Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-18


COMODORO RIVADAVIA, dieciocho de abril de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "N., E. - N., M. s/Incidente Nulidad autos 590/00", Expediente Nro. 15514 año 2006, venidos del Juzgado de Instrucción Nro. 3 (Expediente Nro. 54 año 2005).- 1. Llegan estos autos a conocimiento de la Cámara de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a fojas 1/7, por la defensa particular de M. J. N., M. G. y A. M. A., contra la resolución que no hizo lugar al pedido de nulidad formulado -fs. 15/16-.

2. La defensa planteó la nulidad del decreto dictado, a fojas 455, de los autos principales caratulados "C., J. D. s/Homicidio culposo r/víct.", expediente nº 590 año 2000, agregados por cuerda al presente incidente. En dicha providencia se resolvió no hacer lugar a una medida de prueba y se dispuso correr vista al Ministerio Fiscal a los fines del artículo 304 del Código Procesal Penal.

Sostienen los recurrentes que el decreto judicial de fecha 19/8/2005 motiva una doble impugnación. Una vinculada a la fundamentación del primer aspecto de la decisión que es calificada como sólo aparente; desde que el rechazo a la producción de la prueba se ha basado en el único argumento que podrían producirse "mas adelante". La otra se relaciona con la segunda parte del decreto; entiende esa defensa que al disponer la "vista" del artículo 304 del CPP., se ha violado el principio de legalidad y debido proceso adjetivo de las doctoras A. M. A. y M. J. N.. Afirma que respecto a ellas tiene plena vigencia la declaración de falta de mérito de fojas 269/271; destacando que no se encuentra reunidos en la actualidad los recaudos y requisitos de procedencia (formal y material) señalados por el legislador para decretarse la mentada "vista" de la citada norma. Destacan luego que a la ausencia de procesamiento de las co-imputadas se suma también la clara y patente operatividad en autos del instituto del sobreseimiento por imperio de lo normado en el art. 294 inc. 6° del CPP. Insisten en que el término prorrogado a fs. 318, se encuentra largamente fenecido sin que se haya incorporado elemento incriminatorio alguno. Señalan que, por el contrario, concurren abundantes y múltiples elementos de prueba concordantes y coincidentes respecto de las posturas y fundamentaciones expresados por las doctoras A. M. A. y M. J. N. en sus respectivas declaraciones indagatorias y posteriores pedidos de sobreseimiento. Concluyen, entonces, que el decreto se encuentra absolutamente viciado de nulidad ya que es claramente inmotivado y contrario a los antecedentes de esta actuaciones judiciales. Hacen reserva del caso Federal.- 3. El juez a quo, a fs. 15/16 rechazó el planteo que la nulidad articulada. Respecto de la denegación de las medidas de prueba ofrecidas, manifestó que el mismo es formalmente improcedente; toda vez que ese tipo de decreto solo podría ser pasible del recurso de revocatoria o reposición, de conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal. Señaló, asimismo, que tal acto no resulta intempestivo ni arbitrario, sino que posterga una petición probatoria sobreabundante. Es que, con anterioridad y tal como lo admite la propia defensa, se hizó lugar con amplitud a las probanzas propuestas por la parte, en tiempo y forma. En punto a la vista prevista por el artículo 304 del CPP, entendió que en virtud de la previsión de ley 4743 que se ha traducido en la incorporación del art. 183 séptimo del CPP; solo es necesario el dictado de auto de procesamiento cuando se requiera la prisión preventiva, lo que no ocurre en autos.

Una vez concedido el recurso de apelación -S.I.nº 75/2005, obrante en copia certificada a fs. 22/23 de los presentes- los recurrentes sostienen el recurso y presentan el informe ratificando los agravios -fs. 27/29.

4. Previo a adentrarnos en el tratamiento de las cuestiones sometidas a revisión, hemos de señalar en apretada síntesis los antecedentes del hecho investigado. El día 15 de mayo de 2000, aproximadamente a las 16,23 horas el niño J. D. C. se encontraba junto a un amigo, tratando de subir a un colectivo de la Empresa de Transportes ***, línea 1, se colgó del pasamano, perdió las fuerzas y cayó al piso golpeando su cabeza. Con motivo del golpe quedó tendido en la vía pública siendo socorrido por una señora que transitaba por el lugar. Esta persona, al ver que se levantaba y se caía, lo auxilió. Textualmente sostuvo: "lo quisimos sentar y volteaba su cabecita, yo con sumo cuidado lo acomodé nuevamente y lo puse en mi falda y con mis manos le sujetaba su cuellito". Luego, llegó la ambulancia de bomberos y previo colocarle un cuello ortopédico lo trasladó al Hospital Regional donde falleció al día siguiente en horas de la mañana.

5. Habiéndose planteado en este caso concreto una nulidad es necesario observar dos aspectos fundamentales. Primero, verificar si el desenvolvimiento del proceso es normal, si se han afectado intereses tutelados o el ejercicio de la defensa en juicio o si se han conculcado los principios básicos del proceso. Segundo corroborar si el apartamiento de los cánones rituales tiene entidad suficiente para llegar a la ineficacia y que grado de rigor debe administrarse en tales circunstancias (cfr. Claría Olmedo "Derecho Procesal Penal, T. II, Marcos Lerner, Editora Córdoba, p.267).

5. a. Respecto del primer presupuesto, fácil es señalar que estamos ante un proceso instructorio cuyo desarrollo no fue normal. Los extremos que avalan tal conclusión son los que a continuación se explicitan.

Primero, demoras injustificadas en el trámite de la causa que determinaron la recepción de la declaración indagatoria a las imputadas a casi tres años del hecho cuya responsabilidad se le atribuye. En este orden de ideas, cabe señalar que se observan reiteradas paralizaciones del proceso por períodos largamente superiores al mes, uno de los cuales casi llegan a un año. Segundo, desidia generalizada en la tramitación de la causa que se manifiesta no solo en las literales paralizaciones del proceso sino en la falta de producción de medidas oportunas y útiles. A modo de ejemplo se señala el día 16 de mayo de 2000, se ordenó la autopsia necesaria del cadáver de la víctima -art. 233 del CPP- y la misma nunca fue realizada; sin explicaciones por parte del Cuerpo Médico Forense y por supuesto sin resolución del juez en algún sentido. Luego, se ordenó una diligencia fundamental -formación de junta médica para la emisión del dictamen- y no se previó la notificación a los peritos designados para integrarla, disponiéndose su notificación tres meses mas tarde, quedando uno de ellos sin notificar. Asimismo se observa que se traspapeló la pericia presentada por dos de los integrantes de la Junta Médica y que recién fue advertido por el Tribunal cuando se intimó a los peritos a presentarla y uno de ellos manifestó que ya había cumplido la manda. Concluyendo, se incorpora el dictamen seis meses después de haber sido presentado, sin avizorar que unos de los peritos -Dr. S.- nunca aceptó el cargo y, fundamentalmente, que quedaron sin responder nuevos puntos de pericia ordenados al momento de la intimación. Se patentiza, también el vicio, cuando se cita a las enfermeras que prestaron servicios el día de la internación del niño y el de su fallecimiento, dos años después de sucedido éste. Peor aun respecto a la madre del niño que es citada a declarar, casi cinco años después.

Luego, se solicitó prórroga para la conclusión de la instrucción con el plazo largamente vencido y tampoco se respetó el plazo ampliado.

La gravedad de estas anomalías que se vinculan a pruebas esenciales en función de la naturaleza de los hechos investigados, a la regularidad del proceso y a su duración, nos exime de mayores comentarios. Respecto de su configuración, hemos de señalar que la misma queda palmariamente demostrada en la simple cronología de lo actuado. Ésta, aunque extensa se efectúa a continuación porque ilustra no sólo respecto a dichas irregularidades sino también sobre otras, igualmente graves. En definitivas, todas demostrativas del incumplimiento de las funciones esenciales de la instrucción.

Veamos, su desarrollo. La primera actuación jurisdiccional data del 16 de mayo de 2000. En tal fecha el juez de grado, anoticiado del fallecimiento del niño por el médico policial -Dr. V.- y el oficial A., da intervención al Cuerpo Médico Forense, en el marco de la previsión del artículo 233 del Código Procesal Penal, esto es autopsia necesaria, a fin de establecer las causas del deceso -fs. 43-. A fs. 45, obra la contestación del médico forense, determinando los motivos del deceso e informando que no se realizó autopsia sino sólo una necroscopia en la morgue del Hospital Regional, agregada el día 23 de mayo de 2000.

A fs. 49, concretamente el día, 26 de mayo de 2000 se recibe en secretaría una presentación de los padres del menor solicitando se los tenga por presentados como querellantes y actores civiles; relatan los hechos y concluyen sosteniendo que "no solo apuntamos a las causales de cómo se produjo el accidente en su primer acto , colectivo -niño, sino también a una posible mala praxis médico, segundo acto, donde se produciría el acontecimiento fatal"(sic fs. 50). Su presentación no es proveída en los plazos de ley.

El día 30 de mayo de 2000, se tiene por recibido el sumario de prevención y se dispone que " en su mérito procédase a la instrucción judicial para el esclarecimiento del hecho y demás fines previstos en el artículo 171 del C.P.P." -fs.55-. Como primera medida se ordena el libramiento de oficio al Hospital Regional requiriendo la historia clínica de la víctima y se intima al imputado R. C. G. -chofer del colectivo- a designar abogado defensor.

Recién el día 13 de junio de 2000 -fs. 56- se decide correr vista al Fiscal de la petición de los padres de constituirse en parte querellante y actores civiles. La vista es contestada al día siguiente por el Fiscal -fs. 63- y ,en tal oportunidad coincidiendo con lo ya pedido por los actores civiles pide el secuestro de la historia clínica atento el tiempo transcurrido desde que la misma fue solicitada por oficio.

El día 20 de junio de 2000 -tres semanas después- el juez tiene a los padres del niño por presentados como actores civiles, presente el apoderamiento y el domicilio constituido. Luego, ordena el secuestro de la historia clínica.

Ese mismo día, deja la Actuaria constancia de la recepción de la historia clínica . El día siguiente -21 de junio de 2000- se procede a su agregación y se deja sin efecto el secuestro ordenado-fs. 63 vta.-. Al día siguiente se da intervención al Cuerpo Médico Forense a los efectos que manifieste si hubo o no deficiente atención médica al menor fallecido, remitiéndoseles la causa el día 4 de julio de 2000.

Superados algunos extremos formales de notificaciones, el día 28 de agosto de 2000, el Cuerpo Médico Forense informa que falta la agregación de la tomografía efectuada al paciente, las radiografías de cráneo y las horas de enfermería de la última internación y comunica que recién cuando se encuentre agregado tal material se podrá realizar la pericia encomendada -fs. 84-.

Ese mismo día se libra oficio al Hospital Regional requiriendo la urgente remisión de los elementos solicitados por el Cuerpo Médico Forense. El mismo es recepcionado en el nosocomio, el día 30 de agosto de 2000 y se remite contestación al juzgado el día 2 de octubre de 2000. Ese mismo día se tuvo presente la recepción y se ordenó que la causa vuelva al Cuerpo Médico Forense para que se expida -fs. 105 vta-.

A renglón seguido obra un sello que dice que el día 3 de octubre de 2000 se notificó al Cuerpo Médico Forense que no ha sido suscripto ni por sus integrantes ni por la Actuaria. La actuación siguiente es la constancia de devolución de la causa -14 de febrero de 2001- y la recepción del informe del forense actuante, de esa fecha. Es decir la causa estuvo paralizada cinco meses.

El día 27 de febrero de 2001 se designa una junta médica para que se expida acerca de la atención recibida y la evolución descripta en la historia clínica, notificándose al fiscal el día 1º de marzo de 2001.

El trámite quedó paralizado más de dos meses hasta que día 3 de mayo de 2001 se recibe en secretaría un escrito presentado por el Dr. S. H. V. renunciando al mandato conferido, el escrito es proveido dos semanas después.

El día 17 de mayo de 2001 se ordena la notificación por cédula a los profesionales designados para integrar la junta médica a los efectos pertinentes y se tiene presente la renuncia formulada por el Dr. V.. Ese mismo día se deja constancia del libramiento de cédulas a los médicos designados para integrar la Junta Médica y se notifica al Fiscal -fs. 110 y vta.- A fs. 111 a 113 obran las cédulas, una devuelta sin diligenciar -Dr. P. F.- y dos diligenciadas -Dr. C. y Dr. S.-. En ningún momento se ordenó una nueva notificación A fs. 114, obra constancia que ,el día 4 de junio de 2001, el Dr. C. -designado como integrante de la Junta Médica- aceptó el cargo. No se advierte, en tal oportunidad que los restantes integrantes de la Junta Médica no han comparecido. El día 27 de junio obra constancia de la notificación a la apoderada de los actores civiles. A fs. 115, concretamente el 16 de octubre de 2001, el juez intima a los profesionales médicos designados en la causa para que presenten el correspondiente informe en el plazo de diez días. A tal efecto, se libran las respectivas cédulas, el día 17 de octubre según constancias obrante en el reverso de esa foja, se notificó al Fiscal. Repárese que después de casi ocho meses de haber sido ordenada, la pericia aun no había sido realizada y en ese lapso no se ordenó la producción de otras pruebas.

A fs. 116/121 obran actuaciones vinculadas a la sustitución del poder de los letrados que actuaron como apoderados de los actores civiles a favor del Dr. J. C. S., quien a fs. 122, el día 25 de febrero de 2002 es tenido "por parte a mérito de las copias de poder acompañadas.

Hasta entonces, a casi dos años del hecho prácticamente sólo se había incorporado la historia clínica y emitido opinión el Cuerpo Médico Forense.

El día 18 de marzo de 2002, solicita el letrado mencionado una serie de medidas probatorias.-fs. 123-. El día 2 de abril de 2002 el juez las provee, señalando audiencia para el día 19 de abril del 2002 para la declaración, en los términos del artículo 262, al imputado R. C. G.. Asimismo se ordena reiterar la citación a los Dres. P. F. y D. S. a los fines de producir el informe ordenado a fs. 108, debiendo además expedirse sobre otros puntos allí enunciados. El día 3 de abril de 2002 se notifica al Fiscal y el día 5 del mismo mes y años libran las cédulas a los médicos.

El día 5 de abril de 2002, el Fiscal reseña aspectos del trámite y pide se arbitren los medios necesarios a fin de contar a la brevedad posible con la evaluación de la Junta Médica.

A fs. 127/128 obra la declaración del imputado R. C. G. y a fs. 133 y vta. el dictado de sobreseimiento parcial a su respecto.

Volviendo al informe de la Junta Médica, se observa que el día 29 de abril de 2002, el Dr. C. P. F. acepta el cargo -fs. 128 vta.- y presenta un informe individual -fs. 129 y vta.- que queda sin proveer a pesar de lo cual retira copia el apoderado de los actores civiles -fs. 120-. A fs. 120 vta. el Dr. S., el día 13 de junio de 2002, manifiesta que presentó junto con el Dr. C. el informe que ha dado motivo a la intimación. El día 14 de junio, previo requerimiento del juez, la actuaria informa que se encontró el informe traspapelado.

El día 18 de junio de 2002 se resuelve tener por agregado el informe presentado por los especialistas en neurología y recibido en Secretaría el día 26 de noviembre de 2001 -fs. 131 vta y 132-. Habían trascurrido casi siete meses de su presentación y casi un año y medio desde que se ordenó la prueba. El día 26 de junio de 2002, a fs. 136, el Fiscal solicita la remisión al Cuerpo Médico Forense para que se expida, el juez provee favorablemente -fs. 136vta. y el 2 de julio se notifican a los forenses. El 24 de setiembre de 2002 se devuelve el expediente; es decir luego de casi tres meses.

Luego de la constancia de devolución se agrega a fs. 137 una cédula diligenciada , recibida en secretaría el día 16 de abril de 2002 y la contestación del oficio nº 574/02 librado al Hospital Regional el 21 de junio de 2002. Es decir actuaciones anteriores a la remisión al Cuerpo Médico Forense.

A fs. 142, el día 23 de setiembre de 2002, el apoderado de los actores civiles, pidió se cite a declarar a las personas que prestaron servicios entre los días 15 y 16 de mayo de 2000 en el Hospital Regional. A fs. 143, obra el informe solicitado al Cuerpo Médico Forense, sin que se provea su agregación.

A fs. 144, el día 26 de setiembre del 2002, habiendo transcurrido más de dos años contados a partir del fallecimiento, el juez llama a prestar declaración a las testigos propuestas para los días 24, 25 y 28 de octubre de 2002, librándose al día siguientes las respectivas cédulas -fs. 144 vta. y 145- y notificando al apoderado de los actores civiles -fs. 145 vta.- A fs. 146/169 obran las constancias de notificación y a fs. 170/183 las declaraciones recepcionadas. A fs. 184 se solicita la fijación de nueva fecha para los testigos que no comparecieron, a fs. 185 se fija fecha para el 29 de noviembre de 2002 y el 2 de diciembre de 2002. Las declaraciones obran a fs. 187/188.

A fs. 195 el apoderado de los actores civiles , el 11 de febrero de 2003, pide se invite a las Dras. S. R. C., M. G., A. M. A. y B. a proponer abogado defensor y con posterioridad se las cite a prestar declaración indagatoria. A fs. 196, el 26 de febrero de 2003 se provee favorablemente la petición, se libra oficio y se notifica al Fiscal y a los apoderados de los actores civiles.

A fs. 197, el 5 de marzo de 2003. el fiscal solicita otras medidas probatorias y se cite a prestar declaración a la Dra. M. J. N.. A fs. 205 se proveen las medidas solicitadas y se intima a la Dra. M. J. N. a proponer abogado defensor.

A fs. 209, el 4 de abril de 2003, se tiene presente la designación de defensor de la Dra. A. M. A., de la Dra. S. R. C. y se señala audiencia para recibir declaración en los términos del art. 262 del CPP a las imputadas A. M. A. y S. R. C., para los días 24 y 25 de abril de 2003, respectivamente. A. declara a fs. 220/221 vta. La defensa de R. C. solicita la postergación del acto a fs. 222 y el juez fija nueva audiencia a fs. 223 para el día 2 de mayo de 2003. La declaración de la imputada obra a fs. 224/226.

El día 9 de abril de 2003, C. A. F., presta declaración testimonial a fs. 210 y ratifica íntegramente el contenido del informe pericial de fs. 129/vta.

El día 24 de abril de 2003 presta declaración a tenor del artículo 262 del CPP la doctora A. M. A. -fs. 220/221.

El día 2 de mayo de 2003 presta idéntica declaración la imputada S. R. C. -fs. 224/226. A fs. 227 se agrega un detalle presentado y rubricado por la imputada.

El día 7 de mayo de 2003 presta declaración la imputada M. J. N. (art. 262 CPP, fs. 228/229). Para este entonces había transcurrido casi tres años desde el hecho que se les atribuye.

El día 25 de abril del 2003, desde la dirección del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se contesta el oficio nro. 334/03 y se informa que los "responsables del Servicio de Pediatría a partir de las 17 hs. son los médicos pediatras de Guardia". La contestación es recibida en Secretaría el día 8 de mayo de 2003 (fs. 230).

A fs. 233/249, la defensa de A. M. A. solicita el sobreseimiento y, subsidiariamente, ofrece prueba: pedido de explicaciones sobre las periciales a los Dres. P. F. y W.; pericial médica por un especialista en pediatría; informativa de la Academia Nacional de Medicina, a la Sociedad Argentina de Pediatría, al Hospital Garrahan y a los hospitales Elizalde y Gutiérrez, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e inspección ocular al Archivo del Hospital Regional de C.R.

A fs. 251/267 la defensa de M. J. N. se presenta en similares términos.

A fs. 250 y 258, con fecha 12 de mayo de 2003, se tienen presente los escritos señalados.

El 15 de mayo de 2003 se dicta la resolución nro. 543/03 (fs. 269/271) por la que se declara que "no existe mérito suficiente como para decretar el procesamiento, como así tampoco el sobreseimiento de S. C. R. R. C., A. M. A., y M. J. N....". Asimismo, ordenaba el libramiento de oficios a las instituciones médicas señaladas por las defensas de A. y N., y que la actuaria se constituya en el archivo del Hospital Regional de C.R.

A fs. 271 vta., se libran cédulas a los Dres. Ferreyra y S. y se notifica personalmente al abogado N. de la resolución de fs. 269/271.

La defensa de la imputada S. R. C. solicita su sobreseimiento a fs. 288/290 (16 de mayo de 2003).

El Procurador Fiscal solicita la "concreción de medidas con carácter de urgente, atento la demora que registra la causa": testimoniales, exhorto al Hospital Regional de Río Gallegos, requerimiento de la hoja de enfermería correspondiente a la sala 259 y otras pruebas solicitadas por las defensas.

El 19 de junio de 2003 el juez modifica parcialmente el punto 2 de la resolución de fs. 269/271 (nro. 794/03, fs. 297/vta.), detalla los informes que deberán brindar las instituciones médicas referidas, ordena que también se solicite el libro de novedades del año 2000 y el cuaderno de enfermería de la sala 259 del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y señala audiencia para declaraciones testimoniales. Por último, atento las medidas de prueba pendientes de producción, declara "No ha lugar" a lo solicitado por las defensas y que se esté a la resolución de fs. 269/271.

A fs. 299/vta. se agrega el acta labrada en ocasión de constituirse la actuaria en dependencias del Hospital Regional de C.R. (26 de junio de 2003).

De fs. 300 a fs. 355 se agregan informes de la instituciones médicas.

Las declaraciones testimoniales obran a fs. 356/vta. (V. del C. B.); 358/359 (V. H. A.) y 360/vta. (G. M. M.).

A fs. 362/vta. la defensa de las Dras. A. y N. solicita el sobreseimiento total y definitivo de ambas (20 de agosto de 2003).

El 9 de septiembre de 2003 (fs. 363) se corre vista al fiscal del pedido de sobreseimiento, notificándose el 11 de septiembre de 2003. A fs. 364/365 el fiscal contesta y se opone a lo solicitado por la defensa y solicita nuevas declaraciones testimoniales (16 de septiembre de 2003).

A fs. 366, con fecha 25 de septiembre de 2003, el abogado E. N. solicita, atento el tiempo transcurrido la reiteración de los oficios judiciales a los hospitales Pedro Elizalde y Garraham de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El día 7 de octubre de 2003 existe constancia de remisión de la causa a Cuerpo Médico Forense y Fiscalía. La misma recién es devuelta después de dos meses por la Fiscalía, sin constancia de su paso por el otro organismo.

A fs. 367, el día 15 de diciembre, es decir luego de transcurridos casi cuatro meses de la petición, el juez no hace lugar al pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y llama a prestar declaración testimonial a los Dres. L. y P. (solicitados por el Fiscal), ordena reiterar los oficios a las instituciones médicas de Buenos Aires.

Asimismo, pide que se libre oficio a la Cámara de Apelaciones a fin de solicitar prórroga (art. 183, 2do. Párrafo del C.P.P.), "atento el estado de autos y la complejidad de la investigación" (15 de diciembre de 2003). El mismo es librado, recién, el 25 de febrero de 2004.

El 20 de febrero de 2004, a fs. 368, el Ministerio Fiscal solicita la reiteración de la citación de testigos y solicita nuevas testimoniales.

A fs. 369/371 se agrega la contestación del Hospital Garrahan con fecha 25 de febrero de 2004.

El mismo día, a fs. 372, el juez advierte que no se ha notificado la reiteración de oficios a los hospitales de Buenos Aires a los defensores, ni al actor civil, por lo que ordena el libramiento de las cédulas correspondientes. Asimismo provee las medidas solicitas por el procurador fiscal.

A fs. 375 el abogado E. N. solicita el libramiento de nuevos oficios al Hospital Gutiérrez y a la Academia Nacional de Medicina, atento el tenor de sus respuestas y a fin de que respondan en términos generales que puedan resultar útiles a la causa (2 de marzo de 2004). El 8 de marzo de 2004, a fs. 376 el juez provee el escrito en la forma solicitada.

A fs. 381, la Cámara de Apelaciones, por Acuerdo nro. 978/04 del 2 de marzo de 2004, amplía en cuatro (4) meses el plazo para finalizar la etapa instructoria, remarcando que no se indico la fecha de vencimiento del plazo de la instrucción.

A fs. 391 se tiene a los Dres. E. N. y M. M. N. como defensores de la imputada M. G. y se fija audiencia para tomarle declaración a los fines del art. 262 del CPP para el día 6 de mayo de 2004 (abril de 2004 -en blanco el día-). La declaración obra a fs. 397/398 vta.

El 5 de mayo de 2004 se agrega el informe de la Academia Nacional de Medicina (fs. 403).

A fs. 405/vta. obra la declaración del menor J. P. M. y a fs. 406/407 la declaración testimonial de O. S. L., ambas del 20 de mayo de 2004.

A fs. 422 se agrega la respuesta del Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde (26 de mayo de 2004).

El 28 de mayo de 2004 el abogado E. N. acompaña el Oficio nro. 2354/03 debidamente diligenciado (fs. 426).

El 22 de marzo de 2005 -casi diez meses después-, a fs. 427, el juez cita para nuevas testimoniales a la madre de la víctima M. C. A., a la Dra. A. P. y a R. P.. Asimismo deja sin efecto la citación de M. S. y ordena averiguar el paradero de la médica M. B. a fin de que comparezca para prestar declaración a tenor del art. 262 CPP.

A fs. 433/435 obra declaración testimonial de M. C. A. y a fs. 436/vta. la de A. E. P. (19 de abril de 2005).

El 26 de abril de 2005 el juez ordena el apercibimiento previsto por el art. 137 del CPP ante la incomparecencia del testigo R. P. (fs. 441). El 12 de mayo de 2005 P. presta declaración testimonial (fs. 453/vta.).

A fs. 454 los abogados E. N. y M. M. N. solicitan "Que no obstante encontrarse ya vencido el término del art. 183 del CPPCh sin que se hayan incorporado en estas actuaciones ningún elemento que modifique la total ajenidad de las profesionales médicas nombradas respecto del hecho aquí investigado", se disponga la producción del pedido de explicaciones periciales y de la prueba pericial pediátrica oportunamente ofrecidas (17 de mayo de 2005).

El 19 de agosto de 2005 -tres meses después- el juez no hace lugar a lo solicitado por tratarse "de una medida probatoria que puede concretarse en una ulterior etapa procesal" y corre vista a la fiscalía a los fines del art. 304 CPP (fs. 455).

El 30 de agosto de 2005 el funcionario de fiscalía solicita prórroga para evacuar la vista conferida, atento "el cúmulo de tareas, particularmente derivadas del aumento de cantidad de causas, el aceleramiento en la tramitación que significa el no dictado del auto de procesamiento, ausencia del titular de la Agencia por licencia..." (fs. 456). El juez concede la prórroga por el término de ley el 31 de agosto de 2005 (fs. 456 vta.).

El 12 de septiembre de 2005, los funcionarios de Fiscalía Julio Herrera y Juan Carlos Caperochipi contestan la vista conferida a tenor del art. 304 CPP y, conforme lo prescribe el art. 305, inc. 2, solicitan "la elevación a juicio de las presentes actuaciones, estimando que se encuentra completa la instrucción sumarial", calificando la conducta de los imputados "A. M. A., S. C. Rita R. C., M. J. N. y M. G. como configurativa del delito de Homicidio Culposo, previsto en el art. 84 del CP, debiendo responder en consecuencia lo imputados como coautores penalmente responsables del citado delito (art. 45 CP).

La presentación de los funcionarios de Fiscalía se encuentra foliada en forma incompleta, comenzando a fs. 457 y culminando en la 460, en mitad del escrito.

El 21 de septiembre de 2005, el juez ordena que, previo continuar con las actuaciones, se resuelva el incidente de nulidad nro. 54/05 formado a instancia de los defensores de las Dras. N., G. y A..

El 3 de marzo de 2006 se eleva la causa a la Cámara de Apelaciones ante su requerimiento.

Insistimos que la sola transcripción de lo actuado evidencia la irregularidad del trámite, tanto en lo relativo a cuestiones sustanciales -ya referidas- como en otras relativas al buen orden del proceso (falta de firma de los cargos, frecuente agregación de los escritos sin respetar el orden cronológico de las actuaciones, falta de foliación, fechas incompleta en ciertas actuaciones fundamentales).

4.b. Afectación de garantías esenciales.

Tal como lo ha puesto de manifiesto la defensa, se ha vulnerado el derecho a una razonable duración del proceso penal. Es que el trámite está plagado de demoras injustificadas con entidad suficiente para perjudicar el adecuado desenvolvimiento del proceso instructorio.

El citado derecho integra la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso penal y el principio de legalidad (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

Su jerarquía fue puesta de manifiesto por nuestro máximo tribunal y por la doctrina nacional, previo a la reforma constitucional de 1994. La Corte Suprema de Justicia había establecido que el derecho de obtener una rápida y eficaz decisión judicial integra la garantía de la defensa en juicio (CS, T.311: 1644 y 2004; 312:2075 y 2434). También, calificada doctrina había señalado que el proceso penal debe ajustarse, como todo proceso, a una duración razonable conforme a la naturaleza de la pretensión jurídica que en él se tiene que resolver al dictarse la sentencia. Se remarcó que es fácil comprender que si en el proceso penal se persigue averiguar si se cometió o nó un delito, quién es su autor y si se debe penar o no, las cuestiones comprometidas exigen celeridad procesal (Bidart Campos Derecho Constitucional Argentino, T. 1, pag. 636, con cita de los Fallos 272:188-297:48- 298;50 y 312- 300: 226 y 1102; 305:913; 306:1705 entre otros).

En orden a la expresa incorporación al ordenamiento positivo, con motivo de la reforma constitucional corresponde señalar su expresa inclusión tanto en el orden nacional como en el provincial.

La constitución de la Provincia del Chubut lo contempla en el artículo 44 del debido proceso. En el orden nacional , a través de la incorporación de los tratados internacionales (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 7 y 8, alude al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14,3 c) consagra el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.XXV) refiere al derecho a ser juzgado sin dilación injustificada; la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 40, 2 b, iii), establece que la causa será dirimida sin demora; el principio 39 del "Conjunto de Principios para la protección de todos las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión", aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988, nos habla del "derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable".

Reseñado brevemente el alcance la garantía, corresponde analizar las normas procesales vinculadas a la misma.

La primer referencia en nuestro Código Procesal Penal en cuanto a duración y prórroga del proceso lo hallamos en el Libro II -"Instrucción", Título II, Sección I intitulada "Disposiciones generales para la instrucción", concretamente en el artículo 183. Dicha norma reza que "La instrucción deberá practicarse en el término de cuatro meses a contar de la declaración del imputado. Si el mismo resultare insuficiente, el Juez solicitará prórroga a la Cámara de Apelaciones, la cual podrá acordarla hasta por cuatro meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga otorgada podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo".

La norma tiene indudable la raíz constitucional, dado que es un clara manifestación del derecho a una razonable duración del proceso penal. Es decir a un proceso penal sin dilaciones indebidas.

Sentado ello corresponde señalar que la duración de instrucción no depende del arbitrio del instructor. El verbo que contiene la norma -"deberá"- traduce una acción imperativa, obediente y que en modo alguno se traduce en una facultad discrecional del juez o en quien esté delegada la instrucción sino que impone una obligación de hacer -oportunamente- por parte de los órganos legítimamente habilitados.

Tiene dicho la jurisprudencia:" La investigación instructoria, sea judicial o fiscal, debe tener un plazo límite o final, que posibilite hacer realidad la celeridad y eficiencia de todo trámite del procedimiento. Si un proceso no puede durar más de dos años en diversas normas de leyes argentinas, para poder respetar ello, la instrucción no podrá durar, en el cálculo que la práctica forense demuestra, seis meses en términos ordinarios y en los casos de suma gravedad y difícil investigación, nunca exceder de un año (Cf. "Código Procesal Penal de la Nación" Ley Nº 23984 y modificatorias, Concordado-Comentado y Anotado; T. II, pág. 89)" (STJ Río Negro, SE. 22/98 del 20-03-98, elDial AX1C79) La transgresión al plazo legal de la instrucción (art. 183 del CPP) y, en consecuencia, la vulneración a los derechos esenciales que materializa la norma es evidente. Tal como ya se ha dicho el pedido de prórroga fue decidido el 15 de diciembre de 2003 -fs. 367-; es decir cuando el plazo ya había fenecido. Es que, conforme lo previsto en la norma citada dicho plazo comenzó a contarse desde la última indagatoria, es decir desde el día 7 de mayo de 2004 ( la de la Dra. M. J. N. de fs. 228/229); así el 7 de setiembre de 2003 el plazo de la instrucción ya estaba agotado.

Incluso desde la fecha en que se decidió la prórroga hasta que fue comunicada a esta Cámara transcurrieron mas de dos meses. Asi, a la fecha de comunicación del pedido día 25 de febrero de 2005 -fs. 372/vta., libramiento del oficio nº 98/04- habían transcurrido más de cinco meses del agotamiento del plazo de la instrucción.

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable destacar que tampoco se respetaron los plazos de la pretendida prorroga. En efecto, aun si computamos el plazo de la misma a partir de la fecha de su otorgamiento, fácil es colegir que a la fecha de vencimiento del mismo tampoco se encontraba finalizada la instrucción. Repárese que la resolución de la Cámara es del 2 de marzo del 2004 y al 2 de julio del 2004, la causa estaba paralizada. En efecto, la última actividad de la etapa posterior a la declaración de falta de mérito fue la agregación de la defensa de la constancia de diligenciamiento del oficio nº 2354/2003, librado como el 15 de diciembre de 2003. En la presentación obra un sello de recepción -día 28 de mayo de 2004- que carece de la firma del actuario, la misma nunca fue proveída; la siguiente actuación es de fecha 14 de marzo de 2005. Es decir, de casi diez meses después y en la misma se reitera la citación de la madre del niño muerto que, a casi cinco años del hecho aun no había declarado, a pesar de haberse constituido a la semana del fallecimiento como actora civil.

A lo actuado, sólo opondremos las palabras del legislador exteriorizadas en la Exposición de motivos del Código de 1988, es decir de una norma de casi veinte años atrás y previa a la reforma del año 1994, cuando sostiene "Nosotros pensamos que un proceso no puede quedar abierto indefinidamente a la expectativa de la aparición de nuevas pruebas y a la espera de la prescripción".

Desde ya tan pristino mandato potenciado por el reformador del 94, fue groseramente vulnerado en el sub-lite. 4.c. Consecuencias del apartamiento de los canones rituales.

Corresponde, ahora, adentrarse en las consecuencias procesales que de tales vulneraciones se derivan.

Nuestro ordenamiento procesal ha superado las divergencias en la interpretación acerca de las consecuencias que genera la falta de cumplimiento del término de la instrucción. Esto es si provoca o no determinada sanción, tales como nulidad de lo actuado a partir del momento en que se excedió la instrucción en dicho plazo o si corresponde disponer el sobreseimiento en las actuaciones porque consagró legalmente la segunda opción.

En efecto, al reglar el sobreseimiento -artículo 294, estableció en el último de los incisos -nº 6- estableció que el mismo procede cuando vencido el máximo previsto en el artículo 183 no existieren elementos suficientes para fundamentar la elevación a juicio.

Tal es el supuesto de autos. Respecto de su configuración no quedan dudas, así ha de verse que la prueba colectada desde el inicio del sumario jurisdicional -30 de mayo de 2000- hasta el momento de resolver la situación procesal de las imputadas -15 de mayo de 2003, fs. 269/271- resultó insuficiente y por ello se dictó la falta de mérito. Es decir, se pronunció un mérito desincriminador y provisional del período instructorio, con respecto a las indagadas como imputadas y al hecho que se les atribuyó (conf. Claría Olmedo, ob. cit., p. 615).

Si bien no quedan dudas, que tal decisión se pronuncia sin perjuicio de continuar con la investigación (art. 276 del CPP), es claro también que no es posible llegar a la acusación si no se producen cambios, esto es si no se reúne prueba de cargo. La prueba reunida en autos con posterioridad a la mentada resolución no participa de tal característica esencial.

Dicha afirmación queda demostrada con la simple lectura del requerimiento de elevación a juicio. Respecto de éste, mas allá de sus otras falencias cuyo tratamiento excede el presente recurso, corresponde señalar que sólo encuentra sustento en la apreciación de las pruebas colectadas con anterioridad al auto de falta de mérito.

Entonces, si bien no desconocemos la doctrina que dimana del precedente "D.", citado por la Fiscalía, lo cierto es que si ya se ha dictado un auto de falta de mérito y no se han agregado nuevas pruebas de cargo con entidad suficiente para cambiar su estado de duda no es válido avanzar en un requerimiento acusatorio que propugna un cambio de criterio abrupto e irracional.

Por lo expuesto, corresponde dictar el sobreseimiento de las imputadas con fundamento en la previsión del artículo 294 inc. 6 del CPP.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que la solución que se propone con fundamento en ese texto legal ha sido consagrado aun en los casos en que los códigos procesales que no han previsto tal solución en forma expresa.

Así se ha sostenido: "Indudablemente, la norma contenida en el art. 350 del C.P.P., debe ser interpretada en el sentido de que si vence la prórroga extraordinaria oportunamente dispuesta sin que la situación del o de los encausados haya variado, no cabe otra resolución que no sea el sobreseimiento automático. Y la situación procesal de los individuos sometidos a proceso sólo puede variar en base a la existencia de un pronunciamiento jurisdiccional que valorando medios de prueba concluya en un resolutorio incriminante o sustancialmente desincriminador. Se viola el debido proceso legal toda vez que, en directa y abierta contradicción con expresas disposiciones normativas, se dictan resoluciones que implican poner en manos de alguno de los sujetos procesales, la facultad de dilatar prácticamente "sine die" la duración del proceso penal. (Cfr. Primera Cámara Civil - Circunscripción: 1 - Mendoza, 26/04/1986 "Fiscal c/ F. de F., L. y M., W. s/ extorsión" - elDial - MC2F3E) También: "Habiéndose dilatado en exceso el tiempo para completar la instrucción -sin que el Juez de grado haya cumplido con la obligación que le impone el artículo 207 del C.P.P.N.- y sin que se hayan acreditado los extremos típicos mencionados en la causa, resulta formalmente inviable el avance procesal y corresponde la confirmación del auto recurrido que sobreseyó al imputado. (C.C.C. Fed., Sala I, 22-02-1996 "M., P. s/ sobreseimiento", elDial - AJ2B6 ). En idéntico sentido: Habiéndose agotado la investigación respecto al procesado y no habiéndose ofrecido prueba que desvirtúe tal conclusión, es presumible que no existan otros datos incriminatorios (Cf. CSJN "RODRIGUEZ" Abril.25.85), de manera que es legítima la pretensión de quien está sometido a este proceso desde hace ya varios años de obtener un pronunciamiento que defina de una vez y para siempre su posición frente a la ley y la sociedad (CSJN, FALLOS 272:188, causa "MATTEI, ANGEL").(CPECON. Sala 2, 12-11-1986, causa 25595, elDial - AK30D).

Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y declarar el sobreseimiento de las imputadas (art. 296 inc. 6 del CPP). 5. Las irregularidades constatadas, a las que se ha hecho referencia precedentemente, revisten entidad suficiente para la formación de actuaciones administrativas, a cuyo fin corresponde la remisión de copia certificada de la presente a la Cámara del Crimen.

Asimismo, corresponde se proceda a completar la foliación de la causa principal. Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1°).- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a fojas 1/7, concedido a fojas 22/22 vta., punto 2º y declarar la nulidad del auto de fojas 455 de los autos principales.- 2º Decretar el sobreseimiento definitivo en la presente causa de las imputadas A. M. A., S. C. R. R. C., M. J. N. y M. G., cuyas demás circunstancias personales obran en autos (arts.293 y 294 inc. 6° del Código Procesal Penal).- 3°.- Ordenar la formación de actuaciones administrativas a cuyo fin extraiga la actuaria copia certificada de la presente para su remisión a la Excma. Cámara Primera en lo Criminal.- 4°).- Disponer que por secretaría se complete la foliación de la causa principal. 5º.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- SILVIA N. ALONSO DE ARIET - PRESIDENTE FERNANDO NAHUELANCA - JUEZ DE CAMARA JULIO ANTONIO ALEXANDRE - JUEZ DE CAMARA REGISTRADA BAJO EL NRO. 24 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS