Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-07


AUTOS 110795 (C.C.Nº21819) DEL Primer Juzgado Civil, CARATULADOS: "MERCADO Mónica Mercedes C/ Santander Ricardo Bernardino y Otros - Daños y Perjuicios".- PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2014- del Tº I -Fº99/107.- En la Ciudad de San Juan a 07 días del mes de abril de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Roberto M. Pagés Lloveras y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 818, contra la sentencia de fecha 30 de noviembre del año dos mil doce, recaída en los presentes autos Nº110795 (C.C. Nº21819) caratulados: "MERCADO MONICA MERCEDES C/ SANTANDER RICARDO BERNARDINO Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por la Sra. Juez titular del Primer Juzgado Civil, obrante a fs. 798/811.- 1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? EL DR.ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. CUESTIÓN:

Antecedentes I. El Sr. Juez de primera instancia, en la sentencia cuya copia obra a fs. 798/811, resolvió desestimar en todos sus términos la demanda de daños y perjuicios entablada por la Sra. MÓNICA MERCEDES MERCADO, por si y en representación de sus hijos menores de edad; imponer las costas del presente proceso a la demandada (actora, según aclaratoria de fs. 819)vencida; y regular los honorarios profesionales del Dr. GREGORIO LUIS ROMBOLÁ, por su actuación en doble carácter (apoderado de la A.S.A.T.), ganancioso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 21 %., al Dr. LUCIO GARCÍA MATTAR por su actuación en simple carácter (patrocinante del Sr. Santander), ganancioso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 18%, a los Dres. JAVIER EDUARDO AGUIAR PACHECO y ANA MARÍA MARIMONT por su actuación en forma conjunta, doble carácter (apoderados de la Municipalidad de Sarmiento), gananciosos y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 21%, al Dr. DIEGO MIGUEL SEGUÍ por su actuación en doble carácter (apoderado de la citada en garantía), ganancioso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato) en el 21%, y al Dr. FEDERICO ROJAS HEREDIA por su actuación en doble carácter (apoderado de la actora), perdidoso y tres etapas (demanda, prueba y alegato) en el 12,6%, de la liquidación que oportunamente se practique.

Para así resolver consideró, en resumen, que de toda la prueba rendida en autos, como en sede penal se deduce que el Sr. Luis Cesar Funes obró de forma temeraria, imprudente y negligente, al haberse ubicado junto a sus dos hijos menores de edad, en el sector derecho del circuito a uno 30 metros aproximadamente después del denominado salto, y que ello fue la causa única y eficiente en el resultado de la desgracia provocada por su actitud, exponiendo a sus dos hijos al filo de la muerte, por el simple capricho de filmar los vehículos en un lugar que sabía era extremadamente peligroso y no apto para los espectadores.

II. A fs. 817 la parte actora deduce el recurso de apelación contra esta resolución, y a fs. 829/849 vta. consta adjunto el escrito de expresión de agravios.

Expresa que se agravia, en primer lugar, por haberse valorado parcialmente la prueba y por la incorrecta interpretación del artículo 1103 del Código Civil, alegando -en síntesis- nada obsta al análisis minucioso de la responsabilidad objetiva y teoría del riesgo de los co-demandados como la A.S.A.T..

Como segundo agravio, expresa que no se encuentra acreditado en autos que existieran lugares y/o sectores reservados, limitados, o prohibidos para presenciar la carrera por su peligrosidad, ni que el Sr. Funes haya actuado en forma temeraria e imprudente para sí y para con sus hijos. Afirma que se encontraba al costado del circuito y no dentro de él, como que no se ha valorado el testimonio del Sr. Waldo A. Gil.

En el tercer agravio manifiesta que el Dr. Yosa nunca le devolvió la filmación a la actora, y que por ello no corresponde considerar la no entrega de la misma por la actora como una presunción en su contra.

El cuarto agravio refiere a la culpa in vigilando atribuida al Sr. Funes por la muerte del menor Oscar A. Funes, indicando que el lugar donde estaban ubicados no fue delimitado y/o marcado como peligroso por la Municipalidad de Sarmiento ni por la ASAT, y que resulta erróneo haberse atribuido dicha culpa al Sr. Funes, cuando -según considera- debe aplicarse en el caso la ley especial de espectáculos deportivos.

En el quinto agravio sostiene -en síntesis- que debió aplicarse la Ley N° 24.192, donde en su art. 51 se elimina la mención de la culpa de la víctima, como que en el pero de los casos debe considerarse igualmente responsable al organizador por haber omitido cumplir con su deber de seguridad aún cuando pueda estimarse que hubo culpa de la víctima, lo cual niega en este caso.

El sexto agravio está referido a que no debió prosperar la eximente de responsabilidad invocada por la aseguradora citada en garantía, en razón de no haberse acreditado que el Sr. Funes y sus hijos hayan estado en un lugar no habilitado o prohibido para espectadores.

En el séptimo agravio señala que resulta erróneo eximir de responsabilidad a la Municipalidad de Sarmiento, pues afirma que fue beneficiaria del espectáculo deportivo con una contribución dineraria, como que resulta responsable por aplicación de la Ley N° 24.192.

Por último, se agravia en octavo lugar, por los exorbitantes honorarios regulados a los letrados intervinientes, y solicita que se aplique el tope legal previsto en la normativa vigente.

Ratifica reservas y pide que se revoque la sentencia, haciéndose lugar a la demanda e imponiendo las costas a los demandados.

III. Corrido el pertinente traslado, a fs. 815/859 vta. se agrega el escrito presentado por el apoderado de la citada en garantía, en el cual replica los agravios expresados por la parte actora y solicita se rechacen, con costas.

Expresa -en síntesis- que: a) en la sentencia de primera instancia se ha merituado pormenorizadamente toda la prueba producida; b) en razón de la conducta imprudente y negligente de la víctima, no resulta responsable la ASAT; c) se encuentra reconocido en el escrito de demanda y acreditado con la prueba producida, que el Sr. Funes estaba en una zona altamente riesgosa y su condición de piloto, lo cual lo excluye de la cobertura; d) debe considerarse como presunción en contra de la parte actora la no presentación de la filmación que obraba en su poder; e) fue correctamente interpretada la "culpa in vigilando" del Sr. Funes; f) resulta erróneo afirmar que por aplicación de la Ley 24.192 no debe considerarse la conducta de la víctima; g) es aplicable al caso la eximente de responsabilidad (cobertura) prevista en la póliza de seguro; y h) la regulación de honorarios se ajusta a las pautas previstas en la ley 2150.

IV. A fs. 861/870 vta. obra agregado el escrito presentado por el apoderado de A.S.A.T., en el que contesta el traslado de los agravios y expresa: 1) que la expresión de agravios no cumple con los recaudos previstos en el art. 253 del CPCCM y debe ser rechazada; 2) que en relación al primer agravio la parte recurrente yerra y confunde los efectos del instituto de la prejudicialidad; 3) respecto del segundo agravio, que se encuentra reconocido y probado que el Sr. Funes estaba parado en la banquina y en una zona muy riesgosa; 4) con relación al tercer agravio, que la presunción en contra por haber ocultado la filmación esta correctamente aplicada; 5) que existió "culpa in vigilando" del Sr. Funes, tal como se sostiene en la sentencia de primera instancia; 6) que en el quinto agravio introduce planteos no sustentados en primera instancia, como que sin perjuicio de ello debe considerarse la conducta de la víctima como eximente de responsabilidad; 7) sobre el sexto y séptimo agravio, que en razón de la conducta de la víctima no puede atribuirse responsabilidad a los co-demandados; y 8) que los honorarios están correctamente regulados.

V. A fs. 876/886 vta. se adjunta el escrito de contestación del traslado de los agravios presentado por el patrocinante del co-demandado Sr. Santander, en el que se reitera lo expresado por el apoderado de A.S.A.T. en escrito referido precedentemente, y que fue ratificado a fs. 891.

VI. A fs. 894/898 consta el escrito de contestación de agravios presentado por la apoderada de la Municipalidad de Sarmiento. Solicita el rechazo de los mismos, alegando -en resumen- lo siguiente: a) que se ha valorado toda la prueba ofrecida y producida; b) que está acreditado que las víctimas se encontraban en una zona de extrema peligrosidad, de manera imprudente y temeraria; c) que la actora se negó a presentar la filmación que obraba en su poder, y ello hace presumir su mala fe; d) que hubo culpa "in vigilando" del padre del menor fallecido; e) que la responsabilidad en la producción del evento dañoso es exclusiva de las víctimas; y f) que los honorarios han sido regulados conforme las pautas dadas en la ley 2150.

Mantiene la cuestión federal y pide costas.

VII. A fs. 926 se certifica el pase de los autos a estudio.

Tratamiento de los agravios 1. La expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, sin que sea suficiente remitirse a presentaciones anteriores (art. 253, C.P.C.C.M.), con indicación precisa de los supuestos errores u omisiones de que el mismo adoleciera, como así también de los fundamentos que inducen al recurrente a sostener una opinión distinta.

2. Por ende, la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que la Juez a quo basa su pronunciamiento, y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de erróneas sus conclusiones, constituyen presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una auténtica expresión de agravios.

3. Según lo dispuesto por los arts. 1.102 y 1.103 Cód. Civ., la sentencia condenatoria o absolutoria dictada en el fuero criminal, adquiere en el proceso civil, la calidad de cosa juzgada material en lo atinente a la existencia o inexistencia del hecho y a la determinación de la culpabilidad o no del acusado. Por lo tanto, esas cuestiones no son susceptibles de ser revisadas en el proceso civil.

Y el fundamento primordial que tiene la cosa juzgada criminal en el proceso civil es el concretar el principio de unidad jurisdiccional, a fin de que sea un solo tribunal el encargado de fijar el hecho constitutivo, tanto en el fuero criminal como civil, ya que en definitiva, es el Estado, quien declara y aplica la ley al caso concreto mediante el órgano jurisdiccional competente.

El Estado, de tal forma, no sólo procura de que no se dicten sobre un mismo hecho sentencias contradictorias, sino que persigue que se dicte una única sentencia. De lo contrario, podría pensarse de que en el hipotético caso de que la fijación del hecho realizada por el juez criminal no coincidiera con la del juez civil, ambas resoluciones serían válidas, lo cual es incorrecto conforme la normativa vigente.

Lo que limita al juez civil es el hecho principal como dato fáctico o, mejor aún, como suceso histórico, ceñido a sus características de tiempo, forma y modo, ya que se trata de evitar el escándalo jurídico al que llevarían sentencias contradictorias sobre la existencia de un mismo hecho, tal como fue la intención del legislador al incorporar la prohibición del art. 1103 del Código Civil.

3.1. Además, el "hecho principal" a que se refiere el art. 1103 del Cód. Civil no es el mero hecho del accidente, sino también las circunstancias que lo rodearon, de ahí que si en sede penal se efectuó la descripción de las circunstancias fácticas en que se fundó la absolución del imputado, dicha conclusión no puede reveerse en sede civil.

3.2. En tal sentido, y tal como fue considerado en la sentencia impugnada, en la sentencia penal obrante a fs. 54/62 vta. se tuvo por acreditado que el Sr. Funes y su hijo "...omitieron el deber de cuidado a su cargo, al no tomar las previsiones que la contingencia de la carrera exigían, como presenciar la carrera desde los lugares habilitados, cerciorarse de la ausencia de todo peligro que pudiera suscitarse en este tipo de eventos, no cruzar las líneas y conos indicatorios que anunciaban la peligrosidad, y sobre todo no ingresar al circuito a filmar. En suma, las víctimas se condujeron en la emergencia, en forma imprudente y negligente, creando un peligro absolutamente innecesario..." (fs. 60). 4. Por lo tanto, cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios deducida por la esposa y madre de las víctimas, en virtud del siniestro en el que fueran embestidos por el conductor de un vehículo de carrera, pues dentro de las circunstancias fácticas que rodean al hecho principal esclarecido en sede penal, se tuvo por acreditada la participación decisiva de las víctimas en la causación del siniestro, con relevancia tal que en dicha sede provocó el sobreseimiento del imputado (fs. 62 vta. del sumario penal, confirmado por la sentencia de la Cámara Penal a fs. 89/92), y resulta indebido al juez civil apartarse de la descripción de tales circunstancias fácticas en que se fundó la absolución del imputado, tal como pretende la parte recurrente en sus agravios.

5. Asimismo, el factor de atribución de responsabilidad derivado de daños provocados en un espectáculo deportivo es regido por el Código Civil. En tal sentido se ha sostenido que la ley 24.192 que modificó la ley 23.184, no mantuvo la exclusión de considerar a la "culpa" de la víctima como factor de liberación de la responsabilidad, que contenía el art. 33 de esta última, limitándose a establecer (art. 51) la responsabilidad solidaria entre las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, lo cual refuerza que el esquema de imputación deriva del Código Civil y que la ley citada establece -como innovación- la solidaridad entre las obligaciones, que hubiese resultado simplemente mancomunado o "in solidum", conforme al régimen general (doct. art. 701, Cód. Civil). (Cfr. SCBA, 07/07/1998, Pascuali, Rubén L. y otro c. Randello, Alfredo V. y otros en: RCyS 1999, 526, L.L. Online: AR/JUR/732/1998; JA 2001-III-síntesis), por lo que en razón de la establecida en sede penal "culpa de la víctima en la producción del siniestro", también deben rechazarse los agravios con los que se pretende que se condene a A.S.A.T., a la Municipalidad de Sarmiento y a la aseguradora citada en garantía.

6. Ahora bien, en relación a los honorarios regulados a los profesionales actuantes no existe en la ley de aranceles provincial una norma específica que contemple la regulación de honorarios en caso de pluralidad subjetiva de la parte (caso de litisconsorcio por acumulación subjetiva de acciones).

En cambio, si encontramos una norma en el C.P.C. (ley N° 8037) que contempla la imposición de costas en el supuesto de litis consorcio. Es el art. 75, que dispone: "En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el Juez distribuir las costas en proporción a ese interés".

La norma citada se corresponde con lo dispuesto en el art. 85 del C.P.C.N., y Palacio (PALACIO, L.; "DERECHO PROCESAL CIVIL..", T* III, PÁG. 390) -comentando dicha norma- expresa "En principio, por lo tanto, el importe de la condena en costas se divide por el número de litisconsortes, y cada uno de ellos es responsable por el pago de la correspondiente fracción, siendo admisible la responsabilidad solidaria solamente en el supuesto de que también tenga ese carácter la derivada de la obligación controvertida en el proceso", y tal criterio ha sido receptado por fallos de la Sala I, de la C.A.C. en los autos "Sánchez, Irma Elvira c/ Orlando Guillen y Otro - Cumplimiento de Contrato" ( L. de A., T* 87, F* 42/44, del 23-11-93).

En la doctrina judicial de la nuestra provincia encontramos fallos de esta Sala II de la C.A.C., que disponen: "La jurisprudencia, interpretando el art. 3º de la Ley Nacional de Aranceles, similar a nuestro art. 186 de la ley 2150, ha dicho: "en caso de litis consorcio de demandantes o demandados, los trabajos se consideraran como correspondientes a un solo patrocinio o mandato y la regulación se hace en proporción a la importancia jurídica y a la labor desarrollada por cada profesional (L.L. 52-526; J.A., 48-4-406), criterio que éste Tribunal comparte" (Cfr. C. 2ª Civ., T* 1, F* 161, 28-04-1977); "Cuando los profesionales actuaron en la incidencia en carácter litisconsorcial, corresponde distribuir el monto total de la regulación entre ellos" (L. de A., Año 1984, T* II, F* 203/204); y "Habiendo los demandados formado un litis consorcio pasivo, a los fines regulatorios se considera un único mandato o patrocinio..." ( L. de A., Año 1972, T* II, F* 373) La ley arancelaria, como la Doctrina y Jurisprudencia, de la Provincia de Córdoba considera que si hay pluralidad de actores o de demandados y cada uno es atendido por un profesional distinto, cada uno de éstos tiene derecho a una regulación autónoma, por el total que corresponda (valor de la demanda o la sentencia, según el caso), y no a una regulación distribuida fragmentariamente con los restantes profesionales. El fundamento esta dado en que cuando el derecho de contradicción se ejerce de manera diferente o autónoma para cada litis consorte, resulta absurda la idea de que pueda reputarse como un solo patrocinio o representación, sin perjuicio de la valuación cualitativa de las distintas tareas profesionales, que pueden ser menos exigentes cuando media similitud de defensas, excepciones, etc. Así lo dispone el art. 45 de la ley 8226, al establecer que si hay partes múltiples, la regulación atiende como base al interés defendido por cada profesional.

6.1. En síntesis, cuando un crédito se demanda contra varios, y cada uno de éstos cuenta con un patrocinio o representación discriminados, el derecho regulatorio de cada letrado de los distintos patrocinados o asistidos es susceptible de propagarse sobre la totalidad de aquel crédito, ya que la acción puede prosperar por el todo contra el respectivo interesado. En tal sentido el TSJ de Córdoba ha señalado: "La regulación de honorarios de cada uno de los profesionales que han defendido a varias personas demandadas como deudores solidarios, a todas las cuales se ha reclamado la totalidad de la deuda, se liquida sobre al base del valor total del crédito, pues ese es el interés económico defendido, el valor total de la obligación que eventualmente hubiese debido satisfacer cada demandado en caso de prosperar la demanda" (A.I. N*21, 17-2-87)(ZAVALA de GONZALEZ, Matilde; "Honorarios de abogados", en DOCTRINA JUDICIAL, Solución de Casos ", ed. Alveroni, pág. 144).

Por lo tanto, si en el caso en cuestión se han regulado los honorarios de los profesionales actuantes respecto una pretensión en la que por la naturaleza de la obligación correspondería una condena solidaria, conforme los porcentajes previstos en la ley de aranceles (ley N° 2150), debe rechazarse el agravio en el que se los impugna como exorbitantes.

6.2. Distinto es el análisis con relación a lo establecido en el artículo 505 del Código Civil, en el que se prevé: "el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derívase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia , no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas".

Esta norma ha dado lugar a distintas interpretaciones, y la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (caso: "Meuli, Silvia Ester c. Larragueta, Elsa Luján y otro s/daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o muerte)", comentado por Ure, Carlos Ernesto; "El artículo 505 del Código Civil y los honorarios del abogado: ¿Quién paga la diferencia?, DJ 20/11/2013 , 15) ha considerado que "Los honorarios regulados a los letrados del vencedor que superen el 25% del monto contemplado en el art. 505 del Código Civil deben ser abonados por aquél, pues la modificación que la ley 24.432 realizó a la norma mencionada estableció un cambio en la responsabilidad del deudor respecto al pago de costas, beneficiándolo con aquel privilegio porcentual máximo, mas no limitó el derecho de los letrados y procuradores a la percepción integral de las remuneraciones que les corresponden de acuerdo con las pautas arancelarias", por lo que siguiendo esta interpretación tampoco resultan exorbitantes los honorarios fijados, sin perjuicio del porcentaje que en el pago debería ser asumido por el propio cliente. 7. En función de lo expuesto, propongo al tribunal la confirmación de la sentencia impugnada por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el cual deberá ser desestimado.

A la 2da. CUESTIÓN:

En mérito a lo acordado al tratar la primera cuestión propuesta, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 817/vta., confirmando la sentencia impugnada e imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida.

EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Roberto Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 817/vta., confirmando la sentencia impugnada;

II- Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida.

III- Por lo actuado en la Alzada se regula a los letrados intervinientes en el recurso el treinta por ciento (30%) de los honorarios fijados en primera instancia.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.