marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, muerte de las partes, administración de la herencia
Materia: PROCESAL
Carátula: ACUÑA MARCELO Y OTROS c/ ACUÑA DE VIDAL DOMINGUEZ MARIA Y OTRO s/ ACCION DE REDUCCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

El fallecimiento de una de las partes del juicio provoca la suspensión del plazo de caducidad de la instancia, dada la imposibilidad inmediata de continuar la causa por desintegración de la relación procesal, sin perjuicio de que la otra parte pueda conseguir mediante la utilización de los medios pertinentes la reanudación del plazo suspendido.

A raíz de la muerte de una codemandada queda suspendida la instancia, y por ello, las actuaciones que demuestran que ya hay administración judicial de la sucesión con facultades para intervenir en el proceso, importan la incorporación de un antecedente que supera aquél obstáculo y entonces hace avanzar nuevamente la instancia, y si desde la fecha del auto que tuvo por parte al administrador, hasta la providencia que declaró la caducidad de la instancia, no había transcurrido el plazo del art. 310, inc. 1, del Código Procesal, corresponde rechazar la misma.
Depreciación monetaria, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Capon Bonell  S.A.  y otros c/ Papel Prensa  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-05

Es inaplicable el criterio según el cual el aumento del monto nominal de la condena sólo mantiene el valor económico de aquélla frente al paulatino envilecimiento de la moneda, si un pronunciamiento firme ha establecido los criterios para determinar el monto de la deuda y las pautas precisas para la futura actualización y fijación de intereses; tal circunstancia impide apartarse de los principios generales que protegen a la cosa juzgada.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: P., C. E. c/ M., S. S. s/ medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-15

La medida cautelar de no innovar es la concreción de una antigua máxima o regla general del derecho según la cual, mientras dure el estado de litispendencia no corresponde innovar o modificar la situación de la cosa, hechos o el derecho sobre los cuales versa el juicio; pendiente la litis, el estado de cosas debe mantenerse inalterado hasta tanto recaiga pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, Hugo Rodolfo s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Si en ocasión de contestar el traslado conferido, la Defensa no efectúa la labor crítica de los medios probatorios invocados, dicha labor no resulta suficiente como para tener por cumplido en legal forma el procedimiento contradictorio legalmente establecido en el procedimiento penal-"puesto que no se trata de errores técnicos sino de la negación de los aportes esenciales que el procesado debía esperar de una Defensa Oficial"-, resultando en consecuencia de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 309 del C.P.P.
Competencia de la Corte Suprema, per saltum
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Abarca, Walter José y Otros c/ Estado Nacional - Ministerio Energía y Minería y Otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-06

La radicación ante la Corte de la causa que la jueza de primera instancia elevó sin haber dictado sentencia, teniendo en cuenta otro expediente que estaba radicado en el Tribunal, significaría una creación ex nihilo de un nuevo capítulo de su jurisdicción, en una suerte de avocamiento por salto de instancia que no hace pie en ninguno de los textos normativos aplicables que, con características de conjunto cerrado, regulan su competencia revisora u originaria.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Rolón, Juan Carlos c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

El recurso extraordinario es formalmente admisible, pues se ha puesto en cuestión el alcance de normas de naturaleza federal -la ley 23.848 y el decreto 1357/2004- y se ha resuelto contra el derecho que el interesado fundó en ellas (art. 14, inc. 3, ley 48). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción de amparo, inexistencia de otras vías, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisti, Irma María c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en expte. B-59243/00  Amparo. L.A. Nº 44 Fº 13/15 Nº 6 inconstitucionalidad int. en expte. B-59243/00  Amparo. L.A. Nº 44 Fº 13/15 Nº 6
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-02-05

Es procedente la vía procesal del amparo elegida por la actora para el cobro de reajustes de haberes previsionales en contra del Estado provincial, reconocidos por el Instituto Provincial de Previsión Social debido a que, ante la carencia de otros remedios aptos, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 bis, 18 y concs. de la Constitución Nacional y artículos 1º ap. 2, 49 y 59 de la Constitución de la Provincia de Jujuy, además de la expresa referencia del Preámbulo sobre la protección de los derechos humanos, fuente interpretativa final, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 citado.
Recurso de casación, trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, indemnización
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Salvo, Víctor Orlando c/ Gamma S.R.L. s/ INDEMNIZACIóN S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-17

Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por un trabajador -obrero de la construcción- contra la liquidación efectuada por la Cámara respecto de la indemnización especial a que fue condenado el empleador, debiendo practicarse una nueva liquidación de acuerdo a las siguientes pautas: 1ro.) habrá de tomarse como base para la indemnización la remuneración que el actor percibía al cese de su relación laboral, actualizándoselo hasta la fecha de su efectivo pago; 2do.) esa indemnización no será inferior al equivalente de 30 días ni mayor de noventa días de la retribución mensual del accionante; 3ro.) deberá adicionarse asimismo la indemnización especial de 30 jornales -sobre la base expuesta- por incumplimiento del art. 13 de la ley 22250 -libreta de aportes-; 4to ) el pago de intereses corresponde desde la fecha de intimación; 5to ) habrán de descontarse las sumas parciales abonadas por la demandada. Ello, en tanto se aplicó erróneamente el art. 18 de la ley 22250, ya que las sumas determinadas en el fallo están por debajo del mínimo legal.
Acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oroquieta, Indalecio María c/ Municipalidad de Tandil s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

Establecida la regularidad del procedimiento de contratación y del contrato celebrado entre el Municipio y un particular, y no habiendo la autoridad demandada acreditado en la instancia contencioso administrativa las circunstancias en las que se sustenta la nulidad de dicho convenio, resulta ilegítima la revocación dispuesta con respecto al acto aprobatorio del acuerdo.
Aclaratoria (procesal), costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacios, Víctor Daniel c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad (aclaratoria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

Cabe hacer lugar a la aclaratoria pues, si bien deviene aplicable la consabida regla procesal de que cuando una resolución nada dice sobre la condena en costas, se entiende que aquéllas se imponen en el orden causado, la pretensión de la compareciente de imponer las costas al Tribunal de Alzada, conforme lo dispuso por el artículo 254 del Código Procesal Civil y Comercial, se hace necesaria la aclaración; y, teniendo presente la imposición causídica al sentenciante prevista en dicha norma resulta una circunstancia de excepción, puesto que tal como esta Corte tiene dicho, requiere del antecedente de un acto procesal declarado nulo a los efectos de imponer las costas del incidente o del proceso al autor o responsable de su comisión a modo de sanción, se advierte que toda la motivación -incluida la imposición de costas- brindada en la sentencia respecto de lo decidido por los Magistrados en relación a la inaplicabilidad de la ley 12036 al caso, en atención a la doctrina jurisprudencial vigente, se inserta en un error in iudicando, por lo que no se configura en el sub lite un error en el procedimiento que justifique la imposición de costas a los Sentenciantes. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 184, p 432/436; T 295, p 141. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 254
Auto de procesamiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Grande, Blanca Gladys s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-10

Del escrito de apelación presentado por la defensa surgen suficientemente formulados cuales eran los motivos de agravio en referencia a la resolución atacada, lo que permitía al tribunal revisor conocer sobre qué cuestiones habría de intervenir. Con ello, quedaba a resguardo la efectividad del principio procesal tantum devolutum quantum apellatum, que configura, en definitiva, el objetivo del requisito legal de motivación. Por ello corresponde dar respuesta favorable a la vía casatoria deducida por la defensa y dejar sin efecto lo decidido. (Dres. Ledesma, David y Slokar).
Recurso de casación, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moya, Rogelio Venancio. c/ Empresa Acevedo e Hijos y/o Juan Carlos Acevedo. s/ Haberes adeudados;Diferencia de Haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-04-12

La mera afirmación de que las tres causales impugnatorias del art. 298 del C.P.C proceden no basta a los fines del cumplimiento de la norma ya que la misma obliga a indicar con precisión y claridad la ley o doctrina legal que se repute aplicada o interpretada erróneamente; por lo tanto al litigante que recurre, se le impone una carga procesal que exige que el recurso sea fundado y se baste a sí mismo, ya que la Corte en la instancia extraordinaria no puede suplir de oficio las citas legales que debió realizar el impugnante ni inferirlas por interpretación. Las cuestiones de hecho y prueba son inabordables en casacion, salvo que la arbitrariedad en la solución de ellas surja de forma manifiesta lo que no ocurre en autos.
Aportes y contribuciones previsionales, AFIP
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF c/ Estado Nacional - A.F.I.P. s/ Acción de nulidad e inconstitucionalidad con medida cautelar adjunta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

En la causa "Obra Social del Personal de la Actividad del Turf c/ E.N. - A.F.I.P." (sent. del 19.05.10), la C.S.J.N., remitiendo a lo resuelto en la misma fecha en autos "Obra Social Trabajadores de la Industria del Gas c/ E.N. - A.F.I.P.", y tomando los argumentos expuestos por el Procurador General, dejó sin efecto la sentencia de la Sala que había confirmado una medida cautelar que declaraba inaplicable la Res. Gral. 1648/04. En el referido dictamen se descalificaron los argumentos vertidos en torno de que el Dec. 1648/04 comporta una modificación al régimen de percepción de aportes y contribuciones que adeuden los empleadores, en la convicción de que dicho argumento no se hace cargo de ". las normas que reconocen facultades reglamentarias en materia fiscal a la A.F.I.P.", así como también que con lo sostenido se ". desconoce la normativa aplicable y los argumentos expuestos en la causa que fueron llevados a la alzada oportunamente"; concluyendo que el Tribunal ". omitió todo análisis respecto de las atribuciones de la A.F.I.P. para el dictado de la medida, con sustento en las facultades conferidas por los decretos 2284/91 y 507/93, ratificados por las leyes 24.307 y 24.447, respectivamente".
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertini, Marino c/ Magno SA s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Si las partes convinieron los intereses a devengar a partir del vencimiento de la letra de cambio o pagaré, su reclamo se conforma a derecho, ya que integra el contenido de la prestación cambiaria en los términos del art. 52 inc. 2 del decreto ley 5965/63. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos civiles, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIALAGRO S.A. c/ SUCESION DE MIGUEL ANTONIO MAJUL s/ ORDINARIO"EXPTE. N 10010/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-07-30

No concurriendo en el caso los supuestos de excepción para la aplicación del art. 1193 del Código Civil, previstos en el art.

1191, a saber: a)imposibilidad de obtener la prueba escrita del distracto;b) que la cuestión versare sobre los vicios de error,dolo, violencia,fraude,simulación o falsedad de instrumentos y c)principio de prueba por escrito, no resulta procedente la demanda promovida en la que se pretende sentencia declarativa de que la rescisión verbal del contrato consorcial ocurrió en determinada fecha.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Stachioli, Amalia Paulina c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario-Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 307 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-17

No puede prosperar el recurso extraordinario interpuesto por la actora, desde que si bien la impugnante, con afanoso empeño intenta encuadrar los planteos en algunas de las causales acuñadas por la doctrina y la jurisprudencia -vg. prescindencia de prueba decisiva;

autocontradicción; exceso ritual, etc.-, empero en realidad procura reabrir el debate sobre las circunstancias fácticas de la causa y la valoración de la prueba. En reiterados pronunciamientos, tanto la Corte provincial, como el más Alto Tribunal de la Nación, ha sostenido que tales cuestiones constituyen una materia que, en principio escapa a la configuración de un caso constitucional federal idóneo para habilitar la instancia de excepción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; salvo claro está, que con suficiente sustento se articulen planteos de arbitrariedad de sentencia, lo que dista de acontecer en la especie.
Proceso penal, defensa en juicio, defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Magui Agüero, Ciriaco s/ asociación ilícita y contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor, asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio. Requisito este que no puede considerarse satisfecho con la intervención meramente formal del defensor oficial, puesto que ello no garantiza un verdadero juicio contradictorio.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Fontanes, Julio Víctor c/ Aseguradores Industriales S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido S/Causa y Dif. salarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-11

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien se duele porque la sentenciante de grado, considera que no hubo relación de dependencia. Ello así, por cuanto es de toda evidencia, que se subordina en cuanto a la ejecución de su cometido a los fines de la empresa, tanto porque se dedica a una gestión que por su naturaleza y por el giro empresario de la demandada ésta debiera haberla efectuado con medios propios, como porque la lleva a cabo dentro del marco físico indicado por la misma. Su trabajo, supone, por una parte, la obligatoriedad del servicio y, por otra, su situación de disponibilidad en favor de la beneficiaria de los mismos, quien lo retribuye invariable y periódicamente. Por tanto a mi modo de ver, concurren en la prestación de los servicios aludidos, los requisitos de profesionalidad, habitualidad y, particularmente, de dependencia a subordinación, aún cuando éste último aparezca atenuado por el mismo carácter de la actividad desempeñada por el actor.
Elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, partidos políticos, boletas de sufragio, equidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ejercicio de sus atribuciones, adhiere al régimen de simultaneidad de elecciones previsto en la ley nacional n° 15.262 y en el art. 46 de la ley nacional n° 26571, genera la necesidad para los partidos y agrupaciones políticas de utilizar un instrumento de sufragio distinto al previsto por el CE de la Ciudad (boleta única papel o boleta electrónica), y consecuentemente la de imprimir boletas en papel, circunstancia no prevista en la normativa local. Así, el obstáculo no es la Resolución 463/MJYSGC/2021, sino el vacío legal consecuencia del cambio en la modalidad de sufragio al adherir a las elecciones nacionales cuya legislación efectivamente prevé un aporte particular para la impresión de boletas electorales en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho al sufragio (art. 32, ley n° 26.571). Es de toda evidencia que, en estas condiciones, es obligación del estado local proveer los recursos para la impresión de tales boletas a fin de garantizar que la voluntad popular se exprese libremente y resguardar la equidad de los partidos y agrupaciones políticas que participen del proceso electoral. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: "SANTOS, Rubén s/ recurso".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

Las apreciaciones de los jueces de cámara acerca de la conveniencia de agilizar el tramite del sumario evitando dilaciones innecesarias y propiciando el avance a la próxima etapa procesal no es causal válida de recusación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: Torales Vda. de Pedrozo Mónica. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-27

Las cuestiones planteadas en el recurso constituyen meras discrepancias subjetivas con el criterio del juzgador y por lo tanto son irrelevantes para descalificar la sentencia impugnada, toda vez que en dicho escrito recursivo se omite señalar cual es la doctrina legal que a juicio del recurrente es violada como así también de rebatir adecuadamente la interpretación que del art. 2789 del Código Civil efectuara la sentenciante. (Dr. Absi: En disidencia).
Empleados públicos, sumario administrativo, condena penal, salarios caídos, reincorporación
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BAIGORRIA, CARLOS EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-17

Se advierte que el dictado del pronunciamiento condenatorio firme con efecto decisivo sobre la situación de inhabilidad del agente, debió tener como lógica consecuencia la constancia en el legajo, y el hecho de que las autoridades sumariales no hubieran tomado nota del mismo, no pudo conferirle al reclamante derecho a peticionar su reincorporación ni salarios caídos; por lo que resulta evidente el desenfoque del Tribunal a quo cuando, a partir de la falta de un acto formal (conclusión del sumario por cesantía) llega a derivar efectos sustanciales que en modo alguno encuentra apoyo en la normativa aplicable al caso. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Cámaras de casación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: . s/ Recurso fiscal en causa nro. 2041 del Departamento Judicial de  Nechochea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-18

A partir de la sanción de la ley 11982, es tarea confiada al Tribunal de Casación Penal (ley 11922), fijar la interpretación del CPP y sus leyes complementarias, como también determinar el sentido de cada una de sus disposiciones. De ahí que siempre que esté en juego la eficacia de un mecanismo de la ley adjetiva, se proyecta como telón de fondo una competencia residual de esta sede, fundamentada en la importancia y repercusiones del "thema decidendum" en la administración de justicia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, superintendencia, sumario administrativo, funcionarios judiciales, sanciones disciplinarias administrativas, acción de amparo, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CARLOS EDUARDO GUARDIA c/ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION s/ MEDIDAS DISCIPLINARIAS-    SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA- SUPREMACIA    ACCION    DE   AMPARIO-  SUPERINTENDENCIA-  SUMARIO  ADMINISTRATIVO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-25

Corresponde anular las actuaciones llevadas a cabo por un juez de primera instancia interviniente en la demanda de amparo, tendiente a obligar a la Corte a que amplíe su pronunciamiento sobre las excepciones expuestas en el sumario de superintendencia y reponer en sus cargos a los funcionarios del Tribunal suspendidos. Ello es así, pues la Corte tiene en el caso la jurisdicción que le corresponde respecto de los trámites y decisiones verificados con posterioridad a sus propias sentencias definitivas, y debe ejercerla a fin de remover el ilegítimo impedimento a la eficacia de éstas constituido por la medida dispuesta en la especie.
Delitos cometidos por medio de la prensa, ofensas cometidas por medio de la prensa, solicitada, publicación o reproducción de ofensas, personas jurídicas, bancos, director editorial, responsabilidad del editor, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: ILVENTO, J. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

1) Configura el delito de injurias, la acción del procesado que en una solicitada expresó, entre otras consideraciones que "El Banco Avellaneda ha violado las normas bancarias del Banco Central";

"Denunció públicamente al Banco Avellaneda por sus maniobras de intimidación con las que pretende evadir la acción de la Justicia y confundir a la opinión pública". No existió en el caso un "animus defendendi", puesto que la situación que se alega no reúne las condiciones de la legítima defensa, pues de las constancias de autos no se vislumbra agresión alguna por parte del ofendido.

2) La mencionada conducta no puede encuadrarse en la norma del art.

109 C.P., dado que no puede imputarse un delito a una persona jurídica.

3) Al habérsele reprochado al querellado la autoría del texto difamante, cabe absolver al director del diario, dado que el art.

113 C.P. prevé una responsabilidad subsidiaria, así, como señala Soler, si el autor es presentado y su responsabilidad se establece, ella excluye la del autor de la publicación, el cual no viene a ser coautor.