existencia de incumplimiento imputable al trabajador por lo que el daño ocasionado por éste ocupa una función secundaria cuya gravedad está determinada por la norma del artículo 512 del Código Civil" (Ackerman, Mario - Sudera, Alejandro, Extinción de la relación laboral, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 401). En esa misma línea interpretativa, sostiene Ojeda: "El análisis de la justificación (no de su validez) del despido directo o indirecto con causa tiene dos niveles distintos: el primero o antecedente es la configuración de la injuria (.); el segundo o consecuente es que la parte contractualmente ofendida reaccione causalmente, en forma proporcional y oportuna" (Ley de Contrato de Trabajo, Director: Antonio Vázquez Vialard - Coordinador: Raúl Horacio Ojeda, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2005, T. III, pág. 354).

Asimismo se debe tener presente que la ley difiere a los jueces la valoración prudencial de la existencia de "justa causa" de despido, pero condiciona esa ponderación, a determinadas. Precisamente, esta Corte ha considerado que de conformidad al segundo párrafo del art. 242 de la LCT "ante la denuncia del contrato por justa causa el magistrado deberá valorar el carácter de las relaciones que resulta del contrato de trabajo y las modalidades y circunstancias personales del caso. De este modo, las facultades del tribunal en el proceso no se acotaban a la determinación de la existencia o no de la causal de injuria, es decir, la autoría o no por parte de los trabajadores de los hechos de violencia (.), sino, también, le correspondía establecer de oficio si se cumplieron todas los requisitos de causalidad, proporcionalidad y oportunidad de la justa causa invocada. La doctrina como la jurisprudencia es unánime en señalar que 'el último párrafo del artículo le otorga a los jueces la facultad de apreciar la existencia de la injuria' (Carlos Alberto Etala, "Contrato de Trabajo", Ed. Astrea, 2da. edición actualizada, pág. 559). '... la exigencia contenida en el art. 242 de la LCT en cuanto se refiere a la consideración que debe efectuar el juzgador de las modalidades y circunstancias personales del caso y lo señalado por Fernández Madrid cuando dice que la injuria debe ser relacionada con situaciones concretas. El juzgador deberá analizar en el caso concreto los antecedentes del trabajador, la configuración de la injuria, y seguidamente si la reacción de la parte contractualmente ofendida es causada, proporcionada y oportuna' (Edith A. Moyano "Extinción de la relación laboral (con particular referencia al régimen del docente privado)", La Ley Córdoba, 2005, pág. 1222) [.] La determinación sobre el cumplimiento de los requisitos que conforman la injuria hace a la procedencia de la misma y es practicada por el magistrado sin necesidad de que las partes la hayan invocado. 'A los efectos de decidir respecto de la legitimidad de un despido, el juez debe tener en cuenta la gravedad del hecho injurioso, la proporcionalidad de la sanción, contemporaneidad y el principio 'non bis in ídem' como requisitos generales de la validez de la medida, sin perjuicio de que las partes de la relación laboral hayan omitido invocarlos' (CNTrab, Sala V, "Cuello, Horacio A. c. Techint Compañía Técnica Internacional S.A. y otro", DT, 2004 (abril), 500)" (CSJT, "Pérez, Juan Ramón y otro vs. Cruz Alta SA s/ Cobro de pesos", sentencia nº 372 del 02/5/2006).

A la luz de las consideraciones precedentemente efectuadas cabe concluir que le asiste razón al actor cuando denuncia que la sentencia ha incurrido en arbitrariedad al omitir valorar la causa de la injuria laboral invocada por la demandada y al no haber ponderado las circunstancias del caso relativas a la relación laboral y su contexto integral, concretamente referidas a su antigüedad en el empleo, antecedentes laborales y que nunca lo notificaron de los supuestos informes del Sr. José Sergio Martínez a fin de permitirle hacer su descargo, circunstancias que fueron alegadas en la demanda.

Como antes se dijo, la ley difiere a los jueces la valoración prudencial de la existencia de justa causa de despido, pero condiciona esa ponderación a las circunstancias de cada caso (cfr. art. 242 LCT). Tales pautas no fueron observadas por el pronunciamiento impugnado desde que nada ponderó el tribunal sobre la acreditación de los hechos invocados por la demandada como justificativos del despido del actor. Por el contrario -como se anticipó-, consideró que la explicación dada por el dependiente en la absolución de posiciones, era motivo justificante del despido, a la vez que interpretó como agravante una falta de comunicación a su empleadora, circunstancia que no fue invocada por la demandada como fundante del despido.

Por otra parte, la sola reproducción de la prueba testimonial sin analizar su pertinencia para demostrar la existencia de justa causa de despido ni integrarla con las restantes pruebas de autos implica un claro apartamiento de las normas que gobiernan la valoración de las pruebas y constituye un supuesto de arbitrariedad. A modo de ejemplo, no debe soslayarse que el informe del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán (cfr. fs. 401) da cuenta que la Farmacia Neuquén, sita en Avda. Roca nº 489, local 7 de esta ciudad funcionó hasta el 31/01/2005 según Resolución nº 3239/05 del SI.PRO.SA, que la da de baja por cierre definitivo.

De igual modo le asiste razón al recurrente cuando cuestiona la interpretación que efectuó el tribunal de la carta documento que su parte remitió a la empleadora, rechazando el despido. La Cámara consideró que en dicha comunicación "no se precisa negativa o explicación a lo puntualmente acusado por la empleadora, contrariamente a lo prescripto por artículo 243 LCT (que le exige a la parte que extingue el contrato PRECISIÓN para que la otra pueda defenderse puntualmente de cada uno de los cargos, proporcionando su versión de los hechos). LO CONTESTADO CONTEMPORÁNEAMENTE es importante, aún cuando no crea ninguna presunción en contra del trabajador derivada del artículo 57 LCT. Respuesta evasiva que sí hubiera creado presunción contra el empleador conforme el mismo artículo" (sic).

Nuevamente se advierte que la conclusión del tribunal no contempla la circunstancia de que el trabajador respondió a la notificación del despido dispuesto por la empleadora, no a una intimación previa a la rescisión contractual ni a un pedido de informe o descargo. En este sentido, se ha sostenido: "Debe recordarse que la ley no acuerda relevancia jurídica al silencio guardado por el trabajador frente a defectos o incumplimientos ocurridos durante el transcurso de la relación de trabajo (arts. 58 y 260, LCT), como así tampoco se lo pone frente a la carga de rechazar el despido" (Ley de Contrato de Trabajo, Director: Antonio Vázquez Vialard - Coordinador: Raúl Horacio Ojeda, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2005, T. III, pág. 401). Igualmente se ha señalado: "La gravedad del hecho que se le imputa al trabajador será definitoria al momento de juzgar si la sanción de despido es adecuada o si, en cambio, debió otorgarse al trabajador una oportunidad de rectificar su conducta. De cualquier modo, una vez que el trabajador recibe la comunicación, independientemente de que ésta resulte o no acreditada, no corresponde exigir a aquel que conteste, impugne o rechace la cuestión. Por el contrario, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por lo que el silencio no puede tener efecto alguno en su contra" ((Ackerman, Mario - Sudera, Alejandro, Extinción de la relación laboral, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2008, pág. 388).

Las consideraciones expuestas evidencian que la solución a la que arribó la Cámara no se basó en un examen integral y completo de los hechos y pruebas producidas en autos, por lo que no cuenta con fundamentos adecuados y suficientes que la sustenten. Al decidir así, el fallo desconoció el principio de unidad de la prueba, se apartó de las reglas que gobiernan la valoración de las pruebas (art. 40 CPCyC) e incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT, todo lo cual determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

Ha dicho esta Corte: "Cuando se omite directamente valorar los hechos tendientes a acreditar la justa causa del despido o los jueces de grado efectúan una interpretación disvaliosa de los mismos por ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas, con la consecuente aplicación errónea del derecho, se desvirtúan las reglas de la sana crítica (artículo 40 del CPCC, de aplicación subsidiaria al fuero), la cuestión debatida se convierte en materia del recurso extraordinario local, habida cuenta que se configura el supuesto de sentencia arbitraria" (CSJT, "Rodríguez, Ricardo Wenceslao vs. Vivero Francisco de Aguirre SRL s/ Cobros", sentencia nº 854 del 12/10/2001).

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación en examen y, consecuentemente casar parcialmente la sentencia, dejándose sin efecto los puntos resolutivos I (en cuanto rechaza los rubros indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, indemnizaciones de los arts. 2 de la Ley 25323 y 16 de la Ley 25561), II (que declara abstractos los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad del Decreto 833/02 y del art. 4º de la Ley 25561), IV (costas) y los puntos V y VI (relativos a la regulación de los honorarios) en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende nula, la sentencia que no se basa en un análisis completo e integrado de los hechos y pruebas pertinentes de la causa"; y reenviar los autos al tribunal de origen a fin de que, con la composición que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

6. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1° del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que el recurso de casación deducido por la parte actora cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinacion de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo emitido opinión el Sr. Ministro Fiscal a fs. 520, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 5 de octubre de 2007 (fs. 447/452). Consecuentemente, CASAR parcialmente los puntos resolutivos I (solo en cuanto rechaza los rubros indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, indemnizaciones de los arts. 2 de la Ley 25323 y 16 de la Ley 25561), II (que declara abstractos los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad del Decreto 833/02 y del art. 4º de la Ley 25561), IV (costas) y los puntos V y VI (relativos a la regulación de los honorarios) en base a la doctrina legal expresada en los considerandos y REENVIAR los autos a dicho tribunal a fin de que, con la composición que por turno corresponda dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.